Legislatura LIV - Año I - Período Comisión Permanente - Fecha 19890823 - Número de Diario 34
(L54A1PcpN034F19890823.xml)Núm. Diario:34ENCABEZADO
LIV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Lic. Emilio M. González
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Lic. Benjamín Martínez Martínez
Año I México, D.F., miércoles 23 de agosto de 1989 No. 34
SUMARIO
Asistencia
La secretaría notifica que hay quórum.
APERTURA
Se abre la sesión
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión, se aprueba.
COMUNICACIONES
Del Congreso del Estado de Jalisco, relativa a la clausura del período extraordinario de sesiones. De enterado.
Del Congreso del Estado de Quintana Roo, relativa a la clausura del primer período extraordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional. De enterado.
OFICIO DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
Con el que se remite el informe trimestral de avance del Programa- Presupuesto, al día 30 de junio del año en curso. Se recibe. Se turna a las comisiones respectivas de las cámaras de Diputados y de Senadores.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
NOMBRAMIENTO
Para que el ciudadano Gustavo Maza Padilla, desempeñe el cargo de cónsul general de México, en San Juan, Puerto Rico. Se recibe. Se turna a la Tercera Comisión.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Para que los ciudadanos María Gabriela Solís Mier y Terán y María Eugenia Aguirre Muñoz, puedan prestar servicios en los consulados generales de Estados Unidos de América, en Mérida, Yucatán y Tijuana, Baja California, respectivamente. Se recibe. Se turna a la Primera Comisión.
Para que los ciudadanos Esperanza Angélica Ruíz Rivera y Felipe Higareda Ramírez, puedan prestar servicios en la embajada de la República Federativa de Brasil, en México. Se recibe. Se turna a la Primera Comisión.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
CONDECORACIÓN
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Ramón Aguirre Velázquez, para aceptar y usar la que le confiere el gobierno de Francia.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Federico Enrique Bonilla Hernández, para prestar sus servicios en la Delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas, en México.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
RATIFICACIÓN DE GRADOS
De la Tercera Comisión, para el ciudadano Tomás Ortega Bertrand. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
De la Tercera Comisión, para el ciudadano Gildardo Alarcón López. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
De la Tercera Comisión, para el ciudadano Fausto Estrada Carreón. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
De la Tercera Comisión, para el ciudadano José Ramón Lorenzo Franco. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
De la Tercera Comisión, para el ciudadano Mario Rodríguez Esperón. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
De la Tercera Comisión, para el ciudadano Félix Jaime Guadalupe Pérez y Elías. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
De la Tercera Comisión, para el ciudadano José Miguel Pawling Ferrer. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
De la Tercera Comisión, para el ciudadano José de Jesús Medrano Llamas. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
CONDECORACIÓN
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Horacio Labastida Muñoz, para aceptar y usar la que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.
NOMBRAMIENTO
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso el ciudadano Gilles Moinet Hamelin, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Francia, en Cancún, Quintana Roo.
Aprobados los proyectos de decreto. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
PROPUESTA DE LA PRIMERA COMISIÓN SOBRE EL PERÍODO EXTRAORDINARIO
La secretaría da lectura a la proposición. Sin discusión, se acepta. Se considera de urgente resolución.
La presidencia abre el registro de oradores.
El diputado Juan Antonio García Villa presenta una propuesta a la comisión sobre el artículo 2o. Hace uso de la palabra el senador Alfonso Martínez Domínguez, para comentar este punto, el cual por parte de la comisión se acuerda.
Se aprueba el proyecto de decreto en lo general y en lo particular. Pasa el Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
COMUNICACIONES
De los ciudadnos Carlos Enrique Grajales Salas, Miguel A. Quiroz Pérez y Marco Antonio Rojas Flores, para solicitar licencia por 30 días. Se presentan tres puntos de acuerdo para las mismas. Se aprueban.
DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y VIALIDAD EN EL DISTRITO FEDERAL
El diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala denuncia a inspectores de esta dependencia y presenta una proposición.
La presidencia abre el registro de oradores. Se desecha la propuesta.
DEL ESTADO DE MICHOACÁN
El diputado Ignacio Castillo Mena informa que el Partido de la Revolución Democrática ha interpuesto el recurso que la ley electoral del estado le otorga ante el tribunal de justicia del estado.
Interviene el diputado Dionisio E. Pérez Jácome, para hacer algunos comentarios sobre los hechos que se presentan en este estado.
DE LA QUIEBRA DE CANANEA
La senadora Ifigenia Martínez Hernández y el diputado Jesús Ortega Martínez, toman la palabra para presentar una denuncia sobre la situación de la Compañía Minera de Cananea.
Continúa el diputado Modesto Cárdenas García, para manifestar el punto de vista del Partido Popular Socialista sobre este asunto.
Intervine el diputado Manuel Cavazos Lerma, para hacer algunas aclaraciones al respecto.
El diputado Juan Antonio García Villa interviene para demandar una amplia investigación al respecto, solicitándola a nombre de su partido.
Nuevamente los diputados Jesús Ortega Martínez y Manuel Cavazos Lerma, para hacer aclaraciones sobre el debate.
El senador Nicolás Reynés Berezaluce interviene para orientar las dos propuestas presentadas, sobre la acusación que el Ministerio Público formule y de la investigación sobre la quiebra fraudulenta.
Interviene la senadora Ifigenia Martínez Hernández, para hacer una aclaración sobre el punto anterior.
Se desechan las propuestas presentadas.
El diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala interviene para manifestar a nombre de su partido, su inconformidad con esta decisión.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL CIUDADANO SENADOR EMILIO M. GONZALEZ
(Asistencia de veintisiete ciudadanos legisladores)
ASISTENCIA
El C. secretario diputado Juan Miguel Alcántara Soria: -Hay una asistencia de 27 legisladores. Hay quórum, señor presidente.
APERTURA
El C. Presidente (a las 11.40 horas): Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario diputado Juan Miguel Alcántara Soria: -Se va a dar lectura al orden del día de esta sesión.
«Comisión Permanente.- Primer Receso.- LIV Legislatura.
Orden del día
23 de agosto de 1989.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Jalisco y Quintana Roo.
Oficio del Departamento del Distrito Federal
Con el que se remite el informe trimestral del avance del Programa-Presupuesto del Departamento del Distrito Federal, al 30 de junio del año en curso.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que se comunica que el ciudadano Presidente de la República nombró al ciudadano Gustavo Maza Padilla, cónsul general de México, en San Juan, Puerto Rico.
Dos, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas María Gabriela Solís Mier y Terán y María Eugenia Aguirre Muñoz, puedan prestar servicios en los consulados generales de Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán y Tijuana, Baja California, respectivamente.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Esperanza Angélica Ruíz Rivera y Felipe Higareda Ramírez, puedan prestar servicios en la embajada de la República Federativa de Brasil, en México.
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Ramón Aguirre Velázquez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de Francia.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Federico Enrique Bonilla Hernández, para prestar servicios en la Delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas, en México.
Dictámenes a discusión
Ocho de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados a los ciudadanos Tomás Ortega Bertrand, Gildardo Alarcón López, Fausto Estrada Carreón, José Ramón Lorenzo Franco, Mario Rodríguez Esperón, Félix Jaime Guadalupe Pérez y Elías, José Miguel Pawling Ferrer y José de Jesús Medrano Llamas.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Horacio Labastida Muñoz, para aceptar y usar la condecoración Medalla de la Orden X Aniversario de la Revolución Sandinista, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Gilles Moinet Hamelin, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Francia, en Cancún, Quintana Roo.
Proposición suscrita por integrantes de la Primera Comisión de Trabajo.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El C. secretario senador Alonso Aguirre Ramos: -Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior. «Acta de la sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, correspondiente al primer receso de la Quincuagésima Cuarta Legislatura, celebrada el miércoles dieciséis de agosto de mil novecientos ochenta y nueve.
Presidencia del senador Emilio M. González
La secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior lo que, sin que se motive discusión alguna, en votación económica se aprueba en sus términos.
La propia secretaría da cuenta con una invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del centésimo cuadragésimo segundo aniversario de la batalla de Churubusco. Para asistir a dicho acto, en representación de la Comisión Permanente, la presidencia designa a los legisladores Alfonso Aguirre Ramos y Juan Antonio García Villa.
Se da cuenta con otra invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del septuagésimo quinto aniversario de la entrada triunfal del Ejército Constitucionalista a la ciudad de México. Para asistir a ese acto, en representación de la Comisión Permanente, el presidente, designa a los legisladores Laura Alicia Garza Galindo y Pedro Alberto Salazar Muciño.
La secretaría da lectura a una comunicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que informa que ha iniciado su segundo período de sesiones correspondiente al año en curso.
Se da cuenta con una comunicación del Estado Libre y Soberano de Durango, por la que la
Quincuagésima Séptima Legislatura informa que clausuró su segundo período ordinario de sesiones y eligió a los miembros de su Comisión Permanente. Se le otorga trámite de enterado.
Se da cuenta con una comunicación del Banco de México, con la que se da cumplimiento a lo dispuesto por el artículo décimo de la ley orgánica de ese banco, remitiendo el informe correspondiente al movimiento diario que durante el segundo trimestre de mil novecientos ochenta y nueve tuvieron el financiamiento interno del Banco de México y la Cuenta General de la Tesorería de la Federación. Se recibe y turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y a la de Hacienda de la Cámara de Senadores.
La secretaría da cuenta con una iniciativa del Ejecutivo, por la que se reforman los artículos noventa y siete del Código Penal para el Distrito Federal en material de Fuero Común y para toda la República en materia de Fuero Federal; el quinientos cincuenta y ocho y el quinientos sesenta del Código Federal de Procedimientos Penales; el seiscientos doce, seiscientos catorce, seiscientos quince y seiscientos dieciocho bis y deroga el seiscientos once del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. Se le concede turno a la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores.
Se da cuenta con una iniciativa del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos quinto, cuarenta y uno, cincuenta y tres, cincuenta y cuatro, cincuenta y seis, cincuenta y siete, cincuenta y ocho, sesenta, sesenta y tres, setenta y tres y setenta y siete y deroga los transitorios decimoséptimo, decimoctavo y decimonoveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se le concede turno a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Se da lectura a una iniciativa del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se le concede turno a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
La secretaría da lectura a una iniciativa del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, por la que se reforman los artículos cincuenta y seis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y veintinueve bis, veintinueve bis
"A", veintinueve bis "C", veintiocho, cincuenta y dos, noventa y nueve, ciento cuatro, ciento cincuenta y nueve, ciento sesenta y cinco, doscientos, doscientos veintiséis, doscientos veintiuno, trescientos treinta y seis y trescientos cuarenta del Código Federal Electoral. Se le concede turno a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Se da cuenta con varias iniciativas del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, por las que se reforman los artículos cincuenta, cincuenta y uno, cincuenta y dos, cincuenta y tres, cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco, sesenta, noventa y uno y ciento quince, y se derogan los artículos cincuenta y seis y cincuenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se les concede turno a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Otra iniciativa del mismo grupo parlamentario, por la que se adicionan y reforman diversos artículos del Código Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero Común y para toda la República en materia de Fuero Federal. Se le otorga turno a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
Se da lectura a siete iniciativas del Partido de la Revolución Democrática, por las que se reforman los artículos treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, cuarenta y uno, ciento diez, ciento once y ciento veintitrés, y se derogan el segundo párrafo del artículo cincuenta y seis, el artículo sesenta, la fracción primera del setenta y cuatro y el tercer párrafo del noventa y siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A todos se les tramita a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Se da cuenta con otra iniciativa del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos cincuenta y dos, cincuenta y tres, cincuenta y cuatro, cincuenta y seis, cincuenta y siete, sesenta y cinco, sesenta y seis y sesenta y nueve y se adiciona un artículo vigésimo transitorio a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se concede turno a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados
. Se da lectura a otra iniciativa del mismo partido, por la que se adiciona el artículo ochenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se le concede turno a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
La secretaría continúa con el orden del día y da lectura a un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se transcribe otro de la de Relaciones Exteriores, en el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Ramón Aguirre Velázquez, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de Francia. Se turna a la Primera Comisión.
Se da cuenta con otro oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se transcribe otro de la de Relaciones Exteriores, en el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Federico Enrique Bonilla Hernández, pueda prestar sus servicios en la Delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas, en México. Se le concede turno a la Primera Comisión.
Se da lectura a un oficio del Oficial Mayor de la honorable Cámara de Diputados, con el que envía otro de los secretarios de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, con los que remiten el informe sobre la situación económica y las finanzas públicas, correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal de mil novecientos ochenta y nueve. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y a la Hacienda de la Cámara de Senadores
. Se da cuenta con un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que remite el informe de la deuda pública correspondiente al segundo trimestre del presente año. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y a la de Hacienda de la Cámara de Senadores.
La secretaría da lectura a un dictamen de la Primera y Tercera comisiones, relativo a la solicitud de permiso del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para ausentarse del territorio nacional, a fin de celebrar una entrevista con el Presidente de Guatemala, en ese país. El presidente considera este asunto de urgente resolución y la asamblea, en votación económica, le dispensa la segunda lectura. No habiendo quien haga uso de la palabra, por instrucciones de la presidencia, la secretaría toma la votación nominal respectiva y el dictamen se aprueba por veintiséis votos, pasando al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Se da lectura a un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Horacio Labastida Muñoz, pueda aceptar y usar la condecoración Medalla Décimo Aniversario de la Revolución Sandinista, que le confiere el Gobierno de la República de Nicaragua. Queda de primera lectura.
La secretaría da cuenta con otro dictamen de la primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Gilles Moinet Hamelin, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Francia, en Cancún, Quintana Roo. Queda de primera lectura.
Se da cuenta con un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Jesús Díaz Loera, Oscar Javier Gómez Monreal y Alejandro Hernández Soberanes, puedan prestar sus servicios en la embajada de Estados Unidos de América, en México. Queda de primera lectura.
Se da lectura a un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Claude Heller Rouassant, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México , ante el gobierno de la Confederación Helvética. Se pone a discusión y no habiendo quien haga uso de la palabra, por instrucciones de la presidencia se toma la votación económica respectiva y la asamblea lo aprueba.
El presidente informa que se encuentra en el recinto el ciudadano Claude Heller Rouassant y designa, para introducirlo en el salón y acompañarlo en el acto de rendir su protesta de ley, a los legisladores Jesús Rodríguez y Rodríguez, María Elena Chapa Hernández y Modesto Cárdenas García, quienes, después de cumplido el acto protocolario, acompañan al embajador hasta las puertas del salón. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
La secretaría da lectura a ocho dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican los grados militares a los ciudadanos José Manuel Sánchez Pérez, Julio Hernández Padilla, José Figueroa Cortés, Prócoro Godoy Pereira, Alfredo Hermilo Herrera Muñoz, Alfonso Hernández Alderete, Pedro Rodolfo Escobar Mota y Pedro Flores Palma. No habiendo quien haga uso de la palabra, se aprueban en sendas votaciones económicas y pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Se concede el uso de la palabra al diputado Modesto Cárdenas García, del Partido Popular Socialista, quien propone se invite al Secretario de Comunicaciones y Transportes, para que informe a la Comisión Permanente sobre la venta de
la Compañía Mexicana de Aviación y los planes de reprivatización de Teléfonos de México.
Pide la palabra en contra de la proposición, la senadora Dulce María Sauri Riancho, del Partido Revolucionario Institucional y en pro el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. El presidente pide a la secretaría que tome la votación respectiva y la asamblea desecha la proposición.
Para referirse a lo ocurrido en Morelia, Michoacán, en relación con los procesos electorales de ese estado, hace uso de la palabra la senadora Ifigenia Martínez Hernández.
Se concede el uso de la palabra al diputado Ignacio Castillo Mena, del Partido de la Revolución Democrática, quien propone que la Comisión Permanente recomiende a las autoridades federales que no se atienda la solicitud del gobernador de Michoacán, en el sentido de enviar auxilios para coadyuvar a controlar la situación en la capital de ese estado.
Para referirse al mismo asunto, hacen uso de la palabra los legisladores Dionisio Pérez Jácome, del Partido Revolucionario Institucional, en contra de la proposición; Jesús Martínez Ortega, del Partido de la Revolución Democrática, en pro de la proposición.
El presidente informa que habiéndose cumplido el procesamiento que establece el artículo cincuenta y ocho del Reglamento, pide que la secretaría tome la votación respectiva y la asamblea, en votación económica, la desecha.
Vuelve a la tribuna el diputado Modesto Cárdenas García, del Partido Popular Socialista, quien propone que la Comisión Permanente integre una comisión pluripartidista que recabe información sobre los hechos ocurridos en el estado de Michoacán.
Hacen uso de la palabra, en contra, la senadora Laura Alicia Garza Galindo, del Partido Revolucionario Institucional; en pro, el diputado Pedro Etienne Llano; para hechos, el diputado Gerardo Medina Valdez, del Partido Acción Nacional y también para hechos los legisladores Oscar Mauro Ramírez Ayala, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y la diputada María Elena Chapa Hernández, del Partido Revolucionario Institucional.
Por instrucciones de la presidencia, se somete a votación la propuesta del diputado Modesto Cárdenas García y la asamblea la desecha en votación económica. La versión íntegra de las intervenciones aquí consignadas obran en el Diario de los Debates.
Agotados los asuntos en cartera, la secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el presidente clausura la de hoy a las catorce horas con cincuenta y ocho minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo miércoles veintitrés de agosto a las once horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor presidente.
