Legislatura LIV - Año I - Período Extraordinario - Fecha 19890926 - Número de Diario 6
(L54A1P1eN006F19890926.xml)Núm. Diario:6ENCABEZADO
LIV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO de los DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Lic. Mauricio Valdez Rodríguez
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Lic. Benjamín Martínez Martínez
AÑO I México, D. F., martes 26 de septiembre de 1989 No. 6
PERÍODO EXTRAORDINARIO
SUMARIO
SUMARIO
ASISTENCIA
La secretaría notifica que hay quórum.
APERTURA
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión se aprueba.
COMUNICACIONES
De los ciudadanos Carlos Enrique Grajales Salas y Miguel Quiroz Pérez, en donde informan se reincorporan a sus funciones como diputados ante el honorable Congreso de la Unión. De enterado.
De la directiva de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en la que notifica que el tercer informe de la misma, será presentado en la próxima sesión. De enterado.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
RELATIVO A DIVERSAS DISPOSICIONES EN LOS CÓDIGOS PENALES
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal; del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales.
DICTAMEN A DISCUSIÓN
RECINTO OFICIAL PARA EL PRIMERO DE NOVIEMBRE
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se declara recinto oficial del Congreso de la Unión para el próximo 1o. de noviembre, el Palacio de Bellas Artes de esta ciudad de México.
El ciudadano Ricardo Monreal Ávila, hace uso de la palabra para
fundamentar el dictamen por parte de esta comisión.
Intervienen los ciudadanos Ismael Yáñez Centeno, María del Rosario Guerra Díaz y Carlos Enrique Bracho González, para hablar en contra de este dictamen.
Continúa el debate el ciudadano Víctor Hugo Celaya Celaya, para hablar en favor de este dictamen.
Aprobado en lo general y en lo particular este dictamen. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
PARA HECHOS
Hace uso de la palabra el diputado Martínez Camberos, para comentar un artículo publicado en el periódico Excélsior para el ciudadano Rodolfo González Guevara.
El ciudadano Alfredo Reyes Contreras comenta la decisión del gobierno de México de reprivatizar Teléfonos de México.
Hace uso de la tribuna el ciudadano Humberto Roque Villanueva, para hacer algunas precisiones del debate, principalmente sobre Teléfonos de México.
Continúa el ciudadano Pedro López Díaz, para proponer un punto de acuerdo, para solicitar la participación de un representante de cada una de las fracciones parlamentarias en el próximo período ordinario de sesiones de esta legislatura.
El ciudadano Modesto Cárdenas García hace uso de la palabra, para comentar la exposición sobre Teléfonos de México.
Interviene el ciudadano José Jaime Enríquez Félix, para argumentar la privatización de Teléfonos de México.
El ciudadano Jaime Castrejón Díez, habla sobre la modernización de la economía del país, para actualizar la estructura productiva y del sistema de asignación de recursos a los cambios de la economía mundial.
Hace uso de la palabra el ciudadano Ciro Mayén Mayén, para indicar que se encuentran otras soluciones a la crisis económica del país y no sobre la privatización de empresas públicas.
Debate el ciudadano Francisco Ortíz Mendoza sobre la empresa estatal, la participación de la iniciativa privada y la investigación científica en el país en relación a Teléfonos de México.
Para alusiones personales hace uso de la palabra el diputado Jaime Castrejón Díez.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL CIUDADANO MAURICIO VALDEZ RODRÍGUEZ
(Asistencia de trescientos veintiún ciudadanos diputados)
ASISTENCIA
La C. secretaria María Claudia Esqueda Llanes: -Hay una asistencia de 321 ciudadanos diputados. Hay quórum.
APERTURA
El C. Presidente: (a las 10.35 horas): -Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario José Murat C.:
«Cámara de Diputados. - Primer Período Extraordinario de Sesiones del Primer Receso de la LIV Legislatura.
Orden del día
26 de septiembre de 1989.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los ciudadanos Carlos Enrique Grajales Salas y Miguel Quiroz Pérez.
Comunicación de la directiva de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Dictamen de primera lectura
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal; del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales.
Dictamen a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se declara recinto oficial del Congreso de la Unión para el próximo 1o. de noviembre, el Palacio de Bellas Artes de esta ciudad de México.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El C. prosecretario Juan Jaime Hernández:
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente al primer período extraordinario de sesiones del primer receso de la Quincuagésima Cuarta Legislatura, celebrada el día veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve.
Presidencia del diputado Mauricio Valdez Rodríguez
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diez horas con diez minutos del día veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, con una asistencia de trescientos sesenta diputados, el presidente declara abierta la sesión.
La secretaría da lectura al orden del día e inmediatamente después al acta de la sesión anterior. El diputado José Enrique Rojas Bernal, desde su curul, pide que se amplíe en el acta su intervención, en la que presentó el acta constitutiva de un grupo independiente de diputados, documentos que avalan las firmas de los diputados Pedro René Etienne Llano, Alfonso Alcocer Velázquez, Víctor Manuel Ávalos Limón, Francisco Chávez Alfaro, Israel Félix Galán Baños, Mario Galicia Vargas, Manuel López Zorrilla, Alfredo Pliego Aldana, Rubén Venadero Valenzuela, Jaime Enríquez Félix y del mismo diputado Rojas Bernal. Con la aclaración solicitada, se aprueba el acta en votación económica.
La misma secretaría da lectura a una invitación de la honorable Cámara de Senadores, a la sesión solemne en la que se impondrá la "Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República", al licenciado Raúl Castellano Jiménez. Para asistir a dicho acto en representación de la Cámara de Diputados, el presidente designa a los diputados Guillermo Jiménez Morales, Mauricio Valdez Rodríguez, Gonzalo Martínez Corbalá, Juan José Osorio Palacios, Augusto Gómez Villanueva, Luis Alberto Delgado Esteva, Margarito Ruíz Hernández, Heray Lescieur Molina, Abigaíl Cruz Lázaro, Alexander Santos Alvarez, María Teresa Dorantes Jaramillo, José Nelson Madrigal Gómez, Javier López Moreno, Antonio Pariente Algarín, Sami David David, Ricardo Naumann Escobar, Romeo Ruíz Armento, Naphtalí Rojas Hidalgo, Leyber Martínez González, Arely Madrid Tovilla, Jaime Sabines Gutiérrez, Humberto Pulido García y José Culebro Siles, quien hará uso de la palabra a nombre de la Cámara de Diputados, en dicha sesión solemne.
Desde su curul, el diputado Alfredo Reyes Contreras, del Partido Popular Socialista, aclara que los diputados Abigaíl Cruz Lázaro y Heray Lescieur Molina no asistirán, por lo que deben ser excluidos. El presidente toma nota.
Se da cuenta con un oficio de la honorable Comisión Permanente, por el que se comunica que se concedió licencia por tiempo indefinido al diputado Jaime Almazán Delgado, del Quinto Distrito del Estado de México. El presidente pide que se llame al suplente.
Otro oficio de la honorable Comisión Permanente, por el que se comunica que se concedió prórroga en la licencia concedida al diputado Alvaro Homero Garza Cantú, para continuar separado en sus funciones de diputado federal hasta el treinta y uno de diciembre del año en curso. Se da trámite de enterado.
La secretaría da lectura a un oficio de la honorable Cámara de Senadores, por el que informa que en votación económica la Cámara de Senadores aprobó la interrupción de labores de la Cámara de Diputados del doce al veintiuno de septiembre del presente año.
Otro oficio de la colegisladora, en el que para los efectos de la última parte del artículo sesenta y ocho de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, informa que el Senado de la República celebrará sesión pública extraordinaria el jueves veintiocho de los corrientes y solicita el consentimiento constitucional respectivo. En votación económica la asamblea lo otorga.
El presidente informa que a las puertas del salón de sesiones de la Cámara de Diputados se encuentran los ciudadanos Ignacio Ocampo Barrueta y Arturo Osornio Sánchez, diputados suplentes electos por los distritos segundo del estado de Michoacán y Quinto del estado de México y designa para introducirlos en el salón y acompañarlos en el acto de rendir su protesta de ley, a los diputados Martha García Rivas y Juan Jaime Hernández, Cumplido el acto protocolario, los diputados entran en funciones de inmediato.
El presidente informa a la asamblea que por acuerdo de los coordinadores de los diversos grupos parlamentarios de esta Legislatura, la sesión no se prolongará más allá de las catorce horas.
Continuando con el orden del día, la secretaría da lectura a la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal; del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales. Se recibe, se turna a la Comisión de Justicia.
Se da primera lectura al dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa para determinar el recinto oficial en el que se celebrará la apertura del primer período ordinario del segundo al año de ejercicio de la Quincuagésima Cuarta Legislatura.
La secretaría da cuenta con el informe sobre los trabajos de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativos a las iniciativas en materia político - electoral, y el presidente informa los nombres de los diputados que harán uso de la palabra en relación con este tema.
Desde su curul, el diputado Rubén Venadero Valenzuela pide que se le incluya en la lista de oradores, y el presidente pide a la secretaría que tome nota.
Hace uso de la palabra el diputado Vicente Luis Coca Alvarez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien se refiere a las inversiones nacionales y extranjeras y a la ley que las rige.
Sube a la tribuna el diputado Rubén Venadero Valenzuela, quien comenta el informe de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Durante su intervención, desde su curul interrumpe el diputado Manuel Marcué Pardiñas, quien solicita al presidente que se pida orden y atención para el diputado que está en uso de la palabra. El presidente así lo pide a las galerías y a la asamblea.
En su turno, el diputado Jesús Luján Gutiérrez, del Partido Popular Socialista, se refiere fundamentalmente a la desincorporación de la compañía de Teléfonos de México y a la posición de su partido al respecto.
Para comentar el informe de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y expresar sus opiniones respecto a la reforma electoral, hablan los diputados Ignacio Castillo Mena, del Partido de la Revolución Democrática y Juan José Medrano Castillo, del Partido Acción Nacional. Durante estas intervenciones, el presidente se ve en la obligación de llamar la atención a las galerías en diversas ocasiones y pide que la secretaría dé lectura a los artículos doscientos nueve y doscientos diez del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, y aclara que deben tratar de cumplir con esos dictados con objeto de no verse obligados a pedir que se desalojen las galerías.
Sube a la tribuna el diputado José Trinidad Lanz Cárdenas, del Partido Revolucionario Institucional y se produce desorden en la sala de sesiones, por lo que el presidente pide a los diputados que mantengan el orden y el respeto al orador, al igual que se les ha tenido respecto a los representantes de los demás partidos que han hecho uso de la palabra. Continúa el desorden y el presidente decreta un receso a las doce horas con veintisiete minutos.
Receso.
Se reanuda la sesión a las doce horas con cuarenta y siete minutos y el presidente reitera a los diputados la necesidad de mantener orden y respecto, con el fin de que cada orador ejerza su libertad de expresión.
Hace uso de la palabra el diputado José Trinidad Lanz Cárdenas, del Partido Revolucionario Institucional, quien comenta el informe de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Para aclaración de hechos, hacen uso de la palabra los diputados Alejandro Martínez Camberos y Juan Nicasio Guerra Ochoa, ambos del Partido de la Revolución Democrática.
Para referirse al proceso electoral en Veracruz, sube a la tribuna el diputado Fernando Palacios Vela, del Partido de la Revolución Democrática, e inmediatamente después el diputado Augusto Gómez Villanueva, quien presenta moción de orden. El presidente, con el fin de orientar a la asamblea, pide que la secretaría dé lectura a los artículos sesenta y siete de la Constitución y treinta y cinco del Reglamento, exhortando a los diputados, en atención a la moción de orden presentada, a que se contraigan a los puntos de la Convocatoria de la honorable Comisión Permanente.
Desde su curul, el diputado Pablo Gómez Alvarez, dice que el artículo sesenta y cinco de la Constitución no prohibe a ningún diputado la libre expresión de sus ideas.
El presidente aclara que a nadie se le ha limitado en la libre expresión de sus ideas y que la presidencia ha sido particularmente cuidadosa en otorgar el uso de la palabra a todos los diputados que la han solicitado, pero que es su obligación señalar las disposiciones reglamentarias.
Para aclarar hechos respecto al informe de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, hacen uso de la palabra los diputados Lorenzo Martínez Gómez, del Partido de la Revolución Democrática; Jesús Antonio Carlos Hernández, del Partido Popular Socialista, quien declara que mientras no se solucione el problema planteado por su partido respecto a Teléfonos de México, su grupo parlamentario se retira.
Hacen uso de la palabra los diputados Jorge del Rincón Bernal y Luisa María Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos respecto a lo dicho por el diputado Lanz Cárdenas y el diputado Carlos Hernández.
Sube a la tribuna el diputado Manuel Marcué Pardiñas, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos respecto del retiro del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista.
Solicita y se le concede el uso de la palabra al diputado José Jaime Enríquez Félix, quien se refiere a los problemas de los alumnos rechazados por el Instituto Politécnico Nacional.
El presidente informa que en congruencia con el acuerdo parlamentario, sólo queda tiempo para dos oradores más y concede el uso de la palabra al diputado Francisco Melo Torres, quien se refiere también a los problemas del Instituto Politécnico Nacional.
Hace uso de la palabra el diputado Miguel Aroche Parra, del Partido de la Revolución Democrática, para hechos.
Agotados los asuntos en cartera, la secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión, y el presidente clausura la de hoy citando para la que tendrá lugar el próximo martes veintiséis de septiembre a las nueve horas.» Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie... Aprobada, señor presidente.
COMUNICACIONES
La C. secretaria María Claudia Esqueda Llanes:
«Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79, fracción VII de la Constitución General de la República, 48 y 49 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que ha terminado la licencia por 30 días que solicité y que me fue autorizada el pasado 23 de agosto del año en curso, a efecto de estar en posibilidad de asumir mi responsabilidad, solicito atentamente se me tenga por reincorporado a mis funciones de diputado ante este honorable Congreso de la Unión.
Atentamente.
Honorable Puebla de Zaragoza, a 22 de septiembre de 1989. - Diputado Carlos Grajales Salas.»
Trámite:- De enterado.
La misma C. Secretaría:
«Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79, fracción VII de la Constitución General de la República, 48 y 49 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que ha terminado la licencia por 30 días que solicité y que me fue autorizada el pasado 23 de agosto del año en curso, a efecto de estar en posibilidad de asumir mi responsabilidad, solicito atentamente
se me tenga por reincorporado como legislador ante este honorable Congreso de la Unión.
Atentamente.
Septiembre 22 de 1989. - Diputado federal Miguel Quiroz Pérez.»
Trámite: -De enterado.
La misma C. Secretaria:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Ciudadano diputado Mauricio Valdez Rodríguez, presidente de la mesa directiva. -Presente.
En el orden del día para esta sesión, se había considerado un nuevo informe de las actividades realizadas por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, a través de la subcomisión que se creó para el análisis y dictamen correspondiente de las diversas iniciativas en materia político- electoral, que le fueron turnadas.
En virtud de que nuestro anterior informe de actividades se rindió en la pasada sesión plenaria de cámaras, efectuadas el jueves 21 del presente mes, en la reunión de coordinadores de grupos parlamentarios efectuada el lunes 25 de los corrientes se determinó que siendo sólo dos los días hábiles que han transcurrido, es preferible que el nuevo se rinda en la siguiente sesión de Cámara, lo que permitirá que la subcomisión avance en sus trabajos y esto es incluya en le tercer informe.
En consecuencia, por las razones antes expuestas, esta comisión rendirá su informa en la próxima sesión.
Atentamente.
Sala de Comisiones del Recinto Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 1989. - Diputados Guillermo Jiménez Morales, presidente y José Luis Lamadrid Sauza, secretario.»
Trámite: -De enterado.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
RELATIVO A DIVERSAS DISPOSICIONES EN LOS CÓDIGOS PENALES
El C. secretario Ismael Orozco Loreto:
«Comisión de Justicia.
Honorable asamblea: A la Comisión de Justicia de esta honorable Cámara de Diputados, fue turnada para su estudio y dictamen la minuta proyecto de decreto aprobada por el Senado de la República, en relación con la iniciativa presentada por el ciudadano presidente de la República, licenciado Carlos Salinas de Gortari, en la que propone reformas, adiciones y derogaciones de diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal; del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales.
Desde antes de recibir formalmente la documentación, los integrantes de esta comisión se abocaron al estudio de dicha iniciativa, y varios legisladores expresaron observaciones y propuestas concretas para precisar mejor las reformas incluidas en ella, mismas que de manera respetuosa, con ánimo de franca colaboración, fueron hechas del conocimiento de la Comisión de Justicia, encargada del dictamen de la citada iniciativa de la cámara de origen, comisión que aceptó esas observaciones e incorporó las que juzgó procedentes a la minuta que ahora se estudia.
De la lectura de la exposición de motivos de la iniciativa, se desprenden dos finalidades: una, es precisar y reglamentar las facultades del Poder Ejecutivo para otorgar el beneficio del indulto en supuestos ya vigentes y en nuevas hipótesis; y la otra, es actualizar y corregir textos sustantivos y adjetivos vigentes para que haya congruencia entre ellos y se ajusten a reformas anteriores, persiguiéndose al mismo tiempo una mejor redacción y una mejor claridad.
Para cumplir con el primer propósito, la iniciativa del titular del Poder Ejecutivo Federal señala el contenido del "Acuerdo Nacional para la Ampliación de Nuestra Vida Democrática" expuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 y destaca, que las reformas propuestas pretenden dar respuestas a la exigencia ciudadana de respeto a la pluralidad y fortalecimiento de la unidad nacional con la participación activa de todos los sectores sociales y de todas las corrientes ideológicas, todo ello en un clima de concordia y armonía que venga a vigorizar la vida institucional del país.
