Legislatura LIV - Año I - Período Ordinario - Fecha 19881122 - Número de Diario 27
(L54A1P1oN027F19881122.xml)Núm. Diario:27ENCABEZADO
LIV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Lic. Augusto Gómez Villanueva
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Lic. Benjamín Martínez Martínez
Año I México, D.F., martes 22 de noviembre de 1988 No. 27
SUMARIO
ASISTENCIA
La secretaría notifica que hay quórum.
APERTURA
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR
Distribuida, sin discusión, se aprueba.
COMUNICACIONES
De la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, notificando la integración de su mesa directiva. De enterado.
INFORME
Del Banco de México, por el tercer trimestre del año en su movimiento diario de la cuenta general de la Tesorería de la Federación. Se recibe. Se turna a comisiones.
SOLICITUD DE PARTICULAR
Oficio de la C. Irma Yolanda Audiffred Salinas, que solicita permiso para poder aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Francia. Se recibe. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DICTAMEN
DE PRIMERA LECTURA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para que los CC. Elsa Mabel Cabrera Carmona, María de los Angeles Ávila Chiquini, Eva María Fragoso Cianci, Olga Eugenia Villaraus Herrera, José de Jesús Salazar Ríos, Alejandro Díaz Martínez, Rey José Hernández Castellanos, Alicia Herrera García, José Edmundo García Crisanto, Alexandru Mihai Ghitescu Musat, Luis Lorenzana Prado, Mario Ordaz Garduño, Pedro Méndez Calderón, Antonio Pérez Cansino, Claudia Patricia González Abad, Maribel Guerrero Cuéllar y Javier Armendáriz Martínez, presten sus
servicios en la embajada de Estados Unidos de América, en México.
DICTAMEN A DISCUSIÓN
CUENTA DE LA HACIENDA
PUBLICA FEDERAL 1987
De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública. Se da lectura a propuesta de los coordinadores de las fracciones parlamentarias. Se acepta.
Se da lectura a la relación de diputados inscritos.
Debaten los CC. Rogelio Montemayor Seguy, Armando Ibarra Garza y Pedro Manuel Cruz López Díaz.
El C. Alberto Pérez Fontecha propone que las comisiones evalúen periódicamente el ejercicio del presupuesto durante el año. Se turna a la Comisión de Programación y Presupuesto y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El C. Rafael Melgoza Radillo, en contra y hace exposición de motivos.
El C. Ciro Mayén Mayén propone la inclusión de un nuevo artículo 1ero. y que se recorra la numeración de los mismos.
El C. Juan Antonio García Villa expone comparaciones y resultados.
El C. José Oscar Navarro Gárate, por la comisión, explica los alcances de la Cuenta Pública.
La presidencia notifica de los oradores inscritos y de que se prorroga la sesión.
El C. Carlos Navarrete Ruíz censura y expone razonamientos a lo alcanzado en el sexenio.
La C. María Elena Martínez Carranza cuantifica los alcances logrados.
El C. Mario Rojas Alba, en contra, considera que se margina al sector salud.
El C. Vicente Luis Coca Alvarez propone que la Contaduría Mayor de Hacienda apoye el control y administración de la Cuenta Pública. Se turna a comisiones.
El C. Astolfo Vicencio Tovar hace análisis y pide el esfuerzo de todos y manifiesta estar en contra.
El C. Mariano Leyva Domínguez propone modificación a párrafo en la página 123.
La C. Yolanda García Vargas, por la Comisión.
El C. Mauricio Valdés Rodríguez, en pro. Aprobado el proyecto de decreto. Pasa al
Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
RECESO
A las 17.00 horas se declara.
A las 18.10 horas se reanuda la sesión.
INSCRIPCIÓN
PARA INTERVENCIONES
La presidencia notifica de los oradores inscritos.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión, se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA
(Asistencia de doscientos noventa y ocho ciudadanos diputados)
ASISTENCIA
El C. secretario José Antonio Montes Vargas: -Hay una asistencia de 298 ciudadanos diputados, señor presidente hay quórum legal.
APERTURA
El C. Presidente (a las 10.00 horas): -Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario José Antonio Montes Vargas:
«Cámara de Diputados.- Primer Período Ordinario de Sesiones.- LIV Legislatura.
Orden del día
22 de noviembre de 1988.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación de la Asamblea de Representantes de Distrito Federal. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Orgánica del Banco de México, se remite el informe correspondiente al movimiento diario que durante el tercer trimestre de 1988, tuvieron el financiamiento interno del Banco de México y la cuenta general de la Tesorería de la Federación. Solicitud de particular
De la ciudadana Irma Yolanda Audiffred Salinas, para que se le conceda el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de Francia.
Dictamen de primera lectura.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Elsa Mabel Cabrera Carmona, María de los Angeles Ávila Chiquini, Eva María Fragoso Cianci, Olga Eugenia Villaraus Herrera, José de Jesús Salazar Ríos, Alejandro Díaz Martínez, Rey José Hernández Castellanos, Alicia Herrera García, José Edmundo García Crisanto, Alexandru Mihai Ghitescu Musat, Luis Lorenzana Prado, Mario Ordaz Garduño, Pedro Méndez Calderón, Antonio Pérez Cansino, Claudia Patricia González Abad, Maribel Guerrero Cuéllar y Javier Armendáriz Martínez, para prestar sus servicios en la embajada de Estados Unidos de América, en México.
Dictamen a discusión
De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1987.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El C. Presidente: -El siguiente punto del orden del día, es la lectura del acta de la sesión anterior.
En virtud de que dicha acta fue repartida entre los grupos parlamentarios que integran esta Cámara de Diputados, ruego a la secretaría consulte a la asamblea si se aprueba.
El C. secretario José Antonio Montes Vargas: -Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a la asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Aprobada, señor presidente.
«Acta de la sesión ordinaria de la Quincuagésima Cuarta Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, celebrada el día quince de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho.
Presidencia del C. Augusto
Gómez Villanueva
En la ciudad de México, Distrito Federal, a las nueve horas con cincuenta y tres minutos del día quince de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, con una asistencia de doscientos cincuenta y ocho diputados, el presidente declara abierta la sesión.
En virtud de que el acta de la sesión anterior fue repartida entre los grupos parlamentarios que integran la Cámara de Diputados, el presidente ordena que la secretaría consulte a la asamblea si se aprueba. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se aprueba en sus términos.
De acuerdo con el orden del día, la secretaría da cuenta con el informe pormenorizado acerca de las actividades desarrolladas por la Procuraduría General de la República en la campaña contra el narcotráfico durante el mes de septiembre. De enterado y se turna para su conocimiento a la Comisión de Justicia.
La misma secretaría de cuenta con un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que el ciudadano José Luis Martínez, solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Fénix, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de Grecia. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Otro de la misma Secretaría, por el que la ciudadana Esther Cohen, solicita el permiso
constitucional necesario para prestar sus servicios en la embajada de Israel, en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Otro oficio de la misma Secretaría, por el que el ciudadano Ramiro Alegría Arzate, solicita el permiso constitucional necesario para prestar sus servicios en la embajada de la República Argelina Democrática y Popular, en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La secretaría da cuenta con un oficio de la Secretaría de Gobernación por el que el ciudadano Juan Carlos Posada López, solicita el permiso constitucional necesario para poder prestar sus servicios en la embajada de Estados Unidos de América, en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Otro de la misma Secretaría, por el que los ciudadanos Lidia Campero Hernández, María Cecilia Reyes, Hortencia Delgado Vega y Gerardo Pereyra, solicitan el permiso constitucional necesario para poder prestar sus servicios en el consulado general de Estados Unidos de América, en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La secretaría da cuenta con una solicitud del ciudadano Ricardo Iturbe González, para aceptar, de acuerdo a los términos constitucionales, el cargo de cónsul honorarios de la República de Honduras, en Tapa chula, Chiapas. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La secretaría somete a discusión un dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Miguel Romo Guerra pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Estrella Yugoslava, en grado de Corona de Oro, que le confiere el gobierno de Yugoslavia. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
El presidente concede el uso de la palabra al diputado Abel Vicencio Tovar, del Partido Acción Nacional, quien después de preguntarse cuál es la realidad política de este país, afirma que es la constituida por el pensamiento de los hombres y mujeres que forman la conciencia nacional. Dice que pocos países hay en el mundo en los que la verdad, para serlo, deba llevar el sello oficial. Se refiere al caso de Santa Catarina, Nuevo León y declara que la población de ese lugar no va a permitir un atraco de esa naturaleza y que si sus compañeros de partido no se presentaron a la sesión, es para manifestar su enérgica protesta por los hechos electorales en Nuevo León. Que ya no se pueden seguir violando los magníficos derechos del pueblo de México en aras de la imposición de un sistema central contra la vida ciudadana en toda la unión nacional.
Para los mismos hechos, hace uso de la palabra el diputado Napoleón Cantú Cerna, del Partido Revolucionario Institucional, quien describe un panorama general del ámbito electoral en el estado de Nuevo León y de la ley que rige el proceso; afirma que la democracia únicamente puede perfeccionarse mediante la participación de todos, pero sin actitudes cerradas en las que solamente se señalen las fallas, sino también reconociendo aciertos y avances, de manera que la ciudadanía no se desoriente y participe con interés y confianza en las contiendas electorales.
Para rectificar hechos, sube a la tribuna el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien coincide en afirmar que las cosas han cambiado en Nuevo León, que la participación democrática fue más abierta, pero que se cayó en el mismo vicio de los procesos electorales en distintas partes del país. Que se trata de implementar el mismo programa en Guanajuato, obligando a que los representantes de los partidos sean vecinos de la casilla electoral. Interpelando por el diputado Miguel Montes García, del Partido Revolucionario Institucional, acepta que esa decisión se tomó en Guanajuato a propuesta del comisionado de su partido, pero que lo hizo sin obedecer la línea del Comité Ejecutivo Nacional. Termina diciendo que si se respeta a los partidos políticos, se reconocerán triunfos, pero siempre y cuando sean limpios, legítimos y apegados a derecho.
Para contestar alusiones personales, hace uso de la palabra el diputado Salvador Miranda Polanco, del Partido Revolucionario Institucional, quien ante las afirmaciones del diputado Ramírez Ayala, declara que no tiene de qué avergonzarse, porque nació en el Partido Revolucionario Institucional hace treinta y tres años. Que se salió del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, porque no le agrada que alguien le tenga que decir qué hacer o cómo hacerlo, ya que Oscar Mauro Ramírez es un dictadorcito.
Para contestar alusiones personales, regresa a la tribuna el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, quien después de aclarar conceptos de carácter personal afirma que el diputado que lo antecedió en el uso de la palabra llegó a la Cámara de Diputados gracias al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El presidente concede el uso de la palabra al diputado Enrique Sánchez Mendoza, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quien denuncia el desalojo de campesinos en el centro de población ejidal Juan de la Cabada Vera, en el estado de Campeche y propone que la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, realice una investigación a fondo de los hechos denunciados, auspicie la intervención de las autoridades competentes y que se deslinden las responsabilidades una vez aclarados los hechos. Se turna a la comisión solicitada.
Para aclarar hechos sube a la tribuna el diputado Enrique Minet Ortíz, del Partido Revolucionario Institucional, quien afirma que personas de otros estados estaban vendiendo porciones de esas tierras y que hay detenidos en la Procuraduría General del estado de Campeche, responsables de esos hechos. Que no se debe usar la tribuna para difamar, sino para construir algo positivo en beneficio de México.
Para rectificar hechos, el presidente concede el uso de la palabra al diputado Rommel Contreras Flores, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quien afirma que hay diez millones de hectáreas en manos de neolatifundistas y prestanombres; que no es la primera vez que se denuncia estos hechos ante la Cámara de Diputados y que lo único que desean es que, al igual que en todo el país, en Campeche se entregue hasta el último pedazo de tierra detentado en forma ilegal por los latifundistas.
El diputado Eraclio Soberanis Sosa, del Partido Revolucionario Institucional, hace uso de la palabra para hacer una clara relación de las diversas acciones que se han desarrollado en el poblado de Juan de la Cabada Vera y enfatiza que quienes hablaron antes representando a partidos de oposición, recogieron sólo parte de la información y que si saben la verdad, que la digan, pero que no inventen cosas que perjudican la marcha de esta honorable asamblea.
Solicita el uso de la palabra el diputado Leopoldo López Muñoz, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien afirma que dentro del Congreso se está perdiendo el tiempo. Hace una relación de crímenes cometidos contra miembros de su partido y sostiene que los problemas más fuertes son el hambre y la miseria de los pueblos. Que llegará el momento en el que el pueblo no acepte situaciones de explotación inocua; que hay que luchar por México con realidad, cariño y unidad.
El presidente, con base en los artículos ciento nueve y ciento doce del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, considera que no hay quórum y , por consiguiente, suspende la sesión siendo las doce horas con diecisiete minutos y cita para el jueves diecisiete a las nueve horas.
A las nueve horas del día diecisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, la secretaría pasa lista de asistencia y el presidente reanuda la sesión con una asistencia de trescientos sesenta diputados . Con el fin de orientar a la asamblea, se da cuenta nuevamente con un dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por el que se concede el premiso constitucional necesario para que el ciudadano Miguel Romo Guerra, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Estrella Yugoslava, en grado de Corona de Oro, que le confiere el gobierno de Yugoslavia. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
La secretaría somete a discusión el dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por el que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos: David Cortés Arellano, Alejandro Tovar Marcos, Juan Mendoza Medrano, Manuel Cortés Santiago, Evangelina Chávez León Lucía Alicia Hernández Lamia, Gilberto Jesús Cuesta Romero, Beatriz Díaz Ceballos Oceguera, Vivián Angélica Barroso Soto y Ezequiel Carlos Montero Acosta, puedan prestar sus servicios en la embajada de Estados Unidos de América, en México. No habiendo quien haga uso de la palabra, se recoge la votación nominal en conjunto de este dictamen y el anteriormente reservado y ambos se aprueban por mayoría de doscientos noventa votos. Pasan al Senado para sus efectos constitucionales.
La presidencia concede el uso de la palabra al diputado Israel Galán Baños, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quien denuncia el atraco en Tabasco y dice que no se puede llamar en otra forma lo ocurrido en esa entidad. Dice que hubo abstencionismo superior al sesenta por ciento y que se limita la legitimidad de los gobernantes elegidos, como en el caso de Veracruz. Que aunque se trataba de demostrar que en "Tabasco no pasó nada", ocurrieron hechos de violencia, como el asesinato del líder petrolero Lenin Falcón. Denuncia que el jueves diez fueron agredidos en el palacio municipal de Cárdenas, algunos compañeros diputados locales y federales y que la diputada Manuela Sánchez, miembro de su partido, fue golpeada salvajemente por los cuerpos de seguridad a cargo del subdirector de seguridad pública del estado de Tabasco.
Que sólo se evitó la muerte de la diputada porque otro compañero del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, se interpuso. Acusa directamente como responsables de estos hechos, al presidente municipal de Cárdenas, al director y subdirector de seguridad pública del estado, al secretario general del gobierno y al gobernador interino. Pide que esta soberanía tome en cuenta los hechos y proceda en consecuencia.
El presidente informa que se encuentran a las puertas del salón de sesiones, una comisión de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, y designa para introducirlos a los diputados Joaquín Alvarez Ordóñez, Jesús Anlen, Miguel Hernández Labastida y Alfredo Reyes Contreras. Concede el uso de la palabra al representante, licenciado Gonzalo Altamirano Dimas, quien a nombre de ese cuerpo colegiado informa que el pasado día trece se iniciaron los trabajos formales de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, y recuerda que es la primera vez que desde mil novecientos veintiocho, cuando se suprimieron los ayuntamientos en la ciudad
de México, el Distrito Federal cuenta con una representación propia distinta del Ejecutivo y elegida por medio del voto popular. Hace una relación de hechos histórico - políticos de importancia para la vida de la capital del país y afirma que mayorías y minorías tenemos un gran reto como corresponsable de la vida y del destino del Distrito Federal, y lograr que sea un espacio digno con mejores condiciones de vida para todos sus habitantes.
El presidente agradece la demostración de cortesía de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal al comunicar a la Cámara la instalación e iniciación de su primer período ordinario de sesiones. Les pide que en cordial reciprocidad, hagan del conocimiento de la Asamblea de Representantes el respetuoso saludo de la Cámara Federal, y sus votos porque el desempeño de su quehacer político redunde en beneficio del pueblo del Distrito Federal.
Solicita a la comisión designada que acompañe a la comisión de representantes cuando deseen abandonar el salón.
Hace uso de la palabra el diputado Rafael Aguilar Talamantes, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quien afirma que su preocupación se centra en hechos que debieran llamar la atención de todos los diputados para que se adopten medidas que impidan que se propague en el país lo que él calificó de conducta francamente delictiva y atentatoria de los derechos ciudadanos. Se refiere a las vejaciones de que fueron objeto diputados federales miembros de su partido en el estado de Tabasco, así como la forma en la que se está tratando a los ciudadanos tabasqueños que militan en el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Narra los hechos ocurridos el día nueve de noviembre del presente año en Cárdenas, Tabasco y la liberación de veintiocho de los treinta y dos compañeros de su partido que fueron detenidos y exige la renuncia inmediata del secretario general del gobierno del estado de Tabasco, la del director de seguridad pública del estado, la del presidente municipal de Cárdenas, y la destitución y consignación del comandante de la policía municipal de Cárdenas, sobrino del presidente municipal. Informa que han tomado la determinación de iniciar, en el grandioso y honorable recinto de la Cámara, una huelga de hambre hasta que se cumplan las demandas que miles de tabasqueños exigen y que ellos hacen suyas.
Sube a la tribuna José Jaime Enríquez Félix, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quien afirma que México vive hoy uno de los momentos más fúnebres. Que la oposición ha luchado durante años por lograr participación y que no puede quedarse callada ante actos de la naturaleza de los que han sido denunciados. Enfatiza que como vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara, se une a la huelga de hambre hasta que sus demandas se cumplan.
Para referirse a los mismos hechos, sube a la tribuna la diputada Manuela Sánchez López, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quien afirma que como protagonista de los hechos que ya se han narrado, declara que se violó el artículo treinta y cinco de la Constitución; que hubo represión para sus compañeros que trataban de evitar el fraude y que a ella le dieron un golpe en la cabeza y que cuando estaba desmayada intentaron matarla y que por salvarle la vida, un compañero salió herido. Manifiesta que en apoyo a lo dicho por el presidente de su partido, el diputado Aguilar Talamantes, se declara en huelga de hambre hasta que se haga justicia en este caso.
Del mismo partido que los anteriores oradores, hace uso de la palabra el diputado Manuel López Zorrilla, quien se refiere a las elecciones municipales del estado de Veracruz, y hace un paragón con los hechos que ocurrieron en Tabasco. De clara que se une a sus compañeros de partido en la huelga de hambre.
Para hechos hace uso de la palabra el diputado Miguel Aroche Parra, de la Corriente Democrática. Afirma que no es partidario de la huelga de hambre, paro que se une a ella y dice que todos los diputados deben entender que esto es una especie de llamada de atención en la puerta de la dignidad, en el respeto que les corresponde como diputados federales.
Sube a la tribuna el diputado Luis Jacobo García, del Partido Popular Socialista, quien a nombre de su fracción parlamentaria propone que se tomen las medidas pertinentes a efecto de que se haga una minuciosa investigación respecto de la agresión física y vejación de que fue víctima la diputada Manuela Sánchez, pues se trata de un hecho violatorio del fuero constitucional.
El presidente pide a la secretaría que lea el artículo ochenta y tres y treinta y cuatro de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y declara que la presidencia asume su facultad no solamente de vigilar el respeto al fuero constitucional, sino que informa que los miembros del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, hicieron una solicitud de que se investigara si había ocurrido o no agresiones físicas a la compañera diputada Manuela Sánchez; que las autoridades de Tabasco manifestaron su deseo de atender la solicitud de la presidencia de la Cámara y de informar sobre ello.
Para hacer una aclaración, hace uso de la palabra el diputado Pedro Etienne Llano, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quien rectifica el dicho del presidente en relación con la denuncia que ya habían presentado. Informa que quince minutos después de presentada la denuncia, el mismo presidente, diputado Augusto Gómez Villanueva, le informó que las autoridades de Tabasco negaban los hechos. Pide que el presidente intervenga, pero que junto con él lo hagan, como parte interesada, diputados de su partido y de todos aquellos partidos que estén por detener la violencia.
El presidente declara que asumirá con la mayor energía el cumplimiento de las facultades que le señala la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para vigilar por la integridad física y el respeto al fuero de los señores diputados. Que procederá a recabar la información necesaria y declara un receso de treinta minutos para obrar en consecuencia.
Desde su curul, el diputado Francisco Ortíz Mendoza, del Partido Popular Socialista, aclara que su partido ha demandado la intervención en el caso de la diputada Sánchez, pero que no se debe mezclar al Partido Popular Socialista, en otros problemas que se resuelven por la vía de la correlación de fuerzas, pero que en este caso demandan la intervención hasta que se sancione a quienes agredieron a la legisladora.
Se suspende la sesión a las doce horas, doce minutos.
A las trece horas con cuarenta y cinco minutos se reanuda la sesión y el presidente informa que acerca de los hechos que han sido denunciados por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, se ha solicitado la información procedente y que asimismo, el organismo público federal de la materia recibirá de una comisión del propio Frente Cardenista, la información correspondiente.
Hace uso de la palabra el diputado Pablo Gómez Alvarez, del Partido Mexicano Socialista, quien dice que los hechos ocurridos en algunos estados tienen peculiaridades que las distinguen de otros momentos electorales de nuestro país, que se han producido después de las elecciones del seis de julio pasado, que no solamente fueron las más competidas, sino las más objetadas, las que generaron un fenómeno político nuevo. Enfatiza que los hechos denunciados son graves porque afectan a una legisladora y que representan una expresión sintética muy concreta de la arbitrariedad y la prepotencia con que están actuando las autoridades. Presenta a consideración de la asamblea un punto de acuerdo con el fin de iniciar los debates conducentes a fin de que la Cámara de Diputados, realice las reformas y adiciones a la legislación electoral, a fin de garantizar un régimen de sufragio efectivo. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Para referirse a los mismo hechos, sube a la tribuna el diputado Tomás Pedroza Esparza, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quien recuerda que hay varios procesos electorales que están en puerta y que también es muy importante el comportamiento que se observe en ellos. Que no se trata solamente de la agresión a su compañera, sino de impedir que las fuerzas retrógradas sigan imponiendo sus condiciones en los diferentes procesos electorales. Ratifica que él y sus compañeros no abandonarán la huelga de hambre hasta que sus demandas sean atendidas.
La presidencia informa a la asamblea que la sesión se prolongará en consideración de los oradores ya registrados por los grupos parlamentarios y en base a las facultades de su cargo.
Sube a la tribuna el diputado Carlos Bracho González, del Partido Mexicano Socialista. Opina que a lo largo y ancho de la República, durante este sexenio, se efectuaron elecciones y que todos los procesos estuvieron viciados, amañanados. Interrumpido por gritos desde el recinto, baja de la tribuna y el presidente llama la atención tanto de los diputados que lo interrumpen, como al mismo diputado Bracho, quien dice que su partido seguirá denunciando, pero no para quedar como plañideras, sino en espera de acciones inmediatas; que si no hay solución, tomarán medidas drásticas a las que obliga el gobierno.
El presidente solicita que se lea el artículo ciento nueve del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y después concede el uso de la palabra al diputado Salvador Fernández Gavaldón, del Partido Acción Nacional, quien declara que comparten lo que vieron y padecieron los compañeros del Frente Democrático Nacional, y que los ha llevado a asumir la actitud que están presenciado. Dice que tal vez nadie como su partido sea capaz de entender la decisión que han tomado los compañeros diputados de iniciar una huelga de hambre precisamente al pie de la tribuna. Que comprenden y acarician el profundo significado de esa acción decidida en protesta por las agresiones, fraudes y exigencias de justicia. Hace uso de la palabra el diputado Vicente Luis Coca Alvarez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien da lectura a algunos párrafos de un manifiesto a la nación emitido por su partido y después hace una relación de hechos en los que consideran que se rompió el orden constitucional en diversos lugares del país, Insiste en que es por la vía pacífica por la vía constitucional, como los mexicanos deben dirimir sus controversias y reclama responsabilidad social, pero fundamentalmente política, para atender las demandas que exige el pueblo de México.
El presidente concede el uso de la palabra al diputado Isidoro Aguilera Ortíz, de la Corriente Democrática, para manifestar su irrestricto apoyo y solidaridad al Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en su lucha para protestar en contra de las agresiones que sufrieron sus militantes y diputados de ese partido en el estado de Tabasco.
Sube a la tribuna el diputado Pedro López Díaz, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quien enfatiza que la brutalidad abyecta y la sinrazón no pueden ser admitidas en el marco de las simples relaciones humanas. Que no le sorprende que no se respete el fuero parlamentario, pero que la vejación humana es lamentablemente una práctica cotidiana de los agentes policiacos. Pide que se reivindique el parlamento como legítimo garante de la condición humana frente a los desmanes y arbitrariedades.
Hace uso de la palabra el diputado Gerardo Ávalos Lemus, del Partido Mexicano Socialista, quien afirma que el problema de Tabasco tiene como fondo fundamental la actitud que el partido oficial viene ejerciendo durante muchos años. Dice que en nuestro país soplan vientos de democracia y exigen el cambio. Narra nuevamente hechos delictuosos en los que han sido involuntarios algunos diputados federales y se solidariza con los diputados del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, que se han declarado en huelga de hambre.
El diputado Gustavo Rosario Torres, del Partido Revolucionario Institucional, hace uso de la palabra y afirma que es la sexta ocasión en la que por toda una tarde se va escuchando la estrategia de los partidos de oposición y el punto de vista de su propio partido. Que el hecho de que hayan reiterado hechos en los que participó la diputada Manuela Sánchez en la ciudad de Cárdenas, Tabasco, no quiere decir que esos hechos correspondan a la realidad.
Afirma que el proceso electoral en Tabasco se llevó a cabo en paz y orden, pero que en dos municipios, uno de ellos Cárdenas, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional instruyó a la diputada Sánchez y a una diputada local, para que realizaran actos de protesta y tomaran los palacios municipales. Hace un relato desde su propio punto de vista, de lo ocurrido en aquella entidad y declara que lanzaron bombas molotov contra los policías que estaban frente al palacio municipal de Cárdenas. Informa que no van a aceptar las provocaciones del Frente Democrático Nacional.
Para contestar alusiones personales, sube a la tribuna la diputada Manuela Sánchez López, quien aclara que sus compañeros que fueron detenidos nunca trataron de robarse las urnas electorales; que su actitud nunca fue de provocación al llegar al palacio municipal de Cárdenas; que pidieron a sus compañeros que guardarán calma mientras ellos hacían las denuncias pertinentes para que la Cámara de Diputados pudiera tomar las medidas necesarias para solucionara los problemas de represión; que espera que la asamblea dé respuesta al pueblo.
Hace uso de la tribuna el diputado Sergio Quiroz Miranda, del Partido Popular Socialista, para rendir homenaje, en el vigésimo aniversario de su fallecimiento, al fundador de su partido, Vicente Lombardo Toledano. El presidente informa que en curso de la sesión, las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y la del Distrito Federal, entregaron los dictámenes relativos a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y la del Distrito Federal y que, en virtud de que han sido repartidos entre los señores diputados, la secretaría deberá leer solamente las partes esenciales de los mismos. Son de primera lectura.
El presidente informa sobre el acuerdo parlamentario de iniciar las selecciones a las nueve de la mañana y suspenderlas a las quince horas, salvo en los casos en que se presenten asuntos
trascendentales. Enfatiza que es importante informar que ningún diputado en lo particular, ningún grupo parlamentario se ha negado a realizar su trabajo durante las horas y los días que así reclame su responsabilidad. Da lectura a una lista de siete oradores a los que les concederá el uso de la palabra y a otra con quince nombres de señores diputados a los que les concederá con prioridad en la próxima sesión.
Hace uso de la palabra el diputado César Coll Carabias, del Partido Acción Nacional, quien hace diversas consideraciones respecto a los procesos electorales en diversos lugares del país y afirma que en Guanajuato las autoridades no están preparadas para actuar de acuerdo con la nueva realidad política y mucho menos para aceptar la decisión del pueblo. Dice que no vale la pena formalizar quejas sobre los hechos que tienen como escenario el estado de Guanajuato, pero que solicitan la intervención del presidente de la Gran Comisión en pro de la democracia.
Para los mismo hechos sube a la tribuna el diputado Vicente Fox Quezada, del Partido Acción Nacional, quien dice que no solamente se están realizando actos sin razón, sino ataques a balazos en contra de los candidatos de su partido; que no vienen a "chillar", sino a informar a los quinientos diputados que se sigue trasgrediendo la ley, que no se busca el cambio profundo que necesita el país. Dice que si se desbordan las pasiones y hay violencia en el estado de Guanajuato, ha sido por la actuación del gobierno y de las comisiones electorales estatales y municipales. Que en León su partido va a ganar al tres por uno contra los resultados del partido de la minoría.
Sube a la tribuna el diputado Everardo Vargas Zavala, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta que en Guanajuato hubo un acuerdo respecto del artículo ciento sesenta y tres del Código Electoral del estado, pero que se hizo a propuesta del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, con el apoyo del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, con la finalidad de que los representantes de candidatos y partidos sean de la propia sección electoral en la que actúa. Que el estado vive un clima de movilización política generalizada por las elecciones que han de celebrarse el próximo cuatro de diciembre.
Acusa a una brigada de pseudomilitantes del Partido Acción Nacional, de agredir a balazos a un grupo de jóvenes del Partido Revolucionario Institucional que colocaban propaganda en León a favor de su candidato a la presidencia municipal, hiriendo cobardemente por la espalda a juventino Flores, de diecinueve años. Que han ofrecido respeto y limpieza, pero en cambio han recibido sólo insultos y agresiones; que frente a la fuerza y la intolerancia les queda la fuerza del derecho y la razón. Que se ha desatado una violencia gangsteril ajena a la idiosincrasia de los guanajuatenses. Que por dignidad no aumenten el repudio que sienten por los autores físicos e intelectuales de hechos tan bochornosos; que el cuatro de diciembre el pueblo dará la razón a quien la tenga.
Para rectificar hechos sube a la tribuna el diputado Vicente Fox Quezada, del Partido Acción Nacional, quien afirma que es pésimo que se afirme que el Ejecutivo cambió una ley sin haber consultado y pasado por el Congreso. Que propone a la asamblea que considere que hay elementos suficientes para que se conforme un grupo de representantes de esta diputación para que vayan a Guanajuato y supervisen que no haya hechos de violencia el cuatro de diciembre. Para rectificar los mismos hechos, sube a la tribuna el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien afirma que la proposición que hizo su representantes en el estado de Guanajuato, fue de que los representantes deberían ser vecinos del municipio y que la forma en la que se decisión fue que deben ser vecinos de la sección electoral. Que su representante tomó esa decisión de manera personal, sin la autorización del Comité Ejecutivo Nacional, y que por eso fue ya destituido como comisionado.
Hace uso de la palabra la diputada Teresa Ortuño Gurza, del Partido Acción Nacional, quien enfatiza que es una lástima que la juventud se ponga al servicio de lo indefendible. El diputado Diódoro Carrasco, del Partido Revolucionario Institucional, desde su curul, interpela a la diputada, quien contesta afirmando que reconoció la capacidad del diputado Vargas Zavala, que si no lo creyera así no hablaría de ello. Se refiere a la historia de su partido en Guanajuato y dice que el orgullo del panismo es algo nacional, como se debe sentir orgullo nacional de ser priísta. Que hay muchas cosas que defender en México.
Sube a la tribuna el diputado Jesús Ortega Martínez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quien se refiere al probable ilícito que afecta los intereses de la nación y del pueblo en relación con Petróleos Mexicanos. Hace una relación de las actividades de la comisión especial que al respecto se integró y pide al presidente que haga una excitativa al presidente de esa comisión y a sus integrantes, para que continúen sus trabajos e informen a la asamblea, en un tiempo razonable, sobre sus conclusiones, para poder cumplir con sus responsabilidades como representantes del pueblo de México.
El presidente excita a la comisión especial a la que se turnó la denuncia de hechos en contra del ex director de Pemex y otras personas, para que presenten su informe.
La diputada Guadalupe Gómez Maganda, hace uso de la palabra para informar que durante la reunión del Consejo Nacional Palestino celebrado en la capital de Argelia del doce al catorce del presente mes, se tomaron trascendentales acuerdos encaminados a lograr la aspiración del pueblo palestino de constituir su estado nacional en un contexto de paz y de cooperación internacional. Propone una declaración firmada por los coordinadores de todas las fracciones parlamentarias de la Quincuagésima Cuarta Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, misma que en votación económica se aprueba por unanimidad.
Sube a la tribuna el diputado Rafael Campos López, del Partido Popular Socialista, para referirse a la denuncia que científicos de la Universidad de Nuevo León, hicieron a la posible contaminación con virus del Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida (SIDA), en el producto biológico Seroglobulín de la casa Cutter y pide que la Secretaría de salud realice una profunda investigación y que a sus conclusiones se les dé difusión masiva a fin de que la opinión pública esté informada en términos adecuados sobre este incidente; que esos productos deben elaborarse bajo su más estricta vigilancia y no permitir que lo hagan empresas privadas cuyo fin principal es el lucro; que la Comisión de Salubridad de esta honorable Cámara, solicite de las autoridades sanitarias la información inmediata de todo lo relacionado con este caso. Se turna a la Comisión de Salubridad y Asistencia Pública.
Para hablar sobre el mismo tema, sube a la tribuna el diputado Eduardo Arias Aparicio, del Partido Acción Nacional, quien afirma que existe sospecha entre las autoridades del Hospital Universitario, de que realmente esos lotes de Seroglobulín están contaminados y que ha procedido a mandar muestras a diferentes partes para que le hagan un dictamen. Pide que el trabajo de la comisión no quede en pedir información a una Secretaría que ha tratado de "echarle tierra a un asunto", sino que vaya con las autoridades del Hospital Universitario y haga una investigación a fondo. Se agrega la solicitud a la Comisión de Salubridad y Asistencia Pública.
En uso de la palabra el diputado Francisco Melo Torres, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien expresa que de acuerdo con la tesis de su partido, la violencia no es el camino para obtener el poder o llegar a él.
