Legislatura LIV - Año I - Período Extraordinario - Fecha 19890829 - Número de Diario 3
(L54A1P1eN003F19890829.xml)Núm. Diario:3ENCABEZADO
LIV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO de los DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Lic. Mauricio Valdez Rodríguez
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Lic. Benjamín Martínez Martínez
Año I México, D.F., martes 29 de agosto de 1989 No. 3
PERÍODO EXTRAORDINARIO
SUMARIO
ASISTENCIA
La secretaría notifica que hay quórum.
APERTURA
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión, se aprueba.
COMUNICACIONES
De la honorable Cámara de Senadores, relativa al consentimiento de celebración de sesiones extraordinarias el jueves 31 de agosto y el 7 de septiembre. Se aprueba.
Del Partido de la Revolución Democrática, con la que se remite el acta constitutiva del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. De enterado.
Del diputado Pablo Gómez Alvarez, relativa a la corrección, en la iniciativa presentada por su partido, en las reformas a la Constitución, del día 11 de agosto. Turno a Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
ACTO DE PROTESTA DE LEY
Para los ciudadanos diputados suplentes: Juan Cristóbal Céspedes, América Soto López, María Lucero Saldaña Pérez, Sergio Francisco Reguero Alarcón y Gustavo Ríos Morales. Se designa comisión protocolaria. Rinden la protesta de ley.
ACUERDO DE GRUPOS PARLAMENTARIOS
Para la intervención de los ciudadanos diputados en el uso de la palabra.
DE LA REFORMA ELECTORAL
El ciudadano Javier López Moreno hace sus comentarios a nombre del Partido Revolucionario Institucional.
El ciudadano Rafael Aguilar Talamantes a nombre del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, expone en una sola ronda, su posición frente a los temas a debate.
Interviene el ciudadano Vicente Luis Coca Alvarez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana para plantear sus propuestas sobre este tema.
Continúa el ciudadano Alfredo Reyes Contreras para presentar una protesta sobre las rondas de oradores y expone a nombre del Partido Popular Socialista sobre la reforma política.
Hace uso de la tribuna el ciudadano Francisco Chávez Alfaro a nombre del Frente Democrático Nacional, para manifestar sus puntos de vista.
El ciudadano Artemio Iglesias Miramontes, del Partido Revolucionario Institucional, plantea sus ideas sobre este tema.
Interviene el ciudadano Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática para presentar algunos hechos y exponer sus comentarios sobre el asunto.
Hace uso de la palabra, el ciudadano Abel Carlos Vicencio Tovar a nombre del Partido Acción Nacional, para exponer sus puntos de vista.
Continúa el ciudadano Dionisio E. Pérez Jácome, del Partido Revolucionario Institucional, exponiendo sus comentarios sobre este tema.
SOBRE EL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PAÍS
El ciudadano Rogelio Montemayor Seguy comenta los acontecimientos de la Compañía Minera de Cananea y la reestructuración de la Compañía Mexicana de Aviación.
Hace uso de la palabra el ciudadano Alberto Pérez Fontecha, para comentar la necesidad de crear empleos y de la situación de algunas empresas nacionales.
Sube a la tribuna el ciudadano Manuel Patricio Estévez Nenninger, para alusiones personales.
Continúa el ciudadano Francisco Ortíz Mendoza, para comentar el desarrollo económico de la industria y la investigación en el país.
Interviene el ciudadano Pedro René Etienne Llano, para dar su punto de vista sobre la modernización actual en el país.
El ciudadano José Trinidad Lanz Cárdenas, presenta sus comentarios y reflexiones sobre la situación económica del país y del caso en Cananea.
Continúa el ciudadano Leonel Godoy Rangel, para expresar su opinión sobre algunos hechos en los procesos electorales.
Hace uso de la tribuna el ciudadano Carlos Enrique Castillo Peraza, para hablarnos de la política democrática en las leyes electorales.
Interviene el ciudadano Manuel Cavazos Lerma, para hablar sobre las empresas públicas en el país y su relación con los principios de la revolución.
PROPUESTA
La presidencia propone el día 12 de septiembre para la siguiente sesión del período extraordinario. Se aprueba por la asamblea.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL CIUDADANO MAURICIO VALDEZ RODRÍGUEZ
(Asistencia de cuatrocientos dieciséis ciudadanos diputados)
ASISTENCIA
El C. prosecretario Juan Jaime Hernández: - Hay una asistencia de 416 ciudadanos diputados. Hay quórum.
APERTURA
El C. Presidente (a las 10.05 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
La C. secretaria diputada María Claudia Esqueda Llanes:
«Cámara de Diputados. - Primer período extraordinario de sesiones del primer receso de la LIV Legislatura.
Orden del día
29 de agosto de 1989.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación de la honorable Cámara de Senadores.
Oficio del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Comunicación del ciudadano diputado Pablo Gómez Alvarez.
Protesta de ciudadanos diputados.
Intervención de ciudadanos diputados, de conformidad con el acuerdo previo de los coordinadores de los diversos grupos parlamentarios.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El C. secretario Sergio Alfonso Rueda Montoya:
«Acta de la sesión previa de la Cámara de Diputados, correspondiente al primer período extraordinario del primer receso de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del honorable Congreso de la Unión, celebrada el día veintiocho de agosto de mil novecientos ochenta y nueve.
Presidencia de la ciudadana Socorro Díaz Palacios
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diez horas con ocho minutos del día veintiocho de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, con una asistencia de cuatrocientos cincuenta y siete legisladores, la presidencia declara abierta la sesión.
Para cumplir con el acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios, la presidencia pide a la secretaría que, para los efectos del artículo setenta y siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se someta a la consideración de la asamblea la propuesta que declara recinto oficial del honorable Congreso de la Unión, por el tiempo que resulte necesario, la Unidad Cultural y de Congresos "Doctor Ignacio Morones Prieto", del Centro Médico Nacional Siglo Veintiuno del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se aprueba en votación económica y se comunica a la colegisladora y a los Poderes de la Unión. Gestiónese su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Por instrucciones de la presidencia, la secretaría da lectura al orden del día, e inmediatamente después, de conformidad con el artículo treinta y uno de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se procede a la elección de presidente y cinco vicepresidentes para el primer período extraordinario del primer receso de la Quincuagésima Cuarta Legislatura.
Después de realizado el cómputo respectivo, la secretaría comunica los siguientes resultados: presidente, diputado Mauricio Valdez Rodríguez y vicepresidentes, los diputados Carlos Rubén Calderón Cecilio, Raúl Bolaños Cacho Guzmán, María del Carmen Segura Rangel, Jorge Martínez y Almaraz y Jorge Schiaffino Isunza, por doscientos cuarenta y siete votos.
La presidencia hace la declaratoria respectiva e invita a los diputados electos a que pasen a tomar posesión de sus cargos.
Presidencia del ciudadano Mauricio Valdez Rodríguez
La secretaría invita a todos los presentes en el salón de sesiones a ponerse de pie, y el presidente dice: "La Cámara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos, se declara legítimamente constituida para funcionar durante el primer período extraordinario de sesiones del primer receso, al que fue convocado por su Comisión Permanente."
Hace uso de la palabra el diputado Jorge Martínez y Almaraz, del Partido de la Revolución Democrática, quien se reserva el derecho de asumir el cargo como vicepresidente "hasta que se resuelva el problema de Michoacán y Oaxaca".
La secretaría da lectura a los oficios de la Comisión Permanente y a los decretos: por el que se convoca al honorable Congreso de la Unión a un período extraordinario de sesiones y por el que se amplía la propia convocatoria, aprobados por la Comisión Permanente. Se da trámite de enterado.
Se da lectura a un oficio de la honorable Cámara de Senadores, por el que se comunica la elección de la mesa directiva que actuará durante el período extraordinario de sesiones. De enterado.
Otro oficio de la honorable Cámara de Senadores, por el que se comunica la integración de las comisiones de cortesía que participarán en la instalación de esa Cámara a la Cámara de Diputados, al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se da trámite de enterado.
El presidente, con fundamento en el artículo once del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, designa las comisiones de cortesía que participarán en la instalación formal de la Cámara de Diputados, a la honorable Cámara de Senadores, al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde sus curules, diputados representantes de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Auténtico de la Revolución Mexicana, declinan su participación en esas comisiones.
El presidente designa a los diputados Oscar Treviño Arredondo, Rodolfo López Monroy, Sara Villalpando Núñez, Ismael Orozco Loreto, Armando Ibarra Garza, Horacio Treviño Valdez, Victor Ávalos Limón y Paula Vargas Florencio, para que introduzcan en el salón de sesiones a la comisión de senadores que se encuentran a las puertas de la Cámara de Diputados.
RECESO
Se reanuda la sesión y se concede el uso de la palabra al senador Jesús Rodríguez y Rodríguez, quien participa en la instalación de la honorable Cámara de Senadores, y declara su seguridad de que en los trabajos se recibirán valiosas aportaciones y luces que ofrece reciprocar con la mejor voluntad y compañerismo.
El presidente comunica que se ha enterado de que la colegisladora ha quedado legítimamente constituida, y a nombre de la Cámara de Diputados retorna el saludo afectuoso a los señores senadores.
Agotados los asuntos en cartera, la secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión, y el presidente clausura la de hoy citando para la que tendrá lugar el martes veintinueve de agosto a las nueve horas.»
Está discusión el acta...No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba...Aprobada, señor presidente.
COMUNICACIONES
La C. secretaria María Claudia Esqueda Llanes:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Para los efectos de la última parte del artículo 68 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos hacer de su conocimiento que este Senado celebrará sesión pública extraordinaria el jueves 31 de agosto en curso y luego el 7 de septiembre próximo, rogándoles el consentimiento a que se refiere el artículo constitucional referido.
Lo anterior, en virtud del programa de actividades que nos implica el presente período de sesiones extraordinarias.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta consideración.
México, Distrito Federal, 28 de agosto de 1989.
Senadores secretarios, Antonio Melgar Aranda y Alger León Moreno.»
En votación económica se consulta a la asamblea si se otorga el consentimiento a que se refiere el último párrafo del artículo 68 constitucional.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación.)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa. sírvanse manifestarlo... Se aprueba.
El C. secretario José Murat C.:
«Acta constitutiva del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
En la ciudad de México, Distrito Federal, el 14 de julio de 1989, reunidos en el cuarto nivel del edificio "B" del Palacio Legislativo, los abajo firmantes diputados del Partido de la Revolución Democrática y otros, en uso del derecho que otorga el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tomaron la determinación de constituirse en grupo parlamentario que se denominará "grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática", integrado por todos los diputados federales pertenecientes a dicho partido y otros, quienes decidieron por mayoría de votos que el líder del grupo y coordinador del mismo, será el diputado licenciado Ignacio Castillo Mena.
También acordó la asamblea designar una directiva de la coordinación y que recayó en los siguientes diputados: Pablo Gómez Alvarez, subcoordinador; Leonel Godoy Rangel, secretario legislativo; Reynaldo Rosas Domínguez, secretario administrativo, Jorge Martínez y Almaraz, secretario económico; Rosalío Wences Reza, secretario político; Mario Rojas Alba, secretario social; Amalia García Medina, secretaria de relaciones exteriores y Juan Nicasio Guerra Ochoa, secretario de gestoría y movimientos sociales. Fungió como secretario de actas, el diputado Francisco Curi Pérez Fernández y como escrutadores, los diputados Amalia García Medina y Miguel Aroche Parra.
En consecuencia, procede se haga la declaratoria de constitución a que se refiere el artículo 41 de la mencionada Ley Orgánica del Congreso General. Levantándose la presente acta para constancia y firmando al calce quienes en ella participaron.
Rúbricas.»
Trámite. - De enterado.
La C. secretaria María Claudia Esqueda Llanes:
"Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes.
Por medio de la presente, hacemos de su conocimiento que en la iniciativa de reformas a la Constitución en materia de integración de las cámaras del Congreso General, presentada por los diputados y senadores del Partido de la Revolución Democrática, enviada a ustedes el día 11 de agosto del año en curso, existe un error en la página ocho, artículo 3o. del proyecto de decreto, en la parte que se refiere al artículo vigésimo, dice: "Artículo vigésimo. Para la LV Legislatura se elegirán tres senadores por cada estado y cuatro por el Distrito Federal, con base en lo preceptuado en los artículos 56 y 57 de esta Constitución."
Debe decir: "Artículo vigésimo. Para la LV Legislatura se elegirán tres senadores par cada estado y tres por el Distrito Federal, con base en lo preceptuado en los artículos 56 y 57 de esta Constitución".
Sin otro particular y agradeciendo la atención que presten a ésta, queda de usted.
Atentamente.
México, Distrito Federal, agosto 25 de 1989. - Diputado Pablo Gómez Alvarez."
Trámite: - Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
ACTO DE PROTESTA DE LEY
El C. Presidente: - Se ruega a los señores diputados poner atención a la sesión.
Se encuentran a las puertas de este recinto, los ciudadanos Juan Cristóbal Céspedes, América Soto López, María Lucero Saldaña Pérez y Sergio Francisco Reguero Alarcón, diputados suplentes electos en los siguientes distritos: I de Veracruz, II, XI, XII del estado de Puebla, respectivamente, y diputado suplente Gustavo Ríos Morales, del Partido Popular Socialista, electo por la V circunscripción plurinominal.
Se designa en comisión para que los acompañen al acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes ciudadanos diputados: María de los Ángeles Blanco Casco, Jesús Luján Gutiérrez y Claudia Esqueda.
El C. secretario José Murat C.: - Se suplica a la comisión cumplir con este encargo.
(La comisión cumple con su cometido.)
Se ruega a los presentes ponerse de pie.
El C. Presidente: - Ciudadanos Juan Cristóbal Céspedes, América Soto López, María Lucero Saldaña Pérez, Sergio Francisco Reguero Alarcón y Gustavo Ríos Morales: ¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputados que el pueblo os ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
Los ciudadanos Juan Cristóbal Céspedes, América Soto López, María Lucero Saldaña Pérez, Sergio Francisco Reguero Alarcón y Gustavo Ríos Morales: - Sí, protesto.
El C. Presidente: - Si así no lo hiciereis, la nación os lo demande. (Aplausos.)
Continúe la secretaría con los asuntos en cartera.
ACUERDO DE GRUPOS PARLAMENTARIOS
El C. Presidente: - El siguiente punto del orden del día, es la intervención de ciudadanos diputados conforme al acuerdo de los coordinadores de los diversos grupos parlamentarios, en la inteligencia de que el tiempo de exposición será de 15 minutos y se desarrollará en dos rondas.
Para la primera ronda, están inscritos los ciudadanos diputados Javier López Moreno, Rafael Aguilar Talamantes, Vicente Luis Coca Alvarez, Alfredo Reyes Contreras, Artemio Iglesias Miramontes, Pablo Gómez Alvarez, Abel Vicencio Tovar y Dionisio Pérez Jácome.
DE LA REFORMA ELECTORAL
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Javier López Moreno.
El C. Javier López Moreno: - Honorable asamblea: Los diputados del Partido Revolucionario Institucional nos declaramos listos para cumplir los acuerdos contraídos y para adoptar cuantos sean necesarios, a fin de concretar la reforma electoral. Todos los partidos aquí representados, queremos lo mismo por caminos distintos: buscamos pactar mejores reglas del juego electoral, queremos rodear al sufragio con nuevos resguardos que acentúen su carácter esencial para nuestra vida republicana.
El voto es la más alta expresión de la voluntad y de la soberanía popular, de él , sólo de él deriva el poder público; con él, los ciudadanos eligen, se eligen, elegir es elegirse; discrepamos, sin embargo en las ideas, los principios y los programas.
Tenemos una concepción diversa del poder, de qué hacer con él y de cómo hacerlo, somos distintos y hasta opuestos, pero la democracia para eso se instituye, para que podamos disentir sin que la discrepancia sea delito; debatir sin que el adversario sea enemigo; concertar para sumarnos sin mutilarnos.
Desde su fundación, mi partido ha demostrado genuina vocación democrática; como organización política y poder público, pese a yerros y a desviaciones, ha sido el constructor eficiente de la democracia nacional; sin embargo, sería iluso pretender que el patrimonio institucional de los mexicanos ha sido logrado con el solo esfuerzo de un partido político por importante que éste sea, lo que tenemos es fruto de todos, de los otros y de nosotros, del poder y de la oposición. Se autor principal en este vasto movimiento social, al fin revalorado por quienes persistían en negarlo mientras se afianzaba en los hechos: La Revolución Mexicana, y así estamos, en el inicio de una nueva empresa por la democracia, ante la oportunidad de un nuevo jalón que lo queremos histórico, trascendente para la sociedad moderna que estamos dispuestos a construir.
Sabemos que atrás y en el centro de las discusiones, está la definición del rumbo del país, por el camino del presidencialismo o del parlamentarismo: pensamos que ni aquél debe derivar su fuerza del raquitismo de éste, ni el Congreso ha de debilitar a aquél para ser fuerte. Autonomía y fortaleza de ambos, éste es el imperativo mayor; en todo caso, México necesita una presidencia como la que tiene hoy, con eficacia política, con voluntad democrática.
Los miembros del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hemos respondido a la convocatoria formulada por el presidente Carlos Salinas de Gortari; nuestra propuesta de reforma constitucional es seria, tiene fuerza moral, consistencia ideológica y madurez política; resume discusiones internas de los diputados priístas, asume la cohesión de nuestra militancia, es realista, no es, no puede ser el borrón y cuenta nueva, porque sería absurdo desmantelar lo que por décadas hemos hecho para garantizar el relevo democrático de la nación.
En cada circunstancia histórica hemos dado respuestas a las demandas de los ciudadanos; ahora venimos a encarar el desafío de una nueva realidad política, estamos empeñados en el cambio hacia adelante, queremos amacizar la vida política del país a través de un sistema de partidos que refleje la diversidad ideológica de la nación y asegure una representación que corresponda a la fuerza real de cada uno en la lucha electoral.
Más allá de los números y de nuestras cuentas, está la gran cuenta con la sociedad, ¿quién la cubre mejor? Esa es la cuestión, la cubre mejor insuperablemente la democracia, la democracia como lucha a fondo y además, como acuerdo en lo esencial de todas las partes en contienda.
No desdeñamos, ni ignoramos las propuestas formuladas por nuestros antagonistas, han sido y son atendibles, las conocemos y las reconocemos; por eso vamos a la discusión interna y al debate público. El tiempo que hoy se inicia, señores diputados, es todavía aliado de todos, sin embargo, puede volverse en contra nuestra si nosotros lo desperdiciáramos en la descalificación del adversario o en la estridencia, que nada dice pero que mucho oculta. No venimos a perder el
tiempo, venimos a ganarlo con todos y por la suma de todos, que es el país.
México se transforma a una velocidad mayor que la de todos sus partidos políticos; hagamos que la dirección, el sentido y el ritmo del cambio lo marquen los partidos y no las facciones o los grupos de interés ilegítimo. Vamos a profesionalizar a la política, a volverla más auténtica con la participación activa de muchos mexicanos, que si no votan es simplemente porque no acaban de creer en los partidos o dejaron de creer en ellos; vamos a sobreponernos a toda forma de desmoralización social expresada en el desaire a las urnas electorales, recuperemos el valor de la política para que el pueblo recupere su fe en nosotros.
Hablamos de profesionalización de la política, por eso proponemos que la organización y conducción de los procesos electorales sea una función estatal con la corresponsablilidad de partidos y ciudadanos; proponemos nuevas fórmulas que aseguren la más plena legalidad del proceso eleccionario, que supriman discrecionalidad de los organismos responsables y garanticen imparcialidad y objetividad de los resultados electorales. La suma de las parcialidades representadas por los partidos, si a ellos se dejara en exclusiva la conducción electoral, no daría como resultado la imparcialidad de los procesos comiciales; ha de ser el Estado, con el concurso de partidos y ciudadanos, quien asegure su transparencia .
Hemos propuesto que en la solución de las controversias electorales intervenga un órgano jurisdiccional revestido de sólida autoridad en sus decisiones, organizados con personal profesional permanente, adiestrado técnicamente, con un nuevo sistema contencioso y una novedosa distribución regional que permita resolver pronto y bien las querellas ahí donde se suscitan. Pensemos, la clave está en descentralizar.
Proponemos además, la solución jurídico - política, porque se trata de someter al imperio del derecho y a la norma política, los asuntos derivados de la conciencia electoral.
Los actos electorales no impugnados, deben ganar seguridad y certeza desde su origen; el territorio de definición política, es la casilla electoral; tenemos que legislar para demostrar que creemos verdaderamente en los millones de mexicanos que organizan y cuidan la elección y que han de resolverla allí, en la casilla, en vez de ocuparnos exclusivamente de los órganos superiores; casilla y distrito electoral, allí debe saber y surtir efecto la definitividad, resuelven mejor los muchos a tiempo en el terreno de los hechos, que los pocos que lo hagan de lejos y a destiempo.
Para integrar la Cámara de Diputados, buscamos en síntesis el respeto absoluto al sistema mixto de representación proporcional con dominante mayoritario, tal y como se concibió desde que fue creado; pretendemos que en igualdad de condiciones, los partidos compitan en la búsqueda del voto por ambas vías, lucha abierta hasta donde dé confrontación equitativa y que cada quien obtenga por cada vía lo que merezca.
Dispuestos estamos asimismo, a la representación proporcional en la Cámara de Senadores, pero debemos evitar cualquier extremo que pudiera llevarnos a la creación de un Senado sin fisonomía y sin perfil propios, a una especie de Cámara de Diputados reducida; representación verdaderamente paritaria de los estados con esta nueva modalidad, para que el Senado siga siendo la Cámara del federalismo.
Señores diputados, lo que queremos hacer no lo haremos sin el concurso de las otras fuerzas políticas aquí representadas, pero ésta que pareciera nuestra limitante, será nuestra aliada si somos capaces de enriquecer en vez de empobrecer la discusión de las ideas.
Buscamos persuadir, no imponer, pero ustedes también nos necesitan a nosotros; dispuestos estamos a aliarnos para sacar adelante un proyecto común, no se ha dicho todavía la última palabra, o la decimos entre todos o no la dice nadie, digámosla con la solidaridad que nace del compromiso con la democracia, mediante la aproximación de adversarios que se profesan respeto.
Esta es nuestra oportunidad, no dejemos que el encono o la diatriba dobleguen a nuestras válidas razones, no permitamos que lo que el pueblo nos exige se degrade en la reyerta o se disipe en la transacción baladí de intereses de partido.
Está en juego la viabilidad del destino democrático del país, ni más ni menos; por ello, procedamos con rigor, con honradez, con ánimo receptivo y flexibilidad en lo que todavía puede ser materia de consenso para llevarlo a la Constitución.
Concluyo y digo, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, las mujeres y los hombres que hemos llegado a esta LIV Legislatura, los militantes, los dirigentes obreros, campesinos y del sector popular, los que somos miembros del Partido Revolucionario Institucional estamos dispuestos, listos ya para pactar con ustedes la forma electoral que imperativamente nos demanda la nación. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Señores diputados, antes, de dar el uso de la palabra al siguiente orador,
quiero hacer un llamado cordial a todos ustedes, para pedirles atención al orador.
Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Rafael Aguilar Talamantes.
El C. Rafael Aguilar Talamantes: - Señor presidente; compañeros diputados: La fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional decidió utilizar su tiempo para intervenir en una sola ronda, con un solo orador, a fin de fijar la posición de nuestro partido frente a los temas a debate; quisiéramos que tomen en cuenta esta circunstancia y esta decisión.
Hace un año, por estas fechas, nuestro partido peleaba en el Colegio Electoral los resultados que se produjeron con motivo de la extraordinaria rebelión cívica de julio de 1989; peleábamos con la convicción de haber ganado las elecciones presidenciales en las más importantes entidades del país y sosteníamos que Cuauhtémoc Cárdenas debería ser declarado Presidente electo; sin embargo, conforme se desarrollaban las sesiones del Colegio Electoral, nos fuimos percatando que no teníamos al alcance de nuestras fuerzas las actas y documentos que nos permitieran comprobar las victorias alcanzadas y optamos por desarrollar una táctica de ofensiva que, al mismo tiempo que evidenciara la magnitud del fraude cometido, nos colocara en condiciones de recuperar el máximo de posiciones en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, a fin de atrincherar nuestra fuerza, asegurarla y partir de ahí hacia la consolidación, el desarrollo y la multiplicación de nuestras posiciones y fuerzas políticas.
La táctica seguida entonces fue esencialmente justa; gracias a ella logramos que se nos reconocieran 42 diputaciones como partido y 136 diputaciones como Frente Democrático Nacional, además de cuatro senadores.
Tomando en cuenta la correlación de fuerzas reales de poder, la capacidad del adversario, el sustento político que demostró tener en el aparato del Estado, el apoyo manifiesto del ejército y del movimiento obrero organizado, el pronunciamiento de fuerzas organizadas de dentro y de fuera del país con gran poder económico y político y, desde luego, el apoyo de datos elaborados por los órganos electorales para darle legalidad a la elección y favorecer la presencia mayoritaria del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, consideramos que la adopción de la táctica, esencialmente justa, fue una necesidad, y así actuamos en este período.
Desde luego también influyeron otros factores, en primer lugar, nuestras propias debilidades, sobre todo en el terreno de la organización, la precariedad de nuestras alianzas, los orígenes, trayectorias políticas y diferencias ideológicas de las fuerzas que nos agrupamos en el Frente Democrático Nacional y, desde luego, la debilidad en el mando, que se tornó en la debilidad principal, en la medida en que estaba ausente en nuestro movimiento un poderoso partido de clase, capaz de darle esa unidad de dirección y mando que requería un movimiento popular de tan vastas proporciones y dimensiones como el que habíamos generado; al localizar la debilidad principal, quedó de manifiesto que el liderazgo personal, por prestigiado que éste sea, no puede sustituir el papel de la organización partidaria.
En estas condiciones, los logros obtenidos fueron de gran importancia política y se imponía adoptar una táctica madura e inteligente que nos permitiera consolidar lo ganado, a fin de cimentar en los resultados obtenidos la edificación de una gran fuerza política, capaz de contribuir al desarrollo democrático del país.
El Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, al igual que otras fuerzas democráticas, propuso esa táctica madura e inteligente, actuó de acuerdo con ella, la defendió desde el punto de vista teórico y práctico y gracias a ello contribuyó a salvar buena parte del movimiento y evitó la crisis política, la crisis constitucional.
Desde el mes de agosto de 1988, ya en vísperas de que se instalara el Colegio Electoral, demostraron las dos tácticas que terminarían enfrentándose en el seno del Frente Democrático Nacional; esas dos tácticas tendrían profundas implicaciones estratégicas, y de hecho se han mostrado hoy como dos estrategias radicalmente diferentes, las posiciones de "todo o nada", "presidencia o muerte" que postulaban algunos agrupamientos del Frente Democrático Nacional, a pesar de que chocaban con la realidad, se expresaban constantemente como prueba del revanchismo, el subjetivismo y el protagonismo con que actuaban algunos de los dirigentes principales, que irresponsablemente alentaban el aventurismo y la conducción del movimiento a callejones sin salida; una y otra vez derrotados, una y otra vez eran derrotados y una y otra vez volvían a la carga con sus planteamientos erróneos y hasta perversos.
Es importante analizar con toda objetividad y veracidad los acontecimientos del período inmediato anterior, pues servirá para explicarnos de forma más certera el comportamiento de todas las fuerzas políticas en los momentos actuales.
Es un hecho que en este período de la historia de México se polarizaron las fuerzas políticas en tal
magnitud, que por un lado el pueblo y por otro el gobierno y su partido, estuvieron a punto de llegar a un enfrentamiento cercano a la guerra civil con motivo de las elecciones de julio de 1988. A punto estuvo el período electoral de convertirse en período insurreccional, hubo fuerzas que empujaron en esa dirección, tanto dentro del gobierno como dentro de nuestro movimiento.
Los delicados momentos que se vivieron a partir del 6 de julio de 1988, se prolongaron con altibajos durante los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, esos cinco meses fueron el marco en que se libraron intensas batallas políticas con el fin de consolidar lo ganado, pero a las condiciones favorables del exterior del movimiento no correspondieron condiciones favorables en el interior del Frente Democrático Nacional.
Por una parte, los compañeros del Partido Mexicano Socialista y por la otra los ex priístas de la Corriente Democrática, evidenciaron sus debilidades teóricas y su miopía política, al no poder caracterizar con objetividad cada momento político que se iba produciendo y del cual podríamos sacar ventajas importantes para el movimiento popular; todo lo contrario, en cada momento evidenciaron que eran portadores de una política sin principios, de una táctica oportunista e irresponsable y de una falta de claridad en los objetivos.
En la primera fase de este período, sobre todo en los meses de julio, agosto y parte de septiembre, se vieron los momentos más difíciles, debido a que la posición de "todo o nada" trató de imponerse como táctica de todo el movimiento y con ello estimularon las ilusiones de importantes sectores del pueblo, acerca de la posibilidad de que fuera reconocido el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas como presidente. Se expuso así a nuestros partidarios a que, subestimando al adversario y desestimando al aparato del Estado, siguieran un camino equivocado de confrontaciones y desgastes que condujo a la frustración de miles de simpatizantes y a la desmoralización de nuestras fuerzas.
Sin medir las consecuencias, sin valorar objetivamente nuestras propias fuerzas y capacidades, se pretendió precipitar la crisis constitucional, impidiendo, o tratando de impedir alguno, la instalación del Colegio Electoral y la calificación de las elecciones para diputados, buscando que no se integrara la Cámara.
Esta posición fue derrotada y logramos que el colegio se instalara, trabajara y cumpliera con su cometido de calificar las elecciones, lo que nos permitió obtener el reconocimiento de 136 diputados federales del Frente Democrático Nacional; es bastante conocido lo que tuvimos que batallar a fin de lograr se nos reconocieran además los cuatro senadores; en el caso de los senadores en el Distrito Federal hubo la intención de congelarlos y dejarlos sin calificar para que no tomaran posesión de sus cargos, por lo que hubo de llegarse a un primer acuerdo con representantes de Salinas para que se respetaran nuestros triunfos en el Senado.
El acuerdo consistió en que se respetaría al presidente Miguel de la Madrid durante la lectura de su último informe de gobierno, el 1o. de septiembre. El propio Cuauhtémoc Cárdenas, tratando de que se respetara ese acuerdo, dijo a todos sus partidarios el 31 de agosto, en el mitin del Monumento a la Revolución, textualmente: "Que escucharíamos con todo respeto el informe del 1o. de septiembre". Sin embargo, se impugnó, se impuso el revanchismo de Porfirio Muñoz Ledo y el 1o. de septiembre se impugnó la lectura del informe y se abandonó la sala de sesiones, los diputados del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional tuvimos que aceptar esa medida, contraria a lo acordado, a fin de no romper públicamente la unidad del Frente Democrático Nacional.
La violación del acuerdo precipitó los acontecimientos, los militares y los Líderes del movimiento obrero se endurecieron y exigieron que se procediera de inmediato a calificar la elección presidencial, desestimando nuestra exigencia y la del propio Cuauhtémoc de que las elecciones para presidente fueran debidamente revisadas, los paquetes abiertos y los resultados debidamente conocidos de acuerdo con su realidad. Fatalmente, el grupo gobernante tomó la decisión de realizar la calificación de las elecciones presidenciales los días 7 y 8 de septiembre; de tal manera que se pudiera declarar Presidente electo a Carlos Salinas de Gortari el 8 de septiembre. (Aplausos.)
