Legislatura LIV - Año I - Período Extraordinario - Fecha 19890928 - Número de Diario 7

ENCABEZADO

LIV LEGISLATURA

PODER LEGISLATIVO FEDERAL

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921.

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Dip. Mauricio Valdez Rodríguez

PALACIO LEGISLATIVO

DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES

Lic. Benjamín Martínez Martínez

Año I México, D. F., jueves 28 de septiembre de 1989 No. 7

PERÍODO EXTRAORDINARIO

SUMARIO

ASISTENCIA

La secretaría notifica que hay quórum.

APERTURA

Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

Se da lectura.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Sin discusión,seaprueba.

OFICIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE

Para el ciudadano Marco Antonio Rojas Flores, que concede prórroga de la licencia concedida para separarse de sus funciones. De enterado.

Para el ciudadano Humberto Urquiza Marín, que concede prórroga de la licencia concedida para separarse de sus funciones. De enterado.

DICTAMEN A DISCUSIÓN

RELATIVO A DIVERSAS DISPOSICIONES EN LOS CÓDIGOS PENALES

De la Comisión de Justicia con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero Común y para toda la República en materia de Fuero Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales.

La presidencia abre el registro de oradores.

El ciudadano Alexandro Martínez Camberos, hace uso de la tribuna para presentar algunos razonamientos y solicita a nombre de su partido, sea retirado dicho dictamen.

Interviene el ciudadano Javier Vega Memije, para hacer sus comentarios a favor del dictamen.

Continúa el ciudadano Carlos Enrique Bracho González, para manifestar su desacuerdo con esta iniciativa presentada por el Ejecutivo.

Debate el ciudadano Edmundo Martínez Zaleta, para exponer sus argumentos a favor de esta iniciativa.

Para alusiones personales, hace uso de la palabra el ciudadano Pablo Gómez Alvarez.

Continúa el debate el ciudadano Miguel Aroche Parra, en contra de esta iniciativa.

RECESO

A las 12.45 horas, la presidencia lo declara.

A las 13.40 horas, se reanuda la sesión.

Nuevamente hace uso de la tribuna el ciudadano Miguel Aroche Parra.

Hacen uso de la palabra los ciudadanos Amalia Dolores García Medina, en contra, Manuel Marcué Pardiñas, para hechos, Yolanda García de Vargas, en pro y Leonel Godoy Rangel, en contra de esta iniciativa.

Intervienen los ciudadanos Arturo Armendáriz Delgado, para hacer comentariosen pro y Jesús Antonio Carlos Hernández, en contra de este dictamen.

La ciudadana Graciela Patricia Gómez de Ibarra, por la Comisión de Justicia, solicita el apoyo y aprobación de esta iniciativa, a la asamblea.

Para presentar su voto razonado a nombre de su partido, hacen uso de la palabra en pro, los ciudadanos José Nelson Madrigal Gómez y Fernando Lozano Gracia.

Se aprueban en lo general y en lo particular, los artículos no impugnados en un solo acto de este proyecto de decreto.

La presidencia informa que han sido reservados para su discusión en lo particular, los artículos 97, fracciones I, II y III y 614, fracciones IV y V del Código Penal Federal y en materia común para el Distrito Federal, así como del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal.

Intervienen los ciudadanos Juan Jaime Hernández, en contra, para modificaciones en los artículos mencionados y Antonio Alvarez Esparza, en pro, para no cambiar el texto de los mismos.

Para alusiones personales, hace uso de la palabra el ciudadano Juan Jaime Hernández.

Para modificaciones a estos artículos, interviene el ciudadano Ernesto Jiménez Mendoza y por parte de la comisión hace uso de la palabra el ciudadano Miguel Montes García para presentar una propuesta.

Para hechos hace uso de la palabra el ciudadano Ernesto Jiménez Mendoza y para aclaraciones nuevamente el ciudadano Miguel Montes García.

Continúan para hechos, los ciudadanos Vicente Luis Coca Alvarez y Ernesto Jiménez Mendoza.

Hacen uso de la palabra los ciudadanos Leonel Godoy Rangel, para presentar modificaciones a estos artículos y María Teresa Chagoya Méndez expresa su opinión para que no se cambien.

Debaten los ciudadanos Ismael Yáñez Centeno, en contra y Napoleón Cantú Cerna, en pro.

Se acepta la propuesta de la Comisión de Justicia, para la modificación del texto de la fracción IV del artículo 614, en los términos que presentó el ciudadano Miguel Montes García.

Se aprueban los artículos 97, fracciones I, II y III y 614, fracciones IV y V, con la modificación

propuesta por la Comisión de Justicia y aprobada por la asamblea, a la fracción IV del artículo 614, en un solo acto.

Se pasa el Senado para sus efectos constitucionales.

A las 18.45 horas, la presidencia declara un receso...

RECESO

A las 19.08 horas, se reanuda la sesión.

ACUERDO DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

La presidencia informa sobre una comunicación de los coordinadores de los grupos parlamentarios, para proponer a la asamblea que la siguiente sesión se realice el día 10 de octubre. Se aprueba.

El ciudadano Pablo Gómez Alvarez, solicita a la presidencia se dé lectura a esta comunicación.

La secretaría, por instrucciones de la presidencia, da lectura al documento citado.

Nuevamente el ciudadano Pablo Gómez Alvarez, hace uso de la palabra para manifestar su desacuerdo en cuanto al procedimiento seguido de las normas reglamentarias en esta sesión.

Interviene el ciudadano Dionisio E. Pérez Jácome, para aclarar que no se está violando ninguna disposición reglamentaria.

Para alusiones personales, hace uso de la palabra el ciudadano Pablo Gómez Alvarez.

Para hechos, hace uso de la palabra los ciudadanos Luz Lajous Vargas, para que no se abuse de la tribuna y Jesús Ortega Martínez, para indicar que el desorden es responsabilidad de todos, solicitando su colaboración para corregirlo.

Para alusiones personales interviene la ciudadana Luz Lajous Vargas.

El diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, hace sus comentarios en relación al uso de la tribuna.

INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES

La secretaría da lectura a este documento, sobre los trabajos concernientes a la elaboración del dictamen en relación con las iniciativas en materia político - electoral.

El ciudadano Mario Ruíz de Chávez y García, argumenta el informe presentado, como miembro de esta comisión.

Para hechos interviene el ciudadano Oscar Mauro Ramírez Ayala, para comentar alguna declaraciones de políticos y hacer una excitativa a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para que apresure el dictamen sobre la reforma electoral. La presidencia lo da por enterado.

Continúa el ciudadano Alberto Pérez Fontecha, para manifestar su inconformidad sobre los avances de trabajo que se han tenido en este Período Extraordinario, sobre la materia político - electoral.

Hace uso de la tribuna el ciudadano Jesús Ortega Martínez, para comentar las propuestas e iniciativas que su partido ha presentado en relación a la reforma electoral.

El ciudadano Gildardo Gómez Verónica, hace una recapitulación de sus iniciativas, propuestas, audiencias y negociaciones sobre la reforma política, que su partido ha presentado y sobre su postura actual en este asunto.

Interviene el ciudadano Dionisio E. Pérez Jácome, para dar algunos razonamientos sobre los trabajos realizados en este Período Extraordinario.

Para hechos, el ciudadano Modesto Cárdenas García, hace uso de la palabra para exponer la actitud de la

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en relación con el caso de Teléfonos de México.

Continúa para hechos, el ciudadano Víctor Manuel Ávalos Limón, en relación a las declaraciones hechas por el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El ciudadano Alfredo Pliego Aldana, interviene para denunciar que Petróleos Mexicanos, ha sido entregado a las compañías extranjeras.

Debaten los ciudadanos Vicente Sequera Mercado, para aclaraciones y Alfredo Pliego Aldana, para hechos sobre el mismo asunto.

El ciudadano Gonzalo Martínez Corbalá, debate para expresar a nombre de su partido, su inconformidad y rechazo sobre lo expuesto acerca de Teléfonos de México y de Petróleos Mexicanos.

Nuevamente debate el ciudadano Alfredo Pliego Aldana, para mostrar documentación, donde se pasan los conceptos de la petroquímica básica a la petroquímica secundaria.

Interviene el ciudadano Rafael Melgoza Radillo, para comentar la huelga de los trabajadores mineros de la empresa siderúrgica Lázaro Cárdenas "Las Truchas".

ORDEN DEL DÍA

De la próxima sesión. Se levanta la sesión.

DEBATE

PRESIDENCIA DEL CIUDADANO MAURICIO VALDEZ RODRÍGUEZ

(Asistencia de trescientos veintidós ciudadanos diputados)

ASISTENCIA

El C. secretario Sergio Alfonso Rueda Montoya: - Señor presidente, hay una asistencia de 322 ciudadanos diputados. Hay quórum, señor presidente.

APERTURA

El C. Presidente (a las 10.05 horas): - Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

El C. secretario Sergio Alfonso Rueda Montoya: - Se va a dar lectura al orden del día.

«Cámara de Diputados. - Primer Período Extraordinario de Sesiones del Primer Receso de la LIV Legislatura.

Orden del día

28 de septiembre de 1989.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones de la honorable Comisión Permanente.

Dictamen a discusión

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal; del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales.

Informe de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a los trabajos sobre el dictamen de reformas constitucionales en materia electoral.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El C. secretario Sergio Alfonso Rueda Montoya: - Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados, correspondiente al primer período extraordinario del primer receso de la Quincuagésima Cuarta Legislatura, celebrada el día veintiséis de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve.

Presidencia del diputado Mauricio Valdés Rodríguez

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diez horas con quince minutos del día

veintiséis de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, con una asistencia de trescientos veintiún diputados, el presidente declara abierta la sesión.

La secretaría da lectura al orden del día e inmediatamente después al acta de la sesión anterior, misma que sin motivar discusión, se aprueba en sus términos en votación económica.

Se da cuenta con sendas comunicaciones de los diputados Carlos Granjales Salas y Miguel Quiroz Pérez por las que informan que habiéndose terminado la licencia que solicitaron y les fue concedida, retornan a sus labores legislativas. De enterado.

La secretaría da lectura a una comunicación de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por la que informa que se había considerado en el orden del día de esta sesión, un informe de las labores de esa comisión, en relación al análisis y dictamen correspondiente a diversas iniciativas en materia político - electoral, pero que por acuerdo de los grupos parlamentarios, dicho informe se rendirá en la próxima sesión.

Continuando con el orden del día la secretaría da cuenta con un dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal; del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales. Es de primera lectura.

Se da segunda lectura al dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se declara recinto oficial del honorable Congreso de la Unión, para el día uno de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, el Palacio de Bellas Artes de esta ciudad de México, con objeto de celebrar en ese lugar la sesión de apertura del primer período ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la Quincuagésima Cuarta Legislatura y recibir el primer informe de gobierno del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari.

Hace uso de la palabra para fundamentar la opinión de la comisión, el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Partido Revolucionario Institucional, e inmediatamente después los diputados Ismael Yáñez Centeno, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Rosario Guerra Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, en favor del dictamen. Durante su intervención, el presidente pide en dos ocasiones a las galerías atención y respeto para la oradora, y solicita que la secretaría dé lectura a los artículos doscientos siete y doscientos diez del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Hacen uso de la palabra los diputados Carlos Bracho González, del Partido de la Revolución Democrática, en contra del dictamen y Víctor Hugo Celaya Celaya, del Partido Revolucionario Institucional, en pro del mismo.

En votación económica la asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y por instrucciones de la presidencia, la secretaría toma la votación nominal respectiva en lo general y en lo particular. Se aprueba el proyecto de decreto por doscientos cincuenta y dos votos. Para el Senado para sus efectos constitucionales.

Para comentar una nota periodística, hace uso de la palabra el diputado Alexandro Martínez Camberos, del Partido de la Revolución Democrática.

Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Alfredo Reyes Contreras, del Partido Popular Socialista, quien se refiere a la desincorporación de la compañía Teléfonos de México.

Para rectificar hechos respecto al dicho del diputado Reyes Contreras, hace uso de la palabra el diputado Humberto Roque Villanueva, del Partido Revolucionario Institucional.

El presidente informa que por acuerdo de los coordinadores de los diversos grupos parlamentarios, la sesión se prolongará hasta las catorce horas.

Hace uso de la palabra el diputado Pedro López Díaz, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quien propone la participación de un representante de cada una de las fracciones parlamentarias durante el acto de instalación del próximo período ordinario de sesiones de esta Legislatura, con el objeto de que den a conocer sus puntos de vista respecto al informe del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

El presidente le informa atentamente, que en virtud de lo establecido por el artículo sesenta y siete constitucional y treinta y cinco del Reglamento, no es posible que en esta asamblea se dé entrada a su proposición y le solicita que lo tramite por el conducto correspondiente, que es la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

El diputado López Díaz le pide al presidente que explique mejor el contenido de su razonamiento, y el presidente pide a la secretaría que dé lectura al artículo sesenta y siete constitucional.

Para expresar sus opiniones respecto a la desincorporación de Teléfonos de México, hacen uso de la palabra los diputados Modesto Cárdenas García, del Partido Popular Socialista; José Jaime Enríquez Félix; Jaime Castrejón Díez, del Partido Revolucionario Institucional; Ciro Mayén Mayén, del Partido de la Revolución Democrática, para hechos respecto al mismo tema; Francisco Ortíz Mendoza, del Partido Popular Socialista, para hechos. Antes de terminar su intervención, pide a la presidencia que se le conceda más tiempo de los cinco minutos reglamentarios, por considerar que el tema es de vital importancia para México.

El presidente consulta a la asamblea, misma que en votación económica acepta conceder más tiempo al orador.

Para contestar alusiones personales, hace uso de la palabra el diputado Jaime Castrejón Díez, del Partido Revolucionario Institucional.

Agotados los asuntos en cartera, la secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el presidente clausura la de hoy a las catorce horas con quince minutos, citando para la que tendrá lugar el jueves veintiocho de septiembre a las nueve horas.>

Está a discusión el acta...No habiendo quien haga uso de las palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor presidente.

OFICIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE

El C. secretario Ismael Orozco Loreto:

«Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes.

En sesión de esta fecha de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con la solicitud de prórroga del ciudadano Marco Antonio Rojas Flores, y se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:

"Único, Se prorroga por tiempo indefinido la licencia concedida el 23 de agosto al ciudadano Marco Antonio Rojas Flores, para continuar separado de sus funciones como diputado federal por el XII Distrito del estado de Puebla."

La secretaría dictó el siguiente trámite: "Aprobado. Comuníquese a la honorable Cámara de Diputados."

Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos a que haya lugar.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 27 de septiembre de 1989. - Senadora Idolina Moguel Contreras, secretaria y senador Alonso Aguirre Ramos, secretario.»

Trámite: - De enterado.

El mismo C. Secretario:

«Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presente.

En sesión de esta fecha de la Comisión Permanente del honorable Congreso de Unión, se dio cuenta con la solicitud de prórroga del ciudadano Humberto Urquiza Marín, y se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:

"Único. Se prorroga por tiempo indefinido, a partir del 1o. de octubre, la licencia concedida el 30 de agosto al ciudadano Humberto Urquiza Marín, para continuar separado de sus funciones como diputado federal por el II Distrito del estado de Michoacán."

La secretaría dictó el siguiente trámite: "Aprobado. Comuníquese a la honorable Cámara de Diputados."

Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos a que haya lugar.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 27 de septiembre de 1989. - Senador Alonso Aguirre Ramos, secretario y senadora Idolina Moguel Contreras, secretaria.»

Trámite: - De enterado.

DICTAMEN A DISCUSIÓN

RELATIVO A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS CÓDIGOS PENALES

El C. secretario Sergio Alfonso Rueda Montoya:

«Comisión de Justicia.

Honorable asamblea: - A la Comisión de Justicia de esta honorable Cámara de Diputados, fue

turnada para su estudio y dictamen la minuta proyecto de decreto aprobada por el Senado de la República, en relación con la iniciativa presentada por el ciudadano presidente de la República, licenciado Carlos Salinas de Gortari, en la que propone reformas, adiciones y derogaciones de diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal; del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales.

Desde antes de recibir formalmente la documentación, los integrantes de esta comisión se abocaron al estudio de dicha iniciativa, y varios legisladores expresaron observaciones y propuestas concretas para precisar mejor las reformas incluidas en ella, mismas que de manera respetuosa, con ánimo de franca colaboración, fueron hechas del conocimiento de la Comisión de Justicia, encargada del dictamen de la citada iniciativa en la Cámara de origen, comisión que aceptó esas observaciones e incorporó las que juzgó procedentes a la minuta que ahora se estudia.

De la lectura de la exposición de motivos de la iniciativa, se desprenden dos finalidades: una, es precisar y reglamentar las facultades del Poder Ejecutivo para otorgar el beneficio del indulto en supuestos ya vigentes y en nuevas hipótesis; y la otra, es actualizar y corregir textos sustantivos y adjetivos vigentes para que hayan congruencia entre ellos y se ajusten a reformas anteriores, persiguiéndose al mismo tiempo una mejor redacción y una mayor claridad.

Para cumplir con el primer propósito, la iniciativa del titular del Poder Ejecutivo Federal señala el contenido del "Acuerdo Nacional para la Ampliación de Nuestra Vida Democrática", expuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 y destaca, que las reformas propuestas pretenden dar respuestas a la exigencia ciudadana de respeto a la pluralidad y fortalecimiento de la unidad nacional con la participación activa de todos los sectores sociales y de todas las corrientes ideológicas, todo ello en un clima de concordia y armonía que venga a vigorizar la vida institucional del país.

La fracción XIV del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le otorga la facultad al Presidente de la República de conceder indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales y a los sentenciados por delitos del orden común en el Distrito Federal. En esta posición se establece que dicha atribución se ejercerá conforme a las leyes.

Actualmente, el artículo 97 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal precisa dos supuestos para la concesión del indulto: tratándose de delitos del orden común, cuando el reo haya prestado importantes servicios a la nación y cuando se trata de los llamados delitos políticos como son los de rebelión, sedición, motín y el de conspiración para cometerlos.

La iniciativa propone se mantengan ambos supuestos y se adicione el mencionado artículo 97 del Código Penal para que el Ejecutivo Federal también pueda conceder el indulto por otros delitos, cuando hayan sido cometidos individualmente o formando parte de grupos y por motivaciones de carácter político o social. Sin embargo, la propia iniciativa establece condiciones y limitaciones para este nuevo supuesto. Son condiciones para conceder el indulto que la conducta observada por el reo refleje un alto grado de readaptación social y su liberación no represente un peligro para la tranquilidad y seguridad públicas. Son limitaciones que impiden la concesión del indulto, cuando se trate de reincidentes por delito intencional o de condenados por delitos contra la salud, violación, terrorismo, secuestro o por delito intencional contra la vida.

Ciertamente la expresión "motivaciones de carácter político o social" es muy amplia y parecería conveniente desarrollarla y precisar su alcance, pero entonces se tendrá que caer en un casuismo de difícil formulación que seguramente no agotaría los supuestos tan variables y complejos de la conducta humana. Es preferible dejar en sus términos la frase de referencia, para que la acción discrecional del Ejecutivo se pueda desempeñar sin trabas, que no arbitrariamente, y sin sujetarlo a preceptos definitorios de lo social o de lo político de difícil claridad.

Ahora bien, en el análisis hecho a la disposición que se comenta, la Cámara de Senadores llegó a la conclusión, que esta Comisión de Justicia comparte, de aceptar la ampliación del indulto a aquellos delitos cometidos por motivaciones de carácter político o social, pero también se consideró conveniente que las condiciones y limitaciones que para estos casos se propone, se apliquen a los delitos señalados como de carácter político a que alude el artículo 144 del Código Penal, y al indulto cuando se conceda por servicios importantes prestados a la nación, pero no solamente en los casos de delitos del orden común en el Distrito Federal, sino también del orden federal, ya que no existe justificación para que estos últimos sean excluidos.

De tal suerte, los casos en los que procede el indulto, se incluyen en el artículo 97 del Código Penal, pero son comunes y se aplican a cada uno de ellos las mismas condiciones: que la conducta observada por el sentenciado refleje un alto grado de readaptación social y su liberación no represente un peligro para la tranquilidad y seguridad públicas conforme al dictamen del órgano ejecutor de la sanción. Estas condiciones se explican claramente por sí mismas y su observancia resulta del más alto interés público. Se coincide también con la Cámara de origen, en que si se suprime la expresión "sean cometidos individualmente o formando parte de grupos", la iniciativa gana en claridad y en amplitud.

Las comisiones toman muy en cuenta que las facultades discrecionales del Ejecutivo en estos tipos de indulto son limitadas en cuanto se condicionan al hecho comprobable por dictamen competente de un alto grado de readaptación del reo, así como también a la razonable previsión de que la liberación no implique afectación a la tranquilidad y seguridad públicas. Estas limitantes, unidas a la no reincidencia, son relevantes y permiten aprobar el texto.

Hoy en día la readaptación es factor de liberación o de reducción de penas conforme a la moderna normativa para la ejecución de sentencia, que permite individualizar las penas administrativas y no sólo judicialmente, sin que esto signifique demérito alguno para el Poder Judicial, sino acatamiento a las exigencias de la doctrina y prácticas avanzadas en materia punitiva. Parece entonces atendible, que se tomen en cuenta tales tendencias para efectos de un indulto a cuyo favor se agrega el buen ánimo de respetar el pluralismo ideológico.

Igualmente, en la minuta del proyecto de decreto del Senado de la República, se advierte que se aceptan las que precisa la iniciativa y se amplían las causas de improcedencia del indulto, cuando se trate de sentenciados por traición a la Patria, espionaje, sabotaje y genocidio. Esta comisión estima válidas y de aprobarse las limitantes como se especifican y el texto íntegro del artículo 97 del Código Penal citado en el proyecto de decreto de la Cámara de Senadores, antes mencionado.

Por otra parte, esta comisión comparte el criterio de la colegisladora por lo que se refiere al artículo 98 del Código Penal en Cuestión, al confirmar el texto vigente en el sentido de que el indulto en ningún caso extinguirá la obligación de reparar el daño, pero modificado por adición, al establecer "el reconocimiento de la inocencia del sentenciado extingue la obligación de reparar el daño". Resulta por demás evidente la justicia que fundamenta este precepto.

Es conveniente informar a esta honorable asamblea que, en las deliberaciones que se tuvieron en el seno de esta Comisión de Justicia, varios de sus integrantes mencionaron la conveniencia de que, en lugar del indulto, se considerara la procedencia de una Ley de Amnistía. Se analizaron ambas figuras estableciéndose algunas de sus características y diferencias esenciales que pueden sintetizarse como sigue: el indulto es una facultad del Presidente de la República, consagrada en la fracción XIV del artículo 89 constitucional; beneficia a un individuo determinado y se refiere a una situación precisa y concreta; es la remisión total o parcial de una pena impuesta en sentencia firme.

La amnistía en cambio, es un acto legislativo que corresponde al Congreso de la Unión, el cual tiene la facultad de concederla por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación y del Distrito Federal, según lo dispone la fracción XXII del artículo 73 constitucional; como ley que es, se trata de una disposición general aplicable a todas las personas comprendidas en la situación abstracta que prevé; extingue la acción penal y las sanciones impuestas, como la inhabilitación para ejercer una profesión, derechos civiles o políticos o desempeño de cargos o empleos, excepto la reparación del daño; puede comprender toda clase de delitos.

En esta forma, se pudo establecer que el indulto y la amnistía son figuras que tienen características que las diferencian y distinguen, y que de ninguna manera son excluyentes entre si, pero ahora nos ocupamos del indulto porque a él se refieren las reformas que la minuta del Senado contiene.

El artículo segundo de la minuta proyecto de decreto que se estudia, contiene propuestas de reformas a varios artículos del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.

Es válido y se comparte el criterio plasmado en el proyecto de decreto de la Cámara de Senadores, en lo que se refiere al Título Sexto que se adiciona para quedar ahora como "Del indulto y del reconocimiento de inocencia", y no sólo "del indulto", como ahora está. La adición es procedente porque el capítulo se refiere a ambas figuras.

Respecto al artículo 612 de dicho código, si se toma en cuenta la reforma que se plantea respecto al artículo 97 del Código Penal Federal, resulta inobjetable el texto que ahora se recomienda para tramitar el indulto cuando el reo haya prestado servicios importantes a la nación, en cuyo caso el solicitante deberá ocurrir al Ejecutivo acompañando los justificantes de los servicios

prestados. Es procedente el texto propuesto por la colegisladora, incluyendo la remisión a la fracción III del artículo 97 del Código Penal y la referencia específica al Departamento del Distrito Federal, ya que así se le da más precisión a la norma. No hay cambios sustanciales respecto del texto vigente, pero sí una necesaria adecuación con el resto de la iniciativa.

En cuanto a los cambios sugeridos al artículo 614, se estima conveniente sustituir la expresión "indulto necesario" por "reconocimiento de inocencia". A este precepto se adicionan tres causas de reconocimiento: cuando el reo hubiese sido condenado por los mismos hechos en dos juicios diversos, en cuyo caso la segunda sentencia será nula; cuando en dos juicios diversos entre sí hayan sido condenados los reos por el mismo delito y se demuestre la imposibilidad de que los dos lo hubieren cometido, y cuando la ley suprima el tipo penal o lo modifique, extinguiéndose con ello la sanción.

Esta comisión considera conveniente utilizar el término de "sentenciado" mejor que el de "reo" que se propone. Se consideran acertadas las modificaciones hechas por la colegisladora a la iniciativa. En efecto, en las fracciones IV y V se elimina la mención de dos en relación con juicios diversos y a sentenciados en el segundo caso, a fin de no señalar limitaciones injustificadas.

Por otra parte, por lo que se refiere a la fracción IV del mismo artículo 614, de acuerdo con uno de los principios básicos del derecho penal, en lugar de establecer que será nula la segunda sentencia, se precisa que debe aplicarse al sentenciado la que sea más benigna.

Finalmente, es de aceptarse también la supresión de la fracción VI que se propone en este mismo numeral, ya que si bien es cierto que tiene un claro apoyo en el artículo 14 constitucional aplicado a contrario sensu, resulta ociosa su incorporación, ya que el mismo Código Penal, en sus artículos 56 y 117 regula ya, de manera clara y precisa, el supuesto previsto en la fracción VI de la iniciativa. Aunque la fracción IV de este artículo 614 no comprende en estricto rigor un supuesto de "reconocimiento de inocencia", se conserva el texto de la minuta, porque dentro del capitulado del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal resulta su ubicación la más adecuada, dada la ausencia de un título y capítulo específicos.

El texto para el artículo 615 no ofrece ninguna reforma de carácter sustancial, sino que tan sólo mejora la redacción y se habla de "reconocimiento de inocencia" en vez de "indulto necesario".

En cuanto al artículo 618-bis, esta comisión estima acertada la redacción que tiene el proyecto de decreto de la Cámara de Senadores. Efectivamente, se incorporan dos modificaciones a la iniciativa presidencial consistentes, la primera, en que la resolución del indulto se comunique al tribunal que hubiere dictado la sentencia para que haga la anotación respectiva, no en el "proceso", ya que éste concluyó, sino en el "expediente" del caso. La segunda modificación agrega un segundo párrafo a este numeral, a fin de que no solamente se publique en el Diario Oficial de la Federación las resoluciones que concedan el indulto, sino que también puedan ser publicadas las resoluciones relativas al reconocimiento de la inocencia, a petición del beneficiado. Esta adición es conveniente, porque el mismo interés pueden tener quienes resulten favorecidos con resoluciones de indulto o de reconocimiento de inocencia, en que se le dé a ello la misma publicidad para su satisfacción personal y su reivindicación social.

Finalmente, es procedente la derogación del artículo 611, dado que la distinción entre indulto necesario y de gracia, no obedece a los conceptos actuales de dichas instituciones; por tal razón, se respeta en sus términos el artículo segundo transitorio de la minuta, y es correcto también el texto del primero que señala la iniciación de la vigencia.

El artículo tercero de la minuta, propone reformas a varios numerales del Código Federal de Procedimientos Penales, esta Comisión de Justicia somete a la consideración de la honorable asamblea los siguientes

CRITERIOS

El artículo 558 establece los trámites a seguir para obtener el indulto por delitos del orden federal; de ahí, la conveniencia de adecuarlo con las modificaciones o consideración del Poder Legislativo, como es la referencia a la fracción III del artículo 97 del Código Penal y precisar el procedimiento indicando se siga por conducto de la Secretaría de Gobernación.

La colegisladora, acertadamente modifica por adición la iniciativa en lo relativo a la fracción V del artículo 560, estableciendo que en el caso de que el sentenciado hubiese sido condenado por los mismos hechos en juicios diversos, prevalecerá la sentencia más benigna. Procede también la derogación de la fracción VI de este numeral. Se reiteran los argumentos ya expuestos en este dictamen, en relación con estas mismas disposiciones que ya fueron analizadas en la parte correspondiente al Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal.

Finalmente y por las razones ya señaladas en este propio dictamen al analizar el artículo 618-bis del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, es de aprobarse también el texto del proyecto de decreto del Senado de la República en su artículo 568, que establece el trámite y publicidad de las resoluciones de indulto y de reconocimientos de inocencia.

Por lo expuesto, la comisión que suscribe somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMÚN, Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL; DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

Artículo primero. Se reforman los artículos 97 y 98 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal, para quedar como sigue:

"Artículo 97. Cuando la conducta observada por el sentenciado refleje un alto grado de readaptación social y su liberación no represente un peligro para la tranquilidad y seguridad públicas, conforme al dictamen del órgano ejecutor de la sanción y no se trate de sentenciado por traición a la Patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, genocidio, delitos contra la salud, violación, delito internacional contra la vida y secuestro, ni de reincidente por delito intencional, se le podrá conceder indulto por el Ejecutivo Federal, en uso de las facultades discrecionales, expresando sus razones y fundamentos en los casos siguientes:

I. Por los delitos de carácter político, a que alude el artículo 144 de este código.

II. Por otros delitos, cuando la conducta de los responsables haya sido determinada por motivaciones de carácter político o social, y

III. Por delitos de orden federal o común en el Distrito Federal, cuando el sentenciado haya prestado importantes servicios a la nación, y previa solicitud."

"Artículo 98. El indulto en ningún caso extinguirá la obligación de reparar el daño causado. El reconocimiento de la inocencia del sentenciado extingue la obligación de reparar el daño."

Artículo segundo. Se reforman los artículos 612,614 en su proemio y fracción IV y 615, y se adicionan el Capítulo Sexto del Título Sexto, una fracción V al artículo 614 y el artículo 618- bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, para quedar como sigue:

TÍTULO SEXTO

CAPÍTULO VI

Del indulto y del reconocimiento de inocencia

"Artículo 612. Cuando se trate del indulto a que se refiere la fracción III del artículo 97 del Código Penal, el solicitante ocurrirá al ejecutivo Federal con su petición, por conducto del Departamento del Distrito Federal, debiendo acompañar los justificantes de los servicios presentados a la nación por el sentenciado."

"Artículo 614. El reconocimiento de la inocencia del sentenciado, procede en los siguientes casos:

I a III........................................................................

IV. Cuando el sentenciado hubiere sido condenado por los mismos hechos en juicio diversos. En este caso, prevalecerá la sentencia más benigna.

V. Cuando en juicios diferentes hayan sido condenados los sentenciados por el mismo delito y se demuestre la imposibilidad de que lo hubieren cometido."

Artículo 615. El sentenciado que se crea con derecho para pedir el reconocimiento de su inocencia, ocurrirá por escrito al Tribunal Superior de Justicia, alegando la causa o causas de las enumeradas en el artículo anterior en que funde su petición, acompañando las pruebas respectivas o protestando exhibirlas oportunamente. Sólo se admitirá en estos casos la prueba documental, salvo lo previsto en la fracción III del artículo anterior."

"Artículo 618-bis. todas las resoluciones en que se conceda indulto, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y se comunicarán al tribunal que hubiese dictado la sentencia, para que haga la anotación respectiva en el expediente del caso.

Las resoluciones relativas al reconocimiento de la inocencia se comunicarán al tribunal que hubiese dictado la sentencia, para que haga la anotación respectiva en el expediente del caso. A petición del interesado, también se publicarán en el Diario Oficial de la Federación."

Artículo tercero. Se reforman los artículos 558 y 560 en su fracción V, se reforma y adiciona el artículo 568 y se deroga la fracción VI del artículo 560 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

"Artículo 558. Cuando se trate del indulto a que se refiere la fracción III del artículo 97 del Código Penal, el solicitante ocurrirá al Ejecutivo Federal con su petición, por conducto de la Secretaría de Gobernación, debiendo acompañar los justificantes de los servicios prestados a la nación por el sentenciado."

"Artículo 560. El reconocimiento de la inocencia del sentenciado, se basa en alguno de los motivos siguientes:

I a IV.........................................................................

V. Cuando el sentenciado hubiese sido condenado por los mismos hechos en juicios diversos. En este caso prevalecerá la sentencia más benigna.

VI. Derogada."

"Artículo 568. Todas las resoluciones en que se conceda indulto, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y se comunicarán al tribunal que hubiese dictado la sentencia, para que haga la anotación respectiva en el expediente del caso.

Las resoluciones relativas al reconocimiento de la inocencia se comunicarán al tribunal que hubiese dictado la sentencia, para que haga la anotación respectiva en el expediente del caso. A petición del interesado, también se publicarán en el Diario Oficial de la Federación."

TRANSITORIOS

Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo segundo. Se deroga el artículo 611 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y las demás disposiciones que se opongan al presente decreto.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 26 de septiembre de 1989. - Miguel Montes García, presidente; Napoleón Cantú Cerna, secretario; Gerardo de Jesús Arellano Aguilar, Donaciano Ambrosio Velasco, Arturo Armendáriz Delgado, Heberto Barrera Velázquez, Bernardo Bátiz Vázquez, Raúl Bolaños Cacho Guzmán, Ignacio Castillo Mena, Fernando Córdoba Lobo, María Teresa Chagoya Méndez, Francisco Chávez Alfaro, Miguel Díaz Muñoz, Socorro Díaz Palacios, Hiram Escudero Alvarez, José Zeferino Esquerra Corpus, Jaime Fernández Sánchez, Rubén García Farías, Patricia Garduño Morales, Benigno Gil de los Santos, Leonel Godoy Rangel, Margarita Gómez Juárez, Guadalupe Gómez Maganda, Graciela P. Gómez Rodríguez, Jesús Armando Hernández Montaño, J. Enrique Ibarra Pedroza, Luis Jacobo García, Juan Jaime Hernández, Ernesto Jiménez Mendoza, José Natividad Jiménez Moreno, José Trinidad Lanz Cárdenas, Fernando Antonio Lozano Gracia, José Nelson Madrigal Gómez, Antonio Martínez Báez, Alexandro Martínez Camberos, Miguel Martínez Castro, Enrique Martínez y Martínez, Edmundo Martínez Zaleta, Gilberto Ortíz Medina, Fernando Palacios Vela, Dionisio E. Pérez Jácome, Humberto Pulido García, Oscar Mauro Ramírez Ayala, María Estela Rosa de Soto, Marco Antonio Rojas Flores, Sergio Alfonso Rueda Montoya, Romero Ruíz Armento, Pedro Alberto Salazar Muciño, José Luis Salcedo Solís, Leopoldo Homero Salinas Gaytán, Reyes Antonio Silva Beltrán, Alvaro Uribe Salas, Silviano Urzúa Ochoa, Yolanda Vargas García Treviño, Carlos Javier Vega Memije, Gaudencio Vera Vera, César Humberto Vieyra Salgado y Miguel Ángel Quiroz Pérez.»

Trámite: - Segunda Lectura.

El C. Presidente: - Proceda la secretaría a dar lectura al voto particular presentado por los ciudadanos diputados Juan Jaime Hernández y Oscar Ramírez Ayala, de la práctica parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.

El C. secretario Sergio Alfonso Rueda Montoya:

«Ciudadano presidente de la Comisión de Justicia de la honorable Cámara de Diputados, diputado licenciado Miguel Montes García,- Presente.

La fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, integrante de esta Comisión de Justicia, por mi conducto y en mi calidad de coordinador de dicha fracción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por este conducto emitimos nuestro voto particular en relación a la modificación del artículo 97 del Código Penal Federal y en Materia Común para el Distrito Federal, así como a la fracción IV del artículo 614 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. Nos fundamos para ello en los siguientes

ANTECEDENTES

El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, es sumamente cuidadoso de que las leyes en

materia penal no afecten a las garantías individuales de quienes a pesar de haber cometido actos punibles por la sociedad, sin embargo como seres humanos, amén de que como individuos, deben de gozar las prerrogativas que señala la Constitución General de la República.

Nosotros consideramos, que si la Constitución consagra en el artículo 89, fracción XIV el derecho del indulto, aunque con la modalidad de la facultad discrecional del Ejecutivo de la Nación, encontramos en la reforma al artículo 97 en su parte conducente, una taxativa en forma arbitraria a la facultad discrecional del Ejecutivo, señalando a quienes se les exceptúa por ley de tal beneficio, siendo esta lista tan extensa y esto aunado a lo que señala la fracción II del referido artículo, que hace nugatorio el beneficio constitucional del indulto.

Así pues, nosotros consideramos que la parte conducente en la que se hace el señalamiento de quienes no debe concedérseles el indulto, debe ser suprimida al igual que la fracción II del artículo en comento, ya que esto originaría violación flagrante a las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, puesto que dejarían de ser iguales ante la ley; por tanto, esta reforma es contraria al precepto constitucional que otorga el indulto y que señala la facultad discrecional al ejecutivo para otorgarlo, la reglamentación al precepto constitucional debe ser en forma genérica y nunca en forma subjetiva como se pretende en la reforma, y ello deberá apegarse al contenido del artículo 97 del Código Penal Federal.

Por otra parte, si la Constitución señala la facultad discrecional al Ejecutivo, el artículo 97, tanto en la parte ya señalada como en su fracción II, es contradictorio al precepto constitucional que establece tanto el beneficio de indulto como la discrecionalidad para otorgarlo, por lo que nos pronunciamos en contra, en lo particular, de dicho artículo, y proponemos sea modificado en los términos que ya hemos señalado.

Asimismo, proponemos la modificación al último párrafo de la fracción IV del artículo 614 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, puesto que en dicho párrafo al señalarse que en la segunda sentencia se esté a lo más favorable al reo, esto es violatorio de la garantía contenida en el artículo 23 constitucional, en tal precepto se prohibe ser juzgado dos veces por el mismo delito, y al haber dos sentencias que causen ejecutoria para su aplicación se "atengan a la más benigna", se produce una verdadera aberración jurídica, misma que deberá subsanarse, evitando la fracción de referencia, ya que con ello estaríamos ante un doble juicio en perjuicio de quien ya fue sentenciado por el propio delito. Por tanto, nos pronunciamos en contra de dicha reforma al artículo y fracción a que hemos aludido.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos proponer a la elevada consideración de los señores diputados el siguiente voto particular, en los siguientes términos:

Artículo primero. Se reforma el artículo 97 del Código Penal Federal y en Materia Común para el Distrito Federal, para quedar en la siguiente forma:

Artículo 97. Cuando la conducta observada por el sentenciado refleje un alto grado de readaptación social y su liberación no representa un peligro para la tranquilidad y seguridad pública, conforme al dictamen del órgano ejecutor de la sanción, se le podrá conceder indulto por el Ejecutivo Federal, en uso de las facultades discrecionales, expresando sus razones y fundamentos en los casos siguientes:

I..............................................................................

II. Se suprime.

III............................................................................

Artículo segundo. Se reforma la fracción IV del Artículo 614 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 614..................................................................

I a III........................................................................

IV. Cuando el sentenciado hubiere sido condenado por los mismos hechos en juicio diversos, en este caso será nula la segunda sentencia.

TRANSITORIOS

Artículo único. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Diputados Juan Jaime Hernández, Ernesto Aureliano Jiménez Mendoza, Oscar Mauro Ramírez Ayala y Gilberto Ortíz Medina.»

El C. Presidente: - Está a discusión el dictamen en lo general... Se abre el registro de oradores.

Se va a dar lectura al registro de oradores; en contra, Alexandro Martínez Camberos,

Carlos Bracho, Carlos Hernández, Amelia García, Ernesto Jiménez y Leonel Godoy Rangel. Se va a dar lectura al registro de oradores en pro, Edmundo Martínez Zaleta, Vega Memije, Yolanda García de Vargas, Arturo Armendáriz y Alvarez Esparza. Por la comisión: Córdoba Lobo, Cantú Cerna, Dionisio Pérez Jácome, Miguel Montes y Enrique Ibarra.

Para presentar su voto razonado, han pedido hacer uso de la palabra los ciudadanos diputados Madrigal y Lozano.

Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Martínez Camberos, en contra.

El C. Alexandro Martínez Camberos: - Compañeras y compañeros; señor presidente: Si no hubiera otros ejemplos del presidencialismo que se padece en todas las áreas de la República, el dictamen que ahora se somete al conocimiento de esta Cámara, culminación de un muy somero y rápido examen de la minuta enviada por el Senador, sobre reformas al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales, éste sería un brillante botón de muestra de la sumisión del Poder Legislativo, en particular confirmado que las iniciativas del Ejecutivo no sólo son las que marchan con rapidez, sino que se aprueban sin los mínimos de congruencia jurídica, lógica y hasta gramatical. Véase muy brevemente.

En la exposición de motivos del Ejecutivo, destaca como uno de ellos, "El de dar respuesta a la exigencia ciudadana de respeto a la pluralidad y procurar el fortalecimiento de la unidad nacional, con la participación activa de todos los sectores de la sociedad y todas las corrientes ideológicas, en un clima de concordia y armonía que venga a fortalecer la vida institucional del país".

Por tanto, la iniciativa de referencia no es de carácter solamente jurídico, sino obviamente político. Por ende, debe verse en su amplitud, conforme a los propósitos que supuestamente la inspiran. Ahora bien, la restauración o formación de un clima de reconciliación nacional, tendrá que ser producto, consecuencia, proyección del diálogo verdadero y del reconocimiento sincero de errores, fallas y lacras que se han venido haciendo institucionales en nuestras leyes y en las prácticas del poder Público.

Al respecto, desde luego se encuentra que el Ejecutivo afirma, o mejor aún, confiesa algo que pudiera pasar desapercibido para algunos malinformados sobre sus facultades constitucionales ilegales.

Dice en la exposición de motivos, cito: "He indultado y promovido ante los ejecutivos estatales la liberación de aquellos que cometieron ilícitos por motivaciones sociales y políticas. De esta manera los gobernadores de los estados se han sumado a esta visión de concordia nacional".