Dice que en el estado de Chiapas prevalecen condiciones de marginación, pobreza, inseguridad e injusticia que son retos a los que se deben enfrentar con una auténtica apertura democrática. Que la Comisión Estatal Electoral, y sus comités municipales se cierran al diálogo y que a su partido le han negado el registro de tres planillas. Que hay que dejar que sea el pueblo el que decida quién va a gobernarlos y que en el próximo proceso electoral, se abra el camino hacia un avance en la decencia y en la limpieza de los procesos electorales. Se dirige a quienes se encuentran en huelga de hambre en el recinto de la Cámara, y les pide que no den ni un paso atrás, hasta la victoria.
Para rectificar hechos, el diputado Ricardo Naumann Escobar, del Partido Revolucionario Institucional, quien informa que de acuerdo con la petición realizada por los mismos partidos políticos, la Comisión Electoral del estado de Chiapas aceptó conceder el registro de planillas de acuerdo con el cumplimiento de legitimidad de ellos. Que en Chiapas, el veinte de noviembre, durante el proceso electoral, habrá pleno respeto a la legalidad.
Para contestar alusiones personales, regresa a la tribuna el diputado Francisco Melo Torres, quien afirma que "mañosamente" las planillas a las que hace referencia no fueron publicadas en el Diario Oficial y que las cosas deben hacerse con la inteligencia y la dignidad que el caso requiere.
Hace uso de la palabra el diputado Alfredo Oropeza García del Partido Acción Nacional, para referirse al informe de evaluación sexenal de Ferrocarriles Nacionales de México, y afirmar que todo lo que ahí se dijo no es verdad, sobre todo en lo que se refiere a las injusticias que se cometen a diario con trabajadores de esa paraestatal y especialmente con quienes laboran en las guarderías infantiles a quienes se les ha hecho pasar durante cuatro años, un verdadero calvario. Pide que la denuncia se envié a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas, a la de Trabajo y Previsión Social y a la de Justicia. El presidente la turna a las comisiones mencionadas.
Finalmente, hace uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Ávalos Limón, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para combatir un pequeño triunfo de la razón. Dice que sus compañeros del sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social que se encontraban en huelga de hambre desde el treinta y uno de octubre, han logrado hacer comprender lo justo de sus demandas y que a partir de hoy han levantado la huelga bajo la formal promesa de anulación o retiro de las sanciones que se les habían aplicado. Que felicita a los trabajadores y también.
A la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, por el interés y apoyo que pusieron de manera evidente para la solución de tan grave problema. Que esto debe servir de ejemplo de que en esta asamblea es posible levantar la bandera de la razón y de la justicia.
Agotados los asuntos en cartera, se da lectura al orden del día de la próxima sesión y a las diecinueve horas con quince minutos el presidente declara terminados los trabajos citando para la que tendrá lugar el próximo martes veintidós de noviembre a las nueve horas.»
COMUNICACIONES
El C. secretario José Antonio Montes Vargas:
«México, D.F., a 15 de noviembre de 1988.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados.
Con fundamento en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, me permito informar, a esa representación nacional, que el día 14 de los corrientes se instaló legalmente la primera Asamblea de Representantes del Distrito Federal, quedando integrada la mesa directiva de la misma con los siguientes ciudadanos representantes:
Presidente, Santiago Oñate Laborde; vicepresidentes, Raúl Castellano Ramírez, Gonzalo Altamirano Dimas y Ramón Sosamontes Herraramoro; secretarios, Ofelia Casillas Ontiveros y Roberto Ortega Zurita.
Atentamente.- Representante Santiago Oñate Laborde, presidente.»
Trámite: -De enterado.
INFORME
El mismo C. Secretario:
«Banco de México.- Dirección General.- México, D. F., a 14 de noviembre de 1988.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- Presentes.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Banco de México, esta institución presenta a ustedes el informe referente al movimiento diario del financiamiento interno del propio Banco de México y de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación, correspondiente al tercer trimestre del año en curso.
Con fecha 3 de febrero de 1988, esta institución informó a ustedes el acuerdo adoptado por su junta de gobierno respecto al saldo máximo que podrá alcanzar el financiamiento interno del propio Banco de México en el ejercicio 1988.
Las cifras revelantes de esa determinación son las siguientes:
Billones de pesos
a) Saldo del financiamiento interno del Banco de México
al 31 de diciembre de 1987. 18.141
b) Flujo total en 1988. 11.003
c) Saldo máximo que podrá alcanzar el financiamiento
interno del Banco de México 29.144*
durante 1988.
En la consideración de las cifras de este informe, es necesario distinguir los saldos del financiamiento interno otorgado por el Banco de México, de los incrementos que experimentan dichos saldos en periodos determinados. Los saldos expresan en importante total de los financiamientos otorgados por el Banco de México desde su constitución, menos las amortizaciones efectuadas por los deudores y menos las cesiones de activos representativos de dichos financiamientos, en tanto que los incrementos de esos saldos, reflejan el financiamiento adicional otorgado por el banco durante el período al cual están referidos.
Con fecha 13 de mayo de 1988, informamos a ustedes sobre el financiamiento interno del Banco de México, durante el primer trimestre de 1988. El saldo del financiamiento interno al día último de marzo fue de 18.745 billones, cifra que muestra un aumento de 0.604 billones respecto al saldo observado al cierre de diciembre de 1987, de los cuales, en números redondos, 0.118 billones corresponden al efecto del deslizamiento del tipo de cambio sobre el monto, valuado en pesos, de la deuda en moneda extranjera que el gobierno tenía con el Instituto Central al cierre de 1987, y 0.486 billones al financiamiento adicional efectivo de la institución.
Asimismo, con fecha 15 de agosto de 1988 se les informó sobre el financiamiento interno del Banco de México, durante el segundo trimestre de 1988. El saldo del financiamiento interno al día
* Según el referido acuerdo de la junta de gobierno, el saldo que se reporte durante el año podrá exceder esta cifra, sin que ello implique violar el límite establecido, por el efecto de la valuación en pesos de la deuda en moneda extranjera a favor del Banco de México, y a cargo del gobierno federal.
último de junio fue de 20.419 billones, cifra que muestra un aumento de 2.278 billones respecto al saldo observado al cierre de diciembre de 1987, de los cuales, en números redondos, 0.118 billones corresponden al efecto del deslizamiento del tipo de cambio sobre el monto, valuado en pesos, de la deuda en moneda extranjera que el gobierno tenía con el Instituto Central al cierre de 1987, y 2.160 billones al financiamiento adicional efectivo de la institución.
Por lo que se refiere al tercer trimestre de 1988, a continuación se presenta el movimiento diario de los saldos del financiamiento interno del Banco de México, en los cuales se distingue el saldo e incrementos nominales de éste, saldo sin el efecto del tipo de cambio y el flujo efectivo, entendiéndose por estos dos últimos, aquellos que no toman en cuenta el aumento del valor en pesos de la deuda denominada en moneda extranjera, consecuencia de la variación del tipo de cambio. Ello en virtud de que tal aumento del valor en pesos de la deuda en moneda extranjera no constituye financiamiento efectivo adicional y, por tanto, tampoco debe tomarse en cuenta para considerar si el financiamiento interno del Banco de México se encuentra o no dentro de los límites establecidos por su junta de gobierno, según se explica en la nota de la página anterior de este informe.
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El 3 de febrero de 1988 informamos a ustedes, que de conformidad con lo previsto en el artículo 9o. de la Ley Orgánica del Banco de México, el saldo máximo a cargo del gobierno federal e la Cuenta General de la Tesorería de la Federación para 1898 se estableció en 1.616 billones, cifra que, de acuerdo con lo previsto en el mismo artículo, no debe excederse salvo que se presenten circunstancias extraordinarias que aumenten considerablemente las diferencias temporales entre los ingresos y los gastos públicos. Por otra parte, en cumplimiento del artículo 10 de la ley citada, el pasado 13 de mayo de 1988 les dimos a conocer los movimientos diarios de la cuenta referida, correspondientes al primer trimestre del año, y el 15 de agosto de 1988 los movimientos correspondientes al segundo trimestre.
Por lo que se refiere al tercer trimestre, a continuación se muestra el movimiento diario de la multicitada cuente:
MOVIMIENTO DIARIO DE LA CUENTA GENERAL
DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN
DEL 1º. DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1988*
(Saldos en billones de pesos)
Dar doble click con el ratón para ver imagen
* Las cifras entre paréntesis son saldos a Cargo de la Tesorería de la Federación.
Director General del Banco de México, Miguel Mancera Aguayo»
Trámite: - Recibo, túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
SOLICITUD DE PARTICIPAR
El mismo C. Secretario:
«Ciudadanos secretarios del honorable Congreso de la Unión.
Irma Yolanda Audiffred Salinas, a ustedes respetuosamente digo:
La República Francesa me ha conferido el honor de signarme Caballero de la Orden Nacional del Mérito de Acuerdo con la comunicación que me fue girada por excelentísimo embajador de Francia, copia de la cual acompaño al presente. Igualmente y para comprobar mi nacionalidad mexicana, acompaño atestado del registro civil relativo a mi nacimiento.
Por lo expuesto y con fundamento en la fracción III del apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atentamente pido: que se me autorice por el honorable Congreso Federal, a aceptar y usar la condecoración antes mencionada.
Señalo para oír acuerdo, la casa número 100 de las calles de Catalina de San Felipe del Agua, Centro Oaxaca.
Protesto lo necesario. - Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a cuatro de octubre de mil novecientos ochenta y ocho. - Rúbrica.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El mismo C. Secretario:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 22 de septiembre del año en curso, la Secretaría de relaciones Exteriores, a través de la Gobernación, solicita el permiso constitución al 10 necesario para que los ciudadanos Elsa Mabel Cabrera Carmona, María de los Angeles Ávila Chiquini, Eva María Fragoso Cianci, Olga Eugenia Villaraus Herrera, José de Jesús Salazar Ríos. Alejandro Díaz Martínez, Rey José Hernández Castellanos, Alicia Herrera García, José Edmundo García Crisanto, Alexandru Mihai Ghitescu Musat, Luis Lorenzana Prado, Mario Ordaz Garduño, Pedro Méndez Calderón, Antonio Pérez Cansino, Claudia Patricia González Abad, Maribel Guerreo Cuéllar y Javier Armendáriz Martínez, puedan prestar servicios administrativos en la embajada de Estados Unidos de América, en México.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 11 de octubre, se turnó a la comisión que suscribe para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de las actas de nacimiento;
b) Que los servicios que los interesados prestarán en la embajada de Estados Unidos de América en México, serán de carácter administrativo, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente.
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Elsa Mabel Cabrera Carmona, para prestar servicios como secretaria, en la embajada de Estados Unidos de América en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana María de los Angeles Ávila Chiquini, para prestar servicios como secretaria, en la embajada de Estados unidos de América, en México.
Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana Eva María Fragoso Cianci, para prestar servicios como secretaria, en la embajada de Estados Unidos de América, en México.
Artículo cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Olga Eugenia Villaraus Herrera, para prestar servicios como secretaria, en la embajada de Estados Unidos de América, en México
Artículo quinto. Se concede permiso al ciudadano José de Jesús Salazar Ríos para prestar servicios como empleado de intendencia, en la Embajada de Estados Unidos de América, en México.
Artículo sexto. Se concede permiso al ciudadano Alejandro Díaz Martínez, para prestar servicios.
como empleado de intendencia, en la embajada de Estados unidos de América, en México.
Artículo séptimo. Se concede permiso al ciudadano Rey José Hernández Castellanos, para prestar servicios como empleado de intendencia, en la embajada de Estados Unidos de América, en México.
Artículo octavo. Se concede permiso a la ciudadana Alicia Herrera García, para prestar servicios como bibliotecaria, en la embajada de Estados Unidos de América, en México.
Artículo noveno. Se concede permiso al ciudadano José Edmundo García Crisanto, para prestar servicios como bibliotecario, en la embajada de Estados Unidos de América, en México.
Artículo décimo. Se concede permiso al ciudadano Alexandru Mihai Ghitescu Musat, para prestar servicios como empleado consular, en la embajada de Estados Unidos de América, en México.
Articulo decimoprimero. Se concede permiso al ciudadano Luis Lorenzana Prado, para prestar servicios como mensajero, en la embajada de Estados Unidos de América, en México.
Artículo decimosegundo. Se concede permiso al ciudadano Mario Ordaz Garduño, para prestar servicios como asistente de nóminas, en la embajada de Estados Unidos de América, en México.
Artículo decimotercero. Se concede permiso al ciudadano Pedro Méndez Calderón, para prestar servicios como bodeguero, en la embajada de Estados Unidos de América, en México.
Artículo decimocuarto. Se concede permiso al ciudadano Antonio Pérez Cansino, para prestar servicios como mecánico de refrigeración y aire acondicionado, en la embajada de Estados Unidos de América, en México.
Artículo decimoquinto. Se concede permiso a la ciudadana Claudica Patricia González Abad, para prestar servicios como asistente del Departamento de Personal, en la embajada de Estados Unidos de América, en México.
Artículo decimosexto. Se concede permiso a la ciudadana Maribel Guerrero Cuéllar, para prestar servicios como auxiliar de contabilidad, en la embajada de Estados Unidos de América, en México.
Artículo decimoséptimo. se concede permiso al ciudadano Javier Armendáriz Martínez, para prestar servicios como operador de computadora, en la Embajada de Estados Unidos de América, en México.
Sala de comisiones del Cámara de Diputado del honorable Congreso de la Unión. - Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 13 de octubre de 1998. - Diputados: Guillermo Jiménez Morales, presidente; José Luis Lamadrid Sauza, secretario; Juan Miguel Alcántara Soria, José Luis Alonso Sandoval, Bernardo Bátiz Vázquez, Napoleón Cantú Cerna, Ignacio Castillo Mena, Manuel Cavazos Lerma, Vicente Luis Coca Alvarez, Fernando Córdoba Lobo, Mario Ruíz de Chávez y García, Pedro Alberto Salazar Muciño, Alvaro Uribe Salas, Mario Vargas Saldaña y Abel Carlos Vicencio Tovar.
Trámite: - Primera lectura.
DICTAMEN A DISCUSIÓN CUENTA DE LA HACIENDA
PUBLICA FEDERAL 1987
El C. Presidente: - El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo a la cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1987.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso distribuido entre los ciudadanos diputados, ruego a la Secretaría consulté a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El C. secretario José Murat. C. - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo Se dispensa la lectura al dictamen, señor presidente.
El C. Bernardo Bátiz Vázquez (desde su curul): - ¿Los que no estén de acuerdo en que se dispense?
El C. secretario José Murat C: - Los que estén porque no se dispense la lectura, sírvanse manifestarlo... Señor presidente, se dispensa la lectura al dictamen.
Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio fiscal de 1987.
Honorable asamblea: En cumplimiento a los dispuesto en los artículos 74, fracción IV, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 43 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto Público Federal, el Ejecutivo presento, en tiempo y en forma a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio presupuestal de 1987, incluyendo los resultados de la gestión financiera, programática, económica y presupuestal de las entidades de la administración pública centralizada y paraestatal, comprendidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por esta honorable Cámara de diputados para este ejercicio, información que se relaciona con los objetivos y prioridades de la planeación nacional, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6o. de la Ley de Planeación.
La cuenta de la Hacienda Pública Federal, fue turnada para el estudio y dictamen a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, en atención a lo previsto en los numerales 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y enviada para su revisión a la Contaduría Mayor de Hacienda de la honorable Cámara de Diputados, por conducto de su Comisión de Vigilancia, conforme a los artículos 1o., 3o., 10, fracciones II y XV de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Conforme a lo establecido en el inciso A, fracción II del artículo 30 de su Ley Orgánica, el órgano técnico de la Cámara de Diputados, en cumplimiento de sus funciones, procedió a integrar el informe previo con los comentarios generales a que alude el precepto en cuestión, para rendirlo oportunamente a la comisión dictaminadora a través de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, dentro del plazo establecido en la fracción IV del artículo 10 de la misma Ley Orgánica.
Con la documentación presentada, la suscrita comisión procedió a integrar el dictamen correspondiente, contando además para ese propósito, con la información resultante de las once reuniones de trabajo verificadas con la participación de los servidores públicos de las dependencias y entidades convocadas para tales efectos, y con la participación, de los diputados integrantes de las comisiones, lo que permitió; el esclarecimiento de dudas relacionadas con la gestión financiera, el intercambio de opiniones sobre el ajuste a los criterios presupuestales y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los principales programas.
Asimismo, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública tomó en consideración al elaborar el dictamen, la información que envió el Ejecutivo Federal a esta Cámara de Diputados, a través de las Secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, sobre la situación económica y las finanzas públicas en sujeción a lo establecido en el artículo 42 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 1987, en los que se da cuenta trimestralmente de la ejecución del gasto durante el ejercicio presupuestal que se analiza, así como lo contenido en el quinto informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo de 1983 - 1988, conforme a lo dispuesto en el artículo 6o. de la Ley de Planeación, en el que sintetiza las acciones realizadas y los resultados obtenidos durante 1987 en el proceso de ejecución de los lineamientos contenidos en dicho plan y en los programes y políticas que lo integran.
Esta comisión, ateniéndose a la letra y al espíritu de las disposiciones referentes a la revisión de la Cuenta Pública, circunscribió su análisis a la evaluación de la gestión financiera y al examen del apego a los criterios señalados en el presupuesto y del cumplimiento de los objetivos establecidos en los programas. Quedó excluido del trabajo de la revisión, por lo tanto, la evaluación misma de los objetivos que se había propuesto alcanzar la política económica en general y de finanzas públicas en lo particular, considerando que tal evaluación ha sido expuesta y por los diversos grupos parlamentarios en la discusión de la Cámara, tendiente a la aprobación del presupuesto correspondiente.
Se presenta el panorama económico internacional e interno, como marco de referencia que influyó y fue influido por el ejercicio del presupuesto federal.
1. Panorama Económico
1.1 Objetivos y metas de la política económica en 1987.
En los Criterios Generales de Política Económica para 1987, se planteaban los siguientes cuatro objetivos:
1) Alentar un crecimiento económico moderado, pero con alta generación de empleos.
2) Renovar el combate a la inflación.
3) Consolidar y ampliar el cambio estructural.
4) Impulsar la descentralización de la vida nacional.
La estrategia económica tenía tres fases, orientadas básicamente a corregir los precios relativos, a reducir la inflación, y a propiciar una reactivación moderada de la economía, respectivamente
Asimismo, se realizaría un esfuerzo adicional para proseguir con el saneamiento de las finanzas pública y para consolidar los resultados positivos obtenidos n la balanza comercial, a fin de elevar los niveles de producción y empleo.
En materia de finanzas públicas, el objetivo era disminuir el déficit público, como proporción del producto interno bruto (PIB), de 16.8% en 1986 a 13.8% en 1987; para lograrlo, habría que obtener ingresos presupuestales equivalentes al 30.8% del producto interno bruto (28.4% en 1986), y limitar el gasto programable al 22.0% del producto interno bruto, medio punto porcentual por abajo del de 1986, para lo cual se reducirían en gran medida las transferencias corrientes y el gasto de operación de los organismos y empresas, a fin de poder incrementar la inversión.
A la vez, los intereses presupuestales devengados se estimaban en 18.8% con relación al producto interno bruto, con lo cual el superávit fiscal (primario), antes del pago de intereses, se incrementaría como proporción del producto interno bruto en 3.3% en 1986 a 6.6 en 1987.
Por lo que respecta a los ingresos, se ajustarían los precios y tarifas de los bienes y servicios que produce el sector público, se fortalecerían los mecanismos para combatir la evasión y la elusión fiscales, y se modificaría el sistema impositivo, a fin de que los ingresos no petroleros se elevaran a 13.0% del producto interno bruto, 1.3 puntos porcentuales más que en 1986.
En lo referente a las transacciones con el exterior, se continuaría con el proceso encaminado a racionalizar la protección comercial mediante la reestructuración de sus aranceles, una política cambiaría adecuada y un régimen de precios oficiales, para evitar prácticas comerciales desleales y proteger la planta productiva, en este contexto, se estimaba que las exportaciones no petroleras crecieran 18.0% y que las importaciones totales por las mismas necesidades del desarrollo crecieran 24.6%. Conforme a estos resultados y considerando el elevado monto de intereses que se pagarían por concepto de la deuda externa, se anticipaba un déficit en cuenta corriente de 3 mil 900 millones de dólares.
Por lo que corresponde a los precios, se estimaba una tasa anual de inflación del 70.0% al 80.0% (medida de diciembre a diciembre).
La comisión determinó incluir una síntesis de la evolución económica internacional e interna, aspectos en el cuerpo del dictamen, a fin de contribuir con mayores elementos de juicio a informar el criterio de la Cámara de Diputados.
1.2 Situación económica internacional.
Durante 1987, la economía internacional se caracterizó por una recuperación de la actividad económica de los países industrializados; disminución del crecimiento en los países en desarrollo, con un mejor desempeño de los países en desarrollo no exportadores de petróleo y el estancamiento de los exportadores de petróleo, no obstante la recuperación del precio internacional del crudo durante casi todo el año; en cuanto a América Latina, su situación económica siguió agravándose, al disminuir su ritmo de crecimiento en casi dos puntos porcentuales, análogamente a lo que ocurrió con las naciones en desarrollo en general, mientras que los países latinoamericanos no exportadores de energéticos, tuvieron un crecimiento de 3.3 el de las economías exportadoras de petrolero fue de apenas 1.4%
Como consecuencia de la mayor actividad económica, la tasa anual promedio de desempleo en los principales países industrializados descendió ligeramente, este comportamiento se debió básicamente a las disminuciones observadas en Estados Unidos de América, Canadá y el Reino Unido.
Según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina, en América Latina el desempleo urbano siguió disminuyendo en la mayor parte de los países, excepto en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Panamá.
En cuando a la inflación, la tasa promedio en los países industrializados fue de 2.9% con lo cual se detuvo la tendencia decreciente de los últimos años; ello se debió principalmente al alza de los precios de los energéticos y de las materias primas, que incrementó el precio promedio de las importaciones en esos países y con ello los precios domésticos.
Para los países en desarrollo, el mantenimiento y agravación de la inflación siguió siendo uno de los problemas fundamentales; el índice de precios al consumidor registró un incremento de 40.3% durante 1987, (superior en 10.4 puntos porcentuales al observado en 1986); este problema fue particularmente grave en el grupo de países de América Latina, en el cual la tasa promedio ponderada
de incremento en los precios al consumidor fue en 1987 de 131.0%, muy superior a la del año anterior (88.0%)
Comparado con el año anterior, 1987 fue un año favorable para los productos primarios, los cuales experimentaron una mayor demanda que se tradujo en mejores precios.
En lo que se refiere al mercado petrolero mundial, durante la primera mitad de 1987, se observó una evolución relativamente favorable para los países exportadores; en ese lapso, el precio promedio del barril del crudo se situó en 17.6 dólares, y se mantuvo con ligeras variaciones durante el resto del año; durante el primer semestre, la oferta del hidrocarburo de los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, se fijó en 15.8 millones de barriles diarios, mientras que en el segundo semestre se incrementó a 16.6 millones.
A partir de junio, la fuerte demanda elevó los precios del crudo, sin embargo, a partir de septiembre los precios comenzaron a descender por el incremento de la producción, hasta alcanzar un promedio de 16.95 dólares por barril al finalizar el año.
Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el volumen de comercio mundial de mercancías creció 3.6% de 1986 a 1987; en este período, las exportaciones aumentaron 2.8% en los países industriales y 5.2.% en los países en desarrollo. En el caso de estos últimos, las exportaciones de los países petroleros registraron una tasa de -3.3% y las de los países no petroleros una de 8.4%
En América Latina, las cuentas con el exterior mejoraron como resultado de la recuperación del precio internacional del petróleo, del repunte de las cotizaciones de los minerales y otros productos básicos, y del crecimiento de las exportaciones de manufacturas en algunos países de la zona; el valor total de las exportaciones de la región aumentó 13.3%, mientras que el de las importaciones se incrementó 9.2%, por lo que se logró un superávit comercial de 21 mil 200 millones de dólares, que frenó la tendencia descendente que se había observado desde 1984.
Por otro lado, el comportamiento de las tasas de interés internacionales, fue en gran medida reflejo de la evolución de la economía estadounidense y las tasas inflacionarias de los países desarrollados las tasas de interés se elevaron para fortalecer al dólar en los mercados cambiarios, y para evitar un posible resurgimiento de las presiones inflacionarias en Estados Unidos de América. Como resultado de lo anterior, de diciembre de 1986 a diciembre de 1987, la tasa preferencial (primero), se elevó de 7.5% a 8.8%, y la tasa libre de 6.3 a 7.9%
Además, se registró una sensible caída en los créditos otorgados en los mercados internacionales de capital, de 321 mil millones de dólares en 1986 a 299 mil millones en 1987; en ese período, la proporción de los recursos crediticios canalizados a los países en desarrollo, se mantuvieron prácticamente estancados, pasando de 6.0% a 8.0%
Los problemas para obtener crédito y las elevadas tasas de interés, provocaron que la deuda externa de los países en desarrollo continuara representando una fuerte carga para sus finanzas, por lo cual algunos países tuvieron que retrasar el pago de intereses; sin embargo, por el servicio de su deuda disminuyó de 21.9% en 1986 a 19.1% en 1987 respecto de sus exportaciones de bienes y servicios, debido principalmente a que éstas evolucionaron en forma favorable.
Para aliviar el peso de la deuda, se crearon nuevas opiniones financieras para la banca y los deudores, y se recurrió en mayor medida al mecanismo de intercambio de deuda por acciones; se estima que entre 1985 y 1987, cerca de 8 mil millones de dólares de la deuda externa de los países en desarrollo se convirtieron por esta vía.
Por otra parte, durante 1986 la economía mexicana había resentido un severo impacto originado en una drástica reducción del precio del petróleo, ello obligo a establecer nuevas condiciones de negociación internacional, y a instrumentar una política interna de contención que supuso, entre oras cosas, profundizar la reordenación económica, particularmente para compensar los efectos adversos resentidos en las finanzas públicas y el comercio exterior, durante el año la inflación superior a la prevista, obligo a acelerar el desliz cambiario y elevar las tasas de interés, originando con ello presiones adicionales de costos que generaron una inercia que se prolongó hasta 1987.
Durante este último año, si bien México se vio beneficiado por la evolución de algunos factores fuera de su propio control, entre ellos las condiciones más propicias del comercio exterior y de los mejores precios del petróleo y otras materias en relación con los en general muy deprimidos prevalecientes del año anterior, resintió también en forma adversa la evolución de las tasas de interés internacionales, que de no ser por las condiciones acordadas con la banca acreedora, hubieran agravado aún más la carga derivada del servicio de la deuda externa.
El crecimiento real de la producción nacional de petróleo crudo y gas fue de 3.7% en 1987. Dato muy significativo si se compara con la reducción de petróleo y derivados se incrementó en 8.0% y la de petroquímica básica en 16.6% en 1987, la producción de crudo fue de 2.5 millones de barriles diarios, mayor en 4.7% que la de 1986 (2.4 millones de barriles). El repunte de los precios y el mayor nivel de producción aumentaron substancialmente la captación de divisas por este concepto, la cual fue 38% mayor que en 1986.
1.3 Evolución económica interna.
Inflación
La estrategia planteada preveía que una vez asimilado el impacto del choque petrolero de 1986, la actividad económica empezara a recuperarse y la inflación mostrar signos de abatimiento al iniciarse el segundo semestre de 1987, sin embargo, el crecimiento anualizado (diciembre - diciembre), de los precios, conforme al índice nacional de precios al consumidor, fue de 159.2% superior en 53.5 puntos a lo registrado en 1986 y 79.2 puntos porcentuales al límite previsto para el año (80.0%)
Al inicio del año, no se estimó conveniente combatir la inflación mediante una política de choque ortodoxa, porque se consideró que ello traería consigo una aguda recesión de la actividad económica, con un costo social muy elevado, se optó por aplicar una política gradual.
La política adoptada para combatir la inflación durante 1987 no consiguió sus propósitos, a ello contribuyeron algunos factores objetivos, entre ellos, la lenta asimilación de los ajustes causados por el choque petrolero de 1986 y las presiones del medio circulante surgidas de una acumulación de reservas internacionales, que fue resultado de la favorable respuesta de las exportaciones, principalmente, mayor de la que se había previsto.
El sector público adoptó una política realista en materia de precios y tarifas, de conformidad con lo previsto en la fase de corrección de precios relativos del documento de Criterios Generales de Política Económica para 1987, ello hizo posible abatir rezagos y avanzar en el proceso de saneamiento de las finanzas del sector paraestatal disminuyendo así una de las fuentes estructurales de la inflación; no obstante, si bien estas adecuaciones no fueron suficientes para mantener los ingresos del sector como proporción del producto, propiciaron el mantenimiento de expectativas y generaron algunas presiones sobre los costos.
La vinculación inflación - tasas de interés - déficit siguió retroalimentándose y no fue posible reducir las tasas internas a la velocidad prevista; la persistencia de altos niveles de deslizamiento y de las tasas de interés indujo a que una gran parte de los agentes económicos, en vez de ajustar precios en vista a la inflación esperada, lo hicieran en razón a la inflación histórica, causando con ello desequilibrios en los precios relativos y el mantenimiento de las presiones de costos y la inercia.
A finales del año, las expectativas desfavorables sobre la inflación y la incertidumbre hicieron que, como resultado del crack bursátil, una gran cantidad de recursos se desplazaran hacia el mercado cambiario , coincidiendo este fenómeno con la demanda de divisas surgida por el propago con descuento de la deuda externa que hicieron muchas empresas; la conveniencia de proteger las reservas internacionales, obligó a permitir un ajuste del tipo de cambio libre, a su vez, los precios se modificaron rápidamente en respuesta al propio ajuste cambiario, creándose así las condiciones que habrían de culminar con la suscripción del Pacto de Solidaridad Económica.
Producción y empleo
En término reales, el producto interno bruto (PIB), creció 1.4% respecto al obtenido en 1986, porcentaje que resulta inferior al rango previsto en los Criterios Generales de Política Económica (de 2.0% a 3.0%), si bien en el último trimestre la economía crecía a un ritmo cercano al 4%.
El sector primario, que en 1986 había sufrido una contracción, creció 1.6% en términos reales; el sector industrial creció 2.3% a precios constantes, y todas sus ramas registraron variaciones anuales positivas; de la misma manera, la producción minera evolucionó en forma positiva, al igual que la industria de la construcción, y la generación de electricidad, gas y agua.
El sector servicios, que respondió en menor medida al repunte de la economía, experimentó un modesto crecimiento real, debido a que el producto del subsector comercio, restaurantes y hoteles fue similar en términos reales al de 1986.
Finalmente, la rama de transportes, almacenamiento y comunicaciones, también aumentó como resultado del repunte de la comercialización interna.
La demanda agregada a precios de 1980, ascendió a 5.1 billones de pesos; dentro de este rubro, el consumo real total se redujo 1.3% debido especialmente a que el consumo privado se contrajo 1.4% en relación con 1986, como consecuencia
del acelerado proceso inflacionario que afectó el poder adquisitivo de la población, mientras que el consumo del gobierno se redujo 1.0% conforme a la política de contención del gasto.
La formación bruta de capital fijo real registró una contracción de 0.7%; la inversión pública disminuyó significativamente (5.9%), sin embargo, las acciones del Ejecutivo Federal se encaminaron a orientarla hacia los sectores de infraestructura básica intensivos en mano de obra y al sector social en el rubro de gasto de capital.
En cuanto a la inversión privada, creció 2.1% en términos reales, como resultado de las mejores perspectivas económicas y de la relativa disponibilidad de financiamiento.
Finalmente, las exportaciones de bienes y servicios se incrementaron debido al comportamiento de las exportaciones no petroleras, que crecieron en un 23.7% en términos reales, como de las petroleras, que mejoraron tanto en términos de volumen como de precio, creciendo en alrededor de un 37%
Como consecuencia del mayor ritmo de actividad económica, la ocupación se vio incrementada; en términos sectoriales, los mayores aumentos en la generación de empleos se dieron en la industria de la construcción, en el sector servicios y en el sector comercio.
En consecuencia, la tasa de desocupación abierta promedio en las dieciséis principales áreas metropolitanas del país, se redujo de 3.5% en 1986 a 3.3% en 1987 de conformidad con el criterio de la Organización Internacional del Trabajo, la tasa de desempleo abierto muestra la proporción de personas mayores de doce años, que no estando ocupadas, buscaron incorporarse a alguna actividad económica durante los dos meses anteriores al levantamiento de la encuesta correspondiente.
En tal sentido, este indicador pone de manifiesto los movimientos que se registran en el empleo urbano, asociados normalmente al nivel de actividad económica, pero no permite apreciar esa misma situación en las zonas rurales, ni da cuenta de los cambios que se registran en la "calidad" del empleo; esto es, en su permanencia en el tiempo, en la gama de remuneraciones que proporciona o en su "formalidad" o "informalidad", por mencionar algunos de los factores que la determinan.
La Comisión Nacional de Salarios Mínimos, con el fin de ajustar los salarios a las condiciones inflacionarias, autorizó durante el año cinco aumentos al salario mínimo general; el salario mínimo nominal diario, en promedio y a nivel nacional, se elevó de 2 mil 243.8 pesos en diciembre de 1986 a 5 mil 496.6 pesos al finalizar 1987, con lo cual registró un crecimiento anual de 145.0%, sin embargo, el salario real promedio sufrió una caída del 6.3%
En síntesis, se puede afirmar que se avanzó en forma modesta en lo que hace a la recuperación del crecimiento, principalmente en razón al retraso con que éste se presentó ante el desfase en la disponibilidad de recursos y la persistencia de la inflación.
Los elementos impulsores en que la estrategia hizo descansar la reactivación se comportaron en forma desigual, teniendo un mejor desempeño las exportaciones, en especial las no petroleras y dentro de ellas las manufactureras, que superaron ampliamente lo previsto, y la inversión privada, suprimir que el mercado interno y la inversión pública; estos dos últimos factores de hecho continuaron limitando el crecimiento, la inversión pública volvió a contraerse en términos reales a consecuencia de la contención que se ejerció sobre el gasto programable para evitar agravar los desequilibrios en las finanzas públicas.
El servicio de la deuda externa continuo constituyendo una proporción alta de las exportaciones totales y una pesada carga para la economía en su conjunto; cabe señalar que la renegociación de los términos del servicio, el desendeudamiento de más de 10 mil millones de dólares del sector privado y una política que ha conseguido que la deuda pública externa crezca a una tasa apenas por encima de la inflación promedio anual de Estados Unidos de América en los últimos años, han sido logros positivos, pero estos avances son aún insuficientes para permitir que la economía mexicana crezca a un ritmo que permita atender los rezagos acumulados y las necesidades que plantea el crecimiento, sigue de la población. La disyuntiva entre continuar sirviendo a la deuda en los términos actuales a promover un mayor crecimiento, siendo vigente.