Esta decisión crea un clima de tensión extrema que favorecía las posiciones de quienes pugnaban por establecer una ruta de coalición y enfrentamiento, política sumamente peligrosa para el movimiento popular, ya que conducía seriamente a la brutal represión contra nuestros partidarios.
De manera responsable, la dirigencia del Partido del Frente Cardenista buscó las formas de establecer fuentes para que se produjera un encuentro entre Cuauhtémoc y Salinas, a fin de que dialogando entre ellos se pudiera llegar a acuerdos favorables para la nación. Lo más que pudimos lograr fue que se prolongaran hasta el 10 de septiembre los trabajos de calificación de las
elecciones presidenciales, pero el encuentro no se produjo. El 10 de septiembre es declarado Carlos Salinas de Gortari como Presidente electo y como consecuencia se endurecen las actitudes del Frente Democrático Nacional; se convoca a una gran concentración en el Zócalo para el 14 de septiembre, que resultó tumultuosa, y allí la dirigencia del Frente Democrático Nacional, personalizada por Cuauhtémoc Cárdenas, plantea la renuncia de Salinas y declara que el Frente Democrático Nacional cumplió su papel y llama a la formación de un nuevo partido.
Ninguno de estos planteamientos había sido consultado con los representantes de los partidos miembros del Frente Democrático Nacional, por lo que de inmediato se mostraron las primeras discrepancias de fondo con lo planteado por Cuauhtémoc.
La dirigencia del Partido del Frente Cardenista fijó en el mismo momento sus diferencias, señalando que al nuevo partido irían "o los que no tenían partido, o los que no estaban a gusto con el partido que tenían".
Además, planteamos que era un grave error político el planteamiento de la renuncia de Salinas y mostramos nuestro desacuerdo con la afirmación de que el Frente Democrático Nacional, ya había cumplido su papel.
Esos tres grandes equívocos del discurso de Cuauhtémoc, marcaron profundas diferencias al interior del Frente Democrático Nacional, que se fueron acentuando, sobre todo por la actitud oportunista del Partido Mexicano Socialista, que de inmediato aceptó disolverse y sumarse a la iniciativa del nuevo partido, así como las agresiones y el trabajo sucio que empezaron a realizar algunos miembros de la Corriente Democrática, que empezaron a visitar a los militantes de los demás partidos del Frente Democrático Nacional para decirles que nos disolvíamos todos, a fin de integrarnos al nuevo partido de Cuauhtémoc.
Durante un mes, hasta el 14 de octubre, las reuniones semanales de cada miércoles se dedicaron a examinar los problemas que provocaría al Frente Democrático Nacional la creación del nuevo partido. Todos nos mostramos respetuosos del derecho que tenían los ciudadanos sin partido de integrar uno nuevo, pero insistimos en que Cuauhtémoc tenía una gran responsabilidad como dirigente de todo el movimiento, como presidente de la comisión política del Frente Democrático Nacional y como líder capaz de unir y agrupar a todas las fuerzas del movimiento, por lo que no debería participar de manera personal y directa en la organización del nuevo partido. Le señalamos, con toda oportunidad, que su papel era salvaguardar la unidad de todo el movimiento, ser el líder de todos y no de un solo partido y que la lucha por la unidad que hasta ese momento había sido la preocupación y el quehacer de todos los partidos, se vería quebrantada y sustituida por la disputa de ver quién imponía su hegemonía, su dominio sobre los demás.
Le comprobamos que se desataría la guerra interna entre las fuerzas del Frente Democrático Nacional si él decidía encabezar la formación del nuevo partido en detrimento de los demás; todos los argumentos y todas las razones que le presentamos no fueron capaces de convencerlo y finalmente tomó la decisión de abandonar sus obligaciones con el Frente Democrático Nacional, para involucrarse de manera directa y personal en la formación del nuevo partido; el argumento que utilizó fue que tenía compromisos con sus compañeros de la Corriente Democrática que no podía eludir.
La decisión de Cuauhtémoc fue un gran error político que atentó de manera directa contra la unidad del Frente Democrático Nacional; lo convirtió de líder de todo el movimiento popular en dirigente de una facción, la que constituyeron los compañeros del Partido Mexicano Socialista, de la Corriente Democrática, así como punto crítico el Mad y otros agrupamiento de menor importancia.
Pero esa decisión no sólo atentó contra la unidad del Frente Democrático Nacional, sino contra la integridad de nuestros partidos, pues los partidarios de Cuauhtémoc se dedicaron a socavar y a confundir a los militantes de los demás partidos, particularmente del Partido del Frente Cardenista, con toda una campaña de mentiras y calumnias para desprestigiaron y descalificarnos. A pesar de la actitud de Cuauhtémoc Cárdenas y sus partidarios, los demás partidos miembros del Frente Democrático Nacional mantuvimos una conducta unitaria en defensa de la existencia del Frente Democrático Nacional y seguimos trabajando durante octubre y noviembre realizando los máximos esfuerzos porque se sostuviera el agrupamiento de nuestras fuerzas.
Así llegó el 1o. de diciembre y con esta fecha culminó un período de graves tensiones e incertidumbres, en donde la provocación estuvo a la orden del día, hubo quienes plantearon impedir la toma de posesión de Salinas de Gortari; hubo otros que irresponsablemente pretendieron concentrarse en el Zócalo y tomar Palacio Nacional para instalar a Cuauhtémoc en la silla presidencial, pero también había fuerzas sensatas dentro del Frente Democrático Nacional, había partidos
experimentados y maduros que propusimos se establecieran puentes que permitieran el diálogo y la concertación entre las fuerzas del Frente Democrático Nacional y el nuevo gobierno, a fin de impulsar un programa democrático de reconstrucción nacional.
Se llegó a recibir la propuesta directa de Salinas de Gortari para que el día 1o. de diciembre, inmediatamente después de la toma de posesión, nos reuniéramos en Palacio Nacional todos los representantes del Frente Democrático Nacional con él, para examinar y acordar las formas de impulsar un gobierno de concertación nacional para el desarrollo democrático del país.
Esta propuesta llegó a examinarse en la comisión política del Frente Democrático Nacional, pero frívolamente fue rechazada con el argumento también de Porfirio Muñoz Ledo, "de que un líder del tamaño de Cuauhtémoc Cárdenas", no podía reunirse con un presidente "usurpador" e "ilegítimo" como el "señor Salinas".
De torpeza en torpeza fueron destruyéndose todos los puentes que construimos para que el diálogo, que también es una forma de lucha política, se diera y fructificara a fin de encauzar el poderoso movimiento democrático que despertamos y forjamos para todos. Se perdió así la oportunidad de una gran victoria política consistente en avanzar por un camino de reconstrucción de las fuerzas políticas del Estado; de recomposición del poder, de democratización de la vida nacional y con ello se frustraron las esperanzas de millones de mexicanos que nos dieron su voto el 6 de julio de 1988, pensando que se lo daban a una fuerza madura para gobernar.
Afirmamos que de haber aplicado el camino correcto hubiéramos logrado mejores condiciones para que se nos respetaran los triunfos a la gubernatura de Tabasco y hubiéramos elevado la posibilidad de ganar la gubernatura de Baja California, llevando al licenciado Guilebaldo Silva Cota, Como candidato del Frente Democrático Nacional, candidatura que por viejos resentimientos y rencillas que se dieron cuando Porfirio Muñoz Ledo era presidente del Partido Revolucionario Institucional, este último bloqueó y vetó para que no se produjera.
Las actitudes de los ex priístas, llenas de revanchismo, autosuficiencia y prepotencia, fueron conduciendo al Frente Democrático Nacional a una posición antipriísta y antigobiernista francamente enfermiza, que derivó en una posición de panismo de izquierda ampliamente apoyada por quienes nunca comprendieron el carácter del Frente Democrático Nacional. Teórica y prácticamente, los que ahora forman el Partido de la Revolución Democrática entendieron al Frente Democrático Nacional como un frente meramente electoral, antipriísta y antigobiernista y dejaron de lado la característica del Frente Democrático Nacional como frente político amplio, de lucha antiimperialista, antioligárquica y antifascista; no comprendieron que el Frente Democrático Nacional debería ser un gran frente capaz de agrupar y hacer coincidir a todas las fuerzas democráticas y progresistas de dentro y de fuera del gobierno, y que su existencia posibilitaba las alianzas con las fuerzas progresistas del Partido Revolucionario Institucional, a fin de orientar la política y economía del país por un rumbo progresista.
Estas graves incomprensiones llevaron finalmente a la desarticulación del movimiento popular y a la desaparición prácticamente del Frente Democrático Nacional. Todavía hicimos un último intento de propiciar la rectificación de la equivocada política del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, cuando convocamos a la celebración el 18 de marzo en el Zócalo y propusimos levantar un programa de defensa de la soberanía nacional, la independencia económica y la defensa de las libertades democráticas, así como el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo, invitando además a un representante de las fuerzas progresistas del Partido Revolucionario Institucional, para que fijara su posición respecto a estas demandas populares de carácter avanzado.
Bajo estricta responsabilidad partidaria, nos propusimos demostrar que era viable transitar el camino de la unidad antiimperialista con todas las fuerzas democráticas y nacionalistas de dentro y de fuera del gobierno, y que la defensa de la soberanía nacional era el punto más alto de unidad que podíamos lograr en un momento en que se renegociaba la deuda externa y el país estaba siendo sometido a duras presiones.
La respuesta de los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática, además de intolerante e irrespetuosa contra una decisión autónoma de nuestro partido, fue desatar con saña una serie de ataques irresponsables contra nuestra política, tildándonos de gobiernistas y de aliados del Partido Revolucionario Institucional, como si no fuera válido establecer en determinadas condiciones alianzas con estas fuerzas, y no digan "de esta agua no he de beber". (Aplausos.)
En esas condiciones, decidimos recuperar nuestra libertad de acción política y continuar nuestro esfuerzo por construir un poderoso partido de clase, bajo la guía del programa histórico del cardenismo. En ese esfuerzo representa un reto para todos nosotros el demostrar que el
cardenismo obrero y campesino, que el cardenismo de clase, que el cardenismo revolucionario, es el cardenismo histórico que como ideología y programa de las masas constituye la vía constitucional al socialismo en nuestro país.
Hemos acumulado experiencias, victorias políticas, recursos y prestigio ante importantes sectores de la población como para desatar la ofensiva general en todos los terrenos de la lucha legal y política, por lo que podemos desatar una poderosa marcha hacia la construcción de un poderoso partido de clase, que le dé sentido, viabilidad y vigencia al aún más poderoso frente nacional antiimperialista que logre agrupar, sin sectarismos, a todas las fuerzas progresistas de dentro y de fuera del gobierno para defender la soberanía nacional y popular, para impulsar la vida democrática del país, para garantizar el desarrollo económico y la modernización de la planta industrial del país sin entrega al extranjero; para que surja y se desarrolle el poderoso sector social de la economía en manos de los trabajadores; para que las mujeres disfruten plenitud de derechos e igualdad de oportunidades; para que los campesinos tengan, además de tierra y de trabajo, el disfrute del producto traduciendo en vivienda digna, educación, salud, vestido, recreación y bienestar; para que los jóvenes logren educación básica profesional y técnica con garantía de ocupación plena y apertura de oportunidades; para que se reactiven las fuerzas políticas de los obreros y los campesinos y reconstruyan el frente histórico con los sectores progresistas del Partido Revolucionario Institucional, el Partido del Frente Cardenista y otras fuerzas democráticas, capaz de robustecer la línea de defensa de la resistencia nacional antiimperialista, para que se reconstruya la economía y la política nacionales, para que pueda instaurarse un gobierno democrático de reconstrucción nacional, para que podamos poner rumbo hacia la plena emancipación nacional y social de nuestra patria.
Señoras y señores diputados, para el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en este período extraordinario se debe impulsar la reconstrucción global de la sociedad y el régimen político de la nación, es decir, estimular y emprender una verdadera reestructuración democrática de las bases del pacto social que delinearon los Constituyentes de Querétaro. Concebida la Constitución Política como el documento histórico que representa el ser y la aspiración de toda nación moderna, consideramos que su reforma, como la tarea que hoy emprendemos, debe reflejar la continuidad perseverante de ciertas identidades nacionales, pero también la consecución tanto de viejos anhelos libertarios e igualitarios no alcanzados, como el ideal de colocar al país frente a los retos de un mundo cambiante.
Democracia integral y respeto al sufragio son dos de los grandes problemas de los que la nación mexicana espera respuesta, tópicos añejos por los cuales un sinnúmero de mexicanos han ofrendado su sangre.
No es una exageración afirmar que en los últimos años el país se aleja cada vez más del proyecto de nación democrática por el que aspiraron, entre otros, hombres como Morelos, Ocampo y los Constituyentes de Querétaro.
A nuestro parecer, estamos cada vez más distantes del modelo de país que bellamente se describe en el artículo 3o. de nuestra Constitución, que a la letra reza: "Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundados en el constante mejoramiento económico y cultural del pueblo".
Tres lustros de crisis estructural del capitalismo mexicano y décadas de atropellos a la libertad democrática y derechos políticos de los ciudadanos, en especial el ultraje al sufragio, deben ser principal motivo de nuestra atención en los trabajos por venir de este período extraordinario.
La nación nos demanda verdaderos cambios democráticos y no reformas superficiales que contenten a las diversas capas de las clases políticas. Nuestro gran reto es el avanzar en la reconstrucción democrática de la nación mexicana. La nación, y en especial su componente popular, se vería defraudada si de aquí sólo resultara el repartimiento de parcelas de poder político, un reparto de los montes sin consecuencias reales en la vida de nuestro pueblo.
Apuntalemos en nuestra Carta Magna tanto los lineamientos de una sociedad verdaderamente democrática como los de un nuevo sistema de relaciones políticas que mejore las formas de representación y de la estimación políticas.
Nuestras 46 propuestas de reforma constitucional y las 104 al Código Federal Electoral se apoyan en el artículo 39, que señala: "La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo; todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste, el pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar las formas de su gobierno".
Reiteramos nuestra firme convicción de que el debate de la reforma constitucional carece de terrenos vedados, porque el cuestionamiento del principal agente de la nación: del pueblo, comprende un amplio espectro de carencias sociales y políticas insatisfechas que obligan a la revisión
global del pacto social vigente; toda visión menor expresa, para el Partido del Frente Cardenista, crecidismo parlamentario, es por ello que nuestra propuesta modifica la mayoría de los títulos de la Constitución y transforma en lo esencial el Código Electoral vigente.
Nuestra iniciativa de reforma constitucional atiende al propósito de avanzar hacia una democracia integral, entendida ésta al modo del artículo 3o. de la Carta Magna y como democracia que avance hacia una sociedad realmente igualitaria, libertaria, plural e independiente, ésa es la democracia moderna que hoy proponemos, a la que tenemos pleno derecho y de cara a los retos del nuevo milenio.
Proponemos, en resumen, atender al imperativo de la reestructuración social y política del edificio que habitamos. nuestro modelo de reformas busca avanzar en aspectos vitales de lo que sería una real democracia representativa al pugnar por: una proporcionalidad total de las fuerzas políticas electorales en los órganos legislativos, tanto en el de diputado como en senadores; en consecuencia, consideramos necesaria la desaparición del actual sistema mixto por lo que permite la manipulación de la fuerza política principal, o sea, la gubernamental; libertad a los individuos para la asociación política; desaparición de todo sistema de autocalificación de los poderes, por ello se propone la creación de un tribunal federal electoral que califique elecciones de diputados y senadores, aunque se propone conservar la calificación de la elección presidencial por la Cámara de Diputados; modificación esencial de los órganos públicos electorales con el fin de garantizar su autonomía frente al poder público, elevar su competencia y rescatar su confianza frente a los ciudadanos; sustitución del presidencialismo por un sistema de mayor equilibrio entre los poderes de la Federación, por ello proponemos que se eleven las atribuciones del Congreso; reestructuración del Poder Judicial de la Federación en la medida que la designación de ministros y magistrados competen al Congreso y no al Presidente, antes hemos propuesto de que una parte relacionada con este poder califique las elecciones de diputados y senadores.
En consecuencia, con la propuesta de limitar el presidencialismo absolutista definimos con mayor precisión las causales del eventual juicio político al titular del Poder Ejecutivo, ex presidentes y ex secretarios de despacho.
Para el Partido del Frente Cardenista la reforma política y social implica el fortalecimiento de las garantías individuales y de los derechos ciudadanos, por ello proponemos 15 reformas al Título Primero "de las garantías individuales", resumidas en cuestiones como: reforzamiento de la igualdad ante la ley para todos los individuos, independientemente de su condición sexual; reconocimiento del carácter pluriétnico y pluricultural de la nación mexicana; mayores derechos a los niños y la senectud; derecho de maternidad voluntaria en las condiciones de salud que marque la ley; ampliación de la educación obligatoria hasta la secundaria; libertad y asociación política para los individuos; consideración de los medios de comunicación social como propiedad de la nación; ampliación de la libertad de expresión; no intromisión del ejército en asuntos de procuradurías; justicia realmente expedita; obtención de la ciudadanía a los 16 años; derechos al silencio para los acusados; fortalecimiento del sector social de la economía; precisión de lo que se entiende por actividades monopólicas con el fin de favorecer la libre concurrencia y proteger a los individuos; impulso a la investigación tecnológica y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo por el Congreso.
Sobre la soberanía y forma de gobierno, proponemos tres modificaciones constitucionales que comprenden cuestiones como las siguientes: que los partidos políticos sean asociaciones libres, voluntarias y autónomas del poder público; prohibición de que los poderes federales y locales intervengan en los asuntos internos de los partidos; prohibición de que los recursos públicos, salvo los que marca la ley, sean utilizados por partido político alguno; limitación de toda forma de corporativismo; derecho de los ciudadanos a ser votados al margen de los partidos políticos; conformación del Estado de Anáhuac.
En el Título Tercero, denominado "de la división de poderes", se reforman 24 artículos, estos cambios se pueden resumir así: integración de la Cámara de Diputados por 500 diputados bajo el principio de representación proporcional en lista única; readecuación de la estructura electoral nacional con las siguientes partes: sección, comité municipal, comisión local, comisión federal, ampliación del tiempo de la residencia de los candidatos; conformación del Senado bajo el principio de representación proporcional, tres integrantes por estado; calificación de las elecciones de diputados y senadores por el tribunal federal electoral; prioridad a las iniciativas del Legislativo; modalidades más democráticas y republicanas en el informe presidencial; derecho de iniciación de leyes a ciudadanos...
(Desorden.)
Si no me quieren respetar el tiempo, de todos modos voy a seguir hablando, así es que pedimos
allá a la tribuna que tenga respeto al orador. Señor presidente, ya estoy a punto de terminar.
El C. Presidente: - Se pide a las galerías guarden silencio.
El C. Rafael Aguilar Talamantes: - Derecho de iniciación de leyes a ciudadanos; desaparición del derecho de veto del Presidente; aprobación, en sesión de Congreso, de cuestiones como el contrato de empréstitos externos, Plan Nacional de Desarrollo y juicio al Presidente; nombramiento, por el Congreso, de ministros y magistrados; reorientación democrática en la revisión de la Cuenta Pública y presupuestos federales con el fin de que las cámaras fijen criterios de la determinación de la política económica; atribución exclusiva de la Cámara de Diputados para la creación y enajenación de organismos y empresas descentralizadas; segunda vuelta en la elección presidencial en el caso de que en la primera no haya triunfado por mayoría simple; obligación para que los candidatos presidenciales hayan residido por seis años de anterioridad en el país y tengan la experiencia de ser candidatos a puestos de elección popular; sujetar a la aprobación de los diputados los nombramientos de los secretarios de despacho, procurador general, coroneles y superiores de las fuerzas armadas; reestructuración del Poder Judicial con los siguientes propósitos:
Convertir en verdadera carrera profesional la función de integrante del Poder Judicial, mayor capacidad profesional de ministros y magistrados, designación de ministros y magistrados por el Congreso.
Pedir similares requisitos profesionales al procurador como a ministros y magistrados.
En el Título Cuarto, llamado "de las responsabilidades de los servidores públicos", se precisan cuestiones como: los delitos por los que puede ser acusado el Presidente: traición a la patria y violación flagrante de garantías individuales y de la autonomía de los Poderes de la Unión, delitos graves del orden común; aplicación del juicio político al Presidente y secretarios de despacho y hasta ocho años después de dejar el cargo.
En el Título Sexto "del trabajo y previsión social", proponemos: la derogación del apartado B del 123 y el derecho de los trabajadores a intervenir en la administración de las empresas.
En el Título Séptimo "prevenciones generales", proponemos: que se sometan a referendum las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso, como fue planteado por el anteproyecto de Constitución de 1856 - 1857 y con el fin de estimular la participación ciudadana en los cambios constitucionales.
Para el Partido del Frente Cardenista, la modernización como vocablo democrático debería implicar no sólo el encarar con éxitos los retos de la competencia productiva internacional, sino también el convertir en realidad añejas utopías libertarias e igualitarias de nuestra historia patria, ya que avanzar sólo en el primer rumbo, nos conduciría a los senderos de modernizaciones neoporfirianas con sus enormes costos sociales y nacionales.
Señoras y señores diputados: La nación ansía que les presentemos en este período extraordinario la confrontación de un verdadero debate que esclarezca los diversos proyectos de reestructuración de la nación.
El Partido del Frente Cardenista espera que por el bien de México triunfe el de la reconstrucción democrática de la sociedad y del régimen de relaciones políticas entre la sociedad civil y el Estado. Muchas gracias por su paciencia.
Señor presidente, ruego instruya usted al señor secretario para que incluya las dos páginas que en relación con el problema de Cananea no le daremos lectura por respeto a la paciencia de los señores diputados, pero que de todos modos conste esta parte final de nuestra intervención, que entregamos por escrito, para que sea inscrita también en el Diario de los Debates.
El C. Presidente: - Atienda la secretaría la solicitud del señor diputado Aguilar Talamantes e insértese.
La C. secretaria María Claudia Esqueda Llanes:
«A los mineros de Cananea, a la opinión pública:
Reunidos en la ciudad de México, los dirigentes políticos de las 32 entidades de la República, pertenecientes al comité central del Partido del Frente Cardenista, al examinar el problema de la Compañía Minera de Cananea, resolvimos lo siguiente:
1o. Condenar la forma en que procedió la empresa minera de Cananea declarándose en quiebra sin mediar concertación alguna con los trabajadores, actuando la empresa y la Secretaría de Energía y Minas en forma tal que contradice el espíritu de concertación que el presidente Salinas de Gortari ha dicho que prevalecerá en su gobierno.
2o. Que la quiebra no es imputable a los trabajadores, tal como se reconoció oficialmente, que es dudoso el procedimiento usado para hacer tal declaración y que más bien se trata del medio común que se está utilizando para instrumentar la política de modernización.
3o. Que la modernización de Cananea es un hecho inevitable, realizado en el marco de la política global del Estado mexicano, a su vez puesta en práctica por las nuevas condiciones de la producción mundial, que demandan mayor eficiencia y productividad no sólo en los países del campo del capitalismo, sino del socialismo también.
4o. Que la mayor actitud del gobierno frente al cierre de Cananea, en el marco de la modernización, debió ser el diálogo y la concertación, demostrando con esto su capacidad de hacer una política para sumar voluntades en favor de la nación y no de la reacción.
5o. Que la mina debe ser resguardada por los trabajadores y no por el ejército y que si existe la declaratoria oficial de quiebra, la salida cardenista a este problema consiste en que la mina sea entregada en propiedad a los trabajadores para que éstos la dirijan, la administren y la gobiernen.
6o. Que es necesario rechazar las actitudes provocadoras de quienes aprovechándose de la torpeza con que se procedió, pretendan exacerbar los ánimos obreros con el fin de que se dé una confrontación estéril y se produzca la derrota de los mineros.
7o. Que el conflicto de Cananea no puede tener una salida progresista por el simple hecho de que las masas obreras en Cananea sean radicalizadas, que la salida correcta depende de que se propicie y se busque el involucramiento del movimiento obrero y de todas las fuerzas nacionales y populares en favor de los mineros y que el Sindicato Minero Metalúrgico está obligado a llegar incluso al emplazamiento de huelga por solidaridad con todas las secciones que conforman su sindicato, en apoyo a los mineros de Cananea.
8o. Que en todas las formas posibles el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional ofrece solidaridad a los mineros de Cananea, convocando a una jornada nacional en todo el país para el próximo día 3 de Septiembre, exigiendo la entrega de la mina de Cananea en propiedad a los trabajadores para que ellos la reabran y la echen a andar con eficiencia y productividad y resuelvan para siempre los malos manejos hechos por la empresa y sus administraciones oficiales.
Fraternalmente.
"Por un Gobierno de los Trabajadores". - Fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. - Palacio Legislativo, 29 de agosto de 1989.»
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Vicente Luis Coca Alvarez.
El C. Vicente Luis Coca Alvarez: - Ciudadano presidente; compañeras y compañeros diputados....
(Desorden.)
El C. Presidente: - Orden. Por favor desalojen los pasillos. Se pide a las personas que están ocupando los pasillos, con toda atención, tengan la amabilidad de desalojarlos para poder continuar con la sesión.
Continúe señor diputado Vicente Luis Coca Alvarez.
(Desorden.)
El C. Presidente: - Señores diputados: Se pide guarden orden en la sala de sesiones. Por favor, las personas que se encuentran en los pasillos sean tan amables de desalojarlos para poder continuar con la sesión. Por favor, las personas que se encuentran en los pasillos se les solicita tengan la amabilidad de desalojarlos para poder continuar con la sesión.
Esta presidencia hace un atento llamado a los señores diputados para que se ubiquen nuevamente en sus lugares y podamos continuar con la sesión.
Si son tan amables señores diputados de volver a tomar sus asientos. Se ruega a las personas que no son diputados, desalojar los pasillos.
Señores diputados...
El C. Vicente Luis Coca Alvarez: - Señor presidente: Yo le suplico que aplique el Reglamento.
(Desorden.)
El C. Presidente: - Señores diputados: Se ruega atentamente tengan la amabilidad de volver a sus lugares y permitan que continúe la sesión.
Si alguien tiene alguna declaración que hacer a los medios de comunicación, se ruega al señor diputado que desea hacerlo, pasar a la parte posterior del salón para que podamos continuar.
El C. Presidente (a las 11.20 horas): - Se declara un receso de cinco minutos.
(Receso.)
El C. Presidente (a las 11.25 horas): - Se reanuda la sesión. Se le ruega a las personas que no sean diputados, se les suplica nuevamente retirarse de los pasillos.
(Desorden.)
Se ruega a la secretaría dar lectura a las fracciones III y VIII del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General.
La C. secretaria María Claudia Esqueda Llanes: - Son obligaciones del presidente:
III. Dar curso reglamentario a los negocios y dictar los trámites que deban recaer en los asuntos con que se dé cuenta a la Cámara.
II. Cuidar de que así los miembros de la Cámara como los espectadores, guarden orden y silencio.
VIII. Llamar al orden, por sí o por excitativa de algún individuo de la Cámara, al que faltare a él.
El C. Presidente: - Señores diputados: Atentamente esta presidencia les suplica tomar sus lugares para continuar la sesión y poner atención al orador.
Continúe el señor diputado con su intervención.
El C. Vicente Luis Coca Alvarez: - Compañeras y compañeros diputados: Por encima de dogmatismos y con un criterio abierto a la nueva realidad política que se vive el país, acudimos a este primer período extraordinario de sesiones de la LIV Legislatura al Congreso de la Unión, conscientes de que los logros, acuerdos, reformas y adiciones, dependen mucho en el futuro mediante e inmediato de más de 80 millones de mexicanos.
Estamos, los legisladores, ante una nueva oportunidad de dar al pueblo de México una reforma política que enriquezca nuestro documento fundamental, que sin perder el sentido visionario del Constituyente de Querétaro, se adecué al tiempo y al espacio de la nueva política que vivimos.
La inmensa mayoría de nuestros connacionales han presenciado con desconfianza y con escepticismo todo el proceso de consulta sobre la reforma política, porque no es la primera vez que esto se hace sin que se haya logrado una legislación que aleje la sospecha ciudadana del fraude electoral.
Al culminar cada proceso electoral, ciudadanos de todas las tendencias ideológicas han aportado en la Cámara de Diputados y en los diversos foros nacionales, valiosas opiniones y sugerencias, producto de sus dolorosas experiencias, tendientes a lograr la legitimidad en el proceso y el respeto pleno a la soberana voluntad popular expresada en las urnas.
Muchas veces la voluntad de reforma electoral ha quedado en entredicho; mucho del material aportado por ciudadanos de buena fe permanece olvidado en los archivos del Congreso de la Unión; en él se reseñan acuciosamente los afanes, los sacrificios, las ilusiones y los esfuerzos de quienes han creído que es posible acceder a la democracia, pero que lamentablemente fueron despojados de su triunfo por grupos de individuos, que en el pleno cinismo y en contubernio con algunas autoridades, alteraron el padrón electoral, cambiaron la ubicación de las casillas, impidieron la representación partidista, sustrajeron y rellenaron urnas, presionaron, amenazaron, agredieron y en ocasiones hasta con el empleo de la fuerza pública, obstaculizaron el sufragio efectivo.
Hay quienes dicen que hemos avanzado, porque teóricamente hablan del perfeccionamiento del proceso electoral, pero esos grandes estudiosos jamás han estado detrás de una urna, revisando un padrón o protegiendo una casilla.
El pasado 19 de diciembre, el grupo parlamentario y el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, encabezados por Carlos Enrique Cantú Rosas, acudimos ante el Ejecutivo Federal en demanda al respeto al voto ciudadano, y después de escuchar nuestra exposición, consistente en 22 puntos de reformas tanto a la Constitución como al Código Federal Electoral, giró instrucciones al Secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, para que a partir de la primera semana de enero del presente año se implementara una consulta popular de reforma política - electoral.
Esto, que indudablemente es un logro del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quizá sea la última oportunidad que tendremos los mexicanos para dirimir nuestras graves diferencias sociales, políticas y económicas, pero especialmente las políticas e ideologías por los caminos de la ley, el orden, la democracia y el progreso.
Los integrantes de los distintos partidos políticos, al igual que los ciudadanos, somos corresponsables del proceso electoral, pero toca a los órganos gubernamentales, primordialmente, ¡poner un hasta aquí a los miembros del hampa electoral!, quienes con toda impunidad y con
inusitada frecuencia, en ocasiones bajo la protección directa de un gobernador, cacique lugareño, dirigente partidista o presidente municipal, violentan la Constitución, las leyes electorales y la voluntad popular, haciendo escarnio del sufragio efectivo, que es lema de uso exclusivo en el adorno de la documentación gubernamental, coreografía de los actos oficiales y aplauso en sus demagógicos discursos.
Estos y muchos otros factores alientan el abstencionismo. El ciudadano común rehuye acudir a las casillas porque piensa que una vez más su voluntad habrá de ser víctima del manipuleo y del fraude electoral; sin embargo, la fórmula para acabar con ese cáncer que corroe a la democracia no es solamente emitir el sufragio y salir en su defensa, no es solamente crear una nueva ley y modificar la Constitución, sino respetarlas en su conjunto.