Y nosotros nos preguntamos, preguntamos a ustedes: ¿Cuáles son esas facultades? Si existieran no habría habido necesidad de las reformas que se promueven. O sea, que el Ejecutivo ha ejercido la facultad de indultar a determinadas personas, obviamente ya sentenciadas ejecutoriamente por autoridades judiciales, transgrediendo así la ley fundamental e invadiendo la potestad del Poder Judicial, lo cual va implícito en el solo hecho de haberse visto en la necesidad de apoyar esa, su anterior actividad, promoviendo la iniciativa, le comento. Esto, probablemente, por el asesoramiento de algún jurista, más en forma inconsulta e incompleta; llevándolo a cometer absurdos de magnitud, como después se verá.

Pero detengámonos en el sentido más profundo de la reforma. Es de todos conocido que indulto es el perdón, la gracia o magnanimidad del soberano, cuya clásica expresión era el levantar, un emperador romano, el dedo pulgar de su mano derecha, en lugar de colocarlo hacia abajo; convalidar la condena a muerte de un gladiador derrotado en los espectáculos imperiales, atendiendo o despreciando las voces de los espectadores.

Pero el Presidente de una República, no debe estimarse ni debe concedérsele que obre como un soberano, ni emperador, ni rey, ni señor feudal, ni "Führer", ni dictador moderno, no sujeto a la ley. (Aplausos.)

El artículo 89 constitucional, fracción XIV, aún vigente, aunque tantas veces derogado, según se confiesa en el párrafo de la iniciativa antes transcrito, establece categóricamente entre las facultades y obligaciones del Presidente de la República, cito: "Conceder conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales y a los sentenciados por delitos del orden común, en el Distrito Federal".

La Comisión de Justicia de esta Cámara, que en justicia debe decirse, nos permitió entera libertad para plantear nuestras objeciones, rechazó éstas, tanto jurídicas como políticas, de quienes miembros del Partido de la Revolución Democrática hicieron a la minuta enviada por el Senado de la República, sin que estas objeciones aparezcan en el dictamen como era de rigor, conforme a las prácticas parlamentarias. Y es necesario que conozca esta Cámara en pleno, así como el pueblo,

pues sólo así podrán aquilatarse las razones que nos asisten, así sean muy brevemente expuestas.

La única mención que se hace de una de ellas, o sea, a la que en lugar de las reformas propuestas se legisle para establecer una amnistía, es la siguiente, cito: "Varios de sus integrantes mencionaron, y aquí cabe aclarar que no solo mencionamos, sino fundamos y motivamos, la procedencia de una Ley de Amnistía"; se analizaron ambas figuras, estableciéndose algunas de sus características y diferencias esenciales, que pueden sintetizarse como sigue: el indulto es una facultad del Presidente de la República consagrada en la fracción XIV del artículo 89 constitucional. Se refiere a un individuo determinado y se refiere a una situación precisa y concreta; es la revisión total o parcial de una pena impuesta en sentencia firme. La amnistía, en cambio, es un acto legislativo que corresponde al Congreso de la Unión; como ley que se trata de una disposición general aplicable a todas las personas comprendidas en la situación abstracta que prevé.

El fin de la acción penal y las soluciones impuestas como la inhabilitación para ejercer una profesión, derechos civiles o políticos, o desempeño de cargos o empleos, excepto la reparación del daño; puede comprender toda clase de delitos. En esta forma se pudo establecer que el indulto y la amnistía son figuras que tienen características que las diferencian y la distinguen, que de ninguna manera son excluyentes. Pero ahora nos ocupamos del indulto porque a él se refieren las reformas que la Minuta del Senado contiene. Dicho subyacentemente, porque sólo el indulto en lo que propone el Ejecutivo Federal.

Esto es, que ningún razonamiento jurídico o político se adujo para rechazar nuestra proposición fundada y muy concreta, cuando que por nuestra parte mostramos que la amnistía además de lo por ello aceptado, era y es lo que pudiera acercarse a los propósitos arguídos por Salinas de Gortari. Esto es cierto y se considera que en el campo y las ciudades se encuentran centenas de campesinos, precaristas y diversos pretendidos delincuentes por haber ejercicio de derechos a tierra, aguas, bosques, viviendas, servicios etcétera, no condenados aún pero amenazados de procedimiento penal debiendo incluirse también, por supuesto, todos aquellos que en demanda de respecto al voto han realizado actos real o fiticialmente ilícitos, según ejemplifican varios estados donde recientemente se han realizado jornadas electorales y notoriamente el estado de Michoacán.

Se trata, insistimos aquí, en que precisamente conforme admite el dictamen a discusión, en lugar de que se levante como ejemplar la figura magnánima presidencial, que por actos esporádicos y voluntaristas tan tenuamente limitados por la reforma propuesta, como el que pueda concederse el indulto a personas que han prestado altos servicios a la nación y que a fin de cuentas, como ustedes saben, revierte a un organismo que depende de la Secretaría de Gobernación.

Se trata de que el Congreso de la Unión reasuma sus funciones constitucionales, lo cual no es ocioso agregar, en modo alguno excluye o demerita las facultades discrecionales que la Constitución actualmente concede al depositario del Poder Ejecutivo Federal.

Mucho más podría argumentarse para el rechazo, desde en lo general, del dictamen que nos ocupan, pero en la situación de mayoría numérica y de su sometimiento a los deseos de no contrariar los designios presidenciales.

Francamente creemos que resultaría inútil. Sin embargo, en constancia de nuestra justa posición, y como una invocación al sentido de responsabilidad de muchos legisladores del partido oficial, sólo resulta imprescindible denunciar que, siguiendo miméticamente al Senado de la República, la Comisión de Justicia admitió lo que constituye no sólo un absurdo lógico jurídico, sino un atentado a la doctrina universalmente reconocida en derecho penal, recogida expresamente en nuestra Carta Magna o sea, de que, habiéndose reconocido la inocencia, término que por lo demás ha desaparecido de todas las legislaciones penales del mundo para ser sustituido por la ya clásica redacción en las sentencias absolutorias. O sea, que el inculpado no es penalmente responsable del delito que se le imputa. Eso en caso de que existan dos sentencias condenatorias por los mismos hechos, sin juicios diversos, lo cual en nuestra realidad social lamentablemente no es excepcional. Entonces prevalecerá la sentencia más benigna.

Escuche bien y medítese en lo que es criminalmente absurdo. Se trata de que a pesar de una resolución definitiva e inatacable en el sentido de que un inculpado no es penalmemte responsable y obviamente debe ser absuelto y en su caso puesto en inmediata libertad, debe cumplir una sentencia condenatoria, por benigna que ésta pudiera ser considerada. En esto coincidimos con el voto particular del Partido Auténtico de la Revolución.

Aunque parezca anecdótico, no resulta ocioso hacer ver a ustedes compañeros del Partido Revolucionario Institucional, que en los medios judiciales, universitarios, académicos en general y aun entre personas medianamente conocedoras del

derecho, de aprobar iniciativas como la que analizamos, esta Cámara será objeto del ridículo, el escarnio y el desprecio más justificado.

Compañeras y compañeros diputados: Por las anteriores razones y muchas otras que, como anteriormente dije, debieran constar en el dictamen de la comisión, solicito a nombre del Partido de la Revolución Democrática, sea retirado dicho dictamen y se atiendan, se analicen y reflexionen aquéllas nuestras razones.

Igualmente solicitamos que el texto de esta intervención que entrego a usted señor presidente, sea anexado a dicho dictamen como voto particular de mi partido, dejándolo abierto desde luego a quienes deseen adherirse al mismo.

El C. Presidente: - Agreguése al dictamen.

Tiene el uso de la palabra...

El C. Miguel Montes García (desde su curul): - Permítame una moción de orden.

El C. Presidente: - Sí diputado.

El C. Miguel Montes García (desde su curul): - La Ley Orgánica y el reglamento señalan el tiempo y la forma en que deben presentarse los votos particulares y no es de ninguna manera como está pretendiendo presentar un alegato en tribuna. Eso no es voto particular.

El C. Presidente: - Procede la moción de orden diputado Montes.

Diputado Martínez Camberos, queda enterado.

Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Carlos Vega Memije.

El C. Carlos Javier Vega Memije: El C. Carlos Javier Memije: - Ciudadano presidente; honorable asamblea: El diputado maestro Martínez Camberos que nos ha atendido en el uso de la palabra y como miembro que es también de la Comisión de Justicia, no me dejará mentir en los comentarios que a continuación haremos de lo que sucedió en el seno de la citada comisión.

De entrada rechazo las afirmaciones que aquí ha vertido. El expresa, como un botón de muestra señalada, que el hecho de que en el seno de esta comisión se haya presentado ya a esta honorable asamblea un dictamen sobre la minuta que la colegisladora nos remitió, para él esto implica un sometimiento al Ejecutivo, por ser el detonador, conforme a la fracción I del artículo 71 constitucional, que faculta al titular del Ejecutivo para iniciar algún acto legislativo.

Quiero recordarle al maestro las reuniones que tuvimos en el seno de esta comisión, en las cuales con la intervención, como él también lo reconoce más tarde de todas las fracciones parlamentarias, presentaron sus argumentos, se recogieron los mismos que así creyó prudente el seno de la misma, y él mismo se refiere alguno de ellos que fueron recogidos y señalados en la lectura que se dio aquí de este proyecto sometido a la consideración de esta asamblea.

El refiere que la iniciativa que el Ejecutivo envió a la colegisladora, y niega que el ejercicio de las facultades que tiene el Ejecutivo constitucionalmente, haya promovido ante los ejecutivos estatales que como todos sabemos están facultados internamente también para, en su ámbito estatal, actuar de acuerdo con la materia.

El dice que no es carácter jurídico....

El C. Presidente: - Diputado Vega, el diputado Martínez Camberos pregunta a usted si acepta una interpelación.

El C. Carlos Javier Vega Memije: - ¡No!

El C. Presidente: - No la acepta diputado.

El C. Carlos Javier Vega Memije: - El ha cuestionado cuál es la finalidad de esta iniciativa presidencial. Queremos recordar la exposición de motivos que él mismo leyó en alguna parte, pero omitió referir dos finalidades: una, es precisar y reglamentar las facultades del Poder Ejecutivo para conferir el proyecto del indulto en supuestos ya vigentes y en nuevas posibilidades. Y la otra, es actualizar y enmendar cuerpos sustantivos y adjetivos vigentes para que haya armonía entre ello y se ajusten a cambios anteriores, buscándose al mismo tiempo una mejor redacción y una mayor claridad.

Las reformas propuestas están contenidas en el Plan de Desarrollo Nacional 1989-1994, específicamente en el acuerdo nacional para la ampliación de nuestra vida democrática.

Aspira dar solución a la demanda ciudadana de consideración a la pluralidad y vigorizar la unidad nacional con la intervención activa de todos los sectores sociales y de todas las corrientes ideológicas. Todo ello, como se insistió, en el seno de la Comisión de Justicia, en un ambiente de consenso que fortalezca institucionalmente a la nación.

Ahí analizamos, en primer término, que el Presidente de la República está facultado por la fracción XIV del artículo 89 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos para conceder, conforme a las leyes, indulto a los reos sentenciados por delitos de la competencia de los tribunales federales y a los sentenciados por delitos del orden común en el Distrito Federal.

El señaló que en el seno de la comisión, él propuso que por qué no se iniciaba un acto legislativo de amnistía. A él se le comentó, como ahora se hace a esta honorable asamblea, que esas dos figuras no son excluyentes como él mismo lo requirió. La amnistía es un acto legislativo, en un acto cuya facultad está depositada en el Congreso de la Unión, es un acto, por tanto, general, impersonal y abstracto, es un acto que olvida no sólo la acción penal sino también sus derivaciones consecuentes como es, esta sanción, esta pena e inclusive la propia responsabilidad, más no la civil; en cambio se le comentó, en este momento nos ocupamos del indulto que es una facultad, como hemos señalado, que tiene el titular del Ejecutivo, porque en este momento es la minuta de proyecto de decreto que nos envía la colegisladora, la que nos ocupa, pero esto, de ninguna manera coarta el derecho para que el Congreso de la Unión, como ya se ha hecho en reiteradas ocasiones; si atendemos a nuestra historia, con estas leyes de amnistía y que podemos verlas desde Juárez, con Lerdo, con Carranza, con el propio general Cárdenas, con el ex presidente Echeverría y últimamente en 1978, con López Portillo, puede también, no está coartado este derecho, de iniciar un acto legislativo general, personal y abstracto.

Pero en este momento, nos ocupa una minuta proyecto de decreto en el cual, fundada constitucionalmente, se presenta una forma como lo hemos señalado para certificar, para regular, para precisar para dar mayor seguridad jurídica a los gobernados con el indulto, que es simplemente un perdón; que va y se entiende como señalan nuestras disposiciones penales, únicamente cuando existe una sentencia firme, y son al contrario de la amnistía, para situaciones específicas, concretas e individualizadas.

¿Qué es lo que hacemos aquí entonces? Tampoco como dice el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, no es venir a otorgar todas las facultades al titular del Ejecutivo, sino como se comentó en el propio seno de la comisión, es precisamente lo contrario, es tratar de regular y precisar estas facultades, es de adecuarlas a la técnica jurídica.

Si nosotros revisamos, cuestión que el maestro no expresó, si nosotros analizamos cómo viene la iniciativa y cuál es la propuesta que ahora hace la colegisladora y que hacemos nuestra en la Comisión de Justicia, observaremos que además de precisar que procederá la concesión, el otorgamiento del indulto para aquellos casos en los cuales el responsable haya tenido determinaciones por motivos de carácter político y social y se le señala algunas limitaciones, la colegisladora, insisto, y la Comisión de Justicia ha hecho suyas, otras limitaciones y excepciones pero no sólo para estos casos, en los cuales se actúe por motivo políticos o sociales, sino lo hace general y además no lo limita tampoco a los casos de orden común, sino también lo lleva a las situaciones en materia federal, es decir, aquí como se ve, continúa la facultad discrecional del titular del Ejecutivo, sí, pero tiene que atender un dictamen razonado, tiene que atender, como dice la expresión del precepto que se pone y somete a su consideración, tiene que atender a las leyes, y en este caso es de acuerdo con la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social del sentenciado, en la cual se precisa para observar cómo puede determinar que se obtenga un alto grado de readaptación social, cómo se va a observar y determinar que un reo ha alcanzado precisamente esta condición.

Esa es una limitante, como la otra de que no deba implicar un riesgo para la seguridad pública, pero además, como lo señala el propio precepto sometido a la consideración de todos ustedes, no debe tratarse de sanciones que se estén cumpliendo por sentencias por traición a la patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, genocidio, delitos contra la salud, violación, delitos intencionales contra la vida, secuestro y también excluye en los casos de reincidentes por delitos intencionales.

Además, poniendo todas estas limitaciones, se refiere a que funcionará o podrá el titular del Ejecutivo, en uso de esas facultades discrecionales, expresando sus razones y fundamentos, en los casos en los que por delitos de carácter político al que alude el artículo 144 del Código Penal, procederá, por otros delitos como ya lo hemos dicho, cuando la conducta de los responsables haya sido determinada por motivaciones de carácter político o social y por los delitos del orden federal o común en el Distrito Federal, cuando los sentenciados hayan prestado importantes servicios a la nación y previa su solicitud.

Es pues claro cuál fue el ambiente de trabajo, de consenso, de diálogo, de disposición, porque en el seno de la comisión es cierto, como aquí se ha reconocido aunque parcialmente, se escuchó, se atendió lo que debía atenderse.

Expresó también el diputado que nos antecedió en uso de la palabra, que el Congreso de la Unión debe reasumir sus funciones. Creo yo que con los

antecedentes que hemos señalado de las leyes de amnistía, que cuando se han requerido el Congreso de la Unión ha actuado, creo yo que son suficientes ejemplos para demostrar que el Congreso de la Unión no ha perdido ninguna de esas facultades, e insistimos a mayor abundamiento, no son excluyentes, legislar sobre indulto que hacerlo sobre la amnistía.

También se ha expresado por el diputado Martínez Camberos, que se ha seguido ciertamente a la colegisladora en la minuta de proyecto que ha presentado en el reconocimiento de inocencia. Creo que es de conocimiento de todos los abogados que actualmente en el sistema penal se habla, ya no con esta distinción que hacía o que hace actualmente todavía nuestro artículo 611 y que también se pone a la consideración de ustedes para que sea suprimido, cuando hablaba del indulto ya sea necesario o por gracia. Todos conocemos que actualmente se habla del reconocimiento de inocencia, que la doctrina trata, una vez que la función jurisdiccional ha terminado, una vez que existe sentencia firme, una vez que ha concluido la función jurisdiccional, trata de ver si existió alguna anomalía, si existió algún error, tratar de enmendar éste a través de una acción. ¿Y cuál es ésta? Uno de los caminos es precisamente a través de este indulto para reparar un error, precisamente por ello se expresa que cuando de los datos que se aporten resulte que el sentenciado no fue el que cometió dicho ilícito, no cabe sino por justicia reconocer esa inocencia del inculpado.

Por ello es que, en congruencia en esta no división de poderes, sino separación de funciones, debemos trabajar como lo hicimos en la comisión y reconocer las acciones que tienen argumentos y fundamentos para poder estar de acuerdo con ellas.

Finalmente el maestro Martínez Camberos señala que hay una aberración, porque se refiere, el artículo 614 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en su fracción IV que cuando el sentenciado hubiere sido condenado por los mismos hechos en juicios diversos, él mismo expresó que desafortunadamente en algunas zonas en algunas ocasiones se da el supuesto de que exista por los mismo hechos, una persona sentenciada en dos juicios. El expresa que es una aberración que aquí señalemos también en uso de nuestras facultades, que se debe estar a la sentencia más benigna del reo y él expresa como ejemplo, que si hay una sentencia absolutoria, cómo es posible que se esté a la otra sentencia. La pregunta está por sí sola, pues es obvio que la sentencia más benigna, que la sentencia que más ayuda al reo, es precisamente esa absolutoria y será la que entonces deba prevalecer, que es lo que en el seno de la Comisión de Justicia aprobamos estando todas las fracciones aquí representadas.

Por ello, honorable asamblea, yo solicito a todos ustedes que después de escuchar a los demás compañeros que vengan a hablar en pro y en contra, se haga un análisis jurídico, se haga un análisis ponderado y fuera de las pasiones políticas e ideológicas se determine en un proceso complejo como es éste, técnicamente, y de gran importancia, si ayuda o no, si beneficia o no al pueblo; si beneficia o no, a nuestros representados con la regularidad y la certeza jurídica que pretenden dar las reformas, las adiciones y las modificaciones que la Comisión de Justicia presenta al seno de esta honorable asamblea. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Carlos Bracho.

El C. Carlos Enrique Bracho González: - Con su venia señor presidente: Los diputados del Partido Revolucionario Institucional suben a esta tribuna y con toda tranquilidad dicen, como el diputado que me antecedió en la palabra, y dice: rechazo categóricamente tal o cual argumento que es expuesto por los partidos de oposición aquí presentes, y pretenden con esa sola frase borrar los argumentos que se esgrimen y luego empiezan a leer una serie de cuestiones que no contestan dichos argumentos.

Así que en ese sentido, rechazo categóricamente lo que dijo el compañero que me antecedió, que el proyecto de decreto que reforma las disposiciones del Código Penal, rechazo que obedezca a razones humanitarias, rechazo categóricamente que sea para la armonía y para la unidad nacional.

Yo creo que nadie, nadie podría afirmar que haya habido una consulta pública que merezca tal nombre, en la opinión, en la que la opinión del país, las organizaciones de derechos humanos, los partidos políticos, los ciudadanos interesados, hayan tenido ocasión de externar su parecer sobre un asunto tan delicado; menos aun podrá insinuarse siquiera, que éste proyecto sea consecuencia de una concertación política o parte de una concertación integral, para el desarrollo democrático del país, no lo es, no lo ha sido; la forma como se ha desarrollado este caso, dando preferencia en el tiempo, la atención a esta iniciativa y retrasando la discusión sobre la necesaria reforma electoral, hace pensar en una manera, en una estrategia, según la cual existe una supuesta voluntad del Poder Ejecutivo, en el sentido de adelantar el proceso de la reconciliación nacional, aunque no haya capacidad en esta Cámara, debido a la actitud del Partido

Revolucionario Institucional, de los partidos políticos, para ponerse de acuerdo sobre el cambio democrático de las instituciones electorales y es que la verdad es otra, hay que señalarla.

No existe voluntad política del gobierno ni de su partido para cumplir la palabra empeñada, no, no, no se quieren procesos electorales limpios ni transparentes, no, no se quieren órganos electorales objetivos, imparciales e independientes del poder, no se quieren un auténtico régimen de partidos...

(Voces): - ¡Tema! ¡Tema!

Este es el tema, déjenme continuar, porque se los dijimos hace un año, va a venir Salinas de Gortari, y va a sufrir las consecuencias de su inconsecuencia, se los digo desde ahorita...

(Desorden.)

¡Así como me interrumpen, el que tiene que venir a informarnos a nosotros es el Presidente! Así le va a ir.

(Desorden.)

Síganle. Síganle.

(Desorden.)

Escuchen: No se quieren órganos electorales objetivos...

(Voces): - ¡Tema! ¡Tema!

Contrólalos mi querido Montes, mi querido Corbalá. ¿No está? Controla a tu gente.

Mira: No se quieren órganos imparciales del poder, no se quiere un auténtico régimen de partidos que aseguren, mediante el respeto al sufragio, la verdadera pluralidad política que se invoca y la alternancia en el poder.

No se quiere la democracia, sino la prolongación indebida de un régimen de partido de Estado. ¡No se quiere, por tanto, la reconciliación en la libertad, en la dignidad y en la plena participación de las fuerzas políticas!

(Desorden.)

El C. Presidente: - Diputado Bracho: Permita a esta presidencia el uso de la palabra.

Atentamente le hago una moción de orden, de conformidad con el artículo 105 del reglamento, exhortándole para que se apegue al tema de discusión. (Aplausos.)

(Voces): - ¡Fuera el Partido Revolucionario Institucional! ¡Fuera el Partido Revolucionario Institucional!

Esta presidencia pide atentamente a las galerías...

(Voces): ¡Fuera el Partido Revolucionario Institucional!

Esta presidencia, esta presidencia pide atentamente a las galerías guardar atención....

La secretaría...

Permítame, diputado Bracho.

La secretaría de lectura al artículo 207 del reglamento. Se pide atentamente a las galerías escuchar la disposición contenida en el artículo 207 del reglamento, que va a dar lectura la secretaría.

El C. secretario José Murat C: - "Artículo 207. Los concurrentes a las galerías, se presentarán sin armas: guardarán respeto, silencio y compostura, y no tomarán parte en los debates con ninguna clase de demostración".

El C. Presidente: - En consecuencia, esta presidencia hace un llamado atento a todos los asistentes a las galerías para que se comporten como está determinado por el reglamento, sin tomar parte en las deliberaciones, guarden silencio y respeto al orador.

Continúe diputado Bracho. (Aplausos.)

El C. Carlos Enrique Bracho González: - Y ciertamente, y ciertamente los compañeros del Partido Revolucionario Institucional que estaban gritando ¡Tema!, pues no leyeron evidentemente, señor presidente, compañeros, amigos diputados, no leyeron precisamente la exposición de motivos en donde aquí está una frase ciertamente la expresión "motivaciones de carácter político" Y lo que estaba diciendo era de carácter político y hay que fundamentarlo, lo estaba fundamentando. Pero es natural que así suceda y que partan de las filas del Partido Revolucionario Institucional estas expresiones.

Así que digo la reconciliación en la libertad, en la dignidad y en la plena participación de las fuerzas políticas, no se da. Y ese es el sentido profundo al que me estoy haciendo referencia, hay que quitarle las apariencias al proyecto de reformas que se somete a consideración, dicho proyecto

trata tan solo de ampliar el poder discrecional del Ejecutivo para conceder el indulto, eso es: Para decidir por sí y ante sí, qué sentenciados pueden ser objeto del indulto, qué sentenciado va a ser el agraciado, y se deja al arbitrio exclusivo del Presidente de la República. ¿Qué personas responsables de qué hechos, pertenecientes a qué agrupaciones, provenientes de dónde, pueden ser los que merezcan su favor? Ese es el asunto, esto es lo que no se debe soslayar y las solas limitaciones que la propia ley establece y que saltan a la vista y sólo a la primera lectura, querido compañero diputado que gritabas "tema", mira sólo una primera lectura, ahí van elementos que representan muros infranqueables, muy discutibles, como para la acción del Ejecutivo, muy discutibles, pero de ninguna manera, como dijo un jurisconsulto preclaro, licenciado Juan Pérez: "los criterios que normen objetiva y equitativamente sus decisiones no hay nada que las norme".

Así que podemos explicarnos por ejemplo: Que la iniciativa sujeta a la concesión del indulto a dos condiciones contradictorias entre sí, ¿cuáles son? Una, hay que subrayarla, una es de carácter aparentemente técnico, el grado de readaptación es difícil de verificar antes de que el sentenciado haya sido reincorporado a la sociedad, compañeros.

Y otra de carácter más abiertamente subjetivo, ¿cuál es? Pues, la de que su liberación no represente un peligro para la tranquilidad y la seguridad pública. Así que yo hago un llamado para preguntar: ¿Qué criterio es el que prevalece a fin de cuentas? ¿con qué regla se miden esos dos extremos?, que no son sino una posibilidad de conductas futuras. Sí a una mayor readaptación se supondría, una menor peligrosidad y aún mayor peligro se derivaría en una o más insuficientes readaptaciones, pero con consecuencias jurídicas opuestas según lo que arbitrariamente se elija, según lo que arbitrariamente elija el señor Ejecutivo en turno.

Lo expuesto anteriormente lo que hace pues en un examen imparcial sino marcar el carácter totalmente discrecional que se le otorga a las decisiones y como el hombre del corbatón lo aseveraba, hubiera sido más honesto eliminar estos falsos criterios normativos que sólo sirven para esgrimir razones de justicia y de equidad que sólo ocultan los reales motivos que se esconden tras de la concesión graciosa del indulto a un sentenciado en particular y la negativa a otro en circunstancias semejantes, con lo que evidentemente se desnaturalizan los fines jurídicos del proyecto. Esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que pensar, en estas circunstancias, por eso hay que decirlo aquí sin velos.

El indulto es una herencia de los regímenes republicanos de poderes, y de poderes excepcionales que se otorgaban, como lo sabemos antaño, a los monarcas, a los reyes y como derivación del derecho divino, claro, pues, en él se fundamentaba su majestad, el ejercicio de su poder, es el derecho a la vida y a la libertad de que dispone el soberano, por encima de las leyes y del juicio de los hombres. Y que en tiempos conocidos se expresaba, como lo dijo el compañero Camberos, por medio del pulgar de la mano derecha puesto hacia arriba o hacia abajo, y esto es un ejemplo trágico de lo que en nuestro país se conoce como "el dedazo".

El indulto es un mandato de excepción que ciertos regímenes constitucionales limitan a cierto tipo de delitos o condicionan a ciertos requisitos, pero cuya esencia última es el arbitrio supremo del jefe del Estado.

Esto es, su criterio aplicado, quizá, por una conveniencia política o por compasión o por una graciosa merced.

Compañeros, si el indulto se convirtiera en un instrumento complementario de control social, de cohecho o de intimidación política, no haría sino reforzar el presidencialismo cerrado y prepotente que ya padecemos, representaría en esa medida un evidente retroceso de nuestra vida democrática (Aplausos.)

Para nadie, en esta nación, es un secreto que no hay concertación política, que no hay apertura democrática, que no hay acuerdos razonables con la oposición, que no existe un verdadero diálogo basado en la realidad electoral no hay el menor acercamiento gubernamental que se funde en lo que todos exigimos aquí y en todos los ámbitos de la República: "¡El respeto a la Constitución del país!". Gracias.

El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Edmundo Martínez Zaleta.

El C. Edmundo Martínez Zaleta: - Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados: Mi esencial propósito, al solicitar el uso de la tribuna era precisamente para que en un debate de altura parlamentaria, pusiésemos los legisladores, tener un intercambio directo; pero también me subí con el ánimo a esta tribuna, para aceptar con beneplácito los argumentos de mi amigo, el señor diputado Carlos Bracho.

Lamentablemente no encontré los argumentos de Carlos Bracho. Encontré, en sus palabras, las que

Porfirio Muñoz Ledo pronunció en el Senado de la República. Lamento mucho que Carlos Bracho hay sólo venido a leer el libreto del senador Muñoz Ledo, que fue rebatido con argumentos sólidos por el senador Julio Patiño, en el Senado de la República.

(Desorden.)

El propio Muñoz Ledo reconoció textualmente, conforme al Diario de los Debates del Senado que tengo en mi poder, que fue una brillante y erudita exposición jurídica del senador Julio Patiño.

No tiene caso, por ello, refutar los argumentos que con solidez jurídica y política, ya fueron refutados en el Senado de la República. Sin embargo, en lo que mi preopinante habló, muy poco por cierto, del indulto, quiero decirle que sí hubo una consulta entre los representantes populares que integran la Comisión de Justicia, y que pertenecen a distintos partidos políticos que integran esta legislatura. Sin embargo, en vista de que no hubo argumentación qué aceptar; con el permiso de esta honorable asamblea, habré de dar mi opinión particular sobre el tema del indulto.

El dictamen de la Comisión de Justicia, que ha sido presentado al estudio y a la consideración de esta Cámara, y que ahora se discute; merece desde luego, mi apoyo razonado. Y manifestaré con todo respeto, los argumentos en favor de la iniciativa, y que discrepan sensiblemente con los que el señor diputado Alexandro Martínez Camberos expuso hace unos momentos.

No es procedente de ninguna manera, tratar de sustituir ahora, a la figura política del indulto que hoy discutimos por la de la amnistía; porque, aunque ambas extinguen la sanción, su esencia es diferente. El indulto es un acto concreto de ejecución, que se refiere a un individuo en particular y que se aplica a ese, cuando ha sido sentenciado, y en su caso ha sido considerado cosa juzgada, y el reo, desde luego, está para el cumplimiento de la sanción, a. disposición del Poder Ejecutivo.

La amnistía es una ley emanada del Congreso de la Unión, de carácter general y que ha de aplicarse a todas las personas comprendidas dentro de esta situación abstracta, que la propia ley preveé. Por ahora, no está en la mesa de las discusiones, el establecer o no, la institución del indulto; la existencia de éste, nuestro derecho constitucional la registra en 1857, como producto del Congreso Constituyente de 1856, y cuya facultad de otorgarlo en competencia federal, se le faculta al Presidente de la República. Lo que el Ejecutivo, a través de su iniciativa de reformas al Código Penal, sustancialmente mejorada por el Senado de la República y por muchos miembros de la Comisión de Justicia de esta Cámara, nos propone que se amplíe en los casos de procedencia del otorgamiento del indulto de algún sentenciado, indicándole la forma de decretarlo y de como hacerlo del conocimiento de la sociedad, y amplía las posibilidades en que se pueda y deba concederse, salvaguardando invariablemente los altos intereses de la sociedad.

Lo que se busca con esta iniciativa, es que el indulto proceda, no solamente en los casos de delitos de rebelión, sedición, motín y conspiración para cometerlos sino que se pretende ampliar su campo de aplicación haciéndolo extensivo cuando se cometan delitos originados por motivaciones políticas y sociales. El dictamen que hoy se discute es consecuencia de un trabajo fecundo, serio y responsable de los legisladores de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional. Auténtico de la Revolución Mexicana. (Aplausos)

Que con oportunidad opinamos, analizamos, fueron tomadas en cuenta nuestras opiniones cuando fueron procedentes y discutimos este trascendental asunto y que hoy ponemos a la consideración de esta asamblea con objeto de profundizar aún más democráticamente su discusión para encontrar mayores puntos de convergencia para, de aprobarse esta iniciativa, se les pueda conceder su libertad a sentenciados que encuadren en estas nuevas reformas jurídicas para que se incorporen de inmediato al desarrollo productivo del país.

También se habla de la iniciativa que nos ocupa, que el indulto habrá de proceder cuando se trate de inculpados que hubieran prestado importantes servicios a la nación, pero es necesario precisar y lo digo bajo mi responsabilidad y bajo mi convicción personal que un servidor público de cualquier jerarquía burocrática, por el hecho de haber cumplido con eficacia su cargo, por ningún motivo debe catalogarse como importante servicio prestado a la nación puesto que ello no es mérito alguno, simplemente es cumplir con el deber.

Quiero recordar a esta asamblea, con especial dedicatoria a nuestros visitantes de galerías, que el último caso de cuando el Presidente de la República otorgó el indulto...

(Desorden.)

Quiero recordar el último caso cuando un Presidente de la República otorgó el indulto a un

gran mexicano, a este gran mexicano se le otorgó el indulto por los trascendentes servicios que prestó a la nación...

(Desorden.)

El C. Presidente: - Diputado Martínez Zaleta, permita un segundo. Proceda la secretaría a dar lectura al artículo 209 del reglamento. La lectura del artículo 209 del reglamento es una advertencia de esta presidencia a las galerías.

El C. secretario Sergio Alfonso Rueda Montoya: - "Artículo 209. Los que perturben de cualquier modo el orden, serán despedidos de las galerías en el mismo acto; pero si la falta fuere grave o importante delito, el presidente mandará detener al que la cometiere y consignarlo al juez competente".

El C. Presidente: - Y se pide atentamente a la secretaría, dar lectura con énfasis al artículo 209.

El C. secretario Sergio Alfonso Rueda Montoya: - "Artículo 209. Los que perturben de cualquier modo el orden, serán despedidos de las galerías en el mismo acto, pero si la falta fuere grave o importante delito, el presidente mandará detener al que la cometiere y consignarlo al juez competente".

(Desorden.)

El C. Edmundo Martínez Zaleta: - Quiero recordar a esta asamblea el último caso cuando el Presidente de la República otorgó el indulto a un gran mexicano por los trascendentales servicios que prestó a la nación este personaje sin haber sido nunca miembro del gobierno de México. Pero que sí trascendió el muralismo mexicano. Se destacó como luchador social y que lamentablemente incurrió en hechos delictivos, por lo que fue procesado y sentenciado, me refiero al revolucionario David Alfaro Siqueiros.

No puedo estar de acuerdo con la incongruencia del señor diputado Pablo Gómez que cuando él se encuentra en esta tribuna pide respeto y atención y cuando él está en su curul, es el primero en que grita soeces e insolencias.

El C. Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): - Señor presidente, solicito al orador si me permite una interpelación.

El C. Presidente: - El diputado Pablo Gómez solicita al ciudadano diputado Martínez Zaleta, hacer una interpelación. ¿La autoriza el diputado Martínez Zaleta?

El C. Edmundo Martínez Zaleta: - Yo quisiera con el mayor placer, obsequiar los deseos del compañero Pablo Gómez...

El C. Presidente: - No la aceptó diputado.

El C. Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): - Solicito la palabra para responder alusiones personales inmediatamente después de que termine el orador.

El C. Presidente: - Queda anotado diputado Gómez.

Continúe diputado Martínez Zaleta.

El C. Edmundo Martínez Zaleta: - Muchas gracias señor presidente. No puedo estar de acuerdo en que se afirme el otorgamiento del indulto es una reminiscencia monárquica, como lo dijo Muñoz Ledo, en el Senado y como lo repitieron los dos diputados que me precedieron, diferentes a mi partido, y que por ello ahora se le otorga la facultad al Presidente de la República. Sencillamente, la ley debe otorgarle esa facultad al Ejecutivo, puesto que éste es el encargado de ejecutar las sanciones penales, una vez concluido el proceso jurisdiccional. Y es, además, el responsable de aplicar el tratamiento individualizado para readaptar socialmente a los sentenciados.

No es aceptable y no acepto, que se diga que conceder el indulto es una facultad arbitraria del Ejecutivo. Es en un estado de derecho como en el que vivimos en México, un acto fundado y motivado jurídicamente. Y que hoy pretendemos sustancialmente mejorarlo, pero debemos agregar además que la facultad de indultar no es una decisión emocional de una sola persona, sino que deben concurrir diversos supuestos y estudios de personalidad, previos a la liberación. Este dictamen perfectible desde luego, ha mejorado algunos conceptos de la iniciativa. Tal es el caso de que se deja para la historia jurídica la figura del indulto necesario, sustituido ahora por el de reconocimiento de la inocencia.

También este Congreso de la Unión se propone otorgarle facultades discrecionales al Ejecutivo, por ser precisamente ésa la naturaleza jurídica del indulto, a cambio de la prudencia y discreción, como se contemplaba en el documento de origen.

Aunque solicité la palabra para argumentar a favor del dictamen que trata el tema del indulto, no voy a eludir, por una cortesía parlamentaria a los señores diputados Martínez Camberos y Carlos Bracho, que hablaron sobre la necesidad de una

Ley de Amnistía. Desde mi personal punto de vista, por ahora no sería necesaria insisto, es mi criterio una Ley de Amnistía, porque ahora México cada día, pese a lo que digan los detractores del sistema, con la participación de la gran mayoría de los mexicanos, nuestro país es cada día más democrático.

Quiero reiterar que es muy cierto que en anteriores etapas de nuestra vida nacional y en circunstancias muy diferentes a las que hoy en día privan en México, se promulgaron diversas leyes de amnistía, y hablaré de tres, para ilustrar mi comentario que complementa al del señor diputado, mi compañero priísta Carlos Vega Memije.

La Ley de Amnistía de 1937, que emitió el Presidente Lázaro Cárdenas, con el objeto de repatriar a quienes habían salido del país, con motivo de las rebeliones de De la Huerta, Vasconcelos y la guerra cristera; la que promulgó en el siglo pasado el Presidente Benito Juárez, en favor de los mexicanos que lucharon en contra de nuestra República, y la Ley de Amnistía de mayo de 1976 que favoreció a los inculpados de conductas ilícitas realizadas durante el movimiento obrero y popular y estudiantil de 1968.

Hoy en día vivimos un México muy diferente, con muchas necesidades qué superar, con muchos problemas que tenemos que resolver, pero la lucha es responsabilidad de todos, para que nuestro país sea cada día más democrático.

Coincido con mi compañero Vega Memije, que los compañeros del Partido de la Revolución Democrática tienen el constitucional derecho de presentar una iniciativa de Ley de Amnistía si así lo consideran procedente, y durante el proceso legislativo de ella, discutiremos sobre ese tópico, pero por ahora, como afirmaron en la comisión algunos otros diputados, el asunto que nos ocupa es el del indulto.

Voy a concluir mi participación recordando a Juan Lint: El desorden infecundo es únicamente posible cuando en las alturas del poder hay un gobierno democrático, porque entonces los hechos estarán diciendo que sólo la democracia consiente los desmanes y que únicamente el látigo de la dictadura resulta capaz de impedirlos. Si el desmán y el desorden se convierten en sistema perenne, por ahí no se va al socialismo, por ahí no se va tampoco a la consolidación de una república democrática, que yo creo que nos interesa conservar. Se va a la anarquía desesperada, que ni siquiera está dentro del ideal libertario, se va al desorden que puede acabar con el país.

(Desorden.)

El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Pablo Gómez para contestar alusiones personales por cinco minutos.

El C. Pablo Gómez Alvarez: - Ciudadanas diputadas, ciudadanos diputados: Me he visto precisado a hacer uso de la palabra después del incidente en el que el ciudadano diputado Martínez Zaleta afirmó en esta tribuna, que David Alfaro Siqueiros, había cometido diversos delitos por los cuales fue indultado.

MI comentario desde la butaca, fue en el sentido de que eso constituía una mentira, no es Martínez Zaleta, ni juez ni mucho menos. Sostengo que eso es una mentira y una falsedad, pero considero que afirmar que tal declaración es falsa o es mentira no constituye una palabra soez, como fue calificada por el propio ciudadano diputado Martínez Zaleta. En ningún momento puede considerarse que esta afirmación mía fue un insulto.

El no admitió la interpelación que solicité por medio del presidente de la asamblea y argumentó que no admitía la interpelación por falta de autoridad moral del solicitante, lo cual considero que constituye una ofensa en contra de otro diputado.

Solicito, en primer lugar, al ciudadano presidente de la asamblea, que demande de acuerdo con el artículo 107 del reglamento, al ciudadano Martínez Zaleta para que retire su afirmación y de lo contrario, es decir, si no lo acepta, se inserte lo dicho por él en el acta especial de acuerdo con el artículo 107 del reglamento para proceder a lo que hubiera lugar.

Ciudadanos diputados, ciudadanas diputadas: En el momento en que se discute una iniciativa del Ejecutivo para ampliar sus facultades en relación con la cuestión del indulto, yo creo que el caso de Siqueiros es justamente un elemento para no admitir la ampliación de esa facultad discrecional del Ejecutivo en aquellos asuntos que surgen, en aquellos procesos penales que surgen de cuestiones políticas y sociales.

La utilización del indulto en los casos de presos políticos se ha utilizado invariablemente como maniobra política del Ejecutivo y búsqueda para que la persona que está sometida a prisión, modifique su conducta, altere su comportamiento mediante la presión política directa del gobierno.

El contenido fundamental de las facultades del Ejecutivo, cuando los asuntos son de éste carácter, es absolutamente distinto que en los casos del indulto necesario, cuando ha resultado no responsable el inculpado o en otros casos muy específicos.

La naturaleza política de quienes sufren prisión por sus actividades, resulta incompatible con la facultad que se le quiere dar al ejecutivo para ejercer el indulto en esta materia.

Los presos de 1968, rechazamos las propuestas de indulto del Ejecutivo, porque el indulto es una gracia y cuando se lucha por las ideas que uno sostiene y por la justicia que uno cree que corresponde a la gente, no cabe la concesión de la gracia, cabe la amnistía que es el olvido, cabe la reconsideración de la parte acusadora que es el Ministerio Público, o sea el desistimiento, que puede hacerse en todo momento del proceso y no solamente al término de éste, como es el caso del indulto.

Si el gobierno quiere dejar en libertad a presos políticos que han defendido las causas de su pueblo y de su gente, que utilice el método del desistimiento y si no el Congreso tiene la obligación moral y política de utilizar la amnistía que es una ley que no implica gracia ni condición alguna, ésa es nuestra posición.

El C. Presidente: - Esta presidencia, en atención a la solicitud presentada por el diputado Pablo Gómez, en los términos del artículo 107 del reglamento, invita al ciudadano diputado Martínez Zaleta, a retirar las ofensas consideradas así por el ciudadano diputado Pablo Gómez.

El C. Edmundo Martínez Zaleta: - Con su permiso, señor presidente. No considero el haberle dicho al compañero Pablo Gómez que carece de autoridad moral el que sea un insulto, porque si vamos a empezar a analizar cómo cataloga los insultos, peores insultos hemos recibido de él y de su partido. Y nunca hemos pedido ni vamos a pedir disculpa alguna. (Aplausos.)

Sin embargo, si estas palabras que dije lastiman la hipersensibilidad del señor diputado Pablos Gómez, le solicito al señor presidente que se retiren esas palabras del Diario de los Debates. Muchas gracias.