La evolución económica de 1987 patentiza, ente otras cosas, dicha disyuntiva.
Sector externo
El sector externo mostró un comportamiento favorable durante 1987, que obedeció a la recuperación del mercado petrolero internacional y al gran dinamismo de las exportaciones de productos no petroleros.
Como resultado de ello, se alcanzó un superávit en la balanza comercial de 8 mil 433.3 millones de dólares, mayor en 83.4% que el alcanzado en
1986; contribuyeron a dicho crecimiento, incrementos de 36.8% en las exportaciones petroleras (8 mil 629.8 millones de dólares), y de 23.7% en las exportaciones no petroleras (12 mil 026.4 millones de dólares). Las últimas superaron ampliamente la estimación establecida en los Criterios Generales de Política Económica (10 mil 500.0 millones de dólares). Dentro de las exportaciones no petroleras, las manufactureras aumentaron 39.2%, resultado que refleja los notables avances en el cambio estructural y la orientación de la planta industrial hacia el sector externo.
Por otro lado, las importaciones sumaron 12 mil 722.9 millones de dólares y fueron mayores en 6.9% que las realizadas el año anterior, mientras que las compras al exterior del sector público disminuyeron 16.9% (reducción significativamente mayor que la que registró la inversión pública), las del sector privado aumentaron 16.7%. El crecimiento de las importaciones se limitó a los bienes de uso intermedio 15.6%, reflejando este hecho la mayor orientación hacia el exterior de la planta productiva nacional; las importaciones de bienes de consumo disminuyeron 9.3% y las de bienes de capital 11.0%.
La balanza de servicios no financieros, arrojó un superávit de 2 mil 151.7 millones de dólares, superior en 96.1% al registrado el año anterior; este resultado se debió principalmente a un incremento de 16.6% en los ingresos, y una reducción de 0.5% en los egresos.
En la balanza de turismo se obtuvo un saldo positivo del 1 mil 490.2 millones de dólares los ingresos, y de un aumento de 26.4% en los egresos turísticos.
Cabe destacar que los ingresos por este concepto mostraron una tendencia ascendente en el transcurso del año; en cuanto al turismo egresivo, se observó un mayor número de turistas (16.7%), al año de 1986.
La balanza de servicios financieros, en cuyo resultado influyen en forma determinante los intereses de la deuda externa, registró un déficit de 7 mil 398.7 millones de dólares, que representa una mejoría respecto al saldo del año anterior, que fue un déficit de 7 mil 834.2 millones de dólares. Hay que resaltar que este resultado obedece a los mejores plazos y términos que se han conseguido con la renegociación de la deuda externa, a pesar de haberse registrado durante el año mayores tasas externas de interés.
Como consecuencia del mayor superávit comercial y de la reducción del déficit en la balanza de servicios, el saldo de la cuenta corriente se convirtió de un déficit de 1 mil 672.7 millones de dólares en 1986, en un superávit de 3 mil 881.2 millones de dólares en 1987.
En la cuenta de capital se obtuvo un saldo positivo de 1 mil 198.7 millones de dólares, que obedeció en gran medida al diferencial positivo de las tasas de interés reales internas respecto a las externas, a la repatriación de capitales y a la inversión extranjera directa, cuyo monto ascendió a 3 mil 248 millones de dólares, los cuales captaron principalmente mediante el mecanismo de conversión de deuda por acciones.
Como resultado del comportamiento favorable de la balanza de pagos, la reserva bruta mostró un incremento de casi 7 mil millones de dólares,. muy superior al aumento de 985.0 millones de dólares que registró en 1986. Finalmente, debido principalmente a la repatriación de capitales, el concepto errores y omisiones alcanzó un monto positivo de 855.4 millones de dólares.
La política de tipo de cambio, en combinación con otros instrumentos, se orientó a mantener en niveles aceptables la posición de activos internacionales en el país, así como a sostener un desliz mensual similar al de la tasa inflacionaria, para apoyar la competividad de las exportaciones nacionales con el exterior; de esta manera, el tipo de cambio controlado alcanzó una depreciación anual promedio de 123.5%; cabe señalar que en los primeros diez meses del año, la cotización libre del tipo de cambio controlado, por lo cual el diferencial entre ambas cotizaciones fue prácticamente nulo.
Como se señaló anteriormente, a finales del año ante presiones de carácter especulativo originadas en la persistencia de la inflación y las expectativas adversas, el Banco de México se retiró del mercado cambiario para proteger las reservas internacionales, y el 18 de noviembre devaluó el tipo de cambio libre, que con este ajuste alcanzó una devaluación de 150.9% durante el año.
Asimismo, y como parte de las medidas que antecedieron al Pacto de Solidaridad Económica, en diciembre la partida del dólar controlado se modificó 19.6% en promedio; con este movimiento, la devaluación acumulada en el año del tipo de cambio controlado ascendió a 126.4%, sin embargo, en términos reales el tipo de cambio controlado disminuyó 1.5% respecto a 1986.
Moneda y banca
La evolución económica de 1987 pone de manifiesto la especial importancia de la base monetaria,
cuyo impacto en la demanda agregada se refleja mediante los agregados monetarios a través del multiplicador; se trata de una variable muy importante y difícil de controlar, ya que no solo está vinculada a la evolución del déficit financiero del sector público, sino también estrechamente vinculada a la evolución de la balanza de pagos, producto a su vez de multitud de factores internos y externos.
En 1987, la base monetaria se incrementó en 5.9 billones de pesos, monto que representa una variación real negativa de 34.4%, que se explica en gran medida por la caída en términos reales de la captación de ahorro por medio de instrumentos bancarios sujetos a encaje (-9.6%); asimismo, los billetes y monedas en poder del público disminuyeron en términos reales 7.7%
Por el lado de las fuentes de la base monetaria, los activos internacionales crecieron 88.2% en términos reales, como resultado del comportamiento favorable de la balanza de pagos, por lo que fue necesaria la esterilización de la mayor parte de estos recursos para evitar mayores presiones inflacionarias.
Por otra parte, la oferta monetaria (MI), disminuyó 11.4% en términos realesles, principalmente a causa del aumento que registró el costo de oportunidad por mantener activos financieros que no devengan intereses en depósitos en cuentas de cheques, lo cual propició que los recursos se canalizaran a instrumentos financieros más rentables; con ello, este agregado descendió a 7.2% como proporción del producto interno bruto. 0.5% puntos porcentuales menos que en 1986.
A pesar de que a lo largo del año se ofrecieron tasas de interés positivas con objeto de seguir fortaleciendo el ahorro interno, la captación institucional, en términos reales, se redujo 4.6% respecto a diciembre de 1986, mientras que el agregado monetario más amplio (M4), disminuyó 0.4%.
El acelerado crecimiento de los precios al finalizar el año y la disminución de la captación real de ahorro, originaron que el costo porcentual promedio de captación (CPP), se elevara 9.0 puntos porcentuales respecto a 1986 (de 95.3% en diciembre de 1986 a 104.3% en diciembre de 1987), a una tasa anual promedio de 94.6%.
El total de pasivos del sistema bancario consolidado, tanto en moneda nacional como extranjera, fue de 176.1 billones de pesos , de los cuales el 46.4% (81.7 billones de pesos), correspondió a pasivos internos y el 53.6% restante (94.4 billones de pesos), a pasivos externos; del total de pasivos internos, el saldo de la captación fue de 56.9 billones de pesos, y representó una reducción en términos reales de 4.6% las obligaciones diversas ascendieron a 23.9 billones de pesos y el capital a novecientos 28 miles de millones de pesos. El ahorro interno captado por la banca comercial y de desarrollo se concentró en instrumentos de corto plazo, por ser éstos los que redituaron mayores rendimientos.
En términos reales, el saldo del financiamiento otorgado por el sistema bancario varió -11.3% respecto al año anterior; al financiamiento interno, tanto en moneda nacional como extranjera, se destinaron 131.0 billones de pesos; de este monto el 77.7% se canalizó al sector público no financiero y a intermediarios financiero públicos, y el 22.3% restante al sector privado.
El saldo del crédito total otorgado por la banca de desarrollo y la banca comercial ascendió a 125.5% billones de pesos, monto que significó un incremento nominal de 155.4% y una caída real de 1.5% respecto a 1986; del crédito manejado en 1987, el interno se distribuyó de la siguiente manera: el 71.8% se destinó al sector público no bancario, el 24.2% al sector privado, 2.8% al sector financiero y 1.2% al financiamiento no sectorizable (en 1986 los porcentajes habían sido de 72.6%, 24.1%, 2.2% y 1.1% respectivamente).
A partir de mayo, el financiamiento de la banca comercial al sector privado empezó a incrementarse en términos reales, y a partir de agosto, la canalización marginal de los bancos al sector público se redujo de 77.2% a 51.0% (tasa integrada por 10.0% de efectivo en el Banco de México, 35.0% en créditos al gobierno federal y 6.0% en créditos a la banca de desarrollo).
2. Observancia de los Preceptos Legales
Para determinar en forma preliminar el cumplimientos de los preceptos legales que rigen la actuación en materia presupuestal de las entidades y organismos del sector público, el órgano técnico de esta Cámara llevó a cabo un cuestionario que se aplicó a un número representativo de las dependencias y entidades del Gobierno Federal; se llevaron a cabo también revisiones de campo en dichas dependencias, así como el análisis de la propia Cuenta Pública.
Fue objeto de análisis la observancia de los siguientes ordenamientos: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1987; decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1987; Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento; Ley General de Deuda; Ley de Obras Públicas y su Reglamento; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles; Ley Federal de Planeación; Ley Federal de las Entidades Paraestatales; Ley de Servicio de Tesorería de la Federación; y Ley General de Bienes Muebles, ordenamientos que en conjunto constituyen el marco jurídico básico que señala los principales criterios de observancia obligatoria para las entidades y dependencias del sector público federal.
En cuanto a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el análisis comprendió principalmente las disposiciones en materia de elaboración de proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República; la delegación de facultades y adscripción de unidades administrativas; desconcentración de facultades; la expedición de manuales de organización de procedimientos y de servicios para el adecuado desempeño de las funciones; escalafones, estímulos y recompensas y condiciones generales de trabajo; y algunos aspectos relacionados con la coordinación, supervisión y evaluación de las entidades coordinadas por parte de las coordinadoras de un sector.
Respecto a la Ley de Ingresos de la Federación se solicito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que informara acerca de las disposiciones que emitió en materia de estímulos y subsidios fiscales, la concentración de los ingresos de la Tesorería de la Federación y los estímulos y subsidios otorgados por esa dependencia.
En cuento al decreto del Presupuesto de Egresos de análisis tuvo principalmente como objeto revisar la existencia de desviaciones presupuestales; las ampliaciones netas al presupuesto que se hubiesen autorizado; la creación de nuevas plazas, sus características y su autorización por parte de la Secretaría de Programación y Presupuesto; remuneraciones adicionales por jornadas extraordinarias; estímulos por eficiencia en la actuación y autorización de gastos de representación; lineamientos para el trámite de solicitudes de autorización para adquirir y arrendar bienes muebles e inmuebles; erogaciones de gastos de ceremonial, comisiones, asesorías, publicidad, propaganda, congresos, convenciones, becas y donativos ejercicio del gasto de inversiones públicas y normatividad expedida en materia de proyectos de inversión con créditos externos e inversiones financieras con cargo al Presupuesto de Egresos; erogaciones por concepto de transferencias con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación; celebración de convenios para el establecimiento de metas de déficit o superávit financiero; lineamientos respecto de las disponibilidades financieras con que se cuenta durante el ejercicio presupuestal; la adjudicación de contratos, en forma directa o mediante concursos; la ejecución de los programas y el ejercicio de los presupuestos.
Adicionalmente, se solicitó a la Secretaría de Programación y Presupuesto, como dependencia globalizadora, que informara sobre los resultados de la ejecución de los programas y el ejercicio de los presupuestos de las dependencias y entidades, así como respecto de las liquidaciones de entidades paraestatales efectuadas durante 1987.
Respecto a la Ley de Presupuesto. Contabilidad y Gasto Público Federal, se examinó el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la información que las entidades deben proporcionar a la Secretaría de Programación y Presupuesto sobre su deuda pública flotante o pasivo circulante; las autorizaciones para celebrar contratos y operaciones que rebasen las asignaciones presupuestales aprobadas para el año, así como la rendición de la información contable, financiera, presupuestal o de otro tipo que tienen obligación de proporcionar o que dicha dependencia les requiera.
En relación al reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, se revisó el cumplimiento de la obligación de fijar políticas y lineamientos para orientar y coordinar las acciones en materia de gasto público; los lineamientos y las políticas que deben establecerse para la elaboración de los programas y para la formulación y envió del anteproyecto de presupuesto; la comunicación de las normas y lineamientos a que deben sujetarse las entidades en la elaboración de sus anteproyectos de presupuesto y en el ejercicio de sus presupuestos; las normas que regulan los compromisos y los pagos; el destino de los recursos recibidos por la Administración Pública Paraestatal por concepto de trasferencias; la contratación y el nombramiento personal; el registro de las operaciones en la contabilidad dentro de los sesenta días siguientes de la fecha de su realización; el envío a la Secretaría de Programación y Presupuesto de la información financiera, contable y administrativa; la forma, los términos y la periodicidad conforme a las cuales debe presentarse a la Secretaría de Programación y Presupuesto la información contable, financiera, presupuestal, programática y económica; la rendición de la cuenta detallada de subsidios y aportaciones y la información que debe proporcionarse a la Secretaría de Programación y Presupuesto para la formulación de la Cuenta Pública.
En relación a la Ley General de la Deuda Pública, se revisó lo relativo a las medidas que debió aportar
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para vigilar que los recursos procedentes de financiamiento, constitutivos de deuda pública, se hubiesen destinado a la realización de proyectos, actividades y empresas que apoyaran los planes de desarrollo económico y social; las medidas que implantó para verificar que se hubiese autorizado la contratación de financiamiento; la autorización de financiamientos que no hayan estado comprendidos en los planes y presupuestos aprobados; y las medidas que tomó para vigilar que se incluyeran en los presupuestos de las dependencias y entidades del Sector Público os montos necesarios para satisfacer sus compromisos derivados de la contratación de financiamientos, y que se mantuviera actualizado el registro de obligaciones financieras constitutivas de deuda pública. Por otro lado, se preguntó a las dependencias y entidades del sector público si llevaron los registro de financiamiento como establece el artículo 23 de esta ley, y si comunicaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los datos de los financiamientos controlados y sus movimientos.
Por lo que hace a la Ley de Obras Públicas, se examinó lo relativo a la planeación de las obras; la elaboración de programas de obra; la formulación de los presupuestos de obras; contratos de servicios relacionados con obra pública; la obligación de las dependencias y entidades de verificar que en sus archivos o en los de dependencias y entidades afines existen estudios o proyectos en la materia; la realización de obras; las formas de adjudicación de los contratos; convocatorias a concursos; el otorgamiento y la constitución de garantías; personas impedidas para celebrar contratos de obra pública; dictámenes de adjudicación de contratos; la presentación de propuestas y celebración de contratos; la formalización de los contratos: las fecha de iniciación de las obras; las modificaciones de los contratos; inscripciones, suspensiones y cancelaciones del registro en el padrón de contratistas el levantamiento de actas de entrega - recepción de las obras; la comunicación a la Secretaría de Programación y Presupuesto o a la Coordinadora de Sector del avance físico y de los costos de las obras por administración directa; el envío a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de las copias de los títulos de propiedad y de los datos sobre la localización de las obras; el registro de los gastos de conservación mantenimientos; la contratación directa de obra pública en los casos excepcionales; el ajuste de los montos de las obras a los lineamientos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para efectos de Presupuesto de Egresos de la Federación para efectos de concursos; el envió a las coordinaciones de sector de la información relativa a las obras que se realicen o contraten, así como la que haya sido solicitada; la conservación de la documentación comprobatoria de las obras; el control de las fases de la ejecución de las obras y las visitas e inspecciones a las obras que podrán realizar la Secretaría de Programación y Presupuesto, la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y las dependencias coordinadoras de sector que correspondan.
En relación con el reglamento de la Ley de Obras Públicas, la revisión comprendió lo relativo a estudios de preinversión; la elaboración de los programas y del presupuesto anual de obras; el envío de los programas de inversión de las coordinadoras y coordinadas a la Secretaría de Programación y Presupuesto; La obtención de las autorizaciones y licencias correspondientes para la realización de obras públicas; las solicitudes de suspensión y cancelación del registro de contratistas, así como la obligación de la Secretaría de Programación y Presupuesto de publicar el padrón de contratistas y de informar a las dependencias y entidades de las inscripciones, suspensiones y cancelaciones que se lleven a cabo con posterioridad a la publicación de dicho padrón; el procedimiento para negar la inscripción o para suspender o cancelar el registro en el padrón de contratistas de obras públicas; el proceso de adjudicación en los concursos; el otorgamiento de garantías, así como su monto, el otorgamiento de anticipos; los requisitos que deben cumplir los interesados para contratar, la información y documentación que las entidades y dependencias deben proporcionar a los interesados para elaborar su proposición; los requisitos para presentar proposiciones; la adjudicación de los contratos y el dictamen de justificación; la firma de los contratos; los pagos de anticipos, estimaciones y ajustes de obras; los gastos financieros; el levantamiento de actas de entrega - recepción; la verificación de costos y la rescisión de contratos; y la elaboración de dictámenes de obras adjudicadas directamente.
En relación con la sujeción a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles, fueron objeto de análisis la prohibición de que las dependencias y entidades formalicen o modifiquen pedidos y contratos cuando no exista saldo disponible en su presupuesto ; la adoptación de sistemas y procedimientos tendientes a la simplificación administrativa, a la descentralización de funciones y a la delegación de facultades; la obligación de que las adquisiciones, arrendamientos y contrataciones de servicios se sujeten al Plan Nacional de Desarrollo, y estén previstos en los programas sectoriales y en los demás programas; el envió oportuno de la información solicitada por las coordinadoras sectoriales a sus entidades coordinadas; el óptimo aprovechamiento de los recursos destinados a las adquisiciones, arrendamientos y contrataciones de servicios; las medidas tomadas para
garantizar la adecuada conservación y destino de los bienes adquiridos y arrendados; la prohibición de fincar pedidos o celebrar contratos con personas que no estén inscritas en el padrón de proveedores; la suspensión y cancelación del registro de los proveedores por parte de la Secretaría de Programación y Presupuesto, por causas señaladas en la misma ley; las adjudicaciones directas y las licitaciones públicas; los financiamientos otorgados a proveedores; y el cumplimiento de las proposiciones y la correcta aplicación de los anticipos otorgados.
También se examinó lo referente a la adjudicación de pedidos y contratos sin celebrar las licitaciones públicas que prevé el artículo 26; la modificación de pedidos y contratos conforme a las condiciones establecidas en la ley; la presentación de propuestas por parte de personas físicas o morales no autorizadas, y la adjudicación de pedidos y contratos a este tipo de personas; la contratación de pólizas de seguro para garantizar los bienes adquiridos o arrendados; el pago oportuno a proveedores; la rescisión de contratos o la cancelación de pedidos por incumplimiento de los proveedores o por razones de interés general; y el control de los procedimientos, actos y contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y servicios.
En lo que corresponde a la Ley de Planeación, se examinó lo referente a la planeación y conducción de las actividades en relación con los objetivos y prioridades del Sistema Nacional de Planeación Democrática del Desarrollo, su verificación y coordinación por parte de la Secretaría de Programación y Presupuesto, los casos en que a las dependencia y entidades no les fue posible conducir sus acciones de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo y con los programas sectoriales, y en particular, las desviaciones que pudieran haberse presentado en el cumplimiento de los objetivos y prioridades de los programas institucionales.
Por lo que toca a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, se requirió a las entidades coordinadas que informaran acerca de la eficacia de las políticas de desarrollo, sobre los mecanismos y medidas que hubieran implantado sus coordinadoras de sector para conocer la operación y evaluación de los resultados de su gestión y para racionalizar los flujos de información; sobre la periodicidad con que se reúne su consejo de administración; si ajustaron sus objetivos a los programas de Planeación, al Plan Nacional de Desarrollo, a los programas sectoriales y a las asignaciones de gasto y financiamiento autorizadas; si tomaron en cuenta las directrices establecidas en ellos para formular, en su caso, sus programas institucionales; y si se hicieron modificaciones a dichos programas.
Por otra parte, se solicitó a la Secretaría de Programación y Presupuesto que informara sobre aspectos tales como la fecha en que se publicó la relación de las entidades paraestatales que forma parte de la administración pública federal; si algún organismo descentralizado dejó de cumplir sus fines u objetivos; si se propuso al Ejecutivo Federal la disolución, liquidación o extinción de esos organismos; y si para ello se tomó en cuenta la opinión de las coordinadoras de sector respectivas.
También, se le requirió información acerca de la emisión de lineamientos generales en materia de gasto y de las propuestas que hubieran hecho los órganos de gobierno de las entidades paraestatales, para establecer convenio de fusión con otras entidades; a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se le pidió que informara sobre la emisión de los lineamientos en materia de programas financieros, así como de su cumplimiento por parte de las entidades paraestatales.
En lo referente a la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación, se requirió información a las dependencias del gobierno federal concentrar a la Tesorería de la Federación todos los fondos recaudados, así como sobre la constitución de garantías del interés fiscal a favor de la Tesorería; se revisó la operatividad del Sistema de Compensación, para extinguir los créditos y adeudos recíprocos y correlacionados, líquidos y exigibles, el cual está a cargo de esa Tesorería; se solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que informara acerca de los resultados de las operaciones de compensaciones de adeudos que prevé el artículo 91; y por lo que se refiere al artículo 92, se interrogó a las dependencias del Gobierno Federal respecto al registro de los créditos no fiscales en su contabilidad.
Respecto a la Ley General de Bienes Nacionales, se solicitó a las dependencias y entidades públicas que informaran sobre los datos o documentos que les solicitó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en relación con los inmuebles de su propiedad o en su posesión, si cumplieron la obligación de recabar la autorización previa de esa dependencia para adquirir o arrendar inmuebles, y si obtuvieron los dictámenes de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales correspondientes a sus operaciones de adquisición, enajenación y arrendamiento de inmuebles.
Conclusiones y Recomendaciones
Del análisis efectuado y de la información que recabó la Contaduría Mayor de Hacienda, para verificar en forma preliminar y general la observancia de los preceptos legales por parte de las
dependencias y entidades del Gobierno Federal, se desprenden las siguientes conclusiones:
Por lo que respecta a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se considera que en términos generales, se cumplió con dicho ordenamiento.
En lo que corresponde a la Ley de Ingresos de la Federación, se concluye que en general se cumplió debidamente, aunque se presentaron algunos retrasos en la entrega de la cuenta comprobada.
Por lo que se refiere al decreto el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1987, del análisis efectuado se concluye que se cumplió adecuadamente en términos generales; no obstante, se observaron variaciones en el ejercicio del presupuesto; fallas de comunicación entre las dependencias coordinadoras y las entidades coordinadas, así como entre éstas y la Secretaría de Programación y Presupuesto; y algunos casos en que se efectuaron ampliaciones sin contar con las autorizaciones correspondientes.
Por lo que toca a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y a su reglamento, se observó que en general se cumplieron las normas presupuestales, aunque se detectaron algunos incumplimientos y retrasos en la información que se debe proporcionar a la Secretaría de Programación y Presupuesto y a las coordinadoras sectoriales.
En cuanto a la Ley General de Deuda Pública, se considera que se cumplió adecuadamente en términos generales.
Por lo que respecta a la Ley de Obras Públicas ya su reglamento, se cumplió en general, si bien se observaron algunos incumplimientos en los siguientes aspectos: verificación en los archivos de la existencia de proyectos similares, elaboración de programas de ejecución, presentación de garantías, inicio de las obras en las fechas pactadas, celebración de convenios adicionales, montos máximos establecidos en el Presupuesto de Egresos para contratar obras en forma directa, elaboración de actas de entrega - recepción, solicitud de autorizaciones para ejecutar las obras, otorgamientos de anticipos y formulación de dictámenes para adjudicar obras en forma directa.
En cuanto a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles, se observó que sus disposiciones se cumplieron en términos generales, sin embargo, se detectaron incumplimientos en materia de formalización de pedidos, sujeción al marco de planeación, envío de información a las coordinadoras sectoriales, supervisión a las entidades coordinadas, mantenimiento de bienes en condiciones apropiadas, montos máximos establecidos en el decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación y pago a proveedores en los plazos estipulados.
Con relación a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, su cumplimiento también fue adecuado; no obstante, se observó falta de comunicación entre algunas entidades coordinadas y sus dependencias coordinadoras, así como problemas en el flujo de información, además, la Secretaría de Programación y Presupuesto no publicó la lista de entidades paraestatales de la Administración Pública Federal.
Por lo que respecta a la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación, del análisis efectuado se concluye que se cumplió en términos generales, sin embargo, se detectaron algunos problemas en la aplicación del Sistema de Compensación.
En relación con la Ley General de Bienes Nacionales, de la información captada al respecto se desprende que se cumplió en términos generales; no obstante, se detectaron algunos incumplimientos de las normas aplicables a las adquisiciones y arrendamientos.
Por último, es pertinente dejar asentado que, se puede concluir que en términos generales, el gobierno federal cumple satisfactoriamente los preceptos legales que le atañen. La Contaduría Mayor de Hacienda, conforme a lo establecido en la ley, deberá profundizar la revisión de la legislación aplicable en las auditorías específicas que practique respecto a la gestión financiera que llevó a cabo el Gobierno Federal durante 1987, e informar sobre el particular a la Cámara de Diputados en su informe de resultados correspondientes al ejercicio de 1987.
3. Resultados de las Finanzas Públicas
3.1 Resultados Generales
En el marco de la política económica propuesta para 1987, la estrategia de finanzas públicas planteó acciones en tres frentes:
a) En materia de ingresos, el esfuerzo planteaba mantener el proceso de actualización de los precios de bienes y servicios producidos por el sector
público, una reforma fiscal encaminada a ampliar la base gravable que permitiera reducir las tasas impositivas y a la vez incrementar la recaudación, así como simplificar la administración tributaria y reducir la evasión y elusión fiscal.
b) En cuanto al gasto público, se ejercería en un marco de disciplina y austeridad, buscando la recomposición del gasto programable, centrado en la reducción del gasto corriente y la reactivación moderada del de inversión en las áreas estratégicas y prioritarias, así como continuar el proceso de redimensionamiento del sector público.
c) Se daría continuidad a la recalendarización de pagos externos, para propiciar el crecimiento de la economía nacional.
En particular se propuso aumentar el superávit primario de 3.3% del producto interno bruto en 1986 a 6.6% en 1987; reducir el déficit operacional de 1.7% a entre uno, entre cero y 1.0% del producto;; y abatir el uno total de recursos financieros por el sector público, que pasaría de 16.8% a 13.8% del producto interno bruto.
El logro de estas metas se apoyaba en un aumento de la recaudación no petrolera de 1.3% del producto interno bruto; un aumento de organismos y empresas vía precios y tarifas equivalente a 0.6% del producto interno bruto, la reducción del gasto programable en medio punto como resultado de un aumento de 0.5% en la inversión y una reducción de un punto en el corriente; una reducción de 0.9 puntos en otros rubros de ingreso - gasto. Se previó un desendeudameinto interno en términos reales, y un calendario de ejercicio del presupuesto más reducido en los primeros meses del año.
El conjunto de parámetros macroeconómicos que sirvieron de base al presupuesto original, como ya ha sido señalado en el apartado de panorama económico, sufrió importantes modificaciones; esta situación dificulta el análisis de las variaciones presupuestales observadas durante 1987, en el sentido de precisar las causas que les dieron origen, dada la naturaleza diversa de los distintos rubros de gasto y la forma en que éstos son afectados y afectan a las variables macroeconómicas.
Una primera aproximación general, permite observar que el saldo global de las finanzas públicas del sector público presupuestal, fue de 25.6 billones equivalente al 13.1% del producto interno bruto, superior en 1.1% a lo observado en 1986 y también superior a lo programado originalmente.
Visto por grandes rubros, esta variación fue producto de un mayor gasto no programable, fundamentalmente lo referente a gastos financieros, debido a una evolución de las tasas de interés internas y externas y del desliz del peso, mayores al previsto. En términos del producto interno bruto, el gasto no programable ascendió de 24,5% en 1986 a 29.9% en 1987, destacando dentro de este rubro el pago de servicios de la deuda que ascendió a 20.5 puntos, muy superior a lo programado.
El gasto programable por su parte, se redujo en 1.6 del producto interno bruto, superando así el esfuerzo programado; en este resultado influye una reducción de 1.1 del producto interno bruto en el gasto corriente y una reducción de 0.5% de la inversión, ello significa que a pesar de la mayor inflación y en consecuencia mayores salarios, se logró reducir el gasto programable y contener el crecimiento del gasto corriente, según lo propuesto, sin embargo, debe señalarse que no fue posible reactivar la inversión pública.
Los ingresos totales por su parte, aumentaron en 0.5 del producto, llegando a 58.7 billones; no obstante, no se alcanzó la meta prevista. En este hecho influyó en forma positiva, el mejor desempeño de los ingresos petroleros dado mayores del resto de los organismos disminuyeron su participación, como resultado de que sus precios y tarifas se vieron rezagados respecto a la inflación observada durante el año. Finalmente, los ingresos del Gobierno Federal se mantuvieron como proporción del producto, dentro de lo previsto.
Si se analiza la situación de las finanzas públicas, descontando los conceptos de gasto vinculados al servicios de la deuda, se observa que se cumplió lo propuesto; así, el balance al 0.8% del producto interno bruto; el balance primario también fue positivo de 5.4% del producto interno bruto.
3.2 Política de Ingresos
Durante 1987, el Ejecutivo Federal se propuso que el déficit económico del sector público se redujera en 3% del producto interno bruto; para ello, se planteaba un esfuerzo para aumentar la recaudación tributaria en 1.3%. Adicionalmente, las empresas del sector público aportarían 1.2%, derivado de una recuperación de sus ventas y de la revisión periódica y gradual de precios y tarifas; con el esfuerzo de recaudación, se trataba de recuperar la carga fiscal que se había perdido en los últimos años, debido al deterioro que la inflación había causado en la base gravable; se proponía crear condiciones que simultáneamente propiciaran la eficiencia y combatieran la inflación, además, con el fin de proteger la planta productiva durante la transición, los ajustes se harían de manera gradual a lo largo de cuatro años.
En la reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se propuso reducir la tasa máxima de 42% a 35%; no obstante, se estimaba incrementar la recaudación debido a la ampliación de la base gravable y a una mayor cobertura de causantes.
La iniciativa de Ley de Ingresos estimaba captar un total de ingresos, tanto presupuestales como derivados de financiamiento por 86 billones 211 mil 817.1 millones de pesos, con lo que se cubría un monto equivalente al gasto propuesto en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
Del total de ingresos arriba mencionados, 39 billones 308 mil 784 millones de pesos consistían en financiamiento bruto, y el resto, es decir 46 billones 903 mil 033 millones de pesos, provendrían de ingresos tanto corrientes como de capital.
Si del financiamiento bruto arriba mencionado se deducían las amortizaciones, el gasto que se estimaba no se ejercería y el incremento de pago en trámite (adeudos de ejercicios fiscales anteriores), se obtenía un financiamiento neto de 19 billones 060 mil 800 millones de pesos, que era el endeudamiento neto solicitado para cubrir el déficit presupuestal; adicionalmente, debe agregarse 1 billón 984 mil 200 millones de pesos de endeudamiento, para cubrir el déficit del sector paraestatal no incluido en el presupuesto y el déficit por intermediación financiera; sumando esas dos cantidades, se llegó a la cifra total de endeudamiento neto solicitado, que ascendió a 21 billones 045 mil millones de pesos.
El total de ingresos presupuestales que se proponía captar, 29 billones 101 mil 929 millones de pesos, correspondían a ingresos del Gobierno Federal y 17 billones 801 mil 113 millones de los organismos y empresas controladas.
En particular, en el concepto de impuestos se estimaban 18 billones 139 mil millones de pesos, provenientes fundamentalmente del Impuesto Sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y los impuestos al comercio exterior.
La política de ingresos propuesta para 1987, en lo que se refiere a aspectos tributarios y de precios y tarifas, perseguía el propósito de abatir la inercia inflacionaria, pues por un lado con las reformas al impuesto sobre la renta, se buscaba eliminar el deterioro crónico de la base gravable propiciada por la inflación; y en cuanto a precios y tarifas, se pretendía una política gradualista que minimizara el impacto sobre la inflación, además, la política arancelaria al propiciar una estructura más racional de tarifas y reducir restricciones cuantitativas, permitiría también moderar ganancias derivadas de la operación en un mercado cautivo y protegido en exceso. (Cuadro I.1).
En conclusión, se consideraba que las reformas tributarias, los criterios para la política de precios y tarifas, la política arancelaria y de comercio exterior, así como las metas de déficit público, fueron en conjunto consistentes entre sí y en conjunto coadyuvarían a reducir la inflación.
Ingresos del Sector Público
Para alcanzar la meta de ingresos del sector público, se realizó una importante reforma fiscal que eliminó los efectos negativos de la inflación sobre los impuestos que pagan las sociedades mercantiles, y modificó la estructura de financiamiento del gasto; se combatió la evasión y la elusión fiscales mediante medidas de modernización, coordinación y reestructuración de los sistemas administrativos y de fiscalización, y se emprendió el programa de corrección de precios y tarifas de los organismos y empresas públicas.
Al finalizar el ejercicio de 1987, los ingresos totales del sector público fueron mayores en 27.5% que los presupuestados, ya que ascendieron a un total de 109 mil 951.9 millones de pesos, de los cuales el 53.3% correspondió a los ingresos ordinarios y el 46.7% a financiamientos; dentro de los primeros, sobresalieron los ingresos corrientes con el 99.3% y el 0.7% restante estuvo constituido por ingresos de capital.
Los ingresos corrientes. Destacaron los provenientes de la venta de bienes y servicios, fueron de 18 mil 696.4 miles de millones de pesos, cifra superior en 134.7% a la obtenida del año anterior y en 10.6% a la estimada para el ejercicio, debido al ajuste de los precios y tarifas del sector público y al aumento de sus ventas.
