Legislatura LIII - Año III - Período Ordinario - Fecha 19871211 - Número de Diario 39
(L53A3P1oN039F19871211.xml)Núm. Diario:39ENCABEZADO
LIII LEGISLATURA
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO III México, D. F., viernes 11 de diciembre de 1987 NÚM. 39
SUMARIO
APERTURA
Se abre la sesión
ORDEN DEL DIA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Con una inconformidad, se aprueba.
INVITACIONES
Del estado de Tabasco, al quinto informe de gobierno, el día 13 de diciembre. Se nombra comisión.
Del estado de Yucatán, al quinto informe de gobierno, el día 13 de diciembre. Se nombra comisión.
Del estado de Tlaxcala, al primer informe de gobierno, el día 14 de diciembre. Se nombra comisión.
INICIATIVAS DE DIPUTADOS
PEDIMENTO PARA CREAR UNA UNIVERSIDAD
El diputado Alejandro Cañedo Benítez, propone se instale en el sureste de la República; para hechos interviene el diputado Samuel Quiroz de la Vega. La presidencia excita a la Comisión de Educación a dictaminar el asunto tratado.
DEPOSITO LEGAL DE OBRAS EDITADAS
El diputado Antonio Tenorio Adame, propone modificar el decreto de depósito legal vigente, del 9 de febrero de 1965. Se turna a la Comisión de Educación Pública.
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
ARTÍCULO 436
El diputado Alonso Aguirre Ramos, propone adicionar el artículo con un segundo párrafo . Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
ARTÍCULO 162
El diputado Abimael López Castillo, propone adicionar un inciso a la fracción III del artículo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
REGLAMENTO DEL CONGRESO ARTÍCULOS 45 Y 50
El diputado Nabor Camacho Nava, propone reformas a los artículos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA CÓDIGO CIVIL
Para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en
Materia Federal, dictamen de la Comisión de Justicia que reforma y adiciona diversos preceptos.
DIVERSAS LEYES
Dictamen de la Comisión de Justicia, de la minuta proyecto de decreto que abroga diversas leyes.
LEY DE DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL
Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
CÓDIGO CIVIL
Para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal. Aprobado. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL
Dictamen de proyecto de decreto que reforma y adiciona. Aprobado. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
Dictamen de la Comisión de Justicia, que reforma, adiciona y deroga. Aprobado. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
NO RECESO
Se aprueba continuar la sesión hasta agotar los asuntos en cartera.
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL DE 1986
Dictamen de las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y el Distrito Federal.
Para dar su voto particular el diputado Manuel Terrazas Guerrero.
Para fundamentar el dictamen por la comisión, el diputado Gilberto Nieves Jenkin.
Se abre registro de oradores, en lo general.
Los diputados Jesús Galván Muñoz, Manuel Terrazas Guerrero, Beatriz Gallardo Macías, Trinidad Cervantes Aguirre, Héctor Morquecho Rivera y Efraín Calvo Zarco.
Por la comisión, el diputado Javier Garduño Pérez.
Para hechos intervienen los diputados Manuel Terrazas Guerrero y Efraín Jesús Calvo Zarco, Cecilia Romero Castillo, Hildebrando Gaytán Márquez, y Gonzalo Altamirano Dimas; por la comisión, el diputado Homero Díaz Córdova; para hechos el diputado Jesús Galván Muñoz. Aprobado. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales
DELINCUENCIA EN CHIMALHUACAN
El diputado Eduardo Acosta Villeda, propone punto de acuerdo para que se turne a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas; la diputa Beatriz Gallardo Macías apoya la propuesta; el diputado Miguel Angel Herrerías, para hechos. Se turna a comisión.
DEL ESTADO DE HIDALGO
El diputado José Genaro Piñeiro, propone punto de acuerdo para evitar fraude electoral en los municipios de Huazalingo y Yahualica. Debaten los diputados Carlos Alva Calderón y Jorge Amador Amador. Se desecha.
DENUNCIA AGRARIA
El diputado Oswaldo Harris Muñoz, lee denuncia que hacen campesinos del estado de Guanajuato, propone punto de acuerdo. Se acepta. Se turna a las comisiones de Información,
Gestoría y Quejas y ala de Reforma Agraria.
EL RESPETO AL VOTO
Con el tema debaten los diputados Genaro Piñeiro López, Beatriz Gallardo Macías y Jesús Murillo Karam.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión, se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. DAVID JIMÉNEZ GONZÁLEZ
(Asistencia de 232 ciudadanos diputados)
APERTURA
La C. Presidencia (a las 13.10 horas): -Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
La C. secretaria Patricia Villanueva Abrajam: - Se va a dar lectura al orden del día.
"Cámara de Diputados.- Tercer Período Ordinario de Sesiones LIII Legislatura. Orden del día
11 de diciembre de 1987.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Congreso del Estado de Tabasco, invita a la sesión solemne en la que el ciudadano licenciado Enrique González Pedrero, gobernador constitucional del estado, rendirá el quinto informe de gobierno, que tendrá lugar el 13 de diciembre.
El Congreso del Estado de Yucatán, invita a la sesión solemne en la que el ciudadano licenciado Víctor Cervera Pacheco, gobernador constitucional del estado, rendirá el sexto informe de gobierno, que tendrá lugar el 13 de diciembre.
El Congreso del Estado de Tlaxcala, invita a la sesión solemne en la que la ciudadana Beatriz Paredes Rangel, gobernador constitucional del estado, rendirá el primer informe de gobierno, que tendrá lugar el 14 de diciembre.
Iniciativa de ciudadano diputado
De reformas al decreto de depósito legal de obras editadas, publicadas y producidas.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos preceptos del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común, y para toda la República en Materia Federal.
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que abroga diversas leyes. De las comisiones de Reforma Agraria y de Agricultura y Recursos Hidráulicos, con proyecto de Ley de Distrito de Desarrollo Rural.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal.
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Federal de Procedimientos Civiles.
De las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal, relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal de 1986."
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
La C. secretaria Patricia Villanueva Abrajam: - Se va dar lectura al acta de la sesión anterior.
"Acta de la sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Tercera Legislatura del honorable Congreso de la Unión, celebrada el día diez de diciembre de mil novecientos ochenta y siete.
Presidencia del diputado David Jiménez González
En la ciudad de México, a las doce horas cinco minutos del día diez de diciembre de mil novecientos
ochenta y siete, la presidencia declara abierta la sesión, una vez que la secretaría manifiesta una asistencia de doscientos ochenta y siete diputados. Lectura del orden del día. Con la aclaración formulada por el diputado Jesús González Gortázar, en el sentido de que su iniciativa fue turnada a las comisiones de Ecología y a la de Agricultura y Recursos Hidráulicos, es aprobada el acta de la sesión celebrada el día nueve del mes en curso. El siguiente punto del orden del día, es la primera lectura al dictamen relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal para mil novecientos ochenta y seis. A solicitud de la presidencia, la asamblea le dispensa la lectura al dictamen. Es de primera lectura. La presidencia manifiesta que el siguiente punto del orden del día, es la lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma y adiciona el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal. A solicitud de la misma presidencia, la asamblea le dispensa la lectura al dictamen. Es de primera lectura. A continuación la secretaría, por instrucciones de la presidencia, consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Federal de Procedimientos Civiles. Se dispensa la lectura al dictamen. Es de primera lectura. El siguiente punto del orden del día, es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma y adiciona el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. A solicitud de la presidencia, la asamblea dispensa la lectura al dictamen. Es de primera lectura. A continuación se da lectura al proyecto de decreto por el que se concede permiso al señor Jesús Montemayor Peña, para prestar servicios en la Embajada de la República Islámica de Irán en México. Es de primera lectura. El diputado José Manuel López Arroyo, del Partido Revolucionario Institucional, a nombre de los diputados integrantes de la Confederación de Trabajadores de México, presenta una iniciativa de reformas al artículo 123 constitucional, en sus fracciones I, II y III; y a los artículos 61 y 82 de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. El diputado Nabor Camacho Nava, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, presenta una iniciativa de reformas a los artículos 79, 85, 87, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias. El diputado Amado Olvera Castillo, del Partido Acción Nacional, propone una iniciativa de ley para derogar el artículo 32 - bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y reformar el artículo 26 de la misma ley. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. El diputado Héctor Pérez Plazola, del Partido Acción Nacional, presenta una iniciativa para reformar el artículo 38, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. El diputado Jaime Castellanos Franco, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, da lectura a una iniciativa de reformas a la fracción I, del artículo 35 constitucional. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. El diputado Juan José Bremer, del Partido Revolucionario Institucional, hace uso de la palabra para proponer a la asamblea un punto de acuerdo suscrito por todas las fracciones parlamentarias aquí representadas, mediante el cual la Cámara de Diputados reconoce la importancia de los acuerdos de desarme firmados el ocho de diciembre en la ciudad de Washington por los mandatarios de Estados Unidos de América y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que dispone la destrucción de armas nucleares, solicitando que este asunto se considere como de urgente resolución, por lo que la presidencia ordena: Ejecútese. La presidencia informa que el siguiente punto del orden del día, es la segunda lectura al dictamen relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de mil novecientos ochenta y seis, solicitando a la asamblea por conducto de la secretaría se le dispense la lectura. Se dispensa la segunda lectura al dictamen. El diputado Jesús Galván Muñoz, del Partido Acción Nacional, hace uso de la palabra para exponer su voto particular solicitando se integre al dictamen. El diputado Gerardo Unzueta Lorenzana, del Partido Mexicano Socialista, formula
el voto particular de su fracción parlamentaria y pide que se inserte en los términos del Reglamento Interior. La diputada Blanca Esponda de Torres, fundamenta el dictamen a nombre de la comisión. En cumplimiento del acuerdo previo de práctica parlamentaria, la presidencia solicita a la secretaría consulte a la asamblea si autoriza la continuación del debate sin receso. La asamblea concede su autorización. Hablan en contra del dictamen los diputados Jorge Amador Amador, del Partido Socialista de los Trabajadores; Roberto Calderón Tinoco, del Partido Demócrata Mexicano; Ricardo Pascoe Pierce, del Partido Revolucionario de los Trabajadores; Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, del Partido Acción Nacional; Jorge Alcocer Villanueva, del Partido Mexicano Socialista; Héctor Morquecho Rivera, del Partido Popular Socialista. El diputado Reyes Fuentes García, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, manifiesta que el voto de su partido es en pro del dictamen. También hacen uso de la palabra en pro, los diputados del Partido Revolucionario Institucional, miembros de la comisión, Luis Manuel Orcí Gándara y Sócrates Rizzo García. La presidencia, por conducto de la secretaría, consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general. Se considera suficientemente discutido. Habiéndose tomado nota de los artículos reservados para su discusión en lo particular, la secretaría recoge la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados en un solo acto, emitiéndose doscientos diecisiete votos en pro y cuarenta y cinco en contra. En consecuencia, la presidencia declara aprobados en lo general y en lo particular los artículos no impugnados, por doscientos diecisiete votos. En lo particular, hace uso de la palabra el diputado Alejandro Cañedo Benítez, del Partido Acción Nacional, y solicita que en el dictamen se incluya un nuevo artículo 4o., en el que se señale que no se revisó el ramo veintiocho de participaciones, estados y municipios, ni la Ley de Coordinación Fiscal, que representó un 6.5 en total de egresos del gobierno federal. Por la comisión, el diputado Jorge Flores Solano del Partido Revolucionario Institucional, solicita que no se acepte la propuesta del diputado Cañedo por improcedente y dar respuesta a interpelaciones del diputado Juan de Dios Castro del Partido Acción Nacional. En el uso de la palabra del diputado Juan de Dios Castro, dice que los convenios de coordinación los celebran los estados libremente en uso de la autonomía que les confiere el artículo 40 constitucional, la cual se viola en el caso que señala el diputado Flores Solano. Para hablar sobre este mismo tema, hacen uso de la palabra el diputado Alejandro Cañedo Benítez, el diputado Héctor Pérez Plazola, del Partido Acción Nacional, reitera la solicitud del diputado Cañedo Benítez, y el diputado Flores Solano señala que solicitó que se desechara la propuesta del diputado Cañedo Benítez, porque en el artículo 5o. del proyecto de decreto se analizaron los ingresos y los gastos. La presidencia solicita a la secretaría consulte a la asamblea si acepta la propuesta del diputado Alejandro Cañedo Benítez, de modificación al artículo 4o. del proyecto de decreto, la cual no es aceptada por mayoría de votos. Suficientemente discutido este artículo, se reserva para su votación nominal. A petición de la presidencia, la asamblea autoriza que los oradores expongan en un solo acto su posición respecto a los artículos reservados para su discusión. En uso de la palabra el diputado Jaime Delgado del Partido Acción Nacional, afirma que ante la insuficiencia alimentaria que vive el país, es necesario volver los ojos al campo y hacer los ajustes económicos y políticos apropiados que conduzcan a la producción, a la productividad, que solucionen verdaderamente el atraso social y cultural del hombre y el campo y se opone a la aprobación del artículo 6o. del dictamen. En el uso de la palabra el diputado Genaro José Piñeiro López, del Partido Socialista de los Trabajadores, propone a la asamblea que sea cambiada la redacción del artículo 6o. por una nueva que diga: "La evaluación del ejercicio presupuestal en el sector desarrollo rural, comprendió lo realizado en materia de producción y productividad en el sector. En la misma se observa que el presupuesto en este sector fue afectado por recortarse en sus partidas, transfiriéndose éstas al capítulo del gasto no programable, produciendo incumplimiento a las metas fijadas en construcción y mantenimiento de la infraestructura, autosuficiencia alimentaria, generación de empleo, asistencia técnica, tenencia de la tierra y reparto agrario". En el uso de la Palabra la diputada Rosa María Armendáriz, del Partido Revolucionario Institucional, afirma que una de las prioridades de la actual administración es la de dar el apoyo y el impulso necesario al campo mediante la ejecución de programas nacionales de desarrollo rural integral, que abarcan no solamente la entrega física de la tierra a los campesinos, sino la asistencia
técnica, reparto equitativo del agua, la generación de empleos en el campo y en general el mejoramiento de las condiciones de vida en el medio rural. El diputado Jaime Delgado refuta las afirmaciones de la diputada Armendáriz, señalando a su vez que la actual administración ha sido ineficiente para sacar al campesino de la miseria y de las necesidades en que se encuentra. La presidencia consulta a través de la secretaría a la asamblea, si acepta la proposición del diputado Genaro José Piñeiro, del Partido Socialista de los Trabajadores, para modificar el artículo 6o. del dictamen. A solicitud del diputado Piñeiro la secretaría da lectura al texto del artículo propuesto, el cual es desechado por mayoría de votos. Se considera suficientemente discutido este artículo y se reserva para su votación nominal en conjunto. Para hablar en contra del artículo 7o. del dictamen, hace uso de la palabra la diputada Esperanza Morelos Borja, del Partido Acción Nacional, señalando que la Cuenta Pública a discusión no corresponde al Presupuesto de Egresos de mil novecientos ochenta seis. En el uso de la palabra la diputada Jarmila Olmedo de Garcilita, del Partido Revolucionario Institucional, se refiere a algunos planteamientos de la diputada Morelos Borja y afirma que si se analiza con serenidad y con objetividad el rubro de desarrollo regional, urbano y de ecología, se ha hecho mucho mediante una labor que beneficia no solamente al Distrito Federal, sino a todo el país. La diputada Esperanza Morelos Borja, refuta los argumentos de la diputada Olmedo de Garcilita y manifiesta que no es válido hablar de flexibilidad en un examen de la Cuenta Pública. Para hechos, hace uso de la palabra la diputada Jarmila Olmedo de Garcilita y aclara que cuando habló de flexibilidad no se refería al análisis de la Cuenta Pública, sino a que en un momento dado hay determinados programas que son más importantes. La presidencia instruye a la secretaría para que consulte a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo 7o. Se considera suficientemente discutido, y se reserva para su votación nominal en conjunto. A discusión el artículo 8o. Habla en contra el diputado Sergio Meza, del Partido Acción Nacional, quien hace algunas observaciones respecto del artículo 8o. del proyecto de decreto y considera conveniente analizar el capítulo de pesca a que se refiere dicho precepto. En el uso de la palabra el diputado José Luis Sánchez, del Partido Mexicano Socialista, habla en contra del artículo a discusión y dice que lo inaceptable es que se priorice una estrategia exportadora en aras de la obtención de divisas, dejando de lado la satisfacción de las necesidades nacionales en materia de pesca. La diputada Blanca Esponda de Torres, manifiesta que para un desarrollo pesquero es preciso apoyar a las empresas del sector social y del sector privado, pero con las modalidades que dice el interés público y en beneficio general. Por instrucciones de la presidencia, la secretaría consulta a la asamblea si el artículo se encuentra suficientemente discutido. Así se considera y se reserva para su votación nominal en conjunto. Se pone a discusión el artículo 9o. El diputado Eduardo Turati, del Partido Acción Nacional, hace uso de la tribuna para impugnar el artículo 9o. en razón de que su redacción, supuestamente sólo sirve para seguir ocultando la cruda verdad de nuestra actual situación. El diputado Gerardo Unzueta, del Partido Mexicano Socialista, hace un análisis del capítulo relativo a educación, y afirma que no hay posibilidad de calificar de positivo el balance de la actividad educativa en mil novecientos ochenta y seis. En el uso de la palabra el diputado José Angel Aguirre Romero, del Partido Socialista de los Trabajadores, manifiesta que el artículo 9o. no emite ningún juicio de valor, porque únicamente señala que la comisión hizo un análisis en materia de educación. El diputado Bulmaro Pacheco, del Partido Revolucionario Institucional, se refiere a las intervenciones de los tres oradores anteriores y afirma que los logros realizados hasta la fecha en materia educativa, el fomento a la difusión de la cultura, la prestación del servicio de la educación desde preescolar hasta superior y con la consolidación de la infraestructura educativa que se ha logrado hasta ahora, se han dado avances. Pide se apruebe el artículo 9o. tal y como ha sido presentado por la comisión. El diputado Gerardo Unzueta vuelve a hacer uso de la palabra en torno a este tema. El diputado Bulmaro Pacheco responde al diputado Unzueta, dando lectura a la página sesenta y nueve del informe presidencial, por lo que se refiere a educación primaria. El diputado Eduardo Turati nuevamente hace uso de la palabra, para señalar que efectivamente hay muchos problemas sociales que no ha sabido afrontar el gobierno.
El diputado Edeberto Galindo declina intervenir en el debate y la presidencia consulta a la asamblea, a través de la secretaría, si el artículo 9o. se encuentra suficientemente discutido. Considerándose así, se reserva para su votación nominal en conjunto. A discusión el artículo 10. En el uso de la palabra el diputado Cristóbal Figueroa Nicola, del Partido Acción Nacional, señala que la salud es uno de los parámetros fundamentales que refleja el estado de la sociedad en general, y propone a la asamblea un punto de acuerdo para que la Comisión de Salud solicite al Subsecretario de Planeación de la Secretaría de Salud, un informe detallado sobre los contratos de obra de construcción de los hospitales de esta Secretaría en Cuernavaca, Morelos y Puebla, Puebla, y que informe por qué la gran diferencia de los costos de ambas obras. Pide que esta propuesta se considere de urgente y obvia resolución. Se pone a consideración de la asamblea la propuesta del diputado Figueroa Nicola, la cual es aceptada, no considerándose de urgente resolución. Se turna a la Comisión de Salud. En el uso de la palabra el diputado Hildebrando Gaytán, del Partido Popular Socialista, rechaza el artículo a discusión porque los comentarios del dictamen no son acordes con la realidad de la clase trabajadora del país. El diputado Darío Maldonado Casiano, del Partido Revolucionario Institucional, se refiere a las intervenciones de los diputados Cristóbal Figueroa Nicola e Hildebrando Gaytán, y señala que si en el seno de la Organización Mundial de la Salud se toma como ejemplo a México, los representantes del pueblo mexicano tienen que aceptar que el sector salud está cumpliendo con las metas y objetivos que se ha trazado. Para hechos, hace uso de la palabra el diputado Cristóbal Figueroa Nicola. A solicitud de la presidencia, la asamblea considera suficientemente discutido el artículo y lo reserva para su votación nominal en conjunto. En contra del artículo 12 hace uso de la palabra el diputado Héctor Pérez Plazola, del Partido Acción Nacional, formula diversos comentarios en torno a este artículo que se refiere al gasto público ejercido por el sector abasto y considera que definitivamente éste no es un dictamen que merezca su aprobación. El diputado Javier Garduño Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, a nombre de la comisión hace una defensa del dictamen y señala que en el sector abasto se cumplió cabalmente las metas que se fijaron en el presupuesto de mil novecientos ochenta y cinco. Da respuesta a una interpelación del diputado Humberto Ramírez Rebolledo y solicita que el artículo 12 quede íntegro en el dictamen. A solicitud de la presidencia, la asamblea considera suficientemente discutido el artículo 12 y lo reserva para su votación nominal en conjunto. La presidencia autoriza a la diputada María del Carmen Jiménez de Avila, del Partido Acción Nacional, para tratar en un solo acto los artículos 14 y 15 del dictamen. Afirma que estos artículos del dictamen, lo único que hacen es transcribir algunos párrafos de la Cuenta Pública sin analizar ni hacer ningún juicio de valor sobre lo que se transcribe. Señala que su partido no está de acuerdo con el dictamen y menciona las razones que tienen para ello. El diputado Jesús González Gortázar, del Partido Revolucionario Institucional, hace uso de la palabra y dice que es más interesante para los diputados saber el porqué de la participación del Estado mexicano en la industria, que hablar de pesos y centavos. Da respuesta a una interpelación de la diputada María del Carmen Jiménez de Avila y afirma que la industria azucarera es un orgullo legítimo del pueblo mexicano, y dice que los diputados deben comprometerse con el proceso revolucionario y con la actitud del gobierno de sanear la industria paraestatal y fortalecer tan importante rama de la economía nacional. En el uso de la palabra el diputado Eduardo Beltrán, del Partido Revolucionario Institucional, y se refiere a la exposición de la diputada María del Carmen Jiménez de Avila y finaliza diciendo que las empresas estatales y de manera fundamental las del sector energético, son empresas que tienen un objetivo de beneficio general a la nación y al pueblo. Da respuesta a una interpelación del diputado Alejandro Cañedo Benítez respecto al problema de Laguna Verde, y pide se apruebe el dictamen. El diputado Humberto Ramírez Rebolledo, afirma que la Comisión Federal de Electricidad no ha cumplido el ofrecimiento de entregar a esta Cámara el informe sobre seguridad de la planta nucleoeléctrica. El diputado Eduardo Beltrán desde su curul, dice al orador que a la diputada María del Carmen Jiménez de Avila, le fue entregado el Plan de Seguridad y Salvaguardias Global. Para hechos, se concede el uso de la palabra a la diputada María del Carmen Jiménez de Avila. También para hechos hace uso de la palabra el
diputado Jaime Delgado, para referirse ala industria azucarera. La presidencia somete a consideración de la asamblea, si considera suficientemente discutidos los artículos 14 y 15. Así se considera y se reservan para su votación nominal en conjunto. El diputado Héctor Pérez Plazola hace uso de la palabra y dice que no está en contra del artículo 16, pero solicita que se aclare debidamente dónde han quedado las diferencias de millones de pesos que el gobierno federal aportó a la Comisión de Reconstrucción del sur de Jalisco. La diputada María Emilia Farías, señala que la Comisión de Reconstrucción a que se refiere el diputado Pérez Plazola, cumplió con su cometido y que la Cuenta Pública es muy clara en cuanto a la inversión, al monto y a las metas obtenidas. A solicitud de la presidencia, la asamblea considera suficientemente discutido el artículo 16 y se reserva para su votación nominal en conjunto. El diputado Genaro José Piñeiro, del Partido Socialista de los Trabajadores, somete a consideración de la asamblea la siguiente propuesta de adhesión para que sea incorporada en el artículo 17 del dictamen, que dice: "Continuar con el esfuerzo de racionalización de transferencias, preservando el propósito de evitar que se afecten programas estratégicos y prioritarios en beneficio del desarrollo económico y social del país". En uso de la palabra el diputado Sócrates Rizzo por la comisión, acepta la propuesta del diputado Piñeiro. A solicitud de la presidencia, la asamblea acepta la proposición del diputado Genaro José Piñeiro y considera suficientemente discutido el artículo 17. En consecuencia, la secretaría, a solicitud de la presidencia, procede a recoger la votación nominal de este artículo y los anteriormente reservados en un solo acto. Se emiten por los artículos 4o., 6o., 7o., 8o., 9o., 10, 12, 14, 15 y 16 en sus términos, doscientos doce votos en pro y treinta y uno en contra. Por el artículo 17 con la modificación aceptada por la asamblea, doscientos treinta y nueve votos en pro y cuatro en contra. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de mil novecientos ochenta y seis, pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. El diputado Emilio Jorge Cordero García declina su turno, y la presidencia ordena se incluya en el orden del día de la sesión que se llevará a cabo el próximo lunes para hablar sobre el aniversario luctuoso del licenciado Emilio Portes Gil. Agotados los asuntos en cartera, se da lectura al orden del día de la próxima sesión. A la una de la mañana del día once de diciembre se levanta la sesión, y se cita para la que tendrá lugar hoy mismo a las once horas." La C, secretaria Patricia Villanueva Abrajam: - Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba... El C. Humberto Enrique Ramírez Rebolledo (desde su curul): - Señorita diputada secretaria, hay una omisión en esta acta con respecto a las interpelaciones, con respecto a mi participación, y hay exceso de descripción de los elementos de los compañeros de la mayoría oficial, y se omite el contenido de las opiniones expresadas por los partidos que votamos en contra de esa Cuenta Pública. Esta acta, esta dolosa, esta faltante, omisa, definitivamente es una verdadera desgracia que se relaten los hechos de esta Cámara de Diputados en estos términos. En lo particular interpelé varias veces a diputados y no se menciona. En lo particular, intervine en la tribuna para hechos, señalando las falsedades del presidente de la Comisión de Energéticos; no es posible que los relatos de hechos que suceden no se den conforme a la veracidad y a la verdad en esta Cámara. La C. María del Carmen Jiménez de Avila (desde su curul): - Esta acta no fue aprobada. La C. Presidencia: - En atención a la solicitud de la diputada, procedan ustedes nuevamente a tomar la votación. La C. secretaria Patricia Villanueva Abrajam: - En votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señorita presidenta. INVITACIONES La C. Presidenta: - Continúe la secretaría. La C. secretaria Patricia Villanueva Abrajam: - Se va a dar lectura a varias invitaciones.
"C. presidente de la honorable Cámara de Diputados, Palacio Legislativo.- México, D.F. La LII Legislatura del honorable Congreso del estado libre y soberano de Tabasco, invita a usted a la sesión solemne en la que el gobernador constitucional del estado, Enrique González Pedrero, rendirá su quinto informe de gobierno el día 13 de diciembre a las 11.00 horas, en el Teatro del Estado "Esperanza Iris", declarado para este acto recinto oficial del Poder Legislativo. Villahermosa, Tabasco, diciembre de 1987." La C. Presidencia: -Para asistir a este acto en representación de esta honorable Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Nicolás Reynés Berezaluce, Manuel Urrutia Castro, Homero Pedrero Priego, Eduardo Beltrán Hernández, Oscar Llergo Heredia, Ylce Sarmiento Gómez y Mario Murillo Morales. La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: "Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno del Estado de Yucatán.- Poder Ejecutivo.- Mérida, Yuc., Méx., noviembre de 1987. C. presidente de la honorable Cámara de Diputados, Palacio Legislativo.- México, D.F. Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 28 de la Constitución Política del Estado, el domingo 13 del próximo mes de diciembre, a las 18.00 horas, compareceré en el recinto del honorable Congreso, ante la L Legislatura, con el objeto de informar sobre la situación que guardan los diversos ramos de la administración pública. Por ello, me permito hacer atenta y cordial invitación a ese honorable cuerpo legislativo para que una comisión del mismo, con su presencia, de relevancia a dicho acto. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. El gobernador del estado, Víctor Cervera Pacheco." La C. Presidenta: -Para asistir a este acto en representación de esta honorable Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: José Nerio Torres Ortiz, Rodolfo Antonio Menéndez Menéndez, Wilbert Chi Góngora, Renán Solís Avilés y Eliseo Rodríguez Ramírez. La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: "C. presidente de la honorable Cámara de Diputados, Palacio Legislativo.- México, D.F. La honorable LIII Legislatura del estado libre y soberano de Tlaxcala, le invita para que asista el próximo 14 de diciembre de 1987 a las 11.00 horas, a la sesión pública y solemne en la que la ciudadana Beatriz Paredes Rangel, gobernadora constitucional, rendirá el primer informe de gobierno en el lienzo del centro expositor "López Mateos", declarado recinto oficial. Tlaxcala de Xicoténcatl, diciembre de 1987.- Atentamente, profesor Rubén Nájera Pulido, diputado presidente." La C. Presidenta: -Para asistir a este acto en representación de esta honorable Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Samuel Quiroz de la Vega, Eliseo Vázquez Valdez, Yrene Ramos Dávila, Joaquín Contreras Cantú, Patricia Villanueva Abrajam, Amín Zarur Menez, María Amelia Olguín Vargas, Antonio Brambila Meda, Elvia Lugo de Vera, Alicia Buitrón Brugada y Guadalupe Natalia Solares Bauza. INICIATIVA DE DIPUTADOS PEDIMENTO PARA CREAR UNA UNIVERSIDAD El C. Alejandro Cañedo Benítez (desde su curul): -Señorita presidenta, quiero hacer un pedimento a la presidencia. La C. Presidenta: - En uso de la palabra para hacer un pedimento a la presidencia, el diputado Alejandro Cañedo. El C. Alejandro Cañedo Benítez: - Señorita presidenta; compañeros diputados: Hace 12 años, exactamente el 11 de diciembre de 1975, presenté a nombre de los diputados de Acción Nacional una iniciativa que creaba la Universidad Autónoma del Sureste, con sede en la ciudad de Tehuacán. Era una universidad federal con fondos federales, para dar educación superior a estudiantes de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Esa iniciativa ha estado durante 12 años en la congeladora; esa iniciativa que si se hubiera aprobado, ya tendría varias generaciones de estudiantes sirviendo en sus comunidades. Uno de los puntos en la exposición de motivos de esa iniciativa hablaba, esa honorable XLIX Legislatura ha conocido de las iniciativas de leyes educativas como la Ley Federal de Educación, la
Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana, la Ley de la Universidad Autónoma de Chapingo y la ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, y en todas ellas se recordará, se habló de las necesidades de modificar la estructura educativa de nuestro país. Estamos viviendo grandes problemas en la educación superior; se ha discutido en días recientes los problemas del Politécnico; por los medios de difusión nos enteramos de los graves problemas que sufre la Universidad Nacional. Las universidades de provincia no son ajenas a este problema, hay una crisis importante en la educación superior. Hace dos años se pidió que la Comisión de Educación estudiara esta iniciativa; hace dos meses se pidió que se excitara al presidente de la Comisión de Educación para que dictaminara esta iniciativa. En el mes de noviembre la presidencia le fijó fecha para que dictaminara esta iniciativa; ahora en el mes de diciembre, le estamos pidiendo a la presidencia que cambie de comisión. La Comisión de Educación de esta Cámara no trabaja. La Comisión de Educación detiene las iniciativas importantes, tan importantes para el desarrollo de nuestro país. Creemos que doce años en la congeladora, no es posible que sigan nuestras iniciativas. Algunas comisiones de esta Cámara han dictaminado iniciativas presentadas por los partidos de oposición. Y así tenemos algunas iniciativas económicas, o la iniciativa de García Cervantes que se dictaminó hace unos días. Creemos que es importante tomar decisiones y tenemos que abrir un debate en esta Cámara sobre la crisis de la educación superior. Creemos, y el mismo presidente lo reconoce, que es necesario abrir este debate, ¿por qué la Comisión de Educación se cierra?, ¿por que la comisión no dictamina?, ¿por qué la comisión no le informa ni a sus miembros de la comisión, que existe esta iniciativa y otras más iniciativas? Por todo lo anterior, señorita presidenta, le pido en nombre de mis compañeros y en el mío propio, que turne esta iniciativa a la Comisión de Ciencia y Tecnología, donde esperamos que de un modo rápido dictamine esta iniciativa que le dará oportunidad a miles de estudiantes, a miles de jóvenes que puedan estudiar en sus comunidades, sin tener que venir a esta ciudad de México, o tener que ir a otras ciudades de provincia. En Puebla, la mayoría de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla son de los estados de Oaxaca, de Tabasco, de Veracruz. Por eso creemos que es necesario una universidad federal como plan piloto, para que los estudiantes del sureste tengan oportunidad de estudiar. Muchas gracias. La C. Presidencia: -Para hechos, en relación con la intervención anterior, en los términos del artículo 102, tiene la palabra el diputado Samuel Quiroz de la Vega, hasta por cinco minutos. El C. Samuel Quiroz de la Vega: - Con su autorización ciudadana presidenta, honorable asamblea: En relación con lo aseverado por el señor diputado Alejandro Cañedo Benítez, quiero informar de manera muy breve, que a raíz de la excitativa formulada con fecha anterior a la Comisión de Educación Pública para la elaboración del dictamen relacionado con la iniciativa que presentó el propio señor diputado Cañedo, y repito, atendiendo esta excitativa, el señor presidente dio instrucciones inmediatamente y tuvo a bien comisionar al que habla a fin de elaborar un proyecto de dictamen que naturalmente en su oportunidad será sometido a los miembros de la Comisión de Educación Pública. Hemos tenido algún cambio de impresiones con el señor diputado Cañedo Benítez: él entiende perfectamente la serie de implicaciones que encierra su iniciativa, porque a nadie escapa que la creación de una nueva universidad tiene una serie de consideraciones de toda índole que tienen que llevarse a cabo; de tal suerte que estamos trabajando en la elaboración del proyecto de dictamen y yo quisiera pedirle de manera muy atenta y respetuosa al propio señor diputado, que en la inteligencia de que este proyecto quedará terminado en el curso de la semana próxima, reconsidere su solicitud de cambio de turno para que la iniciativa pase a comisión diversa de la de Educación Pública. El C. Presidente: - Muchas gracias, por consiguiente, se excita a la Comisión de Educación que se sirva por favor presentar a la mayor brevedad posible el dictamen que ha solicitado el compañero diputado Alejandro Cañedo Benítez, autor de la iniciativa. DEPOSITO LEGAL DE OBRAS EDITADAS La C. Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Antonio Tenorio Adame, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa. El C. Antonio Tenorio Adame: - Con permiso, señor presidente, honorables diputados:
Vengo a esta tribuna a presentar una iniciativa que reforma el decreto de depósito legal que consagra el derecho de autor y que nos indica la preocupación y el esfuerzo que nuestro antecesores, diputados de otras legislaturas, han tenido para preservar la educación y la cultura de nuestro país. Considero pues, que éste es parte de nuestro legado histórico político cultural de nuestra LIII Legislatura, que nuestro comité en sus modestas aportaciones ha logrado consolidar a nombre de nuestra propia legislatura. Estamos conscientes que no fue posible apoyar a ustedes, señores legisladores, en sus trabajos y comisiones respectivas, al dotarlos de una biblioteca que les sirviera de apoyo, que aún falta el trasladar nuestro acervos bibliográficos, algunos que son verdaderos aceros documentales históricos que nos hablan de nuestro orígenes, que nos dicen de nuestro afanes y que nos reproducen en nuestra historia. Pero también quiero señalar que en estos momentos en que se encuentra en examen y discusión la minuta del Senado que establece el Programa de Red Nacional de Bibliotecas Públicas, donde se señala que de 1983 a 1987 se han incrementado las bibliotecas de 351 que eran inicialmente a 2 mil 100 bibliotecas, atendiendo a 36 millones de usuarios. Esto nos indica que nuestro esfuerzos corren en paralelo a otros concernientes al Poder Ejecutivo Federal. Permítanme hacer alguna consideraciones de orden cultural - histórico, porque mucho nos concierne, como producto que somos de un proceso nacional y como agentes preocupados y reproductores de ese proceso histórico - cultural. Desde nuestro orígenes, en las antiguas culturas indígenas existía la preservación cultural por medio de los códices. Mucho se ha lamentado la destrucción de bibliotecas o la no preservación de nuestro pasado histórico. Es en ese sentido, que nosotros acentuamos nuestro interés por la preservación del pensamiento político y del pensamiento cultural; en tanto que en otras latitudes y en otros momentos, la destrucción de las bibliotecas han sido símbolo de nazifascismo, como lo fue en la Alemania de Hitler. Para nosotros reviste particular interés, cómo el esfuerzo del pueblo mexicano, por preservar su historia. Fuimos en América el primer país con imprenta, fuimos en América de las primeros países con universidad. Y de los hechos sobresalientes que debemos de destacar, es aquella ocasión en que la destrucción y la quemazón del Palacio Nacional, Carlos de Sigüenza y Góngora, en forma personal, arriesgando su vida salvó los archivos que ahí se encontraban, parte de ellos. Rendimos con ellos homenaje a todos los mexicanos ilustres que supieron preservar nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio histórico. Rendimos homenaje y nos ligamos en el esfuerzo los mexicanos que construyeron nuestro pensamiento social. Desde el siglo XVII, con Carlos de Sigüenza y Góngora, con Sor Juana Inés de la Cruz, con Benito de Gamarra, con la corriente eclíctica, que fue la primera forma del pensamiento social-político del pueblo mexicano para romper el pensamiento escolástico, para establecer el pensamiento no escolar, para mezclar las teorías y las doctrinas y hacer surgir el nuevo pensamiento que iba a florecer en nuestra patria y que nos iba a dar la identidad y la expresión del pensamiento mexicano, ese pensamiento que cuaja en el pensamiento liberal que proviene de esa ruptura propiciada por el eclecticismo. Ese modo de pensar heterodoxo que emerge en una doble vertiente del problema de la construcción nacional y el problema de la revolución social que enfrentaban los liberales. Enfrenta ya la frustración de la pérdida del territorio de la invasión del extranjero y establece también una diferencia frente a las posiciones liberales radicales, y lucha contra las nuevas formas de penetración que establecía el imperialismo del siglo XIX, contra las grandes potencias, las oligarquías latifundistas y las burguesías exportadoras. Ese pensamiento renovador que nos ha dado una identidad en el concierto de las naciones, vuelve a tomar forma y característica con el pensamiento social del magonismo, el pensamiento liberatorio con influencia en el anarquismo, con apoyo al movimiento social obrero y a la revolución socialista. Movimiento que es también del pensamiento y de las ideas reforzada por las ideas de Francisco I. Madero, como un legado de tolerancia y de pluralismo que recibimos los mexicanos, reforzado con la unidad del pueblo y teniendo como dogma la no reelección. Tenemos también, la presencia de las nuevas ideas del siglo XX con el marxismo que comienza a tomar vigor en los años de 1920 y 1935, como un problema de alianzas nacionales y un problema de alianzas internacionales, apoyado en el sindicalismo, teniendo como uno de los teóricos principales a Vicente Lombardo Toledano; ligado
en el antiimperialismo y en la democracia con las bases populares. Profundizando en el concepto de pueblo y apoyado en la liberación y en la revolución de Asia, África y América Latina. Llegamos así a nuestro pensamiento actual, pensamiento que se nutre en el conflicto social del Caribe y Centroamérica de nuestra propia América, donde, como decía Martí, el tronco viene a ser América y en él se pueden injertar todas las corrientes y pensamientos del mundo. Este pensamiento es un pensamiento crítico, es un pensamiento que reconoce que no puede haber igualdad y fraternidad y libertad si hay explotación, si hay sujeción. Es un pensamiento que reconoce que no se puede alcanzar la sociedad igualitaria si existe colonialismo, es un movimiento histórico basado en la liberación, en la democratización y en la sociedad igualitaria, es el hilo conductor de nuestras revoluciones en nuestro espacio y en nuestra historia, donde se establece qué es ganar la lucha con la memoria, la imaginación y con la decisión de ganarla. Compañeros diputados, presento a ustedes nuestra iniciativa del Comité de Biblioteca, que tiene como antecedente el depósito legal que arranca de 1846, es reformado en 1857 por Comonfort y en 1867 por Juárez cuando establece la nueva Biblioteca Nacional en el viejo templo de San Agustín. Con Cárdenas en 1937, Los diputados establecimos nuestra biblioteca del Congreso de la Unión, como una biblioteca de carácter nacional; en la actualidad México no tiene Biblioteca Nacional, porque la que lleva tal titularidad está bajo custodia de la universidad, y ese sentido también hubo reformas en 1957 y en 1965, cuando Díaz Ordaz expidió el decreto vigente con fecha de publicación del 9 de febrero de 1965; en ese decreto se señalaba que los editores de libros deberían emitir dos ejemplares a la Biblioteca Nacional y del Congreso de la Unión, de cada una de las ediciones de los libros, periódicos y revistas que publiquen con fines comerciales, quedarán igualmente obligados a entregar los ejemplares mencionados los autores que lleven a cabo la publicación de sus obras con la misma finalidad comercial; estarán sujetas a idéntico régimen las publicaciones que se distribuyan gratuitamente. Este decreto, queremos reformarlo, queremos transformarlo, porque en él, el factor común denominador que se advierte en los diferentes decretos de depósito legal, es la de publicación impresa en papel, con formato de libro, periódicos, revistas, aspectos que revelan la preponderancia, la tecnología disponible en 1846, para elaborar los materiales documentales, pero que es necesario actualizarlos para poder incluir en concepto y el ejercicio del depósito legal, las muy variadas formas que puedan adoptar los materiales documentales que se producen en esta época y los tipos previsibles a corto y mediano plazo. Derivado de la observación anterior, no se incluyen de manera objetiva en el decreto de depósito legal vigente, la entrega de mapas, películas, música impresa ni grabada, pinturas o fotografías de la misma, diseño industrial, textil, gráfico; fotografías, cintas y discos magnéticos o programas de cómputo y otros materiales más. Tampoco son sujetos de depósito legal, actualmente, las publicaciones extranjeras que se venden en México, lo cual debería ser un requisito indispensable para que las compañías transnacionales pudieran comerciar sus productos de información en nuestro país, muchos de los cuales son sesgados y a veces deformantes de nuestra realidad. Ya fueran películas, periódicos, revistas, programas de cómputo, discos compactos, etcétera. Por eso, hacemos la propuesta de modificar el decreto de depósito legal vigente del 9 de febrero de 1965, por el que hoy presentamos a esta soberanía que es más completo y que refleja los avances tecnológicos contemporáneos, disponibles en la producción y comercialización de materiales documentales de carácter científico y tecnológico; así como humanista, social y recreativo. He hecho entrega a esta secretaría de dicho decreto, para que se turne a las comisiones correspondientes, de tal manera que obvio su lectura. Y, por otra parte, concluyo diciendo que este Comité de Biblioteca, considera como una recomendación especial el establecimiento de un sistema de bibliografía mexicana, que en vinculación con las bibliotecas nacional y del Congreso de la Unión, así como las que están establecidas en los estados, puedan crear ese sistema; que tenga como característica: Uno. Un sistema nacional de referencia de las publicaciones mexicana, independientemente de su formato y soporte físico. Dos. Un sistema nacional de referencia de publicaciones extranjeras en México. Tres. Un sistema nacional de préstamo interbibliotecario, especialmente necesario en época de crisis.
Cuatro. Un sistema nacional de reproducción de materiales documentales para la investigación y la docencia.
Cinco. Un sistema nacional de información especializado en los diversos campos relevantes del que hacer humano a partir del registro uniforme de los datos bibliográficos, que dé como derivación, sistemas nacionales muy especializados, como podrían ser el de información jurídica o un sistema de información educativa o un sistema nacional de información de medicina.
Estas son nuestras consideraciones y están a disposición de vuestra soberanía. Muchas gracias.
El C. Presidente: - En los términos del artículo 56 de reglamento, túrnese a la Comisión de Educación Pública.
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
ARTICULO 436
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra para presentar una iniciativa el señor diputado Alonso Aguirre Ramos.
El C. Alonso Aguirre Ramos: - Señor presidente, honorable asamblea: «En ejercicio de la facultad que establece el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a esta asamblea la siguiente iniciativa de decreto para adicionar el artículo 436 de la Ley Federal del Trabajo con un segundo párrafo.
CONSIDERANDO
El 15 de agosto de 1983 se publicó el decreto para el fomento y operación de la industria maquiladora de exportación, en el cual se establecen los objetivos y requisitos para el establecimiento y regulación de la operación de las empresas maquiladoras de exportación.
En la actualidad, esta industria de exportación ha adquirido gran relevancia en nuestro país, destacándose el gran número de ellas que se han establecido en la franja fronteriza norte de México, coadyuvando a la creación de empleos, la captación de divisas y el impulso económico a las distintas regiones donde se han ubicado.
Sin embargo, en algunos casos se ha presentado la circunstancia de que dichas empresas sin previo aviso han dejado de desarrollar sus actividades productivas terminando fáctica y unilateralmente, y de manera subrepticia, las relaciones con sus empleados sin cumplir con el pago de las prestaciones que la Ley Federal del Trabajo establece a favor de los obreros en el caso de la terminación colectiva de las relaciones de trabajo. Los cual genera injusticia y es violatorio del concepto que guía a nuestra legislación laboral.
Se estima conveniente y urgente establecer la obligación para las empresas maquiladoras de exportación y otorgar una fianza que garantice el cumplimiento de las prestaciones laborales consistentes en tres meses de salario y prima de antigüedad cuando haya una terminación de las operaciones de la empresa maquiladora en las circunstancias antes descritas.
Por lo antes expuesto, se somete a consideración de esta soberana asamblea el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
QUE ADICIONA CON UN SEGUNDO
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 436
DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO
Artículo único. Se adiciona con un segundo párrafo el artículo 436 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:
Artículo 436.......................
Para garantizar lo prescrito en el párrafo anterior, las empresas maquiladoras de exportación deberán otorgar fianza suficiente hasta por el monto de la suma de las dos prestaciones que contienen este artículo, previo a la operación del programa autorizado por la autoridad competente.
TRANSITORIO
Único. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputado, diciembre de 1987. - Diputado general Alonso Aguirre Ramos.
El C. Presidente: - Con fundamento en el artículo 56 de Reglamento Interior del Congreso, túrnese esta iniciativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
ARTICULO 162
El C. Presidente: - Ha pedido la palabra para presentar una iniciativa el diputado Abimael López Castillo, del Partido Revolucionario Institucional.
El C. Abimael López Castillo: - «Honorable asamblea: Los diputados de la Confederación de Trabajadores de México que forman parte
de la fracción parlamentaria del sector obrero en la LIII Legislatura Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Federal y del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, inician reformas para hacer una adición a la fracción III del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo; basándose para ello, en lo siguiente:
Vivimos en la actualidad bajo un proceso inflacionario que pulveriza el salario como fuente principal de subsistencia para el trabajo y su familia; por ello, para el movimiento obrero hoy más que nunca adquieren importancia las prestaciones sociales que son y deben ser verdaderos instrumentos para proteger y excluir al valor del esfuerzo socialmente útil, de la anarquía monetaria y de la presión inflacionaria que vive nuestro país.
En el contexto de este criterio y fundados en la injusta conducta de la clase patronal de no pagar en tiempo y forma la prima de antigüedad a la que los trabajadores tienen derecho; se hace urgente y necesario que se establezca la obligatoriedad de parte de la empresa o patrón, de pagar la prima de antigüedad en el momento del retiro, a los trabajadores que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación del despido, al igual que lo establece la fracción IV inciso A) en lo que se refiere a los casos del retiro voluntario. Y lo más importante, que también se responsabilice a la parte patronal de que si al haberse efectuado el cálculo de liquidación y no se hace el pago en el momento en que la obligación es exigible, se obligue a cubrir el salario y todas las prestaciones de ley mientras la liquidación no se haga efectiva.
Además del pago de la prima, se hará también responsable del pago de los incrementos que se obtengan en el lapso de la demora y los intereses respectivos del monto retenido, pues es de todos sabido que en ninguno de los casos la parte patronal es solícita a pagar la prima de antigüedad al trabajador en el momento de su separación.
Por lo anteriormente expuesto, se propone un inciso a la fracción III del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo; para quedar como sigue:
Fracción III, inciso a: A los trabajadores que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación del despido, se les pagará el monto total que corresponda a su prima de antigüedad en el momento del retiro. El incumplimiento de la parte patronal al pago oportuno, la hará acreedora además del correspondiente a la prima de antigüedad, a los salarios, prestaciones e incrementos en el lapso de la demora, así como el pago de los intereses que correspondan a la cantidad retenida.
Atentamente.
México, Distrito Federal 11 de diciembre de 1987. - Por la diputación priísta de la Confederación de Trabajadores de México: Abimael López Castillo, Alfredo González, González Rogelio Preciado Cisneros, Pedro López Vargas, Gaspar Valdéz Valdéz, Alfonso Santos Ramírez, Jorge Doroteo Zapata García, Humberto Andrés Zavala Peña, José Herrera Arango, Armando Lazcano Montoya, Joaquín López Martínez, Federico Durán Liñán, Javier Pineda Serino, Alfonso Godínez López, Luis Manuel Altamirano Cuadros, Alfonso Reyes Medrano, Agustín Bernal Villanueva, Juan Moisés Calleja García, Gonzalo Castellot Madrazo, Cristóbal García Ramírez, Héctor Hugo Varela Flores, J. Jesús Gutiérrez Segoviano, Alberto Carrillo Flores, Porfirio Camarena Castro, Félix Lira Ortiz, Justino Delgado Caloca, Samuel Orozco González, Eduardo Lecanda Lujambio, Alberto Rábago Camacho, Heriberto Serrano Moreno, José Delgado Valle, Juan Carlos Velasco Pérez, Raúl Ramírez Chávez, Leobardo Ramos Martínez, Pedro Ortega Chavira, Gloria Mendiola Ochoa, Alfredo López Ramos, Oney Cuevas Santiago, Blas Chumacero Sánchez, José Manuel López Arroyo, Ezequiel Espinosa Mejía, Antonio Sandoval González, Salvador Esquer Apodaca, María Luisa Solís Payán, Francisco Villanueva Castelo, Homero Pedrero Priego, Emilio Jorge Cordero García, Diego Navarro Rodríguez, Luis Nájera Olvera, Emérico Rodríguez García, Carlos Roberto Smith Veliz, Sebastián Guzmán Cabrera, F. Rafael García Anaya, José Nerio Torres Ortiz, José Luis Galaviz Cabral, Arturo Ruiz Morales, Eduardo Fernando Hernández Mier, Manuel Monreal Zamarripa y Gonzalo Padilla Fuentes.
El C. Presidente: - Con fundamento en el artículo 56 de Reglamento Interior del Congreso, túrnese a la Comisión de Trabajo de Previsión Social.
REGLAMENTO DEL CONGRESO
ARTICULO 45 Y 50
El C. Presidente: - Nos ha pedido la palabra para presentar una iniciativa más, el diputado Nabor Camacho Nava, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Tiene la palabra.
El C. Nabor Camacho Nava: - "Ciudadano diputado presidente; compañeras y compañeros diputados: La iniciativa de ley que el día de hoy ponemos a la amable consideración de ustedes, de aprobarse, muy probablemente logre sensibilizar a los ciudadanos diputados de futuras legislaturas, pues tal iniciativa sancionará, en caso de incorporarse, a los diputados que sin justificación alguna, faltan a sus labores en sesiones ordinarias y con mayor razón a las sesiones de trabajo de las distintas comisiones ordinarias integradas con la finalidad de dictaminar, previo análisis y estudio sobre las iniciativas de ley o iniciativas con proyecto de decreto presentadas por las distintas fracciones parlamentarias, por el Ejecutivo Federal o las que nos llegan de la honorable colegisladora como cámara de origen. Se pretende reformar los artículos 50 y 45 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
CONSIDERANDO
Que somos representantes populares, que arribamos a esta honorable Cámara de Diputados por voluntad del pueblo, algunos, la mayoría, habiendo obtenido el triunfo en su correspondiente distrito, por mayoría relativa; otros, como el de la voz, por la vía de la representación proporcional y merced a los votos computados en ocho entidades federativas, pero, unos y otros, al momento de rendir nuestra protesta, lo hicimos voluntariamente, nadie nos presionó y en ese acto solemne, protestamos guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo nos ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión; pero, me pregunto, ¿estamos siendo leales con el pueblo que nos eligió?, ¿estamos viendo por el bien y prosperidad de la nación? Los pregunto, por aquellos compañeros diputados que habitualmente no asisten a sesiones ordinarias, que abandonan el recinto para atender negocios particulares y que poco les importa que en este recinto de la patria, se estén debatiendo los graves problemas que vive nuestro país, tratando de buscarles soluciones viables, que pudieran pailar, al menos, las grandes carencias de las clases marginadas, que, de veras, no sabemos hasta dónde van a soportar y hasta cuándo.
No critico de manera alguna a quienes, por enfermedad, faltan, o quienes, líderes de organizaciones sindicales, les es necesario acudir a sus oficinas sindicales a la solución de ingentes problemas, a los comisionados por cuestiones de protocolo ni a quienes simultáneamente se desplazan dentro del Palacio Legislativo a trabajos de comisiones, pero y los demás, los que no pueden justificar sus ausencias ¿por qué no vienen?
Por eso considero necesario reformar los artículos 50 y 45 de Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que hasta el momento nos siguen rigiendo legalmente, veamos su texto:
Artículo 50. Cuando un miembro de la cámara deje de asistir a las sesiones durante diez días consecutivos, sin causa justificada, la secretaría hará que se publique el nombre del faltista en el Diario Oficial y esta publicación seguirá haciéndose mientras continuare la falta.
Artículo 45. Los individuos de las cámaras asistirán a todas las sesiones desde el principio hasta el fin de éstas y tomarán asiento sin preferencia de lugar y se presentarán con la decencia que exigen las altas funciones de que están encargados.
Se considerará ausente de una sesión, al miembro de la Cámara que no esté presente al pasarse lista; si después de ella hubiere alguna votación nominal y no se encontrare presente, también se considerará como faltante. De igual manera se considerará en caso de falta de quórum al pasarse la lista correspondiente.
Compañeros diputados, en el presente período de sesiones, se ha suspendido la sesión por dos ocasiones, precisamente por falta de quórum, precisa pues hacer drásticas las medidas para corregir tal situación.
En uso de la facultad que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución General de la República y la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos a esta honorable soberanía la siguiente iniciativa de ley que reforma los artículos 50 y 45 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
DE LAS SESIONES
Artículo 50. Cuando un miembro de la cámara deje de asistir a las sesiones durante diez días consecutivos, sin causa justificada, automáticamente causará baja y en su lugar será llamado el suplente.
Artículo 45. Los individuos de la cámara asistirán a todas las sesiones, en sus periodos ordinarios y extraordinarios, desde el principio hasta el fin de éstas; tomarán asiento, sin
preferencia de curul, pero en la fila o filas correspondientes a la fracción parlamentaria a que pertenezcan y se presentarán con la decencia que exigen las altas funciones de que están encargados.
Se considerará ausente de una sesión al miembro de la Cámara que no esté presente al pasarse lista, salvo que al final del pase de lista de asistencia, informare de su presencia, con lo cual se acreditará como presente.
Al miembro de la Cámara que estuviere presente al pase de lista, pero que sin causa plenamente justificada abandone el recinto y reincida en esta práctica por diez días consecutivos, automáticamente causará baja y en su lugar será llamado el suplente.
Sala de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 11 de diciembre de 1987. - Nabor Camacho Nava, Carlos Enrique Cantú Rosas, Jorge Cárdenas González, Héctor Manuel Calderón Hermosa, Juan Manuel Lucia Escañera, Gregorio Macías Rodríguez, Jaime Castellanos Franco, Reyes Fuentes García, Enrique Bermúdez Olvera y María de la Luz Gama Santillán.
El C. Presidente: - Con fundamento en el artículo 56 de Reglamento túrnese esta iniciativa a la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias.
CÓDIGO CIVIL
El C. Presidente: - El siguiente punto del orden del día, es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos preceptos del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y distribuido entre todos nosotros, ruego a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación.)
Por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura, señor presidente y es de primera lectura.
«Comisión de Justicia.
Honorable Asamblea: La Comisión que suscribe, recibió para su estudio y dictamen la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en Materia común y para toda la República en Materia Federal, que fue remitida a esta Cámara de Diputados por la Cámara de Senadores y motivada por la iniciativa formulada por el Ejecutivo en uso de las facultades que le confiere la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los integrantes de esta Comisión de Justicia, hemos realizado un cotejo y análisis del proyecto de decreto, materia de presente dictamen elaborado por la Cámara de Senadores, con fundamento en los artículos 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 87, 88 y demás relativo del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Tal como lo establece la iniciativa, "El análisis de los efectos de la concentración", muestra que entre otros aspectos resulta indispensable fortalecer y renovar al marco jurídico tendiente a regularizar la tenencia de la tierra, como parte importante de una política global para el control efectivo sobre el uso y destino del suelo y la atención de la demanda y déficit de vivienda.
Los problemas que indudablemente ocasionan los asentamientos humanos irregulares, traducidos en la falta de seguridad jurídica en cuanto a la propiedad inmobiliaria y que ha dado lugar al crecimiento desmedido de la mancha urbana, conflictos sociales derivados de la misma tenencia de la tierra, insuficiencia de recursos para proporcionar infraestructura, equipamiento y servicios y urbanización que se agrava por la condiciones geográficas de localización de los propios asentamientos humanos, así como las exigencias de la población para tener acceso a viviendas dignas y decorosas, el Estado las enfrenta de acuerdo con las líneas de estrategia contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, en donde se parte de una concepción de urbanización ordenada y controlada para conducir el proceso de desarrollo equilibrado en el territorio del Distrito Federal.
Es evidente que para la regularización de la tenencia de la tierra, no es suficiente contar con disposiciones preventivas que, encaminadas a regular acciones futuras, no tienen eficacia frente a otras modalidades del problema ya existente y más bien, urge a la adopción de medidas correctivas.
Conforme a la anterior, nos indica con claridad cual es la razón metajurídica de la reforma propuesta, y que es en el sentido de dar una respuesta normativa a una realidad social. como lo es la procuración de la seguridad en la tenencia de la tierra, control y uso racional de suelo y crecimiento adecuado de los asentamientos humanos y zona urbana.
Y esto e congruente con la finalidad del derecho en cuanto al instrumento para ordenar la conducta social de los hombres.
Debemos instrumentar las normas que den una respuesta a una demanda social presente.
No olvidemos que el derecho es un instrumento forjado por los hombres en la realidad, de acuerdo con la realidad y para ordenar la realidad.
De ahí la importancia y la oportunidad que tenemos para adecuar nuestro sistema normativo vigente, para actualizarlo y pueda ser factor que coadyuve a la solución del problema urbano de la tenencia de la tierra.
La realidad es manifiesta y el derecho le merece una respuesta.
El derecho es dinámico y sus formas de manifestación deben siempre responder al requerimiento social que le da contenido, la norma debe ser oportuna; de lo contrario, su razón de ser se desvirtúa y se convierte en un norma superada e insuficiente.
La fuente real o material de la iniciativa de cuenta, es lo bastante claro; por lo que respecta a la manera de cómo enfrentar la problemática social expuesta y en particular la reforma a los artículos señalados en la iniciativa, por lo que manifestamos los siguientes.
CONSIDERANDOS
Primero. Resulta congruente con al realidad económica, la necesidad de actualizar de manera constante el valor relativo de las operaciones inmobiliarias, a efecto de establecer un factor de referencia para determinar si las enajenaciones de bienes inmuebles deben otorgarse en documento privado o bien cumplir la formalidad de la escritura pública.
Asimismo, resulta conveniente que el factor de referencia sea el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, en cuanto se trata de una institución laboral, que en los términos de la ley de la materia, es objeto de adecuación y actualización constante y permanente, para de esta manera tener una legislación siempre acorde a la situación económica y oportuna en la determinación del quehacer de los particulares, respecto de operaciones de transmisión de dominio de bienes inmuebles.
Por lo que de esta manera se allana el camino hacia la regularización de predios y un acceso a las mismas sobre todo en las clases económicamente débiles operando, las mismas condiciones, en los programas de regularización de tenencia de la tierra que lleve a cabo el Departamento del Distrito Federal
. Segundo. En congruencia con este principio de referencia económica, se propone que los bienes ya inscritos y cuyo valor no exceda de 365 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, la operación de transmisión de dominio pueda formalizarse, haciéndola constar por escrito en el certificado de inscripción de propiedad.
La propuesta reúne de manera eficiente y ágil en la enajenación, los elementos de seguridad jurídica de los bienes inmuebles, el contrato y el registro.
Lo anterior da mayor eficacia jurídica a la propiedad y certeza a las partes del contrato de compraventa y permite la identificación pronta del inmueble para todos los efectos legales.
Tercero. Para la plena validez de los documentos privados, la reforma propone, también con apoyo en el principio de seguridad jurídica y de publicidad, que al calce de los mismos, haya constancia de que el notario, el registrador, el corredor público o el juez competente, se cercioraron de la autenticidad de las firmas y de la voluntad de las partes.
La propuesta, viene a dar, la intervención al juez competente, dado que la reforma al artículo 2317, rebasaría la competencia, en razón de la cuantía, del juez de paz.
Cuarto. El aspecto importante de la iniciativa, lo representa el replanteamiento total que se hace de la figura de la inmatriculación.
La inmatriculación consiste en el primer acceso que se tiene el registro público.
La inmatriculación tiene por objeto comprobar la existencia del bien inmueble o de la finca, sus ubicación y sus límites y acreditar el derecho del poseedor, así como hacer inatacable ese derecho.
De esta manera se crea un título único y absoluto.