COMUNICACIONES
El C. secretario diputado Juan Miguel Alcántara Soria:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Jalisco.- Poder Legislativo.- Secretaría del Congreso.
Ciudadano presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
De conformidad a lo dispuesto por el artículo 84 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo de la entidad, comunicamos a usted(es) que con esta fecha se clausuraron las actividades legislativas correspondientes al primer período extraordinario de sesiones a que convocó el ejecutivo del estado.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara, Jalisco, 21 de julio de 1989.- Diputados secretarios: Rubén Vázquez y José Guadalupe Zuno Cuéllar.»
Trámite: -De enterado.
El mismo C. secretario:
«Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.- Ciudad Chetumal, Quintana Roo, México.
Ciudadano presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F.
La V Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por este medio se
permite comunicar que en sesión celebrada el día 25 de julio de 1989, clausuró su primer período extraordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional.
Sin otro particular, me es grato reiterarle las seguridades de consideración distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ciudad Chetumal, Quintana Roo, a 2 de agosto de 1989.-El diputado secretario, Pablo Esparza Filigrana.»
Trámite: -De enterado.
OFICIO DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
El C. secretario diputado Juan Miguel Alcántara Soria:
«Jefatura del Departamento del distrito Federal.- México, D.F., 14 de agosto de 1989.
Ciudadano presidente de la Comisión permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 33 del decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para 1989, me permito remitir a usted el informe trimestral de avance del Programa Presupuesto del Departamento del Distrito Federal, al 30 de junio del año en curso.
El informe contempla los apartados sobre resultados generales, ingresos, egresos, deuda pública y sus respectivos cuadros analíticos.
Asimismo, con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 9o. de la Ley General de Deuda Pública, se incluye un capítulo que contiene el estado de la deuda, así como los movimientos de la misma.
Reitero a usted mi disposición de aclarar o ampliar cualquier aspecto que sobre el particular tenga a bien solicitarnos, y hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El jefe del Departamento, licenciado Manuel Camacho Solís.» Trámite: -Recibo y túrnese a las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal de la honorable Cámara de Diputados, y a las comisiones de Hacienda y del Distrito Federal de la honorable Cámara de Senadores.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
NOMBRAMIENTO
El C. secretario senador Alonso Aguirre Ramos:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió al suscrito con fecha 4 del actual, manifestando lo siguiente:
"En uso de las facultades que le concede el artículo 89, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ciudadano Presidente de la República ha tenido a bien nombrar al ciudadano Gustavo Maza Padilla, cónsul general de México en San Juan, Puerto Rico. En consecuencia, he de agradecer a usted se sirva solicitar en los términos de la fracción VII del artículo 79 constitucional, la ratificación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión para este nombramiento. Con este fin, le en vio adjuntos los datos biográficos del interesado."
Al comunicar a ustedes lo anterior, les acompaño con el presente los anexos que en el mismo se citan, reiterándoles en esta oportunidad mi consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 14 de agosto de 1989.- El secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: -Recibo y túrnese a la Tercera Comisión.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El C. secretario senador Alonso Aguirre Ramos:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el 17 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación, manifestando lo siguiente:
"Mucho agradeceré a usted tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona cuyo nombre se proporciona a continuación, pueda prestar sus servicios en el consulado general de Estados Unidos de América. La nacionalidad mexicana de dicha persona, se ve acreditada por la fotocopia de su respectiva acta de nacimiento, que se remite anexa al presente oficio.
Nombre, puesto y lugar de trabajo: María Gabriela Solís Mier y Terán, secretaria operadora de telex, consulado de Mérida, Yucatán".
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles además con el presente el anexo que el mismo se cita.
Reitero a ustedes las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 21 de julio de 1989.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: -Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
El mismo C. Secretario:
«Escudo nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión .- presentes.
En oficio fechado el 25 de julio último, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Mucho agradeceré a usted tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona cuyo nombre se proporciona a continuación, pueda prestar sus servicios en el consulado general de Estados Unidos de América. La nacionalidad mexicana de dicha persona, se ve acreditada por la fotocopia de su respectiva acta de nacimiento, que se remite anexa al presente oficio.
Nombre, puesto y lugar de trabajo: María Eugenia Aguirre Muñoz, asistente general de oficina, consulado general de Tijuana, Baja California."
Al transcribir a ustedes lo anterior, les envío con el presente el anexo que en el mismo se menciona, para los fines legales procedentes, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 8 de agosto de 1989.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.>
Trámite: -Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
El mismo C. secretario:
«Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación con fecha 1o. del actual, enviándoles además con el presente los anexos que en el mismo se citan:
"Mucho agradeceré a usted tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se mencionan a continuación, puedan prestar sus servicios en la embajada de la República Federativa de Brasil.
Nombre y puesto: Esperanza Angélica Ruíz Rivera, auxiliar de contabilidad, y Felipe Higareda Ramírez, asistente técnico del sector comercial.
Los interesados han presentado copias certificadas de las actas de nacimiento que comprueban su
nacionalidad mexicana, mismas que remito anexas para los efectos pertinentes."
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 8 de agosto de 1989.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: -Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
CONDECORACIÓN
El C. secretario diputado Juan Miguel Alcántara Soria:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: La primera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano contador público Ramón Aguirre Velázquez, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la legión de Honor, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de Francia. La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado, y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano contador público Ramón Aguirre Velázquez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de Francia.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 18 de agosto de 1989.- Senador Alfonso Martínez Domínguez, senador Julio Patiño Rodríguez, diputado Abel Carlos Vicencio Tovar, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Modesto Cárdenas García, senador Ernesto de Jesús Luque Feregrino, diputado Artemio Iglesias Miramontes, diputado Eleazar Ruíz Cerda, senador Enrique Burgos García y diputado Pedro Alberto Salazar Muciño.»
Trámite: -Primera lectura.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El C. secretario diputado Juan Miguel Alcántara Soria:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 27 de julio de 1989, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el Permiso constitucional necesario para que el ciudadano Federico Enrique Bonilla Hernández, pueda prestar servicios como empleado administrativo, en la Delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas, en México.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 16 de agosto se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a)Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b)Que los servicios que el interesado prestará en la Delegación de la comisión de las Comunidades Europeas en México, serán como empleado a administrativo, y
c)Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Federico Enrique Bonilla Hernández, para prestar servicios como empleado administrativo en la Delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas, en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 18 de agosto de 1989.- Senador Alfonso Martínez Domínguez, senador Julio Patiño Rodríguez, diputado Abel Carlos Vicencio Tovar, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Modesto Cárdenas García, senador Ernesto de Jesús Luque Feregrino, diputado Artemio Iglesias Miramontes, diputado Eleazar Ruíz Cerda, senador Enrique Burgos García y diputado Pedro Alberto Salazar Muciño.»
Trámite: -Primera lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
RATIFICACIÓN DE GRADOS
El C. secretario senador Alonso Aguirre Ramos:
«Tercera Comisión.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del ciudadano Tomás Ortega Bertrand, que el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que sea ratificado, en su caso, el grado de almirante del cuerpo general, diplomado de estado mayor naval, que el propio Ejecutivo le otorga.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó como cadete en la heroica Escuela Naval Militar, el primero de enero de mil novecientos cuarenta y cinco, ascendiendo a guardiamarina del cuerpo general al término satisfactorio de sus estudios en el plantel citado, el primero de enero de mil novecientos cincuenta;
b) Ascendió a los demás grados de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes en las fechas de sus ascensos;
c) Ha prestado servicios a la armada durante cuarenta y cuatro años y catorce días, y
d) Le fue conferida la condecoración de Tercera Clase Excepcional, por haber cumplido el tiempo de servicios fijado para el efecto.
La proposición que el Ejecutivo Federal hace, a juicio de la Comisión Dictaminadora debe ser ratificada, porque el ciudadano Tomás Ortega Bertrand, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de almirante del cuerpo general, diplomado de estado mayor naval, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Tomás Ortega Bertrand.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, 14 de junio de 1989.- La comisión: Senador Jesús Rodríguez y Rodríguez, diputado Manuel Cavazos Lerma, diputado Gerardo Medina Valdez, senadora Dulce María Sauri Riancho, diputado Pedro René Etienne Llano, diputado Dionisio E. Pérez Jácome, diputado Ignacio Castillo Mena, senadora Laura Alicia Garza Galindo, senador Mario Alfonso Niebla Alvarez, senador Netzahualcóyotl de la Vega García y diputada María Elena Chapa Hernández.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
El mismo C. Secretario:
«Tercera Comisión.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del ciudadano Gildardo Alarcón López, que el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que, en su caso, sea ratificado el grado de almirante del cuerpo general diplomado de estado mayor naval, que el propio Ejecutivo le otorga.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó a la Armada de México como cadete en la heroica Escuela Naval Militar, el primero de septiembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, ascendiendo a guardiamarina del cuerpo general al término satisfactorio de sus estudios reglamentarios en el plantel citado, el primero de enero de mil novecientos cincuenta; y a teniente de corbeta, por haber sustentado con aprobación su examen profesional, el primero de julio de mil novecientos cincuenta y uno;
b) A los demás grados ascendió por escalafón, y cuando ostentaba el de capitán de navío adquirió el carácter de diplomado de estado mayor naval, el veinte de noviembre de mil novecientos setenta y uno;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Ha prestado servicios a la Armada durante cuarenta y cuatro años, cuatro meses y catorce días, y
e) Se le confirió la condecoración de Perseverancia de Tercera Clase, por haber cumplido el tiempo de servicios fijado para el efecto.
La proposición que el Ejecutivo Federal hace, a juicio de la Comisión Dictaminadora debe ser ratificada, porque el ciudadano Gildardo Alarcón López, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de almirante del cuerpo general diplomado de estado mayor naval, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Gildardo Alarcón López.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 14 de junio de 1989.- La comisión: Senador Jesús Rodríguez y Rodríguez, diputado Manuel Cavazos Lerma, diputado Gerardo Medina Valdez, senadora Dulce María Sauri Riancho, diputado Pedro René Etienne Llano, diputado Dionisio E. Pérez Jácome, diputado Ignacio Castillo Mena, senadora Laura Alicia Garza Galindo, senador Mario Alfonso Niebla Alvarez, senador Netzahualcóyotl de la Vega García y diputada María Elena Chapa Hernández.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
El C. secretario diputado Juan Miguel Alcántara Soria:
«Tercera Comisión.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del ciudadano Fausto Estrada Carreón, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que, en su caso, sea ratificado el grado de contraalmirante del Cuerpo de Ingenieros Mecánicos Navales, que el propio Ejecutivo le otorga.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al servicio activo de la Armada de México como cadete en la heroica Escuela Naval Militar, el primero de enero de mil novecientos cincuenta y seis, ascendiendo a guardiamarina al término satisfactorio de sus estudios en el plantel citado, el primero de enero de mil novecientos sesenta y uno;
b) A los demás grados ascendió por escalafón y de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Ha prestado servicios a la Armada durante treinta y dos años y once meses, y
d) Le fue conferida la condecoración de Perseverancia de Tercera Clase, por haber cumplido el tiempo de servicios fijado para el efecto.
La proposición que el Ejecutivo Federal hace, a juicio de la Comisión Dictaminadora debe ser rectificada, porque el ciudadano Fausto Estrada Carreón, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de contraalmirante del Cuerpo de Ingenieros Mecánicos Navales, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Fausto Estrada Carreón.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 14 de junio de 1989.- La comisión: Senador Jesús Rodríguez y Rodríguez, diputado Manuel Cavazos Lerma, diputado Gerardo Medina Valdez, senadora Dulce María Sauri Riancho, diputado Pedro René Etienne Llano, diputado Dionisio E. Pérez Jácome, diputado Ignacio Castillo Mena, senadora Laura Alicia Garza Galindo, senador Mario Alfonso Niebla Alvarez, senador Netzahualcóyotl de la Vega García y diputada María Elena Chapa Hernández.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
El mismo C. Secretario:
«Tercera Comisión.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del ciudadano José Ramón Lorenzo Franco, que el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que sea ratificado el grado de vicealmirante del cuerpo general, diplomado de estado mayor naval, que el propio Ejecutivo le otorga.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó como cadete en la heroica Escuela Naval Militar, el diez de enero de mil novecientos cincuenta y dos, ascendiendo a guardiamarina del cuerpo general al término satisfactorio de sus estudios en el plantel citado, el primero de enero de mil novecientos cincuenta y siete;
b) Ascendió a los demás grados de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes, en las fechas de sus ascensos;
c) Ha prestado servicios a la Armada durante treinta y siete años y cinco días, y
d) Le fue conferida la condecoración de Perseverancia de Primera Clase, por haber cumplido el tiempo de servicios fijado para el efecto.
La proposición que el Ejecutivo Federal hace, a juicio de la Comisión Dictaminadora debe ser ratificada, porque el ciudadano José Ramón Lorenzo Franco, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de vicealmirante del cuerpo general, diplomado de estado mayor naval, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano José Ramón Lorenzo Franco.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 14 de junio de 1989. - La comisión: Senador Jesús Rodríguez y Rodríguez, diputado Manuel Cavazos Lerma, diputado Gerardo Medina Valdez, senadora Dulce María Sauri Riancho, diputado Pedro René Etienne Llano, diputado Dionisio E. Pérez Jácome, diputado Ignacio Castillo Mena, senadora Laura Alicia Garza Galindo, senador Mario Alfonso Niebla Alvarez senador Netzahualcóyotl de la Vega García y diputada María Elena Chapa Hernández."
Está a discusión el punto de acuerdo...No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
El mismo C. Secretario:
"Tercera Comisión.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hojas de servicios del ciudadano Mario Rodríguez Esperón, que el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que, en su caso, sea ratificado el grado de vicealmirante del cuerpo general diplomado de estado mayor naval, que el propio Ejecutivo le otorga.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó a la Armada de México como cadete en la heroica Escuela Naval Militar, el primero de enero de mil novecientos cuarenta y siete, ascendiendo a guardiamarina del Cuerpo General Permanente de la Armada de México, al termino satisfactorio de sus estudios reglamentarios en el plantel citado, el primero de enero de mil novecientos cincuenta y tres, y a teniente de corbeta, por haber sustentado con aprobación el examen profesional, el primero de marzo de mil novecientos cincuenta y cinco;
b) A los demás grados ascendió por escalafón, y cuando ostentaba el de capitán de navío del cuerpo general, adquirió el carácter de diplomado de estado mayor naval, el veinte de noviembre de mil novecientos setenta y cinco;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con los reglamentos y las leyes vigentes, en la fecha de sus ascensos;
d) Ha prestado servicios a la Armada durante cuarenta y un años y catorce días, y
e) Se le confirió la condecoración de Perseverancia de Primera Clase, por haber cumplido el tiempo de servicios fijado para el efecto.
La proposición que el Ejecutivo Federal hace, a juicio de la Comisión Dictaminadora debe ser ratificada, porque el ciudadano Mario Rodríguez Esperón, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de vicealmirante del cuerpo general, diplomado de estado mayor naval, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Mario Rodríguez Esperón.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 14 de junio de 1989.- La comisión: Senador Jesús Rodríguez y Rodríguez, diputado Manuel Cavazos Lerma, diputado Gerardo Medina Valdez, senadora Dulce María Sauri Riancho, diputado Pedro René Etienne Llano, diputado Dionisio E. Pérez Jácome, diputado Ignacio Castillo Mena, senadora Laura Alicia Garza Galindo, senador Mario Alfonso Niebla Alvarez, senador Netzahualcóyotl de la Vega García y diputada María Elena Chapa Hernández.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
El mismo C. Secretario:
«Tercera Comisión.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del ciudadano Félix Jaime Guadalupe Pérez y Elías, que el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que sea ratificado, en su caso, el grado de vicealmirante del cuerpo general, diplomado de estado mayor naval, que el propio Ejecutivo le otorga.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó como cadete en la heroica Escuela Naval Militar, el primero de febrero de mil novecientos cuarenta y nueve, ascendiendo a guardiamarina del cuerpo general al término satisfactorio de sus estudios en el plantel citado, el primero de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro;
b) Ascendió a los demás grados de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes, en las fechas de sus ascensos;
c) Ha prestado servicios a la Armada durante treinta y nueve años, once meses y catorce días, y
d) Le fue conferida la condecoración de Perseverancia de Primera Clase, por haber cumplido el tiempo de servicios fijado para el efecto.
La proposición que el Ejecutivo Federal hace, a juicio de la Comisión dictaminada debe ser ratificada, porque el ciudadano Félix Jaime Guadalupe Pérez y Elías, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de vicealmirante del cuerpo general, diplomado de estado mayor naval, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Félix Jaime Guadalupe Pérez y Elías.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 14 de junio de 1989.- La comisión: Senador Jesús Rodríguez y Rodríguez, diputado Manuel Cavazos Lerma, diputado Gerardo Medina Valdez, senadora Dulce María Sauri Riancho, diputado Pedro René Etienne Llano, diputado Dionisio E. Pérez Jácome, diputado Ignacio Castillo Mena, senadora Laura Alicia Garza Galindo, senador Mario Alfonso Niebla Alvarez, senador Netzahualcóyotl de la Vega García y diputada María Elena Chapa Hernández.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
El C. secretario senador Alonso Aguirre Ramos:
«Tercera Comisión.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del ciudadano ingeniero naval José Miguel Pawling Ferrer, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, a fin de que, en su caso, sea ratificado el grado de capitán de navío del Servicio de Ingenieros, que el propio Ejecutivo le otorga.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al servicio activo de la Armada de México como cadete en la heroica Escuela Naval Militar, el quince de enero de mil novecientos sesenta y dos, ascendiendo a guardiamarina del cuerpo general al término satisfactorio de sus estudios en el plantel citado, el primero de agosto de mil novecientos sesenta y siete;
b) A los demás grados ascendió por escalafón y de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Ha prestado servicios a la Armada durante veintisiete años, y
d) Le fue conferida la condecoración de Perseverancia de Tercera Clase, por haber cumplido el tiempo de servicios fijado para el efecto.