El C. Presidente: - En consecuencia, esta presidencia autoriza a la secretaría a retirarlas.

En atención a esta nota, se retira el párrafo del diputado Martínez Zaleta, del Diario de los Debates.

Tiene el uso de la palabra el diputado Aroche Parra para hechos, por cinco minutos.

El C. Miguel Aroche Parra: - Gracias señor presidente.

No los distraeré mucho tiempo, he querido asumir la tribuna también muy brevemente, para salir al paso como si fuese yo mismo quien ha sido citado aquí, al recordar y dar como delincuente a David Alfaro Siqueiros, que pasó en la cárcel junto a nosotros, a los presos ferrocarrileros de entonces, años, en razón de la persecución en contra de sus ideas. Rechazo terminantemente la acusación que se ha hecho aquí, implícita, en el sentido de que se le dio el indulto perdonándole en este caso los delitos que había cometido sin haberlos precisado.

En David, se castigaba su posición de exponente, diríamos que no como pintor y también como combatiente de las ideas por el socialismo; se castigaba su renuencia a aceptar que este país siguiera empantanado en la antidemocracia, que este país siguiera el camino del sometimiento a las fuerzas peores, a las fuerzas más enemigas de México de toda la vida, el imperialismo yanqui.

También quiero intentar demostrar que los alegatos que se dan en la iniciativa del Ejecutivo respecto del indulto, no tienen ninguna base; se pretende que esta iniciativa deba servir para que haya en el país y entre los mexicanos un clima de concordia, un clima de unidad nacional, esta frase tan falsa, un clima de diálogo, pero la verdad es que si esto se quisiera, lo primero que habría que hacer es respetar el voto ciudadano y éste se atropella.

No es la oposición y particularmente mi partido, pese a que no somos palomas blancas, no somos nosotros quienes estamos llevando las cosas a una situación de intolerancia, es el abuso del poder, de un poder ilegítimo, el que está llevándonos a una situación de desbordamiento de las pasiones en muchos lugares. Esto es lo que ocurre y por encima de esto...

El C. Jaime Castrejón Díez (desde su curul): - ¿Me permite una interpelación?

El C. Presidente: - Diputado Aroche, el diputado...

El C. Miguel Aroche Parra: - No concedo ninguna interpelación; ven aquí a la tribuna.

(Desorden.)

Lo que está desbordando las pasiones les repito, la violación del voto...

Es un Presidente ilegítimo, lo repito: es un presidente de facto, no de ley, no de derecho...

(Desorden.)

El C. Presidente: - Diputado, diputado Aroche Parra...

El C. Miguel Aroche Parra: - Se lo repito y por qué ahora se indigna. Ese es un hecho que conocen muchos.

El C. Presidente: - Diputado Aroche Parra, el diputado Jaime Castrejón ha venido hasta acá para señalar a usted una falta que se fundamenta en el artículo 107. Ha señalado el diputado Castrejón, que con su intervención ha ofendido usted a un servidor público: Al Presidente de la República...

(Desorden.)

Esta presidencia invita a usted a retirar la ofensa.

El C. Miguel Aroche Parra: - No hay ninguna ofensa, por favor, no hay ninguna ofensa; en mi opinión y la repito, el Poder Ejecutivo se basa en sólo el uso del poder, pero nadie lo eligió. La mayoría de los mexicanos votaron en contra de Salinas de Gortari...

(Desorden.)

Luego entonces, el poder en México, hoy es un poder usurpador, es un poder usurpador; lo repito desde aquí.

El C. Presidente: - Diputado Aroche, diputado Aroche... A todos los ciudadanos diputados, esta presidencia les invita a tomar su lugar en su curul para continuar con esta sesión.

El C. Miguel Aroche Parra: - Aquí está el papelito en que se dice que se me terminó el tiempo y hay muchos diputados aquí que nunca vienen a la tribuna, pero están atentos a marcar el tiempo: ¡se le pasó el tiempo! Ni rebuznan siquiera en la tribuna.

(Desorden.)

Y voy a terminar, yo digo que...

(Desorden.)

El C. Presidente ( a las 12.45 horas): - Esta presidencia declara un receso.

RECESO

El C. Presidente (a las 13.40 horas): - Se reanuda la sesión.

Esta presidencia informa a la asamblea que con el acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios, la presidencia hace un exhorto a todos los miembros de la asamblea para que sus intervenciones sean respetuosas y comedidas, y principalmente para que se apeguen al tema del debate.

Asimismo informa que la presidencia retira la aplicación del artículo 107 del reglamento citado.

Pide también, a los ciudadanos diputados, que sean tan amables en declinar los turnos de quien ha pedido hacer uso de la palabra para hechos y se reserven, para concluir el debate para el que hemos sido convocados.

Finalmente, se hace un atento llamado a las galerías para que guarden orden, silencio y se abstengan de participar en los debates en virtud de que el acuerdo que se ha tomado, es en el sentido de que en el próximo desorden que se ocasione, tendrá que aplicarse el reglamento y serán desalojadas las galerías. (Aplausos.)

Diputado Aroche Parra, puede usted concluir con su intervención.

El C. Miguel Aroche Parra: - Quiero pedirle al señor presidente de esta Cámara, como en los casos de los eventos deportivos, que se tome el trabajo de "descontarme el tiempo".

Insisto en mantener...

(Voces): - ¡Payaso!

No soy ningún payaso, no me hagan que les conteste como merecen; el presidente ha hecho una exhortación, no soy ningún payaso, y exhorto, le pido a quien lo dijo, ¡que me lo diga personalmente al salir de aquí!

(Voces): - ¡Ajá!, ¡bravo!

¡Personalmente que me lo diga!...

(Voces): - ¡Bravooo!, ¡bravooo!, ¡bravooo!

Quiero concluir, no se puede contribuir a un clima de concordia con un proyecto, con una iniciativa como la que aquí se está debatiendo, que además de utilizarse como motivo de distracción, porque el país está atento respecto de las necesidades de la reforma, de la reforma electoral. (Aplausos.)

Además de esto, todavía se nos quiere cobrar para hacer pasar al Ejecutivo como generoso, como preocupado, etcétera.

Yo digo que si Salinas de Gortari, y ahora si me refiero a él personalmente, quiere abrir la vía para el debate, para la concordia: ¡que cambie la política que hunde a México! (Aplausos.)

Esta será la mejor prueba, la prueba irrefutable de que quiere diálogo, en tanto que eso no sea, el diálogo es muy difícil, cuando todos los días crece en número de desocupados, cuando todos los días no alcanza ningún dinero para comprar lo indispensable para la gente que forma el grueso del pueblo. ¡No es posible así pretender con una iniciativa como la que hoy se debate, abrir la puerta para la concordia, para el abrazo casi de hermanos!

¡En México se ha acrecentado, se ha recrudecido la lucha de clases y de responsabilidad fundamental recae en quienes ejercen el poder! Gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Hernández.

Por no encontrarse en la sala el diputado Carlos Hernández, tiene el uso de la palabra la diputada Amalia García.

La C. Amalia Dolores García Medina: - Compañeras y compañeros: lo que hoy hemos estado intentando discutir aquí, es una iniciativa que no tiene objetivo técnico y si faltaran más ejemplos para mostrar que no es técnico el asunto sino político, este debate que se ha venido suscitando aquí de distintas maneras, a veces de manera ríspida y me parece que además hay que tener claro que en el país la discusión va a ser fuerte y es fuerte, pero que necesitamos hacerla de la mejor manera, dando cada quien nuestros argumentos y tratando de que esto sirva para llegar a acuerdos en donde es posible, pero sin descalificar al contrario.

Decía yo, esta iniciativa que se nos presenta no tiene un objetivo técnico, no se trata de hacer algunos cuantos cambios para mejorar la relación, tiene y ya lo han dicho aquí otros compañeros, un sentido político, cualquier propuesta que venga del Ejecutivo no podemos pensar que se hace igual en cualquier tiempo, momento o lugar.

Yo quisiera decir que en la exposición de motivos, simplemente para puntualizar, se señala que se pretende dar respuesta a la exigencia ciudadana de respeto a la pluralidad, es un objeto político el que se está señalando aquí, se dice también que el objetivo es fortalecer la unidad nacional y también uno de los objetivos son la concordia y la armonía. Si esto es lo que se busca en esta Cámara de Diputados y también en la de Senadores, tenemos entonces la obligación de no ver este tipo de iniciativas, como asuntos aislados del Código Penal, sino que tenemos, sí, efectivamente compañero Zaleta, la obligación de hacer el análisis político de lo que está sucediendo en el país y de por qué tenemos que llevar al Código Penal iniciativas de este tipo.

Efectivamente existe en México una urgencia de crear condiciones para la reconciliación nacional, ¿qué quiere decir la reconciliación nacional?. quiere decir, crear condiciones para discutir los temas centrales de nuestro país en un ambiente democrático , eso es lo que puede crear las condiciones, compañeros, no la sumisión ni tampoco el silencio frene a puntos de vista divergentes, la unidad nacional y el respeto a la pluralidad serán en el debate y eso es parte de lo que debe ser nuestra vida democrática.

Sin embargo, yo me quiero referir a esta iniciativa y quiero decir que todavía no hemos llegado a esa aspiración en la cual debía de haber realmente una división de poderes. Quiero señalar por ejemplo, compañeros, que en la iniciativa que se nos manda del Senado, no se le cambió en la Comisión de Justicia, en la minuta que se ha leído del proyecto en relación con el indulto, no se le cambió casi nada. ¿Qué es lo que cambia, compañero Montes? Cambiaron las firmas y los sellos exclusivamente, porque incluso, cuestiones que fueron debatidas en la Comisión de Justicia, no solamente por lo miembros del Partido de la Revolución Democrática, sino por otros miembros de esa comisión, como el maestro Martínez Báez, no han sido recogidas.

Y me parece que ésa no es la manera de legislar, no podemos tener comisiones, ni una Cámara de Diputados que recibe documentos que son elaborados en otro lugar y simplemente les estampan las firmas y los sellos.

¿A qué me estoy refiriendo con las propuestos que presentó el maestro Martínez Báez y que hasta donde yo recuerdo, a menos que me desmientan los compañeros de la dirección de la Comisión de Justicia, fueron aceptadas como cuestiones que había que tomar en cuenta?

El maestro Martínez Báez, se refirió a la incongruencia que había en que la iniciativa se señalara "que en dos juicios prevalecería la pena mínima". Y él decía que esto debía ser cambiado; señalaba además que en la Constitución, en el artículo 23 se señala: " que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito", no hay entonces manera de que habiendo dos juicios se opte por el que tiene la pena mínima.

Sin embargo, aunque él hizo un señalamiento puntual y estoy poniendo un ejemplo, de que

incluso cuestiones de este tipo, que están más allá del debate ideológico o partidario, que son cuestiones que mejorarían la redacción de un documento, no son tomadas en cuenta.

¿Cuál sería la razón de fondo? Aquí había que preguntarse si es incompetencia de los miembros de la Comisión de Justicia; y yo digo que no, compañeros. Es la práctica que considera que aquellos proyectos que son enviados por el Ejecutivo, no pueden ser cambiados casi ni siquiera en una coma. El Senado hizo algunas pequeñas modificaciones, pero la Cámara de Diputados, es decir, su Comisión de Justicia, no tuvo la decisión, la voluntad con un espíritu verdaderamente parlamentario para moverle una sola coma.

Y si ustedes comparan la minuta del proyecto que nos envía el Senado y la que se nos ha turnado por la Comisión de Justicia, lo único que cambió fueron efectivamente los sellos y las firmas.

Ahora bien, en relación con el indulto, se ha dicho que la iniciativa que se envía es para mejorar esto que ya existe en la Constitución, esta prerrogativa del Ejecutivo.Sin embargo, una de las cuestiones centrales en el debate que se han dado en nuestro país, se refiere a las atribuciones precisamente del Ejecutivo que son excesivas y varias de las cuestiones que molestan a la ciudadanía, a la sociedad civil y no sólo a los partidos políticos, son el uso de actos de autoridad de manera permanente. Las decisiones principales en relación con lo que sucede en nuestro país, son decisiones de autoridad, no son tomadas en consideración las opiniones del conjunto de la sociedad. Y si hay una crítica que hacer a estas reformas que se proponen, no es solamente a ellas, sino al hecho de que en un ambiente en el cual se dice en la exposición de motivos y no lo decimos solamente nosotros, que el proyecto de ese tipo debe dar a pie al respeto, a la pluralidad, a fortalecer la unidad nacional a la concordia y a la armonía, se considere que quien puede decidir si hechos, determinaciones en relación con la vida y la libertad de personas, ayudarán a la pluralidad, a la unidad nacional, a la concordia y a la armonía, solamente si viene del Ejecutivo. Y lo que estamos cuestionando es esto. ¿Por qué la liberación de los inocentes?, puesto que ése es el término central en el que se ha basado este proyecto de indulto, en la característica de la inocencia; lo que está presente es entonces, una incongruencia; si se presume inocencia, ¿por qué el perdón? puesto que el indulto es el perdón; en todo caso ¿por qué no optar por la liberación, no mediante gracia presidencial?

Sabemos, lo decía el compañero Pablo Gómez, que existe el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público, en cualquier momento del proceso. Y yo creo que hay una incongruencia entonces, que se plantee que en los casos de inocencia, lo que corresponde es el perdón. ¿Perdón hacia qué? Si lo que se está presumiendo es la inocencia.

Se deja entonces, a la discrecionalidad del Ejecutivo, otorgar esto. Y lo que hemos cuestionado es que se siga poniendo el acento en las facultades del Ejecutivo.

Otra de las cuestiones que nos preocupan de esta propuesta, es que esta discrecionalidad del Ejecutivo, no lleva precisamente a la objetividad, este debate que hemos presenciado, muestra como está sujeto a la voluntad de una persona, la libertad y la vida de otro.

El caso de Siqueiros, que ya se reseñó, era precisamente de ese tipo, en el momento en que el Poder Ejecutivo consideró que era bueno perdonarlo, lo perdonó, por ser un luchador social.

Pero, ¿a qué me refiero, cuando digo que no hay objetividad? Se señala en el proyecto que se nos envía, que el indulto deberá estar sujeto a la consideración del alto grado de readaptación social del individuo, ¿quién determina el grado de readaptación social del individuo? Sabemos, por supuesto, que hay instituciones; sin embargo, siendo éste un asunto técnico, también es un asunto que está sujeto a la subjetividad. Y el otro elemento que nos parece que también es subjetivo, es el que refiere a que el indulto se otorgará cuando el individuo no represente un peligro para la tranquilidad pública.

Yo me pregunto, compañeras y compañeros; en una situación de gran debate político, de agitación social, como la que estamos viviendo, ¿quién va a determinar el grado de peligrosidad para la tranquilidad pública? Lo que estamos decidiendo aquí, que quien determine ese grado de peligrosidad, de acuerdo con su estado de ánimo, su humor o sus consideraciones políticas, sea el Ejecutivo. Y yo creo que no es ésta la manera de avanzar. Lo que México cada vez más está exigiendo, es que esta toma de decisiones, de concordia, de unidad, se tomen como parte de un debate y de la participación de la sociedad civil, no de la decisión unipersonal de un individuo; incluso si éste, es el Poder Ejecutivo.

Por eso nos pronunciamos porque en todo caso, esta Legislatura asuma el papel que le corresponde, y que en todo caso se amplíen las facultades que tenemos en el Código Penal, para el recurso de la amnistía.

Yo quiero señalar además, que el indulto, que es el perdón, está dirigido especialmente a individuos; y puesto que en el proyecto se menciona que éste abarcaría también a aquellos sujetos de delitos sociales y políticos, que en general, los llamados delitos sociales y políticos son realizados por grupos, entonces, habría que hacer la diferencia y considerar que este tipo de llamados delitos sociales y políticos, deberían ser considerados en la amnistía y que debíamos, en todo caso, ampliar este renglón. Muchas Gracias. (Aplausos.)

El C. Manuel Marcué Pardiñas (desde su curul): - Señor presidente, pido la palabra.

El C. Presidente: - ¿Es para hechos, diputado?

Tiene el uso de la palabra el diputado Marcué, para hechos por cinco minutos.

El C. Manuel Marcué Pardiñas: - Señores voy a ser brevísimo, yo nada más quiero recordar a aquellos hombres que estuvieron en la cárcel en diferentes épocas: a Sánchez Cárdenas con Miguel Alemán, a Dionisio Encimas, a Aroche Parra, a Campa y a Vallejo; injustamente once años, a Jacinto López por defender a los campesinos del país con el señor Ruíz Cortines, a Siqueiros por defender en México y en toda la América Latina a sus compañeros presos, al viejo Filomeno Mata, ejemplo de rectitud, hombre que respetó la herencia de su padre, el gran Filomeno Mata, Heberto Castillo, y no sigo con nombres porque muchos de los que estuvimos en la cárcel, aquí estamos. (Aplausos.)

(Desorden.)

Señores, ¿cómo es posible que quieran lo señores del Partido Revolucionario Institucional sacar una ley del indulto, en que tenga que aceptar el hombre, que injustamente está en la cárcel, que cometió crímenes o que cometió violaciones graves en contra de la ley?

Cuando los estudiantes de 1968 estuvimos en la cárcel...

(Desorden.)

Estudiante se es toda la vida, señores; se nos mandaba decir lo mismo, el gobierno del señor presidente Díaz Ordaz y posteriormente el gobierno del señor presidente Echeverría, que nos daban el indulto y todos decían: ¿por qué nos van a indultar, si no hemos cometido ningún delito? El delito que habíamos cometido era defender las libertades en este país.

Señores, defendamos las libertades en este país, en contra de los gobiernos que quieren señalar a todos los luchadores que defienden esas libertades, es lo único que les vengo a decir. (Aplausos.)

El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada Yolanda García de Vargas.

La C. Yolanda García de Vargas: - Señor presidente, compañeras y compañeros diputados: He pedido intervenir porque considero una extraordinaria oportunidad, hacer comentarios ante esta alta tribuna sobre un dictamen de naturaleza legislativa, el que indudablemente voy a apoyar, porque además de sus aspectos jurídicos y políticos positivos, lo considero de un profundo sentido humanístico.

La iniciativa de reformas y adiciones a la legislación penal sustantiva y adjetiva, lleva a clara intención de salvaguardar los derechos humanos. Esta iniciativa implica una adecuación a la realidad. Todos debemos estar de acuerdo en que esto representa un avance.

La iniciativa, técnicamente viene a limitar las facultades discrecionales del Ejecutivo, yo considero que por encima de intereses particulares o de grupo está el interés de la patria. Debemos estar unidos en torno a propuestas que benefician. La iniciativa sólo envuelve nobles propósitos. Estas reformas y adiciones comprenden factores de equilibrio y reconocimiento de la realidad social. En ella, se condicionan y limitan las facultades discrecionales del Ejecutivo; se amplía la materia. Lo más importante en este universo es la sociedad misma. Y es a esa sociedad a quien debemos proporcionar un ambiente de certidumbre, de tranquilidad. Darle la seguridad de que estamos velando por sus intereses, que éstas son disposiciones que mediatizan el rigorismo de la ley, permiten corregir errores. Bienvenidas sean si con ello hacemos un llamado a la concordia y a la buena fe.

Con el indulto se prevén dos objetivos generales: Moderar los efectos de la ley, la sentencia y permitir la acción política por caminos menos drásticos y más benignos, tomando en consideración los tiempos y las circunstancias, las que pudieran haber cambiado desde la fecha del fallo condenatorio.

El indulto es algo serio, delicado. Por virtud de él, se deja sin efectos una sentencia firme, su existencia se emplea siempre como una excepción, más no como una práctica normal. Y resulta conveniente advertir, que el indulto no es un poder arbitrario y que sólo es discrecional, es simple y sencillamente el cumplimiento de la ley

respectiva que faculta para tal efecto al presidente de la República, conforme a la atribución concedida en al fracción XIV del artículo 89 constitucional.

Tanto el indulto como la amnistía, extinguen la sanción penal, pero mientras el primero es un acto concreto de ejecución, que se refiere a un individuo en particular, la segunda es una disposición general, susceptible de aplicarse a todas las personas comprendidas en la situación abstracta que prevé.

Por lo que hace al indulto, sólo comprende la sanción impuesta en sentencia irrevocable. Pero en ningún caso extinguirá la obligación de reparar el daño causado, excepto tratándose de un reconocimiento de inocencia.

El Presidente de la República goza de una amplia facultad para indultar, salvo restricción expresa en contrario. Una de ellas es el artículo 110 que prohibe conceder indulto a personas consideradas en juicios de responsabilidad oficial. Tampoco procede en los casos previstos en el artículo 111.

El objetivo que se persigue al negar el indulto, en los casos de responsabilidad oficial, es el de eliminar toda posibilidad de que el Presidente de la República se sienta tentado a indultar y con ello desvirtuar la acción de la justicia en los casos de destitución de funcionarios y empleados allegados a él.

No habría una verdadera justicia al tratar igual a los que por ley y derecho son desiguales. El Presidente de la República puede indultar sólo a los reos considerados por delitos de la competencia de los tribunales federales. Un juez común, el de un estado, por más que esté aplicando una ley federal, el sentenciado no puede ser considerado como reo federal para los efectos del indulto.

Es improcedente que el Presidente de la República indultara, en caso de sentencia pronunciada por jueces de los estados.

El indulto es un acto de clemencia o de política, por medio del cual se hace la remisión de una pena o sentencia impuesta por sentencia irrevocable, repito, se le define como un acto de gracia emanado por el Poder Ejecutivo, que exime al individuo a quien se le otorga, del castigo que le ha sido impuesto por los tribunales a causa del delito por el que se le juzgó.

No obstante, aunque se trata de un acto de gracia, no es absoluta la voluntad del Presidente, en virtud de que no es una voluntad arbitraria, sino que está limitada a las prescripciones legales. El indulto se concede cuando hay sentencia definitiva. En ninguna forma interfiere con la actividad jurisdiccional, por cuanto dicha actividad concluye con el fallo irrevocable del juzgador, y a partir de entonces comienza la ejecución encomendada al Ejecutivo. El indulto es, desde este punto de vista, la dispensa que el Ejecutivo hace de su propia ejecución.

Los tratadistas coinciden en que el indulto debe servir para atender a las exigencias de la entidad frente a las generalizaciones rígidas del Derecho. Puede servir para enmendar un error del juez, para proporcionar el triunfo de la política, a veces a costa del Derecho. En la historia del país, el indulto no siempre ha sido una facultad privativa del Presidente; fue en la constitución de 1857, en la que se estableció el sistema actualmente en vigor, que contiene la facultad de amnistiar al Congreso y de indulto al Presidente de la República.

El constituyente general y local es el único competente para determinar de los órganos constituidos, quién otorga la amnistía y quién el indulto. Aunque su voluntad termina por prevalecer, es obvio que debe tener alguna razón para inclinarse en uno o en otro sentido. El simple arbitrio poco o nada tiene que ver con la determinación que finalmente se adopta. Si la amnistía tiene efectos generales y abstractos, lo lógico es que quien la concede sea el órgano legislativo, local o federal, por ser el órgano que entre otras funciones, dicte leyes entre las cuales se encuentra el Código Penal. El indulto por tener que ver con actos particulares y concretos relacionados con personas a disposición del Presidente de la República o los gobernadores, no puede ser atribuida la facultad de otorgarlo a órganos distintos que no sean ellos mismos. Estas razones se tuvieron, para atribuir que el Constituyente de 1857, el ejercicio de ambas facultades a los poderes actualmente competentes. No se confió a la rama judicial ninguna de las dos funciones por varias razones: la rama judicial no puede modificar sus propias determinaciones una vez dictadas y declaradas firmes; la aplicación de la pena es un acto ejecutivo, mas no judicial; la persecución de los delitos es una función del Ministerio Público.

Bajo este orden, la propia iniciativa, el dictamen nos habla de que se concede el indulto por los delitos de carácter político contenidos en el artículo 144, o sean rebelión, sedición, motín y conspiración para cometerlos; por cometer delitos cuando la conducta de los responsables haya sido determinada por motivación de carácter político o social; por delitos de orden federal o común en el

Distrito Federal; cuando el sentenciado haya presentado importantes servicios a la nación y previa solicitud.

Las condiciones que se incluyen en la iniciativa en su artículo 97, para la procedencia del indulto, en los casos y con las limitaciones que también se precisan, son desde luego válidas, de gran contenido social y perfectamente determinables conforme al propio régimen penitenciario y a su reglamentación de la Ley de Normas Mínimas para la Readaptación de los Sentenciados.

La Constitución garantiza que los gobiernos de la federación y de los estados organizan el sistema federal en sus respectivas jurisdicciones sobre la fase del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación, como medios para la readaptación social del delincuente.

Además contamos con la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social del sentenciado. En ella se establece que el tratamiento será individualizado, con aportación de las diversas ciencias y disciplinas pertinentes para la reincorporación social del sujeto, consideradas circunstancias personales.

Cabe destacar que dichos ordenamientos establecen que el régimen penitenciario debe ser de carácter progresivo y técnico y constará por lo menos de personas de estudio, diagnóstico y de tratamiento, dividido éste último en fases de tratamiento en clasificación y de tratamiento preliberacional.

El tratamiento se fundará en el resultado de los estudios de personalidad que se practican al reo, los que deberán ser actualizados periódicamente. Se procurará iniciar el estudio de personalidad del interno desde que éste queda sujeto a proceso, en cuyo caso se turnará copia de dicho estudio a la autoridad jurisdiccional de la que aquél dependa.

En cuanto al reconocimiento de inocencia que suple al indulto, cuando el sentenciado haya sido condenado por los mismos hechos en juicios diversos, que prevalecerá la sentencia más benigna, esta figura que aquí viene a sustituir al indulto necesario. Para actualizar su texto la iniciativa propone las reformas, a los diversos preceptos del Código de Procedimiento Penales para el Distrito Federal, así como del propio Código Federal de Procedimientos Penales, éste último para adecuar sus disposiciones a la reforma ahora propuesta al ordenamiento sustantivo.

Aquí se otorga un tratamiento diferente, más de acuerdo con el espíritu constitucional y la doctrina de derecho penal que de favorecer al sentenciado. Congruente esta reforma con la modernización del derecho penal, es de aceptarse la propuesta, dado que al favorecer al sentenciado se cumple con un postulado de elemental humanitarismo.

Compañeros, yo creo que debemos de estar muy conscientes del espíritu humanitario de esta iniciativa, no oponernos a una iniciativa por el sólo hecho de que sea presentado por el señor Presidente de la República.

También considero que está ya ha sido suficientemente debatida y ojalá que en el momento oportuno, no le neguemos la oportunidad a un semejante de obtener una libertad, que en cierta manera y por nosotros, representar el Poder Legislativo podría estar en otras manos. Gracias.

El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Leonel Godoy.

El C. Leonel Godoy Rangel: - Con su permiso señor presidente: Es claro, compañeros diputados que para los miembros del Partido de la Revolución Democrática, el problema de la iniciativa de reformas presentadas por el Ejecutivo, aprobadas por la fracción priísta del Senado y presentada como proyecto de dictamen por miembros de la Comisión de Justicia, no tiene nada que ver con la posibilidad de que aquellos ciudadanos, y de aquellas personas que hayan cometido un delito y que se tome la decisión por la autoridad facultada para concederles la gracia del perdón, esté en debate. Jamás estaremos en contra del indulto, por gracia, ni estaremos en contra de que aquellos delitos del orden común, también el Ejecutivo, por servicios prestados a la nación, pueda obtener su libertad.

No es pues el problema de la posibilidad de que cualquier persona goce o no de beneficios de que las leyes penales puedan conceder. El problema estriba y es definitivamente de carácter político. Por eso, mi planteamiento será de tipo político, dejaré a un lado, en lo que pueda, los aspectos técnicos, porque me parece que sería entrar en un falso debate parlamentario.

La iniciativa del Ejecutivo, del señor Salinas presenta una posición política de un ambiente democrático que definitivamente para nosotros no existe y no podemos aceptar que exista.

El Partido de la Revolución Democrática, ha sido lastimado profundamente por falta de voluntad política democrática. Es, entonces, nuestra posición político en relación a esta iniciativa.

La democracia en México todavía es una aspiración, muchos mexicanos luchamos por

conseguirla y es el presidencialismo quien representa el mayor obstáculo a estas aspiraciones democráticas de los mexicanos, de muchos mexicanos que creemos y tenemos todo el derecho en creer que no existe democracia en México, y si de ello queremos y tenemos posibilidad y creemos que tenemos la razón en afirmarlo, somos los miembros del Partido de la Revolución Democrática.

Este es el centro del debate. Ya lo sabemos, el indulto es una facultad del Ejecutivo, eso nadie lo niega, históricamente ha sido una facultad del Ejecutivo; la amnistía es una facultad del Legislativo, históricamente ha sido una facultad del Legislativo, no hay ningún problema en ese sentido.

El hecho de que ahora se hagan propuestas de reforma que en modifican, fíjense bien, en lo sustancial, las disposiciones vigentes, tienen un matiz político. ¿Se trató acaso el reconocimiento de la inocencia? ¿Se trató acaso de perfeccionar el desistimiento de la acción penal, que es otra figura que aquí se ha señalado? ¿Se habló de la amnistía, de precisarla?

No, señores, fue sólo y exclusivamente en pos, una propuesta en relación a una facultad exclusiva del Ejecutivo, ¿y por qué?, pues porque así se cierra el círculo. El Ejecutivo a través de las procuradurías, que son designadas por él, puede desistir de la acción penal en contra de procesados de cualquier índole, por el orden común o por delitos políticos.

La amnistía también es para procesados o sentenciados; el caso del indulto es exclusivamente del Ejecutivo y creo yo que el problema precisamente estriba en que es querer señalar una voluntad política, que no hay necesidad de decirla, pero que además no existe del Ejecutivo, de tener facultad de otorgar perdón en delitos políticos. Esto ya estaba y está en nuestra ley vigente.

El desistimiento de la acción penal, que también es una posibilidad del Ejecutivo, no fue tocada y creemos que precisamente se debe a que se quiere poner una cortina de humo en relación a lo que aquí realmente se debate.

Yo afirmo y sostengo, y por eso voy a votar en contra de este dictamen, porque no tiene que ver con reformas reales en relación a las facultades del Ejecutivo o del Legislativo en materia de perdón o de olvido. (Aplausos.)

El reconocimiento de la inocencia, que es realmente el problema que debió también haberse tratado, es una facultad que tampoco corresponde al Ejecutivo, que queda en manos del Poder Judicial y que sería bueno también haber tratado en esta reforma.

Para nosotros es indiscutible, que una reforma en materia de delitos políticos tiene que ver con la Ley de Amnistía o con leyes de amnistía, y que una ley de amnistía es posible en un órgano público como es éste o como es el Congreso donde están representadas todas las fuerzas políticas y pueden dar todos sus puntos de vista y no quedar nada más a la facultad discrecional del Ejecutivo, que ya la tiene, insisto, y que no había necesidad en mi opinión, no había el motivo de haber presentado esta iniciativa, salvo señalar dos fracciones en relación a cuándo se da la readaptación social, que si los delitos políticos fueran analizados y fueran presentados para que hubiera facultad de olvidarlos, tendría que darse esta facultad con mayor precisión al Poder Legislativo, porque es, insisto, donde están todas las fuerzas representadas y pueden debatir en relación a si se dan o no los delitos políticos.

El indulto como gracia, en mi opinión, pone el dedo en la llaga, no fue en 1968 aceptado, porque sabemos quién era el titular del Ejecutivo. Para nosotros entender la gracia como una supuesta ampliación del Ejecutivo, es meternos o querernos meter en la dinámica del problema de quién es el titular del Ejecutivo en este momento.

No habrá democracia si no hay respeto al voto; no habrá democracia si no se limitan las facultades del Presidente. Sí habrá democracia, sí habrá democracia si adquiere cada día más facultades el Congreso de la Unión; sí habrá democracia si se respeta la decisión del constituyente de la división de poderes.

Por eso es falso que se plantee que es un problema o que nosotros pongamos en duda que es un problema la facultad de iniciar leyes del titular del Ejecutivo. No es eso, porque también para nosotros es un problema que se nos escuchen nuestras opiniones aquí en la Cámara. (Aplausos.)

El problema estriba en que con esta iniciativa se le da una preminencía al Poder Ejecutivo en relación a algo que ya está en la ley y que no aporta nada nuevo.

Por eso compañeros diputados, yo los invito, yo los exhorto a que reflexionen en qué dice la Exposición de Motivos del Ejecutivo, en relación a estas reformas.

Y también a que reflexionen de que no se trata de que pueda una persona o no tener la posibilidad de recuperar su libertad. Se trata exclusivamente de reafirmar una facultad que el Ejecutivo ya tenía y

que sólo sirve para demostrar que las iniciativas del Ejecutivo sí son aprobadas con la expedición. (Aplausos.)

Por ello, nosotros no podemos votar a favor, no podemos caer en este garlito. El problema es otro, el problema de la democracia está ligado en este momento con el sufragio efectivo, no con facultades mayores para el Ejecutivo, Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Arturo Armendáriz.

El C. Arturo Armendáriz Delgado: - Señor presidente; honorable asamblea: Hemos venido escuchando en el transcurso de este debate, diversas opiniones de los participantes en las cuales, tal parece que de momento ha surgido la facultad presidencial de otorgar indultos y olvidando que la institución del indulto como facultad, ha existido en este país atribuido a diferentes servicios o funciones, desde la Constitución de Cadiz que estuvo vigente en el territorio mexicano.

Efectivamente, es en la Constitución de 1857, donde se precisa la facultad a cargo del Presidente de la República de otorgar indultos y se separa la facultad de otorgar la amnistía mediante leyes generales, al Congreso de la Unión.

Queremos, señalar también, por supuesto, de que dado que en este debate a veces parece como que se confunde la figura amnistía con indulto, queremos señalar que en el dictamen de la comisión de constituciones de 1857, hubo una aparente confusión que el debate y que la participación de los diputados constituyentes de ese Congreso, definió desde entonces perfectamente.

Queremos aclarar además, que cuando se concede y se señala la facultad de indultar a cargo del Presidente de la República, o como atribución del Presidente de la República, en este país siempre se ha hablado de conceder indultos conforme a las leyes, es decir, independientemente de que sea una facultad discrecional, la discreción se ve o se ha venido señalando con la limitación de que ésta se otorgue conforme a las leyes del país.

Por otra parte, se habla y se ha hablado en la tribuna, de que esta facultad del indulto es una de las excesivas facultades del Presidente de la República; en primer lugar se señala que "Sirios y Troyanos", en este país, han admitido esta facultad y la han conservado en las diferentes discusiones que han estado en vigor desde que nace en México a la vida independiente.

Pero si lo queremos comparar con otros países y en esto pudiéramos hacerlo con quien se puede considerar por la izquierda por el país más avanzado en legislación en el continente Americano, que es Cuba, nos encontramos con que la Constitución cubana establece facultad, por una parte, de la asamblea popular para otorgar la amnistía y, por la otra, del consejo de Estado para otorgar indultos, así específicamente se señala y se establece.

Esta es pues una institución que no solamente vienede la época monárquica, que no solamente ha heredado la república, sino además en los sistemas más modernos se sigue conservando y se sigue conservando básicamente, porque siempre se ha considerado que el indulto es una forma o conlleva en cierta forma la manera de eliminar algunos errores de tipo judicial, errores de tipo judicial que no solamente se dan en la monarquía, que no solamente se dan en la república, sino además en los sistemas socialistas.

Con esto queremos señalar y puntualizar que la institución de indulto es una institución ordinaria, pero que además no excluye ni nulifica la posibilidad de la ley de amnistía, si a sus condiciones, si las hipótesis, si las posibilidades de otorgarse una ley se pueden dar, a mi me parece raro que insistamos tanto en el por qué nada más renovar, actualizar, modificar, modernizar el indulto y ¿Por qué no la amnistía, señores? Si esta iniciativa de ninguna manera excluye la posibilidad ni nulifica la posibilidad de otorgarnos una ley de amnistía general y si algunas de las fracciones parlamentarias que contribuyen a la formación de la opinión de esta honorable Cámara consideran que es conveniente, creemos que más que lamentar que el Ejecutivo no haya acompañado a la iniciativa de indulto, una iniciativa para crear una Ley General de Amnistía, si el Ejecutivo no lo hizo, hay que recordar que nosotros, diputados al Congreso de la Unión, tenemos el derecho de iniciativa y que ese derecho de iniciativa podemos utilizarlo por los medios adecuados en esta Cámara.

Esto quiere decir que no solamente se trata de que el remedio sea renovar el indulto o transformarlo, ampliarlo en las hipótesis en algunos casos, reducirlo en las facultades en otros, sino que además de considerar necesaria la amnistía o bien, si se considera revisar el desistimiento de la acción penal que se da en otro momento, creo que es el momento de que las fracciones parlamentarias que así lo deseen lancen iniciativa para que nosotros podamos conocer su idea, su propuesta y, en su caso, la aprobación de la misma.

Queremos por otra parte hablar aquí de lo que una de las compañeras diputadas señaló con respecto

al reconocimiento de inocencia y que se refiere al hecho de que existiendo dos sentencias ejecutoriadas y obviamente dos procesos, en la actualidad la legislación penal señala específicamente que la segunda de las sentencias será nula y por lo tanto el reo o el sentenciado estará sujeto al valor y al efecto de la primera sentencia.

Se ha dicho y además con cierta temeridad, de que la Comisión de Justicia sí aceptó que esto implicaba una violación a la disposición del 23 constitucional, que establece que ninguna persona podrá ser juzgada por un mismo delito en dos ocasiones.

Queremos puntualizar y dejar muy claro, para que haya constancia, de que el hecho de que existan dos procesos y dos sentencias es en sí una violación al 23 constitucional, ya está dada la violación; hay un error que ha permitido violar la disposición del 23 constitucional y que es precisamente esta nueva disposición la que permite corregir el problema que constituye la violación del 23 constitucional y, por otra parte, no hay violación sino sólo exención de un concepto que se tiene en la doctrina moderna del derecho penal y que es, en todos los casos, aplicar los principios y las sanciones que mayor beneficien al procesado o en su caso al sentenciado.

En este caso la propuesta que se establece o que se da en la iniciativa, señala precisamente y recoge ese principio de que se estará a lo más benigno que pueda aplicarse a aquél sentenciado que haya sido sujeto a dos procesos o a dos sentencias ejecutoriadas.

Por estas razones y por las que han expuesto el resto de mis compañeros que han venido a la tribuna a presentar sus argumentos en pro, solicitamos la aprobación de esta reforma, a efecto de que entren en vigor lo más pronto posible. Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Jesús Antonio Carlos Hernández.

El C. Jesús Antonio Carlos Hernández: - Señor presidente; señoras y señores legisladores: En el momento en que la Cámara de Diputados hizo las reformas necesarias para derogar una disposición de carácter penal que tipificaba un delito que fue francamente una seria mancha en la historia jurídica de México, el denominado "delito de disolución social", el famoso artículo 145 y el 145-bis; nosotros advertimos desde aquel momento que se derogaba una disposición, se derogaba un artículo, que desaparecía la tipificación de una figura delictiva que no correspondía a un sistema democrático como pretendemos ser en nuestro país: ir cada día ampliando las libertades democráticas.

En aquella ocasión advertíamos que no solamente era necesario desaparecer de la legislación penal mexicana el delito de disolución social, sino eliminar toda figura delictiva que tuviese connotaciones de carácter político, de tal manera que, si así hubiese sido, no sería quizá necesario estar adecuando la legislación penal en esta materia del indulto para evitar la comisión de injusticias y una de las más grandes injusticias, es precisamente condenar a un hombre por el ejercicio, por la defensa de las ideas sociales y políticas de las que está profundamente convencido y que son su verdad.

Nosotros decíamos también, lo decimos ahora, que una de las características esenciales, desde el punto de vista de la legislación penal, de un sistema cuando inicia un proceso de ser razón de antidemocracia y de represión, es precisamente aumentar las figuras delictivas, aumentar el estado de delitos, aumentar las sanciones a los delitos y también aumentar las dificultades, los trámites para que un inculpado pueda defenderse de acuerdo a como lo establecen las leyes.

De esta manera y por ese mismo camino, nos parece inadecuado que se limiten las posibilidades de beneficio a los sentenciados por delito, en tanto que no contemos en nuestro país, porque es un proceso perfectible, con una administración de justicia expedita, pronta, eficaz, que sea plena, absoluta garantía de un tratamiento adecuado y justo a los acusados de delitos, cuando todavía tenemos las posibilidades que ya hemos observado cotidianamente, por desgracia, de que se garantice plenamente una impartición adecuada, eficaz de la justicia, tenemos que preservar determinadas instituciones que beneficien a los sentenciados, a los inculpados, a los presuntos delincuentes.

Claro, somos conscientes de que en este caso se trata de delincuentes declarados así por una sentencia firme de carácter penal, sin embargo, el hecho de que se reduzcan las posibilidades de beneficio, a nuestro juicio, es un serio atentado a la posibilidad de resarcir la justicia cuando ésta se comete.

Por eso nuestra oposición a este dictamen que se ha manejado como la ampliación de las facultades de indulto del Poder Ejecutivo; nosotros pensamos que hay una restricción no al Ejecutivo, una restricción a la posibilidad de que sentenciados de manera injusta, obtengan su libertad mediante esta figura que está establecida en todas

las legislaciones del mundo; la figura del indulto se encuentra en todas las legislaciones penales del mundo, hasta donde tenemos conocimiento.

De esta manera entonces, queremos dejar precisado que no es posible que se reduzca esa posibilidad de restablecer la justicia estableciendo taxativas o limitaciones a un beneficio, que es en favor de un sentenciado que tuvo la posibilidad de ser sentenciado injustamente por la comisión, de un delito que no cometió o por el exceso de la aplicación de una sanción emitida por el juez.

En consecuencia, imbuidos por el más alto espíritu democrático, con la intención patriótica de que los mexicanos ampliemos cada día nuestras libertades, con la decisión de que no convirtamos a nuestro país en un Estado represor, con la decisión de que cada día ampliemos las posibilidades democráticas de convivencia de todos los mexicanos, nosotros estamos en contra de este dictamen que reduce, insisto, las posibilidades del restablecimiento de la justicia ante la comisión de la injusticia. Muchas gracias.(Aplausos.)

El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Graciela Patricia Gómez de Ibarra.

La C. Graciela Patricia Gómez de Ibarra: - Con su permiso, señor presidente; compañeros diputados: Hacemos uso de la tribuna, para solicitar, como miembro de mi partido y de la Comisión de Justicia, la aprobación que como cámara revisora y con fundamento en el artículo 72 constitucional, nos ha tocado conocer respecto del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero Común, y para toda la República en materia de Fuero Federal y el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y que a esta soberanía somete a consideración, repito, la Comisión de Justicia.