Los ingresos tributarios ascendieron a 16 mil 650.5 miles de millones de pesos, que fueron mayores en 147.7% con relación a 1986 y en 15.2% respecto a los presupuestados. Como resultado básicamente de la reforma fiscal que permitió aumentar la recaudación y ampliar la base gravable, así como del incremento de los precios y tarifas de los bienes y servicios gravados, a este incremento, el Impuesto al Valor Agregado contribuyó con 1 mil 025.5 miles de millones de pesos y el Impuesto Sobre la Renta con 931.0 miles de millones de pesos, representando el 89.3% de la variación registrada.
Por concepto de ingresos petroleros se obtuvieron 14 mil 298.9 miles de millones de pesos, que representaron un aumento de 190.3% con respecto a
1986 y de 31.1% en comparación con lo previsto, (Cuadro I.2).
Los ingresos no tributarios ascendieron a 3 mil 445.9 miles de millones de pesos, monto superior en 159.3% al obtenido el ejercicio anterior y en 125.1% al presupuestado, debido principalmente al aumento de los ingresos por concepto de productos y aprovechamientos.
Las cuotas de seguridad social alcanzaron un monto de 3 mil 027.3 miles de millones de pesos, mayor en 140.2% que el de 1986 y en 40.6% que el presupuestado originalmente; este aumento obedeció al incremento del número de asegurados (4.7%), y de los salarios mínimos (117.6% en total), que se revisaron en cinco ocasiones durante el año. (Cuadro I.3).
Por ingresos diversos de organismos y empresas, se captaron 2 mil 022.0 miles de millones de pesos, monto superior en 189.5% al recaudado en el ejercicio anterior y en 135.7% al previsto originalmente, debido principalmente a que Petróleos Mexicanos obtuvo intereses por depósitos financieros, y a que se manejaron adecuadamente las disponibilidades de recursos.
En cuanto a los ingresos de capital, ascendieron a 406.4 miles de millones de pesos, de los cuales el 70.5% correspondió a recuperaciones de capital, y el 29.5% a la venta de inversiones y a ingresos derivados de erogaciones recuperables.
Por último, los ingresos por financiamiento fueron de 51 mil 301.7 miles de millones de pesos, monto mayor en 206.3% que el captado en 1986 y en 30.5% que el presupuestado, correspondiendo 83.5% a financiamiento interno y 16.5% a externo; la variación se debió principalmente a la necesidad de contar con recursos para apoyar programas de inversión vinculados con sectores prioritarios, respaldar los incrementos salariales y las amortizaciones del servicio de la deuda.
Política de Deuda
En la Ley de Ingresos de 1987, se estableció que con el propósito de lograr un crecimiento económico mayor que el de la población, y considerando los márgenes de maniobra disponibles para aumentar el ahorro político y el privado, se estimaba necesario recurrir a un máximo de 9 mil 900 millones de dólares de créditos externos durante 1987.
En la Ley de Ingresos se autorizaron para contratar durante 1987, parte o la totalidad de los créditos que no fueron contratados durante 1986 hasta por 3 mil 500 millones de dólares, estos últimos correspondientes a 1986, más los créditos normales por 4 mil millones de dólares que se solicitaba contratar para 1987 y los dos de contingencia por 2 mil 400 millones de dólares mencionados, resultan un total de 9 mil 900 millones de dólares, cifra equivalente de acuerdo a una tasa de cambio promedio de 1 mil 270 pesos por dólar, a 12 billones 573 mil millones de pesos; esta última cifra, es precisamente el monto total de endeudamiento externo autorizado en el artículo 3o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1987.
Se autorizaron también 8 billones 472 mil millones de pesos de endeudamiento interno, los cuales sumados al endeudamiento externo arriba mencionado, da un endeudamiento neto total por 21 billones 045 mil millones de pesos.
Deuda Pública
En los últimos años, la política de deuda se ha enfocado a mejorar las condiciones de pago del servicios de la deuda externa del sector público, una nueva etapa del proceso que se inició en 1986 y culminó en marzo de 1987; como resultado de las negociaciones efectuadas al respecto, la banca extranjera aceptó implícitamente su corresponsabilidad en el excesivo costo financiero de la deuda, lo cual sentó las bases para encontrar fórmulas que permitan avanzar en la recuperación económica y en el cambio estructural.
El sector público reestructuró el 83.6% de su deuda a un plazo de veinte años con siete de gracia, mientras que al 16.4% restante fue calendarizado a un plazo de diez años con cinco de gracia; el diferencial que cobran los acreedores se redujo de 1.875% a 0.8125% sobre la tasa libor, además, se negoció una línea de crédito por 14.4 miles de millones de dólares. De ese monto, el 16.7% correspondió a un crédito contingente que operaría en caso de que el precio del barril de petróleo se redujera a menos de nueve dólares por barril, o de que la economía no mostrara signos de recuperación en el primer trimestre de 1987; sin embargo, ninguna de las dos situaciones de presentó, en consecuencia, sólo se recibieron 9.1 miles de millones de dólares, de los cuales el 49.4% fue aprobado por la banca privada internacional, el 29.7% por organismos multilaterales, el 12.1% por el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento y por el Banco Interamericano de Desarrollo, y el 8.8% por el Fondo Monetario Internacional.
El saldo de la deuda al 31 de diciembre de 1987 ascendió a 217 mil 790.3 miles de millones de pesos, monto superior al alcanzado el año anterior en 159.5% (133 mil 877.4 miles de millones de
pesos), este incremento se debió en 71.7% a la revaluación de la deuda, en 25.0% al endeudamiento y en 3.3% a la asunción de pasivos y operaciones virtuales. El mayor efecto de la revaluación correspondió al saldo del Gobierno Federal con el 69.4% mientras que los organismos y empresas participaron con el 30.6 restante. (Cuadro I.4).
Por lo que se refiere al servicio de la deuda, ascendió a 61 mil 172.7 miles de millones de pesos, lo cual significó un incremento de 183.8% en relación con el año anterior y de 26.8% respecto a lo presupuestado, debido principalmente al pago de servicio de la deuda interna. (Cuadro 1.5).
El incremento del precio internacional del petróleo y el nuevo perfil de pagos de la deuda externa , permitieron que el servicio de la deuda externa con relación a las exportaciones del sector público, disminuyera de 95.1% en 1986 a 71.8% en 1987.
El financiamiento total obtenido en 1987 ascendió a 51 mil 301.7 miles de millones de pesos, de los cuales el 83.5% provino de fuentes internas y el 16.5% de fuentes externas. Una vez descontada la amortización, se llegó a un financiamiento neto de 30 mil 151.7 miles de millones de pesos, que rebasó en 237.7% al registrado el año anterior y en 30.2% a lo autorizado; este incremento se debió casi en su totalidad al financiamiento neto interno. (Cuadro I.6).
Una vez definida la estructura de pagos, el sector público estableció nuevos mecanismos para disminuir el saldo de la deuda; esta nueva etapa en el manejo de la deuda se inició en 1986, con la sustitución de la deuda externa por inversión (SWAPS), mecanismo por el cual en 1986 y 1987 se amortizaron 362.9 y 1 mil 800.0 millones de dólares, respectivamente, sin embargo, debido a que generaba presiones inflacionarias, este mecanismo se suspendió en noviembre de 1987, y al mes siguientes se dio a conocer una forma novedosa para el pago de la deuda externa, que consiste en canjearla por "bonos cupón cero".
Conclusiones y Recomendaciones
Durante los primeros meses de 1987, el comportamiento de las principales variables macroeconómicas indicaba que la economía marchaba adecuadamente, ya que el precio del petróleo había rebasado los doce dólares por barril, el sector externo se fortalecía y se acumulaban reservas excedente; el área de preocupación seguía siendo la inflación, que si bien se estaba estabilizando, lo hacía a niveles muy altos.
No obstante, en octubre de ese año las expectativas se modificaron drásticamente con la caída de la Bolsa Mexicana de Valores, que disparó una inflación a niveles históricos; ello dio lugar a una fuerte devaluación del peso respecto al dólar estadounidense, y se incrementaron las tasas de interés internas, lo cual aunado a las altas tasas externas, provocó que el servicio de la deuda creciera considerablemente con relación al presupuestado.
En estas condiciones, las finanzas del Gobierno Federal se vieron afectadas negativamente, ya que los recursos del sector público resultaron insuficientes para apoyar el proceso de recuperación económica y avanzar en el saneamiento de sus finanzas, a pesar de que la recaudación tributaria aumentó 5.2 puntos porcentuales con relación al producto interno bruto.
Ante esta situación, el gasto público se ejerció en un marco de austeridad y disciplina presupuestal, y se canalizó a las áreas que influyen directamente en el bienestar social; ello permitió ampliar la cobertura de los servicios sociales como educación, salud, vivienda y abasto de productos básicos a la población en general.
En lo referente al gasto programable, su participación dentro del total se redujo de 33.5% en 1986 a 28.6% en 1987, y las transferencias disminuyeron en términos reales.
En contraste, la participación del gasto no programable en el total aumentó de 66.5 % en 1986 a 73.6% en 1987, debido principalmente al elevado servicio de la deuda.
El saldo de la deuda también se incrementó, sobre todo a consecuencia de la revaluación de la deuda externa, de la asunción de pasivos y de las mayores necesidades de financiamiento, lo que hace necesario continuar con la reestructuración de la deuda externa para adecuarla a la capacidad de pago del sector público; a causa de lo anterior, se interrumpió el proceso de saneamiento financiero del sector central, lo cual se reflejó en el déficit financiero que aumentó 33.3% en comparación con el previsto.
La política establecida en la Ley de Ingresos para los organismos y empresas, se proponía aumentar en medio punto del producto interno bruto, sus ingresos propios mediante el ajuste de los precios y tarifas de los bienes y servicios que producen, con objeto de superar los rezagos acumulados hasta el año anterior, procurando no generar presiones inflacionarias; asimismo, buscaba reducir su dependencia tanto de los subsidios y aportaciones que les otorga el Gobierno Federal como de los financiamientos, sobre todo externos.
Dichos propósitos no pudieron alcanzarse completamente, debido a que los ajustes efectuados a los
precios y tarifas de los organismos y empresas no fueron suficientes para compensar los efectos de la inflación y del deslizamiento cambiario sobre su gasto, ello provocó que el déficit presupuestal se incrementara en relación con el previsto y aumentó los requerimientos de transferencias.
Con los recursos ejercidos, el sector paraestatal se propuso contribuir a alcanzar un crecimiento económico moderado en un marco de estabilidad financiera, para lo cual se fortalecería a las entidades que realizan actividades estratégicas y prioritarias, y se desincorporaría a las restantes conforme a la estrategia de cambio estructural. Como resultado, a finales de 1987 se hallaban en proceso de venta, función, liquidación o transferencia setecientas entidades, de las cuales desincorporó aproximadamente al 60%.
Esas acciones estuvieron acompañadas de un proceso de reconversión industrial y de reorganización administrativa, con el propósito de incrementar la eficiencia de las entidades; en este sentido, destacaron los esfuerzos realizados por Siderúrgica Mexicana, Azúcar, S. A. de C. V. y Fertilizantes Mexicanos.
En materia de deuda externa, se continuó con su renegociación, a fin de mejorar el perfil de vencimientos, y de esta manera, liberar recursos para continuar con el proceso de reconversión industrial.
En términos generales, las entidades mejoraron su situación financiera, debido básicamente a las políticas de ingresos y gastos aplicadas en el año, a la liberación de compromisos mediante la asunción de pasivos realizada por el Gobierno Federal y a la renegociación de la deuda, que difirió los pagos de principal; sin embargo, es innegable que el hecho de que se subestimen las variables económicas que sirven de base, para elaborar el presupuesto (como tasas de interés, tipo de cambio e inflación principalmente), influye en las adecuaciones que se realizan posteriormente a las previsiones originales, y por tanto, da como resultado las variaciones presupuestarias.
Es necesario que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se especifiquen los montos de los recursos que se destinan anualmente a intensificar el proceso de reconversión industrial del sector paraestatal, así como las entidades beneficiadas con ellos.
A fin de conocer el avance alcanzado en el redimensionamiento del sector paraestatal, es necesario que la Secretaría de Programación y Presupuesto indique en la Cuenta Pública, cuántas de las 1 mil 155 entidades que se previó desincorporar al inicio de la actual administración, fueron desincorporadas o están en proceso de venta, fusión, liquidación o transferencia; los montos que se hayan obtenido por la venta de empresas y el rubro de ingresos donde se hayan registrado.
Por último, en virtud de que de 1986 a 1987, la participación del gasto programable en el gasto total del Gobierno Federal descendió de 33.5% a 26.4% mientras que la del gasto no programable aumentó de 66.5% a 73.6%, y que ello reduce importantemente el margen de maniobra para la consecución de los propósitos nacionales, es necesario que se tomen las medidas que procedan para revertir esa tendencia, la más obvia de las cuales sería disminuir el servicio de la deuda pública.
3.3 Política de Gasto
3.3.1 Propósitos y Metas de la Política de Gasto
En 1987, al igual que en los años precedentes, la política de gasto continuó constituyendo uno de los elementos fundamentales en la estrategia de reordenación económica y cambio estructural, que se propuso en el Plan Nacional de Desarrollo 1982 - 1988.
Los objetivos particulares de la promoción del desarrollo social, la prestación de servicios básicos y el establecimiento de un sistema de subsidios de mayor transparencia, eficiencia y equidad, así como los propósitos de hacer uso del gasto en condiciones de financiamiento sano, concentrarlo en la atención de las áreas prioritarias y estratégicas y utilizarlo como apoyo en la reordenación territorial de la actividad económica, procurando en todos los casos un ejercicio caracterizado por su honradez y disciplina, continuaron siendo criterios invariables de la política de gasto.
En 1987, la estrategia económica se propuso apoyar mediante el gasto, un crecimiento moderado, fortalecer la generación de empleos, continuar atendiendo las necesidades sociales básicas, contribuir a proteger el salario real, fomentar las empresas productivas, apoyar las exportaciones no petroleras y continuar el esfuerzo de saneamiento financiero del sector público.
Para alcanzar estos objetivos, se propuso reducir el gasto programable mediante una reducción del gasto corriente y a la vez se planteó un crecimiento de la inversión pública; para ello, se requería otorgar mayor eficiencia y productividad al gasto corriente, limitando el de administración pública y el resto de los sectores, a fin de permitir el crecimiento de las áreas de educación, salud, defensa y procuración de justicia.
Se propuso también avanzar en la reconversión de sectores estratégicos y prioritarios, en especial Siderúrgica Mexicana, Fertilizantes Mexicanos, Ferrocarriles Nacionales de México, Azúcar, y Comisión Federal de Electricidad.
La consecución de estos propósitos requería enfatizar el cumplimiento de los criterios de austeridad, racionalidad y disciplina en el uso de los recursos, su adecuada calendarización y el establecimiento de mecanismos para el seguimiento del ejercicio presupuestal.
3.3.2 Resultados Generales
Las condiciones económicas generales, especialmente en lo que hace a inflación, tipo de cambio, intereses y salarios rebasaron ampliamente los supuestos presupuestales, por lo que se registraron importantes variaciones en los ejercicios del gasto correspondiente; por ello, además de las diferencias nominales entre lo presupuestado y lo gastado, conviene tener a la vista la participación de los diversos conceptos dentro del gasto total, y de cada uno en relación con el ejercido el año anterior. La revisión cubrirá en diferentes apartados el sector público presupuestario, al Gobierno Federal y a los organismos y empresas controlados; la mayor atención se dará a los conceptos de gasto que fueron elementos clave en la estrategia: la inversión, las transferencias y la orientación sectorial del gasto programable.
3.3.2.1. Sector Presupuestario
Debido a las condiciones económicas prevalecientes, fue necesario realizar adecuaciones al presupuesto del sector público presupuestario, que en conjunto ascendieron a 22 mil 146.6 miles de millones de pesos; de ellos, el 81.2% correspondió al gasto corriente, el 7.6% al gasto de capital y el 11.2% restante a la amortización. El total pasó así de 86 mil 211.8 presupuestado originalmente a 107 mil 435.3 ejercidos, de los cuales unos 1 mil 800 miles de millones de pesos fueron operaciones virtuales de egresos. (Cuadro I.7).
En efecto, el aumento de las tasas de interés internas y externas repercutió directamente en el pago de interese de la deuda, por lo cual se realizó una adecuación al presupuesto de 9 mil 055.9 miles de millones de pesos, monto al que correspondió la mayor participación relativa en el incremento bruto (40.9%); el concepto de nuevas necesidades ocasionó la segunda adecuación de importancia, que ascendió a otros 5 mil 760.0 miles de millones de pesos (26.0% de la variación presupuestal).
Como resultado del total de las adecuaciones, el gasto público ejercido en 1987 fue de 105 mil 609.1 miles de millones de pesos; de ese monto, el 62.9% se destinó a gasto no programable y el 37.1% a programable. (Cuadro I.8).
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario
El gasto programable ascendió a 39 mil 222.7 miles de millones de pesos, de los cuales el 74.7% correspondió a gasto corriente y el 2.5% al gasto de capital; los egresos corrientes fueron de 29 mil 313.1 miles de millones de pesos, monto superior en 126.5% al ejercido en 1986 y en 20.2% al estimado.
El mayor ejercicio del gasto corriente, correspondió al concepto servicios personales con 10 mil 344.1 miles de millones de pesos, cantidad superior en 131.8% a la erogada el año anterior y en 21.0% a la previsión original, debido a los incrementos salariales otorgados a lo largo del año, que superaron lo previsto originalmente.
A materiales y suministros se destinaron 8 mil 434.8 miles de millones de pesos, lo que significó un incremento de 130.6% respecto a 1986 y de 12.9% en relación a la cantidad presupuestada; por concepto de servicios generales, se erogaron 6 mil 263.0 miles de millones de pesos, 140.0% y 46.7% más que lo ejercido un año antes y que lo previsto.
En el rubro de transferencias se ejercieron 3 mil 861.3 miles de millones de pesos, monto mayor en 117.0% que el erogado en 1986 y en 38.0% que el autorizado originalmente; a pesar de este crecimiento, la participación de las transferencias dentro del gasto corriente se redujo en 0.7 puntos porcentuales, habiéndose condicionado su asignación a compromisos de productividad y eficiencia.
El resto del gasto corriente (409.9 miles de millones de pesos), se destinó a erogaciones extraordinarias y por cuenta de terceros.
El gasto de capital ascendió a 9 mil 909.6 miles de millones de pesos, superó en 123.9% al erogado un año antes y en 8.1% a la estimación original; en este total, destacó el gasto asignado a inversión física, excluyendo transferencias que absorbió el 73.4%.
Así, la inversión física sin transferencias alcanzó un monto de 7 mil 272.2 miles de millones de pesos, mayor en 128.0% que el ejercido en 1986 y en 4.3% que el previsto originalmente.
Las transferencias de capital ascendieron a 1 mil 738.9 miles de millones de pesos, que superaron en 149.1% a las del año anterior, pero fueron
menores en 4.1% que las previstas en el presupuesto original.
En inversión financiera se erogaron 250.9 miles de millones de pesos, que superaron en 51.0% a los ejercidos en 1986 y en 132.5% a los previstos inicialmente, como resultado de la variación de las cotizaciones y precios de acciones, bonos y obligaciones. Finalmente, las erogaciones recuperables ascendieron a 647.6 miles de millones de pesos.
Gasto no Programable del Sector Público Presupuestario
Por otra parte, al gasto no programable correspondieron 66 mil 386.4 miles de millones de pesos, monto mayor en 180.9% que el de 1986 y en 26.1% que el presupuestado; de ese total, el 60.3% se destinó al pago de intereses y gastos de la deuda, el 31.9% a pagos de principal y el 7.8% a participaciones en ingresos federales y estímulos.
El pago de intereses, comisiones y gastos de la deuda ascendió a 40 mil o 22.7 miles de millones de pesos, lo cual representó un aumento de 191.3% en comparación con 1986 y de 39.4% respecto a lo previsto, a causa de la tendencia que mostraron las tasas de interés durante la mayor parte del año y del mayor tipo de cambio.
Por concepto de amortización se erogaron 21 mil 150.0 miles de millones de pesos, superiores en 170.5% y 8.3% a los ejercidos en 1986 y a los presupuestados, respectivamente, por el aumento del tipo de cambio, por los pagos anticipados de deuda que realizaron algunas entidades y por el cambio de deuda externa por inversión, principalmente.
El renglón de participaciones a estados y municipios y estímulos fiscales fue de 5 mil 213.7 miles de millones de pesos, rebasando en 150.7% a lo ejercido el año anterior y en 17.8% al presupuesto original, debido en parte a la reforma fiscal efectuada, que contribuyó a fortalecer las finanzas de los estados y municipios.
Inversión
En 1987, el Ejecutivo Federal se propuso incrementar la inversión pública 15.0% en términos reales, a fin de estimular la producción y propiciar la generación de empleos hacia las áreas estratégicas y prioritarias.
En su asignación se dio preferencia a los proyectos destinados a mantener la capacidad instalada y la oferta de bienes básicos, así como a los que tuvieron mayor grado de avance o de integración, implicaran uso intensivo de mano de obra, contasen con tecnología moderna o apoyaran la descentralización.
El monto de la inversión pública física realizada durante el año ascendió a 8 mil 439.7 miles de millones de pesos, de los cuales correspondieron 3 mil 276.2 miles de millones de pesos al Gobierno Federal, que rebasó en 113.9% el importe ejercido en 1986. (Cuadro I.9).
La dependencia con mayor monto de inversión fue la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en la cual se erogaron 862.5 miles de millones de pesos, superiores en 101.0% a los ejercidos el año anterior y en 27.7% a la previsión original; estos recursos se destinaron a apoyar la producción de básicos en el campo, y el bienestar social de la población del medio rural.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes efectuó una inversión de 816.6 miles de millones de pesos, que superó a la realizada durante 1986 en 151.1% y a la autorizada inicialmente en 40.6%, como resultado de la asignación de mayores recursos para los programas de conservación y reconstrucción de infraestructura y para la terminación de obras en proceso.
En el ramo Desarrollo Regional, se erogaron 729.5 miles de millones de pesos, cifra mayor en 167.1% y 7.8% con relación a la ejercida un año antes y a la prevista, respectivamente.
La Secretaría de Educación Pública ejerció un gasto de inversión de 268.6 miles de millones de pesos, monto superior en 123.6% al de 1986 y en 19.6% estimado inicialmente.
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología invirtió 168.2 miles de millones de pesos, que representaron un incremento de 34.6% respecto al año anterior y de 129.8% en comparación con el presupuesto original.
Por lo que se refiere a la inversión de los organismos y empresa, ascendió a 5 mil 163.5 miles de millones de pesos, de los cuales correspondió el 67.7% a Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, en conjunto.
En efecto, Petróleos Mexicanos realizó inversiones por un total de 2 mil 176.2% miles de millones de pesos, superior en 130.2% al registrado en 1986, pero inferior en 2.8% a la estimación original, como resultado del proceso de selección de los proyectos prioritarios, principalmente.
A la Comisión Federal de Electricidad correspondieron 1 mil 318.4 miles de millones de
pesos, que significaron incrementos de 133.3% y 16.6% respecto a lo ejercido en 1986 y a la previsión inicial, debido a los trabajos de mantenimiento y conservación que se efectuaron para atender la demanda de energía eléctrica.
Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, S. A., el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, erogaron en conjunto alrededor de 1 mil miles de millones de pesos adicionales, significativamente por encima de sus respectivas previsiones originales.
Transferencias
Las transferencias que otorga el gobierno federal a sus entidades, constituyen un mecanismo para canalizar recursos hacia los sectores más afectados por la crisis económica, así como para estimular la producción en áreas estratégicas y prioritarias.
Con el fin de no distorsionar el análisis de este rubro, al total de las transferencias que en 1987 fueron de 16 mil 027.4 miles de millones de pesos, se le deducen las operaciones virtuales y/o compensadas, es decir, aquéllas que no implican entrada ni salida de recursos, así como las participaciones y estímulos cuyo destino corresponde al ámbito económico del sector público presupuestario, que en conjunto ascendieron a 263.5 miles de millones de pesos.(Cuadro I.10).
Conforme a este procedimiento, las transferencias netas que otorgó el Gobierno Federal en ese año fueron 9 mil 763.9 miles de millones de pesos, de los cuales se destinó el 42.6% a las entidades controladas y el 57.4% a las entidades fuera de presupuesto y a otras transferencias.
Dentro de ese total, la mayor asignación correspondió al sector desarrollo social con 2 mil 371.5 miles de millones de pesos, cantidad superior a la registrada el año anterior en 121.5% y a la presupuestada originalmente en 37.3%, resultado en el que influyó la política de atender las necesidades básicas de la población. (Cuadro I.11).
Al sector desarrollo rural se transfirieron 1 mil 129.4 miles de millones de pesos, monto mayor que el ejercido el año anterior en 66.6% y menor que el estimado originalmente en 0.3%.
Al sector desarrollo regional y urbano se destinaron 1 mil 099.5 miles de millones de pesos, 159.9% y 23.7% más que en 1986 y que lo presupuestado inicialmente.
Al sector industrial correspondieron 1 mil 495.1 miles de millones de pesos, superiores en 110.0% a los ejercidos durante 1986 y en 41.5% a los estimados originalmente, como consecuencia del apoyo otorgado al proceso de reconversión industrial y de la necesidad de compensar la diferencia entre el costo de producción y el precio de venta de las mercancías producidas por el sector paraestatal.
Las transferencias destinadas al sector energético ascendieron a 1 mil 282.0 miles de millones de pesos y superado en 87.9% a la estimación inicial, debido a que se apoyó la operación de la planta energética para satisfacer la creciente demanda y cubrir el incremento del costo de importación.
El sector comunicaciones y transportes recibió transferencias por 877.5 miles de millones de pesos, que rebasaron en 186.2% a lo erogado en 1986 y en 9.8% al presupuesto aprobado.
Al sector comercio y abasto se transfirieron 1 mil 213.0 miles de millones de pesos, cantidad superior en 73.2% a la ejercida el año anterior y en 48.0% a la prevista inicialmente.
Por último, al sector administrativo se canalizaron 259.0 miles de millones de pesos, monto mayor que el recibido el año anterior en 11.3%, pero menor en 5.0% que la estimación inicial, como resultado de los programas de simplificación, descentralización y desincorporación administrativa.
Reconstrucción
En 1987 se dio continuidad a los programas de construcción y rehabilitación de viviendas, hospitales y escuelas, así como a los de reconstrucción de la ciudad de México, de los cuales se concluyeron los de mayor prioridad; se impulsó la descentralización de la administración pública federal, y se realizaron programas de empleo, con el fin de atender la demanda de la población que fue afectada por los sismos de septiembre de 1985.
Con ese propósito, el Gobierno Federal ejerció recursos fiscales por 387 mil 498.0 miles de millones de pesos y el Fondo Nacional de Reconstrucción erogó 65 mil 089.0 miles de millones de pesos, lo que significó un total de 452 mil 587.0 miles de millones de pesos.
3.3.2.2 Gobierno Federal.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 1987, se asignó al Gobierno Federal un gasto total de 61 mil 428.9 miles de millones de pesos, el cual fue insuficiente para cumplir los objetivos y
metas establecidos inicialmente, debido a la presencia de fenómenos adversos durante el ejercicio y a las nuevas necesidades surgidas durante el proceso de administración; en consecuencia, el presupuesto original se incrementó en 18 mil 519.2 miles de millones de pesos, para llegar a un presupuesto modificado de 79 mil 948.1 miles de millones de pesos. (Cuadro I.12).
Egresos Totales
A causa de las circunstancias desfavorables por las que atravesó la economía, el Gobierno Federal tuvo serias dificultades para ajustarse al presupuesto aprobado por la honorable Cámara de Diputados. En efecto, en 1987 el sector efectuó un gasto total de 77 mil 754.9 miles de millones de pesos, que fue superior en 172.1% al erogado el año anterior y que en términos reales significó un aumento de 17.4% con respecto al producto interno bruto; el gasto se incrementó de 36.0% en 1986 a 39.7%, debido principalmente a las elevadas erogaciones por concepto de servicio de la deuda. (Cuadro I.13)*.
Del gasto total, el 24.6% (19 mil 154.4 miles de millones de pesos), correspondió a gasto programable, y el 75.4% (58 mil 600.5 miles de millones de pesos), a gasto no programable.
El gasto corriente ascendió a 49 mil 106.6 miles de millones de pesos (63.2% de los egresos totales, o sea 0.9 puntos porcentuales más que en 1986) y superó en 175.7% al del ejercicio anterior y en 34.4% al estimado en el Presupuesto de Egresos de la Federación; con relación al producto interno bruto, aumentó de 22435.7% en 1986 a 25.1% en el año de estudio, lo cual significa que no se avanzó en el propósito de contener este tipo de gasto. Como resultado de la devaluación que se dio en el ejercicio y de las alzas que registraron las tasas de interés internas. (Cuadro I.14).
Por lo que corresponde al gasto de capital, ascendió a 6 mil 197.0 miles de millones de pesos (8.0% del total), y fue superior en 118.5% al erogado el año anterior, por lo que en términos reales decreció 5.7%; respecto a la estimación original, el gasto de capital fue mayor en 16.7%, debido principalmente al aumento en las transferencias otorgadas a los sectores estratégicos y prioritarios con objeto de proteger la planta productiva y el empleo.
* Las cifras presentadas en los estados financieros, presupuestarios y económicos, incluyen operaciones virtuales y/o compensadas, que por no representar flujo real de efectivo es preciso excluir para no desvirtuar el análisis.
Gasto Programable del Gobierno Federal.
Mediante el gasto programable, en 1987 el Gobierno Federal se propuso canalizar recursos a las áreas prioritarias, a fin de propiciar un crecimiento económico moderado; para ello, se procuraduría reducir la participación del gasto corriente y aumentar selectivamente el de inversión. Asimismo, se proseguiría con la descentralización de la vida nacional, la reestructuración administrativa, la reconstrucción. la rehabilitación y el fortalecimiento de la infraestructura y la atención a los servicios sociales básicos.
Durante 1987, el Gobierno Federal erogó por este concepto 19 mil 154.4 miles de millones de pesos (el 24.6% del total , es decir, 6.5 puntos porcentuales menos que en 1986), monto superior en 116.0% al erogado en el ejercicio anterior y en 18.2% al aprobado por la honorable Cámara de Diputados; el hecho de que la participación de este rubro haya disminuido respecto a 1986, demuestra el esfuerzo del sector por reducirlo; con relación al producto interno bruto, el gasto programable se redujo 1.4 puntos porcentuales.
Al igual que en 1986, las dependencias que erogaron los mayores montos de gasto programable fueron las Secretaría de Educación Pública (16.8%), de Comunicaciones y Transportes (5.7%), y de Agricultura y Recursos Hidráulicos (5.4%), de lo que se concluye que el sector central procuró principalmente continuar atendiendo las necesidades de la población en general.
Egresos Corrientes
El gasto programable corriente del Gobierno Federal, en 1987 ascendió a 12 mil 957.4 miles de millones de pesos (16.7% del gasto total), y superó en 114.8% al erogado en 1986, aunque en términos reales fue inferior en 7.3%; en relación con el presupuesto original, aumentó 17.9%, debido a los incrementos que registraron las transferencias otorgadas por el sector central y el gasto de administración, como resultado de la mayor inflación y del deslizamiento del peso respecto al dólar.
Dentro del gasto corriente, destacó por su monto el gasto directo de administración, que ascendió a 7 mil 108.8 miles de millones de pesos.
El renglón que siguió en importancia dentro del gasto corriente fue el de transferencias, que alcanzó un monto de 5 mil 848.6 miles de millones de pesos, superior en 91.1% al ejercido en 1986 y en 39.1% al presupuesto original; de ese total, correspondieron 1 mil 987.3 miles de
millones de pesos a organismos y empresas controlados, entre los cuales destacaron por su participación Comisión Federal de Electricidad, Compañía Nacional de Subsistencias Populares y Ferrocarriles Nacionales de México.
Los 3 mil 861.3 miles de millones de pesos restantes, correspondieron al Departamento del Distrito Federal y a las entidades coordinadas, entre las que sobresalieron Ruta 100, Banco Nacional de Crédito Rural y la Comisión de Aguas del Valle de México.
A pesar de que las transferencias corrientes aumentaron 39.1% en relación con las presupuestadas, en términos reales disminuyeron 17.3%, con lo cual se avanzó en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos al respecto.
Egresos de Capital
El gasto programable de capital ejercido en 1987 fue de 6 mil 197.0 miles de millones de pesos (el 8.0% del total), y superó en 118.5% al erogado en 1986 y en 19.0% al presupuestado; sin embargo, en términos reales disminuyó en cerca de 40.7 puntos porcentuales, con objeto de compensar en parte los elevados pagos por concepto de intereses que generaron la devaluación y el alza de las tasas de interés internas.
Dentro del gasto de capital, sobresalieron por su monto las transferencias, que ascendieron a 3 mil 915.3 miles de millones de pesos (el 5.1% del total erogado), y rebasaron en 133.5% a las ejercidas en 1986 y en 27.4% a las estimadas; no obstante, en términos reales mostraron una reducción de 5.7%. De las transferencias otorgadas, correspondieron 2 mil 176.4 miles de millones de pesos a organismos y empresa no sujetos a control presupuestal.
Se asumieron los pasivos de algunas de las entidades estratégicas y prioritarias, y se apoyó a aquéllas cuyas entidades actividades tienen un alto contenido social, como en el caso de Comisión Federal de Electricidad, Compañía Nacional de Subsistencias Populares, Ferrocarriles Nacionales de México, Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas, S. A. y Fertilizantes Mexicanos.
El segundo renglón en importancia por su participación fue el de inversión física, en el cual se ejercieron 2 mil 108.8 miles de millones de pesos (el 2.7% del gasto total), monto superior en 93.7% al erogado en 1986; de ese total, 1 mil 854.9 miles de millones de pesos se destinaron al renglón de obras públicas (cuyo ejercicio sólo fue mayor en 85.7% al del año anterior y en 5.8% al presupuestado), y 253.9 miles de millones de pesos al de bienes muebles e inmuebles. Por su escasez, los recursos disponibles se destinaron a ejecutar proyectos prioritarios y a mantener y conservar la infraestructura existente.
Gasto no Programable del Gobierno Federal.
En 1987, las erogaciones no programables siguieron mostrando una tendencia ascendente, sobre todo en el renglón de intereses, comisiones y gastos de la deuda.
En efecto, en el año de referencia, el gasto no programable ascendió a 58 mil 600.5 miles de millones de pesos (el 75.4% de los egresos totales) y superó en 197.4% al de 1986, lo que significó un aumento de 28.3% en términos reales; en comparación con la estimación inicial, aumentó 29.6%. Del total, el 46.5% correspondió a intereses, comisiones y gastos de la deuda; el 22.2% a amortización y el 6.7% a participaciones y estímulos a estados y municipios.