Cumplidos los requisitos que señala la ley, se inmatricula la finca o el bien inmueble y se redacta el certificado del título.
El título se expide en nombre del estado, es irrevocable, presenta datos descriptivos y los derechos de titular, sirve de prueba y de base a la propiedad.
La inmatriculación representa las siguientes ventajas:
a) Inatacabilidad del título;
b) Protege a terceros adquirentes;
c) Seguridad que afirma el valor de las propiedades;
d) El público conoce con nitidez las fincas;
e) Facilita la contratación, enajenación o transmisión de dominio;
f) Coadyuva a regularizar predios, y
g) Facilita el cumplimiento de las normas civiles y fiscales.
Quinto. En congruencia con este marco conceptual de la inmatriculación, la iniciativa hace referencia a tres principios generales de la misma:
1o. Los derechos reales, existen en el número limitado que señala y regula la ley, mismo que sólo pueden ser adquiridos en las formas que la misma prevé también en forma limitativa.
Principio que contribuye a la seguridad jurídica en el ámbito de patrimonio. Por consecuencia, la ley puede imponer la modalidades que considere necesarias para garantizar la propiedad y la certeza respecto de las operaciones que tienen por objeto ésta.
2o. La prescripción positiva es un medio de adquirir bienes, mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones que señala la ley, por consecuencia, nada impide que el registro público intervenga para hacer constar la posesión ejercida y generar de esta manera las constancias susceptibles de ser inscritas para fines de publicidad registral.
3o. Que el sistema registral mexicano no tiene efectos constitutivos de derechos, sino meramente declarativos y publicitarios frente a terceros; por lo que en atención a la naturaleza del registro público es dable su intervención para los efectos ya señalados.
Bajo estos principios, la iniciativa contempla, de manera correcta, la diversas hipótesis que pueden dar lugar a la inmatriculación.
Estas hipótesis tienen un presupuesto de procedencia, que consiste en la expedición de un certificado que acredite que el bien no está inscrito, expedido por el propio Registro Público de la Propiedad, supuesto sine qua non, tomando en cuenta que la inmatriculación es un acto administrativo por el cual se realiza la primera inscripción.
Dado el carácter declarativo y publicitario del registro público, la iniciativa propone que el interesado podrá optar, el gestionar la inmatriculación mediante resolución judicial o mediante resolución administrativa, pues en ambos supuestos, solamente se constatan que se dan las hipótesis normativas para haber adquirido la propiedad, o para que el poseedor se considere en posesión apta para prescribir.
De manera correcta y en virtud de que la inmatriculación no es constitutiva de derechos, se le da el tratamiento de institución que facilita la constitución de los mismos. Es una vía que agiliza, en su caso, la regularización de los bienes inmuebles.
Con el propósito de mantener la vigencia y prioridad de los planes y programas de desarrollo urbano y las declaratorias sobre usos, destinos o reservas territoriales, se prevé que no se inscribirán las informaciones judiciales o administrativas de posesión ni las de dominio, cuando violen tales ordenamientos.
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Justicia, somete a la consideración de este honorable pleno de la Cámara de Diputados, el presente.
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA
Y ADICIONA DIVERSOS PRECEPTOS
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO
FEDERAL EN MATERIA COMÚN
Y PARA TODA LA REPÚBLICA
EN MATERIA FEDERAL
Artículo primero. Se reforma el primer párrafo y se adicionan un tercer y un cuarto párrafos al artículo 2317 y se reforman los artículos 2320 y 2321 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, para quedar como sigue:
"Artículo 2317. Las enajenaciones de bienes inmuebles cuyo valor de avalúo no exceda al equivalente a trescientas sesenta y cinco veces el
salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal en el momento de la operación y la constitución o transmisión de derechos reales estimados hasta la misma cantidad o que garanticen un crédito no mayor de dicha suma, podrán otorgarse en documento privado firmado por los contratantes ante dos testigos cuyas firmas se ratifiquen entre notario, juez competente o Registro Público de la Propiedad.
..................................................................................
En los programas de regularización de la tenencia de la tierra que realice el Departamento del Distrito Federal sobre inmuebles de propiedad particular, cuyo valor no rebase el que señale el artículo 730 de este código, los contratos que se celebren entre las partes, podrán otorgarse en las mismas condiciones a que se refiere el párrafo anterior.
Los contratos a que se refiere el párrafo segundo, así como los que se otorguen con motivo de los programas de regularización de la tenencia de la tierra que realice el Departamento del Distrito Federal sobre inmuebles de propiedad particular, podrán también otorgarse en el protocolo abierto especial a cargo de los notarios del Distrito Federal, quienes en esos casos reducirán en un cincuenta por ciento las cuotas que correspondan conforme al arancel respectivo."
"Artículo 2320. Si el valor de avalúo del inmueble excede de trescientas sesenta y cinco veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal en el momento de la operación, su venta se hará en escritura pública, salvo lo dispuesto por el artículo 2317."
"Artículo 2321. Tratándose de bienes ya inscritos en el registro y cuyo valor no exceda de trescientas sesenta y cinco veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal en el momento de la operación, cuando la venta sea al contado podrá formalizarse, haciéndola constar por escrito en el certificado de inscripción de propiedad que el registrador tiene obligación de expedir al vendedor a cuyo favor estén inscritos los bienes.
La constancia de la venta será ratificada ante el registrador, quien tiene obligación de cerciorarse de la identidad de las partes y de la autenticidad de las firmas, y previa comprobación de que están cubiertos los impuestos correspondientes a la compraventa realizada en esta forma, hará una nueva inscripción de los bienes vendidos en favor del comprador."
Artículo segundo. Se reforma la fracción III del artículo 3005 y el último párrafo del artículo 3016 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, para quedar como sigue:
"Artículo 3005.....................
I........................
II........................
III. Los documentos privados que en esta forma fueren válidos con arreglo a la ley, siempre que al calce de los mismos haya la constancia de que el notario, el registrador, el corredor público o el juez competente se cercioraron de la autenticidad de las firmas y de la voluntad de las partes. Dicha constancia deberá estar firmada por los mencionados fedatarios y llevar impreso el sello respectivo".
"Artículo 3016.......................
Si el documento en que consta alguna de las operaciones que se mencionan en el párrafo primero de este artículo fuere privado, deberá dar el aviso preventivo, con vigencia por noventa días, el notario, o el juez competente que se haya cerciorado de la autenticidad de las firmas y de la voluntad de las partes, en cuyo caso el mencionado aviso surtirá los mismos efectos que el dado por los notarios en el caso e los instrumentos públicos. Si el contrato se rectificará ante el registrador, éste deberá practicar de inmediato el aviso preventivo a que este precepto se refiere."
Artículo tercero. Se reforman los artículos 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057 y 3058 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, para quedar como sigue:
DE LA INMATRICULACIÓN
"Artículo 3046. La inmatriculación es la inscripción de la propiedad o posesión de un inmueble en el Registro Público de la Propiedad, que carece de antecedentes registrales. Para cualquiera de los procedimientos de inmatriculación a que se refieren los artículos siguientes, es requisito previo que el registro público emita un certificado que acredite que el bien de que se trate no está inscrito, en los términos que se precisen en las disposiciones administrativas que para el efecto se expidan.
El director del registro público podrá allegarse información de otras autoridades administrativas.
El interesado en la inmatriculación de la propiedad o posesión de un inmueble podrá optar por obtenerla mediante resolución judicial o mediante resolución administrativa, en los términos de la disposiciones siguientes:
I. La inmatriculación por resolución judicial se obtiene:
a) Mediante información de dominio, y
b) Mediante información posesoria.
II. La inmatriculación por resolución administrativa se obtiene:
a) Mediante la inscripción del decreto por el que se incorpora al dominio público federal o local un inmueble:
b) Mediante la inscripción del decreto por el que se desincorpore del dominio público un inmueble, o el título expedido con base en ese decreto;
c) Mediante la inscripción de un título fehaciente y suficiente para adquirir la propiedad de un inmueble, en los términos del artículo 3051 de este código;
d) Mediante la inscripción de la propiedad de un inmueble adquirido por prescripción positiva, en los términos del artículo 3052 del presente código, y
e) Mediante la inscripción de la posesión de buena fe de un inmueble, que reúna los requisitos de aptitud para prescribir, en los términos del artículo 3053 de este código."
INMATRICULACIÓN POR RESOLUCIÓN
JUDICIAL
"Artículo 3047. En el caso de la información de dominio a que se refiere el inciso a) de la fracción I del artículo anterior, el que haya poseído bienes inmuebles por el tiempo y con las condiciones exigidas para percibirlos establecidas en el Libro Segundo, Título Séptimo, Capítulo II del Código Civil, y no tenga título de propiedad, o teniéndolo, no sea susceptible de inscripción por defectuoso, podrá ocurrir ante el juez competente para acreditar la prescripción rindiendo la información respectiva, en los términos de las disposiciones aplicables del Código de Procedimientos Civiles.
Comprobados debidamente los requisitos de la prescripción, el juez declarará que el poseedor se ha convertido en propietario en virtud de la prescripción, y tal declaración se tendrá como título de propiedad y será inscrita en el Registro Público de la Propiedad."
"Artículo 3048. En el caso de información posesoria, a que se refiere el inciso b) de la fracción I del artículo 3046, el que tenga una posesión de buena fe apta para prescribir, de bienes inmuebles no inscritos en el Registro Público de la Propiedad en favor de persona alguna, aun antes de que transcurra el tiempo necesario para prescribir, puede registrar su posesión mediante resolución que dicte el juez competente.
Para lo anterior, se deberá seguir el procedimiento que establece el Código de Procedimientos Civiles para las informaciones a que se refiere el artículo 3047.
El efecto de la inscripción será tener la posesión inscrita como apta para producir la prescripción, al concluir el plazo de cinco años, contados desde la fecha de la inscripción.
Las inscripciones de posesión expresarán las circunstancias exigidas para las inscripciones previstas en el Reglamento del Registro Público."
"Artículo 3049. Cualquiera que se considere con derecho a los bienes cuya propiedad o posesión se solicite inscribir por resolución judicial, podrá hacerlo valer ante el juez competente.
La presentación del escrito de oposición suspenderá el curso del procedimiento de información; si éste estuviese ya concluido y aprobado, deberá el juez poner la demanda en conocimiento del director del Registro Público de la Propiedad para que suspenda la inscripción, y si ya estuviese hecha, para que anote dicha demanda.
Si el opositor deja transcurrir seis meses sin promover en el procedimiento de oposición quedará éste sin efecto, asentándose en su caso, la cancelación que proceda."
INMATRICULACIÓN POR RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA
"Artículo 3050. La inmatriculación administrativa se realizará por resolución del director del Registro Público de la Propiedad, quien la ordenará de plano en los casos previstos por los incisos a) y b) de la fracción II de artículo 3046."
"Artículo 3051. Quien se encuentre en el caso previsto por el inciso c) de la fracción II del artículo 3046, podrá ocurrir directamente ante el Registro Público de la Propiedad para solicitar la
inmatriculación, la cual será ordenada si se satisfacen los siguientes requisitos:
I. Que acredite la propiedad del inmueble, mediante un título fehaciente y suficiente para adquirirla;
II. Que acredite que su título tiene una antigüedad mayor de cinco años anteriores a la fecha de su solicitud, o que exhiba el o los títulos de sus causantes con la antigüedad citada, título que deberán ser fehacientes y suficientes para adquirir la propiedad;
III. Que manifieste bajo protesta de decir verdad, si está poseyendo el predio o el nombre del poseedor en su caso, y
IV. Que acompañe las constancias relativas al estado catastral y predial del inmueble, si las hubiere."
"Artículo 3052. Quien se encuentra en el caso del inciso d) de la fracción II de artículo 3046, podrá ocurrir directamente ante el Registro Público de la Propiedad para acreditar que ha operado la prescripción conforme al siguiente procedimiento:
I. El interesado presentará solicitud que exprese:
a) Su nombre completo y domicilio;
b) La ubicación precisa del bien, su superficie, colindancias y medidas;
c) La fecha y causa de su posesión, que consiste en el hecho o acto generador de la misma;
d) Que la posesión que invoca es de buena fe;
e) El nombre de domicilio de la persona de quien la obtuvo el peticionario, en su caso, y los del causante de aquélla si fuere conocido, y
f) El nombre y domicilio de los colindantes.
II. A la solicitud a que se refiere la fracción anterior, el interesado deberá acompañar:
a) El documento con el que se acredita el origen de la posesión, si tal documento existe;
b) Un plano autorizado por ingeniero titulado, en el que se identifique en forma indubitable el inmueble, y
c) Constancias relativas al estado catastral y predial del inmueble, si existieren.
III. Recibida la solicitud, el director del Registro Público de la Propiedad, la hará del conocimiento por correo certificado y con acuse de recibo, de la persona de quien se obtuvo la posesión y de su causante, si fuere conocido, así como de los colindantes, señalándoles un plazo de nueve días hábiles para que manifiesten lo que a sus derechos convenga.
El director del Registro Público de la Propiedad además, mandará publicar edictos para notificar a las personas que pudieren considerarse perjudicadas, a costa del interesado por una sola vez en la gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal, y en un periódico de los de mayor circulación, si se tratare de bienes inmuebles urbanos. Si los predios fueren rústicos, se publicarán además por una sola vez en el diario oficial de la federación.
IV. Si existiere oposición de las personas mencionadas en la fracción anterior, el director del Registro Público dará por terminado el procedimiento, a efecto de que la controversia sea resuelta por el juez competente.
V. Si no existiere oposición, el director del Registro Público señalará día y hora para una audiencia, en la cual el solicitante deberá probar su posesión, en concepto de propietario y por el tiempo exigido por este código para prescribir, por medios que le produzcan convicción, entre los cuales será indispensable el testimonio de tres testigos que sean vecinos del inmueble cuya inmatriculación se solicita.
El director del Registro Público podrá ampliar el examen de los testigos con las preguntas que estime pertinentes, para asegurarse de la veracidad de su dicho, y
VI. La resolución administrativa del director del Registro Público de la Propiedad, será dictada dentro de los ocho días siguientes a la celebración de la audiencia a que se refiere la fracción anterior, concediendo o denegando la inmatriculación y declarando en el primer caso que el poseedor ha hecho constar los antecedentes y circunstancias, que conforme a este código se requieren para adquirir por virtud de la prescripción; dicha resolución deberá expresar los fundamentos en que se apoya".
"Artículo 3053. Quien se encuentre en el caso del inciso e) de la fracción II del artículo 3046, podrá ocurrir directamente ante el Registro Público de la Propiedad para acreditar posesión de un inmueble, apta para prescribirlo, conforme al procedimiento establecido en el artículo anterior, con excepción de que en la audiencia a que
se refiere su fracción V, el solicitante deberá probar su posesión presente, por los medios que produzcan convicción al director del registro público, entre los cuales será indispensable el testimonio de tres testigos que sean vecinos del inmueble cuya inmatriculación se solicita."
"Artículo 3054. Si la oposición a que se refiere la fracción IV del artículo 3052 se presentara una vez concluido el procedimiento y aprobada la inmatriculación, el director del Registro Público de la Propiedad suspenderá la inscripción, si aún no la hubiese practicado, y si ya estuviese hecha, anotará la citada oposición en la inscripción respectiva.
Si el opositor deja transcurrir seis meses sin promover el juicio que en su caso proceda, la oposición quedará sin efecto y se cancelará la anotación relativa."
DISPOSICIONES COMUNES
"Artículo 3055. Quien haya obtenido judicial o administrativamente la inscripción de la posesión de un inmueble, una vez que hayan transcurrido cinco años, si la posesión es de buena fe, podrá ocurrir ante el director del Registro Público de la Propiedad para que ordene la inscripción de la propiedad adquirida por prescripción positiva, en el folio correspondiente a la inscripción de la posesión, quien la ordenará siempre y cuando el interesado acredite fehacientemente haber continuado en la posesión del inmueble con las condiciones para prescribir, sin que exista asiento alguno que contradiga la posesión inscrita."
"Artículo 3056. Una vez ordenada judicial o administrativamente la inmatriculación de la propiedad o posesión de un inmueble, y cubierto el pago de los derechos respectivos, se hará la inscripción en el folio correspondiente."
"Artículo 3057. La inmatriculación realizada mediante resolución judicial o mediante resolución administrativa, no podrá modificarse o cancelarse, sino en virtud de mandato judicial contenido en sentencia irrevocable, dictada en juicio en que haya sido parte el director del Registro Público de la Propiedad."
"Artículo 3058. No se inscribirán las informaciones judiciales o administrativas de posesión, ni las de dominio cuando se violen los programas de desarrollo urbano o las declaratorias de usos, destinos o reservas de predios, expedidos por la autoridad competente, o no se hayan satisfecho las disposiciones legales aplicables en materia de división y ocupación de predios, a menos que se trate la programas de regularización de la tenencia de la tierra aprobados por la autoridad".
TRANSITORIOS
Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. El Ejecutivo Federal y el Jefe del Departamento del Distrito Federal, dictarán las disposiciones administrativas para cumplimentar lo dispuesto en el presente decreto.
Artículo tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Artículo cuarto. En las inmatriculaciones de inmuebles por resolución del director del Registro Público de la Propiedad, que se hayan realizado en un plazo mayor a cinco años de anterioridad a la entrada en vigor de las presentes reformas y adiciones, los interesados podrán solicitar la inscripción de dominio correspondiente, con sujeción a lo dispuesto por el artículo 3055 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal.
En aquéllas en que aún no se cumpla el término establecido, los interesados podrán hacer la solicitud respectiva en el momento en que se satisfaga este requisito.
Artículo quinto. Las solicitudes de inmatriculación por resolución del director del Registro Público de la Propiedad que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de estas reformas y adiciones, deberán ajustarse al procedimiento que establecen los artículos 3052 y 3053 que se reforman.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Palacio Legislativo, Distrito Federal. - Diputados: Néstor Raúl Luna Hernández, Joaquín Contreras Cantú, Juan Manuel Cruz Acevedo, Germán Corona del Rosal, Federico Fernández Fariña, Eliseo Rangel Gaspar, Ricardo Francisco García Cervantes, Eduardo Acosta Villeda, Francisco Hernández Juárez, Juan Antonio Araujo Urcelay, Miguel Angel Herrerías Alvarado, Santiago Camarena Flores, Rosario Ibarra de Piedra, Rolando Castillo Gamboa, Enrique Gabril Jiménez Remus, Juan José Castillo Mota, Elvia Lugo de Vera, Juan de Dios Castro Lozano, Gregorio Macías Rodríguez, Gloria Josefina Mendiola Ochoa, Alfredo Rohana Estrada, Antonio Monsiváis Ramírez Macario Rosas Zaragoza, Melquiades Morales Flores, José Luis
Sánchez González, Genaro José Piñeiro López, Renán Solís Avilés, Samuel Quiroz de la Vega, Teófilo Torres Corzo, Gerardo Unzueta Lorenzana, Ricardo Regalado Hernández, Manuel Urrutia Castro, Cirilo José Rincón Aguilar, Roberto Valdespino Castillo, José Rubén Robles Catalán, Juan Carlos Velasco Pérez, Gustavo Ampelio Robles González, Héctor Yunes Landa, Humberto Andrés Zavala Peña y María Aurora Munguía Archundia.
Trámite: - Primera lectura.
DIVERSAS LEYES
El C. Presidente: - El siguiente punto del orden del día, también es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que abroga diversas leyes. En atención a que este dictamen ha sido impreso y distribuido entre todos los compañeros diputados, consulte la secretaría a la asamblea si se le dispensa también la lectura.
La C. secretaria Patricia Villanueva Abrajam: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación.)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
Trámite: - Primera lectura.
«Comisión de Justicia.
Honorable Asamblea: A la Comisión de Justicia fue turnada para su estudio y dictamen la minuta con proyecto de decreto que abroga diversas leyes, y que fue remitida a esta honorable Cámara de Diputados por la de Senadores, motivada por la iniciativa formulada por el ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de las facultades que le otorga la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La comisión que suscribe, previo análisis y estudio que se realizaron del proyecto de decreto, materia del presente dictamen, elaborado por la honorable colegisladora, con fundamento en los artículos 56, párrafo segundo y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea este dictamen, con las siguientes
CONSIDERACIONES
La seguridad jurídica ha buscado refugio en las leyes, aunque no siempre éstas lo han dado, pero para que cumplan tal finalidad, es menester que no tengan una vigencia efímera; sin embargo, tampoco pueden detener el fluir de la vida, pues la sociedad se transforma constantemente; y ciertamente, cuando la vorágine de la vida social rebasa el espíritu de la ley, se impone su reforma derogación o abrogación, para dar paso a una nueva que vuelva a brindarnos esa seguridad jurídica a la que siempre aspira el derecho. No olvidemos que la ley es una norma de conducta externa que rige para un lugar y tiempo determinados; es así que, si la ley ya no cumple su fin en el tiempo, se impone quitarle su vigencia.
El Ejecutivo emplea sobre este particular, una afirmación válida:
"El orden jurídico es un todo congruente, en el que no existen contradicciones puesto que siempre, la individualización de sus normas se encuentran sometida a las reglas de validez, contenido y graduación que son parte de él."
Ahora bien, es de reconocerse que en la práctica legislativa se ha utilizado el procedimiento de declarar, casi sacramentalmente en los artículos transitorios de una nueva ley, que las disposiciones anteriores que contraríen a ésta, queden derogadas, excepción de aquellos casos en los que abroga toda una ley por la vigencia de la nueva.
Tal procedimiento se ha fundamentado en el artículo 9o. del Código Civil para el Distrito Federal y para toda la República en Materia Federal, que señala que: "La ley sólo queda abrogada o derogada por otra posterior que así lo declare expresamente o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la ley anterior".
Si bien es cierto que este dispositivo ha servido de fundamentación para el fina que nos ocupa, debemos reconocer que se encuentra inmerso en un ordenamiento de carácter privado que en estricto derecho no es aplicable a ordenamientos de derecho público, ya sean federales o locales.
La práctica anterior ha propiciado que con el uso de la derogación o abrogación implícita de
determinados ordenamientos legales, se den en la práctica conflictos sobre la vigencia de leyes o decretos que han repercutido en hechos conflictivos, dado que dichas derogaciones contemplan normas que desde su creación han sido de carácter transitorio, sin que al agotar su materia se abrogan expresamente.
Por todo ello, la iniciativa presidencial ha considerado necesario cumplir con el imperativo previsto en el inciso f) del artículo 72 de nuestra Constitución Federal que establece: "En la interpretación, reforma o derogación de leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación".
La iniciativa del Ejecutivo Federal, así como la minuta que nos ocupan, fundan su propósito de seguir buscando el perfeccionamiento del ordenamiento jurídico positivo mexicano. En esta virtud, se propone la abrogación de diversas leyes a cuyo efecto se integran tres artículos y tres más transitorios, haciéndose especial mención que la honorable Colegisladora consideró conveniente anexar el artículo tercero transitorio, pues con todo tino estimó que por los fines que persigue el Patronato del Ahorro Nacional, se justifica que continúe vigente el Capítulo VI de dicha ley que establece el régimen fiscal de los bonos del ahorro nacional, exentándolos de todo tipo de impuestos, al igual que al Patronato lo exime de cualquier tipo de contribuciones por las operaciones que realice, por los títulos que expida o por los contratos que celebre y porque se le dan también a dicho Patronato las mismas franquicias de que disfrutan actualmente las empresas de correos o telégrafos. Así también, estimó equitativo la colegisladora que continuara vigente la ley para conservar la neutralidad del país, lo cual la comisión, considera también aceptable dado el carácter pacifista que le ha caracterizado a nuestro país.
En las anteriores circunstancias la iniciativa y la minuta que nos ocupan, queda estructurada en la siguiente forma:
"Artículo 1o. Se declaran abrogadas las siguientes leyes federales:
Ley Orgánica del Ministerio Público y Cuerpo de Defensores Militares de 1929; Ley que Establece los Requisitos para Venta al Público de Acciones de Sociedades Anónimas de 1939; Ley de Depuración de Crédito a Cargo del Gobierno Federal de 1941; Ley Penal de Defraudación Impositiva en Materia Federal de 1947 y Ley del Ahorro Nacional de 1950.
A juicio de los integrantes de la comisión que suscriben dichas leyes, tal y como se desprende tanto de la exposición de motivos de la iniciativa como de la minuta materia del presente dictamen, se refieren a leyes que no habían sido derogadas en su integridad, sino que exclusivamente lo fueron con respecto a aquellas disposiciones que contravenían lo preceptuado por las leyes vigentes, que en su momento ocuparon su lugar abarcando un campo más extenso respecto a su materia.
Respecto al artículo 2o. que señala que se abrogan diversas leyes federales; la comisión que suscribe mantiene el mismo criterio que la honorable Colegisladora, de mantener incólume la "Ley para Conservar la Neutralidad del País, expedida el 19 de abril de 1939 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de noviembre del mismo año, en razón de que dicha ley refuerza los principios constitucionales que nuestro país y gobierno han asumido respecto a los conflictos bélicos".
Por lo que respecta a la Ley de Identificación Personal de 1933; Ley para Lanzar el Empréstito de Redención Nacional de 1938; y Ley de Compensaciones de Emergencia; las mismas en la actualidad sólo ocupan un espacio dentro de nuestro contexto legal, pero no tienen aplicación alguna, por lo que los que suscriben, manifiestan su total aceptación en que se abroguen dichos cuerpos normativos.
Por lo que toca al artículo 3o. de la minuta analizada, se prevé la abrogación de diversos ordenamientos legales de carácter local, referidos todos ellos al Distrito Federal, como son: Ley que Crea la Administración General de los Rastros del Distrito Federal de 1947; Ley para la Liquidación de Rezagos Fiscales de la Hacienda Pública del Distrito Federal de 1938; Ley para el Cobro de las Multas Impuestas por Infracción a las Disposiciones Fiscales o Leyes y Reglamentos Administrativos de 1940; Ley que crea la institución denominada Depositaría Judicial como complementaria de la Ley Orgánica de los Tribunales del Fuero Común del Distrito y Territorio Federales de 1946; Ley que Crea una Comisión Depuradora de Créditos a cargo del Departamento del Distrito Federal y la Emisión de Bonos hasta por la cantidad de 40 millones de pesos de 1953; y Ley de Exención de Impuestos para Habitaciones Populares en el Distrito y Territorios Federales de 1954.
Estos ordenamientos en su mayoría cumplieron los objetivos legales para los que fueron creados, y en el caso de la Ley que Crea la Institución Denominada Depositaría Judicial, dicho cuerpo legal no llegó a tener aplicación práctica, ni funcionó como organismo dependiente de los Tribunales del Fuero Común del Distrito y
Territorios Federales de 1946, por lo que también se hace necesaria su abrogación; asimismo, se han creado organismos descentralizados como es Industrial de Abastos, que a la fecha regulan de manera más eficaz la materia que se trata en la Ley que Crea la Administración General de los Rastros del Distrito Federal, que se propone abrogar.
Por lo que se refiere a los artículos transitorios, es necesario hacer referencia al segundo y al tercero; este último incorporado a propuesta de la Cámara de origen.
El artículo segundo transitorio conserva los derechos obtenidos de aquellas personas que con la Impromulgación de la Ley de Exención de Impuestos para Habitaciones Populares en el Distrito y Territorios Federales, se vieron beneficiados, y marca la norma que continuará en vigor hasta que concluya el plazo conforme fueron otorgadas. Y respecto al tercero transitorio, es acorde la redacción de éste para no privar de los beneficios que en materia fiscal se decretaron en favor de los bonos del ahorro nacional y de su Patronato, respecto de las exenciones y derechos de franquicia que a la fecha les otorga el Capítulo VI y que no se encuentra regulado por alguna otra disposición legal.
En virtud de lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA
DIVERSAS LEYES
Artículo 1o. Se declaran abrogadas las siguientes leyes federales:
I. Ley Orgánica del Ministerio Público y Cuerpo de Defensores Militares, expedidas el 4 de junio de 1929 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de los mismos mes y año;
II. Ley que Establece los Requisitos para Venta al Público de Acciones de Sociedades Anónimas, expedida el 30 de diciembre de 1939 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de febrero del año siguiente;
III. Ley de Depuración de Créditos a cargo del gobierno federal, expedida el 31 de diciembre de 1941 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el mismo día;
IV. Ley Penal de Defraudación Impositiva en Materia Federal, expedida el 30 de diciembre de 1947 y publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 31 de los mismos mes y año, y
V. Ley del ahorro Nacional, expedida el 29 de diciembre de 1950 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de los mismos mes y año.
Artículo 2o. Se abrogan las siguientes leyes federales:
I. Ley de Identificación Personal, expedida el 6 de enero de 1933 y publicada en el diario Oficial de la Federación el 17 de los mismos mes y año;
II. Ley para Lanzar el Empréstito de Redención Nacional, expedida el 19 de abril de 1938 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de los mismos mes y año, y
III. Ley de Compensación de Emergencia al Salario Insuficiente, expedida el 23 de septiembre de 1943, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de los mismos mes y año.
Artículo 3o. Se abrogan las siguientes leyes del distrito Federal:
I. Ley que Crea la Administración General de los Rastros del Distrito Federal, expedida el 30 de diciembre de 1947 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de los mismos mes y año;
II. Ley para la Liquidación de Rezagos Fiscales de la Hacienda Pública del Distrito Federal, expedida el 16 de agosto de 1938 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de los mismos mes y año;
III. Ley para el Cobro de las Multas Impuestas por Infracción a las Disposiciones Fiscales o Leyes y Reglamentos Administrativos, expedida el 31 de diciembre de 1940 y publicada el en Diario Oficial de la Federación el mismo día;
IV. Ley que Crea la Institución Denominada Depositaría Judicial, como complementaria de la Ley Orgánica de los Tribunales del Fuero Común del Distrito y Territorios Federales, expedida el 30 de diciembre de 1946 y publicada el 31 de los mismos mes y año;
V. Ley que Crea una Comisión Depuradora de Créditos a Cargo del Departamento del Distrito Federal y la Emisión de Bonos hasta por la cantidad de 40 millones de pesos, expedida el 30 de diciembre de 1953 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de los mismos mes y año, y
VI. Ley de Exención de Impuestos para Habitaciones Populares en el Distrito y Territorios
Federales, expedida el 27 de diciembre de 1954 y publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de los mismos mes y año.
TRANSITORIOS
Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las exenciones dictadas al amparo de la Ley de Exención de impuestos para Habitaciones Populares en el Distrito y Territorios Federales, continuarán en vigor en sus términos, hasta que concluya el plazo conforme al que fueron otorgadas.
Tercero. Hasta en tanto sea expedida la legislación aplicable, continuará vigente el Capítulo VI de la Ley del Ahorro Nacional.
Sala de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, Distrito Federal, 1o de diciembre de 1987.- Senadores: Armando Trasviña Traylor, presidente; Luis José Dorantes Segovia, secretario; Abraham Martínez Rivero, secretario; diputados: Néstor Raúl Luna Hernández, Juan Manuel Cruz Acevedo, David Jiménez González, Eliseo Rangel Gaspar, Eduardo Acosta Villeda, Juan Antonio Araujo Urcelay, Santiago Camarena Flores, Rolando Castillo Gamboa, Juan José Castillo Mota, Juan de Dios Castro Lozano, Joaquín Contreras Cantú, Germán Corona del Rosal, Federico Fernández Fariña Ricardo Francisco García Cervantes, Francisco Hernández Juárez, Miguel Angel Herrerías Alvarado, Rosario Ibarra de Piedra, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Elvia Lugo de Vera, Gregorio Macías Rodríguez, Alfredo Rohana Estrada, Macario Rosas Zaragoza, José Luis Sánchez González, Renán Solís Avilés, Teófilo Torres Corzo, Gerardo Unzueta Lorenzana, Manuel Urrutia Castro, Roberto Valdespino Castillo, Juan Carlos Velasco Pérez, Héctor Yunes Landa, Gloria Josefina Mendiola Ochoa, Antonio Monsiváis Ramírez, Melquiades Morales Flores, Genaro José Piñeiro López, Samuel Quiroz de la Vega, Yrene Ramos Dávila, Ricardo Regalado Hernández, Cirilo José Rincón Aguilar, José Rubén Robles Catalán Gustavo Ampelio Robles González, Humberto Andrés Zavala Peña y María Aurora Munguía Archundia.»
Trámite: - Primera lectura.
LEY DE DISTRITOS
DE DESARROLLO RURAL
El C. Presidente: - El siguiente punto del orden del día, es también la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de Ley de Distritos de Desarrollo Rural. Atendiendo a que éste ya ha sido impreso y distribuido entre todos los compañeros diputados, consulte por favor la secretaría a la asamblea si también se le dispensa su lectura.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
. (Votación.)
Los que estén por la negativa, favor de hacerlo... Se dispensa la lectura al dictamen, señor presidente. Es de primera lectura.
«Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Honorable asamblea: A las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Agricultura y Recursos Hidráulicos les fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa de ley de Distrito de Desarrollo Rural presentada ante vuestra soberanía por el ciudadano Presidente de la República licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, en ejercicio de la facultad que al Ejecutivo Federal le confiere la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 11 de noviembre de 1987.
Las comisiones han revisado minuciosamente las disposiciones consideradas en la misma y después de haber sido discutidas por sus integrantes, y con fundamento en los artículos 54, 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior respectivo presentan a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
DICTAMEN
Las comisiones han tomado en cuenta para su estudio y análisis los antecedentes históricos de las diversas leyes, reglamentos, hechos y actividades administrativas en el campo del desarrollo rural.
Las comisiones unidas, han tenido en cuenta para la formación del dictamen que dentro de la reforma a los principios normativos del desarrollo económico y social contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destacan las adiciones al artículo 27 que obligan al
Estado a disponer medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria y para la promoción del desarrollo rural integral y de esta manera avanzar hacia una sociedad igualitaria y democrática mediante la reducción de la brecha existente entre la población rural y la urbana en cuanto a niveles de productividad, bienestar y participación.
Que es un compromiso de la más alto prioridad del gobierno lograr la autosuficiencia en granos básicos y otros alimentos prioritarios para garantizar la soberanía alimentaria en época de incertidumbre mundial y que México no puede caer en una subordinación alimentaria que debilite la unidad del pueblo y ponga en peligro la independencia y la soberanía nacional; tampoco puede permitir que se perpetúen los serios rezagos en el sector rural en materia de salud, vivienda, empleo, ingreso y consumo; por lo tanto, se requiere continuar revalorando al sector rural dentro de la estrategia de desarrollo y al mismo tiempo modernizar al aparato administrativo del gobierno federal, estatal y municipal con el fin de atender integralmente al campo, reorganizar y articular los apoyos a la producción y combinar eficientemente las actividades agrícolas entre sí y con los sectores industrial y comercial.
Se ha tenido presente que tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en el Pronadri se definieron las políticas de desarrollo rural integral y de reforma agraria como valores fundamentales de una nueva estrategia de desarrollo nacional hacia el campo; este programa implica participación corresponsable y coordinada de los diversos sectores y entidades oficiales de los tres niveles que actúan en el campo para integrar sus respectivos programas, definir compromisos, complementar acciones y aprovechar los recursos con eficiencia y equidad. El Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral es un programa estratégico y multisectorial que se propone principalmente el mejoramiento del bienestar de la población rural y el incremento de los niveles de producción, empleo e ingreso, con base en una mayor participación de las comunidades rurales.
También se afirma que se requiere apoyar, en particular a los trabajadores del campo en su organización, capacitación y adiestramiento para obtener empleos productivos y bien remunerados; a los productores minifundistas para que se formen unidades productivas más rentables cualquiera que sea su régimen de tenencia; a las zonas de temporal donde se debe y se puede generar más empleos y aumentar la producción y los rendimientos de granos básicos y a los pequeños núcleos de población muy numerosos, dispersos, aislados y de difícil acceso en los que se podrían desarrollar programas de acuacultura y pesca ribereña para mejorar su dieta y sus niveles de producción y empleo.
Las comisiones dictaminadoras mantienen que la ejecución del Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral reclamaba necesariamente un proceso de reestructuración y modernización de todo el aparato administrativo federal, estatal y municipal y de las empresas paraestatales conectadas con el campo y en especial de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, es decir, se requería cambiar en primer lugar el nivel central de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos para de una parte fortalecer la planeación y la coordinación institucional y de la otra propiciar la desconcentración, la descentralización y la simplificación administrativa del sector; había que fusionar subsecretarías e institutos de investigación, cambiar la estructura de las direcciones generales y transferir facultades, recursos y decisiones hacia las delegaciones estatales para fortalecer la coordinación y concertación de acciones con los gobiernos estatales y municipales y sobre todo los sectores productivos.
En segundo lugar, la operación de los apoyos y servicios a la actividad agropecuaria y forestal tenía que llegar hasta los distritos de riego y de temporal con instancias regionales de decisión acordes la división política y en apoyo de los municipios; por lo tanto, la modernización administrativa tenía sentido si realmente se acercaban los servicios al productor, si realmente se eliminaban pasos y elementos burocráticos en el proceso de apoyo al agro, si realmente se propiciaba la convergencia institucional entre todas las dependencias que forman parte del sector agropecuario y que tienen relaciones con el productor rural y si realmente se propiciaba la participación organizada del productor.
Lo anterior justifica ampliamente la creación de los distritos de desarrollo rural, y sus respectivos centros de apoyo.
Se ha considerado, por las comisiones unidas, que en la práctica ya están en proceso de creación, aunque todavía sin base legal, 200 distritos de desarrollo rural que tienen como propósito cumplir los programas y proyectos de fomento y de desarrollo agrícola, pecuario, forestal, de acuacultura, agroindustrial y de infraestructura y desarrollo de la comunidad rural en apego a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, del Programa Nacional de alimentación y del Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral. Los distritos de desarrollo rural cuidarán el funcionamiento puntual y eficiente de la infraestructura
de riego del distrito e integrarán el padrón de usuarios para, en su caso, convenir y participar en las labores de uso eficiente del agua y de mantenimiento de la infraestructura hidráulica y recabarán la información necesaria tanto para fines programáticos como estadísticos y operativos.
Los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural vincularán operativamente a todas las instituciones que inciden en el desarrollo rural integral con el productor; proporcionarán los servicios de riego, la maquinaria e implementos agrícolas, las semillas, pesticidas y demás insumos; realizarán las gestiones de créditos, seguros y otros servicios e insumos, proporcionarán servicios de asistencia técnica especializada en materia agrícola, ganadera, forestal y de operación y mantenimiento de infraestructura; ejecutarán proyectos de protección, conservación y preservación de recursos, vigilarán el cumplimiento de las leyes de sanidad; coordinarán la validación de la tecnología y propondrán la realización de investigaciones y promoverán la organización y capacitación de los productores y de sus comunidades.
Las comisiones unidas consideran que por las facultades concurrentes de las secretarías de Estado, Agricultura y Recursos hidráulicos, Reforma Agraria y Pesca, y de otras dependencias y entidades paraestatales se han establecido un elevado número y múltiples distritos y unidades de riego, distritos de drenaje, distritos de temporal con finalidades, naturaleza, funciones y ámbitos diversos que ya no satisfacen un manejo ordenado y eficiente para el desarrollo rural integral consagrado en el texto constitucional; esta multiplicidad de distritos y unidades no tienen un enfoque integral, ni procedimientos e instancias administrativas uniformes para una indispensable operación coordinada y congruente. Ahora, con la creación de estos distritos de desarrollo rural, todas las estructuras se administrarán a través del órgano coordinador que es el Comité Directivo de los Distritos de Desarrollo Rural. Por lo tanto, se requiere un nuevo marco jurídico integrado de todas las actividades productivas y de bienestar social en un solo instrumento territorial regional o sea el distrito de desarrollo rural.
En resumen, la modernización administrativa de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos es para desconcentrar su operación en órganos regionales de la dependencia; es para transferir a los gobiernos locales y municipales y a los productores organizados las funciones y los recursos que éstos están en posibilidad de asumir; es para modificar su estructura orgánica y para agilizar y simplificar sus procedimientos y desarrollar a su personal mediante un proceso continuo de capacitación y motivación. Por su parte, los distritos de desarrollo rural y los centros de apoyo intensificarán las acciones de reestructuración, desconcentración, descentralización y simplificación administrativa, al mismo tiempo que mejorarán la coordinación de los programas interinstitucionales y su vinculación con los Coplades. Los distritos de desarrollo son el instrumento de vinculación y coordinación de los productos y comunidades con otras dependencias y entidades federales, estatales y municipales, para la gestión de apoyos y servicios que son necesarios en el fomento de la producción y el desarrollo social y económico de los productores y las comunidades.
Tanto en las sesiones sostenidas por las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Agricultura y Recursos Hidráulicos, a las que fue turnada la iniciativa de Ley de Distritos de Desarrollo Rural, como en las reuniones de trabajo con los representantes de las distintas fracciones parlamentarias, con la subcomisión a la que se encomendó la formulación del anteproyecto de dictamen, se realizó un análisis cuidadoso del contenido de la iniciativa de ley y se recibieron valiosas sugerencias y aportaciones de los ciudadanos diputados de los diversos partidos políticos representados en estas comisiones unidas.
El intercambio de ideas, experiencias y criterios contribuyeron decisivamente a mejorar la iniciativa de ley que estamos presentando a la consideración de esta honorable asamblea. Las comisiones unidas han enriquecido el articulado de la iniciativa en varios de sus preceptos con reformas y adiciones a su redacción, a su contenido e incluso se han aumentado algunos artículos en la forma que enseguida indicamos.
Del artículo 1o. de la iniciativa, las comisiones consideraron conveniente sustituir el término óptimo por la expresión, el aprovechamiento racional, para introducir la preocupación ecológica. En cuanto al artículo 5o., se modificó para darle una redacción más propia y quedó que sería el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría la que establecería los distritos de desarrollo rural, así como las bases para su administración y regulación.
En cuanto al artículo 6o., las comisiones consideraron que era conveniente hacer las siguientes adiciones: "Y los Programas sectoriales que de él se deriven", referente al Pronadri, así como la concentración "con las organizaciones de productores".
En el artículo 16, las comisiones unidas consideraron que sean los comités directivos de cada
distrito los que elaboren un proyecto de reglamento de operación y que sea el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría del Ramo el que autorice dicho proyecto.
Las comisiones unidas necesitaron modificar el orden de los temas de que hablan los artículos 17 y 18, ya que resultaba más lógico hablar primero de la composición de los Comités Directivos de los Distritos de Desarrollo Rural y después definir las atribuciones de dichos comités directivos; por lo tanto, el artículo 18 se convierte en 17 y el 17 en 18.
En estas nuevas condiciones el artículo habla de la composición de los Comités Directivos de los Distritos de Desarrollo Rural y se subraya no sólo la participación del sector productivo sino también el nivel de los representantes de las instituciones y dependencias acreditadas; por lo tanto, se establece la obligación de que los representantes acreditados ante el seno del comité directivo; se pronuncien sobre los asuntos de los que corresponde conocer a los Comités Directivos de los Distritos de Desarrollo Rural, que se relacionen con la esfera de la competencia de la dependencia o entidad representada.
En el artículo 18 de este dictamen, las comisiones unidas concluyeron agregar la fracción XIII que señala: "Promover la celebración de los convenios y contratos que las organizaciones de productores requieran para el desarrollo rural en el distrito".
En cuanto al artículo 19, en su redacción original establecía un trato diferente para los representantes de las organizaciones de productores y usuarios, las comisiones unidas consideraron inconveniente dicho trato suprimiendo el segundo párrafo del artículo antes mencionado.
Las comisiones unidas estimaron necesario y conveniente en el artículo 21, fortalecer la participación de los productores dentro del Comité de los Distritos de Desarrollo Rural agregando una nueva fracción III que dice: "Un representante de las organizaciones mayoritarias de productores, domiciliados dentro de la circunscripción del distrito de desarrollo rural", convirtiéndose las fracciones III y IV en IV y V respectivamente.
En el artículo 20 nuevamente las comisiones unidas estimaron prudente adicionar en la fracción I: "Y las líneas de crédito", así con los programas "y de contingencias y en su caso".
Otra de las contribuciones muy importantes hechas a la iniciativa de ley por las comisiones unidas dictaminadoras, es la definición de los subcomités por especialidad y de los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural que no eran definidos en la iniciativa original, por lo tanto, se propone la inserción de dos nuevos artículos con los numerales 23 y 24 y correr la numeración a partir del actual artículo 23 de la iniciativa al que ahora le correspondería el número 25 si esta propuesta es aceptada. Por lo tanto, el nuevo artículo 23 diría que los subcomités por especialidad dependerán del Comité Técnico apoyándolo en el análisis y diagnóstico de los problemas de su especialidad y proponiendo las soluciones.
Se integran con representantes de las organizaciones de productores y usuarios domiciliados en el distrito de desarrollo rural y los técnicos especializados que determine el Comité Técnico. Los subcomités que se constituyan comprenderán las especialidades que determine el Comité Directivo del Distrito de Desarrollo Rural.
El nuevo artículo 24 propuesto por las comisiones unidas diría: "Los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural se establecerán por la Secretaría y tendrán las funciones que le señalen el Manual de Organización del Distrito de Desarrollo Rural que para el efecto expida la Secretaría".
En cuanto al artículo 23 de la iniciativa de ley, que ahora sería el número 25 de la numeración corregida, las comisiones unidas proponen que se adicione un segundo párrafo que diga: "Que la Secretaría promoverá y orientará la celebración de los convenios y contratos que requieran las organizaciones de productores para el desarrollo rural en el distrito".
Asimismo, en el artículo 24 de la iniciativa de ley que ahora sería el artículo 26 por la nueva numeración, se propone agregar un segundo párrafo diciendo: "Los subcomités sectoriales de los comités estatales de planeación para el desarrollo considerarán los programas y acciones concertados en el seno de los Comités Directivos de los Distritos de Desarrollo Rural".
Por todo lo anteriormente expuesto y con base en las disposiciones reglamentarias y legales que corresponda, las comisiones unidas que suscriben se permiten someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE LEY DE DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL
CAPITULO I
Del objeto y disposiciones generales
Artículo 1o. La presente ley es reglamentaria de la fracción XX Del artículo 27 constitucional
en lo relativo a la organización y fomento de las actividades agropecuarias, forestales y de acuacultura, así como su industrialización y comercialización.
Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto ordenar y regular el establecimiento, la administración y el funcionamiento de los distritos de desarrollo rural, de conformidad con los lineamientos de política nacional que las leyes establezcan.
La ordenación y regulación de los distritos de desarrollo rural comprenderá:
I. La formación, instrumentación, control y evaluación de los programas para los distritos de desarrollo rural;
II. La administración de los recursos destinados para ese propósito;
III. El fomento de la organización y participación del sector rural para el funcionamiento y desenvolvimiento de los distritos, y
IV. El fomento de las actividades agropecuarias, forestales, agroindustriales, de acuacultura, así como su industrialización, y comercialización, y el aprovechamiento racional de los recursos naturales y de los apoyos a la producción rural.
Artículo 2o. En este ordenamiento la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos será designada como la "Secretaría".
Artículo 3o. Los lineamientos de política nacional para el establecimiento, administración y funcionamiento de los distritos de desarrollo rural, se someterán a los siguientes postulados:
I. Mejorar los niveles de vida de la población rural, procurándoles mínimos de bienestar en materia de alimentación, vivienda, salud y educación;
II. Fortalecer las organizaciones sociales como punto de partida para su desarrollo;
III. Procurar que se desconcentren, descentralicen o transfieran, según el caso, hacia órganos regionales, funciones, personal y recursos oficiales de conformidad con las leyes vigentes, para:
a) Atender con mayor eficiencia y eficacia las demandas de los productores y comunidades;
b) Apoyarlos para mejorar su capacidad negociadora en el mercado de bienes, insumos, capitales, servicios y trabajo, de acuerdo con las características regionales, sociales y productivas, y
c) Garantizarles en calidad y oportunidad los apoyos institucionales;
IV. Promover la participación activa y conjunta de los agentes económicos y sociales involucrados en el desarrollo rural para atender integralmente las áreas agrícolas, pecuarias, forestales y de acuacultura;
V. Coordinar las acciones que requiera el desarrollo rural integral con las de los sectores industrial, comercial y de servicios para fortalecer los procesos productivos y de comercialización, que propicien un crecimiento sostenido, diversificando gradualmente las actividades del medio rural, y
VI. Programar las acciones institucionales y sectoriales identificando para ello, las necesidades del medio rural y los proyectos productivos y sociales, con la participación de los productores y la población rural.
Artículo 4o. Atendiendo al objeto de esta ley, se declara de interés público:
I. La organización de los distritos de desarrollo rural y la programación de los recursos para promover y orientar el desarrollo del campo;
II. La preservación de los recursos naturales y la conservación de la planta productiva de los distritos de desarrollo rural;
III. La ampliación y diversificación de los servicios básicos que el gobierno federal proporciona para el desarrollo rural integral, y
IV. La integración de los productos de los distritos a la industrialización y comercialización de sus productos.
CAPITULO II
Del establecimiento de los distritos
Artículo 5o. Corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría, establecer los distritos de desarrollo rural, así como las bases para su y regulación.
Artículo 6o. Los distritos de desarrollo rural son las unidades de desarrollo económico y social circunscritas a un espacio territorial determinado para:
I. Articular y dar coherencia regional a las políticas de desarrollo rural;
II. La realización de los programas operativos de la Secretaría y la coordinación con las dependencias
y entidades de la administración pública federal que participan en el Programa nacional de Desarrollo Rural Integral y los programas sectoriales que de él derivan, así como con los gobiernos estatales y municipales y para la concertación con las organizaciones de productores y los sectores social y privado, y
III. Hacer converger las acciones, servicios y recursos destinados a fomentar la producción agropecuaria, forestal, de la agroindustria, la acuacultura y en general el desarrollo integral de los habitantes del campo.
Artículo 7o. Los distritos de desarrollo rural, comprenderán zonas con características ecológicas y socioeconómicas homogéneas para la actividad agropecuaria, forestal, de las agroindustrias y de acuacultura, bajo condiciones de riego, de drenaje y de temporal con objeto de planear, fomentar y promover el desarrollo rural integral.
La Secretaría determinará los distritos de desarrollo rural, así como los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural con que contará cada distrito.
Artículo 8o. La Secretaría delimitará él ámbito geográfico de los distritos de desarrollo rural y la ubicación de los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural con que contará cada distrito, considerando los siguientes elementos:
I. La división política de los estados y municipios;
II. La subregionalización estatal establecida por los comités estatales para la planeación del desarrollo;
III. Las condiciones agroecológicas y agroeconómicas de los estados y municipios;
IV. El uso del suelo;
V. La infraestructura de irrigación y drenaje;
VI. Las vías de comunicación y demás infraestructura de apoyo, y
El establecimiento de los distritos y su circunscripción territorial, así como la ubicación de los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural, se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos oficiales de los estados correspondientes.
Artículo 9o. La Secretaría formulará las políticas, objetivos, metas y lineamientos estratégicos para los distritos de desarrollo rural considerando la necesaria coordinación con aquellas dependencias y entidades de la administración pública federal, cuya actividad sea primordial en la producción agropecuaria, forestal, agroindustrial o de acuacultura.
La Secretaría promoverá que las dependencias coordinadas del sector a que pertenezcan las entidades a que se refiere este artículo, ajusten en lo conducente los programas institucionales de las mismas con las políticas, objetivos, metas y lineamientos estratégicos que se establezcan en el programa sectorial para el desarrollo rural e integral y en los correspondientes programas distritales.
Artículo 10. La Secretaría en los términos que establece la Ley de Planeación, aprobará los programas que presente cada distrito de desarrollo rural, los cuales deberán integrarse conforme a lo que se señale en el Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral.
Artículo 11. La Secretaría promoverá que la regionalización distrital sea adoptada para la operación de los programas productivos o de desarrollo social y económico que realicen las dependencias y entidades federales, estatales y municipales y los sectores social y privado, para lo cual suscribirá los acuerdos y convenios de coordinación y concentración correspondientes.
Artículo 12. La Secretaría promoverá las medidas necesarias a fin de que las dependencias y entidades de la administración pública federal, que tengan injerencia en el desarrollo rural, ubiquen en la sede de los distritos sus respectivos representantes.
Asimismo, celebrará con los gobiernos de los estados convenios para los mismos fines.
CAPITULO III
De la organización de los distritos
Artículo 13. Los distritos de desarrollo rural contarán con los siguientes órganos:
I. Un Comité Directivo;
II. Un Comité Técnico;
III. Subcomités por especialidad, y
IV. Centros de Apoyo al Desarrollo Rural.
Artículo 14. Corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría, organizar el funcionamiento de los Comités Directivos para la administración y regulación de los Distritos de Desarrollo Rural.
Artículo 15. Los distritos de desarrollo rural que se establezcan, asumirán las atribuciones y funciones de los distritos y unidades de riego, de los distritos de drenaje y de temporal y de los distritos de acuacultura, con apego a las normas que en forma específica para cada uno de éstos señalan los ordenamientos legales.
Artículo 16. Los comités directivos de cada distrito de desarrollo rural elaborarán su respectivo proyecto de reglamento.
Dicho reglamento deberá ser aprobado por el Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría, considerando los aspectos de desconcentración, uso y aprovechamiento de los recursos naturales y las condiciones socioeconómicas y culturales de los productores y será publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico oficial de la entidad federativa correspondiente.
Artículo 17. El Comité Directivo de los Distritos de Desarrollo Rural estará compuesto por:
I. Un representante del gobierno del estado que fungirá como presidente del comité a invitación que le haga la Secretaría;
II. Un representante de la Secretaría que fungirá como vocal ejecutivo;
III. Un representante en su caso, de cada una de las secretarías de Comercio y Fomento Industrial, Reforma Agraria y de Pesca, quienes fungirán como vocales secretarios, y
IV. Como vocales, sendos representantes de:
Gobiernos municipales
Fertilizantes Mexicanos, S. A.
Compañía Nacional de Subsistencias Populares
Sistema Banrural, S. N. C.
Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, S. A.
Comisión Nacional de Alimentación
Fideicomisos instituidos en relación a la agricultura
Organizaciones de productos y usuarios domiciliadas dentro de la circunscripción del distrito de desarrollo rural.
Las demás instituciones u organismos del gobierno del estado o de los particulares que por su actividad tengan injerencia en el desarrollo rural integral y que a juicio del presidente del comité proceda su participación.
Los representantes de las dependencias y entidades mencionadas en el presente artículo deberán pronunciarse sobre los asuntos de los que corresponde conocer a los Comités Directivos de los Distritos de Desarrollo Rural, que se relacionen con la esfera de la competencia de la dependencia o entidad representada.
Artículo 18. Los Comités Directivos de los Distritos de Desarrollo Rural tendrán las facultades siguientes:
I. Promover, fomentar, coordinar y evaluar los programas agropecuarios, forestales, de acuacultura, de las agroindustrias y de comercialización del distrito;
II. Proponer y fomentar los trabajos de investigación, validación, experimentación y transferencia de tecnología agropecuaria, forestal, de las agroindustrias, de comercialización y de acuacultura;
III. Promover y fomentar la comercialización de los productos agropecuarios, forestales, de las agroindustrias y acuacultura, tomando en cuenta las políticas de importación y exportación del gobierno federal;
IV. promover y fomentar el desarrollo de las agroindustrias, en coordinación con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial;
V. Analizar y coordinar, con la intervención que corresponda a las dependencias competentes, los proyectos de obra de infraestructura y de comercialización agropecuaria, forestal, agroindustrial y de acuacultura, teniendo en cuenta la repercusión económica y social de los mismos;
VI. Fomentar la organización de los productores del distrito de desarrollo rural para facilitarles su acceso al crédito, así como la prestación de los servicios de asistencia técnica y comercialización de sus insumos y productos;
VII. Proponer a la Secretaría el reglamento de operación del distrito de desarrollo rural y promover la integración de los usuarios de obras de irrigación y drenaje, de infraestructura rural, y de obras, trabajos y prácticas de conservación del suelo y del agua, para que las operen, conserven, mejoren y administren en su caso, todo ello bajo la supervisión de la Secretaria;
VIII. Promover programas de abastecimiento de insumos agropecuarios, forestales, de las agroindustrias y de acuacultura;
IX. Conocer y evaluar los resultados de los programas, formulando las recomendaciones que deben observarse para la elaboración de los programas futuros;
X. Promover los programas de asistencia técnica y extensión agropecuaria, forestal, de acuacultura y de las agroindustrias correlativos, de acuerdo con las disponibilidades de personal, financiamiento y equipo del distrito;
XI. Promover la congruencia de los programas de crédito de avío y refaccionario, destinados a la producción de los distritos y el aseguramiento de cultivo y ganado, con base en las asambleas de balance y programación y de acuerdo con las normas y disponibilidades de las instituciones del ramo;
XII. Promover que los programas de los distritos de desarrollo rural sean compatibles con los acuerdos de los subcomités de las áreas de temporal, de riego, de drenaje y de acuacultura, en los términos que se señalen en el reglamento de operación del distrito correspondiente, y
XIII. Promover la celebración de los convenios y contratos que las organizaciones de productos requieran para el desarrollo rural en el distrito.
Artículo 19. Los miembros integrales del Comité Directivo de los Distritos, acreditarán ante el mismo a un representante suplente.
Artículo 20. Los Comités Directivos de los Distritos de Desarrollo Rural contarán con un Comité Técnico de Distrito, como apoyo para el ejercicio de sus facultades.
Artículo 21. Los comités técnicos de los distritos de desarrollo rural, estarán integrados por:
I. Un jefe de distrito de desarrollo rural nombrado por la Secretaría, quien lo presidirá;
II. Sendos representantes de:
A. secretaría de la Reforma Agraria, quien fungirá como secretario;
B. Secretario de Pesca, en su caso;
C. Sistema Banrural, S. N. C.;
D. Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, S. A.;
E. Fertilizantes Mexicanos, S. A.;
F. Compañía Nacional de Subsistencias Populares;
G. Fideicomisos instituidos en relación a la agricultura.
III. Un representante de las organizaciones mayoritarias de productos y usuarios domiciliadas dentro de las circunscripción del distrito de desarrollo rural.
IV. Representantes de las entidades paraestatales coordinadas por la Secretaría que conforme a las actividades del distrito considere pertinente el Comité Técnico, y
V. Un representante o personal técnico del o los municipios.
Artículo 22. El Comité Técnico, por ser un órgano de apoyo al Comité Directivo, será el responsable de las siguientes funciones:
I. Estudiar y proponer programas de producción y comercialización y líneas de crédito agropecuario, forestal, de acuacultura y de las agroindustrias, así como los programas operativos de apoyo y de contingencia en su caso y presentarlos al Comité Directivo;
II. Estudiar los programas de requerimiento de asistencia técnica y extensión agropecuaria forestal, de comercialización, acuacultura y de las agroindustrias, promoviendo su implantación;
III. Proponer a las autoridades correspondientes, al inicio de cada año agrícola, las cuotas por servicio de riego, así como los presupuestos para su conservación y mantenimiento de las obras;
IV. Servir de órgano de consulta y asesoramiento, en todo lo relacionado con el desarrollo del distrito;
V. Asesorar técnicamente al Comité Directivo de los Distritos de Desarrollo Rural, en los asuntos de su competencia en el seno del mismo;
VI. Promover la congruencia en los planes de crédito y seguro agropecuario, forestal, de acuacultura, agroindustrial y de comercialización;
VII. Revisar los planes de riego, así como los programas de cultivo en las áreas de temporal y distritos de acuacultura;
VIII. Estudiar e integrar los costos de producción y comercialización de los cultivos y explotaciones pecuarias, forestales, de acuacultura y agroindustriales que operen en el distrito, participando en la fijación o adecuación de precios de los insumos y servicios que demanden los programas de producción respectivos;
IX. Formular y proponer el proyecto de reglamento de operación de los distritos de desarrollo rural correspondientes a la operación, conservación y administración en su caso, de las obras de infraestructura rural, trabajos y prácticas de conservación del suelo y agua;
X. Promover la construcción y operación de silos, almacenes y bodegas, o cualquier otro sistema de prevención y manejo de los productos agropecuarios, forestales, agroindustriales y de acuacultura;
XI. Promover la creación de centros regionales de capacitación agropecuaria, forestal, de acuacultura, agroindustrial y de comercialización, y
XII. Apoyar la organización de ejidos, comunidades y formas asociativas de productores minifundistas.
Artículo 23. Los subcomités por especialidad dependerán del Comité Técnico, apoyándolo en el análisis y diagnóstico de los problemas de su especialidad y proponiendo las soluciones.
Se integrarán con representantes de las organizaciones de productores, y usuarios domiciliados en el distrito de desarrollo rural y los técnicos especialista que determine el Comité Técnico.
Los subcomités que se constituyen comprenderán las especialidades que determinen el Comité Directivo del Distrito de Desarrollo Rural.
Artículo 24. Los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural se establecerán por la Secretaría y tendrán las funciones que le señalen el Manual de Organización del Distrito de Desarrollo Rural que para el efecto expida la Secretaría.
CAPITULO IV
De la coordinación y concertación
Artículo 25. La Secretaría, en los términos de la Ley de Planeación, celebrará con los gobiernos de los estados y municipios, así como con los sectores social y privado, los convenios de coordinación y concentración que tengan por objeto apoyar el desarrollo rural integral en los distritos correspondientes, de conformidad con los programas que para el efecto se autoricen.
La Secretaría promoverá y orientará la celebración de los convenios y contratos que requieran las organizaciones de productores para el desarrollo rural en el distrito.
Artículo 26. La Secretaría propondrá la suscripción de convenios y acuerdos de coordinación necesarios para promover que las dependencias y entidades de la administración pública federal, los gobiernos de los estados y de los municipios y las instituciones involucradas en el desarrollo rural, adopten la regionalización de los distritos de desarrollo rural, contemplando en sus programas - presupuestos anuales, los recursos necesarios para la ejecución de los programas operativos en los distritos.