Es indudable que quienes con motivo de nuestra profesión hemos tenido la oportunidad de prestar nuestros servicios dentro del Poder Judicial o en la representación social del Ministerio Público o como simples abogados postulantes, hemos podido constatar que si bien con la aplicación de la pena en forma definitiva, se culmina todo un procedimiento y que en ella va implícita la sanción que dentro del ámbito del arbitrio judicial se considera la adecuada y la justa en contra de quienes han infringido una norma, también lo es que quienes, repito, hemos tenido la oportunidad de incursionar en estas áreas, que hemos tenido la oportunidad de que en muchos casos, en estos ámbitos de realización o de motivación de una conducta delictiva, estemos conscientes que influyen una serie de factores tanto personales como sociales y, por qué no decirlo y aceptarlo, hasta ideológicos y que es precisamente en estos casos, en los que la rigidez de la ley hace que estos factores sean postergados y que precisamente la rigidez de la ley hace que en estos casos individuales, una norma jurídica deje de ser justa en su aplicación, ya que apegándonos a la normatividad, nos alejamos de la propia justicia que debe imperar en toda norma jurídica.

Reconocer la inocencia de un sentenciado, sentimos que no es una facultad sino una obligación de la sociedad y del Estado; valorar los servicios prestados a la nación por encima de una conducta que en muchos casos sea circunstancial y no producto de una reiterada actividad delictiva, valorar las motivaciones sociales y políticas y darles un real y objeto valor de lucha en busca de objetivos de interés colectivo, creemos y estamos convencidos y por eso hacemos uso de esta tribuna, que no es un acto que pueda ni deba ser objeto de consideraciones ideológicas, lo consideramos como un auténtico acto de justicia y de respecto a los derechos humanos.

No consideramos que pueda ser motivo de debate ideológico el recuperar y el darle a la justicia un sentido humano, por eso es que solicitamos su aprobación; querer valorar el indulto como un acto personal o de presidencialismo es negar que se trata de un acto de gobierno cuya fundamentación jurídica se basa precisamente en nuestra propia Constitución.

Establecer con el indulto se fortalece la figura presidencial, por ser éste un acto soberano, es negar su objetivo, como lo ha establecido el maestro Tena Ramírez: es subsanar error judicial sin atentar contra el principio de la cosa juzgada, es atenuar la pena excesiva y darle una justa consideración a la lucha social y política pero que además es un acto que si bien faculta al Ejecutivo en forma discrecional, pero que debe expresar sus razones y fundamentaciones, podemos decir con toda seriedad que no es un acto individual, sino un acto que requiere previamente cumplir con los requisitos que la propia ley le señala.

Por lo que consideramos que esta iniciativa, más que un acto personal o de capricho, es un acto de justicia social, que más que un acto de circunstancias políticas, es un acto auténtico y real respeto a los derechos humanos, porque estamos convencidos, como abogados y así lo hemos analizado en la Comisión de Justicia, es que solicitamos que este proyecto de decreto que hoy se somete a la consideración de esta soberanía, constituye la preocupación del Ejecutivo de adecuar nuestro orden jurídico a las condiciones sociales y

políticas de nuestro país; porque estamos plenamente convencidos de que éste es el sentido de este proyecto, es que solicitamos de esta asamblea su aprobación. Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: - Para razonar su voto, tiene el uso de la palabra el diputado José Nelson Madrigal Gómez.

El C. José Nelson Madrigal Gómez: - Señor presidente; compañeras y compañeros diputados: Ante las nuevas realidades políticas, económicas y sociales, México necesita actualizar sus estructuras jurídicas, los derechos individuales y sociales contenidos en nuestra Carta Magna forman parte esencial del perfil y la identidad nacional, principio y fin de un sano desarrollo social, base material para el fortalecimiento de la independencia, de la soberanía y de la democracia popular.

Todo acto modernizador en ejercicio de las atribuciones y facultades de los poderes de la Unión, debe sustentarse en valores tales como la equidad y la justicia social; la profunda crisis económica que experimenta en estos últimos tiempos la sociedad mexicana, pero que han resentido principalmente las mayorías populares por momentos y gradualmente tiende a la desestabilización social y política.

Ante estas graves circunstancias, los sectores, de por sí crónicamente marginados, al agravarse su estado y ante la falta de respuestas satisfactorias a sus demandas y necesidades por parte de la sociedad y del Estado, en ocasiones se hayan obligados a intentar resolver sus problemas por su propia cuenta, configurando ilícitos que sancionan nuestras leyes.

Ningún problema social o político debería ser materia del derecho penal, cuando sus causas están determinadas por grandes carencias o injusticias sociales; las conductas derivadas de las aspiraciones y demandas populares no deberían ser objeto del derecho punitivo, pues imponer represión y violencia a los grandes problemas nacionales, en lugar de resolverlos sería agravarlos.

La experiencia de la historia reciente de nuestro país nos demuestra que muchos auténticos luchadores sociales y políticos que motivados por la desesperación o indignación de aquellos sectores que no han gozado de la justicia social o han violentado su voluntad política, se han visto obligados tomar medidas extremas y por ello han sido víctimas de la represión del aparato del Estado, nuestro partido tiene en esta situación alrededor de 1 mil 600 militantes y simpatizantes campesinos en diversas cárceles mexicanas.

La modernización de la economía, de la política y las estructuras jurídicas y sociales sustentadas por el gobierno actual, tendrán viabilidad siempre y cuando preserven el interés general de las mayorías populares.

En consecuencia, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, ha estudiado y analizado detenidamente el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del derecho sustantivo y adjetivo en materia penal vigente, presentada por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión y cuyos aspectos principales consisten en la ampliación de las causales en las que deben proceder la figura del indulto, incluyendo aquellos casos cuando la conducta de los responsables haya sido determinada por motivaciones de carácter político o social, con las condiciones y limitaciones señaladas en el propio proyecto de decreto, así como la figura jurídica de reconocimiento de inocencia y que sustituye a la expresión indulto tal como aparece actualmente.

Para nuestro partido, la ampliación de las causales para beneficiar a los sentenciados que hayan cometido ilícitos por motivaciones de carácter político o social, representan un pequeño pero importante avance en el pensamiento avance en el pensamiento jurídico y la legislación penal mexicana .

En relación a la sustitución del término indulto por el de reconocimiento de inocencia, está basado, a nuestro juicio, fundamentalmente en un principio de elemental justicia para aquellos que hayan sido sentenciados indebidamente.

Para el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, las reformas y adiciones que contiene el proyecto de decreto que nos ocupa, los argumentos y razonamientos que se aducen, a nuestro juicio, son válidos y, por lo tanto deben ser aprobados por esta representación nacional, aunque pensamos que para ser congruentes con la exposición de motivos de la iniciativa del Ejecutivo Federal, debió haber incluido en algunos de los numerales propuestos para su reforma, en el caso del indulto por motivación política o social, la posibilidad que, independiente del interesado o beneficiarios del indulto, pudieran solicitarlo los institutos políticos u organizaciones sociales de manera directa o en apoyo a la propia solicitud del interesado , siguiendo los procedimientos que indiquen las leyes correspondientes. Nuestro partido presentará con posterioridad una iniciativa de ley a este respecto.

Compañeras y compañeros diputados: Con estas consideraciones y la observación señalada antes, nuestro grupo parlamentario votará a favor del proyecto de decreto que se discute. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Fernando Lozano Gracia.

El C. Fernando Lozano Gracia: - «Honorable asamblea: Los diputados que suscriben, miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional e integrantes de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, venimos a fundamentar y razonar nuestro voto aprobatorio al dictamen relativo a la minuta enviada por la Cámara de Senadores que se refiere a la reforma del artículo 97 del Código Penal para el Distrito Federal en materia del Fuero Común y para toda la República en materia del Fuero Federal, así como los artículos 612, 614, 615 y 618-bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y 558, 560 y 611 del Código Federal de Procedimientos Penales.

El artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes: Fracción XIV. Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delito de competencia de los tribunales federales y a los sentenciados por delitos del orden común en el Distrito Federal".

La reglamentación de las facultades que la Constitución concede a los poderes de la Unión, en este caso al titular del Ejecutivo, deben ser continuadoras del espíritu con el cual el Constituyente de 1917 las otorgó.

En el caso concreto, estamos ante la presencia del indulto, figura jurídica que si bien constituye una reminiscencia de regímenes monárquicos en donde una persona se constituía en poder soberano, lo que incluía la posibilidad de perdonar a quienes antes habían sido declarados culpables, subsiste en regímenes democráticos y en ellos constituye un medio por el cual pueden corregirse errores judiciales, compensar a personas que han prestado servicios importantes a la nación, o bien, en actos de justicia y en aras del interés social, atemperar la dureza de la norma penal tomando en cuenta circunstancias concretas del delincuente o móviles del delito, pero en todo caso, en un régimen de derecho debe ser una figura de excepción que atienda factores especialísimos que justifiquen, razonada y motivadamente la utilización de la medida a la vista de todos.

Advertimos que la aplicación del indulto puede enmendar injusticias, pero su abuso no sólo desquicia el orden jurídico, sino genera un grave malestar e injusticia social; es de reconocerse que la presente iniciativa, precisa y limita la aplicación de esta prerrogativa concedida al Ejecutivo y de que se sustituye terminología inadecuada, como era el llamado indulto necesario, por otra que expresa adecuadamente la naturaleza técnico - jurídica del acto procesal como lo es el del reconocimiento de inocencia.

Nos pronunciamos por el fortalecimiento de las facultades del Congreso para otorgar amnistías y por la revisión total de la ley penal, consideramos saludable que en el proceso legislativo de esta iniciativa se hayan tomado en cuenta sugerencias de diversos legisladores, entre ellas las de Acción Nacional, que modifican la iniciativa enviada por el Ejecutivo, tales como que él mismo razone y fundamente el otorgamiento del indulto en cada caso ante la nación, lo que limita la discrecionalidad de que goza en la ley actual, así como que todas las hipótesis por las que éste procede se limiten para su ejercicio, a fin de evitar que mediante esta figura se libere a quien ha ofendido gravemente a la sociedad o no se ha readaptado, razones por las cuales el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional votará en pro del dictamen.

Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional diputados Hiram Escudero Alvarez, Gaudencio Vera Vera, Patricia Garduño Morales. Silviano Urzúa Ochoa, Bernardo Bátiz Vázquez, Gerardo de Jesús Arellano Aguilar, Leopoldo Homero Salinas Gaytán, Donaciano Ambrosio Velasco, Jaime Fernández Sánchez, Sergio Alfonso Rueda Montoya, José Natividad Jiménez Moreno, José Zeferino Esquerra Corpus y Fernando Antonio Lozano Gracia.» Muchas gracias.

El C. Presidente: - Consulte la secretaría si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

El C. secretario José Murat C.: - En votación económica se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor presidente.

El C. Presidente: - Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular, especificando el artículo de la ley que desea impugnar. Tome nota la secretaría.

En consecuencia, proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos impugnados, en un solo acto.

El C. secretario José Murat C.: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados, en un solo acto. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(Votación.)

Señor presidente, se emitieron 314 votos en pro, 63 en contra y cuatro abstenciones.

El C. Presidente: - Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no impugnados, por 314 votos.

Esta presidencia informa que han sido reservados para su discusión los artículos 97, fracciones I, II y III; y 614, fracciones IV y V; asimismo, informa que por acuerdo con los coordinadores inscritos en contra de los artículos reservados, van a hacer uso de la palabra para hablar en contra de dichos artículos uniéndolos en cada uno de sus turnos.

Están inscritos para hablar en contra de los artículos impugnados, los ciudadanos diputados Juan Jaime Hernández, Ernesto Jiménez, Leonel Godoy e Ismael Yáñez Centeno.

Están anotados para hablar en pro de los mismos artículos, los ciudadanos diputados Antonio Alvarez Esparza, Arturo Armendáriz, María Teresa Chagoya y Napoleón Cantú Cerna.

Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Juan Jaime Hernández.

El C. Juan Jaime Hernández:

Ciudadano presidente; ciudadanas diputadas y diputados: Ut faceret misericordiam cum reus nostris. "Ejercer misericordia con nuestros reos".

Hemos formulado nuestro voto particular en relación a la reforma del artículo 97 del Código Penal Federal y en materia común para el Distrito Federal, porque en ella encontramos aberraciones jurídicas que afectan la integridad física de ciudadanos que por alguna circunstancia se encuentran privados de su libertad y que por una concordia mal entendida que señala el Ejecutivo de la nación en su exposición de motivos y en cumplimiento a sus promesas políticas, destruyen en forma inmisericorde el contenido altamente humano del artículo 89, fracción XIV de la Constitución General de la República.

En tal precepto constitucional se faculta al Presidente de la República para conceder indulto, es decir, perdonar o disminuir las penas impuestas a los reos sentenciados por delitos que son de la competencia de los tribunales federales y a los que por resolución irrevocable fueron hallados culpables de haber cometido delitos del orden común en el Distrito Federal.

La justificación jurídica del indulto radica en el hecho de que la aplicación de una ley penal por medio de un proceso concluido en una sentencia definitiva, tiene por objeto la salvaguarda de intereses individuales, sociales y nacionales, mas cuando resulta que el sentenciado reúne determinados requisitos para que le beneficien, como son circunstancias de edad o de conducta, o bien por la misma índole del delito cometido se considera que ha cesado su peligrosidad quedando a la decisión del Ejecutivo indultarlo si así conviniera finalmente a la seguridad y a la tranquilidad públicas.

El artículo 97 del referido código, en la parte conducente en que señala a una serie de individuos a los que por la comisión de determinado delito cuya enumeración se establece en el referido artículo, resulta ser contraria al artículo 89, fracción XIV constitucional y al espíritu mismo del Constituyente de 1917, porque plantea desigualdad de circunstancias y desigualdad individual ante la ley con violación de las garantías individuales que señalan los artículos 14 y 16 de la Constitución General. A mayor abundamiento, la enumeración del artículo 97 especificando determinados delitos en los que no debe aplicarse la gracia del indulto también violan en esos términos el contenido del artículo 89 constitucional, puesto que en tal precepto se señala claramente que el Ejecutivo tiene la facultad de otorgar el indulto, pero la ley secundaria le otorga una prudencia y discrecionalidad para hacerlo. Por tanto, consideramos que o se ejerce la facultad discrecional, o se le señala exclusivamente cuándo debe otorgar el indulto.

Por otro lado, la fracción II del artículo 97 señala que se concederá tal por otros delitos cuando la conducta de los responsables haya sido determinada por motivaciones de carácter político o social.

Nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el órgano que determinará las motivaciones de carácter político y social?

¿Será el Ejecutivo en su infinita sabiduría quien a prudencia y discreción señale tales motivaciones? ¿Y cuando una persona no grata al sistema que verdaderamente tenga esas motivaciones políticosociales se le aplicará en verdad la gracia del indulto?

Indudablemente que no, puesto que a funcionarios o a ex funcionarios que hayan defraudado a la nación en un momento determinado se le puede aplicar el contenido de la referida fracción diciendo que se aplica el indulto en virtud de que las motivaciones que llevaron al susodicho reo a cometer los ilícitos fueron por motivación político - sociales y así favorecer a su camarilla. En consecuencia, consideramos indispensable se suprima la fracción II del artículo 97 del Código Penal Federal.

El artículo 23 de la Constitución General de la República otorga la garantía en la que se prohibe que una persona pueda ser juzgada dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene.

El Senado de la República, en forma curiosa, enmendó la plana de quienes en forma extraprocesal emitimos por conducto de la Comisión de Justicia, opinión en el sentido de que la fracción IV quedara en los términos de la iniciativa, aunque ésta no fuera muy explícita, sin embargo, no sería contradictoria ni provocaría una aberración jurídica como es en los términos en que nos la presenta la minuta que envió la cámara de origen, ya que en el último párrafo la minuta señala que en este caso prevalecerá la sentencia más benigna, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 23, mismo que entre otros de los objetivos que se propuso el constituyente fue lograr que el derecho penal liberal prohibiera que alguien pudiese ser juzgado dos veces por el mismo delito, sea que se le hubiere absuelto o condenado. Esta norma otorga seguridad jurídica a los procesados, pues una vez emitida la sentencia en un sentido o en otro, no podrá dar marcha atrás la justicia y comenzar un nuevo juicio sobre los mismos hechos.

Como una consecuencia lógica de lo anterior, mi partido propone en su voto particular, que la fracción IV del artículo 614 quede en los términos con que originalmente se presentó en la iniciativa. estableciendo la nulidad de la segunda sentencia.

¿Quid ultra debui facere tibi, et non feci? "¿Qué más debí hacer que no haya hecho?"

El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Antonio Alvarez Esparza

El C. Antonio Alvarez Esparza: - Señor presidente; señores diputados: Hemos escuchado con atención el planteamiento reiterativo que formula el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, a través del señor diputado Juan Jaime Hernández, en el cual insiste en proponer algunas variantes al dictamen que ya fue emitido por la comisión.

Antes de decirle al señor diputado que no es de obsequiarse, en los términos que él lo desea, por parte de la comisión ni por parte de quienes hemos estado involucrados en el análisis y estudio jurídico constitucional y de validez social de este dictamen, quiero hacer algunas reflexiones conjuntamente con él.

En primer lugar, si de alguna manera se suprimiese del artículo 97, en comentario, la mención de excepción de aquellas personas que están sentenciadas por traición a la patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, genocidio, delitos contra la salud, violación, delito intencional contra la vida y secuestro y los reincidentes, sería tanto como permitir que aquellas personas que son condenadas por delitos repugnantes, por delitos que afectan la conciencia misma de la sociedad, como es el caso clásico del tráfico de enervantes o como se le da aquí la denominación de delitos contra la salud, tuvieran de alguna manera una puerta para poder ser, obtener su libertad a través del medio del indulto.

En estas condiciones, señoras y señores diputados, creemos que no es procedente, porque consideramos que al mantener la prohibición del indulto expresamente para estas personas que en caso concreto hubieran incurrido en tales delitos, en primer lugar se retiene la facultad discrecional del Ejecutivo y, en segundo lugar, se están estableciendo normas claras y concretas no sólo de beneficio, sino también de excepción; toda norma tiene una excepción y aquí, en este caso, todas estas personas deben de ser excluidas porque automáticamente se alentaría la comisión de ese tipo de acciones delictivas totalmente disociantes, que darían a la cámara en su imagen de legisladora, más bien la imagen de protectora de aquellos que en este momento están dañando desde las entrañas mismas a la sociedad mexicana.

En esas condiciones, creemos que debe de prevalecer el texto íntegro del artículo 97, no por su misión como alguien pudiera haberlo dicho hace unos momentos, con las directrices que se mencionaron del Senado, sino porque hemos afinado en estudios con la colegisladora los criterios que hoy se vierten de una manera clara y categórica en esta tribuna.

En tales condiciones. creemos y yo quiero externar mi voto por la no modificación, porque no se toque en el sentido que se desea por la fracción parlamentaria que aquí acaba de hablar, en la literalidad que lo pretende.

No es cierto que se viole al establecerse esta mención, el principio de igualdad ante la ley, no hay ninguna conculcación en materia de igualdad,

ante el derecho, ante la ley, porque si ustedes observan, si atendiéramos el criterio moderno del derecho constitucional, citando a Goldsmith, podríamos decir que el derecho avanza en los países modernos en rumbo a la justicia y que aquí nos preocupa que nuestro derecho marche con el rumbo de la justicia y que luego resuelva las conductas en una trilogía de acciones y una trilogía conductual que sea la más hermosa exponencia de una convivencia deseada, porque aquí venimos, señores legisladores, a legislar casos, no cosas y es mucho lo que se ha hablado de cosas, y es mucho lo que se ha dicho en ese sentido y quiere sumirse en un embudo, juntamente con los casos que deben de ser los prevenidos por la ley, no las cosas.

El señor diputado está solicitando también que se elimine la fracción II del artículo 2o., pero yo quiero llamar la atención: precisamente el asunto filosófico que se encuentra en la proposición del Ejecutivo nacional es abrir la cobertura para poder hacer más sujetos del beneficio del indulto, si anteriormente con la ley hasta ahora vigente, nada más se indultaba a quienes cometían delitos políticos, hoy se pretende que también se le dé el indulto a aquéllos quienes incurren en delitos no políticos directamente, sino que tengan una connotación jurídica caracterizada en el quehacer político de las personas, se amplía la cobertura protectiva, de tal manera que no sólo a quien caiga en el lineamiento del delito político, sino a quien por su actitud caiga en un lineamiento de connotación, de figuración, de similitud política, también sea protegido, aparte del sentido de modernizar el contenido de la norma para que no haya el indulto de gracia, para que sea un reconocimiento a la inocencia, como un reconocimiento a las fallas que entre los hombres se pueden generar en los mismos tribunales.

En tales condiciones, señor diputado Juan Jaime, señores suscriptores de esa iniciativa, creemos que no se debe de hacer ninguna modificación, no es factible obsequiar la petición que están ustedes dirigiendo a este pleno, porque además, si modificásemos los términos de la iniciativa, si quitáramos algunas de las fracciones, dañaríamos el sentido íntimo, el más importante, que es el medular de la reforma: darle el respaldo, darle el indulto a quienes como dijimos antes, no sólo por la lucha social, sino por la lucha política o por alguna otra connotación similar, pueda ser motivo del indulto.

En esas condiciones, supongo que debemos de seguir adelante y que, compañeros, no hay razones jurídicas, legales, ni mucho menos sociales, que nos permitan darle una modificación a los textos hasta este momento aquí expuestos. Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: - Adelante, diputado Juan Jaime Hernández, tiene el uso de la palabra para contestar alusiones personales, por cinco minutos.

El C. Juan Jaime Hernández: - Señor presidente: Antes de contestar el no li me tangere, no me toques, quisiera que nos hiciera favor de aplicar el 119 y verificar el quórum, que está dudoso.

El C. Presidente: - Perdón, diputado, ¿qué artículo dijo usted?

El C. Juan Jaime Hernández: - El 119.

El C. Presidente: - ¿El 119?

El C. Juan Jaime Hernández: - Perdón, el 109.

El C. Presidente: - Proceda la secretaría a dar lectura al artículo 109.

El C. secretario Ismael Orozco Loreto: - Se va a dar lectura al artículo 109, atendiendo las instrucciones de la presidencia.

"Artículo 109. Ninguna discusión se podrá suspender, sino por estas causas:

Primera. Por ser la hora en que el Reglamento fija para hacerlo, a no ser que se prorrogue por acuerdo de la cámara; segunda, porque la cámara acuerde dar preferencia a otro negocio de mayor urgencia o gravedad; tercera, por graves desordenes en la misma cámara; cuarta, por falta de quórum, el cual, si es dudoso, se comprobará pasando lista y si es verdaderamente notorio, bastará la simple declaración del presidente; quinta, por proposición suspensiva que presente alguno o algunos de los miembros de la cámara y que ésta apruebe."

El C. Presidente: - Con el propósito de proceder a atender la reclamación de quórum que ha hecho el ciudadano diputado Juan Jaime Hernández, esta presidencia pide a la Oficialía Mayor haga los avisos en los pasillos para que los ciudadanos diputados que se encuentren en ella, pasen y se proceda a pasar lista de asistencia.

(Voces). - No.

El C. Leonel Godoy Rangel (desde su curul): - Señor presidente.

El C. Presidente: - Dígame, diputado Godoy.

(Voces). - No se escucha.

El C. Presidente: - Tiene usted razón, eso es exactamente lo que ha hecho esta presidencia: ha observado que los ciudadanos diputados deambulan en los pasillos, entran y salen, esta presidencia no puede identificar...

Esta presidencia pide a los ciudadanos diputados que se ubiquen en sus curules para que pueda apreciar esta presidencia si hay falta de quórum.

No es evidente la falta de quórum, Prosiga el orador.

Esta presidencia ha declarado que no es evidente la falta de quórum, continúe el orador. Si son tan amables; nuevamente, diputados, si son tan amables diputados, de tomar su lugar.

El C. Federico Ruíz López (desde su curul): - Señor presidente.

El C. Presidente: - Dígame diputado.

El C. Federico Ruíz López (desde su curul): - (Nuevamente no se escucha lo que dijo.)

El C. Presidente: - Ciudadano diputado, esta presidencia pide nuevamente a la secretaría dé lectura al artículo 109, para que sea claro para el ciudadano diputado en qué sentido es la intervención de esta presidencia, proceda la secretaría.

El C. secretario Ismael Orozco Loreto:

"Artículo 109. Ninguna discusión se podrá suspender sino por estas causas:

Primera. Por ser la hora en que el Reglamento fija para hacerlo, a no ser que se prorrogue por acuerdo de la cámara; segunda, porque la cámara puede dar preferencia a otro negocio de mayor urgencia o gravedad; tercera, por graves desordenes en la misma cámara; cuarta por falta de quórum, el cual, si es dudoso, se comprobará pasando lista y si es verdaderamente notorio bastará la simple declaración del presidente; quinta, por proposición suspensiva que presente alguno o algunos de los miembros de la cámara y que ésta apruebe."

El C. Presidente: - Esta presidencia instruye a la secretaría pase lista de asistencia.

El C. Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): - ¿No es mejor hacer un receso para comer, señor presidente?

(Voces): - No, no.

El C. Presidente: - Se va a pasar lista de asistencia, diputado. Continúe, secretario.

El C. secretario José Murat C.:

(Asistencia.)

El C. secretario Sergio Rueda Montoya: - Señor presidente, pasaron lista 280 diputados, hay quórum por lo tanto.

El C. Presidente: - Hay quórum, con la evidencia de la lista de asistencia que ha pasado la secretaría.

Está en el uso de la palabra el ciudadano diputado Juan Jaime Hernández:

El C. Juan Jaime Hernández: - Gracias, señor presidente: Dicerum Sexterna Die; (decíamos ayer), queríamos contestar al señor diputado Alvarez Esparza el No li me tangere, o sea, él señala que el dictamen es intocable y que es intocable por el simple hecho de que la enumeración de los delitos y que estos delitos son delitos horrendos, que debe haber desigualdad ante la ley, se olvida que en el artículo 1o. de la Constitución General de la República se establece que todas las personas, todos los individuos, por el hecho de estar en México gozarán de las garantías constitucionales.

En México, el individuo, por el solo hecho de ser persona humana tiene una serie mínima de derechos que la propia Constitución establece y protege, por tanto, los derechos consignados sólo pueden ser restringidos en cuestiones y momentos especiales.

La garantía o la facultad a la que hemos hecho alusión, para estar en contra de esa clasificación delictiva, es el artículo 89, fracción XIV de la propia Constitución, que dice, entre otras de las facultades del Ejecutivo, "es conceder conforme a las leyes los indultos a los reos sentenciados por delitos de las competencias de tribunales federales y sentenciados por delitos del orden común en el Distrito Federal".

En tal virtud, considero que no es de razón que si se establece una garantía constitucional, una ley inferior venga a restringirla; por tal motivo, la desigualdad no puede existir en México, todas las personas tienen derecho a ser iguales ante la justicia y si se establece el indulto, debe establecerse para todos aquellos que han delinquido y que están purgando sus penas en sentencia firme ante y a disposición del Ejecutivo.

Por consiguiente, consideramos insulsa y falta de fundamento y temeraria la actitud, la petición de

que no es de obsequiarse, es decir, no nos van a regalar nada, nosotros estamos pidiendo que se apruebe el indulto o no se apruebe el indulto; o se hace sin facultades restringidas o definitivamente se retira esa facultad que la Constitución señala.

El dice que deberá aplicarse tal como viene en la iniciativa, no lis velis, (quiérase o no.) Gracias.

El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Ernesto Jiménez Mendoza.

El C. Ernesto Aureliano Jiménez Mendoza: - Señores diputados: Es para mí un honor hacer uso de la palabra, porque el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana no está integrado necesariamente por una o dos personas, sino que muchos diferimos de algunas posturas; y en este caso, quiero referirme especialmente a las reformas en lo general, porque no podemos desligar algo de lo general y lo particular de los artículos.

Es un juego de palabras que no podemos aceptarlo, ya que los artículos en discusión son la médula de lo que estamos tratando aquí, de otra manera no vemos qué cosa hemos aprobado hasta este momento. Existe una verdadera contradicción en lo dispuesto por el artículo 49 de la Constitución General de la República, el cual dice:"...que el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, no podrán reunirse más de dos o más de estos poderes en una los persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo".

La reunión de dos poderes en el Ejecutivo estriba en el hecho de que este poder, Ejecutivo, a quien la propia Constitución le concede facultades para la persecución de los delitos por parte del ministerio público, sabemos a perfección que esta representación social está integrada por funcionarios nombrados por el Ejecutivo tanto en el fuero común del Distrito Federal y también en el fuero federal.

El artículo 21 de la propia Carta Magna, menciona con claridad que la imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial; la persecución de los delitos incumbe al ministerio público y a la policía judicial. No es correcto que cumpliendo con el contenido del artículo 21 de la Constitución, ahora en esta ley que se pretende aprobar, se concedan facultades de remisión o perdón de las penas que hayan sido impuestas por el Poder Judicial, y por una parte el Ejecutivo acuse a los particulares mediante el ejercicio de la acción penal, y por otra, se conceda el perdón por la misma persona que los acusó.

Con esta actitud tan ilógica e ilegal, se hacen nugatorios los principios de justicia y equidad para la ciudadanía, se convierte al Poder Judicial en un instrumento inservible y de burla social, un parapeto para sus mezquinos intereses; puede resultar que todo esto sirva para proteger a personas o para perseguir a quienes no sean de la simpatía del Ejecutivo Federal o de sus colaboradores, el mismo Ejecutivo ordene su acusación mediante la alusión de delitos hasta inventados, al fin y al cabo que después de la sentencia que dicta el Poder Judicial mediante un burocrático y prolongado proceso, aparezca nuevamente el Ejecutivo Federal, y en una actitud de benevolencia quiera justificarse y conceda un indulto que hoy esta Cámara pretende aprobar sin mayor justificación, y ¡cuidado!, así el Poder Judicial sólo servirá de cómplice de esas actitudes notoriamente anticonstitucionales, y el Poder Legislativo que lo integramos todos los miembros de esta Cámara, también nos constituiremos en fieles cómplices y servirles de estos perniciosos intereses.

En lo particular, el artículo 97 menciona que los requisitos de procedencia los conformará un dictamen, "el órgano ejecutor de la sanción", así dice el artículo; si nos remitimos al tenor del artículo 18 de la Constitución General de la República, encontramos que los gobiernos de la federación organizarán el sistema penal en sus respectivas jurisdicciones, luego entonces surge la interrogante. ¿quién será el órgano ejecutor de la sanción?, ¿el Ejecutivo Federal o la Secretaría de Gobernación, o la dependencia de esta Secretaría que se encarga de cuestiones relacionadas con la ejecución de penas? En fin, como órgano ejecutor de la sanción, puede resultar cualquier persona, incluyendo a los directores de los penales e inclusive a los propios custodios.

Al analizar la fracción I del artículo 97, que trata de los casos en los que se concederá el indulto, encontramos que podrá ser por los delitos de carácter político a que alude al artículo 144 del Código Penal. En este renglón de trascendental importancia, vemos que de pronto estamos legislando en un aspecto que el gobierno de la República ha negado permanentemente durante los últimos sexenios, que existan presos políticos; esto siempre se ha negado, por lo que nos obliga a pensar que si con esta reforma únicamente quiera legitimarse la persecución de los ciudadanos en el país, imputándoles delitos políticos. ¿Por qué existe tanto interés en que el Ejecutivo Federal ahora reúna a la Cámara para legislar sobre delitos de carácter político?, cuando más importa en estos momentos la reforma electoral, que principalmente para eso se convocó a esta sesión extraordinaria.

Sin embargo, pregunto a la comisión que elaboró el proyecto que se somete a la aprobación de esta Cámara, si conoce algún caso, algún expediente a quien se le haya acusado por delitos políticos, ¿de dónde tomó la idea para atraer la atención del Congreso y de la sociedad, para tratar este tema de los delitos políticos?; hay problemas más importantes en la nación sobre los cuales hay que legislar con urgencia, y corregir las incongruencias y contradicciones de las leyes. Si no hay presos políticos, ¿para qué una legislación sobre un problema que no tenemos?

En la fracción II del artículo 97, observamos que también se concederá el indulto, cuando la conducta de los responsables haya sido determinada por motivaciones de carácter político o social.

En principio, debemos de asentar que en ningún proceso existe la afirmación de que la conducta de los responsables haya sido determinada por motivaciones de carácter político, estas afirmación deberá estar asentada en las sentencias que traten estos casos.

Pero volvemos a hacer la misma interrogante que hicimos en relación con los delitos de carácter político, ¿en cuántos expedientes se encontró una determinación de que las sentencias se dictaban a personas que habían delinquido por móviles de carácter político?, qué, ¿para reformar una ley se basan en lo que envía como proyecto el Ejecutivo sin ver más allá de su escritorio y pensar si va a tener o no aplicación?

Al analizar la fracción III del artículo 97 del proyecto que se presenta para su aprobación, vemos que también procedería el indulto cuando el sentenciado haya prestado importantes servicios a la nación; eso además de ser impreciso es ridículo, el principio no da una regla general para describir en qué caso se pueda prestar un servicio importante a la nación o una regla especial para saber en qué caso se entienda lo anterior. Si esos servicios imaginarios se prestaron antes de ser encarcelados, en caso que se haya acusado, sentenciado y después perdonado, si pensamos más acorde con lo que quieren los autores del proyecto que adivinemos y supongamos que los servicios a la nación los presten desde la prisión, concluiremos que desde el lugar donde están recluidos, basta que hagan buenos trabajos de carpintería o artesanía para que se consideren importantes servicios a la nación; porque de otra manera, si todo lo dejamos a la adivinanza y a la imaginación, el Ejecutivo Federal como siempre, hará de esa figura jurídica la justificación de sus desmanes con la ciudadanía y esta Cámara de Diputados se convierte en complaciente de los caprichos del Presidente.

Finalmente, en cuanto a la reforma del artículo 614 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, observamos que existe una monstruosidad jurídica, una inconstitucionalidad evidente que cualquier estudioso de la ciencia jurídica se avergonzará al conocer el contenido de las fracción IV y V de este artículo.

La primera de ellas dice, que procederá al reconocimiento de la inocencia del sentenciado, cuando el sentenciado hubiere sido condenado por los mismos hechos en juicios diversos, además de que la sola afirmación de reconocimiento de inocencia de un sentenciado produce confusión, porque no se sabe si se trata de un sentenciado con sentencia absolutoria, porque en este caso sí puede hablarse con propiedad de un sentenciado al que se le haya reconocido su inocencia, pero si con esa leyenda pretende decir que a un sentenciado se le condenó y después se le reconoce su inocencia, se trata de un disparate jurídico.

A quien se le ha sentenciado condenándolo, es porque en el juicio correspondiente se le demostró con pruebas su culpabilidad, cuando exista sentencia firme, entendiendo por ella la que ha causado ejecutoria; siempre se hablará de un responsable del delito, por tratarse de una sentencia que constituye una verdad jurídica.

Nunca se podrá hablar lógicamente de lo que es y no es al mismo tiempo, y si esto lo aceptamos en este día, no tendría la culpa la comisión sino quienes aceptan sus irreverentes propuestas, menos aún se puede aceptar que esté impresa en una ley la idea de que un sentenciado haya sido condenado por los mismos hechos en juicios diversos, ya que el artículo 23 de la Constitución General de la República dice: "ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito"; prohibe terminantemente que a un ciudadano se le enjuicie dos veces por el mismo delito, ¿por qué ahora la Cámara de Diputados se encarga de legislar sobre lo que prohibe la Constitución?

El solo hecho del enunciado afecta hasta la vista, por eso se afirmó con anterioridad que aprobarán esta ley sólo con el ánimo de congraciarse con el Ejecutivo sin fijarse en lo que aprueban.

En cuanto a la fracción V, se menciona que procederá el reconocimiento de la inocencia del sentenciado, cuando en juicios diferentes hayan sido condenados los sentenciados por el mismo delito y demuestren su imposibilidad de que lo hubieran cometido; esto es exactamente la misma redacción que se ha dado en la fracción anterior, pretende decirnos lo mismo, que alguien sea enjuiciado dos veces por el mismo delito, con la

sola diferencia de que la fracción V se refiere al plural y la fracción IV al singular de los sentenciados, si pretende dar a entender otra cosa, sólo habrá que adivinarlo.

Además de la objeción que se ha hecho en la fracción anterior, de que estas fracciones están en franca contradicción con el artículo 23 constitucional, también se cae en la contravención de que juicio criminal no puede tener más de tres instancias y por tanto el indulto que se pretende aprobar, como en este caso el reconocimiento de la inocencia, se está instalando una cuarta instancia judicial.

Como en la pretendida aprobación de los preceptos que se señala en el dictamen que nos ocupa, es inaplicable a la vida real que se desenvuelve en los tribunales, invito a los señores representantes de los medios de comunicación, para que comprobemos que entre los juzgados nos dirán que no existen presos políticos, que tampoco hay casos en que en la sentencia se diga que los delitos fueron cometidos por motivaciones de carácter político o social, que no hay casos en los que una persona haya sido sentenciada en dos juicios diversos por los mismos hechos y que tampoco hay personas que hayan sido condenadas, los sentenciados, por el mismo delito en juicios diferentes. Luego entonces concluiremos todos, son tener conocimientos especializados en la materia, que en este día nos estamos ocupando de cuestiones banales que no tienen aplicación en la realidad jurídica del país, y que sólo el gobierno se sirve de esto para distraer la atención de lo que más importa al pueblo, que es la reforma electoral.

Si se puede y se quiere seguir con la rutina de siempre, de sacar al vapor o dictaminar arbitrariamente los proyectos que se presentan, ante la impotencia de observar su falta de cuidado y su entrega ante lo ilegal, cuando salga el decreto del Ejecutivo Federal que promulgue la ley que nos ocupa, un servidor de ustedes interpondrá juicio de amparo correspondiente, para seguir insistiendo en lo equivocado de su proceder.

Yo creo que es válido que hasta los últimos instantes de nuestra permanencia, hagamos hincapié en defender lo que aquí juramos defender, el cumplimiento a la Constitución. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Arturo Armendáriz.

El C. Miguel Montes García (desde su curul): - Señor presidente, pido la palabra por la comisión.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Miguel Montes, por la comisión.

El C. Miguel Montes García: - Señor presidente; compañeros diputados: La asamblea merece saber, y así se lo damos a conocer, el procedimiento no contra reglamento sino más allá del reglamento, en función de tiempos nuevos, nuevos métodos que siguió la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para el análisis y estudio de la iniciativa que nos ocupa.

De manera informal podemos decir, antes de tener formalmente remitida la iniciativa a la Comisión Dictaminadora, solicitamos a todos y cada uno de los integrantes de la Comisión de Justicia, sus opiniones y observaciones sobre el texto de la iniciativa presentada por el ciudadano Presidente de la República; muchos compañeros diputados, en correspondencia del método de trabajo que la Comisión de Justicia ha seguido durante ya más de un año, hicieron llegar esas observaciones a la mesa directiva de la Comisión de Justicia; no lo hizo quien no pudo o no quiso hacerlo, porque sus compromisos de partido o de legislador le hayan evitado dedicar su tiempo a este análisis.

Con fidelidad a las manifestaciones presentadas por los compañeros diputados, se hizo llegar a la Comisión Dictaminadora del Senado de la República las observaciones hechas por los compañeros legisladores, para que en uso pleno de sus facultades, esa comisión de la cámara de origen determinase a su juicio cuáles eran o no eran procedentes; tuvo la gentileza la Comisión Dictaminadora de la Cámara de Senadores, de invitar a los diputados a sostener sus puntos de vista en reuniones informales ante aquella comisión, no en la figura de conferencia de comisiones que previene el Reglamento, sino en este sistema, repito, un poco más allá del Reglamento.

En esta coordinación amplia, algunos senadores y algunos legisladores, entre otros algunos del Partido Revolucionario Institucional y del grupo parlamentario de Acción Nacional, propusieron una corrección a la iniciativa presentada por el Ejecutivo, en la fracción IV del artículo 614 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal. Veamos y tratemos de puntualizar el debate en este aspecto con claridad.

Primero. El artículo 23 constitucional señala que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos considerados delictuosos, ésta es la prohibición constitucional que constituye una garantía individual; la fracción IV del artículo 614 no viola la Constitución, desde nuestro punto de vista, con ninguno de los textos que se proponen, al contrario, da una consecuencia al muy remoto

supuesto de que fácticamente alguien sea sentenciado de manera condenatoria en dos juicios diversos por los mismos hechos. Lo que viola la Constitución es que se den dos juicios diversos por los mismos hechos, ése es el hecho violatorio; ese hecho violatorio tiene ya una consecuencia prevista en el actual artículo 118 del Código Penal Federal, señala que la segunda sentencia será nula; parece ser que este señalamiento es aplicando en una lógica jurídica estricta, el mandato constitucional de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.

Así, en ese mismo sentido venía la iniciativa original del Ejecutivo Federal, sin embargo, los legisladores bajo su responsabilidad, analizaron que en el supuesto remoto, por los medios de control, de que alguien sea juzgado dos veces por el mismo delito, siquiera debería beneficiarse a quien está sufriendo esa violación constitucional, dejando prevalecer la sentencia más favorable al reo, no en la primera ni en la segunda, porque en las ocurrencias de los hechos la primera puede ser la más elevada y en caso de que se dé, la violación constitucional prevalecería.

Se pensó que sería más justo, más equitativo y recordemos que la equidad es la correctora de la ley en su aplicación a los casos concretos, sería más equitativo que prevaleciera la sentencia más benigna para el sentenciado, que además de ser condenado sufrió el agravio constitucional de que lo fue en dos juicios diversos por el mismo delito, y así en ese sentido se redactó a petición de varios diputados y a petición de varios senadores y con esta argumentación la fracción IV del artículo 614, cuyo examen nos ocupa.

Reconocemos que no es una discusión bizantina, que hay juristas que con estricto sentido señalan que debe seguirse la solución que actualmente previene el artículo 118 del Código Penal; también hay otros juristas que con argumentos de equidad más que de estricta técnica legislativa, señalan que debe prevalecer la nueva solución que establecemos en fracción IV del artículo 614.

Sería eludir el fondo de la discusión y eludir la responsabilidad de la Comisión de Justicia, que si existe un error es de todos sus integrantes y que si existe un acierto es de todos sus integrantes, eludir con sofismas la discusión de fondo; vemos dos posibles soluciones, responsables ambas y ambas jurídicas:

Primera. Compromiso parlamentario serio entre los grupos aquí asistentes representados por sus diputados, de concordar el vigente artículo 118 del Código Penal con lo que ahora proponemos en la fracción IV artículo 614, o bien, si así lo determina la asamblea en un ejercicio libre, democrático, de votación, cambiar la redacción de la actual fracción IV para concordarla con el texto del vigente artículo 118.