En ésta, la más alta tribuna de la nación, se han escuchado voces parmistas que demandaron en su tiempo, y que ahora reclamamos nosotros, adiciones y reformas a la Constitución, creyendo los que aquellas voces que con argumentos de solidez y de profunda lograría convencer finalmente a los miembros integrantes del otrora llamado partido de las mayorías, de que tal reforma era necesaria para avanzar hacia la democracia. Sin embargo, esas patrióticas intenciones y afanes chocaron siempre contra una cerrazón a ultranza y contra la indiferencia y la apatía.
Por fortuna, por decisión soberana del pueblo de México, ahora vivimos tiempos distintos. La decisión del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana de lanzar candidato propio en la persona de Cuauhtémoc Cárdenas, vino a marcar una nueva era en la política nacional. El reacomodo de las fuerzas políticas, hoy permite abordar los diálogos y los razonamientos con mayores posibilidades de ser atendidos. Es esta etapa política, parte culminante de anteriores jornadas cívicas encabezadas por Francisco I. Madero, Juan Andrew Almazán, Enríquez Guzmán, y a partir del 6 de julio de 1988 de los millones de mexicanos que con su decidida participación hicieron posible un despertar cívico que hoy estamos obligados a preservar mediante leyes precisas, claras y justas.
Animado el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana por la nueva correlación de fuerzas políticas, ha propuesto reformas a la Constitución y al Código Federal Electoral relativas a la integración de la representación política al sistema de partidos, a las diversas etapas del proceso comicial, al padrón electoral, al Tribunal de lo Contencioso y a las modalidades y expectativas de la renovación política en el Distrito Federal.
Destacará de entre nuestras iniciativas una que nuestro dirigente nacional, Carlos Cantú Rosas, expuso en la pasada legislatura y que se refiere a reformas y adiciones a las fracciones V y VI del artículo 82 de la Constitución Política, así como al artículo 81 que se refieren a los requisitos de elegibilidad para Presidente de la República.
En suma, defenderemos nuestras propuestas en los siguientes puntos.
Primero. La creación de un tribunal electoral de lo contencioso autónomo para impedir trampas electorales, entre otras, como las ocurridas en Michoacán, Oaxaca y Durango.
Segundo. Proponemos, asimismo, reformas y adiciones al artículo 41 constitucional y a las legislaciones de los estados de la Federación, de manera que las leyes electorales y constitucionales estén en concordancia con el dictado de la Constitución de la República y la propia Ley Electoral Federal y especialmente a la presente reforma política, a fin de que responda cabalmente a la exigencia popular de democracia y al compromiso del Pacto Federal.
Tercero. Proponemos, asimismo, la creación de un órgano autónomo coordinador de las elecciones manejado por los ciudadanos, a través de los partidos políticos y el Estado, con integración partidaria y un representante de cada partido. El Ejecutivo, que sería el Presidente y dos representantes más, uno por la Cámara de Diputados y otro por la Cámara de Senadores, eliminándose este último requisito en el caso de los organismos locales.
Cuarto. La creación del Registro Nacional Ciudadano, también integrado partidariamente, designándose a su director y al presidente del comité técnico y de vigilancia del mismo, a través de la Comisión Federal Electoral.
Quinto. Expedición de la credencial de identidad ciudadana con fotografía y efectos de valor probatorio en cualquier instancia legal.
Sexto. Proponemos, por otra parte, que aquellas urnas que no sean impugnadas por ningún partido político queden bajo la custodia, como elementos de prueba en los tribunales de lo contencioso electoral; las que fueren impugnadas en cualquiera de las instancias del proceso serán turnadas al propio tribunal para su estudio y dictamen. El Tribunal de lo Contencioso Electoral remitirá junto con su resolución al Colegio Electoral aquellos paquetes impugnados por los partidos políticos, toda la documentación electoral, como son actas de escrutinio, actas de protesta ante la
casilla, los recursos que señala la ley de la materia, las actas de cómputo distrital tendrán el carácter de documentos públicos.
Séptimo. La integración del Colegio Electoral será con 100 diputados que serán designados por los partidos en base a su porcentaje de votación obtenida. Con esta media se pretende la auténtica representación proporcional y también podría lograrse que los partidos políticos se vean obligados a acrecentar su votación.
En cuanto al número de diputados, la Cámara debe mantener el mismo por ser éste conquista irreversible de la democracia.
Octavo. El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana propone la apertura del Senado, con senadores de representación proporcional, elegidos proporcionalmente a la votación obtenida por cada uno de los partidos políticos nacionales.
Noveno. Reprochamos la actitud de algunos gobernadores, caciques y protectores del partido oficial, quienes para favorecerlos se valen de esquiroles de otros partidos para pretender dividir a su militancia y desprestigiar su limpia trayectoria política.
Proponemos reforma y adición al artículo 28 del Código Federal Electoral, para que se castigue severamente a quienes suplanten a sus directivos o a los representantes del partido, debiendo ser castigados severamente, consignándolos ante las autoridades competentes.
Estamos, pues, compañeros diputados, ante la oportunidad que ciudadanos y partidos políticos hemos demandado. Esta puede ser la cristalización de viejos reclamos populares por la democratización del país; dependerá esto que lo asumamos con celo, con patriotismo y con elevada responsabilidad política. Demandamos aquí con fuerza, con vigor, con honestidad, con entereza las distintas ideas, pero antepongamos por encima de intereses de partido los superiores de la nación.
Hago un llamado al gobierno, al partido del gobierno ante esta gran cruzada nacional por la democratización de nuestras instituciones y que podría ser la última por la vía pacífica, a no caer en egolatrías, prepotencias o arrogancias; el país reclama madurez; los mexicanos en su conjunto demandamos, con la participación de todos, un México soberano, libre, independiente.
Hagamos todos de esta gran jornada por la democracia la continuación del parteaguas de la historia de este proceso político, que empieza a partir del 6 de julio de 1988 y aún no culmina. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al diputado Alfredo Reyes Contreras.
El C. diputado Alfredo Reyes Contreras: - Con su permiso, señor presidente; honorable asamblea: Durante los últimos días de la semana pasada, los coordinadores de los partidos políticos aquí representados adoptaron el acuerdo de que habría dos rondas de oradores; la primera ronda para plantear el juicio de cada partido político respecto a la situación económica, política y social del país y la segunda ronda, para referirse a la materia político electoral.
Queremos decir que este acuerdo no fue respetado y expresamos nuestra protesta porque se están sentando antecedentes o precedentes para no tomar consenso respecto al funcionamiento y la operatividad de la Cámara de Diputados. Que quede constancia de nuestra enérgica protesta. (Aplausos.)
Señoras y señores diputados: la patria mexicana está viviendo momentos muy difíciles, porque el gobierno de la República ha dado marcha atrás en las grandes conquistas populares, ha renunciado a su carácter de mandatario del pueblo y se ha sometido a la voluntad de fuerzas del exterior que son ahora las que deciden qué debe hacerse y cómo debe hacerse en materia económica, política y social.
En lugar de la Constitución General de la República, el gobierno sujeta sus actos a las llamadas cartas de intención en las que las instituciones financieras imponen su voluntad y sus mandatos; se ha cedido, por el gobierno, independencia y soberanía; la modernidad, término enfermizo del actual sexenio, se expresa a través de un franco proceso contrarrevolucionario proimperialista y por tanto antipopular.
En nombre de la modernidad se aplica una política económica de corte regresivo, favorable para la gran burguesía tanto doméstica como del exterior, se abren todas las puertas y se privilegia a las inversiones extranjeras; se financia con recursos del pueblo la apertura comercial y se promueve la apertura financiera.
En nombre de la modernidad se agrede al movimiento obrero y a sus organizaciones sindicales, se reducen drásticamente los salarios reales de los trabajadores mexicanos y se amenaza con despojarlos de conquistas históricas como la jornada máxima, el salario, el derecho de huelga y la protección social.
Con el pretexto de la modernidad se trata de regresar a la etapa porfiriana de persecución contra
los trabajadores del país y se busca restablecer la ley de la selva en las relaciones obrero patronales.
Invocando la modernidad, el gobierno ha puesto a remate el patrimonio nacional a favor de la reducida minoría de acaudalados que jamás se ve saciada su sed de riqueza, vende y desaparece las empresas que con enorme sacrificio recuperó para la producción y la eficiencia el Estado revolucionario mexicano.
El afán de la modernidad ha llevado al gobierno a violar la Constitución y las leyes; en su trato con el clero político lo ha conducido no sólo a negar la historia nacional, sino a renegar de ella y pedir al pueblo que reniegue de ella, cosa que jamás logrará, porque el pueblo mexicano está profundamente enraizado en este territorio suyo y en esta historia que él ha forjado a costa de muchos sacrificios. (Aplausos.)
En nombre de la modernidad se agrede al ejido, a los ejidatarios y a los campesinos mexicanos y se otorgan privilegios a los agricultores capitalistas incapaces de producir lo que el pueblo necesita para alimentarse; en fin, en nombre de la modernidad se ha implementado la contrarreforma en varios aspectos de la vida del país y se pretende llevarla al campo de la vida política nacional.
Señoras y señores diputados: El período extraordinario de sesiones que hoy iniciamos y en el que la nación ha puesto su atención, conocerá las iniciativas que en materia de reforma política han presentado fuerzas aquí representadas, su estudio permite concluir que hay dos grupos de iniciativas: aquellas presentadas para avanzar en la vida democrática de la nación para perfeccionar el régimen democrático, y otras que constituyen una verdadera retranca que impiden el avance democrático.
Habrá, a partir de hoy, un profundo debate no sólo en materia política, sino en todos los campos de la vida nacional. El Partido Popular Socialista ha expresado con franqueza sus opiniones en lo que se refiere a la posibilidad de una reforma política, hemos afirmado que ella tiene que pasar necesariamente por el fortalecimiento de los partidos políticos tanto en el incremento de sus derechos como en el de sus prerrogativas, que permitan ampliar en igualdad de condiciones su presencia en el escenario de las luchas nacionales.
Sin partidos políticos fuertes en las actuales condiciones del país, o con partidos que tengan una participación simbólica en el proceso electoral, como lo pretenden los neoliberales, no será posible ninguna reforma política en México.
La sustitución de los partidos, verdaderos representantes de clases sociales, de sus funciones y responsabilidades por personal técnico, así sea altamente calificado, por magistrados y profesionales sin mancha, es decir, una verdadera junta de notables, no son sino la expresión de ideas y concepciones del siglo pasado propias del viejo liberalismo que con nuevos ropajes reviven los nostálgicos modernizadores.
Y la intención gubernamental de tener la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados con una tercera parte de la votación nacional, es decir, el propósito de tener la mayoría con la minoría de la votación, tiene un carácter abiertamente antidemocrático; si se trata de abatir en verdad los cauces democráticos, el camino es el de permitir que cada fuerza política esté representada según su fuerza electoral, sin fórmulas ni mecanismos que alteren la voluntad popular.
Por eso el Partido Popular Socialista considera que ha llegado el momento de aplicar el principio de representación proporcional para la integración de la Cámara de Diputados y otros cuerpos colegiados de elección popular, estableciendo las normas que garanticen la reelección indefinida de los diputados.
Consideramos que es innecesario que el Congreso de la Unión tenga dos cámaras nos pronunciamos por el sistema unicameral, por la existencia de la Cámara de Diputados solamente y consecuentemente por la desaparición de la de Senadores, porque, efectivamente, de conservarse, se trataría de una cámara que repetiría innecesariamente los debates y trámites de la Cámara de Diputados.
Finalmente, si no hay cambios profundos en la organización política del Distrito Federal, si no se establece la vida municipal en la capital del país, y si no se reconocen los derechos políticos de sus ciudadanos, poco se habrá avanzado en la vida democrática de la nación.
La reforma política que se instrumente ha de ser para avanzar y no para retroceder y tendrá que ser complementada con una amplia reforma electoral que otorgue plena seguridad a los ciudadanos mexicanos para que emitan con plena libertad su voto y que una vez expresada la voluntad popular, sea escrupulosamente respetada; se requiere un sistema efectivo de sanciones para castigar a quienes ejercen presiones materiales y espirituales contra el electorado.
El Partido Popular Socialista, desde esta tribuna expresa su decisión de establecer y mantener la más amplia comunicación con los partidos y
diputados del campo democrático, para lograr una auténtica reforma política y combatirá con energía cualquier intento de contrarreforma en este campo. Muchas gracias.(Aplausos.)
El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Francisco Chávez Alfaro.
El C. diputado Francisco Chávez Alfaro: - Con su permiso, diputado presidente; señoras y señores diputados: En nombre de un grupo de diputados que fuimos electos a través del Frente Democrático Nacional, vengo a esta tribuna con la finalidad de manifestar la posibilidad de que exista la realidad de renacer, de revivir la unidad del pueblo en torno a la defensa de la soberanía y los intereses de la clase trabajadora, hoy por hoy tan duramente golpeada, en todo el quehacer de los más desprotegidos de nuestra nación, y para expresar lo que los ciudadanos mexicanos quieren que se diga ahora que nos han citado para llevar adelante las reformas constitucionales necesarias en materia electoral.
La labor que se abre, nuestra obligación de responsabilidad pública de establecer las bases de una concepción política, de un consenso político y práctica parlamentaria en las que reflejemos la decisión de contribuir a materializar un frente amplio, democrático, patriótico, que pueda dar las bases a una diputación popular unida en las iniciativas políticas y legislativas, capaz de abrir los espacios de esta cámara a la liberación de la voluntad de los ciudadanos.
Este período extraordinario del Congreso de la Unión, no es sino el reflejo real del interés que los ciudadanos de México tienen por el futuro político de nuestro país, por el debate en torno a la viabilidad de una transición hacia una democracia, transición democrática y pacífica de un régimen político.
Sobre esto, todos los partidos políticos y, en especial el Partido Revolucionario Institucional, han manifestado esa voluntad de cambio, la llaman modernidad política, pero los acontecimientos en nuestra patria no nos permiten que tengamos confianza de cómo puede reformarse la legislación electoral y en el sentido de que pueda tener un avance o un retroceso.
Y aquí hago una reflexión en torno a declaraciones en el sentido de que es necesario la alianza en particular con el Partido Revolucionario Institucional, para poder dar una reforma, por ser él el mayoritario, pero yo también diría: el Partido Revolucionario Institucional, sin la alianza con la oposición, tampoco podrá hacer una reforma electoral, nuestro problema no es de números, sino el que los diputados legislemos para un cambio democrático, con respeto absoluto a la voluntad popular, o que legislemos para que las cosas sigan igual o aun retrocedamos.
Si se está pensando verdaderamente en una reforma legislativa para hacer más democrático, necesario es de que en ella queden mejor garantizados los derechos de los ciudadanos en ésta y el pueblo quiere y confía en ello.
Si es así, estaremos siendo verdaderos portavoces de esta voluntad popular, pero el pueblo duda de que esto suceda, pues los hechos de Michoacán y de Oaxaca dicen lo contrario, por esta razón Michoacán se ha vuelto tan importante, pues es la muestra de que el gobierno a través de su partido, el Partido Revolucionario Institucional, no está dispuesto por nada del mundo a ceder el poder, si en cambio ha hecho todo lo posible: fraude electoral moderno, uso de la fuerza pública, para mantenerse en el poder, olvidando, en el caso de Michoacán, pueblo cardenista que ya ha dicho "basta"; el pueblo de Michoacán ha dicho: "cambio", un cambio de gobierno, un cambio de personas. Como observamos, sólo a través de ese respeto a la voluntad de nuestro pueblo podremos nosotros avanzar, podremos nosotros legislar, interpretando verdaderamente esta voluntad.
Señores diputados: si no se respeta el voto, si no se plasma en todos los ordenamientos de nuestras leyes este respeto al voto, este respeto a la soberanía popular consagrada en la Constitución y si no se establecen los mecanismos electorales de respeto a la voluntad; señores, vamos a dejar las cosas tal y como están y hagamos mejor compromisos políticos de que en ciertos casos, en ciertas entidades, en ciertos momentos de acuerdo a los tiempos, respetaremos esta voluntad.
Los casos en relación a la voluntad popular, debemos nosotros establecerlos no en función de los intereses partidarios, sino que debemos nosotros legislar interpretando, señores, el reclamo del pueblo de México expresado el 6 de julio de 1988: cambio democrático y pacífico del régimen político en base al respeto a la voluntad popular manifestada en las urnas.
Y termino mi intervención señalando que el problema electoral no es un problema de familias, no es un problema de grupos, no es un problema de partidos políticos, es un problema de respeto a la voluntad popular y en las condiciones en que vivimos, de gran confrontación política, señores diputados y, parafraseando al Benemérito Benito Juárez: sólo con el respeto pleno a la voluntad de los ciudadanos se dará en México la paz y el progreso. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al señor diputado Artemio Iglesias Miramontes.
El C. Artemio Iglesias Miramontes: - Con su permiso, señor presidente; compañeros diputados: De entrada, quiero señalar que el acuerdo parlamentario ha sido claro: una sesión con dos enfoques: la materia político - electoral y la otra titulada los problemas nacionales, pueden ser éstos de carácter social, político y económico.
Sobre esto, compañeros diputados de mi partido, en su tiempo y momento darán cabal respuesta a ello, a lo que aquí se ha planteado por algunos diputados. La materia de esta primera sesión es la referencia a los enfoques, a las visiones, a las perspectivas que cada uno de nosotros tenemos en materia político - electoral, dejo de esta manera, hechos trascendentes y, no pocos, tienen como antecedente a este Período Extraordinario de Sesiones de la LIV Legislatura en el que habremos de tratar asuntos sumamente relevantes para la vida de la nación.
De manera sucinta pudieran destacar, entre ellos, un proceso electoral federal de hace un año competido y disputado como ninguno lo fue desde la década de los años treinta a la fecha; una Cámara de Diputados cuantitativa y cualitativamente distinta a todas las que nos proceden desde el Congreso de Chilpancingo hasta ésta que se alberga en este transitorio recinto, que lleva el nombre del ilustre michoacano, doctor Ignacio Chávez.
Las audiencias públicas a las que convocó el Ejecutivo, llevadas a cabo en el órgano que actualmente tiene la función de vigilar y regular los procesos electorales: la Comisión Federal Electoral y, alternativamente y esto es importante destacarlo, las audiencias que por acuerdo de los grupos parlamentarios llevó a cabo la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de nuestra cámara, 21 fueron, a las que se invitaron a participar para exponer sus opiniones y propuestas a representantes de los diversos partidos políticos y a estudiosos en la materia, debatidas unas, rebatidas otras, todas fueron bienvenidas y escuchadas con respeto y atención.
Otro hecho importante es que, siendo el presidente de la República, licenciado Carlos Salinas de Gortari, el que convoca a este período extraordinario a través de la Comisión Permanente para que diputados y senadores legislemos en materia político - electoral, fundamentalmente, en este período extraordinario a fin de perfeccionar nuestra vida democrática, no presenta iniciativa alguna al respecto, por lo que somos los diputados y los miembros de la colegisladora los autores y por ello los responsables de que esto se lleve a cabo.
La iniciativa que a nosotros los priístas nos corresponde defender y tratar de sacar adelante, es la presentada por 36 diputados de nuestra fracción parlamentaria y que la dirección política de mi partido asumió como expresión válida del priísmo nacional, no es inflexible, no es rígida como proposición, no es apodíctica; si el análisis, la discusión la confrontan, la enriquecen y perfeccionan, enhorabuena, admitimos argumentos y rechazamos criterios.
Tenemos claro que los partidos políticos aquí representados están empeñados en que la reforma política sea lo más aproximada a la concepción que cada quien tiene de ella, es decir, que asuma los caracteres y particularidades más favorables a ese partido o a ese grupo; asimismo, la exigencia de votación calificada nos genera la necesidad de alianzas y concertaciones para llegar al objetivo más del país que de cada uno de los partidos, lo que hace que el procedimiento mismo para implementar los cambios que lleguen a efectuarse, nos ponga a todos en el papel de protagonistas, compartiendo el escenario y ante los ojos de la opinión pública.
Nuestro comportamiento en las discusiones, nuestra posición básica frente a las reformas, nuestros pronunciamientos acerca de cada tema específico que se plantea, y nuestras proposiciones sobre el contenido y el alcance del proyecto, son expresión de los objetivos que perseguimos, pero al mismo tiempo entrañan la posibilidad y el riesgo de ganar o perder desde ahora la simpatía y la adhesión de los millones de ciudadanos que siguen con interés este proceso, por tanto, cada uno estamos pugnando no sólo por objetivos, sino también en función de una táctica de lucha.
Por lo que aboga mi partido, es que este objetivo y esta táctica de lucha no se circunscriban a la concepción etnocéntrica de que suyo se anida en cada fracción parlamentaria aquí representada; saquémosla y ésta es nuestra proposición, saquémosla entre todos, no propongamos tácticas para alcanzar fracasos.
Algo podemos, sí, anunciarles, a quienes en su particular visión conciben y a veces hasta exigen de mi partido su paulatino desmantelamiento y su incondicional aplicación del poder en aras de esta reforma política: se equivocan, se equivocan de táctica, porque aquí y desde ahora, sin triunfalismos, sin menospreciar ninguna idea; con nuestras propuestas. ¿Quién lo duda?
Queremos seguir vinculados a las aspiraciones de bienestar material y cultural de nuestro pueblo, consolidar y ampliar la base plural para que el Estado mexicano siga siendo popular, siga siendo nacionalista, siga siendo soberano y siga siendo revolucionario.
En fin, con nuestras proposiciones, abrigamos la certidumbre de que el pluralismo político como realidad democrática debe organizarse institucionalmente, para que sea un factor de cuestión y no de disolución, por la gran fuerza aquí manifestada y expresada una y mil veces por los partidos distintos, diferentes y diversos al mío; por esa gran fuerza, por su gran vocación democrática hacia adentro y para la sociedad, por la gran autenticidad que todos los aquí presentes y de los partidos ostentan, los tiempos presentes son tiempos de competencia real, así lo dijo la dirección política de mi partido, no justifican ya distingos artificiales entre nosotros; asegurada la igualdad de participación de todos ellos, es preciso ahora asegurar que no existen trabas o topes que impidan que un partido como el nuestro participe en igualdad de condiciones en las formas de representación.
Quiero señalar un hecho importante: si no se dieran las concertaciones, si no se dieran los consensos, si no se dieran las alianzas que nos exige la Constitución, creo y es oportuno decírselo al pueblo desde esta tribuna nacional, por lo menos expresarles a los miembros del Partido Revolucionario Institucional, si esto no se perfecciona por voluntarismos, por asunción de tácticas para alcanzar fracasos, quiero subrayar que es consustancial a todos los aquí presentes, a todos los diputados y senadores y que en todos los foros en que se ha hablado del mismo tema hay algo que nos unifica si no perfeccionamos, si no modificamos, si no adaptamos a las nuevas realidades este proceso de reforma electoral, el voto del pueblo de México para acceder al poder seguirá siendo secreto, seguirá siendo universal y directo y México una república federal, representativa y democrática. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Pablo Gómez Alvarez.
El C. Pablo Gómez Alvarez: - Ciudadanas diputadas; ciudadanos diputados: Se ha convocado a este período extraordinario de sesiones, con el propósito de examinar las propuestas de reforma político - electoral que han presentado los partidos políticos de México, hay, al parecer, una coincidencia de todos éstos para proceder a una reforma en esta materia tan imperante, ¿cuáles son las razones?
Se ha dicho que el 6 de julio se creó una nueva situación, una mayor competencia política, un debilitamiento del partido oficial, pero no es ésta la razón, pudo haberse producido en México un debilitamiento mayor o menor de carácter electoral del partido oficial, sin que ello requiera por sí mismo una reforma político - electoral.
Ocurre esto en muchos países, hay incluso cambios de gobierno mediante el método democrático de las elecciones sin que se requiera por tal causa una reforma electoral, esta reforma se requiere por el grado y magnitud de un fenómeno muy conocido, muy viejo, que ha hecho crisis, que está haciendo crisis en el país y que tiene dos caras, la primera de ellas: el control del aparato electoral por parte de una sola fuerza política y, la otra cara: el fraude electoral del 6 de julio.
EL tamaño y magnitud de la manipulación de los resultados electorales, la confrontación política que se abrió, la nueva situación creada a partir de entonces, es lo que obliga hoy a un reexamen del sistema electoral mexicano, es, en su sentido más profundo, la crisis de un sistema basado en un partido de Estado, que por su propia naturaleza actúa bajo métodos autocráticos.
En cualquier parte del mundo, aun donde las fuerzas gobernantes cuentan con el consenso de una amplia mayoría social, cuando existe un partido de Estado el sistema prevaleciente puede calificarse de autocrático; no es la voluntad expresada periódicamente a través de un sistema electoral de concurrencia democrática, lo que determina la conformación del poder, sino hechos históricos que, aunque no se refrendan, se consideran como elementos para perpetuar la estructura, funcionamiento y naturaleza del poder público.
El reconocimiento de la historia no puede ser, bajo ninguna circunstancia, el cheque en blanco para estampar ahí la imposición de autoridades que no cuentan con el apoyo mayoritario de los ciudadanos expresado libremente en las urnas, el poder debe refrendarse o cambiarse, ésta es la concepción democrática y no es admisible ninguna ideología que, argumentando los hechos de la historia y de consensos dados en otros momentos, se autoproclame el elemento básico del poder perpetuo.
Este es el punto de vista democrático, el que tiene que alumbrar la reforma electoral que emprendamos, si se mantiene un sistema en el que una fuerza política aún constituida como poder y aún constituida como partido de Estado, mantiene el control sobre el proceso electoral, no habremos superado una estructura jurídica y política
autocrática, sino que nos mantendremos en el fraude electoral.
Es inevitable el fraude bajo un sistema de esta naturaleza, las soluciones que reclama nuestro país, que tiene una situación peculiar, deben ser originales, a una cosa debe corresponder otra, no se puede aplicar ni el criterio surgido de una ideología estatista y autocrática, ni se puede aplicar tampoco el criterio de la simple inercia.
Este elemento, el de que ninguna fuerza política debe asumir el control del proceso electoral como garantía fundamental para el respeto al voto, es la cuestión medular del debate que hoy nos congrega; ¿Cuál es el argumento contrario?, que el Estado, responsable del proceso y de todo el orden público y que tiene que asumir su responsabilidad en la organización de las elecciones aplicado en países donde no existe partido de Estado, donde la sociedad está presente en el proceso electoral, en la campaña y en el momento mismo de recibir el voto y de contar los sufragios, este argumento puede tener significación, puede no afectar la libertad del sufragio, puede ser parte de un sistema de sufragio efectivo, pero no en México.
A la situación peculiar de México, que tiene un partido de Estado, se requieren soluciones originales, prácticas desde el punto de vista de la ideología estatista, que en el fondo no es más que la ideología de la autocracia; soluciones radicalmente democráticas, esto lo debe pensar, lo debe considerar no sólo el partido de la mayoría parlamentaria, lo deben considerar muy seriamente también los partidos que proclaman la bandera del sufragio efectivo.
¿Pueden esos partidos estar de acuerdo con que de manera directa o indirecta, abierta o encubierta, una sola fuerza política mantenga la mayoría en los organismos electorales? No hay que eludir la respuesta, hay muchos matices, ciertamente los organismos electorales se pueden integrar de diversas maneras, ciertamente, pero nada de ello podrá minimizar o hacer secundario el problema medular, la cuestión fundamental que tenemos que resolver.
Se ha dicho aquí en esta tribuna, hoy mismo, de parte de un representante de la mayoría parlamentaria, que el problema debe resolverse en la casilla, en lo inmediato, sí, cuando la casilla no es la expresión de poder del Estado ni se conforma de acuerdo con decisiones de funcionarios que representan un partido y que tiene título de funcionarios de Estado, pero cuando ello ocurre, la casilla no representa el censo donde concurren partidos y ciudadanos, hemos avanzado algo, sería absurdo no reconocerlo, hay regiones del país significativas pero minoritarias, donde se ha avanzado considerablemente en la conformación de la casilla electoral con esas características, principalmente en el Distrito Federal hasta ahora y ahí están los resultados electorales y ahí hemos proclamado, legítimamente y con el consenso de la mayoría, nuestro triunfo electoral.
Son hechos sencillamente, no se vale entonces considerar a la casilla como algo que está separado del aparato de poder, porque en su mayoría, en la mayoría de los casos, la casilla es parte de ese aparato de poder; éste, el planteamiento central, las cuestiones de la representación, de la conformación de la Cámara de Diputados, no creemos que ningún partido político aquí representado pueda admitir la solución priísta, nos parece imposible sencillamente, que tratando de avanzar hacia una representación más equitativa del conjunto de los ciudadanos en la Cámara de Diputados, ahora haya razones para desandar el camino que a duras penas se puedo andar antes.
Sobrerrepresentar especialmente a la mayoría, es un error aún más grave que el se ha cometido de tratar de sobrerrepresentar a algunos partidos minoritarios, tenemos que encontrar el equilibrio, lo mismo se puede hablar del Senado, no se trata de entregar escaños legislativos como un anzuelo a los partidos más pequeños, se trata de integrar los órganos representativos del Estado en la forma democrática en que la totalidad de los votantes pueda estar representado de acuerdo con el número que cada uno de los sectores políticos constituye en el país.
¿Pero, en qué marco se da el intento de una reforma electoral? En el marco en el cual se produjo el 2 de julio en Michoacán el fraude documentado a nivel de un estado de la Federación más grande y probablemente más trascendente que se haya cometido en la historia larga y penosa de los fraudes electorales en nuestro país.
No es cualquier fraude, es el mayor fraude documentado, repito, lo habíamos visto a nivel de municipios, pero por el nivel de la documentación que demostraba el fraude, probablemente en ningún estado había ocurrido algo de la magnitud del estado de Michoacán; como aquí las experiencias de Yucatán, de Chihuahua, de otras partes, pero yo creo que se ha llegado al extremo, en el caso de Michoacán, en el momento en el cual se proclama la necesidad de una reforma electoral.
Es evidente que, descartando esquizofrenia del poder provisionalmente, no se trata de eso, sino se trata de una voluntad política que se enfrenta radicalmente a la proclama de la sociedad de que
su voluntad electoral sea puntualmente respetada, hay que pensarlo...
(Desorden.)
El C. Abel Carlos Vicencio Tovar (desde su curul): - Moción de orden, señor presidente.
El C. Presidente: - Se ruega a la secretaría dar lectura al artículo 205 y 207 del Reglamento.
El C. secretario Ismael Orozco Loreto:
«Artículo 205. Habrá en cada cámara un lugar con este nombre destinado al público que concurra a presenciar las sesiones, se abrirán, antes de comenzar, cada una de ellas y no se cerrarán sino cuando las sesiones se levanten, a no ser que haya necesidad por algún desorden o por cualquier otro motivo, de deliberar sin presencia del público, en cuyo caso permanecerán cerradas.
Artículo 207. Los concurrentes a las galerías se presentarán sin armas, guardarán respeto, silencio y compostura y no tomarán parte en los debates con ninguna clase de demostración.»
El C. Presidente: - Continúe, diputado Pablo Gómez Alvarez.
