Legislatura LIV - Año I - Período Comisión Permanente - Fecha 19890215 - Número de Diario 8

ENCABEZADO

LIV LEGISLATURA

PODER LEGISLATIVO FEDERAL

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE

Lic. Emilio M. González

PALACIO LEGISLATIVO

DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES

Lic. Benjamín Martínez Martínez

Año I México, D.F., miércoles 15 de febrero de 1989 No. 8

SUMARIO

ASISTENCIA

La secretaría notifica que hay quórum.

APERTURA

Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

Se da lectura.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Con una aclaración, se aprueba.

INVITACIÓN

Del Departamento del Distrito Federal al LXXVI aniversario luctuoso de don José María Pino Suárez, el día 22 de febrero. Se nombra comisión.

COMUNICACIÓN

De la Gran Comisión de la Cámara de Diputados en que comunica la renuncia del oficial mayor y la designación de encargado del despacho. De enterado.

OFICIOS DE LA SECRETARIA

DE GOBERNACIÓN

NOMBRAMIENTOS

Solicitud para que el ciudadano Alfredo Phillips Olmedo, pueda aceptar y desempeñar el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de México, ante el gobierno de Canadá. Se recibe. Se turna a la Tercera Comisión.

Solicitud para que el ciudadano Luis de Pablo Serna, pueda aceptar y desempeñar el cargo de embajador representante alterno de México ante la Comunidad Económica Europea, con sede en Bruselas, Bélgica. Se recibe. Se turna a la Tercera Comisión.

INFORMACIÓN

La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que los gobiernos de Argentina, Ecuador y Venezuela depositaron ratificación del Tratado de Instituciones del Parlamento Latinoamericano, en Lima, Perú. Se recibe. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República.

CONDECORACIÓN

Solicitud de permiso para que el ciudadano Carlos Alberto de Icaza, pueda aceptar y usar la que le confiere el gobierno de Ecuador. Se recibe. Se turna a la Primera Comisión.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Solicitud de permiso para que el ciudadano Bernardo Jorge Roberto Stril Kremper, pueda prestar sus servicios en la embajada de Canadá, en México. Se recibe. Se turna a la Primera Comisión.

Solicitud de permiso para que la C.M. Margarita Elizondo S. pueda prestar sus servicios en el consulado de Estados Unidos de América, en Monterrey, Nuevo León. Se recibe. Se turna a la Primera Comisión.

Solicitud de permiso para que la C.O. Teresita Téllez R. pueda prestar sus servicios en la embajada de Checoslovaquia, en México. Se recibe. Se turna a la Primera Comisión.

RATIFICACIÓN

DE NOMBRAMIENTOS

Relación de treinta y un ciudadanos que solicitan ratificación de grados navales. Se recibe. Se turna a la Tercera Comisión.

DICTÁMENES DE PRIMERA

LECTURA

CONDECORACIONES

De la Primera Comisión que concede permiso al ciudadano Carlos Prieto de la Llana, para que acepte y use la que le confiere el gobierno de España.

De la Primera Comisión que concede permiso al ciudadano Alfredo de la Peña Gómez, de aceptar y usar la que le confiere el gobierno de Dinamarca.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

De la Primera Comisión que concede permiso al ciudadano José Arturo Maruri Avilés, para prestar sus servicios en la embajada de Francia, en México.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN

NOMBRAMIENTO

De la Tercera Comisión que ratifica al ciudadano Manuel Rodríguez Arriaga, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México, ante el gobierno de Noruega. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

Se designa comisión protocolaria. Protesta de ley.

RATIFICACIÓN

DE NOMBRAMIENTOS

De la Tercera Comisión que ratifica el del ciudadano Francisco Javier Velarde Quintero. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

De la Tercera Comisión que ratifica el del ciudadano Sergio Cutberto Espinoza Morelos. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

De la Tercera Comisión que ratifica el del ciudadano Agustín Vallejo Alvarez. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

De la Tercera Comisión que ratifica el del ciudadano Roberto Córdoba Rangel. aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

De la Tercera Comisión que ratifica el del ciudadano Luis Ángel Francisco Cabeza de Vaca Ávalos. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

CONDECORACIONES

De la Primera Comisión que concede permiso al ciudadano Rómulo O`Farril, aceptar y usar la que le confiere el gobierno de Italia.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

De la Primera Comisión que concede permiso a la ciudadana Adriana Zaldívar Nava, de prestar sus servicios en la embajada de Estados Unidos de América, en México.

De la Primera Comisión que concede permiso al ciudadano Miguel Ángel García Gutiérrez, de prestar sus servicios en la embajada de Estados Unidos de América, en México.

De la Primera Comisión que concede permiso al ciudadano Froylán Parra Rivera, de prestar sus servicios en la embajada de Estados Unidos de América, en México.

Aprobados. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

DEL ESTADO DE CHIAPAS

El diputado Jesús Ortega Martínez expone denuncia por hechos delictivos.

La diputada María Elena Chapa Hernández da lectura a documento de ejidatarios del municipio de Pijijiapan y debate el tema.

DE LA BOLSA DE VALORES

El diputado Armando Ibarra Garza propone que la investigación a funcionarios también se amplié a las casas de bolsa que operan en el país.

El diputado Juan Miguel Alcántara Soria, en apoyo a la propuesta y pide se amplié a los bancos que participaron.

El diputado Jesús Ortega Martínez, los senadores Ifigenia Martínez Hernández y Jesús Rodríguez y Rodríguez, debaten el tema.

Los diputados Pedro Etienne Llano y Jesús Ortega Martínez continúan con el tema.

La senadora Dulce María Sauri y el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, exponen criterios.

Se desecha la propuesta.

El diputado Jesús Ortega Martínez pide que la Gran Comisión solicite al presidente de la Comisión de Hacienda para que convoque a reunión con su comisión. La presidencia hace el llamado.

DEL ESTADO DE SINALOA

El diputado Juan Antonio García Villa comenta declaraciones del gobernador del estado y hechos en contra de su partido político y de campaña electoral.

El senador Mario Alfonso Niebla Alvarez describe hechos de denuncias y considera no ser tema parlamentario.

El diputado Juan Antonio García Villa y el senador Mario Alfonso Niebla Alvarez debaten el tema.

DE LA EDUCACIÓN

Y DE LAS ELECCIONES

El diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala expone su tesis en la educación de México, y de los partidos políticos.

SOLICITUD DE

COMPARECENCIAS

El diputado Armando Ibarra Garza propone comparecencias por problemas laborales en empresas paraestatales.

El senador Netzahualcóyotl de la Vega García se manifiesta en contra de la propuesta.

Debaten el diputado Armando Ibarra Garza, el senador Julio Patiño Rodríguez, diputado Jesús Ortega Martínez y el senador Jesús Rodríguez y Rodríguez y el diputado Dionisio Pérez Jácome.

No se acepta la propuesta.

DEL ESTADO DE COLIMA

El diputado Pedro Etienne Llano hace denuncia de problema agrario en el municipio de Manzanillo por tierras ejidales. Pasa a comisiones de la Cámara de Diputados.

ORDEN DEL DÍA

De la próxima sesión. Se levanta la sesión.

DEBATE

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR EMILIO M. GONZÁLEZ

(Asistencia de veinticinco ciudadanos legisladores)

ASISTENCIA

El C. secretario diputado Juan Miguel Alcántara Soria: - Hay veinticinco ciudadanos representantes presentes, señor presidente. Hay quórum.

APERTURA

El C. Presidente (a las 11.15 horas): - Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

El C. secretario diputado Juan Miguel Alcántara Soria: - Se va a dar lectura al orden del día.

"Cámara de Diputados. - Comisión Permanente. - Primer Receso. -LIV Legislatura.

Orden del día

15 de febrero de 1989.

Lectura del acta de la sesión anterior.

El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que para conmemorar el LXXVI aniversario luctuoso de José María Pino Suárez, tendrá lugar el próximo 22 de febrero.

Comunicación de la Gran Comisión de la Honorable Cámara de Diputados.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Por el que se comunica que el ciudadano Presidente de la República nombró al ciudadano licenciado Alfredo Phillips Olmedo, embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de Cánada.

Por el que se comunica que el ciudadano Presidente de la República nombró al ciudadano licenciado Luis de Pablo Serna, con el rango de embajador, representante alterno de México, ante la Comunidad Económica Europea, con sede en la ciudad de Bruselas, Bélgica.

Por el que se comunica que los gobiernos de Argentina, Ecuador y Venezuela, han depositado sus correspondientes instrumentos de ratificación del Tratado de Industrialización del Parlamento Latinoamericano, adoptado en Lima, Perú, el 16 de noviembre de 1987.

Por el que se solicita permiso constitucional necesario para que el ciudadano Carlos Alberto de Icaza González, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de Ecuador.

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Bernardo Jorge Roberto Stril Kremper, pueda prestar servicios en la embajada de Canadá, en México.

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana María Margarita Elizondo Sánchez, pueda prestar servicios en el consulado de Estados Unidos de América, en Monterrey, Nuevo León.

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Onésima Teresita Téllez, Rosete, pueda prestar servicios en la embajada de Checoslovaquia, en México.

Con el que se remiten treinta y una hojas de servicios de miembros de la Armada de México, para los efectos de la fracción VII, del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dictámenes de primera lectura

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Carlos Prieto de Llana, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de España.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Alfredo de la Peña Gómez, para aceptar y usar la condecoración de Caballero de Dannebrog, en Primer Grado, que le confiere el gobierno de Dinamarca.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano José Arturo Maruri Avilés, para prestar servicios en la embajada de la República Francesa, en México.

Dictámenes a discusión

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano licenciado Manuel Rodríguez Arriaga, embajador extraordinario y plenipotenciario de México, ante el gobierno del Reino de Noruega.

Cinco de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a los ciudadanos Francisco Javier Velarde Quintero, Sergio Cutberto Espinoza Morelos, Agustín Vallejo Alvarez, Roberto Córdoba Rangel y Luis Ángel Francisco Cabeza de Vaca Ávalos.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Rómulo O'Farril, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de la República

Italiana, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de Italia.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Adriana Zaldívar Nava, para prestar servicios en la embajada de Estados Unidos de América, en México.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Miguel Ángel García Gutiérrez, para prestar servicios en la embajada de Estados Unidos de América, en México.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Froylán Parra Rivera, para prestar servicios en la embajada de Estados Unidos de América, en México.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El mismo C. Secretario: - Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.

«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, correspondiente al primer receso de la Quincuagésima Cuarta Legislatura, celebrada el día ocho de febrero de mil novecientos ochenta y nueve.

Presidencia del senador Emilio M. González

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con veinte minutos del día ocho de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, con una asistencia de veintinueve legisladores, el presidente declara abierta la sesión.

La secretaría da lectura al orden del día y después al acta de la sesión anterior, la que sin discusión se aprueba en sus términos.

La secretaría da lectura a una invitación del Congreso del estado de Guerrero a la sesión solemne en la que el ciudadano licenciado José Francisco Ruíz Massieu, gobernador constitucional del estado, rendirá el segundo informe de gobierno. Para asistir a este acto en representación de esta Comisión Permanente, se designa a los ciudadanos legisladores Netzahualcóyotl de la Vega, Juan Antonio García Villa, Alberto J.Ahumada Padilla y Armando Ibarra Garza.

La misma secretaría da lectura a una invitación del Departamento del Distrito Federal a la ceremonia cívica para conmemorar el ciento cincuenta y ocho aniversario luctuoso del general Vicente Guerrero. Para representar a la Comisión Permanente, se designa a los legisladores Juan Miguel Alcántara Soria y Carlos Rubén Calderón Cecilio.

La secretaría da lectura a un oficio de la Secretaría de Gobernación, en el que comunica que el Presidente de la República nombró al ciudadano Ignacio Villaseñor Arano, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México, ante el gobierno de la República de Ecuador. Recibo, y turno a la Tercera Comisión.

La secretaría da lectura a un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el cual se solicita el permiso constitucional para que el ciudadano Carlos Prieto de la Llana, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, que en grado de Gran Cruz le confiere el gobierno de España. Recibo, y turno a la Primera Comisión.

Se da lectura a otro oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano José Arturo Maruri Avilés, pueda prestar sus servicios en la embajada de la República Francesa en esta ciudad. Recibo, y turno a la Primera Comisión.

Se da lectura a dos oficios de la misma Secretaría de Gobernación, con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Francisco Islas López y Sergio Aguilar Quintero, para los efectos de la fracción séptima del artículo setenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recibo, y turno a la Tercera Comisión.

La secretaría da lectura a un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se propone conceder el permiso constitucional para que el ciudadano José Gil Nostrort, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz Oficial, que le confiere el gobierno de España. Es de primera lectura.

Se da lectura a otros dictámenes de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se propone conceder el permiso constitucional necesario para que el ciudadano José Luis Aguirre Anguiano, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de España y para que el ciudadano Juan López Jiménez, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de España. Son de primera lectura.

El presidente informa que tiene conocimiento de que el catorce de febrero próximo, el ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco y la embajada de España en México, han organizado una ceremonia en la que se entregarán diversos reconocimientos del gobierno español a instituciones y ciudadanos mexicanos, por lo que solicita a la secretaría consulte a la asamblea si es de dispensarse la segunda lectura a los tres dictámenes inmediatamente precedentes, para ponerse a discusión y votación de inmediato. En votación económica se aprueba la dispensa; votación nominal en conjunto, resultando aprobados por veinticinco votos.

La secretaría da lectura a un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se propone conceder el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Rómulo O'Farril Junior, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República Italiana. Es de primera lectura.

Otros dos dictámenes de la misma comisión, con proyecto de decreto por el que se propone conceder el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Roberto Sebastián Breña Sánchez y Guillermo Bañuelos Aguirre, puedan prestar sus servicios en las embajadas de Canadá y de Jamaica, respectivamente. Es de primera lectura.

La secretaría da lectura a un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se propone conceder el permiso constitucional a los ciudadanos María Asunción Cordero Lago, Daniel Jorge Rodríguez Pérez y Miguel Carranza, puedan prestar servicios en la embajada de la República Democrática Alemana, en México. Son de primera lectura.

Otro dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se propone conceder permiso constitucional a los ciudadanos Daniel Pineda Plascencia, Víctor Hugo Rodríguez Arredondo, Gilberto Ulloa Uriarte, Mario Quijada Valdez, Ofalinda López Navarro, Mayola González Castillo, Beatriz del Carmen Briceño de Loustaunau y Graciela Hernández Quintana, para que puedan prestar servicios en el consulado de Estados Unidos de América, en Hermosillo, Sonora. Es de primera lectura.

Se ponen a discusión cinco dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se propone ratificar grados militares conferidos a los ciudadanos Nicabardo Daniel Velázquez, Roberto Badillo Martínez, Enrique Calderón González. Sin que motiven discusión, se aprueban en votaciones económicas sucesivas y se comunican al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

La Secretaría da lectura a un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se propone conceder el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Ricardo Iturbide González, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Honduras, en Tapachula, Chiapas. Se pone a discusión y no habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal.

Otro dictamen de la misma comisión, con proyecto de decreto por el que se propone conceder el permiso constitucional a la ciudadana María Andonie Saadeh de Charur, para aceptar y desempeñar el cargo de vicecónsul honorio de la República de Honduras, en Monterrey, Nuevo León. Se pone a discusión y no habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

Otro de la misma comisión, con proyecto de decreto por el que se propone conceder permiso constitucional al ciudadano Humberto Guillermo Ríos Martínez, para aceptar y usar la condecoración Cruz Terrestre del Ejército Venezolano, en su Segunda Clase, que le confiere el gobierno de Venezuela. Se pone a discusión y no habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

Otro de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se propone conceder permiso constitucional al ciudadano Víctor Arturo Jurado González, para aceptar y usar la condecoración Medalla del Ministerio de Defensa Nacional, que le confiere el gobierno de Paraguay. Se pone a discusión y no habiendo quien haga uso de la palabra, en votación nominal se aprueban por veintiocho votos éste y los proyectos de decreto anteriormente reservados. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

El presidente concede el uso de la palabra al diputado Juan Miguel Alcántara Soria, del Partido Acción Nacional, quien con el fin de que se aclaren dudas respecto a la publicación hecha en el Diario Oficial de la Federación del diecisiete de enero de mil novecientos ochenta y nueve, de una "fe de erratas" concerniente a la publicación de la Ley que establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales, propone el turno del asunto a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y a la de Gobernación de la Cámara de Senadores para su análisis y, en caso contrario, solicita la comparecencia de los secretarios de Gobernación y Hacienda, así como del director del Diario Oficial. En votación económica, la asamblea desecha la proposición.

Sube a la tribuna la senadora Laura Alicia Garza Galindo, del Partido Revolucionario Institucional, quien da lectura a un punto de acuerdo por el que se solicita se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, la solicitud para que se cite a los ciudadanos Luis Porte Petit, subprocurador general de la República; Roberto Hoyo D'Adonna, Procurador Fiscal de la Federación, y Oscar Espinoza Villareal, presidente de la Comisión Nacional de Valores, con objeto de que informen sobre la drástica caída del índice de cotizaciones de la Bolsa de Valores en el otoño de mil novecientos ochenta y siete. En votación económica, se admite al trámite la proposición, turnándola la presidencia a la comisión referida para su discusión y resolución que proceda.

Hace uso de la palabra el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para denunciar que en el cuerpo consultivo agrario sectorizado en la Secretaría de la Reforma Agraria, se contestan en la parte posterior de las contestaciones a promociones y gestiones planteadas por su partido, que contienen mensajes políticos en su cara posterior. Hace pública la protesta de su partido al Secretario de la Reforma Agraria, a fin de que no permita que personas cercanas a él utilicen sus puestos para inmiscuirse en asuntos políticos.

El presidente concede el uso de la palabra al diputado Jorge Ortega Martínez, del Partido Mexicano Socialista, quien con autorización de la presidencia, lo cede al diputado Armando Ibarra Garza, del Partido Popular Socialista; esté dice que es lamentable la ligereza con que la Secretaría de Relaciones Exteriores, maneja un asunto tan delicado como la designación de John Dimitri Negroponte es un experto en las llamadas guerras sucias, como lo demostró en Vietnam y Camboya. Afirma que el funcionario estadounidense intentará "hondurizar" la situación política de México, y que se trata de una avanzada orientada a fortalecer el dominio económico sobre el subcontinente latinoamericano. Propone, en los términos del artículo cincuenta y ocho del Reglamento, demandar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que explique las razones por las que otorgó el beneplácito del gobierno mexicano a la designación del embajador de Estados Unidos de América en nuestro país.

En favor de la proposición hace uso de la palabra el diputado Jesús Ortega Martínez, del Partido Mexicano Socialista, quien se refiere a diversos episodios de la actuación independiente de México en los foros internacionales y afirma que dicha tradición se ha venido soslayando en favor de una actitud menos independiente. Insiste en los antecedentes de John Dimitri Negroponte y declara que sería un error de la Comisión Permanente no aprobar la proposición del diputado Armando Ibarra.

En contra de la proposición, hace uso de la palabra el diputado Gonzalo Martínez Corbalá, del Partido Revolucionario Institucional, quien dice que no defenderá a Negroponte, sino al gobierno mexicano, al Presidente de la República y la decisión necesaria, quizá inevitable, de la cancillería mexicana. Acepta una interpelación de la senadora Ifigenia Martínez Hernández, del Frente Democrático Nacional, a quien le contesta que defenderá, como quedará claro al final de su intervención, al pueblo de México. Asegura que, por ejemplo, en Chile, fue más desestabilizadora la participación de parte del pueblo chileno, que la del embajador de Estados Unidos de América. A una interpelación del diputado Armando Ibarra, contesta que efectivamente los financiamientos desestabilizadores han sido a través de la Agencia Central de Inteligencia, no a través del embajador. Señala que no es el caso de México, donde nadie se prestaría a una maniobra desestabilizadora del país. Además, afirma que México es un país soberano que sostiene firmemente su derecho a autodeterminarse y eso tendrá que comprenderlo el embajador de Estados Unidos de América, aunque no se descarta estar atentos y vigilantes.

Para rectificar hechos hace uso de la palabra el diputado Abel Vicencio Tovar, del Partido Acción Nacional, quien dice que apoya la proposición, pero por razones distintas a la alianza de las fuerzas democráticas y progresistas contra el imperialismo y la reacción, pero tan valedoras o más. Pregunta cómo se va a poder vigilar si no se tiene información. Dice que no hay entre las facultades constitucionales del Congreso alguna que permitiera oponerse a una decisión que parece estar ya tomada con todas sus consecuencias. Que es preocupante la personalidad nebulosa del futuro embajador. Enfatiza que un embajador no lo es exclusivamente frente al gobierno, sino que debe representar sensibilidad en los intereses de su país, pero no estar en contra de los intereses del país a donde es enviado.

También para rectificar hace uso de la palabra el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien dice que Negroponte es una gente especializada en actitudes que no son del todo legales, que desafortunadamente para la democracia, van en contra de los movimientos nacionales. Expresa que su partido no está de acuerdo en la forma en la que la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó

el beneplácito en favor de la posible designación del embajador Negroponte.

Hace uso de la palabra la senadora Laura Alicia Garza Galindo, del Partido Revolucionario Institucional, quien dice que, en efecto, Negroponte es precedido de calificativos que poco lo honran, como intervencionista e importante estratega de la política de Reagan en Honduras, pero es un diplomático que viene a un país que no sufre ningún proceso de desestabilización. Si bien tenemos problemas como el de la deuda externa, donde uno de los principales acreedores es el país al que representa, Estados Unidos de América ha manifestado interés irreductible por apoyar la superación de nuestros problemas económicos.

Para rectificar hechos sube a la tribuna el diputado Pedro René Etienne Llano, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quien dice que ha sido claro que el beneplácito apresurado se ha dado en momentos donde no sólo las fuerzas democráticas sino la opinión nacional, se han manifestado en contra de esa designación, y que por eso debe aprobarse la propuesta del diputado Ibarra.

Por instrucciones del presidente, se da lectura a la proposición del diputado Ibarra e inmediatamente después se somete a votación económica, siendo desechada por la mayoría.

Hace uso de la palabra la senadora Ifigenia Martínez Hernández, del Frente Democrático Nacional, quien da lectura a un documento en el que expone sus consideraciones sobre las bases que deben tenerse en cuenta para la negociación de la deuda externa que actualmente se lleva a cabo.

Se concede el uso de la palabra al diputado Ignacio Castillo Mena, de la Corriente Democrática, quien solicita al presidente que haga un extrañamiento a la Primera Comisión de la Comisión Permanente, para que a la brevedad posible adopte una resolución respecto a la proposición que presentó en el mes de enero próximo pasado, para que se adopte la moratoria en el pago de la deuda externa y se exhorte al Presidente de la República para que haga suya esa propuesta.

Desde su curul, el senador Alfonso Martínez Domínguez, del Partido Revolucionario Institucional, explica que por el consenso de los integrantes de la Primera Comisión, se acordó no emitir ningún dictamen precipitado y esperar a contar con información más detallada respecto a las gestiones que al respecto se realizan.

Vuelve a la tribuna el diputado Ignacio Castillo Mena, quien afirma que si se espera la opinión del Ejecutivo, en realidad no hay división de poderes, ni respeto a la independencia del Poder Legislativo.

Nuevamente desde su curul, el senador Martínez Domínguez dice que no es negligencia de la Comisión Permanente, el no tomar una decisión precipitada o desinformada sobre un asunto tan delicado y que lo irresponsable sería aceptar sin antecedentes la propuesta del diputado Castillo.

Desde su curul, el diputado Castillo Mena dice que es negligente y servil al Ejecutivo, la postura de la Primera Comisión de Trabajo.

Hace uso de la palabra el diputado Armando Ibarra Garza, del Partido Popular Socialista, para proponer que con relación a las negociaciones sobre la deuda externa nacional, se cite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que comparezca ante las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto de la Cámara de Diputados, a fin de informar el estado que guarda el tratamiento de esa deuda. En votación económica se desecha la proposición.

Agotados los asuntos en cartera, la secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el presidente levanta la de hoy a las quince horas con diez minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo miércoles quince de febrero a las once horas.»

Está a discusión el acta ..

El C. diputado Gonzalo Martínez Corbalá (desde su curul): - Hay una rectificación que es necesario hacer en el acta.

Yo no dije que el pueblo chileno participó. El sindicato de dueños de camiones y empresarios no nacionalistas, es decir, parte del pueblo chileno. Quisiera que se hiciera la rectificación.

El C. Presidente: - Recogiendo la aclaración, consulte la secretaría a la asamblea si se aprueba el acta.

El C. secretario diputado Juan Miguel Alcantara Soria: - Con la aclaración pertinente, se pregunta a la asamblea en votación económica si se aprueba.

Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie .. Aprobada, señor presidente.

INVITACIÓN

El mismo C. Secretario:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Departamento del Distrito Federal.- México, D.F., a 13 de febrero de 1989.

Ciudadano senador Emilio M. González, presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presente.

El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta dirección general, atentamente invita a usted al depósito de ofrenda floral y guardia de honor que con motivo del LXXVI aniversario luctuoso de don José María Pino Suárez, efectuará el ciudadano licenciado Manuel Camacho Solís, Jefe del Departamento del Distrito Federal, con la representación del ciudadano licenciado Carlos Salinas de Gortari, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Dicha ceremonia tendrá lugar el próximo miércoles 22 a las 11.00 horas, frente a la tumba que guarda sus restos, en la Rotonda de los hombres Ilustres del Panteón Civil de Dolores, delegación Miguel Hidalgo, de esta ciudad capital.

Por tal motivo, de la manera más atenta, me permito solicitarle tenga a bien dictar sus apreciables indicaciones a efecto de que una comisión asista a la ceremonia de referencia, con la representación de esa comisión que usted preside.

Reitero a usted con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

El subdirector de Acción Cívica, ingeniero Luis González Sosa.»

El C. Presidente: - Para asistir a este acto en representación de esta honorable Comisión Permanente, se designa a los siguientes ciudadanos legisladores: diputado Alberto J. Ahumada Padilla y senadora Ifigenia Martínez Hernández.

COMUNICACIÓN

El mismo C. Secretario:

«Gran Comisión.- México, D.F., a 9 de febrero de 1989.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Nos permitimos hacer de su conocimiento que la Gran Comisión de la honorable Cámara de Diputados, conforme a sus atribuciones legales, y en virtud de la renuncia del licenciado Ángel Sergio Guerrero Mier, ha designado con esta fecha, encargado del despacho de la Oficialía Mayor de la propia Cámara al ciudadano licenciado Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, de cuya firma al calce le rogamos tomar nota para los efectos correspondientes.

Atentamente.

Diputados: Guillermo Jiménez Morales, presidente; Gonzalo Martínez Corbalá, secretario; Manuel Cavazos Lerma, secretario.»

Trámite: - De enterado.