La fracción XIV del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le otorga la facultad al Presidente de la República de conceder indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales y a los sentenciados por delitos del orden común en el Distrito Federal. Esta disposición establece que dicha atribución se ejercerá conforme a las leyes.
Actualmente, el artículo 97 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal precisa de supuestos para la concesión del indulto: tratándose de delitos del orden común, cuando el reo haya prestado importantes servicios a la nación y cuando se trata de los llamados delitos políticos como son los de rebelión, sedición, motín y el de conspiración para cometerlos.
La iniciativa propone se mantengan ambos supuestos y se adicione el mencionado artículo 97 del Código Penal para que el Ejecutivo Federal también pueda conceder el indulto por otros delitos, cuando haya sido cometidos individualmente o formando parte de grupos y por motivaciones de carácter político o social. Sin embargo, la propia iniciativa establece condiciones y limitaciones para este nuevo supuesto. Son condiciones para conceder el indulto que la conducta observada por el reo refleje un alto grado de readaptación social y su liberación no presente un peligro para la tranquilidad y seguridad públicas. Son limitaciones que impiden la concesión del indulto, cuando se trate de reincidentes por delito intencional o de condenados por delitos contra la salud, violación, terrorismo, secuestro o por delito intencional contra la vida.
Ciertamente la expresión "motivaciones de carácter político o social" es muy amplia y parecería conveniente desarrollarla y precisar su alcance, pero entonces se tendrá que caer en un casuismo de difícil formulación que seguramente no agotaría los supuestos tan variables y complejos de la conducta humana. Es preferible dejar en sus términos la frase de referencia, para que la acción discrecional del Ejecutivo se pueda desempeñar sin trabas, que no arbitrariamente, y sin sujetarlo a preceptos definitorios de lo social o de lo político de difícil claridad.
Ahora bien, en el análisis hecho a la disposición que se comenta, la Cámara de Senadores llegó a la conclusión, que esta Comisión de Justicia comparte, de aceptar la ampliación del indulto a aquellos delitos cometidos por motivaciones de carácter político o social, pero también se consideró conveniente que las condiciones y limitaciones que para estos se proponen, se aplique a los delitos señalados como carácter político a que alude el artículo 144 del Código Penal, y al indulto cuando se conceda por servicios importantes prestados a la nación, pero no solamente en los casos de delitos del orden común en el Distrito Federal, sino también del orden federal, ya que no existe justificación para que estos últimos sean excluidos.
De tal suerte, los casos en los que procede el indulto, se incluyen en el artículo 97 del Código Penal, pero son comunes y se aplican a cada uno de ellos las mismas condiciones: que la conducta observada por el sentenciado refleje un alto grado de readaptación social y su liberación no represente un peligro para la tranquilidad y seguridad públicas conforme al dictamen del órgano ejecutor de la sanción. Estas condiciones se explican claramente por sí mismas y su observancia resulta del más alto interés público. Se coinciden también con la Cámara de origen, en que si se suprime la expresión "sean cometidos individualmente o formando parte de grupos", la iniciativa gana en claridad y en amplitud.
Las comisiones toman muy en cuenta que las facultades discrecionales del Ejecutivo en estos tipos de indultos son limitadas, en cuanto se condicionan al hecho comprobable por dictamen competente de un alto grado de readaptación del reo, así como también a la razonable prevención de que la liberación no implique afectación a la tranquilidad y seguridad públicas. Estas limitantes, unidas a la no reincidencia, son relevantes y permiten aprobar el texto.
Hoy en día la readaptación es factor de liberación o de reducción de penas conforme a la moderna normativa para la ejecución de sentencia, que permite individualizar las penas administrativas y no sólo judicialmente, sin que esto signifique demérito alguno para el Poder Judicial, sino acatamiento a las exigencias de la doctrina y prácticas avanzadas en materia punitiva. Parece entonces atendible, que se tomen en cuenta tales tendencias para efectos de un indulto a cuyo favor se agrega el buen ánimo de respetar al pluralismo ideológico.
Igualmente, en la minuta del proyecto de decreto del Senado de la República, se advierte que se aceptan las que precisa la iniciativa y se amplían las causas de improcedencia del indulto, cuando se trate de sentenciados por traición a la patria, espionaje, sabotaje y genocidio. Esta Comisión estima válidas y de aprobarse las limitaciones como se especifican y el texto íntegro del artículo 97 del Código Penal citado en el proyecto de decreto de la Cámara de Senadores, antes mencionado.
Por otra parte, esta comisión comparte el criterio de la colegisladora por lo que se refiere al artículo 98 del Código Penal en cuestión, al confirmar el texto vigente en le sentido de que el indulto en ningún caso extinguirá la obligación de reparar el daño, pero modificado por adición, al establecer "el reconocimiento de la inocencia del sentenciado extingue la obligación de reparar el daño". Resulta por demás evidente la justicia que fundamenta este precepto.
Es conveniente informar a esta honorable asamblea que, en las deliberaciones que se tuvieron en el seno de esta Comisión de Justicia, varios de sus integrantes mencionaron la convivencia de que, en lugar del indulto, se considera la procedencia de una Ley de Amnistía. Se analizaron ambas figuras estableciéndose algunas de sus características y diferencias esenciales que pueden sintetizarse como sigue: el indulto es una facultad del Presidente de la República, consagrada en la fracción XIV del artículo 89 constitucional; beneficia a un individuo determinado y se refiere a una situación precisa y concreta; es la remisión total o parcial de una pena impuesta en sentencia firme.
La amnistía en cambio, es un acto legislativo que corresponde al Congreso de la Unión, el cual tiene la facultad de concederla por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación y del Distrito Federal, según lo dispone la fracción XXII del artículo 73 constitucional; como ley que es, se trata de una disposición general aplicable a todas las personas comprendidas en la situación abstracta que prevé; extingue la acción penal y las sanciones impuestas, como la inhabilitación para ejercer una profesión, derechos civiles o políticos o desempeño de cargos o empleos; excepto la reparación del daño; puede comprender toda clase de delitos.
En esta forma, se pudo establecer que el indulto y la amnistía son figuras que tienen características que las diferencia y distinguen, y que de ninguna manera son excluyentes entre sí, pero ahora nos ocupamos del indulto porque a él se refieren las reformas que la minuta del Senado contiene.
El artículo segundo de la minuta proyecta de decreto que se estudia, contiene propuestas de reformas a varios artículos del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.
Es válido y se comparte el criterio plasmado en el proyecto de decreto de la Cámara de Senadores, en lo que se refiere al Título Sexto que se adiciona para quedar ahora como "Del indulto y del reconocimiento de inocencia", y no sólo "del indulto", como ahora está. La adición es procedente porque el capítulo se refiere a ambas figuras.
Respecto al artículo 612 de dicho código, si se toma en cuenta la reforma que se plantea respecto al artículo 97 del Código Penal Federal, resulta inobjetable el texto que ahora se recomienda para tramitar el indulto cuando el reo haya prestado servicios importantes a la nación, en cuyo caso el solicitante deberá ocurrir al Ejecutivo acompañando los justificantes de los servicios prestados. Es procedente el texto propuesto por la colegisladora, incluyendo la remisión a la fracción III del artículo 97 del Código Penal y la referencia específica al Departamento el Distrito Federal, ya que así se le da más precisión a la norma. No hay cambios sustanciales respecto del texto vigente, pero sí una necesaria adecuación con el resto de la iniciativa.
En cuanto a los cambios sugeridos al artículo 614, se estima conveniente sustituir la expresión "indulto necesario" por "reconocimiento de inocencia". A este precepto se adicionan tres causas de reconocimiento: cuando el reo hubiese sido condenado por los mismos hechos en dos juicios diversos, en cuyo caso la segunda sentencia será nula; cuando en dos juicios diversos entre sí hayan sido condenados lo reos por el mismo delito y se demuestre la imposibilidad de que los dos lo hubieren cometido; y cuando la ley suprima el tipo penal o lo modifique, extinguiéndose con ello la sanción.
Esta comisión considera conveniente utilizar el término de "sentenciado" mejor que el de "reo" que se propone. Se consideran acertadas las modificaciones hechas por la colegisladora a la iniciativa. En efecto, en las fracciones IV y V se elimina la mención de dos en relación con juicios diversos y a sentenciados en le segundo caso, a fin de no señalar limitaciones injustificadas.
Por otra parte, por lo que se refiere a la fracción IV del mismo artículo 614, de acuerdo con uno de los principios básicos del derecho penal, en lugar de establecer que será nula la segunda sentencia, se precisa que debe aplicarse al sentenciado la que sea más benigna.
Finalmente, es de aceptarse también la supresión de la fracción VI que se propone en este mismo numeral, ya que si bien es cierto que tienen un claro apoyo en el artículo 14 constitucional aplicado a contrario sensu, resulta ociosa su incorporación, ya que el mismo Código Penal, en sus artículos 56 y 117 regula ya, de manera clara y precisa, el supuesto previsto en la fracción VI de la iniciativa. Aunque la fracción IV de este artículo 614 no comprende en estricto rigor un supuesto de "reconocimiento de inocencia", se conserva el texto de la minuta, porque dentro del capitulado del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal resulta su ubicación la más adecuada, dada la ausencia de un título y capítulo específicos.
El texto para el artículo 615 no ofrece ninguna reforma de carácter sustancial, sino que tan sólo mejora la redacción y se habla de "reconocimiento de inocencia" en vez de "indulto necesario".
En cuanto al artículo 618 - bis, esta comisión estima acertada la redacción que tiene en el proyecto de decreto de la Cámara de Senadores. Efectivamente, se incorporan dos modificaciones a la iniciativa presidencial consistentes, la primera, en que la resolución del indulto se comunique al tribunal que hubiere dictado la sentencia para que haga la anotación respectiva, no en el "proceso", ya que éste concluyó, sino en el "expediente" del caso. La segunda modificación agrega un segundo párrafo a este numeral, a fin de que no solamente se publiquen en el Diario Oficial de la Federación las resoluciones que concedan el indulto, sino que también puedan ser publicadas las resoluciones relativas al reconocimiento de la inocencia, a petición del beneficiado. Esta adición es conveniente, porque el mismo interés puedan tener quienes resulten favorecidos con resoluciones de indulto o de reconocimiento de inocencia, en que se le dé a ello la misma publicidad para su satisfacción personal y su reivindicación social.
Finalmente, es procedente la derogación del artículo 611, dado que la discusión entre indulto necesario y de gracia, no obedece a los conceptos actuales de dichas instituciones; por tal razón, se respeta en sus términos el artículo segundo transitorio de la minuta, y es correcto también el texto del primero que señala la iniciación de la vigencia.
El artículo tercero de la minuta, propone reformas a varios numerales del Código Federal de Procedimientos Penales, esta Comisión de Justicia somete a la consideración de la honorable asamblea los siguientes
CRITERIOS
El artículo 558 establece los trámites a seguir para obtener el indulto por delitos del orden federal; de ahí, la conveniencia de adecuarlo con las modificaciones a consideración del Poder Legislativo, como es la referencia a la fracción III del artículo 97 del Código Penal y precisar el procedimiento indicando se siga por conducto de la Secretaría de Gobernación.
La colegisladora, acertadamente modifica por adición la iniciativa en lo relativo a la fracción V del artículo 560, estableciendo que en el caso de que el sentenciado hubiese sido condenado por los mismos hechos en juicios diversos, prevalecerá la sentencia más benigna. Procede también la derogación de la fracción VI de este numeral. Se reiteran los argumentos ya expuestos en este dictamen, en relación con estas mismas disposiciones que ya fueron analizadas en la parte correspondiente al Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal.
Finalmente y por las razones ya señaladas en este propio dictamen al analizar el artículo 618 - bis del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, es de aprobarse también el texto del proyecto de decreto del Senado de la República en su artículo 568, que establece el trámite y publicidad de las resoluciones del indulto y de reconocimiento de inocencia.
Por lo expuesto, la comisión que suscribe somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de
DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMÚN, Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL; DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
Artículo primero. Se reforman los artículos 97 y 98 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal, para quedar como sigue:
Artículo 97. Cuando la conducta observada por el sentenciado refleje un alto grado de readaptación social y su liberación no represente un peligro para la tranquilidad y seguridad públicas, conforme al dictamen del órgano ejecutor de la sanción y no se trate de sentenciado por traición a la patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, genocidio, delitos contra la salud, violación, delito intencional contra la vida y secuestro, ni de reincidente por delito intencional, se le podrá conceder indulto por el Ejecutivo Federal, en uso de las facultades discrecionales, expresando sus razones y fundamentos en los casos siguientes:
I. Por delitos de carácter político, a que alude el artículo 144 de este código.
II. Por otros delitos, cuando la conducta de los responsables haya sido determinada por motivaciones de carácter político o social, y
III. Por delitos de orden federal o común en el Distrito Federal, cuando el sentenciado haya prestado importantes servicios a la nación, y previa solicitud.
Artículo 98. El indulto en ningún caso extinguirá la obligación de reparar el daño causado. El reconocimiento de la inocencia del sentenciado extingue la obligación de reparar el daño.
Artículo segundo. Se reforman los artículos 612, 614 en su proemio y fracción IV y 615, y se adicionan el capítulo sexto del título sexto, una fracción al artículo 618 - bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, para quedar como sigue:
TITULO SEXTO
CAPITULO VI
Del indulto y del reconocimiento de inocencia
Artículo 612. Cuando se trate del indulto a que se refiere la fracción III del artículo 97 del Código Penal, el solicitante ocurrirá al Ejecutivo Federal con su petición, por conducto del Departamento del Distrito Federal, debiendo acompañar los justificantes de los servicios prestados a la nación por el sentenciado.
Artículo 614. El reconocimiento de la inocencia del sentenciado, procede en los siguientes casos:
I a III..............................
IV. Cuando el sentenciado hubiere sido condenado por los mismos hechos en juicios diversos. En este caso, prevalecerá la sentencia más benigna.
V. Cuando en juicios diferentes hayan sido condenados los sentenciados por el mismo delito y se demuestre la imposibilidad de que lo hubieren cometido.
Artículo 615. El sentenciado que se crea con derecho para pedir el reconocimiento de su inocencia, ocurrirá por escrito al Tribunal Superior de Justicia, alegado la causa o causas de las enumeradas en el artículo anterior en que funde su petición, acompañando las pruebas respectivas o protestando exhibirlas oportunamente. Sólo se admitirá en estos casos la prueba documental, salvo lo previsto en la fracción III del artículo anterior.
Artículo 618 - bis. Todas las resoluciones en que se conceda indulto, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y se comunicarán al tribunal que hubiese dictado la sentencia, para que haga la anotación respectiva en el expediente del caso.
Las resoluciones relativas al reconocimiento de la inocencia se comunicarán al tribunal que hubiese dictado la sentencia, para que haga la anotación respectiva en el expediente del caso. A petición del interesado, también se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo tercero. Se forman los artículos 558 y 560 en su fracción V, se reforma y adiciona el artículo 568 y se deroga la fracción VI del artículo 560 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:
Artículo 558. Cuando se trate del indulto a que se refiere la fracción III del artículo 97 del Código Penal, el solicitante ocurrirá al Ejecutivo Federal con su petición, por conducto de la Secretaría de Gobernación, debiendo acompañar los justificantes de los servicios prestados a la nación por el sentenciado.
Artículo 560. El reconocimiento de la inocencia del sentenciado, se basa en alguno de los motivos siguientes:
I a IV....................................
V. Cuando el sentenciado hubiese sido condenado por los mismos hechos en juicios diversos. En este caso prevalecerá la sentencia más benigna.
VI. Derogada.
Artículo 568. Todas las resoluciones en que se conceda indulto, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y se comunicarán al tribunal que hubiese dictado la sentencia, para que haga la anotación respectiva en el expediente del caso.
Las resoluciones relativas al reconocimiento de la inocencia se comunicarán al tribunal que hubiese dictado la sentencia, para que haga la anotación respectiva en el expediente del caso. A petición del interesado, también se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.
TRANSITORIOS
Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Se deroga el artículo 611 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y las demás disposiciones que se opongan al presente decreto.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Palacio Legislativo, Distrito Federal, 26 de septiembre de 1989. - Miguel Montes García, presidente; Napoleón Cantú Cerna, secretario; Gerardo de Jesús Arellano Aguilar, Donaciano Ambrosio Velasco, Arturo Armendáriz Delgado, Heberto Barrera Velázquez, Bernardo Bátiz Vázquez, Raúl Bolaños Cacho Guzmán, Ignacio Castillo Mena, Fernando Córdoba Lobo, María Teresa Chagoya Méndez, Francisco Chávez Alfaro, Miguel Díaz
Muñoz, Socorro Díaz Palacios, Hiram Escudero Alvarez, José Zeferino Esquerra Corpus, Jaime Fernández Sánchez, Rubén García Farías, Patricia Garduño Morales, Benigno Gil de los Santos, Leonel Godoy Rangel, Margarita Gómez Juárez, Guadalupe Gómez Maganda, Graciela P. Gómez Rodríguez, Jesús Armando Hernández Montaño, J. Enrique Ibarra Pedroza, Luis Jacobo García, Juan Jaime Hernández, Ernesto Jiménez Mendoza, José Natividad Jiménez Moreno, José Trinidad Lanz Cárdenas, Fernando Antonio Lozano Gracia, José Nelson Madrigal Gómez, Antonio Martínez Baéz, Alexandro Martínez Cambreros, Miguel Martínez Castro, Enrique Martínez y Martínez, Edmundo Martínez Zaleta, Gilberto Ortíz Medina, Fernando Palacios Vela, Dionisio E. Pérez Jácome, Humberto Pulido García, Oscar Mauro Ramírez Ayala, María Estela Rosa de Soto, Marco Antonio Rojas Flores, Sergio Alfonso Rueda Montoya, Romero Ruíz Armento, Pedro Alberto Salazar Muciño, José Luis Salcedo Solís, Leopoldo Homero Salinas Gaytán, Reyes Antonio Silva Beltrán, Alvaro Uribe Salas, Silvano Urzúa Ochoa, Yolanda Vargas García Treviño, Carlos Javier Vega Memije, Gaudencio Vera Vera, César Humberto Vieyra Salgado y Miguel Ángel Quiroz Pérez.»