Esto lo estamos conversando con los compañeros diputados que han detectado el error con seriedad, como el señor diputado Godoy que merece ser mencionado, porque fue quien detectó esta antinomia y lo hemos conversado con el señor diputado Hiram Escudero y con el coordinador de nuestro grupo parlamentario, para que en un ejercicio responsable yo pediría, que brevemente y para este propósito nos reuniésemos, independiente de la continuación de la sesión los compañeros diputados de la Comisión de Justicia de los diversos grupos parlamentarios, para a nombre de las comisiones presentar la solución final al asunto que aquí se plantea, y que desde luego anticipo estoy seguro será una solución responsable. Gracias.

El C. Presidente: - Para hechos, tiene la palabra el ciudadano diputado Jiménez.

El C. Ernesto Aureliano Jiménez Mendoza: - Compañeros diputados: Dos aspectos me han llamado la atención para volver a subir a esta tribuna; uno de ellos que no, por ningún motivo podemos pensar en el momento de legislar, de que ya fulano, zutano, mengano, ya dieron su aprobación, aquí todos somos una persona, todos somos y tenemos el interés de votar la aprobación o no de la ley, nada tienen que ver las fracciones parlamentarias si quedaron de acuerdo o negociaron, como acostumbran hacerlo en este tipo de decisiones. El derecho nada tiene que ver con una negociación, son situaciones totalmente ajenas a los diálogos y a los convenios relacionados; aquí las cosas deben de hacerse de una manera recta y precisa en cumplimiento a la Constitución, so pena de quedar en el ridículo que podemos quedar.

Por otro lado, queridos amigos, existe la afirmación del diputado Montes en el sentido que dice que no, que se está complementando la Constitución; qué curioso, que si la segunda sentencia de unos mismos hechos, la segunda sentencia es condenatoria y más benigna que la anterior, ¿por qué no vamos a pensar que vamos a legislar sobre una segunda sentencia que está prohibida por la Constitución en el momento de que aquí estamos aprobando que se maneje una segunda sentencia? De sentido común debemos entender las cosas de que nosotros tenemos prohibido tajantemente aceptar que existan dos juicios para condenar a una persona, por ningún motivo podemos aceptar un segundo juicio en una ley, eso es absolutamente incorrecto y absurdo totalmente.

Así que de todas maneras nosotros estaremos muy al pendiente y nos opondremos por los medios a nuestro alcance, a que se sigan cometiendo este tipo de atropellos a la ciencia del derecho.

El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Montes, a nombre de la comisión...

Esta presidencia pide atentamente a las galerías respetar al orador.

El C. Miguel Montes García: - Señor presidente; señores diputados: Con breves aclaraciones. Con todo respeto a los ciudadanos que están en la tribuna, de verdad que nadie les obliga a continuar aquí si les molesta la discusión, creo que en pocos momentos se está dando un debate con más responsabilidad que en este momento, si ellos no lo distinguen debemos insistir para que lo distingan con toda atención; creo que se está sentando un precedente sano para la vida del Parlamento mexicano, en consecuencia, esto es útil para todos nosotros y será útil para los ciudadanos.

Hemos conversado los integrantes de la Comisión de Justicia, no para imponer un criterio a la asamblea, sino para establecer la solución en el dictamen que la Comisión de Justicia propone, y que será el voto de la asamblea quien lo convalide o quien no lo convalide.

A nombre de la Comisión de Justicia se propone un nuevo texto, pediría a alguno de los auxiliares que me prestase uno de los estudios comparativos que tenemos realizados para el análisis de este asunto.

La Comisión de Justicia propone que la fracción IV del artículo 614 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que se contiene en el artículo segundo de la minuta que se está discutiendo, se vote por esta asamblea no con el texto que contiene el dictamen, sino con el texto que propuso la iniciativa presidencial; en consecuencia, el texto que debe someterse a votación de la asamblea es el siguiente:

"Articulo 614, fracción IV. Cuando el reo hubiere sido condenado por los mismos hechos en dos juicios diversos, en este caso será nula la segunda sentencia", que es absolutamente concordante con el texto actual del artículo 118 del Código Penal Federal insisto, como aclaración respetuosa al señor compañero del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que me antecedió en el uso de la palabra, que no es el texto de la ley el que puede violar la Constitución, sólo estamos dando un efecto claro a una violación fáctica que no provoca el texto de ley sino la vida irregular posible en los tribunales mexicanos. (Aplausos.)

El C. Presidente: - Diputado Coca, tiene usted la palabra para hechos.

El C. Vicente Luis Coca Alvarez: - Con su permiso, señor presidente; honorable asamblea: Honor a quien honor merece, vengo a esta tribuna a reconocer públicamente la actitud del señor diputado Montes, como presidente de la Comisión de Justicia, y eso no tan sólo habla bien del diputado Montes, sino de esta LIV Legislatura. Aquí es fácil comprobar que negamos enfáticamente que no podamos dilucidar nuestros diferendos; sí podemos legislar, sí podemos concretizar, creo que es importantísimo este precedente, que debe ser un procedente histórico para nuestra Legislatura; el reconocer, como lo ha venido a hacer el señor diputado Montes ante esta alta tribuna, habla mucho de él y de su grupo parlamentario, y hablará más de esta LIV Legislatura, ¡enhorabuena! (Aplausos.)

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Ernesto Jiménez, para hechos.

El C. Ernesto Aureliano Jiménez Mendoza: - Quiero hacer una aclaración al diputado Montes, que precisamente en la Ley de Amparo, que le revise, instituye el juicio de amparo contra leyes anticonstitucionales, o sea hay muchas leyes que porque no se han manejado adecuadamente no se ha corregido su texto, pero muchas leyes contienen preceptos inconstitucionales, y es precisamente el momento de hacerlo saber a la Suprema Corte de Justicia en amparo, para que se modifiquen esas situaciones que sí dañan a la aplicación de la Constitución.

El C. Presidente: - Diputado Godoy, tiene usted la palabra.

El C. Leonel Godoy Rangel: - Señor presidente, con su permiso; señoras y señores diputados: En primer lugar, yo también deseo hacer saber a esta honorable asamblea, que la decisión adoptada por el presidente de la Comisión de Justicia, es una decisión valiente que debemos de valorar en ese sentido.

Nos había planteado dos alternativas en relación al debate parlamentario, que sobre la discusión en lo particular se iba a dar al proyecto o de la iniciativa que el Ejecutivo presentó a través del Senado al Congreso de la Unión; definitivamente creo yo que este tipo de decisiones ojalá fueran más seguidas, y eso le daría su real dimensión al debate parlamentario y potencializaría la autonomía del Poder Legislativo.

Efectivamente, nuestro argumento en relación a nuestro planteamiento relacionado a los artículos 97, fracción II y 614, fracción IV tiene dos fases distintas; por un lado, en éste que el diputado Montes ha venido con mucho valor político a corregir un error que seguramente y yo estoy convencido, tampoco es de él solo, en todo caso a lo que a nosotros nos corresponde lo asumimos, yo no asistí a las reuniones porque estamos trabajando en otra comisión, que en nuestra opinión es más importante, en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, sobre reforma electoral.

La fracción IV del artículo 614 como se presenta en el dictamen, tiene una falla de índole técnico - jurídica, insisto, una a nivel constitucional, que sigue siendo mi opinión en ese sentido, y la otra a nivel de ley reglamentaria con la ley sustantiva, el Código Penal en su artículo 118.

Yo creo que ya lo manifestado por el diputado Montes puso los puntos sobre lo que íbamos a debatir en relación a esta fracción; yo lo único que plantearía a esta honorable Cámara, y en especial en su momento a la Comisión de Justicia, es de que no podemos analizar, en mi opinión, sólo el error de índole técnico - jurídico en la ley reglamentaria o en la antinomia que se da en las leyes reglamentarias, la sustantiva con la adjetiva; tiene que darse también, en mi opinión, la discusión en relación al propio artículo 23 constitucional relativo a la vigencia del artículo 118 del Código Penal, porque efectivamente, en un caso muy remoto, esta reforma propuesta por legisladores, beneficiaría al reo.

Sin embargo, si esta reforma se hace nivel de ley reglamentaria, yo quiero sostener mi criterio que seguiría violando lo dispuesto en el artículo 23 constitucional, y entonces mi propuesta es de que el acuerdo parlamentario en ese sentido, sea que hagamos el debate sobre el artículo 23 constitucional, y en todo caso, se reforme para que se adicione con esta figura en beneficio procesal para reo. Con esto queda agotado lo que se refiere al artículo 614, fracción IV en nuestro planteamiento técnico - jurídico.

Prevalece para nosotros nuestra opinión de que hay en lo político - jurídico, en el ámbito político - jurídico que es más debatible y que a la mejor no van a estar de acuerdo conmigo, fundamentalmente por las distintas posiciones ideológicas que sostenemos, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, que en mi opinión también la fracción II del artículo 97 debería eliminarse, ya que indudablemente que esta fracción se refiere a una figura del derecho adjetivo penal que es la conexidad de los delitos e históricamente al menos en la historia reciente de las leyes de amnistía, entendiendo con claridad esto de que no estamos confundiendo Ley de Amnistía con indulto, no hay en nuestra opinión ninguna confusión en ese sentido. Ley de Amnistía es decretada por el Legislativo y tiene vigencia hasta agotarse sus supuestos; indulto es un supuesto permanente, que faculta al Ejecutivo para conceder el perdón.

Entonces no hay ninguna, creo que con eso quisiéramos tajantemente señalar que no tenemos ninguna confusión en lo que es alguna Ley de Amnistía y lo que es el indulto, pero sí creemos que esta fracción II del artículo 97, que es la única adición que tiene el artículo 97 en mi opinión, porque los supuestos que señala en su párrafo, en su fracción I, fracción III, están previstos actualmente como está el texto de la Ley Penal.

Históricamente corresponde a las leyes de amnistía la conexidad de los delitos por motivos políticos o sociales, como dice la reforma; no puede corresponder, en nuestra opinión, al indulto, no puede ser por lo tanto una facultad del Ejecutivo, pero hay más, a mayor abundamiento, esto ya lo dijimos cuando subimos a esta tribuna, para dar nuestro voto en contra en lo general, a mayor abundamiento.

Nos parece que esta fracción II es redundante con lo dispuesto en la propia iniciativa en su fracción III, porque estamos en la fracción III en un supuesto general de delitos del orden común, que obviamente los de la fracción II también son delitos del orden común, nada más que aquí se le agrega la conexidad en motivos políticos o sociales, y que nada tiene que ver con la separación de la fracción I que son los delitos políticos que señala el Código Penal en su artículo 144; por lo tanto, me parece una ligereza, me parece superfluo que señalemos esta fracción II, cuando en principio, insisto, las leyes de amnistía históricamente lo han contemplado, y segundo, que no me parece correcto que un concepto jurídico que siempre ha sido utilizado para beneficiar a reos por delitos políticos y que ha sido competencia del Poder - Legislativo, se pase ahora al Ejecutivo.

Yo estoy de acuerdo que con la reforma no habrá ningún problema, y será una facultad más del Ejecutivo y no hay ninguna contradicción legal, estoy de acuerdo, por eso insisto en que mi alegato es de tipo político - jurídico, por los antecedentes históricos recientes de leyes y amnistía; pero además, quisiera decir que la fracción II es un supuesto que cabe dentro de la fracción III de la propia iniciativa que hoy se nos presentó, por ello solicito se elimine la fracción II y queda la III como II, y así resolvemos el problema. Es todo.

El C. Presidente: - Tiene la palabra la ciudadana diputada María Teresa Chagoya.

La C. María Teresa Chagoya Méndez: - Con la venia del señor presidente y con el respeto que me merece este recinto; compañeras y compañeros diputados: Es un honor hacer uso de esta tribuna y es un gusto ver que se inicia una concordia, una razón entre las fracciones priístas, para algo tan justo y tan humano como es esta iniciativa de ley.

Indiscutiblemente que se trata de una iniciativa justa y humana, indiscutiblemente que las fracciones a que se refería el compañero Godoy son también justas y humanas.

La fracción II del artículo 97 citado, menciona la misma situación que la ley vigente, pero quita una parte que no tiene razón de ser, como es la que se refiere individual o en grupo, siento que se están ampliando las posibilidades para poder obtener el indulto; claro está que va a ser un indulto que no se va a dar nada más porque sí, sino que también va a resguardar la seguridad pública, la seguridad de la población, es por ello que ese artículo menciona que siempre y cuando el reo demuestre una clara readaptación y siempre y cuando no venga a poner en peligro la seguridad nacional y de la población.

Aparte de esto, encontramos que se deben contemplar también ciertos delitos en que no es procedente, por ello, pues esta fracción de este artículo viene a ser una garantía, una ampliación más, viene a ser una seguridad para poder ser respetado en derechos humanos.

Con respecto a la fracción IV del artículo 614, siento que aquí también se va a hacer justicia, se va a hacer justicia porque no estamos exentos de que se vengan a cometer ciertos errores, no precisamente por violación al artículo 23 constitucional, que no está a discusión ahorita, sino que por errores humanos las personas que realizan y que llevan a cabo los juicios, pueden caer en el error de que una persona tenga dos juicios por el mismo hecho; se trata de remediar pues una injusticia, se trata de que se venga a aplicar una pena, y yo siento que aquí la intervención de los compañeros que me antecedieron, que si bien tienen toda la razón en cuanto al artículo 118, que señala que debe ser la sentencia primera la que se debe aplicar, definitivamente tienen razón, porque así lo señala este artículo y porque no se le pueden aplicar dos sentencias a una persona; es justo pues que sea una de ellas, que se defina a una de ellas como la que venga a purgar por el delito cometido.

Por otra parte, yo quiero decirle a los compañeros diputados, que en este papel que estamos desempeñando de legisladores, qué bueno que estamos actuando con esa madurez, porque como decía, esta iniciativa no solamente viene a ampliar las posibilidades de poder obtener el indulto, sino que viene a ser un avance más hacia la democracia. Muchas gracias, compañeros.

El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Ismael Yáñez Centeno.

El C. Ismael Enrique Yáñez Centeno: - Compañeras y compañeros diputados: Es sano poder debatir en el nivel que lo estamos haciendo, pues las armas de la sinrazón por más en alto que se esgriman, jamás harán mella en el sentido común de nuestro pueblo, por ello hay necesidad de reflexionar lo que expresamos y todavía más, sobre lo que hacemos.

En el inconsciente colectivo están presentes y agravándose con todas las exhibiciones de sumisión las grandes ofensas que se le hacen, el despertar en muchos mexicanos en su conciencia social ya no podrán impedirla; con ese sistema ineducativo enajenante de los valores fundamentales, cuyo cultivo es exigencia primaria para la consolidación de nuestro pueblo, la politización ya no puede, ya no debe detenerse y ante ella debemos de asumir la responsabilidad todos los que tenemos un mandato emanado del pueblo, pero con mayor razón los responsables del olvido criminal del pueblo que da de comer para que legislen en su beneficio y hablen por él en su conjunto, de ese conjunto que en su mayor parte está compuesto por los desheredados de este sistema que mucho se ha retroalimentado de la traición y de la rapiña.

Este estado de cosas no puede continuar así, hay que evitar que subsistan las condiciones que le han dado origen, una de las cuales, una de las principales es el presidencialismo que padece México, un presidencialismo ante el que a toda costa se quiere humillar hasta el elemental criterio jurídico.

Y entrando al tema en relación al artículo 97 de la iniciativa, las actitudes tomadas por la mayoría automática que integra la Comisión de Justicia y ahora el pleno de esta Cámara, es una indiscutible prueba de ello.

¿Por qué, pregunto, se omitieron en el dictamen las cuestiones cuyo señalamiento dejaría constancia de la seria y concienzuda reflexión que sí hacen muchos legisladores? Se ha denunciado aquí, como se hizo en la comisión, que Salinas de Gortari ha indultado a personas ubicadas en los

supuestos que contiene la iniciativa, rompiéndose, como lo señaló Martínez Camberos, el sistema jurídico; vale la pena releer nuevamente esto, que no veo alguna forma de que esto se califique, como alguien acaba de decir aquí en la tribuna, de aspecto positivo en lo jurídico. Dice textualmente en la página V, "he indultado y promovido ante los ejecutivos estatales la liberación de aquellos que cometieron ilícitos por motivaciones sociales y políticas."

¿Qué se esgrimirá para justificar esta ruptura constitucional?, ¿en dónde está la conformidad a las leyes a la que obliga a nuestra Carta Magna? No hay más defensa que el no porque no y el sí porque sí; el sí porque así se dijo que se dijera y con ese sí, con este voto afirmativo se deja a la vergüenza ajena que el día de mañana en los ámbitos judiciales y académicos se señale la aberración jurídica y los verdaderos motivos de la iniciativa, muy lejana, esta del humanitarismo que aquí se ha invocado. Humanitarismo, compañeros, sería devolverle al pueblo el poder adquisitivo de su moneda, devolverle la vigencia de sus derechos constitucionales y devolverle con hechos la satisfacción de su petición de democracia; humanitarismo y muestras de que efectivamente se quieren las finalidades a que se refiere la iniciativa, sería la expedición por el Legislativo de una Ley de Amnistía y no salir con este expediente que a nadie convence.

¿Cómo va a convencer una disposición que existe para los delincuentes señalados políticos un alto grado de adaptación, concepto jurídico que necesariamente nos remite al dictamen técnico previsto por la ley de normas mínimas y que por su pura expresión gramatical implica la pérdida de peligrosidad?, entonces, ¿a qué darle al Ejecutivo esta carta en la manga, como el que califique la otra exigencia de que además el sentenciado no represente un peligro para la tranquilidad y seguridad pública?

¿Qué idea se tiene de la readaptación?, ¿no seguir haciendo política?, ésa es la idea, no seguir haciendo política, pues hacerla sería peligroso para la tranquilidad, ¿de quién?, ¿y cómo osa hablarse de limitaciones al Ejecutivo, refiriéndose a un catálogo indebido por cuanto inútil?

En él se contienen tipos que van desde la traición a la patria hasta la violación, pero no los cometidos por servidores públicos a que se refieren los títulos X y XI del Código Penal, servidores cuya conducta en muchos casos por el daño que han causado al pueblo se asemeja a los delitos de traición a la patria, y no me refiero a los intocables altos funcionarios del sistema, al que la Constitución prohibe el indulto en su artículo 111, párrafo séptimo, no, a eso la impunidad les viene con su propia designación, y de ello hay muchos ejemplos, me refiero a los mandos medios y a los administradores de justicia que comercian con la libertad humana; en cuanto a éstos, pensemos en la diferencia que hay entre el criminal y el juez que por soborno lo libera. El daño social que ocasiona una conducta repetida de este tipo, ¿no es más punible que aquél a quien beneficia?, ¿y por qué no fueron incluidos? Se me dirá que será un largo enlistado, sí, pero el trato absurdamente discriminatorio es menos, mucho menos aceptable que no haberlo incluido.

Relacionado lógicamente con esa extraña exclusión, está el vago concepto de importantes servicios a la nación, que se apresta a ser utilizado como un efectivo instrumento para beneficiar a muchos servidores, serviles hombres del sistema; ¿acaso no se pidió en la "Comisión de Justicia que por lo menos se pensara en una verdadera limitante para que el cumplimiento con las funciones de ley no fuese pretexto para otorgar impunidad?, ¿dónde están esas observaciones?

Finalmente, si se trata de buscar la reconciliación nacional, es más prioritario y ejemplar que este cuerpo legislativo jerarquice la importancia de una ley de amnistía, que ésa es la que debiera ser en estos momentos el objeto de debate; con ella no se reservaría la rehabilitación política de nuestros luchadores sociales, como lo haría el sistema con la figura del indulto; con ella, con la amnistía, dejaríamos constancia real de que sabemos hacer valer nuestra facultades y autonomía y no prestarnos a un juego para proyectar una falsa expresión de tolerancia y conciliación que los hechos desmienten.

Quede razonado mi voto en contra de tal propósito y propongo para amainar, aunque sea un poco la notable incongruencia de los propósitos con el artículo 97, que de ése se elimine ese requisito de más que implica la frase "en tratándose de los presos por motivaciones políticas, los sentenciados", que implica la frase" y su liberación no presente un peligro para la tranquilidad y seguridad públicas."

Igualmente, que se incluyan los cometidos por servidores públicos y contra la administración de justicia; y en caso contrario, que se elimine el indebido catálogo por inútil en una administración de justicia corrupta e impune.

Que lo referente a los importantes servicios a la nación, se explícite que no serán considerados como tales el desempeño de las funciones encomendadas por la ley a los servidores públicos.

Y finalmente, que se incluya un párrafo mediante el cual en cuanto a ese artículo se refiere,

precisamente a motivaciones de carácter político y social, los indultados de este tipo recobren el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, en excepción a lo dispuesto por el artículo 95 del Código Penal vigente.

Los presos políticos no tienen por qué mendigar la rehabilitación de aquellos derechos, cuyo ejercicio precisamente los llevó a la pérdida de su libertad. (Aplausos.)

El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Napoleón Cantú Cerna.

El C. Napoleón Cantú Cerna: - Señor presidente; señoras y señores diputados: Nuestra Constitución Política fue y sigue siendo una de las más progresistas, liberales y avanzadas; en ella se establecen y se consagran con el máximo rango jurídico amplias garantías individuales y garantías sociales. Está plenamente asegurado el disfrute y el ejercicio de muy preciadas libertades, cuando ello se da dentro del marco del derecho; violar el derecho, y en particular infringir las normas penales, afecta casi siempre a la sociedad y causa daños, muchas veces irreparables, a la parte ofendida. Nunca podrá justificarse la comisión de delitos, como expresión de una libertad legítima.

Para mantener el orden y la seguridad, la autoridad tiene el ineludible deber de exigir el cumplimiento de la ley, y proceder en su términos contra sus violadores; sin embargo, de acuerdo con el caso que nos ocupa, es perfectamente válido, posible y deseable en ciertos supuestos y bajo determinadas condiciones, que exista y pueda considerarse el indulto.

El indulto, como ya fue dicho aquí por el diputado Arturo Armendáriz y por el diputado Fernando Lozano Gracia, es una figura que existe desde tiempos muy antiguos, desde la época de los griegos, de los romanos, en el Oriente, en la Edad Media, en los tiempos modernos, como también se decía, existe también en toda clase de regímenes políticos.

La reforma que nos ocupa, y centrando el comentario en el artículo 97 del Código Penal, viene a introducir una posibilidad más de indulto, cuando se trate de delitos cometidos por motivaciones de índole política y social, según lo dispone la fracción II del artículo 97; sin embargo, no se establece esto de una manera libre e ilimitada, sino que por el contrario, se precisan requisitos, condiciones y también limitaciones.

Esto tiene el efecto saludable de que, por una parte, pueda tener el Ejecutivo la posibilidad de utilizar este instrumento jurídico en ejercicio de facultades discrecionales pero no facultades ilimitadas, sino precisamente cumpliendo con las limitaciones que se establecen en el proyecto que estamos discutiendo; se establecen como requisitos dos que son fundamentales, o sea, que el condenado o el sentenciado tenga un alto grado de readaptación social por una parte, y por la otra, que de ninguna manera su liberación venga a constituir un riesgo para la seguridad y la tranquilidad públicas.

Yo pienso y no estoy de acuerdo con lo que se ha expresado en contra sobre este aspecto, que sí es posible, y no solamente posible sino necesario y exigible como lo establece la norma, a consideración de esta asamblea, que pueda determinarse a través del examen que se sigue para todos los procesados y sentenciados, de acuerdo con la Ley de Normas Mínimas. sí es posible, repito, que pueda determinarse si una persona se encuentra realmente en ese no grado de readaptación social sino alto grado de readaptación social, es decir, no cualquiera sino el que más ha logrado la readaptación social puede ser sujeto del beneficio del indulto.

Por otra parte y como debe ser para protección de la misma sociedad, es indispensable que aquel que se libera con el indulto, de ninguna manera venga a representar un peligro para la sociedad, sino por el contrario, y precisamente por su readaptación social y precisamente para cumplir con esa teoría moderna penitenciaria, de lograr que los reos a través de su internamiento puedan no solamente sufrir la reclusión y la pena que ello trae consigo, sino también a través de los métodos que se establecen y que establece precisamente el artículo 18 constitucional, puedan de esa forma lograr su readaptación y reincorporarse a la sociedad como elementos útiles y de provecho, y de ninguna manera como elementos que puedan volver a delinquir o a cometer actos contrarios a la sociedad. De ahí, la bondad y la necesidad de que esos dos requisitos se aprueben en los términos que están plasmados en el proyecto del artículo 97 constitucional.

Por otra parte, el indulto es un beneficio y no cabe duda que éste no puede concederse a toda clase de delincuentes. de ahí que también sea justificada la lista de delitos o de género de delitos que suman 10 y que no voy a repetir porque todos aquellos los conocen, pero que es indudable que aquellos que los han cometido, no merezcan ni tengan derecho al indulto.

No es posible hacer un catálogo mayor, aunque desde luego el Ejecutivo en sus facultades discrecionales obviamente tendrá que seguir un criterio

que le permita hacer uso de esa facultad en términos que merezcan la aprobación de la sociedad y que salve de esa manera su responsabilidad histórica; por otra parte hay que recordar también que en la minuta se establece un agregado al establecer precisamente que la resolución sea razonada y fundada.

Se ha dicho también que no debe de limitarse o no deben de incluirse delitos por lo que no sea posible conceder el indulto. Yo pienso, y de acuerdo con la información que tengo, que el indulto en todos los países, como aquí se ha dicho que existe, existe también pero de una manera limitada y condicionada; en nuestro propio país tenemos antecedentes como lo es la Ley del 30 de diciembre de 1940 siendo presidente de la República el general Lázaro Cárdenas, que autorizó al Ejecutivo para conceder el indulto a los reos de los fueros militar y federal que hubieran cumplido una parte determinada de la pena, pero excluyó expresamente y del beneficio a los reincidentes a los reiterantes, a los toxicómanos, los traficantes de droga, los vagos y malvivientes y aquellos que revelen un estado peligroso que aconsejo o no la integración al seno de la colectividad.

Se ha dicho aquí también, que la propuesta que estamos discutiendo y analizando viola diversas disposiciones de la Constitución lo cual no acepto ni estoy de acuerdo con ese criterio ya que se bien el artículo 89 en su fracción XIV le da al Presidente de la República la facultad de conceder el indulto, el mismo precepto señala que será de acuerdo con las leyes de la materia, y estamos precisamente ante esa ley que en ese caso está ampliando por una parte la posibilidad para la concesión del indulto.

Por otra parte, resultan también improcedentes las afirmaciones que aquí se han hecho, de que de una manera pudiéramos decir teórica o académica, puede intentarse el juicio de amparo contra la sola expedición de la ley; cabe recordar, que como requisito y presupuesto fundamental para la interposición del juicio garantía, se requiere el interés jurídico, que no existe cuando se da solamente para probar la eficiencia constitucional de una ley, como el caso que estamos discutiendo.

Señoras y señores diputados, estas reformas constituyen en realidad un avance y un mejoramiento de nuestros ordenamientos penales sustantivos y adjetivos; con el indulto y el reconocimiento de inocencia, se dan instrumentos que permiten suavizar el rigor del derecho, optar por la justicia cuando entra en conflicto con el derecho y corregir errores judiciales; por lo tanto, yo solicito a la presidencia se pase a votación el dictamen a la Comisión de Justicia, y pido el voto a favor de la asamblea.

El C. Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea, si los artículos 97, fracciones I, II y III y 614, fracciones IV y V, se encuentran suficientemente discutidos.

El C. prosecretario Juan Jaime Hernández: - En votación económica, se pregunta si están suficientemente discutidos los artículos 97, fracción I, II y III y artículo 614, fracciones IV y V.

Los ciudadanos que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutidos, señor presidente.

El C. Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si se acepta la propuesta de la Comisión de Justicia, para la modificación del texto de la fracción IV del artículo 614 en los términos que fueron presentados por el diputado Miguel Montes.

El C. secretario Ismael Orozco Loreto: - Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea en votación económica si se acepta la propuesta hecha por la Comisión de Justicia, referente al texto del artículo 614 correspondiente a la fracción IV.

En votación económica se pregunta a los señores diputados que estén porque se acepte la propuesta hecha por la Comisión de Justicia, sírvanse manifestarlo.

(Votación.)

El mismo C. Secretario: Están de pie. Se acepta.

El C. Presidente: - Proceda la secretaría a recoger la votación nominal de los artículos 97, fracciones, I, II y III y 614, fracciones IV y V, con la modificación propuesta por la Comisión de Justicia y aprobada por la asamblea, a la fracción IV del artículo 614, en un solo acto.

El C. secretario Ismael Orozco Loreto: - Se va a proceder la votación nominal de los artículos 97, fracción I, II y III y 614, fracción IV, de acuerdo a la modificación propuesta por la Comisión de Justicia y V, en un solo acto.

Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos que corresponden y que se refieren al artículo 161 del Reglamento Interior.

(Votación.)

Señor presidente, se emitió la siguiente votación por las fracciones I, II y III del artículo 97

del Código Penal y la fracción V del artículo 614 del Código de Procedimientos Penales, 259 votos en pro y 41 votos en contra.

Y por la fracción IV del artículo 614 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal la votación fue la siguiente: 266 votos en pro, contra 34 votos en contra. Además 6 abstenciones.

El C. Presidente: - Aprobadas por 259 votos las fracciones I, II y III del artículo 97 del Código Penal para el Distrito Federal en materia del Fuero Común y para toda la República en materia del Fuero Federal. Y la fracción V del artículo 614 del Código de Procedimiento Penales para el Distrito Federal.

Aprobada por 266 votos la fracción IV del artículo 614 del Código de Procedimiento 614 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.

El C. secretario Ismael Orozco Loreto: - Se devuelve al Senado para sus efectos constitucionales.

El C. Presidente: - Se concede el usos de la palabra al ciudadano diputado Pliego Aldana para hechos por cinco minutos.

El reglamento establece en el artículo correspondiente que usted puede hacer uso para hechos por cinco minutos.

El C. Alfredo Pliego Aldana: - Señores diputados, lo que voy a tratar no se puede resumir en cinco minutos. El problema es sobre Petróleos Mexicanos.

(Voces): - No, no

El C. Presidente: - Ciudadano diputado Pliego, como usted solicita más de los cinco minutos que le otorga el reglamento, esta presidencia consultará a la asamblea si en su caso usted haga uso de la palabra.

(Voces): - No, no

EL C. Alfredo Pliego Aldana: - Un problema...

(Voces): - No, no

El C. Presidente: - Permítame diputado Pliego...

(Voces): - No, no

El C. Alfredo Pliego Aldana: - De tanta importancia...

(Voces): - No, no

El C. Presidente: - Diputado Pliego, diputado...

(Voces): - No, no

El C. Alfredo Pliego Aldana: - Un problema en que se está entregando...

(Voces): - No, no

El C. Presidente: - Diputado Pliego Aldana, permita a esta presidencia conducir los debates. Diga diputado Martínez Corbalá.

El C. Gonzalo Martínez Corbalá (desde su curul): - Moción de orden. El artículo 67 de la Ley, Orgánica, establece que durante un período extraordinario el Congreso sólo puede tratar los asuntos para los que fue convocado.

El C. Presidente: - El diputado Pliego Aldana ha solicitado a esta presidencia hacer uso de la palabra para hechos.

El diputado Martínez Corbalá una moción de orden que es procedente desde el punto de vista de que este período de sesiones debe concretarse a tratar los asuntos para los que fuimos convocados.

Sin embargo, esta presidencia con el propósito de permitir el libre ejercicio de la expresión de los ciudadanos diputados, reitera que le otorga el uso de la palabra por cinco minutos, para hechos, al ciudadano diputado Alfredo Pliego Aldana.

(Desorden.)

El C. Alfredo Pliego Aldana: - El problema que nos ocupa es que no compartimos....

. (Desorden.)

El C. Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si autoriza al diputado Pliego a hacer uso de la palabra.

(Desorden.)

El C. Presidente: - Continúe diputado Pliego Aldana.

El C. Alfredo Pliego Aldana: - Es de vital importancia, porque no compartimos el proyecto del gobierno.

(Desorden.)

El C. Presidente: - Ciudadanos diputados: Esta presidencia exhorta a todos ustedes a guardar silencio y a tener respeto por el orador al que le hemos concedido cinco minutos, para tratar el tema que él desea hacer del conocimiento de la asamblea.

El C. Alfredo Pliego Aldana: - Yo vengo a denunciar que Petróleos Mexicanos ha sido entregado a las compañías extranjeras y se ha traicionado la expropiación petrolera de 1938.

(Desorden.)

El C. Presidente: - Ciudadano diputado Pliego. Se pide a los ciudadanos diputados ocupar sus lugares.

El C. Gonzalo Martínez Corbalá: - Solicito hacer uso de la palabra para fundamentar mi moción.

El C. Presidente: - Ciudadano diputado Pliego Aldana: permita, por favor, al ciudadano diputado Martínez Corbalá fundamentar la moción que nos ha presentado desde su curul.

El C. Alfredo Pliego Aldana: - No se la permito porque él sí no tiene calidad.

El C. Presidente: - Ciudadano diputado Pliego...

El C. Alfredo Pliego Aldana: - No se la permito porque él es de los que mintió a la opinión pública.

(Desorden.)

El C. Presidente (a las 18.45 horas): - Se declara receso.

RECESO

EL C. Presidente (a las 19.08 horas): - Se reanuda la sesión.

ACUERDO DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

El C. Presidente: - Esta presidencia informa a la asamblea que al finalizar los asuntos en cartera pendientes de resolver, harán uso de la palabra el ciudadano diputado Pliego Aldana y el ciudadano diputado Gonzalo Martínez Corbalá.

Esta presidencia, por acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios propone a la asamblea que la siguiente sesión del Período Extraordinario se celebre el día 10 de octubre, a fin de dar oportunidad a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para desarrollar sus trabajos de dictaminación de iniciativa.

El C. Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): - Señor presidente, ése no es el asunto que sigue en el orden del día...

(Voces): - No se escucha.

En este momento corresponde de acuerdo con el procedimiento, el informe de la Comisión de Gobernación sobre los trabajos de la reforma electoral.

El C. Presidente: - Precisamente ciudadano diputado, como se va a dar lectura a ese informe en el punto siguiente, esta presidencia ha recibido una comunicación de los coordinadores de los grupos parlamentarios en el sentido de proponer a la asamblea que la siguiente sesión se realice el 10 de octubre, y en consecuencia se va a consultar a la asamblea, para dar trámite a esta comunicación que ha recibido la presidencia.

El C. Pablo Gómez Alvarez: - Me parece que está fuera de orden. En el orden del día corresponde el turno a examinar el informe de la Comisión de Gobernación; después que se examine éste, y antes de citar a la próxima sesión, debe darse turno a la convocatoria de la siguiente sesión, pero no se puede convocar a sesión en este momento antes de que se agote el orden del día.

El C. Presidente: - No se está convocando, no, no diputado. Quisiera pedirle su atención y su compresión a lo que está haciendo la presidencia, está poniendo en conocimiento de la asamblea, un acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios; no se está citando todavía a asamblea. Esto se hace al final como usted atinadamente lo indica, simplemente estamos dando acuse a esta comunicación en relación con el informe que se va a leer en seguida.

Se ruega a la secretaría hacer la consulta correspondiente.

El C. secretario José Murat C.: - Por instrucciones de la presidencia en votación económica, se pregunta a la asamblea si es de admitirse la propuesta que la próxima sesión se convoque para el 10 de octubre, en base al acuerdo de los coordinadores de grupos parlamentarios.

Los que estén por la afirmativa de la propuesta de la presidencia en base a los coordinadores de los grupos parlamentarios, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor presidente.

El C. Pablo Gómez Alvarez: - Pido la palabra.

El C. Presidente: - Tiene usted el uso de la palabra diputado.

El C. Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): - No se puede votar algo que no ha sido leído.

El C. Presidente: - Ya ha habido una votación diputado.

El C. Pablo Gómez Alvarez: - Por eso, no se conoce el texto, no se leyó.

El C. Presidente: - Ciudadano diputado, esta presidencia informó a la asamblea...

(Desorden).

Ruego a la secretaría dé lectura al texto de esta comunicación.

El C. secretario José Murat C.: - Para información y por instrucciones de la presidencia, esta secretaría da lectura al documento que nos envía el ciudadano presidente, esta secretaría le va a dar lectura.

Acuerdo de grupos parlamentarios: Ciudadano presidente de la Cámara de Diputados: "Los suscritos, coordinadores de grupos parlamentarios, considerando la necesidad de que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, cuente con el tiempo suficiente para emitir un dictamen razonado y analizado por todos sus integrantes y atento a lo dispuesto por los artículos 35, 60, 65, 88 y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hemos acordado solicitar atentamente a la presidencia de la Cámara de Diputados, se cite a sesión de cámara dentro de este período extraordinario, el próximo 10 de octubre".

México, Distrito Federal a 28 de septiembre de 1989. - Atentamente. - Diputados: Alberto Pérez Fontecha, Francisco Ortíz Mendoza, Rafael Aguilar Talamantes, Guillermo Jiménez Morales y Abel Carlos Vicencio Tovar.

El C. Presidente: - Gírese oficio a la honorable Cámara de Senadores para los efectos a que se refiere la parte final del artículo 68 constitucional.

Tiene la palabra el diputado Pablo Gómez.

El C. Pablo Gómez Alvarez: - Señor presidente; ciudadanas y ciudadanos diputados: Me parece que estamos entrando a una serie de situaciones irregulares que van generando un error tras otro. Pero lo más importante es sumir una actitud de reflexión sobre el manejo y conducción de los trabajos de la asamblea.

No se puede votar en una asamblea y muchísimo menos en una cámara legislativa, un documento que no se conoce, que no se ha leído. Esto sencillamente atenta contra la naturaleza misma de la asamblea y la jerarquía constitucional de esta Cámara.

A mí me parece que si siguiéramos nosotros las pautas reglamentarias, que se siguiera con el orden del día, y no se le diera la palabra a un diputado para un asunto que nos concierne a los puntos en ella incluidos, hasta que se agotara el orden del día, para evitar después tratar de quitarle la palabra a ese diputado ya en tribuna o pedir la venia de la asamblea para ver si éste puede hablar o dar la palabra a otro diputado cuando hay un diputado que ya está hablando y evitar estas irregularidades que no son de ninguna manera irregularidades que se le puedan atribuir a la asamblea. No me parece que la asamblea sea responsable de estos hechos que yo rápidamente he mencionado.

Por lo cual yo sugiero en primer lugar que la propuesta de los coordinadores, cinco coordinadores que han firmado a lo que el secretario acaba de dar lectura, cuando se agote el orden del día se debe poner a consideración de la asamblea, sin conocerse, no se había leído se acaba de leer, no se puede votar que son las tres de la mañana cuando son las tres de la tarde señor diputado, esto no puede ocurrir en una Cámara Legislativa.

Nosotros no estamos a favor del acuerdo propuestos por cinco coordinadores, votaríamos desde luego en contra y ya, resuelto el asunto, pero tiene que darse el curso, tiene que leerse, tiene que darse la oportunidad de que si un diputado tiene alguna objeción la pueda manifestar, después otro diputado fundar la proposición y finalmente votarse, eso es lo que dice el reglamento; no puede ser que el presidente ignore de esa manera las normas reglamentarias, pero tampoco es aceptable que la asamblea admita semejante conducta en la conducción de los debates, no habría ningún problema, no hay ninguna prisa en este momento, de que antes que la asamblea concluya, se vote la propuesta de los coordinadores y a continuación, sencillamente el presidente convoca a la sesión siguiente y envía el asunto al Senado.

Yo creo que hay algún diputado que sostenga un planteamiento reglamentario o de orden distinto, muy bien podría venir aquí a sostener su punto de vista y a plantear que el presidente puede poner a votación algo que no se conoce y entonces ésa será la regla de la asamblea y aquí podemos, incluso, tener leyes y aprobar decretos sin saber qué cosas son lo que dicen los proyectos.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Dionisio E. Pérez Jácome.

El C. Dionisio E. Pérez Jácome: - Con la venia señor presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados de esta honorable Cámara de Diputados: El tema que ha tratado hace unos momentos el señor diputado Pablo Gómez, fue materia de comentarios a los que tendré que aludir. El día de ayer, en una reunión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con una, ciertamente, reconocida habilidad parlamentaria, el señor diputado Gómez, el señor diputado Gómez lo plantea ahora en función de una supuesta cuestión de orden reglamentario, cuando precisamente y con todo respeto lo digo, creo que se trata en algún sentido de algún signo de los tiempos, de una manifestación de la apertura democrática, del aprendizaje del parlamentarismo en nuestro México, hemos estado actuando durante este período extraordinario y de común acuerdo, lo reconozco así.

Como decía nuestro querido diputado Montes hace un momento, no precisamente en contra de las disposiciones legales, sino tal vez más allá de las mismas, pero siguiendo el espíritu y el espíritu, en este caso, básicamente ha sido el concederle la palabra a todo señor diputado, que considerando importante un tema lo ha querido plantear.

Ciertamente, existía y existe una disposición constitucional contraria, el artículo 67 y varias disposiciones legales y reglamentarias que abundan sobre el mismo tema, pero consentimos en esa muestra de apertura y no nos corresponde, seguramente lo digo con respeto, a ninguno de nosotros, intentar invocar su interpretación, que no es necesariamente la nuestra, un precepto del reglamento, reclamando su aplicación estricta y pidiendo o considerando está cometiendo en su contra una muy grave violación, por el hecho de que en una materia de procedimiento pudiera haberse alterado una secuencia reglamentaria.

Tal es el caso y de allí que haya iniciado por el advertir a esta asamblea que el tema tenía origen ayer, y que iba más allá del planteamiento del señor diputado Gómez. El tema es el siguiente:

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, la subcomisión y los grupos de trabajo continúan laborando. En su oportunidad, si es que la tenemos en esta misma sesión, podremos glosar la amplitud y la importancia que atribuimos al trabajo que nos está, modestia aparte, a los miembros de esa comisión.

Pero no hemos concluido y el reglamento, ese mismo reglamento que ahora invoca el señor diputado Gómez, contiene una disposición expresa, que inclusive no tanto se fundamenta en el principio reglamentario mismo, sino en un principio lógico, elemental; el principio dicho en términos comunes y corrientes, de que "para poder guisar la liebre, necesitamos contar con la liebre primero". El artículo 60 del reglamento dispone así, expresa y textualmente, que "ninguna proposición o proyecto podrá discutirse sin que primero pase a la comisión o comisiones correspondientes y éstas hayan dictaminado".

