Legislatura LIII - Año III - Período Ordinario - Fecha 19871210 - Número de Diario 38
(L53A3P1oN038F19871210.xml)Núm. Diario:38ENCABEZADO
LIII LEGISLATURA
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO III México D.F., jueves 10 de diciembre de 1987 NÚM.. 38
SUMARIO
APERTURA
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Con una aclaración, se aprueba.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
Dictamen de las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y la del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal de 1986.
CÓDIGO CIVIL
Dictamen de la Comisión de Justicia que reforma y adiciona el Código Civil para el Distrito Federal en materia Común y para toda la República en Materia Federal.
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
Dictamen de la Comisión de Justicia que reforma, adiciona y deroga diversos artículos, en la minuta proyecto de decreto que remitió el Senado de la República.
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL
Dictamen de la Comisión de Justicia que lo reforma y adiciona, enviado por el Ejecutivo.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para que el C. Jesús Montemayor Peña, preste sus servicios en la Embajada de Irán en México.
INSCRIPCIÓN PARA INTERVENCIONES
La presidencia notifica a la asamblea.
INICIATIVAS DE DIPUTADOS
ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL Y 61 Y 82 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO
El diputado José Manuel López Arroyo, propone modificaciones. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO
El diputado Nabor Camacho Nava, propone reformas a los artículos 79, 85, 87, 88, 89, 93, y 94. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamento
y prácticas Parlamentarias.
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL
El diputado Amado Olvera Castillo propone derogar el artículo 32 -bis y reformar el 26. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
ARTICULO 38 CONSTITUCIONAL
El diputado Héctor Pérez Plazola propone reformas al artículo 38 en su fracción II. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
ARTICULO 35 CONSTITUCIONAL
El diputado Jaime Castellanos Franco propone reforma al artículo en su fracción I. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
ACUERDOS SOBRE DESARME
El diputado Juan José Bremer propone a nombre de las fracciones parlamentarias, puntos de acuerdo que exhorten a lograr mayores programas de desarme mundial. Se considera de urgente y obvia resolución. Ejecútese.
DICTAMEN A DISCUSIÓN
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL DE 1986
Dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública. 61 Los diputados Jesús Galván Muñoz y Gerardo Unzueta Lorenzana formulan su voto particular.
La diputada Blanca Esponda de Torres fundamenta el dictamen.
Se abre el registro de oradores en lo general.
La presidencia consulta por medio de la secretaría, no tener receso. Se acepta.
Los diputados Jorge Amador Amador y Roberto Calderón Tinoco; en contra; debaten los diputados Ricardo Pascoe Pierce y Reyes Fuentes García.
El diputado Luis Orcí Gándara en pro; debaten los diputados Jorge Eugenio Ortiz Gallegos y Jorge Alcocer Villanueva.
El diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, para alusiones personales; el diputado Héctor Morquecho Rivera, en contra; en pro el diputado Sócrates Rizzo García.
El diputado Roberto Calderón Tinoco, para hechos.
Suficientemente discutido en lo general. Inscripción para en lo particular.
Se aprueban los artículos no impugnados.
El diputado Alejandro Cañedo Benítez propone un artículo más como 4o. En contra de la propuesta el diputado Jorge Flores Solano; para hechos, los diputados Juan de Dios Castro, Alejandro Cañedo Benítez, Héctor Pérez Plazola. Aprobado el artículo 4o. original.
El diputado Jaime Delgado interviene por el artículo 6o. El diputado Genaro Piñeiro López propone reforma; la diputada Rosa María Armendáriz, por la comisión; para hechos, el diputado Jaime Delgado Herrera. Aprobado.
La diputada Esperanza Morelos Borja, en contra del artículo 7o.; comenta la diputada Jarmila Olmedo de Garcilita. Aprobado.
Los diputados Sergio Meza y José Luis Sánchez, en contra del artículo 8o.,; por la comisión, la diputada Blanca Esponda de Torres. Aprobado.
Por el artículo 9o. intervienen en contra los diputados Eduardo Turati Alvarez, Gerardo Unzueta Lorenzana, y José Angel Aguirre Romero; en pro, el diputado Bulmaro Pacheco Moreno; para hechos el
diputado Eduardo Turati. Aprobado.
Interviene el diputado Cristóbal Figueroa Nicola y solicita se considere de urgente y obvia resolución su propuesta. Aceptada. Se turna a la Comisión de Salud.
En contra del artículo 10, el diputado Hildebrando Gaytán; por la comisión, el diputado Darío Maldonado Casiano; para hechos, el diputado Cristóbal Figueroa Nicola. Aprobado.
Por el artículo 12, intervienen los diputados Héctor Pérez Plazola y Javier Garduño Pérez. Aprobado.
Por los artículos 14 y 15, los diputados María del Carmen Jiménez de Ávila, Jesús González Gortázar, Eduardo Beltrán Hernández, Humberto Ramírez Rebolledo y Jaime Delgado Herrera. Aprobados.
Por el artículo 16, intervienen los diputados Héctor Pérez Plazola y María Emilia Farías. Aprobado.
Por el artículo 17, intervienen los diputados José Genaro Piñeiro y Sócrates Rizzo. Aprobado con modificación.
Se aprueba en lo general y en lo particular. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. DAVID JIMÉNEZ GONZÁLEZ
(Asistencia de 287 ciudadanos diputados)
APERTURA
El C. Presidente (a las 12.05 horas): -Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
La C. secretaria Patricia Villanueva Abrajam:
«Cámara de Diputados.- Tercer Período Ordinario de Sesiones.- LIII Legislatura.
Orden del día
10 de diciembre de 1987.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Dictámenes de primera lectura
De las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal, relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal de 1986.
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reformar adiciona el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común, y para toda la República en Materia Federal.
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Federal de Procedimientos Civiles.
De la comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. Jesús Montemayor Peña, para prestar servicios en la Embajada de la República Islámica de Irán, en México.
Dictamen a discusión
De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1986.
Efemérides
Intervención del C. diputado Emilio Jorge Cordero García.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
La misma C. Secretaria:
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Tercera Legislatura del honorable
Congreso de la unión, efectuada el día nueve de diciembre de mil novecientos ochenta y siete.
Presidencia del diputado David Jiménez González
En la ciudad de México, a las trece horas treinta minutos del día nueve de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, la presidencia declara abierta la sesión, una vez que la secretaría manifiesta una asistencia de doscientos sesenta y dos diputados.
Se da lectura al orden del día.
Puesta a discusión el acta de la sesión anterior, a petición del diputado Manuel Terrazas Guerrero, se hacen dos aclaraciones, la primera en el sentido de que ayer propuso se modificara el artículo primero del dictamen relativo al proyecto de decreto para adicionar al Código Federal Electoral un libro noveno, y se aprobara el proyecto de Ley Electoral para el Distrito Federal propuesto por el Partido Mexicano Socialista; y la segunda, que al presentar una moción suspensiva respecto al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma y adiciona el Código Federal Electoral, fue porque el mismo no sólo estaba mal fundado, sino que esa fundamentación era de carácter contraria a la Constitución. El diputado José Luis Díaz Moll solicita se aclare que es miembro del Partido Revolucionario de los Trabajadores.
Con tales modificaciones, se aprueba el acta de la sesión celebrada el día ocho de diciembre en curso.
La secretaría da cuenta con una invitación del Departamento del Distrito Federal, para que una comisión de esta Cámara asista a la ceremonia cívica conmemorativa del IV aniversario luctuoso del ex presidente de la República, licenciado Emilio Portes Gil. Para asistir a este acto en representación de esta Cámara, se designa a los diputados Joaquín Contreras Cantú, María Luisa Mendoza, José Herrera Arango, Teófilo Torres Corzo y Jorge Cárdenas González.
Se da cuenta con un oficio del Congreso del Estado de Guerrero, comunicando el cambio de presidente y vicepresidente para el mes de diciembre. De enterado.
La secretaría da cuenta con un oficio de la H. Cámara de Senadores con el que remite la minuta con proyecto de decreto de reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicación. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.
La misma secretaría da cuenta con un oficio de la H. Cámara de Senadores con el que remite la minuta con proyecto de decreto por el que se concede permiso al señor Jesús Montemayor Peña, para prestar servicios en la Embajada de la República Islámica de Irán en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El diputado Jesús González Gortázar, del Partido Revolucionario Institucional, presenta una iniciativa para que se declare de interés público la conservación y mejoramiento del Lago de Chápala y se cree la Comisión Lago de Chápala, se turna a la comisión de Ecología y Medio Ambiente.
El diputado Jorge Cárdenas González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, presenta una iniciativa de reformas al artículo 248, del Código Federal Electoral. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El diputado Nabor Camacho Nava, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, formula una iniciativa para reformar el artículo 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias.
El diputado Manuel Urrutia Castro, del Partido Revolucionario Institucional, presenta una iniciativa para adicionar un párrafo a la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las comisiones de Ecología y Medio Ambiente, y a la de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La presidencia informa que el siguiente punto es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma la Ley General de Salud, y en atención a que el mismo ha sido distribuido entre los señores diputados, solicita que se le dispense la segunda lectura. Dispensada la segunda lectura por la asamblea, se pone a discusión en lo general. El diputado Carlos Barrera Auld, del Partido Demócrata Mexicano, hace uso de la palabra para fundamentar su voto en pro y señala que su voto afirmativo va junto con la exhortación a las autoridades para que combatan con efectividad y acierto la drogadicción en nuestro país. Habiéndose reservado para su discusión en lo particular los artículos 244 y 246, la presidencia solicita a la secretaría proceda a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, de los artículos no impugnados, en un solo acto, emitiéndose 287 votos en favor del dictamen y ninguno en contra. Hace uso de la palabra el diputado Juan de Dios Colli Mas, del Partido Demócrata Mexicano, a quien se le autoriza tratar los dos artículos reservados, en un
solo acto. Respecto al artículo 244, solicita que en el mismo se suprima la última frase que dice "y aquellas que determinen específicamente el Consejo de Salubridad General o la Secretaría de Salud". Igualmente propone que se suprima el artículo 246 y se corra la respectiva numeración. El diputado José Berber Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, señala que no son convenientes las modificaciones propuestas por el diputado Colli Mas, ya que en el dictamen se prevén una serie de circunstancias que justamente se ven contempladas en el artículo de esta iniciativa de ley. El diputado Roberto Calderón Tinoco, del Partido Demócrata Mexicano, solicita a la presidencia que se lea la propuesta que hizo el diputado Juan de Dios Colli Mas. La secretaría procede a dar lectura a dichas propuestas. Por la comisión hace uso de la palabra el diputado Darío Maldonado Casiano, pide que se apruebe el dictamen ya que él mismo responde a acuerdos que México ha tenido con la Organización Mundial de la Salud. La presidencia instruye a la secretaría para que consulte a la asamblea si se aceptan o se desechan las modificaciones a los artículos 244 y 246 propuestas por el diputado Juan de Dios Colli Mas. Son desechadas. Se procede a recoger la votación nominal de dichos artículos en un solo acto, emitiéndose 225 votos en pro, 10 en contra y una abstención. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto, pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
De conformidad con el acuerdo previo de práctica parlamentaria, la presidencia solicita a la Secretaría consulte a la Asamblea si autoriza seguir con los asuntos en cartera hasta que se agoten totalmente, a lo cual la asamblea da su conformidad.
El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. En virtud de que ha sido distribuido entre los señores diputados, la asamblea, a petición de la presidencia, le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión. La misma presidencia informa que se han inscrito varios diputados que desean hacer uso de la palabra. En primer término, la diputada Guadalupe Ponce Torres, del Partido Revolucionario Institucional, manifiesta que el dictamen es el resultado de un riguroso análisis y fructíferas discusiones en el seno de la comisión, en las que participaron las fracciones parlamentarias de todos los partidos representados en esta Cámara, y afirma que el dictamen que se pone a consideración de la asamblea, se deriva de siete puntos generales de acuerdo provenientes de las mencionadas fracciones parlamentarias en torno al sentido, estructura y contenido de la propia iniciativa. La diputada Gabriela Guerrero Oliveros, del Partido Popular Socialista, afirma que el dictamen es armónico, ya que sin caer en catastrofismos que por ignorancia o mala fe utilizan algunos sectores, recoge en lo general las preocupaciones presentadas a la comisión por la fracción parlamentaria de su partido. El diputado José Luis Díaz Moll, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, señala que su partido votará a favor de la iniciativa, porque es un primer paso encaminado a meter en el terreno de la discusión la forma en que se va a utilizar para proteger nuestro ecosistema, aunque, por otra parte, afirma, es ambigua en algunos aspectos y no aborda de raíz lo que serían las soluciones a problemas que no se pueden postergar en lo que se refiere a la protección del ambiente. En lo que corresponde a Laguna Verde, señala que tiene que incluirse la figura del referendum para tomar en cuenta la opinión de los habitantes de la zona respectiva. La diputada Beatriz Gallardo Macías, del Partido Socialista de los Trabajadores, razona su voto y afirma que esta ley es un esfuerzo muy importante para avanzar en la reconstrucción de la vida económica, política, social, cultural y ecológica de nuestra patria. La diputada Esperanza Morelos Borja, del partido Acción Nacional, hace uso de la palabra también para razonar su voto y afirma que este proyecto puede y debe ser el instrumento idóneo para el logro del noble propósito de mejorar y preservar la calidad de vida de todos los mexicanos. El diputado Antonio Monsiváis Ramírez, del Partido Demócrata Mexicano, afirma que entre los méritos de la iniciativa está el de abarcar una amplia serie de materias en relación al equilibrio ecológico y a la protección del ambiente, subrayando que las virtudes de la misma compensa sus defectos. El diputado Leopoldo Arturo Whaley Martínez, del Partido Mexicano Socialista, al razonar su voto, señala que con esta ley se avanza en la descentralización y la posibilidad de participación popular, porque tanto el título de áreas protegidas, como la introducción del concepto de la evaluación del impacto ambiental en la construcción de obras y en el aprovechamiento de recursos, recoge lo más positivo de la experiencia que se ha tenido a lo largo de cinco años. Sin embargo, dice, es necesaria una ley integral de aprovechamiento de los recursos naturales, donde quede claro el principio constitucional del sometimiento del interés privado a las necesidades del interés público.
La presidencia por conducto de la secretaría, pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo del dictamen para discutirlo en lo particular y no habiendo quien haga uso de la palabra, instruye a la propia secretaría para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del dictamen que nos ocupa, en un solo acto. Puesto a votación es aprobado en lo general y en lo particular
por 280 votos en pro y ninguno en contra. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
La presidencia informa que se ha recibido de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, el dictamen relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1986. En virtud de que el mismo ha sido distribuido entre los señores diputados, la asamblea, a petición de la presidencia, le dispensa la lectura. Es de primera lectura.
La secretaría da cuenta con un dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto por el que concede permiso a la ciudadana Silvia González Socorro, para prestar servicios en la Embajada de la República Islámica de Irán en México. Puesto a votación, se aprueba por 280 votos y pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El diputado Héctor Morquecho Rivera, del Partido Popular Socialista, hace uso de la palabra para proponer el siguiente punto de acuerdo: "Que esta Cámara, con relación a la política económica actual, se pronuncie por un cambio radical de la misma en todos los aspectos para volver a la política económica surgida de la Revolución Mexicana, la cual ha sido lamentablemente abandonada en los últimos cinco años".
En favor de esta propuesta hace uso de la palabra el diputado del Partido Popular Socialista, Martín Távira Urióstegui. La secretaría consulta a la asamblea si se admite o no a discusión la propuesta del diputado Morquecho Rivera, la cual es desechada.
La diputada Gabriela Guerrero Oliveros, del Partido Popular Socialista, señala que en torno a la firma del acuerdo entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos de América sobre la destrucción de armas nucleares, ha solicitado a la Comisión de Relaciones Exteriores la elaboración de un texto para reconocer el esfuerzo de ambas naciones en la búsqueda de la paz mundial.
El diputado Pedro José Peñaloza, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, informa que en estos momentos arribará a las afueras del Palacio Legislativo una manifestación conformada por diversas organizaciones y sectores del Movimiento Obrero y Popular, para realizar un mitin y proponer el siguiente punto de acuerdo: "Esta Cámara manifiesta su solidaridad con la demanda de aumento salarial que en convergencia con el Congreso del Trabajo, han formulado las organizaciones agrupadas en la Mesa de Concertación Sindical. Firman la propuesta los grupos parlamentarios del Partido Mexicano Socialista, del Partido Demócrata Mexicano y del Partido Revolucionario de los Trabajadores". Para apoyar esta propuesta hacen uso de la palabra los diputados Camilo Valenzuela, del Partido Mexicano Socialista; Roberto Calderón Tinoco, Del Partido Demócrata Mexicano, y el diputado José Luis Sánchez González del partido Mexicano Socialista. El Diputado Juan Carlos Velasco Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, manifiesta su inconformidad con la proposición del diputado Pedro José Peñaloza, porque dice que el punto de acuerdo tomado con anterioridad es para todos los trabajadores, para todo el movimiento obrero en general, y otro acuerdo haciendo distingos, conduce a sustentar divisiones entre la clase obrera; pide que se rechace dicha propuesta. El diputado Efraín Calvo Zarco, del Partido Revolucionario de los Trabajadores califica de ilógica e incongruente la intervención del diputado Juan Carlos Velasco Pérez. La presidencia solicita se consulte a la asamblea si se admite o no a discusión la proposición hecha por el diputado Pedro José Peñaloza. Es desechada por mayoría de votos.
El diputado Magdaleno Yañez Hernández, del Partido Demócrata Mexicano, hace uso de la palabra y considera que es importante que se apoye a los trabajadores de México sin importar siglas, y más a aquellos que no tienen ninguna representación. El diputado Camilo Valenzuela del Partido Mexicano Socialista, señala que esta Cámara tiene la obligación de hacerse eco de una situación nacional de emergencia, cuyas consecuencias pueden ser impredecibles. El diputado Miguel Alonso Raya, del Partido Mexicano Socialista, dice que es lamentable que antes de terminar el debate se haya sometido a votación el punto de acuerdo y afirma que el hecho de que se propusiera un punto de acuerdo para respaldar la acción y la demanda en solidaridad con las propuestas del Congreso del Trabajo y por parte de la Mesa de Concertación Sindical, no tiene en absoluto nada que tienda a dividir al movimiento obrero. El diputado José Luis Díaz Moll del Partido Revolucionario de los Trabajadores, quiere dejar constancia de la protesta que formula contra la presidencia de la Cámara, porque según él no se le dio oportunidad para convencer a los representantes del sector obrero para que reconsideraran su posición. El diputado Pedro Peñaloza hace uso de la palabra en torno a lo señalado por el Diputado Juan Carlos Velasco, y afirma que tomando en cuenta sus señalamientos, viene a proponer otro punto de acuerdo en los siguientes términos: "La Cámara de Diputados hace extensivo el punto de Acuerdo del pasado dos de Diciembre, acerca del apoyo a la demanda del aumento salarial del 46% exigida por el Congreso del Trabajo hacia la Mesa de, Concertación Sindical. El Diputado Eduardo Acosta Villeda, del Partido Mexicano
Socialista, declina intervenir en este momento y señala que su intervención es en otro problema diferente. El diputado Jesús Heriberto Noriega Cantú, del Partido Mexicano Socialista, también declina para después hacer uso de la palabra. El diputado José Luis Sánchez, del Partido Mexicano Socialista, hace uso de la palabra y afirma que viene a manifestar la necesidad de que aquí y ahora, ante la presencia de otro contingente, de otra expresión de los trabajadores, se reitere el respeto, el reconocimiento, el apoyo y solidaridad de esta Cámara a sus demandas. El diputado Juan Moisés Calleja, del Partido Revolucionario Institucional, formula una proposición para ver si concilia las preocupaciones expresadas por los señores legisladores, en el sentido de que el acuerdo del dos de diciembre respalda a todo el movimiento obrero. El diputado Pedro Peñaloza retira su propuesta y se suma a la del diputado Juan Moisés Calleja. La secretaría, por instrucciones de la presidencia consulta a la asamblea si se admite o no a discusión la proposición formulada por el diputado Juan Moisés Calleja, la cual es aceptada por la asamblea, turnándose a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
El diputado Pedro José Peñaloza propone que una comisión pluripartidista reciba a la manifestación de trabajadores, como un acto que merecen todos los ciudadanos que vienen a las puertas del Palacio Legislativo. El diputado Juan Maldonado Pereda acepta dicha propuesta. El diputado Pedro José Peñaloza propone que cada fracción parlamentaria designe a algún compañero diputado para que esté a las puertas del Palacio. El diputado Juan Maldonado Pereda manifiesta que en obvio de tiempo, si ya se tiene la Comisión de Gestoría y Quejas, que sea dicha comisión la que se encargue de recibir a los compañeros trabajadores. La asamblea manifiesta su conformidad con la propuesta del diputado Maldonado Pereda.
El diputado José Luis Sánchez González declina hacer uso de la palabra.
Agotados los asuntos en cartera, se da lectura al orden del día de la próxima sesión.
A las diecinueve horas veinte minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día de mañana, 10 de diciembre, a las diez horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
El C. Jesús González Gortázar (desde su curul): -Pido la palabra. La iniciativa mía se turnó a la Comisión de Ecología y a la de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
La C. secretaria Patricia Villanueva Abrajam: -Se toma nota, señor diputado.
Aprobada, señor presidente.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
El C. Presidente: -El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal de 1986.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, ruego a la secretaría consulte a la asamblea se le dispensa la lectura al dictamen.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: -Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen, señor presidente.
«Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública del Distrito Federal.
Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal de 1986.
Honorable asamblea: El Ejecutivo Federal, de conformidad con lo establecido por el artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 43, párrafo segundo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, presentó en tiempo y forma a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1986. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión turnó en su oportunidad, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dicho documento a la H. Cámara de Diputados por conducto de su Oficialía Mayor, remitiéndose con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10. de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, a la Comisión de Vigilancia misma que a su vez lo turnó a la Contaduría Mayor de Hacienda y a estas comisiones unidas para proceder a su análisis.
La Contaduría Mayor de Hacienda, órgano superior de fiscalización de esta H. Cámara de Diputados, procedió a elaborar y rendir el informe previo a la citada cuenta, en los términos del artículo 3o., de su ley orgánica, enviando dicho documento dentro del plazo legal a la Comisión de Vigilancia, quien a su vez lo hizo del conocimiento de estas comisiones legislativas.
Como resultado de los trabajos realizados en el seno de las comisiones unidas que suscriben, y que consistieron en el análisis exhaustivo de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal de 1986, se elaboró y se somete a la alta consideración de este pleno, el dictamen respectivo que se encuentra estructurado para su mejor comprensión en los apartados siguientes:
I. Marco jurídico;
II. Perfil socioeconómico;
III. Resultados financieros;
IV. Análisis de los objetivos y metas de los principales programas;
V. Conclusiones.
Capítulo especial constituye el seguimiento de la observancia por parte del Departamento del Distrito Federal de las disposiciones legales que rigen su actividad, teniendo como marco las esferas competenciales que limitan la misma, con estricto apego a los ordenamientos financieros de vigencia anual que esta representación aprobó para el ejercicio fiscal de 1986; siendo por tanto lógico iniciar el desarrollo de este dictamen, haciendo referencia al sustento jurídico que hace posible a la soberanía popular depositada en la asamblea plenaria, determinar el juicio que recae y se emite con fundamento en el artículo 74, fracción IV de nuestra Constitución Pública del Departamento del Distrito Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal de 1986.
I. Marco Jurídico
A partir de la reforma constitucional aprobada al artículo 74, la atribución de esta soberanía en cuanto a la revisión de la cuenta pública, reviste un carácter amplio que le permite no solo la revisión de dicho documento sobre bases contables, sino que hace posible la formulación de juicios sobre el logro de los objetivos programados para el ejercicio fiscal que se analiza, constituyendo en consecuencia un acto legislativo de gran trascendencia, cuyo contenido ha dejado de ser técnico para revestir un carácter fundamentalmente político.
Sobre el supuesto anterior y teniendo en consideración que la H. Cámara de Diputados realiza esta función en uso de atribuciones propias y exclusivas, como depositaria de la representación popular, se ha tomado en consideración como documento de apoyo insustituible para estos trabajos, el informe previo que la Contaduría Mayor de Hacienda como órgano técnico de la H. Cámara de Diputados formuló en cumplimiento a la obligación que le impone la fracción II, inciso A) del artículo 3o. de su ley orgánica.
Cabe expresar a esta soberanía que el análisis, estudio y evaluación del contenido que integra el presente apartado se realizó partiendo del supuesto de que la cuenta pública en cuanto al cumplimiento de disposiciones legales durante el ejercicio fiscal correspondiente, debe ser dividido en dos aspectos fundamentales que son: ordenamientos financieros de vigencia anual aprobados por la H. Cámara de Diputados y que contienen las fuentes de captación de ingresos, así como la aplicación de las asignaciones presupuestales para 1986.
Estos ordenamientos son: la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal y el Presupuesto de Egresos aprobado para el citado ejercicio.
Para analizar el cumplimiento del marco jurídico que rige la actividad del Departamento del Distrito Federal, es preciso realizar el estudio de la observancia que durante 1986 dicho órgano del Ejecutivo Federal dio a los ordenamientos de vigencia permanente que inciden en su actividad, constituyendo en consecuencia parte sustancial del marco jurídico como son:
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley de Planeación, la Ley de la Deuda Pública y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, la Ley de Obras Públicas y su Reglamento, y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles.
Ordenamientos financieros de vigencia anual
Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 1986
Particular relevancia revistió durante este ejercicio fiscal, el cumplimiento de lo dispuesto en los apartados que integran este ordenamiento y que hizo lo posible el proceso de modernización y desconcentración de la administración tributaria del
Distrito Federal, así como implantar el moderno sistema catastral que ha hecho posible a la Tesorería del Distrito Federal actualizar los datos y las cuentas de los contribuyentes del Impuesto Predial.
Capítulo especial constituye el convenio de rehabilitación financiera que celebró el Departamento del Distrito Federal con el Gobierno Federal y que permitió la asunción del 96% de los pasivos del primero, logrando el saneamiento financiero de la entidad.
En cumplimiento a lo dispuesto en su Ley de Ingresos, el Departamento del Distrito Federal limitó su endeudamiento neto a lo establecido por el artículo 2o. de la propia ley.
Decreto del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 1986.
En relación con el cumplimiento de este ordenamiento, se tuvieron en consideración las obligaciones del Departamento del Distrito Federal como órgano del Ejecutivo Federal, así como en su carácter de coordinador sectorial, en consecuencia, fueron objeto de análisis el cumplimiento de metas por parte de la unidad central y de sus entidades coordinadas, desprendiéndose del estudio que, por lo que ve al desarrollo de los programas, el Departamento del Distrito Federal cuenta con un sistema de evaluación amplio, efectivo y eficiente que genera documentos analíticos, así como un cúmulo de información administrativa del sector, cuya eficiencia terminal será verificada en su totalidad por la Contaduría Mayor de Hacienda, dándose los resultados en el informe definitivo de la Cuenta Pública de 1986.
Se observó que durante el ejercicio objeto de estudio, el Departamento del Distrito Federal no destinó recursos públicos a fines específicos, en contravención a lo dispuesto por el decreto que aprobó su presupuesto de egresos. En relación a la obligación que tiene tanto el Departamento del Distrito Federal como las entidades por él coordinadas, de vigilar el ejercicio de las erogaciones por servicios personales con estricto apego a las normas que en este aspecto contiene el decreto aprobatorio del presupuesto de egresos para 1986. Conforme a la información recabada, se concluye que el Departamento del Distrito Federal ha establecido normatividad aplicable en este apartado y que tiende a reforzar el cumplimiento de los criterios políticos y directrices trazadas en la materia, siendo de apreciarse algunos problemas en cuanto a la difusión de los lineamientos expedidos.
En cuanto a los gastos relativos a los congresos, convenciones, ferias y exposiciones, así como erogaciones de ceremonias, comisiones en el extranjero de orden social, asesorías, becas y donativos, es de concluirse que tanto el Departamento del Distrito Federal, como las entidades por él coordinadas, se ajustaron plenamente a lo dispuesto en el capítulo respectivo por el decreto aprobatorio del presupuesto de egresos para 1986.
En relación al otorgamiento de subsidios, donativos, gratificaciones y ayudas, tanto el Departamento del Distrito Federal como su sector paraestatal cumplió con la norma presupuestal en forma total. Finalmente, respecto al capítulo de normas sobre los montos mínimos de obras que se pueden contratar en forma directa y la adjudicación de contratos mediante convocatorias, se observó que, en términos generales, el Departamento del Distrito Federal cumplió con estos preceptos, siendo de señalarse algunos incumplimientos parciales por parte de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, que en su oportunidad serán objeto de un análisis profundo por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda, particularmente el estudio de las justificaciones que formuló la entidad responsable.
Por lo que se refiere a la adjudicación de contratos sobre adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, así como a los montos mínimos que deben observarse en esta materia en adjudicaciones directas, el Departamento del Distrito Federal cumplió con lo dispuesto en el precepto respectivo del decreto aprobatorio de su presupuesto, detectándose algunas desviaciones leves en el envío de la información respectiva.
Ordenamientos de vigencia permanente que rigen la actuación del Departamento del Distrito Federal como órgano del Ejecutivo encargado del gobierno de la ciudad de México y como coordinador del sector correspondiente.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
La observancia de este ordenamiento fue analizada en aspectos básicos como son la elaboración de proyectos de leyes, reglamentos, decretos y ordenamientos de jerarquías inferiores, la delegación de facultades, así como la desconcentración de órganos administrativos; el mantenimiento al corriente de los escalafones y la elaboración y emisión de manuales necesarios para el correcto ejercicio de las funciones tanto del órgano central como de las entidades coordinadas.
De conformidad con el estudio realizado, se llegó a la conclusión de que el Departamento del Distrito
Federal cumplió cabalmente con la obligación que le impone la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de ejercer sus atribuciones dentro de su ámbito competencial y vigilar el cumplimiento de este ordenamiento por parte de las entidades paraestatales coordinadas por el Departamento como órgano central.
Los aspectos señalados fueron objeto de atención prioritaria, tanto por las autoridades centrales, como por los órganos de gobierno de las entidades paraestatales.
Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal
Siendo este ordenamiento el que regula en forma específica la actividad del Departamento del Distrito Federal, fue objeto de estudio el cumplimiento por parte del mismo en los aspectos relacionados con la elaboración de políticas tendientes a tramitar con oportunidad los recursos administrativos señalados en las leyes y reglamentos, vigilando su cumplimiento; el control que se lleva a cabo sobre la constitución y cancelación de las garantías que se otorgan para el debido cumplimiento de convenios y contratos; así como la vigilancia que debe ejercer el órgano central para asegurarse de que las erogaciones que se efectúan por la prestación de servicios y las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, se ajusten a los ordenamientos legales correspondientes y, finalmente, se observó si el Departamento cumple con la función de controlar, reglamentar, supervisar y vigilar el otorgamiento y la prestación de servicios públicos concesionados.
En todos los rubros objeto de análisis, se observó que el Departamento del Distrito Federal ha dado cumplimiento a lo preceptuado por su Ley Orgánica, y su actuación no se ha limitado a las funciones de control y vigilancia, sino que ha emitido normatividad actualizada que permite un ejercicio oportuno, eficaz y eficiente de dichas funciones.
Ley Federal de las Entidades Paraestatales
El cumplimiento de esta ley de reciente promulgación y vigilancia, fue analizada particularmente en los aspectos relativos a la programación, presupuestación y evaluación que realicen las entidades coordinadas por el órgano central, el cumplimiento que dichas entidades han dado a la obligación que tienen de proporcionar los informes y datos que le solicita tanto su cabeza de sector, como las dependencias normativas del sector público que son:
La Secretaría de Programación y Presupuesto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. Se analizó el cumplimiento de los objetivos de las entidades coordinadas, de acuerdo con los programas sectoriales, el Plan Nacional de Desarrollo, y la Ley de Planeación y, finalmente, fue objeto de estudio el cumplimiento de la obligación por parte de las propias entidades, de ajustar sus presupuestos a los lineamientos dictados por la Secretaría de Programación y Presupuesto y el órgano coordinador que es él Departamento del Distrito Federal.
Conforme a los datos proporcionados, a las comparecencias de los titulares de los órganos de gobierno de las entidades paraestatales, y a la información recabada por estas comisiones, se aprecia que dichas entidades dieron cumplimiento en términos generales a la ley que rige su actividad.
Ley de Planeación
Como ordenamiento reglamentario del artículo 24 constitucional e instrumento básico del Sistema Nacional de Planeación, el estudio que se realizó sobre el cumplimiento de su contenido tuvo como objeto establecer si el Departamento del Distrito Federal, en su carácter de coordinador de las actividades de su órganos desconcertados y las entidades del sector, dio cumplimiento a la obligación que le impone este ordenamiento, de revisar que la planeación y la conducción de actividades se realice de acuerdo a lo establecido por el Plan Nacional de Desarrollo, así como determinar y establecer los mecanismos que permitan verificar la adecuación de los programas institucionales en relación con el programa sectorial.
Se observó en términos generales, que tanto el órgano central como las entidades coordinadas comprendidas en el sector, cumplieron con los objetivos señalados en el Plan Nacional de Desarrollo y las desviaciones que se llegaron a presentar se subsanaron en tiempo, mediante la reprogramación de objetivos y metas, lo cual será verificado, en su oportunidad, por la Contaduría Mayor de Hacienda.
Ley Federal de Deuda Pública
En lo referente a este ordenamiento, fue objeto de revisión que con la debida oportunidad se aplicaran las normas que establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el sentido de registrar los financiamientos en que participa el Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas, así como la obligación que tiene el propio órgano como cabeza de sector, de proporcionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
toda la información que le permita vigilar la debida aplicación de los recursos provenientes de financiamientos autorizados. Se llegó a establecer que, en términos generales, el Departamento del Distrito Federal efectuó los registros de acuerdo con la normatividad emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, proporcionando a esta dependencia la información que permita vigilar la debida aplicación de recursos provenientes de financiamientos.
Respecto a las entidades coordinadas, éstas no contrataron durante él ejercicio fiscal, financiamientos de este tipo.
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento
Respecto al cumplimiento del contenido de estos ordenamientos que son de aplicación indispensable en la ejecución y ejercicio del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, por contener las normas que rigen al detalle dichas funciones, se realizó el estudio sobre la aplicación de estos instrumentos legales tanto por parte del Departamento del Distrito Federal como de sus entidades coordinadas, llegándose a la conclusión de que el órgano central, con el fin de orientar y coordinar el gasto público, elaboró y dio a conocer en los primeros meses del ejercicio fiscal que se analiza, las normas aplicables, detectándose algunas fallas en la comunicación y difusión de dichos lineamientos.
En enero de 1986, el Departamento del Distrito Federal fijó las políticas que habrán de seguirse en la elaboración del programa operativo anual de 1987, así como la actualización del programa de mediano plazo del sector para el bienio 1987-1988, elaborando también los formatos que facilitan la formulación de los programas respectivos y que hacen posible se cumpla con los calendarios establecidos por la Secretaría de Programación y Presupuesto. Por lo que toca a la normatividad aplicable en la elaboración del anteproyecto de presupuesto del sector, así como la relativa a la ejecución del presupuesto, fue expedida con la debida oportunidad, dándose a conocer a las entidades coordinadas. Respecto a las normas contenidas en la ley que se analiza relacionadas con los compromisos que se contraen, fueron observadas en su oportunidad por el órgano central y por sus entidades coordinadas. En relación a la obligación de contabilizar las operaciones financieras y presupuestales del sector dentro de los 60 días siguientes a su realización, el Departamento del Distrito Federal, gracias a la operación del Sistema Integral de Contabilidad que implantó durante el ejercicio que se analiza, cumplió en tiempo y forma con dicha obligación.
En lo que respecta a las visitas y auditorías que el Departamento del Distrito Federal como cabeza de sector puede practicar a sus entidades coordinadas, se explicó que en el sector no se requiere de esa fiscalización, toda vez que la Contraloría General del Departamento del Distrito Federal, conforme a los lineamientos del Sistema Integral de Control que ha establecido la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, coordina y norma la operación del control interno, y está pendiente en forma permanente de las auditorías que realizan las contralorías internas de las propias entidades, mismas que en el año de 1986 alcanzaron un total de 754.
Ley de Obras Públicas y su Reglamento
En relación con estos ordenamientos, se revisaron los aspectos relativos a la planeación, programación y presupuestación de obras públicas, adjudicación de contratos, licitaciones públicas, modificaciones de contratos y convenios, otorgamiento de garantías, inicio y terminación de las obras, contratación de los servicios relacionados con las obras, información que se debe rendir a la Secretaría de Programación y Presupuesto, estudio preinversión, programa y presupuesto anual, dictámenes y licencias, registro del padrón de contratistas, requisitos para la firma de contratos, pago a contratistas, gastos financieros, actas de entrega de recepción y adjudicación directa.
Del informe recabado, cabe determinar que el Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas, en términos generales, dieron cumplimiento a los ordenamientos respectivos, siendo de observarse anomalías y deficiencias en cuanto a la integración de la documentación y de la información respecto de algunas obras públicas realizadas: se detectó que el 5% de las obras no se iniciaron en las fechas previstas; en cuanto a la contratación, se ajustó a los procedimientos respectivos, habiendo casos excepcionales que están amparados por los propios ordenamientos y que serán revisados posteriormente por la Contaduría Mayor de Hacienda; se detectó que existen anomalías en cuanto al cumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución de las obras, y que igualmente existen casos en que la información respectiva no se proporcionó con la debida oportunidad a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, existiendo también un incumplimiento parcial en cuanto a la obligación de proporcionar los títulos de propiedad así como los datos de localización y construcción de las obras públicas, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y de Ecología; asimismo se observó que en algunos casos no se levantaron las actas de entrega de recepción de los trabajos realizados por contrato o
por administración directa, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de su terminación.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles
Respecto al cumplimiento por parte del Departamento del Distrito Federal y de sus entidades coordinadas de este ordenamiento, se revisaron los siguientes aspectos:
Prohibición de formalizar o modificar contratos sin saldo disponible; adaptación de sistemas de procedimientos de simplificación administrativa; planeación y cumplimiento de los programas; remisión oportuna a la coordinadora de sector de los programas y presupuesto de adquisiciones; establecimiento de comités para la optimización de los recursos; obligación de contratar sólo personas inscritas en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Distrito Federal, así como la cancelación de dicho registro por causas señaladas en la ley; adjudicación de contratos y pedidos mediante licitación pública; otorgamiento de garantías por los proveedores de bienes o de servicios; emisión de dictámenes para la adjudicación de contratos y pedidos y en su caso el financiamiento o la celebración de los mismos sin licitación; respeto de los montos máximos establecidos para adjudicación directa; cumplimiento del plazo para el pago de los pedidos y rescisión y cancelación de los pedidos por incumplimiento.
Del análisis y verificación realizada, se concluyó que tanto el Departamento del Distrito Federal como sus entidades coordinadas dieron cumplimiento, en términos generales, a todos los aspectos que fueron objeto de estudio, siendo de recalcar que si implantaron procedimientos de simplificación administrativa que hicieron posible una adecuada y oportuna planeación y programación de las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios. Respecto a la vigilancia en la optimización de los recursos, así como el cumplimiento estricto de los objetivos, prioridades y políticas del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales institucionales y especiales, el Departamento del Distrito Federal, a través de los subcomités de concursos, realizó todas las actividades con apego a las disposiciones aplicables, y por lo que respecta al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas relativos al Departamento del Distrito Federal, difundió en su carácter de órgano coordinador de sector, la normatividad relativa.
Consideraciones generales sobre este apartado
Dividiremos las observaciones sobre el cumplimiento del marco jurídico por parte del Departamento del Distrito Federal en su apartado conclusorio, en los siguientes grupos de ordenamientos:
Leyes financieras de vigencia anual; leyes financieras de aplicación permanente; leyes de carácter sustantivo que confieren atribuciones; y leyes adjetivas en materia de obras y adquisiciones de bienes y servicios.
Respecto a la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal para 1986, así como el decreto aprobatorio del presupuesto de egresos para el propio ejercicio, cabe apreciar que el Departamento del Distrito Federal se ajustó a las disposiciones contenidas en ambos ordenamientos, tanto en su carácter de órgano central y parte de la estructura de la administración Federal, como en su carácter de coordinador de sector. Se apreciaron fallas particularmente en materia de difusión de la normatividad y de comunicación entre el sector central y el paraestatal, también es de observarse que se requiere reforzar la vigilancia en materia del cumplimiento de las normas de austeridad en el ejercicio de los presupuestos del sector central y de las entidades coordinadas.
En relación con las leyes financieras y económicas de vigencia permanente, en términos generales, el Departamento del Distrito Federal dio cumplimiento satisfactorio a dichos ordenamientos, siendo de observarse fallas en la comunicación entre el sector central y las entidades coordinadas, mismas que deberán subsanarse a la brevedad posible; también se detectaron incumplimientos parciales en cuanto a la información que en estas materias debe proporcionar el Departamento del Distrito Federal a las dependencias globalizadoras como son: la Secretaría de Programación y Presupuesto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Secretaría de la Contraloría General de la Federación.
En cuanto al cumplimiento de leyes sustantivas que contienen el marco de atribuciones del Departamento del Distrito Federal, y que rigen su actividad dentro de la estructura general del Ejecutivo de la Unión, como órgano de éste integrado dentro de la administración pública federal, y que tiene como función primordial el gobierno del Distrito Federal, así como el control de sus entidades coordinadas, es de apreciarse que mediante un esfuerzo de normatividad, el Departamento del Distrito Federal ha venido superando las anomalías que existían en sus desempeño, particularmente el cumplimiento de su función como cabeza de sector.
Es de estimarse que todavía subsisten fallas y deficiencias en la comunicación entre el sector central y las entidades por él coordinadas que deberán subsanarse en el menor tiempo posible.
Ordenamientos que rigen las obras públicas y su ejecución, así como las adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios relacionados con bienes muebles, se observó que teniendo en consideración la dinámica que demanda la oportunidad en la ejecución de las obras básicas necesarias para la infraestructura que requiere la prestación de servicios públicos prioritarios a la población del Distrito Federal, el Departamento ha realizado notables esfuerzos tendientes a lograr el cumplimiento exacto de las disposiciones que rigen estas materias, siendo de señalarse que aún existen incumplimientos parciales, particularmente sobre la oportunidad con que se proporciona la información relativa a la terminación de las obras, la cancelación de las garantías, y los casos de excepción en que se adjudican contratos tanto de obras como de adquisiciones, siendo también necesario intensificar la comunicación con las entidades coordinadas del sector.
II. Perfil socioeconómico
La ciudad de México ha soportado en las últimas décadas, un crecimiento poblacional y urbano con marcada tendencia centralista, como consecuencia de un modelo de desarrollo que en un tiempo fue pilar de avances económicos y sociales, pero que actualmente se ha constituido en un freno para dotar de los servicios básicos a una población de 10.5 millones de personas, con una mancha urbana que alcanza el 40% de la totalidad de su territorio, y que representan el 12% de la población nacional.
Este fenómeno de centralismo ha provocado una inercia de crecimiento anárquico que, por su complejidad y magnitud, es imposible de frenar y reorientar en el corto plazo, ya que su solución queda enmarcada dentro de un contexto nacional a mediano y largo plazos.
La situación se torna más difícil día a día por el crecimiento natural de la población, más la población que ingresa y se asienta diariamente en la ciudad y zona conurbada proveniente del interior de la República, que viene en busca de mejores oportunidades de desarrollo.
El crecimiento ha provocado, entre otras cosas, que la ciudad de México se conurbe con 17 municipios del estado de México, integrando así una zona metropolitana que rebasa los límites político administrativos del Distrito Federal, con una población conjunta estimada en más de 18 millones de habitantes que requieren y comparten servicios. Esto provoca que se establezca una carrera impresionante entre la demanda de servicios y la posibilidad de atenderlos, por el ritmo acelerado en la formación de nuevos asentamientos humanos, y el lento crecimiento de los recursos financieros captados por el gobierno capitalino.
Al rezago acumulado por este fenómeno demográfico - urbano, se vino a sumar la destrucción que sufrió la ciudad de México por los sismos registrados en 1985, en la que se vio muy afectada la infraestructura de servicios básicos.
En el aspecto financiero, la captación tributaria como aportación ciudadana al gasto público, se ha visto menguada por la disminución en el poder adquisitivo de los salarios, que no ha permitido un crecimiento al mismo ritmo del que se ha dado en el costo de bienes y servicios requeridos en la gestión de gobierno.
El panorama antes descrito ha impedido la creación de una infraestructura y medios necesarios para el desenvolvimiento integral del individuo, que propicien condiciones dignas de vida y opciones viables de superación dentro de un marco de justicia y equidad social, y beneficien particularmente a las clases mayoritarias, cumpliendo así con los objetivos y líneas de acción, establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa de Desarrollo de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y de la Región Centro.
Para tener una idea de la magnitud de los problemas que presenta la ciudad capital y zona conurbada, es preciso mencionar algunas características de los servicios más representativos que proporciona el gobierno capitalino: En una ciudad donde se concentran la más importantes actividades políticas, financieras, económicas, académicas, culturales y sociales del país, uno de los servicios indispensables para que se realicen todas estas actividades es el transporte en todas sus modalidades, verdadero soporte para trasladar a ese gran conglomerado que habita la capital y que se entrelaza con el estado de México. Esta es una ciudad que se ha visto obligada a crear una infraestructura y equipo de transportación masiva con la más amplia cobertura a nivel mundial, con una impresionante capacidad de movilización de usuarios y un Sistema de Transporte Colectivo (Metro) de los más avanzados tecnológicamente, requiriendo estas acciones cuantiosas inversiones, que en una época de crisis económica le dan mayor significación.
Para 1986 se cuenta con una red de 120.0 kilómetros de longitud, con 109 estaciones, transportando 1 mil 361.9 millones de personas, satisfaciendo el 29% del total de viajes - persona - día, efectuados en la zona metropolitana de la ciudad de México. El servicio que otorga el Metro diariamente, tendría que ser sustituido por 2.4 millones
más de automóviles privados, si consideramos su intensidad de uso con respecto a la que se emplea actualmente.
En cuanto al transporte eléctrico, basta decir que su red, de ser una sola línea, alcanzaría a comunicar a la ciudad de México con la de Veracruz.
Referente a Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta - 100, se han integrado 226 rutas, que suman aproximadamente 7 mil kilómetros, en las que se realizan diariamente alrededor de 6 millones de viajes - persona - día, con un millón de kilómetros recorridos.
La situación económica por la que pasamos y la concentración poblacional en la ciudad de México y zona conurbada, han originado altos índices de desempleo, alcoholismo, drogadicción y desintegración familiar, por ello los hechos delictivos se han incrementado en forma alarmante, donde una corporación policiaca preventiva que cuenta con aproximadamente 25 mil elementos, son insuficientes para cuidad a una ciudad de más de 10 millones de habitantes.
La demanda de agua potable se ha ido incrementando de tal manera, que llegó el tiempo en que los recurso acuíferos de la ciudad fueron insuficientes y hubo necesidad de traer este vital líquido de los alrededores de la metrópoli, aumentando sus costos de operación y mantenimiento en proporción a la distancia que se tiene que cubrir, y en algunos casos a ser desproporcional, ya que el costo de cubrir un kilómetro más es más costoso que el anterior.
Sabemos que una parte considerable del consumo de agua se trae de las cuencas del Lerma y Cutzamala, lo cual, para su conducción, almacenamiento y distribución, se dispone de 443 kilómetros de acueductos; 557.3 kilómetros de red primaria, 12 mil 032 kilómetros de red secundaria y 200 tanques de almacenamiento, proporcionando un caudal promedio de 36.5 m3 por segundo, para cubrir las necesidades que requiere la población.
En materia de drenaje, se cuenta con una infraestructura de 1 mil 215 kilómetros de red primaria, equiparable a la distancia que existe entre esta ciudad y el estado de Sinaloa. La red secundaria cuenta con 12 mil 278 kilómetros, 4.2 veces la distancia entre esta urbe y la ciudad de Tijuana, Baja California. Estas comparaciones nos permiten tener una idea de la dimensión y complejidad de este servicio, que en tiempo de lluvias se ve aumentado, utilizándose 64 plantas de bombeo y 400 kilómetros de drenes principales para la conducción de aguas residuales.
Esta inmensa infraestructura requiere de un trabajo constante de desazolve y reparación durante el período de estiaje.
Se considera a la ciudad de México como la metrópoli que produce más basura en el mundo, ya que genera diariamente como promedio un kilogramo por habitante; 11 mil toneladas diarias, y aproximadamente 4 millones de toneladas anuales, de las cuales apenas el 25% son recicladas para su reutilización, principalmente como abono agrícola; el destino del 70% restante representa un verdadero problema, ya que a la fecha éste se deposita en rellenos sanitarios, tratando de que no se convierta en focos de infección y causen problemas de salud a la población. Todo esto sin considerar el problema de la recolección, tarea gigantesca que implica acciones de barrido manual y mecánico, de captación de basura domiciliaria, fabril y de depósitos, acciones que a veces se ven retardadas por falta de recursos materiales de las autoridades, y otras por la propia ciudadanía que asume conductas de apatía e inconsciencia.
Después de describir en forma somera algunos de los problemas que presenta la ciudad de México, vemos cómo ésta constituye una área donde se concentran rezagos, desigualdades y distorsiones; con un crecimiento desorbitado en las últimas décadas, lo cual constituye un gran desafío a la perspectiva de lograr niveles de bienestar y desarrollo compatibles con las crecientes necesidades de la población capitalina. Esta situación exige que los recursos de que dispone la ciudad, se constituyan en elementos fundamentales para dar respuesta a los requerimientos que plantea la dinámica del desarrollo urbano, procurando mejores condiciones de vida y opciones viables de desarrollo para los habitantes; las condiciones económico - sociales actuales, exigen una mayor eficiencia en la aplicación de acciones, un cuidadoso manejo de los recursos, selectividad en el gasto, honestidad y responsabilidad por parte de los servidores públicos; fomentar el empleo, la vivienda, la producción y el abasto; medidas eficaces sobre ecología, salud, educación, seguridad pública, cultura y servicios indispensables y, sobre todo, cimentar las bases que conduzcan a una verdadera e irreversible descentralización y desconcentración de la actividad económica de esta ciudad capital.
III. Resultados financieros
El resultado de la gestión financiera del Departamento del Distrito Federal para 1986, tiene como propósito fundamental conocer la evolución y comportamiento de las fracciones contenidas en la Ley de Ingresos, así como los capítulos de gasto incluidos en el presupuesto de egresos.
En materia de recaudación, aumentó la captación de ingresos propios y se mejoró la prestación de los servicios al contribuyente, llevándose a cabo la modernización de los sistemas y mecanismos de recaudación y fiscalización, como así también la desconcentración de las áreas recaudadoras. El Departamento del Distrito Federal se allegó de mayores recursos, fortaleciendo sus finanzas, e hizo más efectiva la lucha contra la evasión y elusión fiscal.
Durante este ejercicio presupuestal, se celebró el convenio de rehabilitación financiera con el Gobierno Federal, el cual asumió el 96% de la deuda total, colocando a la entidad en una mejor posición financiera y con posibilidades de mejor atención a los programas de mayor contenido social. Asimismo, se continuó observando medidas de austeridad, disciplina presupuestal y racionalidad del gasto.
Ingresos totales del Departamento del Distrito Federal
El gobierno capitalino captó recursos por 1 billón 086 mil 148 millones de pesos, cantidad superior en un punto porcentual al presupuesto autorizado correspondiente al ejercicio de 1986, y de 38% mayor en relación a 1985. Esto es resultado de la política de ingresos establecida en ejercicios anteriores, llevándose a cabo con estricto apego a los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, lográndose así una recaudación adecuada para un financiamiento sano del gasto del sector central y de los organismos y empresas.
Sector central
Durante 1986, el gobierno capitalino captó un total de ingresos ordinarios del orden de 558 mil 541 millones de pesos, cifra que superó en 58% al ejercicio del año anterior, y una disminución del 5% respecto al presupuesto autorizado. La captación de los ingresos ordinarios se desglosaron en ingresos propios y participaciones en impuestos federales.
El total de los ingresos propios ascendió a 165 mil 294 millones de pesos, incrementándose en 3% con respecto al presupuesto original, y 118% al año anterior; estas variaciones son el resultado de los esfuerzos que hace la institución por alcanzar la autosuficiencia en esta materia. Cabe mencionar que las reformas y adiciones a la ley de hacienda, tuvieron como objetivo la actualización del sistema cartográfico catastral, para una equitativa aplicación de las normas tributarias del Impuesto Predial y a la ampliación en la aplicación del Impuesto sobre Espectáculos Públicos. Con objeto de reducir el impacto en la población de menores recursos, se incrementaron las cuotas de derechos por servicios de agua para los grandes consumidores, y se determinó tarifa preferencial a los consumidores domésticos.
Las participaciones en impuestos federales que administra el Departamento del Distrito Federal, provenientes de los acuerdos emitidos por el Ejecutivo Federal, ascendieron a 393 mil 247 millones de pesos, cantidad que en el total de los ingresos del Departamento representa 36% y 42% mayor al año anterior, este incremento es resultado de la influencia sustancial que tiene el Impuesto al Valor Agregado, cuya recaudación crece en relación directa a los incrementos en los precios de los bienes y servicios, sin embargo, esta cifra resultó inferior, en comparación con la asignación original, en nueve puntos porcentuales, motivado por la reducción que efectuó el Gobierno Federal proveniente del convenio de asunción de adeudos.
Por lo que respecta a los ingresos tributarios, éstos fueron del orden de 62 mil 558 millones de pesos, presentando un descenso del 23% respecto al original, y un incremento de 62% respecto al ejercicio anterior. En tanto, los ingresos no tributarios (derechos, productos y aprovechamientos) fueron muy sustanciales, siendo del orden de 102 mil 736 millones de pesos que, comparados con el año anterior, presentaron un incremento de 178%, y de 29% con respecto al presupuesto original.
En la fracción de derechos, los recursos captados ascendieron a 61 mil 819 millones, superior en 151% en comparación al período anterior, y 5% menor al original, variación constituida por la prestación de servicios de agua, servicios del Registro Público de la Propiedad, y del comercio y de control vehícular.
Los recursos captados por productos ascendieron a 36 mil 394 millones de pesos, superior en 244% en comparación al período anterior, y 258% ante el presupuesto autorizado, comportamiento derivado de los ingresos de intereses en valores gubernamentales.
El volumen de ingresos en aprovechamientos fue de 4 mil 523 millones, cantidad mayor en 155% ante la recaudación del ejercicio anterior, y en 1% con respecto al original, comportamiento derivado de la recaudación en la fracción correspondiente a otros no especificados.
En lo referente a los ingresos extraordinarios, el financiamiento observó un descenso de 84% Y 90% respectivamente, el primero fue ante el ejercicio del año anterior, y el segundo respecto al presupuesto
autorizado; esta disminución repercutió favorablemente en la liberación de pagos en las tasas de interés.
Las transferencias del Gobierno Federal ascendieron a 192 mil 735 millones de pesos, canalizándose en forma selectiva a los principales programas prioritarios, y a algunas de las obras fundamentales de reconstrucción, permitiendo financiar de manera moderada los resultados presupuestales obtenidos durante el ejercicio, logrando así regular el déficit financiero y mayor generación de ahorro.
Los adeudos de ejercicios fiscales anteriores aprobados en la Ley de Ingresos, fueron del orden de 45 mil millones de pesos, cifra que al cierre del ejercicio alcanzó un monto de 92 mil 781 millones, incrementándose 106%, variación que permitió continuar con la ejecución de obras prioritarias autorizadas por las dependencias globalizadoras para el año de 1987; así también registró un incremento del 11% en relación a 1985, lo que en términos reales nos demuestra reducciones para no recurrir a este tipo de financiamiento.
Organismos y empresas
Los ingresos generados a través de las entidades coordinadas por el Departamento del Distrito Federal, ascendieron a 217 mil 386 millones de pesos, cifra superior en 17% en relación al presupuesto original, y 55% mayor al ejercicio real del año anterior, integrándose el 98% de sus principales ingresos con la venta de bienes y servicios, ingresos diversos, y subsidios del Gobierno Federal.
En lo relativo al total de subsidios, estos ascendieron al 141 mil 353 millones, participando con el 65% en relación al total de ingresos, siendo canalizados a las siguientes acciones: para cubrir costos de operación del transporte; a diversos programas de obras; a generar empleo y apoyos a servicios personales; para el pago de los incrementos a los sueldos y prestaciones del personal.
Los organismos del transporte recibieron el total de subsidios, siendo los montos más significativos los siguientes:
Autotransportes Urbanos de Pasajeros R-100, 90 mil 625 millones; Sistema de Transporte Colectivo Metro, 40 mil 755 millones; y Servicio de Transportes Eléctricos, 9 mil 972 millones. Asignaciones que permitieron mantener el nivel de precios de las tarifas, aun cuando las mismas están por debajo de sus costos de operación.
Sistema de Transporte Colectivo, Metro
Este organismo descentralizado, registró ingresos totales por 73 mil 697 millones de pesos, cifra mayor en 26% respecto a la estimación original, y 68% mayor al ejercicio anterior, cantidad que se integró como sigue: ingresos propios con 22% financiamientos 3%, y subsidios del Gobierno Federal y aportaciones del Departamento del Distrito Federal con 75%, situación proveniente de los bajos precios en las tarifas, los cuales no alcanzaron a absorber los costos y gastos de operación. La tarifa del boleto para uso del Metro se vio incrementada a partir del 1o. de agosto de 1986; en el período de enero a julio, se vendieron 958 millones de boletos con valor de un peso cada uno, y de agosto a diciembre 598 millones a 20 pesos cada uno; con esta modificación se obtuvo un incremento de 11 mil 362 millones de pesos para el ejercicio de 1986.
Los importes recibidos del Gobierno Federal en materia de subsidios fueron registrados al capítulo 1 mil, con la finalidad de hacerle frente a los incrementos salariales decretados por el Ejecutivo Federal, en tanto que las aportaciones otorgadas por el Departamento del Distrito Federal se destinaron a cubrir los programas de inversión física para el pago de pasivo y otras aportaciones.
Autotransportes Urbanos de Pasajeros R-100
Recaudó un total de ingresos por 113 mil 907 millones de pesos, 21% mayor que la estimación original, y 43% mayor al ejercicio anterior; los ingresos propios alcanzaron el 15% en relación al total, integrados por la venta de servicios e ingresos diversos con incrementos de 116% respecto a la estimación original, generados por la autorización en el alza de la tarifa de tres a 20 pesos por viaje - pasajero, en tanto que los subsidios del Gobierno Federal y las aportaciones del Departamento del Distrito Federal participaron en relación al total con el 85%, captación que se destinó a cubrir: costos de operación, incrementos de salarios, e incrementos de precios de combustibles, grasas y lubricantes que se presentaron durante el ejercicio presupuestal.
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal
Ingresaron un total de 27 mil 49 millones de pesos, registrando una reducción del 4% en relación a la estimación original, mayor en 56% respecto al ejercicio anterior. El resultado de las variaciones se debió, en primer término, a la estandarización del precio del pasaje, ya que a partir del 1o. de agosto y por la modalidad del abono de transporte, sus ingresos por servicios se incrementaron considerablemente con respecto al año anterior; y a la disminución en relación con el original, se debió a que no se cubrieron en su totalidad los subsidios y aportaciones durante el ejercicio, a este organismo.
Industrial de Abastos
Su fuente de recursos de este organismo público descentralizado, se obtiene principalmente de las aportaciones y subsidios del Gobierno Federal y del Departamento del Distrito Federal, las cuales se destinan principalmente a las transacciones propias por venta de productos cárnicos y sus derivados, y de la prestación de servicios de matanza de ganado bovino, porcino, ovino, caprino y de aves. Sus ingresos totales alcanzaron la cantidad de 10 mil 048 millones de pesos que, comparados con la estimación original y el ejercicio anterior de 1985, disminuyeron en 54% y 13% respectivamente, presentando una baja de recursos muy considerable en el concepto de venta de bienes.
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Departamento del Distrito Federal
La entidad totalizó ingresos propios del orden de 13 mil 078 millones de pesos, cantidad mayor en 47% con respecto al original, y 69% mayor en relación al ejercicio anterior. La captación de sus ingresos, fueron principalmente por concepto de recuperación de préstamos a corto plazo e hipotecarios.
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal
Los ingresos obtenidos en el ejercicio de 1986, fueron del orden de 7 mil 269 millones de pesos, los cuales fueron superiores respecto a la estimación original de 8%, y de 48% en relación al año de 1985.
Las variaciones anotadas se fundamentan por las causas siguientes: aumento en las aportaciones patronales y de los derecho habientes, a los fondos de jubilaciones, pensiones y defunciones; por el incremento a los intereses obtenidos como consecuencia del aumento en las tasas de interés, así como una mayor contratación de créditos; y a la constitución del fondo de la vivienda en 1986.
Servicios Metropolitanos (Servimet)
Esta empresa tiene como objetivo la promoción de la construcción y administración de obras públicas y privadas dedicadas a servicios de nivel federal, estatal y municipal, y a la compra - venta y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles.
Los ingreso totales del orden de 2 mil 338 millones de pesos, menor en 15% en relación a la estimación original, y 33% mayor con respecto al ejercicio de 1985, destacando un aumento de los ingresos por servicios de estacionamientos originado fundamentalmente por las modificaciones a las tarifas, no obstante que la capacidad instalada de la entidad para la prestación de estos servicios se redujo por motivo del apoyo a diferentes dependencias y organismos del sector a las que se cedió espacio utilizando cotidianamente como estacionamiento, para la instalación de viviendas para damnificados por los sismos de septiembre de 1985, así como para oficinas temporales de dichos organismos.
Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano (Fividesu)
Los ingresos totales captados fueron del orden de 10 mil 668 millones de pesos, éstos integrados por ingresos propios y aportaciones del Departamento del Distrito Federal que, comparados con la estimación original y el ejercicio de 1985, presentaron una variación positiva del 11% y 12% respectivamente; ingresos que se orientaron hacia la construcción de vivienda y programas de desarrollo social y urbano.
Gastos totales del Departamento del Distrito Federal
El comportamiento del ejercicio presupuestal se orientó básicamente a mantener la prestación de los servicios públicos, proteger e incrementar el poder adquisitivo de los trabajadores; a otorgar mejor servicio de vigilancia, así como propiciar mayores oportunidades de empleo, educación, salud, cultura y recreación, y a mejorar la impartición de justicia de los habitantes de la ciudad.
La asignación original del presupuesto de 1986 fue de 1 billón 073 mil 442 millones de pesos, autorizándose ampliaciones por un total de 329 mil 535 millones de pesos, y una reducción por 315 mil 585 millones de pesos, derivado del convenio de rehabilitación financiera. El impacto de las ampliaciones y reducciones reflejaron una ampliación neta de 13 mil 950 millones, por lo que se alcanzó un presupuesto modificado autorizado de 1 billón 087 mil 392 millones, presupuesto en el que se lograron economías por 1 mil 244 millones de pesos, para llegar a un nivel ejercido del orden de 1 billón 086 mil 148 millones, representando una variación mayor respecto al ejercicio de 1985 del 38%, y respecto al presupuesto original de 1%. Dichos resultados globales permitieron ampliar la cobertura de los servicios sociales, e hizo posible ampliar la generación de empleos y a coadyuvar a disminuir los efectos financieros e inflacionarios.
Al inicio de 1986, se suscribió el convenio de rehabilitación financiera, asumiendo pasivos por la cantidad de 418 mil 310 millones de pesos, correspondiendo
348 mil 789 millones a deuda interna y 69 mil 521 millones a externa, determinándose un saldo a cargo del Departamento del Distrito Federal por 18 mil 545 millones derivado de los protocolos financieros con Francia y Japón. Por lo que se refiere al saldo de la deuda al 31 de diciembre de 1986, se colocó en 95 mil 570 millones, 79% menor al saldo al 31 de diciembre de 1985, siendo del orden de 443 mil 060 millones de pesos.
La reducción en el pago de deuda permitió al gobierno capitalino contar con mejores bases financieras, dicho pago se integró por amortizaciones, adeudos de ejercicios fiscales anteriores, e intereses y comisiones, sumando la cantidad de 114 mil 461 millones de pesos, cuyas variaciones con respecto al ejercicio del año anterior y del presupuesto autorizado, fueron del orden de 28% y 67% menores respectivamente. Además, señala un déficit financiero del orden de 226 mil 339 millones de pesos, el cual representa el 21% del presupuesto ejercido, financiándose con los siguientes recursos: endeudamiento neto, 22 mil 947 millones; financiamiento neto no titulado, 10 mil 657 y 192 mil 735 millones de apoyos fiscales; déficit que fue superior al previsto originalmente en 12 puntos, y en cinco al de 1985.
INGRESOS CONSOLIDADOS DEL D. D. F. POR TIPO DE INGRESOS
(Millones de Pesos)
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Sector Central
El gasto programable ejercido consolidado ascendió a 971 mil 687 millones de pesos, el cual se incrementó en relación al ejercicio anterior y al presupuesto original en 55% y 33% respectivamente. La variación de estos recursos respecto al original, fueron canalizados al gasto corriente e inversión en la parte del gasto corriente; los recursos se destinaron a cubrir incrementos salariales de emergencia, así como incrementos en los costos de insumos y servicios básicos como son: combustibles, energía eléctrica, arrendamiento y mantenimiento, agregando apoyos de carácter prioritario a las delegaciones y al Programa Nacional de Becas. En lo referente al gasto de inversión, se canalizaron apoyos al Programa Regional de Empleo, a obras en proceso del Metro, incluyendo al Programa de Reconstrucción de la Ciudad y a programas de inversión a las delegaciones.
Por lo que se refiere al gasto no programable, su evolución presentó una reducción al ejercerse 111 mil 137 millones de pesos, cantidad a la que ascendieron los vencimientos de la deuda durante el período, la cual fue menor con respecto al año anterior en 30% y de 67% en relación con su asignación original.
Organismos y empresas
Las erogaciones reales de las entidades coordinadas por el Departamento del Distrito Federal, fueron del orden de 258 mil 054 millones de pesos, monto que tuvo variaciones de incremento con respecto al ejercicio del año anterior y del presupuesto autorizado, a razón de 46% y 12% respectivamente. Estas variaciones permitieron atender las demandas para cubrir los incrementos en las tarifas de energía eléctrica, precios de los combustibles, aumentos salariales de emergencia, al programa de recambio de instalaciones y equipo en las líneas del Metro, e incrementos en las acciones de autoconstrucción de vivienda, al poner en operación los parques de materiales.
El gasto no programable en este sector ascendió a 3 mil 324 millones de pesos, superior en 220% al ejercicio de 1985, y 30% menor al presupuesto autorizado. Las variaciones antes mencionadas se derivan a los efectos inflacionarios en lo relativo a la adquisición de insumos requeridos a programas e inversión.
Sistema de Transporte Colectivo, Metro
Los egresos totales ejercido fueron del orden de 73 mil 697 millones de pesos, de los cuales se canalizaron para gasto corriente 73%; 23% para gasto de inversión, y 4% para deuda externa. Su variación respecto al ejercicio del año anterior y de la asignación original, correspondieron 71% y 35% mayor respectivamente.
Este incremento en relación al presupuesto original, se debió principalmente a la ampliación en las redes y preservación de la infraestructura de la entidad, y a cubrir el impacto de los incrementos de sueldos del personal, así como erogaciones efectuadas por servicios generales. En lo referente al presupuesto modificado, éste no sufrió ninguna variación frente al ejercido. Cabe hacer notar que es el único organismo que mantiene compromisos en moneda extranjera, en virtud de que algunos de sus equipos operativos son de importación, contratados en francos franceses.
Autotransportes de Pasajeros Ruta - 100
El total del ejercicio presupuestal fue de 113 mil 907 millones de pesos, composición que fue de 96% a gasto corriente, y 4% a inversión física, niveles de gasto muy similares a la asignación original. El comportamiento con el ejercicio de 1985 fue mayor en 43%, sin embargo, el ejercicio total se incrementó al autorizado en 21% motivado por los incrementos salariales de emergencia y alzas en los precios de los combustibles, lubricantes, y adquisiciones de partes y refacciones para este servicio de transporte citadino. Los resultados financieros de este organismo provienen
de los bajos precios en las tarifas, las cuales no alcanzaron a absorber los costos y gastos de operación.
Servicios de Transportes Eléctricos
Los egresos reales de la entidad en 1986, ascendieron a 27 mil 049 millones de pesos, asignación menor al original en 5%; integrados por el gasto corriente en 52%, inversión física 31% y 17% a inversión financiera. En relación al ejercicio de 1985, tuvo una variación mayor de 64 puntos porcentuales, incremento que se debió al alza de precios en el mercado nacional en sus inventarios de materiales y refacciones, y a la pérdida cambiara de nuestra moneda respecto a los materiales de importación; además, sus costos de operación presentados fueron comparados con el año anterior, los cuales tuvieron incrementos sustanciales derivados de los aumentos de sueldos por revisión de contrato colectivo y los decretados de emergencia por el Gobierno Federal, aunado al incremento en precios en los conceptos de energía eléctrica, renta de equipo, reparaciones, rehabilitación de llantas, etcétera.
Industrial de Abastos
Para garantizar el abasto de carne a la población capitalina, evitar la especulación, y regular los precios de este producto, se sacrificaron animales de diferentes especies a fin de lograr un abasto regular y evitar incrementos no autorizados.
Por lo que respecta a lo niveles presupuestarios, Industrial de Abastos, durante su ejercicio presupuestal, finaliza con un gasto de 10 mil 048 millones de pesos, erogación menor a la asignación autorizada de 21 mil 774 millones y de 11 mil 098 respecto al ejercicio del año anterior.
Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano
Fividesu ha instrumentado su política para avanzar en la promoción de mecanismos de autoconstrucción, restablecer la capacidad de financiamiento para la construcción de la vivienda popular, reforzando los sistemas de crédito para la adquisición de materiales de construcción para los estratos más rezagados de la población. Su estado general de egresos presupuestales presentaron un ejercicio real de 10 mil 668 millones de pesos, los cuales se destinaron totalmente a gasto de inversión, presentando incrementos respecto al presupuesto original de 11%, y al ejercicio de 1985 el 68%.
Servicios Metropolitanos, S.A. de C. V. (Servimet)
El ejercicio de los egresos totales fueron del orden de 2 mil 338 millones, ejerciéndose una cantidad menor de los aprobados en el presupuesto de egresos de 1986, y mayor en 33% respecto al ejercicio del año anterior. Los recursos reales se asignaron a gasto corriente 66%, y 34% a inversión física y financiera. El capítulo de servicios personales erogó más de la mitad de sus recursos totales, originados principalmente por los movimientos salariales decretados en el transcurso de 1986.
Caja de Previsión de la Policía Preventiva
Las erogaciones de este organismo presentaron un ejercicio real de 7 mil 269 millones de pesos, mayor en 8% a la asignación original y 48% al ejercicio de 1985. La situación de estas variaciones se debieron al aumento por concepto de jubilaciones; al incremento al concepto de pensiones; al aumento en las indemnizaciones por retiro voluntario, prestación que fue otorgada a partir del mes de enero de 1986 con la vigencia de la nueva ley orgánica; a los aumentos tanto en los precios de los artículos como en los salarios del personal administrativo.
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya.
Organismo descentralizado que canalizó sus recursos principalmente a las siguientes prestaciones: jubilaciones, pensiones, préstamos a corto plazo, préstamos hipotecarios, pago de gastos de defunción y otros servicios sociales a los trabajadores a lista de raya del Departamento del Distrito Federal. En materia de obras y construcciones, se construyeron 900 viviendas de interés social para los trabajadores a lista de raya, así como la terminación de la construcción de 100 viviendas de interés social.
Su estado general de egresos presentó un ejercicio real de 13 mil 078 millones de pesos, correspondiendo 37% a gasto corriente, 8% a inversión física, y 55% a inversiones financieras.
Las variaciones fueron mayores respecto al presupuesto original y al ejercicio real de 1985 en 47% y 69% respectivamente, variaciones que en términos reales están por debajo de los niveles inflacionarios.
GASTO CONSOLIDADO DEL D. D. F.
(Millones de Pesos)
Dar doble click con el ratón para ver imagen
GASTO TOTAL DEL SECTOR CENTRAL
(Millones de Pesos)
Dar doble click con el ratón para ver imagen
GASTO TOTAL DEL SECTOR PARAESTATAL
(Millones de Pesos)
Dar doble click con el ratón para ver imagen
IV. Análisis de los objetivos y metas de los principales programas
En este capítulo se reseñan los avances y logros alcanzados, así como los comentarios de aquellas metas que no fueron cumplidas en su totalidad.
El presupuesto de egresos se orientó a la atención de necesidades prioritarias de la población para dar solución a la problemática presentada en esta gran urbe; asimismo, se tomaron medidas pertinentes abocadas a la reorientación y modernización de la infraestructura y servicios que se proporciona a los habitantes del Distrito Federal.
En este ejercicio, al igual que en el anterior, la estructura programática se mantuvo en 22 programas, aunque inicialmente se establecieron 21 programas aumentándose uno más para enfrentar los efectos de los sismos de septiembre de 1985. De acuerdo con la Secretaría de Programación y Presupuesto, el programa de reconstrucción por daños sísmicos a cargo del Departamento del Distrito Federal se definió como prioritario.
Para 1986 se consideraron como prioritarios 14 programas, siendo éstos los siguientes:
Transporte urbano, seguridad pública, agua potable, drenaje y tratamiento de aguas negras, ampliación y mejoramiento de la planta física educativa, salud, vivienda, regularización de la tenencia de la tierra, recolección y tratamiento de basura, aportaciones a la ministración de justicia, abasto y comercialización, prevención y control de la contaminación ambiental, reconstrucción por daños sísmicos, y deuda pública.
Estos programas representaron el 80% de los recursos asignados del presupuesto original autorizado por este Congreso, lo que permitió atender a la población en los renglones básicos, observando las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, y fortaleciendo la aplicación de los recursos y las finanzas de la entidad. Cabe resaltar la inclusión del programa de reconstrucción que este año se desarrolló con acciones tendientes a regular la vida urbana en esta ciudad.
En 1986 el Departamento del Distrito Federal, a través del presupuesto asignado y aprobado, realizó la continuidad de obras de infraestructura capaces de responder a las crecientes necesidades proporcionando los servicios de transporte, agua, drenaje, etcétera; servicios básicos en cantidad y calidad suficientes, sin embargo, existen aún rezagos en otros por la falta de recursos que imposibilitan su realización plena.
Por consiguiente, se observó en este análisis que los objetivos y metas alcanzados en cada uno de los programas presentan avances significativos, y en aquellos casos donde no se cumplieron las metas previstas, los recursos fueron transferidos a renglones prioritarios en atención, para una mejor prestación de los servicios.
En el ejercicio del gasto, las variaciones del presupuesto ejercido en relación al original presentan incrementos en diversos programas ocasionados por la retabulación de sueldos y salarios del personal, así como también por las alzas en los insumos y materiales de construcción.
SECTOR DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
GASTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS 1986
(MILLONES DE PESOS)
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Transporte urbano
Las acciones desarrolladas en este programa se enfocaron hacia una eficaz transportación masiva y mejor vialidad en el Distrito Federal, ampliando su cobertura a los núcleos de mayor afluencia de población.
En materia de simplificación administrativa, se llevó a cabo el programa de canje de placa única que redujo los trámites administrativos, lográndose una distribución de 1.58 millones de juegos, 31% menor a la meta programada y modificada; esta diferencia se debe a que se estimó 2.3 millones de juegos, que es la cifra total de automóviles que circulan en el Distrito Federal; sin embargo, la reducción en el cobro que por este concepto efectuó el estado de México, originó una menor afluencia de contribuyentes. Para elevar los índices de seguridad y comodidad del público usuario, se adquirieron 590 cajas colectoras de las 1 mil 500 programadas y modificadas, para el parque vehícular de Ruta-100 y Servicios Eléctricos, los recursos destinados a las 910 cajas restantes, fueron transferidos a diversos concepto de gasto de la Dirección General de Autotransporte Urbano para una mejor operatividad de la misma.
En la adquisición de 375 casetas para la venta del Abono de Transporte, sólo fueron adquiridas 20 casetas, en virtud de que se consideró como medida práctica la utilización de las ya existentes como son las taquillas del Metro, en los Almacenes para los Trabajadores del Departamento del Distrito Federal, en tiendas Conasupo, y en expendios de la Lotería Nacional, por ser centros de mayor afluencia poblacional.
No se cumplió la meta de adquisición de 200 máquinas expendedoras del Abono de Transporte, en virtud de que el proveedor elevó el costo de su compra, transfiriéndose los recursos a la Dirección
General de Autotransporte Urbano para cubrir necesidades de la misma.
Se formularon 22 estudios de los 17 programas relativos al transporte, destacando el del Programa de Mejoras al Sistema de Funcionamiento Vial de la Zona Centro de la Ciudad de México.
Dentro del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), las metas establecidas para ampliar las líneas Seis, Siete y Nueve fueron cumplidas en su totalidad; en el transporte de pasajeros, la meta original y modificada de transportar a 1 mil 406.5 millones de personas, fue alcanzada en un 96.8% debido a la suspensión parcial del servicio los sábados y domingos por el programa emergente de recambio de instalaciones y equipo de la línea Dos, y al cierre de la estación Chabacano por las obras de construcción de la línea Nueve. En la regulación de vueltas de circulación del Metro, la meta alcanzada fue del orden del 98.9%, la variación mínima fue por las demoras provocadas por el accionar de la palanca de freno de emergencia por parte de los usuarios.
Las metas de la adquisición de trenes y el programa emergente de recambio de instalaciones de las líneas Uno, Dos y Tres, fueron cumplidas en su totalidad; en la primera, se incrementó el parque vehícular a 240 trenes más un carro adicional, dando una existencia de 2 mil 161 carros, considerando que cada tren cuenta con nueve; en la segunda, se realizaron acciones entre las que resaltan el cambio de cable en 34 kilómetros y el cambio de durmientes de madera a concreto armado de fabricación nacional.
Dentro del Servicio de Transportes Eléctricos, las metas de transportación de usuarios en trolebús y tren ligero sólo se cumplieron en un 54% y 4% respectivamente. Esto fue debido a que el parque vehícular de trolebuses fue menor por la falta de refacciones de procedencia extranjera, y en el tren ligero por el desfasamiento en su entrada en operación. En la adquisición de trolebuses, de los 68 programados como originales y modificados, se adquirieron sólo 42 que representan el 62% del cumplimiento de lo establecido, sin embargo, los restantes se han recibido en forma parcial y sometidos a exámenes técnicos de calidad para su uso operativo; además, fueron restaurados 87 trolebuses, 12 más de los programados.
Para el tren ligero, se reprogramó la adquisición de 15 trenes con el objeto de adecuar las especificaciones del equipo a las pruebas de operación. Por otro lado, en función de estudios técnico - económicos, se refrendó para 1987 la adquisición de 15 subestaciones con la conveniencia de consolidar un solo pedido, evitando la diversidad de marcas y tecnología.
En el inicio de la construcción del tren ligero en la Calzada Zaragoza, la meta establecida no se cumplió debido a que ésta se convirtió en "Metro Ligero", siendo ésta desincorporada del Sistema de Transporte Colectivo, iniciándose el proyecto de la línea Pantitlán- Santa Martha con un avance de su instrumentación del 70%, y se continuó trabajando en el concurso para la designación del contratista que realizará la obra civil del tramo superficial.
La construcción de la línea Tasqueña - Xochimilco fue cubierta sólo en un 41% de su totalidad de 25.6 kilómetros, y un 20% en su segunda etapa. En la construcción de un taller para mantenimiento del tren ligero, esta meta fue modificada por la reconstrucción del edificio principal y taller, avanzándose en los estudios y peritajes que determinaron su reparación, habiéndose concluido el proyecto de reconstrucción concursándose dicha obra. Por último, fue suspendida la construcción de vías para conectar el depósito de Tetepilco - Tasqueña, transfiriéndose los recursos a cubrir finiquitos de adquisición del Programa Tren Ligero en su primera etapa; dentro de este servicio, se proporcionó mantenimiento a 10.6 kilómetros de vía permanente; a 4 mil 072.8 kilómetros de línea elevada de trolebuses y tren; 4 mil 159 acciones a trolebuses, 30 a tren ligero y 334 a subestaciones.
Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta - 100, transportó a 2 mil 063 millones de pasajeros, 81% de la meta programada y modificada; la diferencia obedeció a que por el calendario de entregas no entraron en operación el número de autobuses esperados, y a los altos costos que registraron algunas de las refacciones.
La meta programada y modificada de reconstrucción de autobuses se cumplió en su totalidad, como así también la de rehabilitar los módulos de taller y servicio, los cuales alcanzaron la cifra de 39.3% de más con respecto a la meta original.
Las metas de construcción de dos conjuntos módulos prototipo y dos talleres tipo, se cancelaron y se sustituyeron por la construcción de los módulos Cuajimalpa y Huayamilpas, obteniéndose avances en obra del 50% y 40% respectivamente.
Las metas de construcción de vialidades coincidentes con el Metro y estudios y proyectos de vialidad, se cumplieron de acuerdo a lo programado, construyendo 10.83 kilómetros de vialidad, y se elaboraron seis estudios para mejorar la misma.
A este programa le fue autorizado un presupuesto original de 285 mil 787 millones de pesos, cifra
que se modificó a 358 mil 997 millones; 25% arriba del originalmente asignado; esto fue debido al apoyo adicional por 38 mil 337 millones destinados a las obras de las líneas Siete Norte y Nueve (tramo Pantitlán - Centro Médico) del Metro; al impacto inflacionario en los insumos inherentes a las operaciones del transporte urbano, y a los incrementos salariales otorgados durante el año.
Este programa, por su importancia, absorbió el 27% del presupuesto original y el 33% del modificado y ejercicio, lo cual demuestra que uno de los servicios básicos de esta gran urbe es el transporte masivo, y es de reconocer también que a nivel mundial, esta ciudad tiene una amplia cobertura, dado el crecimiento poblacional.
Las políticas establecidas para seguir impulsando el transporte masivo deben intensificarse con mayores inversiones, cuidando que los recursos asignados para este programa cada vez sean mayores y de acuerdo a la disponibilidad de recursos del Departamento del Distrito Federal, como así también cuidar que el incremento paulatino a las tarifas, correspondan al crecimiento económico del país.
Seguridad pública
Proporcionar a los habitantes la seguridad física y de sus bienes patrimoniales, es el objeto del Departamento del Distrito Federal, para ello se realizaron 30 mil 483 servicios de vigilancia y control que representaron el 122% de la meta original y modificada, esto fue posible ya que se estimó como meta la incorporación de 5 mil 800 policías y egresados de la Academia de Policía 6 mil 534, 13% más de lo programado.
Asimismo, fueron proporcionados 98 servicios de prevención de siniestros, accidentes y educación vial, de los 120 programados, atendiendo la demanda real presentada; también se proporcionaron 44 mil 249 servicios de asistencia médica de urgencia y rescates, de los 53 mil originales, meta cumplida al 82% por la demanda de los mismos, además del auxilio prestado a la población en actos delictivos, los cuales alcanzaron 1 millón 596 mil servicios, meta rebasada en un 5%.
En la formulación de estudios para la instalación de nuevas intersecciones en el sistema computarizado, se cubrieron los 72 proyectos previstos.
Fue cumplida satisfactoriamente la meta de cursos de educación vial básica, de actualización y especialización policial, así como los de profesional en policiología.
En la adquisición de vehículos, se superó la previsión en un 34%, comprándose 25 grúas, 100 motopatrullas y 10 carros cisterna, así como 7 mil 844 armas diversas, 396 piezas de mobiliario y 33 de audio y video.
Las metas de adquisición de 100 caballos y tres trailers se reprogramaron para apoyar la adquisición de las 100 motopatrullas señaladas.
Fueron remodelados los edificios de la academia de policía, agrupamientos de helicópteros, de caballería, de granaderos, y de bomberos, alcanzado un 60% de avance global en obras, debido principalmente al aumento en los costos de mano de obra y materiales.
Adicionalmente, con el propósito de mejorar la fluidez de tránsito vehícular, se elaboraron 3 mil 399 estudios y proyectos de ingeniería de tránsito, y se le proporcionó mantenimiento a 18 módulos y casetas de seguridad pública.
A este programa se le asignó un presupuesto original de 37 mil 257 millones de pesos, y se ejercieron 52 mil 842 millones, 42% por arriba del original; esto fue resultado de los aumentos salariales y de los costos de los bienes y servicios requeridos para su funcionamiento.
Los altos índices de crecimiento poblacional y de desempleo, obligan cada día a reforzar los sistemas de seguridad pública, es por ello que debe continuarse con la ampliación y profesionalización del cuerpo policial a fin garantizar un servicio eficaz y oportuno a la ciudadanía, lo que implica la asignación de mayores recursos presupuestales sujetos a normas y control para la obtención cada vez de mejores resultados.
Agua potable
Las acciones en este programan, permitieron garantizar el suministro de tan vital líquido en cantidad y calidad suficientes a los habitantes del Distrito Federal, manteniendo su cobertura a pesar del incremento poblacional en asentamientos urbanos regulares e irregulares.
Se construyeron 15 kilómetros de líneas de conducción de pozos a tanques, cantidad que cubre la meta establecida. En la construcción de las líneas de derivación en el Acueducto Periférico Ramal Sur, se alcanzó la meta original en un 58% y la modificación en un 90%; esto se debió a que fue reducido su presupuesto en detrimento de la adquisición de materiales y compra de predios ubicados en el trazo de la línea: Las Torres en la Delegación Alvaro Obregón, y a los deslaves en barrancas por la temporada de lluvias. Además se
construyeron 0.22 kilómetros de obra en el Sifón "El Borracho" del Acueducto Periférico Ramal Sur, superando la meta original en un 29%, alcanzándose la modificada en un 67%, ya que ésta consideró trabajos adicionales, y a que la Comisión de Aguas del Valle de México no liberó en el Sifón San José, el área de trabajo requerida; asimismo, por modificaciones técnicas necesarias en el Sifón Plateros.
En la ampliación de la red secundaria, se lograron construir 63.2 kilómetros que representan el 54% con respecto a la meta original, y el 72% con la modificada; este atraso se originó por el incremento en los costos de materiales y de mano de obra, como así también por la topografía de los terrenos, beneficiando a una población de 700 mil habitantes.
La meta programación en la sustitución de pozos en el Valle de México se rebasó en 35% más, y la modificada se alcanzó en un 87%; el incremento observado en la primera fue porque quedaron pendientes algunos pozos del ejercicio anterior.
La construcción de la planta potabilizadora de Iztapalapa fue suspendida al no contarse con un proyecto definitivo debido a irregularidades de mecánica de suelos que presentó el terreno destinado para esta obra, siendo pospuesta para el siguiente ejercicio.
Se continuó con la ampliación de la Campaña "Uso Eficiente del Agua", además se coloraron 409 mil 632 bolsas ahorradoras de agua en muebles sanitarios en edificios públicos y casas habitación, meta cumplida al 82% ya que no se contó con la totalidad de recursos para la contratación de la mano de obra necesaria.
En la instalación de medidores domiciliarios, se superaron las metas originales y modificadas en un 19% y 6% respectivamente, en virtud de que se contó con material suficiente en los talleres de reparación, y al incremento de recursos financieros que permitió ampliar la fuerza de trabajo.
Para medir los caudales que son aportados a los usuarios, se instrumentaron 95 sistemas de medición en pozos y tanques, cifra que superó en un 27% a la meta original y sólo alcanzó el 86% en la modificada debido a los aumentos en los costos de estos equipos de importación.
En el concepto de conservación y mantenimiento preventivo y correctivo en las redes primaria y secundaria, las metas fueron rebasadas en un 66% y 17% respectivamente; asimismo, se otorgaron 4 mil 718 servicios de mantenimiento al parque vehícular, superando la meta original y modificada en un 7%: se rehabilitaron 60 pozos en los valles de México y Lerma, cumpliéndose la meta establecida; se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a 1 mil 572 unidades de maquinaria y equipo, meta cumplida en un 74% con respecto a la original y superándose la modificada en un 14%; se proporcionó mantenimiento civil a 12 plantas de bombeo y potabilizadoras, cumpliendo con la meta programada y modificada, y se proporcionó mantenimiento civil a 52 unidades de tanques de almacenamiento y casetas para pozos, acciones que permitieron mantener en óptimas condiciones este sistema.
En el renglón de operación, se realizaron acciones para mantener el suficiente caudal, siendo operadas 632 plantas potabilizadoras y de bombeo, meta que se rebasó en un 29% con respecto a la original, y 100% con respecto a la modificada; además, fueron adquiridas 33 mil 334 toneladas de sustancias químicas para mejorar la potabilidad del agua, superándose en un 130% la meta original, y al 100% la modificada; asimismo se llevó a cabo el análisis de 90 mil muestras de control de calidad del agua, acciones que rebasaron en un 91% las metas estimadas debido a la prioridad y necesidad de la meta.
En la operación de pozos y tanques de almacenamiento, se operaron 1 mil 117 unidades, rebasando las metas originales y modificadas en un 3% y 22% respectivamente, y para mantener un control en la extracción del agua del subsuelo, se llevaron a cabo 2 mil 675 inspecciones a pozos particulares, superando las metas en un 7%; además, se continuó con el Sistema Grandes Consumidores de Agua realizando la lectura de 385 mil medidores, 10% más de la meta original y modificada.
Para mantener la cobertura del servicio, se operaron 555 kilómetros de la red primaria de agua potable, y las delegaciones distribuyeron 308 mil 292 metros cúbicos a través de carros tanque, principalmente a las zonas irregulares carentes del servicio, superando la meta original en un 106% debido a la escasez en época de estiaje; complementariamente a estas actividades, fueron desarrollados 55 estudios y proyectos sobre el sistema de agua potable; se realizaron 50 acometidas de energía eléctrica en pozos profundos, tanques, plantas de bombeo y potabilizadoras, y fueron reparadas 139 mil 827 fugas en redes intradomiciliarias, y las delegaciones instalaron 1 mil 966 tomas domiciliarias; además, fueron impermeabilizados 17 tanques de almacenamiento, y se dio mantenimiento a 263 unidades de equipos de plantas de coloración, así como a 900 unidades de automatización y medición, y se instalaron 32 equipos de controladores automáticos de pozos.
Los recursos autorizados inicialmente a este programa fueron de 35 mil 347 millones de pesos, los cuales se ampliaron a 41 mil 713 millones, mismos que se ejercieron en su totalidad; la diferencia de 6 mil 366 millones fue para cubrir los incrementos en servicios personales e insumos en el renglón de obras públicas.
El cumplimiento de los objetivos y metas se observó como aceptable dada la magnitud de las obras que se requieren para proporcionar este servicio.
Drenaje y tratamiento de aguas negras
La importancia de este servicio radica en evitar o reducir las inundaciones, y en mantener un adecuado nivel de desalojo de aguas negras para así evitar focos de contaminación a la población, es así que en 1986, en materia de construcción, se llevaron a cabo las siguientes acciones:
En la construcción de las lumbreras Doctores, Vista Alegre, y Lumbrera I en la colonia Magdalena Mixuca, se cumplió con la meta programada; se excavaron 0.45 kilómetros en el interceptor central, tramo L5 a L6, que representan el 69% de avance con respecto a la meta original, y el 61% de más a la modificada; esta obra se replanteó en su programación, en virtud de los incrementos de los costos de materiales y mano de obra.
La continuación de la obra de revestimiento de 5.0 kilómetros en el interceptor central se canceló en virtud de que los recursos se destinaron a la obra de excavación del túnel por las condiciones de terreno; también fueron suspendidas las obras complementarias en la Lumbrera Seis del interceptor centro poniente, y de igual forma se canceló la compra de 40 mil metros cuadrados de predios para obras de drenaje profundo, debido a que los recursos originalmente previstos se destinaron a cubrir indemnizaciones de los colectores Santa Ursula Coapa y Xicoténcatl, y por las obras de reedificación del Canal de Chalco.
En la excavación y revestimiento en el colector semiprofundo en Iztapalapa, se efectuaron obras en 0.68 kilómetros establecidos como meta original, es decir, ésta se alcanzó en un 80% debido a las adecuaciones que sufrió el proyecto original.
La planta de bombeo Central de Abasto II, se avanzó en un 26% su construcción, desfasándose su terminación al mes de mayo de 1987, con lo cual permitirá descargar en el Río Churubusco las aguas captadas por el colector semiprofundo de Iztapalapa; por otro lado, la obra electromecánica de la planta de bombeo Canal Nacional, se cubrió al 90% la meta original y modificada, quedando pendientes trabajos menores de acabados y barda perimetral, mismos que se concluirán en 1987.
Para realizar las obras del Sistema de Drenaje Profundo, se adquirieron dos escudos excavadores de frente presurizado.
Para la captación de descargas domiciliarias, se construyeron 71.9 kilómetros de redes secundarias de los 141.7 previstos; el incumplimiento fue debido a la transferencia de sus recursos a acciones prioritarias como el mantenimiento de la red.
En la conservación y mantenimiento del sistema de drenaje, se desazolvaron 100 kilómetros de las redes primaria y secundaria, meta cumplida al 100% asimismo. fueron extraídos 844 mil 413 metros cúbicos de azolve de ríos, canales y presas, meta cumplida satisfactoriamente; además, se realizó la limpieza de 525 kilómetros en colectores y atarjeas, meta cumplida al 105% de lo previsto originalmente, acciones que permitieron mantener el caudal de desahogo evitando inundaciones en época de lluvias.
También se les proporcionó mantenimiento a nueve plantas de tratamiento de aguas negras y a 41 de bombeo, metas cumplidas en su totalidad, que permitieron dotar de un mayor caudal de agua tratada para riego de áreas verdes y llenado de lagos artificiales y recreativos.
Por medio de las delegaciones, se les dio el mantenimiento a las redes secundarias en 3 mil 299 kilómetros, meta cumplida en su programación original y modificada, que permitió detectar las fracturas ocultas en la red ocasionadas por los sismos de septiembre de 1985.
La meta de proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a maquinaria y equipo fue reprogramada por consecuencia del incremento en los costos del servicio, rebasando en su cumplimiento la meta modificada en un 19%.
Se realizó la limpieza y desazolve de 197 mil 523 instalaciones integradas por colectores, atarjeas y pozos de visita, superando la meta prevista en un 58%.
Se adquirieron 3.65 toneladas de sustancias químicas, y se operaron nueve plantas de tratamiento de aguas negras, cumpliéndose al 82% y 91% respectivamente las metas original y modificada; no obstante, fue proporcionado el servicio de agua tratada que no requiere de calidad potable.
Adicionalmente se realizaron acciones de reforzamiento de los bordos del Canal Nacional; se reconstruyeron 336 metros cuadrados de atarjeas y albañales, se desarrollaron acciones de limpieza en 12 mil 034 pozos de visita, y fueron rehabilitados 336, trabajos encaminados a evitar el deterioro de la red secundaria de alcantarillado; asimismo, se construyeron muros de contención en el Río Tarango, Vertedor y Barranca Presidentes, acciones que permitieron evitar la contaminación de los ríos naturales; además, fue desarrollada la obra del colector de alivio Río Churubusco, Canal Nacional, a efecto de rehabilitar la construcción de lumbreras en la planta de bombeo Canal de Miramontes.
A este programa le fue aprobado un presupuesto de 36 mil 109 millones de pesos, ejerciéndose 44 mil 990 millones, los recursos adicionales de 8 mil 881 millones permitieron respaldar la compra de los escudos, apoyar las obras de la planta de bombeo Central de Abasto II, construcción de la Lumbrera Dos en el interceptor centro, para cubrir el déficit presupuestal en el capítulo de energía eléctrica, y por los aumentos a los salarios e insumos necesarios para el desarrollo de este programa.
El cumplimiento de los objetivos y metas se considera como aceptable, y como en el año anterior, se sugiere un mayor apoyo a las obras de drenaje profundo, así como a obras complementarias de ampliación de las redes primarias y secundarias a fin de ampliar la cobertura del servicio.
Ampliación y mejoramiento de la planta física educativa
Para la impartición de la educación, es necesario contar con la infraestructura idónea, es por ello que en este período se continuó la construcción de planteles escolares en sus diferentes niveles y de acuerdo a las necesidades de la población, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública.
De acuerdo a los programas establecidos en educación preescolar, se planteó como meta original la construcción de 39 edificios escolares, meta que fue modificada a 23 planteles, por solicitud expresada de la Secretaría de Educación Pública en función de la demanda, meta alcanzada en un 91% que incluye 13 planteles con cargo al programa de 1985, tres al de 1986, y los cinco restantes consideraron aulas provisionales ante la problemática de escasez de predios. Asimismo, este programa apoyó la reconstrucción de 412 planteles de preescolar afectados por los sismos que incluyeron estudios geotécnicos, peritaje y supervisión de obras, además de que se brindaron acciones de mantenimiento y conservación a 586 instalaciones de este tipo.
En la construcción de escuelas primarias, se programó la construcción de 23 edificios, reprogramándose también la meta a 19, de los cuales se construyeron 17 quedando en proceso de terminación los dos restantes; de lo ejecutado, correspondieron ocho al de 1985, cinco al de 1986, y cuatro se edificaron con aulas provisionales; adicionalmente se apoyó la reconstrucción de 889 escuelas primarias, y a través de las delegaciones se proporcionó mantenimiento y conservación a 928 planteles de educación primaria.
En la construcción de 23 escuelas secundarias, se cumplió la meta original y modificada; 11 correspondieron a la terminación de obras de 1985, y 12 al programa 1986; paralelamente se apoyó la reconstrucción de 357 secundarias a través de la realización de estudios, peritajes y supervisión en cada una de las obras afectadas por los sismos y se dio conservación y mantenimiento a 295 secundarias.
En cuanto a la construcción de escuelas secundarias técnicas, se programaron originalmente 44, modificado esta meta a petición de la Secretaría de Educación Pública a 38, alcanzándose la meta de 31 planteles, siendo 13 que se encontraban en proceso con cargo a 1985, 10 de nueva creación y ocho edificadas con aulas provisionales; por su parte, las delegaciones dieron conservación y mantenimiento a 68 secundarias técnicas.
La meta de adquirir 69 predios para la edificación de planteles en sus diferentes niveles no se llevó a cabo, en virtud de la escasez de predios con características de ubicación requeridas por la Secretaría de Educación Pública, sin embargo, los recursos presupuestales asignados se destinaron a fortalecer la infraestructura con las acciones ya mencionadas.
A este programa se le asignó 24 mil 737 millones de pesos, mismos que se vieron reducidos a 16 mil 702.0 millones, ante la imposibilidad de adquirir el número de predios necesarios para la edificación de planteles escolares, ejerciéndose 16 mil 470.0 millones de pesos; la diferencia de 8 mil 035.0 millones fue transferida a reforzar la obra civil de la Línea Nueve del Sistema de Transporte Colectivo (Metro).
Las metas alcanzadas permiten evaluar el programa como aceptable, si consideramos el número de planteles atendidos y la población estudiantil beneficiada y, por otro lado, hacemos la anotación, como en años anteriores, que debe existir una mejor coordinación Departamento del Distrito Federal y Secretaría de Educación Pública en lo concerniente a la adquisición de predios, para evitar cancelación y desfasamiento en las metas en este renglón.
Salud
El objetivo de este programa radica en brindar la atención médica a la población abierto de escasos recursos económicos, a través de la infraestructura con que cuenta el Departamento del Distrito Federal, para ello, en 1986 se programó la atención de 1 millón 916 mil personas en servicios médicos, alcanzándose la cifra de 2 millones 079 mil personas, cantidad que superó en 8.5% la cifra estimada; por otro lado, se aplicaron 136 mil 225 dosis de vacunas, cantidad que superó en un 203% a la meta original y modificada, lo cual se debió a los días nacionales de vacunación y a la fase intensiva de vacunación antisarampión.
En la dotación de medicamentos, se otorgaron 572 mil unidades, cumpliéndose la meta establecida, beneficiando a la base trabajadora de bajos ingresos quien adquirió los medicamentos hasta con un 50% por abajo de los precios establecidos.
En la realización de cursos de capacitación y actualización médica, se rebasaron las metas en un 116%, lo mismo sucedió en la impartición de plásticas de educación para la salud, la cual se rebasó en un 36%.
En la adquisición de órganos, se alcanzó la meta sólo en un 19% debido a la escasez de donantes de córneas y a las normas legales vigentes que obligan a un mayor control de los mismos.
Se realizaron 124 investigaciones para la salud, 74 más de las programadas.
La construcción del nuevo hospital Rubén Leñero se cumplió sólo en un 70% debido a la variación del proyecto arquitectónico, en función de las nuevas normas de construcción establecidas para tal fin.
De acuerdo a lo programado, se brindó mantenimiento preventivo y correctivo a cinco unidades administrativas y a 29 unidades hospitalarias, en beneficio de la comunidad usuaria.
A este programa se le asignó un presupuesto original de 15 mil 776 millones, asignación que fue modificada a 22 mil 055 millones, mismos que se ejercieron; el incremento fue ocasionado por la aplicación de mayor número de dosis de vacunas, a la impartición de recursos para la salud e investigaciones médico - clínicas, y a los altos costos de los insumos utilizados.
En el análisis de este programa se observó un buen cumplimiento en las metas y en los resultados obtenidos, lo cuál indica el cambio de imagen de este servicio, mismo que en años pasados se encontraba rezagado, por lo cual debe de seguirse considerando como prioritario por la labor social que desempeña.
Vivienda
La vivienda en el Distrito Federal sigue considerándose como uno de los problemas cuya solución es a mediano y a largo plazo por la falta de recursos, sin embargo, el gobierno federal ha emprendido acciones de emergencia que han beneficiado a población económicamente débil, a través de diferentes organismos encargados para tal fin.
Como complemento a estas acciones, el fideicomiso de vivienda llevó a cabo el mejoramiento por autoconstrucción de 72 viviendas, cumpliendo la meta establecida en ocho frentes de trabajo de diferentes delegaciones del Distrito Federal.
En la realización de autoconstrucción de vivienda, de las 2 mil 765 acciones programadas se concluyeron sólo 538 viviendas y el resto registró avances significativos; el retraso fue originado por falta de mano de obra de los autoconstructores, y a la readecuación de los proyectos arquitectónicos por la aplicación de las nuevas medidas de construcción. Mediante este programa se benefició a 10 mil 554 habitantes.
En la adquisición de predios para la edificación de viviendas, sólo fue posible la compra de 5 mil 139 metros cuadrados, debido a la escasez de predios debidamente regularizados; sin embargo, se prevé la formación de una reserva territorial oportuna en la ejecución del Programa de Vivienda 1987.
De acuerdo a la estrategia de reconstrucción, la edificación de 1 mil 750 viviendas fue transferida al Programa Emergente de Viviendas Fase II.
Adicionalmente se realizaron obras de urbanización en 130 mil 446 metros cuadrados, y fueron adquiridos 17 parques de materiales, a efecto de beneficiar a la población en la autoconstrucción y mejoramiento de vivienda.
En 1986 a este programa se le asignó un presupuesto de 13 mil 392 millones de pesos, mismo que fue reducido en 2 mil 508 millones para ser transferidos al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitación Popular para la realización del Programa Emergente de Vivienda Fase II. Por otro lado, se autorizó un refrendo de 1 mil 857.4 millones no ejercidos durante 1985, más diversos movimientos presupuestales que se registraron durante el ejercicio por una cantidad de 824.6 millones, llegando a un presupuesto ejercido de 13 mil 566 millones de pesos.
En el análisis de este programa, se detecta desfasamiento en el cumplimiento de las metas por los imponderables descritos, es por ello que para años posteriores se recomienda exista una programación más definida, acorde a la mano de obra y reserva territorial disponible.
Regularización de la tenencia de la tierra
Las acciones de este programa se encaminan a la regularización de la propiedad particular y del propio Departamento del Distrito Federal, en beneficio de familias carentes de un documento de propiedad que acredite la misma, como así también la propiedad que deba utilizarse para la edificación de obras de beneficio social a la población capitalina.
En la regularización de predios particulares, la meta alcanzó un avance del 56% debido fundamentalmente a que el Programa de Regularización Judicial no se llevó a cabo por no haber concluido la definición de criterios de carácter legal para llevar a cabo los procedimientos de regularización, por este motivo no se contrataron los servicios de los despachos jurídicos privados requeridos; sin embargo, se beneficiaron a más de 42 mil 500 familias.
En la regularización de predios que eran propiedad del Departamento del Distrito Federal, se expidieron 23 mil 575 documentos, con avance del 91% a la meta programada; la diferencia fue consecuencia de las demoras que se presentaron en la obtención de avalúos de los terrenos o viviendas que son necesarios para llevar a cabo las gestiones de regularización.
A este programa se le asignaron originalmente 1 mil 330 millones de pesos y se ejercieron 1 mil 301 millones; la diferencia del 2% menor al original fue por no haberse ejercido el presupuesto asignado al Programa de Regularización Judicial que no se llevó a cabo.
El avance global de las metas programadas representó el 71% de ejecución, cifra considerada como aceptable; sin embargo, por la importancia que este programa tiene, deben acelerarse los trabajos a efecto de regularizar la propiedad en el Distrito Federal y frenar su crecimiento con invasiones o asentamientos irregulares que hacen aún más difícil su solución.
Recolección y tratamiento de basura
Las acciones de este programa se orientaron a mejorar el medio ambiente de la ciudad de México y evitar focos de contaminación, por ello, en este período se recolectaron 4.4 millones de toneladas de basura, lo que equivale a la recolección de 12 mil toneladas de desechos sólidos diarios; en la planta industrializadora se procesaron 194 mil 789 toneladas y, como apoyo adicional, se dio mantenimiento a 1 mil 464 unidades del parque vehícular, y fueron arrendadas 96 unidades.
Se construyeron los rellenos sanitarios Bordo Poniente I y II, Prados de la Montaña, y Santa Fe, los cuales, por sus características, permitirán disponer en forma más segura y controlada del 66% de los desechos generados en la ciudad; adicionalmente se cumplió la meta de transformar de cielo abierto a tipo sanitario los tiraderos de Santa Catarina y Santa Fe.
Paralelamente fueron eliminados 7 mil 838 tiraderos clandestinos en esquinas, lotes baldíos y camellones, superándose la meta en 131%; de igual manera, dentro del programa piloto de contenedores se logró captar 53 mil 714 toneladas, meta cubierta al 82%.
Las metas de adquisición de equipo de limpia y mantenimiento de la red vial principal mediante el barrido mecánico, se cumplieron al 100% de su programación original.
Con respecto a la terminación de la construcción de las estaciones de transbordo en Tlalpan, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Gustavo A. Madero y Xochimilco, sólo se terminó esta última; las obras electromecánicas en las plantas de incineración de San Juan de Aragón y Tlalpan, fueron suspendidas temporalmente para dar atención a la terminación de otras obras de mayor prioridad.
Adicionalmente fueron transferidas 504 mil 359 toneladas de basura de las estaciones de transferencia a los sitios de disposición final.
Este programa contó con una asignación original de 15 mil 002 millones de pesos, la cual fue ampliada en 6 mil 168 millones, llegado a un presupuesto modificado y ejercido de 21 mil 170 millones; la ampliación permitió intensificar los trabajos de mantenimiento del equipo de recolección, así como para cubrir los incrementos en servicios personales, además de utilizarse en el reforzamiento de eliminación de tiraderos clandestinos y en la construcción de rellenos sanitarios.
Se observo un comportamiento adecuado en las metas reflejado en la imagen de la ciudad, por lo cual este programa deberá seguir considerándose como prioritario.
Aportaciones a la ministración de justicia
La impartición de justicia juega un papel importante en la defensa de los derechos humanos de nuestra sociedad, por ello, a través de este programa el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal atendió 15 mil 362 asuntos; celebró 13 mil 869 audiencias, y dictaminó 12 mil 162 sentencias; metas que rebasaron a las originales en un 55%, 37% y 37% respectivamente; además, este órgano realizó 41 mil 563 asuntos en acuerdos de sala; 3 mil 194 juicios en trámite; 7 mil 102 asuntos turnados a la defensoría de oficio; 16 mil 881 acuerdos en la sala superior; realizó 113 eventos de pleno; dio atención a 1 mil 735 asuntos de revisión, y proporcionó asesoramiento en 3 mil 944 asuntos de materia diversa; también fue creada una sala superior integrada por cinco magistrados y tres salas.
En el trámite y resolución de demandas civiles y penales tanto del fuero común y del orden federal, fueron atendidas por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 146 mil 661 asuntos, cantidad que representa el 57% de su programación anual; esto fue debido a que estas acciones dependen de la demanda de litigantes y del público en general. Adicionalmente, este tribunal realizó 45 eventos en sesiones de pleno; tramitó y resolvió 16 mil 419 asuntos de segunda instancia; se atendieron 32 mil 715 asuntos de competencia de los juzgados mixtos de paz; se distribuyeron equitativamente 132 mil 975 asuntos a los juzgados civiles, del arrendamiento inmobiliario y familiar; también se realizaron 28 eventos de capacitación al personal, y la guarda y custodia de 29 mil 089 expedientes de salas y juzgados.
En la adquisición de bombas neumáticas y equipo médico; en el apoyo de la tercera etapa del equipo de cómputo, y en la adquisición de un terreno para la construcción de las oficinas administrativas, las metas se cumplieron en su totalidad.
Por otro lado, se realizaron reformas y adiciones a la Ley Orgánica de los Tribunales del Fuero Común del Distrito Federal, que entrarán en vigor a partir de 1987; medidas que permitieran reubicar los juzgados y reestructurar la plantilla tipo de los mismos, aumentando el número de juzgados de primera instancia.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal efectuó 159 mil 408 averiguaciones previas, cumpliendo satisfactoriamente su programación. También fueron presentados ante el Ministerio Público 84 mil 751 personas involucradas en ilícitos, meta que se logró al 74% debido a la demanda de la población.
En la realización de veredictos por peritajes técnicos científicos, se alcanzó la meta en un 81% debido a que la procuraduría, al inicio de este período no contaba con las instalaciones y equipo adecuado por su reubicación motivada por los sismos.
La meta establecida para la ejecución de intervenciones en juicios civiles y familiares fue cumplida al 97%.
Esta institución llevó a cabo 107 mil 039 investigaciones en las diligencias policiales para el esclarecimiento de los hechos delictivos; efectuó 165 mil 388 estudios para el análisis en las averiguaciones previas con ponencia de reserva y de no ejercicio de la acción penal; 165 mil 884 dictámenes de juicios técnico - jurídicos de los expedientes de reserva y de no ejercicio de la acción penal y de los casos de improcedencia; además, se impartieron 52 cursos de capacitación al personal y se brindó atención física, social y psicológica a 250 niños de madres trabajadoras, acciones adicionales que permitieron agilidad en el servicio.
Se compraron 400 equipos de radio comunicación rebasado la meta en un 84%; fueron adquiridas 136 patrullas de las 150 programadas y, en las metas de adquisición de una fuente de energía eléctrica, de un equipo de comunicación telefónica, prendas de protección, y de un equipo de laboratorio y armamento diverso, se reprogramaron por la adquisición de un equipo de cómputo y el equipo de laboratorio.
Fueron remodeladas las instalaciones de la Policía Judicial y las agencias del Ministerio Público existentes y no se llevó a cabo la construcción de cuatro edificios para agencias investigadoras del Ministerio Público en materia de desconcentración administrativa; se delegaron funciones de la Procuraduría en cuatro sectores dentro del Distrito Federal.
Para cumplir con las acciones encomendadas, se le asignaron a este programa 18 mil 212 millones de pesos, ejerciéndose 27 mil 235 millones de pesos; la diferencia de más de 9 mil 023 millones se debió a la homologación de sueldos, la creación de nuevas plazas, y por los incrementos en los costos de los bienes y servicios utilizados.
En general fueron alcanzados casi en su totalidad las metas programadas y modificadas, sin embargo, ante el crecimiento delictivo, es necesario aumentar el número de personal adscrito a investigaciones con una mayor capacitación policial que disminuya la inmoralidad prevaleciente y mejoren la imagen de este cuerpo policiaco.
Abasto y comercialización
El objetivo de este programa radica en la regularización del abasto orientado hacia la satisfacción de la demanda de productos alimenticios a los habitantes de la ciudad de México y permitiendo con ello moderar el alza de su precio en el mercado.
Las acciones realizadas permitieron mejorar los hábitos de consumo, organizándose ocho seminarios y talleres de actualización a instructores, obteniendo la formación de 545 grupos de compra, 92 comités de protección al consumidor, la capacitación de 739 instructores, y fueron realizados 1 mil 716 reuniones de orientación, beneficiando a 132 mil 555 jefes de familia.
Las metas de concertar convenios de comercialización de útiles escolares, y la de apoyar la comercialización de productos en empresas del sector social se cancelaron, la primera para atender otras acciones prioritarias en materia de abasto, y la segunda en virtud de que no se contó con la colaboración de los organismos comprometidos a participar.
En la introducción del sistema de bonos para la adquisición de básicos a diversas organizaciones, se cumplió la meta de 100 establecimientos, beneficiando a 20 mil familias.
Asimismo, se cumplió la meta de abastecer productos básicos a 150 grupos organizados de consumidores, de los cuales el 60% correspondieron a sindicatos, 15% a instituciones públicas, y el 25% restante a grupos abiertos de consumidores beneficiando a 22 mil familias.
En la realización de consejos técnicos delegacionales de abasto y alimentación, sólo se formularon 44 de los 192 programados y modificados, en virtud de los cambios administrativos relacionados con la formación de las mesas directivas de asociaciones de residentes y de juntas de vecinos.
En cuanto al apoyo para el establecimiento de centros populares de abasto, y la introducción de nuevas líneas de productos alimenticios perecederos en lecherías del Departamento del Distrito Federal - Conasupo, estas metas no se cumplieron por la falta de cooperación de los organismos responsables de ello, canalizándose los recursos al programa de construcción de lecherías.
La meta de modernización y reubicación de tianguis se cumplió satisfactoriamente; por otro lado, se remodelaron ocho mercados de los 14 originalmente programados, aplicándose los recursos de los restantes a la terminación de nueve mercados de programas anteriores y tres concentraciones.
Dentro del mantenimiento de mercados públicos se cumplió la meta original en un 88.4%, y la modificada en un 95%.
En la construcción de lecherías con venta de productos básicos, se estableció como meta original la construcción de 30 lecherías, meta que se modificó a 17 en virtud de los incrementos excesivos en los precios de los materiales de construcción, el aumento a los salarios mínimos, y a la reubicación de predios, alcanzándose la construcción total de nueve; siete se encontraban en proceso de terminación, y una en proceso de iniciar obra, sin embargo, se estima que para el primer semestre de este año se encuentren terminadas, beneficiando a 21 mil familias.
Se sacrificaron 11.3 millones de animales de diferentes especies, superando la meta programada en un 4%.
Fueron distribuidos canales de carne de borrego y bovino para el consumo directo de la población; en el caso de la carne de borrego, producto de importación, fueron distribuidos 666 canales de los 54 mil que se tenían previstos, en virtud de los altos costos de adquisición. Por lo que respecta a la carne de bovino, se distribuyeron 1 mil 389 toneladas, lo que significó un cumplimiento del 27% en relación a la meta original; la variación se debió principalmente a las fuertes contradicciones de la demanda provocadas por los altos costos que alcanzó este producto.
En la industrialización de productos derivados de la manzana, se procesaron 3 mil 369 toneladas principalmente de carnes frías y embutidos, a precios populares; no se alcanzó la meta por los trabajos de modernización de la empacadora, así como a la disminución en el acopio de materias primas y la cancelación del programa de adquisición de vísceras de importación.
En la producción de piezas de catcut, se cumplió la meta al 40%, en virtud de que los precios de las materias primas se fueron a la alza por ser de importación.