Con respecto al producto interno bruto, el gasto no programable se elevó de 24.5% en 1986 a 29.9% en 1987, lo cual significa que el servicio de la deuda sigue limitando en forma determinante el margen de maniobra del Gobierno Federal.
Participaciones y Estímulos a Estados y Municipios
Las participaciones y estímulos fiscales alcanzaron en 1987 un monto de 5 mil 213.7 miles de millones de pesos (el 6.7% del gasto total), que superó en 150.7% al otorgado el año anterior y en 17.8% al presupuesto original; con relación al producto interno bruto, representaron el 2.6%, participación mayor en 0.1 puntos porcentuales que la de 1986, ello demuestra los esfuerzos realizados para seguir fortaleciendo las haciendas de los estados y de los municipios.
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda
El aumento del monto de la deuda y de las tasas de interés internas, las altas tasas externas y el rápido deslizamiento del peso respecto al dólar incrementaron en gran medida los pagos por concepto de intereses, comisiones y gastos de la deuda en 1987; como resultado, su monto ascendió a 36 mil 149.2 miles de millones de pesos (46.5% del gasto total), y fue superior al ejercicio anterior en 206.9%, lo que representó un crecimiento de 32.4% en términos reales; en relación con lo estimado fue mayor en 41.5%. De ese total, 30 mil 039.6 miles de millones de pesos correspondieron a interese internos y 6 mil
109. 6 miles de millones de pesos a intereses externos. De cada peso gastado por el gobierno federal, cerca de cuarenta y siete centavos se destinaron al servicio de la deuda
Amortización de la Deuda
Para cumplir los compromisos contraídos antes de 1987, el gobierno federal erogó 16 mil 749. 4 miles de millones de pesos (el 21. 5% del gasto total), monto mayor en 211. 2% en comparación con el erogado en 1986 y en 15. 5% con relación al aprobado para el año de estudio por la honorable Cámara de Diputados. De ese total, correspondieron 11 mil 716. 7 miles de millones de pesos a la amortización interna, 5 mil 032. 7 miles de millones de pesos a la externa y 488. 2 miles de millones de pesos a adeudos de ejercicios fiscales anteriores (Adefas).
La amortización interna se redujo 3. 7% respecto al presupuesto original; en el caso de la administración externa, el presupuesto autorizado se rebasó en 115. 4% a causa de la devaluación del peso, del pago de vencimientos no programados y de los pagos derivados de la reconversión de deuda externa a largo plazo por inversión (SWAPS); ello significó erogaciones adicionales por 2 mil 695. 8 miles de millones de pesos.
Fideicomisos
El sector central ha constituido fideicomisos mediante los cuales canaliza recursos para apoyar actividades productivas, culturales y de beneficio social; en 1987 la inversión en fideicomisos ascendió a 701. 4 miles de millones de pesos, y aumentó 17. 3% en relación con 1986.
Inversión Pública
En 1987, la inversión pública presupuestaria se orientó a impulsar un crecimiento moderado en la economía, pero con alta generación de empleos; para ello, fue necesario seleccionar y jerarquizar adecuadamente los proyectos. Con ese propósito, el gobierno federal destinó al rubro de inversión pública directa 3 mil 276. 2 miles de millones de pesos, monto que si bien fue superior en 113. 9% al erogado en 1986, significó una disminución en términos reales de 7. 7%.
Los sectores que tuvieron mayor participación fueron agricultura y recursos hidráulicos, con el 26. 3% (862. 5 miles de millones de pesos); comunicaciones y transportes, con el 24. 9% (816. 6 miles de millones de pesos); desarrollo regional, con el 22. 3% (729. 5 miles de millones de pesos); y educación pública, con el 8. 2% (268. 9 miles de millones de pesos).
El sector desarrollo urbano y ecología ejerció un monto de 168. 2 miles de millones de pesos (5. 1% de la inversión directa del gobierno federal).
3. 3. 2. 3 Organismos y Empresas Sujetos a Control Presupuestal
En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 1987, se establecieron como objetivos fundamentales la política de gasto para el sector paraestatal elevar los niveles de ahorro, especialmente por medio del gasto de operación, y aprovechar los ingresos propios del sector para canalizar mayores recursos los programas y proyectos de inversión, particularmente a aquellos con alto contenido social.
También se establecieron acciones encaminadas a acelerar la reestructuración del sector mediante la reconversión industrial y la liquidación, venta y fusión o transferencia de entidades que no se considerasen prioritarias o estratégicas para el Estado.
Paralelamente, el gobierno federal emprendería nuevas negociaciones con la comunidad financiera internacional, para ajustar los términos y condiciones de la deuda externa a la capacidad de pago de la federación (incluidos los organismos y empresas), a fin de liberar recursos para fomentar el desarrollo del país.
Ante el cambio en la situación económica, el gobierno federal decidió contener aún más el gasto corriente del sector para estatal y diferir programas de inversión que requiriesen un largo período de maduración y que no tuviesen carácter prioritario ni estratégico, o bien que no reuniesen las características necesarias para apoyar el cambio estructural. A pesar de las acciones emprendidas, el sector no pudo cumplir en su totalidad sus objetivos y metas.
Adecuaciones Presupuestales
Las modificaciones realizadas incrementaron el presupuesto original en 5 mil 706. 5 miles de millones de pesos (20. 6%), por lo cual el presupuesto modificado ascendió a 33 mil 393. 4 miles de millones de pesos. (Cuadro 1. 15).
Los rubros que mostraron los mayores incrementos fueron los de "mayor inflación", "tipo de cambio" y "aumento salarial", mientras que la principal disminución se registró en el concepto "otras".
Las mayores ampliaciones correspondieron al sector energético, con un total de 2 mil 178. 3 miles de millones de pesos (sobre todo por el concepto "mayor inflación"), y dentro de éste a
petróleos Mexicanos, cuyo presupuesto aumentó en 1 mil 436. 6 miles de millones de pesos.
Egresos de los Organismos y Empresas
A pesar de ello, los egresos totales de los organismos y empresas sujetos a control presupuestal, 32 mil 524. 3 miles de millones de pesos), superaron en 121. 2% al ejercicio anterior, lo que significó una reducción de 9. 0% en términos reales; con relación a lo presupuestado originalmente, fueron mayores en 17. 5%, y respecto al producto interno bruto, disminuyeron en 18. 5% en 1986 a 16. 6% en 1987, con lo cual el sector se apegó a los lineamientos de política económica referentes al saneamiento de sus finanzas. *
Del total erogado, el 69. 9% correspondió a gasto corriente, el 18. 1% a gastos de capital y el 12. 0% restante a amortización. (Cuadro I. 16).
El gasto corriente que fue de 22 mil 722. 9 miles de millones de pesos, rebasó en 123. 8% al erogado el año anterior y en 24. 9% al presupuestado; el gasto de capital ascendió a 5 mil 889. 0 miles de millones de pesos, superiores en 127. 8 % y 12. 9% al ejercido en 1986, y a la previsión original respectivamente, como en los últimos ejercicios, estos recursos se destinaron a apoyar la modernización y conservación de la infraestructura existente, conforme a la estrategia de reconversión industrial.
La amortización alcanzó un monto de 3 mil 912. 4 miles de millones de pesos, que aunque representaron un incremento de 98. 6% respecto al año anterior, debido principalmente al aumento del tipo de cambio, fueron inferiores en 8. 4% respecto al presupuesto original, como consecuencia de los pagos anticipados que realizaron algunas empresas en 1986, del programa de asunción de pasivos emprendido por el gobierno federal para sanear las finanzas del sector y de la reestructuración de la deuda externa.
Del gasto total del sector, Petróleos Mexicanos erogó 9 mil 375. 4 miles de millones de pesos (28. 8%), superiores en 113. 1% a los ejercidos el año anterior y en 12. 9% a los presupuestados.
Conforme a la misma metodología empleada, de los egresos totales según estados financieros, que ascendieron a 33 mil 153. 6 miles de millones de pesos, 1 mil 361. 8 miles de millones de pesos corresponden los movimientos netos de mercancías de importación para reventa de Petróleos Mexicanos, 259. 0 miles de millones de pesos de asunción de pasivos y 8. 5 miles de millones de pesos de intereses asumidos; así, el gasto total para resultados generales ascendió a 32 mil 524. 3 miles de millones de pesos.
originalmente, debido al mayor gasto por concepto de fletes y de compra de equipo y refacciones, a la ampliación de las instalaciones de la entidad y al pago del servicio de la deuda. - Cuadro (I. 17).
Cabe señalar, que a pesar de los incrementos en los costos de extracción, comercialización y transportación de sus productos, la entidad redujo 1. 1 puntos porcentuales su participación en el gasto total del sector, como resultado de las medidas de disciplina y control del ejercicio presupuestal que aplicó durante el año.
La Comisión Federal de Electricidad ejerció 4 mil 239. 3 miles de millones de pesos, con lo cual su participación en el gasto disminuyó de 13. 5% en 1986 a 13. 0% en 1987; cabe señalar, que aunque se contuvo el gasto corriente de la entidad, el de capital aumentó con objeto de atender los requerimientos internos de energía, ello permitió concluir cuatro unidades del proyecto "Peñitas", la segunda y la tercera unidades de la carboeléctrica de Río Escondido y la primera unidad de la central nucleoeléctrica de Laguna Verde.
Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social ejerció 3 mil 243. 2 miles de millones de pesos, que superaron en 109. 7% a lo ejercido en 1986 y en 40. 1% al presupuesto original; dichos recursos se destinaron básicamente a cubrir los incrementos salariales del personal médico y paramédico, así como a ampliar y mantener las unidades hospitalarias.
El gasto del resto de las unidades ascendió a 15 mil 666. 4 miles de millones de pesos y superó en 131. 4% al ejercicio anterior, como resultado de los aumentos en sus costos de operación, del mayor pago de intereses y de las erogaciones efectuadas para continuar el proceso de modernización de la planta paraestatal.
El gasto no programable de los organismos y empresas sujetos a control presupuestal, ascendió a 7 mil 785. 9 miles de millones de pesos, monto superior en 98. 1% al ejercido el año anterior y en 4. 7% al presupuestado; de ese total, el 50. 2% correspondió a amortización y el 49. 8% a intereses, comisiones y gastos; con relación al producto interno bruto, el gasto no programable se redujo de 5. 0% a 4. 0%.
El sector obtuvo un déficit presupuestal antes de transferencias de 4 mil 137. 0 miles de millones de pesos, que superó en 72. 2% al del año anterior y en 28. 4% a la previsión inicial.
Si a dicho déficit se le incluyen las transferencias del gobierno federal, que ascendieron a 4 mil
165. 4 miles de millones de pesos (cuadro 3), se obtiene un superávit de 28. 4 miles de millones de pesos, que contrasta con el déficit autorizado originalmente (556. 5 miles de millones de pesos), y con el obtenido el año anterior (122. 1 miles de millones de pesos).
De lo anterior, se deduce que a pesar de que se efectuaron correcciones a los precios y tarifas de los bienes y servicios que ofrece el sector paraestatal para aumentar sus ingresos propios y de que se contuvo el gasto programable, especialmente el corriente, el sector paraestatal se vio obligado a recurrir a los subsidios del gobierno federal para atender los programas estratégicos, de bienestar social y de abasto popular.
Durante 1987, se observó una tendencia positiva en la situación financiera de los organismos y empresas, en virtud de que la relación patrimonio/activo total que en 1986 fue de 57. 7%, se incrementó a 61. 2%.
Por lo que se refiere al apalancamiento financiero, de 1986 al 1987 las entidades paraestatales lograron una reducción de diez centavos por cada peso de capital, lo cual significa que disminuyeron su dependencia financiera debido al incremento del capital contable respecto al pasivo total.
Las entidades que contribuyeron en mayor medida a la situación financiera del sector fueron Petróleos Mexicanos, con el 44. 7% del activo, el 58. 6% del pasivo y el 35. 9% del patrimonio; Comisión Federal de Electricidad, con el 25. 5% del activo, el 7. 3% del pasivo y el 37. 0% del patrimonio; y Ferrocarriles Nacionales de México con el 6. 6% del activo, el 3. 3% del pasivo y el 8. 8% del patrimonio.
4. Orientación Sectorial del Gasto
Revisión Sectorial
La comisión dictaminadora analizó en este capítulo el ejercicio del presupuesto por sector, entidades y programas más representativos, así como el cumplimiento de las metas contenidas en los subprogramas más sobresalientes del sector público. Esta tarea es particularmente absorbente, y es una de las más difíciles dentro de los trabajos que demanda la revisión de la Cuenta Pública.
Ante la magnitud de la tarea, la comisión decidió seleccionar los sectores más importantes para concentrarse en ellos: desarrollo rural, desarrollo regional y urbano, pesca, desarrollo social, comunicaciones y transportes, comercio y abasto, turismo e industrial energético.
La revisión de los sectores citados, se realizó mediante el análisis de los "tomos sectoriales" de la Cuenta Pública y del "tomo de resultados generales", este examen se enriqueció con las reuniones de comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con las vinculadas con los sectores mencionados, en las que se dialogó con los servidores públicos de las dependencias y entidades analizadas.
Adicionalmente, se recurrió al análisis sectorial del informe previo de la Contaduría Mayor de Hacienda, donde se vuelve a utilizar, aunque con menor insistencia, los indicadores de eficacia y eficiencia de los programas más importantes.
Durante 1987, la política de gasto sectorial se orientó a la ejecución de los programas de mediano plazo, programas especiales y regionales, así como los programas de desarrollo rural integral y el de procuración de justicia, derivados todos éstos del Plan Nacional de Desarrollo 1983 - 1988.
En consecuencia, el gasto sectorial se asignó de acuerdo a las prioridades señaladas en los programas respectivos, avanzado en la racionalización y el mejor aprovechamiento de los recursos públicos, y otorgando mayor importancia a los proyectos de alto contenido social, de desarrollo rural y de infraestructura básica, los cuales tienen un gran impacto en la generación de empleos, en el proceso de descentralización e integración regional y la recuperación del aparato productivo nacional.
Así, el gasto sectorial en 1987 ascendió a 39 mil 222. 7 miles de millones de pesos, cantidad superior en 16. 9% y 128. 1% respecto al presupuesto aprobado y al ejercido en 1986, respectivamente; las participaciones más importantes correspondieron a los sectores: desarrollo social, 26. 4%; energéticos, 26. 0%; industrial, 13. 0%; comunicaciones y transportes, 8. 8% y desarrollo rural, 6. 4%, que en conjunto erogaron el 80. 6% del presupuesto total; el resto fue ejercido por los sectores administración 6. 8%, abasto 6. 4%, desarrollo regional y urbano 4. 1%, pesca 1. 8% y turismo 0. 2 (Cuadro II. 1).
El sector desarrollo social, ejerció un gasto de 10 mil 374. 0 miles de millones de pesos, que representa un crecimiento de 132. 1% en relación al del año anterior y 57. 4% mayor a la previsión original; el 49. 7% fue ejercido por el subsector educación y el 50. 3%, se destinó a salud y laboral; con estos recursos se amplió la cobertura de los servicios del sector y se utilizó con mayor eficiencia la capacidad instalada, de igual forma, se dirigió a maximizar la seguridad en el trabajo y
mejorar las relaciones obrero patronales mediante la impartición de justicia en materia laboral.
El sector energético tuvo erogaciones que ascendieron a 10 mil 195. 0 miles de millones de pesos, cifra superior en 134. 4% a la de 1986 y mayor en 18. 1% al presupuesto original; con estos recursos se atendió totalmente la demanda de energéticos de la planta productiva nacional, se aprovecharon las mejores condiciones del mercado internacional de crudos, logrando incrementar la captación de divisas; se realizaron importantes obras para ampliar la capacidad instalada y avanzó en la diversificación en las fuentes de energía.
El gasto del sector industrial ascendió a 5 mil 091. 8 miles de millones de pesos, monto superior en 142. 0% y 22. 3% al de 1986 y al presupuesto original, respectivamente; el gasto se canalizó a las prioridades en materia de alimentación, empleo, fortalecimiento de la capacidad productiva y fomento a las exportaciones no petroleras.
El sector comunicaciones y transportes erogó 3 mil 470. 0 miles de millones de pesos, lo que representa un crecimiento anual de 137. 7% y un monto superior en 20. 1% al presupuesto aprobado; los recursos se destinaron a conservar, mejorar y ampliar la infraestructura de transportes y de comunicaciones, así como la construcción y reconstrucción de aeropuertos y al desarrollo tecnológico. Es importante destacar que el sector desempeño un papel fundamental en la generación de empleo.
El sector desarrollo rural ejerció un gasto de 2 mil 500. 8 miles de millones de pesos, 77. 2% superior al del año precedente e inferior en 0. 8% al presupuesto original; este presupuesto se destinó a obras de infraestructura productiva, dando preferencia a las áreas de temporal con potencial productivo de granos básicos, a través de la construcción, rehabilitación y mantenimiento de obras de pequeñas irrigación y la perforación de pozos; por otra parte, se proporcionó asistencia técnica y financiera, así como seguridad en las diferentes formas de tenencia de la tierra, entre otras acciones.
El sector comercio y abasto, registró un gasto que ascendió a 2 mil 515. 1 miles de millones de pesos, cifra que rebasó en 137. 3% a la de 1986 y en 35. 5% a la presupuestada originalmente; con los recursos ejercidos se logró fomentar la producción y distribución de bienes básicos de consumo popular y a mejorar la distribución comercial y el abasto regional, actividades en las que el Sistema Compañía Nacional de Subsistencias Populares desarrolló un papel estratégico.
El sector desarrollo regional y urbano ejerció un presupuesto de 1 mil 621. 7 miles de millones de pesos, cantidad que representa un incremento del 102. 3% en relación a 1986 y 18. 9% mayor a la asignación original. En este sector se obtuvieron logros importantes en la coordinación de acciones de dependencias del Ejecutivo Federal, con los gobiernos estatales y municipales y con las comunidades directamente beneficiadas; cabe señalar, que los avances alcanzados en la reconstrucción de vivienda, se terminaron los programas de renovación habitacional popular y de reconstrucción de la zona sur de Jalisco, y muestran un adelanto importante de las obras del programa emergente y del correspondiente a Tlaltelolco.
El sector de pesca registró un gasto de 709. 9 miles de millones de pesos, cantidad que representa un incremento de 133. 7% respecto al año anterior y un sobreejercicio de 48. 2% respecto al presupuesto original; estos recursos se orientaron a incrementar la oferta de alimentos e insumos para la industria pesquera, a mantener la capacidad instalada y a consolidar la infraestructura mediante la participación de los sectores públicos, social y privados. Este sector fomentó la generación de empleos, captación de divisas y el mejor aprovechamiento de los recursos naturales.
Finalmente, el sector turismo ejerció un presupuesto que ascendió a 72. 5 miles de millones de pesos, superior en 162. 7% en relación al del año anterior y en 32. 1% a la asignación original; los recursos ejercidos por este sector se orientaron a ampliar, diversificar y consolidar la demanda externa, a fomentar la afluencia del turismo nacional, a proteger y desarrollar la planta productiva y a contribuir al desarrollo regional.
4. 1 Desarrollo Rural
Durante 1987 las acciones llevadas a cabo por este sector, se orientaron fundamentalmente a mejorar los niveles de bienestar de la población del campo e incrementar la producción, las fuentes de ocupación y los ingresos de los campesinos, con la participación de los productores y el mejor aprovechamiento de los recursos naturales y financieros.
El Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral, establece como prioridades a alcanzar, la soberanía alimentaria en productos básicos y mejorar la distribución del ingreso de la población rural; para lograr estos objetivos, se concertaron acciones con los gobiernos estatales y en los sectores social y privado.
En el tomo sectorial de la Cuenta Pública se señala que durante 1987, se lograron sembrar 15. 4 millones de hectáreas de los principales cultivos (algodón, ajonjolí, arroz, cártamo, cebada, frijol,
maíz, sorgo, soya y trigo); frente a los resultados obtenidos en 1986, la superficie sembrada representó un crecimiento del 2. 2%, en tanto que la cosechada lo hizo en un 5. 5%.
La producción agrícola ascendió a 26. 0 millones de toneladas, volumen superior en 5. 7% al del año precedente, logrando un cumplimiento del 93. 0% programado para ese año; la producción de los cuatro granos básicos (maíz, frijol, trigo y arroz), ascendió a 17. 6 millones de toneladas, volumen inferior en 2. 8% a la obtenida en 1986.
Por su parte, la producción pecuaria ascendió a 2. 9 millones de toneladas de carne, volumen inferior en 0. 1% al de 1986; no obstante que la producción de carne de bovino registró un incremento de 2. 0%, la de carne de porcino presentó una disminución de 11. 5, en virtud del aumento en el precio de los costos de producción; esta especie representa cerca del 31% del volumen total de la producción pecuaria.
En cuanto a la exploración de recursos forestales, la producción total maderable ascendió a 9 millones 791 mil metros cúbicos rollo, cantidad superior en 9. 3% a la de 1986; dentro de este renglón, destacan los incrementos registrados en la producción de celulosa (27%), y de madera para escuadría (63. 0%), y el restante 10. 0% a posters, pilotes y morillos, leña para combustibles, y madera para durmientes. Por su parte, la producción no maderable tuvo un volumen de 73 mil 204 toneladas, superando lo programado en 3. 6% y en 20% la de 1986.
Por otra parte, se logró dar servicio con asistencia técnica a una superficie total de 14. 3 millones de hectáreas, beneficiando a 2 millones de productores; se dio apoyo a las comunidades rurales mediante la dotación de obras de infraestructura, agua potable y servicios médicos; se avanzó en le reparto de la tierra al dotar de 1 millón de 393 mil 352 hectáreas que benefició a 36 mil 381 familias campesinas. La Comisión de Regularización de la Tenencia de la Tierra promovió la expropiación de 4 mil 174 hectáreas en beneficio de alrededor de cien mil familias para solucionar problemas de asentamientos humanos, y los recursos de empleo rural se canalizaron hacia proyectos productivos en áreas marginadas.
Para ampliar la superficie de riego, se continuó con los proyectos de irrigación, destacando San Lorenzo, Culiacán, segunda etapa; Río Sinaloa, segunda etapa y Ocoroni, Sinaloa, entre otros; de este modo, se incorporó una superficie de 77 mil 473 hectáreas; se rehabilitaron entre otras 53 mil 870 hectáreas y se benefició a 19 mil 036 familias; entre los trabajos realizados en los proyectos de temporal, destacan San Fernando, Tamaulipas, con 42 mil 100 hectáreas y Ometepec y Guerrero, con 1 mil 500 hectáreas.
En lo referente al crédito canalizado a través del Banco Nacional de Crédito Rural al actividad agropecuaria, ascendió a la cantidad de 21 mil 751. 8 miles de millones de pesos, habilitándose 7. 4 millones de hectáreas, superficie mayor en 2. 8% a la meta original y se atendieron 873 mil cabezas de ganado, cifra superior en 11. 6% a la meta original, proporcionando así los recursos crediticios que permitieron sufragar los gastos durante el proceso productivo.
En la materia de crédito a la actividad pecuaria, fideicomisos instituidos en relación a la agricultura, otorgó créditos por 589. 6 miles de millones de pesos, de los cuales casi dos terceras partes correspondieron a créditos de avíos y el resto a créditos refaccionarios; adicionalmente, se canalizaron apoyos (54. 9 miles de millones de pesos), crediticios para la producción de cabezas de ganado bovino de doble propósito.
La contribución de los precios de garantía como instrumento de estímulo a la producción de granos básicos fue relevante, ya que se registró un incremento anual superior de 135. 0% para todos los productos sujetos a este régimen; así, se observó una ligera mejoría en los términos de intercambio entre el sector agropecuario y otros sectores, debido a que el crecimiento en el índice del primero se situó por arriba del correspondiente a los sectores industrial y de servicios.
Cabe mencionar que las acciones realizadas y los resultados obtenidos en 1987, contribuyeron a fortalecer la producción agropecuaria.
El informe previo resalta que durante 1987, el producto interno bruto del sector se aumentó al pasar de una disminución del 2. 1% en 1986 a un incremento de 3. 8% en 1987; no obstante este crecimiento, el sector no recuperó el dinamismo mostrado durante 1983 - 1985, debido a que persistieron algunos factores que afectaron el comportamiento de la economía en 1986, y a que las condiciones climatológicas volvieron a ser adversas.
Para alcanzar estos logros, se ejerció un gasto sectorial de 2 mil 500. 8 miles de millones de pesos, 77. 2% más que en 1986 e inferior en 0. 8% al presupuestado; del total, el 41. 5% (1 mil 037. 6 miles de millones de pesos), fue ejercido por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, esta Secretaría tuvo un gasto superior en 112. 6% al del año anterior y 43. 3% por arriba del aprobado; por su parte, la Secretaría de la Reforma
Agraria ejerció 96. 8 miles de millones de pesos, gasto superior en 52. 4% respecto al presupuesto original y 98. 8% más que en 1986. (Cuadro II. 2).
Entre los organismos que forman parte del sector, destacan por su presupuesto el Banco Nacional de Crédito Rural (524. 4 miles de millones de pesos); Instituto Mexicano del Café (229. 4 miles de millones de pesos), y Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, S. A. (114. 0 miles de millones de pesos).
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos
Para el cumplimiento de los programas asignados a esta Secretaría, le fue autorizado un presupuesto programático de 1 mil 058. 5 miles de millones de pesos, ejerciendo un gasto superior en 41. 3[ (1 mil 495. 5 miles de millones de pesos), esta variación se debió principalmente a los aumentos salariales durante el año; a la ejecución de programas de desarrollo regional; a los requerimientos adicionales de proyectos prioritarios, desincorporación y saneamiento financiero de las entidades paraestatales.
Cabe destacar que de los recursos ejercidos, 1 mil 037. 6 miles de millones de pesos se canalizaron al gasto directo y 457. 9 miles de millones de pesos a transferencias; de éstas, el 47. 2% se destinó al gasto corriente y 52. 8% al gasto de capital.
Al respecto, la Contaduría Mayor de Hacienda señala que a precios constantes de 1983, las transferencias disminuyeron en 11. 6% en relación a 1986, conforme a la estrategia de gasto establecida en los documentos de planeación.
En la Cuenta Pública de 1987, se reporta que del total ejercido por esta entidad, el grueso de los recursos se concentró en los programas de desarrollo de áreas de riego (23. 5%); planeación (7. 2%); captación y conducción de agua para usos múltiples (7. 2%); desarrollo de áreas de temporal (4. 4%), y en el fomento a la producción y productividad (10. 5%), que en conjunto erogaron 793. 7 miles de millones de pesos, cantidad que representa el 53. 2% del monto total ejercido.
Al término del ejercicio fiscal, estos programas registraron algunas desviaciones por razones de diferente naturaleza, entre las que destacan la reasignación de recursos para apoyar obras prioritarias; sobreestimación de metas durante la conformación del programa presupuesto; variaciones en el tipo de cambio que afectó las importaciones de refacciones y a las condiciones climatológicas adversas que se presentan durante el año, entre otras.
Respecto al Programa Desarrollo de Áreas de Temporal, la comisión dictaminó que aun cuando los trabajos de reparación de maquinaria tienden a mejorar la conservación de la infraestructura de las áreas de temporal, los recursos destinados a este propósito no han sido suficientes, a pesar de que en 1987 los programas de conservación y mantenimiento tendrían prioridad.
Entidades Coordinadas por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos
Forestal Vicente Guerrero (Fovigro)
La empresa ejerció 6. 7 miles de millones de pesos, gasto inferior en 25. 7% al presupuesto original; esta disminución se debe principalmente a que la entidad redujo sustancialmente sus metas en el programa de producción y de transformación. Del total ejercido, el 74. 8% fueron recursos propios y el resto (25. 2%), recursos fiscales.
Los recursos ejercidos por Forestal Vicente Guerrero se destinaron a siete programas, siendo el más importante el de producción y transformación agroindustrial y paraestatal (4. 6 miles de millones de pesos, 70. 1% del total); este programa contempla siete metas, de las cuales solo una cumplió o rebasó con lo establecido originalmente, el resto de las metas no alcanzaron los avances previstos debido primordialmente a las fuertes lluvias que se presentaron en las áreas boscosas; al deterioro y obsolescencia de la maquinaria y equipo, que provocaron frecuentes paros por mantenimiento y rehabilitación.
Instituto Mexicano del Café (Inmecafé)
El gasto ejercido por este instituto (246. 6 miles de millones de pesos), inferior en 13. 2% al presupuestado originalmente se destinó a cuatro programas, siendo el más importante el de comercialización y distribución de productos agropecuarios y forestales, que ejerció un gasto de 225. 6 de miles de millones de pesos, 91. 5% del presupuesto total. Es importante destacar que este programa es financiado con recursos crediticios que son amortizados con los ingresos originados por la venta de café, los ingresos propios de la empresa cubren el 25. 3% del gasto total, 8. 8% de apoyos fiscales y 65. 9% derivados de financiamientos.
El Programa de Comercialización y Distribución de Programas Agropecuarios y Forestales contempla dos acciones, de las cuales una cumplió con el 86. 9% sus metas y la otra logró un avance del 63%; el incumplimiento se debió a las agudas fluctuaciones de precios que se dieron durante el ejercicio, derivados de una cosecha tardía y menor
durante el ciclo 1987 - 1988, al deslizamiento del peso frente al dólar y a una participación más agresiva de los particulares que previeron una ganancia mayor por ventas.
Productos Forestales Mexicanos (Proformex)
El presupuesto ejercido por este organismo ascendió a 16. 2 miles de millones de pesos, monto inferior en 17. 8% al asignado originalmente; este decremento se debió a una menor erogación por concepto de materia prima y de algunos servicios, así como la eliminación de obras realizadas por la empresa, en virtud de que paulatinamente se han ido otorgando a los poseedores del recurso.
El gasto ejercido por Productos forestales Mexicanos se asignó a seis programas, siendo el más sobresaliente el de producción y transformación agroindustrial y paraestatal, que absorbió el 83. 4% del gasto total; de las veintiuna metas fijadas en este programa sólo se cumplieron seis, el resto de los avances no alcanzó las metas originales, debido principalmente a la dificultad para la adquisición de refacciones que escasean o no existen en el mercado nacional; a que existieron conflictos en los ejidos y comunidades que se ubican en la zona forestal concesionada a Productos Forestales Mexicanos; a problemas de tenencia de la tierra; a secuestros de maquinaria de extracción y a factores climatológicos, entre otros.
Secretaría de Reforma Agraria
Esta Secretaría ejerció 122. 8 miles de millones de pesos, cifra que superó en 87. 5% al presupuesto original; este incremento se debió básicamente a los incrementos salariales ordenados por el Ejecutivo Federal, y a las asignaciones de recursos para las adquisiciones de predios, catastro rural y regularización de la tenencia de la tierra.
Del presupuesto ejercido por esta Secretaría, correspondieron 96. 8 miles de millones de pesos a gasto directo, el resto (26 miles de millones de pesos), fueron transferencias canalizadas a las entidades paraestatales, asignado poco más del 99% a gasto corriente y cerca del 1% a gasto de capital; la Contaduría Mayor de Hacienda señala en su informe previo, que durante 1987, a precios constantes de 1983, las transferencias se incrementaron en 227. 2% respecto a 1986, a fin de agilizar el pago de indemnizaciones por compra o expropiación de predios para la dotación de tierras a ejidatarios.
La Secretaría de la Reforma Agraria distribuyó su presupuesto entre siete programas, siendo los más importantes el reparto y regularización de la tenencia de la tierra (54. 3 miles de millones de pesos, 44. 2% del total), y administración agraria (284, miles de millones de pesos, 23. 1%), estos dos programas absorbieron el 67. 3% del gasto total de la entidad.
Respecto a las metas programadas, en cuanto al reparto y regularización de la tenencia de la tierra, se cumplieron o rebasaron trece de las dieciocho metas previstas, el resto no alcanzó el avance programado por el retraso en la integración y opinión de un gran número de expedientes, así como la sobrevaluación en la superficie por fotoidentificar; por su parte, el Programa de Administración Agraria cumplió con las metas establecidas originalmente.
4. 2 Desarrollo Regional Urbano y Ecología
Durante 1987, los recursos del sector se orientaron a apoyar el proceso de decentralización y regionalización de las actividades, asimismo, el sector desarrollo regional urbano es un instrumento eficaz para corregir los principales desequilibrios de la estructura territorial de nuestra economía e impulsar la modernización de las estructuras productivas de los estados, a través de la coordinación de acciones del Ejecutivo Federal con los gobiernos estatales y municipales, y con las comunidades directamente beneficiadas.
El subsector regional procuró ejecutar sus acciones acorde con los programas de desarrollo regional y los planes estatales, mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de la defensa del empleo, contribuir a la satisfacción de las necesidades básicas de abasto, salud, educación y vivienda y dar una mayor cobertura a los servicios municipales, para lo cual impulsó la desconcentración de gasto y una mejor coordinación sectorial regional en el seno de los Comités de Planeación para el Desarrollo Estatal (Coplade), y en los comités municipales, a fin de consolidar los sistemas estatales de planeación democrática.
En materia de desarrollo urbano y ecología, se buscó impulsar el ordenamiento y regulación de los asentamientos humanos a través de la dotación de suelo, infraestructura y equipamiento; asimismo, se prosiguió con el objetivo de controlar la contaminación ambiental mediante normas de ordenamiento ecológico en el territorio nacional, por lo que se invirtió en obras y proyectos de infraestructura, equipamiento y reservas territoriales en proceso; se promovió la vivienda progresiva y el arrendamiento; y se atendió a zonas críticamente contaminadas en agua, aire y suelo.
Subsector Desarrollo Regional
Para cumplir con los objetivos de la política regional durante 1987, los tres órdenes de gobierno convinieron una política de gasto regional por medio de los Programas de Desarrollo Regional (PDR), los Programas Regionales de Empleo (PRE), y los Programas de Coordinación Especial (PCE), dando especial énfasis a impulsar actividades productivas, obras de infraestructura básica y obras de desarrollo social, todo ello acorde con la estrategia de descentralización en el marco de los siete programas regionales estratégicos y los diez planes estatales.