Los subcomités sectoriales de los Comités Estatales de Planeación para el Desarrollo, considerarán los programas y acciones concertados en el seno de los Comités Directivos de los Distritos de Desarrollo Rural.
Artículo 27. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, promoverá que el Sistema Banrural y las demás instituciones que integran el servicio público de banca y crédito, formulen programas coordinados con los programas de los distritos de desarrollo rural.
Artículo 28. Los acuerdos de coordinación suscritos por la Secretaría con las dependencias y entidades de la administración pública federal, deberán referirse principalmente a:
I. La programación integral y participativa, con articulación de políticas conforme a las necesidades de las comunidades;
II. La concurrencia de las dependencias y entidades para suministrar en forma integrada, suficiente y oportuna, los apoyos, bienes y servicios necesarios para que las comunidades rurales eleven sus niveles actuales de producción, productividad y bienestar social;
III. Los esquemas de regionalización y delegación de facultades y atribuciones que permitan una mejor operación agropecuaria, forestal, agroidustrial y de acuacultura, y
IV. La simplificación de los trámites administrativos que realicen los productores y usuarios, y la elaboración de documentos únicos que hagan efectiva dicha simplificación.
Artículo 29. La Secretaría y la Secretaría de Pesca, desarrollarán coordinadamente:
I. Programas para los distritos de acuacultura, para el fomento, la organización de productores, el crédito, la capacitación, la investigación y los canales adecuados de comercialización, que permitan preservar y aprovechar racionalmente el recurso;
II. Los apoyos que deban otorgarse a los distritos de acuacultura para el desarrollo de sus actividades, mediante obras de infraestructura que permitan generar preferentemente un mayor número de empleos en el medio rural;
III. El establecimiento en los distritos de acuacultura de la difusión y explotación de las especies propias de esa actividad, con la participación de los sectores social y privado, y
IV. La promoción en los distritos de acuacultura para el establecimiento de agroindustrias, a través de las cuales se incremente y diversifique el procesamiento y conservación de los productos, fomentando la diversificación de especies procesadas.
Artículo 30. Los acuerdos de coordinación que suscriba la Secretaría en su caso, con la intervención de otras dependencias de la administración pública federal, con los gobiernos de los estados se referirán, entre otros, a los siguientes aspectos a ejecutarse en los distritos de desarrollo rural:
I. La articulación y congruencia de las políticas y los programas federales en los distritos con los de los estados y municipios;
II. El fomento a la información, educación, capacitación, investigación y cultura de los distintos aspectos que integran el desarrollo rural integral;
III. La aplicación o transferencia de recursos e insumos para la ejecución de las acciones previstas en los programas y en las formas que se determinen;
IV. La organización y promoción de la producción agropecuaria, forestal, agroindustrial, de acuacultura y la administración de productos y subproductos en los distritos;
V. El otorgamiento de apoyos y estímulos diversos a los de naturaleza fiscal para el aprovechamiento integral de los recursos agropecuarios, forestales, agroindustriales y de acuacultura en los distritos;
VI. El apoyo a las organizaciones sociales y otras formas de esfuerzo solidario para el desarrollo rural integral;
VII. El apoyo y asistencia a los organismos locales encargados de normar y operar los programas de desarrollo rural integral y aquellas medidas que fortalezcan la gestión de los estados y municipios en la actividad del desarrollo rural integral, y
VIII. Los criterios para la elaboración conjunta de los convenios de concertación con los organismos sociales y privados.
El gobierno federal colaborará con los gobiernos de las entidades federativas, en la formación de los recursos humanos que requieran y establecerá el sistema que le permita dar seguimiento y evaluar los resultados que se obtengan por la ejecución de las operaciones y trabajos a que se refiere este artículo.
Artículo 31. Los convenios de concertación suscritos por la Secretaría con el sector social y privado, deberán orientarse principalmente a realizar acciones para lograr:
I. El mejoramiento en el manejo y uso del agua;
II. La conservación y mejoramiento de las obras de infraestructura hidráulica y rural;
III. El aprovechamiento y conservación integral de los recursos agropecuarios, forestales, agroindustriales y de acuacultura en los distritos;
IV. El desarrollo social de las comunidades rurales mediante la prestación de servicios técnicos, capacitación, asistencia técnica y organización en unidades económicas, y
V. La participación campesina en los procesos de programación, operación y evaluación de las acciones.
Artículo 32. Las dependencias y entidades de la administración pública federal que inciden en el medio rural, deberán coordinarse en el seno de los Comités Estatales de Planeación para el Desarrollo, para que en los distritos de desarrollo rural sus acciones se orienten a:
I. Mejorar los niveles de alimentación, vivienda, salud, educación y, en general, el de vida de la población rural;
II. Propiciar el establecimiento de términos de intercambio más justos, entre el sector agropecuario y los demás sectores;
III. Aumentar la generación de empleos permanentes y mejorar la distribución de ingresos;
IV. Ampliar y fortalecer la producción de alimentos básicos;
V. Articular las actividades agrícolas, pecuarias, forestales y de acuacultura entre sí y con los sectores industrial, comercial y de servicios;
VI. Aprovechar el potencial de desarrollo del medio rural conservando sus recursos naturales, especialmente la tierra y el agua, y
VII. Mejorar la balanza comercial, sustituyendo importaciones y promoviendo la exportación de los productos agropecuarios, forestales, de acuacultura, agroindustriales y artesanales.
Artículo 33. La Secretaría queda facultada para interpretar las disposiciones de esta ley para efectos administrativos.
El Ejecutivo Federal dictará las medidas necesarias para que las dependencias y entidades de la administración pública federal, actúen en forma coordinada con la Secretaría para el cumplimiento de esta ley.
TRANSITORIOS
Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan los artículos 27, 28, 29, 30 y 31 de la Ley de Fomento Agropecuario; 67, 68, 75, 76, 98 y 99 de la Ley Federal de Aguas, así como las disposiciones legales reglamentarias y administrativas que se opongan a lo establecido en la presente ley.
Tercero. Se establece el término de un año a partir de la entrada en vigor de esta ley, para que la Secretaría apruebe y expida los reglamentos de los Comités Directivos de los Distritos de Desarrollo Rural.
En tanto no se expidan los reglamentos a que se refiere este artículo, la Secretaría observará el cumplimiento de las atribuciones otorgadas a los comités directivos y comités técnicos de los distritos y unidades de riego, de temporal, de drenaje y de acuacultura.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 11 de diciembre de 1987.- Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos: Alberto Alcalá de Lira, Eligio Soto López, Luis López Moctezuma, César Augusto Santiago Ramírez, Ilse Sarmiento Gómez, Francisco Velasco Figueroa, José Bernardo Ruiz Ceballos, Braulio Fernández Aguirre, Rodolfo Alfredo Jiménez Villareal, Francisco Gamboa Herrera, Joel Lleverino Reyes, Enrique Martínez Orta Flores, Jorge Díaz de León, Pedro Zamora Ortiz, LIborio Lazcano Leyva, Jaime Martínez Jasso, Eliseo Rodríguez Ramírez, Alicia Buitrón Brugada, Rubén Robles Catalán, Gustavo Nabor Ojeda Delgado, Juan Carlos Alba Calderón, Jorge Sanromán Quiñones, Alma Guadalupe Salas Montiel, Rafael González Pimienta Jesús González Gortázar, Javier Díaz Michel, Antonio Correa López, Janitzio Múgica Rodríguez, Rafael Ruiz Béjar, Enrique Medina Lomelí, Jesús Siller Rojas, Graciano Bortoni Urteaga, Juan Alberto Pérez Mariscal, Mauro Rodríguez Cruz, Germán Sierra Sánchez, Miguel Romero Sánchez, Augusto Guerrero Castro, Joel Ramírez Díaz, Marco Antonio Espinoza Pablos, Salvador Robles Quintero, Adrián González García, Melquiades Morales Flores, Gorgonio Meza Ramos, Eleno de Anda López, Oscar Llergo Heredia, Marciano Aguilar Mendoza, Aureliano Caballero González, Cirilo Rincón Aguilar, Pastor Murguía González Héctor Sen Flores, Isidro Pulido Reyes, Guilebaldo Flores del Angel, Wilbert Chi Góngora, Jorge Amador, Manuel María Bribiesca Castrejón, Jorge Cárdenas González, Heberto Castillo Martínez, Ramón P. Danzós Palomino, Alejandro Encinas Rodríguez, César Augusto del Angel Fuentes, Jaime Delgado Herrera, Victor Manuel Jiménez Osuna, Rosalía Peredo Aguilar, Germán Tena Orozco, José Camilo Valenzuela y Gustavo Ignacio Valenzuela Santelis.
Comisión Legislativa de Reforma Agraria: Eduardo Acosta Villeda, Marciano Aguilar Mendoza, Abelardo Rigoberto Alaniz González, Alberto Alcalá de Lira, Juan Carlos Alva Calderón, Juan Alvarado Jacco, Jorge Amador Amador, Rosa María Armendáriz Muñoz, José Berber Sánchez, José de Jesús Borja Valle, Alicia Buitrón Brugada, Aureliano Caballero González, Juan José Castro Justo, Antonio Correa López, Wilbert Chi Góngora, Ramón Danzós Palomino, Leopoldo de Gyves de la Cruz, César Augusto del Angel Fuentes, Jaime Delgado Herrera, Jorge Díaz de León, Homero Díaz Mota, Marco Antonio Espinoza Pablos, Braulio Fernández Aguirre, Gerardo Fernández Casanova, Guilebaldo Flores del Angel, Santana Francisco Lima, Reyes Fuentes García, Francisco Gamboa Herrera, Adrián González García, J. Jesús González Gortázar, Rafael González Pimienta, Federico Granja Ricalde, Constancio Hernández Allende, Jesús Jardón Lerma, Víctor Manuel Jiménez Osuna, Rodolfo Alfredo Jiménez Villarreal, Liborio Lazcano Leyva, Oscar Llergo Heredia, Joel Lleverino Reyes, Gregorio Macías Rodríguez, Enrique Martínez Orta Flores, Enrique Medina Lomelí, Sergio Teodoro Meza López, Gorgonio Meza Ramos, Melquiades Morales Flores, Pastor Murguía González, Oscar Ochoa Zepeda, María Amelia Olguín de Guadarrama, Samuel Orozco González, Miguel Osorio Marbán, Rosalía Peredo Aguilar, Alberto Juan Pérez Mariscal, Isidro Pulido Reyes, Raúl Ramírez Chávez, Yrene
Ramos Dávila, Cirilo José Rincón Aguilar, Gustavo Robles González Salvador Robles Quintero, Rubén Román Sánchez, Rafael Ruiz Bejar, José Bernardo Ruiz Ceballos, Alma Guadalupe Salas Montiel, Jorge Salceda Vargas, Jorge Sanromán Quiñones, Ylce Sarmiento de Esquinca, Siller Jesús Roja. Eligio Soto López, Germán Tena Orozco, Juan Manuel Tovar Estrada, Francisco Velasco Figueroa, Francisco Villanueva Castelo y Pedro Zamora Ortiz.»
Trámite: - Primera lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
CÓDIGO CIVIL
El C. Presidente: - El siguiente punto del orden del día, es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma y adiciona el código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia Federal.
Atendiendo a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre todos los diputados, ruego a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura.
La C. secretaria Patricia Villanueva Abrajam: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación.)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Comisión de Justicia.
Honorable asamblea: A la Comisión de Justicia fue turnado para su estudio y dictamen el proyecto de decreto que reforma y adiciona el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, el cual remitió a esta Cámara la Colegislatura.
El fortalecimiento de los vínculos que han establecido entre sí los estados que forman parte del continente americano, tanto en los económico y cultural como en lo jurídico, constituye una tarea insoslayable que México ha respaldado a lo largo de la historia y de múltiples maneras.
La iniciativa en cuestión, contempla la necesidad de que los ordenamientos civiles estén acordes con las disposiciones establecidas en las convenciones internacionales, firmadas por nuestro país y en apago al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tenga vigencia.
Las reformas propuestas se adecúan a los avances que el derecho internacional público y privado han tenido en la actualidad.
Asimismo, bajo el imperio del derecho, nuestro país ha promovido soluciones pacíficas a los conflictos internacionales, modernizando su orden legal, a través de las diversas ratificaciones a las Convenciones del Derecho Internacional Privado Civil, destacando:
La Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado y la Convención Interamericana sobre Domicilio de Personas Físicas en el Derecho Internacional Privado, ambas realizadas en Montevideo, República Oriental de Uruguay el 8 de mayo de 1979; y la Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de las Personas Jurídicas en el Derecho Internacional Privado y la Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en Materia de Adopción, también realizadas ambas en la ciudad de La Paz, Bolivia el 24 de mayo de 1984.
Por lo anteriormente expuesto y considerado que las modificaciones responden a la uniformidad de la legislación civil a que hemos hecho referencia, así como a las convenciones internacionales signadas por nuestro país y que se encuentran vigentes, la comisión que suscribe somete para su aprobación a este honorable pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
QUE REFORMA Y ADICIONA EL CÓDIGO
CIVIL EL DISTRITO FEDERAL
EN MATERIA COMÚN, Y PARA TODA
LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL
Artículo primero. Se reforman los artículos 12, 13, 14, 15, 29, 30, 31 y 32, así como la denominación del Capítulo VI del Título Décimo Primero de la segunda parte del Libro Cuarto, y los artículos 2736, primer párrafo del artículo 2737 y 2738 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, para quedar en los siguientes términos:
"Artículo 12. Las leyes mexicanas rigen a todas las personas que se encuentran en la República, así como los actos ocurridos en
su territorio o jurisdicción y aquellos que se someten a dichas leyes, salvo cuando éstas prevean la aplicación de un derecho extranjero y salvo, además, lo previsto en los tratados y convenciones de que México se aparte."
"Artículo 13. La determinación del derecho aplicable se hará conforme a las siguientes reglas:
I. Las situaciones jurídicas válidamente creadas en las entidades de la República o en un estado extranjero conforme a su derecho, deberán ser reconocidas;
II. El estado y capacidad de las personas físicas se rige por el derecho del lugar de su domicilio;
III. La constitución, régimen y extinción de los derechos reales sobre inmuebles, así como los contratos de arrendamiento y de uso temporal de tales bienes y los bienes muebles, se regirán por el derecho del lugar de su ubicación. aunque sus titulares sean extranjeros;
IV. La forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar en que se celebren. Sin embargo, podrán sujetarse a las formas prescritas en este código cuando el acto haya de tener efectos en el Distrito Federal o en la República tratándose de materia federal, y
V. Salvo lo previsto en las fracciones anteriores, los efectos jurídicos de los actos y contratos se registrarán por el derecho del lugar en donde deban ejecutarse, a menos de que las partes hubieran designado válidamente la aplicabilidad de otro derecho."
"Artículo 14. En la aplicación del derecho extranjero se observará lo siguiente:
I. Se aplicará como la haría el juez extranjero correspondiente, para lo cual el juez podrá allegarse la información necesaria acerca del texto, vigencia, sentido y alcance legal de dicho derecho;
II. Se aplicará el derecho sustantivo extranjero, salvo cuando dadas las especiales circunstancias del caso, deban tomarse en cuenta, con carácter excepcional, las normas conflictuales de ese derecho, que hagan aplicables las normas sustantivas mexicanas o de un tercer estado;
III. No será impedimento para la aplicación del derecho extranjero, que el derecho mexicano no prevea instituciones o procedimientos escenciales a la institución extranjera aplicable, si existen instituciones o procedimientos análogos;
IV. Las cuestiones previas, preliminares o incidentales que puedan surgir con motivo de una cuestión principal, no deberán resolverse necesariamente de acuerdo con el derecho que regule a esta última, y
V. Cuando diversos aspectos de una misma relación jurídica estén regulados por diversos derechos, éstos serán aplicados armónicamente, procurando realizar las finalidades perseguidas por cada uno de tales derechos. Las dificultades causadas por la aplicación simultánea de tales derechos se resolverán tomando en cuenta las exigencias de la equidad en el caso concreto.
Lo dispuesto en el presente artículo se observará cuando resultare aplicable el derecho de otra Entidad de la Federación."
"Artículo 15. No se aplicará el derecho extranjero:
I. Cuando artificiosamente se hayan evadido principios fundamentales del derecho mexicano, debiendo el juez determinar la intención fraudulenta de tal evasión, y
II. Cuando las disposiciones del derecho extranjero o el resultado de su aplicación sean contrarios a principios o instituciones fundamentales del orden público mexicano".
"Artículo 29. El domicilio de las personas físicas es el lugar donde residan habitualmente, y a falta de éste, el lugar del centro principal de sus negocios; en ausencia de éstos, el lugar donde simplemente residen y, en su defecto, el lugar donde se encontraren.
Se presume que una persona reside habitualmente en su lugar, cuando permanezca en él por más de seis meses."
"Artículo 30. El domicilio legal de una persona física es el lugar donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí presente"
"Artículo 31. Se reputa domicilio legal:
I. Del menor de edad no emancipado, el de la persona a cuya patria potestad está sujeto;
II. Del menor de edad que no esté bajo la patria potestad y el del mayor incapacitado, el de su tutor;
III. En el caso de menores o incapaces abandonados, el que resulte conforme a las circunstancias previstas en el artículo 29;
IV. De los cónyuges, aquél en el cual éstos vivían de consumo, sin perjuicio del derecho de cada cónyuge de fijar su domicilio en la forma prevista en el artículo 29;
V. De los militares en servicio activo, el lugar en que están destinados;
VI. De los servidores públicos, el lugar donde desempeñan sus funciones por más de seis meses;
VII. De los funcionarios diplomáticos, el último que hayan tenido en el territorio del estado acreditante, salvo con respecto a las obligaciones contraídas localmente.
VIII. De las personas que residan temporalmente en el país en el desempeño de una comisión o empleo de su gobierno o de un organismo internacional, será el del estado que los haya designado o el que hubieren tenido antes de dicha designación, respectivamente, salvo con respecto a obligaciones contraídas localmente, y
IX. De los sentenciados a sufrir una pena privativa de la libertad por más de seis meses, la población en que la extingan, por lo que toca a las relaciones jurídicas posteriores a la condena; en cuanto a las relaciones anteriores, los sentenciados conservarán el último domicilio que hayan tenido."
"Artículo 32. Cuando una persona tenga dos o más domicilios, se le considerará domiciliada en el lugar en que simplemente resida, y si viviere en varios, aquél en que se encontrare."
CAPITULO VI
De las personas morales extranjeras de naturaleza privada
"Artículo 2736. La existencia, capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, funcionamiento, transformación, disolución, liquidación y fusión de las personas morales extranjeras de naturaleza privada, se regirán por el derecho de su constitución, entendiéndose por tal, aquél del estado en que se cumplan los requisitos de forma y fondo requeridos para la creación de dichas personas.
En ningún caso el reconocimiento de la capacidad de una persona moral extranjera excederá a la que le otorgue el derecho conforme al cual se constituyó.
Cuando alguna persona extranjera de naturaleza privada por medio de algún representante, se considerará que tal represéntate, o quien lo sustituya, está autorizado para responder a las reclamaciones y demandadas que se intenten en contra de dicha persona con motivo de los actos en cuestión."
"Artículo 2737. La autorización a que se refiere el artículo 28 - bis no se concederá a menos de que las personas morales extranjeras prueben
I. y II.................... ."
"Artículo 2738. Concedida la autorización por la Secretaria de Relaciones Exteriores, se inscribirán en el registro los estatus de las personas morales extranjeras de naturaleza privada."
Artículo segundo. Se adiciona la fracción VII al artículo 25 y el artículo 28 - bis al Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal en los siguiente términos:
"Artículo 25. .............................
I. a VI. ...................................
VII. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en los términos del artículo 2736."
"Artículo 28 - bis. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada no regidas por otras leyes, solamente podrán establecerse en el territorio de la República, cumpliendo con las disposiciones legales aplicables y previa autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores."
TRANSITORIOS
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorables Congreso de la Unión. - Palacio Legislativo, Distrito Federal, 11 de diciembre de 1987. - Diputados: Néstor Raúl Luna Hernández, Juan Manuel Cruz Acevedo, Eliseo Rangel Gaspar, Eduardo Acosta Villeda, Juan Antonio Araujo Urcelay, Santiago Camarena Flores, Rolando Castillo Gamboa, Juan José Castillo Mota, Juan de Dios Castro Lozano, Joaquín Contreras Cantú, Germán Corona del Rosal, Federico Fernández Fariña, Ricardo Francisco García Cervantes, Francisco Hernández Juárez, Miguel Angel Herrerías Alvarado, Rosario Ibarra de Piedra, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Elvia Lugo de
Vera, Gregorio Macías Rodríguez, Alfredo Rahana Estrada, Macario Rosas Zaragoza, José Luis Sánchez González, Renán Solís Avilés, Teófilo Torres Corzo, Gerardo Unzueta Lorenzana, Manuel Urrutia Castro, Roberto Valdespino Castillo, Juan Carlos Velasco Pérez, Héctor Yunes Landa, Gloria Mendiola Ochoa, Antonio Monsiváis Ramírez, Melquiades Morales Flores, Genaro José Piñeiro López, Samuel Quiroz de la Vega, Ricardo Regalado Hernández, Cirilo José Rincón Aguilar, José Rubén Robles Catalán, Gustavo Ampelio Robles González, Humberto Andrés Zavala Peña y Aurora Munguía Archundia.»
Trámite: - Segunda lectura.
El C. Presidente: - En consecuencia, está a discusión en lo general.
Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
Proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del dictamen.
La C. secretaria Patricia Villanueva Abrajam: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del dictamen.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del reglamento Interior.
(Votación.)
Señor presidente, se emitieron 227 votos en pro y cinco abstenciones.
El C. Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular por 227 votos, el decreto que reforma y adiciona el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común, y para toda la República en Materia Federal.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL
El C. Presidente: - El siguiente punto del orden del día, es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma y adiciona el Código de Procedimientos Civiles por el Distrito Federal.
Atendiendo a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre nuestros compañeros diputados, ruego a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila:
- Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación.)
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen, señor presidente.
«Comisión de Justicia.
Honorable asamblea: A la Comisión de Justicia fue turnada para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona el Código De Procedimientos civiles para el Distrito Federal, que envió el ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a la cámara de senadores, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción I del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ésta a la Cámara de Diputados.
El objetivo primordial de dicha iniciativa estriba en mejorar los sistemas de procuración y administración de Justicia en ámbito nacional como Internacional
Tal como se ha estudiado en otras iniciativas similares por esta comisión las reformas que se proponen derivan fundamentalmente de convenciones internacionales en las que México ha participado y que han adquirido el rango de derecho interno vigente, acorde a los establecido en el artículo 133 de nuestra Carta Magna, y por lo cual se presentan los siguientes
CONSIDERANDOS
Primero. Destacan por su importancia los siguientes documentos: La Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, Celebrada en Panamá en 1975; la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, celebrada también en Panamá en 1975, así como su protocolo adicional; La Convención Interamericana sobre Normas Generales De derecho Internacional Privado, formula en
Montevideo, Uruguay, en 1979; La Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, hecho igualmente en Montevideo, Uruguay, en 1979, y la Convención Interamericana sobre competencia en la esfera internacional para la eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras, formulada en la Paz, Bolivia, en 1984.
Segundo. En la presente iniciativa, el artículo primero propone reformas a las fracciones II y III del artículo 40 del código en cuestión, señalando que la excepción de conexidad no procede en relación con procesos que se ventilen en el extranjero.
Se propone modificar el artículo 108 en cuanto a las formalidades de los exhortos y en general de la cooperación procesal internacional.
El artículo 198 atiende a la incorporación de la fracción IX del artículo 193 relativo a los medios preparatorios del juicio, agregando el caso de la petición del examen de testigos u otras declaraciones que se requiera en un proceso extranjero.
Asimismo, el artículo 284 se adecúa a la adición de un artículo 284 - bis que marca los criterios para la aplicación del derecho extranjero, por tribunales nacionales.
Tercero. El artículo segundo señala la nueva denominación de la Sección IV del Capítulo V del Título Séptimo, que lo conforman los artículos 599 a 603 sin modificar dichas disposiciones, aludiendo sólo a la ejecución de las sentencias y demás resoluciones dictadas por los tribunales y jueces de los estados, y suprime la referencia a órganos jurisdiccionales del extranjero.
Esta última materia pasa a ser regulada por un nuevo capítulo que será el VI del propio Título Séptimo, para quedar integrado por los artículos 604 a 608, reformados bajo el título "De la cooperación procesal internacional".
Esto viene a uniformar las modificaciones que esta comisión recomendó aprobar para el Código Federal de procedimientos civiles.
Cuarto. Los artículos 337 - bis y 362 - bis, proponen reglas relativas a las pruebas documentales, testimoniales, o la confesional para casos conocidos por tribunales foráneos.
Quinto. Los artículos transitorios previenen la vigencia inmediata de las reformas, y se establece el mecanismo de transformación necesaria para que los procedimientos en trámite, al momento de entrar en vigor las reformas, continúe la substanciación de acuerdo a las disposiciones vigentes al momento de su inicio.
Por lo anteriormente expuesto, esta comisión estima que las reformas y adiciones propuestas por el ejecutivo responden a los cambios importantes, y a la vez sometemos a la aprobación de esta honorable asamblea el presente
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL CÓDIGO
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL
Artículo primero. Se reforma los artículos, 40 fracciones II y III; 108, 198 y 284 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, para quedar en los siguientes términos:
"Artículo 40............................
I........................................
II. Cuando los juzgados que conozcan respectivamente de los juicios pertenezcan a tribunales de alzada diferente, y
III. Cuando se trate de un proceso que se ventile en el extranjero."
"Artículo 108. Los exhortos que se remitan al extranjero o que se reciban de él, cuanto a sus formalidades y en general a la cooperación procesal internacional, se sujetarán a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles, salvo lo dispuesto por los tratados y convenciones internacionales de que México sea parte."
"Artículo 198. Las diligencias preparatorias de que se trata en las fracciones II a IV y VII a IX del artículo 193, se practicarán con citación de la parte contraria, a quien se correrá traslado de la solicitud por el término de tres días, y se aplicarán las reglas establecidas para la práctica de la prueba testimonial".
"Artículo 284. Sólo los hechos estarán sujetos a prueba, así como los usos y costumbres en que se funde el derecho.
Artículo segundo. Se reforma la denominación de la Sección IV del Capítulo V del Título Séptimo, que quedará integra con los artículos 599 a 603 con su texto vigente, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, para que dicha denominación queden en los siguientes términos:
TITULO SÉPTIMO
CAPITULO V
SECCIÓN IV
De la ejecución de las sentencias y además resoluciones dictadas por los tribunales y jueces de los estados
Artículo tercero. Se adiciona el Capítulo VI del Título Séptimo, con la denominación: "De la cooperación procesal internacional", integrado por los artículos 604 a 608, mismos que se reforman, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los siguientes términos:
TITULO SÉPTIMO
CAPÍTULOS I a V
CAPITULO VI
De la cooperación procesal internacional
"Artículo 604. Los exhortos internacionales que se reciban sólo requerirán homologación cuando impliquen ejecución coactiva sobre personas bienes o derechos. Los exhorto relativos a notificaciones recepción de pruebas y a otros asuntos de mero trámite, se diligenciarán cuando proceda, sin formar incidente y de acuerdo con las siguientes reglas:
I. La diligencia de exhortos o el obsequio de otras solicitudes de mera cooperación procesal internacional, se llevará a cabo por los tribunales del Distrito Federal en los términos y dentro de los límites de este código y demás leyes aplicables;
II. Sin perjuicio de lo anterior, el tribunal exhortado podrá conceder simplificación o la observancia de formalidades distintas a las nacionales, si esto no resulta lesivo al orden público y especialmente a las garantías individuales;
III. A solicitud de parte legítima, podrán llevarse a cabo actos de notificación o de emplazamiento, o de recepción de pruebas, para ser utilizados en procesos en el extranjero, en la vía de jurisdicción voluntaria o de diligencias preparatorias previstas en este código, y IV.
Los tribunales que remitan al extranjero exhorto internacionales o que los reciban, los tramitarán por duplicado y conservarán éste para constancia de los enviado o de lo recibido, y de lo actuado".
"Artículo 605. Las sentencias y demás resoluciones extranjeras, tendrán eficiencia y serán reconocidas en la República en todo lo que no sea contrario al orden público interno en los términos de este código. del Código Federal de Procedimientos Civiles y demás leyes aplicables, salvo lo dispuesto por los tratados y convenciones de que México sea parte.
Tratándose de sentencias o resoluciones jurisdiccionales que solamente vayan a utilizarse como prueba, será suficiente que las mismas llenen los requisitos necesarios para ser consideradas como documentos públicos auténticos.
Los efectos que las sentencias o laudos arbitrales extranjeros produzcan en el Distrito Federal, estarán regido por el Código Civil, por este código y el Código Federal de Procedimientos Civiles y demás leyes aplicables."
"Artículo 606. Las sentencias, laudos y resoluciones dictados en el extranjero podrán tener fuerza de ejecución si se cumplen las siguientes condiciones:
I. Que se hayan satisfecho las formalidades previstas en el Código Federal de Procedimientos Civiles en materia de exhortos provenientes del extranjero.
II. Que no hayan sido dictado como consecuencia del ejercicio de una acción real;
III. Que el juez o tribunal sentenciador haya tenido competencia para conocer y juzgar del asunto de acuerdo con las reglas reconocidas en la esfera internacional, que sean compatibles con las adoptadas por este código o en el Código Federal de Procedimientos Civiles;
IV. Que el demandado haya sido notificado o emplazado en forma personal a efecto de asegurarle la garantía de audiencia y el ejercicio de sus defensas;
V. Que tengan el carácter de cosa juzgada en el país en que fueron dictados, o que no exista recurso ordinario en su contra;
VI. Que la acción que les dio origen no sea materia de juicio que esté pendiente entre las mismas partes ante tribunales mexicanos y en el cual hubiere prevenido el tribunal mexicano, o cuando menos que el exhorto o carta rogatoria para emplazar hubieren sido tramitados y entregados a la Secretaría de Relaciones Exteriores o a las autoridades del estado donde debe practicarse el emplazamiento. La misma regla se aplicará cuando se hubiera dictado sentencia definitiva;
VII. Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido no sea contraria al orden público en México, y
VIII. Que llenen los requisitos para ser considerados como auténticos.
No obstante el cumplimiento de las anteriores condiciones, el juez podrá negar la ejecución si se probara que en el país de origen no se ejecutan sentencias, resoluciones jurisdiccionales o laudos extranjeros en casos análogos."
"Artículo 607. El exhorto del juez o tribunal requirente deberá acompañarse de la siguiente documentación:
I. Copia auténtica de la sentencia, laudo o resolución jurisdiccional;
II. Copia auténtica de las constancias que acrediten que se cumplió con las condiciones previas en las fracciones IV y V del artículo anterior;
III. Las traducciones al español que sean necesarias al efecto, y
IV. Que el ejecutante haya señalado domicilio para oír notificaciones en el lugar de la homologación."
Artículo 608. El reconocimiento y ejecución de sentencia extranjera se sujetará a las siguientes reglas:
I. El tribunal competente para ejecutar una sentencia, laudo o resolución jurisdiccional proveniente del extranjero, será el del domicilio del ejecutado;
II. El incidente de homologación de sentencia, laudo o resolución extranjera, se abrirá con citación personal al ejecutante y al ejecutado, a quienes se concederá término individual de nueve días hábiles para exponer defensas y para ejercitar los derechos que les correspondieren; y en el caso de que ofrecieren pruebas que fueran pertinentes, se fijará para recibir las que fueren admitidas, cuya preparación correrá exclusivamente a cargo del oferente, salvo razón fundada.
En todos los casos se dará intervención al Ministerios Público para que ejercite los derechos que le correspondiere.
La resolución que se dicte será apelable en ambos efectos si se denegare la ejecución, y en el afecto devolutivo si se concediere;
III. Todas las cuestiones relativas a depositaría, avalúo, remate y demás relacionadas con la liquidación y ejecución coactiva de sentencia dictada por tribunal extranjero, serán resueltas por el tribunal de homologación.
La distribución de los fondos resultantes del remate quedará a disposición del juez sentenciador extranjero;
IV. Ni el tribunal de primera instancia ni el de apelación, podrán examinar ni decidir sobre la justicia o injusticia del fallo, ni sobre los fundamentos de hecho o de derecho en que se apoye, limitándose sólo a examinar su autenticidad y si deba o no ejecutarse conforme a lo previsto en los artículos anteriores, y
V. Si una sentencia, laudo o resolución jurisdiccional extranjera no pudiera tener eficacia en su totalidad, el tribunal podrá admitir su eficacia parcial a petición de la parte interesada."
Artículo cuarto. Se adiciona la fracción IX al artículo 193, artículo 284 - bis, el artículo 337 - bis, el artículo 362 - bis, y un segundo párrafo al artículo 893 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los siguientes términos.
"Artículo 193.....................
I. a III..........................
IX. Pidiendo el examen de testigos u otras declaraciones que se requieran en un proceso extranjero."
"Artículo 284 - bis El tribunal aplicará el derecho extranjero tal como lo harían los jueces del estado cuyo derecho resultare aplicable, sin perjuicio de que las partes puedan alegar la existencia y contenido del derecho extranjero invocado.
Para informarse del texto, vigencia, sentido y alcance legal del derecho, el tribunal podrá valerse de informes oficiales al respecto, pudiendo solicitarlos al Servicio Exterior Mexicano, o bien ordenar o admitir las diligencias probatorias o que ofrezcan las partes."
Artículo 337 - bis. La obligación de exhibir documentos y cosas en procesos que se sigan en el extranjero: no comprenderá la de exhibir documentos o copias de documentos identificados por características genéricas.
En ningún caso podrá un tribunal nacional ordenar ni llevar a cabo la inspección de archivos que no sean de acceso público, salvo en los casos permitidos por las leyes nacionales."
"Artículo 362 - bis. Cuando se solicitare el desahogo de prueba testimonial o de declaración de parte para surtir efectos en un proceso extranjero, los declarantes podrán ser interrogados verbal y directamente en los términos del artículo 360 de este código.
Para ello será necesario que se acredite ante el tribunal del desahogo, que los hechos materia del interrogatorio están relacionados con el proceso pendiente y que medie solicitud de parte o de la autoridad exhortantes."
"Artículo 893.......................
A solicitud de parte legítima podrán practicarse en esta vía las notificaciones o emplazamientos necesarios en procesos extranjeros."
TRANSITORIOS
Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la federación.
Segundo. Los procedimientos relativos a las materias a que se refiere el presente decreto que se encuentren en trámite al momento de su entrada en vigor, continuarán sustanciándose conforme a las disposiciones vigentes al momento de su inicio.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Palacio Legislativo, Distrito Federal. - Diputados: Néstor Raúl Luna Hernández, Juan Manuel Cruz Acevedo, Eliseo Rangel Gaspar, Eduardo Acosta Villeda, Juan Antonio Araujo Urcelay, Santiago Camarena Flores, Rolando Castillo Gamboa, Juan José Castillo Mota, Juan de Dios Castro Lozano, Joaquín Contreras Cantú, German Corona del Rosal, Federico Fernández Fariña, Ricardo Francisco García Cervantes, Francisco Hernández Juárez, Miguel Angel Herrerías Alvarado, Rosario Ibarra de Piedra, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Elvia Lugo de Vera, Gregorio Macías, Rodríguez, Gloria Mendiola Ochoa, Antonio Monsiváis Ramírez, Melquiades Morales Flores, Genaro José Piñeiro López, Samuel Quiroz de la Vega, Ricardo Regalado Hernández, Cirilo José Rincón Aguilar, José Rubén Robles Catalán, Gustavo Ampelio Robles González, Alfredo Rohana Estrada, Macario Rosas Zaragoza, José Luis Sánchez González, Renán Sólis Avilés, Teófilo Torres Corzo, Gerardo Unzueta Lorenzana, Manuel Urrutia Castro, Roberto Valdespino Castillo, Juan Carlos Velasco Pérez, Hector Yunes Landa, Humberto Andrés Zavala Peña y Aurora Munguía Archundia.»
Trámite: - Segunda lectura.
El C. presidente: - En consecuencia, está a discusión en lo general.
Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso, se pregunta a la asamblea si va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular. Proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de este dictamen.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: - Se va a proceder a recoger la votación nominal de este dictamen en lo general y en lo particular. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los aviso a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señor, se emitieron 226 votos en pro y seis abstenciones.
El C. Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular por 226 votos, el decreto que reforma y adiciona el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
El C. Presidente: - El siguiente punto del orden del día, es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos Artículos del Código Federal de Procedimientos Civiles.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los compañeros diputados, ruego a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La C. secretaria Patricia Villanueva Abrajam: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Comisión de Justicia.
Honorable asamblea: A esta Comisión de Justicia fue turnada para su estudio y dictamen, la
minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Federal de Procedimientos Civiles, que fue remitida a esta Cámara de Diputados por la Cámara de Senadores.
La justicia es uno de los principios de mayor importancia en la vida de los pueblos.
Donde existe justicia, el pueblo responde con toda su vitalidad para hacer que la patria sea respetada por propios y extraños.
Por ello, es necesaria la adecuación de los instrumentos internacionales que coadyuven al mejoramiento de la política exterior de nuestra nación, como es tradicional, con otros pueblos del mundo.
Entre los objetivos fundamentales de la iniciativa destacan los siguientes documentos:
La Convención Interamericana sobre Exhortos, Cartas Rogatorias; la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, así como el protocolo adicional; la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado; la Convención interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros; y la Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras.
Las reformas, adiciones y derogaciones que propone el Ejecutivo Federal al Código Federal de Procedimientos Civiles, responden a las necesidades que ha creado la dinámica de importación de justicia internacional, a las normas procesales de nuestro derecho nacional.
En términos generales, de dicha exposición de motivos se desprende que la iniciativa justifica ampliamente las reformas y adiciones a las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles que resultan insuficientes para regular adecuadamente las cuestiones conflictivas de derecho internacional privado y a las cuales la iniciativa satisface plenamente, por lo que esta comisión somete a la aprobación de este honorable pleno el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSOS
ARTÍCULOS DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
Articulo primero, Se reforma el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para en los siguientes términos:
"Artículo 86. Sólo los hechos estarán sujetos a prueba, así como los usos o costumbres en que se funde el derecho."
Artículo segundo. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 72, el artículo 86 - bis, y el Libro Cuatro con un Título Único integrado por seis capítulos que contienen los artículos 543 al 577, al Código Federal de Procedimientos Civiles, en los siguientes términos:
"Artículo 72......................
La acumulación no procede respecto de procesos que se ventilen en el extranjero."
Artículo 86 - bis. El tribunal aplicará el derecho extranjero tal como lo harían los jueces o tribunales del estado cuyo derecho resulte aplicable, sin perjuicio de que las partes pueden alegar la existencia y contenido del derecho extranjero.
Para informarse del texto, vigencia, sentido y alcance del derecho extranjero, el tribunal podrá valerse de informes oficiales al respecto, los que podrá solicitar al Servicio Exterior Mexicano, así como disponer y admitir las diligencias probatorias que consideren necesarias o que ofrezca las partes."
LIBRO CUARTO
De la cooperación procesal internacional
TITULO ÚNICO
CAPITULO I
Disposiciones generales
"Artículo 543. En los asuntos del orden federal, la cooperación judicial internacional se regirá por las disposiciones de este libro y demás leyes aplicables, salvo lo dispuesto por los tratados y convenciones de los que México sea parte."
"Artículo 544. En materia de litigio Internacional, las dependencias de la federación y de las Entidades Federativas estarán sujetas a las reglas especiales previstas en este libro."
"Artículo 545. La diligenciación por parte de tribunales mexicanos de notificaciones, recepción de pruebas y otros actos de mero procedimiento solicitados para surtir efectos en el extranjero, no implicará en Definitiva el reconocimientos de la competencia asumida por el tribunal extranjero,
ni el compromiso de ejecutar la sentencia que se dictare en el procedimiento correspondiente."
"Artículo 546. Para que hagan fe en la República los documentos públicos extranjeros, deberán presentarse legalizados por las autoridades consulares mexicanas competentes conforme a las leyes aplicables. Los que fueren transmitidos internacionalmente por conducto oficial para surtir efectos legales, no requerirán de legalización."
"Artículo 547. las diligencias de notificaciones y de recepción de pruebas en territorio nacional, para surtir efectos en el extranjero, podrán llevarse a cabo a solicitud de parte."
"Artículo 548. La práctica de diligencias en país extranjero para surtir efectos en juicios que se tramiten ante tribunales nacionales, podrá encomendarse a los miembros del Servicio Exterior Mexicano por los tribunales que conozcan del asunto, caso en el cual dichas diligencias deberán practicarse conforme a las disposiciones de este código dentro de límites que permitan el derecho internacional.
En los casos en que así proceda, dichos miembros podrán solicitar a las autoridades extranjeros competentes, su cooperación en la práctica de las diligencias encomendadas."
CAPITULO II
De los exhortos o cartas rogatorias internacionales
"Artículo 549. Los exhortos que se remitan al extranjero o que se reciban de él, se ajustarán a lo dispuesto por los artículo siguientes, salvo lo dispuesto por los tratados y convenciones de los que México sea parte."
"Artículo 550. Los exhorto que se remitan al extranjero serán comunicaciones oficiales escritas que contendrá la petición de realización de las actuaciones necesarias en el proceso en que se expidan. Dichas comunicaciones contendrán los datos informativos necesarios y las copias certificadas, cédulas, copias de traslado y demás anexos procedentes, según sea el caso.
No se exigirán requisitos de forma adicionales respecto de los exhortos que provengan del extranjero.
"Artículo 551. Los exhortos o cartas rogatorias podrán ser trasmitidos al órgano requerido por las propias partes interesadas, por vía judicial, por intermedio de los funcionarios consulares o agentes diplomáticos, o por la autoridad competente del estado requirente o requerido, según sea el caso."
"Artículo 552. Los exhortos provenientes del extranjero que sean trasmitidos por conductos oficiales, no requerirán legalización, y los que se remitan al extranjero sólo necesitarán de la legalización exigida por las leyes del país en donde se deban de diligenciar."
"Artículo 553. Todo exhorto internacional que se reciba del extranjero en idioma distinto del español deberá acompañarse de su traducción. Salvo deficiencia evidente u objeción de parte, se estará al texto de la misma."
"Artículo 554. Los exhortos internacionales que se reciban sólo requerirán homologación cuando impliquen ejecución coactiva sobre personas, bienes o derechos, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto por el capítulo VI de este libro. Los exhortos relativos a notificaciones, recepción de pruebas y a otros asuntos de mero trámite, se diligenciarán sin formar incidente."
"Artículo 555. Los exhorto internacionales que se reciban serán diligenciados conforme a las leyes nacionales.
Sin perjuicio de lo anterior, el tribunal exhortado podrá conceder excepcionalmente la simplificación de formalidades o la observancia de formalidades distintas a las nacionales, a solicitud del juez exhortante o de la parte interesada, si esto no resulta lesivo al orden público y especialmente a las garantías individuales; la petición deberá contener la descripción de las formalidades cuya aplicación se solicite para la diligenciación del exhorto."
"Artículo 556. Los tribunales que remitan al extranjero o reciban de él exhortos internacionales, los tramitarán por duplicado y conservarán un ejemplar para constancia de lo enviado, recibido y actuado."
CAPITULO III
Competencia en materia de actos procesales
"Artículo 557. Las notificaciones, citaciones y emplazamientos a las dependencias de la Federación y de las entidades federativas provenientes del extranjero, se harán por conducto de las autoridades federales que resulten competentes por razón del domicilio de aquellas."
"Artículo 558. Las diligencias a que se refiere al artículo anterior y el artículo 545, se llevarán a cabo por el tribunal del domicilio de quien vaya a
ser notificado, de quien vaya a recibirse la prueba o donde se encuentre la cosa, según sea el caso."
CAPITULO IV
De la recepción de las pruebas
"Artículo 559. Las dependencias de la Federación y de las entidades federativas y sus servidores públicos, estarán impedidos de llevar a cabo la exhibición de documentos o copias de documentos existentes en archivos oficiales bajo su control en México; se exceptúan los casos en que tratándose de asuntos particulares, documentos o archivos personales lo permita la ley y cuando a través del desahogo de un exhorto o carta rogatoria así lo ordene el tribunal mexicano."
"Artículo 560. En materia de recepción de prueba en litigios que se ventilen en el extranjero, las embajadas, consulados y miembros del Servicio Exterior Mexicano estarán a lo dispuesto en los tratados y convenciones de los que México sea parte y a lo dispuesto en la ley orgánica del Servicio Exterior Mexicano, su reglamento y demás disposiciones aplicables."
"Artículo 561. La obligación de exhibir documentos y cosas en procesos que se sigan en el extranjero, no comprenderá la de exhibir documentos o copias de documentos identificados por características genéricas. En ningún caso podrá un tribunal nacional ordenar ni llevar a cabo la inspección general de archivos que no sean de acceso al público, salvo en los casos permitidos por las leyes nacionales."
"Artículo 562. Cuando se solicitare el desahogo de prueba testimonial o de declaración de parte para surtir efectos en un proceso extranjero, los declarantes podrán ser interrogados verbal y directamente en los términos del artículo 173 de este código.
Para ello será necesario que se acredite ante el tribunal del desahogo, que los hechos materia del interrogatorio están relacionados con el proceso pendiente y que medie solicitud de parte o de la autoridad de exhortante."
"Artículo 563. Para los efectos del artículo 543, Los servidores públicos de las dependencias de la Federación y de las entidades federativas, estarán impedidos en rendir declaraciones en procedimientos judiciales y desahogar prueba testimonial con respecto a sus actuaciones en su calidad de tales. Dichas declaraciones deberán hacerse por escrito cuando se trate de asuntos privados, y cuando así lo ordene el juez nacional competente."
CAPITULO V
Competencia en materia de ejecución de sentencias
"Artículo 564. Será reconocida en México la competencia asumida por un tribunal extranjero para los efectos de la ejecución de sentencias, cuando dicha competencia haya sido asumida por razones que resulten compatibles o análogas con el derecho nacional, salvo que se trate de asuntos de la competencia exclusiva de los tribunales mexicanos."
"Artículo 565. No obstante lo previsto en el artículo anterior, el tribunal nacional reconocerá la competencia asumida por el extranjero si a su juicio éste hubiera asumido dicha competencia para evitar una denegación de justicia, por no existir órgano jurisdiccional competente. El tribunal mexicano podrá asumir competencia en casos análogos."
"Artículo 566. También será reconocida la competencia asumida por un órgano jurisdiccional extranjero designado por un convenio de las partes antes del juicio, si dadas las circunstancias y relaciones de las mismas, dicha elección no implica de hecho impedimento o denegación de acceso a la justicia."
"Artículo 567. No se considera válida la cláusula o convenido de elección de foro, cuando la facultad de elegirlo opere en beneficio exclusivo de alguna parte, pero no de todas."
"Artículo 568. Los tribunales nacionales tendrá competencia exclusiva para conocer de los asuntos que versen sobre las siguiente materias.
I. Tierras y aguas ubicadas en el territorio nacional, incluyendo el subsuelo, espacio aéreo, mar territorial y plataforma continental, ya sea que se trate de derechos reales, de derechos derivados de concesiones de uso, exploración, explotación o aprovechamiento, o de arrendamiento de dichos bienes;
II. Recurso de la zona económica exclusiva o que se relacionen con cualquiera de los derechos de soberanía sobre dicha zona, en los términos de la Ley Federal del Mar;
III. Actos de autoridad o atinentes al régimen interno del estado y de las dependencias de la Federación y de las entidades federativas;
IV. Régimen interno de las embajadas y consulados de México en el extranjero y sus actuaciones oficiales, y
V. En los casos en que lo dispongan así otras leyes."
CAPITULO VI
Ejecución de sentencias
"Artículo 569. Las sentencias, laudos arbitrales privados y demás resoluciones jurisdiccionales extranjeras, tendrán eficiencia y serán reconocidos en la República en todo lo que no sea contrario al orden público interno en los términos de este código y demás leyes aplicables, salvo lo dispuesto por los tratados y convenciones de los que México sea parte.
Tratándose de sentencias, laudos o resoluciones jurisdiccionales que sólo vayan a utilizarse como prueba ante tribunales mexicanos, será suficiente que los mismos llenen los requisitos necesarios para ser considerados como auténticos.
Los afectos que las sentencias o resoluciones jurisdiccionales y laudos arbitrales privados extranjeros produzcan en el territorio nacional, estarán regidos por lo dispuesto en el Código Civil, por este código y demás leyes aplicables."
"Artículo 570. Las sentencias resoluciones, jurisdiccionales y laudos arbitrales privados extranjeros se cumplirán coactivamente en la República mediante homologación, en los términos de este código y demás leyes aplicables, salvo lo dispuesto por los tratados y convenciones de los que México sea parte."
"Artículo 571. Las sentencias, laudos arbitrales privados y resoluciones jurisdiccionales dictados en el extranjero, podrán tener fuerza de ejecución si cumplen con las siguientes condiciones:
I. Que se haya satisfecho las formalidades previstas en este código en materia de exhortos provenientes del extranjero;
II. Que no haya sido dictado como consecuencia del ejercicio de una acción real;
III. Que el juez o tribunal sentenciador haya tenido competencia para conocer y juzgar el asunto de acuerdo con las reglas reconocidas en la esfera internacional con las adoptadas por este código;
IV. Que el demandado haya sido notificado o emplazado en forma personal a efecto de asegurarle la garantía de audiencia y el ejercito de sus defensas;
V. Que tengan el carácter de cosa juzgada en el país en que fueron dictados, o que no exista recurso ordinario en su contra.
VI. Que la acción que les dio origen no sea materia de juicio que esté pendiente entre las mismas partes ante tribunales mexicanos y en el cual hubiere prevenido el tribunal mexicano, o cuando menos que el exhorto o carta rogatoria para emplazar hubieran sido trasmitidos y entregados a la Secretaría de Relaciones Exteriores o a las autoridades del estado donde deba participarse el emplazamiento. La misma regla se aplicará cuando se hubiera dictado sentencia definitiva;
VII. Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido no sea contraria al orden público en México, y
VIII. Que llenen los requisitos para ser considerados como auténticos.
No obstante el cumplimiento de las anteriores condiciones, el tribunal podrá negar la ejecución si se probara que en el país de origen no se ejecutan sentencias o laudos extranjeros en casos análogos."
"Artículo 572. El exhorto del juez o tribunal requirente deberá acompañarse de la siguiente documentación:
I. Copia auténtica de la sentencia, laudo o resolución jurisdiccional;
II. Copia auténtica de las constancias que acrediten que se cumplió con las condiciones previstas en las fracciones IV y V del artículo anterior;
III. Las traducciones al idioma español que sean necesarias al efecto, y
IV. Que el ejecutante haya señalado domicilio para oír notificaciones en el lugar del tribunal de la homologación."
"Artículo 573. Es tribunal competente para ejecutar una sentencia, laudo o resolución jurisdiccional providente del extranjero, el de la ubicación de sus bienes en la República."
"Artículo 574. El incidente de homologación de sentencia, laudo o resolución extranjera se abrirá con citación personal al ejecutante y al ejecutado, a quienes se concederá término
Individual de nueve días hábiles para exponer defensas y para ejercitar los derechos que le correspondieren; y en el caso de que ofrecieren pruebas que fueren pertinentes, se fijará fecha para recibir las que fueren admitidas, cuya preparación correrá exclusivamente a cargo del oferente salvo razón fundada. En todos los casos se dará intervención al Ministerio Público para que ejercite los derechos que le correspondiere.
La resolución que se dicte será apelable en ambos efectos si se denegare la ejecución, y en el efecto devolutivo si se concediere."
"Artículo 575. Ni el tribunal de primera instancia ni el de apelación, podrán examinar ni decidir sobre la justicia o injusticia del fallo, ni sobre las motivaciones o fundamentos de hecho o de derecho en que se apoye, limitándose a examinar su autenticidad y si deba o no ejecutarse conforme a lo previsto en el derecho nacional."
Artículo 576. Todas las cuestiones relativas a embargo, secuestro, depositaría, avalúo, remate y demás relacionadas con la liquidación y ejecución coactiva de sentencia dictada por tribunal extranjero, serán resueltas por el tribunal de la homologación.
La distribución de los fondos resultantes del remate quedará a disposición del juez sentenciador extranjero."
Artículo 577. Si una sentencia, laudo o resolución jurisdiccional extranjera no pudiera tener eficacia en su totalidad, el tribunal podrá admitir su eficacia parcial a petición de parte interesada."
Artículo tercero. Se derogan los artículo 131, 302 y 428 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
TRANSITORIOS
Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Los procedimientos relativos a las materias a que se refiere el presente decreto que se encuentren en trámite al momento de su entrada en vigor, continuarán substanciándose conforme a las disposiciones vigentes al momento de su inicio.
Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados.- México, Distrito Federal, a 11 de diciembre de 1987.- Diputados: Néstor Raúl Luna Hernández, Juan Manuel Cruz Acevedo, David Jiménez González, Eliseo Rangel Gaspar, Eduardo Acosta Villeda, Juan Antonio Araujo Urcelay, Santiago Camarena Flores, Rolando Castillo Gamboa, Juan José Castillo Mota, Juan de Dios Castro Lozano, Joaquín Contreras Cantú, Germán Corona del Rosal, Federico Fernández Fariña, Ricardo Francisco García Cervantes, Francisco Hernández Juárez, Miguel Angel Herrerías Alvarado, Rosario Ibarra de Piedra, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Elvia Lugo de Vera, Gregorio Macías Rodríguez, Alfredo Rohana Estrada, Macario Rosas Zaragoza, José Luis Sánchez González, Renán Solís Avilés, Teófilo Torres Corzo, Gerardo Unzueta Lorenzana, Manuel Urrutia Castro, Roberto Valdespino Castillo, Juan Carlos Velasco Pérez, Héctor Yunes Landa, Gloria Mendiola Ochoa, Antonio Monsiváis Ramírez, Melquiades Morales Flores, Genaro José Piñeiro López, Samuel Quiroz de la Vega, Yrene Ramos Dávila, Ricardo Regalado Hernández, Cirilo José Rincón Aguilar, José Rubén Robles Catalán, Gustavo Ampelio Robles González, Humberto Andrés Zavala Peña y Aurora Munguía Archundia.»
Trámite: - Segunda Lectura.
El C. Presidente: - En consecuencia, está a discusión en lo general.
Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
Proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular.
La C. secretaria Patricia Villanueva Abrajam: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del dictamen.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere al artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron 225 votos en pro y siete abstenciones.
El C. Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular por 225 votos, el decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Federal de Procedimientos Civiles.
La C. secretaria Patricia Villanueva Abrajam: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
NO RECESO
El C. Presidente: - Como faltan 20 minutos para que se cumpla la hora en que se ha acordado
declarar un receso, esta presidencia quiere consultar y proponer a la asamblea, a que evitemos el receso y prosigamos la sesión hasta que agotemos los asuntos del orden del día. Por consiguiente, quiero que la secretaría consulte a la asamblea si está de acuerdo.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si se autoriza que se prosiga la sesión hasta agotar los asuntos en cartera.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación.)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.... Autorizado, señor presidente.
CUENTA DE LA HACIENDA
PUBLICA DEL DEPARTAMENTO
DEL DISTRITO FEDERAL
El C. Presidente: - Por consiguiente, el siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal de 1986.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los compañeros diputados, ruego a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación.)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen, señor presidente.
«Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal.
Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal de 1986.
Honorable asamblea: El Ejecutivo Federal, de conformidad con lo establecido por el artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 43 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, presentó en tiempo y forma a la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1986. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión turnó en su oportunidad, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dicho documento a la honorable Cámara de Diputados por conducto de su Oficialía Mayor, remitiéndose con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, a al Comisión de Vigilancia misma que a su vez lo turnó a la Contaduría Mayor de Hacienda y a estas comisiones unidas para proceder a su análisis.
La Contaduría Mayor de Hacienda, órgano superior de fiscalización de esta honorable Cámara de Diputados, procedió a elaborar y rendir el informe previo a la citada cuenta en los términos del artículo 3o. de su ley orgánica, enviando dicho documento dentro del plazo legal a la Comisión de Vigilancia, quien a su vez lo hizo del conocimiento de estas comisiones legislativas.
Como resultado de los trabajos realizados en el seno de las comisiones unidas que suscriben, y que consistieron en el análisis exhaustivo de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal de 1986, se elaboró y se somete a la alta consideración de este pleno, el dictamen respectivo que se encuentra estructurado para su mejor comprensión en los apartados siguientes:
I. Marco jurídico;
II. Perfil socioeconómico;
III. Resultados Financieros;
IV. Análisis de los objetivos y metas de los principales programas;
V. Conclusiones.
Capítulo especial constituye el seguimiento de la observancia por parte del Departamento del Distrito federal de las disposiciones legales que rigen su actividad, teniendo como marco las esferas competenciales que limitan la misma, con estricto apego a los ordenamientos financieros de vigencia anual que esta representación aprobó para el ejercicio fiscal de 1986; siendo por tanto lógico iniciar el desarrollo de este dictamen, haciendo
referencia al sustento jurídico que hace posible a la soberanía popular depositada en la asamblea plenaria, determinar el juicio que recae y se emite con fundamento en el artículo 74, fracción IV de nuestra Constitución Política, sobre la rendición de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1986.
I. Marco jurídico
A partir de la reforma constitucional aprobada al artículo 74, la atribución de esta soberanía en cuanto a la revisión de la cuenta pública, reviste un carácter amplio que le permite no sólo la revisión de dicho documento sobre bases contables, sino que hace posible la formulación de juicios sobre el logro de los objetivos programados para el ejercicio fiscal que se analiza, constituyendo en consecuencia un acto legislativo de gran trascendencia, cuyo contenido ha dejado de ser técnico para revestir un carácter fundamentalmente político.
Sobre el supuesto anterior y teniendo en consideración que la honorable Cámara de Diputados realiza esta función en uso de atribuciones propias y exclusivas, como depositaria de la representación popular, se ha tomado en consideración como documento de apoyo instituible para estos trabajos, el informe previo que la Contaduría Mayor de Hacienda como órgano técnico de la honorable Cámara de Diputados formuló en cumplimiento a la obligación que le impone la fracción II, inciso a) del artículo 3o. de su ley orgánica.
Cabe expresar a esta soberanía que el análisis, estudio y evaluación del contenido que integra el presente apartado se realizó partiendo del supuesto de que la cuenta pública, en cuanto al cumplimiento de disposiciones legales durante el ejercicio fiscal correspondiente, debe ser dividido en dos aspectos fundamentales que son: Ordenamientos financieros de vigencia anual aprobados por la honorable Cámara de Diputados y que contienen las fuentes de captación de ingresos, así como la aplicación de las asignaciones presupuestales para 1986.
Estos ordenamientos son: La Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal y el Presupuesto de Egresos aprobado para el citado ejercicio.
Para analizar el cumplimiento del marco jurídico que rige la actividad del Departamento del Distrito Federal, es preciso realizar el estudio de la observancia que durante 1986 dicho órgano del Ejecutivo Federal dio a los ordenamientos de vigencia permanente que inciden en su actividad, constituyendo en consecuencia parte sustancial del marco jurídico como son: La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley de Planeación, la Ley de la Deuda Pública y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, la Ley de Obras Públicas y su Reglamento y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles.
Ordenamientos Financieros de vigencia anual
Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 1986
Particular relevancia revistió durante este ejercicio fiscal el cumplimiento de lo dispuesto en los apartados que integran este ordenamiento y que hizo posible el proceso de modernización y desconcentración de la administración tributaria del Distrito Federal, así como implantar el moderno sistema catastral que ha hecho posible a la Tesorería del Distrito Federal actualizar los datos y las cuentas de los contribuyentes del impuesto predial.
Capítulo especial constituye el convenio de rehabilitación financiera que celebró el Departamento del Distrito Federal con el gobierno federal y que permitió la asunción del 96% de los pasivos del primero, logrando el saneamiento financiero de la entidad.
En cumplimiento a lo dispuesto en su Ley de Ingresos, el Departamento del Distrito Federal limitó su endeudamiento neto a lo establecido por el artículo 2o. de la propia ley.
Decreto del presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1986.
En relación con el cumplimiento de este ordenamiento, se tuvieron en consideración las obligaciones del Departamento del Distrito Federal como órgano del Ejecutivo Federal así como su carácter de coordinador sectorial, en consecuencia, fueron objeto de análisis el cumplimiento de metas por parte de la unidad central y de sus entidades coordinadas, desprendiéndose del estudio que, por lo que ve al desarrollo de los programas, el Departamento del Distrito Federal cuenta con un sistema de evaluación amplio, efectivo y eficiente que genera documentos analíticos, así como un cúmulo de información administrativa del sector, cuya eficiencia terminal
será verificada en su totalidad por la Contaduría Mayor de Hacienda, dándose los resultados en el informe definitivo de la Cuenta Pública de 1986.
Se observó que durante el ejercicio objeto de estudio, el Departamento del Distrito Federal no destinó recursos públicos a fines específicos, en contravención a lo dispuesto por el decreto que aprobó su presupuesto de egresos. En relación a la obligación que tiene tanto el Departamento del Distrito Federal como las entidades por él coordinadas de vigilar el ejercicio de las erogaciones por servicios personales, con estricto apego a las normas que en este aspecto contiene el decreto aprobatorio del presupuesto de egresos para 1986. Conforme la información recabada, se concluye que el Departamento del Distrito Federal ha establecido normatividad aplicable en este apartado y que tiende a reforzar el cumplimiento de los criterios políticos y directrices trazadas en la materia, siendo de apreciarse algunos problemas en cuanto a la difusión de los lineamientos expedidos.