El C. Pablo Gómez Alvarez: - Gracias, ciudadano presidente: ¿Cuál ha sido la base de este fraude? Como la de todos, el control de un sola fuerza sobre el proceso electoral, es la contaminación estatal, la perversión estatal sobre la decisión de la sociedad, no se trata de que el poder del Estado haya contaminado el sistema electoral, se trata de que el sistema electoral forma parte del poder del Estado en su conjunto, si no se abre en este país la perspectiva de un relevo democrático y pacífico del poder, podemos entrar en una situación de deterioro continuo, no es una cuestión que competa ésta a los partidos solamente, es una cuestión que compete a toda la sociedad, a sus instituciones, no sólo a las instituciones del Estado, sino también a aquellas, aun las promovidas originalmente o sostenidas por el Estado, pero que son integradas en lo fundamental por parte de la sociedad, como el sistema educativo, las universidades, las empresas del Estado y otras más.
Pero en la sociedad en su conjunto, las personas, hombres y mujeres y las relaciones complejas que éstas mantienen en nuestro país, esto es todo lo que se puede deteriorar, no es una cuestión por lo tanto secundaria, yo observo en la posición oficialista una actitud meramente facciosa, lo acaba de decir Iglesias, reivindicamos nuestro derecho a que los uninominales y los plurinominales sean dos sistemas distintos y a participar por lo tanto plenamente y en igualdad de condiciones en el plurinominal, este segundo es un sistema que surgió para evitar la obras de presentaciones del sistema uninominal, ésa es su función, quitémosle esa función y no quedará nada, absolutamente nada de lo que trajo al país la posibilidad de elegir diputados por lista regionales.
¿Es el derecho del Partido Revolucionario Institucional lo que debe presidir esta reforma, un derecho por lo demás cuestionable? No, es la necesidad del país, la demanda del desarrollo de una verdadera república democrática y no de un poder predeterminado con toda su significación autocrática, ésta es la cuestión, es lo que debemos reflexionar, porque la sociedad se encuentran en estado de indefensión frente al aparato del Estado, no puede recurrir a otros medios que no sean los de la administración de justicia, que son de carácter estatal, pero cuando éste se erige en partido no se puede demandar el castigo de los excesos y de las ilegalidades del poder del Estado, esto es lo que ocurre en nuestro país y de manera muy especial en materia electoral.
Existe también en materia sindical, en materia del manejo de las empresas del Estado y de la entrega de esas empresas del Estado a través de pésimos negocios a determinados grupos empresariales con influencia política; entregar la Compañía Mexicana de Aviación por 140 millones de dólares que estaban en Nueva York depositados por los sacadólares, es el peor negocio que el Estado ha hecho para beneficiar a un grupo de sus seguidores que tienen mucho dinero.
Y la utilización de quiebras fraudulentas y esto nos lleva a una cuestión fundamental: la persistencia de parte del gobierno en una línea que lo lleva cada vez más a violar la Constitución, a violar la legalidad y éste es un problema muy serio que afecta también el esfuerzo de la reforma.
No hay salida sobre la base de una política gubernamental que no se detiene frente a los impedimentos legales de los actos que pretenden hacer, no existe posibilidad.
Ya he hablado de Michoacán y del fraude, podemos hablar también de numerosos municipios de Oaxaca y de otros estados en recientes elecciones y de preparativos evidentes para un fraude electoral en Veracruz y quienes ríen son quienes hacen justamente esos preparativos.
Ciudadanos y ciudadanas diputadas: Yo observo que se busca una escalada hacia lo que podríamos denominar provisionalmente la legalización del Partido de la Revolución Democrática; ya la
Confederación Nacional Campesina ha dicho que se pronuncia también, como lo hizo el secretario de organización del Comité Nacional del Partido Revolucionario Institucional, como lo hizo el representante Santiago, por el desafuero de los senadores y de los diputados michoacanos del Partido de la Revolución Democrática y no sólo eso, sino también porque se le quite el registro al Partido de la Revolución Democrática.
Cuánto nos recuerda, ciudadanos diputados, que no ha caído en la fácil solución de la amnesia, aquel pronunciamiento de esa misma central, por petición de Díaz Ordaz, para encabezar el supuesto desagravio a la bandera en 1968, en abierta provocación contra el movimiento democrático de los estudiantes y que terminó en el desalojo del ejército, de las mismas fuerzas que llevó el oficialismo y que se voltearon contra él en una actitud de rebeldía.
Hablan por la boca del ganso, los miembros del gobierno, no lo hacen todavía directamente, lo mandan hacer; sería muy grave no sólo para el Partido de la Revolución Democrática, la ilegalización de ese partido, sería grave también para todos los demás partidos que pretenden o no aliarse con el Partido Revolucionario Institucional, les ocurriría lo que decía Breg cuando el fascismo: "Y vinieron por mi vecino y como yo no era judío no dije nada, y vinieron por mi vecino y como yo no era comunista no dije nada, pero después vinieron por mi". ¿Es eso lo que se quiere? ¿Se quiere una escalada hacia un régimen aún más autoritario para lo cual ya existen incluso en los altos puestos, individuos conocedores de lo que es el sistema, muy funcional, por cierto, de la represión de Estado? Para ello los han puesto.
Es el discurso priísta el de estar señalando al Partido de la Revolución Democrática para tratar de inviabilizarlo, para estarlo amenazando continuamente con la ilegalización, diciendo que somos partidarios de la violencia y que somos intransigentes. ¿No es violencia el fraude? ¿No es violencia el atropello del sufragio popular? ¿No es violencia cancelar los derechos de los trabajadores, hacer quiebras fraudulentas? De ello son responsables los actuales gobernantes, tenemos nosotros o no el derecho de responder dentro de la ley y en ejercicio de nuestros derechos y bajo nuestro más estricto riesgo, pero si nos acusan de intransigentes, eso no es un delito ni tiene por qué ser causa de ilegalización, pero no lo somos y veamos porqué no:
Nosotros planteamos que el gobierno deje de controlar los procesos electorales directa o indirectamente, ¿eso es intransigencia? Quien pretende mantener el sistema de control electoral, me parece que es a quien le corresponde plenamente el calificativo de intransigente, no a nosotros. (Aplausos.)
¿Quién es el intransigente?, ¿el que quiere los cambios o el que quiere mantener el status quo? No son neoliberales, señores, son neoconservadores, pero estamos dispuestos a una negociación, estamos dispuestos a sentarnos con todos los partidos a buscar una solución responsable, estamos dispuestos a ceder en aquello que pueda ser cedido sobre la base de que se resuelva el problema medular, pero veamos si en verdad se quiere resolver el problema medular; veamos esas negociaciones y hagámoslas de cara al país, como corresponde también a una necesidad democrática, busquemos esas soluciones, no pretendemos que los demás admitan nuestros puntos de vista que a nosotros nos parecen los mejores, como si lo fueran también para ellos, no, de ninguna manera; estamos dispuestos al diálogo, aun con partidos que se han levantado a acusarnos con infundios hace un momento, esto no es un pleito de familia, ciudadanos diputados, de ninguna manera, se trata de lucha entre partidos pero nosotros los del Partido de la Revolución Democrática entregamos nuestros mayores esfuerzos a la lucha en contra de la antidemocracia, en favor de una nueva república democrática y de un nuevo poder y de ninguna manera a los escarceos secundarios de los oportunistas. (Aplausos.)
No es ése nuestro propósito, también podemos hablar con ellos y con todos, estamos en condición de hacerlo, hacemos un llamamiento para que en verdad las negociaciones puedan tener ese nombre, para que podamos sacar de las negociaciones algo que verdaderamente favorezca el desarrollo de una república democrática y resuelva el problema político del país, algo que también eche para atrás las provocaciones y la intención gubernamental de legalizar hoy a una fuerza y quizá mañana a otra, que hagamos el esfuerzo y que pensemos bien en que una vez desatada la ruta de la ilegalización del adversario, una vez desatada la represión no hay garantía de que nadie la pueda detener y todos sufriremos, aun los que hoy apoyan esos planes, aun los que hoy se acomodan en esa situación para no perder la condición que tienen.
Es un problema del país entero y eso es lo que nosotros estamos proclamando, si el Partido Revolucionario Institucional y el gobierno de la República tienen la responsabilidad de la que hablan, lo primero que tendrían que hacer es sentarse a negociar con los partidos, se han abierto negociaciones, sí, no por cierto con el Partido de la Revolución Democrática; esa campaña de que
el Partido de la Revolución Democrática es el único intransigente en esta Cámara que hay que aislarlo, esto también afecta a las otras oposiciones, hoy es el Partido de la Revolución Democrática, ¿mañana quién será?
Admitir esa táctica política del aislamiento para señalar a un determinado partido porque sostiene con energía sus planteamientos y está dando su lucha, es peligroso también para el propio partido oficial, porque tarde o temprano se le habrá de revertir.
No, no nos confundamos, no pedimos clemencia, pedimos lucha política, pedimos claridad en los planteamientos, responsabilidad frente al país, desarrollo del debate y, si quieren tener la razón, abran la televisión, abran la radio para que discutamos allí, para que no nos enclaustremos en esta Cámara, para que podamos hablar de frente al país las cosas que tenemos que hablar y las cosas que tenemos que confrontar, porque sobre la base del monopolio de los principales medios de comunicación en manos del grupo oficialista, ¿qué debate nacional podemos hacer?, ¿cuál es el debate nacional que se puede?, ¿no existe entonces ese aparato que está concediendo la democracia?
Abrase, ábrase, allí discutiremos, frente al pueblo mexicano y los mexicanos también sabrán definir, porque tienen sin duda algún criterio propio, qué partido convence y que partido no convence, a eso llamamos, a eso nos remitimos, a la negociación y al debate, o sea, a los principales instrumentos de la lucha política, en ese terreno ganará la República, ganará el país, aunque pudieran perder los partidarios de la antidemocracia. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Abel Vicencio Tovar.
El C. Abel Carlos Vicencio Tovar: - Señoras y señores legisladores: Debo hacer una ligera disgresión al tema que originalmente me ocupará, porque vi con preocupación cómo un destacado miembro del Partido Revolucionario Institucional viene a reiterar el supuesto derecho de este partido para mover a su favor todas las fuerzas de un estado, cuyos recursos están formados por la aportación del pueblo, y lograr así posiciones que ellos buscarán que se formalicen en la ley.
Por otro lado, me interesa el tema del partido de Estado, y permítanme decir algo al respecto. Hay anhelos o promesas que un hombre o una institución pueden incumplir sin cambiar radicalmente su naturaleza, pero hay otras promesas que difícilmente pueden convertirse en realidad, si se parte de la posibilidad toral que parte de la naturaleza misma del hombre o de la institución para comportarse de manera distinta a como naturalmente le correspondería de acuerdo con su propia naturaleza.
Y éste, que se ha llamado muy bien dicho, este partido de Estado, tendría que ser reformado hasta en sus cimientos y, señores, yo creo que aquí se encuentra el principal reto para los priístas que quieren avanzar en la democracia y para todo mundo en este país, y qué grave reto, qué grave reto. Cómo me gustaría que los priístas que abordan esta tribuna, posteriormente den su punto de vista a este respecto, porque ¿cuál es el origen de su partido, señores?, ¿fue un grupo que fue manejando conceptos e ideales y fue ganando voluntades y fue logrando un ascenso permanente en la escala sociopolítica de un país?, ¿o fue un grupo que se conformó desde la cúspide, juntando los intereses de los que se habían allegado a este lugar por los avatares de la revolución?, ¿fue un grupo que se formó desde la cúspide o fue un grupo que surgió desde abajo?
Claro, vendrán a decir que son los campesinos y los obreros de México los que organizados formaron ese partido de Estado, pero no se les olvide que en 1929 lo que se organizó fue un grupo en la cúspide, las bases ya habían realizado su propia labor y su propio sacrificio y, por tanto, señores, ¿qué posibilidades tiene un grupo así? Un grupo que va en ascenso, un grupo que busca la luz de la cúspide, es un grupo que fiel a su propia convicción tiene que ir desbrozando el camino para llegar a la meta trazada, pero un grupo que se inicia con la meta ya conquistada, ¿cuál puede ser su destino y cuál puede ser su interés? Ustedes lo saben, lo están pensando, lógicamente, la conservación del poder a como dé lugar, y así se han comportado, pues no es raro, señores, que se hayan comportado así, no es raro, aunque sumamente lamentable lo que ocurrió en Oaxaca y lo que ocurrió en Michoacán y lo que ha ocurrido en tantas partes, no es raro, forma parte de su propia e integral estructura que los lleva a comportarse así, porque de otra manera negarían su propia naturaleza y su propio origen, pero es el reto.
Si quieren hablar de democracia, tienen que reflexionar sobre este origen que les impide avanzar en ella; esta ocasión creo, señores, que puede ser tal vez uno de los últimos intentos democráticos para asimilar la estructura social, el sentir y el palpitar de México con la estructura jurídica y política que representa el Estado mexicano, porque esto es la dicotomía entre lo que es la sociedad que trabaja, que anhela y que espera que un gobierno que previamente determinó cuáles son los caminos
por los que tiene que transitar esta sociedad, la diferencia entre lo que es un anhelo popular, la sociedad misma que vive y la estructura del Estado mexicano que más que estructura y columna vertebral parece horma que quiere deformar la naturaleza de la sociedad bajo sus propios criterios, esa dicotomía es precisamente el drama de México.
Yo estoy de acuerdo en que tenemos limitaciones, y que de todos modos habría muchos que no tuvieran lo suficiente para atender sus necesidades, pero necesidades materiales y necesidades espirituales, yo estoy seguro que se verían mucho mejor atendidas si esta dicotomía no existiera, en cambio la estructura social fuera asimilada totalmente por la estructura jurídico - política del Estado mexicano, y ésta es una oportunidad que es singular, pero un Estado prepotente no va a poder lograr el objetivo; tiene que ser el pueblo el que participe con todo su esfuerzo y con toda su capacidad, y ésta es precisamente, a mi modo de ver, el objetivo que puede unir a todos los pareceres políticos representados en este lugar.
Desde que el pueblo perdió la oportunidad de ser dueño de su propio destino en materia política, nuevamente, en 1989 se han venido multiplicando y se han llenado las páginas de la historia contemporánea con anhelos reprimidos, con frustraciones y esperanzas que languidecen ante la certeza de ninguna viabilidad.
Ahora, tal vez por única vez en la historia contemporánea, la oposición democrática se ha propuesto, sin olvidar el pasado, poner a la vista en el porvenir, y con esta actitud junto con el pueblo de México, hemos venido descubriendo nuevos horizontes.
Sólo el celo partidista y el miedo a la libertad, han impedido reconocer que los derechos políticos son tan entrañablemente naturales como lo pueden ser el derecho a la vida, el derecho al saber, el derecho a la justicia, pues todos ellos si no se convierten en instituciones jurídico - políticas, pueden ser fácilmente burlados, pueden ser como lo han sido, fácilmente marginados.
Es el derecho político el que permite la trascendencia en la vida social del derecho a vivir, del derecho a saber, del derecho a ser tratado con justicia, porque ni en la edad de las cavernas, señoras y señores diputados, los muy personales derechos...
El C. Presidente: - Permítame un momento, ciudadano diputado. Esta presidencia llama la atención a las galerías pidiendo guarden silencio para escuchar al orador en uso de la palabra, y pide a la secretaría dé lectura a los artículos 209 y 210 del reglamento.
El C. secretario José Murat. C.: - "De las galerías, artículo 209. Los que perturben de cualquier modo el orden, serán despedidos de las galerías en el mismo acto, pero si la falta fuere grave o de importante delito, el presidente mandará detener al que la cometiere y consignarlo al juez competente".
«Artículo 210. Siempre que los medios indicados no basten para contener el desorden en las galerías, el presidente levantará la sesión pública y podrá continuar en secreto. Lo mismo se verificará cuando los medios de prudencia no sean suficientes para establecer el orden alterado por los miembros de la Cámara.»
El C. Presidente: - Gracias señor secretario. Antes de que continúe en el uso de la palabra, señor diputado, voy a hacer un anuncio.
Han transcurrido cuatro horas de esta sesión y para los efectos del Reglamento Interior, esta presidencia declara que se prorroga la misma, hasta concluir con los asuntos del orden del día.
Continúe el orador con el uso de la palabra.
El C. Abel Carlos Vicencio Tovar: - Yo le sugeriría al presidente de la Gran Comisión de esta Cámara, que habilite de oradores a los que silban, que con mucho gusto yo tendría aquí un intercambio de argumentos, ojalá sea escuchado. (Aplausos.)
Decía yo, que sólo el celo partidista y el miedo a la libertad, ha impedido reconocer que los derechos políticos son tan entrañablemente naturales, como el derecho a la vida, el derecho al saber, el derecho a la justicia.
Este, el derecho político, creo, que es el que permite trascender en la vida social, eso, el derecho a vivir, saber al derecho a la justicia y tantos más.
Ni en la edad de las cavernas hubiera sido concebible que los muy personales derechos del hombre hubieran podido respetarse, sin el grupo social, ésos no formaban parte de la organización promotora y protectora; pero a pesar de los obstáculos del monopolio político, verdadero primitivismo en el mundo moderno, ya no es posible que el pueblo tolere la injuria permanente que se hace a los trabajadores mexicanos, al obligarlos a pertenecer sin su voluntad y con frecuencia en contra de ella, al partido oficial, por razones de trabajo, limitando así gravemente la voluntad de ejercerlo y marcando su ubicación y su destino político como un ardiente hierro sobre su carne viva.
Ya no es posible seguir tolerando con pasividad, cómo este gobierno en tiempo de supuesto auge o de crisis económica, sigue disponiendo de los recursos materiales que el pueblo genera con su trabajo, para sostener, alimentar, subsidiar y promover a su partido, reiterándose así, todos los días y yo diría, a cada instante, el gravísimo delito de peculado en contra de la nación mexicana.
Ya no es posible señores, que el gobierno convoque, prepare y realice las elecciones, para a continuación, a través de su partido, erigirse como lo hace, en juez supremo de todos los resultados. Ya no es posible aceptar la burla que entraña, además, un inmenso agravio a la lógica que el sistema comete, al fundir en su persona, de por sí facciosa, los papeles de juez y de parte, para calificar las elecciones en colegios electorales amañados y previamente comprometidos, ya no es posible seguir tolerando la multiplicación mágica de electores fantasmas, a través de un sistema de registro que está muy lejos de garantizar, primero, la existencia real, y luego la identidad y el derecho del supuesto elector, pero que éste, masiva, neciamente, atávicamente, sufraga por la perpetuación de la antidemocracia en México.
Ya no es admisible para un gobierno nacional que se respete, seguir prolongando la confusión del sentimiento patriótico, lo cual es un elemento que destruye a la patria, como es la identidad entre los colores nacionales y el emblema de un partido que por definición, aun en el mejor de los casos, es sólo parte de la nación mexicana.
Ya resulta indispensable dar claridad a los procedimientos electorales, abriendo las puertas de los locales a la ciudadanía y a los medios de comunicación; este reclamo que hace un momento se hizo, mereció silbidos y mereció risas irónicas. Yo me preguntaría por qué, ustedes saben muy bien, ¿por qué se oponen a ello, es necesario que se abran las puertas de los locales en donde se dan esos procesos a la ciudadanía? Esos que los caciques y hampones electorales, municipales, estatales y nacionales, mantienen en las sombras, como lo hacen los delincuentes para encubrir sus fechorías. (Aplausos.)
Clama la justicia, clama a la justicia que los hampones electorales, sean castigados por sus delitos y no premiados con promociones. No puede haber garantía de respeto a los derechos políticos, si no se tipifica claramente, como hasta ahora no ha ocurrido, el delito electoral, que por su incidencia en la columna vertebral de la nación es mucho más torvo, mucho más dañino, que cualquiera de los delitos individuales que sí se penalizan. Es de urgente sobrevivencia nacional dar el paso, señores, para limpiar todos los rincones de la patria.
La coincidencia, por lo menos formal, en este propósito, ha permitido la posibilidad de contactos personales entre los diputados, entre algunos diputados de diversos partidos.
Sorpresas, interrogantes y las más encontradas suposiciones ha despertado este diálogo, que no debe verse sino como un aspecto normal de la actividad parlamentaria. Pero no puede confundirse el acuerdo racional de voluntades para llegar a un propósito común, que es el que se busca, con las llamadas alianzas , que volvieron a presentarse aquí, concepto en el que se insiste demasiado y que nuestro partido rechaza si por tal sentido se entiende el establecimiento de compromisos permanentes o de tal manera estructurales, que comprometan la vida orgánica independiente de los partidos que las establecen.
Pero todo esto es una empresa monumental. No podría darse sin el concurso del pueblo, por mucho que sea el esfuerzo de los partidos y el empeño del gobierno. Cada momento, como un espacio fugaz de la eternidad, tiene su propia carga de actos y de anhelos humanos: esfuerzos, esperanzas, frustraciones, realizaciones y tal vez, señores, oportunidades. Este es un momento en que hay una oportunidad para que, como a golpes de martillo sobre las decisiones políticas, la nueva patria, que elevará en mucho la vida material y espiritual de los mexicanos, sea forjada.
Por eso, que no se ilusionen los partidos, que no se engañe el gobierno, pues si no son capaces ustedes, gobierno, de hacer a un lado el espíritu de facción, y la impotencia secular, las modificaciones a las leyes electorales no tendrán más significado que el papel donde son impresas. Es necesaria una convocatoria nacional para cambiar a fondo las estructuras jurídicas y políticas. Es indispensable que esta convocatoria tenga más, mucho más que las convincentes o estentóreas voces de los mensajes hablados y de los mensajes escritos. Es necesario que lleguemos a la necesidad íntima del pueblo, que interpretemos como parte de él, que los somos, los anhelos más preciados que mueven sus esfuerzos. Es necesario lograr. así, que la nación se mueva.
Ante la multiplicidad de expectativas, que los optimistas reciben con entusiasmo y que el escepticismo histórico limita, el gobierno debe aceptar un reto claramente, frontalmente, sin darle la vuelta, eso espero. Tiene que aceptar el reto de demostrar, con los hechos, no con las palabras, que quiere y que además pueda contribuir al cambio de las estructuras políticas para que este destino nacional pueda alcanzarse.
No hay duda que cada nación, señores, tiene un camino que se generó en el principio y que se
proyecta hacia adelante y que puede y debe corregirse todos los días de su historia y no hay duda también que ese movimiento en el tiempo está indisolublemente unido al desarrollo de las propias potencialidades de cada nación, desarrollo que sólo podrá lograrse cuando el alma misma de la nación, que es una realidad sociológica, que nos une en el pasado, en el presente y para el futuro tenga una organización política, que no sea un obstáculo sino un elemento de apoyo y de promoción.
México, señores, es plural y por tanto es el país de todos los mexicanos, se acerca un nuevo milenio y yo pienso que más grande, más hermoso que la alborada de un nuevo siglo, y de un nuevo milenio, sería la que anunciara el nacimiento de un México nuevo, pero hay una diferencia, ese espectáculo fatal al correr del tiempo y que es parte de la historia del universo, no depende de nosotros, lo segundo sí depende de nosotros. Gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Dionisio E. Pérez Jácome.
El C. diputado Dionisio E. Pérez Jácome: - Con su venia, señor presidente de esta honorable Cámara de Diputados; compañeras y compañeros legisladores de todos los partidos: A través de las intervenciones de los señores diputados que me antecedieron han quedado, claramente, definidas y precisadas las posiciones de todos los partidos y grupos políticos con presencia en esta Cámara, me resta, únicamente, al concluir esta ronda de intervenciones en tribuna, expresar algunas ideas complementarias que en alguna medida constituyen también, la respuesta inicial de nuestro partido frente a las inquietudes y los puntos de vista divergentes de algunos respetables voceros de la oposición.
Primeramente quiero invitarlos a reflexionar sobre la responsabilidad que nos incumbe en este período extraordinario de sesiones de Quincuagésima cuarta Legislatura; en el marco de nuestros ordenamientos jurídicos y de la división de poderes del sistema político vigente, constituimos una de las Cámaras del Congreso de la Unión, en que se deposita el Poder Legislativo Federal o sea la función de crear normas de derecho generales y abstractas, esa facultad desarrollada en el muy diverso contenido de los artículos 73 y 74 constitucionales, no es evidentemente nuestro único fin, pero sí la tarea más importante del poder del que somos integrantes, la que caracteriza y la que le da su propia denominación genérica como órgano legislativo del gobierno.
Haciendo un balance honesto de lo que fuimos capaces de cumplir como asamblea colegiada durante el primer período ordinario de sesiones, tendríamos que aceptar como justo un juicio que ya ha sido planteado por diversas voces, muy autorizadas, de politólogos y de los medios de comunicación social en nuestro país, fuera de legislar algunos preceptos penales para enfrentar conductas delictivas de creciente peligrosidad social, así como otras normas en defensa del consumidor, nos limitamos a ocuparnos del debate y de la aprobación de las disposiciones que hacen posible la subsistencia económica de nuestra sociedad o sea las leyes de ingresos y los presupuestos de la Federación y del Distrito Federal.
¿Cuáles fueron las circunstancias que nos distrajeron, que nos desviaron o que nos impidieron cumplir nuestra responsabilidad como legisladores? Básicamente nuestra incapacidad para conciliar y articular esa función constitucional con las preocupaciones políticas, económicas y sociales de índole muy variado, expresadas por todas las voces que pidieron llegar a la tribuna de esta Cámara, práctica que siendo común en un régimen parlamentario no constituye, en nuestro caso, la esencia del trabajo que el pueblo nos confió como sus representantes ante el Congreso de la Unión.
No será mi intención juzgar la virtud o el defecto de esa práctica en la que todos hemos caído por la vía de la acción o de la respuesta, simplemente quiero transcribir una opinión que escuché esta mañana de un prestigiado constitucionalista que, según su propia expresión, no entendía las razones y justificaciones de que en un período extraordinario convocado para examinar el texto constitucional en materia de elecciones, una de nuestras primeras tareas fuere paradójicamente comentar temas muy alejados de esa específica preocupación legislativa.
Contraviniendo así acaso, consciente o inconscientemente el texto del artículo 67 de la Constitución. A decir verdad es evidente que éste es uno de los más frecuentes riesgos que enfrenta la democracia en el libre juego de partidos políticos, por el respeto que proclamamos y que todos deseamos conceder a la pluralidad y a la libre expresión de ideas en la más alta tribuna de la patria. Ojalá la madurez consciente de la mayor parte de nuestros compañeros legisladores, vaya centrando en lo futuro nuestras jornadas de trabajo hacia objetivos más trascendentes.
Por ahora tenemos ya una oportunidad singular para rescatar el prestigio de nuestro cuerpo colegiado, al examinar factibles reformas a la ley suprema de nuestro país en una materia de tan
grande interés nacional. Si somos capaces de satisfacer ese reclamo, tendremos derecho a que nuestra legislatura se destaque positivamente en la historia parlamentaria del país. La reforma al marco constitucional en esta materia, es una aspiración común de todos los partidos, del gobierno y de los ciudadanos; el señor presidente Salinas de Gortari, que ha venido cumpliendo todos los compromisos que asumió al tomar con plena legitimidad posesión de su cargo, dijo expresamente "que pondría en practica una presidencia democrática que respetara y fortaleciera el equilibrio constitucional con los poderes Legislativo y Judicial", como se ha dicho ya el hecho de que por primera vez en muchos años una iniciativa de esta importancia, apoyada en la voluntad política del Presidente de la República, no provenga de él, sino que se origine de los diversos partidos políticos de los que somos miembros, es ya una demostración categórica del cumplimiento de esa promesa, que lo fue también en el sentido de modernizar al Estado mexicano en sus instituciones políticas y de llevar a la práctica, con el respaldo popular, el acuerdo nacional para la ampliación de la vida democrática, a fin de perfeccionar los procedimientos electorales, actualizar el régimen de partido y mejorar las prácticas de todos los sectores políticos, comenzando por el propio gobierno. Para hacer congruente esa expresión de voluntad política con la planeación integral de los esfuerzos del gobierno de la República, se incluyeron las ideas anteriores en el Plan Nacional de Desarrollo, después de una amplia consulta popular.
Con esto se define ya en el más importante instrumento sexenal de la administración pública mexicana, la exigencia de conducir el cambio a través de las instituciones que los mexicanos nos hemos dado a lo largo de nuestra historia, cambio y a la vez identidad; cambiar sí, pero para mantener lo mejor de nuestra esencia como nación.
Dentro del acuerdo convocado surgió así un diálogo nacional, que llevó varios meses y que con toda la ponderación del caso no tienen paralelo similar en la historia de nuestras instituciones políticas. Una libre, concurrida y respetuosa participación de partidos, grupos sociales y ciudadanos interesados en perfeccionar los mecanismos electorales; opinión nacional representativa de todos los sectores y que se dio en muy diversos foros, pero particularmente en nuestra propia Cámara de Diputados.
La idea rectora de la reforma electoral propuesta, que el pueblo delineó a través de la consulta popular y que los legisladores priístas hemos presentado al Congreso de la Unión, no es otra cosa sino el reconocimiento de que las instituciones políticas de México, son obra paulatina de muchas generaciones de compatriotas, producto de nuestra historia, pero básicamente de la voluntad de la nación.
La Revolución Mexicana, que es precisamente, señores diputados, el antecedente y el ideario de nuestro partido, la revolución nacida al amparo de la bandera de la democracia, llevó a la Constitución del 17 el reconocimiento de los derechos políticos y el sufragio efectivo. Pero la Constitución hizo suyas también las reivindicaciones del movimiento de independencia, los principios e instituciones republicanas de la reforma y plasmó con sabia anticipación la dimensión económica, social y cultural a que aspiraba el país. Por ello y desde su origen, nuestra Constitución es todo el proyecto de transformación nacional que ha ido recogiendo y perfeccionando lo mejor de nuestra evolución histórica.
Esto ha favorecido un marco político más competitivo y plural, sin romper con los principios esenciales de nuestra Constitución. Avanzamos así hacia un cada vez más auténtico equilibrio en la vida política nacional, con el permanente reto de ir enfrentando nuevas realidades y conduciendo los cambios dentro de la legalidad y la paz social.
Se configura así el desafío que enfrentamos en el período extraordinario. Conciliar los diversos proyectos de reformas constitucionales que los partidos políticos han presentado, partiendo de esa premisa insoslayable que necesariamente recordamos. Si ningún partido por sí solo cuenta con la mayoría calificada, requeriremos encontrar puntos de coincidencia y de consenso, si queremos sacar adelante la reforma.
Por nuestra parte aceptamos debatir cualquier aportación positiva que contribuya a consolidar los espacios democráticos que nuestra sociedad demanda, ya que estamos dispuestos a que las normas fundamentales del país, correspondan a los requerimientos del tiempo en que vivimos. Pero esperamos también que los demás partidos, reflexionen con cordura y sensatez en las virtudes y avances que nuestra iniciativa contiene, ya que estamos seguros de que ellos coinciden en ese propósito reiterado por superar definitivamente la etapa de las descalificaciones mutuas, de la intransigencia y de los planteamientos excluyentes.
Nos surge una pregunta: ¿Hasta dónde deberemos llegar en las reformas, sin violentar la esencia misma de nuestro texto magno?, ya que no podemos olvidar que aun bajo el nombre de "constituyente permanente", somos simplemente órganos constituidos, que en un sistema de derecho
constitucional estricto, rígido, pueden solamente aspirar a reformar o adicionar la Constitución, pero no a variar sustancialmente sus principios básicos; facultad que sólo incumbe al pueblo.