OFICIOS DE LA SECRETARIA

DE GOBERNACIÓN

NOMBRAMIENTOS

El mismo C. Secretario:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

A continuación transcribo a ustedes, para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores, dirigió al suscrito, con fecha 6 del actual, manifestando lo siguiente:

"En uso de las facultades que le concede el artículo 89 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ciudadano Presidente de la República ha tenido a bien nombrar al ciudadano licenciado Alfredo Phillips Olmedo, embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de Canadá. En consecuencia, he de agradecer a usted se sirva solicitar en los términos de la fracción VII del artículo 79 constitucional, la ratificación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión para este nombramiento. Con este fin le envió adjuntos los datos biográficos del interesado."

Al comunicar a ustedes lo anterior les acompaño con el presente los anexos que en el mismo se citan, reiterándoles en esta oportunidad mi consideración atenta y distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 13 de febrero de 1989.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»

Trámite: - Recibo, y túrnese a la Tercera Comisión.

El mismo C. Secretario:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

A continuación transcribo a ustedes, para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores, dirigió al suscrito, con fecha 30 de enero último, manifestando lo siguiente:

"En uso de las facultades que le concede el artículo 89 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ciudadano Presidente de la República ha tenido a bien nombrar, con el rango de embajador, representante alterno de México ante la Comunidad Económica Europea, con sede en la ciudad de Bruselas, Bélgica, al ciudadano licenciado Luis de Pablo Serna. En consecuencia, he de agradecer a usted se sirva solicitar, en los términos de la fracción VII del artículo 79 constitucional, la ratificación de la Comisión Permanente del honorable congreso de la Unión para este nombramiento. Con este fin le envió adjuntos los datos biográficos del interesado."

Al comunicar a ustedes lo anterior les acompaño con el presente el anexo que en el mismo se cita, reiterándoles en esta oportunidad mi consideración atenta y distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 6 de febrero de 1989.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»

Trámite: - Recibo, y túrnese a la Tercera Comisión.

INFORMACIÓN

El mismo C. Secretario:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 23 de enero próximo pasado, manifestando lo siguiente:

"Por el interés que tiene para esa dependencia del Ejecutivo, informa a usted que, los gobiernos de Argentina, Ecuador y Venezuela, han depositado sus correspondientes instrumentos de ratificación del Tratado de Institucionalización del Parlamento Latinoamericano, adoptado en Lima Perú, el 16 de noviembre de 1987. Sobre el particular, mucho agradeceré a usted, se sirva notificar lo anterior al honorable Senado de la República."

Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y atención que estimen procedente, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 3 de febrero de 1989.- Por acuerdo del ciudadano Secretario, el director general de gobierno, licenciado Jorge Moreno Collado.»

Trámite: - Recibo, y túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores de la honorable Cámara de Senadores.

CONDECORACIÓN

El mismo C. Secretario:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

A continuación transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores, dirigió a ésta de gobernación, con fecha 20 del actual, enviándoles además con el presente los anexos que en el mismo se citan:

"Ruego a usted atentamente tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el ciudadano embajador Carlos Alberto de Icaza González,

pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de Ecuador."

Al comunicar a ustedes lo anterior, les reitero en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 31 de enero de 1989.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»

Trámite: - Recibo, y túrnese a la Primera Comisión.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

El mismo C. Secretario:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

En oficio fechado el 25 de enero último, la Secretaría de Relaciones Exteriores, se ha dirigido a ésta de Gobernación, manifestando lo siguiente:

"Mucho agradeceré a usted tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el ciudadano Bernardo Jorge Roberto Stril Kremper, pueda prestar sus servicios como coordinador de información y prensa en la embajada de Canadá, en México. El interesado ha presentado copia del certificado de nacionalidad mexicana, así como del acta de nacimiento, mismas que se remiten anexas para los efectos pertinentes."

Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles además con el presente los anexos que en el mismo se citan.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 1o. de febrero de 1989.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»

Trámite: - Recibo, y túrnese a la Primera Comisión.

El mismo C. Secretario:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, se ha dirigido a ésta Gobernación, con fecha 26 de enero último, manifestando los siguiente:

"Mucho agradeceré a usted tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la ciudadana María Margarita Elizondo Sánchez, pueda prestar sus servicios como secretaria en el consulado de Estados Unidos de América, en Monterrey, Nuevo León. La interesada ha prestado copia del acta de nacimiento que comprueba su nacionalidad mexicana, misma que remito anexa para los efectos pertinentes."

Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles con el presente el anexo que en el mismo se cita.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración atenta.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 1o. de febrero de 1989.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»

Trámite: - Recibo, y túrnese a la Primera Comisión.

El mismo C. Secretario:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores, dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 25 del actual, enviándoles además con el presente los anexos que en el mismo se mencionan:

"Adjunto al presente me es grato remitir a usted la solicitud de la señora Onésima Teresita Téllez Rosete, con el objeto de que tenga a bien disponer se gestione ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la unión, el permiso a que se refiere el artículo 37, inciso B, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que pueda desempeñar el cargo de secretaria en la embajada de Checoslovaquia, en México. Para tal efecto, se anexa también copia del acta de nacimiento de la interesada."

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 31 de enero de 1989.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»

Trámite: - Recibo, y túrnese a la Primera Comisión.

RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS

El mismo C. Secretario:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Marina, dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 25 del actual.

"Por acuerdo del ciudadano almirante Secretario, adjunto al presente me es grato remitir a usted, la hoja de tiempo de servicios del personal que se indica en la relación anexa, a fin de que por su amable conducto sea puesto a consideración del honorable Senado de la República, para la ratificación del grado que ostentan. Se adjunta copia certificada del acuerdo presidencial donde se dispone el ascenso de los interesados, así como antecedentes militares y datos complementarios. Mereciendo a usted, que una vez finiquitado la conducente, sea devuelta la documentación a la Jefatura de Operaciones Navales, para continuar su trámite legal."

Al comunicar a ustedes lo anterior, les envió con el presente los anexos a que se hace referencia, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 31 de enero de 1989.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Marina.

Relación que manifiesta al personal de almirantes y capitanes para efectos de ratificación de grado.

Vicealmirante C.G. DEMN, José P. Rivera Arreola; vicealmirante C.G. DEMN, Eduardo Luna Romo; vicealmirante C.G. DEMN, Fernando Magaña Gayou; contralmirante C.G. DEMN, Raúl Niembro Almazán; contralmirante C.G. DEMN, Mariano Francisco Saynez Mendoza; contralmirante C.G. DEMN, Luis F. Zapata Espinoza; contralmirante C.G. DEMN, José M. Ruíz Alcántara; contralmirante I. M. N., Francisco Almonacid Jaramillo; contralmirante I. M. N., Miguel Hernández García; contralmirante SIA.I.C.E., Filiberto Ruíz Valerio; contralmirante JN. licenciado en derecho, Fernando A. Pérez Sánchez; contralmirante SN. CD., Clara E. Hernández Santiago; contralmirante C.G. DEMN, Raúl Arévalo Gallegos; capitán naval C.G. DEMN, Jorge A. Maldonado Orozco; capitán naval C.G. DEMN, Nain Domínguez Cuevas; capitán naval C.G. DEMN, Manuel E. Anguas Mendoza; capitán naval C.G. DEMN, Raúl S. Galván Villanueva; capitán naval C.G. DEMN, Jorge H. Maldonado Salcedo; capitán naval C.G. DEMN, Guillermo A. García Ramos; capitán naval C.G., Servando Ponce de León Coluby; capitán naval A.N.P.A., Nicasio Romano Ortiz; capitán naval A.N.P.A., Eduardo V. Gordillo Flores; capitán naval A.N.P.A., Praxedes González Hernández; capitán naval I. M. N., José H. Peralta Viveros; capitán naval I. M. N., Fernando Estrada y Aguilar; capitán naval I. M., Gilberto Torrecillas Vázquez; capitán naval AIN.INT., Francisco J. Nava Betanzos; capitán naval SN.MC., Federico Turcios Marcwordt; contralmirante I. M. N., César A. Carreón Bogard; contralmirante IM. DEM., Pedro R. Castro Alvarez.

México, Distrito Federal, a 25 de enero de 1989.- El oficial Mayor, Rodrigo de Peón Alvarez, vicealmirante C.G. DEMN.»

Trámite: - Recibo, y túrnese a la Tercera Comisión.

DICTÁMENES DE PRIMERA

LECTURA

CONDECORACIONES

El C. secretario senador Alonso Aguirre Ramos:

«Primera Comisión.

Honorable asamblea: La Primera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano licenciado Carlos Prieto de la Llana, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de España.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano licenciado Carlos Prieto de la Llana, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de España.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 10 de febrero de 1989.- Senador Alfonso Martínez Domínguez, senador Julio Patiño Rodríguez, diputado Abel Carlos Vicencio Tovar, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Armando Ibarra Garza, senador Ernesto de Jesús Luque Feregrino, diputado Artemio Iglesias Miramontes, diputado Eleazar Ruíz Cerda, senador Enrique Burgos García y diputado Pedro Alberto Salazar Muciño.»

Trámite: - Primera lectura.

El mismo C. Secretario:

«Primera Comisión.

Honorable asamblea: La Primera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano Alfredo de la Peña Gómez, para aceptar y usar la condecoración de Caballero de Dannebrog, en Primer Grado, que le confiere el gobierno de Dinamarca.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Alfredo de la Peña Gómez, para aceptar y usar la condecoración de Caballero de Dannebrog, en Primer Grado, que le confiere el gobierno de Dinamarca.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 10 de febrero de 1989.- Senador Alfonso Martínez Domínguez, senador Julio Patiño Rodríguez, diputado Abel Carlos Vicencio Tovar, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Armando Ibarra Garza, senador Ernesto de Jesús Luque Feregrino, diputado Artemio Iglesias Miramontes, diputado Eleazar Ruíz Cerda, senador Enrique Burgos García y diputado Pedro Alberto Salazar Muciño.»

Trámite: - Primera lectura.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

El mismo C. Secretario:

«Primera Comisión.

Honorable asamblea: En oficio fechado el 19 de enero del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano José Arturo Maruri Avilés, pueda prestar servicios como empleado administrativo en la embajada de la República Francesa, en México.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 8 de febrero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que el interesado prestará en la embajada de la República Francesa, en México, serán como empleado administrativo, y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B, del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano José Arturo Maruri Avilés, para prestar servicios como empleado administrativo, en la embajada de la República Francesa, en México.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 10 de febrero de 1989.- Senador Alfonso Martínez Domínguez, senador Julio Patiño Rodríguez, diputado Abel Carlos Vicencio Tovar, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Armando Ibarra Garza, senador Ernesto de Jesús Luque Feregrino, diputado Artemio Iglesias Miramontes, diputado Eleazar Ruíz Cerda, senador Enrique Burgos García y diputado Pedro Alberto Salazar Muciño.»

Trámite: - Primera lectura.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN

NOMBRAMIENTO

El C. secretario senador Alonso Aguirre Ramos:

«Tercera Comisión.

Honorable asamblea: En cumplimiento de la fracción III del artículo 89, en relación con la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo de la Unión remitió a esta honorable Comisión Permanente, mediante oficio de fecha 19 de enero del año en curso, suscrito por el Secretario de Gobernación, el expediente integrado al nombramiento que el ciudadano Presidente de la República hace en favor del ciudadano licenciado Manuel Rodríguez Arriaga, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México, ante el gobierno del Reino de Noruega. Dicho instrumento fue turnado a la comisión que suscribe en la sesión celebrada por este cuerpo colegiado el pasado día 25 de enero.

Del estudio del expediente que se dictamina, la comisión que suscribe deduce que el señor licenciado Manuel Rodríguez Arriaga es originario de Monterrey, Nuevo León, y cuenta en la actualidad con 39 años de edad. Asimismo, que obtuvo el grado de licenciado en derecho en la Escuela Libre de Derecho.

Los integrantes de la comisión que suscriben deseamos destacar que el licenciado Rodríguez Arriaga ha aunado una profunda experiencia profesional en el ramo de la política internacional, a una acusada preparación académica que lo ha llevado a obtener postgrados en administración pública y en planeación de política social en las universidades de Londres, Gran Bretaña y Ginebra, Suiza, respectivamente. En ese mismo sentido, es de destacarse que se ha desempeñado con buen éxito, como jefe de delegación, en diversas reuniones y conferencias internacionales y que es autor de multitud de estudios sobre soberanía, seguridad y desarrollo de México, así como sobre las relaciones de nuestro país con el resto de América Latina.

Como apuntamos en el párrafo anterior, la comisión suscribiente considera pertinente destacar que el licenciado Rodríguez Arriaga es diplomático de carrera con una amplia y variada experiencia en el ejercicio de los principios de la política exterior mexicana. En ese sentido, es de señalarse que se ha desempeñado brillantemente en la delegación permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas y, con el rango de consejero, en la embajada de nuestro país en Estados Unidos de América. Asimismo, fungió como secretario particular del Secretario de Relaciones Exteriores, como coordinador general de asesores del mismo y hasta el 30 de noviembre de 1988 fue el responsable de la subsecretaría de Cooperación Internacional de nuestra cancillería.

En seguimiento del acuerdo tomado por la honorable Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982 y que ha sido práctica adoptada por esta Comisión Permanente en la elaboración de dictámenes sobre ratificación de nombramientos diplomáticos, la comisión que suscribe citó al licenciado Manuel Rodríguez Arriaga a una reunión en la que se conservó sobre la política exterior mexicana, el contexto internacional donde se desarrolla, y en particular, la relación que actualmente guarda nuestro país con el Reino de Noruega. El encuentro de referencia tuvo lugar en el recinto de la honorable Cámara de Senadores el pasado jueves 9 de los corrientes, y en ella los legisladores que integramos la comisión que dictamina tuvimos la oportunidad de dialogar, en forma muy amplia, sobre los referidos temas con el licenciado Rodríguez Arriaga.

En la mencionada entrevista constatamos la preparación y experiencia que el licenciado Rodríguez Arriaga ha obtenido en el transcurso de su vida académica y profesional, así como su disposición y gran aptitud para el servicio de la República.

De la misma manera, el señor embajador designado demostró un especial conocimiento de la realidad política y social del Reino de Noruega y de la relación que sostiene con nuestro país en el

entorno multiestatal de Europa Occidental moderna. Lo anterior, producto de una intensa carrera diplomática al servicio del Estado mexicano y de la capacidad personal con que ha atendido los cargos de que se ha responsabilizado, revelando un indudable convencimiento en los principios que rigen la política exterior de nuestra patria.

Con base en el análisis del expediente relativo y de la entrevista citada, los legisladores que integramos la Comisión Dictaminadora, hemos podido comprobar que el licenciado Rodríguez Arriaga reúne, a cabalidad, los requisitos señalados por el artículo 23 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano para ser designado embajador.

Por lo expuesto, los suscritos consideramos que el licenciado Manuel Rodríguez Arriaga, cuenta con las cualidades y méritos necesarios para el eficiente desempeño del cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de nuestro país ante el gobierno del Reino de Noruega, por lo que nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea, es siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. En uso de la facultad que le confiere la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera en favor del ciudadano licenciado Manuel Rodríguez Arriaga, como embajador de México, ante el Reino de Noruega.

Sala de audiencias "Presidente Sebastián Lerdo de Tejada" de la honorable Cámara de Senadores.- México, Distrito Federal, a 10 de febrero de 1989.- Tercera Comisión: senador Jesús Rodríguez y Rodríguez, diputado Manuel Cavazos Lerma, diputado Gerardo Medina Valdez, senadora Dulce María Sauri Riancho, diputado Pedro René Etienne Llano, diputado Dionisio E. Pérez Jácome, diputado Ignacio Castillo Mena, senadora Laura Alicia Garza Galindo, senador Mario Alfonso Niebla Alvarez, senador Netzahualcóyotl de la Vega García y diputada María Elena Chapa Hernández.»

Trámite segunda lectura.

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

El C. Presidente: - Se encuentra a las puertas de este recinto, el ciudadano licenciado Manuel Rodríguez Arriaga, cuyo nombramiento como embajador extraordinario y plenipotenciario de México, ante el gobierno de Noruega, acaba de ser aprobado por esta asamblea.

Para que lo introduzcan a este salón y lo acompañen a rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes legisladores: diputado Gonzalo Martínez Corbalá, senadora María Esther Scherman y diputado Juan Antonio García Villa.

(La comisión cumple con su cometido.)

El C. secretario senador Alfonso Aguirre Ramos: - Se ruega a los presentes ponerse de pie.

(Los presentes de pie.)

El C. Presidente: - Ciudadanos licenciado Manuel Rodríguez Arriaga: «¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de México, ante el gobierno de Noruega, que se os ha conferido, y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?»

El C. licenciado Manuel Rodríguez Arriaga:- "Sí, protesto".

El C. Presidente: - "Si no lo hicierais así, que la nación os lo demande".

(Aplausos.)

El C. Presidente: - Se ruega a la comisión designada, acompañar al señor embajador cuando desee retirarse.

(La comisión cumple con su cometido.)

RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS

El C. Presidente: - Proceda la secretaría con el desahogo de los asuntos en cartera.

El C. secretario senador Alonso Aguirre Ramos:

«Tercera Comisión.

Honorable asamblea: A la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del ciudadano Francisco Javier Velarde Quintero, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que, en su caso, sea ratificado el grado de general de división, piloto aviador diplomado de estado mayor aéreo, que el propio Ejecutivo le otorga.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército como cadete en la planta de la Escuela Militar de Aviación, el seis de abril de mil novecientos cuarenta y nueve, ascendiendo a subteniente de aeronáutica piloto aviador, al término satisfactorio de sus estudios, en el plantel citado, el dieciséis de octubre de mil novecientos cincuenta y uno;

b) A los demás grados ascendió por escalafón, y cuando ostentaba el de mayor de aeronáutica piloto aviador, adquirió el carácter de diplomado de estado mayor aéreo;

c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes en las fechas de sus ascensos;

d) Ha prestado servicios al Ejército durante treinta y nueve años, siete meses y nueve días, y

e) Le fueron conferidas las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda, Primera Clases y la Especial, por haber cumplido el tiempo de servicios fijado para el efecto.

La proposición que el Ejecutivo Federal hace, a juicio de la Comisión Dictaminadora debe ser ratificada, porque el ciudadano Francisco Javier Velarde Quintero, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se ratifica el grado de general de división, diplomado de estado mayor aéreo, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano piloto aviador Francisco Javier Velarde Quintero.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo México, Distrito Federal, a 23 de enero de 1989.- Senador Jesús Rodríguez y Rodríguez, diputado Manuel Cavazos Lerma, diputado Gerardo Medina Valdez, senadora Dulce María Sauri Riancho, diputado Pedro René Etienne Llano, diputado Dionisio E. Pérez Jácome, diputado Ignacio Castillo Mena, senadora Laura Alicia Garza Galindo, senador Mario Alfonso Niebla Alvarez, senador Netzahualcóyotl de la Vega García y diputada María Elena Chapa Hernández.»

Trámite: - Segunda lectura.

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...probado. Comuníquese al Ejecutivo.

El mismo C. Secretario:

«Tercera Comisión.

Honorable asamblea: A la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del ciudadano Sergio Cutberto Espinoza Morelos, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que, en su caso, sea ratificado el grado de general de ala piloto aviador, diplomado de estado mayor aéreo, que el propio Ejecutivo le otorga.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército como soldado del servicio militar nacional, en la Compañía de Armas de acompañamiento del primer regimiento de la tercera división de infantería, el veinte de enero de mil novecientos cuarenta y ocho, causando nuevamente alta en el Ejército en la Escuela Militar de Mecánicos Especialistas de Aviación, el veinticinco de febrero de mil novecientos cuarenta y nueve como soldado alumno, ascendiendo a subteniente de aeronáutica piloto aviador al término satisfactorio de sus estudios, en el plantel citado, el primero de agosto de mil novecientos cincuenta y siete; b) Ascendió por escalafón a capitán de aeronáutica piloto aviador y cuando ostentaba el de capitán primero de fuerza aérea piloto aviador, en la Escuela Superior de Guerra, adquirió el carácter de diplomado de estado mayor aéreo, el treinta y uno de octubre de mil novecientos sesenta y siete;

c) A los demás grados ascendió de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes en las fechas de sus ascensos;

d) Ha prestado servicios al Ejército durante cuarenta años, ocho meses y quince días, y

e) Le fueron conferidas las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clases, así como la Especial, por haber cumplido el tiempo de servicios fijado para el efecto.

La proposición que el Ejecutivo Federal hace, a juicio de la Comisión Dictaminadora debe ser ratificada, porque el ciudadano Sergio Cutberto Espinoza Morelos, con su curriculum prueba ser merecedor de grado que se le otorga.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se ratifica el grado de general de ala, piloto aviador diplomado de estado mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Sergio Cutberto Espinoza Morelos.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, 1o. de febrero de 1989.- La comisión: senador Jesús Rodríguez y Rodríguez, diputado Manuel Cavazos Lerma, diputado Gerardo Medina Valdez, senadora Dulce María Sauri Riancho, diputado Pedro René Etienne Llano, diputado Dionisio E. Pérez Jácome, diputado Ignacio Castillo Mena, senadora Laura Alicia Garza Galindo, senador Mario Alfonso Niebla Alvarez, senador Netzahualcóyotl de la Vega García y diputada María Elena Chapa Hernández.»

Trámite: - Segunda lectura.

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

El mismo C. Secretario:

«Tercera Comisión.

Honorable asamblea: A la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del ciudadano Agustín Vallejo Alvarez, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que, en su caso, sea ratificado el grado de general de brigada, diplomado de estado mayor, que el propio Ejecutivo le otorga.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el siete de abril de mil novecientos cuarenta y nueve, ascendiendo a subteniente de caballería al término satisfactorio de sus estudios en el plantel citado, el primero de enero de mil novecientos cincuenta y dos;

b) A los demás grados ascendió por escalafón, y cuando ostentaba el de teniente coronel de caballería, adquirió el carácter de diplomado de estado mayor;

c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes en las fechas de sus ascensos;

d) Ha prestado servicios al Ejército durante treinta y nueve años, ocho meses y veinte días, y

e) Le fueron conferidas las condecoraciones de Perseveración de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clases, la Especial por haber cumplido el tiempo de servicios fijado para el efecto; igualmente se le otorgaron la del "Mérito Docente", en virtud de haber desempeñado con distinción y eficacia, el cargo de profesor en el Colegio Militar, la de "Legión de Honor" y la del "Mérito Facultativo de Segunda Clase".

La proposición que el Ejecutivo Federal hace, a juicio de la Comisión Dictaminadora debe ser ratificada, porque el ciudadano Agustín Vallejo Alvarez, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se ratifica el grado de general de brigada, diplomado de estado mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Agustín Vallejo Alvarez.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 1o. de febrero de 1989.- La comisión: Senador Jesús Rodríguez y Rodríguez, diputado Manuel Cavazos Lerma, diputado Gerardo Medina Valdez, senadora Dulce María Sauri Riancho, diputado Pedro René Etienne Llano, diputado Dionisio E. Pérez Jácome, diputado

Ignacio Castillo Mena, senadora Laura Alicia Garza Galindo, senador Mario Alfonso Niebla Alvarez, senador Netzahualcóyotl de la Vega García y diputada María Elena Chapa Hernández.»

Trámite: - Segunda lectura.

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

El mismo C. Secretario:

«Tercera Comisión.

Honorable asamblea: A la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del ciudadano Roberto Córdoba Rangel, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que, en su caso, sea ratificado el grado de general brigadier, diplomado de estado mayor, que el propio Ejecutivo le otorga.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el primero de enero de mil novecientos cincuenta y cinco, ascendiendo a subteniente de infantería al término satisfactorio de sus estudios, en el plantel citado, el primero de enero de mil novecientos cincuenta y ocho;

b) El primero de enero de mil novecientos sesenta, ascendió por escalafón a teniente de infantería, y cuando ostentaba el de capitán segundo de infantería, adquirió el carácter de diplomado de estado mayor, el quince de noviembre de mil novecientos sesenta y seis;

c) A los demás grados ascendió de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes en las fechas de sus ascensos;

d) Ha prestado servicio al Ejército durante treinta y cuatro años, y

e) Le fueron conferidas las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera y Segunda Clases, así como la del "Mérito Docente", por haber cumplido el tiempo de servicios fijado para el efecto.

La proposición que el Ejecutivo Federal hace, a juicio de la Comisión Dictaminadora debe ser ratificada, porque el ciudadano Roberto Córdoba Rangel, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se ratifica el grado de general brigadier, diplomado de estado mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Roberto Córdoba Rangel.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 30 de enero de 1989.- La comisión: Senador Jesús Rodríguez y Rodríguez, diputado Manuel Cavazos Lerma, diputado Gerardo Medina Valdez, senadora Dulce María Sauri Riancho, diputado Pedro René Etienne Llano, diputado Dionisio E. Pérez Jácome, diputado Ignacio Castillo Mena, senadora Laura Alicia Garza Galindo, senador Mario Alfonso Niebla Alvarez, senador Netzahualcóyotl de la Vega García y diputada María Elena Chapa Hernández.»

Trámite: - Segunda lectura.

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie..Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

El mismo C. Secretario:

"Tercera Comisión.

Honorable asamblea: A la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del ciudadano Luis Ángel Francisco Cabeza de Vaca Ávalos, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de la fracción II del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que, en su caso, sea ratificado el grado de general, brigadier, diplomado de estado mayor, que el propio Ejecutivo le otorga.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejercito como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el primero de febrero de mil novecientos sesenta, ascendiendo a subteniente de caballería al término

satisfactorio de sus estudios, en el plantel citado, el primero de enero de mil novecientos sesenta y tres;

b) A los demás grados ascendió por escalafón, y cuando ostentaba el de capitán primero de caballería, adquirió el carácter de diplomado de estado mayor;

c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes en la fecha de sus ascensos;

d) Ha prestado servicios al Ejército durante veintiocho años, diez meses y ocho días, y

e) Le fueron conferidas las condecoraciones de Perseveración de Cuarta, Tercera y Segunda Clases, por haber cumplido el tiempo de servicios fijado para el efecto.

La proposición que el Ejecutivo Federal hace, a juicio de la Comisión Dictaminadora debe ser ratificada, porque el ciudadano Luis Ángel Francisco Cabeza de Vaca Ávalos, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se ratifica el grado de general brigadier, diplomado de estado mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Luis Ángel Francisco Cabeza de Vaca Ávalos.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, 1o. de febrero de 1989.- La comisión: Senador Jesús Rodríguez y Rodríguez, diputado Manuel Cavazos Lerma, diputado Gerardo Medina Valdez, senadora Dulce María Sauri Riancho, diputado Pedro René Etienne Llano, diputado Dionisio E. Pérez Jácome, diputado Ignacio Castillo Mena, senadora Laura Alicia Garza Galindo, senador Mario Alfonso Niebla Alvarez, senador Netzahualcóyotl de la Vega García y diputada María Elena Chapa Hernández.»