En cuanto a los gastos relativos a los congresos, convenciones, ferias exposiciones, así como erogaciones de ceremonias, comisiones en el extranjero de orden social, asesorías, becas y donativos; es de concluirse que tanto el Departamento del Distrito Federal, como las entidades por él coordinadas, se ajustaron plenamente a lo dispuesto en el capítulo respectivo por el decreto aprobatorio del presupuesto de egresos para 1986.
En relación al otorgamiento de subsidios, donativos, gratificaciones y ayudas, tanto el Departamento del Distrito Federal como su sector paraestatal cumplió con la norma presupuestal en forma total. Finalmente, respecto al capítulo de normas sobre los montos mínimos de obras que se pueden contratar en forma directa y la adjudicación de contratos mediante convocatorias, se observó que, en términos generales, el Departamento del Distrito Federal cumplió con estos preceptos, siendo de señalarse algunos incumplimientos parciales por parte de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, que en su oportunidad serán objeto de análisis profundo por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda, particularmente el estudio de las justificaciones que formuló la entidad responsable.
Por lo que se refiere a la adjudicación de contratos sobre adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, así como los montos mínimos que debe observarse en esta materia en adjudicaciones directas, el Departamento del Distrito Federal cumplió con lo dispuesto en el precepto respectivo del decreto aprobatorio de su presupuesto, detectándose algunas desviaciones leves en el envío de la información respectiva.
Ordenamientos de vigencia permanente que rigen la actuación del Departamento del Distrito Federal como órgano del Ejecutivo encargado del gobierno de la ciudad de México y como coordinador del sector correspondiente.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
La observancia de este ordenamiento fue analizada en aspectos básicos como son la elaboración de proyectos de leyes, reglamentos, decretos y ordenamientos de jerarquías inferiores; la delegación de facultades, así como la desconcentración de órganos administrativos; el mantenimiento al corriente de los escalafones y la elaboración y emisión de manuales necesarios para el correcto ejercicio de las funciones tanto del órgano central como de las entidades coordinadas.
De conformidad con el estudio realizado, se llego a la conclusión de que el Departamento del Distrito Federal cumplió cabalmente con la obligación que le impone la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de ejercer sus atribuciones dentro de su ámbito competencial y vigilar el cumplimiento de este ordenamiento por parte de las entidades paraestatales coordinadas por el Departamento como órgano central.
Los aspectos señalados fueron objeto de atención prioritaria, tanto por las autoridades centrales como por los órganos de gobierno de las entidades paraestatales.
Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal
Siendo este ordenamiento el que regula en forma específica la actividad del Departamento del Distrito Federal, fue objeto de estudio el cumplimiento por parte del mismo en los aspectos relacionados con la elaboración de políticas tendientes a tramitar con oportunidad los recursos administrativos señalados en las leyes y reglamentos, vigilando su cumplimiento; el control que se lleva a cabo sobre la constitución y cancelación de las garantías que se otorgan para el debido cumplimiento de convenios y contratos; así como la vigilancia que debe ejercer el órgano central para asegurarse de que las erogaciones que se efectúan por la prestación de servicios y las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, se ajusten a los ordenamientos legales correspondientes y, finalmente, se observó si el Departamento cumple con la función de controlar, reglamentar, supervisar y vigilar el otorgamiento y la prestación de servicios públicos concesionados.
En todos los rubros objeto de análisis, se observó que el Departamento del Distrito Federal ha dado cumplimiento a lo preceptuado por su ley orgánica, y su actuación no se ha limitado a las funciones de control y vigilancia, sino que ha emitido normatividad actualizada que permite un ejercicio oportuno, eficaz y eficiente de dichas funciones.
Ley Federal de las Entidades Paraestatales
En cumplimiento de esta ley, de reciente promulgación y vigilancia, fue analizada particularmente en los aspectos relativos a la programación, presupuestación y evaluación que realicen las entidades coordinadas por el órgano central, el cumplimiento que dichas entidades han dado a la obligación que tienen de proporcionar los informes y datos que le solicita tanto su cabeza de sector como las dependencias normativas del sector público que son: La Secretaría de Programación y Presupuesto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. Se analizó el cumplimiento de los objetivos de las entidades coordinadas de acuerdo con los programas sectoriales, el Plan Nacional de Desarrollo y la Ley de Planeación y, finalmente, fue objeto de estudio el cumplimiento de la obligación por parte de las propias entidades, de ajustar sus presupuestos a los lineamientos dictados por la Secretaría de Programación y Presupuesto y el órgano coordinador que es el Departamento del Distrito Federal.
Conforme a los datos proporcionados, a las comparecencias de los titulares de los órganos de gobierno de las entidades paraestatales y a la información recabada por estas comisiones, se aprecia que dichas entidades dieron cumplimiento en términos generales a la ley que rige su actividad.
Ley de Planeación
Como ordenamiento reglamentario del artículo 24 constitucional e instrumento básico del Sistema Nacional de Planeación, el estudio que se realizó sobre el cumplimiento de su contenido tuvo como objeto establecer si el Departamento del Distrito Federal, en su carácter de coordinador de las actividades de sus órganos desconcentrados y las entidades del sector, dio cumplimiento a la obligación que le impone este ordenamiento, de revisar que la planeación y la conducción de actividades se realice de acuerdo a lo establecido por el Plan Nacional de Desarrollo, así como determinar y establecer los mecanismos que permitan verificar la adecuación de los programas institucionales en relación con el programa sectorial.
Se observó, en términos generales, que tanto el órgano central como las entidades coordinadas comprendidas en el sector, cumplieron con los objetivos señalados en el Plan Nacional de Desarrollo y las desviaciones que se llegaron a presentar se subsanaron en tiempo, mediante la reprogramación de objetivos y metas, lo cual será verificado, en su oportunidad, por la Contaduría Mayor de Hacienda.
Ley Federal de Deuda Pública
En lo referente a este ordenamiento, fue objeto de revisión que con la debida oportunidad se aplicaran las normas que establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el sentido de registrar los financiamientos en que participa el Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas, así como la obligación que tiene el propio órgano como cabeza de sector, de proporcionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público toda la información que le permita vigilar la debida aplicación de los recursos provenientes de financiamientos autorizados. Se llegó a establecer que, en términos generales, el Departamento del Distrito Federal efectuó los registros de acuerdo con la normatividad emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, proporcionando a esta dependencia la información que permita vigilar la debida aplicación de recursos provenientes de financiamientos.
Respecto a las entidades coordinadas; éstas no contrataron durante el ejercicio fiscal financiamientos de este tipo.
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento
Respecto al cumplimiento del contenido de estos ordenamientos que son de aplicación indispensable en la ejecución y ejercicio del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, por contener las normas que rigen al detalle dichas funciones, se realizó el estudio sobre la aplicación de estos instrumentos legales tanto por parte del Departamento del distrito Federal como de sus entidades coordinadas, llegándose a la conclusión de que el órgano central, con el fin de orientar y coordinar el gasto público, elaboró y dio a conocer en los primeros meses del ejercicio fiscal que se analiza, las normas aplicables, detectándose algunas fallas en la comunicación y difusión de dichos lineamientos.
En enero de 1986, el Departamento del Distrito Federal fijó las políticas que habrán de seguirse en
la elaboración del programa operativo anual de 1987, así como la actualización del programa de mediano plazo del sector para el bienio 1987- 1988, elaborando también los formatos que facilitan la formulación de los programas respectivos y que hacen posible se cumpla con los calendarios establecidos por la Secretaría de Programación y Presupuesto. Por lo que toca a la normatividad aplicable en la elaboración del anteproyecto de presupuesto del sector, así como la relativa a la ejecución del presupuesto, fue expedida con la debida oportunidad, dándose a conocer a las entidades coordinadas. Respecto a las normas contenidas en la ley que se analiza relacionadas con los compromisos que se contraen, fueron observadas en su oportunidad por el órgano central y por sus entidades coordinadas. En relación a la obligación de contabilizar las operaciones financieras y presupuestales del sector dentro de los 60 días siguientes a su realización, el Departamento del Distrito Federal gracias a la operación del Sistema Integral de Contabilidad que implantó durante el ejercicio que se analiza, cumplió en tiempo y forma con dicha obligación.
En lo que respecta a las visitas y auditorías que el Departamento del Distrito Federal como cabeza de sector puede practicar a sus entidades coordinadas, se explicó que en el sector no se requiere de esa fiscalización, toda vez que la Contraloría General del Departamento del Distrito Federal, conforme a los lineamientos del Sistema Integral de Control que ha establecido la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, coordina y norma la operación del control interno y está pendiente en forma permanente de las auditorías que realizan las contralorías internas de las propias entidades, mismas que en el año de 1986 alcanzaron un total de 754.
Ley de Obras Públicas y su Reglamento
En relación con esto ordenamientos, se revisaron los aspectos relativos a la planeación, programación y presupuestación de obras públicas, adjudicación de contratos, licitaciones públicas, modificaciones de contratos y convenios, otorgamiento de garantías, inicio y terminación de las obras, contratación de los servicios relacionados con las obras, información que se debe rendir a la Secretaría de Programación y Presupuesto, estudio de preinversión, programa y presupuesto anual, dictámenes y licencias, registro del padrón de contratistas, requisitos para la firma de contratos, pago a contratistas, gastos financieros, actas de entrega de recepción y adjudicación directa.
Del informe recabado, cabe determinar que el Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas, en términos generales, dieron cumplimiento a los ordenamientos respectivos, siendo de observarse anomalías y deficiencias en cuanto a la integración de la documentación y de la información respecto de algunas obras públicas realizadas; se detectó que el 5% de las obras no se iniciaron en las fechas previstas; en cuanto a la contratación, se ajustó a los procedimientos respectivos, habiendo casos excepcionales que están amparados por los propios ordenamientos y que serán revisados posteriormente por la Contaduría Mayor de Hacienda; se detectó que existen anomalías en cuanto al cumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución de las obras, y que igualmente existen casos en que la información respectiva no se proporcionó con la debida oportunidad a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, existiendo también un incumplimiento parcial en cuanto a la obligación de proporcionar los títulos de propiedad, así como los datos de localización y construcción de las obras públicas a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología; asimismo, se observó que en algunos casos no se levantaron las actas de entrega de recepción de los trabajos realizados por el contrato o por administración directa, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de su terminación.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles
Respecto al cumplimiento por parte del Departamento del Distrito Federal y de sus entidades coordinadas de este ordenamiento, se revisaron los siguientes aspectos: Prohibición de formalizar o modificar contratos sin saldo disponible adaptación de sistemas de procedimientos de simplificación administrativa, planeación y cumplimiento de los programas, remisión oportuna a la coordinadora de sector de los programas y presupuesto de adquisiciones, establecimiento de comités para la optimización de los recursos, obligación de contratar sólo personas inscritas en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Distrito Federal, así como la cancelación de dicho registro por causas señaladas en la ley; adjudicación de contratos y pedidos mediante licitación pública, otorgamiento de garantías por los proveedores de bienes o de servicios, emisión de dictámenes para la adjudicación de contratos y pedidos y en su caso el fincamiento o la celebración de los mismos sin licitación; respeto de los montos máximos establecidos para adjudicación directa, cumplimiento del plazo para el pago de los pedidos y rescisión y cancelación de los pedidos por incumplimiento.
Del análisis y verificación realizada, se concluyó que tanto el Departamento del Distrito Federal como sus entidades coordinadas dieron cumplimiento, en términos generales, a todos los aspectos que fueron objeto de estudio, siendo de recalcar que se implantaron procedimientos de simplificación administrativa que hicieron posible una adecuada y oportuna planeación y programación de las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios. Respecto a la vigilancia en la optimización de los recursos, así como el cumplimiento estricto de los objetivos, prioridades y políticas del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales institucionales y especiales, el Departamento del Distrito Federal, a través de los subcomités de concursos, realizó todas las actividades con apego a las disposiciones aplicables, y por lo que respecta al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas relativos al Departamento del Distrito Federal, difundió en su carácter de órgano coordinador de sector, la normatividad relativa.
Consideraciones Generales sobre este apartado
Dividiremos las observaciones sobre el cumplimiento del marco jurídico por parte del Departamento del Distrito Federal en su apartado conclusorio, en los siguientes grupos de ordenamientos: Leyes financieras de vigencia anual, leyes financieras de aplicación permanente, leyes de carácter sustantivo que confieren atribuciones y leyes adjetivas en materia de obras y adquisiciones de bienes y servicios.
Respecto a la ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal para 1986, así como el decreto aprobatorio del presupuesto de egresos para el propio ejercicio, cabe apreciar que el Departamento del Distrito Federal se ajustó a las disposiciones contenidas en ambos ordenamientos, tanto en su carácter de órgano central y parte de la estructura de la administración federal, como en su carácter de coordinador de sector. Se apreciaron fallas, particularmente en materia de difusión de la normatividad y de comunicación entre el sector central y el paraestatal, también es de observarse que se requiere reforzar la vigilancia en materia del cumplimiento de las normas de austeridad en el ejercicio de los presupuestos del sector central y de las entidades coordinadas.
En relación con las leyes financieras y económicas de vigencia permanente, en términos generales, el Departamento del Distrito Federal dio un cumplimiento satisfactorio a dichos ordenamientos, siendo de observarse fallas en la comunicación entre el sector central y las entidades coordinadas, mismas que deberán subsanarse a la brevedad posible; también se detectaron incumplimientos parciales en cuanto a la información que en estas materias debe proporcionar el Departamento del Distrito Federal a las dependencias globalizadoras como son: La secretaría de Programación y Presupuesto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Contraloría General de la Federación.
En cuanto al cumplimiento de leyes sustantivas que contienen el marco de atribuciones del Departamento del Distrito Federal y que rigen su actividad dentro de la estructura general del Ejecutivo de la Unión como órgano de éste integrado dentro de la administración pública federal, y que tiene como función primordial el gobierno del Distrito Federal, así como el control de sus entidades coordinadas, es de apreciarse que mediante un esfuerzo de normatividad, el Departamento del Distrito Federal ha venido superando las anomalías que existían en su desempeño, particularmente el cumplimiento de su función como cabeza de sector.
Es de estimarse que todavía subsisten fallas y deficiencias en la comunicación entre el sector central y las entidades por él coordinadas que deberán subsanarse en el menor tiempo posible.
Ordenamientos que rigen las obras públicas y su ejecución, así como las adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios relacionados con bienes muebles, se observó que teniendo en consideración la dinámica que demanda la oportunidad en la ejecución de las obras básicas necesarias para la infraestructura que requiere la prestación de servicios públicos prioritarios a la población del Distrito Federal, el Departamento ha realizado notables esfuerzos tendientes a lograr el cumplimiento exacto de las disposiciones que rigen esta materias, siendo de señalarse que aún existen incumplimientos parciales, particularmente sobre la oportunidad con que se proporciona la información relativa a la terminación de las obras, la cancelación de las garantías, y los casos de excepción en que se adjudican contratos tanto de obras como de adquisiciones, siendo también necesario intensificar la comunicación con las entidades coordinadas del sector.
II. Perfil Socioeconómico
La ciudad de México ha soportado en las ultimas décadas, un crecimiento poblacional y urbano con marcada tendencia centralista, como consecuencia de un modelo de desarrollo que en un tiempo fue pilar de avances económicos y sociales, pero que actualmente se ha constituido en un freno para dotar de los servicios básicos a una población de
10.5 millones de personas, con una mancha urbana que alcanza 40% de la totalidad de su territorio y que representan el 12% de la población nacional.
Este fenómeno de centralismo ha provocado una inercia de crecimiento anárquico que, por su complejidad y magnitud, es imposible de frenar y reorientar en el corto plazo, ya que su solución queda enmarcada dentro de un contexto nacional a mediano y largo plazos.
La situación se torna más difícil día a día por el crecimiento natural de la población, más la población que ingresa y se asienta diariamente en la ciudad y zona conurbada proveniente del interior de la República, que viene en busca de mejores oportunidades de desarrollo.
El crecimiento ha provocado, entre otras cosas, que la ciudad de México se conurbe con 17 municipios del estado de México, integrando así una zona metropolitana que rebasa los límites político administrativos del Distrito Federal, con una población conjunta estimada en más de 18 millones de habitantes que requieren y comparten servicios. Esto provoca que se establezca una carrera impresionante entre la demanda de servicios y la posibilidad de atenderlos, por el ritmo acelerado en la formación de nuevos asentamientos humanos y el lento crecimiento de los recursos financieros captados por el gobierno capitalino.
Al rezago acumulado por este fenómeno demográfico - urbano, se vino a sumar la destrucción que sufrió la ciudad de México por los sismos registrados en 1985, en la que se vio muy afectada la infraestructura de servicios básicos.
En el aspecto financiero, la captación tributaria como aportación ciudadana al gasto público, se ha visto menguada por la disminución en el poder adquisitivo de los salarios, que no ha permitido un crecimiento al mismo ritmo del que se ha dado en el costo de bienes y servicios requeridos en la gestión de gobierno.
El panorama antes descrito ha impedido la creación de una infraestructura y medios necesarios para el desenvolvimiento integral del individuo, que propicien condiciones dignas de vida y opciones viables de superación dentro de un marco de justicia y equidad social, y beneficien particularmente a las clases mayoritarias, cumpliendo así con los objetivos y líneas de acción establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa de Desarrollo de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y de la región centro.
Para tener una idea de la magnitud de los problemas que presenta la ciudad capital y zona conurbada, es preciso mencionar algunas características de los servicios más representativos que proporciona el gobierno capitalino: En una ciudad donde se concentran las más importantes actividades políticas, financieras, económicas, académicas, culturales y sociales del país, uno de los servicios indispensables para que se realicen todas estas actividades, es el transporte en todas sus modalidades, verdadero soporte para trasladar a ese gran conglomerado que habita en la capital y que se entrelaza con el estado de México. Esta es una ciudad que se ha visto obligada a crear una infraestructura y equipo de transportación masiva con la más amplia cobertura a nivel mundial, con una impresionante capacidad de movilización de usuarios y un Sistema de Transporte Colectivo (Metro) de los más avanzados tecnológicamente, requiriendo estas acciones cuantiosas inversiones, que en una época de crisis económica le dan mayor significación.
Para 1986, se cuenta con una red de 120.0 kilómetros de longitud, con 109 estaciones, transportando 1 mil 361.9 millones de personas, satisfaciendo el 29% del total de viajes - persona - día, efectuados en la zona metropolitana de la ciudad de México. El servicio que otorga el Metro diariamente, tendría que ser sustituido por 2.4 millones más de automóviles privados, si consideramos su intensidad de uso con respecto a la que se emplea actualmente.
En cuanto al transporte eléctrico, basta decir que su red, de ser una sola línea, alcanzaría a comunicar a la ciudad de México con la de Veracruz.
Referente a Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100, se han integrado 226 rutas, que suman aproximadamente 7 mil kilómetros, en las que se realizan diariamente alrededor de 6 millones de viajes - persona - día, con un millón de kilómetros recorridos.
La situación económica por la que pasamos y la concentración poblacional en la ciudad de México y zona conurbada, ha originado altos índices de desempleo alcoholismo, drogadicción y desintegración familiar, por ello los hechos delictivos se han incrementado en forma alarmante, donde una corporación policiaca preventiva que cuenta con aproximadamente 25 mil elementos, son insuficientes para cuidar a una ciudad de más de 10 millones de habitantes.
La demanda de agua potable se ha ido incrementando de tal manera, que llegó el tiempo en que los recursos acuíferos de la ciudad fueron insuficientes
y hubo necesidad de traer este vital líquido de los alrededores de la metrópoli, aumentando sus costos de operación y manteniendo en proporción a la distancia que se tiene que cubrir, y en algunos casos a ser desproporcional, ya que el costo de cubrir un kilómetro más es más costoso que el anterior.
Sabemos que una parte considerable del consumo de agua se trae de la cuenca del Lerma y Cutzamala, lo cual, para su conducción, almacenamiento y distribución se dispone de 443 kilómetros de acueductos; 557.3 kilómetros de red primaria, 12 mil 32 kilómetros de red secundaria y 200 tanques de almacenamiento, proporcionando un caudal promedio de 36.5 M3 por segundo, para cubrir las necesidades que requiere la población.
En materia de drenaje se cuenta con una infraestructura de 1 mil 215 kilómetros de red primaria, equiparable a la distancia que existe entre esta ciudad y el estado de Sinaloa. La red secundaria cuenta con 12 mil 278 kilómetros, 4.2 veces la distancia entre esta urbe y la ciudad de Tijuana, Baja California Norte. Estas comparaciones nos permiten tener una idea de la dimensión y complejidad de este servicio, que en tiempo de lluvias se ve aumentado, utilizándose 64 plantas de bombeo y 400 kilómetros de drenes principales para la conducción de aguas residuales.
Esta inmensa infraestructura requiere de un trabajo constante de desazolve y reparación durante el período de estiaje.
Se considera a la ciudad de México como la metrópoli que produce más basura en el mundo, ya que genera diariamente como promedio un kilogramo por habitante; 11 mil toneladas diarias y aproximadamente 4 millones de toneladas anuales, de las cuales, apenas el 25% son recicladas para su reutilización, principalmente como abono agrícola; el destino de 70% restante representa un verdadero problema, ya que a la fecha éste se deposita en rellenos sanitarios, tratando de que no se conviertan en focos de infección y causen problemas de salud a la población. Todo esto sin considerar el problema de la recolección, tarea gigantesca que implica acciones de barrido manual y mecánico, de captación de basura domiciliaria, fabril y de depósitos, acciones que a veces se ven retardadas por falta de recursos materiales de las autoridades, y otras por la propia ciudadanía que asume conductas de apatía e inconsciencia.
Después de describir en forma somera algunos de los problemas que presenta la ciudad de México, vemos cómo ésta constituye una área donde se concentran rezagos, desigualdades y distorsiones; con un crecimiento desorbitado en las últimas décadas, lo cual constituye un gran desafío a la perspectiva de lograr niveles de bienestar y desarrollo compatibles con las crecientes necesidades de la población capitalina. Esta situación exige que los recursos de que dispone la ciudad se constituyan en elementos fundamentales para dar respuesta a los requerimientos que plantea la dinámica del desarrollo urbano, procurando mejores condiciones de vida y opciones viables de desarrollo para los habitantes; las condiciones económico - sociales actuales exigen una mayor eficiencia en la aplicación de acciones, un cuidadoso manejo de los recursos, selectividad en el gasto, honestidad y responsabilidad por parte de los servidores públicos; fomentar el empleo, la vivienda, la producción y el abasto; medidas eficaces sobre ecología, salud, educación, seguridad pública cultura y servicios indispensables y, sobre todo, cimentar las bases que conduzcan a una verdadera e irreversible descentralización y desconcentración de la actividad económica de esta ciudad capital.
III. Resultados Financieros
El resultado de la gestión financiera del Departamento del Distrito Federal para 1986, tiene como propósito fundamental conocer la evolución y comportamiento de las fracciones contenidas en la Ley de Ingresos, así como los capítulos de gasto incluidos en el presupuesto de egresos.
En materia de recaudación, aumentó la captación de ingresos propios y se mejoró la prestación de los servicios al contribuyente, llevándose a cabo la modernización de los sistemas y mecanismos de recaudación y fiscalización, así como también la desconcentración de las áreas recaudadoras. El Departamento del Distrito Federal se allegó de mayores recursos fortaleciendo sus finanzas, e hizo más efectiva la lucha contra la evasión y elusión fiscal.
Durante este ejercicio presupuestal, se celebro el Convenio de Rehabilitación Financiera con el gobierno federal, el cual asumió el 96% de la deuda total, colocando a la entidad en una mejor posición financiera y con posibilidades de mejor atención a los programas de mayor contenido social. Asimismo, se continuó observando medidas de austeridad, disciplina presupuestal y racionalidad del gasto.
Ingresos totales del Departamento del Distrito Federal
El gobierno capitalino captó recursos por 1 billón 86 mil 148 millones de pesos, cantidad superior
en un punto porcentual al presupuesto autorizado correspondiente al ejercicio de 1986, y de 38% mayor en relación a 1985. Esto es resultado de la política de ingresos establecida en ejercicios anteriores, llevándose a cabo con estricto apego a los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, lográndose así una recaudación adecuada para un financiamiento sano del gasto del sector central y de los organismos y empresas.
Sector central
Durante 1986, el gobierno capitalino captó un total de ingresos ordinarios del orden de 558.541 millones de pesos, cifra que superó en 58% al ejercicio del año anterior y una disminución del 5% respecto al presupuesto autorizado. La captación de los ingresos ordinarios se desglosaron en ingresos propios y participaciones en impuestos federales.
El total de los ingresos propios ascendió a 165 mil 294 millones de pesos, incrementándose en 3% con respecto al presupuesto original, y 118% al año anterior; estas variaciones son el resultado de los esfuerzos que hace la institución por alcanzar la autosuficiencia en esta materia. Cabe mencionar que las reformas y adiciones a la Ley de hacienda, tuvieron como objetivo la actualización del sistema cartográfico catastral, para una equitativa aplicación de las normas tributarias del Impuesto Predial y a la ampliación en la aplicación del Impuesto sobre Espectáculos Públicos. Con objeto de reducir el impacto en la población de menores recursos, se incrementaron las cuotas de derechos por servicios de agua para los grandes consumidores y se determinó tarifa preferencial a los consumidores domésticos.
Las participaciones en impuestos federales que administra el Departamento del Distrito Federal, provenientes de los acuerdos emitidos por el Ejecutivo Federal, ascendieron a 393 mil 247 millones de pesos, cantidad que en el total de los ingresos del Departamento representa 36% y 42% mayor al año anterior, este incremento es resultado de la influencia sustancial que tiene el Impuesto Al Valor Agregado, cuya recaudación crece en relación directa a los incrementos en los precios de los bienes y servicios, sin embargo, esta cifra resultó inferior en comparación con la asignación original en nueve puntos porcentuales, motivado por la reducción que efectuó el gobierno federal proveniente del Convenio de Asunción de Adeudos.
Por lo que respecta a los ingresos tributarios, éstos fueron del orden de 62 mil 558 millones de pesos, presentando un descenso del 23% respecto al original y un incremento de 62% respecto al ejercicio anterior. En tanto, los ingresos no tributarios (derechos, productos y aprovechamientos) fueron muy sustanciales siendo del orden de 102 mil 736 millones de pesos, que comparados con el año anterior, presentaron un incremento de 178%, y de 29% con respecto al presupuesto original.
En la fracción de derechos, los recursos captados ascendieron a 61 mil 819 millones, superior en 151% en comparación al período anterior, y 5% menor al original, variación constituida por la prestación de servicios de agua, servicios del Registro Público de la Propiedad, y del comercio y de control vehicular.
Los recursos captados por productos ascendieron a 36 mil 394 millones de pesos, superior en 244% en comparación al período anterior, y 258% ante el presupuesto autorizado, comportamiento derivado de los ingresos de intereses en valores gubernamentales.
El volumen de ingresos en aprovechamientos fue de 4 mil 523 millones, cantidad mayor en 155% ante la recaudación del ejercicio anterior y 1% con respecto al original, comportamiento derivado de la recaudación en la fracción correspondiente a otros no especificados.
En lo referente a los ingresos extraordinarios, el financiamiento observó un descenso de 84 y 90% respectivamente, el primero fue ante el ejercicio del año anterior y el segundo respecto al presupuesto autorizado; esta disminución repercutió favorablemente en la liberación de pagos en las tasas de interés.
Las transferencias del gobierno federal ascendieron a 192 mil 735 millones de pesos, canalizándose en forma selectiva a los principales programas prioritarios y a algunas de las obras fundamentales de reconstrucción, permitiendo financiar de manera moderada los resultados presupuestales obtenidos durante el ejercicio, logrando así regular el déficit financiero y mayor generación de ahorro.
Los adeudos de ejercicios fiscales anteriores aprobados en la Ley de Ingresos, fueron del orden de 45 mil millones de pesos, cifra que al cierre del ejercicio alcanzó un monto de 92 mil 781 millones, incrementándose 106%, variación que permitió continuar con la ejecución de obras prioritarias autorizadas por las dependencias globalizadoras para el año de 1987; así también registró un incremento del 11% en relación a 1985, lo que en términos reales nos demuestra reducciones para no recurrir a este tipo de financiamiento.
Organismos y empresas
Los ingresos generados a través de las entidades coordinadas por el Departamento del Distrito Federal ascendieron a 217 mil 386 millones de pesos, cifra superior en 17% en relación al presupuesto original y 55% mayor al ejercicio real del año anterior, integrándose el 98% de sus principales ingresos con la venta de bienes y servicios, ingresos diversos y subsidios del gobierno federal.
En lo relativo al total de subsidios, éstos ascendieron a 141 mil 353 millones participando con el 65% en relación al total de ingresos, siendo canalizados a las siguientes acciones: para cubrir costos de operación del transporte, a diversos programas de obras, a generar empleo y apoyos a servicios personales, para el pago de los incrementos a los sueldos y prestaciones del personal.
Los organismos del transporte recibieron el total de subsidios, siendo los montos más significativos los siguientes:
Autotransporte Urbano de Pasajeros R- 100, 90 mil 652 millones; Sistema de Transporte Colectivo Metro, 40 mil 755 millones; y Servicios de Transportes Eléctricos, 9 mil 972 millones.
Asignaciones que permitieron mantener el nivel de precios de las tarifas, aun cuando las mismas están por debajo de sus costos de operación.
Sistema de Transporte Colectivo, Metro
Este organismo descentralizado registró ingresos totales por 73 mil 697 millones de pesos, cifra mayor en 26% respecto a la estimación original y 68% mayor al ejercicio anterior, cantidad que se integró como sigue: ingresos propios con 22%; financiamientos 3%, y subsidios del gobierno federal y aportaciones del Departamento del Distrito Federal con 75%, situación proveniente de los bajos precios en las tarifas, los cuales no alcanzaron a absorber los costos y gastos de operación. La tarifa del boleto para uso del Metro se vio incrementada a partir del 1o. de agosto de 1986; en el período de enero a julio, se vendieron 958 millones de boletos con valor de un peso cada uno, y de agosto a diciembre 598 millones a 20 pesos cada uno; con esta modificación se obtuvo un incremento de 11 mil 362 millones de pesos para el ejercicio de 1986.
Los importes recibidos del gobierno federal en materia de subsidios fueron registrados al capítulo 1000, con la finalidad de hacerle frente a los incrementos salariales decretados por el Ejecutivo Federal, en tanto que las aportaciones otorgadas por el Departamento del Distrito Federal se destinaron a cubrir los programas de inversión física para el pago de pasivo y otras aportaciones.
Autotransportes Urbanos de Pasajeros R - 100
Recaudó un total de ingresos por 113 mil 907 millones de pesos, 21% mayor que la estimación original y 43% mayor al ejercicio anterior; los ingresos propios alcanzaron el 15% en relación al total, integrados por la venta de servicios e ingresos diversos con incremento de 116% respecto a la estimación original, generados por la autorización en el alza de la tarifa de tres a 20 pesos por viaje - pasajero, en tanto que los subsidios del gobierno federal y las aportaciones del Departamento del Distrito Federal participaron en relación al total con el 85%, captación que se destinó a cubrir: costos de operación, incrementos de salarios, e incrementos de precios de combustible, grasas y lubricantes que se presentaron durante el ejercicio presupuestal.
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal
Ingresaron un total de 27 mil 49 millones de pesos, registrando una reducción del 4% en relación a la estimación original, mayor en 56% respecto al ejercicio anterior. El resultado de las variaciones se debió, en primer término, a la estandarización del precio del pasaje, ya que a partir del 1o. de agosto y por la modalidad del abono de transporte, sus ingresos por servicios se incrementaron considerablemente con respecto al año anterior y a la disminución, en relación con el original, se debió a que no se cubrieron en su totalidad los subsidios y aportaciones durante el ejercicio a este organismo.
Industrial de Abastos
Su fuente de recursos de este organismo público descentralizado, se obtiene principalmente de las aportaciones y subsidios del gobierno federal y del Departamento del Distrito Federal, las cuales se destinan principalmente a las transacciones propias por venta de productos cárnicos y sus derivados, y de la prestación de servicios de matanza de ganado bovino, porcino, ovino, caprino y de aves. Sus ingresos totales alcanzaron la cantidad de 10 mil 48 millones de pesos que, comparados con la estimación original y el ejercicio anterior de 1985, disminuyeron en 54 y 13% respectivamente, presentando una baja de recursos muy considerable en el concepto de venta de bienes.
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Departamento del Distrito Federal
La entidad totalizo ingresos propios del orden de 13 mil 78 millones de pesos, cantidad mayor en 47% con respecto al original, y 69% mayor en relación al ejercicio anterior. La captación de sus ingresos, fueron principalmente por concepto de recuperación de préstamos a corto plazo e hipotecarios.
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal
Los ingresos obtenidos en el ejercicio de 1986, fueron del orden de 7 mil 269 millones de pesos, los cuales fueron superiores respecto a la estimación original de 8%, y de 48% en relación al año de 1985.
Las variaciones anotadas se fundamentan por las causas siguientes: aumento en las aportaciones patronales y de los derechohabientes, a los fondos de jubilaciones, pensiones y defunciones. Por el incremento a los intereses obtenidos como consecuencia del aumento en las tasas de interés, así como una mayor contratación de créditos, y a la constitución del Fondo de la Vivienda en 1986.
Servicio Metropolitano (Servimet)
Esta empresa tiene como objetivo la promoción de la construcción y administración de obras públicas y privadas dedicadas a servicios de nivel federal, estatal y municipal, y a la compraventa y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles.
Los ingresos totales fueron del orden de 2 mil 338 millones de pesos, menor en 15% en relación a la estimación original y 33% mayor con respecto al ejercicio de 1985, destacando un aumento en los ingresos por servicios de estacionamientos, originado fundamentalmente por las modificaciones a las tarifas, no obstante que la capacidad instalada de la entidad para prestación de estos servicios se redujo por motivo del apoyo a diferentes dependencias y organismos del sector a las que se cedió espacio, utilizando cotidianamente como estacionamiento, para la instalación de viviendas para damnificados por los sismos de septiembre de 1985, así como para oficinas temporales de dichos organismos.
Fideicomiso de Vivienda, desarrollo Social y Urbano (Fividesu)
Los ingresos totales captados fueron del orden de 10 mil 668 millones de pesos, éstos integrados por ingresos propios y aportaciones del Departamento del Distrito Federal, que comparados con la estimación original y el ejercicio de 1985, presentaron una variación positiva del 11 y 12% respectivamente; ingresos que se orientaron hacia la construcción de la vivienda y programas de desarrollo social y urbano.
Gastos totales del Departamento del Distrito Federal
El comportamiento del ejercicio presupuestal se orientó básicamente a mantener la prestación de los servicios públicos, proteger e incrementar el poder adquisitivo de los trabajadores, a otorgar mejor servicio de vigilancia, así como propiciar mayores oportunidades de empleo, educación, salud, cultura y recreación y a mejorar la impartición de justicia de los habitantes de la ciudad.
La asignación original del presupuesto de 1986 fue de 1 billón 073 mil 442 millones de pesos, autorizándose ampliaciones por un total de 329 mil 535 millones de pesos y una reducción por 315 mil 585 millones de pesos derivados del Convenio de Rehabilitación Financiera. El impacto de las ampliaciones y reducciones reflejaron una ampliación neta de 13 mil 950 millones, por lo que se alcanzó un presupuesto modificado autorizado de 1 billón 087 mil 392 millones, presupuesto en el que se lograron economías por 1 mil 244 millones de pesos para llegar a un nivel ejercido del orden de 1 billón 86 mil 148 millones, representando una variación mayor respecto al ejercicio de 1985 del 38%, y respecto al presupuesto original de 1%. Dichos resultados globales permitieron ampliar la cobertura de los servicios sociales, e hizo posible ampliar la generación de empleos y coadyuvar a disminuir los efectos financieros e inflacionarios.
Al inicio de 1986, se suscribió el Convenio de Rehabilitación Financiera, asumiendo pasivos por la cantidad de 418 mil 310 millones de pesos, correspondiendo 348 mil 789 millones a deuda interna y 69 mil 521 millones a externa, determinándose un saldo a cargo del Departamento del Distrito Federal por 18 mil 545 millones derivados de los protocolos financieros con Francia y Japón. Por lo que se refiere al saldo de la deuda al 31 de diciembre de 1986, se colocó en 95 mil 570 millones, 79% menor al saldo al 31 de diciembre de 1985, siendo del orden de 443 mil 60 millones de pesos.
La reducción en el pago de deuda permitió al gobierno capitalino contar con mejores bases financieras, dicho pago se integró por amortizaciones, adeudos de ejercicios fiscales anteriores, e intereses y comisiones, sumando la cantidad de 114 mil 461 millones de pesos, cuyas variaciones
con respecto al ejercicio del año anterior y del presupuesto autorizado, fueron del orden de 28 y 67% menores respectivamente. Además, señala un déficit financiero del orden de 226 mil 339 millones de pesos, el cual representa el 21% del presupuesto ejercido, financiándose con los siguientes recursos: endeudamiento neto 22 mil 947 millones; financiamiento neto no titulado 10 mil 657 y 192 mil 735 millones de apoyos fiscales. Déficit que fue superior al previsto originalmente en 12 puntos y en cinco al de 1985.
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Sector central
El gasto programable ejercido consolidado ascendió a 971 mil 687 millones de pesos, el cual se incrementó en relación al ejercicio anterior y al presupuesto original en 55 y 33% respectivamente. La variación de estos recursos respecto al original, fueron canalizados al gasto corriente e inversión en la parte del gasto corriente; los recursos se destinaron a cubrir incrementos salariales de emergencia así como incrementos en los costos de insumos y servicios básicos como son: combustibles, energía eléctrica, arrendamiento y mantenimiento, agregado apoyos de carácter prioritario a las delegaciones y al Programa Nacional de Becas. En lo referente al gasto de inversión, se canalizaron apoyos al Programa Regional de Empleo, a obras en proceso del Metro, incluyendo al Programa de Reconstrucción de la Ciudad y a programas de inversión a las delegaciones.
Por lo que se refiere al gasto no programable, su evolución presentó una reducción al ejercerse 111 mil 137 millones de pesos, cantidad a la que ascendieron los vencimientos de la deuda durante el período, la cual fue menor con respecto al año anterior en 30% y de 67% en relación con su asignación original.
Organismos y empresas
Las erogaciones reales de las entidades coordinadas por el Departamento del Distrito Federal, fueron del orden de 258 mil 54 millones de pesos, monto que tuvo variaciones de incremento con respecto al ejercicio del año anterior y del presupuesto autorizado, a razón de 46 y 12% respectivamente. Estas variaciones permitieron atender las demandas para cubrir los incrementos en las tarifas de energía eléctrica, precios de los combustibles, aumentos salariales de emergencia, al programa de recambio de instalaciones y equipo en las líneas del Metro, e incrementos en las acciones de autoconstrucción de vivienda, al poner en operación los parques de materiales.
El gasto no programable en este sector ascendió a 3 mil 324 millones de pesos, superior en 220% al ejercicio de 1985, y 30% menor al presupuesto autorizado. Las variaciones antes mencionadas se derivan a los efectos inflacionarios en lo relativo a la adquisición de insumos requeridos a programas e inversión.
Sistema de Transporte Colectivo, Metro
Los egresos totales ejercidos fueron del orden de 73 mil 697 millones de pesos, de los cuales se canalizaron para gasto corriente 73%; 23 para gasto de inversión, y 4% para deuda externa. Su variación respecto al ejercicio del año anterior y de la asignación original, correspondieron 71 y 35% mayor respectivamente.
Este incremento, en relación al presupuesto original, se debió principalmente a la ampliación en las redes y preservación de la infraestructura de la entidad, y a cubrir el impacto de los incrementos de sueldo del personal, así como erogaciones efectuadas por servicios generales. En lo referente al presupuesto modificado, éste no sufrió ninguna variación frente al ejercido. Cabe hacer notar que es el único organismo que mantiene compromisos en moneda extranjera, en virtud de que algunos de sus equipos operativos son de importación, contratados en francos franceses.
Autrotransportes de Pasajeros Ruta - 100
El total del ejercicio presupuestal fue de 113 mil 907 millones de pesos, composición que fue de 96% a gasto corriente y 4% a inversión física, niveles de gasto muy similares a la asignación original. El comportamiento con el ejercicio de 1985 fue mayor en 43%. Sin embargo, el ejercicio total se incrementó al autorizado en 21% motivado por los incrementos salariales de emergencia y alzas en los precios de los combustibles, lubricantes y adquisiciones de partes y refacciones para este servicio de transporte citadino. Los resultados financieros de este organismo provienen de los bajos precios en las tarifas, las cuales no alcanzaron a absorber los costos y gastos de operación
. Servicios de Transportes Eléctricos
Los egresos reales en la entidad en 1986, ascendieron a 27 mil 49 millones de pesos, asignación menor al original en 5% integrados por el gasto corriente en 52%, inversión física 31 y 17 a inversión financiera. En relación al ejercicio de 1985, tuvo una variación mayor de 64 puntos porcentuales, incremento que se debió al alza de precios en el mercado nacional en sus inventarios de materiales y refacciones, y a la pérdida cambiaria de nuestra moneda respecto a los materiales de importación. Además, sus costos de operación presentados fueron comparados con el años anterior, los cuales tuvieron incrementos sustanciales derivados de los aumentos de sueldos por revisión de contrato colectivo y los decretados de emergencia por el gobierno federal, aunado al incremento en precios en los conceptos de energía eléctrica renta de equipo, reparaciones, rehabilitación de llantas, etcétera.
Industrial de Abastos
Para garantizar el abasto de carne a la población capitalina, evitar la especulación y regular los precios de esto producto, se sacrificaron animales de diferentes especies a fin de lograr un abasto regular y evitar incrementos no autorizados.
Por lo que respecta a los niveles presupuestarios, Industrial de Abastos, durante su ejercicio presupuestal, finaliza con un gasto de 10 mil 48 millones de pesos, erogación menor a la asignación autorizada de 21 mil 774 millones y de 11 mil 98 respecto al ejercicio del año anterior.
Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano
Fividesu ha instrumentado su política para avanzar en la promoción de mecanismos de autoconstrucción, restablecer la capacidad de financiamiento para la construcción de la vivienda popular, reforzando los sistemas de crédito para la adquisición de materiales de construcción para los estratos más rezagados de la población. Su estado general de egresos presupuestales presentaron un ejercicio real de 10 mil 668 millones de pesos, los cuales se destinaron totalmente a gasto de inversión, presentado incrementos respecto al presupuesto original de 11%, y al ejercicio de 1985 el 68%.
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. (Servimet)
El ejercicio de los egresos totales fueron del orden de 2 mil 338 millones, ejerciéndose una cantidad menor de los aprobados en el presupuesto de egresos de 1986, y mayor en 33% respecto al ejercicio del año anterior. Los recursos reales se asignaron a gasto corriente 66%, y 34% a inversión física y financiera. El capítulo de servicios personales erogó más de la mitad de sus recursos totales, originados principalmente por los movimientos salariales decretados en el transcurso de 1986.
Caja de Previsión de la Policía Preventiva
Las erogaciones de este organismo presentaron un ejercicio real de 7 mil 269 millones de pesos, mayor en 8% a la asignación original y 48% al ejercicio de 1985. La situación es estas variaciones se debieron al aumento por concepto de jubilaciones; al incremento al concepto de pensiones, el aumento de las indemnizaciones por retiro voluntario, prestación que fue otorgada a partir del mes de enero de 1986 con la vigencia de la nueva ley orgánica, a los aumentos tanto en los precios de los artículos como en los salarios del personal administrativo.
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya
Organismo descentralizado que canalizó sus recursos principalmente a las siguientes prestaciones: jubilaciones, pensiones, préstamos a corto plazo, préstamos hipotecarios, pago de gastos de defunción y otros servicios sociales a los trabajadores a lista de raya del Departamento del Distrito Federal. En materia de obras y construcciones, se construyeron 900 viviendas de interés social para los trabajadores a lista de raya, así como la terminación de la construcción de 100 viviendas de interés social.
Su estado general de egresos presentó un ejercicio real de 13 mil 78 millones de pesos, correspondiendo 37% a gasto corriente, 8% a inversión física y 55% a inversiones financieras.
Las variaciones fueron mayores respecto al presupuesto original y al ejercicio real de 1985 en 47 y 69% respectivamente, variaciones que en términos reales están por debajo de los niveles inflacionarios.
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IV. Análisis de los objetivos y metas de los principales programas
En este capítulo se reseñan los avances y logros alcanzados, así como los comentarios de aquellas metas que no fueron cumplidas en su totalidad.
El presupuesto de egresos se orientó a la atención de necesidades prioritarias de la población para dar solución a la problemática presentada en esta gran urbe; asimismo, se tomaron medidas pertinentes avocadas a la reorientación y modernización de la infraestructura y servicios que se proporciona a los habitantes del Distrito Federal.
En este ejercicio, al igual que en el anterior, la estructura programática se mantuvo en 22 programas; aunque inicialmente se establecieron 21 programas; aumentándose uno más para enfrentar los efectos de los sismos de septiembre de 1985. De acuerdo con la Secretaría de Programación y Presupuesto, el programa de Reconstrucción por Daños Sísmicos a cargo del Departamento del Distrito Federal se definió como prioritario.
Para 1986 se consideraron como prioritarios 14 programas, siendo éstos los siguientes:
Transporte urbano, seguridad pública, agua potable, drenaje y tratamiento de aguas negras, ampliación y mejoramiento de la planta física educativa, salud, vivienda, regularización de la tenencia de la tierra, recolección y tratamiento de basura, aportaciones a la ministración de justicia, abasto y comercialización, prevención y control de la contaminación ambiental, reconstrucción por daños sísmicos y deuda pública.
Estos programas representaron el 80% de los recursos asignados del presupuesto original autorizado por este Congreso, lo que permitió atender a la población en los renglones básicos, observando las medidas racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal y fortaleciendo la aplicación de los recursos y las finanzas de la entidad. Cabe resaltar la inclusión del programa de reconstrucción que esté año se desarrolló con acciones tendientes a regular la vida urbana en esta ciudad.
En 1986 el Departamento del Distrito Federal, a través del presupuesto asignado y aprobado, realizó la continuidad de obras de infraestructura capaces de responder a las crecientes necesidades proporcionando los servicios de transporte, agua, drenaje, etcétera; servicios básicos en cantidad y calidad suficientes, sin embargo, existen aún rezagos en otros por la falta de recursos que imposibilitan su realización plena.
Por consiguiente, se observó en este análisis que los objetivos y metas alcanzados en cada uno de los programas presentan avances significativos, y en aquellos casos donde no se cumplieron las metas previstas, los recursos fueron transferidos a renglones prioritarios en atención, para una mejor prestación de los servicios.
En el ejercicio del gasto, las variaciones del presupuesto ejercido en relación al original presentan incrementos en diversos programas ocasionados por la retabulación de sueldos y salarios del personal, así como también por las alzas en los insumos y materiales de construcción.
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Transporte urbano
Las acciones desarrolladas en este programa se enfocaron hacia una eficaz transportación masiva y mejor vialidad en el Distrito Federal, ampliando su cobertura a los núcleos de mayor afluencia de población.
En materia de simplificación administrativa, se llevó a cabo el programa de canje de placa única que redujo los trámites administrativos, lográndose una distribución de 1.58 millones de juegos, 31% menor a la meta programada y modificada; esta diferencia se debe a que se estimó 2.3 millones de juegos, que es la cifra total de automóviles que circulan en el Distrito Federal. Sin embargo, la reducción en el cobro que por este concepto, efectuó el estado de México, originó una menor afluencia de contribuyentes. Para elevar los índices de seguridad y comodidad del público usuario, se adquirieron 590 cajas colectoras de las 1 mil 500 programadas y modificadas, para el parque vehicular de Ruta - 100 y Servicios Eléctricos. Los recursos destinados a las 910 cajas restantes, fueron transferidos a diversos conceptos de gasto de la Dirección General de Autotransporte Urbano para una mejor operativa de la misma.
En la adquisición de 375 casetas para la venta del abono de transporte, sólo fueron adquiridas 20 casetas, en virtud de que se consideró como medida práctica la utilización de las ya existentes como son las taquillas del Metro en los Almacenes Para los Trabajadores del Departamento del Distrito Federal en tiendas Conasupo y en expendios de la Lotería Nacional, por ser centros de mayor afluencia poblacional.
No se cumplió la meta de adquisición de 200 máquinas expendedoras del abono de transporte, en virtud de que el proveedor elevó el costo de su compra, transfiriéndose los recursos a la Dirección General de Autotransporte Urbano para cubrir necesidades de la misma.
Se formularon 22 estudios de los 17 programas relativos al transporte, destacando del Programa de Mejoras al Sistema de Funcionamiento Vial de la zona centro de la ciudad de México.
Dentro del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), las metas establecidas para ampliar las líneas 6, 7, y 9 fueron cumplidas en su totalidad; en el transporte de pasajeros, la meta original y modificada de transportar a 1 mil 406.5 millones de personas, fue alcanzada en un 96.8% debido a la suspensión parcial del servicio los sábados y domingos por el programa emergente de recambio de instalaciones y equipo de la línea 2, y al cierre de la estación Chabacano por las obras de construcción de la línea 9. En la regulación de vueltas de circulación del Metro, la meta alcanzada fue del orden del 98.9%, la variación mínima fue por las demoras provocadas por el accionar de la palanca de freno de emergencia por parte de los usuarios.
Las metas de la adquisición de trenes y el programa emergente de recambio de instalaciones de las líneas 1, 2 y 3, fueron cumplidas en su totalidad; en la primera, se incrementó el parque vehicular a 240 trenes más un carro adicional, dando una existencia de 2 mil 161 carros, considerando que cada tren cuenta con nueve; en la segunda, se realizaron acciones entre las que resaltan el cambio de cable en 34 kilómetros y el cambio de durmientes de madera a concreto armado de fabricación nacional.
Dentro del Servicio de Transporte Eléctricos, las metas de transportación de usuarios en trolebús y tren ligero sólo se cumplieron en un 54% Y 4% respectivamente. Esto fue debido a que el parque vehicular de trolebuses fue menor por la falta de refacciones de procedencia extranjera, y en el tren ligero por el desfasamiento en su entrada en operación. En la adquisición de trolebuses, de los 68 programados como originales y modificados, se adquirieron sólo 42 que representan el 62% del cumplimiento de lo establecido, sin embargo, los restantes se han recibido en forma parcial y sometidos a exámenes técnicos de calidad para su uso operativo; además, fueron restaurados 87 trolebuses, 12 más de los programados.
Para el tren ligero, se reprogramó la adquisición de 15 trenes con el objeto de adecuar las especificaciones del equipo a las pruebas de operación. Por otro lado, en función de estudios técnico - económicos, se refrendó para 1987 la adquisición de 15 subestaciones con la conveniencia de consolidar un solo pedido, evitando la diversidad de marcas y tecnología.
En el inicio de la construcción del tren ligero en la Calzada Zaragoza, la meta establecida no se cumplió debido a que ésta se convirtió en Metro Ligero, siendo ésta desincorporada del Sistema de Transporte Colectivo, iniciándose el proyecto de la línea Pantitlán - Santa Martha, con un avance de su instrumentación del 70%, y se continuó trabajando en el concurso para la designación del contratista que realizará la obra civil del tramo superficial.
La construcción de la línea Tasqueña - Xochimilco fue cubierta sólo en un 41% de su totalidad de 25.6 kilómetros, y un 20% en su segunda etapa. En la construcción de un taller para mantenimiento del tren ligero, esta meta fue modificada.
por la reconstrucción del edificio principal y taller, avanzándose en los estudios y peritajes que determinaron su reparación, habiéndose concluido el proyecto de reconstrucción concursándose dicha obra. Por último, fue suspendida la construcción de vías para conectar el depósito de Tetepilco - Taxqueña, transfiriéndose los recursos a cubrir finiquitos de adquisición del Programa Tren Ligero en su primera etapa; dentro de este servicio, se proporcionó mantenimiento a 10.6 kilómetros de vía permanente; a 4 mil 72.8 kilómetros de línea elevada de trolebuses y tren; 4 mil 159 acciones a trolebuses, 334 a subestaciones.
Autrotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta - 100, transportó a 2 mil 63 millones de pasajeros, 81% de la meta programada y modificada; la diferencia obedeció a que por el calendario de entregas no entraron en operación el número de autobuses esperados, y a los altos costos que registraron algunas de las refacciones.
La meta programada y modificada de reconstrucción del autobuses se cumplió en su totalidad, como así también la de rehabilitar los módulos de taller y y servicio, los cuales alcanzaron la cifra de 39.3% de más con respecto a la meta original.
Las metas de construcción de dos conjuntos módulos prototipo y dos talleres tipo, se cancelaron y se sustituyeron por la construcción de los módulos Cuajimalpa y Huayamilpas, obteniéndose avances en obra del 50% y 40% respectivamente.
Las metas de construcción de vialidades coincidentes con el Metro y estudios y proyectos de vialidad, se cumplieron de acuerdo a lo programado, construyéndose 10.83 kilómetros de vialidad, y se elaboraron seis estudios para mejorar la misma.
A este programa le fue autorizado un presupuesto original de 285 mil 787 millones 787 millones de pesos, cifra que se modificó a 358 mil 997 millones; 25% arriba del originalmente asignado; esto fue debido al apoyo adicional por 38 mil 337 millones destinados a las obras de las líneas 7 Norte y 9 (tramo Pantitlán - Centro Médico) del Metro; al impacto inflacionario en los insumos inherentes a las operaciones del transporte urbano y a los incrementos salariales otorgados durante el año.
Este programa, por su importancia, absorbió el 27% del presupuesto original y el 33% del modificado y ejercido, lo cual demuestra que uno de los servicios básicos de esta gran urbe es el transporte masivo, y es de reconocer también que a nivel mundial, esta ciudad tiene una amplia cobertura, dado el crecimiento poblacional.
Las políticas establecidas para seguir impulsando el transporte masivo deben intensificarse con mayores inversiones, cuidando que los recursos asignados para este programa cada vez sean mayores y de acuerdo a la disponibilidad de recursos del Departamento del Distrito Federal, como así también cuidar que el crecimiento paulatino a las tarifas correspondan al crecimiento económico del país.
Seguridad pública
Proporcionar a los habitantes la seguridad física y de sus bienes patrimoniales es el objetivo del Departamento del Distrito Federal, para ello se realizaron 30 mil 483 servicios de vigilancia y control que representaron el 122% de la meta original y modificada, esto fue posible ya que se estimó como meta la incorporación de 5 mil 800 policías y egresaron de la Academia de Policía 6 mil 534, 13% más de lo programado.
Asimismo, fueron proporcionados 98 servicios de prevención de siniestros, accidentales y educación vial de los 120 programados, atendiendo la demanda real presentada; también se proporcionaron 44 mil 249 servicios de asistencia médica de urgencia y rescates, de los 53 mil originales, meta cumplida al 82% por la demanda de los mismos, además del auxilio prestado a la población en actos delictivos, los cuales alcanzaron 1 millón 596 mil servicios, meta rebasada en un 5%.
En la formulación de estudios para la instalación de nuevas intersecciones en el Sistema Computarizado se cubrieron los 72 Proyectos Previstos.
Fue Cumplida satisfactoriamente la meta de cursos de educación vial básica, de actualización y especialización Policial, así como los de Profesional en Policiología.
En la adquisición de vehículos, se supero la previsión en un 34%, comprándose 25 grúas, 100 motopatrullas y 10 carros cisterna, así como 7 mil 844 armas diversas, 396 piezas de mobiliario y 33 de audio y video.
Las metas de adquisición de 100 caballos y tres trailers se reprogramaron para apoyar la adquisición de las 100 motopatrullas señaladas.
Fueron remodelados los edificios de la Academia de Policía, agrupamientos de helicópteros, de caballería, de Granaderos, y de Bomberos, alcanzado un 60% de avance global en obras, debido principalmente al aumento de los costos de mano de obra y materiales.
Adicionalmente, con el propósito de mejorar la fluidez del tránsito vehicular, se elaboraron 3 mil 399 estudios y proyectos de ingeniería de tránsito, y se le proporcionó mantenimiento a 18 módulos y casetas de seguridad pública.
A este programa se le asignó un presupuesto original de 37 mil 257 millones de pesos, y se ejercieron 52 mil 842 millones, 42% por arriba del original; esto fue resultado de los aumentos salariales y de los costos de los bienes y servicios requeridos para su funcionamiento.
Los altos índices de crecimiento poblacional y de desempleo, obligan cada día a reforzar los sistemas de seguridad pública, es por ello que debe continuarse con la ampliación y profesionalización del cuerpo de policía a fin de garantizar un servicio eficaz y oportuno a la ciudadanía, lo que implica la asignación de mayores recursos presupuestales sujetos a normas y control para la obtención cada vez de mejores resultados.
Agua potable
Las acciones en este programa, permitieron garantizar el suministro de tan vital líquido en cantidad y calidad suficiente a los habitantes del Distrito Federal, manteniendo su cobertura a pesar del incremento poblacional en asentamientos urbanos regulares e irregulares.
Se construyeron 15 kilómetros de líneas de conducción de pozos a tanques, cantidad que cubre la meta establecida. En la construcción de las líneas de derivación en el Acueducto Periférico Ramal Sur, se alcanzó la meta original en un 58% y la modificada en un 90%, esto de debió a que fue reducido su presupuesto en detrimento de la adquisición de materiales y compra de predios ubicados en el trazo de la línea Las Torres, en la delegación Alvaro Obregón, y a los deslaves en barrancas por la temporada de lluvias. Además se construyeron 0.22 kilómetros de obra en el Sifón "El Borracho" del Acueducto Periférico Ramal Sur, superando la meta original en un 29%, alcanzándose la modificada en un 67%, ya que está consideró trabajos adicionales, y a que la Comisión de Aguas del Valle de México no liberó en el Sifón San José, el área de trabajo requerida; asimismo, por modificaciones técnicas necesarias en el Sifón Plateros.
En la ampliación de la red secundaria, se lograron construir 63.2 kilómetros que representan el 54% con respecto a la meta original y el 72% con la modificada, este atraso se originó por el incremento en los costos de materiales y de mano de obra, como así también por la topografía de los terrenos, beneficiando a una población de 700 mil habitantes.
La meta programada en la sustitución de pozos en el Valle de México se rebasó en 35% más, y la modificada se alcanzó en un 87%, el incremento observado en la primera fue porque quedaron pendientes algunos pozos del ejercicio anterior.
La construcción de la planta potabilizadora de Iztapalapa fue suspendida al no contarse con un proyecto definitivo, debido a irregularidades de mecánica de suelos que presentó el terreno destinado para esta obra, siendo pospuesta para el siguiente ejercicio.
Se continuó con la ampliación de la campaña "Uso Eficiente del Agua", además se colocaron 409 mil 632 bolsas ahorradoras de agua en muebles sanitarios en edificios públicos y casa habitación, meta cumplida al 82%, ya que no se contó con la totalidad de recursos para la contratación de la mano de obra necesaria.
En la instalación de medidores domiciliarios se superaron las metas originales y modificadas en un 19% y 6% respectivamente, en virtud de que se contó con material suficiente en los talleres de reparación, y al incremento de recursos financieros que permitió ampliar la fuerza de trabajo.
Para medir los caudales que son aportados a los usuarios, se instrumentaron 95 sistemas de medición en pozos y tanques, cifra que superó en un 27% a la meta original y sólo alcanzó el 86% en la modificada debido a los aumentos en los costos de estos equipos de importación.
En el concepto de conservación y mantenimiento preventivo y correctivo en las redes primaria y secundaria, las metas fueron rebasadas en un 66 y 17% respectivamente. Asimismo, se otorgaron 4 mil 718 servicios de mantenimiento al parque vehicular, superando la meta original y modificada en un 7%; se rehabilitaron 60 pozos en los valles de México y Lerma cumpliéndose la meta establecida, se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a 1 mil 572 unidades de maquinaria y equipo, meta cumplida en un 74% con respecto a la original y superándose la modificada en un 14%; se proporcionó mantenimiento civil a 12 plantas de bombeo y potabilizadoras, cumpliendo con la meta programada y modificada, y se proporcionó mantenimiento civil a 52 unidades de tanques de almacenamiento y casetas para pozos, acciones que permitieron mantener en óptimas condiciones este sistema.
En el renglón de operación, se realizaron acciones para mantener el suficiente caudal, siendo operadas 632 plantas potabilizadoras y de bombeo,
meta que se rebasó en un 29% con respecto a la original, y 100% con respecto a la modificada; además, fueron adquiridas 33 mil 334 toneladas de sustancias químicas para mejorar la potabilidad del agua, superándose en un 130% la meta original y al 100% la modificada; asimismo, se llevó a cabo el análisis de 90 mil muestras de control de calidad del agua, acciones que rebasaron en un 91% las metas estimadas debido a la prioridad y necesidad de la meta.
En la operación de pozos y tanques de almacenamiento, se operaron 1 mil 117 unidades, rebasando las metas originales y modificadas en un 3 y 22% respectivamente; y para mantener un control en la extracción del agua del subsuelo, se llevaron a cabo 2 mil 675 inspecciones a pozos particulares, superando las metas en un 7%; además, se continuó con el sistema grandes consumidores de agua realizando la lectura de 385 mil medidores, 10% más de la meta original y modificada.