Trámite: -Primera Lectura.
DICTAMEN A DISCUSIÓN
RECINTO OFICIAL PARA EL 1o. DE NOVIEMBRE
El C. prosecretario Juan Jaime Hernández:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto presentada por los ciudadanos diputados Guillermo Jiménez Morales, Francisco Ortíz Mendoza, Oscar Mauro Ramírez Ayala y Rafael Aguilar Talamantes, coordinadores, respectivamente, de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido Popular Socialista, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en que proponen declara recinto oficial del Congreso de la Unión, al Palacio de Bellas Artes, de esta ciudad, únicamente el día 1o. de noviembre de 1989, para que se lleve a cabo en él la sesión de apertura del primer período ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LIV Legislatura del Congreso de la Unión, en la que se recibirá también el primer informe de gobierno que rendirá el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ciudadano Carlos Salinas de Gortari, en cumplimiento de los dispuesto por el artículo 69 de la Constitución General de la República.
La iniciativa que analizamos se encuentra dentro de los asuntos que pueden ser tratados por el Congreso de la Unión en este período extraordinario de sesiones, en los términos del artículo octavo del decreto de convocatoria para su celebración, expedido por la Comisión Permanente del propio Congreso de la Unión, por lo que es procedente su análisis y dictaminación,
Todos sabemos que el incendio ocurrido en el salón de sesiones del recinto oficial de la Cámara de Diputados en San Lázaro, el pasado 5 de mayo, ocasionó su destrucción y por tanto la posibilidad de utilizarlo. Como consecuencia de los anterior y mientras se repara el salón destruido, se declaró recinto oficial, previas las adecuaciones materiales necesarias, la Unidad Cultural y de Congresos "Doctor Ignacio Morones Prieto", del Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, en cuyo auditorio principal hemos venido celebrando las sesiones del actual período extraordinario.
El artículo 6o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que cuando el Congreso sesione conjuntamente lo hará en el recinto que ocupe la Cámara de Diputados, o en que se habilite para tal efecto; es evidente para todos, que el actual salón de sesiones es digno, pero las plenarias que esta Cámara ha efectuado en él, han demostrado que el espacio con que se cuenta es insuficiente para efectuar una sesión solemne con las características que posee la de apertura de sesiones, en la que, como ya se indicó, el Presidente de la República rendirá su primer informe de gobierno.
En la iniciativa que se analiza se dice que "este recinto resulta materialmente insuficiente para dar cabida a los ciudadanos senadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los integrantes de los gabinetes legal y ampliado, los gobernadores de las entidades federativas, el cuerpo diplomático y los demás invitados especiales". Resulta obvia la validez de esta afirmación que transcribimos, por lo que consideramos que es razón más que suficiente para que solicitemos la aprobación del siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se declara recinto oficial del Congreso de la Unión, el Palacio de Bellas Artes, de esta ciudad de México, únicamente para el día
1o. de noviembre de 1989, a efecto de llevar a cabo la sesión solemne de apertura del primer período ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio legal de la Quincuagésima Cuarta Legislatura y recibir el primer informe de gobierno que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ciudadano Carlos Salinas de Gortari, rendirá ante el honorable Congreso de la Unión, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TRANSITORIO
Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de comisiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diecinueve días del mes de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve. - Guillermo Jiménez Morales, presidente; José Luis Lamadrid Sauza, secretario; Augusto Gómez Villanueva, José Trinidad Lanz Cárdenas, Gonzalo Martínez Corbalá, Mario Vargas Saldaña, Fernando Córdoba Lobo, Fructuoso López Cárdenas, Dionisio E. Pérez Jácome, Mario Ruíz de Chávez y García, Javier López Moreno, Oscar Navarro Gárate, Enrique Martínez y Martínez, Armando López Nogales, Antonio Martínez Báez, Manuel Cavazos Lerma, Rogelio Montemayor Seguy, Jaime Rodríguez Inurrigarro, Pedro Alberto Salazar Muciño, Artemio Iglesias Miramontes, Ricardo Monreal Ávila, Napoleón Cantú Cerna, Vicente Fuentes Díaz, Alvaro Uribe Salas, Abel Carlos Vicencio Tovar, Bernardo Bátiz Vázquez, Juan José Medrano Castillo, Juan Miguel Alcántara Soria, Gildardo Gómez Verónica, Hiram Escudero Alvarez, Juan Antonio García Villa, Américo Alejandro Ramírez Rodríguez, Oscar Mauro Ramírez Ayala, Alberto Pérez Fontecha, Luis Vicente Coca Alvarez, Francisco Ortíz Mendoza, Jesús Luján Gutiérrez, Alfredo Reyes Contreras, Pedro René Etienne Llano, José Luis Alonso Sandoval, José Enrique Rojas Bernal, Ignacio Castillo Mena, Leonel Godoy Rangel, Pablo Gómez Alvarez y Reynaldo Rosas Domínguez.»
Trámite Segunda lectura.
El C. Presidente: -En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el Artículo único del proyecto de decreto.
Se inscribe para fundamentar el proyecto, el diputado Ricardo Monreal; en pro, la diputada Rosario Guerra.
Tiene la palabra, para fundamentar, el diputado Ricardo Monreal.
El C. Ricardo Monreal Ávila: -Señor presidente; señoras y señores legisladores: He pedido hacer uso de la palabra en esta asamblea legislativa, para fundamentar el dictamen emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la declaración de recinto oficial del Congreso de la Unión, al Palacio de Bellas Artes, de esta ciudad, exclusivamente el día 1o. de noviembre, fecha en la que se efectuará la sesión solamente de apertura del primer período ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio legal de esta Legislatura, donde se recibirá el informe de gobierno que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos rendirá ante el honorable Congreso de la Unión, de acuerdo con lo previsto en el artículo 69 constitucional.
Tales argumentos y fundamentos los iré refiriendo en forma cronológica tal y como se fueron presentando para así poder ubicarnos en el contexto del dictamen en mención, pretendiendo, con la mejor intención, dejar precisado con la mayor claridad los elementos con los cuales una vez estimados y valorados, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales elaborará el dictamen y aprobará por mayoría.
Lo que se intenta, además de esta narración de fundamentos, es evitar discusiones y polémicas alejadas del marco jurídico.
Desde el pasado 6 de julio del año en curso, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión convocó al período de sesiones extraordinario, mismo que dio inicio puntualmente el día 28 de agosto próximo pasado.
El decreto de convocatoria fue publicado el día 24 de agosto en el Diario Oficial de la Federación, y ahí en su artículo 8o. expresa textualmente, cito: "Que el Congreso de la Unión podrá conocer y en su caso, determinar el recinto oficial en el que se celebrará la apertura del primer período ordinario de sesiones del segundo año de nuestro ejercicio, para los efectos del artículo 69 constitucional". Termina cita.
Posteriormente, ya en el desarrollo del período extraordinario, el día 11 de septiembre del año en curso fue presentada la iniciativa de decreto por los representantes de varios grupos parlamentarios, quienes propusieron declarar recinto oficial del Congreso de la Unión al Palacio de Bellas Artes, para llevarse a cabo en él la sesión solemne de apertura del primer período ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de nuestra Legislatura, y en la que de conformidad con el artículo 69 ya referido de nuestra Carta Magna, se recibirá también el primero informe de gobierno que rendirá el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Tal iniciativa fue suscrita por los coordinadores de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido Popular Socialista, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, y fue de acuerdo al trámite y a la práctica parlamentaria, turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio, discusión y dictamen.
El día 19 de septiembre la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales emitió el dictamen, una vez analizada y discutida la iniciativa de decreto y se aprueba por mayoría el siguiente artículo único. Cito:
"Se declara Recinto Oficial del Congreso de la Unión el Palacio de Bellas Artes, de esta ciudad de México, únicamente para el día 1o. de noviembre de 1989, a efecto de llevar a cabo la sesión solemne de apertura del primer período ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio legal de la LIV Legislatura y recibir el primer informe de gobierno que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ciudadano Carlos Salinas de Gortari, rendirá ante el Honorable Congreso de la Unión, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Ahora bien, éstos han sido los antecedentes, veamos pues, los fundamentos jurídicos:
Primero. La iniciativa fue presentada oportunamente, su fundamento se encuentra contenido en el artículo 8o. del decreto de convocatoria para la celebración de este período extraordinario de sesiones.
Segundo. Es un asunto que indiscutiblemente se encuentra dentro de los asuntos que pueden ser tratados por el Congreso de la Unión en este período extraordinario, en observancia con el punto anterior.
Tercero. La Ley Orgánica en su artículo 6o., establece: que cuando el Congreso sesione conjuntamente, lo hará en el recinto que ocupe la Cámara de Diputados o en el que se habilite para tal efecto.
Cuarto. En la misma Ley Orgánica, en su artículo 5o., establece que el Congreso se reunirá en sesión conjunta de las cámaras para tratar los asuntos que la previenen los artículos 69 y otros de la Constitución, así como para el acto de clausura de los periodos de sesiones, ordinarios y extraordinarios y para celebrar sesiones solemnes como la del 1o. de noviembre.
Existen, además de las razones jurídicas expuestas, algunas razones de tipo material necesarias para el adecuado funcionamiento del desarrollo de la sesión que me permito también comentar:
Primero. El siniestro ocurrido en la sala de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 5 de mayo próximo pasado, tuvo como consecuencia la imposibilidad de utilizar ese salón para la sesión solemne, que hubiese sido, además de ser nuestra casa, el más adecuado.
Segundo. Retomaré la expresión de uno de los párrafos del decreto que se comenta y que se fundamenta. Cito: "Es evidente para todos que el actual salón de sesiones es digno, pero las plenarias que esta Cámara ha efectuado en él, han demostrado que en el espacio con que se cuenta es insuficiente para efectuar una sesión solemne, con las características que posee de la apertura de sesiones, en la que, como ya se indicó, el Presidente de la República rendirá su primer informe de gobierno". Concluyo cita.
Tercero. Resulta evidente también la insuficiencia de este recinto parlamentario para ambas cámaras e invitados del congreso general, y quizá en este punto es donde más se esté en desacuerdo, dado que se ha insistido y quizá se siga insistiendo en los invitados del Congreso General de la Unión al informe, que ante éste rinde el ciudadano Presidente de la República. Lo que sostengo con toda responsabilidad, es que ésta ha sido en la historia legislativa contemporánea una práctica parlamentaria y como tal sus alcances son distintos y de mayor peso que en otras áreas del derecho, sin entrar a la discusión de si estos invitados deben o no acudir al acto solemne señalado.
Por último, quisiera comentar, previendo la discusión posterior, que el turno que la directiva de la Cámara hizo de esta iniciativa de decreto fue la adecuada y existen antecedentes de otras legislaturas en casos similares, donde el turno le correspondía a esta comisión, como sucedió en el año de 1980, en la LI legislatura.
Pero, ¿por qué nos atrevemos a señalar que fue el turno correcto? La respuesta está en que este acto del informe del Presidente de la República rendido ante el Poder Legislativo corresponde indiscutiblemente a un punto constitucional, toda vez que su principal referencia, su fundamento, se encuentra precisamente en el artículo 69 constitucional, tantas veces referido y por ende cae en el ámbito de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Por último, sólo diré y exhortaré a mis compañeros diputados para no caer en el error de los sabios de Bizancio, quienes enfrascados discutían acalorada y apasionantemente por definir el sexo de los ángeles, cuando la nación exige otras acciones.
En tal virtud, y por lo expuesto, solicito de esta representación nacional la aprobación del dictamen o proyecto de decreto comentado y fundamentado. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Esta presidencia informa que se han inscrito para hablar en contra del dictamen, el ciudadano diputado Ismael Yáñez Centeno, y en pro la ciudadana diputada Rosario Guerra.
Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Ismael Yáñez Centeno.
Está presidencia corrige el informe que ha dado a la asamblea e informa que también se anotó en contra el ciudadano diputado Carlos Bracho.
¿Algún otro diputado se va a inscribir en pro? EL ciudadano diputado Víctor Hugo Celaya; queda pues corregida la lista de oradores inscritos.
Tiene usted el uso de la palabra, diputado Yáñez Centeno.
El C. Ismael Yáñez Centeno: - Compañeras y compañeros diputados: Ninguno de nosotros puede decirse ignorantes de la campaña de desprestigio que contra esta Cámara ha sido orquestada, para descalificarla, moral y políticamente, ante la opinión pública y presentarnos como incapaces de cumplir con las demandas de democracia y de justicia hechas por nuestro pueblo en las pasadas jornadas electorales federales.
A nadie escapa, ni la manera ominosa en que dicha campaña está implementándose, ni la perversa finalidad última que con ella se persigue; muchos mercenarios de la comunicación han sido reclutados para denigrar a este cuerpo legislativo, su función ha consistido en sólo reflejar las expresiones de indignación de muchos de nosotros, pero no las causas que las han motivado, se han conculcado el derecho de información del ciudadano mexicano al impedirle que conozca las cuestiones de fondo que se han discutido aquí y de cuya resolución está expectante desde mucho tiempo atrás.
Por el contrario, lo que es natural en los parlamentos de muchos países, que presentan ante nuestro pueblo como muestra indiscutible de incultura generalizada entre los diputados, cuyo resultado obvio es la anarquía y la consiguiente incapacidad legislativa.
Todavía el día de ayer, un rotativo da prueba de lo que afirmo: Ocho columnas se mereció el calificativo que nos impuso un delegado regional priísta, pero debe quedarles claro, diputados priístas, que la ignominia con que nos quieren revestir a todos históricamente, quedará sólo para ustedes, y en esto principalmente deben de reflexionar, en su imagen la que está siendo sacrificada en aras de un propósito inadmisible, por quienes conozco, algunos tienen todavía estima de sí mismos.
Ustedes saben perfectamente que los conceptos mediante los cuales se nos ha querido homologar, no nos son aplicables por igual, a los opositores se nos puede llamar intransigentes por no querer aplicar de los principios fundamentales cuyo respeto reclama el pueblo, pero el calificativo de intolerantes no se queda para ustedes por no tolerar la libertad política y el ejercicio de la democracia en México. (Aplausos.)
Hay que pensar en un calificativo más, que el pueblo se encargará de aplicar a quienes no les importa despojarse de los valores inherentes a su representación, a aquellos que han permitido, permiten y posiblemente continúen permitiendo con la cerviz doblada e incluso aplaudiendo el trato injurioso y despectivo a nuestra Cámara de Diputados.
Nosotros no podemos aceptarlo y por eso lo estamos denunciando, denunciamos que el propósito de esta campaña de desprestigio frente al pueblo, es oponer a esta Cámara una imagen del Ejecutivo exaltada por los medios, ante la cual puedan desautorizarse las críticas o señalamientos que el legislativo o la oposición en él representada le hicieran por más justas, por terceras que fueran.
Se descubre en el fondo de todo esto, el afán de la legitimación y además, de paso, de conquistar el poder omnímodo del que indebidamente han gozado los presidentes.
Dentro de esta estrategia, se inserta un acto más de desprecio en nuestra representación. Nuestro recinto, quizá ya calificado de indigno, es ahora el pretexto. Se pretende invertir ahora los papeles que debemos desempeñar por mandato constitucional, desnaturalizando para ello al acto anual de apertura del primer período ordinario de sesiones. Y si por eso fuera poco se busca que con nuestro voto, avalemos los gastos que la pompa y circunstancia exigen a un pueblo hambriento de pan, de justicia y de democracia.
He leído el proyecto que declararía recinto oficial al Palacio de las Bellas Artes, para llevar a cabo en dicho lugar la sesión "solemne de apertura" del primer período de sesiones ordinarias y recibir el primer informe del señor Carlos Salinas de Gortari.
Señores diputados, con toda certeza puedo decir a ustedes que no he encontrado en la propuesta remitida a los secretarios de la Cámara ningún argumento, ni lógico, ni jurídico, que pueda hacer razonable nuestro voto a su favor. No hay ninguna razón por la que no debamos celebrar aquí nuestra sesión de apertura de sesiones.
Podrá el Ejecutivo y sus incondicionales tener razones para no querer que se celebre aquí ese acto, pero para nosotros no es cuestión de que queramos o no, sino de que no debemos permitir esa afrenta a la razón y a las leyes.
He leído con detenimiento las normas jurídicas que se refieren al caso que nos ocupa: El artículo 69 constitucional, los artículos 4o., 5o., 6o., 7o. y 8o. de la Ley Orgánica del Congreso General; y los artículos 12, capítulo de la instalación de las cámaras, 27, capítulo de las sesiones, 188 y 189 del ceremonial del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.
Por principio de cuentas no encontré la palabra "solemne", para calificar la sesión de apertura del primer período ordinario de sesiones, pese a que en tres ocasiones se repite la propuesta que se nos remite. De aquí pues que no podamos concebir la solemnidad a que se refiere como aquella que exige la ley para la validez de determinados actos jurídicos.