Así lo dice y establece su propia excepción factible, cuando explica que "solo podrá dispensarse este requisito en los asuntos que por acuerdo expreso de la Cámara se calificaren de urgente o de obvia resolución".

El día de ayer planteábamos en la comisión, el hecho de que yendo lenta pero en fin, consistentemente trabajando en el proceso de conciliación, de estudio, de evaluación de las propuestas y contrapropuestas no teníamos dictamen, no teníamos materia para que el pleno conociera, y el diputado Gómez, con gran responsabilidad seguramente, propuso que en tanto se reuniera el pleno de la Cámara para debatir, para discutir, para glosar, por la importancia misma de la materia.

Intentamos explicarle personalmente, pretendí hacerlo, que aunque ése sea el destino final de este período, el ubicarlo dentro de ese debate, dentro de esa deliberación, requeríamos, por una disposición elemental no sólo reglamentaria sino de lógica, tener precisamente la materia lista para su discusión: contar con el dictamen.

Este tema, se nos explicó en esa jornada, en esa reunión, había sido ya planteado también por el señor coordinador de la mayoría priísta en la reunión de coordinadores y había sido considerado, efectivamente fundado y apoyado, más incluso que en el propio reglamento en la elemental lógica a que hacía referencia.

Y se había convenido, y se nos consultaba por el señor diputado Jiménez Morales, el que lo integráramos e incluyera dentro del informe de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Evidentemente el tema no llegó a debatirse más, no figura en el informe y por ello no constituye una materia, como el diputado Gómez afirma, que tuviera que ser planteado con posterioridad a la lectura del informe mismo; si ustedes examinan el reglamento, el reglamento que nos rige...

La C. Amalia Dolores García Medina (desde su curul): - ¿Me permite una interpelación?

El C. Dionisio E. Pérez Jácome : - Le permito la interpelación y todas más, diputada, pero se las voy a permitir después de que termine.

La C. Amalia Dolores García Medina: (desde su curul): - Gracias.

El C. Dionisio E. Pérez Jácome: - Para servirle diputada, y con mucho gusto lo haré.

El primero de los preceptos de las disposiciones normativas que el reglamento contienen en el rubro decisiones, o sea el que estimó quien hizo el reglamento, la propia Cámara, el propio Congreso de la Unión, como de primordial importancia, como de esencial, como de previo conocimiento y solución, es precisamente el artículo 27, que indica: "Las sesiones de las cámaras serán ordinarias", etcétera. "Ninguna Cámara podrá suspender sus sesiones por más de tres días, sin consentimiento de la otra".

Si en el momento que habiéndose agotado otros puntos de esta orden del día, la presidencia se dispone poner a consideración de los miembros de la asamblea el informe de la comisión y desde el día de ayer, precisamente por esa actitud respetable, en su caso del diputado Gómez, yo soy quien piensa que así lo era y que así lo sigue siendo, planteó el que no debiera contenerse, el que no fuera resuelta, considerada, acordada por la comisión, la presidencia se encontraba evidentemente ante un predicamento, si en el informe se nos habla, como lo observarán y lo leerán ustedes posteriormente, de que no se ha concluido, de que no se está en condiciones de presentar un dictamen, ¿cómo proponer?, ¿cómo presentar?, ¿cómo sugerir o solicitar la aprobación de la asamblea para a su vez seguir el trámite reglamentario de consulta y aprobación del Senado, para esa variación de la regla de que las sesiones no puedan suspenderse por más de tres días, por una Cámara sin consentimiento de la otra?

Era éste precisamente el momento oportuno, adecuado, justo para consultar a la asamblea sobre ese hecho y ¿qué hizo la presidencia? Simplemente manifestó, señores es mi criterio, mi opinión, mi consideración que esto debe hacerse, ¿no?, hizo mención y en el Diario de los Debates aparecerá, al hecho de que conocía y relataba, de que describía y lo hizo así un acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios por el que se consideraba conveniente que nuestra siguiente reunión plenaria tuviera lugar el día 10 de octubre, ¿para qué?

Para proceder posteriormente, por dos vías diferentes; por una, concluida la sesión con el informe, con las presentaciones de hechos que se han ya autorizado, anunciar en la asamblea la celebración de la próxima sesión. Por otra vía paralela, pero obligada también vía independiente, pero legal y reglamentaria a informar al Senado sobre este hecho para obtener su consentimiento de ley.

Que la presidencia de la Cámara violó una disposición reglamentaria, absolutamente que no, que no hizo una lectura expresa del documento, lo relacionó con amplitud y concediendo los deseos del preopinante diputado Gómez, fue precisamente la secretaría de la Cámara la que posteriormente comprobó la verdad, el acierto, la fidelidad de la mención de la presidencia, dando lectura a este documento.

Señores, me he excedido del tiempo, les pido me excusen por ese hecho, les agradezco mucho su atención y muchas gracias. (Aplausos.)

Acepto encantado, primero, señor diputado Gómez, si no tiene inconveniente la presidencia, las interpelación que me solicitó la diputada García.

La C. Amalia Dolores García Medina (desde su curul): - Muy amable. Quiero hacerle una pregunta a usted y también a mis compañeras y compañeros diputados que ya votaron el que la sesión se reanude hasta el día 10.

El C. Dionisio E. Pérez Jácome: - Así es, diputada.

La C. Amalia Dolores García Medina (desde su curul): - Nosotros tenemos entendido que el siguiente punto que se va a ver, que se va a tratar, es el informe de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

El C. Dionisio E. Pérez Jácome: - Así es, diputada.

La C. Amalia Dolores García Medina (desde su curul): - ¿Cómo va esto?, ¿cuál es la lógica detrás de la cual se pone primero a votación, la posible posición de la fecha antes del informe?, para antes de la discusión y el conocimiento de estas cosas de la asamblea.

El C. Dionisio E. Pérez Jácome: - Procuré ser claro diputada, quizá no lo fui y le pido me excuse; si precisamente no se incorporó esa como solicitud o expresión de voluntad de la comisión en el informe, fue precisamente por lo que ocurrió ayer en la reunión de la comisión, habrá versión estenográfica, habrá versión a la que puede usted acudir, provocada por la insistencia del señor diputado Gómez, de variar ese punto.

Esa fue la razón, no se viola ninguna disposición reglamentaria en ello, por eso me permití indicarle que es el primer precepto del capítulo de sesiones, precisamente el que nos obliga a tomar una determinación de este tipo y consultarla al Senado y la presidencia así lo hizo.

La presidencia acreditó después, a petición del diputado Gómez, la veracidad de lo que había afirmado; y, por último, estamos también sin ninguna invocación legalista en este caso ante un acuerdo tomado por esta asamblea. Muchisímas gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Gómez, para contestar alusiones personales.

El C. Pablo Gómez Alvarez: - El diputado Pérez Jácome entró al fondo como orador, me imagino yo "designado", para fundamentar las razones por las cuales cinco coordinadores hacen la propuesta de suspender las sesiones hasta el día 10 de octubre.

Hizo una intervención que se relaciona con una discusión el día de ayer en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, pero en forma alguna hizo una intervención referente a lo que aquí se está discutiendo.

El planteamiento que yo he hecho no es, en forma alguna, que la Cámara deba reglamentariamente sesionar antes del 10 de octubre; lo que yo he dicho es: "Cuando se presenta una propuesta que no es iniciativa de ley, se expone, se da lectura. Uno, su autor, o uno de sus autores si son varios, deben fundamentar lo que sea necesario; y a continuación el presidente debe dar la palabra a quien esté en contra y a quien esté a favor, y finalmente votar". Es ése el trámite.

Pero el ciudadano presidente de la asamblea dijo que existía una comunicación de cinco coordinadores, no le pidió a la secretaría que le diera lectura y sencillamente él tampoco le dio lectura; y le pidió a la secretaría que lo pusiera a votación.

En efecto, el presidente habló, dijo qué se trataba, pero no se conoció por el pleno el texto propuesto.

Nos estamos hablando de la suspensión de las sesiones de la Cámara hasta el 10 de octubre, sino del trámite que el ciudadano presidente de la asamblea le dio a la proposición de los coordinadores.

¿Yo no veo razón alguna para entrar al fondo del asunto cuando todavía ni siquiera se abre el turno de oradores para discutir si se acepta a se rechaza, puerto que el presidente ya mandó votarlo sin conocerlo y la asamblea se puso de pie en su mayoría!

Entonces, lo que estamos diciendo sencillamente es que para que en la asamblea haya orden, debe respetarse el orden ya establecido de antemano. Las proposiciones hechas a la asamblea pues se deben llevar de acuerdo con las disposiciones normativas del reglamento. Eso es todo.

Ahora bien...

El C. Dioniso E. Pérez Jácome (desde su curul): - ¿Me permite una interpelación?

El C. Pablo Gómez Alvarez: - Sí, cómo no.

El C. Dionisio E. Pérez Jácome (desde su curul): - Con la autorización de la presidencia.

El C. Presidente: - ¿La autoriza usted, diputado Gómez.?

El C. Pablo Gómez Alvarez : - ¡Si!

(Voces.)

El C. Dionisio E. Pérez Jácome (desde su curul): - Diputado: ¿conoce usted la diferencia que hay entre una proposición presentada a la Cámara y un acuerdo de la presidencia, que es consultado en base a las facultades y a lo dispuesto en los artículos 18 y 19, o confunde usted ambas cosas.

El C. Pablo Gómez Alvarez: - No, no, no confundo una cosa con otra, si fuera un trámite de la presidencia, que debiera consultarse de acuerdo con los artículos 18 y 19 del reglamento, entonces el presidente no hubiera informado de la iniciativa o de la proposición de los ciudadanos coordinadores; hubiera sencillamente dicho: esta presidencia considera que las sesiones deben reanudarse el 10 de octubre, y consulte a la asamblea, para dar el trámite correspondiente; pero no fue así. El ciudadano presidente de la Cámara dijo que tenía una comunicación de cinco coordinadores.

Entonces....

El C. Dionisio E. Pérez Jácome (desde su curul): - Perdón señor diputado, ¿me permite una interpelación?

El C. Pablo Gómez Alvarez: - Dígale al ciudadano presidente, yo la concedo de antemano, pero tiene que dirigirse a él. (Aplausos.)

El C. Presidente: - Concedida, diputado.

El C. Dionisio E. Pérez Jácome (desde su curul): - Señor diputado, seguramente en este caso la confusión pudiera subsistir, por el hecho de considerar que estamos frente a una nueva oposición. El acuerdo de los coordinadores parlamentarios, y no quiero, señor, tener que acudir a la lectura de las facultades de los coordinadores de los grupos, conforme a la ley y el reglamento, fue dada la presidencia solicitándole ese trámite. El presidente dio el trámite y ante el rechazo que se observó de parte de un respetable diputado, solicitó la confirmación a que los artículos 18 y 19 del reglamento hacen mención.

Perdón diputado por haber casi entablado un diálogo, mi intervención lleva solamente el objetivo de aclarar la probable imposición.

El C. Pablo García Alvarez: - No tengo nada que perdonarle. No asumo responsabilidad alguna.

Mire usted, miren ustedes ciudadanos diputados, cuando una presidencia hace todo atropelladamente, como lo acabamos de ver, se puede interpretar de la manera como lo acaba de interpretar el diputado Pérez Jácome, o de manera como otros diputados lo interpretaron. En cualquiera de las dos hipótesis, sea un trámite de la presidencia o una proposición de ciudadanos diputados miembros de la asamblea de cualquier forma, al poner a consideración de la asamblea cualquier trámite, debe consultarse a ella; abriendo, desde luego, la posibilidad de que algún diputado exprese sus razones para oponerse. De lo contrario no tendría sentido consultar a una asamblea, si de antemano se le niega a cualquiera que se oponga el trámite que quiere dar el presidente de acuerdo con el 18 y 19, la posibilidad de objetar el trámite.

Pero el presidente no dio este curso, sencillamente instruyó a la secretaría para que lo pusiera a votación; pero la importancia de este asunto viene a cuento, no en sí mismo; cualquier persona puede equivocar un trámite, sentirse muy presionado, tratar de sacar a deshora un acuerdo porque se lo están pidiendo y generar una situación confusa en la asamblea; puede ocurrir, eso ha ocurrido muchas veces.

El problema no está ahí, me parece a mí, el problema está en que cualquier "situación irregular", que ocurre en la Cámara; gritos, interrupciones, interrupción de la asamblea, recesos decretados por el presidente, etcétera están alimentando una visión que se está formando, de que esta Cámara es simple y sencillamente un caos.

Naturalmente que cuando un dirigente, alto dirigente político del partido oficial, habla de los diputados o de algunos, como se expresó hace unos días; de lo cual debieran dar por lo menos en nombre de ese partido, satisfacción a la asamblea, pues todo es el estar proyectando la imagen de que una Cámara pluripartidista del nivel de ésta, sencillamente no puede existir y que la democracia es inadministrable en esencia.

Entonces si la conducta del presidente de la Cámara no ayuda a impedir que semejante visión sobre la Cámara de Diputados y sus trabajos se vayan deshaciendo, es necesario por lo menos llamar a la reflexión, ése fue el motivo de mi primera intervención. Nosotros no estamos a favor de que se suspendan las sesiones de la Cámara también por eso, porque lo único que hay son las versiones, que no quiero calificar, de que la Cámara es un desastre, es un desorden total que ni siquiera se entienden, qué está pasando. Cualquier, el más mínimo incidente que ocurre en la sala, es puesto como la noticia más importante, como lo esencial que ha ocurrido aquí.

Ahora bien, si todas estas cosas las unimos y hacemos una interrupción de las sesiones de once días, lo único que estamos haciendo es alimentar esa especie que yo diría, con el permiso de la asamblea, que es un infundio en esencia, por lo cual en efecto están encontradas, muy encontradas las posiciones políticas, pero este tipo de manifestaciones solamente llevan a fortalecer esa nefasta visión que se está proyectando hacia la opinión pública, que es la Cámara de Diputados.

Por eso no queremos que se suspendan las sesiones, no es por razones reglamentarias diputado Pérez Jácome, me parece que usted se equivocó, o no entendió la discusión ayer en la Comisión de Gobernación, yo no hablé de ningún artículo reglamentario; cuando mucho de un reglamento que se llama Constitución y que dice que ninguna Cámara puede suspender sus sesiones por más de tres días sin permiso de la colegisladora, eso es todo.

Ahora bien, lo que nosotros estamos planteando es que la Cámara pueda perfectamente discutir en términos políticos el asunto de la reforma, escuchar las reflexiones de los grupos parlamentarios sin que esas reflexiones se encuentren exclusivamente expresadas en las pequeñas oficinas del Palacio Legislativo del San Lázaro o en otras oficinas fuera de ese palacio y que para ello podría haber el martes y el jueves sesión de Cámara, no porque el reglamento nos obligue a ello, sino porque desde el punto de vista político es necesario desde nuestro punto de vista y usted sube a la tribuna a tratar, perdiendo el tiempo, de rebatir ese punto de vista leyendo artículos del reglamento. No tiene nada que ver, ésta es un discusión entre

diputados, no estamos en un juzgado, estamos discutiendo problemas de carácter político, diputado Pérez Jácome. (Aplausos.

El C. Presidente: - Continúe la secretaría con los asuntos en cartera.

El C. Luz Lajous Vargas (desde su curul): - Pido la palabra, señor presidente.

El C. Presidente: ¿Con qué objeto diputada Lajous?

El C. Luz Lajous Vargas (desde su curul): - Para hechos.

El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra la diputada Lajous para hechos, por cinco minutos.

La C. Luz Lajous Vargas: - Con su permiso, señor presidente; compañeros y compañeras diputadas: He pedido la palabra porque creo que efectivamente tenemos un problema de orden en esta Cámara, creo que tiene nombre y apellido y se llama Pablo Gómez.

Yo he estado como todos nosotros, 500 personas, a merced de la paciencia del diputado Pablo Gómez. La mía ya se acabó; lo hemos escuchado en abuso de la tribuna continuamente, lo hemos escuchado opinar sobre todo, lo hemos escuchado por todólogo y experto en todo. El señor no sólo es el seudocoordinador del Partido de la Revolución Democrática, es el vocero del Partido Acción Nacional, es el coordinador del debate, es el aspirante a presidente de la Cámara, y utiliza todos los argumentos al revés. Yo creo que es hora de que también se ponga un limite al abuso de la tribuna, que por lo menos pudiéramos pedir que el señor Pablo Gómez diputado federal, no haga uso de la tribuna más de una vez por sesión. Tenemos que juzgarlo, y eso ya es amplísimo. No creo que si los 500 hicieran uso de la palabra más de una vez por sesión, no se donde iríamos. Pero creo que es simplemente ya el extremo en que hemos llegado, en la paciencia exagerada. Pido moción de orden para que el diputado Pablo Gómez no abuse de la tribuna.

Y quiero aclarar otra cosa: Creo que es muy fácil cuando tenemos una discusión compleja, cuando hay caos, el simplificar y responsabilizar de todo al presidente de la Cámara, pues todos conocemos que es muy difícil lo que está sucediendo; que si los diputados no desean llevar en orden la asamblea no se lleve en orden; que no tenemos los instrumentos adecuados ni la autoridad adecuada a través de su ejercicio, para poder controlar la Cámara. Así es que si esta Cámara es caos, es porque todos nosotros lo permitimos y lo hacemos.

Yo pido dos cosas. Yo pido una moción de apoyo para el presidente de esta Cámara, que ha tenido que aguantar más que muchos otros, y pido no sólo eso sino que en el futuro lo ayudemos, lo apoyemos cuando se forman y estamos pidiendo y callando a la gente, Pablo pidió la palabra para cinco minutos y ¿cuánto fue? Media hora, tres cuartos de hora? Ya pedimos la noción de tiempo. Propongo específicamente a esta Cámara , que ningún diputado pueda abusar de la tribuna en la forma específica como lo hace el diputado Pablo Gómez. Muchas gracias.

El C. Jesús Ortega Martínez (desde su curul): - Pido la palabra.

El C. Presidente: - ¿Con que objeto, señor diputado?

El C. Jesús Ortega Martínez (desde su curul): - Para hechos.

El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Ortega para hechos, por cinco minutos.

El C. Jesús Ortega Martínez: - Compañeras y Compañeros diputados: En primer lugar, quisiera exigirles, exigirles a ustedes un mínimo de reciprocidad.

Yo no soy, compañeras y compañeros, de los que participan en la Cámara desde el fondo del salón de sesiones gritando, no pataleo, no chiflo; escucho con atención las intervenciones de los compañeros, por eso les decía que exijo un mínimo de reciprocidad.

La intervención de la compañera diputada da tema para discutir a fondo de lo que pasa en esta Cámara.

Vean ustedes por curiosidad los encabezados de la Prensa, de la prensa vespertina, y verán que opinión tienen los señores periodistas de lo que sucede en el salón de sesiones; y creo que reflejan verazmente de lo que sucede en la Cámara. No hemos podido, compañeras y compañeros, iniciar un debate serio, profundo, precisamente porque una parte importante de los que estamos aquí no, tienen la actitud de venir a debatir seriamente sus tesis y a escuchar las tesis del resto de los compañeros.

Efectivamente, tiene razón parte importante del pueblo que nos califica de irresponsables, y yo digo que deberíamos de oír esa opinión, de corregir el comportamiento y de comportarnos como verdaderos representantes populares.

Me parece, en consecuencia, compañera diputada, que usted ubique como responsable del desorden a un compañero. Eso, compañera, sin mayor pretensión, es superficial y eso significa eludir su propia responsabilidad. ¿Cómo es posible que le achaquemos a un compañero el desorden en este salón de sesiones, usted particularmente, compañera? Es responsabilidad efectivamente de todos y más de aquéllos, me atrevo a decirlo, que no son capaces de reflexionar sus tesis, sus ideas para venir a exponerlas con claridad en la tribuna y que lo que hacen es gritar, o chiflar o patalear desde el anonimato. Esos son los principales responsables del desorden en la Cámara y yo creo que deberíamos de corregirlos si queremos cumplir con nuestra responsabilidad como diputados. Gracias por su atención. (Aplausos.)

La C. Luz Lajous Vargas: - Pido la palabra, señor presidente, para alusiones.

El C. Presidente: - Permítame, diputada Lajous, permítame un momento. Permítame un momento, diputada Lajous. El diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala había pedido la palabra antes. ¿Permite usted, diputado, permite usted que la diputada haga uso de la palabra para contestar alusiones? Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra, diputada Luz Lajous.

La C. Luz Lajous Vargas: - Señor presidente, señores diputados, nada más para hacerle un aclaración al diputado que me antecedió en el uso de la palabra si él lee la estenografía, podrá ver que dije que la responsabilidad era de todos, creo que es responsable, pero creo que la mayor parte o una parte muy importante del desorden y de la inquietud se debe, y lo repito, a Pablo Gómez. Su personalidad de megalomanía es la que hace que pase eso.

El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala.

El C. Oscar Mauro Ramírez Ayala: - Señor presidente: compañeras y compañeros diputados: En primer término quisiéramos discrepar de la compañera Lajous, en razón de que es un derecho constitucional el de que todos los diputados hagamos uso de la tribuna, en los términos y en las condiciones que el reglamento establece. El uso de la tribuna es libre para todos los diputados, en los términos reglamentarios.

Creo que tanto un grupo parlamentario como otro se han excedido en el uso de la palabra; hemos visto cómo les has presentado la cartulina de que se término el tiempo y no obstante ello siguen los compañeros adelante en el uso de la palabra.

Por ello quisiéramos exhortarlos a respetar el reglamento y fundamentalmente a respetar el tiempo de todos los diputados. México está pendiente de lo que acontece en este recinto; no solamente México, sino gran parte del mundo que piensa y cree en la democracia. Por ello, nosotros queremos avalar el trámite que llevó adelante el señor presidente de esta Cámara de Diputados, porque si bien es cierto no lo hizo con base en el reglamento, después de analizar nosotros la Ley Orgánica del Congreso que está sobre el reglamento, en su artículo 34 señala claramente en el inciso d, que el presidente de la Cámara deberá tomar en consideración las proposiciones de la Gran Comisión y de los grupos parlamentarios.

Bajo tales circunstancias se cumplió con la ley y por ello aprobamos que fuera la sesión para dentro de 10 días. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Continúe la secretaría con los asuntos en cartera.

INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES

El C. prosecretario Juan Jaime Hernández:

«Informe que rinde la directiva de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales sobre sus trabajos concernientes a la elaboración del dictamen relacionado con las iniciativas en materia político - electoral.

Honorable asamblea: De acuerdo con el orden del día previsto para esta sesión, se procede a informar respecto a las tareas de deliberación y análisis de las iniciativas en materia político - electoral que son objeto del actual período extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión.

Tal como se informó en la sesión de esta Cámara del día 21 del mes en curso, la subcomisión integrada para la formulación del proyecto de dictamen se organizó en dos secciones, para encargarse cada una del examen y discusión de los diversos puntos del temario en que fueron agrupadas las propuestas contenidas en las iniciativas que se consideraron estrictamente materia del presente período.

Asimismo, se hizo del conocimiento de esa asamblea que las referidas secciones habían agotado el análisis de los temas que les fueron asignados y que la subcomisión en pleno procedía a recoger

las minutas y relatorías de las secciones a fin de proceder al estudio y deliberación general sobre las mismas respecto de aquellos puntos que quedaron pendientes.

La subcomisión sesionó el día 22 de septiembre por la tarde; el día 25 con dos reuniones, una en la mañana y otra por la tarde y el 27 también con dos reuniones, una por la mañana y otra por la tarde. Cada sesión ha tenido una duración promedio de cuatro horas. La asistencia de la mayor parte de los integrantes de la subcomisión, miembros de los diversos grupos parlamentarios, ha permitido llevar a cabo un análisis riguroso de las propuestas de reforma que corresponde a cada uno de los temas.

En estas cuatro sesiones se trataron, por su orden, los siguientes temas, en los que fueron clasificados los artículos materia de las iniciativas: "calificación y contencioso electoral", "derechos políticos y responsabilidades", "integración y funcionamiento de la Cámara de Diputados", "integración y funcionamiento de la Cámara de Senadores", "partidos políticos", y "Distrito Federal o estado de Anáhuac".

En la subcomisión se ha deliberado conforme a un procedimiento en que inicialmente se da lectura a las minutas que contienen el resultado del trabajo de las respectivas secciones, para pasar después a las intervenciones de los diputados que exponen y desarrollan los fundamentos de sus respectivas propuestas y a la deliberación general sobra cada uno de los puntos.

a) Calificación y contencioso electoral.

Los diputados del Partido Acción Nacional sostuvieron, respecto de la propuesta sobre el artículo 60 que se contiene en la iniciativa de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, que si los colegios electorales tendrían una actividad meramente "certificadora", valdría considerar la variación de la nomenclatura de esta función y dejarse a cargo del tribunal electoral la decisión de las controversias relativas a las elecciones. Por otra parte y en relación con dicha propuesta, consideraron que el concepto de "condiciones supervenientes", es mas correcto procesalmente que el de "causas extraordinarias", pero que aun así existen dudas sobre la forma y términos como podrán ser reguladas las referidas condiciones supervenientes, así como sobre la manera de encontrar fórmulas y mecanismos para garantizar que los colegios electorales ejercerán sus funciones legalmente y que sólo sobre el supuesto de que se pudiera asegurar que éstos ejercieran una función de certificación, se podría aceptar la posibilidad de su existencia, pero sin dejar de lado el problema de que 100 presuntos diputados decidan a su arbitrio una elección.

Por su parte, los diputados del Partido de la Revolución Democrática aseveraron, en relación con el concepto de "condiciones supervenientes" que generarían el problema de debatir durante largo tiempo para determinar cuáles hechos pudieran considerarse en le Colegio Electoral, de manera justificada, como supervenientes; también afirmaron que la propuesta de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional sólo se limita a reducir el número de integrantes del Colegio Electoral, pero deja en los mismos términos las formas de actuación y resolución de los asuntos a su cargo, permitiendo que un solo partido con sus votación mayoritaria pueda estar en posibilidad de cambiar el sentido mismo de los votos, si con ellos se viera favorecido; insistieron en que la subsistencia del Colegio Electoral sólo es un empeño del Partido Revolucionario Institucional para conservar una válvula de seguridad que les permita decidir las elecciones solamente a través de su mayoría y que se garantiza así no la continuidad del Estado y sus instituciones sino del propio Partido Revolucionario Institucional.

Los diputados de Partido Revolucionario Institucional, argumentaron, por su parte, que no podrían presentarse los inconvenientes señalados sobre el concepto de "condiciones supervenientes", pues se trata de un término plenamente explorado en el derecho procesal sobre el que existe plena claridad y la posibilidad de ser regulados sin problemas alguno en la legislación reglamentaria; asimismo, que los colegios electorales no podrá sustraerse del control, legal, pues deben reconocer y tomar en cuenta las resoluciones del tribunal electoral, al igual que la propuesta del Partido Revolucionario Institucional persigue el establecimiento de un sistema mediante el cual se eliminen las posibilidades de una discrecionalidad que pudiera desvirtuar la autenticidad del sufragio y que resulta preferible depositar en un Colegio Electoral el destino de una elección y no dejarla en manos de un órgano electoral o de un grupo de magistrados, porque con el primero se exponen a que exista menos objetividad, puesto que el órgano electoral tuvo a su cargo el control y la vigencia del proceso electoral y por lo que toca al segundo si se deja la calificación a un cuerpo reducido de magistrados, sería muy factible que éstos no tuvieran, cuando menos en principio, ni la formación ni la experiencia política adecuada para cumplir esa función y, por lo tanto, no tendría la confianza social. En este punto, los legisladores del Partido Acción Nacional expresaron que es más peligroso dejar esta decisión a los coordinadores de seis o siete grupo parlamentarios, que a un grupo de 15 magistrados.

Por su parte, los diputados de los grupos parlamentarios del Partido Revolución Democrática del Partido Acción Nacional expresaron que podrán admitir la existencia de colegios electorales si y sólo si:

1o. Los organismos electorales en todos los niveles tuvieran una integración de manera que ninguna fuerza política, directa o indirectamente constituya una mayoría predeterminada.

2o. El tribunal electoral se integre mediante un mecanismo que asegure su imparcialidad efectiva.

3o. que en las elecciones en que no se presente recurso alguno no puedan sus resultados ser modificados por los colegios electorales, salvo en el caso de inelegibilidad del candidato triunfante y que en los casos en que se haya presentado recurso y, por lo tanto hubiere resolución del tribunal, los colegios sólo pudieran modificar dichas resoluciones con el voto aprobatorio de las dos terceras partes de sus integrantes, sin que funcionara ninguna regla de unanimidad.

En síntesis que la cuestión del sistema electoral debe ser vista y resuelta en su conjunto.

En consecuencia, los ofrecimientos de diputados del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Acción Nacional hechos en el curso de los trabajos de la subcomisión, esperan respuesta por parte de los diputados del Partido Revolucionario Institucional.

Los diputados del Partido Revolucionario Institucional expresaron que concluída la deliberación sobre los puntos que integran el temario, darán respuesta fundada a la propuesta del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática.

b) Derechos políticos y responsabilidades

En relación con este tema, los miembros de la subcomisión lo consideraron suficientemente discutido en los términos y condiciones en que fue comentado en el seno de la sección primera y, en consecuencia, se le tuvo por visto. Sin embargo, quedó dicho que podría ser sometido este tema a un nuevo análisis, una vez que se tomen decisiones sobre los puntos fundamentales que se refieren a integración y funcionamiento de los organismos electorales, así como de la calificación y contencioso electoral.

c) Integración y funcionamiento de la Cámara de Diputados

En relación con este tema, los miembros de la subcomisión hicieron las consideraciones siguientes:

Los diputados del Partido Acción Nacional explicaron sobre su propuesta para reducir a 150 el número de diputados de representación proporcional, que suprime la existencia de listas regionales, manifestando que esta opción es la resultante de ejercicios hechos a base de modelos matemáticos que pudieran garantizar no caer en los extremos ni de la sobre, ni de la subrepresentación; consideraron que debe mantenerse el sistema mixto constituido por 300 diputados de mayoría relativa y 150 de representación proporcional, ya que la representación proporcional pura o integral no ha dado resultados satisfactorios hasta la fecha, por lo que, manteniendo los dos principios bajo las especificaciones de la propuesta del Partido Acción Nacional, se lograría atender las especificaciones político - electorales del momento actual del país y de algunos lustros del porvenir; que aun cuando mantienen sus propuestas, estarían dispuestos a modificarlas a fin de lograr un entendimiento. Precisaron que su propuesta contenía cuatro elementos firmes:

1o. Evitar la sobre y la subrepresentación;

2o. Desaparecer las listas regionales con el objeto de que los electores puedan elegir directamente a los diputados de representación proporcional;

3o. No aceptar la autocalificación, y

4o. No aceptar el funcionamiento independiente de los dos principios de elección.

Expresaron además que si el Partido Revolucionario Institucional revalora su posición respecto a la cláusula de gobernabilidad o candado inferior, al Partido Acción Nacional lo hará con respecto al establecimiento del candado superior.

Por su parte, los diputados del Partido de la Revolución Democrática manifestaron que para el caso de México, el establecimiento de los candados o cláusulas superior e inferior resulta inmovilista, inequitativo e ilegítimo, agregando que en un sistema democrático no debía haber candados de ninguna especie.

Los diputados del Partido Revolucionario Institucional abundaron en explicaciones y argumentos sobre las propuestas del Partido Acción Nacional como el Partido de la Revolución Democrática y del Partido Popular Socialista, manifestando que no resultan adecuadas, en términos de la realidad y, que de ninguna manera, la propuesta de su partido sustentada en los dos principios de mayoría relativa y de representación proporcional, podría considerarse carente de equidad.

En relación con este mismo tema, se comentó tanto por diputados del Partido de la Revolución

Democrática y del Partido Revolucionario Institucional sobre algunas variantes en los sistemas electorales que podrían ser objeto de reflexión en el futuro del desarrollo del sistema electoral mexicano, entre ellas la representación proporcional por estados y el sistema de mayoría absoluta con voto preferencial o alternativo.

Se abundó en argumentaciones sobre el sentido, el origen y la justificación de las cláusulas de gobernabilidad, ubicando las razones y comportamiento de las mismas en el derecho comparado, particularmente con la ejemplificación de su existencia en algunos países.

d) Integración y funcionamiento de la Cámara de Senadores.

Respecto a este tema, los representantes de los partidos enfatizaron las motivaciones y razones de sus respectivas iniciativas.

Los diputados del Partido Revolucionario Institucional explicaron los motivos por los que en su iniciativa se propone el pluripartidismo en el Senado, desvirtuando de manera amplia los argumentos por los que a su juicio, indebidamente se ha pretendido que este sistema de integración del Senado afecte la naturaleza de dicha Cámara. Sobre esta cuestión se insistió en que el Senado es expresión tanto del principio federal como del principio del bicamerismo, como una forma de lograr el equilibrio de ambas cámaras del Poder Legislativo. Los anteriores conceptos se apoyaron en antecedentes históricos y de derecho comparado.

Por su parte, los diputados del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, insistieron sobre sus argumentos expuestos desde el día 14 de septiembre en las discusiones de la segunda sección, en una propuesta conjunta de ambos partidos, que contemplaba dos alternativas diferentes a las de su iniciativa de origen, manteniendo un número igual de senadores por estado.

En especial, los diputados del Partido de la Revolución Democrática manifestaron que consideran más adecuado el sistema de cuatro senadores por estado, tomando cada entidad federativa como una circunscripción plurinominal y que el sistema mixto propuesto por el Partido Revolucionario Institucional para el Senado no resultaba conveniente, pues un partido de mayoría relativa se convertiría en mayoría absoluta, limitando a los demás partidos a una mínima participación.

Se declaró suficientemente analizado el tema y al igual que los anteriores, se dejaron pendientes las propuestas alternativas para su definitivo análisis y discusión, una vez concluídos los trabajos inicialmente programados para el pleno de la subcomisión.

e) Partidos Políticos.

En relación con el tema de partidos políticos, los miembros de la subcomisión lo consideraron suficientemente discutido en los términos y condiciones en que fue comentado en el seno de la sección segunda y, consecuentemente, se tuvo por visto.

f) Distrito Federal o estado de Anáhuac

El tema del Distrito Federal fue abordado en la subcomisión, teniendo en cuenta la minuta de la sección segunda donde fue examinado inicialmente. Los diputados del Partido Revolucionario Institucional, sin negar la búsqueda de fórmulas para favorecer la participación política de los ciudadanos del Distrito Federal, estuvieron en contra de la propuesta para erigir el estado de Anáhuac y se manifestaron por un estudio a fondo de la estructura política económica y social del Distrito Federal, a fin de encontrar soluciones apropiadas de carácter democrático; consideraron igualmente sobre el avance que significó la creación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.

Fueron analizados los argumentos expresados en el seno de la segunda sección por el diputado del Partido de la Revolución Democrática, para fundar la propuesta tendiente a la constitución del estado de Anáhuac, cuyo objetivo esencial radica en dotar a los habitantes del Distrito Federal del ejercicio pleno de los derechos ciudadanos; quien al considerar lo positivo que significa en funcionamiento de la Asamblea de Representantes, propuso como una forma para lograr mayor participación, la elección indirecta del Jefe del Departamento del Distrito Federal, por medio de ternas representadas por el partido que obtuviera mayoría en dicha asamblea.

Se hizo también la consideración de los motivos por los cuales los legisladores del Partido Acción Nacional no habían presentado iniciativa para cambiar el régimen político del Distrito Federal.

Hubo también la referencia a que la iniciativa de reformas constitucionales de legisladores del Partido Revolucionario Institucional, contiene puntos de modificación a disposiciones en vigor relacionadas con la asamblea de representantes y que diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional realizaron observaciones de técnica jurídica sobre este punto,

ofreciendo presentar en un documento las enmiendas correspondientes, las que serán discutidas una vez que se agote la agenda del temario.

La subcomisión ha citado nuevamente a sesión para el día de mañana viernes, a las 10.00 horas, a fin de analizar las propuestas alternativas o las enmiendas que se han formulado en el desarrollo de los trabajos de las secciones o de la propia subcomisión; concluida la discusión de dichas propuestas y enmiendas, la subcomisión procederá a redactar el anteproyecto de dictamen que será sometido para su examen a esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Recinto oficial de la Cámara de Diputados. - 28 de septiembre de 1989. - El presidente, diputado Guillermo Jiménez Morales; el secretario, diputado José Luis Lamadrid Sauza.»

El C. Presidente: - Ha solicitado el uso de la palabra el diputado Mario Ruíz de Chávez, en relación a este informe.

El C. Mario Ruíz de Chávez y García: - Señor presidente; compañeras y compañeros legisladores: Soy miembro de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y de la subcomisión de estudio; como tal, he participado en todos y cada uno de los trabajos para la reforma electoral, en especial en todas las audiencias públicas en donde recibimos, comentamos y cuestionamos importantes aportaciones al derecho electoral mexicano.

Debo confesar que en este proceso de estudio he aprendido más de derecho electoral que en toda mi vida pública y académica, reconozco también que he variado algunos de mis puntos de vista originales sobre la materia; he revisado verdades habidas sobre el derecho político mexicano que conocí desde mis años mozos en la Facultad de Derecho, estoy convencido pues, de que hay mucho qué hacer.

El derecho, se ha dicho, es ciencia, pero también experiencia; confirmamos que la fuente real del derecho son las circunstancias políticas, económicas y sociales de la nación; sin duda, el pueblo reclama una mejor legislación electoral que haga del sufragio efectivo la única vía para la conformación de la gran voluntad popular.

Acabamos de escuchar el informe de la comisión relativo a los trabajos sobre el dictamen de reformas constitucionales en materia electoral que anuncia la conclusión de la tarea de análisis de los diferentes puntos de vista de las corrientes políticas aquí presentadas, en él advertimos coincidencias, pero también divergencias; la enorme tarea de la comisión desarrollada con método nos anuncia acercamientos que parecían imposibles en un principio y es que la gran cantidad de propuestas de los partidos y sus enormes diferencias de partida, preludiaban un intenso y extenso trabajo que con responsabilidad ha asumido la comisión.

Por lo que toca a la integración del órgano u organismo electoral, la distancia que marcaba una propuesta de eliminar totalmente la participación del Estado en la organización y vigilancia del proceso electoral frente a otras propuestas, ha sido objeto de atenuación al través de fórmulas de mayor equilibrio cuyo afinamiento puede estar cerca si celebramos el debate con mayor razón que pasión.

Una segunda prioridad, sin duda, es la integración y funciones del contencioso electoral; se revive el debate sobre la búsqueda de los hombres químicamente puros y nos hace recordar que el proceso en todas sus fases ha de ser manejado por seres humanos de carne y hueso, con alteza de miras pero también con inclinaciones naturales debidas a su formación cultural, a su necesaria definición ideológica que a nadie demerita, sino al contrario, enaltece.

Ubicaría como tercera prioridad, la calificación de la elección que con matices y acercamientos, la discusión vuelve a ser la misma, ¡ quien va a calificar a los representantes de la nación? Y volvemos al elemento humano, si los diputados deben ser los más altos representantes del pueblo, ¿quién habrá de tener la capacidad y la calidad para calificarlos?

La calificación instaurada desde las cortes de Cádiz y ya sé que las circunstancias han cambiado, se debió no sólo a una necesidad de impedir que otro poder interviniera, un poder ajeno, sino a la necesidad de su autoconstitución, la cámara debe constituirse sin interferencia de nadie, debe obedecer a su propio impulso y a su propio imperio, porque representa a la soberanía nacional; en toda la historia de México sólo se dio una excepción con el supremo poder conservador integrado precisamente por magistrados que no eran químicamente puros y ya conocemos sus resultados.

Creo que debemos fortalecer al tribunal para que juzgue sobre los aspectos jurídicos del proceso, pero de ninguna manera renunciar a la autocalificación que es tanto como prescindir de la facultad de autoconstitución soberana del Poder Legislativo. Si aspiramos a fortalecerlo hasta constituir un poder real, no lo debilitemos privándolo de facultades históricas, jurídicas, políticas y morales y, sobre todo, de su derecho esencial para autoconstituírse.

En fin, como se advierte, la tarea no es sencilla porque no puede prescindirse en el debate de los valores históricos que implica y menos aún de las necesidades actuales entre las que yo destacaría la necesidad de un avance en un mayor equilibrio de los poderes federales.

Nos pronunciamos pues las fórmulas más claras y transparentes, sí, pero también más equitativas en la contienda política; yo tengo confianza y hoy lo reitero, en el talento, en el esfuerzo y, sobre todo, en el patriotismo de los señores diputados para encontrar fórmulas de consenso que habremos de proponer muy pronto, espero, al pueblo de México, en este dictamen que habremos de elaborar con la mente fija en el propio pueblo de México.

Pasemos pues, compañeros legisladores, al segundo punto del programa; una vez agotado el período de análisis, procedamos a la elaboración del proyecto de dictamen para someterlo a la elevada consideración de la asamblea y cumplamos de esta manera con nuestra grave y elevada responsabilidad histórica. Gracias por su atención. (Aplausos.)

El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, para hechos.

El C. Oscar Mauro Ramírez Ayala: - Señor presidente; compañeras y compañeros legisladores: En primer término, quiero señalar que la secretaría dio lectura a un segundo informe de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en relación con las iniciativas de ley de reforma constitucional que han presentado todas las fracciones parlamentarias que integran esta LIV Legislatura.

Ante esta realidad y fundamentalmente ante el hecho de que la mayoría de la población está pendiente de los trabajos que se vienen desarrollando en esta Cámara de Diputados y también tomando en consideración las graves afirmaciones que algunos políticos o seudopolíticos han señalado en torno a la forma en que trabajan los diputados, queremos solicitar de la presidencia puntos concretos:

En primer lugar, queremos desautorizar y bajo ninguna circunstancia considerar las afirmaciones absurdas, prepotentes e ilógicas, que en materia política vertiera el seudodirigente del Distrito Federal, Tulio Hernández, este señor carece de autoridad moral para decir cómo se conduce la Cámara de Diputados, cómo se conduce la política nacional, carece de autoridad moral porque ustedes recordarán cómo su actitud de prepotencia lo llevó a afirmar en un momento determinado, que él era gobernador de Tlaxcala gracias a que en Bucareli se le había autorizado.

Este tipo de políticos no deben ser considerados en serio dentro de la realidad política de nuestro país y mucho menos en esta nueva era política que está viviendo el Congreso, por ello queremos señalar que las afirmaciones de este seudopolítico son aberrantes y son aberrantes y denigrantes para un partido político, porque en un momento determinado también se atreve a afirmar que ustedes los del Partido Revolucionario Institucional hicieron mal, elaboraron mal el padrón electoral; afirmaciones también absurdas porque ustedes no tienen ninguna facultad para elaborar ningún padrón electoral, para esto está el Registro Nacional de Electores como único órgano competente y este señor se atreve a calificarlo como un órgano inoperante, porque él aclara que todavía se mamá vive, muerta, pero vive en el padrón electoral como elector.