No nos sería posible transformar nuestro régimen democrático, republicano y federal, la división de poderes, el principio de elecciones predominantemente directas, la responsabilidad del gobierno en los comicios y la vigencia del estado de derecho; ya que citando a Karl Smith, a Emilio Rabasa o a Mario de la Cueva, bajo ninguna hipótesis el poder reformador puede tocar aquellos principios que son esenciales en la Constitución misma y a través de los cuales se expresa el ser y el modo de ser del Estado mexicano, por voluntad de la propia nación.
Al referirnos al estado de derecho, nos vemos en la necesidad de hacer una breve pero indispensable referencia a lo que ya se ha dicho, a lo que se ha pretendido o se pretende por algún partido político, respecto a las elecciones de una entidad federativa como es el caso de Michoacán.
Durante las pasadas semanas fuimos espectadores y protagonistas de una jornada electoral muy competida, cuya preparación, desarrollo y posteriores instancias de calificación, se realizaron conforme a las normas vigentes en la materia; las mismas que en su oportunidad propuso y promulgó un militante destacado de ese partido.
El hecho de que para reclamar un supuesto triunfo electoral en esos comicios, se recurra más que a los propios mecanismos electorales, constituidos para ese efecto y a los medios de impugnación autorizados por la ley a otros instrumentos de presión o a ciertos aparentes tribunales de opinión pública, muy alejados del conocimiento y de la imparcialidad que son esenciales para un recto juicio de las elecciones, constituye evidentemente una práctica que contradice el espíritu de legalidad y de perfeccionamiento de la democracia que tanto se pregona. Hemos sido respetuosos totalmente de la competencia de las autoridades de ese estado para conocer y resolver la calificación electoral. No hemos caído en el garlito de aceptar sustituir su jurisdicción aunque contamos con todas las pruebas y evidencias de nuestro triunfo, que ya hemos presentado ante quienes deben mostrarse.
En ánimo de rescatar cualquier credibilidad que se juzgase en entredicho, pero lo que nos preocupa es que subsistan conductas antisociales e incluso delictivas que contradigan este marco de respeto a la autoridad legítima y al pueblo mismo de Michoacán cuyas actividades ciudadanas no tienen por qué verse afectadas por pasiones partidarias. En el clima que deberíamos rescatar del inicio de este período extraordinario de plena disposición al diálogo y a la conciliación de nuestras diferencias para lograr esta reforma electoral que todos anhelamos, sentimos la responsabilidad de exhortar a los partidos a una conducta que con hechos responda a los propósitos que se reclaman.
Es muy fácil hablar de actitudes supuestamente legítimas, de luchas políticas por el exponente de un partido cuando al momento de subir a la tribuna se limita a expresar el más insustancial terrorismo verbal. Es como pretender descalificar el sistema de elecciones por mayoría directa y pedir su sustitución por un sistema de representación proporcional, cuando no se fue capaz de ganar, bajo el manto de sus anteriores siglas en los pasados comicios federales, una sola diputación de mayoría. (Aplausos.)
Es injustificable marginar de los discursos el reconocimiento al gobierno que cumplió plenamente frente a una expresión ciudadana adversa a nuestro partido en Baja California y en cambio con generalidades, repitiendo los mismos estribillos que se han desgastado tanto en nuestra historia política, plantear o pretender plantear una realidad plenamente distinta. Estamos, sí, ante una oportunidad histórica pero frente al riesgo de desviarnos del camino y de encontrar en vez de un escenario de consenso y de unidad nacional, una nueva arena de confrontación. En esa lamentable y no deseable eventualidad, seríamos como partido, respetuosos pero firmes; guardaríamos consideración, pero también exigiríamos el mismo trato de nuestros pares. Al iniciar estos trabajos legislativos, frente a la magnitud del esfuerzo que las circunstancias nos exigen a todos, somos sin embargo ciertamente optimistas. Si el período extraordinario se ha iniciado porque un gobernante supo cumplir compromisos políticos, confiamos también que se desarrolle y concluya como él lo anhela y conforme lo expresó el día de ayer al comunicársele el inicio de los trabajos de la Cámara de Diputados.
Suscribiendo sus propias palabras, hacemos votos fervientes porque en nuestro debate se impongan prudencia y razón sobre pasión y rencor, que sobre los adjetivos imperen los argumentos y sobre todo que en esta jornada histórica para el país se signifique en definitiva como un avance sustantivo en la democracia y no en la intolerancia. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Esta presidencia va a dar lectura a los oradores inscritos para la segunda ronda: los ciudadanos diputados Rogelio Montemayor Seguy, Alberto Pérez Fontecha, Francisco Ortíz Mendoza, Pedro René Etienne Llano, José Trinidad Lanz Cárdenas, Leonel
Godoy Rangel, Carlos Castillo Peraza y Manuel Cavazos Lerma.
Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Rogelio Montemayor Seguy.
SOBRE EL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PAÍS
El C. diputado Rogelio Montemayor Seguy: - Con su venia señor presidente; compañeras y compañeros diputados: Hago uso de la tribuna para responder a afirmaciones aquí vertidas que cuestionan decisiones y acciones de política económica. Cuestionamientos que se basan en adjetivos más que en razones y tesis. Pero quiero también plantear la posición de la fracción parlamentaria priísta frente a asuntos de gran trascendencia dentro del desarrollo nacional.
No voy a analizar la evolución reciente de la economía que por sí sola desmentiría muchas de las afirmaciones aquí hechas en toda la línea. Voy a hablar sobre decisiones de economía política, sobre posiciones políticas frente a problemas nacionales.
En particular hay dos acontecimientos recientes que han suscitado un gran interés de la opinión pública y han generado debate y controversia: la declaración de quiebra de la Compañía Minera Cananea y la reestructuración de la propiedad de la Compañía Mexicana de Aviación. Se trata en efecto de medidas de gran trascendencia cuyos efectos económicos y sociales deben ser examinados cuidadosamente. En este caso, contribuyen a hacer más apasionada la discusión tres factores: La tradición y significación histórica de las empresas involucradas, particularmente Cananea, su delicada situación económica real y el impacto social que tiene su actividad.
Pero son precisamente estos factores, los que nos exigen dar a este debate una mayor altura. Estamos obligados a una mayor responsabilidad política y a una actitud más reflexiva para corresponder a la importancia misma del caso que nos ocupa.
En torno a Cananea, diversas son las preocupaciones y planteamientos que se han expresado. Se ha cuestionado la decisión de la quiebra en función a que sus activos superan a sus pasivos; en función a que el año pasado dicha empresa operó con números negros. Es curioso que quienes señalan esto, no hace mucho tiempo proponían en otro tema, en otra discusión, que México dejara de pagar su deuda.
Es claro que una declaración de moratoria o incluso de suspensión de pagos, supone un estado o situación de quiebra. Y es también evidente que ello no tiene que ver con la relación activos totales - pasivos, o con los resultados de un año en específico, particularmente si esos resultados no son producto de la actividad de la empresa sino de maquillaje financiero.
Nunca nadie afirmó, cuando se hablaba del problema de la deuda externa, que los pasivos del gobierno superaran sus activos y sin embargo, había consenso en todos, de que existía la imposibilidad de pagar en los términos originalmente pactados. Este es el caso de la empresa, la declaración de quiebra que legalmente corresponde a la competencia de otro poder, sólo refleja la imposibilidad de hacer frente a compromisos conocidos y vencidos a corto plazo, con los activos de que se puede disponer en forma inmediata sin llegar a liquidar la empresa.
La defensa de los derechos de los trabajadores es un asumo que no admite discusión. Ella ha sido, es y seguirá siendo, premisa fundamental de la modernización de México. En todo el proceso habrán de respetarse los derechos adquiridos de los trabajadores que se plasman con el contrato colectivo. Ello es compromiso de nuestro partido y ha sido compromiso explícito del gobierno de la República. A pesar de la quiebra, las indemnizaciones se habrán de hacer acorde al contrato colectivo y no a lo que estipula la ley.
También es incuestionable que la empresa debe reabrirse. La fuente de trabajo no puede ni debe desaparecer. Nos pronunciamos porque se exploren todas las posibilidades para los trabajadores obtengan la participación decisoria del capital y en la gestión futura de esta fuente de trabajo.
También consideramos que es necesario aclarar la responsabilidad de administraciones anteriores en la situación de la quiebra actual. No puede soslayarse ninguna anomalía que hubiera habido. El gobierno de la República actúa dentro de la ley, con firmeza y sin titubeos, porque así lo exigen los mexicanos. Los mexicanos queremos reglas claras, reglas simples y que se cumplan, por eso estamos reunidos hoy, para revisar o iniciar la revisión de las reglas en materia electoral.
En el asunto de Cananea, ante la solicitud del propio síndico de la quiebra, la autoridad competente ha iniciado la investigación para aclarar las responsabilidades, y se han girado ya las primeras órdenes de aprehensión en contra de funcionarios de las administraciones anteriores.
Compañeros diputados: sin embargo, no obstante la importancia de todos estos puntos, el debate en este cuerpo legislativo debe trascender la preocupación legítima e inevitable por las consecuencias inmediatas de estas acciones. Debemos poner a discusión, con claridad y sin dogmatismo, la cuestión del papel que debe desempeñar el Estado en el desarrollo económico nacional. La discusión
del papel que corresponde al Estado en nuestro desarrollo parte, sin duda de una definición ideológica, pero no se agota en ello, es una cuestión doctrinal en cuanto a que es la ideología lo que define los valores y los fines cuyo logro se considera conveniente sean los objetivos de la participación estatal en la economía.
Sin embargo, una discusión que sólo toque el aspecto doctrinario ideológico, no sólo es insuficiente sino es engañosa. El análisis también es una cuestión práctica de evaluación de los medios de que se dispone para alcanzar los fines que se buscan.
Lo que la ideología propone, la economía tiene que hacerlo posible de la mejor manera y con el menor esfuerzo social. El papel del Estado, papel del sector público en la economía, se define pues a partir de sus fines y responsabilidades. En nuestro caso los fines y responsabilidades del Estado mexicano los precisa nuestra Constitución, producto de un movimiento revolucionario. Ellos se sintetizan en la responsabilidad del Estado de promover en el espíritu del artículo 3o. constitucional el logro de condiciones efectivas de justicia para todos los mexicanos. A partir de dichos fines es preciso evaluar los instrumentos que se usan para lograr los propósitos, dado el contexto de oportunidades y restricciones imperantes. Es que mantengamos esta distinción de fines e instrumentos.
En este debate la verdadera posición ideológica queda al descubierto no tanto en las propuestas en abstracto o en señalamientos aislados de quienes opinan, sino al contrastar la diversidad de fines del Estado y la disponibilidad efectiva de los recursos. Sólo así se explicitan las consecuencias reales de cada postura. Es en este marco donde surgen con claridad las disyuntivas reales de gobierno; es en este contexto donde podemos juzgar las decisiones y acciones públicas de mejor manera.
Quienes sostienen que el Estado debe tener una participación directa en un amplio frente de actividades productivas y se olvidan de las restricciones que enfrenta tal propósito, terminan por apoyar en la práctica una intervención débil y dispersa del Estado en la economía, en realidad abogan por la pérdida de capacidad de conducción real del Estado, se acercan así a los planteamientos de liberalismo del siglo pasado. Por ello no debe sorprendernos que estas posturas en lo económico coincidan con las propuestas en lo electoral de igual corte liberal, que buscan eliminar la presencia del gobierno de la responsabilidad electoral. Esto no sería liberalismo ni neoconservadurismo, sería francamente reaccionario.
Las condiciones actuales de la economía, dada la solución que se logró para el problema del sobreendeudamiento y de carga excesiva de la deuda externa, implican que el ajuste general de las finanzas públicas ha concluido prácticamente. Ahora tenemos que entrar en una etapa diferente, donde el Estado tiene que atender con la mayor celeridad posible el reclamo generalizado de los mexicanos por elevar su nivel de vida. Aquí es donde se da la disyuntiva fundamental, ¿a dónde vamos a canalizar los recursos públicos?
Un Estado revolucionario debe atender el reclamo de los demás, debe cumplir en primera instancia su compromiso social. Invito a todos los compañeros diputados a ser consistentes con nuestras posiciones políticas, si somos progresistas, tenemos que reconocer que no es posible continuar con apoyos a empresas ineficientes que nos impidan atender reclamos sociales, ¿cuántas escuelas estamos dispuestos a dejar de construir para mantener la presencia del gobierno en esas empresas? ¿Cuántos años adicionales les habremos de pedir a nuestros conciudadanos en lo que hace a sus demandas de salud, servicios públicos, infraestructura básica para seguir atendiendo empresas ineficientes? ¿Cuántas hectáreas estamos dispuestos a que permanezcan ociosas o no puedan ser incorporadas al riego para conseguir mantener en operación en base a transferencias algunas empresas de participación estatal minoritaria?
En síntesis, compañeros, ¿cuánto bienestar social estamos dispuestos a sacrificar para que el gobierno siga siendo empresario en actividades que nunca nuestra ley suprema definió como estratégicas y que en las condiciones actuales de desarrollo no son prioritarias?
El C. Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Una interpelación.
El C. Rogelio Montemayor Seguy: - No señor diputado, no se la acepto.
El C. Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Es una interpelación. Vamos.
El C. Rogelio Montemayor Seguy: - Si somos progresistas debemos dar la bienvenida a nuevas formas de corresponsabilidad y participación en las tareas nacionales. El vigor de México no puede seguir siendo, fundamentalmente, el tamaño del sector público; el vigor de México está en la presencia, la entereza y responsabilidad del conjunto de la sociedad, en la capacidad real del gobierno de conducir la economía.
En síntesis, resolver el dilema central requiere plantearnos con valentía y sin dogmatismo, las
áreas de despliegue y de repliegue en la participación del sector público, que permitan al Estado asumir cabalmente sus compromisos fundamentales.
Nosotros propugnamos porque el Estado culmine su reestructuración radical con sentido nacional y revolucionario; nacional, porque entendemos que para el desarrollo de nuestro proyecto histórico es condición necesaria la afirmación permanente de la soberanía y la independencia de México, sustentada en el vigor de la sociedad y la fortaleza política y económica del Estado.
Revolucionario, porque otorgamos la mayor importancia y prioridad a la consecución del proyecto social de la revolución. El logro de condiciones efectivas de justicia para todos los sectores de nuestra sociedad.
Cananea y Mexicana son capítulos importantes de este proceso, las empresas deben ser nobles y su actividad debe proseguir, pero con una clara y diferente participación de los diversos sectores de la sociedad.
Los recursos públicos deliberados deben usarse para responderle a una sociedad que demanda servicios, que exige eliminar rezagos sociales, que demanda elevar el nivel de bienestar. Por ello, aplaudimos el valor, la claridad de medidas y realismo que caracterizan la conducción económica del gobierno del presidente Salinas de Gortari. (Aplausos.)
Exhortamos a todos los integrantes de este cuerpo legislativo, a todos los mexicanos a encontrar nuevos consensos básicos acerca de la nación que queremos construir, para hacer de México un país más fuerte, pero sobre todo, una sociedad más justa. Muchas Gracias.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Alberto Pérez Fontecha.
El C. Alberto Pérez Fontecha: - Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados; señoras y señores: el 20 de julio de 1984, el Comité Ejecutivo Nacional de nuestro instituto político encabezado por el licenciado Carlos Enrique Cantú Rosas, emitió un manifiesto a la nación con motivo de haber reconquistado nuestro registro como partido político nacional. En aquel entonces, presentábamos a la ciudadanía la renovada presencia del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana frente a una realidad ensombrecedora, sin claras perspectivas para los miembros de las clases populares que veían angustiados cómo sus míseros salarios apenas alcanzaban para mal comer.
Frente a una nación rica en historia, con muchos héroes y mártires, exigían que los sacrificios de muchas generaciones de mexicanos valiera la pena; frente a un país que hizo la primera revolución del siglo y que puso el ejemplo de lo que el pueblo organizado es capaz de hacer, y frente a una ciudadanía que contempla en el panorama nacional qué opciones políticas tienen afinidad con la historia patria.
A cinco años de nuestro manifiesto, éste tiene vigencia plena y todos hemos visto cómo los funcionarios y servidores públicos se enriquecen y la corrupción campea por las oficinas burocráticas; todos hemos observado cómo la ideología de la Revolución se convierte en fraseología de demagogos y cómo el pueblo desesperado no ve llegar las promesas que le han sido hechas.
La opción revolucionaria, renovada la ciudadanía, tiene un compromiso con la nación; hacer consistente la línea política de honradez en la gestión gubernamental con la honestidad interna de la administración pública. En este sentido, debemos practicar la autocrítica y la severa evaluación de nuestras actividades.
En esta presencia renovada en la política mexicana, mi partido se manifiesta contra quienes a todo se oponen por sistema, sin ofrecer a cambio un camino definido y practicable; contra los caciques que dominan regiones y localidades imponiendo su voluntad en contra de las mayorías; contra quienes han hecho de los puestos públicos fuentes de riqueza personal; contra los líderes de membrete que nadie eligió y que dicen representar grupos de ciudadanos; contra los tecnócratas que imponen soluciones de gobierno desvinculadas del pensamiento y de los intereses de las clases populares; contra los funcionarios judiciales que sólo aplican la ley bajo la consigna y a los que no pueden pagar por burlarla; contra los individuos voraces que extenúan a los obreros en las fábricas, a cambio de salarios de hambre, y contra los medrosos y pusilánimes que no quieren compartir los riesgos que confronta la construcción del México del futuro; contra los que piensan que la política del país debe asumirse en adicción y servir a inconfesables intereses de cualquiera de las hegemonías que pretenden dividir al mundo; contra los desnacionalizados que sueñan con anexiones al país del norte y contra quienes pretenden desviar el camino de México del destino que con su esfuerzo y su sangre escribieron los héroes de la Revolución Mexicana.
Somos un país democrático en la política o aspiramos a ello, pero autoritario en lo económico. Las medidas fundamentales de política económica requieren ser consultadas con el pueblo. Hasta
ahora, las grandes cuestiones nacionales en materia económica se deciden en círculos cerrados de las altas esferas del gobierno y a las empresas y al pueblo sólo se les ha dejado el derecho de sufrir las consecuencias.
El Congreso Federal, los partidos políticos, el Congreso del Trabajo y las organizaciones populares, deben ser foros para la deliberación anticipada de las medidas económicas que afectarán a la comunidad en su conjunto.
Entre otros factores de signo externo, la crisis nos condujo a esa excesiva autonomía de la alta dirigencia económica para actuar sin contrapesos, decidiendo por todos en la persecución de quimeras de crecimiento acelerado en medio de un mundo de recesión.
En el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, hemos sostenido y sostendremos que el combate a la inflación y a la crisis no deberá seguir sustentándose en el empobrecimiento de las clases populares que no la originaron; por lo tanto, éstas no deben pagar por ello.
Es necesaria la acción resuelta del Estado en contra de los especuladores, los hambreadores y los intermediarios que cotidianamente alimentan el proceso inflacionario.
Creemos firmemente que es urgente efectuar reducciones muy severas al aparato burocrático, eliminando dependencias que no se justifican, que no contribuyen al logro de los objetivos gubernamentales y de esta manera reducir el gasto corriente del gobierno.
Para nosotros la creación de empleos a todo lo largo y ancho de la nación, es un asunto de alta prioridad porque constituye la única manera de asegurar el sustento y una vida digna para los mexicanos. En este sentido hemos requerido del gobierno el apoyo absoluto para impulsar las fuentes de empleo.
Hoy, una vez más, expresamos nuestro reclamo de que se le hable al pueblo con la verdad y no se trate de disfrazar la realidad política, económica y social que vive nuestro país.
La declaración de quiebra denominada "quiebra técnica de la Compañía Minera de Cananea", resulta para el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, una quiebra orquestada con el único fin de cumplir con los compromisos que hicieron nuestros negociadores con el Fondo Monetario Internacional y con la banca comercial extranjera para deshacerse de las empresas paraestatales y de intervención estatal, y venderlas al mejor postor, no importando que con ello hipotequemos el futuro de nuestros hijos.
No podemos pasar por alto el mencionar que la explotación de los recursos no renovables es patrimonio de todos los mexicanos y en el caso de la Compañía Minera de Cananea, el gobierno en declaraciones había sostenido que su explotación podía durar más de 90 años, por eso afirmamos que venderla es hipotecar el futuro de los mexicanos.
Debemos señalar que hace apenas unos meses en el reporte que hacía el gobierno sobre la Compañía Minera de Cananea, era de que esta empresa contribuía al promedio interno bruto nacional con más del 6%. Que las ventas estimadas para este año rebasarían los 300 millones de dólares; que la empresa era rentable y constituía un gran negocio para el gobierno.
En un estudio de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, se señalo recientemente que la Compañía Minera de Cananea, había tenido una reducción en sus costos, había disminuido sus pasivos y aumentado sus activos y capital y que estaba operando al 100% de su capacidad instalada.
Nunca se manejó el problema laboral y cuando esto sucedió después de la declaratoria de la supuesta "quiebra técnica", en rueda de prensa el director de Minera de Cananea manifestó que si alguien era inocente de lo ocurrido, eran precisamente los trabajadores mineros.
Entonces, señor director de Minera Cananea: ¿quién fue el responsable de esta maquiavélica quiebra?, ¿será el responsable el consejo de administración o el Secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal, por no tener a la minera en una situación totalmente sana y por estar recurriendo a argucias para resolver un problema de tipo político?
Si es así, que se diga; lo que no es posible seguir permitiendo, es que el gobierno ante el temor de la declaratoria de una moratoria, comprometa los futuros ingresos petroleros, entregue un importante sector de la petroquímica básica a los acreedores y desmantele a los grandes sindicatos, como ha sucedido en el caso de Petróleos Mexicanos, Aeroméxico, Altos Hornos, Ruta 100 y ahora Cananea; mañana serán Sicartsa, Teléfonos de México y Peñoles.
No podemos olvidar los parmistas, ni tampoco la opinión pública, las valientes denuncias formuladas por el Sindicato de Trabajadores de Mineros de Cananea, sobre el descarado saqueo que las administraciones pasadas hicieron a la mina; el 21
de diciembre del año pasado, el diputado federal, Patricio Estévez, entregó personalmente al secretario de Programación y Presupuesto, Ernesto Zedillo Ponce de León, durante su comparecencia ante esta soberanía, la denuncia en contra de Emilio Ocampo Arenal, ex director de la Compañía Minera de Cananea, quien amasó una inmensa fortuna y coadyuvó a la descapitalización de la empresa; una denuncia similar fue presentada por nuestra diputada local en el estado de Sonora, ante la LII legislatura estatal, Cecilia Soto, y ambas denuncias fueron archivadas.
Hoy nos enteramos por la Prensa, que Emilio Ocampo Arenal, después de una entrevista con el licenciado Del Ball, ya no aparece. Los diputados que integramos la LIV Legislatura, sin importar ideologías ni colores, hicimos un compromiso con el pueblo de México, por eso no podemos ser copartícipes de maniobras que por burdas, ofenden la dignidad de la soberanía.
El haber declarado a la Compañía Minera Cananea, en una supuesta quiebra técnica, es lo mismo que la declaración de la renegociación de la deuda externa y de la no venta de Mexicana de Aviación; todas estas acciones han sido falsas y carentes de soporte jurídico y legal, que están provocando la irritación de un pueblo ya cansado de oposiciones.
No es posible, compañeros diputados, que queramos defender lo indefendible, no es posible que tecnócratas que estudiaron en el extranjero, sigan pensando que los mexicanos nos encontramos en la subcultura y que creamos que el haber aumentado el capital de Mexicana de Aviación no es una venta disfrazada de esa empresa, y así tratarán de justificar ante el pueblo de México, que las acciones económicas que está tomando el gobierno son las convenientes para salir de una crisis que los mexicanos no ocasionamos.
¿Por qué no decirle al pueblo de México, que la Compañía Minera de Cananea, que se encuentra , según el gobierno, en quiebra técnica, es codiciada por dos empresas estadounidenses y por una empresa canadiense?, ¿por qué no informar al pueblo de México, que el personal de confianza de la Compañía Minera de Cananea, que no produce nada, absorbe el 75% de lo que eroga mensualmente la empresa por concepto de salarios?, ¿por qué no decir que la Minera Peñoles, una de las principales corporaciones mineras, ya informó del proceso de liquidación de los trabajadores a partir del próximo 4 de septiembre y la paralización total de la empresa? ¿Sin embargo compañeros diputados, el secretario general de la sección 187, Humberto Vázquez, advierte que si la empresa no acepta las opciones presentadas, demostrará que los malos administradores son los únicos responsables del cierre de Peñoles, por engañar al fisco con una doble contabilidad y haber disminuido en sus reportes de 6% a 2.5% la ley del mineral.
Esta, compañeros diputados, es la situación de corrupción que priva desgraciadamente en las empresas estatales y de participación estatal. Independientemente de que esto no puede ser permisible, compañeros diputados, hay que señalar el uso anticonstitucional de nuestro glorioso Ejército Nacional, que no tan sólo fue mal utilizado, sino que con su intervención en la Compañía Minera de Cananea violó la soberanía del estado, pues nunca el gobernador constitucional de Sonora solicitó la intervención del ejército ante la amenaza de ataque a las instituciones, la falta de garantías individuales en el estado ni la pérdida de la soberanía del mismo.
¡Debe quedar constancia de que el mismo partido oficial, a través de su dirigente, Luis Donaldo Colosio, se unió a la petición del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y de los demás partidos políticos, solicitando el retiro inmediato del ejército de las instalaciones de la Compañía Minera de Cananea!
Para terminar, queremos manifestar que no estamos de acuerdo con lo dicho por un diputado priísta en la Comisión Permanente, al señalar que estaba en contra de las impugnaciones que hace la oposición sobre el desmantelamiento y la desnacionalización y que el gabinete económico está entregando el patrimonio nacional a manos del capital privado y extranjero, y que en esas acusaciones la oposición dio las cifras. Por ello, compañeros diputados y ante las declaraciones oficiales de la Contraloría General de la República, que señala que no puede intervenir en el caso de la Compañía Minera de Cananea, ya que se no se trata de una empresa paraestatal, sino de una empresa con participación del Estado, la responsabilidad de conocer esos números y esas cifras recaen en el ámbito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Solicito por eso, compañeros diputados, es necesaria la presencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal, ante esta máxima representación nacional, con el fin de que se aclaren las dudas y se informe de la situación de la Compañía Minera de Cananea y de las demás empresas, como minera Peñoles, Sicartsa y el desmedido abuso de las fraudulentas e impunemente realizadas operaciones de Banrural y Asegura Nacional Agrícola y Ganadera S.A.
Solicito a la presidencia de esta Cámara, a nombre del grupo parlamentario del Partido Auténtico
de la Revolución Mexicana, que con fundamento en el artículo 93, segundo párrafo, de nuestra Constitución, sean citados a comparecer el ciudadano Pedro Aspe Armella, secretario de Hacienda y Crédito Público; el ciudadano Fernando Hiriart, secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal, y el responsable del funcionamiento de la Comisión Bancaria y de Seguros.
México es de los mexicanos y para los mexicanos, no para una clase gobernante privilegiada, que tiene sus intereses personales depositados en el extranjero. Ante esta situación, los diputados, como verdaderos representantes populares, debemos de actuar serenos y conscientes para lograr la nueva era que todos queremos para México. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra...
El C. Manuel Patricio Estévez Nenninger (desde su curul): - Señor presidente deseo hacer uso de la palabra.
El C. Presidente: - Señor diputado, permítame un momentito. Hay un acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios, en el cual se hizo un registro de dos rondas de intervención, dándole los turnos a cada partido. Fue un acuerdo de los coordinadores. Sin embargo, tiene todo el derecho de hacer uso de la tribuna.
Yo le preguntaría si ¿a pesar del acuerdo de los grupos parlamentarios, usted quisiera hacer uso de la palabra?
El C. Manuel Patricio Estévez Nenninger (desde su curul): - Sí señor presidente.
(Voces): - ¡No!
El C. Presidente: - Tiene usted la palabra, señor diputado. Para alusiones personales, tiene usted cinco minutos.
El C. Manuel Patricio Estévez Nenninger: - Compañeros diputados, con el permiso de la presidencia: El de la voz tuvo la oportunidad de estar presente el miércoles y el sábado pasado en asambleas públicas realizadas y convocadas por la sección 65 del Sindicato Minero de Cananea y los miembros de base y muchos dirigentes honestos que todavía existen en ese sindicato, me pidieron que formulara a ustedes las siguientes cuestiones y proposiciones, que vienen al caso en relación al comentario que el compañero Pérez Fontecha hizo hace un momento, de que efectivamente el de la voz, presentó el 21 de diciembre ante el Secretario de Programación y Presupuesto una serie de denuncias y de irregularidades en torno a las situación que se estaba gestando en Cananea.
¿Por qué se declara una quiebra a una empresa que estaba emplazada a huelga por el sindicato minero? ¿Por qué la sindicatura declaró ayer que una empresa organizada bajo forma mercantil puede ser declarada en quiebra aunque su contabilidad registre saldos favorables?
El C. Presidente: - Señor diputado...
El C. Manuel Patricio Estévez Nenninger: - ¿Por qué la Compañía Minera de Cananea aparece todavía en el catálogo de empresas paraestatales?
El C. Presidente: - Señor diputado, hay una moción de orden que está haciendo el señor diputado Montes.
El C. Miguel Montes García (desde su curul): - Señor diputado, usted solicitó el uso de la palabra en la tribuna para alusiones personales, y no ha hecho referencia a ninguna.
El C. Manuel Patricio Estévez Nenninger: - Es falso, acabo de hacer alusión a que yo el 21 de diciembre en esta misma tribuna...
El C. Presidente: - Señor diputado...
El C. Manuel Patricio Estévez Nenninger: - Lo mencionó el diputado Alberto Pérez Fontecha en su intervención anterior, pedí la palabra para alusiones y para hacer una propuesta y se me autorizó el uso de la palabra.
La propuesta concreta es que la Comisión de Energéticos y la de Hacienda y Crédito Público se trasladen de inmediato a Cananea para que traten de convencerlo de la monstruosidad que el diputado aquí Rogelio Montemayor trató de convencer a los diputados de que no tenía reversa la declaración de quiebra fraudulenta.
Propongo que se añada y que se reciba en esta tribuna la propuesta por escrito...
El C. Presidente: - Señor diputado, éste es un período extraordinario de sesiones que se rige por el artículo 77 constitucional y por el artículo 35 del Reglamento Interior para el Congreso General, usted tendrá oportunidad de presentar estos asuntos a través de la Comisión Permanente que es la que está facultada para atenderlos, si es usted tan amable, señor diputado, Muchas gracias. (Aplausos.)
Señor diputado Ortíz Mendoza, tiene usted el uso de la palabra.
El C. Francisco Ortíz Mendoza: - Señor presidente; honorable asamblea: cada vez se reduce más el ámbito de los diputados a los que uno se puede dirigir; obviamente mi intervención de hoy no será para el Partido de Acción Nacional, porque ellos viven en otro mundo. (Aplausos.)
Se pueden retirar si gustan porque ustedes no oyen nada de esto. (Aplausos.)