Trámite: - Segunda lectura.

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

CONDECORACIONES

El mismo C. Secretario:

«Primera Comisión

Honorable asamblea: La Primera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano Rómulo O'Farril, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de la República Italiana, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de Italia.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Rómulo O'Farril, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de la República Italiana, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de Italia.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 2 de febrero de 1989.- Senador Alfonso Martínez Domínguez, senador Julio Patiño Rodríguez, diputado Abel Carlos Vicencio Tovar, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Armando Ibarra Garza, senador Ernesto de Jesús Luque Feregrino, diputado Artemio Iglesias Miramontes, diputado Eleazar Ruíz Cerda, senador Enrique Burgos García y diputado Pedro Alberto Salazar Muciño.»

Trámite: - Segunda lectura.

Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

PRESTACIONES DE SERVICIOS

El C. secretario senador Alonso Aguirre Ramos:

«Primera Comisión.

Honorable asamblea: En oficio fechado el 23 de diciembre próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Adriana Zaldívar

Nava, pueda prestar sus servicios como operadora de procesadora de palabras en la embajada de Estados Unidos de América, en México.

En sesión efectuada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 11 de enero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que la interesada prestará en la embajada de Estados Unidos de América, en México, serán como operadora de procesadora de palabras, y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Adriana Zaldívar Nava, para prestar sus servicios como operadora de procesadora de palabras, en la embajada de Estados Unidos de América, en México.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo, Distrito Federal, 12 de enero de 1989.- Senador Alfonso Martínez Domínguez, senador Julio Patiño Rodríguez, diputado Abel Carlos Vicencio Tovar, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Armando Ibarra Garza, senador Ernesto de Jesús Luque Feregrino, diputado Artemio Iglesias Miramontes, diputado Eleazar Ruíz Cerda, senador Enrique Burgos García y diputado Pedro Alberto Salazar Muciño.»

Trámite: - Segunda lectura.

Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

El mismo C. Secretario:

«Primera Comisión.

Honorable asamblea: En oficio fechado el 20 de diciembre próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Miguel Ángel García Gutiérrez, pueda prestar sus servicios como chofer en la embajada de Estados Unidos de América, en México.

En sesión efectuada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 11 de enero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia de su acta de nacimiento;

b) Que los servicios que el interesado prestará en la embajada de Estados Unidos de América, en México, serán como chofer, y

c) Que la solicitud se ajusta a los establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Miguel Ángel García Gutiérrez, para prestar sus servicios como chofer en la embajada de Estados Unidos de América, en México.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 13 de enero de 1989.- Senador Alfonso Martínez Domínguez, senador Julio Patiño Rodríguez, diputado Abel Carlos Vicencio Tovar, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Armando Ibarra Garza, senador Ernesto de Jesús Luque Feregrino, diputado Artemio Iglesias Miramontes, diputado Eleazar Ruíz Cerda, senador Enrique Burgos García y diputado Pedro Alberto Salazar Muciño.»

Trámite: - Segunda lectura.

Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

El mismo C. Secretario:

«Primera Comisión.

Honorable asamblea: En oficio fechado el 5 de diciembre próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Gobernación,

solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Froylán Parra Rivera, pueda prestar sus servicios como empleado de intendencia en la embajada de Estados Unidos de América, en México.

En sesión efectuada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 4 de enero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que el interesado prestará en la embajada de Estados Unidos de América, en México, serán como empleado de intendencia, y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Froylán Parra Rivera, para prestar sus servicios como empleado de intendencia en la embajada de Estados Unidos de América, en México.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo, Distrito Federal, 5 de enero de 1989.- Senador Alfonso Martínez Domínguez, senador Julio Patiño Rodríguez, diputado Abel Carlos Vicencio Tovar, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Armando Ibarra Garza, senador Ernesto de Jesús Luque Feregrino, diputado Artemio Iglesias Miramontes, diputado Eleazar Ruíz Cerda, senador Enrique Burgos García y diputado Pedro Alberto Salazar Muciño.»

Trámite: - Segunda lectura.

Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal de éste y los anteriormente reservados.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

(Votación.)

Los que estén por la negativa , sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aprobados, señor presidente, se emitieron veintidós votos en pro y dos votos en contra.

El C. Presidente: - Aprobados los proyectos de decreto por veintidós votos. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

DEL ESTADO DE CHIAPAS

El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Ortega Martínez.

El C. diputado Jesús Ortega Martínez:- Gracias, señor presidente; compañeras y compañeros legisladores: No es que el que habla tenga bola de cristal, sino que simplemente en anteriores intervenciones hacíamos uso del sentido común para alentar sobre la posibilidad de hechos graves que alterarán o afectaran la vida del país, nos referíamos a los ya frecuentes hechos de violencia en el país, que también de manera general, culminan o tiene su resultado en asesinatos de carácter político o por motivos de reivindicaciones de carácter social; pero decíamos que aplicamos el sentido común, porque la impunidad de estos asesinos, que ya son muchos, traía de manera inmediata consecuencias de violencia y de mayor número de asesinatos de esta naturaleza.

Sería conveniente, por ejemplo, nosotros decíamos en la ocasión pasada, que a lo largo de este nuevo gobierno en el país se habían cometido treinta y cuatro asesinatos políticos, en muchos de los cuales las investigaciones que se habían realizado no habían culminado en la aprehensión de los responsables.

Yo quisiera para documentarnos, y tiene relación con lo que ahora voy a plantear, darles a conocer una investigación que hizo la Universidad Autónoma de Chapingo, así como se recabó información de instituciones nacionales e internacionales como Amnistía Internacional, la Academia Mexicana de Derechos Humanos y el grupo parlamentario del Partido Mexicano Socialista.

Se analizó un período de enero de 1982 a enero de 1989 en esta investigación, insisto, de la Universidad Autónoma de Chapingo y estas otras instituciones, y durante ese período se cometieron asesinatos de esta naturaleza que tienen origen en conflictos de carácter social o político; la alarmante cifra de ochocientos setenta asesinatos de esta naturaleza, un promedio de asesinatos cometidos por día, de un asesinato por cada 2.97 días, prácticamente un asesinato cada tercer día, de ochenta y dos a ochenta y nueve.

Ya particularizado, en 1989 y en el mes de enero, esta investigación obtiene un resultado de dieciséis asesinatos de esta naturaleza, por supuesto no tomamos en cuenta los que sucedieron durante el mes de diciembre de 1988.

Digo todo esto, porque sería interesante que pudiéramos obtener una segunda información acerca de qué resultado dio la investigación por las autoridades judiciales de estos ochocientos setenta asesinatos, y por lo tanto, cuántos responsables directos e intelectuales están purgando penas por los mencionados asesinatos; no tengo el dato, pero concluiríamos si lo tuviéramos, de que un gran porcentaje de éstos, a pesar de que se han investigado, en muchos de ellos no se ha aprehendido a los responsables y cuando se aprehende a responsables, se aprehende a los ejecutores directos y no a los intelectuales que son los que deberían tener la mayor atención de las autoridades judiciales y de las autoridades políticas del país.

Esto tiene relación con lo que decíamos en una sesión anterior, porque el pasado 12 de febrero, cerca de cuarenta individuos armados con metralletas atacaron a campesinos miembros de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, que es una organización campesina en el ejido Joaquín Miguel Gutiérrez, que está en el municipio de Pijijiapan en la costa de Chiapas.

El resultado de esta agresión fue el día 12 de febrero, en que fueron asesinados a mansalva nueve campesinos, nueve ejidatarios de este ejido de nombre Joaquín Miguel Gutiérrez; los agresores se presentaron acompañados por dos agentes del ministerio público, uno de Tonalá y el otro del referido municipio, Pijijiapan.

El grupo armado lo encabezaban Francisco Méndez de Porte, Julio Méndez Nolasco y Antonio Medina Cruz, que son prominentes ganaderos y caciques de este municipio y de la costa de Chiapas; arremetieron contra los campesinos, asesinaron a nueve porque los campesinos estaban posesionados de doscientas hectáreas que les correspondían por una resolución presidencial a favor de los campesinos.

En el lugar de los hechos quedaron casquillos y tenemos prueba de ello, de metralletas R-15 y 380; pese a que la agresión se cometió el domingo a las nueve de la mañana, fue hasta el lunes a las cuatro de la tarde en que se presentaron autoridades para recoger los cadáveres.

Hasta el día martes 14, los agresores continuaban libres y no se había apresado a ninguno de los que participaron de manera directa y menos aún de los autores intelectuales, y por el contrario, el poblado del ejido Joaquín Miguel Gutiérrez se encontraba hasta ese día cercado por el grupo agresor y no se permitía la salida a ninguno de sus habitantes.

Este hecho, no necesito decir más palabras para descubrir su gravedad, nueve campesinos asesinados por guardias blancas, por vaqueros al mando de caciques, de latifundistas, de caciques de horca y cuchillo, se suma en el caso de Chiapas, que es el estado donde la violencia es más frecuente y más grave; por ejemplo, de lo que yo había dicho, de los ochocientos setenta asesinatos durante el período que mencioné, en el estado de Chiapas se realizaron doscientos treinta y seis asesinatos; en Oaxaca lo mismo, doscientos treinta y seis; en Hidalgo, ochenta y seis; en Veracruz, cincuenta y nueve. Chiapas se lleva el campeonato.

En sesenta y siete días del nuevo gobierno, suman en sesenta y siete días ya diez campesinos asesinados por motivos políticos o por motivos de reivindicación social; dentro de estos diez, uno de los asesinados es un ex diputado local del Partido Mexicano Socialista, el compañero Sebastián Pérez Núñez.

Aparte de los asesinatos, hay que agregas en esos sesenta y siete días en el estado de Chiapas, el secuestro del padre del compañero Antonio Hernández del municipio de Margaritas, y a su vez candidato a la presidencia municipal en el pasado período electoral; de hecho, sucedió el 23 de diciembre del año pasado, y más recientemente el desalojo con lujo de violencia del poblado Andulio Gálvez, y esto para hacer más grave la situación, con la intervención del Ejército junto a pistoleros de un homicida muy conocido en Chiapas, y al que se le conocen suficientes pruebas para concluir que él es el asesino de Sebastián Pérez Núñez, y además allanamientos de morada, particularmente de uno de los compañeros, de los principales dirigentes del Partido Mexicano Socialista en el estado de Chiapas, el compañero Agustín Rubio Montoya, a este compañero, amenazas frecuentes hasta llegar al extremo de que policías allanaron su morada.

Como verán, compañeras y compañeros, esto es en extremo grave; yo recuerdo el caso hace algunos años del asesinato, no recuerdo exactamente la cifra, veinticinco o veintisiete campesinos en una sola acción en Golonchán, también en el estado de Chiapas, y ahora a un hecho de esta naturaleza se suma el asesinato de nueve campesinos ejidatarios en los hechos que he mencionado.

Los autores directos, está claro, guardias blancas al servicio de los ganaderos, pero sería un grave error el que las autoridades judiciales del estado de Chiapas dijeran en los próximos días, como han dicho en muchos de los casos anteriores que aquí hemos denunciado, que ya detuvieron a dos o a tres personas, que ya las tienen consignadas y que están en proceso de sentencia, porque eso mantiene impune a los verdaderos responsables, y en Chiapas en la culminación de este caso, los verdaderos responsables son, juntos por un lado los caciques, los ganaderos, y por otro lado, autoridades agrarias, autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria, que ante las demandas justas de los campesinos, ante la exigencia de que se aplique la ley, esas autoridades adoptan una actitud absolutamente parcial a favor de los caciques y de los terratenientes, con los resultados ya mencionados.

Dirigentes de la Confederación Nacional Campesina anteriormente, claramente ubicados como protectores de los ganaderos, de los terratenientes, ahora nombrados como importantes funcionarios del gobierno del estado, y éstos son los verdaderos responsables, y en lugar de ser castigados se les premia con posiciones de poder, para desde éstas seguir protegiendo con mayor impunidad a los flagrantes violadores de la legalidad en el estado de Chiapas.

Cierto que Chiapas no es el caso único, pero es el más grave, con los datos que he mencionado.

Por último, me parecería no sé si inútil, yo creo que así va a ser, plantear nuevamente que el Poder Legislativo mantenga atención ante este tipo de sucesos; ya lo hemos hecho, y siempre nos encontramos con el argumento de que si el Poder Legislativo presta atención a esto, estamos violentando la soberanía estatal.

Me parece un argumento equivocado, pero éste se ha aplicado, y estoy seguro de que ante un planteamiento nuevo de que intervengamos, se aplicaría el mismo rasero: no intervengamos porque vamos a violentar la soberanía del estado, por lo tanto no quiero perder más tiempo, y ante esta realidad, simplemente quiero dejar sentada esta denuncia y ojalá en otra ocasión haya oportunidad para que el Poder Legislativo cumpla, y los diputados como representantes populares y los senadores como representantes de la República, del Pacto Federal en esta ocasión, cumplamos integralmente con nuestra responsabilidad. De no hacerlo, compañeros, continuamos con la inercia y ya me verán aquí en los próximos días denunciando un nuevo asesinato político, ¡a ver hasta cuándo, compañeras y compañeros!

Por último, no quisiera dejarlo de mencionar porque me parece un hecho grave, tiene de alguna manera relación en el caso de la violación de los derechos humanos, a los derechos constitucionales de los campesinos, pero hay también algunos hechos que quiero mencionar y que insisto, tiene relación con esto que estoy planteando.

Compañeros de una compañía editorial claramente ubicada por su oposición al actual gobierno, con mucha precisión, denunciando violaciones del actual gobierno a la legalidad constitucional y con mucha claridad, denunciando hechos de fraude en el pasado período electoral, está siendo sujeto a una presión por parte de autoridades políticas encubiertas como autoridades hacendarias, con evidente propósito de presionar y lograr que los dirigentes de esta compañía editorial, para dar el nombre la que edita la revista Por Esto, con el fin de que aminoren sus críticas y de que la prensa no sea una prensa libre, pudiéramos estar equivocados con su punto de vista, pero es el punto de vista de estos compañeros, de los que dirigen esta revista, sin embargo, insisto, está siendo sujeta a una enorme presión.

Durante un período por ejemplo de seis meses, que creo que no ha sucedido con otra compañía editorial, a ningún periódico, les ha ordenado seis auditorías; yo vi un escrito, a los compañeros les dicen que expliquen su relación con la República de Cuba, ¿qué tiene que ver la relación de estos compañeros con la República de Cuba?, si el objetivo fuera un simple procedimiento de una investigación hacendaria por problemas de carácter fiscal, ahí hay razones de carácter político que nosotros debiéramos de estar pendientes para que no se ejerciera este tipo de presión, y menos aún para que se lesionara más aún la libertad de prensa en nuestro país. Hago esta última denuncia para que conste entre nosotros. Gracias por su atención.

El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra a la diputada María Elena Chapa.

La C. diputada María Elena Chapa Hernández - Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros legisladores: No cabe duda que la política ya no es sólo la ciencia de la explicación, sino la ciencia de la implicación, y lo vemos en el desarrollo que están teniendo las sesiones de la Comisión Permanente.

Aquí ha planteado el compañero el caso del municipio de Pijijiapan, en el estado de Chiapas lo sucedido el domingo pasado, donde hubo una lamentable muerte de campesinos en un pleito entre ellos, campesinos y comuneros, entre la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos,

la CIOAC, que ha mencionado y otro grupo del mismo orden. Y se vuelve a repetir la violencia como camino de solución de problemas, cuando sabemos que así no se resuelve, violencia entre dos grupos armados, violencia que se ha dado en los procesos políticos, procesos electorales y en los procesos que tienen que ver con la idiosincrasia mexicana, no sólo en el área rural sino también en el área urbana.

Nosotros, la fracción parlamentaria priísta lamentamos, y ya se ha dicho aquí que no es suficiente el lenguaje del lamento; lamentamos la muerte de nuestros compañeros mexicanos y de los que en este momento están heridos.

Una gota de sangre que se derrame nos rebasa a todos, nos compromete a todos los mexicanos y nos hace que veamos con muchos cuidado, cuál es el desarrollo que tiene la violencia en nuestro país y cuáles son sus consecuencias. Voy a dar lectura a un documento que creo ilustrará lo que aquí a dicho nuestro compañero, dice:

«Los campesinos integrantes de la segunda ampliación en el ejido Joaquín Miguel Gutiérrez, del municipio de Pijijiapan, estado de Chiapas, hacemos constar es este documento y por medio de nuestros representantes, señores Catarino Hernández Gómez, presidente del comité particular ejecutivo; Isidro Solís Cortez, secretario del mismo, que desde el 12 de diciembre teníamos en posesión los predios "La Picota", "Los Placeres" y "El Retozo", todos según información, están dentro del comunal "Carretas".

Los campesinos solicitantes de estas tierras somos noventa y seis, que pacíficamente estábamos explotando estas tierras solicitadas para nosotros para satisfacer nuestras necesidades.

El día 12 de los corrientes como a las 8.30 horas se presentaron en nuestros trabajos, dentro de estos predios, cincuenta comuneros armados y ofendiéndonos; nosotros nos encontrábamos desprevenidos y empezaron a dispararnos, enfrentamiento que duró aproximadamente quince minutos, del cual resultaron muertos los compañeros Margarito Ochoa Molano, Tirzo Niño Hernández, Jesús Gutiérrez Alfonso, Ricardo Ochoa López, Ángel García García, Manuel Camacho, Nicolás Baltasar Vargas, Isabel de la Cruz Flores, y por parte de los comuneros, el señor Antonio Medina Cruz, resultando heridos cinco compañeros nuestros que son Antonio Ovando Gordillo, Inocencio Gutiérrez Lorenzana, Fernando Morales, Gregorio Sánchez Ríos y Joaquín Solís, por lo que manifestamos que nosotros no tenemos nada en contra ni hacemos responsables de este acto en contra nuestra al gobierno federal, al gobierno estatal, ni al gobierno municipal, ya que nuestra tramitación es por la vía institucional y fue un enfrentamiento entre los comuneros hacia nosotros, los campesinos.

Por lo que se afirma el presente documento el día 13 del mes de febrero de 1989.- Lo firman Tierra y Libertad: Catarino Hernández Gómez, presidente del comité particular ejecutivo y el secretario, Isidro Solís Cortez, y es acompañado con diez firmas legibles.»

Es indudable para nosotros los mexicanos, reconocer que la justicia agraria de nuestro país, nuestra justicia, a la aplicación de la misma le falta mucho por hacer, que nuestros campesinos todavía no están en su totalidad integrados por los programas de desarrollo social, donde la tierra, la propiedad de la tierra se da de hecho y de derecho, y que los únicos límites a los cuales nuestra Secretaría de la Reforma Agraria y su aplicación justa de la ley tenemos, lo únicos límites, son aquéllos que nos impone la división geográfica de nuestro país.

Sin embargo, aquí en este caso de Chiapas tenemos antecedentes de la presión social de los índices demográficos altos, en relación a la disponibilidad de la tierra con que se cuenta en estos momentos, y la aplicación de recursos y la atención a nuestros campesinos en sus demandas y necesidades.

Sin embargo, nosotros pensamos que la aplicación de la ley y de las normas vigentes, tanto se da entre los solicitantes como con los posesionarios de la tierra, y que el señor gobernador Patrocinio González Garrido, como bien lo dijo el compañero, se está abocando en justicia y en aplicación de la ley al deslinde de estas responsabilidades.

Sabemos que no es fácil generar una cultura política en nuestro campesinado ni en nuestra sociedad civil, también sabemos que la participación política la solicitamos de una manera armónica, de concordia; ha sido uno de los planteamientos fundamentales de las tesis políticas, pero que lo que se da en la realidad no es la concordia, es la realidad y más cuando se trata de la posesión de la tierra.

Aquí se ha dicho que hay una serie de asesinatos que tienen origen político, nosotros rechazamos esta afirmación generalizada y hemos convenido que nuestro nivel de discurso político no puede hacerse en estos términos; podemos coincidir en que se trata de asesinatos que tienen origen social, se han dado cifras, producto de dos o tres fuentes, que obviamente yo no puedo convalidar en lo personal porque desconozco la investigación, las fuentes de recolección, el método utilizado, el tipo de muestreo o el tipo de información que se hizo; como para poder afirmarles o aseverarlas.

En cualquier sentido, la afirmación hecha aquí es muy respetable, pero yo considero que es arbitraria y que es producto de una postura ideológica muy definida en el marco de las posturas ideológicas que todos los representantes de partido estamos tratando de hacer concordar en el proyecto de país del cual aspiramos.

Se habló de parcialidad y de imparcialidad, y esto también tiene que ver con las posturas ideológicas, y por supuesto se habló otra vez del argumento, del cual, mientras no tengamos otro, tendrá que ser ese que es la Constitución y la aplicación y el respeto de la soberanía de los estados, y los calificativos que en algún momento han surgido, que tienen que ver con la inercia o con la ingenuidad, o con el manejo de las ideas y de las tesis políticas.

Vamos a manejar el argumento de que disponemos, y del que disponemos es que le compete al estado de Chiapas la solución de este problema y su resolución, sin embargo, sí quiero rechazar categóricamente a la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, en cualquiera de las partes de nuestro país.

Nosotros pensamos que es una falsa vía para la solución de problemas nacionales, de problemas serios, y que éste es un problema serio; defendemos el estado de derecho, el estado de legalidad constitucional, institucional en el que nosotros pretendemos movernos y pedimos seriamente sean castigados los culpables; esta es la argumentación que espero dé marco para la respuesta a lo aquí planteado por el compañero.

Mientras no tengamos otra opción, compañero, y entendiendo que este es un foro político y es un foro, creo el más importante del país, donde se tienen que plantear las denuncias y se tienen que plantear los puntos más generales y más particulares de la realidad política del país, lo entendemos todos los mexicanos que muchas veces nuestro discurso político no es de fondo, nuestro discurso político no es que no entendamos los problemas, es el tipo de argumentación que se maneja y el tipo de derivados que esto tiene dentro de las posturas ideológicas que aquí se sustentan. Muchas gracias.

DE LA BOLSA DE VALORES

El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al diputado Armando Ibarra Garza.

El C. diputado Armando Ibarra Garza: - Muchas gracias, señor presidente; señoras y señores legisladores: A más de un año de haberse producido el "crack" de la Bolsa de Valores de 1987, que tuvo tan nefastas consecuencias para la economía del país y el nivel de vida del pueblo, el Secretario de Hacienda y crédito Público, Pedro Aspe Armella, pidió el lunes 13 de febrero por la noche a la Procuraduría General de la República, ejerciera acción penal contra algunos de los responsables directos de aquel hecho, a consecuencia de lo cual los señores Eduardo Legorreta Chaubet y Jaime Ceballos Martínez, directivos de la Operadora de Bolsa, y Juan Carlos Hernández Cueto y José Francisco Rodríguez Dupont, funcionarios de Mexicana de Valores e Inversiones, fueron consignados ayer martes 14, al juez competente por el delito de fraude.

Esta medida, con todo lo tímida, limitada y parcial que resulta, debe ser considerada positiva, porque se orienta contra algunos de los integrantes de la "familia de los trescientos", que han alcanzado tal influencia en el gobierno de la República, que se hubican en sí mismos como los verdaderos directores y beneficiarios de la política económica del actual gobierno; acciones que se encuentran al margen de la ley, acciones de firmeza que habían pedido la aplicación de la ley solamente contra los dirigentes sindicales y que por hoy esa acción contra los defraudadores es positiva, a pesar de su limitación.

Esta acción la habían demandado no sólo los cientos o miles de afectados directos por el "crack" bursátil de 1987, sino el conjunto de las fuerzas democráticas de la nación, para investigar exhaustivamente y castigar a los culpables de aquellas actividades fraudulentas que tuvieran tan severas consecuencias económicas y sociales para el país.

Al respecto, al Partido Popular Socialista siempre ha afirmado que la fuente de corrupción la constituyen los grandes empresarios que por múltiples mecanismos y más, cometen fraude contra la federación y los trabajadores, coludidos con muchos funcionarios del poder público político.

En más de una ocasión, hemos afirmado desde esta alta tribuna que no hay empresa que no tenga doble o triple contabilidad, que no hay una que cumpla estrictamente con sus obligaciones con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que la mayoría paga injustamente a sus trabajadores, que tienen múltiples cuentas bancarias y que buscan la menor oportunidad para depositar dólares en bancos extranjeros.

Si el gobierno mexicano decidiera enfrentar de manera decidida al fraude fiscal, deberá realizar auditorías, deberá realizar auditorías a los

"integrantes de los trescientos" estamos completamente seguros que ninguno de ellos saldría limpio de esas auditorías, y entonces se verían con toda objetividad los grandes fraudes que cometen contra los ingresos fiscales de la federación, y a la enorme injusticia social que representa el actual sistema tributario mexicano.

Ejemplo de esta afirmación, lo constituyen los cargos que se hacen a los señores Legorreta y Ceballos, de la Operadora de Bolsa, que son consecuencia de una investigación limitada: alteración de cuentas de registro de operaciones inexistentes, emisión de registro de operaciones en cuentas de orden, operaciones no reportadas al Banco de México ni a la Comisión Nacional de Valores.

Ejemplos complementarios lo constituyen los cargos de los señores Rodríguez, Dupont y Fernando Cueto de Mexicana de Valores e Inversiones: disposición indebida de fondos y valores de clientes, operaciones con acciones que no habían sido ordenadas por los clientes respectivos.

Esta investigación limitada a las dos casas de bolsa, muestra claramente la necesidad de ampliarla y profundizarla para poner de relieve las verdaderas dimensiones de las acciones fraudulentas de los usufructuarios de esta actividad financiera, y para que el pueblo ubique con precisión el verdadero papel parasitario que desempeña en la vida económica del país, en el momento en que tanto urgen las inversiones productivas y en el que las actividades especulativas, atentan contra la soberanía de la nación.

Es conocido que después de la nacionalización de la banca, el gobierno federal proporcionó todo el apoyo para el desarrollo e impulso de la Bolsa Mexicana de Valores, y de las instituciones a ella allegadas, a efecto de que éstas pudieran constituirse en el puntal del desarrollo económico del país; de esta manera, erróneamente se pensó que con uso y manejo de los grandes capitales pagados por la indemnización de los banqueros y por la llagada de flujos de divisas, que podrían cumplir con el objetivo del mercado de valores, de financiar la operación de la planta productiva, contribuir a recuperar el ahorro interno y generar los empleos requeridos.

Sin embargo, compañeros legisladores, los hechos del "lunes negro" demostraron una vez más que el apalancamiento financiero para el desarrollo del país, no es posible sustentarlo en términos de confianza sobre el gran inversionista especulador, sino que el verdadero y sano desarrollo económico sólo podrá lograrse y garantizarse con una activa participación directa y no solo reguladora del Estado, el mercado de los capitales.