El artículo 27 del reglamento, textualmente dice lo siguiente: "De las sesiones. Artículo 27. Las sesiones de la Cámara serán ordinarias, extraordinarias, públicas secretas o permanentes". No hay sesiones solemnes, señores.
O sea, ello no impide que podamos usar el término en su original sentido; es decir, para calificar aquello que se hace una vez al año, como en efecto lo ha sido la apertura de los periodos de sesiones ordinarias, acto del Poder Legislativo, al que la Constitución obliga a concurrir al Ejecutivo para que presente un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país.
Tampoco ello opta para aceptar una segunda acepción de la palabra, calificando el acto de "importante", pues a los diputados y senadores del Congreso debe importarnos qué tan ajustado sea el contenido del informe que se rinde a la realidad de los hechos que consigna. De otra manera, no tendría ningún sentido el mandato constitucional que ordena la rendición de tal informe. Pero de ahí a que concibamos y aceptemos para nuestro acto, el carácter de solemne, como de gran ostentación, majestuoso, imponente, grandioso, etcétera, hay un abismo insalvable. De nada servirán las falacias y serán inútiles los esfuerzos para envolver la mentira de retórica insulsa.
Jurídicamente, el acto en el cual se rinde el informe presidencial, no es solemne. Y que no se nos quiera venir aquí a invocar la costumbre o la tradición, pues no es un acto de derecho civil y además no se rige por principios del Common Law. No olvidemos que en esta tribuna un diputado priísta criticó el hecho de haberse invocado a legislaciones extranjeras en un intento de análisis comparativo. Al tratar así, despectivamente las normas jurídicas de países que buscan mejorar a sus pueblos, le pregunté sobre la razón de que hubieran concedido permiso al señor Carlos Salinas de Gortari, para asistir a los festejos del bicentenario de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano y que hayan editado, a través del comité de asuntos editoriales de esta Cámara, el texto de esta última. Contradicciones, señores.
Así pues, no vale invocar la traición. Ajustémonos a la lógica jurídica. De los textos legales infiere que el acto del 1o. de noviembre es un acto del Congreso de la Unión, del Poder Legislativo y no del Ejecutivo. (Aplausos.)
El acto solemne, si así se le quiere llamar, es el de la apertura del segundo período ordinario de sesiones; y este acto puede llevarlo a cabo perfectamente el Congreso en este recinto. No encuentro ninguna razón válida para que, categóricamente en la propuesta, se diga que el siniestro ocurrido en la sala de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 5 de mayo, tuvo como lamentable consecuencia, la imposibilidad de utilizar el salón para la sesión solemne que deberá celebrarse el día 1o. de noviembre. Es inadmisible referirse como si nada, a ese siniestro que ha dado mucho de qué hablar, sobre todo por el nulo interés de deslindar responsabilidades, y no venir a usarlo como pretexto para desairar este recinto, cuya adaptación ha costado al pueblo de México, más de 2 mil 500 millones de pesos. Es inadmisible. (Aplausos.)
Es inadmisible pensar en un derroche más, para tratar de revestir una formalidad legal, con ostentación palaciega y con los símbolos del arte y la cultura, incompatibles con la remembranza inevitable que se ve allí, del fraude electoral
cometido el 6 de julio y de la farsa en que están convirtiendo el período extraordinario, para la reforma electoral. (Aplausos.)
Más, continuando con el análisis de las normas, vemos que no es válido pretextar que el recinto resulte materialmente insuficiente, para dar cabida a senadores, ministros de la Suprema Corte, los gabinetes, los gobernadores, el cuerpo diplomático y demás invitados especiales.
A simple vista, se ve que las cinco primeras categorías del enlistado, caben perfectamente en el recinto, y que quedaría todavía algún centenar de lugares vacíos que podrían ser ocupados por igual número de invitados especiales. Considerando como tales altos dignatarios y personajes de otros países que la Cámara haya invitado y no otros funcionarios ante los que bien podrían limitar sus invitaciones, ya que ninguna disposición habla más que de la presencia del titular del Ejecutivo ante el Congreso. No hay ningún séquito previsto por las leyes. Entonces las disposiciones no dejan lugar a dudas para concluir que el acto del 1o. de noviembre es por naturaleza del Legislativo al cual concurre para cumplir con el deber, el Ejecutivo. Las cosas no son a la inversa, no es un acto del Ejecutivo, al que asista al lugar que aquél indique y en función de sus invitados, el Legislativo.
También se concluye en que no hay ninguna razón para que el Congreso sesione en otro lugar que no sea el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, incluso en el hipotético supuesto de que no hubiera lugares para invitados, lo cual, insisto, no es el caso.
Tampoco existe razón para que el Congreso no limite la entrega de invitaciones al Ejecutivo, en atención a la capacidad de nuestro recinto. Mucho menos existe razón para dilapidar todavía más los dineros de nuestro pueblo, adaptando lugares que por su naturaleza hacen pensar en una impropia y ofensiva ostentación de lo que más se carece, la sensibilidad y cultura política necesaria para reconocer y respetar los derechos inalienables de los mexicanos.
Para terminar quiero volver al primero de los dos pretextos esgrimidos en la propuesta; a ése que textualmente se expresa así: "Dada la trascendencia de la sesión solemne que deberá celebrarse, etcétera...", yo pregunto: ¿Es menos trascendente al sentimiento patriótico de nuestros niños mexicanos, el que los honores a las banderas que los lunes celebran, se efectúen en una semidestruida escuelita de rancho? ¿Revisten acaso menos solemnidad que los que celebran en un buen colegio de paga? ¿A qué trascendencia se refieren los redactores de la propuesta como para que ella sea motivo de desprecio a nuestro recinto? ¿A qué obedece realmente esta otra afrenta a la Cámara de Diputados, que ustedes no sólo consienten sino avalan? Al pueblo le gustaría saberlo de boca de ustedes. Tiene todo el derecho a saberlo. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada Rosario Guerra Díaz.
La C. María del Rosario Elena Guerra Díaz: - Con su venia señor presidente. Compañeros legisladores. El Palacio de Bellas Artes, edificio que retoma y resume las tradiciones populares más arraigadas en los mexicanos, es fruto de la historia y la tradición cultural y política que alberga como patrimonio nacional.
El Palacio de Bellas Artes, no solamente constituye un monumento histórico que hoy alberga el Instituto Nacional de Bellas Artes, sino que en 1988, las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y Cultura, declaró patrimonio cultural de la humanidad al Centro Histórico de la ciudad de México, incluido en éste el Palacio de Bellas Artes.
Más allá de esto, recordemos su historia; su origen no se basa en un capricho porfirista cortesano, sino en la real necesidad de contar con un teatro nacional, un foro que permitiese a la sociedad reunirse y desarrollarse en torno a las artes.
Quien conoce la historia de la ciudad de México, recordará que sus cronistas detallan que al iniciar el siglo XX, se realizaron nuevas obras arquitectónicas para dotar a la ciudad de mejores servicios. Se pensó necesario prolongar la avenida 5 de mayo hasta lo que hoy es Isabel la Católica, por lo cual se tomó la decisión de demoler el Teatro de la Ciudad. Ante el vacío de dicha demolición en 1901, surgió como reclamo social de todos los estratos de los mexicanos, el construir un nuevo Teatro Nacional. Fue proyecto del italiano Adamo Guari, el que logró la aceptación, y en 1904 se iniciaron formalmente los trabajos. En 1910, año trascendental de la historia de México, los trabajos estaban muy adelantados. Sin embargo a raíz de la historia del movimiento armado, detonado en 1910, las obras empiezan a declinar en 1911 y 1912, hasta finalmente suspenderse en 1916. El autor abandona el país y nunca más regresa a concluir la obra.
Tras la segunda etapa de la lucha revolucionaria, el general Carranza en 1919, ordenó al arquitecto Muñoz proseguir los trabajos, pero se suspendieron en 1920 a la muerte de Carranza.
No fue hasta sino que concluye la etapa armada de la revolución, cuando se dan condiciones para labrar la nueva nación, bajo el pacto de la Constitución de 1917. Por eso hasta 1918, siendo presidente Calles, se abre la subscripción pública para dar fin al abandonado Teatro Nacional, conocido como el mote de "elefante blanco".
A iniciativa del Ejecutivo se reinician las obras de construcción y en 1932 se revitaliza el proyecto para finalmente en 1934 hacer la inauguración del Palacio de Bellas Artes.
Entre las modificaciones más importantes del proyecto, fueron las tendientes a aumentar su cupo y mejorar visibilidad en aras de una construcción de espacio y de cultura posrevolucionaria para abrir el teatro de las expresiones populares nacionales e internacionales.
De esta suerte, el centro cultural que constituye al Palacio de Bellas Artes como monumento artístico, también es un testimonio...
El C. Presidente: - Permítame diputada Rosario Guerra. Permítame.
Esta presidencia hace un atento llamado a la asamblea para que se ponga atención y se guarde respeto a la oradora en turno, como se ha hecho con el orador anterior. Continué por favor diputada.
La C. María del Rosario Elena Guerra Díaz: - Gracias.
Quiero referir que el Palacio de Bellas Artes, además de monumento artístico, es también testimonio histórico - político de toda una época. Ante él han desfilado contra su destino, la incertidumbre, el atropello. Pero también la búsqueda de una entidad nacional que hoy se refleja fielmente en la combinación de épocas y estilos que expresan la mezcla de un pueblo de gran riqueza y tradición de su raigambre popular que mira hacia el futuro, constituye un marco adecuado para celebrar un acto republicano que los mexicanos esperan con interés en momentos trascendentales de la decisión del rumbo de la nación.
El Palacio de Bellas Artes, no sólo ha sido espacio de difusión de la cultura, también se ha constituido el recinto oficial del Poder Legislativo en seis ocasiones. Y ha sido escenario de sucesos trascendentales en la vida política del país.
Cabe tan sólo recordar que el homenaje póstumo a Lázaro Cárdenas y a otros grandes hombres, se han realizado en su amplio hall. Dentro del Palacio de Bellas Artes, se han forjado el México moderno no sólo en su expresión artística, pues en sus butacas y su foro, se han discutido asuntos de trascendencia nacional. Sus paredes han sido mudos testigos de debates de amplios sectores de la población sobre problemas nacionales y en su fachada se han sostenido banderas que identifican a estos movimientos y sus organizaciones.
Ya en tiempos recientes con la reforma política de 1977, que aumentó de 300 a 400 y posteriormente a 500 el número de diputados, el antiguo recinto de Donceles resultó insuficiente para realizar adecuadamente las funciones de la Cámara de Diputados.
En este proceso, el Palacio de Bellas Artes ha jugado un papel importante, pues se constituyó en sede oficial de la Cámara de Diputados para realizar la apertura del período ordinario de sesiones del honorable Congreso de la Unión durante la LI Legislatura, tanto en 1979 como en 1980.
El C. Presidente: - Nuevamente, diputada permítame. Esta presidencia nuevamente pide a todos los asistentes a esta asamblea guardar orden y tener respeto por el orador en turno. Continúe, diputada. (Aplausos.)
La C. María del Rosario Elena Guerra Díaz: - Gracias. Como señalaba yo, tanto en 1979 como en 1980, el Congreso autorizó al Palacio de Bellas Artes como recinto oficial para el III y IV informe de gobierno de José López Portillo.
Como antecedentes del dictamen que hoy traemos a discusión y que se somete a la consideración de esta asamblea, cabe mencionar que el honorable Congreso de la Unión ha autorizado ya al Palacio de Bellas Artes, además de las dos citadas de informes presidenciales. Cuatro ocasiones son las relativas a los trascendentales actos de cambio y poderes y toma de protesta de Presidentes de la República, como fue en 1946 la del licenciado Miguel Alemán; en 1952 de Adolfo Ruíz Cortines; en 1958 de Adolfo López Mateos y finalmente, en 1964, de Gustavo Díaz Ordaz.
El Palacio de Bellas Artes no había vuelto a ser utilizado como recinto oficial, pues al concluirse el Palacio Legislativo de San Lázaro, se contó con un espacio suficiente amplio y adecuado para desarrollar las funciones de la Cámara de Diputados y del congreso general.
Todos conocemos el trágico incendio que utilizó el salón de sesiones del recinto oficial de
San Lázaro el pasado 5 de mayo, y conocemos también las resoluciones y los informes que los propios compañeros legisladores han estado realizando en torno a la investigación de este suceso.
Como recinto alterno hoy estamos, previstas adecuaciones y pese a las limitaciones, en esta unidad de congreso del Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, este lugar no resulta suficiente para realizar la apertura de sesiones de nuestro segundo período ordinario, en el que por ley, el Ejecutivo Federal deberá rendir ante esta soberanía su informe de gobierno.
Por esta razón las fracciones parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Popular Socialista, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, hemos propuesto al Palacio de Bellas Artes como recinto oficial, únicamente el día 1o. de noviembre, para que en la apertura de sesiones se reciba el primer informe de gobierno del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 69 de la Constitución.
Esta propuesta se basa en el artículo 6o. de la Ley Orgánica del Congreso General, que señala que cuando ambas Cámaras sesionen conjuntamente, lo harán en el recinto de la de diputados o en la que se habilite para el efecto.
Como todos hemos podido constatar en el desarrollo de nuestras plenarias, este auditorio del Centro Médico resultaría insuficiente para efectuar la sesión solemne de apertura de sesiones, ya que según lo establece la práctica parlamentaria a la que señaladamente recurren compañeros de todos los partidos en relación al desarrollo de nuestros trabajos, deberán acompañar al Ejecutivo Federal en su informe de gobierno los miembros de su gabinete. Al acto asisten todos los senadores de la República y los 500 diputados federales, además de que se invita a los representantes del Poder Judicial, esto es, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tradición republicana y federativa, se invita a los ciudadanos gobernantes de las entidades federativas, y en un marco protocolario de mutuo respeto, amistad y simpatía, a los representantes de cuerpo diplomático acreditados en el país. Por su importancia, la Prensa nacional y extranjera se reúnen en el recinto para cubrir la información derivada de este tipo de eventos, y requiere de condiciones adecuadas para desarrollar su tarea.
Bajo estas consideraciones, resulta obvio que el Palacio de Bellas Artes presenta ventajas sobre el Centro Médico Nacional. Analicemos ésta. En primer lugar, Bellas Artes cuenta con 2 mil 125 butacas cómodas y adecuadas frente a 1 mil 673 espacios del auditorio de este Centro Médico...
El C. Presidente: - Permítame diputada, permítame diputada.
Dé lectura la secretaría al artículo 207 del reglamento pidiendo particularmente a las galerías poner atención en el señalamiento reglamentario.
La C. secretaria María Claudia Esqueda Llanes: - Artículo 207. Los concurrentes a las galerías se presentarán sin armas, guardarán respeto, silencio y compostura y no tomarán parte en los debates con ninguna clase de demostración.
El C. Presidente: - Gracias. Continué diputada Guerra.
La C. María del Rosario Elena Guerra Díaz: - Señalaba las ventajas que ofrece para nuestro trabajo el Palacio de Bellas Artes. En un primer término cuenta con 2 mil 125 butacas cómodas y adecuadas frente a 1 mil 673 espacios del auditorio del Centro Médico.
En segundo lugar, Bellas Artes ofrece una mejor acústica para el desarrollo del evento que el deficiente sonido que tenemos en este auditorio que ya hemos podido comprobar.
En tercer lugar, Bellas Artes cuenta con una iluminación suficiente y adecuada para el desarrollo de las labores de Prensa, mientras que el auditorio requiere de mayores adaptaciones. Además, el acceso a galerías y de palcos del palacio, puede hacerse en elevadores en forma ágil y cómoda, mientras que llegar al segundo nivel de este recinto implica subir por varias escalinatas, capaz de afectar a personas de mayor edad con padecimientos o con imposibilidades.
El quinto aspecto a considerar, compañeros, es el de la ubicación de los inmuebles, Bellas Artes ofrece un mejor acceso para legisladores y asistentes y cuenta con mayores facilidades de estacionamiento para vehículos. El Centro Médico, ubicado entre dos ejes viales, presenta mayores problemas de acceso, vialidad y estacionamiento, que incluso podría llegar a entorpecer el aforo a la zona hospitalaria.
El sexto hecho irrefutable se refiere a la diferencia de ventilación de inmuebles. Mientras Bellas Artes cuenta con aire acondicionado integral este auditorio sólo cuenta con aire lavado en la zona habilitada como recinto.
Cierto es que se requieren adecuaciones para que Bellas Artes se adapte rápida y eficazmente a las necesidades del evento, pero la infraestructura del teatro requiere de gastos mínimos pues ya se cuenta con experiencia en eventos anteriores.
Todos los legisladores estamos conscientes de las limitaciones económicas del país y de ninguna manera buscamos incrementar el gasto en obras de ornato, pero tampoco queremos faltar a la responsabilidad que el pueblo de México nos demanda...
El C. Presidente: - Permítame diputada Guerra. Esta presidencia reitera a las galerías, la solicitud atenta para que guarden ustedes compostura, orden atención y tengan respeto por el orador.
La C. María del Rosario Elena Guerra Díaz: - Queremos comentar también al respecto...
El C. Presidente: - Por favor lea la secretaría el artículo 210 del Reglamento. Atención a las galerías por favor.
La C. secretaria María Claudia Esqueda Llanes: - "Artículo 210. Siempre que los medios indicados no basten para contener el desorden en las galerías, el Presidente levantará la sesión pública y podrá continuarla en secreto. Lo mismo se verificará cuando los medios de prudencia no sean suficientes para establecer el orden alterado por los miembros de la Cámara."