Por la irregularidad en la matanza de ganado y a la falta de mercado rentable, sólo se produjeron 6 mil 597 kilos de fármaco, meta realizada en un 37%.
En la creación de la reserva técnica, se alcanzó la meta en un 35% debido a que se determinaron nuevas políticas encaminadas a su operación en temporada de escasez, de tal forma que las 4 mil 151 toneladas permitieron cubrir la demanda.
A través de labores de promoción, se logró instituir ocho uniones de compra de las 15 estimadas, esto se debió a la capacitación y rotación del personal dedicado a estas actividades.
En la modernización física y operativa de agrupaciones del programa de unidades de compra, la meta se alcanzó en un 44% debido a las restricciones crediticias que se presentaron en el mercado.
La instalación de 700 puntos de venta al menudeo de pescados y mariscos, se debe considerar que es una meta acumulada, ya que se consideran 300 puntos con cargo al ejercicio de 1985, y los 400 restantes se instalarían en 1986, de los cuales se instalaron 285; la variación fue provocada por el incumplimiento de los proveedores, y a los altos costos alcanzados en los refrigerantes.
Se logró atender a 39 millones de personas en los almacenes comerciales del Departamento del Distrito Federal. lo que se traduce en un 93% del cumplimiento de la meta; asimismo, se continuó con la política de construir 10 nuevos almacenes que permitirán ampliar la cobertura en abasto de productos alimentarios.
A este programa se le asignó un presupuesto original de 30 mil 188 millones de pesos; a esta asignación fue modificada a 19 mil 814 millones, cifra 34% menor a la programada originalmente; la variación obedeció a la cancelación del programa de importación de vísceras, a la modernización de la planta empacadora, la cancelación de importaciones de carne de borrego, y por adecuaciones en el programa de reserva técnica.
En el análisis efectuado a este programa se observaron avances, pero también retrasos en el cumplimiento de las metas, debido a una programación deficiente que no contempló como imponderantes aquellas acciones externas o de cooperación.
Prevención y control de la contaminación ambiental
El deterioro ambiental que padecen las grandes urbes, obliga a la toma de acciones a fin de disminuir paulatinamente dicho fenómeno, tan es así, que el Departamento del Distrito Federal estableció como meta la elaboración de estudios de actualización de los programas ecológicos y de saneamiento del medio ambiente, cumpliéndose ésta al 100%.
Por otro lado, la meta de elaboración de nueve estudios de degradación y pérdida de la calidad del suelo fue modificada a tres, y alcanzada la misma cantidad; paralelamente se realizó un plano que permite detectar las zonas críticas de la ciudad para su atención.
En lo referente a la realización de 23 campañas de concientización ciudadana, sólo se llevó a cabo una, en virtud de que los recursos originalmente previstos se canalizaron para dar cumplimiento a las 21 medidas contra la contaminación ambiental, conjuntamente con otras dependencias del gobierno federal, de acuerdo al ámbito de sus atribuciones y con las responsabilidades emanadas del decreto del 14 de febrero de 1986.
Se avanzó en la remodelación de los parques ecológicos de Cuicuilco y Alvaro Obregón. Resalta por su magnitud, el inicio en este período de la construcción de la Alameda del Sur con una superficie de 122 mil metros cuadrados, la cual fue terminada en el presente año.
Destaca también la terminación de un laboratorio bacteriológico destinado a analizar y dictaminar la contaminación del aire, agua y suelo, medida que coadyuvará a disminuir la contaminación.
La meta de instalar 38 dispositivos de monitores, fue cancelada debido a que se canalizaron los recursos a otras acciones dentro de las cuales destaca la elaboración de estudios para verificar y diagnosticar la emisión de humo de vehículos automotores, así como al desarrollo y evolución de un sistema biológico para el tratamiento de aguas residuales, acciones que forman parte de las aportaciones del Departamento del Distrito Federal para lograr una estrategia definida hacia la ejecución de las 21 medidas contra la contaminación.
En la operación de centros de verificación y diagnóstico para vehículos automotores, se superó la meta establecida en un 150%, misma que permitió también que se efectuaran 200 mil diagnósticos de vehículos automotores para controlar la emisión de gases tóxicos; destaca que este servicio se proporciona al público en forma gratuita.
Para contribuir en este programa, Ruta - 100 puso en operación 800 nuevos autobuses con motores anticontaminantes, e inició las pruebas técnicas para utilizar la mezcla de gas y diesel. Además, se tomaron medidas para no permitir la circulación de transportes suburbanos más allá de las terminales autorizadas en el Distrito Federal y, como actividades complementarias, fueron plantados por las delegaciones 2.9 millones de árboles en las áreas verdes existentes para un mejoramiento ambiental.
Asimismo, fue sometido a consulta pública el proyecto del sistema de funcionamiento vial para
el área central de la ciudad de México, acción que se inició con la reubicación de paraderos de transporte colectivo, la plantación de árboles, construcción de banquetas, guarniciones, y se puso en funcionamiento el primer par vial en las avenidas Fray Servando Teresa de Mier e Izazaga.
A este programa se le asignó un presupuesto original de 1 mil 319 millones de pesos, de los cuales se llegó a un presupuesto modificado y ejercido de 328 millones de pesos, la variación se debe a que otro tipo de acciones íntimamente relacionadas con los objetivos de este programa, y las metas contenidas en el mencionado decreto del 14 de febrero, como son el incremento de las áreas verdes, la producción forestal y la reordenación del sistema vial en la zona histórica de la ciudad, quedaron comprendidas en los programas de Fomento de la Producción y Productividad Forestal, Planeación de los Asentamientos Humanos y Mejoramiento Urbano.
El comportamiento de las metas en este programa es satisfactorio tomando en cuenta la diversidad de metas complementarias desarrolladas dentro de otros programas, con lo cual se apoyan significativamente las medidas de la contaminación ambiental.
Reconstrucción por daños sísmicos
Para restablecer los daños sufridos por los sismos de septiembre de 1985, fue definido por la Secretaría de Programación y Presupuesto este programa a cargo del Departamento del Distrito Federal quien se encargó de la normalización de los servicios.
Bajo este contexto, se brindó ayuda a 346 mil 270 damnificados, fue establecido un estricto control sobre los edificios dañados por medio de la realización de dictámenes técnicos, poniendo atención en la demolición por explosivos de 21 edificios que representaban alto riesgo; se retiraron 1.5 millones de metros cúbicos de escombros; se instrumentó el programa de limpieza en la red vial principal en 2 mil 104 kilómetros; se eliminaron 470 tiraderos, y se rehabilitaron 160 sitios; se apoyó el sistema de transferencia en 159 mil 400 toneladas de desechos sólidos; se clausuraron cuatro tiraderos y se eliminó la fauna nociva en 1 mil 700 sitios. Por otro lado, se capacitó al personal operativo con la impartición de 10 cursos para el mejor desempeño de sus actividades, además de la operación de dos plantas de tratamiento de basura y el 61% de la instalación de un relleno sanitario; se elaboraron 10 estudios y proyectos para mejoramiento del ambiente, y se le dio mantenimiento al parque de 375 vehículos de limpia. Las metas descritas anteriormente se cumplieron en su totalidad.
En la rehabilitación de edificios, se alcanzó la meta de atención a cinco inmuebles del Departamento del Distrito Federal; seis hospitales, y 62 mercados, metas cumplidas satisfactoriamente de acuerdo a su programación.
Para reparar y reponer la infraestructura de agua potable, fueron atendidas 5 mil 285 fugas en las redes primarias y secundarias, así como las 16 fracturas en los acueductos del sur; la perforación de 10 pozos en el Valle de México; la construcción de 2.3 kilómetros de red primaria y 8.2 kilómetros de red secundaria; 2 tanques de almacenamiento; revestimiento de 2.56 kilómetros del ramal sur; se rehabilitó la cámara cuatro del tanque de almacenamiento Chalmita, y se restauró el edificio de la Tesorería de la D. G. C. O. H.
Respecto al drenaje dañado, se terminaron los trabajos de inyección de concreto en 4 mil 603 metros del emisor central; se revistió el Viaducto Piedad en 1.5 Kilómetros, y se repararon 6 mil 500 metros a lo largo de su extensión; fueron concluidas las obras de reparación del interceptor centro - poniente y del centro - centro; se construyeron 1.52 kilómetros del colector semiprofundo de Iztapalapa; 15.36 kilómetros de la red de alcantarillado en Coyoacán; así como 15.7 kilómetros de redes de drenaje en varias delegaciones; se instalaron 14.7 kilómetros de red de agua tratada, además de la adquisición de un escudo; se construyeron obras en la Lumbrera Cuatro del interceptor oriente; de excavación de 0.52 kilómetros en el interceptor central; la construcción de dos lumbreras en el colector semiprofundo del Canal Nacional; se continuó con las obras de la planta de bombeo Central de Abasto II; se terminó el acondicionamiento de la planta de bombeo Villa Coapa, y se construyó una planta de aguas negras; además, fueron reparadas las grietas y fracturas de los bordos de la laguna de aireación de San Luis Tlaxialtemalco, del colector Pueblos del Sur, deformaciones en el canal del desagüe, y se rectificaron 7.3 kilómetros del Canal de Chalco, así como la rehabilitación de la planta Cerro de la Estrella; metas cumplidas de acuerdo a sus programación.
En alumbrado público, se repararon 64.5 kilómetros de la red; se realizaron 375 acciones especiales de apoyo a eventos; se reiluminaron 46.6 kilómetros de avenidas principales, y se transformó el alumbrado en zonas urbanas y suburbanas con la instalación de 2 mil 500 luminarias; dentro del sistema de semaforización, se rehabilitaron con acciones de mantenimiento 100 cruceros, y se rehabilitó la red 72 kilómetros.
En la reconstrucción de escuelas dañadas en el Distrito Federal, al Departamento le correspondió
la reparación de 1 mil 658, de las cuales reparó 1 mil 603; 411 fueron jardines de niños, 865 primarias; 327 secundarias generales, técnicas y de otros niveles escolares, quedando pendientes 55 edificios que se encuentran en proceso de reparación de los diferentes niveles.
En mejoramiento urbano, se remodeló el Barrio de Santiago, el Paseo de la Reforma y la Fuente de Cibeles; se realizaron demoliciones en 139 edificios particulares colapsados; además se realizó la supervisión y peritaje y su demolición de 77 más; se rehabilitó el Mercado de Jamaica; se conservó la carpeta asfáltica en 385 mil 560 metros cuadrados, y fueron reconstruidas las guarniciones y banquetas en 51 kilómetros.
En coordinación con diversas instituciones como Comisión Federal de Electricidad, Pemex, UNAM y Conacyt, se elaboraron diversos estudios de geología, geotécnica, diseño estructural de mecánica de suelos y de normas sísmicas, para definir las características del subsuelo de la ciudad de México por zonas, mismos que construyeron la base para un nuevo reglamento de construcción.
Asimismo, para enfrentar futuras emergencias, en coordinación con otras dependencias se elaboró el atlas de peligrosidad y un inventario de recursos con el propósito de prevenir incendios, explosiones, inundaciones, sismos, derrumbes, hundimientos, etcétera, que puedan afectar a la capital y sus alrededores. Paralelamente, se avanzó en la instrumentación del plan general de atención de emergencia, así como en los planes parciales delegacionales contra inundaciones, incendios, sismos, fallas del servicio de transporte y el abasto.
Para realizar las acciones enunciadas a este programa, se le autorizó un presupuesto de 65 mil 720 millones de pesos, el cual se ejerció en su totalidad.
Las acciones desarrolladas a este programa permitieron restablecer la vida urbana de la ciudad de México, y en este año fue cuando cambió la fisonomía del desastre sufrido, a la fisonomía normal que había tenido la ciudad de México, mejorando su hábitat con la creación de áreas verdes y manteniendo la infraestructura de servicios, por lo cual se considera acertada la medida al crearse este programa cuyas metas se cumplieron en su totalidad.
El resto de los programas muestran un adecuado cumplimiento en sus metas de acuerdo a los recursos disponibles y a los imponderables presentados, destacando en general un mínimo de variaciones en cuanto a las metas originales y modificadas, lo cual refleja un cumplimiento a las sugerencias hechas por este Poder Legislativo en cuentas públicas presentadas con anterioridad.
Conclusiones
Al efectuar la revisión de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal del Ejercicio Fiscal de 1986, las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal analizaron el comportamiento de la entidad de acuerdo a las bases jurídicas, económicas y sociales que permitieron el ejercicio del presupuesto de egresos aprobado por esta H. Cámara.
Al revisar dicha cuenta pública, se llevaron a cabo los análisis del comportamiento financiero de los sectores central y paraestatal; asimismo, se estudiaron con detenimiento el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos, lo que permitió aclarar en aquellos casos las variaciones presentadas en los diferentes programas, o aquellos que resaltaron por su importancia y su impacto social dentro de la comunidad, como es el caso del programa de reconstrucción a raíz de los sismos de 1985.
El Departamento del Distrito Federal cumplió con los preceptos legales establecidos en las diferentes leyes y reglamentos que norman la administración pública federal.
La captación tributaria en este período de análisis, se orientó a encontrar un financiamiento capaz de soportar al gasto público, tomando como medida una instrumentación adecuada de recaudación y fiscalización a efecto de reducir la evasión fiscal actualizando el Padrón Cartográfico Catastral, y el Padrón de Contribuyentes, además de la instalación de administraciones tributarias locales para una mejor captación de los ingresos.
Con respecto al concepto de gasto, la asignación original, comparada con la ejercida se mantuvo, ya que sólo se rebasó en 1%; sin embargo, en relación al gasto en los programas, sufrieron variaciones motivadas por transferencias internas que permitieron cumplir con las metas establecidas, en virtud de los altos costos de los insumos utilizados, como así también de los aumentos salariales al personal adscrito a la dependencia.
El renglón de deuda sufrió modificaciones al quedar establecido el convenio de rehabilitación financiera en el cual el gobierno federal asume gran parte de la deuda contraída por el Departamento del Distrito Federal, a efecto de que éste
se encuentre en una buena situación financiera para brindar mejores servicios a la ciudadanía.
Con referencia al análisis global de los 22 programas establecidos para cumplir con las actividades encomendadas, se observó un cumplimiento satisfactorio cubriendo los lineamientos administrativos fijados y prestando una mejor atención a aquellos programas considerados como prioritarios, ya que los beneficios aportados a la comunidad satisfacen las demandas planteadas.
Esta problemática derivada del proceso de inmigración poblacional de diferentes regiones del país hacia esta ciudad capital, deberá revestirse en lo futuro mediante la aplicación gradual de los programas de descentralización y desconcentración, permitiendo la satisfacción de las necesidades básicas de la población capitalina a través de la ejecución de los programas prioritarios anuales.
Las medidas de reordenamiento que ha realizado el Departamento del Distrito Federal, como lo son la instalación de los foros de consulta popular y los planes parciales de desarrollo delegacionales, permitirán un uso más racional del suelo; sin embargo, esta medida no es de efecto inmediato, por lo que será necesario evitar una mayor concentración poblacional evitando un uso indiscriminado de servicios que, por consecuencia necesitarían mayores recursos financieros o en su defecto, una aplicación real de los costos, que incrementarían las tarifas en el transporte, en el agua potable, en el drenaje, etcétera, y la ciudad de México pasaría a ser una de las ciudades más caras de la República Mexicana.
Al igual que en los dictámenes anteriores, hacemos hincapié en la trascendencia que implica un aumento en los programas considerados como prioritarios, ya que son el sustento que beneficia a la población capitalina, y de igual manera, considerar, como ya se viene haciendo, una retabulación gradual en los servicios que presta el Departamento del Distrito Federal.
De acuerdo a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su articulado 70 y 74 fracción IV, en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 56 y 57, en la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, artículos 11 y 13, y demás relativos, estas comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal, someten ante el pleno de esta honorable asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO RELATIVO A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE 1986
Artículo 1o. Esta H. Cámara de Diputados recibió en tiempo y forma el documento de la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal correspondiente al ejercicio presupuestal de 1986, por parte del Ejecutivo Federal.
Artículo 2o. Una vez revisado este documento, las comisiones unidas encontraron que el Departamento del Distrito Federal, al igual que sus organismos descentralizados y empresas de participación estatal cumplieron las normas y lineamientos establecidos para su control, parte que se encuentra descrita en el apartado I del cuerpo del dictamen.
Artículo 3o. Se analizó y evaluó los resultados financieros alcanzados durante este ejercicio, los cuales se encontraron en la parte III del dictamen.
Artículo 4o. Se revisaron todos los programas contenidos en la apertura programática, poniendo especial atención a los considerados como prioritarios, evaluándose el grado de cumplimiento de su objetivos y metas, mismos que se encuentran detallados en la parte IV de este dictamen.
Artículo 5o. Para un mejor ejercicio presupuestal, el Departamento del Distrito Federal deberá considerar las siguientes recomendaciones:
A) Tramitar en forma expedita las transferencias por parte del gobierno federal a efecto de controlar el financiamiento no titulado y evitar el desfasamiento en su calendarización.
B) Evitar en lo posible el traslado de obras de un ejercicio vigente al año siguiente, ya que esto se presta a duplicidad de metas en los programas.
C) En el caso de que presenten obras cuyo tiempo de ejecución comprenda una duración de dos ejercicios o más, deberá programarse en etapas hasta su consecución, de tal manera que se observe un cumplimiento adecuado anualmente.
D) Continuar con la aplicación de la normatividad relativa a la contratación, ejecución de obras públicas, y las adquisiciones que lleve a cabo el Departamento del Distrito Federal.
E) Dentro de los objetivos y metas, deberán quedar como metas modificadas aquellas acciones o actividades que se ejecuten adicionalmente, para evitar una descripción numérica de las mismas
que no aparecen en los cuadros establecidos para tal fin.
F) Con el propósito de continuar con la expansión y mantener la calidad de los servicios del Sistema de Transporte Colectivo, deberá buscarse su saneamiento financiero desarrollando en forma gradual sus recursos propios, cuidando que dichos incrementos sean proporcionales a la economía de las clases populares.
G) El Departamento del Distrito Federal deberá continuar apoyando las políticas establecidas por el gobierno federal en materia de desconcentración y descentralización administrativa, con el objeto de establecer un desarrollo urbano en coordinación con las entidades federativas circunvecinas con el Distrito Federal.
H) Que la Cuenta Pública de 1987 contenga información completa sobre el ejercicio de la función de control que realiza el propio Departamento del Distrito Federal.
I) Que la incorporación de las policías Bancaria - Industrial y la Auxiliar a la Policía Preventiva del Distrito Federal, prevista por el reglamento de esta última, sea llevada a cabo en todos sus términos.
Artículo 6o. Ordénese a la Contaduría Mayor de Hacienda, por conducto de la Comisión de Vigilancia, que practique las auditorías que considere necesarias y aplique las acciones legales ante cualquier irregularidad que se presente en el ejercicio del presupuesto del Departamento del Distrito Federal en 1986 en los términos que fije la ley.
Sala de sesiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- México, D.F., diciembre 9 de 1987.
Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.- Diputados: Sócrates Rizzo García, presidente; Jesús Murillo Karam, secretario; Arturo Alvarez Márquez, J. Eduardo Beltrán Hernández, Antonio Brambila Meda, L. Donaldo Colosio Murrieta, Francisco Contreras Contreras, Blas Chumacero Sánchez, Homero Díaz Córdoba, Blanca Esponda de Torres, Ma. Emilia Farías Mackey, Gerardo Fernández Casanova, Romeo R. Flores Caballero, Jorge Flores Solano, Oswaldo García Criollo, Javier Garduño Pérez, Elba Esther Gordillo Morales, Pedro Goytia Robles, Manuel Jiménez Guzmán, Javier Lobo Morales, Darío Maldonado Cassiano, Antonio Melgar Aranda, Rodolfo Menéndez Menéndez, María Aurora Munguía Archundia, Gilberto Nieves Jenkin, Alejandro Ontiveros Gómez, Luis Orcí Gándara, Bulmaro Pacheco Moreno, Jesús Padilla Padilla, Enrique Pelayo Torres, Joel Ramírez Díaz, Alfonso Reyes Medrano, Humberto Salgado Gómez, C. Augusto Santiago Ramírez, María Esther Scherman Leaño, Jesús Siller Rojas, J. Manuel Pablito Tovar Estrada, Píndaro Urióstegui Miranda, Arnulfo Villaseñor Saavedra, Jorge Alcocer Villanueva, Alejandro Encinas Rodríguez, Gerardo Unzueta Lorenzana, Héctor Morquecho Rivera, M. Eduardo Valle Espinosa, José Angel Conchello Dávila, Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, Jesús Galván Muñoz, Ricardo Pascoe Pierce, Jorge Amador Amador, Máximo de León Garza, Roberto Calderón Tinoco, Juan de Dios Colli Mass, Reyes Fuentes García, Enrique Bermúdez Olvera, Rubén Aguilar Jiménez.
Comisión del Distrito Federal:- Gilberto Nieves Jenkin, presidente; Manuel Gurría Ordóñez, secretario; Jaime Aguilar Alvarez, Luis Manuel Altamirano Cuadros, Gonzalo Altamirano Dimas, Francisco Berlín Valenzuela, Agustín Bernal Villanueva, Juan Moisés Calleja García, Efraín Jesús Calvo Zarco, Rodolfo Mario Campos Bravo, Carlos Enrique Cantú Rosas, Ofelia Casillas Ontiveros, Gonzalo Castellot Madrazo, Juan José Castillo Mota, Juan José Castro Justo, José Trinidad Cervantes Aguirre, Homero Díaz Córdova, Federico Durán y Liñán, Manuel Fernández Flores, Guillermo Fonseca Alvarez, Beatriz Gallardo Macías, Jesús Galván Muñoz, Javier Garduño Pérez, Alfonso Godínez López, Federico Granja Ricalde, José Herrera Arango, Manuel Jiménez Guzmán, Armando Lazcano Montoya, Héctor Ling Altamirano, Joaquín López Martínez, Rafael López Zepeda, Rafael Lozano Contreras, Manuel Monarres Valenzuela, Adrián Mora Aguilar, Jarmila Olmedo De Garcilita, Santiago Oñate Laborde, Manuel Germán Parra Prado, Javier Pineda Serino, Antonio Punzo Gaona, Alfonso Reyes Medrano, Sócrates Rizzo García, Lorenzo Silva Ruiz, Manuel Terrazas Guerrero, Fernando Ulibarri Pérez, Lulio Valenzuela Herrera, Miguel Eduardo Valle Espinoza, Leopoldo Whaley Martínez.»
Trámite: -Primera lectura.
CÓDIGO CIVIL
El C. Presidente: - El siguiente punto del orden del día es la lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma y adiciona el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común, y para toda la República en Materia Federal.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, ruego a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: -Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen, señor presidente.
«Comisión de Justicia.
Honorable asamblea: A la Comisión de Justicia fue turnada para su estudio y dictamen el proyecto de decreto que reforma y adiciona el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común, y para toda la República en Materia Federal, el cual remitió a esta Cámara la Colegisladora.
El fortalecimiento de los vínculos que han establecido entre sí los estados que forman parte del Continente Americano tanto en lo económico y cultural como en lo jurídico, constituye una tarea insosloyable que México ha respaldado a lo largo de la historia y de múltiples maneras.
La iniciativa en cuestión, contempla la necesidad de que los ordenamientos civiles estén acordes con las disposiciones establecidas en las convenciones internacionales firmadas por nuestro país y, en apego al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tengan vigencia.
Las reformas propuestas se adecúan a los avances que el derecho internacional público y privado han tenido en la actualidad.
Asimismo, bajo el imperio del derecho, nuestro país ha promovido soluciones pacificas a los conflictos internacionales, modernizando su orden legal a través de las diversas ratificaciones a las convenciones del derecho internacional privado civil, destacando:
La Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, y la Convención Interamericana sobre Domicilio de Personas Físicas en el Derecho Internacional Privado, ambas realizadas en Montevideo, República Oriental de Uruguay el 8 de mayo de 1979; y la Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de las Personas Jurídicas en el Derecho Internacional Privado, y la Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en Materia de Adopción, también realizadas ambas en la ciudad de la Paz, Bolivia el 24 de mayo de 1984.
Por lo anteriormente expuesto, y considerando que las modificaciones responden a la uniformidad de la legislación civil a que hemos hecho referencia, así como a las convenciones internacionales signadas por nuestro país y que se encuentran vigentes, la comisión que suscribe somete para su aprobación a este H. Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN, Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL
Artículo primero. Se reforman los artículos 12, 13, 14, 15, 29, 30, 31, y 32, así como la denominación del capítulo VI, del título décimo primero de la segunda parte del libro cuarto, y los artículos 2736, primer párrafo del artículo 2737 y 2738 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, para quedar en los siguientes términos:
"Artículo 12. Las leyes mexicanas rigen a todas las personas que se encuentren en la República, así como los actos y hechos ocurridos en su territorio o jurisdicción y aquellos que se sometan a dichas leyes, salvo cuando éstas prevean la aplicación de un derecho extranjero y salvo, además, lo previsto en los tratados y convenciones de que México sea parte.
Artículo 13. La determinación del derecho aplicable se hará conforme a las siguientes reglas:
I. Las situaciones jurídicas válidamente creadas en las entidades de la República o en un Estado extranjero conforme a su derecho, deberán ser reconocidas;
II. El estado y capacidad de las personas físicas se rige por el derecho del lugar de su domicilio;
III. La constitución, régimen y extinción de los derechos reales sobre inmuebles, así como los contratos de arrendamiento y de uso temporal de tales bienes y los bienes muebles, se regirán por el derecho del lugar de su ubicación, aunque sus titulares sean extranjeros:
IV. La forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar en que se celebren. Sin embargo, podrán sujetarse a las formas prescritas en este código cuando el acto haya de tener efectos en el Distrito Federal, o en la República tratándose de materia federal, y
V. Salvo lo previsto en las fracciones anteriores, los efectos jurídicos de los actos y contratos se regirán por el derecho del lugar en donde deban
ejecutarse, a menos de que las partes hubieran designado válidamente la aplicabilidad de otro derecho."
"Artículo 14. En la aplicación del derecho extranjero se observará lo siguiente:
I. Se aplicará como lo haría el juez extranjero correspondiente, para lo cual el juez podrá allegarse la información necesaria acerca del texto, vigencia, sentido y alcance legal de dicho derecho;
II. Se aplicará el derecho sustantivo extranjero, salvo cuando dadas las especiales circunstancias del caso, deban tomarse en cuenta, con carácter excepcional, las normas conflictuales de ese derecho, que hagan aplicables las normas sustantivas mexicanas o de un tercer Estado;
III. No será impedimento para la aplicación del derecho extranjero, que el derecho mexicano no prevea instituciones o procedimientos esenciales a la institución extranjera aplicable, si existen instituciones o procedimientos análogos;
IV. Las cuestiones previas, preliminares o incidentales que puedan surgir con motivo de una cuestión principal, no deberán resolverse necesariamente de acuerdo con el derecho que regule a esta última, y
V. Cuando diversos aspectos de una misma relación jurídica estén regulados por diversos derechos, éstos serán aplicados armónicamente, procurando realizar las finalidades perseguidas por cada uno de tales derechos. Las dificultades causadas por la aplicación simultánea de tales derechos se resolverán tomando en cuenta las exigencias de la equidad en el caso concreto.
Lo dispuesto en el presente artículo se observará cuando resultare aplicable el derecho de otra entidad de la Federación."
"Artículo 15. No se aplicará el derecho extranjero:
I. Cuando artificiosamente se hayan evadido principios fundamentales del derecho mexicano, debiendo el juez determinar la intención fraudulenta de tal evasión, y
II. Cuando las disposiciones del derecho extranjero o en resultado de su aplicación sean contrarios a principios o instituciones fundamentales del orden público mexicano."
"Artículo 29. El domicilio de las personas físicas es el lugar donde residen habitualmente, y a falta de éste, el lugar del centro principal de sus negocios; en ausencia de éstos, en lugar donde simplemente residan y en su defecto, el lugar donde se encontraren.
Se presume que una persona reside habitualmente en un lugar, cuando permanezca en él por más de seis meses."
"Artículo 30. El domicilio legal de una persona física es el lugar donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí presente."
"Artículo 31. Se reputa domicilio legal:
I. Del menor de edad no emancipado, el de la persona a cuya patria potestad está sujeto;
II. Del menor de edad que no esté bajo la patria potestad, y del mayor incapacitado, el de su tutor;
III. En el caso de menores o incapaces abandonados, el que resulte conforme a las circunstancias previstas en el artículo 29;
IV. De los cónyuges, aquél en el cual éstos vivan de consumo, sin perjuicio del derecho de cada cónyuge de fijar su domicilio en la forma prevista en el artículo 29;
V. De los militares en servicio activo, el lugar en que están destinados;
VI. De los servidores públicos, el lugar donde desempeñan sus funciones por más de seis meses;
VII. De los funcionarios diplomáticos, el último que hayan tenido en el territorio del estado acreditante, salvo con respecto a las obligaciones contraídas localmente.
VIII. De las personas que residan temporalmente en el país en el desempeño de una comisión o empleo de su gobierno o de un organismo internacional, será el del Estado que los haya designado o el que hubiera tenido antes de dicha designación, respectivamente, salvo con respecto a obligaciones contraídas localmente, y
IX. De los sentenciados a sufrir una pena privativa de la libertad por más de seis meses, la población en que la extingan, por lo que toca a las relaciones jurídicas posteriores a la condena; en cuanto a las relaciones anteriores, los sentenciados conservarán el último domicilio que hayan tenido."
"Artículo 32. Cuando una persona tenga dos o más domicilios, se le considerará domiciliada en
el lugar que simplemente resida, y si viviere en varios, aquél en que se encontrare.
CAPITULO VI
De las personas morales extranjeras de naturaleza privada
Artículo 2736. La existencia, capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, funcionamiento, transformación, disolución, liquidación y fusión de las personas morales extranjeras de naturaleza privada, se regirán por el derecho de su constitución, entendiéndose por tal aquel del estado en que se cumplan los requisitos de forma y fondo requeridos para la creación de dichas personas.
En ningún caso el reconocimiento de la capacidad de una persona moral extranjera excederá a la que le otorgue el derecho conforme al cual se constituyó.
Cuando alguna persona extranjera de naturaleza privada actúe por medio de algún representante, se considerará que tal representante, o quien lo sustituya, está autorizado para responder a las reclamaciones y demandas que se intenten en contra de dicha persona con motivo de los actos en cuestión.
Artículo 2737. La autorización a que se refiere el artículo 28 - bis no se concederá a menos de que las personas morales extranjeras prueben:
I. y II.......................................................................
Artículo 2738. Concedida la autorización por la Secretaría de Relaciones Exteriores, se inscribirán en el registro los estatutos de las personas morales extranjeras de naturaleza privada.
Artículo segundo. Se adiciona la fracción VII al artículo 25 y el artículo 28 bis, al Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, en los siguientes términos:
Artículo 25..................................................................
I. a VI.......................................................................
VII. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en los términos del artículo 2736.
Artículo 28 - bis. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada no regidas por otras leyes, solamente podrán establecerse en el territorio de la República cumpliendo con las disposiciones legales aplicables y previa autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo, D.F., 10 de diciembre de 1987.- Diputados: Néstor Raúl Luna Hernández, Juan Manuel Cruz Acevedo, David Jiménez González, Eliseo Rangel Gaspar, Eduardo Acosta Villeda, Juan Antonio Araujo Urcelay, Santiago Camarena Flores, Rolando Castillo Gamboa, Juan José Castillo Mota, Juan de Dios Castro Lozano, Joaquín Contreras Cantú, Germán Corona del Rosal, Federico Fernández Fariña, Ricardo Francisco García Cervantes, Francisco Hernández Juárez, Miguel Angel Herrerías Alvarado, Rosario Ibarra de Piedra, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Elvia Lugo de Vera, Gregorio Macías Rodríguez, Alfredo Rohana Estrada, Macario Rosas Zaragoza, José Luis Sánchez González, Renán Solís Avilés, Teófilo Torres Corzo, Gerardo Unzueta Lorenzana, Manuel Urrutia Castro, Roberto Valdespino Castillo, Juan Carlos Velasco Pérez, Héctor Yunes Landa, Gloria Mendiola Ochoa, Antonio Monsiváis Ramírez, Melquiades Morales Flores, Genaro José Piñeiro López, Samuel Quiroz de la Vega, Yrene Ramos Dávila, Ricardo Regalado Hernández, Cirilo José Rincón Aguilar, José Rubén Robles Catalán, Gustavo Ampelio Robles González, Humberto Andrés Zavala Peña y Aurora Munguía Archundia.»
Trámite: -Primera lectura.
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
El C. Presidente: - El siguiente punto del orden del día, es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Federal de Procedimientos Civiles.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, ruego a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La C. secretaria Patricia Villanueva Abrajam: -Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen, señor presidente.
«Comisión de Justicia.
Honorable asamblea: A esta Comisión de Justicia fue turnada para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Federal de Procedimientos Civiles, que fue remitida a esta Cámara de Diputados por la Cámara de Senadores
La justicia es uno de los principios de mayor importancia en la vida de los pueblos.
Donde existe justicia, el pueblo responde con toda su vitalidad para hacer que la patria sea respetada por propios y extraños.
Por ello, es necesaria la adecuación de los instrumentos internacionales que coadyuven al mejoramiento de la política exterior de nuestra nación como es tradicional, con otros pueblos del mundo.
Entre los objetivos fundamentales de la iniciativa destacan los siguientes documentos:
La Convención Interamericana sobre Exhortos, Cartas Rogatorias; la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, así como el protocolo adicional; la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado; la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros; y la Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras.
Las reformas, adiciones y derogaciones que propone el Ejecutivo Federal al Código Federal de Procedimientos Civiles, responden a las necesidades que han creado la dinámica de impartición de justicia internacional a las normas procesales de nuestro derecho nacional.
En términos generales, de dicha exposición de motivo se desprende que la iniciativa justifica ampliamente las reformas y adiciones a las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles que resultan insuficientes para regular adecuadamente las cuestiones conflictivas de derecho internacional privado y a las cuales la iniciativa satisface plenamente, por lo que esta comisión somete a la aprobación de este honorable pleno el siguiente.
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.
Artículo primero. Se reforma el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para quedar en los siguientes términos:
"Artículo 86. Sólo los hechos estarán sujetos a prueba, así como los usos o costumbres en que se funde el derecho.
Artículo segundo. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 72, el Artículo 86 - bis, y el libro cuarto con un título único integrado por seis capítulos que contienen los artículos 543 al 577, al Código Federal de Procedimientos Civiles, en los siguientes términos:
Artículo 72. ................................................................
La acumulación no procede respecto de procesos que se ventilen en el extranjero.
Artículo 86 - bis. El tribunal aplicará el derecho extranjero tal como lo harían los jueces o tribunales del estado cuyo derecho resultare aplicable, sin perjuicio de que las partes puedan alegar la existencia y contenido del derecho extranjero.
Para informarse del texto, vigencia, sentido y alcance del derecho extranjero, el tribunal podrá valerse de informes oficiales al respecto, los que podrá solicitar al Servicio Exterior Mexicano, así como disponer y admitir las diligencias probatorias que considere necesarias o que ofrezcan las partes."
LIBRO CUARTO
De la cooperación procesal internacional
TITULO ÚNICO
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 543. En los asuntos del orden federal, la cooperación judicial internacional se regirá por las disposiciones de este libro y demás leyes aplicables, salvo lo dispuesto por los tratados y convenciones de los que México sea parte.
Artículo 544. En materia de litigio internacional, las dependencias de la Federación y de las entidades federativas estarán sujetas a las reglas especiales previstas en este libro.
Artículo 545. La diligenciación por parte de tribunales mexicanos de notificaciones, recepción de pruebas u otros actos de mero procedimiento solicitados para sufrir efectos en el extranjero, no implicará en definitiva el reconocimiento de la competencia asumida por el tribunal extranjero, ni el compromiso de ejecutar la sentencia que se dictare en el procedimiento correspondiente.
Artículo 546. Para que hagan fe en la República los documentos públicos extranjeros, deberán presentarse legalizados por las autoridades consulares mexicanas competentes conforme a las leyes aplicables. Los que fueren transmitidos internacionalmente por conducto oficial para surtir efectos legales, no requerirán de legalización.
Artículo 547. Las diligencias de notificaciones y de recepción de pruebas en territorio nacional, para surtir efectos en el extranjero, podrán llevarse a cabo a solicitud de parte.
Artículo 548. La práctica de diligencias en país extranjero para surtir efectos en juicios que se tramiten ante tribunales nacionales, podrá encomendarse a los miembros del servicio exterior mexicano por los tribunales que conozcan del asunto, caso en el cual dichas diligencias deberán practicarse conforme a las disposiciones de este código dentro de los límites que permita el derecho internacional.
En los casos en que así proceda, dichos miembros podrán solicitar a las autoridades extranjeras competentes su cooperación en la práctica de las diligencias encomendadas.
CAPITULO II
De los exhortos o cartas rogatorias internacionales
Artículo 549. Los exhortos que se remitan al extranjero o que se reciban de él, se ajustarán a lo dispuesto por los artículos siguientes, salvo lo dispuesto por los tratados y convenciones de los que México sea parte.
Artículo 550. Los exhortos que se remitan al extranjero serán comunicaciones oficiales escritas que contendrán la petición de realización de las actuaciones necesarias en el proceso en que se expidan. Dichas comunicaciones contendrán los datos informativos necesarios y las copias certificadas, cédulas, copias de traslado y demás anexos procedentes, según sea el caso.
No se exigirán requisitos de forma adicionales, respecto de los exhortos que provengan del extranjero.
Artículo 551. Los exhortos o cartas rogatorias podrán ser transmitidos al órgano requerido por las propias partes interesadas por vía judicial, por intermedio de los funcionarios consulares o agentes diplomáticos, o por la autoridad competente del Estado requeriente o requerido, según sea el caso.
Artículo 552. Los exhortos provenientes del extranjero que sean transmitidos por conductos oficiales no requerirán legalización, y los que se remitan al extranjero sólo necesitarán de la legalización exigida por las leyes del país en donde se deban de diligenciar.
Artículo 553. Todo exhorto internacional que se reciba del extranjero en idioma distinto del español deberá acompañarse de su traducción. Salvo deficiencia evidente u objeción de parte, se estará al texto de la misma.
Artículo 554. Los exhortos internacionales que se reciban sólo requerirán homologación cuando impliquen ejecución coactiva sobre personas, bienes o derechos, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto por el capítulo VI de este libro. Los exhortos relativos a notificaciones, recepción de pruebas y a otros asuntos de mero trámite, se diligenciarán sin formar incidente.
Artículo 555. Los exhortos internacionales que se reciban serán diligenciados conforme a las leyes nacionales.
Sin perjuicio de lo anterior, el tribunal exhortado podrá conceder excepcionalmente la simplificación de formalidades o la observancia de formalidades distintas a las nacionales a solicitud del juez exhortante o de la parte interesada, si esto no resulta lesivo al orden público y especialmente a las garantías individuales; la petición deberá contener la descripción de las formalidades cuya aplicación se solicite para la diligenciación del exhorto.
Artículo 556. Los tribunales que remitan al extranjero o reciban de él exhortos internacionales, los tramitarán por duplicado y conservarán un ejemplar para constancia de lo enviado, recibido y actuado.
CAPITULO III
Competencia en materia de actos procesales
Artículo 557. Las notificaciones, citaciones y emplazamientos a las dependencias de la Federación y de las entidades federativas provenientes del extranjero, se harán por conducto de las autoridades federales que resulten competentes por razón del domicilio de aquéllas.
Artículo 558. Las diligencias a que se refiere al artículo anterior y el artículo 545 se llevarán a cabo por el tribunal del domicilio de quien vaya a ser notificado, de quien vaya a recibirse la prueba, o donde se encuentre la cosa, según sea el caso.
CAPITULO IV
De la recepción de las pruebas
Artículo 559. Las dependencias de la Federación y de las entidades federativas y sus servidores públicos, estarán impedidos a llevar a cabo la exhibición de documentos o copias de documentos existentes en archivos oficiales bajo su control en México; se exceptúan los casos en que tratándose de asuntos particulares, documentos o archivos personales lo permita la ley y cuando a través del desahogo de un exhorto o carta rogatoria así lo ordene el tribunal mexicano.
Artículo 560. En materia de recepción de prueba en litigios que se ventilen en el extranjero, las embajadas, consulados y miembros del Servicio Exterior Mexicano estarán a lo dispuesto en los tratados y convenciones de los que México sea parte y a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano, su reglamento y demás disposiciones aplicables.
Artículo 561. La obligación de exhibir documentos y cosas en procesos que se sigan en el extranjero, no comprenderá la de exhibir documentos o copias de documentos identificados por características genéricas.
En ningún caso podrá un tribunal nacional ordenar ni llevar a cabo la inspección general de archivos que no sean de acceso al público, salvo en los casos permitidos por las leyes nacionales .
Artículo 562. Cuando se solicitare el desahogo de prueba testimonial o de declaración de parte para surtir efectos en un proceso extranjero, los declarantes podrán ser interrogados verbal y directamente en los términos del artículo 173 de este código.
Para ello será necesario que se acredite ante el tribunal del desahogo, que los hechos materia del interrogatorio están relacionados con el proceso pendiente y que medie solicitud de parte o de la autoridad exhortante.
Artículo 563. Para los efectos del artículo 543, los servidores públicos de las dependencias de la Federación y de las entidades federativas, estarán impedidos de rendir declaraciones en procedimientos judiciales y desahogar prueba testimonial con respecto a sus actuaciones en su calidad de tales. Dichas declaraciones deberán hacerse por escrito cuando se trate de asuntos privados, y cuando así lo ordene el juez nacional competente.
CAPITULO V
Competencia en materia de ejecución de sentencias
Artículo 564. Será reconocida en México la competencia asumida por un tribunal extranjero para los efectos de la ejecución de sentencias, cuando dicha competencia haya sido asumida por razones que resulten compatibles o análogas con el derecho nacional, salvo que se trate de asuntos de la competencia exclusiva de los tribunales mexicanos.
Artículo 565. No obstante lo previsto en el artículo anterior, el tribunal nacional reconocerá la competencia asumida por el extranjero si a su juicio éste hubiera asumido dicha competencia para evitar una denegación de justicia, por no existir órgano jurisdiccional competente. El tribunal mexicano podrá asumir competencia en casos análogos.
Artículo 566. También será reconocida la competencia asumida por un órgano jurisdiccional extranjero designado por convenio de las partes antes del juicio, si dadas las circunstancias y relaciones de las mismas, dicha elección no implica de hecho impedimento o denegación de acceso a la justicia.
Artículo 567. No se considerará válida la cláusula o convenio de elección de foro, cuando la facultad de elegirlo opere en beneficio exclusivo de alguna parte pero no de todas.
Artículo 568. Los tribunales nacionales tendrán competencia exclusiva para conocer de los asuntos que versen sobre las siguientes materias:
I. Tierras y aguas ubicadas en el territorio nacional, incluyendo el subsuelo, espacio aéreo, mar territorial y plataforma continental, ya sea que se trate de derechos reales, de derechos derivados de concesiones de uso, exploración, explotación o aprovechamiento, o de arrendamiento de dichos bienes;
II. Recursos de la zona económica exclusiva o que se relacionen con cualquiera de los derechos de soberanía sobre dicha zona, en los términos de la Ley Federal del Mar.
III. Actos de autoridad o atinentes al régimen interno del estado y de las dependencias de la Federación y de las entidades federativas.
IV. Régimen interno de las embajadas y consulados de México en el extranjero y sus actuaciones oficiales, y
V. En los casos en que lo dispongan así otras leyes.
CAPITULO VI
Ejecución de sentencias.
Artículo 569. Las sentencias, laudos arbitrales privados y demás resoluciones jurisdiccionales extranjeras, tendrán eficacia y serán reconocidos en la República en todo lo que no sea contrario al orden público interno en los términos de este código y demás leyes aplicables, salvo lo dispuesto por los tratados y convenciones de los que México sea parte.
Tratándose de sentencias, laudos o resoluciones jurisdiccionales que sólo vayan a utilizarse como prueba ante tribunales mexicanos, será suficiente que los mismos llenen los requisitos necesarios para ser considerados como auténticos.
Los efectos que las sentencias o resoluciones jurisdiccionales y laudos arbitrales privados extranjeros produzcan en el territorio nacional, estarán regidos por lo dispuesto en el Código Civil, por este código y demás leyes aplicables.
Artículo 570. Las sentencias, resoluciones jurisdiccionales y laudos arbitrales privados extranjeros se cumplirán coactivamente en la República mediante homologación, en los términos de este código y demás leyes aplicables, salvo lo dispuesto por los tratados y convenciones de los que México sea parte.
Artículo 571. Las sentencias, laudos arbitrales privados y resoluciones jurisdiccionales dictados en el extranjero, podrán tener fuerza de ejecución si cumplen con las siguientes condiciones:
I. Que hayan satisfecho las formalidades previstas en este código en materia de exhortos provenientes del extranjero;
II. Que no hayan sido dictados como consecuencia del ejercicio de una acción real;
III. Que el juez o tribunal sentenciador haya tenido competencia para conocer y juzgar el asunto de acuerdo con las reglas reconocidas en la esfera internacional que sean compatibles con las adoptadas por este código;
IV. Que el demandado haya sido notificado o emplazado en forma personal a efecto de asegurarle la garantía de audiencia y el ejercicio de sus defensas;
V Que tenga el carácter de cosa juzgada en el país en que fueron dictados, o que no exista recurso ordinario en su contra;
VI. Que la acción que les dio origen no sea materia de juicio que esté pendiente entre las mismas partes ante tribunales mexicanos y en el cual hubiere prevenido el tribunal mexicano, o cuando menos que el exhorto o carta rogatoria para emplazar, hubieren sido tramitados y entregados a la Secretaría de Relaciones Exteriores o a las autoridades del estado donde deba practicarse el emplazamiento. La misma regla se aplicará cuando se hubiera dictado sentencia definitiva;
VII. Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido no sea contraria al orden público en México; y
VIII. Que llenen los requisitos para ser considerados como auténticos.
No obstante el cumplimiento de las anteriores condiciones, el tribunal podrá negar la ejecución si se probara que en el país de origen no se ejecutan sentencias o laudos extranjeros en casos análogos.
Artículo 572. El exhorto del juez o tribunal requeriente deberá acompañarse de la siguiente documentación:
I. Copia auténtica de la sentencia, laudo o resolución jurisdiccional;
II. Copia auténtica de las constancias que acrediten que se cumplió con las condiciones previstas en las fracciones IV y V del artículo anterior.
III. Las traducciones al idioma español que sean necesarias al efecto; y
IV. Que el ejecutante haya señalado domicilio para oír notificaciones en el lugar del tribunal de la homologación.
Artículo 573. Es tribunal competente para ejecutar una sentencia, laudo o resolución jurisdiccional proveniente del extranjero, el del domicilio del ejecutado, o en su defecto, el de la ubicación de sus bienes en la República.
Artículo 574. El incidente de homologación de sentencia, laudo o resolución extranjera se abrirá con citación personal al ejecutarse y al ejecutante, a quienes se concederá término individual de nueve días hábiles para exponer defensas y para ejercitar los derechos que les correspondieren y, en el caso de que ofrecieren pruebas que fueren pertinentes, se fijará fecha para recibir las que fueren admitidas, cuya preparación correrá exclusivamente a cargo del oferente salvo razón fundada. En todos los casos se dará intervención al Ministerio
Público para que ejercite los derechos que le correspondiere.
La resolución que se dicte será apelable en ambos efectos si se denegare la ejecución, y en el efecto devolutivo si se concediere.
Artículo 575. Ni el tribunal de primera instancia, ni el de apelación, podrán examinar ni decidir sobre la justicia - injusticia del fallo, ni sobre las motivaciones o fundamentos de hecho o de derecho en que se apoye, limitándose a examinar su autenticidad y si deba o no ejecutarse conforme a lo previsto en el derecho nacional.
Artículo 576. Todas las cuestiones relativas a embargo, secuestro, depositaría, avalúo, remate y demás relacionadas con la liquidación y ejecución coactiva de sentencia dictada por tribunal extranjero, serán resueltas por el tribunal de la homologación.
La distribución de los fondos resultantes del remate quedará a disposición del juez sentenciador extranjero.
Artículo 577. Si una sentencia, laudo, o resolución jurisdiccional extranjera no pudiera tener eficacia en su totalidad, el tribunal podrá admitir su eficacia parcial a petición de parte interesada.
Artículo tercero. Se derogan los artículos 131, 302 y 428 del Código Federal de Procedimiento Civiles.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Los procedimientos relativos a las materias a que se refiere el presente decreto que se encuentren en trámite al momento de su entrada en vigor, continuarán substanciándose conforme a las disposiciones vigentes al momento de su inicio.
Sala de comisiones de la H. Cámara de Diputados.- México, D.F., a 10 de diciembre de 1987.- Diputados: Néstor Raúl Luna Hernández, Juan Manuel Cruz Acevedo, David Jiménez González, Eliseo Rangel Gaspar, Eduardo Acosta Villeda, Juan Antonio Araujo Urcelay, Santiago Camarena Flores, Rolando Castillo Gamboa, Juan José Castillo Mota, Juan de Dios Castro Lozano, Joaquín Contreras Cantú, Germán Corona del Rosal, Federico Fernández Fariña, Ricardo Francisco García Cervantes, Francisco Hernández Juárez, Miguel Angel Herrerías Alvarado, Rosario Ibarra de Piedra, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Elvia Lugo de Vera, Gregorio Macías Rodríguez, Alfredo Rohana Estrada, Macario Rosas Zaragoza, José Luis Sánchez González, Renán Solís Avilés, Teófilo Torres Corzo, Gerardo Unzueta Lorenzana, Manuel Urrutia Castro, Roberto Valdespino Castillo, Juan Carlos Velasco Pérez, Héctor Yunes Landa, Gloria Mendiola Ochoa, Antonio Monsiváis Ramírez, Melquiades Morales Flores, Genaro José Piñeiro López, Samuel Quiroz de la Vega, Yrene Ramos Dávila, Ricardo Regalado Hernández, Cirilo José Rincón Aguilar, José Rubén Robles Catalán, Gustavo Ampelio Robles González, Humberto Andrés Zavala Peña, Aurora Munguía Archundia.»
Trámite: -Primera lectura.
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL
El C. Presidente: - El siguiente punto del orden del día en la primera lectura del dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma y adiciona el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, ruego a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La C. secretaria Patricia Villanueva Abrajam: -Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen, señor presidente.
«Comisión de Justicia.
Honorable asamblea: A la Comisión de Justicia fue turnada para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que envió el ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a la Cámara de Senadores, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ésta a la Cámara de Diputados.
El objetivo primordial de dicha iniciativa estriba en mejorar los sistemas de procuración y administración de justicia en el ámbito nacional como internacional.
Tal como se ha estudiado en otras iniciativas similares por esta comisión, las reformas que se proponen derivan fundamentalmente de convenciones internacionales en las que México ha participado y que han adquirido el rango de derecho interno vigente, acorde a lo establecido en el artículo 133 de nuestra Carta Magna, y por lo cual se presentan los siguientes
CONSIDERANDOS
Primero. Destacan por su importancia los siguientes documentos: La Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias celebrada en Panamá en 1975; la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero celebrada también en Panamá en 1975, así como su protocolo adicional; La Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado formulada en Montevideo, Uruguay en 1979; La Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros hecho igualmente en Montevideo, Uruguay en 1979; y la Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras formulada en La Paz, Bolivia, en 1984.
Segundo. En la presente iniciativa, el artículo primero propone reformas a las fracciones II y III del artículo 40 del código en cuestión, señalando que la excepción de conexidad no procede en relación con procesos que se ventilen en el extranjero.
Se propone modificar el artículo 108 en cuanto a las formalidades de los exhortos y en general de la cooperación procesal internacional.
El artículo 198 atiende a la incorporación de la fracción IX del artículo 193 relativo a los medios preparatorios del juicio, agregando el caso de la petición del examen de testigos u otras declaraciones que se requiera en un proceso extranjero.
Asimismo, el artículo 284 se adecúa a la adición de un artículo 284 - bis que marca los criterios para la aplicación del derecho extranjero por tribunales nacionales.
Tercero. El artículo segundo señala la nueva denominación de la sección IV del capítulo V del título séptimo, que lo conforman los artículos 599 a 603 sin modificar dichas disposiciones, aludiendo sólo a la ejecución de las sentencias y demás resoluciones dictadas por los tribunales y jueces de los estados, y suprime la referencia a órganos jurisdiccionales del extranjero.
Esta última materia pasa a ser regulada por un nuevo capítulo que será el VI del propio título séptimo, para quedar integrado por los artículos 604 a 608, reformados bajo el título "De la cooperación procesal internacional".
Esto viene a uniformar las modificaciones que esta comisión recomendó aprobar para el Código Federal de Procedimientos Civiles.
Cuarto. Los artículos 337 - bis y 362 - bis proponen reglas relativas a las pruebas documentales, testimoniales, o la confesional para casos conocidos por tribunales foráneos.
Quinto. Los artículos transitorios previenen la vigencia inmediata de las reformas, y se establece el mecanismo de transformación necesaria para que los procedimientos en trámite, al momento de entrar en vigor las reformas, continúe la substanciación de acuerdo a las disposiciones vigentes al momento de su inicio.
Por lo anteriormente expuesto, esta comisión estima que las reformas y adiciones propuestas por el Ejecutivo responden a los cambios imperantes, y a la vez, sometemos a la aprobación de esta honorable asamblea el presente
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL
Artículo primero. Se reforman los artículos 40 fracciones II y III; 108, 198 y 284 del Código de Procedimiento Civiles para el Distrito Federal, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 40..................................................................
I.............................................................................
II. Cuando los juzgados que conozcan respectivamente de los juicios pertenezcan a tribunales de alzada diferente, y
III. Cuando se trate de un proceso que se ventile en el extranjero. Artículo 108. Los exhortos que se remitan al extranjero o que se reciban de él, en cuanto a sus formalidades y en general a la cooperación procesal internacional, se sujetarán a los dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles, salvo lo dispuesto por los tratados y convenciones internacionales de que México sea parte.
Artículo 198. Las diligencias preparatorias de que se trata en las fracciones II a IV y VII a IX
del artículo 193, se practicarán con citación de la parte contraria, a quien se correrá traslado de la solicitud por el término de tres días, y se aplicarán las reglas establecidas para la práctica de la prueba testimonial.
Artículo 284. Sólo los hechos estarán sujetos a prueba, así como los usos y costumbres en que se funde el derecho.
Artículo segundo. Se reforma la denominación de las sección IV del capítulo V del título séptimo, que quedará integrada con los artículos 599 a 603 con su texto vigente, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, para que dicha denominación quede en los siguientes términos:
TITULO SÉPTIMO
CAPITULO V
SECCIÓN IV
De la ejecución de las sentencias y demás resoluciones dictadas por los tribunales y jueces de los estados
Artículo tercero. Se adiciona el capítulo VI del título séptimo con la denominación "De la cooperación procesal internacional", integrado por los artículos 604 a 608, mismos que se reforman, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los siguientes términos:
TITULO SÉPTIMO
CAPÍTULOS I a V...
CAPITULO VI
De la cooperación procesal internacional
Artículo 604. Los exhortos internacionales que se reciban sólo requerirán de homologación cuando impliquen ejecución coactiva sobre personas, bienes o derechos. Los exhortos relativos a notificaciones, recepción de pruebas y a otros asuntos de mero trámite, se diligenciarán cuando proceda, sin formar incidente y de acuerdo con las siguientes reglas:
I. La diligenciación de exhortos o el obsequio de otras solicitudes de mera cooperación procesal internacional, se llevará a cabo por los tribunales del Distrito Federal en los términos y dentro de los límites de este código y demás leyes aplicables;
II. Sin perjuicio de lo anterior, el tribunal exhortado podrá conceder simplificación de formalidades o la observancia de formalidades distintas a las nacionales, si esto no resulta lesivo al orden público y especialmente a las garantías individuales;
III. A solicitud de parte legítima, podrán llevarse a cabo actos de notificación o de emplazamiento o de recepción de pruebas para ser utilizados en procesos en el extranjero, en la vía de jurisdicción voluntaria o de diligencias preparatorias previstas en este código, y
IV. Los tribunales que remitan al extranjero exhortos internacionales o que los reciban, los tramitarán por duplicado y conservarán éste para constancia de lo enviado o de lo recibido, y de lo actuado.
Artículo 605. Las sentencias y demás resoluciones extranjeras, tendrán eficacia y serán reconocidas en la República en todo lo que no sea contrario al orden público interno en los términos de este código, del Código Federal de Procedimientos Civiles y demás leyes aplicables, salvo lo dispuesto por los tratados y convenciones de que México sea parte.
Tratándose de sentencias o resoluciones jurisdiccionales que solamente vayan a utilizarse como prueba, será suficiente que las mismas llenen los requisitos necesarios para ser consideradas como documentos públicos auténticos.
Los efectos que las sentencias o laudos arbitrales extranjeros produzcan en el Distrito Federal, estarán regidos por el Código Civil, por este código y el Código Federal de Procedimientos Civiles y demás leyes aplicables.
Artículo 606. Las sentencias, laudos y resoluciones dictados en el extranjero podrán tener fuerza de ejecución si se cumplen las siguientes condiciones:
I. Que se hayan satisfecho las formalidades previstas en el Código Federal de Procedimientos Civiles en materia de exhortos provenientes del extranjero.
II. Que no hayan sido dictados como consecuencia del ejercicio de una acción real;
III. Que el juez o tribunal sentenciador haya tenido competencia para conocer y juzgar del asunto de acuerdo con las reglas reconocidas en la esfera internacional que sea compatibles con las adoptadas por este código o en el Código Federal de Procedimientos Civiles;
IV. Que el demandado haya sido notificado o emplazado en forma personal a efecto de asegurarle
la garantía de audiencia y el ejercicio de sus defensas;
V. Que tengan el carácter de cosa juzgada en el país en que fueron dictados, o que no exista recurso ordinario en su contra;
VI. Que la acción que les dio origen no sea materia de juicio que esté pendiente entre las mismas partes ante tribunales mexicanos y en el cual hubiere prevenido el tribunal mexicano, o cuando menos que el exhorto o carta rogatoria para emplazar hubieren sido tramitados y entregados a la Secretaría de Relaciones Exteriores o a las autoridades del estado donde deba practicarse el emplazamiento. La misma regla se aplicará cuando se hubiere dictado sentencia definitiva;
VII. Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido no sea contraria al orden público en México, y
VIII. Que llenen los requisitos para ser considerados como auténticos. No obstante el cumplimiento de las anteriores condiciones, el juez podrá negar la ejecución si se probara que en el país de origen no se ejecutan sentencias, resoluciones jurisdiccionales o laudos extranjeros en casos análogos.
Artículo 607. El exhorto del juez o tribunal requeriente deberá acompañarse de las siguiente documentación:
I. Copia auténtica de la sentencia, laudo o resolución jurisdiccional;
II. Copia auténtica de las constancias que acrediten que se cumplió con las condiciones previstas en las fracciones IV y V del artículo anterior;
III. Las traducciones al español que sean necesarias al efecto, y
IV. Que el ejecutante haya señalado domicilio para oír notificaciones en el lugar de la homologación.
Artículo 608. El reconocimiento y ejecución de sentencia extranjera se sujetará a las siguientes reglas:
I. El tribunal competente para ejecutar una sentencia, laudo o resolución jurisdiccional proveniente del extranjero, será el del domicilio del ejecutado;
II. El incidente de homologación de sentencia, lauda o resolución extranjera se abrirá con citación personal al ejecutante y al ejecutado, a quienes se concederá término individual de nueve días hábiles para exponer defensas y para ejercitar los derechos que les correspondieren; y en el caso de que ofrecieren pruebas que fueren pertinentes, se fijará fecha para recibir las que fueren admitidas, cuya preparación correrá exclusivamente a cargo del oferente, salvo razón fundada. En todos los casos se dará intervención al Ministerio Público para que ejercite los derechos que le correspondiere.
La resolución que se dicte será apelable en ambos efectos si se denegare la ejecución, y en el efecto devolutivo si se concediere;
III. Todas las cuestiones relativas a depositaría, avalúo, remate y demás relacionadas con la liquidación y ejecución coactiva de sentencia dictada por tribunal extranjero, serán resueltas por el tribunal de la homologación.
La distribución de los fondos resultantes del remate quedará a disposición del juez sentenciador extranjero;
IV. Ni el tribunal de primera instancia ni el de apelación, podrán examinar ni decidir sobre la justicia o injusticia del fallo, ni sobre los fundamentos de hecho o de derecho en que se apoye, limitándose sólo a examinar su autenticidad y si deba o no ejecutarse conforme a lo previsto en los artículos anteriores, y
V. Si una sentencia, laudo o resolución jurisdiccional extranjera no pudiera tener eficacia en su totalidad, el tribunal podrá admitir su eficacia parcial a petición de parte interesada.
Artículo cuarto. Se adiciona la fracción IX al artículo 193, el artículo 284 - bis, el artículo 337 - bis, el artículo 362 - bis, y un segundo párrafo al artículo 893 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los siguientes términos.
Artículo 193..
I. a VIII..
IX. Pidiendo el examen de testigos u otras declaraciones que se requieran en un proceso extranjero.
Artículo 284 - bis. El tribunal aplicará el derecho extranjero tal como lo harían los jueces del estado cuyo derecho resultare aplicable, sin perjuicio de que las partes puedan alegar la existencia y contenido del derecho extranjero invocado.
Para informarse del texto, vigencia, sentido y alcance legal del derecho extranjero, el tribunal podrá valerse de informes oficiales al respecto, pudiendo solicitarlos al servicio exterior mexicano, o bien ordenar o admitir las diligencias probatorias que considere necesarias o que ofrezcan las partes.
Artículo 337 - bis. La obligación de exhibir documentos y cosas en procesos que se sigan en el extranjero no comprenderá la de exhibir documentos o copias de documentos indentificados por características genéricas.
En ningún caso podrá un tribunal nacional ordenar ni llevar a cabo la inspección de archivos que no sean de acceso público, salvo en los casos permitidos por las leyes nacionales.
Artículo 362 - bis. Cuando se solicitare el desahogo de prueba testimonial o de declaración de parte para surtir efectos en un proceso extranjero, los declarantes podrán ser interrogados verbal y directamente en los términos del artículo 360 de este código.
Para ello será necesario que se acredite ante el tribunal del desahogo, que los hechos materia del interrogatorio están relacionados con el proceso pendiente y que medie solicitud de parte o de la autoridad exhortante.
Artículo 893. .......................................
A solicitud de parte legítima podrán practicarse en esta vía las
notificaciones o emplazamientos necesarios en procesos extranjeros.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero. Este decreto estará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Los procedimientos relativos a las materias a que refiere el presente decreto que se encuentren en trámite al momento de su entrada en vigor, continuarán substanciándose conforme a las disposiciones vigentes al momento de su inicio.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - Palacio Legislativo, D.F., a 10 diciembre de 1987. - Diputados: Néstor Raúl Luna Hernández, Juan Manuel Cruz Acevedo, David Jiménez González, Eliseo Rangel Gaspar, Eduardo Acosta Villeda, Juan Antonio Araujo Urcelay, Santiago Camarena Flores, Rolando Castillo Gamboa, Juan José Castillo Mota, Juan de Dios Castro Lozano, Joaquín Contreras Cantú, Germán Corona del Rosal, Federico Fernández Fariña, Ricardo Francisco García Cervantes, Francisco Hernández Juárez, Miguel Angel Herrerías Alvarado, Rosario Ibarra de Piedra, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Elvia Lugo de Vera, Gregorio Macías Rodríguez, Gloria Mendiola Ochoa, Antonio Monsiváis Ramírez, Melquiades Morales Flores, Genaro José Piñeiro López, Samuel Quiroz de la Vega, Yrene Ramos Dávial, Ricardo Regalado Hernández, Cirilo José Rincón Aguilar, José Rubén Robles Catalán, Gustavo Ampelio Robles González, Alfredo Rohana Estrada, Macario Rosas Zaragoza, José Luis Sánchez González, Renán Solís Avilés, Teófilo Torres Corzo, Gerardo Unzueta Lorenzana, Manuel Urrutia Castro, Roberto Valdespino Castillo, Juan Carlos Velasco Pérez, Héctor Yunes Landa, Humberto Andrés Zavala Peña y Aurora Munguía Archundia.» Trámite: Primera lectura.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
La C. secretaria Patricia Villanueva Abrajam:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 8 de los corrientes, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto, por el que se concede permiso al ciudadano Jesús Montemayor Peña, para que pueda prestar sus servicios como chofer en la Embajada de la República Islámica de Irán, en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el 8 de diciembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el interesado prestará en la Embajada de la República Islámica de Irán en esta ciudad serán como chofer;
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Jesús Montemayor Peña, para que pueda prestar sus servicios como chofer en la Embajada de la República Islámica de Irán, en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - Palacio Legislativo, a 10 de diciembre de 1987. - Diputados: Nicolás Reynés Berezaluce, presidente: Santiago Oñate Laborde, secretario; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Juan A. Araujo Urcelay, José Gonzalo Badillo Ortíz, Antonio Brambila Meda, Carlos Enrique Cantú Rosas, Juan José Castillo Mota, Germán Corona del Rosal, Reyes R. Flores Zaragoza, Oswaldo García Criollo, Miguel Herrerías A., Gabriel Jiménez Remus, Arnoldo Martínez Verdugo, Antonio Monsiváis Ramírez, Melquiades Morales Flores, Luis Manuel Orcí Gándara, Francisco Berlín Valenzuela, Juan M. Calleja García, Heberto Castillo Martínez, Juan de Dios Castro Lozano, José Luis Díaz Moll, Guillermo Fonseca Alvarez, Jesús González Schmal, David Jiménez González, Juan Maldonado Pereda, Jorge Masso Masso, Jorge Montúfar Araujo, Alejandro Ontiveros G., Fernando Ortíz Arana, Pablo J. Pascual Moncayo, Guadalupe Ponce Torres, Ignacio Ramos Espinosa, Píndaro Urióstegui Miranda, Pedro José Peñaloza, Graco Ramírez Garrido Abreu, Humberto Salgado Gómez y Sergio Valls Hernández. Trámite: Primera lectura.
INSCRIPCIÓN PARA INTERVENCIONES
El C. Presidente: - Esta presidencia informa a la asamblea que se han inscrito distintos ciudadanos diputados para presentar diversas iniciativas.
En primer término tiene el uso de la palabra el diputado Manuel López Arroyo, del Partido Revolucionario Institucional.
INICIATIVAS DE DIPUTADOS
ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL Y 61 Y 82 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO
El C. José Manuel López Arroyo:
Ciudadano presidente:
«Honorable Cámara de Diputados: Los diputados de la Confederación de Trabajadores de México que formamos parte de la fracción parlamentaria del sector obrero en la LIII legislatura Federal, con fundamentos en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Federal, y del 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos iniciativa de reformas al artículo 123 constitucional en sus fracciones I, II y III, y a los artículos 61 y 82, de la Ley Federal del Trabajo, con el fin de elevar a rango constitucional la jornada de trabajo de seis horas.
CONSIDERANDOS
Las condiciones económicas actuales son desfavorables en mayor grado para la población económicamente débil, está afectada por raquíticas percepciones, por bajo poder adquisitivo, por el aumento de la miseria y por una tendencia preocupante hacia el desempleo que ocurre no sólo por los trabajadores desplazados, sino por un contingente mayor de jóvenes que después de una preparación técnica o universitaria carecen de ocupación.
Conforme a la organización social, económica en que ha actuado la comunidad nacional, se constata la presencia de un sector minoritario que controla los medios de producción, mismo que funciona con propósitos gananciales incontenibles que lo ausentan del proceso productivo cuando disminuyen las utilidades, o se abstiene de la inversión cuando aquéllas aumentan proyectándolas hacia el exterior o en bienes suntuarios.
El artículo 123 constitucional establece en su primer párrafo que: "Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo conforme a la ley".
La Ley Federal del Trabajo que reglamenta el artículo 123 constitucional, establece en su artículo 3o., que el trabajo es un derecho y un deber social, no es artículo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quien los presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y nivel económico para el trabajador y familia.
Tanto el mandato constitucional, como el precepto legal que se cita han estado incumplidos, adquiriendo sólo la categoría de enunciados, siendo urgente que el precepto fundamental tenga aplicación mediante su reglamentación adecuada en la ley federal que lo reglamente, advirtiendo que para el propósito, es imprescindible la fijación de la jornada a seis horas diarias con pago de ocho, para
el establecimiento de cuatro turnos diarios que permitirá la ampliación ocupacional en dos turnos más, que proporcionarán seguramente empleo a un porcentaje más de un 60% de la población laboralmente activa con la jornada tradicional.
La jornada que se desea se impone no solamente por el problema del desempleo, sino por correspondencia a las condiciones industriales del presente que, en la medida de su tecnificación o mayor maquinismo, impone las jornadas menores, pues si bien es cierto que el automatismo reduce el esfuerzo físico, también es verdad que requiere de una atención mentalmente mayor de quien trabaja, con un mayor agotamiento. Los estudiosos de las consecuencias derivadas del maquinismo perfeccionado o del automatismo, son coincidentes en que las tradicionales jornadas generan múltiples problemas mentales dentro de los trabajadores y son propios para la sucesión de graves riesgos laborales.
Por otra parte, la conservación de una jornada de ocho horas dentro de los nuevos sistemas de producción se traducen en mayor explotación de los trabajadores en beneficio de los poseedores de los medios de producción, por lo que el movimiento obrero organizado, con base en su amarga experiencia, se pronuncia definitivamente por una reducción de jornada que, además, según lo expresado, es un conducto necesario para la ocupación de personas sin empleo o de las desplazadas en razón de la reconvención.
Todas las ramas de la producción dependen del nivel general de desarrollo económico de la nación, las fuerzas productivas constituyen el motor básico de la economía. Sometiendo a examen el papel del Estado como regulador de la economía, el poder de compra de la población y las influencias sociales, políticas, culturales y económicas que presionan e influyen sobre el desarrollo de nuestro país, encontramos que no hay justicia social, pues la riqueza no es distribuida equitativamente, se sigue perdiendo el poder de compra y el Estado, por las presiones mencionadas, limita su rectoría.
No está por demás que en México, como en los países que han experimentado un acelerado crecimiento demográfico, con tecnología obsoleta que nos venden los países altamente desarrollados, con una invasión económica en las áreas importantes y productivas de la industria y el comercio, una baja competitividad de nuestros productos en el extranjero, provocando además un mercado interno contraído, resultando un desempleo creciente, cancelando conquistas y la oportunidad de trabajo a las nuevas generaciones que cada año aumentan y están listas para incorporarse a la fuerza de trabajo, y a estas juventudes se les cancelan sus derechos y toda oportunidad de una vida digna.
Estos procesos han acentuando el desempleo y los obstáculos para llegar a una verdadera justicia social a que aspiramos todos y el acceso a una sociedad más justa e igualitaria. En tales circunstancias, es necesaria la promoción de condiciones favorables para el desarrollo individual y colectivo, bajo la idea de seguridades y oportunidades iguales, con una nueva legislación laboral y cambio de política económica.
Nuestra legislación proclama el derecho a trabajar, y para la persona es un deber trabajar para poder vivir, y si no trabaja no come, por lo tanto derecho y deber están siempre ligados, pero necesitamos hacer efectivos esos derechos y deberes, los trabajadores mexicanos tienen toda la razón para reclamar a la sociedad un trabajo socialmente útil y bien remunerado para cubrir las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para la educación de los hijos.
Nuestra proposición, esto daría lugar a que las empresas de trabajo continuo durante las 24 horas, laborarían con cuatro turnos de personal, seis horas por turno; que las empresas de trabajo diurno podrían tener dos turnos de seis horas cada uno; se aumentaría la productividad al entrar el relevo antes que la fatiga del que está en servicio lo bloquee para seguir un trabajo efectivo, y aunque esté en la fábrica o recinto febril ocho horas o más horas, su cansancio y fatiga le impiden hacer un trabajo adecuado, bajando sensiblemente su rendimiento, el que sería equivalente a cinco o seis horas de trabajo. Por lo que aseguramos que con la jornada de seis horas máximas de trabajo aumentaría la productividad, se protegería y aumentaría la vida del trabajador, su salud, pero lo principal sería que no tendríamos desocupados; se abatiría la emigración y se repartiría por este medio mejor la riqueza; se fortalecería nuestro mercado interno; la población tendría mayor poder de compra; aumentarían los causantes y el impuesto crecería sustancialmente fortaleciendo las finanzas del Estado.
Por lo expuesto y fundado, y en ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Federal y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter por su digno conducto al honorable Congreso de la Unión la presente
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS PRECEPTOS DEL
ARTICULO 123 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE
LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO EN SUS ARTÍCULOS 61 Y 85
Artículo primero. Se reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus fracciones I, II y III para quedar como sigue:
Artículo 123 .................................................................
A. ............................................................................
I. La duración de la jornada máxima será de seis horas, con pago de ocho horas.
II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de cinco horas, con pago de ocho horas.
III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 14 años; los mayores de esta edad y menores de 16 años, tendrán como jornada máxima la de "cinco horas" con pago de ocho horas.
Artículo segundo. Se reforma el artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:
Artículo 61. La duración máxima de trabajo será se seis horas la diurna, cinco la nocturna, y cinco y media horas la mixta, con pago de ocho horas.
Artículo 85. .................................................................
Segundo párrafo. ... en una jornada de seis horas.
TRANSITORIO
Unico. Estas reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México, D.F., jueves 29 de octubre de 1987. - Por la diputación priísta de la Confederación de Trabajadores de México. - José Manuel López Arroyo, diputado federal por el XIII Distrito del estado de Puebla; Alfredo González González, Pedro López Vargas, Alfonso Santos Ramírez, Humberto Andrés Zavala Peña, Armando Lazcano Montoya, Federico Durán y Liñán, Alfonso Godinez López, Alfonso Reyes Medrano, Juan Moisés Calleja García, Cristóbal García Ramírez, J. Jesús Gutiérrez Segoviano, Porfirio Camarena Castro, Rogelio Preciado Cisneros, Gaspar Valdes Valdés, Jorge Doroteo Zapata García, José Herrera Arango, Joaquín López Martínez, Javier Pineda Serino, Luis M. Altamirano Cuadros, Agustín Bernal Villanueva, Gonzalo Castellot Madrazo, Héctor Hugo Varela Flores, Alberto Carrillo Flores, Félix Liera Ortiz, Justino Delgado Caloca, Eduardo Lecanda Lujambio, Heriberto Serrano Moreno, Juan Carlos Velazco Pérez, Raúl Ramírez Chávez, Pedro Ortega Chavira, Alfredo López Ramos, Blas Chumacero Sánchez, Ezequiel Espinoza Mejía, Salvador Esquer Apodaca, Francisco Villanueva Castillo, Emilio J. Cordero García, Luis Nájera Olvera, Samuel Orozco González, Alberto Rábago Camacho, José Delgado Valle, Abimael López Castillo, Leobardo Ramos Martínez, Gloria Mendiola Ochoa, Oney Cuevas Santiago, José Luis Galaviz Cabral, Antonio Sandoval González, María Luisa Solís Payán, Homero Pedrero Priego, Diego Navarro Rodríguez, Américo Rodríguez García, Carlos R. Smith Veliz, F. Rafael García Anaya, Sebastián Guzmán Cabrera y José Nerio Torres Ortiz.» Trámite: - Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra para presentar una iniciativa, el diputado Nabor Camacho Nava, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El C. Nabor Camacho Nava:
«C. diputado presidente; compañeras y compañeros diputados: La iniciativa de ley que el día de hoy ponemos a la amable consideración de ustedes, de aprobarse, mejorará el texto de los artículos 79, 85, 87, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en su capítulo "de las comisiones", pues algunos de los artículos pecan de omisión, otros entorpecen el trabajo de comisiones si se respetaran al pie de la letra, punto que sobre la marcha habremos de aclarar; y finalmente, los enumerados como 93 y 94 requieren adicionarse con la finalidad de jerar a salvo la responsabilidad de quienes intervienen en comisiones, cumplen escrupulosamente con su responsabilidad, pero no tienen a la mano una constancia certificada con la cual pueden comprobar a sus respectivos partidos políticos y correspondientes electores, que se esmeraron en su trabajo legislativo; además, los asuntos que quedan pendientes de resolver y que no fueron presentados al pleno de la Cámara en el último período
ordinario de sesiones, se pierden en el ánimo de quienes presentaron iniciativas y jamás supieron de ellas. Precisa entonces que en este último punto a tratar, si al paso de los tiempos se llega a descongelar alguna iniciativa y logra debatirse, que los resultados sean comunicados a la fracción parlamentaria correspondiente, para su conocimiento y efectos.
En ejercicio de la facultad que me confiere la fracción II, del artículo 71 de la Constitución General de la República, y la fracción II, del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, contando además con el consenso del resto de los integrantes de la fracción parlamentaria de mi par - tido, el Auténtico de la Revolución Mexicana, proponemos la siguiente iniciativa de ley que corrige, mejorando el texto, reformado, complementando y, en sus casos, suprimiendo párrafos de los artículos 79, 85, 87, 88, 89, y 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en su capítulo "de las comisiones", para quedar como sigue:
De las comisiones
Artículo 79. Las comisiones no reglamentadas especialmente, se compondrán en lo general de tres individuos propietarios y "sus respectivos suplentes" y sólo podrá................................................
Artículo 85. Las comisiones de ambas cámaras seguirán funcionando durante el receso del Congreso, para el despacho de los asuntos a su cargo. El presidente de cada comisión tendrá a su cargo coordinar el trabajo de los miembros de la comisión y citarlos cuando sea necesario durante los recesos, para el despacho de los asuntos pendientes. Como habitualmente la mayoría de los miembros de las comisiones se ausentan de la capital de la República durante el receso, lo avisará a la Cámara, informando del lugar exacto, domicilio y teléfono donde puede ser localizado para el caso de necesitársele, y esto lo informará antes de que se cierren las sesiones del período ordinario.
Durante los recesos del Congreso..............................
Artículo 87. Toda comisión deberá presentar su dictamen en lo negocios de su competencia, dentro de los cinco días siguientes al de la fecha en que los hayan recibido, salvo que por razones de investigación exhaustiva en relación a la exposición de motivos expuestos en el cuerpo de la iniciativa, necesitará de allegarse elementos esenciales que pudieran tardar en ser obtenidos, para lo cual, informarán al autor o autores de la iniciativa de tal eventualidad, apresurando sin embargo la obtención de los datos que se requieran para la formulación del dictamen correspondiente.
Todo dictamen deberá contener una parte expositiva de las ....................
Artículo 88. Para que haya dictamen de comisión, deberá presentarse éste firmado por la mayoría de los individuos que la componen. En el supuesto que algunos de los integrantes, habiendo sido citados a trabajos de comisión, y en forma reiterada dejaren de asistir justificada o injustificadamente, darán por buena la determinación de quienes sí asistieran, y por lo mismo, firmarán sin excusa alguna.
Si alguno o algunos de ellos que hubieren asistido a las sesiones de comisión, disintiesen del parecer de dicha mayoría, podrán presentar un voto particular por escrito, fundando la razón que a su juicio les asista para votar en contra.
Artículo 89. Las comisiones, por medio de su presidente, de requerirlo, tendrán facultades para solicitar a cualquier archivo u oficinas de la nación, federal, estatal o municipal, todas las informaciones y copias de documentos que estimen convenientes para el despacho de los negocios, y esas constancias les serán proporcionadas siempre que el asunto a que se refieran no sea de los que deban conservarse en secreto, en la inteligencia de que la lenidad o negativa a proporcionar dichas informaciones o copias en plazos pertinentes, autorizará a dichas comisiones a presentar queja al presidente de la Gran Comisión de la Cámara, y éste a su vez lo hará del conocimiento del C. Presidente de la República para su conocimiento y efectos, intervención y pronta solución. De requerirse información o documentos de gobiernos de los estados, y con el fin de respetar la soberanía de los mismos, se harán los trámites a través de las legislaturas, fundando los motivos de la petición.
Artículo 93. Para el despacho de los negocios de su incumbencia, las comisiones se reunirán mediante cita de sus respectivos presidentes y funcionarán preferentemente con la mayoría de los individuos que la formen; sin embargo, si a pesar de la cita que se haga a los integrantes de una comisión, hicieren caso omiso y sólo se presentase menos de la mitad del total, con ellos se funcionará, pues el despacho de los asuntos sujetos a estudio no se debe postergar por irresponsabilidad de los faltantes.
Artículo 94. Las comisiones durante el receso, continuarán el estudio de los asuntos pendientes hasta producir el correspondiente dictamen. También
estudiarán y dictaminarán las iniciativas que les sean turnadas por la Comisión Permanente durante el receso.
Una vez que estén firmados los dictámenes por la mayoría de los miembros de las comisiones encargadas de un asunto, se imprimirán junto con los votos particulares, si los hubiere, y se remitirán a los diputados o senadores, según corresponda, para su conocimiento y estudio. Al abrirse el período de sesiones, se tendrá por hecha la primera lectura de todo dictamen que se remita a los legisladores antes del 15 de agosto de cada año.
Los dictámenes que las comisiones produzcan sobre asuntos que no llegue a conocer la legislatura que los recibió, quedarán a disposición de la siguiente legislatura con el carácter de proyectos. De presentarse al pleno de la Cámara de ulterior o ulteriores legislaturas debatido el dictamen, se harán conocer los resultados a la fracción parlamentaria que en su momento presentó la iniciativa correspondiente, y sólo en el caso remoto de que dicha iniciativa haya sido presentada por un solo individuo de la Cámara, no será obligatorio observar dicho ordenamiento, aunque sí se procederá a darle al dictamen el curso correspondiente.
Sala de sesiones de la H. Cámara de Diputados, a 10 de diciembre de 1987. - Diputados: Nabor Camacho Nava, Carlos E. Cantú Rosas, Jorge Cárdenas González, Gregorio Macías Rodríguez, Jaime Castellanos Franco, Reyes Fuentes García, Enrique Bermúdez Olvera, Héctor M. Calderón Hermosa, Juan Manuel Lucia Escalera y María de la Luz Gama Santillán.»
Trámite: - Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias.
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra para presentar una iniciativa, el diputado Amado Olvera Castillo, del Partido Acción Nacional.
El C. Amado Olvera Castillo: - Con el permiso de la presidencia:
«Honorable asamblea: Dos informes de resultados de la Cuenca Pública han sido discutidos en esta Cámara durante la presente legislatura, y son los correspondientes a los ejercicios 1984 y 1985. En ambos informes, la Contaduría Mayor de Hacienda señaló una serie de ilícitos y anomalías que eran, en algunos casos, simples fallas administrativas y, en otros, fueron delitos de peculado que requerían acciones enérgicas por parte de la Contaduría Mayor.
En aquel entonces, criticamos severamente las declaraciones del contador mayor, en el sentido de que la Contaduría Mayor "no era un órgano de castigo"; preguntamos entonces cuál sería el papel de la Contaduría dentro del programa de la renovación moral, si no se iba a frenar la corrupción mediante la aplicación estricta de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Señalamos también en aquella fecha, que la actitud blanda de la Contaduría al eludir su papel de vigilante a nombre de la Cámara de Diputados que representa los intereses de la sociedad, provocaría que la corrupción siguiera el mismo ritmo y, que en todo caso, se le dieran mayores facultades para que actuara como fiscalizadora a nombre de la Cámara de Diputados.
Lamentablemente no nos hemos equivocado, las violaciones a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, Orgánica de la Administración Pública, Ley de Adquisiciones y otras leyes y ordenamientos aplicables a la materia, sufrieron por enésima vez una serie de violaciones por parte de secretarías, organismos, paraestatales y otras dependencias sujetas a presupuesto.
Es obvio que el informe previo de la Cuenta Pública de 1986 no contiene información amplia, como seguramente la contendrá el informe de resultados que será presentado en el mes de noviembre de 1988. Sin embargo, podemos advertir por lo que revela el informe, que el gobierno no logró sus objetivos en materia económica.
El informe previo revela que el gobierno pretendió disminuir su déficit de 9.6% en 1985, a 4.9% en 1986, y sin embargo, llegó a 16% en relación al PIB; los ingresos tributarios sufrieron caída de 15% en 1982, a 86% en 1986 en relación al PIB; el déficit financiero en pesos llegó a 11 mil 500 millones de millones; el PIB se redujo a 3.8% en términos reales con relación a 1985, y la producción nacional registró un decremento real de 2.1%; el Índice Nacional de Precios llegó al 105% anual, el pronóstico había sido de 45% como promedio anual.
Nuevamente en 1986 el combate a la inflación y el desempleo fueron metas primordiales que quedaron incumplidas, la inflación llegó al 105%, aunque se pronosticó el 60%; se dijo que en 1987 sería del 70%, y seguro llegará a más de 150%.
Siempre hemos sostenido que el excesivo gasto público es una de las causas principales de la inflación, y sin embargo, muy poco se ha hecho para
frenarlo lo suficiente, los 32 billones de 1986, los 82% billones de 1987, y los 236 billones que ejercerá el gobierno federal en 1988, confirma que el gobierno es contradictorio en su práctica antiinflacionaria.
A la fecha, el gobierno de Miguel de la Madrid no ha cumplido con su programa de desincorporación del sector paraestatal, y a pesar de haberse anunciado la venta de 436 empresas, ésta no se llevó a cabo; a la fecha, las empresas paraestatal siguen casi intactas.
El sector paraestatal, ya hemos señalado en varias ocasiones, es causa del déficit gubernamental por los cuantiosos subsidios y transferencias que recibe: 10 billones de pesos por transferencia en 1986, además, el gobierno federal absorbió pasivos de este sector por más de 7 billones; 7 millones de millones: este sector tuvo un déficit de 2 billones 146 mil pesos.
La existencia de las empresas paraestatales resulta muy gravoso para el pueblo y sin embargo, poco se hace para que sean eficientes y dejen de ser deficitarias; el estado de crisis que puede desembocar en estado de emergencia no admite su existencia, por lo que deben venderse aquellas que no son estratégicas ni sirven a un interés público.
Estas empresas propiedad del gobierno que han influido en el crecimiento de la deuda externa y que son causa de la deuda interna, cuando el gobierno absorba sus pasivos y éstos los que paga el pueblo; no cumplen con las leyes y ordenamientos que las rigen, incumplen sus metas, y año con año son causa de miles de pliegos de recomendaciones y de responsabilidad jurídica expedidas por la Contaduría Mayor de Haciendas, cuyo costo pagamos los contribuyentes.
El crecimiento desmesurado del sector paraestatal y los desvíos y anomalías, fue el pretexto en su tiempo, de que se instaurara la Contraloría General de la Federación, órgano de auditoría interna del propio Ejecutivo que se encargaría de frenar la corrupción que ha venido dándose en forma creciente en el monstruo paraestatal; ni la Contaduría, son eficaces como órganos fiscalizadores o de auditoría, porque actúan tibiamente y con mucha tolerancia contra los culpables de peculado y fraude; nosotros habíamos planteado que la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda debería ser reformada a fondo porque a la fecha es obsoleta, sin embargo, reiteramos que las leyes no tienen significación si no se aplican rigurosamente con imparcialidad, y de nada servirá una nueva Ley Orgánica de la Contaduría, si no existe la voluntad plena y el propósito de llevar a cabo la aplicación de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.
Miles de millonarios se dan en cada sexenio por las desviaciones presupuestales, las "comisiones", las gratificaciones por contratos otorgados sin concurso, la corrupción en las adquisiciones por agentes compradores de las paraestatales como la Conasupo por ejemplo; y tal parece que la Contaduría Mayor de Hacienda y la Contraloría General de la Federación, son incapaces para detener tanta corrupción, por lo que la sociedad, asombrada, se pregunta si acaso la corrupción ya se institucionalizó, ya que es una costumbre y una actitud en la vida cotidiana de México, especialmente en la de los servidores públicos por tener acceso a los abundantes fondos públicos, vulnerables a manos ambiciosas por falta de defensa y control. Lo cierto es que la corrupción no sólo se ha detenido, se ha incrementado, y la prueba está contenida en los informes de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Urge que la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos tenga vigencia y aplicación.
Es incongruente que el Ejecutivo se autofiscalice, argumentando que la Contraloría General es su órgano de auditoría interna, y reste facultades a la Contaduría Mayor de Hacienda, sobre todo cuando 138 entidades que controla ya, con un dictamen favorable dejan de ser candidatos a ser auditados por la Contaduría Mayor de Hacienda, que es el órgano fiscalizador de esta Cámara en donde está representado el pueblo.
Consideramos que se requiere una reestructuración a fondo en materia de fiscalización y auditoría, contemplando la eliminación de la dualidad de funciones que en este momento ejerce la Contraloría General de la Federación. No se justifica la existencia de la Contraloría, menos aún cuando las secretarías, dependencias y organismos, cuentan con su contraloría que realiza auditoría interna; además, actualmente la Contraloría contrata los servicios profesionales de despachos de contadores públicos y auditores; sin embargo, la administración de esta entidad ocupa miles de empleados supuestamente dedicados a otras actividades diferentes a la fiscalización y auditoría, dándose ahí un derroche de recursos económicos, que bien puede economizarse si existe la voluntad de acabar con la dualidad de funciones.
Lo que se requiere es dar mayores facultades a la Contaduría Mayor de Hacienda, dándose por ejemplo: la Contaduría debe fiscalizar el gasto en curso y no sólo el ya ejercido. La Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda es obsoleta y debe ser reformada, fortaleciendo facultades de la Contaduría.
Con base a lo expuesto, se propone la desaparición de la Secretaría de la Contraloría General de
la Federación. Para tales efectos, la Contaduría Mayor de Hacienda deberá asumir las funciones de dicha secretaría, así como sus recursos.
Así, con fundamento al artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se propone la siguiente
INICIATIVA DE LEY QUE DEROGA EL ARTÍCULO 32 - BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA
ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL, Y REFORMA EL ARTÍCULO 26 DE LA MISMA LEY
Para quedar como sigue:
Artículo 26. Para el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias:
Secretaría de Gobernación.
Secretaría de Relaciones Exteriores,
Secretaría de la Defensa Nacional,
Secretaría de Marina,
Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
Secretaría de Programación y Presupuesto,
Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal,
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial,
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos,
Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología,
Secretaría de Educación Pública,
Secretaría de Salud,
Secretaría de Trabajo y Previsión Social,
Secretaría de Reforma Agraria,
Secretaría de Turismo,
Secretaría de Pesca,
Departamento del Distrito Federal.
Salón de sesiones de la H. Cámara de Diputados, a 10 de diciembre de 1987. - Por la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional, diputado Amado Olvera Castillo.»
Trámite: Con fundamento en el artículo 56, túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
ARTICULO 38 CONSTITUCIONAL
El C. Presidente: - Ha pedido la palabra el diputado Héctor Pérez Plazola, del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa.
El C. Héctor Pérez Plazola: - Diputado David Jiménez, presidente de esta Cámara; señoras y señores diputados:
"Su servidor Héctor Pérez Plazola, diputado federal integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, miembros de la LIII Legislatura del Congreso de la Unión, con apoyo de mis compañeros legisladores y haciendo uso de las facultades que se me conceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, de la Constitución General de la República, y 55 del
Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso, presento iniciativa de ley para reformar el artículo 38, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fundamentándola en lo siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En nuestra Carta Magna, dentro del título primero, se encuentra el capítulo IV "De los ciudadanos Mexicanos", en el cual se señala en el artículo 34 quienes lo son, señalando como tales a varones y mujeres con la calidad de mexicanos que tengan además 18 años y un modo honesto de vivir.
El artículo 35 de la propia Carta Magna, establece cuáles son las prerrogativas de los ciudadanos y señala como tales las siguientes:
I. Votar en las elecciones populares.
II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley.
III. Asociarse para tratar los asuntos políticos del país.
IV. Tomar las armas en el ejército o guardia nacional para la defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes.
V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.
Por otra parte, el artículo 36, establece como obligaciones del ciudadano de la República, entre otras, las siguientes:
I. y II. ...............................................
III. Votar en las elecciones populares en el distrito electoral que le corresponde.
De acuerdo a esos preceptos, sólo a aquellos que tienen la calidad de ciudadanos mexicanos se les reconoce el derecho de intervenir en la formación y funcionamiento de los órganos públicos.
El reconocimiento de esos derechos o prerrogativas de los ciudadanos tiene limitantes, ya que éstos se pueden suspender en los casos que previene el artículo 38 de la Carta Magna y entre ellas señala como causas las siguientes:
I. Por falta de cumplimiento sin causa justificada de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36.
II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a cantar desde la fecha del auto de formal prisión.
III. Durante la extinción de una pena corporal.
IV. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria declarada en los términos que prevengan las leyes.
V. Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte orden de aprehensión, hasta que prescriba la acción penal.
VI. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión.
Existe en el caso una evidente contradicción entre lo que se señala como un derecho o prerrogativa por lo que se refiere al caso de votar en las elecciones, pues por otra parte el artículo 36 lo establece como una obligación que implica debe cumplirse. Y se hace necesario por lo tanto aclarar lo que es prerrogativa o derecho, que queda en la voluntad del ciudadano ejercerla o no; pero una obligación no queda a la libre voluntad el realizarla.
Es importante aclarar y establecer en la ley, que no se puede privar a un ciudadano de sus derechos por cualquier motivo y menos por una presunción o suposición.
En el caso de la fracción II, del artículo 38, que priva a los ciudadanos de sus derechos o prerrogativas por el motivo de encontrarse sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal a partir del auto de formal prisión, implica un atentado a los derechos ciudadanos y a los derechos humanos.
En efecto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, pacto suscrito por México y que tiene vigencia legal en nuestra patria, establece en su artículo 2o., lo siguiente: "Toda persona acusada de delito, tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías para su defensa".
El que una persona esté sujeta a proceso y se le haya dictado formal prisión, no implica en que se acusa, ya que para que se dicte un auto de formal prisión bastan tan sólo indicios de que pueda ser culpable, mas no que lo sea, lo cual se definirá al dictar sentencia.
Cada vez son mayores los delitos que se configuran en las diversas leyes y para la clasificación general se establece que los delitos pueden ser dolosos o culposos, y estos últimos no implican en realidad una mala intención de quien comete una falta, sino una mera negligencia a culpa accidental.
El delito culposo lleva siempre pena leve y da generalmente el derecho a la libertad con fianza, y en muchos casos queda sujeto a la querella del ofendido. Sólo una sentencia que ha causado ejecutoria y no tenga ya recurso alguno por ejercer, da a un procesado el carácter de condenado a una pena que debe cumplir, pero antes está en posibilidad de que sea absuelto por la máxima autoridad.
Resultan en el caso pues, aberrante el que se prive a un ciudadano el derecho y la obligación de poder votar en las elecciones populares, por el simple hecho de ser procesado y haber sido declarado presunto culpable de un delito del que puede ser absuelto, y en muchos casos lo es.
Y no sólo se le priva del derecho a votar, sino que también se le está privando del derecho de asociarse para tratar los asuntos políticos del país y hasta de ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.
Creemos que es realmente aberrante que por un mero indicio o presunción de culpabilidad, se esté privando a un ciudadano de sus derechos y sobre todo también cuando se trata de delitos culposos que ya son tan frecuentes en un mundo moderno que se ve sometido a tiempos de adelantos en ciencia y equipos como los autos y motores que son motivo de tantos accidentes.
No sólo se le priva del derecho de votar, sino que implícitamente se le priva de otros derechos como son el de elegir a sus gobernantes, de tomar partidos por uno u otro candidato y, consecuentemente, el de participar en un proceso electoral, como si no fuera a ser gobernado por los que resulten electos a los cargos públicos.
El tratadista Emiliano Rabasa al comentar la Constitución señala que "el ejercicio del voto tiene un doble sentido, el primero es de elegir entre varios candidatos para constituir con ello la estructura política de los órganos fundamentales de gobierno, y por la segunda se escoge entre las plataformas o programas para el comportamiento de los órganos de gobierno. Y así el voto tiene una
trascendencia indudable y evidente para la vida pública del país.
Resulta pues notorio, que en la trascendencia de un proceso electoral los ciudadanos se vean perjudicados y afectados por un procedimiento judicial en el que sólo hay indicios o presunciones de culpabilidad, máxime que no hay una sentencia que haya condenado, por lo que resulta absurdo que se prive de los derechos ciudadanos a quien esté sujeto a un proceso criminal cuando aún no se le ha comprobado su culpa ni se le ha sentenciado, pues con ello, de antemano y a priori se le está prejuzgando o declarando culpable, lo cual viene a vulnerar los derechos fundamentales del hombre.
Y si por otra parte privamos de los derechos de votar a quienes sólo tienen indicios de que puedan ser declarados culpables sin una causa real, señalamos con antelación a quien puede o no ser declarado culpable que bien puede ser declarado inocente.
Por ello, la suspensión de los derechos y prerrogativas de un ciudadano, por los alcances que tiene y por la serie de aspectos que afecta, debe concretarse sólo para los casos de que una persona haya sido sentenciada y declarada culpable, pero de ninguna forma cuando tan solo se le ha dictado formal prisión con base de presunciones o indicios.
Por lo antes expuesto, presentamos esta iniciativa en la que proponemos el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se deroga la fracción II del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TRANSITORIO
Unico. Este decreto entrará en vigor tres días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a 10 de diciembre de 1987. - Por la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, diputado Héctor Pérez Plazola.»
Trámite: Con fundamento en el artículo 56, túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
ARTICULO 35 CONSTITUCIONAL
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Jaime Castellanos Franco, del partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para presentar una iniciativa.
El C. Jaime Castellanos Franco: - "Señor presidente; compañeros diputados: El gran reformador de nuestras leyes, el Presidente Juárez, precisó y aplicó una serie de variaciones sustanciales al sistema aprobado en 1857 de verdadera trascendencia para la vida futura del país, sometiéndolas conveniente y directamente a la resolución soberana del pueblo, así como a la más alta tribuna nacional, ya que la voluntad libremente manifestada de la mayoría del pueblo es superior a cualquier ley, siendo la primera fuente de toda ley y que la libre voluntad de la mayoría del pueblo es superior a toda constitución.
La fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, tiene la convicción de que son necesarias como urgentes algunas reformas constitucionales, por lo que, con las facultades que me concede el artículo 71, fracción II, vengo ante el pleno de esta respetable Cámara de Diputados a proponer una reforma al artículo 35 constitucional en su fracción I, sometiéndola desde luego a la sabiduría y facultades de este propio Congreso nacional, para que pueda determinar conforme a reglamentos y normas constitucionales establecidas.
La Constitución Política Mexicana establece en su artículo 34, el requisito de una edad determinada para exigir a todos los mexicanos el sufragio del voto para las elecciones de representantes populares. La edad que se exige para ser ciudadano y tener derecho al sufragio a partir de 1980 es de 18 años, basada por un lado en la opinión generalizada de los psicólogos, de que es a partir de esa edad que se adquieren las naciones de personalidad, concomitante responsabilidad, y se asume un papel activo en la vida tomando decisiones antónomas y, por otro lado, en la innegable y mejor preparación de las nuevas generaciones.
Es de aclararse la ambigüedad del texto constitucional, cuando tan generosamente señala que para ser ciudadano es menester tener un modo honesto de vivir, se ha prestado a las más variadas y diversas interpretaciones. Debemos ponernos de acuerdo sobre la materia constitucional en la expresión de "tener un modo honesto de vivir", aunque pudiera pensarse que ello cae dentro de algunos de los casos de suspensión de los derechos del ciudadano que señala el artículo 38: cuando el individuo está sujeto a proceso criminal o extinguiendo una pena corporal en caso de vagancia o ebriedad consuetudinaria; cuando se está prófugo de la justicia. Esta exigencia resulta un tanto lírica, pues el no precisarse de una manera categórica lo que debe ser entendido por "tener un modo honesto de vivir", ya que interpretando ello con un sentido purista no entenderíamos sin todo aquello que se refiere al honor, al decoro, a la decencia, a la compostura y a la urbanidad del
individuo. Con ello sin duda, la legislación ha querido referirse a tener un mínimo de moral y buenas costumbres para llegar a ser ciudadano con todos los derechos y obligaciones constitucionales.
Por lo que se refiere al ejercicio del derecho del sufragio, don Venustiano Carranza, en su proyecto constitucional, puntualizó que éste debería ser una positiva y verdadera manifestación de la soberanía nacional, por lo tanto, es indispensable que sea general, igual para todos, libre y directo, porque faltando cualquiera de estas condiciones, o se convierte en una prerrogativa de clase, o es un mero artificio para disimular usurpaciones de poder, o da por resultado imposiciones de gobernantes contra la voluntad clara y manifiesta del pueblo.
Todo lo anterior nos autoriza a concluir que el ejercicio del sufragio no debe verse como una prerrogativa, sino como un derecho y una obligación electoral esencialmente individual y colectiva, toda vez que es la condición indispensable del ejercicio de la soberanía que debe ser atribuido a todos los miembros de la sociedad que comprendan el interés y el valor de esa altísima función.
A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de esta respetable Cámara de Diputados fue turnada, para su estudio y dictamen, una iniciativa de adición al artículo 7o. del Código Federal Electoral presentada por el ciudadano diputado Nabor Camacho Nava, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre este mismo punto, por lo que, para que haya congruencia, me permito proponer una reforma al artículo 35 constitucional, fracción I, que a la letra expresa:
Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano:
I. Votar en las elecciones populares.
Reforma que se propone para que quede de la siguiente forma: Artículo 35. Son obligaciones de los ciudadanos mexicanos:
I. Votar en las elecciones populares.
II. La falta de cumplimiento a lo preceptuado en la fracción anterior sin causa justificada, será sancionada en los términos que establece el artículo 38 constitucional.
Sala de sesiones de la Cámara de Diputados, a 10 de diciembre de 1987. - Diputados miembros de la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana: Jaime Castellanos Franco, Enrique Bermúdez Olvera, Héctor M. Calderón Hermosa, Reyes Fuentes García, Gregorio Macías Rodríguez, Juan Manuel Lucia Escalera, Carlos E. Cantú Rosas, Nabor Camacho Nava, Jorge Cárdenas González, y Ma. de la Luz Gama Santillán.»
Trámite: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, de acuerdo con el artículo 56 del Reglamento Interior del Congreso.
ACUERDOS SOBRE DESARME
El C. Juan José Bremer (desde su curul):
- Pido la palabra.
El C. Presidente: - ¿Con qué objeto, señor diputado Bremer?
El C. Juan José Bremer (desde su curul):
- Para una proposición de urgente y obvia resolución.
El C. Presidente: - Tiene usted la palabra con fundamento en el artículo 59.
El C. Juan José Martino: - Señor presidente; compañeros diputados: Acaba de firmarse en la ciudad de Washington un importante acuerdo internacional.
Nuestra Cámara de Diputados, que ha seguido con gran interés, con detenimiento, el desarrollo de los acontecimientos mundiales a lo largo de esta Legislatura, no puede permanecer indiferente a un acuerdo de esta naturaleza; este acuerdo de desarme suscrito por los dirigentes de Estados Unidos y de la Unión Soviética, representa un paso adelante.
De ninguna manera constituye un cambio cualitativo en la situación que proyecta hacia el mundo de manera ominosa el armamentismo, pero en las condiciones objetivas de nuestro tiempo, y tomando en consideración el clima de confrontación y de tensiones que hemos vivido en los últimos años, hay un salto que hay que evaluar, que hay que analizar y celebrar.
Es un acuerdo de desarme que no representa, dicho de manera objetiva, más que una reducción del 4% o al 5% del volumen de los arsenales nucleares de las superpotencias, pero ya el hecho el que los dirigentes de la Unión Soviética y de los Estados Unidos entablen conversaciones, independientemente de sus hondas diferencias ideológicas, políticas, y de su rivalidad militar, y que estas conversaciones conduzcan a acuerdos concretos, esto proyecta una atmósfera de distensión en nuestro mundo que nosotros debemos alentar.
Hay un paso adelante no solamente en el acuerdo de desarme en sí de proyectiles intermedios, hay
un paso adelante en las disposiciones relacionadas con el sistema de verificación de estos acuerdos, hay ahí una evolución enormemente positiva: el hecho que pueda hacer posible una inspección en territorio de cada una de las superpotencias para la verificación del acuerdo de desarme, abre nuevas posibilidades para entendimientos de esta naturaleza.
Es el primer acuerdo, compañeros diputados, que no solamente se constriñe a disminuir o regular el ritmo de crecimiento de las armas, porque es el primer acuerdo que dispone la destrucción de armas, la destrucción de armas nucleares, y esto también tiene una honda significación.
Como mexicanos, como miembros del Congreso de México, tenemos además títulos muy claros para hablar sobre este tema, México tiene las más limpias credenciales en materia de desarme, es uno de los países del mundo que gasta una proporción menor en desarme y en seguridad, y una proporción mayor en educación, y una proporción mayor en desarrollo cultural.
Pocos son los países del mundo que destinan un porcentaje menor del 1% de su producto nacional bruto a gastos de seguridad y armamentos. México se encuentra dentro de ellos, con esa autoridad moral que da la coherencia interna, hemos tenido una actividad en política exterior en materia de desarme, fecunda e innovadora. Quiere decir que hay que ver en este encuentro entre los señores Ronald Reagan y Mijail Gorbachov, la consecuencia de una evolución constructiva que se da también como fruto del trabajo de la comunidad internacional en su conjunto.
Y ahí involucramos a hombres de pensamiento, involucramos a artistas, involucramos universitarios, sindicatos, fuerzas sociales y jefes de Estado de otros países que han puesto el dedo en el renglón, que han insistido en la necesidad de acabar con la irracionalidad del gasto armamentista.
Dentro de esta amplia corriente pacifista se encuentra la actividad de México, en el campo del grupo de los seis; es deseable que este grupo que ha insistido sobre la necesidad de llevar adelante acuerdos drásticos en el campo del desarme y de la prohibición de las pruebas atómica, continúe aportando su noble labor.
En la ciudad de Estocolmo, en el mes de enero tendrá lugar una nueva reunión del Grupo de los Seis y abrigamos la legítima esperanza que vuelva a subrayar la necesidad de proseguir por este camino.
Señores diputados, para ilustrar a su consideración la importancia de este tema, basta tan solo mencionar dos datos concretos: se gasta un millón 500 mil dólares en armamento cada minuto; el gasto armamentista anual es de 800 mil millones de dólares; hay 600 millones de seres humanos, reconocido por datos internacionales, que padecen hambre. La Unicef calculó que si se quisiera atender las necesidades de 500 millones de niños y jóvenes, sería necesario destinar a esas necesidades 100 millones de dólares, la séptima parte del gasto armamentista anual.
No estamos hablando, compañeros diputados, de abstracciones, estamos hablando de una situación que debe involucrar la actitud política de todos los cuerpos legislativos del mundo; es por ello que es alentador que esta Cámara de Diputados haya alcanzado un nuevo consenso en sus pronunciamientos en materia de política exterior, y es con este motivo que leo, señor presidente, a la consideración del pleno, un punto de acuerdo suscrito por todas las fracciones parlamentarias aquí representadas.
«Primero. La H. Cámara de Diputados reconoce la importancia de los acuerdos de desarme firmados el 8 de diciembre en la ciudad de Washington por los mandatarios de Estados Unidos de América y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que dispone la destrucción de 2 mil 611 proyectiles nucleares de alcance intermedio, y que constituye un avance importante en los esfuerzos que ha venido realizando la comunidad internacional por la paz y el desarme.
Segundo. La H. Cámara de Diputados exhorta a los Dirigentes Ronald Reagan y Mijail Gorbachov, a continuar sus negociaciones para alcanzar acuerdos de desarme más ambiciosos en el futuro cercano, que garanticen la supervivencia del hombre y permita la liberación de recursos económicos dedicados ahora a la industria de la guerra, a fin de resolver los graves problemas económicos y sociales que aquejan a la mayoría de nuestros pueblos.
Firman el punto de acuerdo los diputados: Nicolás Reynés Berezaluce, por el PRI; Jesús González Schmall, por el PAN; Arnoldo Martínez Verdugo, por el PMS; Hildebrando Gaytán, por el PPS; Magdalena García Rosas, por el PST; Nabor Camacho, por el PARM; Antonio Monsiváis, por el PDM y José Luis Díaz Moll, por el PRT.»
Señor presidente, ruego a usted, con fundamento en los artículos 58 y 59, someter a la consideración de la asamblea este punto de acuerdo como un asunto de obvia y urgente resolución. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso, se registran oradores en pro y en contra de la proposición hecha por el diputado Bremer.
Como consecuencia, consulte la secretaría si esta proposición se admite o no a discusión.
La C. secretaria Patricia Villanueva Abrajam: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite la proposición. Los ciudadanos diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor presidente.
El C. Presidente : - Por consiguiente, consulte la secretaría si la asamblea la considera de urgente y obvia resolución.
La C. secretaria Patricia Villanueva Abrajam: - En votación económica se consulta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se considera de urgente resolución, señor presidente.
Trámite: Ejecútese.
DICTAMEN A DISCUSIÓN
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL DE 1986
El C. Presidente: - El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1986.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, ruego a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila:
- Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación.)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen, señor presidente, es de segunda lectura.
«Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Cuenta de la Hacienda Pública Federal del Ejercicio Presupuestal de 1986.
Honorable asamblea: En la forma y términos que previenen los artículos 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 43 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, el Ejecutivo Federal presentó a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al Ejercicio Presupuestal de 1986 que comprende, entre otros votos aspectos, los resultados de la gestión financiera, programática, económica y presupuestal de las dependencias de la administración pública central y de las entidades paraestatales incluidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por esta H. Cámara de Diputados para ese ejercicio, información que se relaciona con los objetivos y prioridades de la planeación nacional, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6o. de la Ley de Planeación.
La documentación respectiva fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, de acuerdo con lo establecido en los artículos 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y al órgano técnico de esta H. representación popular por conducto de la Comisión de Vigilancia, para la revisión preceptuada en los artículos 1o., 3o, 10, fracción II 15 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Con la documentación que le fue turnada, el órgano técnico de la Cámara de Diputados, en cumplimiento de sus funciones, procedió a integrar el informe previo en el que formula los comentarios generales a que se refiere el inciso a) de la fracción II del artículo 3o. de la ley orgánica que lo rige, para presentarlo a la comisión dictaminadora por conducto de la Comisión de Vigilancia de la propia Contaduría Mayor de Hacienda, dentro del plazo establecido en la fracción IV del artículo 10 de ese mismo ordenamiento.
Por su parte, la comisión dictaminadora procedió a efectuar el análisis de la documentación recibida, de la información que se solicitó a las dependencias y entidades de control presupuestal directo y de la que obtuvo a lo largo de 12 reuniones de trabajo celebradas con la intervención de servidores públicos de esas dependencias y entidades, y de los legisladores miembros de los diversos grupos parlamentarios y comisiones de esta Cámara de Diputados que en ellas participaron, reuniones en las que fueron examinados los principales resultados de la gestión financiera, así como el avance logrado en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas sectoriales comprendidos en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1986.
Además, como en años anteriores, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública tomó en consideración al elaborar el dictamen, la información adicional presentada en los informes
trimestrales sobre la situación económica y las finanzas públicas que envió el Ejecutivo Federal a esta Cámara de Diputados en sujeción a lo establecido en el artículo 49 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 1986, en los que se da cuenta de la ejecución del gasto durante el ejercicio presupuestal que se analiza, así como la contenida en el cuarto informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 1983 - 1988, documento que también envió el Ejecutivo Federal en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6o. de la Ley de Planeación, y que sintetiza las acciones realizadas durante 1986 para la instrumentación del plan y los logros alcanzados en la materia en el transcurso de ese año.
La Cuenta de la Hacienda Pública Federal del Ejercicio Presupuestal de 1986 fue elaborada con base en el Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental vigente a partir de 1985, con cuya operación en el período que se informa, se facilitó la consolidación de los cuatros subsistemas que lo conforman. En particular, la información contable del sector paraestatal, acorde con las características de la empresa pública, considera los efectos del proceso inflacionario con objeto de evitar las distorsiones que de éste pudieran derivarse, gracias a los alcances de la normatividad contenida en la Nota sobre Información Financiera "NIF - 03", que también se vio enriquecida.
La información que la Cuenta Pública de 1986 compendia, está integrada en un tomo de resultados generales, 19 tomos sectoriales, y cinco anexos; uno de agregados económicos, dos de información del sector paraestatal de control indirecto, y uno de dictámenes de auditoría externa practicada a diversas entidades paraestatales, y uno de estados analíticos de egresos.
Adicionalmente, se presenta por separado en un anexo más, la información relativa al seguimiento y evaluación del cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la Cámara de Diputados y por la Contaduría Mayor de Hacienda, como resultado del proceso de revisión constitucional de la gestión pública.
En el cuerpo de este anexo se enumeran las acciones emprendidas por el Ejecutivo Federal en respuesta a dichas recomendaciones, para mejorar la eficiencia del sector público en su conjunto y para facilitar en mayor medida el proceso legislativo de revisión y evaluación de la Cuenta Pública. A la fecha se ha dado atención a 112 recomendaciones de las emitidas por la Cámara de Diputados, y a 321 de las formuladas por su órgano técnico, en el marco de estricto respeto y colaboración que prevalece entre ambos poderes de la Unión.
La Cuenta Pública que se dictamina, muestra algunas modificaciones por lo que hace a su estructura, pero también en cuanto a su composición temática, siguiendo con el reiterado propósito del Ejecutivo de mejorar permanentemente su presentación, sobre todo en esta ocasión, en materia de simplificación informativa y concentración de temas afines, sin menoscabo u omisión de información cuantitativa o cualitativa importante.
Conforme a los criterios anteriores, cada tomo presenta el conjunto de la información relevante. La información financiera del sector paraestatal, así como las observaciones a ésta incluidas en los estados correspondientes, aparece en el tomo de resultados generales a nivel consolidado, y en los restantes a nivel sectorial e individual. Además, el tomo sectorial correspondiente a Programación y Presupuesto, en atención a la necesidad de perfeccionar los mecanismos de programación, seguimiento y evaluación que plantea el rubro Desarrollo Tecnológico y Científico, incluye un informe especial del ejercicio físico y financiero de las actividades científicas y tecnológicas que realiza la administración pública federal.
Conviene destacar que, con la finalidad de guardar la congruencia analítica y de información que debe prevalecer entre el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta Pública, se incorpora a esta última un capítulo denominado "Reconstrucción" para dar cumplimiento al artículo 8o. del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 1986, que contiene información financiera y presupuestaria del Ramo XXXI y de los recursos del Fondo Nacional de Reconstrucción ejercidos por dependencias y entidades del sector público.
El nuevo capítulo también menciona las acciones y logros alcanzados en el transcurso del ejercicio presupuestal en materia de reconstrucción, rehabilitación y descentralización de los servicios urbanos de salud, educación y vivienda, entre otros aspectos.
Los avances que se advierten en la conformación de la Cuenta Pública que se dictamina deben continuar para su permanente mejoramiento. Acciones como las que hasta ahora ha realizado en este sentido la administración pública deberán multiplicarse, porque con ellas la integración y contenido de la Cuenta Pública permitirá a esta Cámara de Diputados una evaluación más eficaz de la Gestión pública a cargo del Ejecutivo.
Por lo expuesto con anterioridad y como resultado del análisis de la información recibida dentro del proceso de revisión constitucional, así como de la obtenida adicionalmente en el transcurso del ejercicio presupuestal y con posterioridad a la presentación de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1986, la comisión dictaminadora pone a consideración de esta H. asamblea el siguiente:
DICTAMEN
I. Observancia de los preceptos legales y de los principios de contabilidad En el proceso de revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, la Cámara de Diputados ejerce diversas atribuciones, pues a ella está encomendada, por mandato constitucional, la importante función de conocer los resultados de la gestión financiera, así como comprobar su apego a los criterios señalados en el presupuesto, y el cumplimiento de los objetivos establecidos en los diferentes programas, en correlación con las facultades que también le han sido asignadas en la Carta Magna, de examinar, discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.