Es un hecho claro que el "crack" bursátil registró graves daños sobre los pequeños y medianos inversionistas, y que éstos deben subsanarse con el castigo sobre quiénes con todos los agravantes de la ley, premeditación, alevosía y ventaja, defraudaron no sólo a quienes depositaron su confianza en los integrantes y directivos de las casas de bolsas, sino también en la economía nacional y la Hacienda del propio Estado.

El fraude derivado en el nivel de la Bolsa de Valores, estimado en 71.7 puntos porcentuales, significó un importe de 35 billones de pesos, los que representaron una pérdida importante en títulos de los propietarios de las acciones, de una fuerte desaparición del capital ficticio circulante en los medios financieros; tanto el fraude, el daño patrimonial como la evasión fiscal implicada, requieren en consecuencia de una acción decidida, enérgica y sin contemplaciones por parte de las autoridades correspondientes.

Debe quedar claro que la acción orquestada por la cúpula empresarial en contra del impuesto en los activos netos de las empresas, presenta una fuerte relación con las jugosas ganancias obtenidas por medios especulativos en el Mercado de Valores, pretendiendo de esta manera desviar la acción del Estado en contra de los grandes defraudadores del fisco; por estas razones, el Partido Popular socialista demanda que la investigación se extienda al conjunto de las casas de bolsas que operan en nuestro país, a fin que se determine la participación de cada uno en el llamado "lunes negro de 1987".

Los integrantes de la cúpula empresarial quisieran detener la investigación a las casas de bolsas, con el chantaje de los miles de amparos contra el impuesto del 2% a los activos de las empresas, que en los últimos años han declarado ceros, ceros para efectos fiscales en el 70% de las empresas, y que están empleando como medio de presión para impedir la aplicación de la ley , ahora para evitar se profundice en el proceso ya iniciado, han empezado a levantar una intensa campaña en el sentido de que si el gobierno intenta llevar adelante estas acciones, constituiría un golpe terrible a la confianza de los inversionistas.

Ahora se comprende bien qué significa la confianza para ellos: acciones al margen de la ley y saqueo franco de los capitales nacionales, considerando que las acciones contra los funcionarios de las casas de bolsas, Operadora de Bolsa y Mexicana de Valores e Inversiones se refieren a

daños contra particulares y no por los graves daños contra los particulares causados a la economía nacional por la inflación y fuga de valores, fuga de dólares producidos por el "crack" bursátil, y mucho menos el grave deterioro del nivel de vida de los trabajadores mexicanos, derivados de aquellas acciones especulativas.

Y con fundamento en la fracción I del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente,

«PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita a la Procuraduría General de la República amplíe la investigación que está llevando a cabo con funcionarios de Operadora de Bolsa y Mexicana de Valores e Inversión a todas las demandas presentadas contra éstas, así como la ampliación de estas investigaciones al conjunto de todas las casas de bolsa que operan en el país.

Sala de Sesiones de la Comisión Permanente, 15 de febrero de 1989.- Diputado Armando Ibarra Garza.»

El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Juan Miguel Alcántara Soria.

El C. diputado Juan Miguel Alcántara Soria: - Señor presidente; señores legisladores: He solicitado el uso de la palabra para apoyar la propuesta que acaba de formular el compañero Ibarra, y para solicitar la ampliación de la misma propuesta en los términos que a continuación quisiera proponer a su consideración.

Indiscutiblemente que todos consideramos positivo que se aplique la ley, y naturalmente que todos aquéllos que han cometido ilícitos, aun de naturaleza penal, cuando sea verificada por la autoridad la comisión de esos ilícitos, debe aplicarse sin distingos la ley; de tal manera, que en esta premisa estamos totalmente de acuerdo con la propuesta, sólo que quisiéramos que se ampliara el ámbito de la propuesta por la razón de que en la intermediación bursátil en el Mercado de Valores, no sólo participan las casas de bolsa, es importante que tengamos en cuenta que dicha intermediación hay dos tipos de instituciones: las casas de bolsa y los bancos.

Conocemos el mecanismo en virtud del cual las casas de bolsa realizan la actividad a través de apoderados para celebrar operaciones con el público, pero los bancos, además de las adquisiciones en posición propia, por cuenta de terceros, lo hacen a través de fondos de inversión, fondos de inversión que todos hemos conocido a través de la publicidad que existe y cómo funcionan; en estos fondos de inversión manejados por los bancos, en ellos se manejan fideicomisos, mandatos y cuentas de terceros, de tal forma que ambas instituciones, las casas de bolsas y los bancos, participan tanto en el Mercado de Valores como en el mercado de dinero. Según las estimaciones que conocemos, aproximadamente el 50% de la intermediación bursátil en el Mercado de Valores lo hacen los bancos, y el otro 50% aproximadamente lo hacen las casas de bolsa.

En el "crack" bursátil de 1987, al que aquí ya se ha hecho referencia , hubo tanta participación en la actividad de las casas de bolsas como de los bancos, y esto es comprobable, esto es verificable; de tal manera que pensamos que no sólo las casas de bolsa tienen la responsabilidad, sino también funcionarios bancarios, y es aún más grave la responsabilidad de los funcionarios bancarios, cuando se supone que el dinero que manejan es directamente proveniente del público, del pueblo de México.

Un detalle que pongo a su consideración, con anterioridad a la caída de la bolsa, los títulos que más incremento en precio tuvieron a partir de su colocación, fueron los CAPS o Certificados de Aportación Patrimonial de los bancos, los cuales en la misma forma en que su precio ascendió, cayó dramáticamente también en octubre de 1987.

Estamos enterados que funcionarios de los bancos recibieron asignaciones de Certificados de Aportación Patrimonial, sin ser del conocimiento del público el método de la asignación de estos certificados, sabemos que funcionarios bancarios efectuaron ventas multimillonarias de estos títulos, pese a que la intención era que como funcionarios bancarios tuviesen una relación patrimonial con el banco, que la incentivara su permanencia en la institución.

Ante esto, la Comisión Nacional de Valores y las demás autoridades que están responsabilizadas del Mercado de Valores, han sido también omisas como lo fueron frente a las casas de bolsa; cabe preguntarnos: ¡Cuales son las funciones de vigilancia de la Comisión Nacional de Valores en esta área?, ¡y qué acciones ha tomado la Comisión Nacional de Valores y en su caso la Comisión Nacional Bancaria para evitar este perjuicio a los intereses bancarios directamente y a los del público indirectamente? Naturalmente que vemos con buenos ojos que en este país se vayan eliminando, suprimiendo los

feudos de ladrones, de defraudadores, de bribones que hay en el país, solo que pensamos que al aplicar la ley que es responsabilidad primaria de la autoridad, no debemos ser selectivos, debemos aplicarla a todos aquéllos que estén actuando contrario a la ley o se ubiquen en una posición al margen de la ley.

Es deseable por una parte, que estos actos no sean actos de sensacionalismo, en este sentido simplemente la autoridad debe de dedicarse a aplicar la ley, y tampoco es ajeno el que muchos de éstos, ahora funcionarios de instituciones de valores o bursátiles, hayan formado parte de la Comisión de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional, es de tomar en cuenta cómo gran parte de los dueños o funcionarios de casas de bolsa, forman parte de esa Comisión de Finanzas.

Pero lo importante es que la propuesta recoja no sólo una parte del problema, sino que recoja todo el problema en su conjunto, por esa razón en primer lugar consideramos positiva la propuesta, pero venimos a solicitar que dicha investigación abarque a todos los que tuvieron intervención en la intermediación bursátil del Mercado de Valores.

En consecuencia, concretamente estamos solicitando que la investigación se extienda a todas las casas de bolsa, pero también a todos los bancos que tuvieron participación en este mercado bursátil.

El C. Presidente: - Antes de aplicar el artículo 58 del Reglamento, estamos concediendo la palabra, ya que están ampliando la proposición original, al diputado Jesús Ortega Martínez.

El C. diputado Jesús Ortega Martínez: - Resulta, compañeras y compañeros, inevitable subir a la tribuna para hablar sobre el acontecimiento que todos conocemos, el de la aprehensión de algunas personas involucradas en fraudes en las casas de bolsas, y digo que resulta inevitable porque esta Comisión Permanente, en la sesión pasada si no mal recuerdo, consideró conveniente que la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados analizara la posibilidad, y creó que esto iba a ser un acuerdo, de invitar o de convocar a funcionarios involucrados en este escándalo. para que informaran a la representación de la República y a la representación popular de cómo estaba esa situación.

Antes de que vinieran esos funcionarios, vimos la decisión de la Procuraduría General de la República de aprender a cuatro personas y funcionarios, particularmente de dos casas de bolsa; sin embargo, la necesidad de que se presenten estos funcionarios ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público se mantiene no por el hecho de que estén aprehendidos cuatro, y de ellos un importante capitán de los empresarios privados, Legorreta, el problema se terminó o la responsabilidad de los representantes populares se terminó, eso sería me parece, muy equivocado, no podemos regatear y menos ahora, un apoyo a medida que nosotros mismos, junto con miles de mexicanos, habíamos demandado la investigación a las casas de bolsa y de resultar ilícitos, el castigo a los responsables.

Yo considero que es importante, que es positivo que se haya dado fin a que se empiece a dar fin a la impunidad con que actuó durante muchos años este grupo de importantes capitalistas, este grupo financiero, impunidad que afectó las finanzas de la nación, la economía del país y que afectó no solamente por el hecho de las casas de bolsa, afectó a la economía de los mexicanos. Tan sólo para referirme a un hecho, los frecuentes chantajes al gobierno mexicano, y con ello sus efectos de sacar sus grandes recursos al exterior, la fuga de capitales.

Particularmente con el caso de la bolsa, desde la anterior legislatura, diputados presentaron pruebas apabullantes, indiscutibles de los ilícitos cometidos que ahora surgen, y cuando se presentó esto en la anterior legislatura, las autoridades hacendarias y las autoridades judiciales no atendieron el reclamo, hoy si, y eso nos parece positivo aunque haya sido a destiempo, pero ello, insisto, no elimina la necesidad de mayor información, y para ello me voy a permitir dar a conocer alguna información que me parece importante.

El 19 de noviembre de 1988, el Procurador General de la República, y aquí tengo el documento, manda un oficio al Secretario de Hacienda y Crédito Público, al licenciado Gustavo Petricioli, en donde le dice lo siguiente: "Por oficios del 26 de abril y del 17 de agosto del año en curso, me permití hacer su conocimiento la existencia de diversas denuncias por hechos que pudieran ser constitutivos de delitos en los términos de la Ley del Mercado de Valores.

Estoy al tanto de que se ha iniciado un intenso trabajo en el estudio de esos casos por parte de la Dirección General de Procedimientos Penales de la Procuraduría General de la República, trabajos en los que han intervenido", continúa, "en todo momento, representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Procuraduría Fiscal y de la Comisión Nacional de Valores", y dice el procurador, le dice a Gustavo Preticioli:

"Se me ha informado que los agentes del ministerio público federal que examinaron estos asuntos, estiman que en varios casos hay elementos suficientes para considerar la aplicación de las normas penales", esto dice el procurador Sergio García Ramírez, y se lo dice a Petricioli, "la opinión se funda en las constancias pertinentes y se concreta en dictámenes preparatorios de la determinación que haya de tomar el ministerio público en su oportunidad."

A estos asuntos se refiere la lista anexa marcada con el número uno, también hay diversos asuntos cuyo estudio no ha concluido, a los que se hace referencia en el anexo número dos; y el anexo número uno es una relación, tenemos la copia de ese documento, donde están todas las denuncias presentadas por particulares contra las casas de bolsa, son un número bastante considerable, este anexo número uno, es la lista número uno, las investigadas, y en eso se concluyó que había delitos que perseguir.

El anexo número dos, es un número más grande de denuncias aún no investigadas por la Procuraduría, y luego sigue diciendo García Ramírez: "Se trata de casos cuya presentación a las autoridades judiciales está sujeta al requisito de procedibilidad, consiste en la petición, que de creerlo pertinente; formule la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa opinión de la Comisión Nacional de Valores, en los términos del artículo 52-bis de la mencionada Ley de Mercado de Valores.

Se encuentran a disposición de quien usted se sirva señalar, si así lo juzga adecuado, la documentación relativa a los asuntos mencionados. Firma el procurador, Sergio García Ramírez."

Esto está dirigido a Petricioli el 19 de noviembre, pero ya le había mandado el 26 de abril uno y el 27 de agosto otro del mismo año, más o menos con el mismo contenido. A este oficio del Procurador, contesta de la siguiente manera el licenciado Gustavo Petricioli, y como es un documento más o menos largo, me voy a referir a lo sustancial, dice Petricioli, contestó mediante oficio el 28 de noviembre:

"No se puede tomar una decisión, es decir, una querella de Hacienda para que pudiera actuar la Procuraduría, que no tome en cuenta la necesidad", y mucho ojo con esto, "un apropiado equilibrio entre la necesidad de proteger el aspecto público del Mercado de Valores y el debido respeto a los derechos y garantías de los particulares, es decir, "sigue diciendo Petricioli, "entre el alcance de los delitos institucionales", subrayo, "de los delitos institucionales protectores de los intereses públicos (sic), y el ámbito de la aplicación de los delitos patrimoniales que se persiguen por denuncia o querella de los particulares".

Es decir, Petricioli le contesta a García Ramírez diciéndole que debe haber un equilibrio entre los delitos institucionales, protectores de los intereses públicos, o sea, que para proteger el interés público hay que pasar por alto delitos institucionales; yo supongo que los delitos institucionales son los que cometieron los dueños de las de las casas de bolsa, según esta contestación de Petricioli.

Habría que preguntarle al ahora embajador en Washington, si los delitos institucionales a los que él se refiere no se persiguen, y yo creó que él cree que no se persiguen porque en su tiempo no persiguió éstos, lo que llama delito institucionales, protectores del interés público, entonces, tomando el pie de la letra esto de los delitos institucionales, como si las instituciones pudieran delinquir, o mejor dicho, y además si algún representante de esas instituciones pudiera delinquir y para proteger el interés público, pues no se persigue ese delito.

Y lo que queda claro del contenido, es que no procedía la aplicación de las normas penales, según Petricioli, pues ello afecta a instituciones como el Mercado de Valores, ¡para que?, pues para que baje la bolsa debe haber crímenes impunes siguiendo esta argumentación de Petricioli, y en su lugar, en lugar de perseguir los delitos de carácter bursátil, propone Petricioli la conciliación voluntaria entre el asaltante y el asaltado, entre el defraudador y el defraudado; como no se puede perseguir estos delitos institucionales, Petricioli recomienda que se pongan de acuerdo el defraudador y el defraudado.

Al final de la carta, Petricioli suma a esta burla y dice al entonces Procurador, que los casos son muy complicados y requieren estudio profundo y prolongado, y esto lo dice después de meses y meses de no hacer nada y recuerden ustedes que el "crack", y las primeras denuncias contra casas de bolsa fueron en 1977, y que una vez realizado ese estudio para cada caso, dice Petricioli, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá los oficios que expresen la determinación que corresponda, lo malo es que esto Petricioli lo dice dos días antes de que deje el cargo de Secretario de Hacienda y Crédito Público, el 28 de noviembre de 1988.

Tan sólo esto que he relatado, merecería pues la información que requiere la Comisión de Hacienda y Crédito Público, porque aquí yo concluyo que el Secretario de Hacienda y Crédito Público,

se convirtió en protector de los defraudadores, porque exactamente las mismas denuncias presentadas en el tiempo en que Petricioli era Secretario de Hacienda y Crédito Público, fueron las que se tomaron en cuenta hoy por las actuales autoridades para detener a cuatro personajes que ya conocemos todos nosotros, exactamente las mismas denuncias y exactamente la misma averiguación que hizo la Procuraduría General de la República; evidentemente existe la misma ley, la Ley del Mercado de Valores y por lo tanto simplemente era aplicarla, Petricioli no la aplicó, y por lo tanto, hay elementos para concluir que el Secretario de Hacienda y Crédito Público se convirtió en protector de estos defraudadores a particulares y defraudadores a la nación, porque en esto del asunto de la bolsa, lo principal es el fraude al fisco, entonces, pues creo que sería inconveniente que se le diera carpetazo a esto por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y por la propia Comisión Permanente.

Además, hay otros casos en donde están involucrados, y ya decía yo el anexo uno que manda el Procurador de justicia a Petricioli, donde no es cierto que sean sólo dos casas de bolsas las que se merecen la acusación directa de la Procuraduría; hay otra, que por cierto es la que tiene más denuncias y además con delitos implicados en la Ley del Mercado de Valores, que es precisamente la Casa de Bolsa Inverlat, en donde el dueño de esta casa de bolsa, como todos ustedes saben es Agustín F. Legorreta, el que firma el pacto con el Presidente de la República, el pacto en materia económica y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Entonces, pues, compañeras y compañeros, la propuesta que hace el compañero Ibarra de que continuemos investigando, yo traduciría en que la presidencia de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que tiene un mandato de esta Comisión Permanente, pues cumpla con su responsabilidad, convoque de manera inmediata a los integrantes de la propia Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que con el compromiso político que tenemos los integrantes de esta Comisión Permanente, se convoque de manera inmediata a los funcionarios, al Procurador Fiscal, al subprocurador de la Procuraduría General de la República y a los funcionarios de la Comisión Nacional de Valores, para que nos vengan a informar con prontitud de esto que nosotros exigimos.

Nosotros por nuestra parte, nos reservamos el derecho de realizar las operaciones necesarias, de elaborar los documentos necesarios para hacer una acusación contra funcionarios del gobierno pasado, que cuando menos creemos se convirtieron en protectores de los defraudadores de la bolsa. Gracias por su atención.

El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra a la senadora Ifigenia Martínez Hernández.

La C. senadora Ifigenia Martínez Hernández: - Con su venia, señor presidente; compañeros legisladores: La intervención mía es también para ser énfasis sobre la necesidad de la comparecencia en el Congreso de la Unión, de los funcionarios mencionados.

Quisiera hacer una serie de consideraciones adicionales en este caso que está ocupando la atención pública y que tiene una gran importancia, existen una serie de factores que apuntan a la necesidad de profundizar la investigación en el Congreso de la Unión tal y como se acordó, sobre los fraudes descubiertos en la Bolsa de Valores.

En primer lugar, los ilícitos cometidos se refieren a las irregularidades registradas en el Mercado de Valores durante la caída de la bolsa, en octubre de 1987; no cabe duda que a pesar de dos comunicaciones dirigidas al Secretario de Hacienda y Crédito Público por el Procurador General de la República sobre el particular, anteriores al 1o. de diciembre de 1988, no se tomó acción judicial entonces por parte de las autoridades hacendarias y por parte de la propia Comisión Nacional de Valores.

Las autoridades monetarias de ésta o de la anterior administración, según corresponda, que deben responder sobre esto, en especial los dos responsables de la Comisión Nacional de Valores durante 1987 y 1988, cuando tuvo lugar primero la burbuja especulativa, y después el estallido de esta burbuja, con los consiguientes perjuicios para los pequeños y medianos inversionistas y para el fisco, son los licenciados Manuel Somoza y Patricio Ayala.

Segundo hecho. El actual Secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Pedro Aspe Armella, entre las medidas dirigidas a dar mayor transparencia y legalidad a las operaciones en la Bolsa de Valores, mencionó la autorregulación de los operadores de bolsa, como uno de los principales elementos que entrarán a funcionar en esta nueva etapa; esto resulta, vistos los resultados que han ocurrido en las bolsas de valores de Estados Unidos de América, Japón, Francia y México, que tal delegación de funciones regulatorias es ingenua a ineficaz

Las autoridades gubernamentales no pueden renunciar a su obligación de cuidar y defender el ahorro del pueblo inversionista en las bolsas de valores, ante la voracidad de operadores solo atentos a maximizar su lucro en el más corto tiempo posible, sobre la base de una misma planta productiva.

Tercera. El ahorro nacional debe ser promovido y protegido por las autoridades gubernamentales; resulta increíble que a estas alturas, la defensa del ahorro de los particulares dependa de evitar que se conviertan en dólares, utilizando para eso la tasa de interés, esto es claramente inaceptable por los perjuicios claros y contundentes que ocasiona al deprimir las actividades productivas y fomentar las especulativas.

Cuarta. Esta acción judicial sobre los funcionarios de dos casas de bolsas no debe ser el final, sino el principio de una más amplia investigación, dada la magnitud de las operaciones involucradas: más de 200 mil millones de pesos y el daño patrimonial efectuado sobre los cientos de inversionistas, que los que ahora a manera de disculpa se les dice que " no se metan, porque la Bolsa de Valores sólo es para los grandes jugadores", cuando que como reconoce el propio secretario de Hacienda y Crédito Público, y cualquier persona con sentido común, la Bolsa de Valores es un mecanismo para canalizar ahorros hacia inversiones productivas.

En conclusión, no nos interesa en el Congreso de la Unión la investigación de dos o cuatro personas por los ilícitos cometidos, porque ésta es atribución del Poder Judicial, sino que fue la falla y práctica generalizada de todas las casas de bolsa, de operaciones irregulares hechas con valores emitidos por particulares y con valores emitidos por el propio Estado, como son los Certificados de la Tesorería de la Federación y los de Sustitución de Deuda Externa por Inversión por la banca nacionalizada que aquí ya se mencionaron, esto es lo que se necesita corregirse mediante cambios en la legislación pertinente, una vez hecha una investigación exhaustiva y a fondo.

Ha habido además, es obvio, negligencia e irresponsabilidad de las autoridades gubernamentales que no está siendo investigada y que se necesita llevar a cabo, por lo tanto, debemos simplemente decir que es necesario que se agilice la investigación que se ha turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, y que se mantenga informada a esta Comisión Permanente sobre las comparecencias. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al senador Jesús Rodríguez y Rodríguez.

El C. senador Jesús Rodríguez y Rodríguez: - Señor presidente; señores legisladores; señoras legisladoras: Compartimos sin ninguna reserva, la indignación general que se manifiesta ante la posible, las fallas que se hubieran habido, las maquinaciones engañosas, todo fraude que se hubiera cometido en contra de los inversionistas, sobre todo si son pequeños o medianos; no hay duda de ello y por eso hace unos días, en la sesión pasada, tomamos una determinación de que se pasara a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados este tema, pero creo que es necesario hacer ciertas precisiones o calificaciones para no caer en un maniqueísmo simplista que condena sin apelación al mercado de valores y a todos sus integrantes, como un ente nocivo para la economía y para el desarrollo nacional.

Mas todavía es necesario dar mayor información y hacer ciertas precisiones y recordar algunos hechos que parecen haberse olvidado, por esa implicación que se desea hacer o que se pretende hacer, y en eso yo temo que no se oculte la cola partidista contra los funcionarios a los que se ataca sin ton ni son, a servidores públicos que cumplieron cabalmente sus funciones y cometidos, creo que al contrario, servidores públicos, se han mencionado que aquí que precisamente tuvieron constantemente la preocupación y la atención a los problemas y vicisitudes del mercado de valores y son notorias, y solamente una falta de memoria histórica nos hace olvidar todas las medidas que se tomaron en su tiempo y dentro de sus circunstancias, ni México es el México de hace 100 años, más o menos cuando empezó la bolsa de valores, ni 1946, cuando se creó la Comisión Nacional de Valores, ni 1975, en que se dio la Ley del Mercado de Valores.

Las circunstancias económicas, históricas, democráticas, de toda índole en México han cambiado, entonces, no es posible que siempre midamos con la misma vara, con la misma medida, épocas y situaciones diferentes, llevamos cerca de 100 años, insisto, en este mercado de valores que no ha acabado de constituirse, que se está constituyendo.

Sin embargo, si ustedes saben que muchos países, centro y sudamericanos han venido a recibir asistencia técnica para sus propios mercados de valores, que si bien probablemente no podamos comparar a mercados de valores de países industrializados, en nuestro ámbito, en nuestra escala latinoamericana, es uno de los más prestigiados mercados de valores, de modo que no condenemos y no hagamos de una institución

que es útil porque de otra manera caeríamos en ese maniqueísmo en que todo es malo de un lado y todo es bueno del otro.

Estas autoridades hacendarias y de procuración de justicia no había actuado , en mi opinión, antes, porque sí se requiere un procedimiento minucioso, cuidadoso para aprobar, no solamente aquellos casos en que hay los llamados delitos institucionales, que es el nombre con el que se les denominan a los señalados en los artículos 52-bis, y bis-1 de la Ley del Mercado de Valores, sino que se trata de muy complicadas maquinaciones, cuando las hubo, muy complicadas, contabilidades de toda especie; muy complicadas operaciones que se repiten por miles diariamente y cuya investigación y seguimiento es bastante complicado.

Solamente un poco, para señalar un caso de una bolsa de valores, pues es muy importante, la de Nueva York: una comisión de valores como es la Security con la Comisión de Valores de Estados Unidos, el caso seguramente ustedes recuerdan porque estuvo muy sonado hace unas semanas o meses, mejor dicho, de un señor Trexel, a quien le pusieron una multa, de valores estratosféricos; llevó la investigación tres años y tres días, teniendo todos los medios electrónicos, los más modernos sistemas de vigilancia y de supervisión, sin embargo, para llegar a poder concluir, sin perder el caso, se tardaron tres años y tres días exactamente las autoridades norteamericanas.

En México, cuando se habla de que en noviembre del año pasado no se habían terminado las investigaciones las auditorías sobre estos casos, pues no es extraño, los procedimientos tienen que llevarse con un sistema, con una regularidad y con una continuidad tal, que no se pase lo que es más grave en derecho, que se esté casi, casi seguro de la culpabilidad de algunas personas o de algunas instituciones, y no se pueda probar o se les acuse sin pruebas suficientes y salgan absueltos, eso sí es muy grave.

Entonces, es mejor preparar una acción judicial con todo cuidado así se tarde un mes más, dos meses más o seis meses más, que hacerlo sin una preparación debida.

Decía yo a ustedes que hay que recordar algunos tiempos y algunas otras circunstancias de México para ver cómo sí se le ha dado por parte de las autoridades hacendarias, insisto, porque son las que ven estas materias, no iré todavía a las de procuración de justicia, se les ha dado la importancia debida; primero hubo esa Ley del Mercado de Valores del año de 1975, porque en 1946, cuando se crea la Comisión de Valores, había suficiente crédito en México, de 1946 a 1970, hay una etapa en la que México muy fácilmente se consigue crédito nacional e internacional.

De ahí que el mercado de valores no creciera y lo que sí había eran empresas con varios problemas de crédito, que se había tomado de instituciones bancarias o de otro tipo y no había un mercado de valores que es útil para la sociedad, porque primero democratiza el capital pero además de democratizar el capital, hace que las empresas chicas y grandes , no sólo las grandes empresas, sean más sólidas y puedan bajar costos y otros elementos más, pero independientemente de esto, en 1978, siendo presidente de la Comisión de Valores el licenciado Gustavo Petricioli, a quien se ha mencionado aquí, se crea una institución para llevar un control más preciso de esas operaciones.