El C. Presidente: - Continúe diputada Guerra.
La C. María del Rosario Elena Guerra Díaz: - En relación al tema que aquí se ha abordado relativo a las erogaciones, cabe mencionar que las que se realizarían representarían un gasto mínimo para adecuar el Palacio de Bellas Artes.
(Voces.)
El C. Presidente -Permítame nuevamente diputada. Se reitera a las galerías de acuerdo con el reglamento, deben abstenerse de participar en el debate con manifestaciones. Se reitera a ustedes la petición para que guarden silencio y tengan respeto por el orador. Continúe diputada Guerra.
La C. María del Rosario Elena Guerra Díaz: - Regresando al tema de los gastos, cierto que Bellas Artes requerirá adecuaciones, pero cabe mencionar que las erogaciones representarían un gasto mínimo ya contemplado en el presupuesto de Egresos de la Federación de 1989, autorizado por esta Cámara dentro de las acciones de restauración y mantenimiento de monumentos históricos, como es el caso de Bellas Artes y que dicho gasto queda en beneficio de los propios usuarios habituales del palacio y de todo el pueblo de México.
Por último, quiero subrayar que la sesión solemne de apertura de sesiones del honorable Congreso de la Unión y la lectura del I informe de gobierno por el Ejecutivo Federal, no constituye un acto cortesano de autoridad frívola o de desmedido derroche o que denigre al Poder Legislativo; es, por el contrario, un acto de solemnidad republicana basado en nuestras leyes y nuestras tradiciones.
El realizar en Palacio de Bellas Artes un evento no implica, bajo ninguna concepción, un sometimiento del poder Legislativo al Poder Ejecutivo, por el contrario, es un acto de soberanía de esta Cámara el determinar el recinto donde deba sesionar el Congreso General. Y en este sentido, fue hecha la propuesta de las cuatro fracciones parlamentarias.
El C. Presidente: - Permítame diputada Guerra.
El C. Jorge Martínez y Almaraz (desde su curul): - Señor presidente.
El C. Presidente: - Dígame, señor diputado.
El C. Jorge Martínez y Almaraz (desde su curul): - ¿Aceptaría la diputada Guerra una pregunta?
La C. María del Rosario Elena Guerra Díaz: - No compañero, no la acepto.
El C. Presidente: - Continúe, diputada Guerra.
La C. María del Rosario Guerra Díaz: - Continuando con el tema, decía yo que de acuerdo con el propio reglamento, es un acto de soberanía de esta cámara, el determinar el recinto donde habremos de realizar la apertura y que en este sentido fue hecha la propuesta de cuatro fracciones parlamentarias, la del Partido Revolucionario Institucional, la del Partido Popular Socialista, la del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y la del Partido del Frente Cardenista de la Reconstrucción Nacional, para estar
nosotros mismos en mejores condiciones de cumplir nuestras funciones.
Llevar el tema a esta tribuna es, sin lugar a duda, el paso a seguir de acuerdo a nuestro reglamento a fin de que se apruebe el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, pero insistir en un debate sobre la legalidad del proceso, sobre una supuesta denigración del Poder Legislativo sobre la fastuosidad del evento y convertir esto en un punto de controversia sobre la autonomía de poderes federales, nos parece una discusión excesiva y ociosa.
La apertura del período ordinario de sesiones en el que se rinde el I Informe de Gobierno, es acto republicano que hoy trasciende al protocolo y se proyecta hacia la historia misma, pues constituye testimonio político de nuevas circunstancias que exigen conocer la acción del gobierno para enfrentar los retos de la transición y precisar el rumbo de la nación, ése es el significado de nuestra propuesta, por lo expuesto...
(Desorden.)
El C. Presidente: - Permítame, diputada Guerra. Nuevamente esta presidencia reclama a las galerías orden y respeto, conforme lo establece el reglamento, para escuchar a la oradora. Continúe, diputada guerra.
La C. María del Rosario Elena Guerra Díaz: - Por todo lo expuesto, las cuatro fracciones signatarias de esta propuesta estamos totalmente convencidos de que en aras de facilitar el trabajo de esta honorable cámara, estamos en la razón...
(Desorden.)
El C. Presidente: - Permítame, diputada Guerra. Quiero pedir atentamente a las galerías que guarden compostura con todos los oradores que intervienen en la tribuna, son ciudadanos diputados que están ejerciendo un derecho de expresión garantizado por nuestras disposiciones que regulan los debates; atentamente pido a ustedes atención para que esta sesión pueda continuar con orden.
Continúe, diputada Guerra.
La C. María del Rosario Elena Guerra Díaz: - Por todo lo expuesto, pido a esta honorable asamblea la aprobación de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para declarar el recinto oficial del Congreso de la Unión, el Palacio de Bellas Artes, únicamente para el día 1o. de noviembre de 1989, a efecto de llevar a acabo la sesión de apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones del segundo año de ejercicio fiscal de esta LIV Legislatura y recibir el informe de gobierno que el presidente Carlos Salinas de Gortari rendirá al Honorable Congreso de la Unión, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 69 constitucional. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Bracho González.
El C. Carlos Enrique Bracho González: - Con su venia, señor presidente; compañeros diputados; estimados amigos que nos acompañan: ustedes saben que cualquier incidente que en esta cámara se produce, es señalado, amigos de las Galerías, cualquier incidente es señalado como si fuera esto un erradero, como su esto fuera, digo, un motín, como si esto fuera un erradero y así es consignado.
Y quiero decir que la realidad es distante, la realidad es muy distinta...
(Desorden.)
Y sabemos, esas voces que vienen, precisamente quien las trae, para qué las trae: para armar esto que estoy diciendo, el erradero; nosotros...
(Desorden.)
El C. Presidente: - Permítame, diputado. Esta presidencia reitera a las galerías que guarden orden y tengan respeto por el orador.
El C. Carlos Enrique Bracho González: - No es la galería completa, le puedo señalar, señor presidente, está muy señalado de dónde vienen esas palabras, esto es muy claro y hay que ser justos, señor presidente: acá está una parte que está aplaudiendo cuando hay que aplaudir reaccionando, cuando hay que reaccionar, y acá hay una parte que está, señor presidente, como usted lo está escuchando, voces muy señaladas y muy particulares.
Yo decía en anterior, queridos compañeros diputados, en anterior sesión, que nuestra Revolución ha sido traicionada, que nuestra revolución ha regresado a los términos en que se encontraban en sus inicios y que estamos viviendo en estos momentos un regreso a muchas formas que hicieron del porfirismo una actitud y una manera que vino y devino en precisamente nuestra Revolución, esas formas porfiristas las estamos viendo hoy aquí, esas formas, esa manera de actuar, es regresar al porfirismo y estamos viéndolo aquí muy sutilmente, en regresar al Palacio de Bellas Artes, por ejemplo, que es un proyecto porfirista...
La C. Hilda Anderson Nevárez (desde su curul): - Quisieras actuar ahí.
(Desorden.)
El C. Carlos Enrique Bracho González: - Señor presidente, queda claro de dónde viene el erradero, recuerde que yo trabajo en Bellas Artes casi todos los domingos, los jueves, ahí leo mis poesías, mis obras, ahí trabajo yo en Bellas Artes, todo mundo lo sabe, soy escritor, soy fotógrafo, tengo exposiciones en este momento.
Quiero señalar nuevamente, señor presidente, que tome nota de dónde viene el erradero...
El C. Presidente: - Permita a la presidencia...
El C. Carlos Enrique Bracho González: - ¿Va a callar al erradero?
El C. Presidente: - Se le recuerda al orador que reglamentariamente están prohibidos los diálogos.
El C. Carlos Enrique Bracho González: - ¿Me lo dice a mí o se lo dice al erradero? Quiero, con todo respecto, decirle que estoy exponiendo algo a los compañeros del Partido Revolucionario Institucional, están haciendo uso del diálogo, yo estoy exponiendo, que quede constancia y claridad en esto, porque así nos empantanamos, justamente esto es aprovechado una y otra vez por los compañeros que están ahí enfrente de nosotros, del Partido Revolucionario Institucional y, bueno, después resulta que nosotros fuimos los causantes del famoso erradero.
Así que yo, en Bellas Artes no veo motivo para llegar allí, a mí me parece indigno más bien, indigno gastar cualquier cantidad de dinero extra para cambiar de sede, en Bellas Artes hay que hacer una escenografía y cuesta dinero y en ese proyecto porfirista queda el teatro nacional, requiere de modificaciones, pero como me decía la compañera del Partido Revolucionario Institucional que me antecedió en la palabra, ya estaba en el presupuesto, ya esto ya estaba en proyecto también quemar el Palacio Legislativo, puesto que estaba en el proyecto.
Yo no sé, compañeros, yo no sé, estimados amigos, todos los que nos ven y nos escuchan, qué hay que satisfacer, no sé qué capricho, no sé qué deseo, no sé qué impulso; aquí en este lugar donde estamos todos, compañeros, se han dispuesto miles de millones de pesos, se invirtió esa suma estratosférica de millones de pesos, se invirtió esa suma estratosférica de más de 2 mil 500 millones de pesos y que buena falta hacen, queridos compañeros, para otros menesteres y que buena falta le hacen a otras personas olvidadas por este régimen, esto es claro, no tengo que citar aquí a Voltaire, cito a Juan Pérez, ¿por qué? Porque es bochornoso e indigno traernos de un lugar a otro, a ustedes compañeros y a nosotros, como si fueran corifeos de un amo, o llevados y traídos de una sede a otra, como si fuéramos parte incondicional de una corte virreinal ¡no, señores!, ¡esta es nuestra sede, éste es nuestro lugar de sesiones! ¡aquí trabajamos, aquí debatimos, aquí por lo tanto, como diría también "Juanito Pérez", debe venir Salinas a rendirnos el informe de su gestión! (Aplausos.)
Qué, ¿no le parece bonito? Aquí tenemos pupitres nuevos, ¿no le parece digno, no le parece adecuado? El informe es para nosotros, a los representantes populares de todas las fracciones, no es al invitado, al que viene de traje y de corbata, no, es para todos nosotros los legisladores y para el pueblo. ¡Nada más!
El informe es un acto contemplado en nuestra Constitución, compañeros, amigos; es un acto republicano, claro, pero es un acto también de decoro, de humildad democrática, es un hecho que debe reafirmar los valores y la actividad de esta cámara, aquí en el Centro Médico, es reafirmar nuestra profunda convicción revolucionaria, es un acto soberano y no de lucimiento personal de nadie, para nadie; ante nadie; ante la ley, ante el pueblo.
Es un acto al que hay que devolver su función primaria, es un acto para reafirmar, digo, nuestra historia de lucha, no es un acto, lo reafirmo, para lucir, no es un acto para invitados selectos, es un acto para nosotros, para los legisladores, los ciudadanos, no es un acto para quedar bien con nadie, bastante mal está el país y muchas acciones contrarrevolucionarias emprendidas por el Ejecutivo actual deben ser motivo de cuestionamiento reflexivo y maduro. ¡Y algunos actos se encuadran en acciones militares o policiacas que merecen nuestra censura!, ¡aquí se las vamos a hacer, aquí en nuestro recinto!, ¡no nos va a detener ningún palacio a nosotros!
¿En dónde está la razón o el motivo real y verdadero para rendir el informe en un lugar fuera del ya autorizado por esta cámara, por estos legisladores? Este es nuestro lugar, amigos, aquí estamos trabajando, aquí esperamos a Salinas, aquí, para que cumpla con lo que la ley lo obliga. Gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Víctor Hugo Celaya Celaya.
El C. Víctor Hugo Celaya Celaya: - Con su permiso, señor presidente; honorable asamblea; Para aquellas personas que empiezan a descubrir la importancia de las funciones que tiene a su cargo esta cámara legislativa, podría parecer que el tema que ahora debatimos desplaza los enormes problemas que afronta el país, del lugar que sin duda alguna ocupan en la conciencia y en la voluntad de todos nosotros.
A todos ellos les debemos respeto y comprensión, por el valor que significa la inquietud que las impulsa, aunque sea de la manera parcial en que lo hacen, sin embargo, el asunto sobre el cual hoy deliberamos no puede limitarse al problema del cambio accidental del recinto en que habrá de sesionar esta soberanía nacional, en el fondo del tema estamos esclareciendo tres elementos esenciales para la marcha política de la nación: por una parte, la decisión sobre el lugar en que el Congreso de la Unión habrá de iniciar su próximo período ordinario de sesiones, acto especialmente importante por la solemnidad republicana en que la representación nacional inicia sus actividades, solemnidad que está inscrita y desarrollada en el protocolo que señala el Reglamento Interior del Congreso, del artículo 184 al 189.
Por otra, la recepción del informe que el Presidente de México rinde a la nación y, finalmente, la síntesis que nuestra vida constitucional confirma la vigencia de nuestro estado de derecho como el acto específico de colaboración de dos poderes políticos en lo que el quehacer nacional encuentra su mayor impulso, el Legislativo de la Unión y el Ejecutivo Federal.
Después de haber escuchado distintos argumentos respecto de la conveniencia o inconveniencia de que el próximo 1o. de noviembre, el Palacio de Bellas Artes sea recinto de la representación nacional, creo sin embargo que es válido examinar sólo aquellos argumentos que de buena fe se han expuestos y que no comparten el sentido de dictamen.
Se ha dicho que no se justifica que se cambie el recinto de la Cámara de Diputados con motivo del informe presidencial, que el cambio del recinto al Palacio de Bellas Artes resulta de elevado costo y oneroso; también se afirma que el lugar en el que nos encontramos es suficiente para dar cabida a los legisladores, a los invitados nacionales y a los representantes de los países con los cuales tenemos relaciones y, por último, han aseverado que la decisión atiende a una intención subjetiva personal, muy clara; los invito, compañeros diputados, al análisis racional y desapasionado de estos argumentos.
Resulta conveniente examinar si se justifica o no el que sesione la cámara, el Congreso en el Palacio de Bellas Artes el día de la apertura de nuestro período ordinario, no debemos pasar por alto que el acto más importante, el más solemne y el más formal, como así lo establece el propio Reglamento del Congreso, que cada año lleva a cabo el Congreso de la Unión, es precisamente el de apertura de sus sesiones ordinarias, porque es la representación nacional a la que inicia los trabajos legislativos que espera la gente que nos eligió, porque además es el acto en el cual el titular del Poder Ejecutivo, con sus dos responsabilidades constitucionales: la de Jefe de Estado y la de Jefe de gobierno, rinde ante la nación un informe sobre el estado que guarda la administración pública, informe que esta representación nacional habrá de examinar y evaluar en sesiones subsecuentes.
Tal parece que algunos compañeros legisladores pasan por alto este importante hecho, el Presidente, como Jefe de Estado, informa a la nación y de cara al mundo, por eso asisten a este evento representantes de los estados extranjeros con los cuales tenemos relaciones, muy a pesar de cualquier pretensión política que desestime esta importante vía de desarrollo para el país en la comunidad internacional.
Este argumento es suficiente para apoyar la iniciativa que responde a la necesidad de que sesionemos en el Palacio de Bellas Artes, sin embargo, quiero abordar el segundo criterio que aducen los opositores al dictamen: insisten en que es demasiado oneroso el cambio de recinto, ¿demasiado oneroso, en función de qué, pregunto yo? Elevado sería el costo para la nación más el cultural que el material, que algunos sólo desean ver si a partir del 1o. de noviembre sesionáramos en aquel recinto de la cultura hasta nuestro regreso a San Lázaro, pero ésta no es la implicación del dictamen y lo saben bien la gran mayoría de los legisladores.
En tercer término proponen la suficiencia de nuestro actual recinto para dar cabida a legisladores de ambas cámaras, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, colaboradores del Presidente de la República, gobernadores de los estados, integrantes del cuerpo diplomático y demás invitados nacionales y extranjeros; las limitaciones que todos nosotros hemos experimentado, en cuanto a la funcionalidad de este auditorio, echan por tierra el argumento,
ciertamente dichas limitaciones las aceptamos por los imperativos que tenemos que cumplir con nuestro deber fuera de nuestro recinto natural, de ahí que no solamente sería demagógico, sino también insensato, hacinar aquí a quienes por tradición constitucional acuden a este evento, los críticos del dictamen lo saben, pero su voluntad populista les impide reconocerlo.
El último de los argumentos, compañeros, también carece de fundamento, la objetividad del sentido del dictamen deriva de lo que ya ha sido aquí expuesto, por el contrario, cualquier conducta subjetiva y personal, es todo aquel argumento que disminuye a la importancia del solemne acto republicano que habrá de tener lugar el próximo 1o. de noviembre.
Aquí en esta tribuna se ha dicho a qué obedece el desprecio de este recinto y que el pueblo de México necesita saberlo, recordemos, compañeros legisladores, que en análogos eventos de importancia nacional, en su momento el Congreso de la Unión decidió sesionar en lugar diverso al de su recinto para satisfacer las necesidades del propio evento, entre otros ilustres presidentes que así lo hicieron, de los cuales aquí se han dado datos y se han comentado, el general Lázaro Cárdenas tomó posesión en el Estado Nacional el 30 de noviembre de 1934, pero también se ha dado esta necesaria y razonable decisión en eventos similares, pero de carácter local, seguramente no han olvidado los críticos del dictamen, que un gobernador del estado de Michoacán de su especial simpatía y complacencia, rindió sus seis informes al congreso del estado en los teatros Ocampo y Morelos, aduciendo razones semejantes a las que el dictamen hoy establece, sin tener la trascendencia que el próximo 1o. de noviembre tendrá el I Informe de Gobierno.