La proposición que el Ejecutivo Federal hace, a juicio de la Comisión Dictaminadora debe ser ratificada, porque el ciudadano ingeniero José Miguel Pawling Ferrer, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de capitán de navío del Servicio de Ingenieros, que el Ejecutivo de la Unión expidió en Favor del ciudadano ingeniero naval José Miguel Pawling Ferrer.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 14 de junio de 1989.- La comisión: Senador Jesús Rodríguez y Rodríguez, diputado Manuel Cavazos Lerma, diputado Gerardo Medina Valdez, senadora Dulce María Sauri Riancho, diputado Pedro René Etienne Llano, diputado Dionisio E. Pérez Jácome, diputado Ignacio Castillo Mena, senadora Laura Alicia Garza Galindo, senador Mario Alfonso Niebla Alvarez, senador Netzahualcóyotl de la Vega García y diputada María Elena Chapa Hernández.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
El mismo C. Secretario:
«Tercera Comisión.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del ciudadano José de Jesús Medrano Llamas, que el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que, en su caso, sea ratificado el grado de capitán de navío del cuerpo general, que el propio Ejecutivo le otorga.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al servicio activo de la Armada de México como cadete en la heroica Escuela Naval Militar, el quince de enero de mil novecientos sesenta y dos ascendiendo a guardiamarina del Cuerpo General Personal Permanente al término satisfactorio de sus estudios reglamentarios en el plantel citado, el primero de agosto de mil novecientos sesenta y ocho, y a teniente de corbeta, por haber sustentado con aprobación su examen profesional, el primero de agosto de mil novecientos sesenta y nueve;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes, en la fecha de sus ascensos;
c) Ha prestado servicios a la Armada durante veintisiete años, y
d) Se le confirió la condecoración de Perseverancia de Tercera Clase, por haber cumplido el tiempo de servicios fijado para el efecto.
La proposición que el Ejecutivo Federal hace, a juicio de la Comisión Dictaminadora debe ser ratificada, porque el ciudadano José de Jesús Medrano Llamas, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de capitán de navío del cuerpo general, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano José de Jesús Medrano Llamas.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 14 de junio de 1989.- La comisión: Senador Jesús Rodríguez y Rodríguez, diputado Manuel Cavazos Lerma, diputado Gerardo Medina Valdez, senadora Dulce María Sauri Riancho, diputado Pedro René Etienne Llano, diputado Dionisio E. Pérez Jácome, diputado Ignacio Castillo Mena, senadora Laura Alicia Garza Galindo, senador Mario Alfonso Niebla Alvarez, senador Netzahualcóyotl de la Vega García y diputada María Elena Chapa Hernández.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
CONDECORACIÓN
El C. secretario senador Alonso Aguirre Ramos:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: La primera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano Horacio Labastida Muñoz, para aceptar y usar la condecoración Medalla de la Orden X Aniversario de la Revolución Sandinista, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado, y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Horacio Labastida Muñoz, para aceptar y usar la condecoración Medalla de la Orden X Aniversario de la Revolución Sandinista, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 11 de agosto de 1989.- Senador Alfonso Martínez Domínguez, senador Julio Patiño Rodríguez, diputado Abel Carlos Vicencio Tovar, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Modesto Cárdenas García, senador Ernesto de Jesús Luque Feregrino, diputado Artemio Iglesias Miramontes, diputado Eleazar Ruíz Cerda, senador Enrique Burgo García y diputado Pedro Alberto Salazar Muciño.»
Trámite: - Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
NOMBRAMIENTO
El C. secretario senador Alonso Aguirre Ramos:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 5 de julio de 1989, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Gilles Moinet Hamelin, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Francia en Cancún, Quintana Roo.
En sesión efectuada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 9 de agosto se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la declaratoria por naturalización número 000364;
b) Que los servicios que el propio solicitante prestará al gobierno de Francia, serán de carácter estrictamente consular, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Gilles Moinet Hamelin, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Francia en Cancún, Quintana Roo.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 11 de agosto de 1989.- Senador Alfonso Martínez Domínguez, senador Julio Patiño Rodríguez, diputado Abel Carlos Vicencio Tovar, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Modesto Cárdenas García, senador Ernesto de Jesús Luque Feregrino, diputado Artemio Iglesias Miramontes, diputado Eleazar Ruíz Cerda, Senador Enrique Burgos García y diputado Pedro Alberto Salazar Muciño.»
Trámite: - Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal de éste y el anteriormente reservado.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. (Votación.)
Se emitieron 27 votos en pro y uno en contra.
El C. Presidente: - Aprobados los proyectos de decreto por 27 votos. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
PROPUESTA DE LA PRIMERA COMISIÓN SOBRE EL PERÍODO EXTRAORDINARIO
El C. secretario senador Alonso Aguirre Ramos:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: Con fecha 28 de junio próximo pasado, esta asamblea aprobó la convocatoria a un período de sesiones extraordinarias del honorable Congreso de la Unión, a partir del día 28 del mes en curso, con objeto de considerar iniciativas de modificación constitucional en materia electoral; en su momento, iniciativas de ley o reformas a la legislación federal en materia electoral y de iniciativas de reformas en materia de indulto que se sometiera a la consideración del Poder Legislativo Federal el Presidente de la República. Asimismo, se estableció que la Cámara de Diputados recibiera las protestas constitucionales de dos ciudadanos diputados suplentes que serían llamados al ejercicio de su encargo y que la Cámara de Senadores desahogara los procedimientos para el otorgamiento de la "Medalla Belisario Domínguez", correspondientes a 1989.
Tocó a la Primera Comisión que suscribe, formular el dictamen correspondiente a la solicitud efectuada por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, hicimos algunas consideraciones con las cámaras integrantes del Poder Legislativo Federal, para efectos de coordinar los detalles de la expedición de la convocatoria referida.
Con motivo de esa coordinación y en virtud del lamentable siniestro de mayo último que afectó al salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados del Palacio Legislativo de San Lázaro, se detectaron elementos para la consideración futura de dos cuestiones de carácter práctico:
a) El recinto de la Cámara de Diputados para la celebración del período de sesiones extraordinarias y de los sucesivos periodos de sesiones ordinarias, mientras se repara el Palacio Legislativo de San Lázaro, y
b) El recinto del honorable Congreso de la Unión en que deberá celebrarse la apertura del primer período de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LIV Legislatura, para los efectos del artículo 69 constitucional.
Ante el siniestro acaecido en la Cámara de Diputados, se ha privado a ese honorable cuerpo colegiado del que hasta ahora era su salón de sesiones, y que desde 1981 había sido utilizado para la apertura del período de sesiones ordinarias del honorable Congreso de la Unión.
En virtud de dicho siniestro, es que nos permitimos proponer a esta honorable asamblea la ampliación de la convocatoria aprobada para la celebración del período de sesiones extraordinarias que iniciará el día 28 del mes en curso, a efecto de facultar a la Cámara de Diputados para elevar a la categoría de recinto las instalaciones que habrá de
ocupar mientras repara el Palacio Legislativo de San Lázaro, así como para facultar el Congreso de la Unión para que en su momento, de considerarlo necesario, determine el recinto donde habrá de celebrarse la apertura del período ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de su LIV Legislatura.
Por otro lado, dada la importancia que todos los partidos políticos adscribimos al próximo período de sesiones extraordinarias y considerando que la institución de la suplencia en los cargos de elección popular del Poder Legislativo, evidencia la voluntad del Constituyente, de procurar la existencia de representación de todo distrito o circunscripción electoral, estimamos conveniente reflexionar sobre la importancia de no limitar a los dos casos conocidos hoy, las protestas de los diputados suplentes que deban ser llamados al ejercicio de su encargo por la honorable Cámara de Diputados.
En ese sentido, proponemos la adición de un artículo 3o.- bis a la convocatoria en cuestión, para establecer la posibilidad jurídica de que la honorable Cámara de Diputados pueda recibir todas las protestas de diputados suplentes que se hagan necesarias.
En virtud de lo expuesto y solicitándose se le dé trámite con base en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Comisión Permanente el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se adiciona un artículo 3o.- bis, al decreto de convocatoria a un período de sesiones extraordinarias del honorable Congreso de la Unión publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de julio de 1989, para quedar como sigue:
Artículo 3o.- bis. Asimismo, la Cámara de Diputados conocerá de las protestas constitucionales de los demás diputados suplentes que sean llamados al ejercicio de su encargo.
Artículo segundo. Se adicionan los artículos 7o. y 8o. al decreto de convocatoria referido, para quedar como sigue:
Artículo 7o. La Cámara de Diputados conocerá de la propuesta para declarar recinto oficial, por el tiempo que resulte necesario, la unidad cultural y de congreso "Doctor Ignacio Morones Prieto" del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en avenida Cuauhtémoc número 330, de México, Distrito Federal.
Artículo 8o. El Congreso de la Unión podrá conocer y, en su caso, determinar el recinto oficial en el que se celebrará la apertura del primer período de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LIV Legislatura, para los efectos del artículo 69 constitucional.
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de audiencias "Presidente Sebastián Lerdo de Tejada" del Senado de la República.- México, Distrito Federal, a 22 de agosto de 1989.- Primera Comisión: Senador Alfonso Martínez Domínguez, senador Julio Patiño Rodríguez, diputado Abel Carlos Vicencio Tovar, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado modesto Cárdenas García, senador Ernesto de Jesús Luque Feregrino, diputado Artemio Iglesias Miramontes, diputado Eleazar Ruíz Cerda, senador Enrique Burgos García y diputado Pedro Alberto Salazar Muciño.»
El C. Presidente : - Consulte la secretaría a la asamblea, si se admite o no a discusión la proposición.
El C. secretario senador Alonso Aguirre Ramos: - En votación económica, se pregunta si se admite a discusión la proposición.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie.
(Votación.)
Los que estén porque se deseche la proposición sírvanse ponerse de pie... Aceptada, señor presidente.
El C. Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea, si considera la proposición de urgente resolución.
El C. secretario senador Alonso Aguirre Ramos: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos legisladores que están por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Señor presidente, se considera de urgente resolución.
El C. Presidente: - En consecuencia, está a discusión el proyecto de decreto en lo general. Se abre el registro de oradores.
El C. diputado Juan Antonio García Villa (desde su curul): - Señor presidente: Nada más para hacer una propuesta a la comisión respecto al artículo segundo, aunque entiendo que es en lo general: si no admite que deje abierta la posibilidad y que también convocara a senadores suplentes cuando durante el período extraordinario falte algún propietario en forma definitiva.
El C. Presidente: - La comisión tiene la palabra.
El C. senador Alfonso Martínez Domínguez: - No consideramos conveniente esa propuesta que también surgió en el seno de la comisión, porque no tenemos noticia de que algún senador vaya a hacerlo; si consideramos que si tenemos noticias de que van a pedir licencia, pues así lo haremos.
El C. Presidente: - ¿Está la comisión de acuerdo en que se haga ese agregado al punto relativo?
El C. senador Alfonso Martínez Domínguez: - Sí estamos de acuerdo.
El C. Presidente: - Muchas gracias.
Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular... En virtud de que no se ha reservado ningún artículo para discutirlo en lo particular, proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.
El C. secretario senador Alonso Aguirre Ramos: - Se va a proceder a la votación nominal en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.
(Votación.)
Se emitieron 30 votos en pro.
El C. Presidente: - Aprobado el proyecto de decreto por 30 votos.
El C. secretario senador Alonso Aguirre Ramos: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
COMUNICACIONES
El C. Presidente: - Se acaban de recibir comunicaciones de los ciudadanos diputados Carlos Enrique Grajales Salas, Miguel A. Quiroz Pérez y Marco Antonio Rojas Flores. Proceda la secretaría a dar cuenta con ellas.
El C. secretario senador Alonso Aguirre Ramos:
«Diputado licenciado Guillermo Jiménez Morales, presidente de la Gran Comisión de la honorable Cámara de Diputados.- Presente.
Distinguido señor Diputado y fino amigo: Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 79 de la Constitución General de la República, en relación con lo establecido por los artículos 48 y 49 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a fin de atender importantes actividades que nuestro partido me ha encomendado, previas al proceso electoral de noviembre próximo, para renovar 217 ayuntamientos y 22 diputados locales, por este conducto me permito solicitar licencia por 30 días sin goce de sueldo al cargo de diputado con el que represento al II Distrito Electoral Federal de Puebla ante el honorable Congreso de la Unión.
Rogándole a usted se sirva ordenar el trámite correspondiente y obtener el acuerdo favorable, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Heroica Puebla de Zaragoza, a 21 de agosto de 1989.- Diputado federal, licenciado Carlos Enrique Grajales Salas, II Distrito de Puebla.»
El mismo C. Secretario:
«Ciudadano diputado licenciado Guillermo Jiménez Morales, presidente de la Gran Comisión de la honorable Cámara de Diputados.- Presente.
En término de los artículo 47 y 49 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, por este conducto, respetuosamente presento a usted solicitud de licencia por 30 días, a partir del 24 de agosto del año en curso, fecha de apertura del primer período extraordinario de sesiones dentro del primer año de ejercicio legal de la LIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados.
Lo anterior, con la doble finalidad de atender funciones políticas partidistas inherentes a la
responsabilidad que me ha sido encomendada en el estado de Puebla, y de no incurrir en las hipótesis previstas en los numerales 45 y 50 del ordenamiento legal antes citado.
Envió a usted la seguridad de mi elevada y distinguida consideración.
Atentamente.
Diputado licenciado Miguel Quiroz Pérez.»
El Mismo C. Secretario:
«Diputado licenciado Guillermo Jiménez Morales, presidente de la Gran Comisión de la honorable Cámara de Diputados.- Presente.
Distinguido señor diputado y fino amigo: Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 79 de la Constitución General de la República, en relación con lo establecido por los artículos 48 y 49 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a fin de atender importantes actividades que nuestro partido me ha encomendado, previas al proceso electoral de noviembre próximo para renovar 217 ayuntamientos y 22 diputaciones locales, por este conducto me permito solicitar licencia por 30 días sin goce de sueldo al cargo de diputado con el que represento al XII Distrito Electoral Federal de Puebla ante el honorable Congreso de la Unión.
Rogándole a usted se sirva ordenar el trámite correspondiente y obtener el acuerdo favorable, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Heroica Puebla de Zaragoza, a 21 de agosto de 1989.- Diputado federal, licenciado Marco Antonio Rojas Flores, XII Distrito de Puebla.»
El C. Presidente: - De conformidad con lo que establece la fracción VIII del artículo 79 constitucional, se ruega a la secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
El C. secretario senador Alonso Aguirre Ramos: - Están a discusión los siguientes
«PUNTOS DE ACUERDO
Primero. Se concede licencia por 30 días al ciudadano diputado Carlos Enrique Grajales Salas, para separarse de sus funciones como diputado federal por el II Distrito del estado de Puebla, a partir de esta fecha.
Segundo. Se concede licencia por 30 días al ciudadano diputado Miguel A. Quiroz Pérez, para separarse de sus funciones como diputado federal por el XI Distrito del estado de Puebla, a partir del 24 de agosto de 1989.
Tercero. Se concede licencia por 30 días al ciudadano diputado Marco Antonio Rojas Flores, para separarse de sus funciones como diputado federal por el XII Distrito del estado de Puebla, a partir de esta fecha.»
Están a discusión los puntos de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aprobados. Comuníquese.
DE LA SECRETARIA DE PROTECCIÓN Y VIALIDAD EN EL DISTRITO FEDERAL
El C. Presidente: - Se pregunta a la asamblea si algún legislador desea hacer uso de la palabra.
El C. diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala (desde su curul): - Yo, señor presidente.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala.
El C. diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala: - Señor presidente; compañeras y compañeros legisladores: El pasado 13 de agosto, en México se cumplen 468 años de que se implanta la corrupción, la imposición y el soborno en nuestro país; hace 468 años que aquí en este país, con la llegada de Hernán Cortés, se implanta la corrupción y la imposición en nuestro país.
Efectivamente en ese entonces Hernán Cortés constituye la Villa Rica de la Veracruz para el efecto de legitimar su presencia como comandante, como general capitán del ejército que él venía dirigiendo, ya hace 468 años. Y esta realidad es lamentable porque a unos días de haber celebrado la Batalla de Tlatelolco, a unos días de haber celebrado ahí en la Plaza de las Tres Culturas, la batalla de los aztecas contra los españoles, vemos cómo en otra plaza pública, en el Zócalo de la ciudad de México, hay dos ciudadanos, antes habían cuatro, que están luchando en contra de la corrupción en este país.
Esos dos ciudadanos son dos policías que de manera ejemplar, con absoluto valor civil, se están enfrentando a este gran monstruo de la corrupción que desde hace más de 400 años padece nuestro país; esos dos policías han tenido el valor de denunciar ante este país y ante este pueblo del Distrito Federal, lo que acontece en la policía capitalina; esos dos policías han tenido el valor civil de no ceder ante las promesas y ante la corrupción del gobierno del Distrito Federal.