A mis compañeros de partido y del Frente Democrático Nacional no valen mis palabras puesto que coincidimos; en el caso del Partido Revolucionario Institucional, creo que hacia ellos van pero no para todos, porque es claro que la lucha de este período extraordinario se dará en el seno del Partido Revolucionario Institucional. Sin los diputados del Partido Revolucionario Institucional no habrá reforma electoral, nada más que en su seno se está dando una batalla: los que coinciden con el Partido de Acción Nacional quieren su apoyo para reformas reaccionarias. Para los que tienen pensamiento revolucionario, que los hay muchos, estarán buscando cambios revolucionarios y tendrán la solidaridad y los votos de los partidos democráticos.
Es claro que esa lucha se está manifestando, cuando el diputado Montemayor viene a hablarnos aquí de por qué se deben vender las empresas estatales, es la voz de Acción Nacional y del imperialismo.
Efectivamente, no es una quiebra financiera lo de Cananea; es un quiebra ideológica en el seno del Partido Revolucionario Institucional. Ese es el verdadero problema.
(Voces.)
No es para ustedes, guarden silencio. (Risas.)
El problema radica en una cuestión muy concreta, ¿qué camino va a seguir México con este gobierno que está en el poder desde el 1ero. de diciembre, y cuyos escarceos de batalla se dieron en el sexenio anterior? ¿O entregamos nuestros recursos al capital extranjero, o al capital privado para que, como prestanombre, sirva de parapeto en las compras? ¿O seguimos avanzando por el camino que llevábamos de fortalecer el sector estatal de la economía para consolidar nuestra independencia? Eso es lo que está en el fondo.
Los abogados saben bien que el derecho, dialécticamente está vinculado a la realidad a la que se aplica. Si la realidad requiere cambios en sus leyes, los diputados las realizan para dos objetivos: O para impulsar hacia adelante esa realidad objetiva, o para frenarla y cambiar el rumbo.
Cuando la Revolución de 1910, se propuso objetivos muy concretos de independencia nacional, se modificó la Constitución; la revolución es fuente del derecho, y se hicieron leyes a favor de esos cambios. Las leyes actúan dialécticamente sobre la realidad y la transforman.
Por ese motivo, durante muchos años se fueron adecuando los cambios constitucionales para hacer avanzar a la revolución. Se modificó el 3ero. constitucional varias veces, se modificó el 27, se modificó el 28, se modificó el 123; y todo ello para hacer avanzar revolucionariamente al país.
Gracias a esos procesos, México, el pueblo mexicano, el que hizo la revolución empezó ha obtener beneficios. La educación popular se desarrolló, surgieron las escuelas primarias para todos los hijos de los trabajadores, se desarrolló la segunda enseñanza también para los trabajadores y para el pueblo, se creó la educación superior para todos los hijos de los que hicieron la revolución, se crearon instituciones de todo carácter para beneficio social de los trabajadores y del pueblo. Pero era evidente que México no podía seguir avanzando si los recursos fundamentales estaban en manos del...
El C. Presidente: - Permítame señor diputado Ortíz Mendoza.
Por respeto al orador y para escucharlo con la atención que merece, pedimos a la Oficialía Mayor que nos ayude a desalojar los pasillos y poder continuar esta sesión. A los compañeros de los medios de comunicación les vamos a suplicar atentamente tomar su lugar en el palco de prensa y permitirnos que continúe atendiendo al orador, la audiencia de esta Cámara.
El C. Francisco Ortíz Mendoza: - Cuando hace 50 años iniciamos desde muy jóvenes...
El C. Presidente: - Diputado Ortíz Mendoza, permítanos un momento. Se vuelve a llamar la atención de las personas que están en el pasillo intermedio para que los desalojen y continúe la sesión.
Diputado Pérez Fontecha, si es tan amable. Muchas gracias. Puede continuar señor diputado Ortíz Mendoza.
El C. Francisco Ortíz Mendoza: - Desde cuando muy jóvenes empezamos nuestra lucha revolucionaria, lo hicimos en la etapa constructiva de México, en la etapa del avance revolucionario. Cuando el gobierno de Lázaro Cárdenas expropia el petróleo, los jóvenes estudiantes de entonces, salimos a las calles a defender esa
conquista revolucionaria y desde ese momento empezamos a entender por que deberían crearse las empresas estatales en manos del pueblo mexicano. Y nos explicamos inmediatamente después, a escasos meses de la expropiación, por qué el sinarquismo soñaba con que triunfara el fascismo en Europa y derrotar a los avances revolucionarios.
Y nos explicamos también por qué surge Acción Nacional. La pretensión era clara, detener el proceso revolucionario detener el aspecto constructivo de la revolución; pero no eran ellos solos. Ese partido nació en un banco, en las oficinas de un banco, del Banco de Londres. Ahí estaba su creador, a diferencia del Partido Popular Socialista, era Lombardo Toledano, dirigente de los trabajadores. Ahí nació en los bancos, y ahí sigue en los bancos; incluso en la banca nacionalizada, ahí están incrustados. Pero ahí están ustedes, chupando sangre. (Aplausos.)
El pueblo mexicano se desarrolla notoriamente. Con la industria petrolera nacionalizada y expropiada, se sientan las bases del crecimiento del país. En un histórico mensaje de Vicente Lombardo Toledano en 1945, a nombre de la Confederación de Trabajadores de México, del sector popular y de la Confederación Nacional Campesina, presenta un nuevo programa para el sector revolucionario de México y ahí mismo explica que si el pueblo mexicano, los industriales patriotas y la clase obrera no se unifican para defenderse del imperialismo que una vez terminada la guerra mundial al frenar su industria militar tendrá que regresar a la producción doméstica y desbordarse hacia los países en desarrollo y particularmente México, entonces esas empresas nacientes empezarán a caer en manos del sector privado vinculado al capital extranjero, profecías históricas de Vicente Lombardo Toledano.
Plantearon entonces las fuerzas del imperialismo planes, el punto IV del Plan Trumman y el Plan Columbia, para tratar de frenar la industrialización del país nos propusieron la división del trabajo. Ustedes no tienen por qué hacer sacrificios y desarrollar la industria pesada, ¿para que lo hacen? Ustedes dedíquense a producir materias primas y nosotros les vendemos los tractores y los equipos que necesiten y les compramos la materia prima. Eran un plan muy bien elaborado y apoyado por quienes ustedes ya saben, por supuesto.
Pero no contaban que había fuerzas democráticas, desde los estudiantes y la clase obrera que se opusieron al punto IV y al Plan Columbia; sin embargo, no fue suficiente la batalla. Se crearon entonces muchos aparatos fiscales para proteger a la industria nacional, yo participé personalmente, ya como ingeniero, en la creación de una de esas empresas para crear cinescopios en México. Pero los que estaban dentro del gobierno, los economistas que explican por qué no sirve el capital metido en la industria estatal, estaban desde entonces, no llegaron ahora, desde entonces se oponían y al mismo tiempo que se protegía al sector industrial nacional, se permitieron la entrada de empresas subsidiarias y se protegían con las mismas leyes de protección al capital nacional, tal como lo previó Lombardo Toledano, y así quebraron a muchas empresas mexicanas o cayeron en sus manos bajo presiones bancarias, financieras o de corrupción. Así cayó en manos del capital privado, privado, con capital de Wall Street, toda la industria llantera que estaba en manos de mexicanos, todos los laboratorios químicos que estaban en manos de mexicanos y varias otras industrias.
Ahora que están tan gritones quienes protestan por la ecología, antes por las transformaciones ecológicas, en esos años de lucha de la Revolución Mexicana, de 1946 a 1952, años después compraron todos los terrenos, desde cuatro caminos para arriba, para hacer grandes negocios con fraccionamientos e industrias, era un buen cachorro pero le salieron uñas. Ellos, ese cachorro se ligó a estos otros señores e hicieron los grandes negocios de la vida, con empresas y grandes fraccionamientos; ellos son los responsables de lo que ahora pasa del gran crecimiento industrial en México en esta capital; la corrupción entre los dirigentes del gobierno, los empresarios y el capital extranjero.
No es que sean malas las empresas estatales, diputado Montemayor, con todo respeto, es que los funcionarios del poder público se vincularon y se dejaron corromper por la gran burguesía y el capital extranjero. Y ahora vemos a grandes empresarios, metidos de políticos, y a políticos vinculados con los empresarios en compañías aéreas privadas, en muchas cosas, bien vinculados los dos, y por eso les importaba que las empresas estatales no crecieran, no se desarrollaran, que la corrupción llegara a las empresas estatales. No es que las empresas estatales sean malas, sino que la administración del Estado, no el sector revolucionario y progresista, que también lo exige, nunca permitieron que los trabajadores participaran en la dirección de las empresas estatales; nunca permitieron que las fuerzas democráticas pusieran leyes nuevas para esas empresas estatales.
Desde que se nacionalizó el petróleo, cuando Lázaro Cárdenas estaba en la Presidencia y Lombardo Toledano al frente de la clase obrera, quien concibió toda la línea estratégica y táctica para nacionalizar y expropiar el petróleo con Lázaro
Cárdenas, también planearon y programaron cómo administrar las empresas, y nunca estuvo en su cabeza la corrupción de funcionarios y la corrupción de líderes que les servían de tapaderas a los funcionarios para hacer fracasar económicamente a Petróleos Mexicanos. De eso no tiene culpa la Revolución, pero claro, igual como decía Sor Juana: "Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de los mismo que culpáis". Esos señores corrompían a los funcionarios, corrompían a los líderes, y una vez corruptos, pasados de ese lado, los acusaban de corruptos y de malos administradores. A los líderes obreros, en los despachos de esos administradores, les ofrecían todo lo posible para que vendieran a los movimientos obreros y a las huelgas, y una vez que el líder se doblaba, entonces lo acusaban de corrupto y combatían al sindicalismo.
Esa es la línea de los empresarios, no es el sector estatal, diputado Montemayor, pregunta si el gobierno va a sostener empresas en mal estado financiero. La respuesta él la quiere, si está en mal estado financiero, que se venda. ¿Y por qué no se arregla?, ¿por qué no se compone?, ¿por qué sólo se expulsa a los malos administradores si se ponen buenos?, ¿o qué acaso sólo el sector privado es buen administrador?
Confiéselo, diputado Montemayor, declare que el Estado es mal administrador y entonces, ¿por qué el gobierno maneja el mayor presupuesto que es el del Estado? La tendencia es desautorizar al gobierno revolucionario, acusarlo de mal administrador, quitarle las empresas y cuídense: después quitarle el poder por mal administrador. Aceptar eso es contrarrevolucionario, las empresas que están mal, hay que reestructurarlas y administrarlas bien.
Hay dos tipos de empresas: la empresa de servicios y la empresa de productos. Las empresas de productos en manos del Estado, todas, deben producir utilidades suficientes, es una forma de distribución de la riqueza; y las de servicios, deben dar los servicios al menor costo posible y lo más democráticamente posible en beneficio de las mayorías que las construyen y las sostienen. Eso es lo revolucionario, no propiciar la quiebra para después entregársela al sector privado. Eso es traición a la Revolución: eso es lo que está en el fondo del problema.
La teoría de adelgazamiento del Estado no nació de las cabezas de los economistas que sostienen a este gobierno, nació allá, en Estados Unidos de América, es una política del imperialismo. Las dictaduras militares en América Latina ya no le sirven al imperialismo, ya no quieren dictadores militares, las están transformando en toda la América en democracias empresariales. En Estados Unidos de América el imperialismo norteamericano, véanse las declaraciones de todos, plantean que la administración pública debe estar en manos de quienes saben administrar, que son los del sector privado. Por eso las fundaciones como L`Eritage están metiendo sus narices en toda América, y por eso dijeron con toda claridad que en México su instrumento es este partido justamente, el que tenemos de este lado. Ese es el agente de los L`Eritage. Ya te reirás con ganas.
El problema radica entonces, compatriotas, si vamos a seguir aceptando que todo lo que construyó el régimen revolucionario se entregue al sector privado. Yo personalmente participé por mi propia profesión, en la lucha por nacionalizar Teléfonos de México. Presidente tras Presidente se le habló, se le dieron los datos que teníamos en nuestras manos, de cómo era un gran negocio el de la ITT, eran siete empresas subsidiarias que son muy buenos administradores, claro. Habló un compañero de dos contabilidades; tienen cuatro, no dos, una para los socios, otra para el gobierno, otra para ellos para ver como anda la cosa y otra para su señora porque hasta a ella la engañan.
Cuál es el negocio, todavía sigue siendo, de Teléfonos de México, por debilidad del gobierno. Nosotros planteábamos nacionalizar las siete empresas, no nada más teléfonos. Teléfonos de México cuando demandamos su nacionalización y luchamos por ella hasta lograrla, hacía contratos de construcción con una empresa de Teléfonos de México, e inflaban los costos y, claro, con cargo a Teléfonos de México y Teléfonos de México perdía y la empresa de construcción subía sus precios y sus utilidades. Los aparatos, la construcción de teléfonos, de plantas telefónicas, todo, es otra empresa y se contrata con ella, y los beneficios de teléfonos van a dar a esa empresa.
Lo mismo hicieron en Cananea y en todas las empresas que están ustedes vendiendo. Eso es lo grave, es lo que tienen que investigar. El contratismo es el peor veneno de las empresas estatales. Lo más fácil para un funcionario cuando llega es crear su empresa de construcción aliada con los grandes empresarios y todos los contratos van a dar para allá, y la empresa estatal se desangra y se enriquecen las otras empresas.
Por esa razón no es posible que ustedes le crean más a los empresarios privados que al propio Estado. Los empresarios privados tienen 54 mil millones de dólares en el extranjero y exigen cada rato confianza, "necesitamos confianza para regresar". Fueron tan descarados que cuando se los reclamamos decían: "pues es lo único que hay
barato en México, los dólares, los compramos y los sacamos". Y ahora a ellos les estamos dando las empresas, eso no es posible.
Nosotros, en el Partido Popular Socialista, hemos explicado una y mil veces la forma en que pueden ustedes, los del gobierno, administrar bien las empresas.
La Compañía Mexicana de Aviación. ¿Cómo creció?, ¿cómo se fortaleció?, a costa de una empresa del Estado. Aeronaves, como era del gobierno, abría las rutas nuevas sufriendo pérdidas, y cuando ya esa ruta estaba abierta y tenía producto, como el Estado no debe manejar las cuestiones económicas, etcétera, a la Compañía Mexicana, ella era la que recibía los beneficios, y la del gobierno, a abrir otra ruta y a gastar dinero y otra vez a la Mexicana. Pues ni aun así pudieron, al final el gobierno tuvo que comprar Mexicana, y cuando ya la puso sobre las ruedas para poder avanzar, se vuelve a vender al capital extranjero. Bueno, ¿de qué se trata?, ¿a quién están sirviendo estos economistas que así conciben las cosas?, a México o al capital extranjero.
Cananea, un trozo de la historia y de la economía de México, ¿cómo se puede pensar que puede pasar eso a manos del capital extranjero? Más de 80 años de historia y de lucha para que tranquilamente se diga: una quiebra; le pagamos a los trabajadores y que vengan los recursos del exterior.
Alguien decía hace unos días, es que argumentan los economistas que sólo así podemos tener inversiones. Por ejemplo, es preferible conceder hoteles allí en la costa de Oaxaca, aunque sea capital extranjero, hay trabajo, hay producto, hay ingresos económicos, ánimo perfecto, entonces apliquen eso a todo, a Petróleos Mexicanos, a ferrocarriles, que le inviertan capital extranjero y habrá todo. ¿Y por qué entonces nos están vendiendo en abonos?, mejor al contado. Aprobamos un decreto que la frontera pasa del Bravo al Suchiate y ya, muy sencillo, y habrá dólares, habrá trabajo, habrá todo y nos quitamos de problemas, hasta de la deuda nos podemos quitar.
¿Qué le pasa?, ¿qué trae con el Partido Popular Socialista? Este es el problema que está en el fondo, y todavía para colmo después de estarle entregando todas las riquezas al extranjero se explica de mil maneras: que habrá dinero, recursos. Allá hay un señor que empezó de maestro rural, que fue nuestro candidato a diputado, era del Partido Revolucionario Institucional, pero como era progresista, pues lo apoyamos y, ¡aváncele!, pero se enriqueció.
Y ahora programa invertir ocho billones de pesos en turismo, ocho billones de pesos en turismo, cuando la agricultura, acaban de declararlo, no produce ni para los propios campesinos, pero sí para turismo. Porque habrá dólares, porque habrá divisas, porque les vendemos paisajes, nada más que el negocio es redondo.
Ahora les entregamos la aviación, bueno, ¿entonces qué nos queda? El contrato de pasajes lo hacen en Estados Unidos, el contrato de los hoteles lo hacen en Estados Unidos, allá pagan dólares y aquí vienen a disfrutar. ¿Y qué nos dejan? Eso, la basura. Pero ahora como ya vamos a hacer un negocio con Japón la vamos a industrializar y nos va a quedar, les va a quedar a los japoneses pero no a nosotros. O tenemos espíritu revolucionario o no lo tenemos, ése es el problema, no tantas explicaciones de economistas.
Destruir es muy fácil, se puede decir, construir es muy difícil. ¿Qué es lo que quiere el capital extranjero? Léanse las declaraciones de los norteamericanos, no de los mexicanos teóricos aquí, ¿qué quieren? Muy bien, vamos a invertir, vamos a enriquecer a México, pero no quiero contratos colectivos, ahí están sus declaraciones de ellos y le hacen eco los teóricos de la derecha del Partido Revolucionario Institucional.
No queremos contratos colectivos, no queremos jornadas de ocho horas, que se pague por hora, eso es lo moderno. No queremos la protección a la mujer, ¿por qué? Hay mujeres que quieren trabajo en lugar de estar en sus casas, entonces no pongan condiciones. No queremos protección a los niños, que entren a trabajar a la edad que sea. Nada, no queremos contratos colectivos, sino individuales, no queremos a los sindicatos. Bien, señor, como así quiere usted el vestido, vamos a hacer leyes para modificarla, por eso fue el foro, para empezar a meter la cuña para ver qué cosas hacemos en favor de ellos, porque volviendo a lo primario como la estructura va a cambiar ahora ya no es revolucionaria, ahora es para la economía de Estados Unidos y para el capital privado, pues así hay que hacer las leyes de acuerdo con ellos.
Y es lo mismo la reforma electoral, es lo mismo, ya llegamos a la reforma electoral.
Quieren un cambio en la ley electoral a favor de ellos, ¿qué hace aquí ese diputado de izquierda tan latoso?, ¿qué hace?, ¿para qué están aquí esos partidos minoritarios? Que se acabe el paternalismo, que desaparezcan, ya no los queremos ver. ¿Y qué proponen? Un artículo para que desaparezcan los partidos minoritarios y surja el bipartidismo. Eso es todo lo que está en el fondo, véase si no la proposición del Partido
Revolucionario Institucional, ahí se impusieron los grupos de derecho, pero hay grupos progresistas dentro del Partido Revolucionario Institucional que no están de acuerdo, que no están de acuerdo en que desaparezcan los partidos minoritarios y más que nada el Partido Popular Socialista, ¿para qué está el Partido Popular Socialista?
Hasta aquí nos vinieron a cambiar las normas, teníamos que hablar desde hace tres horas, venimos a hablar ahora que salen a comer. Entonces, ahí esta el problema, ¿cómo van a hacer la ley de los del Partido Revolucionario Institucional? Ya tienen el acuerdo de la derecha, ¿quieren aprobar mañana?, concédanle a la derecha todo y ya, tiene 100 votos y los de ustedes dos terceras partes y se acabó el período extraordinario de sesiones; pero ¿quieren cambios revolucionarios?, traten con nosotros y nada más.
Y habrá cambios, siempre hablan ustedes de cambios pero nunca dicen cambios para dónde; que hay que modernizar y no dicen para quien ni para qué. Se habla de modernizar y se abren las puertas al capital extranjero.
Hace 12 años que estamos diciendo desde esta tribuna: compatriotas debemos prepararnos, ya viene, dijimos en aquella época, la cibernética, la robótica, todas las plantas industriales van a cambiar. Vamos a preparar a nuestros cuadros científica y tecnológicamente; más dinero para el Politécnico, más ayuda a la investigación científica. Nosotros decíamos que ya venía, pues ya llegó, ya está aquí.
¿Quién en México va a desarrollar a nuestro país en la etapa moderna? Si le dan a la investigación científica en el Politécnico 2 mil millones de pesos al año y al turismo, 8 billones. ¿Así conciben ustedes planear el desarrollo de nuestro país?
¿Quién va a tener interés en la investigación científica?, ¿estos señores?, ni de broma, lo que quieren es tener más utilidades, eso es lo que les importa; no invierten un solo centavo en investigación científica, y si no lo creen que lo investiguen. ¿Qué empresa privada desarrolla la investigación científica en México?, ninguna, ¿el capital extranjero?, no le interesa, señores, a ellos lo que les interesa es enseñarlos a apretar botones de sus equipos, por eso hacen los cursos de terminales breves, de dos, tres años para mano de obra barata, pero la investigación científica, nada.
A los únicos que les interesa la investigación es al Estado, petróleos, ferrocarriles, ahí están los institutos de investigación de petróleos, creadores todos ellos; ahí está el Instituto de Investigación Tecnológica de la Industria Eléctrica, creadores; ahí están todos los premios nacionales de ciencia del sector estatal. ¿Cuáles del sector privado, cuáles del extranjero?
A ellos lo que les interesa es preparar los cuadros para que nos vengan a dirigir y nos orienten, según ellos, política y económicamente.
Decía yo construir es difícil; destruir es fácil, nada más pierde uno la vergüenza, se enriquece, hace negocios y destruye. Eso es fácil, destruir a la Revolución. Construir, se necesita pasión revolucionaria, sacrificio personal, sacrificio de la familia, sacrificio de una generación para crear un México libre e independiente, que es por el que nosotros luchamos. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Pedro René Etienne Llano.
El C. Pedro René Etienne Llano: - Señor presidente; compañeros diputados: Iniciamos este período extraordinario de sesiones en una nueva situación política del país que nos exige encontrar con creatividad y con imaginación, también nuevas respuestas a los retos que vive la nación.
No podemos desconocer los cambios cualitativos que a partir de la última elección presidencial y como fruto de la acumulación de muchos años de trabajo y de lucha se dan ahora en la vida política nacional.
Bastaría mencionar uno que a nosotros nos parece fundamental: el último proceso electoral, independientemente de la controversia y de la convicción que tenemos algunos de que sus resultados no corresponden a la voluntad real de la mayoría del pueblo de México, han dado como fruto una mayor participación política del pueblo mexicano.
Esta creciente participación nos obliga a todos a elevar el debate, nos obliga a todos a presentar con claridad ante el pueblo de México las diversas opciones políticas e ideológicas. Pero nos obliga también a reconocer la nueva realidad, a partir de reconocer la confrontación entre las fuerzas políticas nacionales.
No podemos aceptar que se regrese al discurso de la prepotencia de un partido oficial que tenía hegemonía absoluta, pero que ya no corresponde a la nueva realidad del país.
Esta confrontación política y esta pérdida de la hegemonía absoluta, esta condición de minoría del partido oficial, no sólo se ha evidenciado en las recientes elecciones de Baja California y Michoacán, sino en la misma correlación de fuerzas que existe en esta Cámara.
Como fruto del voto popular en la actual LIV Legislatura, no se pueden plantear reformas unilaterales a la Constitución. El pueblo de México no le ha dado una hegemonía de más de dos terceras partes de los diputados a ninguna de las fuerzas políticas aquí presentes.
Esta realidad, esta determinación del voto popular, nos plantea la necesidad de un consenso, si es que queremos plantear y plasmar en la Constitución reformas de fondo.
Con toda la proporción guardada, se repite una situación, como la que se dio en el Constituyente de 1917, sólo el consenso de las fuerzas que participaron en el movimiento armado, pudo dar como fruto un Pacto Constitucional.
Recordemos las propuestas iniciales de las fuerzas y reconozcamos esa altura en el debate político, ideológico, que permitió encontrar, lo que a la luz de la mayoría de los constituyentes eran bases para fundar un Pacto Federal, eran bases para darnos la Constitución general de la República.
Hoy nuevamente, es necesario el consenso, si queremos reformar la Constitución general, si queremos reformar en la forma suprema las aspiraciones y las exigencias legítimas de la mayoría de los mexicanos.
Por ello, al iniciar este período extraordinario y reconociendo la necesidad del consenso en las fuerzas políticas, cabría preguntarnos si este consenso es posible. Hay la posibilidad de un consenso parcial, hay la necesidad de un consenso que sólo busque cubrir el requisito de votos constitucionales, pero este consenso parcial corre el riesgo de que se traduzca también en una reforma parcial, en una reforma donde se establezcan ventajas mutuas a quienes conforman un consenso parcial, pero que no respondería a las exigencias de la mayoría del pueblo mexicano.
Cabría preguntarnos, entonces: ¿si es posible un consenso de todas las fuerzas, asumiendo que las fuerzas políticas aquí representadas sostenemos proyectos políticos e ideológicos diferentes?, ¿es posible un consenso de todas las fuerzas aun con proyectos políticos e ideológicos encontrados? Nosotros pensamos que si se busca realmente un consenso que constituya un nuevo pacto de las fuerzas políticas, es posible encontrar puntos aun a pesar de las diferencias ideológicas; es posible encontrar un eje en torno al cual construir el consenso; consideramos que ese eje de coincidencia sólo puede ser el respeto pleno a la voluntad popular.
Hemos visto que en algunos estados, en algunos municipios, a pesar de que tengamos diferencias ideológicas, la mayoría de la voluntad elige a candidatos de un partido; más que insistir en las diferencias ideológicas, habría que aceptar lo que constituye el resultado de la voluntad popular, porque en la elección no sólo se juegan los candidatos, sino también los proyectos políticos y cuando hemos escuchado, de entrada, el discurso de algunos diputados del Partido Revolucionario Institucional, de que nos están dispuestos a ceder el poder, nos parece que, de entrada, se pierde el fondo del debate.
El debate es si estamos dispuestos a reconocer cuando la mayoría del pueblo, cuando la mayoría de los ciudadanos deciden por un nuevo proyecto político, deciden incluso por alguna opción ideológica no compartida por nosotros; la gran discusión y el centro de este período y por lo tanto de la reforma, es si estamos dispuestos a eliminar ventajas ilegítimas en el sistema electoral y a someternos todos al respeto a la voluntad popular.
Por eso resulta en cierta forma paradójico, que la modernización política que reclama la mayoría de los mexicanos se resume en la exigencia revolucionaria de sufragio efectivo.
Venimos por ello con dudas, sobre si existe en el partido oficial y en las fuerzas del actual grupo gobernante, una voluntad política de respeto a la soberanía popular, porque este período se inicia también en los momentos en que observamos en Michoacán una actitud no sólo contra un partido, sino un auténtico atropello a la soberanía popular de los michoacanos.
Por eso la duda es legítima, por eso el reclamo de no buscar consensos parciales, sino de buscar un nuevo pacto de las fuerzas políticas nacionales. Es esta tribuna también se han referido a otros aspectos de la modernización, en especial al caso de Cananea y habiendo escuchado ya suficientes argumentos de carácter económico, valdría la pena hacer una reflexión política a partir de estos lamentables sucesos de Cananea.
Por más que se plantean argumentos de carácter económico, no se pude ocultar el hecho de que esta quiebra declarada por la empresa, de esta ocupación con tropas de las instalaciones de Cananea, tiene en el fondo un concepto de la modernización que no podemos aceptar, porque implica desconocer las conquistas vigentes en un contrato colectivo, porque implica desconocer garantías sociales consagradas en la Constitución, porque no es posible aceptar una modernización que atropella, una modernización que pretende desandar el camino de la historia de México; compartimos la opinión del diputado Ortíz Mendoza: ¡Cananea
refleja la quiebra ideológica del actual grupo gobernante!
Durante los últimos años los gobiernos vivieron de los activos de la Revolución Mexicana, pero siete años de una política entreguista, siete años de una continua cesión de soberanía, siete años de no reconocer la verdadera voluntad expresada en las urnas, han acumulado más pasivos con el pueblo y los trabajadores y hoy esos pasivos acumulados son superiores a los pasivos que todavía usufructúa el grupo gobernante de la Revolución Mexicana.
No se puede pretender una modernización que desconoce la historia de México, que se dicta por funcionarios que habiendo estudiado en el extranjero, olvidan nuestra propia realidad y olvidan los reclamos del pueblo mexicano, funcionarios que piensan que Cananea está lejos, pero que olvidan que Cananea está presente en la conciencia de la mayoría de los patriotas. (Aplausos.)
Funcionarios que olvidan que esta agresión al pueblo y a los trabajadores de Cananea lesiona y atropella los sentimientos de la nación, nada más el día de ayer recordaban algunos diputados que en diciembre del año pasado, cuando ya se conocían las pretensiones de desaparecer Cananea con el pretexto de modernizarla, se planteó aquí en la Cámara de Diputados una iniciativa firmada por legisladores de varios partidos exigiendo que Cananea se declarara monumento histórico, pero no monumento histórico porque dejara de funcionar ese centro no sólo de producción mineral, sino también de producción de las ideas y de las convicciones revolucionarias.
Iniciativa que planteaba que se convirtiera en monumento porque reconocía el papel protagonista de los trabajadores y que por lo tanto se entregara en propiedad social a los trabajadores; iniciativa que planteaba que ante un gobierno que, independientemente de las razones que argumente, deje de hacerse cargo de los compromisos históricos y deje de hacerse cargo de las exigencias actuales, le cediera el paso a los trabajadores.
Al discutirse esta iniciativa y a nombre de diputados independientes, exigiremos que esta iniciativa no quede congelada, sino que se someta a la consideración en el período ordinario de sesiones; servirá para nuevamente conocer la definición de las fuerzas políticas en torno a este problema.
Más aún, esta agresión a Cananea ha tenido sin embargo ya efectos importantes en el terreno de la política: a partir de esta agresión ha surgido nuevamente el llamado a conformar un frente amplio de las fuerzas patrióticas y revolucionarias, estamos seguros que las fuerzas democráticas y revolucionarias de México sabremos encontrar las coincidencias que todavía persisten entre nosotros, porque Cananea ha puesto en evidencia que las diferencias entre nosotros son menores que las diferencias que tenemos con este proyecto modernizador del actual grupo gobernante.
Por eso los campos se deslindan, por eso resurge nuevamente la unidad de un frente amplio de las fuerzas patrióticas, de las fuerzas democráticas, de las fuerzas revolucionarias, estamos seguros que este frente sabrá conducirse con la misma responsabilidad política que antes y después del 6 de julio se condujo el llamado "Frente Democrático Nacional".
Estamos seguros que este frente amplio sabrá estar a la altura de la exigencia del pueblo mexicano para debatir los proyectos políticos e ideológicos, que sabrá asumir que existe una confrontación política real en nuestro país, que existe una confrontación por el poder, pero que todos podemos coincidir en que es necesario mantener esa confrontación en el terreno político; que a ninguno de los mexicanos, ni al país, nos conviene que esta confrontación se desborde y derive en la dinámica de la violencia, donde no prevalecen las ideas, donde no prevalece la voluntad del pueblo, sino donde prevalece la fuerza apoyada en las bayonetas.
Por eso venimos optimistas a este período extraordinario, a buscar no un consenso parcial, sino a buscar un pacto de todas las fuerzas políticas nacionales; por eso venimos a este período extraordinario, a debatir diferentes proyectos políticos e ideológicos, pero asumir, en última instancia, es la voluntad popular, es el voto del pueblo el que debe no sólo elegir a los gobernantes sino definir el rumbo de la patria. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado José Trinidad Lanz Cárdenas.