Sin embargo, compañeros, independientemente de los resultados y los exámenes que me he permitido realizar, invito a que el voto de cada uno de ustedes se sustente en dos elementos fundamentales: por una parte, la responsabilidad que nos enviste el cargo que desempeñamos, no olvidemos que representamos la soberanía nacional, y el otro, la presencia en el seno del Congreso de la Unión de quien con firmeza y patriotismo conduce la modernización de México: Carlos Salinas de Gortari, presidente de la República. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Consulte la secretaría si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto.
El C. secretario José Murat C.: - En votación económica, se pregunta a los ciudadanos diputados si se considera suficientemente discutido el proyecto de decreto.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.. Suficientemente discutido.
El C. Presidente: - Se va a proceder a recoger la votación nominal del proyecto de decreto. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos que corresponden al artículo 161 del Reglamento.
Diputados, se ruega atentamente poner atención a la votación nominal.
(Votación.)
Señor presidente, se emitieron 252 votos en pro y 123 en contra.
El C. Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto, por 252 votos.
El C. secretario José Murat C.: - Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. (Aplausos.)
Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
PARA HECHOS
El C. Presidente: - Permítame, el diputado Martínez Camberos y el diputado Alfredo Reyes Contreras, se han anotado pidiendo la palabra para hechos y el diputado Pedro López Díaz.
Tiene el uso de la palabra el diputado Alexandro Martínez Camberos, por cinco minutos, de acuerdo con el Reglamento.
El C. Alexandro Martínez Camberos: - Compañeros diputados y diputadas de esta honorable Legislatura: El día sábado se publicó en el periódico Excélsior un artículo muy interesante, que muestra un hecho que puede ser parecido a otros semejantes que se han producido y seguirán produciéndose; permítanme ustedes tomar estos breves minutos para leer solamente dos párrafos de él, fue escrito por alguien que todavía no hace mucho podía ser considerado como ahora vulgarmente se dice, un dinosaurio, pero nos resultó un pterodáctilo...
El C. Presidente: - Diputado Camberos, permita un momento el uso de la palabra a la presidencia. Se pide atentamente a los ciudadanos diputados ocupar sus lugares y poner atención a
lo que está diciendo el orador. También se solicita a las personas que no son diputados y están ocupando los pasillos, sean tan amables de desalojarlos para que continúe la sesión. Continué por favor, diputado.
El C. Alexandro Martínez Camberos: - Después de una introducción, don Rodolfo González Guevara expresa lo siguiente, tómese nota de que esto no lo dice ningún miembro de la oposición presente en esta cámara, sino un connotado priísta ex embajador de México, alto funcionario durante varias ocasiones.
Expresa en síntesis que lo que se requiere es garantizar elecciones limpias y creíbles en sus resultados y terminar definitivamente con la posibilidad de que se lleven al cabo maniobras fraudulentas, dar cumplimiento exacto al principio de Sufragio Efectivo.
Todo lo anterior, que parece tan claro que la gente pensará que no es creíble que el Partido Revolucionario Institucional se oponga a celebrar este acuerdo con los partidos de la oposición, ha sido el obstáculo principal para obtener el consenso necesario para aprobar las reformas constitucionales; sin éstas, no puede haber reforma electoral para el cambio requerido por la sociedad misma que conducirá a ampliar, profundizar y fortalecer la democracia mexicana.
¿Por qué la intransigencia priísta? Porque el Partido Revolucionario Institucional, tal como se encuentra en la actualidad, su rumbo ideológico perdido, cercado por los líderes de los sectores obrero, agrario y popular, por una burocracia priísta ambiciosa y corrupta a la que sólo le interesa obtener puestos de elección popular o en las direcciones nacionales, estatales o municipales y con absoluta dependencia política y administrativa del gobierno, con asesores que saben muchas cosas pero poco o nada de política y menos de la mexicana, que le impide al partido toda iniciativa de agilidad para la lucha social y política y por consecuencia un priísmo sin fe y sin entusiasmo, bases para una militancia realmente política.
Perdería las elecciones, perdería el poder; un partido así, en estas condiciones, necesita el control de los procesos electorales mediante órganos y autoridades de la elección manejados por el gobierno y el Partido Revolucionario Institucional para asegurar el triunfo.
A esta situación hemos llegado los priístas por medio de un largo proceso de desarrollo y fortalecimiento del capitalismo en nuestro país que no hemos sabido conducir, apoyados en la teoría y práctica constitucional a fin de formar una sociedad más justa y democrática.
A partir de mañana continuarán las reuniones de la comisión para establecer los puntos básicos de la reforma constitucional, base a su vez de la reforma política; yo invoco la seriedad, la autenticidad de muchos, muchos de los compañeros diputados que forman en las filas del Partido Revolucionario Institucional, para que piensen que si dentro de su parte hay gente que es capaz de liberar su pensamiento y opinar como opina Rodolfo González Guevara, quiere decir que hay algo que todavía puede permitir el consenso que dicen buscar, pero que realmente no está a la mano de ellos mismos hacerlo, porque siguen dependiendo del poder público.
Una invocación, compañeros del Partido Revolucionario Institucional, para que reflexionen que primero que el partido está la nación mexicana.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Alfredo Reyes Contreras.
El C. Alfredo Reyes Contreras: - Con su permiso, señor presidente; señoras, señores diputados: Es evidente que desde 1982 hay una violenta ofensiva en nuestro país en contra del sector estatal de la economía; con un ropaje nuevo se pretenden revivir tesis viejas de liberalismo y darle al Estado el carácter exclusivamente de gendarme, con esas tesis del neoliberalismo se ha golpeado a Cananea, se ha golpeado a Mexicana de Aviación, a la empresa Aeroméxico y hay evidentes propósitos de privatizar por la puerta falsa a Petróleos Mexicanos.
Recientemente fuimos testigos de la decisión gubernamental de reprivatizar Teléfonos de México y es necesario que la opinión pública conozca el porqué de esta decisión del gobierno del país.
Durante 10 años, de 1974 a 1983, con una inversión importante del gobierno mexicano, Teléfonos de México creció al 12% anual, pero a partir de 1982, el gobierno del país redujo drásticamente la inversión en Teléfonos de México y a pesar de esa reducción drástica, Teléfonos de México creció al 6% anual.
El Partido Popular Socialista, ha conversado con dirigentes sindicales, con asociaciones de ingenieros, con asociaciones de profesionales mexicanos, para expresarles la preocupación de que se consume en México la reprivatización de Teléfonos de México y nos han expresado una cosa muy importante: no es cierto que haya habido mala administración en Teléfonos de México, lo
que condujo a la situación actual fue precisamente el retiro de la inversión del Estado mexicano en esa empresa importante.
En el extranjero, ciudadanos diputados, se ve a Teléfonos de México como la empresa más dinámica en el futuro inmediato y por eso está presionando, para abrir la posibilidad de que la inversión extranjera esté presente en Teléfonos de México.
El titular del Poder Ejecutivo Federal, el 18 de septiembre presentó seis puntos a través de los cuales, desde su punto de vista, se modernizaría Teléfonos de México y en el primero de ellos dice que el Estado Mantendrá la rectoría en las telecomunicaciones, pero la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le aclararon o le rectificaron que esa rectoría sólo se mantendría en la normatividad y en la regulación del servicio, es decir, una verdadera rectificación de un secretario de Estado al titular del Poder Ejecutivo.
¿Quién manda entonces?, ¿quién ordena en nuestro país? Esto lo preguntamos porque es importante que se precise, nos parece que en México y ayer lo conversábamos con algunos diputados, los servicios públicos deben prestarse de manera eficiente, de manera democrática, a bajo costo, pero fundamentalmente deben prestarse por un monopolio de carácter estatal; el anuncio del Secretario de Comunicaciones y Transportes plantea la posibilidad, lo que es muy grave, que surja por voluntad propia del Estado mexicano, un monopolio privado que maneje prácticamente todas las telecomunicaciones.
Este hecho es muy grave por que el artículo 28 de la Constitución plantea precisamente que en México están prohibidos los monopolios, pero la decisión del Secretario de Comunicaciones y Transportes, pasando y violando la Constitución, plantea precisamente esa posibilidad, de que surja un monopolio privado; lo que debe existir es el monopolio estatal, el monopolio estatal que preste el servicio de teléfonos y telecomunicaciones.
Entonces, el Partido Popular Socialista llama la atención de todos los diputados de la cámara para que reflexionemos sobre la gravedad que tendría la decisión del gobierno de crear un monopolio privado, llamamos a la conciencia patriótica de una gran parte de diputados que se encuentran en esta cámara, para que rechacemos esa intención, para que nos opongamos, ¿como es posible que le dediquemos más tiempo a determinar el lugar donde se va a rendir el informe del titular del Ejecutivo, cuando hay situaciones graves que afectan la soberanía del país? Este caso de Teléfonos de México y la intención de crear un monopolio privado, afecta a la propia estructura de Teléfonos de México, agrede al Sindicato de Telefonistas, agrede la soberanía nacional y pone en riesgo la seguridad de la nación.
Por eso es el llamamiento vehemente que hacemos nosotros desde esta tribuna a todos los diputados, para que reflexionemos, para que examinemos con sentido patriótico estas medidas que nos parecen profundamente negativas, los llamamos a la conciencia pues, a la reflexión para defender los intereses superiores de la nación. Muchas gracias.
El C. Humberto Roque Villanueva (desde su curul): - Pido la palabra.
El C. Presidente: - Dígame, diputado, ¿es en relación con estos hechos que se han tocado?
El C. Humberto Roque Villanueva (desde su curul): - Si, señor presidente.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Humberto Roque Villanueva.
El C. Humberto Roque Villanueva: - Señor presidente; honorable asamblea: Con el respeto que merece el debate legislativo y atendiendo evidentes razones ideológicas con las que no necesariamente estamos de acuerdo, acudo a esta tribuna para señalar algunas precisiones:
Se señala que a partir de 1982 surge la idea de un Estado neoliberal que prácticamente habría de degenerar, en opinión del que me antecedió en el uso de la palabra, en un estado gendarme.
Es precisamente a partir de 1982 que se modifica la Constitución, precisamente para elevar a rango constitucional el principio de la rectoría económica del Estado y es precisamente en esa modificación constitucional donde se da cabida a lo que creo que en aras de un elemental principio democrático todos debemos reconocer la existencia de tres sistemas o tipos de propiedad que concurren a la economía nacional: el sector público, el sector social y el sector privado.
No me meteré en este momento a precisar sobre una tesis interesante de alguno de los partidos políticos que militan en esta cámara y que tiene que ver con el principio de la subsidiaridad entre el Estado y la sociedad y, que desde luego, repito, es una tesis interesante, pero quiero referirme a que de ninguna manera, ni se ha pretendido ni se está llevando en la práctica ningún
desmantelamiento, escúchese bien, ni del principio constitucional, ni de la filosofía, ni de la operatividad misma que representa la rectoría del Estado, sí ha habido, tenemos que reconocerlo, un esfuerzo de racionalización en el esquema tanto de la inversión pública como del propio aparato paraestatal, pero también aquí hay que hacer precisiones de fechas.
Se habla de 1982 y, yo llamo a la memoria de este Congreso para que tengamos presente, no la opinión estrictamente necesaria partidista, sino de muchos estudiosos intelectuales y técnicos que se han referido a que precisamente desde el período 1970-1976 se encontró el talón de Aquiles de las finanzas públicas, cuando se descubre que el 60% del déficit público se generaba en las paraestatales, y aquí acudo también a otro criterio: no forzosamente la creación de las empresas públicas trae con sigo una mayor rectoría del Estado o lo que es todavía más importante, no trae forzosamente un mejor nivel de justicia social.
Recuérdese, recuérdese y, repito, estoy hablando del período 1970-1976 y consúltense las cifras, el 60% del déficit público de ese sexenio se originó en el propio déficit del sector paraestatal y aquí la opinión de esos mismos estudiosos señala, ahora me voy a referir a otro argumento también muy interesante distinto al de la subsidiaridad y que tiene que ver con otra ala del pensamiento, al de que muchas veces el sector paraestatal se puede convertir en un factor complementario del eficientismo capitalista.
No vamos a ahondar en este momento, creo que más adelante habrá la oportunidad, la necesidad y la conveniencia de hacerlo, ahora estamos rectificando exclusivamente los hechos a los que se refirió el orador y que tienen que ver con Teléfonos de México y queremos señalar al respecto que no solamente es el problema de la inversión, puede estar rentable indudablemente la empresa Teléfonos de México y sin embargo no estar en posibilidades de atender una creciente demanda de un servicio público.
Y vuelvo a llamar la atención sobre el término "servicio público", porque en estos términos estamos tratando de entender y de hacer claro que al darse una concesión ahora a una empresa con características de propiedad distinta a la anterior, no quiere decir que estemos aflojando las riendas ni de la rectoría del Estado ni mucho menos de los elementos que tiene que ver con que ese servicio público efectivamente se preste de manera eficiente.
Y aquí llamo la conciencia no a los gritos ni a los exabruptos, sino a las reflexiones para que nos hagamos y, en esto coincido con el pensamiento del orador anterior, para que efectivamente podamos debatir con toda libertad, repito, sin exabruptos, cómo esa concesión debe garantizar no solamente la rectoría del Estado, sino la prestación de un servicio público que debe llegar cada vez a capas de mayor población en este país.
Pero también se ha señalado aquí la rectoría del Estado se puede sentir vulnerada precisamente por este llamado desmantelamiento y yo pregunto, de acuerdo al espíritu constitucional: ¿no es precisamente la mayor manifestación de rectoría del Estado el que sea este mismo el que conduzca la política económica?, les guste a unos o no , pero la sigue conduciendo y que a través de esta conducción se utilice el instrumento de concertación para que esta economía se desenvuelva por los cauces trazados.
Y yo pregunto también ¿no es el caso, en lo que se refiere a Teléfonos de México, en que ha habido una previa consulta con los propios trabajadores y que hasta el momento no se ha presentado una situación que pudiéramos considerar irregular, de conflicto o de peligro en cuanto a sus derechos laborales?
Por último, la última precisión: no se trata de la formación de un monopolio privado contra el que desde luego creo que todos los diputados del ala que fuera estaríamos en desacuerdo, de lo que se trata es de la formación de varias empresas que concurrirán a prestar el servicio público.
En última instancia, repito, ésta es únicamente una ocasión que se presta para rectificar hechos, no rehuiremos el debate cuando éste sea formalmente presentado a la Cámara. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Esta presidencia informa a la asamblea que en caso necesario y con el acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios, esta sesión se prolongará hasta las 14.00 horas.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Pedro López Díaz, para hechos, por cinco minutos.
El C. Pedro López Díaz: - Señor presidente: Quiero proponer el siguiente punto de acuerdo, los diputados abajo firmantes proponemos el siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
La participación de un representante de cada una de las fracciones parlamentarias durante el acto de
instalación del próximo período de sesiones de esta Legislatura, con el objeto de que den sus puntos de vista respecto al informe del ciudadano Carlos Salinas de Gortari.
Diputados: Pedro López Díaz, Mariano Leyva Domínguez, Jesús Hernández Gardea, Rommel Contreras Flores, Amalia García Medina y Federico Ruíz López.»
El C. Presidente: - Ciudadano diputado: Con toda atención esta presidencia informa a usted que, en virtud de lo establecido por el artículo 67 constitucional y 35 del Reglamento Interior para el Gobierno del Congreso General, no es posible que en esta asamblea demos entrada a su punto de acuerdo, a su proposición.
Atentamente se le solicita la presente por el conducto correspondiente ante la Comisión Permanente, que es la facultada para darle entrada debida a su proposición.
El C. Pedro López Díaz (desde su curul): - Pido a la presidencia que explícite con mayor detenimiento su razonamiento.
El C. Presidente: - Dé lectura por favor la secretaría al artículo 67 constitucional.
El C. secretario Ismael Orozco Loreto: - «Artículo 67. El Congreso o una sola de las cámaras, cuando se trate de asunto exclusivo de ella, se reunirán las sesiones extraordinarias cada vez que los convoque para ese objeto la Comisión Permanente, pero en ambos casos sólo se ocuparán del asunto o asuntos que la propia comisión sometiese a su conocimiento, los cuales se expresarán en la convocatoria respectiva».
El C. Presidente: - ¿Quedó claro, ciudadano diputado? Con toda atención, le ruego a usted atentamente lo presente por conducto de la Comisión Permanente.
El C. Pedro López Díaz: - Muy bien, a ver qué hacen con eso ahí.
El C. Presidente: - Tiene uso de la palabra el ciudadano diputado Modesto Cárdenas García.
El C. Modesto Cárdenas García: - Señor presidente; señoras y señores diputados: El orador del Partido Revolucionario Institucional que vino a tratar de dar respuesta a mi compañero Reyes Contreras hizo esta afirmación: "si el Poder Ejecutivo Pretendiese formar un monopolio de telecomunicaciones, entonces todos los diputados nos opondríamos a esa decisión "Damos la bienvenida a esa afirmación del diputado del Partido Revolucionario Institucional, porque eso precisamente quería decir que estaríamos en contra de lo afirmado por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Andrés Caso, el pasado miércoles.