Cuando las operaciones eran operaciones que se contaban por decenas y las transacciones sobre esas eran sobre centenares de acciones, era fácil llevarlas manualmente, era fácil transferirlas a unos títulos manualmente; cuando viene el crecimiento natural, porque creció la economía de México, de acciones, y viene primero lo que llamarían el boom del mercado de valores en los años 1976, 1977, y 1978, se crea, por insistencia de las autoridades hacendarias y de la Comisión de Valores, se crea el Instituto para el Depósito de Valores, es decir, se está pendiente de ese crecimiento, viene un primero, llamaríamos todos un "crack" en 1981, ¡por qué?, porque las circunstancias económicas de México hicieron que un mercado no todavía fuerte, cayera.

Vuelve a subir un poco, por circunstancias también económicamente bien conocidas, el mercado en 1984, 1985 y 1987, viene el crak terrible, terrible crack, indudablemente; y si, puede confesarse que se supera la capacidad de vigilancia y supervisión de la Comisión Nacional de Valores, es posible, creo que en esto sí fue una cosa momentánea en la que inmediatamente se empezaron a tomar medidas.

Tan se empezaron a tomar medidas o ya se habían tomado medidas, que la Ley del Mercado de Valores tiene reformas de diciembre de 1983, de diciembre de 1984 y en diciembre de 1985, a petición de estas autoridades hacendarias, de las anteriores autoridades hacendarias, se crean en los artículos 52, 52-bis, bis uno y bis dos, los llamados delitos ya con categoría penal, es decir, ya delitos, antes eran sanciones puramente administrativas.

De modo que había una gran preocupación de las autoridades hacendarias; en diciembre de 1986 vuelve a reformarse la Ley del Mercado de Valores, ¡qué implica o qué indica esto? que tanto la legislatura de entonces, como las autoridades hacendarias, estaban pendientes de ese mercado de valores, que sí había, que sí se daba el interés debido.

Pero vayamos ya a 1987: inmediatamente que viene esa situación, se toman las medidas por la Comisión de Valores, por Hacienda, y en lo que le corresponde al banco de México, se empieza a actuar, pero la actuación no puede ser ligera, las actuaciones no pueden ser actuaciones caprichosas o peor aún, acciones que no conduzcan a nada, eso es lo que no se quiere ver, y no se quiere ver, pues por motivos que se demuestran fácilmente.

Desde octubre de 1987 y todo el año de 1988 había las denuncias, según he oído y he sabido, en la legislatura correspondiente, y las autoridades de Hacienda empezaron a hacer miles de investigaciones, miles de investigaciones y nada, que al final de las investigaciones, insisto, ni se ponen sanciones al capricho de las autoridades, porque eso creo que a ustedes les parecería una actitud, pues definitivamente ilegal, ni tampoco se actúa sin un fundamento jurídico.

Ya en este año pasado y probablemente algunos de ustedes estuvieron presentes, compareció en agosto de 1988 el entonces presidente de la Comisión Nacional de Valores, el licenciado Patricio Ayala; compareció ante la honorable Cámara de Diputados, hizo una explicación que a mí me parece que demostraba que ya en agosto de 1988, no hoy en febrero además, no había empezado en agosto de 1988 esa investigación, ya se habían tomado una serie de medidas consistentes, en ese momento, en ese momento ya se había suspendido a más de 600 promotores y a 76 directores de oficinas de casas de bolsa; se habían suspendido las llamadas operaciones de plazo y margen, que ha sido uno de los problemas más graves de esta especulación; se había cancelado el registro de una casa de bolsa, intervenido administrativamente a cuatro casas de bolsa y a esa fecha habían ya multado por más de mil 600 millones de pesos a muchas casas de bolsa, todas estaban siendo investigadas.

De esas investigaciones, alguna saldría, como salió, que los actos habían sido actos que llegaban a los actos ilícitos a actos realmente delictuosos, pero esos actos delictuosos no se podían probar, a menos de tener, según la expresión vulgar, " todos los pelos en la mano".

No se tuvieron en noviembre, el licenciado Petricioli lo que le dice al señor Procurador y lo que el señor Procurador le dice: es que "estamos investigando conjuntamente". Esos oficios, no sé si obtenidos subrepticiamente o fueron públicos, no lo sé, en esta materia, no se dice sino eso: "estamos trabajando, Procuraduría por su lado y la Secretaría de Hacienda por el suyo" y en esto también quisiera hacer una precisión sobre el tema: la Procuraduría puede, de oficio, ver todo aquel delito en el cual haya los llamados delitos patrimoniales, no estos tipos de delitos especiales que se llaman institucionales, porque así lo llama una doctrina bastante general, estos delitos institucionales sí requieren como requisitos de procedibilidad la querella o petición de la Secretaría de Hacienda que tiene a su vez que tener previamente una opinión de la Comisión Nacional de Valores.

Eso dice la ley y el derecho penal, como todos ustedes saben, es de interpretación restrictiva. No se van a inventar cosas y no se van a inventar porque si obra ligeramente Hacienda o la Procuraduría, estas personas que están indicadas salen mañana con la mano en la cintura, porque no se tienen los elementos suficientes para probar su culpabilidad.

De modo que lo que se dice por el Procurador anterior, por el Secretario de Hacienda anterior, es: "vamos a continuar investigando hasta llegar al momento en que podamos"; eso, se ha llegado al momento, se ha llegado a un momento y continuará, se está haciendo y lo acaba de afirmar el señor Secretario de Hacienda, no tengo yo elementos para rechazar su dicho, estamos investigando todos los casos penales y no penales, se habla de 152 funcionarios administrativos o 152 funcionarios de casas de bolsa a los que se les está investigando y se dice con precisión: "no damos ni los nombres, ni décimo sobre qué se les acusa, porque necesitamos respetarles sus derechos, si no se los respetamos, mañana salen libres o no tendrán un peso de multa", ¡por qué? Porque se pueden defender jurídicamente muy fácilmente.

Entonces, lo que se ha hecho es seguir un procedimiento ordenado, jurídico, que se está llevando cada día más y que se continuará con la sanción de quiénes sean responsables; los delitos irán a juicio penal, los que sin problemas administrativos, irán desde multas, suspensión para toda operación, para toda la vida se puede suspender a un agente de bolsa, impedirle que vuelva al mercado de valores, y una serie más de tipo de sanción administrativa.

Pero eso no lo vamos a inventar nosotros en la Cámara de Diputados o en la de Senadores, o en la Comisión Permanente, no vamos a juzgar, vamos a hacer nuestras exposiciones, como se

han hecho , pero con todo cuidado, con todo equilibrio y sin que vayamos a perjudicar sí, a un mercado de valores que no es inútil para la economía mexicana, que puede ser una buena fuente de financiamiento no para la gran empresa sino para la mediana y para la pequeña empresa; la gran empresa tiene mucho en qué apoyarse, pero el mediano empresario o el que inicia operaciones, tiene muchos problemas y yo creo que no podemos tampoco desanimar, independientemente de nuestro credo político, a menos que sea demasiado radical, no podemos condenar también al empresario per se, tenemos que ver cómo se manejan esos empresarios, quiénes son buenos, regulares y malos, de todo hay en todas partes.

De modo que yo creo que esas condenas a funcionarios anteriores o el hablar como alguna persona dijo: "se ha hecho a destiempo", no ha sido a destiempo, las cosas tienen sus tiempos y sus circunstancias, insisto, en este oficio del Procurador General, y de todos los oficios que todo mundo, parece que estos oficios que deben ser confidenciales, conocen todo, pues no se desprende nada indebido, se desprende: vamos a continuar.

Ahora el camino es el contrario: no es la Procuraduría la que le dice a Hacienda qué delitos persiga en estos casos, es Hacienda la que le dice a la Procuraduría; la Procuraduría sí ve los que son propiamente delitos patrimoniales, en los cuales no tiene por qué hacer una petición o querella previa.

En cuanto a decir que el gobierno ha aducido que no se desea dar un voto de confianza a los inversionistas, creó que es todo lo contrario, esto lo que da, es confianza al inversionista pequeño, mediano y grande, nacional o extranjero, de que en México se cumple con la ley y de que en México se sigue con los procedimientos jurídicos como deben ser; me dio mucho gusto oír a uno de los compañeros diputados, el que dijo que ya es elogiable y es loable lo que se está haciendo, debe continuarse haciendo, sí, debe continuarse haciendo y el señor Secretario de Hacienda, a quien insisto, no tengo por qué desmentir, ha señalado con mucha precisión lo que se está haciendo.

Ahora, para contestarle también a mi compañera la senadora Martínez, creo que es paralelo lo que se ha hecho, se están haciendo las dos cosas: por un lado se está sancionando lo que debe ser sancionado, paro paralelamente se está haciendo, dando legislación y se está dando una regulación más enérgica y así se ha señalado.

También le hice un comentario sobre la autorregulación, precisamente en esta materia siempre ha habido dos corrientes de pensamiento: la que se hablaba, de que esto debiera manejarse por autorregulación de los integrantes del mercado, una tesis liberal que hoy se ha abandonado hasta en los países liberales; en México afortunadamente siempre ha habido una legislación y una reglamentación mayor, pero hay una parte que indudablemente debe quedarse a una autocensura, a la autorregulación del mercado, porque son ciertos temas o ciertos elementos en los que interviene el Estado regulándolos, no funcionaría este mercado, pero es tema ya otro tipo.

Lo cierto es que en México y en todos los países hay dos sistemas, el que se regula por el Estado, que ese tenemos principalmente y una parte que se deja a la autorregulación , creí que todos los señores legisladores que han hablado han estado de acuerdo en que este asunto ya se está ventilando, que la semana pasada dimos una resolución para que la comisión de la honorable Cámara de Diputados viera estos problemas, como son asuntos que siguen, que no se terminaron hoy, este día 15 de febrero, que no se terminaron la semana pasada que van a continuar; creo que nuestro camino está señalado, no vamos a tomar una nueva resolución , porque sería duplicar y agregar y multiplicar resoluciones por el prurito de hacerlo.

Creo que está en manos de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, allí, amplíese lo que se quiera la investigación, búsquese lo que se desee, pero no demos resoluciones todos los días que quitan la seriedad a la Comisión Permanente, que además parece contradecir o cerrar los ojos ante lo que públicamente se está haciendo y públicamente ha recibido el beneplácito de la sociedad.

El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al diputado Pedro Etienne Llano.

El C. diputado Pedro Etienne Llano: - Señor presidente; compañeros legisladores: En lo personal, siempre espero con atención las intervenciones del senador Jesús Rodríguez, para ver con qué nuevos elementos embiste a la oposición, sin embargo, debo reconocer que la intervención del día de hoy, a mí me ha dejado francamente confundido.

Sí, el senador hacia una autocrítica o lanzaba una nueva embestida contra la oposición, porque cuando él habla de que al discutir este asunto hay una evidente cola partidista, tenemos razones de suponer que hace una autocrítica, sobre todo porque de 30 miembros de la Comisión de Financiamiento del Partido Revolucionario Institucional,

18 son prominentes bolsistas, o bolseadores, como ahora les llama el pueblo; si es autocrítica, bienvenida, senador Rodríguez y Rodríguez, ya era tiempo de que hubiera esta honestidad política en la tribuna de la Permanente; si es un nuevo embiste contra la oposición, me parece desafortunado, porque en ese tema de las casas de bolsa, creo que ninguno de los partidos de la oposición tenemos cola que nos pisen, incluso cuando él se refiere al maniqueísmo, me parece también se mantienen los niveles de autocrítica, porque cuando él conoce algún documento público, es fruto de su empeño como legislador, pero cuando algún miembro de la oposición presenta otro documento público, se pregunta si se obtuvo subrepticialmente; no se vale el maniqueísmo, senador Rodríguez y Rodríguez, coincido con usted; si en ambos casos fue autocrítica, yo la celebro y quiero decir que la intervención de hoy, francamente nos sacó de base.

Sin embargo, estamos discutiendo un tema muy interesante, un tema fundamental y en buena hora los antecedentes que nos dio el senador Rodríguez y Rodríguez pueden ilustrarnos sobre la historia del desarrollo de la Bolsa Mexicana, pero lo que más nos interesa y lo que ha sido el tema de discusión en los últimos años, es la Bolsa de Valores a partir de 1982; es el papel que adquiere la Bolsa de Valores después de la nacionalización de la banca y, lo que nos ha preocupado a todos también, es conocer más a fondo estos mecanismos tan complejos o tan intrincados que permiten una manipulación del mercado que aquí mismo se ha dicho, con el que algunos llaman crack de 1987, técnicamente algunos le llamaron toma de utilidades, pero para muchos de nosotros fue un vil despojo a miles, precisamente de pequeños y medianos inversionistas mexicanos, que con el espejismo de las desorbitadas ganancias de la bolsa arriesgaron sus capitales en un juego perdido, algunos dicen que la bolsa no es una ruleta, pero aquí lo que hemos señalado algunos miembros de la oposición, no sólo era una ruleta, sino que parecía un juego predestinado a que los pequeños y medianos ahorradores perdieran y fueran despojados de sus capitales.

En cuanto al oficio que se ha hecho mención el diputado Ortega, en él no se establece que no se han cumplido las investigaciones, sino que prácticamente se exonera a los funcionarios de las casas de bolsa por los delitos que ahora se les están aplicando.

Si embargo, nosotros en lo personal, el Frente Cardenista, ha dicho que la acción emprendida por la Secretaría de Hacienda y por la Procuraduría General de la República contra cuatro funcionarios de casas de bolsa es importante, porque termina la protección que las propias autoridades otorgaron a estos miembros de las casas de bolsa y hemos señalado incluso que hay un riesgo de que está acción sea selectiva, de que esta acción esté precedida por una intencionalidad política de presentar un aparente equilibrio en la aplicación de justicia y que no llegue al fondo de un problema que aquí debería ser tratado por nosotros: evitar que se repita el escandaloso fraude realizado durante 1987, ésa es la preocupación que tenemos.

Qué bueno que se ejerza acción penal cuando se llega al extremo de cometer ilícitos para obtener ganancias ilegítimas, pero el aspecto penal no es más que una parte del complejo problema que aquí ha sido denunciado, ese fenómeno de la especulación provocada, ese fenómeno de la inflación artificial del mercado de valores, en donde, y lo digo con toda precisión, hay por lo menos responsabilidad política del anterior Secretario de Hacienda, Gustavo Petricioli.

Y quiero ser preciso: afirmo en estos momentos que hay responsabilidad política, sin implicar si pudiera haber también la penal, porque a unos cuantos días del famoso crack de la bolsa en octubre de 1987, el propio Secretario de Hacienda con sus declaraciones como autoridad, embarcó a inversionistas en esa aventura que estaba condenada a caer estrepitosamente porque no correspondía con la realidad productiva del país, no estaban respaldados esos precios desorbitados de las acciones con la inversión productiva de las empresas.

Yo me precio de tener memoria y, sobre todo memoria política, y recuerdo en los días previos declaraciones del Secretario de Hacienda sobre la confiabilidad de la bolsa, y conocemos también los antecedentes personales, profesionales de Gustavo Petricioli, y no podemos admitir que a esas alturas el Secretario de Hacienda ignorara el problema de fondo, en una bolsa que había perdido totalmente el contacto con su realidad objetiva, con la base productiva del país, y por eso digo que tiene responsabilidad política, porque si conocía el problema no debió de haber hecho declaraciones tan irresponsables en los días previos, y si ignoraba el problema, pues no debió haber aceptado el cargo de Secretario de Hacienda.

Pero aquí ha sido señalado con claridad por algunos diputados, que la investigación que se realice en lo que respecta al aspecto estrictamente penal, ni debe limitarse a unos cuantos funcionarios implicados, sacrificando a cuatro para proteger a otros 296 de los famosos 300 notables

de Legorreta " el grande", ni tampoco debe encubrir las responsabilidades en que hubieran incurrido funcionarios públicos.

Debe ser por lo tanto, una investigación que permita sancionar a quiénes, desde el sector privado o desde el sector público, aunque en los medios financieros, hay que decirlo, es difícil establecer el parteaguas de dónde termina el político y dónde empieza el inversionista, muchas veces están entremezclados, pero vuelvo a decir, sin prejuzgar, a quienes resulten implicados en los delitos, se les debe aplicar la ley.

Hay por lo tanto una prevención en las intervenciones nuestras, una intervención para que no sea selectiva, para que no sea restringida esta investigación de carácter penal, pero nosotros insistimos en que el problema tiene todavía un mayor fondo, tanto es así, que el día de ayer el propio Secretario de Hacienda informó de otras medidas de carácter administrativo que nosotros en lo personal, Frente Cardenista, está considerando, está profundizando, está valorando y, efectivamente, aquí coincido con el senador Rodríguez y Rodríguez, no podemos ser ligeros.

Pero a mí me queda una última preocupación que quisiera plantear: nos ha dicho que no podemos ser ligeros, pero también ha reconocido que se requiere disponer de mayor información y, más aún, yo pienso que estás medidas para evitar que se repita nuevamente este esquema, debe de tener el carácter y la fuerza de normas de ley.

Yo estoy convencido de que a la luz de los acontecimientos de 1987, es necesario reformar y actualizar la Ley del Mercado de Valores, más aún, en la amplia exposición del senador Rodríguez y Rodríguez, él menciona las reformas a la Ley del Mercado de Valores de 1983, de 1984 y de 1985, es decir, menciona reformas que se dan en este período en que los banqueros expropiados con la nacionalización, algunos dicen beneficiados con la nacionalización, canalizaron sus capitales de la Bolsa de Valores; se refiere a las reformas que se dan en ese período, precisamente donde se establece un mercado paralelo y en donde se cometen también los abusos que llevaron a su culminación con los graves hechos de 1987.

Y la pregunta obligada con estricta lógica es: ¡Si hubo esas reformas en 1983, 1984 y 1985, y después vino este llamado crack, no es necesario revisar qué relación hay entre las reformas y lo que aquí se ha reconocido también: la pérdida de control, la capacidad de vigilancia del Estado sobre el desarrollo de la Bolsa de Valores? y mi pregunta obligada es ¡Después de 1987, qué medidas ha tomado el Poder Legislativo adecuando la Ley del Mercado de Valores para que no se vuelva a repetir este escandaloso fraude? y compañeros, no ha habido ninguna reforma después de la realizada en 1985.

Por eso discrepo en un último punto con el senador Rodríguez y Rodríguez; sí vamos a jugar, es más, tenemos que juzgar no el aspecto penal, pero sí el aspecto de fondo, ¿qué papel juega el Mercado de Valores Mexicano?, aquí el senador se ha referido a un papel en el que, por lo menos yo en lo personal estaría de acuerdo, el papel de financiar nuevas empresas, empresas pequeñas y medianas, pero, ¡ha sido ése el papel que ha jugado?, ¡qué predomina en el actual Mercado de Valores?, ¿el fomento a la especulación o el aliento a la producción?, y, ¿qué esto no tiene que ver no sólo con las disposiciones que regulan el Mercado de Valores, sino también con la política de carácter fiscal, con la política económica general del país?, y esa política y esas leyes no solo tenemos la obligación de juzgarlas, sino que ésa es la razón de ser, por lo menos así lo sentimos nosotros como parte del Poder Legislativo de nuestro país.

Juzgar y evaluar la información y las leyes, el desarrollo de los fenómenos y en especial el desarrollo de este fenómeno de la bolsa mexicana a partir de 1982,a partir de 1987, nosotros nos sentimos obligados a hacer ese juicio, esa evaluación, para poder proponer medidas que permitan proteger al inversionista nacional.

Finalmente, concluimos que, efectivamente el acuerdo que tomamos hace ocho días, no sólo tiene plena validez y vigencia, sino que es indispensable tener la información que nos proporcione el subprocurador de Justicia en el aspecto penal, el Procurador Fiscal de la Federación en las implicaciones también de carácter penal y en relación a las disposiciones fiscales aplicables en el Mercado de Valores, y es sobre todo también necesaria, la información del presidente de la Comisión Nacional de Valores.

Concluyo pues en los mismos términos que el senador: hace ocho días tomamos un acuerdo, ese acuerdo, por la amplitud que tiene, no sólo es válido, sino que es, para nuestro modo personal, de carácter urgente, por lo que yo terminaría esta intervención pidieron que se hiciera una excitativa a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, para que en cumplimiento de nuestra responsabilidad como legisladores, le dé curso a este acuerdo y quiero destacar que es un acuerdo por consenso de toda la Comisión Permanente, para que tengamos los mayores elementos de información y de juicio, para que tengamos la

información más amplia posible, para que se haga pública, de tal forma que nadie pudiera dudar de que conseguimos esta información en forma subrepticia; que sea audiencia pública ante los legisladores y las personas interesadas, pero sobre todo, nos preocupa que a la luz de estos acontecimientos que evidencian como problemas de fondo, estemos en posibilidad de no quedarnos tan solo en el amarillismo de la denuncia penal, que no quedemos en una acción penal selectiva y limitada, que se atienda el problema de fondo.

Esa es la preocupación que hemos planteado creo que los diputados de oposición y, con todo respeto, pienso que no es una posición maniquea, sino una posición seria y responsable. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Jesús Ortega Martínez.

El C. diputado Jesús Ortega Martínez: -Para hacer una precisión de hechos a la intervención del senador Rodríguez: El habla de que cuando el licenciado Petricioli era creo presidente o director de la Comisión Nacional de Valores, creó el Instituto de Depósito de Valores(Indeval), como una institución oficial del gobierno para vigilar el funcionamiento de las casas de bolsa, pero precisamente el Secretario de Hacienda convierte Indeval, este instituto de depósito de valores, de ser una institución oficial la convierte, la privatiza, la entrega a los empresarios, es decir, una institución creada por el gobierno para vigilar el funcionamiento de las casas de bolsa, se privatizan en ese sexenio y se le dejan a los dueños de las casas de bolsa la dirección y el funcionamiento de Indeval, de este Instituto de Depósito de Valores.

EL C. Presidente: - Señor diputado: ¿Acepta usted una interpelación del ciudadano senador Jesús Rodríguez y Rodríguez?

EL C. diputado Jesús Ortega Martínez: - Adelante.

El C. senador Jesús Rodríguez y Rodríguez: (desde su curul) - No era órgano de vigilancia Indeval.

El C. diputado Jesús Ortega Martínez: - Era un órgano que había creado el gobierno para vigilar o participar; Petricioli lo privatiza y le deja "la iglesia en manos de Lutero" a las casas de bolsa, Indeval.

En 1987, octubre, noviembre y diciembre se presentan las primeras denuncias de particulares, la Procuraduría inicia las averiguaciones desde 1987, y ya vimos que en abril o antes manda oficios a la Secretaría de Hacienda para que ésta interponga la querella necesaria para perseguir el delito.

Petricioli le contesta a Sergio García Ramírez este párrafo, que quiero precisarlo con mucha claridad, dice Petricioli: "La Comisión Nacional de Valores contestó a la Procuraduría en los casos que se enlistan en el anexo, que no se actualiza ninguno de los supuestos contenidos en los tipos penales que contienen los artículo 52 y 52 bis de la Ley del Mercado de Valores, independientemente de toda opinión, esta Secretaría se está abocando al estudio de los expedientes relativos a cada uno de los casos citados, tanto de los que contienen las actuaciones realizadas por la Comisión Nacional de Valores, como de las constancias de las averiguaciones practicadas por esa Procuraduría General, a fin de estar en posibilidad de ponderar los elementos jurídicos que determinarán el sentido de la petición que se solicita"; y luego, textualmente dice: "Al respecto, hay que notar que la Secretaría de Hacienda depende de dichas constancias, porque no cuenta con expedientes de averiguaciones propias".

Es decir, para que la Secretaría de Hacienda pusiera la querella, dependía de las averiguaciones que le entregara la Procuraduría General de la República en parte importante, y lo que resulta es que la procuraduría le entregó esas investigaciones y a pesar de ello y diciendo dependía de ellas, el Secretario Petricioli no puso la querella necesaria para perseguir delito.

Hay omisión aquí claramente, del Secretario de Hacienda, pero aún más: hubo de la Comisión Nacional de Valores, auditorías, particularmente a Operadora de Bolsa, ni siquiera de la Procuraduría General de la República, una auditoría de la Comisión Nacional de Valores a Operadora de Bolsa.

De esta auditoría, concluye, es muy larga para leerla, lo siguiente, leo el punto tres: "Operadora de Bolsa, S.A. de C.V. está participando, por conducto de la empresa Consejo de Servicios Empresariales, que era una empresa fantasma creada por Operadora de Bolsa con un capital de un millón de pesos y en 30 días hizo movimientos de 60 mil millones de pesos, una empresa con un capital de un millón de pesos hizo movimientos por 60 mil millones de pesos en 30 días, era una empresa fantasma de Operadora de Bolsa, S.A. de C.V. está participando por conducto de Consejo de Servicios Empresariales, operaciones que en esencia constituyen préstamos de Cetes, que es algo de lo que acusaron ahora a Operadora de

Bolsa, mismas que no están autorizadas en la legislación vigente".

Es un oficio de la Comisión Nacional de Valores, la fecha de éste es nada más ni nada menos del día 17 de mayo de 1988, esto lo conocía Petricioli, una auditoría de la Comisión Nacional de Valores de mayo 17 de 1988; no era la Procuraduría, era la Comisión Nacional de Valores, a pesar de ello, Petricioli no planteó la querella para que se persiguiera el delito, en el caso concreto de Operadora de Bolsa.

¿Eso qué significa? eso significa omisión del Secretario de hacienda frente a un delito demostrable, no solamente por la Procuraduría General de la República, sino por la Comisión Nacional de Valores: encubrimiento de delito a los defraudadores de la casa de bolsa.

El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra a la senadora Dulce María Sauri Riancho.

La C. senadora Dulce María Sauri Riancho: - Con su permiso, señor presidente: Creo que ha quedado patente en el debate de este día, de que hay una gran preocupación en torno al sistema bursátil y al papel que guarda en el desarrollo económico de nuestro país; este ha sido un elemento común que se ha expresado en las diversas intervenciones y el deseo de que la clarificación de sus procedimientos sirva para vigorizar su papel y hacer que el mercado de valores tenga el desarrollo económico de nuestro país, la importante función de allegar recursos para la inversión productiva, y al mismo tiempo también ayudar y estimular la democratización del capital.

Por eso es importante de igual manera, realizar algunas precisiones ante los resultados de una investigación que las autoridades hacendarias han culminado en días pasados y que han llevado, por una parte, a la prisión de algunos funcionarios de casas de bolsa y también a la posibilidad de sanciones administrativas contra 152 funcionarios de las propias casas y 25 promotores.