En esta perspectiva, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, a fin de evaluar el cumplimiento y el ejercicio de las obligaciones y atribuciones del Ejecutivo Federal en la ejecución del gasto público aprobado para 1986, estimó conveniente elegir algunos preceptos de los diversos ordenamientos jurídicos aplicables en la materia, vigentes en ese año, para lo cual consideró además los resultados de la verificación preliminar de la observancia de los preceptos legales que llevó a cabo la Contaduría Mayor de Hacienda con base en el análisis de la información obtenida mediante los cuestionarios que turnó a dependencias y entidades, algunas pruebas selectivas que practicó respecto de puntos específicos, y el examen de situaciones detectadas en la revisión preliminar de la Cuenta Pública, así como en otras fuentes que le permitieron realizar en forma idónea la evaluación inicial selectiva del cumplimiento de determinados preceptos legales que menciona en el informe previo.
La evaluación así realizada por la comisión que suscribe, comprendió algunos aspectos relativos a los ingresos y al gasto público regulados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en lo pertinente, en los siguientes ordenamientos: Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda; Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1986; decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1986; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su reglamento; Ley General de Deuda Pública; Ley de Obras Públicas y su reglamento; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles; Ley de Planeación; Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación; ordenamientos que en conjunto constituyen el marco jurídico básico que señala los principales criterios de observancia obligatoria para todas las entidades y dependencias que ejercen gasto público.
Con el envió al Congreso de la Unión de la documentación que señala la normatividad aplicable en materia presupuestal y con las comparecencias de los secretarios de cada ramo para dar cuenta de la iniciativa de Ley de Ingresos y del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación ante el pleno de esta Cámara de Diputados, el Ejecutivo Federal acreditó el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el segundo y sexto párrafos de la fracción IV del artículo 74 constitucional.
Sobre la base de algunas disposiciones de cumplimiento obligatorio para la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, la comisión dictaminadora evaluó las acciones propias de la competencia de este órgano técnico, el cual, ejerciendo funciones de contraloría, ha venido atendiendo satisfactoriamiente la revisión que prevén los artículos 1o. y 2o., de su ley orgánica y presentando los informes a que se refieren las fracciones II y III del artículo 3o. de ese ordenamiento, en una labor que abarca no sólo la conformidad de las partidas de ingresos y egresos, sino también los aspectos legales, económicos y contables de la gestión financiera, en los términos que señala la fracción I, del mismo numeral 3o., de la citada ley.
El examen del informe previo permitió a la comisión dictaminadora conocer los resultados de la revisión preliminar efectuada en función de la información que las dependencias y entidades pusieron a disposición de la Contaduría Mayor de Hacienda, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 16 y 24 de su Ley Orgánica, numerales que establecen la obligación que tienen las primeras de proporcionar a la segunda los datos, libros y documentos que les solicite.
De igual modo, mediante el informe previo se conocieron los resultados iniciales de la práctica de visitas, inspecciones y auditorías que el órgano técnico realizó selectivamente, en ejercicio de las atribuciones que le otorga el artículo 3o., y de conformidad con los artículos 19 y 21 de la ley orgánica que lo rige.
En cuanto a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la comisión dictaminadora advirtió que, en términos generales, las dependencias y entidades públicas sujetas a ese ordenamiento cumplieron con las obligaciones a su cargo derivadas de la normatividad aplicable en materia de delegación de facultades a que alude el artículo 16 con respecto a los servidores públicos mencionados en el artículo 14; de celebración de
convenios de coordinación de acciones con los gobierno estatales para favorecer el desarrollo integral de las distintas entidades federativas a que se refiere el artículo 22; y de rendición de informes sobre el estado que guarda cada ramo y las entidades paraestatales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 23.
En particular, la Secretaría de Programación y Presupuesto cumplió los deberes señalados en las fracciones VI, VIII y XIII del artículo 32 de ese ordenamiento legal, de formular el programa de gasto público federal y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como de consolidar la información contable para integrar la Cuenta Pública y de llevar a cabo las tramitaciones y registros necesarios para la vigilancia y evaluación del ejercicio del gasto público federal y del Presupuesto de Egresos, entre otros.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a su vez, llevó a cabo las acciones conducentes al cumplimiento de las obligaciones en materia de recaudación de impuestos, precios y tarifas, estímulos fiscales y formulación del proyecto de Ley de Ingresos dispuestas en las fracciones I, II, IV, y XV del artículo 31.
La Secretaría de la Contraloría General de la Federación por su parte, siguió atendiendo las obligaciones de vigilancia, control y evaluación que le son propias y que están consignadas especialmente en las fracciones I, II y V del artículo 32 - bis.
Considerando a las dependencias como coordinadoras de sector, la Contaduría Mayor de Hacienda manifestó en su informe previo que, en términos generales, cumplieron las obligaciones de regular y evaluar las actividades de sus entidades coordinadas, si bien señaló que se observaron algunos retrasos en la emisión de políticas y directrices y en el envió de la normatividad orginados por diversas causas, cuya justificación se examinará con posterioridad.
En lo correspondiente a la observancia de las previsiones establecidas en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1986, la Contaduría Mayor de Hacienda comentó que, en general, las dependencias y entidades acataron adecuadamente las disposiciones de esa ley, conclusión preliminar que será objeto de verificación posterior por los medios que determina la Ley Orgánica de la Contaduría. En ese contexto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público percibió los ingresos provenientes de los conceptos enumerados en el artículo 1o., aunque en algunos rubros como el de derechos, se registraron variaciones que se explican por la caída de los precios de exportación del petróleo; y mantuvo el sistema de estímulos y subsidios fiscales vigente desde 1985, con las modificaciones necesarias que permitieron en 1986 su adecuada orientación, de acuerdo con lo que señala el artículo 13.
En lo que respecta al cumplimiento de lo ordenado en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Presupuestal de 1986, el análisis comprendió lo dispuesto en los preceptos que regulan las erogaciones adicionales con cargo a excedentes; los ajustes y reducciones presupuestales; la ejecución de las acciones previstas en los programas a cargo de la administración pública federal y el cumplimiento de metas; y algunos aspectos relacionados con la racionalidad, austeridad y disciplina del ejercicio presupuestal de ese año. De acuerdo con el artículo 14 del decreto en cuestión, fueron autorizadas erogaciones adicionales con cargo a excedentes generados en 1986 únicamente a algunas entidades del sector paraestatal, erogaciones de las que el Ejecutivo Federal informa a la Cámara de Diputados en la Cuenta Pública como lo preceptúa el propio numeral. De ese modo y en virtud de los ajustes tácticos a la política económica llevados a cabo para enfrentar las contingencias económicas que repercutieron en la baja de los ingresos presupuestales, con base en el artículo 15 del decreto se efectuaron reducciones en el gasto programable, de las cuales se dio cuenta a esta soberanía en cumplimiento de lo previsto en ese mismo artículo.
En cuanto al cumplimiento de metas, en los tomos sectoriales correspondientes de la Cuenta Pública se indican las que fueron cumplidas, las que se rebasaron y las que no se alcanzaron; en el caso de estas últimas, se explican las causas de las variaciones, que son las que se señalan en los diversos apartados sectoriales del presente dictamen. Al respecto, se observa que, en general, ante la escasez de recursos presupuestales, en algunos sectores fue necesario adecuar las metas físicas de acuerdo con las
prioridades nacionales y sectoriales. Dichas variaciones serán objeto de verificación ulterior por la Contaduría Mayor de Hacienda.
Por lo que hace a la creación de nuevas plazas y su autorización por parte de la Secretaría de Programación y Presupuesto, se aplicó invariablemente la normatividad que señala el artículo 23, así como aquella aplicable a las adquisiciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal, con excepción de algunos casos. Las operaciones correspondientes serán revisadas posteriormente por la Contaduría Mayor de Hacienda.
Respecto a la ejecución de los programas y al ejercicio de los presupuestos, la Contaduría Mayor de Hacienda, con apoyo en la información turnada por la Secretaría de Programación y Presupuesto, y por las dependencias y entidades, reporta resultados positivos, con ciertas excepciones que serán objeto de revisión posterior. La información cotejada también reflejó que las dependencias y entidades sujetaron las ampliaciones presupuestales a las previsiones del decreto de Presupuesto de Egresos para 1986 y contaron con las autorizaciones para modificar su estructura orgánica básica.
La normatividad aplicable en materia de remuneraciones adicionales por jornadas y hora de trabajo extraordinarias, estímulos por eficiencia en la actuación y otras prestaciones, fue emitida y recibida oportunamente para su observancia; y en cuanto a las erogaciones señaladas en el artículo 27 del propio decreto, se redujeron al mínimo indispensable que la Secretaría de Programación y Presupuesto autorizó, hecho que la Contaduría Mayor de Hacienda comprobará posteriormente.
Con los informes sobre la situación económica y las finanzas públicas que durante el ejercicio presupuestal de 1986 envió trimestralmente a esta Cámara de Diputados, el Ejecutivo Federal cumplió con lo ordenado en el artículo 30 del ordenamiento legal de referencia. Cabe destacar que la información enviada por ese poder supera los requerimientos que establece la legislación en la materia, ya que la comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo se ha visto fortalecida permanentemente y se ha dado no sólo a través de documentos, sino también mediante numerosas comparecencias personales de los titulares de las dependencias y entidades, y demás servidores públicos que han acudido en apoyo de las funciones de la H. Cámara de Diputados en materia presupuestal.
El análisis jurídico de la observancia de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, permitió conocer que la Secretaría de Programación y Presupuesto, conforme a los dispuesto en el artículo 25, asignó los recursos del sector paraestatal obtenidos en exceso de los previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
El cumplimiento de las obligaciones a cargo de las entidades, consignadas en los artículos 28 y 41 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, de informar a la Secretaría de Programación y Presupuesto, en su carácter de dependencia globalizadora, sobre el monto y características de su deuda pública flotante o pasivo circulante, y de proporcionarle la información presupuestal contable y financiera con la periodicidad que requiera, fue objeto de verificación por parte del órgano técnico de la Cámara de Diputados, el cual concluyó preliminarmente que la mayoría de las entidades actuaron con arreglo a lo ordenado en esos numerales, con excepción de algunas entidades del sector Educación Pública, que no suministraron a la Secretaría de Programación y Presupuesto la información señalada en el artículo 41, o que lo hicieron con retrasos. Las autorizaciones a las dependencias y entidades para celebrar contratos u operaciones que rebasaran las asignaciones presupuestales aprobadas, fueron otorgadas como lo dispone el artículo 30 aplicable para casos excepcionales y debidamente justificados.
La revisión de la observancia de las normas que regulan la actividad presupuestal, también consideró algunas previsiones legales establecidas en el Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, conforme a las cuales las coordinadoras de sector fijaron las políticas y lineamientos mencionados en el artículo 5o., para orientar y coordinar las acciones en materia de gasto público; la Secretaría de Programación y Presupuesto expidió puntualmente las normas y lineamientos que prevé el artículo 18 para la elaboración de los programas de las entidades, las cuales los recibieron en general oportunamente; las dependencias coordinadoras fijaron las políticas para la elaboración de los programas sectoriales mencionados en el numeral 19 y, a su debido tiempo las dieron a conocer a los sectores.
En lo que atañe a las normas reglamentarias relativas a los lineamientos y a las políticas a que deben ajustarse las entidades en al formulación de sus anteproyectos de presupuesto, sólo en el sector Educación Pública y en la Secretaría de Relaciones Exteriores se observaron ciertos problemas de difusión y recepción de los lineamientos respectivos. Por otra parte, y de acuerdo con los artículos 29 y 37, las entidades coordinadas enviaron sus anteproyectos de presupuesto ajustado, y recibieron las normas y lineamientos que deben seguir en el ejercicio de sus presupuestos.
En términos generales, las información financiera contable, presupuestal, programática y económica que menciona el capítulo tercero del título cuarto del reglamento, fue proporcionado en la forma y con la periodicidad que establece el propio ordenamiento, salvo en los casos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que rebazo los plazos establecidos para proporcionar la información contable a la Secretaría de Programación y Presupuesto, y de
la coordinadora del sector Educación Pública, que no giró oportunamente las instrucciones correspondientes a sus entidades coordinadas.
La Secretaría de Programación y Presupuesto en particular, emitió los lineamientos en materia de gasto público; las normas y lineamientos para la elaboración de los programas y para la integración y el ejercicio del presupuesto; y, en relación con la aplicación de los subsidios y aportaciones con cargo al presupuesto, dictó las normas sobre la forma y el plazo para la rendición de cuentas, que en general fueron cumplidas por las dependencias y entidades.
La revisión legal de lo ordenado en la Ley General de Deuda Pública incluyó la normatividad relativa al monto de las partidas destinadas anualmente para atender compromisos derivados de financiamientos y a la obligación de los titulares de las dependencias y entidades de registrar y comunicar dichos financiamientos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como dependencia globalizadora. Como resultado de la verificación preliminar practicada, se determinó que las dependencias y entidades seleccionadas acataran dicha normatividad comprendida en los artículos 16, 27, 28 y 29 del ordenamiento citado.
En relación con el ejercicio de las facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de no autorizar los financiamientos a favor de entidades cuando sus programas de actividades no estén comprendidos en los planes y presupuestos aprobados, y de expedir las normas para el registro de los financiamientos de las dependencias y entidades, la Contaduría Mayor de Hacienda indica en su informe previo que esa dependencia informó que no expidió ninguna autorización para financiamientos en las condiciones apuntadas, y que emitió las normas de registro para los financiamientos, afirmaciones que serán constatadas con posterioridad.
En lo concerniente a la Ley de Obras Públicas, se observó que en la elaboración de los programas y presupuestos de obras públicas fueron observadas las previsiones del artículo 14, salvo en el caso del ISSSTE, entidad que no contaba con los mecanismos para verificar la relación que guardan los programas con las políticas, prioridades y estimaciones de recursos de la planeación nacional del desarrollo, ni con los procedimientos para realizar la verificación previa a la contratación de servicios relacionados con las obras públicas a que se refiere el artículo 26.
En los términos del informe previo, las licitaciones públicas tuvieron lugar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30, si bien se detectaron algunos casos de adjudicación directa que se revisarán en detalle para determinar si estuvieron comprendidos en las excepciones previstas en el numeral 33.
Respecto al otorgamiento de garantías que prescribe el artículo 35, algunas entidades coordinadas de los sectores Agricultura y Recursos Hidráulicos, Turismo, y Comunicaciones y Transportes no las exigieron a los contratistas; en otros casos, las obras contratadas se iniciaron fuera de la fecha concertada.
En lo que corresponde a la obligación de enviar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología copias de las escrituras públicas y los datos sobre la localización de las obras públicas consignada en el artículo 52, las dependencias y entidades cumplieron en términos generales con ambos requisitos.
Por otra parte, debe señalarse que los montos de las obras se ajustaron a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo con el artículo 57, con excepción de algunas entidades, y que la información relacionada con las obras contratadas no fue remitida por ciertas entidades coordinadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la forma que dicta el artículo 59. Del análisis efectuado por la Contaduría Mayor de Hacienda se desprende que, en términos generales, las dependencias y entidades cumplieron el requisito establecido en el artículo 61, de implantar el procedimiento para controlar la ejecución de las obras públicas.
La Secretaría de Programación y Presupuesto por su parte, para cumplir las funciones que le corresponden como globalizadora al tenor de lo dispuesto en el artículo 63, estableció un sistema de control para los contratos de obra pública denominado Informes de Ejercicio de Control de Obras y Servicios (IECOS), a fin de recabar de manera oportuna la información de todas las operaciones relacionadas con las obras públicas. La Contaduría Mayor de Hacienda realizará un examen a fondo para verificar la información obtenida en forma preliminar.
La revisión abarcó lo preceptuado por los artículo 18, 38, 49 y 56 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, que regulan los avisos de inscripción, suspensión y cancelación del registro en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas; el otorgamiento de anticipos; la firma de los contratos; el levantamiento de las actas de entrega recepción de las obras; la verificación de costos, y la elaboración de dictámenes en el caso de las obras no sujetas a licitación. Se determinó que dichas disposiciones legales fueran acatadas razonablemente por las dependencias y entidades, si bien este hecho será objeto de verificación ulterior para especificar con mayores elementos de juicio el grado de cumplimiento efectivo.
La revisión legal de la Cuenta Pública incluyó además, la observancia de los preceptos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles, entre otros, los aplicables al envió oportuno de la información que las entidades coordinadas deben remitir a las coordinadoras sectoriales sobre sus programas y presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y servicios; a las medidas para asegurar o conservar los bienes adquiridos o arrendados; a la expedición de los criterios necesarios para orientar a las dependencias y entidades respecto a los precios y tarifas de los bienes y servicios a que se refiere la ley; a la adjudicación de pedidos y contratos sin licitación pública; y a la presentación de propuestas y celebración de pedidos y contratos con personas físicas y morales no autorizadas, aspectos previstos en los artículos 14, 18, 26, 30 y 42 de la mencionada ley.
Sobre el particular, se observó que las entidades cumplieron en general la normatividad comprendida en los numerales enunciados, además de lo preceptuado sobre racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales en otros ordenamientos y, específicamente en el numeral 26 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1986. En estas condiciones, las entidades programaron sus adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios; realizaron las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles; y contrataron los servicios considerados en la ley. La Contaduría Mayor de Hacienda, en los comentarios generales que expone en el informe previo, considera que se cumplieron en forma razonable las disposiciones antes señaladas, con algunas deficiencias de poca trascendencia que examinará a profundidad para dar cuenta de ellas a esta Cámara de Diputados en el informe de resultados correspondiente.
En lo que se refiere a la observancia de las disposiciones de la Ley de Planeación, con la información que el Ejecutivo de la Unión rindió al Legislativo en el transcurso de 1986 dio cabal cumplimiento a su artículo 6o., posibilitando el análisis de la gestión financiera en relación con los objetivos y prioridades de la planeación nacional. Como en ejercicios anteriores, la coordinación de las entidades paraestatales se acreditó con la participación de las dependencias de la administración pública federal, en los términos que dispone la fracción II del artículo 16; y la congruencia que debe privar entre el Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, se logró razonablemente mediante el cumplimiento de lo ordenado en ese sentido en los artículos 16 fracción IV, y 22 a 26.
Al respecto, en el informe previo se señala que, en términos generales, los sectores llevaron a cabo la planeación y conducción de sus actividades de acuerdo con los objetivos y prioridades de la planeación nacional de desarrollo y de los programas sectoriales correspondientes, aunque se observaron algunas variaciones en el cumplimiento de lo objetivos y de las metas establecidos, cuyas causas se explican en la Cuenta Pública conforme a lo dispuesto en el artículo 8o. Asimismo, se indica que las dependencias coordinadoras comunicaron a sus entidades coordinadas, las directrices que habrían de seguir para la correcta elaboración de sus programas anuales, y que la Secretaría de Programación y Presupuesto sujetó sus acciones al Plan Nacional de Desarrollo y emitió los lineamientos necesarios en materia de planeación.
La comisión dictaminadora consideró conveniente incorporar al análisis de la observancia del marco jurídico aplicable en materia presupuestal, como lo hizo la propia Contaduría Mayor de Hacienda, comentarios generales acerca del grado en que se cumplieron diversos artículos de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, instrumentos jurídicos que entraron en vigor a partir del 1o. de enero de 1986 y del 15 de mayo de ese mismo año, respectivamente.
En el primer año de vigencia de la ley que regula los servicios de tesorería de la Federación, conforme a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos de la Federación, los sectores, en opinión de la Contaduría Mayor de Hacienda cumplieron razonablemente con lo preceptuado en ese ordenamiento, particularmente por lo que hace a la operatividad del sistema de compensación para extinguir todos los créditos y adeudos recíprocos y correlacionados, líquidos y exigibles, que funcionó por conducto de la Tesorería de acuerdo con lo que dispone el título quinto de la mencionada ley, así como al cumplimiento del término establecido en su artículo 78 para que las entidades en las que el gobierno federal tenga inversiones financieras, paguen a la Tesorería de la Federación los dividendos, utilidades o remanentes correspondientes.
Asimismo, en el informe previo se indica que la concentración de fondos recaudados por los auxiliares de la Tesorería de la Federación se llevó a cabo con arreglo a los artículos 30 a 35 de la ley de referencia y que, en términos generales, la Dirección General de Recaudación contabilizó, expidió y amortizó adecuadamente las compensaciones de las participaciones de los gobierno de los estados. Lo anterior será verificado posteriormente y en forma detallada por la Contaduría Mayor de Hacienda.
En relación con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, se revisó el cumplimiento de algunas responsabilidades de las coordinadoras sectoriales vinculadas a la eficacia de las políticas de desarrollo, a los mecanismos y medidas que hubiesen implantado para conocer la operación y evaluar los resultados de la gestión de sus entidades coordinadas y a la racionalización de los flujos de información, responsabilidades señaladas en los artículos 8o., 10 y 11.
En lo que concierne a las entidades paraestatales, se verificó si, conforme a los artículos 46, 47 y 48 de la Ley de referencia, sus objetivos se apegaron a los programas sectoriales formulados por sus coordinadoras; si sus actuaciones se sujetaron a la Ley de Planeación, al Plan Nacional de Desarrollo, a los programas sectoriales y a las asignaciones de gasto y financiamiento autorizadas; y si consideraron las directrices establecidas en ellos para formular sus programas institucionales de acuerdo con las normas que rigen la planeación nacional del desarrollo.
Con respecto a la medidas para racionalizar los flujos de información que debieron tomar las coordinadoras de sector conjuntamente con las secretarías de Programación y Presupuesto, de Hacienda y Crédito Público y de la Contraloría General de la Federación, la Contaduría Mayor de Hacienda observó que, en general, las dependencias coordinadoras cumplieron con lo establecido por el ordenamiento de referencia, pues sólo la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial tuvo dificultades para compatibilizar los requerimientos de información sobre el ejercicio del presupuesto de sus entidades coordinadas.
Por su parte, las entidades coordinadas informaron al órgano técnico que, en general, ajustaron sus objetivos a los programas sectoriales formulados por sus respectivas coordinadoras de sector, como lo ordena la ley, y que sujetaron sus acciones a la Ley de Planeación, al Plan Nacional de Desarrollo y a las asignaciones de gasto y financiamiento autorizadas.
Finalmente, la Secretaría de Programación y Presupuesto, en su carácter de dependencia globalizadora, emitió la normatividad relacionada con la formulación de los presupuestos de las entidades paraestatales.
II. Revisión de los resultados de la gestión financiera y del cumplimiento de los objetivos a nivel global.
II. A. Panorama económico y social.
II. B. Resultados de las finanzas públicas.
II. C. Política de ingresos
II. D. Política de gasto
II. E. Política de deuda
II. A. Panorama económico y social
El análisis del alcance de los programas económicos y sociales que puso en marcha el gobierno federal para enfrentar la crisis y transformar la economía, tuvo gran importancia para los trabajos de revisión de la Cuenta Pública Federal de 1986 que realizó esta comisión.
En este capítulo se pretende hacer un balance objetivo de la situación económica y social que prevaleció durante 1986, del impacto de la crisis petrolera sobre la economía y de la forma en que se reaccionó ante ella, dando especial antedicen a los ajustes de la política y a las acciones realizadas para proteger el bienestar económico y social de los sectores populares y, al mismo tiempo, avanzar en la solución permanente de los problemas.
Después de las caídas que sufrió la producción nacional en 1982 y 1983, en 1984 y 1985 se observó una recuperación, particularmente en el lapso comprendido entre junio de 1984 y junio de 1985, cuando la producción industrial creció alrededor de 7%.
Desde mediados de 1985 se comenzó a revertir la tendencia decreciente que había seguido la inflación desde mayo de 1983. Además, se redujo el dinamismo de las exportaciones y el mercado petrolero mostraba signos de inestabilidad, con una tendencia a la baja.
Por otro lado, el comportamiento de la inversión privada fue notable durante 1985, ya que creció 13.4%, mientras que la inversión pública registró una caída de 4.4%. De 1984 a 1985, el déficit financiero del sector público se incrementó de 8.7% a 10% como proporción del PIB y el gasto programable se redujo en términos reales.
Propósitos y metas de la política económica de 1986 Para mantener el control sobre la inflación y hacer frente a la incertidumbre e inestabilidad que se preveían en el mercado petrolero internacional, el programa económico se orientó a reducir el déficit financiero a 4.9% con relación al PIB , para lo cual sería necesario aumentar los ingresos presupuestales en 1.5% como proporción del PIB, y disminuir el gasto programable en 2.4% del
PIB. Además de continuar con la racionalización de la protección comercial, se aplicaría una política cambiaría flexible y realista, y se recurriría a un endeudamientos externo neto de hasta 4 mil millones de dólares.
No obstante, si bien se supuso desde un principio que la economía habría de desenvolverse en 1986 en circunstancias desfavorables, especialmente en el aspecto de la inflación, la realidad resultó mucho más dramática que las previsiones.
En la iniciativa de Ley de Ingresos y en el Proyecto de Presupuesto de Egresos, se estimaba que el precio de exportación del petróleo descendería en 1986 en alrededor de tres dólares por barril, conforme a los pronósticos de la mayor parte de los organismos y agencias internacionales especializadas.
La posibilidad de contratar hasta 4 mil millones de dólares de crédito externo fue otro de los supuestos sobre los cuales se elaboró el programa económico. Las condiciones en este aspecto fueron más restrictivas que lo previsto, pues sólo fue posible captar 1 mil 047 millones de dólares del exterior. De hecho, durante 21 meses, de enero de 1985 a septiembre de 1986, la economía prácticamente no recibió crédito externo neto.
Los gastos financieros se presupuestaron para 1986 con base en tasas de interés internas de 61%, calculadas conforme al Costo Porcentual Promedio (CPP); esta estimación era congruente con las expectativas de inflación interna, de deslizamiento cambiario y de disponibilidad de recursos externos.
De acuerdo con estos supuestos y con el paquete de medidas adicionales de reordenación y de cambio estructural, el programa económico de 1986 perseguía revertir la tendencia inflacionaria y proteger la planta productiva.
De esta manera, se buscaba que la inflación se situara entre 40% y 50% y evitar que la producción nacional descendiera en más de 1%; el crecimiento del PIB se previó en un rango de menos 1% a más 1%.
En cuanto a las relaciones comerciales con el exterior, en los "Criterios Generales de Política Económica" se estimó un superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos de hasta 500 millones de dólares, que resultaba factible en función de las previsiones relativas al precio de exportación del petróleo y al crecimiento del PIB. Se esperaba que las exportaciones no petroleras fueran de alrededor de 7 mil 300 millones de dólares y que las importaciones de mercancías fluctuaran entre 13 mil y 14 mil millones de dólares.
Por otro lado, se esperaba que el saldo real del financiamiento al sector privado social creciera en 14%, y que el medio circulante decreciera a 7.5% en términos reales.
Para el año se había previsto un volumen de exportación de 1.5 millones de barriles diarios de petróleo que, a un precio promedio de 22.50 dólares por barril, producirían ingresos por 12 mil 319 millones de dólares. Sin embargo, la caída del precio del petróleo superó con mucho las expectativas tanto del gobierno de México como de todos los analistas internacionales.
Impacto del derrumbe del mercado petrolero y ajuste de la política económica Las metas para 1986 resultaban viables a la luz de las previsiones y supuestos sobre la situación económica internacional; sin embargo, el desplome de los precios de exportación del petróleo y las restricciones financieras del exterior cambiaron sustancialmente las perspectivas y las posibilidades de reducir la inflación en la proporción prevista; de evitar la caída de la producción y de lograr un superávit en la cuenta corriente.
En efecto, durante 1986, el precio de la mezcla del petróleo exportado llegó a 11.8 dólares por barril en promedio, pero en julio se realizaron embarques a menos de nueve dólares por barril. Esto contrasta con el precio de 25.4 dólares por barril de 1985 y, por supuesto, con los 33.2 dólares de 1981, año en que el petróleo registró su máximo precio.
El derrumbe de las ventas petroleras significó una pérdida de ingreso de 8 mil 500 millones de dólares, equivalente a 5 billones 125 mil millones de pesos; este monto representó el 6.7% del PIB y el 25% de los ingresos públicos estimados. En otros términos, era equivalente al valor anual de toda la cosecha agrícola o a la nómina que se paga a maestros, médicos y demás empleados de la administración pública federal.
La disminución de los precios de venta del petróleo representó un deterioro de los términos de intercambio del país respecto al extranjero; es decir, habría sido necesario realizar un mayor volumen de exportaciones para importar la misma cantidad de bienes. En otras palabras, se redujo el poder de compra del ingreso nacional.
El choque petrolero tuvo un impacto sobre la balanza de pagos y los ingresos públicos, así como una serie de efectos indirectos en las tasas de interés, en la paridad cambiaría y, por lo tanto, en la inflación, la disponibilidad de créditos y la producción.
El primer efecto negativo que fue necesario enfrentar, consistió en la incertidumbre cambiaría y por consiguiente, en el riesgo de perder reservas.
Era preciso generar divisas para importar los bienes básicos necesarios para el consumo y para mantener la producción y el empleo.
El segundo efecto del choque petrolero fue la pérdida de ingresos públicos, que afectó la capacidad para mantener los servicios sociales y otros gastos e inversiones estratégicas.
Para hacer frente a estos nuevos y graves problemas, el Ejecutivo Federal planteó a finales de febrero la necesidad de realizar ajustes a la política económica de acuerdo con el principio de la corresponsabilidad que debían asumir los países acreedores para solucionar el problema de la deuda externa.
Se iniciaron ajustes selectivos al gasto público por 500 miles de millones de pesos y se revisaron las disposiciones fiscales para incrementar los pagos provisionales de impuesto.
Para proteger las reservas internacionales, promover las exportaciones no petroleras e impulsar la sustitución de importaciones, la paridad cambiaría controlada tuvo un deslizamiento de 150% durante 1986.
Al incrementar la paridad en un porcentaje mayor que la inflación, se dio un gran estimulo a la exportación de bienes no petroleros. Así, en 1986 las exportaciones no petroleras aumentaron 41% para ascender a 9 mil 723 millones de dólares, monto superior al previsto originalmente. La proporción de la producción manufacturera de exportación se incrementó de 7.3% en 1985, a 12.8% en 1986. Se amplió la capacidad para exportar y no sólo se vendieron los excedentes, como se refleja en los créditos solicitados para estos fines.
Durante 1986, las exportaciones no petroleras registraron un incremento mayor en 33% que el previsto originalmente, el cual compensó en parte la caída de los ingresos petroleros y, además, apoyó la protección de la planta productiva, al amortiguar la caída de la demanda interna.
Las importaciones de mercancías se redujeron de 13 mil 212 millones de dólares en 1985, a 11 mil 432 millones de dólares en 1986, cifra 15.3% menor que la meta original. En consecuencia, se estimuló la producción interna de bienes sustitutos de las importaciones.
A causa de la caída de las exportaciones petroleras, no se logró la meta superavitaria de la cuenta corriente de la balanza de pagos; sin embargo, a pesar de ello y de la escasa disponibilidad de crédito externo, se incrementaron las reservas internacionales, que después de una caída de 2 mil 328.4 millones de dólares en 1985 , aumentaron 985 millones de dólares en 1986.
Asimismo, la cuenta de capital tuvo un saldo positivo de 2 mil 270.5 millones de dólares, en contraste con la salida neta de 1 mil 526.7 millones de dólares registrada el año anterior.
La caída de divisas petroleras, equivale a una cuarta parte de los ingresos públicos, afectó directamente la capacidad para financiar el gasto público.
En estas circunstancias, se hicieron ajustes adicionales al gasto público, se avanzó en la desincorporación de entidades públicas y se intensificaron los esfuerzos de recaudación fiscal.
En cuanto al gasto público, el programable se redujo en 500 miles de millones de pesos, proceso que se llevó a cabo conforme a estrictos criterios de selectividad. En el sector industrial y energético, disminuyó en 390.3 miles de millones de pesos; en el sector social y en infraestructura básica, la reducción fue de sólo 14.8 miles de millones de pesos, sin que los recursos presupuestales de los subsectores educativo y de salud sufrieran algún ajuste.
Por otra parte, en el sector comunicaciones y transportes, el gasto se ajustó en 16.6 miles de millones de pesos; en el sector desarrollo regional, en 26.0 miles de millones de pesos; y en los sectores abasto y pesca, en 24.9 miles de millones de pesos. El resto de la reducción correspondió al sector administración.
El gasto programable se recalendarizó se reformaron las normas de orden y disciplina en el ejercicio del gasto en general y, en particular, se estableció un control más estricto sobre la nómina federal.
En cuanto al ingreso, los pagos provisionales del impuesto sobre la renta aumentaron 12.2% en términos reales, en parte como consecuencia de las reformas efectuadas para acortar los plazos de pago que fueron aprobados en el período extraordinario de sesiones del Congreso.
Fue de tal la magnitud el impacto del choque petrolero en la finanzas públicas, que no pudo compensarse únicamente con ajustes en el gasto y en los ingresos; de no haberse adoptado otras medidas, los costos sociales del desempleo y de la inflación habrían sido enormes. Por tanto, fue necesario incurrir en un mayor déficit financiero, que ascendió a 11.6 billones de pesos y representó el 14.9% del PIB, proporción de había sido de 10.0% en 1985 y de 17.6% en 1982.
Para reducir el efecto inflacionario de un mayor deslizamiento cambiario y de las tasas de interés,
el déficit se financió principalmente mediante ahorro y recursos financieros no monetarios.
En consecuencia, el aumento de la deuda interna neta del gobierno federal (de 7 mil 856.9 miles de millones de pesos) se originó principalmente en la venta de valores gubernamentales (de Cetes entre otros), en el financiamiento del sistema bancario y, en menor medida, en el financiamiento del Banco de México por la vía del crédito primario. Por tanto, la participación de la deuda interna a favor del Banco de México en el total se redujo de 60.7% en 1985 a 39.3% en 1986, y la correspondiente a venta de valores y al sistema bancario aumentó de 39.3% a 60.7% en el mismo lapso. Esto se logró mediante un encaje bancario marginal de 100% y una emisión adicional de Cetes de 4 mil 558 miles de millones de pesos.
Durante el año, el medio circulante creció 50.5% en promedio, aunque en términos reales (defalcado conforme al crecimiento anual del Índice Nacional de Precios al Consumidor, que fue de 105.7%), decreció 19.2%; el crédito de la banca comercial a particulares descendió 9.3% en términos reales.
Como resultado de la previsión de una mayor necesidad de crédito proveniente del ahorro y no del circulante, así como de mayor deslizamiento cambiario, las tasas de interés internas se elevaron en promedio de 70.2% en el primer trimestre de 1986 a 75.2% en el segundo a 84.5% en el tercero, y a 93.7% en el cuarto (medidas según el Costo Porcentual Promedio).
Fue posible amortiguar el efecto depresivo del choque petrolero mediante el aumento de las exportaciones no petroleras, una mayor protección comercial por la vía de la subvaluación cambiaría y el ajuste a la composición del gasto en favor de las compras nacionales. Así, el PIB descendió 3.8%, aunque la caída en la venta de exportaciones petroleras fue de 6.7% como proporción del PIB, y a ella se sumó el efecto de las mayores tasa de interés y la reducción del gasto programable.
Si bien las acciones realizadas para proteger las reservas, generar divisas no petroleras y reducir el uso de circulante para cubrir el déficit tuvieron resultados positivos, ejercieron también efectos colaterales desfavorables sobre las tasas de inflación, en la medida en que incrementaron los costos de importación y financieros. Esta inflación de costos dio un nuevo impulso al crecimiento de los precios y generó una inercia que aún persiste en 1987.
Los ajustes a la policía económica y el énfasis en el principio de corresponsabilidad internacional, así como el reconocimiento de que es necesario crecer y reestructurar la economía para hacer frente a los compromisos de pago, cobraron expresión en el Programa de Aliento y Crecimiento. En este documento, apoyado en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales, se sentaron las bases y los criterios para negociar la reestructuración de la deuda externa.
A diferencia de lo ocurrido en negociaciones anteriores, en 1986 se estableció en primer lugar la meta de crecimiento y, una vez calculados los márgenes adicionales de ajustes internos, se determinaron las necesidades de financiamientos externo.
En la renegociación de la deuda, prevaleció también el criterio de conseguir términos que redujeran la vulnerabilidad de la economía frente a fluctuaciones imprevistas en el precio del petróleo y retrasos en la recuperación. De ahí que se solicitaron créditos especiales de contingencia.
En suma, se establecieron líneas de crédito por 12 mil millones de dólares, se reestructuró la deuda anterior con plazos de amortización de 20 años y siete de gracia, y se disminuyó el costo al sustituir la tasa Prime por la Libor y al reducir la sobretasa de 1.50 a 0.81 puntos porcentuales, lo cual representó un ahorro de 300 millones de dólares anuales.
Medidas para proteger a los grupos populares contra la crisis.
Para aminorar el peso de la crisis económica de 1986 sobre los grupos sociales de bajos ingresos, se instrumentaron medidas de gasto, abasto popular y vivienda, entre otras.
En relación con el gasto, se aplicó un criterio de selectividad en los recortes presupuestales y, aunque el gasto global se redujo, se ampliaron los servicios, sobre todo los de salud y de educación.
En este contexto, en 1986 se siguió atendiendo el 100% de la demanda efectiva de inscripción en la educación primaria y la matrícula de educación preescolar se incremento en 1 millón 664 niños, y la de secundaria en 3 millones 046 mil alumnos. En materia de salud, se aplicaron 27 millones 621 mil dosis de vacunas, principalmente a la población infantil, para superar en 40% la meta programada; mediante el programa de atención preventiva, se proporcionaron 3 millones 986 consultas para controlar enfermedades transmisibles; en el programa de atención curativa, se otorgaron 12 millones 840 mil consultas externas y 3 millones 55 mil consultas especializadas, y la Secretaría de Salud capacito a 56 mil personas.
La mayor cobertura de estos servicios se refleja en las estadísticas de las cuentas nacionales, conforme a las cuales el rubro de "consumo público" registró incrementos de 4.3% en servicios de educación y de 3.3% en servicios médicos, ambos en términos reales; ello contrasta con una caída de 1% en administración pública y defensa. Estas cifras ilustran la variaciones en términos reales o de índices de cantidades y no meramente el gasto nominal defalcado.
En abasto popular, destacan las siguientes acciones: durante 1986 se reubicaron las tiendas Conasupo para que operaran en las zonas más deprimidas y marginales; las industrias Conasupo, S.A. (Iconsa), beneficiaron a 22 millones de personas mediante la producción y comercialización de aceites y mantecas; Leche Industrializada Conasupo, S.A. (Liconsa), produjo y comercializó 1 mil 348 millones de litros de lácteos en distintas presentaciones, en beneficio de más de 1 millón 167 mil familias, y distribuyó leche en polvo y concentrada para beneficiar a más de 3 millones 600 mil personas; y Maíz Industrializado Conasupo (Miconsa), produjo y comercializó 437.6 miles de toneladas de harina de maíz y 793 toneladas de tortilla, con lo cual favoreció a más de 12 millones de personas.
En materia de vivienda, se avanzó en la urbanización para uso habitacional; destacan al respecto las acciones emprendidas por Fonhapo para financiar la construcción de 18 mil 994 lotes con servicios a nivel nacional, cifra que presentó el 98% de la meta programada; en cuanto a vivienda progresiva, se terminaron 31 mil 871 pies de casa, el 77% de lo previsto, y se iniciaron 26 mil 394 para superar la meta en 65%; y en lo que corresponde a vivienda terminada, Fonapo construyó 480 unidades, y las entidades federativas 713. Cambios estructurales.
Durante 1986 se consideró prioritario avanzar tanto en los cambios estructurales necesarios para modernizar el sector público y la actividad productiva de los particulares, como en la descentralización de la vida nacional.
Con los cambios estructurales se persiguió aumentar la capacidad de la economía para propiciar su recuperación estable y hacerla menos vulnerable frente al exterior, orientándola hacia la generación de empleos y procurando que la distribución geográfica de las actividades productivas fuese más equitativa.
Con ese propósito se intento incrementar la generación de ahorro interno y divisas, para que la recuperación de la inversión y la producción no presionara el financiamiento inflacionario o se limitara por la falta de recursos externos. Se buscó también que la recuperación económica aunque moderada, se basara relativamente más en el uso de mano de obra local.
Para lograr lo anterior, se hicieron ajustes a las políticas de gasto, de precios y tarifas, y de paridad cambiaría; se realizaron acciones encaminadas a la racionalización del comercio exterior, a la reconversión industrial y al ahorro de energía; y se continuaron las medidas tendientes a la reestructuración y simplificación de la administración pública. Aunque desde 1983 se venía aplicando la estrategia de cambio estructural, la crisis de 1986 puso de manifiesto la necesidad de intensificarla.
En 1986 se avanzó en la racionalización de las políticas de exportación y de protección a la producción de bienes sustitutos de importaciones. Para ello, se eliminaron los permisos previos de importación para 316 fracciones arancelarias, con lo cual quedaron exentas 7 mil 568 fracciones que representan el 61% del valor de la importaciones. En agosto de 1986 se formalizó el ingreso de México al Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y se aprobó la Ley Antidumping de Comercio Exterior contra prácticas desleales de comercio internacional. El mantenimiento de una política cambiaría realista siguió apoyando la racionalización de la protección comercial.
Si bien los resultados de las medidas adoptadas para mejorar la estructura productiva y el comercio exterior no darán plenos resultados sino en el mediano plazo, en 1986 se
observó un elevado dinamismo de la exportaciones no petroleras, como se ha señalado en este capítulo.
La reestructuración de las entidades paraestatales continuó durante 1986. En este sentido, se avanzó en la modernización de la Comisión Federal de Electricidad, de las entidades del subsector ferrocarrilero y de las industrias azucarera y de fertilizantes, entre otras. En la mayor parte de los casos estas acciones se acompañaron de convenios de asunción de pasivos, los cuales están sujetos a compromisos específicos de las empresas de aumentar su productividad.
En Azúcar, S.A. se reestructuraron los ingenios económicamente viables y se cerraron los que ya eran obsoletos. En 1986 se produjeron 3 mil 187.3 miles de toneladas de azúcar; el rendimiento promedio de caña por hectárea fue de 73.0 toneladas y supero en 68.8 toneladas al obtenido
en el ciclo anterior; la productividad por hombre aumentó de 49.7 toneladas en 1983, a 65.3 toneladas en 1986, y la utilización de la capacidad instalada se incrementó de 58.8% a 65.5% en el mismo lapso.
En la industria siderúrgica se reanudó el proyecto Sicartsa II, se reestructuró la organización de Sidermex y se cancelaron las operaciones de Fundidora Monterrey, S.A.
La industria de fertilizantes se reorganizó con objeto de impulsar la elaboración de productos con alta concentración de nutrientes, para lo cual se concluyeron dos complejos industriales y se cerraron dos plantas, como se explica más adelante.
En el caso de Conasupo, se reorientaron sus acciones para fortalecer su función reguladora respecto de su papel de abastecedora; sus actividades se concentraron en los productos básicos como maíz y trigo, y se reiteró de la comercialización de otros productos como cebada, canela y cebo; además, se racionalizaron los subsidios a la leche, a la tortilla y al pan blanco, con el fin de hacerlos más directos y transparentes. Todo esto ha permitido que de 1985 a 1986, las transferencias a esa entidad hayan disminuido 39% en términos reales.
En el subsector ferrocarrilero se avanzó en la modernización de la red férrea y, mediante convenios de asunción de pasivos, se establecieron compromisos concretos de productividad.
En la modernización del sector público, juega un papel fundamental la desincorporación de entidades que no son estratégicas ni prioritarias.
Durante la actual gestión gubernamental se han desincorporado 702 entidades: 148 por venta, 47 por transferencia, 218 por liquidación, 115 por extinción, 110 por fusión y 64 por desincorporación con base en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; de esta manera, en 1986 quedaban 453 entidades públicas de las 1 mil 155 que existían en 1982.
El programa de descentralización de la administración pública federal comprende tres tipos de acciones: la desconcentración de facultades y decisiones a los gobiernos estatales, y la reubicación de personal y oficinas en diferentes estados de la República.
En relación con la desconcentración de facultades y decisiones, destaca la creación de dos centros regionales de decisión en los estados de Jalisco y Nuevo León, a los cuales fueron delegadas 426 funciones correspondientes a 12 dependencias del Poder Ejecutivo, a la Procuraduría General de la República y a dos empresas del sector paraestatal.
En cuanto al proceso de transferencia de facultades y decisiones a los gobiernos estatales, la Secretaría de Educación Pública transfirió servicios de educación básica y normal a 18 entidades federativas; la Secretaría de Salud consolidó los acuerdos celebrados con 12 estados para la integración orgánica y la descentralización operativa de los servicios de salud, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes transfirió la administración de varios programas a 12 entidades.
Respecto a la reubicación de personal y oficinas fuera de la ciudad de México, durante 1986 fueron transferidos 32 mil servidores públicos, lo que representó un avance de 45% en relación con la meta establecida para el período 1986-1988. Asimismo, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos inició el proceso de descentralización de siete organismos y empresas de su sector, y la reubicación de 11 mil 762 de sus servidores públicos.
Por otra parte, se avanzó en la reestructuración del aparato productivo de la administración pública, del comercio exterior y del sistema financiero. Cabe aclarar que, aunque estas acciones no rinden todos sus resultados en el corto plazo, sientan bases más sanas para el futuro.
Comportamiento de los principales indicadores económicos en 1986 De acuerdo con la información del Sistema de Cuentas Nacionales, el Producto Interno Bruto registró un decremento de 3.8% menor que la pérdida de ingresos derivada del impacto petrolero, que fue de 6.7% con relación al PIB. A nivel sectorial, el descenso fue relativamente mayor en el sector industrial (5.5%) y en el sector agropecuario (2.1%).
En cuanto a la tasa de desocupación abierta, aumentó de 3.7% en el último trimestre de 1985, a 4.3% en el mismo período de 1986. Esta variación se explica por un mayor desempleo en las áreas metropolitanas de las ciudades de México y Monterrey.
Diversos indicadores revelan que el empleo informal ha crecido, lo que ha amortiguado el incremento de los índices de desempleo total, aunque los niveles de ingresos en ese mercado son variables e inciertos.
En la industria manufacturera, el promedio de personal ocupado se redujo a 6.7% respecto al año
anterior, de manera que el empleo en el sector industrial en su conjunto registró una caída de 0.3%.
El salario mínimo se incrementó tres veces en el año, lo que se tradujo en un aumento acumulado de 102.5% que fue insuficiente para compensar el efecto de la inflación (de 105.7%, medida de diciembre a diciembre), por lo cual los salarios reales se deterioraron en 7.9%.
En este aspecto, debe considerarse que se llevaron a cabo programas tendientes a compensar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, mediante los cuales aumentaron las operaciones y el monto por beneficiario de los créditos otorgados por el Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores; se abasteció de productos básicos a precios inferiores a los del comercio en general por conducto de tiendas de consumo popular, se racionalizaron los subsidios en beneficio de la población de menores ingresos, y se amplió la cobertura de los servicios educativos y de salud pública. En el sector financiero, el repunte de los precios y las medidas adoptadas en materia cambiaria y para financiar el déficit del sector público, propiciaron el aumento de las tasas de interés, de manera que el costo porcentual promedio (CPP) de la captación llegó a 80.9%, es decir, 24.8 puntos porcentuales más que en 1985.
No obstante, las mayores tasas de interés permitieron que el ahorro financiero registrara sólo una pequeña baja en términos reales (1.9%). El financiamiento al sector público fue mayor que el estimado originalmente, por las razones ya mencionadas en párrafos anteriores, y el saldo del financiamiento bancario al sector privado fue 9.3% menor en términos reales que el de un año antes.
La desaceleración de la actividad económica en general y la elevación de las tasas de interés provocaron una disminución real de la demanda de crédito.
Dar doble click con el ratón para ver imagen
PRODUCTO INTERNO BRUTO 1982-1985
II.B. Resultados de las finanzas públicas
En la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación se propuso realizar durante 1986 un esfuerzo adicional en reordenación para contener las presiones inflacionarias, proteger el empleo y avanzar en el saneamiento estructural de las finanzas públicas. En cuanto a los ingresos presupuestales, las previsiones originales eran de un incremento de 1.5 puntos porcentuales respecto al PIB y una relación de 2.6 puntos porcentuales del PIB en el gasto neto presupuestal; de esta forma se pretendía reducir el déficit presupuestal del sector público federal en 4.1%. Al considerar el déficit de los sectores de control indirecto que no están incluidos en el presupuesto, así como el correspondiente a intermediación financiera, se obtenía una reducción en el déficit financiero del sector público de 4.7 puntos porcentuales del PIB. En cifras absolutas, las metas propuestas eran: 26 mil 387.4 miles de
millones de pesos de gasto presupuestal, 23 mil 807.1 miles de millones de pesos de ingresos presupuestales, y 2 mil 580.3 miles de millones de pesos de déficit presupuestal.
El panorama de las finanzas públicas cambió de manera importante porque los precios del petróleo cayeron en un monto mucho mayor que el previsto originalmente, como ya se ha explicado en el capítulo "El panorama económico y social" del presente dictamen. El desplome de los ingresos petroleros significó una pérdida de 8 mil 500 millones de dólares respecto a 1985, equivalente al 25% de los ingresos públicos presupuestados y al 6.7% del Producto Interno Bruto.
La Cuenta Pública reporta para 1986 un déficit presupuestal de 9 mil 499 miles de millones de pesos, al cual se suma el déficit por intermediación financiera (880.8 miles de millones de pesos) y el de los organismos y empresas no controlados (1 mil 212.2 miles de millones de pesos), por lo que resulta un déficit financiero o "uso total de recursos financieros del sector público de caja" de 11 mil 592 miles de millones de pesos, equivalente a 14.9% del PIB. Los ingresos ordinarios del sector público presupuestario fueron 1.5% menores que la estimación original lo cual se explica por la caída de los ingresos del gobierno federal provenientes del sector petrolero, los cuales fueron inferiores en el 18% a la previsión original.
Por otra parte, los ingresos propios de organismos y empresas, aunque fueron superiores en 5.1% a los previstos originalmente, se redujeron en términos reales respecto al año anterior, lo cual se explica principalmente por la disminución que registraron las ventas en 1986, como resultado de la contracción de la actividad económica.
El Ejecutivo Federal tuvo que realizar ajustes internos para contener los efectos negativos del choque petrolero sobre las finanzas públicas; se promovieron reformas tributarias, como la modificación del calendario de pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta de las empresas, y del Impuesto al Valor Agregado, entre otras. En materia de precios y tarifas, se mantuvo una política de ajustes periódicos con el fin de evitar rezagos respecto a la inflación. Los aumentos en los precios de los bienes y servicios públicos se condicionaron a compromisos de productividad, racionalización del gasto y reducción de transferencias, procurando evitar el traslado de ineficiencias al consumidor por la vía de mayores costos.
De esta manera, los organismos y empresas obtuvieron 498.1 miles de millones de pesos adicionales respecto a lo presupuestado originalmente en el rubro de ingresos propios, con lo cual la participación de estos últimos en el PIB decayó respecto al año pasado en sólo 0.6 puntos porcentuales, en particular, los ingresos propios de las entidades paraestatales, excluyendo Pemex, aumentaron como proporción del PIB en 0.4 puntos porcentuales. En tanto que los ingresos internos de Pemex decrecieron respecto al PIB en 0.9 puntos porcentuales. En el capítulo "Político de Ingresos" del presente dictamen, se presentan los resultados de una revisión más detalla desde los ingresos públicos.
Por lo que a gasto se refiere, desde la formulación del presupuesto se propuso reforzar las medidas de austeridad y, ante el cambio de circunstancias, como se informa en la Cuenca Pública, se llevaron a cabo una serie de medidas adicionales de ajuste para enfrentar el choque externo. Así, se revisaron los presupuestos de todas las dependencias y entidades, y se redujeron en 500 miles de millones de pesos las erogaciones del gasto programable en aquellos programas y proyectos de menor prioridad relativa, como se explica en el capítulo "Política de gasto" de este dictamen.
Por otra parte, se observa que se reforzó el control en el crecimiento de las plantillas de personal burocrático, cubriendo las nuevas necesidades de plazas de otros sectores. Un esfuerzo similar se observó en materia de transferencias; se intensificó el proceso de reconversión industrial en áreas estratégicas y prioritarias, al igual que las acciones de desincorporación en áreas que tienen ese carácter, como se explica más adelante.
En virtud de esta serie de modificaciones, el gasto neto del sector público ascendió a 32 mil 930.6 miles de millones de pesos y representó el 42.3% del PIB. Ello implicó una desviación de 6 mil 543 miles de millones de pesos respecto a lo presupuestado, diferencia que obedeció al mayor pago de intereses los cuales rebasaron la previsión original en 4 mil 358.1 miles de millones de pesos; es decir, dos terceras partes de la desviación total se explican por el mayor pago de intereses.
El gasto programable total disminuyó con relación al PIB en 0.7 puntos respecto al año anterior y en términos reales reflejó una caída de 7.3%.
El gasto programable de los organismos y empresas registró una desviación de 15.6% respecto a la previsión original. Los conceptos de gasto en que se originó fundamentalmente la variación del ejercicio respecto del presupuesto fueron: servicios personales, materiales y suministros, así
como servicios generales. Esta situación se debió principalmente al impacto que tuvieron en las entidades un tipo de cambio mayor, las erogaciones adicionales realizadas por concepto de incrementos en sueldos y salarios, y el efecto de la inflación en general.
En el gobierno federal, el gasto ejercido rebasó al programado en únicamente 8.6% para registrar una disminución anual de 13.5% en términos reales.
Los datos anteriores dan cuenta del control y de la disciplina presupuestal que se aplicaron a lo largo del año, avalados por diferentes acciones instrumentadas en materia de modificaciones reglamentarias, elaboración de convenios de saneamiento financiero con las distintas entidades, y control y seguimiento del gasto.
El déficit financiero presupuestario ascendió a 9 mil 499 miles de millones de pesos, superior en 8.8 puntos porcentuales del PIB al presupuestado, y en 4.7 puntos al registrado en 1985; el incremento se debió principalmente al impacto inicial del choque petrolero y a los efectos posteriores del mayor deslizamiento del tipo de cambio y de la elevación de las tasas de interés.
El déficit del gobierno federal se situó en 9 mil 376.9 miles de millones de pesos, para superar en 177.4% al de 1985, y en 211.9% al previsto inicialmente; esta variación obedeció fundamentalmente a un mayor pago de intereses y a la disminución de los ingresos federales provenientes del sector petrolero.
Por su parte, los organismos y empresas presentaron un déficit financiero de 122.1 miles de millones de pesos, que contrasta con el superávit de 245.5 miles de millones de pesos obtenidos en 1985 y que reflejó la drástica reducción que mostró el superávit de Pemex, como resultado de los menores ingresos provenientes de la exportación de crudo.
Con el fin de analizar el esfuerzo presupuestal y su impacto sobre la demanda agregada, en la Cuenta Pública se informa de los resultados presupuestales aislando el efecto del pago de intereses. De esta forma, al descontar estas erogaciones, que en 1980 ascendieron a 13 mil 738.4 miles de millones de pesos, resulta un "superávit primario" de 4 mil 239.4 miles de millones de pesos, que es equivalente al 5.4% del PIB, y menor en 3.7 puntos porcentuales que el presupuestado originalmente, pero que dada la enorme pérdida de ingresos petroleros en dólares (6.7% del PIB), pone de manifiesto el esfuerzo de disciplina presupuestal realizado durante el ejercicio. Igualmente, si se calcula el déficit financiero conforme a los supuestos originales de ingresos de Pemex (10 mil 803 miles de millones de pesos) y gasto financiero (9 mil 380.3 millones de pesos), resulta un déficit de 2 mil 949.5 miles de millones de pesos, que representa 3.7 puntos del PIB y es cercano a la meta programada: 3.4% del PIB (2 mil 580 miles de millones de pesos).
Así, las dificultades que causaron las pérdidas petroleras, las distorsiones inflacionarias y el impacto de alzas de las tasas de interés sobre los ingresos públicos permiten ponderar los esfuerzos de disciplina en el gasto y de saneamiento de las finanzas públicas.
II. C. Política de ingresos
Durante 1986, el Ejecutivo Federal se propuso incrementar los ingresos públicos presupuestales en 1.5% del PIB. En la Ley de Ingresos se estimó una recaudación de 23 mil 807.1 miles de millones de pesos, de los cuales 14 mil 093.9 miles de millones de pesos corresponderían a ingresos fiscales y 9 mil 713.2 miles de millones de pesos provendrían de los organismos y empresas.
En la ley de Ingresos de 1986 se planteó como objetivos lograr una recaudación adecuada para un financiamiento sano del gasto público; propiciar, en el ámbito de su acción, el cambio estructural de la economía; simplificar y ajustar las disposiciones tributarias para hacer más efectiva la lucha contra la evasión y elusión fiscales; allegarle al erario recursos adicionales para los trabajos de la reconstrucción; y seguir con las adecuaciones a los precios y tarifas, a fin de consolidar los avances de los tres últimos años, continuar con la rehabilitación financiera de las empresas públicas y proseguir con la reducción y racionalización de los subsidios.
Cuando sobrevino el choque petrolero justo al inicio del año, el impacto de la caída de la principal fuente de ingresos del sector público fue determinante para modificar las expectativas del comportamiento de los ingresos públicos, razón por la cual la estrategia original hubo de sufrir ajustes que se dieron a conocer en el mensaje presidencial del 21 de febrero. En materia de ingresos, se plantearon los cambios necesarios a la estructura tributaria para que se adaptara mejor a la realidad económica; de esta manera, con objeto de aminorar la merma provocada por la inflación, esta Cámara aprobó en su período extraordinario de sesiones la modificación a las disposiciones fiscales, a fin de que a partir de junio se acortara el plazo para el pago de los
impuestos sobre la Renta, al Valor Agregado y el Especial sobre Producción y Servicios.
En el balance de los resultados de la política de ingresos debe tomarse en cuenta que el derrumbe de los precios del petróleo de exportación significó una pérdida de 8 mil 500 millones de dólares respecto a 1985, lo que significó en promedio una reducción de 5 mil 125 miles de millones de pesos (25%) respecto de los ingresos públicos presupuestados, equivalente al 6.7% del Producto Interno Bruto.
En materia de precios y tarifas, las adecuaciones más importantes se efectuaron durante el primer cuatrimestre. El índice de precios y tarifas del sector público se incrementó 104.2% durante 1986; en particular el subíndice correspondiente a bienes básicos aumento 80.3%, el correspondiente a petroleros 99.3% y el sector eléctrico 125.7%
Como resultado del conjunto de acciones, fue posible atenuar el efecto negativo de la caída de los ingresos petroleros, lo cual permitió que los recursos del sector público presupuestario alcanzarán en 1986 un monto de 23 mil 446.1 miles de millones de pesos, superior en 61.7% al del año anterior, y menor en 2.0% que la previsión original. Los ingresos no petroleros ascendieron a 8 mil 230 miles de millones de pesos, superiores en 19.7% a la estimación original.
En esta forma, la participación de los ingresos totales en el PIB disminuyó únicamente en 1.7 puntos, al descender de 31.8% en 1985, a 30.1% en 1986. Los mayores rezagos se presentaron en los ingresos provenientes del sector petrolero, que perdieron 3.3 puntos con relación al PIB. En virtud de esta situación, la participación de los ingresos provenientes de este sector en el total de ingresos presupuestales se redujo de 43.3% en 1985, a 36.8% en 1986.
De los ingresos totales del Sector Público Presupuestal, los correspondientes al Gobierno Federal representaron el 55.9% y los aportados por los organismos y empresas el porcentaje restante.
Gobierno Federal
Según la Cuenta Pública, durante 1986 los ingresos totales del Gobierno Federal fueron de 13.1 billones de pesos.
Si se eliminan los efectos de la inflación, la recaudación total registró un descenso de 10.0%. Los factores que más contribuyeron a estos resultados en materia de ingresos públicos fueron, por un lado, la caída de los precios del petróleo y, por el otro, la reducción de la base gravable a causa de la contracción económica.
En consecuencia, los ingresos nominales del gobierno fueron 7.0% menores de los previstos en la Ley de Ingresos del Gobierno Federal para 1986; la diferencia se originó en el renglón de ingresos petroleros (menos 32.4%), ya que los no petroleros superaron la estimación en 19.7%.
Ingresos petroleros
Los ingresos por 4.9 billones de pesos obtenidos en este renglón significan un incremento nominal de 32.4% respecto a 1985 y una disminución de 25.3% en términos reales. Destacan los obtenidos por el derecho a la extracción de hidrocarburos, que en términos reales sufrieron una drástica caída de 41.6%. Esta caída se explica por el abrupto descenso que experimentó el precio del petróleo, que llegó a los 8.6 dólares por barril y, medido en dólares, en promedio se redujo 53.4% con relación a 1985; además, el desorden en el mercado internacional del petróleo propició que el volumen de ventas petroleras mexicanas al exterior se redujera en 10.0%.
Por otro lado, la recaudación del Impuesto al Valor Agregado cubierto por Pemex, así como la del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicable a la gasolina y el diesel, presentaron en 1986 tasas reales positivas de crecimiento de 35.2% y 29.7%, respectivamente. Esto se explica por los tres aumentos al precio de la gasolina que se sucedieron durante el año y por los incrementos mensuales aplicados al precio del diesel, que incrementaron el valor nominal de la facturación de Pemex.
Ingresos no petroleros
La recaudación por este concepto fue de 8 mil 230.0 miles de millones de pesos (62.8% del total), cantidad superior en 81.5% a la captada en 1985 y en 19.7% a la meta original; eliminando los efectos de la inflación, la tasa de crecimiento fue de 2.4%. Como proporción del PIB, los ingresos no petroleros del Gobierno Federal fueron de 0.7%, mayores que en 1985.
Las fuentes tributarias aportaron en conjunto 6 mil 722.6 miles de millones de pesos, que representaron más del 51.0% de los ingresos totales del Gobierno Federal; el Impuesto sobre la Renta participó con el 25.5% del total recaudado (3 mil 344.0 miles de millones de pesos), el Impuesto al Valor Agregado con el 14.3% y el Impuesto Especial a la Producción y Servicios con el 5.3%. Las participaciones de estos impuestos, que por su aportación a los ingresos del Gobierno Federal son los más importantes, se incrementaron ligeramente en relación con 1985.
Los ingresos provenientes del Impuesto sobre la Renta tuvieron un crecimiento anual de 76.1% y superaron en 17.3% a lo estimado, pero sufrieron un decrecimiento real de 0.7%. La inflación tuvo un efecto negativo en la base gravable de las empresas que perjudicó la recaudación de los pagos definitivos, a pesar de los esfuerzos por acelerar la recepción de pagos provisionales.
Sin embargo, en relación con el PIB, la carga fiscal del Impuesto sobre la Renta aumentó de 4.23% en 1985, a 4.33% en 1986, y los pagos provisionales de este impuesto se incrementaron de 1.27% a 1.43% en el mismo período. Esto último trajo aparejado además un beneficio financiero al Gobierno Federal, que captó más pronto dichos pagos.
En cuanto a la distribución factorial del Impuesto sobre la Renta, según información proporcionada por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la reunión de la comisión, los pagos de este impuesto por concepto de intereses, dividendos y sociedades mercantiles, los cuales se pueden atribuir el factor capital, incrementaron su participación en el total del Impuesto sobre la Renta de 50.5% en 1985, a 52.3% en 1986; en cambio, los pagos del factor trabajo se redujeron de 33.1% a 32.5% en el mismo lapso.
Por Impuesto al Valor Agregado se recaudaron 1 mil 869.8 de millones de pesos, cifra que significó un crecimiento anual de 57.2% y una disminución de 1.5% respecto a la meta original, por lo que la tasa real de crecimiento fue negativa en 11.3%. Este hecho se explica fundamentalmente porque las ventas registraron una reducción de 9.7% a lo largo de 1986, y porque los consumidores se inclinaron por los bienes básicos a los que se aplica una tasa cero o están exentos; se explica también por retrasos en la entrega de información relativa al Impuesto al Valor Agregado recaudado en las aduanas.
El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ascendió a 689.4 miles de millones de pesos, monto superior en 101.0% al obtenido en 1985, y en 7.1% a la estimación original; eliminados los efectos de la inflación, la recaudación de este impuesto registró una tasa real de crecimiento de 13.4% en relación con el año anterior. Este crecimiento obedeció a que, a partir de enero de 1986, las tasa impositivas se elevaron de 139.3% a 180.0% en los cigarros; de 49.1% a 60.0% en el servicio telefónico doméstico; de 15.0% a 21.5% en la cerveza y de 40.0% a 50.0% en las bebidas alcohólicas. Los aumentos fueron aprobados como medida de apoyo al programa de reconstrucción.
Destaca el aumento registrado en el Impuesto a la Importación, que en términos reales fue de 39.3%. A dicho incremento contribuyó principalmente la sustitución de permisos previos por aranceles, por la cual el arancel promedio ponderado aumentó de 8.6% en diciembre de 1985, a 12.4% en diciembre de 1986.
El mayor crecimiento en términos reales se registró en el Impuesto a las Exportaciones (119.1%), debido al repunte de las exportaciones agropecuarias y manufactureras.
Por último, los ingresos no tributarios ascendieron a 1 mil 507.4 miles de millones de pesos (el 11.5% del total), cifra que implicó un crecimiento de 98.7% y de 127.5% en relación con la captada en 1985 y con la prevista para el ejercicio, respectivamente.
El rubro de aprovechamientos tuvo un crecimiento mucho mayor que el estimado originalmente por la inclusión de las recuperaciones derivadas del mayor esfuerzo de fiscalización.
Estímulos fiscales
La política de estímulos fiscales aprobada por el Congreso de la Unión tendía a fomentar actividades estratégicas y prioritarias, y a coadyuvar en la promoción del cambio estructural mediante el apoyo a la modernización del aparato productivo. Con ello se buscaba seguir favoreciendo la promoción selectiva de la inversión y la generación de empleos; el fomento al desarrollo regional, principalmente en la frontera norte y en la zona libre del territorio nacional; la atención a los mínimos de bienestar, y el fortalecimiento del sector externo.
Se observó que en este aspecto se dio especial atención a los apoyos fiscales para fomentar la construcción de la vivienda de interés social destinada al arrendamiento, así como a la inversión en las actividades minera, turística y naval, dado el importante impacto que tiene sobre la descentralización de la actividad económica y la generación de empleos.
Organismos y empresas
En 1986, los organismos y empresas controlados presupuestalmente obtuvieron ingresos propios por 10 mil 334.8 miles de millones de pesos, superiores en 5.1% a los estimados originalmente, y en 64.5% a los captados en 1985.
Los ingresos propios de Pemex ascendieron a 3 mil 758 miles de millones de pesos. En cuanto al resto de los organismos y empresas, sus ingresos
propios sumaron 6 mil 576 miles de millones de pesos; fueron mayores en 5.2% que la previsión original, y registraron un crecimiento en términos reales de 0.7% con respecto a 1985.
Por lo que respecta a los ingresos adicionales generados por la política de precios y tarifas, ascendieron a 3 mil 512.2 miles de millones de pesos y superaron en 19.8% a la meta original; en relación con el PIB, crecieron de 2.1% en 1985, a 4.5% en 1986. Pemex, el sector eléctrico, Azúcar, S.A. de C.V., y el sistema ferroviario, fueron las entidades que más contribuyeron a la generación de estos ingresos, ya que en conjunto aportaron el 79.1% de la recaudación total.
Los aumentos a los precios de los combustibles que se efectuaron durante el año, permitieron incrementar los ingresos y avanzar en el ahorro de energéticos. La gasolina "Nova" alcanzó el 81.0% del precio internacional de referencia, el diesel el 76.0%, y el combustóleo el 56.0%.
En materia de bienes sujetos a control, la modificación más importante se dio en el maíz de nixtamal, ya que su precio por kilogramo se incrementó en 71.4 pesos durante el año, mientras que el precio de la tortilla se mantuvo mediante el sistema de tortibonos en 32 pesos por kilo, 75.4% menos que el precio del mercado. El frijol en cambio, dada su enorme participación en la dieta de la población más necesitada, solamente registró un incremento de 18.1% en el transcurso del año.
Por lo que respecta a los fertilizantes, la meta original de igualar los precios internos a los internacionales sólo se cumplió en 71.0%, y en 65.0% en el caso de la urea y del superfosfato, respectivamente; esta situación obedeció al mayor deslizamiento del peso frente al dólar.
Finalmente, en el sector eléctrico se logró una proporción precio - costo de 1.20 en las tarifas de energía para uso industrial, y en las dos tarifas de uso doméstico se alcanzaron niveles de 48.0% y 50.0%. En el transporte ferroviario se registró una relación precio - costo de 0.94, y en la tarifa de bombeo para usos agrícolas, el subsidio se incrementó de 55.0% en 1985, a 81.0% en 1986.
INGRESOS ORDINARIOS DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO
(Miles de Millones de Pesos)
Dar doble click con el ratón para ver imagen
INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL
(Miles de Millones de Pesos)
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Dar doble click con el ratón para ver imagen
INGRESOS FISCALES DEL GOBIERNO FEDERAL
(Miles de Millones de Pesos)
Dar doble click con el ratón para ver imagen
INGRESOS PROPIOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS
(Miles de Millones de Pesos)
Dar doble click con el ratón para ver imagen
II. D Política de gasto
Propósitos y metas de la política de gasto
De acuerdo con los "Criterios Generales de Política Económica para la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente a 1986" y con el "decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1986", la política de gasto público tenía como propósito inducir un comportamiento adecuado de la demanda interna, apoyando las acciones orientadas al saneamiento de las finanzas públicas y al abatamiento de la inflación; promover el empleo y el desarrollo social, protegiendo el gasto en bienestar social; fortalecer la capacidad del aparato productivo y distributivo en áreas estratégicas y prioritarias, avanzando en el cambio estructural del sector paraestatal y revisando el tamaño del sector público; y atender las necesidades asociadas al esfuerzo de reconstrucción.
Además, se reforzarían las medidas de disciplina y orden en el ejercicio del gasto público.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación se previó ejercer un gasto bruto total de 32 mil 207.9 miles de millones de pesos, un gasto programable devengado de 15 mil 391.0 miles de millones de pesos y 9 mil 380.3 miles de millones de pesos, por concepto de intereses y gastos de la deuda.
El Ejecutivo Federal se fijó como meta reducir el gasto programable pagado en 2.4% como proporción del PIB y, dentro de este gasto, reducir el corriente y de operación en 0.8% del PIB y de inversión en 1.6%.
Las prioridades del gasto público, como se reflejaron en su distribución sectorial, se muestran en el siguiente cuadro.
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Resultados generales
En el balance general de los resultados de la política de gasto se deben destacar los cambios drásticos que sufrieron los supuestos y proyecciones sobre los que se elaboró el presupuesto, principalmente los correspondientes a los precios de exportación del petróleo y a las tasas de interés internas, como se explica en el apartado "Resultados de la gestión financiera" de este dictamen.
En este contexto, en la Cuenta Pública se informa que el gasto programable pagado del sector público federal ascendió a 16 mil 645.9 miles de millones de pesos, superior en 16.5% al presupuesto originalmente, pero inferior en 7% en términos reales al de 1985; como proporción del PIB se redujo en 0.7%. El gasto corriente y de operación ascendió a 11 mil 754.3 miles de millones de pesos, con incrementos de 23.1% respecto a la previsión original, y de 69.7% en relación con el año anterior; no obstante, en términos reales registró una disminución de 4.3%.
El gasto de inversión fue de 3 mil 632.7 miles de millones de pesos, superior en 1.0% al presupuesto original; en comparación con el ejercicio de 1985, creció 52.5% en términos nominales, pero decreció 14% en términos reales. El gasto no programable neto (que incluye intereses, participaciones y estímulos fiscales) ascendió a 15 mil 818.2 miles de millones de pesos, para superar en 38.6% al presupuesto original, y en 121.3% al ejercido el año anterior. Este es el único rubro de gasto que registró un crecimiento en términos reales, que fue de 24.8%.
La desviación más importantes se dio en los intereses y gastos de la deuda, renglón en el cual el gasto se incrementó en 46.5%, al elevarse de una asignación original de 9 mil 380.3 miles de millones de pesos, a un ejercicio de 13 mil 738.4 miles de millones de pesos. Esta desviación obedeció a que las tasas de interés y el nivel de endeudamiento superaron a lo previsto. En el caso de las primeras, debe subrayarse que el Costo Porcentual Promedio (CPP) fue de 80.9%, considerablemente mayor que la estimación de 61.0% que se consideró en el proyecto de presupuesto; la diferencia se explica porque la inflación (105.7%) fue superior a los pronósticos iniciales (entre 45% y 50%). Por lo que respecta al endeudamiento neto presupuestal, su nivel se incrementó en 6 mil 920 miles de millones de pesos ante la necesidad de compensar la pérdida de ingresos petroleros y el aumento de los costos de operación provocado por la inflación.
Para hacer frente a la caída de los ingresos petroleros y el aumento de los gastos financieros, el Ejecutivo Federal planteó a principios de 1986 ajustes internos adicionales y propuso que los acreedores externos asumieran su corresponsabilidad en el pago de la deuda. En cuanto a los ajustes internos, se revisaron los presupuestos de todas las dependencias y entidades en rubros no estratégicos ni prioritarios y se reforzaron las normas disciplinarias, de tal suerte que se obtuvo una reducción de alrededor de 500 miles de millones de pesos en el gasto programable.
No obstante, el proceso de reducción del gasto se llevó a cabo conforme a criterios de selectividad. Mientras que en el sector industrial y energético disminuyó en 390.3 miles de millones de pesos, en el sector social y en infraestructura básica la reducción fue de sólo 14.8 miles de millones de pesos, sin que los presupuestos de los subsectores educativo y de salud sufrieran algún desajuste. Por otra parte, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y en sus entidades coordinadas, el gasto se ajustó en 16.6 miles de millones de pesos; en el sector desarrollo regional en 26.0 miles de millones de pesos, y en los sectores abasto y pesca en 24.9 miles de millones de pesos. El resto de la reducción correspondió a sector administración.
En la Cuenta Pública se informa de la disciplina con que se ejerció el gasto corriente y de las medidas adoptadas al respecto. Se siguieron controlando las plantillas del personal burocrático; se mantuvieron las restricciones al gasto en impresiones, publicaciones y convenciones; se depuró el personal administrativo y de confianza, y se limitaron los arrendamientos de bienes muebles e inmuebles.
A pesar de la menor disponibilidad de recursos reales, la administración del gasto permitió ampliar la cobertura de los servicios sociales, fomentar la creación de empleos y reducir el gasto programable en términos reales (7.3%). Asimismo, se procuró asignar selectivamente las transferencias, que se canalizaron a sectores estratégicos y se eliminaron en aquellos que no tienen este carácter.
A pesar de que el gasto programable como porcentaje del PIB fue superior en 1.7 puntos porcentuales al presupuestado, se redujo 1% respecto al ejercido en 1985, para equivaler al 22.3% del producto. Ello significa que en cinco años este tipo de gasto se ha reducido en 8.4 puntos porcentuales como proporción del PIB, y en alrededor de 40.0% en términos reales.
En materia de reconversión de la planta productiva, en Altos Hornos de México se repusieron
equipo e instalaciones obsoletas; en la industria azucarera, se concentraron esfuerzos para realizar mayores inversiones, dada la dinámica de la tecnología utilizada; en la de fertilizantes, se suprimieron operaciones en instalaciones cuya productividad no era satisfactoria, mientras que la puesta en operación de plantas de urea contribuyó a elevar la producción de fertilizantes de alta concentración; y en la petroquímica, se aceleraron las inversiones en los complejos petroquímicos "Morelos" con el fin de impulsar y fortalecer el aparato productivo.
Conasupo por su parte, en su papel regulador del abasto, participó selectivamente en la producción y comercialización de básicos, haciendo más transparente la asignación de subsidios al consumo de alimentos.
El saneamiento de las empresas públicas se fortaleció por una política de precios y tarifas realista, por la racionalización del gasto corriente, y por medidas encaminadas a reducir su dependencia tanto de las transferencias y subsidios federales, como del endeudamiento externo.
Para apoyar dicho saneamiento de manera efectiva, el gobierno federal asumió pasivos por 7.7 billones de pesos del sector paraestatal, controlado mediante convenios de cambio estructural, reordenamiento integral y rehabilitación financiera. Los avances en el cumplimiento de los convenios han sido controlados trimestralmente por la Comisión Intersecretarial de Gasto - Financiamiento.
Con la finalidad de apoyar las tareas de reconstrucción, en el Presupuesto de Egresos se incluyó un nuevo ramo (XXXI), por medio del cual se canalizaron inicialmente recursos del orden de los 259.0 miles de millones de pesos, que se incrementaron a 308.7 miles de millones de pesos durante el año, como resultado de las ampliaciones autorizadas. Estos recursos se destinaron a la construcción y apoyo de la vivienda; a la limpieza y reconstrucción de la ciudad de México; a programas de empleo; a la descentralización de la administración pública; a la captación y conducción de aguas para usos múltiples y servicios urbanos; a la construcción y rehabilitación de hospitales, clínicas y escuelas; y a proyectos para damnificados en los estados. Más adelante, en otro apartado de este dictamen, se analiza con detalle la forma en que fueron obtenidos y aplicados los recursos del ramo de reconstrucción.
Gobierno Federal
El gasto programable del gobierno federal ascendió a 8 mil 868.7 miles de millones de pesos, monto que rebasó en sólo 7.1% al presupuestado originalmente, pese a que la inflación y el tipo de cambio superaron lo previsto. Respecto a 1985, el incremento nominal fue de 51.3%, que en términos reales significa una disminución de 14.7%, por lo cual dicho gasto se redujo como proporción del PIB de 12.9% en 1985, a 11.4% en 1986. Ello demuestra el orden y disciplina con que se ejercieron los recursos presupuestales durante el año.
El gasto de administración se sitúa en 2 mil 971.7 miles de millones de pesos, monto que representó el 33.5% del gasto programable, y resultó superior en 4.5% al presupuesto original. Dentro de este rubro, el capítulo de "Servicios personales" registró un gasto que rebasó en 3.8% a la previsión original y con relación el PIB se redujo de 3.5% en 1985, a 3.1% en 1986. El renglón de materiales y suministros, en cambio, a pesar de que la inflación y el tipo de cambio fueron mayores de lo esperado, disminuyó 1.3% respecto a la asignación aprobada originalmente.
El gasto en servicios generales ascendió a 371.9 miles de millones de pesos, cifra que representa un crecimiento anual de 143.2% y superó en 60.0% al presupuesto original. Este aumento se explica por el pago de diferencias cambiarias relativas a las cartas de créditos comerciales concertadas para importar diferentes tipos de bienes, por el arrendamiento de inmuebles para sustituir los destruidos por los sismos, y por un nivel de inflación y un tipo de cambio mayores que los previstos que incrementaron el costo de los servicios básicos
. Por otra parte, el gasto de capital alcanzó un monto de 1 mil 159.3 miles de millones de pesos, que significó un crecimiento anual de 29.6% y un subejercicio de 5.4% respecto a la asignación original. Estos recursos se canalizaron básicamente a las dependencias vinculadas con las estrategias de reconstrucción y descentralización, con el mantenimiento y conservación de empleo productivo, con la ampliación de la oferta de bienes básicos, y con la prestación de servicios sociales.
De las transferencias otorgadas durante 1986, 2 mil 260.0 miles de millones de pesos se canalizaron a entidades controladas presupuestalmente (monto superior en 44.6% al ejercido en 1985, y en 8.2% al presupuestado originalmente) y 2 mil 477 miles de millones de pesos a organismos y empresas fuera de presupuesto (cantidad mayor en 60.4% con relación a 1985, y en 16.7% respecto a la aprobada por el Congreso de la Unión).
Es importante señalar que, con relación al PIB, las transferencias a entidades dentro de presupuesto se redujeron de 3.4% en 1982, a 2.9% en 1986, mientras que las otorgadas a entidades no controladas presupuestalmente disminuyeron de 4.9% a 3.2% en el mismo lapso.
Organismos y empresas
Durante 1986, el gasto programable del sector paraestatal ascendió a 10 mil 776.8 miles de millones de pesos, superior en 15.6% al autorizado, y en 71.8% al ejercido en 1985, aunque en términos reales se redujo en 3.1%; como proporción del PIB se mantuvo al mismo nivel que el año anterior (13.9%).
En el capítulo "Servicios personales" se ejerció un gasto de 2 mil 235.3 miles de millones de pesos, que significó un crecimiento anual de 68.1%. En relación con lo presupuestado aumentó 13.7%, lo cual se explica por los aumentos salariales otorgados a causa de la mayor inflación observada durante el año, y por las homologaciones del personal médico, paramédico y administrativo del IMSS y del ISSSTE.
El gasto ejercido en el rubro "Servicios generales" y "Materiales y suministros" ascendió a 5 mil 731.7 miles de millones de pesos, mayor en 79.5% y 16.2% respecto al de 1985 y al aprobado originalmente, en ese orden. Estas discrepancias se derivaron de una inflación y un tipo de cambio superiores a los previstos que encarecieron los servicios, así como la adquisición y transportación de materias primas, insumos, equipo y refacciones necesarios para cumplir con los compromisos establecidos.
El gasto de capital fue de 2 mil 585.7 miles de millones de pesos, cantidad superior en 70.0% a la erogada en 1985, y en 19.8% a la previsión original.
La inversión física registró un crecimiento anual de 53.7% y superó en 5.5% a la presupuestada originalmente.
En clasificación administrativa, las entidades con mayor participación en el gasto programable fueron las agrupadas en los sectores bienes y servicios estratégicos y asistencia y seguridad social. Las primeras ejercieron 5 mil 341.7 miles de millones de pesos, cifra que representó el 49.6% del total, con un aumento de 12.6% respecto a la asignación original; las mayores erogaciones correspondieron a Pemex y al subsector eléctrico. Por su parte, las del sector asistencia y seguridad social registraron un gasto de 2 mil 243.8 miles de millones de pesos, que significó el 20.8% del total y fue superior en 81.5% y 28.6% al de 1985 y a la asignación original, respectivamente; el IMSS fue la entidad que ejerció el mayor gasto. En conjunto, estos sectores erogaron el 70.4% del total.
Orientación sectorial del gasto
El gasto sectorial ejercido ascendió a 17 mil 367.5 miles de millones de pesos, superior en 64.3% al de 1985 y 12.8% al presupuestado originalmente. Los sectores más beneficiados en la distribución del gasto fueron: desarrollo social, que incluye los subsectores educación y salud (26.4%); energético (25.0%); industrial (12.1%); comunicaciones y transportes (8.5%); y desarrollo rural 8.2%, que en conjunto erogaron el 80.2% del gasto sectorial total. El gasto restante fue ejercido por los sectores administración (7.1%), comercio y abasto (6.1%), desarrollo regional y ecología (4.6%), pesca (1.8%) y turismo (0.2%).
El sector desarrollo social ejerció un gasto de 4 mil 579.1 miles de millones de pesos, cifra que superó en 71.1% a la erogada el año anterior, y en 31.5% al presupuesto original; el 47.4% fue ejercido por el subsector educación, y el 52.6% por el subsector de salud y seguridad social. El primero orientó sus recursos a mejorar la calidad de la educación y a ampliar la cobertura de los servicios; el subsector salud y seguridad social, a restituir la infraestructura hospitalaria y restablecer la atención médica; y el subsector laboral a garantizar la impartición y procuración de justicia, a vigilar el cumplimiento de la legislación laboral, a defender el empleo, a mejorar la productividad, y a capacitar y adiestrar a los trabajadores.
En el sector energético se erogó un gasto de 4 mil 349.3 miles de millones de pesos, mayor en 72.4% que el de 1985, y en 13.8% que la previsión original. Con estos recursos se avanzó en la generación de energía eléctrica, en la producción de petroquímica, en el saneamiento financiero de las entidades del sector, en la electrificación de poblados, y en la protección del medio ambiente.
El gasto del sector industrial alcanzó un monto de 2 mil 105.4 miles de millones de pesos, superior en 58.5% y 11.7% al ejercido en 1985 y al presupuesto original, respectivamente. Estos recursos se orientaron a crear condiciones favorables para modernizar el aparato productivo, a defender el empleo, a fortalecer la capacidad exportadora y a sustituir importaciones. El sector comunicaciones y transportes erogó 1 mil 479.0 miles de millones de pesos, cifra que representó un crecimiento anual de 60.1% y superó en 14.3% a la autorizada, lo cual permitió
al sector ejercer un efecto positivo en la generación de empleo. Los recursos erogados se orientaron a conservar, mantener, ampliar y modernizar la infraestructura sectorial.
En el sector desarrollo rural se ejerció un gasto de 1 mil 429.7 miles de millones de pesos, superior en 66.9% al del año precedente, y en 204% al aprobado por la H. Cámara de Diputados. El presupuesto ejercido se destinó a mejorar el bienestar de la población rural, a proteger e incrementar la generación de empleo, a fortalecer el proceso de integración del sector con la industria y el comercio; a construir infraestructura, a incorporar nuevas áreas a la producción, y a proporcionar asistencia técnica.
El gasto del sector abasto ascendió a 1 mil 062.3 miles de millones de pesos, mayor en 49.7% que el de 1985, y en 6.8% que el presupuestado originalmente. Con los recursos ejercidos se desarrolló y modernizó la infraestructura comercial por medio del Sistema Nacional para el Abasto, instrumento que permitió apoyar la proyección y construcción de la red de centros de acopio, centrales y módulos de abasto. Conasupo destinó su presupuesto a regular el comercio, a garantizar el abasto de alimentos básicos, y a actualizar los precios de garantía y de comercialización de productos agropecuarios, con objeto de cumplir su papel social tanto de regulador como de abastecedor del mercado.
En el sector desarrollo regional y ecología se ejerció un presupuesto de 801.8 miles de millones de pesos, que representó un incremento de 30.8% en relación con 1985, y de 47.4% con respecto a la asignación original. Con estos recursos se realizaron obras y proyectos orientados a impulsar las labores de descentralización de la vida nacional, así como diversas acciones que permitieron dar el apoyo normativo necesario a los planes rectores de urbanización y ordenamiento territorial de los centros de población.
El sector pesca erogó un gasto de 304.5 miles de millones de pesos, que representó un incremento de 96.1% respecto al año anterior, y un sobreejercicio de 13.1% en relación con el presupuesto original. Estos recursos se orientaron a apoyar el cambio estructural y la modernización industrial; a mantener el crecimiento sostenido de la actividad pesquera en las actividades de explotación, transformación, comercialización y abasto; y a procurar que los grupos mayoritarios de la población tuvieran acceso al consumo de productos pesqueros.
Por último, el sector turismo ejerció un presupuesto de 28.2 miles de millones de pesos, superior en 30.0% al del año anterior, y en 3.3% a la asignación original. Los recursos ejercidos por este sector se orientaron a fomentar la transportación aérea, marítima y terrestre; a estimular la inversión; a apoyar la promoción, publicidad y comercialización de la oferta turística; y a concientizar tanto a los prestadores de servicios como a la población en general para promover un uso más racional del patrimonio y de la estructura turística nacionales.
En conclusión, los objetivos programados se cumplieron en términos generales, aunque en algunos casos no se lograron en su totalidad los resultados esperados. Por lo que se refiere a los programas de contenido social, conviene señalar que se procuró que los objetivos de mayor prioridad fueran alcanzados plenamente.,
Inversión Pública
En la cuenta pública se destaca que, ante las dificultades económicas que se presentaron durante 1986, fue necesario racionalizar el gasto de inversión a fin de reducirlo sin dejar por ello de atender los proyectos prioritarios.
Así, la inversión pública ascendió a un monto de 3 mil 632.7 miles de millones de pesos, por lo que resultó inferior en 1.0% a la presupuestada originalmente y, como proporción del PIB, disminuyó de 5.2% en 1985, a 4.7% en 1986. De esa cantidad, el gobierno federal erogó el 42.2%, con un monto que significó un crecimiento anual de 50.9%, y el sector paraestatal incluido en el presupuesto el 57.8%, con un ejercicio superior en 53.7% al registrado en 1985.
En la asignación de los recursos de inversión se buscó atender los proyectos con un mayor avance relativo, mantener o ampliar la capacidad instalada en infraestructura y oferta de insumos básicos, impulsar aquellos proyectos que en el corto plazo tuvieran mayores efectos en la generación de empleos permanentes, y en la sustitución de importaciones, mejorar la utilización de la capacidad instalada, y aprovechar en mayor medida los recursos de cada región.
En la distribución sectorial de la inversión, se favorecieron las actividades de carácter social y prioritario como las de los sectores desarrollo social, desarrollo regional y ecología, desarrollo rural, comunicaciones y transportes, energéticos, y abasto, a los cuales se destinó el 91.4% del total de la inversión pública presupuestaria.
El gasto de inversión del sector desarrollo social fue de 400.3 miles de millones de pesos, superior en 88.4% al del año anterior, y en 24.4% al presupuesto original. Estos recursos se emplearon
para restablecer la infraestructura básica de educación y salud destruida por los sismos ocurridos en 1985.
Así, el Capfce construyó y equipó 25 mil 950 espacios educativos en todos los niveles, mientas que la Secretaría de Salud realizó obras destinadas a habilitar y rehabilitar unidades médicas, entre las cuales sobresalen las efectuadas en cuatro clínicas, que compensaron el 50.0% de la capacidad instalada que se perdió con la destrucción del Hospital Juárez; la rehabilitación de 25 centros de salud urbanos y clínicas de salud; la creación de siete unidades hospitalarias de segundo nivel, y la construcción del nuevo Hospital General de México. Asimismo, se inició la construcción de seis hospitales generales de 144 camas, con lo cual se incrementará significativamente (203.6%) el número de camas censables en la zona conurbada de la ciudad de México.
El ISSSTE utilizó sus recursos para construir 67 nuevas unidades médicas, 117 consultorios, nueve salas de cirugía y un hospital en Iguala, Guerrero; para rehabilitar las clínicas: Guerrero, San Antonio Abad, Uruapan, Chilpancingo y Colima; y para edificar 5 mil 648 viviendas.
Los recursos asignados al IMSS se destinaron a incrementar su capacidad en 918 consultorios y 5 mil 030 camas; a adaptar 22 almacenes y 24 guarderías; a conservar 5 mil 385 unidades médicas, administrativas y deportivas; y a iniciar la construcción del hospital Centro México Siglo XXI.
En el sector desarrollo regional, urbano, y ecología, se invirtieron 412.7 miles de millones de pesos, monto superior en 44.7% al previsto originalmente, y en 103.7% al de 1985. Estos recursos se emplearon para realizar acciones de reconstrucción en la ciudad de México y en otras localidades del interior de la República que resultaron afectadas por los sismos de septiembre de 1985, para continuar con el mejoramiento ecológico en las distintas regiones del país, y para avanzar en el proceso de descentralización de la administración pública federal.
El gasto de inversión del sector desarrollo rural experimentó una reducción de 12.5% con respecto al presupuesto original, aunque superó en 37.7% al erogado el año anterior. Los recursos ejercidos se orientaron principalmente a impulsar las actividades y procesos agrícolas, pecuarios, y forestales; a fortalecer la participación de los productores campesinos; a continuar con la ejecución de los proyectos del programa de irrigación; a construir infraestructura en áreas de temporal; a ejecutar los proyectos de obras superficiales que comprenden obras mínimas de riego, como presas, canales, bordos, abrevaderos y caminos; y a realizar obras de infraestructura hidráulica en el Sistema Cutzamala, que incluían una planta potabilizadora con capacidad de 24 metros cúbicos por segundo.
Cabe señalar que las actividades de fomento en las cuales se destinan recursos para asistencia técnica a productores, organización y capacitación, etcétera, se consideran tradicionalmente en el rubro de gastos corrientes, a pesar de que tienen un impacto directo en la producción y la productividad del sector primario. En este renglón se ejercieron recursos superiores en 28.7% a los presupuestados originalmente.
En el sector comunicaciones y transportes el gasto de inversión ascendió a 480.1 miles de millones de pesos, lo que representó incrementos de 36.7% con respecto al año anterior, y de 1.8% con relación al presupuesto original. Con los recursos ejercidos se construyeron carreteras alimentadoras y troncales; se avanzó en la construcción de enlaces en el transporte ferroviario, entre los que destacan la vía rápida México - Querétaro y la vía doble México - Veracruz; se adquirieron y conservaron maquinaria de vía, locomotoras y equipo de vuelo; se continuaron obras de remodelación y ampliación en los aeropuertos de Tijuana, Cancún y León; y se iniciaron 12 nuevos aeropuertos, de los que destacan los de Puebla, Colima y Morelia.
En el caso del sector energético, se realizaron inversiones por 1 mil 561.9 miles de millones de pesos, cifra superior en 54.1% a la de 1985, y en 1.3% a la asignada originalmente. La inversión se canalizó a la terminación de cinco gasoductos de 27 kilómetros, y de una endulzadora de gas amargo con capacidad de 400 metros cúbicos en Nuevo Pemex, así como a la construcción 443.3 kilómetros de líneas de transmisión de 400 Kv; de 1 mil 271 kilómetros de líneas de transmisión de 230 Kv; de 1 mil 200 subestaciones de 400 Kv; y de 607 subestaciones de 230 Kv, entre otras obras.
El sector abasto fue fortalecido en 1986 mediante la celebración del "Convenio de Cambio Estructural, el Reordenamiento Integral y la Rehabilitación Financiera de Conasupo", por el cual esta entidad se comprometió a elevar su eficiencia y productividad, así como a comercializar sólo los volúmenes necesarios para cumplir su función reguladora, sin que ello implique desabasto ni abandono del campo. De esta manera, Conasupo ha disminuido el número de productos que comercializa de 23 de 1983, a 14 de 1986, pero ha mantenido su participación como entidad reguladora
de productos básicos como maíz, trigo, sorgo, frijol, arroz, oleaginosas y leche en polvo, que son los de mayor consumo popular.
En el cumplimiento del convenio de cambio estructural, el sector abasto realizó inversiones por 26.2 miles de millones de pesos, monto inferior en 16.8% al previsto originalmente, y superior en 2.6% al del año precedente. Con estos recursos se apoyó la creación de infraestructura para aumentar la producción nacional de artículos básicos, como la líneas de secado de leche de Aguascalientes y Tolostotitlán; las plantas productoras de maíz de Atlacomulco, México, y Huamantla, Tlaxcala; y las bodegas y silos construidos en varios estados de la República. Asimismo, se construyeron 33 centrales y módulos de abasto, ocho centros comerciales y seis mercados de venta en diferentes regiones del país.
En conclusión, es importante reconocer que se realizaron esfuerzos con oportunidad y sentido social para absorber los efectos de la caída de los ingresos petroleros, puesto que los ajustes en el gasto efectuaron a aquellos programas o proyectos con menor prioridad relativa.
Transferencias
La política de gasto de materia de transferencia se propuso profundizar en la revisión del sistema de asignación, con objeto de conciliar la necesidad de sanear las finanzas públicas con las necesidades inherentes al cambio estructural y a las tareas de reconstrucción nacional.
La asignación de subsidios y transferencias se orientó a apoyar el consumo de bienes básicos; a mejorar la cobertura de los servicios educación, salud y otros de carácter comunitario; a incrementar la producción y la productividad agropecuaria y de productos básicos en general; y a propiciar el saneamiento financiero de las entidades paraestatales, conforme a esquemas de racionalidad y transparencia.
El monto de las transferencias otorgadas ascendió a 4 mil 737.7 miles de millones de pesos, superior en 52.5% al erogado en 1985, y en 12% a la previsión inicial; no obstante, con relación al PIB las transferencias decrecieron de 8.5% en 1982, a 6.1% en 1986. Esta disminución constituye una importante contribución al saneamiento de las finanzas públicas; sin embargo, no significa que se haya desprotegido a los sectores económicos estratégicos y prioritarios ni a los grupos de población de bajos ingresos que requieren del apoyo gubernamental.
De las aportaciones otorgadas a las entidades en presupuesto, el 8.3% correspondió a transferencias estatutarias (IMSS), el 18.7% a gasto corriente, el 10.9% a gasto de capital, y el 62.1% a pago de pasivos a intereses. Las transferencias de capital fueron inferiores en 23.3% a la previsión inicial, mientras que las destinadas al pago de pasivos e intereses se incrementaron en 55.2% con respecto a 1985, y en 19.4% con relación a lo previsto originalmente.
La CFE, Conasupo, Fertimex, Azúcar, S.A., el subsector ferroviario y el IMSS absorbieron el 88.2% del total asignado. La mayor parte de estos recursos se canalizaron al pago de intereses y amortizaciones, así como a subsidiar los precios de bienes de consumo mayoritario; ello significa que se orientaron preferentemente a apoyar el saneamiento financiero de las entidades estratégicas y prioritarias, y a subsidiar el consumo de los grupos sociales de bajos recursos por medio del mantenimiento de precios accesibles.
Por otra parte, de los apoyos otorgados a las entidades no controladas presupuestalmente, el 71.8% se canalizó a gasto corriente, y el 28.2% a gasto de capital; el incremento anual más importante correspondió a las transferencias destinadas a la inversión financiera (132.0%).
Las entidades fuera de presupuesto que mayores aportaciones recibieron fueron Banrural, las instituciones de educación media superior, la UNAM, el Capfce y Anagsa. Gran parte de estos recursos se destinaron a apoyar los servicios comunitarios y los de educación superior, ya que se utilizaron para apoyar la reconstrucción de hospitales y escuelas, así como las actividades vinculadas a la educación, la salud y la agricultura.
En cuanto a la asignación sectorial de las transferencias, los sectores que mayores apoyos recibieron fueron: desarrollo social (22.6%) industrial (14.5%), abastos (14.8%);Desarrollo Rural(14.3%) y energéticos (4.4%): en conjunto, estos sectores absorbieron el 81.0% del total.
La distribución de las transferencias se modificó con respecto al año anterior, en favor de los sectores desarrollo rural, desarrollo social e industrial. Las transferencias otorgadas a estos sectores contribuyeron a consolidar las acciones llevadas a cabo en sus respectivos programas prioritarios y estratégicos y, en especial, a incrementar los apoyos concedidos a los programas de contenido social y de impulso al cambio estructural.
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Dar doble click con el ratón para ver imagen
II. E. Política de deuda
En la Ley de Ingresos de 1986 se estableció que la política de deuda pública perseguiría como objetivo completar el financiamiento público y reducir paulatinamente el peso de la deuda en la economía, en la inversión pública y en la balanza de pagos.
En congruencia con lo anterior, el Ejecutivo Federal se propuso para el año una meta de endeudamiento externo de 1 mil 720 miles de millones de pesos, o su equivalente de 4 mil millones de dólares, y 3 mil 693 miles de millones de pesos de endeudamiento neto, para financiar un difícil presupuestal de 2 mil 568 miles de millones de pesos, una intermediación financiera de 710 miles de millones de pesos, y un déficit del sector no controlado presupuestalmente de 415 miles de millones de pesos En la Cuenta Pública de 1986 se reporta un endeudamiento neto del sector público presupuestario de 8 mil 929.1 miles de millones de pesos, que representa un incremento de 153.7% en comparación con 1985, y de 24.7% respecto a lo presupuestado.
Ante la caída de los ingresos petroleros (equivalente al 6.7% del PIB o al 25% de los ingresos públicos), y dada la posibilidad de compensar este derrumbe mediante recortes al gasto e incrementos en los ingresos internos, fue necesario incurrir en un endeudamiento público muy superior a la estimación original. Para satisfacer los mayores requerimientos de crédito se recurrió al mercado interno, pues las fuentes externas de financiamiento fueron muy escasas.
En cuanto al endeudamiento externo neto, cabe destacar que fue muy inferior al monto aprobado por el Congreso para ese año, ya que sólo ascendió a 1 mil 047 millones de dólares, el 25% del monto máximo autorizado.
En cuanto al endeudamiento interno, éste se originó en su mayor parte en el financiamiento del sistema bancario, en la emisión de valores gubernamentales y, en menor proporción, en créditos del Banco Central, con el fin de reducir el impacto sobre la creación de medio circulante. Así, observamos que la participación de la deuda interna del Gobierno Federal a favor del Banco de México en el total se redujo de 60.7% en 1985, a 39.3% en 1986, y que la correspondiente a valores y al sistema bancario aumentó de 39.3% a 60.7% en el mismo período.
En conclusión, el mayor crédito interno no provino del financiamiento del Banco Central mediante la emisión de circulante, sino de la colocación de valores gubernamentales. Esto ayudó a controlar el circulante monetario y a evitar que el proceso inflacionario derivado de los ajustes cambiarios tuviera un efecto multiplicador. Sin embargo, el hecho de que se haya recurrido al endeudamiento interno sano, provocó un incremento en el monto de intereses internos que forman parte del gasto financiero (no programable).
En cuanto a la política de deuda externa, en 1986 se iniciaron las negociaciones con el fin de ajustar el servicio de la deuda a las condiciones económicas imperantes, y de contratar recursos necesarios para alcanzar un crecimiento económico de entre tres y cuatro puntos porcentuales. Según se informa en la Cuenta Pública, mediantela estrategia adoptada para la reestructuración de la deuda externa que se desarrolló en tres etapas, se logró:
- Que los organismos multilaterales y la banca privada internacional aceptaran el criterio de que primero se debería asegurar el crecimiento de la economía mexicana, así como la vigencia del principio de corresponsabilidad.
- Un mayor crecimiento que permitirá al país cubrir el servicio de la deuda.
- Disponer de 13 mil 700 millones de dólares de recursos frescos entre 1986 y 1987.
- Aumentar el plazo de amortización de la deuda controlada hasta de 1983 (43 mil 700 millones de dólares) a 20 años, con siete de gracia. Saldo de la deuda
El saldo total de la deuda del sector público presupuestario al 31 de diciembre de 1986, fue de 83.9 billones de pesos, lo que significó un crecimiento de 48.6 billones de pesos respecto al registrado en el ejercicio anterior. Este aumento correspondió en un 78.4% a revaluación, y en 21.3% a endeudamiento efectivo.
La deuda externa representó el 67.6% del saldo total, con un crecimiento anual de 167% que se explica en su totalidad por los ajustes por revaluación, puesto que el sector presupuestal registró un desendeudamiento neto de 357.7 miles de millones de pesos. Se subraya que, por cuarto año consecutivo, no se logró cubrir el monto autorizado por el Congreso en materia de colocación de deuda externa.
El saldo de la deuda interna representó el 32.4% del saldo total y tuvo un crecimiento anual de
93.2%; como ya se dijo, dicha variación obedeció a la necesidad del Gobierno Federal de hacer frente a la caída de los ingresos petroleros y a la casi nula disponibilidad de crédito externo.
Perfil de la deuda
Mediante la reestructuración del perfil de la deuda y las negociaciones que el Ejecutivo ha venido haciendo en materia de deuda externa, el sector público ha aligerado la carga financiera que representan los pagos de amortización. Como se ha dicho, en 1986 se llevó a cabo una nueva reestructuración de la deuda pública externa, por la cual se logró modificar sustancialmente el calendario de amortizaciones con la banca comercial acreedora y disminuir los intereses tanto de la deuda existente como de los nuevos créditos.
Así, el perfil de pagos mejoró de manera significativa, ya que en 1987 y 1988 sólo se pagará el 12.8% del saldo externo total, proporción notablemente inferior a la que hasta 1985 debió pagarse en esos mismos años (18.0%). Endeudamiento neto
En 1986, el endeudamiento neto del sector público presupuestario fue de 8 mil 929.1 miles de millones de pesos, monto que representó un incremento de 153.7% en relación de 1985, y 247.7% respecto a lo presupuestado. Esta situación fue resultado de un financiamiento bruto de 16 mil 746.8 miles de millones de pesos, y de una amortización de 7 mil 817.7 miles de millones de pesos.
El endeudamiento neto del Gobierno Federal ascendió a 9 mil 136.0 miles de millones de pesos; por las fuentes de financiamiento, dicho endeudamiento correspondió en 49.9% a Cetes, en 36.1% a apoyos del Banco de México, y el 14% restante a la banca comercial y a los organismos multilaterales de crédito.
Por su parte, el sector paraestatal registró un desendeudamiento neto de 207 miles de millones de pesos como resultado de un financiamiento bruto de 1 mil 762.8 miles de millones de pesos provenientes de fuentes nacionales y externas, y de una amortización igual a 1 mil 969.7 miles de millones de pesos, de la cual el 94% consistió en pago de deuda externa. El dinámico crecimiento de las amortizaciones externas del sector (superior en 180.7% respecto a 1985) se explica principalmente por la variación real del tipo de cambio, y por las amortizaciones anticipadas de deuda que hizo Pemex a sus acreedores internacionales.
Servicio de la deuda
En 1986, el servicio de la deuda fue el concepto que representó mayor desviación respecto al presupuesto original. Se presupuestaron 14 mil 784.9 miles de millones de pesos y se ejercieron 21 mil 556.1 miles de millones de pesos, es decir, 6 mil 771.2 miles de millones de pesos más de los autorizado, lo que significa una desviación de 45.8%. Del monto ejercido, el 68.9% correspondió a pagos internos, y el 31.1% a pagos externos. Respecto al PIB, estas erogaciones representaron el 27.7%.
El servicio de la deuda interna ascendió a 14 mil 841.6 miles de millones de pesos, para rebasar en 39.8% el monto presupuestado originalmente, y en 167.0% el del año precedente; estas variaciones obedecen principalmente a la elevación de las tasas de interés internas.
Por lo que corresponde al servicio de la deuda externa, se erogaron por este concepto 6 mil 714.5 miles de millones de pesos, cifra superior en 61.1% a la aprobada, y en 155.8% a la ejercida en 1985. El crecimiento se debió esencialmente al efecto que tuvo el incremento del tipo de cambio real sobre el valor en pesos del pago externo de intereses, no obstante que durante 1986 disminuyó 1.8 puntos porcentuales la tasa interbancaria de Londres y 2.0 puntos la preferencial de Estados Unidos.
Dentro del servicio de la deuda el pago de intereses fue de 13 mil 527.5 miles de millones de pesos, que superaron la previsión original en 4 mil 312 miles de millones de pesos. El incremento se explica principalmente por el mayor endeudamiento interno y por el aumento de las tasas de interés internas que en el mercado bancario registraron un aumento de entre 20 y 30 punto porcentuales como resultado de la mayor inflación. En lo externo, la variación obedeció al efecto del incremento del tipo de cambio real sobre el valor en pesos del pago de intereses en moneda extranjera.
El pago de intereses correspondió en su mayor parte a la deuda interna, concepto por el cual se erogaron 10 mil 297.7 miles de millones de pesos, monto superior en 57.3% al presupuestado. El incremento obedeció a la mayor absorción del ahorro interno por parte del sector público y al aumento de las tasas de interés, que en promedio dio rendimientos de 9.5% a los ahorradores.
Cabe recordar que los intereses de la deuda interna en moneda nacional tienen dos componentes: los intereses en términos reales y la amortización.
inflacionaria del principal. Por tanto, si descontamos la amortización inflacionaria de los intereses internos, obtenemos un pago de intereses reales igual a 1 mil 496.3 miles de millones de pesos, equivalente al 3.4% del PIB de 1986 a precios de 1985, es decir, inferior en casi 10 puntos porcentuales al que resulta de la relación nominal con el PIB.
El pago de intereses externos, a su vez, fue de 3 mil 440.7 miles de millones de pesos, mayor en 21.5% que la meta original. No obstante, si se considera el efecto de la variación del tipo de cambio real sobre este monto, el pago de intereses de la deuda externa resulta inferior en casi mil millones de dólares al del año anterior.
Por lo que corresponde a las amortizaciones, ascendieron a 7 mil 351.3 miles de millones de pesos, con un crecimiento de 256.8% en relación con 1985, y de 55.9% respecto a la previsión original. Esta situación, como ya se dijo, se debió principalmente al deslizamiento del peso frente al dólar y a los pagos anticipados que efectuó Pemex con el propósito de cumplir los compromisos derivados de la reestructuración de su deuda externa.
La amortización interna ascendió a 4 mil 545.9 miles de millones de pesos, superior en 186.0% a la registrada un año antes, y en 11.7% a la presupuestada originalmente. Este importante incremento es resultado del crecimiento nominal que registró el endeudamiento interno.
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Dar doble click con el ratón para ver imagen
III. Revisión de los resultados de la gestión financiera y del cumplimiento de los objetivos a nivel sectorial
III. A. Desarrollo rural
III. B. Desarrollo regional y ecología
III. C. Pesca
III. D. Desarrollo social
III. E. Comunicaciones y transportes
III. F. Comercio y abasto
III. G. Turismo
III. H. Energético - Industrial
III. A. Desarrollo rural
I. Resultados generales
El sector desarrollo rural está integrado por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos; por empresas filiales de ésta como Forestal Vicente Guerrero (Fovigro), el Instituto Mexicano del Café (Inmecafe), Productos Forestales Mexicanos (Proformex), y por la Secretaría de la Reforma Agraria.
En el tomo sectorial de la Cuenta Pública de 1986 se informa que el sector desarrollo rural orientó sus acciones principales a ampliar la cobertura y elevar la calidad de los servicios de asistencia técnica, a continuar obras de infraestructura hidráulica, a fortalecer la capacitación y participación organizada de los productores, a mejorar los niveles de empleo y bienestar social de la población rural, a garantizar la tenencia de la tierra, y a concluir el reparto de las superficies legalmente afectables.
Durante 1986, este sector ejerció un gasto de mil 1,429.7 miles de millones de pesos, superior en 20.4% al presupuesto original, y en 66.9% al ejercido en 1985. Dicha cifra representó el 8.2% del gasto programable del sector público y, con relación al PIB, significó el 1.8%.
Entre los programas del sector destacan "Fomento a la Producción y Productividad Agrícola," "Fomento a la Producción y Productividad Forestal, Regularización de la Tenencia de la tierra" y "Administración Agraria".
De acuerdo con la cuenta pública, durante 1986 en el subsector agropecuario y forestal se sembraron 15.1 millones de hectáreas, principalmente de productos básicos, superficie que representó el 98% de lo programado; como resultado, se obtuvo una producción de 25.5 millones de toneladas, menor que la de 1985.
Esta disminución obedeció a las condiciones climatológicas adversas que se presentaron durante el año y a rezagos en los ajustes de los precios de garantía. A diferencia de los tres años anteriores, cuando el PIB agropecuario creció a un promedio anual de 3.1% en 1986, su índice de crecimiento se redujo 2.1%, aunque la participación de la producción agropecuaria en el PIB se incrementó debido a que este último disminuyó en mayor proporción (3.8%).
La producción de granos básicos (maíz, frijol, arroz y trigo) disminuyó de 20.9 millones de toneladas en 1985, a 18.6 millones de toneladas en 1986; esta reducción (de 11.0%) fue consecuencia de condiciones climáticas desfavorables, que propiciaron siniestros por sequías, lluvias y heladas. Por otra parte, la producción pecuaria tuvo un crecimiento anual de 2.9%; en este sentido, sobresalió la carne de bovino que registró un incremento de 27%. La producción de carne de porcino presentó una disminución del 26% derivada del incremento en los costos de producción, y la de carne de caprino se incrementó en 9%.
En el caso de la rama forestal, se alcanzó una producción de 8 millones 957 mil metros cúbicos de madera, inferior en 10% a la obtenida en 1985, como consecuencia de una disminución en la demanda de las industrias de construcción y de muebles de madera. En la producción total destacó la madera para escuadría, que representó el 61%.
Para compensar el deterioro forestal, se produjeron 6.7 millones de árboles en viveros; se reforestaron 652 mil hectáreas; y se dio conservación a 341 unidades forestales. Asimismo, se realizaron acciones de vigilancia en más de 25 millones de hectáreas, en beneficio de 519 mil productores; en este sentido; destaca la atención a 5 mil hectáreas de riego y 500 de temporal que correspondían al Planat.
Por lo que respecta al programa Desarrollo de Áreas de Temporal, por medio de la construcción de infraestructura se siguió incorporando nuevas áreas a la producción. Los principales resultados en este rubro correspondieron a los proyectos "Pujal - Coy" con 2 mil 300 hectáreas incorporadas al cultivo de temporal, y 1 mil 204 hectáreas al de riego; "San Fernando" con 27 mil 500 hectáreas; y "Ometepec" con 3 mil 350 hectáreas para el cultivo de temporal tecnificado, así como el Proderith, con la incorporación de 5 mil 413 hectáreas al cultivo del temporal y con la construcción de nueve caminos rurales, y el Plan Chiapas, mediante el cual se construyeron drenes y caminos y se realizaron acciones complementarias para atender 13 mil 730 hectáreas de temporal.
Con relación al programa Desarrollo de Áreas de Riego, en el tomo sectorial de la cuenta pública se informa que mediante obras de gran irrigación se incorporaron 27 mil hectáreas y se mejoraron 2 mil 900 más en beneficio de 3 mil 962 productores. En este renglón, los principales trabajos se realizaron en los proyectos "Ocoroni", "Elota - Piaxtla", "Río Sinaloa" y "Río San Lorenzo" en Sinaloa; "Nexpa", "Vicente Guerrero", "Hermenegildo Galeana" y "A. Figueroa", en Guerrero; "Coahuayana" en Colima; y Alfajayucan" y "Río Verde" en Oaxaca.
Asimismo, en pequeña irrigación se ejecutaron 784 obras, entre las que destacan la construcción de canales, caminos de acceso, plantas de bombeo y redes de distribución; la perforación y aforo de pozos, y los desmontes.
Mediante estos trabajos se incorporaron al riego 12 mil 245 hectáreas y se mejoraron más de 1 mil 400 hectáreas, lo que benefició a 1 mil 800 productores. Además, se rehabilitaron 29 mil hectáreas correspondientes a 5 mil productores, y se realizaron obras de conservación y mantenimiento de distritos y unidades de riego en 46 mil kilómetros de caminos, canales y bordos para beneficiar 1.2 millones de hectáreas.
Por otro lado, como parte de la estrategia de reordenación económica y en apoyo del programa de protección al empleo, con la ejecución de obras de infraestructura se generaron 2.3 millones de jornales, que se tradujeron en 9 mil 700 empleos; además, con el apoyo de la agroindustria del sector social se consolidaron 6 mil 200 empleos.
En el tomo de la cuenta pública correspondiente al sector reforma agraria, se reporta que en 1986, mediante la ejecución de 397 resoluciones presidenciales, se dotó de 1 millón 190 mil hectáreas a 40 mil 928 familias de campesinas, y con la ejecución de otras 350 resoluciones, que ampararán una superficie de 1 millón 600 mil hectáreas, se benefició a 34 mil 543 jefes de familias campesinas. Por su parte, la Corett solucionó problemas de asentamientos irregulares en terrenos ejidales con una extensión de 3 mil 450 hectáreas, en favor de 86 mil 250 familias.
Asimismo, el fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal promovió y analizó proyectos productivos, y autorizo 3 mil 144 solicitudes de inversión de los fondos comunes de los ejidos y comunidades, que representaron un monto de 6 mil 813.5 millones de pesos.
II. Análisis programático y presupuestal
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos
El presupuesto programático ejercido por esta secretaría en 1986 ascendió a 717.1 miles de millones de pesos, mayor en 22.2% respecto al autorizado. Esta variación se debió principalmente a los aumentos salariales otorgados durante el año, así como al incremento en los costos de los materiales y servicios generales necesarios para la ejecución de los programas y acciones de la dependencia.
Del gasto total ejercido por la secretaría, correspondieron a gasto directo 504.4 miles de millones de pesos, y 212.7 miles de millones de pesos a transferencias, de las cuales se destinó el 39.3% al gasto corriente, y el 60.7% al de capital.