El señor Andrés Caso, en su conferencia de prensa del miércoles pasado hizo esta afirmación: "el Gobierno Federal otorga a Teléfonos de México la concesión para instalar, conservar, operar y explotar una red pública telefónica con cobertura a nivel nacional a través de la red pública telefónica concesionada a Teléfonos de México. Deberá prestar, entre otros, los siguientes servicios:
a) El servicio público de conducción de señales de voz, sonidos, datos y textos, entre otros.
b) El servicio público de telefonía local y larga distancia nacional e internacional".
Y agrega, escúchese bien: "en consecuencia, la nueva concesión señalada a Teléfonos de México como la empresa que operará, además de los servicios de telefonía nacional y de larga distancia internacional, el nuevo sistema de conducción de señales y redes digitales superpuestas para grandes usuarios que permitiera transmitir voz, datos, textos, sonidos etcétera; con la aplicación de la nuevas tecnologías, Teléfonos de México estará en posibilidad de manejar el fax público, la radiotelefonía celular y otros servicios telemáticos mediante fibra óptica, agrega, y con la interconexión con el sistema de satélites del gobierno federal, podrá establecerse la comunicación más avanzada entre las distintas poblaciones de nuestro país y del mundo. y concluye: el sistema que se concesiona es un sistema integral de telecomunicaciones, este sistema integral no es exclusivo, etcétera..."
Si ustedes analizan y se hacen la pregunta de todas estas funciones, de otorgarse a esa nueva empresa de carácter privado, ¿que cosa le quedaría al Estado mexicano para controlar? Absolutamente nada y, a eso ¿qué se le llama?, a esa empresa con estas características ¿que se le puede decir? No otra cosa sino que es un monopolio y de carácter privado, con la agravante de que en esta situación el propio Poder Ejecutivo está creando la empresa monopólica, otorgándole todos los servicios actuales y futuros que la técnica moderna está desarrollando ampliamente y que en muchas partes del mundo ya son plena realidad, es decir, no hay duda de que esa empresa que está imaginando el señor Andrés Caso no es más que un monopolio privado y se está violando o se pretende violar flagrantemente el artículo 28 constitucional, éste es un punto de la mayor importancia que el mismo diputado del Revolucionario Institucional expresó aquí, debe ser de
interés para todos los diputados como representantes de la nación, el de ver la vigencia y el respeto a la Constitución de la República.
Pero además se hizo otra afirmación en la que coincidimos con él: la Cámara de Diputados debe dar su opinión respecto a este tema, ¿para qué? Para precisar en qué términos debe ser el Estado rector de la economía y de qué medios y procedimientos se debe valer para hacer válida esta necesidad que nosotros consideramos económica, histórica y política, incluso.
Entonces, por lo tanto, suponemos que está de acuerdo en que el señor Andrés Caso comparezca en la Cámara de Diputados para que explique por qué razón plantea la posibilidad de violar el artículo 28 constitucional; pero por lo que respecta al proceso que se ha llevado hasta este momento contra Teléfonos de México, hacemos notar varias cosas: primero, que si ha disminuido su crecimiento de un 12% y fracción al 6%, es porque el Estado ha dejado de reinvertir, es decir, ha sido un proceso de disminución del crecimiento planeado por el propio Poder Ejecutivo y se habla aquí de que se respetan los derechos de los trabajadores; el compañero quizá no lo sepa porque no tiene qué ver con la clase obrera, pero los compañeros trabajadores telefonistas sí que lo saben bien.
En la revisión de abril pasado, precisamente una de la luchas fue para tratar de evitar que se lesionara su contrato colectivo y el resultado del mismo fue el de que se eliminaran muchas de las cláusulas del contrato colectivo para llevar adelante el proceso de modernización, de tal manera que en estos momentos se han llevado a cabo muchos cambios, pero en demérito de los derechos de los trabajadores telefonistas.
El compañero debió haber leído la declaración de Andrés Caso, y debió haber visto que se habla del respeto de los derechos de los trabajadores, pero en ninguna parte del texto que dio a conocer a la Prensa se habla del contrato colectivo de los trabajadores, eso es una cuestión muy importante, pero más importante es para nosotros el papel del Estado de la economía.
Aquí se ha venido a afirmar que desde los años setentas ha empezado a haber un problema de déficit del sector estatal de la economía, eso lo tenemos que discutir en esta Cámara, que es la auténtica representación del pueblo de México, pero solamente queremos afirmar, como se ha puesto de relieve en Cananea, como se ha puesto en relieve en Cananea, repetimos, y como se ha puesto en relieve en muchas empresas estatales, que uno de los factores que han traído como consecuencia del debilitamiento del sector estatal de la economía, es precisamente este tipo de administradores con conciencia de iniciativa privada, que se han colado al sector estatal de la economía y desde los puestos de dirección o de gerente han reformado el rumbo de este sector que ha sido determinante para la independencia económica del país.
Y también no se menciona y lo debemos hacer en un debate profundo, el hecho de que si muchas empresas y está la industria eléctrica, que dentro de poco estaremos discutiendo aquí, muchas empresas están descapitalizadas, es por el carácter del subsidio que otorga y no precisamente al pueblo, sino a la gran burguesía industrial y comercial, ahí está precisamente el problema de la industria eléctrica, grandes subsidios a la agricultura, de riego del campo, que precisamente está en manos de los modernos terratenientes y así podríamos seguir señalando, pero habrá un momento para discutir este problema porque, a nuestro juicio, es el fundamental en este momento, que es la defensa del sector estatal de la economía.
Y, repetimos, estamos de acuerdo, señor diputado del Partido Revolucionario Institucional, vamos a convocar a un descanso, para que venga a explicar aquí por qué razón quiere crear un monopolio estatal. Muchas gracias.
El C. Presidente : - Se concede el uso de la palabra para hechos, por cinco minutos, al diputado José Jaime Enríquez Félix.
El C. José Jaime Enríquez Félix: - Muchas gracias, señor presidente, compañeros: Cuando se...
(Desorden.)
El C. Presidente: - Permítame, diputado. Se reitera a las galerías la solicitud de la presidencia, atentamente, que guarden silencio y respeto al orador en turno. Adelante, diputado.
El C. José Jaime Enríquez Félix: - Cuando se utiliza un concepto como la modernidad para cancelar la historia y para cancelar el devenir, no es justo para los mexicanos.
Modernizar es privatizar, modernizar es gobernar para los poderosos. Modernizar es cancelar un pasado histórico que a todo el pueblo de México corresponde. Modernizar es cancelar la esperanza y el futuro de la patria, cancelar espacios para los universitarios, cancelar camas en los hospitales, cancelar pues esperanzas.
Se habla que en 1982 se promueven iniciativas que conducen a formalizar la rectoría del Estado,
lo cual es cierto. Se formaliza la rectoría, pero yo me pregunto si la rectoría del Estado mexicano no es también la rectoría económica. Si el poder político se sujeta al poder económico, la rectoría tiene el poder económico y desde allí muestra protesta para que el actual gobierno no siga desgranando el sector paraestatal.
Se habla, según los teóricos de la administración, que la empresa es la entidad económica que busca la utilización de recursos colectivos para conseguir tres metas: la primera, la económico o se hace rentable; la social, que colabore al desarrollo comunitario; la tercera en servicio, o sea, satisfacer las necesidades sociales.
Cuando se teoriza el objetivo económico, hablamos de una empresa privada; cuando se teoriza el objetivo social, se habla de una empresa pública. Sin embargo, en ambas la eficiencia debe ser un indicador de su productividad, debe ser un indicador de que el camino es correcto.
Por eso creemos que criticar y cuestionar a la empresa pública, porque es o no eficiente, es incorrecto.
La empresa pública privada puede ser ineficiente, la utilidad no es más que un indicador de la eficiencia, no importa que la empresa sea pública o privada, por eso creemos que los argumentos que se señalan, que se otorgan diciendo: De que una empresa pública no es eficiente, también hay que atender que su objetivo fundamental es el social, no se justifica con esto que no tenga la utilidad como un indicador de deficiencia.
Yo quisiera, si comparamos esto con una secretaría de Estado, ¿por que no le pedimos a gobernación que tenga como indicador la utilidad?, sería absurdo, entonces el indicador de la empresa pública o privada es su eficiencia que pudiera manifestar a través de una utilidad.
Nosotros creemos que a partir de 1982, hay una planeación orientada a desincorporar las empresas del Estado, creemos que a Teléfonos de México se le contraen los presupuestos, se le genera una imagen pública de ineficiencia, todo esto con el objetivo de prepararla para su desincorporación, si esto no se logró en 1982 a 1988, fue porque las condiciones del país fueron muy adversas, pero la planeación se orientó con anticipación para desincorporar a Teléfonos de México.
Yo quisiera dar un dato: De 1930 a 1970, cuando la empresa era privada, se instalaron 1 millón 420 mil aparatos telefónicos; de 1970 a 1988, en su vida como paraestatal, se incrementó a 5 millones 983 mil aparatos instalados.
Otro dato también es importante, la proporción de aparatos telefónicos por habitantes en el mundo es la siguiente:
Alemania 0.6 por habitante, España 0.37, Italia 0.42, Japón 0.53 por habitantes, Reino Unido 0.54, México 0.08, Brasil 0.08. Esto indica que Teléfonos de México en este momento queda bajo una condición apropiada para la iniciativa privada.
El crecimiento, como dijo el compañero del Partido Popular Socialista, en los últimos años fue de 12%, cantidad mayor al crecimiento poblacional, con lo que nos orienta a pensar que la planeación se orientó a desincorporar una empresa en condiciones satisfactorias para una alta inversión. Nuestra pregunta es: ¿si esta inversión es o no justa? ¿Qué pasa compañeros con los empresarios mexicanos? Si bien invierten sólo en negocios productivos, ¿qué pasa con la utilidad, compañeros? La utilidad en cuanto se tiene, es sacada al extranjero vía depósitos en la banca extranjera en dólares.
Nuestro país requiere nuevamente esos dólares, los solicita vía deuda, entonces estamos hablando de que quedará en manos de mexicanos, ¡pero qué mexicanos, compañeros!, mexicanos que invierten, convierten nuestra moneda en dólares y se queda en el extranjero. No queremos hablar de otros modelos, pero hay ejemplos en el mundo, donde el empresario pierde y lo invertido se queda en su nación, no es el caso en general del empresario mexicano. Por eso creemos que la demanda y el reclamo popular de la cancelación de uno de los últimos bastiones de la empresa mexicana, como es Teléfonos de México, no debe pasar inadvertido. El reclamo de la nación, el reclamo de nuestra Cámara debe ser insistente, que la modernidad no nos conduzca a la vicerectoría económica. Que la modernidad nos conduzca a un Estado fuerte, a un Estado legítimo, a un Estado para todos los mexicanos. Muchas Gracias, compañeros.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Jaime Castrejón Díez.
Y esta presidencia informa a la asamblea, que ha pedido también hacer uso de la palabra para hechos, el diputado Ciro Mayén.
El C. Jaime Castrejón Díez: - Con su venia, señor presidente; compañeras y compañeros diputados: Acabamos de oír una definición de modernidad, que incluye en su texto una apología de la ineficiencia.
Yo quisiera preguntar a quien tanto se preocupa por el bien del pueblo, ¿quién tiene que pagar esa
ineficiencia si no es pueblo mismo, si no la ineficiencia es parte también de una injusticia?
De los años setentas a 1982, se trató de eludir el proceso de adecuación de la economía mexicana a las demandas de la economía mundial. Se trataba de encontrar un modelo que fuera autárquico, a pesar de nuestras debilidades; eso hizo que se estableciera un aparato productivo rígido y obsoleto, que fue preservado artificialmente por un proteccionismo que casi paralizó nuestra economía.
Pero ahora, hay un cambio en la geopolítica, hay nuevos bloques de poder político y económico que obligan a cambios profundos. No es posible sobrevivir como país con un esquema obsoleto de producción; no es posible que el pueblo mexicano sea condenado a vivir sin esperanza de un mejor nivel de vida por el solo hecho de preservar puntos dogmáticos y teóricos sobre la propiedad de los medios de producción.
La modernización de la economía implica dos procesos complementarios y también simultáneos. Por una parte, actualizar la estructura productiva y los sistemas de asignación de recursos, adaptándolo a los cambios profundos e irreversibles que se han dado en las últimas dos décadas en la economía mundial, lo que implica un nuevo sistema económico que lleve a un cambio simultáneo en los órdenes político y social.
Para esto se requiere dejar atrás dogmatismos, que están fuera de tiempo. La idea de que el estatismo, esto es, la propiedad de los medios de producción por parte del Estado, es actitud revolucionaria e inamovible, fue en su momento una actitud de vanguardia, pero ya no lo es.
Se ha visto que los avances de las economías fuertes se deben a una concepción económica que abre más la brecha entre los países ricos y los países pobres. Esto trae consigo descontentos sociales que han provocado que países, aun del campo socialista revisen sus conceptos económicos hacia una actitud que pone por delante de la ideología la productividad y la eficiencia. Si no, ¿de qué se trata la perestroika?
Esto es lo que debate con la desincorporación de empresas paraestatales, la supervivencia en un mundo más competitivo, con medidas que acaben con el círculo vicioso, en que para ser revolucionarios o progresistas habría que hacer pagar al pueblo por la ineficiencia, a pesar de que esto mantiene a nuestras sociedades sin evolucionar.
En el mundo contemporáneo, la aspiración popular es de mejorar sus niveles de vida. Consideran que ser político progresista es luchar por mejores condiciones de vida, no anclarse a posiciones teóricas que nacieron en otras condiciones sociales y económicas. Este es el paso que ha dado valientemente el actual gobierno. Se han dado casos similares en otros países: En Inglaterra, en España, en la comunidad europea, los cambios en Polonia y en Hungría, para participar en 1992, en el comercio con la comunidad económica europea.
La economía mundial tiene nuevos parámetros y nuevas características por las que se juzga a un país; su competitividad, su desarrollo tecnológico, su eficiencia en la producción, el control de calidad.
Los déficits de las paraestatales, que apuntaba mi compañero Roque Villanueva, muestran que la ineficiencia vino a ser parte de la agudización del problema económico del país. Se habla de Cananea, y hay datos que debiéramos revisar. Los costos de producción internacional para una libra de cobre es de 32 a 34 la libra; Cananea producía a 54, por lo que había necesidad de tomar medidas drásticas para mantenernos como un país competitivo.
En Teléfonos de México, los datos que acaba de dar mi compañero Jaime Enríquez, muestran que somos un país que no está atendiendo la demanda, baste ver en la frontera norte del país, el número de teléfonos modulares que utilizan los mexicanos, utilizando los servicios norteamericanos. Para poder levantar nuestro sistema telefónico, siquiera a un término medio, digamos en relación a Argentina, tenemos 30% menos de teléfonos per capita, 60% menos que España. Modernizar y mantener este sistema requeriría 10 mil millones de dólares en los próximos cinco años.
Quienes, por un lado, no quieren deuda y quieren moratoria, quieren que el gobierno invierta el dinero que no tiene y además hay una presión por servicio que el pueblo mexicano está demandando de su servicio telefónico.
El artículo 25 de la Constitución habla de la rectoría del Estado, pero no establece como rectoría la necesidad de la propiedad de los bienes, de medios de producción. La concesión actual tendrá que ser vigilada por el gobierno mexicano, establecer un compromiso para que se mantenga el servicio, la calidad y un desarrollo tecnológico adecuado.
Hay algo que dijo mi compañero Roque Villanueva y que el maestro Modesto Cárdenas también mencionó; y quiero decir que mi partido, el Partido Revolucionario Institucional, está de
acuerdo en que de ninguna manera se debe violar el artículo 28 constitucional, en sus términos y en sus alcances. Pero lo que sí es necesario, es que nos demos cuenta que las barreras del papel y de concepto, no nos aíslan del mundo; México no es una isla. Tenemos que vivir en el concierto internacional y tenemos que ser competitivos; de eso se trata la modernidad. Muchas gracias señores. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Ciro Mayén, por cinco minutos para hechos.
El C. Ciro Mayén Mayén: - Gracias señor presidente, compañeras y compañeros diputados: En efecto, como lo señalan los asistentes a las galerías, la reforma electoral es un asunto importante que ha convocado el debate nacional. Pero también parte de la democratización de la vida nacional tiene que ver con el proceso del rumbo económico que ha de seguir nuestra nación.
Me parece que el tema de la privatización, como política que sigue en curso el actual gobierno de nuestro país, tiene que convocar también el interés nacional para determinar el sentido y el rumbo que ha de llevar nuestra nación. Los señores priístas han señalado en esta tribuna la ineficiencia, la pregunta sería: ¿La ineficiencia de quién? ¿De qué ineficiencia estamos hablando? ¿No acaso está probado que la ineficiencia principal proviene de las políticas económicas erróneas que establece el gobierno actual?
Durante el sexenio pasado ahora ocupa el cargo de Presidente de la República de manera por cierto ilegítima, esgrimió como argumento para justificar la desincorporación de las empresas del Estado, la necesidad de sanear las finanzas públicas. Se dijo en aquel entonces que había que deshacernos de las empresas poco rentables y que operaban con números rojos pero, ¿qué vemos ahora en el caso de Teléfonos de México? Resulta que una de las empresas más rentables, ciertamente con problemas de ineficiencia debido entre otras cosas a que fue una de las empresas que sufrieron parte de los sismos de 1985 y que el gobierno no procedió a desarrollar una ayuda para alentar su desarrollo y su modernización, es ahora una de las empresas dentro de la situación que priva en el país que generan ingresos para las finanzas públicas y sin embargo el gobierno ha optado también por "sanear las finanzas públicas" vendiendo una empresa como Teléfonos de México.