Para mantener la cobertura del servicio, se operaron 555 kilómetros de la red primaria de agua potable y las delegaciones distribuyeron 308 mil 292 metros cúbicos a través de carros tanque, principalmente a las zonas irregulares carentes del servicio, superando la meta original en un 106% debido a la escasez en época de estiaje; complementariamente a estas actividades, fueron desarrollados 55 estudios y Proyectos sobre el sistema de Agua Potable; se realizaron 50 acometidas de energía eléctrica en Pozos Profundos, tanques plantas de bombeo y potabilizadoras, y fueron reparadas 139 mil 827 fugas en redes intradomiciliarias, y las delegaciones instalaron 1 mil 966 tomas domiciliarias; además, fueron impermeabilizados 17 tanques de almacenamiento, y se dio mantenimiento a 263 unidades de equipo de plantas de cloración, así como a 900 unidades de Automatización medición y se instalaron 32 equipos de controladores automáticos de pozos.
Los recursos autorizados inicialmente a este programa fueron de 35 mil 347 millones de pesos, los cuales se ampliaron a 41 mil 713 millones, mismos que se ejercieron en su totalidad; la diferencia de 6 mil 366 millones fue para cubrir los incrementos en servicios personales e insumos en el renglón de obras públicas.
El cumplimiento de los objetivos y metas se observó como aceptable dada la magnitud de las obras que se requieren para proporcionar este servicio.
Drenaje y tratamiento de aguas negras
La importancia de este servicio radica en evitar o reducir las inundaciones, y en mantener un adecuado nivel de desalojo de aguas negras para así evitar focos de contaminación a la población, es así que en 1986, en materia de construcción, se llevaron a cabo las siguientes acciones:
En la construcción de las lumbreras Doctores, Vista Alegre, y Lumbrera I en la colonia Magdalena Mixhuca, se cumplió con la meta programada; se excavaron 0.45 kilómetros en el interceptor central, tramo L5 a L6, que representan el 69% de avance respecto a la meta original, y el 61% de más a la modificada; esta obra se replanteó en su programación, en virtud de los incrementos de los costos de materiales y mano de obra.
La continuación de la obra de revestimiento de 5.0 kilómetros en el interceptor central se canceló, en virtud de que los recursos se destinaron a la obra de excavación del túnel por las condiciones del terreno; también fueron suspendidas las obras complementarias en la Lumbrera 6 del interceptor centro poniente, y de igual forma se canceló la compra de 40 mil metros cuadrados de predios para obras de drenaje profundo, debido a que los recursos originalmente previstos se destinaron a cubrir indemnizaciones de los colectores Santa Ursula Coapa y Xicoténcatl, y por las obras de reedificación del Canal de Chalco.
En la excavación y revestimiento en el colector semiprofundo en Iztapalapa, se efectuaron obras en 0.68 kilómetros de los 0.85 kilómetros establecidos como meta original, es decir, ésta se alcanzó en un 80% debido a las adecuaciones que sufrió el proyecto original.
La planta de bombeo Central de Abasto II, se avanzó en un 26% su construcción, desfasándose su terminación al mes de mayo de 1987, con lo cual permitirá descargar en el Río Churubusco las aguas captadas por el colector semiprofundo de Iztapalapa; por otro lado, al obra electromecánica de la planta de bombeo Canal Nacional, se cubrió al 90% la meta original y modificada, quedando pendientes trabajos menores de acabados y barda perimetral, mismos que se concluirán en 1987.
Para realizar las obras del Sistema de Drenaje Profundo, se adquirieron dos escudos excavadores de frente presurizado.
Para la captación de descargas domiciliarias, se construyeron 71.9 kilómetros de redes secundarias de los 141.7 previstos; el incumplimiento fue debido a la transferencia de sus recursos a acciones prioritarias como el mantenimiento de la red.
En la conservación y mantenimiento del sistema de drenaje, se desazolvaron 100 kilómetros de las
redes primaria y secundaria, meta cumplida al 100%; asimismo, fueron extraídos 844 mil 413 metros cúbicos de azolve de ríos, canales y presas, meta cumplida satisfactoriamente; además, se realizó la limpieza de 525 kilómetros en colectores y atarjeas, meta cumplida al 105% de lo previsto originalmente, acciones que permitieron mantener el caudal de desahogo evitando inundaciones en época de lluvias.
También se les proporcionó mantenimiento a nueve plantas de tratamiento de aguas negras y a 41 de bombeo, metas cumplidas en su totalidad, que permitieron dotar de un mayor caudal de agua tratada para riego de áreas verdes y llenado de lagos artificiales y recreativos.
Por medio de las delegaciones, se les dio el mantenimiento a las redes secundarias en 3 mil 299 kilómetros, meta cumplida en su programación original y modificada, que permitió detectar las fracturas ocultas en la red ocasionadas por los sismos de septiembre de 1985.
La meta de proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a maquinaria y equipo fue reprogramada por consecuencia del incremento en los costos del servicio, rebasando en su cumplimiento la meta modificada en un 19%.
Se realizó la limpieza y desazolve de 197 mil 523 instalaciones integradas por colectores, atarjeas y pozos de visita, superando la meta prevista en un 58%.
Se adquirieron 3.65 toneladas de sustancias químicas y se operaron nueve plantas de tratamiento de aguas negras, cumpliéndose al 82% y 91% respectivamente las metas original y modificada; no obstante, fue proporcionado el servicio de agua tratada que no requiere de calidad potable.
Adicionalmente se realizaron acciones de reforzamiento de los bordos del Canal Nacional; se reconstruyeron 336 metros cuadrados de atarjeas y albañales, se desarrollaron acciones de limpieza en 12 mil 031 pozos de visita, y fueron rehabilitados 336; trabajos encaminados a evitar el deterioro de la red secundaria de alcantarillado; asimismo, se construyeron muros de contención en el Río Tarango, Vertedor y Barranca Presidentes, acciones que permitieron evitar la contaminación de los ríos naturales; además, fue desarrollada la obra del colector de alivio Río Churubusco - Canal Nacional, a efecto de rehabilitar la construcción de lumbreras en la planta de bombeo Canal de Miramontes.
A este programa le fue aprobado un presupuesto de 36 mil 109 millones de pesos, ejerciéndose 44 mil 990 millones, los recursos adicionales de 8 mil 881 millones permitieron respaldar la compra de los escudos, apoyar las obras de la planta de bombeo Central de Abasto II, construcción de la Lumbrera 2 en el interceptor centro, para cubrir el déficit presupuestal en el capítulo de energía eléctrica y por los aumentos a los salarios e insumos necesarios para el desarrollo de este programa.
El cumplimiento de los objetivos y metas se considera como aceptable, y como en el año anterior, se sugiere un mayor apoyo a las obras complementarias de ampliación de las redes primarias y secundarias a fin de ampliar la cobertura del servicio.
Ampliación y mejoramiento de la planta física educativa
Para la impartición de la educación, es necesario contar con la infraestructura idónea, es por ello que es este período se continuó la construcción de planteles escolares en sus diferentes niveles y de acuerdo a las necesidades de la población, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública.
De acuerdo a los programas establecidos en educación preescolar, se planteó como meta original la construcción de 39 edificios escolares, meta que fue modificada a 23 planteles por solicitud expresada de la Secretaría de Educación Pública en función de la demanda, meta alcanzada en un 91% que incluye 13 planteles con cargo al programa de 1985, tres al de 1986, y los cinco restantes consideraron aulas provisionales ante la problemática de escasez de predios. Asimismo, este programa apoyó la reconstrucción de 412 planteles de preescolar afectados por los sismos que incluyeron estudios geotécnicos, peritaje y supervisión de obras, además de que se brindaron acciones de mantenimiento y conservación a 586 instalaciones de este tipo.
En la construcción de escuelas primarias, se programó la construcción de 23 edificios, reprogramándose también la meta a 19, de los cuales se construyeron 17 quedando en proceso de terminación los dos restantes; de lo ejecutado, correspondieron ocho al de 1985, cinco al de 1986, y cuatro se edificaron con aulas provisionales; adicionalmente se apoyó la reconstrucción de 889 escuelas primarias y a través de las delegaciones se proporcionó mantenimiento y conservación a 928 planteles de educación primaria.
En la construcción de 23 escuelas secundarias, se cumplió la meta original y modificada, 11 correspondieron
a la terminación de obra de 1985, y 12 al programa de 1986; paralelamente se apoyó la reconstrucción de 357 secundarias a través de la realización de estudios, peritajes y supervisión en cada una de las obras afectadas por los sismos y se dio conservación y mantenimiento a 295 secundarias.
En cuanto a la construcción de escuelas secundarias técnicas, se programaron originalmente 44, modificando esta meta a petición de la Secretaría de Educación Pública a 38, alcanzándose la meta de 31 planteles, siendo 13 que se encontraban en proceso con cargo a 1985, 10 de nueva creación y ocho edificadas con aulas provisionales; por su parte, las delegaciones dieron conservación y mantenimiento a 68 secundarias técnicas.
La meta de adquirir 69 predios para la edificación de planteles en sus diferentes niveles, no se llevó a cabo en virtud de la escasez de predios con características de ubicación requeridas por la Secretaría de Educación Pública, sin embargo, los recursos presupuestales asignados se destinaron a opcional fortalecer la infraestructura con las acciones ya mencionadas.
A este programa se le asignó 24 mil 737 millones de pesos, mismos que se vieron reducidos a 16 mil 702 millones, ante la imposibilidad de adquirir el número de predios necesarios para la edificación de planteles escolares, ejerciéndose 16 mil 740 millones de pesos; la diferencia de 8 mil 035 millones fue transferida a reforzar la obra civil de la Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo (Metro).
Las metas alcanzadas permiten evaluar el programa como aceptable, si consideramos el número de planteles atendidos y la población estudiantil beneficiada y, por otro lado, hacemos la anotación, como en años anteriores, que debe existir una mejor coordinación Departamento del Distrito Federal y Secretaría de Educación Pública en lo concerniente a la adquisición de predios, para evitar cancelación y desfasamiento en las metas en este renglón.
Salud
El objetivo de este programa radica en brindar la atención médica a la población abierta de escasos recursos económicos, a través de la infraestructura con que cuenta el Departamento del Distrito Federal, para ello, en 1986 se programó la atención de 1 millón 916 mil personas en servicios médicos, alcanzándose la cifra de 2 millones 79 mil personas, cantidad que superó en 8.5% la cifra estimada; por otro lado, se aplicaron 136 mil 225 dosis de vacunas, cantidad que superó en un 203% a la meta original y modificada, lo cual se debió a las días nacionales de vacunación y a la fase intensiva de vacunación antisarampión.
En la dotación de medicamentos se otorgaron 572 mil unidades, cumpliéndose la meta establecida, beneficiando a la clase trabajadora de bajos ingresos, quien adquirió los medicamentos hasta con un 50% por abajo de los precios establecidos.
En la realización de cursos de capacitación y actualización médica, se rebasaron las metas en un 116%, los mismo sucedió en la impartición de pláticas de educación para la salud, la cual se rebasó en un 36%.
En la adquisición de órganos, se alcanzó la meta sólo en un 19% debido a la escasez de donantes de córneas y a las normas legales vigentes que obligan a un mayor control de los mismos.
Se realizaron 124 investigaciones para la salud, 74 más de las programadas.
La construcción del nuevo hospital Rubén Leñero se cumplió sólo en un 70%, debido a la variación del proyecto arquitectónico, en función de las nuevas normas de construcción establecidas para tal fi.
De acuerdo a lo programado, se brindó mantenimiento preventivo y correctivo a cinco unidades administrativas y a 29 unidades hospitalarias, en beneficio de la comunidad usuaria.
A este programa se le asignó un presupuesto original de 15 mil 776 millones, asignación que fue modificada a 22 mil 55 millones, mismos que se ejercieron. El incremento fue ocasionado por la aplicación de mayor número de dosis de vacunas, a la impartición de cursos para la salud e investigaciones médico - clínicas y a los altos costos de los insumos utilizados.
En el análisis de este programa se observó un buen cumplimiento en las metas y en los resultados obtenidos, lo cual indica el cambio de imagen de este servicio, mismo que en años pasados se encontraba rezagado, por lo cual debe de seguirse considerando como prioritario por la labor social que desempeña.
Vivienda
La vivienda en el Distrito Federal sigue considerándose como uno de los problemas cuya solución es a mediano y a largo plazo por la falta de recursos, sin embargo, el gobierno federal ha
emprendido acciones de emergencia que han beneficiado a población económicamente débil, a través de diferentes organismos encargados para tal fin.
Como complemento a estas acciones, el fideicomiso de vivienda llevó a cabo el mejoramiento por autoconstrucción de 72 viviendas, cumpliendo la meta establecida en ocho frentes de trabajo de diferentes delegaciones del Distrito Federal.
En la realización de autoconstrucción de vivienda, de las 2 mil 765 acciones programadas se concluyeron sólo 538 viviendas y el restó registró avances significativos; el retraso fue originado por la falta de mano de obra de los autoconstructores, y a la readecuación de los proyectos arquitectónicos por la aplicación de las nuevas medidas de construcción. Mediante este programa se benefició a 10 mil 554 habitantes.
En la adquisición de predios para la edificación de viviendas, sólo fue posible la compra de 5 mil 139 metros cuadrados, debido a la escasez de predios debidamente regularizados; sin embargo, se prevé la formación de una reserva territorial oportuna en la ejecución del Programa de Vivienda 1987.
De acuerdo a la estrategia de reconstrucción, la edificación de 1 mil 750 viviendas fue transferida al Programa Emergente de Vivienda Fase II.
Adicionalmente se realizaron obras de urbanización en 130 mil 446 metros cuadrados y fueron adquiridos 17 parques de materiales, a efecto de beneficiar a la población en la autoconstrucción y mejoramiento de vivienda.
En 1986, a este programa se le asignó un presupuesto de 13 mil 392 millones de pesos, mismo que fue reducido en 2 mil 508 millones para ser transferidos al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitación Popular para la realización del Programa Emergente de Vivienda Fase II. Por otro lado, se autorizó un refrendo de 1 mil 857.4 millones no ejercidos durante 1985, más diversos movimientos presupuestales que se registraron durante el ejercicio por una cantidad de 824.6 millones, llegando a un presupuesto ejercido de 13 mil 566 millones de pesos.
En el análisis de este programa, se detecta desfasamiento en el cumplimiento de las metas por los imponderables descritos, es por ello que para años posteriores se recomienda exista una programación más definida, acorde a la mano de obra y reserva territorial disponible.
Regularización de la tenencia de la tierra
Las acciones de este programa se encaminan a la regularización de la propiedad particular y del propio Departamento del Distrito Federal, en beneficio de familias carentes de un documento de propiedad que acredite la misma, como así también la Propiedad que deba utilizarse para la edificación de obras de beneficio social a la población capitalina.
En la regularización de predios particulares, la meta alcanzó un avance del 56% debido fundamentalmente a que el Programa de Regularización Judicial no se llevó a cabo por no haber concluido la definición de criterios de carácter legal para llevar a cabo los procedimientos de regularización, por este motivo no se contrataron los servicios de los despachos jurídicos privados requeridos; sin embargo, se beneficiaron a más de 42 mil 500 familias.
En la regularización de predios que eran propiedad del Departamento del Distrito Federal, se expidieron 23 mil 575 documentos, con un avance del 91% a la meta programada; la diferencia fue consecuencia de las demoras que se presentaron en la obtención de avalúos de los terrenos o viviendas que son necesarios para llevar a cabo las gestiones de regularización.
A este programa se le asignaron originalmente 1 mil 330 millones de pesos y se ejercieron 1 mil 301 millones, la diferencia del 2% menor al original fue por no haberse ejercido el presupuesto asignado al Programa de Regularización Judicial que no se llevó a cabo.
El avance global de las metas programadas representó el 71% de ejecución, cifra considerada como aceptable; sin embargo, por la importancia que este programa tiene, deben acelerarse los trabajos a efecto de regularizar la propiedad en el Distrito Federal y frenar su crecimiento con invasiones o asentamientos irregulares que hacen aún más difícil su solución.
Recolección y tratamiento de basura.
Las acciones de este programa se orientaron a mejorar el medio ambiente de la ciudad de México y evitar focos de contaminación, por ello, en este período se recolectaron 4.4 millones de toneladas de basura, lo que equivale a la recolección de 12 mil toneladas de desechos sólidos diarios; en la planta industrializadora se procesaron 194 mil 789 toneladas y, como apoyo adicional, se dio mantenimiento a 1 mil 464 unidades del parque vehicular, y fueron arrendadas 96 unidades.
Se construyeron los rellenos sanitarios Bordo Poniente I y II, Prados de la Montaña y Santa Fe, los cuales, por sus características, permitirán disponer en forma más segura y controlada del 66% de los desechos generados en la ciudad; adicionalmente se cumplió la meta de transformar de cielo abierto a tipo sanitario los tiraderos de Santa Catarina y Santa Fe.
Paralelamente fueron eliminados 7 mil 838 tiraderos clandestinos en esquinas, lotes baldíos y camellones, superándose la meta en 131%; de igual manera, dentro del programa piloto de contenedores se logró captar 53 mil 714 toneladas, meta cubierta al 82%.
Las metas de adquisición de equipo de limpia y mantenimiento de la red vial principal mediante el barrido mecánico, se cumplieron al 100% de su programación original.
Con respecto a la terminación de la construcción de las estaciones de transbordo en Tlalpan, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Gustavo A. Madero y Xochimilco, sólo se terminó esta última; las obras electromecánicas en las plantas de incineración de San Juan de Aragón y Tlalpan, fueron suspendidas temporalmente para dar atención a la terminación de otras obras de mayor prioridad.
Adicionalmente fueron transferidas 504 mil 359 toneladas de basura de las estaciones de transferencia a los sitios de disposición final.
Este programa contó con una asignación original de 15 mil 2 millones de pesos, la cual fue ampliada en 6 mil 168 millones, llegando a un presupuesto modificado y ejercido de 21 mil 170 millones; la ampliación permitió intensificar los trabajos de mantenimiento del equipo de recolección, así como para cubrir los incrementos en servicios personales, además de utilizarse en el reforzamiento de eliminación de tiraderos clandestinos y en la construcción de rellenos sanitarios.
Se observó un comportamiento adecuado en las metas reflejado en la imagen de la ciudad, por lo cual este programa deberá seguir considerándose como prioritario.
Aportaciones a la ministración de justicia
La impartición de justicia juega un papel importante en la defensa de los derechos humanos de nuestra sociedad, por ello, a través de este programa, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal atendió 15 mil 362 asuntos; celebró 13 mil 869 audiencias y dictaminó 12 mil 162 sentencias; metas que rebasaron a las originales en un 55%, 37% y 37% respectivamente. Además, este órgano realizó 41 mil 563 asuntos en acuerdos de sala, 3 mil 194 juicios en trámite, 7 mil 102 asuntos turnados a la defensoría de oficio, 16 mil 881 acuerdos en la sala superior, realizó 113 eventos de pleno, dio atención a 1 mil 735 asuntos de revisión, y proporcionó asesoramiento en 3 mil 944 asuntos de materia diversa; también fue creada una sala superior integrada por cinco magistrados y tres salas.
En el trámite y resolución de demandas civiles y penales tanto en el fuero común y del orden federal, fueron atendidas por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 146 mil 661 asuntos, cantidad que representa el 57% de su programación anual; esto fue debido a que estas acciones dependen de la demanda de litigantes y del público en general. Adicionalmente, este tribunal realizó 45 eventos en sesiones de pleno, tramitó y resolvió 16 mil 419 asuntos de segunda instancia; se atendieron 32 mil 715 asuntos de competencia de los juzgados mixtos de paz; se distribuyeron equitativamente 132 mil 975 asuntos a los juzgados civiles, del arrendamiento inmobiliario y familiar, también se realizaron 28 eventos de capacitación al personal y la guarda y custodia de 29 mil 89 expedientes de salas y juzgados.
En la adquisición de bombas neumáticas y equipo médico; en el apoyo de la tercera etapa del equipo de cómputo y en la adquisición de un terreno para la construcción de las oficinas administrativas, las metas se cumplieron en su totalidad.
Por otro lado, se realizaron reformas y adiciones a la Ley Orgánica de los Tribunales del Fuero Común del Distrito Federal, que entrarán en vigor a partir de 1987, medidas que permitieran reubicar los juzgados y reestructurar la plantilla tipo de los mismos, aumentando el número de juzgados de primera instancia.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal efectuó 159 mil 408 averiguaciones previas, cumpliendo satisfactoriamente su programación. También fueron presentados ante el Ministerio Público 84 mil 751 personas involucradas en ilícitos, meta que se logró al 74% debido a la demanda de la población.
En la realización de veredictos por peritajes técnicos científicos, se alcanzó la meta en un 81%. debido a que la procuraduría, al inicio de este período, no contaba con las instalaciones y equipo adecuado por su reubicación motivada por los sismos.
La meta establecida para la ejecución de intervenciones en juicios civiles y familiares fue cumplida al 97%.
Esta institución llevó a cabo 107 mil 39 investigaciones en las diligencias policiales para el esclarecimiento de los hechos delictivos; efectúo 165 mil 388 estudios para el análisis en las averiguaciones previas con ponencia de reserva y de no ejercicio de la acción penal; 165 mil 884 dictámenes de juicios técnico - jurídicos de los expedientes de reserva y de no ejercicio de la acción penal y de los casos de improcedencia; además, se impartieron 52 cursos de capacitación al personal y se brindó atención física, social y psicológica a 250 niños de madres trabajadoras, acciones adicionales que permitieron agilidad en el servicio.
Se compraron 400 equipos de radiocomunicación rebasando la meta en un 84%, fueron adquiridas 136 patrullas de las 150 programadas y, en las metas de adquisición de una fuente de energía eléctrica, de un equipo de comunicación telefónica, prendas de protección y de un equipo de laboratorio y armamento diverso, se reprogramaron por la adquisición de un equipo de cómputo y el equipo de laboratorio.
Fueron remodeladas las instalaciones de la Policía Judicial y las agencias del Ministerio Público existentes y no se llevó a cabo la construcción de cuatro edificios para agencias investigadoras del Ministerio Público en materia de desconcentración administrativa, se delegaron funciones de la Procuraduría en cuatro sectores dentro del Distrito Federal.
Para cumplir con las acciones encomendadas, se le asignaron a este programa 18 mil 212 millones de pesos, ejerciéndose 27 mil 235 millones de pesos; la diferencia de más de 9 mil 23 millones se debió a la homologación de sueldos, la creación de nuevas plazas y por los incrementos en los costos de los bienes y servicios utilizados.
En general fueron alcanzadas casi en su totalidad las metas programadas y modificadas, sin embargo, ante el crecimiento delictivo, es necesario aumentar el número de personal adscrito a investigaciones con una mayor capacitación policial que disminuya la inmoralidad prevaleciente y mejoren la imagen de este cuerpo policiaco.
Abasto y comercialización
El objetivo de este programa radica en la regulación del abasto, orientada hacia la satisfacción de la demanda de productos alimenticios a los habitantes de la ciudad de México y permitiendo con ello moderar el alza de su precio en el mercado.
Las acciones realizadas permitieron mejorar los hábitos de consumo, organizándose ocho seminarios y talleres de actualización a instructores, obteniendo la formación de 545 grupos de compra, 92 comités de protección al consumidor, la capacitación de 739 instructores, y fueron realizados 1 mil 716 reuniones de orientación, beneficiando a 132 mil 555 jefes de familia.
Las metas de concertar convenios de comercialización de útiles escolares, y la de apoyar la comercialización de productos en empresas del sector social, se cancelaron, la primera para atender otras acciones prioritarias en materia de abasto y la segunda en virtud de que no se contó con la colaboración de los organismos comprometidos a participar.
En la introducción del sistema de bonos para la adquisición de básicos a diversas organizaciones, se cumplió la meta de 100 establecimientos, beneficiando a 20 mil familias.
Asimismo, se cumplió la meta de abastecer productos básicos a 150 grupos organizados de consumidores, de los cuales el 60% correspondieron a sindicatos, 15% a instituciones públicas, y el 25% restante a grupos abiertos de consumidores, beneficiando a 22 mil familias.
En la realización de consejos técnicos delegacionales de abasto y alimentación, sólo se formularon 44 de los 192 programados y modificados, en virtud de los cambios administrativos relacionados con la formación de las mesas directivas de asociaciones de residentes y de juntas de vecinos.
En cuanto al apoyo para el establecimiento de centros populares de abasto, y la introducción de nuevas líneas de productos alimenticios perecederos en lecherías del Departamento del Distrito Federal - Conasupo, estas metas no se cumplieron por la falta de cooperación de los organismos responsables de ello, canalizándose los recursos al programa de construcción de lecherías.
La meta de modernización y reubicación de tianguis se cumplió satisfactoriamente. Por otro lado, se remodelaron ocho mercados de los 14 originalmente programados, aplicándose los recursos de los restantes a la terminación de nueve mercados de programas anteriores y tres concentraciones.
Dentro del mantenimiento de mercados públicos se cumplió la meta original en un 88.4%, y la modificada en un 95%.
En la construcción de lecherías con venta de productos básicos, se estableció como meta original la construcción de 30 lecherías, meta que se
modificó a 17 en virtud de los incrementos excesivos en los precios de los materiales se construcción, el aumento a los salarios mínimos, y a la reubicación de predios, alcanzándose la construcción total de nueve, siete se encontraban en proceso de terminación y una en proceso de iniciar obra, sin embargo, se estima que para el primer semestre de este año se encuentren terminadas, beneficiando a 21 mil familias.
Se sacrificaron 11.3 millones de animales de diferentes especies, superando la meta programada en un 4%.
Fueron distribuidos canales de carne de borrego y bovino para el consumo directo de la población. En el caso de la carne de borrego, producto de importación, fueron distribuidos 666 canales de los 54 mil que se tenían previstos, en virtud de los altos costos de adquisición. Por lo que respecta a la carne de bovino, se distribuyeron 1 mil 389 toneladas, lo que significó un cumplimiento del 27% en relación a la meta original. La variación se debió principalmente a las fuertes contracciones de la demanda, provocadas por los altos costos que alcanzó este producto.
En la industrialización de productos derivados de la matanza, se procesaron 3 mil 369 toneladas, principalmente de carnes frías y embutidos, a precios populares; no se alcanzó la meta por los trabajos de modernización de la empacadora, así como a la disminución en el acopio de materias primas y la cancelación del programa de adquisición de vísceras de importación.
En la producción de piezas de cat - cut, se cumplió la meta al 40%, en virtud de que los precios de las materias primas se fueron al alza por ser de importación.
Por la irregularidad en la matanza de ganado y a la falta de mercado rentable, sólo se produjeron 6 mil 597 kilos de farmacobiólogos, meta realizada en un 37%.
En la creación de la reserva técnica, se alcanzó la meta en un 35% debido a que se determinaron nuevas políticas encaminadas a su operación en temporadas de escasez, de tal forma que las 4 mil 151 toneladas permitieron cubrir la demanda.
A través de labores de promoción, se logró instituir ocho uniones de compra de las 15 estimadas, esto se debió a la capacitación y rotación del personal dedicado a estas actividades.
En la modernización física y operativa de agrupaciones del programa de unidades de compra, la meta se alcanzó en un 44% debido a las restricciones crediticias que se presentaron en el mercado.
La instalación de 700 puntos de venta al menudeo de pescados y mariscos, se debe considerar que es una meta acumulada, ya que se consideraban 300 puntos con cargo al ejercicio de 1985, y los 400 restantes se instalarían en 1986, de los cuales se instalaron 285, la variación fue provocada por el incumplimiento de los proveedores y a los altos costos alcanzados en los refrigerantes.
Se logró atender a 39 millones de personas en los almacenes comerciales del Departamento del Distrito Federal, lo que se traduce en un 93% del cumplimiento de la meta. Asimismo, se continuó con la política de construir 10 nuevos almacenes que permitirán ampliar la cobertura en abasto de productos alimentarios.
A este programa se le asignó un presupuesto original de 30 mil 188 millones de pesos. Esta asignación fue modificada a 19 mil 814 millones, cifra 34% menor a la programada originalmente, la variación obedeció a la cancelación del programa de importación de vísceras, a la modernización de la planta empacadora, la cancelación de importaciones de carne de borrego y por adecuaciones en el programa de reserva técnica.
En el análisis efectuado a este programa se observaron avances, pero también retrasos en el cumplimiento de las metas, debido a una programación deficiente que no contempló como imponderantes aquellas acciones externas o de cooperación.
Prevención y control de la contaminación ambiental
El deterioro ambiental que padecen las grandes urbes, obliga a la toma de acciones a fin de disminuir paulatinamente dicho fenómeno. Tan es así, que el Departamento del Distrito Federal estableció como meta la elaboración de estudios de actualización de los programas ecológicos de saneamiento del medio ambiente, cumpliéndose ésta al 100%.
Por otro lado, la meta de elaboración de nueve estudios de degradación y pérdida de la calidad del suelo fue modificada a tres, y alcanzada la misma cantidad; paralelamente se realizó un plano que permite detectar las zonas críticas de la ciudad para su atención.
En lo referente a la realización de 23 campañas de concientización ciudadana, sólo se llevó a cabo una, en virtud de que los recursos originalmente previstos se canalizaron para dar cumplimiento a
las 21 medidas contra la contaminación ambiental conjuntamente con otras dependencias del gobierno federal, de acuerdo al ámbito de sus atribuciones y con las responsabilidades emanadas del decreto del 14 de febrero de 1986.
Se avanzó en la remodelación de los parques ecológicos de Cuicuilco y Alvaro Obregón. Resalta por su magnitud, el inicio en este período de la construcción de la Alameda del Sur con una superficie de 122 mil metros cuadrados, la cual fue terminada en el presente año.
Destaca también la terminación de un laboratorio bacteriológico destinado a analizar y dictaminar la contaminación del aire, agua y suelo, medida que coadyuvará a disminuir la contaminación.
La meta de instalar 38 dispositivos de monitores fue cancelada debido a que se canalizaron los recursos a otras acciones, dentro de las cuales destaca la elaboración de estudios para verificar y diagnosticar la emisión de humo de vehículos automotores, así como al desarrollo y evolución de un sistema biológico para el tratamiento de aguas residuales, acciones que forman parte de las aportaciones del Departamento del Distrito Federal para lograr una estrategia definida hacia la ejecución de las 21 medidas contra la contaminación.
En la operación de centros de verificación y diagnóstico para vehículos automotores, se superó la meta establecida en un 150%, misma que permitió también que se efectuaran 200 mil diagnósticos de vehículos automotores para controlar la emisión de gases tóxicos; destaca que este servicio se proporciona al público en forma gratuita.
Para contribuir en este programa, Ruta - 100 puso en operación 800 nuevos autobuses con motores anticontaminantes, e inició las pruebas técnicas para realizar la mezcla de gas y diesel. Además, se tomaron medidas para no permitir la circulación de transportes suburbanos más allá de las terminales autorizadas en el Distrito Federal, y como actividades complementarias, fueron plantados por las delegaciones 2.9 millones de árboles en las áreas verdes existentes para un mejoramiento ambiental.
Asimismo, fue sometido a consulta pública el proyecto del sistema de funcionamiento vial para el área central de la ciudad de México, acción que se inició con la reubicación de paraderos de transporte colectivo, la plantación de árboles, construcción de banquetas, guarniciones, y se puso en funcionamiento el primer par vial en las avenidas Fray Servando Teresa de Mier e Izazaga.
A este programa se le asignó un presupuesto original de 1 mil 319 millones de pesos, de los cuales se llegó a un presupuesto modificado y ejercido de 328 millones de pesos, la variación se debe a que otro tipo de acciones íntimamente relacionadas con los objetivos de este programa y las metas contenidas en el mencionado decreto del 14 de febrero, como son el incremento de las áreas verdes, la producción forestal y la reordenación del sistema vial en la zona histórica de la ciudad, quedaron comprendidas en los programas de Fomento de la Producción y Productividad Forestal, Planeación de los Asentamientos Humanos y Mejoramiento Urbano.
El comportamiento de las metas en este programa es satisfactorio tomando en cuenta la diversidad de metas complementarias desarrolladas dentro de otros programas, con lo cual se apoyan significativamente las medidas contra la contaminación ambiental.
Reconstrucción por daños sísmicos
Para restablecer los daños sufridos por los sismos de septiembre de 1985, fue definido por la Secretaría de Programación y Presupuesto este programa a cargo del Departamento del Distrito Federal quien se encargó de la normalización de los servicios.
Bajo este contexto, se brindó ayuda a 346 mil 270 damnificados; fue establecido un estricto control sobre los edificios dañados por medio de la realización de dictámenes técnicos, poniendo atención en la demolición por explosivos de 21 edificios que representaban alto riesgo; se retiraron 1.5 millones de metros cúbicos de escombros, se instrumentó el programa de limpieza en la red vial principal en 2 mil 104 kilómetros, se eliminaron 470 tiraderos y se rehabilitaron 160 sitios, se apoyó el sistema de transferencia en 159 mil 400 toneladas de desechos sólidos; se clausuraron cuatro tiraderos y se eliminó la fauna nociva en 1 mil 700 sitios. Por otro lado, se capacitó al personal operativo con la impartición de 10 cursos para el mejor desempeño de sus actividades, además de la operación de dos plantas de tratamiento de basura y el 61% de la instalación de un relleno sanitario; se elaboraron 10 estudios y proyectos para el mejoramiento del ambiente y se le dio mantenimiento al parque de 375 vehículos de limpia. Las metas descritas anteriormente se cumplieron en su totalidad.
En la rehabilitación de edificios, se alcanzó la meta de atención a cinco inmuebles del Departamento del Distrito Federal; seis hospitales, y 62 mercados, metas cumplidas satisfactoriamente de acuerdo a su programación.
Para reparar y reponer la infraestructura de agua potable, fueron atendidas 5 mil 285 fugas en las redes primarias y secundarias, así como las 16 fracturas en los acueductos del sur; la perforación de 10 pozos en el Valle de México, la construcción de 2.3 kilómetros de red primaria y 8.2 kilómetros de red secundaria, dos tanques de almacenamiento, revestimiento de 2.56 kilómetros del ramal sur; se rehabilitó la cámara cuatro del tanque de almacenamiento Chalmita y se restauró el edificio de la Tesorería de la D. G. C. O. H.
Respecto al drenaje dañado, se terminaron los trabajos de inyección de concreto en 4 mil 603 metros de emisor central, se revistió el Viaducto Piedad en 1.5 kilómetros y se repararon 6 mil 500 metros a lo largo de su extensión; fueron concluidas las obras de reparación del interceptor centro - poniente y del centro - centro; se construyeron 1.52 kilómetros del colector semiprofundo de Iztapalapa, 15.36 kilómetros de la red de alcantarillado en Coyoacán, así como 15.7 kilómetros de redes de drenaje en varias delegaciones; se instalaron 14.7 kilómetros de red de agua tratada, además de la adquisición de un escudo, se construyeron obras en La Lumbrera 4 del interceptor oriente, de excavación de 0.52 kilómetros en el interceptor central; la construcción de dos lumbreras en el colector semiprofundo del Canal Nacional, se continuó con las obras de la planta de bombeo Central de Abasto II; se terminó el acondicionamiento de la planta de bombeo Villa Coapa, y se construyó una planta de aguas negras, además, fueron reparadas las grietas y fracturas de los bordos de la laguna de aireación de San Luis Tlaxialtemalco, del colector Pueblos del Sur, deformaciones en el canal del desagüe, y se rectificaron 7.3 kilómetros del Canal de Chalco, así como la rehabilitación de la planta Cerro de la Estrella; metas cumplidas de acuerdo a su programación.
En alumbrado público se repararon 64.5 kilómetros de la red; se realizaron 375 acciones especiales de apoyo a eventos; se reiluminaron 46.6 kilómetros de avenidas principales, y se transformó el alumbrado en zonas urbanas y suburbanas con la instalación de 2 mil 500 luminarias; dentro del sistema de semaforización, se rehabilitaron con acciones de mantenimiento 100 cruceros y se rehabilitó la red en 72 kilómetros.
En la reconstrucción de escuelas dañadas en el Distrito Federal, al Departamento le correspondió la reparación de 1 mil 658, de las cuales reparó 1 mil 603; 411 fueron jardines de niños, 865 primarias; 327 secundarias generales, técnicas y de otros niveles escolares, quedando pendientes 55 edificios que se encuentran en proceso de reparación de los diferentes niveles.
En mejoramiento urbano, se remodeló el Barrio de Santiago, el Paseo de la Reforma y la Fuente de Cibeles, se realizaron demoliciones en 139 edificios particulares colapsados, además se realizó la supervisión y peritaje y su demolición de 77 más; se rehabilitó el Mercado de Jamaica; se conservó la carpeta asfáltica en 385 mil 560 metros cuadrados y fueron reconstruidas las guarniciones y banquetas en 51 kilómetros.
En coordinación con diversas instituciones como Comisión Federal de Electricidad, Pemex, UNAM y Conacyt, se elaboraron diversos estudios de geología, geotécnica, diseño estructural de mecánica de suelos y de normas sísmicas, para definir las características del subsuelo de la ciudad de México por zonas, mismos que constituyeron la base para un nuevo reglamento de construcción.
Asimismo, para enfrentar futuras emergencias, en coordinación con otras dependencias se elaboró el atlas de peligrosidad y un inventario de recursos con el propósito de prevenir incendios, explosiones, inundaciones, sismos, derrumbes, hundimientos, etcétera, que puedan afectar a la capital y sus alrededores. Paralelamente, se avanzó en la instrumentación del plan general de atención de emergencia, así como en los planes parciales delegacionales contra inundaciones, incendios, sismos, fallas del servicio de transporte y el abasto.
Para realizar las acciones enunciadas a este programa, se le autorizó un presupuesto de 65 mil 720 millones de pesos, el cual se ejerció en su totalidad.
Las acciones desarrolladas en este programa permitieron restablecer la vida urbana de la ciudad de México, y en este año fue cuando cambió la fisonomía del desastre sufrido, a la fisonomía normal que había tenido la ciudad de México, mejorando su hábitat con la creación de áreas verdes y manteniendo la infraestructura de servicios, por lo cual se considera acertada la medida al crearse este programa cuyas metas se cumplieron en su totalidad.
El resto de los programas muestran un adecuado cumplimiento en sus metas de acuerdo a los recursos disponibles y a los imponderables presentados, destacando en general un mínimo de variaciones en cuanto a las metas originales y modificadas, lo cual refleja un cumplimiento a las sugerencias hechas por este Poder Legislativo en cuentas públicas presentadas con anterioridad.
Conclusiones
Al efectuar la revisión de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal del ejercicio
fiscal de 1986, las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal, analizaron el comportamiento de la entidad de acuerdo a las bases jurídicas, económicas y sociales que permitieron el ejercicio del presupuesto de egresos aprobado por esta honorable Cámara.
Al revisar dicha cuenta pública, se llevaron a cabo los análisis del comportamiento financiero de los sectores central y paraestatal; asimismo, se estudiaron con detenimiento el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos, lo que permitió aclarar en aquellos casos las variaciones presentadas en los diferentes programas, o aquellos que resaltaron por su importancia y su impacto social dentro de la comunidad, como es el caso del programa de reconstrucción a raíz de los sismos de 1985.
El Departamento del Distrito Federal cumplió con los preceptos legales establecidos en las diferentes leyes y reglamentos que norman la administración pública federal.
La captación tributaria en este período de análisis, se orientó a encontrar un financiamiento capaz de soportar al gasto público, tomando como medida una instrumentación adecuada de recaudación y fiscalización a efecto de reducir la evasión fiscal, actualizando el Padrón Cartográfico Catastral y el Padrón de Contribuyentes, además de la instalación de administraciones tributarias locales para una mejor captación de los ingresos.
Con respecto al concepto de gasto, la asignación original, comparada con la ejercida se mantuvo, ya que sólo se rebasó en 1%; sin embargo, en relación al gasto ejercido en los programas, sufrieron variaciones motivadas por transferencias internas que permitieron cumplir con las metas establecidas, en virtud de los altos costos de los insumos utilizados, como así también de los aumentos salariales al personal adscrito a la dependencia.
El renglón de deuda sufrió modificaciones al quedar establecido el Convenio de Rehabilitación Financiera, en el cual el gobierno federal asume gran parte de la deuda contraída por el Departamento del Distrito Federal, a efecto de que éste se encuentre en una buena situación financiera para brindar mejores servicios a la ciudadanía.
Con referencia al análisis global de los 22 programas establecidos para cumplir con las actividades encomendadas, se observó un cumplimiento satisfactorio cubriendo los lineamientos administrativos fijados y prestando una mejor atención a aquellos programas considerados como prioritarios, ya que los beneficios aportados a la comunidad satisfacen las demandas planteadas.
Esta problemática derivada del proceso de inmigración poblacional de diferentes regiones del país hacia esta ciudad capital, deberá revertirse en lo futuro mediante la aplicación gradual de los programas de descentralización y desconcentración, permitiendo la satisfacción de las necesidades básicas de la población capitalina, a través de la ejecución de los programas prioritarios anuales.
Las medidas de reordenamiento que ha realizado el Departamento del Distrito Federal, como lo son la instalación de los foros de consulta popular y los planes parciales de desarrollo delegacionales, permitirán un uso más racional del suelo; sin embargo, esta medida no es de efecto inmediato, por lo que será necesario evitar una mayor concentración poblacional evitando un uso indiscriminado de servicios que, por consecuencia, necesitarían mayores recursos financieros o en su defecto, una ampliación real de los costos, que incrementarían las tarifas en el transporte, en el agua potable, en el drenaje, etcétera, y la ciudad de México pasaría a ser una de las ciudades más caras de la República Mexicana.
Al igual que en los dictámenes anteriores, hacemos hincapié en la trascendencia que implica un aumento en los programas considerados como prioritarios, ya que son el sustento que beneficia a la población capitalina y de igual manera considerar, como ya se viene haciendo, una retabulación gradual en los servicios que presta el Departamento del Distrito Federal.
De acuerdo a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su articulado 70 y 74 fracción IV, en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 56 y 57 y en la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, artículos 11 y 13 y demás relativas, estas Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal, someten ante el pleno de esta honorable asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO RELATIVO A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE 1986
Articulo 1o. Esta honorable Cámara de Diputados recibió en tiempo y forma el documento de la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento
del Distrito Federal correspondiente al ejercicio presupuestal de 1986, por parte del Ejecutivo Federal.
Artículo 2o. Una vez revisado este documento, las comisiones unidas encontraron que el Departamento del Distrito Federal, al igual que sus organismos descentralizados y empresas de participación estatal, cumplieron las normas y lineamientos establecidos para su control, parte que se encuentra descrita en el apartado I del cuerpo del dictamen.
Artículo 3o. Se analizó y evaluó los resultados financieros alcanzados durante este ejercicio, los cuales se encuentran en la parte III del dictamen.
Artículo 4o. Se revisaron todos los programas contenidos en la apertura programática, poniendo especial atención a los considerados como prioritarios, evaluándose el grado de cumplimiento de sus objetivos y metas, mismos que se encuentran detallados en la parte IV de este dictamen.
Artículo 5o. Para un mejor ejercicio presupuestal, el Departamento del Distrito Federal deberá considerar las siguientes recomendaciones:
A) Tramitar en forma expedita las transferencias por parte del gobierno federal a efecto de controlar el financiamiento no titulado y evitar el desfasamiento en su calendarización.
B) Evitar en lo posible el traslado de obras de un ejercicio vigente al año siguiente, ya que esto se presta a duplicidad de metas en los programas.
C) En el caso de que presenten obras cuyo tiempo de ejecución comprenda una duración de dos ejercicios o más, deberá programarse en etapas hasta su consecución, de tal manera que se observe un cumplimiento adecuado anualmente
. D) Continuar con la aplicación de la normatividad relativa a la contratación, ejecución de obras públicas, y las adquisiciones que lleve a cabo el Departamento del Distrito Federal.
E) Dentro de los objetivos y metas, deberán quedar como metas modificadas aquellas acciones o actividades que se ejecuten adicionalmente, para evitar una descripción numérica de las mismas que no aparecen en los cuadros establecidos para tal fin.
F) Con el propósito de continuar con la expansión y mantener la calidad de los servicios del Sistema de Transporte Colectivo, deberá buscarse su saneamiento financiero desarrollando en forma gradual sus recursos propios, cuidando que dichos incrementos sean proporcionales a la economía de las clases populares.
G) El Departamento del Distrito Federal deberá continuar apoyando las políticas establecidas por el gobierno federal en materia de desconcentración y descentralización administrativa, con el objeto de establecer un desarrollo urbano en coordinación con las entidades federativas circunvecinas con el Distrito Federal.
H) Que la Cuenta Pública de 1987 contenga información completa sobre el ejercicio de la función de control que realiza el propio Departamento del Distrito Federal.
I) Que la incorporación de las policías bancaria - industrial y la auxiliar a la Policía Preventiva del Distrito Federal, prevista por el reglamento de esta última, sea llevada a cabo en todos sus términos.
Artículo 6o. Ordénese a la Contaduría Mayor de Hacienda, por conducto de la Comisión de Vigilancia, que practique las auditorías que considere necesarias y aplique las acciones legales ante cualquier irregularidad que se presente en el ejercicio del presupuesto del Departamento del Distrito Federal en 1986 en los términos que fije la ley.
Sala de sesiones de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, diciembre 9 de 1987.- Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública: Diputados: Sócrates Rizzo García, presidente; Jesús Murillo Karam, secretario; Arturo Alvarez Márquez, J. Eduardo Beltrán Hernández, Antonio Brambila Meda, Luis Donaldo Colosio Murrieta, Francisco Contreras Contreras, Blas Chumacero Sánchez, Homero Díaz Córdoba, Blanca Esponda de Torres, María Emilia Farías Mackey, Gerardo Fernández Casanova, Romeo R. Flores Caballero, Jorge Flores Solano, Oswaldo García Criollo, Javier Garduño Pérez, Elba Esther Gordillo Morales, Pedro Goytia Robles, Manuel Jiménez Guzmán, Javier Lobo Morales, Darío Maldonado Casiano, Antonio Melgar Aranda, Rodolfo Menéndez, María Aurora Munguía Archundia, Gilberto Nieves Jenkin, Alejandro Ontiveros Gómez, Luis Manuel Orcí Gándara, Bulmaro Pacheco Moreno, Jesús Padilla Padilla, Enrique Pelayo Torres, Joel Ramírez Díaz, Alfonso Reyes Medrano, Humberto Salgado Gómez, César Augusto Santiago Ramírez, María Esther Sherman Leaño, Jesús Siller Rojas, Juan Manuel Pablito Tovar Estrada, Píndaro Urióstegui Miranda, Arnulfo Villaseñor Saavedra, Jorge Alcocer Villanueva, Alejandro Encinas Rodríguez, Gerardo Unzueta Lorenzana, Héctor Morquecho
Rivera, Miguel Eduardo Valle Espinosa, José Ángel Conchello Dávila, Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, Jesús Galván Muñoz, Ricardo Pascoe Pierce, Jorge Amador Amador, Máximo de León Garza, Roberto Calderón Tinoco, Juan de Dios Colli Mass, Reyes Fuentes García, Enrique Bermúdez Olvera, Rubén Aguilar Jiménez.
Comisión del Distrito Federal: Gilberto Nieves Jenkin, presidente; Manuel Gurría Ordóñez, secretario; Jaime Aguilar Alvarez, Luis Manuel Altamirano Cuadros, Gonzalo Altamirano Dimas, Francisco Berlín Valenzuela, Agustín Bernal Villanueva, Juan Moisés Calleja García, Efraín Jesús Calvo Zarco, Rodolfo Mario Campos Bravo, Carlos Enrique Cantú Rosas, Ofelia Casillas Ontiveros, Gonzalo Castellot Madrazo, Juan José Castillo Mota, Juan José Castro Justo, José Trinidad Cervantes Aguirre, Homero Díaz Córdova, Federico Durán y Liñán, Manuel Fernández Flores, Guillermo Fonseca Alvarez, Beatriz Gallardo Macías, Jesús Galván Muñoz, Javier Garduño Pérez, Alfonso Godínez López, Federico Granja Ricalde, José Herrera Arango, Manuel Jiménez Guzmán, Armando Lazcano Montoya, Héctor Ling Altamirano, Joaquín López Martínez, Rafael López Zepeda, Rafael Lozano Contreras, Manuel Monarres Valenzuela, Adrián Mora Aguilar, Jarmila Olmedo de Garcilita, Santiago Oñate Laborde, Manuel Germán Parra Prado, Javier Pineda Serino, Antonio Punzo Gaona, Alfonso Reyes Medrano, Sócrates Rizzo García, Lorenzo Silva Ruiz, Manuel Terrazas Guerrero, Fernando Ulibarri Pérez, Lulio Valenzuela Herrera, Miguel Eduardo Valle Espinosa y Leopoldo Arturo Whaley Martínez.»
Trámite: -Segunda lectura.
El C. Presidente: - Obra en esta presidencia, una solicitud de unos compañeros diputados para que se fundamente el dictamen de la comisión, respecto a la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal; sin embargo, nos había pedido la palabra el diputado Manuel Terrazas Guerrero, del Partido Mexicano Socialista, para dar lectura al voto particular que su partido hizo al mencionado dictamen.
Tiene usted la palabra, diputado Manuel Terrazas Guerrero.
El C. Manuel Terrazas Guerrero: - Señor presidente; compañeras y compañeros diputados: En efecto, la opinión de nuestro grupo parlamentario del Partido Mexicano Socialista expone ante ustedes en la forma de este voto particular, que nos vamos a permitir leer.
El texto de nuestro voto particular es el siguiente: Es necesario presentar un voto particular sobre la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, porque el dictamen de las comisiones unidas no se ajusta a la realidad, es más, sus conclusiones y proyecto de decreto no se ajustan a lo que el propio dictamen dice en varias de sus partes sectoriales.
Concretamente; en repetidos casos ese documento señala, aunque tratando de restarle su importancia, incumplimientos a diversas disposiciones y, sobre todo, la experiencia indica que es el informe de resultados donde aparecen la mayoría de las irregularidades y problemas que se llegan a detectar; entonces, es por lo menos aventurado afirmar, como se hace en las conclusiones, que el Departamento del Distrito Federal cumplió con los preceptos legales establecidos en las diferentes leyes y reglamentos que norman la administración pública federal, como textualmente dice el proyecto de dictamen.
Por otro lado, y en ese mismo espíritu que nada bien habla de la separación de poderes que debe regirnos, mientras que al analizar programa por programa se reconocen incumplimientos de metas muy notorias, en muchos casos del 50 y del 100% y precisamente en programas prioritarios, las mismas conclusiones dicen que se observó un cumplimiento satisfactorio de los 22 programas, prestando una mejor atención a aquellos programas considerados como prioritarios, cita textual, a eso se remite luego el artículo IV del proyecto de decreto; de ahí que tampoco sea consecuente el apoyo que el proyecto de decreto plantea a las políticas que tan malos resultados han dado.
Finalmente, en el artículo VI del proyecto de decreto, se abdica de la función de la Cámara de orientar, a través de su Comisión de Vigilancia, el trabajo de la Contaduría Mayor de Hacienda, dejando a la total discreción de ésta el trabajo a realizar al respecto.
Pasamos, pues, a analizar brevemente la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal para 1986. Todo el ejercicio presupuestal de 1986, tanto del Departamento del Distrito Federal como el federal, están marcados por las pésimas previsiones en las que, como en años anteriores, se basaron, desoyendo advertencias, incluso públicas, en el sentido de que la previsión del 45 al 50% de aumento de precios de diciembre de 1985 a diciembre de 1986, era totalmente ajena a la realidad en el marco de la política económica vigente, y que se ignoraba el peso de la caída petrolera que no sólo se iniciaba ya, sino cuya agudización se preveía, se insistió en mantener esos supuestos y otros igualmente irreales, como base para la política económica de 1986. Y cuando vino lo que se había previsto, una vez más se insistió en pagar religiosamente la deuda, cuando hasta el
Ecuador, con uno de los gobiernos civiles más conservadores en América del Sur, suspendió sus pagos al verse afectado por situaciones similares a la nuestra y absorber internamente el costo de sus malas previsiones, a costa de la producción, del empleo, del salario y del ingreso popular en general, mientras que se iniciaba el auge bursátil que culminaría en 1987 y tendría su fin en octubre de este año.
Ingresos. Así pues, aunque los ingresos totales del Departamento del Distrito Federal en 1986 fueron 1.2% superiores a lo previsto en términos nominales, en poder de compra fueron muy inferiores. De una previsión del 45 al 50% de aumento del índole de precios a lo largo del año, pasamos a una realidad de 105.7% de aumento y eso haciendo de lado cualquier posible maquillaje como todo mundo reconoce, del Banco de México a ese indicador.
A la vez, se ha suprimido el supuesto de inflación promedio anual que es el que mal permite evaluar el poder de compra real de lo presupuestado, pues el gasto se ejerce a lo largo del año y no concentrado. El 31 de diciembre de cada año debemos hacer un cálculo aproximado que nos indica que cada peso presupuestado tuvo en promedio el poder de compra de 80 centavos realmente gastados. El margen de error para el 31 de diciembre exclusivamente hubiera sido de casi 40%, o sea, bastante mayor.
Dentro de los ingresos, en los principales renglones del ingreso propio que son los impuestos y derecho, hubo una baja incluso nominal frente a lo programado de 18.1% en impuestos y de menos 5.1% en derechos; esto vuelve a mostrar, como en años anteriores, el fracaso de los empeños de gravar la pobreza y no la riqueza; cada vez que se suprime progresividad en los cobros y se trata de hacer que pague más el que no tiene.
Si pudo aumentar la participación de los ingresos propios, fue porque un renglón totalmente marginal del ingreso, el de productos y especialmente el de los intereses de valores, créditos y bonos, fueron más del cuádruple de lo que se había estimado, al pasar de 8 a 33 miles de millones de pesos.
Esto no necesariamente es motivo de orgullo, pues muestra que muchos incumplimientos de obra por razones presupuestales pudieron haber sido superados, al menos en parte, con el dinero que el Departamento del Distrito Federal estaba "jineteando", para obtener este ingreso adicional, que de todos modos no llegó al 3% del ingreso total.
Abasto. El gasto programable consolidado que abarca el del Distrito Federal hasta los organismos y empresas que de él dependen, ha bajado en términos reales desde 1981 hasta el año que analizamos ahora, 1986, de la siguiente manera:
Gasto programable consolidado del Departamento del Distrito Federal. Miles de millones de pesos; gasto programables en pesos del año: En 1981, 80.42%; en 1982, 104.92%; en 1983, 244.20%; en 1984, 438.16%; en 1985, 628.71% y en 1986, 971.7%.
En ese caso, queremos considerar al respecto el deflactor aplicado: En 1981, 100%; en 1982, 158.9%; en 1983, 320.8%; en 1984, 531%; en 1985, 837.3%; en 1986, 1559.1%.
El gasto programable en pesos de 1981, en comparación con los años ya mencionados o que vamos a mencionar: en 1981, 80.42%; en 1982, 66.0%; en 1983, 76.12%; en 1984, 82.52%; en 1985, 75.09%; en 1986, 62.33%.
Hacemos unas notas aclaratorias: No se incluye el llamado programa deuda pública, pues ése es gasto no programable. Las cantidades son de la cuenta pública de cada año. Los datos de precios son los anuales del Índice Nacional de Precios al Consumidor del Banco de México, en variación promedio anual.
Como vemos, salvo un repunte del gasto programable real en 1984, a 82 mil millones de pesos de 1981, hay en éste una caída constante que llega a 62.33% en 1986, o sea, las tres cuartas partes de lo gastado dos años antes.
Veamos ahora la distribución del gasto programable, con relación a la participación de los programas prioritarios en el gasto del Departamento del Distrito Federal, programas 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986.
En la administración de justicia: En 1981, 5.6%; en 1982, 4.8%; en 1983, 6%; en 1984, 6%; en 1985, 5.5%; en 1986, 5.1%.
Seguridad pública: En 1981, 5.6%; en 1982, 4.8%; en 1983, 6%; en 1984, 6%; en 1985, 5%; en 1986, 5.1%.
Transporte urbano: En 1981, 46.3%; en 1982, 48.4%; en 1983, 45.3%; en 1984, 39.4%; en 1985, 37.2%; en 1986, 36.9%.
Abasto y comercialización: En 1981, 3.3%; en 1982, 1.6%; en 1983, 4.9%; en 1984, 1.2%; en 1985, 3%; en 1986, 2%.
Salud: En 1981, 2.2%; en 1982, 1.4%; en 1983, 2%; en 1984, 2.3%; en 1985, 2.6% y en 1986, 2.3%.
Protección social, que como todos sabemos es un subprograma: En 1981, 0%; en 1982, 0.2%; en 1983, 0.3%; en 1984, 0.6%; en 1985, 0.7%; en 1986, 0.4%; y en 1987, 0.7%, eso es en lo que se refiere a protección social.
En cuanto a la regularización de la tenencia de la tierra: En 1981, el 0.2%; en 1982, el 0.1%; en 1983, el 0.2%; en 1984, el 0.1%; en 1985, el 0.2%; y en 1986, el 0.1%.
En vivienda son importantes estos datos, porque indican un proceso muy diferente, muy distinto al que se quiere presentar, por eso seguimos y permítanos no el abuso sino en todo caso una cierta extensión en cuanto a las cifras necesarias.
Agua potable: En 1981, el 9.8%; en 1982, el 4%; en 1983, el 4.7%; en 1984, el 5.9%; en 1985, el 4.7% y en 1986, el 4.3%.
En cuanto al drenaje y tratamiento de aguas negras: En 1981, el 2%; en 1982, el 2.9%; en 1983, el 3.3%; en 1984, el 4.3%; en 1985, el 4.3% también, en 1986, el 4.9%; y en 1987, apenas el 5.7%; en varios años se ve apenas el proceso de un ligero aumento.
En cuanto a la planta física, educativa por ejemplo: En 1981, el 2.1%; en 1982, el 0.8%; en 1983, el 1.2%; en 1984, el 2%; en 1985, el 2% y en 1986, el 1.7%.
Veamos en lo que se refiere a contaminación ambiental: En 1981, el 0.01%; en 1982, el 0.14%; en 1983, el 0.01%; en 1984, el 0.10%; en 1985, el 0.40%; en 1986, el 0.20% y en 1987, el 0.03%.
En cuanto a recolección y tratamiento de basura: En 1981, el 1.4%; en 1982, el 2.6%; en 1983, el 2.6% también; en 1984, el 4.6%; en 1985, el 3% y en 1986, el 2.2%.
En 1986, en cuanto a la reconstrucción por los daños sísmicos, el porcentaje fue de 6.8%.
Los datos que hemos mencionado provienen de las cuentas públicas, salvo los de la columna de 1986 que se refiere al presupuesto de ese año. Como vemos, pese a que los sismos ocurrieron meses antes de elaborarse el presupuesto, en éste no se incluyó una partida expresa para reconstrucción de daños sísmicos y sí se incluyó con carácter de prioritaria, de modo unilateral por el Ejecutivo después.
Debió haberse incluido desde el presupuesto, o en todo caso presentarse agrupada en los respectivos renglones vivienda, escuelas, etcétera, porque así no es fácil comparar lo presupuestado con lo ejercido. Por ejemplo, el programa de vivienda, de su de por sí raquítica participación en el presupuesto del 1.8%, baja al 1.4% en el presupuesto ejercido, y la ampliación y mejoramiento de la planta física educativa baja del 3.4% al 1%, o sea a la mitad.
En general, el que los arriba enlistados sean programas prioritarios, no se ve muy respaldado por las partidas que en la práctica se les asignaron. La baja en transporte urbano, está ligada a la privatización parcial mediante las llamadas peseras, mucho más caras que el transporte público estatal.
La participación de abasto y comercialización de artículos de primera necesidad, baja a menos de la mitad de lo presupuestado, y también baja a la mitad la regularización de la tenencia de la tierra; baja también la participación del programa agua potable, y más que ninguno otro, cae la partida ejercida frente a la presupuestada en cuanto a contaminación ambiental, de un de por sí ridículo 0.2%; del programable en el presupuesto se llega a ejercer sólo el 0.03%.
Es lógico, compañeras y compañeros diputados, si el gasto programable total de por sí fue recortado, principalmente con previsiones irreales de inflación y otras variables, y luego opera la prioridad establecida a nivel federal al pago de la deuda y sí decrece la participación de varios programas prioritarios de gran importancia para la población, el lógico, decíamos, que abunden los incumplimientos de metas.
En el propio cuerpo del dictamen de la mayoría de las comisiones unidas, como dijimos, se recoge parte de los datos al respecto.
El C. Presidente: -Diputado Terrazas, le está pidiendo una interpelación el diputado Homero, ¿la acepta?
El C. Manuel Terrazas Guerrero: -Pues con todo gusto yo la aceptaría, pero como se trata de un voto particular, vamos a esperar mejor a que la interpelación de nuestro compañero Homero pudiera producirse en las intervenciones nuestras posteriores o en su propia intervención. Creo que es explicable y bien justificable, lo entenderá porque es un voto particular de nuestra fracción parlamentaria.
En materia de abasto, la meta de apoyar la comercialización de productos de empresas de
sector social, se incumplió en su totalidad. Las metas de abasto, en cuanto a apoyar la comercialización de productos de empresas del sector social se incumplió en su totalidad, y la de distribuir directamente canales se incumplió en un 97%, por qué les va a extrañar a ustedes, pues, que no nos refiramos a metas logradas, como es el caso; precisamente en este voto particular nos estamos refiriendo a los incumplimientos, por lo que de ello se deriva.
En materia de regularización de la tenencia de la tierra, se incumplió en un 44% la meta de expedición de escrituras de propiedad particular. En materia de vivienda, los incumplimientos fueron drásticos, promover autoconstrucción, incumplida en un 81%; acciones de vivienda terminada, incumplida en su totalidad; adquirir predios para edificar viviendas, incumplidas en un 97%; vivienda con la caja de previsión de la Policía del Departamento del Distrito Federal, incumplida en su totalidad.