En la cuenta pública de 1986 se reporta que el gasto ejercido por la SARH se orientó a la ejecución de .36 programas, entre los cuales destacan, por el monto de los recursos ejercido:
Desarrollo de Áreas de Riego (30.3%); Administración (16.0%); Capasitación y Conducción de Agua para Usos Múltiples (8.4%); y Desarrollo de Áreas de temporal (6.9%). Estos cuatro programas absorbieron en conjunto el 61.6% del gasto de la dependencia.
En el programa Desarrollo de Áreas de Riego, se rebasaron algunas metas como son las de ampliar y rehabilitar superficies de riego y la rehabilitar y mejorar la infraestructura hidráulica.
En el caso del programa Fomento a la Producción y Productividad Pecuaria y Avícola, fueron superadas las metas de asistencia técnica consistentes en proporcionar apoyo a productores pecuarios para la producción de ganado, apoyar la producción pastizales y aplicar dosis.
Por lo que respecta al programa Apoyo Sectorial a Comunidades Rurales, la meta de realizar acciones para beneficiar a comunidades rurales se rebasó en 540%, y la de proporcionar servicios de bienestar social a familias fue superada ligeramente.
En algunos programas se registraron desviaciones por diversas razones, entre las que destacan la resignación de recursos para apoyar obras emergentes, la sobreestimación de metas durante la elaboración del programa - presupuesto, el incremento de los costos, y las condiciones climatológicas adversas que se presentaron durante el año.
Organismos coordinados por la SARH
Forestal Vicente Guerrero (Forvigro)
Esta empresa ejerció un gasto de 3.8 miles de millones de pesos, inferior en 5.0% al presupuesto original. Según la cuenta pública de 1986, esta disminución se debió principalmente a los graves problemas que se presentaron en la economía nacional en su conjunto, los cuales provocaron el estancamiento de los precios de los productos terminados y una importante reducción en la metas del programa "Producción y Transformación
Agroindustrial y Paraestatal", que es el más importante de la entidad. Del total erogado, el 84.2% correspondió a recursos propios y el 15.% a recursos fiscales. forvigro destinó su presupuesto a la ejecución de siete programas, de ellos sobresalió "Producción y Transformación Agroindustrial y Paraestatal", al cual destinó el 80.5% de su presupuesto ejercido. Este programa comprendió ocho metas de las cuales se rebasó en 35% la de conservar caminos de penetración y acceso para la extracción de materia prima; se cumplió en 100% la de construir este tipo de caminos; y no se alcanzaron las relacionadas con la obtención de madera aserrada y tablero aglomerado, entre otras, debido a que el precio de venta de estos productos fue inferior a su costo de producción.
Instituto Mexicano del Café (Inmecafé)
El presupuesto ejercido por el instituto fue de 153.6 miles de millones de pesos, 39.0% mayor que el autorizado originalmente; el 90.0% de ese monto correspondió a recursos propios y el 10.0% a recursos fiscales. La diferencia entre el presupuesto ejercido y el autorizado se debió a que el monto correspondió a recursos propios y el 10.0% a recursos fiscales. La diferencia entre el presupuesto ejercido y el autorizado se debió a que el aumento de los precios externos del café afectó el gasto de la entidad, al incrementar sus pagos a los productores nacionales, por lo cual no se reflejó en el déficit del organismo. Cabe señalar que en 1986 el Inmecafé obtuvo utilidades y efectuó pagos de impuestos.
Los recursos ejercidos por la entidad se destinaron a la ejecución de cuatro programas, de los que destaca "Comercialización y Distribución de Productos Agropecuarios y Forestales", que absorbió el 93.8% del total. Este programa es financiado con recursos provenientes de las ventas de café.
En el programa de comercialización de la entidad no se alcanzó la meta programada de compras de café, debido en gran parte al incremento de las operaciones de la iniciativa privada, que al principio del año pagó a los productores precios superiores a los del Inmecafé, aunque a finales de 1986 los precios del instituto rebasaron a los ofrecidos en promedio por los compradores privados.
Productos Forestales Mexicanos (Proformex)
El gasto ejercido por este organismo fue de 9.9 miles de millones de pesos, superior en 135.7% al presupuesto original. Este incremento obedeció básicamente a la adquisición de equipo de oficina, a la reposición de equipo de cómputo, a los incrementos salariales autorizados en el año y al aumento en las tarifas de los servicios que requirió la empresa.
Proformex distribuyó su presupuesto entre siete programas, de los cuales el más importante fue "Producción y Transformación Agroindustrial y Paraestatal", en el cual se ejerció un gasto de 8.2 miles de millones de pesos (el 82.6% del gasto total).
Por lo que respecta a las metas del programa de referencia, la de extracción de madera en rollo se rebasó en 486%, la producción de madera aserrada en 9% y la de producción de empaques agrícolas en 71%. Las metas relativas a la producción de triplay y de empaques industriales no se alcanzaron, debido a la explosión de una caldera de la fábrica de triplay y a la baja demanda de empaques, respectivamente.
Secretaría de la Reforma Agraria
De acuerdo con la información que se presenta en el tomo correspondiente de la cuenta pública, en 1986, esta Secretaría ejerció un gasto programático de 54.6 miles de millones de pesos, mayor que el presupuesto originalmente en 39.3%. Esta variación se debió principalmente a los incrementos salariales decretados por el Ejecutivo Federal; a las acciones de desconcentración, que propiciaron el translado de trabajadores a distintas entidades federativas; a la compra de equipo para la instalación de una red de teleproceso en cada delegación agraria, y al apoyo otorgado a los programas especiales a cargo de la dependencia.
Del gasto ejercido por la Sra., 51.1 miles de millones de pesos correspondieron a gasto directo y 3.5 miles de millones de pesos a transferencias, de las cuales se canalizó el 88.6% a gasto corriente y el 11.4% a gasto de capital.
Los recursos de la secretaria se destinaron a la ejecución de ocho programas, de los cuales sobresalen por su ejercicio "Reparto y Regularización de la Tenencia de la Tierra" (31.3%), "Administración Agraria" (24.4%) y "Administración" (23.3%); en conjunto, estos programas absorbieron el 78.8% del total ejercido por la dependencia.
En el programa "Reparto y Regularización de la Tenencia de la Tierra", la meta relativa a la ejecución de resoluciones presidenciales fue superada en 191%, mediante la ejecución de 350 resoluciones presidenciales en beneficio de 34 mil 543 jefes de familia, y la meta de otorgamiento de documentos de reconocimiento a ejidatarios se basó en 182%. Únicamente se observaron dos incumplimientos, los cuales obedecieron a que algunos expedientes no se ajustaron a los requisitos legales y a que se presentaron problemas climatológicos en algunas entidades de la República que impidieron cumplir la meta de fotoidentificación de predios, correspondiente al subprograma
"Catastro de la Propiedad Rústica".
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Dar doble click con el ratón para ver imagen
III.B Desarrollo Regional y Ecología
1. Resultados generales
El sector Desarrollo Regional y Ecología está integrado por el subsector Desarrollo Regional, (ramo XXVI), la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (ramo XX) y las entidades, organismos, fondos, fideicomisos y empresas subsidiadas que ejecutan acciones en materia de desarrollo regional, desarrollo urbano, vivienda y ecología.
Para la ejecución de las acciones del sector Desarrollo Regional y Ecología, se le asignó originalmente un presupuesto de 543.8 miles de millones de pesos, que fue ampliado a 801.8 miles de millones de pesos, para rebasar en 30.8% a la asignación original, lo cual se explica porque el sector recibió transferencias del ramo XXXI, que se refiere a diversas acciones de reconstrucción. Cabe destacar que prácticamente todas las dependencias del sector público y los gobiernos estatales participan en el ejercicio de recursos asignados a este sector. El gasto del sector representó el 4.7% del gasto programable total del sector público.
De los recursos ejercidos, 273.1 miles de millones de pesos (34.0%) correspondieron al ramo XXVI "Desarrollo regional", 96.3 miles de millones de pesos (12.0%) a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (sin considerar el gasto de sus organismos sectorizados y la reconstrucción de vivienda financiada a través de Fonhapo y 432.4 miles de millones de pesos (54.0%) a las empresas, organismos, fondos y fideicomisos subsidiados; de éstos, destacan los subsidios otorgados a estados y municipios (21.2% del gasto total del sector), a Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100 [10%], al Fonhapo [6.6%] y al Sistema de Transporte Colectivo "Metro" (5.0%).
Al revisar la cuenta pública sectorial, pudimos conocer que durante 1986 los recursos del sector Desarrollo Regional y Ecología se destinaron a promover el proceso de descentralización de las actividades económicas y de la Administración Pública Federal, mediante el impulso a las economías estatales, el fortalecimiento de las bases de la vida municipal y el mejoramiento de la relación que guardan el gasto regional y el sectorial.
Para ello, se apoyó en forma especial el desarrollo de aquellas zonas que por sus recursos y ubicación son estratégicas para el país, con base en la coordinación de acciones entre los tres niveles de gobierno y en la consolidación de los sistemas estatales de planeación. Lo anterior permitió crear condiciones para fortalecer los equilibrios sociales y mejorar el nivel de vida de la población.
Por lo que respecta al desarrollo urbano, la vivienda y la ecología, en 1986 se mantuvieron los
propósitos de apoyar e impulsar el ordenamiento y la regulación de los asentamientos humanos mediante la dotación del suelo, infraestructura y equipamiento urbano; propiciar la construcción de viviendas populares; y controlar y disminuir la contaminación en el territorio nacional, especialmente en zonas críticas como las ciudades y las cuencas hidrológicas.
Particular relevancia tuvieron los esfuerzos realizados para solucionar los problemas de urbanización y viviendas, que se agudizaron a partir de los sismos de 1985; las acciones en este sentido beneficiaron a los sectores de bajos ingresos.
Subsector desarrollo regional
Con el propósito de avanzar en el cumplimiento de los objetivos de la política regional, en 1986 se realizaron acciones por medio de programas productivos, de infraestructura básica, de apoyo y de desarrollo social, conforme a las modalidades programáticas comprendidas en los programas de Desarrollo Regional; (PDE), Regionales de Empleo (PRE) y de Coordinación Especial (PCE), acordes con la estrategia de descentralización, y en el marco de los siete programas regionales estratégicos y de los 10 planes estatales vigentes.
Los recursos destinados a los programas de Desarrollo Regional (PDR) se orientaron a aumentar los servicios en ciudades medias y a crear condiciones que contribuyeran a elevar el nivel de vida de la población. De las acciones realizadas en estos programas, destacan las siguientes: en lo referente al desarrollo de áreas de riego, se beneficiaron 48 mil 108 ha y 56 mil 586 productores; en la construcción de carreteras estatales, se construyeron 628 kilómetros; por lo que respecta a la ampliación y mejoramiento de la planta física educativa, se construyeron 7 mil 690 aulas, seis bibliotecas, 13 centros educativos, ocho escuelas, 140 laboratorios y 301 talleres, en beneficio de 583 mil 386 alumnos; y en electrificación rural se llevaron a cabo 639 obras y se electrificaron a 553 comunidades, en beneficio de 778 mil 897 personas.
Por lo que respecta a los programas Regionales de Empleo (PRE), durante el ejercicio fiscal de 1986 se continuaron las acciones para proteger el nivel de empleo mediante la incorporación de trabajadores a las actividades productivas; para ello se ejecutaron obras de beneficio social, como son las de mejoramiento de servicios públicos urbanos y vivienda, de infraestructura ganadera, de caminos rurales y de rehabilitación de escuelas. Dichos programas también se orientaron a promover la capacitación de los trabajadores; a otorgar becas a hijos de campesinos, obreros y miembros de las clases medias populares, y a atender necesidades de los pasantes que prestan sus servicio social obligatorio.
Dentro de los PRE se apoyó económicamente con 39 mil 981 becas a pasantes de educación superior, por conducto de la Comisión Coordinadora del Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior; se otorgaron 111 mil 011 becas a hijos de trabajadores en el programa de becas "Ignacio Ramírez", y se concedieron 14 mil 583 becas de capacitación a trabajadores.
Los programas de Coordinación Especial (PCE) se establecieron como un instrumento para la descentralización de funciones y recursos a los estados, así como para optimizar la asignación del gasto, tanto de los sectores de la administración pública federal como de los gobiernos estatales.
Estos programas, que son adicionales a la propuesta anual de inversión, se ejecutan conjuntamente con las 31 entidades federativas, mediante acuerdos de coordinación (CUD), y su operación se realiza con recursos transferidos por diversos sectores de la administración pública.
Los recursos de estos programas se destinaron a la operación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en varios estados de la República; a la construcción de las prensas de almacenamiento "Malpaso" y la "Villita" en Zacatecas, del Canal de Ajacuba en Hidalgo, de libramientos en Sinaloa y de la carretera Empalme - Hermosillo - Nogales en el estado de Sonora; a diversos proyectos de acuacultura; y a programas como el de apoyo al gasto estatal del programa "primaria para todos los niños" y el de servicios de salud pública, entre otros.
Subsector desarrollo urbano y ecología
Los principales propósitos de esta subsector para 1986 fueron: ordenar y regular los asentamientos humanos, construir vivienda popular, reconstruir vivienda dañada por los sismos, disminuir la contaminación y procurar el equilibrio ecológico y la protección del ambiente.
Con objeto de seguir consolidando el Sistema Urbano Nacional y de ordenar y regular internamente los principales centros urbanos del país, se avanzó en la urbanización para uso habitacional. En este rubro destacaron las acciones emprendidas por el Fonhapo en materia de financiamiento para la construcción de lotes con servicios a nivel nacional: se terminaron 18 mil 994 lotes (el 98.0% de la meta programada), se iniciaron los trabajos
en 22 mil 394 (2.2% más de lo previsto) y quedaron en proceso 19 mil 187, que fueron terminados en 1987.
Las entidades sectorizadas urbanizaron integralmente 119 ha. Los esfuerzos se concentraron en la urbanización de algunas ciudades de mayor prioridad, entre las que destacan las de Altamira, Tamaulipas; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Acapulco, Guerrero; y Puerto Vallarta, Jalisco.
En materia de vivienda progresiva, se iniciaron acciones para beneficiar a 26 mil 394 familias, cifra superior en 65% a la previsión original. Además, se terminaron 31 mil 875 acciones que beneficiaron a igual número de familias.
En cuanto al mejoramiento de vivienda, se inició la rehabilitación de 7 mil 696 unidades cifra mayor en 25% que la meta original.
En este mismo programa se terminaron de rehabilitar 7 mil 549 viviendas; la meta no se cumplió en su totalidad porque se presentaron retrasos en la organización de la comunidad para acceder a los créditos, en la regularización de la tenencia de la tierra y en la integración de proyectos de construcción por parte de los solicitantes.
En materia de vivienda terminada, el Fonhapo concluyó 480 viviendas que habían quedado pendientes de otros ejercicios. Actualmente, Fonhapo ya no destina recursos a vivienda terminada, sino a otras acciones de menor costo (lotes con servicios, vivienda progresiva y mejoramiento de vivienda), con objeto de ampliar su cobertura social. Por otra parte, las demás entidades sectorizadas concluyeron 713 viviendas.
En materia de reconstrucción, se iniciaron 41 mil 416 viviendas, con recursos del Programa de Renovación habitacional Popular; de ellas, 21 mil 188 se terminaron durante el ejercicio y 20 mil 228 en el primer semestre de 1987.
Asimismo, se puso en marcha el Programa de la zona sur de Jalisco, con la construcción de 642 viviendas y la rehabilitación de otras 538; dicho programa se concluyó en junio de 1987.
En el Programa de Reconstrucción de Nonoalco - Tlaltelolco, se repararon y realizaron acabados en 4 mil 142 viviendas y se inició la reparación estructural de otras 4 mil 488. En las actividades de reparación estructural, que representan el mayor volumen de obra, se alcanzó el 100% de la meta programada, lo que significó un avance de 24% respecto del programa global trianual (1986-1988). Además, se benefició a 4 mil 130 familias con vivienda provisional y ayudas de renta, y se inició la rehabilitación del edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Talatelolco.
Por otra parte, en la cuenta pública se informa que en materia de urbanización se amplió la reserva territorial, lo que constituye un elemento clave para reordenar la expansión urbana.
Para contribuir a la ampliación de la infraestructura y al equipamiento de ciudades medias y localidades menores de 150 mil habitantes, Banobras, con el apoyo técnico de la Sedue, atendió las necesidades de financiamiento para mejorar los servicios urbanos indispensables, como los de agua potable, alcantarillado, electrificación, vialidad, pavimentación, transporte, mercados y rastros, entre otros. Además, se otorgó créditos para la adquisición de vivienda, la regulación de servicios territoriales y la consolidación del sistema de transporte.
En materia de prevención y control de la contaminación del suelo, la Sedue realizó 17 rellenos sanitarios, entre los que destacan los de Aguascalientes, Manzanillo y Colima.
En cuanto a las acciones encaminadas a reducir la contaminación atmosférica, resalta el cumplimiento de las metas establecidas para 1986 en relación con las 21 medidas decretas en ese sentido por la zona metropolitana del valle de México.
A fin de revertir el proceso de contaminación del agua, se registraron para su control 254 descargas de agua residuales y se fijaron las condiciones de descarga a que deberán sujetarse 210 empresas; se realizaron 126 visitas de inspección y 101 notificaciones de infracción; y se continuó con el equipamiento de laboratorios de cobertura regional para el análisis de la calidad del agua, entre los que sobresalen los de Tabasco y Puebla.
Además, se llevaron a cabo 10 estudios sobre el desarrollo y aprovechamiento de áreas naturales, y se realizaron 21 obras de infraestructura en áreas naturales protegidas y en parques nacionales.
Finalmente, para preservar el patrimonio histórico - cultural, se efectuaron 96 restauraciones en sitios históricos y monumentos, que comprenden 46 templos y ex conventos, así como 36 museos y casas de cultura.
2. ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL
Subsector desarrollo regional (ramo XXVI)
La información disponible nos permitió conocer que el gasto programático total del subsector fue
de 647.6 miles de millones de pesos; esta cifra representa un incremento de 78.2% respecto al presupuesto original y de 77.4% con relación al año anterior. Es necesario recordar que la mayoría de la entidades gubernamentales (principalmente la Secretaría de Salud y Educación Pública, así como el Departamento del Distrito Federal) y muchos de los gobiernos estatales ejercen el presupuesto asignado a este ramo. Es decir, estas variaciones se explican por la prioridad que se concedió a los programas regionales de empleo y de coordinación especial, así como a la infraestructura para la educación, la salud y otros servicios sociales que fueron afectados por los sismos de 1985.
El gasto ejercido del subsector se distribuyó de la siguiente manera: el 22% correspondió a los programas de Desarrollo Regional, el 7.7% a apoyos financieros a estados y municipios, el 60.6% al Departamento del Distrito Federal, el 4.3% a los programas Regionales de Empleo y el 5.3% a los programas de Coordinación Especial.
Los programas regionales y de empleo destinaron el 90% de sus recursos a promover proyectos productivos y a crear infraestructura básica y de desarrollo social. Los programas de coordinación especial comprenden 30 programas y 37 subprogramas, entre los cuales destaca el de integración de la educación básica, al que se canalizó el 64.5% del gasto ejercido, seguido por el de construcción y conservación de edificios para la salud (8.4%) y el agua potable (5.8%); estos tres programas en conjunto recibieron el 78.7% de los recursos totales erogados en los PCE.
Por último, cabe señalar que en la cuenta pública se registra en este ramo la asunción de pasivos del Departamento del Distrito Federal, que fue de 447.4 miles de millones de pesos. Esta información se analizará con más detalle al revisar la Cuenta Pública del Distrito Federal.
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
La Sedue ejerció un gasto de 154.2 miles de millones de pesos, superior en 67.4% al presupuesto originalmente. Esta variación se explica porque se transfirieron a esta dependencia 63.4 miles de millones de pesos presupuestados en otros ramos.
De dicho monto, 52.9 miles de millones de pesos provinieron del ramo XXXI, reconstrucción por daños sísmicos, y se destinaron a la reconstrucción de vivienda; de éstos, 20.1 miles de millones de pesos se canalizaron a Nonoalco - Tlaltelolco; 29.6 miles de millones de pesos a renovación habitacional popular; y 3.3 miles de millones de pesos a sitios históricos y a los edificios de las juntas federal y local de conciliación y arbitraje.
Asimismo, se transfirieron 3.4 miles de millones de pesos del ramo XXVI, desarrollo regional, principalmente para la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Tijuana.
Finalmente, se efectuaron ampliaciones presupuestales por 6.9 miles de millones de pesos, que se asignaron al pago de los incrementos salariales autorizados en el año y a otros rubros de gasto corriente.
Los recursos ejercidos por la dependencia se destinaron a la ejecución de 32 programas, entre los que destacaron por su gasto "reconstrucción por daños sísmicos", con el 34.4 % del total, y "vivienda progresiva", con el 15.3%.
Respecto a los programas de administración, éstos fueron importantes en la medida en que permitieron el cumplimiento de las acciones normativas y de supervisión que desarrolla la secretaria, pero fundamentalmente porque a través de ellos se ejercieron los recursos crediticios para la reconstrucción de vivienda en el Distrito Federal y en la zona sur de Jalisco. Además, mediante estos programas se concertaron créditos significativos con instituciones financieras, otras dependencias, estados y municipios, así como los sectores social y privado, por los cuales se captaron los recursos necesarios para financiar obras prioritarias de agua potable y alcantarillado, plantas de tratamiento de aguas residuales, equipamiento urbano e instalación de equipo anticontaminante en las industrias.
Los 32 programas a cargo de esta Secretaría comprendían 111 metas, de las cuales 72 se superaron y ocho cumplieron en 100%. Entre las metas rebasadas se encuentran las del programa "vivienda progresiva" que consistían en financiar el inicio y la terminación de lotes con servicios, la construcción de pies de casa y el mejoramiento de viviendas.
En otros programas no se alcanzó el total de las metas programadas, como en el relacionado con la instalación de nuevos laboratorios, debido fundamentalmente a que los costos de mano de obra y materiales fueron mayores que los previstos
.
Dar doble click con el ratón para ver imagen
II. C. PESCA
I. Resultados generales
De acuerdo con el tomo correspondiente de la cuenta pública, las acciones del sector estuvieron encaminadas a incrementar la producción de alimentos, a generar empleos, a captar divisas, a contribuir al desarrollo regional y a mejorar los niveles de vida de los trabajadores dedicados a la pesca.
Durante 1986 la producción pesquera continuó en ascenso, ya que alcanzó un volumen de 1 millón 354 mil toneladas, superior en 7.8% el obtenido en 1985.
De ese total, correspondió a la captura el 90.0% (1 millón 218 mil toneladas) y a la acuacultura el 10.0% restante (136 mil 333 toneladas). Con lo cual se cumplieron los objetivos y estrategias establecidos para el programa de captura en el ejercicio presupuestal que se analiza.
El volumen de captura estuvo integrado fundamentalmente por especies de consumo popular, como sardina, atún, tiburón y cazón. En este renglón destacó la producción atunera, que ascendió a 101 mil 745 toneladas para registrar un incremento del 290.0% con respecto a 1982.
El sector público participó en la captura en 89 mil 364 toneladas (6.6%), el sector social con 364 mil 226 toneladas (26.9%) y el sector privado con 900 mil 410 toneladas (66.5%), con lo cual superaron los niveles obtenidos el año anterior en 42.4%, 3.2% y 8.8%, respectivamente.
De la producción pesquera total, se canalizaron al consumo humano directo 823 mil toneladas (61.0%) en sus presentaciones de fresco, congelado y enlatado, y al consumo humano indirecto 479 mil toneladas (35.2%), las 52 mil toneladas restantes (3.8%) se destinaron a uso industrial.
La participación de la producción destinada al consumo humano directo disminuyó 1.6% con relación a 1985, debido al incremento del costo de adquisición de la hojalata para empaque de sardina y a la insuficiencia de capital de trabajo en las plantas enlatadoras.
En la industrialización de pesqueros participaron la Secretaría de Pesca, Propemex, Fondepesca y Pescado de Chiapas. Las empresas pesqueras procesaron 722 mil 988 toneladas de materia prima (superiores en 2.8% con relación al año anterior), que les permitieron obtener una producción de 243 mil 205 toneladas de productos terminados, de las cuales correspondió a congelados el 39.0% y el resto a otros procesos. El volumen de productos terminados fue inferior en 4.0% al obtenido en 1985, debido a que la industria enlatadora enfrentó problemas de liquidez para adquirir insumos, por lo cual destinó una mayor proporción de sardina el consumo humano indirecto (harina).
En el mercado nacional se comercializaron 593 mil 229 toneladas de productos pesqueros, distribuidas de la siguiente manera: 382 mil 522 toneladas (63.5%) de producto fresco, 55 mil 678 toneladas (9.4%) de congelado, 50 mil 497 toneladas (8.5%) de enlatado, 101 mil 269 toneladas (17.0%) de harina de pescado y 3 mil 263 toneladas (0.6%) de otras presentaciones. Dicho volumen fue menor en 4.1% con respecto al de 1985 debido a los problemas que se presentaron en la fase de industrialización, los cuales impidieron procesar un mayor volumen de sardina; sin embargo, el consumo per capita se mantuvo en 13.0% kilogramos, en virtud de que se fortaleció el sistema nacional para el abasto y de que se redujo la intermediación en la fase de comercialización.
En cuanto al mercado externo, se exportaron 150 mil 560 toneladas de productos pesqueros, con un valor de 469.8 millones de dólares; los principales productos exportados fueron el camarón y el atún congelado, que representaron el 65.0% del volumen total y el 86.3% del valor. A su vez, el volumen de las importaciones fue de 7 mil 427 toneladas, con un valor de 6.2 millones de dólares.
Como resultado, se obtuvo un saldo favorable en la balanza comercial de productos pesqueros de 463.6 millones de dólares, mayor en 22.5% que el alcanzado el año anterior.
Por otra parte, la actividad de la flota pesquera se reorientó a la explotación de especies de escama, para lo cual se continuó con la consolidación y ampliación de las instalaciones portuarias y de comunidades pesqueras. En la captura intervinieron 3 mil 317 embarcaciones mayores y 54 mil 931 embarcaciones menores, lo que da un total de 58 mil 248 unidades, superior en 12.2% al de 1985. Cabe señalar que la situación económica del país afectó los programas de crédito, mantenimiento, reparación, reposición y construcción, por lo cual la flota mayor operó únicamente al 85.0% de su capacidad.
A fin de coadyuvar al óptimo aprovechamiento de los recursos pesqueros, se realizaron estudios de flota, se efectuaron acciones de coordinación de programas para la conservación y mantenimiento de 21 embarcaciones (Unicap), se construyeron 24 embarcaciones camaroneras y de pesca múltiple, se rehabilitaron 12 embarcaciones y se produjeron 378 toneladas de redes y artes de pesca.
En apoyo de las actividades del sector, se llevaron a cabo diversas encaminadas a consolidar y a ampliar las instalaciones portuarias pesqueras, entre las que destacan las siguientes: se construyeron atracaderos, muelles y escolleras; se terminaron fábricas de hielo, neveras modulares, centros de recepción y talleres de reparación de embarcaciones menores; y se realizaron obras de pavimentación y dragado.
En el tomo del sectorial de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal se indica que en el sector se generaron empleos tanto permanentes como eventuales, con lo cual se alcanzó una tasa anual de crecimiento de 4.6%. El número de personas ocupados en la actividad pesquera durante 1986 ascendió a 270 mil 069.
En cuanto a la organización de los pescadores, se integraron 102 sociedades cooperativas con 4 mil 951 socios. Asimismo, mediante el programa de apoyo a las actividades de organización en aspectos jurídicos para trámites administrativos, en el cual participaron 1 mil 112 profesionales, se proporcionó asesoría a 111 sociedades cooperativas, en beneficio de 9 mil 301 pescadores, y se regularizaron 82 sociedades de ese tipo, principalmente camaroneras, que en conjunto agrupan a 6 mil 901 pescadores. Las acciones realizadas permitieron a las sociedades cooperativas tener acceso al crédito oficial.
En materia de capacitación, se adiestró a 2 mil 706 pescadores en los centros de capacitación y barcos escuelas de la Secretaría de Pesca, con lo cual se actualizaron los conocimientos y habilidades de los pescadores en aspectos de captura, transformación y comercialización de los productos, y se incrementó la eficiencia de las unidades de producción.
Con el propósito de mejorar el aprovechamiento de los recursos pesqueros, se realizaron investigaciones científicas y tecnológicas de prospección y evaluación de los recursos, entre las que destacan 16 estudios sobre las principales pesquerías nacionales. Asimismo, se construyó un centro regional de actividad pesquera en Manzanillo, Colima; se dio conservación y mantenimiento a 10 centro regionales, y se equiparon 13 centros regionales de investigación pesquera distribuidos en todo el país.
Las investigaciones realizadas sirvieron de base para la toma de decisiones sobre el uso y administración de los recursos y productos pesqueros, ya que aportaron elementos para determinar los potenciales de pesca, las cuotas y franquicias, la apertura de nuevas pesquerías, las tallas de captura y las épocas de veda y pesca.
En materia de investigación y tecnología para acuacultura, se llevaron a cabo siete investigaciones relativas al caracol del Caribe, a los moluscos bivalvos, a la jaiba mudada, al callo de hacha y al cultivo de camarón. Al respecto, en el centro de Alvarado se realizó una investigación sobre los procesos de muda de caparazón de la jaiba y, por lo que corresponde al callo de hacha, en el centro regional de Yucalpetén se efectuó una investigación orientada a describir el desarrollo larvario de la atrina rígida.
Por otra parte, en la Cuenta de la Hacienda Publica Federal se informa que Productos Pesqueros Mexicanos, S. A. de C. V. (Propemex), continuó cumpliendo con los objetivos de operación de sus programas relativos al reordenamiento de activos y desinversión corporativa, racionalización de personal y cierre de sucursales, a fin de seguir mejorando su aparato productivo y distributivo.
Uno de los objetivos primordiales de esta paraestatal fue incrementar, intensificar y diversificar la captura de especies marinas y lacustres, con la finalidad de aumentar su producción. Así, en 1986 logró una captura de 162 mil 337 toneladas, superior en 59.1% a la meta original; de ese total, 12 mil 051 toneladas fueron capturadas con flota de la empresa operada por ella misma y 150 mil 286 toneladas con flota de la entidad operada por terceros. Asimismo, Propemex adquirió de terceros
50 mil 158 toneladas de productos pequeños, volumen inferior en 26.4% al del año anterior. Como resultado, la entidad alcanzó un total de 212 mil 495 toneladas.
En materia de industrialización, las empresas del consorcio Propemex procesaron 113 mil 176 toneladas, de las cuales obtuvieron 53 mil 281 toneladas de producto terminado, que representaron el 21.9% de la producción nacional, estimada en 243 mil 205 toneladas. En este rubro destaca la producción de enlatados, que ascendió a 35 mil 968 toneladas, principalmente de atún y sardina, equivalentes al 71.0% del total obtenido a nivel nacional (50 mil 670 toneladas).
Productos Pesqueros Mexicanos, en coordinación con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Diconsa e Impecsa, promovió convenios de comercialización, mediante los cuales se canalizaron al mercado interno 67 mil 255 toneladas de productos pesqueros: 10 mil 758 toneladas de fresco, 40 mil 653 toneladas de enlatados, 10 mil 253 toneladas de harina de pescado, 3 mil 468 toneladas de congelados y 2 mil 123 toneladas en otras presentaciones. Además, exportó 25 mil 006 toneladas, lo cual significa que en conjunto comercializó 92 mil 261 tonelas, cantidad inferior en 31.0% a la meta establecida.
Según la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, para alcanzar los resultados señalados el sector pesca ejerció un gasto de 304.5 miles de millones de pesos, superior en 96.1% al de 1985 y en 13.1% al presupuesto original.
De ese monto, 24.7 miles de millones de pesos (8.1%) fueron ejercidos por la Secretaría de Pesca, lo que significó un incremento de 39.5% con respecto a 1985 y de 13.8% en relación con lo autorizado inicialmente; Productos Pesqueros Mexicanos erogó 268.5 miles de millones de pesos (88.2%), cantidad superior en 110.7% a la ejercida en 1985 y en 13.8% a la presupuestada; los 11.3 miles de millones de pesos restantes (3.7%) fueron ejercidos por los demás organismos, empresas, fondos y fideicomisos del sector, entre los que destacó por su gasto el Banco Nacional Pesquero y Portuario, con 10.1 miles de millones de pesos.
II. ANÁLISIS PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL
Secretaría de Pesca
En la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, se observó que el presupuesto programático ejercido por esta Secretaría ascendió a 78.6 miles de millones de pesos, cifra superior en 35.2% al presupuesto original. Esta variación se explica básicamente por la asunción de pasivos de sus entidades coordinadas, que ascendió a 22.0 miles de millones de pesos, ya que, si se excluyen estos recursos, el gasto programable de la entidad resulta inferior en 2.6% al autorizado inicialmente.
Cabe mencionar que, los recursos ejercidos por la dependencia, se canalizaron 24.7 miles de millones de pesos a gasto directo y 53.9 miles de millones de pesos a transferencias, de las cuales correspondió el 52.7 al gasto corriente y el 47.3% al gasto de capital.
El presupuesto ejercido por la Secretaría de destinó a la ejecución de 11 programas, entre los que destacan por el monto de los recursos ejercidos "administración" (62.7%), "captura" (10.0%) e "industrialización de productos pesqueros" (7.7%), en los que en conjunto se erogó el 80.4% del gasto total de la dependencia.
Los programas mencionados comprendieron 64 metas, de las cuales se alcanzaron o se rebasaron 40; el resto no se cumplieron debido básicamente a la reasignación de recursos a obras prioritarias, a factores climatológicos adversos, a la antigüedad y subutilización de las embarcaciones, a la insuficiente capacidad instalada para descarga de productos, a los aumentos en los costos de operaciones y a la escasez de financiamiento para la adecuada operación de la flota.
Entidades Coordinadas por Sepesca.
Productos Pesqueros Mexicanos, S. A. de C. V. (Propemex)
De acuerdo con la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, el gasto programático ejercido por esta entidad ascendió a 248.0 miles de millones de pesos, cantidad que superó en 6.3% el presupuesto original, debido principalmente a los incrementos salariales autorizados durante el año, a los aumentos en los precios de los insumos y, en el caso de las importaciones, al deslizamiento del tipo de cambio.
La entidad destinó dichos recursos a la ejecución de seis programas, entre los que destacan "comercialización y transporte de productos pesqueros" e "industrialización de productos pesqueros", que absorbieron el 76.8% y el 15.4% del gasto total, respectivamente.
Estos programas incluyeron 56 metas, de las cuales 14 se cumplieron o se rebasaron; el resto no se alcanzó, a pesar de que se lograron avances
importantes, debido a que se retrasó la puesta en operación de algunas de sus filiales y el pago de las ventas que efectuó la entidad a otros organismos del sector público, a la insuficiencia de créditos, al encarecimiento de la materia prima, a dificultades que se presentaron para adecuar su relación costo - precio y a los problemas económicos que enfrentó el país durante 1986.
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Dar doble click con el ratón para ver imagen
III. D. DESARROLLO SOCIAL
1. Resultados Generales.
El sector social está integrado por los subsectores salud, educación laboral, y representa la prioridad fundamental en materia de gasto para el gobierno federal. En 1986 este sector ejerció un gasto de 4,579.1 miles de millones de pesos, cuya participación en el gasto programable fue de 26.4%, mayor que la de 1985 (25.3%).
Los propósitos centrales del sector fueron ampliar la cobertura y calidad de los servicios de salud y de educación, avanzar en la descentralización de dichos servicios, apoyar la capacitación, elevar la productividad y proveer a la impartición de la justicia laboral.
Educación
Los esfuerzos en materia de educación se orientaron a regionalizar y a descentralizar la educación básica, normal y superior, así como la investigación y la cultura; a garantizar a todos los mexicanos el acceso a los servicios educativos, mediante la ampliación de su cobertura y el mejoramiento de su calidad; y a extender los servicio en las áreas de educación física, deporte y recreación.
Los tres resultados principalmente del subsector educación en 1986 fueron: en educación primaria, se satisfizo el 100% de la demanda real efectiva; es decir, se atendió a toda la población que lo solicitó; se aumentó de manera significativa la atención a nivel preescolar y se redujo el analfabetismo. En efecto, en el año se dio educación preescolar a 1 millón 664 mil niños. 1.0% más que en 1985; en primaria se registraron 10 millones 241 mil alumnos, y el índice de analfabetismo se redujo de 8% en 1985 a 6% en 1986.
Otros logros alcanzados en las acciones orientadas a elevar los niveles y la calidad de la educación fueron los siguientes: se construyeron 448 bibliotecas, 53 más que el año anterior y 72 más que las programadas, con lo cual ascendió a 1 mil 359 el número de bibliotecas y a más de mil el de los municipios que cuentan con este servicio; se capacitó a 258 mil 932 maestros en educación básica, que representan aproximadamente un tercio de la planta de profesores; se elevó la eficiencia terminal, ya que la proporción de alumnos que concluyeron su primaria en seis años aumentó de 52.1% en 1985 a 53.8% en 1986; y disminuyó el porcentaje de reprobados de los primeros años, debido en parte a los programas de lector escritura.
En el ámbito rural, se completaron 1 mi 810 escuelas que no impartían los seis grados de primaria y se convirtieron 2 mil 012 escuelas unitarias en bidocentes y tridoncentes; además, en apoyo de la educación indígena, se atendió en educación preescolar a 186.2 miles de alumnos y en primaria bilingüe y bicultural a 505.5 miles de alumnos, que representaron incrementos de 2.5% y 2.2% con relación al año anterior, respectivamente.
Para apoyar el desarrollo de la educación, se produjeron 80,353 miles de libros para alumnos y maestros. Asimismo, con el fin de mejorar la asimilación y el manejo de las operaciones fundamentales, se distribuyeron paquetes didácticos a nivel primaria y, en materia de educación indígena, se produjeron libros de texto para preescolar y para primer grado de primaria bilingüe en 35 lenguas y 72 variantes dialécticas.
En educación secundaria, se atendió en sus diferentes modalidades a 3 millones 46 mil alumnos, cifras cercana a la propaganda; se continuó con la fa se piloto de la educación secundaria para comunidades indígenas; se elaboraron 24 libros de texto para alumnos; se prepararon guías para los maestros en 11 dialectos distintos, y se imprimieron más de 120 ejemplares de gramática náhuatl.
En educación para adultos, se reforzaron las acciones tendientes a llevar el alfabeto a las zonas más desfavorecidas y de difícil acceso; paralelamente, se buscó prolongar la permanencia de los educandos en el sistema de educación nacional, a fin de combatir el analfabetismo funcional. En este sentido, cabe destacar que se alfabetizó a 1 millón 3 mil personas, lo que representa una variación positiva de 34.5% respecto a la meta
original. "Con ello el índice nacional de analfabetismo disminuyó a 6% en 1986.
En educación media superior y superior, tanto universitaria como tecnológica, se mantuvo la cobertura y en algunos casos se incrementó; sobresale el aumento significativo registrado en la matrícula de profesional técnico de nivel medio superior, donde se forman los recursos humanos que requiere la planta productiva.
Asimismo, en educación normal se avanzó en el objetivo de equilibrar la oferta y la demanda de maestros en los diferentes niveles de educación básica, y se espera que para el ciclo 1988-1989 se habrá logrado plenamente este propósito.
Puede decirse que, en general, se amplió el acceso de la población a los servicios educativos, ya que la matrícula de este subsector se incrementó de 25.3 millones de alumnos en el ciclo escolar 1985 - 1986 a 25.956 millones de estudiantes 1986 - 1987, de los cuales la Federación atiende el 67%, los gobiernos de los estados el 24% y los particulares el 9% restantes.
En cuanto la infraestructura física para los diversos niveles educativos, se construyeron 27 mil 445 espacios educativos (aulas, talleres y laboratorios), con lo cual se superó la meta original de 25 mil.
En la reunión de análisis de la cuenta pública de 1986, los funcionarios del sector educacional informaron, en respuesta a preguntas explícitas de los diputados, que en educación básica normal se realizó la descentralización administrativa y la incorporación de contenidos regionales en la educación, que en 30 estados funcionarios los comités sectoriales de educación pública, cultural, recreación y deporte (Cosecred), y que en 16 entidades federativas funcionaron 975 comités municipales de educación.
Salud y seguridad social
Los propósitos principales de este subsector para 1986 fueron; mejorar la calidad y cobertura de los servicios básicos de salud, con énfasis en las acciones preventivas y en el primer nivel de atención, así como fortalecer las acciones de asistencia social y reducir las enfermedades transmisibles.
Las acciones de salud y seguridad social están organizadas en 11 programas entre los que destacan "atención preventiva", "atención curativa", "formación y capacitación de recursos humanos" y "asistencia social".
En este contexto, y de acuerdo con la información contenida en la cuenta pública de 1986, la Secretaría de Salud aplicó durante el mismo período 27 millones 621 mil dosis de vacunas principalmente a la población infantil; dicha cantidad superó en 40% a la meta programada.
La producción de biológicos y reactivos fue una de las acciones más relevantes que llevó a cabo el subsector para apoyar los "días nacionales de vacunación", tiene particular importancia para orientar la medicina hacia la atención preventiva y para reducir la dependencia de insumos extranjeros. La meta programada no se alcanzó debido a que las instalaciones afectadas por los sismos de 1985 se terminaron de reparar en agosto de 1986 y a que su operación no se normalizó sino hasta el último trimestre de este año.
Dentro del programa "atención preventiva", y con objeto de controlar las enfermedades transmisibles, se proporcionaron 3 millones 986 mil consultas, cifra ligeramente superior a la meta programada.
Por lo que corresponde al programa "atención curativa", se ortorgaron 12 millones 840 mil consultas externas generales y 3 millones 55 mil consultas especializadas, que fueron superiores a las programadas; también se atendieron 353 mil casos de hospitalización general y se realizaron 135 mil acciones de hospitalización especializada.
Para mejorar la calidad de los servicios a cargo de la S.S., se capacitaron 56 mil personas, entre profesionales, técnicos y personal administrativo, mediante la impartición de 2 mil 613 cursos, con lo cual se rebasaron las metas previstas
. Mediante el programa de reconstrucción y reordenamiento de los servicios de salud, que se estableció en 1986 para reparar los daños ocasionados a los hospitales y unidades médicas por los sismos de 1985, se concluyó la rehabilitación de 25 centros y clínicas de salud urbanos, siete unidades hospitalarias de segundo nivel y el Hospital General de México, en donde se habilitaron 1 mil 300 camas. Además, se inicio la recuperación de las 2 mil 700 camas del Centro Médico Nacional que se perdieron mediante la descentralización de los servicios a través de cinco centros médicos regionales.
Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social aplicó 25 millones 323 mil dosis de vacunas, atendió a 16 millones 218 mil personas con padecimientos infecciosos y crónicos - degenerativos, y otorgó 3.8 millones de consultas de odontología preventiva.
En atención curativa se proporcionaron 52.9 millones de consultas familiares, 9.4 millones de consultas especializadas, 3.3 millones de consultas de rehabilitación y 9.5 millones de servicios de urgencias. Además, se practicaron 935 mil intervenciones quirúrgicas y se atendieron 630 mil partos.
En materia de infraestructura, se rehabilitaron 27 unidades médicas de primer nivel en el Valle de México, 23 hospitales generales de zona y 12 hospitales de especialidades; se efectuaron ampliaciones en dos centros médicos regionales y adaptaciones en tres hospitales del Centro Médico Nacional, y se concluyeron y pusieron en operación hospitales rurales en tres estados para atender a 100 mil solidariohabientes.
Durante 1986, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, aplicó 3.8 millones de vacunas, proporcionó 6.8 millones de consultas en atención preventiva y 18.0 millones en atención curativa, y distribuyó 2.8 millones de raciones alimenticias.
A fin de recuperar la capacidad física perdida por los sismos de 1985, el instituto logró la rehabilitación de las clínicas Guerrero y San Antonio Abad, en el Distrito Federal, y las clínicas hospitales de Uruapan, Michoacán; Chilpancingo e Iguala, Guerrero, y Colima, Colima. Asimismo, la cobertura de atención médica se amplió con la incorporación de 67 nuevas, unidades médicas, 117 consultorios, nueve salas de cirugía, cuatro de expulsión, dos gabinetes radiológicos y 10 peines de laboratorio.
Laboral
Los objetivos que se propuso alcanzar este subsector durante 1986 fueron; impartir justicia en materia laboral, promover el empleo, la capacitación y la seguridad e higiene en los centros laborales, así como proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.
En el tomo sectorial de la cuenta pública se informa que los resultados obtenidos en el programa "impartición de justicia y vigilancia de la legislación laboral" fueron satisfactorios, pues, de los 29 mil 182 expedientes en trámite registrados al inicio de esta administración, sólo quedaron pendientes 11 mil 505.
Dentro del mismo programa, la labor conciliatoria permitió que, de 11 mil 522 emplazamientos a huelga recibidos, sólo se registraran 312 estallamientos. En los asuntos de demandas de conflictos individuales, se conciliaron 22 mil 468 juicios, de los cuales se concluyeron 19 mil 636. En materia de conciliación de conflictos obreropatronales se atendieron 2 mil 696 casos, de los cuales se resolvieron por convenio conciliatorio 1 mil 128, en beneficio de más de un millón de trabajadores: de estos casos estallaron 125 huelgas.
En el programa "empleo y organización social para el trabajo", durante 1986 se atendieron 176 mil 044 solicitudes de empleo, se captaron 157 mil 276 vacantes y se canalizaron 119 mil 600 personas a puestos de trabajo; además, el servicio nacional de empleo extendió su cobertura en la República con la incorporación de 14 nuevas oficinas.
En lo que respecta a becas de capacitación para trabajadores desempleados, en el tomo correspondiente de la Cuenta Pública Federal se informa que se benefició a 19 mil 384 personas mediante la impartición de 750 cursos, que abarcaban desde la educación primaria hasta la capacitación técnica especializada, así como otras materias que facilitan el autoempleo.
En el Programa Nacional de Capacitación y Productividad, se integraron 13 mil comisiones de capacitación se registraron 16 mil 332 planes de programas, que incluyen cursos para un millón 177 mil trabajadores, y se otorgaron 140 mil 728 constancias de habilidad laboral.
Dentro de las acciones orientadas a la protección del salario, se efectuaron, 226 estudios de cooperación técnica sindical, se elaboraron 50 documentos socioeconómicos del sector social, se prestaron 1 mil 320 asesorías en materia de participación de utilidades y 4 mil 089 en atención de diversos problemas de trabajadores, se concluyeron 3 mil 950 proyectos de construcción de casa para habitación obrera y se realizaron 56 acciones para fomentar las sociedades cooperativas en el ámbito sindical.
Además, se autorizaron 239 mil 450 créditos diversos, tanto en el Distrito Federal, como en el interior de la República, por un monto de 27 mil 539 millones de pesos.
2. ANÁLISIS PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL
Secretaría de Educación Públicas
Esta dependencia ejerció un gasto programático de 2 mil 112.7 miles de millones de pesos, que representó un incremento de 36.2% respecto al autorizado originalmente. Esta discrepancia
obedeció principalmente a los incrementos salariales autorizados durante el año, a una inflación mayor que la esperada y a la creación de plazas para atender servicios educativos.
Es importante señalar que, el gasto total de la Secretará, 1,367.9 miles de millones de pesos correspondieron a gasto directo y 744.8 miles de millones de pesos a transferencias, de las cuales el 84.3% se destinó a gasto corriente y 15.7% a erogaciones de capital.
El presupuesto ejercido por la dependencia se destinó a 18 programas, de los cuales destacaron por su participación en el gasto los siguientes: "integración de la educación básica" (39.5%), "reorientación del sistema de educación universitaria" (16.0%) e "impulso al sistema de educación tecnológica" (16.0%). Estos tres programas absorbieron el 71.5% del total erogado.
El programa "integración de la educación básica "está compuesto de 19 acciones, en 15 de las cuales se alcanzaron las metas programadas. En las cuatro restantes no se lograron las metas debido en gran parte el incremento que registraron los costos de operación y a la deserción en el medio rural. Esto último se explica principalmente por la migración de la población entre localidades rurales y hacia las ciudades.
Por lo que respecta al programa "reorientación del sistema de educación universitaria", se alcanzaron o rebasaron siete de las metas programadas, entre ellas las relacionadas con la inscripción en la UNAM y en las preparatorias federales por cooperación, y no se alcanzaron totalmente las correspondientes a atención de alumnos de educación media superior y superior en el Colegio de Bachilleres y en la SEP.
La insuficiencia en el cumplimiento de las metas se debió al incremento de la deserción escolar, que se atribuye a factores socioeconómicos de los alumnos.
De las nueve metas previstas en el programa "impulso al sistema educación tecnológica", no se alcanzaron tres. El incumplimiento de las metas se explica principalmente por el incremento de la deserción escolar, por la deficiente orientación vocacional y por la falta de terrenos en el Distrito Federal para la construcción de espacios educativos.
Secretaría de Salud
Esta dependencia ejerció un gasto de 308.8 miles de millones de pesos, superior en 32.8% al autorizado originalmente y en 82.2% al ejercido en 1985. Esta variación obedeció principalmente a los incrementos salariales y a que los gastos por adquisición y arrendamiento de vehículos y equipo de transporte terrestre fueron mayores que los presupuestados. Del monto total ejercido por la Secretaría, 247.0 miles de millones de pesos correspondieron a gasto directo y 61.8 miles de millones de pesos a transferencias, de las cuales el 94.3% se destino a gasto corriente y el 5.7% a gasto de capital.
La Secretaría asignó sus recursos a 11 programas, de los cuales sobresalieron los siguientes:" atención curativa" (39.6%); "administración de la salud"(28.6%) y "atención preventiva" (14.3%). Estos tres programas concentraron el 82.5% del gasto total ejercido. De las 36 metas que comprendía el programa "atención curativa" 21 se cumplieron o se rebasaron; las restantes no se alcanzaron debido principalmente a que la capacidad perdida por los sismos de 1985 no se recuperó totalmente durante 1986.
El programa "atención preventiva" consta de 11 acciones, en ocho de las cuales se rebasaron las metas programadas; destacan en este aspecto las acciones relativas a vacunación de humanos y otorgamiento de consultas de prevención y de control.
En cuanto a las tres acciones restantes (consultas de detección, mensajes de orientación y análisis y raciones alimenticias), las metas no se cumplieron porque se terminó el convenio con el programa mundial de alimentación y por la rotación y reubicación de personal.
La Secretaria de salud, para mejorar los servicios de salud, incrementó en 3 mil 020 las plazas del primer y segundo niveles de atención, autorizó el cambio de adscripción a 1 mil 555 trabajadores, e incrementó el personal de mandos de 190 a 441 puestos.
Además, se descentralizaron los servicios de salud en dos estados más, con lo cual sumaron 12 las entidades federativas en las cuales se había llevado a este proceso hasta 1986.
Por último se publicó la Ley de Asistencia Social en la se otorgaron al DIF facultades para coordinar el subsector Asistencia Social. En 1986, DIF ejerció recursos por 47 miles de millones de pesos, mayores en 30.0% que los presupuestados originalmente.
Instituto Mexicano del Seguro Social (I M S S)
Este organismo registró un gasto de 1 mil 557.2 miles de millones de pesos, cantidad superior en 19.3% a la presupuestada originalmente. El incremento se debió principalmente a los aumentos salariales que se otorgaron en 1986, a los efectos de la inflación y a aumentos superiores a los previstos en los servicios de comunicaciones, energía eléctrica, gastos de traslado y estancia de empleados y derecho habientes.
Los recursos ejercidos por el I M S S se concentraron principalmente en los programas "Atención Curativa" (47.7%) y "Prestaciones Económicas (28.2%), que absorbieron el 75.9% del gasto total.
El programa "Atención Curativa" comprendía 27 acciones, en 24 de las cuales se cumplieron o rebasaron las metas programadas; en el resto de las acciones el cumplimiento fue insuficiente, debido fundamentalmente a que han disminuido los padecimientos que requieren de consulta, como resultado de los programas de medicina preventiva y de la aplicación de programas de Cirugía Ambulatoria y Puerperio de Bajo Riesgo , que tienden a reducir la hospitalización.
En cuanto al programa "Prestaciones Económicas", se cumplieron las metas programadas originalmente.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (I S S S T E)
El I S S S T E ejerció un gasto de 410.1 miles de millones de pesos, monto superior en 28.0% al presupuesto original. Esta variación se debió, entre otros factores, a los incrementos salariales de emergencia, a la contratación de personal para apoyar la desconcentración de las áreas de servicios y para atender a la población derecho habiente en su lugar de residencia, a la homologación de sueldos del personal médico y paramédico, al aumento en los precios de los medicamentos y a una inflación superior a la esperada.
Los recursos del instituto se distribuyeron en 16 programas, de los cuales destacaron por su gasto los programas "Atención Curativa" (38.7%), "Prestaciones Económicas" (27.8%), y Financiamiento de Módulos Sociales" (10.1%), a los que se canalizó el 76.6% de la erogación total.
El Programa "Atención Curativa" consta de seis acciones, en dos de las cuales se alcanzaron o superaron las metas programadas. En el resto no se alcanzaron las metas por la pérdida de capacidad física instalada provocada por los sismos de 1985 y por haber disminuido las necesidades de hospitalización, como resultado de las acciones de cirugía externa ambulatoria y Puerperio de corta estancia.
De las cuatro acciones que comprende el programa "Prestaciones Económicas", en tres se rebasaron las metas; el incumplimiento en la restante se debió a que fue insuficiente la infraestructura de la unidad responsable.
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
El presupuesto programático ejercido por esta Secretaría fue de 27.9 miles de millones de pesos, superior en 18.7% a la asignación original. La variación se debió básicamente a los aumentos salariales otorgados durante el año, ya que los recursos correspondientes no estaban previstos en el ramo de erogaciones no sectoriales.
Del gasto total ejercido por la Secretaría, 23.0 miles de millones de pesos correspondieron a gasto directo y 4.9 miles de millones de pesos a transferencia, de las cuales el 55.1% se destinó a gasto corriente y el 44.9% a gasto de capital.
El presupuesto ejercido por la dependencia se distribuyó en nueve programas, de los cuales destacaron "Administración y Apoyo Técnico"(35.5%)"Impartición de Justicia y Vigilancia de la Legislación Laboral" (21.9%) y "Bienestar de los Trabajadores y sus Familias" (11.8%). Estos tres programas absorbieron el 69.2% del gasto total.
En el programa "Administración y Apoyo técnico" se cumplieron o rebasaron 26 de las 30 metas programadas originalmente; las cuatro restantes no se cumplieron en su totalidad debido a las medidas de austeridad y racionalidad adoptadas en el ejercicio del gasto, el incremento de los costos de producción y a problemas laborales.
De las 14 metas programadas originalmente en el programa "Impartición de Justicia y Vigilancia de la Legislación Laboral", 11 se cumplieron o se superaron. En el resto se registraron desviaciones como consecuencia de que algunas metas están sujetas a la demanda externa y a la asignación de personal a otras áreas.
En cuanto al programa "Bienestar de los Trabajadores y sus Familias", todas sus metas originales se cumplieron satisfactoriamente.
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Dar doble click con el ratón para ver imagen
III. E. COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
I. Resultados generales
El sector comunicaciones y transportes está integrado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por siete entidades sujetas a control presupuestal (Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos; Ferrocarriles Nacionales de México; Aeropuertos y Servicios Auxiliares; Aeronaves de México, S.A.; Ferrocarril del Pacífico, S. A. Ferrocarril de Chihuahua al Pacífico, S.A. DE C. V. y Ferrocarril Sonora - Baja California, S.A. de C. V.) y por diversas entidades que no se incluyen en el presupuesto, entre las que sobresalen Teléfonos de México, S. A. de C. V., y Servicios de Transbordadores.
El gasto programable ejercido por el sector comunicaciones y transportes en 1986 ascendió 1 mil 479.0 miles de millones de pesos, cifra que representa el 8.5% de gasto programable del sector público y que es superior en 60.1% a la ejercida en 1985.
Según consta en el tomo correspondiente de la cuenta pública, durante 1986 el Sector Comunicaciones y Transportes se propuso promover la reordenación territorial de la actividad económica, facilitar el comercio con el exterior, apoyar las actividades turísticas y ampliar la cobertura de las comunicaciones para avanzar en el proceso de integración nacional.
Los principales programas del sector para 1986 fueron: "Administración de Transporte Ferroviario", "Conservación y Reconstrucción de Carreteras", "Servicio Postal" e "Infraestructura Telefónica".
Subsector carretero
En cuanto a la construcción de carreteras troncales, los esfuerzos se concentraron en los proyectos que tuvieron mayor grado de avances y que formaran partes de ejes transversales estratégicos, En este sentido, se continuó la construcción de 37 enlaces carreteros, en los que se obtuvo un avance total de 303 kilómetros, cifra superior en 38.0% a la programada originalmente; entre las obras realizadas sobresalen las de las carreteras: Fronteriza del Sur, Chihuahua - Culiacán y Teotitlán - Tuxtepec, así como el puente "La Misión", en Baja California, que entró en servicio en 1986. Para concluir las obras de modernización y ampliación en proceso y poner en operación tramos pequeños que rindieran beneficios de inmediato, se ejecutaron trabajos en 556 kilómetros, cifra superior en 63.0% a la prevista originalmente; dentro de las obras ejecutadas destacan los tramos de las carreteras troncales de Guadalajara - Colima - Manzanillo, Coatzacoalcos- Villahermosa, Empalme - Hermosillo - Nogales, Acapulco - Iguala, Querétaro - San Luis Potosí, Matamoros - Reynosa y Monterrey - Nuevo Laredo, entre otras.
Respecto a la construcción y reconstrucción de caminos rurales, se efectuaron trabajos en 7 mil 780 kilómetros, comprendidos en 336 obras. De esta manera, se siguieron apoyando los programas regionales de empleo e impulsado el desarrollo económico y social del medio rural.
En la red troncal federal se realizaron trabajos de conservación y mantenimiento en 39 mil 250 kilómetros, con lo cual se cumplió plenamente la meta programada. En las carreteras alimentadoras se ejecutó este tipo de trabajos en 8 mil 313 kilómetros que representa el 17.2% de la meta original; no obstante, en la cuenta pública se informa que dicha meta se modificó de 45 mil 350 kilómetros a 8 mil 595 kilómetros.
Al respecto, en la reunión de análisis del sector que realizó esta Comisión, los servicios públicos de la S C T explicaron que dicha modificación obedeció a que las acciones del sector se complementarían con las que realizaran las entidades federativas, así como a la necesidad de dar prioridad a los tramos en donde el desgaste y las corrientes de tránsito fueran mayores y tuvieran más importancia económica y social. En suma, se buscó optimizar el uso de los recursos disponibles.
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos proporcionó servicio a 91.6 millones de vehículos en carreteras, superiores en 6.5% a la meta original y a 55.7 millones de vehículos y 121 millones de peatones en puentes, cifras que significaron el 97.7% y el 110.0% de lo programados, respectivamente.
Asimismo, efectuó obras para modernizar y ampliar a cuatro carriles las carreteras Querétaro - Irapuato y Puebla - Esperanza; continuó la construcción del puente "Tampico" y de los accesos del "Puente Internacional de Reynosa"; dio mantenimiento a 1 mil 440 kilómetros de carreteras de cuota, incluyendo 34 puentes a su cargo; e inició la construcción de la barrera central de concreto en la autopista México - Cuernavaca.
Es importante destacar que en el informe previo de la Contaduría Mayor de Hacienda se señala que en el mejoramiento de carreteras alimentadoras se alcanzó una eficiencia de 100.6% en el ejercicio de los recursos y una eficacia de 96.7% en el
cumplimiento de la metas, mientras que en la conservación y mantenimientos de caminos rurales se logró una eficiencia de 101.6% y una eficacia de 100.0%.
Subsector ferroviario
Los principales programas del Subsector Ferroviario en 1986 fueron los siguientes:
"Construcción y modernización de la red férrea"
"Conservación y rehabilitación de la infraestructura ferroviaria"
"Fuerza tractiva y equipo de arrastre"
"Servicio de transporte ferroviario"
Las principales obras de infraestructura de las empresas ferrocarrileras fueron las siguientes: se realizaron obras de drenaje, puentes y pasos a desnivel, viaducto y tendido de vía en la ruta México - Veracruz; se construyeron 14 kilómetros de vía doble en el tramo Los Reyes - Paso del Macho; en el tramo Guadalajara - Encarnación se construyeron 30 kilómetros de terracería, un puente y su viaducto; en la ruta México - Querétaro se construyeron 40 kilómetros de vía doble, para alcanzar 230 kilómetros totalmente terminados y 14 kilómetros de terracería, con lo cual se cumplió en 100.0% la meta original.
Mediante la ejecución del programa "tráfico" el subsector transportó 66.5 millones de toneladas de carga, equivalentes al 83.9% de la meta original, y 23.6 millones de pasajeros, inferiores en 1.0% a los programados originalmente. El incumplimiento de la primera meta se explica principalmente por la reducción de la demanda de los servicios de transporte ferrocarrilero, ocasionada por la contracción de la actividad económica en 1986, sobre todo en lo que se refiere a la producción industrial.
En cuanto a los trabajos de mantenimiento del equipo de arrastre, se ensamblaron 19 de las 20 locomotoras adquiridas en 1985, y se efectuaron 445 reparaciones generales, 1 mil 331 medianas y 18 mil 008 ligeras, lo que significó el 78.6%, el 63.0% y el 105.6% de lo programado, respectivamente.
En lo que concierne al equipo de carga, se realizaron 657 reparaciones generales (el 50.0% de lo programado), 3 mil 441 medianas (el 81.0% de lo previsto), 93,516 ligeras (36.0% más que lo previsto) y 96 pesadas (60.0% más que la meta original).
Con relación al equipo de pasajeros, se efectuaron 233 reparaciones generales, 574 medianas y 37 mil 500 ligeras, cifras que, comparadas con las metas originales, representan el 98.0%, el 65.0% y el 159.0%, respectivamente.
Por otra parte, se logró un avance importante en la integración de las empresas del subsector con la promulgación del decreto del 7 de noviembre de 1986, mediante el cual se busca mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos y en la prestación de servicios. Además, se inició el programa de saneamiento financiero del sector, con la asunción del 40% de los pasivos de las empresas que estuvo sujeta a compromisos concretos de productividad por parte de éstas.
En su informe previo, la Contaduría Mayor de Hacienda señala que, en términos generales, en el subprograma de vías se cumplieron las metas previstas en el P E F.
Subsector marítimo - portuario
En lo que se refiere a puertos industriales, el subsector realizó obras de construcción, entre las que cuales sobresalieron las siguientes: en Lázaro Cárdenas, Michoacán, se tendió el drenaje industrial; en el parque Industrial de Altamira, Tamaulipas, se complementaron los trabajos de urbanización y se realizaron obras de electrificación; en el Parque de Guaymas, Sonora, se terminó la línea de conducción de agua potable y se instaló la de energía eléctrica y en Mazatlán, Sinaloa, se construyeron 200 metros de alcantarillado industrial y se completo la segunda etapa de la red de distribución de energía eléctrica. En todos estos casos se alcanzaron las metas programadas.
Mediante la ejecución del programa "puertos comerciales", se construyeron 180 metros del muelle de carga general en Manzanillo, Colima, cifra superior a la meta original en 28.6%; en Ensenada, Baja California, se construyeron 56 metros de rompeolas, con lo cual se cumplió la meta programada; en Puerto Morelos se reconstruyeron 1 mil 482 metros cuadrados del muelle de transbordadores; y en los patios de Guaymas se renivelaron 100 mil metros cuadrados de base y sub - base de acuerdo con lo programado.
Por otra parte, se realizaron obras de ampliación en nueve terminales del servicio de transbordadores y se dragaron 8.3 millones de metros cúbicos (el 75.0% de lo programado), actividad en la cual sobresalieron los trabajos realizados en Tampico, Tamaulipas.
Subsector aéreo
Los propósitos primordiales para 1986 consistieron en avanzar en las acciones encaminadas a
complementar la red aeroportuaria y a eliminar los cuellos de botella, a fin de mejorar el servicio.
Los principales programas del subsector aéreo en ese año fueron los siguientes:
"Servicio del transporte aéreo"
"Equipo de vuelo"
"Operación aeroportuaria"
"Conservación de la infraestructura aeroportuaria"
En materia de infraestructura, se continuaron las obras de remodelación y ampliación de edificios terminales en los aeropuertos de Cancún, Durango y Ciudad Victoria; se terminaron las obras correspondientes a la primera etapa de los aeropuertos de Aguascalientes, Morelia y San Luis Potosí; y se alcanzaron avances importantes en las de los aeropuertos de Puebla, Colima y Huatulco; se terminó de construir y entró en operación el de Puerto Escondido; se reconstruyeron y modernizaron las pistas y plataformas de Piedras Negras, Coahuila; y se continuaron las obras en los aeropuertos de Ixtepec, Santa Rosalía y Tepic.
En la transportación de pasajeros, las líneas aéreas nacionales trasladaron a 13.9 millones de personas (el 83.2% de la meta original), de las cuales 10.4 millones fueron nacionales y 3.5 millones extranjeros; la variación de 16.8% se explica por la reducción de la demanda, derivada de la contracción de la actividad económica.
Por su parte, Aeropuertos y Servicios Auxiliares atendió 990 mil operaciones aeronáuticas y proporcionó servicio a 34.6 millones de pasajeros, cifras que representan el 99.6% y el 91.8% de lo programados respectivamente. Cabe destacar que en 1986 la red aeroportuaria administrada por dicho organismo, se extendió a los aeropuertos de Isla Mujeres, Querétaro y Tlaxcala.
Subsector comunicaciones
En telecomunicaciones se avanzó en materia de infraestructura, con la construcción de las obras necesarias para instalar la estación terrena Hermosillo I, en el estado de Sonora, y con la instalación de una estación de servicio internacional en Iztapalapa - Contel.
Por otra parte, se dio mantenimiento y atención a 345 estaciones de microondas, a 132 centrales de corrientes portadoras y a 201 estaciones terrenas ; y se proporcionó conservación y mantenimiento a 16 estaciones radiomarítimas, a 22 mil líneas en 59 centrales de telex y a 986 puertos en 22 centrales de la red de transmisión de datos.
En el servicio telegráfico, por cuya modernización se creó el organismo descentralizado Telégrafos Nacionales, se construyeron 3 mil 200 metros cuadrados de los 4 mil 500 programados (70.0%) del edificio técnico operativo, así como 20 de los 70 locales para albergar oficinas telegráficas; se remodelaron 331 administraciones y 14 de las 34 unidades administrativas programadas; se adquirieron tres centrales automáticas para conmutación de telegramas 11 equipos telefónicos multilineales y 69 equipos monocanales; y se dio mantenimiento a 22 mil 347 kilómetros de líneas físicas y a 828 oficinas telegráficas.
Por otro lado, se creó el organismo descentralizado Servicio Postal Mexicano, que cuenta con una estructura más moderna y eficiente para la operación de dicho servicio. Asimismo, se amplió su cobertura y se apoyó la desconcentración administrativa, mediante la creación de 31 gerencias estatales; se realizaron cuatro proyectos relativos a la modernización y mejoramiento de la infraestructura postal; se operó en 1 mil 402 administraciones, 265 sucursales y 4 mil 456 agencias; se adquirieron 10 vehículos mayores y 141 menores; se instalaron 31 administraciones y 60 agencias postales; y se inició la construcción de 2 centros postales de clasificación automática.
En cuanto al servicio telefónico, se continuaron los trabajos de reparación de las redes dañadas por los sismos de septiembre de 1985; se amplió el sistema en 410 mil aparatos, para que el número de teléfonos aumentara a 7.7 millones; se construyeron 2.2 millones de kilómetros de circuito de larga distancia de la red de microondas, con lo cual quedó integrada por 31.5 millones de kilómetros; se construyeron 334 mil 726 líneas en centrales de conmutación; y se instalaron 38 mil 682 entradas en centrales de larga distancia.
En materia de telefonía rural, se incorporó al servicio a 214 poblaciones, por lo que al final del año sumaban 5 mil 690 las integradas al sistema telefónico.
2. Análisis presupuestal y programático
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
En 1986, la S C T ejerció un presupuesto programático de 605.2 miles de millones de pesos, superior en 16.1% al previsto originalmente.
Esta variación se explica principalmente por los aumentos en los costos de operación de los programas de mantenimiento, modernización y ampliación de la infraestructura, que superaron a los previstos, así como por los incrementos salariales autorizados durante el año.
Empresas coordinadas por la S C T
Aeronaves de México,. S. A. (Aeroméxico)
Esta entidad ejerció un gasto de 293.9 miles de millones de pesos, superior en 24.1% al presupuesto autorizado. Esta desviación se explica principalmente por los aumentos salariales de emergencia otorgados en los meses de junio y octubre, por el incremento en el costo del combustible, por el deslizamiento del peso frente al dólar por el aumento en el costo de arrendamiento del equipo de vuelo. Los recursos ejercidos de destinaron a la ejecución de cuatro programas, entre los que destacan "servicio de transporte aéreo", con el 67.6% del gasto total, y "equipo de vuelo", con el 15.7%.
Los programas ejecutados por la entidad comprendieron nueve metas, de las cuales cuatro se cumplieron o se rebasaron, mientras que el resto fueron modificadas, debido a la necesidad de conservar los aviones en tierra por un tiempo mayor que el previsto inicialmente para darles mantenimiento y de ajustar las metas a la disminución de la demanda ocasionada por la contracción de la economía.
Aeropuertos Servicios Auxiliares (ASA)
Esta entidad ejerció un gasto de 44.5 miles de millones de pesos, superior en 35.7% a la previsión original; esta variación se explica principalmente por el incremento en los precios de las obras contratadas, por los aumentos salariales autorizados en el año, por las mejoras a las prestaciones contractuales del personal y por la alzas que registraron los materiales de consumo.
Los recursos ejercidos por las empresas ferrocarrileras se destinaron a la ejecución de cuatro programas, entre los que destacan "operación aeroportuaria", con el 32.7% del gasto total, y "conservación de infraestructura aeroportuaria", con el 26.5%. Estos dos programas absorbieron en conjunto el 59.2% del gasto de la entidad.
Empresas ferroviarias
El subsector ferroviario comprende tres entidades (además de Ferronales, que se analiza más adelante), las cuales ejercieron en conjunto un presupuesto de 94.5 miles de millones de pesos, inferior en 9.1% al autorizado originalmente. Esta desviación obedeció principalmente a que gran parte de los materiales y refacciones de importación no fue recibida, al menor consumo de diesel, a la cancelación de nuevos proyectos de inversión y a la disminución en la demanda de los servicios provocada por la contracción de la actividad económica.
Los recursos ejercidos por la empresas ferrocarrileras se destinaron a la ejecución de los programas "servicios de transporte ferroviario" (27.9%), "fuerza tractiva y equipo de arrastre" (25.8%) y "conservación y rehabilitación de la infraestructura ferroviaria" (25.1%), el los cuales se ejerció en conjunto el 78.8% del presupuesto total.
El programa "servicio de transporte ferroviario" incluyó 10 metas, de las cuales dos se cumplieron totalmente y en el resto se obtuvieron avances del 74.0% al 97.0%. Los incumplimientos observados se debieron a la considerable contracción que registró la demanda de transportación de gas licuado de importación y de productos forestales, en esté último caso por la regulación de la explotación de los bosques en el estado de Chihuahua. A ello contribuyó también el incremento global del 125.0% aplicado a las tarifas, que propició que los clientes más importantes redujeran sus programas de movilización, en virtud de que, al acortarse el diferencial en relación con las tarifas del autotransporte, el servicio perdió competitividad.
En el programa "fuerza tractiva y equipo de arrastre", la metas de adquisición de locomotoras nuevas fue superada en 33.0% pero la de conservación de locomotoras no se cumplió en 3.0% en virtud de que las unidades consideradas no estaban internadas en el taller para reparaciones mayores; la meta que consistía en proporcionar mantenimiento a 173 coches de pasajeros, se logró en 90.0% (156 unidades), debido a que se dio de baja equipo obsoleto y en muy malas condiciones; y a la de adquisición de maquinaria y herramienta se alcanzó en 88.0% a causa de que se retrasó la entrega de máquinas por parte de los proveedores.
Por último, en el programa "conservación y rehabilitación de la infraestructura ferroviaria", sólo se cumplió el 42.6% de las metas establecidas, debido a que los costos superaron a las asignaciones presupuestales, a una inflación mayor que la esperada, al deslizamiento del peso frente al dólar y al retraso en la entrega de insumo por parte de los proveedores.
Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales)
Conforme al convenio de modernización y saneamiento financiero firmado en 1986 por la empresa con el gobierno federal, en ese año se inició el cambio estructural del Sistema Ferroviario Nacional mediante el mejoramiento sustancial de la infraestructura, la modernización administrativa y operativa de las empresas del subsector, el avance en su autosuficiencia financiera y la capacitación del personal.
En 1986, el organismo ejerció un gasto de 392.8 miles de millones de pesos, superior a la asignación original en 10.0% debido básicamente a que en el presupuesto original no se consideró el pago de pensiones a jubilados, a los incrementos salariales otorgados durante el año y a los aumentos en los precios de combustibles y lubricantes.
Estos recursos se ejercieron en ocho programas, entre los que destacan por su participación "fuerza tractiva y equipo de arrastre (33.6% del total), "servicio de transporte ferroviario" (30.5%) y "conservación y rehabilitación de la infraestructura ferroviaria" (18.3%), que en conjunto absorbieron 82.4% del gasto ejercido. Del total erogado en estos programas, el 58.2% (es decir, el 48.0% del gasto total ejercido por la entidad) se destinó a los subprogramas "conservación y adquisición de locomotoras", "operación de servicio de carga" y "conservación y rehabilitación de vías".
En los subprogramas de referencia, las metas se alcanzaron en una proporción aceptable: la que consistía en elevar el coeficiente de disponibilidad de equipo tractivo se logró en 93.0%, las de armado y reparación de locomotoras en 95.0% y 98.0%, respectivamente la colocación de juegos de madera para cambio en 92.0%; la de rehabilitación de vías con riel nuevo y durmientes de concreto en 92.0%; y la de movilización de carga en 87.0%.
Cabe destacar, por un lado, que en algunos casos se rebasaron las metas programadas originalmente, como las relativas al cambio de durmientes de madera y a la aplicación de balastro, que fueron superadas en 10.0% y 51.0%, respectivamente; y por el otro, que se realizaron acciones que no estaban previstas en el presupuesto original.
Por otra parte, se observaron algunas desviaciones importantes en relación con las metas programadas, debido a la disminución de la demanda, originada por la contracción de la actividad económica; a los incrementos en las tarifas y en los costos de materiales y suministros, como el diesel; a una paridad cambiaría mayor que la esperada, y a los problemas de Concarril para adquirir bienes de procedencia extranjera.
Caminos y Puentes Federales
de Ingresos y Servicios
Conexos (C P F I S C)
Esta entidad erogó un gasto de 48.0 miles de millones de pesos, superior a la asignación original en 17.0%. Esta desviación se explica por el incremento en los costos de servicios personales, materiales y suministros, así como por los incrementos salariales otorgados durante el año.
Los recursos ejercidos se destinaron a la ejecución de los programas "carreteras troncales" (87.1%) y conservación y reconstrucción de carreteras" (12.9%).
Dichos programas incluyeron 15 metas, de las cuales 13 se cumplieron o se rebasaron. Las metas de producción de pinturas y emulsiones no se alcanzaron debido a la contracción de la demanda de dichos productos, con lo cual ocasionó que se cancelara la construcción de la nueva planta industrial de Tlaxcala y que no se realizaran las compras de materias programadas.
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Dar doble click con el ratón para ver imagen
III. F. COMERCIO Y ABASTO
I. Resultados generales
El sector comercio está compuesto por la Secofi, Conasupo y las filiales de esta última, entre las cuales destacan: leche industrializada Conasupo, S. A. (Liconsa), distribuidora Conasupo S. A. (Diconsa), industrias Conasupo, S. A. (Iconsa), y maíz industrializado Conasupo, S. A. (Miconsa).
En 1986, el sector comercio ejerció un gasto total de 1,062.3 miles de millones de pesos, superior en 49.7% al correspondiente a 1985. Del total, la Secofi ejerció 32.7 miles de millones de pesos y Conasupo 963.8 miles de millones de pesos.
Aunque el gasto ejercido se redujo en términos reales, el sector aseguró el abasto nacional de granos básicos y sólo recurrió en forma complementaria a las importaciones. Además, se siguió promoviendo la participación de los sectores social y privado en la comercialización de productos básicos.
De los programas a cargo del sector destacan: "fomento al comercio exterior", "racionalización de los mecanismos de protección" "regulación de la inversión extranjera directa" y "promoción a la industria".
En relación con las actividades de Conasupo, debe destacarse que esta empresa orientó sus acciones a fortalecer su función reguladora respecto de su papel de abastecedora de productos básicos.
En 1986, a raíz de la firma del convenio de asunción de pasivos se iniciaron cambios estructurales en la empresa, entre los que destacan: concentrarse en las compras de granos básicos, racionalizar los subsidios a la leche, a la tortilla y al pan blanco, y disminuir los gastos de operación.
Las funciones de regulación se realizan mediante la venta de productos, la concentración con los particulares y la constitución de la reserva estratégica.
Conasupo se retira de la comercialización de productos como cebada, canela y cebo para concentrarse en otros, como maíz, trigo, arroz y sorgo.
Durante 1986 se reubicaron las tiendas Conasupo para dar servicio a las zonas más deprimidas y marginales.
Las compras de productos básicos realizadas por Conasupo ascendieron a un total de 7.8 millones de toneladas, de las cuales 5.5. millones de toneladas correspondieron a productos nacionales (70.5%) y 2.3. a importaciones (29.5%); destaca en este último aspecto la disminución de 47.7% respecto a 1985. El volumen de la ventas totales del organismo en el año fue superior a 7.4 millones de toneladas.
Por otro lado, industrias Conasupo, S. A. (Iconsa), benefició a 22 millones de personas con la producción y comercialización de aceites y mantecas, a 6.1 millones con las de pastas para sopa y a 3.5 millones de personas con la de galletas de consumo popular. Además, produjo 468 toneladas de alimentos balanceados en apoyo de la producción pecuaria.
Para abastecerse de las materias primas agrícolas necesarias para su producción industrial, Iconsa realizó el 80% de sus compras en el mercado nacional (el 57.0% en forma directa y el 23.0% por conducto de Conasupo); el 20.0% restante consistió en importaciones.
Distribuidora Conasupo, S. A. (Diconsa), realizó ventas por un monto de 456.3 miles de millones de pesos, de los cuales el 72.0% correspondió a zonas urbanas y el resto al sector rural, su participación en el mercado nacional de alimentos básicos se estimó superior al 17.0%. Por su parte, Impulsora del Pequeño Comercio S. A. (Impecsa), atendió a 123.4 miles de clientes. Con estas acciones, la población beneficiada obtuvo un ahorro en sus compras de aproximadamente 95 mil millones de pesos. Asimismo, en el tomo correspondiente de la cuenta pública se informa que se atendió la regulación del mercado de productos básicos, de preferencia en zonas urbanas marginadas y en áreas rurales son insuficientemente atendidas por el comercio privado.
Leche Industrializada Conasupo, S. A. (Liconsa), produjo y comercializó 1,384 millones de litros de lácteos en distintas presentaciones, en beneficio de más de 1 millón 167 mil familias, y distribuyo leche en polvo y concentrada para beneficiar a más de 3 millones 600 mil personas. Adicionalmente, a través de sus lecherías distribuyo productos básicos a precios inferiores a los del mercado, por un monto del orden de 14 mil millones de pesos. Destaca también la compra de leche bronca a pequeños y medianos productores que presentó una derrama económica de aproximadamente 30 mil millones de pesos.
Maíz Industrializado Conasupo, S. A. (Miconsa), logró la producción y la comercialización de 437,6 mil toneladas de harina de maíz y de 793 toneladas de tortilla, favoreciendo a más de 12 millones de personas. La producción de harina obtenida en 1986 permitió que el sector participara en el mercado con el 36.0%.
Por lo que respecta al programa "fomento del comercio exterior", en el tomo sectorial de la cuenta pública se reporta que una de las acciones más relevantes en el ejercicio de 1986 fue la firma de la adhesión de México al Acuerdo General de
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que se protocolizó el 17 de julio de 1986.
Ante el deterioro del mercado mundial, cobró relevancia la instrumentación de la política de fomento a las exportaciones no petroleras, que generaron divisas por 9 mil 500 millones de dólares, cifra superior en 34.0% a la del año anterior.
Con el propósito de mantener la política de racionalización de la protección a la industria nacional, a fin de defender la planta productiva, y del empleo, fomentar la sustitución de importaciones e impulsar las exportaciones, se aplicaron medidas de desgravación arancelaria graduales. Como resultado, para diciembre de 1986 se había liberado del permiso previo de importación a 7 mil 568 fracciones que representan el 92.2% de la tarifa y cubren el 72.0% del valor total de las importaciones.
Otra acción significativa en materia de aranceles se refiere al régimen de permiso previo de importación, que sólo se mantuvo para 638 fracciones de la T I G I, que fueron la vía por la cual se canalizó el 40.0% del valor de las importaciones.
En las franjas fronterizas y zonas libres se apoyó la operación y modernización de centros comerciales para facilitar la comercialización de productos nacionales, lo que ha permitido sustituir importaciones; a la fecha existen más de 50 grandes centros que general aproximadamente 10 mil empleos. Asimismo, con la finalidad de garantizar el abasto de productos semibásicos, se incrementaron las cuotas globales de importación y, en el caso de productos de consumo básico, se autorizó una cuota abierta conforme a las necesidades de cada localidad.
II. ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
Y PRESUPUESTAL
Secretaría de Comercio
y Fomento Industrial
El gasto programático ejercido por esta Secretaría fue del 146.1 miles de millones de pesos, cantidad superior en 68.7% a la asignación original.
Dicho incremento se debió fundamentalmente a los aumentos salariales otorgados durante el ejercicio, a las obligaciones adquiridas en el protocolo de adhesión de México al GATT, a la obtención de recursos adicionales por la incorporación al presupuesto de la secretaría del correspondiente al desaparecido I M C E, a la creación de plazas para los servicios de fomento al comercio exterior, y a la reparación y adaptación de los inmuebles del sector que resultaron dañados por los sismos de 1985.
Del gasto total ejercido por la dependencia, 32.7 miles de millones de pesos correspondieron a gasto directo y 113.4 miles de millones de pesos a transferencias, de las cuales el 21.8% fue canalizado a gasto corriente y el 78.2% a gasto de capital.
Por lo que respecta al "programa regulación de la inversión extranjera directa", se autorizaron inversiones que contribuyeron a apoyar a la pequeña y mediana industrias, a la generación de divisas, a la incorporación de nuevas tecnologías, a la sustitución de importaciones y a la generación de empleos. Esta estrategia permitió captar una inversión foránea de 2 mil 300 millones de dólares.
Entidades coordinadas por la Secofi
Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo)
Conasupo basó sus actividades programáticas en un programa que tuvo una erogación de 693.4 miles de millones de pesos, monto inferior en 7.9% al presupuesto original. Esta variación obedeció, entre otras causas, a la racionalización de las erogaciones operativas y administrativas, así como a la disminución del subsidio directo tanto en la industria harinera de trigo como en la de maíz.
El programa "abasto, regulación y comercialización de productos básicos y hortofrutícolas", influyo 22 metas. En general, Conasupo cumplió plenamente las metas establecidas, e incluso rebasó las de compras nacionales de granos básicos; además, no ejerció totalmente sus posibilidades de compra de bienes importados.
Se rebasaron las metas en las compras nacionales de maíz y trigo en las ventas de gramíneas y de oleaginosas, y en las importaciones de leche en polvo. Por otro lado, no se alcanzaron las metas relativas a las compras de importación de maíz, gramíneas y frijol. La meta de compras nacionales de este último producto se cumplió sólo en 81.0% debido a que hubo una mayor presencia de los industriales privados en el campo.
El papel de Conasupo en la regulación del mercado de básicos, asociado a un esfuerzo conjunto y coordinado de los sectores público, social y privado en apoyo del acopio, almacenamiento, transporte, industrialización y distribución de básicos, permitió mejorar la situación operativa del organismo; por otra parte, la asunción de pasivos que
llevó a cabo el gobierno federal, mejoró su situación financiera.
A preguntas explícitas de los diputados en la reunión de análisis de la cuenta pública de 1986, servidores públicos del sector manifestaron que Conasupo, continuando con los programas de racionalización de subsidios, eliminó gradualmente el apoyo de venta de maíz subsidiado a molineros y nixtamaleros, pero a la vez puso en marcha un sistema de distribución de tortilla a precio subsidiado, destinado a la población de escasos recursos económicos, con lo cual el subsidio se trasladó al consumidor final. Por último, también se racionalizaron las industrias harineras de maíz y trigo, la primera en forma gradual, y la segunda mediante una suspensión de subsidios que se inició en mayo de 1986.
Finalmente, consideramos conveniente mencionar que Conasupo recibió transferencias por 1,286.3 miles de millones de pesos, de los cuales 187.8 miles de millones se destinaron a operación, 33.5 miles de millones de pesos a pagos de intereses, 2.6 miles de millones de pesos a inversión física, 1.9 miles de millones a inversión financiera y 1,060.5 miles de millones de pesos a amortización de deuda.
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Dar doble click con el ratón para ver imagen
III. G. TURISMO
1. Resultados generales
En 1986, las acciones del sector turismo estuvieron orientadas fundamentalmente a promover la oferta y la demanda de los servicios turísticos, así como a la coordinación y racionalización del propio sector, con el fin de contribuir a la captación de divisas, a la generación de empleos y al desarrollo regional
. El sector ejerció un presupuesto de 28.2 miles de millones de pesos, mayor en 30% que el de 1985 y superior en sólo 3.3% al autorizado originalmente. Del monto total, la Secretaría de Turismo erogó 23.3% miles de millones de pesos (82.6%) y los organismos, empresas y fideicomisos 4.9 miles de millones de pesos (17.4%), gran parte de los cuales fueron ejercidos por el fondo nacional de fomento al turismo (3.3 miles de millones de pesos).
Los principales programas ejecutados en 1986 fueron: "promoción y fomento a la demanda y a las inversiones", "desarrollo y fomento de la oferta", "servicios de apoyo al usuario" y "conducción de la política turística".
Mediante el programa "promoción y fomento a la demanda y a las inversiones" se contribuyó a intensificar el flujo del turismo interno, que alcanzó un volumen de 21.6 millones de turistas, mayor en 3.0% que el registrado en 1985. La afluencia del turismo receptivo se incremento en 10.0%, al aumentar de 4.2 millones de personas en 1985 a 4.6 millones en 1986, con lo cual se logró un repunte en el saldo de la balanza turística, que ascendió a 1,172 millones de dólares y registró una variación positiva de 11.4% respecto al año anterior.
Con objeto de dar a conocer los atractivos de nuestro país y consolidar las relaciones con la industria turística, el sector participó en 35 eventos en las principales ciudades del mundo, que representaron un incremento de 40.0% respecto a la meta original; coadyuvó en la preparación de 200 cápsulas turísticas que se difundieron en las transmisiones televisivas y radiofónicas del campeonato mundial de fútbol "México 1986", que obtuvo el mayor auditorio que se ha alcanzado en este tipo de eventos; y se organizaron 43 viajes de familiarización para 1 mil 805 personas, entre agentes de viajes y periodistas especializados del extranjero.
Mediante el "programa de desarrollo y fomento de la oferta", se otorgaron créditos por conducto del Fonatur, para construir 5 mil 118 cuartos y para remodelar 3 mil 969 habitaciones; se financiaron 427 espacios para campamentos de casas rodantes y la construcción y remodelación de balnearios orientados principalmente al turismo social; y en apoyo del nuevo centro turístico de Huatulco.
Fonatur construyó un hotel de 75 cuartos, que empezó a operar en diciembre de 1986, e inició la construcción de los hoteles Tangolunda, Veramar y club Meditarraneé. Estas acciones generaron 19 mil 250 nuevos puestos de trabajo; 5 mil 500 empleos directos en la planta hotelera y 13 mil 750 empleos indirectos.
Con la participación del fideicomiso para el turismo obrero (Fideto), y en coordinación con los principales organismos promotores del turismo social (como Turissste, Crea, I M S S y operadoras
de diversas entidades federativas), se integraron paquetes turísticos supereconómicos, que abarcan 350 opciones y 950 salidas grupales, con una cobertura geográfica de 532 destinos en 29 entidades federativas.
En el programa "servicios de apoyo al usuario", cuyo propósito principal es proporcionar servicios de protección, orientación y auxilio turístico, las radio-patrullas de auxilio "Ángeles Verdes" patrullaron 20.1 millones de kilómetros, prestaron 253 mil servicios y atendieron a 389 mil turistas; además, en las oficinas y módulos fijos se dio información y orientación a 78 mil turistas, con lo cual se superaron las previsiones.
Asimismo, por conducto de las delegaciones de turismo en los estados se otorgaron 5 mil 641 autorizaciones de tarifas, que representaron un incremento de 182.0% respecto a la estimación original, y se efectuaron 7 mil inspecciones a nivel estatal para verificar la correcta operación y clasificación de los prestadores de servicios.
A fin de contribuir al crecimiento y al fortalecimiento de la oferta turística, se llevaron a cabo diversas obras, entre las que destacan las siguientes. En Cancún se urbanizaron las 30 hectáreas que comprenden las supermanzanas 11, 15 y 15A, se construyeron 9.85 kilómetros de canalización telefónica y de electrificación en Cancún II, y se terminó la planta de tratamiento de aguas negras Pok Ta Pok; en Ixtapa se remodelaron 1.61 hectáreas para transformar la casa promocional de Fonatur y el edificio de oficinas en centro comercial; el Fideicomiso Loreto, Baja California Sur, remodeló 0.8 hectáreas del centro del poblado y construyó 2 mil 500 metros cuadrados en el parador carretero; y el Fideicomiso san José del Cabo, Baja California Sur, construyó los 2 kilómetros que faltaron para terminar el bulevar urbano de cuatro carriles que cruza el poblado.
En el proyecto Loreto, Baja California Sur, se construyeron en Puerto Escondido los muelles de honor y de servicios, así como 2 mil 700 metros de muros perimetrales; además, se dragaron los canales, se conformaron playas y se prolongó el canal de desvío de aguas pluviales en otros 100 metros. En Bahías de Huatulco se terminaron caminos de acceso con una longitud de 15 kilómetros, el colector pluvial subterráneo, la infraestructura del sistema de comunicación y la urbanización de 52 hectáreas de la zona turística y urbana de Santa Cruz y Chuhué.
Por último, en Zihuatanejo, Guerrero, se urbanizaron nueve hectáreas en la zona hotelera "La Madera" y en las colonias Darío Galeana y José María Morelos.
Dentro del programa "educación turística" se impartieron 230 cursos en 88 localidades, con la participación de 7 mil 600 empleados de hoteles y restaurantes, y se habilitó a más de 700 capacitadores en los estados, por lo que en lo futuro habrán de multiplicarse los efectos del programa.
Se suscribieron acuerdos de coordinación especial en materia turística con seis gobiernos estatales, con lo cual sumaron 23 los acuerdos de esta naturaleza y el sector fortaleció su participación en los Coplades.
Para una adecuada conducción de la política turística, se realizaron 10 informes de evaluación de la actividad sectorial y paraestatal, así como 12 informes estadísticos de la actividad turística que contenían indicadores de ocupación, número de visitantes extranjeros, movimiento de turistas nacionales, turistas - noche y estadías, entre otros aspectos.
Con la finalidad de promover un flujo mayor y constante de turistas nacionales y extranjeros, se realizan 12 estudios de mercado que permitieron una adecuada toma de decisiones en la programación sectorial.
En materia de regulación de los servicios turísticos, se otorgaron 3 mil 531 permisos para iniciar operaciones a prestadores de servicios de hospedaje, alimentos y bebidas, a agencias de viajes y a guías de turistas; y se autorizaron 3 mil 518 tarifas y se practicaron 3 mil 564 visitas de verificación para corroborar que la prestación de los servicios se realizara de acuerdo con la Ley Federativa de Turismo. En este aspecto se rebasó en 78.0% la meta original.
2. Análisis programático y presupuestal.
El gasto programático del sector turismo fue de 28.2 miles de millones de pesos, superior en 3.3% al presupuesto original. Los recursos ejercidos se destinaron a la ejecución de 10 programas y 25 subprogramas, de los cuales destacaron por su importancia los siguientes programas: "promoción y fomento a la demanda y a las inversiones", en el cual se erogó el 46.3% del gasto total de la Secretaría y se cumplieron satisfactoriamente las metas originales: "desarrollo y fomento de la oferta", con una participación en el gasto de 14.7% "apoyo técnico y administrativo" (14.3%), que contribuyó a una mayor eficiencia y racionalización del sector; y "servicios de apoyo al usuario" (14.0%), en el cual se rebasaron las
metas. En conjunto, estos programas representaron el 89.3% del gasto total.
Las metas programadas se cumplieron o rebasaron en 19 subprogramas. La insuficiencia en el cumplimiento de las otras tres se explica porque se dio mayor prioridad a la promoción del turismo extranjero, por lo cual se reprogramaron los estudios regionales y de educación turística.
Las ampliaciones presupuestales autorizadas al programa "apoyo técnico administrativo" se originaron principalmente en los aumentos salariales otorgados durante el ejercicio y en el alza de los costos de arrendamiento de edificios y locales, así como de los servicios básicos, de mantenimiento y de seguros de vehículos.
Por lo que respecta a la variación presupuestal del programa "servicios de apoyo al usuario", ésta obedeció a la importancia de su cometido al superar ampliamente las metas originalmente establecidas, así como al incremento en los costos de adquisición de los combustibles y lubricantes necesarios para operar las unidades de radio - patrulla "Ángeles Verdes".
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Dar doble click con el ratón para ver imagen
III. H. Energético - Industrial.
1. Resultados Generales.
Sector industrial.
El sector industrial comprende los subsectores siderúrgica, fertilizantes, azúcar y equipo de transporte, entre los más importantes. El ejercicio presupuestal está organizado en 25 programas, como "equipo de transporte", "automotriz terminal", "siderurgia y productos metálicos", "fertilizantes e insecticidas" y "alimentos" (azúcar.)
Los objetivos de la política del sector industrial para 1986 fueron, entre otros, los siguientes: apoyar el proceso de reordenación económica y contribuir a la defensa de la planta productiva y del empleo; acelerar la modernización y reconversión de las ramas económicas en que participa el Estado, fortaleciendo las áreas estratégicas y prioritarias; avanzar en la desincorporación de aquellas entidades cuya permanencia en el sector no se justifica; impulsar las exportaciones no petroleras; y elevar la productividad y eficiencia de las entidades.
El gasto programable ejercido por el sector industrial en 1986 ascendió a 2.105.4 miles de millones de pesos, superior en 11.7% al presupuesto original y en 58.5% al ejercido en 1985, lo que significa que fue menor en términos reales.
La contracción de la economía y la escasez de divisas y de crédito externo que prevalecieron en 1986 afectaron al sector industrial, ya que impusieron restricciones a la importación de insumos y equipo, y ocasionaron la contracción del mercado interno, aunque en algunos casos, como en las ramas del acero y del azúcar, las exportaciones compensaron parcialmente las menores ventas domésticas.
En la cuenta pública se informa que durante 1986 se iniciaron programas de modernización y saneamiento financiero de las principales empresas paraestatales del sector industrial.
Las acciones en materia de productividad y eficiencia se orientaron a mejorar el aprovechamiento de la capacidad instalada, a disminuir los inventarios de materias primas y productos terminados, a reducir el gasto de operación, y a aumentar la productividad mediante la capacitación de directivos y obreros y, sólo cuando fue estrictamente necesario, por medio de la reducción de las plantillas de personal.
En el rubro de empleo, se dio ocupación a 740 mil trabajadores; de ellos, 496 mil laboraron en empleos directos y 244 mil en empleos indirectos, con lo cual se mantuvo un nivel similar al de 1985, puesto que la pérdida de empleos directos se compensó con la creación de indirectos.
En materia de rehabilitación financiera, se implantó el programa de asunción de pasivos, con el
propósito de contribuir al saneamiento financiero de las empresas y de establecer compromisos específicos para aumentar la productividad, sobre todo en los casos de las industrias eléctricas y siderúrgica.
En su informe previo, la Contaduría Mayor de Hacienda señala que en todas las ramas industriales los niveles de producción disminuyeron 5.5% en promedio, excepto en las ramas de electricidad y petroquímica básica, que tuvieron incrementos de 4.7% y 18.0%, respectivamente; la rama manufacturera registró la mayor contracción (6.2%). Además, indica que el sector industrial paraestatal mantuvo su contribución en el PIB aproximadamente en 15%.
En 1986 Fertimex produjo 3,428 miles de toneladas de fertilizantes (de las cuales correspondieron 2.873 miles de toneladas a fertilizantes nitrogenados y 555 miles de toneladas a fosforados), 218 miles de toneladas de complejos de fertilizantes y 91 miles de toneladas de insecticidas y productos petroquímicos.
En relación con los subprogramas de producción y comercialización de fertilizantes e insecticidas, cabe destacar que Fertimex ha orientado sus acciones a la producción de fertilizantes ricos en nutrientes. Para apoyar este propósito, en 1986 se concluyeron dos importantes complejos industriales de fertilizantes, uno en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y otro en Pajaritos, Veracruz.
Por otro lado, se cerraron dos plantas (una en San Luis Potosí y otra en el bajío), por considerar que eran ya obsoletas.
Es importante señalar que en 1986 dicha entidad utilizó el 84.0% de su capacidad instalada, proporción muy superior al promedio de la industria nacional, lo cual le permitió lograr un nuevo incremento en la producción de fertilizantes de alta concentración de nutrientes, que representaron el 53.0% de su producción total (en 1982 significaron el 31.0%). En cuanto a la productividad laboral, se produjeron 31 toneladas por empleado, nivel superior en 18.0% al alcanzado en 1982.
Por su parte, la industria siderúrgica continuó enfrentando una caída importante en su demanda interna (en el período 1981-1986 se redujo de 12.5 a 6.8 millones de toneladas), la cual se compensó parcialmente con exportaciones, que representaron el 25% de sus ventas totales. Gracias a las exportaciones, durante 1986 el subsector siderúrgico disminuyó su déficit externo en 65%. Cabe destacar que la industria siderúrgica paraestatal atendió el 60% de la demanda nacional de acero.
La producción de acero líquido de este subsector fue de 4,318 miles de toneladas, inferior en 12.6% a la programada originalmente y superior en 3.0% a la alcanzada en 1985. En productos terminados, se obtuvo un volumen de 3,199 miles de toneladas, cifra similar a la de 1985.
Durante el último trimestre de 1986, se reanudó la construcción del proyecto Sicartsa II y se realizaron cambios en materia de organización, al descentralizar el corporativo de Sidermex las actividades de comercialización, crédito y cobranza, para dar mayor autonomía a sus diversas plantas.
Además, se cancelaron las operaciones de la empresa fundidora Monterrey, S.A., y se desincorporaron 52 empresas de diferentes giros, con lo cual el grupo siderúrgico paraestatal quedó integrado por Ahmsa, Sicartsa y 35 empresas asociadas al corporativo Sidermex.
En la industria azucarera, la producción nacional de azúcar en la zafra 1985-1986 llegó a 3,187.8 miles de toneladas, de las cuales 2,794 miles de toneladas fueron producidas por los ingenios del sector público y el resto por el sector privado.
Los ingenios del sector público procesaron 31,075 miles de toneladas de caña de azúcar, cifra superior en 9.0% a la programada originalmente. Este incremento obedeció a que se obtuvieron volúmenes de caña mayores que los previstos, ya que el rendimiento promedio de caña por hectárea fue superior al de la zafra 1984-1985, al aumentar de 68.8 toneladas a 73.0 toneladas.
En cuanto a la productividad laboral, se produjeron 65.3 toneladas de azúcar por obrero, cifra superior a la alcanzada en 1983, que fue de 49.7 toneladas; también se incrementó la utilización de la capacidad instalada de 58.8% en 1983 a 65.5% en 1986.
Finalmente, se avanzó en la modernización del subsector azucarero, se cerraron dos ingenios y se reforzaron los programas de productividad.
Por lo que se refiere a la industria de equipo y transporte, en 1986 enfrentó una severa contracción de la demanda, lo cual ocasionó el deterioro de las condiciones financieras de las entidades que la componen. Ello obligó a las empresas a reducir significativamente sus metas y producción y, por tanto, la utilización de su capacidad instalada.
No obstante, esta rama atendió su función estratégica de abastecer el mercado nacional de equipos de transporte de carga y de pasajeros. De esta manera, atendió el 100% de la demanda de autobuses
y equipo ferroviario, así como el 73% y el 87% de la de camiones y tracto camiones, respectivamente.
Sector Energético.
El Sector Energético se compone de tres entidades sujetas a control presupuestal (Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A.) y de varias entidades que no se incluyen en el presupuesto, entre las que sobresalen el Instituto de Investigaciones Eléctricas y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.
Según se indica en el tomo sectorial de la Cuenta Pública, y de acuerdo con lo que establece el programa nacional de energía, los principales objetivos de este sector fueron la autosuficiencia energética, el ahorro y uso eficiente de la energía, la diversificación de fuentes energéticas, el impulso a la investigación y al desarrollo tecnológico, la reestructuración financiera, la orientación relativa al desarrollo regional, la protección del medio ambiente y la energetización rural.
Para la consecución de estos objetivos, en 1986 el sector ejerció un presupuesto programable de 4,349.3 miles de millones de pesos (el 25.0% del gasto total del sector público presupuestal), superior en 72.4% al del año anterior y en 13.8% al presupuesto original. Del monto total, Pemex ejerció 2,922.1 miles de millones de pesos (67.2%), la CFE 1,220.4 miles de millones de pesos (28.0%) y la CLFC 194.9 miles de millones de pesos (4.5%); los 11.9 miles de millones de pesos restantes (0.3%) fueron ejercidos por los organismos no controlados.
En el transcurso del año, el sector realizó esfuerzos para proteger la planta productiva y el empleo nacionales, contribuir al equilibrio de la balanza de pagos y a la satisfacción de la demanda interna de productos básicos, y fortalecer el proceso de saneamiento de las finanzas públicas.
Adicionalmente, se continuó impulsando el programa de ahorro y uso eficiente de energía, mediante esfuerzos de productividad en las entidades y acciones de apoyo técnico, de difusión y de concientización. En este sentido, se realizó una amplia difusión pública a través de tres reuniones nacionales organizadas por la Comisión de Energéticos de la LIII Legislatura del Congreso de la Unión, se avanzó en la formulación de un esquema de estímulos fiscales a las actividades de inversión industrial relacionadas con el programa, y se comenzó a dar apoyo técnico a empresas de los sectores social y privado de las principales ramas consumidoras de energía , como son las del cemento y del aluminio.
Subsector petrolero.
Los resultados obtenidos por el subsector en 1986 muestran que logró cumplir cabalmente con su función fundamental de abastecer de energía el aparato productivo; aunque la vinculación con el exterior se vio afectada, siguió siendo el principal contribuyente de los ingresos públicos.
Esta comisión pudo constar que, a pesar de las circunstancias adversas, los resultados obtenidos por el subsector petrolero son significativos:
Se logró una producción promedio de 2,428 miles de barriles diarios de crudo y de 3 mil 431 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, 7.7% y 4.8% menos que en 1985, respectivamente. En el primer caso la variación se debió a que se presentaron situaciones adversas en el mercado petrolero internacional, y en el segundo a que la riqueza de gas de la región de Huimanguillo ha disminuido progresivamente.
Respecto a las reservas de hidrocarburos, al 31 de diciembre de 1986 se estimaron en 70 mil millones de barriles, 1.2% menores que las de 1985; no obstante, está garantizado el futuro energético de la nación, por varias décadas, considerando los actuales niveles de extracción.
En el renglón de refinación, se procesaron 1 mil 160 miles de barriles diarios de crudo. Durante el mes de marzo se alcanzó el mayor promedio en la historia de la entidad, con 1 mil 266 miles de barriles por día; sin embargo, esta cifra fue ligeramente menor que la meta original.
En petroquímica básica, se obtuvo un producción anual de 13 mil 679 miles de toneladas , 11.0% superior a la de 1985. Asimismo, en febrero de 1986 se puso en operación una planta de azufre en el Complejo Nuevo Pemex, en agosto comenzó a funcionar la planta de tetrámero del complejo independencia y en noviembre una de azufre en la refinería de Minatitlán.
Por otra parte, la balanza comercial de Pemex registró un saldo favorable de 5 mil 541.6 millones de dólares, inferior en 59.8% al obtenido en 1985; el valor exportado fue de 6 mil 133.3 millones de dólares y el importado de 681.7 millones de dólares. El petróleo crudo representó el 90.8% de las exportaciones y se vendió a 23 países, entre los que destacan Estados Unidos (50.6%), España (15.2%) y Japón (6.3%). El precio
anual promedio del barril de crudo de exportación fue de 13.48 dólares para el tipo "Istmo" y de 10.52 para el tipo "Maya".
Las ventas totales de Pemex ascendieron a 6,750 miles de millones de pesos, de los cuales correspondieron 3,017 miles de millones de pesos a ventas internas y 3,733 miles de millones de pesos a exportaciones. Pemex pagó poco más de 4.9 billones de pesos por concepto de impuestos; si bien esta cifra es inferior en términos reales a la de 1985, su participación en los ingresos totales del gobierno federal se mantuvo en aproximadamente 40.0%.
En materia de inversión, se concluyeron 89 obras, con una erogación de 374.6 miles de millones de pesos.
Por otra parte, pese a la limitación de recursos, el sector petrolero concentró sus esfuerzos en obras y programas prioritarios, lo cual le ha permitido financiar gran parte de sus operaciones con recursos propios, elevar su reserva patrimonial, mantener una estructura financiera adecuada y disminuir su deuda externa en más de 4 mil millones de dólares.
Subsector eléctrico
El subsector eléctrico se propuso como objetivos: incrementar la generación de energía, elevar su capacidad instalada, avanzar en la diversificación de fuentes energéticas, proteger el medio ambiente y electrificar nuevos poblados, así como corregir los desequilibrios financieros de la rama eléctrica, mediante la realización de acciones de productividad, la asunción de pasivos y la reducción de rezagos acumulados entre las tarifas del servicio y los costos de generación de energía.
Es importante señalar que en 1986 se suscribió el convenio de rehabilitación financiera de la CFE, por el cual, el gobierno federal asumió parte de sus pasivos, de conformidad con lo establecido en el decreto aprobatorio del presupuesto para 1986; con ello se dio un paso importante en el saneamiento financiero de la entidad, que a su vez se comprometió a elevar su productividad.
En la revisión de este sector, se observó que en la generación de energía eléctrica alcanzó una producción de 89 mil 386 gwh; el volumen de su ventas fue de 74 mil 822 gwh, 5.0% más que en 1985 (si se consideran las exportaciones, dicho volumen asciende a 76 mil 283gwh).
En la Cuenta Pública se informa que la capacidad instalada de la rama eléctrica se elevó a 22 mil 080 mw, 6.1% superior a la del año anterior, este incremento fue resultado de la entrada en operación de las plantas de San Luis Potosí, Cerro Prieto, en Baja California; Tula, en Hidalgo, el Caracol, en Guerrero; Río Escondido, en Coahuila, y Peñitas, en Chiapas. Al mismo tiempo, se logró un mejor aprovechamiento de la capacidad instalada y se incrementó la productividad de la mano de obra, al aumentar el ahorro y el uso eficiente de energía mediante acciones de promoción y fomento en los sectores social y privado.
En electrificación rural, se dotó de servicios a 1 mil 853 poblados rurales y a 376 colonias populares con lo cual se benefició a cerca del millón de habitantes.
En materia de inversión, se continuó con la ejecución de proyectos de alta prioridad y de aquellas obras que en el corto plazo garantizaran el suministro del fluido eléctrico, y se avanzó en la diversificación de las fuentes alternas de energía.
2. Análisis Presupuestal y Programático.
Secretaría de Energía Minas e Industria Paraestatal.
El gasto programático de la Semip fue de 236.7 miles de millones de pesos, superior en 149.7% al presupuesto original, y en 112.7% al ejercido en 1985. Esta desviación se debió principalmente a los aumentos salariales registrados durante el año; al incremento de los costos de arrendamiento, mantenimiento y servicios básicos, así como el mayor costo de las obligaciones con proveedores y contratistas.
Entidades Coordinadas del Sector Industrial y Energético
Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, S.A. (Concarril)
En la revisión de la cuenta pública, esta comisión dictaminadora observó que Concarril ejerció 27.6 miles de millones de pesos, motor inferior en 44.9% al presupuestado; dichos recursos se destinaron a la ejecución de dos programas, que incluyeron 37 metas.
El cumplimiento de las metas de producción y comercialización de esta empresa resultó afectado por la drástica contracción en la demanda tanto de vagones de ferrocarril y del metro como de carros tanque para Pemex; ello obligó a la empresa a ajustar sus metas en aproximadamente 50.0%; además se llevó a cabo una reestructuración de la producción.
DIESEL NACIONAL S.A. (DINA)
En la cuenta pública se informa que Dina ejerció un presupuesto programático de 92.2 miles de millones de pesos cifra inferior en 42.8 % al, presupuesto original. Los recursos ejercidos por la empresa se destinaron a la ejecución de tres programas con seis metas, las cuales se alcanzaron debido a la reducción de la demanda de autobuses camiones y motores a diesel, originada por la contracción de la economía.
FERTILIZANTES MEXICANOS, S.A. (FERTIMEX)
Esta empresa ejerció un gasto programable de 414.1 miles de millones de pesos superior en 1.6 respecto al original. Dichos recursos se destinaron a la consecución de 13 metas, de las cuales se cumplió en 100% la relativa a la producción de fertilizantes hidrogenados, que es el producto más importante en volumen. Por otro lado no se alcanzaron totalmente las metas de producción de fertilizantes fosforados, complejos de fertilizantes e insecticidas y productos químicos.
Los incumplimientos se explican por la insuficiencia en el abasto de sulfato de amonio, roca fosfórica y bióxido de carbono; por problemas de escasez de divisas; porque no entraron en operación algunas plantas del complejo Lázaro Cárdenas; y por fallas electromecánicas en las plantas industriales de Minatitlán y Pajaritos Nitrogenados en Veracruz.
En 1986 hubo algunos problemas de mantenimiento, debido a que la variabilidad en la calidad de la roca fosfórica afecta al proceso de producción y las necesidades de mantenimiento, según informaron funcionarios que asistieron a las reuniones de análisis de la cuenta pública realizadas por esta comisión.
Asimismo, manifestaron que, aunque persisten problemas de mantenimiento y disponibilidad de equipo, se ha estado trabajando desde el año pasado con respecto a la regulación de la calidad de las materias primas, con el propósito de ajustar los procesos al tipo de materia prima que se utilice.
Siderúrgica Lázaro Cárdenas las Truchas, S.A. (Sicartsa)
Esta empresa ejerció un gasto de 233.3 miles de millones de pesos, 53.4% superior al presupuesto autorizado; este incremento obedeció principalmente a que el volumen producido rebasó el programado y a una inflación mayor que la esperada. De acuerdo con la cuenta pública, este presupuesto se distribuyó en dos programas que incluyen 12 metas, de las cuales ocho se alcanzaron o rebasaron, mientras que las cuatro restantes no se cumplieron totalmente debido a la utilización de inventarios, a la mayor calidad de mineral empleado y la contracción del mercado interno.
Siderúrgica Nacional, S.A. (Sidena)
El presupuesto ejercido por esta empresa ascendió a 23.9 miles de millones de pesos, 29.9% inferior al autorizado originalmente.
Dichos recursos se destinaron a la ejecución de dos programas que incluyeron 22 metas, de las cuales se cumplieron cuatro. Las variaciones registradas en las metas restantes obedecieron principalmente a la disminución en las adquisiciones de Concarril y Dina, a la escasa actividad productiva en las industrias metalúrgicas y de bienes de capital, así como los problemas de liquidez de los distribuidores y los consumidores, que implicaron una disminución en la demanda.
Altos Hornos de México S.A (AHMSA)
Esta empresa ejerció 336.7 miles de millones de pesos, cifra superior en 20.0% al presupuesto original, debido básicamente a una inflación mayor que la esperada, a las ampliaciones presupuestales autorizadas durante el año y al deslizamiento cambiario, que elevó el precio de la materia prima de importación.
El presupuesto se destinó a tres programas que incluyen 40 acciones, en la mayor parte de las cuales se obtuvieron cumplimientos superiores al 90.0%, con excepción de la relativa a la "extracción de mineral de hierro todo en uno", debido a que se redujo la autorización de la capacidad de bombeo de ferroducto, cuyo personal aún se hallaba en su período de aprendizaje durante ese año.
Azúcar, S.A.
El presupuesto ejercido por este organismo fue de 574.9 miles de millones de pesos, 19.7% superior al original; esta desviación se debió a las presiones inflacionarias y a que la producción de azúcar superó a la programada.
El 99.7% de los recursos ejercidos por el organismo se destinó a los programas "producción y transformación agroindustrial y paraestatal" (37.06%) y -"alimentos" (62.7%).
Los programas del subsector incluyeron 31 metas, de las cuales se rebasaron en 8.0% y 9.0% las de producción de azúcar y molienda de caña respectivamente.
El incumplimiento de las metas relativas a la producción, comercialización y transporte de alcohol se explica por la reducción de la demanda, ocasionada tanto por los mayores precios del producto como por la contracción de la actividad económica.
Petróleos Mexicanos (Pemex)
En la Cuenta Pública se informa que el gasto ejercido por esta empresa fue de 2 mil 906.4 miles de millones de pesos, superior en 23.5% al presupuesto original. El incremento obedeció fundamentalmente al deslizamiento de la paridad que tuvo un fuerte impacto en el costo de los materiales y refacciones de importación. Los recursos ejercidos se destinaron al cumplimiento de ocho programas, siendo los más importantes "producción primaria" (42.1% del total), transformación industrial" (21.3%) y "comercialización" (20.8%) que en conjunto absorbieron el 84.2% del gasto de la empresa.
Los programas de Pemex comprendieron 15 acciones, de las cuales se cumplieron satisfactoriamente las relativas al abasto interno de gasolina, diesel, gas y petroquímicos. No se alcanzaron cabalmente las metas en exportaciones, a causa del desplome del mercado petrolero mundial.
Por otro lado, tampoco se cumplieron totalmente las metas de perforación de pozos, debido a la austeridad presupuestal; sin embargo debe destacarse que se dio prioridad a la perforación de pozos de desarrollo respecto a los exploratorios, para proteger las metas de producción y abasto interno.
Comisión Federal de Electricidad (CFE)
Esta entidad registró un gasto de 2 mil 911.4 miles de millones de pesos, mayor que la asignación en 11.2 %. Este presupuesto se destinó a nueve programas, de los cuales sobresalieron por el monto de los recursos ejercidos los siguientes: "generación de energía eléctrica de origen secundario" (52.0%), "generación de energía eléctrica de origen primario" (13.0%) y "distribución de energía eléctrica" (10.8%), que en conjunto absorbieron el 75.8% del gasto.
Los programas antes mencionados incluyen 15 acciones, de las cuales se cumplieron satisfactoriamente las relativas a la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así como las de exportación. En el resto de las acciones no se alcanzaron las metas debido principalmente al atraso que sufrió el desarrollo de la ingeniería en el área mecánica de materiales de importación, ya que la escasez de divisas y la falta de disponibilidad presupuestal impuso restricciones a la importación de equipo, como ocurrió en el caso de la conducción de líneas de subtransmisión y transformadores de distribución.