El señor José Ángel Pérez López es un hombre que merece el reconocimiento de todos los capitalinos, este ciudadano se ha enfrentado a una realidad, se ha enfrentado a la gran corrupción que impera en la Secretaría de Protección y Vialidad y, ¿por qué razón este hombre ha hecho frente a esta gran mafia, a este gran enemigo social? El nos ha relatado y ha relatado a la opinión pública qué es lo que acontece en la Secretaría de Protección y Vialidad.
Ellos denuncian a los inspectores Juan Antonio Bernal, Cayetano Ángel Zenteno Ordóñez, Ezequiel Heredia Alférez y Bernardino Lara Vázquez, de ser quienes en uno de los sectores de la policía capitalina, se dedican no a servir al pueblo, no a orientar a sus subordinados a servir al pueblo, sino se dedican a sobornar a sus subordinados para que sus subordinadores extorsionen a la ciudadanía, a los capitalinos en esta triste realidad.
Ese ciudadano que con todo valor civil se está enfrentando a una gran mafia, ha señalado que desde hace un año se les cobran a ellos por el uso de patrullas, entre 25 y 50 mil pesos por turno; también ha denunciado que a los elementos de la policía y tránsito se les cobran de 25 a 50 mil pesos por no cumplir arrestos que a estos se les señalan. También señala que cuando se les recogen las armas y los chalecos después de terminar una jornada de trabajo, se les exigen a estos servidores públicos, de 1 mil a 2 mil pesos por turno.
De igual forma ha señalado y señala públicamente con todo el valor civil, que las reparaciones de patrullas en esta ciudad son cobradas a los miembros de la policía, y también que el monto quincenal que se les exige a los patrulleros en esta ciudad va de 2 mil a 10 mil pesos, y cuando estos servidores públicos atienden servicios especiales en bancos, se les exige una cuota de 30 mil pesos por servicio.
También a ellos, sin que exista ninguna responsabilidad por parte de la Secretaría de Protección y Vialidad, se les exige hacer compras de juguetes para la estancia infantil de la Secretaría de Protección y Vialidad. A ellos también, cuando están cumpliendo su servicio como ciudadanos responsables, se les exige que compren las refacciones que requieren las patrullas y las motocicletas, desde un tornillo hasta el ajuste de estos equipos.
Ahí también, dentro de esa corrupción que está denunciando este ciudadano, se establece que en la Secretaría de Protección de Vialidad existen muchos ciudadanos que están cobrando sin prestar su servicios a la comunidad, pues en las patrullas en donde normalmente deben tripular tres elementos, envía dos a trabajar uno de ellos, que no trabaja, cobra y compensa al jefe que el asigna esta responsabilidad sin cumplirla.
También este ciudadano ha señalado que los extremos de la corrupción que ya no soportaron él y algunos de sus compañeros, fue porque los comandantes, para no desplazarlos de un sector a otro, les exigían la cantidad de 500 mil pesos a cada elemento; esa es la razón por la cual ellos ya imposibilitados de satisfacer esta voracidad de los jefes y oficiales de la Secretaría de Protección y Vialidad, decidieron enfrentarse a esta corrupción, decidieron denunciar que el Presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, no les ha contestado, violando el derecho de petición que ellos formularon hace unos días al señor Presidente de la República, mediante el cual se solicitaba su intervención ante todo el cúmulo de corrupción que impera en la Secretaría de Protección y Vialidad.
Hasta la fecha, en lugar de recibir respuesta del Presidente de la República, del Regente de la ciudad o del Secretario de Protección y Vialidad a estas denuncias, han recibido amenazas de muerte y han recibido la destitución por parte del superintendente general de la Secretaría de Protección y Vialidad, Santiago Tapia Aceves, este prepotente individuo ha llegado al extremo de amenazar no sólo a los policías con destituirlos de su cargo, sino ha llegado al extremo de decirles que se les van a recoger las casas que durante años han estado pagando con el salario de estos servidores públicos.
Si estos son los jefes policiacos que tenemos en esta ciudad al más alto nivel, ¿cómo podemos exigir a los policías de crucero que sean honestos y que sirvan a la comunidad? la realidad es que la corrupción en este organismo del gobierno federal es inexplicable, es incontrolable y definitivamente creo que aquí el licenciado Carlos Salinas de Gortari no está cumpliendo uno de sus compromisos con el pueblo del Distrito Federal.
En las reuniones que se llevaron a cabo en el Distrito Federal, el pueblo capitalino exigía seguridad por parte de la policía capitalina, exigía
respeto para la ciudadanía, exigía en verdadero servicio de los servidores públicos al servicio de la ciudad como son los policías y, ¿qué es lo que hemos encontrado a cambio de eso? Mayor corrupción, mayores vicios, mayor imposición y una férrea disciplina para que no trascienda de los cuerpos policiacos toda la gran corrupción que impera en este sector del servicio público.
Por ello, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Popular Socialista y diputados conscientes y responsables de que éste es un grave cáncer que debe ser combatido a todos los niveles, hemos decidido presentar una proposición a la mayoría priísta, para saber si ustedes avalan este tipo de corrupción, para saber si ustedes se convierten en un cómplice más de esta realidad que impera en este país, por que quienes no participan en contra de la corrupción son cómplices de ella misma, y por ello el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana acudió a conocer estas denuncias de estos ciudadanos, que ya llevan muchas horas ahí en el Zócalo capitalino demandando sanear los cuerpos de seguridad pública en esta capital.
Acudimos con ellos más que nada porque nos preocuparon las denuncias publicadas en su contra, más que nada, porque sabemos cómo se integran los expedientes para inventar delincuentes en este país; a uno de ellos se le intenta instaurar un proceso penal, argumentándole soborno o argumentándole otro tipo de delito, a fin de que desista de su acción de denuncia. Pero el problema, el problema y el valor civil de ese hombre, no ha permitido que esas amenazas lo dobleguen y sigue ahí, sigue ahí sentado en el Zócalo capitalino tratando de hacer que responda este monstruo de ciudad ante esas denuncias, tratando de hacer reaccionar a todos los capitalinos de que todavía hay mexicanos conscientes y responsables de cumplir su deber y su servicio en favor de la comunidad.
Pero no nos extraña, no nos extraña que cientos o miles de mexicanos quedemos pasivos y veamos nada más lo que acontece y no participemos dentro de esa realidad, porque desafortunadamente nosotros los mexicanos somos muy afectos a ver que las cosas pasen, y a ver que las cosas se compongan por inercia, no por acción propia. No hemos sido capaces de responder con valor civil y con valor cívico a muchas amenazas que han cernido, que han vivido en contra de nuestra soberanía, en contra de nuestra libertad y en contra de nuestros derechos.
Y para darles un ejemplo, compañeros legisladores y ciudadanos que se encuentran aquí, tan solo quiero recordarles, ¿cuántos franceses llegaron a invadirnos a México?, ¿eran cientos de miles? no, eran 800 ó 1 mil franceses que llegaron a invadirnos, llegaron hasta aquí, hasta Puebla y en su tránsito se encontraron a cientos de miles mexicanos y esos cientos de miles de mexicanos tan solo se quedaron viendo el tránsito de estos invasores, hasta que luego se enfrentaron a un grupo de patriotas aquí en Puebla, pero los mexicanos, viendo, exclusivamente viendo cómo se lucha, viendo cómo se invade, viendo cómo se socava la soberanía nacional.
Y si quieren otro ejemplo compañeros legisladores, senadora Dulce María Sauri Riancho, quiero recordarle a aquellos norteamericanos que vinieron a invadirnos y que llegaron al Castillo de Chapultepec y los únicos que le hicieron frente a esos invasores fueron los Niños Héroes de Chapultepec, ¿no había hombres aquí en este país que lucharan en contra de esa invasión?, ¿qué México se va a quedar siempre viendo todos estos abusos en contra de nuestra soberanía y en contra de la dignidad de los mexicanos?
Es increíble que veamos ahí a esos servidores públicos y no seamos solidarios con ellos para combatir los grandes males que aquejan a nuestra nación; por ello, hemos solicitado el apoyo de los compañeros legisladores de oposición, para presentar ante esta soberanía nacional una proposición, ya que los miembros de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, no obstante los días y las horas que tienen estos ciudadanos ahí en protesta y en huelga de hambre, se han dignado visitarlos; ellos que son los responsables del Distrito Federal, se han mantenido al margen de estas denuncias, ¿por qué? Porque tal vez la corrupción llega a todos los niveles y basta señalarles a ustedes que hemos recibido información de que a dos elementos que estaban ahí en huelga de hambre ya fueron suficientemente gratificados para que se retiraran de la huelga de hambre.
Al parecer, por la información que recibimos el día de hoy, a esos dos elementos que ya forman parte de la gran corrupción de este país se les gratificó con 25 millones de pesos para que no siguieran adelante en sus denuncias; al policía que está ahí en permanente denuncia de estos hechos se le han ofrecido 50 millones de pesos por parte de altos funcionarios del gobierno capitalino, y ese ciudadano no ha cedido; él quiere la renuncia del director, del superintendente, que es la causa de la gran corrupción en la Secretaría de Protección y Vialidad, él quiere que renuncien todos aquellos comandantes que si ustedes van a visitar sus casas, son mansiones como las que tenía Durazo Moreno; él quiere que se aclaren los
enriquecimientos inexplicables de los comandantes de la policía de la ciudad de México, él quiere que realmente entremos en la etapa de modernización de este país, pero la gran mayoría de los mexicanos seguimos serios y sordos ante estas demandas; por ello, porque tenemos conciencia de responsabilidad, porque queremos no ser cómplices de la corrupción, porque queremos transitar con la frente en alto ante todos los mexicanos, los compañeros de estos partidos de oposición hemos decidido presentar ante esta soberanía nacional la siguiente proposición.
"De conformidad en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos formular la siguiente
PROPOSICIÓN
Ante el valor civil que los ciudadanos José Ángel Pérez López y Miguel Ángel Monroy Camacho, tuvieron para denunciar los graves actos de corrupción que invaden no sólo a la Secretaría de Protección y Vialidad, sino a todo el gobierno capitalino, y que han llegado al extremo del cinismo, al tratar de sobornar a estos ciudadanos con 50 millones de pesos para que desistan de denunciar la corrupción que el ciudadano Francisco Tapia Aceves, ha institucionalizado en la Secretaría de Protección y Vialidad en perjuicio de la moral y el derecho, bajo tales circunstancias solicitamos a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas y del Distrito Federal de la honorable Cámara de Diputados, que de inmediato y conforme a su competencia, se aboquen a conocer los hechos de corrupción que denuncian los miembros de la policía capitalina, mismos que actualmente se encuentran en huelga de hambre en el Zócalo de esta ciudad de México.
Atentamente.
Diputados: Oscar Mauro Ramírez Ayala, por la Fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Ignacio Castillo Mena, por el Partido de la Revolución Democrática; Modesto Cárdenas García, por el Partido Popular Socialista; Gerardo Medina Valdez, por el Partido Acción Nacional y Pedro René Etienne Llano, por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional."
Dejo la proposición para que ustedes lo decidan, señores legisladores priístas. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Se abre el registro de oradores... No habiendo, consulte la secretaría a la asamblea si se admite o no a discusión la propuesta presentada.
El C. secretario senador Alonso Aguirre Ramos: - Por instrucciones de la presidencia, se somete a votación la propuesta presentada por el diputado Ramírez Ayala y firmada por otros señores legisladores.
Los legisladores que estén porque se admita, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.
(Votación).
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Desechada, señor presidente.
DEL ESTADO DE MICHOACÁN
El C. Presidente: - Se concede la palabra al diputado Ignacio Castillo Mena.
El C. diputado Ignacio Castillo Mena: - Gracias, señor presidente; compañeros legisladores: Quiero hablar nuevamente del caso de Michoacán, para informar a la Comisión Permanente, que el Partido de la Revolución Democrática ha interpuesto el recurso que la ley electoral del estado le otorga, ante el Tribunal Superior de Justicia del propio estado de Michoacán.
Esto lo hacemos con base en la declaratoria del Colegio Electoral, en el sentido de que no se reconocieron los triunfos que nuestro partido obtuvo en el estado de Michoacán.
Junto con el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, hemos interpuesto ese recurso y esperamos que el tribunal sin acatar consignas de ninguna naturaleza, tribunal integrado, me imagino, por juzgadores dignos, emita un fallo que corrija el mal juicio del Colegio Electoral en los veredictos que emitió los días viernes y sábado de la semana pasada.
El Colegio Electoral se convirtió en cómplice de las autoridades locales electorales, de los comités distritales electorales, de la Comisión Local Electoral y al servicio total del gobernador del estado y del Partido Revolucionario Institucional gobierno nacional.
El pueblo de Michoacán ha manifestado su inconformidad ante la decisión del Colegio Electoral; el pueblo de Michoacán ha tomado las alcaldías de más de 60 poblaciones del estado. Y queremos reiterar: es el pueblo de Michoacán el que ha tomado las alcaldías como respuesta a los fallos
injustos del Colegio Electoral. No está dispuesto, el pueblo de Michoacán, a permitir que se violen sus derechos y no tener respuesta alguna ante lo vil de la autoridad; ante el fallo injusto; ante la calificación indebida.
El pueblo de Michoacán está resistiendo, pero llegará un momento en que el pueblo, nos lo tememos, sea víctima de un operativo militar. He ahí el alerta que queremos hacer los miembros del Partido de la Revolución Democrática: se está preparando un operativo militar para desalojar al pueblo de Michoacán que ha tomado las alcaldías. Y queremos decirle desde aquí, con todo respeto, al ejército mexicano, que lo exhortamos para que cumpla con la función que le encomienda el artículo 129 de la Constitución y no se preste a maniobras políticas, de políticos menores o mayores de la ciudad de México, para desalojar al pueblo y provocar así sangre y violencia.
Hay preocupación en el pueblo de Michoacán, hay intranquilidad, hay malestar. A pesar de que el gobierno pague inserciones en los medios de comunicación diciendo que hay calma; queremos denunciar aquí que si algo ocurre, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, hacemos responsable al gobierno de la Federación y al gobierno del estado; hay halcones revueltos en la población, hay del grupo de los zorros, hay militares disfrazados de civiles, hay gente que está provocando y que no han tenido respuesta de parte del pueblo, el que se ha posesionado de las alcaldías como respuesta a la injusticia en el proceso electoral, a la violación de los derechos ciudadanos y a la expresión de la legalidad de los michoacanos en los pasados del día 2 de julio anterior.
Esperamos del Tribunal Superior, no vamos a hacer nada, vamos a esperar tranquilamente, esperemos el fallo del tribunal superior apegado a derecho, apegado a la Constitución. Confiamos en que subsista un cuerpo digno en Michoacán, el del Tribunal Superior, que se trate de integrantes que por su limpieza ocupen esos cargos y que resuelvan, apegados a derecho, que los resultados del Colegio Electoral, que los fallos emitidos la semana pasada, no proceden y que consideren que deben anularse las elecciones en los distritos que procede y anular el triunfo de los candidatos priístas que el Colegio Electoral indebidamente otorgó.
El pueblo de Michoacán está viviendo de rumores. El pueblo de Michoacán está viviendo de rumores de todas las índoles, se habla inclusive de la disparatada idea de la petición de desafuero de los senadores de la República, pero se habla con más insistencia entre los michoacanos justos, entre los michoacanos indignados, de la justa renuncia del gobernador del estado, por que ha dejado de gobernar. No se presenta en palacio de gobierno, no se le localiza en Morelia ni en el resto del estado; Michoacán está al garete y debe renunciar el señor Genovevo Figueroa, porque no está cumpliendo con las funciones de la Constitución, cuyo juramento prestó.
Repito, se está viviendo un clima de agitación un clima difícil. Michoacán no está en calma, los perredistas queremos repetir ante la opinión pública, que es falso lo que el gobierno dice, que nos trata ahora de distraer con el próximo período extraordinario de sesiones, en el que presenta una iniciativa de reforma política que representa una auténtica contrareforma, una reforma regresiva y negativa para los mexicanos nugatoria de los derechos políticos. Repito, quiere el gobierno federal, distraer la atención de la opinión pública.
Yo quiero repetir a ustedes que en Michoacán se vive un clima de agitación y que los perredistas seguimos pendientes de la solución que se le dé al caso de Michoacán y actuar en consecuencia. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Dionisio Pérez Jácome.
El C. diputado Dionisio E. Pérez Jácome: - Con su venia, señor presidente; señoras y señores integrantes de la Comisión Permanente: Excepcionalmente breve, a mi muy respetable compañero, diputado Castillo Mena.
En efecto, puede estarse viviendo en Michoacán, en alguna medida, un clima de agitación al que usted hace referencia. Yo creo que es contradictoria una actitud que ahora manifiesta y de la cual expreso mi beneplácito, de esperar una decisión de un órgano calificado constitucionalmente y legalmente para hacerlo, la decisión de un proceso electoral; que es contradictoria esa primera posición que usted presenta, con la afirmación que hace y que atribuye al pueblo de Michoacán, en el sentido de tomar las alcaldías por su supuesta voluntad popular.
Yo creo que la agitación, si se presenta, si se está presentando, es atribuible a actos que se cometen, curiosamente al margen de una ley en que, por otra parte, si se cobijan para esperar, ustedes como nosotros, una decisión de la última instancia electoral del estado. Con todo respeto, señor diputado, le exhorto a usted y por conducto de usted a su partido, a meditar en esa abierta oposición entre lo que se dice y lo que se hace.
El pueblo de Michoacán, creo que merece un destino pacífico, un destino apegado o
escrupulosamente atenido a las disposiciones de su régimen interno y en ningún lugar he advertido que exista una disposición que autorice a un particular, a un candidato o a un partido político a, por medio de la fuerza, apoderarse de una casa pública como es el ayuntamiento de todas las poblaciones de Michoacán y del país.