Esta realidad de esos absurdos políticos del dirigente priísta del Distrito Federal, nos llevan a la conclusión de que debemos acelerar los trabajos de este período extraordinario de sesiones, que debemos hacerlo con la mayor celeridad.

En consecuencia, compañeros diputados, solicito a la presidencia que, con fundamento en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, se haga una excitativa a los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con fundamento en el artículo 21, fracción XVI del Reglamento, para el efecto que la ley establece, que no es de más de cinco días, emita el dictamen sobre la reforma electoral. Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: - Esta presidencia queda enterada de la excitativa que ha hecho el ciudadano diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala.

Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Alberto Pérez Fontecha.

El C. Alberto Pérez Fontecha: - Con el permiso de la presidencia; compañeros diputados; conciudadanos que hoy nos acompañan: A casi un mes de haberse iniciado el período extraordinario de sesiones para analizar, discutir y dictaminar sobre las iniciativas de reforma a la Constitución en materia político - electoral, nos encontramos en peores condiciones que cuando fuimos convocados por la Comisión Permanente.

Y decimos que nos encontramos en peor situación, porque al menos hace un mes existía la

esperanza de llegar a responderle al pueblo de México sobre algo que nos habían encargado hacer; hoy, a 30 días de haber empezado los trabajos, hemos escuchado un informe de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que nos deja más confundidos de lo que estábamos.

El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, desde los foros a que fuimos convocados, tanto ante la Comisión Federal Electoral, como ante la propia Cámara de Diputados, sostuvimos y seguimos sosteniendo que por el sólo hecho de haberse organizado esos foros, los mismos no garantizaban ningún avance democrático si no existía la voluntad política para llegar a concretar las reformas electorales que garantizaran ante todo no tan sólo a los partidos, sino a los ciudadanos, la garantía de procesos electorales transparentes, legítimos y creíbles.

Todos somos testigos de la gran campaña publicitaria que se ha hecho en los medios de comunicación queriendo hacer ver al pueblo de México que los partidos de oposición somos intransigentes y que esta legislatura no tiene capacidad para responder a las necesidades de legislación que merece el pueblo de México y es por ello que se magnifica cualquier incidente que hay en este recinto para dar la impresión al pueblo que no existe el respeto en esta máxima representación popular.

Coincidimos con el diputado Lanz Cárdenas y es en lo único que coincidimos con usted, señor diputado, que durante estos casi 30 días que han transcurrido, se han utilizado muchas horas de trabajo en las subcomisiones y en las secciones en donde únicamente ha sido la oposición la que ha expuesto sus razonamientos en cuanto a las iniciativas presentadas, pero han sido ustedes, algunos, aclaro, diputados del Partido Revolucionario Institucional, que en esas subcomisiones y secciones se han negado a exponer sus fundamentos para defender las iniciativas que presentaron a nombre de su partido.

La mejor prueba de ese tiempo que se ha desperdiciado son los informes que ha rendido a este pleno la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales; lo que no se ha querido decir, es que las propuestas de reforma que presentó el Partido Revolucionario Institucional no serían aceptadas ni por la Procuraduría Federal del Consumidor, por ser ilícitas, alevosas y nocivas a la salud democrática de este país, pero no tan sólo serían rechazadas por la Procuraduría Federal del Consumidor, sino que ya han empezado a ser rechazadas por varios sectores del mismo partido oficial.

Ahí están las declaraciones de don Fidel Velázquez, de la de los senadores priístas el día de anteayer con Colosio y hasta las declaraciones del presidente de esta mesa directiva, el diputado Mauricio Valdez, apoyando que los organismos electorales deben ser imparciales y autónomos, como lo propone la oposición.

Esta es la verdadera problemática a la que nos enfrentamos para lograr avances en la reforma electoral, esto es lo que debe saber el pueblo de México, no pueden ustedes seguir manipulando la información y quererle echar la culpa a los que no la tenemos; tienen ustedes la obligación, compañeros del Partido Revolucionario Institucional, de decirle al pueblo por qué se opone a que los organismos electorales sean imparciales y autónomos y la razón es que perderían el control de esos organismos y no se podría seguir cometiendo el fraude electoral que pisotea la voluntad popular expresada en las urnas. ¿Por qué no le explican al pueblo la iniciativa de reforma que proponen para que las entidades federativas tengan como un mínimo tres distritos electorales federales y que la consecuencia será darle a seis estados un distrito electoral más y quitárselo al Distrito Federal o al estado de México, que fueron las entidades federativas donde el pasado proceso electoral federal fueron repudiados en las urnas electorales y perdieron esas entidades?, ¿por qué no le explican al pueblo los candados o cláusulas de gobernabilidad que quiere el partido en el poder, al quererse garantizar con tan sólo el 35% de la votación por lo menos 321 diputados federales para seguir mangoneando a este Poder Legislativo? ¿por qué no decirle a la ciudadanía la negativa del Partido Revolucionario Institucional para la creación de un tribunal autónomo e independiente que califique las elecciones y determine conforme a derecho quiénes fueron verdaderamente elegidos por el pueblo?

Recuerden, porque hay que recordar, que en ésta Cámara no estamos todos los que somos, ni somos todos los que estamos, ¿por qué se oponen a la creación del Registro Nacional Ciudadano, cuando de ha demostrado plenamente que el padrón electoral carece de credibilidad, que está alterado y que no hay control en las credenciales de elector?, ¿por qué no hacer un nuevo empadronamiento que garantice y dé credibilidad al pueblo de México, obteniendo un padrón veraz?, ¡ya no puede permitirse que se siga practicando el fraude electoral a través de los padrones y de las credenciales de elector!

Ahí están los casos de Tapachula, el de la "Operación Manitas" en Sonora, la quema por parte del delegado del Registro Nacional de Electores de más de 12 mil credenciales en el pasado proceso estatal electoral en el municipio de Tijuana, donde apareció empadronado Pablo Picasso y la familia

Sida; ¿qué más comprobación quieren, compañeros del Partido Revolucionario Institucional, para convencerlos de que es indispensable un nuevo empadronamiento y así dejar sin efecto las credenciales de elector que están en manos de todos, menos de los ciudadanos?

Queremos dejar constancia ante esta máxima representación popular, que el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y otros grupos parlamentarios de la oposición han manifestado su disposición y apertura con el propósito de lograr un entendimiento que nos lleve a cumplir con la gran responsabilidad que tenemos como diputados con el pueblo de México y rescatar la dignidad y la credibilidad de este Poder Legislativo.

Los parmistas reprochamos la irreductible actitud de quienes ocultos, pretenden a través de lesivas reformas constitucionales, vulnerar los derechos del pueblo; la Constitución General de la República es un documento fundamental que pertenece al pueblo de México y ninguna reforma debe realizarse a espaldas de ese conglomerado nacional.

Por ello, hoy, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana alerta al pueblo de lo que está sucediendo y quiénes son los responsables y nos pronunciamos, una vez más, para que los procesos electorales se manejen con limpieza, legitimidad y credibilidad; ningún partido, por mayoritario que se diga, sea quien decida con su voto el futuro de la democracia.

En esta ocasión el Poder Ejecutivo no ha mandado ninguna iniciativa de reformas en materia político - electoral y sería muy grave, compañeros diputados, que llegáramos a la fecha límite de la convocatoria sin un dictamen que conjugue una verdadera reforma político - electoral que perfeccione nuestra democracia; de llegar a esa fecha sin dictamen de las reformas, daría motivo y pretexto para que el Ejecutivo enviara sus respuestas no sin antes demostrar ante la ciudadanía que los diputados no fuimos capaces de cumplir con nuestra función legislativa, esto sería grave y no debemos ni podemos permitirlo.

Hoy hace unos momentos se demostró en esta sesión, cuando analizábamos la iniciativa del indulto, que sí se puede cuando hay voluntad y la pasión ideológica no nos provoca ceguera política, la responsabilidad y el compromiso lo tenemos todos, todos los diputados, sin importar intereses personales, ideologías ni colores, la última palabra la tenemos nosotros y tenemos que recordar, compañeros, que México y los mexicanos nunca han implorado su libertad, siempre la han conquistado. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Jesús Ortega Martínez.

El C. Jesús Ortega Martínez: - Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados; con su permiso, diputada Lajous: No pude terminar mi intervención anterior, porque, respetuoso del Reglamento me quise ceñir a los cinco minutos; solamente quiero completar las consecuencias políticas de que continuará esta situación en la Cámara, yo creo que no es gratuita, parte importante de la campaña de desprestigio a la Cámara y particularmente al Poder Legislativo, en la medida en que el Poder Legislativo ante el pueblo tenga la imagen de ineficiencia o de inservible, en esa medida se justifica la necesidad del hombre fuerte, del Ejecutivo fuerte ante un país tan complejo y ante la incapacidad del Poder Legislativo para enfrentar los problemas nacionales.

Yo creo que diputados responsables no deberíamos contribuir a una campaña de esa naturaleza, en primer lugar porque nos ofendería personalmente, pero en segundo lugar, porque afectaría los intereses de la patria, los intereses nacionales. (Aplausos.)

Compañeras y compañeros: yo creo que ya estamos llegando a momentos decisivos yo pienso que ya se ha terminado el período de investigación de nuestras posiciones, de que conocemos perfectamente la tesis de cada uno de los partidos representados en el Congreso, es inútil en consecuencia tratar de engañarnos y, como decía en una intervención pasada, "más inútil es tratar de engañar al pueblo, a los ciudadanos". (Aplausos.)

Si realmente queremos avance, sería, a mi juicio, sensato no posponer por más tiempo la búsqueda de acuerdos entre los grupos parlamentarios y, para llegar a acuerdos, es indispensable, así lo asumo, el que dejemos, yo digo, todos los grupos parlamentarios, posiciones de intransigencia.

El compañero Pedro Etienne, responsable del grupo parlamentario independiente decía y yo comparto esa opinión, el de que un avance en materia político - electoral sólo sería un producto y resultado de un acuerdo de carácter nacional y un acuerdo de esta naturaleza, repito, implica que los partidos y que los grupos parlamentarios principalmente, dejemos atrás posiciones de intransigencia, solamente que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática predica con el ejemplo.

Nosotros y creo que todos la conocen, presentamos nuestras iniciativas y en lo referente a

los asuntos fundamentales, por ejemplo, en lo referente a los órganos electorales, los encargados de la organización y la vigilancia de las elecciones y el encargado de la calificación de las mismas, establecimos inicialmente en nuestra propuesta y en nuestras iniciativas, que el gobierno no debería de participar en estos órganos, especialmente en el órgano encargado de la organización y de la vigilancia de los procesos electorales.

Y así lo establecimos, porque en el Partido de la Revolución Democrática hubo un intenso proceso de discusión sobre los que debería ser una verdadera reforma electoral y el Partido de la Revolución Democrática, en sus órganos de dirección, consideró que un avance implicaba que el gobierno no participara en los órganos electorales.

No cambiamos nuestro punto de vista sobre la naturaleza y el origen del actual gobierno. Pero así como decimos esto, sabemos reconocer la realidad política y actuar en consecuencia y sabemos que ésos son hechos históricos que no va a ser posible modificarlos los que ahora vivimos en este país y particularmente con los que tienen que ver con el gobierno y por lo tanto, compañeras y compañeros, cambiar nuestra original propuesta y dimos a conocer públicamente una nueva propuesta, en ánimo de llegar a estos acuerdos entre las fuerzas políticas nacionales.

Y dijimos: podemos ceder en que el gobierno participe en los órganos electorales pero con la condición que éste no tenga mayoría en alianza con alguna otra fuerza política en este órgano electoral, para garantizar la imparcialidad de éste.

Y nosotros queremos preguntarle, particularmente a la dirigencia priísta en esta Cámara, ¿qué opina el Partido Revolucionario Institucional de esta nueva propuesta de cuatro grupos parlamentarios que hicimos públicamente?

Hasta hoy, compañeras y compañeros, no sabemos la respuesta del Partido Revolucionario Institucional, la dirigencia priísta no se ha dignado respondernos; ¿están de acuerdo?, ¿no están de acuerdo? Y francamente yo me pregunto, ¿los diputados priístas conocen la posición del grupo dirigente o conocen, esto sería más significativo, la posición del actual grupo gobernante que finalmente, tal parece que él es el que nos va a responder si está de acuerdo o no con nuestra propuesta?

Y tal parece que aquí nos estamos esperando, en el órgano legislativo, el responsable constitucional de hacer la reforma, no estamos oyendo nuestras tesis y nuestras contratesis, sino que la mayoría está esperando a ver qué dice el actual grupo gobernante y quien lo dirige.

Por ese rumbo, compañeras y compañeros, ¿habrá alguna posibilidad de avanzar?, ¿hay posibilidad de lograr acuerdos entre las partes, cuando una propone y la otra sólo escucha?

Yo creo que ésta es una táctica correcta del gobierno, si lo que se propone el gobierno, si lo que busca el gobierno es: o que no haya avance o que haya contrarreforma, atraso, retroceso; si se nos oye y no se nos responde, lo lógico es que se busque que no haya ninguna posibilidad de llegar a acuerdos.

Pero si lo que buscara fuese honestamente un avance para que las relaciones políticas y la lucha política en nuestro país se diera en mejores condiciones, la táctica de oír y de no responder, la táctica de posponer la discusión, es francamente una táctica incorrecta.

En el informe que hoy nos presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, y menciono estos dos partidos porque a eso se refiere particularmente el informe, en otros temas se refiere a otros grupos parlamentarios, insisten en los planteamientos que ya hicimos públicos respecto a lo que debería de ser el órgano electoral y cómo deberían estar representados los partidos en la cámara.

Y en el propio informe se reseña que los diputados priístas dicen que a estos planteamientos responderán en un momento y yo creo que ya ha llegado el momento, por eso reclamaría desde esta tribuna, si es posible en la próxima intervención de un diputado priísta a nombre de su fracción, que respondiera de manera precisa a lo que diversas fracciones parlamentarias han planteado para lograr la reforma, pero sé que el comportamiento del gobierno está ubicado ciertamente en los objetivos que se proponen.

En la lucha política, compañeras y compañeros, el tiempo y creo que todos lo reconocerán, es un factor clave, conforme el tiempo pasa, los campos se van delimitando, se van ocupando posiciones que no dejan lugar a confusiones y es prácticamente imposible tratar de situarse a la mitad; en ese sentido, con el tiempo que ha transcurrido desde que instalamos este período extraordinario, hay dos posiciones claramente definidas, básicas, fundamentales.

¿Qué queremos, avance?, ¿o lo que buscamos es retroceso? Yo no quisiera cometer la imprudencia de colocar en una de esas alternativas a las fuerzas aquí presentadas y digo esto no porque no conozca las posiciones de los partidos, lo digo porque a pesar del tiempo transcurrido, aún hay

tiempo para lograr acuerdos, si hay disposición para ello.

No comento la imprudencia y mejor les doy mi opinión de lo que significa avance y de lo que significa retroceso y para ello les pido, de la manera más atenta, que hagamos un esfuerzo muy difícil y para algunos les parecerá imposible de hacer, por algunos momentos, abstracción de nuestra militancia política, a ver si es posible; reflexionemos compañeras y compañeros. Primero no lograr la reforma, mantener las cosas como están es, a mi juicio, significa a a mi juicio, simplemente retroceso; en las condiciones actuales del país, no avanzar objetivamente significa retroceso y compartir esta reflexión no requiere de gran inteligencia, tan sólo se requiere sentido común y tan sólo se requiere un juicio abierto, disposición a oír, por eso sugeriría y les pedía la abstracción por unos momentos, de nuestra militancia política.

Independientemente, diputadas y diputados, del signo político, la extraordinaria manifestación del pueblo de México el 6 de julio del año pasado, con juicio abierto debería significar, para todos nosotros, que se hizo evidente, que se hizo patente que las estructuras del sistema político mexicano son ya antiguas, obsoletas, que no corresponden, insisto, el 6 de julio, independientemente del signo político con que se manifestó el pueblo de México.

Por ello, las palabras del entonces presidente de la Comisión Federal Electoral no tiene verdaderamente desperdicio, en cuatro palabras sintetizó el presidente de la Comisión Federal Electoral tan complicado proceso social y tan extraordinaria movilización ciudadana: "se cayó el sistema"; nunca se había acertado tanto en tan pocas palabras, pero no se ofendan los priístas y que no empiecen las expresiones irresponsables, en todo caso preocúpense, compañeras y compañeros, no es un insulto el que yo reafirme que se cayó el sistema político mexicano, pero aún más, el 6 de julio no solamente influyó en ustedes los beneficiarios de tal sistema, también influyó en otras fuerzas políticas, también en aquellas fuerzas que el propio sistema durante muchos años golpeó y reprimió, los socialistas y yo me considero entre ellos aprendimos la lección y estamos cambiando concepciones de antes que puestas ante el 6 de julio, resultan también antiguas y obsoletas, nosotros tratamos de adecuarnos a los nuevos tiempos y a las necesidades políticas.

Se cayó el sistema y es inútil, como reaccionario, pretender levantarlo, pero todavía más reaccionario es pretender levantarlo y aun apuntalarlo, esto sí es hacerle al "apache" pretendiendo con la propias manos detener el ferrocarril; en este añejo sistema una de sus características, diría yo definitorias, en este añejo sistema político mexicano que se cayó, una de sus características diría yo definitorias es que las elecciones fueron elementos secundarios para la legitimación del gobierno, yo quisiera poner un solo ejemplo que durante decenas de años se produjo en otras instancias del poder público, por ejemplo, López Portillo contendió a las elecciones, a las elecciones entre comillas, para Presidente de la República, como candidato único y, sin embargo, todos sabemos como ejerció el poder López Portillo, de manera omnipotente, las elecciones fueron elementos secundarios para la legitimación como depositario del Poder Ejecutivo.

Eran otros los elementos principales mediante los cuales el poder político en México se legitimaba, las concesiones económicas del gobierno a las grandes masas, las formas de control corporativo del gobierno con grandes masas, pero esto se agotó, porque el desarrollo cívico que el pueblo alcanzó ya no soporta esas estructuras del sistema político mexicano.

El pueblo simplemente el 6 de julio retomo la tesis de Morelos, de que la única fuente de legitimidad del poder es la expresa voluntad popular y por tanto, avance significaría ya no semielecciones, ya no cuasi elecciones, ya no imitación de verdaderas elecciones, lo que ahora se requiere son verdaderas elecciones para que el poder político esté también verdaderamente legitimado éste fue el reclamo popular de los que fueron a votar independientemente de su posición política el 6 de julio y esta reflexión algunos insensatos nos han dicho. ¿Entonces para qué participan en las elecciones?, ¿y qué quieren que hagamos, les pregunto?, ¿que escojamos entre dos caminos?, ¿que dejemos de luchar por nuestros principios y por la democracia, o que tomemos las armas? Lo primero no podemos, lo segundo, no queremos.

No podemos porque somos gente de principio, no queremos porque no somos irresponsables, es por eso porque participamos en las elecciones y es por eso por lo que queremos que haya reforma, pero reforma que signifique avance y, ¿qué creo yo que significa avance?

(Voces): - Tiempo

Permítame, compañero, no sea irrespetuoso.

¿Qué significa avance?, simplemente que las normas, que las nuevas normas que rijan la lucha política, garantice el sufragio efectivo, que garanticen que se respete la voluntad popular,

solamente eso es lo que queremos y es así que entre otras propuestas hemos hecho dos fundamentales: primero que los órganos electorales, los responsables de organizar y calificar las elecciones, sean autónomos, independientes del poder público y de cualquier otra fuerza política, para que así se garantice su imparcialidad y, en consecuencia, también se garantice el sufragio efectivo, eso es lo que planteamos, sencillamente eso.

Y hemos propuesto otro fundamental, también de manera muy simple: que la voluntad popular esté justamente representada en los órganos del poder público, no prejuzgo hasta hoy, porque queda tiempo, pero ¿qué propone el Partido Revolucionario Institucional?, que el gobierno siga organizando las elecciones, manteniendo mayoría de sus representantes en el órgano electoral y propone que se mantenga la autocalificación, de esta manera, con esta propuesta se niega la imparcialidad del órgano electoral y se queda evidentemente sin garantía el respeto al voto ciudadano y además el Partido Revolucionario Institucional, hasta ahora propone que aquel partido que obtenga poco más de un tercio de la votación, tenga dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Diputados, me parecería y creo que con mente abierta, como yo decía, sin prejuiciarnos, esto significaría retroceso y de ninguna manera avance, como lo reclama la nación y como lo reclama el pueblo.

Pero si se insiste en esta propuesta y se niega la posibilidad de acuerdos, esto es, se mantiene intransigencia en las posiciones, se pretenderá detener la marcha, yo digo, inútilmente, del pueblo hacia en nuevo sistema político cuya principal característica simplemente será un sistema político democrático donde se garantice el respeto a la voluntad popular.

Lo he repetido en muchas ocasiones, insisto nuevamente: si no se hace de esta manera, compañeras y compañeros, se estará contribuyendo, lo repito porque me parece fundamental, a que la confrontación política no se haga en los causes de la democracia, en los cauces institucionales, sino se haga de manera violenta, lo que de ninguna manera beneficia a los intereses de la nación y los intereses populares. Gracias por su atención.

El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Gildardo Gómez Verónica.

El C. Gildardo Gómez Verónica: - Señor presidente; honorable Cámara de Diputados: Después de escuchar durante todo el día las argumentaciones y alusiones referentes al tema de la reforma política, poco queda por añadir al respecto pero es necesario hacer una rápida recapitulación, porque nos encontramos en los momentos previos a la decisión definitiva.

El pueblo, el pueblo consciente se pregunta fundamentalmente si ésta será una reforma profunda, si será una reforma superficial, o si simplemente no habrá reforma.

Para Acción Nacional es importante recapitular ante la opinión pública de México cuál ha sido el papel como lo ha entendido este partido; nos abocamos a la reforma política con dos características: primero y teniendo como mira el bien del país, no el bien de Acción Nacional, sino el bien de la patria y para ello, con absoluta responsabilidad y esfuerzo nos abocamos a la tarea de la reforma política.

A partir del mes de diciembre del año pasado presentamos en total 14 iniciativas de reforma constitucional, que contienen 19 instituciones en las que pensamos nosotros se deben fincar las bases para construir una auténtica reforma política; después de la estructura constitucional, presentamos un proyecto completo de Código Electoral para los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión; participamos en las audiencias públicas celebradas en el seno de la Cámara de Diputados y en le seno de la Comisión Federal Electoral; iniciamos negociaciones con todos los grupos parlamentarios; pulsamos la opinión de los sectores académicos, del pueblo, del país y, en general, de toda la opinión pública nacional.

Y en este momento, ¿cuál es la situación de Acción Nacional en relación con la reforma política?, para algunos, nuestra actitud ha despertado evidente entusiasmo y solidaridad, hay otros, en cambio, que se preocupan porque piensan que Acción Nacional ha renunciado a sus principios y otros más que suponen que el Partido Acción Nacional está obstaculizando la reforma política.

Primero quiero sostener ante aquellos que piensen que Acción Nacional ha renunciado a sus principios de doctrina, que jamás Acción Nacional cejará en su lucha de defender la dignidad de la persona humana, para nosotros, el fondo, el destino, la sustancia, el cimiento de toda la reforma política está en garantizarle a los mexicanos una estructura electoral que garantice el acceso a sus gobernantes y haga posible una vida digna y plena.

No renunciaremos a nuestros principios, pero estamos conscientes de los tiempos de la estrategia electoral, sabemos que no es posible conseguir todo en una sola vez, somos responsables y conscientes de la realidad nacional, por ello hemos

estado dispuestos en el curso de las deliberaciones sobre la reforma política, a mover, a flexionar nuestros postulados en las iniciativas de reforma constitucional y de Código Electoral para encontrar consenso entre todos los mexicanos.

Sólo hay una figura en la que Acción Nacional no está dispuesto a renunciar ni a posponer: queremos que el organismo que organice las elecciones sea imparcial, imparcial supone lo contrario a parcialidad, queremos garantizarle al pueblo la estructura electoral limpia de tal manera que el sufragio sea efectivo, como Francisco I. Madero lo preconizó desde 1910 y hasta la fecha todavía no se hace efectivo.

Este es le punto básico sobre cual se mueve toda la reforma política electoral, pensamos que es posible admitir, mover posiciones en los restantes temas, pero ése, aquél que se refiere a hacer el sufragio efectivo y hacer de México finalmente un pueblo con una ciudadanía digna y no sólo respetable, sino también respetada, ése, para nosotros, es el eje de la reforma política.

Hasta el día de ayer, hasta ayer en la tarde en le seno de la subcomisión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que instrumenta estas deliberaciones, hasta el día de ayer, repito, se conocían las posturas de casi todos los partidos, se intentaron alianzas, posiciones conjuntas, todos hicieron declaraciones de que reflexionarían sus posturas iniciales en aras de buscar consensos.

Casi todos los partidos han manifestado en concreción conceptual en qué consisten esos movimientos, pero hace falta una respuesta. Hay un silencio total respecto a la postura del Partido Revolucionario Institucional; mañana se iniciarán los trabajos de redacción del dictamen, la próxima semana la Comisión de Gobernación tendrá que conocer el dictamen. La reforma política tendrá que traducirse en un documento, ese documento es posible realizarlo todavía, pero hay un silencio que se debe romper, ese silencio puede ser responsable del fracaso o del triunfo de la reforma política.

Compañeros del Partido Revolucionario Institucional: México espera su respuesta.

El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Dionisio E. Pérez Jácome.

El C. Dionisio Pérez Jácome: - Con la venia de la presidencia: Con la particular indulgencia de todos ustedes, muy estimables y respetados compañeros diputadas y diputados: Voy a ser y cumpliré mi palabra, excepcionalmente breve y lo haré en función de tres básicas razones: una de coyuntura, la hora, lo pesado de esta jornada a la que hemos asistido; en segundo lugar la congruencia que debo dar con mis actos a mis expresiones en materia reglamentaria.

Afirmé que no era aún, lo creo y lo fundamento, el momento de poder plantear un debate que evidentemente todos queremos que se establezca en este pleno; necesitamos el dictamen y como tal, aun con el riesgo de poder dejar algunas preguntas por ahora sin respuesta, me obligo, me ha obligado ya a ser el primer respetuoso del reglamento que esgrimo para pedir a otros su respeto.

Pero en tercer lugar, básicamente porque la mayor parte de lo que podría decir ante ustedes está dicho ya, tanto en las iniciativas, particularmente en nuestra iniciativa de reformas, como en las minutas, como en los informes de la directiva de la comisión y como en las versiones taquigráficas de nuestras juntas y en la memoria fiel de todos los señores diputados de los partidos de oposición que nos han acompañado en ese tránsito.

Creo que es, definitivamente coincido con ustedes, injusto el desprestigio que pudiera querer hacerse en este momento, a esta altura del período extraordinario sobre nosotros; no advierto o no encuentro fantasmas a quienes culpar, no son definitivamente ni obscuros intereses, ni pretensiones de un Ejecutivo que, al contrario, demostró su interés de favorecer la apertura democrática de mucha maneras, inclusive de la misma expresión que dio origen a las consultas, al período extraordinario y a nuestra iniciativa, iniciativa de legisladores todos y no de un Ejecutivo.

No, no creo en ello, pero creo que en alguna medida podemos estarnos mereciendo esa concepción crítica de que somos objeto, quizá en parte por el mismo propósito que todos abrigamos de favorecer ese diálogo parlamentario libre y democrático que nos ha quizá provocado el salir de los moldes constitucionales de este período.

En segundo lugar, también por el abuso, probablemente todos incurrimos en él, de los adjetivos aun contra los argumentos; para mí es una jornada muy importante, meritoria, valiosa de recurso quizá memorable la de hoy, porque ante una situación que se presentó tratándose del decreto de la Ley del Indulto, nos pudimos poner de acuerdo, dimos, a quienes pudieran ser o son nuestros críticos. Una lección de consenso, aceptamos con honestidad y con franqueza la presentación culta que se nos hacía de una omisión en la ley y supimos superar también con la docta conducción de un experto parlamentario, el debate

al fin que todos aspirábamos, creo que eso es ya un principio de reconquista de ese prestigio que creo no hemos perdido, sino al contrario, que estamos en camino de llevar al reconocimiento público.

Es innecesario decir que hemos hecho mucho, tal vez no nos lo creerían, ustedes lo saben, saben todo lo que está atrás de las iniciativas, de las consultas, de los estudios, del empaparse de antecedentes de nuestro derecho y del derecho comparado y saben también, cuando menos los que han estado en las reuniones, lo que han significado esas horas de trabajo exhaustivo; mi particular reconocimiento a algunos compañeros de la oposición que ahí sí, lo admito y lo reconozco, nos han ilustrado en muchos aspectos con su experiencia y nos ha permitido ir llegando a integrar un juicio de consenso al que definitivamente, lo reitero una vez más, todos aspiramos.

Se nos piden algunas respuestas, definitivamente el propio informe así lo dice las respuestas del partido, las contrapuestas empezarán a ser debatidas con ustedes el día de mañana, ese fue, ése ha sido el calendario del programa que nos fijamos, resisto la tentación de empezar a glosar algunas de las posiciones que pensamos presentarles a ustedes, lo haremos conforme lo debamos de hacer, en el foro que corresponde reglamentariamente, a ese hecho lo reiteremos, por si hubiese necesidad, en este pleno y ojalá podamos llegar a acuerdos que en su momento hagan innecesario realmente el que tengamos que discutir, a debatir aquello en lo que ya pudimos ponernos de acuerdo.

Un solo concepto final: lo único que definitivamente rechazo y no a nombre de la fracción priísta, sino a nombre, creo y me atribuyo una calidad en ese sentido de diputado, como todos ustedes, es la de inmovilismo, creo que a través de las proposiciones, de las propuestas de las iniciativas del Partido Acción Nacional , del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; independientemente de la ocasión o la forma de presentarla, de las del Partido Popular Socialista, quien respetó particularmente la viril expresión de su preocupación por otros grandes problemas de México, pero la presentación de sus ideales en sí y la propia iniciativa del Partido Revolucionario Institucional, son una demostración palpable de que no hay inmovilismo en esta Cámara.

Sin necesidad de glosar lo que es nuestra propuesta, con el hecho mismo de que estemos proponiendo una transformación, a nuestro juicio y lo discutiremos seguramente a partir de mañana, muy importante en el organismo electoral, en el tribunal y en la integración de las cámaras, creo que estamos respondiendo ya a ese reto que el pueblo de México, que nuestro Presidente y particularmente nuestra conciencia de mexicanos y nuestro conocimiento de la realidad nacional nos han impuesto.

Les agradezco mucho a todos ustedes su atención, como decía antes, la indulgencia de escucharme, les ofrezco cumplir con el compromiso que estoy asumiendo a nombre de mi partido y, sobre todo, expreso una vez más mi optimismo de que sabremos estar a la altura de las circunstancias e interpretar el momento histórico que nos toca vivir. Nuevamente, muchas gracias.

El C. Miguel Aroche Parra (desde su curul): - Señor presidente: Que no se nos siga haciendo objeto de esta clase de intervenciones, ¿qué dijo el diputado?

El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Modesto Cárdenas García.

El C. Modesto Cárdenas García: - Gracias, señor presidente; señoras y señores legisladores: He solicitado el uso de la palabra para en breves minutos exponer un hecho que nosotros consideramos de la mayor importancia.

Este hecho es la actitud de gran sensibilidad política y de gran responsabilidad de sus deberes, a nuestro juicio, que ha asumido la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en relación con un problema que afecta a grandes sectores del pueblo de México como lo es el caso de Teléfonos de México.

En efecto, el miércoles 13 de septiembre, después de escuchar argumentaciones de diferentes oradores respecto al futuro de la empresa Teléfonos de México, resolvió turnar a la Cámara de Diputados la proposición de que las comisiones de Patrimonio y Fomento Industrial y de Comunicaciones y Transportes, discutieran la conveniencia de citar al Secretario de Comunicaciones y Transportes para informar acerca de los planes del gobierno sobre Teléfonos de México.

A partir de esa fecha, lo que antes era sólo posibilidad en proceso muy acelerado, se fueron presentando una serie de acontecimientos: primero, el lunes 18, el Presidente de la República ante la última convención de los compañeros del Sindicato de Trabajadores Telefonistas de la República Mexicana, expuso seis puntos relativos a la desincorporación de Teléfonos de México, dando como plazo ocho días para que el Secretario

de Comunicaciones y Transportes formulara un plan preciso al respecto sobre las bases por él establecidas; 48 horas más tarde, el Secretario de Comunicaciones expone en conferencia de prensa los planes sobre Teléfonos de México, a nuestro juicio, lo hemos expuesto también, esos planes enmendaron en mucho las bases establecidas por el Presidente de la República y de una manera clara para nosotros, hicieron ver los propósitos de reprivatizar la empresa Teléfonos de México.

A partir de este momento muchos sectores han opinado al respecto, desde los grandes empresarios, hasta diferentes representaciones de trabajadores y por supuesto que los partidos políticos y también se puso de relieve de que muchas empresas transnacionales están prestas a adquirir la empresa; unas opiniones en el sentido de que la medida es correcta y otros no aceptándola.

Nosotros hemos expuesto dos inquietudes principales: primera, la seguridad nacional y segunda, la posibilidad de que se viole el artículo 28 constitucional respecto a la creación de un monopolio de carácter privado.

La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, lo hemos informado también, se ha dedicado a hablar con investigadores científicos, con técnicos especialistas del tema, con colegios de profesionales que tienen que ver también con las telecomunicaciones. Hemos hablado con sindicatos, con diferentes dirigentes, a diferentes niveles, incluido por supuesto el compañero Hernández Juárez, hemos hablado con muchos legisladores y también con funcionarios, incluido el Secretario de Comunicaciones y Transportes.

Los conocimientos, las conclusiones y las inquietudes derivadas de estas reunión las expusimos en pleno de la Comisión Permanente en su sesión del día de ayer por un lado, expusimos que hay gran inquietud porque la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, como representación del pueblo, intervenga para opinar al respecto y, por el otro, la opinión expuesta de que puede ser violado el artículo 28 constitucional y también informes fidedignos en el sentido de que en fecha cercana se pueda dar a conocer a la opinión pública de que está consumada la privatización de Teléfonos de México, de que ya está acabada la redacción del título de concesión para crear esta empresa de carácter privado.

Esta actitud la expusimos en el pleno de la Comisión Permanente y otra vez, respondiendo a su carácter de representación del pueblo, se hizo eco de nueva cuenta con esta inquietud y aceptó turnar a la Cámara de Diputados la proposición de que las comisiones de Patrimonio y Fomento Industrial y de Comunicaciones y Transportes, convoque a una serie de audiencias para escuchar las opiniones de diferentes sectores del pueblo, desde las organizaciones científicas hasta las sindicales, acerca de lo que hay que hacer con Teléfonos de México para modernizarla o para desincorporarla, o para conservarla como una empresa con participación mayoritaria del Estado mexicano.

Hicimos ver también nuestra inquietud y esta inquietud la recogió la Comisión Permanente, en el sentido de que había mucha prisa por parte de algunos funcionarios por concluir el proceso de que al parecer, colaboradores del Presidente de la República querían que se llegase a la cumbre con Estados Unidos con la empresa Teléfonos de México privatizada.

Hicimos ver que para estos colaboradores quizá pensasen que era un gran servicio para el Presidente de la República, quizá, pero preguntamos nosotros: ¿qué diría el pueblo de México, sus diferentes organizaciones, que queriendo opinar no tuvieron la oportunidad para hacerlo?

Todas estas inquietudes fueron recogidas de una manera que consideramos muy positiva por parte de la Comisión Permanente, cuando aprueba por unanimidad trasladar a la Cámara de Diputados esta propuesta de audiencias públicas.

Desde esta tribuna, la más alta de la nación esperamos que el Secretario de Comunicaciones y Transportes tenga la suficiente sensibilidad política para el proceso en marcha en el Congreso de la Unión, particularmente en la Cámara de Diputados, para que canalice las inquietudes expresadas en torno a Teléfonos de México y no vaya a dar un resultado, despreciando lo que aquí se pueda opinar.

También confiamos en que las comisiones de Patrimonio y Fomento Industrial y de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, reflejan esa alta sensibilidad que ha mostrado la Comisión Permanente y en el menor tiempo posible, por una parte,, dictamine sobre la comparecencia del funcionario titular de la telecomunicaciones en nuestro país y, por el otro, implemente las audiencias públicas con objeto de que con las opiniones valiosas que pudieran surgir de diferentes sectores representativos, realmente se formule un programa para Teléfonos de México que corresponda a los intereses de la nación.

Pensemos que de hacerlo así, como ya lo ha hecho en el caso del foro sobre el proyecto de legislación laboral a despecho de los intentos de desprestigiarlo, estará demostrando de manera

objetiva que sí puede ser sensible a las inquietudes del pueblo y que sí puede canalizar las inquietudes de grandes sectores respecto de un futuro mejor, con independencia consolidada y avance técnico - científico independiente para el país. Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra, para hechos, al ciudadano diputado Víctor Manuel Ávalos Limón.

El C. Víctor Manuel Ávalos Limón: - Muchas gracias, señor presidente; compañeras y compañeros diputados: Yo también les pido indulgencia y espero me la concedan, procuraré ser muy breve.

Dos situaciones de gran importancia para la sociedad y para nosotros mismos me obligan a ocupar esta honorable tribuna; por un lado, lamentable sería que dejáramos pasar por alto el compromiso empeñado en diciembre próximo pasado con más de un millón de ciudadanos que con todo y familia viven la mayoría de ellos con un ingreso de 180 mil pesos mensuales, me refiero a los jubilados y pensionados del país, del compromiso empeñado, no me dejarán mentir el diputado presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Juan José Osorio Palacios, el diputado presidente de la Comisión de Seguridad Social, el doctor Juan Díaz Aguirre, el diputado José de Jesús Pérez y otros muchos que participamos en las deliberaciones de estos ciudadanos.

Nos comprometimos ante ellos y aquí con ustedes también, de tratar este grave problema en el período extraordinario de sesiones, sin embargo, repito, al parecer no vamos a cumplir con esa promesa.

Por otro lado, me obliga a ocupar la tribuna las declaraciones hechas por el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social recientemente; las palabras del director general del instituto publicadas en la Prensa, enfatizan que la deshumanización de la atención y los malos servicios a los derechohabientes se ve limitada por las prestaciones de los trabajadores plasmadas en el contrato colectivo de trabajo. Nos deben preocupar estas consideraciones, porque indudablemente así se ha iniciado en otras paraestatales para preparar el terreno, desprestigiando a los trabajadores e imponiendo luego la muy conocida modernización que se ha traducido en la desincorporación y privatización de varias de ellas; por ello, se hace necesario un llamado a tiempo al pueblo mexicano y a esta honorable asamblea.

La crisis económica de los años sesentas y agudizada en los ochentas originada por el fracaso económico basado en excesivo endeudamiento externo, crisis que durante el gobierno de Miguel de la Madrid intentó ser superada subordinando el desarrollo del país al pago de los intereses de la deuda externa, ha recaído íntegramente sobre la espalda de los trabajadores, como el propio Presidente Salinas de Gortari lo ha reconocido, manifestándose esto en la pérdida de poco más del 50% del poder adquisitivo del salario, así como la disminución del gasto social, que representa parte de los salarios indirectos y que se expresa por el desmantelamiento de las instituciones de bienestar social.

En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, a pesar de que el gasto de su financiamiento ha aumentado en términos nominales, esto es sólo aparente, pues en términos reales, a precios constantes de 1978, en el período de 1978 a 1987 ha sufrido una disminución efectiva del 38% de los recursos con los que originalmente contaba. Así, mientras la población de dicho período experimentó un incremento de 80% del gasto per capita, para la población usuaria disminuyó realmente en un 66.4%.

En otros términos, podemos plantear que con los recursos destinados a la atención de un usuario, hoy se atienden a tres; en este sentido, la reforma realizada a la Ley del Seguro Social en el año 1986, se concretó a liberar recursos del gobierno federal para designarlos a otras prioridades nacionales, disminuyendo sus aportaciones para el financiamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social, sin contemplar los efectos que el proceso inflacionario iba a tener en estabilidad financiera y la viabilidad de la institución.

El déficit del estado financiero por el que atraviesa la institución, la verdadera explicación del deterioro tan importante en la calidad de los servicios que presta y la reducción del salario de los trabajadores en su mayoría, acumula más del 100%, así como el incremento en las cargas de trabajo y el empeoramiento de las condiciones laborales.

Por otro lado, en los meses recientes, los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social hemos sido testigos del embate desencadenado contra las organizaciones sindicales y los contratos colectivos de los trabajadores, todo esto orientado, como ustedes lo saben, a continuar cargando el peso de la crisis sobre los trabajadores y el intento de transferir años de ineficiencia y corrupción de la administración de las instituciones a los sindicatos y a sus contratos colectivos.

Es por esto que hoy de trata de imponer una política denominada "de modernidad", cuyos

objetivos atentan, lo estamos viendo, contra el salario real, las condiciones de trabajo, las instituciones de bienestar social; así, como ejemplos bastaría señalar el sindicato petrolero, el de Cananea y Mexicana de Aviación.

En este sentido, el próximo Congreso Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social representa una oportunidad histórica para la vida de nuestra institución, porque en él habrá de definirse el futuro de la seguridad social y su organización sindical; en esta revisión de contrato, las autoridades del instituto intentan imponer un proyecto modernizador, cuyos objetivos fundamentales se orientan a reducir aún más los costos de operación e incrementar la sobreexplotación de los trabajadores por dos días: "reducción del salario real una, y la otra "modificación de los procesos de trabajo expresado en la reestructuración de profesiogramas".

Asimismo, iniciar las condiciones que permitan en su momento privatizar algunas áreas de la institución; ejemplo, lo que está sucediendo con los institutos de Cardiología, de Pediatría, de Nutrición, en donde en su administración participan fundamentalmente patronatos.

Compañeros diputados: Resulta fácil que una vez establecidas por estos patronatos las cuotas de recuperación para poder seguir funcionando, resulta que el pueblo pobre, trabajador, nunca tendrá acceso a una calidad verdaderamente elevada de atención médica. (Aplausos.)

La justificación de todas estas medidas es supuestamente la elevación de la calidad de los servicios que otorga la institución a través de responsabilizar a los trabajadores de la ineficiencia de los servicios que prestan las actuales autoridades.

Recordemos que de estas campañas de desprestigio a los trabajadores, tenemos antecedentes concretos, Nos acordamos perfectamente cómo en abril, Televisa trataba de desprestigiar y echar la culpa a los trabajadores de Teléfonos de México, del mal funcionamiento de los servicios.