Compañía de Luz y Fuerza del Centro. S.A.
Durante la revisión de la cuenta pública, se comprobó que el presupuesto ejercido por esta empresa fue de 382.2 miles de millones de pesos, inferior en sólo 0.2% a la asignación original. Estos recursos se destinaron a ocho programas, principalmente a "distribución de energía eléctrica" y "comercialización interna", en los cuales se erogó el 14.1% y el 51.8% del gasto total, respectivamente.
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Dar doble click con el ratón para ver imagen
1/ EXCLUYE TRANSFERENCIAS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS.
LOS ORGANISMOS Y EMPRESAS INCLUYEN APOYOS DEL GOBIERNO FEDERAL Y CORRESPONDE A GASTO DEVENGADO
NOTA: PARA CONSOLIDAR EL SECTOR, ES NECESARIO ELIMINAR LAS TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL A LOS ORGANISMOS Y EMPRESAS EN PRESUPUESTO.
ORGANISMOS Y EMPRESAS EN PRESUPUESTO.
FUENTE: SPP, CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 1985 Y 1986, TOMO SECTORIAL SEMIP
IV. Revisión preliminar de programas especiales
IV. A. Reconstrucción
IV. B Descentralización administrativa
IV. C. Reestructuración de la administración pública federal.
IV. D. Servicio civil.
IV. A. Reconstrucción.
Con el fin de atender las necesidades provocadas por los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985, y para administrar las aportaciones que solidariamente hiciera la comunidad internacional y nacional, fue creado el Fideicomiso Fondo Nacional de Reconstrucción, cuyo estado de origen y aplicación de recursos fue presentado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1985.
Asimismo y dada la magnitud de las tareas de reconstrucción, en el presupuesto de Egresos de la Federación de 1986 se creó el Ramo XXXI "Reconstrucción", por lo que ambos rubros se reportan en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
En esta forma, las acciones realizadas en esta materia durante 1986 se apoyaron tanto en los recursos recaudados mediante el Fondo Nacional de Reconstrucción (recursos no fiscales) como en los asignados al Ramo XXXI; cabe señalar al respecto que, no obstante las severas restricciones económicas por las que el país ha atravesado, el gobierno federal se ha esforzado por destinar los recursos suficientes para hacer frente a las acciones de reconstrucción.
En la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1986 se informa que el saldo de donativos y rendimientos captados por el Fondo Nacional de Reconstrucción hasta diciembre de 1986 ascendió a 68.6 miles de millones de pesos, y que el total de recursos asignados por el gobierno federal al ramo XXXI fue de 308.4 miles de millones de pesos.
Así, del total de recursos aplicados en 1986 (349.2 miles de millones de pesos), 308.4 miles de millones de pesos correspondieron al ramo XXXI, 40.5 miles de millones de pesos al Fondo Nacional de Reconstrucción y 0.3 miles de millones de pesos fueron obtenidos por las entidades usuarias de los recursos de reconstrucción, tanto por rendimientos como por productos de recursos propios.
Los recursos recibidos en calidad de donativos en el Fondo Nacional de Reconstrucción de septiembre de 1985 a diciembre de 1986, alcanzaron los 46.9 miles de millones de pesos, de los cuales sólo 7 millones fueron en especie, 39.9 miles de millones en moneda nacional, y 7.7 millones en dólares, equivalentes a 7.0 miles de millones de pesos. Los rendimientos generados ascendieron a 21.7 miles de millones de pesos, con lo cual los recursos totales del fondo ascendieron a 68.6 miles de pesos.
Del total de recursos recibidos por el Fondo Nacional de Reconstrucción, las entidades ejecutoras reportan que aplicaron 40.8 miles de millones de pesos en el período comprendido entre septiembre de 1985 y diciembre de 1986, de los cuales el 67.0% correspondió al sector salud, el 18.0% al sector educación, y el 15.0% al Departamento del Distrito Federal.
Por lo que respecta al ramo XXXI, en apoyo del Programa de Vivienda se aplicaron 122.8 miles de millones de pesos (39.8% del total de dicho ramo) en la construcción y rehabilitación de 40 mil 806 viviendas, con lo cual se benefició al mismo número de familias; mediante los programas de otorgamiento provisional de vivienda y ayudas para mudanzas y renta, se benefició a 37 mil 973 familias, y el Fovissste realizó acciones encaminadas a la compra y construcción de viviendas para los damnificados, tanto en el Distrito Federal, como en los estados.
Por otra parte, en el Programa de Empleo Rural, que se financia con recursos transferidos del Ramo XXXI, se ejercieron recursos fiscales por 50.0 miles de pesos (el 16.3% del total).
En lo referente a la limpieza y reconstrucción de la ciudad de México, se ejercieron 45.7 miles de millones de pesos (el 14.8% del total) en demoliciones, tareas de limpieza y reposición de edificios públicos, así como en la rehabilitación de monumentos y sitios históricos.
Para la captación y conducción de aguas para usos múltiples y servicios urbanos, se realizaron obras por un monto de 39.0 miles de millones de pesos (el 12.6% del total), entre las que destacan la construcción de módulos de potabilización de agua, el tanque de almacenamiento "Pericos", el túnel Analco - San José y la reparación de las redes de agua potable.
En materia de descentralización de la administración pública federal, se ejercieron 21.4 miles de millones pesos (el 7.0% del total); las acciones llevadas a cabo incluyeron obras de urbanización en los centros receptores, construcción
de instalaciones, compra de equipo y traslado e instalación de personal, así como la descentralización de entidades paraestatales.
En las acciones de construcción y rehabilitación de hospitales, se erogaron 18.0 miles de millones de pesos del ramo XXXI (el 5.8% del total). Con estos recursos, junto con 29.0 miles de millones de pesos del Fondo Nacional de Reconstrucción (el 71.7% del total), 165 millones de pesos de rendimientos en inversiones y una aportación del IMSS, se construyeron y rehabilitaron 69 hospitales, un albergue, 72 clínicas, nueve institutos, dos centros y 25 unidades de primer nivel, obras a las que se sumó la adquisición de aparatos de salud.
En lo que respecta a la construcción y rehabilitación de escuelas, se ejerció un monto de 20.3 miles de millones de pesos, integrado por 8.7 miles de millones de pesos del ramo XXXI (el 2.8% del total) y 11.6 miles de millones de pesos del Fondo Nacional de Reconstrucción; los fondos se aplicaron en obras de apoyo a todos los niveles educativos, incluyendo el de educación especial.
Finalmente mediante, el programa damnificados de los estados, las entidades federativas que resultaron afectadas por los sismos recibieron 2.8 miles de millones de pesos (el 0.9% de total del ramo XXXI), recursos que se destinaron a la población afectada.
IV. B. Descentralización administrativa
A raíz de los sucesos ocurridos en septiembre de 1985, se hizo más evidente aún la necesidad de dar un mayor impulso al programa de descentralización de la administración pública federal. Para las acciones realizadas al respecto en el transcurso de 1986 se consideraron las funciones administrativas que por su propio carácter eran susceptibles de descentralizarse, así como el efecto que tendría el proceso de descentralización, particularmente en las zonas o ciudades de reubicación. Este esfuerzo requirió de la concertación de voluntades y acciones entre el Ejecutivo Federal y su dependencias y los representantes de los poderes estatales y municipales.
El programa de descentralización de la administración pública federal prevé tres acciones fundamentales: la desconcentración de facultades y decisiones a las representaciones federales, la transferencia de facultades y decisiones a los gobiernos de los estados, y la reubicación de personal y oficinas en entidades del interior de la República.
En relación con la primera de esas acciones, se otorgaron mayores responsabilidades y se delegó una mayor capacidad de decisión a los representantes del Poder Federal en las distintas entidades del país. Destaca al respecto la creación de los centros regionales de decisión en los estados de Jalisco y Nuevo León, a los cuales se delegaron 426 funciones correspondientes a 12 secretarías del Poder Ejecutivo, la Procuraduría General de la República y dos empresas del sector paraestatal.
El proceso de transferencia de facultades y decisiones a los gobiernos estatales tuvo por objeto ampliar su participación en la elaboración e instrumentación de los diferentes programas de desarrollo social y económico. En este sentido, cabe destacar que la Secretaría de Educación Pública transfirió a 18 entidades federativas, servicios de educación básica y normal, la Secretaría de Salud consolidó los acuerdos de coordinación suscritos con 12 estados para la integración orgánica y la descentralización operativa de los servicios; y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes transfirió a 12 entidades la administración de varios programas.
En lo que respecta a la reubicación de personal y oficina fuera de la ciudad de México, con las acciones efectuadas en 1986 se logró un avance significativo. En efecto, durante el año fueron reubicados 32 mil servidores públicos, lo que representó un avance de 45% respecto de la meta prevista para el trienio 1986-1988. Además, se iniciaron las acciones para el traslado de 22 organismos y unidades administrativas del sector paraestatal.
En este aspecto, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos inició durante 1986 el proceso de descentralización de siete organismos y empresas del sector que coordina y la reubicación de 11 mil 762 de sus servidores públicos. Así mismo, es conveniente destacar las acciones de la Secretaría de Pesca, de Marina, de Energía, Minas e Industria Paraestatal, así como del Instituto Nacional Estadística Geografía e Informática, cuyas medidas de desconcentración se tradujeron en la reubicación de un importante número de servidores públicos.
IV. C. Reestructuración de la administración pública federal
De conformidad con los lineamientos y objetivos establecidos en el Programa Nacional de Desarrollo, durante 1986 se siguió avanzando firmemente en la reestructuración de la administración pública federal. Las acciones realizadas a nivel global, sectorial e institucional permitieron avanzar en el proceso de reestructuración administrativa mediante la racionalización y simplificación operativa de la entidades y el redimensionamiento del sector público.
Con el propósito de mejorar el servicio que ofrecen las entidades públicas y la eficiencia de su personal, en 1986 se continuaron las tareas de modernización y simplificación de los sistemas de administración e información; ello ha permitido prestar a los usuarios un servicio mejor y más transparente y, al mismo tiempo, ha redundado en una mayor racionalidad de las estructuras administrativas. En cuanto a la necesidad de reducir la carga financiera sobre el erario de estructuras operativas no prioritarias, se siguió avanzando en la compactación de los niveles administrativos; como resultado, se logró una reducción de 23% en las unidades administrativas básicas, que comprenden entre el nivel de director general y el de Secretario de Estado; de 16% en las estructuras no básicas, que comprenden los niveles entre jefe de departamento y director de área; y de 14% en las estructuras orgánicas del sector paraestatal.
Por otra parte, las acciones de redimensionamiento del sector público se encaminaron a desincorporar organismos y empresas paraestatales cuyos propósitos no forman parte del mandato constitucional. La desincorporación se realizó atendiendo criterios de prioridad social y económica y, de manera secundaria, criterios de rentabilidad. Al respecto, cabe señalar que se llevaron a cabo diversas acciones de liquidación, extinción, fusión, transferencia y enajenación de empresas públicas que no cumplían funciones estratégicas. Estas acciones se tradujeron en la desincorporación de 702 entidades, 148 de ellas por venta, 218 por liquidación, 110 por fusión, 47 por transferencia, 115 por extinción, y 64 por desincorporación con base en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Entre las empresas que durante 1986 fueron objeto de liquidación o extinción, por así convenir al interés público, se encuentran la Compañía Industrial Ayotla Textil. Por lo que corresponde a la fusión de organismos públicos con el fin de optimizar recursos y hacer más eficiente la gestión administrativa, cabe señalar la fusión de Proveedora Conafrut y Frutícola Mercantil, organismos que tenían objetivos similares.
En 1986 se continuaron las acciones de transferencia de organismos y empresas públicas a los estados y municipios del país, con el propósito de fortalecer el federalismo y descentralizar la vida nacional. En este aspecto, se realizaron diversos convenios de transferencia, entre los que destacan el que celebró Cordemex con el gobierno del estado de Yucatán.
Para la enajenación de entidades paraestatales se consideró su situación financiera y el atractivo que pudiera tener para los sectores social y privado. Conforme a este criterio, durante 1986 se enajenaron Acros, S.A., embotelladora Garci - Crespo, S.A., y Nueva San Isidro, entre otras.
IV. D. Servicio civil
En el Presupuesto de Egresos de la Federación se planteó la necesidad de continuar con la estrategia de servicio civil. Con el propósito de aumentar la eficiencia y el bienestar socioeconómico de los servidores públicos, durante 1986 se instrumentaron numerosos programas de capacitación técnica y administrativa, y se mejoraron las percepciones y prestaciones económicas.
Mediante el Programa Nacional de Capacitación y Productividad, se capacitó al 17% del personal del sector público. La capacitación se orientó en 42% a áreas administrativas, en 26% a aspectos técnicos, y en el 32% restante a cursos de enseñanza abierta y de posgrado.
En 1986, el salario mínimo de los servidores públicos registró cuatro incrementos, lo que permitió que los ingresos de menor cuantía aumentaran 41 mil 373 pesos en todas las zonas económicas del país. En materia de prestaciones, se incrementaron los seguros de vida y de retiro, así como la prima quinquenal y la despensa familiar.
En sectores e instituciones específicas, se avanzó durante el año pasado en la homologación y retabulación de los niveles y percepciones de los servidores públicos. Destacan al respecto las acciones realizadas en el ámbito del sector salud, del sector educación, y del servicio exterior mexicano.
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Dar doble click con el ratón para ver imagen
V. Conclusiones y recomendaciones
La Cámara de Diputados recibió para su revisión, en los términos que establecen los ordenamientos aplicables, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio presupuestal de 1986, con la información económica, programática, presupuestal y financiera, sobre los resultados de la gestión de las dependencias y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal, incorporada en el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para ese año.
En ejercicio de las atribuciones de control de la gestión del gobierno federal, la documentación recibida fue analizada dentro del proceso de revisión constitucional, para evaluar el contenido de la cuenta pública en relación con las acciones realizadas y los resultados alcanzados por la administración pública en la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales, regionales, institucionales y especiales.
En el proceso de revisión de la cuenta pública, esta comisión realizó 12 reuniones de trabajo en conjunto con otras comisiones legislativas y con la asistencia y participación de funcionarios de las diversas dependencias del Ejecutivo Federal.
Al evaluar la observancia de los preceptos legales y los principios de contabilidad se encontró un cumplimiento satisfactorio con las excepciones que se mencionan en el capítulo correspondiente, las cuales serán objeto de revisión posterior por la Contaduría Mayor de Hacienda.
En cada capítulo sectorial se analizó el grado de cumplimiento de los programas, encontrándose que en muchos casos no alcanzaron sus metas debido a la menor actividad económica y a los ajustes presupuestales ocasionados por el desplome de los precios petroleros.
El análisis del comportamiento de las metas de producción nacional, inflación, balanza de pagos, se hizo con especial atención al contexto nacional que prevaleció en 1986.
Las metas contenidas en los programas económicos para 1986 resultaban viables a la luz de las previsiones y supuestos sobre el entorno internacional; sin embargo, el desplome de los precios de exportación del petróleo y las restricciones financieras del exterior, cambiaron sustancialmente las metas, perspectivas y posibilidades para reducir la inflación a la meta prevista, evitar una caída en la producción y lograr un superávit en cuenta corriente.
La caída en los precios petroleros que fue imprevisible en cuanto a su magnitud, aunque no en su dirección, requirió de ajustes adicionales en la política económica y presupuestal.
La instrumentación de las políticas cambiaría, monetaria y financiera para hacer frente a este choque externo, contribuyeron a defender las reservas internacionales, generar divisas no petroleras y limitar la presión para usar el medio circulante como fuente de financiamiento público; sin embargo, tuvieron como efecto colateral desfavorable el recrudecimiento de las presiones inflacionarias, cuya tendencia decreciente se había revertido desde mediados de 1985.
Aunque el impacto del choque petrolero equivalía a 6.7% del PIB y las mayores tasas de interés y
restricción del gasto y crédito imponían presiones depresivas adicionales, el PIB cayó en sólo 3.8% durante 1986.
La ampliación de la cobertura de los servicios de salud, educación y vivienda y las acciones en materia de abasto popular, amortiguaron en parte el peso de la crisis sobre los grupos de bajos ingresos.
Del análisis del panorama económico se concluye que en forma conjunta a las medidas que se tomaron para enfrentar el choque petrolero, se continuaron aplicando políticas de cambio estructural, tales como la reestructuración de la administración pública, la modernización y reconversión de las empresas paraestatales, la reestructuración del comercio exterior mediante una racionalización de los mecanismos de protección, la descentralización de la administración pública, y el fomento a las exportaciones no petroleras.
En el contexto del derrumbe de ingresos petroleros y escasa disponibilidad de crédito externo se analizó el resultado de las finanzas públicas. El déficit presupuestal fue de 9 mil 499 miles de millones de pesos, lo que significó 8.8 puntos porcentuales del PIB por arriba de lo programado, y 4.7 puntos mayor al obtenido un año antes. Si se descuentan los pagos de intereses resulta un "superávit primario" de 5.4% del PIB, menor en 3.7 puntos porcentuales a lo programado originalmente, pero manifiesta el esfuerzo de disciplina presupuestal que realizó el sector público si se considera que la pérdida de divisas petroleras fue de 6.7% del PIB.
Los ingresos presupuestales ascendieron a 23 mil 446.1 miles de millones de pesos, monto superior en 61.7% al de un año antes, y menor en 2% a la previsión original. Merced a las modificaciones fiscales que permitieron reducir el plazo para efectuar los pagos provisionales de los impuestos Sobre la Renta, al Valor Agregado y el Especial sobre Producción y Servicios, así como a los ajustes en precios y tarifas, fue posible atenuar el impacto de la caída de los ingresos petroleros.
Las mayores tasas de interés, el aceleramiento del deslizamiento del tipo de cambio controlado y el consiguiente impacto de los mismos, tanto en el gasto financiero como en el gasto programable, determinó que el gasto neto presupuestal pagado ascendiera a 32 mil 930.6 miles de millones de pesos, superior en 24.8% respecto al original.
El gasto programable pagado del sector público presupuestal ascendió a 16 mil 645.9 miles de millones de pesos, superior en 16.5% al presupuestado originalmente pero inferior en 7% en términos reales al de 1985 y 0.7% menor como proporción del PIB.
El gasto no programable neto, que comprende intereses, participaciones y estímulos fiscales, ascendió a 15 mil 818.2 miles de millones de pesos, con un crecimiento de 38.6% respecto al original, y 121% superior al del año anterior en términos nominales. La variación más importante se dio en los intereses cuyo ejercicio fue de 13 mil 738.4 miles de millones de pesos, significando una variación de 4 mil 358.1 miles de millones de pesos respecto a lo presupuestado; es decir, 46.5% superior al original. El mayor pago de intereses explica más de dos terceras partes del incremento en el gasto neto pagado.
El endeudamiento neto del sector público presupuestal ascendió a 8 mil 929.1 miles de millones de pesos, lo que representa un incremento de 153% respecto al de 1985, y fue superior en un 247.7% a lo presupuestado. Estos niveles de endeudamiento compensan parcialmente la caída de ingresos petroleros. En la estructura del financiamiento se dio un mayor peso a los recursos provenientes del sistema bancario y de la colocación de valores gubernamentales, con lo que se redujo la presión sobre el medio circulante, aunque ocasionó mayores tasas de interés.
Se analizaron los resultados generales de cada sector de la cuenta pública y se hizo una evaluación de los programas y sus metas.
En el análisis del sector desarrollo rural se analizó el comportamiento de la producción agropecuaria, cuyo producto registró una caída de 2.1%, la cual fue menor a la reducción del PIB del país (menos 3.8%). La producción de granos básicos (maíz, frijol, arroz y trigo) disminuyó, mientras que la producción ganadera tuvo un incremento de 2.9%.
Las acciones del sector estuvieron orientadas al ampliar la cobertura de los servicios de asistencia técnica, a continuar obras de infraestructura hidráulica, a fortalecer la capacitación y participación organizada de los productores y a la regularización de tenencia de la tierra.
Los recursos y acciones del sector desarrollo regional y ecología se canalizaron al desarrollo de zonas estratégicas y apoyar las economías estatales y municipales, al ordenamiento y regulación de los asentamientos humanos mediante la dotación de suelo, infraestructura y equipamiento urbano y a controlar la contaminación ambiental. Se realizaron esfuerzos importantes para subsanar los problemas de urbanización y vivienda que se agudizaron a partir de los sismos de 1985.
Las acciones del sector pesca estuvieron encaminadas a incrementar la captura, a generar empleos y a captar divisas, la producción pesquera alcanzó un volumen de 1 millón 354 mil toneladas, superior en 7.8% a la obtenida en 1985. Dicho volumen estuvo integrado fundamentalmente por especies de consumo popular, como sardina, atún, tiburón y cazón. Se analizaron con gran interés los programas de mantenimiento tanto de la flota pesquera como de las instalaciones industriales en relación a lograr un aprovechamiento más racional.
Los esfuerzos en materia de educación se orientaron a proporcionar a todos los mexicanos el acceso al servicio de la educación primaria; a descentralizar la educación básica, normal y superior, así como a la investigación y la cultura; y a extender los servicios en las áreas de educación física, deporte y recreación.
Durante 1986 se dio educación preescolar a 1 millón 664 mil niños, 10.6% más que en 1985; en primaria se atendió al 100% de los niños que lo demandaron; y se redujo el índice de analfabetismo de 8% en 1985, a 6% en 1986. Se analizaron con gran atención los índices de deserción y eficiencia terminal en los diversos niveles educativos, con el interés de evaluar la calidad de los servicios educativos.
Los principales propósitos del subsector salud y seguridad social en 1986 fueron: mejorar la calidad y cobertura de los servicios básicos de salud, fortalecer las acciones de asistencia social y reducir las enfermedades transmisibles. En 1986 aumentó la cobertura a 88% de la población nacional; se rehabilitaron 27 unidades médicas de primer nivel en el valle de México, 23 hospitales generales, y 12 hospitales de especialidades. Particular atención en los trabajos de revisión recibieron los gastos y programas relacionados con la atención preventiva y control de las enfermedades transmisibles, los cuales se consideran insuficientes.
El sector comunicaciones y transportes se propuso en 1986 promover la reordenación territorial de la actividad económica, facilitar el comercio exterior, apoyar las actividades turísticas y ampliar la cobertura de las telecomunicaciones, para avanzar en el proceso de integración nacional.
En 1986 se realizaron los trabajos de conservación y mantenimiento en 39 mil 250 kilómetros de la red troncal, la modernización de redes ferroviarias en las rutas México - Veracruz, Guadalajara - Encarnación, y México - Querétaro; las obras de los aeropuertos de Aguascalientes, Morelos y San Luis Potosí, entre otros.
En el análisis de este sector se puso gran atención a los gastos de mantenimiento en la infraestructura de comunicaciones y transportes.
Entre los programas del sector comercio y abasto tienen relevancia los de: regulación del abasto, fomento al comercio externo, racionalización de la producción comercial, la regulación de la inversión extranjera y la promoción industrial. Durante 1986 se fortaleció la función reguladora de Conasupo y promovió una mayor participación de los sectores privado y social en el acopio, almacenamiento, transportación y distribución de los productos agropecuarios e industrializados básicos. Se analizó el grado de aprovechamiento de las unidades de comercialización de Conasupo y sus filiales.
El análisis efectuado al sector turismo, permitió conocer que los recursos se canalizaron a la ampliación, diversificación y consolidación de la demanda externa, a fomentar la afluencia de turismo nacional y a contribuir al fortalecimiento del desarrollo regional. Se alcanzó una total de 21.6 millones de turistas, mayor en 3% que el registrado en 1985 y la balanza turística ascendió a 1 mil 172 millones de dólares, y significó una variación positiva de 11.4% respecto al año anterior.
Por otra parte, se considera conveniente dar una mayor promoción a los servicios de apoyo al usuario y a los servicios especiales de seguridad para los turistas.
El análisis del sector energético industrial permitió conocer el proceso de reconversión y modernización de las empresas coordinadas, la desincorporación de entidades no estratégicas ni prioritarias, el impulso a las exportaciones no petroleras, abastecimiento de la demanda interna de energéticos, así como la rehabilitación financiera de las empresas a base de compromisos concretos de productividad.
Se consideró conveniente que se proporcione información más precisa y detallada respecto a la evaluación de los convenios de rehabilitación financiera (asunción de pasivos).
Además, se puso especial atención a los gastos de mantenimiento de la planta industrial, los cuales se consideran insuficientes.
El desarrollo del proceso constitucional de revisión de la cuenta pública ha hecho posible conocer lo realizado y lo que faltó de hacerse en esta última situación se prestó atención especial a las explicaciones de las variaciones, las cuales serán objeto de mayor estudio por parte de la
contaduría Mayor de Hacienda. Para ello se especificarán una serie de recomendaciones al órgano técnico de la honorable Cámara de Diputados.
Para la formulación de estas recomendaciones se consideraron las propuestas de los diputados de todas las fracciones parlamentarias que participaron en las diferentes reuniones de análisis y discusión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio presupuestal de 1986. En este sentido, la comisión dictaminadora propone las siguientes recomendaciones:
Agrupar de mejor manera la información programática en lo concerniente a los proyectos prioritarios, para indentificarlos en un solo bloque en cada sector, con el fin de facilitar el análisis de su instrumentación y el seguimiento de los resultados físicos y financieros.
Reforzar el análisis presupuestal y programático a precios constantes, a fin de permitir una mejor evaluación respecto de años anteriores.
Incorporar indicadores de productividad y eficiencia de las principales entidades paraestatales, grado de cobertura, suficiente, oportunidad y calidad de la producción y distribución de los bienes y servicios generados por ellas.
Incluir información que permita evaluar el impacto de los estímulos fiscales en la generación de empleo, divisas y producción; en la descentralización y en la conformación de una estructura productiva más integrada.
Informar de los avances en el cumplimiento de los compromisos de productividad contraídos en los convenios de asunción de pasivos.
Incluir información que permita analizar de manera integral la incidencia en áreas rurales, del gasto ejercido por las dependencias y entidades del sector público.
Incorporar información adicional a la proporcionada en el sector desarrollo regional, que permita analizar de manera integral la incidencia que en las entidades federativas tiene el ejercicio del gasto de la administración pública federal.
Fortalecer los mecanismos de comunicación entre sectores y al interior de los mismos para difundir con oportunidad la normatividad aplicable en materia presupuestal, con el propósito de facilitar su observancia y la supervisión de su cumplimiento.
Solicitar a las entidades una explicación más amplia sobre las variaciones en las metas de los subprogramas, evaluando su impacto en el grado de cumplimiento de los objetivos del sector correspondiente.
Consolidar los programas de reconversión, rehabilitación y saneamiento financiero de las empresas del sector paraestatal, energético e industrial, y mejorar los mecanismos de coordinación de los planes de expansión y operación entre las empresas del sector.
Incrementar la atención al mantenimiento tanto de la infraestructura de comunicaciones y transportes como de la planta industrial y de la flota pesquera.
Impulsar los proyectos de inversión pública con mayor grado de avance.
Integrar un grupo de trabajo con miembros de las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, con servidores públicos de la Secretaría de Programación y Presupuesto de la Contaduría Mayor de Hacienda, para que se estudie el contenido, estructura y metodología de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y, en su caso, proponga las modificaciones que estimen pertinentes y estudie las implicaciones que tendría en el marco legal aplicable.
La Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, de conformidad con lo expuesto en el cuerpo del presente dictamen, en el que fueron tomados en consideración los comentarios generales contenidos en el informe previo rendido por la Contaduría Mayor de Hacienda, y con fundamento en los artículos 70 y 74 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 11, 13 y 30 a 33 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda; 2o, 15, 16, 25 y 45 a 50 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; 1o., 3o y 12 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1986; 9o., 11, 13, 14, 15, 28, 29 y 43 a 46 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1986; 6o., 8o., y 42 de la Ley de Planeación; y demás disposiciones relativas de éstos y de los ordenamientos que resulten aplicables, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO RELATIVO A LA REVISIÓN DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE 1986
Artículo 1o. La Cámara de Diputados recibió para su revisión, en los términos que establecen
los ordenamientos aplicables, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio presupuestal de 1986, con la información económica, programática, presupuestal y financiera, sobre los resultados de la gestión de las dependencias y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal, incorporadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para ese año.
Artículo 2o. En ejercicio de las atribuciones de control de la gestión del gobierno federal, la documentación recibida fue analizada dentro del proceso de revisión constitucional, para evaluar el contenido de la Cuenta Pública en relación con las acciones realizadas y los resultados alcanzados por la administración pública en la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales, regionales, institucionales y especiales.
Artículo 3o. Se revisó que las dependencias y entidades de control presupuestal directo se apegaran, en el ejercicio de su presupuesto, a los criterios establecidos en las disposiciones legales vigentes.
Artículo 4o. Se analizó la evolución de la economía nacional en el contexto internacional y en relación con la gestión pública, conociéndose los resultados obtenidos en materia de reordenación económica y cambio estructural; ingresos petroleros, política cambiaría, inflación, balanza de pagos, producción, empleo, ahorro financiero y tasas de interés.
Artículo 5o. Se analizaron los ingresos y gastos públicos así como los resultados presupuestales y la magnitud y estructura del financiamiento del déficit.
Artículo 6o. La evaluación del ejercicio presupuestal en el sector desarrollo rural comprendió lo realizado en material de producción y productividad del sector; construcción y mantenimiento de la infraestructura; autosuficiencia alimentaria; generación de empleo; asistencia técnica; y tenencia de la tierra y reparto agrario.
Artículo 7o. El análisis efectuado sobre las acciones del sector desarrollo regional y ecología, permitió conocer el ejercicio del gasto y el grado de avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de sus principales programas relacionados con el proceso de descentralización; el ordenamiento y regulación de los asentamientos humanos; los servicios en ciudades medias; la infraestructura básica de apoyo y de servicios sociales para las zonas urbanas y rurales; y el control y disminución de la contaminación ambiental.
Artículo 8o. La evaluación en el sector pesca comprendió la revisión del ejercicio del gasto asignado y el grado de cumplimiento de los programas sectoriales orientados a la producción y la oferta de alimentos e insumos para la industria; modernización de la infraestructura pesquera y consolidación de la generación de empleos productivos; captación de divisas; promoción del desarrollo regional; y al mejoramiento de los niveles de vida de los trabajadores dedicados a la pesca.
Artículo 9o. En materia de educación fue analizada la orientación que se dio a los recursos presupuestales asignados para ampliar los servicios educativos y mejorar su calidad, para apoyar la investigación y la cultura y para continuar en los esfuerzos de descentralización.
Artículo 10. El análisis del ejercicio presupuestal en materia de salud, seguridad social y laboral, incluyó el conocimiento de lo realizado en la atención preventiva y curativa de la población; la rehabilitación de la infraestructura hospitalaria; la cobertura de los servicios de salud y seguridad social; la desconcentración, descentralización, coordinación intersectorial y modernización de los servicios de salud; capacitación, impartición de justicia laboral, seguridad e higiene en los centros de trabajo y promoción de empleo.
Artículo 11. El gasto ejercido en los programas del sector comunicaciones y transportes se analizó atendiendo los resultados obtenidos en la conservación y ampliación de la infraestructura a cargo del sector, en la descentralización de la actividad económica, el apoyo al comercio y a las actividades turísticas; en la ampliación de la cobertura de las comunicaciones y transportes; y en la consolidación e integración del territorio nacional.
Artículo 12. El gasto público ejercido por el sector abasto fue analizado en relación con el grado de cumplimiento de los objetivos y metas previstos para el desarrollo y la modernización de la infraestructura comercial; la regulación del mercado; la garantía del abasto de alimentos básicos; el fomento a las exportaciones no petroleras; y la participación de los sectores privado y social en el proceso de comercialización de básicos.
Artículo 13. De acuerdo a los resultados programático - presupuestales logrados por el sector turismo se evaluó lo realizado en la planeación, promoción, fomento y regulación de los servicios turísticos; en la protección y desarrollo de la planta productiva, en el turismo social, en el saldo de la balanza turística y en la contribución al fortalecimiento del desarrollo regional.
Artículo 14. En el sector industrial fue analizada la orientación que se dio a las previsiones presupuestales que le fueron asignadas para proteger la planta productiva y el empleo; la generación de divisas; impulsar la modernización y reconversión de la planta industrial; y para la rehabilitación financiera de las empresas en base a compromisos concretos de productividad.
Artículo 15. El análisis del sector energético abarcó la revisión del ejercicio presupuestal y del grado de cumplimiento de los objetivos y metas programáticas relacionadas con la autosuficiencia energética; las exportaciones; el ahorro, uso eficiente y diversificación de la energía; impulso a la investigación y desarrollo tecnológico; reestructuración financiera de las entidades del sector; orientación relativa al desarrollo regional y protección del medio ambiente; y energetización rural.
Artículo 16. Se analizaron las acciones realizadas en materia de reconstrucción en relación con los recursos asignados a través del ramo presupuestal XXXI, ejercido por las distintas entidades ejecutoras del gasto.
Artículo 17. Instrúyase a la Contaduría Mayor de Hacienda, por conducto de la Comisión de Vigilancia, para que en los términos de los artículos 11 y 13 de su Ley Orgánica, haga las recomendaciones con respecto a las normas, procedimientos, métodos y sistemas que con su implantación permitan mejorar el análisis programático, financiero y de metas, así como para que se dicten las medidas correctivas procedentes para lo cual se deberá:
Agrupar de mejor manera la información programática en lo concerniente a los proyectos prioritarios, para identificarlos en un solo bloque en cada sector con el fin de facilitar el análisis de su instrumentación y el seguimiento de los resultados físicos y financieros.
Reforzar el análisis presupuestal y programático a precios constantes, a fin de permitir una mejor evaluación respecto de años anteriores. Incorporar indicadores de productividad y eficiencia de las principales entidades paraestatales, grado de cobertura, suficiencia, oportunidad y calidad de la producción y distribución de los bienes y servicios generados por ellas.
Incluir información que permita evaluar el impacto de los estímulos fiscales en la generación de empleo, divisas y producción; en la descentralización y en la conformación de una estructura productiva más integrada.
Informar de los avances en el cumplimiento de los compromisos de productividad contraídos en los convenios de asunción de pasivos.
Incluir información que permita analizar de manera integral la incidencia, en áreas rurales, del gasto ejercido por las dependencias y entidades del sector público.
Incorporar información, adicional a la proporcionada en el sector desarrollo regional, que ayude a analizar de manera integral la incidencia que en las entidades federativas tiene el ejercicio del gasto de la administración pública federal.
Ampliar la información sobre participaciones a estados y municipios, especificando los criterios y métodos para el cálculo y distribución de los fondos general, financiero, complementario y de fomento municipal.
Ampliar la información sectorial y programática cuando el Ejecutivo Federal, haciendo uso de la atribución contemplada en el decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación, efectúe reducciones a los montos de los presupuestos aprobados a las dependencias y entidades, con el fin de evaluar el impacto sobre los objetivos, las metas y el ejercicio presupuestal de las disminuciones en el gasto público en cada ejercicio fiscal.
Ampliar la información de Productos Pesqueros Mexicanos sobre la operación, mantenimiento, eficiencia y programa de operación de la flota pesquera así como de su contribución al cumplimiento de las metas del sector.
Fortalecer los mecanismos de comunicación entre sectores y al interior de los mismos para difundir con oportunidad la normatividad aplicable en materia presupuestal, con el propósito de facilitar su observancia y la supervisión de su cumplimiento.
Solicitar a las entidades una explicación más amplia sobre las variaciones en las metas de los subprogramas, evaluando su impacto en el grado de cumplimiento de los objetivos del sector correspondiente.
Ampliar la explicación de la metodología utilizada para el cálculo de los indicadores de eficiencia terminal en los diferentes niveles educativos.
Continuar con los esfuerzos de disminución y racionalización de las transferencias otorgadas, tanto a los organismos y empresas controladas presupuestalmente, como a las de control indirecto, conforme a los objetivos y criterios de selectividad, transparencia y temporalidad.
Reforzar y ampliar la reforma fiscal a fin de adecuarla a las nuevas condiciones económicas, buscando aumentar el universo de causantes, simplificar los trámites y combatir la evasión y la elusión fiscales.
Consolidar los programas de reconversión, rehabilitación y saneamiento financiero de las empresas del sector paraestatal, energético e industrial y mejorar los mecanismos de coordinación de los planes de expansión y operación entre las empresas del sector.
Prestar especial atención a los comentarios, recomendaciones y salvedades hechos por los auditores externos a las entidades del sector paraestatal sujeto a control presupuestal.
Promover un aprovechamiento más eficiente de los productos del mar, en especial de aquellos que como en el caso de la sardina, tiene gran incidencia en el consumo popular.
Mejorar la calidad de los servicios educativos, llevando a cabo todas las acciones necesarias para elevar la eficiencia terminal del sistema educativo y continuar la capacitación de los recursos humanos del sector.
Fortalecer los mecanismos de coordinación entre los centros de investigación científica y tecnológica del sector público, privado y social, con el propósito de vincular los resultados de sus esfuerzos a la actividad productiva del país.
Continuar ampliando la cobertura de los servicios de salud, fortalecer los programas de capacitación y descentralización de los empleados del sector salud y consolidar los procesos de descentralización.
Fortalecer los mecanismos de coordinación entre el sector público y los sectores privado y social, para consolidar la función reguladora del sector comercio y abasto, e incorporar información que permita una evaluación más clara de la canalización de subsidios al consumo de básicos.
Fortalecer los programas de promoción y fomento a la demanda y la oferta turística, los servicios de apoyo al usuario e impulsar el turismo social.
Incrementar la atención al mantenimiento tanto de la infraestructura de comunicaciones y transportes como de la planta industrial y de la flota pesquera.
Impulsar los proyectos de inversión pública con mayor grado de avance.
Integrar un grupo de trabajo con miembros de las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, con servidores públicos de la Secretaría de Programación y Presupuesto y de la Contaduría Mayor de Hacienda, para que se estudie el contenido, estructura y metodología de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y, en su caso, proponga las modificaciones que se estimen pertinentes y estudie las implicaciones que tendría en el marco legal aplicable.
Artículo 18. Ordénese a la Contaduría Mayor de Hacienda, por conducto de la Comisión de Vigilancia, que practique las auditorías y realice las acciones legales que permitan esclarecer las posibles irregularidades habidas en el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación y de la Ley de Ingresos para el período fiscal de 1986 y, en su caso, finque las responsabilidades correspondientes en los términos de la legislación aplicable y promueva la imposición de las sanciones administrativas, civiles o penales conforme a derecho, indicándole que informe de sus acciones a la propia Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Artículo 19. Remítase el presente decreto a la Contaduría Mayor de Hacienda para todos los efectos legales a que hubiera lugar, instruyéndola para que dentro del término de ley rinda el informe de resultados correspondientes.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D. F., a 9 de diciembre de 1987.- Los diputados miembros de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública: Sócrates Rizzo García, presidente; Jesús Murillo Karam, secretario; Arturo Alvarez Márquez, Antonio Brambila Meda, Blas Chumacero Sánchez, Blanca Esponda de Torres, Gerardo Fernández Casanova, Oswaldo García Criollo, Elba Esther Gordillo Morales, Manuel Jiménez Guzmán, Rodolfo Menéndez Menéndez, José Eduardo Beltrán Hernández, Francisco Contreras Contreras, Homero Díaz Córdova, María Emilia Farías Mackey, Jorge Flores Solano, Javier Garduño Pérez, Pedro Goytia Robles, Antonio Melgar Aranda, María Aurora Munguía Archundia, Luis Donaldo Colosio Murrieta, Alejandro Ontiveros Gómez, Enrique Pelayo Torres, Alfonso Reyes Medrano, María Esther Scherman Leaño, Píndaro Urióstegui Miranda, Jorge Doroteo Zapata García, Alejandro Encinas Rodríguez, Héctor Morquecho Rivera, Gilberto Nieves Jenkin, Luis Orcí Gándara, Joel Ramírez Díaz, César Augusto Santiago Ramírez, Juan Manuel Pablito Tovar Estrada, Arnulfo Villaseñor Saavedra, Jorge Alcocer Villanueva, Gerardo Unzueta Lorenzana, Eduardo Valle Espinosa, José Angel Conchello Dávila, Jesús Galván Muñoz, Jorge Amador Amador, Juan de Dios Colli Mas, Enrique Bermúdez Olvera, Roberto Calderón Tinoco, Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, Ricardo Pascoe Pierce, Máximo de León Garza, Reyes Fuentes García, Rubén Aguilar Jiménez y Jesús Siller Rojas.»
Trámite: -Segunda lectura.
El C. Presidente: -Para cumplimentar lo que establece el propio reglamento, se ha comunicado a esta presidencia que existen dos votos particulares sobre el dictamen, uno de Acción Nacional, presentado por el diputado Jesús Galván Muñoz, y otro por el Partido Mexicano Socialista, por el diputado Gerardo Unzueta Lorenzana.
Por consiguiente, se le otorga el uso de la palabra al diputado Jesús Galván Muñoz para exponer su voto particular.
El C. Jesús Galván Muñoz: -Con su venia, señor presidente; compañeros diputados: Para que este debate no sirva de pretexto para monologar, habría que aceptar que se puede razonar sobre premisas distintas a la de uno mismo y habría también que poner mucho empeño en no desdeñar los hechos en beneficio de las hipótesis.
Saber de las explicaciones que el gobierno da para explicar las variaciones entre lo que se propuso alcanzar y lo que logró, me recuerda uno de aquellos siete cuadros con las siete virtudes que pintó Goltzius: el de la prudencia, que la representaba como una dama que trae una máscara en la nuca mientras que sostiene un espejo con la mano; según él, el espejo sirve para conocernos a nosotros mismos, mientras que la máscara para ocultar nuestro verdadero ser a los demás.
En el contexto anterior pueden resultar explicables las afirmaciones del Ejecutivo, en el sentido de que la evolución económica durante 1986 muestra el extraordinario grado de orden y coordinación que se mantuvo en la aplicación de los distintos instrumentos de la política a lo largo de todo el año; de que el balance es sin duda muy positivo de lo que se logró, a pesar de un choque externo de extraordinaria magnitud: mantener la economía bajo control, y se evitó un disparo hiperinflacionario.
Para respaldar su dicho, el Ejecutivo hace notar que el superávit primario del sector público fue de 3.3 puntos porcentuales del PIB, lo que confirma que, de no haberse desplomado el precio internacional de los hidrocarburos, se hubiera cumplido de manera más estricta con el ejercicio de las finanzas públicas inicialmente planteado.
Ahora bien, si es cierto que una duda es más estimulante que muchas certezas, dudemos un poco de tales afirmaciones y veamos qué fue lo que se dijo antes:
En noviembre de 1985 se sostuvo en los Criterios Generales de Política Económica para 1986, que para lograr en un contexto internacional adverso, importantes avances en el saneamiento de las finanzas públicas y en el abatimiento de la inflación, se había integrado un esquema de política macroeconómica centrado en la reducción del déficit fiscal, tanto por la vía del gasto como de los ingresos; la moderación monetaria, la nacionalización de la protección comercial, la sincronización de ajustes en precios y tarifas y, en cuanto las condiciones objetivas de la economía lo permitieran, la reducción de las tasas de interés y del ritmo del deslizamiento de nuestra moneda.
Se propuso entonces que el déficit financiero representaría el 4.9 del PIB; que el crecimiento de los precios al consumidor, medido de diciembre a diciembre, oscilaría entre 45% y 50%, y que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto sería de entre menos de 1% y más 1%.
Ahora se nos dice que, si bien los resultados no se alcanzaron, el déficit financiero como porcentaje del PIB alcanzó el 14.9%; la inflación fue de 105.7% y la caída fue de 3.8% del PIB.
Pueden considerarse positivos si se toman en cuenta los desafíos que se tuvo que enfrentar y los riesgos que se logró superar; de paso compárese con lo que el Plan Nacional de Desarrollo calculó: niveles de déficit del sector público de alrededor del 4% del PIB, tasas de inflación situadas alrededor del 5% al 10%, y un crecimiento del PIB de entre el 5% y el 6%.
Si alguien pregunta ¿cuáles fueron esos desafíos? Se le contesta: si el PIB se redujo en 3.8% en términos reales con respecto a 1985, fue principalmente porque la caída de los ingresos petroleros representó el 6.7% del PIB, lo que significa que la política económica aplicada aminoró el efecto negativo.
Pero ¿qué acaso no se podía prever un choque petrolero? Sí, de hecho en el documento de Criterios Generales de Política Económica se establecía que durante todo el año de 1985 se manifestó una gran incertidumbre en el mercado petrolero internacional, consecuencia de la sobreoferta prevaleciente, y de la débil coordinación entre productores, es más, se tenía en cuenta que la sobreoferta en el mercado petrolero internacional condujo a reducir los precios de exportación en dos ocasiones, a la vez que los volúmenes de exportación disminuyeron en los meses de mayo y junio.
Ahora bien, si se sabía esto, ¿por qué se calculó que los ingresos brutos de PEMEX se incrementarían como porcentaje del PIB de 13.2 en 1985, al 14.2 en 1986? ¿Por qué si se sabía que Arabia Saudita ganaría tanto vendiendo su cuota diaria de 4.35 millones de barriles diarios a 16 dólares el
barril, cómo lo haría en julio vendiendo dos y medio millones de barriles a 27 dólares? ¿Se pensó que nosotros podríamos seguir vendiendo lo mismo a 22.50 dólares por barril? ¿Por qué si se consideraba que los presupuestos, su manejo y composición, constituían elementos de singular importancia para continuar avanzando en la reordenación económica y en el cambio estructural, no se proyectó sobre bases más realistas? No era necesario que se recurriera a los agoreros en busca de presagios, sino que se planteara sin triunfalismos y se planeara de esa misma manera.
El gobierno falló en planear y no elaboró planes alternativos, como tampoco los tiene ahora; sigue siendo cierto aquello de que el que falla en planear, está planeando para fallar.
Habiendo establecido la responsabilidad del gobierno, por su falta de previsión, cabe preguntar acerca de la disciplina presupuestal.
El gasto programable del sector público resultó casi 13% superior al autorizado, y las transferencias casi 17% arriba de lo programado. El gasto total fue un poco más que el 27% al previsto, se esperaba que los organismos y empresas de control directo tendrían un superávit de 426 mil millones, pero sólo se alcanzó un déficit de 122 mil millones, en tanto que el déficit de los organismos de control indirecto ascendió a 1 mil 212 miles de millones, esto es, superior en 196% a lo esperado.
Hay que recordar que la política presupuestal propuesta para 1986 tenía las siguientes 10 características fundamentales:
1a. Apoyaría el saneamiento de las finanzas públicas y el abatimiento de la inflación.
2a. Se propondría un nivel total de gasto adecuado a supuestos y metas realistas.
3a. Atendería las necesidades asociadas al esfuerzo de reconstrucción.
4a. Protegería la inversión en áreas estratégicas.
5a. Protegería el gasto en bienestar social.
6a. Avanzaría dentro de la estrategia propuesta de cambio estructural en la reconversión de áreas críticas del sector paraestatal.
7a. Avanzaría dentro de la estrategia propuesta de cambio estructural en la revisión del tamaño del sector público.
8a. Avanzaría dentro de la estrategia propuesta de cambio estructural en la simplificación y descentralización de la administración pública.
9a. Reduciría los diferenciales de sueldos al interior de la administración pública central.
10a. Se enmarcaría dentro de un sistema fortalecido de seguimiento, evaluación y control.
Sin embargo, más que discutir si el perfil del ejercicio de la política presupuestal se definió por estas 10 características, resulta más importante tratar de definir cómo incidió la política económica del gobierno en diversos aspectos de la calidad de vida de los mexicanos, como pueden ser el nivel adquisitivo de los salarios, la distribución de la riqueza y la alimentación. Los resultados están a la vista.
No se obtuvo ninguna mejora, por el contrario, hubo deterioro prácticamente en todos los indicadores que se relacionan con la calidad de vida; y ésta es una denuncia que quizá sea posible tergiversar pero de ninguna manera desoír.
Pero además, aquí hay que hacer hincapié en que el problema no es sólo de dimensión sino de dirección , la producción no importa sino en cuanto es posibilidad de consumo.
Finalmente, queda por probarse si el grado de intervención del gobierno en la economía no será por sí mismo un impedimento en la solución de nuestros problemas, al menos su eficiencia tiene que probarse. Subrayo en que el problema no está en si debe o no intervenir el gobierno, en si debe o no existir lo que se llama iniciativa privada, el problema es otro, el problema es: hasta dónde y hasta qué punto y para qué fines y con qué método debe intervenir el gobierno; y detrás de ese aspecto del problema hay aún otro mayor, que es el que más nos importa y es: hasta qué punto tenemos todos los mexicanos la obligación de no olvidar nunca que el Estado no es algo fuera de nosotros, que nosotros mismos, y que los mayores errores que podemos cometer es permitir que los funcionarios públicos se crean césares y no servidores; y que el Estado se crea algo distinto de nosotros y que considere que está haciendo inversiones de su patrimonio, porque su patrimonio es nuestro trabajo y no tiene otro patrimonio. Sólo así podríamos hacer que nuestro país dejara de ser un concepto abstracto para transformarse en un verdadero programa común.
Dado entonces que los presupuestos, los programas, y la Cuenta Pública por consiguiente, han sido medios e instrumentos de trabajo de la administración pública que no han cumplido con el objetivo de ordenar el gasto público hacia el logro de un desarrollo equitativo y permanente para la nación, se hace ineludible, por parte de esta representación, no sólo reducir su acción a la desaprobación
y rechazo de la Cuenta Publica, sino el de señalar categóricamente y con base en el más evidente interés nacional que:
Primero. Las técnicas de programación y presupuesto implementadas desde la pasada administración, no han logrado ni el logro efectivo de los objetivos de cada programa, ni la erradicación del déficit crónico del gasto público, ni la eliminación de la inflación, ni el mantenimiento de la paridad monetaria, ni mucho menos conseguir un incremento del P I B por encima del crecimiento de la población, y sí en cambio han incidido en el aumento exorbitante de la deuda pública interna y externa.
Segundo. Por consecuencia, el ejercicio del gasto público y su reflejo en la Cuenta Pública revelan sólo los síntomas de un profundo y grave mal administrativo y económico nacional y su revisión se hace imposible sin considerarla en el conjunto de la política económica del gobierno, por lo que es contundente que el problema de origen se encuentra en un desvío del sentido nacional de las facultades de la autoridad política que ha subordinado la función pública a los intereses del grupo en el poder.
Dejo este voto particular para ser integrado al dictamen y formar parte de la valoración que el grupo parlamentario de Acción Nacional hace del presente dictamen, reiterando que no podrá ser responsablemente aprobada una Cuenta Pública, cuando de origen existen vicios en la presupuestación, programación, y éstos a su vez son consecuencia del abandono del recto sentido en el ejercicio del poder público, en este caso dentro del área del mejor y honesto manejo de los recursos públicos. (Aplausos.)
El C. Presidente: -Tiene el uso de la palabra para formular su voto particular, el diputado Gerardo Unzueta Lorenzana.
El C. Gerardo Unzueta Lorenzana: -Señor presidente; compañeros diputados: El presente documento reúne las principales conclusiones del grupo parlamentario del PMS. sobre los rasgos sobresalientes y las implicaciones de la política de gasto gubernamental del año pasado, tomando como base el análisis de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1986, y del dictamen realizando por la Comisión de Programación y Presupuesto. En las 12 reuniones de trabajo, nuestro grupo parlamentario participó activamente en la discusión de los resultados generales y del desempeño de cada uno de los sectores económicos, porque consideramos que ésta es una tarea relevante en la fiscalización legislativa sobre las acciones del Poder Ejecutivo, y porque es necesario revisar lo más ampliamente posible el ejercicio que éste hace de lo aprobado por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos y en la Ley de Ingresos de la Federación.
De acuerdo a lo establecido en el texto constitucional, la revisión de la Cuenta Publica tiene como principal finalidad "conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto, y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas". No obstante, de hecho la revisión se amplía a las consecuencias e implicaciones económicas, sociales y financieras del gasto y los ingresos gubernamentales, así como al cumplimiento de los preceptos legales y contables.
Pese a lo anterior, la revisión de la Cuenta Pública excede a las capacidades de la Cámara para realizar esta tarea. Tanto por razones políticas como técnicas, las actividades parlamentarias vinculadas a la cuenta son insuficientes, por lo que es necesario revisar el conjunto de normas y disposiciones que rigen este aspecto para adecuarlo a las necesidades de información, análisis y seguimiento que debe hacer el Poder Legislativo y su órgano técnico: la Contaduría Mayor de Hacienda.
Como se desprende de este voto particular, los diputados del PMS no compartimos las apreciaciones que se hacen en el dictamen sobre los resultados de la política fiscal en 1986, ni tampoco estamos de acuerdo en que se ratifique la orientación seguida hasta ahora en materia de gasto público. La mayoría de la Comisión de Programación y Presupuesto de esta Cámara, de hecho avala tanto los resultados macroeconómicos, como las implicaciones que en materia de gasto tuvo la política aplicada ese año. Ambos aspectos son cuestionables.
En la primera parte de este documento señalamos cómo la caída de los ingresos petroleros fue absorbido en su totalidad internamente, lo que en materia de gasto reflejó sobre todo en el ajuste de las erogaciones programables, mientras que no se alteraron los términos en el que el país estaba cumpliendo con el servicio de su deuda. Enseguida analizamos brevemente las principales implicaciones de todo lo anterior, la distorsión presupuestal, y el deterioro productivo y social agudizado en los últimos años.
Finalmente, intentamos ilustrar otras razones de nuestro desacuerdo con el dictamen y con la cuenta, sobre todo las relacionadas con el ejercicio presupuestal propiamente dicho, como son los incumplimientos en las metas, las explicaciones insuficientes sobre las desviaciones, y algunos casos de inobservancia del marco legal.
Hemos reducido en el mayor grado posible la información estadística para centrarnos en la argumentación de las razones por las cuales votamos en contra del dictamen, centrándonos en el análisis de la política de gasto gubernamental y sus implicaciones.
Queremos reiterar nuestra disposición al debate y a la presentación de elementos objetivos para evaluar la política económica, y para discutir las alternativas que hoy reclama la mayoría de la sociedad mexicana en esta materia.
CONSIDERACIONES GENERALES
Tanto para lo que se refiere al gasto público como para el comportamiento de la economía en general, la Cuenta Pública de 1986, el informe previo de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, y el dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, justifican las acciones realizadas y la política adoptada por el Gobierno Federal a partir de los efectos de la caída de los precios internacionales del petróleo y de sus secuelas. En particular las modificaciones sufridas por el Presupuesto de Egresos de la Federación para ese año, y la proporción en que sobre el gasto público se descargaron los efectos de la reducción de los ingresos, no sólo se consideran en la cuenta como las medidas inevitables que había que tomar, sino como la forma en la que se podía hacer frente al ajuste sin causar mayores problemas.
A partir de la caída de los ingresos petroleros, se sostiene era necesario buscar márgenes de acción, para lo cual se aplicó el programa de restricción fiscal y presupuestaria, se elevaron las tasas reales de interés, se acentuó el deslizamiento del tipo de cambio, se contrajo el crédito para comprimir la demanda, se aceleró la liberación del comercio y la desincorporación de entidades públicas, y se estimularon las exportaciones. De esta forma, se insiste, se logró evitar una rescisión mayor, lográndose una "absorción eficiente de los efectos del choque externo"; se dice también que eso se hizo" al menor costo social posible" y que además se evitó así la crisis generalizada. Se asegura también que pese a la profundidad del choque externo, no se desprotegieron los programas que el presupuesto para 1986 consideraba como prioritarios.
Sin desconocer la magnitud de los problemas causados por la contracción de los ingresos externos, es necesario insistir en el hecho de que la Cuenta Pública de 1986, al igual que otros documentos del Gobierno Federal, niegan por completo la posibilidad de que haya existido para ese año alguna otra alternativa viable que hubiera permitido un tratamiento diferente de las dificultades que se presentaron. No puede minimizarse la gravedad de la situación que durante el año se enfrentó y la forma en que se modificó el marco macroeconómico que había servido de base para el presupuesto aprobado, pero lo que sí puede discutirse, es la inevitabilidad del programa aplicado y su orientación. En particular, no resulta convincente el argumento central de que la forma en que absorbió el ajuste fue "eficiente" y de que el programa redujo su costo social.
La propia información de la cuenta revela que la absorción del ajuste fue fundamentalmente interna, pese a que su origen tuvo una fuente externa. Ante la severidad de la situación que se presentó, la alternativa escogida por el Gobierno Federal consistió en la profundización del mismo programa que se venía aplicando desde 1983, y no en la búsqueda de nuevas políticas que hicieran frente a lo que la cuenta y el dictamen denominan como una nueva y diferente crisis.
Como en los años anteriores, el programa no intentó modificar los términos en los que el país estaba cumpliendo con los compromisos del servicio de la deuda externa, pesé a que los menores ingresos que durante el año se recibieron por la caída en los precios del petróleo fueron equivalentes a 8 mil 500 millones de dólares. En este caso no se estaba ante una situación normal que hubiera impedido justificar la suspensión del ya de por sí muy oneroso servicio de la deuda. El país se encontraba ante una situación que, en lo externo, según los propios documentos oficiales reconocen, significaba el peor momento que se hubiera vivido en por lo menos medio siglo, tanto por deterioro en los términos del intercambio con el exterior, como por los impactos de la caída de los ingresos externos. Además, esto sucedía ante una restricción y de hecho ante una suspensión de ingresos por préstamos internacionales, y más precisamente ante un desfinanciamiento neto externo, ya que se continuaba amortizando la deuda mientras no se recibían nuevos créditos.
Ante lo excepcional del momento que se vivía, y pese a que el Poder Ejecutivo se había comprometido ante la nación a revisar los términos del servicio de la deuda para ajustarlo a nuestra capacidad de pago y para que no provocara un mayor agravamiento de nuestro problemas, el Gobierno Federal decidió no modificar su política en materia de la deuda externa, y ése fue el elemento que condujo a un programa que fue sumamente restrictivo y costoso en lo interno. Si hacía falta modificar las metas de crecimiento y de gasto, era porque la reducción en las divisas obligaba a
contraer la demanda, evitar la fuga de capitales, contener la inflación y compensar los menores ingresos públicos sobre todo; pero ese problema original, la menor disponibilidad de divisas y de ingresos públicos, no fue enfrentado en forma tal que se compensara la diferencia, o al menos su mayor parte, contrayendo las erogaciones financieras externas, sino que se trasladó su impacto a la economía con una mayor recesión y con la restricción presupuestal más intensa desde 1983.
Por eso, si en algún momento había elementos y argumentos para haber dado un trato diferente a los acreedores internacionales, este momento era 1986, sobre todo por el hecho de que no hubo respuestas al llamado que se les hizo a los acreedores a compartir la responsabilidad frente a la difícil situación que se vivía. La Cuenta Pública de 1986 sostiene que ese llamado a la corresponsabilidad se materializó con la aceptación por parte del Fondo Monetario Internacional de un convenio en el que se establecía la necesidad de reactivar la economía, en la aprobación de nuevas líneas de crédito durante el segundo semestre, y en la recalendarización de amortizaciones de la deuda externa. Sin embargo, nada de eso atenuó los efectos del choque externo durante 1986, y tampoco significó un alivio que se hubiera manifestado en los resultados presupuestales, ya que durante 1987 no se han presentado consecuencias positivas, puesto que aun con la disponibilidad de los créditos y con la reestructuración de la deuda, no se ha podido recuperar una tasa de crecimiento siquiera igual a la de 1984 y 1985.
Pero la ausencia de corresponsabilidad se manifestó sobre todo en el hecho de que, pese a la magnitud de los problemas de 1986, durante ese año el servicio de la deuda externa significó proporcionalmente más que el del año anterior. De acuerdo a los resultados que consigna la cuenta, la pérdida de ingresos por la caída del precio del petróleo significó 5 billones 125 mil millones de pesos, lo que representó el 6.7% del Producto Interno Bruto (P I B). Pese a ello, el servicio de la deuda pública externa que en 1985 había sido equivalente al 5.8% del P I B, fue en 1986 de 8.6% del producto y tuvo un monto incluso superior a toda la pérdida por los ingresos petroleros. Sólo el pago del servicio de la deuda externa por encima del previsto en el presupuesto, fue igual a la mitad de esa pérdida de ingresos.
Pero ese costo no fue el único. A partir de la decisión de no absorber el menor ingreso con otra política, el servicio de la deuda generó un efecto en cadena hacia las tasas de interés, el tipo de cambio, los ajustes tributarios y presupuestarios, la inflación, el crédito, etcétera, es decir, la absorción interna del ajuste externo se trasladó en buena medida hacia las finanzas públicas, provocándose la peor distorsión presupuestal que se haya conocido. Esto es, tanto por los efectos indirectos como los directos, la situación de 1986 repercutió en una desnaturalización presupuestal al otorgar a las erogaciones financieras interna y externa el lugar prioritario del gasto, reduciendo los egresos programables a una posición secundaria en el presupuesto.
Como más adelante se detalla, en lo anterior jugó un papel determinante el tratamiento de la deuda interna, cuyo servicio ocasionó la mayor parte del déficit público, mismo que acentuó el efecto recesivo del programa ante el choque externo.
Esta Absorción exclusivamente interna del choque petrolero no fue social y productivamente equitativa; al contrario de lo que la cuenta sostiene, el efecto presupuestal sí afectó los programas prioritarios, lo cual es comprobable no sólo por el comportamiento real del gasto, sino también por el cumplimiento de las metas y objetivos de dichos programas, para no hablar de los demás efectos del programa, como los que se refieren a los salarios reales, al empleo etcétera.
Por todo ello, es imposible concluir, como lo hace la Cuenta Pública de 1986, que pese a todo el balance de ese año es positivo. No sólo no es positivo, sino que resultó que de nueva cuenta en 1986 se sacrificaron los intereses nacionales para mantener la disciplina ante los acreedores internacionales, pese a que el país se encontraba en una de sus peores situaciones económicas. Por eso, tampoco resulta admisible la conclusión de que se logró una absorción eficiente del choque externo, ya que no hubo eficiencia social o productiva e incluso, ni eficiencia técnica en el manejo del programa económico, si esto se juzga por los resultados presupuestales que consigna la propia Cuenta Pública.
Principales consecuencias de la política económica de 1986
Distorsión presupuestal
Como ya mencionamos, la absorción interna del ajuste se trasladó casi íntegramente a las finanzas públicas, las cuales registraron en ese año la mayor distorsión presupuestaria de su historia reciente. Así por primera vez el servicio de la deuda representó un monto mayor al de las erogaciones programables, es decir, los gastos destinados a la inversión productiva, a los servicios sociales, y al pago de salarios, representaron una proporción inferior a los recursos orientados a la
deuda. En 1986, de cada peso gastado, 53 centavos tuvieron como destino el servicio de la deuda pública total, interna y externa, mientras que en el año anterior esa proporción era de 40 centavos, y en 1981 de 24 centavos por cada peso gastado.
Ciertamente esta mayor proporción de las erogaciones financieras frente a las productivas en una tendencia que se venía dando en el gasto público desde 1982, pero nunca había llegado a representar más de la mitad del presupuesto y fue precisamente a partir de 1986 cuando se "invirtieron" las proporciones, y esto no puede considerarse, bajo ninguna perspectiva, un saneamiento de las finanzas públicas.
Esto es un hecho sobresaliente porque relativiza cualquier avance o redistribución de recursos al interior del gasto programable, ya que a pesar de que algunos sectores contaron con mayores recursos en términos absolutos frente a otros, dentro del presupuesto total la participación de todos los sectores disminuyó.
Pero el servicio de la deuda no sólo fue el renglón que contó con más recursos, sino también fue el concepto que mayor desviación tuvo frente al presupuesto original(45.8%).
El impacto de la deuda interna sobre las finanzas gubernamentales se puede apreciar en toda su magnitud si tomamos en cuenta que ésta representó más de dos terceras partes del servicio de la deuda pública total (69%), mientras que los intereses por este concepto significaron casi la mitad del gasto destinado a la deuda. Lo anterior refleja el creciente costo financiero en que se ha incurrido, ya que este último renglón fue el que originó realmente el mayor déficit público. Como se reconoce en la cuenta y se insiste en el dictamen, si se descuenta el pago de intereses totales, en lugar de déficit resulta un "superávit primero" equivalente al 5.4% del producto. Esta es otra forma de evaluar el impacto que el servicio de la deuda ha tenido sobre el presupuesto, y cómo la "disciplina" presupuestal sólo se aplicó al gasto programable.
Por si todo lo anterior fuera poco, a pesar de que en 1986 prácticamente no se recibieron créditos del exterior, ése fue el año en el que más amortizaciones se hicieron por concepto de deuda externa desde 1982, de acuerdo con los informes trimestrales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Deterioro de la capacidad productiva
El comportamiento de la inversión pública refleja claramente la forma en que ha disminuido el gasto que tiene mayor incidencia en cuanto a la capacidad productiva estatal y al mejoramiento o ampliación de la infraestructura.
A pesar de que la inversión publica ejercida, prácticamente no vario frente al monto presupuestado, en términos reales tuvo una disminución del 15.9% frente al año anterior. Entre 1983 y 1986, la inversión pública total cayó en 29 puntos porcentuales, lo que ha repercutido en forma diferenciada en cada uno de los sectores, siendo uno de los más afectados el industrial y energético.
Para ilustrar lo anterior, baste señalar que durante 1986, las tres empresas del sector siderúrgico: A H M S A, Sicartsa y Fumosa, vieron disminuido en alrededor de 33% su gasto destinado a inversión, mientras que el servicio de la deuda creció en 102% en relación a 1985. En términos generales, la caída del gasto programable en este sector estratégico repercutió en menos metas de producción, que en el caso concreto de Altos Hornos son comparables únicamente con las de 1984. En Sicartsa, las metas tanto de producción como de comercialización, representan la mitad de las registradas dos años antes.
En el sector automotriz estatal la situación es similar. La empresa Diesel Nacional (DINA) disminuyo significativamente su producción de autobuses integrales, camiones, tracto camiones y autopartes, y también sus metas de comercialización; en ambos casos esta caída no sólo se dio en relación al año anterior, sino también frente a las metas presupuestadas para 1986.
En el sector energético, el dictamen señala que se cumplió cabalmente con la función de abastecer de energía al aparato productivo y que en general los resultados son "significativos". No obstante, la inversión cayó en términos reales en 17% frente al año anterior; la producción de refinados de Pemex descendió por primera vez en los últimos tres años, y la producción de gas natural fue inferior en 13% a la meta original. Lo anterior originó un crecimiento de las importaciones de refinados que, según reconoce el informe previo, se han incrementado a una tasa media anual de 51% en el período 1983- 1986.
Durante 1986, Pemex trató de compensar la disminución de los ingresos por la baja petrolera internacional con el ajuste en los precios internos. Como resultado de estos incrementos, los ingresos por ventas internas se elevaron en 102% frente al año anterior, a pesar de que su volumen disminuyó. Aumentos similares se dieron para el sector eléctrico, ya que en el año que nos ocupa, la tarifa promedio ponderada de electricidad presentó un incremento anual de 118%, cifra superior al crecimiento de la inflación.
Impacto en la calidad de los servicios
A pesar de que en el dictamen se señala que se ampliaron los servicios de salud y educación, y que ello contribuyó a aminorar el peso de la crisis sobre los grupos de bajos ingresos, no se dan los elementos suficientes que permitan sustentar tal afirmación, ni tampoco se brindan evidencias estadísticas significativas como para concluir que el ejercicio del gasto público durante 1986 se realizó protegiendo a las áreas vinculadas al bienestar de los sectores de la población con menores recursos.
Al contrario, las tendencias registradas en los últimos años y la propia orientación del gasto durante 1986, reflejan que la política social ha tenido un lugar secundario dentro del presupuesto federal y dentro de la política económica general.
Partiendo de cifras absolutas, en 1986 el gasto destinado a los servicios públicos de educación y de salud y de seguridad social que presentó el 11.2% del gasto total, proporción inferior a la registrada en los cinco años anteriores. En relación al Producto Interno Bruto, este renglón representó el 5.9% y, aunque tal cifra es superior a la del año anterior (4.8%), aún está por abajo de los niveles alcanzados en el período 1981-1984, que en promedio anual representara el 6.7% del producto. Con excepción de 1985, en los últimos cuatro años el gasto social por habitante ha registrado tasas negativas de crecimiento, incluyendo 1986.
Estas tendencias tienen efectos ampliados sobre la población de menores recursos, al combinarse con el deterioro salarial y la insuficiente generación de empleos de los últimos cinco años.
Pero desde nuestro punto de vista, la discusión más importante está en lo que hace a la calidad de los servicios y a la capacidad de atención y cobertura de los mismos. Existen evidencias suficientes de que se está dando un deterioro en estos dos aspectos como consecuencia de la restricción presupuestal que en forma sistemática han tenido los gastos en educación y salud en los últimos cuatro años; en el futuro, esta tendencia será muy difícil de contrarrestar de no ampliarse significativamente los recursos destinados a bienestar social durante varios años consecutivos.
En el caso del sector salud y seguridad social, la mayor demanda de servicios médicos, derivada en gran medida de la difícil situación económica de la población, ha propiciado una saturación de los servicios, situación que es reconocida parcialmente en la Cuenta Pública, lo que ha repercutido en la calidad de la atención. En el informe previo se reconoce que en el Programa de Atención Curativa, los niveles de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas fueron en general "apenas aceptables". En lo que hace a la eficiencia con que se aplicaron los recursos presupuestales, el informe señala que se observan niveles relativamente bajos en los dos programas analizados por el órgano técnico de la Cámara de Diputados.
Adicionalmente, es necesario señalar que no se han dado cambios sustanciales en cuanto al destino y la orientación del gasto en salud en ninguna de las tres instituciones del sector (Secretaría de Salud, I M S S e I S S S T E), ya que persiste la orientación predominante hacia las actividades curativas y aún tienen un peso muy pequeño dentro del total las acciones preventivas. Por otra parte, programas orientados a la población más desprotegida y por ende más vulnerable como I M S S - Coplamar, tuvieron un porcentaje muy bajo de los recursos totales (1.9% del presupuesto del I M S S). Por ello, es muy difícil compartir el argumento expuesto en la Cuenta Pública sobre el avance en los cambios estructurales en el sector salud.
En el caso de la educación, es evidente que la calidad de los servicios se ha visto afectada por los bajos salarios del magisterio; por el incremento en los índices de reprobación y deserción, y los problemas económicos de la población demandante.
Se insiste en la cuenta, en que durante 1986 se atendió al 100% de la población demandante de educación primaria, aunque en el informe previo se señala que en ese año la matricula escolar disminuyó. Por su parte, el dictamen de la comisión afirma que hubo un incremento de 4.3% en los servicios educativos, y en ningún caso se menciona que para el ciclo 1986-1987 hubo 303 mil 880 niños en edad escolar que no tuvieron acceso a la primaria (cifras del V Informe de Gobierno).
Los índices de eficiencia terminal en educación básica se han mantenido sin variaciones significativas en los últimos años, aunque las cifras sobre el ciclo 1986-1987 difieren según la fuente: mientras que en la Cuenta Pública se afirma que ésta llegó al 53.8% en el V informe se señala que alcanzó el 52%. Con todo, esos índices siguen siendo bajos y se reconoce en el informe previo: "los principales problemas que afectan a nivel básico, son los relacionados con la calidad de la educación, con las dificultades para lograr que los alumnos terminen sus estudios".
En relación a esto último, se puede observar que ha disminuido la capacidad de absorción en algunos
niveles del sector educativo. Por ejemplo, en 1982,203 mil 381 egresados de primaria no se inscribieron en la secundaria; cuatro años después la cifra llegó a 293 mil 578 alumnos que no continuaron sus estudios.
En cuanto a la eficiencia en la aplicación de recursos para alcanzar las metas, en 1986 se observaron bajos niveles en educación básica (76%) educación Universitaria (64.5%). y en educación tecnológica (43.9%).
Evaluación del ejercicio presupuestal
Por lo señalado anteriormente y ante las diversas insuficiencias en el cumplimiento de las metas programadas de algunos sectores estratégicos, nuestra opinión difiere de la presentada por el dictamen de la Comisión de Programación y Presupuesto, ya que en él se concluye que "los objetivos programados se cumplieron en términos generales, aunque en algunos casos no se lograron en su totalidad los resultados esperados" Simultáneamente se afirma que aquellos programas de mayor contenido social fueron los más protegidos para evitar que la menor disponibilidad de recursos afectara a la población más necesitada.
Incumplimiento de metas
Podríamos hacer un recuento de los distintos incumplimientos en cada uno de los sectores, pero consideramos suficiente señalar los más representativos y que, en consecuencia, tendrán mayores efectos negativos sobre el nivel de vida de la población y la infraestructura básica de la economía, además de que reflejan de forma clara el incumplimiento de los objetivos que para ese año se había propuesto el gobierno federal.
Entre los principales programas que no vieron cumplidas sus metas, podemos mencionar los siguientes:
En el caso de siderurgia, la comercialización realizada por las empresas paraestatales ha venido disminuyendo desde 1981, y en especial en 1986 la comercialización en el mercado interno se redujo en 7.6% con respecto al año anterior, obteniendo la mayor variación negativa en Fumosa (73%). Del mismo modo, en la producción de acero líquido, las tres empresas del sector alcanzaron un nivel menor en 12.6% a lo programado y apenas comparable con la de dos años antes.
En la industria automotriz, el Programa de Automotriz Terminal de DINA observó un incumplimiento cercano al 64%, lográndose únicamente el 60% de la producción del año anterior.
En la fabricación de motores realizada por esta misma entidad, la desviación fue de 71% situación similar se observa en Sidena, en donde el incumplimiento en todos los programas fluctúa entre el 55% y el 31%.
En el caso de Fertimex, la producción de fertilizantes fosforados, complejos e insecticidas, no cumplió sus metas en 29%, 46% y 75% respectivamente. Otro renglón afectado fue el del Comercialización de Fertilizantes Potásicos, con un 58% por abajo de sus metas originales.
Del mismo modo, no se concluyó el complejo industrial de fertilizantes fosforados en Lázaro Cárdenas, Michoacán, ni tampoco el sistema de manejo de sólidos en Pajaritos, Veracruz.
En Azúcar, S.A., tres proyectos no concluyeron la ampliación de su capacidad instalada.
En el sector energético, no se alcanzaron las metas en todos los tipos de perforación de pozos y en la producción de gas natural; se refinó menos petróleo crudo y se produjo menos gas que lo programado, obteniendo menos refinados petroquímicos.
La comercialización de gas natural en el mercado interno cayó en 22%, situación similar a la comercialización de petroquímicos que cayó en 17%.
Respecto a la Comisión Federal de Electricidad, durante todo el sexenio ha existido un incumplimiento sistemático de las metas presupuestales en materia de capacidad instalada. En 1986, sólo se instaló el 50.3% de la capacidad de generación establecida como meta en el presupuesto. En otros programas sustantivos, se construyó e instaló sólo el 86% de los kilómetros de líneas de transmisión proyectados, el 54% de la capacidad de transformación presupuestada.
Los sectores que se encuentran estrechamente relacionados con el consumo básico de la población, también sufrieron mermas en su desarrollo, por ejemplo. Conasupo disminuyó sus ventas totales en un 19% siendo los productos más afectados: el trigo con 89% y el frijol con 48%. En cuanto a producción, la industrialización del trigo cayó en un 70%, y en la promoción de agroindustrias las metas no se alcanzaron en una proporción similar.
Si consideramos los incumplimientos de metas en infraestructura carretera y de telecomunicaciones, a pesar de que el dictamen señala que los recursos erogados se orientaron a conservar, mantener y ampliar la infraestructura, el avance en los
programas parece contradecir tal afirmación, ya que de entrada el P I B del sector comunicaciones y transportes decreció en 2.9% con respecto al año anterior, afectándose principalmente el programa de electrificación en el sector ferroviario, que tuvo una variación negativa del 80%. Al mismo tiempo, los programas de planeación, apoyo y administración del sector, reflejaron un menor cumplimiento de las metas, alcanzando apenas la mitad de las originalmente programadas.
Otro de los renglones que en menor medida llevaron a cabo la realización de sus metas, es el de infraestructura postal, telegráfica y telecomunicaciones, presentando variaciones negativas que alcanzan un 95% en promedio. De esta forma, la infraestructura para comunicación se vio disminuida y la capacidad de atención al usuario es cada vez más deficiente; sin embargo, tanto en la Cuenta Pública como en el dictamen, no se hacen consideraciones que evalúen el deterioro en la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios.
De manera simultánea se comprobó que existen distorsiones de las metas presupuestadas y las reportadas en la Cuenta Pública, y en algunos casos las metas alcanzadas no coincidían o se expresaban en distintas unidades de medida, lo que dificulta la evaluación de los resultados de los programas a cargo de este sector. Además de reflejar una situación irregular, no es posible calificar de satisfactoria la actividad del sector.
Uno de los sectores que tradicionalmente presenta problemas en el cumplimiento de metas y en el ejercicio de su gasto, es pesca. En ningún momento se acerca a la afirmación del dictamen respecto de que se mantuvo el crecimiento sostenido de la actividad por explotación, transformación, comercialización y abasto, y mucho menos se procuró que la mayoría de la población tuviera acceso al mayor consumo de productos pesqueros.
En lo que concierne a la flota pesquera, se puede añadir que aun a pesar de que las flotas atunera y escamera, presentaron aumentos en su gasto, éstos no se vieron traducidos en metas cumplidas. Las desviaciones alcanzaron el 51% y 33% respectivamente.
Otros proyectos de infraestructura que no fueron realizados en su totalidad son: la construcción del Centro de Capacitación Pesquera en Chapala, las obras de relleno en la infraestructura portuaria y la prolongación del muelle de Puerto Pichilingue; la construcción del varadero de Ciudad del Carmen, Campeche, y del muelle de Mazatlán, Sinaloa; la prolongación del muelle de Tuxpan, Veracruz.
En general, la gran mayoría de las metas del sector tuvieron variaciones negativas. La comercialización disminuyó en 31%, y el Programa de Pescado Transformado para mercado interno tuvo una desviación promedio en todos sus renglones de 42%, llegando a casos extremos como en seco salado, que no cumplió sus metas en 98%. En la exportación de mariscos no se alcanzaron muchas metas, a pesar de tener la mayor parte del apoyo presupuestal. Los productos congelados disminuyeron sus metas básicas en un 69%
En el sector desarrollo social que comprende educación, salud y seguridad social, si bien aumentó ligeramente su participación en el gasto sectorial frente a 1985, esto no ha sido en la cantidad suficiente para atender a los 8 millones de habitantes en que creció la población entre 1982 y 1986, lo cual redunda en una menor calidad de los servicios y acentúa la marginación social.
Entre los objetivos para 1986 se proponía continuar proporcionando servicios médicos a la población y mejorar la calidad de los mismos, pero no se da ningún indicador lo suficientemente confiable que permita verificar su cumplimiento.
Otro de los objetivos era limitar las enfermedades transmisibles y las no transmisibles, así como dar prioridad a acciones de tipo preventivo, pero tal objetivo no fue alcanzado por la escasez de recursos. En el I M S S e I S S S T E sólo el 1.5% del gasto se destinó a medicina preventiva, además de que no existen elementos suficientes que permitan comprobar su cumplimiento real.
Aun cuando las variaciones del sector salud no son significativas para poder evaluar su impacto real, es necesario comprobar la correspondencia de las mismas con las necesidades de la población. Si esa relación no se clarifica no es posible evaluar el cumplimiento de las metas.
Un ejemplo claro del deterioro de los servicios de salud, es que el incremento de consultas externas se dio sin que el número de médicos que debe prestar este servicio aumente en la misma proporción. Igualmente, existe una disminución de la atención especializada, lo que ha provocado que pacientes que requieren de este de servicio no lo reciban oportunamente.
Además de esto, los sobrecumplimientos en las metas de atención médica de primer nivel, que es considerada tanto en la cuenta como en el informe previo y en el dictamen, no significa una mejora en los servicios, en realidad, pues, en buena medida son resultado de la contracción de la atención médica especializada, lo que hace que los pacientes reciban un servicio menor al que
necesitan. Todo esto en perjuicio del grueso de los mexicanos.
Explicaciones insuficientes
En numerosos casos, las afirmaciones de la Cuenta Pública para justificar las desviaciones más significativas tanto en recursos como en metas físicas, se basaron en argumentos dudosos e insuficientes para explicar incumplimientos como los que hemos señalado en renglones anteriores.
No es posible pretender, como se hace en la cuenta y en el propio dictamen, que el reajuste en el gasto, las condiciones climáticas desfavorables, los aumentos salariales y otro tipo de cuestiones coyunturales, desfasaran en tal medida el cumplimiento de metas.
Existen argumentos realmente endebles, como en el caso del sector educación, en el cual se habla de que las menores metas de atención educativa se debieron básicamente a "la escasa solidaridad social para lograrlos", culpando en gran medida a los padres de familia de cuestiones que escapan de sus manos atender y resolver.
Un ejemplo de lo anterior consignado en el informe previo es el siguiente: "Cabe destacar que se observó un descenso en la matrícula escolar en relación al año anterior atribuible a los avances logrados en los programas de planeación familiar".
En cuanto a la educación escolar indígena, se llega a afirmar que ésta se dificultó porque "no se ha logrado una completa aceptación de los mismos, debido a que cada grupo étnico tiene una visión cosmogónica del mundo diferente".
Los incumplimientos en las metas, independientemente de la caída en el precio del petróleo, de los menores recursos externos y del menor gasto público, responden a la propia instrumentación de la política económica seguida a lo largo de estos cinco años, y reflejan problemas de programación y presupuestación.
En la cuenta se manifiestan también concepciones deficientes en cuanto a diseño de programas y a su ejecución. En desarrollo urbano y ecología por ejemplo, en 1986 se ejercieron 12 programas no contemplados previamente en el presupuesto. En consecuencia, el gasto se transfirió de un programa a otro, lo que provocó una distorsión presupuestal que hace difícil evaluar los resultados de cada uno de los programas.
Estas deficiencias presupuestales se reflejan también en otros sectores como comercio y fomento industrial y pesca, en donde se consideró a la asunción de pasivos dentro del gasto programable, cuando en realidad su destino final es cubrir el servicio de la deuda.
Cumplimiento de la normas legales
En este aspecto, resaltan algunas irregularidades frente a las disposiciones de la Ley de Obras Públicas. Como se consigna en el informe previo, en 1986 se dieron diversos casos de adjudicación directa sin mediar licitación pública. Se señala también el no otorgamiento de garantías por parte de los contratistas para iniciar obras, principalmente en los sectores de agricultura, turismo y comunicaciones y transportes; el retraso en la iniciación de obras en comercio, energía, minas e industria paraestatal, comunicaciones, agricultura, desarrollo urbano y ecología; modificaciones en los contratos de obra que excedieron el 25% del plazo o de los montos fijados en los contratos originales, sobre todo en los sectores de comunicaciones y transportes, agricultura, turismo y salud.
Además, se registraron irregularidades en el seguimiento de las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, en Dina y Aeroméxico.
Aun Cuando en el dictamen de la Cuenta Pública y en el informe previo se recogen estas observaciones, ambos documentos concluyen que las disposiciones se cumplieron en términos razonables, existiendo únicamente deficiencias de poca trascendencia, juicio que no compartimos, por lo cual insistimos en que la Contaduría Mayor de Hacienda profundice en el análisis de estas irregularidades.
Hemos presentado hasta aquí nuestras principales observaciones a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y al dictamen de la comisión correspondiente. Queremos insistir en la necesidad de valorar la importancia del debate sobre el ejercicio presupuestal y de ampliar la discusión sobre la política económica, para que en ella participen los distintos sectores sociales. Adicionalmente, como corolario de nuestro análisis de los resultados de 1986, reiteramos la necesidad de cambiar sustancialmente la orientación del programa económico para dar prioridad a la atención de las necesidades sociales y productivas del país.
Ahora, como manifestamos al principio, los integrantes del grupo parlamentario votaremos en contra del dictamen de la mayoría de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y pedimos a la presidencia de esta Cámara se sirva ordenar la inserción de este voto particular en las
condiciones que establece nuestro Reglamento Interior. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Ha llegado a esta presidencia un escrito fundado en el artículo 108, para que la comisión funde el dictamen. Por tal motivo, esta presidencia le otorga la palabra a la ciudadana diputada Blanca Esponda de Torres, para que haga la fundamentación.
La C. Blanca Esponda de Torres: -La función pública se guía por el sentido nacionalista y profundamente social de la política económica, y dentro de ella el Presupuesto de Egresos de la Federación es el instrumento más útil para alcanzar los objetivos sociales.
Aquí se ha afirmado que los indicadores sociales registran un deterioro considerable. Y a ese respecto, quisiera subrayar que en materia de cobertura de servicios educativos, se registró un incremento en 1986. Pasamos de una cobertura en preescolar de un millón 800 mil niños, a un millón 894 mil.
En primaria, toda la demanda de educación fue cubierta; en secundaria, se incrementó la atención de un millón 597 mil niños, a un millón 628 mil niños.
En materia de salud, también se registra un incremento en la cobertura que pasó de un total de 67 millones a prácticamente 70 millones de habitantes.
Por lo tanto, compañeros, es con datos como podemos nosotros argumentar el incremento en la atención a la población sujeta al gasto público.
Nadie ignora, y mucho menos mi partido, el Revolucionario Institucional, que nos hallamos ante una crisis, ante una crisis de la sociedad y de la economía en todo el mundo. Y cuando las sociedades sienten esa fría, esa helada quiebra de su alma, ¿cómo es posible que la sociedad mexicana pueda permanecer al margen de esa crisis? Eso es como un océano desbordado que no se detiene ante pequeñas islas, que las inunda y las sumerge.
Por eso, es injusto y es imposible pretender que sólo con el esfuerzo interno se pueda a corto plazo absorber el impacto tan negativo que la economía internacional ha tenido sobre la nuestra en estos momentos.
Por ello estamos replanteando activamente a nivel internacional nuestras relaciones financieras y comerciales que, aunque sepamos que del exterior no van a resolverse todos nuestro problemas, estamos tomando en lo interno todas aquellas medidas que requieren decisión y valor, pero que son adecuadas a cada circunstancia cambiante.
La sociedad y la economía no son entes estáticos, sino altamente dinámicos, y no habrá ayuda de nadie que resuelva íntegramente las dificultades presentes.
La negociación externa es indispensable pero no suple a la acción interna, ni en los problemas de fondo o estructurales, ni en las cuestiones circunstanciales. La responsabilidad fundamental es nuestra y como propósito permanente combatimos las desigualdades sociales aun en circunstancias económicas difíciles.
Por eso, de conformidad con lo establecido por el artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 43 de la ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, esta Cámara de Diputados recibió la Cuenta Pública Federal correspondiente al ejercicio presupuestal de 1986, que el Ejecutivo envió para su revisión.
También recibimos toda la información relacionada con los objetivos y prioridades de la planeación nacional, tal como lo dispone el artículo 6o. de la Ley de Planeación.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se recibió en la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, para su estudio y dictamen, dicha información.
También fue remitida al órgano técnico de esta honorable representación popular, por conducto de la Comisión de Vigilancia, para llevar a cabo la revisión que disponen los artículos 1o., 3o., 10 fracción II, y 15 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Con base en la documentación recibida, el órgano técnico de esta honorable Cámara de Diputados, en cumplimiento de sus funciones, entregó el informe previo en el que formuló los comentarios generales a que se refiere el inciso a) de la fracción II del artículo 3o. de la ley orgánica que lo rige; para presentarlo a la comisión dictaminadora por conducto de la Comisión de Vigilancia de la propia Contaduría Mayor de Hacienda, dentro del plazo establecido en la fracción IV, del artículo 10. de ese mismo ordenamiento.
En ejercicio de las atribuciones de control de la gestión del Gobierno Federal, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, analizó la información económica programática, presupuestal
y financiera, referida a la gestión de las dependencias y entidades de la administración pública, descentralizada y paraestatal, incorporada al Presupuesto de Egresos de la Federación que esta misma soberanía aprobó el año pasado.
Se evaluó el contenido de la Cuenta Pública en relación con las acciones realizadas, y con los resultados alcanzados por la administración pública federal para ejecutar lo dispuesto por el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales, regionales e institucionales, así como los programas especiales.
Debo subrayar que en el seno de la comisión celebramos varias reuniones de trabajo en conjunto con otras comisiones legislativas; contamos con la asistencia y participación de funcionarios de alto nivel de la diversas dependencias del Ejecutivo Federal; asistieron subsecretarios, oficiales mayores y directores generales.
Como en años anteriores, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública tomó en consideración al elaborar el dictamen, la información adicional presentada en los informes trimestrales sobre la situación económica y las finanzas públicas que enviara el Ejecutivo Federal a esta Cámara de Diputados en sujeción a lo dispuesto por el artículo 49 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación de 1986.
Los informes dan cuenta de la ejecución del gasto durante el ejercicio presupuestal que se analiza. Se recibió además, el IV informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 enviado por el Ejecutivo Federal en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6o. de la Ley de Planeación y que sintetiza las acciones realizadas durante 1986.
La Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio presupuestal de 1986, fue elaborada con base en el Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental vigente a partir de 1985. La información de Cuenta Pública está contenida en un tomo de resultados generales, 19 tomos sectoriales y cinco anexos, uno de agregados económicos, dos de información del sector paraestatal de control indirecto, uno de dictámenes de auditoría externa practicada a diversas entidades paraestatales, y uno de estados analíticos de los egresos.
Adicionalmente, se presenta por separado en un anexo más, la información relativa al seguimiento y evaluación del cumplimiento de las recomendaciones formuladas por esta Cámara de Diputados y por la Contaduría Mayor de Hacienda, como resultado del proceso de revisión constitucional de la gestión pública.
En el cuerpo de este anexo se enumeran las acciones emprendidas por el Ejecutivo Federal en respuesta a dichas recomendaciones para mejorar la eficiencia del sector público en su conjunto y para facilitar en mayor el proceso legislativo de revisión y evaluación de la Cuenta Pública.
A la Fecha se ha dado atención a 112 recomendaciones de la emitidas por la Cámara de Diputados, y a 321 de las formuladas por su órgano técnico en el marco del estricto respeto y colaboración que prevalece entre ambos poderes de la Unión.
Conviene destacar que, con la finalidad de guardar la congruencia analítica y de información que debe prevalecer entre el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta Pública, se incorpora a esta última un capítulo denominado de "Reconstrucción", para dar cumplimiento al artículo 8o. del decreto del presupuesto 1986 que contiene información financiera y presupuestaria del ramo XXXI y de los recursos del Fondo Nacional de Reconstrucción ejercidos por dependencias y entidades del sector público.
El nuevo capítulo también menciona las acciones y logros alcanzados en el transcurso del ejercicio presupuestal en materia de reconstrucción, rehabilitación y descentralización de los servicios urbanos y de salud, educación y vivienda, entre otros aspectos.
Con base en los preceptos legales y los principios de contabilidad, se encontró un cumplimiento satisfactorio en la mayor parte de los sectores, con las excepciones que se mencionan en el capítulo correspondiente, las cuales serán objeto de revisión posterior por la Contaduría Mayor de Hacienda.
En los capítulos sectoriales se analizó el grado de cumplimiento de los programas, encontrándose que en muchos casos no se alcanzaron las metas previstas, debido a la menor actividad económica y a los ajustes presupuestales ocasionados por la escasez de recursos disponibles.
El análisis del comportamiento de la producción nacional, la inflación, la balanza de pagos, se hizo con especial atención, al contexto internacional que prevaleció en 1986 y con base en las tendencias observadas.
El entorno internacional fue adverso y aunque parezca reiterativo debemos insistir para recordar las causas: el desplome de los precios de exportación del petróleo y las restricciones financieras externas, afectaron el desarrollo, perspectivas y
posibilidades para reducir la inflación o para evitar una baja de la producción, así como para lograr un superávit en cuenta corriente, ello también ocasionó ajustes adicionales en la política económica y presupuestal.
La instrumentación de las políticas cambiaría, monetaria y financiera para hacer frente a este impacto externo, contribuyeron a mantener las reservas internacionales, generar divisas no petroleras, y limitar la presión para usar el medio circulante como fuente de financiamiento público. Sin embargo, tuvieron como efecto colateral desfavorable el recrudecimiento de las presiones inflacionarias, cuya decreciente se había revertido desde mediados de 1985.
El choque petrolero equivalente a la pérdida absoluta de la producción anual de alimentos en el país y al 6.7% del Producto Interno Bruto, así como las mayores tasas de interés y la restricción del gasto y el crédito, impusieron presiones depresivas adicionales, por lo que el P I B cayó 3.8% durante 1986.
A pesar de haber perdido con ello la cuarta parte de los ingresos del sector público, el gobierno de la República amplió la cobertura de los servicios de salud, de educación y de vivienda, así como las acciones en materia de abasto popular. Así se amortiguó, en parte, el peso de la crisis sobre los grupos de bajos ingresos.
Del análisis del panorama económico se concluye que en forma conjunta a las medidas que se tomaron para enfrentar el choque petrolero, se continuaron aplicando políticas de cambio estructural. Se reestructuró la administración pública, se modernizó y reconvirtió las empresas estatales, se reestructuró el comercio exterior mediante una racionalización de los mecanismos de protección, se descentralizó la administración pública, y se fomentaron las exportaciones no petroleras.
En éste y no en otro contexto favorable se analizó el resultado de las finanzas públicas; el déficit presupuestal, del que descontando los pagos de intereses resulta un superávit primario de 5.4% del Producto Interno Bruto, por lo que resulta menor en 3.7 puntos porcentuales a lo programado originalmente.
Este resultado pone de manifiesto el esfuerzo de disciplina presupuestal que realizó el sector público, si se considera que la pérdida de divisas de origen petrolero fue del equivalente al 6.7% del Producto Interno Bruto.
Los ingresos presupuestales ascendieron a 23 mil 446 miles de millones de pesos, monto superior en 61% al del año anterior. Esto se debió a las modificaciones fiscales que permitieron reducir el plazo para efectuar los pagos provisionales de los impuestos Sobre la Renta, al Valor Agregado y, en especial, Sobre Producción y Servicios, así como a los ajustes en precios y tarifas.
Las mayores tasas de interés, el aceleramiento del deslizamiento del tipo de cambio y el consiguiente impacto de los mismos tanto en el gasto financiero como en el gasto programable, determinó que el gasto neto presupuestal pagado ascendiera a 32 mil 930 miles de millones, superior en 24% respecto al original.
El gasto programable pagado del sector público presupuestal ascendió a 16 mil 645 miles de millones, superior en 16.5% al presupuesto original, pero inferior en 7% en términos reales al de 1985, y 0.7% menor como proporción del P I B.
El gasto no programable neto que comprende intereses, participaciones y estímulos fiscales, ascendió a 15 mil 800 miles de millones, con un crecimiento de 38% respecto al original, y 121% superior al del año anterior en términos nominales.
La variación más importante se dio en los intereses, cuyo ejercicio fue de 13 mil 700 miles de millones, significando una variación de 4 mil 358 respecto a lo presupuestado, es decir, 46.5% superior al original. El mayor pago de intereses se explica más de dos terceras partes del incremento en el gasto neto pagado.
Los niveles de endeudamiento fueron mayores a lo previsto, lo que permitió atenuar parcialmente la caída de los ingresos petroleros. En la estructura del financiamiento se dio mayor peso a los recursos provenientes del sistema bancario y la colocación de valores gubernamentales, con lo que se redujo la presión sobre el medio circulante, aunque ocasionó tasas mayores de interés; se analizaron los resultados generales de cada sector de la Cuenta Pública, y se hizo una evaluación de los programas y sus metas en desarrollo rural, desarrollo social, desarrollo regional, y ecología, pesca, educación, salud, comunicaciones y transportes, comercio y abasto, turismo, y el sector energético industrial.
El análisis del sector energético industrial permitió conocer el proceso de reconversión y modernización de las empresas coordinadas, la desincorporación de las entidades no estratégicas ni prioritarias, el impulso a las exportaciones no petroleras, el abastecimiento de la demanda interna de energéticos, así como la rehabilitación financiera de las empresas públicas base de compromisos concretos de productividad.
Al respecto, la comisión consideró conveniente que se proporcione información más precisa y detallada respecto a la evaluación de los convenios de rehabilitación financiera o de asunción de pasivos.
Para la formulación de estas recomendaciones, se tomaron en cuenta las propuestas que los señores diputados de las distintas fracciones parlamentarias que participaron en las diferentes reuniones de análisis y discusión de la Cuenta Pública Federal hicieron.
En ese sentido, la comisión dictaminadora formula las recomendaciones que contiene el artículo 17 del proyecto de decreto y que propone lo siguiente:
"Agrupar de mejor manera la información programática en lo concerniente a los proyectos prioritarios para identificarlos en un solo bloque en cada sector, con el fin de facilitar el análisis de su instrumentación y el seguimiento de los estados físicos y financieros; reforzar el análisis presupuestal y programático a precios constantes a fin de permitir una mejor evaluación respecto de años anteriores; incorporar indicadores de productividad y eficiencia de las principales entidades paraestatales, grado de cobertura, suficiencia, oportunidad y calidad de la producción y distribución de los bienes y servicios generados por ellas.
Incluir información que permita evaluar el impacto de los estímulos fiscales en la generación de empleo, divisas y producción, en la descentralización y en la conformación de una estructura productiva más integrada; informar de los avances en el cumplimiento de los compromisos de productividad contraídos en los convenios de asunción de pasivos; incluir información que permita analizar de manera integral la incidencia en áreas rurales de todo el gasto ejercido por las distintas dependencias y entidades del sector público.
Incorporar información adicional a la proporcionada en el sector desarrollo regional, que permita analizar de manera integral la incidencia que en cada estado tiene el ejercicio del gasto de la administración pública federal; fortalecer los mecanismos de comunicación entre sectores y al interior de los mismos, para difundir con oportunidad la normatividad aplicable en materia presupuestal con el propósito de facilitar su observancia y la supervisión de su cumplimiento; solicitar a las entidades una explicación más amplia sobre las variaciones de las metas de los subprogramas, evaluando su impacto en el grado de cumplimiento de los objetivos del sector correspondiente.
Consolidar los programas de reconversión, rehabilitación y saneamientos financieros de las empresas del sector paraestatal, energético, industrial y mejorar los mecanismos de coordinación de los planes de expansión y operación entre las empresas del sector; incrementar la atención al mantenimiento tanto de la infraestructura de comunicaciones y transportes como de la planta industrial y de la flota pesquera; impulsar los proyectos de inversión pública con mayor grado de avance y finalmente, integrar un grupo de trabajo con miembros de las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y de la de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, con servidores públicos de la Secretaría de Programación y Presupuesto y de la Contaduría Mayor de Hacienda, para que se estudie el contenido, estructura y metodología de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y en su caso, este grupo de trabajo proponga las modificaciones que estimen pertinentes y estudie las implicaciones que tendría en el marco legal aplicable."
Compañeros diputados, tenemos que reconocer lo innegable, sin triunfalismos, con mucha honestidad; podemos afirmar que hay mejoría de las finanzas públicas, eso es importante si notamos que hasta antes de la presente administración había déficit y ahora hay superávit primario.
Los efectos positivos de este equilibrio del sector público se ven opacados y seriamente disminuidos debido al severo impacto de las presiones económicas externas. Sin embargo, da una idea clara de la magnitud del esfuerzo del gobierno del Presidente De la Madrid para cumplir con el programa de gobierno.
Podríamos válidamente preguntarnos: ¿por qué si ha habido una reducción importante del gasto público, un programa de austeridad y programas de productividad en las empresas públicas, y si el financiamiento del déficit global no ha recaído en el medio circulante, todavía no ha sido posible bajar la inflación y aumentar el crecimiento?
La razón parece clara, no se han podido mejorar los términos del intercambio con el exterior; es decir, seguimos vendiendo poco y barato y comprando caro. Esto es lo que nos empobrece y evita la recuperación de la economía, pero, ¿por qué nos ocurre eso? También parece claro: porque todavía somos ineficientes, producimos poco, caro, y de escasa calidad. Eso es así, no porque queramos que así ocurra, a nosotros también nos gusta lo bueno y lo barato; eso se debe en gran parte a que el equipamiento de la planta industrial sigue siendo obsoleto, nuestras materias primas siguen siendo caras, hay desarticulación de los procesos productivos, ineficiencia tecnológica,
intermediación excesiva; y aunque hay abundante mano de obra protegida por programas sociales y laborales que complementan el salario, todavía el mercado interno sigue contrayéndose debido a la caída de los salarios reales.
El compromiso, pues, señores diputados, es de toda la sociedad y no exclusivamente del gobierno, a pesar de los esfuerzos de reconversión y de modernización en la industria, hay todavía, en suma, rezagos y desequilibrios internos.
Es cierto que hemos avanzado en la corrección de algunos de estos desajustes y desequilibrios internos, pero subsisten severas ineficiencias productivas en sectores y ramas estratégicas; hay escaso capital y el que hay es altamente especulativo; se requiere más capital de inversión productiva que de especulación, se requiere también de mayor tiempo para corregir en pocos años lo que tomó más de tres décadas en formarse con distorsiones.
Señores diputados, para normar su juicio y otorgar su voto razonado, obra en poder de ustedes el dictamen que revisa ampliamente, en 306 páginas, la Cuenta Pública de la Hacienda Federal y el proyecto de decreto que somete para su discusión y, en su caso, aprobación la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública; el cuerpo del dictamen abunda sobre los programas sectoriales, regionales y especiales. El proyecto de decreto contiene 19 artículos que detallan los aspectos, temas y sectores revisados, de ellos, sólo destacó el artículo 17 que, como ya informé, recoge las observaciones formuladas por los distintos diputados de los partidos y las fracciones parlamentarias, y con base en ellas, propone recomendaciones para acciones y medidas correctivas que permitan mejorar el ejercicio del gasto público.
Esta tarea, señores diputados, no es por lo tanto rutina inútil ni ejercicio estéril, es una tarea legislativa de la más alta importancia y trascendencia política, porque nos permite como diputados, velar por los intereses generales que representamos más allá del interés partidista. Muchas gracias.
El C. Presidente: -De conformidad al artículo 108 y como consecuencia de la exposición de la fundamentación, se abre en lo general la discusión de este dictamen.
En cumplimiento al artículo 96 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se han inscrito en contra, para su discusión en lo general, los siguientes compañeros diputados: Jorge Amador Amador, del P S T; Roberto Calderón Tinoco, del P D M; Ricardo Pascoe Pierce, del P R T; Reyes Fuentes García, del P A R M; Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, del PAN; Jorge Alcocer Villanueva, del P M S; Héctor Morquecho Rivera, del P P S.
En pro la comisión, y los diputados: Luis Manuel Orcí Gándara y Sócrates Rizzo García.
El C. Presidente: -Antes de conceder el uso de la palabra al diputado Jorge Amador Amador, quiero que la secretaría consulte a la asamblea si nos permite seguir el debate en lo general del dictamen, en lugar de aplicar el acuerdo parlamentario de establecer un receso para comer, y de esta manera, dar mayor facilidad y agilidad al debate que nos ocupa. Consulte por favor, si es tan amable.
La C. Secretaria Yrene Ramos Dávila: -Por instrucciones de la presidencia, se consulta a la asamblea si autoriza a continuar la sesión hasta agotar los asuntos en cartera. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Autorizado, señor presidente.
El C. Presidente: -En consecuencia, tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Jorge Amador Amador.
El C. Jorge Amador Amador: -Gracias, compañero presidente; compañeras y compañeros diputados: Antes de leer el documento que el grupo parlamentario de mi partido ha preparado, quiero hacer una reflexión sobre el último asunto tocado por la diputada Blanca Esponda.
¿Es la revisión de la Cuenta Pública Federal una ruina inútil y un trabajo estéril, o es un trabajo político de primera importancia? Desde el punto de vista nuestro, este asunto toca los linderos de la eficacia del sistema representativo, es muy difícil para el pueblo entender lo que es la Cuenta Pública, es más, es muy difícil para el común de los diputados, nosotros, entender la cuenta pública, su análisis y los resultados de la revisión.
Más de 15 ordenamientos legales, incluida la constitución general y la ley Orgánica del Congreso, determinan aspectos de este ejercicio: se ha convertido pues este asunto en un asunto de especialistas y es que a lo mejor hay una ambigüedad en el entendimiento de lo que ordena la Constitución: para muchos, la revisión de la Cuenta Pública es una revisión contable, por eso es cuenta, pero nosotros pensamos que la contabilidad a la que se refiere la Constitución no es exclusivamente ni principalmente la contabilidad
de los números, o la contabilidad de las comparaciones en los programas, entre las metas y las realizaciones.
Debe haber una contabilidad de rango político muy superior a las anteriores, en las que la Cámara de Diputados, en representación del pueblo, examine si la conducción de la administración pública tiende a la realización de los objetivos fundamentales de la convivencia nacional y pienso que esto, una revisión del ejercicio presupuestal, debiera ser el objeto de nuestro análisis.
Y digo que aquí estamos en la frontera del sistema representativo, porque creo que ya hemos vivido lo suficiente el sistema representativo, para darnos cuenta de que sin la participación directa de los destinatarios de los programas del gobierno, éstos jamás pueden ser evaluados de manera incuestionable; siempre habrá un manejo estadístico para argumentar el incumplimiento o para alegar el cumplimiento cabal del programa.
Yo recordaba exactamente una de las cifras que se mencionan en el proyecto de dictamen y que han sido aquí reiteradas por la compañera Blanca Esponda, y yo decía que es muy relativo todo esto: porque se incremente la cobertura en materia de salud hasta el 88% de la población es un dato que impresiona, pero medir ese dato en las comunidades, medir ese dato en las familias, medir ese dato en la percepción que el pueblo tiene del problema de salud del país, pues es un ejercicio que tiende a diluir totalmente lo que pudiera significar de optimista en el simple planteamiento estadístico.
Hay formas de percibir la operación de la administración pública y pensamos nosotros que, sin duda el sistema de revisión de la Cuenta pública tiene que avanzar a un modelo que permita la participación efectiva de la propia población destinataria de los programas, y que cuando el Congreso o la Cámara de Diputados hagan la revisión final, tengan como elementos de juicio no solamente los informes de las autoridades, los informes reglamentados de muchas maneras por distintos ordenamientos legales, sino sobre todo, las opiniones de las organizaciones sociales del pueblo organizado que puede calificar la cantidad y la calidad de los servicios públicos prestados.
Hecha esta reflexión, me voy a permitir leer lo que originalmente tenía la forma de voto particular:
«Voto particular que presenta el grupo parlamentario del Partido Socialista de los Trabajadores, hoy partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, sobre el proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio presupuestal de 1986.»
«Honorable asamblea: Por mi conducto, el grupo parlamentario del Partido Socialista de los Trabajadores, hoy Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, apoyado en la generosidad del artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, quiere expresar, en la forma de voto particular, el conjunto de razones que han determinado votar en contra del dictamen y el proyecto de decreto relativos a la revisión de la Cuenta Pública de la Hacienda Pública Federal para el ejercicio presupuestal de 1986.
Indudablemente, 1986 fue un año especialmente difícil y peligroso para todos los mexicanos: los sismos de septiembre de 1985, la derrota contundente que sufrimos los países productores de petróleo en la guerra de los precios; la suspensión del crédito externo del país sin pararse el flujo de divisas al extranjero por concepto de pagos y por fuga; la hostilidad constante del gobierno norteamericano sobre el gobierno y el pueblo de México, así como la labor desestabilizadora de las fuerzas oligárquicas internas concertadas con el embajador norteamericano, fueron factores que hicieron impracticables los planes originales de la administración pública y las propias decisiones en materia de presupuesto y hacienda tomadas por esta soberanía.
Por si alguna duda hubiera, los hechos traumáticos de 1986 evidenciaron plásticamente la vulnerabilidad de nuestra economía, sujeta a decisiones tomadas en el extranjero y en función de interés ajenos a los de nuestro pueblo. Desde el punto de vista del pueblo, poco informado de la verdadera dimensión de los problemas, pero sobre todo desarmado de instrumentos y marginado de los procesos de toma de decisiones, se vivió la agudización de la crisis de 1986 solamente como víctima de los recortes presupuestales, de la suspensión de programas y la desaparición de aparatos públicos que de alguna manera funcionaban para resolver algunos de sus problemas; pero sobre todo, el pueblo padeció un recrudecimiento de la situación surgida desde 1982: más desempleo, reducción del ingreso, empobrecimiento de la dieta familiar y, en general deterioro de las condiciones de vida para la inmensa mayoría de la población mexicana.
Frente a la situación, el gobierno mexicano, que demostró decisión y creatividad en el caso de los sismos de septiembre, recurriendo incluso a la facultad expropiatoria, facultad que los ideólogos de la propiedad privada pensaban había sido definitivamente
desterrada de la vida nacional, en el caso de los problemas de 1986 se mostró excesivamente cauto y hasta conservador. El mayor avance se dio en febrero, cuando el Presidente de la República planteó con claridad que el país no podría pagar más allá de lo que su economía le permitiera sin frenar el desarrollo. Sin embargo, este pronunciamiento funcionó como una medida táctica de presión sobre la banca internacional para lograr la renegociación de plazos y el acuerdo de nuevos créditos, en lugar de ser el inicio de una nueva estrategia más congruente con los requerimientos urgentes de la nación. De todos, sin duda, el requerimiento principal era que la mayoría, víctima de la situación, se convirtiera en protagonista principal, en alianza con el gobierno constitucional para generar una respuesta profunda y transformadora a la crisis.
El gobierno cifró su comportamiento en la línea de la perseverancia, manteniendo vigentes sus propósitos de enfrentar a un tiempo la contingencia y avanzar en la medida de lo posible en el proceso de modernización de la administración pública y de la economía nacional. En el terreno del aparato productivo, aunque la Constitución marca en su artículo 25 la concurrencia con responsabilidad social de los sectores público, social y privado, mirando con cierto tipo de realismo las circunstancias, los planes oficiales están hechos para el repliegue del sector público; el sector social tiene un peso insignificante y su promoción desde el Estado despierta suspicacias y resistencias, por lo tanto, el principal invitado como protagonista de la modernización económica es el capital privado nacional, y complementariamente el extranjero.
Hay una especie de falsa autocrítica en las concepciones oficiales, como si el discurso no dicho pero realmente pensado diera por hecho que todavía el gran capital privado es necesario como eje principal del desarrollo nacional, que es cierta la tesis de la derecha que inculpa al gobierno de la crisis por sus políticas "populistas" hostiles al capital, que por lo tanto, basta un cambio de política en el sentido contrario, para que debidamente estimulados regresen entusiastas los empresarios con sus capitales fugados y traigan además como socios a las empresas transnacionales que enriquezcan nuestro acervo tecnológico, multipliquen los empleos y nos apadrinen en la hazaña de irrumpir en el mercado mundial como potencia exportadora.
Esta premisa insostenible ha esterilizado el esfuerzo gubernamental y el sacrificio popular en el enfrentamiento de la crisis. Por no tocar los intereses del gran capital, por no polarizar la correlación de fuerzas, se ha seguido el camino del óptimo aprovechamiento de los recursos escasos y del estrecho margen de maniobra, de la racionalización del gasto, del recorte de programas o la reducción de sus metas, de la reducción de la propiedad y de la inversión pública; en pocas palabras, de la mitigación de los efectos de la crisis, pero no de su combate a fondo y todo combate comienza con un plan de guerra, y hasta ahora el plan de vencer la crisis estimulando a los saqueadores de la riqueza nacional ha fracasado; la propiedad privada, sobre todo la mediana y la pequeña, tienen su lugar en un proceso de reconstrucción de la economía nacional, que es lo que verdaderamente se necesita; pero los factores principales son los sectores señalados en primer lugar en el artículo 25 constitucional; el sector público y el sector social. Puede ser que esta teoría sea heterodoxa y satanizada en las cátedras de Oxford Harvard, pero también eran sacrílegos los postulados del programa revolucionario a los ojos de los científicos porfiristas.
Sobre la Cuenta Pública de 1986 se puede hacer una reflexión política válida podemos ver en su desarrollo de enero a diciembre el embrión de la crisis de 1987, y desarrollando la imaginación por el rumbo de la política económica hoy cuestionada, podemos prever la catástrofe de 1988. ¿Cómo explicar la paradoja de que un presupuesto se tenga que recortar en programas fundamentales, como el de desarrollo rural, porque el "golpe petrolero" sustrajo ingresos por casi siete puntos de P I B, y sin embargo, visto en forma global, en 1986 gastamos más de lo presupuestado en casi un 25%? La razón es muy sencilla: nos sobregiramos en el capítulo del gasto no programable y más precisamente en el pago de intereses, ni más ni menos que un 46% superior a lo programado; como lo dice el dictamen ahora se discute: "el mayor pago de intereses explican más de dos terceras partes del incremento en el gasto neto pagado".
La revisión minuciosa que el Presidente anunció de todos los instrumentos de la política económica para enfrentar la crisis de hoy es alentadora, sin embargo, el tiempo transcurrido de 1986 a la fecha es un recurso no renovable; habrá que compensarlo con la profundidad de las nuevas medidas y sobre todo con la rectificación principal: llamar al pueblo para que se incorpore como protagonista principal de la respuesta a la crisis. Casi todas las organizaciones campesinas sabemos que con un mínimo de apoyo financiero y la voluntad política del gobierno, los campesinos sin tierra y sin empleo podrían sembrar por lo menos 10 millones de hectáreas de tierra ociosa, y superar en el corto período la necesidad de importar granos. Quienes conocemos la dinámica de la lucha urbana por la vivienda sabemos que, concertados con las autoridades, cientos de miles de familias
mexicanas podrían urbanizar y auto construir por lo menos un millón de viviendas en el corto lapso, produciendo empleo, demanda de insumos y, desde luego, satisfactores socialmente útiles, y así por el estilo en otros sectores de la actividad económica. El olor a populismo y el seguro enojo de las minorías medrosas dañinas para la vida nacional no serían argumentos suficientes para evitar la audacia de medidas como las indicadas.
Nuestro voto en contra es una demanda enérgica al gobierno y a esta soberanía, para que generemos junto con nuestro pueblo una respuesta superior frente a la crisis que nos agobia, una respuesta a la altura de nuestra historia y por encima de los actuales enemigos que nos oprimen. Ni el imperialismo internacional ni la oligarquía mexicana son más fuertes que los anhelos de emancipación nacional y social de México.
Al votar en contra, dejamos a salvo la congruencia en lo general del ejercicio presupuestal con las normas constitucionales y legales que lo rigen; el trabajo serio y plural de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública; la colaboración de algunas dependencias del Ejecutivo en el análisis de la información y validez de las recomendaciones contenidas en las conclusiones y en el articulado del decreto. Muchas gracias.
Diputado Jorge Amador Amador, P S T (P F C R N)»
El C. Presidente: -Tiene la palabra el diputado Roberto Calderón Tinoco, del Partido Demócrata Mexicano.
El C. Roberto Calderón Tinoco: -Con su permiso, señor presidente: compañeras y compañeros diputados:
"Del análisis de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio presupuestal de 1986, encontramos que refleja un esfuerzo en los propósitos de corregir las distorsiones económicas en las que el gobierno ha venido trabajando a lo largo de este sexenio. Sin embargo, desde el punto de vista de la fracción parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano, consideramos que el esfuerzo resulta insuficiente ante las exigencias que ha venido demandando la población en su conjunto.
De la opinión que en forma generalizada se ha venido manifestando respecto al modelo económico implementado por el actual sistema se desprende que se trata de uno de los sexenios más críticos de la historia de país. Basta echar un vistazo a los principales indicadores que nos presentan la tasa de inflación más alta, una baja considerable en el crecimiento económico, un mayor endeudamiento tanto interno como externo; una pérdida en el empleo, encubierto que se ha venido manifestando del subempleo.