Pero, por otro lado, y esto es el meollo de mi intervención, señor presidente, me congratulo que bajo ese nuevo esquema de apego a la ley, su partido y el mío esperen la decisión de quienes están autorizados para tomarla. Muchas gracias.
DE LA QUIEBRA DE CANANEA
El C. Presidente: -Tiene la palabra, para otro asunto, la senadora Ifigenia Martínez Hernández.
La C. senadora Ifigenia Martínez Hernández: -Con su venia, señor presidente; compañeros legisladores: He venido a esta tribuna para referirme a la quiebra y cierre de Cananea y a tratar de demostrar que no se trata de un problema financiero, como pretende la empresa, sino que es de un problema político.
Es un problema político que está tratando de ajustarse a la tónica del gobierno, del gobierno actual, heredero de la administración pasada, de liquidar y exterminar poco a poco una serie de empresas con el cuento de que es un Estado obeso; para poder fundamentar esta afirmación, creo que debemos de tratar de meditar y reflexionar sobre cuál es el papel de la empresa paraestatal en la economía mixta.
En el régimen de economía mixta que adoptó la Constitución de 1917 no puede haber limitaciones a la participación del Estado en la propiedad de actividades económicas; más bien, en nuestra Constitución los límites se enmarcan para la propiedad privada, recordemos que la propiedad de tierras, aguas y del subsuelo, es originaria de la nación y ésta es la que la concesiona a los particulares.
La Constitución establece aquellas áreas que no pueden transferirse a la propiedad privada por ser de responsabilidad exclusiva del Estado, pero la lista de éstas que ahora tras la reforma contrarevolucionaria de 1982 son estratégicas, no es de ninguna manera exhaustiva ni excluyente para el Estado, lo es para la propiedad privada.
El Estado puede participar en cualquier actividad, si así lo considera conveniente, como representante que es del interés común y del interés nacional; precisamente la clasificación incluso de áreas estratégicas y de áreas prioritarias no es para limitar la acción estatal, es para impulsar la actividad privada y la actividad social en aquellas que el Plan Nacional de Desarrollo debería de clasificar como prioritarias y que , por cierto, todavía no lo hace.
Se darán por lo tanto una serie de alientos a la propiedad privada, durante años hubo constitucionalistas muy respetados que no quisieron hacer un capítulo económico a la Constitución ni tampoco tratar de limitar las áreas del Estado o tratar de señalar qué es lo que era estratégico y qué es lo que era prioritario, porque pensaron y sospecharon que esto iba a servir para limitar la acción del Estado, como lo es lo que ha pasado con la contrarrevolución que se apoderó del gobierno en 1982 y que viene dando paso en retroceso y que interpreta la Constitución para limitar la actividad del Estado.
En este caso, lo que se trata es encajonar la propiedad estatal, encajonarla y quedar en libertad para desmantelar y liquidar a numerosas empresas estatales, tal es el caso, utilizando numerosas argucias, tal es el caso de Cananea.
Los objetivos de la empresa paraestatal en cuál es la doctrina de las finanzas públicas, de la cual, como he dicho en repetidas ocasiones, nuestro país fue pionero en el proceso de desarrollo, tienen que ser en primer lugar, cuando se quiere tener una expansión sostenida y acelerada de la capacidad productiva de una rama sin interferencia de las leyes del mercado, que en muchas ocasiones provocan fluctuaciones y el ciclo económico que interrumpe el proceso de capitalización.
Esto se trata fundamentalmente de industrias básicas, de industrias básicas como la siderúrgica, como la maquinaria pesada, como productoras de equipo de transporte, etcétera, que las necesidades del país y de la economía reclaman una expansión sostenida.
Este criterio, en México ha sido aplicado con toda claridad a los energéticos y así la Comisión Federal de Electricidad, que ha recibido cuantiosísimos subsidios y que de acuerdo con el criterio de declarar en quiebra las empresas paraestatales, debió de haberse declarado en quiebra varias veces, porque las tarifas, como sabemos, ni siquiera cubren sus gastos de operación.
Cuando era diputada y presidenta de la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública y analizamos con detalle las cuentas de estas empresas, nos dimos cuenta que, efectivamente, no podrían cubrir sus gastos de operación y ¿cuál era el renglón
más oneroso? ¡ No era sueldos y salarios! El renglón más oneroso eran los costos financieros, son los intereses elevadísimos que se cobran los que quiebran a las empresas públicas y a muchas otras empresas.
Por eso es que no se puede juzgar una empresa en quiebra nada más, sobre todo y especialmente si es una gran empresa, si no se juzgan también el manejo de las variables macroeconómicas como la tasa de interés, como la política de precios, como el nivel de inflación que afecta los balances de las compañías particulares, de las compañías privadas.
Otro concepto muy importante además de esto, lo podríamos llamar la política de acumulación o la política de expansión, es la política de precios: en muchas ocasiones los precios no se pueden cobrar a lo que soporta el mercado porque éste es un concepto de la economía privada, sino que muchas veces se tiene que cobrar o que fijar de acuerdo con otros criterios, como el que durante mucho tiempo privó, de proporcionar insumos baratos para impulsar la industrialización del país; también puede ser para cambiar los patrones de nutrición o mejorar los niveles de nutrición, en el caso de los alimentos básicos, o para impulsar la producción de alimentos básicos. Estas decisiones sobre política de precios son planeadas y no obedecen a las leyes del mercado.
Otro objetivo fundamental de una empresa paraestatal o de una empresa pública, es que la disposición del excedente económico puede también obedecer a criterios de interés general, pero además no es eso todo, también se ha señalado que otra necesidad de que el Estado cuente con un sector de economía pública fuerte dentro de un esquema de economía mixta, es que es el Estado el único que puede tener un poder de negociación suficiente para enfrentarse a la gran empresa corporativa extranjera o transnacional para asociarse con ella, en caso de que así convenga al interés nacional, o de plano para enfrentársele como aquellos países que han decidido tener su producción nacional de automóviles, un campo dominado por las transnacionales
También se mencionó y se ha mencionado en el caso de México, el que las empresas paraestatal y estatal aseguran como ninguna otra la propiedad mexicana de la planta productiva; ya hemos visto que cuando la empresa privada en muchas ocasiones es propietaria de industrias básicas, como lo fue en nuestro país la industria alimentaria las venden a empresas transnacionales y desnacionalizan una parte importante de la planta productiva, o bien, como ha sucedido en el caso de las compañías mineras, también las dan a prestanombres
No puede alegarse ni aceptarse como base, el traspaso de propiedad de las empresas públicas, la situación deficitaria, la entrega de subsidio o la mala administración de una empresa del sector paraestatal; de ninguna manera cabe tampoco justificar, ni significa dar carta blanca al nepotismo, el derroche, la ineptitud o la irresponsabilidad con las que, efectivamente, muchas de estas empresas se han operado y que generalmente se localizan no entre los trabajadores, sino en los órganos de dirección de las empresas.
Es como los bancos, que manejan dinero ajeno; las paraestatales manejan recursos de la nación y como tal deben quedar sujetas a la vigilancia, orientación rectora y exigencias de responsabilidades por parte del Estado y cuando me refiero al Estado, me refiero a los tres poderes: al Ejecutivo, al Legislativo y también, en su caso, a la interferencia o a la intervención del Poder Judicial.
Ya se ha venido haciendo un patrón para liquidar estas empresas, que se les ponen pésimos directores parientes de altos funcionarios, que desconocen totalmente la rama de la producción, que manejan con autoritarismo y nepotismo la empresa a su disposición y después, sobre la mala dirección las privan de capital de trabajo, esto fue lo que nosotros vivimos en el Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fonafe), donde mediante negándoles capital de trabajo ahorcaban a las empresas y después alegan que están mal manejadas, como una manera de poderlas liquidar o para justificar.
Creo que aquí, cuando una empresa paraestatal está mal manejada, deben y de inmediato intervenir las autoridades o quien corresponda, para asegurar su manejo eficiente y la manera de atacar estos problemas es reestructurando las empresas, corriendo a los parientes, poniendo al personal adecuado al frente de ellas y no liquidándolas.
Este es el caso de Cananea. Cananea explota un recurso propiedad de la nación. el cobre es una materia prima estratégica; por el tamaño de la empresa, puede ser un eficaz instrumento de la dirección rectora del Estado; no pueden aceptarse, por ningún motivo, todos los juicios que están dando aquí las cúpulas empresarias que corresponden a un corporativismo empresarial tan perjudicial como el obrero, cuando el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales hace afirmaciones de este tamaño.
En Cananea pasa lo que debiera suceder en los sectores público y privado: empresa que no sea competitiva internacionalmente, que cierre. ¿ Desde cuándo acá tenemos nosotros que ser
competitivos internacionalmente? ¿Que los trabajadores ganan, los ingresos aquí son internacionales? ¿Qué toda nuestra producción va a ser juzgada conforme a los cánones internacionales? ¿Cómo nos comparamos nosotros internacionalmente como un país depauperizado, como un país de bajísimos ingresos, con carencias ancestrales que no hemos podido superar? Este señor no tiene ni idea de los que es el proceso de desarrollo, no tiene ni idea de los que son los argumentos proteccionistas de la industria; Estados Unidos no sería lo que es si hubiera tenido gente que decida de la calaña de la que aquí tenemos.
De manera es que aquí, lo que ahorita conviene aclarar es que sepamos realmente lo que se pregunta toda la opinión pública: ¿qué pasa en Cananea? Un estudio de la secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, indica que el único problema de la compañía, es la actitud laboral negativa; la misma declaración hizo el director de esta empresa ayer en la televisión, es más, según el estudio, la empresa es rentable y constituye un buen negocio para el gobierno, la empresa, de acuerdo con los datos, ha tenido reducción en sus costos, ha disminuido sus pasivos, ha aumentado sus activos y su capital, está operando al 100% de su capacidad instalada; tiene ventas comprometidas hasta junio de 1990, está en marcha un programa de expansión desde 1986.
El único problema, entonces, es el problema laboral y el problema, naturalmente que ahorita está en dificultades de caja, no tiene liquidez, tiene un problema de liquidez que, tratándose de una empresa pública, es incongruente, incongruente porque debería de tener acceso al crédito, sobre todo ahora que las tasas de interés están a la baja.
Yo terminaré esta intervención haciendo una censura a nombre de mi partido, al director de la empresa, Luis Alberto Pérez Aceves, por no haber podido enfrentar el problema laboral y al secretario de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, ingeniero Fernando Hiriart, por no tener esa industria que desde hace siete años está siguiendo una política, por no tenerla en una situación totalmente sana y por estar recurriendo a estas argucias para resolver un problema político. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el diputado Jesús Ortega Martínez, para este mismo asunto.
El C. diputado Jesús Ortega Martínez: -Gracias, señor presidente; compañeras y compañeros legisladores: Es indispensable, necesario, que tomemos la tribuna, como lo ha hecho la senadora Ifigenia Martínez, para hacer una denuncia sobre lo que de todos es conocido, la situación que se nos presenta de hecho en el caso de la minera Cananea y tengo la impresión, puede ser solamente eso, de que las recurrentes denuncias sobre la violación de la ley y sobre las agresiones a los trabajadores, aparecerán para algunos legisladores y para el gobierno o para el grupo político que ahora gobierna, como una especie de rutina frente a la que simplemente hay que prestar oídos sordos.
Algunos dirán: son las clásicas cantaletas de la oposición; otros pensarán: que la oposición hable, diga, grite, no importa todo eso, no cambia en nada las decisiones del supremo gobierno; lo significativo, seguirán pensando algunos legisladores oficiales o algunos funcionarios del gobierno, lo significativo no es si las decisiones son justas o son injustas, lo importante no es si la decisión es legal o es ilegal; lo importante, seguirán pensando, no es si se lesionan los intereses de los trabajadores o si se lesiona el patrimonio nacional, no; lo significativo es que el gobierno tomó la decisión y ante ésta, solamente quedan dos caminos: o callar o inclinarse.
¿Por qué estos dos caminos? Pues porque así lo indica la más clásica ortodoxia del poder político de México en los últimos años: callar o agacharse, por eso ciertos discursos en donde algunos personajes del gobierno mencionan la palabra revolución, mencionan la palabra nacionalismo y patria y pueblo, son y, ustedes estarán de acuerdo conmigo, inconfundiblemente discursos demagógicos.
Desde hace tiempo, compañeras y compañeros, la ideología, por llamarle de alguna manera, que norma, que condiciona el comportamiento de muchos cuadros de muchos dirigentes o personajes del partido gobernante y del gobierno, es simplemente la ideología, insisto, por llamarle de alguna manera, la ideología del poder, el poder por el poder.
Y esto, compañeras y compañeros, como una alerta, como un consejo, si lo quieren aceptar: cuando se presenta esto en partidos gobernantes, o en gobiernos, es síntoma evidente de descomposición política.
La Revolución Mexicana, pues la Revolución Mexicana es una vieja historia, una vieja leyenda que comenzó un día en un pueblo de mineros llamado Cananea; los mineros luchaban por mejores condiciones de trabajo, declararon la huelga como último recurso para exigir sus derechos, pero el gobierno, junto a los empresarios privados, particularmente extranjeros, por medio de fuerzas armadas tomaron las instalaciones de la
minera Cananea, rompieron la huelga y reprimieron a los trabajadores.
Como decía, esto es una vieja leyenda para algunos compañeros que se inició en 1906 en un pueblito llamado Cananea y luego, a partir de allí, otros trabajadores, con el ejemplo de los mineros, retomaron la lucha, pero bueno, compañeras y compañeros, yo no sé si esto aburra a algunos compañeros, los enfade y, pues yo creo que pensarán: no estamos aquí para recordar que hubo alguna vez una revolución; no ideologicemos el discurso, reflexionarán algunos compañeros.
¿A alguien le interesa esto, lo de aquella vieja revolución? ¿A algún legislador le llama la atención? ¿A la mayoría de legisladores presente, en esta Comisión Permanente les recuerda algo esto? Qué va, el pragmatismo, la modernidad de los científicos de ahora, de los científicos actuales, ésa es la divisa, por ahí debemos de ir, nada de recordar leyendas ni de hablar de ideología, la modernidad; pero resulta que la modernización gubernamental, con esa peculiar interpretación que tiene el gobierno, no sólo arrasa a la ideología de su partido o a la ideología que se supone tiene su partido, también arrasa con las leyes y con ello esta peculiar interpretación de la modernidad también aplasta a los trabajadores y lesiona la soberanía nacional.
Me voy a referir particularmente al aspecto legal, insisto, situémonos en el terreno pragmático: la información sobre la declaración de quiebra en Cananea, en la minera Cananea, expuesta más o menos con amplitud en la Prensa y en los medios de comunicación, hace evidentes contradicciones entre el propio gobierno. Por un lado, la empresa, a través de su director dice que la causa fundamental para solicitar la declaratoria de quiebra fue la difícil situación financiera de la empresa y por allí agrega otro problema: las demandas del sindicato, las demandas de los trabajadores y el juez, pues aceptando esos dos elementos, esas dos circunstancias, acepta declarar la quiebra en la minera Cananea, pero por otro lado, la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, en un documento oficial establece una situación radicalmente diferente a la que plantea el director de la empresa.
Ya ha mencionado la compañera senadora algunos datos, yo simplemente reiteraría que la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, dice que la empresa es una empresa eficiente, que es buen negocio para el gobierno, que sus activos son muy superiores a sus pasivos; por cierto, aquí hay otra contradicción: la empresa, en una declaración que dio a la Prensa, dice que los pasivos son superiores a los activos, ahorita voy a darle lectura, cuando la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, dice exactamente lo contrario: son muy superiores los activos a los pasivos.
Pero, insisto, quiero en primer lugar referirme al aspecto legal: conforme a la Ley de Quiebra y Suspensión de Pagos, el estado de quiebra se declara cuando el comerciante cesa el pago de sus obligaciones, sin embargo, dentro de los casos previstos en el artículo 2o. de la mencionada ley, de ninguna manera, subrayo, de ninguna manera se contempla ninguno que determine la declaratoria de quiebra por imposibilidad de una empresa a acceder a las peticiones laborales formuladas en un emplazamiento a huelga.
Y sin embargo, a pesar de que eso no es ninguna circunstancia según la ley, para declarar la quiebra, la empresa lo pone como elemento fundamental y el juez evidentemente actuando por consigna, declara la quiebra tomando en cuenta este elemento que algunos funcionarios del gobierno le llaman "la posición negativa del sindicato y de los obreros".
Por lo tanto compañeras y compañeros, aquí estamos observando ya un procedimiento absolutamente ilegal: el juez no podría declarar la quiebra bajo el argumento de la actitud negativa de los trabajadores y del sindicato.
Pero, por otra parte, y en el mismo sentido estrictamente legal, el artículo 28 de la misma ley dice: "que son atribuciones del juez, ordenar las medidas necesarias para la seguridad y buena conservación de los bienes de la masa", y el juez, interpretando este párrafo según lo dice también la Prensa, el juez llamó al ejército para que tomara las instalaciones de la minera y expulsara, así fue, a los trabajadores.