En materia de agua potable, diversas metas de construcción son incumplidas en 42%, 46% e incluso en un 100%. En drenaje, también hay viarias metas incumplidas en su totalidad. En materia de construcción y otras, incumplidas parcialmente hasta en un 74%.
La meta de mantenimiento en maquinaria y equipo, se incumplió en un 94%. En materia de construcción de escuelas, la meta de construcción se incumplió en un 29% en su conjunto y la de adquisición de predios para escuelas, se incumplió en su totalidad. En materia de contaminación ambiental, la meta de estudios de calidad del suelo se incumplió en un 67%; y la de campañas de concientización ciudadana, se dejó de cumplir en el 96%.
Algunas de las metas incumplidas podrían verse compensadas por lo realizado en el Programa de Reconstrucción de Daños Sísmicos; pero en este caso, al no haber metas aprobadas por el Congreso, éste no puede hacer una adecuada evaluación. Además, hay metas que ni remotamente tienen que ver con el supuesto propósito del citado programa, como es por ejemplo la de remodelar el Paseo de la Reforma, ésa sí cumplida en un 100%.
De lo anterior, las orientaciones que se desprenden para el trabajo de la Contaduría Mayor de Hacienda, son entre otras, las siguientes:
Evaluar en qué medida los trabajos del Programa de Reconstrucción suplen los incumplimientos en los programas aprobados por este Congreso, como prioritarios.
Averiguar las reales causas de los demás incumplimientos, y en general, las que se desprenden de sus facultades legales.
Por todo lo anterior, votaremos en contra del dictamen de las comisiones unidas, a no ser que los datos de la Comisión del Distrito Federal nos convenzan de lo contrario y den respuesta cabal a estas reflexiones y a estos planteamientos que hemos hecho. Por su atención, muchas gracias.
El C. Presidente: - Con fundamento en el artículo 108 del Reglamento, fundamentará el dictamen por la comisión, el diputado Gilberto Nieves Jenkin, del Partido Revolucionario Institucional.
El C. Gilberto Nieves Jenkin: - Con su permiso, señor presidente; honorable asamblea: En nombre de las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública del Distrito Federal, vengo a fundamentar el dictamen que sobre la revisión de la Cuenta Pública del Distrito Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1986, ha sido sometido a vuestra consideración.
El proceso de revisión de la cuenta pública, constituye un significativo ejemplo de vigencia y ejercicio del principio de división de poderes que sustenta nuestra forma de gobierno y que se encuentra consignado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Toca a esta LIII Legislatura analizar como atribución propia del órgano donde radica la representación popular, la cuenta que el Ejecutivo Federal envía al Poder Legislativo y en la que se somete a su consideración, la actuación sobre un ejercicio del órgano que gobierna el Distrito Federal, entidad donde residen los Poderes de la Unión.
Antes de continuar, quisiera hacer la consideración en relación al voto particular y para poder continuar con la fundamentación de este dictamen, en que con todo respeto lo leído por nuestro compañero Manuel Terrazas, en la hoja cuatro de su documento no se refiere a porcentajes como él los leyó, sino a miles de pesos.
Por otro lado, considero, eso es simplemente para rectificar la lectura, porque desvirtúa lo que está usted leyendo, y en lo único en que estamos de acuerdo con este voto particular, es que efectivamente se requiere para esta ciudad de México más dinero, para precisamente poder satisfacer más necesidades; yo creo que a la ciudadanía no le interesa a fondo los porcentajes de pesos y centavos, sino precisamente el que se ha hecho más con menos.
En términos reales, los servicios físicos y reales han aumentado en viajes de pasajeros, en salud, en agua, en escuelas, en saneamiento ambiental, etcétera, esto, señores diputados, es hacer más con menos.
La Comisión del Distrito Federal, una vez recibida la Cuenta Pública de 1986, procedió a elaborar un calendario de actividades para el estudio y análisis de su contenido, mismo que fue seguido en forma estricta, otorgando las más amplias aperturas a todas las fracciones parlamentarias para que cuestionaran en su oportunidad los datos, cifras e informes rendidos por el Ejecutivo.
Se determinó por la comisión, la comparecencia de los funcionarios superiores de las áreas competentes del Departamento del Distrito Federal, para que explicaran en sendas sesiones de trabajo, lo relativo a los aspectos financieros del Departamento, así como la ejecución de los programas contenidos en el Presupuesto de Egresos de 1986, en forma particular los clasificados como prioritarios por esta asamblea plenaria.
La comisión creó grupos de trabajo encargados de los diferentes apartados que integran el contenido de este dictamen, mismos que desarrollaron sus actividades de acuerdo al calendario respectivo, teniendo como objetivo final la formulación del documento que hoy se somete a la consideración de este pleno. Para una mayor comprensión del dictamen, éste fue subdividido en los siguientes apartados:
Marco jurídico. Se contiene en este apartado, la revisión que se realizó por la comisión del cumplimiento que durante el ejercicio fiscal de 1986, dio el Departamento del Distrito Federal a los diferentes ordenamientos que rigen sus actividades, como son: los ordenamientos financieros de vigencia anual, ordenamientos financieros de vigencia permanente, ordenamientos sustantivos que contienen las atribuciones del Departamento del Distrito Federal y, finalmente, ordenamientos de carácter adjetivo.
En este apartado se observó que el Departamento del Distrito Federal, en términos generales, cumplió con el marco jurídico que rige su actuación, en su triple carácter de órgano de gobierno de la ciudad de México, dependencia del Ejecutivo Federal y cabeza de sector que coordina entidades paraestatales.
Cabe destacar que en forma particular, el ejercicio de 1986 en este apartado, se caracterizó por un esfuerzo singular en la elaboración de normatividad aplicable a las áreas de control interno del Departamento del Distrito Federal, así como en materia de otorgamiento de contratos para ejecución de obras y adquisiciones de bienes y servicios.
Es de resaltar que en lo futuro el Departamento, de aprobarse este dictamen, deberá dar amplia difusión a esta normatividad, vigilando mediante los sistemas que ha implantado su ejecución.
En el perfil socioeconómico, se realizó un diagnóstico de la problemática que sigue enfrentando el Distrito Federal y que se ve incrementada por el proceso permanente de inmigración poblacional de diversas regiones del país, hacia la ciudad capital y sus áreas conurbadas, lo cual hizo necesario, durante el ejercicio fiscal de 1986, incrementar al máximo la infraestructura que se requiere para proporcionar los servicios indispensables a la población capitalina, tratando de enfrentar la problemática apuntada y particularmente, restablecer en su totalidad la infraestructura dañada por los sismos de 1985.
En los resultados financieros, se analizaron los dos aspectos de la gestión financiera del Distrito Federal durante 1986 y que básicamente consisten en: La aplicación estricta de los ordenamientos de vigencia anual, como son la Ley de Ingresos y el decreto aprobatorio del presupuesto de egresos para el propio ejercicio fiscal, contemplados desde un ángulo financiero y ya no en su aspecto legal, pudiendo apreciarse que en materia impositiva hubo una mayor captación de ingresos propios, resultado de la política de ingresos establecida por el Departamento del Distrito Federal, así como la modernización de los sistemas y mecanismos de recaudación y fiscalización.
Es durante este ejercicio cuando se llevó a cabo la primera etapa de la recatastración, con un sistema cartográfico moderno y actualizado; también en el propio ejercicio, se realizó la desconcentración de las áreas recaudadoras.
Cabe destacar que el saneamiento financiero fue posible gracias a la rehabilitación convenida con el gobierno federal, el cual asumió el 96% de la deuda del Distrito Federal.
En materia de ejercicio presupuestal, como se podrá apreciar en el apartado respectivo del dictamen, éste se orientó básicamente a mantener la prestación de los servicios públicos, haciendo posible el equilibrio financiero entre lo ejercido y los ingresos.
En el análisis de los objetivos y metas de los principales programas, se describen los avances y logros de los mismos, valorándose las justificaciones de aquellas metas que no fueron cumplidas
en su totalidad durante el ejercicio que comprende la rendición de la cuenta pública.
La estructura programática del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal constó de 22 programas, ya que a los comprendidos inicialmente se aumentó uno, paras enfrentar los efectos de los sismos de septiembre de 1985. Esta representación nacional aprobó como prioritario 14 programas.
En la parte de conclusiones, capítulo final, se sintetiza el contenido del dictamen, emitiéndose juicios sobre sus diferentes apartados de carácter valorativo y formulando el decreto que tiene seis artículos, en donde se consignan en el quinto numeral las recomendaciones que esta soberanía formula al Departamento del Distrito Federal, y que son consecuencia del estudio y análisis de la cuenta de dicha entidad correspondiente a 1986.
Cabe señalar a esta plenaria, que si bien las comisiones que elaboraron el presente dictamen dan cumplimiento a una función trascendental, contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dichos trabajos se han visto fortalecidos de manera permanente en la Comisión Legislativa del Distrito Federal, mediante las visitas periódicas que los integrantes de este órgano legislativo han realizado a las dependencias del Departamento del Distrito Federal, vigilando y constatando la ejecución de los programas marcados como prioritarios por esta representación popular, particularmente aquellos que implican fuertes inversiones de recursos presupuestales destinadas a la ejecución de obras que conserven e incrementen a la infraestructura básica necesaria para la prestación de servicios públicos indispensables, requeridos por la población capitalina.
Es así, que en frecuentes visitas programadas durante los periodos de receso legislativo, los miembros de la comisión hemos visitado obras de gran magnitud como son las del Sistema de Transporte Colectivo en sus diversos modos: Metro, Metro Ligero, Ruta - 100 y transporte eléctrico, obras de drenaje profundo, programas de vivienda popular, obras de vialidad, rellenos sanitarios, creación y apertura de áreas verdes y recreativas, obras de programas de desarrollo social, obras de materia de instalaciones destinadas al abasto popular, visitas a los cuerpos encargados de la seguridad pública de la ciudad en sus instalaciones, etcétera.
Es de esta manera como la función fiscalizadora superior, que tiene como atribución propia esta representación popular y que ejerce por conducto de su órgano técnico, que es la Contaduría Mayor de Hacienda, ha hecho posible que las insistentes recomendaciones de la Cámara de Diputados, para fortalecer los sistemas y funciones de control en el sector del Departamento del Distrito Federal, hayan sido atendidas en su parte sustancial, logrando eliminar básicamente todos los sobregiros presupuestales.
Ejercieron el control más efectivo sobre los ingresos y una observación cada vez más estricta de los preceptos legales, haciendo posible a este órgano legislativo contar con una mayor información, mejor clasificada, más amplia y veraz, que ha facilitado en los últimos ejercicios el análisis de la cuenta pública que rinde el Ejecutivo Federal, corroborando con ello que el hecho de que se detecten y se señalen desaciertos y anomalías, lejos de vulnerar la confianza, la fortalece, toda vez que se está actuando con verdad y transparencia, sobre todo cuando el órgano fiscalizado se preocupa por cumplir las disposiciones aplicables, trata de corregir las deficiencias señaladas y procura atender las recomendaciones que le hacen los órganos dotados de atribuciones superiores, ajenos al Poder Ejecutivo.
Deseo manifestar a esa asamblea plenaria mi reconocimiento a las diferentes fracciones parlamentarias, por los esfuerzos aportados a la Comisión Legislativa del Distrito Federal de manera permanente, que han permitido culminar los trabajos de análisis de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal durante el ejercicio fiscal de 1986, dentro de un marco pleno de apertura y de absoluta responsabilidad de la tarea que como representantes populares nos han impuesto quienes nos eligieron para ser sus voces ante este foro máximo de la vida nacional.
Para finalizar, solicito a ustedes la aprobación del dictamen que las Comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal, han elaborado sobre la revisión de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, al ejercicio fiscal de 1986. Muchas gracias
. El C. Presidente: - Está a discusión el dictamen en lo general. Se abre el registro de oradores.
Esta presidencia da lectura a los nombres de los diputados que se han inscrito en contra: Del Partido Acción Nacional, Jesús Galván Muñoz; del Partido Mexicano Socialista, Manuel Terrazas Guerrero; del Partido Socialista de los Trabajadores, Beatriz Gallardo Macías; del Partido Demócrata Mexicano, Trinidad Cervantes Aguirre; del Partido Popular Socialista, Héctor Morquecho Rivera; del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Nabor Camacho Nava; del Partido Revolucionario de los Trabajadores, Efraín Calvo Zarco.
En pro, se ha inscrito el diputado Javier Garduño Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, y desde luego la comisión.
Por consiguiente, se le concede el uso de la palabra al diputado Jesús Galván Muñoz, de Acción Nacional, para que intervenga en contra del dictamen.
El C. Jesús Galván Muñoz: - Señor presidente; compañeros diputados: La reiteración de los problemas del Distrito Federal cada vez más tienen un denominador común, el de una ciudad cuyo modelo se agotó y cuyo entorno también ya está agotado. Las distorsiones provocadas en el desarrollo de la urbe, debido al proceso de la metropolización y del manejo político de la capital de la República, tienen como origen el centralismo que agrupa y asienta a todos los poderes de esta ciudad, en detrimento de todos los habitantes del país y de un desarrollo más sano y más equilibrado del país. No debemos olvidar, señores diputados, que el centralismo es la forma típica de las dictaduras, aun cuando estén disfrazadas.
La revisión de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, que corresponde al ejercicio de 1986 y la presentación, discusión, rechazo o aprobación del dictamen que hoy nos ocupa, no deja de tener aspectos peculiares de índole muy específica.
Los criterios para la revisión deben ser muy diferentes a los de la presentación , pues mientras unos son de carácter de fiscalización, los otros son de carácter declarativo. No puede separarse del Plan Nacional de Desarrollo de la revisión de la cuenta, pero aunque quisiese congruencia perfecta entre uno y otro, el modelo del país propuesto no nos satisface y por tanto, la plena observancia de las metas programáticas y políticas estratégicas de ese plan, a nuestro criterio equivocado, hace que estemos en desacuerdo con lo fundamental.
Con esa salvedad y sin embargo buscando lo positivo de la gestión, el avance logrado a pesar de la situación estructural y difícil del país, donde son víctimas los habitantes de los estados de la República así como los del Distrito Federal, hemos analizado los documentos puestos a nuestro alcance; así teniendo en cuenta estos documentos, haremos los siguientes señalamientos, comentarios y cuestionamientos.
Existen dos ordenamientos financieros de vigencia anual aprobados por esta Cámara: la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el ejercicio de 1986. Al haber variaciones fuertes en la primera, se repercuten intensamente en el segundo de los mencionados, cambiando sustancialmente los aspectos legales así como los presupuestales programáticos. Estas variaciones se presentaron y no fueron leves, por lo tanto, aparecieron muchas distorsiones en el ejercicio del gasto.
La presión financiera de la deuda del Departamento del Distrito Federal, hizo necesaria una adecuación en su monto y estructura con la intervención de la Federación; cabe mencionar que tal presión tiene como corresponsable a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que no cumplió con el artículo 4o., fracciones VI y VII de la Ley General de Deuda Pública, así como al mismo Departamento del Distrito Federal que no cumplió con lo establecido en el Presupuesto de Egresos en el artículo 8o., párrafo segundo.
La negociación financiera entre Federación y Departamento, se plasmó en un Convenio de Rehabilitación Financiera del Distrito Federal, firmado el 14 de abril de 1986. Lo medular del convenio es la asunción del 96% de los pasivos del Distrito Federal, mismo que se consignó como una transferencia de la Federación al Departamento del Distrito Federal. Aquí hay que hacer notar que esta transferencia no se registra como un aumento de pasivo, sino como una disminución de activo, es decir, como una asunción de deuda sino como si la deuda se hubiese pagado.
La cantidad en cuestión, ademas de que no es la misma en un registro y en otro, es decir, hay graves discrepancias entre los diversos registros sobre el monto total de la deuda que se le asumió, en la Federación por ejemplo se marca que hay una transferencia por 443 mil 310 millones peso; de en el documento de desarrollo regional se consigna también una cifra distinta, 462 mil 310 millones de pesos, mientras el Departamento del Distrito Federal asienta, como así se señala en el Convenio de Rehabilitación, que lo que se asumió fue por 418 mil 310 millones de pesos. El 4% de lo que quedaba al Departamento del Distrito Federal, es decir, 18 mil 545 millones de pesos, se deriva de los protocolos financieros con Francia y Japón para obras de transporte colectivo.
El convenio mismo, éste que hablamos, en los antecedentes señalaba que la deuda pública del Distrito Federal ascendía a 437 mil millones de pesos, cifra que podría incrementarse a cerca de 600 mil millones de pesos para finales de 1986, de no instrumentarse medidas correctivas.
Continúa el texto del Convenio de Rehabilitación Financiera. Los pronósticos indican que de no instrumentarse cambios en la política de ingresos, gasto y financiamiento para 1988, manteniendo la
inversión en los niveles actuales, es decir, cero crecimiento sería necesario que los recursos para el pago de la deuda se incrementaran en un 185% en el bienio 1987-1988; ello implicaría que su deuda alcanzara cerca de 1.8 billones de pesos, es decir, que por cada peso adicional que se recaudará en el último año, se tendría que contratar 1.52 pesos de crédito, de los cuales el 94% se destinaría al pago de la deuda. Este es el análisis que hace el Convenio de Rehabilitación Financiera.
Los diputados de Acción Nacional no estuvimos y no estamos de acuerdo con este manejo de las finanzas de la ciudad y de su modelo, y votamos en aquel año en contra de los presupuestos y la Ley de Ingresos que estaban deformados por visiones populistas, hoy condenamos tales manejos enfermizos. La historia desgraciadamente nos dio la razón, y tal es así que la Federación tuvo que aplicar los criterios del Programa Nacional del Financiamiento del Desarrollo, donde señala que había que sanear las finanzas públicas llegando en casos extremos a capitalizaciones y asunciones de pasivos, pero que en los general el saneamiento se lograría a partir del fortalecimiento de los ingresos y la racionalización del gasto.
En el convenio se señala eufemísticamente, que hay que ampliar el techo financiero del Departamento para dar cabida al endeudamiento derivado de la emisión de los bonos de renovación urbana del Distrito Federal, llámese Boresdf, por un monto de 25 mil millones de pesos.
Del convenio se desprende también que en realidad eso fue un plan financiero de salvamento para el Distrito Federal, considerando como urgente por la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento; sin embargo, la Cuenta Pública del Distrito Federal, en su página 23 dice textualmente que: "El sector Departamento del Distrito Federal, han redoblado esfuerzos en el saneamiento de las finanzas públicas".
Veamos cómo la estructura de ingresos se distorsiona al sanear las finanzas por medio de la asunción de deudas que reducen los pasivos, pero no la mecánica del endeudamiento.
Es sector central del Departamento se iba a financiar austeramente con colocaciones por 3 mil millones de pesos; sin embargo se endeudó sólo con 24 mil 600 millones de pesos, con lo cual tuvo una desviación, ustedes pónganle el adjetivo, nada menos de 720% arriba.
El sector paraestatal no es menos impresionante ya que se iba a financiar también muy austeramente con la colocación de 700 millones y únicamente lo hizo por 49 mil 968 millones, con una desviación de 7,138%.
El problema en este sector fue que Ruta - 100 no pagó lo que debía de intereses y le capitalizaron nada menos que 39 mil 62 millones; el término jurídico para esto es el anatocismo, y eso es lo que le pasó a la Ruta - 100. Además, hubo otros 8 mil 800 miles de millones de pesos del Metro para revaluación por tipos cambio; sin embargo, también en la Cuenta Pública se nos dice, y cito de la página tres, en la presentación: "En el ejercicio del presupuesto de 1986, se siguieron observando las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, logrando con ello una mejor transparencia en la aplicación de los recursos y fortaleciéndose las finanzas públicas de la entidad.
La verdad es que hace cuatro años la Federación le saneó al Departamento sus finanzas, porque le absorbió la pérdida cambiaria resultante de la deuda externa, que ascendía nada menos que a 162 mil 913 millones, equivalente en aquel momento al 59% a todo su presupuesto de aquel año.
Hoy el convenio volvió a sanear las finanzas y le ayudó con el equivalente al 41% del presupuesto del año de 1986, y la verdad yo no creo que haya correspondencia entre estos conceptos de racionalidad, de austeridad, de disciplina presupuestal con lo que realmente se está haciendo, yo creo que por eso el Poder Legislativo debiera encargarse de aprobar el ejercicio de esta Cuenta Pública, del presupuesto y de la cuenta pública.
La verdad es que no hay disciplina presupuestal y racionalidad del gasto, y más adelante tocaré algunos casos muy concretos; pero por lo pronto, ahorita voy a señalar que en los ingresos del Departamento del Distrito Federal, en su monto total había una pequeña variación de 1%, pero en la estructura y la procedencia de las oscilaciones que pueden destinarse como estratosférica, hubo ampliaciones por un lado del presupuesto de 329 mil 535 millones, y por otro lado una reducción de 315 mil 585 millones, es decir, los efectos contables se neutralizan, pero los programas y las finanzas quedan totalmente distorsionadas; pregunto, ¿puede haber disciplinas cuando hay variaciones presupuestales, ingresos, egresos de más del 30%?
La reducción del pago de la deuda por el Convenio de Rehabilitación es tal, que la asunción de la deuda no libera de los compromisos contraídos por el Departamento en 1986, ya que su cláusula IV menciona que el servicio de la deuda que genere en 1986, es decir, intereses y amortizaciones que tengan vencimiento en ese año, se cubrirán con recursos presupuestales del Departamento, mismos que se transferirán al Ramo XXIX, "Erogaciones para Financiamiento Financiero", en la fecha de firma del presente convenio.
La distorsión viene de que el Departamento se endeudó en 1986, con cargo a la partida que tenía la Federación para sanear las finanzas del Distrito Federal hasta 1985, por eso es que al asumir el 96% de la deuda de 1985 el Departamento del Distrito Federal al terminar 1986, tiene un 21% de la deuda que tenía al finalizar 1985 y no como podría suponerse, solamente un 4%, ¿esto es disciplina?, ¿esto es saneamiento financiero?
Por otro lado, además hubo otras distorsiones: por un lado, las reducciones de los ingresos de partidas ya aprobadas del gobierno federal, y por otro lado, por las gravísimas deficiencias en la estimación del Programa de Reconstrucción, que debiera ser considerado y no lo fue.
Ahora bien, yo quiero leerles aquí dos cláusulas del Convenio para la rehabilitación Financiera del Departamento del Distrito Federal, la sexta y la octava. La cláusula sexta dice lo siguiente: "El Departamento, únicamente contratará en lo futuro recursos crediticios exclusivamente de los protocolos francés y japonés, para la adquisición de bienes y servicios destinados a las obras y ampliación del Metro de la ciudad de México, y en los casos de excepción que autorice el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y, Crédito Público.
Pues se dio una excepción realmente grande, vuelve a tener ahora el Departamento en este año, al término de 1986, nada menos que el 21%, se endeudó por 21% y antes le habían asumido un 96%, las excepciones no son tales. Además, también en la cláusula octava, dice: "La Secogef vigilará dentro del marco de la Comisión Intersecretarial de Gasto y Financiamiento y en el ámbito de las atribuciones que expresamente le confieren las leyes y reglamentos, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este convenio por parte de las dependencias de la administración pública federal, que en él intervienen".
Pues, una de las obligaciones era no contratar más y lo dejaron que volviera a contratar, no se cumplió y no cumplieron tampoco las otras dependencias.
Ahora bien, todos los movimientos que se hicieron, en lugar de que hubieran quedado liberados algunos recursos o la totalidad de los recursos que iban a destinarse para el pago de la deuda, pues no quedaron libres, sino solamente las dos terceras partes en lugar de las nueve décimas, es decir, en lugar de 326 mil millones solamente quedaron 220 mil millones, siendo la mayoría de éstos para destinarse a algo que le pudiéramos llamar un aumento sustancial en el renglón de servicios personales del capítulo 1000.
Del análisis del gasto corriente de la página 192 del informe previo se desprende que los servicios personales en el presupuesto original, tenían un peso específico del 30.9%, pero al entrar en vigor el Convenio de la Rehabilitación, éste se elevó nada menos que al 56.3%; sin embargo, el gasto corriente total disminuyó, a pesar de que hubo un aumento en los servicios personales por 19%.
El Departamento del Distrito Federal ante un cuestionamiento enviado por la Contaduría Mayor de Hacienda, declara y afirma que en términos generales se cumplieron las disposiciones relativas a los sistemas y procedimientos de planeación, programación y presupuestación, esto está en la página 85 del informe previo.
Como puede observarse, una cosa es lo que se hace y otra lo que se dice, sin embargo, la planeación del Distrito Federal costó 1 mil 500 millones de pesos, los planes se tiran a la basura y luego contestan que la planeación va muy bien.
El Presupuesto de Egresos para 1986, marca en su capítulo XII los programas que se establecen como prioritarios, pero este mismo artículo en su tercer párrafo marca textualmente: "Los programas incluidos en este artículo no podrán ser afectados presupuestalmente en la baja, excepto cuando hubiesen cumplido las metas originalmente presupuestadas, y siempre cuando las transferencias sean hacia otros programas denominados como prioritarios. En el caso particular de la deuda pública, si las condiciones de pago mejoran, su meta podrá ser modificada a la baja".
Esto es lo que dice el Presupuesto de Egresos y esto es lo que no se cumplió si se analiza qué fue lo que pasó; esto no se cumplió de alguna manera. Por ejemplo, de los 14 programas prioritarios, bajaron ilegalmente cuatro de ellos en forma sustancial su presupuesto , sin cumplir siquiera aproximadamente sus metas, y por lo tanto, se violó el artículo 12 del Decreto de Presupuesto de Egresos.
Ellos son la ampliación y mejoramiento de la planta física y educativa que no alcanzó sus metas; ahí está la cuenta pública y lo pueden revisar no alcanzó sus metas, y sin embargo en contra de lo que dice el artículo 12 del Decreto de Presupuesto de Egresos, no ejerció su presupuesto en la totalidad, es decir, bajó el ejercicio del gasto en un 33% de los que estaba autorizado.
La regulación de la tendencia de la tierra bajó un 2.2%; el abasto y comercialización bajó 34.3%; la contaminación ambiental bajó 75.2%; todos ellos son programas definidos como prioritarios, y el ejercicio del gasto fue menor, se afectó a la
baja en contra de lo que establece el Decreto de Presupuesto de Egresos.
Voy a mencionar algunos programas y algunos detalles con relación a ellos, pero antes quisiera comentarles que para hacer un análisis de ellos vendría la pena establecer varios criterios para hacer éste. Primero, el de congruencia entre los objetivos y metas, es decir, ¿cuál es el marco de planeación?; segundo, el de suficiencia para resolver total o parcialmente los problemas, es decir, ¿cuáles son las tendencias en la resolución de los problemas que afectan a los habitantes de la ciudad?; tercero, eficacia para cumplir las metas previstas en la relación con las metas realizadas; cuarto, eficiencia con los recursos presupuestales y las metas alcanzadas.
Vamos a ver algunos de los programas. El programa R-4, abasto y comercialización, que definido por el presupuesto como un programa prioritario; ya decía hace un momento que solamente ejerció el 65.6%, sin embargo, si revisamos las metas, no cumplió muchas metas, cumplió algunas y quizá la mayoría, pero metas importantísimas como ésta, no las cumplió:
Establecimiento de 130 centros populares de abasto, ninguno, no hizo ninguno.
Remodelar 14 mercados públicos, solamente remodelaron ocho.
Construir con venta de básicos, solamente nueve lecherías.
Industrializar productos derivados de matanza, la meta era industrializar 28 mil 562 toneladas, se industrializaron 3 mil 369.
Producir 2.5 millones de piezas de lo que le llaman "cat - cut", produjeron menos de 1 millón 999 mil.
Producir 17 mil 760 kilogramos de farmacobiólogos, se produjeron solamente 6 mil 597.
Se tenía como meta crear 12 mil toneladas de reserva técnica, solamente se creó una reserva por 4 mil 151 toneladas.
También se había propuesto instalar para pescados y mariscos en diversos puntos de venta 700 congeladoras, solamente se instalaron 285 aparatos. Esto era un programa prioritario, ejerció menos de lo que se les había programado y no alcanzó sus metas, como ya lo he señalado.
Otro programa: Drenaje y tratamiento de aguas negras, prioritario. Se creció en un 24.6% en el gasto , pero, ¿y las metas?, se pretendía cubrir 410 metros de revestimiento del interceptor central, no se hizo nada. Se pretendía hacer la planta de bombeo central de Abasto II, con una capacidad de 10 metros cúbicos por segundo, se hizo solamente la cuarta parte. Se pretendía tener una red secundaria de alcantarillado de 141.7 kilómetros, solamente se hizo 71.9, es decir, el 50% de lo que se tenía como meta. Había que adquirir 40 mil metros cuadrados para drenaje, para obras de drenaje profundo, no se adquirió nada.
Y luego hay una cosa curiosa en este programa, dice: Adquirir dos escudos de frente para instalación drenaje profundo en suelos blandos, y lo que está alcanzado dice: 1.83, y lo que vimos en las obras del drenaje profundo eran dos escudos no 1.83, y luego buscándole resulta con que el otro 1.17 que le falta para que sean los dos escudos, está en un programa 3-B que es reconstrucción por daños de sismos, está en la cuenta en la página 664. Realmente no hay disciplina ni siquiera, ya no digo en el ejercicio, siquiera en el reporte de lo que se está haciendo.
Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a maquinaria y equipo, se le haría este mantenimiento a 14 mil 517 unidades, se hicieron solamente 818 mantenimientos, lo cual es solamente el 5.6% de la meta alcanzada.
En mantenimiento operativo nueve plantas de tratamiento de aguas negras, solamente se hizo a cuatro plantas, es decir, el 44% de lo que se había propuesto; éste también es un programa prioritario, no cumplió con muchas de sus metas importantísimas.
Otro más, el de agua potable también prioritario, y de paso quiero decir, esto no es hacer más con menos; se pretendía construir 3.26 kilómetros de acueducto periférico ramal sur, solamente se construyeron 1.8 kilómetros, es decir, el 58% de lo que estaba previsto.
Hay ciertamente discrepancias en las cifras y muy grandes, aparentemente son las mismas fuentes en el informe estadístico que se presenta anexo al informe presidencial, pues recurre al Departamento del Distrito Federal, y aquí hay cosas que no coinciden.
El informe presidencial, el V informe, en el anexo estadístico en la página 370 dice que se repararon 10 mil 900 fugas domiciliarias; sin embargo, la Cuenta Pública señala que se repararon 139 mil 827. En un lado se nos dice que se repararon 10 mil 900 y en el otro 139 mil 827, hay una discrepancia muy grande en las cifras.
Hay más discrepancia, miren: se tenía como meta por ejemplo el operar 1 mil 500 kilómetros de red primaria, y el reporte fue que solamente se operaron 555 kilómetros, es decir, 37% de lo que se esperaba; pero tiene uno que preguntar, ¿pero por qué solamente se operó esa cantidad, por qué solamente 555? Bueno, porque el informe dice que nada más hay 555 kilómetros de red primaria, es lo que dice el informe, no pueden operar 1 mil 500 si solamente hay 555 kilómetros de red primaria. Esta es otra discrepancia grave, este dato también está en la página 360 del anexo estadístico del informe presidencial.
Y luego miren, esto también es muy grave: 36.5 metro cúbicos por segundo abastecen al 97% de la población en el Distrito Federal; fíjense: 36.5 metros cúbicos por segundo al 97%, pero se atienden 3% de la población con 308 mil 292 metros cúbicos al año.
Miren, vamos a hacer algunas operaciones para ver cómo resulta esto. Miren, si las pipas en 1986 surtían 4 mil 665 metros cúbicos de agua al día para 3.5 millones de habitantes, datos del informe presidencial, si dividimos el total de lo que reparten las pipas entre el total de la población atendida, 4 mil 665 metros cúbicos de agua entre el total que son 3.5 millones de habitantes, según lo que dice el informe, le toca a cada habitante la cantidad de 1 mil 312 litros por habitante, esto no puede ser.
Ahora bien, la Cuenta Pública dice que no son 3 millones y medio de habitantes, sino que son 306 mil habitantes, pero haciendo la cuenta con los datos de la Cuenta Pública, no con los del informe sino con los de la Cuenta Pública, dice que se repartieron 308 mil 292 metros cúbicos de agua que son, si los dividimos entre 300 mil 844 metros cúbicos de agua, entre 306 mil habitantes, se da a cada habitante, lo benefician con 2.7 litros diarios de agua, esto no es cierto.
Ahora bien, señalo nada más en la relación a los ingresos y también con relación a este programa de agua, pretendía recaudar por agua 21 mil 164 millones de pesos en 1986. Se logró recaudar por este concepto 19 mil 690 millones de pesos, es decir, 93% de lo que se quería recaudar.
Pero el consumo doméstico se incrementó en 80%; las tarifas comercial e industrial aumentaron 220%. Yo les pregunto, ¿se sigue repartiendo el 97% así por este medio, y el 3% con las pipas?, las cifras no checan.
Otro programa más, también prioritario, el del seis de recolección y tratamiento de basura; ejerció un poco más de lo que se había planeado, el 41% más, pero vamos a ver las metas: Terminar la instalación de equipo electromecánico en la planta de incineración de San Juan de Aragón, ¿alcanzado?, nada. Iniciar la estación de transbordo en Gustavo A. Madero, nada. Continuar cuatro estaciones de transbordo: Tlalpan, Contreras, Xochimilco y Milpa Alta, solamente una, y se terminó la de Xochimilco, que estaba programada a terminarse desde el año anterior, desde 1985.
Se les dio mantenimiento a 1 mil 464 unidades del parque vehicular y se alquilaron 96 mil unidades; es costo del alquiler fueron 1 mil 301 millones de pesos. Originalmente se habían establecido para la renta de las 96 unidades, 657 millones.
Salud. Es el programa "YY", también prioritario. Aumentaron los servicios personales en este programa el 60%, pero vamos a ver que pasó. De los 2 mil millones destinados a construcción de hospitales, solamente se gastaron 366 millones, 28% de lo que se había destinado para eso; programa prioritario y lo remito al Presupuesto de Egresos, artículo 12, que prohibía hacer esto.
De los 2 mil 716 millones destinados para construir edificios para la salud, se ejercieron solamente 1 mil 200 millones. La construcción bajó 3 mil millones; pero el gasto corriente aumentó 2 mil 200 millones. En lugar de 45 mil vacunas, se aplicaron 136 mil 225, es decir, mucho más vacunas; pero en lugar de atender a 1.9 millones de enfermos, se atendieron solamente a 163 mil. Y de paso, quiero recordar que el "Rubén Leñero" ya tiene mucho tiempo en construcción y no se ha terminado.
En relación al transporte urbano, también prioritario. El ejercicio del gasto es hacia arriba, 25%; pero veamos las metas. En la operación del Metro, la meta se redujo en 3.2 que es insignificante, puede decirse que cumplió la meta; pero los servicios personales aumentaron 36%.
En la operación del Sistema de Transporte Eléctrico, aquí sí la meta no se alcanzó; la meta se redujo en un 48.8%; pero los servicios personales sí aumentaron en la misma proporción, en 48%.
En la operación de la Ruta - 100, la meta se redujo en 18.9%; pero los servicios personales aumentaron 64.8%.
En aportaciones a la administración de justicia, la que también es prioritaria en el programa BI, el presupuesto ejercido superó a lo que se había establecido en un 50%, pero los servicios personales también aumentaron en un 50%; y aquí solamente quiero notar que entre las metas que se tenían establecidas, era construir cuatro edificios
para las agencias del Ministerio Público y que no se construyó ninguno de los edificios que se habían establecido.
Seguridad pública, prioritario también. El gasto aumentó en un 42% arriba, sin embargo, la seguridad no ha mejorado, pero aquí hay discrepancia entre lo que se señala en la Cuenta Pública y lo que señala el anexo estadístico del informe presidencial y son sustanciales. Con relación por ejemplo al número de vehículos, al número de patrullas, en fin, hay muchas cosas que no coinciden.
Ya voy a terminar, solamente quiero mencionar dos programas más, miren, el de contaminación que es gravísimo, este programa intentaba instalar 38 dispositivos de monitoreo para controlar los índices que se designan como IMECA, que quiere decir Índice Metropolitano de Calidad del Aire.
El ejercicio del gasto fue de 328 millones, es decir, fue un 75% menor a lo que se había establecido, a lo que se le obligaba al Departamento del Distrito Federal cumplir, se gastó entonces el 25% del presupuesto, pero ¿saben qué pasó con las metas?, se cancelaron.
Y bueno, acabamos de aprobar aquí una Ley de Contaminación, ¿qué va a pasar con las inversiones térmicas, cuáles?, ¿qué dispositivo de monitoreo tenemos, para cuando hay emergencia, para avisarnos cuándo hay emergencia, qué va a pasar? Y bueno, con relación a uno más, solamente para ver lo de la coherencia.
En productividad forestal, por ejemplo, es el Programa Gm, Fomento de la Producción y Productividad Forestal: Miren, aquí el programático de la cuenta señala que se proponían plantar 7 millones de árboles, qué bueno,; pero hay otra cifra, dice: se proponían producir 380 mil árboles frutales. Se lograron producir 543 mil árboles frutales; pero qué bueno que se alcancen las metas. Y yo pregunto: ¿qué tiene que ver con que este programa produzca vientres para hacerlo?, produjo 200 vientres para hacerlo.
Ahora, aquí también hay una incoherencia. Miren, si en la Cuenta Pública se nos dice que se plantaron 12 millones de árboles forestales, el anexo estadístico del V Informe Presidencial, en la página 364, habla, cuando se refiere a la forestación del Distrito Federal, que sólo se plantaron 3 mil 226 millones de árboles. ¿Qué pasa? Son 3.2 lo que reporta la Cuenta Pública y 12 millones lo que reporta el informe presidencial. Muy grande la diferencia
. Finalmente, sólo quiero señalar que hay también discrepancias entre la Cuenta Pública Federal y lo que señala a la Cuenta Publica del Distrito Federal. Miren, ayer se dio un debate en torno a esto; yo solamente quiero señalar las incoherencias, o cuando menos los datos que no checan entre una cuenta y otra
Miren, en el capítulo de desarrollo regional y estoy hablando de la Cuenta Pública Federal, capítulo desarrollo regional, se señala que el gobierno federal le envió recursos al Departamento del Distrito Federal por la cantidad de 844 mil 428 millones de pesos. Ayer se decía, bueno, quiten la función del pasivo; bueno, vamos quitando la función del pasivo a esos 844 mil, vamos a quitarle los 462 mil de la asunción y eso nos da 382 mil, pero eso no checa con las cifras que están en la Cuenta Pública del Departamento.
Si vemos la página 49 de la Cuenta Pública, nos dice que el departamento del Distrito Federal recibió de la Federación, y estoy quitando las participaciones, de un total de 334 mil 88 millones de pesos, pero esto no checa con la Cuenta Pública Federal, ni siquiera ésta checa consigo misma cuando trata de las transferencias, dice que le manda al Departamento del Distrito Federal 695 mil 198 millones de pesos, ahí están considerados los pasivos, pero sin considerar los pasivos le envió al Departamento 251 mil 888. Ya eso es un mar de cifras y ya nadie la entiende.
Son por un lado, 252 mil millones de pesos; por otro lado, 334 mil millones de pesos; acá, 382 mil millones de pesos. Estamos hablando del mismo rubro y con los mismos documentos, no hay nada que coincida.
Ahora bien, y ya voy a finalizar, ya que la secretaría me pasó un tarjeta...
El C Héctor Pérez Plazola (desde su curul):- ¿Me permite una interpelación el orador?
El C. Presidente:- ¿Acepta una interpelación? Adelante.
El C. Jesús Galván Muñoz: - La acepto.
El C. Héctor Pérez Plazola (desde su curul): - Señor diputado, para que usted nos defina si no es la misma comisión de la Cámara, de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, la que analiza y dictamina la Cuenta de la Hacienda del Departamento del Distrito Federal y la Cuenta del gobierno federal, ¿es la misma comisión la que analizó las dos cuentas?
El C. Jesús Galván Muñoz: - Sí, es la misma, de hecho las comisiones unidas son las que presentan el dictamen.
Bueno, hay otra cosa más, el gobierno federal le manda al Departamento del Distrito Federal 4 mil 300 millones de pesos para un programa de desarrollo de empleo regional. Sin embargo y yo entiendo que, porque ya tuve una conversación con el diputado Adrián Mora, que es difícil que se rinda cuenta específicamente de este programa, por la forma en que se ejecuta.
Sin embargo, la Cuenta Pública debe rendir cuenta de esto miren, hay también discrepancia. En la página 54 de este documento de Cuenta Pública del Distrito Federal se señala y voy a leer: "Para continuar con la política del gobierno federal de abatir el índice de desempleo abierto, se contó con la autorización de recursos por la cantidad de 4 mil millones de pesos, destinados al Programa Regional de Empleo, con lo que se generaron aproximadamente 110 mil 400 empleos eventuales, que equivalen a 9 mil 200 equivalen permanentes". Sin embargo la Cuenta Pública Federal dice que son 4 mil 300 millones; no coincide ninguna cifra, además de que no se rinde cuenta de eso cuando menos de esos 4 mil millones de pesos.
Esta referencia que acabo de leer, es todo lo que tenemos; en resumen, el marco de legalidad que regula la vigencia, el ejercicio del gasto público no fue respetado; las menciones constantes a la austeridad, a la racionalidad, a la transparencia no quedan demostradas y no quedan claras, cuando menos en reporte de la Cuenta Pública. Tampoco es cierto, como aquí se señaló, que el Departamento del Distrito Federal esté haciendo más con menos, está haciendo cada vez menos.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Terrazas Guerrero, del Partido Mexicano Socialista, en contra.
El C. Manuel Terrazas Guerrero: - Compañero presidente; compañeras y compañeros diputados: Realmente uno se pregunta, ¿por qué tanta oposición al Congreso del Distrito Federal?, aquí hay menos de 40 diputados, incluyendo naturalmente a la izquierda, hay menos de 40 diputados.
Podríamos negar, son los que realmente tienen interés, al parecer en los problemas del Distrito Federal, pero ¿por qué se sigue oponiendo el PRI al Congreso del Distrito Federal?
Nosotros queremos empezar haciendo una aclaración al compañero Gilberto Nieves; tal parece que le pasaron mal la nota, por no decir le soplaron mal, porque nosotros sí, en el buen sentido, en el sentido que empleamos en la escuela, realmente ustedes no tienen por qué extrañarse de eso, le pasaron mal la nota, pues. Nosotros efectivamente usamos computadoras, en eso tiene razón Gilberto, pero yo hablé en el capítulo del deflector, de porcentajes efectivamente, y las cifras anteriores de miles de millones de pesos claramente; si por ahí se escapó el porcentaje, realmente eso no tiene importancia, pero en todo caso, el compañero Gilberto se ha referido a ese aspecto, aunque abarcó todo, en ese sentido digo que la nota no estuvo bien transmitida, el problema es que no cambia esa observación justa del compañero, en una parte nada más, si acaso.
Por otro lado, quisiéramos hacer un anuncio importante que de haber concurrencia plena, merecería inmediatamente un aplauso generalizado. El anuncio es que nos estamos orientando a no hacer intervenciones en lo particular, queremos votar en un solo acto, en lo general y en lo particular, en contra por supuesto, y queremos hacerlo la mayoría de las fracciones parlamentarias de oposición. Eso quizá aligere un poco el trabajo, aunque tiene un sentido político que va mucho más allá de la valoración del tiempo.
Vamos a referirnos a un aspecto del dictamen, precisamente que es general; no queremos pasarlo por alto, tiene mucha trascendencia. Llama a nosotros, cuando menos nos llama mucho la atención y creemos que reviste indudable interés, el apartado segundo del proyecto de dictamen sometido a esta soberanía: perfil socioeconómico; pueda ser que es el que tenga en el tiempo una mayor significación para nosotros diputados, que nos interesan los porcentajes, por cierto, aunque esos porcentajes poco se puedan difundir, pero a nosotros como diputados sí nos interesan los porcentajes, sobre todo en el incumplimiento y y en los descensos del desarrollo, en este caso de los programas del presupuesto en cuanto a la comparación con los años.
Decía, que el perfil socioeconómico tiene mucha importancia y yo creo que esto sí va a interesar a todo el pueblo del Distrito Federal, en la medida en que sepamos difundirlo. Es bien conocida, decimos nosotros y llega a reconocerlo el dictamen, la gravedad de los problemas a que se enfrenta el Distrito Federal, y habla elocuentemente de lo difícil que va a ser todavía más, ciertamente lo reconocemos; lo hecho tiene más mérito en condiciones de magnitud enorme en las dificultades y también lo no hecho adquiere mayor responsabilidad y mayor gravedad, dada esta situación. Pongamos las cosas en claro.
Así por ejemplo se dice en el proyecto de dictamen, acerca de cómo la ciudad de México ha soportado en las últimas décadas un crecimiento poblacional y urbano con marcada tendencia centralista,
a diferencia de lo que dice constantemente el discurso gubernamental, sobre todo presidencial, acerca del predominio en la política del gobierno del federalismo, aquí hay una gravísima contradicción, repito son las palabras textuales, por eso no queremos dejar pasar por alto este capítulo o apartado segundo del dictamen, decía: "Con marcada tendencia centralista como consecuencia de un modelo de desarrollo", que han aplicado ustedes compañeros en las últimas décadas.
No lo estamos diciendo nosotros, resulta que lo dice el dictamen, vamos a ver cómo se va a responder a esta apreciación oficial; yo creo que no la van a modificar, pero aquí está; no estamos citando fuera de contexto, lo estamos haciendo estrictamente en el contexto por la significación que esto tiene y dice después: "que actualmente se ha constituido en un freno para dotar de los servicios básicos a una población de 10.5 millones de personas, reconocimiento categórico. Habla el dictamen ya que esto se ha constituido en un frente para dotar de servicios a 10.5 millones de personas.
Esto tiene mucha importancia compañeros, ojalá que hubiera mayor cantidad de diputados para que sometieran a la crítica y al juicio de valoración esta estimación que estamos haciendo.
Luego dice: "con una mancha urbana que alcance el 40% de la totalidad de su territorio y que represente el 12% de la población nacional". Dice después: "el centralismo que ha provocado una inercia de crecimiento anárquico que por su complejidad y magnitud es imposible de frenar y reorientar en el corto plazo.
Esto es lo que dice el dictamen, yo no sé de dónde se tomó esto, pero el dictamen no hace ninguna referencia y lo establece como afirmación del dictamen de la Comisión del Distrito Federal; muy importante porque frena e impide reorientar en el corto plazo; condenados en el corto plazo a ninguna solución al respecto, ya que su solución queda enmarcada dentro de un contexto a mediano y largo plazo, de una situación como ésta que se torna más difícil cada día por el crecimiento natural de la población que ingresa y se asienta diariamente en la ciudad y zona conurbada, proveniente del interior de la República en busca de mejores oportunidades.
Una conurbación en este caso con 17 municipios, compañeros, así nos encontramos efectivamente con una zona metropolitana que rebasa los límites político administrativos del Distrito Federal, con una población conjunta estimada en más de 18 millones de habitantes que requieren y comparten servicios.
Y luego sigue diciendo, para que nadie pase por alto esta parte importantísima del dictamen que tiene que ver con nuestro futuro a inmediato plazo, cercano a mediano o a nuestra condenación como ciudadanos; sigue diciendo: esto provoca que se establezca una barrera impresionante entre la demanda de servicios y la posibilidad de atenderlos. Eso dice el dictamen.
Dice también: por el ritmo acelerado de la formación de nuevos asentamientos humanos y el lento crecimiento de los recursos financieros captados por el gobierno capitalino, que ahora ya no es lento, ahora está en posibilidad de captación por que resulta que se van a suspender las obras pendientes del metro, ya no habrá nuevas obras del metro, las importantes ramales del metro que todos recibimos con aplausos porque respondían a una necesidad, ya no se van a construir el año próximo.
Allá tenemos una consecuencia, ya el Distrito Federal, Departamento no va a tener recursos para obras, no se van a hacer obras nuevas, ¿es así, verdad compañeros?
Sigue diciendo, en el aspecto financiero, y lo mencionamos porque vamos a hacer algunas conclusiones, la captación tributaria, como aportación ciudadana al gasto público, se han visto menguada por la disminución en el poder adquisitivo de los salarios; esto afecta profundamente al Distrito Federal, creo que tiene esto un valor, y hay que derivar una consecuencia, una medida de enfrentamiento a esta situación que no ha permitido un crecimiento al mismo ritmo del que se ha dado en el costo de bienes y servicios, requeridos en la gestión de gobierno. Aquí, ustedes están viendo ya una contradicción muy evidente, un diagnóstico que no corresponde a las apreciaciones satisfactorias, ciertamente con la relación al gasto, a su aplicación, pero con relación a una situación de la zona más importante del país.
Después también el dictamen nos dice que el panorama descrito, este diagnóstico económico social, este perfil, ha impedido la creación de una infraestructura y medios necesarios para el desenvolvimiento integral del individuo, que propicien condiciones dignas de vida y opciones viables de superación dentro de un marco de justicia, quiere de decir que no las ha habido, porque se ha impedido.
Yo creo que los compañeros no advirtieron la significación de estos asertos, de estos planteamientos; yo no sé cómo lo van a explicar, ojalá que los expliquen bien, pero nosotros le vamos a sacar una conclusión de esto para someterla, no es ni ataque sino es señalamiento de hechos que son indubitables, que se tuvieron que recoger,
pero que no tienen la consecuente conclusión. Esto es el problema, compañeros
. Dice después, para tener una idea de la magnitud de los problemas que presenta la ciudad capital y zona conurbada, es preciso mencionar algunas características de los servicios más representativos que proporciona el gobierno capitalino, y entonces aquí es donde se explica el porqué se hace una valoración justa de la enorme magnitud del problema del transporte, del drenaje, de las aguas potables, de las aguas negras, etcétera, para resaltar sin duda alguna legítimo, porque se puede resaltar, por ejemplo las obras del drenaje profundo, por ejemplo las obras del metro. Se equivocan aquellos que con dolo dicen que nosotros negamos realizaciones, no lo negamos.
Dice después, la situación económica por la que pasamos y la concentración poblacional en la ciudad de México y zona conurbada, han originado altos índices de desempleo, alcoholismo, drogadicción y desintegración familiar, por ello, los hechos delictivos se han incrementado en forma alarmante, donde una corporación policiaca preventiva que cuenta con aproximadamente 25 mil elementos, son insuficientes para cuidar a una ciudad de más de 10 millones de habitantes.
La demanda de agua potable se ha ido incrementando, de tal manera que llegó el tiempo en que los recursos acuíferos de la ciudad fueron insuficientes y hubo necesidad de traer este vital líquido de los alrededores de la metrópoli, aumentando sus costos de operación y mantenimiento, en proporción a la distancia que se tiene que cubrir y en algunos casos se hace desproporcional, ya que el costo de cubrir un kilómetro más, es más costoso que el anterior.
Se habla después de lo que significa la magnitud del problema del drenaje, la inmensa infraestructura que esto es, pero que requiere un trabajo constante de desazolve y reparación; yo no sé, con esta perspectiva sombría que le espera a la ciudad, si es posible garantizar el desazolve y el mantenimiento de esa magna obra que constituye el drenaje profundo y esa enorme red primaria y secundaria.
Después dice que se considera a la ciudad de México como la metrópoli que produce más basura en el mundo, ya que genera diariamente como promedio, un kilogramo por habitante, 11 mil toneladas diarias y aproximadamente 4 millones de toneladas anuales, de las cuales apenas el 25% son recicladas para su reutilización, principalmente como abono agrícola; el destino, del 70% restante, representa un verdadero problema.
Aquí nosotros queremos decir una cosa, reconocemos lo que ha sido la labor del Departamento en cuanto a rellenos sanitarios, a la liquidación de basureros a cielo abierto que causaban tremenda contaminación en el Distrito Federal; pero el problema del reciclaje, ¿cómo , una ciudad condenada por la propia Comisión del Distrito Federal, porque no le da ninguna posibilidad, va a poder resolver el problema del reciclaje de la basura, el 75% de la basura?
Después se describe en forma somera algunos problemas que presenta la ciudad de México, vemos cómo ésta constituye un área donde se concentran rezagos, desigualdades y distorsiones, con un crecimiento desorbitado en las últimas décadas.
Hasta aquí nuestras citas para establecer algunas conclusiones. La primera de ellas, ¿por qué razón la comisión no ha establecido las recomendaciones necesarias para hacer frente a esta situación?, y ¿por qué no va más allá en lo que se refiere a los problemas técnicos y no recomienda al Departamento del Distrito Federal cuestiones que permitan hacer frente a esta situación?, decimos nosotros, si llama la atención este apartado, cuyas citas incluidas en esta intervención vienen a cuento, porque determinan un inevitable y obligado comentario, lo hacemos breve, sucinto, telegráfico.
Es legítimo que el perfil socioeconómico, el político significativamente cayó en el vacío más absoluto, fue eludido para resaltar la obra de gobierno del Distrito Federal, pero la cuestión no es ésta, es sobre todo lo que cuestionamos con claridad y precisión, se está condenando a la ciudad, al Distrito Federal, a un sombrío destino sin medidas propuestas; no ha llegado la hora de una profunda revisión del modelo de desarrollo capitalista que ha ocasionado esta situación que reconoce la Comisión del Distrito Federal, y la condena a una negra perspectiva que lleva a la ciudad hacia su destrucción. ¿No ha llegado la hora de aprobar un nuevo modelo?, con base en la revisión profunda de los anteriores que ha aplicado el gobierno priísta en las últimas décadas, no solamente el actual, un modelo que efectivamente no puede responder a la situación actual.
Apartir de un régimen democrático, éstos son los problemas políticos compañeros, que tiene que ver con la Cuenta Pública y con las recomendaciones que ustedes se dignaron hacer, no es algo que se pueda hacer a un lado, éstos son los problemas de fondo, no puede haber un examen de la Cuenta Pública únicamente referido a los números y a la aplicación del presupuesto, porque
ante todo el problema es político, acompañado naturalmente, compañeros, de las consecuentes bases técnicas, comparativas, de conclusiones, de respecto de si se aplicó bien o mal, o qué se cumplió, qué se incumplió en las metas presupuestarias y en los programas prioritarios.
Por eso nosotros planteamos este problema, no queríamos dejar de hablar de esto que interesa al Distrito Federal profundamente. Compañeros, ¿no ha llegado la hora de hacer una profunda reforma económica en el Distrito Federal?, ¿por qué no recomiendan los compañeros de la comisión hacer esa profunda revisión, una reforma económica? De dónde va a obtener dinero, únicamente de eficiencia, únicamente de un perfeccionamiento en la aplicación de presupuestos, de evitar derroches, ni así el Distrito Federal tendrá dinero para resolver los rezagos que se reconocen aquí para darle otra perspectiva menos sombría al Distrito Federal, y eso es lo que estamos proponiendo, que se recomiende en este caso el examen de una necesaria, profunda revisión fiscal al Distrito Federal, para que le permita a éste contar con los elementos necesarios sobre la base de participación democrática, sobre la base de la participación social.
Esto es, compañeros, algo que a nadie le puede afectar desde el punto de vista de que es un ataque, es algo que está fuera de la norma; no se trata de eso, es únicamente un balance de la Cuenta Pública, pero el balance debe ser también político y propositivo, es lo que estamos haciendo y muchas gracias por su atención, y yo creo que ya hay algunos compañeros más, agradecemos que hayan venido. Gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra, en contra, del Partido Socialista de los Trabajadores, la diputada Beatriz Gallardo Macías.
La C. Beatriz Gallardo Macías: - Compañero presidente; compañeras y compañeros presentes: La fracción parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores, hoy Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, viene a expresar por mi conducto los motivos que han determinado votar en contra del dictamen y el proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta Pública de la hacienda Pública del Distrito Federal para el ejercicio presupuestal 1986.
1986 para el Distrito Federal, fue un año plagado de dificultades y contingencias sociales.
Los sismos de 1985, esa terrible manifestación de las fuerzas de la naturaleza, dejaron ver con crudeza las enormes carencias de la población en cuanto a vivienda y los servicios urbanos, la explotación a la que eran sometidas miles de obreras costureras, la falta de escrúpulos de muchas compañías constructoras y la vulnerabilidad de nuestra economía ante este tipo de contingencias.
Aunque por otra parte hay cosas que nunca hubiéramos visto, como el heroísmo y la solidaridad que desinteresadamente se expresó por miles de ciudadanos anónimos, en las tareas de rescate y ayuda a los damnificados. Esos hechos llevaron sus secuelas a 1986; había que reconstruir, la situación no era sencilla y se agudizó cuando nuestro país, como el resto de los países exportadores de petróleo, sufrió el descalabro económico que representó la caída de los precios, la suspensión de crédito externo, sin detenerse la fuga de divisas al extranjero y factores de desestabilización interna y externa, provocados por las fuerzas oligárquicas aliadas al gran capital extranjero, hicieron más difícil esta situación.
Por lo tanto, en 1986, a la luz de las nuevas dificultades, fue necesario rehacer los programas presupuestales originales y tomar nuevas decisiones. La nueva realidad, hasta cierto punto, obligó al establecimiento de un nuevo estilo en las relaciones del gobierno con la sociedad, se dio un trato más directo con los ciudadanos y sus organizaciones, se abrió el camino de la concertación en la realización de algunos planes y programas encaminados a la solución de problemas y demandas.
Sin embargo, esa movilización popular no pudo evitar que el presupuesto se recortara en algunos rubros. Afortunadamente se impulsó la política de escuchar, no sólo a los habitantes, que son representados por líderes del partido oficial, sino también de los habitantes que participan en las diferentes corrientes ideológicas y políticas del país, que desde su trinchera impulsa cambios positivos para la vida nacional. El terremoto significó, por lo tanto, no sólo muerte y destrucción sino también pluralismo, revinculación de gobierno, pueblo y reconstrucción.
El dictamen de la Cuenta Pública del Distrito Federal reseña, desde el punto de vista técnico, el resultado de la discusión y el análisis de expertos contables, de las asignaciones presupuestales, en las que se consideraron como prioritarios 14 programas, se nos da un exhaustivo análisis en cada uno de ellos, dando elementos que desgraciadamente se quedan en explicaciones esquemáticas, sin perspectivas sobre sus efectos políticos y sociales. Está ausente la valoración del ejercicio presupuestal como factor decisivo sobre el bienestar social de la población capitalina.
Después de analizar la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, poco sabemos del
grado en que las autoridades pudieron, usando como instrumento el Presupuesto de Egresos aprobados por esta soberanía, convertir las necesidades de la población en problemas y demandas y ambos en soluciones; pero lo que no dicen los documentos lo percibimos en la realidad, a pesar de los esfuerzos gubernamentales, los problemas se multiplicaron y se agudizaron.
Entre los programas que pensamos son importantes y que se han rezagado, se encuentran los que se refieren al transporte urbano, la seguridad pública, la vivienda, la salud, la regularización de la tenencia de la tierra, la recolección y tratamiento de basura, la administración de justicia, entre otros. Todos estos problemas forman parte de un grupo muy alto de carencias en el Distrito federal, que directamente la viven los sectores más marginados
. Desgraciadamente no podemos analizar exhaustivamente cada uno de ellos, pero consideramos muy importante el que se renueve la estructura presupuestal, reorientándose principalmente a favorecer aspectos cada vez más necesarios para la población de menos ingresos y que nuestra ciudad no se convierta en una gran urbe, con una política de establecimiento de ghettos en zonas marginadas, y en su lugar establecer en cada uno de los programas aspectos de inversión productiva, destinándose a crear fuentes de trabajo y no retórica de los discursos de los funcionarios del gobierno capitalino.
Vivimos una problemática compleja, pero también vicios en el ámbito presupuestal, como es el de mantener un pesado aparato burocrático y político que beneficia al gran capital, como el contratismo en favor de la iniciativa privada, para realizar obras de vivienda y obras públicas, en lugar de favorecer al sector social.
Uno de los aspectos nodales en las carencias de los capitalinos, es el de la vivienda. Para la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, es insuficiente y hasta ridículo que se hayan destinado a Fidideso, recursos tan exiguos para sus programas de autoconstrucción, ya que se construyeron 538 viviendas, frente a una enorme demanda de más de 2 millones de solicitudes de este rubro.
Un ejemplo dramático de rezago es el programa ambiental. Seguramente el problema ambiental principal no es la falta de recursos económicos, sino la falta de una concepción que permita utilizar eficiente y justamente los escasos recursos materiales y los abundantes humanos con los que contamos.
Es un hecho indudable que en diciembre de 1986 había menos árboles en el Distrito Federal que en enero de ese año. Que el poblamiento anárquico de la periferia, sobre todo las faldas del Ajusco, incrementaron el deterioro ambiental, que se incrementó la circulación de automotores y que poco se hizo para desarrollar la cultura ecológica de 11 millones de capitalinos.
En materia de abasto y comercialización, el presupuesto estuvo dirigido a la rehabilitación de mercados públicos, a la apertura de tiendas del Departamento, frente a una red privada de almacenes de autoservicio. La acción es correcta, pero el problema a central de la comercialización no es la infraestructura física o administrativa, sino la regulación de relaciones sociales conforme a criterios de equidad y el estímulo real a la organización de los consumidores y eso es lo que falta.