En forma insistente para justificar la mayor parte del revertimiento de la política económica en su conjunto, así como de las metas y objetivos trazados para el año de 1986, se ha culpado al desplome de los precios de los hidrocarburos, hecho que se produjo en enero de 1986.
Esto, consideramos nosotros, señores diputados, dejó a descubierto lo endeble de nuestra economía y, en particular, la gran dependencia que veníamos arrastrando con respecto a las exportaciones en que sólo un producto abarcaba el 75% de ellas, lo que reintrodujo dramáticamente el problema de la inestabilidad externa y esto sin contar que, como habíamos anticipado, en abandono de los planes de reordenación económica y la disminución en el combate en contra de la inflación que reclamaban una austeridad en el presupuesto público.
No es la primera vez que nos quejamos que en la presentación de estos proyectos se manejen en forma arbitraria las cifras, como sucede en lo referente al déficit financiero que, como se consigna en el proyecto de dictamen que discutimos, se presenta un déficit en 1986 de 14.9%, en tanto que en el de Criterios Generales de Política Económica se reporta que en ese año fue de 16.3% como porcentaje del Producto Interno Bruto.
Lo anterior nos hace pensar que este manejo arbitrario cambia el panorama que se nos presenta por los contrastes que refleja en la información. Si nos atenemos al déficit del 16.3%, no se concluye que la situación de 1986 fue mejor que la de 1982, a pesar de la crisis del petróleo.
Si nos detenemos un poco en este aspecto, recordemos que se había estimado un déficit del 4.9% como proporción del P I B, el impacto del petróleo en la economía llegó a significar 6.7% del mismo, la diferencia de la suma de estas dos cantidades, contra el 16.3% que se reporta en el documento de criterios, refleja que el gobierno excedió su déficit en relación a lo previsto.
Nosotros recordamos que en una reunión que sostuvimos con el titular de la Secretaría de Programación y Presupuesto, éste reconoció que en la medida en que existiera déficit operacional el gobierno era culpable en parte de la inflación.
Es más, el Presidente de la República, en la reciente reunión de los contralores de las diversas dependencias del Ejecutivo y de los gobiernos de
los estados, reconoció que en la medida en que se abatiera no sólo el déficit operacional, sino el financiero global, se avanzaría en el combate a la inflación.
Nosotros sostenemos respecto al incremento del déficit: el problema está principalmente en el gasto, a pesar de lo que se dice en las consideraciones de la Cuenta Pública; si el gobierno hubiera querido ajustar el impacto de la caída del precio del petróleo, hubiera realizado un esfuerzo mucho mayor en la reducción de su gasto.
De las cifras se desprende que el gasto de inversión ejercido fue menor que el de 1985 en términos reales, esta tendencia decreciente en este renglón ha sido característica del gobierno.
Como es de todos sabido, a menor inversión corresponde menor producción, y a ésta lógicamente menos impuestos y demás ingresos fiscales, y además menos ingresos por la venta de bienes y servicios del sector público; o sea que la administración pública, a la manera del doctor Frankenstein, forjó el monstruo que atacó a su creador. Tal cosa no hubiera sucedido si la reducción del gasto público hubiera sido sobre el gasto ordinario.
De lo anterior se entiende que la actitud seguida por la actual administración para enfrentar estos problemas de previsión opte por medidas que al final castigan fuertemente al resto de la sociedad con mayores impuestos y más inflación.
Precisamente con esta reducción en el gasto de inversión afectó la producción y disminuyó la captación fiscal, y con lo mismo aumentó el déficit; además, esta falta de inversión intervino en el achicamiento de los ingresos. La mala política fiscal que si bien no mató a la gallina de los huevos de oro sí impidió que pusiera menos ovoides.
La hospitalización fiscal y racional incrementó en forma significativa la economía subterránea, que en ese año representó un monto significativo del P I B. Las autoridades hacendarías en lugar de invitar a que entraran más gentes a su casa las arrojó de ella y las mandó a la calle a realizar ilícitos.
Que toda esta política ha producido la baja más que significativa homicida del poder adquisitivo de los salarios, que en lo que va del sexenio se calcula conservadoramente en un 45% y que en este 1986 dio su cuota correspondiente. La política económica implementada a través del ejercicio del presupuesto cuyos resultados analizamos y que afecta tan gravemente la clase laboral del país, no puede ser objeto de aprobación, ni aplauso, ni siquiera como mal necesario, ni con el pretexto de que se conservó el empleo y se protegió a la planta productiva.
Ese déficit no sólo ha empobrecido a los trabajadores, los campesinos y a las clases más humildes de nuestra población, sino que ha producido que nuestra economía se indexe a la inflación como la hiedra a la pared, sobre todo en las revisiones periódicas y traumantes de los precios de los bienes y servicios del sector público, en lo cual destacan los aumentos a las gasolinas que retroalimentaron en forma brutal a esa inflación.
Las revisiones periódicas a los salarios, si bien deben hacerse para resarcir la pérdida del valor adquisitivo de los mismos y permitir a los trabajadores vivir y sobrevivir, en sí mismo en una señal de impotencia y de una grave enfermedad social que carcome al cuerpo de la República.
De los comentarios anteriores se desprende que el déficit, factor al que me he estado refiriendo con marcada insistencia, porque tal parece que es imprescindible en la política económica del régimen, fue la causa principal de los trastornos económicos y sociales que se dieron en 1986 cuyos resultados estamos analizando. Dentro de éste, encontramos un sobregiro de más del 16% del gasto programable; este sobregiro, además de las consecuencias económicas que se integran al déficit, trae la consecuencia política de que la presente administración también en este año no se ajustó a la estructura republicana según la Constitución.
Esta legislatura ha analizado y aprobado dos presupuestos, el día de hoy hemos de aprobar el tercero. De nada sirve, consideramos nosotros, esta labor legislativa si sólo se hace como referencia literaria, como sugerencia amable, como formalidad que justifique una actitud persistente de "hacer lo que se me peque la gana".
Este sobregiro ni siquiera se ajustó a los blandones requisitos del artículo 2o. de la Ley de Ingresos, pues, en nuestra opinión, no se dieron las circunstancias extraordinarias y emergentes que en el mismo se prevén, ya que lo extraordinario, si es que existió, fue inducido por los que se aprovecharon de él como ha quedado demostrado.
No es posible que cualquier cambio en el mercado mundial se considere como extraordinario, ya que el cambio en los actuales momentos es lo normal.
En lo que respecta al sector paraestatal el sobregiro fue más notorio, para nosotros sería ocioso
entrar en detalle a cada uno de los rubros que se manejan en el mismo, sólo resaltamos el hecho porque contradice toda la política económica anunciada, cuyos propósitos son hacer más eficiente estos órganos del sector público. En contraste, se ve que una buena parte de ellos no constituyen elementos para aportar nueva riqueza, sino para absorber una buena parte de las transferencias con las que constantemente se les alimenta y para generar endeudamientos que al final, con un simple plumazo, se sumen el conjunto de la deuda del Gobierno Federal cuyo peso soportamos todos los mexicanos.
La asunción de pasivos deja a la vista la incapacidad de algunas empresas paraestatales para generar los ingresos propios que enfrenten su problemática.
Respecto al proceso de desincorporación de entidades públicas, aun cuando reconocemos que se ha dado un avance significativo, este mismo avance no se ha manifestado en pesos y centavos. Una buena parte de entidades se encuentran aún en proceso de liquidación, en particular está, como ya lo hemos señalado en otras intervenciones, la Compañía de Luz y Fuerza y algunos ingenios azucareros.
No entendemos nosotros el porqué del retraso para terminar de una vez por todas con el proceso de liquidación de una empresa como el caso que exponemos que es el de la Compañía de luz y Fuerza, que lleva ya cerca de 15 años en ese proceso.
Por otra parte, en lo que respecta a la política de deuda, es claro que se rebasó en mucho lo previsto en la Ley de Ingresos aprobada para este año. Las razones que se presentan para justificar este incremento son de todos conocidas, sobresale el desplome de los precios de los hidrocarburos. Para esto y ante la falta de apoyos del exterior vía nuevos créditos, se optó por la emisión de valores gubernamentales fundamentalmente para enfrentar la falta de ingresos a consecuencia de la baja en el precio del petróleo.
En relación a lo anterior, se maneja como un hecho positivo el que la mayor parte del crédito interno no haya provenido del financiamiento del banco central mediante la emisión de circulante, sino de la colocación de valores gubernamentales. A esto se atribuye el control aparente del circulante monetario y a evitar que el proceso inflacionario derivado de los ajustes cambiarios tuviera un efecto multiplicador. Así se dice que el medio circulante creció 50.5% en promedio, pero que en términos reales decreció el 19.2%. Nosotros insistimos en el hecho de que deflactar el crecimiento del dinero no se vale, porque se deflacta lo que se compara con el dinero, más no el dinero mismo porque éste no compra dinero. Además, se está manejando (cuando se habla de deflactar conforme al crecimiento anual del Índice Nacional de Precios al Consumidor) lo que se conoce como M1, que en este sentido le queda chico si se considerara una definición más amplia como la M5, la situación resulta totalmente diferente, e incluso al deflactarla saldría positiva.
Ahora bien, con la emisión de valores gubernamentales que, como se reconoce fue la principal fuente de endeudamiento, es obvio que no se endeudaron con el Banco de México pero sí con el pueblo de México. Con los valores gubernamentales está sucediendo lo que con las pirámides o cadenas, que invitan a dar aportaciones a cambio de cartas que al ser enviadas los harán ricos; lo que está resultando de esto, es que cada vez se tiene menos confianza para la adquisición de estos instrumentos de inversión.
En cuanto al tratamiento de la deuda externa y de la interna en su conjunto, el servicio de ésta se incrementó en cerca del 46% a lo presupuestado. Es claro que el incremento se dio en forma principal en lo que corresponde al servicio de la deuda interna, esto confirma el temor que manifestamos desde años atrás cuando advertimos que en tanto se siguiera por la vía de un mayor endeudamiento para financiar el gasto del gobierno, se crearía una bola de nieve difícil de parar.
En lo referente al manejo que se le ha dado a nuestra deuda con el exterior, ratificamos nuestro cuestionamiento por el resultado de las negociaciones que se alejaron del propósito manifestado por el Presidente de la República en el mes de febrero de ese año, de buscar se dieran sobre la base de la corresponsabilidad y de ajustar nuestros pagos a la capacidad real del país. Basta con conocer el alto porcentaje que significará para el próximo año de 1988 el servicio de la deuda, para demostrar que en nada se deja ver la consideración y el buen trato que debimos obtener de parte del exterior como resultado en las rondas de negociaciones que se llevaron a cabo. Es claro que se seguirá pagando a costa del desarrollo del pueblo en momentos en que se requiere de una mayor distribución del ingreso y de la dotación de servicios a los que una considerable parte del pueblo de México no tiene acceso.
En resumen, compañeros diputados, se acepta que vivimos en una situación de crisis, que otros países también pasan por dificultades, que nuestra economía está interrelacionada con otras economías, por ello hay que darle la dimensión y
alcance que esos hechos representan, no formar con ellos un "coco" para asustar a los pusilánimes, ni con un cordero que lave todas nuestras culpas.
Nuestra economía está calificada como relativamente abierta, históricamente nuestras importaciones y exportaciones han representado entre el 12% y 15% del P I B. En esa proporción debemos colocar el examen de nuestra situación. No es culpa de la economía internacional el que contemos con dos millones de burócratas en el sector central y que después de algunas reducciones haya aumentado su número; no es culpa de la economía internacional que la mayor parte de nuestra agricultura sea solamente de subsistencia y marginal; no es culpa de los factores externos que una parte del presupuesto se haya canalizado superficialmente a financiar las campañas del partido oficial. No se origina en la ONU el que en nuestras fronteras se haya seguido una errónea política económica.
Hay que afrontar los hechos y reconocer los errores y las fallas. Es propio de los niños echarle la culpa a los vecinos o al profesor de todas sus desgracias; por el contrario es signo de madurez aceptar la propia responsabilidad y tomar las medidas conducentes para enmendar errores.
México será libre cuando seamos los conductores de nuestro propio destino, el que el pueblo tome el mando de su economía y que el gobierno sea su simple mandatario; que el pueblo sea señor y el gobierno servidor, como lo constituye una de las demandas del Partido Demócrata Mexicano. En este sentido, compañeros, y con estos comentarios que hemos expresado respecto al proyecto de dictamen de la Cuenta Pública, anticipamos que nuestro voto será en contra, porque partimos del principio que no se ajusta al modelo económico que requiere el país en el que el gobierno se decida a realizar un mayor esfuerzo en el que él también tenga su parte y no solamente exija al pueblo acostumbrarse a vivir en un ambiente de austeridad, con las desventajas que se presentan bajo las circunstancias de los resultados que se desprenden del análisis de esta Cuenta Pública.
Finalmente, esperar que las consideraciones hechas sean tomadas como parte del punto de vista de la fracción parlamentaria del Partido Demócrata, aun cuando entendemos que este debate se está dando bajo un ambiente de frialdad en el que se manifiesta una clara desatención por parte de los legisladores que tienen abandonadas sus curules. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Pascoe Pierce.
El C. Ricardo Pascoe Pierce: -Señor presidente; compañeras y compañeros diputados; compañeras y compañeros curules: para hacer una evaluación fructífera, en lo que cabe, de la cuenta pública, es preciso refrescar en alguna medida la memoria con relación a lo que en el pasado se ha dicho en esta misma tribuna con relación al presupuesto de 1986.
El 25 de noviembre de 1985, se presentó en esta tribuna el entonces Secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari, en comparencia necesaria para explicar el contenido y los alcances del presupuesto a discusión.
En el Diario de Debates logramos extraer siete afirmaciones que hizo el entonces Secretario de Programación y Presupuesto, que planteaban el entorno para el gobierno de ese presupuesto; ese 25 de noviembre de 1985, Carlos Salinas de Gortari afirmó aquí en tribuna, uno y cito: "Se ha superado la situación de emergencia económica que prevalecía a finales de 1982", y también dijo: "la inflación se ha abatido", y también afirmó: "Se ha avanzado en el saneamiento de las finanzas públicas", y también constató: "la actividad económica ha demostrado su potencial de recuperación"; y en quinto lugar dijo, y creo que él por haber dicho lo ha de haber creído: "los puestos de trabajo ha vuelto a expandirse", y también afirmó Carlos Salinas de Gortari aquí: "se ha alcanzado e incluso superado los objetivos fijados en materia de crecimiento del producto y del empleo", finalmente afirmó: "las acciones que se llevaron a cabo durante 1985 evitaron el descontrol de la economía y mantuvieron su conducción por parte del gobierno".
Estos siete comentarios en forma de recordatorio son significativos porque plantean el marco en el cual el gobierno, por boca de su entonces Secretario de Programación y Presupuesto, justificó el sentido y las razones del presupuesto para 1986.
Si hoy, en el dictamen que se presenta y está en discusión, se reitera que para ese entonces las previsiones y los pronósticos para el presupuesto de 1986 eran razonables y dentro del marco de lo previsible y esto tajantemente justifica el presupuesto, lo que no se explica con todo detenimiento y detalle, es lo que algunos han llamado "la desviación en el gasto ejercido para ese año". Entonces, creemos que es importante entrar en una explicación del sentido y alcance de esa famosa desviación, porque pocos meses después de haberse aprobado el Presupuesto de Egresos de 1986 no tenía la menor vigencia, no tenía el menor sentido debido al entorno económico nacional e internacional.
Y básicamente la justificación que se da en el dictamen hoy a discusión es, por un lado, el desplome en los precios del petróleo, que por cierto se dice que se veía la tendencia en su magnitud y, por el otro lado, se alega también con razón, que no llegaron recursos frescos, o sea, no hubo financiamiento externo que tanto se esperaba.
Esto es muy importante porque esto señala, en nuestra opinión, y prueba fehaciente de la extrema debilidad de la economía nacional con relación al proyecto a largo plazo de desarrollo económico que ha planteado este gobierno y que lleva a cabo incluso hasta el día de hoy.
La experiencia que hemos tenido en estos tres años como legisladores, es que la discusión de 1985 en dos o tres meses se vinieron para abajo todas las expectativas y los pronósticos que estaban planteados.
El año pasado, 1986, también tuvimos una misma discusión; y para principios de este año los elementos y los indicadores económicos demostraron que también el presupuesto de este año tampoco era ejercible en los términos en que estaba previsto.
Y ya hoy, incluso para este año 1987, incluso con el fenómeno insólito de que antes de que llegaran aquí los secretarios de Hacienda y de Programación y Presupuesto, no tenía vigencia una vez más el presupuesto que se venía a discutir. El breve lapso de cinco días en la entrega a Oficialía de Partes y la discusión con el Secretario de Hacienda y Crédito Público vinieron para abajo las expectativas y los pronósticos del presupuesto para el año siguiente.
Tres años de discusión de presupuesto y tres años en donde esos presupuestos han caído por los suelos en pocos meses o incluso en unos cuantos días después de haberse entregado a esta Cámara de Diputados.
Si no otra cosa, este hecho debiera llevarnos a una reflexión acerca del contenido, al alcance y el sentido del debate que aquí se lleva a cabo, porque, efectivamente, es cierto que no se nos escucha que viene el presupuesto hecho y no se modifica, y yo recuerdo en una reunión con diputados de la Cámara baja de Alemania Federal tuvimos una reunión los diputados integrantes de la Comisión de Programación y Presupuesto y nos preguntaron: ¿en qué porcentaje modifican ustedes su presupuesto en la Cámara de Diputados? Y después de muchos dimes y diretes, alguien finalmente tuvo que admitir que no modificamos absolutamente nada, a pesar de que hay horas y horas de discusión en esta Cámara.
Y sin embargo, los resultados están a la vista, no solamente para los diputados de la mayoría empecinados en simplemente llevar a cabo sus dictámenes tal y como los presentan, por razones políticas y no tanto económicas, sino porque el pueblo de México eso lo está viviendo; el fracaso de este proyecto lo está viviendo.
Pocos meses después del estrepitoso fracaso y ocaso y entierro de la Cuenta Pública a discusión, el también Secretario de Programación y Presupuesto en ese entonces anunció el PAC, un Programa de Aliento y Crecimiento, que por cierto nadie ha mencionado aquí, que por cierto no amerita ni una mención en el dictamen y, sin embargo, es un elemento y un hecho fundamental, porque resulta que el PAC fue teóricamente el sustituto elaborado por el gobierno para satisfacer la crisis que se estaba viviendo en ese momento.
Y se anuncia un Programa de Aliento y Crecimiento en medio del desplome de los precios petroleros, en medio de la confirmación de nuevos recursos provenientes del extranjero, y se dice este programa alentará el crecimiento del país, aumentará el cambio estructural etcétera, etcétera; y se supone por lo tanto que es el sustituto presupuestal al presupuesto que ya se consideraba de facto, desechado por inoperante e irrelevante frente a la realidad que se estaba viviendo.
Pero entonces, ¿qué es lo que pasó con el PAC?, en primer lugar, ¿por qué el PAC no es mencionado en el dictamen?, ¿por qué no hay ninguna referencia a este sustituto de facto del gobierno al presupuesto desechado y enterrado?, pues por una razón muy sencilla: porque por admisión propia del gobierno el PAC nunca jamás se instrumentó, nunca se implementó por una razón: porque los recursos teóricamente provenientes del extranjero nunca llegaron al país, ni es la magnitud esperada como para poder instrumentar, implementar este programa económico.
Entonces, ¿qué es lo que estamos discutiendo y cuál es el saldo de esta discusión que se da aquí de cerrazón frente a un conjunto de razones y propuestas?, ¿cuál es el saldo?, el saldo es lo que dice el dictamen y el dictamen dice textualmente, y cito: "en muchos casos no alcanzaron las metas debido a la menor actividad económica y a los ajustes presupuestales ocasionados por el desplome de los precios petroleros". Por esto, aparentemente es una salida digna a un problema que no está analizado debidamente un simple recurso retórico y de explicación técnica de un problema muchos más complejo y mucho más de fondo.
También en su comparecencia en esta tribuna Carlos Salinas de Gortari señaló en respuesta, por cierto a nuestra impugnación acerca de la fragilidad de la economía nacional, ante acontecimientos internacionales lo siguiente, cito textualmente la respuesta del entonces Secretario de Programación y Presupuesto: "hemos fortalecido a la nación y en consecuencia su capacidad para defender la soberanía, y lo hemos hecho porque hemos logrado fortalecer la generación de empleos y evitar la quiebra de la planta productiva; hemos logrado un menor endeudamiento real del país e inigualablemente incrementado las reservas internacionales".
Sin embargo lo que está a la vista es que un presupuesto que sufre este fenómeno de debilidad frente al acontecer internacional, evidentemente no puede auto halagarse diciendo que se ha fortalecido la generación de empleos, que hay menor endeudamiento real, que se ha fortalecido la nación, con frases absolutamente lapidarias en el sentido negativo de la palabra; y la ironía de esos comentarios no se pueden entender, a menos de que realmente se camine por las calles del país para entender cuál es la situación que están viviendo hoy millones de mexicanos asalariados de todos niveles, del campo y de la ciudad.
También se dijo en esta comparecencia, y agregado a lo anterior cito: "las metas contenida en los programas económicos para 1986", esto es, el dictamen perdón a discusión en este momento dice: "las metas contenidas en los programas económicos para 1986, resultaban viables a la luz de las previsiones y supuestos sobre el entorno internacional, sin embargo, el desplome de los precios de exportación del petróleo y las restricciones financieras del exterior, cambiaron sustancialmente las metas y, ¿cuál es el resultado de estas variables, de estas cuestiones imprevistas, estas cuestiones que no aparentemente se podían prever y entender?, desde ese momento cayó la producción, el Producto Interno Bruto cayó a menos 3.8%, se aceleró notoriamente la inflación muy por arriba de lo previsto, y no se logró la meta del superávit en cuenta corriente para ese año.
La debacle de la propuesta económica del gobierno en sus dos versiones; no una versión, en sus dos versiones la versión del presupuesto 1986 discutido y aprobado aquí por la mayoría priísta y posteriormente por la acción unilateral del gobierno a través de su PAC, no fueron instrumentos ni logrados en sus más mínimos términos. ¿Esto que significa?, significa que las propuestas gubernamentales en materia de política económica y, lo repito, en sus dos versiones, no una versión, en sus dos versiones, fracasaron estrepitosamente y, sin embargo, el dictamen hace caso omiso del segundo y más preocupante que el PAC, que es la acción unilateral del gobierno, en donde éste, haciendo caso omiso y tirando prácticamente el cesto de la basura el presupuesto aprobado en la Cámara, reelabora el presupuesto sobre la base de criterios fijados internamente por el gobierno, jamás discutidos y analizados en esta soberanía.
Se optó en 1986 por el crecimiento acelerado del endeudamiento público, a través de recursos internos con la colocación de bonos y otros instrumentos en el mercado del dinero. Esta política fue producto y consecuencia del hecho de que las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional no lograron sus objetivos, concretamente el objetivo era la obtención de recursos frescos del extranjero, como dijera Jesús Silva Herzog, y esos recursos frescos iban a resolver los problemas presupuestales de nuestro país; o sea que el presupuesto se ejercía no en función de los recursos propios generados por nuestro país, sino en función directa de los recursos provenientes del extranjero.
A ese grado ha llegado la dependencia económica de nuestro país, y en razón directa a esto es que ha llegado también la subordinación y la pérdida de soberanía en materia de decisiones económicas internas del país, problema de suma gravedad que debiera preocuparnos a todos los mexicanos y no ser simplemente un elemento de reflexión; y finalmente, ¿por qué no decirlo?, hasta a veces de cotorreo en la propia discusión política que se da. Es un problema de graves y grandes consecuencias que se deben discutir y analizar en profundidad y, sin embargo, caso omiso en el dictamen a discusión, es un dictamen ciego que no contempla, no analiza a fondo ni el primer presupuesto y mucho menos toca el segundo y el más preocupante.
Y en efecto, como se ha dicho, el efecto de este crecimiento del endeudamiento público a través de recursos internos, provocó alzas significativas en las tasas de interés, Se atizó con esto la inflación, los índices inflacionarios y se produjo una notoria restricción al crédito y por tanto hubo una caída significativa en la producción interna, lo cual ya se ha constatado. Y sin embargo, a pesar de este proyecto, a pesar de esta verdadera situación de emergencia al interior de la economía nacional, nunca se contempló en ese segundo presupuesto, en el verdadero presupuesto; en el presupuesto no discutido aquí, en ese presupuesto jamás se contempló la reducción al pago del servicio de la deuda externa. Este es el problema. éste es el nudo central que plantea el problema de cómo no hay verdaderamente una discusión amplia, popular, verdadera, en torno a cómo se están manejando hoy por hoy los recursos de la nación.
En ese sentido, cuando en el dictamen se nos presenta el famoso superávit primario como un gran logro, nosotros debemos, en primer lugar, comprimir una combinación de risa y lágrimas frente a semejante comentario y decir que es un concepto que esconde los efectos del riguroso control presupuestal y sus efectos nocivos sobre la población y, en particular, en lo que se refiere al gasto social, porque no es posible esconder la realidad en esta materia , no es posible esconder los efectos de las reducciones en términos reales del gasto social; pero no es solamente un problema de 1986, es un problema que viene de años atrás y que, incluso lo que significa, es que se ha querido, como régimen, mantener la apariencia y la fachada de una infraestructura de gasto social, escuelas, hospitales y otras instituciones, pero sin realmente dotar a estas instituciones de los recursos necesarios para un ofrecimiento de servicios eficaces, reales y dignos para la población.
Entonces, ahí están los edificios de los hospitales, los que no se cayeron en el temblor; y ahí están también los edificios de las escuelas, pero ¿qué es lo que realmente hay adentro en términos de servicio?, la reducción del presupuesto en estos renglones ha hecho estragos en lo que es la oferta de servicio a nivel del gasto social del país. Por lo tanto, no podemos sino desechar el superávit primario como un argumento que no solamente contiene un elemento de gran cinismo conceptual económico, sino que es un problema que debe efectivamente desecharse como argumento para demostrar la viabilidad de un supuesto control presupuestal por parte del gobierno. Estos elementos están contenidos y planteados en el dictamen a discusión y, sin embargo, a través de nuestra intervención hemos querido demostrar que es un dictamen que no recoge el verdadero fenómeno de lo que pasó en 1986 en materia de política económica del gobierno.
Esa política económica que se ha seguido hasta el día de hoy, que se sigue y según nos informan habrá continuismo, es una política cuyos efectos, estragos y deterioro sobre la población están creando hoy grave y gran descontento social en toda la población.
No deja de ser irónico que fue precisamente el exsecretario de Programación y Presupuesto quien externo estos conceptos en esta tribuna y que hoy representa una política de continuidad en el mismo ejercicio económico que hoy por hoy ha quedado, una vez más descartado en eficacia, en legitimidad y en posibilidad para resolver los problemas reales de nuestro pueblo.
Por lo tanto, nosotros llamamos a todos los diputados de esta Cámara de Diputados. a realizar un voto de compasión para con el pueblo de México y rechazar este dictamen por irreal, y abrir un debate nacional acerca de lo que realmente ocurre.
Por lo pronto, la fracción parlamentaria que represento votará en contra del dictamen. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: -En el uso de la palabra, el diputado Reyes Fuentes García, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El C. Reyes Fuentes García: -Con su permiso, señor presidente: Ante el estímulo de la presencia de cuarenta diputados...(Aplausos.)
Quiero sin embargo expresar desde aquí de esta tribuna, expresar, que vaya que gusta a veces utilizarla, algunas opiniones sobre el debate que hoy se está realizando en torno a la aprobación del ejercicio 1986; claro que la principal oportunidad, pienso yo, de debatir los problemas de la política del país se va a presentar con motivo del presupuesto de ingresos y egresos también en el decreto 1988.
Claro, cuantas veces es menester llegar hasta aquí, o es necesario llegar aquí, se machaca y se machaca sobre los puntos programáticos, estratégicos y tácticos de cada una de las fracciones parlamentarias presentes en esta legislatura.
Es un problema de principios, aunque haya derrotas a base de las votaciones finales, sin embargo, se mantiene por principio los puntos de vista, los proyectos que tiene cada uno de los partidos políticos aquí representados.
Lo que hoy se va a aprobar, el dictamen que se va a aprobar, contiene los elementos que contuvo el dictamen de 1983, de 1984, de 1985, y ahora de 1986; siempre tienen que contener más o menos lo mismo, en lo que yo he revisado contienen casi lo mismo: ¿se cumplió con el marco jurídico que establecen las leyes para poder dictaminar el presupuesto? Sí se cumplió. Se analiza el problema socio -económico y lógicamente también se insiste en la política que hasta ahora ha seguido el Gobierno Federal.
El proyecto nacional y los caminos que el Gobierno Federal considera que son los viables para salir de este caso concreto de la crisis para producir la reanimación, llegar a un auge, que lo veo quizá al año 2 mil o quizá soy muy pesimista, si es que llegamos al auge y no volvamos a caer después de una leve reanimación, si no se corrige el rumbo económico de la política económica que ha seguido el sistema.
Creo que dos, tres, cuatro o cinco años, sobre todo de 1982 a la fecha, son suficientes para poder evaluar si el rumbo económico seguido ha sido capaz de determinar la salida de la crisis y llegar a la reanimación o reactivación económica del país. Yo pienso que estamos en presencia de un fracaso de esta política económica, de este rumbo económico que se ha imprimido a la economía para salir de la crisis.
El problema fundamental para salir de la crisis, es el problema del incremento de la producción nacional, si no hay incremento y crecimiento de la producción nacional a través de las formas que reviste la organización de la fuerzas productivas de la sociedad mexicana, del sector público, del sector privado, del sector agropecuario; si no hay crecimiento importante de la producción, no se saldrá de la crisis, seguiremos dando tumbos, trastabillando como se dice en términos rancheros; esta economía irá de mal en peor.
Y no es propaganda electoral, aunque sí creemos que el candidato del Partido Auténtico es una vía y una esperanza para salir de esta crisis y cambiar el rumbo económico del país: Cuauhtémoc Cárdenas. Pero esto no es una propaganda electoral, evidentemente tengo derecho a expresar el nombre de mi candidato, nada más eso me faltaba; además, el padre de muchos de nosotros.
Con la transformación del general Cárdenas en 1934-1940, la deuda externa es el problema capital, si seguimos pensando en que el crecimiento y reanimación de la economía, depende fundamentalmente del incremento del ahorro interno a través del crecimiento de la producción nacional, muy bien está; pero para poder lograr este objetivo necesitamos impedir la fuga del ahorro interno, la fuga de los capitales que va generando la nación, la fuga hacia el exterior, hacia el pago de la duda externa y los intereses.
Si seguimos pensando en que del presupuesto debe salir el 60% para el pago de intereses y para el pago de la duda externa, no habrá serio crecimiento nacional y seguiremos dando tumbos, más, si nos siguen aumentando a ciencia y paciencia o a capricho las tasas de interés por parte del capital financiero monopolista norteamericano.
Por otra parte, tenemos que tomar medidas muy serias, radicales, de cambios definitivos en el rumbo económico de la economía nacional, necesitamos revisar también las exportaciones para que el saqueo del petróleo no siga produciéndose, como lo han dicho por ahí, para que no siga fugándose este recurso nacional que es de interés enérgico para el país en 20 ó 30 años máximo hacia el futuro.
Que se termine con el círculo vicioso de inflación, crecimiento a la inflación, luego devaluación, luego crecimiento más de la inflación y devaluación; el círculo vicioso del que hace mucho tiempo estamos enmarcados.
Por eso pienso que, en lo fundamental, por eso tiene razón los compañeros que demandan aumentos de salarios, no hay más, los trabajadores tienen pleno derecho a demandar aumentos de salarios, no hay más, los trabajadores tienen pleno derecho a demandar aumento de salarios para recuperar el poder de compra adquisitiva de sus salarios, sueldos y pensiones, porque no hay otro camino; y el ejercicio del derecho de huelga es legítimo y es saludable por parte de todo el pueblo mexicano, por eso, compañeros, quise expresar este marco que no es jurídico, este marco de opiniones relativamente breve, antes de decir o de concluir en que el dictamen de la Cuenta Pública está haciéndose realmente dentro de los lineamientos jurídicos que siempre han normado los dictámenes anteriores.
El Partido auténtico de la Revolución Mexicana, sabedor de que este dictamen está enmarcado completamente dentro del marco fundamental de los dictámenes anteriores, va a votar a favor, pero seguirá debatiendo la política económica del sistema considerando que es menester cambiar de rumbo, porque si no, nuestro país seguirá hundido en la crisis y en la desesperación y no habrá esperanza de salir avante.
El C. Presidente: -En uso de la palabra el diputado Luis Manuel Orcí Gándara, en pro.
El C. Luis Orcí Gándara: -Con su permiso, señora presidenta: compañeras y compañeros diputados: Vengo a hablar en pro, a favor del dictamen que la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública elaboró después de una serie bastante intensa de análisis y de discusión en torno a la revisión de la Cuenta Pública para 1986.
Este es un documento político de primer orden, por que a nosotros nos corresponde no sólo la autorización de los programas de gasto, de ingreso y de financiamiento, sino también, una vez concluido ese ejercicio que autorizamos, nos corresponde analizarlo para ver qué ocurrió, no sólo en las cifras globales, sino también en los detalles relacionados con estas variables tan importantes económicas.
La política económica y los presupuestos de ingresos, de egresos, y de financiamiento, son una
medida de lo que la sociedad plantea y desea para sí, las estrategias y las prioridades que establece y los mecanismos que está dispuesta a utilizar para llevar esto a cabo.
La cuenta Pública de 1986 se inserta en un contexto económico que todo mundo ya ha hablado y ha referido, pero qué importante es integrarlo en los análisis de lo que nosotros estamos haciendo. Decían algunos compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra, que había sido muy difícil 1986, pues claro que sí lo fue; que se intensificó la crisis, claro que así fue; 1986 fue un año en materia económica de lo más complejo y de lo más difícil que se nos pudo presentar.
Apenas iniciado el año, se desploma en forma impresionante uno de los componentes más importantes de los ingresos en la balanza de pagos y también uno de los componentes más importantes en los ingresos del sector público. No pudo eso entonces haber dejado de tener efectos serios, importantes, significativos para nosotros, y no pudo también habernos dejado sin tener la opción de analizar una serie de opciones para por fin escoger hacia dónde irnos.
Para efectos de la balanza de pagos, de un nivel cercano a los 26 mil millones de dólares, se nos caen 8.5 mil millones de ellos en cuenta corriente.
Para efectos de las finanzas públicas, en materia de la Ley de Ingresos que nosotros habíamos autorizado, de un nivel cercano a los 28 billones se nos caen 5 billones, cantidades verdaderamente significativas; ¿qué teníamos ante nosotros?, tres opciones: una de ellas pudo haber sido recuperar a través de medidas internas e impositivas 5 billones de pesos. Esto hubiera implicado duplicar las tasas del Impuesto sobre la Renta y del I V A, simplemente para poder reemplazar esos niveles de ingresos.
Otra opción pudo haber sido recortar el gasto en 5 billones de pesos. Una tercera opción, también aparentemente fácil: financiar esta caída y esta apertura en la brecha del desequilibrio fiscal con el encendido de la "maquinita de hacer billetes" allá en la calle de Legaría para financiarlo aparentemente sin costo de ninguna naturaleza.
La verdad es que tuvimos que actuar en muchos sentidos, para la balanza de pagos fue necesario acelerar en forma muy importante el deslizamiento del tipo de cambio; fue importante intensificar las medidas para inducir mayores exportaciones no petroleras, así como racionalizar en las importaciones; fue muy importante fortalecer nuestra política comercial para poder llevar eso a cabo.
En materia interna hubo un recorte adicional pequeño de 500 mil millones de pesos, pero dado el nivel ya tan reducido del nivel total del gasto público previsto para 1986, representó un sacrificio y un esfuerzo muy significativo.
En materia de ingresos, recordarán ustedes, compañeros diputados, que aquí en el período extraordinario, tomamos una serie de medidas en materia de ingresos para cambiar una serie de calendarios de pago, recuperando de esa forma algunos componentes del ingreso, además de reforzar las medidas contra las evasiones fiscales y la elusión fiscal.
En cuanto a financiamiento, en vez de recurrirse a la maquinita, efectivamente tuvimos que hacer un mayor uso de financiamiento del sistema bancario existente; efectivamente fue necesario intensificar la colocación de valores gubernamentales en la economía mexicana, pero era importantísimo no haber inyectado con esa maquinita en niveles que hubieran implicado niveles de inflación verdaderamente inusitados.
No es teoría, otros países que se han enfrentado a las mismas circunstancias se han ido y han optado por las soluciones aparentemente sencillas y han llegado a niveles de inflación en los miles y miles de por ciento.
No se trata aquí, como dijo un compañero, que actuando como niño echemos la culpa a los vecinos; simplemente los hechos, los hechos de que uno de los componentes más importantes se nos desploma al inicio del año, con efectos de reducir el ingreso nacional en niveles verdaderamente impresionantes: cerca del 7% del Producto Interno Bruto.
Actuar en ese contexto, actuar en ese medio para proteger la planta productiva nacional, para impedir que los efectos negativos de esos desplomes sean todavía peores, como hemos visto en otras latitudes que ocurre, fue quizá el aspecto más significativo.
Otro aspecto importantísimo fue que, en ese proceso de actuar, proteger el gasto social, proteger los elementos más importantes de justicia social en un contexto tan complejo como en el que nos encontrábamos en ese momento, cierto, las tasas de interés subieron; cierto, el crédito disponible en la economía se contrajo en una forma muy significativa y; cierto, fue necesario actuar con intensidad; fue necesario, como claramente de cuenta este dictamen, si el compañero diputado Ricardo Pascoe revisa muy bien, un ajuste y una adecuación apolítica a través del programa del PAC;
una serie de medidas que implicó ser la base de las renegociaciones externas de México, implicó hacer un proceso de canalización de recursos a proyectos más prioritarios en materia de producción, e implicó crear también las bases para acelerar y recuperar los procesos económicos.
Decía un compañero diputado anteriormente, que aquí, en noviembre de 1985, vino el secretario de Programación y Presupuesto e hizo una serie de aseveraciones muy significativas, Efectivamente, nosotros, después de esa crisis de 1982, en 1984 y en 1985, por la aplicación de una serie de medidas que todos conocemos, recuperamos de niveles negativos a una actividad económica positiva, de hecho también pasamos de una inflación de un exceso del 100% a inicios de 1983, a inflaciones de cincuenta y tantos por ciento en 1984, y como 60% en 1985; de hecho también en 1985 ya veíamos una serie de resultados muy importantes en la lucha contra esa crisis en la que entramos en 1982.
Había una generación importante de empleos, como se podía ver ya en la planta productiva y en la economía en 1984, y especialmente en 1985 teníamos una actividad industrial creciendo a cerca del 7% anual; teníamos una actividad agropecuaria también intensa y también actuando con gran intensidad y efectividad; teníamos de hecho un proceso de recuperación ya para 1985.
Pero regresemos una vez más a la Cuenta Pública de 1986 y a lo que ocurrió en 1986; un desplome muy significativo del ingreso nacional; un desplome inmenso de los ingresos en cuenta corriente en divisas de la balanza de pagos; un ingreso brutal de los ingresos públicos, del sector público, que deberían servir para financiar los gastos sociales y la necesidades de la economía, ése fue 1986. Preveíamos, recuerdan ustedes, una caída en los precios del petróleo y, a quien más le preocupaba la caída de los precios del petróleo acá, decía: puede haber un desplome hasta 18 dólares el barril", cuando estuvimos a mediados de año a niveles cercanos a cinco dólares el barril, después de que había estado en 32 unos, dos, tres años antes, y en 25 el año anterior.
Fueron impresionantes los acontecimientos de 1986, y nosotros debemos juzgar 1986 como lo hemos hecho en el dictamen de la Cuenta pública y en los análisis que hicimos a través de 12 reuniones con todos los sectores que han participado en el gasto y en los ingresos; un análisis muy minucioso de todos esto procesos, para ver qué fue la capacidad de reacción del instrumental económico, la capacidad de reacción del pueblo de México en la economía nacional ante un golpe económico de esta magnitud. Y en ese contexto debemos analizar 1986, porque 1986 no existe en un vacío, 1986 existe después de dos años de recuperación muy importante, en todos los indicadores después de esa crisis de 1982.
Quisiera concluir esta intervención haciendo referencia a varios aspectos: primero se decía que había la duda que habíamos fortalecido la nación, como se dijo a finales de 1985; para ese momento llevábamos avances tan importantes, llevábamos y seguimos en 1986 y en 1987, con cambios muy significativos en las estructuras mismas de la economía; el sector externo, la capacidad de la economía de responder a los golpes provenientes del exterior o de los golpes mismos que todavía pueden provenir de la actividad económica interna propiamente.
El PAC fue un programa que se introdujo precisamente para intentar esa recuperación que para los últimos meses de 1986, teníamos ya indicadores de gradual recuperación después de ese golpe tan significativo. En 1986 también iniciamos, reabrimos todo el proceso de la renegociación de la deuda externa, no sólo para dar una solución a lo que ya se había planeado, sino a enfrentarnos a las nuevas condiciones.
Y en respeto total y en apoyo a nuestra soberanía nacional y a las decisiones internas de los mexicanos, establecimos como programas fundamentales, no los tradicionales programas del Fondo Monetario Internacional, sino los planteamientos de México que ante todo un programa económico tenía que ser buscando la reactivación de la economía y la recuperación de los procesos de generación de empleo y de procesos productivos.
Fue así que iniciamos la renegociación en 1986 lo hicimos con los organismos internacionales del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Interamericano, con los gobiernos de los países acreedores y, finalmente en 1987 concluye el proceso negociador con la banca privada mundial. Qué importante y qué significativos fueron, pero además, nosotros ya hemos desmitificado todo este aspecto de la deuda externa; hemos reconocido todos como País, la necesidad de que el mundo acreedor se haga corresponsable; hemos sostenido las tesis de que la problemática de la deuda externa rebasa el mero ambiente financiero y económico, porque pertenece también al mundo de la política económica y de los aspectos políticos entre los países.
En ese contexto fue que renegociamos un proceso de deuda externa, y en ese contexto también fue que el propio gobierno de México, a lo largo de este proceso indicaba que si bien habíamos avanzado, todavía nos faltaba mucho.
Recuerdo a todos ustedes las declaraciones de Acapulco de los ocho presidentes latinoamericanos, las tesis mexicanas en el Congreso de Cartagena y las tesis mexicanas en los procesos renegociadores; en todos ellos ha sido clara la defensa de la soberanía nacional, ha sido clara la necesidad de compartir con el mundo acreedor los procesos del sacrificio relacionado con la deuda externa.
Mil novecientos ochenta y seis, en síntesis, fue un año muy difícil; fue un año que, a inicios de 1986, al principio del año, entró y se desplomó uno de los elementos de nuestro aspecto económico que tenía implicaciones muy serias para lo demás y fue la labor de 1986 de compensar, rectificar, tomar en cuenta, hacer medidas para poder defendernos de esos golpes y restituir los niveles para permitir recuperamos económicamente.
Así que fortalecimos el proceso, la capacidad de responder de nuestro país y de nuestra economía; sostuvimos en todo momento y nunca ha sido cuestionada nuestra soberanía nacional, 1986, como este dictamen indica, fue un año de importantes avances en la lucha contra una crisis muy seria, fue un año en que la Cuenta Pública de ingresos, de egresos y de financiamiento, relata de los esfuerzos que hicimos todos los mexicanos en este proceso, y la necesidad de siempre estar vigilantes, porque no vivimos, México ni ningún país, aislado de lo que ocurre en el mundo y debemos siempre estar listos y prestos para reaccionar con efectividad, con soberanía y con seguridad, a los retos que presenta el exterior. Nuestro país siempre ha salido avante de ello, ha salido y seguirá haciéndolo así. Muchas gracias. (aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, del Partido Acción Nacional, en contra.
El C. Jorge Eugenio Ortiz Gallegos; - Con la venia de la señora presidenta; compañeras y compañeros; En escasos grupos presentes esta tarde, en donde no solamente se habrán ido a comer sino a dormir la siesta, por ahí escuché que pronto va a haber un bar, creo que en el bar van a pasarse la mayor parte del tiempo para no escucharnos, pero vamos a aprovechar a los pocos presentes para entrar.
Me estoy acordando de aquel cuento famoso del alcalde de lagos que mandó hacer un puente, puente de peaje que pretendía fuese pagado con las peaje, y la gente que no quería pagar el peaje y que después de todo podía pasar tranquilamente por abajo, no se acercaba al puente, y entonces mandó a poner un letrero que decía: "este puente se hizo en Lagos y se pasa por arriba."
Esta construcción de trescientas y pico de páginas, esta estructura de informes, planes, nuevamente informes, nuevamente planes, me asociaba con el cuento del puente de Lagos. El gobierno está empeñado en construir una estructura fantasmagórica y elefantiásica de papeles, papeles y papeles, no simplemente que inflan más el costo presupuestal de este país, sino como para obligarnos a toda la oposición junta a que transitemos por arriba del puente a como de lugar.
Esto resulta una película ya gastada, la que hacemos sobre lo que sucedió en 1986, lo hemos oído muchas veces y lo hemos pronunciando muchas veces, y volvemos a oír y tenemos que repetir los mismos razonamientos, porque finalmente, con pocos o con muchos, la Cámara que estamos viviendo sigue siendo un escenario en donde se da constantemente el diálogo de sordos.
Esta película que acaba de recordar el diputado Luis Orcí, me asocia con otra escena de una caricatura , no sé de quién, en donde el señor grandote, partido oficial, tiene una cuerda de la que pende un pequeño señor, que se llama pueblo mexicano, chiquito, colgado del pescuezo y dice: "qué tal si no hubiera intervenido, te habrías ido hasta el abismo", pero el pobrecito está ahorcado por la cuerda del gobierno y, además, en los pies está cargado de plomo que lo está arrastrando al abismo.
Esa es la ubicación del drama de 1986, nos hizo favor el respetable gobierno de que no nos fuéramos al fondo y nos apretó más el pescuezo. ¿La dificultad de la crisis? la inflación no llegó hasta los miles, Diputado Orcí. ¿Cuanto podemos apostar a que la inflación ya llegará a los miles muy pronto, antes de que se vaya este régimen tarde? Decir que la inflación no se fue para arriba, cuando un año nos dicen que es de un tipo y se dobla, y al otro se dobla; pues para allá vamos, hacia los miles. Ah, debemos estar felices que todavía no llegamos hasta los miles, todavía no nos acaba de apretar la soga al cuello. La misma película autodefensiva del sistema.
Entre los únicos cambios estructurales que existen en la historia contemporánea de México, mi querido diputado Luis Orcí, y no los que aquí se mencionan en el PAC y que ahora se están proporcionado, el notable y trascendente, lo hizo un general de quien fue orgullosamente adversario político desde niño, pero a quien respeto porque tuvo el valor de ser congruente de muchas cosas, fue Lázaro Cárdenas, que expropió el petróleo y que quiso que el petróleo fuese para los Mexicanos, hasta que vino aquel audaz, o no sé cómo llamarlo para no decir cosas feas en público, López Portillo, que encontró que había un cambio
estructural a realizar; sacar el petróleo de las entrañas de la tierra y venderlo al exterior, y allí comienza la tragedia, no la de 1986, que no es más que una partecita de la película, la tremenda historia del México contemporáneo de los años setenta para acá, es la historia del cambio de mentalidad en un gobierno que piensa de otra manera.
Venimos a revisar y a aprobar la Cuenta Pública de 1986, tal como lo señala la constitución, decir específicamente que conocemos de la Cuenta Pública.
Vamos a detenernos en 1986, aunque no es la película fundamental; a pesar de algunas cifras que aquí se dieron, los ingresos ordinarios del sector público y se incluye el petróleo, se presupuestaron en esta Cámara en 23 billones 807 mil millones; de los 23 mil 800 se cayo a 23 mil 446; se perdió 1.5 en los ingresos totales, es lo que dicen las tablas de ustedes, yo no las invente
. Pero. ¿por qué el crecimiento se cayó al 3.8%?, y ¿por qué en cambio el crecimiento de intereses hizo que la división en el gasto fuera que el programable resultase reducido y, el no programable, el de los altos intereses y demás, se fuera para arriba con motivo de la inflación? Y vamos a entrar al fondo del problema, por la calidad del gasto.
Aquí se vino a decir que se hicieron esfuerzos bestiales para reducir el gasto y que se bajó; el gasto sigue siendo igual en lo cualitativo, si le dan mil millones de pesos más a una secretaría o otros mil, y otros mil, van a seguir haciendo lo mismo con diferente cualidad, porque lo que existe en México es que se hacen cifras macroeconómicas y se lanzan a los departamentos , para que cada quien tenga su isla de poder y de gasto, pero no hay un ejercicio que permita verificar la calidad del trabajo que se desarrolla en cada gasto ejecutivo, sea gasto normal o sea gasto de inversión.
Señores, la película nos dice que el desastre de México no es la adversidad, el desastre de México es el centralismo, es la pompa, es el despilfarro, es el autoritarismo, es la desorganización, es la erogación de gasto; a como dé lugar gastar, que así vamos a ser más ricos, no importa que nos estemos gastando las deudas que estamos consiguiendo constantemente y, a mayor gasto endeudados, mayor interés y, a mayor interés, mayor inflación y, a mayor inflación más déficit, y a mayor déficit más dinero y más gasto, otra vez lo mismo, este círculo vicioso no empezó en 1986, empezó desde hace mucho tiempo, en los setentas, cuando se les ocurrió que de esa manera iban a salvar al país, y qué cosas bellas sucedieron en el país que quieren venirnos a contar aquí, que cosas bellas sucedieron en México que quisiéramos venir a contar aquí.
El promedio de gente ocupada en el sector público en 1970, para no hablar de cifras anteriores, era del 4.8% de la población económicamente activa; en 1983 era del 20.45%, cuatro o cinco veces más de personal ocupado, ¿es la cantidad de dinero lo que importa o la calidad?, ¿en qué se emplea el gasto de inversión?, ¿en qué se emplea el gasto corriente?, en la pompa, en el dispendio; no hay programas de eficiencia, no hay sentido de construir un país sobre otras bases.
Aquí hay una cifra muy interesante organizada en función de lo que significa el sector central, el gasto propio de un gobierno que hace justicia, que hace salud, que hace educación, que sostiene ejércitos, etcétera, y lo que en un momento dado representa que el gobierno se meta a hacer otras cosas con el pretexto o la buena intención de hacer que le país mejore.
Hacia 1935, en tiempo de Lázaro Cárdenas, el gobierno ya se había metido en grande y el 44% de su gasto era para ejercer el oficio de militar, de administrador de justicia, de educador, de doctor, etcétera; y el 56% era el gasto de fomento, para el año de 1987 ese fomento que es gasto de inversión pública, gasto de paraestatales, sector de paraestatales, más toda la terrible carga económica que significa el interés a pagar; el apropio de cada año que se concilia cada vez más grande para que sea más grande la deuda y más grandes los intereses, porque hay inflación, y más grandes los elefantes blancos que se construyen, resulta que el gobierno era ya solamente 3% como factor central, como sector central, y 97% dedicado a lo que se llama fomento.
Este es el problema de fondo, compañeros de todas las tendencias, hay varias falacias que se contienen en este 1986, que se han contenido todos los años, pero que de una vez por todas vamos a platicarlas, como lo hemos hablado en diálogo personal con algunos de ustedes y han convenido conmigo, en que no son las fórmulas cuantitativas las que deben ocuparnos en la concreta tarea nuestra, sino a definiciones cualitativas de la clase de país que queremos construir; país subsidiado en un capitalismo gubernamental dedicado a ser el padre de los pobres y el paternalista o país en donde el gobierno tiene su función de fomento, de autoridad, de rectoría y de hacer que todos trabajen, y no de andar repartiendo trabajos.
La primera falacia que yo quisiera recordarles a ustedes, es que, y esto es algo que decíamos ayer.
y no ayer como decía Juan Ruiz de León, sino ayer, entre compañeros de mi partido y de otros partidos; decíamos ayer que la economía no es una ciencia inescrutable que sea objeto y reducto y privilegio de grandes iniciados en el servicio político. A México le está sucediendo el prurito de que para gobernar hay que salirse del viejo sentido constructivo de la comprensión de los problemas sociales y políticos, ahora hay que ser tecnócrata de altura; la economía es privilegio de unos cuantos tecnócratas, la política tiene que ser administrada por tecnócratas.
Y acuérdense que estamos haciéndole al agorero y que nos han dicho que somos agoreros malos, porque no les gusta por lo que somos agoreros, pero siempre nos resulta correcto.
Yo mencioné hace un rato que pronto vamos a andar más allá de las tres simples cifras de la inflación y que vamos a llegar a las cuatro cifras, y soy profeta agorero, y ahora les digo que están queriendo construir en este país, ya va a ser por devoción y por una especie de apotegmas o dogmas que se crean dentro del sistema del partido mayoritario oficial los tecnócratas que están llevando al país a esa tecnología del error, del círculo vicioso imparable; porque es de buen humor crear más burocracia, más complicada la forma fiscal, más programas constantes, mayor número de nombres a los programas, más bardas que pintar en las calles, porque así es como los tecnócratas pueden administrar mejor la ciencia infusa o superfusa de la que pretenden ser los dueños y árbitros universales.
Pero la segunda falacia es un poquito más sutil, la política es una ciencia infusa; de genes viene la ciencia infusa, y no me van ustedes a decir que no es cierto que en México hay ya por familias, por generaciones, ejercicios en el alto poder que son ya no de grupos de personas, sino que les viene por razón genética, aquí se dan ya hasta el derecho de nombre, derecho de apellido, para tener un puesto elevadísimo.
Cuando la política, decíamos anoche, es una ciencia infusa de genes, sólo ilumina a los predestinados para poseer el talismán del poder público. Se necesita tener esa ciencia infusa y se necesita ser tecnócrata.
Y estos dos principios o falacias están apuntando contra un elemento fundamental que hizo de este México nuestro, y debemos reconocerlo, inclusive en las manos un partido único oficial con lo que tiene dominado, aunque sea único, que permitió que en México hubiera sentido político humano en los gobernantes.
Las gentes que llegaban tenían ese acercamiento medular al contacto con el pueblo, a la sensibilidad con la problemática; podían estar equivocados en cuanto al camino, pero conforme al sistema no se debía tener más que un solo partido, pero hay que reconocer que eran gentes que traían el humanismo como una manera de ser, como un regalo del regazo de la madre que enseña a su hijo a amar a su hermano y a sus semejantes, a uno por uno y a servirlos a todos.
Yo sé lo que ha perdido y se perdió en 1986, se había perdido cuando el ciclón o en el tremendísimo temblor de 1985 terrible, vimos que en las calles, ya lo hemos repetido muchas veces, el sistema oficial, los militares, la gente oficiosa del gobierno no supo ser humana, y fueron las gentes que salieron a las calles las que traían dentro de sí eso que es llamado el amoroso regazo de la madre que trasmite el sentido humano de compañerismo.
No dejemos que la política siga siendo interpretada y calificada en dictámenes como éste, con el tremendísimo de la película negra que vimos acerca de 1986, lo tremendo de 1986 ya lo dijimos en cifras, no se perdieron tantos ingresos, fue muy poca la diferencia del ingreso; ¡ah! pero se ha hecho un gran tremendismo, lo que se perdió y tuvo 1986 sigue siendo 1987 y fue desde antes, la calidad de saber gastar, el buscar que el gasto sea eficiente y sea efectivo y sirva para los fines para los cuales se proyecta y se aprueba en esta Cámara.
Una cosa es reducir el gasto público a secas, y otra cosa es reducir el gasto público improductivo; donde quiera que pongamos los ojos a través de estos informes de la Contaduría Mayor de Hacienda, podemos encontrar que se esconden, y lo vemos en los reportes de los auditores, la constante repetitiva: gasto improductivo aquí, gasto sin control allá, gasto que se va a otra cosa. Ese es el problema de todo el gasto que nos está acabando y que nos está hundiendo.
La clase preponderante en la política no quiere perder sus privilegios en beneficio de un gasto que sea realmente productivo para el pueblo, porque quitarnos los privilegios es dejar de tenerlo, todo lo que nos ha hecho que seamos los triunfantes caballeros que nos subimos al carro de la revolución, y eso no lo vamos a permitir, el licenciado Sánchez Taboada, ni con la fuerza de las carabinas.
Tercera falacia: la crisis universal nos compagina, nos contagia también a los mexicanos; éste no es un problema de México, es un problema que viene sacudiendo a todos los países de todo el mundo; la inflación, el problema de que no alcanza
el dinero, la reconversión industrial, el problema de los comercios que tienden a intercambiarse, todas esas leyendas que oímos todos los días para justificar que los problemas de México no nos cayeron aquí, que son tamales malogrados que le envió al infierno el divino pastor y que aquí nos caen en México, como si fuera una maldición bíblica.
Compañeros, es cierto que en todo el mundo hay un gasto y hay un problema internacional, pero no todos los países tienen las mismas respuestas, ni en todos los países la crisis se resuelve como se está resolviendo aquí; hay países que a pesar de elementos más profundos que los nuestros, han sabido salir adelante sin estas pérdidas tremendas del poder adquisitivo del salario y, en particular, debemos recordarlo, todos aquellos países que no teniendo petróleo dejaron de hacer las barbaridades que aquí hicimos porque teníamos petróleo y lo vendíamos para afuera. Salimos a comprar maquinaria por todo el mundo y a construir elefantes todavía hasta avión presidencial nuevo andamos comprando en Dallas, y qué clase de avión, ya lo veremos a sus tiempo en el presupuesto.
Falacia final: el régimen jamás se equivoca. Hagamos de este instrumento redactado laboriosamente en horas y horas, un instrumento de devoción y de loa, un instrumento de qué mejor oportunidad para reconocer que la marcha de la revolución, que la obra del Ejecutivo es magnifica y que está salvando a México. Ese es el tono laudatorio, sumiso, aprobatorio, de vela perpetua encendida en favor del sistema, que no es ya aceptable en una Cámara de Diputados que tiene obligación de vigilar, de descubrir errores, de censurar.
No más agacharse para rendir honores, busquémosle en la profundidad de todos estos instrumentos, cuánto de derroche, cuánto de mentira, cuánto de falsedad, cuánto de ignominia significa para el pueblo de México que tengamos que soportar este "puente del alcalde de Lagos" por el que nos han hecho pasar para venir a platicar con ustedes. Buenas tardes señores. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Alcocer Villanueva, del Partido Mexicano Socialista, en contra.
El C. Jorge Alcocer Villanueva: - Señorita presidenta; compañeros diputados que nos tienen la paciencia de escuchar este debate: Yo creo que debiéramos, a la vista de lo que estábamos hoy debatiendo y de las condiciones en que lo hacemos, volvernos a preguntar cuál es el sentido de debatir algo que hoy parece tan lejano como 1986, ¿a quién le puede interesar que en esta Cámara se debatan lo que pasó el año pasado? Yo creo que hay ya un agotamiento en la forma de discutir esta Cuenta Pública que es parte, por desgracia ya casi es un ritual que discutamos la cuenta de esta manera, de una manera que poco contribuye, que poco aporta a fines específicos y que realmente a uno se le antoja que podríamos modificar la Constitución para que la Cuenta Pública se mande al Archivo General de la Nación y no pasaría nada, sería exactamente lo mismo para que hoy los historiadores la revisen, se entretengan, y algún día produzcan un libro, que por cierto sería bastante voluminoso, a esta cuenta son 30 tomos pues se viene a sumar a las obras incompletas de uno de los autores del desastre que vive México, que es el licenciado Salinas de Gortari; aquí está la crónica del desastre de la que él fue en buena medida arquitecto, defensor, y hoy se postula como fuerte continuador, fuerte aspirante a continuar con esta crónica de desastre.
Hay que reconocerlo, un esfuerzo hecho en comisiones por analizar la cuenta, pero tenemos el problema de cuál es el sentido de esta revisión, y eso se expresa desde el carácter mismo de la cuenta, su ya increíble volumen: 30 tomos, ¿que quién revisa, quién tiene en esta Cámara las posibilidades reales, efectivas de revisar 30 tomos de cuenta cargados de información, opiniones, estadísticas y desde luego recargados de análisis autolaudatorios?
Tenemos un dictamen que, pese al esfuerzo que nosotros sabemos que se hizo, sigue siendo muy voluminoso, y que en buena medida repite el esquema de la propia cuenta, repite lo que ahí está contenido en una apretada síntesis, que sin embargo sigue siendo muy grande.
Y luego está el informe previo, que es un documento clandestino, de circulación muy restringida, que también es ya un documento rutinario por razones que atañen no sólo a la Contaduría Mayor y a la manera en como trabaja y a las facultades que tiene, sino porque revisar 30 tomos la Contaduría Mayor tiene del 10 de junio que se entrega la cuenta, para el 10 de noviembre que debe entregarse el informe previo, pues está imposibilitada desde cualquier punto de vista a rendir un informe que pudiera contribuir de otra manera a este análisis, de tal manera que entonces el informe de resultados va a dar a la crítica siempre atractiva de los roedores, y luego el año que entra recibiremos un informe de resultados que servirá para la almohada en todo caso, para quizá sostener una mesa que le falte una pata más o menos de este volumen, y ahí va la Cuenta Pública y sigue siendo el documento que ocupa 12
reuniones en comisiones, una tarde a veces, una noche aquí en esta Cámara, y no pasa nada; y no puede pasarlo porque aparte seguimos con el problema.
¿Qué es lo que hace la Cámara? Revisa la cuenta, eso dice la Constitución, y entonces tenemos un decreto que dice que revisamos la cuenta; luego hacemos una recomendación: que nos mejoren la información, que no gasten tanto en esto, que eleven la eficiencia en aquello, pero es muy limitado. Yo creo que hemos llegado ya al sin sentido en esta materia y por eso hay una recomendación que está en el informe, que yo creo que es pertinente y logramos concretarla en verdad en un esfuerzo colectivo, que es la de que hagamos un alto ya en lo de la cuenta, porque si seguimos así, el próximo año, en dos años más, pues vamos a tener que mandar recoger la cuenta en un trailer o nos la mandarán en trailer. Ya hay que pararle a esto. Hace nueve años la cuenta tenía tres tomos, se ha multiplicado por 10 la cuenta, mientras que el producto interno se ha ido por los suelos, o sea, parece que tenemos una relación inversa: entre más tomos tiene la Cuenta Pública, peor le va al país. Quizá sería sano, a los mejor sería uno de los elementos que contribuiría a salir de la crisis, que la cuenta regrese a tres tomos, y a los mejor el país crece, digo, en esta búsqueda de soluciones en que estamos todos para el país, a mí se me ocurre que ya hemos experimentado todas las fórmulas adecuadas a la economía, pues atenernos a la magia, un poco a la Virgen de Guadalupe aprovechando que pasado mañana es su cumpleaños, podría ayudarnos un poco, a lo mejor tiene que ver con que ha crecido la cuenta al país le va mal, reduzcamos la cuenta, a lo mejor al país le va bien, y si no, pues habremos hecho otra prueba de que eso tampoco funciona.
Vamos a entrar a analizar esto, porque no puede ser que sigamos así, recibiendo información y más información que al final se ha convertido, para fines prácticos, en desinformación.
Analizar la prehistoria de 1986 ya parece prehistoria, pues tiene sentido, a nuestro juicio, si nos referimos a lo que ocurre hoy; y antes de entrar a esto, yo sólo quisiera hacer dos observaciones sobre el dictamen, dos observaciones particulares.
Encontré una cosa muy curiosa que a mí me gustaría ver que los compañeros que redactaron el dictamen nos lo aclaren: al igual que se ha venido repitiendo insistentemente a lo largo de todo el año pasado y del presente, se dice que el país perdió 8 mil 500 millones de dólares, en cualquier caso fue un poquito menos, un poquito más; es aterrador lo que se perdió por motivo de la caída de los precios del petróleo, pero miren, aquí sí es un asunto exclusivamente de curiosidad, de si ésa es la cifra. Nosotros tenemos la impresión de que el gobierno estaba exagerando, que no eran 8 mil 500 millones, hicimos varios cálculos, en fin, aquí lo hemos discutido, pero aquí encontramos en el dictamen un dato que da cuenta que sí hubo exageración por parte del Gobierno. Se dice en el dictamen que para el año de 1986 se había previsto un volumen de exportación de 1.5 millones de barriles diarios de petróleo que a un precio promedio de 22.50 dólares por barril, producirían ingresos por 12 mil 319 millones de dólares. Bueno, si se hubieran perdido 8 mil 500 millones de dólares, el país debería haber recibido por concepto de ventas de petróleo solamente 3 mil 819, si las matemáticas no mienten, y en este país todavía sirven para algo, el país recibió en 1986, dado que se perdieron 8 mil 500 respecto de lo que se había previsto, sólo 3 mil 819.
Pero si vemos la balanza de pagos de México, cifras del Banco de México, por concepto de exportación de petróleo, se recibieron 5 mil 580 millones, o sea que la reducción respecto de lo que se había programado fue de 6 mil 739; es un dineral de cualquier manera, yo eso no lo discuto. Pero no son 8 mil 500, ahí le metieron 2 mil millones más, así como al Presidente de la Madrid le metieron 2 millones de votos, acá le metieron 2 mil millones de dólares; en fin, es un afán de inflar las cifras y siempre darnos imágenes de catástrofe cuando les conviene, y de éxito cuando no les conviene. Esa es una primera duda, que a ver si la comisión puede aclarar: ¿fueron 8 mil?, 500 ¿fue menos?, ¿fue más?, ¿que hacemos con esa cifra?
Tenemos que referirnos a la caída de los precios del petróleo, sí; tendríamos que referirnos también a lo que dijo el Presidente aquel 21 de Febrero ya tan lejano, de que se iba a actuar para que el peso del ajuste fuera absorbido de manera corresponsable por acreedores y deudores. Nada de esto ocurrió.
Lo que ocurrió en 1986 en pocas palabras, fue una decisión Gubernamental de política económica de absorber por completo el ajuste internamente y no efectuar ningún ajuste en los factores externos, en particular en el servicio de la deuda. Esa fue la decisión de política económica.
Todo lo demás vino por consecuencia; que nadie previó la caída de los precios del petróleo, es cierto, nadie la previó, en todo caso las previsiones eran mucho más optimistas, no puede culparse
al gobierno de eso, pero de lo que sí se puede juzgar al gobierno es de la decisión que tomó de cómo enfrentar la caída en los precios del petróleo, éste es el punto a discusión: ¿cómo se enfrento la caída? Como un hecho externo que no estaba sujeto al control del país fue enfrentado, y ahí es donde la crítica nuestra pone el acento.
Nosotros nos seguiremos negando a admitir que no había otra salida, sí había otra salida, riesgosa sí, que implicaba imaginación, esfuerzo, tenacidad también, el gobierno eligió, la salida, el camino más fácil que fue cargar todo el peso del ajuste a los sectores menos protegidos, a los sectores de menores ingresos y ahí están los resultados: 1986 es un año para todos impráctico de desastre económico, que bien poco vale decir que en 1983 el producto interno cayó más; sí en 1983 cayó más, pero en 1983 al país todavía le quedaba parte del empuje que había tenido en los años anteriores, mientras que en 1986 ya no había nada, ya no había reserva a la cual recurrir.
Y entonces, en 1986 lo que ocurre es que el ajuste viene a sumarse a un proceso ya de deterioro muy grave de la economía y las consecuencias fueron pavorosas en materia de producción, en materia de empleo, en materia del ingreso de la población; 1986 es, sin lugar a dudas, el peor año que haya vivido nuestra economía y nuestra población en muchas décadas, y ¿cuál es entonces el balance que se puede hacer?, fíjense cual es la naturaleza del gobierno, y el gobierno es optimista, porque le dice a los mexicanos un poco un refrán de este tipo: "alégrense, porque el día de hoy es peor que el de ayer, pero mejor que el de mañana", ésa es la lógica con que el gobierno ha venido trabajando, o sea, tenemos que alegrarnos porque a fin de cuentas cada año nos va peor, pero hoy nos está yendo mejor que lo que nos va a ir mañana, y francamente el balance, por eso yo digo: ésta es la crónica del desastre firmada por el Presidente Miguel de la Madrid y el licenciado Salinas de Gortari; la crónica de un país llevado a extremos de miseria, de postración, de parálisis productiva, sin antecedentes y no hay que exagerar.
Hoy sale la nota de lo ayer, las cifras que dejó el director del Unicef por ejemplo, sobre mortalidad infantil en México, para los que dice que el bienestar social se ha atendido, que siguen avanzando los servicios de salud, etcétera: 71 de cada mil niños nacidos vivos mueren en México entre el día del nacimiento y el primer año; es una cifra que supera en casi 40% los índices de mortalidad que México tenía en 1981, en mortalidad infantil. ¿Alguien puede decir que a este país le ha ido bien, que se ha protegido en serio el bienestar social de la población, cuando un dato tan aterrador como este de Unicef, 71 de cada mil mueren entre cero y un año, y esto se incrementa de 1982 para acá de esa manera?, ¿alguien puede decir que no está yendo bien? ¿Y de qué se mueren los niños en este país? De gastroenteritis, de diarrea, de enfermedades respiratorias; lo que Unicef y la Organización Mundial de la salud llaman la patología de la pobreza; la gente se muere porque es pobre, por eso se muere.
Pero vienen aquí y nos dicen: Se sigue atendiendo la seguridad social, se sigue atendiendo esto y se sigue atendiendo aquello, y la gente se está muriendo y no es metáfora, se están muriendo los niños, ya sin metáfora.
¿Alguien puede sostener en esas condiciones que el país ha avanzado? Y se nos dice que se atiende al 100% de los niños que necesitan educación, porque claro, el gobierno en esto es monetarista, para el gobierno, en materia de educación existe la demanda efectiva; se atiende a los niños que solicitan educación, los que no la solicitan, pues yo creo que el Licenciado González Avelar ha de pensar que es porque les gusta andar en la calle y toman petróleo y les gusta luego entrar el circo y están haciendo sus pininos; ha de creer que es por eso, pero vean los índices de deserción escolar, vean cuantos niños no terminan la primaria, cuantos la abandonan ya entre el primero y segundo año y claro, luego viene el subsecretario Medina Peña y no dice que es un problema de que hay muchos niños que reprueban, pero que luego los reinscriben.
Y nosotros decimos: bueno, cada año se pierden 800 mil niños entre el primero y el segundo y no son cifras nuestras, son cifras del Presidente en su informe presidencial, y entonces él nos inventa que hay problema de mucha reprobación en México, porque hay problema con las matemáticas, pero que los vuelven a captar. Nunca nos lo demuestra y se siguen haciendo como el "tío lolo" y ahí van, diciéndonos que las cosas van bien, y no reconocen que tenemos gravísimos problemas por la situación de crisis que vive el país en educación, en salud, en vivienda y en muchas otras áreas en las que el país ha retrocedido, compañeros, cómo no va a retroceder si la gente es más pobre.
Entonces, en lugar de hacerle aquí al científico, de que las cosas están bien, porque miren, yo tengo las cifras, y entonces el valor agregado del sector educativo, comparado con el producto interno y dividido entre el ingreso nacional y réstenle dos y ya cuadró; pues es que así no se puede analizar la economía es gente concreta de carne y hueso que está en las calles sin empleo, por ejemplo está la ciudad de México,
está la ciudad de Guadalajara, Monterrey. Pero el informe nos dice que por fortuna el empleo aumento en el sector informal, o sea, hay más tragafuegos, más vendedores de chicles, más vendedores de periódicos, más boleros, el empleo aumenta en el país.
Y ayer sale uno de los teóricos de la derecha, que ya lo trajeron aquí a México, un papanatas llamado Hernando de Soto, que se dedica a medir la economía subterránea, y lo trajeron a México porque ya éstos descubrieron la tesis de la economía subterránea y ayer declaró que él ya midió la economía subterránea de México y encontró que el 34% es subterránea, no sabemos en qué catacumbas se metió para medirla, pero ya nos dio la cifra, y la comisión no dio ya otra, el empleo del sector informal: boleros, chicleros, ya creció. Estemos tranquilos con la frente en alto y ahí vamos, hay vamos, no ahí problema.
Ya los cantantes de ópera solicitaron que se les de su batita rosa de "Con la frente en alto", y van a vender libros en las calles porque el Secretario de Educación, como él tiene otro tipo de música, le gusta otro tipo de música, le gusta más la de un cantante ahí medio raro, no le gusta la ópera y les cerró el teatro de Bellas Artes; hasta los cantantes de ópera se tuvieron que ir al programa "Con la frente en alto", porque el país está muy mal y hoy sigue peor, porque lo que ocurrió en 1986 nos lleva en 1987 a que las cosas empeoren, miren, lo que ocurrió en 1986 explica en buena medida lo que hoy padecemos. Aquí, como alguien decía, si cortamos la película nada más hasta el 31 de diciembre de 1986 y hasta ahí vemos, pues peor nos pudo haber ido, como decía el licenciado Salinas: "no hombre, de la que nos salvamos, si peor nos podría haber ido". No, si peor nos podría haber ido, pero nos va peor cada día y cada día nos dicen que nos podía haber ido peor.
Las decisiones que se tomaron en 1986 explican en gran medida lo que hoy padecemos, eso se puede demostrar: inflación. Ayer el Banco de México ya nos informó que ahora sí el gobierno ya batió el último récord que le faltaba, ahora sí ya tienen la tasa anualizada de inflación más alta de la historia de México; todavía el mes pasado se la andaban disputando con 1982 y 1983, ahora sí ya la tiene el presidente De la Madrid, 140 y tantos por ciento de inflación anualizada y andamos ya en el 125.
Bueno, ¿por qué?, ¿por qué siguen creciendo los precios? Ya la Confederación de Trabajadores de México nos propuso jornada de seis horas con pago de ocho. Nosotros estamos de acuerdo totalmente, ahí quedará en el congelador.
Pero ¿por qué sigue la inflación?, pues por las decisiones que se tomaron en 1986 las están tomando en 1987, repiten el mismo esquema, decidieron enfrentar la caída de los precios del petróleo con dos medidas inmediatas: devaluaron el peso más y aumentaron las tasas de interés y la inflación se fue para arriba, ¿y qué siguieron haciendo todo este año y qué acaban de hacer?, volvieron a devaluar, volvieron a subir las tasas de interés; pues ¿cómo no quieren que haya más inflación? Y entonces el gobierno dice: estamos combatiendo la inflación, ¿bueno quién les cree algo señores?, si están haciendo el mismo esquema que nos lleva a mayor inflación y ya descubrieron que la inflación es inercial, y ya le aplicaron toda la receta y no funciona nada, no la pueden parar, y sigue la inflación devorando nuestra economía, lastimando sólo a la gente que percibe ingresos de su trabajo, sino que lastima a la pequeña y mediana industrias, lastima a la actividad productiva.
Pero todo este esquema se generó a partir de como se decidió enfrentar el choque petrolero, ésa es la enorme responsabilidad del gobierno en 1986, para qué le buscamos más, para qué escribimos 100 cuartillas dedicadas a explicar el desastre, cuando el desastre está clarísimo: ¿en dónde lo fincaron?, no en el exceso de gastos, diputado Ortiz Gallegos, no, no; mire, el gasto sí tiene un problema de cantidad y de calidad, no es lo mismo que yo tenga 100 pesos cuando este micrófono costaba 100 pesos, y que luego este micrófono cueste mil y yo nada más tenga 100, ahí la cantidad cambia la calidad, y yo ya no puedo comprar el micrófono. Entonces, no es un problema de gasto; seguir insistiendo en que el problema de nuestra economía es el exceso de gasto es cuando menos algo que no se puede demostrar.
Pero si este gobierno, hay que ver de lo que se puede vanagloriar, una inversión pública que se reduce de ser el 9% del producto a menor del 5% ó 4.2%; un gasto público que se reduce 40% en términos reales, un gasto público que tiene por principal componente el pago de intereses y amortización del servicio de la deuda externa, ¿cómo va a ser un problema de gasto, si aquí el problema está en que no hay quien invierta?, pues cómo quieren que una economía se reafirme si no hay quien invierta.
Esa idea fantástica de que es la frugalidad de los pueblos la que genera la riqueza, pues era la idea del siglo pasado, pero ya la historia demostró que no es la frugalidad de los pueblos y mucho menos la frugalidad a costa de la muerte y la miseria de la gente, la que genera riqueza; no, la riqueza la genera el trabajo, el trabajo humano es el que genera
la riqueza y para que la gente pueda trabajar, se requiere inversión, pues si no, ¿cómo va a crecer un país, cómo va a crecer una economía?, gastando cada vez menos, bueno pues se gasta cada vez en el país y al país le ha ido mejor, lo único que crece en este país son las reservas monetarias; Mancera ya parece el "Rico Mac Pato", está ahí encerrado en la bóveda contando diario y le crecen las reservas, ¿y de qué le sirve al país?, ¿hay empleo en el país, hay ingreso en el país?, ¿hay más educación, más salud, más vivienda?
Y nos dicen que Fase II que programa, que les dieron una medalla en el extranjero, hombre, ¿por qué no hacen muchos Fase II?, pues si pudieron resolver un asunto de vivienda, ¿cuántos terremotos se necesitan para que se resuelva el problema de vivienda en México? Pues está bien Fase II, pero, ¿qué de toda la gente que está en la ciudad sin casa?, no es un problema de exceso de gasto, es un problema de la manera en cómo este gobierno ha enfrentado la crisis y ésa es la enorme responsabilidad, y es un problema de cómo la burguesía, los grandes capitalistas de México han actuado frente a la crisis, porque aquí no se vale decir que todos perdimos en 1986, no, por favor, si hay unos que se hincharon de dinero pero hasta decir basta, y a otros no les fue tan mal en la feria, algunos aquí ya los defendieron la vez pasada, algunos de los que se han enriquecido.
Tenemos entonces una situación, con esto queremos concluir, en la cual la economía del país está hoy padeciendo los efectos de lo que se hizo en 1986, y lo que es más grave, se está repitiendo el esquema, por eso no hay perspectiva con esta política señores; por eso nosotros hemos dicho que si vamos a discutir en serio de la inflación, cuando menos lo que se debía reconocer es que el gobierno ya lo experimentó todo y todo lo ha fracasado, y lo único que no ha experimentado son las medidas que afecten a quienes se están enriqueciendo gracias a la inflación, o sea, lo que no ha experimentado es un auténtico control de precios; lo que no ha experimentado es controlar el ahorro; lo que no ha experimentado es reducir la tasa de interés; lo que no ha experimentado es no seguir devaluando el peso de la manera tan brutal como lo hace.
Algunas gentes que algo saben de esto en el sector público y en las filas del priísmo, ahí están las declaraciones de Hugo B. Margáin, creo que Hugo B. Margáin es de su partido, es senador del PRI, que declara que por ahí no se va a ningún lado, que hace falta ya acabar con esta locura de la devaluación, de las tasas de interés, para reencauzar la economía. ¿No podríamos decir algo de eso en el dictamen de Cuenta Pública? ¿No podríamos decir algo de eso en el dictamen? ¿No podríamos aprovechar la lección de 1986 y de lo que ha pasado en 1987 para decir esta Cámara al Gobierno Federal, al Presidente de la República: señor Presidente, por ahí no vamos a ningún lado?, como no sea seguir escribiendo otros 30 tomos de las obras incompletas del desastre, porque si no aprendemos de las lecciones de la historia, no de la historia de hace 100 años, de la que nos ocurrió el año pasado, entonces, vuelvo a hacer la pregunta, ¿de qué sirven estas 100 páginas?, como no sea para que algunos perdamos unas horas leyéndolas y otros pierdan otras horas aguantando lo que decimos en la tribuna. ¿Que sentido tiene si no hay aquí ninguna conclusión de lo que ocurrió? Bueno ¿podemos estar satisfechos de los resultados de la política económica? ¿Podemos estar satisfechos? Realmente decir: hombre sí, o tenemos que conformarnos con la frase esta ya bíblica: "peor nos podía haber ido", o veamos cómo le está yendo al país.
Nosotros creemos que ha llegado el momento en el país de tirar a la basura todos estos conceptos que ha venido manejando el gobierno, no sirven para nada, como no sea para empobrecer a la gente; entrar a fondo a revisar los esquemas de política económica, y lo decimos claramente, esta inflación y esta situación reclama un programa básico, si quieren llamarlo de choque, llámenle de choque, no se va a parar de otra manera este asunto, no se va a solucionar. La economía mexicana ha llegado ya el borde de la hiperinflación, estamos a un tris de entrar a una situación de caos y no es, valga aquí repetirlo, como la decía otro compañero diputado, no es jugarle al agorero del desastre, nadie quiere el desastre para el país compañeros, pero vamos hacia allá con una velocidad que espanta.
Y éste es el problema, todo se ha probado, todo ha fracasado, la inflación es cada vez mayor, las medias que tomó el gobierno hace unos días está visto no sirven para nada como no sea para repartir un poco más de esperanzas y, ¿qué se va a hacer?, que es lo que esta Cámara puede, pues ya cuando menos en uso del derecho a la expresión, ya que no podemos ir más lejos, decir de la experiencia y yo creo que la experiencia enseña es que esta política no debe continuar y por desgracia es la que tenemos todavía hoy en día.
Ojalá cuando discutamos el presupuesto podamos entrar más a fondo a discutir alternativas concretas, por lo pronto nosotros dejamos ahí la intervención.
El C. Presidente: - De acuerdo con el artículo 102 y hasta por cinco minutos para alusiones
personales, el diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, de Acción Nacional.
El C. Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: - Con su venia, señor presidente; compañeras y compañeros diputados: El compañero Alcocer me atribuyó el decir que el problema era solamente cualitativo y no cuantitativo, yo creo que son las dos cosas, compañero; que no es cualitativo lo que el compañero Alcocer me señaló, cuando uno asiste a un campo de trabajo: vamos a visitar una escuela y nos encontramos con que el maestro se pasa dos o tres horas haciendo su oficio, deja a un muchacho que atienda al resto de los alumnos y se va a cumplir con una misión sindical o con una misión administrativa, en ese instante se está dando un gasto que aunque cuantitativamente sea igual que el otro no hay un elemento cualitativo.
¿Quién no sabe del esfuerzo teórico, yo se lo oí muchas veces decir al ahora candidato Salinas de Gortari, que han hecho para tratar de crear productividad en las empresas, en donde otra vez el salario que se le paga a un trabajador que frente a una máquina solamente emplea un día y el resto se sale, es un gasto cualitativamente mal empleado?
No hablemos ahora de esas dispensas colectivas que se hacen cuando por ejemplo todos los altos funcionarios y empleados y demás de la Secretaría de Hacienda o de Programación o Educación, abandonan la chamba ese día porque es el día de ir a visitar a su precandidato, y no sólo eso, sino además les dan premio con un día extra para que vayan a eso. Ahí está el gasto cualitativo mal empleado, en todos lados encontramos con que el gasto, cualitativamente está mal empleado.
Y lo está también mal empleado, cuando por ejemplo vemos, y hay un mundo de obras de esas que no han sido terminadas por varios sexenios, se le asigna a un puente que se va a construir para hacer un paso a desnivel sobre un ferrocarril, un presupuesto de mil millones de pesos; el estimado era que costaba mil millones de pesos el famoso puente; se pasa el año entero y el puente no está sino a la tercera parte y al año le agregan otros dos mil millones de pesos.
Cómo no va a ser gasto de inversión que cualitativamente está mal empleado, en la frase misma de mi tocayo decía: "es que se hincharon de dinero, es que se siguen hinchando de dinero"; sí hay un gasto cualitativo a defender, tanto en inversión como en gasto corriente.
Qué gasto más cualitativamente y cuantitativamente tirado a la calle que el famoso gasoducto por donde íbamos a exportar el petróleo. Si alguno de ustedes ha ido recientemente al pueblo de Ixtapa, que construyó creo que el régimen del señor Echeverría, hay un edificio enorme, precioso en la bajada rumbo a los hoteles, dedicado a Fonatur, tiene dos años en pie, terminado, con las rayas de los vidrios pintadas, con un par de veladores cuidándolo, y no se usa. Cómo no va a ser una inversión no productiva, si se construyó para ocuparse, ¿por qué no se ha ocupado?
Y luego podemos hablar de las otras que se hacen casualmente con inversión específica y que luego el mantenimiento significa un montón de centavos que no hay por qué hacer: esa pista que acaba de construir por ejemplo en la ciudad de Aguascalientes. ¡ah!, querían aeropuerto en la ciudad de Aguascalientes, muy bien, pero resulta que no llega más que un avión cada ratito, cada ratito de tres o cuatro días; el de Toluca, etcétera, ya para qué caer en ejemplos de estos que todo mundo conocemos. Quizá el más conocido y que no tiene nombre en la historia de México es que le construyeran al presidente Echeverría una pista para jet en el ejido de Melchor Ocampo, para que fuera a cenar una noche con unos campesinos; cómo no va a haber, cualitativamente, una podredumbre grande en el gasto de México. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Morquecho Rivera, del Partido Popular Socialista en contra.
El C. Héctor Morquecho Rivera: - Señor presidente, con su permiso; compañeras y compañeros diputados: La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista está en contra del dictamen de la Cuenta Pública, en virtud de que se hace el esfuerzo en ella por justificar una serie de cuestiones muy negativas que han perjudicado a nuestro país.
Al revisar la Cuenta Pública de 1986, nos damos cuenta de que este año de 1986 constituye el cuarto año de fracaso y derrota de la política económica actual iniciada en el año de 1983.
El proceso de política económica seguido en 1986, se inscribe en las mismas tesis del neoliberalismo promovido por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para efectos de seguir sometiendo a nuestro pueblo y a la nación mexicana; 1986 fue un año en que México se hundió en la crisis de manera más grave, y así se reconoce en el dictamen que estamos discutiendo; la falta de previsión del gabinete económico en torno a los precios del petróleo agudizó la situación económica y, por ello, se hicieron ajustes de gasto que perjudicaron a la mayoría de los mexicanos.
La caída de la producción fue desastrosa, por ello, ha quedado exhibida la incapacidad del gobierno para enfrentar la crisis con las medidas e instrumentos hasta hoy utilizados; la inflación se desató sin control al llegar al 106%, siendo éste el índice más grande de la historia de nuestro país, en ese año de 1986.
Por otro lado, ante la falta de una reforma fiscal a fondo, revolucionaria, pero también en medio de estímulos y subsidios fiscales a los grandes y prominentes empresarios de la exportación y grupos monopólicos de la iniciativa privada, creció el déficit financiero del sector público.
Esta Cuenta Pública de 1986 revela que son inadecuadas y negativas las medidas de la política económica instrumentada y, además, la actitud de los integrantes del gabinete económico ha sido de entrega al imperialismo, pues se sustentó y programó el desarrollo en base a la devaluación del peso frente al dólar, siguiendo indicaciones de la banca internacional, ya que se programaron esperar créditos externos por 4 mil millones de dólares. Sin duda, ésta es una actitud de dependencia muy negativa.
Encerrado y trabado en sus contradicciones y afirmaciones falsamente triunfalistas, el informe de esta Cuenta Pública nos hace ver el cinismo del gabinete económico, al establecer que "si ya se preveía que 1986 sería desfavorable, dicen, la realidad resultó mucho más dramática de lo esperado".
Por eso, sin duda, hubo gran irresponsabilidad por parte de los dirigentes de la conducción económica, pero también sumisión y docilidad antipatriótica, al sujetarse a los planteamientos de los organismos internacionales de la banca privada, y para atender sus indicaciones de estas instituciones bancarias, en el sentido de que el precio del barril de petróleo bajaría sólo tres dólares, y al mismo tiempo que plantearon la posibilidad de contratar los mencionados 4 mil millones de dólares, lo cual no ocurrió, dice el dictamen, y por ello surgió una nueva crisis.
Este planteamiento, a juicio nuestro, de que surgió una nueva crisis, es falso, ya que la crisis es estructural y está inmersa en los mismos seguimientos de política económica que han hundido a nuestro país, que han empobrecido drásticamente a nuestro pueblo, en tanto que, por otro lado, la oligarquía financiera comercial e industrial ha acumulado y concentrado grandes recursos y riquezas a costa del esfuerzo y sacrificio de las clases trabajadoras.
Por otra parte, el dictamen y análisis de esta Cuenta Pública, nos hace descubrir la actitud demagógica, falsa, mentirosa y antipopular del gabinete económico, al programar una inflación para 1986 del orden del 40% al 50%, y ésta subió, como sabemos, al 106%, con medidas de reordenación y del muy cacareado cambio estructural que sólo consiste en sacrificar aún más el nivel de vida de las mayorías.
Por otra parte, exentos de patriotismo, incapaces para la previsión, y faltos de sensibilidad en torno a los graves problemas de la población trabajadora, los conductores de la política económica, hoy pretenden ser maquillados en su imagen, ya muy deteriorada, y justificada en sus equivocadas medidas, por el presente dictamen que estamos en este momento discutiendo, toda vez que se afirma que, las metas para 1986 eran viables a la luz de la previsiones respecto a la situación económica internacional.
Pero luego se dice, a manera de queja y falsa justificación, que el desplome de los precios de exportación del petróleo significó una pérdida de ingreso por 8 mil 500 millones de dólares, y se hacen comparaciones con equivalencias respecto del Producto Interno Bruto (PIB) y del gasto público.
Esta actitud de los responsables de la política económica, no tiene razón de ser, pues el Partido Popular Socialista y otras fracciones parlamentarias, insistieron bastante, demasiado, en la perspectiva de los precios del petróleo, los cuales se fijan en un mercado internacional controlado por las empresas monopólicas del imperialismo.
Por eso, nosotros nos hacemos estas preguntas: ¿Cómo podría catalogarse esta actitud del gabinete económico? ¿De ingenuidad, de incapacidad, o de plano de complicidad y de entrega a los planes y propósitos del Fondo Monetario Internacional, del Fondo Mundial y del imperialismo? Para nosotros no hay ingenuidad, lo que hay es antipatriotismo, hay una actitud nefasta que perjudica a los intereses del pueblo y de la nación.
El propio Gustavo Petriccioli afirmó que "las negociaciones nuestras en materia de deuda con los acreedores internacionales - dijo Petriccioli - , no son cuestiones de patriotismo". Más claro, compañeros diputados, no puede estar.
Y desde luego, en este marco conceptual, teórico y económico, contrarrevolucionario y antipopular, se promovió la devaluación del peso; se dice en el dictamen que para no perder reservas, y en realidad se devaluó para ampliar las ganancias de los grandes tiburones de la exportación, lo cual ocasionó un nuevo impulso a la inflación.
Hay que recordar, ciudadanos diputados, lo que dijo el 15 de mayo de 1986 el inventor del Estado "obeso" y desmantelador número uno de las empresas del Estado, Carlos Salinas de Gortari dijo: "hoy, la inflación no proviene por la vía de la demanda, sino por los costos, derivado ello por los ajustes cambiarios". Es decir, ayer la inflación fue por demanda, hoy por oferta.
En síntesis, medidas que han metido en un callejón sin salida a nuestro pueblo los integrantes del llamado gabinete económico; pero además, se ha inventado un concepto totalmente ridículo, absurdo y anticientífico, es éste: se dice "ahora la inflación es inercial", inflación inercial. Realmente es totalmente absurdo cómo se recurre a la retórica y las palabras sin sentido, para justificar lo injustificable y para encubrir los verdaderos propósitos de los programas económicos inflacionarios como éste del año 1986, que consiste en incrementar el poder económico de la burguesía, oligarquía financiera proimperialista, voraz, implacable, a costa del empobrecimiento y del sacrificio de las clases trabajadores.
Por otra parte, en otras cuestiones, hay una situación que consideramos mucho muy grave que merece nuestra completa atención, se trata de lo siguiente: En el dictamen, después de una serie de consideraciones en torno a la evolución económica, el choque petrolero, la reducción de créditos del exterior, ajustes presupuestales, acomodamientos, por los problemas derivados: tasas de interés, etcétera, se dice en la página 39 del dictamen, en el último párrafo: "En estas circunstancias, se hicieron ajustes adicionales al gasto público, se avanzó en la desincorporación de entidades públicas". Esa es la cuestión, ¿qué significa esto?
Nosotros nos preguntamos: ¿qué criterio se sigue para desmantelar a las empresas estatales? ¿Qué criterio se sigue para el avance de la mencionada desincorporación?, ¿son bases de carácter constitucional, o son bases meramente pragmáticas de la evolución económica?, ¿qué criterio?, porque de acuerdo con las argumentaciones que hay en el dictamen, podemos decir que si la economía hubiese evolucionado de manera positiva, no habría necesidad de implementar la desincorporación mencionada, y al revés, si la evolución económica sigue siendo desastrosa, negativa, como hasta hoy, ¿habría de pensarse entonces que tendrá que desincorporarse y desmantelarse las empresas del aparato paraestatal, incluyendo lo prioritario y lo estratégico, lo cual sin duda representaría violar los preceptos de la Constitución General de la República?
Para la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, tenemos la firme convicción de que en este punto del dictamen se ha reflejado la esencia y la conducta filosófica y política de los secretarios de Estado contrarrevolucionarios, recia y decididamente partidarios de la reprivatización, del desmantelamiento del sector estatal de la economía, para seguir a pie juntillas las órdenes de sus amos, los que dirigen el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Otro aspecto, compañeros diputados, fundamental, que nos precisa lo erróneo y lo negativo de la política económica y sus instrumentos y medidas seguidas en el año 1986, es la caída del Producto Interno Bruto que casi llegó el 4%; esto es tan fundamental, tan importante, porque ningún gobierno de ningún país podrá dar la cara al pueblo, o podrá seguir gobernando con sus tesis económicas cuando se cae el Producto Interno Bruto, y se insiste de manera terca en continuar por el mismo camino de esos fracasos.
En la página 47, el último párrafo del dictamen se dice: "Aunque desde 1983 se venía aplicando la estrategia de cambio estructural, la crisis de 1986 puso de manifiesto la necesidad de intensificar..." Y más adelante se señala: "Si bien los resultados en las medidas adoptadas para mejorar la estructura productiva y el comercio exterior, no darán sus resultados sino en el mediano plazo; en 1986 crecieron las exportaciones".
Pues, ciudadanos diputados, los resultados ya están a la vista, no habrá qué esperar esos mencionados plazos para ver los resultados, ya están a la vista, se están viviendo; se pusieron las medidas en práctica, nuestro pueblo lo está resintiendo, sólo que en el plazo que se señala más adelante, de que pudiera ser un mediano plazo, pueden ser resultados peores como la inflación, que para este año, como se ha comentado ya varias veces, puede ser entre el 140% y 150%.
Otros resultados también están a la vista: las reducciones del subsidio a la Conasupo, lo cual ha perjudicado al pueblo; ha pagado el pueblo también caro el uso de los servicios, los precios y tarifas de bienes y servicios que proporciona el gobierno: gasolina, teléfono, electricidad; en cambio, como contrapartida se sigue apapachando, se sigue dando calor, fuerza, al sector más oligárquico que domina la economía en nuestro país; aumentó también la tasa de desocupación abierta, se reconoce; el salario mínimo creció por abajo de la inflación. Entonces, esos resultados que dice el texto que habrán de esperarse en una evolución de mediano plazo, pensamos que se seguirán empeorando.
Y otro aspecto en este sentido, es la política de deuda que en 1986 también fue inadecuada, fue
inflacionaria, ello constituye un endeudamiento peligroso por las cifras que ahí de manejan, un endeudamiento grave y todo por que no hay la decisión patriótica positiva de implementar una reforma fiscal a fondo para financiar de manera sana el déficit público, gravando al gran capital; ahora se ha reconocido también que la deuda externa está deteriorando la perspectiva de desarrollo económico sano e independiente de nuestro país.
Por esas consideraciones, ciudadanos diputados, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista está en contra del dictamen de la Cuenta Pública de 1986.
El C. Presidente: - En pro, el diputado Sócrates Rizzo García, del Partido Revolucionario Institucional.
El C. Sócrates Rizzo García: - Con su venia, señor presidente; compañeras y compañeros diputados: Se ha hablado aquí de muchas cosas, de fantasías, de falacias, de tergiversación, pero quizá empecemos son una tergiversación que se hizo por aquí, de un puente en San Juan; se tergiversó, efectivamente, la versión correcta que se las voy a leer, es del alcalde de Lagos, Alfonso de Alba Martín, publicada en un libro que edita el departamento de Bellas Artes de Jalisco y dice: "Este puente se hizo en Lagos, con dinero de San Juan y se pasa por arriba"; como ustedes lo verán, ésta es la versión correcta y no la tergiversada quizá fruto de alguna fantasía de algún compañero diputado.
Tenemos aquí la versión o la respuesta popular, me reservo su lectura, pero con mucho gusto se la transmitiré en su curul al compañero diputado que en múltiples ocasiones hizo mención de las falacias, fantasías y tergiversaciones.
Existen, efectivamente, discrepancias en cuanto a los fundamentos del enfoque de política económica, porque precisamente por eso hay aquí representados diversos partidos políticos, con diversas concepciones ideológicas y políticas, pero yo creo que no se vale el argüir que, como lo han hecho algunos compañeros diputados, de que si nos hubieran hecho caso las cosas estarían hoy mejor, y puesto que no nos hicieron caso, por lo tanto tenemos la razón. Yo creo que esa lógica no es válida en la argumentación sobre la Cuenta Pública de 1986.
El dictamen que la Comisión de Programación y presupuesto presenta a consideración de esta honorable asamblea, es el resultado de una serie de reuniones, 12 para ser exactos, que se tuvieron con funcionarios de alto nivel de diversas secretarías y dependencias de la administración pública federal, reuniones que duraban cuatro, cinco, y algunas hasta seis horas, en donde se analizó a fondo los detalles sobre la Cuenta Pública de 1986.
Ya la diputada Blanca Esponda, en la clara fundamentación que hizo al dictamen de esta comisión mencionaba que a lo largo de los últimos meses nos reunimos para analizar el panorama económico, todo lo referente a ingreso y deuda; el sector desarrollo rural, educación y salud, turismo, pesca, comunicaciones y transportes y otros sectores más. En esta reuniones se tuvo oportunidad de comentar en muchos casos las cifras y los argumentos contenidos en la Cuenta Pública; se solicitó por los diputados integrantes de la comisión, información adicional, que en su mayoría fue ya proporcionada a los compañeros diputados, pero por si acaso estas reuniones fueran pocas, se realizó una última con la Contaduría Mayor de Hacienda hace unos días, para analizar el informe previo que este órgano técnico rinde a la Cámara de Diputados.
Pero además. debemos insistir que la participación en los estudios de la Cuenta Pública fue amplia, intensa y plural. Todos los compañeros de todas las fracciones parlamentarias representadas en esta comisión participaron activamente, lo cual debemos agradecérselo; participaron en el análisis de la cuanta, pero sobre todo, en hacer recomendaciones concretas y específicas, muchas de las cuales, inclusive podría decirse, la mayoría de las cuales están contenidas en el proyecto de dictamen que fue aprobado por la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Puede ser que la Cuenta Pública Federal haya crecido, y efectivamente ha crecido en los últimos años, pero debemos insistir que esto ha sido precisamente por las propuestas acertadas, la mayoría de ellas de muchos compañeros diputados de esta legislatura y de legislaturas anteriores, que han insistido y han recomendado se incremente la información que requerimos, para un análisis adecuado de la cuenta.
Pero yo creo que no se trata del volumen, si es mayor o menor, y precisamente para el análisis de esto, se propone se forme un grupo de trabajo que analice y que estudie el contenido, el alcance y la metodología de la Cuenta Pública, y haga propuestas concretas en cuanto a su estructura y sus implicaciones, en cuanto al cuerpo legislativo que regula la revisión de la Cuenta Pública.
Pero resulta que, a veces, si es grande la Cuenta Pública está mal: si es pequeña, también está mal. Pero ojalá, y yo creo que en este grupo de
trabajo de aprobarse su formación, seguramente se harán avances importantes para mejorar el contenido y alcance de la cuenta.
En el dictamen que se presenta a consideración de esta honorable soberanía, se analizan con detalle; con detalle, y por eso han requerido precisamente de un número cuantioso de páginas, las metas contenidas en los programas y en el presupuesto de 1986.
Se analizan no solamente las metas que cumplieron el 100%, se estudian, se revisan aquellas que se rebasaron y también aquellas que no se cumplieron en su cabalidad; se intenta hacer una explicación, sobre todo de estas últimas, una explicación de las variaciones que hubo con respecto a las metas originales.
El punto central del dictamen para 1986 consiste en analizar la situación económica y presupuestal en el entorno internacional en el que se encontró en ese año.
La economía venía efectivamente recuperándose durante 1985, la producción industrial a mediados de ese año crecía al 7% anual, que es ya una recuperación muy importante y esto estaba ya generando empleos en la economía; sin embargo, esta situación de recuperación y fortalecimiento económico que observamos durante 1986, cambió sustancialmente a raíz de un hecho que quizá algunos compañeros diputados no quieren tomar en cuenta y en su dimensión adecuada, y es precisamente la caída, el derrumbe de los precios de petróleo que ocurrió en el mes de febrero de 1986.
En 1985, efectivamente la producción venía creciendo, se venía generando empleo, las finanzas públicas venían saneando su estructura, el déficit operacional pasó de una situación deficitaria precisamente en 1985, a una de equilibrio en 1986.
El llamado déficit primario pasó de menos 4.9%, a menos 3.6% de 1985 a 1986, es decir, la situación venía mejorando. Había, efectivamente, algunas presiones inflacionarias que se iniciaron a mediados de 1985, pero la situación podría decirse en general que estaba bajo control, que requería, efectivamente ajustes y requería reforzar algunas medidas de reordenación económica, y fue precisamente en esos términos que se planteó el presupuesto y la Ley de Ingresos, como cualquier acción planeada hacia futuro, se basa inevitablemente en supuestos y está sujeta a la incertidumbre y al riesgo de que no se cumpla, y eso pasó precisamente en 1986.
A la luz de las previsiones que se tenían a finales del año de 1985, resultaba viable, consistente, la política económica propuesta para 1986, había previsiones de una reducción del precio del petróleo; efectivamente, en el presupuesto había el supuesto de que el precio del petróleo se reduciría en dos dólares 50 centavos.
Yo recuerdo que tuvimos discusiones durante 1985 en cuanto a las estimaciones de caída en el precio del petróleo, algunos compañeros diputados, quizá los más pesimistas, hablaban de cuatro dólares de caída y lo publicaron en varias revistas de circulación nacional, ésas eran las previsiones más pesimistas; las previsiones que se hicieron en el presupuesto y en le Ley de Ingresos, eran las que estaban relativamente de acuerdo entre la previsión extrema de cuatro dólares y otras que decían que quedaría igual.
Pero no equivocamos todos en la previsión de la magnitud de la caída del precio del petróleo, y no me refiero sólo a los diputados, las organizaciones financieras, las organizaciones internacionales especializadas precisamente en petróleo, sus previsiones no pasaban más allá de una cantidad de tres o cuatro dólares; y este acontecimiento soslayado por muchos compañeros diputados cambió de manera significativa el panorama económico y en esto se insiste en el dictamen de la Cuenta Pública.
¿Pero qué fue lo que se hizo frente a esta situación de emergencia?, ¿Cuál fue la actitud, cuál fue la actitud del Ejecutivo y de la administración pública frente a esta situación inesperada? Se enfrentó, en primer lugar, la emergencia que significaba la caída de las divisas, el grave problema que significaba que hubieran caído 8 mil 500 millones de dólares de divisas los ingresos petroleros, y se tomaron medidas de manera urgente, firme y decidida para enfrentar el deterioro en la balanza de pagos y el deterioro en los ahorros financieros, pero además de esta caída en los precios de petróleo, había que enfrentar una escasez de crédito internacional, y el peso, el peso de la crisis, podemos concluir, el peso de esta crisis proveniente del derrumbe petrolero, se amortigua durante 1986.
Si bien esta caída en el precio del petróleo significaba el 6.7% del Producto Interno Bruto, y además tenía efectos adicionales depresivos derivados de las mayores tasas de interés y de la escasez de crédito externo, esto apuntaba hacia una caída mucho más fuerte en la producción, sin embargo, debido a las acciones de política económica, la caída en la producción fue sólo de 3.8%.
Podemos efectivamente decir: las circunstancias, el choque externo, la escasez de crédito, las mayores tasas de interés, la caída en otros precios de productos de exportación, apuntaban hacia una caída mayor, ciertamente, y se evitó y se amortiguó que las cosas hubieran sido peores.
Pero no sólo fue en términos de la producción, y lo más importante es que se amortiguó el peso de esta crisis, el peso que esta crisis hubiera tenido sobre los grupos sociales mayoritarios, no decimos que se canceló el peso de la crisis, se amortiguó a través de una serie de políticas, entre otras, particularmente la que se refiere al gasto social.
Pero finalmente, en la crisis de 1986 se enfrentó no sólo la emergencia, no sólo se amortiguó el peso de la crisis sobre los grupos sociales mayoritarios, sino que se aprovechó este reto para profundizar en los cambios estructurales; no sólo se enfrentó la emergencia, sino que también se avanzó en el rumbo económico del país.
Se hicieron, y así se informa en el dictamen de la Cuenta Pública, ajustes en el gasto, recortes por 500 mil millones de pesos; pero el criterio de estos recortes también es bastante claro y demuestra la forma en cómo el ajuste interno en el gasto se distribuyó entre diferentes sectores sociales; refleja la prioridad en el ajuste interno que efectivamente tuvimos que soportar para enfrentar esta caída dramática en los precios del petróleo.
Permítanme señalar solamente cinco cifras: De estos 500 mil millones de pesos, el sector industrial disminuyó su presupuesto en 390 mil millones de pesos; fue aquí donde recayó fundamentalmente el recorte presupuestal. Le siguen, en orden de importancia: comunicaciones y transportes con 16 mil; el sector desarrollo regional con 26 mil; abasto y pesca con alrededor de 25 mil y, finalmente el sector social y en infraestructura básica con alrededor de 15 mil; y no se afecto el presupuesto durante 1986.
Pero, sobre este mismo tema, es necesario insistir que , si bien el gasto público total se redujo en 7% en términos reales, en 1986 con estos menores recursos presupuestales, y dada la reordenación, la reestructuración del gasto, fue posible avanzar en los indicadores sociales de salud, educación y vivienda.
Permítanme señalar sólo algunas cifras; el analfabetismo se redujo 39% de 1982 a 1986, la educación preescolar y primaria mantuvieron, al igual que la secundaria, el crecimiento que han venido sosteniendo en los últimos años, de 1982 a 1986, en educación preescolar se han inscrito 41% más de niños; la educación primaria ha dado cabida a todos los que la han solicitado, se ha cubierto el 100% de la demanda efectiva. Sin embargo, por razones demográficas que todos conocemos, por la reducción en la natalidad, tenemos ya que las solicitudes de inscripciones en los primeros años de primaria se han reducido, pero se han reducido no porque falte cupo, sino porque hay menos solicitudes de inscripción, porque tenemos ahora un crecimiento más bajo en la población y por lo tanto hay menos niños que lo soliciten, el incremento es menor.
Pero de ninguna manera refleja desatención en el gasto en la educación primaria, desde luego que esto tendremos oportunidad de comentarlo en detalle en la discusión en lo particular, sólo lo señalo para ilustrar la conclusión a que llegue el dictamen, de que a pesar de la austeridad se mantuvo la prioridad en el gasto social.
La educación para adultos de 1982 a 1986 se incrementa en 23%, y ahí en la cuenta, en el dictamen tenemos las cifras específicas también para 1984, 1985 y 1986; en educación secundaria, la inscripción en esos años de referencia ha aumentado en 23%; en salud, el índice de esperanza de vida se ha incrementado de 68% a 70% en esos años que estamos haciendo referencia; el número de derechohabientes, y ésta es la última cifra en instituciones de seguridad social que refleja la atención que se está dando, los servicios de la salud que se están proporcionando a estos derechohabientes, aumenta de 32 millones en 1982, a 38 millones en 1986.
El porcentaje de viviendas con agua entubada aumenta 6%, y el de viviendas que cuentan con drenaje 4%. Tenemos pues que, de 1982 a 1986, el período más crítico en lo económico, cuando ha sido necesario implementar programas de austeridad presupuestal, no sólo no son reducidos sus indicadores sociales, sino que se han incrementado y en algunos casos, como educación preescolar y como salud, se han incrementado de una manera sustancial; el gasto público total se ha reducido, de 1982 a 1986, en 30% en términos reales y para el año que estamos estudiando, se redujo en 7%.
Yo no sé si después de analizar estas cifras podemos, de una manera sensata, decir que el problema económico, que la inflación es causada por el exceso de gasto; yo no sé si cuando se afirma esto se quisiera que no hubiera escuelas primarias del sector público; yo no sé si cuando se dice esto lo que se pretende es que se cierren los hospitales y los servicios de salud que presta el sector
público. De otra forma, no cabría la posibilidad matemática de haber enfrentado la caída de los precios del petróleo con una reducción similar en el gasto corriente, haber intentado enfrentar esa caída en los precios del petróleo con gasto corriente, hubiera significado, efectivamente, empezar a cerrar escuelas y empezar a cerrar hospitales.
Pero se ha hablado también de productividad y de eficiencia en el gasto. El gasto social, los indicadores sociales que hemos mencionado, se han presentado al mismo tiempo que se reduce el presupuesto a nivel global, esto ya de por sí nos indica que se están proporcionando más servicios, y después podríamos discutir las cuestiones de calidad; se están proporcionando más servicios con menos recursos a nivel global,; se está haciendo más con menos recursos a nivel global; se está haciendo más con menos recursos y eso en español se llama productividad. Pero también se señala en el dictamen de Cuenta Pública, lo que se ha hecho en el sector paraestatal, lo que se ha hecho en productividad a raíz de los convenios de asunción de pasivo.
El Gobierno Federal ha asumido la deuda de las paraestatales, pero no de una manera simple y gratuita, a cambio de eso se establece un programa de productividad muy claro y muy preciso, con metas trimestrales sobre las cuales estamos precisamente pidiendo se nos informe en las próximas cuentas públicas. En azúcar, se reestructuran los ingenios; en 1986 se produce más azúcar, el rendimiento de la caña por hectárea fue de 73 toneladas, frente a 68 toneladas en el ciclo anterior.
En la industria siderúrgica, se reanuda el proyecto Sicartsa, se reestructura la organización de Sidermex, y se cancelan operaciones en Fundidora; la industria de fertilizantes se reorganiza para impulsar la elaboración de productos con alta concentración de nutrientes, y se cancelan empresas obsoletas.
Y en el caso de Conasupo, está muy claro que se han reducido los subsidios pero se ha incrementado la cobertura de los servicios de leche subsidiada; lo que se ha hecho es que se han eliminado todos los subsidios a grupos sociales que no lo necesitaban y, de esta forma con un subsidio menor, se proporciona más apoyo a los grupos que realmente nos interesa favorecer. Esto significa productividad, una mayor eficiencia en el gasto público que se está logrando hacer más y dirigirlo de una manera más transparente a los sectores populares con menos recursos.
Se reconoce por algunos compañeros diputados, que efectivamente se ha avanzado en la reestructuración de las paraestatales, sin embargo, cuando entramos a las cifras de gasto, parecen aducir que el gasto es excesivo.
Se ha hablado aquí también de las cifras y de los alcances del choque petrolero de 1986; efectivamente, la magnitud de este choque externo ascendió a 8 mil 500 millones de dólares, ésta fue la pérdida de divisas que tuvo la economía entre 1985 y 1986, yo quisiera sólo hacer referencia al informe del banco, precisamente en la página 228, en donde se le señala de una manera bastante clara que las exportaciones petroleras cayeron de 14 mil 766 millones de dólares en 1985, a 6 mil 307 millones de dólares en 1986; las matemáticas por lo que yo veo aquí no fallan, quizá a la calculadora del compañero diputado Jorge Alcocer le faltan pilas, pero el peso del ajuste, como decíamos, de este ajuste ocasionando por la caída en los precios del petróleo, se distribuyó de una manera equitativa, de acuerdo a la distribución que hemos mencionado en cuanto a los recortes de 500 mil millones de pesos.
Se menciona efectivamente de que en la economía en los últimos años ha crecido el subempleo y para eso no necesitamos investigaciones sesudas de otros analistas, lo vemos claramente al salir de este recinto, pero precisamente el señalarlo en el dictamen es un esfuerzo para analizar el comportamiento de las cifras de desempleo abierto, sobre la cual hemos tenido una discusión muy larga en los últimos tres años, y ahí en el dictamen se analiza, efectivamente, que ha crecido el sector informal de la economía que es algo que todos sabemos, reconocemos y observamos cotidianamente.
Pero esto explica precisamente que no se hayan disparado las cifras de desempleo abierto que registran las estadísticas oficiales, nadie desconoce el deterioro que han sufrido los niveles de ingreso de la economía, pero tampoco debemos desconocer el impacto que esa caída de 8 mil 500 millones de dólares tuvo sobre la economía en 1986.
El crecimiento del sector informal se señala en el dictamen para hacer un análisis más amplio, más claro, más objetivo del comportamiento de las cifras del desempleo abierto; y ahí en el dictamen se señala de manera clara las características de los niveles de ingresos de las personas ocupadas en este sector.
Creemos, en conclusión, que, la capacidad del Estado, su rectoría económica se ha demostrado de manera muy clara en los últimos años y creo que ha sido en estas épocas de crisis cuando se ha puesto en evidencia la capacidad rectora del Estado sobre los procesos económicos.
En la crisis se ha visto cómo se enfrenta con decisión y con firmeza la emergencia económica. No es el peso de los acontecimientos ni las circunstancias lo que obliga a las decisiones, sino que éstas se adelantan a las circunstancias, y con una claridad y oportunidad se toman decisiones, estas decisiones implican riesgos porque vivimos sobre todo en el entorno internacional, en un ambiente de gran incertidumbre, pero esos riesgos se han tomado; en ocasiones, como en 1986, las predicciones, los supuestos sobre el entorno internacional resultaron diferentes a los que se habían hecho originalmente, pero la decisión se tomó porque no se aceptó la inercia, no se aceptó el peso de las circunstancias.
Pero esta capacidad del Estado para controlar la economía, también se demuestra por la capacidad de proteger a los sectores mayoritarios de la crisis, no para cancelar el efecto de la crisis, para amortiguarlo, tal como se dice en el dictamen que se presenta a consideración de esta asamblea.
Pero esa rectoría del Estado, esa capacidad, se demuestra principalmente al realizar cambios de fondo en las estructuras económicas, financieras y comerciales del país. No se trata con esto de desmantelar las entidades paraestatales, se trata en este programa de desincorporación, de desincorporar, de vender, de transferir aquellas entidades que no son prioritarias y, precisamente al desincorporarlas del sector público, esto permite concentrar los recursos, el esfuerzo, la atención administrativa, en aquellas entidades como las de energéticos o como abasto popular que sí son importantes, prioritarias y que son necesarias para conducir los procesos económicos.
Ha sido en esta época de crisis donde se ha demostrado de una manera clara esta capacidad rectora del Estado. El año pasado aprobamos una reforma fiscal de gran trascendencia, precisamente para enfrentar la crisis con cambios estructurales, y la reestructuración de la deuda externa se ha hecho con una gran calidad patriótica, no ha habido docilidad y esta tesis la rechazamos de una manera contundente.
Muchos diputados, si no quieren ver esto no lo verán, por más argumentos que esgrimamos en esta tribuna, pero la validez y la eficacia y la defensa de la soberanía en el proceso y en las negociaciones de la deuda externa, no solamente reconocida por los mexicanos, sino también por todos los países latinoamericanos, en estos momentos están negociando y reestructurando su deuda externa.
El patriotismo en estas negociaciones está fuera de discusión, es, fue y seguirá siendo, estamos seguros, la base indeclinable de estas negociaciones.