El C. José Trinidad Lanz Cárdenas: - Con la venia de la presidencia; señores diputados: Qué razón tenía el ilustre pensador Platón cuando afirmaba que "en el campo de las virtudes de un legislador debía imperar fundamentalmente la cordura".
Después de haber escuchado algunas intervenciones plagadas algunas de ellas de mayores o menores calificativos, quisiera abordar las ideas en función de la cordura, que es la serenidad y el equilibrio; no puede haber mayor principio de
serenidad y de equilibrio que el imperio de la ley, la majestad de la ley debe estar por encima de todas las pasiones.
El ilustre jurista español acogido por el gobierno de la República y perseguido por una dictadura, don Manuel Pedroza, maestro emérito de nuestra universidad nacional y del cual muchos de los abogados aquí presentes abrevamos ciencia y ponderación, afirmaba categóricamente que el Estado sin el derecho es un simple fenómeno de fuerza y que el derecho sin la efectividad o la eficacia no es más que una simple normatividad declarativa.
Aquí se ha hablado de legalidad, afrontemos pues la legalidad y la legalidad se afronta no mencionando simplemente la ley, sino cumpliendo la ley.
Este período extraordinario ha sido convocado de una manera específica, para abordar la adecuación de la normatividad en materia electoral, sin embargo, cuando se habla de reforma electoral, se abordan problemas ajenos a la reforma electoral, entonces: ¿se cumple la ley o no se cumple? O se aborda una posición cómoda, que podríamos apostillar en una especie de paradoja doble: "cumplamos la ley, pero no cumplamos la ley" y, "no cumplamos la ley, pero sí cumplamos la ley", según corresponda a posiciones, tendencias o fijaciones de los diferentes grupos representados en esta Cámara.
Protesto, como diputado, en el sentido de que estemos violando la Constitución que expresamente dice que "sólo puede ser materia de un período extraordinario el objeto o la materia para la que fue convocado"; se leyó desde el inicio el decreto de la honorable Comisión Permanente sobre la materia de la convocatoria y sin embargo se abordan temas ajenos.
En otra ocasión lo he afirmado y no me cansaré de repetirlo, se pretende convertir a esta Cámara de Diputados, con toda la majestad que corresponde a su representatividad nacional, en un muro de lamentaciones magnificado a la enésima potencia; venimos a hablar aquí, compañeros, de reforma electoral y no debemos introducir temas ajenos, el pueblo mexicano espera de la madurez de los miembros de esta cámara, la concepción de una norma que responda a un crecimiento maduro a su vez sereno y equilibrado de nuestra democracia.
Se pretende convertir a la cámara, introduciendo temas de toda envergadura, "en un tribunal de todo y decisión de nada", toda vez que se exponen los problemas y no se toman decisiones, decisiones que, por otra parte, en lo ajeno de esos problemas al quehacer competencial de este órgano colegiado no debe intervenir.
No he visto, dentro de las reformas propuestas por los diferentes grupos que vienen a plantear situaciones bajo el estribillo de su conveniencia e importancia nacional, una reforma que podría corresponder a ello.
Desde el siglo XVIII existe en Europa, formando parte de las cámaras legislativas, una institución que se llama el ombudsman y que a recientes fechas se ha incrustado en la legislación española como "defensor del pueblo"; ésta es una institución, compañeros, de evolución, de avance, para permitirle a los cuerpos legislativos dedicarse a su función primordial que es la tarea del hacer de la ley, pero no de redentores gratuitos generadores de todos los bienes y desfacedores de todos los males, ni tampoco caricaturas grotescas como las que hemos tenido en nuestra realidad nacional con un supuesto redentor u ombudsman criollo llamado "Superbarrio", sino que se quiere evolucionar en este país y dar la intervención legal y competencial que corresponde a la Cámara de Diputados, propongamos una reforma madura introduciendo la figura del ombudsman en nuestras instituciones jurídico - políticas, ésa es su función, compañeros, escuchar todo esto que nosotros venimos aquí a comentar, disipándonos así de la materia fundamental de nuestro ejercicio de soberanía de un poder del Estado.
Pero no puedo permanecer impasible ante una serie de afirmaciones que, por infundadas, me hacen sentir la omnipotencia ante la desinformación y la esterilidad ante la no aceptación de la razón: se ha hablado de Cananea y se sigue hablando de Cananea como si fuera una empresa paraestatal, estamos hablando del régimen legal y el régimen legal de este país no le da la característica de entidad paraestatal, basta con ello con ver el contenido del artículo 29 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y el artículo 30 de la Ley Orgánica de Nacional Financiera.
No son entidades paraestatales y lo dicen categóricamente ambos preceptos: "aquellas empresas en las que intervienen las instituciones nacionales de crédito, con el solo objeto de fomentar temporalmente y con objeto de desarrollo de algunos campos de acción económica", es cierto que en una resolución judicial el juez comienza diciendo que se trata de una entidad paraestatal, pero vuelvo al estribillo ya comentado: "cumplamos la ley, pero no cumplamos la ley"; ¿cómo podemos nosotros, sin facultades, en la Cámara de Diputados, con lo que se quebranta el principio de división de poderes, invadir las facultades del Poder Judicial?, en este caso se ha dicho y se afirmó
ligeramente que la empresa fue la que declaró la quiebra; la quiebra la declaró un juez, no la declaró la empresa y fue a través de un procedimiento judicial establecido en toda nuestra normatividad vigente, un juez concursal que es al que le corresponde decidir sobre este tipo de problemática; no puede invadir el Poder Legislativo a otro poder como es el Poder Judicial; será a través de todos los procedimientos y de los recursos que establecen las leyes del ramo, como pueden impugnarse las resoluciones dictadas en el supuesto, sin conceder, como decimos los abogados, que la resolución del juez estuviese viciada de ilegalidad.
Se habla también de que no se mencionó en la declaratoria o en la denuncia o en la demanda de quiebra, el problema laboral; no es cierto, si vemos la demanda intentada ante el juez concursal, se habla de una razón fundamental de tipo de desequilibrio en la empresa entre su activo y su pasivo y se menciona a mayor abundamiento el problema laboral...
El C. Gerardo Median Valdez (desde su curul): - Moción de orden: Usted tuvo un principio de indisciplina llamando la atención sobre este período extraordinario de sesiones, que tiene una materia bien definida y fue el asunto de Cananea el que motivó su intervención. Yo ruego que el señor diputado se ciña al tema que nos tiene aquí reunidos.
El C. Presidente: - Señor diputado: Hubo un acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios, precisamente en el sentido de tener dos rondas de intervenciones, la primera ha sido sobre la reforma político electoral y la segunda sobre la situación económica del país; el tema de Cananea ha sido recurrentemente tocado, el orador pues está en el tema del acuerdo de los coordinadores de las fracciones parlamentarias. Continúe el orador. (Aplausos.)
El C. José Trinidad Lanz Cárdenas: - Es cierto que comencé con eso, diputado, pero tampoco puedo dejar en el aire afirmaciones totalmente contra la verdad y aquí me acojo a Sor Juana, que mencionó don Francisco Ortíz Mendoza, sí, sí, esta dama y creo que es aplicable a mi intervención, porque cuando lo dice algún otro partido vale, cuando lo dice uno no vale; cuando aplican la ley los partidos de oposición es legal, cuando lo invocamos nosotros es legaloide, luego entonces, tenía razón Sor Juana cuando decía: "opinión ninguna gana pues la que más se recata, si no os incita es insana y si os admite es ingrata", ésa es la situación.
El C. Gerardo Medina Valdez (desde su curul): - ¿Señor diputado Lanz Cárdenas, acepta usted una interpelación?
El C. Presidente: - Señor diputado Lanz Cárdenas, el señor diputado Gerardo Medina está preguntando si usted aceptaría una interpelación.
El C. José Trinidad Lanz Cárdenas: - Por un principio de congruencia, señor presidente, siempre he sostenido que la interpelación no existe en este país en materia parlamentaria y no la admito y tampoco la acepto, por inútil e innecesaria. (Aplausos.)
El C. Presidente: - No la acepta el orador. Continué en el uso de la palabra, señor diputado Lanz Cárdenas.
El C. José Trinidad Lanz Cárdenas: - Para no cansar la atención, un poquito inquieta de algún compañero diputado, quisiera referirme de una manera muy ligera a algunas de las afirmaciones que se hicieron en esta tribuna sobre Cananea:
Se decía que se violaban las leyes laborales; creo que quien lo afirma no conoce la legislación y fundamentalmente se ve que quien lo dice no son abogados; ya hablamos lo que existe en la compaginación de dos tipos de juicio: el juicio mercantil de quiebra es un juicio concursal y es un juicio universal, así ha sido considerado siempre por la legislación y por la doctrina no mexicana de todas partes del mundo.
El procedimiento de huelga, dentro de su definición, "es un estado de hecho tutelado por el derecho", la legislación laboral en cuanto al procedimiento de quiebra que se lleva ante el juez y no ante una Junta de Conciliación y Arbitraje, puede suspender un conflicto económico que se plantea ante los propios tribunales laborales, pero no tiene la menor vinculación con un procedimiento concursal o de quiebra que está regulado por la legislación mercantil.
Pero más aún, la propia ley laboral, para los que no la conocen y afirman sobre su interpretación, nos dice categóricamente el artículo 434, fracción V de la Ley Federal del Trabajo: "El concurso o la quiebra legalmente declarada es causa de terminación de las relaciones de trabajo, si la autoridad competente o los acreedores resuelven el cierre definitivo de la empresa o la reducción definitiva de sus trabajadores".
La primera etapa de legalidad en este caso y no voy a discutir el fondo de la resolución del juez, estoy solamente sustentando una tesis de legalidad, un juez, en un procedimiento concursal de quiebra declaró la quiebra y en este sentido cumplió también lo que nos dice la misma Ley Federal del Trabajo, en donde dice, en su artículo
435, "En los casos señalados en el artículo anterior, 434, fracción V - o sea quiebra - se observarán las normas siguientes: si se trata de la fracción V, se dará aviso de la terminación a la Junta de Conciliación y Arbitraje para que ésta, previo el procedimiento consignado en el artículo 782 y siguientes, que de acuerdo con las reformas de 1980 son los 892 y siguientes, la apruebe o la desapruebe".
Es decir, la resolución del juez en este sentido, está sujeta a una homologación en cuanto a la relación laboral por parte de los tribunales del trabajo y si advertimos la sentencia declaratoria de quiebra en este caso, en uno de sus puntos resolutivos el juez ordenó informarle a la Junta Federal del Trabajo para los efectos antes indicados.
(Voces): ¡Tiempo!
El C. José Trinidad Lanz Cárdenas: - El tiempo fue abusado por los demás, no me permitan citarles otra vez a Sor Juana, nada menos, con todo respeto para uno de los preopinantes, duró 35 minutos. (Aplausos.)
Quisiera referirme a otro punto que también fue tomado de una manera tangencial: Mexicana de Aviación, no está a discusión si las áreas estratégicas o prioritarias del Estado van a ser abandonadas del Estado, lo único que está a discusión es si una empresa permite el ingreso de capital para sanear sus finanzas y su desarrollo posterior.
Aquí cabría puntualizar algo sobre algo que también se ha mencionado en una actitud machacona y, perdóneseme la expresión, el problema de la paraestatalidad y de las empresas públicas, compañeros, no es problema de ideología, es un problema de administración y lo mismo existen empresas públicas en la Unión Soviética que en los Estados Unidos de América, en donde hay más de 2 mil empresas públicas; no es un problema de ideología ni de política, es un problema de finanzas y de administración y pensemos tanto que ha pasado en Francia, que bajo un régimen socialista a partir de 1985 se ordenó la reprivatización de numerosas empresas, inclusive entre ellas 65 bancos nacionales.
¿Qué ha pasado en España, un país socialista también?, ¿no se está reprivatizando también? Los cito solamente como ejemplo, compañeros, no es para programar actitudes, sino simplemente para negar principios que se machacan como si fueran cuestiones ideológicas, son cuestiones de administración y fundamentalmente de finanzas y eso que no menciono al padre de los izquierdistas, que es la Unión Soviética, en donde la Perestroika nos esta hablando también de una gran liberalización de los problemas económicos del país. (Aplausos.)
Ya para concluir, compañero, para que descanse usted, quisiera hacer unas ligerísimas reflexiones sobre algo que se ha dicho también machaconamente: la representación proporcional, como si fuera la fórmula mágica, la panacea de la solución de los problemas políticos de un país.
Esto es ciencia, compañeros, la representación proporcional surge en Inglaterra a fines del siglo pasado y a fines de la Primera Guerra Mundial prolifera en muchos países europeos y fue la causa, no la única, pero tal vez fundamental, de muchos de los desastres políticos de Francia, al grado que tuvo que regresar al sistema de mayoría.
El sistema de representación proporcional es un sistema que debe combinarse con el sistema de mayorías; los sistemas de representación proporcional puro han dado mayores problemas que soluciones en los países en que se han establecido, tenemos el ejemplo actualmente de lo que está sucediendo en España, en donde han tenido que adelantar inclusive, de acuerdo con su normatividad, el proceso de la selección.
Esto me permite hacer una convocatoria de exhortación, compañeros: vamos a discutir, pero vamos a discutir con cordura, con razones, tal y como ya se dijo aquí en algún otro momento, tratando de escuchar al supremo de los juicios, que es el de la opinión pública nacional, somos una democracia representativa y a quien corresponde verdaderamente la última decisión es al pueblo mexicano.
Desde este punto de vista, concluyo con una frase que no tiene desperdicio ni en esta ocasión ni en el proceso que vamos a vivir, es una frase de un gran jurista francés del siglo pasado, Eugne Pelletán, cuando en su Tratado de los Derechos del Hombre decía lo siguiente: "¡La libertad de lo cierto!" y ¿en qué consiste la verdad en política?, ¿quién posee esta verdad? Nadie puede poseerla como no sea la opinión pública representada por el sufragio universal.
Dejemos pues a la libertad pleitear delante de su único juez competente, que es la opinión del pueblo, ¿cómo es posible que ella falle con conocimiento de causa si no oye en su audiencia al acusado y al acusador? Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Leonel Godoy Rangel.
El C. Leonel Godoy Rangel: - Señoras y señores diputados: Abordo esta tribuna en
representación del Partido de la Revolución Democrática convencido, al igual que mis compañeros legisladores, de que no existen las condiciones políticas para participar realmente en este período extraordinario, sin embargo, lo hacemos para dar una prueba más de nuestro interés para dirimir las diferencias con nuestros adversarios políticos dentro del marco constitucional.
Resolver el atraco a la voluntad popular en Michoacán y realizar una verdadera reforma electoral que empiece con garantizar el Sufragio Efectivo mediante organismos electorales imparciales, son las condiciones previas para nuestra participación parlamentaria en este período extraordinario de sesiones.
Nuestro partido ha presentado en Michoacán, en todas las instancias legales a que la ley le señala, pruebas documentales públicas que demuestran plenamente nuestra petición de que obtuvimos 14 triunfos y que requerimos la elección extraordinaria en los otros cuatro; ninguna instancia electoral del estado ha desahogado estas pruebas, siguen estando allí, en espera de su valoración por un organismo electoral imparcial.
De igual manera, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática ha presentado nuestra propuesta de reformas a la Constitución en materia político - electoral, están aquí y las defenderemos con argumentos sólidos.
Es pues, nuestro partido, intransigente en la defensa de la voluntad popular, pero propositivo, apegado a la legalidad y comprometido con el tránsito pacífico hacia una democracia plena en México, somos una partido constitucionalista por nuestro origen, buscamos retomar los postulados más avanzados y las aspiraciones más caras de la Revolución Mexicana.
El espíritu de la Constitución de 1917 será siempre nuestro marco de referencia, actuaremos en todo momento al amparo de la Constitución, por este motivo, es el nuestro un partido de la legalidad, no puede ser distinto, en ello radica nuestra fuerza, por ello representamos el sentir de millones de compatriotas, actuar al margen del verdadero espíritu constitucional nos haría perder nuestra esencia y fortaleza, sería entrar en el terreno que a nuestros adversarios políticos les conviene y que el pueblo mexicano no desea; la violencia, la actuación al margen de la ley sólo le favorece al gobierno y a su partido y por eso lo propicia.
Sólo nos pueden derrotar por la fuerza; políticamente los sectores democráticos avanzan hacia la victoria, la represión y el autoritarismo son los únicos caminos que lo impedirán; el orden constitucional instaurado con el impulso revolucionario se ha roto, empezó a deteriorarse cuando se abandonó en los años cuarenta el proyecto nacional independiente, cuando el presidente dejó el mandato constitucional y adoptó reglas no escritas, cuando el Partido de la Revolución Mexicana abdicó de sus principios traicionando a sus militantes, entregándose como dependencia al Ejecutivo.
Por ello, se ha cedido soberanía, se han empobrecido las masas, se ha entregado el poder a una casta tecnofinanciera, se ha construido un partido de Estado, se ha corporativizado la militancia partidista, ha crecido la corrupción, lenta pero inexorablemente se abandona la economía mixta y la rectoría del Estado, en suma, se traiciona la Constitución, se abandona el camino de la Revolución Mexicana.
El 6 de julio de 1988 marcó la agudización de la crisis del sistema y su partido, el pueblo de México votó por el cambio pacífico vía el sufragio efectivo, sin embargo, el gobierno y el partido oficial burlaron la voluntad popular, cometieron el fraude electoral vistiéndolo de legalidad a través de órganos integrados por ellos y para ellos, nadie olvida que declararon electo a su presidente, exclusivamente con sus votos, es pues un gobierno, ilegítimo de origen, ya que sólo el voto legitima.
Las medidas espectaculares adoptadas son forma, no fondo, la democratización como fondo no existió en el "quinazo", mucho menos en las acciones penales contra infractores de la ley; después del fraude electoral del 6 de julio no hay signos de voluntad en el ámbito político electoral, Veracruz, Tabasco, Tlaxcala, Jalisco, Colima, Chiapas, Guanajuato, Zacatecas, Durango, Chihuahua, Campeche, entre otros, son pruebas con grados distintos de que el llamado popular por el cambio no penetró en el grupo gobernante, ¡una Baja California no hace verano!
En todas las elecciones posteriores al 6 de julio ha predominado el catastrofismo y el anticomunismo en el discurso político oficial por un lado; por el otro, el abstencionismo alarmante, sí, pero finalmente útil al gobierno. Como es del conocimiento público, el día 30 de enero de 1989 se inició el proceso electoral para renovar el congreso del estado de Michoacán, concluyendo el 29 de agosto de ese año, dicho proceso se rige por una ley electoral promulgada en 1983 que derogó la anterior, vigente desde 1955.
Su contenido recoge todas las figuras jurídicas sobre partido y su registro, organismos
electorales y su integración, el proceso electoral y los recursos y las sanciones previstas en la ley tipo, Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales de 1978, cuya paternidad nadie duda, es de don Jesús Reyes Heroles.
Extraña que juristas priístas no lo señalen y que olviden que el actual gobierno de Michoacán mantienen las mismas leyes sustanciales y procedimentales, civiles y penales anteriores a su mandato; igual las leyes orgánicas de la administración pública estatal, del Ministerio Público, del Fuero común del Poder Judicial, del Congreso del estado y de la Universidad michoacana.
Todas estas instituciones y su integración ¿las inventó la administración de 1980 - 1986? Claro que no, pero ése no es el problema planteado por nosotros, es el incumplimiento de la ley lo que nos mantiene inconformes todos los actos; previos estuvieron acompañados por una intervención ilegal por parte del Gobierno Federal y el gobierno del estado, al apoyar las campañas de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional con recursos materiales, empleados y dinero de la federación del estado.
Esto facilitó campañas dispendiosas y despliegues publicitarios en demérito de los otros partidos contendientes, esos mismos hechos ilícitos fueron cometidos por las autoridades obligadas a cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, la particular del estado y las leyes que de ambas emanen.
La integración de los organismos electorales, Comisión Estatal Electoral, comités distritales electorales y mesas directivas de casilla, se hizo contraviniendo lo dispuesto en la ley, ya que, por una parte no se dio voto a partidos de oposición y, por otra parte, al designar los comisionados ante los comités distritales y las mesas directivas de casilla, el presidente de la comisión y los representantes del Congreso del estado y del partido oficial, nombraron a personas de reconocida militancia priísta, esto explica la posición partidista, parcial y alejada del estricto apego a la ley que los organismos electorales, asumieron en el presente proceso electoral pues aseguraron primero una mayoría artificial y mecánica del servicio del Gobierno y su partido y seleccionaron personas que aseguraran la afiliación partidista antes que el cumplimiento de la legislación michoacana.
El registro estatal de electores no actuó con imparcialidad; en una actitud de complicidad con el Partido Revolucionario Institucional rasuró el padrón, hecho público y notorio en aquellos lugares donde las elecciones pasadas les habían sido adversas y lo infló en las zonas manipulables, por ser lugares incomunicados o alejados o por tener presencia el partido oficial.
La alteración y manejo parcial del padrón electoral es una vieja táctica del gobierno y su partido que en este proceso no abandonó; la publicación de las listas de casilla con su personal y ubicación fue precedida con una serie de actos oscuros realizados por los comités distritales electorales, pues en lugar de buscar transparencia y sencillez para la ubicación de las casillas y la acreditación de representantes de los partidos, se hizo uso de medidas que dificultaron conocer la identificación de las casillas y, lo que es peor, se entorpeció la acreditación de representantes.
Fue muy comentado y publicado por la Prensa el cambio de ubicación de casillas de distritos completos, como ocurrió en los distritos de Pátzcuaro, Puruándiro, Maravatío y Lázaro Cárdenas; igualmente sucedió con la entrega de nombramientos de representantes, famoso es el caso del distrito de Maravatío donde se entregaron por el comité Distrital los nombramientos el 1o. de julio imposibilitando su distribución a tiempo.
El 2 de julio de 1989 se celebró la elección de los diputados locales en los 18 distritos electorales que componen el estado de Michoacán, vigiladas por el ejercito, hecho inusitado en elecciones locales en nuestro estado, reportándose en toda la entidad irregularidades desde menores y hasta graves, incluyendo hechos delictuosos: no se instalaron casillas, no se permitió la presencia de representantes que estaban debidamente acreditados, se expulsó a los maestros con uso de la fuerza pública, se hizo uso del carrusel, etcétera en relación a las viejas prácticas que siempre ha utilizado el partido en las elecciones.
El 9 de julio, los comités distritales electorales celebraron las sesiones permanentes de cómputo que indica la ley, concluyendo la última y más prolongada sesión que correspondió al XIV distrito, con cabecera en Los Reyes, el 12 de julio de 1989; dichas sesiones tuvieron como característica general la violación sistemática a la Ley Electoral y al Código Penal del estado, cometidas principalmente por los presidentes de los comités distritales y los comisionados oficiales.
Cabe aclarar que tales conductas ilícitas se dieron aun en los distritos en que nos concedieron graciosamente el triunfo, el ejemplo más grave es el de Morelia sur, donde nos anularon 57 casillas con más de 7 mil votos, con el objetivo de que nuestro candidato no ingresara al Colegio Electoral.
Las sesiones permanentes de cómputo distrital celebradas por los 18 comités, se inscriben en los
anales de la historia de Michoacán como actos singulares sin precedentes, por las infracciones burdas, temerarias y hasta ahora impunes, cometidas por representantes del gobierno y su partido; en todas las instancias a las que hemos acudido, en todo, no hemos dejado de acudir a ninguna, sin embargo y, a pesar de que hemos presentado documentos que acreditan legalmente nuestro dicho, los autores materiales intelectuales continúan no sólo en libertad, sino gozando de cargos públicos que por el solo hecho de sus conductas deberían de estar inhabilitados.
Esas instancias electorales con relación a los hechos sucedidos en cada distrito, merecen otro señalamiento en relación a la infracción a las leyes presentamos como caso insólito en Michoacán tanto por el número y fuerza legal de las mismas, pruebas documentales que merecieron el desprecio de las autoridades electorales o administrativas a las que acudimos; contra las resoluciones ilegales de los comités distritales presentamos los recursos de queja ante la diputación permanente del congreso del estado; nuestros recursos fueron desechados en su totalidad, sin cubrir reglas mínimas de procedimiento, como lo establece la Constitución y la jurisprudencia, en "machotes" para todos, sin notificarnos legalmente, no se les llamó a los candidatos para que acreditaran su personalidad y su dicho, ni para recibirles o desahogarles pruebas; tampoco se fundó ni motivó las resoluciones adoptadas, fue una anulación absurda a la ley y a nuestra Carta Magna.
Peores agravios nos causó la Comisión Estatal Electoral dirigida indecorosamente por su presidente Jorge Mendoza Alvarez, secretario general de Gobierno, quien impulsó a los comisionados del congreso del estado y del partido oficial a violar la ley e incluso el Código Penal, así, la sesión para revisar de oficio las casillas anuladas se realizó fuera del término que marca la ley, hecho que denunciamos puntualmente en esa sesión.
Las propuestas por escrito de los partidos Acción Nacional, Autentico de la Revolución Mexicana y de la Revolución Democrática para examinar con criterios y procedimientos los casos de cada casilla, así como las pruebas ofrecidas a la petición que hacíamos en lo particular, coincidiendo todos en el caso de Morelia sur, fue desechada y su respuesta por esta comisión, a petición de comisionado del Partido Revolucionario Institucional, fue de que todos los comités distritales habían resuelto conforme a derecho, la anulación de las casillas, cuestión falsa, ya que había casos evidentes y documentados con pruebas plenas, de acuerdos contradictorios para casos similares por ejemplo, las casillas anuladas por listas adicionales en el comité distrital segundo en Morelia sur, en contradicción con las computadas en listas adicionales en Jiquilpan y Ciudad Hidalgo.
Por esta resolución, contraria a derecho, recurrimos en revocación ante la propia comisión, como lo impone la ley y en una actitud de franco e impune abandono del estado de derecho en Michoacán, el señor Jorge Mendoza Alvarez, para avalar sin incomodidades lo resuelto y lo que recurría en ese momento, no convocó al máximo organismo estatal electoral como lo obliga la ley, usurpando funciones, coaligándose con los comisionados gobiernistas resolvió sin sesionar.
Igualmente por escrito solicitamos a esa misma comisión que negara el registro de las constancias de mayoría expedidas por los comités distritales a los candidatos a diputados priístas, a quienes indebidamente les habían concedido el triunfo, esas constancias se refieren a los 12 distritos que siempre hemos impugnado, el alegato fue tenso, las pruebas numerosas y públicas, ninguna superveniente y la mayoría en poder previo de la comisión, como lo ordena la ley; su recepción llegó al secretario del organismo, sólo su recepción, nueve horas, como lo asentó en el acta.
Pedimos por escrito su desahogo en los casos que procediera, la lectura de dicho documento en la sesión de comisión duró dos horas y bastaron sólo cinco minutos, por petición verbal del comisionado priísta, que sin fundar su dicho, mucho menos ofrecer pruebas al respecto, negara nuestra petición y señalara que debieran registrarse las 18 constancias expedidas por los comités distritales.
Suficiente fue para que diligente y servilmente el presidente del máximo organismo electoral decidiera pasarlo a votación, los comisionados con mayoría mecánica, resolvieron en favor de la petición priísta así, atropellando derechos procesales, mayoriteando y mintiendo negaron nuestra petición, sin fundar ni motivar su resolución.
¿Qué hacer cuando se dan estas monstruosidades antijurídicas por el organismo y su presidente, que supuestamente están para cumplir y para hacer respetar la ley electoral? El acudir a todas las instancias legales nos guió siempre el interés de hacer respetar el sufragio, de que se limpiara el proceso electoral enlodado, fundamentalmente por las sesiones de cómputo distrital, ya que era evidente el interés del gobierno y su partido de vestir de legalidad con medios ilegítimos en los organismos electorales.
Su atraco a la voluntad popular se buscaba en esos órganos dóciles, facciosos y partidistas, integrar un Colegio Electoral del congreso del
estado amañado y con mayoría priístas que convalidara y que cubriera de legalidad formal su robo, ésas fueron las causas de la integración ilegítima del Colegio Electoral con cuatro priístas , dos panistas y un perredista.
Nuestra decisión era no participar, convencidos de que lo hacíamos sin violar preceptos legales, sin embargo, para evitar cualquier interpretación torcida de la ley, decidimos acudir al Colegio Electoral, por eso solicitamos y registramos las constancias de mayoría expedidas a nuestros candidatos en los seis distritos en que se nos reconoció el triunfo y por ello se presentó a la instalación del colegio el ciudadano Rubén Solís Medina, candidato a diputado por el XI distrito, con cabecera en Zacapu, de nuestro partido.
Las primeras decisiones tomadas el 15 de agosto del presente año por el Colegio Electoral, a pesar de acuerdos previos al no conceder el uso de la palabra a nuestros representantes, ni mucho menos establecer reglas para la defensa de los casos en que teníamos interés de discutir y ofrecer pruebas, como lo hicimos en todas las anteriores instancias.
Nos obligaron a tomar la decisión de no estar presentes en la discusión de los distritos y reservarnos nuestros derechos para presentarlos en otra instancia legal, lo anterior no implicaba, para el partido gobiernista, violar la Constitución que consagra garantías procesales para cualquier mexicano que este o no presente, pero como ya lo habíamos previsto, actuaron de manera partidista, facciosa y parcial, sin apartarse nada de la conducta asumida por los organismos electorales anteriores.
No modifico el resultado que desde el cómputo distrital se había anunciado: 12 distritos electorales para el Partido Revolucionario Institucional y seis para el Partido de la Revolución Democrática, todo ello lo hizo con la sola votación de los presuntos diputados priístas, por esos resultados y con esta actuación ilegítima, el Colegio Electoral cerro el círculo de ilegalidades cometidas, por el gobierno y el congreso del estado, abandonándose en Michoacán el estado de derecho.
Haciendo un esfuerzo por todos los atropellos a las leyes cometidas en los organismos electorales a los que previamente habíamos acudido, presentamos el recurso de reclamación ante el supremo Tribunal de Justicia en un escrito detallado en 34 hojas tamaño oficio, con más de 400 fojas documentales públicas. Esperamos su fallo, a pesar de que ayer venció el término de cinco días que la ley le concede para resolver; pedimos análisis y valoración de las pruebas ofrecidas, hecho no ocurrido en las anteriores instancias legales, examen de las documentales electorales que la Comisión Estatal Electoral debió remitirle por obrar en su poder, revisión y apertura de los paquetes electorales que custodia el Colegio Electoral del congreso y revisión de los dictámenes de 12 distritos que emitió dicho colegio.
Nosotros reclamamos el triunfo en ocho distritos y la anulación de los otros cuatro, el Poder Judicial en Michoacán tiene la palabra, ser un órgano imparcial de justicia, en este caso electoral, en su responsabilidad histórica sin embargo, los agravios cometidos por el ejecutivo y el congreso del estado, que sin ningún pudor rompieron el estado de derecho, no puede quedarse en la impunidad.
Por ello, solicitamos la desaparición de poderes en apoyo a este reclamo; 74 alcaldías están en poder de sus legítimos dueños: las comunidades. Esta rebelión cívica en estricto ejercicio de garantías constitucionales, es sin precedente en la historia reciente de México...
El C. Presidente: - Continúe el orador.