Otro aspecto de este problema es el control de los 300 grandes centros comerciales, en donde el abuso y la reetiquetación, vulnera la economía familiar de los capitalinos, Indiscutiblemente consideramos la importancia en la asignación de los recursos para transporte urbano, pero sin embargo, insuficiente para la enorme población del Distrito Federal y zonas conurbadas
. En honor a la verdad compañeros, hay que reconocer los grandes beneficios que a los trabajadores se proporciona con el Metro y los camiones de Ruta - 100, a pesar de su insuficiencia e ineficiencia; el gasto en materia de transporte colectivo debe incrementarse. Exigimos como representantes populares que se incremente, por que entraña un principio superior que tarde o temprano sustituirá el nefasto criterio de multiplicar el número de vehículos sólo para favorecer el desarrollo de la industria automotriz, por demás transnacional.
Si votamos en contra, no es por el afán casi metafísico de negar todo el progreso y todo desempeño positivo de autoridad pública. Los méritos están reconocidos, el problema radica en algo que está por encima incluso de la voluntad de autoridades del Departamento del Distrito Federal, una política económica que sacrifica en exceso las posibilidades de resistencia de la población trabajadora, sólo para garantizar la pesada carga de una deuda pública externa e interna. Por eso compañeros, votamos en contra del dictamen y de la reelección de la política económica. Gracias.
El C. Presidente: -Del partido Demócrata Mexicano, tiene la palabra el diputado Trinidad Cervantes Aguirre, para hablar en contra.
El C. José Trinidad Cervantes Aguirre: - Con permiso de la presidencia; compañeros legisladores: Los integrantes de la fracción parlamentaria demócrata, votaremos en contra del dictamen que aprueba la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal, con base en las siguientes consideraciones:
En primer lugar, queremos referirnos al perfil socioeconómico que la comisión describe como marco del ejercicio financiero y jurídico, de los ingresos y egresos ejercidos por el Departamento del Distrito Federal durante la anualidad que nos ocupa.
No refutamos el diagnóstico y las cifras que en el mismo se dan, pero sí rechazamos que se les use como marco de disculpa de las ineficiencias que se desprenden de la cuenta que examinamos.
También recusamos el empleo amarillista de las cifras y de los números que estarían bien en la sección de amenidades de un periódico o de una revista pero no en este foro, entre ellos está la afirmación de que si fuera una línea la red de transporte eléctrico, alcanzaría a comunicar a la ciudad de México con la de Veracruz, o que los viajes en la Ruta - 100 recorren diariamente un kilometraje equivalente a dos veces y media los viajes de la Tierra a la Luna.
Tales comparaciones son para encandilar bobos, pues la red del transporte eléctrico es la misma de los nostálgicos tranvías que junto con los trolebuses se han reducido en relación al pasado, y el dato de los pasajeros - kilómetro que se trasladan en una gran ciudad de similar población a la de México, como Nueva York o Tokio, o Londres, arrojarían parecidas cifras. Estarían bien para comentarse en un café de sobremesa, mas no en un recinto legislativo como éste.
Igual comentario se podría hacer sobre el juicio de que la captación tributaria como aportación ciudadana y gasto público, se ha visto menguada por la disminución en el poder adquisitivo de los salarios. Es cierto que durante esta administración, la población se ha empobrecido, pero las tasas tributarias han permanecido inalterables y más bien han aumentado.
Ha disminuido el poder adquisitivo de los salarios, pero los impuestos que se cobran sobre los mismos, por cierto federales no locales, es sobre su valor nominal y las tasas respectivas no han sido lo suficientemente deflactadas ante el fenómeno de la inflación, pero los salarios carecen de influencia en la captación tributaria del Distrito Federal, lo cual se compone de impuestos prediales, derechos como los del agua, los de las placas de automóviles y distintos aprovechamientos.
Se reconoce que la ciudad de México está sobrepoblada, y que su población se ve incrementada por la influencia de inmigrantes de provincia. Si el presupuesto de Tinguindín de Las Palomas en Michoacán o el presupuesto de mi tierra, un pueblecito de Jalisco, jamás fuera el que se aplicara a esta urbe, sí serían justificados los lloriqueos de impotencia que recogen las páginas del dictamen. A una ciudad grande se le aplica un presupuesto grande, y una administración municipal grande como la que tiene la ciudad de México.
El flujo de inmigrantes, es de una constante histórica en la ciudad de México desde hace varias décadas, y por lo tanto, su gobernación debe tomar en cuenta este fenómeno para la planeación de sus servicios, de la misma manera que un padre de familia compra la ropa de sus hijos infantes con la previsión de su crecimiento.
Una ciudad mientras más grande sea, mientras más sean sus habitantes, genera más recursos para su administración y ello se hace más significativo en la ciudad de México, que contando con el 12% de la población, genera el 25% del producto interno bruto nacional y en que el ingreso por habitante es de los más altos en la República.
Desde luego, que ese potencial de riqueza, en su justa medida y en lo que debería corresponder, no llega a la administración del Distrito Federal, la mayor parte es absorbida por la Federación en el pesado centralismo que padecemos, que impide que las ciudades federativas y los municipios tengan vida propia y satisfagan las necesidades locales de sus moradores. Prueba de ello en el caso, son las transferencias del gobierno federal, la asunción de los pasivos por dicho gobierno y que la participación de impuestos federales sea mayor seis o siete veces que los impuestos locales.
Nosotros consideramos que la ciudad de México, con un gobierno propio, en que los ciudadanos del Distrito Federal eligieran a su gobernador y a los integrantes de un congreso local propio, en que se viviera la democracia y que por lo mismo los gobernados se identificaran con sus gobernantes, y los primeros apoyaran sus gestiones y con la reducción a sus medidas convenientes del centralismo federal, pudieran satisfacer sus necesidades municipales y prestar sus servicios eficientes, los servicios que su población reclama.
Por otra parte, debemos anotar que si bien la ciudad de México crece y crece en forma irracional y agobiante, nada efectivo se hace para evitar ese gigantismo.
Se puede aducir que una administración municipal como la del Distrito Federal no pueda hacer nada para evitar este fenómeno, pero hay que recordar que el gobierno del Distrito Federal es parte correspondiente del gobierno federal, y juntos, el gobierno del Departamento y el gobierno federal, sí podrían darle solución. Lo anterior es el marco, es nuestro perfil socioeconómico de nuestros juicios sobre las presentes cuentas sujetas a análisis.
Si se observan, en grandes números las diferencias entre el gasto real y el presupuesto modificado, se pueden encontrar variaciones pequeñas, que inclusive señalan un ligero superávit y que en los grandes números llegaría a ser ejemplar.
Desde nuestra postura independiente de alabar, de aprobar el bien, venga de donde venga y criticar y reprobar el mal, también de donde venga, efectuamos este reconocimiento y hacemos votos porque ese ejemplo por lo menos, en los grandes números sea seguido por el gobierno federal y por los gobiernos de los estados.
Sin embargo, dentro de esos grandes números se encuentran desviaciones, aplicándose los recursos de un rubro a otro y no cumpliendo las metas programadas.
Hay que recordar que tanto el Presupuesto de Egresos de la Federación como el del Distrito Federal, constituyen ley, por lo tanto, obliga a las autoridades. Hay que recordar que las leyes también obligan a las autoridades, al sacrosanto Ejecutivo y no sólo al pueblo, al que muchos de la mayoría relativa consideran sólo que debe callar y obedecer. Esa ley no sólo obliga a ejercer los montos autorizados en las grandes partidas, sino en todas y cada una de ellas.
Si esta Cámara de Diputados, dentro del presupuesto para transportes incluyó la construcción del tren ligero a la avenida Zaragoza, y al mismo tiempo, la red secundaria del drenaje , con ello dio un mandato, una orden para que los fondos públicos se aplicaran a ese fin y no a otro.
Las autoridades del Distrito Federal no estaban facultadas constitucionalmente para que por sus pistolas emprendieran con estos recursos otras obras y otras tareas.
Ello es más grave si se considera que el presupuesto del Distrito Federal fue modificado en el período extraordinario de sesiones a que se nos convocó en 1986, en que se pudieron modificar las acciones, las asignaciones correspondientes de acuerdo con las circunstancias económicas, extraordinarias que ciertamente se presentaron en ese año. Además con todo y el ajuste que efectuamos, no se cumplieron las metas programadas con violación de la Ley de Egresos para 1986; el propio dictamen está lleno de esos ejemplos, y a pesar de ello, los diputados de la mayoría aprobaron esa Cuenta Pública con amplios elogios, como ejemplos podemos mencionar los siguientes:
En el transporte urbano, se previó la adquisición de 175 casetas y sólo fueron adquiridas 20 casetas; dentro del servicio de transportes eléctricos, las metas de transportación de usuarios, en trolebús y tren ligero, sólo se cumplieron en un 58% y en un 4% respectivamente. Como ya se dijo, la construcción del tren ligero, en la Calzada Zaragoza, la meta establecida no se cumplió; la construcción de la línea Taxqueña - Xochimilco, fue cubierta en un 45% la primera y en un 20% la segunda; las metas de construcción de dos conjuntos módulos, prototipo y dos talleres tipo, se cancelaron.
En seguridad pública, las metas de adquisición de 100 caballos y tres trailers, se reprogramaron para apoyar la adquisición de 100 motopatrullas.
En agua potable, en la ampliación de la red secundaria, sólo se cumplió en un 72% de la meta modificada; la construcción de la planta potabilizadora de Iztapalapa fue suspendida.
En el capítulo de drenaje, el tratamiento de aguas negras para la captación de descargas domiciliarias sólo se construyó el 50% de las redes secundarias previstas. No continuamos con la enumeración, pues en todos y cada uno de los rubros se encuentran casos parecidos de incumplimiento de las metas y el cambio en los programas, y su relación agotaría el tiempo disponible.
Sólo quiero poner otro ejemplo que se encuentra en el rubro de abasto y comercialización. En la Industrial de Abastos, se confiesa que sólo se distribuyeron 1 mil 389 toneladas de carne de bovino, lo que significó un 27% en relación a la meta original. En el dictamen, se asienta que la variación se debió principalmente a las fuertes contracciones de la demanda provocada por los altos costos que alcanzó este producto..
Sabemos, en relación con este fenómeno, que el consumo de proteínas ha disminuido en la población, por escasez de efectivo en los hogares, y esto es efecto de la inflación de la reducción del poder adquisitivo de los salarios y todo ello es producido por el sobregasto público y por su emisión indiscriminada e incontenible de dinero que cada día vale menos.
Al efecto, queremos mencionar que la Industrial de Abastos actúa con subsidio, un fuerte subsidio; sin embargo, el comercio de la carne permite un escandaloso margen de comercialización entre los precios en que se adquieren las reses y demás especies animales y el precio a que se expende al público. Tan es así, que junto con la Industrial de Abastos, funcionan tanto en el Estado de México como en el Distrito Federal varios rastros, varias empresas dedicadas al ramo, que obtienen fabulosas ganancias; tan buenas, que existen varios proyectos para establecer nuevas empresas en ese tan lucrativo ramo, en ese tan lucrativo negocio; sin embargo, Industrial de Abastos opera con subsidios y con menores condiciones higiénicas, pero sigue y sigue operando a ciencia y paciencia de las autoridades.
En todos los casos que mencionamos y en los no transcritos, se usan pretextos o razones para el cambio, algunas pueden ser justificadas, pero otras son de muy endeble sustento, en todo caso se trata de una desobediencia al Poder Legislativo. Si los cambios fueron justificados y razonables, fue porque la planeación de lo original y cambiado no fue acertada.
En el ámbito municipal del Distrito Federal no se justifican esos errores, ya que su presupuesto no está sujeto a las contingencias, a lo no previsto, a lo que puede suceder un día u otro, en el ámbito nacional.
Si el tren ligero de la Calzada de Zaragoza no era tan importante como otros programas de transporte, ello revela un error grueso de planeación que no se justifica con los avances actuales de la ingeniería urbana, y el control financiero que se puede obtener tanto por avance de las ciencias o artes contables, como por el auxilio de las modernas computadoras.
Pero además, en un examen de cuenta no sólo se debe analizar si los precios se aplicaron a los rubros mandados por el Congreso, sino que los resultados hayan sido satisfactorios, y esto está por verse. Si cualquiera de ustedes le da a alguien 5 mil pesos para que compre un kilo de carne y efectivamente se lo trae, pero la carne está podrida sería fatal, sería mortal, y el mandadero no habría cumplido su encargo.
Con esta idea no podemos estar de acuerdo con el gasto efectuado en la Policía Preventiva del Distrito Federal, aunque hayan aumentado los egresados de la Academia de Policía. Si estos egresados, según vox populi salieron aunque más ilustrados, más cultos, con iguales mañas o peores que los antiguos.
No podemos estar de acuerdo cuando la delincuencia, según confesión del propio dictamen, ha aumentado en el Distrito Federal, ni cuando el uniforme policiaco se ha vuelto objeto de terror y una amenaza que tiene que extirparse por las noches.
Parecidas observaciones podemos hacer respecto del transporte urbano. Este sigue siendo un martirio y un verdugo para los capitalinos, los chistes picantes que se cuentan frente a las mujeres que abordan el mismo, son por desgracia una espantosa realidad producida por la aglomeración y la falta de coordinación de los elementos con que se cuentan.
Junto con lo relativamente barato de lo servicios del Metro, de la Ruta - 100 y el transporte eléctrico, un enorme porcentaje de la población debe pagar altos costos para transportarse en lo que se conoce como el servicio de peseras. Todo ello implica desorganización, indecisión; los efectos perniciosos de tratar de conservar como monopolio estatal el transporte en camiones de capacidad normal a los pasajeros que no cumplen su cometido e impedir que los particulares presten este servicio en unidades más grandes, que abaratarían indudablemente costos y mejorarían el servicio.
Y una parte importante del presupuesto del Distrito Federal; casi todas las transferencias que recibe el Departamento del Distrito Federal, se reciben de la Federación y se dedican a subsidiar a sus paraestatales locales. El subsidio es señal inequívoca de una economía enferma, llega con altos costos a los subsidiados y supuestos beneficiarios.
En 1983 la Cuenta Pública del Distrito Federal pudo ser aprobada, en vista de que se trataba del comienzo de esta administración; después de la desorganización delictiva de los delitos en serie que no se persiguieron por la actual renovación moral de Hank González. En 1986 el cuarto ejercicio de la misma administración En 1986, fue el cuarto ejercicio de la misma administración, por lo que al rigor jurídico y político para examinar esas cuentas, debe indudablemente ser mayor, debe examinarse con más cuidado y no tan a la ligera.
Por todo lo anterior, los diputados del Partido Demócrata Mexicano, votaremos en contra del dictamen e invitamos a los demás legisladores, a que en conciencia hagan lo mismo. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra en contra, el diputado Héctor Morquecho Rivera, del Partido Popular Socialista.
El C. Héctor Morquecho Rivera: - Señor presidente, con su permiso; compañeras y compañeros diputados: La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, votará en contra del dictamen de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal del año 1986.
He aquí las consideraciones:
Perfil socioeconómico. Se afirma que el Distrito Federal ha venido siendo una cuidado de una gran concentración urbana y que ha tenido un crecimiento anárquico; que existió un modelo de desarrollo en el Distrito Federal que fue positivo; que tuvo avances en lo económico y en lo social.
También que la inmigración es permanente, haciendo crecer la población debido a gente proveniente del interior de la República, y se afirma también que esos tres factores, según se establece en la página 14 del dictamen, son un freno para dotar de servicios integrales a la población.
A juicio, en opinión de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, la conclusión o aseveramiento en el sentido que se hace de que esos tres factores mencionados constituyen un freno para proporcionar los servicios públicos integrales y además para atender otro tipo de problemas resolviéndolos, problemas de carácter social, es una aseveración totalmente falsa. Es falsa porque primero se reconoce que hubo un modelo determinado de desarrollo y avance económico y social, de crecimiento, que era justo, pero nosotros hacemos esta pregunta: ¿hasta qué punto era justo ese modelo de desarrollo, hasta el punto de las conveniencias de las empresas privadas nacionales y transnacionales que se han servido de la masa asalariada de un mercado de fuerza de trabajo disponible?, o ¿hasta qué punto se considera como positivo, porque el dictamen no establece dicho modelo mencionado?
También es una aseveración falsa, porque tomando en cuenta esos tres aspectos que se dicen que son obstáculos para dotar de servicios, etcétera a la población, la conclusión que nosotros tomamos es que realmente no hay capacidad para resolver los problemas sociales, y consideramos que no es una cuestión de capacidad de política o una capacidad en cuanto a la preparación del personal administrativo, porque realmente sí hay gente muy preparada, sino que la cuestión radica en que se asume una actitud de clase social, una actitud negativa y reaccionaria como veremos más adelante.
En todo el cuerpo del dictamen se trata de justificar el gasto ejercido y de justificar las medidas instrumentadas, y desde luego, no estamos de acuerdo con ello.
Cuando afirmaron que hay un sentido de clase social negativo, reaccionario, en cuanto a la aplicación de la política general, vemos esto en lo que toca a la política de ingresos y de egresos de la Cuenta Pública del Distrito Federal, y su manejo lo observamos en le siguiente enunciado que confirma nuestra opinión, la opinión del Partido Popular Socialista sobre esta política de ingresos en este caso.
Dice que el gasto público del Distrito Federal y sus ingresos son insuficientes, ya que como lo hemos venido afirmando, no hay una tributación adecuada, no hay un propósito de gravar las grandes riquezas y las ganancias de los grandes propietarios industriales, comerciantes casatenientes, especuladores, etcétera, lo que hemos dicho, impide el crecimiento tributario sano y el financiamiento sano del gasto público del Distrito Federal.
Nosotros hemos afirmado que hasta hoy el financiamiento, la política tributaria de ingresos del Distrito Federal es totalmente insana y perjudicial, porque en la página 15, en el párrafo segundo de este dictamen, se reconoce lo que hemos denunciado. Dice: La captación tributaria se ha visto menguada por la disminución en el poder adquisitivo de los salarios, repito, la captación tributaria se ha visto menguada por la disminución en el poder adquisitivo de los salarios. Esto merece una reflexión.
¿Qué quiere decir? Aquí está la espina dorsal, aquí está la vértebra fundamental de la política que se ha ejercido en el Distrito Federal durante muchos años.
Esto quiere decir que la captación tributaria la formación del gasto público la acumulación de este ingreso, descansa únicamente, no básicamente, únicamente, fundamentalmente sobre los ingresos de las clases trabajadoras. Ya está reconocido en este punto lo que durante mucho tiempo no se quiso reconocer.
Esto quiere decir, repito, que la captación tributaria descansa sobre los ingresos de las clases trabajadoras, en el texto lo están reconociendo. Y nosotros hacemos una pregunta: ¡qué no es tiempo ya de que la recaudación fiscal, para completar este gasto público, descanse en las utilidades y ganancias monopólicas de las minorías de las burguesía oligárquica, financiera, industrial y comercial que, como se sabe y en ocasiones anteriores en otros dictámenes se ha reconocido, tienen en sus manos esta burguesía
oligárquica, produce, tiene en sus manos la producción que constituye el 25% del producto interno bruto y ostenta, además, el 20% de la riqueza nacional, ¿qué no es tiempo ya de hacer una reflexión en ese sentido para hacer descansar en manos de esta burguesía voraz la integración del gasto público?
Y dice el mismo párrafo: "Esta mengua en la captación tributaria, no ha permitido un crecimiento al mismo ritmo del que se ha dado en el costo de bienes y servicios". Entonces, esto quiere decir también, que ahí el propósito de seguir incrementando las tarifas de los variados servicios de derechos y aprovechamiento para, sin duda, afectar el nivel de vida, para succionar los pocos recursos de las clases trabajadoras, de las mayorías, dejando intactas las grandes fortunas de las clases más poderosas, desde el punto de vista económico.
Para nosotros, hasta estas consideraciones, pensamos que se ha cumplido en la práctica una declaración pública de Ramón Aguirre Velázquez que dijo: "Al que quiera vivir en el Distrito Federal que le cueste".
Preguntamos: ¿Por qué no hacer una política que cargue los costos sociales en lo general, a los que se han beneficiado, a los que han lucrado, a los que han explotado, a los que se han enriquecido con infraestructura que ofrece el Departamento del Distrito Federal, o sea, las clases más poderosas económicamente?, ¿por qué no se aplica de manera normativa y general, en cuanto a todos los servicios que proporciona el Departamento?, ¿por qué no se aplica lo establecido en la página 20, párrafo primero del dictamen con relación a las cuotas de derecho por servicio de agua?, que dice: "Con objeto de reducir el impacto en la población de menores recursos, se incrementaron las cuotas de derecho por servicios de agua para los grandes consumidores, y se determinó tarifa preferencial a los consumidores domésticos".
Si aquí está un principio realmente de proporcionalidad que en el dictamen se alude a ello, pero que deja huecos en cuanto a lo que he mencionado, respecto de la tributación, ¿por qué no se aplica también este criterio en otros órdenes de servicios que proporciona el Departamento del Distrito Federal?
Pero además, compañeras y compañeros diputados, la fracción parlamentaria de mi partido está en contra del dictamen, porque no se menciona, porque omite el dictamen, la dramática realidad de los habitantes del Distrito Federal tanto en el año de 1986, que hoy se discute su Cuenta Pública, y también este año de 1987.
Es decir, nosotros, a diferencia de algunos oradores de otras fracciones parlamentarias, no consideramos muy fundamental magnificar o darle ciertas vueltas a la terminología jurídica, algunas cifras de lo que se hizo o se dejó de hacer, porque nosotros votamos en contra en 1985, en contra del Presupuesto de Ingresos y de Egresos para el Departamento del Distrito Federal, para ejercitarse en el año de 1986.
Además, consideramos que salvo muy contadas excepciones, hemos visto, hemos observado que todos los años, pero particularmente en los últimos cinco años, el nivel de vida se ha deteriorado, se ha deteriorado la calidad de vida de los capitalinos, y por ello las medidas instrumentadas no son ni siquiera paliativos para poder decir que estuviésemos, en un momento dado, considerando como positivos, he aquí algunos ejemplos.
Los precios del boleto del Metro, de la Ruta - 100, a juicio nuestro siguen siendo caros, porque los salarios se han visto disminuidos drásticamente y una proporción importante de este salario mínimo se gasta en el transporte, el crecimiento del Presupuesto de Egresos ejercido fue muy por abajo de la inflación. Los subsidios, como se ve en el dictamen, son insuficientes los que se otorgan al pueblo y nosotros consideramos que como lo he expresado, deben ser pagados por las clases económicamente poderosas, ricas.
En otro aspecto, los resultados que arroja industrial de abastos, su tarea, sus programas, sus propósitos enunciados para este año, definidos y programados para 1986, no se cumplieron, se dice que el propósito era contribuir a mejorar o paliar la disminución de los salarios, procurando un poco fortalecerlos, mediante el sacrificio de animales, mediante una inversión para Industrial de Abastos, y de esa suerte favorecer en parte a las clases trabajadoras, a las mayorías, pero resulta que la aplicación de su presupuesto se redujo de 21 mil 774 millones de pesos a 10 mil 48 millones de pesos.
En materia de vivienda, pues francamente, definitivamente, son ridículos y pobres, los resultados.
Luego hay una cosa que francamente es absurda; se dice que sólo fue posible la compra de 5 mil 139 metros cuadrados, o sea, media hectárea.
Para la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, esto significa, sin duda, una actitud claudicante de los responsables del Departamento del Distrito Federal en esa materia, ante los grandes propietarios de terrenos, de viviendas, de fraccionamientos,
de especuladores de predios, que sólo están esperando incrementar sus riquezas su acumulación de capital, al poner a "engordar" el precio de los predios.
Consideramos que lo que sucede, es ampliar las expropiaciones, es asumir una actitud más revolucionaria, de mayor responsabilidad con los habitantes del Distrito Federal, para impulsar la construcción de viviendas. Por esa razón rechazamos la incapacidad del gobierno del Distrito Federal, que se señala en el dictamen, sólo realizó 580 de las 2 mil 765 acciones de vivienda y que plantea, por parte de las autoridades, solucionar a mediano y largo plazos, este grave problema de la vivienda, que, a juicio nuestro, se debe resolver de manera inmediata, con espíritu positivo, con una actitud más valiosa en favor de las mayorías.
Compañeros diputados: Las consideraciones anteriores nos muestran que en la solución a los problemas del Distrito Federal, se ha llegado a una magnitud tal, para los cuales en el dictamen no se encuentra otra respuesta más que posponer su resolución, en términos medianos o de largo plazo, todo lo cual pone en evidencia la inoperancia de las estructuras políticas que han prevalecido. Por ello, nuestro partido no acepta que al pueblo del Distrito Federal se le remita a futuro en cuanto a la resolución de sus problemas que hoy vive y padece. Se requiere de medidas audaces, de medidas profundas en el presente, se requiere interés pasión y entrega por parte de las autoridades del Departamento del Distrito Federal, que son las responsables y las competentes en estas tareas.
Ante esta situación, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista reafirma su convicción de que el Distrito Federal necesita ya de órganos de gobierno ejecutivo y congreso local propios de elección popular, en los que el pueblo y los partidos políticos tengan una mayor participación. Gracias.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra, en contra, el compañero diputado Efraín Calvo Zarco, del Partido Revolucionario de los Trabajadores.
El C. Efraín Calvo Zarco: - Gracias, señor presidente: En este acalorado debate, lo primero que hay que decir es que es una verdadera lástima, como lo han señalado otros diputados, que a pesar de que ya haya pasado la hora de la comida, porque ya son las cinco treinta de la tarde, de todas maneras haya tan pocos diputados, posiblemente alguna celebración por ahí se haya prolongado.
Ya entrando directamente en el debate de la Cuenta Pública para el Distrito Federal en 1985, queremos destacar que este año de 1985 fue clave para las finanzas del Distrito Federal y también para los capitalinos. Este es un año de un punto de inflexión en la estrategia de los ingresos y el gasto del Distrito Federal, en un intento, creemos, para tratar de solucionar la grave crisis en que estaba metida la evolución de estos rubros en cuanto al gobierno del Distrito Federal.
Este año de 1985 todos lo recordamos, lo recuerda el dictamen, fue el año del aumento de las tarifas del pasaje. Todo mundo sabemos que en 1985, cuando discutíamos este tipo de medidas, condenábamos y señalábamos que era una sin razón esto del aumento de los pasajes por dos motivos; primero que nada, porque no iba a ir a resolver los problemas de fondo del Distrito Federal, ya no digamos los del transporte, como se señala. Se decía que el aumento en el precio del pasaje era precisamente para que el transporte mejorara; muchos señalábamos que no era cierto, que simple y sencillamente iba a ser un parche mal pegado, porque no iba a alcanzar a solucionar los problemas de los capitalinos, sino que al contrario, no solamente no iba a resolver estos problemas del transporte, sino que iba a incidir directamente en la economía de la población de la capital, una economía muy deteriorada por la crisis económica.
A pesar de todos los pesares, el gobierno capitalino se arriesgó, y por primera vez en muchos años, una cosa que se había intentado en una y otra ocasión, pero no se había hecho por los costos políticos que ello podía ocasionar, se aumentó el precio del transporte; y al aumentar el precio del transporte, pues evidentemente aumentó la captación programada de ingresos en Ruta - 100, en el Sistema de Transporte Eléctrico, en el Sistema de Transporte Colectivo, y esto provocó también un alza importante en el rubro de los derechos en cuanto al ingreso del Departamento del Distrito Federal, que se elevó en un 151% en relación a la captación del año anterior. Con una inflación de un 115% se puede observar claramente que sí hubo de alguna manera un aumento real en esta captación.
Hubo también otros aumentos en productos y aprovechamientos, en el primero del 244% en relación al año anterior, un 258% por encima de la meta trazada, y en aprovechamientos del 155%.
Yo pudiera pensar que tal vez esta política de incrementar los precios de los servicios, sobre todo los del transporte del Distrito Federal, era una estrategia que apuntaba a la solución de los problemas; sin embargo, curiosamente, a la par que se dieron estos aumentos en los productos,
los aprovechamientos y lo derechos; hubo sin embargo una disminución muy significativa de los ingresos tributarios que cayeron en un 23%, como lo reconoce el dictamen que estamos discutiendo. Y aquí hay una cosa muy curiosa se aumentan los pasajes, pero baja la capacidad del pueblo para pagar el impuesto predial. Automáticamente, una y la otra van concatenadas. Y la explicación pues la dice muy francamente el dictamen. Ya lo habíamos señalado en ocasiones anteriores y se nos había negado que esto fuera cierto.
Ahora por lo menos hay que reconocerle esto al dictamen, que habla con cierta claridad y dice, por ejemplo en el aspecto financiero, la captación tributaria como aportación ciudadana y gasto público, se ha visto menguada por la disminución en el poder adquisitivo de los salarios, que no ha permitido el crecimiento al mismo ritmo que se ha dado en el costo de bienes y servicios requeridos en la gestión de gobierno. En pocas palabras, lo que se está reconociendo aquí, es que la gente simple y sencillamente no está en capacidad de pagar, y como no está en capacidad de pagar, entonces disminuye notoriamente su aporte al impuesto predial sobre todo.
El resultado es muy claro, hay una compensación entre la caída y los ascensos registrados en los ingresos. Lo que por una parte se aumentó en captación, se perdió en lo que se cayó la captación del impuesto predial. Y muy rápidamente, para decirlo de alguna manera, se logro apenas un incremento de 1% por encima de lo presupuestado del ingreso total del Departamento del Distrito Federal, en 1985.
Nosotros pensamos que hay pocas ocasiones en donde el fenómeno que estamos analizando es tan claro, tan nítido, tan transparente. Se muestra, insistimos, la escasísima capacidad de pagos de los capitalinos que están cerca del cero en muchas ocasiones. Por eso hemos insistido en que toda política fiscal que trate de basarse en sacarle más recursos al pueblo trabajador, a los causantes cautivos, se conduce directamente al fracaso. Y ya lo hemos visto, precisamente en 1985, como lo reconocieron los diputados al presentar y justificar hace unos momentos o hace unas horas el dictamen, fue en 1985 cuando se implementó la primera parte de la recatastración, ese famoso instrumento con el que hoy cuentan las autoridades capitalinas, las autoridades del Departamento del Distrito Federal, para, por lo menos en teoría, tener algo que les permita elevar de manera sustancial el ingreso en el Distrito Federal.
Fue en 1985 en donde empezamos a conocer las numerosas protestas de ciudadanos que se quejaban, porque de pagar 500 pesos de repente se encontraban con recibos de impuesto predial de hasta 30 mil pesos, un aumento que simple y sencillamente cualquier capitalino no podía absorber, porque si bien es cierto que este aumento se aplicó a colonias de recursos económicos no tan bajos como las propias colonias populares, aunque llegó a afectar de manera importante a colonias populares, nadie, por más acomodado que pueda aparecer, puede absorber un impacto de un 10,000% en el impuesto predial y entonces en este año de 1985, con este nuevo instrumento, se vio claramente a pesar de que se podía tener esa espada de Damocles sobre los capitalinos, simple y sencillamente era un instrumento que era una amenaza más que una realidad, que estaba en un escaparate más que en la propia práctica, y que simple y sencillamente no se podía utilizar, por lo menos en toda su magnitud, tal como hubieran querido las autoridades del Departamento del Distrito Federal.
Falló la recaudación del impuesto predial, y falló porque la gente no tiene con qué pagar. Nosotros pensamos que debería ser muy fácil entender esta lógica o este problema, esta realidad, pero sin embargo sabemos que no es tan fácil entenderla, porque el Departamento del Distrito Federal, el dictamen de la Cuenta Pública de 1985 y los presupuestos que después discutiremos en esto días que de nueva cuenta se nos presenten, insisten exactamente en la misma estrategia de tratar de sacarle dinero a quien no tiene, de tratar de sacarle agua a la roca.
Que se han cumplido las metas, dice el dictamen, pues a la mejor sí; en algunos rubros, como muchos diputados han señalado, no se cumplieron precisamente las metas, pero eso no es lo más importante, lo importante es destacar que el presupuesto real del Departamento del Distrito Federal no ha crecido en muchos años, y esto la oposición lo ha señalado insistentemente en uno y en otro momento que ha tenido la oportunidad, y lo hemos señalado porque nos preocupa realmente, nos preocupa que la ciudad de México y la zona conurbada se esté convirtiendo o se haya convertido ya en la urbe más grande del mundo; sabemos que tenemos por esta condición todos los grandes problemas de las grandes urbes, pero ninguna de las ventajas de las grandes urbes de otros países industrializados, porque México es un país dependiente, débil, dependiente de Estados Unidos sobre todo y que no tiene recursos para hacer frente a este monstruo de ciudad que se nos está desarrollando en las manos.
El crecimiento que se calculaba para el presupuesto del Distrito Federal de 1984 a 1985 era de un 60%. Se calculaba que la inflación fuera
aproximadamente de un 50% y todos sabemos que esa previsión como todas las que ha hecho este gobierno, falló, porque la inflación no fue de 60% sino prácticamente del doble, de tal manera que tenemos una disminución real del presupuesto del Distrito Federal, y no en unos cuantos puntos sino una dramática caída de ese presupuesto.
Pero esto no solamente ocurrió con el presupuesto del 1985; sucedía ya con el presupuesto de 1984, sucedía ya con el de 1983, y sin embargo, el dictamen reconoce que a la par de la disminución del presupuesto del Distrito Federal hay un crecimiento enorme de la ciudad.
Ya el compañero Terrazas se encargó de citar algunos párrafos del dictamen, sobre los que yo quisiera insistir porque estoy de acuerdo con él, en que hay que darles mucha difusión porque son verdad, a medias pero verdades y verdades importantes que son el marco de análisis, pero de un análisis serio que debe hacerse sobre el Distrito Federal.
Dice el dictamen, hablando de centralismo: "Ha provocado una inercia de crecimiento anárquico que por su complejidad y magnitud es imposible de frenar y reorientar en el corto plazo, ya que su solución queda enmarcada dentro de un contexto nacional". Más adelante afirma: "Esto provoca que se establezca una carrera impresionante entre la demanda de servicios y la posibilidad de atenderlos".
Esta es la primera vez que se reconoce: "Por el ritmo acelerado de la formación de nuevos asentamientos humanos y el lento crecimiento de los recursos financieros captados para el gobierno capitalino. La ciudad crece pero no los ingresos".
¿Cómo se le llama a esta realidad, cómo se le puede denominar? En una época de crisis hay un estancamiento e incluso un retroceso de las finanzas del Distrito Federal, ante un crecimiento desmesurado por el centralismo y por todo lo que se quiera de la capital. Eso ¿a qué conduce? A un deterioro de los niveles de vida, bienestar y vida digna de los capitalinos.
Y esto, señoras y señores, ¿cómo se llama en español claro y sencillo? Se llama fracaso de las políticas aplicadas en el Distrito Federal, porque no se han podido revertir los rezagos ni de cerca siquiera, al contrario, hay muchas necesidades que están estancadas, hay muchos reclamos que no se atienden y por eso nuestra ciudad capital está en un proceso de degeneración, y por esta razón hay un crecimiento inusitado de problemas como la contaminación, de problemas como el pillaje y el bandolerismo, de problemas como la inseguridad para los capitalinos, de problemas del deterioro de los servicios, etcétera, o sea, nuestra ciudad capital está metida en una gran medida en una olla de la cual no sabe cómo salir, por lo menos no se sabe cómo salir desde el punto de vista de la política oficial.
Claro que las autoridades del Departamento del Distrito Federal, desde hace años, se habían dado cuenta de esta situación, aunque no la reconocieran abiertamente, aunque a cada señalamiento de la oposición se hicieran salidas tangenciales y se evadiera una respuesta concreta, precisamente porque sabían del deterioro del ingreso y del presupuesto dedicado a rubros prioritarios, es que se trazó una estrategia que precisamente se delineó en 1985 y que se pretendía aplicar a partir de este año.
¿Cuál era esa estrategia? El primer punto de la estrategia era el problema de la deuda, porque el problema de la deuda era ya gravísimo. No se encontraba más recurso que pedir prestado, pero como todos sabemos, pedir prestado trae su propia lógica, lógica maldita que implica que al rato hay que pagar hasta el 40% del presupuesto de egresos en puros intereses de la deuda y por eso, un primer aspecto a tratar de solucionar en el Distrito Federal era el problema de la deuda.
¿Cómo se solucionó? Cuando el gobierno federal absorbió o asumió el 96% de los pasivos, se dice en el dictamen, del Departamento del Distrito Federal. Esto es, el gobierno federal llegó, le ayudó al gobierno capitalino y se llevó el 96% de esa deuda, que era tan grave que ya implicaba el pago de casi la mitad del presupuesto que se ejercía durante 1983 y 1984 en el Distrito Federal. Ese fue el primer punto que le llamaron de una manera muy elegante, "saneamiento financiero".
También en 1985 se planteó la creación de nuevos rubros de impuestos de otras cuestiones para elevar el ingreso del Distrito Federal en materia de derechos, en materia de aprovechamientos, etcétera.
También otro de los puntos de la estrategia gubernamental para, solucionar este problema del Distrito Federal, fue el de reestructurar la relación Distrito Federal - gobierno federal.
¿En qué consistía esta reestructuración de las relaciones? Consistía básicamente en el elevamiento de las participaciones, de alguna manera, del gobierno federal a las finanzas capitalinas. Y todos sabemos que esto fue algo muy importante para las finanzas capitalinas.
Los subsidios del gobierno para 1985, lo conoce también el dictamen, son del orden del 65%. Aumentó la participación en ingresos federales de una manera radical y también aumentaron las transferencias del gobierno federal al Distrito Federal. Esta fue la estrategia básica.
Entonces también se lanzó, como ya señalamos, la estrategia de la recatastración, la prueba para ver cómo respondía la ciudadanía capitalina ante el nuevo instrumento que se llamaba también pomposamente "Nueva Ley de Hacienda". ¿Y qué quedó de esa estrategia que se ideó a partir de 1985 y que se empezó a aplicar ese año?.
Y era una nueva estrategia, porque no se pensará que la idea iba a ser siempre absorber deudas del Distrito Federal, incluso, se reconocía en el Presupuesto de Ingresos y Egresos de 1985, que no era la mejor vía que el gobierno federal absorbiera la deuda del Departamento del Distrito Federal; que era una excepción, pero que el Departamento del Distrito Federal debería trazarse nuevas estrategias para no volver a caer en la misma situación. Nuevas estrategias que, como ya dijimos, se basaban en estos puntos que acabamos de describir.
¿Qué nos dice el dictamen de lo que pasó con esta estrategia?, cayó la recaudación tributaria en 23%, como señalábamos en un principio. Esto niveló los aumentos a las tarifas, que por cierto se me olvidaba, era otro de los puntos de la estrategia de la recomposición de las finanzas del Distrito Federal.
El aumento de las tarifas tampoco alcanzó a compensar las pérdidas que había en los sectores del transporte, y mucho menos sirvió para mejorar el servicio del transporte, sustancialmente, porque las metas que se establecieron en los presupuestos originales no se variaron con ese aumento a las tarifas, y yo creo que esto implicó un engaño a los ciudadanos del Distrito Federal, a quienes se les señalo que el aumento del precio del transporte era para mejorar, en su momento, las condiciones de ese transporte.
No pudo avanzar la recatastración, tampoco más allá de un reducido límite de predios que en esa ocasión se recatastraron y además, como ya lo señalamos también, el aumento del impuesto predial, el aumento expresado en recatastración, en vez de aumentar el ingreso, casualmente lo disminuyó; estaba hecho para que subiera no para que bajara, y sin embargo, el ingreso se desplomó, y ya después en presupuestos posteriores hay fracciones que hablan de adeudos anteriores de la población que no había pagado los impuestos, y también se reconoce que simple y sencillamente la gente dejó de pagar porque no tenía dinero, o sea, toda esta estrategia para volver a recomponer las finanzas del Distrito Federal, no avanzó, el jet que se había planeado construir para las finanzas del Distrito Federal ni siquiera despegó, porque solamente se logró superar en 1% la captación total del ingreso del Distrito Federal.
¿Qué es lo que quedó de esa estrategia entonces?, ¿de esa rimbombante estrategia que se anunció en los presupuestos de ingresos y egresos del Distrito Federal en 1985? Lo único que quedó en pie fue un peso desproporcionado del apoyo federal a las finanzas del Departamento del Distrito Federal, expresadas, como ya dijimos, en un 65% del Presupuesto de Ingresos compuesto de subsidios, quedó el aumento de las transferencias del Departamento del Distrito Federal y el aumento de la participación en ingresos federales, por eso el presupuesto de 1987 contenía cerca del 80% en apoyos federales, esto es todo lo que quedó, ésta es la base sobre la cual se ha construido la estrategia del financiamiento del Distrito Federal en los años posteriores, en 1985 entonces el nuevo fracaso de la estrategia, de las finanzas del Distrito Federal, es precisamente lo que ha sentado las bases de una mayor descomposición, no de una recomposición de esos ingresos del Distrito Federal.
Por supuesto, hay un reconocimiento de alguna manera en el dictamen, de que la situación del Distrito Federal es crítica, porque y de nuevo voy a citar lo que citó ya Manuel Terrazas dice el dictamen hablando de la caída del ingreso por impuestos: el panorama antes descrito, ha impedido la creación de una infraestructura y medios necesarios para el desenvolvimiento integral del individuo, que propicien condiciones dignas de vida y opciones viables de superación, dentro de un marco de justicia y equidad social y beneficien particularmente a las clases mayoritarias, cumpliendo así con los objetivos y líneas de acción establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa de Descentralización de la Zona Metropolitana de la ciudad de México.
Ya no sé, como dice Manuel también, si se fijaron bien, todo lo que implica este párrafo, implica lo siguiente:
1o. No hay vida digna para los capitalinos; al contrario, retrocedió el nivel de vida digna de los capitalinos.
2o. Implica que no hay opciones viables de superación en los marcos de las finanzas del Distrito Federal.
3o. Implica que no hay un marco de justicia y equidad social en el Distrito Federal.
4o. Que se ha perjudicado a las mayorías.
5o. Que no se ha cumplido con el Plan Nacional de Desarrollo.
Implica todas estas cosas en el tercer año, la mitad del sexenio de la administración del contador público Ramón Aguirre Velázquez e implica entonces un reconocimiento de un fracaso estrepitoso. Este es el resultado de la Cuenta Pública, esto es lo que dice el dictamen, ¿cómo entonces, les preguntamos a los señores diputados del PRI, se atreven siquiera a proponernos que la aprobemos?, si ustedes mismos reconocen que hay un fracaso tremendo.
Pero no solamente eso, nos preocupa que a pesar de que haya un reconocimiento de alguna manera, de lo que pasa en el Distrito Federal, no se avance sobre este terreno. Sería muy sano que se avanzara en las conclusiones de todo lo que esto implica que por ejemplo se dijera qué pasa con las nuevas necesidades que se han desarrollado en el Distrito Federal, qué pasa si relativizamos esas necesidades en comparación con lo que ha decrecido el presupuesto real, y de ahí sabemos si se avanza o se retrocede en la capital.
Qué falta, cómo avanzar en la solución de los retos. Eso es lo que no se dice en el dictamen y eso es lo que los capitalinos necesitan saber con urgencia, para entonces ver si las estrategias seguidas han sido correctas o hay que buscar otras nuevas formas.
Nosotros creemos, estamos convencidos de que hay que buscar nuevas maneras de hacer las cosas en la capital; pensamos sin embargo, que el dictamen llega al grado de lo increíble, para Ripley podríamos decir, cuando en las conclusiones una vez quedamos de la impresión de que se podría avanzar en la definición de una nueva política, se insiste en una serie de recomendaciones que caen, ni siquiera en lo mismo, sino que son un retroceso en relación a recomendaciones que se hacían en años anteriores.
Por ejemplo, yo recuerdo muy bien que en la revisión de la Cuenta Pública del año pasado, se recomendaba que el Departamento del Distrito Federal debía abandonar la política de depender tanto de los ingresos federales; ahora ni siquiera se recomienda eso, ya como que se acepta esto como un hecho inevitable, ¿y qué se recomienda?, la elevación de los precios de los pasajes e impedir que la gente llegue a la capital, esto es, la concentración o el crecimiento de la ciudad, o a la mejor están pensando en evitar nacimientos.
Yo no sé cómo le van a hacer, pero es francamente increíble que a ese nivel se queden las recomendaciones, porque si la situación es tan grave, piensen lo que va a suceder con más aumentos en los pasajes. Si ya vimos lo que pasó en 1985, lo repetimos, aumentaron por este aumento de los precios del pasaje, una serie de los rubros de los ingresos del Distrito Federal, pero se cayeron otros, se cayó el impuesto predial; entonces, ¿qué va a pasar cuando aumentemos más los precios del pasaje?, el pueblo señoras y señores, le está declarando la moratoria al Departamento del Distrito Federal, y al rato ya no solamente no van a poder pagar los capitalinos los transportes, sino que se van a subir a la brava al tren o al metro o a los camiones, porque simple y sencillamente no van a poder pagar.
Eso es lo que está ocasionando esta política, es como si se avanzara con los ojos cerrados al desfiladero, y eso no se puede hacer. De lo que se trata es de discutir una nueva estrategia, pero de lo que se trata también es de que abramos los ojos ante esta realidad y entonces avancemos en todas las conclusiones.
Nosotros hemos sostenido, y lo dijimos ante el regente capitalino una vez más, que si hay otras soluciones, pero que eso depende de dos cosas: primero, atreverse a tocar a quien no se ha tocado; y segundo, cambiar las formas de gobierno de esta capital, porque a mí me da la impresión de que ustedes avanzan así como si no pasara nada, es porque simple y sencillamente no se dan cuenta de lo que sucede, porque si se dieran cuenta otro gallo le cantaría tal vez a la capital.
Nosotros pensamos que un gobierno capitalino emanado directamente del pueblo, electo por él mismo regulado y controlado, por él mismo, no le permitiría a ese gobierno, el pueblo no lo permitiría, que siguiera con ese tipo de orientaciones.
Por eso pensamos que hasta técnicamente es más conveniente un gobierno propio de los capitalinos que el gobierno impuesto que seguimos padeciendo y en segundo lugar, pensamos que sí hay dinero en la capital, por lo menos para el presupuesto de 1985, señalábamos que los industriales y grandes comerciantes de la capital se estaban llevando por lo menos 10 billones de pesos en ganancias netas, cuando el presupuesto del Departamento del Distrito Federal apenas si rebasaba el billón de pesos.
Allí está ese dinero, en el pueblo ya no, allí no hay, hay en las arcas de los capitalistas, en los que saquean todos los días este país; hay en el pago de la deuda externa, allí están los recursos y no me vengan a decir que son salidas utópicas, porque es más utópico tratar de resolver los
problemas del Distrito Federal como los han estado tratando de resolver, y como ya se vio que simple y sencillamente no funciona, fracasa, y la ciudad capital se hunde cada vez más en una desesperante situación. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Javier Garduño Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, por la comisión.
El C. Javier Garduño Pérez: - Con su venia, señor presidente; compañeras y compañeros diputados: Como ya se ha mencionado aquí, el dictamen relativo a la revisión de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal correspondiente al ejercicio presupuestal de 1986, muestra una evaluación de la mencionada Cuenta Pública y da cuenta del cabal cumplimiento de los ordenamientos financieros de vigencia anual de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, de la Ley de Planeación, de la Ley de Deuda Pública, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y su Reglamento, de la Ley de Obras Públicas y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles.
No hay la menor duda de que el Departamento del Distrito Federal, se ajustó a las disposiciones legales que le obligan tanto en su carácter de órgano central, cono en el de coordinador de sector, y en el caso de las observaciones y recomendaciones registradas, fueron base para ampliar la difusión de la normatividad mencionada, a fin de que se reforzara el estricto cumplimiento de los mismos y así robustecer el control interno del gobierno del Distrito Federal.
También se aprecia en el ejercicio fiscal revisado, el importante avance de desconcentración administrativa, de la administración tributaria local al entrar en operación 17 administraciones tributarias delegacionales en el año de 1986. En este mismo tema de ingresos, se avanzó en la simplificación administrativa y en el rubro de la modernización administrativa, lo que contribuyó a un incremento de más de 119% en términos relativos de los ingresos propios, que se recaudaron respecto al año de 1985.
En cuanto al análisis del gasto, se advierte un clarísimo resultado de mayor racionalidad en el ejercicio del presupuesto, que contribuyó a hacer más eficiente su correspondencia en beneficio de los habitantes del Distrito Federal. Incluso destaca el resultado del gasto erogado en 1986 en materias de vivienda, transporte urbano, ampliación y mejoramiento de la planta física educativa, regularización de la tenencia de la tierra, agua potable, drenaje y tratamiento de aguas negras, recolección y tratamiento de basura, seguridad pública, salud, deuda pública, administración de justicia , abasto y comercialización y prevención del control de la contaminación ambiental. Esto tan solo para citar los programas prioritarios que representan poco más del 80% del gasto total.
Señoras y señores diputados, es muy importante en el análisis del gasto correspondiente al ejercicio de 1986, advertir con toda claridad el extraordinario esfuerzo del gobierno de nuestra ciudad, no obstante la adversidad económica por la que atravesamos ese año, el más difícil de la presente administración y de los más difíciles de la historia de este país, ya que no solamente se cumplió el programa, sino que en muchos casos se rebasaron las metas; pero lo más importante es que se avanzó sustancialmente en el mantenimiento y mejoramiento de los servicios de transporte público, agua potable y drenaje profundo, y de igual manera se incrementó la construcción de vivienda popular, es decir, se advierte la congruencia en el concebir y en actuar, en la insistente preocupación por alcanzar condiciones más dignas de vida y opciones más viables de desarrollo para los capitalinos en esta gran ciudad de México, y en los resultados de este ejercicio fiscal se advierte también una transformación estructural de convivencia urbana, permitiendo así cambiar los hábitos de vida y lograr un mejoramiento cualitativo del entorno físico, social y político.
El avance de programas, el ejercicio presupuestal y la solución de los problemas acaecidos en 1986, dieron una relación recíproca entre ciudadanos y autoridades, a través de la organización y la participación colectiva en el Comité de Planeación para el Desarrollo del Distrito Federal y bajo la consulta de cientos de miles de capitalinos, haciendo posible la instrumentación de los programas de desarrollo urbano a través de un diálogo respetuoso y permanente entre gobierno y gobernados.
Compartimos el mismo proyecto para ejercer una dimensión humana entre autoridades y ciudadanos. El ejercicio presupuestal de 1986 dio cumplimiento al total de la metas programadas y muestra de esta manera en forma detallada, la información relativa al origen y aplicación de los fondos públicos en el desarrollo económico, social y cultural aplicados no sólo en la ciudad de México propiamente dicho, sino en relación con el desarrollo de la circunscripción de la zona metropolitana.
Hemos escuchado de algunos diputados, que el análisis de la Cuenta Pública es innecesaria y que
si no se realiza no pasa nada. Yo creo que esta afirmación es equivocada, porque pienso que el estudio de la misma y las recomendaciones que de éste se desprenden, son ejercer la facultad del Legislativo de juzgar y remediar lo que a nuestro juicio sea procedente; esto es, conseguir la fiscalización como parte integrante de la democratización integral del Distrito Federal, pues del análisis de la Cuenta Pública se está participando en la configuración de las políticas y acciones del gobierno a través del cumplimiento de estas recomendaciones.
Esta Cuenta Pública, señoras y señores diputados, ha sido revisada y se ha rendido un informe de resultados...
El C. Presidente: - Señor diputado Garduño...
El C. Javier Garduño Pérez: - A esta soberanía a través de nuestro órgano técnico que es la Contaduría Mayor de Hacienda, misma que ha asumido una actitud dinámica y vigilante respecto a los programas y presupuestos del gobierno del Distrito Federal.
El C. Gerardo Unzueta Lorenzana (desde su curul): - ¿Me permite una interpelación?
El C. Javier Garduño Pérez: - Mire compañero, yo lo escuché a usted con todo ciudad y no lo interrumpí, hágame el favor de sentarse y oírme ahora a mí. (Aplausos.)
Señoras y señores diputados, permítanme su atención. Con el propósito de poder apreciar en toda su amplitud el debate sobre la Cuenta Pública del año de 1986 del gobierno del Distrito Federal, estamos analizando la gestión financiera del gobierno de nuestra ciudad, y los resultados de las auditorías que esta soberanía ordenó practicar al gobierno y dependencias del Departamento del Distrito Federal, que comprendió la Cuenta Pública de 1985; de igual manera, estamos analizando y evaluando los informes sobre la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y demás informes relacionados con las finanzas públicas que el gobierno del Distrito Federal ha presentado al Poder Legislativo.
Queremos hacer énfasis que en ese año de 1986 se advierte un notable fortalecimiento de sus sistemas y mecanismos de control, por lo que la Contraloría Interna ha elevado la eficiencia y eficacia de sus revisiones, como lo revelan los documentos de 1986 titulados Reporte de la Verificación de Existencia y Funcionamiento de Sistemas de Operación, de Información y de Control Operativo, y la relación de observaciones y recomendaciones de órganos internos y externos de fiscalización pendientes de atención durante 1986.
Al respecto, también queremos hacer notar que en más de una docena de visitas que durante el año de 1986 llevamos a cabo la Comisión de Diputados del Distrito Federal. encontramos siempre por parte de los funcionarios del Ejecutivo del Distrito Federal una franca apertura y una actitud de autocrítica, lo que facilitó nuestra labor de evaluación y análisis.
Yo quisiera en esta ocasión, y así lo han manifestado algunos diputados de la oposición reconocer que en materia de contabilidad y ejercicio presupuestal se han logrado en los últimos años avances significativos, el contenido y la presentación de las cuentas públicas del Departamento del Distrito Federal, han mejorado evidentemente y se han eliminado prácticamente los sobregiros presupuestales, se ejerce un control más efectivo sobre los ingresos autogenerados y hay una observación cada vez más estricta de los preceptos legales.
Durante el ejercicio al análisis del Presupuesto de Egresos, mostró continuidad en la atención de necesidades prioritarias de la población, para dar solución a la problemática presentada en esta gran urbe.
En este ejercicio, al igual que en el anterior, se mantiene la estructura programática utilizada en 22 programas, aunque inicialmente se establecieron 21 programas, aumentándose uno más para enfrentar los efectos de los sismos de septiembre de 1985.
Los programas prioritarios se refieren a los siguientes 14 programas, que representan el 81% de los recursos asignados: transporte urbano, seguridad pública, agua potable, drenaje y tratamiento de aguas negras, ampliación y mejoramiento de la planta física educativa, salud, vivienda, regularización de la tenencia de la tierra, recolección y tratamiento de basura, aportaciones a la administración de justicia, abasto y comercialización, prevención y control de la contaminación ambiental, reconstrucción y deuda pública; además, cabe resaltar la inclusión del Programa de Reconstrucción, ya que en este año se desarrollaron acciones de reconstrucción tendientes a regular la vida urbana de esta gran ciudad de México.
Por consiguiente, se observó en este análisis que los objetivos y metas alcanzados en cada uno de los programas, presentan avances significativos y en aquellos casos donde no se cumplieron las
metas previstas, los recursos fueron transferidos a renglones prioritarios para una mejor prestación de los servicios.
El programa de transporte urbano absorbió el 27% del presupuesto original y el 33% del modificado y ejercido lo cual muestra que uno de los servicios básicos de esta gran urbe es el transporte masivo; y el reconocer también, que a nivel mundial esta ciudad tiene una amplia cobertura, dado el crecimiento poblacional.
Las políticas establecidas para seguir impulsando el transporte masivo deben intensificarse con mayores inversiones, cuando que los recursos asignados para este programa cada vez sean mayores y de acuerdo con las disponibilidades de recursos del Departamento del Distrito Federal, como así también cuidar el incremento paulatino a las tarifas, correspondan al crecimiento económico del país.
El C. Gerardo Unzueta Lorenzana (desde su curul): - Señor diputado, ¿acepta una interpelación?
El C. Presidente: - Señor diputado, el diputado Unzueta le está pidiendo una interpelación, ¿la acepta?
El C. Javier. Garduño Pérez: - No la acepta señor presidente.
El C. Presidente: - No la acepta señor diputado Unzueta.
El C. Javier Garduño Pérez: - Usted no está en la asamblea, señor diputado, acaba usted de regresar y quiere usted interrumpir.
El C. Gerardo Unzueta Lorenzana (desde su curul): - Usted no tiene por qué regañar a otro diputado, no sea usted majadero; usted no tiene por qué regañar a otro Diputado...
EL C. Javier Garduño Pérez: - Que no me interrumpa, señor presidente.
El C. Presidente: - Prosiga, señor diputado.
El C. Javier Garduño Pérez: - Es usted un irrespetuoso.
El C. Presidente: - Orden y compostura a los dos diputados. Les suplico por favor compostura a los diputados.
Esta presidencia les recuerda a los compañeros diputados, que se está tratando un debate con seriedad, les suplico tanto a los que ha querido interpelar como al orador, que por favor guarden compostura para tenerle respeto a sus compañeros. Agradezco su comprensión y prosiga usted. señor diputado.
El C. Javier Garduño Pérez: - El Distrito Federal y zona metropolitana, tiene una población del orden de los 18 millones de habitantes para una superficie urbanizada de 1 mil 254 kilómetros cuadrados, en el cual se asienta el 22% de la población total del país, con una densidad media de 143.5 habitantes por hectárea.
El tamaño de la población, unido a la concentración y distribución de las actividades económicas, sociales, culturales y comerciales, hacen que cotidianamente se generen en la ciudad de México y área metropolitana 22 millones de viajes - persona - día, los cuales son atendidos en un 80% por las diversas modalidades de transporte público, representando éstos tan sólo el 5% de los vehículos que circulan en nuestras calles y avenidas, el 20% restante de viajes se realizan en aproximadamente 2 millones de automóviles particulares que han pasado a convertirse en los principales usuarios de la vialidad, estableciéndose de esta manera una situación inconveniente de desequilibrio.
Por lo anterior, más del 50% de los viajes generados corresponden a los medios de transporte colectivo a cargo del Departamento del Distrito Federal, 12% a taxis colectivos, 2.8% a taxis libres o de sitio y el resto a los demás medios de transporte.
Dado el incremento de los servicios en materia de transporte, ha sido necesario integrar los esfuerzos de los tres organismos que a la fecha operan en el Distrito Federal, esto es el Sistema de Transporte Colectivo Metro, Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta - 100 y el Servicio de Transportes Eléctricos.
En 1986, el presupuesto ejercido por las acciones de transporte alcanzó la cantidad de 358 mil millones de pesos, que fueron destinados a los gastos operativos y de inversión del Metro, Ruta 100 y Servicio de Transporte Eléctricos, así como los gastos de inversión por las obras de ampliación del Metro, realizadas a través de la Comisión de Vialidad y Transporte Urbano de la Secretaria General de Obras del Departamento del Distrito Federal, lo que significó del presupuesto total del sector Departamento del Distrito Federal, el 33%.
Con los recursos citados, fue posible realizar y cumplir los objetivos siguientes: el Sistema de Transporte Colectivo Metro, operó 2 mil 161 carros en reconstruida por siete líneas, con una longitud de 120 kilómetros, de los cuales 41 son adicionales a los 78.8 kilómetros que se contaba a fines de 1982, lo cual representa un 52% de crecimiento, ampliándose en este último año la línea seis con 4.7 kilómetros de red, al inaugurar en julio el tramo Instituto del Petróleo - Martín Carrera, con cuatro estaciones adicionales para totalizar 109. Lo anterior, permite entre otras acciones transportar a 1 millón 406 mil millones de personas, meta de la cual se alcanzó la cantidad de 1 mil 362 millones, con un cumplimiento del 97%, desviación originada por los efectos de los sismos de 1985, los cuales disminuyeron la afluencia de personas a la zona centro, así como por el mantenimiento mayor efectuado de la línea número dos, que mantuvo cerradas 10 estaciones por 26 fines de semana.
El programa de adquisición de trenes, fue cumplido con la adquisición de los nueve trenes previstos para satisfacer la ampliación de la línea número seis.
En relación con la circulación de trenes, se recorrieron 25.6 millones de kilómetros, efectuando 775 mil 260 vueltas. Ambas metas cubrieron en su oportunidad un 99%.
La desviación, aunque poco significativa, tuvo su origen al modificarse después de los sistemas, el comportamiento, distribución e intensidad en el transporte de pasajeros, principalmente en la zona centro de la ciudad.
Los mantenimientos que se dieron al material rodante y de otros, fueron: el sistemático menor a 2 mil 994 trenes y del sistemático mayor 398 carros. Con respecto al mantenimiento previsto a las instalaciones fijas, se dieron 387 mil 571 mantenimientos a los equipos electrónicos y electromecánicos y se cumplió en un 100% el mantenimiento a la infraestructura y obra civil.
En relación con los paraderos, se operaron 14, los cuales presentaron una frecuencia vehicular de 12 millones de vehículos, con un transbordo de 412.3 millones de usuarios, durante el año.
Por otra parte, y conjuntamente con la empresa paraestatal Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, se definieron las especificaciones funcionales y técnicas del metro ligero, cuyas principales características son: el boys con rueda de acero, suspensión neumática, captación de energía por pantógrafo y transmisión por medio de reductor de velocidades.
En cuanto al programa de mantenimiento mayor, se estableció como una continuación del programa emergente de recambio de instalaciones y equipos, que se inicio en 1984 y se concluyó en el primer semestre de 1986. Este programa implicó la sustitución de durmientes, de aislador de barra de guía, de juntas de dilatación, de balastra, así como nivel de vías principalmente tanto superficial de línea dos.
Como pueden ustedes apreciar, compañeras y compañeros diputados, este programa de transporte urbano se ha cumplido casi en el 100%, si no se ha logrado las metas en un 100%, ha sido por cuestiones verdaderamente no programadas y por cuestiones que definitivamente son minúsculas.