Compañeras y compañeros diputados: El dictamen de esta comisión, concluye efectivamente, que se ha fortalecido la capacidad de respuesta de la economía, que en 1986 observamos que la producción, el comercio exterior y el sistema financiero, responderá con más rapidez de lo que lo hacia en 1982 o en 1983, mientras que en aquellos años se requirieron tres años para recuperarnos de la crisis de 1981, en 1986 observamos una economía que responde con más rapidez ante los choques externos.
Nos encontramos que ante la caída en los ingresos petroleros, respondieron en contraparte de las exportaciones manufactureras, y observamos en ese año y en gran parte de lo que va en 1987, cifras sin precedente en las exportaciones manufactureras; estamos viendo un sector manufacturero que compite con el exterior, que está exportando con gran dinamismo.
Pero también observamos en 1986 y en gran parte de lo que va de 1987, lo estamos observando, que el sistema financiero respondió generando más ahorro, y se respondió de una manera más rápida que como lo hizo en 1983. Y tenemos también mecanismos para proteger el empleo y la planta productiva a través de la sustitución de importaciones del sector público, a través de la política cambiaria que ha permitido apoyar la sustitución de importaciones, son mecanismos que nos permiten una protección más eficaz sobre él mercado interno,
Tenemos, pues, una economía que enfrentó un choque externo, y este choque externo nos sirve para ilustrar algo, de que la capacidad de respuesta se ha incrementado, y este aumento en la capacidad de respuesta no es algo espontáneo, es resultado de lo que se ha venido haciendo en los cambios estructurales desde 1983 en cuanto a nuestro comercio exterior, en cuanto a la reconversión industrial, la modernización del sector público.
Esto demuestra entonces, que la capacidad rectora del Estado en la economía se ha incrementado y que, por lo tanto, se ha fortalecido la estructura.
Que enfrentamos en este momento graves problemas, no lo desconocemos, pero sí debemos afirmar que la capacidad de respuesta es mayor en la mayoría de los ámbitos económicos y financieros.
Tenemos diferentes concepciones sobre la política, y como decíamos en un principio, estas
diferencias desde luego no las vamos a zanjar en este momento, pero nuestra fracción parlamentaria tiene muy clara su concepción sobre el sistema económico, sobre su proyecto político y sobre la estrategia de política económica.
Nuestra concepción sobre la cual juzgamos precisamente el manejo de la economía, se basa en nuestra idea que está contenida en la Constitución, en nuestro proyecto político. Quizá algunos pugnen por una mayor presencia del Estado y otros por eliminarla casi totalmente. Quizá detrás de esto haya propósitos y objetivos diferentes, pero nuestra concepción está muy clara en cuanto a política económica: defendemos un sistema de economía mixta, con la participación del sector público, del sector social y del sector privado bajo la influencia rectora del Estado, de acuerdo a un sistema de planeación en donde la participación de los diferentes grupos sociales es fundamental.
Esta concepción que es la concepción de la Constitución de México es, ha sido la que ha guiado el manejo económico en los últimos años, años de grandes dificultades, años de grandes problemas, pero creo que nos han demostrado que tenemos los mexicanos una gran capacidad de respuesta, y que tenemos no sólo recursos naturales o infraestructura para hacer frente a la crisis que tenemos un gran pueblo con valores, con tradiciones, con un gran nacionalismo que es quizá el mejor activo que tenemos para enfrentar y superar los problemas; y los priístas estamos convencidos que tenemos un gran Presidente, que enfrenta la adversidad con decisión, con valor y con patriotismo. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Para hechos y hasta por cinco minutos, de conformidad al artículo 102 del Reglamento, tiene la palabra el diputado Roberto Calderón Tinoco, del Partido Demócrata Mexicano.
El C. Roberto Calderón Tinoco: - Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados: Es cierto que fallaron las previsiones económicas y en particular en lo referente al precio del barril del petróleo. Lo que nosotros señalamos en este aspecto y en este caso, es el problema de la dependencia en un solo producto de exportación que el gobierno, como buen previsor, debió corregir desde los momentos en que se manifestaba una baja en la demanda de los hidrocarburos.
Por otra parte, en lo referente a política de gasto y al gasto mismo, que nosotros lo hemos señalado como el principal ingrediente de la inflación y consecuentemente del déficit que viene arrastrando el sector público, no nos hemos quedado en la simple crítica superficial cuando hemos entrado al análisis de las causas del mismo, y cuando nosotros hablamos de la necesidad de la reducción del gasto y de la austeridad que exigen las circunstancias, no estamos señalando, como se nos quiere presentar o como se nos quiere exhibir, que se reduzcan escuelas, centros hospitalarios, o se reduzca el apoyo al abasto popular, eso desde luego que no ha sido mencionado, aunque no estaría por demás, en el caso del sector educativo, realizar una revisión a las nóminas, para saber si efectivamente los integrantes de la misma están dedicados al ejercicio de la educación.
Por otra parte, nosotros sabemos que se viene soportando el peso de una fuerte, excesiva carga burocrática que gravita sobre el pueblo de México quien es el que la sostiene, y que no se manifiestan deseos por parte del sistema para disminuirla por los fuertes compromisos de tipo político que conllevan.
También nosotros consideramos que otros de los elementos que ha estado afectando en este fuerte gasto que soporta el pueblo de México, es, desde luego, el servicio de la deuda que, como manifestamos, no se han dado los pasos adecuados para que la deuda, lo que pagamos por concepto de interés de la deuda no deje, no se lleve la mayor parte del presupuesto, como quedo demostrado en los proyectos que nos han presentado, sobre todo en lo referente a 1987, que habremos de ver lo que significa al servicio de la deuda; y en lo que se refiere a la de 1988, donde de antemano sabemos que constituye una parte importante del mismo presupuesto; que la política de subsidios tiene efectos reversibles y que gravitan sobre el mismo presupuesto.
Todo esto, compañeros, nosotros no podemos pasarlo por alto cuando escuchamos que todo es justificado, y que la situación va bien y que se está demostrando la capacidad rectora del gobierno y la capacidad para enfrentar la crisis, cuando nosotros estamos viendo que en la práctica no se ha demostrado esa capacidad de rectoría, y esa capacidad de conducción de una política económica adecuada a las circunstancias y a las necesidades del pueblo de México.
No basta amortiguar los efectos de la crisis con simples analgésicos que no curan ni darán el alivio al enfermo. Nosotros consideramos que hace falta compartir la responsabilidad en la conducción de esta política económica escuchando y atendiendo las demandas y los llamados de los partidos políticos que, quiérase como se quiera, de todas maneras son fuerzas representativas que aglutinan en su seno a ciudadanos mexicanos
víctimas de los errores de una sola concepción qué, aún pensando en los aciertos que tengan, no se pueden considerar como infalibles. Muchas gracias.
El C. Presidente: - De conformidad con el artículo 116, han hecho uso de la palabra los siguientes oradores: Para votos particulares, el diputado Jesús Galván, de Acción Nacional y el diputado Gerardo Unzueta, del Partido Mexicano Socialista; y para fundamentar el dictamen, ha hablado la diputada Blanca Esponda de Torres, del Partido Revolucionario Institucional.
En el debate en lo general, en contra han hecho uso de la palabra el diputado Jorge Amador Amador, del Partido Socialista de los Trabajadores; el diputado Roberto Calderón Tinoco, del Partido Demócrata Mexicano, el diputado Ricardo Pascoe Pierce, del Partido Revolucionario de los Trabajadores; el diputado Reyes Fuentes García, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; el diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, del Partido Acción Nacional; el diputado Jorge Alcocer Villanueva, del Partido Mexicano Socialista; el diputado Héctor Morquecho Rivera, del Partido Popular Socialista.
Y en pro, los diputados: Luis Manuel Orcí Gándara, del Partido Revolucionario Institucional y Sócrates Rizzo García del mismo partido. Por consecuencia, consulte la secretaria si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávalos: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen en lo general.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor presidente.
El C. Presidente: - Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, pregunte la secretaría a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
La misma C. Secretaria: - Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los ciudadanos diputados si van a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
El C. Presidente: - Los artículos reservados en contra son los siguientes, para que vayan tomando nota los que van hablar en pro:
En el 4o., el diputado Alejandro Cañedo; en el 6o., los diputados Jaime Delgado y Genaro José Piñeiro; en el 7o., la diputada Esperanza Morelos Borja; en el 8o., los diputados Sergio Meza y José Luis Sánchez; en el 9o., los diputados Eduardo Turati, Gerardo Unzueta Lorenzana y José Ángel Aguirre; en el 10, los diputados Cristóbal Figueroa Nicola e Hildebrando Gaytán; en el 12, el diputado Héctor Pérez Plazola; en el 14, María del Carmen Jiménez de Ávila; en el 15, María del Carmen Jiménez de Ávila; en el 16, Héctor Pérez Plazola; y en el 17, Genaro José Piñeiro.
Se va a dar lectura a los diputados inscritos en los distintos artículos que mencionaremos en un instante, en contra.
En el artículo 4o. en contra, del Partido Acción Nacional, Alejandro Cañedo; en el artículo 6o., por el Partido Acción Nacional, en contra Jaime Delgado; también en contra en el artículo 6o., por el Partido Socialista de los Trabajadores, Genaro José Piñeiro; en el artículo 7o., en contra, por el Partido Acción Nacional, Esperanza Morelos Borja; en el artículo 8o., por el Partido Acción Nacional, en contra, Sergio Meza; y por el Partido Mexicano Socialista, José Luis Sánchez.
En el artículo 9o., por el Partido Acción Nacional, en contra, Eduardo Turati; por el Partido Mexicano Socialista, también en contra, Gerardo Unzueta; y por el Partido Socialista de los Trabajadores, en contra, José Ángel Aguirre; en el artículo 10, por el Partido Acción Nacional, en contra, Cristóbal Figueroa Nicola; y por el Partido Popular Socialista, en contra, Hildebrando Gaytán.
En el artículo 12, en contra, por el Partido Acción Nacional, Héctor Pérez Plazola; en el artículo 14, en contra, por el Partido Acción Nacional, Carmen Jiménez de Ávila, en el artículo 15, por el Partido Acción Nacional, en contra, Carmen Jiménez de Ávila; en el artículo 16, en contra, por el Partido Acción Nacional, Héctor Pérez Plazola; y en el artículo 17, en contra, por el Partido Socialista de los Trabajadores, Genaro José Piñeiro. Esos son oradores en contra.
En pro: en el artículo 6o., los siguientes compañeros: Jesús Siller, Rosa María Armendáriz, Francisco Gamboa Herrera y Francisco Contreras; en el 7o., Jarmila Olmedo; en el 8o., Blanca Esponda; en el 9o., Bulmaro Pacheco y Miguel Osorio Marbán; en el 10, Darío Maldonado; en el 12, Javier Garduño Pérez; en el 14, Jesús González Gortázar y Rodolfo Menéndez; en el 15, José Eduardo Beltrán; y en el 16, María Emilia Farías; todos ellos del Partido Revolucionario Institucional.
Por consiguiente, proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular
de los artículos no impugnados, en un solo acto. Por favor.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: - Se va a proceder a recoger la votación nominal, en lo general y en lo particular, de los artículos no impugnados, en un solo acto. Se ruega a la Oficialía Mayor, haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señor presidente se emitieron 217 votos en pro y 45 en contra.
El C. Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular, los artículos no impugnados por 217 votos.
Dentro de los oradores que se han registrado para la discusión del dictamen en lo particular, toca el turno en contra, al diputado Alejandro Cañedo, para hablar sobre el artículo 4o. El diputado Alejandro Cañedo del Partido Acción Nacional tiene el uso de la palabra.
El C. Alejandro Cañedo Benítez: - Con su permiso, señor presidente: Realmente me he inscrito para hablar sobre un nuevo artículo 4o. que modificaría la numeración de todos los artículos de este decreto.
El artículo que vamos a proponer, se refiere al ramo XXVIII, que es el ramo que habla sobre las participaciones a los estados y a los municipios. En el presupuesto de 1986, el 27 de diciembre, aprobamos para este ramo un billón 992 mil millones de pesos; era una parte que representaba el 10% del importe total de egresos del Gobierno Federal.
Dos años más tarde, al estar analizando la Cuenta Pública, vemos que en los 19 tomos - y en todos los anexos que explican prolíficamente muchos programas, muchos balances de empresas paraestatales y del sector - , vemos que esos casi dos billones, exclusivamente en la Cuenta Pública aparecen en dos hojitas; dos hojitas que no significan nada, porque es nada más la cantidad que dice: Cuenta Pública, ramo XXVIII, dos billones. Y posteriormente una relación que indica lo que le han dado a cada estado durante el ejercicio de 1986.
Nos fuimos a revisar que leyes había revisado la Contaduría Mayor de Hacienda y nos causó extrañeza que un ramo tan importante, un ramo que en el presupuesto representaba el 10% de todo el egreso, no revisara la Ley de Coordinación Fiscal, ¿por qué la Contaduría no revisa este ramo? Porque además de que es un ramo tan importante, es un ramo que se maneja en la Secretaría de Hacienda de acuerdo al Presupuesto de Egresos , y no se maneja en la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Es el ramo donde el Secretario de Hacienda puede controlar o puede mandar fondos de los estados y de los municipios; a algunos estados les da, a otros les quita, en se tiempo lo manejaba Silva Herzog y ahora lo maneja Petricioli; un ramo que este Cámara no tienen ningún dato, no tiene ninguna información de cómo se manejó.
Sería muy interesante que la comisión nos dijera el porqué ni en la Cuenta Pública hay información; en el informe previo no hay ninguna información; en el dictamen no hablan para nada del ramo XXVIII; los resultados que hemos oído en toda la mañana de la caída de los precios del petróleo, de todos lo los problemas que hay y que hubo en 1986, nos indican que se perdieron muchos ingresos. En la Cuenta Pública, en el dictamen hay un cuadro que dice: "los ingresos ordinarios del sector público fueron 1.5 menores que la estimación oficial; los ingresos propios de organismos y empresas fueron superiores en 5.1 a los que estaban estimados".
Entonces, estamos viendo que lo que se estimó de ingresos no tuvo, en términos del mismo dictamen, la caída, y en cambio en el egreso sí tuvo la caída, y vemos que nosotros aprobamos el 27 de diciembre, y aprobamos con el voto en contra de nosotros desde luego, un presupuesto de un billón 992 y, a pesar de esa aprobación, únicamente se ejercieron un billón 824 mil millones de pesos. Quiere decir que hubo una disminución de 207 mil millones de pesos, y creemos que, si los ingresos no tuvieron una variación importante en los resultados finales, creemos que sería muy interesante que la comisión, la Contaduría, o quien corresponde que es esta Cámara, nos indicara claramente ¿por qué a los estados y municipios hubo esta disminución?
La respuesta que nos pueden decir es la caída de los precios del petróleo definitivamente, pero para eso hubo un período extraordinario en abril, donde se cambiaron varias leyes y se modificaron tarifas, se ampliaron los plazos, para proteger al Gobierno Federal de que no tuviera una repercusión; esa medida que aprobamos en abril dio como resultado que los ingresos presupuestados fueran 1.5 menor que la estimación y, además, con esos cambios de tarifas del sector paraestatal, los aumentos de las gasolinas, los aumentos del servicio de la luz, todos los aumentos, generaron un ingreso mayor en 5.1 de lo que habían estimado.
Entonces, si por un lado vemos que lo estimado subió, no entendemos por qué lo que les tocaba a los estados y municipios tuvo una deducción de 207 mil millones de pesos, y la respuesta es muy clara: el Gobierno Federal, con las modificaciones de abril se protegió pero no protegió a los estados y municipios, y estamos viendo cómo la Ley de Coordinación Fiscal de 1986 que se pudo haber modificado para solucionar el problema de la captación, del problema petrolero, se protegió la Federación y no protegió a los estados y municipios.
Ya para 1987 hubo algunos cambios importantes en la legislación de la Ley de Coordinación Fiscal, esos cambios importantes han fracasado, por que ahora nuevamente en la Miscelánea Fiscal vienen nuevos cambios y retrocesos para volver a captar más ingresos para los estados y municipios.
¿Por qué el Ejecutivo, en abril, no previó proteger a los estados y municipios, día a día tienen menos ingresos? ¿Por qué los estados y municipios día a día tienen más abandono?
Y ya para finalizar, quisiera decirles que tenemos que poner en el dictamen que se va a discutir un artículo 4o. que diga claramente: "No se revisó el ramo XXVIII de participaciones, estados y municipios, ni la Ley de Coordinación Fiscal, que representa un 6.5 en total de egresos del Gobierno Federal".
Y significa que si en los demás puntos de acuerdo del dictamen donde habla que se revisó y que todo está muy bien, vale la pena poner un artículo 4o. que indique claramente que una partida tan importante como es la partida de los estados y municipios no se revisó; que la Ley de Coordinación Fiscal, que es la que distribuye los ingresos a los estados y municipios, no se revisó; de ese modo estaremos dando cuenta, y que todos los estados y municipios sepan que está cámara de Diputado, diputados que provienen de todos los estados, no revisamos esa ley, que no revisamos, ni nos interesa que disminuyan sus ingresos, que el Gobierno Federal en abril pudo proteger esos ingresos.
Y para finalizar, seria muy interesante que en la página 225, donde indican participaciones, estados y municipios, como es la ley, aparece una partida importante dedicada al Distrito Federal; ya sabemos que el Distrito Federal en los programas de desarrollo regional se lleva la partida más fuerte. Y el ramo XXVIII que es de participaciones, estados y municipios aparece el Distrito Federal con una partida de 339 mil millones de pesos.
Y falta una cosa, esto es lo que dicen los estados y municipios, que el Gobierno Federal, a través de Hacienda les mandó; falta hacer un estudio que nos diga, con las cuentas públicas de los estados, que nos diga si estas cantidades que están aquí fueron las mismas que recibieron los estados y municipios.
¿Quién revisa eso? Si no es esta Cámara la que debe de revisar en qué se va el ramo XXVIII; si esta Cámara no revisa la Ley de Coordinación Fiscal, ¿quién lo va a hacer? Por eso, para que quede claro, vamos a dejar a la secretaría la proposición de un nuevo artículo 4o.
El artículo 4o., como ya indicaba, debe decir: "No se revisó el ramo XXVIII de participaciones, estados y municipios, ni la Ley de Coordinación Fiscal, que representó un 6.5 del total de egresos del Gobierno Federal".
Dejo en la secretaría la proposición de un nuevo artículo 4o.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra, por la comisión, el compañero diputado Jorge Flores Solano.
El C. Jorge Flores Solano: - Con su venia, señor presidente; compañeros diputados: Vengo a esta tribuna a pedir que no se acepte la propuesta del diputado Cañedo, por improcedente.
En estas sesiones que hemos tenido, y que dio cuenta en la mañana el diputado Sócrates Rizzo, tuvimos con funcionarios de la Secretaría de Hacienda las reuniones correspondientes a ingresos y en donde nos dieron información, de un manera muy clara, del problema de participaciones.
Por otra parte, se nos olvida que el mecanismo que nosotros tenemos en el análisis de Cuenta Pública, se analiza justamente en el capítulo de gasto, en el gasto no programable, en donde aparece, junto con las participaciones, los estímulos fiscales y los intereses, que son los gastos no programables.
Por otro lado, el artículo 5o. menciona con precisión que se analizaron los ingresos y gastos, así como los resultados presupuestales, etcétera, en este capítulo de gastos que, he dicho, está comprendido en la parte de participaciones.
Por otra parte, rechazo las impugnaciones de que sólo la Federación se protegió y no protegió a los estados en los recursos por participaciones, por que la mecánica que los estados han aprobado y que la Federación ha llevado a cabo en su mecanismo, es una mecánica que está sujeta a la
convención de todas las entidades, en donde se celebran acuerdos por iguales con la federación, el sistema de participaciones justamente ha sido transformado...
El C. Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): - Perdóneme, de esa última frase, ¿debo entender que si los estados por mayoría no la aceptan, no se acepta?
El C. Jorge Flores Solano: - Mire usted, todas las propuestas de modificación a la Ley de Coordinación son concertadas previamente con los estados, y si los estados no la aceptan, no se aceptan.
El C. Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): - ¿Por unanimidad?
El C. Jorge Flores Solano: - Por unanimidad, sí señor.
El C. Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): - ¿Y en qué queda la autonomía de cada estado, señor diputado?
El C. Jorge Flores Solano: - En la forma de celebrar los convenios, porque cada uno de ellos, en su autonomía, ha convenido con la Federación individualmente, en trato entre iguales, esos convenios de coordinación, señor.
El C. Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): - Se viola la autonomía.
El C. Jorge Flores Solano: - Según usted, para mí, se ejerce la soberanía al convenir, como la ejerce nuestra nación, al convenir con otras naciones.
Por otra parte, en el decreto que estamos comentando y en la parte de recomendaciones, precisamente se señala la necesidad de ampliar la información sobre participaciones a estados y municipios, por lo cual no es procedente que se incluya un artículo dentro de lo que estamos en este momento discutiendo. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Para hechos y hasta por cinco minutos, de acuerdo con el artículo 102, el diputado Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Señor presidente; señoras y señores diputados; Verdaderamente estoy pasmado de la respuesta que ha dado el señor diputado, pero más todavía que le hayan aplaudido; yo no sé si los señores diputados aplaudieron el alcance de la respuesta del señor diputado.
Dice que; "en mi opinión, se viola la autonomía de los estados", como diciendo - es su apreciación subjetiva - , no señor, léase el artículo 40 constitucional, los estados son libres y soberanos en su régimen interno, los convenios de coordinación fiscal, señor diputado, los celebran los estados libremente en uso de la autonomía que les confiere el artículo 40. Entonces, yo le pregunto, le digo, ¿quiere decir que por mayoría?, dice: "no, por consenso"...
El C. Jorge Flores Solano (desde su curul): - A lo que me referí, era a los acuerdos que se toman en las asambleas de los comisionados fiscales.
El C. Juan de Dios Castro: - Sí, le entendí su respuesta; "previos", dijo usted, fíjese lo que dijo más grave todavía, se ahorcó solito, señor diputado y le voy a explicar por qué: Me dice "en los acuerdos previos de concertación", que es lo que me está aclarando él ahorita; con un estado que no estuviera de acuerdo, ya no se realiza ninguna concertación.
Quiero decir, señoras y señores diputados, que los 30 estados restantes de la 31 entidades federativas, con uno sólo, en una simple junta y acuerdo de concertación que no esté de acuerdo, deja sin electo el convenio de coordinación fiscal; es la confesión expresa de la violación a la autonomía de los estados.
Fuerte, señores diputados, porque así fue de fuerte el aplauso que le dieron al señor diputado. (Aplausos.)
El C. Presidente: - En uso de la palabra el diputado Alejandro Cañedo Benítez, del Partido Acción Nacional.
El C. Alejandro Cañedo Benítez: - El diputado Flores Solano no aclaró por qué esta Cámara no revisó el ramo XXVIII. Tampoco aclaró por qué esta Cámara no revisa la Ley de Coordinación Fiscal, y también no aclaró por qué la Federación no protegió a los estados y municipios, sabiendo que el modo de calcular sus participaciones estaban ligadas al petróleo.
Nos han dicho que desde noviembre de 1985 o diciembre de 1985, y lo dijo aquí Pedro Aspe, sabían del problema petrolero, es más, el Presidente De la Madrid, cuando habló al pueblo de México por la televisión el 21 de febrero, habló del problema del petróleo, habló de la caída del petróleo, y en abril, nosotros pudimos haber modificado la Ley de Coordinación Fiscal para proteger a los estados y a los municipios.
¿Por qué el Gobierno Federal no protegió a los estados y municipios? Esta pregunta queda en el aire. ¿Por qué el Gobierno Federal modificó los plazos para recaudar más de 500 millones de pesos reduciendo los plazos? Creemos que ésas son las respuestas que deben dar a esta Cámara Federal, y las respuestas que le deben dar a los ayuntamientos de toda la República y a los estados que siguen sufriendo por esta injusta distribución de los impuestos. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Para hechos y hasta por cinco minutos, de acuerdo con el 102 del reglamento, se le concede el uso de la palabra al diputado Héctor Pérez Plazola, de Acción Nacional.
El C. Héctor Pérez Plazola: - Señor presidente, señoras y señores diputados Yo creo que, efectivamente la afirmación que se ha hecho aquí por el diputado Solano, es algo que debería inclusive de borrarse de la historia de esta sesión, porque creo que muchos de ustedes han sido diputados locales y saben perfectamente que cada acuerdo o convenio de coordinación, se celebra individualmente por cada estado con la Federación, aprobado por su propio Congreso del estado.
Entonces, esto no es cosa de juntarse un día a pláticas sobre coordinación fiscal y ahí determinar cuál va a ser la tónica general que se va a seguir en este tipo de convenios; éste es un acuerdo individual que, inclusive, debe ser sancionado por el Congreso del estado.
Y entonces, como una reafirmación de que hace dos años hablamos precisamente de esto mismo, insistiendo en que se clarificara la información de cómo se iba a aplicar la participación a los estados y municipios, se dijo que era una situación muy complicada, que dependía de una serie de cálculos, y hoy vienen a ratificar que sigue en la oscuridad y en la ignorancia de todo mundo, como se está manejando esto, puesto que en el artículo 17 que incluye las recomendaciones generales de este dictamen, entre ellas la fracción VII, vuelve a aceptar que es necesario tener esa información y que no la han tenido en todo el tiempo, porque habla de incorporar la información adicional a la proporcionada en el sector desarrollo regional que ayude a analizar de manera integral la incidencia que en las entidades federativas tiene el ejercicio del gasto de la administración pública federal.
Por eso consideramos que es indispensable se sustituya el artículo 4o. de este dictamen, para que se incluya la redacción propuesta por nuestro compañero diputado Alejandro Cañedo. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jorge Flores Solano, del Partido Revolucionario Institucional.
El C. Jorge Flores Solano: - Con su venia, señor presidente; compañeros: Quisiera, en primer lugar, referirme a las aclaraciones necesarias en relación con la protección de los estados que hace la Federación en su distribución de participaciones.
Efectivamente, en el año de 1986, por la caída de los precios del petróleo sufrían merma los recursos de la Federación y en consecuencia de los ingresos participables; también sufrieron merma y en la misma proporción quedaron afectados los estados.
Las modificaciones que se hicieron en abril, que tuvieron como consecuencia evitar los problemas que la inflación generaba sobre la forma en que se recaudan los impuestos, también beneficiaron a los estados, porque están contenidos en la misma fórmula de reparto de participaciones de los ingresos asignables.
En consecuencia, las modificaciones que se han hecho para 1987, que ustedes conocieron, fueron para evitar que los municipios y los estados tuvieran repercusiones por estos altibajos que tiene este producto. Por otra parte, quisiera yo señalar que es muy difícil manejar las palabras en esta tribuna, y confundirse, resulta para algunos muy fácil.
El C. Presidente: - ¿Acepta, señor diputado, una interpelación?
El C. Jorge Flores Solano: - En cuanto termine.
El C. Presidente: - Hasta que termine diputado.
El C. Jorge Flores Solano: - En cuanto a lo que mencione de ejercicio de soberanía, ésta - quiero distinguir y precisarlo - que se refiere a la firma de convenios de coordinación en perseveración y estados que hacen precisamente en ejercicio de soberanía individual las entidades, ellos han convenido - los estados, para modificar la Ley de Coordinación - , han convenido elevar a esta soberanía, en consenso, las modificaciones a la Ley de Coordinación - , han convenido elevar a esta soberanía, en consenso, las modificaciones a la Ley de Coordinación. Eso fue lo que mencioné con otras palabras. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Para hechos, el diputado Alejandro Cañedo Benítez, de Acción Nacional.
El C. Alejandro Cañedo Benítez: - Señor presidente; señores diputados: En virtud de que no ha sido contestada, vamos a insistir en el que se
acepte este párrafo, qué mejor que la Cámara reconozca que no se revisó el ramo XXVIII, no va a pasar nada. En el dictamen vamos a decir: "no se revisó el ramo XXVIII"; si no se revisó, que se ponga que no se revisó y, ¿que no se revisó la Ley de Coordinación Fiscal?, pues no se revisó, pues que se ponga que no se revisó. Creo que esta Cámara quedará mejor aceptando en un dictamen que no hizo un trabajo que le correspondía hacer.
Creo que insistimos que este artículo, en virtud de que los miembros de la comisión no han contestado, no hay ningún papel que pueda decir que sí revisaron, pues vamos a decir que no se revisó. Esa sería la proposición concreta.
El C. Presidente: - Por la comisión, Jorge Flores Solano, del Partido Revolucionario Institucional, tiene usted la palabra.
El C. Jorge Flores Solano: - Señor presidente: Lamento que el diputado Cañedo no haya podido oír por altivoces, que yo mencioné que desechaba su propuesta porque en el proyecto de decreto, y leí, artículo 5o., se analizaron los ingresos y los gastos; previamente había yo dicho que en el capítulo de gastos, que está en la página 85, se menciona que en el gasto no programable están las participaciones, también mencioné, y eso está en la hoja 302, que hay una recomendación para ampliar la información sobre participaciones a estados y municipios que hace la comisión y que hemos manejado en este dictamen. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Por consiguiente, consulte la secretaría a la asamblea, si acepta la proposición del diputado Alejandro Cañedo al artículo 4o. y no aceptada por la comisión.
La C. secretaría Yrene Ramos Dávila: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si se acepta la propuesta hecha por el diputado Cañedo y no aceptada por la comisión.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación.)
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...No se acepta, señor presidente.
El C. Presidente: - Consulte por consiguiente a la asamblea, si el artículo 4o. se encuentra suficientemente discutido.
La misma C. Secretaria: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si el artículo 4o. está suficientemente discutido. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación.)
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor presidente.
El C. Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea, si nos autoriza a que se reserve para su votación nominal en un solo acto, al final de la discusión.
La misma C. Secretaria: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si autoriza que se reserve la votación nominal en un solo acto, al final de la discusión.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación.)
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se autoriza, señor presidente.
El C. Presidente: - Queda reservado para su votación nominal en conjunto. Esta presidencia quiere hacer una proposición a esta distinguida asamblea: Como en varios artículos se encuentran varios oradores inscritos en contra, esta presidencia solicita de ustedes si se autoriza a que estos oradores en un solo acto expongan, los de en contra, su posición y, desde luego, en pro, conteste uno de los compañeros que defenderían el dictamen. De esta manera nos agilizaría de una gran manera el debate.
Consulte la secretaría si acepta la asamblea la proposición hecha por la presidencia.
La C. Secretaria Yrene Ramos Dávila: - por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, si autoriza la proposición hecha. Los que estén por la afirmativa sírvase manifestarlo...autorizada, señor presidente.
El C. Presidente: - Correcto, por consiguiente entra en discusión el artículo 6o. y se han inscrito para ello, del Partido Acción Nacional, en contra, el diputado Jaime Delgado Herrera, a quien se le suplica tenga la amabilidad de subir a la tribuna.
El C. Jaime Delgado Herrera: - Con su permiso, señor Presidente, ciudadanos diputados: Entre los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 1983 - 1988, quedó planteada la necesidad de establecer la bases para lograr un crecimiento más equilibrado, más justo, orientando la satisfacción de las necesidades sociales; teniendo como requisito la formulación de políticas sectoriales, y simultáneamente enfrentar a los problemas urgentes de la inflación, desequilibrio interno, desempleo, así como los problemas fundamentales de insuficiencia y baja productividad; insuficiencia del ahorro interno, escasez de divisas, desigualdad social entre personas y regiones.
Se planteó también la necesidad de mejorar el ingresó de la población rural, además de proveer los recursos para reforzar la capacidad interna del ahorro, teniendo además un efecto multiplicador sobre otros sectores económicos al ampliarse la demanda de bienes y servicios.
Asimismo, se abriría la posibilidad a la generación permanente de empleos para coadyuvar a disminuir las desigualdades económicas y sociales , y para aminorar la migración rural urbana al mismo tiempo, contribuyendo de esta manera a mitigar la presión sobre las ciudades, y a la descentralización de la vida nacional; el incremento de la producción agropecuaria, forestal y pesquera, que no sólo coadyuvaría a reducir las presiones inflacionarias y a elevar la oferta de alimentos permitiendo aumentar las exportaciones y sustituir las importaciones, reduciendo la presión por divisas; pero la pregunta es: ¿Qué ha sucedido en estos cinco años del sexenio en el sector rural?
De 1983 a 1986, hemos importado 28.5 millones de toneladas de granos alimenticios y oleaginosas; 10 mil 400 toneladas de leche en polvo, y no se sabe a ciencia cierta cuántas toneladas importamos de carne de bovinos u ovicaprinos, vísceras, etcétera.
En 1986, la producción de granos descendió a 24.6 millones de toneladas, inferior al 8.7 al de 1985; los granos básicos disminuyeron 18.1 millones de toneladas, 8.8 inferior al de 1985, por lo mismo, hubo necesidad de importar 10.5 millones de toneladas de estos productos.
La producción pecuaria en 1986, alcanzó la cifra de 2.9 millones de toneladas de carne, ligeramente inferior a la de 1985; la producción de leche alcanzó la cifra de 6.5 millones de litros, volumen 8.7 menor al de 1985, evidenciando que la producción lechera del país va en descenso, por lo que se ha recurrido a la importación de leche en polvo para satisfacer la demanda interna de estos productos.
Si nosotros vemos en los anexos estadísticos del informe presidencial de 1985 - 1986, y en el actual, vemos nosotros que la producción de granos y oleaginosas ha permanecido sensiblemente igual, aunque hubo un repunte en 1985.
La de carne ha permanecido sensiblemente igual, a 3 millones de toneladas; la de leche ha descendido a 6.5 millones de litros, que es agravante y que es peligroso; la producción de huevo se ha mantenido ligeramente superior, y el pescado tuvo un incremento, en comparación de 1984, 1985 y 1986, de 100 mil toneladas.
En lo referente a alimentación, los propósitos originales del plan de desarrollo tuvieron por objetivos generales, procurar la soberanía alimentaria y alcanzar las condiciones de alimentación y nutrición que permitieran el pleno desarrollo de las capacidades y potencialidades de cada ciudadano; la alimentación y la salud son complementarias, pues sin una alimentación apropiada no puede haber salud y no puede haber progreso.
Hoy, resulta evidente que las posibilidades de alcanzar la soberanía alimentaria se han vuelto inalcanzables, tanto más que, en lo que va de este sexenio, la población de nuestro país se ha incrementado en 8 millones de nuevos ciudadanos, de tal manera que hoy en día somos 81.7 millones de habitantes, y es evidente que la calidad de la vida se ha deteriorado a tal grado, que el pueblo consume cada vez menos alimentos en cuanto a volumen y calidad de los mismos.
Si nosotros vemos en el V Informe, pudiera parecer que tenemos excedentes de muchos productos, de los cuales exportamos como son: café, azúcar, ganado, hortalizas, etcétera; pero no es así, pues bien, pudieran ser excedentes aparentes debido a que el consumo interno de los mismos se ha contraído debido a la baja del poder adquisitivo del pueblo, o bien a la falta de políticas apropiadas que se han aplicado a este sector.
Durante el año de 1986, se le asignó a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos un presupuesto de un mil 084 billones de pesos, 60% superior al asignado en 1985; sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, no fue posible disminuir la insuficiencia alimentaria, ni disminuir las desigualdades económicas y sociales; tampoco la descentralización de la vida nacional, tal como lo enuncia el Plan Nacional de Desarrollo.
Para los que amamos verdaderamente la tierra, nos duele esta situación y nos negamos a aceptarla como algo irremediable. Es necesario, pues, volver los ojos al campo y hacer los ajustes económicos y políticos apropiados que conduzcan a la producción, a la productividad; que solución verdaderamente el atraso social y cultural del hombre y el campo, en tal forma, que éste sea un sólido pilar de la economía en la generación de empleos y de industrias derivadas de este sector.
Por lo tanto, debemos nosotros olvidar que la principal causa que fue motivo del movimiento revolucionario de 1910, fue el anhelo de los hombres del campo de poseer un pedazo de tierra como suyo, de librarse de la miseria y de la opresión que por muchos años venían padeciendo, y este anhelo fue el que quedó plasmado en el Plan de Ayala, que en uno de sus párrafos dice y es conveniente recordar:
"Que en virtud que la inmensa mayoría de los mexicanos no son más dueños del terreno que pisan, sufriendo los horrores de la miseria, sin poder mejorar en nada su situación y condición social y poder dedicarse a la industria y a la agricultura, por estar ésta monopolizada en unas cuantas manos, las tierras, montes y aguas, por esa causa se expropian, previa indemnización; la tercera parte de esos monopolios, a los ciudadanos de México, para que obtengan ejidos, colonias, fundos legales, para que pueblos posean campos de sembradura o de labor y se mejore en todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar de todos los mexicanos".
Pero si nosotros pudiéramos pensar que ¿después de todo esto qué ha venido?, porque después de muchas traiciones, Emiliano Zapata ya no cabalga más los llanos de Villa de Ayala; hace muchos años que Emiliano Zapata cruzó la frontera como indocumentado.
Por ese motivo, nosotros nos oponemos, estamos contra el capítulo VI del dictamen. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Genaro José Piñeiro López, del Partido Socialista de los Trabajadores, en contra.
El C. Genaro José Piñeiro López: - Compañeras y compañeros: Cuando el compañero Jorge Amador hizo uso de la palabra para presentar nuestro voto en contra en lo general, señalaba como una de las cuestiones de fondo, la preocupación que al revisar el presupuesto ejercido en 1986, se observan una política que condujo al gobierno a hacer permanentes recortes de gasto no programable, y que estas partidas recortadas para complementar el capítulo de gasto no programable, eran transferidas de un presupuesto de capítulos importantes del gasto y entre ellos, como paradoja, era en el sector de desarrollo rural donde fundamentalmente se sustraían estas partidas y se evitaba el cumplimiento y la conquista de las metas programadas.
Decía textualmente, y pedía una explicación, que al recibir la respuesta del diputado Orcí no escuchásemos, de cómo explicar precisamente que se tuviera que recortar el presupuesto en los programas fundamentales como el del desarrollo rural, justificando el golpe petrolero y resolviendo en forma sencilla, por la necesidad de satisfacer un gasto no programable, pero al tiempo no explicable ni detallado.
Sin duda alguna, 1986 tuvo un presupuesto que se ejerció con la presión que significaron los sismos de 1985, y más fuertemente con el desplome de los precios petroleros; eso no ha sido ignorado, pero 1986 fue un año en que hubo de importarse granos básicos, fue un año en que se manejaban y se festinaba el desarrollo en materia hidráulica de una cobertura o una capacidad de almacenamiento de agua para 6 millones de hectáreas, festejándose, cuando nosotros en tribuna y otra organizaciones señalaron que no llegaba a los 5 millones de dichas hectáreas.
Pero ése no era el problema, el problema real es que la capacidad de agua pluvial que existe en nuestro país, si fuese debidamente almacenada, si fuese debidamente controlada, hubiera permitido la irrigación de 12 millones de hectáreas; lo que significó el ejercicio de 1986 en esta materia, fue sin duda alguna la negativa total de realización de obras de gran magnitud y aun las de mediano alcance. Esto produjo una carencia de granos cuyo cultivo requería de grandes capacidades de metros cúbicos.
Ciertamente, en esta materia del desarrollo rural pesó mucho el olor a populismo, puso en defensiva al Estado y no se atrevió a repartir los créditos, se negaron aun estos, y no hubo ese desarrollo ni esa capacidad de entrega que la demanda de los trabajadores del campo había señalado.
Se señala como uno de los rubros en el subsector de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, la construcción y el mantenimiento de la obra hidráulica; se dice en el texto del dictamen que se desarrollaron y culminaron diversas presas, fundamentalmente en el estado de Sinaloa, Guerrero y Oaxaca.
En el caso de Sinaloa concretamente, se culminaron etapas de la construcción de las obras señaladas en el dictamen, pero ciertamente, en Elota Piaxtla, al culminarse una penúltima de la construcción total de la obra, fue suspendida y se dio por terminada con la cobertura de las hectáreas de riego que señalaban, sin permitirse la continuación de la última etapa, reduciéndose sustancialmente las horas - jornada, provocando con ello un desempleo y, esto curiosamente, en el tono en que viene redactado este dictamen, queda previsto para quienes detalladamente hemos leído en este capítulo.
¿Cómo es posible que en todos y cada uno de los renglones, se manejen en referencia las estadísticas y los porcentajes en relación a 1985?, y cuando en este sector se toca el mantenimiento del empleo, no se maneja ninguna referencia y ninguna estadística de 1985; se dice victoriosamente en el dictamen que se sostuvieron 9 mil 700 empleos, cuando en 1985 había una cantidad
superior, y no se atreve a decir que fueron casi 17 mil trabajadores que estaban destinados a obras, o que tenían jornales en las obras de infraestructura hidráulica, que quedaron desempleados o que tuvieron que destinarse a ser jornaleros o peones agrícolas, y esto nada más en la fundamental obra hidráulica del noroeste, en lo que es el famoso Plan Plhino.
Ahí quedó incluso un programa, el programa Plhino, el Plan Hidráulico del Noroeste; se dice que la regularización de la tenencia de la tierra y el reparto agrario logró el alcance de ejecución de 347 resoluciones presidenciales, ¿ciertamente éstas se ejecutaron? Yo no me atrevo a decir si fueron suficientes en relación al número de resolución presidenciales que todavía andan flotando en los pisos de la Reforma Agraria.
Yo no me atrevo a decir, y como muestra basta un botón, el caso del predio Saratoga, al margen derecho del Río Sinaloa, a donde más de 9 mil hectáreas, desde hace dos años, habiendo sido liquidadas o indemnizadas a sus dueños, no han sido entregadas a los campesinos capacitados y que cuentan con resoluciones presidenciales y siguen indebidamente en manos de quienes ya recibieron la indemnización, o en algunos funcionarios menores deshonestos de la SARH.
Creemos que en este renglón, el marco de las exigencias desde el punto de vista de la alimentación de nuestro pueblo, sí se reconoce autocríticamente en el dictamen que fue insuficiente, pero cómodamente quiere hacérsele responsable a la naturaleza de todas las fallas, errores y deficiencias en este sector; cómodamente se dice que la sequía, se dice que las fallas climatológicas, y ahí entre renglones aparece el ajuste de los precios de garantía para justificar un incumplimiento en las metas de productividad.
¿Cómo es posible que en este importante sector se haya ejercido tan sólo el 8.2% del gasto presupuestable? ¿Cómo es posible que la soberanía nacional, fincada en el principio alimentario, tenga destinado a su renglón un 82.2%? Esto debe ser tomado en cuenta, porque, lo hemos señalado, si la crisis o los alcances de la crisis en 1986 presagiaron una agudización de la misma, en 1987 esta misma, como efecto de la aplicación de la política económica actual nos presagia, de seguir reeligiéndose y aplicándose en años venideros, un caos y una claudicación total en la defensa de principios tan importantes como la soberanía alimentaria, sustento de la soberanía popular.
Los granos básicos, lo señala el dictamen, repetimos, disminuyeron en un 20.9 en relación, perdón, se redujeron a 18.6 millones de toneladas en relación a las 20.9 millones de toneladas de 1985; una reducción en productos básicos de esa magnitud, entendiendo el aumento demográfico y la demanda de los mismos, implica, aún con las justificantes, una seria falla en la política de implementación de programas de desarrollo rural. Y, ¿cuál es esta falla fundamental, compañeros?, la falla fundamental es la negativa total a desarrollar obras de infraestructura que permitan aumentar la cantidad de tierras de riego que garantizan, o por lo menos dan mayor seguridad frente a las inclemencias o a las fallas naturales.
Si nuestro pueblo, si nuestro México contase con más obras hidráulicas, con más presas que puedan almacenar la inmensidad de capacidad pluvial que tiene este país, estaríamos, repito, garantizando la siembra de granos frente al problema temporalero en 12 millones de hectáreas, y esto implicaría un aumento no menor del 62% de granos en la producción agrícola.
Se han suspendido las obras, se ha anunciado la suspensión de las obras, no se han hecho obras, a lo más que se llegó en 1986 y en 1987 fue a sostener el mantenimiento de las obras hidráulicas y al desarrollo de algunas áreas de riego, pero las obras en sí fueron suspendidas.
Y mientras esta política de no invertir en el agro para garantizar la soberanía alimentaria persista, estaremos enfrentándonos ante la necesidad de importar más grano y a muchísimo mayor precio para alimentar a nuestro pueblo.
En conclusión, compañeros, el artículo 6o. parece que no nos dice nada, o nos dice mañosamente que no hay que decir nada de este sector; textualmente el artículo 6o. dice: "La evaluación del ejercicio presupuestal en el sector desarrollo rural comprendió lo realizado en materia de producción y productividad del sector, construcción y mantenimiento de la infraestructura, autosuficiencia alimentaria, generación del empleo, asistencia técnica y tenencia de la tierra, y reparto agrario".
Construcción y mantenimiento de la infraestructura: en construcción, nosotros decimos, ¿cuáles?, ¿cuáles construcciones? ¿Díganos cuáles construcciones? En mantenimiento, pudiéramos decir a medias; ¿autosuficiencia alimentaria? ¿Cuando hubo que importarse granos básicos? Generación de empleos, ¿cuando aumentó el porcentaje de desempleados y subempleados?, ¿cuando se presume en el dictamen que se generaron 9 mil 700 empleos de no sé cuantos millones de jornales, y cuando en la realidad se disminuyeron en no sé cuantos millones de jornales y en por lo
menos 12 mil empleos se perdieron? Esto es alabar esta política en el sector, este ejercicio presupuestal.
Ya me imagino cuál va a ser el resultado, cuando diputados conscientes y vinculados, en la próxima legislatura, en el mes de diciembre, ya en 1988 a finales, tengan que resolver o discutir el ejercicio de este año. Desde ahora y posiblemente en enero con toda seguridad, tendremos la obligación nosotros que en los marcos del calor de la campaña político - electoral, denunciar esta política económica. No más reelección de la política económica, porque esto está llevando a la entrega del país.
Se dice de la asistencia técnica; respetamos y queremos hacerlo aquí, ciertamente la mayoría del beneficio, del reconocimiento que se le puede hacer en esta materia, fue el de haber sostenido la planta de técnicos; fue haber sostenido el mantenimiento de limpieza de canales; fue la realización de algunos pequeños pozos en ocasiones hasta artesanales; fue el poder reconocer aquí el esfuerzo de empleados que de la SARH y de Reforma Agraria han demostrado allá en el terreno, allá en los ejidos, allá en las comunidades.
Ante esto, nosotros queremos proponer a esta soberanía que este punto, este artículo sea cambiada su redacción y, en su lugar, proponemos una nueva redacción para que sea sometida a la consideración de la asamblea.
"Propuesta de redacción del artículo 6o.:
Artículo 6o. La evaluación del ejercicio presupuestal en el sector desarrollo rural, comprendió lo realizado en materia de producción y productividad en el sector. En la misma se observa que el presupuesto en este sector fue afectado por recortarse en sus partidas, transfiriéndose éstas al capítulo del gasto no programable, produciendo incumplimiento a las metas fijadas en construcción y mantenimiento de la infraestructura, autosuficiencia alimentaria, generación de empleo, asistencia técnica, tenencia de la tierra y reparto agrario".
Dejo en manos de la secretaría para que, en su momento, sea sometido a la consideración de la asamblea. Gracias, señor presidente.
El C. Presidente: - En uso de la palabra la diputada Rosa María Armendáriz, por la comisión, del Partido Revolucionario Institucional.
La C. Rosa María Armendáriz Muñoz: - Con su autorización, señor presidente: Hemos escuchado los planteamientos que han hecho los diputados federales de los otros partidos con suma atención y queremos hacer mención de los señalamientos que hacían.
De esto, resaltamos que una de las prioridades de la actual administración es la de dar el apoyo y el impulso necesario al campo; en materia de desarrollo rural, se apoya la ejecución de programas nacionales de desarrollo rural integral.
¿Qué significa cuando hablamos de reforma agraria integral? Estamos hablando no solamente de la entrega física de la tierra, sino estamos hablando del complemento de asistencia técnica, reparto equitativo de agua, una infinidad de tareas que vienen a complementar el ciclo completo de la empresa y de la producción del campo.
Asimismo, se han generado empleos en el campo, se ha elevado el ingreso de los productores y en general el mejoramiento de las condiciones de vida en el medio rural. No desconocemos que la inflación repercute en todas las áreas de la vida nacional; somos conscientes y responsables de la situación que estamos viviendo en el país, pero queremos hacer hincapié que respecto a los recortes que se hicieron en 1986, del total del recorte del presupuesto, que fueron 500 mil millones de pesos, queremos resaltar que el aspecto agropecuario, el aspecto rural, fue al que menos se le hizo recortes, ya que significó de los 500 mil millones, 1 mil 443 millones, que esto viene a representar menos del 1% de los 500 mil; en cambio, el sector energético industrial, el recorte que tuvo fue de 392 mil millones, esto viene a representar casi el 80%. ¿Qué queremos decir con esto? Que verdaderamente la actual administración del licenciado Miguel de la Madrid sobre todo, es la de ver beneficio para ver y cuidar la alimentación de todos los mexicanos, elevar el nivel de vida.
Respecto a las importaciones que nos decía el diputado Piñeiro, respecto a la importación de granos, se disminuyeron el 50% de 1985 a 1986; asimismo, disminuyeron el 80% de 1983 a 1986. De 1982 a 1986, aumentaron varios rubros de la producción en el campo: el azúcar aumentó el 46%; el maíz aumentó el 56%; el trigo 23%; el huevo 16%; la producción de las aves el 12%; la miel que se exporta tiene una gran demanda y aumentó considerablemente.
Queremos resaltar también que en la producción económica del país, el que más creció fue la agricultura respecto a las otras actividades productivas del país.
Cuando se hable de la inseguridad, o de qué es lo que está pasando en el campo, queremos hacer resaltar
que las actividades de la Secretaría de la Reforma Agraria en 1986 se orientaron a continuar con el reparto agrario, la regularización de la tenencia de la tierra, y la organización y capacitación agraria; son actividades medulares que se hacen en reforma agraria. De esta forma, en el año que se informa se publicaron 397 resoluciones presidenciales, amparando a más de 1 millón de hectáreas y se ejecutaron otras 350 hectáreas, cubriendo casi 1.6 millones de hectáreas, actividades que, en su conjunto, beneficiaron a más de 74 mil familias.
Además, se regularizaron los derechos de más de 281 mil ejidatarios y 19 mil comuneros, con la entrega de los certificados respectivos; se apoyó el fortalecimiento ejidal mediante la constitución de 178 uniones de ejidos, 140 sociedades de producción rural, y 63 sociedades cooperativas.
El ejido se ha venido fortaleciendo, ya que representa la célula tan importante de la Revolución Mexicana y, al menos los priístas jamás olvidamos nuestros orígenes y sobre todo, la importancia que representa para los mexicanos la Revolución Mexicana.
En cuanto al reparto agrario, las resoluciones presidenciales publicadas en el "Diario Oficial" de la Federación fueron de 1 mil 847; se beneficiaron 166 mil 638, con una superficie de 4 millones 669 mil 783 hectáreas; las resoluciones presidenciales ejecutadas fueron de 2 mil 288, se beneficiaron 188 mil 876, cubriendo una superficie de 7 millones 200 mil hectáreas.
Hacemos esto, porque en anteriores administraciones solamente se habían publicado 954 resoluciones y si vemos, la diferencia es muy grande, porque en 1986 y en la administración fueron de 2 mil 188; esto representa un incremento de 154% de resoluciones publicadas y que se han ejecutado, entregándose físicamente 7 millones 200 mil hectáreas. Nosotros sabemos que hay millones de mexicanos en el campo que quisieran un pedazo de tierra, y ante la problemática y la realidad que no negamos, por eso se está haciendo hincapié en el catastro rural, ¿para qué se hace el catastro rural?, para la fotoidentificación de los predios existentes en el territorio mexicano, porque se están buscando alternativas de organización y de producción, porque no solamente Reforma Agraria cumple un objetivo con la entrega de tierras.
En 1986 se sembraron 15.1 millones de hectáreas, principalmente de básicos y la superficie representó el 98% de lo programado, se obtuvo una producción de 25.5 millones de toneladas.
A finales de 1986, a 8.6 millones de hectáreas de temporal se les dio asistencia técnica, beneficiándose 1.1 de productores; 3.4 hectáreas de riego se atendieron, beneficiándose 519 mil productores.
En cuanto a la infraestructura, se atendió y se apoyó 2 mil 300 hectáreas de "pujal - coy"; 1 mil 204 hectáreas de riego en San Fernando; 27 mil 500 hectáreas de temporal se tecnificaron; 27 mil hectáreas de obras de gran irrigación, y 2 mil 900 hectáreas se mejoraron, beneficiando a 3 mil 982 productores.
Si nosotros vemos, hay una gran inquietud e interés por apoyar el campo, quisiéramos avanzar más, quisiéramos lograr más avances, pero se están haciendo conforme a las circunstancias y necesidades del país.
En 1986 se generaron 2.3 millones de jornales, que representan 9 mil 700 empleos; en la agroindustria social se consolidaron 6 mil 200 empleos; en cuanto a la producción, ya que es uno de los rubros más importantes de la actual administración porque viene a ser la alimentación de los mexicanos, 2.9 millones de carne se produjeron; 6 mil 538 millones de litros de leche; 998 mil toneladas de huevo; a 203 mil productores se les dio asistencia técnica; a 5.6 millones de cabezas de ganado se les dio asistencia de todo tipo; 15 millones de dosis de productos biológicos se impartieron para la mejoría dentro del ganado; 54.2 millones se protegieron contra el gusano barrenador.
La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, a través de 36 programas ha venido beneficiando el 61.3% del presupuesto aplicado al desarrollo de áreas de riego; 30% se dio a la administración, a lo demás se le dio capacitación, asistencia técnica y desarrollo de irrigación y pequeña irrigación.
Banrural habilitó 7.4 millones de hectáreas, y 77% corresponden a los cuatro granos básicos y semillas oleaginosas; ANDSA tuvo como meta asegurar 7.2 millones de hectáreas; 73.6% corresponde a granos básicos.
En cuanto a los precios de garantía y de referencia, el ciclo otoño - invierno 1986 - 1987 que corresponde por ciclos los finales de 1986 y principios de 1987, el precio de garantía del maíz se elevó 133%, el trigo 107%; el cártamo 99%. Esto respecto al ciclo homólogo anterior.
Entre septiembre de 1986, se instrumentaron diversas acciones en materia de modernización comercial y el abasto, orientado a fomentar la producción
y distribución de bienes de consumo básico; redujeron los márgenes de comercialización y proteger así el poder adquisitivo del salario; se dio atención a la población marginada mediante la dotación de bonos para la adquisición de tortillas subsidiadas, con un monto de 45 mil toneladas al mes, beneficiando a 7 millones de personas.
En el aspecto de salud en el campo, se dieron raciones alimenticias a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y se repartieron 295.5 millones de raciones; se destinaron 5 mil 567 millones de pesos para la capacitación a la población en el autocuidado de la salud. Esto viene a reflejar la inquietud y el interés por cuidar el aspecto en el campo mexicano, lo ideal es para, sobre todo hacer hincapié, que en el campo mexicano hay paz, que no desconocemos que a veces hay brotes de violencia, pero se tiene que hacer un análisis cuidadoso del porqué viene a pasar esto; no se pueden dar expectativas falsas de entregar tierras a grupos de campesinos, cuando desconocen qué es lo que está pasando.
Y nosotros, como decimos, amamos a nuestro país y queremos que siga adelante, porque va a seguir nuestro país en marcha, no podemos alentar falsas expectativas de entrega de tierras; se están viendo los resultados y el reflejo.
Queremos hacer hincapié, queremos que se haga la atención necesaria y hacer una invitación a la iniciativa privada que invierta más en el campo, que se vea que verdaderamente la alimentación y todo lo que se va a producir en el campo, sea para beneficio de todos los mexicanos.
Nuestro hogar es México, todos somos mexicanos; consideramos que con el apoyo que se está dando a través de la actual administración del licenciado Miguel de la Madrid y con la responsabilidad que caracteriza a los mexicanos, sentimos que vamos a seguir adelante y, sobre todo, que el campo se le está dando atención. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Para hechos, el diputado Jaime Delgado Herrera, del Partido Acción Nacional.
El C. Jaime Delgado Herrera: - Con su permiso, señor presidente: La diputada Rosalía Peredo viene a plantearnos aquí un campo vestido de color de rosa, pero ciertamente que nuestro campo, desde hace muchos años, desde principios de este sexenio está paralizado. No vemos nosotros cómo se ha podido plantear aquí que estamos produciendo y que somos suficientes en varias cosas. Si nos referimos nosotros al año de 1986, podemos revisar la Cuenta Pública, donde se señala cómo se dio preferencia al riego, donde se dio crédito nada más a unas cuantas hectáreas; aquí nos plantea ella de 15 millones de hectáreas, pero se dio preferencia a las áreas regables, pero nuestro país es semidesierto, son muchos millones de hectáreas que estamos empecinados en querer hacer producir maíz, en querer producir frijol, cuando tenemos un clima inclemente, cuando vemos nosotros que en esas áreas desérticas llueve 300, 400 milímetros al año, donde el período libre de heladas no pasa de 100 días; por lo mismo, aquí es donde el crédito se ha incrementado no lo suficiente y está mal canalizado, porque debe de ser en otros sectores, en otros guiones. Quizá sea el guión ganadero, el ovicaprino, pero no seguir haciendo agricultura donde no se debe, porque eso es genocidio.
También se le olvidó plantear que en este año, nada más se dio crédito o se aseguraron 7 millones de hectáreas y me parecen muchas, porque se aseguraron 7 millones de hectáreas en aquellas áreas conflictivas y de alto riesgo de que se pierda la producción.
Tampoco se planteó aquí, que de aquellas áreas siniestradas, aún se debe medio billón de pesos; medio billón de pesos a los asegurados. Se dice que subió la producción, se dice que se subió el precio de garantía en los productos, totalmente insuficiente, porque hemos recurrido al fácil expediente de importar cada año millones de toneladas de granos; 8 millones que se importan cada año. Qué fácil es para nosotros, qué fácil ha sido y qué beneficioso ha sido para aquellos productores de alimentos como son Estados Unidos, Canadá, Argentina, de encontrar un país como el nuestro, porque aquellos 400 millones de toneladas que no se les venden, encuentran un fácil lugar, un fácil país dónde colocarlas.
Yo creo que eso hay que plantearse, nos dice que se han dado una gran cantidad de resoluciones presidenciales, pero eso está en el papel, porque Reforma Agraria ahora es un tigre de papel, todo lo hace y nos lo vienen a plantear aquí, pero cuando vemos que en el campo hay más de 27 mil o 28 mil comunidades y ejidos y pequeñas propiedades, no hay un ejido de ellos, no hay una comunidad donde no haya inseguridad, donde no haya conflictos, y en esto la Secretaría de la Reforma Agraria es ciega, sorda y muda.
Tenemos muchos años de estar peleando para que nos resuelvan siquiera un problema; ése es el caso, no podemos seguir mencionando. En 1986, nada más le digo, teníamos 150 mil tractores, de ellos, el 10% seminuevos, un 30% de más de 20
años, viejos, y un 50% totalmente viejos y la mitad de ellos paralizados y si nos dicen los que saben que nuestro país tiene una frontera agrícola de 30 millones de hectáreas y que nada más estamos cultivando 15 millones, aprovechando 15 millones, quiere decir que hay un gran vacío en la cuestión agrícola y en la cuestión agraria; y esto duele y esto molesta, y esto es una prueba de lo ineficiente que ha sido esta administración de Miguel de la Madrid Hurtado, para sacar al campesino de la miseria y de las necesidades en que se encuentra.
El C. Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea, si acepta la proposición hecha por el diputado Genaro Piñeiro, del Partido Socialista de los Trabajadores, al artículo 6o.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si se acepta la modificación.
El C. Genaro José Piñeiro López (desde su curul): - Señor presidente, le pido de favor si la puede leer, para ver si escuchándola se convencen muchos diputados. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Con mucho gusto, ciudadano diputado, proceda la secretaría a dar lectura a la proposición del diputado Piñeiro.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: - Propuesta de redacción al artículo 6o.
"Artículo 6o. La evaluación del ejercicio presupuestal en el sector desarrollo rural, comprendió lo realizado en materia de producción y productividad en el sector. En la misma se observa que el presupuesto en este sector fue afectado por recortarse en su partida, transfiriéndose ésta al capítulo del gasto no programable, produciendo incumplimiento a las metas fijadas en construcción y mantenimiento de la infraestructura, autosuficiencia alimentaria, generación de empleo, asistencia técnica, tenencia de la tierra y reparto agrario."
El C. Presidente: - Una vez que ha quedado enterada la asamblea de esta proposición, consúltela si la acepta o no.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si se acepta la modificación presentada por el diputado Piñeiro al artículo 6o.
Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo.
(Votación.)
Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo... Desechada, señor presidente.
El C. Presidente: - Consulte a la secretaría si se encuentra suficientemente discutido el artículo 6o.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si está suficientemente discutido el artículo 6o.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación.)
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor presidente.
El C. Presidente: - Se reserva para su votación nominal en conjunto.
Ha pedido la palabra para hablar en contra del artículo 7o., la compañera diputada Esperanza Morelos Borja, del Partido Acción Nacional, tenga la bondad de pasar.
La C. Esperanza Morelos Borja: - Señor presidente; señores diputados: Nos inscribimos para hablar en contra del artículo 7o. del dictamen, porque hemos encontrado, a la hora de revisarlo, graves fallas dentro de lo que se reporta, sobre todo en dos de los sectores que es el sector de desarrollo urbano y ecología, y el sector de desarrollo regional.
Con respecto al sector de desarrollo urbano y ecología, encontramos que el 39% de los programas y subprogramas y proyectos que se realizaron no se encontraban contemplados en las metas del presupuesto de 1986, y también el 30% no se cumplieron en su totalidad, y sólo el 26% se ajustó a lo programado, en un 12% lo superaron; además de que no se reporta el avance de lo logrado en varios programas.
Y en lo referente al sector de desarrollo regional, programas especiales, no hay informe alguno de las metas programadas originalmente, únicamente se informa sobre las metas modificadas y las alcanzadas, todo lo realizado es y aparece como una variación con respecto al original programado; por lo tanto, nos encontramos en la posibilidad de compulsar el presupuesto que esta Cámara aprobó, con las metas alcanzadas, no se puede evaluar el ejercicio del presupuesto.
Abundando: a un presupuesto original de 363 mil 373 millones para el sector de desarrollo regional
en programas especiales, se le hizo una ampliación de más de 300%; curiosamente, al revisarlo encontramos que el programa de desarrollo regional tuvo un gasto de 142 mil 811 millones, que representa el 13%; que el programa de coordinación especial gastó 34 mil 392 millones de pesos, que representa el 3%; el programa regional de empleo ejerció 28 mil 098 millones de pesos, que significa el 2.5%; que el apoyo financiero a estados y municipios se le dieron 49 mil 637 millones de pesos, que representa el 4.5%; y al Departamento del Distrito Federal se le dieron 844 mil 428 millones de pesos, que son el 77% de todo el presupuesto.
Señores diputados, toda la ampliación y parte del presupuesto original fue a parar al Departamento del Distrito Federal y, absurdamente los programas regionales quedaron inconclusos o no se iniciaron, por ejemplo: 81 programas y subprogramas de desarrollo regional no alcanzaron ni siquiera el 50% de realización, es más, 22 ni siquiera se iniciaron; 18 y 10 subprogramas del programa regional de empleo y de coordinación especial, efectivamente tampoco llegaron a 50%.
Y en el programa regional de empleo sólo se produjeron 4 millones 334 mil 019 jornales, que representan aproximadamente 14 mil 500 empleos en un año, y en forma importante hacemos ver que no se reportan empleos permanentes creados.
Compañeros, en este orden de ideas, resulta paradójico insistir en que se está descentralizando, y en la práctica, la verdad es que se está contribuyendo lo contrario, pues de lo aquí se asienta como gasto regional, el 77%, vuelvo a repetir, va al Distrito Federal, con el agravante de que en esta cuenta no se rinden informes de más de 800 mil millones de pesos, porque se supone que el Departamento del Distrito Federal las va a rendir en su Cuenta Pública.
Para nosotros, para Acción Nacional, no es desarrollo, ni desarrollo regional, el absorber 462 mil 310 millones de pesos de la deuda pública del Distrito Federal, que representa casi el doble del total ejercido en los programas de desarrollo regional.
Consecuentemente, compañeros, ¿qué sentido tiene que se presente a la consideración de esta Cámara presupuestos que, después de ser aprobados por la mayoría, cuando regresan para el análisis del ejercicio de la Cuenta Pública, lo asentado en ésta no corresponde a lo aprobado originalmente? Por ello, porque la Cuenta Pública en discusión no corresponde al Presupuesto de Egresos de 1986, los compañeros y el grupo parlamentario de Acción Nacional va a votar en contra en este artículo 7o. del dictamen. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada Jarmila Olmedo de Garcilita.
La C. Jarmila Olmedo de Garcilita:
- Con su permiso, señor presidente: Hemos escuchado la intervención de la compañera diputada Esperanza Morelos, en relación al rubro de desarrollo regional y urbano, yo creo que valdría la pena, antes de entrar a lo más concreto, hablar de cierta flexibilidad.
Tenemos que pensar que lo que en un momento dado viene a ser lo prioritario, lo más urgente, de acuerdo con las circunstancias, en determinado momento puede ser menos prioritario, menos importante.
Recordemos que en 1985 tienen lugar los sismos, lo cual provoca que haya necesidad de transferir determinados recursos, de modificar planes que en un momento dado eran prioritarios y, pues atender la urgencia, atender a la necesidades fundamentales.
Quiero decir también que si analizamos este rubro, vamos a encontrar que algunos de los casos, y también lo mencionó la compañera Esperanza Morelos, se superan ampliamente las metas programadas; en muchos casos podemos hablar de economías que se logran en este sector.
Por ejemplo, estas economías se deben, en un momento dado, a la coordinación que se da con los gobiernos estatales y municipales; también podemos hablar de ahorros o de economías debidas a la concertación de acciones con el sector privado y social, reprogramándose los recursos que se ahorran, que se pueden economizar, a otros programas prioritarios.
También, apoyando la política general de descentralización de la vida nacional, se dan una serie de transferencias a los gobiernos estatales y municipales; se ha seguido adelante con el tan importante propósito de la descentralización de la vida nacional.
Creo que si en alguna administración podemos hablar de que se ha atendido lo que es desarrollo regional, desarrollo urbano y ecología, es precisamente en esta administración, superando inclusive, situaciones verdaderamente críticas, como la de los sismos.
Analizando este rubro, pues vemos una serie de avances sustanciales en materia de vivienda; también
vemos en la Cuenta Pública que gran parte de los recursos se dedican a concluir obras que habían sido iniciadas, o sea, primero se da importancia a concluir obras por alguna razón no se habían terminado.
Yo quisiera, ya entrando un poquito más a lo concreto, mencionar, que la compañera Esperanza Morelos habla de que el 77% de todo el presupuesto se dedica al Departamento del Distrito Federal, pero la realidad es un poquito diferente, es solamente el 60.6%, y el 39.4% se canaliza al resto de las entidades federativas.
Claro, se dirá que es una proporción fuerte para el Distrito Federal, pues estamos de acuerdo, pero se está disminuyendo cada vez más la centralización de los recursos aquí en el Distrito Federal, ahora, pues desde luego tenemos que ver que algunas de las acciones realmente emprendidas aquí en el Distrito Federal son sumamente importantes, son urgentes y son críticas; cuando hablamos por ejemplo de ecología, pues todos los que vivimos aquí o que en un momento aquí estábamos transitoriamente, nos damos cuenta de la urgencia de atender este tipo de programas.
Como sabemos también, en el rubro de desarrollo regional, aparte de lo que es el desarrollo regional en sí, hay otros dos programas que son adicionales al de desarrollo regional, que es el de coordinación de programas especiales y el programa regional del empleo.
De manera que, yo creo que sí hay que ver este programa en una forma más amplia y, pues, llegaríamos a la conclusión de que no hay tantas discrepancias, como dice la diputada.
De los 32 programas a cargo de la Sedue, los 32 programas comprendían 111 metas, de las cuales 72 se superaron y ocho se cumplieron en un 100%; entre las metas rebasadas se encuentran las del programa de vivienda progresiva, que es un programa muy importante, que consistía en financiar el inicio y la terminación de lotes con servicios, la construcción de pies de casas, y el mejoramiento de vivienda.
Ciertamente hubo otros programas en los cuales no se alcanzó la totalidad de las metas programadas, como es en el caso del relacionado con la instalación de nuevos laboratorios, debido fundamentalmente a que los costos de mano de obra y de materiales fueron mayores de lo previsto.
Como anteriormente se mencionó, pues algunos de los costos han sido superiores debido a la inflación que hemos padecido, pero yo creo que más que ver con una mentalidad estrecha de los números tan exactamente, debemos de pensar en el alcance, en la proyección de los programas, y yo sí siento que, si analizamos con serenidad y con objetividad, vamos a encontrar que realmente en este rubro de desarrollo regional, urbano y ecología se ha hecho mucho; una labor que no solamente nos beneficia aquí en el Distrito Federal, sino realmente a todo el país. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra la diputada Esperanza Morelos Borja, para hechos.
La C. María Esperanza Morelos Borja: - Señor presidente; compañeros diputados: Realmente no encontré una sola respuesta a los planteamientos que yo vine a hacer.
La diputada Jarmila de Garcilita, viene aquí e inicia la contestación con la palabra "flexibilidad". Yo le quiero contestar que estamos analizando una cuenta pública, y en una cuenta pública no vamos a ser flexibles, no podemos serlo y no queremos serlo el grupo parlamentario de Acción Nacional.
La flexibilidad no se da en los números, y es por eso, porque ustedes sí están dando flexibilidad en los números, que así se encuentra la administración pública, porque a ustedes les da igual hacer un cambio o una transferencia sin la autorización y sin el conocimiento de esta Cámara de Diputados. (Aplausos.)
Y yo le quiero decir también, que hablar de flexibilidad en una cuenta pública no se vale, porque cuenta pública tiene que ser clara, tiene que ser objetiva y precisa; en una cuenta pública que estamos hablando que es una Cuenta Pública Federal, no estamos hablando de la Cuenta Pública del Distrito Federal, y es mentir, y no lo dije en la anterior intervención, pero sí, en esta Cuenta Pública, en el sector de desarrollo regional y programas especiales se está mintiendo.
Se está mintiendo porque, le voy a decir los números, compañera; usted me quiso corregir o me corrigió y dijo que únicamente el 60% de lo ejercido en este sector era del Distrito Federal, le voy a dar los números y las páginas para que usted vea que es exactamente el 77%.
En la página 238, en la que se habla de la explicación a las variaciones del estado analítico de programas, sector desarrollo regional, en el segundo párrafo dice: "De los recursos ejercidos por el sector regional, se destinaron 1 billón 032 mil 576 millones a promover el desarrollo regional, con acciones que apoyan la descentralización e impulsan actividades productivas,
obras de infraestructura básica, etcétera; programas de desarrollo regional, 142 billones 811 mil millones; a apoyos financieros a estados y municipios 49 billones 637 mil; y al Distrito Federal 480 billones 128 mil".
Si usted saca la proporción del gasto que ejerció ese sector, que el 1 billón 095 mil 413 millones, y saca la proporción de lo que significa 844 billones 428 mil, usted va a ver que es el 77%. Y es 840 que se hace de la transferencia directa, más 4 mil que se dan a empleo, y esto viene en la página 111, para que usted cheque exactamente la cantidad: 844 billones 428 mil que se transfirieron o se dieron al Distrito Federal en el sector desarrollo regional.
Lo que aquí estamos impugnando, es que se haga creer al pueblo de México que en un programa de desarrollo regional se le está dando a todo el país, y exclusivamente se le entregue el 23% de ese dinero. Y además, aquí lo dije, vean el tamaño del libro, y nada más está reportando informes del 23%, porque el otro 77% lo va a reportar, se supone, el Distrito Federal.
Y también le quiero comentar, porque ella insistió en que se estaba dando prioridad a estados y municipios: hice el comentario, no tengo el número, pero a estados y municipios se da 49 mil millones de pesos, que, rápidamente, con los 480 mil, no son ni siquiera ¿cuál será, el 20%, el 5%? Sí, es un porcentaje bajísimo el que se está dando de apoyo a los estados y municipios, o sea que no se venga aquí a decir que se está haciendo, por lo menos en este sector, y que se superan metas.
Es cierto que yo reconocí que 12% de las metas de Sedue habían tenido logros superiores a los marcados, pero también dije que más del 30% no habían logrado ni siquiera el 50% de avance, y también dije que el 39% no estaban programados. Aquí lo que estamos impugnando son muchas cosas dentro de lo que es la Cuenta Pública: primero, que hay programas que no estaban programados, valga la expresión; segundo, que a lo que se dice que es un sector y se va a beneficiar, no se está beneficiando completamente; y tercero, esa flexibilidad de la que usted habla, que nosotros no estamos de acuerdo.
Y cuando usted dice que se tiene que atender a lo urgente, y que por eso puede haber cambios, pues nosotros en Acción Nacional pensamos que desde hace mucho tiempo, el gobierno y los mexicanos sabemos que es urgente, y que por eso se debe presupuestar y no ir un día y otro suponiendo o queriendo encontrar qué es lo importante, cuando esto, desde hace muchos años, más de 20, sabemos qué es lo que se tiene que hacer. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra la diputada Jarmila Olmedo de Garcilita, por la comisión, del Partido Revolucionario Institucional.
La C. Jarmila Olmedo de Garcilita: - En relación a lo que la compañera diputada que tomó la palabra antes de mí mencionó, yo quisiera hacer una aclaración: dice ella que no contesté lo que ella había planteado, pues yo creo que no puso toda la atención a lo que yo dije.
En primer lugar, cuando hablé de flexibilidad, no me referí a la flexibilidad al analizar la Cuenta Pública, sino, y lo dije, lo vuelvo a repetir, a que en un momento dado hay determinados programas que son más importantes cuando se hace el presupuesto; pero después, una vez que entramos en la realidad, la lógica nos dice que sí hay programas que se convierten en prioritarios, en más importantes, en un momento dado no podemos ser rígidos. Entonces, a eso es a lo que me refiero, pero legalmente, jurídicamente, al analizar nosotros la Cuenta Pública no admitimos flexibilidad, ésa es una cosa diferente de la que estamos hablando.
Ahora, cuando la compañera me vuelve a repetir las cifras iniciales a que ella hizo mención, yo le quiero decir que la cifra que yo di no es equivocada, es una cifra correcta, porque incluye la asunción de pasivos, la diferencia está en la asunción de pasivos. Entonces, no es que esté incorrecta, lo que pasa es que en la página 152, si usted ve, dice: "Cabe señalar que la Cuenta Pública... - en el último párrafo - ...se registra en este ramo la asunción de pasivos del Departamento del Distrito Federal, que fue de 447.4 miles de millones de pesos"; y dice: "Esta información se analizará con más detalle al revisar la Cuenta Pública del Distrito Federal", cosa que vamos a hacer.
Yo creo que la compañera no ha estado asistiendo a las reuniones como lo hemos estado haciendo nosotros, y entonces, lo que viene ella a comentar es algo que fácilmente hubiera sido dicho, si lo hubiera escuchado en las reuniones que hemos tenido. Así que si quise venir a aclarar esta situación y a explicar nuevamente eso del tema de la flexibilidad, es una flexibilidad que tiene que haber, compañera.
Recordemos que 1986 fue el año siguiente de los sismos, y esa situación específica que se derivó de los mismos, tuvo que causar cambios en los programas, tuvo que hacer que en un momento dado se reprogramarán determinadas acciones; yo creo que realmente no hay esa incongruencia de cifras, si las analizamos con un poquito más de profundidad. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Consulte la secretaría si se encuentra suficientemente discutido este artículo 7o. por la asamblea.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo 7o.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación.)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor presidente.
El C. Presidente: - Se reserva para su votación nominal en conjunto.
Respecto al artículo 8o., ha pedido la palabra por el Partido Acción Nacional, en contra, el diputado Sergio Meza López.
El C. Sergio Meza López: - Señor presidente; señores diputados; señoras y señoritas diputadas: Analizar en este caso el capítulo relacionado a pesca, pues es necesario comparar entre cuál fue el presupuesto para el año de 1986; cuáles fueron las metas que se realizaron o no se realizaron y, al mismo tiempo, compararlo con años anteriores, independientemente de lo que uno piense de lo que se pudo haber realizado en años anteriores, incluyendo el año de 1986, si se hubieran seguido otras políticas.
El Plan Nacional de Desarrollo para 1983 y 1988, y el Programa Nacional de Pesca para 1984 - 1988, presenta objetivos prioritarios en el caso de la pesca: alimentación, empleo, divisas, y un desarrollo general, particularmente entre las regiones pesqueras y las personas que se dedican a la pesca.
Voy a entrar en particularidades de algunos de los aspectos que nos presentan en la Cuenta Pública: "La producción pesquera que en un 90% es captura y acuicultura, se incrementó en un 7.8% respecto al año anterior, y también fue ligeramente superior respecto al año de 1981 e igual a 1982; mas esa producción pesquera fue muy inferior al año de 1981.
De lo previsto, sólo se alcanzó el 87.2%; en acuicultura, sólo se alcanzó el 81% de lo programado, y fue similar, ligeramente superior a los últimos cinco años. Esta actividad de acuacultura, que es relativamente nueva en el país, los expertos en esta materia, inclusive de los cuales hay muchos en la Secretaría de Pesca, creen que es el futuro, en lo relacionado a la pesca, que tiene el país dado su potencial en cuanto a clima, en cuanto a la cantidad de aguas salobres, o en fin, la naturaleza que tenemos se presta para un gran desarrollo de acuacultura, y con un costo mucho menor a ir al mar a sacar algunos productos que podríamos cultivar.
Embarcaciones: embarcaciones, sí, se puede decir que hay más que cualquier otro año, pero se aumentaron básicamente las embarcaciones menores, hay menos embarcaciones de las mayores, que son las dedicadas al camarón, al atún, sardina, anchoveta y a la escama; hay menos embarcaciones, o hubo menos embarcaciones en 1986 de las que hubo del año 1979 a 1985, y de las embarcaciones con que contamos o con que se contó a 1986, operó un 85%.
Proceso de industrialización: se procesó un volumen superior en 2.8% respecto a 1985, pero en toneladas de productos terminados disminuyó en un 4%; hay, en general, un poco menos plantas, ligeramente poco menos que en los tres años anteriores.
Dentro de la cuestión de industrialización en productos congelados, únicamente fue de 30.9% del programado y de productos congelados, además, disminuyó respecto a 1981, 1982, 1983 y 1985.
Enlatados: fue de 63.4% inferior al previsto, e inferior al enlatado que hubo en 1980, 1981 y 1985.
Hay que observar, según dice la Contaduría Mayor de Hacienda, que entre 1983 y 1986, los recursos utilizados para el proceso de enlatados tuvo un costo de 140 mil pesos por tonelada, y en 1986 aumentó a 180 mil pesos; Todos estos a precios de 1983; habría que preguntarse ¿por qué?
Harinas: sólo el 63.4% de la meta fijada se cumplió, y la producción de harinas y aceite en 1985, fue inferior a 1979, 1980 1981 y 1982.
De productos obtenidos por reducción, sí fue superior en 1985 a 1983, 1984 y 1985, mas es muy inferior a la de 1980, 1981 y 1982.
En cuanto a seco salado, se programó para el año de 1985, 2 mil 794 toneladas y sólo se produjeron 31 toneladas, el 1.1.% de lo programado; según señalan, la razón fue que sólo se utilizó el 97.7% de lo presupuestado, y a esto quiero hacer una observación: uno de los objetivos es la alimentación, y el producto seco - salado, creo que merece una mucho mayor atención, porque es un
alimento cuya comercialización no es tan alta como el producto enlatado, o como el producto congelado.
El pescado o el alimento marino seco - salado tiene un poder de conservación tremendo, y puede ser fácilmente transportado a cualquier parte de la República; y es realmente triste que en el año de 1985 hayan dado carpetazo, prácticamente, a esa área, porque dejaron pasar la posibilidad de llevar alimento rico en proteínas, el seco - salado, a muchos mexicanos en el desierto o en lugares lejanos donde es muy difícil el transporte de ese alimento refrigerado y carísimo.
De astilleros y varaderos, pues estamos prácticamente igual desde 1980 para acá, ligeramente menos, pero prácticamente igual; la balanza comercial ciertamente se dio saldo: se exportó 474 mil 182, fue lo que dio en dólares; y la importación, en dólares, de los productos fue de 7 mil 763 dólares, por lo que hubo un saldo favorable de 466 mil 419; saldo que fue ligeramente superior al que hubo en 1985, pero fue inferior, en dólares, ese saldo favorable, al de 1979, 1980 y 1981.
La comercialización fue de 4.1% menor al año anterior, y de esto hay que observar también de la comercialización del consumo per capita: en el año de 1986, el consumo humano per capita fue de 13 kg, 13.21. para ser exactos; en 1985 fue de 13.01; en 1984 de 13.30; y en 1983 de 12.01, pero sí es interesante observar el año 1979, 1980, 1981 y 1982, en ese tiempo el consumo fue mucho muy superior, el consumo humano per capita de alimento de pescado fue mucho muy superior; en el año de 1979 fue de 14.47 kilos; en 1980 fue de 16.02 kilos; en 1981 fue de 19.54 kilos; y en 1982 fue de 16.68; en 1979, 1980, 1981 y 1982, el consumo humano per capita fue superior, por ejemplo, en 1981 que fue el más alto, fue de 19.54, y en el del año 1986 fue de 13.21 kg.
Creo que sí es conveniente analizar el renglón pesca: se han hecho esfuerzos sí, es cierto; se han logrado cumplir algunas metas, sí, es cierto; y algunas quizá hasta sobrepasaron, pero en términos generales, cuando vemos los resultados que es lo principal, creo yo, y que es la alimentación del pueblo, pues estamos bajando, entonces, quiere decir que algo está fallando.
En divisas, pues estamos casi igual que en los años anteriores, cerca, pero también inferior a otros años anteriores; y en desarrollo general, sabemos que no dista mucho del desarrollo general, particularmente de la situación de los pescadores actuales a los de hace cinco, seis, siete u ocho años o más; entonces , creo que sí es conveniente hacer un verdadero análisis de si estamos en el camino correcto en el renglón de pesca, o no, y más que, ciertamente, aun cuando no estemos en la gran panacea que muchos piensan, ciertamente tenemos unos recursos naturales que, explotándolos debidamente, quitándole un 99% de demagogia, podemos hacer maravillas en este país, porque hay mucha demagogia en muchos sectores, con el de pesca ni se diga.
Señores, ésas son mis observaciones. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra, para hablar en contra del dictamen del artículo 8o., el diputado José Luis Sánchez González, del Partido Mexicano Socialista.
El C. José Luis Sánchez González: - Señor presidente; compañeros diputados: Al analizar la parte de la Cuenta Pública que se refiere al sector pesquero, no podemos, si queremos ser responsables y congruentes, remitirnos y atenernos solamente a las cifras y datos oficiales, porque ya hemos comprobado en reiteradas ocasiones que éstos ocultan y falsean la realidad, todo con el propósito de eximir de responsabilidades, de adjudicar méritos o de demostrar la justeza o el éxito de una política que a todas luces ha fracasado.
Es menester, por lo tanto, dejar atrás en nuestro análisis, la visión libresca y burocrática y volver los ojos a las aguas interiores, al mar territorial, a la zona económica exclusiva, a los puertos y muelles, para saber el estado en que se encuentran éstos; a la flota pesquera, para percatarnos de su pobreza y subdesarrollo; a los pescadores, para comprobar la pobreza, la miseria y el abandono en que viven; es necesario ir a los mercados, para saber cuánto cuesta el camarón y a cómo vale el kilo de pescado y, de ser posible, visitar algunos hogares mexicanos, para informarnos si los productos del mar forman parte de la dieta alimentaria del grueso de la población mexicana, porque se ha afirmado categóricamente que el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de Pesca y Recursos del Mar 1984 - 1988, tiene como propósitos contribuir a la producción de alimentos, generar empleos, captar divisas, coadyuvar a un desarrollo económico y social más equilibrado en las diversas regiones del país; elevar el nivel de vida de los trabajadores de la pesca y de sus familias.
Sin embargo, cabe aquí preguntarse en voz alta, a cuando menos dos años de la puesta en vigor de este plan, y sobre todo de aquel fraude de la marcha hacia los mares, no qué tan ciertos son estos objetivos, porque pudieran ser realmente
efectivos, sino, ¿en qué medida se ha avanzado y qué tanto se ha hecho y se hace para cumplirlos? Si examinamos capítulo por capítulo, párrafo por párrafo, línea por linea el análisis sectorial, encontramos que existe, como en todos los documentos oficiales, triunfalismo y autocomplacencia.
La falta de cumplimientos de metas establecidas se atribuye a razones biológicas, a problemas de costo y beneficio, a factores externos, pero no por accidente se reconoce que las fallas y errores fueron también consecuencia de la mala planeación, de la negligencia, del burocratismo y de la corrupción que campea al interior de este sector. Es entonces cuando uno duda acerca de la veracidad de estos informes.
Hablemos, por ejemplo, de las metas establecidas para la captura de especies marinas: la anchoveta, cuya meta original era de 6 mil toneladas, se capturó solamente en 3 mil 520, se registró por lo tanto una variación desfavorable del 41%; los túnidos que se esperaban capturar en 55 toneladas 541 kg, sólo se consiguieron 27 toneladas 306 mil kg, se produjo también un descenso del 51%; otro fracaso se produjo en lo que se refiere a la escama, que se esperaba capturar en 38 toneladas 433 kg, habiéndose logrado solamente 12 toneladas 827 kg.
Pero hablemos también de los malabarismos económicos y contables que realiza la Secretaría de Pesca, la cual, contraviniendo todas la normas establecidas y sentando un precedente nefasto en esta materia, incluye dentro del renglón de administración en gasto programático, pasivos por 21 mil 966 millones de pesos. Y tratemos igualmente lo relativo a los gastos administrativos programáticos de Productos Pesqueros Mexicanos, que eran del orden de 6 mil 722 millones, y terminaron ejerciéndose 11 mil 974 millones, con lo que se produce un sobregiro del 77%.
Si examinamos de la misma manera lo relativo a la producción industrializada, nos percataremos de que en el año que esta cuenta se refiere, que es el de 1986 hubo un descenso en relación con el de 1985 en cuanto a la producción obtenida, puesto que en 1985 se lograron 253 mil 397 toneladas, y en 1986 estuvieron solamente 243 mil 205 toneladas, registrándose una variación desfavorable del 4%.
En ese mismo rubro, pero en particular en relación a la operación de las plantas congeladoras y a la operación de las plantas enlatadoras, también hubo descensos; en lo que se refiere a la primera, una variación desfavorable del 7.7%, y a la segunda, del 16.6%.
Por lo que respecta a la flota, estamos ante la presencia de un problema estructural de la industria pesquera: la flota es insuficiente, la flota es obsoleta, y las embarcaciones tienen precios astronómicos; los barcos en operación propiedad de Propemex, eran en total 343, de los cuales sólo 191 operaron, lo que significaba que funcionó solamente el 56% de las unidades disponibles, el resto, 61 en concreto, estuvieron en reparación; 73 en rehabilitación, y 18 embarcaciones sometidas a estudio con el propósito de darlas de baja.
Si nos referimos al problema de crédito, tendremos que tocar el problema de la crisis financiera por la que atraviesa el país, sin embargo, la reflexión que yo quiero hacer aquí y ahora, es más que técnica política; partiendo de la base de que los recursos pesquero y marítimos de nuestro país son enormes, y sus potencialidades han sido reconocidas por propios y extraños, pero lo absurdo y paradógico, es que los productos del mar no estén al alcance del pueblo mexicano; que los pescadores y sus familias se debatan en condiciones de pobreza y hasta de miseria.
Lo inaceptable es que se priorice una estrategia exportada en aras de la obtención de divisas, dejando de lado la satisfacción de las necesidades nacionales; los mares de nuestro país están por todos lados; los recursos pesqueros son abundantes, pero ¿cuántos y quiénes comen camarón y pescado?, ¿cuántos y quiénes se están enriqueciendo con la explotación y aprovechamiento de los recursos marítimos?, sólo unos cuantos, únicamente un puñado, por eso, la fracción parlamentaria del Partido Mexicano Socialista se pronuncia y vota en contra de una política que beneficia a una minoría a la inmensa mayoría de la población mexicana.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra, por la comisión, la compañera diputada Blanca Esponda de Torres, del Partido Revolucionario Institucional.
La C. Blanca Esponda de Torres: - Con su permiso, señor presidente: Es importante lo que se acaba de destacar por parte de los dos oradores que me precedieron en el uso de la palabra, porque precisamente el desarrollo pesquero descansa en la necesidad de que cobren mayor impulso las empresas de lo social y lo privado de la economía, y de alguna forma los dos oradores que me precedieron han hecho referencia a la necesidad de que la producción pesquera sea más eficiente y que la participación de las empresas sociales y privadas también alcanza el nivel de eficiencia requerido, a fin de que se puedan generar los alimentos de alto nivel proteínico básicos para la
dieta popular, a fin de que se incremente el empleo productivo y principalmente en las zonas rurales, su capacidad para generar capital y divisas para promover el desarrollo regional descentralizado, así como para contribuir al desenvolvimiento de otros sectores de la economía, y su influencia en la mejoría de los niveles de vida de la población, especialmente del sector cooperativo y de los campesinos ribereños.
Ratificamos también, que es estrategia fundamental del sector pesquero, la combinación integral y equilibrada de los diversos sectores, elementos, intereses, necesidades y prioridades concurrentes en esta actividad; es lo único que permitirá incrementar la explotación racional pero socialmente útil, de los recursos pesqueros, y es lo único que permitirá también afianzar la soberanía nacional sobre el mar territorial y sobre la zona económica exclusiva, la plataforma continental y las aguas interiores.
Ratificamos también que para el desarrollo pesquero es preciso apoyar a estas empresas del sector social y del sector privado, pero con las modalidades que dicte el interés público, y en beneficio general.
Todos sabemos que los datos se han externado por los oradores precedentes fueron tomados de la documentación que proporcionaron los altos funcionarios de la Secretaría de Pesca con motivo de la revisión de la Cuenta Pública, y también, si nos atenemos a esa información, tendríamos que subrayar que las metas de resultados programados en 1986 fueron cumplidas en su integridad, por que se alcanzó 1 millón 357 mil toneladas de producción pesquera, lo que representa un incremento de 8.1% en relación con el año anterior.
Se mantuvo el dinamismo del crecimiento del sector, que llegó a un promedio anual acumulado de 8% en el período 1983 - 1986; la sardina aportó a esta captura 472 mil toneladas, que representan el 34.5% del total; la anchoveta 116 mil toneladas, que representan el 8.6%; el atún 107 mil toneladas, que equivalen al 7.9%, y el camarón 73 mil toneladas, que representa el 5.4%.
La escama y otras pesquerías, alcanzaron un volumen de 460 mil toneladas, que representan el 34% del total; y la acuacultura, que es una actividad, como aquí también se mencionó innovadora y con una gran perspectiva de desarrollo a futuro, alcanzó la cifra de 151 mil toneladas, equivalen al 11%.
El sector público concurrió a esta producción con 27 mil toneladas, que equivale al 2% del total; en tanto que el sector social contribuyó con 416 mil toneladas, que equivalen a un tercio de la producción total, es decir, al 30.7; y el sector privado contribuyó con 912 mil 962 toneladas, equivalentemente al 67.3%
Es importante tener en mente estos datos, porque de otra suerte parecería ser que queremos impugnar al Gobierno de la República, cuando en realidad esta actividad descansa como una actividad económica importante en el desenvolvimiento del sector privado y del sector social de la economía.
Debemos destacar que la exportación de túnidos alcanzó la suma de 73 mil 621 toneladas, con ingresos superiores a los 50 millones de dólares, esto implica 14 veces más que lo obtenido en 1982; las exportaciones tuvieron como destino los mercados de Italia, Tailandia, España, Japón Estados Unidos, Costa Rica y otros mercados con volúmenes menores.
El consumo nacional de atún enlatado, pasó de 693 mil miles de cajas en 1981, a 2 mil 322 miles de cajas en 1985, lo que representó una expansión superior al 200% en sólo cuatro años.
En 1986, el empaque de la planta industrial descendió en 1.5 millones de cajas debido a la alta liquidez para adquirir materia prima, lo que se debió, entre otras causas, al desfase de los niveles de precios internos para el producto final, es decir, para la lata, y los atractivos precios internacionales para la materia prima.
En 1986, sólo operaron 54 de las 88 unidades en que se dimensionó la flota, conforme al acuerdo de gabinete de comercio exterior, sin embargo, los barcos obtuvieron un índice de eficiencia pesquera que pasó de un .24 toneladas por tonelada de capacidad de acarreo en 1983, a 2.15 en 1985, y a 2.70 en 1986; y esto sitúa a la flota mexicana al nivel de las flotas productivas más productivas del mundo.
Durante el último año, 17 embarcaciones tuvieron captura por encima de las 3 mil toneladas métricas, obteniendo la más productiva de ellas 5 mil 395 toneladas métricas.
Y quizá el producto que también nos interese conocer con mayor detalle, es precisamente el caso del camarón: el camarón se ha destinado como un producto esencialmente de exportación, pero existe una amplísima variedad de productos del mar, lo mismo crustáceos que peces, son altamente nutritivos y que tiene un gran valor proteínico, al tiempo que son sumamente económicos, y éste es el pescado que se encuentra disponible en los mercados nacionales; y por kilogramo de proteínas, podríamos considerar que
la proteína del mar es la proteína más barata que puede encontrar hoy en día cualquier habitante del país.
La producción nacional de camarón, se ha estabilizado durante los últimos 15 años en un rango de las 72 a 78 mil toneladas anuales en peso vivo; este nivel de captura se distribuye entre 50 y 60 mil toneladas de altamar y la diferencia en captura de esteros, bahías y aguas someras.
En 1986, las capturas de altamar de 51 mil 595 toneladas, y las de estero en 21 mil 620, lo que da un total de 73 mil 215 toneladas.
Es cierto que tenemos un justo prestigio en cuanto a la calidad del camarón, así como en cuanto a la regularidad de la oferta en los mercados externos. Ocean Garden es una empresa líder en su género en el mercado norteamericano, con una excelente administración y resultados, y está capacidad para vender más camarón que es el que actualmente está disponible en el mercado. Por eso es importante que, ya que el sector privado y el sector social juegan un papel verdaderamente protagónico en el desarrollo de este sector, incrementen también su presencia en el mercado internacional del camarón.
Queremos destacar, por otra parte, que la Ley Federal de Pesca vigente desde el 21 de enero, constituye el ordenamiento legal y de desarrollo de la pesca, al disponer principios de justicia distributiva que establecen derechos en favor de individuos y grupos sociales tradicionalmente débiles; consolida derechos en favor de cooperativistas, ejidatarios y comuneros; igualmente, los particulares y las sociedades mercantiles, tienen la posibilidad de participar en el aprovechamiento racional de la mayor parte de los recursos pesqueros de que dispone el país.
En la regulación y vigilancia, se ha operado una transformación esencial en el concepto y en la organización de la administración de pesquerías; esta transformación ha consistido en sustituir el enfoque convencional de la regulación pesquera, eminentemente estático y restrictivo, por un concepto dinámico de regulación del esfuerzo pesquero general de todos los sectores.
Este nuevo concepto de regulación pesquera va dirigido a la optimización del esfuerzo pesquero y no a la simple limitación de las capturas o reducción del tiempo de pesca que reconoce unidades regionales específicas y tecnológicas de explotación pesquera, y pondera el beneficio social en las distintas alternativas de uso económico del recurso pesquero.
Ahora se dispone de una amplia base de estudios técnicos sobre el status, nivel de desarrollo y tendencias de las principales pesquerías mexicanas, y las alternativas de administración pesquera para un aprovechamiento óptimo del recurso natural.
El desarrollo pesquero identifica el impulso de reconocida importancia para el estímulo de la descentralización de la vida nacional, se está propiciando un cambio estructural al contribuir a reordenar la distribución espacial de muestra economía, y para diseminar de mejor forma los impactos sociales positivos de la pesca.
Las actividades de regulación y de fomento de la pesca se realizan en el contexto de un federalismo activo, a través de los subcomités de pesca que tienen los Coplades en los estados, y esto nos permite asegurar la coordinación de las autoridades estatales y municipales en el lugar mismo donde se desarrolla la actividad económica; también se está llevando a cabo un programa de municipalización de la pesca que busca elevar la participación de las comunidades y el beneficio de las mismas como elemento central de la democratización económica, política, social y cultural de la sociedad, y aquí vale la pena apuntar que los trabajadores ribereños, los pescadores que viven en las comunidades ribereñas, tienen, a pesar de que es aún insuficiente, mayor nivel de ingresos de dieta proteínica, que las comunidades rurales que se encuentran por ejemplo en el altiplano del país y en otras zonas de menor desarrollo relativo.
Ahora, por lo que toca a Productos Pesqueros Mexicanos, colocamos para el estudio, conocimiento y análisis de nuestros estimados amigos de otros partidos, miembros de la Comisión de Pesca, toda una serie de documentación referida a las salvedades de los estados financieros, a las recomendaciones que nosotros hicimos el año pasado y que se encuentran ahí claramente explicadas y que en obvio de tiempo sería muy amplio entrar en ese detalle, por lo que yo sí rogaría a mis compañeros que me precedieron en el uso de la palabra, tuviera a bien revisar esos documentos, y de cualquier manera, se ha hecho ya una previsión precisamente en las recomendaciones del dictamen y del proyecto de decreto que se presenta a la aprobación de esta soberanía, en el sentido de solicitar a la Contaduría Mayor de Hacienda que mantenga la vigilancia y obtenga una mayor información acerca del desenvolvimiento de esta empresa y del cumplimiento de las recomendaciones formuladas por todos nosotros.
Así pues, yo quisiera destacar que, contrariamente a lo que se ha afirmado aquí de que existe y permea en el informe de la Cuenta Pública un ánimo.
triunfalista y de autocomplacencia, lo que existe ahí es un señalamiento claro, en cuanto a que muchas de las metas programadas no ha sido posible cumplirlas porque la situación económica general también tiene un impacto en la actividad económica, pero como hemos visto, los agentes directos de esa actividad no están en el gobierno, están precisamente en el sector social y privado.
Me parece que de esa manera he dada respuesta a los distintos planteamientos formulados y, en caso de que hubiera todavía alguna duda, me coloco, desde la Comisión de Pesca, a sus órdenes para que examinemos el detalle de aquellas cuestiones que ustedes consideren que vale la pena seguir profundizando. Muchas gracias, compañeros.
El C. Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si este artículo 8o. del dictamen, se encuentra suficientemente discutido.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: - En votación económica, se pregunta si está suficientemente discutido el artículo 8o.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo.
(Votación.)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, manifiéstenlo... Suficientemente discutido, señor presidente.
El C. Presidente: - Se va a entrar al debate del artículo 9o.
Se han inscrito en contra, por el Partido Acción Nacional, el diputado Eduardo Turati. Tiene la palabra.
El C. Eduardo Turati Alvarez: - Señor presidente; compañeros diputados: En Acción Nacional impugnamos este artículo 9o., señores diputados, en razón de que su redacción sólo sirve para seguir apuntalando ese falso triunfalismo del régimen, que a base de propaganda, a falta de realizaciones, pretende ocultar la cruda verdad en nuestra situación.
En ese sentido, es perfectamente aplicable desde hace cinco años, aquel refrán que dice: "Dime de qué presumes, y te diré de qué careces".
Por ahí algún diputado de la mayoría hace un rato vino a afirmar que el gasto, en el aspecto social, se ha incrementado; nada más falso que esto, basándonos en las mismas estadísticas de ustedes, les quiero recordar que el presupuesto ejercido en educación en 1982 fue de 306 mil millones de pesos; si indexáramos este mismo presupuesto a la inflación sufrida, en 1986 el presupuesto debió haber sido de 2.8 billones, simplemente para mantener el mismo nivel de gasto que se había ejercido, sin embargo, se presupuestaron 1.55 billones y se acabó ejerciendo 2.11 billones, 700 mil millones menos de lo necesario para que ese presupuesto no se hubiera reducido. Y ese presupuesto que se ejerció de 2.11 billones representaba tan sólo 2.7% del Producto Interno Bruto, el cual a su vez no es más que la mitad escasa de la recomendación mínima que hace la UNESCO de aportar como mínimo el 5% del Producto Interno Bruto a los países en desarrollo.
Señores diputados, si se ejerce la mitad del mínimo recomendado, nosotros no podemos contribuir al insolente triunfalismo que ha caracterizado al presente régimen.
También alguien podrá afirmar que el éxito se debe a esa frasesita de moda y por lo mismo moderna, que lo moderno es lo que está de moda, que dice que se "racionaliza el gasto y en consecuencia se eficientiza"; si alguien lo viene a decir se meterá al callejón sin salida, porque si ahora se logra hacer más con menos, eso quiere decir que la administración pasada era torpe, ineficiente, despilfarrada, y pónganle todos los adjetivos que quieran, pero como ustedes mismos dijeron y le cantaban loas a la eficiencia de la administración pasada, pues es imposible que ahora estén haciendo más con menos.
Hay tres tipos de mentiras: las piadosas, las malvadas o perversas, y las estadísticas. En este renglón no podrán hacer uso de esta última, ya que sus propias estadísticas los tienen previamente derrotados, van a tener que optar, como es costumbre en este régimen, por las mentiras piadosas, que son las que han manejado estos últimos años.
Sobre los objetivos en educación que se pretenden, son verdaderamente loables, difícilmente se podrían imaginar algunos mejores, pero no estamos aquí para ver cuáles son los objetivos; estamos aquí para analizar, y un análisis pretende saber si se camina en la dirección correcta para obtener esos objetivos y es evidente que reduciendo el presupuesto es más difícil acercarse a las metas propuestas.
Yo les propongo, señores diputados, que para los próximos análisis, para los próximos dictámenes de cuenta, en vez de andar cantando un falso triunfalismo permanentemente, se realice este trabajo con la honestidad debida, donde apuntemos los avances, porque sí, indudablemente construir una pequeña escuela es un avance, pero también los retrocesos, los avances a medias, e incluso evaluar con la debida honestidad y poder decir que los avances de que tanta gala hacen, pues son tan humildes que en realidad no lo son tanto.
La carrera para salir del subdesarrollo, por muy eficiente que seamos, no la vamos a poder ganar invirtiendo tan sólo la mitad del mínimo recomendado a los países subdesarrollados, por mucho que racionalicemos nuestro gasto. No podemos seguir haciendo gala de triunfalismo, debemos ser serios, apuntar lo bueno y lo malo y solicitar que a futuro se incremente este presupuesto para no seguirnos quedando atrás en la búsqueda del desarrollo al que aspiramos y que vemos con angustia cómo los demás países de Centro y Sudamérica nos van rebasando.
Tenemos que mejorar la educación en cantidad y en calidad, y aportar bastante más de ese 5% que es el mínimo recomendado; ya basta, señores, de decir que estamos bien porque no estamos peor, hasta hoy esta frasesita ha sido la de moda. ¿Es ésta la política moderna? Pero estos considerandos es en los que he querido fundamentar la oposición de mi partido a este artículo. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Gerardo Unzueta Lorenzana, del Partido Mexicano Socialista, en contra.
El C. Gerardo Unzueta Lorenzana: - Compañeros diputados: Al analizar la Cuenta Pública en lo que se refiere al capítulo de educación, nos encontramos con una contradicción evidente: tanto la cuenta como el dictamen que avala a la cuenta, declaran que en 1986 los resultados son satisfactorios, pero hace ya quinquenios que esos resultados no pueden ser calificados de satisfactorios, y no pueden ser calificados de satisfactorios partiendo de un elemento básico inicial.
En México, y de eso se ufana ahora tanto el dictamen como la cuenta pública, se afirma que el gasto sectorial dentro del Producto Interno Bruto se ha mantenido en los últimos años, y nos decía aquí Sócrates - Sócrates Rizzo, por favor - , nos decía Sócrates Rizzo que no se aceptó el presupuesto de educación, que se mantuvo; y en la Cuenta Pública también se afirma que el gasto sectorial dentro del Producto Interno Bruto se ha mantenido en los últimos años, pero ¿qué significa esto? ¿Es satisfactorio que durante este año, durante los últimos años, el gasto sectorial haya significado el 2.7% del Producto Interno Bruto? Pues ésta es la barbaridad más grande, pues es aquí donde no se puede hablar de satisfacción alguna.
La UNESCO plantea como mínimo el 8%, y en México dedicamos el 2.7% del Producto Interno Bruto, ese punto de partida ya es para que no se pueda declarar satisfactorio el estado de la educación pública; pues claro que así no se puede hacer educación, claro que así tiene que irse al fracaso en cada una de las tareas educativas.
Yo creo, compañeros, que si se dedica una tercera parte del Producto Interno Bruto, es decir, de la cantidad necesaria para garantizar un buen nivel de educación atendiendo a la recomendación de la UNESCO, sólo se puede decir que el resultado no puede ser sino una tercera parte de lo que en México debiéramos tener como educación, pero no vayamos tan lejos, no nos detengamos ahí, es decir, vayamos más lejos y no nos detengamos ahí; hay que tomar en cuenta que, en 1986 el Producto Interno Bruto registró una caída impresionante para situarse en menos 3.8. ¿Esto qué significa?, significa que el gasto en educación todavía se redujo más, todavía estuvo en un nivel inferior, porque se mantuvo al nivel anterior del Producto Interno Bruto.
Compañeros, ¿cómo puede hablarse ya, a partir de esta cuestión, tomando en cuenta este punto de partida? ¿Cómo se puede hablar de que la situación en la educación, el ejercicio de la Cuenta Pública en educación es satisfactorio?, pues ésta es simplemente una ironía contra el pueblo de México; una ironía contra el servicio de educación, y quien nos venga a decir aquí que el servicio de educación está mejor, que el servicio de educación ha progresado, que el servicio de educación satisface las necesidades de la población que demanda educación, está diciendo falsedades de principio a fin y ellos mismos lo reconocen pero lo ocultan, pero lo disfrazan, pero lo encaretan.
Yo creo que si nosotros examinamos el conjunto de la Cuenta Pública en lo que se refiere a educación, nos podemos encontrar con que, en efecto, en 1986 tres programas de un total de 18, concentraron el 71% de los recursos, estos programas fueron: integración de la educación básica con el 39.5; impulso al sistema de educación tecnológica 16%; y reorientación del sistema de educación universitaria 15.9%; y a la vista tenemos los resultados.
Las metas en los tres programas, que consisten principalmente en la atención de alumnos, son imposibles de evaluar, precisamente se establecen las cuestiones que son imposibles de evaluar, ¿cómo vamos a evaluar qué tanto avanzó la atención hacia uno u otro alumno, a un sector o a otro sector de alumnos? Está hecha esta conclusión de la Cuenta Pública de tal manera, que la Cámara de Diputados no pueda decir es cierto; no pueda decir es falso; se tenga que mantener en el terreno de lo que nos han venido aquí a presentar en otros sectores de la Cuenta Pública, y de lo que ya nos presentó en la Cuenta Pública de educación Sócrates - insisto, Sócrates Rizzo, no el otro - , de lo que puede ser la educación.
La educación no se ha mantenido, la educación no ha llegado ni siquiera al nivel necesario, la educación
no ha cumplido sus metas; en México estamos en un nivel ínfimo de educación, y la forma en que se desarrolla la aplicación del gasto público en educación es cada vez más ruinoso.
Pero yo quisiera también, compañeros, que nosotros observáramos en método que aplica la Cuenta Pública, porque yo creo que es indignante, porque yo creo que nosotros no debiéramos aceptar que se juegue de esta manera con la opinión pública y, desde luego, con la Cámara de Diputados.
En la cuenta existen las explicaciones sobre las variaciones en los distintos programas, y hay una tendencia general a utilizar el argumento de culpar a los padres de familia o a la población en general, de que las metas estén por debajo de lo presupuestado.
Así por ejemplo se afirma que el incumplimiento en educación inicial del Programa 4 - N, la variación negativa se debe al propósito optimista de dar servicio a niños de madres trabajadoras, y se señala que muchas de ellas no valoran todavía los beneficios que esta educación aporta para el futuro desarrollo del niño, por lo que se presenta una deserción prematura; la culpa la tienen las madres trabajadoras, que no entienden que este gobierno, que este Estado les está proporcionando un gran beneficio histórico que tienen que aprovechar.
Pues ésta parte de la educación, si no se utiliza esa educación es porque el Estado no promueve esa educación, porque no apoya esa educación, porque no da las condiciones para que esa educación se reciba por la población.
En educación especial, dentro de este mismo programa: "Las tres variaciones negativas se deben a las limitaciones presupuestales - ésta es la canción eterna - , y a los prejuicios sociales y temores infundados de los padres de familia que rehusan enviar a sus hijos a este tipo de escuela"; nuevamente los padres de familia son los culpables de que no sea eficaz la educación en nuestro país
Pero vamos a otro sector donde la perla es aún más grande, es una perla que no se traga nadie, nos referimos a los dos subprogramas de educación rural e indígena; preescolar indígena y primaria bilingüe, en ellas, las variaciones negativas obedecen, según la cuenta, a la dispersidad de las comunidades indígenas, y también a que no se ha logrado una completa aceptación de los promotores indígenas.
La razón que se da para explicar esto último, es que cada grupo étnico tiene una visión cosmogónica del mundo diferente, y una cuando los programas y temas impartidos tratan de acercarse lo más posible a las formas de pensar de los indígenas, lo hacen de manera general; o sea, los indígenas, con su visión cosmogónica son los culpables por tener esa visión, por no adaptarse a la visión que tiene el señor licenciado Avelar, aquella visión que, seguramente - es muy adecuado recordarlo ahora - , que le hizo decir que iba a la presentación de los Seis porque lo había mandado el señor Presidente. Pues sí, si esa visión servil es la que tienen que tener los indígenas, y no la conservación de sus tradiciones, y no la conservación de su pensamiento, y no esa visión cosmogónica, pues claro que entonces no se puede aceptar la educación que les propone el gobierno mexicano; ¿pues, qué es lo que pasa? Que la educación está programada, no está científicamente estudiada y realizada para que los indígenas puedan asimilar esa educación, para que puedan participar en esos programas educativos.
Pero hay más, las perlas, como decía, son grandes y difíciles de tragar; además de esto, se dice que las comunidades indígenas, dentro de su contexto económico social, no le dan a la educación la importancia que tiene, en virtud de que para ellos no tiene una utilidad práctica inmediata que les ayude a resolver sus problemas. Pues claro, si lo que les llevan son generalidades y abstracciones; si lo que les llevan son cuestiones que no están relacionadas con su vida, con su cotidianeidad, con su concepción de la vida; si no están adaptadas a esa necesidad, naturalmente que no la pueden aceptar, naturalmente que la tienen que rechazar, porque ésa es una educación anticientífica, porque es una educación que no tiene que ver con las necesidades y con las urgencias de esa población tan atropellada, esa población tan marginada y esa población tan ofendida.
De esta manera y con estas afirmaciones se soslaya el problema principal del ausentismo y de la deserción escolar, como resultado del deterioro de los niveles de ingreso de las familias, porque en muchos casos los niños indígenas tienen que contribuir al sostén familiar; pues claro, primero tienen que comer y después asimilar las verdades eternas del licenciado Avelar.
Yo creo, compañeros, que una cuenta pública que hace estas afirmaciones y un dictamen que las apoya, es un dictamen indigno, es un dictamen que no se puede presentar a la Cámara de Diputados para que lo apruebe, y si ese dictamen está avalando lo que ha hecho la Secretaría de Educación y que se refleja en la Cuenta Pública, eso debe ser rechazado del todo.
Yo no quisiera ahora ser más detallado en estas cuestiones, hay mucha tela de dónde cortar; por
primera vez se nos presenta una serie de causas del incumplimiento de las metas pero si examinamos esas causas del incumplimiento de las metas, pues son causas que van precisamente sobre la política del gobierno, que van precisamente sobre la forma en que el gobierno maneja la economía, maneja política, y maneja la educación en este país.
¿Por qué tan bajo nivel de aplicación de fondos financieros a la educación?, ¿por qué ese 2.7? Pues porque hay que dedicar el 52% a pagar la deuda interior y exterior.
¿Por qué esa cantidad tan pequeña? Pues porque no hay una reforma fiscal que grave los ingresos en forma progresiva. ¿Por qué esa falta de aplicación de fondos a la educación? Porque se prefieren otros medios, otras formas de dispersión del gasto público, porque el gasto público se emplea en lo que ahora no es urgente para el pueblo mexicano, en tanto que lo que es urgente para el pueblo mexicano se deja para las calendas griegas.
¿Para cuándo vamos a llegar al 8%?, si tenemos que pagar esa deuda de miles de millones de dólares, ¿cuándo vamos a poder aplicar ese 8% si tenemos que pagar por intereses lo que exportamos en petróleo y parte de lo que exportamos en manufacturas?
¿Cómo vamos a resolver este problema? Pues es que lo que hay que cambiar, es de política; y en el caso concreto de la educación, lo que hay que cambiar es la forma de conducir la educación.
Quisiera solamente, para finalizar, dado que me parece que es suficiente decir ya lo que he dicho, para demostrar que no hay posibilidad de calificar de positivo el balance de la actividad educativa en 1986, quisiera solamente ahora, añadir un elemento más.
Hablamos en nuestro voto particular, de los índices de eficiencia terminal en educación básica, y decíamos que esos índices se han mantenido sin variaciones significativas en los últimos años, aunque las cifras sobre el ciclo 1986 y 1987 difieren según la fuente: mientras que en la Cuenta Pública se afirma que esta eficiencia terminal llegó al 53.8, en el V Informe se señala que alcanzó el 52%; pero ¿qué significa esto en términos de la política educativa, en términos de la eficiencia educativa, en términos de la satisfactoriedad de una política educativa? Pues significa que si el objeto es el alumno, que el objeto de la preocupación, que el objeto del trabajo es el alumno, es su educación, es su formación, es conseguir que éste vaya avanzando, termine su educación, pase la educación secundaria, etcétera.
Son esas cosas de que hemos hablado, y pues tendremos que decir que esa satisfacción que refleja la Cuenta Pública y el dictamen se ha quedado en el 52%, que el fracaso es de 48%, es la educación básica, pero si vamos a la secundaria es mayor, y si vamos a la profesional es mucho mayor; ésa es la satisfacción que les puede caber, se pretende el 10% y dicen que lo lograron, pero luego vienen las mediciones de la población, y resulta que ahora más o menos demanda porque ahora se ha restringido la población, pero resulta que están aumentando el número en cantidad concreta de las personas que no tienen acceso a la educación, y eso no lo decimos nosotros, lo dice el V Informe, junto con las otras barbaridades de que ya hablamos en alguna otra ocasión.
¿Qué es lo que ha ocurrido en la educación?, que la educación, que la eficiencia terminal, que es el grado de calificación de la educación es 5.2, no llegan al seis, no llegan al seis, están reprobados. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el compañero diputado José Ángel Aguirre Romero, del Partido Socialista de los Trabajadores, en contra.
El C. José Ángel Aguirre Romero: - Con su permiso, señor presidente; compañeros diputados: Cuando me puse a leer el dictamen en su parte relativa a la educación, por un momento me sentí desconcertado, creí estar leyendo ese famoso libro que se llama "Alicia en el País de las Maravillas", porque hablar de descentralización, de regionalización, de cobertura de los servicios educativos, de la construcción de aulas, sin tomar en cuenta la opinión del sujeto principal de la educación, que es el maestro, es fantasioso.