La inversión total ejercida de acuerdo a los diferentes sectores, en particular destaca lo siguiente:
a) Sector Agropecuario, Forestal y Pesca
Con una inversión ejercida de 55 mil 643. 0 millones de pesos, permitieron la construcción de sistema de pequeña irrigación y perforación de pozos para incorporar al cultivo 33 mil 322 hectáreas; la asistencia técnica y el mantenimiento de 194 mil 967 hectáreas hortícolas y cafetícolas; la habilitación de unidades ganaderas de doble propósito, que permitieron atender a 367 mil 584 cabezas; en menor magnitud se apoya la transformación agroindustrial, la producción de alimentos balanceados y envasadoras de jugo; en materia de pesca se apoyó la organización y capacitación de ciento diecinueve cooperativas y la construcción de 5 mil 667 hectáreas de estanquería para acuacultura.
b) Comunicaciones y Transportes
Para este sector se ejercieron 172 mil 972. 0 millones de pesos, por lo que toca a los resultados se mencionan en particular la construcción de quinientos seis kilómetros de carretera y la conservación de 43 mil 283 kilómetros, a través de las juntas locales de caminos de los estados.
Asimismo, la construcción de 1 mil 632 kilómetros de caminos rurales y quinientos diez metros de puentes; cincuenta y seis kilómetros de carreteras urbanas y libramientos, y la ampliación y reconstrucción de doscientos treinta y siete kilómetros; finalmente, se menciona a la construcción y modernización de ciento cincuenta y nueve kilómetros de carreteras troncales.
c) Sector Comercio
En este rubro se ejercieron 15 mil 214 millones de pesos, con lo cual se apoyó la distribución de productos básicos de consumo popular, acondicionando doscientos ochenta locales y cinco bodegas nuevas, así como el equipamiento y terminación de cincuenta y seis bodegas que estaban en proceso.
d) Bienestar Social
En este sector se ejercieron 181 mil 236. 0 millones de pesos, destacando lo siguiente:
La ampliación de la infraestructura educativa, con la construcción de veintiséis escuelas, 4 mil 689 aulas, 1 mil 224 anexos, doscientos cuarenta y seis talleres y ciento cincuenta y cuatro laboratorios.
Se construyeron, rehabilitaron y ampliaron seiscientos cuarenta y nueve sistemas de agua potable, así como ciento nueve sistemas de alcantarillado; se apoyó el programa de renovación habitacional del Distrito Federal, para realizar 39 mil 980 acciones de construcción y habilitación de viviendas provisionales.
Se amplió y mejoró la infraestructura médica en 1 mil 852 camas, ciento ochenta y cuatro metros cuadrados de centros de prevención y readaptación social y acciones de asistencia alimentaria y capacitación a 2 mil 090 comunidades.
e) Sector Industrial
Se ejercieron 18 mil 884 millones de pesos, destacando de manera fundamental la electrificación de seiscientas cuarenta y cinco comunidades y veintiocho obras de electrificación agrícola; se menciona también el apoyo con recursos fiscales en el fomento de talleres de artículos de madera, prendas de vestir y otras manufacturas.
Se ejercieron 9 mil 916 millones de pesos, lográndose la construcción de 418 mil 400 metros cuadrados de banquetas, pavimentación y empedrado de calles y 47 mil 952 metros de guarniciones.
f) Turismo
Se acreditó el ejercicio de 2 mil 155 millones de pesos, para apoyar proyectos de ciento cincuenta y ocho lugares de esparcimiento.
g) Ecología
Se destinaron 7 mil 851 millones de pesos, para instalar siete sistemas de prevención y control de la contaminación del agua.
h) Administración
Se dedicaron 13 mil 950 millones de pesos fundamentalmente a la operación de los comités de planeación estatal de desarrollo.
i) Apoyos Financieros
Este Rubro de la inversión está orientando a apoyar las acciones de los estados y municipios, con el propósito de eliminar insuficiencias presupuestales en su gasto corriente o en situaciones de emergencia; la cantidad total ejercida fue de 119 mil 908 millones de pesos.
La información clasificada de acuerdo a los programas regionales estratégicos, sobresalen los siguientes
El Programa de Desarrollo de la Región Mar de Cortés, que incluye a cinco estados, permitió vincular su estrategia con las acciones sectoriales de la federación; en el marco de este programa de organización y capacitación en veintiséis agrupaciones pesqueras y se construyó un centro de recepción en Bahía Magdalena; se elevó la producción acuícola e industrial en 6 mil 153 toneladas, beneficiando a setecientas noventa y nueve personas.
En materia de abasto, se llevaron a cabo obras que permitieron el acopio y almacenamiento de 17 mil 940 toneladas, en provecho de 4 mil 499 productos y se construyeron tres almacenes nacionales, con lo que se benefició a 1 millón 191 mil 252 personas.
Asimismo, en materia agrícola se realizaron obras de construcción y rehabilitación de la infraestructura de riego, permitiendo incorporar 2 mil 467 hectáreas; se atendieron 31 mil 714 hectáreas y se preservaron 419 mil plantas frutícolas y cafetaleras; en total, se favoreció a 4 mil 493 productores.
Otros resultados que arrojó este programa son la ampliación, construcción y mejoramiento de 7 mil 123. 4 kilómetros de carreteras estatales; 269. 5 kilómetros de caminos rurales; 171. 4 kilómetros de carreteras troncales y 16. 1 kilómetros de carreteras alimentadoras; también se amplió la infraestructura educativa mediante la construcción de seiscientos veintiséis espacios físicos en todas sus modalidades, así como la de veintiséis escuelas en beneficio de 93 mil 412 alumnos; la construcción, ampliación y rehabilitación de ciento once sistemas de agua potable, que beneficiaron a 5. 6 millones de personas.
Mediante el Programa de Desarrollo de las Zonas Áridas, que involucra a siete estados (Aguascalientes, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas), se realizó un fuerte avance en el abastecimiento oportuno y suficiente de agua para todos los usos; a través del acueducto Agua Nueva en Saltillo; de la terminación del canal principal en la Maroma y Zaragoza; de la instalación de líneas de distribución para electrificación; ciento cuarenta y cinco pozos agrícolas en Villa Ahumada, Chihuahua; en ordenamiento urbano, se realizaron doscientos noventa y ocho sistemas de agua potable y ciento cuarenta y cinco redes de alcantarillado; se electrificaron ciento setenta y una comunidades; se construyeron y mejoraron 7 mil 028 viviendas y se urbanizaron para uso habitacional 122 mil metros cuadrados.
Respecto a servicios educativos, se construyeron doscientos treinta y cinco anexos, novecientas setenta y cinco aulas, diez laboratorios, veinticuatro talleres y cuarenta y tres escuelas, que permitieron a 77 mil 612 alumnos continuar con su preparación educativa; y en lo que respecta a salud y seguridad social, se continuó desarrollando la infraestructura de atención, ampliando la cobertura de 1 millón 053 mil 702 de consultas y otorgando asistencia social a quinientas setenta comunidades de la región.
Para avanzar en el Programa de Desarrollo de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y Región Centro, se incluye a seis estados colindantes con el Distrito Federal, en el Estado de Hidalgo se construyeron cuarenta y siete sistemas para el abastecimiento de agua potable se rehabilitaron quince; en México se construyeron noventa y cuatro y se ampliaron trece y en Morelos se construyeron treinta y siete. Con estas obras se beneficiaron 1. 5 millones de personas.
En relación a la vivienda, se rehabilitaron novecientas sesenta y dos casas habitación y se otorgaron servicios a los lotes urbanos en Hidalgo; se rehabilitaron en el estado de México 2 mil 269 viviendas y se apoyó la construcción de noventa y una; y en Tlaxcala, se rehabilitaron 1 mil 405. Con ello, fueron beneficiados 33 mil 217 habitantes.
En materia de abasto, se construyeron ciento setenta establecimientos comerciales en Hidalgo y catorce almacenes en el estado de México.
Otros resultados del programa: se dio asistencia técnica a 7 mil 136 productores y se mejoró la infraestructura para atender a 4 mil 351 cabezas y 2 mil 700 aves; en el estado de México se beneficiaron 7 mil 208 productores, atendiendo a 14 mil 234 cabezas y 41 mil aves. En lo que se refiere a la comunicación, se construyeron 8. 8 kilómetros de caminos en Hidalgo, veintisiete kilómetros en el estado de México, y 16. 5 kilómetros en Tlaxcala en provecho de 46 mil 784 personas, y generando 133. 7 mil jornadas.
Al Programa de Desarrollo de la Región Sureste se le destinaron recursos para infraestructura y equipamiento, vialidad y transporte urbano; se pavimentaron y empedraron 184 mil 272 metros cuadrados de calles; se construyeron 4 mil 056 metros de guarnición en beneficio de 1. 4 millones de personas.
El sector educativo tuvo grandes avances: se construyeron 1 mil 943 aulas, cuatrocientos sesenta y siete anexos; cuarenta y nueve laboratorios y setenta y siete talleres, que beneficiaron a 145 mil 540 alumnos en toda la región; también se proporcionaron 28. 7 miles de becas a nivel básico y 10. 4 miles para el servicio social.
En salud, se aumentó en ochocientos treinta y ocho el número de camas en hospitales; se otorgaron 604 mil 412 consultas y se atendieron setecientas dos comunidades, favoreciendo con ello a 5 millones de habitantes; se amplió el Hospital General de Ciudad del Carmen, Campeche; se remodelaron y construyeron los hospitales de siete localidades de Chiapas; y se rehabilitaron y equiparon tres hospitales de Oaxaca.
En materia agrícola, se incorporaron 9 mil 739 hectáreas al riego para provecho de 9 mil 803 productores; se le dio asistencia técnica a 58 mil ciento setenta y cinco hectáreas, y se establecieron huertos frutícolas con 4 mil 414 plantas, en beneficio de 98 mil 275 productores.
Para mayor abundamiento, durante la reunión de esta comisión dictaminadora con los funcionarios del sector, se informó que se han canalizado recursos directamente en torno al Programa de Desarrollo Integral de las mixtecas oaxaqueñas ( alta y baja):
Para proyectos productivos se autorizaron 383 millones de pesos en diferentes tipos de obras, de fomento ganadero, de acuacultura rústica, de empresas agroindustriales que habían beneficiado a casi 14 mil productores y generado alrededor de ocho empleos.
Para proyectos de tipo social, se canalizaron 216 millones de pesos para la construcción y ampliación de sistemas pequeños de agua potable y de infraestructura educativa, beneficiando con ello a 63 mil personas y creando 2 27 mil jornales.
Para la construcción y mejoramiento de caminos se destinaron 330 millones de pesos, dando preferencia a los caminos rurales; con estas obras se beneficiaron a 68 mil personas y se crearon 67 mil empleos.
Por lo que refiere al Programa de la Frontera Sur, en Campeche se realizaron obras de infraestructura agropecuaria y se construyeron quince unidades bovinas y quince avícolas localizadas; se llevó a cabo la construcción de tres sistemas de agua potable y la rehabilitación de ocho en provecho de 9 mil 550 personas.
En Chiapas se preservaron 3 mil 500 de huertos frutícolas y cafetaleros; en educación y salud se construyeron seis escuelas secundarias, veintiún aulas primarias y se realizaron obras de mantenimiento y en los centros de salud comunitarios.
En Quintana Roo, se dio un gran impulso a la actividad agropecuaria, se rehabilitaron ciento noventa y tres hectáreas de huerto frutícolas; se dotó de servicios a comunidades fronterizas como electrificación de poblaciones y el tendido de una línea de transmisión de 13. 0 kilómetros en educación, se construyeron ciento veintiséis aulas, setenta anexos y cuatro laboratorios, y se ampliaron los servicios a cuarenta comunidades.
Finalmente, en Tabasco se terminó la construcción de una bodega para el acopio y almacenamiento de productos básicos; con una capacidad de 5 mil toneladas; se continuó la construcción del camino rural en Xhontal, se pavimentaron 3 mil 485 metros cuadrados en infraestructura de vialidad y novecientos veintiséis metros de guarniciones en Jonuta.
A través del Programa de Desarrollo de la Frontera Norte, se logró incorporar al riego trescientas cinco hectáreas, favoreciendo a doscientos noventa y siete productores de Sonora; la construcción del sistema de interconexión del pozo tanque de almacenamiento en Coahuila; la terminación de abrevaderos en diversos municipios de Baja California y la instalación de una granja porcina en el ejido de Lázaro Cárdenas en Tijuana, con capacidad de ciento ochenta cabezas; en la construcción de carreteras resalta el ramal Ciudad Acuña - Santa Eulalia, en Coahuila y la conservación de 1 mil 698 kilómetros; en materia educativa, se concluyeron los centros de salud en Ciudad Camargo, Reynosa y Río Bravo; y en Ensenada se terminó la obra del Hospital de Especialidades.
El Programa de Reordenación Henequenera y Desarrollo Integral de Yucatán, ha permitido un nuevo impulso a la entidad, mediante el desmonte de 2 mil 697 hectáreas, beneficiando a 2 mil 777 productores; dotando de energía a treinta y ocho comunidades rurales, favorable a 8 mil 086 campesinos. Por otra parte, para alcanzar ochocientas toneladas de captura pesquera, se dotó de embarcaciones a trescientos veintinueve socios cooperativos.
En lo que respecta a las comunicaciones, se construyeron 150. 9 kilómetros de caminos rurales; se
conservaron 156. 2 kilómetros de la red carretera; y se terminó una longitud de dieciséis kilómetros de libramientos; igualmente, en materia de salud se remozaron los centros de salud de Buctzotz, Cenotillo, Tekak, Tzucacab, Izamal y Telchac, lo que permitió dar 19 mil 861 consultas a 24 mil 827 personas. A través de los programas regionales de empleo, se generaron 6. 4 millones de jornales, mediante la ejecución de obras de infraestructuras y de desarrollo de proyectos productivos, jugando un papel importante en beneficio de las comunidades rurales; las obras de desarrollo social absorbieron más del 87. 2% de los recursos canalizados y de los empleos generados.
Los programas de coordinación especial canalizaron sus recursos (63. 0%), a obras de infraestructura para el desarrollo social (educación, salud, trabajo y desarrollo urbano y ecología).
Subsector Desarrollo Urbano
y Ecología
Durante 1987, los principales propósitos de este subsector fueron: ordenar y regular los asentamientos humanos; construir vivienda; seguir con la reconstrucción de la vivienda dañada por los sismos; mejorar la calidad del medio ambiente; e impulsar el proceso de revisión de las tendencias de concentración, para equilibrar el crecimiento de los centros de población.
Del presupuesto autorizado originalmente al sector desarrollo urbano y ecología por 142 mil 694 millones de pesos, se recibieron ampliaciones presupuestales por 146 mil 398 millones de pesos; con lo que el presupuesto se modificó a 289 mil 092 millones de pesos. De estas ampliaciones, cabe hacer notar las provenientes del ramo XXVI, asignadas para los programas de reconstrucción, 70 mil 788 millones de pesos; 10 mil 144 millones de pesos de vivienda y 1 mil 981 millones de pesos para obras de agua potable y alcantarillado.
Las acciones del sector permitieron mantener la cobertura del 68. 0% de la demanda en agua potable y 45. 0% en alcantarillado, continuándose el proceso de descentralización de buena parte de los servicios a los organismos operadores locales; en agua potable y alcantarillado, se realizaron ciento veinticinco estudios y proyectos de apoyo a los sistemas de veintiséis ciudades medias, cumpliéndose al 100% la meta prevista.
Por otra parte, a solicitud de los gobiernos estatales y con recursos del ramo XXVI, se realizaron las obras de la planta de tratamiento de Tijuana, del cauce del colector oriente con el Río Monclova y de alcantarillado de Río Nuevo, en Mexicali.
Los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, señalaron que en el caso del Río Nuevo en Mexicali, se canalizaron 587 millones de pesos fundamentalmente para un colector, un cárcamo de bombeo y la rehabilitación de las lagunas de tratamiento; igualmente, en la terminación del colector oriente en el Río Monclova, se ejercieron 205 millones de pesos, proviniendo 80 millones de pesos de la Secretaría y 125 millones de pesos de Altos Hornos.
Mediante la ejecución del Programa Nacional de Vivienda en coordinación con las entidades y organismos públicos de este sector, en 1987 se terminaron 300 mil 030 unidades de vivienda, 268 mil 619 dentro de los programas normales y 31 mil 411 de los programas de reconstrucción y se avanzó en el proceso de 200 mil programadas para 1987.
El informe previo de la Contaduría Mayor de Hacienda, señala que de las 300 mil 030 acciones de vivienda, se destinó el 53. 0% a la vivienda terminada, el 23. 0% a mejoramiento de la vivienda, el 13. 0% a vivienda progresiva, el 6. 0% a lotes con servicios y el 5. 0% a otros créditos.
Asimismo, se crearon 5 mil 163 hectáreas de reserva territorial y se inició la gestión de 1 mil 881 hectáreas; se transfirieron novecientos ochenta hectáreas de propiedad federal a gobiernos estatales y municipales para programas de desarrollo urbano y vivienda; y se constituyeron ciento cuarenta y tres sociedades cooperativas de vivienda, ciento treinta y siete de consumo y seis de producción en diez estados de la República para impulsar la participación comunitaria en la autoconstrucción, ello contribuyó a satisfacer la demanda anual estimada por incremento de la población, y a subsanar el déficit por deterioro del inventario habitacional deficiente. En apoyo a la descentralización, el 85% de las acciones se realizaron fuera de las tres áreas metropolitanas.
La experiencia de los últimos años en cuanto a reconstrucción de vivienda, fue aprovechada para precisar aspectos técnicos, financieros y sociales; se ampliaron las bases de financiamiento y recuperación de recursos, los cual abrió posibilidades de apoyo a sectores como el campesino.
La vivienda popular recibió un fuerte impulso a través del Fideicomiso del Fondo de las Habitaciones Populares que financió la terminación de 42 mil 496 viviendas, 21 mil 188 de las cuales fueron terminadas en 1986, y 21 mil 308 en 1987, el resto (6 mil 304 viviendas), se
financiaron con recursos de fundaciones sociales y privadas para un total de 48 mil 800, con lo que se benefició a igual número de familias; asimismo, se concluyeron 33 mil 562 lotes con servicios.
Se financió la terminación de 14 mil 485 acciones de mejoramiento de la vivienda, alcanzando 683% más de la meta original; se realizaron 2 mil 908 acciones de vivienda rural, con un incremento de 49% de lo programado.
El Programa Emergente de Vivienda, fase II se prevé su terminación en 1988 con 12 mil viviendas, en 1987 se concluyeron 3 mil 037 y quedaron en proceso 5 mil 310 unidades.
Dentro del Programa de Reconstrucción Democrática Nonoalco - Tlatelolco, en 1987 concluyó reparaciones menores de ochocientos sesenta y dos departamentos, acciones con las que el programa cumplió al 100% la meta de reparar 5 mil 004; se avanzó en 62% la reparación estructural de treinta y dos edificios (4 mil 488 departamentos).
En la zona sur del estado de Jalisco, concluyó con 2 mil 001 acciones en 1987, cumpliéndose al 100% la meta.
Para impulsar la política ecológica, durante 1987 se desarrollaron cien acciones de protección ecológica, mediante la construcción de unidades de protección y restauración ecológica en los estados de la República respecto a la prevención y control de la contaminación; se avanzó en la instalación de redes de monitoreo de la calidad de aire en los principales centros urbanos; se establecieron rellenos sanitarios en los centros que lo requirieron, con que se abatió significativamente el impacto ambiental negativo a centros de población prioritarios del sistema urbano nacional; y se concertó con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la instalación de equipos más avanzados para la reducción de contaminantes en los vehículos modelo 1989; y se amplió de doscientos setenta y uno a quinientos el inventario de empresas contaminantes.
Para prevenir y controlar la contaminación del agua, se realizaron quince proyectos ejecutivos y once estudios, lográndose en los primeros un 67% superior a la meta original y en los segundos un 80% menor a lo previsto; en relación a residuos sólidos, se terminaron trece rellenos sanitarios, 24% inferior a lo previsto.
Para preservar parques, reservas y áreas ecológicas, se elaboraron cinco estudios con una variación del 50% menor de lo programado; en sitios históricos y monumentos, se efectuaron treinta estudios y proyectos ejecutivos, cumpliéndose la meta al 100% y se efectuaron sesenta obras de restauración de inmuebles, superándose en 150% la meta original.
Presupuesto Sectorial
Para llevar a cabo todas estas acciones, el sector desarrollo regional y urbano ejerció un presupuesto de 1 mil 621. 7 miles de millones de pesos, rebasado en 102. 3% a lo gastado en 1986, y en 18. 9% al original.
De los recursos ejercidos, 342. 1 miles de millones de pesos (21. 1%), correspondieron al Ramo XXVI (desarrollo regional); 177. 9 miles de millones de pesos (11. 0%), fueron ejercidos por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, y los restantes 1 mil 101. 7 miles de millones de pesos (67. 9%), correspondieron a los organismos, empresas, fondos y fideicomisos subsidiados. De entre estas entidades, destacan por el monto ejercido, en relación al total del sector: Ruta 100 (11. 9%); subsidios a estados y municipios (7. 4%); autotransporte colectivo Metro (5. 3%); Instituto Mexicano del Seguro Social - Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (3. 8%), y el Fideicomiso del Fondo de las Viviendas Populares (FONHAPO), (5. 4%). (Cuadro II. 3).
Secretaría de Desarrollo Urbano
y Ecología
La Secretaría, que tiene una función eminentemente normativa, tuvo una erogación de 272. 9 miles de millones de pesos, cifra que resultó mayor en 91. 2% a la previsión original; esta discrepancia fue resultado de las transferencias provenientes de los Ramos XXVI y XXXI, así como de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del honorable Congreso de la Unión y del Convenio Único de Desarrollo.
El gasto de la Secretaría se asignó a veintiocho programas, de los cuales sobresalieron el de Vivienda Progresiva (32. 1%), Administración General(21. 8%) Reconstrucción por Daños Sísmicos (13. 9%), y el de Administración General de Desarrollo Urbano (9. 4%); estos programas absorbieron el 77. 2% del total ejercido por la entidad.
Del total de ciento dieciocho acciones incluidas en setenta y cinco subprogramas, veinte (17. 0%), rebasaron la meta prevista, sesenta y ocho (57. 6%), alcanzaron la meta original y treinta (25. 4%), no alcanzaron a cubrir sus objetivos, entre otras razones por:
Retraso en la entrega de recursos financieros para las acciones a derivarse de alguno de los estudios y proyectos programados.
La variación de la dimensión de las obras por una complejidad técnica diferente a la prevista, detectada durante el proceso de ejecución de las mismas.
La reasignación de metas de un subprograma a otro, con el propósito de consolidar esfuerzos en acciones de beneficio inmediato.
Es importante señalar, que la información presentada es insuficiente para profundizar la evaluación de los programas, particularmente en lo que respecta a la ubicación geográfica de las acciones de construcción de pies de casas financiada por el Fideicomiso del Fondo de las Viviendas Populares y en la población beneficiada.
Subsector Desarrollo Regional (Ramo XXVI)
La información disponible nos permitió conocer que el gasto programático total del subsector fue el 1 mil 369. 9 miles de millones de pesos; esta cifra representa un incremento de 47. 1% respecto al presupuesto original y de 25. 1% con relación al año anterior. Es necesario recordar que la mayoría de las entidades gubernamentales (principalmente las secretarías de Salud y Educación Pública, así como el Departamento del Distrito Federal) y muchos de los gobiernos estatales ejercen el presupuesto asignado a este ramo, es decir, estas variaciones se explican por la prioridad que se concedió a los programas regionales de empleo y de coordinación especial, así como a la infraestructura para la educación, la salud y otros servicios sociales que fueron afectadas por el sismo de 1985.
El gasto ejercido del subsector se distribuyó de la siguiente manera: el 22. 4% correspondió a los programas de desarrollo regional, el 8. 8% a apoyos financieros a estados y municipios, el 53. 2% al Departamento del Distrito Federal, 4. 9% a los programas regionales de empleo, el 7. 6% a los programas de coordinación especial y el 3. 1% a programas de renovación habitacional.
Los programas regionales y de empleo destinaron alrededor del 90% de sus recursos a promover proyectos productivos y a crear infraestructura básica y de desarrollo social. Los programas de coordinación especial comprenden veintinueve programas y treinta y siete subprogramas, entre los cuales destacan el de integración de la educación básica, al que se canalizó el 44% del gasto ejercido, seguido por el de definición y control de la política de planeación, control presupuestal y evaluación global con 25. 7%; desarrollo de la infraestructura con 10%. Estos tres programas en conjunto, observaron el 79. 8% de los recursos totales erogados en los programas de coordinación especial.
Por último, cabe señalar que en la Cuenta Pública se registraron los recursos ejercidos por el Departamento del Distrito Federal, que fueron 728. 6 miles de millones de pesos; esta información se analizará con más detalle, al revisar la Cuenta Pública del Distrito Federal.
Si bien se apoya la descentralización a través del Ramo XXVI, también se reconoce que las necesidades del Distrito Federal requieren la atención correspondiente; es recomendable que los recursos del ramo de análisis se destinen únicamente al desarrollo regional, y se incluya en el presupuesto del Distrito Federal la totalidad de recursos que se ejerzan.
4. 3 Pesca
El sector pesquero orientó sus acciones a la terminación de obras en proceso, que incrementaron su productividad, a mejorar los centros acuícolas y granjas piscícolas, a mejorar la oferta de alimentos a la población, a la generación de empleos, a la captación de divisas y a mejorar los niveles de vida de los pescadores.
Mediante el manejo del gasto público del sector pudieron concretarse las políticas, estrategias y líneas de acción que en los procesos de programación presupuestaria se habían definido, posibilitando avances de importancia para la actividad pesquera.
Bajo estas perspectivas, el volumen total de la producción pesquera nacional ascendió a 1 millón 486 mil 487 mil toneladas, cantidad superior 9. 6% a la obtenida en 1986 y 7. 0% superior a la programada; de esa producción corresponde a la fase de captura el 88. 6% (1 millón 317 mil toneladas), y la actividad acuícola el 11. 4% restante (169 mil 433 toneladas). Por otra parte, se observan incrementos en las especies de consumo popular que forman parte de la canasta básica como son la sardina, que aumentó en 2. 0% (480 mil 024 toneladas), y el atún, en 5. 3% (113 mil 174 toneladas), en relación a 1986. La participación en el total de la producción del sector público fue del 2. 0% el sector social aportó el 31. 0% y el privado contribuyó con el 67. 0% ampliándose en cada sector los niveles de producción obtenido en 1986.
De la producción pesquera se destinaron al consumo humano directo 929 mil 564 toneladas: a la producción de uso industrial y al consumo humano indirecto 508 mil 131 toneladas y 49 mil 152 para uso farmacéutico. En los dos primeros se tuvo un incremento respecto a 1986 de 14. 0% y 25. 0%, mientras que en el último disminuyó en 20%.
Al proceso de industrialización, en los trescientos sesenta y cinco planteles distribuidos en el
territorio nacional, se destinaron 727 mil 161 toneladas (peso comercializado), de materia prima, con lo que se rebasó en 14. 0% la meta establecida en la estrategia programática sectorial y quedó superado en 1. 0% el volumen alcanzado en 1986, llegando a una producción total de 270 mil 586 toneladas (peso neto), de producto terminado, lo que implicó un crecimiento del 8. 0% con respecto a 1986.
Con respecto a la comercialización de productos pesqueros en 1987 ascendió a 695 mil 846 toneladas, cantidades 13. 0% a la comercializada en 1986, que integró por 476 mil 852 toneladas de producto fresco, 51 mil 910 toneladas de congelado, 67 mil 978 toneladas de enlatado, 97 mil 619 toneladas de harina y 1 mil 487 toneladas de otros; por su parte, el consumo percápita se incrementó en cuatrocientos gramos, al pasar de 13. 2 kilogramos en 1986 a 13. 6 kilogramos en 1987.
Al mercado externo la actividad pesquera exportó cerca de 165 mil 033 toneladas, con un valor de 545 mil 631 millones de dólares; las especies más importantes para el comercio exterior fueron el camarón y el atún, que representaron el 85. 0% del total exportado; las importaciones comprendieron 2 mil 252 toneladas con un valor de 3 mil 020 millones de dólares como resultado un saldo positivo en la balanza comercial de productos por 542 mil 611 millones de dólares, cifra mayor en 15. 6% a la obtenida en 1986.
En materia de flota, la estrategia seguida por los sectores social, público y privado, estuvo orientada fundamentalmente a incrementar la eficiencia y productividad de las embarcaciones y a propiciar un desarrollo regional más equilibrado, tomando como base la reubicación de la flota, en función de la disponibilidad y costo de explotación de los recursos pesqueros.
Así, la captura lograda fue posible con la operación de 65 mil 306 embarcaciones, 12. 0% más que las unidades de 1986, de las cuales 3 mil 271 fueron embarcaciones mayores y las restantes 62 mil 035, embarcaciones menores; de la flota mayor operó el 88. 0% ya que las condiciones económicas y coyunturales del país afectan de manera significativa los programas de crédito, mantenimiento, reparación y construcción de la flota.
La organización de los pescadores para fortalecer su participación en el proceso productivo, permitió la incorporación durante 1987 al sector social pesquero de ochenta y nueve sociedades cooperativas en beneficio de 4 mil socios.
En materia de captación, con el apoyo de los Centros de Capacitación Pesquera (Cecapes), de los barcos escuela (Unicaps), y en coordinación con otras dependencias federales, buscando mejorar la administración de los recursos con que cuentan los diversos sectores sociales pesqueros, se instruyó técnicamente a 2 mil 255 pescadores; en aspecto administrativo, a ciento nueve personas (becarios), y en otro tipo de capacitación a 1 mil 300.
Con el fin de que la investigación científica y tecnológica continuara proporcionando el conocimiento necesario para la mejor operación de la actividad pesquera, el Instituto Nacional de la Pesca realizó setenta y seis investigaciones, cuyos resultados científicos y tecnológicos permitieron la toma de decisiones sobre el uso y administración de los recursos y productos pesqueros.
Por otra parte, en la Cuenta Pública se informó que en Productos Pesqueros Mexicanos, se continuó el esfuerzo de reestructuración financiera y administrativa en busca de mejores niveles de producción y productividad, a través del óptimo aprovechamiento de la capacidad instalada y del uso racional de los recursos disponibles, así como por la promoción y renta de las plantas que desde 1984 se han venido vendiendo; en 1987 se transfirieron empresas congeladoras de camarón al sector social; liquidó tres empresas y vendió acciones de dos empresas más, en las que tenía participaciones de capital social. Bajo estas circunstancias, en captura de la flota y por compras a terceros, la paraestatal alcanzó 114 mil 487 toneladas, alcanzando el 53. 0% de la meta original.
Por lo que hace a industrialización, el total llegó a las 51 mil 936 toneladas, lo que representó el 46. 0% de la meta original; las ventas totales en los mercados internos y externos ascendieron a 66 mil 912 toneladas, lo que representó un cumplimiento de 57. 0% con respecto a la meta original.
Para llegar a estos resultados, el sector pesca realizó un gasto sectorial 709 mil millones de pesos, 133. 7% más que en 1986 y superior en 48. 2% al presupuesto previsto originalmente; de ese monto total, el 7. 6% (cincuenta y cuatro miles de millones de pesos), fue ejercido por la Secretaría de Pesca, para un incremento en su gasto de 128. 8% con respecto al año inmediato anterior y una diferencia de 67. 7% por arriba del inicialmente aprobado. (Cuadro II. 4).
A Productos Pesqueros Mexicanos correspondió 91. 4% (648. 1 miles de millones de pesos), del ejercicio presupuestal, gasto superior en 141. 4% el efectuado por
la paraestatal en 1986 y superior en 46. 0% al aprobado; otros organismos y empresas del sector, ejercieron el 1% (6. 9 miles de millones de pesos).
Secretaria de Pesca
En la reunión de la Cuenta Pública, se observó que el presupuesto programático asignado a esta Secretaría para el cumplimiento de sus programas ascendió a 64. 1 miles de millones de pesos, en tanto el monto ejercido ascendió a 113. 8 miles de millones de pesos, cifra mayor en 77. 6% a la estimada, variación que obedeció a la inflación de costos y al incremento salarial, básicamente.
De los recursos ejercidos, 54 miles de millones de pesos fueron destinados al gasto directo de la coordinación de sector y 59. 8 miles de millones de pesos a transferencias, de las que el 55. 2% se distribuyeron para gasto corriente y el 44. 8% para gastos de capital.
La cantidad más importante de gasto de la Secretaría fue canalizada a los programas administración (50. 4%), captura (11. 1%), industrialización de productos pesqueros (8. 9%), acuacultura (7. 9%), investigación y tecnología en materia pesquera (5. 3%), que en conjunto representan el 83. 6% del gasto total ejercido, con un monto de 99. 4 miles de millones de pesos.
Los anteriores programas tuvieron algunas desviaciones a causa de diversos factores que se presentaron en el transcurso del ejercicio, entre los que destacan la reasignación de recursos, la reducción en el ritmo en la ejecución de obras y a la racionalización de transferencias, así como al esfuerzo de disminución del gasto directo; en programas de apoyo administrativo que dirigió a mantener los niveles estrictamente necesarios para la adecuada administración del sector.
Entidades Coordinadas
por la Secretaría de Pesca
Productos Pesqueros Mexicanos (Propemex)
El gasto ejercido por esta entidad ascendió a 612. 1 miles de millones de pesos, cantidad 39. 1% mayor a la previsión presupuestal original; la desviación se debe principalmente al mayor monto operado en la adquisición de materiales y suministro, que rebasó el presupuesto en 41. 3% esto responde al aumento generalizado de los precios; del monto total del gasto de la paraestatal, el 82. 3% correspondió a recursos propios, el 4. 4% a recursos fiscales y el 13. 3% restante a recursos derivados de financiamiento.
Productos Pesqueros Mexicanos destinó los recursos ejercidos a la realización de seis programas, entre los que destacan el de comercialización y transporte de productos pesqueros, que absorbió el 81. 3% (497. 4 miles de millones de pesos), del gasto total; y el de industrialización de productos pesqueros, en el que fue aplicado el 7. 5% (46. 2 miles de millones de pesos), del monto registrado.
Los programas señalados observaron desviaciones negativas en el cumplimento de sus metas derivadas de problemas financieros, limitación de créditos, incrementos en los precios que afectaron el proceso productivo, escasez de materias primas, así como rezago permanente entre el costo de producción y los precios de venta autorizados.
En particular, el Programa de Comercialización excedió el presupuesto en 57%, debido principalmente al movimiento de los precios y el deslizamiento en los tipos de cambio en las transacciones realizadas con el exterior; por otro lado, en lo que se refiere a la comercialización de productos pesqueros, Productos Pesqueros Mexicanos aportó el 57% del volumen total nacional y participó con el 15. 2% en las exportaciones del sector.