Y entonces, ¿en qué circunstancias nos encontramos, compañeros y compañeras? Un juez puede llamar al ejército para tomar las instalaciones de una empresa, supuestamente declarada en quiebra? ¿Qué pasa en este país? Al rato, el presidente de un municipio, en Michoacán, ahora que están tomadas las presidencias municipales, va a decirle al Secretario de la Defensa Nacional o al comandante de la zona militar, va a pedirle al ejército para que desaloje o para que reprima a los trabajadores; si un juez lo puede hacer, ¿ o no lo hizo el juez? ¿Lo hizo el Presidente de la República? Y si lo hizo el Presidente de la República, pues la cosa es más grave aún, porque no tiene ninguna facultad, ni el Presidente para utilizar al ejército para tomar instalaciones laborales ni para reprimir a trabajadores, tampoco tiene el Presidente ninguna facultad.
Y que el ejército esté ahora en las instalaciones de Cananea, es una evidencia de la violación a la Constitución o por el juez o por el Presidente de la República, pero aun, compañeras y compañeros, suponiendo sin conceder, que la empresa debería de ser declarada en quiebra, ¿quién es el responsable de las quiebras? Si casi todos los informes, nos dicen que es una empresa en bonanza, los informes a la Cámara de Diputados, el informe trimestral nos dice que las empresas públicas están dando rendimiento y un análisis más o menos concienzudo de la situación de la empresa minera en Cananea nos dirá que la situación de ésta, de ninguna manera es desastrosa, hay ganancias importantes, eso sucedía apenas en los informes que tenemos de hace un año, unos meses y, de pronto, compañeros y compañeras, la empresa alega dificultades financieras serias, para que se declare la quiebra, ¿quién es el responsable de la quiebra? ¿Qué administración cometió tal torpeza para que en tan poco tiempo, apenas unos meses o semanas, de una situación muy buena de la empresa, se pase a una situación de quiebra?
¿Son los trabajadores responsables porque exigen mejores salarios? ¿O es una administración deficiente, suponiendo, insisto, sin conceder, que existieran elementos para declarar la quiebra de la empresa? Y si así es, ¿por qué el juez aceptó los argumentos de la empresa para declarar la quiebra? Entonces, compañeros y compañeras, pues lo que procede es que se deslinden responsabilidades y si son los trabajadores, pues que se les meta a la cárcel o al dirigente del sindicato; si fue el administrador de la empresa o el Secretario de la Secretaría de Energía Minas e Industria Paraestatal o alguien del Gobierno, pues también que se clarifiquen responsabilidades, no puede declararse la quiebra nada más porque sí, ahí ha de haber responsables y, entonces, es en función de ello que en esta primera parte de mi intervención, la del aspecto estrictamente legal, quisiera hacerles una propuesta que diría así:
«La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, estima conveniente pronunciarse porque se investigue si la quiebra de la compañía Cananea tiene el carácter de culpable o fraudulenta, por lo que es de la opinión de que el Ministerio Público Federal debería de formular la acusación a que se refiere el artículo 112 de la Ley de Quiebra y Suspensión de Pagos.
Firman los diputados: Modesto Cárdenas García y Jesús Ortega Martínez.»
Se la entrego al señor presidente.
Pero hablando de violaciones, nos encontramos con la noticia ayer de que el gobierno no vendió sus acciones de Mexicana de Aviación, sino que, sólo un paréntesis antes de continuar con lo de Cananea, sino que se amplió el capital y en esta acción, pues intervinieron muchos empresarios privados y sobre todo una empresa internacional, una financiera internacional, digo, hablando de ilegalidades: la Ley para promover la Inversión Mexicana irregular la inversión extranjera, dice en su artículo 4o. párrafo segundo: "Están reservados de manera exclusiva a mexicanos o a sociedades mexicanas, con cláusula de exclusión de extranjeros, las siguientes actividades y, entre otras, menciona dos: transportes marítimos nacionales y transporte aéreo"; y el artículo 28: "Serán nulos y en consecuencia no podrán hacerse valer ante ninguna autoridad, los actos que se efectúen en contravención a las disposiciones de esta ley"; sin embargo, ayer nos encontramos que un banco extranjero invierte 50 millones de dólares, creo que esa es la cifra en Mexicana de Aviación.
Pero continuemos con lo de Cananea. Como vamos a demostrarlo, la quiebra de Cananea ha sido motivada con el exclusivo objetivo de eliminar las condiciones laborales alcanzadas por los mineros, pues todos los análisis presentados muestran que la empresa goza de condiciones económicas y productivas, razonablemente buenas y condiciones financieras solucionables.
Por ejemplo, parte importante de los adeudos de Cananea los tiene con el gobierno, Nacional Financiera, por ejemplo; el gobierno exigió, cuando menos así lo dijo, negociaciones justas en la, con respecto a su deuda ante los bancos extranjeros y no puede ahora, para resolver el problema de una empresa nacional, actuar en consecuencia, como según dice, lo hicieron los bancos extranjeros.
Que negocie su deuda el gobierno mexicano con la empresa Cananea, insisto, es una empresa nacional y la mayor parte de los adeudos a corto plazo son precisamente con el gobierno, salvo los adeudos que tiene con American Express, no ha habido razones económicas, comerciales, financieras o legales, como ya lo he demostrado hace rato, que justifiquen la quiebra; es simplemente, compañeras y compañeros, la línea ultraconservadora, contrarrevolucionaria que gobierna al país, que atropella los más elementales derechos obreros y que lesiona la soberanía nacional, para entregar al capital privado, nacional o extranjero, el patrimonio de la nación.
Miren, la situación de las finanzas públicas, no es la situación de las finanzas públicas la que justifica el cierre de Cananea, me baso en información oficial, la información oficial disponible señala en el último informe trimestral que se nos
entregó, una situación bonancible de las finanzas para las empresas pública
s Dice el informe: "Al cierre de la primera mitad del año, la evolución de las finanzas públicas mostró resultados satisfactorios, el superávit económico primario del sector público fue de 27 billones 117.7 mil millones de pesos, superior en términos reales en 31.1% al de igual período del año anterior; en esta evolución influyó la recuperación experimentada por los precios del petróleo en el mercado internacional y el manejo y el control del ejercicio del gasto"; y desde luego, particularmente respecto a la situación de las empresas y organismos públicos señala: "Las finanzas de los organismos y empresas en presupuesto, arrojaron un superávit de operación de 874 mil millones de pesos", más de cuatro veces del general durante el trimestre anterior, ésa es la situación, según el gobierno , de las empresas públicas.
El C. diputado Manuel Cavazos Lerma (desde su curul): -¿Me permite una interpelación, señor diputado?
El C. diputado Jesús Ortega Martínez: -Déjeme terminar, señor diputado, porque estoy tratando de hilar mi intervención.
Podemos entonces dejar establecida una primera realidad: no fueron penurias en las finanzas públicas ni en el sector público en su conjunto, ni del subsector de empresas y organismos en particular, las que justifican la quiebra de Cananea, al contrario, el desprendimiento por parte del gobierno de empresas que tienen número, negros tiende a empeorar el balance general de las finanzas públicas pues reduciría más los ingresos públicos que sus gastos, esto es una especie de autogol.
Extraña por lo demás que no exista ninguna palabra de advertencia, ni en el texto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1989, ni en los dos informes trimestrales del año, sobre dificultades o penurias de la compañía minera de Cananea.
Importancia de la empresa. La empresa produce el 60% del cobre que se obtiene en el país, o producía; las reservas cupríferas de la empresa dan para medio siglo al nivel actual de explotación, el año pasado tuvo números negros, es decir, utilidades y fue calificado como su mejor año; en 1988 se obtuvo una producción de 160 mil toneladas de cobre, cuando en 1973 apenas se lograban 40 mil toneladas y en 1986 se alcanzó un volumen de 100 mil toneladas. Actualmente tiene alrededor de 3 mil 200 obreros, cifra que no ha aumentado al nivel del volumen de producción, con lo cual se puede constatar un aumento en la productividad por hombre ocupado y logró exportaciones por 100 mil millones de pesos. Respecto a la rentabilidad global de la histórica empresa, el propio desplegado publicado por la administración de la compañía, supuestamente para explicar las razones de la quiebra, ofrece, el propio desplegado de la empresa, evidencias de la rentabilidad; se dice en el documento: "El costo de producción por libra de cobre en Cananea es de 90 centavos dólar", y unos párrafos más adelante reconoce "que el precio actual de la libra de cobre en el mercado es actualmente de 1.20 dólares"; si hasta aquí fuera el razonamiento de la empresa, no estaría demostrando la propia empresa que la explotación de Cananea es bastante rentable, pues se obtiene una ganancia promedio de 30 centavos por libra de cobre, esto es, un rendimiento del 33%.
En estos términos, es injustificable por todas las razones la quiebra argumentando razones de carácter económico, pero sigue la empresa explicando: "Las estimaciones de expertos internacionales en la materia-no dice quiénes, cuándo o donde-, señalan como precio promedio para los próximos 10 años, un nivel optimista entre 75 y 85 centavos por dólar a la libra de cobre". El periódico El Financiero apenas la semana pasada respecto al futuro del cobre dice lo siguiente: "El cobre extendió las ganancias por sexta jornada consecutiva y aunque se espera una corrección descendente en el corto plazo, los especialistas concuerdan en que el metal cuenta con buenos fundamentos para seguir avanzando".
Y, entonces, compañeras y compañeros ¿dónde hay elementos para que se pudiera declarar la quiebra de la empresa? Evidentemente que los fundamentos son de carácter político, golpear a los trabajadores, destruir el contrato colectivo de trabajo, destruir al sindicato, ésos son.
Al leerse la nota, ésta que acabo de citar, que da la impresión de que la quiebra no hace sino entregar o buscar entregar y, creo que no esperaremos mucho tiempo para que el gobierno anuncie que Cananea pasa a manos privadas, creo que ya lo anunciaron, una empresa que tiene excelentes expectativas, porque es y según todo indica, seguirá siendo un excelente negocio, pero pues como siguiendo la divas, aquí hay un estorbo, el contrato colectivo de trabajo el sindicato, los trabajadores y, entonces, pues hay que terminar con ese estorbo.
Fíjense lo que dice el desplegado de la empresa, esto es un poco para documentar el optimismo, como decía Monsiváis; según el balance que hace
la empresa, el precio del cobre se encuentra, dice la empresa, "en una tendencia acelerada a la baja" y para muestra nos da un botón de esta tendencia acelerada a la baja y dice: " en julio pasado el precio de la libra de cobre fue de 1.07 dólares; en julio y actualmente es de 1.20 dólares" y, entonces, pues se observa un raro desplome del precio del cobre pero hacia arriba, según datos de la propia empresa.
Si nos damos cuenta, anteayer los índices del precio del cobre internacionales andaban en 1.30 dólares, según los dato de El Financiero; las contradicciones entre la empresa y la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal.
La Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal señala que los activos totales de Cananea suman más de 3 billones de pesos, mientras que sus pasivos apenas alcanzan los 1.5 billones de pesos, por lo cual la situación financiera de Cananea puede considerarse, dice la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, más que sana; la propia Secretaría dice que la situación financiera de Cananea es más que sana.
Y luego, para culminar el crimen, la empresa y el gobierno le dicen a los habitantes de Cananea y a los obreros, pues que no se preocupen si le quitaron el empleo, si les desaparecieron sus conquistas laborales, pero que no se preocupen; van a tener un tecnológico, y no se preocupen, el gobierno va a emparejar calles, y no se preocupen, el gobierno va a conectarles el agua potable. Bueno, ¿qué en este país es necesario que se declare la quiebra para que el gobierno conecte el agua potable o para que lleve tecnológicos de educación y que desaparezca para entregarlo a la propiedad nacional extranjera patrimonio nacional para que el gobierno se compadezca de los mexicanos y les empareje las calles? Eso es lo que dice el director de la empresa, que no se preocupen los obreros.
Efectivamente, Cananea no va a desaparecer, se la van a entregar a los grandes capitalistas privados nacionales y extranjeros, y si no al tiempo, compañeras y compañeros. Y colorín colorado, para el gobierno la revolución se ha terminado. Gracias.
El C. Presidente: -El diputado Modesto Cárdenas García.
El C. diputado Modesto Cárdenas García: -Gracias, señor presidente; señoras y señores legisladores: He subido a la tribuna de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para fijar la posición del Partido Popular Socialista en relación a la declaración de quiebra de la Compañía Minera Cananea, que consideramos uno de los hechos más graves ocurridos en el presente régimen.
A escasos nueve meses de la toma de posesión del actual grupo gobernante, sus acciones han causado graves daños a los intereses de la nación y del pueblo No se trata de equivocaciones, susceptibles en todo caso de corrección, sino de una política conscientemente establecida, que conduce a la creciente pérdida de la independencia y la soberanía de la nación, y la cancelación de las legítimas aspiraciones populares de tener una vida mejor.
Durante este período se han puesto en práctica verdaderas contrarreformas en materia económica, en materia social, en la educación, en la actividad agropecuaria, y se pretende llevarlas al campo de la legislación laboral y política, además de aplicarlas en las relaciones internacionales.
Este grupo de gobernantes, encabezado por tecnócratas, hay unos del nacionalismo revolucionario educados en universidades de Estados Unidos que se caracterizan por estar al servicio del más voraz y reaccionario imperialismo, han acelerado el desmantelamiento del sector estatal de la economía devolviendo al capital privado, sobre todo transnacional, muchas de las más importantes empresas que el pueblo nacionalizó en gestas históricas. Esta conducta es la opuesta a la vía surgida de la Revolución Mexicana, de las nacionalizaciones, que consideramos es la única que puede conducir a la liberación del país y al desarrollo de sus fuerzas productivas con independencia. El camino del desmantelamiento del sector estatal y de su reprivatización resulta, por tanto, profundamente contrarrevolucionario y también antipatriótico.
El grupo tecnocrático ha abierto las puertas del país de par en par al capital extranjero, como sólo lo había hecho antes la dictadura de Porfirio Díaz, y amenaza convertir a la nación en una gigantesca planta maquiladora de propiedad extranjera. En su afán de atraer capitales del exterior, de manera deliberada presionó brutalmente sobre los salarios de los trabajadores, poniéndolos muy por debajo de los que se pagan en enclaves coloniales convertidos en emporios de la maquila, tales como Corea del Sur, Hong Kong, Taiwan, a fin de que México sea más atractivo, se dice, para los inversionistas, principalmente yanquis y japoneses; para éstos no tiene importancia el hecho de que con ello se hunda en la miseria a los trabajadores de nuestro país.
Desde los primeros días de su gobierno, el grupo de la burguesía tecnocrática y contrarrevolucionaria
que capturó el poder público, emprendió una campaña feroz contra las organizaciones de los trabajadores para vulnerar y desconocer sus derechos. Los dirigentes sindicales no son tomados en cuenta y a los que pretenden asumir alguna resistencia a esta política, se les depone, aun recurriendo a la fuerza pública, para sustituirlos por otros que se subordinan a la voluntad presidencial.
El actual grupo gobernante ha determinado impedir la victoria de los trabajadores en todos los conflictos obrero-patronales; con maniobras y actos de violencia ha impedido el ejercicio del derecho a huelga; a pretexto de utilizar una política de concertación, se ha convertido en instrumento al servicio de los grandes empresarios.
Este grupo ha negociado con el Fondo Monetario Internacional y con la banca acreedora internacional, dando la espalda a los intereses de la nación. Luego de firmar, el 13 de abril pasado, una carta de intención que constituyó un acto de sumisión a políticas externas y una tácita entrega de la economía del país, pretendió engañar al pueblo haciéndole creer que el problema de la deuda ha sido resuelto y que los negociadores del gobierno lograron imponer sus condiciones, obteniendo con ello una victoria nacional.
Este grupo se ha asociado, en busca de un apoyo político y también con afinidad de intereses e ideología, al clero más reaccionario, permitiéndole viole de manera descarada la Constitución y ofreciéndole la posibilidad de modificar a su conveniencia artículos avanzados como el 3o., el 24, el 27 y el 130; de igual manera, este grupo de la burguesía proimperialista se ha asociado con la vieja derecha política, promoviendo su ascenso electoral de manera ficticia y entregándole posiciones políticas en contra de la voluntad popular como es el caso de Baja California. Al mismo tiempo, manipula otros procesos electorales y falsifica sus resultados para agredir a los partidos políticos en el campo democrático, patriótico, progresista y revolucionario, de manera particular al Partido Popular Socialista.
En la aplicación de su política contrarrevolucionaria y entreguista, no titubea en pasar sobre las leyes del país, inclusive de la Constitución, como ha ocurrido por ejemplo cuando emitió el nuevo Reglamento para Promover la Inversión Nacional y Regular la Inversión Extranjera, opuesto también a la ley del ramo.
La misma actitud asumió este grupo gobernante cuando recientemente transfirió, por decreto administrativo, productos de la petroquímica básica a la petroquímica secundaria, con el fin de entregar su explotación al capital transnacional; con esta acción, además de violentar la Carta Magna, entra de lleno, por la vía de subterfugios administrativos, a la reprivatización de la empresa más importante de México: Petróleos Mexicanos, tan cara para el pueblo y sus luchas históricas, violando, mediante un simple acto administrativo, el artículo 39 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 1989.
Por la vía de la contratación y la subcontratación, se dispone a privatizar y reprivatizar otras empresas y ramas estratégicas y prioritarias, tales como Correos, Ferrocarriles y Teléfonos, así como la construcción de plantas de energía eléctrica.
Un nuevo golpe de gran magnitud, por la importancia histórica que reviste para la clase obrera y el pueblo en general, es la declaración de quiebra de la Compañía Minera de Cananea, con objeto de ponerla en manos del capital transnacional.