Para los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, este proyecto es incapaz de lograr un verdadera elevación de los servicios, pero sí una manifestación del autoritarismo y la verticalidad que reina en el instituto, poniendo con esto en peligro la función social para la que fue creada.

Hoy, que la seguridad social así como el sindicalismo enfrentan un serio riesgo, las diferentes fuerzas democráticas solicitamos a esta asamblea se solidarice con los proyectos de los trabajadores que luchan por elevar la calidad de los servicios. Este proyecto es:

1. Demandar un incremento al presupuesto del sector salud, como lo estipula la Organización Mundial de la Salud; cuando menos el 5% del producto interno bruto, y no el 1.6% que actualmente se asigna, para así garantizar el cumplimiento del artículo 4o. constitucional, que contempla el derecho de protección a la salud.

También, un sistema nacional de salud de cobertura universal, gratuito y de alta calidad. Un sistema de seguridad social que cumpla con los compromisos contraídos con la clase trabajadora, desde su fundación.

2. Recuperación del poder adquisitivo del salario, mediante un ingreso al tabulador de sueldos que verdaderamente restituya la retabulación de las categorías más sensiblemente golpeadas.

3. Exigimos a la dirección del instituto, se cumpla con el convenio del 24 de febrero de 1988, que establece que el sueldo tabular deberá ser aumentado al ritmo de los salarios mínimos, otorgando el incremento del 6% que se le dio hace apenas, como repito, en junio pasado. Esto es un convenio firmado entre sindicato y empresa, que se le está escamoteando a los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. (Aplausos.)

Respeto irrestricto al contrato colectivo de trabajo, rechazando cualquier intento de mutilación que vuelva nugatorias las conquistas ya pactadas de los trabajadores.

Revisión, ampliación y adecuación de las plantillas a la nueva dinámica que demandan los servicios de la institución.

Participación de los trabajadores en la toma de decisiones sobre las políticas de administración de salud y operativas de la institución.

No se puede seguir admitiendo, compañeros diputados, que los que verdaderamente enfrentamos la atención de los pacientes en las trincheras, en los consultorías, en las salas de operaciones, jamás se toman en cuenta las voluntades de estos trabajadores. Ellos son los que tienen la experiencia en la mano, de cómo deben ser tratados los pacientes, y sin embargo, las políticas de funcionamiento del instituto se siguen trazando allá, detrás de los escritorios. (Aplausos.)

Rechazamos la privatización de la institución a la que nos están llevando paulatinamente las políticas de modernidad. Para los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social ha sido un

contrasentido, que en momentos en que la crisis económica ha golpeado severamente los niveles de vida del pueblo trabajador, instituciones como la nuestra, cuya función redistribuidora de la riqueza debiera paliar sus efectos, y vemos con tristeza que no ha tenido recursos adicionales, sino al contrario, se le está llevando a una situación que pone en riesgo la viabilidad.

Por lo tanto, los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social en la calle se manifiestan, y la Fracción Parlamentaria Independiente, solicitamos a través de la Comisión Permanente y las comisiones de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social, lo siguiente:

Primero, la comparecencia del licenciado Ricardo García Sáinz, para informar sobre el proyecto modernizador que intenta imponer y sus efectos sobre la seguridad social; y, segundo, porque en el próximo período de sesiones se promueva una iniciativa de modificaciones a la actual Ley del Seguro Social para garantizar su financiamiento que permita a la institución cumplir con los compromisos contraídos con la clase trabajadora y con aquellos que dieron su vida productiva al país, como son los jubilados y pensionados que actualmente viven en la miseria.

Firma la Fracción Parlamentaria Independiente. Discúlpenme compañeros esta intervención. Les agradezco su indulgencia. Gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Pliego Aldana.

El C. Alfredo Pliego Aldana: - Señores diputados: Vengo a denunciar que Petróleos Mexicanos ha sido entregado a las compañías extranjeras y se ha traicionado a la expropiación petrolera.

Se ha renunciado al patrimonio nacional y los responsables son el director de Petróleos Mexicanos, contador Francisco Rojas y el secretario general del sindicato petrolero, Sebastián Guzmán Cabrera y el secretario de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal.

"Reforma electoral

Regreso de Petróleos Mexicanos a las compañías extranjeras

Señor presidente; compañeras y compañeros diputados: Cuando se convocó a los partidos políticos a llevar a cabo una reforma electoral, los partidos presentamos un proyecto de lo que para cada uno de nosotros significa ampliar la democracia en México.

Se sobreentiende que para llegar a un acuerdo se requiere que cada una de las partes ceda o concilie su posición con la de los demás, para llegar a un acuerdo que satisfaga los intereses fundamentales del pueblo de México.

Para el pueblo lo esencial y fundamental es que se respete su legítimo derecho de escoger quién lo represente.

La oposición, en general, hemos venido modificando nuestra posición y cediendo, buscando la conciliación.

No queremos una reforma amañada e intranscendente para cubrir sólo un ofrecimiento del Ejecutivo. No queremos decirle a la opinión pública que no fue posible penetrar en las infranqueables barreras del partido del gobierno. Queremos entendimiento, queremos diálogo y negociación y no como hasta ahora ha sucedido sólo inmovilidad y cerrazón del partido oficial y promesas que no se cumplen. No aceptamos reformas intranscendentes o que quieran aparentar para justificarse ante el pueblo; queremos una apertura franca y sin condiciones.

No compartimos el proyecto del gobierno y su partido para nuestro país.

Y por supuesto tampoco lo comparte el pueblo. La única forma de cambiar este proyecto desnacionalizador es con el libre ejercicio de la democracia.

El proyecto del partido del gobierno sobre la reforma es simple y sencillamente una contrarreforma, porque pretende aumentar la presencia y el control del gobierno y su partido en los procesos electorales.

Lo único que pide el pueblo, através de todos los partidos políticos, es que se respete su derecho de escoger quién lo represente.

Esto se logrará únicamente si los órganos electorales tanto como el consejo, como el tribunal electoral, son autónomos e independientes y no son manipulados por el gobierno y su partido.

La imparcialidad se logrará por la forma en que sean elegidos los integrantes de los órganos electorales, que deberán ser por las dos terceras partes de los votos de la Cámara de Diputados. La rigidez e inmovilidad y lo cuadrado del proyecto oficialista, se debe a que ellos saben muy bien que en el momento que se respete el voto, ellos saldrán del poder.

Con el objeto de llegar a un acuerdo hemos llegado a ceder en la presencia del gobierno en los

órganos electorales, pero que no tenga mayoría, estando presentes los partidos políticos y los ciudadanos.

Se cede también en la existencia del Colegio Electoral, siempre y cuando su autoridad esté por abajo del tribunal electoral, y únicamente sirva para declaraciones de candidatos triunfadores y verifique si éstos cumplen con la ley o no.

La transformación política de México se debe dar en forma pacífica y sobre todo dentro de la ley, el gobierno y su partido tienen la palabra y la responsabilidad ante el pueblo.

Los órganos electorales en todos los niveles deben ser imparciales y autónomos de cualquier fuerza política y de los poderes públicos.

Ante el pueblo, si no hay reforma electoral, el único responsable será el gobierno y su partido oficialista, que quiere seguir siendo parte y juez de los procesos electorales.

Hemos regresado a la lucha de 1910 contra Porfirio Díaz por un sufragio efectivo.

No queremos una reforma que toque únicamente generalidades, sino que vaya al fondo del respeto de la dignidad y voluntad popular.

No compartimos el proyecto de los gobiernos anteriores porque se fueron alejando poco a poco del interés nacional; la corrupción gubernamental fue socavando y destruyendo la soberanía en todos los aspectos de la vida nacional, hasta llegar a la actual administración en que en forma arbitraria y sin límite nos entrega día a día a los intereses extranjeros, y ha renunciado a la expropiación petrolera de 1938, fruto indiscutible de nuestra nacionalidad y de nuestra revolución.

Rescatemos a México del entreguismo en que se encuentra por la actitud antipatriótica y contrarrevolucionaria de un gobierno neoliberal y tecnócrata, que ha traicionado los valores y anhelos de nuestra revolución, como indiscutiblemente es la expropiación petrolera.

El pretexto es siempre el mismo, que no tenemos recursos económicos suficientes, pero aunque tuviéramos todo el oro del mundo, éste nunca alcanzaría, porque nuestros funcionarios sexenales con mañas y componendas lo han sustraído llevándoselo al extranjero, en actos de corrupción inaudita, y el Presidente de la República en turno, junto con sus más allegados colaboradores, cuando dejan el poder se convierten de la noche a la mañana entre los hombres más ricos del mundo.

El capital extranjero y el Fondo Monetario Internacional, desde hace varios sexenios han venido prestándonos dinero, a sabiendas de que no tenemos capacidad de pago. Hundiéndonos cada vez más al grado que tenemos una deuda aproximada de 100 mil millones de dólares, y este año tendremos que pagar entre capital e intereses 14 mil millones de dólares, convirtiéndonos en esclavos ahora económicamente. A este proyecto tenemos que ponerle un hasta aquí, porque el gobierno no tiene un proyecto nacionalista, y lo único que le interesa es terminar el sexenio y enriquecerse, y para ello, requiere manejar dinero y la forma más fácil es pedirlo y prestado, echarle el paquete al pueblo tomando decisiones a espaldas de él.

Como no podemos pagar la deuda y al gobierno le interesa tener dinero fresco con nuevos préstamos, la banca internacional condiciona al gobierno y dirige la política de nuestro país. Y ahora le exige que venda o regale en abonos la plana industrial como es el caso de Petróleos Mexicanos, que le ha entregado nuevamente a las compañías extranjeras como antes de la expropiación petrolera.

En algunas ocasiones han llegado a ser intencionalmente improductivas nuestras industrias, por supuesto, con la decidida ayuda de funcionarios corruptos, y así tener el pretexto de ponerlas a disposición del capital extranjero, como sucede con Petróleos Mexicanos en donde el 70% de la petroquímica está en manos de ellos.

Los responsables de esto no son los obreros, por cierto a quienes siempre se les echa la culpa, sino los corruptos administradores.

Este proyecto regresivo en marcha tiene claros ejemplos como Cananea, Mexicana de Aviación, Real del Monte, Teléfonos de México y ahora Petróleos Mexicanos.

A fines del año pasado presenté una iniciativa para que Cananea fuera declarada monumento histórico, que fuera propiedad de los trabajadores y que por supuesto siguiera trabajando. También presenté otra iniciativa para que se hiciera una revisión exhaustiva de los conceptos de la petroquímica básica que fueron transferidos a la secundaria el 13 de octubre de 1986, y que fueron 36 y puestos a la disposición de las compañías extranjeras.

Hoy vengo a denunciar que Petróleos Mexicanos ha sido entregado a las compañías extranjeras y se ha traicionado la expropiación petrolera de 1938.

Se ha renunciado al patrimonio nacional y los responsables directos son el director de Petróleos

Mexicanos, contador Francisco Rojas; el secretario general del sindicato petrolero, Sebastián Guzmán Cabrera y el secretario de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, el ingeniero Fernando Hiriart.

Exijo la comparecencia del contador Francisco Rojas, director de Petróleos Mexicanos, y de Fernando Hiriart, secretario de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal.

Se equivoca el ingeniero y diputado Gonzalo Martínez Corbalá, presidente de la Comisión de Energéticos de esta Legislatura, cuando el día 21 del presente declara a los órganos informativos. "La Constitución es muy clara al respecto, esa industria, petróleos Mexicanos, es propiedad del pueblo y no es conveniente que la iniciativa privada intervenga en la exploración, explotación, transformación industrial, refinación y petroquímica, ventas y distribución del crudo".

En la regresiva revisión del contrato colectivo que entró en vigor a partir del 1o. de agosto pasado, que se firmó entre empresa y sindicato y a espaldas de los trabajadores, quedó claro que las compañías extranjeras a través de la iniciativa privada y ésta, por medio del contratismo, lleve a cabo trabajos de perforación de pozos y de mantenimiento tanto preventivo como correctivo, de todas las instalaciones petroleras, como son: de exploración, de explotación, de transformación industrial, refinería y petroquímica y almacenamiento y distribución, violando el artículo 27 constitucional, que establece claramente que Petróleos Mexicanos es propiedad del pueblo y que estos trabajos vitales de nuestra industria estén en manos de Petróleos Mexicanos.

Como estos trabajos requieren de equipos costosísimos es seguro que la iniciativa privada se convertirá en prestanombres de las compañías extranjeras.

Por otro lado, esta situación plantea dejar en la calle y sin trabajo y en la miseria a más de 15 mil trabajadores y sus familias, sindicalizados de planta, en toda la industria, que actualmente llevan a cabo los trabajos de mantenimiento y de perforación de pozos petroleros. Desde siempre esta actividad ha sido realizada por trabajadores de planta sindicalizados y estaba claramente establecidos en la cláusula número uno de nuestro contrato colectivo desde la expropiación petrolera hoy traicionada.

En forma anticonstitucional, arbitraria, prepotente la pasan a la cláusula 36, abriéndose las puertas a las compañías extranjeras.

De nada sirvieron los sacrificios, el sudor, el esfuerzo del pueblo y los obreros que juntos y encabezados por el general Lázaro Cárdenas llevaron a cabo la nacionalización del petróleo que hoy vuelve a manos de compañías extranjeras.

Yo quisiera que los diputados obreros de esta Legislatura y de cualquier partido, hagamos conciencia de la agresión de que somos objeto por parte del gobierno, y como un solo hombre defendamos el patrimonio nacional. Los diputados petroleros aquí presentes no me dejarán mentir. Invito a cualquiera a que me demuestre lo contrario.

Amén de que los trabajos de mantenimiento estoy seguro no se llevarán a cabo en forma rigurosa, porque al capital extranjero lo único que le interesa es ganar dinero, y los trabajadores de planta sindicalizados que llevan a cabo los trabajos de operación en las instalaciones petroleras, pagarán con su vida la voracidad de las compañías extranjeras y no dudo que tengamos muchos casos como San Juan Ixhuatepec.

El valor más importante del petróleo es el gas, que sale asociado con el crudo y a través de la industria petroquímica se obtiene una enorme variedad de productos indispensables para el desarrollo de nuestro país y de beneficio social para nuestro pueblo.

La administración que dirige Francisco Rojas desde el sexenio pasado, aceleró el adelgazamiento de Petróleos Mexicanos, pasando por encima de la legalidad constitucional, buscando reglamentos secundarios o prácticas sistemáticamente violatorias y negociadas con la dirigencia sindical que encabeza Sebastián Guzmán Cabrera.

El pasado 15 de agosto, dos semanas después de la histórica revisión destructora del contrato colectivo de trabajo, la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal anunció una segunda reclasificación de 30 productos petroquímicos que por decreto pasaron de básicos a secundarios, mismos que sumados a los 36 reclasificados en el mismo sentido el 13 de octubre de 1986, suman 66 contra 20 que le dejan a Petróleos Mexicanos. Es decir, el 70% de la petroquímica se ha entregado a compañías extranjeras, y Petróleos Mexicanos se queda únicamente con el 30%.

La falta de inversión por parte de Petróleos Mexicanos en la petroquímica es un argumento principal para la privatización de la industria a través de la reclasificación de petroquímicos básicos a secundarios. Se requiere una inversión de 6 mil millones de dólares que Petróleos Mexicanos podría aportar si el gobierno modificara su

política fiscal. Petróleos Mexicanos transfiere el 60% de sus ganancias al gobierno a través del impuesto fiscal denominado "uso del subsuelo".

Petróleos Mexicanos debe reinvertir lo necesario en sus procesos de ampliación y desarrollo tenológico, pues se le somete a una carga impositiva descapitalizadora, mientras se le asigna un presupuesto raquítico recortado tres veces este año.

La reducción del presupuesto no justifica la entrada de los proyectos petroquímicos de mayor trascendencia que tienen un alto grado de inversión, tales como el complejo Morelos, la planta de San Martín Texmelucan, Tula, Cadereyta, Camargo, La Cangrejera, Cosoleacaque, Minatitlán, Poza Rica, Pajaritos, Ciudad Madero, Reynosa y Salamanca, o sea, en todas las instalaciones petroleras de México.

De esta técnicamente injustificada manera de entrada al capital privado nacional y extranjero, el Grupo Alfa, de Agustín Legorreta Chaubet y Bernardo Garza Sada, invertirá 1 mil millones de dólares; Industria Resistol, de los hermanos Padrón Luján y Manuel Senders, invertirá 250 millones de dólares y, el resto, los más de 4 mil millones de dólares serán invertidos por las empresas transnacionales Dupont, Monsanto, Celanese, Phillips Petroleu, Union Carbide, Hoechst, Bayer, Petrofína y Rhone - Poulenc.

Desde 1958, Petróleos Mexicanos subsidió al capital privado invirtiendo en la petroquímica. La producción de petroquímicos se realiza en cadenas de familias que no pueden quedar aislados en la artificialidad de su clasificación como básicos y secundarios, por ejemplo, las poliofelinas abarcan el polietileno de alta y baja densidad y polipropileno. En la reclasificación de 1986, el propileno se reclasificó como secundario sin justificación industrial alguna. Ante tal absurdo, lo que hizo la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal fue completar la entrega de los polietilenos.

Da la casualidad que los petroquímicos transferidos son los que más cuestan y más se venden con el polietileno de baja densidad, estileno y polietileno de alta densidad, mientras que los petroquímicos básicos que producirá Petróleos Mexicanos son los de menor valor comercial, ¡que casualidad!

Como se anunció, se rentarán o de ser necesario se venderán las plantas petroquímicas en las que se producen 14 de los productos transferidos a la petroquímica secundaria, también es elocuente que la producción de siete de los 14 productos se aprovechó en 1988 más del 80% de la capacidad nominal instalada en las plantas petroquímicas más aún en la producción de tres productos de los 14 se aprovechó más del 100% de la capacidad nominal instalada. En el caso de Cumeno, 120%; acetaldehído, 110%; polietileno de baja densidad, 103%. Esto demuestra el alto grado de eficiencia de las plantas, particularmente las del complejo de La Cangrejera, ya que ahí se encuentra la planta de Cumeno.

Con esto se puede adelantar que estas plantas, patrimonio del pueblo, también serán transferidas a las compañías extranjeras. Considerando la eficiencia de la planta y el alto valor del polietileno de alta densidad, es posible que la planta de Poza Rica, en donde está el 100% de la capacidad nominal instalada, también sea rentada o vendida, al igual que las plantas en las que se producen dicloroetano en Pajaritos y sulfato de amonio en Cosoleacaque.

La tasa de crecimiento anual de los precios de algunos de los productos transferidos a la petroquímica secundaria de 1982 a 1988, es de más del 95%.

Ya estará satisfecha la Confederación Patronal de la República Mexicana en su ambición desmedida.

Los técnicos, médicos y profesionistas especializados en la técnica del petróleo, que por más de dos décadas fuimos sindicalizados, en esta revisión de contrato, en forma anticonstitucional, arbitraria y prepotente, se nos traslada al régimen de confianza, violando nuestros derechos y poniéndolos con un pie en la calle y en la miseria a sus familiares si no se obedece ciegamente a los corruptos administradores, además a los empleados de confianza se les da un cheque confidencial de acuerdo con el criterio del jefe y por supuesto que gana más el más servil, con esto, se viola el legítimo derecho de asociación establecido claramente en nuestra Constitución Política.

La mayor producción petrolera se registró cuando los profesionistas en mandos medio éramos sindicalizados, se nos exigía una gran calidad técnica a la que siempre dimos cumplimiento como es el caso de la perforación de pozos direccionales a más de 9 mil metros de profundidad en la plataforma continental de Campeche. Los médicos del Seguro Social son sindicalizados, los de Petróleos Mexicanos no; como si hubiera una Ley Federal de Trabajo diferente para los médicos petroleros.

La política que lleva adelante Petróleos Mexicanos con clara violación del artículo 27

constitucional y su ley reglamentaria respectiva en el ramo del petróleo, que atribuye en su artículo 4o., a Petróleos Mexicanos ser la entidad a través de la cual la nación lleva a cabo la exploración, explotación y demás actividades de la industria petrolera, y enlista estas actividades en su artículo 3o. que señala la exploración, la explotación, la refinación, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano del petróleo, el gas y los productos que se obtengan de la refinación de éstos.

Así las cosas, Petróleos Mexicanos contaba con las siguientes representaciones: Londres, Madrid, Nueva York, Houston y Tokio, en el caso de Houston se contaba con dos oficinas, una de ellas adscrita a la gerencia de preveeduría y almacenes, encargada básicamente de la importación de materiales y equipo, la otra, así como el resto de las representaciones descritas, tenían a como responsabilidad básica apoyar la comercialización externa de crudos y derivados bajo la adscripción de la gerencia de representaciones en el exterior y transacciones internacionales.

De la noche a la mañana Petróleos Mexicanos, contraviniendo a la Constitución, con la simple aprobación del consejo de administración, constituye la empresa Petróleos Mexicanos Internacional Holding B.V. de nacionalidad holandesa, que entre otras acciones contempla la formación de empresas extranjeras de Petróleos Mexicanos, dichas empresas integran lo que se ha denominado el grupo P.M.I.

El grupo P.M.I. está integrado por seis empresas, tres de carácter instrumental y tres de servicio.

La primera constituida en Holanda el 24 de marzo de 1988 como tenedora de Acciones Petronor, S.A. (España); la segunda el 31 de marzo de 1988 como tenedora de acciones de servicios establecidos en Gran Bretaña, España y Estados Unidos; la tercera constituida el primero de julio de 1988 en España, para comercializar los productos de Petróleos Mexicanos; la cuarta, constituida el 27 de mayo en Londres, para comercializar los productos en Europa; la quinta, constituida el 4 de mayo de 1988 en Houston y Nueva York, para comercializar los productos en Estados Unidos, y la sexta constituida en las Antillas Holandesas el 7 de julio de 1988, para poseer y administrar las acciones de Petróleos Mexicanos en Holanda.

De acuerdo con la escritura de constitución que establece los estatutos del P.M.I., su organización y funcionamiento queda regido por la legislación aplicable en el país donde se establezca, dicho en otras palabras, no les es aplicable la norma que establece la Ley Federal de Entidades Paraestatales, el grupo P.M.I, se rige por leyes extranjeras.

Desde 1938 a la fecha nunca se necesitó de organizaciones exóticas y regidas por leyes extranjeras.

Y flamantemente instalada en los pisos 20 y 21 de Petróleos Mexicanos, donde únicamente entran ingleses, holandeses, japoneses, teniendo representación en diferentes partes del mundo como sucedía antes de la expropiación petrolera.

Además, existe una compañía controlada por accionistas particulares que se llama "Mexpetrol" que aprovecha los estudios hechos por el Instituto Mexicano del Petróleo y los vende como suyos a nuestra institución.

Asimismo, lleva a cabo funciones de la subdirección de Proyectos y Construcción de Obras de la institución.

Atentamente le pido al director de Petróleos Mexicanos, algún funcionario de la empresa o de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, o algún diputado incluyendo al diputado Gonzalo Martínez Corbalá, que si he dicho alguna razón fuera de lugar me haga el favor de subir a demostrármelo.

Por todo lo anteriormente expuesto, yo considero que se ha dado un paso atrás en la expropiación petrolera de 1938.

Por esto, es necesario cambiar el proyecto desnacionalizador del gobierno.

Hagamos uso de nuestro derecho irrefutable y legítimo del voto para sacar del gobierno a los que nos están entregando día a día.

Convocamos al pueblo de México, a los obreros y sobre todo a los petroleros, a que nos unamos y rescatemos la expropiación petrolera que llevara a cabo el ilustre forjador del México moderno, general Lázaro Cárdenas del Río, y que, a través del Frente Patriótico integremos frentes patrióticos en cada centro de trabajo petrolero para rescatar de la ignominia a nuestro sindicato y no permitamos que se siga cediendo la soberanía nacional.

Septiembre 28 de 1989. - Diputado Alfredo Pliego Aldana.

El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Vicente Sequera Mercado.

El C. Vicente Sequera Mercado: - Con su permiso señor presidente, compañeras y compañeros diputados: He solicitado la palabra para aclarar algunas situaciones que se han comentado en esta Cámara con respecto a la empresa Petróleos Mexicanos y al organismo sindical al cual pertenezco, y como se ha involucrado la posición de los diputados petroleros, se hace pertinente y lo expreso de manera muy respetuosa, y ésa será la forma en que trataré de hacer algunas correcciones sobre lo que aquí se ha venido aseverando.

Rechazo categóricamente que en cuanto a los trabajos de mantenimiento, sean éstos preventivos o correctivos, en su totalidad, la empresa Petróleos Mexicanos los otorgará previos contratos y que ya no se otorga de hecho, porque se ha afirmado que a partir del primero de agosto éstos son realizados por empresas extranjeras.

Y esto porque casualmente pertenezco a un departamento que realiza labores de mantenimiento y porque considero que a la magnitud de la empresa Petróleos Mexicanos, las necesidades de mantenimiento constituyen una de las principales fuentes de trabajo de mis compañeros petroleros.

Por otra parte, en lo que hace a la necesidad de expansión de la empresa y más concretamente ante lo que pudiera ocurrir, el descubrimiento de nuevos yacimientos, que ojalá que esto ocurra, si la empresa requiriera de contratar los servicios de empresas particulares para la perforación de pozos, yo creo que con esto no se renuncia al patrimonio ni a la rectoría que tiene el Estado sobre uno de sus más valiosos recursos porque esto no es nada novedoso, ya que estos trabajos desde hace 40 años, bajo esta condición de contrato, se han venido realizado con la aprobación de los dirigentes del propio sindicato con la administración.

Y, además, con el consentimiento y cabe aclararlo, de los propios trabajadores a quienes de ninguna manera ha afectado su materia de trabajo, dado que las empresas particulares que realizan trabajos de perforación han preferido a los obreros y técnicos de la empresa para la realización de estos trabajos.

Por otra parte, considero que debe ser un privilegio el pasar a formar parte dentro de una plantilla de confianza de una empresa cualquiera que se trate y que ello en las condiciones que prevalecen en México, no constituyen un freno a esa libertad que concede la Constitución de asociarse, ni tampoco quedan al margen de la protección jurídica que brindan nuestras leyes en el renglón laboral.

Pero cabe un comentario más, para dar por terminado con esta intervención, y lo hago porque esto es del interés es esta Cámara. No son facultades de esta Cámara invitar a comparecer al dirigente de un organismo sindical cualquiera que sea para que venga a exponer los motivos bajo los cuales realizó una negociación colectiva, porque éstos son del universo exclusivo y del interés exclusivo de los trabajadores de la empresa que se trate.

Con esto, de manera como yo expresaba, defino la posición de mis compañeros diputados federales del sector petrolero. Muchas gracias.

El C. Alfredo Pliego Aldana: - Señor presidente: Solicito hacer uso de la palabra.

El C. Presidente: - ¿Con qué objeto?

El C. Alfredo Pliego Aldana: - Para hechos.

El C. Presidente: - Tiene usted la palabra, para hechos.

El C. Alfredo Pliego Aldana: - Voy a leerles la cláusula número uno del contrato tal y como quedó. Yo estimo en mucho al diputado Sequera, pero desgraciadamente no tiene razón.

Cláusula número uno de la relación de contrato: "Se restringen los trabajos que deben realizarse por administración directa, a la operación y mantenimiento normal de las instalaciones industriales.

Se elimina la obligación de ejecutar los trabajos de perforación terrestre para que los mismos puedan realizarse indistintamente por contrato". Muchas gracias.

El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Gonzalo Martínez Corbalá.

El C. Gonzalo Martínez Corbalá: - Con su venia, señor presidente; compañeras y compañeros diputados: Quiero en primer término dar una explicación a ustedes de las razones por las cuales aceptamos participar en este debate.

En realidad, estamos convencidos, como lo dijimos al hacer la moción de orden, de que el texto del artículo 67 constitucional y del 105 de la Ley Orgánica, son absolutamente aplicables en este caso. No es posible estar violando aquí en estas sesiones de este período extraordinario cuyo objeto ha sido bien precisado como era de esperarse por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en la convocatoria correspondiente.

Y si he aceptado participar aquí, en primer lugar, será para expresar a ustedes a nombre de mis compañeros de partido de la diputación priísta mayoritaria, nuestra total y absoluta inconformidad, nuestro rechazo con todos los conceptos que se han vertido aquí acerca de Teléfonos de México y acerca de Petróleos Mexicanos.

No sería el caso de iniciar a esta hora un debate tan completo como ése, pero nos vemos precisados a hacerlo por el acuerdo que los coordinadores parlamentarios tuvieron al respecto. Acatando ese acuerdo es que estoy en esta tribuna y esperamos que en lo sucesivo nos concretemos en el período extraordinario de sesiones, al objeto para el cual fue convocada esta Cámara de Diputados, que es la reforma política electoral. (Aplausos.)

No rehuimos ahora, ni hemos rehuido nunca un debate, sobre todo en lo que se refiere a Petróleos Mexicanos. Ayer apenas, en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con el diputado Jesús Ortega, debatimos a este respecto; en la Comisión Permanente es propio hacerlo y por eso entramos ayer en este debate. Nos resistíamos a hacerlo por las razones ya expuestas.

Tengo muchas razones y las he tenido toda mi vida para ser un admirador de la vida y de la obra de ese gran mexicano de este siglo, que es Lázaro Cárdenas. (Aplausos.)

Y yo quisiera saber, Marcué Pardiñas, con qué autoridad dice que no se ve. Dije que viene a este debate en actitud de acatamiento al acuerdo de los coordinadores parlamentarios y vengo en actitud respetuosa y así como otro de los oradores que participó aquí, también le exijo respeto, Manuel Marcué. (Aplausos.)

De todas las razones que tengo para ser admirador de la vida y de la obra de Lázaro Cárdenas, si tuviera que quedarme con una sola de ellas, ésa tendría que ser precisamente el acto expropiatorio y la modificación del texto del párrafo sexto del artículo 27 constitucional que consolida el dominio de la nación sobre el subsuelo de este país. Soy pues consciente de las razones históricas que hay, para que todos los mexicanos vigilemos celosamente el desarrollo de Petróleos Mexicanos; lo somos todos los diputados, y aquí me voy a referir no nada más a mis compañeros priístas, estoy seguro que los 500 diputados que estamos en este salón de sesiones estamos conscientes de ello, no podríamos ver pues con ligereza, de ninguna manera, nada que ataña al desarrollo independiente, al desarrollo que garantice la soberanía nacional y su ejercicio sobre los recursos naturales, sobre los hidrocarburos, los energéticos fósiles; es definitivamente importante para la soberanía de la nación que esto sea una realidad.

En días pasados declaré, como se dijo aquí, que Petróleos Mexicanos no será, por lo menos en esta generación, mientras nosotros estemos presentes, de la iniciativa privada, y no me equivoqué diputado, estoy cierto de ello; Petróleos Mexicanos pertenece al pueblo mexicano, pertenece al pueblo mexicano, estamos absolutamente seguros de ello.

(Desorden.)

El C. Presidente: - Orden diputados.

El C. Gonzalo Martínez Corbalá: - Aquí no se han vertido más que apreciaciones con mucha ligereza y con desconocimiento de fondo, sobre lo que se supone ser la realidad de Petróleos Mexicanos.

Nada de lo que se ha dicho se ha probado, son afirmaciones que ni siquiera llegan a ser de tipo ideológico, son afirmaciones, me atrevo a decir, y el diputado Israel Galán sabe por qué lo digo, que revelan en el fondo un gran resentimiento personal. (Aplausos.)

Eso es todo lo que hay. En virtud de ese resentimiento personal que el diputado Galán y yo sabemos muy bien por qué es, y que no es el caso de ventilarlo aquí en este momento, sabemos muy bien por qué es, lo han llevado a ocuparnos del asunto de Petróleos Mexicanos, como he dicho, con ligereza y sin demostrar absolutamente nada de lo que dice.

Habla de que por ejemplo, de la industria petroquímica, la industria petroquímica, yo no soy un experto de ninguna manera en ello ni pretendo serlo, y no creo que lo sea tampoco, perdóneme, diputado Galán, usted tampoco...

(Voces.)

Pliego Aldana, perdón, ha actuado aquí el diputado Pliego Aldana con un gran resentimiento personal, con frustración, destilando amargura e involucrándonos en un asunto que debiera ser tratado con toda seriedad en otra sesión que sí pertenezca al período ordinario de sesiones, en donde podamos entrar a fondo de este debate.

En la industria petroquímica ha habido una reclasificación, efectivamente, la reclasificación de la petroquímica secundaria y la petroquímica básica, no la hace una persona, la hace una comisión, la Comisión Petroquímica Mexicana, en la

que participan: la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y el propio Petróleos Mexicanos.

Es muy complejo y se refiere a cadenas productivas que deben tener cortes en determinados lugares para ser eficientes y competitivas en el mercado internacional; no puede ser estática y Petróleos Mexicanos no pierde de ninguna manera el control.

Cuando una industria pasa de la petroquímica secundaria a la petroquímica primaria, porque es de todas maneras Petróleos Mexicanos el que abastece a la petroquímica secundaria con la materia prima, el control de la petroquímica primaria en directo e indirectamente de la secundaria, lo sigue teniendo Petróleos Mexicanos.

La reclasificación se hizo con apego a la Ley Reglamentaria del artículo 27 del ramo del petróleo y el reglamento de la citada ley reglamentaria en materia de petroquímica.

La primera reclasificación se hizo en 1986; ésta es la segunda que se hace. No puede permanecer como digo, estática la clasificación de lo que es la petroquímica básica y lo que es la secundaria. De ninguna manera implica pérdida de control de la nación sobre la petroquímica secundaria. Hay que desarrollarla; si estamos conscientes por una parte de la obligación histórica que tenemos de ser celosos con el desarrollo de Petróleos Mexicanos, estamos también conscientes de lo que Petróleos Mexicanos significa en el mercado internacional y de las dificultades que éste ofrece para una empresa de esta naturaleza y de este tamaño.

Veintisiete mil millones de barriles de reservas probadas, solamente incluyendo los 10 mil de la vertiente norte de Alaska en la bahía, de crudo tienen los Estados Unidos con un consumo de 16 millones de barriles diarios, es decir, la reserva, el factor reserva - producción en Estados Unidos es de ocho o nueve años solamente.

En este mercado en el que hay 900 mil millones de barriles de reservas probadas en todo el mundo, México tiene 70 mil millones de barriles de reservas y solamente consumimos internamente dentro del país 1 millón de barriles y exportamos 1 millón y medio de barriles.

Todavía ayer estábamos pendientes de los resultados de la junta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, para saber cuáles fueron las determinaciones que tomaron, que no son nada alentadoras, porque parece ser que han determinado aumentar la producción, por lo menos uno o dos millones de barriles más.

En ese medio se mueve Petróleos Mexicanos, tiene que moverse con agilidad, tiene que ser competitivo, tiene que ser técnicamente de avanzada, tiene una tecnología de punta, definitivamente "se ha dicho, se debe al Instituto Mexicano del Petróleo".

Petróleos Mexicanos está siendo administrado correctamente, A la luz de afirmaciones ligeras, y como dije antes, cargadas de resentimiento, que se hicieron aquí en esta tribuna, sin ser en lo absoluto fundadas y mucho menos demostradas, no cabe más que una respuesta: Petróleos Mexicanos es de la nación y Petróleos Mexicanos seguirá siendo del pueblo mexicano. (Aplausos.

) El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Alfredo Pliego Aldana.

El C. Alfredo Pliego Aldana: - Lo que venimos a debatir es simple y sencillamente el interés nacional; en lo particular y personal, si el señor tiene algún resentimiento, lo podemos hablar donde él quiera.

Aquí está el decreto en donde pasan los conceptos de la petroquímica básica a la secundaria; no se requiere más que ver el problema desde el ángulo económico, como lo ven el Fondo Monetario Internacional y como lo ven los extranjeros, aquí no se requiere de ciencia sino de pasar la petroquímica básica que siempre fue de México a la petroquímica secundaria, para que esté a las órdenes del capital extranjero.

Insisto, existe en el actual, 66 productos que salen del gas, el gas es la parte más importante del petróleo, el gas es lo que se transforma en todo lo que conocemos de utilidad industrial y social.

La utilización del petróleo en lo que se refiere a combustible y energéticos, eso es lo menos importante; de lo más importante, los 66 productos que están ya al servicio de las compañías extranjeras, aquí está la demostración del decreto que pasaron de la petroquímica básica a la secundaria, ¡no sé qué puede contestar!, más que la demagogia, que la dejen a un lado y que piensen más en México.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Rafael Melgoza Radillo.

El C. Rafael Melgoza Radillo: - Yo quiero, primeramente, pedir una disculpa atenta por el cansancio que ya existe, yo hablé, pedí el uso de la palabra para hablar, con el derecho que tengo de hablar, sobre hechos, y es un asunto distinto, aunque encuadrado en la polémica

nacional que tenemos desde que el señor Salinas de Gortari tomó posesión de la Presidencia de la República.

Yo quiero hacer un llamado, compañeras y compañeros, a todos, pero especialmente a los compañeros que son miembros de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, sobre esta pequeña intervención.

Es de todos conocido, que el 21 de agosto del presente año, los trabajadores mineros que prestan su servicio a la empresa siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas, agrupados en la sección 271 del Sindicato Minero Metalúrgico Nacional, estallaron un movimiento de huelga en contra de la citada empresa.

Previamente y de conformidad con los procedimientos que la ley indica, emplazaron a la empresa, solicitando la revisión legal del contrato colectivo de trabajo, el tabulador salarial, tarifas a destajo, premios, bonos, etcétera.

Establecieron en su pliego de peticiones la voluntad de los trabajadores de estallar la huelga para el día 7 de agosto, en el caso de no verse satisfechas las demandas planteadas.

En audiencia de conciliación entre las partes, el 4 de agosto se acordó prorrogar el movimiento de huelga para el 21 de agosto, a las 12.00 horas. En esta misma fecha, es decir, 21 de agosto, y a petición del apoderado legal del comité ejecutivo general del sindicato, quedó nuevamente prorrogado el eventual estallamiento para el 21 de septiembre, o sea, 30 días más.

Con esta última medida, empezó, compañeras y compañeros, a consumarse el golpe, ahora en contra de los mineros de Las Truchas.

Ni el comité ejecutivo local ni el comité de huelga, desde luego menos los trabajadores, tuvieron conocimiento oportuno de la nueva ampliación legal al período de pre - huelga. Fueron informados por sus dirigentes nacionales de dicha prórroga, después de que en asamblea general habían tomado la decisión por mayoría y mediante voto secreto y directo de estallar el movimiento en la fecha en que se vencía el período de pre - huelga, es decir, el mencionado día 21 de agosto.

Avisados los trabajadores por sus dirigentes nacionales de la nueva prórroga, ya no aceptaron modificar su decisión. Cabe aclarar que esta nueva prórroga fue acordada, fue convenida entre las partes, dos horas antes de que estalló el movimiento.

El 23 de agosto, la empresa solicitó a la junta especial número 13 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, la declaración de inexistencia de la huelga, apoyándose en diversas causales, en mi opinión todas ellas insostenibles legalmente. Sin embargo, la junta citada resuelve favorablemente la solicitud de la empresa e insólitamente, en mi opinión, apoya su declaración de inexistencia, en causales que por una parte no adujo la empresa, y por la otra, no se establecen ni en la Constitución ni desde luego en la Ley Federal del Trabajo.

La resolución de la junta en contra de los trabajadores se funda en que estallaron la huelga sin la autorización del comité ejecutivo general del sindicato, y que por ello los obreros violaron sus propias normas internas, es decir, sus estatutos y su declaración de principios.

Compañeros y compañeras: En este momento en Lázaro Cárdenas, Michoacán, más de 6 mil trabajadores están rodeando el perímetro en donde se ubica la planta siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas. Están rotas las relaciones laborales. Han sido despedidos ya, por declaración de la junta y por información que los representantes de la empresa dieron ya a los trabajadores, han sido despedidos todos.

A pesar del total desamparo legal en que se encuentran, a pesar de las amenazas de represión por medio de las fuerzas públicas, armadas, y a pesar de toda la adversidad, pues que en su contra se ha presentado, los trabajadores mineros de Las Truchas sostienen su movimiento y se mantienen aferrados a las instalaciones, sin permitir que reinicie la producción.

Los trabajadores mineros en Las Truchas se preguntan si no hubiera sido mejor declinar el derecho que tienen legalmente para solicitar la revisión de su contrato colectivo de trabajo y en vez de aspirar a mejorar sus condiciones, las condiciones laborales que actualmente tienen, aplicar de ese derecho para buscar la posibilidad de quedarse con las condiciones actuales y evitar, dicen, que suceda lo que ahora está sucediendo, que no nada más no lograron nada de lo que solicitaban, sino que han perdido todo.

Se preguntan, además, de que si no fuera más conveniente también que el comité general de vigilancia y justicia, comité ejecutivo, el comité de vigilancia y justicia general del sindicato desapareciera en virtud de que la junta especial número 13 de la Federal de Conciliación y Arbitraje ha demostrado con su declaración, con su resolución, mayor eficacia que este comité general

de vigilancia y justicia, porque en todo el tiempo que tiene de vida el Sindicato Minero Nacional, el comité general de vigilancia y justicia no había corrido, no había aplicado la cláusula de exclusión a un número igual en que en este caso quedaron excluidos ya por la resolución de la junta del trabajo que son, como ya decía, más de 6 mil trabajadores.

Compañeros y compañeras: Yo quiero a pesar de lo que se ha dicho aquí, que no hay facultades de esta Cámara, de que estamos en un período extraordinario y debemos ajustarnos estrictamente a la junta, a la convocatoria para la cual se convocó. Yo quiero hacer un llamado a todos para que no permitamos se cometa está infamia con los trabajadores mineros de Las Truchas. (Aplausos.)

Los obreros están esperando que se alce la voz de los representantes de la nación en su defensa, solamente aspiran ya a que se les den garantías para regresar a su trabajo, solamente aspiran ya a conservar su fuente de trabajo y a conservar la organización obrera que les ha costado casi 18 años construir. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Continúe la secretaría con los asuntos en cartera.

ORDEN DEL DÍA

El C. secretario Ismael Orozco Loreto: - Se han agotado los asuntos en cartera y se va a dar lectura al orden del día.

«Cámara de Diputados. - Primer Período Extraordinario de Sesiones. - Primer Receso. - LIV Legislatura.

Orden del día

10 de octubre de 1989.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Dictamen de primera lectura

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a las reformas constitucionales, en materia electoral.

Y los demás asuntos con los que la secretaría dé cuenta.»

El C. Presidente (a las 22.35 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día 10 de octubre a las 9.00 de la mañana.

TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y DIARIO DE LOS DEBATES