El C. Leonel Godoy Rangel: - Esta rebelión cívica es sin precedente en la historia reciente de México. El momento más alto en la lucha contra Martínez Villicaña el año pasado, sólo se tuvieron 56 presidencias municipales ocupadas por las fuerzas democráticas. Esto refleja el mayor grado de indignación en Michoacán y el avance organizado del Partido de la Revolución Democrática, allá.
Las amenazas de incriminaciones penales a militantes nuestros, el desafuero en nuestra contra no nos arredra, como no nos ha intimidado el acoso constante, denunciado ya por agentes del gobierno del estado en vehículos oficiales, ni las amenazas contra familiares o amigos; la democracia se conquistará, estamos convencidos de ello, no será fácil también lo creemos pero llegará, ni duda cabe.
Pedir que nos rindamos, que no denunciemos ante la opinión pública y ante ciudadanos libres el atraco electoral es mezquino y es subestimar al adversario político, es no tomar en cuenta sus convicciones, ni respetar el derecho a disentir del sistema y su partido.
No podemos, por otra parte, soslayar hoy lo ocurrido en las elecciones de Oaxaca para renovar los ayuntamientos y el congreso local; exigimos solución en Tlacolula, Comuntasillo, Magdalena Ocotlán, Jiyotepec, Ichadanini, Xojotlán en virtud de que están todavía pendientes de resolución.
Son los hechos concretos en los procesos electorales, junto con una reforma constitucional y legal, democrática, lo que nos hará transitar pacíficamente hacia una democracia plena. La reforma electoral por sí sola no garantiza un sistema de sufragio efectivo, importan ambos, los hechos y la ley.
Para nosotros resulta imperativo exigir desde ahora limpieza electoral, respeto a la voluntad popular y sufragio efectivo en las elecciones que se realizarán en los próximos meses en Veracruz, Puebla, Guerrero y Michoacán, entre otros.
Exigimos cese en hostigamiento y campañas difamatorias, que por medio de Imevisión, Televisa y El Nacional se instrumentan en contra nuestra, pues su posición facciosa, su visión parcial e imputaciones falsas sólo buscan crear un clima de linchamiento político que no contribuye en nada a restablecer relaciones democráticas entre los mexicanos.
Restaurar el orden constitucional en México tiene un solo camino viable y pacífico: el sufragio efectivo. Muchas Gracias.
El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Carlos Castillo Peraza.
El C. Carlos Enrique Castillo Peraza: - Señoras y Señores diputados: Quiero comenzar mi intervención agradeciendo a todos y cada uno de los compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra, su esfuerzo, algunas veces muy brillante, de hacernos saber el punto de vista de los partidos que representan y de manera especial a uno de ellos que en representación del Partido Popular Socialista, en un momento de posible cansancio nos ofreció 35 minutos de sano y necesario esparcimiento.
Es un honor y una responsabilidad estar aquí para iniciar juntos una tarea que por una parte es mandato popular, secularmente poco acatado, de dar a los mexicanos mecanismos jurídicos aptos para garantizar la legalidad de sus procesos electorales y a través de éstas, la indudable legitimidad de sus autoridades. Y por otra parte, es recuperación de la sustancia representativa de la institución parlamentaria, mermada durante seis décadas por la virtual monopolización de la función legislativa ya ni siquiera por los legisladores que hacían mayoría, sino por el Poder Ejecutivo.
El hecho de que se hubiese convocado a propuesta de Acción Nacional a un período extraordinario de sesiones, de que en éste se someta al Congreso una serie de proyectos de legislación formulados por partidos de oposición y de que el proyecto oficial sea presentado por los señores diputados priístas y no por el titular del Ejecutivo, son otros tantos avances que es preciso señalar y celebrar, pese a sus limitaciones.
Entramos a esta discusión en una etapa de transición critica, digo transición porque no quiero caer en la tentación de hablar de parteaguas. La historia de México es un proceso, no una carrera de inéditos saltos de vallas que se califican según el momento en que cada corredor entró a la competencia.
No es justo reducir la historia nacional al tamaño de nuestros resentimientos, descubrimientos o euforias personales o de grupo, en tránsito hemos estado siempre pero no toda transición es crítica, es decir, no en todas como en ésta se juega algo tan importante como la posibilidad de la construcción pacífica del país justo y libre que los mexicanos queremos.
Hoy nos encontramos y qué bueno que así es, y que esto sucede precisamente en el ámbito y bajo la responsabilidad del Poder Legislativo, en uno de esos momentos en que un pasado lamentable no termina de morir y el futuro deseable no ha acabado de nacer o para decirlo con una frase de un también trancerrado español, Gallegos Rocafoul, en justa pública en al que al aire libre y en plena luz lucha la verdad que todavía no es ley con la ley que ya no es verdad.
Situaciones como éstas están cercadas de escollos, así ha sido el camino hacia la democracia en México y no obstante a pesar de las tristes experiencias de antier, de ayer y hasta de hoy, Acción Nacional afirma que es posible superarlo, Acción Nacional rechaza el fatalismo porque lo considera renuncia a la inteligencia y a la dignidad humana y reitera su confianza en que por el camino del diálogo sereno, exigente, Racional, razonable y respetuoso, será posible avanzar más.
Nosotros reconocemos el valor de la legalidad y de la formas democráticas conquistadas a pesar de las trabas, aunque sabemos que ni la legalidad ni las formalidades agotan el concepto de democracia real, sabemos que ésta no se conquista de manera fulgurante e inmediata, pero también sabemos que no puede aplazarse irresponsable e indefinidamente su advenimiento y estamos convencidos de que este advenimiento requiere de un marco jurídico, razonablemente aceptable para todos, garante de los derechos humanos y políticos de las personas y de los diversos grupos sociales.
Hasta ahora, la dificultad mayor para lograr este marco ha estribado en una manera de pensar, de
actuar y de legislar derivadas de una mezquindad pretensiosa, la de una parte del todo nacional que se arroga la titularidad del todo nacional, esa parte que ha detentado casi todo el poder durante casi todo el tiempo, ha determinado de algún modo oposiciones análogas que aspiran a oponer su falso todo al todo falso.
Por eso sostenemos que lo primero que hay que tener claro es que cada parte es eso, parte, tiene algo que dar y algo que recibir, algo que aportar y algo que disponerse a aceptar, estamos donde estamos porque entre pretensiones totalitarias explícitas o inconscientes no cabe más que la exclusión y Acción Nacional se asume como parte del todo, no excluye pero no acepta ser excluido. (Aplausos.)
El tránsito a esta visión pluralista complementaria integradora y a la nueva realidad jurídico - política que la encarne y le dé vigencia, no puede hacerse desde la anarquía, dicho en positivo, debe darse en el marco de un orden y con una autoridad, algunos han formulado esta necesidad en términos de clausura de gobernabilidad, pero no hay que confundirse, hay sociedades totalmente gobernables en las que los ciudadanos carecen de todo derecho y de toda libertad porque el poder gobernante transforma legalmente a todo ciudadano en sospechoso, a todo disidente en enemigo de la patria o de la revolución, a todo diferente en enemigo, a su hegemonía y necesidad histórica y a su historia en historia nacional.
En estos casos gobernabilidad es sinónimo de propensión a la tiranía a la autocracia, a que el derecho sea al servicio del poder público, derecho puramente privado o de máscara legaloide expresa o tácita tras la que se esconde la voluntad de no compartir y menos ceder el poder.
Acción Nacional no acepta este concepto de gobernabilidad para el cual la democracia sería la causa de la ingobernabilidad, para el cual la democracia sería peligrosa para la democracia. Toda cláusula de gobernabilidad, en el más extremo de los casos, sólo podría admitirse como transitoria y no fijarse para siempre como candado jurídico contra la democracia. (Aplausos.)
La transición que vivimos y protagonizamos se da asimismo en difíciles condiciones económicas, los costos sociales invisibles de la desmesura estatista se hacen visibles ahora que el Estado comienza a rectificar el rumbo en México como en otros países, pero Acción Nacional afirma el principio de que no hay democracia sin reconocimiento de la identidad y del derecho a la liberación de los grupos explotados económicamente, denominados culturalmente o reprimidos políticamente, como no puede haberla si el Estado pretende ser el todo social.
Tampoco acepta que la democracia sea lujo adicional exclusivo para ricos, ni que la democracia sea productora automática de riqueza y de su distribución. Para nosotros, la democracia no es el mecanismo coyuntural para dotar de consejo de administración al intento de reorganización económica que hoy se diseña fuera de nuestro país; es decir, no la concebimos como mecanismo de contraloría externa sobre el Estado nacional, limitada a esta función tecnocrática.
No entendemos el consenso o la concertación, como metodología inmediatista y cupular, para resolver las crisis que la propia cúpula genera con su metodología.
Tampoco queremos una democracia que sea sólo la envoltura formal de los mecanismos no políticos de concertación económica entre cúpulas corporativas y gobierno.
El Congreso, el Poder Legislativo, no puede ni debe ser el aval espectador de los pactos económicos semestrales o sexenales. Ha fracasado ya en sus dos vertientes. El determinismo económico ni el estatismo ha dado el bienestar en nombre del cuál negó la libertad, ni el libre mercado generó la libertad en nombre del cual ha negado la justicia.
Los políticos tenemos que reivindicar el primado de la política , de la política diseñada en común y ejecutada en común; que es precisamente la política democrática y la que ahora exige de leyes electorales democráticas.
No estamos aquí para pasarnos facturas, estamos aquí para que la factura que el pueblo de hoy y el que formarán los mexicanos de mañana, nos pasen a nosotros, no nos vayan a pasar a nosotros facturas de no haber sido capaces de avanzar en la historia.
Así que no podemos por rencor, mezquindad o espíritu faccioso, salir de aquí a ofrecerles a los mexicanos de mañana, nuestro pasado como su futuro, sería más que un error, amigos sería una canallada.
Este futuro en lo que a legislación toca, depende de todos nosotros, de quienes aquí representan al gobierno y de quienes aquí representamos a la oposición.
No estamos exigiendo al partido del régimen que se suicide. Queremos convencerlo de que necesitamos un cambio para que ningún mexicano llegue a pensar o siquiera imaginar, que la única
manera de salvarnos todos es matándonos los unos a los otros.
Me parece asimismo, que no estamos aquí para definir qué es el hombre, qué ha sido o es la historia de México; qué es la verdad, qué es el bien o qué es la belleza, todo esto es importante y habrá que buscarles respuestas a tales preguntas, pero esas respuestas no son competencia del Estado, sino de la sociedad. Estamos aquí para crear el espacio en que la batalla cultural por esas definiciones, se dé en un marco legal aceptable para todos, porque no envilece a nadie, que garantice al más capaz de convencer, la victoria en la paz y al menos capaz de hacerlo, su lugar en el conjunto con plenitud de derechos y de respeto a su persona o a la cultura de la que es expresión política.
La esencia de la democracia que queremos es la de un sistema capaz de corregir sus propios defectos; es decir, un sistema humano, no un sistema con ínfulas divinas y teocráticas, cuyo dogma es contra la misma naturaleza. El dogma de que el poder no da ni un paso atrás, lo que buscamos sencillamente es la institucionalización del diálogo que no puede ser ni amontonamiento de monólogos ni estrépito incomprensible.
Entre signos contradictorios, unos precursores y otros ominosos, vamos a iniciar esta tarea, es momento de preguntarnos en la conciencia que no es el lugar de la arbitrariedad sino del encuentro con lo mejor de nosotros mismos y de los demás, si seremos capaces de hacer frente a este reto antes de que sea demasiado tarde. La política y en ella las leyes y la elaboración de las leyes, tiene que referirse a la conciencia o será criminal.
Nadie está aquí para autoinmolarse, pero cada uno está aquí para no mentirse ni mentir y para no excluir y no ser excluido; estamos todos aquí enraizados en miles de mexicanos muertos, heridos, torturados, excluidos, defraudados y en representación de millones de mexicanos que quisieron confiar en todos sus políticos. la esperanza de los mexicanos de hoy se alimenta con el sufrimiento y los logros de los de ayer, las voces de unos y otros, todos mexicanos como todos nosotros, son dignas de ser escuchadas, nos convocan; por ello lo que vamos a hacer tiene que ser nuevo, distinto y mejor de lo que todos hasta ahora hemos hecho.
(Desde un curul): - Es la armonía de clases.
El C. Carlos Enrique Castillo Peraza: - Término con una frase que manos populares ávidas de esperanza escribieron sobre un muro de esta ciudad y que podría orientar nuestra acción en este período extraordinario: "Estamos cansados de realidades, exigimos una promesa". Tenemos que ser capaces de hacer la nueva Ley Electoral como quien hace esa promesa esperada, una promesa que como las promesas genuinas, sea alianza entre la sangre de nuestros muertos y la esperanza de nuestros vivos para que mañana en este país de todos, no haya ni verdugos ni víctimas.
El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Manuel Cavazos Lerma.
El C. Manuel Cavazos Lerma: - Manuel Cavazos Lerma: - Con su venia, señor presidente; honorable asamblea: Quisiera que se inscribiera el texto íntegro de esta intervención en el Diario de los Debates y por respeto al tiempo de ustedes me limitaré a subrayar algunos puntos que considero sobresalientes:
Nuestro partido y el gobierno de la República siempre han revisado estrategias y tácticas a partir de la Revolución, pero nunca en contra de ella, porque sería atentar contra sí mismos. El partido y la Revolución han sabido rectificar y corregir, pero nunca se han separado de su valores políticos fundamentales que son los de la Revolución. Se ha procedido con flexibilidad en las tácticas y estrategias, pero con inflexibilidad en los principios; en esta capacidad de actualizarse sin deformarse para enfrentar nuevos desafíos radica la fuente de la eficacia política y de la continuidad sin continuismo.
Quienes no entienden esta realidad histórica, a menudo confunden valores con estrategias, fines con medios, horizonte con camino y es esa confusión la que origina distorsiones, que quede claro: el partido y el gobierno siguen fieles al ideario de la Revolución, han cambiado procedimientos pero no principios; sostenemos que la soberanía y los principios no se negocian, nunca han estado en el tapete de las negociaciones y se han defendido con intransigencia y energía.
Hay quienes hablan de soberanía como si vivieran en una isla donde no existe limitación de recursos, donde el Estado posee todo y no se mantiene contacto alguno con el exterior; cuando se tiene esa óptica, cualquier deseo es posible cualquier ineficiencia admisible y toda obra no realizada o venta de activos del Estado o cualquier relación con el exterior, lesiona la soberanía.
No compartimos esta visión, la soberanía significa capacidad y márgenes de maniobra para resistir presiones externas, para defender los intereses nacionales y para cumplir con los principios y demandas de la mayoría de los mexicanos; la defensa de la soberanía de México no puede, no debe sustentarse en un nacionalismo que se reduce
a un exorcismo maniqueo: " que se vayan los malos, ellos y que vengan los buenos, nosotros".
Las entidades paraestatales son medios, son instrumentos efectivos para lograr los grandes objetivos nacionales, por ello, resulta falso y constituye un exceso retórico decir que tales entidades están liquidando, desmantelando o que se pretende desaparecerlas; lo que está en marcha es un proceso de racionalización y modernización del sector paraestatal que incluye no solamente ventas o liquidaciones, sino también fusiones y transferencias a estados y municipios.
De las 1 mil 115 empresas paraestatales que había en 1982,724 se están desincorporando y de éstas, sólo 219 se han venido o están en proceso de venta. Datos más concretos: sólo el 2.9% del total de la producción de las empresas Públicas corresponde a las entidades en proceso de desincorporación. A la luz de estas cifras, ¿no resulta una exageración decir que se está desmantelando o liquidando el sector público paraestatal? ¿no resulta un exceso retórico decir que estamos en un proceso desnacionalización y de entrega del patrimonio nacional?
Las áreas estratégicas seguirán siendo campo de actividades exclusiva del Estado y serán administradas con criterio de interés eminentemente social y público, el Estado también mantendrá su participación en aquellas empresas consideradas como prioritarias, es decir, aquéllas cuyas actividades generan un amplio beneficio social, como es el caso de los servicios de salud, vivienda educación y abasto de productos básicos.
La importancia de la empresa pública obliga a que sean administradas por servidores públicos eficientes, honestos y con claro compromiso social; la desincorporación permite liberar recursos públicos para atender lo estratégico y lo prioritario, pero tal desincorporación no significa ni repliegue del Estado no cesión de espacios que le corresponden. El Estado mexicano no ha abdicado ni abdicará de las funciones de rectoría económica que la constitución le asigna.
En el caso de Cananea, se presenta la posición de nuestro partido y una serie de datos, sólo quiero subrayar algunos puntos básicos: Aquellos que sostienen el mito como bandera, que alegan supuestos agravios a la historia de la Revolución Mexicana, apelan a la pasión más que a la razón. ¿Acaso Cananea fue menos histórica entre 1906 y 1971, período en el que fue propiedad de extranjeros? ¿acaso el significado histórico depende del titular de la propiedad? Con esa lógica, la fábrica del Río Blanco debió haber sido propiedad del gobierno y también Ciudad Juárez, Torreón, Zacatecas y tantos otros sitios donde se escribió la historia de la Revolución Mexicana.
Establecer paralelismos históricos arbitrarios para impugnar decisiones gubernamentales y para pronosticar hechos que convienen a sus intereses, constituye un sofisma que cae por su propio peso; los datos revelan que en Cananea se requiere un importante esfuerzo de modernización en todos los frentes y una reestructuración financiera, ambos esfuerzos demandan recursos que no se tienen o bien que tendrían que desviarse de las grandes prioridades Nacionales.
En la Compañía Mexicana de Aviación también se requerían cuantiosas inversiones: 1 mil 800 millones de dólares para modernizarla y mantenerla competitiva y eficiente; en ambos casos cabe preguntarse: ¿que debe hacer el Estado revolucionario? ¿destinar recursos a la compra de aviones, ineficiencia y deuda, o bien destinar estos cuantiosísimos recursos a la satisfacción de las necesidades básicas de los que menos tienen?
¿Compramos aviones, ineficiencia y deuda o construimos sistemas de agua potable, escuelas, viviendas, hospitales? ¿Comprar aviones, ineficiencia y deuda para alimentar mitos y crear una falsa sensación de soberanía o atendemos las demandas de las clases populares?
Un gobierno revolucionario escoge la segunda opción, porque tiene que atender los reclamos de las clases más necesitadas; si realmente deseamos el fortalecimiento del Estado, busquemos entonces que cumpla con sus objetivos básicos, con las necesidades más elementales, protejamos al país de las injerencias externas, pero también protejamos internamente a los que menos tienen.
Sólo me resta exhortar a todos los diputados que participamos en este período extraordinario de sesiones, a que aportemos lo mejor de nuestro esfuerzo y de nuestra voluntad política, para que en los debates que hoy se iniciaron predominen la prudencia, la razón, la unidad en la pluralidad y, sobre todo, el interés supremo de la nación. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Para atender la solicitud del ciudadano diputado Cavazos, insértese el texto íntegro de su intervención en el Diario de los Debates.
"Quien diga que nuestro partido y el gobierno de la República han abandonado el camino de la Revolución, no entiende ni a la Revolución ni a nuestro partido, ni al gobierno de la República, ni al mundo en que vivimos; situemos pues el problema en su debida perspectiva y en su correcta dimensión:
La Revolución es ante todo anhelo de soberanía, libertad, democracia y justicia social, son estos principios los que la definen y son invariables, inmutables, permanentes. Son estos valores los que orientan los programas del partido y del gobierno porque ambos se nutren de la misma ideología y persiguen objetivos coincidentes, por eso nuestro partido y el gobierno transitan el mismo camino: la vía del nacionalismo revolucionario.
Para lograr los fines de la Revolución se diseñan planes, estrategias y programas que se instrumentan en un mundo dinámico, por lo tanto, se renuevan y se adaptan al ritmo de los tiempos. El partido y el gobierno siempre han revisado estrategias y tácticas a partir de la Revolución, pero nunca en contra de ella porque sería atentar contra sí mismo. El partido y la Revolución han sabido rectificar y corregir, pero nunca se han separado de sus valores fundamentales, que son los de la Revolución. Se ha procedido con flexibilidad en las tácticas y estrategias, pero con inflexibilidad en los principios. En esta capacidad de actualizarse sin deformarse para enfrentar nuevos desafíos, radica la fuente de la eficacia política y de la continuidad sin continuismo.
Quienes no entienden esta realidad histórica, a menudo confunden valores con estrategias, fines con medios, horizonte con camino y es esa confusión la que origina distorsiones, engaños y hasta infundios.
Que quede claro, el partido y el gobierno siguen fieles al ideario de la Revolución, han cambiado procedimientos pero no principios.
El gobierno de la República, guiado por los principios de la Revolución y por un diagnóstico realista, presentó un plan Nacional de Desarrollo que postula cuatro objetivos fundamentales: 1) Fortalecer la soberanía nacional; 2) Ampliar nuestra vida democrática; 3) Recuperar un crecimiento estable, sostenido y justo, y 4) Elevar el bienestar de la nación.
Para lograr estos cuatro objetivos, se propone una estrategia de modernización nacional y popular que incluye la modernización del Estado y de todos los instrumentos de política económica y social. En este contexto debemos ubicar los temas mas importantes de este debate.
Soberanía. En primer lugar, sostenemos que la soberanía y los principios no se negocian, nunca han estado en el tapete de las negociaciones y se han defendido con intransigencia y energía.
Hay quienes hablan de soberanía como si vivieran en una isla donde no existe limitación de recursos, donde el Estado posee todo y no se mantiene contacto alguno con el exterior. Cuando se tiene esta óptica cualquier deseo es posible, cualquier ineficiencia admisible y toda obra no realizada o venta de activos del Estado o cualquier relación con el exterior, lesiona a la soberanía. No compartimos esta visión anacrónica, absolutista y convenenciera. La soberanía significa capacidad y márgenes de maniobra para resistir presiones externas, para defender los intereses nacionales y para cumplir con los principios y demandas de la mayoría de los mexicanos.
La defensa de la soberanía de México no puede, no debe sustentarse en un nacionalismo que se reduce al exorcismo maniqueo: que se vayan los malos(ellos) y que vengan lo buenos (nosotros).
Empresa Pública. Las entidades paraestatales son medios o instrumentos efectivos para lograr los grandes objetivos nacionales; por ello, resulta falso y constituye un exceso retórico decir que tales entidades se están liquidando o que se pretende desaparecerlas.
Lo que está en marcha es un proceso de racionalización y modernización del sector paraestatal que incluye no solamente ventas o liquidaciones, sino también funciones y transferencias a los estados y municipios. De las 1 mil 115 empresas paraestatales que había en 1982, 724 se están desincorporando y de éstas sólo 218 se han vendido o están en proceso de venta.
Para tener una idea más clara de esta racionalización, es importante destacar que sólo el 2.9% del total de la producción de las empresas públicas corresponde a las entidades en proceso de desincorporación. A la luz de estas cifras, ¿no resulta una exageración decir que se está desmantelando o liquidando el sector público paraestatal?, ¿no resulta un exceso retórico decir que estamos en un proceso de desnacionalización y de entrega del patrimonio nacional?
Las áreas estratégicas seguirán siendo campo de actividad exclusiva del Estado y serán administradas con criterio de interés eminentemente social y público.
El Estado también mantendrá su participación en aquellas empresas consideradas como prioritarias, es decir, aquellas cuyas actividades generan un amplio beneficio social, como es el caso de los servicios de salud, vivienda, educación y abastos de productos básicos.
La importancia de la empresa pública obliga a que sean administradas por servidores públicos eficientes, honestos y con claro compromiso social.
La desincorporación de entidades permite liberar recursos públicos para atender lo estratégico y lo prioritario. Pero tal desincorporación no significa ni repliegue del Estado ni cesión de espacios que le corresponden. El Estado mexicano no ha abdicado ni abdicará de las funciones de rectoría económica que la Constitución le asigna.
Cananea. En el caso de Cananea, ya expresamos la posición de nuestro partido en la Comisión Permanente, pero conviene recordarla y ahondar en ella: Nos pronunciamos por el respeto irrestricto a los justos e inalienables derechos de los trabajadores y por la reapertura de ese histórico centro de trabajo; nos pronunciamos por el mejoramiento de los servicios que eleven los niveles de bienestar de la población de Cananea; nos pronunciamos porque se diversifique la producción del municipio de Cananea para que deje de ser un pueblo dependiente de una sola empresa.
Nos pronunciamos por la participación de los trabajadores en el capital de Cananea y de las empresas paraestatales en un proceso de desincorporación; nos pronunciamos porque junto a la salvaguarda de los intereses de los trabajadores de Cananea, se preserve y defienda el interés supremo de la nación; nos pronunciamos porque se cumpla y se haga cumplir el estado de derecho en el caso Cananea, a fin de que prevalezcan la paz, el orden y el bienestar de la población.
Exhortamos a todos los participantes en la solución de este problema, a que mantengan la cordura, la visión, la concentración y el diálogo a fin de que las decisiones sean las mejores para el interés nacional en el corto, mediano y largo plazos.
Cananea es patrimonio de la nación y símbolo de la Revolución Mexicana, por eso debemos pugnar porque sea una institución a la altura de su significado histórico.
Respecto a los datos concretos del caso Cananea, conviene subrayar lo siguiente:
La medida (la quiebra) se tomo "debido a que su situación financiera no le permite enfrentar sus compromisos de pago ya vencidos, ya que no está en condiciones de liquidar sus cuantiosos pasivos". Este fue el motivo fundamental.
El procedimiento se ha venido realizando con estricto apego a derecho.
El ejército, fiel a su origen y tradición revolucionaria, intervino a petición del juez, para salvaguardar el patrimonio de la empresa y de la población, así como la vida de los habitantes de Cananea, pues la cantidad de combustibles y explosivos existentes significaban un riesgo para la población y la empresa. Una vez cumplida su misión, el ejército se retiró, con la satisfacción del deber cumplido.
Aquellos que sostienen el mito como bandera y alegan supuestos agravios a la historia de la Revolución Mexicana, apelan a la pasión más que a la razón, ¿acaso Cananea fue menos "histórica" entre 1906 y 1971, período en el que fue propiedad de extranjeros?, ¿acaso el significado histórico depende del titular de la propiedad? Con esa lógica, la fábrica de Río Blanco debió haber sido propiedad del gobierno y también Ciudad Juárez, Torreón, Zacatecas, Orendáin y tantos otros sitios donde se escribió la historia de la Revolución Mexicana.
Establecer paralelismos históricos arbitrarios para impugnar las decisiones gubernamentales y para pronosticar hechos que convienen a sus intereses, constituye un sofisma que cae por su propio peso.
Una empresa debe examinarse de manera integral y no sólo por sus utilidades. Deben examinarse los ingresos y los costos y los activos y los pasivos, tanto en su monto como en su estructura, tanto en el corto como en el mediano y largo plazos, tanto en el contexto nacional como internacional; de otra manera, se obtienen visiones parceladas o acomodaticias.
Es cierto que la compañía registró utilidades por 214 mil millones de pesos en 1988, pero éstas tienden a decrecer por la tendencia declinante de los precios del cobre y la tendencia creciente de sus costos. Además, son muy inferiores a los compromisos de pago para 1989, que son de 1.46 billones de pesos, siete veces mayores a las utilidades.
Es cierto que Cananea tiene cuantiosos activos (2.9 billones de pesos), pero el activo circulante es apenas de 207 mil millones de pesos que contrasta con su pasivo de corto plazo, que es de 1.5 billones de pesos, es decir, siete veces mayor. Estas cifras corresponden a diciembre de 1988. Al 30 de junio del presente año, la situación es aún más grave, ya que los pasivos de corto plazo son de 1.46 billones de pesos y el activo circulante es apenas de 126 mil millones de pesos, es decir, no alcanza ni para pagar la décima parte de los compromisos financieros de este año.
Dos documentos realizados en dos tiempos diferentes, así sea con una diferencia de meses, revelan resultados distintos, entre otras razones porque el mercado del cobre es muy variable, de ahí que
no sea válida la comparación que se hace de documentos que fueron realizados en diferente fecha con propósitos distintos.
Los pronósticos del precio del cobre distan mucho de ser halagüeños: 83.5 centavos la libra en el cuarto trimestre de 1990, cifra significativamente inferior a la del primer trimestre de 1989, que fue de 1.45 centavos la libra.
También conviene tomar en cuenta que el costo de producción en Cananea es de 90 centavos la libra, mientras que en empresas similares es de 60 centavos la libra.
Se requiere por tanto un importante esfuerzo de modernización en todos los frentes y una reestructuración financiera.
Ambos esfuerzos demandan recursos que no se tienen, o bien tendrían que desviarse de las grandes prioridades nacionales, fundamentalmente el gasto en bienestar social.
En la Compañía Mexicana de Aviación también se requerían cuantiosas inversiones (1 mil 860 millones de dólares) para modernizarla y mantenerla competitiva y eficiente.
En ambos casos cabe preguntarse: ¿qué debe hacer el Estado revolucionario?, ¿destinar recursos a la compra de aviones, ineficiencia y deuda?, o bien destinar esos cuantiosísimos recursos a la satisfacción de las necesidades básicas de los que menos tienen?
¿Compramos aviones, ineficiencia y deuda o construimos sistemas de agua potable, escuelas, viviendas, hospitales?, ¿compramos aviones, ineficiencia y deuda para alimentar mitos y crear una falsa sensación de soberanía, o atendemos las demandas de las clases populares? Un gobierno revolucionario escoge la segunda opción, porque tiene que atender los reclamos de las clases más necesitadas.
Si deseamos realmente el fortalecimiento del Estado, busquemos entonces que cumpla con sus objetivos básicos, con las necesidades más elementales.
Protejamos al país de las injerencias externas, pero también protejamos internamente a los que menos tienen, ése es el reclamo de Revolución.
Sólo me resta exhortar a todos los diputados participantes en este período extraordinario de sesiones, a que aportemos lo mejor de nuestro esfuerzo y voluntad política para que predomine la prudencia, la razón y la unidad en la pluralidad y el interés supremo de la nación."
PROPUESTA
El C. Presidente: - Esta presidencia propone a la asamblea celebrar la siguiente sesión del período extraordinario el día 12 de septiembre a fin de dar oportunidad a que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales desarrolle sus trabajos de dictaminación de iniciativas.
Se pide a la secretaría hacer la consulta correspondiente. Señores, diputados sírvanse tomar su lugar, la secretaría procederá a consultarles.
El C. secretario José Murat C.: - Se consulta a la asamblea si la próxima sesión se celebrará el próximo día 12.
En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba... Aprobada, señor presidente.
El C. Presidente: - Gírese oficio a la honorable Cámara de Senadores, para los efectos a que se refiere la parte final del artículo 68 constitucional.
Continúe la secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario José Murat C.: - Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Cámara de Diputados. - Primer Período Extraordinario de Sesiones. - Primer Receso. - LIV Legislatura.
Orden del día
12 de septiembre de 1989.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Iniciativa de ciudadanos diputados
Para determinar el recinto oficial en el que se celebrará la apertura del primer período de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LIV Legislatura.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
Relativo a la política electoral o informe de los adelantos de su elaboración.
Y los demás asuntos con los que la secretaría dé cuenta.»
El C. Presidente (a las 16.35 horas): - Considerando que la honorable colegisladora otorgue el consentimiento a que se refiere el último párrafo del artículo 68 constitucional, se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 12 de septiembre a las nueve horas.»
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y DIARIO DE LOS DEBATES