En efecto, para decretar la quiebra, claramente fraudulenta, sin fundamento económico ni jurídico, el grupo gobernante no se detuvo en atropellar los derechos de los trabajadores ni en ignorar el trascendente historial revolucionario de Cananea, su rico contenido simbólico de carácter nacionalista y antiimperialista; lo único que importa al grupo gobernante es cumplir con su propósito desnacionalizador. Es claro, para nosotros, que por este camino se conduce a la nación a la dependencia, y al pueblo al desastre económico y social.
La reconstrucción de todo lo destruido por este grupo de tecnócratas conllevaría enormes sacrificios para el pueblo de México; por tales razones el Partido Popular Socialista declara que el grupo tecnocrático y contrarrevolucionario que detenta el poder, no puede seguir gobernando el país con esta política económica y social, por lo cual también declara que redoblará su lucha encabezando a la clase obrera y en estrecha alianza con otras fuerzas patrióticas, democráticas y revolucionarias de dentro del poder público, que creemos que todavía existen, y fuera del poder público hasta derrotar esa política antinacional y recobrar Palacio Nacional para la Revolución Mexicana.
En relación con el caso concreto de la declaración de quiebra de Compañía Minera Cananea, sería bueno que se le tomara la Palabra al secretario Hiriart que ha declarado estar dispuesto a venir a la Cámara de Diputados a explicar las causas de la decisión adoptada. Sería bueno que se siguiera la tradición abierta, y que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión lo invitase a venir a
esta tribuna a contestar las inquietudes y preguntas de los legisladores de todos los partidos. Sería sano para la nación y para la clase obrera el que se explicara un paso de tal trascendencia, no sólo histórico, sino político y económico; pero lo dejo a la consideración de los legisladores del Partido Revolucionario que son los que en última instancia determinan estos hechos.
Por lo que respecta a la necesidad de que se investigue profundamente lo que ha ocurrido con la Compañía Minera de Cananea, solicitamos a la presidencia de la Comisión Permanente, se turne la solicitud de que la Contaduría Mayor de Hacienda de la propia Cámara de Diputados lleve a cabo una amplia investigación respecto de la declaración de quiebra de la Compañía Minera de Cananea.
Esta solicitud la entregó por escrito, y la firman los diputados Jesús Ortega Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, y Modesto Cárdenas García, del Partido Popular Socialista. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: -Tiene la palabra el diputado Manuel Cavazos.
El C. diputado Manuel Cavazos Lerma: -Ciudadano presidente; compañeros legisladores: He solicitado la palabra para que no quede en el ánimo de los aquí presentes ni de la opinión pública, la caricatura grotesca que se ha hecho de la posición de nuestro partido y del gobierno de la República. Ciertamente, ha habido un juego maniqueo de argumentos; ciertamente, los datos presentados muchas veces o se alejan de la realidad o se manipulan deliberadamente, o de plano no existe relación entre los datos y las conclusiones a las que se llega.
Como ya lo hizo nuestro partido, nosotros aquí y ahora queremos también reiterar que nos pronunciamos por el respeto irrestricto a los inalienables derechos de los trabajadores y por la reapertura de ese centro histórico de trabajo que es la Compañía Minera de Cananea.
Nos pronunciamos, asimismo, por el mejoramiento de los servicios que eleven los niveles de bienestar de la población de Cananea, pero también nos pronunciamos porque junto a la salvaguarda de los intereses de los trabajadores de Cananea, se preserve y defienda el interés supremo de la nación; nos pronunciamos porque se cumpla y se haga cumplir el estado de derecho, a fin de que se mantenga la paz, el orden y el bienestar de la población.
Llamamos a todos aquellos que participan en la solución del problema de la Compañía Minera de Cananea, a que prevalezca la cordura, la visión, la concertación y el diálogo, a fin de que las decisiones sean las mejores para el interés nacional en el corto, mediano y largo plazos.
Cananea es patrimonio de la nación y símbolo de la Revolución Mexicana, por eso, precisamente por eso, debemos pugnar porque siga siendo orgullo de México y ejemplo en el mundo; tal propósito reclama la solidaridad de todos, a fin de hacer de Cananea una institución modelo, a la altura de su significado histórico. Y porque pensamos así, no podemos menos de tratar de esclarecer, de poner en su debida dimensión algunos de los argumentos que aquí se han manejado; el más importante de ellos: se dice que está incurriendo en un proceso de desnacionalización y que se está entregando el patrimonio nacional a manos del capital privado y del capital extranjero, pero no se dan cifras, no se dan números, no hay apoyo, no hay respaldo, no se dice por ejemplo que este pasar de 1 mil 115 empresas a 450 no todo es venta, sólo 219 empresas están en proceso de venta o se han vendido, y el resto son fusiones, liquidaciones, extinciones o bien traspasos del sector público federal a los gobiernos estatales o municipales.
No se dice tampoco que de todo el producto interno bruto, de todo lo que producen las empresas del sector público, sólo está en proceso de desincorporación el 2%; las empresas en venta representan el 2% del total de la producción de todo el sector público paraestatal.
Hace 15 días, en un debate en este foro, se nos decía:"¿ A poco 3% que lograron de reducción es un número significativo, acaso es importante, por qué echar las campanas a vuelo?", y hoy nosotros hacemos una pregunta similar: ¿A caso 2% es motivo suficiente para un requiem, ¿acaso 2% es motivo suficiente para una marcha fúnebre?, ¿acaso 2% es motivo suficiente para hablar de entrega del patrimonio, desnacionalización, antipatriotismo y tantos otros adjetivos que no solamente confunden, sino que ofenden?.
Se nos habla dizque para apoyar el argumento de los motivos que han dado origen a la empresa pública, y el recuento es insuficiente, al argumento le faltan elementos.
En diciembre se nos entregó en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, este documento que se llama "La Venta de Empresas del Sector Público". y se nos entregó también este documento que se llama "La Empresa Pública en la Administración del Presidente Miguel de la
Madrid Hurtado"; ahí están las cifras; ahí están los datos; ahí están los argumentos; ahí están los motivos que obligan a esta racionalización del sector público, que no abandono de su función de rectoría del Estado; por el contrario, precisamente porque la empresa pública tiene que contribuir al cumplimiento de los objetivos nacionales que nosotros mismos nos hemos trazado y que tiene como origen valores políticos fundamentales, precisamente por eso la empresa pública debe cumplir con eficacia, con eficiencia, con transparencia, con esa función. Y si hay obstáculos en el camino, hay que tratar de allanarlos, de hacerlos a un lado para que se pueda cumplir con este objetivo fundamental de la empresa pública.
El manejo de los términos ciertamente no es riguroso; aquí se nos habla, por ejemplo, de encajonar la propiedad del Estado para liquidar a numerosas empresas estatales, visión sumamente restringida de este papel racionalizador de la empresa pública.
Se nos habla también de un argumento que utiliza la iniciativa privada y de alguna manera quiere dejarse en el ánimo de la opinión pública, que el gobierno de la República y que nuestro partido comparten esta opinión de que empresa que no sea competitiva internacionalmente, que cierre. Estamos totalmente de acuerdo, porque esos argumentos han sido tomados del Plan Nacional de Desarrollo y de estos documentos que hemos mencionado, en que no todas las empresas públicas o privadas tienen que someterse necesariamente a la competencia internacional, de manera que esta defensa de los documentos básicos del gobierno y de nuestro partido es bienvenida. No estamos de acuerdo en que se hable de calaña de gente; ¿es ésa la forma de elevar el nivel de los debates en esta Cámara de Diputados?
Y volviendo al fondo. Nunca nadie ha dicho que el único problema de Cananea es el problema laboral; el documento que se dio a conocer a la opinión pública, el boletín de prensa que fue dado a conocer a todos los medios de comunicación es muy claro: Esta medida, nos referimos a la quiebra, se tomó debido a que su situación financiera no le permite enfrentar sus compromisos de pago ya vencidos, ya que está en condiciones de liquidar sus cuantiosos pasivos y preservar el centro de trabajo que es el elemento fundamental para la subsistencia de la comunidad y el desarrollo de la región. ¿donde se habla aquí del problema laboral como motivo fundamental, como dijo uno de los oradores, o como motivo único de la quiebra de Cananea?
Se nos dice también, a propósito de Cananea, que cuando el gobierno toma una decisión no quedan más que dos caminos: callar o inclinarse; triste papel de quienes ven así las decisiones del gobierno y el papel de los partidos y de la opinión pública ante tales decisiones. Nadie, absolutamente nadie, suscribiría esta tesis, sin embargo se dice, es la que prevalece porque tal es la ortodoxia. ¿De dónde sacarían esa ortodoxia?, ¿de algún lapsus linguae?, ¿de alguna extrapolación de sus propias organizaciones? Eso ciertamente no lo avalaría nuestro partido, y esto ciertamente no es la convocatoria que ha hecho el gobierno de la República.
Se habla de que la revolución sólo es motivo para discursos demagógicos, y acto seguido se nos receta un discurso precisamente demagógico, un discurso incluso difícil de comprender, porque alguien que ha militado en un partido socialista, y me imagino que su doctrina está nutrida en el socialismo científico, habla de que la revolución se inicia en Cananea; visión ciertamente no socialista ni científica de la historia. Las revoluciones no se hacen a saltos, decía uno de los clásicos del socialismo científico, y después nos da una visión de la historia y de la revolución, que ciertamente hace que los supuestos sustentadores de la declaración de principios de estos partidos les dé pena. Sin duda que al escuchar esta visión de la Revolución Mexicana, el más preclaro de los socialistas científicos, estará revolviéndose en su tumba allá en Hyde Gate, en Londres.
Y curiosamente, alguien que nutre su ideología en el socialismo científico, critica a los científicos y lo que es peor, los extrapola en una extrapolación extratemporal, que ciertamente viola todos los cánones de la visión materialista de la historia, y nos habla también de que la ideología del gobierno es la del poder por el poder. Y yo no sé de dónde sacó esta tesis; la declaración de principios de nuestro partido es muy clara: El poder por el poder mismo es la negación de la política; el poder se alcanza para cumplir propósitos claros, definidos, en un ideario, y nuestro partido es un partido con ideario y tiene valores políticos fundamentales de los cuales deriva una serie de objetivos, programas, proyectos, acciones, vertebrados, hilvanados, que además los pone por escrito y los pública y los difunde a nivel nacional.
Después vienen ya los datos concretos. Se nos dice que hay diferencias entre un documento y otro documento; ciertamente, dos documentos que se hacen en dos puntos diferentes en el tiempo no tienen por qué coincidir, sobre todo en un mercado tan volátil, tan frágil, tan cambiante como es el mercado del cobre. Se nos dice, pero después en otro punto, para que pase inadvertido, que si
efectivamente los precios del cobre pues anduvieran en unos 50, que han disminuido, pero que afortunadamente ya están subiendo, por lo tanto es ganancia, y que además se cita una fuente financiera, diaria, que da precios diarios y que por lo tanto su espectro de pronósticos debe verse en términos de vía, para de ahí concluir que la empresa es viable, es redituable, rinde pingües ganancias y debe por lo tanto conservarse, como si la ganancia fuera el único motivo de la pertenencia al ramo de lo paraestatal.
Y así se nos dice, por ejemplo, que si en 1988 el cobre estuvo en el cuarto trimestre en 1.45 dólares la libra; pero ya en el segundo trimestre de 1989 bajó a 1.25; en el tercero a 1.08; en el cuarto se estima a 1.03 y para 1990, para el primer trimestre, 98 centavos, para el segundo 98, para el tercero 88.5, para el cuarto 83.5, y éstos son datos de una de las empresas más serias, más prestigiadas en cuestiones de pronóstico de precios de los metales: Commitee Research Unit Limited, que es una empresa inglesa. A la luz de estos números, repetimos, 83 centavos para el cuarto trimestre de 1990; cuando el costo de producción es de 90 centavos la libra, es redituable, por qué no decimos eso.
Pero es necesario serios esfuerzos de modernización, y hablamos de modernización en el sentido de ir adaptando a la empresa a las nuevas tecnologías, eliminar obsolescencias, etcétera, y no en la forma caricaturesca en que aquí se ha pintado a la modernización. En el sentido de adaptación, de adecuación, es importante tener también como punto de referencia, que si ahorita cuesta 90 centavos la libra de producción de cobre, a otras empresas, incluso mexicanas, les cuesta 60 centavos la producción por unidad, por libra. Esos son datos, no nos dan idea de la necesidad de hacer cambios, adecuaciones, de modernizar la planta productiva de esta minera.
Por otro lado, la quiebra no se mide solamente comparando activos y pasivos, no, es un poquito más complicado que eso; tampoco viendo solamente los estados de resultados, el estado de ingresos; la quiebra se mide con los flujos de compromisos que tiene la empresa mes a mes y su capacidad de pago. Y se habla de los pasivos, pero no se dice que la gran mayoría de estos pasivos son de corto plazo, que tienen un cumplimiento perentorio, y que esos pasivos no podrán cubrirse porque la empresa no tiene la capacidad de pago así tenga utilidades, porque las utilidades son apenas una proporción del monto de estos pasivos.
De manera que no basta con decir hay utilidades, para decir es injustificada la quiebra, no; la quiebra no se declara tomando como punto de referencia las utilidades de una empresa, sino los flujos de su capacidad de pago comparados contra los flujos de sus compromisos financieros, y es aquí donde la empresa no puede cumplir con estos compromisos financieros, y ése fue el propósito fundamental y único que motivó esta decisión.
Hay otros puntos que también merecen afinación. Uno muy importante, se nos dan datos del informe trimestral que la Secretaría de Hacienda rinde al Congreso de la Unión, y se nos habla de una serie de números, de frases referentes a la empresa paraestatal, y se le olvida al compañero que la Compañía Minera no es empresa paraestatal; no está en el presupuesto, no está incluida en estos informes que rinde al Congreso la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Los rendimientos que calculan del 33%, comparando el 1.20 contra 90, pues es un número válido en un punto en el tiempo, pero ciertamente no puede servir para tomar decisiones que deben fundarse necesariamente en el mediano y largo plazo, porque hay un principio básico fundamental de administración de las empresas, que dice: "que las empresas son negocios en marcha, y no puntos estáticos en el tiempo".
Finalmente, respecto a todos estos adjetivos, a esta catarata de ofensas que hubo en uno de los discursos, pues solamente queremos decir, que el verdadero nacionalismo no es sólo exorcismo de males, que esa adición maniquea ciertamente no corresponde al camino de la revolución.
La revolución, entendida no como episodio, leyenda, tradición o motivo para discursos demagógicos, distorsionadores, sino que el nacionalismo es algo mucho más profundo que eso, es fuerza transformadora fundada en el realismo, en la vialidad para lograr los objetivos que la nación, se ha trazado; y por eso, precisamente por eso, porque la ideología es la de la revolución y, porque el camino es el del nacionalismo, repito precisamente por eso, la revolución no es leyenda, no es motivo de discursos, sino proceso constante, cambiante, dinámico, que se adecúa al ritmo de los tiempos, y esa adecuación exige sacrificios, costos, es cierto, pero cuando se ve con visión de mediano y largo plazo, ese camino y esa visión transformadora tienen forzosamente que afrontar estos desafíos y pagos, estos costos. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: -Tiene la palabra el diputado Juan Antonio García Villa.
El C. diputado Juan Antonio García Villa: -Señor presidente; señoras y señores
legisladores: Ciertamente no se trata de iniciar un comentario con la aclaración de que no se pretende hilvanar un discurso demagógico, para al final concluir con una serie de frases líricas estereotipadas.
Vamos a ser objetivos. Hay un hecho que es claro e irrefutable: La Compañía Minera de Cananea solicitó ser considerada como en quiebra; ése es un dato objetivo que seguramente no está a discusión.
Ciertamente, la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos contiene, en su artículo 2o., una serie de eventualidades por las cuales un comerciante o una sociedad se pueden declarar en quiebra.
Pero nosotros, en Acción Nacional, que consideramos que la quiebra tiene un origen y que es plenamente detectable y por esa razón demandamos una amplia investigación al respecto, quisiéramos establecer que con base en la ley, simplemente la quiebra, cualquier quiebra, puede tener cualquiera de estos tres orígenes: tratarse de una quiebra fortuita, de una quiebra culpable o de una quiebra fraudulenta.
Aquí, el representante del Partido Revolucionario, sin decirlo abiertamente, ha planteado la tesis de que la quiebra es fortuita; y la propia ley, en su artículo 92, establece que se entenderá como quiebra fortuita la del comerciante a quien sobrevinieron infortunios. Y el infortunio, se ha dicho, es la volatilidad en las cotizaciones del cobre y a eso hay que atribuir, hay que establecer en ello la causa de la quiebra. Creo que no admite un análisis serio esta posición; en primer lugar porque, aquí mismo se mencionó, de hecho hay empresas con menos antigüedad en el giro que producen a costos inferiores; se podría alegar obsolescencia en los equipos, en los activos fijos de esta empresa, ahora declarada en quiebra, pero eso mismo es parte de la responsabilidad.
Ya que se mencionó un folleto distribuido en tiempos de Miguel de la Madrid, habría que recordar que este personaje, ex presidente de la República ahora, señaló en su tiempo que la ineptitud es una forma de corrupción; si no se previó la obsolescencia, si no se estuvo a tono con los tiempos para modernizar los equipos y las instalaciones, obviamente hay ahí una responsabilidad, porque es inadmisible que, como aquí se ha dicho en tono lírico, una empresa histórica, sea en el mercado del cobre, una empresa que opera en el margen y que basta una disminución hacia arriba, como se señaló en las cotizaciones, para que la empresa entre en proceso de suspensión de pagos.