No sólo el problema reside en eso, sino que con esta medida el gobierno de Salinas de Gortari alienta un esquema de solución a la crisis económica que vive nuestro país que es una solución reprivatizadora. Ha subido un diputado priísta a la tribuna para decirnos que no hay que ideologizar el discurso político. Pero, ¿qué cosa es lo que hace este señor? Precisamente ideologiza cuando hace un parangón o un sinónimo el problema del progreso, el desarrollo de nuestro país con la necesidad de privatizar las industrias y sus ramas económicas más importantes.
Considera que el atraso económico de nuestro país está ligado al estatismo, yo creo por el contrario que con esta medida, lo que el gobierno alienta compañeros, es la creación y el impulso de los monopolios privados en una de las ramas vitales para el desarrollo nacional de nuestro país.
A mí me parece que esta medida obedece a un esquema de política económica neoconservadora, ése en el punto central. Creo que el pueblo de México y sus diputados deberían de oponerse a esta medida y respetar el artículo 28 constitucional que a la letra dice: "Que debemos impedir el aliento a la creación de monopolios privados en industrias de este tipo". Yo creo que el fondo de la cuestión estriba también en que ésta es una de las formas a través de las cuales el gobierno de Salinas de Gortari pretende premiar a los sacadólares y establecerles condiciones o garantías para posibilitar que regresen sus capitales a nuestro país. Me parece que privatizar industrias importantes como ésta, va a generar solamente que estos sacadólares que tienen una conducta y una actitud insaciable frente a nuestra patria, continúen exprimiendo nuevamente a la nación. Yo creo que lo que nosotros debemos de alentar es la necesidad de una planeación verdaderamente democrática; en el fondo, una de las razones también por las cuales esta política económica se lleva adelante, obedece a que no hay forma de ejercer una fiscalización, un control y un seguimiento de los objetivos y de las metas que se trazan en los planes nacionales de desarrollo.
Creo que los diputados de esta LIV Legislatura, deberíamos de convocar a la reflexión acerca de la necesidad de hacer una reforma también el artículo 26 constitucional, como una de las maneras a través de las cuales pudieran establecerse medidas preventivas para evitar que nuevamente el presidencialismo también en materia de política económica haga de las suyas y lleve a nuestro país por derrotes que son de carácter antipopular y que perjudican a las grandes mayorías de nuestro país. Sólo así, me parece a mí, que garantizando una verdadera fiscalización a través del máximo órgano de representación nacional que en este caso es la Cámara de Diputados, podría garantizarse que se pusiera freno a las
medidas voraces e insaciables de esta política reprivatizadora.
Yo creo compañeros que la salida para un rumbo de carácter patriótico en el sentido económico, para nuestro país, no está en la reprivatización, está en confiar en la necesidad de articular e impulsar otras formas de propiedad también, como sería el sector social. ¿Por qué no pensar en la capacidad que tienen los propios trabajadores organizados en los sindicatos, para encontrar soluciones a la crisis económica de nuestro país?
Yo creo que si este gobierno fuera verdaderamente patriota, debería de pensar en opciones de esa naturaleza. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra Francisco Ortíz Mendoza.
El C. Francisco Ortíz Mendoza: - Señor presidente; honorable asamblea: Es profundamente satisfactorio que aun cuando al concluir el orden del día, hayan aceptado los diferentes partidos, entrar al debate de una cuestión de trascendencia nacional.
Yo estoy seguro de que el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que acaba de hacer uso de la palabra, me permitiera que platicáramos unos minutos sobre lo que significa la calidad y lo que respalda a la calidad para la competencia en el comercio exterior, nos permitiría ver que esa campaña que hacen en México de tener valor para la exportación, no se puede sustentar sino en una tecnología avanzada y en un control de calidad de alto nivel que México no tiene.
Me permitiría hacer ver y no sé si lo interpreté bien, que las barreras de papel se llaman la Constitución de la República. Y ésa le costó mucha sangre a los mexicanos. (Aplausos.)
Tenemos que discutir muy a fondo todo lo que se ha dicho. La eficiencia, las empresas estatales son ineficientes, pero hay que entregarlas al capital privado. La eficiencia está radicada en la iniciativa privada, nada más que la iniciativa privada, compañero Castrejón Díez, tuvo los ferrocarriles y los entregó en quiebra; tuvo el petróleo y los dejó en la miseria; tuvo los bosques en concesión y los entregó destruidos; durante 300 años la iniciativa privada ha tenido la dirección del Estado en todos los países capitalistas y entrega un mundo cada vez más sumido en la miseria. Se metió usted en un problema que no conoce, compañero Castrejón Díez. (Aplausos.) Se deja llevar por la propaganda del exterior, de la perestroika. Se van a llevar muchas sorpresas los que defienden ahora a Gorbachov, no saben lo que está haciendo.
La lucha en los países modernos es el de utilizar a la mayor rapidez posible, porque ésta es la característica dinámica de la vinculación de la ciencia, la tecnología y la producción y usted lo sabe bien, es que ahora no es como en el siglo pasado, que los adelantos científicos tardaban mucho tiempo en reflejarse en tecnología; ahora los adelantos científicos rápidamente son tomados por la tecnología e inmediatamente son introducidos a la producción. En los sistemas capitalistas, la investigación científica se basa en las universidades, apoyados por las industrias y es por esa razón, porque los adelantos científicos que salen de las universidades y que se utilizan en la guerra en el campo capitalista y rápidamente van a la producción y al mercado, permiten que esos adelantos los aprovechen rápidamente las grandes masas y por eso ignorantes creen que se debe a la economía de mercado.
Y efectivamente, se debe la divulgación de los adelantos científicos a la forma de obtener rápidamente dinero para recuperarse de los gastos y enriquecerse cada vez más. Es por eso que en el campo capitalista los adelantos científicos tardan muy poco en llegar a manos de las grandes masas por la vía del mercado, eso es cierto.
En la Unión Soviética y en el campo socialista, que por cierto van a la vanguardia de la investigación científica y son los que más científicos tienen en el mundo, ellos tienen un problema efectivamente que les causó muchas dificultades, porque apenas es un sistema nuevo, el sistema que cayó en la burocracia de que la investigación científica no llegaba a las grandes masas rápidamente por su estructura, por eso se llamó la etapa del estancamiento, porque el imperialismo metió al campo socialista a la carrera armamentista, y por ese motivo las utilidades en el campo capitalista se metieron al campo bélico y dejaron de atender a las grandes masas. Esa es la protesta del campo socialista. Y verá usted cómo rápidamente, en cinco años más, las grandes masas del campo socialista, tendrán los beneficios de la ciencia y la tecnología.
Ese es el problema que tenemos en México. ¿Quien hace tecnología en México? ¿La iniciativa privada? Sólo son tres los que pueden hacer la investigación científica en México: el sector privado nacional, el sector privado extranjero o el Estado.
El sector privado nacional no tiene suficiente capital para desarrollar investigación científica
por eso no la hace, a pesar de que hay muchos industriales patriotas no tienen recursos para hacer investigación científica y no la podrán hacer, por eso se les protegió, para desarrollar el capital nacional que le urge a México, tener capital real en manos de mexicanos reales, pero no pueden hacer investigación científica.
Las empresas internacionales lo que menos les importa es que México tenga investigación científica y tecnológica, por eso no la hacen. Los inventos de la Ford para impulsar a los investigadores jóvenes... Unos minutos más por favor, he esperado muchas horas para que este debate se haga.
Yo pido a la asamblea que me permita, señor presidente, ruego a usted pregunte a la asamblea si me da un poco más de tiempo para usarlo en este debate.
El C. Presidente: - Esta presidencia a petición del diputado Ortíz Mendoza consulta a la asamblea si está de acuerdo en que continúe en el uso de la palabra por cinco minutos... Adelante, diputado Ortíz Mendoza.
El C. Francisco Ortíz Mendoza: - ¿Tengo el permiso señor?
El C. Presidente: - Continúe señor diputado.
El C. Francisco Ortíz Mendoza: - Yo no sé de qué partido sean ustedes, compañeros, pero estamos hablando del porvenir de ustedes.
Al capital extranjero no le importa la tecnología mexicana. La Ford hace concursitos para desarrollar la capacidad científica de los jóvenes y hace un concurso breve con el que se adornan. Eso no es la ciencia y usted lo sabe compañero Castrejón.
Sólo los del sector estatal de la economía, sólo el sector estatal puede hacer la investigación científica. Sólo el Estado, a través del Politécnico, de la Universidad y de las grandes instituciones educativas y de los laboratorios de los propios centros del Estado.
Por eso decía la vez pasada, el Instituto del Petróleo ha hecho grandes avances en la investigación tecnológica. Por eso el Instituto de Investigaciones Eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad lo está haciendo, pero también por eso el imperialismo quiere destruir al sector estatal de la economía.
Lo intentaron en 1946 con el punto 4o. del Plan Truman, diciéndonos que nosotros no gastáramos en investigación, ¿para qué?, si ellos tenían todo lo posible para vendérnoslo a nosotros y que nosotros produjéramos materias primas. Lo hicieron más adelante con el Plan Columbia, lo hizo después Eisenhower con el Plan Tanaca para América Latina, y ahora lo quieren hacer destruyendo a los únicos que pueden hacer investigación científica: el Estado y sus empresas.
Yo soy ingeniero en electrónica, en 1957 presenté el plan para crear la Comisión Federal de Telecomunicaciones. En 1964 presenté ante esta Cámara la iniciativa de nacionalizar teléfonos y en 1973 logramos que Luis Echeverría nacionalizara Teléfonos de México, porque después de más de un año de discusiones con sus técnicos, con sus científicos, con su gente de gobierno, les hicimos ver qué pasaría con México si seguía esto en manos de un monopolio privado.
Se nacionalizó teléfonos y en 10 años demostró lo que se puede hacer, pero hay una cosa muy importante...
(Voces.)
Qué pena me dan compañeros, no creo que sean ustedes trabajadores.
(Voces.)
El C. Presidente: - Esta presidencia reclama a las galerías guarden silencio y tengan respeto por todos los oradores.
El C. Francisco Ortíz Mendoza: - Y quiero precisar una cuestión fundamental, compañeros, de por qué está el Partido Popular Socialista en esta postura de defensa de teléfonos. Todos ustedes saben bien que en los servicios públicos hay dos elementos; los elementos que dan el servicio en sí mismo y los medios para realizarlos; son dos los elementos muy simples.
Nosotros tenemos el aparato de teléfono y lo descolgamos y hablamos a través de él, es el servicio telefónico y se va a través de líneas de microondas, de radioelectricidad, de ondas electromagnéticas y ahora el invento extraordinario de este siglo de las fibras ópticas, en enormes canales de banda se transmitirá todo; son dos elementos.
Nosotros afirmamos siempre, cuando propusimos la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que los medios para transmitirse debían de estar en manos del Estado, los medios y los servicios, si quieren dárselo al sector privado, dénselo, y que haya negocio; pero el control de la soberanía está en los medios, la seguridad nacional está en los
medios. Así lo comprendió el ingeniero Walter Cross Buchanan, Secretario de Comunicaciones y Transportes, y fue cuando tuvimos la oportunidad de ser asesores de telecomunicaciones e hicimos el Plan Nacional de Telecomunicaciones, para que todos los medios estuvieran en manos del Estado, y los servicios podrían desarrollarlos el Estado o el sector privado en concesiones múltiples, si quiere.
Quisiera poner un ejemplo analógico, es como las carreteras, las carreteras las controla y las construye el Estado y para que anden sobre las carreteras se dan concesiones a líneas camioneras, a múltiples líneas transportistas; pero las carreteras las controla el Estado, las hace el Estado. Esto es lo que pasa en otro rango, en las comunicaciones.
Las líneas físicas, las microondas, la señal por satélite, la radiotelefonía, todos esos medios deben ser manejados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y, si quieren, no es bueno, pero si quiere, les pueden dar en concesión en Monterrey, en Guadalajara, en donde quieran, concesiones a empresas privadas para que exploten los servicios; pero el control del sistema lo tiene el Estado para su seguridad y soberanía.
Lo que está haciendo este señor Secretario de Comunicaciones, no es, no van a crear un monopolio, van a restituir el anterior, el de 1973, pero con una diferencia; le dice: Aquí está lo que tenías antes, más todo lo que tiene ahora el Estado, eso es lo que propuso antier o el miércoles el Secretario de Comunicaciones.
Desde esta tribuna, con toda responsabilidad, digo que es una traición a México, por una razón, en el ejemplo analógico, supongan ustedes, señores diputados, que se le ocurre a este señor dar una concesión a los camioneros, a una sola empresa, decirle: Todas las líneas de camiones van a estar bajo tu control; pero además de las líneas, las carreteras, te las doy para que tú las manejes y además todas nuestras relaciones internacionales.
¿Donde queda, le pregunta uno desde aquí al Secretario de Comunicaciones y Transportes la soberanía de la nación? En manos de una empresa transnacional, que será la que se apodere de todo esto, estará la seguridad de la nación.
Si cuando los compañeros del Partido de la Revolución Democrática cerraron carreteras en Michoacán se armó el escándalo del siglo, imagínense que se las dan ahora a una empresa para que las maneje. Ella es la que dice quién transita y quién no. Si sigue eso, adelante señores, y por eso exigimos la presencia del Secretario de Comunicaciones en esta Cámara y a sus técnicos para que discutan con nosotros, no pueden darle las comunicaciones de larga distancia nacional e internacional y los medios de comunicación a una empresa extranjera porque eso es violar la soberanía nacional.
Y mucho nos satisface que por primera vez nos hayan escuchado; daremos todo nuestro esfuerzo, estoy seguro, porque ya hablamos con los sindicatos de Teléfonos de México y de varios sindicatos más, varios diputados del propio Partido Revolucionario Institucional, nos han dado la razón que por favor hagamos un foro y discutamos este problema para defender a la nación y su soberanía. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Jaime Castrejón Díez, para contestar alusiones personales.
El C. Jaime Castrejón Díez: - Con su venia, señor presidente; compañeras y compañeros diputados: Con todo respeto a las opiniones del diputado Ortíz Mendoza, quisiera precisar algunas cosas:
Se trata de dramatizar y decir que las barreras de papel son la Constitución de la República, y no es así. Las barreras de papel son los dogmas que se creen inamovibles.
Ha habido un cambio que tal vez no haya sido asimilado todavía por cierta parte de la izquierda en el mundo. Y es, que hay una mutación, hay un cambio fundamental que lo provocará en el año de 1992, la integración a la Comunidad Económica Europea, exige nuevas realidades, nuevas capacidades de producción y un concepto más amplio de la economía.
El estancamiento se ha dado en muchas partes y yo no sería tan dogmático como para decir que en un campo o en otro del esquema político es donde se da mayor investigación, porque la investigación no se da ni por colores políticos ni por nacionalidades, la investigación y su aplicación tecnológica se da por el talento de los hombres y eso es lo que debemos comprender antes de tratar de encajonar a nuestro país a una actitud, en la cual ligados por los dogmas, no participemos en el comercio internacional y por ende, no tengamos el bienestar de nuestro pueblo que deseamos.
Se dice que oímos mucho de la propaganda externa, que hablamos mucho de la perestroika,
pero también en el campo socialista oyen de la perestroika.
Un diputado de la República Popular de Hungría, hablando de la integración a la Comunidad Económica Europea, en 1992, decía que los húngaros por ser país socialista, no tienen dinero y que el Estado está quebrando, pero para poder hacer frente al reto económico de los noventas, invitarían a la inversión extranjera para poder no sólo utilizar sus recursos y dar empleos, sino competir también en ese nuevo mercado que será mucho más difícil, más complicado y para el cual tendremos que estar preparados en corto tiempo.
Tampoco es propaganda que en Polonia la falta de empleo, la falta de satisfactores a la demanda, un estancamiento en su producción haya traído cambios políticos profundos que los estamos viendo, eso no es creer en la propaganda, es estar atentos a lo que sucede en la historia contemporánea.
Seguimos luchando contra el Plan Truman, seguimos luchando con enemigos anteriores y no nos estamos dando cuenta que el tren de la modernidad nos puede dejar atrás. Yo estoy de acuerdo con la preocupación del diputado Ortíz Mendoza, considero que es un hombre respetable y que tiene opiniones respetables y estoy dispuesto a tener el diálogo con él, porque no hay cerrazón a un intercambio de ideas, no hay cerrazón de ninguna especie, lo que queremos es el bienestar de nuestro país.
La economía no sabe de dogmas, es dinámica y va evolucionando tan rápidamente que tenemos que adecuarnos a ella con gran celeridad; la ley de la oferta y la demanda en el mercado internacional no está sujeta a ninguna legislación.
En la vida real el comercio internacional no es un juego intelectual, el mundo físico que nos rodea cambia tan rápidamente que pronto oiremos que la biosfera ya no puede estar sujeta a soberanías nacionales, pronto estaremos entrando en una nueva dimensión de la política y México debe prepararse para ello.
Es por eso que creo que con gran valor, a pesar de afrontar estas críticas, el gobierno de Salinas de Gortari está cumpliendo con México.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario José Murat C.: - Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera; se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Cámara de Diputados. - Primer Período Extraordinario de Sesiones. - Primer Receso. - LIV Legislatura.
Orden del día
28 de septiembre de 1989.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Dictamen a discusión
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero Común, y para toda la República en materia de Fuero Federal; del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales.
Informe de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. relativo a los trabajos sobre el dictamen de reformas constitucionales, en materia electoral.
Y los demás asuntos con los que la secretaría dé cuenta."
El C. Presidente (a las 14.10 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 28 de septiembre a las 9.00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y DIARIO DE LOS DEBATES