No se puede afirmar que la calidad de la educación se haya mejorado, cuando la realidad nos indica todo lo contrario; realidad que conocemos no porque nos la hayan platicado o porque la hayamos leído en algún texto, sino porque la hemos vivido y sufrido en carne propia.
¿Cómo podemos afirmar que la calidad de la educación ha mejorado, cuando las condiciones de vida del magisterio han empeorado? Se necesita no haber estado nunca en un salón de clases, frente a un grupo de alumnos y con un gis en la mano, para afirmar que la calidad de la educación se ha mejorado, porque nadie enseña bien y nadie aprende bien cuando tiene hambre.
Conozco casos de maestros de Ciudad Juárez, Chihuahua, que faltan los viernes a la escuela, porque viernes, sábado y domingo de cada semana
se van al Paso Texas a trabajar; conozco casos de maestras que piden licencias sin goce de sueldo para irse a trabajar de sirvientas a los Estados Unidos, y en un mes ganan más que en un año como maestras aquí en este país, y todo eso no lo hacen por gusto, lo hacen para subsistir, lo hacen para sobrevivir, para sobrevivir a la crisis, para salvarse de los efectos de la devaluación, que en Ciudad Juárez son brutales. Y todo esto en detrimento de la calidad de la educación.
Esto pasa aquí en nuestro país, no en el país ideal del que nos habla el dictamen, todavía en 1982 el maestro de primaria o de secundaria podía comprar su casa con un préstamo hipotecario del ISSSTE, esto ahora es imposible; todavía en 1982 el maestro podía comprar un automóvil nuevo, aunque éste fuera Volkswagen; urge un aumento real y sustancial en los emolumentos de los maestros, porque si hubo avances en materia educativa, éstos se deben fundamentalmente a los esfuerzos no reconocidos y menos compensados de los maestros, un aumento al salario de los maestros sería un esfuerzo efectivo para lograr mejorar la calidad de la educación.
Se habla en el dictamen de la edición de libros de texto y que bueno que esto haya ocurrido, sobre todo si se trata de libros texto para la educación bilingüe, pero malo que no se haya atendido a una vieja demanda, la de proporcionar libros de texto gratuitos para la educación secundaria, la educación normal, y la dedicada a los hijos de obreros y campesinos, para cumplir de esa forma con lo establecido con el artículo 3o. constitucional.
Yo insisto en la crítica que hacía mi compañero Jorge Amador, ¿por qué recurrir a cifras con intención de hacer incomprensibles los informes? creo que hubiera sido mejor que la comisión hubiera dicho 186 mil 200 alumnos, en vez de decir 186.2 miles de alumnos.
El artículo 9o. del dictamen dice lo siguiente: "En materia de educación, fue analizada la orientación que se dio a los recursos presupuestales asignados para ampliar los servicios educativos y mejorar su calidad, para apoyar la investigación y la cultura, y para continuar en los esfuerzos de descentralización".
En realidad este artículo no emite ningún juicio de valor, porque sólo nos informa que la comisión hizo un análisis, ¿será cierto o no? Yo no me atrevo a decir lo contrario, ni hace falta. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Bulmaro Pacheco Moreno por la comisión, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.
El C. Bulmaro Andrés Pacheco Moreno: - Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados: Han escuchado las objeciones que sobre el artículo 9o. del dictamen han hecho aquí el compañero Unzueta del PMS y el compañero José Ángel Aguirre del PST.
Claro, coincidimos con el compañero Turati cuando dice que no es suficiente el presupuesto que se destina al servicio educativo; año con año se va aumentando el presupuesto del sector educativo, tanto en lo que respecta al gasto federal, como al que hacen los gobiernos de los estados y como el que hacen también los del sector privado para prestar este servicio.
Efectivamente, como aclaraba el compañero diputado Unzueta, la exigencia de la UNESCO en materia de educación para los países en desarrollo, es una recomendación, mejor dicho una exigencia, de que se destine el 8% del Producto Interno Bruto para el sector educativo, no el 5%, como se afirmaba.
Nosotros sumamos el recurso que gasta la federación, que gastan los estados y que invierten los particulares para prestar el servicio educativo. Vemos por ejemplo que de 1980 a 1986, el porcentaje en relación al Producto Interno Bruto ha variado de 5.1 a 5.8, con lo cual, pues estamos cerca de ese objetivo del 8% y creemos nosotros que en los próximos años, de acuerdo a las posibilidades económicas, de acuerdo a los programas y a las posibilidades, se hará el esfuerzo por llegar al 8%.
En materia educativa, el régimen persigue los objetivos siguientes: Elevar la calidad de la educación en todos los niveles, a partir de la formación integral de los docentes; racionalizar el uso de los recursos disponibles, y ampliar el acceso a los servicios educativos a todos los mexicanos, con atención prioritaria a las zonas y grupos más necesitados; vincular la educación y la investigación científica, la tecnología y el desarrollo experimental, con los requerimientos del país; racionalizar y descentralizar la educación básica y normal, y desconcertar la educación superior, la investigación y la cultura; mejorar y ampliar los servicios en las áreas de educación física, deporte y recreación, y hacer de la educación un proceso permanente y socialmente participativo.
De acuerdo, las cifras, los logros, los avances obtenidos en materia educativa tanto de la prestación del servicio de educación inicial, especial, preescolar, hasta superior, de ninguna manera denotan triunfalismo; es obvio que sí se ha logrado alcanzar la cobertura del servicio en 100% la
educación primaria, y avanzar con consistencia en preescolar, en media superior y superior; es cierto que también falta consolidar el sistema educativo, buscar mayor calidad de la educación y cuidar los logros, para mejorar en otras situaciones como la eficiencia terminal en que todavía podemos hacer algunas observaciones, pero también hace falta que, de acuerdo a infraestructura educativa construida hasta la fecha, podamos tener mecanismos suficientes con la participación de la sociedad, de los gobiernos estatales, de los particulares, y del Gobierno Federal para darle mantenimiento y cuidar la infraestructura educativa que se ha construido hasta la fecha.
Coincido pues, con el diputado Turati, de que hay que aumentar el gasto en educación, ojalá su partido apoyara a los compañeros que tienen más, para que paguen más impuestos y poder destinar más recursos a la educación.
Ha habido algunas observaciones del diputado Gerardo Unzueta en relación al estilo, a la calidad y a la cobertura de los servicios educativos; de ninguna manera, y en ninguna forma, el sector educativo, las autoridades que prestan el servicio, han impuesto sistemas alguno sobre comunidades rurales o indígenas. Se busca como un proceso gradual, pues, respetando las tradiciones y de acuerdo a las condiciones y las particularidades geográficas, sociales, históricas y culturales de las comunidades, con profundo respeto impartir educación, no dejarlos al margen, y tratar poco a poco llevar el servicio educativo, aun sea a las comunidades más lejanas y con los recursos de que se dispone.
Ha dicho el diputado Unzueta por ejemplo, que es muy lamentable que en materia de eficiencia terminal en primaria, apenas estemos en un 52%,; la deserción a nivel nacional es de 5.3% en promedio, con estados como Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, donde esta deserción alcanza niveles del 10% al 15%. El hecho de que 52 alumnos que se inscriben en primaria, que de cada 100 alumnos que se inscriban en primaria, sólo 52 terminen, no quiere decir que esos 52 ya va a ser en definitiva la cifra; hay circunstancias económicas y sociales que influyen en el nivel de eficiencia terminal, sin querer decir, pues, que estos alumnos, mediante la reformas a los planes de estudios, a la preparación de los maestros, y el mejoramiento de las condiciones de vida, podamos acercarnos pronto a un mejor porcentaje pensando que en 1980 se tenía el 35%, y se tiene como objetivo en el momento llegar, cerca del 70% en los próximos años.
Desde luego que tampoco la eficiencia terminal o los porcentajes demostrados tienen que ver con la calidad de la educación, de nada serviría tener una eficiencia terminal de 100 alumnos, si no tenemos calidad de la educación.
Hay otra objeción que hace el compañero Unzueta en relación a la demanda de educación primaria: Ha quedado claro por las autoridades educativas, se, ha expresado así en los informes de gobierno, que el sistema educativo tiene la capacidad para atender de cada 100 a 100 estudiantes niños que demanden servicios de educación primaria; hay condiciones también económica y sociales que no permiten que algunos niños puedan tener acceso al servicio educativo, pero no por la educación, sino a pesar del servicio educativo.
Ha habido también una disminución del crecimiento demográfico y eso ha hecho también que decaiga la demanda y se presente, por ejemplo como se hizo en este año, 300 mil niños menos en la inscripción que para 1986 - 1987 y para 1987 - 1988.
Hay otra observación del compañero del Partido Socialista de los Trabajadores donde habla él de la calidad de la educación y del libro de texto para secundaria; reiteramos que no tiene nada que ver en este aspecto tampoco, y sería una explicación muy maniqueísta y reduciría al maestro simplemente a un ente económico, es decir, que sólo dándole buen salario puede impartir buena educación.
Coincidimos en que hay deficiencias, y que el salario del magisterio efectivamente está muy afectado por la crisis económica, pero de ahí a negar que en el maestro haya vocación, haya convicción, haya formación y haya deseo de prestar el servicio educación, pues es una realidad que tenemos que aceptar pero que debemos de reconocer, que debemos de seguir luchando por mejoras económicas para los trabajadores de la educación.
El tema de la calidad de la educación ha sido muy debatido, está en la mesa de la discusión en cuanto a qué es la calidad de la educación, si responde el sistema educativo a las necesidades nacionales, y si está el sistema educativo adaptado a las necesidades de las circunstancias actuales.
Con los logros que se han realizado hasta la fecha, con los avances que se han logrado en fomento a la difusión de la cultura, en la prestación del servicio de la educación desde preescolar hasta superior, y con la consolidación de la infraestructura educativa que se ha logrado hasta hoy, creemos nosotros que se han dado avances. No caemos en triunfalismos, reitero, falta mejorar la calidad de la educación, necesitamos buscar e idear
mecanismos que nos permitan mantener mejor la infraestructura educativa, por lo tanto, compañero presidente, solicito se someta a la asamblea se apruebe el artículo 9o. tal y como ha sido presentado por la comisión respectiva. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene usted la palabra, diputado Gerardo Unzueta Lorenzana.
El C. Gerardo Unzueta Lorenzana: - Yo creo que la recomendación final del diputado que me antecedió, es precisamente lo que tenemos que discutir: si con todos los elementos que hemos dado debe mantenerse la formulación de que son satisfactorios los resultados, yo creo que es evidente, para toda la Cámara, así como dicen ustedes, sin distinción de partidos, es evidente que no se puede mantener esa calificación, que no se puede mantener el carácter positivo de los resultados del trabajo del gobierno en la educación.
Pero además, yo creo que sería conveniente que el compañero diputado sonorense cuidara su futuro, porque resulta que está contradiciendo al señor Presidente: aquí resulta que hubo educación para 100% de la población en la educación primaria, pero resulta que el Presidente de la República habla de 303 mil 189 niños que no tuvieron acceso a la escuela; bueno, entonces ya no hay tal 100%.
Y yo diría que, bueno solamente que como ya está por salir, pues se le puede contradecir, pero la verdad es que no hay tal 100% y esto lo tenemos que dejar establecido claramente, primero; segundo, la eficiencia terminal no es una cuestión secundaria, es una cuestión primordial, la eficiencia terminal es la que nos dice hasta qué punto la actividad educativa es eficaz, y si hay un 52%, según la cifra del informe del Presidente, con un 53.8, según la cifra de la Cuenta Pública, pues está claro que no hay tal eficiencia en la educación y que no puede ser satisfactorio el balance.
¿Las causas? Abunda en causas la Cuenta Pública, pero lo que es evidente, es que el Estado mexicano no está dedicando lo necesario a la educación; nos viene aquí a incrementar el 2.7 el diputado de la comisión del PRI, como dice el señor Presidente, nos viene a decir aquí que hay toda una aportación de los gobiernos de los estados que hacen subir hasta cinco puntos no sé qué, la aportación para el servicio de la educación.
Vamos a aceptar, sin conceder, como acostumbra decirse, pero, ¿qué significa esto?, precisamente que no hay esa política, que no hay esa política de elevar al 8%, y que es un mínimo la cantidad relacionada del Producto Interno Bruto para la educación; no hay ese esfuerzo, y no hay ese esfuerzo porque la política que aplica el gobierno restringe las cantidades, restringe las asignaciones presupuestales para la educación; las restringe en el nivel nacional, en el nivel federal y en el nivel estatal.
Creo, compañero, que nosotros lo que aquí tenemos que constatar es que no es satisfactorio, que no es positivo el balance y esto es lo que nosotros reclamamos. Nosotros lo que decimos es: no se puede aprobar la formulación del artículo 9o.; el artículo 9o. tiene que ser modificado y su modificación tiene que eliminar la complacencia; sí, complacencia y, si, triunfalismo, que expresa este artículo del dictamen que ha sido presentado a nuestra consideración.
Pienso que solamente con observar el conjunto de causas para el no cumplimiento de las metas sería suficiente para decir es insatisfactorio; no es positivo el balance del trabajo educativo del gobierno mexicano.
Creo que eso queda a la luz y queda evidente, y creo que no se puede venir a justificar aquí, con artilugios oratorios lo que es una verdad evidente: la educación en México no sólo no avanza, no sólo no tiene esos progresos cuantitativos y cualitativos; no solamente no los tiene, sino que empeora la calidad y la cantidad de la educación mexicana.
El C. Presidente: - Tiene la palabra para hechos, Bulmaro Pacheco Moreno.
El C. Bulmaro Pacheco Moreno: - Señor presidente; compañeros diputados: Voy a leerles a ustedes la página 69 del Informe Presidencial, la parte que se refiere a la educación primaria: "El promedio nacional de escolaridad - dice - rebasó los seis grados; la educación preescolar ha registrado un aumento sin precedente a una tasa promedio anual de 11% durante esta administración, con lo que dos de cada tres niños de cinco años y la mitad de los cuatro, ya reciben este servicio; se mantuvo la cobertura total para la demanda de educación primaria, y se redujo el analfabetismo a sólo 7.1% de la población".
El informe complementario al V Informe dice: "En primaria se sigue satisfaciendo la demanda al 100%".
Dije, efectivamente: ha decrecido la tasa de población en México, sí, y eso ha disminuido la demanda de educación primaria, hay niños que por condiciones económicas y sociales no pueden acceder a la educación primaria, sí hay, pero que no haya capacidad para absorber a los demandantes.
de educación primaria, eso es otro boleto y no se vale manipular así la estadística. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Eduardo Turati Alvarez, de Acción Nacional.
El C. Eduardo Turati Alvarez: - Yo también quiero felicitar al diputado Pacheco, porque ha venido a hablar como un auténtico compareciente, ya lo veo para el próximo sexenio como subsecretario de Educación, o a lo mejor como secretario de Educación Pública.
Falso, es bien falso que el Presidente se haya dejado tomar el pelo para venir aquí a decir que la educación en México, el promedio de educación ya rebasó los seis grados de primaria; es falso porque hace apenas tres años no habíamos podido pasar del tercer año de primaria, estábamos entre el tercero y el cuarto, y si el promedio lo vamos a basar en todos los mexicanos, ¿todos los mexicanos adultos que no habían llegado dónde se quedan? Vino a mentir porque lo mal informaron, porque no sabe realmente de lo que está hablando.
Dice que se mantuvo la cobertura, y si hay niños que no pueden acceder es por muchas condiciones; sí, es cierto, hay muchas condiciones que se lo impiden, no hay caminos, no hay infraestructura en las comunidades rurales, los maestros se van el viernes; muchos maestros se van el viernes a las ciudades y regresan hasta el martes, a dar clases de martes, miércoles y jueves.
Sí, es cierto, hay muchos problemas sociales, pero son problemas que no ha sabido cubrir un gobierno que decía de estar precisamente para dar esa infraestructura; que se mantuvo la cobertura, que se mantuvo el sexto de primaria, que la eficiencia terminal ya es del 52% según unos, y 53.8% según otros. Y ¿por qué se ha llegado a esta eficiencia terminal?, es clarísimo: porque la calidad, la cantidad que les dan a los muchachos son menos, han diluido la enseñanza de seis años en 12, lo que se enseñaba de primero a tercero, ahora se enseña de primero a sexto y, entonces, claro están ahí y la eficiencia terminal es un poquito mayor, pero la cantidad y la calidad de lo los conocimientos son menores.
Hablan de que en las comunidades rurales no se ha podido lograr una mayor eficiencia, pues ¿cómo se va a poder lograr una, si a los niños de la sierra Tarahumara se les exige en los planes de estudio que conozcan el funcionamiento del semáforo?, ¿para qué lo pueden necesitar?
Dijo el diputado Bulmaro Pacheco, que los que tienen más deberían pagar más, yo creo que los que tienen más, están perfectamente de acuerdo, y nosotros los que tenemos más, usted y yo, estamos perfectamente de acuerdo en pagar más; de hecho ya pagamos más, muchos pagan la colegiatura de sus hijos y, además, vía impuestos, la colegiatura de otros "pecados" y, además, sostienen a otros.
Yo estoy de acuerdo en que hay que incrementarlo, pero de hecho ya se está pagando más, el que tiene más ya paga más, y paga por la educación de su hijo y por la educación muchas veces de los hijos ajenos; y en un verdadero reconocimiento, tenemos que ver que eso es solidaridad social, y está bien, pero no tenemos que estar exigiendo ni echándoselo en la cara a nadie.
Lo que debería de aportarse a educación, indudablemente tiene que ser mayor, y la razón por la cual no se aporta educación es muy clara: porque la mayor parte se va al pago de una deuda externa que se contrajo sin consultarnos a nosotros, y a sostener la multitud de paraestatales ineficientes donde hay una gran cantidad de zánganos que están sangrando a la nación. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Edeberto Galindo Martínez.
El C. Edeberto Galindo Martínez: - Declino, señor presidente.
El C. Presidente: - Declina. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Por consiguiente, proceda la secretaría a consultar a la asamblea si el artículo 9o. está suficientemente discutido.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si está suficientemente discutido el artículo 9o. del dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación.)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, favor de manifestarlo... Suficientemente discutido, señor presidente.
El C. Presidente: - Se reserva para su votación nominal en conjunto.
El siguiente punto es el artículo 10, que ha sido impugnado por el diputado Cristóbal Figueroa Nicola, del Partido Acción Nacional.
El C. Cristóbal Figueroa Nicola: - Con su permiso, señor presidente; honorable asamblea: Los análisis de la Cuenta Pública siempre que son revisados y discutidos por esta soberanía, sobre todo por los partidos de oposición, nos encontramos plagados de referencias a metas y programas no cumplidos, así como excesos en lo presupuestado en los mismos.
La Cuenta Pública de 1986 no constituye una excepción, y en el capítulo que hemos separado y en el cual nos inscribimos en contra, está plagado de las fallas antes nombradas, sin embargo, no obstante que en líneas más adelante enumeraremos tan sólo algunas fallas, errores u omisiones, también nos abocaremos a una grave falla en el aspecto de la planeación de los programas.
Durante 1986, se destinó en la Secretaría de Salud un presupuesto que constituye la sexta parte de lo programado para el Seguro Social, teniendo la Secretaría de Salud una población de derecho - habientes de más de 10 y medio millones que los derechohabientes con que cuenta el Seguro Social; es más, para este año se prevé la misma proyección del gasto, se cae nuevamente en el mismo error de planeación, es decir, repitiendo una vez más que mientras la Secretaría de Salud tiene una cobertura de más de 10 millones que el Instituto Mexicano del Seguro Social, éste destine seis veces más presupuesto para atender la salud de un pueblo mexicano que, teóricamente, repetimos, teóricamente tiene el mismo derecho constitucional a la salud.
A ese indicativo de salud, se agrega otro significativo, pues mientras el Instituto Mexicano del Seguro Social destina 26 mil 861 camas censables, la Secretaría de Salud sólo destina 20 mil 925 camas a más de 40 millones de derechohabientes.
Aquí conviene hacer un paréntesis que viene en la página 48 del libro de la Cuenta Pública, en el cual se refiere a que en el área conurbada de municipios del estado de México con el Distrito Federal, hay una relación de 0.12 camas por cada mil habitantes, es decir, hay una cama disponible para 9 mil habitantes en el área conurbada; esto quiere decir que, de 9 mil habitantes, en un año solamente se pueden enfermar 365 con derecho a ocupar una cama uno de ésos, un sólo día; tienen que egresar inmediatamente.
Lo anterior ilustra lo desigual en la distribución, y además lo ineficientes que resultan los servicios de salud; si esto sucede en las áreas urbanas, no hay que poner a volar demasiado la imaginación para pensar lo que pasa en las áreas rurales.
Cabe destacar y comentar sólo tres párrafos de este libro que leímos, en el renglón de materiales y suministros, página 40, dice textualmente: "Otro concepto que se redujo de manera importante fue el correspondiente a gastos por concepto de vestuarios, uniformes y blancos, así como prendas de protección para el personal médico", eso es un ahorro. A nosotros nos gustaría oír lo que opina el personal perjudicado con esa medida de ahorro.
Por contraparte y en comentario al párrafo anterior, aparece otro en la página 41, tercer párrafo que dice: "Las principales variaciones se registraron en el renglón servicios oficiales, específicamente en la partida destinada para las asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores no contemplado originalmente - continúo - ,registrando un incremento significativo debido al aumento en los bonos - si dice bien - en los bonos de actuación de mandos medios y superiores".
Y la gota que derrama el vaso está en el siguiente párrafo y cito textualmente, nuevamente al libro que nos manda la Secretaría de Programación y Presupuesto y dice: "otros incrementos se registraron en los gastos por servicios de arrendamientos y por servicios de asesoría, estudios de investigación, en tanto que los servicios de mantenimiento - miren qué servicios tan importantes - , pero en tanto que los servicios de mantenimiento, conservación e instalación - no, pues para la Secretaría - , éstos se tuvieron que ver restringidos".
Hasta aquí, creo que ya los comentarios a seguir sacando párrafos de este libro, pues ya está la asamblea muy cansada, pero yo quisiera agregar, honorable asamblea, que la salud es uno de los parámetros fundamentales que refleja el estado de la sociedad en general, pues en ella es la conjugación de alimentación, educación, vivienda, etcétera; una salud deficiente nos habla de un pueblo enfermo, y una mala atención de la salud nos habla de un gobierno, porque en este caso el gobierno es el tutelar de la atención de la salud un gobierno ineficaz, por no llamársele en términos más agresivos y demostraremos que la salud sigue siendo un problema que año con año empeora; y suplico su atención por los siguientes datos, es una sola página de datos y dice:
"Causas de mortalidad infantil en menores de un año: En muertes perinatales en 1977 - hace diez años - , morían 874 niños por cada 100 mil habitantes; en 1983 ya ascendía a mil niños por cada 100 mil; en otros casos como enteritis y otras enfermedades diarreicas, se incrementan a partir de 1978; en avitaminosis y otras
deficiencias nutricionales, éste también ha ascendido como reflejo del déficit de alimento y carestía". Al respecto sólo les señalamos que, en arroz, nada más en 1983 se consumió menos kilogramos per capita que en 1986; en maíz, mientras en 1985 se consumían 201.2 kilogramos per capita, ya para 1986 había bajado a 168 kilogramos al año.
En trigo, en 1985 se consumían 78 kilogramos; en 1986, 60; baja el consumo per capita, y así en ajonjolí, cártamo, soya, semillas de algodón, sorgo, cebada, aguacate, fresa, limón, mango, mandarina, manzana, melón, etcétera; todo reflejan, menos consumo.
El consumo de frijol que en 1981 era de 25.5 kilogramos per capita, para 1986 ya bajó en 10 kilos, o sea, llegó a 15.8; en 1978 se produjeron 6 mil 510 millones de litros de leche, con una disponibilidad anual per capita de 114.1 litros; para 1986 la producción fue la misma, por tanto, el consumo per capita tuvo que disminuir al aumentar la población.
Y en otras fuentes de proteínas sería lo mismo, sería cansado enumerarlas, por lo tanto, estas son cifras oficiales que nosotros hemos sacado de libros que ustedes mismos reconocen, agregando que, eso sí con el 131, en el aspecto de raciones que se habían programado, con el 131% de lo presupuestado para raciones, se otorgaron sólo un tercio de las raciones que estaban pensando otorgarle fundamentalmente a la niñez.
Dice, de las raciones alimenticias programadas, dice: "Por desviaciones no autorizadas - yo no lo digo-, por desviaciones no autorizadas al capítulo de servicios personales"; se desvía así ese capítulo más importante de servicios personales, que otorgar las raciones, cuando menos que nos dicen a nosotros que se van a otorgar.
En mortalidad de niños de uno a cuatro años, desde 1979 se han incrementado igual, han seguido la misma conducta, la misma curva: las enteritis y otras enfermedades diarreicas, avitaminosis, deficiencias nutricionales, etcétera; en mortalidad materna, en casi todas las causas ésta se ha incrementado en relación a los índices de 1977 como base, son típicas todas las causas de defunción: aborto, problemas sépticos, etcétera, son típicas de subdesarrollo.
Lamentamos mucho no ser propositivos y solamente críticos, pero éste es un análisis de hecho de 1986 y, en su oportunidad, en la discusión del presupuesto de egresos no sólo seremos críticos sino propositivos, ya que, adelantándonos a la discusión, encontramos que se repiten los mismos desatinos, a ser desproporcionadamente desiguales los recursos que se destinan a más de 40 millones de mexicanos y por lo cual, qué negras perspectivas se le abren.
Por último, el señor Secretario de Programación y Presupuesto, en el capítulo de líneas de acción que presentó en esta Cámara, la cuarta línea que en este folleto, al final del párrafo dice: "El programa de terminación de la obra pública incluye un sistema de control y seguimiento para garantizar el estricto cumplimiento de las metas físicas y financieras", así se nos dijo.
Al respecto, yo mencionaré cómo de ninguna manera se sigue lo aquí dicho por el doctor Aspe. Primer ejemplo: en el Hospital de Guadalajara, Jalisco, éste se inició en junio de 1973, se suspendió de 1982 a 1985 y se reinició en enero de 1985, y se esperaba inaugurarlo en agosto de 1987. ¿Es esto control y seguimiento?
En Culiacán, Sinaloa, el hospital se inició en enero de 1977, programado para terminarse en diciembre de 1980, sin embargo, en 1982 ya mejor lo dieron por suspendido, reiniciándose en 1984 y pensando que opere en 1988, con ocho años de retraso; vaya control y seguimiento.
El tercer y último ejemplo es el siguiente: En octubre de 1985 se inician prácticamente simultáneamente los hospitales de Cuernavaca, Morelos y Puebla, Puebla; el de Cuernavaca con 120 camas para beneficiar una población de 140 mil habitantes, y el de Puebla con 180 camas para una población de 867 mil habitantes; mientras el de Cuernavaca se proyectó con un costo de 1 mil 858 millones de pesos, el de Puebla, con 60 camas más, al menos es un hospital bastante más grande, costará 900 millones de pesos, la mitad de lo que está proyectado para el de Cuernavaca, ambos iniciados en octubre de 1985.
A propósito, aquí yo quiero dejar la siguiente proposición a este respecto, que siento que se va a aceptar y les voy a decir por qué:
«Proposición: Que la Comisión de Salud de esta H. Cámara de Diputados solicite al C. Subsecretario de Planeación de la Secretaría de Salud, un informe detallado sobre los contratos de obras de la construcción de los hospitales de esta secretaría en las ciudades de Cuernavaca, Morelos y Puebla, Puebla; estado de avance de los mismos, y por último, una observación por parte de esa dependencia sobre la gran diferencia, una observación estamos pidiendo a esa dependencia, sólo humildemente que nos diga por qué la gran diferencia de los costos de ambas obras, dado que se iniciaron ambas en octubre de 1985; se solicita
además que esta proposición sea considerada de urgente y obvia resolución, para que el escrito nos venga en tiempo de que este período sea clausurado.
A 10 de diciembre de 1987.- Firma el de la voz.»
Por último, no siquiera solicitamos comparecencia, pues no hay tiempo, pero queremos una explicación, debe de haberla.
Por último, en el dictamen mucho énfasis se hace en los programas de inmunización -no nos había tocado doctor Maldonado, porque sí lo observamos-, se hace mucho énfasis y estamos muy de acuerdo en la atención preventiva de la salud, definitivamente, pero encontramos algo en lo que hay que poner cuidado: de 1980 a la fecha nacieron 20 millones 196 mil 471 niños, y sólo, no los voy a aburrir con cifras técnicas o con datos de vacunas, etcétera, pero la vacuna antipolio, la famosa de "ya dimos el primer paso no hay que aflojar", etcétera, se han aplicado más de 161 millones de dosis de 1980 a la fecha.
Si no se nos hubiera muerto ningún niño desde 1980 a la fecha, si todos sobrevivieran, quiere decir que a esas criaturitas ya les hemos aplicado ocho dosis, y aquí están los datos, se les aplicaron, según el gobierno, ocho dosis de vacuna antipolio; está bueno, no los vamos a matar porque son gotitas, siquiera les pusieran azúcar para darles un poquito de nutrición, además, incluyendo a los niños nacidos este año y que en el lapso de un año ya les hubiéramos aplicado ocho dosis de vacuna antipolio, aquí están los datos, los podemos ver.
Entonces, presuponiendo además que se cubrió el 100% de lo que hiciéramos, y nuevamente no critico el programa de inmunización, soy médico y estoy de acuerdo en que debemos de ir a la prevención primero, que andar haciendo curaciones y medicina de segundo y tercer nivel, pero resulta que con esto, si lo lee cualquier gente, no necesita ser médico, ni que las analicen en la Organización Mundial de la Salud ni nada, pero si nosotros estamos reportando estas cifras, nadie nos lo va a creer, porque van a decir: "hombre, caramba, estos mexicanos se están poniendo el guarache antes de espinarse", todo porque están aplicando demasiadas dosis de vacunas, ya no son necesarias tantas, y no nos vamos a meter en un debate científico ni médico, simple y sencillamente, qué bueno que no aflojemos el paso, pero no hay que acelerarlo a tal grado que estemos atiborrando de gotitas antipolio a los niños.
Esto, solamente para ejemplificar que muchos programas podemos analizarlos detenidamente, pues la mera verdad y sin mala intención, tiene uno que dudar de ello.
Con el seguro social y el ISSSTE, que también nos corresponde en esta área no nos vamos a meter mucho, yo estoy de acuerdo, soy un defensor de la medicina, de la seguridad social, de las instituciones, porque creo que es la tendencia que debería de seguir para resolver los problemas de salud que hay en México.
Sí, lamento mucho que en el seguro social se esté abandonando la atención médica, fíjense bien, aquí hay muchos líderes obreros, muchos representantes de los trabajadores, y debe de impórtales mucho esto: en el seguro social, en el presupuesto de 1986 se destinó tan sólo el 52%, es decir, a donde se atienden los problemas de salud, pues, porque hay teatros, editan ahora, se metieron a editores de libros, nos mandaron unas colecciones de leyes estatales, etcétera; pero esto le debe de importar mucho a la gente que representa a trabajadores.
El seguro social es un orgullo, todavía la semana pasada se vino a hablar aquí de uno de los fundadores y precursores y defensores del seguro social, yo también me encuentro entre ellos, pero resulta que el seguro social está abandonando la función primordial para la que fue creado: darle la salud a nuestros mexicanos; entonces solamente como una pequeña acotación al margen.
Y por lo demás, con respecto a nosotros, mi fracción parlamentaria está totalmente en desacuerdo con el artículo 10, porque definitivamente no se aproxima, siquiera, a cumplir los anhelos y lo que espera el pueblo mexicano en materia de salud. Muchas gracias por su atención.
El C. Presidente: -Compañeras y compañeros diputados: En virtud de que en esta exposición, en contra, del compañero Cristóbal Figueroa Nicola, trató un asunto que se encuentra fundamentado en el artículo 59, vamos a darle el trámite de urgente y obvia resolución que pidió él, ahorita en la tribuna, para que no quede pendiente, y de una buena vez desahogar la misma petición.
Abundo: lo que quiere hacer el diputado Figueroa Nicola, es que la Comisión de Salud reciba un informe detallado de los costos de construcción de los hospitales de Cuernavaca y Puebla. Esa es en sí, fundamentalmente, la proposición del diputado Figueroa Nicola.
Se abre el registro de oradores, de acuerdo con el artículo 58 y 59, en pro y en contra.
Consulte la secretaría a la asamblea si esta proposición del diputado Cristóbal Figueroa Nicola se admite o no a discusión.
La C. secretaria Patricia Villanueva Abrajam: -Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se admite la proposición presentada por el diputado Cristóbal Figueroa Nicola.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo.
(Votación.)
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor presidente.
El C. Presidente: -Consulte la secretaría si esta proposición es considerada de urgente y obvia resolución.
La C. secretaria Patricia Villanueva Abrajam: -En votación económica, se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, si se considera de urgente y obvia resolución. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... No se considera de urgente resolución, señor presidente.
Trámite: -Túrnese a la Comisión de Salud.
El C. Presidente: -Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Hildebrando Gaytán Márquez, del Partido Socialista, para hablar en contra del artículo 10.
El C. Hildebrando Gaytán Márquez: -Señor presidente; honorable asamblea: En cumplimiento constitucional que se establece para que la Cámara analice este tema, pensamos que el dictamen no está lo suficientemente profundizado, en virtud de que, para que ese análisis sea valioso en el conocimiento de lo que ha sido la situación de México y la intervención del Estado en el año de 1986, debe no solamente limitarse al análisis numérico, al avance de los datos, sino cotejar lo que establecen esos datos estadísticos con la realidad del país; sólo de esa manera puede tomarse este análisis en sentido positivo, esclarecedor de los problemas para las fuerzas populares y la nación en general.
El tema del artículo 10, de salud y de avance y de política laboral, ya hemos señalado que tiene que verse la salud como no solamente la ausencia de enfermedades, sino que garantizar la salud está ligado con las condiciones económicas de vida de la población, y de manera muy directa con la alimentación del pueblo mexicano.
¿En qué medida, en el año que se analiza de 1986, se contribuyó a fortalecer las condiciones de salud del pueblo en estos aspectos que son los fundamentales, y no solamente en los datos del avance, la incobertura en asignaciones presupuestales en las diversas instituciones hospitalarias?
¿En qué grado, asimismo, porque está en el artículo 10, el ejercicio presupuestal y la política laboral, en qué medida en el aspecto laboral asimismo, se ha avanzado en la garantía de las mejores condiciones de vida de la población?
Todos estos aspectos son los que deben de ligarse en el análisis de la Cuenta Pública.
El dictamen nos da cuenta de lo que se ha avanzado en la construcción de instituciones de salud, es importante; también nos comunica cuánto se ha ampliado la cobertura para proteger a la población, para garantizar su salud, su servicio en alguna unidad hospitalaria.
Nosotros queremos hacer el comentario de que, analizar estos datos así en cuanto a la cobertura nominal, no es suficiente el saber que hoy existan ocho o nueve millones que son los que no tienen garantizado su servicio en alguna institución; no es suficiente conocer la cobertura nominal y saber que ésta es grande, si no establecemos la relación que también existe con el porcentaje de los derechohabientes que pueden realmente recibir la atención de la salud en las instituciones; es decir, en tanto que aumenta la cobertura nominal de acuerdo con los estudios establecidos, fruto de las estadísticas oficiales, la atención real de cobertura de ésta en la prestación de los servicios, ha sido inversa, para decirlo en pocas palabras.
De esta manera, la cobertura nominal ha aumentado en cantidades muy significativas, pero la atención real ha descendido del 69% que existía hasta hace dos, tres años, a un 60% que era la capacidad que se tenía en 1986, porque la capacidad de cobertura real de las instituciones de salud, para tomar en cuenta la calidad del servicio, nos obliga a conocer el grado de existencia en cuanto a médicos, enfermeras, camas, quirófanos, gabinetes radiólogos, laboratorios clínicos, y poder asegurar si la cobertura nominal ha aumentado, también existe toda la infraestructura y los datos, nos señalan que no hay esta garantía real.
¿Cómo mejorar la situación? Pues evidentemente aumentando la asignación presupuestal, y ahí es donde deben aumentarse los ingresos a la salud y no como ha sido hasta ahora, de que se desvían mayores fondos, como ha sido para el pago de la deuda en un 46% de lo autorizado, que ya de por sí era una cantidad alta; en cambio, para las necesidades de la población se desvía una cantidad menor.
En el otro aspecto del artículo 10, que es el que se refiere a la situación laboral, pues tenemos también que comentar que no es posible satisfacer el análisis de las condiciones de los trabajadores, cuando en el dictamen se señalan aspectos como éste, y dice que, por ejemplo el programa: "Bienestar de los Trabajadores y sus Familias", todas sus metas se cumplieron satisfactoriamente; o en el de la impartición de justicia y vigilancia de la legislación laboral, que se superaron todos los aspectos programados. Conocer estas referencias de los programas en materia laboral, aislado de las condiciones reales de los trabajadores, en este año que se analiza, nos lleva a una concepción falsa de la realidad de la clase obrera.
El ingreso del trabajo en 1977 fue de 39.9; en 1983 bajó a 31.1, y en la actualidad está a menos del 30%; en cambio, los ingresos del capital en 1977 eran de 46.1% en 1983, 47.3% y en la actualidad son más del 50%, es decir, hay una concentración de la riqueza en una minoría y, por otra parte, la amplia masa trabajadora del pueblo mexicano ha reducido sus ingresos. Está este aspecto, y está precisamente en el artículo 10 a comentario en este momento: los salarios han perdido en los últimos cinco años el 50% de su poder adquisitivo; lo que cinco años atrás se dedicaba de salario para la alimentación era el 46%, hoy, con el 100% es insuficiente.
En consecuencia, los comentarios en el dictamen, como ya di lectura a dos de los puntos sobre el tema laboral, se divorcian por completo de la realidad de la clase trabajadora del país; en consecuencia, se rechaza lo que se establece en el aspecto de seguridad social y de política laboral, no tanto porque dentro del total del presupuesto no sea una cantidad importante, sino porque resulta insuficiente, porque el mismo presupuestos resulta muy bajo en relación a las necesidades del pueblo y a todo el desarrollo del país; y resulta bajo este presupuesto por la política económica de destinar una alta calidad del pago de la deuda, y por las demás medidas que el compañero Morquecho nos señalo hoy en la mañana, que están dentro de la política neoliberal.
Compañeras y compañeros diputados: los comentarios de corte particular a los diversos aspectos del presupuesto que se han hecho, y que se podrán hacer y en los cuales el Partido Popular Socialista rechaza cada uno de estos artículos, es porque la política, de fondo, anula lo que debería de ser en bien del desarrollo nacional y de los intereses del pueblo. La política neoliberal, que consiste, entre otros aspectos, en reducir la intervención del estado en la economía y bajar su gasto público; que consiste en establecer topes a los salarios de los trabajadores, y en dejar en el libre juego a las fuerzas del mercado, y que ha sido la que ha llevado adelante este sexenio, es la que ha producido, por un lado, la concentración de la riqueza; satisfecho las demandas en materia económica de la alta burguesía reaccionaria, y por el otro ha sumido a la población de menores ingresos en peores condiciones de vida, y al estado le ha venido reduciendo su capacidad económica y política, y su capacidad para responder a las necesidades del presente y del futuro de México.
Ese es el problema de fondo que en esta legislatura se ha discutido, y ya lo decía con acierto el diputado Sócrates Rizzo hoy en la mañana, cuando dijo: "el problema es que hay quienes piden una mayor intervención del Estado en la economía, y hay quienes quisieran que desapareciera esta intervención; es cierto, es el problema histórico, y los que quieren que se reduzca la intervención es la derecha y la alta burguesía, y en ese rumbo ha seguido esta política económica, la derecha no protesta el rumbo, sino lo insuficiente de las medidas de entrega de las empresas del Estado, y nosotros peleamos el rumbo, que se continúe por el rumbo de la Revolución Mexicana, de la mayor intervención del Estado en la economía y señalamos: no puede satisfacer una posición aparentemente centrista, limitando la intervención a determinadas áreas estratégicas, sin el sentido social e histórico que es el que le imprimió la Revolución Mexicana, y los hechos lo han dicho, un Estado reducido, es el que ha favorecido a la alta burguesía reaccionaria, por eso rechazamos este artículo y en general el dictamen. Muchas gracias.
El C. presidente: -En el uso de la palabra el diputado Darío Maldonado Casiano, por la comisión, en pro.
El C. Dario Maldonado Casiano: -Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados: Hablar del sector salud como objetivo en este sexenio del gobierno de la Revolución Mexicana, dentro del Plan Nacional de Desarrollo, en una realidad, ya que atrás de 1982 cada organismo médico gubernamental hacía sus propios programas, decidía las características de cuándo dar vacuna, a qué niños dar vacuna y
cuántas dosis. Por ello, es conveniente que recordemos que las estrategias del sector salud son la sectorización, la descentralización, la coordinación intersectorial, la modernización y la capacitación a la comunidad para que participe en forma activa.
Hemos escuchado del señor diputado del PAN, Cristóbal Figueroa Nicola, que se han dado más dosis de vacuna contra poliomielitis que los niños que han nacido, nada más que el reporte es de la vacunación total, no únicamente de vacunación contra la poliomielitis; sabemos que se previenen ya varias enfermedades además de las tradicionales: difteria, tos ferina, tétanos, actualmente se está previniendo por vacunación la tuberculosis, el sarampión y en general se está avanzando en el área de protección en relación al uso de las vacunas.
Por ello, además de los días nacionales de vacunación, independientemente de que ya a ese niño se le haya dado su dosis, se vuelve a revacunar, y el compañero Figueroa Nicola dice que no importa que sean unas gotitas ya que es agua azucarada, así lo dijo, y si comprendí mal, mis disculpas, pero la verdad, se da una vacuna permanentemente a todos los niños que se registran; la mamá lleva a vacunar de acuerdo con la enfermedad que se está previniendo, y en los días nacionales de vacunación, independientemente de que haya sido o no vacunado, se vacuna al universo de los niños que se programan.
Las cantidades que se reportan tanto en el seguro social, el ISSSTE, como la Secretaría de Salud, es el total de vacunas que se dieron para 1986, y aparentemente son más, como ha sucedido cuando se hizo el estudio con anterioridad, en 1980; en cuanto a los derechohabientes que tiene cada organismo médico gubernamental, que sumándolos son más mexicanos que los que realmente tenemos, y es que los derechohabientes de los servicios médicos gubernamentales asisten a la medicina privada y asisten a los institutos médicos nacionales, se registran, y en número da más por hacer uso doble, triple o más de los servicios de salud, puesto que se incluye también a la medicina privada.
En relación a la Secretaría de Salud, que hemos escuchado del diputado Gaytán que se da menos cantidad de dinero, tenemos que diferenciar bien que el seguro social tiene aportación tripartita: de parte de los patrones, de los trabajadores y desde luego de la Federación, en tanto que el ISSSTE tiene dos aportaciones, y la Secretaría de Salud depende únicamente de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, aunque se suman las cuotas de recuperación.
En salud, debemos de tener presente que cuando la comunidad interviene directamente y participa, es conveniente que tengamos presente que nadie va a cuidar la salud más que el propio humano, el ejemplo más claro que tenemos y que se ha dicho por los compañeros que me precedieron, que es mejor prevenir, ésa es la intención; prevenir es el ideal de la medicina, pero la comunidad cada vez está contribuyendo más. Y en cuanto a la inversión que se tuvo que hacer en 1985 al final, y 1986, sabemos que el sismo de 1985 hizo que perdiésemos camas, pero a estas alturas no sólo se ha recuperado aquellas camas, sino que se han incrementado, por lo tanto, el número de camas, sí, es cierto que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social proporcionalmente más camas, porque también es cierto que el IMSS es la mayor conquista que ha dado la Revolución Mexicana, y que el ISSSTE ocupa y da servicio a quienes trabajan en el Gobierno Federal; y la población desprotegida es de la responsabilidad de la Secretaría de Salud, por ello, las metas sí se han alcanzado.
La suma de las metas puede dar aparentemente números que se han inflado, pero los resultados son los que nos permiten enjuiciar y enjuiciar la verdad; los padecimientos que se previenen por vacunación han disminuido, hay meses en los que ya no se ha reportado en todo el país un caso de poliomielitis.
Por ello, exhorto a los señores diputados que tenemos que creer y aceptar lo que la Organización Mundial de la Salud, dentro de la cual México está, que este país, nuestro país, ha servido de ejemplo en la atención para la salud en el primero, segundo y tercer nivel, pero para llegar al segundo y tercer nivel, primero hay que cubrir el 100% del primer nivel.
Y aquella tendencia de estar constantemente negando lo que nosotros podemos hacer, lo que nosotros estamos haciendo, y el doctor Cristóbal Figueroa Nicola, como trabajador del ISSSTE, sabe que la cantidad y la calidad de los servicios de salud de este organismo médico - gubernamental cada vez es mejor y en mayor cantidad.
En cuanto al seguro social, los números prueban, por un lado, que hay cada vez más mexicanos que tienen salario mínimo y que los derechohabientes se han incrementado; que nos falta mucho por hacer, sí es cierto, pero dentro de los países que se dice que estamos en el tercer mundo, México es un ejemplo, un ejemplo reconocido por la Organización Mundial de la Salud; y si en el seno de la OMS, creen y toman como ejemplo a México, los representantes del pueblo de México tenemos que razonar y aceptar que el sector salud
está cumpliendo con lo que se ha programado, con las metas y con los objetivos. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Para hechos, tiene la palabra el diputado Cristóbal Figueroa Nicola, en los términos del artículo 102.
El C. Cristóbal Figueroa Nicola: -Señor presidente; compañeros diputados: He pedido la palabra para rectificar ciertos hechos.
En primer lugar, con todo respeto, porque verdaderamente siento respeto por el compañero Darío Maldonado Casiano, con quien he tenido oportunidad yo de intercambiar opiniones en el seno de la Comisión de Salud, aquí hubo una interpretación, tal vez se le pasó en lo que él piensa que es el contenido global: la inmunización total.
Yo le sugiero tomar nota de las páginas de este anexo estadístico, de las páginas 327, página 329, y luego irnos hasta la página 336; no, claro yo sé hacer las diferenciaciones sobre diferentes tipos de inmunizaciones que se usan, yo nada más, y esto no es falso, aquí está, yo me tomé la molestia de sumar, podemos consultarlo, sumé solamente los reportes de 1980 a 1986 de inmunizaciones de la antipolio; entonces, no metí ni la BCG, ni la sarampión; ni la DPC o la triple, no solamente para clarificar eso, doctor, ésa es la verdad.
Vámonos a lo estadístico, y la verdad es que reportan estadísticamente que se aplicaron 161 millones de dosis y, además, quiero hacer la aclaración que nunca pretendí burlarme de las gotitas, yo le dije que sería bueno que le pusieran azúcar, porque ustedes saben muy bien que el contenido calórico, la glucosa les ayuda a nuestros infantes; ahora, eso es clarificando sobre el aspecto que sería no comprendido bien, únicamente me dediqué yo al antipolio, y así viene reportada aquí, y después vienen otros renglones para las otras clases de inmunizaciones.
De ninguna manera voy a estar en desacuerdo con usted sobre la importancia que tiene la atención preventiva, si ya la mencioné, definitivamente, en un país subdesarrollado cómo no va a ser mejor prevenir una enfermedad que estarlas combatiendo, claro que sí, yo no vine a atacar ni a criticar el programa de inmunizaciones, compañero Maldonado, estoy de acuerdo, adelante con él, nada más hay que medir las cifras un poquito.
Ahora, respecto a las otras instituciones, yo no me había querido meter en ellas, solamente había hecho la crítica de que se esté abandonando la atención médica, de que se esté abandonando, como lo estamos viendo, aquí nos los presentan, la cantidad destinada a la Subdirección Médica, pero nadie ha pretendido minimizar la importancia que ha venido a cubrir el seguro social, una institución concebida por don Manuel Gómez Morín en 1927; desde 1927 ya hablaba de ella, claro que se fue a la congeladora y etcétera, etcétera, se revivió en su tiempo, pero existen las pruebas de que así fue planteado.
Y el ISSSTE, sabemos que tiene una cobertura, un tipo especial de derechohabientes, pero insisto, quedan 40 millones, aquí está, salud, vamos a ver Secretaría de Salud, lo dicho por ustedes: cobertura institucional, población a cubrir para 1987, la expectativa es de 42 millones de mexicanos; 42 millones de mexicanos a los que les estamos dedicando la sexta parte de lo que le dedican a los derechohabientes del seguro social, yo quisiera que les dedicaran a los derechohabientes del seguro social más, porque ya es insuficiente para los trabajadores, pero resulta que a 42 millones de mexicanos les están dando una migaja de salud y de atención; ya les dije que en las áreas conurbadas hay 9 mil cristianos por una cama, o sea, es una cobertura deficiente.
Entonces, definitivamente yo no quería meterme ya en el tema de las instituciones de seguridad social, porque sabemos que hacen hasta lo imposible por sobrevivir y dar una buena, un aceptable servicio, aquí vaya un reconocimiento para los trabajadores de esas instituciones, claro que sí, el valor que ellos tienen.
Entonces, solamente me subí para clarificar que, definitivamente, estoy dando las cifras y les estoy dando los datos de dónde se pueden consultar. Ahora, no son inventados por mí, yo creo que no son inventadas, creemos que son cifras reales. Es todo, muchas gracias.
El C. Presidente: -Consulte la secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutido el artículo 10. del decreto.
La C. secretaría Yrene Ramos Dávila: -Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el artículo 10.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación.)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor presidente.
El C. Presidente: -Se reserva para su votación nominal en conjunto.
El siguiente artículo que fue reservado es el 12, para lo cual se ha registrado en contra el diputado Héctor Pérez Plazola, del Partido Acción Nacional. Tiene la palabra.
El C. Héctor Pérez Plazola: -Señor presidente; señoras y señores diputados: Se me ha encomendado hacer algunos comentarios sobre el sector que comprende el artículo 12 de este dictamen, pero antes de ello, quisiera volver a repetir que, en mi opinión y en la opinión de muchos, un dictamen de esta naturaleza debe ser resolutivo, ya lo dijimos el año pasado, creo que vale la pena insistir, y aun cuando el año pasado se contestó que la Constitución no especifica expresamente que esto debe ser, vuelvo a insistir, en que lo lógico es eso y si no, con toda seguridad que a estas horas ya la prensa escrita ha encabezado los diarios que aparecerán mañana con el título en el sentido de que la Cuenta Pública de 1986 fue aprobada.
Quisiera que mañana me desmintieran sobre ello, pero si la prensa interpreta eso, creo que es la confirmación de que este tipo de dictámenes debe de decir si se aprueba o no se aprueba una Cuenta Pública.
¿Cómo es posible que hay artículos de esta naturaleza en donde solamente dice que se revisó que las dependencias y entidades de control presupuestal directo, se apegaran en el ejercicio de su presupuesto?, y en otro, que se analizaron los ingresos así como los resultados presupuestales y la magnitud y estructura del financiamiento del déficit, pero que se encontró positivo, se encontró negativo; se encontraron cuáles deficiencias y, para corroborar seguramente o para evitar mejor dicho el problema que ya se planteaba el año pasado, y si mal no recuerdo los dos años anteriores, hoy omitieron hacer las recomendaciones específicas que se había venido acostumbrando a hacer cuando, por ejemplo, queriendo recurrir un poco a la memoria, se habló de que productos pesqueros y una empresa fundidora, etcétera, se les señalaba expresamente que tenían deficiencias, y se marcaban muchas de ellas, y se pedía y se recomendaba a la Comisión de Vigilancia que, a través de la Contaduría Mayor de Hacienda, terminara de verificar todas esas situaciones.
Y en aquella ocasión dijimos: bueno y, ¿cuándo vamos a tener ese resultado? Hace dos años que venimos analizando cuentas públicas, y en este dictamen no se hace tampoco ninguna referencia a todo lo que quedó pendiente, aun cuando en el último artículo se habla de la misma recomendación, nada más que ahora en situaciones totalmente generales, sin haber concretado nada, casi en la mayor parte de los sectores hay diferencias, hay presupuesto ejercido en cantidades superiores a lo autorizado y, sin embargo, a la hora de la hora el dictamen no lo dice.
En fin, confiando en que por lo menos quienes nos sucedan en estos andares en la próxima ocasión, tomen conciencia de que el dictamen debe tener resolutivos en este sentido, pasaré pues a hacer unos comentarios lo más breve posible, para que no nos dé la medianoche, en relación al artículo 12 que habla del gasto público ejercido por el sector abasto, y que fue analizado en relación con el grado de cumplimiento de los objetivos y metas previstas para el desarrollo y la modernización de la estructura comercial, la regulación del mercado, la garantía del abasto de alimentos básicos, el fomento a la exportación no petrolera, y la participación de los sectores privados y social en el proceso de comercialización de básicos.
¿No consideran ustedes que este artículo debió haber especificado que se analizaba lo referente al sector comercio y no a una fracción, a una parte que comprende ese sector que es, como dice aquí, el sector abasto, aun cuando luego le incluye lo referente a la situación de la exportación no petrolera? Sin embargo, yo creo que es consecuente el artículo con los comentarios y el análisis que hace este dictamen.
En fin, abreviaremos algunas cosas, pero en consecuencia, comenzaré por decir que en algún lado hay falsedad; en el cuerpo del dictamen se habla de que en el año de 1986, el sector comercio ejerció un gasto total de 1 mil 062 miles de millones de pesos, creo que eso debe ser algo así como un billón y 062 mil millones.
Entonces, en el dictamen, repito, habla de que el sector comercio ejerció un gasto de esa naturaleza, pero antes de continuar, quiero recordarles que, cuando como miembro de la Comisión de Comercio se me citó a una reunión de análisis de este capítulo, insistía en esta tribuna en que se nos proporcionara la documentación necesaria, porque en esa reunión iba a comparecer un funcionario de la Secretaría de Comercio.
En aquella ocasión se me dieron contestaciones equis, pero a final de cuentas no se me proporcionó la documentación antes de la reunión, sin embargo, quiero dejar constancia que el señor diputado Colosio, varios días posteriores me hizo llegar el cuaderno correspondiente a este sector, pero fueron varios días después, Y ¿por qué no se
nos facilitó esa documentación?, porque un señor que vino de la Secretaría de Comercio que se llama Agustín López Munguía, nos soltó una serie de rollos, en el sentido de que la Secretaría había ejercido un presupuesto de 2 mil 777 miles de millones de pesos. ¿Quién dice la verdad?, ¿el dictamen que habla de 1 mil 062 miles, o el señor oficial mayor, que dijo que eran 2 mil 777?
Y todavía, para confirmar lo dicho, que no nos quedara ninguna duda y hasta por escrito, nos desglosó los 2 mil 777 miles de miles de millones; nos los desglosó en los recursos propios, los fiscales, los financiamientos, etcétera. Entonces, yo por más que le busqué, definitivamente no encontré la cuadratura, pero para ir haciendo las comparaciones, en el dictamen fundamentalmente las cuatro o cinco hojas que le dedican al asunto, de ellas, de paso hablan de que también el sector se abocó al fomento de comercio exterior, a la racionalización de los mecanismos de protección, a la firma de los convenios de asunción de pasivos, en fin; y todo el resto se dedica a decirnos que Conasupo es la empresa comercializadora más grande del mundo porque ha manejado todo lo habido y por haber, y ha comercializado todo lo que se puede comercializar en este país.
Entonces, al final de cuentas se nos atiborra de números en relación fundamentalmente a Conasupo, yo no digo que podría ser innecesaria definitivamente esta actividad comercial, si cumpliera verdaderamente con una función social, pero seguramente que también ustedes han ido a comprar a las tiendas Conasupo y, lo primero que encuentran es que los productos que en otros supermercados se venden aun precio, ahí a veces se venden hasta a mayor precio, porque ya le incluyen el IVA; dicen que no lo cobran, pero al final de cuentas en el precio es lo mismo.
Entonces, para qué atiborrarnos con una serie de programas para justificar la existencia de una parte de ese sector, cuando en la realidad todos podemos comprobarlo, deja mucho que desear, pero en fin, lo que no se pudo incluir en el dictamen sí lo encontramos en la información que nos proporciona el señor que vino de la Secretaría de Comercio y que dijo que destacaron las actividades del sector en el fomento y simplificación que la Secretaría dio y aplicó a la microindustria, sector que genera más de 500 mil empleos, casi el 20% del empleo manufacturero total, a través de 160 mil establecimientos.
Hace unos cuantos días hablamos, discutiendo la Ley de la Microindustria, y la misma Secretaría nos decía que se estimaban en 70 mil empresas de este tipo, y el oficial mayor de la Secretaría aquí dice que hay 160 mil establecimientos, esto es tan sólo porque tal vez de una fecha a otra se encontró que la cantidad era totalmente diferente.
Voy a tratar de brincar una serie de anotaciones que habíamos hecho sobre el asunto, pero mencionaré que el oficial mayor sí sabía que en el impulso al sector industrial exportador, se manifestó una recuperación de ventas no petroleras que en 1986 tuvieron un crecimiento de 40%, y dentro de ésta, las de manufacturera se incrementaron en 21%; en total de divisas generadas por este concepto fue de 9 mil 500 millones de pesos. Esto no se menciona en lo absoluto en el dictamen.
El cambio de la estructura de las exportaciones, permitió financiar con divisas no petroleras el 85% de las importaciones totales, una cantidad tan importante, de esta naturaleza, pasó de noche en toda la documentación referente al análisis de la Cuenca Pública.
En la modernización comercial y el abasto popular para el desarrollo de la política de comercio interior y abasto, la dependencia como área normativa, canalizó el 5.3% de su presupuesto, y las entidades del sector encargado de operar dicha política ocuparon el 97%, información que yo no encontré definitivamente en el dictamen.
En fin, vamos a tratar de ser lo más breves que sea posible. El apoyo a la economía familiar que comenzó a operar en noviembre de 1986, fíjense bien, dice el oficial mayor que el apoyo a la economía familiar que comenzó a operar en noviembre de 1986, un mes antes de que cerrara ejercicio para el análisis de la Cuenca Pública de 1986, él vino a decirnos, cuando se está analizando lo que corresponde al sector comercio del presupuesto de 1986, vino a decir que "ha permitido reducir de venta en 300 productos básicos, 300 productos básicos, otorgando márgenes adicionales de descuento que generaron ahorros por más de 5 mil millones de pesos, pero -aquí viene el asunto-, tan sólo en mayo y junio del presente año". Por fin, ¿era información relativa para analizar el presupuesto de 1986, o era una mezcla y un baratillo de chile, dulce y picadillo para envolver y englobar cosas que no venían al caso?
El dice que un programa iniciado en noviembre obtuvo tales y cuales resultados, pero que solamente en mayo y junio de este año, porque esto lo escribió él hace un mes y fracción, generó ahorros por más de 5 mil millones de pesos. ¿Que pretendía con eso?
En fin, la redistribución al menudeo se transformó con la reestructuración de la distribuidora impulsora comercial Conasupo, a través de la cual se estimula el proceso de descentralización del abasto al conformarse empresas estatales de distribución, que manteniendo un sistema nacional de ventas, propicie la participación de los gobiernos locales y municipales en la solución de su problemática de abasto, y permitiera dar preferencia a los productores de la región. Eso lo dijo el oficial mayor, pero yo volví a leer una vez más el dictamen y toda la demás documentación que creo que es relativa al asunto, y no se menciona absolutamente nada de ese asunto.
Sobre la labor desarrollada por la Procuraduría Federal del Consumidor, órgano del sector que ha logrado ganar la confianza del consumidor, durante 1986 esta entidad atendió un total de 1 millón 988 mil 100 asuntos, entre los que cabe señalar 351 mil quejas planteadas personalmente por el público, ¿por qué no existe tampoco esa información acá? Se desahogaron 60 mil asuntos relacionados con arrendamientos, bueno.
La reducción del gasto directo implicó hacer una serie de ajustes; la efectuada en Conasupo por medio de la cual se cancelaron plazas de confianza y se redujo en un 21.8% su estructura organizacional, que involucró a los tres primeros niveles jerárquicos de la entidad, ¿por qué no se menciona esto también acá?
Se consideran prioritarias las plantas de producción de lácteos, harinas y de aceites comestibles, entre otras, y el sector contribuyó con un ajuste presupuestal de 16 mil millones de pesos de recursos fiscales en este año; el presupuesto ejercido por el sector comercio, en el año 1986 se sobregiro en más de 90 mil millones, si no me equivoco, de pesos, pero es mayor que el autorizado.
Bien, y aquí, todavía, para insistir nuevamente, dijo el oficial mayor: con lo que respecta al fomento integral a la pequeña y mediana industrias, se ejercieron 63 mil millones de pesos, equivalente al 3% del presupuesto.
Finalmente, en otros programas en los que se incluyeron las acciones de orientación y protección al consumidor y fomento de organización a cargo del Imco y Profeco, así como las actividades de la Secofi y la Lamfi, Impecsa y Conadeca, la erogación de recursos fue del orden de 103 mil millones de pesos, 4% del presupuesto total sectorial. ¿En quién debemos interpretar esto vaciando acá en el dictamen?
Bueno, creo que son suficientes los comentarios hechos en relación a dicha información; el señor que vino a aclararnos, a proporcionarnos la información adicional que necesitábamos cuando íbamos a analizar un documento que no teníamos, pero que en fin ahí se nos iba a presentar, nos ha desequilibrado totalmente con la información, porque nos ha dado cosas que no vienen en el dictamen, y que seguramente se refiere a otra cosa. ¿Esto es lógico, es justo, es aceptable?, creo que definitivamente debe ser motivo de seria reflexión.
En aquella misma ocasión, se estuvieron planteando una serie de situaciones y, particularmente nuestro compañero diputado Humberto Enrique Ramírez Rebolledo, estuvo haciendo varias preguntas, que se nos dijo que se hicieran posteriormente por escrito para que fueran bastante concretas, y se plantearon hace más de 45 días para tener la información complementaria del análisis de esta Cuenta Pública, y hasta este momento ustedes no han recibido ninguna contestación, ¿verdad?, pues tampoco nosotros, por supuesto.
Y se le preguntó en aquella ocasión: Le rogamos que nos informe, ¿cuánto se gastó y con cargo a qué partidas presupuestales, en apoyo a la microindustria?, y, ¿cuáles son los criterios cuantitativos y cualitativos?, ¿cómo se otorgaron?, ¿y por medio de qué mecanismo se dieron los apoyos financieros por un total de 29 mil millones que informó dicho oficial mayor?, ¿a qué ramas específicas exportadoras se destinaron los 119 mil millones de apoyos que se informaron? ¿especialmente qué ramas captaron los 2 mil 300 millones de dólares de inversión extranjera? No lo dice la Cuenta Pública, ¿en cuáles productos se logró abatir los precios de los artículos que comprenden el Programa de Apoyo a la Economía Familiar?
Se le pidió que informara con ejemplos y detalles suficientes, los márgenes adicionales de descuento que logró el comerciante que participó en este programa, y qué porcentaje de este margen se destinó al público consumidor.
Ahí se había mencionado que el sector privado estaba abasteciendo una proporción de dos terceras partes de abasto nacional; que nos indicara en qué productos se cumple esa información, y en qué zonas de la República, y cuál es el valor de la participación; se hace alguna referencia en el dictamen, pero definitivamente no cuadra la información.
Se mencionó que el concepto de empresas estatales de distribución, se nos proporcionara la información relativa a cuáles son sus objetivos generales de operación, cuáles las metas específicas,
cuál es su marco jurídico, cuál es la participación de los gobiernos estatales y municipales en ellas.
En lo que fue muy explícito y no sabemos más que lo enunciado por él. ¿Con qué presupuestos operan y con cargo a qué partidas? No están considerados en ninguna partida del presupuesto, ¿específicamente en qué estados de la República y en cuántos municipios se encuentran operando actualmente?. ¿de quién son responsabilidad, finalmente, esas acciones? Ahí se había afirmado que durante 1986, la Procuraduría del Consumidor había atendido lo que ya dije, 359 quejas, se le pedía que desglosara cuáles habían sido, en relación a las paraestatales, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad y Teléfonos de México, que ocupan una gran cantidad de reclamos de esta naturaleza, y que se nos indicara qué costo implicaba para Secofi esos rubros, o sea, la atención de dichas quejas; cuáles medidas se han tomado para resolver, por estado y municipio, las sanciones peculiares que les han impuesto y que ha pagado Comisión Federal y Telmex, ¿Cuándo terminarán con el proceso de creación del IMCE?, porque aquí se menciona que hubo presupuesto adicional porque se incorporó el trabajo del IMCE y, sin embargo, no se da absolutamente ninguna información complementaria.
En cuanto al destino del 2% para inversión equivalente a 66 mil millones de pesos, ¿a qué se destinó? Con relación a la falta de inversión de 1986, ¿en dónde no la resolvieron y qué problema le significó en cuanto a la deuda del sector comercio?, ¿con quién se contrajo?, ¿cómo se autorizó y con qué documentos? el pago que se hizo equivalente al 35%? Desglosarlo, pedíamos que se nos desglosara y también la nueva deuda, también se solicitaba que nos la desglosaran; en fin, se nos explicara el mecanismo por medio del cual el sector comercio aporta el financiamiento y los programas que son responsabilidad de los fondos operados por Nafinsa y Banco de México, en relación a este sector.
He tratado pues, algunas de estas peticiones que hicimos el 19 de octubre, hace más de mes y medio, recibidas en la misma fecha, que no han merecido la más mínima contestación; con esto recuerdo que el año pasado decíamos que cualquier artículo de este dictamen se podía prestar a encontrarle una serie de situaciones que podrían analizarse, y pienso que con lo dicho es más que suficiente para considerar que, definitivamente éste no es un dictamen que merezca su aprobación. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Javier Garduño Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, y por la mayoría de la comisión.
El C. Javier Garduño Pérez: -Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados: Bueno, pues el compañero Héctor Pérez Plazola nos ha hecho un análisis exhaustivo del documento de presentación en una reunión que se llevo a cabo el 30 de septiembre de este año en comisiones unidas, la Comisión de Programación, Presupuesto y análisis de la Cuenta Pública y la Comisión de Comercio y, efectivamente, hay una gran riqueza en información que nos dio el oficial mayor de Comercio y que yo creo que faltó un poco de análisis, compañero Pérez Plazola, para poder amarrar las cifras que se encuentran en el documento de representantes de comercio del sector, con relación a los documentos del dictamen que estamos analizando.
Miren ustedes, en la página 225 de nuestro dictamen, se dice que finalmente consideramos conveniente mencionar que Conasupo recibió transferencias por 1 billón 286.3 miles de millones de pesos, de los cuales 187.8 miles de millones se destinaron a operación; 33.5 miles de millones de pesos, a pagos de intereses; 2.6 millones de pesos a inversión física; 1.9 millones, a inversión financiera; y 1 mil, o sea 1 billón 060.5 millones de pesos, a amortización de la deuda.
Si nosotros...
El C. Presidente: -Si lo autoriza el orador, la presidencia también.
El C. Humberto Ramírez Rebolledo (desde su curul):-¿Cuánto suma en total?
El C. Javier Garduño Pérez: -Mire usted, en total yo tengo 2 billones 713 mil millones de pesos.
El C. Humberto Ramírez Rebolledo (desde su curul): -La diferencia con lo que nos dijo el oficial mayor.
El C. Javier Garduño Pérez: -Esto es lo que suma, lo que estoy diciendo.
El C. Humberto Ramírez Rebolledo (desde su curul: -¿Y lo que nos informó el señor oficial mayor?
El C. Javier Garduño Pérez: -Es exactamente lo que estoy diciendo, 2 billones 713 mil millones de pesos.
El C. Humberto Ramírez Rebolledo (desde su curul: - Su calculadora no sirve, de ninguna manera suma esa cantidad.
El C. Javier Garduño Pérez: -Nosotros estamos a su disposición con mucho gusto para hacer todos los cálculos que usted crea convenientes, pero lo que sí queremos dejar bien claro, es que no hay en lo absoluto cifras que no se puedan explicar, o que haya manipulación de cifras, incluso que se diga que hay equivocación en uno u otro documento.
Podemos hacer el ejercicio de cálculo con mucho gusto, el oficial mayor hablaba de gasto global, total, y lo que estamos manejando en nuestro análisis, en resultados generales de comercio y abasto, es exclusivamente el gasto programable que asciende exactamente a 1 billón 062 mil punto 3 millones de pesos. Ese es el presupuesto programable.
Yo creo que sería prolijo, compañeras y compañeros, pues insistir en una serie de cuestiones que nos vino a decir aquí don Héctor Pérez Plazola, porque pues hay respuesta; yo quiero decirles que definitivamente en el sector se cumplieron con el 100% de las metas en los 22 programas del sector, solamente no se cumplió en uno, en las importaciones, y qué bueno para nuestro país que no se cumplió con esa meta, porque en todos los sentidos, tanto en el sector público como en el sector privado, se redujeron en 1986 sustancialmente las metas.
Ustedes hablan, usted habla, don Héctor, de la cuestión del IMCE, que hasta cuándo se va a terminar con la liquidación del IMCE; bueno, se terminó precisamente cuando en esta asamblea se autorizó el decreto de abrogación de esta institución, y recordarán ustedes que en transitorios de ese decreto, se hablaba de que parte del presupuesto se distribuirá en el sector central comercio, y parte del presupuesto se canalizaría en el Banco Nacional de Comercio Exterior, banco al cual también le aprobamos en esta Cámara su Ley Orgánica.
Yo quisiera rápidamente, compañeras y compañeros, para no extenderme demasiado, hacer algunos apuntes sobre los logros del sector: Durante 1986, Conasupo realizó comprar por 7.8 millones de toneladas, correspondiendo 5.5 millones de toneladas a nacionales, y 2.3 a importaciones; las primeras resultaron prácticamente iguales a las de 1985, en tanto que las importaciones disminuyeron en 43.4%; Liconsa produjo y comercializó 1 billón 384 mil millones de litros de lácteos en diversas formulaciones, beneficiando a más de 1 millón 167 mil familias mediante la producción y comercialización de leche reconstruida, y a 3 millones 600 mil personas con la distribución de leche en polvo y concentrada; Liconsa logró la producción y comercialización de 542 mil toneladas de harina de maíz, así como 793 toneladas de tortilla, favoreciendo a más de 12 millones de personas.
Todos estos datos, compañeras y compañeros diputados, se encuentran registrados en la Cuenta Pública, en el libro azul que nos mostró el compañero Pérez Plazola, y en el dictamen, hay un esfuerzo de síntesis que trata de destacar las cuestiones más importantes del sector.
Yo sí quisiera insistir ante ustedes, que en este sector se cumplió cabalmente las metas que se fijaron en el presupuesto de 1985.
El C. Presidente: -¿Señor diputado, acepta otra interpretación?
El C. Javier Garduño Pérez: -Si usted lo permite, señor presidente.
El C. Presidente: - Lo autoriza la presidencia.
El C. Humberto Ramírez Rebolledo (desde su curul): -¿Nos podría usted decir las razones por las cuales la Secretaría no atendió el requerimiento de información que se hizo a través de la Comisión de Programación y Presupuesto, en ese entonces a cargo del diputado Colosio?
El C. Javier Garduño Pérez: -Sí, como no, señor diputado, si no mal oí, comentó el diputado Prez Plazola, que estas consultas habían sido por escrito, ¿es así?, yo les ruego, de la manera más atenta, que me hagan favor de proporcionarme unas copias, yo no las conozco, no sé a qué persona se las entregaron o personalmente a quién, lo que sí está registrado, es que el funcionario o los funcionarios que vinieron en esa ocasión, se prestaron en una forma muy abierta a nuestras consultas y se indicó que si había quedado algo en el tintero, si no se había ampliado demasiado verbalmente, que con mucho gusto contestaban por escrito; yo le voy a rogar, diputado Ramírez Rebolledo, que me haga el favor de proporcionarme esas copias, y urgentemente vamos a solicitar esa información, porque así debe de ser.
Finalmente, compañeras y compañeros, decíamos que en este sector se cumplieron cabalmente las metas, que en las síntesis que trata de hacer, muy apretada, nuestro dictamen, se habla tanto del sector abasto como de la cuestión del avance del programa de la apertura del sector comercio exterior,
esto es, el programa de racionalización de la protección; se habla también del impulso a la industria, en fin, es una síntesis muy efectiva, que enmarca con toda claridad lo sucedido en 1986 en este sector de abasto, por lo tanto, yo les ruego que este artículo 12 quede íntegro en el dictamen, y que aprobemos también desde luego, los capítulos correspondientes al sector comercio y abasto que se inscriben de las páginas 216 a la 227, correspondientes a este artículo 12 del decreto de esta Cuenta Pública de 1986. Por su atención, muchas gracias.
El C. Presidente: -Consulte la secretaría a la asamblea si este artículo 12 se encuentra suficientemente discutido.
La C. secretaría Yrene Ramos Dávila:
- Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si considera suficientemente discutido el artículo 12.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación.)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor presidente.
El C. Presidente: -El siguiente artículo en discusión es el 14, que ha pedido hablar en contra la compañera diputada María del Carmen Jiménez de Avila, del PAN.
La C. María del Carmen Jiménez de Avila: -Señor presidente: dado que los artículos 14 y 15 están muy relacionados, solicito autorización para tratarlos en un solo acto.
El C. Presidente: -Esta presidencia lo autoriza para que usted pueda tratar en una sola vez los dos artículos en contra.
La C. María del Carmen Jiménez de Avila:- Con su permiso: Estos artículos 14 y 15 en el dictamen, realmente lo único que se hace es transcribir algunos párrafos de la Cuenta Pública tal cual, sin analizar ni hacer ningún juicio de valor al respecto sobre lo transcrito; sin embargo, se entiende que están incluidos en la justificación y la aceptación expresa por los priístas de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, en esa aceptación de toda la política del Gobierno Federal y de sus acciones, con lo cual el PAN no está de acuerdo, y mencionaré algunas razones por las cuales no estamos de acuerdo.
El servicio de la deuda del subsector industrial fue mayor que el gasto programable; en relación con 1985, el sector industrial vio disminuido en aproximadamente 30% su gasto de inversión, mientras que el servicio de la deuda creció en más de 100%; las metas de producción y comercialización, en la mayoría de los casos no se cumplieron, el gasto programable de la SEMIP fue de 236.7 miles de millones de pesos, que representa un sobre ejercicio de 149.7% del presupuesto original, este exceso de gasto ejercido se debió principalmente a gastos de administración y, sobre todo, a costos financieros de la subsectores industrial y energético.
El programa de administración de la Secretaría se excedió en 45% al presupuesto original, dentro de este programa se distingue el subprograma de servicios generales que tuvo un sobregiro de 72%; el programa de regulación y coordinación del subsector de energía, petroquímica básica y secundaria, tuvo un exceso del presupuesto original de 768%, dentro de este programa destacó el subprograma 04 de coordinación de la operación del subsector, con un exceso sobre el presupuesto original de 781%.
El programa de regulación y coordinación de minería e industrial básica, reporta en Cuenta Pública un sobregiro de 202%, pero esto de debe a que no se consideró el subprograma 01 de instrumentación y coordinación de la política minera y de la industria paraestatal básica, al cual se le asignó un presupuesto de 212 millones, y ejerció 4 mil 317 millones de pesos, equivalente a 1 mil 936% más de lo presupuestado. Se dice en Cuenta Pública que este sobregiro se debió a que la Comisión de Fomento Minero dio apoyo a pequeños y medianos mineros, pero lo cierto es que yo vivo en una región minera, en un estado minero, y los beneficios de esos apoyos no se han visto por ninguna parte, pero suponiendo que se hubiera dado esos beneficios, ¿por qué no se programaron?
El programa de estudios para la industria siderúrgica se excedió en 509% más que el original programado; el programa de coordinación de la industria paraestatal de transformación, se excedió el gasto de un 55% sobre el presupuesto original.
En cuanto a los programas de generación de energía eléctrica primaria, transformación de energía y electrificación rural, la Cuenta Pública reporta una variación sobre el gasto presupuestado de 528%, además en este caso no se registra el incremento del gasto en cada programa, simplemente se registra el monto total.
Cabe aclarar que las metas en estos programas, en su mayoría no se cumplieron aunque otras, muy pocas que se rebasaron.
Señoras y señores diputados, yo creo que incrementos de más del 500% en los gastos ejercidos sobre lo presupuestado, lo menos que nos indica es que se programó con absoluta irresponsabilidad y con absoluta ligereza.
En cuanto al capítulo de transferencias, recibieron transferencias Fertimex, Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Fundidora de Monterrey, Altos Hornos de Monclova, Azúcar, Dina, Sidena, Constructora de Carros de Ferrocarril; todas las entidades que se denominan apoyadas. Otras más como Clemex, Mexaro, Productos Químicos, etcétera, otras que están en proceso de desincorporación, y podríamos decir que con excepción de Pemex, todas las paraestatales recibieron transferencias que hacen un monto total de casi 7 billones de pesos, son 6 billones 907 mil 248 millones.
Este renglón de transferencia pone de manifiesto la incapacidad del sector paraestatal, con excepción de Pemex, para ser autosuficiente y, decididamente yo no me explico cómo haya quien todavía está pronunciándose porque ese sector paraestatal que absorbe el presupuesto en una gran proporción del gasto total del Gobierno Federal, siga adelante.
El gasto público que se ejerció en 1986, fue de 28 billones, y según los datos que yo tengo aquí sacados de la Cuenta Pública, de transferencia a paraestatales, fueron 7 billones; aparte, el servicio de la deuda federal fue aproximadamente de 42%. ¿Qué quedó entonces para gastos de inversión, para gastos de gobierno, realmente?
Ahora, esto ya es hablando directamente del artículo 15; Comisión Federal de Electricidad tuvo un sobregiro de 11.7% las metas, en su gran mayoría no se cumplieron, recibió transferencias por casi 6 y medio billones de pesos, de los cuales 5 billones 970 mil 580 millones fueron para deuda.
Esas transferencias de Comisión Federal de Electricidad son el 99% del total de las transferencias; de éstas, como ya vimos, aproximadamente el 80% se dedicó al pago de deuda externa, además, el Gobierno Federal le asumió 82% de los pasivos que tenía Comisión Federal de Electricidad; los programas de inversión se redujeron en 44 mil millones de pesos, tuvo un incremento anual ponderado de tarifas de 118% que desde luego es superior al crecimiento de la inflación en ese año.
Y la economía de Comisión Federal de Electricidad no se ha saneado, los conflictos ya se han dejado sentir en varias partes del país y los problemas ¿cuándo empezarán a resolverse?
En cuando a la generación de energía eléctrica, la meta original fue de 22 mil 980 kilowatts - hora, la alcanzada fue de 18 mil 817 kilowatts - hora, o sea que se incumplió en un 18%; en el programa de construcción de centrales generadoras, se programó la construcción de 46 centrales, pero no se construyó ninguna.
El programa de promoción al desarrollo agrícola se incumplió en un promedio de 9.5%; la electrificación a colonias populares se incumplió en un 6%; la electrificación a poblados, en menos 7%; y la de habitantes beneficiados se incumplió en un 10%.
También respecto a Comisión Federal de Electricidad, voy a dar uno que otro dato de Laguna Verde, vale la pena recortar que el costo del proyecto en 1976 se calculó en 20 mil 451.9 millones de pesos, lo gastado hasta diciembre de 1986 ya fue de 1 billón 343 mil 359 millones de pesos, es una diferencia de 1 billón 139 mil 061 millones de pesos; el presupuesto autorizado para 1986 fue de 4 mil 837 millones, y el ejercido de 116 mil 327 millones, diferencia: 21 mil 780 millones.
En cuanto a Pemex, Pemex que es el non plus - ultra de las paraestatales, sin embargo, la producción de refinados descendió respecto a 1985 a 1984 y a 1983, la producción de gas natural bajó en un 13% de la meta programada, la producción de amoniaco fue bastante menor de lo programado, y por lo tanto no se pudo abastecer a Fertimex de este producto; los ingresos por ventas internas fueron superiores en un 102% al del año de 1985, pero no fue porque hubiera habido mayor volumen de ventas, el volumen de ventas disminuyó, lo que quiere decir que los precios incrementaron en una forma desmedida, y lo peor de todo es que se siguen incrementando los precios de los productos de Pemex.
Tuvo ventas totales Pemex, por 6 billones 750 mil millones de pesos, distribuidos en ventas internas: 3 millones 017 mil millones de pesos; y ventas externas: 3 billones 733 mil millones de pesos; Pemex pagó por impuestos 4.9 billones, esto representó el 40% del total de los ingresos del gobierno.
Esto que podría ser muy satisfactorio en otro tipo de economía, aquí en la nuestra, nos está revelando que es una economía decidida y absolutamente petrolizada, que si no salíamos de ella,
no sé a dónde vamos a parar, puesto que los precios de Pemex internacionales no dependen de nosotros, y ya hemos visto que todo el desastre de 1986, y todavía hasta 1987, se justifica precisamente por el descenso de los internacionales del crudo. Eso es todo, si ustedes aprueban esto y lo considera bueno, allá ustedes. (Aplausos)
El C. Presidente: -Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Jesús González Gortázar.
El C. Jesús González Gortázar: -Señor diputado presidente; compañeros diputados: Cuando en 1910, el pueblo mexicano tomó las armas y se lanzó a apoyar el Plan de San Luis...
El C. Héctor Pérez Plazola (desde su curul):- Tema, señor diputado, el tema.
El C. Héctor González Gortázar: -Permítame entrar diputado, poco a poco al tema, porque creo que es más interesante para los diputados el saber el porqué de la participación del Estado Mexicano en la Industria, en lugar de oír tanto de pesos y centavos, que parece que fuéramos al mandado. (aplausos)
En aquel entonces, el movimiento...
La C. María del Carmen Jiménez de Avila (desde su curul):- ¿me permite una interpelación?. El C. Jesús González Gortázar:- Cómo, si no he empezado a hablar ¿me permite continuar?
El C. Presidente: -¿Acepta usted la interpelación, señor diputado?
El C. Jesús González Gortázar: -De una dama, de una dama, hasta mi sentencia de muerte. (Aplausos.)
La C. María del Carmen Jiménez de Avila (desde su curul): -Dice usted que hablar de pesos y centavos es como si fuéramos al mandado, yo le pregunto ¿de qué se trata la Cuenta Pública si no de pesos y centavos que han gastado y que se deben comprar con lo que se presupuestó?
El C. Jesús González Gortázar: -Vamos a tocar de pesos y centavos, con mucho gusto, pero permítame desarrollar la intervención dentro del término que el Reglamento me concede, trataré de ser lo más breve posible para no cansar la muy fatigada atención de todos mis queridos compañeros diputados.
Decía, estimados amigos, que no había una doctrina económica al iniciarse nuestro movimiento social, popular, nacionalista y antiimperialista; el pueblo mexicano, como dijera el poeta, "hizo camino al andar".
Y fue así como, poco a poco, se estructuró la economía mixta que es aquella que rige, en el aspecto económico, al Estado mexicano revolucionario, y si en algunas ocasiones, que reconozco, hubo excesos, esto se debió a que el Estado trataba de mantener el empleo y de llenar un hueco que los empresarios mexicanos, muchas veces pusilánimes y timoratos, no se atrevían a afrontar, y eso perjudicaba al pueblo mexicano, y por ello, poco a poco, el Estado fue interviniendo con una mayor decisión, hasta llegar hoy día a tener un sector importantísimo de la economía nacional.
Pero hubo excesos, yo estoy de acuerdo que el Estado no tiene por qué hacer tortillas en Lázaro Cárdenas, o vender aguas embotelladas de Tehuacán, por ello, creo que uno de los grandes aciertos del Presidente De la Madrid ha sido tomar el toro por los cuernos, afrontar la realidad y volver los pasos por el sendero recto y tradicional de la doctrina de la Revolución Mexicana en materia económica.
Vamos, porque así lo quiere el pueblo, a mantener en poder del pueblo las empresas prioritarias estratégicas y de lo demás, el Estado paulatinamente se ha venido deshaciendo, y creo que se ha venido transformando el sector paraestatal en una forma altamente positiva.
Pero como decimos los hombres del campo, no se ganó Zamora en una hora, esto toma tiempo y es necesario darlo, porque sólo así vamos a reestructurar, vamos a reconvertir, como se dice, este sector tan importante, para bien del pueblo mexicano.
Creo que hablar nada más de sobregiros sin decir el porqué, es venir con actitud poco seria a engañar a esta alta representación; es muy claro, los sobregiros existen por dos razones: una por que el Estado ha asumido los pasivo de muchas empresas paraestatales que ya no podían, de su propio capital, afrontar el proceso productivo, y que tomando en cuenta la crisis económica, tampoco podían captar la crisis económica, tampoco podían captar recursos financieros tanto domésticos como del exterior y así para sanear el pasivo; para consolidar estas empresas del pueblo mexicano, hubo necesidad de que el Estado destinara 6 billones 550 mil pesos, para consolidar y desaparecer esos pasivos venían a convertirse en un lastre tan importante de la industria paraestatal, creo que pocas empresas,
muy pocas pueden afrontar el tipo de interés al 120%, y cuando estos intereses eran de créditos para dar barato al pueblo muchos de los servicios y de los bienes que requiere, se justifica plenamente que el Estado haya asumido dichos pasivos.
Por otro lado, es también importante recalcar que en un afán meritorio de no incrementar el proceso inflacionario, el Estado ha venido frenando el incremento de muchas de las cosas que vende y muchos de los servicios que presta, por ejemplo, mi estimada diputada, si usted ve en números fríos, en comas y puntos, en centavos, billones y millones la industria azucarera, se dará cuenta de que ha tenido la necesidad de recibir una transferencia es decir, en términos llanos, un subsidio; pero esto es para que el pueblo tenga un alimento, el más barato y el más útil en hidratos de carbono, ya que por desgracia todavía falta proteínas de origen animal; con esa energía mantenemos a nuestro pueblo activo y satisfecho.
La industria azucarera, óigase bien, que aparentemente podría tener esa lacra, dentro de la visión que usted le ha dado a las cosas, en un orgullo legítimo del pueblo mexicano. Cuando Miguel de la Madrid se puso la banda presidencial sobre el pecho, teníamos una producción de 2 millones 600 mil toneladas, en esta molienda superamos 3 millones 800 mil toneladas; es decir, si en recursos financieros, cerrando inclusive algunos ingenios para sanear el sector, nadando contra la corriente y subiendo cuesta arriba, hemos incrementado en la peor crisis de la historia contemporánea, en un 45% la producción, esto que se dice fácil, es un esfuerzo tremendo de todos los sectores de la agroindustria, plenos de solidaridad y de fervor patrio.
Por otro lado, de estar importando 3 millones y medio de toneladas, este año exportaremos medio millón 800 mil de mieles, y 40 millones de litros de alcohol, y México que veía a una industria vital, la principal agroindustria de la nación, caerse, desbaratarse, hoy día ocupa el cuarto lugar mundial sólo superado por Brasil, la India y Cuba, en ese orden; esto prueba que el esfuerzo titánico del gobierno mexicano ha sido por consolidar las paraestatales, cerrando las improductivas y vendiendo las que no sean necesarias, en esa forma, muchas se van a reprivatizar, pero también se abre la puerta al sector social que, como en el caso de la industria azucarera, aspira a ser copropietario de tan importante rama de la economía nacional.
Hay que ver los éxitos, no nada más criticar, hay que reconocer el papel del gobierno de De la Madrid, en una reconversión seria, en un afán de sanear lo que era ya toneles sin fondo por donde se iban las arcas del pueblo mexicano.
Hemos avanzado y eso nadie lo puede negar, hemos sujetado los precios aun con pérdidas, para no incrementar más la inflación y para ayudar a las clases populares, por eso creo, estimados amigos, que nosotros en este punto específico, debemos comprometernos con el proceso revolucionario, con la aptitud del gobierno de sanear la industria paraestatal, de fortalecer tan importantísima rama de la economía nacional, y por ello, a ustedes pido su voto afirmativo por el dictamen.
El C. Presidente: -Tiene el uso de la palabra el diputado Eduardo Beltrán Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.
El C. Eduardo Beltrán Hernández:- Compañeras diputadas; compañeros diputados: Escuchamos con atención los planteamientos hechos por la compañera diputada María del Carmen Jiménez de Avila, en donde expone los puntos de vista de su partido, y de ella en lo personal, en relación al análisis de la Cuenta Pública del sector industrial y la correspondiente al sector energético.
Con todo respeto, compañera María del Carmen Jiménez de Avila, diferimos desde luego en la concepción general que usted ha planteado en relación a que el sector paraestatal mexicano no cumple con los objetivos fundamentales para los cuales ha sido creado, y por lo tanto debe ser una parte de la economía mexicana que debe desaparecer y, en este sentido lo entendemos, debe pasar a ser manejado de forma particular.
No estamos de acuerdo desde luego en este planteamiento, y creo que la mayoría de los mexicanos, la mayoría del pueblo de México, de ninguna manera puede aceptar que la historia del país se revierta y que las luchas que el pueblo mexicano ha entablado para lograr precisamente poder controlar a través del Estado una parte fundamental y estratégica como es la energía, vuelva nuevamente a ser manejado por intereses que no siempre coinciden con los intereses generales de la nación.
Por otra parte, compañera María del Carmen Jiménez de Avila, también quisiera recordarle que muchos de los argumentos y de las cifras que usted manejó aquí en esta tribuna, los hemos discutido ampliamente en las reuniones que tuvimos precisamente con los encargados del sector energético de la SEMIP, de la Comisión Federal de Electricidad, y de Pemex y, por lo tanto, voy a tratar de todos modos de ser breve y de darle algunas respuestas en relación a algunos de los planteamientos que usted nos señaló.
En relación a la asunción de pasivos de la Comisión Federal de Electricidad, en donde usted señalaba que esta asunción de pasivos o esta asunción de la deuda de la Comisión Federal de Electricidad, por parte del Gobierno Federal no ha servido en realidad y no ha sido aprovechada por la CFE para sanear su actividad financiera, yo le quisiera decir que, en realidad, la situación de cómo se han manejado estos pasivos, es que los intereses que la Comisión Federal de Electricidad debiera de pagar a los bancos por el monto de la deuda, estos intereses, el Gobierno Federal los maneja con un nombre que ellos le dan, le llaman "aprovechamiento", y son regresados nuevamente a la Comisión Federal de Electricidad para que sean manejados en programas de inversión.
Por lo tanto, usted sabe, este "aprovechamiento", este dinero que regresa a la Comisión Federal de Electricidad, representará en 1986, representó el 13.1% del total de los costos y gastos comparativos de la comisión; este porcentaje únicamente incidió de agosto a diciembre de 1986, pero seguramente en 1987 este aprovechamiento será por encima del 30%, y desde luego, como señalamos, será dedicado a la inversión, a la reinversión interna en la Comisión Federal de Electricidad.
Con respecto a la electrificación rural, sería conveniente, compañera Jiménez de Avila, revisar los datos, ya que la inversión presupuestada por la Comisión Federal de Electricidad en su programa normal de electrificación rural, lo integró con una aportación del 50% de recursos propios, y el restante con recursos de los gobiernos estatales y también de los usuarios beneficiados.
Las acciones realizadas en 1986 por el programa de electrificación rural, permitieron que la Comisión Federal de Electricidad llevara energía a 1 mil 811 poblados rurales, y a 333 colonias populares, beneficiando a 939 mil 112 habitantes; durante este año se ha llevado energía a 101 poblados rurales y a 78 colonias, y se ha beneficiado a 98 mil 689 habitantes, por lo tanto, consideramos, compañera, que en este sentido la Comisión Federal de Electricidad, en su programa electrificación rural, ha cumplido ampliamente con su cometido.
Hablando de manera general del saneamiento financiero de la Comisión Federal de Electricidad, en las reuniones a que usted ha asistido y que ha sostenido la Comisión de Energéticos a través de un grupo pluripartidista con las diversas autoridades, respecto a las tarifas eléctricas, por experiencia sabemos que éste ha sido un proceso paulatino que nosotros hemos ido llevando a cabo y que a través de las distintas pláticas hemos coincidido los diferentes partidos, en que es importante no afectar de manera fundamental la estructura financiera de la Comisión Federal de Electricidad y, por consiguiente, tampoco dañar a la situación de sus trabajadores, por ello, hoy en la mañana hubo una reunión en donde propusimos se le recargue su costo de operación con una mayor incidencia en otras tarifas, pero que no sean las tarifas residenciales; usted también participó el año pasado en la negociación que se tuvo en este mismo sentido, y se logró sin afectar en lo esencial la estructura tarifaría de la Comisión Federal de Electricidad, se logró una reducción importante en el área de las tarifas en las zonas cálidas.
Creemos que este año vamos a poder avanzar en ese mismo sentido, pero, por otra parte, nosotros pensamos que se debe de tener mucho cuidado en que este tipo de decisiones no vayan a incidir de una manera fundamental, que pueda desquiciar la estructura económica de la Comisión Federal de Electricidad, porque lo que estamos buscando, y en eso todos hemos estado de acuerdo, es que ojalá su estructura económica pueda irse restableciendo a través de un manejo adecuado de las tarifas, que le permita con el tiempo poder ser una empresa que maneje sus finanzas de manera sana.
En relación al planteamiento de Petróleos Mexicanos, en el sentido de que Petróleos Mexicanos no cumplió con algunos de los aspectos de producción que había programado tal como es la producción de gas natural, la cual, como usted señaló, efectivamente se vio disminuida durante 1986; queremos nosotros señalar que esta disminución se debió fundamentalmente a que nuestras exportaciones petroleras disminuyeron también, y era una parte importante de un suministro que nosotros adquiríamos de gas del extranjero. Entonces, por eso también el programa se vio afectado en consecuencia y disminuyó.
Finalmente yo quisiera, y creo que en eso usted estaría de acuerdo, señalar que, efectivamente, las empresas del Estado no funcionan en todo lo perfecto que quisiéramos que se desempeñaran, y que muchas de ellas en el terreno económico financiero, quizá no presten los números negros que quisiéramos ver reflejados en sus balances; sin embargo, las empresas estatales y, de manera fundamental, insisto, las empresas del sector energético, son empresas que tienen un objeto de beneficio general a la nación, de beneficio general al pueblo, y nadie puede poner en duda en este sentido el papel de Petróleos Mexicanos.
Sabemos que Petróleos Mexicanos contribuye de una manera fundamental a ser un sostén muy
importante para la redistribución del gasto que se tiene en el país, a través de la derrama que se hace por la programación que realiza el Gobierno Federal en su nivel de egresos.
Por tanto, compañera, nosotros no estamos de acuerdo con los planteamientos que usted ha señalado, y le queremos pedir a esta asamblea que se apruebe el punto del dictamen a discusión, dado que el sector energético, consideramos, cumple con su función de apoyo a los esfuerzos de reordenación económica....
El C. Alejandro Cañedo Benítez (desde su curul): -Señor diputado, ¿acepta usted una interpelación?
El C. Eduardo Beltrán Hernández: -Con todo gusto, señor diputado.
El C. Alejandro Cañedo Benítez (desde su curul): -¿Y de Laguna Verde?
El C. Eduardo Beltrán Hernández: -Perdone compañero, el punto de Laguna Verde no fue tratado en el tema, pero de todos modos, con mucho gusto le damos una contestación.
Sabemos, y en fecha reciente los compañeros del PAN asistieron a la comparecencia que el señor ingeniero Hiriart, director de la Comisión Federal de Electricidad tuvo ante las comisiones unidas de Energéticos, de Ecología y Medio Ambiente y de Ciencia y Tecnología; en esta comparecencia, el ingeniero Hiriart contestó de manera amplia y significativa, creo que cada uno de los planteamientos que se le hicieron en ese sentido, las respuestas fueron muchas veces no sólo técnicas tal como así se señaló, sino también de carácter político, por lo tanto, creemos que el tema ha estado ampliamente discutido.
En ese misma comparecencia se llegó a una conclusión, y la mayoría de los partidos que preguntaron, no quiero decir que todos, aceptaron y así lo hicieron saber los representantes del Partido Acción Nacional que estuvieron ahí, que el ingeniero Hiriart, director general de la Comisión Federal de Electricidad había contestado de una manera muy completa los planteamientos hechos.
El C. Humberto Ramírez Rebolledo (desde su curul): -Señor diputado Beltrán, ¿podría usted decirnos, ¿cuándo va a cumplir el ofrecimiento que nos hizo, de entregarnos el informe completo de la seguridad de la planta de Laguna Verde?, ofreció esto ya hace más de 45 días y la opinión que tenemos del ingeniero Hiriart, es que es un señor respetable y que debe ser un excelente ingeniero en materia eléctrica, pero que de energía sabía tan poco o tan mucho como cualquiera de nosotros. ¿Cuándo nos va a entregar la Comisión Federal de Electricidad este informe sobre la seguridad de la planta de Laguna Verde?
El C. Eduardo Beltrán Hernández: -Mire, se la respondo muy directamente: nosotros entregamos a la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional una copia de dicho documento.
El C. Presidente: -Para hechos, y hasta por cinco minutos, el diputado Humberto Ramírez Rebolledo, de acuerdo con el artículo 102.
El C. Humberto Ramírez Rebolledo: -Con su permiso, señor presidente: Lamento que el señor diputado Beltrán mienta, definitivamente está mintiendo; entregó un documento que es el resumen ejecutivo del Programa de Emergencia Radiológica, definitivamente la Comisión Federal de Electricidad, representada por el señor ingeniero Hiriart no ha cumplido el ofrecimiento de entregarle a esta Cámara, no a la fracción parlamentaria del PAN, a esta Cámara, el informe sobre seguridad de la planta núcleoeléctrica.
Es preocupante, y entendemos la alegría que nos embarga, sobre todo cuando es falsa y es etílica, pero no se puede dejar de marcar que se está diciendo una mentira.
El C. Eduardo Beltrán Hernández (desde su curul): -Para contestar a su planteamiento, usted se refiere al informe del Organismo Internacional de Energía, éste no ha sido entregado.
El C. Humberto Ramírez Rebolledo: -No diputado, son escasos nuestros conocimientos en materia de energía nuclear, pero entendemos lo que es un informe de un organismo internacional, al informe sobre seguridad sobre la planta nucleoeléctrica que dijo el ingeniero Hiriart que tenían en un estado bastante avanzado de elaboración y que a su terminación nos lo entregaría, tengo copia de la versión que se dijo en esa sesión, puedo ofrecerla como prueba en este momento del alegato, y podemos seguir discutiendo.
El C. Eduardo Beltrán Hernández (desde su curul): - Mire, señor diputado: A la diputada María del Carmen Jiménez de Avila, nosotros le entregamos el documento del Plan de Emergencia Radiológica, que es el documento del Plan de Emergencia Radiológica, que es el documento o el Plan de Seguridad y Salvaguardias Global; es un resumen pero contiene todo lo que es el documento planteado, eso fue lo que ofreció en su comparecencia
el licenciado Hiriart que entregaría a la Cámara de Diputados.
El C. Humberto Enrique Ramírez Rebolledo: -Señor diputado Beltrán, está la versión estenográfica a su disposición, para que compruebe usted que son dos cosas distintas.
El C. Presidente: -Ha pedido el uso de la palabra la diputada María del Carmen Jiménez de Avila, para hechos.
La C. María del Carmen Jiménez de Avila: -En primer lugar, creo que sí hay una confusión, ingeniero Beltrán; efectivamente yo recibí el PER (Plan de Emergencia Radiológica), pero también el ingeniero Hiriart ofreció que por conducto de la Comisión de Energéticos enviaría el Plan de Seguridad de la Planta de Laguna Verde y, entonces, el ingeniero Ramírez Rebolledo se refiere a este segundo documento que acabo de mencionar. Entonces, yo lo que creo es que hubo una confusión nada más.
Muy brevemente voy a aclararle una cosa: usted dijo en su intervención, que nosotros queríamos desaparecer y que pensábamos que deben ser manejadas todas las industrias paraestatales en forma particular; pensamos que deben ser autosuficientes, que deben ser manejadas con efectividad, con eficiencia; que no tiene por qué haber esos enormes déficits en sus cuentas, no todas deben ser manejadas por el Estado, aquí mismo se acaba de reconocer que el Estado no tiene nada que hacer ni en fábricas de calcetines, ni en hoteles, ni en centros nocturnos, ni en una serie de cosas que aquí no se mencionaron, porque no son del sector industrial, pero que ustedes saben que las tienen.
Pero además, de ese sector industrial, hombre, yo creo que es el colmo que todas tengan que recibir transferencias, no debe ser; no debe ser en absoluto, eso se debe a que hay ineficiencia, que hay malos manejos, que hay deshonestidad en muchos casos y debemos reconocerlo, y en eso estamos totalmente en contra.
En cuanto a Laguna Verde, por ejemplo, el presupuesto autorizado para 1986 que es el que se está ahorita manejando, fue de 48 mil 337 millones, y se gastan 116 mil 327 millones; yo creo que estas cosas, estos incrementos de quinientos ochenta y tantos por ciento en algunos programas, eso no se justifica, sencillamente no se justifica, y eso es lo que yo vine a decir aquí.
En cuanto a lo que me dijo el otro diputado, pero no sé su nombre, que el pueblo quiere que el Estado mantenga este sector paraestatal, yo creo que al pueblo, ¿qué gana el pueblo con sentirse, oír que es dueño de Pemex, cuando está pagando todos los petrolíferos, que mientras el precio internacional bajo aquí se suben?, ó ¿qué ganamos con eso?
Lo que el pueblo quiere es que se resuelvan los problemas, que pueda comer, que pueda haber empleos, que puedan haber todas estas cosas, y yo creo que lo otro, pues no le interesa mucho.
Si esas industrias se manejaran bien, de acuerdo, y deben manejarse bien, y esas industrias que sí son prioritarias, yo no digo que ésas deban desaparecer del sector paraestatal, simplemente que se manejen bien, con honestidad y con eficiencia.
El C. Presidente: -Había pedido la palabra para hechos, el diputado Jaime Delgado Herrera, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos de acuerdo con el 102.
El C. Jaime Delgado Herrera: -Con su permiso, señor presidente: Cuando se habla de la industria azucarera, no podemos sustraernos a ella, vengo de generaciones de azucareros en donde dejamos, en esos cañaverales de México, dejamos muchas toneladas de sudor, pero sí quiero hacer mencionar una situación: en los años sesentas, cuando estaba en el sexenio de López Mateos, Díaz Ordaz, en nuestro país se producían alrededor de 2 millones 500 mil toneladas de azúcar, entonces el precio por kilo de azúcar oscilaba alrededor de los dos pesos 50 centavos; después vino esa locura echeverrista o lópezportillista, paulatinamente aquellos ingenios azucareros, aproximadamente 70 de ellos, 66% pasan al sector oficial; vino una nacionalización, subió el precio de azúcar, disminuyó la producción nacional, y vino un endeudamiento que todavía lo estamos pagando, y hoy el azúcar la pagamos alrededor de 500 pesos kilo, o sea que ha subido un 2 mil por ciento, y esto no crean que ha beneficiado mucho a los cortadores de caña o a los cañeros; los precios de los insumos han aumentado enormemente.
Vemos entonces, pues, ¿de qué vanagloriarnos que ha subido nuestra producción y que exportamos 500 mil toneladas? ¿Cuánto de esta exportación es que no consumimos más azúcar?, el precio está caro y la demanda interna se ha contraído por ese precio tan elevado.
Mucho oímos hablar hace 20 años, 30 años y aun 40 años, de lo que era la suproquímica no llega, porque la suproquímica hoy, si vemos nosotros de la más burda manera, y papel no producimos de la celulosa de la caña más que en una mínima
parte, producimos mucho alcohol, y mucho alcohol de éste va a la producción de brandy, de ése que están tomando por ahí.
Entonces, ¿de qué vanagloriarnos?, quisiéramos nosotros verdaderamente que entráramos a la suproquímica, México, al igual que Brasil tiene una capacidad enorme de producción de caña de azúcar, estamos quemando nuestro petróleo y muchas veces es un recurso no renovable, cuando sabemos que la caña de azúcar, que es un recurso renovable, que muchos, pero muchos millones de alcohol pueden ser convertidos en combustible para nuestros automóviles y no son tan contaminantes. Entonces, sí es cierto, es cierto, debemos sentirnos orgullosos de nuestra industria azucarera, pero aún hay muchas lagunas, aún hay muchos faltantes, y que este recurso verdaderamente sirviera para fortalecer la industria nacional tan necesitada hoy de divisas, tan necesitada hoy de energéticos, y que verdaderamente fuéramos más auténticos y supiéramos distinguir lo que son los rones a lo que son los brandies, porque ni siquiera eso.
Entonces, volvamos el ojo a la industria azucarera, sí, pongámoslo, pero no queremos verla endeudada, no queremos ver a la industria azucarera paralizada como hay ahora 15 ingenios paralizados, debemos poner atención a esto; aquí el ingeniero diputado González Gortázar, sabemos quién es y sabemos el cariño que le tiene, pero no queremos ver una industria azucarera postrada y enteramente endeudada. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Consulte la secretaría si se encuentran suficientemente discutidos los artículos 14 y 15.
La C. secretaria Patricia Villanueva Abrajam: -Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si considera suficientemente discutidos los artículos 14 y 15.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación.)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutidos, señor presidente.
El C. Presidente: -Se reserva para su votación nominal en conjunto.
El siguiente artículo, el 16, se ha reservado en contra por el compañero diputado Héctor Pérez Plazola, del Partido Acción Nacional.
El C. Héctor Pérez Plazola: -Señor presidente; señoras y señores diputados: Voy a ser tan breve como mi intervención anterior, pero antes de entrar en materia, quiero dejar aquí, a través de la secretaría, el oficio a que hicimos referencia en la intervención anterior también para que se haga llegar a quien corresponda de la Comisión de Programación.
Entonces, primero ahí lo dejo; y segundo, rápidamente: Pitágoras dice que uno más uno son dos, entonces, no es posible que 1 mil 062 más 1 mil 286 sean 2 mil 777; 1 mil 062.3 más 1 mil 286.3 suman 2 mil 348.6, y el señor que vino de la Secretaría de Comercio dijo que el presupuesto que habían ejercido era de 2 mil 777 miles de millones de pesos, faltan 428 mil 400 pesos, perdón 428 mil 400 millones de pesos; si esto es minucia, de todos modos valdría la pena saber en dónde están, en dónde se ejercieron, porque el análisis de la Cuenta Pública no lo dice, la diferencia de 428 mil 400 millones de pesos es algo considerable, aunque Jesús venga a decir que es cuentachiles ir al mercado, creo que esto es una cantidad importante que se ha mencionado por autoridades de la Secretaría y que debe quedar clarificado en su oportunidad.
Bien, el artículo 16 dice: "Se analizaron las acciones realizadas en materia de reconstrucción, en relación con los recursos asignados a través del ramo presupuestal 31 ejercido por las distintas entidades ejecutoras del gasto". De hecho, si nos basamos solamente a lo aquí redactado, pues no podemos sacar nada en claro; sin embargo, en el interior se habla de cantidades que tampoco concuerdan, se habla de asignaciones, de manejos que, inclusive les crearon su propia partida para que se analizaran en forma especial y, por un lado se menciona que hubo acciones con un presupuesto de 4 mil 098 millones de pesos; por otro lado se dice que se manejaron 1 mil 626 millones y, entre paréntesis, quiero hacer reconocimiento a la atención que ha tenido la señorita diputada Farías, por la información que me ha hecho llegar en relación al planteamiento que hicimos el año pasado, me consta porque me ha tenido informado de toda la insistencia que se ha estado haciendo en relación al asunto que fue turnado a su comisión, relativo al manejo sospechoso, por lo menos, o impreciso del presupuesto que manejó la comisión de reconstrucción del sur de Jalisco.
Entonces, le agradezco, señorita diputada, que me haya mantenido totalmente informado al respecto, y precisamente uno de los datos que a ella le ha proporcionado la Secretaría dice que el Gobierno Federal ha aportado a la zona de reconstrucción no mil millones, sino 626 millones de pesos; sin
embargo, hay información de que allá se manejaron mil millones de pesos y esto, para colmo, no coincide tampoco con lo que el presupuesto maneja aquí.
No estoy en contra del artículo, pero quiero, solicito, pido que se aclare debidamente dónde han quedado esas diferencias de millones de pesos que el Gobierno Federal aportó y el informe de la comisión del sur que fue manejada por un señor que enviaron de aquí de la capital, que se ha dado la gran vida en Jalisco durante dos años, que se ha llevado una gran cantidad del presupuesto en sus gastos personales y otras cosas más, siquiera que por lo menos rinda cuentas en formas precisa.
El objeto de haber intervenido en este artículo, era para que no se dé por concluido este asunto del manejo de fondos de la Comisión de Reconstrucción del Sur que compete también a la Cuenta Pública Federal, porque hubo aportaciones del Gobierno Federal al respecto. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Tiene la palabra la diputada María Emilia Farías Mackey, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.
La C. María Emilia Farías Mackey: -Solamente para aclarar algunas de las interrogantes que presentó el diputado Pérez Plazola.
El Programa de Reconstrucción en la Zona Sur de Jalisco cumplió con el número de viviendas programadas en el plazo previsto, y el financiamiento de las mismas fue cubierto de la siguiente manera: el 70% a partir de un crédito que dio Fonhapo, el 30% restante con aportaciones del gobierno estatal y de la Cruz Roja y otras organizaciones civiles; el costo de la vivienda fue un costo aceptable, la vivienda nueva costó 2 millones 600 mil pesos, y las acciones de mejoramiento de vivienda 1 millón 345 mil pesos; la adjudicación de la obra se hizo por concurso, y existió la supervisión de la misma.
Estas 3 mil 82 acciones de vivienda tuvieron un costo de 5 mil 854 millones de pesos, vuelvo a repetir, fueron atendidas 79 localidades en 18 municipios, y hubo un total de 15 mil personas beneficiadas.
Yo creo que con esto queda más que aclarado que el programa de reconstrucción cumplió con su cometido en el sur del estado de Jalisco, que la Cuenta Pública es muy clara en cuanto a la inversión, al monto y a las metas obtenidas. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Consulte la secretaría si se encuentra suficientemente discutido el artículo 16.
La C. secretaria Patricia Villanueva Abrajam: -Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si considera suficientemente discutido el artículo 16.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.. Suficientemente discutido, señor presidente.
El C. Presidente: -Se reserva para su votación nominal en conjunto.
El último artículo es el 17 y ha pedido la palabra, para hablar en contra, el Partido Socialista de los Trabajadores, por conducto del diputado Genero Piñeiro López.
El C. José Genaro Piñeiro López: -Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados: Quiero, en primer lugar, realizar a manera de ejercicio de autocrítica parlamentaria de la siguiente reflexión:
Nosotros participamos en diversas reuniones que la Comisión de Programación y Presupuesto convocó, pero definitivamente no pudimos asistir a la totalidad de ellas, por este motivo, en algunas de estas reuniones en las que nuestra fracción se encontró ausente, se trató la culminación del dictamen y se discutieron diversas propuestas y recomendaciones que deberían de ser tomadas en cuenta para incluirlas en el contenido del artículo 17.
Sin embargo, en la última reunión comparecí con la representación de mi fracción parlamentaria, y manifesté diversas inquietudes, para que una de estas recomendaciones pudiese ser incorporada en la misma.
Por lo tanto, para abreviar el tiempo, quiero someter a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta de adhesión, como recomendación, para que sea incorporada en el artículo 17 del decreto, materia del debate, que dice, en los siguientes términos:
"Continuar con el esfuerzo de racionalización de transferencias, preservando el propósito de evitar que se afecten programas estratégicos y prioritarios en beneficio del desarrollo económico y social del país".
Dejo en esta secretaría la propuesta, para que sea considerada y sometida por esta soberanía. Gracias por su atención, compañeros.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el diputado Sócrates Rizzo García, presidente de la Comisión de Presupuesto, del PRI.
El C Sócrates Rizzo García: -Con su venia, señor presidente; compañeros diputados: Efectivamente, una amplia participación de los diputados de las fracciones parlamentarias en estas 12 reuniones que realizó la Comisión de Programación y Presupuesto, en las cuales se presentaron diferentes recomendaciones, solicitudes de información y comentarios a los diferentes capítulos de la Cuenta Pública.
Subo aquí solamente para informarles que la mayoría de la Comisión de Programación y Presupuesto, acepta la propuesta del compañero Piñeiro, del PST.
El C. Presidente: -Por consiguiente, consulte la secretaría a la asamblea si acepta la proposición de modificación al artículo 17 hecha por el diputado Genaro Piñeiro y aceptada por la comisión.
La C. secretaria Patricia Villanueva Abrajam: -Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si admite la modificación propuesta por el compañero diputado José Genaro Piñeiro López, del PST y aceptada por la comisión.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación.)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
Aceptada, señor presidente.
El C. Presidente: -Consulte la secretaría si se encuentra suficientemente discutido el artículo 17.
La C. secretaria Patricia Villanueva Abrajam: -El votación económica, se pregunta a la asamblea si considera suficientemente discutido el artículo 17.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación.)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor presidente.
El C. Presidente: -En consecuencia, proceda la secretaría a recoger la votación de este artículo y los anteriormente reservados, en un solo acto.
La C. secretaria Patricia Villanueva Abrajam: -Por instrucciones de la presidencia, se va a proceder a recoger la votación nominal del artículo 4o., en sus términos; 6o., en sus términos; 7o., en sus términos; 8o., en sus términos; 9o., en sus términos; 10, en sus términos; 12, en sus términos; 14, en sus términos; 15, en sus términos; 16, en sus términos; y el 17 con la modificación que fue hecha por el diputado Genaro José Piñeiro López y aceptado por la comisión.
Se ruega a la oficialía mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del reglamento interior.
(Votación.)
Señor presidente, se emitieron, por los artículos 4o., 6o., 7o., 8o., 9o., 10, 12, 14, 15, y 16 en sus términos, 212 votos en pro y 31 en contra; asimismo, por el artículo 17, con la modificación aceptada por la asamblea, 239 votos en pro y cuatro votos en contra.
El C. Presidente; -Aprobados los artículos 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15 y 16 por 212 votos, y por 239 el 17. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1986.
La C. secretaria Patricia Villanueva Abrajam: -Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Emilio Jorge Cordero García.
El C. Emilio Jorge Cordero García (desde su curul): -Señor presidente, declino mi turno, y reservo mi turno para el próximo lunes.
El C. Presidente: -Esta presidencia ordena para que el lunes, en efemérides, se incluya al diputado Emilio Jorge Cordero, para que hable sobre el aniversario luctuoso del licenciado Emilio Portes Gil.
ORDEN DEL DÍA
La C. secretaria Patricia Villanueva Abrajam: -Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera, se va a dar lectura al orden del día de la sesión del 11 de diciembre de 1987.
«Cámara de Diputados.- Tercer Período Ordinario de Sesiones.- LIII Legislatura
Orden del día
11 de diciembre de 1987.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Congreso del Estado de Tabasco, invita a la sesión solemne en la que el C. licenciado Enrique González Pedrero, gobernador constitucional del estado, rendirá el V informe de gobierno, que tendrá lugar el 13 de diciembre.
El Congreso del Estado de Yucatán, invita a la sesión solemne en la que el C. licenciado Víctor Cervantes Pacheco, gobernador constitucional del estado, rendirá el VI informe de gobierno, que tendrá lugar el 13 de diciembre.
El Congreso del Estado de Tlaxcala, invita a la sesión solemne en la que la C. Beatriz Paredes Rangel, gobernadora constitucional del estado, rendirá el I informe de gobierno, que tendrá lugar el 14 de diciembre.
Iniciativa de diputado
De reformas al decreto de Depósito Legal de Obras Editadas, Publicadas y Producidas.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos preceptos del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal.
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que abroga diversas leyes. Dictámenes a discusión
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal.
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Federal de Procedimientos Civiles.
De las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal, relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal de 1986.
Y los demás asuntos con los que la secretaría dé cuenta.»
El C. Presidente (a la 1.00 horas): -Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar hoy, 11 de diciembre, a las once de la mañana.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y DIARIO DE LOS DEBATES