Es necesario recalcar que es un investigación que está en proceso, una investigación que si bien se comenzó hace ya varios meses, en enero de 1987, con las primeras presentaciones de demanda por diversos actos cometidos por las propias casas de bolsa, aún habrá de profundizarse en el terreno de la Procuraduría General de la República.

Es una investigación en la que no ha habido disimulo, pero tampoco ha habido ligereza, ha habido seriedad debido a la complejidad de la situación analizada; en esta investigación se ha logrado configurar el ilícito, establecer posibles responsabilidades de tipo administrativo y aportar elementos para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pudiese plantear la petición de querella ante la Procuraduría General de la República para el ejercicio de la acción penal.

Hay aplicación estricta de la ley, en esto no puede haber pasiones ni selectividad de ninguna índole, no es tímida ni parcial, es justa porque se aplica a la ley, la ley vigente, posible y necesaria quizá de mejorar y perfeccionar; es imparcial porque, independientemente de la posición social de los presumiblemente involucrados, se ha realizado y ha culminado con la configuración de un ilícito.

La investigación no fue limitada a dos casas de bolsa, habremos aquí de repetir algunos elementos que ya ha señalado el senador Rodríguez y Rodríguez: hubo cancelación de registro a una casa, hubo suspensión a cuatro más, hubo diversas sanciones de tipo administrativo que significaron varios centenares de millones de pesos en multas, pero esto es resultado de todo un proceso que ha llevado tiempo, ciertamente, pero que ha dado seguridad y seriedad en la acusación que ahora se ha presentado.

Por eso queremos recalcar que esto no se agota ante la preocupación que tenemos porque el mercado de valores dinamice su papel en el desarrollo económico de nuestro país en la necesaria disponibilidad de recursos para el fomento de la actividad productiva, por eso no se agota el planteamiento realizado en torno al mercado de valores en el aspecto punitivo.

Ha habido un planteamiento por parte de las autoridades hacendarias, serio y profundo para revisar y revitalizar el mercado de valores, que haya una mayor vigilancia; desde el día del anuncio del Secretario de Hacienda, entró en vigor un sistema de inspección automatizada que permitirá revisar la operación diaria y detectar de inmediato desviaciones para actuar con prontitud.

Se establecen criterios de observancia obligatoria a los auditores externos de las casas de bolsa, se impondrá a los intermediarios un sistema de auditoría legal permanente, se consolidarán los sistemas para detectar el uso de información privilegiada, se revisará nuevamente y se adecuarán los sistemas de asignación de operaciones de las casas de bolsa; se definirá con claridad el tratamiento en los casos de conflicto de intereses.

También dentro de la necesaria estabilidad del mercado, se ha creado un grupo interinstitucional para el análisis permanente y la adecuación de instrumentos de operación del mercado se

fomentará y ampliará la participación en el mercado de los diversos inversionistas institucionales; se revisarán de inmediato los mecanismos para dar acceso al mercado de valores y democratizar al mismo a la pequeña y mediana empresa; y en el sentido de la autorregulación, que no es el único, se apoyará el proceso exigiendo el apego de la intermediación a los lineamientos de su código de ética.

La Bolsa Mexicana de Valores deberá proponer los criterios aplicables para suspender la cotización de aquellas emisoras que no cumplan con los lineamientos establecidos; asimismo, también habremos de avanzar en el análisis para promover si es necesario y así se considera, las reformas y adiciones a las leyes y los reglamentos actualmente vigentes.

Esos acontecimientos que acabamos de vivir no menguarán la confianza, por el contrario, fortalecerán el mercado de valores al garantizar el respeto estricto de la ley, no es borrón y cuenta nueva, son sanciones ante acontecimientos pasados y apertura de una nueva etapa en el mercado de valores.

Por eso, compañeros diputados y senadores, me permito solicitar a ustedes se deseche la proposición presentada, por considerar que ya esta Comisión Permanente, se ha pronunciado en torno a la necesidad de que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados establezca a través de la comparecencia de diversos funcionarios, una profundización en los diversos aspectos relacionados con el funcionamiento de las casas de bolsa. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala.

El C. diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala: - Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados y senadores: Realmente el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana ha estado preocupado por el problema que implicó y que ha implicado el "crack" de las casas de bolsa, fundamentalmente porque se afectó a una gran cantidad de ciudadanos que ilusionados por multiplicar sus ingresos, acudieron a estas instituciones, en ocasiones, sí, orientados por el anterior Secretario de Hacienda por esas declaraciones y esas actitudes que en un momento permitieron darle seguridad al ciudadano de que obtendría beneficios en torno a ese tipo de inversiones.

Desafortunadamente han transcurrido muchos meses desde el día aquél en que muchos perdieron lo poco que tenían y realmente no se ha aclarado a la opinión pública la responsabilidad en que intervinieron fundamentalmente funcionarios públicos en torno a este problema.

Resulta que los únicos responsables del problema de las casa de bolsa y de la pérdida de los recursos y de esa mágica de desaparición de millones y millones de pesos, nada más fueron los que tienen las patentes de las casas de bolsa.

Yo creo que aquí hay gente, hay gente del Estado; en un momento determinado se especuló que recursos de este "crack" se utilizaron inclusive para una campaña política del Partido Revolucionario Institucional, realmente nosotros no nos atrevemos a asegurarlo, porque sería muy arriesgado afirmarlo, dado que no sabemos si el Partido Revolucionario Institucional haya invertido las cuotas de sus miembros en las casas de bolsa, o haya manejado algo por ahí.

Ojalá y lo hubiera hecho, y tal vez ahorita tuviésemos otro Presidente de la República distinto, porque no hubiesen tenido el suficiente dinero para haber financiado esas campañas políticas, pero nosotros consideramos que sí, efectivamente hay funcionarios de la Secretaría de Hacienda, hay funcionarios cercanos al mismo Presidente de la República, que han sido responsables de esta realidad y de esta crisis económica que viven muchos mexicanos.

Para nadie es extraño que cuando el gobierno del licenciado José López Portillo, iba a decir otra cosa pero me arrepentí me acordé de la colina y otras cosas, pero creo que no tiene caso, hubo gente que traicionaron el gobierno, hubo gente que traicionaron al gobierno Federal, porque recuerdo que en alguna ocasión el mismo banquero Espinoza Iglesias señalaba que había recibido información en torno a la expropiación de la banca con muchas horas de anticipación, y él no creyó lo que iba a acontecer; él no creyó lo que iba a acontecer y se nacionalizó la banca, hubo esa nacionalización mediante la cual el Estado logró tener control sobre los bancos en este país.

Se filtró información ahí, hay públicas declaraciones de Espinoza Iglesias en el sentido de que él recibió información respecto de esa nacionalización, pero la realidad es que también en torno a estas inversiones y a estos problemas de las casas de bolsa ha habido gente de dentro del Estado, de dentro de la Secretaría de Hacienda, que ha estado haciendo mal uso de la responsabilidad que tiene, que ha estado utilizando el cargo público, inclusive para filtrar información es que van en contra y en perjuicio de la economía nacional

Hasta el momento no se nos ha aclarado, ni a la opinión pública ni al pueblo de México, quiénes son los funcionarios responsables de este problema; se hizo renunciar a algunos funcionarios de hacienda, con la renuncia ya se salvó la responsabilidad del Estado, y creo que no es por ahí.

Si el Estado quiere darle credibilidad a sus actos de gobierno, debe de también, en torno a estos empresarios, que están sujetos a un proceso penal por el fraude, también debe de aclarar y debe de señalar y debe de incluir a aquellos funcionarios federales que están gozando ahorita de impunidad, en un momento determinado, y antes de que esto aconteciera, de esta confinación, habíamos señalado que la aprobación de Petricioli en Estados Unidos de América, algo tenía que ver en torno a este problema.

Extrañamente ahora, muchos días después, viene la consignación, viene la denuncia, pero no hay nadie por parte del sector público que sea responsable de este problema; nosotros sí quisiéramos demandar de la Procuraduría General de la República, que informe e esta Cámara de Diputados y a la opinión pública, quiénes son los funcionarios investigados, quiénes son los funcionarios que tienen relación y responsabilidad en torno a este problema, y queremos no solamente ver a los empresarios ahí en donde están, a esos inversionistas, sino a los funcionarios que son responsables de esta crisis y de este problema que está viviendo México.

Queremos que en la intervención y en la visita que haga aquí a la Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda, el Procurador de Justicia, señale clara y abiertamente que esa realidad y en su momento vemos también acompañarlos en la consignación a esos funcionarios que fueron desleales con el gobierno y que propiciaron serios perjuicios a los inversionistas mexicanos. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Habiéndose cumplido con la mayor amplitud los extremos, el espíritu y finalidad democrática del artículo 58 del reglamento, consulte la secretaría a la asamblea si se admite o no a discusión la proposición.

El C. secretario senador Alonso Aguirre Ramos: - Por instrucciones de la presidencia, se consulta a la asamblea si la proposición que ha sido presentada se admite o no a discusión.

Los señores legisladores que estén porque se admita, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

(Votación.)

Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Desechada, señor Presidente.

El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al diputado Juan Antonio García Villa.

El C. diputado Jesús Ortega Martínez (desde su curul): - Señor presidente, nada más una aclaración. Yo solicité que el presidente de la Gran Comisión llamara al presidente de la Comisión de Hacienda para que convocara a la mencionada comisión y se canalizara el acuerdo que tuvimos la sesión pasada, todavía habría que tomar eso en cuenta para que se reuniera rápidamente la Comisión de Hacienda.

El C. Presidente: - Sí, con mucho gusto se hace un llamado atento a la Comisión correspondiente de Hacienda para que desahogue en su oportunidad el documento que le fue turnado

DEL ESTADO DE SINALOA

El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Antonio García Villa.

El C. diputado Juan Antonio García Villa: - Señor presidente; señores diputados y senadores: Parece ya una constante que en cada sesión de la Comisión Permanente se denuncian, desde esta tribuna, diversas actitudes represivas que con motivos seguramente políticos se vienen viviendo en el país.

Obviamente la represión puede adquirir formas de violencia abierta o puede adquirir modos sutiles de intimidar no solamente a las víctimas, sino también a otros ciudadanos que ejercen sus derechos políticos en las filas de la oposición.

Resulta, Señores legisladores, que el pasado 28 de noviembre, fueron detenidos en la ciudad de Mazatlán Sinaloa, dos dirigentes del Partido Acción Nacional, Victor Manuel Satarain Velarde, quien fue candidato a diputado federal en las elecciones de 1988, y el licenciado Alejandro Camacho Mendoza, actual regidor del ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, y quien por cierto ha denunciado ante la opinión pública, apoyado en documentación oficial, la desviación de recursos del erario del ayuntamiento de Mazatlán para apuntalar económicamente las campañas electorales del partido oficial, en especial la campaña del ahora alcalde de Mazatlán, José Ángel Pescador Ozuna. Ambos dirigentes fueron acusados de fraude por 27 millones de pesos, según la publicidad que en

Prensa ha venido publicando con abundancia de recursos el gobierno del estado y el Partido Revolucionario Institucional, o por 23 millones, según la denuncia presentada por 29 supuestos perjudicados.

Estos perjudicados supuestos señalan que entregaban partidas de dinero a una señorita de nombre Lidia Valdés Quintero para que les consiguiera habitaciones en la unidad del Infonavit y que la señorita Lidia Valdés Quintero, hacía entregas de estos montos a Satarain Velarde y a Camacho Mendoza.

Primero, una aclaración, esta señorita Lidia Valdés no es ni ha sido miembro activo del Partido Acción Nacional y en las declaraciones hechas por ella ha incurrido incluso en contradicciones.

Se ha dicho de sí misma que es secretaria ejecutiva del comité municipal del Partido Acción Nacional en Mazatlán; después se desdijo para afirmar que esa secretaria particular del señor Satarain Velarde. La verdad es que con gran cinismo se le ha visto en reuniones y en las declaraciones ante la agencia del Ministerio Público, que actúa en evidente coordinación con el Ministerio Público y con los supuestos ofendidos.

Pero lo más curioso es que esta persona. Lidia Valdés Quintero, que ha confesado su responsabilidad, está libre y en cambio a las dos personas que ella implicó, a Saratarin Velarde y a Camacho Mendoza, están detenidos y les fue dictado el auto de formal prisión.

Simplemente voy a aducir algunas razones para convencerlos, señores legisladores que se trata de una maniobra represiva con evidentes propósitos electorales, toda vez que en Sinaloa habrán comicios para diputados locales y para ayuntamientos durante este año.

Como antecedente quisiera recordar que en 1988, cuando hubo un asalto a una institución bancaria de Los Mochis, el gobernador del estado, Francisco Labastida Ochoa, se apresuró a declarar, y se le dio amplia cobertura a su declaración, incluso por la televisión en red nacional, que los candidatos de entonces del Partido Acción Nacional, Roberto Gastelo Morejel y Lauro Nazogaray, estaban implicados en el asalto bancario y que iba a pedir a la Comisión Federal Electoral que investigara la actuación del Partido Acción Nacional en el estado de Sinaloa.

Como evidentemente no pudo probar ni siquiera prendido con alfileres ninguna de sus acusaciones, simplemente el gobernador prefirió, vergonzosamente guardar silencio y olvidarse del asunto. Por lo pronto esta declaración la capitalizó con fines políticos en plena campaña de 1988, más allá del estado de Sinaloa, porque ante la población de Sinaloa quedó francamente al descubierto la maniobra que en 1988 pretendió realizar, en perjuicio del Partido Acción Nacional y de su imagen, el gobernador Labastida Ochoa.

De que se trata de un acto intimidatorio en contra de dirigentes del Partido Acción Nacional, tenemos que este asunto lo ha manejado con mucho despliegue publicitario el Partido Revolucionario Institucional y el gobierno del estado, con inserciones costosas publicadas en la prensa de Sinaloa, como ésta donde reproducen la querella en contra de dirigentes del Partido Acción Nacional, y otras gacetillas que se han venido publicando, que seguramente se han invertido ya mucho más de 27 millones de pesos, que es el monto a que asciende en el peor de los casos, el fraude que se pretende atribuir a los dirigentes del Partido Acción Nacional.

Otra pregunta: ¿por qué la persona que ha confesado su participación en este fraude está libre, y aquellas dos personas a quienes ella implicó están detenidos y les fue dictado el auto de formal prisión?

Un dato más: El subprocurador de justicia en el estado, Alfredo Franco Rodríguez, ha estado supervisando personalmente la averiguación. Pero da la pequeña casualidad, señores legisladores, que este señor licenciado Alfredo Franco Rodríguez, fue nombrado en días pasados como magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, y a pesar de ser hoy parte integrante del máximo órgano del Poder Judicial en el estado de Sinaloa, sin embargo, personalmente continúa actuando para efectos de este caso fiscal, como subprocurador, y no solamente eso, sino que ya está ostentando el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia, ha vendido haciendo declaraciones públicas, incluidas declaraciones a la televisión, en las que insiste en actuar como fiscal en contra de ambos dirigentes del Partido Acción Nacional.

Nosotros nos preguntaríamos: ¿por qué se llega a esta situación escandalosa de que el subprocurador actúa todavía como parte, cuando es posible que sea juez, en una segunda instancia, en este caso en contra de los dirigentes del Partido Acción Nacional en Sinaloa?

Señores legisladores, Acción Nacional ha realizado diversos actos de protesta por esta forma no violenta pero igualmente reprobable de represión política a los ciudadanos de Sinaloa en

este caso, en un año en que hay elecciones en el que el partido oficial ha reconocido que no será un buen año para él en los comicios locales y en el que el propio partido oficial cínicamente, en inserciones de prensa pagadas, ha señalado que con este caso el Partido Revolucionario Institucional ha iniciado su campaña electoral de 1989 en Sinaloa.

Nosotros, el Partido Acción Nacional, queremos insistir de la mejor manera, tanto ante las autoridades de Sinaloa, un gobernador como Francisco Labastida Ochoa, que por cierto dio a conocer a los medios de difusión cuando se dictó el auto de formal prisión en contra de los dirigentes del Partido Acción Nacional, antes que las autoridades judiciales hubieran, incluso notificado el auto a los propios detenidos, desea actuar de esta manera el gobernador, nosotros no estamos en disposición de entrarle al juego sucio, pero sí exigimos la inmediata liberación de los detenidos, porque evidente la maniobra tan burda de que han sido víctimas y cómo se ha creado todo un aparato legaloide para intimidar a los dirigentes del Partido Acción Nacional en Sinaloa, pero lo que es más grave, para mediante este efecto de demostración, intimidar a la ciudadanía de Sinaloa.

Hacemos un llamado a las autoridades federales y de nueva cuenta a las estatales de Sinaloa, para que actúen con cordura, para que no lleven este caso al extremo, es burdo totalmente, y de esta manera vayamos a un juego electoral limpio, porque francamente da tristeza que un partido, en este caso el oficial, reconozca que con este acto da inicio su campaña electoral de 1989 en Sinaloa. Gracias.

El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al senador Mario Niebla Alvarez.

EL C. senador Mario Alfonso Niebla Alvarez: - Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros senadores y diputados: Es lamentable que el compañero García Villa haya venido a utilizar esta alta tribuna, queriéndonos sorprender con un acto efectivista.

Habla de una actitud represiva, habla de formas de violencia abiertas y sutiles, y expresa una serie de puntos de vista que son plenamente incorrectos.

En primer lugar, le queremos manifestar que éste no es el lugar que corresponde para tratar asuntos que no son de nuestra competencia y que además tiene una marcada connotación partidista, de efecto publicitario, que estamos plenamente convencidos que se le va a revertir.

No sé si lo sorprendieron a él con la información. La primera denuncia que existe contra uno de los dirigentes detenidos, no es específicamente por el fraude, que después se lo vamos a señalar, es de la esposa del señor, es una denuncia por lesiones.

La segunda denuncia que existe a este respecto, la formula el licenciado Rubén Mondragón López, que es el encargado del área de selección de entrega de las casas de Infonavit de Canaco, en Mazatlán.

Y la otra es la que corresponde a los múltiples afectados que en un principio fueron 29, exactamente como usted lo señaló, y que cuando fueron detenidos, efectivamente Acción Nacional hizo algunas movilizaciones inmediatas, las cuales cesaron después de informarse que un número mayor de gente siguió planteando denuncias por separado contra estos dos señores.

Después de las 29 personas que presentaron denuncias, viene otra lista que me voy a permitir señalarles con sus nombres y las cantidades por las cuales ellas denuncian y entregaron. Después de las 29 personas, señores, llegaron a la agencia del Ministerio Público los señores: José Luis Rosas Tirado, quien denuncia 600 mil pesos defraudados; Olegario Carrasco Macías, otros 600 mil pesos; Candelaria Sánchez Toledo, 1 millón de pesos; José Pérez Esquivel, 1 millón de pesos también; Rosina Ibarra Mendoza, 500 mil pesos; José Luis Ramírez Salas, 600 mil pesos; Genaro y D. de Valenzuela, 1 millón de pesos; Rocío de la Paz Ramírez Ríos, 1 millón 200 mil pesos; José Luis Lizárraga Mendoza, 1 millón de pesos; Hortencia Avena, 1 millón de pesos; Ignacio Rivas Sánchez, 1 millón de pesos; Candelaria Eréndira López, 600 mil pesos; Gumersindo Aguirre Arámburo, 600 mil pesos; Juan Manuel Flores Gazcón, 600 mil pesos; Ernesto Rojas Osuna, 1 millón de pesos; Nicolás Montes Osuna, 1 millón 200 mil pesos; Victor Manuel Hernández, 1 millón de pesos; Hugo López Pérez 700 mil pesos; Sergio Altamirano López, 1 millón de pesos; Misael Orozco Chiquete, 600 mil pesos; Pedro Ornelas Rubio, 800 mil pesos; Felipe Moreno Enciso, 1 millón 200 mil pesos, Vicente Rodríguez López, 1 millón 600 mil pesos; Socorro Valdés Quintero, 600 mil pesos; Rosa Valdéz Quintero, 600 mil pesos; Luis Rey Ochoa, 600 mil pesos y Silvestre Sánchez Chavéz, 700 mil pesos.

Quiero decirle, compañero, porque nos hemos enterado precisamente de este escándalo, que fueron presentadas en fechas sucesivas y no en paquete posteriormente. Que los defraudados, algunos de ellos, afirman haber seguido al señor específicamente Satarain Velarde, en su campaña, y haber sido seguidores de él en su

Campaña. O sea, gente que tenía simpatías con él y que fueron defraudados por él.

No estamos hablando del caso supuesto en el cual usted pueda involucrar a una o dos personas. No estamos hablando en el caso en el cual una persona o dos se presentaron a ser cómplices como usted lo dice, de una maniobra sutil que aquí se hizo; estamos hablando de un bloque ya de 65 personas, las cuales llegan casi a los 50 millones de pesos en fraude.

Y quiero manifestarle a usted, que el mismo Partido Acción Nacional desistió en Mazatlán de seguir haciendo, de seguir las movilizaciones, salvo que ustedes quisieran solicitárselos de nuevo.

Aparte de esto, el planteamiento de los señores, ha sido ratificado de nueva cuenta por cada una de las personas que hicieron la acusación y después de la ratificación no ha habido una sola respuesta de su partido y me sorprende que usted quiera venirnos a sorprender, aquí, en esta tribuna.

Yo pienso sinceramente que este tipo de asuntos no deberíamos ni siquiera de tratarlos y menos de llevarlos acabo en una tribuna de este nivel, para asuntos, en un momento determinado, de tipo partidista. Muchas Gracias.

El C. Presidente: - Se concede la palabra al diputado García Villa.

El C. diputado Juan Antonio García Villa: - Señor presidente; señores legisladores: No se trata por supuesto de sorprender a nadie ni de llevar a cabo efectistas, ahora que están de moda, ya hubo líderes, ahora bolseadores, a ver cuando empiezan con un narcotraficante gordo, con algún delincuente electoral pesado, como Neumann Valenzuela, por poner el caso, Sino simplemente por denunciar estos hechos, en este foro, que todos hemos aceptado, lo es, por la importancia política, no sólo del momento sino de lo que ocurre en nuestro país, ante ausencias de foros similares.

Ha leído el señor senador, una serie de personas que se dicen también ofendidas por el supuesto fraude maquinado, llevado a cabo por los dirigentes del Partido Acción Nacional, en Sinaloa.

Sin embargo, les quiero asegurar, señores legisladores, que si ustedes leen el expediente, en las denuncias encontrarán dos hechos significativos: la primera una asombrosa uniformidad en las declaraciones de estos presuntos ofendidos y es tan uniforme que hasta en las imprecisiones son uniformes; otro dato adicional, el Ministerio Público en Mazatlán negó la posibilidad de que los detenidos tuvieran un careo con los supuestos ofendidos, se opuso terminantemente el Ministerio Público y hay que recordar que en esta materia el careo es un medio de prueba, al negarlo los dejan en estado de indefensión.

Es significativo también que la persona que ha confesado recaudaba los importes de dinero para adjudicar casa del Infonavit no está detenida, no esté detenida, anda libre y anda frecuentemente acompañada del personal del Ministerio Público y de abogados que son del Partido Revolucionario Institucional.

Creo que para quien vea estas cosas con un mínimo de sensatez y de sentido común, le habrá quedado la impresión de que evidentemente se trata de una maniobra política, ¿por qué el subprocurador, que es ya Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, sigue actuando con la calidad de fiscal?, esto no lo negó aquí el señor senador, ¿por qué el interés por parte del gobernador, de ser él personalmente en rueda de Prensa el que dé a conocer que fue dictado el auto de formal prisión?, ¿por qué el procurador, o será magistrado, o será magistrado procurador, de todos modos sería juez y parte, continúa haciendo declaraciones en contra de los detenidos?, ¿por qué el partido oficial paga costosos desplegados en la prensa de Sinaloa para reproducir incluso documentación que conforme al Código Penal no debe ser divulgada públicamente? Señores, no se trata de sorprender a nadie, el que sepa entender estas cosas que lo entienda y acepte cuál en el fondo la verdad de los hechos.

Pudo haber, señor senador, leído aquí no 30 nombres más, 50 ó 100, nosotros sabemos cómo son estas cosas. Para quienes tenemos que soportar la arbitrariedad de los virreyes de provincia no se conforman con acusar a los dirigentes de oposición de algo que apenas les permita ser detenidos, simplemente quiero narrarles a ustedes una experiencia de mi estado.

En los acontecimientos de 1984, en que también tuvimos elecciones municipales, existieron órdenes de comparecencia o de aprehensión, nunca supimos exactamente, y a través de estas órdenes de aprehensión el procurador se justificaba diciendo que eran muchísimos los delitos de que se acusaba a los dirigentes del Partido Acción Nacional: intento de homicidio, portación ilegal de armas, resistencia de particulares, convocación a la violencia, etcétera, etcétera; eran 72 delitos los que la procuraduría supuestamente prefiguró para acusar a los dirigentes del Partido Acción Nacional.

Con mucha gracia, un comentarista político dijo: "les echaron el Código Penal encima, sólo les falto acusarlos del delito de aborto".

Así puede aquí leer el senador un listado de todos los supuestos ofendidos por los dirigentes del Partido Acción Nacional en Sinaloa y no habrá creer a la opinión pública que son realmente responsables. Y si no ¿por qué esa actuación tan parcial de alguien que ya es magistrado?, ¿por qué la insistencia del gobernador en llevar él personalmente la cosa noticiosa?, ¿por qué los desplegados del Parido Revolucionario Institucional para divulgar ampliamente estas cuestiones? El fondo, señores, es político.

El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el senador Mario Alfonso Niebla Alvarez.

El C. senador Mario Alfonso Niebla Alvarez: - Parece que el compañero que me antecede en el uso de la palabra me hizo supuestos pero no me refutó la denuncia penal. La denuncia penal está hecha por cada uno de los diferentes miembros afectados y ésta no ha sido afectada o atacada por los miembros de su partido.

Segundo, por su intervención en este momento, y por haberme tocado todos los temas, donde dice que asombra la uniformidad, que por qué sigue libre la persona que andaba en un momento determinado involucrada; que ésta es una maniobra política; que por qué el gobernador dio muestras. No dio respuesta absolutamente, usted no me contestó específicamente a la imputación que se le ha hecho.

En primer lugar, quiero reiterarle que en Sinaloa hay un estado de derecho, y que la toma de decisión para detener a alguien que ha defraudado, no le da impunidad en un momento dado porque sea dirigente de uno o de otro partido político.

Yo no pienso que tengamos que manifestar impunidad porque los señores sean dirigentes de uno u otro partido político.

Segundo, en Sinaloa para tomar la decisión precisamente de la detención y que utilizaron muy buenos abogados de ustedes; los primeros se retiraron del caso, creo que no le informaron a usted eso, inclusive abogados que tenían mucha simpatía, es más, abogados que militan en Acción Nacional.