En esta fase, como se podrá notar, existe una disminución de la participación del consorcio derivado de la falta de modernización de los canales de comercialización y transporte, que aunada a problemas de liquidez, ocasionó que sólo se alcanzara el 51. 0% y el 75. 6% de la meta programada en cada caso.
En el Programa de Industrialización de Productos Pesqueros se ejerció un monto de 46. 2 miles de millones de pesos, que significó el 81% del presupuesto original; por lo que corresponde a este programa, la entidad contribuyó con el 19. 2% de la producción nacional al obtener, como ya se mencionó anteriormente, 51 mil 936 toneladas de producto terminado, que representaron el 46. 4% de la meta original.
Lo anterior, como lo demuestra el informe previo de la Cuenta Pública, se debió a la baja de utilización de la capacidad instalada, pues no se recibieron los volúmenes previstos de materia prima; no se dispuso de recursos suficientes para finalizar el gasto de operación, porque fue necesario liquidar adeudos contaremos en 1986, y hubo dificultad para recuperar la cartera vencida de clientes; escasearon los insumos y se incrementaron sus costos, especialmente en el caso de hojalata de importación.
4. 4 Desarrollo Social
Durante 1987, las acciones en materia de educación se orientaron a ampliar el acceso de todos los
mexicanos a las oportunidades educativas, culturales y recreativas; no obstante la crisis económica, se permitió mantener la cobertura de la matrícula y ampliarla, incluso en algunos casos, o bien mejorar la calidad de la enseñanza. Se concluyó la primera etapa de descentralización de los servicios de educación básica y se avanzó en la regionalización y desconcentración de la educación superior y la investigación tecnológica.
En materia de salud, se buscó extender la cobertura de los servicios y mejorar la calidad de los mismos, se han logrado el control de las enfermedades prevenibles por vacunación, disminuir la incidencia de las enfermedades transferibles y su detección oportuna.
En el aspecto laboral, los esfuerzos se orientaron a elevar la productividad, defender el poder adquisitivo de los salarios, disminuir el desempleo y el subempleo, e impartir la justicia laboral sin afectar las actividades productivas.
Durante 1987, las líneas de acción del sector educación, salud, seguridad social y laboral, se orientaron a la consecución de los propósitos y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y de sus programas sustantivos, logrando con esto importantes avances, dentro de los que destacan:
Educación
En educación básica se continuó apoyando la política de ampliación de la cobertura en los tres niveles que la conforman; en educación preescolar, se logró atender a 1 millón 782. 5 niños de cuatro y cinco años; en primaria se mantuvo al 100% la oferta para niños de edad escolar (seis a catorce años), atendiéndose en primaria formal a 10. 1 millones de niños.
En cuanto a libros de texto gratuito, se cubrió la demanda con una producción y distribución de 75 millones 658 mil libros y 2. 1 millones de libros para niños en educación preescolar. En educación secundaria general para trabajadores y secundaria en todas sus modalidades, a 2 billones 871 mil 393 millones de educandos; y en telesecundaria, se cumplió en un 96% de lo programado originalmente.
Entre otras actividades de apoyo para este nivel educativo, destaca la introducción de la enseñanza aprendizaje del uso de las microcomputadoras y la elaboración de libros de texto a precios económicos; en este sentido, se instalaron 2 mil 171 equipos MICRO - SEP, elaborándose alrededor de ciento ochenta programas computacionales para diferentes áreas del conocimiento de este nivel.
Asimismo, se atendieron a más de 426 mil alumnos en educación profesional media; en educación superior universitaria, se atendieron a 870 mil 304 estudiantes, se dio atención a 32 mil 170 alumnos en estudio de postgrado y se abrieron seiscientas sesenta nuevas bibliotecas, con lo que se amplió la red nacional de bibliotecas a 2 mil 019.
En cuanto a la construcción y equipamiento de espacios educativos, se construyeron y equiparon 31 mil 864 espacios educativos, los cuales se destinaron a los diferentes niveles de enseñanza.
Salud y Seguridad Social
En 1987, la Secretaría de Salud aplicó 29. 5 millones de vacunas, principalmente a la población infantil menor de cinco años; en control de enfermedades transmisibles, se superó en 1. 0% las metas programas con lo que el total de consultas ascendió a 5. 9 millones; logró dar 1. 9 millones de consultas de planificación familiar voluntaria y el control de 1 millón de usuarias activas, logrando un avance del 89. 0% de la meta programada; y en el segundo, se alcanzó el 88%, y en atención curativa se dieron 17. 5 millones de consultas externas generales y 1. 1 millones de externas especializadas.
Respecto a la vigilancia epidemiológica del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en 1987 se realizaron diversas actividades cono encuestas seroepidemiológicas en grupos de alto riesgo y donación de sangre; un programa de capacitación y medidas de control para el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y la instalación del Centro Nacional de Información sobre esta enfermedad; a partir de junio se publicó el boletín mensual del síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
Es importante señalar, como lo marca el informe previo de la Cuenta Pública, que a pesar de los avances logrados, la mortalidad siguió incidiendo fundamentalmente en la población infantil menor de un año, sobre todo en las áreas de bajos niveles de ingreso, siendo sus principales causas la enteritis y otras enfermedades diarreicas, así como la neumonía, la influenza y de otras infecciones respiratorias agudas.
La Secretaría de Salud continuó con la construcción de ciento veinte unidades médicas de primer nivel y cerca de diez de segundo nivel, enmarcadas en el programa Banco Interamericano de Desarrollo Rural; terminándose cinco de los seis hospitales generales planeados, contando cada uno de éstos con ciento cuarenta y cuatro camas operando en las zonas conurbadas de Atizapán Cuautitlán, Ecatepec, Ciudad Netzahualcóyotl y
Toluca, quedando pendiente el de Naucalpan; con estas acciones se restituyeron la totalidad de camas hospitalarias perdidas en el sismo de 1985, correspondientes a esta Secretaría.
Sin embargo, resulta conveniente tanto para la optimización de los servicios como para un mayor aprovechamiento de los recursos, que la Secretaría de Salud, como dependencia reguladora, normara un criterio sobre los requerimientos básicos de los insumos y sus costos, para los distintos programas y proyectos que ejecutan las instituciones de salud pública.
En virtud de los resultados positivos logrados en materia de descentralización de los servicios de salud a los gobiernos estatales particularmente, se requiere una mayor desconcentración de facultades para la autorización y registro de nuevos productos, y con ellos impulsar el establecimiento de microindustrias en beneficio de la economía estatal y la generación de empleos.
Asimismo, el Instituto Mexicano del Seguro Social aplicó 22. 8 millones de vacunas y en el programa Instituto Mexicano del Seguro Social Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados 6. 0 millones; se atendieron a 18. 9 millones de personas con padecimiento crónicos degenerativos y 3. 3 programas del Instituto del Seguro Social Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, además de controlar 1. 9 millones de paciente con enfermedades transmisibles y atender 2. 9 millones de consultas de planificación familiar y 0. 1 en Instituto Mexicano del Seguro Social - Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados.
El instituto, con el propósito de ampliar su cobertura, contó con los proyectos prioritarios siguientes: la terminación de dos unidades de medicina familiar en Guanajuato y Culiacán, Sinaloa y la continuación de dos más en las ciudades de Monterrey y Mérida; asimismo, siguen los trabajos de construcción de siete hospitales de zonas en varias ciudades del interior y dos de especialización; se siguen con el proceso de obras de reconstrucción denominadas "Centro Médico Nacional XXI", con un avance de 16. 0% en el hospital de adultos; homeología en un 15. 0% ; 39. 0% en el de cardiología y en pediatría en un 20. 0%.
Por su parte, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado aplicó en 1987, 3. 8 millones de vacunas y atendió a 26. 8 millones de consultas; los servicios que fueron llevados a cabo por el instituto beneficiaron a 5. 1 millones de derechohabientes, 11. 0% más que en 1986.
En el área de construcción de infraestructura y mantenimiento, se amplió la capacidad instalada en apoyo al incremento en la cobertura de servicios, destacando así el impulso a la consolidación del primer nivel de atención; obras principales concluidas fueron: medicina general, ochenta y cuatro; clínicas hospital, dos; hospitales regionales, uno; estancias infantiles y un par de unidades comerciales.
Laboral
En materia de justicia laboral, ésta se impartió cumpliendo con los términos legales y fundando en todos los casos los acuerdos, resoluciones y laudos dictados, atendiéndose el 100% de las demandas presentadas.
La reorganización de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje fue relevante debido a que modifico la jurisdicción territorial de las juntas especiales foráneas, buscando maximizar los recursos humanos y materiales.
En conflictos obreros patrones, se logran conciliar 1 mil 014 asuntos, de los cuales novecientos diecisiete se resolvieron por convenio conciliatorio, beneficiando a 1 millón 457 mil trabajadores; en contratación de ley se celebraron veintitrés convenios de contrato colectivo de carácter singular, 1 mil 113 entre empresas y sindicatos.
El Servicio Nacional de Empleo, orientó sus esfuerzos a seleccionar y colocar a personas en demanda de empleo, el cual se extendió a todas las entidades federativas, atendiéndose a 222 mil 449 solicitudes de empleo y 138 mil 176 trabajadores para cubrir vacantes.
En coordinación con el sector industrial, se requiere estructurar programas que permitan identificar las necesidades propias de las regiones, captar una mayor cantidad de mano de obra y adecuar la legislación laboral a las necesidades específicas.
El programa de becas de capacitación para trabajadores otorgó 15 mil 400 becas a personas sin empleo, mediante la impartición de quinientos cincuenta y dos cursos a becarios.
En materia de fomento al cooperativismo se autorizó el registro de novecientas ochenta y siete sociedades de las cuales doscientas corresponden a cooperativas de producción, lo cual hizo posible la creación de 19 mil 250 nuevos empleos, aproximadamente.
Respecto a la protección del salario, en materia de participación de utilidades se ofrecieron 6 mil 188
asesorías, 9 mil 952 créditos para servicios educativos y cinco para turistas y noventa y cuatro para funerarias, con un importe de 72 mil millones de pesos. Asimismo, autorizaron 254 mil 942 créditos diversos por un monto de 71. 6 mil millones de pesos, en beneficio de los trabajadores y sus familias.
Presupuesto Sectorial
Para cumplir con sus objetivos, el sector desarrollo ejerció 10 mil 374 miles de millones de pesos, con un incremento de 57. 4% respecto al original y de 132. 1% al de 1986; de dicho monto, 3 mil 217. 3 miles de millones de pesos (31. 0%), fueron ejercidos por las Secretarías de Educación Pública; 563. 9 miles de millones de pesos (5. 4%) por la Secretaría de Salud; 49. 5 miles de millones de pesos (0. 5%) por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; por organismos dentro del presupuesto (Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado e Instituto Mexicano del Seguro Social), 4 mil 334. 9 miles de millones de pesos, (41. 8), y por organismos, empresas, fondos y fideicomisos subsidiarios, 2 mil 208. 4 miles de millones de pesos (21. 3%). (Cuadro II. 5).
Secretaría de Educación Pública
El presupuesto ejercido por esta Secretaría fue de 5 mil 034. 3 miles de millones de pesos, que representan un incremento de 187. 3% respecto al autorizado; la variación presupuestal se destinó a dar cumplimiento a las instrucciones giradas por el Ejecutivo Federal respecto a los beneficios salariales, siendo básicamente aumentos al salario mínimo y creación de plazas para cubrir servicios educativos del sector, así como a los fuertes incrementos que experimentaron los servicios básicos como son luz, agua, teléfono, transportes, pasajes y viáticos entre otros.
Del gasto total ejercido, corresponden a gasto directo 3 mil 217. 3 miles de millones de pesos y 1 mil 817 miles de millones de pesos a transferencias, de las cuales, el 86. 1% correspondió a gasto corriente y el 13. 9 al capital.
El presupuesto ejercido por la dependencia se destinó a cuarenta y seis programas, siendo los más importantes el de integración de la educación básica (43. 6%), reorientación del sistema de educación universitaria (17. 1%), y el impulso al sistema de educación tecnológica (13. 4%), estos tres programas, absorbieron el 74. 1% del total erogado, los cuales constan de catorce subprogramas y treinta y ocho acciones.
El Programa de Integración de la Educación Básica está compuesto por veinte acciones, de las cuales nueve alcanzaron las metas programadas y la deserción escolar originada por la necesidad de incorporarse al trabajo productivo; al desfasamiento en el programa de construcción, que implicó entrega tardía de edificios escolares; a una captación de la demanda inferior a la esperada y a la crisis económica por la que atraviesa el país, imposibilita a los padres de familia a poder solventar los gastos mínimos que representan el ingreso de sus hijos a la escuela.
Por lo que respecta a los programas de reorientación del sistema de educación universitaria y al programa de impulso al sistema de educación tecnológica y sus metas, no alcanzaron el avance previsto por razones similares al párrafo anterior.
De las metas previstas en el programa de impulso al sistema de educación tecnológica, siete de once acciones no alcanzaron el avance previsto debido básicamente a la deserción escolar, a la insuficiencia de recursos financieros asignada por la crisis por la que atraviesa el país.
En virtud de ello, deberán replantearse los programas que impulsan la educación tecnológica, tomando en consideración la realidad de los educandos y las necesidades del país, a fin de reducir los índices de deserción existentes.
Secretaría de Salud
Esta dependencia registró una erogación de 737. 4 miles de millones de pesos, mayor a lo propuesto originalmente en 85. 8% del gasto total ejercido por la Secretaría, 563. 9 miles de millones de pesos correspondieron a gasto directo (no incluye transferencias), y 173. 5 miles de millones de pesos transferencias e inversiones financieras, destinándose el 91. 4% a gasto corriente y el 8. 6% al de capital.
La variación del gasto corriente se originó principalmente en el rubro servicios personales, que se incrementó por los aumentos salariales autorizados por el gobierno federal (en los meses de enero, abril, julio y octubre), por la homologación salarial efectuada por la Secretaría de Salud y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con respecto a los tabuladores del Instituto Mexicano del Seguro Social, y por las nuevas plazas que se crearon en la rama médica y paramédica con el objeto de mejorar la calidad de los servicios de salud; y en menor medida en el rubro de servicios generales, que aumentó como resultado de los ajustes periódicos efectuados a las tarifas de los servicios básicos (energía eléctrica, teléfono, agua
potable, etcétera), la Secretaría distribuyó sus recursos en doce programas, concentrándose el 80. 2 del total en tres de ellos; atención curativa, 39. 7% administración de la salud, 28. 5% y atención preventiva, 12%, los cuales contemplan veinticinco subprogramas con cuarenta acciones.
El programa de atención curativa consta de diez acciones de las cuales siete cumplieron o rebasaron con lo previsto el resto de las metas, obteniendo avances por encima del 90%.
De las siete acciones fijadas para el programa de atención preventiva, tres rebasaron lo prolongado y una alcanzó satisfactoriamente sus metas; el resto no logró el avance previsto, como consecuencia principalmente de que algunos padecimientos con pocas alteraciones son atendidos en consulta general y no por los servicios de salud mental. Por cambios en el sistema de información en las entidades federativas, algunas no lograron informar sus alcances totales anuales al cierre del ciclo programático, situación que incidió en el logro de la meta anual nacional.
En este rubro, se advierte la necesidad de reorientar mayores recursos del sector hacia el fortalecimiento de estos servicios, para hacer frente a las necesidades cambiantes de la población y al mismo tiempo disminuir las partidas destinadas a los programas de apoyo.
Secretaría del Trabajo
y Previsión Social
Esta Secretaría registró un gasto programático de 64. 8 miles de millones de pesos, superior en 65% al autorizado originalmente; esto obedeció principalmente a los incrementos salariales de enero, abril, julio y octubre de 1987; el incremento mensual de la despensa para el personal al servicio de la federación; y el pago de previsión social, incendios al personal y quinquenios.
Del total ejercido por la Secretaría correspondiente a gasto directo ( no incluye transferencias), 49. 5 miles de millones de pesos y 15. 3 miles de millones de pesos a transferencias, de las cuales el 45. 8% se destinó a gastos corrientes y el 54. 2% al capital.
Los recursos ejercidos por esta Secretaría, se concentraron principalmente en tres programas: administración y apoyo técnico (29. 0%); impartición de justicia y vigilancia de la legislación laboral (21. 3%), y el bienestar de los trabajadores y sus familias (15. 7%) que en conjunto absorbieron el 66% del presupuesto total.
De las cuarenta y cuatro metas contempladas en el programa de administración y apoyo técnico, cuarenta y una alcanzaron o superaron al avance programado, y sólo tres no cumplieron lo previsto, debido a las medidas de austeridad del gasto.
En cuanto a las metas programadas en impartición de justicia y vigilancia de la legislación laboral, se rebasaron o se cumplieron las cuarenta y siete metas programadas; cabe mencionar que durante el año, del total de treinta y dos no fueron concretadas en el presupuesto del año en ejercicio.
Las metas del Programa Bienestar de los Trabajadores y sus familiares se cumplieron con lo establecido originalmente, debido a la incorporación de pasantes de la Comisión Coordinadora del Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de Educación y al incremento en la demanda externa de asesoría de empresas, trabajadores y sindicatos que se tradujera en cuatrocientas sesenta y cuatro consultas.
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
El presupuesto ejercido devengado por este organismo ascendió a 3 mil 665 miles de millones de pesos, de los cuales 3 mil 409. 3 miles de millones son recursos propios y 256. 3 miles de millones de pesos recursos fiscales, superiores en 36% al autorizado; la variación en el gasto se debió principalmente al otorgamiento de beneficio salarial superiores a los programas al aumento en precios de medicamentos y a materiales de curación, al alto costo de los insumos y manos de obra en las acciones constructivas.
Los recursos se distribuyeron en diecinueve programas, destacando el de atención curativa (45. 3%), prestaciones económicas (23. 6%), y el de administración institucional (15. 1%); esos tres programas absorbieron el 84. 0% del gasto del organismo.
De las seis acciones contempladas en el Programa de Atención Curativa, dos cumplimientos o rebasaron las metas programadas, el resto tuvieron avance significativo alrededor del 96. 0% de lo previsto.
El total de las metas del Programa de prestaciones Económicas fueron cumplidas satisfactoriamente en relación a lo programado.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
El Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado registró una erogación
programática devengada de 1 mil 034. 8 miles de millones de pesos, superiores en 41% al autorizado originalmente; esta variación se debió básicamente entre otras causas al aumento salarial; al cambio de paridad del peso respecto al dólar, lo que provocó un incremento en los precios de bienes muebles e inmuebles a los incrementos en el monto de las pensiones y en los precios; a los aumentos también de materiales y suministro como son medicamentos, materiales de curación y de laboratorio, entre otros.
El instituto distribuyó su presupuesto en dieciocho programas, destacando por su importancia el de atención curativa (29. 8%) prestaciones económicas (29. 7%) y desarrollo de la infraestructura (7. 7%); estos programas concentraron el 67. 3% de la erogación total.
Las cuatro metas contempladas en el Programa de Atención Curativa, en total se cumplieron con un 90% de lo previsto en el año del ejercicio.
En el Programa de Prestaciones Económicas, se cumplieron o rebasaron tres de las cuatro metas programadas originalmente; la otra meta restante, arrojó un 95% de lo programado.
Por lo que respecta al Programa Desarrollo de la Infraestructura, sólo logró el 12. 0% de las metas originales.
4. 5 Comunicaciones y Transportes
La orientación sectorial del gasto para 1987, acorde con el Plan Nacional de Desarrollo 1983 - 1988 y a las prioridades de los programas nacionales derivados de él, procuró entre otros objetivos, otorgar un mayor peso relativo a los proyectos de infraestructura básica, así como preservar el gasto de sectores como el de comunicaciones y transporte por ello, su participación en el total del gasto sectorial se incrementó ligeramente al pasar del 8. 5% en 1986 a 8. 8% en 1987; la recuperación económica que se observó en 1987 reactivó la demanda de los servicios que ofrece el sector, por ello el producto interno bruto sectorial creció en 2. 3% lo cual con la caída en 1986 de 3. 5%.
Las acciones del sector durante el período de análisis se orientan fundamentalmente a incrementar la eficiencia y seguridad de las comunicaciones y la infraestructura de transporte, dando especial importancia a la conservación, rehabilitación y ampliación de las carreteras y los caminos de las redes troncal, alimentadora y rural, con el propósito de mejorar su capacidad, reducir el costo de operación y brindar mayor seguridad a los usuarios.
Asimismo, para apoyar la integración nacional y mejorar la comunicación entre los mexicanos e impulsar la descentralización, se amplió la cobertura de los servicios de telefónica rural, de telégrafos y correos y se modernizó el servicio ferroviario, de carreteras troncales y de la transportación aérea.
Subsector Carretero
En el subsector carretero se efectuaron trabajos de modernización y y ampliación en ciento noventa y un kilómetros, 2. 0% más que en la meta original, entre las que destacan Guadalajara - Colima - Manzanillo, Coatzacoalcos - Villahermosa, Irapuato - León, México - Toluca, Querétaro - San Luis Potosí, Monterrey - Nuevo Laredo, Empalme - Hermosillo - Nogales y Pátzcuaro - Morelia - Salamanca.
En infraestructura carretera, la expansión de la red troncal concentró esfuerzos en la continuación de enlaces que forman parte de ejes transversales, logrando un avance de doscientos setenta y ocho kilómetros, 43% adicional a lo programado, destacando la fronteriza del sur, Chihuahua - Culiacán, Teotitlán - Tuxtepec y Maravatío - Contepec - Atlacomulco; asimismo, se avanzó en ochocientos noventa y cinco metros la construcción de puentes, sobresaliendo el de Tampico, San Carlos y los internacionales de Ciudad Acuña y de Reynosa.
Por lo que respecta a la conservación de la red carretera, debido a las restricciones presupuestales se trabajó en el mantenimiento de cuarenta y tres mil kilómetros de la red federal, 5 mil 607 kilómetros de carreteras alimentadoras y 21 mil 500 kilómetros de caminos rurales, cifras inferiores a las de 1986.
Lo anterior se debió al incremento de los costos, a la tardía disponibilidad de recursos; de la información adicional presentada por los funcionarios públicos, se desprende que el 12% de la red carretera troncal se encuentra en situación de colapso; asimismo, se informó que de los 94 mil 421 kilómetros de la red de caminos rurales que representa el 40. 9% de la red carretera nacional, sólo se dio mantenimiento a 21 mil 500 kilómetros que representa el 22. 7% de la red, ello manifiesta que los 7 mil 513. 0 millones de pesos ejercidos fueron insuficientes.
Las metas del programa de autotransporte en materia de seguridad, se alcanzaron un 96% de lo programado con la realización de 2. 7 millones de exámenes médicos, así como se vigilaron los 45 mil kilómetros de carreteras, mediante la actualización de oficiales en activo y cuatrocientas seis autopatrullas nuevas de las quinientas cincuenta
programadas; en materia de regulación y organización del autotransporte se cumplieron las metas programadas, las cuales permitirán otorgar los servicios en forma adecuada.
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, atendió a través de las carreteras y puentes de cuota a 94 millones de vehículos en carreteras, superando en 3. 3% a la meta original y a 53 millones de vehículos y 13 millones de peatones en puentes durante 1987, cifras que reflejan 95% de avance y 8. 0% adicional a lo programado, respectivamente; para ello, se efectuaron obras de modernización y ampliación a cuatro carriles de las carreteras Puebla - Orizaba, Querétaro - Irapuato y la construcción de la barrera en la autopista México - Cuernavaca.
Se rehabilitaron doscientos cincuenta y dos kilómetros de autopistas y caminos de cuota, y se dio mantenimiento a 1 mil 440 kilómetros de la red y a treinta y cuatro puentes a su cargo; debido a la liberación de recursos propios producto de la reestructuración de la deuda del organismo y a la adecuación de sus ingresos en 1987, la entidad no requirió de transferencias; igualmente, se conservó la maquinaria y equipo bajo su control, que consta de ochocientos cincuenta vehículos y trescientos sesenta equipos electrónicos para control de tránsito.
Subsector Ferroviario
La integración de las empresas ferroviarias, ha permitido mejorar la eficiencia en el manejo de recursos y la prestación de servicios; en este sentido, en 1987 se mantuvieron precios que fueron accesibles a los grupos de población de ingresos bajos, principalmente en el servicio de segunda clase. Asimismo, se rehabilitaron los servicios de pasajeros, mejorando la calidad del mismo en las rutas de México - Guadalajara, México - Monterrey y México - Querétaro; por otra parte, se movilizaron 57. 7 millones de toneladas de carga, cifra inferior en 21. 7% a la prevista y 22. 3 millones de pasajeros, cifras semejantes a las de 1984.
Para mejorar el servicio y ofrecer seguridad, se rehabilitaron 1 mil 163 kilómetros de vía, lo que representa un 15% arriba de la meta programada; se alinearon y nivelaron 4 mil 400 kilómetros de vías, con lo cual se cumplió la meta al 100%, ello implica reducción en los costos de operación, mayor oportunidad en el servicio y seguridad.
Dentro de la modernización en la infraestructura ferroviaria, destaca la construcción de la vía doble México - Querétaro, la doble vía Querétaro - Irapuato, la vía corta Guadalajara - Monterrey y la vía doble México - Veracruz que en conjunto muestran un avance del 95. 1%; cabe destacar a vía doble México - Querétaro, obra que lleva en ejecución diez años y se debió haber terminado en 1986. Los retrasos en el proyecto han obligado a realizar gastos adicionales en conservación y reconstrucción de tramos que no han entrado en operación; de igual manera, se destacó que actualmente se cuenta con la mayor parte de los materiales y equipo, mismos que se encuentran almacenados sin ser aprovechados correctamente.
Por su parte, el mantenimiento y conservación de equipo permitió con las acciones prioritarias de 1987, al traducir en logros concretos el propósito de conservar lo que tenemos; en este sentido, se integraron al servicio veintinueve locomotoras, ciento noventa y una unidades (carros de carga), y se adquirieron cuatrocientos dieciocho carros de fabricación nacional; en cuanto al servicio de pasajeros, se incorporaron cincuenta nuevos coches y se rehabilitaron cuarenta y siete.
No obstante los avances y uso eficiente de recursos, cabe mencionar que en materia de reparaciones no se cumplieron las metas, debido a la saturación de los talleres y disponibilidad de refacciones procedentes del extranjero.
Por otro lado, se impulsó significativamente la integración de sistemas adecuados de comunicaciones y control de tráfico, señales y electricidad en el sistema ferroviario, lo que permitió elevar la productividad y la seguridad en el tránsito; en suma, la modernización de la red férrea se ha visto afectada por la insuficiencia de recursos, por la tardía radicación de las mismas y la dispersión de la inversión, por ello es recomendable concentrar los esfuerzos y acciones en este subsector.
Subsector Marítimo - Portuario
El subsector marítimo - portuario dedicó recursos a la expansión de la marina mercante y al desarrollo de los puertos industriales, comerciales, turísticos y pesqueros; dentro de los puertos industriales destacan las obras portuarias de protección, dragado y urbanización para uso industrial en los puertos de Lázaro Cárdenas y en el de Altamira.
Se realizaron obras de ampliación en patios de maniobras, almacenamiento y reparación de pilotes en los puertos comerciales, particularmente en Tuxpan, Guaymas, Manzanillo y Progreso conforme a lo programado, y se efectuaron obras de protección en puertos turísticos y pesqueros como Mazatlán y Tampico.
El dragado de conservación para mantener los niveles de colado ascendió a 10. 7 millones de
metros, lo cual representó el 82% de la meta programada; hay que destacar que el 75% del presupuesto asignado, se utilizó en la adquisición y reparación de equipo.
Asimismo, se realizaron trabajos de conservación en los diecinueve puertos más importantes del país, y se revisaron sistemas y equipos de operación en los puertos de Manzanillo y Progreso, principalmente.
En lo concerniente a la marina mercante, se transportaron 150 millones de toneladas de carga, y se impulsó decididamente la formación y capacitación de recursos humanos; el servicio de transbordadores transportó 3. 6 millones de pasajeros y un millón de vehículos, por lo que fue necesario ampliar seis terminales de pasajeros; se realizó la conservación de diecinueve, y se atendió el mantenimiento de treinta y siete embarcaciones conforme a lo programado.
Subsector Aéreo
El subsector aéreo durante 1987 atendió a 32. 3 millones de pasajeros, correspondiendo 13. 4 millones a las dos líneas aéreas nacionales; por su parte, el subsector aéreo paraestatal en 1987, se vio particularmente afectado por la inflación y devaluación del tipo de cambio, el deslizamiento de tarifa y la construcción de la demanda, ello se aprecia en la disminución de pasajeros atendida que bajó en un 13. 5%, lo cual originó que el gobierno federal otorgara apoyos adicionales a los ya previstos, a fin de amortizar pasivos y mantener el empleo.
Para mantener la seguridad en el espacio aéreo nacional y aeropuertos nacionales, se atendieron 10. 9 millones de operaciones de aterrizaje y despegue, rebasando las metas programadas en materia de mensajes de transmisión y recepción airetierra e informes meteorológicos.
Por lo que toca a la infraestructura aeroportuaria, entraron en etapa operativa los nuevos aeropuertos de Puebla, Colima y Bahías de Huatulco, y se continuó en las obras de los de Tepic, Ixtepec, Santa Rosalía y del Bajío; se reconstruyeron pistas y plataformas en Piedras Negras y se ampliaron las de Cancún, Durango y Ciudad Victoria.
El mantenimiento del sistema aeroportuario que fue aplicado a las principales aeropistas y al equipo, incluyó la reparación de cuarenta y seis turbinas a cargo de la empresa de participación estatal mayoritaria Turborreactores, S. A. de C. V. , meta inferior a la programada en razón al elevado costo en divisas de sus insumos; el organismo Aeropuertos y Servicios Auxiliares incrementó la red aéreo portuaria, al incorporar en su administración los aeropuertos de Isla Mujeres, Colima y Bahías de Huatulco.
Subsector Comunicaciones
Finalmente en el subsector comunicaciones, que comprende al servicio postal, telegráfico, teléfonos y de telecomunicaciones, se enfatizó durante 1987 la necesidad de aumentar la eficiencia y rehabilitar su capacidad instalada debido a su costosa y compleja operación.
Para modernizar el Servicio Postal Mexicano, se amplió su cobertura creando treinta y una gerencias estatales, se dotó de mobiliario y equipo a los centros de capacitación, se adquirieron doscientos cincuenta y cuatro vehículos mayores y 3 mil 810 menores, se instalaron cuarenta y siete administraciones y treinta y ocho agencias; el mantenimiento y la conservación del servicio postal incluyó 1 mil 483 administraciones, doscientas sesenta y cuatro sucursales y 4 mil 372 agencias. Se reconoció que si bien se ha incrementado la eficiencia y la cobertura del servicio, aún no se ha podido atender todas las zonas urbanas, debido a su rápida y anárquica expansión.
En el área de infraestructura telegráfica, se continuó con la segunda etapa del Centro Técnico Operativo; se remodelaron sesenta y seis administraciones y se amplió la red automática en cuatro centrales y doscientos diez equipos; la conservación de líneas superó la meta en 189% al dar servicio a 21 mil 412 kilómetros de la red. Asimismo, en relación a la expansión de la red, destaca el desmantelamiento de 1 mil 964 kilómetros de líneas de longitud simple y 5 mil 087 kilómetros de desarrollo para automatizar el servicio; se cambiaron ciento sesenta y nueve kilómetros de líneas para facilitar la localización de daños.
Los trabajos realizados permitieron brindar un servicio con más eficiencia y oportunidad a los usuarios, sin embargo, se observa la necesidad de mayor seguridad y mejores equipos para ampliar la cobertura del servicio.
Para mejorar el sistema integral de comunicaciones, se atendieron trescientas cuarenta y cinco estaciones de microondas, ciento cincuenta y nueve centrales de corrientes portadoras, el Centro de Control del Sistema Mexicano de Satélites y doscientas diecinueve estaciones terrenas; asimismo, se dio mantenimiento a los servicios complementarios de telecomunicaciones, con ello se aseguró el mejor funcionamiento del sistema y permitió el enlace nacional con mayor cobertura.
Sin embargo, se destaca el hecho de no haberse adquirido cincuenta estaciones terrenas para dar una mayor utilización al sistema de satélites, ello toma importancia por el hecho de que la vida útil de los satélites es de aproximadamente diez años y se pusieron en operación en 1985.
Se atendieron dieciséis estaciones radiomarítimas, la Central Telegráfica Internacional, cincuenta y nueve centrales telex, los centros de enlace radioeléctricos y de cómputo infonet y novecientos ochenta y seis puertos de la red pública de transmisión de datos.
El sistema telefónico alcanzó un 75% de la meta programada en relación al número de aparatos instalados; la red de larga distancia se incrementó en 6. 2 millones de kilómetros de la red de microondas, con lo cual, al finalizar 1987 se contaba con 37. 8 millones de kilómetros circuito, ello representó un crecimiento del 20%; la telefonía rural incorporó a doscientas setenta y tres poblaciones, con lo cual al final del año se tenían un total de 5 mil 966 comunidades; asimismo, se continuó con acciones orientadas principalmente al mejoramiento de los enlaces para la conducción de señales de telefonía.
Presupuesto Sectorial
Para lograr estos avances, el sector comunicaciones y transporte contó originalmente con un gasto programático de 2 mil 889. 3 miles de millones de pesos, mismos que fueron ampliados a 3 mil 470. 4 miles de millones de pesos, cifra superior en 137. 7% respecto a lo ejercido en 1986 y 20. 1% mayor a la original.
De los recursos ejercidos, 926. 7 miles de millones de pesos (26. 9%), correspondieron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a los organismos y empresas dentro del presupuesto, Ferrocarriles Nacionales de México, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, Aeropuertos y Servicios Auxiliares y Aeronaves de México, correspondieron 2 mil 048. 9 miles de millones de pesos (59. 0%), y a los subsidiados los restantes 494. 8 miles de millones de pesos (14. 2%). (Cuadro II. 6).
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Esta dependencia ejerció un gasto presupuestal de 2 mil 231. 9 miles de millones de pesos, superior en 65. 1% a la cifra original; la variación fue causada por los incrementos salariales autorizados por el Ejecutivo Federal, por el ejercicio de recursos provenientes de los ramos XXIII y XXVI y por las diversas ampliaciones para apoyar las realizaciones de actividades prioritarias.
Cabe mencionar que del presupuesto ejercido por la Secretaría, se destinaron 926. 7 miles de millones de pesos a gasto directo (que no incluye transferencias canalizadas a las entidades paraestatales), asignando el 37. 6% para gasto corriente y 62. 4% al gasto de capital; asimismo, se destinaron 172. 0 miles de millones de pesos a inversiones financieras.