En materia de seguridad pública, los altos índices de crecimiento poblacional y de desempleo, obligan cada día a reforzar los sistemas de seguridad pública; es por ello que debe continuarse con la ampliación y profesionalización del cuerpo policial, a fin de garantizar un servicio eficaz y oportuno hacia la ciudadanía, lo que implica la asignación de mayores recursos presupuestales, sujetos a normas y control para la obtención cada vez de mejores resultados.
Respecto al programa de agua potable, el cumplimiento de los objetivos y metas se observó como aceptable, dada la magnitud de las obras que se requieren para proporcionar ese servicio.
En relación al drenaje y tratamiento de aguas negras, el cumplimiento de los objetivos y metas se consideraron como aceptables, y como en el año anterior se surgió un mayor apoyo a las obras de drenaje profundo, así como a obras complementarias de ampliación de las redes primaria y secundaria, a fin de ampliar la cobertura del servicio.
En materia de ampliación y mejoramiento de la planta física educativa, las metas alcanzadas permiten evaluar el programa como aceptable, si consideramos el número de planteles atendidos y la población estudiantil beneficiada, y por otro lado, hacemos la anotación como en años anteriores, que debe existir una mejor coordinación del Departamento del Distrito Federal y Secretaría de Educación Pública en lo concerniente a la adquisición de predios para evitar cancelación y desfasamiento de las metas en este renglón.
En efecto, por la carestía o por la escasez o por no haber podido localizar predios disponibles para la construcción de nuevas escuelas, de nuevas construcciones, por ello no se cumplieron las metas en este renglón en un 100%.
En el análisis del Programa de Salud, se observó un buen cumplimiento en las metas y en los resultados obtenidos, lo cual indica el cambio de imagen de este servicio, mismo que en años pasados se encontraba prácticamente rezagado, por lo cual debe de seguirse considerando como prioritario por la labor social que se desempeña.
En el análisis del Programa de Vivienda, se detecta desfasamiento en el cumplimiento de las metas por los imponderables antes descritos, es por ello que para los años posteriores se recomienda que exista una programación más decida, acorde a la mano de obra y reserva territorial y por no poder localizar la mano de la obra adecuada, no fue posible cumplir con las metas del programa de autoconstrucción.
En referencia a la regulación de la tendencia de la tierra, el avance global de las metas programadas represento el 71% de ejecución, cifra considerada como aceptable, sin embargo, por la importancia de este programa, deben acelerarse los trabajos a efecto de regularizar la propiedad en el Distrito Federal y frenar su crecimiento con invasiones o asentamientos irregulares que hace aún más difícil su solución.
Respecto a la recolección y tratamiento de basura, se observó un comportamiento adecuado en las metas, reflejado en la imagen de la ciudad, por lo cual este programa deberá seguir considerándose como prioritario.
En general fueron alcanzadas en su totalidad las metas programadas y modificadas para la administración de justicia; sin embargo, ante el crecimiento delictivo, es necesario aumentar el número de personal adscrito a investigaciones, con una mayor capacitación policial que disminuya la inmoralidad prevaleciente y mejore la imagen de este cuerpo policiaco.
En el análisis efectuado al Programa de Abasto y Comercialización, se observaron avances pero también retrasos en el cumplimiento de las metas, ya que debido a una programación deficiente que no se contempló como imponderables aquellas acciones externas o de cooperación. En efecto, se cayeron varios convenios que ya se tenían con productores y con otras dependencias del gobierno federal, y por ello fue imposible llevar a cabo convenios entre productores y comerciantes.
El comportamiento de las metas del Programa de Prevención y Control de la Contaminación es satisfactorio, tomando en cuanta la diversidad de metas complementarias desarrolladas dentro de otros programas, con la cual se apoyan significativamente las medidas contra la contaminación ambiental.
Por último, las acciones desarrolladas en el Programa de Reconstrucción por Daños Sísmicos, permitieron restablecer la vida urbana de la ciudad de México, en este año fue cuando cambio la fisonomía del desastre sufrido, a la fisonomía normal que se había tenido en la ciudad de México, mejorando su habitat con la creación de áreas verdes y manteniendo la infraestructura de servicios, por lo cual se consideraba acertada la medida en la creación de este programa cuyas metas establecidas se cumplieron en su totalidad.
El resto de los programas muestran un adecuado cumplimiento en sus metas, de acuerdo a los recursos disponibles y a los imponderantes presentados, destacando en general un mínimo de variación en cuanto a las metas originales y modificadas, lo cual refleja un cumplimiento a las sugerencias hechas por este Poder Legislativo en cuentas públicas presentadas con anterioridad.
Esto es, señoras y señores diputados, un dictamen de la Cuenta Pública de 1986, muy cuidadoso y muy responsable, en donde se reconocen desaciertos, en donde se reconocen metas no alcanzadas pero también se reconocen con toda puntualidad, con toda honestidad aquellas metas no solamente alcanzadas sino también rebasadas. Es un dictamen juicioso, es un dictamen que llevo muchos meses de trabajo y que la comisión desde el mes de junio de este año de 1987, convocó a la comisión para ir analizando programa tras programa.
Se hicieron también, como todos ustedes son testigos, visitas a las obras, a pie de obra, fuimos al drenaje profundo, fuimos a las obras del Metro fuimos a todo lo que se ha hecho en desarrollo social en las nuevas instalaciones hospitalarias, en fin, hemos hecho un trabajo, señoras y señores diputados, juicioso, responsable, cuidadoso. Este es el dictamen que sometemos a su soberanía.
Señoras y señores diputados, por las razones expresadas en esta intervención, a mayor abundamiento de las que se manifiestan en el dictamen a discusión, se demuestra el resultado satisfactorio de la gestión financiera de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal correspondiente al ejercicio presupuestal de 1986.
Por lo tanto, se solicita su aprobación a esta honorable asamblea. Muchas gracias.
El C. Efraín Jesús calvo Zarco (desde su curul): - Señor diputado, antes de que se vaya usted, ¿me permite una interpelación?
El C. Presidente: - Si la acepta el orador, esta presidencia la acepta.
El C. Javier Garduño Pérez: - Si, como no, señor diputado; dígame usted, señor diputado.
El C. Efraín Jesús Calvo Zarco (desde su curul): - Señor diputado Garduño, quisiera que me dijera usted si el Presupuesto del Departamento del Distrito Federal durante 1986 creció o no en términos reales, descontando la inflación y si creció, que me diga usted en qué porcentaje creció.
El C. Javier Garduño Pérez: -Mire usted, le voy a dar las estadísticas que traigo a la mano del Presupuesto de Egresos desde 1984 a la Cuenta Pública de 1986 que estamos estudiando, analizando y se lo voy a dar por programas.
Mire usted, por aportaciones a ministración de justicia tenemos que creció 2.1 con respecto a 1983; 1985, 1.9 bajó; y para 1986, 2.5 subió. Vamos a seguridad pública: 5.2 en 1984; 4.3 en 1985; 5.1 en 1986. Vamos a transporte: 43.1, 38.2, 38.7. Vamos a administración fiscal y recaudación: 1.8 en 1984; 2.5 en 1985; 2.3 en 1986. Vamos a mejoramiento urbano; 5.0 en 1984; 6.6 en 1985; 10.3 en 1986. Vamos a prevención y control de la contaminación ambiental; 0.4 en 1984; 0.5 en 1985; 0.2 en 1986, lo reconocemos, lo dijimos. Vamos a abasto y comercialización, aquí nada más tengo 1985 y 1986; yo tengo 1.7 en 1985 y 4.1 en 1986.
Para ser mas claro, estoy hablando de porcentajes del total, tanto de 1984 como de 1985 y 1986. En salud 2.1 en 1984; 2.3 en 1985; 2.2 en 1986. En regularización de la tierra: 0.2 en 1984; 0.4 en 1985 y 0.2 en 1986. En vivienda: 1.2 en 1984; 1.4 en 1985; 1.8 en 1986. En aguas potables: 4.7 en 1984; 5.5 en 1985; 4.8 en 1986. Drenaje y tratamiento de aguas negras: 2.5 en 1984; 3.6 en 1985; y 4.9 en 1986. en ampliación y mejoramiento de la planta física educativa: 2.1 en 1985 y 3.4 en 1986. Recolección de basura: 2.5 en 1984; 2.4 en 1985 y 2.1 en 1986.
Esto representa el 82% del Presupuesto de Egresos en el año de 1986. Está usted servido, compañero.
El C. Presidente: -Había pedido la palabra en el primer lugar para hechos, el diputado Manuel Terrazas Guerrero, del Partido Mexicano Socialista e inmediatamente después Efraín Calvo. Tiene usted la palabra, diputado Terrazas.
El C. Manuel Terrazas Guerrero: - Compañeras y compañeros diputados: francamente hay que hacer un brevísimo comentario del incidente que protagonizó el compañero diputado Javier Garduño Pérez.
Sí efectivamente así es, porque una petición de interpelación, sencillamente se puede hacer conforme al Reglamento, no tiene por qué molestar a nadie, y él está en su derecho de contestarlo, de autorizarlo el presidente y él de contestar o no, sencillamente.
Lo otro compañeros, pues francamente a mí me dio risa, ¿verdad?, nada más, porque la verdad es que esa reacción no le correspondía por una simple pregunta, más aun cuando él dio lugar, hizo una afirmación inexacta totalmente, y hay derecho a exigir un esclarecimiento de ese tipo de afirmaciones, nada más compañeros. Otra cosa sería suprimir la vigencia de reglamento.
¿Yo he contestado interpelaciones? No he contestado interpelaciones, estoy en mi derecho, pero no tengo por qué molestarme porque alguien me pide una interpelación, francamente, la primera cuestión.
La segunda, en realidad lo dicho aquí por el compañero Javier Garduño Pérez, con relación a los programas prioritarios o a los programas ejercidos o presupuestos aprobados, pues la verdad es que responde a la pregunta del diputado Efraín Calvo, porque sencillamente lo que hizo, compañero diputado Javier Garduño Pérez, fue hablar nada más de porcentajes en cuanto a presupuestos, pero no a presupuestos ejercidos y aquí está el problema precisamente.
Nosotros compañeros, lo hicimos, lo planteamos; ahí está la cuestión Javier, yo creo que en este caso vamos viendo el programa ejercido y lo presupuestado, lo gastado realmente, lo que significa esto, ahí está el problema.
La tercera cuestión es ésta, compañeros. A mi me parece que el compañero Javier escribió su discurso ayer, ayer lo escribió y vino a leerlo nada más, sin importarle para nada lo se que dijo en la tribuna, y no contesto nada absolutamente cuando se hicieron cuestionamientos realmente importantes para el tema de debate y para la ciudadanía; sin embargo, el compañero Javier, que creo que le gustan mucho los toros, la fiesta brava, pues sencillamente se pasó a la "torera" todo lo dicho aquí, todo lo cuestionado, por eso dije lo escribió ayer, y no tomó en cuenta lo dicho hoy; creo que no ayuda a esclarecer cuestiones importantes que afectan a 10 y medio millones y a 18 con las áreas conurbadas.
Y por último , pues yo simplemente quisiera decirle, preguntarle dos cosas compañero Javier. ¿En que lugar fuera de la Cámara, escucho lo que él dijo aquí, que algunos diputados afirmaron que no era necesario el análisis de la Cuenta Pública, y que si no se hace análisis no pasaba nada?, porque aquí eso no se dijo nunca; sin embargo, fue una afirmación contundente, exactamente en esos términos, y francamente yo quiero protestar por esa afirmación, demasiado ligera e inexacta totalmente.
Y la pregunta es ésta: En todo caso qué diputados le dijeron a Garduño Pérez que había hecho esa afirmación, que nunca se hizo; entonces la pregunta es: ¿donde se lo dijeron, fuera naturalmente, y quienes son esos diputados? Nada más, gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra hasta por cinco minutos, y de acuerdo con el 102 Reglamento, al diputado Efraín Calvo, del Partido Revolucionario de los Trabajadores.
El C. Efraín Jesús Calvo Zarco: - Señor presidente; señoras y señores diputados: La pregunta que se le hacia el diputado Javier Garduño, tiene una gran significación porque de la respuesta que se le dé a la misma, dependen las conclusiones que saquemos acerca de cómo está la situación del Distrito Federal.
Yo le pregunté si había crecido o no en términos reales el Presupuesto del Distrito Federal en 1986, y él me contestó con una serie de datos de cómo se modificaron los presupuestos, según los programas, cómo por cientos del total, o sea, yo le pregunto una cosa y me contesta con otra que no tiene nada que ver con la pregunta.
Yo le pregunto e insisto y ojalá me lo respondiera, es de si creció o no creció el presupuesto, porque se calculó que el presupuesto creciera en 60% de 1985 a 1986, la inflación nada más de ese año fue 115%, o sea que hay ahí una caída, no solamente una disminución en términos reales del presupuesto ejercido en el Distrito Federal, y claro, cuando se tiene una visión irreal y lírica de lo que pasa en el Distrito Federal, se puede entonces venir a afirmar todo lo que dijo Javier Garduño aquí, y que por eso los compañeros pretendían interpelarlo, porque estaba diciendo cosas que incluso contradicen el dictamen.
Porque el compañero Garduño dijo que se mejoró el transporte, que se mejoró la vivienda que crearon condiciones de vida más dignas para los capitalinos, que hubo un mejoramiento cualitativo de la vida de los capitalinos en el Distrito Federal, y el dictamen dice que el panorama ha impedido la creación de una infraestructura y medios necesarios para el desenvolvimiento del individuo, que propicien condiciones dignas de vida y opciones viables de superación dentro de un marco de justicia y equidad social y beneficien particularmente a las clases mayoritarias, cumpliendo así con los objetivos y líneas de acción establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa de Desarrollo de la Zona Metropolitana, o sea, que el dictamen reconoce que hay retrocesos, incluso que no hay vida digna, que hay deterioro de condiciones de vida, y Javier Garduño viene a desmentir entonces el dictamen, es de esos que hacen flacos favores incluso al Departamento del Distrito Federal, y claro, yo entiendo por qué se enoja cuando uno le trata de poner en evidencia de sus errores y de sus contradicciones.
El C. Presidente: - Tiene la palabra para hechos y hasta por cinco minutos, de acuerdo con el artículo 102 del Reglamento, la diputada Cecilia Romero, de Acción Nacional.
La C. Cecilia Romero Castillo: - Con el permiso de la presidencia: Bueno, pues miren, aquí el diputado Garduño nos dijo que este dictamen juicioso, que se había ido inclusive al lugar de los hechos a analizar lo que está pasando, que se había analizado concienzudamente esta presentación de la Cuenta Pública, a mi se me imagina como que el Departamento del Distrito Federal, pues está pasando un examen final del año de 1986 y en este caso, pues creo que por todo lo que se está viendo, este examen no puede ser aprobado, por los diputados que tenemos la grave responsabilidad de analizar y de criticar esta Cuenta Pública.
Miren, y sólo quiero hacer algunos comentarios muy concretos respecto a esto, de que es muy claro y muy transparente la presentación de esta Cuenta Pública, y algunas observaciones de estos renglones de programas prioritarios.
Respecto por ejemplo a la cuestión del transporte urbano, se nos está hablando del canje de placa única que se hizo en 1986, que se cubrió en un 31%, no perdón, 31% menor a la meta programada. Aquí nos dicen que una cantidad muy importante del canje de placa única, se hizo en el estado de México porque se efectuó una reducción del cobro por parte de las autoridades del estado de México. Aquí hay un renglón importante de divisas que se fugan al estado de México, digamos, porque la gente no lo hace aquí.
Yo me pregunto si toda esta gente que se fue a cambiar placas al estado de México, porque allá le cobraban más barato, si todos ellos hubieran.
cambiado sus placas en el Distrito Federal, yo creo que todavía no acabaríamos ahorita de hacer el canje de placas, y por otra parte, estos ingresos que van al estado de México, podrían ingresar al Departamento del Distrito Federal.
En el mismo asunto de transporte, se nos está hablando de algunas transferencias dentro del mismo rubro , del mismo renglón prioritario, del algo que les fue sobrando a los señores del transporte urbano, porque se compraron menos cajas colectoras para lo mismo de la placa de las que se tenían programadas y dicen que esto que les sobró fue transferido a diversos conceptos de gasto de la Dirección General de Autotransporte Urbano, para una mejor operatividad de la misma.
Igual sucedió también con la adquisición de unas máquinas para la venta de los abonos de transporte, cuyo sobrante, porque no se compraron las máquinas, fue transferido a la Dirección General de Autotransporte Urbano, para cubrir necesidades de la misma. Esto creo que no es algo así como que muy exacto, están diciéndonos que lo que les sobró se los dieron a ellos, pero ahí sigue más o menos la cuestión de esos programas prioritarios.
En el aspecto de vivienda hay un párrafo que es así como la danza de los millones, les dan un presupuesto asignado de 13 mil 392 millones, pero lo reducen después porque le pasan una parte al Fondo Nacional de Habitaciones Populares, Fonhapo, para lo de Fase II en cuestión de vivienda; después se les autoriza un refrendo de 1 mil 800 y pico de millones que no había ejercido en 1985, y acaban ejerciendo digamos casi lo mismo habiendo transferido a otros organismos de vivienda, y la realidad es que la situación de la vivienda en México y en el Distrito Federal, sigue siendo caótica.
Hay un problema ancestral, que es el de la regularización de la tenencia de la tierra, aquí nos da una explicación que francamente pues no sé, dice que no se llevó a cabo, no se cumplió la meta, se cubrió solamente el 56%, por no haber concluido la definición de criterios de carácter legal, para llevar a cabo los procedimientos de regularización por este motivo, es decir, no acabaron de definir criterios de carácter legal por eso cubrieron nada más la mitad de la meta que tenían en cuanto a la regularización de la tenencia de la tierra. Esto nos habla de una muy baja calificación.
Se suspendieron en la cuestión de la basura la terminación de la construcción de estaciones de transbordo de basura, y dice que fueron suspendidas temporalmente para dar atención a la terminación de otras obras de mayor prioridad, esto nos dice el dictamen: otras obras de mayor prioridad.
Aquí hay un punto que tampoco es de pesos y de centavos, pero es de ponernos a pensar sobre este dictamen, en el aspecto de aportaciones a la administración de justicia. El último párrafo dice: "en general fueron alcanzadas casi en su totalidad las metas numéricas, cosa que es cierto, nos lo comprueba el programa, pero dice: ante el crecimiento delictivo es necesario aumentar el número de personal adscrito en investigaciones, con una mayor capacitación policial, que disminuya la inmoralidad prevaleciente y mejore la imagen de este cuerpo policiaco".
Francamente no creemos y prácticamente lo comprobamos muchas veces, que el crecimiento, que el aumento del personal adscrito a las investigaciones, nos va a dar una reducción en la inmoralidad que priva muchas veces.
Otro aspecto importante es ése de las lecherías, se había programado es tan importante construir las lecherías que se habían pensado. En 1987 ya se empezaron a construir más, en estos últimos meses están algunos diputados haciendo gestorías para que se inauguren lecherías en sus distritos y yo les aseguro que en 1988 se van a inaugurar muchas lecherías; yo creo que se va a ir más allá de la meta establecida, creo que algo tiene que ver la campaña electoral y el uso que se hace de los recursos por parte de los diputados del partido de la mayoría , relativa por supuesto.
En fin, éstos son algunos comentarios únicamente respecto a estos programas prioritarios que realmente si nos ponemos a ver, a veces los promedios son muy engañosos. En algunos lados se supera la meta que se había propuesto, en muchos otros, ni con mucho se logra tener la cantidad que se había pensado tener como resultado de 1986.
Y finalmente, pues esta Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal no rinde cuentas, trata de explicar porqué no se hicieron unas cosas, el porqué si se hicieron otras, y finalmente, pues creo que la calificación que le podemos dar a esta Cuenta Pública del Departamento, pues está por un lado allá afuera, donde todavía y cada vez de una manera más grave se siguen viviendo graves deficiencias, seguimos inmersos en un burocratismo que no nos permite tener la agilidad y la transparencia que deberíamos tener los habitantes del Distrito Federal en la ida de nuestra ciudad.
Y pues esta Cuenta Pública creo que no merece la aprobación, sino más bien el rechazo de nosotros,
porque no se cumplieron las metas que se habían programado para este año de 1986. Gracias.
El C. Presidente: - En cumplimiento al artículo 116 del Reglamento...
El C. Hildebrando Gaytán Márquez (desde su curul): - Pido la palabra, para hechos.
El C. Presidente: Para hechos, el diputado Hildebrando Gaytán, del Partido Popular Socialista, hasta por cinco minutos y de acuerdo con el 102.
El C. Hildebrando Gaytán Márquez: - Gracias, señor presidente; honorable asamblea: El Partido Popular Socialista nos va a hacer comentarios en lo particular a este dictamen; sin embargo, antes de concluir su análisis queremos señalar que a nuestro punto de vista, los problemas fundamentales del Distrito Federal, en lo que es esta entidad y lo que está representa para el país, no fueron tocados en su esencia. El problema que se advierte claramente mayor para el Distrito Federal, es el problema demográfico. Esta concentración de los mexicanos en este sector del país, se debe atacar en sus causas y no solamente señalarse como un fenómeno que existe, y que efectivamente dificulta y congestiona la solución de muchos problemas.
Atacar el problema de congestionamiento de ciudadanos en México, requiere de que el desarrollo económico y social de todo el territorio nacional se planifique, en forma tal, que crezcan las fuerzas productivas que permitan a los ciudadanos de todo el país obtener en sus lugares propios donde viven, el trabajo remunerado y los medios de existencia que tienen derecho. En consecuencia es una responsabilidad para el gobierno de la República, promover este desarrollo nacional, con miras a garantizar la mejor convivencia de todos los mexicanos y tratar de solucionar a fondo el problema del Distrito Federal.
El otro problema que se advirtió aquí por el compañero del PPS, y otros compañeros de otras fracciones, es el de la injusta distribución de la riqueza, porque en el propio dictamen se estableció que en virtud de que ha disminuido el poder adquisitivo de los trabajadores, el Departamento del Distrito Federal ha visto limitados y frenados sus ingresos. Esto planteado por el compañero Morquecho, nos debería llevar a la reflexión de que no es posible seguir pensando en que la Hacienda Pública del Distrito Federal, así como la de las demás entidades y el propio gobierno de la República, se satisfaga calando en los ingresos de los trabajadores y que es absurdo esperar a que los ingresos de los trabajadores se mejoren para luego restarles parte de sus ingresos y poder así financiar el gasto público. La medida a tomar indudablemente es la de afectar a la minoría que se ha venido enriqueciendo y que hoy goza de fortunas inusitadas.
¿De qué otra manera podrá pues hacerse frente si no es afectando a quienes se han enriquecido con el producto social de los trabajadores? Y, finalmente, el problema político, el problema de la inoperancia ya de las estructuras que han venido funcionado en el Distrito Federal y que requieren de los cambios que ha señalado el Partido Popular Socialista. Pensamos que en esos tres aspectos está lo fundamental para dejar un análisis sereno, a fondo, juicioso y positivo sobre la vida del Distrito Federal. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Con fundamento en el artículo 116, han hecho uso de la palabra los siguientes oradores: Manuel Terrazas Guerrero, voto particular del PMS; del PAN, Jesús Galván Muñoz en contra; en contra el mismo diputado Manuel Terrazas Guerrero del PMS; del PST, Beatriz Gallardo Macías; del PDM, Trinidad Cervantes Aguirre; del PPS, Héctor Morquecho Rivera y del PRT, Efraín Calvo Zarco.
Para fundamentar el dictamen hizo uso de la palabra Gilberto Nieves Jenkin y el diputado Javier Garduño.
Por consiguiente, consulte la secretaría...
El C. Gonzalo Altamirano Dimas: (desde su curul) -Para hechos, señor presidente, pido la palabra.
El C. Presidente: - Tiene la palabra para hechos, el diputado Gonzalo Altamirano Dimas, hasta por cinco minutos.
El C. Gonzalo Altamirano Dimas: - Señor presidente; compañeras y compañeros diputados, Tal vez ya la discusión sobre la Cuenta Publica del Distrito Federal está llegando a sus términos, después de escuchar ampliamente por parte de la oposición los señalamientos y planteamientos a la Cuenta Pública y la omisión de alguna manera de los cuestionamientos que se han venido a hacer aquí en esta tribuna, porque no se han respondido algunas cuestiones que nosotros consideramos importantes.
Tal vez por lo avanzado de la hora y lo reiterado de los debates en estos días, pareciera ya cansado o molesto hacer una intervención más. Realmente nosotros ya no teníamos intención de subir a esta tribuna, pero hay un dato importante, hay un dato grave en la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, que es necesario
esclarecer porque seguramente como este dato que encuentra omisión en una correspondencia entre Cuenta Pública Federal y Cuenta Pública del Distrito Federal pudiera encontrarse en otros aspectos.
Por ejemplo: En la Cuenta Pública Federal se dice que el gobierno federal transfirió 382 mil 118 millones de pesos, en tanto en la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal solamente se hace mención a esa transferencia que hizo el gobierno federal, de 334 mil 80 millones de pesos, y la pregunta de los 64 mil pesos es, ¿dónde están más de 48 mil millones de pesos, ante estas discrepancias de lo que es la Cuenta Pública Federal y la Cuenta Pública del Distrito Federal.
Sí nos gustaría saber por parte de la comisión, a que con seriedad se nos explique y hagamos un análisis realmente exhaustivo y responsable de la Cuenta Pública, porque no es posible hacer un examen ligero y decir que las cuentas estuvieron bien, y que el Ejecutivo Federal, a través del Departamento del Distrito Federal, se ajustó a los criterios marcados tanto en el presupuesto como en la Cuenta Pública.
No podemos aprobar una cuenta pública, si no hay una satisfacción en la explicación de cómo se ha manejado el dinero del Pueblo de México. Y no vamos a votar en favor de esta Cuenta Pública porque presenta graves irregularidades, cómo está que menciono aquí en la tribuna, ¿dónde están más de 48 mil millones de pesos, que se dice transfirió el gobierno federal el gobierno del Distrito Federal? Esperamos la respuesta.
El C. Presidente: -Por la comisión, tiene la palabra el diputado Homero Díaz.
El C. Homero Díaz Córdova: - Con su venia, señor presidente; compañeras y compañeros diputados: Ciertamente, para dar una respuesta y espero que sea satisfactoria, esos recursos que acaba de hacer mención el compañero Altamirano Dimas, es precisamente una transferencia que se dio por parte del gobierno federal, pero que se encuentra etiquetada en los diferentes programas que voy a mencionarle.
Programa de reconstrucción de escuelas, mercados, hospitales y demoliciones; Programa Regional de Empleo; módulos de alta seguridad; servicios de salud; transporte público, apoyo a las delegaciones, agua y drenaje y apoyo a los programas de seguridad pública.
A eso se debe que no coincida, en una primera instancia, el gasto que está transferido. Sentimos que la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal se ha analizado en forma consciente, profesional por los diferentes grupos parlamentarios, con una gran inquietud y hemos, la Comisión Legislativa del Distrito Federal y la Comisión de Programación y Presupuesto, también hemos recogido las diferentes opiniones, las críticas y también los apoyos que de alguna manera han solicitado para el Presupuesto de Egresos de los presentes futuros años.
Ha sido un debate de altura, creemos, sentimos que la pluralidad política existente en esta LIII Legislatura existe y hay una gran responsabilidad por analizar los temas que nos preocupan a los mexicanos.
Y, sobre todo, cuando se trata de analizar el problema que existe en la gran ciudad. Ciertamente, aquí se desarrolla el aspecto político, económico y social más importante de nuestra República, por lo tanto, generan diferentes e inmensos problemas también urbanos.
Pero a pesar de la crisis, a pesar de las bajas petroleras internacionales, de efectos sísmicos que nos han ocasionado grandes pérdidas, seguimos en pie.
Hemos levantado una gran ciudad que estaba totalmente destruida. A eso se debe, el gran impulso de todos los hombres y todas las mujeres que en esta ciudad habitamos, y un gran esfuerzo del gobierno de la República, a través de la regencia.
Se han analizado los diferentes problemas y los programas que inciden en el Distrito Federal. Algunos ciertamente, no se cumplieron al 100%, pero el estudio y el análisis que hemos hecho, es que la generalidad, el programa de 1986 se cumplió en un 98%; es un éxito; que es un profundo éxito por parte de las autoridades, a pesar del problema de crisis, a pesar del problema de la inflación, ha habido un esfuerzo.
Y siento que los mexicanos también debemos reconocer que hay cosas que debemos de cambiar; pero también debemos reconocer que hay cosas importantes que debemos sentirnos muy ufanos de ser capitalinos y además mexicanos. Muchas gracias, les agradezco esta intervención.
El C. Presidente: -Para hechos y hasta por cinco minutos, el diputado Jesús Galván de Acción Nacional.
El C. Jesús Galván Muñoz: -Bueno la pregunta que hizo aquí mi compañero Altamirano
está subsistente, lo que el diputado Homero Díaz Córdova nos comentó ahora, de ninguna manera satisface esa pregunta, ¿por qué no lo satisface? no lo satisface porque hay una diferencia entre lo que señala la Cuenta Pública del Distrito Federal por 48 mil millones de pesos.
La Cuenta Publica Federal dice que destina a seguridad pública, a definición y conducción de la política de planeación, a fomento de la producción y productividad forestal, a transporte urbano, abasto y comercialización, al Programa de Empleo y Organización para el trabajo, al desarrollo y servicios sociales, al mejoramiento urbano, agua potable, drenaje y tratamiento de aguas negras, reconstrucción por daños, ampliación y mejoramiento de la planta física educativa, recolección y tratamiento de basura, a todos estos programas está destinado las transferencias que ascendieron, de acuerdo a la Cuenta Pública Federal, a 382 mil 118 millones de pesos.
En la Cuenta Pública del Distrito Federal, se reporta en la página 49, que el Distrito Federal recibió exclusivamente 334 mil 80 millones de pesos, la pregunta sigue subsistente ¿dónde están esos 48 mil millones de pesos?, la Cámara el Poder Legislativo no puede quedarse callado ante estas gravísimas deficiencias.
El C. Presidente: - Consulte la secretaría si se encuentra suficientemente discutido en lo general este dictamen.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si considera suficientemente discutido el dictamen.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor presidente.
El C. Presidente: - En consecuencia y para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
Proceda la secretaría a recoger, en lo general y en lo particular, la votación de este dictamen.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: - Se va a proceder a recoger la votación nominal, en lo general y en lo particular, del dictamen.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere al artículo 161 del Reglamento.
(Votación)
Señor presidente, se emitieron 203 votos en pro y 31 en contra.
El C. Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular por 203 votos, el proyecto de decreto relativo a la cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal de 1986.
La C. Secretaría Yrene Ramos Dávila: Pasa al ejecutivo para sus efectos constituciones.
DELINCUENCIA EN CHIMALHUACAN
El C. Presidente: -Ha pedido hacer uso de la palabra, el Diputado Eduardo Acosta Villeda, del Partido Mexicano Socialista, para hacer una proposición, Tiene el uso de la palabra.
El C. Eduardo Acosta Villeda: - Con su permiso, señor Presidente: Señoras y señores Diputados: Hace algunos días acudió aquí a esta representación Nacional, un grupo de Mujeres que pertenecen a la Unión de Mujeres de la Colonia de la Colonia Santa Elena, del Municipio de Chimalhuacán en el Estado de México.
Ellas tienen un problema de seguridad, incluso hicieron llegar una denuncia que me voy a permitir darle lectura con la siguiente proposición también.
«Santa Elena, municipio de Chimalhuacán, Estado de México, 9 de diciembre de 1987.
Honorable Cámara de Diputados.- Presente.
Atención diputados por el estado de México: Las que suscribimos, miembros de la Unión de Mujeres de la colonia Santa Elena, ciudadanas del municipio de Chimalhuacán, estado de México, nos dirigimos a ustedes para informales, que se han venido suscitando en este municipio, por falta de seguridad pública, hechos que nos preocupan de suma manera porque ponen en peligro nuestras vidas y las de nuestros hijos y familiares. Es decir, no hay vigilancia, ni servicios como el alumbrado.
Todo esto se ha venido denunciando en reiteradas ocasiones ante el municipio y el Ministerio Público de Chimalhuacán, el que ha mostrado una real ineptitud y desinterés por los problemas de la ciudadanía.
En general, se han multiplicado los actos de pandillerismo, los robos a tiendas, asaltos a la gente
en plena vía y las violaciones. En especial queremos llamar la atención sobre el creciente número de asesinatos y violaciones, especificamente sobre los sucesos del día lunes 16 de noviembre del año en curso. A las 21:30 horas, en la avenida Casamaloc, entre los límites del barrio de Xochitenco y la colonia Santa Elena en Chimalhuacan, estado de México, Gilberto de Jesús Peralta González, interceptó a dos jovencitas que estudiaban en la escuela secundaria número 57, localizada en el pueblo de San Agustín Atlapulco del mismo municipio, pistola en mano las obligó a desnudarse y las violó, Patricia Reyes de 14 años, después de violada fue asesinada, la otra jovencita de 16 años al tratar de huir recibió balazos por la espalda, hasta el momento ha sido sometida a dos operaciones.
La policía municipal de San Vicente Chicoloapan detuvo a Jesús Peralta González; después de la averiguaciones previas se le encontró culpable, según información de prensa, de cuatro asesinatos más. El violador y asesino es hijo de la señora Esperanza González, quinta regidora del partido oficial en Chimalhuacán, estado de México.
Esta persona pretende usar sus influencias políticas para poner en libertad a su hijo. La Unión de Mujeres de Santa Elena se encuentra profundamente preocupada de la posibilidad de que este delincuente salga en libertad, por lo tanto, pedimos a ustedes su intervención para que se nos haga justicia, ya que es toda la población la que se encuentra en peligro.
El Comité de Mujeres toma en sus manos la defensa de esas jovencitas, ya que sus familiares han recibido amenazas, a fin de que retiren las acusaciones.
Por ello pedimos que se haga justicia, haciendo caer el peso de la ley sobre el delincuente y se dé seguridad a los familiares de las víctimas.
Con la seguridad de que nuestra atenta petición será atendida, nos despedimos de ustedes atentamente. 14 firmas por el Comité de Lucha.»
Las causas penales 967 y 982 que se le instruyen al hijo de la quinta regidora, ésta ha estado constantemente hostigando a los familiares para efectos de que no se presenten a la escuela del procedimiento que se instruye en el Juzgado Penal de Primera Instancia, con residencia en el municipio de Texcoco, a efecto de poder evadirse de la justicia este sujeto.
Conscientemente, la fracción parlamentaria del Partido Mexicano Socialista, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a someter a ustedes el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Que la presente denuncia se turne a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
Por la fracción parlamentaria del Partido Mexicano Socialista, el diputado Eduardo Acosta.
Ya en la LII Legislatura el grupo parlamentario del PSUM había presentado una iniciativa acerca de la situación del delito de violaciones, consiguientemente nosotros consideramos que no es esa manera como se resuelven los problemas, aumentando la penalidad de los delincuentes, sino fundamentalmente buscar la atención de las ofendidas. Quisiéramos por ahí también recordarle entonces a las comisiones que tengan esa iniciativa, que también a la mayor brevedad posible pudieran dictaminarla.
Consiguientemente, dejo en poder de la secretaría el punto de acuerdo, esperando que sea atendida esta petición del Comité de Lucha de Mujeres de Santa Elena en Chimalhuacán, estado de México.
El C. Presidente: -Para hechos y hasta por cinco minutos, la compañera Beatriz Gallardo, del Partido Socialista de los Trabajadores.
La C. Beatriz Gallardo Macías: - Compañeras y Compañeros: Nosotros apoyamos de manera particular este punto de acuerdo que hace unos momentos propuso el compañero del PMS, Casos como estos, indiscutiblemente que se dan de manera cercana, nosotros constantemente tenemos la oportunidad de recibir denuncias de parte de muchas mujeres en el Distrito Federal, al respecto.
Nosotros sabemos que en verdad éste es uno de los problemas y no coincido con el compañero, me parece que aquí cuando la Cámara de Diputados, por medio de sus comisiones, debería de hacer una modificación al Código Penal. Me parece que indiscutiblemente requiere que el peso de la ley caiga sobre este tipo de delincuentes que afectan directamente a las mujeres trabajadoras. Esta es una cuestión que ya se da y yo apoyo de manera definitiva, el que esta Cámara de Diputados pueda hacer una petición concreta, no únicamente a la comisión de Gestoría y quejas, sino de que se tome una iniciativa en torno a legislar, para que aumente la penalización con respecto a estos tipos de delitos, que inciden
directamente en muchas mujeres en el Distrito Federal y en el país. Gracias compañeros.
El C. Miguel Ángel Herrerías Alvarado (desde su curul): -Pido la palabra para hechos.
El C. Presidente: - Para hechos y hasta por cinco minutos, el diputado Miguel Ángel Herrerías, del Partido Revolucionario Institucional.
El C. Miguel Ángel Herrerías Alvarado: - Con su permiso, señor presidente compañeras y compañeros diputados: El día de ayer, el señor diputado Eduardo Acosta, nos comentó la situación que hoy viene a la tribuna a manifestar. Tomamos conocimiento de los hechos, pedimos información al señor procurador de Justicia y se nos narró que la persona en cuestión está consignado y existen siete denuncias por homicidio, tres por violaciones y dos por asalto a mano armada. Le dijimos a los familiares de las víctimas y le dijimos al Diputado Eduardo Acosta, que ése es un caso en el cual el ministerio Público ha actuado conforme a la ley qué venimos a apoyar esta moción de Eduardo Acosta, para que la comisión de información, Gestoría y Quejas, proceda a enviar sendos oficios al Procurador de Justicia y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia.
En el estado de México se respeta la ley y se actúa conforme a ella, por eso estamos seguros que se efectuará en el estado de México, conforme a derecho. Por eso en esta ocasión venimos a apoyar la moción de Eduardo Acosta. Muchas gracias.
El C. Presidente: - De conformidad al artículo 58, fracción II, ¿se pregunta si hay oradores en pro? ¿Oradores en contra? Consulte la secretaría a la asamblea si admite o no a discusión la proposición del compañero Eduardo Acosta Villeda.
La C. Secretaria Patricia Villanueva Abrajam: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación.)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor presidente.
El C. Presidente: - Túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas
. DEL ESTADO DE HIDALGO
El C. Presidente: -Ha pedido la palabra el diputado José Genaro Piñero, del Partido Socialista de los Trabajadores.
El C. Genaro José Piñero López: - Con su autorización, señor presidente: Hemos pedido el uso de la palabra, el uso de esta tribuna para presentar una propuesta de punto de acuerdo que se origina de un conjunto de preocupaciones serias, que dependemos de resultados y de hechos que se han verificado particularmente en dos municipios del estado de Hidalgo.
Como es de nuestro conocimiento, el día 6 de diciembre se realizaron las elecciones en el estado de Hidalgo para renovar el poder en los ayuntamientos. Queremos señalar desde un principio que no venimos a impugnar o a elevar o a exagerar un conjunto de hechos que son propios y fundamentalmente de una región del estado y que pueden ser el motivo de un violentamiento en dicha región y manchar lo que hasta ahora a nuestro criterio fueron unas elecciones pacíficas en términos generales. Nuestra preocupación y nuestra indignación es en relación a los municipios de la región de La Huasteca, Huazalingo y Yahualica. En estos dos municipios de la región de La Huasteca sentimos puede romperse y agravarse la imagen o el criterio que en términos generales se tienen de lo que fueron las elecciones en el estado de Hidalgo.
En esta región prevalece aún el caciquismo como un fenómeno que trata a toda costa de retener el avance de la reforma política, de suspender todo avance de conquistas democráticas y de participación ciudadana, y que se opone definitivamente como fenómeno el caciquismo a la voluntad por democratizar la vida en las comunidades indígenas, vocación de todas y múltiples diversas organizaciones. Ahí concretamente se da el fenómeno del poder regional, del cacicazgo que rompe con los compromisos y las voluntades, con los buenos propósitos que a veces quienes son responsables del gobierno en el estado han propuesto realizar.
Ahí, la política de carro completo se ha querido institucionalizar. No queremos ni venimos a reclamar lo que sabemos la voluntad popular calificó en el día de las elecciones emitiendo su sufragio; venimos a advertir que hay la pretensión real de cometer fraude a esa voluntad popular en estos municipios, de imponer a presidentes municipales para sostener esa política de carro completo, violentando la voluntad popular de la comunidades de La Huasteca.
Nuestro partido, el Partido Socialista de los Trabajadores, hoy Partido del Frente Cardenista, participó en las elecciones, participamos porque en Hidalgo somos y hemos ratificado en las elecciones pasadas nuestra posición de segunda fuerza político - electoral, y hemos venido trabajando por acrecentar nuestra vinculación con los grupos indígenas y con los campesinos, fundamentalmente en esta región cuya cabecera política es Huejutla.
Hemos venido aumentando las posiciones de poder para nuestra organización, y en estas elecciones hemos ganado con la voluntad popular estos municipios, y sentimos que funcionarios menores de algunos ayuntamientos, que dirigentes municipales del Partido Revolucionario Institucional, concretamente en estos municipios, con la anuencia, suponemos por la movilización de un helicóptero y de personalidades de Gobernación del gobierno del estado, quieren robarle el triunfo al pueblo y sostener e imponer el cacicazgo que es tradicional en esta región.
Nuestros compañeros, nuestra organización y el pueblo, demostró en el transcurso de la campaña y en el cierre de campaña con un acto de concentración y participación ciudadana muy superior al realizado por cualquier partido, incluyendo al Partido Revolucionario Institucional, que teníamos la voluntad mayoritaria en estos dos municipios y que, por lo tanto, nuestro compromiso de defensa de esas victorias, tendrá que sostenerse.
El acuerdo de nuestros compañeros, es el de desarrollar todas las actividades que conduzcan a la defensa de esta victoria, sosteniendo el respeto del marco legal. Por un principio en espera del cómputo municipal que habrá de realizarse este domingo desde hace una semana, están en plantón permanente frente a los comités municipales y a los palacios de las comunidades, compañeros que han marchado y que han convergido en estos municipios para apoyar sus candidaturas.
Por ello, y entendiendo que todavía el proceso de calificación en el estado tendrá que determinarse este próximo domingo, nosotros venimos a advertir esa pretensión de burla a la voluntad ciudadana. Venimos preocupados y queremos apoyar la defensa de la voluntad popular y soberana de estos municipios, solicitando a esta soberanía apruebe el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
"Único. Instrúyase a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, para que recomiende a las autoridades del gobierno del estado de Hidalgo, particularmente a aquellas competentes en la materia político electoral, para que cuide su comportamiento y evite la consumación del fraude a la voluntad popular en los municipios de Huazalingo y Yahualica.
Atentamente, por la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista, diputado Genaro José Piñeiro López."
Dejamos en la secretaría, para que sea sometido a consideración de la soberanía, este punto de acuerdo.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra, el diputado Carlos Alva Calderón, del Partido Revolucionario Institucional.
El C. Juan Carlos Alva Calderón: - Con su permiso, señor presidente; compañeros diputados: Es bien cierto lo que aquí el señor diputado Piñeiro ha venido a manifestar en cuanto a que son unas elecciones pacíficas las que se han realizado en mi estado, el estado de Hidalgo.
Allí se dio una amplia participación toda la ciudadanía. Fue motivo de una participación interna de nuestro partido, el Revolucionario Institucional. Y le quisiera manifestar al señor diputado Piñeiro, que sin exageraciones, el municipio de Huazalingo no se encuentra enclavado en la huasteca hidalguense, está en la sierra de Hidalgo. Y también, le vengo a manifestar que Yahualica, que es uno de los municipios enclavados en la región huasteca, allí no se ha manifestado un caciquismo, porque la tierra en su 96% ha sido entregada a los compañeros campesinos en tres años anteriores.
Treinta mil hectáreas han sido entregadas en sus manos, y el caciquismo, a través de detentar la tierra, allí no se puede manifestar; allí está en sí, el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno federal en toda su plenitud.
Y como respuesta a ese Plan de Desarrollo nuestro partido, el Revolucionario Institucional, dio una amplia consulta a la base y en más de ochenta y cuatro municipios que integran el estado, la amplia consulta a la base fue dado por ochenta municipios.
Esta es la forma en que mi partido consultando a la base eligió a sus representantes, y el día domingo pasado, es bien cierto, se llevó a cabo las elecciones municipales y en los dos municipios el triunfo ha sido de mi partido, el Revolucionario Institucional.
Es bien tradicional, compañeros diputados, que después de unas elecciones Municipales, vengamos
aquí a lamentarnos de algo que no pudimos demostrar en las urnas, nosotros también decimos que el triunfo no lo ganamos en la tribuna y que de aquí lo vamos a defender el triunfo que es la voluntad de nuestro partido.
Los partidos de oposición en las actas que están a disposición de cualquiera de nosotros y que están en manos de los comités municipales electorales, a partir del día domingo de las elecciones, será hasta ese domingo 13, cuando las autoridades electorales se reúnan para calificar esta documentación y así poder aceptar el triunfo que es de la ciudadanía priísta en Yahualica y en Huazalingo.
Ha sido del gobierno estatal una preocupación vigilante que el desarrollo del proceso electoral sea respetuoso, y que la vida democrática del pueblo hidalguense se ha concretado solamente para asegurar la participación de todos los partidos de oposición y grupos, y será hasta este domingo 20, en que el congreso del estado se constituya en colegio electoral, máxima autoridad electoral, y el domingo 27, este mismo organismo hará la calificación definitiva, con carácter irrevocable e inobjetable para defender ese voto de la ciudadanía que ha sido manifestado en las urnas electorales.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el diputado Jorge Amador Amador.
El C. , Jorge Amador Amador: -Gracias, compañero presidente; compañeras y compañeros diputados: Mi Fracción parlamentaria no quiere que se malinterprete la proposición que hace aquí el diputado Genaro Piñeiro López. No le pedimos a esta soberanía que se convierta en tribunal electoral para juzgar las elecciones del estado de Hidalgo.
No vino aquí el compañero Genaro José Piñeiro López, a cuestionar la legalidad de toda la elección local en el estado de Hidalgo, realizada el pasado domingo, vino a hacer una denuncia de hechos con una intención política muy clara, muy precisa.
Los hechos se refieren solamente a dos municipios; los hechos son hechos y nosotros pretendemos que son verdaderos porque asumimos aquí la responsabilidad de respaldar, cuando fuera necesario, la certidumbre acerca de esos hechos; pero también sabemos que no es papel de esta soberanía investigar estas aseveraciones nuestras.
Por lo tanto, ¿qué es lo esencial de la propuesta del diputado Piñeiro? Simple y sencillamente, que los representantes de la nación sepan que una parte, quizá minúscula en términos cuantitativos, del pueblo de México, que son habitantes de Huazalingo y habitantes de Yahualica en el estado de Hidalgo, están inconformes con el comportamiento de algunos funcionarios electorales y de algunas autoridades del estado de Hidalgo, que, desde luego, estos ciudadanos organizados en nuestro partido y otros ciudadanos que se han solidarizado con las candidaturas apoyadas por nuestro partido, están tomando todas las medidas para hacer valer sus derechos ante los órganos correspondientes y en los plazos que la ley señala allá, en el estado de Hidalgo.
Pero que temen, y temen con cierto fundamento, que se pueda cometer allí imparcialidad y posiblemente fraude electoral. Y que además de este temor fundado, los compañeros tienen toda la decisión de que la ley en el estado de Hidalgo, particularmente en estos municipios, se acate, y que conocen de la gran autoridad política y moral de que está investida la Cámara de diputados y que saben que muchas veces algunos de los problemas, antes de que se consumen como delitos o como infracciones a la voluntad popular, son detenidos y conjurados y por lo tanto apelan a ese beneficio que reiteradas veces el pueblo de México ha recibido de la conducta de la Cámara de Diputados.
Por lo tanto, ¿piden aquí un pronunciamiento contra el gobierno del estado de Hidalgo?, no. ¿Piden aquí un pronunciamiento contra el Partido Revolucionario Institucional?, tampoco. ¿Qué es lo que piden? Pues que esta denuncia se turne, como es costumbre que se turne, a una de las comisiones que tradicionalmente se dedica a investigar, a intervenir legalmente, instando a las autoridades, pidiendo información a las autoridades, recomendando a las autoridades, cuando así procede, pues simple y sencillamente, ¿para qué?, pues para que las autoridades que de por si debieran cumplir la ley, sabiendo que nuestra Cámara se ha enterado de este acontecimiento, con mayor razón sean pulcras en su comportamiento y ajusten su conducta totalmente a la ley.
Esa es la intención de la proposición del compañero José Genaro, por lo tanto, al hablar a favor de ella, simplemente he querido precisar sus alcances. Sería lamentable que esta tradición tan positiva de nuestra Cámara se rompiera, cuando las pretensiones nuestras son bastante sencillas y de bastante trascendencia, sin embargo, para la vida política, en dos municipios que hoy tienen problemas. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por su respaldo en el caso de que así lo decidan.
El C. Presidente: -¿Oradores en contra? Consulte la secretaría a la asamblea si se admite o
no a discusión la proposición del compañero Genaro Piñeiro y aclarada y fundada por el compañero Jorge Amador.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: -Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta hecha por el diputado José Genaro Piñeiro y aclarada en los términos señalados por el diputado Amador.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación.)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor presidente.
DENUNCIA AGRARIA
El C. Presidente: -Tiene el uso de la palabra el compañero Oswaldo Harris Muñoz, del Partido Mexicano Socialista.
El C. Oswaldo Harris Muñoz: -Con su permiso, señor presidente: Un grupo de compañeros campesinos del poblado de Los Huérfanos en el municipio de Jaral del Progreso, estado de Guanajuato, hace unas horas se dirigieron a nosotros para solicitarnos que planteáramos ante esta Cámara de Diputados un problema de tipo agrario originalmente y que se ha convertido en un problema penal.
Y nos pidieron que leyéramos este documento, al cual me voy a permitir precisamente dar lectura.
«Poblado Los Huérfanos (antes Ampliación Zempoala), municipio Jaral del Progreso, estado de Guanajuato.
Mediante resolución presidencial de fecha 18 de febrero de 1940, se dota, por la vía de ampliación, de 104 hectáreas al poblado de Zempoala, sin embargo, mediante acta de asamblea general de fecha 20 de marzo de 1948 y 8 de noviembre de 1948, los beneficiados por la resolución presidencial se niegan a aceptar las tierras, por lo que el cuerpo consultivo agrario del entonces Departamento Agrario, mediante oficio 57103 ordenó se ratificara la negativa del grupo a aceptar las tierras y de ser ratificadas se procediera a entregarlas a otro núcleo agrario en cumplimiento del artículo 124 del entonces Código Agrario
. El 11 de junio de 1949, en asamblea general los beneficiarios por la resolución presidencial no sólo ratifican su negativa de aceptar las tierras, sino además levantan un acta manifestando su conformidad de que las tierras les sean entregadas a los campesinos del núcleo Los Huérfanos.
Con estos elementos, las autoridades agrarias mediante acta de deslinde parcial de fecha 25 de junio de 1950, hacen entrega de 13 y media hectáreas de las 104 que dota la resolución presidencial al grupo de Los Huérfanos, y mediante acta de fecha 11 de agosto de 1951 las autoridades agrarias no sólo ratifican la entrega de las tierras al grupo de Los Huérfanos, que de manera virtual la amplía a las 90 y media hectáreas restantes.
El 29 de mayo de 1980, las autoridades agrarias ejecutan en sus términos la resolución presidencial y les dan 90 días de plazo, como lo marca la ley, a los afectados para que levanten sus cosechas, haciendo notar que la delegación agraria de manera ilegal hizo la ejecución complementaria con campesinos del poblado Zempoala; que ninguno es beneficiado de la resolución presidencial, haciendo a un lado a los campesinos de Los Huérfanos; sin embargo, los de Zempoala no pudieron tomar posesión, porque los susodichos propietarios con fecha 5 de junio interpusieron un amparo.
El 17 de febrero de este año, 1987, mediante ejecutoria número 5229/82, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le sobreseyó el amparo a los susodichos propietarios, y mediante oficio 644233 de fecha 6 de abril de 1987, la Dirección de Derechos Agrarios de la Secretaría de la Reforma Agraria emite opinión, con la que señala que los derechos y las tierras pertenecen al grupo Los Huérfanos y no a los de Zempoala, por lo que le ordena al delegado agrario en el estado, regularice los derechos agrarios de los campesinos de los Huérfanos y tome medidas para que entren en posesión de las tierras que legalmente les pertenecen.
En el mes de mayo de este año, en cuanto los susodichos propietarios levantaron sus cosechas, los campesinos de Los Huérfanos entraron en posesión de las tierras ejidales, por lo que el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Valle de Santiago, Guanajuato, instaló el expediente penal número 77/87, giró 20 órdenes de aprehensión contra los campesinos y de manera anticonstitucional restituyó terrenos ejidales a particulares, por lo que las autoridades agrarias ratificaron por tres veces más las órdenes giradas por la Dirección de Derechos Agrarios a la Delegación Agraria y le ordenaron realizara un replanteo de linderos, replanteo que se realizó y confirman que las tierras que restituyó el juez del
fuero común son ejidales, y y por lo que los campesinos esperaron nuevamente a que los susodichos propietarios levantaran sus cosechas y en el mes de noviembre entraron en posesión de las tierras.
Pero nuevamente el juez del fuero común los desalojó, encarcelando a los compañeros campesinos Pastor Sánchez Lara, Pablo Lara Gaytán y Uriel Medrano Ribera, a quienes les dictó auto de formal prisión sin siquiera tomar en cuenta las pruebas que la propia Secretaría de la Reforma Agraria les había remitido con anterioridad, siendo que hasta la fecha el gobierno del estado, pretextando un problema inexistente entre los núcleos de Los Huérfanos y Zempoala, se niegan a entregar las tierras a los campesinos y darles libertad a los campesinos presos, permitiendo que los particulares se apropien de las tierras ejidales.
Nota: La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, solicita la intervención de la fracción parlamentaria del PMS, a efecto de que la Cámara de Diputados intervenga para lograr la libertad de los compañeros, y que se les entregue la tierra a los campesinos del grupo Los Huérfanos.
Este es el escrito que nos han hecho llegar estos compañeros de Guanajuato, por lo que nos permitimos presentar un punto de acuerdo a esta asamblea.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a la consideración de esta asamblea el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Túrnese la presente denuncia a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas y de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, para que éstas investiguen lo sucedió e interpongan sus buenos oficios, a fin de coadyuvar a la restitución de los derechos ciudadanos y agrarios de los campesinos del poblado Los Huérfanos del estado de Guanajuato.
Por el grupo parlamentario del PMS, diputado Oswaldo Harris Muñoz.»
Dejamos aquí nuestra propuesta, para que sea sometida a esta asamblea. Muchas gracias.
El C. Presidente: -¿Oradores en pro?.... ¿Oradores en contra?
Consulte la secretaría, en cumplimiento a la fracción II del artículo 58, si se admite o no a discusión la proposición del compañero Harris.
La C. secretaria Patricia Villanueva Abrajam: -Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la proposición presentada por el diputado Oswaldo Harris Muñoz.
Los ciudadanos diputados que estén porque se admita, sírvanse manifestarlo.
(Votación.)
Los ciudadanos diputados que estén porque se deseche la proposición, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor presidente.
El C. Presidente: -Túrnese a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas y a la de Reforma Agraria.
EL RESPETO AL VOTO
El C. Genaro José Piñeiro López (desde su curul): -Para hechos, pido la palabra.
El C. Presidente: -Tiene la palabra para hechos, diputado Genaro Piñeiro.
El C. Genaro José Piñeiro López: -Con su permiso, señor presidente: Yo quiero preguntar a esta soberanía, ¿qué es lo que está pasando en el consenso o en la conquista de consenso para determinar si algún gobierno de algún estado o algún problema en particular de algún estado cuenta con más bonos entre la mayoría?, y otros no cuentan con esos bonos y por lo tanto ahí se aplica y se da por procedente el que se turne y el que se sostenga una práctica de información y de investigación.
Yo quiero hacerlos responsables compañeros, porque su voto que negó la intervención de esta investidura con los términos tan suaves como fue presentada por un servidor, haya sido negada y esto sin duda alguna aliente a los caciques no propiamente al concepto de caciques que vino el diputado Alba a manejar aquí, sino a los caciques que ahora solapados y ahora enterados de que no van a ser ni tan siquiera investigados o ser sujetos de un llamado de atención, sean violentados y violenten a esta región.
Yo quiero dejar clara esta preocupación, porque se ha comportado la mayoría frente a dos acontecimientos en forma totalmente diferente. Deja claro que aquí hay gobernadores con muchísimo más peso, gobernadores a los cuales no se les puede ni tan siquiera visitar para preguntarles si tan siquiera pudiera ser cierto lo que aquí se ha dicho; ya no quiero decir categóricamente que es
cierto, porque en el caso de Yahualica, el día 7 se presentó un helicóptero, de él bajaron tres funcionarios con nuevas urnas, se encerraron en el palacio municipal, rehicieron la documentación y llenaron las urnas, y ahora tenemos la preocupación de que el domingo se presente con mucha facilidad y con un voto administrativo el de que las urnas y las actas buenas son las que estos funcionarios venales electorales van a presentar, y desechen las actas legítimas en donde constan los votos de la mayoría de los compañeros indígenas pueblo de esos municipios.
Dejo en su conciencia compañeros, este raro comportamiento y les digo, considero que su voto en el caso de la propuesta que hizo un servidor, va a alentar estas situaciones de antidemocracia que van a provocar, posiblemente, que se consuma este fraude en contra del pueblo y de nuestra organización en estos municipios. Bajo su responsabilidad, compañeros.
El C. Presidente: -Le concede el uso de la palabra el ciudadano Murillo Karam, a la diputada Beatriz Gallardo.
Tiene la palabra la diputada Beatriz Gallardo, y se le reconoce su caballerosidad al diputado Murillo.
La C. Beatriz Gallardo Macías: - Yo le agradezco mucho compañero Murillo Karam, pero quise pedir la palabra porque algo se le olvidó en su intervención al compañero Genaro Piñeiro.
El día de ayer estuvieron compañeros de nuestro partido de esos municipios, nos hicieron saber de la situación, y además en esos momentos hubo necesidad de que nuestra fracción, los diputados que estábamos ahí presentes, nos pusiéramos al servicio de los compañeros al oír sus denuncias en lo particular. Ellos nos hicieron saber que a toda costa iban a defender el voto popular, cueste lo que cueste iban a defender la soberanía del pueblo, que en esos momentos mediante el voto popular se definió en favor del PST.
A pesar compañeros, de funcionarios electorales del estado, nuestro partido está firme y quiere dar a usted también el conocimiento, quiere informar a ustedes que también los diputados estaremos junto con nuestros compañeros para defender el voto popular, el voto del pueblo y nuestros militantes, en defensa de los intereses de sus comunidades. Gracias.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el diputado Jesús Murillo Karam, del Partido Revolucionario Institucional.
El C. Jesús Murillo Karam: -Con permiso de la presidencia: No se preocupen compañeros diputados, nosotros también vamos a defender el voto del pueblo con toda la fuerza, ése es nuestro interés precisamente.
Únicamente para razonar por qué se desecha su propuesta. Es muy simple, están haciendo una propuesta sobre algo que ustedes piensan que puede suceder, que no se ha dado y están prejuzgando, están prejuzgando sobre hechos que van a calificarse el domingo; es simple, es así de simple y ésa es la razón por la cual se desechó.
Además, en un caso se plantean, en el segundo en que se acepta la propuesta, cuestiones de orden jurídico, que la Cámara está en posibilidades de investigar. Aquí no se pide ninguna investigación, aquí se está simplemente prejuzgando. Eso es todo, muchas gracias.
El C. Presidente: -Tiene la palabra para hechos, el diputado Genaro Piñeiro López, del Partido Socialista de los Trabajadores, hasta por cinco minutos de acuerdo con el 102.
El C. Genaro José Piñeiro López: -Siento que no quedamos satisfechos con esta respuesta, porque el hecho de prever los resultados, creo que es una facultad y una capacidad que todos podemos ejercer.
Creo que ante la actitud de esperar a actuar ante hechos consumados, es una actitud irresponsable cuando se tiene la certeza, por el comportamiento de quienes fueron responsables en el manejo del funcionamiento electoral en estos municipios, porque las acciones y las actitudes que se han emprendido en el municipio demuestran que hay inevitablemente la tendencia a cometer y a consumar este fraude.
Qué importante y qué gran ventaja tenemos quienes podemos tomar medidas para prever y felices podamos decir, cuando no haya pasado lo que pasó, que no pasó porque lo preveímos, porque alertamos la conciencia y porque llamamos la atención a quienes pretenden cometer un fraude en contra de la voluntad popular.
Ese es mi razonamiento, compañeros.
ORDEN DEL DÍA
El C. Presidente: -Prosiga con los asuntos en cartera, la secretaría.
La C. secretaria Patricia Villanueva Abrajam: -Señor presidente, se han agotado
los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Cámara de Diputados.- Tercer Período Ordinario de Sesiones.- LIII Legislatura Orden del día
14 de Diciembre de 1987.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Minutas.
Con proyecto de decreto de Reformas y adiciones a la ley de amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con proyecto de ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Dictámenes a discusión.
De las comisiones de Reforma Agraria y de Agricultura y Recursos Hidráulicos, con proyecto de la Ley de Distritos de Desarrollo Rural.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Jesús Montemayor Peña, para prestar servicios en la Embajada de la República Islámica de Irán en México
Y los demás asuntos con los que la secretaría dé cuenta.»
El C. Presidente (a las 20.05 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo lunes 14 de diciembre a las 10:00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA
Y DIARIO DE LOS DEBATES