¿Por qué dejaron el caso los primeros abogados que vieron el asunto?, ¿por qué se retiraron del asunto?, ¿a qué se debe?, ¿cuál fue el motivo? Cuando recibieron al alud de las segundas acusaciones de un grupo tan grande y tan vasto, que era indiscutible la responsabilidad de esta gente, que nosotros no los estamos juzgando, eso será la autoridad correspondiente quien lo haga; optaron por retirarse, y que ustedes ahora quieren darle un tinte político a algo que ha sido vergonzoso y que podría ser en su partido o en cualquier otro partido.

El C. diputado Juan Antonio García Villa (desde su curul): - ¿Me permite una interpelación?

El C. senador Mario Alfonso Niebla Alvarez: - La que usted guste, diputado.

El C. diputado Juan Antonio García Villa (desde su curul): -¿No cree que el hecho que el gobernador del estado personalmente intervenga en ese asunto, como lo hizo en el caso del asalto en Los Mochis, nos haga pensar que efectivamente tiene un tinte político?

¿No cree que las publicaciones hechas por el Partido Revolucionario Institucional y por el gobierno del estado para informar ampliamente en forma amarillista de todo esto, hace suponer que tiene un tinte político? ¿No cree que el hecho de que el subprocurador, ahora magistrado, continúe como fiscal hace pensar que hay algo sospechoso?

El C. senador Mario Alfonso Niebla Alvarez: - En primer lugar, el gobernador es el jefe político del estado, y en una actuación de ese tipo tiene la obligación de dar información, y la dio contundentemente, y dijo además, les dio seguridades a su partido político de que si los señores podían demostrar indiscutiblemente que ellos no fuesen culpables, tendrían todo....

El C. diputado Juan Antonio García Villa (desde su curul): - Es al revés, señor senador al inocente debe ser demostrado, por parte del Ministerio Público, que es el responsable de...

El C. senador Mario Alfonso Niebla Alvarez: - Así es, perdóneme. Le contesto y le acepto su interpelación, hubo una equivocación de mi parte en este respecto. Efectivamente así lo es.

Lo que pasa es que no puede, y esto le aclaro, usted no puede demostrar aquí, que un pícaro que se ampara en las siglas de un partido político tuviésemos que darle en un momento determinado, darle impunidad, solamente porque el señor fuese miembro distinguido de un partido político. Por lo tanto, hasta que no demuestre en un momento determinado, ya la autoridad ya le hace las imputaciones y la gente le hace los

señalamientos, ahora corresponde a la defensa demostrar lo contrario.

Segundo, ustedes dice que el subprocurador ha actuado de dos formas. Yo creo que usted está plenamente informado. Infórmese en el estado.

Yo pienso que a usted le dieron información probablemente telefónica; pienso que lo sorprendieron porque lo veo muy decidido a querer mantener una posición de algo que difícilmente usted puede seguir defendiendo. Esto es plenamente indefendible señor , e inclusive abogados que verdaderamente son abogados de prestigio en la localidad, le reitero , optaron por retirarse del asunto, abogados que tienen simpatía con ustedes.

Y el gobernador, si algún gobernador ha tenido un trato no solamente democrático y respetuoso a las leyes, sino diferente a los partidos políticos, ha sido Francisco Labastida Ochoa. Muchas Gracias.

DE LA EDUCACIÓN Y DE LAS ELECCIONES

El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala.

El C. diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala: - Señor presidente; compañeros diputados: Hay un problema que está preocupando en estos momentos y en este día, al 100% de los capitalinos, y es un problema que desafortunadamente no se le ha dado solución por razones tal vez de índole político o por protección a algunos inconfesables intereses.

La realidad es que el día de hoy las madres de familia y los estudiantes de nivel primario, de educación básica en este país, recibieron la sorpresa de que a sus niños no se les recibía en las escuelas, ¿por qué razón?, porque los maestros integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación habían decretado una suspensión de labores; una suspensión de labores mediante la cual ellos señalan que están protestando porque no se les incrementa el salario a los maestro; y efectivamente, si hacemos un análisis real del salario que están percibiendo los maestros en este país y concretamente en el Distrito Federal, vemos que son salarios de hambre, vemos que son salarios que no corresponden a la responsabilidad que tienen estos servidores públicos, ¿pero qué hay detrás de este problema?, un sindicato que realmente no está haciendo nada por sus militantes, un sindicato que de un lado a otro del país se va y en los lugares más lejanos celebra sus convenciones y cambia a sus dirigentes sin la participación de muchos maestros que deben y tienen el derecho de opinar en torno al cambio de su dirigencia sindical.

Inclusive, veíamos en la prensa, cómo un miembro prominente del sindicato y del Partido Revolucionario Institucional, se queja de que no la dejaron ser candidata a secretaria general del sindicato, la actual delegada, Elba Esther Gordillo; ¿qué está aconteciendo dentro del magisterio?, ¿por qué los maestros están inconformes? Creo que todos entendemos el problema, no hay verdadera defensa de los intereses de los trabajadores de la educación.

Ellos el día de hoy llevaron adelante un paro magisterial, la Secretaría de Educación Pública no tuvo la capacidad de negociar esta suspensión de labores, no implementó un mecanismo para evitar que los niños se quedaran fuera de las escuelas, porque hay miles de madres que acuden a trabajar y dejan a los niños en las puertas de las escuelas, y ahí se quedaron y allí si ustedes pasan, ahorita ya es muy tarde, pero si hubiesen pasado en la mañana, verían a los niños con sus útiles parados en las afueras de las escuelas, esperando que la madre pasara después de trabajar a recogerlos.

¿Cómo es posible que esto esté aconteciendo en estos momentos?, ¿Como es posible que esto acontezca cuando los dirigentes del magisterio se comprometen con el Presidente Salinas de Gortari, en que van a mejorar la educación y en lugar de mejorar, la suspenden?

¿Cuál es el problema de fondo en esta realidad?, ¿Qué la Secretaría de Educación Pública no quiere resolver los problemas?, ¿qué el Secretario de Educación Pública se está alejando de la realidad de los problemas de la educación? Realmente no entendemos.

Si el paro magisterial del día de hoy, el día de hoy en que no se presentaron a prestar sus labores los trabajadores, se entiende como una actitud de demanda de incremento de salario, así la podríamos entender también por parte del senador Jorge Jonguitud Barrios, que el día de hoy no se presentó, a la mejor está pidiendo un incremento del 100% de salarios al Senado y por eso, no viene a cumplir con sus funciones de legislador.

La realidad es que hay problemas dentro del magisterio y el único que se está afectando es el pueblo de México, el único que se está afectando es el futuro de México, por problemas internos de un sindicato, que no ha entendido el sentido del apostolado, que no ha entendido el sentido de la responsabilidad hacia el futuro de México.

Hay intereses ahí, que no se han querido aclarar. Bajo ninguna circunstancia pretendemos satanizar a los maestros, pero llegó el momento de que se les haga justicia.

Si tienen derecho al salario y al incremento del salario, el Secretario de Educación debe tomar cartas en el asunto, porque no podemos permitir los mexicanos que se sigan suspendiendo las labores simple y sencillamente para estar reclamando derechos y que se siga rezagando la educación de los mexicanos.

Esto no es modernización, esto es traición al pueblo de México; es traición a las instituciones. Por ello, me hubiese gustado que en esta sesión estuviese presente aquí el senador Jonguitud Barrios, pero suspendió sus labores también el día de hoy y las suspendió tal vez también en contra del Senado, como lo dije.

Espero que no le aumenten el sueldo en el Senado, porque pues realmente es muy costoso ya lo que ha significado este líder magisterial al Estado y lo que está significando ahorita para la educación en México.

Ojalá y se entendiera que sobre los intereses sindicales o sobre .los intereses partidistas, está el interés de la nación.

Por ello, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quiere exhortar al Secretario de Educación Pública, Manuel Bartlett Díaz, para que intervenga e implemente formas de resolver los problemas de la educación en México; pero de inmediato, no cuando termine el sexenio. Que vea la forma de proteger la educación de los niños, que son el futuro de este país y les garantice a los maestros la seguridad de un salario justo y remunerador.

Porque no podemos permitir que se sigan abandonando a los niños en las puertas de las escuelas, mientras se trata de presionar al gobierno de que se ajuste a la realidad económica de sus necesidades.

Por ello, requerimos que no continúen en este país las suspensiones de labores con argumentos que son distintos a la obligación y al cumplimiento del deber.

Nosotros deseamos que México se desarrolle en un ámbito de mayor capacidad, de mayor conocimiento y no de ignorancia, por ello, exhortamos a las dos partes, a maestros y autoridades, para resolver los problemas que están afrontando en estos momentos.

Asimismo, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana quiere señalar, desde esta tribuna, que las declaraciones vertidas en torno al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, hace 48 horas, por un militante de la Corriente Democrática y diputado federal, son totalmente infundadas y son totalmente alejadas de la realidad.

Los parmistas nos hemos ubicado como la tercera fuerza política del país. Aclarándole al octogenario diputado Aroche Parra, que en la anterior legislatura el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana era la tercera fuerza política de este país, de mayoría, y que, en ese entonces, no contábamos con la militancia dentro de nuestras filas de Cuauhtémoc Cárdenas.

Ahora, en este actual proceso electoral federal, volvimos a ubicarnos como la tercera fuerza política del país de mayoría, en la Cámara de Diputados. Esto, refrendando nuestra fuerza política y nuestra militancia, y la realidad de que el pueblo de México cree en la Revolución, en la Constitución y en el movimiento parmista que ha desencadenado la nueva era de nuestro partido.

Creemos entender que quienes provienen de ideologías transnacionales, padecen un alto grado de andropausia, como es el caso del diputado Aroche Parra.

Critican sin fundamento alguno la posición del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, por el derecho de respetar la voluntad de las bases parmistas, ya que éstas fueron las que decidieron, en algunas entidades del país, que jugáramos con candidatos propios a presidentes municipales y diputados locales ¿y qué aconteció ahí?, que logramos triunfos de mayoría, que logramos representación ante los congresos de los estados y que bajo ninguna circunstancia traicionamos la militancia y la integración del Frente Democrático Nacional.

Por ello consideramos que quienes han criticado al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, con actitudes del pasado, viven también el pasado y obedecen a intereses ideologías que no son las que se identifican con los mexicanos.

Nosotros creemos que hay gente que está actuando como quinta columna en esta realidad política para destruir la fuerza y la unidad que hay dentro del Frente Democrático Nacional.

El Frente Democrático Nacional, no obstante que no le guste al sistema o al partido en el poder, seguirá funcionando como una organización monolítica y unidad; que haya discrepancias en él, las va haber de manera reiterada porque somos distintos partidos políticos, somos distintas ideologías, pero todos aspiramos a lograr el poder a través del sistema que la Constitución nos

señala.

Queremos señalar desde esta tribuna, que bajo ninguna circunstancia aceptamos que nuestro líder nacional, el licenciado Carlos Enrique Cantú Rosas, sea una gente que traiciona al pueblo por dádivas o por componendas con el Estado.

El es Carlos Cantú Rosas, el único líder nacional de oposición que ha puesto en ridículo a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, es el único líder nacional, que en tres ocasiones consecutivas ha derrotado por mayoría al Partido Revolucionario Institucional, no hay un solo líder de la oposición que haya logrado esta realidad política, por ello refutamos las incriminaciones y las absurdas afirmaciones, que se han hecho en torno al líder del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.

El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, no va a desviar su actitud de inconformidad y de lucha permanente para reencauzar a este país por los horizontes de la Constitución, la revolución y el liberalismo.

El hecho de que el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, haya dialogado con el licenciado Carlos Salinas de Gortari, no implica bajo ninguna circunstancia que estemos traicionando nuestra posición de lucha; el camino para resolver los problemas políticos tiene que hacerse a través del diálogo y no del enfrentamiento; acudimos al diálogo para abrir los cauces de la reforma política, para hacer que se respetaran la voluntad y los triunfos de los parmistas en el país, pero bajo ninguna circunstancia para cambiar la posición del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Nuestro voto fue emitido al llevarse a cabo la calificación de las elecciones presidenciales, ahí está la postura del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y seguimos sosteniendo que en varias entidades del país hubo un fraude electoral, que la caída de la computadora no fue más que una actitud para borrar la realidad de la voluntad de los mexicanos.

No se nos puede criticar por dialogar con el Jefe del Ejecutivo, porque, reconozcámoslo o no, hay un responsable del Ejecutivo Federal en este país y ése es el licenciado Carlos Salinas de Gortari y por eso acudimos con él, como acuden todos los mexicanos, porque él representa a la institución, pero el hecho de que nos sentemos en la misma mesa no quiere decir que estemos unidos en la realidad. Discrepamos en mucho y discrepamos porque el Partido Revolucionario Institucional, que es al que él pertenece, no ha sabido responder a las demandas del pueblo de México, no ha sabido entender al llamado y a los gritos de las mayorías y por eso los partido de la oposición los han derrotado en los procesos electorales.

El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana sí ha recibido los recursos que en mínima parte le ha otorgado el Código Federal Electoral, pero estos recursos económicos se le entregaron, en parte, al compañero Cuauhtémoc Cárdenas y a los candidatos a través de propaganda y a través de apoyo en las campañas políticas electorales.

Hemos solicitado a la Comisión Federal Electoral y hemos entregado a ella, el informe correspondiente de la forma en que se utilizan los recursos; porque apoyamos a nuestros candidatos, a ellos se canalizaron los recursos económicos que recibió nuestro partido en el pasado proceso electoral. Por ello consideramos que las afirmaciones que se han hecho en torno al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, respecto de su actitud en el pasado proceso electoral, son totalmente infundadas por parte del diputado Aroche Parra, quien cuando menos debería de estar agradecido del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional a quien le debe ser diputado federal y a quien ahora critica y le muerde la mano.

Tal parece que las actitudes de algunos diputados son las de buscar el camino de la tranquilidad, son las de buscar, como aquellos que nos traicionaron en el Colegio Electoral, ser candidatos a senadores o a presidentes municipales en alguna entidad del país, como aquel de Baja California a quien ni en el mismo Partido Revolucionario Institucional ahora lo están aceptando por ser un enemigo de la democracia y del pluripartidismo.

Por ello, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y como miembro del Frente Democrático Nacional y de la Comisión Política, queremos señalar que bajo ninguna circunstancia está avalada y se avala la declaración del diputado Aroche Parra, quien en una actitud totalmente absurda y andropáusica, lo llevó a hacer declaraciones que no se apegan a la realidad, dada su actitud y el estado un poco fuera de la realidad en el que ya se encuentra este diputado. Muchas gracias.

SOLICITUD DE COMPARECENCIAS

El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al diputado Armando Ibarra Garza.

El C. diputado Armando Ibarra Garza: - Con su venia, señor presidente; señoras y señores legisladores: A dos meses y medio del nuevo gobierno, se han estado violentando los legítimos derechos de los trabajadores, consagrados en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, conquistas que le han costado

muchos años de lucha al movimiento obrero de México y que tal parece que funcionarios de la Secretaría de Trabajo y Previsión social, en complicidad con los patrones, pretenden borrar, de un plumazo, derechos que han costado decenios de años, decenios de muchas luchas cruentas, como son el derecho de la huelga, el derecho al trabajo.

Quiero referirme a dos hechos concretos en los que queda completamente demostrado lo que aquí he señalado, al inicio de mi intervención.

Estos casos son: La huelga actual de Dina, la amenaza de despido masivo en los Altos Hornos de México, S.A., Planta Monclova y de la declaratoria de la inexistencia de huelga en la sección 1 de NKS de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas y además, le agregamos el despido de dirigentes sindicales que se han mantenido verticales en la defensa de los derechos de los trabajadores.

Pareciera que ésta es la respuesta del gobierno al sacrificio de los trabajadores frente a la crisis económica que los ha llevado a una depauperización por la enorme pérdida del poder adquisitivo, llegando a la extrema concentración de la riqueza en unas cuantas manos, como es el caso de tan sólo 300 familias, 300 empresarios concentren en sus manos casi el 46% de la riqueza nacional.

Esta política antipopular, que bajo el pretexto de combatir la inflación le ha impuesto el gobierno a la clase trabajadora, mayores sacrificios, se está profundizando en estos pocos meses del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, quedando perfectamente definido que el gobierno como tal, ha dejado de ser aliado del movimiento obrero.

Los trabajadores han empezado a comprender que la brutal disminución del poder adquisitivo de sus salarios, que el congelamiento de las plazas y el despido de miles de trabajadores, el deterioro de las prestaciones que han conquistado en luchas de muchos años, y convenios de trabajo, así como los sindicatos mismos que han luchado y que hoy se pretende inmiscuirse en la vida interna de ellos, por parte de funcionarios de dentro del poder público, y que además se pretende retroceder en las conquistas logradas a través de los contratos colectivos de trabajo. Esto explica pero no justifica las agresiones a los trabajadores de Altos Hornos de México, por parte de quienes hoy dirigen a esta importante empresa paraestatal, que más bien está siendo manejada con una orientación de empresa privada.

Se pretende aprovechar la coyuntura, señores legisladores, de la revisión contractual que celebran los trabajadores de la sección 147 del Sindicato Minero, que vence el 5 de marzo, para obligar al sindicato a que desaparezcan importantes cláusulas del contrato colectivo de trabajo, en el que se reducen prestaciones económicas importantes, como son: vacaciones, aguinaldo, ahorro, bonificación, etcétera.

Esta pretensión de quienes están al frente de Altos Hornos de México S.A., presionan a la clase obrera a un contrato colectivo leonino, bajo la advertencia de que de no aceptar tales contrapropuestas de la empresa, se despedirá a 6 mil trabajadores que representan casi el 40% del total de la planta productiva. Este problema que ha calado seriamente en la vida económica de Coahuila, porque Altos Hornos representa un polo de desarrollo industrial importante en el centro, que aporta más del 30% de la riqueza que se elabora en Coahuila, y que además ahí se ha establecido una serie de empresas importantes con el apoyo de Altos Hornos de México, S.A. Este problema ha sido llevado hasta el Congreso local, donde por consenso de todas las fracciones de los partidos, se ha pedido al gobierno federal y al director de Altos Hornos de México, S.A. que dé una explicación real, cierta, sobre las pretensiones del despido masivo de 6 mil trabajadores. Pero ese despido tal vez pudiese decir que es justificable frente a las medidas llamadas de austeridad del gobierno, pero no hay tal cosa. Se pretenden reducir departamentos de servicios que prestan Altos Hornos de México, S.A. que no dependen directamente de Altos Hornos de México, S.A., pero por otro lado, se deja la puerta abierta para que esos servicios sean prestados a través de compañías constructoras, que ha sido una de las formas en que las empresas del Estado, llamado el contratismo, ha provocado la corrupción en el seno de ellas.

El gobierno del estado de Coahuila ha tomado en sus manos este problema y ha demandado también una explicación más precisa por parte del gobierno federal, pero ¿cuál es el fondo señores legisladores, de todo esto que preocupa al Parido Popular Socialista y a todas las fuerzas democráticas del estado de Coahuila?

Preocupa el hecho de que se pretenda quebrar una de las empresas importantes de la industria nacional, una de las industrias que nos ha permitido mantener una independencia y que puede ser la parte, el pivote, para el desarrollo de bienes de capital.

Por otro lado, representa una franca provocación a la lucha de los trabajadores por mejores niveles de vida en esa región.

Se ha dicho ya, a través de la información en la Prensa, que dentro de unos días el gobernador de

Coahuila junto con otros gobernadores de la zona fronteriza, se reunirá con inversionistas extranjeros para promover la instalación de maquiladoras y aquí en este planteamiento ya se maneja por partes importantes del gobierno estatal, que frente al deterioro, frente al abatimiento de Altos Hornos de México, S. A., será posible la instalación de una gran cantidad de maquiladoras en Monclova, Coahuila, y esto bajo el sacrificio de una empresa paraestatal.

El partido Popular socialista, pues, ha pedido también que debe haber claridad frente a esto, porque se pretende aprovechar la coyuntura de revisión contractual que celebran los trabajadores mineros de la 147 para presionarlos, para obligarlos a que se adopte una política impuesta por la empresa de Altos Hornos de México, S.A., y lo que es más grave, es que estas violaciones a los de los trabajadores, enmarcados en ese anteproyecto de la empresa paraestatal, ha pasado, ha tenido el visto bueno, la observancia de los funcionarios de la secretaría de Trabajo y Previsión Social.

Podemos señalar que hechos semejantes se han dado en la huelga de Dina, donde 2 mil 500 trabajadores permanecen aún en huelga frente a argumentos grotescos e inadmisibles, donde se pretende también eliminar 13 cláusulas del contrato colectivo. Esto, señores legisladores, es sumamente grave, es preocupante y quiero llamar la conciencia de mis compañeros legisladores de la clase obrera, de la clase trabajadora, respecto a la gravedad de esto, porque, ¿qué se pretende?, ¿se pretende acaso enfrentar a las fuerzas del movimiento obrero por una actitud provocadora desde el poder público?, ¿se quiere acaso regresar a etapas que ya superamos?, ¿o se pretende también acaso quebrar completamente a las empresas como Altos Hornos de México, S. A.? Esos son los cuestionamientos que preocupan en este momento a la clase trabajadora y a las fuerzas democráticas, porque no solamente se trata en sí del empleo de 6 mil trabajadores, se trata también del fortalecimiento de nuestro desarrollo independiente y eso, compañeros legisladores, debe de ser motivo de profunda preocupación.

«Por tales consideraciones y con fundamento en el artículo 79 fracción III de la Constitución y el artículo 113 de la Ley Orgánica para el Congreso de la Unión, solicito sea turnada la siguiente petición a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y que consiste en lo siguiente:

Primero. Se cite a comparecer al Secretario de Trabajo y Previsión Social, Arsenio Farell Cubillas, a fin de que exponga la actividad de la Secretaría, ante el proceso de deterioro de los contratos colectivos de trabajo de los obreros de las empresas paraestatales.

Segundo. Se cite a comparecer al Secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal, a fin de que exponga ante esa comisión, las razones de las acciones de esa Secretaría, orientadas a ceder parte de las actividades, ahora exclusivas de Altos Hornos de México, S. A., frente al problema de nueva contratación que se celebra entre dicha empresa con la sección 147 del Sindicato Minero.

Sala de secesiones de la Comisión Permanente, por la fracción del Partido Popular Socialista, diputado Armando Ibarra.» El C. Presidente: -Se abre el registro de oradores.

El C. diputado Armando Ibarra Garza: - Señor presidente, yo no solicito que sea discutida mi petición, yo solicito que sea enviada a la Comisión de la Secretaría de Trabajo, es mi petición. No me estoy apoyando en el artículo 58 del Reglamento.

El C. Presidente: - Pero es conveniente, diputado Ibarra, de que aquí se abra el registro de oradores para estimar la competencia de la Comisión Permanente del Congreso a este tema.

Por lo tanto, se abre el registro de oradores. En contra, el licenciado de la Vega. ¿En pro?

El C. diputado Armando Ibarra Garza (desde su curul): - Señor presidente: una pregunta nada más.

El C. Presidente: - Sí, señor...

El C. diputado Armando Ibarra Garza (desde su curul): - ¿Se va a someter a votación?

El C. Presidente: - Se va a aplicar el 58, señor diputado.

¿No hay pro?

Es una proposición del señor diputado, para que el pro y el contra argumenten la competencia en este asunto de la Comisión Permanente del Congreso. Si no cada asunto laboral vendrá aquí a tratarse a la Comisión Permanente.

El C. diputado Armando Ibarra Garza (desde su curul): - Señor presidente: ¿Me permite?

El C. Presidente: - Sí

El C diputado Armando Ibarra Garza (desde su curul): - Mi petición es que sea la Comisión de Trabajo y Previsión Social quien

analice, y si cree conveniente citar o no citar, que sean ellos quienes decidan, pero no puede ser, yo no estoy pidiendo que sea la Comisión Permanente.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Ramírez.

El C. diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala: - Señor presidente; compañeras y compañeros legisladores: Realmente el argumento y el planteamiento que está formulando el compañero diputado, no es efectivamente un asunto competencia de la Comisión Permanente; no es competencia de la Comisión Permanente, pero la Comisión Permanente en los términos de la fracción III del artículo 79 constitucional, tiene un señalamiento muy claro: que cuando los legisladores presenten alguna proposición o alguna iniciativa de ley ante la Comisión Permanente, esta proposición, inclusive con base en lo dispuesto por el artículo 109 de la Ley Orgánica, tiene que ser turnado a la comisión correspondiente, a la cual se está canalizando el problema.

La Comisión Permanente no tiene por qué entrar en debate, si la comisión lo acepta o lo desecha esa proposición.

Por ello, consideramos que una proposición de esa naturaleza no debe ser sometida a la consideración del Pleno de la Permanente, dado que no es un asunto que se esté planteando directamente en torno a su competencia, sino se hace como canal que es la Comisión Permanente para recibirlo, porque de otra manera, pues, el diputado no tendría la oportunidad de hacer el planteamiento directamente a la comisión.

Efectivamente, aquí se ha sostenido la tesis de que la Comisión Permanente funge en un momento determinado como una oficialía de partes para estos casos y para los de las iniciativas de ley, debe de recibir esta documentación y las iniciativas de ley y debe de turnarlas a las comisiones correspondientes, pues no hacerlo así, creo que no se estaría cumpliendo con lo establecido por la Constitución y por la Ley Orgánica.

Por ello, no es de discusión, no es de debate el planteamiento que ha formulado el diputado, y sí, debe de ser turnada a la comisión a la que él lo está solicitando ya que sería competencia de la comisión determinar ella en pleno de la comisión, si se acepta o se desecha esa proposición y está lógicamente, si ustedes piensan, con la realidad política que está viviendo esta legislatura pues, ahí quedaría la proposición, la comisión con la mayoría que tienen ustedes, allá también la desecharían, creo que sería ilegítimo que aquí la obstaculizarán nosotros sin fundamento alguno.

El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al senador licenciado De la Vega.

El C. senador Netzahualcóyotl de la Vega García: - Con su venia, señor presidente: He solicitado la palabra en contra de la propuesta del diputado Ibarra.

En primer lugar, respetando al procedimiento que establece el artículo 79 y el artículo 58 del Reglamento, es decir, ya hemos discutido mucho en esta permanente cómo deben darse los trámites, que si la Permanente es oficialía de partes simplemente, si hace falta que se le dé el tratamiento a las proposiciones como marca el Reglamento, pero en cada ocasión tal parece que nos ponemos de acuerdo y en cada ocasión que surge una propuesta vuelve repetirse la misma discusión.

Yo creo que eso era asunto o cosa juzgada hace mucho tiempo, que estábamos de acuerdo en que estas propuestas escuchando el pro y escuchando los contras, se aplicara estrictamente el artículo 58. En algunas sesiones le hemos dado ese trámite, se ha aceptado, se han llevado adelante las discusiones correspondientes, se ha entrado al fondo de los negocios y finalmente se turna o no se turna de acuerdo con el resultado de la votación. Pero en sesiones subsecuentes tal parece que volvemos a la misma discusión.