No hay esa posibilidad, lo más factible, lo que consta a la opinión pública que ve cómo se administran este tipo de empresas, que advierte el derroche, el despilfarro y la corrupción de campeonato, tiene la idea, y voy a atreverme aquí a decir salvo en prueba de lo contrario, que es o una quiebra culpable o una quiebra fraudulenta.
Dice el artículo 98 de la ley de la materia: "la quiebra del comerciante, cuya verdadera situación no pueda deducirse de los libros, se presumirá fraudulenta, salvo prueba en contrario".
Y aquí lo recordarán ustedes hace unos minutos, el señor diputado Cavazos dijo que de los simples estados financieros no podría establecerse si la situación financiera de la empresa es sana o no, salvo que yo haya entendido lo contrario.
El C. diputado Manuel Cavazos Lerma (desde su curul): -¿Me permite una aclaración?
El C. diputado Juan Antonio García Villa:-¿Aclaración o interpelación?
El C. diputado Manuel Cavazos Lerma (desde su curul):-Aclaración.
El C. diputado Juan Antonio García Villa:-Aclaraciones no.
El C. diputado Manuel Cavazos Lerma (desde curul):-Interpelación, si usted quiere.
El C. diputado Juan Antonio García Villa:-Sí, cómo no.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el diputado Cavazos.
El C. diputado Manuel Cavazos Lerma (desde su curul): -¿Usted considera, que de los simples estados financieros puede detectarse la decisión de la quiebra?
El C. diputado Juan Antonio García Villa:-Yo me atengo a lo que dice el artículo 2o. de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos; yo dije que le entendí a usted, que de los estados financieros no necesariamente se deduce si la situación financiera de la empresa es sana o no. Admito que pude haberme equivocado, por eso lo aclaré.
El C. diputado Manuel Cavazos Lerma (desde su curul): -Ya lo aclaró en el "no necesariamente".
El C. diputado Juan Antonio García Villa: -Entonces, conforme a los términos de la ley, porque resulta francamente inadmisible que una quiebra de esta magnitud en una empresa histórica, con cuantiosos yacimientos por
explorar y por explotar pueda ser una empresa que opere en los márgenes; si así es, ha sido ineptitud por malos manejos y por irresponsable administración, y entonces caemos en los supuestos que la ley contempla, de cuándo se trata de una quiebra culpable o fraudulenta, y en ese caso, así como el juez de la quiebra se apresuró a tomar determinadas medidas precautorias para garantizar el patrimonio de la empresa, lo menos que debe hacer este señor juez, es tomar idénticas medidas respecto de los posibles responsables de una quiebra culpable o fraudulenta, como parece ser que es la quiebra declarada por la Compañía Minera de Cananea.
Podríamos abundar en lo que a simple vista se advierte, se observa del manejo de estas empresas que han convertido el Estado por antonomasia en un pésimo administrador; es lamentable que ello ocurra, porque Acción Nacional lo ha declarado, la labor de rectoría del Estado en materia económica, es válido que incursione en áreas estratégicas de la actividad económica.
Estamos ciertamente en contra de la definición de manga ancha que al respecto trae el artículo 28 de la Constitución, pero esto que no signifique ni impunidad ni tampoco irresponsabilidad. El juez de lo concursal está obligado a tomar esas medidas de precaución con respecto a una eventualidad, muy probable responsabilidad.
Aquí se ha presentado por parte del diputado Jesús Ortega, una propuesta para que sea la Cámara de Diputados, a través de su órgano técnico, la Contaduría Mayor de Hacienda, que investigue al respecto para que no haya en un país que, dicen ustedes, aspira a ser moderno, ni impunidad ni irresponsabilidad.
Independientemente de lo anterior, el Partido Acción Nacional quiere dejar claramente establecido que después de determinarse las responsabilidades, no se olvide que las indemnizaciones de los trabajadores deberán ser en los términos de la ley y del contrato colectivo, a sabiendas de que frecuentemente como frecuentemente ocurre en este tipo de empresas, se contemplan prestaciones onerosas, aunque así resulte oneroso para la economía nacional, la liquidación de la indemnización deberá hacerse en estos términos.
A mediados de la década de los 70, un dirigente sindical de una paraestatal, tuvo que regatear con los directivos de esa empresa en forma absurda las pretensiones que la empresa proponía a determinadas prestaciones; lo paradójico estuvo en que con mayor sentido común, con mayor advertencia de la dimensión de las cosas, este líder sindical ya fallecido, Francisco Pérez Ríos, según fue fama pública, se vio en la necesidad de hacerle ver a la contraparte patronal de no elevar demasiado las prestaciones que la parte patronal proponía, simplemente dijo: "para no matar la gallina de los huevos de oro".
En gran medida, eso es lo que ha ocurrido en muchas empresas paraestatales que se manejan no con criterios de eficiencia y de adecuada organización empresarial y de gestión correcta, sino con un deleznable criterio político, entendido esto de lo político en el peor de sus sentidos.
Acción Nacional propone, que cuanto antes esta empresa se reincorpore a la producción y se establezcan los medios necesarios, sin violar la ley ni la justicia, para sanearla y rehabilitarla.
Y por último, para reiterar, demandamos una correcta, exhaustiva, completa investigación, para determinar las causas reales de esta quiebra declarada por la propia empresa. Gracias.
El C. Presidente: -El diputado Jesús Ortega, tiene la palabra.
El C. diputado Jesús Ortega Martínez: -Revisé mi intervención inicial, y francamente no encontré alguna palabra o alguna expresión que pudiera haber sido ofensiva para algunos compañeros; traté de dar un juicio lo más responsable y respetuoso posible, y con esta aclaración, que ya no vale la pena por lo que acaba de decir el diputado, yo quisiera solamente hacer algunas precisiones.
Yo no dije que el problema laboral fuese el motivo único para la declaración de la quiebra, lo que yo dije fue que el juez tomó en cuenta los argumentos de la empresa, en donde uno de ellos es precisamente la situación laboral para declarar la quiebra de la empresa, y yo digo que eso es ilegal, porque la Ley de Quiebras no contempla, de ninguna manera, esa circunstancia.
Por supuesto que creo yo que se deben de hacer cambios en el país, y se deben hacer cambios en la economía y en la industria, en la producción, de eso estamos no solamente seguros sino que queremos contribuir para que eso se dé; a lo que nos oponemos, es que esos cambios que se den en el país o se pretendan dar en el país, sean cambios que lesionen los intereses de los trabajadores y el patrimonio nacional, como creo es el caso de los trabajadores de Cananea, y es el caso de esta industria propiedad de la nación.
Cuando mencioné que quedaban dos caminos, callar o inclinarse, pues evidentemente que no me referí a determinados compañeros que hacen política en este país, ¿cómo me voy a referir a los
compañeros que son parte fundamental de mi partido, que precisamente por no callarse o inclinarse han pasado decenas de años en la cárcel?, ¿cómo me voy a referir a los compañeros de mi partido, que precisamente por no callarse o inclinarse ante arbitrariedades del gobierno han sufrido represiones, torturas, golpes?, ¿cómo me voy a referir a los compañeros de mi partido, que precisamente por no callarse o inclinarse, a compañeros de ellos los han asesinado?, evidentemente que no.
Me refiero, y lo dije con toda claridad, a personajes del gobierno o en el partido del gobierno, que afortunadamente no son todos, y creo que ni siquiera la mayoría, de que tienen esos dos caminos; precisamente por esa ortodoxia que se da, no en mi partido sino que se da en el gobierno y en el sistema político mexicano, y evidentemente entonces, creo que no vale el planteamiento de que me referí a algunos compañeros de mi partido. Hay pruebas evidentes de que ni nos callamos ni nos inclinamos, la indirecta o directa va para otro lado.
Que nos asustamos porque se están vendiendo empresas de la nación, y que ¿cómo nos asustamos si solamente significan el 2% del producto interno bruto?, y nos da una cita el diputado Cavazos de un folleto o libro editado por el gobierno; yo también tengo uno aquí editado por el gobierno, "Reestructuración del Sector Paraestatal", en un párrafo dice: "en términos globales, las paraestatales sujetas a desincorporación representan el 2.9% del producto interno bruto", pero sigue diciendo: "excluyendo a Petróleos Mexicanos", y lo de Petróleos Mexicanos, la desincorporación de Petróleos Mexicanos ha significado el 10.5%, según este folleto.
Esto antes de la noticia que tenemos muy reciente, de que todavía parte importante de lo que se consideraba petroquímica primaria, facultad exclusiva de Petróleos Mexicanos, por un trámite administrativo y burocrático, un funcionario tras de un escritorio las pasó de petroquímica primaria a petroquímica secundaria; este porcentaje de 10.5% aumentará significativamente con esta acción del gobierno, es en el caso de Petróleos Mexicanos, de tal manera que no es el 2%, es mucho más.
Voy a terminar; la quiebra no sólo se mide por activos y pasivos, yo me remito solamente a lo que dice el juez que declaró la quiebra: "la razón fundamental para declarar la quiebra de Minera Cananea, la razón fundamental es que sus pasivos son del orden de 1 billón y medio de pesos, en tanto su capital no rebasa el billón 300 mil pesos", afirmó el juez Primero de lo Concursal, Jorge Higuera Mota. Gracias por su atención.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el diputado Cavazos.
El C. diputado Manuel Cavazos Lerma: -Muy breve, señor presidente, nada más para hacer algunas aclaraciones y no queden dudas en el aire.
La cifra del 2.9% obviamente incluye a Petróleos Mexicanos, porque estamos hablando de todo el sector paraestatal, y en cuanto a que si los estados financieros activos o pasivos determinan la decisión de la quiebra, no es activos y pasivos en su monto, fui muy claro; es muy importante la estructura de los pagos de los vencimientos, los flujos, no basta el monto absoluto sino también su estructura, su composición y lo mismo es válido para los estados financieros, no basta un balance o un estado de resultados para tomar la decisión, es necesario hacer algunas operaciones, ver algunas interrelaciones y conocer sobre todo, repito, esta estructura temporal. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el ciudadano senador Nicolás Reynés Berezaluce.
El C. senador Nicolás Reynés Berezaluce: -Señores legisladores; señor presidente: No es mi propósito intervenir en el fondo de los asuntos que aquí se han presentado, sino sencillamente emitir una modesta opinión para que los señores legisladores puedan orientarse al tomar la decisión que consideren conveniente, en cuanto a las propuestas, son dos, que se han presentado el día de hoy; una de ellas se refiere a un pronunciamiento de la Comisión Permanente, para que el agente del ministerio público federal haga la acusación a que se refiere el artículo 112 de la Ley de Quiebras.
Yo quisiera leer este artículo, que se refiere a lo siguiente, dice el artículo 112 de esta ley: "La quiebra culpable o fraudulenta, se perseguirá por acusación del ministerio público"; sí, pero previamente a ello debe investigarse y debe de iniciarse la averiguación previa, y si se determina que es fraudulenta en opinión del ministerio público, entonces sí formular la acusación, pero no podemos nosotros, es una opinión mía, obligar al ministerio público a que formule la acusación de inmediato, de manera que eso lo dejo claro.
La otra, se refiere a que la Contaduría Mayor de Hacienda investigue la existencia o no de una quiebra fraudulenta; yo quiero dejar constancia de lo siguiente: no sabía, hasta el día de hoy, que la empresa Cananea no era una paraestatal, que entonces no entraba dentro de la Cuenta Pública y probablemente, seguramente no será competencia
de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, intervenir en un tipo de empresas como ésta, que parece ser que es privada.
Dejo esta opinión en el ánimo de ustedes, para que la valoren y puedan emitir su voto como lo consideren prudente.
El C. diputado Jesús Ortega Martínez: -Para ver si podemos resolver esto, yo propondría que el Ministerio Público investigue, y en su caso, haga la acción correspondiente.
El C. Presidente: -Ruego a la secretaría dé a conocer de nuevo la propuesta presentada primeramente.
La C. senadora Ifigenia Martínez Hernández (desde su curul): -Señor presidente, para una aclaración en relación a la que hizo el señor senador Reynés Berezaluce.
El C. Presidente: -Tiene usted la palabra.
La C. senadora Ifigenia Martínez Hernández: -Respecto a las facultades de la Contaduría Mayor de Hacienda, también me permito poner a consideración, que si bien la empresa Cananea puede no estar sujeta a control presupuestal, sí queda sujeta a investigación de la Contaduría cualquier inversión que el gobierno federal haya hecho en cualquier empresa; de manera que si el gobierno federal tiene inversiones en esta empresa, como entendemos que las tiene, eso sí daría pie para que la Contaduría Mayor pudiera emitir un juicio respecto a la situación contable y financiera de esta empresa. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Proceda la secretaría en la forma indicada.
El C. secretario senador Alonso Aguirre Ramos: -Por instrucciones de la presidencia, se va a dar lectura a la proposición presentada por los diputados Jesús Ortega y Modesto Cárdenas, dice:
"La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, estima conveniente pronunciarse porque se investigue si la quiebra de la Compañía Cananea tiene el carácter de culpable o fraudulenta, por lo que es de la opinión que el Ministerio Público Federal debe investigar, y en su caso, formular la acusación a que se refiere el artículo 112 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos."
El C. Presidente: -Consulte la secretaría a la asamblea, si esta propuesta se admite a discusión o no.
El C. secretario senador Alonso Aguirre Ramos: -Por instrucciones de la presidencia, se consulta a la asamblea si esta proposición que acaba de leerse se acepta a discusión o no.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.
(Votación.)
Los que estén porque no se acepte, sírvanse ponerse de pie...Desechada, señor presidente.
El C. Presidente: -Sírvase la secretaría darle nuevamente lectura a la propuesta presentada, en segundo término.
El C. secretario senador Alonso Aguirre Ramos: -La otra propuesta presentada por los diputados Modesto Cárdenas y Jesús Ortega, dice:
"Los legisladores abajo firmantes, solicitan a usted turne a la Cámara de Diputados la proposición que la Contaduría Mayor de Hacienda de la propia Cámara de Diputados, lleve a cabo una amplia investigación respecto a la declaración de quiebra de la Compañía Minera de Cananea."
El C. Presidente: -Consulte la secretaría a la asamblea, si esta propuesta se admite o no a discusión.
El C. secretario senador Alonso Aguirre Ramos: -Por instrucciones de la presidencia, se consulta a la asamblea si esta proposición se admite o no a discusión.
Los que estén porque se admita, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.
(Votación.)
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Desechada, señor presidente.
El C. Diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala (desde su curul): -Señor presidente, pido la palabra.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala.
El C. diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala: - Señor presidente; compañeras y compañeros legisladores: Realmente hemos solicitado la palabra en este debate final en torno al tema de la Compañía Minera Cananea, fundamentalmente porque considerábamos y consideramos que el
mantenernos al margen de empresas en donde el gobierno federal tiene recursos de la nación y que están en juego, consideramos que no es conveniente bajo ninguna circunstancia que el Partido de la Revolución Mexicana manifieste su inconformidad con esta decisión que de manera mayoritaria se acaba de tomar; en primer lugar, porque la compañía a que se han referido los debates anteriores, indudablemente que sí tenía y sí tiene intervención el Ministerio Público Federal, por cuanto hace al tipo de manejo de la quiebra en la que se está manejando el problema.
Nosotros consideramos, que en esta realidad también existe otro ángulo de vista, de cómo los recursos de la nación, cómo las empresas de la nación van a ir parando paulatinamente a intereses extranacionales; tal es el caso que podemos observar en la venta de la Compañía Mexicana de Aviación, en donde por el manejo de la operación de Manhattan City Bank adquiere capital sobre esta compañía que era nacional y que operaba con números negros.
Esto mismo que ustedes aprobaron, va a acontecer en la Minera Cananera, en donde ustedes supieron que se iniciaron movimientos importantes para nuestra revolución, y ahora ustedes están usándolo simplemente como una fraseología para dar al traste con esta realidad que México nunca va a olvidar. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Continúe la secretaría.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario senador Alonso Aguirre Ramos: -Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Comisión Permanente.- Primer receso de la LIV Legislatura.
Orden del día
30 de agosto de 1989.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Dictámenes de primera lectura
De la primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso de las ciudadanas María Gabriela Solís Mier y Terán y María Eugenia Aguirre Muñoz, para que puedan prestar servicios en los consulados generales de Estados Unidos de América, en Mérida, Yucatán y Tijuana, Baja California, respectivamente.
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso de los ciudadanos Esperanza Angélica Ruíz Rivera y Felipe Higareda Ramírez, para que puedan prestar servicios en la embajada de la República Federativa de Brasil, en México.
Dictámenes a discusión.
De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Gustavo Maza Padilla, cónsul general de México en San Juan, Puerto Rico.
Ocho de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados a los ciudadanos Jorge Luis Hurtado Mendoza, Ignacio Guillermo Galindo y Radillo, Wilfrido Robledo Madrid, Marco Antonio Ramos Martínez, Victor Manuel Portela Gómez, José de Jesús Velasco Gómez, Horacio Barrientos Alanís y Juan Manuel López García.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al Ciudadano Ramón Aguirre Velázquez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de Francia.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Federico Enrique Bonilla Hernández, para prestar servicios en la Delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas, en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Jesús Díaz Loera, Oscar Javier Gómez Monreal y Alejandro Hernández Soberanes, para prestar servicios en la embajada de Estados Unidos de América, en México.
Y los demás asuntos con los que la secretaría dé cuenta.»
El C. Presidente (a las 15.30 horas): -Se levanta la sesión y se convoca para la que tendrá lugar el miércoles 30 del presente mes de agosto a las 11.00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y DIARIO DE LOS DEBATES