Yo me había anotado en contra de la propuesta del señor diputado, no por discrepar en cuanto al procedimiento, porque insisto, pienso que eso es algo que estaba debidamente resuelto por la Comisión Permanente, sino porque discrepo de la forma en que se ha presentado este asunto en esta tribuna.

El señor diputado principió hablando de que al movimiento obrero se le han conculcado los legítimos derechos de los trabajadores, que además la Secretaría de Trabajo trate de borrar de un plumazo todas y cada una de las prestaciones que con mucho esfuerzo, dice el diputado, el movimiento obrero y los trabajadores han conseguido en su lucha permanente.

Habla que se están conculcando los derechos de huelga y el derecho al trabajo, por lo menos son las apreciaciones que logré captar en el discurso del diputado, pero más tarde en el curso de su exposición, curiosamente encontré en la misma exposición varias veces un término que manejó permanente y machacantemente: hay pretensiones, decía, ahí se pretende quebrar una empresa,

una empresa, se pretende aprovechar la revisión; hay la pretensión de golpear al movimiento obrero, es decir, pretensiones, pretensiones y pretensiones.

Yo diría que se está prejuzgando o tratando de darle un cariz distinto a un problema estrictamente preciso, de respeto a los derechos de los trabajadores y del movimiento obrero.

El señor diputado hacía, en su primera exposición, en el inicio de la exposición, hacía una referencia al artículo 123 constitucional. Yo me voy a permitir solamente leer, no por el desconocimiento de los legisladores que lo manejan ampliamente, sino fundamentalmente leer la fracción XX del artículo 123 constitucional.

Artículo 123, fracción XX: "Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo se sujetarán a la decisión de una junta de conciliación y arbitraje formada por igual número de representantes de los obreros y de los patrones y uno del gobierno".

Es decir, habla de la sujeción a la ley, hablar de la sujeción a la junta federal de las diferencias que pudieran existir entre los factores de la producción.

Y por lo que el diputado en esta tribuna nos ha relatado, cuando habla de la huelga de Dina, cuando hablaba de la amenaza de despidos masivos, cuando hablaba también de algunos propósitos y pretensiones de quebrar alguna empresa, yo solamente quiero recordar lo que dice la fracción XX. El estaba aceptando ya que están sometidas ese tipo de diferencias a los propios caminos que la propia Constitución marca. Todo lo demás son pretensiones.

Curiosamente a los trabajadores en las últimas fechas les han surgido muchos defensores. Los que tenemos por responsabilidad , por responsabilidad, no por formación, por responsabilidad el manejo la defensa de los trabajadores, de los contratos colectivos y de los contratos-ley.

Los que hemos tenido, y en eso sí coincido con el señor diputado, que hemos sacado a fuerza, a fuerza de lucha constante y permanente todas aquellas situaciones que a los trabajadores les favorece, que los hemos podido plasmar en contratos colectivos y en contratos-ley, que tenemos la obligación de responder a asambleas de los trabajadores, asambleas que se realizan con toda la periodicidad y que tenemos que responder por nuestra acción diaria.

A nosotros nos consta, señor diputado, que no hay tales ataques a los derechos a que usted se refiere. Emplazamos a huelga, defendemos la huelga, llevamos a cabo las acciones que los trabajadores nos exigen para poder defender los derechos que hemos conseguido; fundamentalmente tratamos de reforzar la acción sindical, y la logramos, independientemente de los díceres e independientemente de las exposiciones que puedan hacer los que no tienen la obligación de responder al movimiento obrero directamente y de frente. Lo estamos haciendo.

Yo creo que si en cada conflicto laboral vamos a pedir la comparecencia de funcionarios para que expliquen lo que nosotros estamos tratando de interpretar que se pretende hacer, solamente por informaciones periodísticas, creo que sería el cuento de nunca acabar, señor diputado; es decir, hay que vigilar realmente dentro del movimiento obrero si las acciones se están llevando a cabo fundamentalmente para defender a los trabajadores.

Los derechos no han sido conculcados; ahí están. ¿Cuál es la responsabilidad de los sindicatos y de los líderes? Fundamentalmente cumplir con su cometido, el que les han dado los propios trabajadores a los que representan, pero de ninguna manera esto es ni siquiera competencia de la Permanente, y no tenemos por que estar citando a funcionarios en cada conflicto laboral que se presente, no con pretensiones; vamos a buscar juicios con pruebas concretas, no estemos tratando de darle significados a las pretensiones que imaginamos o que creemos que puedan surgir en el futuro.

Por eso, señor presidente, yo me opongo directamente y concretamente a la propuesta del señor diputado.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Ibarra.

El C. diputado Armando Ibarra Garza: - Muchas gracias, señor presidente; No le voy a contestar al senador De la Vega, ya habrá tiempo en otra ocasión. Yo le quiero solicitar al señor presidente instruya al secretario leer el 79 fracción III, de la Constitución.

El C. Presidente: - Proceda el secretario a leer este artículo.

El C. secretario senador Alonso Aguirre Ramos: - "Artículo 79, fracción III. La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta Constitución, tendrá las siguientes: Resolver los asuntos de su competencia; recibir durante el receso del Congreso de la Unión, las iniciativas de ley y proposiciones dirigidas a las cámaras y turnarlas

para su dictamen a las comisiones de la Cámara a la que vayan dirigidas, a fin de que se despachen en el inmediato período de sesiones".

El C. diputado Armando Ibarra Garza: - Muchas gracias. El artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dice lo siguiente:

"Artículo 113. Los asuntos cuya resolución corresponda al Congreso o a una de las cámaras y que durante el receso se presenten a la Comisión Permanente, se turnarán a las comisiones relativas de la Cámara que corresponda."

Quiero reiterar que mi petición fue muy clara, muy clara. Estoy solicitando que se le dé trámite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados y creo que es necesario reiterar, porque esto ha sido un tema a discusión, de trámite, en el que la Comisión Permanente se ha estado atribuyendo derechos que no le corresponden. Y quiero dejar claro aquí también que ha sido la permanente insistencia de los senadores, quienes se han estado oponiendo a los trámites que los diputados consideramos conveniente vayan a las comisiones.

El artículo 118 de la propia Ley Orgánica establece: "...que la Comisión Permanente podrá formar hasta tres comisiones para el despacho de los negocios de su competencia". Esas tres comisiones están muy claras. Y son exactamente las que cumplen o deben llevar acabo todos los problemas, todas las atribuciones que a la Permanente le correspondan. Pero no se puede aquí, no se puede atribuir derechos que la propia Constitución no le otorga a la Permanente.

Por esa razón yo solicito que sea dado el trámite que he pedido.

El C. Presidente: - Para hechos, tiene la palabra el senador Julio Patiño Rodríguez.

El C. senador Julio Patiño Rodríguez: - Compañeros legisladores, con el permiso de usted, señor presidente: Quisiera yo para precisar este asunto, pedirle a mi compañero, el señor diputado, que leyera su proposición concreta, independientemente de que hay muchos conceptos en lo que ya manifestó el senador De la Vega, pues no estamos de acuerdo, pero la petición concreta.

El C. Presidente: - Proceda la secretaría a dar lectura a la proposición.

El C. secretario senador Alonso Aguirre Ramos: - La proposición dice: "Primero. Por las consideraciones anteriores y con fundamento en el artículo 79 fracción III de la Constitución y el artículo 113 de la Ley Orgánica para el Congreso de la Unión, solicito sea turnada la siguiente petición a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y que consiste en lo siguiente:

Primero. Se cita a comparecer al Secretario de Trabajo y Previsión Social, Arsenio Farell Cubillas, a fin de que exponga la actividad de la Secretaría ante el proceso de deterioro de los contratos colectivos de trabajo de los trabajadores de las empresas estatales.

Segundo. Se cita a comparecer al Secretario de Energía. Minas e Industria Paraestatal, a fin de que exponga ante esta soberanía las razones de las acciones de esa Secretaría orientadas a ceder parte de las actividades hasta ahora exclusivas de Altos Hornos de México, S. A."

El C. senador Julio Patiño Rodríguez: - Yo quisiera leerles el artículo 93 también de nuestra Constitución general de la República que dice textualmente: "cualquiera de las cámaras podrá citar a los secretarios de Estado y a los jefes de los departamentos administrativos, así como a los directores y administradores de los organismos descentralizados federales o de empresas de participación estatal mayoritaria, para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades."

Aquí es muy claro, no estamos discutiendo ni una ley ni un negocio y es precisamente la Cámara la que puede citar y no la comisión.

En tal virtud, esta petición, por todas estas consideraciones no está ajustada a derecho; tenemos que darle trámite a las peticiones que estén ajustadas a derecho, porque esto se malinterpreta y se maneja de otro sentido y luego aparecen las publicaciones en los periódicos de que ya se está citando a estas personas y ni siquiera se ha entrado a la discusión de este asunto y la propia ley establece que todos estos asuntos que lleguen a las comisiones, serán motivo de un dictamen que deberá ser presentado hasta que se abra el período ordinario de sesiones de las respectivas cámaras, para que se tome la resolución correspondiente.

Entonces no podemos estar dándole...

El C. diputado Armando Ibarra Garza (desde su curul): - ¿Me permite una interpelación?

El C. senador Julio Patiño Rodríguez: - Con mucho gusto.

El C. diputado Armando Ibarra Garza (desde su curul): - Nada más una pregunta. Ese cite. Nosotros planteamos que la comisión lo analice y que se cite, pero nos preocupa lo siguiente...

El C. senador Julio Patiño Rodríguez: - Yo le pregunto: ¿Se puede citar?

El C. diputado Armando Ibarra Garza (desde su curul): - Voy a terminar. Primeramente estamos planteando que la comisión cite, es una propuesta de nuestro partido, para el seno de la comisión. Será la comisión quien decida si asiste o no asiste. Yo le quiero decir una cosa, que hace unos días compareció el Secretario de Relaciones Exteriores ante una comisión donde todos los argumentos se desechan, se cae, una cosa y la pregunta es la siguiente: ¿En qué se basa usted para atribuirse derechos que únicamente le corresponden a la Cámara de Diputados o bien a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados?

El C. senador Julio Patiño Rodríguez: - Mire usted, le contesto jurídicamente y categóricamente. Las comisiones, de acuerdo con nuestra Constitución, no tienen facultades para citar a los funcionarios, porque aquí dice que es la Cámara de Diputados, no es la comisión y son dos entes distintos. En ese orden de ideas nosotros tenemos que ajustar nuestros procedimientos y máxime que somos legisladores, a las leyes que nos están rigiendo.

La Cámara al no tener, la comisión, al no tener esas facultades, pues totalmente resulta improcedente porque lo que tiene que hacer es elaborar un dictamen; tiene que ajustarse justamente a este procedimiento.

El C. diputado Jesús Ortega Martínez (desde su curul): - ¿Me permite una pregunta?

El C. senador Julio Patiño Rodríguez: - Sí, cómo no.

El C. diputado Jesús Ortega Martínez (desde su curul): - Se están invirtiendo los argumentos, porque la solicitud del compañero es para que la comisión analice; es decir, emita un dictamen sobre si convoca o no al funcionario referido. Ese dictamen va pasar precisamente a la Cámara. Pero no usted desde ahora nos diga que la comisión no tiene sentido que se reúna porque usted dice que no puede. Esa es responsabilidad de la comisión y después la Cámara considerará si cita o no en base al dictamen de la comisión.

El. C. senador Julio Patiño Rodríguez: - Perdóneme, pero no es así. Es precisamente la Cámara, y aquí la Constitución es muy clara, dice que cuando se discuta un asunto o una iniciativa de ley. Aquí no se está discutiendo, usted mismo está diciendo que no se discuta; usted mismo está evitando este tipo de discusiones. Usted dice que no quiere que se discuta. Ya la estamos discutiendo para ver si procede o no procede.

No somos una simple oficialía de partes, somos una caja de resonancia nacional. Y en este orden de ideas, existen los dos caminos perfectamente delimitados. Nosotros estamos actuando jurídicamente y todas nuestras decisiones producen efectos jurídicos.

Si usted, esta petición ya la presentó, ya se difundió, ya tuvo la trascendencia publicitaria que usted desea. Ya quedaron una serie de manifestaciones que usted hizo, en las cuales pues no estamos de acuerdo por las mismas razones que ya le explicó el senador De la Vega.

Si usted, presenta esa petición directamente ante la Cámara, lo puede hacer y no tiene ninguna limitación, pero si la presenta a través de la Comisión Permanente, estamos forzosa y necesariamente condicionando a que se elabore un dictamen y que se dé cuenta con él, tan pronto se abra el período de sesiones.

Y si es un asunto actual, qué caso tiene si no hay ningún período extraordinario, hasta el primero de noviembre pueda darse cuenta con él a la Cámara, para que sea la Cámara la que resuelva y la que decida citarlos.

Si en forma económica se reúnen funcionarios del Ejecutivo con distintas comisiones, en intercambio, pues es otra cosa totalmente distinta. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el senador Rodríguez.

El C. senador Jesús Rodríguez y Rodríguez: - Señor presidente; señores legisladores; señoras legisladores: No entraré al fondo de la proposición, porque ha sido contestada por algunos compañeros en términos en que estoy de acuerdo. Voy al punto del procedimiento.

Sí es una, es constante, estas peticiones se han estado haciendo para que turnemos sin ningún estudio o sin análisis cualquiera de las proposiciones que se nos pasan.

Pienso que le llamemos como le llamemos, y el compañero legislador la ha hecho la proposición.

por escrito, como dice el 58 del Reglamento, pienso que para interpretar cualquier artículo de cualquier ley deben seguirse ciertas normas de lógica elemental.

La Constitución sí, en el artículo 79 fracción III dice: "resolver los asuntos de su competencia, recibir durante el receso proposiciones e iniciativas de ley."

Pero vamos al 113 de la Ley Orgánica, este 113 da dos caminos. Primero habla de que los asuntos cuya resolución corresponde al Congreso a una de las cámaras y se turnará a la comisión respectiva.

Si se trata de iniciativa de ley o decreto da un procedimiento, no señala el procedimiento preciso para otras proposiciones, pero lo que no podemos dudar es que lo que ha presentado el compañero y todas las que se presentan aquí, son proposiciones, llámeseles como se les llame, son proposiciones y caen dentro del 58 del Reglamento.

Pero además, y ése es el principio de lógica elemental, creo que todo argumento debe pasar por la prueba de ácido que es llevarlo al absurdo, piensen ustedes que en este momento yo presento una solicitud y digo a la Comisión Permanente: "Ruego a la Comisión Permanente que turne a la comisión, a la que correspondiera de la Cámara de Diputados o de Senadores, una proposición para que se me pague una pensión de 5 millones de pesos mensuales, es absurda, tan absurda que se va a turnar como oficialía de partes o bien para perjudicar a alguien, propongo o pásese a la Comisión de Defensa Nacional, de la Defensa de diputados o senadores, que se nombre general de división al legislador fulano, que es un civil, se turna, ésa es llevar al absurdo las palabras de la ley.

Creo que debemos ir al 58, toda proposición, dígase lo que se diga, debe examinarse, si no llegaríamos a estos absurdos que no resisten ninguna prueba.

El C. Presidente: - El diputado Dionisio Pérez Jácome, tiene la palabra.

El C. diputado Dionisio E. Pérez Jácome: - Con la venia del señor presidente; compañeros miembros de la Comisión Permanente: Creo que aquí, como se ha dicho de una manera recurrente, se cae en un error y en un error craso, de interpretación jurídica. Es menester proporcionar alguna ilustración adicional a todas las que se han dado, válidas, para poder esclarecer el motivo de la confusión y llevar también un poco al absurdo lo que sería resultado de la proposición que aquí se ha hecho en todos los casos en que de una manera similar se pretendía se interpretara un artículo.

Efectivamente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 79, señala todo un catálogo de atribuciones de la Comisión Permanente, lo dice inclusive como agregado al 78: "La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta Constitución, tendrá las siguientes." y entre esas atribuciones menciona: "recibir durante el receso del Congreso, las iniciativas de ley y proposiciones dirigidas a las cámaras y turnarlas para dictamen." Nadie discute que no tengamos la atribución de turnar a las comisiones de las Cámaras lo que se nos haya pedido, pero eso no quiere decir que la atribución se constituye en un deber, responsabilidad u obligación de la Comisión Permanente para dar ese trámite. Llevar ese mismo razonamiento al absurdo sería pretender interpretar la fracción VII de ese mismo precepto cuando habla de que la Comisión Permanente tiene la atribución de ratificar los nombramientos que el Presidente de la República haga de agentes diplomáticos, empleados superiores de Hacienda, etcétera.

Llevarlo al absurdo de decir que sólo podemos ratificar, entonces ¿para qué estudiamos?, ¿para qué dictaminamos?, ¿para qué entrevistamos?, ¿para qué conocemos?, precisamente para estar en la posibilidad de resolver si la atribución que nos ha sido conferida la ejercemos o no y aquí es muy claro, no necesitamos ni siquiera ir a la UIC, válida interpretación que se ha hecho ya de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, el mismo tan invocado con acierto por la presidencia de esta Comisión Permanente, el mismo artículo 58 del reglamento nos indica a qué trámite debe sujetarse esta asamblea, esta Comisión Permanente para estimar si la petición del ejercicio de la atribución que le está conferida, la ejerce o no, porque en ninguna parte de la Constitución una atribución va a constituir necesariamente en la obligatoriedad del cumplimiento de una acción, de una responsabilidad. Y el artículo 58 por ello nos dice: "Las proposiciones que no sean iniciativas de ley, presentadas por uno o más individuos, etcétera, se sujetarán a los trámites siguientes:", ahí está ya indicada la forma en que para ejercer o no ejercer la atribución que nos compete como Comisión Permanente, podemos escuchar opinión en favor, opinión en contra y votar, o sea resolver.

Lo contrario sería hacer la tarea de esta Comisión Permanente tan indigna de su alta misión constitucional, como pudiera ser asimilarla a una mera oficialía de partes. El efecto de la caja de

resonancia que nuestros respetables compañeros de la oposición han deseado dar a nuestra comisión, se ha logrado y sobre ello hay una estrategia política válida que han venido utilizando en la Cámara de Diputados y ahora en la Comisión Permanente; pero pretender que nos constituyamos en una oficina de trámite y que le demos a ese concepto jurídico de atribución el sentido simplemente de cumplimiento de una obligación jurídica, es desconocer principios elementales de nuestro derecho. Muchas gracias.

El C. Presidente: - En virtud de que la proposición viene dirigida a la Comisión Permanente y no a ninguna de las cámaras, se ha aplicado el artículo 58 del Reglamento, por lo tanto la secretaría consulte a la asamblea si se admite o se desecha la proposición.

El C. secretario senador Alonso Aguirre Ramos: - Por instrucciones de la presidencia, se consulta a la asamblea si la proposición presentada se admite o no a discusión.

Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

(Votación.)

Los señores legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...

No es aceptada, señor presidente.

DEL ESTADO DE COLIMA

El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al señor diputado Pedro Etienne Llano

El C. diputado Pedro René Etienne Llano: -Señor presidente: compañeros legisladores: Voy a tratar de ser muy breve por solidaridad de Cámara.

Y efectivamente hemos presentado diversos asuntos ante esta Comisión Permanente, algunos de ellos los hemos presentado sólo para efecto de que sean turnados a comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, y lo hemos hecho por dos razones una, porque estamos convencidos de que tenemos esa facultad, de acuerdo con la Constitución y, otra, porque hemos valorado que son asuntos que tienen importancia política y es por eso que los traemos a este foro de la Comisión Permanente.

Y la importancia política obvia es relativa, para algunos hay asuntos que no tienen trascendencia, para otros de nosotros hay asuntos de gran trascendencia aun cuando se refieren a problemas concretos o específicos.

El caso por el que he solicitado hacer uso de la palabra, es uno de éstos, es una denuncia del ejido La Culebra, del municipio de Manzanillo, Colima, que ha visto cerradas todas las posibilidades legales para defender sus tierras, que ante el poder económico y político de los particulares que pretenden apropiarse de sus tierras, han tenido que recurrir a plantear este asunto ante el grupo de diputados que formamos la fracción del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.

Valorando el problema pensamos que tiene trascendencia política y por eso una proposición dirigida a las comisiones de justicia y de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, la presentamos ante esta Comisión Permanente, con base en el artículo 79, fracción III, de la Constitución general de la República.

Al ejido La Culebra, del municipio de Manzanillo, Colima, se le dotó desde 1962 de 120 hectáreas de terreno. Las han venido trabajando, cultivando y sembrando desde esa época árboles frutales. Sin embargo, el problema de este ejido surge a partir de que la empresa turística "Turbanasa", adquiere un predio colindante para un desarrollo turístico. Esta empresa, del licenciado Antonio Leaño Alvarez del Castillo, funcionario también de la Universidad Autónoma de Guadalajara, jefe político del grupo conocido como los Tecos, ha iniciado desde esa época acciones tendientes a apropiarse de estas tierras que son, que han sido propiedad del núcleo campesino.

Desde 1984, y ahí sí en forma subrepticia, se inicia un procedimiento de expropiación, ante el cual 28 de 29 ejidatarios presentan su inconformidad por escrito. Sin embargo, en 1986 se pública esta solicitud de expropiación, argumentando que las tierras no son laborables ni de buena calidad.

Es el caso que el 29 de noviembre de 1988, a unas cuantas horas de culminar el anterior sexenio, se pública en el Diario Oficial de la Federación un decreto expropiatorio de la totalidad de las tierras del ejido La Culebra. No ha sido ni considerada la inconformidad del ejido ni los derechos que ha hecho valer; empleados de la Secretaría de la Reforma Agraria coludidos con la empresa "Turbanasa", han establecido durante toda la instancia expropiatoria, que el ejido estaba abandonado y sin cultivar.

Y finalmente el poder económico y político del grupo comandado por Antonio Leaño, ha logrado consumar este despojo a los campesinos del Ajusco.

Los diputados del Frente Cardenista y las autoridades del ejido, tanto del presidente del

comisariado, como del consejo de vigilancia, consideramos que las comisiones de justicia y de Reforma Agraria, deben intervenir para investigar estos hechos y oportunamente promover ante las autoridades competentes la intervención que legalmente corresponda.

Hemos dirigido esta proposición a los presidentes de las comisiones de Justicia y de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, para ajustarnos estrictamente a lo dispuesto por el artículo 79 en su fracción III. Y quisiéramos que se reciba y se turne con los documentos y elementos que aquí se están presentando.

Aquí se ha dicho que la Comisión Permanente no es una simple oficialía de partes, bueno, nosotros diríamos: no es correcta esta afirmación. Pensamos que la Comisión Permanente no es sólo una oficialía de partes, pero sí tiene que actuar como tal en los dos casos que dispone el artículo 79 en su fracción III: Recibir iniciativas y turnarlas a las comisiones de la Cámara; recibir proposiciones que vayan dirigidas a las comisiones de la Cámara y turnarlas.

Aquí se ha utilizado el argumento de reducción al absurdo y creo que sería válido que nosotros lo utilizáramos. Yo platearía reduciendo al absurdo, si el 79 en su fracción III habla en forma imperativa de recibir y turnar iniciativas de ley. Vamos aquí a someter a votación si se acepta para turnar una iniciativa de ley, , es decir, vamos a extralimitarnos en nuestras facultades para coartar el derecho de presentar iniciativas en los términos que está en el 79, bueno, estoy reduciendo al absurdo. Sería absurdo someter a votación si una iniciativa se recibe y se turna a las comisiones en los términos que plantea el 79.

Igual de absurdo sería darle el mismo tratamiento a proposiciones que van dirigidas específicamente a comisiones ordinarias de la Cámara. Por estas razones, señor presidente, hago entrega de nuestra petición y los documentos que la acompañan, rogándole el turno en los términos del 79 fracción III de la Constitución general.

El C. Presidente: - Este documento viene dirigido a la Cámara de Diputados, a las comisiones correspondientes. Por lo tanto, la presidencia le da el turno solicitado en el mismo.

ORDEN DEL DÍA

El C. secretario senador Alonso Aguirre Ramos: - Señor presidente, se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión. "Cámara de Diputados. - Comisión Permanente.- Primer Receso. - LIV Legislatura.

Orden del día

22 de febrero de 1989.

Lectura del acta de la sesión anterior.

El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CDLXIV aniversario luctuoso del último emperador azteca Cuauhtémoc, tendrá lugar el 28 de febrero.

Oficios de la Secretaría de Gobernación.

Por el que se comunica que el ciudadano Presidente de la República nombró al ciudadano licenciado Enrique Loaeza Tovar, cónsul general de México, en San Francisco, California, Estados Unidos de América.

Por el que se comunica que el ciudadano Presidente de la República nombró al ciudadano licenciado Francisco Martín Moreno Biehl, cónsul general de México, en Barcelona, España,

Siete con los que se remiten las horas de servicios de los ciudadanos Samuel Moisés Jiménez Migueles, Alfonso Maldonado Velasco, Luis Hernán Solís Ancona. Rafael Enrique Ramos Padilla, José Emilio Rubí Bahena, Rogel Toledano Ceballos y Mario Alberto Solís Rodríguez, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dictámenes de primera lectura.

De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso del ciudadano Carlos Alberto de Icaza González, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de Ecuador.

De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso del ciudadano Bernardo Jorge Roberto Stril Kremper, para que pueda prestar servicios en la embajada de Canadá, en México.

De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso de la ciudadana María Margarita Elizondo Sánchez, para que pueda prestar servicios en el consulado de Estados Unidos de América, en Monterrey, Nuevo León.

De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso de la ciudadana Onésima Teresita Téllez

Rosete, para que pueda prestar servicios en la embajada de Checoslovaquia, en México.

Dictámenes a discusión

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo, relativo al nombramiento del ciudadano licenciado Alfredo Phillips Olmedo, embajador extraordinario y plenipotenciario de México, ante el gobierno de Canadá.

Seis de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a los ciudadanos Jaime Contreras Guerrero, Joel Martínez Montero, Enrique Espino Mucharraz, Manuel López Atristáin, Miguel Leyva García y Edgar Conde Perea.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Carlos Prieto de la Llana, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de España.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Alfredo de la Peña Gómez, para aceptar y usar la condecoración de Caballero de Dannebrog, en Primer Grado, que le confiere el gobierno de Dinamarca.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Roberto Sebastián Breña Sánchez, para prestar servicios en la embajada de Canadá, en México.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Guillermo Bañuelo Aguirre, para prestar servicios en la embajada de Jamaica, en México.

Y los demás asuntos con los que la secretaría dé cuenta."

El C. Presidente (a las 16.40 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo miércoles 22 de febrero a las 11 horas.

TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA

Y DIARIO DE LOS DEBATES