Los recursos ejercidos por esta entidad fueron orientados a ejecutar cincuenta y siete programas, de los cuales el de administración del transporte ferroviario representó el 24. 5% del total, siguiéndole en importancia el de conservación y reconstrucción de carreteras 7. 9%, el de carreteras troncales 7. 2%, construcción y modernización de la red férrea 5. 5% y el de conservación y rehabilitación de la infraestructura ferroviaria 4. 6% que en conjunto representaron el 49. 7% del gasto total.
Estos programas contemplan ochenta y tres metas, de las cuales se alcanzaron treinta y cuatro y se rebasaron diecinueve; el resto, a pesar de tener avances importantes, no alcanzó la programación, original debido principalmente a la reducción de recursos asignados; a la reasignación de recursos a obras prioritarias del sector; al incumplimiento de contratos por parte de compañías extranjeras, y al índice inflacionario, que fue mayor al esperado.
Empresas Coordinadas por la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe). Esta entidad tuvo un ejercicio devengado de 160. 1 miles de millones de pesos, monto superior en 34. 8% a la asignación original; este aumento se debió a las ampliaciones presupuestarias para obras prioritarias, a la adquisición de un sistema computarizado, incrementos en los precios de materia prima y servicios generales.
De los recursos ejercidos, el 89. 1% se destinó al Programa de Carreteras Troncales; de las ocho acciones de este programa, dos cumplieron en un 100% y dos rebasaron lo establecido, las cuatro restantes no lograron sus objetivos debido a la elevación de costos y al proceso de enajenación de sus unidades administrativas.
Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales)
Esta empresa ejerció un presupuesto devengado de 1 mil 181. 1 miles de millones de pesos, superior en 1. 8% al estimado originalmente; esta desviación se debió al incremento en sueldos y salarios,
y a los aumentos en los precios de combustible y lubricantes.
Estos recursos fueron destinados a la ejecución de seis programas, de los que se destacan el de fuerza tractiva y equipo de arrastre (25. 7% del total), y el de servicio de transporte ferroviario 30. 3%, que juntos representaron el 56. 0% del gasto total de la entidad; con estos recursos se pretendió el logro de veintitrés metas, de las cuales se rebasaron nueve, el resto de las desviaciones registradas se vieron influenciadas por la falta de suministros de los componentes por la pérdida cambiaria, y por el incremento en los precios de insumos.
Aeropuertos y Servicios
Auxiliares (ASA)
El gasto devengado de 120. 0 miles de millones de pesos de esta entidad rebasó en 35. 4% al monto originalmente, esta diferencia obedeció principalmente a los aumentos decretados a los salarios mínimos, al incremento en los precios de los insumos de importación adquiridos y al equipamiento de nuevos aeropuertos. Los recursos ejercidos se destinaron a cuatro programas, de los cuales el de operación aeroportuaria y el de aeropuertos y aeropistas absorbieron en conjunto el 60. 9% del gasto total. Estos programas cumplieron tres metas y no se alcanzó lo previsto en las cuatro restantes, debido a que el número de operaciones (terminal, maniobra y combustible) fue inferior a lo estimado; los incrementos en los costos y a la reasignación de recursos.
Aeronaves de México (Aeroméxico)
Esta entidad ejerció un presupuesto devengado de 729 miles de millones de pesos, superior en 21. 3% al monto original, debido principalmente al aumento en los costos de combustibles, deslizamiento del peso frente al dólar y a los aumentos salariales de emergencia; estos recursos fueron distribuidos en cuatro programas, de los cuales el de servicios de transporte aéreo representó el 68. 2% del total y el de equipo de vuelo absorbió el 15. 6%.
Los programas mencionados contemplan nueve acciones, de las cuales tres se cumplieron o rebasaron lo previsto originalmente, el resto no alcanzó los avances previstos debido principalmente al mayor costo que significó el mantenimiento del equipo de vuelo, a la caída del tráfico internacional por la contracción de nuestra economía.
4. 6 Comercio y Abasto
Las acciones del sector se orientaron hacia el objetivo fundamental de alcanzar la soberanía alimentaria del país, y los propósitos de fomentar e impulsar los procesos de producción y comercialización de alimentos, llevar a cabo la regulación de los mercados agropecuarios, incrementar la producción y distribución de bienes básicos, así como mejorar y ampliar la infraestructura comercial.
Mediante las acciones efectuadas por ese sector se fomentó la producción, distribución y comercialización de bienes básicos, con la ampliación de la infraestructura del Sistema Nacional de Abasto; se actualizó el esquema de control de precios de conformidad con la política de precios y tarifas del sector público; se eliminaron subsidios a las materias primas para la industria, especialmente en el caso de la productora de aceites y de la panificadora; y se mantuvieron los considerados prioritarios (producción de tortillas y leche). En relación con el comercio exterior, se llevó a cabo la desgravación arancelaria, y se promulgó la Ley de Comercio Exterior para fomentar las exportaciones.
Entre las metas del sector comercio y abasto establecidas para 1987, destacaban las siguientes: realizar compras de alimentos prioritarios por 9. 6 millones de toneladas (6. 6 millones en el mercado nacional y 3. 0 millones en el exterior); vender 8. 9 millones de toneladas de productos básicos; industrializar 1. 9 miles de toneladas de frutas y hortalizas; producir y comercializar 1 mil 669. 6 millones de litros de diversos tipos de lácteos, 6. 1 miles de toneladas de saborizantes, 1 mil 012. 2 miles de toneladas de harinas, aceites y mantecas, pastas para sopas y galletas populares, y 593. 3 millones de toneladas de alimentos balanceados y forrajes; almacenar 35. 5 millones de productos básicos, considerando la revolvencia de 26. 3 millones de toneladas, y distribuir productos de consumo generalizado por 1 mil 719. 6 miles de millones de pesos.
Para alcanzar estos logros, inicialmente se autorizaron al sector comercio y abasto recursos por 1 mil 856. 6 millones de pesos (miles de millones de pesos) y dada la alta prioridad de éste, se ejerció un presupuesto de 2 mil 515. 1 miles de millones de pesos, superior en 35. 5 % al presupuesto asignado originalmente. Cabe señalar que del presupuesto ejercido por este sector, poco más del 63% correspondió a la empresa Compañía Nacional de Subsistencias Populares. (Cuadro II. 7).
La función reguladora de esta entidad sobre un papel de abastecedor masivo de productos básicos, se pusieron en marcha los comités participativos de comercialización, por conducto de los cuales se incrementó la participación de los sectores privado y social en los procesos de regulación y comercialización de básicos.
De una oferta total de granos y semillas básicas para 1987 estimada en aproximadamente 32 millones de toneladas, la Compañía Nacional de Subsistencias Populares adquirió 6. 5 millones de toneladas, que representaron 20% del total; con respecto a 1986, la participación de la entidad en la comercialización se redujo al pasar de 22% de la producción nacional al 18%, y en las importaciones del 62% al 47%. Su presencia en el sector alimentario es marginal pero suficiente para garantizar la regulación, ya que adquiere 20% de la cosecha de maíz, 30% de la de frijol y 100% de la leche en polvo, entre los renglones más importantes.
Por su parte, el sector privado incrementó su participación al pasar del 78% de las compras nacionales a más del 80% y del 38% al 42% de las importaciones en relación a 1986; complementariamente, el mantenimiento de la reserva técnica consolidó la función reguladora de la entidad y garantizó el abasto a la población; la reserva existente fue de alrededor de 4. 5 millones de toneladas, y se mantiene actualmente 15% arriba de lo recomendable.
Para sustentar el análisis de eficiencia, se asoció el gasto de operación ejercido por Compañía Nacional de Subsistencias Populares con las compras totales de cada producto, dado que la mayor parte de los recursos se destina al cumplimiento de las metas de adquisición; de esta manera, en el caso del maíz se registró un gasto promedio por tonelada de grano comprada que fue superior en 24. 0% al previsto, como resultado de la inflación y de subsidios otorgados al maíz que no se consideraron en el presupuesto original. En el caso de las gramíneas, se obtuvo un gasto promedio por tonelada adquirida inferior en 7. 3% al programado, en virtud de que disminuyeron las erogaciones en los renglones "materiales y suministros" y "servicios generales".
La industrialización de productos básicos de consumo popular, alcanzó una producción de 1 mil 471 millones de litros de diferentes tipos de lácteos, 495 mil toneladas de harina de maíz, 373 mil toneladas destinados al apoyo de la ganadería.
En el cumplimiento de los objetivos de su programa R1, la entidad ejerció en 1987 un gasto programático de 1 millón 580 mil 371 millones de pesos, cantidad superior en 16% a la originalmente presupuestada; por tanto, los factores que provocaron la variación en los gestos presupuestados, fueron los siguientes: Diferencial en la tasa de la inflación. Los incrementos en el gasto corriente se calcularon con una tasa del 80. 4%, según lineamientos de la Secretaría de Programación y Presupuesto, en tanto que la inflación real promedio fue de 159. 2%, según datos del Banco de México.
Diferencial en los precios promedio de compras de los productos agropecuarios. Para las compras nacionales, se consideró un incremento promedio anual de 76. 8% sobre los precios de garantía vigentes al mes de enero de 1987 con un precio promedio de 137 mil 439 pesos, en tanto que el precio promedio real fue de 185 mil 808 pesos, es decir, 35% más alto que el original autorizado.
Diferencial en la paridad peso - dólar. La paridad promedio autorizada fue inferior a la real, lo que influyó directamente en el contenido importado del gasto y el servicio de la deuda externa.
Diferencial en la cuota de operación por tonelada de mercancía comprada. En Programa Operativo Anual 1987 consideró una cuota de 22 mil 878 pesos por tonelada, considerando un volumen de 9 millones 616 mil 353 toneladas, en tanto que se adquirieron 9 millones 042 mil 204 con una cuota de 29 mil 932, es decir, aunque las compras disminuyeron en 6% el incremento de 31% en la cuota, hizo que la variación de los gastos de operación se moviera a la alza en 23%, efecto de las alzas registradas en las tarifas de los servicios que presta el sector público.
La distribución total de mercancías durante el año representó un valor de 1 mil 518 miles de millones de pesos, lo que significó superar la meta programada en un 29%; en el renglón de la distribución minorista, el Sistema Distribuidora de la Compañía Nacional de Subsistencia Populares, S. A. generó ventas por un monto total de 1 mil 074 miles de millones de pesos y generó ahorros en promedio mediante la regularización de precios de entre un 10% y un 15% a la población ubicada en localidades rurales y zonas marginadas urbanas, ello a través de 21 mil tiendas de las cuales 3 mil son concesionadas, 2 mil 670 más que en 1986, con los que se atendieron 32. 8 millones de habitantes.
La distribución mayorista que realiza Impulsora del Pequeño Comercio, S. A. generó ventas totales por valor de 444 miles de millones de pesos, de las cuales 324 mil correspondieron al comercio tradicional, 61 mil millones a comercios afiliados y 59 mil millones de pesos a grupos organizados de consumidores; se atendió a 86 mil de comercios tradicionales, 12 mil de afiliados y 6 mil de consumidores organizados, lo que suma un total de 104 mil comercios y grupos de autogestión.
Para el Programa del Presupuesto Autorizado fue de 1 mil 225 miles de millones de pesos, el
presupuesto ejercido de 1 mil 591 miles de millones de pesos, de los que 1 mil 161 miles de millones de pesos correspondieron a Distribuidora de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, S. A. y 430 mil a Impulsora del Pequeño Comercio. S. A.
Maíz Industrializado de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, como entidad de apoyo al Programa de Maíz - Tortilla, produjo 402 mil toneladas de harina de maíz, lo que representó un decremento del 8% con respecto al año anterior, beneficiando a más de 6 millones de habitantes con el abasto de masa y tortilla, cubriendo el 37% del mercado nacional del producto.
Leche Industrializada de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares produjo y comercializó 1 mil 471 millones de litros de leche en diversas presentaciones, poco más de la sexta parte del total producido en el país, destacando por su impacto social la producción y distribución de leche deshidratada, que contribuyó un poco más del 56. 3% del total; el precio de este producto representó por sexta parte en el mercado, con lo que benefició 15 millones de familias, principalmente a niños menores de doce años, generándoles un ahorro de aproximadamente 537 miles de millones de pesos diarios y anual de 196 mil millones de pesos, dado el diferencial de precios. Leche Industrializada de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares mantiene presencia en diversas regiones del país con un total de dieciséis plantas indutrializadoras, pasteurizadoras y rehidratadoras de leche en los estados de Aguascalientes, Veracruz, Querétaro, Chihuahua, Tlaxcala, Sonora, Nuevo León, etcétera; por su parte, Maíz Industrializado de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares opera con cinco plantas en Sinaloa, Jalisco, Estado de México, Veracruz y Chiapas; y Leche Industrializada de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares cuenta con once instalaciones productoras diseminadas en diversos estados del país.
Durante 1987, el subsidio se otorgó al Sistema Maíz - Tortilla y en los primeros meses del año a la industria harinera de maíz; los montos del subsidio directo otorgado fueron de 50. 8 miles de millones de pesos, que frente a los 47. 6 miles de millones de pesos canalizados en 1986, representaron en términos reales un decremento del 60%. El programa de distribución de cupones para la adquisición de tortilla subsidiada, extendió su cobertura operando en 3 mil puntos de venta en las principales ciudades del país, atendiendo a 7 millones de personas.
La modernización y ampliación del sistema a fin de satisfacer la demanda al almacenamiento de granos básicos y disminuir las pérdidas por mermas, alcanzó una capacidad total de almacenamiento de poco más de dieciséis millones de toneladas, 73% de la capacidad nacional.
Almacenes Nacionales de Depósito, S. A. y Bodegas Rurales de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares obtuvieron bajos niveles de eficacia en el cumplimiento de sus metas, debido principalmente a que los depósitos de productos de Compañía Nacional de Subsistencias Populares fueron menores que los previstos, en virtud de que disminuyeron las cosechas de maíz y sorgo correspondientes al ciclo otoño - invierno, y de que el sector privado participó en mayor medida en las compras directas de granos básicos.
Por lo que se refiere a la eficiencia con que las entidades aplicaron sus recursos presupuestales, en ambos casos fue menor que la esperada, ya que se registraron gastos promedio por tonelada manejada superiores a los previstos; en el caso de Almacenes Nacionales de Depósito, S. A. el incremento fue resultado de los aumentos salariales otorgados a su personal operativo y de la habilitación de bodegas en el estado de Tamaulipas; en el caso de Bodegas Rurales de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, obedeció tanto a los aumentos salariales como a las ampliaciones presupuestales autorizadas para realizar obras en apoyo de la capacitación de granos en el noroeste del país.
El presupuesto asignado originalmente al programa fue de 67 mil 676 millones de pesos y el gasto ejercido de 93 mil 315 millones de pesos, siendo 67 mil 025 millones de pesos de Almacenes Nacionales de Depósito, S. A. y 26 mil 290 millones de pesos a Bodegas Rurales de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares.
En el ámbito de comercio exterior, el sector mantuvo la prioridad de reducir el monto de las importaciones y favorecer las exportaciones a efecto de contribuir al mejoramiento de la balanza comercial, así como la realización de acciones conducentes a proteger la industria nacional, procurando la conformación de una planta productiva eficiente que funcione de acuerdo a las normas internacionales de calidad y precio, generadora de empleos permanentes y de divisa.
El Programa de Degradación Arancelaria implicó el establecimiento de una nueva estructura conformada por cinco tasas impositivas con rangos de 0% a 20%, bajo las cuales quedaron sujetas el 96. 0% de las fracciones de la tarifa del impuesto general de importación (TIGI); cabe destacar, que la desgravación arancelaria fue acelerada durante el último trimestre del año, para contrarrestar los
efectos inflacionarios presentados con dicho período.
Asimismo, se continuó con la eliminación de controles cuantitativos, con lo que se dejaron únicamente trescientas veintinueve fracciones de la tarifa del impuesto general de importación, sujetas al régimen del permiso previo, y se concluyó prácticamente la reducción y derogación de precios oficiales para dar paso a la aplicación de cuotas compensatorias.
Asimismo, se autorizarán doscientos treinta y nueve de exportación temporal para producir artículos de exportación (PITEX), mismos que significaron exportaciones por 1 mil 761 millones de dólares, lo que generó un saldo positivo de divisas de 1 mil 109 millones de dólares.
Como complemento a las medidas de fomento a las exportaciones, se promulgó la Ley de Comercio Exterior y se registró la participación de México como miembro activo del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio en la Ronda Uruguay.
En las franjas fronterizas y zonas libres se dio una gran importancia al adecuado y oportuno de productos de origen nacional, al fomento de las exportaciones y al apoyo en desarrollo industrial y comercial mediante el otorgamiento de cuotas globales por 56 millones de dólares para importar maquinaria, refacciones e insumos industriales.
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
Esta dependencia ejerció un presupuesto de 1 mil 455. 1 miles de millones de pesos, monto superior en 67% a la previsión original; esta variación obedeció a aumentos superiores en los precios de garantía; a mayores compras de trigo, sorgo y otros productos; al mayor deslizamiento del peso frente al dólar; al incremento en los gastos de adquisición por un efecto inflacionario superior al previsto, y al aumento de los sueldos del personal.
Del presupuesto ejercido por esta Secretaría, correspondieron 81. 3 miles de millones de pesos a gasto directo (que no incluye transferencias), siendo el 85. 7% para el sector abasto y el 13. 3% para el sector industrial , el resto, 1 mil 373. 8 miles de millones de pesos fueron transferencias canalizadas a las entidades paraestatales que integran el sector abasto, asignando poco más del 45% a gasto corriente y cerca de 55% a gasto de capital. Del total de las transferencias, casi el 76% fue asignado al programa abasto, regulación y comercialización de productos básicos, operado principalmente por Compañía Nacional de Subsistencias Populares.
Resultados Globales del Sector
Las compras de cosechas a los precios de garantía apoyaron a los productores primarios, logrando efectos favorables en la producción de los principales granos y semillas. Entre 1986 y 1987, los precios de garantía crecieron en promedio 135% y proporcionaron un ingreso justo a los productores.
La participación del sector en la producción y distribución de alimentos arrojo resultados satisfactorios; la producción alcanzó el 90% de la meta programada e incrementó el monto obtenido en 1986, en un 3. 8% en promedio; la distribución mayorista y minorista de productos básicos y de consumo generalizado fue prioritaria.
En materia de distribución de básicos y productos de consumo generalizado, se superaron las metas originalmente programadas en un 41%, así como lo realizado en 1986 en un 131%, el incremento en la red de tiendas del sector del 10% refleja la prioridad concedida.
La cobertura de la población atendida directamente ascendió a 35 millones de habitantes y a casi 25 millones de personas en las zonas prioritarias del país, manteniendo los puntos de venta ubicados en relación a los centros de consumo.
Asimismo, se dieron avances significativos en la desconcentración regional del Sistema Compañía Nacional de Subsistencias Populares, y se intensificó el apoyo al comercio y la industria privada, promoviendo su modernización y desarrollo, así como una mejor atención a las zonas prioritarias del país.
4. 7 Turismo
Las acciones del sector turismo en 1987 estuvieron orientadas básicamente a la protección y desarrollo de la planta productiva, a la generación de empleos y captación de divisas, a fortalecer la oferta turística e incrementar la demanda de nacionales y extranjeros y a reorientar el aparato reproductivo.
Como resultado de las acciones emprendidas, el sector avanzó en la promoción de los mercados generadores de corrientes turísticas, para atraer la demanda hacia nuestro país e incrementar la captación de divisas, mediante la ejecución de campañas de promoción y fomento en los mercados americanos, europeos y asiáticos; la promoción comprendió la realización de campañas de
publicidad en Norteamérica, Europa, América Latina y Asia, y la participación en las principales ferias y exposiciones turísticas a nivel internacional.
El turismo de los nacionales en el plano interno ascendió a 33. 5 millones de personas, superior en 4. 2% con relación a 1986, lo cual fue resultado de la implantación de una estrategia general que ha fortalecido el uso intensivo y eficiente de la capacidad instalada y el desarrollo de una política adecuada de precios, que ha permitido incrementar la demanda interna y estimular la inversión privada.
La actividad turística generó ingresos brutos de divisas por 2 mil 274 millones de dólares, provenientes de la captación de 5. 4 millones de turistas procedentes del extranjero, siendo el 13. 7% adicional a lo previsto y 26. 9% a lo captado un año antes; con ello, los ingresos captados por turismo aumentaron su participación en los ingresos en cuenta corriente de la balanza de pagos, excluyendo petróleo, de 9.6% a 10. 1% en 1987.
A pesar de las variables de afluencia y gastos turísticos, la balanza turística señalo un saldo neto superavitario de 1 mil 490 millones de dólares; el saldo resulta positivo, y fue superior en 27. 2% al obtenido en 1986.
El total de empleos generados durante el período 1983 - 1987 ascendió acerca de 74 mil personas, sobre todo en el interior del país, hasta 1987 existen en el país un total de 1 millón 830 personas empleadas en el sector.
En los módulos de atención del turista se dio orientación a 222 mil 791 personas, se otorgaron 5 mil 049 servicios de reservaciones de hospedaje y se proporcionaron 48 mil 427 servicios de atención telefónica; el servicio de auxilio turístico "Los Angeles Verdes" recorrió 19. 0 millones de kilómetros, proporcionando 247 mil 554 servicios en beneficio de 382 mil 270 Turistas.
Particular atención recibió el turismo interno y especialmente el de carácter social, para el que fueron diseñados y actualizados un total de cuatrocientos cuarenta y ocho paquetes turísticos para playas y para los demás lugares turísticos del país, así como excursiones y campamentos con diferentes destinos; trescientas treinta y ocho cartas - convenio con los prestadores de servicios, obteniendo descuentos hasta el 40% y la movilización de 57 mil 400 trabajadores hacia los lugares de interés turístico, fomentando en todo esto el desarrollo del turismo social y la ampliación de la infraestructura turística mediante la intervención de los sectores público, social y privado.
Por otra parte, se autorizaron ciento cincuenta y cinco operaciones de crédito por 181 mil millones de pesos, que se destinaron en la construcción de 5 mil 058 cuartos nuevos y a la remodelación de 1 mil 864 habitaciones hoteleras, involucrando una inversión privada de más de 328 mil millones de pesos.
Para obtener los resultados anteriores, el sector turismo efectuó un gasto sectorial de 72. 5 miles de millones de pesos, superior en 162. 7% al realizado en 1986 y en 32. 1% al monto total, el 79. 7% (57. 8 miles de millones de pesos), fue ejercido por la Secretaría de Turismo. (Cuadro II. 8).
Los organismos, empresas, fondos fideicomisos coordinados ejercieron el 20. 3%, superior en 200% al registrado durante 1986 e inferior 27. 2% al autorizado; destaca por su presupuesto, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo con 12. 3 miles de millones de pesos.
Secretaría de Turismo
El gasto programático de esta Secretaría ascendió a 72. 5 miles de millones de pesos, monto 32. 5 mayor al estimado originalmente en 54. 9 miles de millones de pesos; esta variación se debió a los incrementos salariales otorgados al personal federal, al aumento de los recursos fiscales destinados a mantener la continuidad de las obras de infraestructura básica del desarrollo turístico de Bahías de Huatulco, y al deslizamiento del peso respecto al dólar.
El gasto directo de la entidad (sin incluir transferencias), comprendió la cantidad de 57. 8 miles de millones de pesos y 14. 7 miles de millones de pesos se destinaron a transferencias, de las que el 8. 0% fueron canalizadas a gasto corriente y el 91. 2% a gasto de capital.
El total ejercido por esta Secretaría se asignó a diez programas, de los cuales tres absorbieron el 78. 5% del gasto, equivalente a 56. 9 miles de millones de pesos distribuidos como sigue: promoción y fomento a la demanda y a las inversiones 33. 6 miles de millones de pesos (46. 4%), desarrollo y fomento a la oferta 13. 6 miles de millones de pesos (18. 8%), y apoyo técnico y administrativo 9. 7 miles de millones de pesos (13. 4%).
Estos programas representaron siete metas, de las cuales se cumplieron en 100%, esto fue debido al apoyo financiero otorgado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo y la Dirección General de Promoción Internacional, a los recursos asignados en el concepto de impresiones y publicaciones
oficiales y a las establecidas con las agencias encargadas de su producción, en el sentido de reducir los costos estimados.
Es importante señalar que el Programa Desarrollo y Fomento de la Oferta no registró metas, ya que corresponde a entidades coordinadas y se reportan en el apartado correspondiente.
4. 8 Energético Industrial
Sector Industrial
Los principales objetivos del sector industrial durante 1987, fueron a impulsar la recuperación de la industria, principalmente la pequeña y la mediana a fin de generar empleos y captar divisas, apoyar la descentralización territorial de la actividad industrial; asimismo, la industria paraestatal se propuso apoyar el proceso de reordenación económica contribuyendo a la defensa de la planta productiva y el empleo, al mejoramiento de las finanzas públicas y a la satisfacción de la demanda de bienes y servicios, así como promover las exportaciones y la sustitución de importaciones. Para ello, se fortalecieron los programas integrales de desarrollo industrial (Pidic's), y se incrementaron los apoyos fiscales.
La industria minerometalúrgica paraestatal registró una disminución en sus actividades en 0. 8%, debido principalmente a la reducción de 12. 2% en minerales preciosos y de 9. 4% de minerales no preciosos; no obstante ello, contribuyó con el 20. 8% de la producción total. Asimismo, la minería cumplió el requerimiento de asegurar el abastecimiento de insumos básicos en el mercado nacional y aumentó el volumen en el internacional.
Por otra parte, la minería aportó el 9. 7% de las divisas generadas por las exportaciones no petroleras y el 5. 7% de las exportaciones totales; de esta manera, registró un superávit de 800. 3 millones de dólares, cifra mayor en 15. 9% al de 1986. Con estas acciones, la minería continuó afianzando el impulso a las exportaciones no petroleras.
En la industria siderúrgica, el volumen de producción ascendió a 4. 28 millones de toneladas, significando un aumento en 5. 3% al del año anterior y una participación en el total nacional del 60. 0% en el renglón de productos terminados, se obtuvo una producción de 3. 3 millones de toneladas, con un crecimiento anual de 9. 4% lo que significó un incremento de 1. 4% en la contratación de la mano de obra, totalizando 42 mil 886 empleados.
La industria de equipo de transporte en 1987 enfrentó condiciones económicas y financieras adversas, lo cual ocasionó una reducción en su producción e impacto en el cumplimiento de sus metas; en este contexto, Diesel Nacional alcanzó el 59. 5% del programa en camiones ligeros, 56. 2% en camiones medianos, 16. 5% en camiones semipesados, 87. 3% en tractocamiones y el 18. 1% en autobuses integrales.
No obstante, esta rama atendió la función encomendada de abastecer el mercado nacional de equipos de carga y de pasajeros, de esta manera, atendió el 100% de autobuses integrales, 60% de camiones y el 25% de tractocamiones.
Por lo que se refiere a la industria de bienes de capital, durante el año enfrentó una severa contracción de la demanda, lo que significó el deterioro de las condiciones financieras de las entidades que la componen, ello obligó a las empresas a reducir significativamente sus metas de producción, y por tanto, la utilización de su capacidad instalada.
En materia de fertilizantes, Fertilizantes Mexicanos logró atender en forma creciente la demanda de nutrientes de la agricultura nacional, durante el año produjo 4. 0 millones de toneladas de fertilizantes, insecticidas y productos químicos que representaron un incremento del 7% respecto a la producción de 1986.
En la industria azucarera paraestatal, el esfuerzo productivo arrojó resultados positivos que se vieron reflejados en el incremento de la producción de azúcar que ascendió a 3. 7 millones de toneladas, volumen superior en 1. 4% a la del año precedente, en el cumplimiento de sus objetivos de mantener la autosuficiencia, así como en el propósito de autonomía financiera.
Por otra parte, la Contaduría Mayor de Hacienda señala en su informe previo, que las exportaciones del sector industrial en su conjunto, representaron el 46. 3% de los ingresos por divisas del país por este concepto, las cuales ascendieron a 20. 7 miles de millones de dólares y superaron en 29. 0% a las captadas en 1986; esto se debió a la recuperación de las exportaciones petroleras y no petroleras, que crecieron en 37% y 24%, respectivamente, de las últimas destacaron las de manufacturas que se incrementaron en 39%.
Igualmente, señala que la balanza comercial del país registró un superávit de 8. 5 millones de dólares, cifra mayor en 83. 1% a la de 1986, como resultado de la evolución favorable del sector secundario, en la que sobresale un superávit en la balanza comercial manufacturera.
Presupuesto del Sector Industrial
En el cumplimiento de sus propósitos, el sector industrial ejerció un gasto de 5 mil 091. 8 miles
de millones de pesos, lo que representó incrementos respecto al gasto ejercido en el año anterior y al presupuesto original de 142. 0% y 22. 3%, respectivamente.
Del total ejercido, a las entidades del gobierno federal les correspondieron 60. 4 miles de millones de pesos, mientras que los organismos y empresas incluidos en el presupuesto tuvieron erogaciones por 4 mil 592. 2 miles de millones de pesos, destacando por su monto: Azúcar, S. A. , con 1 mil 325. 7 miles de millones de pesos; Fertilizantes Mexicanos, con 993. 9 miles de millones de pesos; Altos Hornos de México, S. A. , con 1 mil 005. 2 miles de millones de pesos y Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas, S. A. , con 766. 7 miles de millones de pesos. Por otro lado, las entidades coordinadas por este sector pero no incluidas en el presupuesto, ejercieron un gasto de 439. 2 miles de millones de pesos. (Cuadro II. 9)
Sector Energético
Los principales objetivos de este sector, fueron: la autosuficiencia energética, el ahorro y uso eficiente de la energía, la diversificación energética, el impulso a la investigación y al desarrollo tecnológico, la reestructuración financiera, el fortalecimiento de sus vínculos con el exterior, el regional, la protección del medio ambiente y el abasto energético en el medio rural.
El informe previo menciona que durante 1987 se intensificaron los programas de ahorro y uso eficiente de energía y de diversificación de fuentes primarias (geotermia y carbón para generar electricidad); se realizaron acciones concretas de modernización (como la automatización de centrales termoeléctricas y la rehabilitación de centrales generadoras de la Comisión Federal de Electricidad); y se sustituyeron algunas plantas e instalaciones obsoletas de Petróleos Mexicanos, (particularmente del área de refinación).
Subsector Petrolero
A pesar de las circunstancias adversas, los resultados obtenidos por el subsector petrolero son significativos; los excedentes netos, descontados gastos e impuestos, ascendieron a 4. 2 billones de pesos, que se capitalizaron en la reserva para exploración y declinación de campo; se mantuvo una conveniente estructura financiera y se mejoraron sensiblemente sus indicadores de liquidez. Asimismo, proporcionó una contribución decisiva a las finanzas públicas (poco más de 10 billones de pesos), mantuvo su nivel de reserva patrimonial en forma importante y disminuyó sensiblemente su deuda externa; entre 1982 y 1987, el monto total del endeudamiento se redujo en 19%, 3 mil 800 millones de dólares.
El Programa de Perforación de Pozos alcanzó el 88. 90% de la meta propuesta, a pesar de la continua extracción de hidrocarburos, las labores exploratorias de Petróleos Mexicanos, permitieron confirmar que las reservas se mantienen en una magnitud de 70 mil millones de barriles.
Se logró una producción promedio diaria de crudo de 2 millones 541 mil de barriles y de 3 mil 498 millones de pies cúbicos diarios de gas, superando en 0. 6% y 4. 5% las metas programadas, respectivamente.
En el área de refinación se procesaron 1 millón 187 mil de barriles diarios, lo que permitió cumplir satisfactoriamente la demanda interna de petrolíferos, sin tener que alterar su esquema productivo; en lo que se refiere a la petroquímica, la producción anual fue de 13 mil 807. 6 miles de toneladas, 9. 6% superior a la obtenida en 1986.
Por otra parte, la balanza en cuenta corriente de Petróleos Mexicanos registró un saldo favorable de 6 mil 397. 9 millones de dólares, superior en 51. 2% a la de 1986, producto de una captación de ingresos por 8 mil 621. 5 millones de dólares y un gasto de 2 mil 223. 6 millones de dólares.
Subsector Eléctrico
El subsector eléctrico se propuso como objetivo incrementar la generación de energía, elevar su capacidad instalada, avanzar en la diversificación de fuentes energéticas, proteger el medio ambiente y electrificar nuevos poblados; en materia financiera, se propuso consolidar el saneamiento financiero a través del mejoramiento de su capacidad para financiar su gasto con recursos propios.
En lo que se refiere a la capacidad instalada de la rama eléctrica, ésta se incrementó a 23 mil 404 megawatts; respecto al programa de inversiones, se pusieron en operación diversas plantas, que permitieron adicionar el equivalente a un 8. 5% a la capacidad instalada registrada en 1986.
En la generación de energía eléctrica, se logró una producción de 96 mil 310 GWH, 100% de lo programado; del total generado, la Comisión Federal de Electricidad produjo 93 mil 999 GWH y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro el resto, logrando atender a 14. 1 millones de usuarios, 626. 6 mil usuarios más que en 1986.
En cuanto a diversificación energética, se incrementó la capacidad de fuentes alternas en 1 mil 839 megawatts (la Seta unidad geotérmica de Los Azufres, la II de Cerro Prieto y la cuarta unidad de Carboeléctrica de Río Escondido, entre otras); en
electrificación rural, el número de poblados electrificados ascendió a 1 mil 451, lo que significó un incremento de 102. 9% respecto a lo programado. Asimismo, se benefició a un total de trescientas dos colonias populares, cubriéndose las necesidades energéticas de más de 772 mil habitantes.
Presupuesto del Sector Energético
Para cumplir con los objetivos señalados para 1987, el sector energético ejerció un presupuesto de 10 mil 195. 0 miles de millones de pesos, superior en 134. 4% al ejercicio en el año anterior y mayor en 18. 1% al presupuesto original.
El gasto del sector se distribuyó de la siguiente manera: Petróleos Mexicanos 6 mil 659. 5 miles de millones de pesos; Comisión Federal de Electricidad, 3 mil 063. 6 miles de millones de pesos; y Compañía de Luz y Fuerza del Centro, 441. 9 miles de millones de pesos. El gasto ejercido de los organismos no incluidos en el presupuesto, fue de 30 miles de millones de pesos. (Cuadro II. 10).
Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal
El gasto programático de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal fue de 2 mil 539. 8 miles de millones de pesos, cifra que superó en 86. 9% el presupuesto original; esta variación se debió al apoyo que se dio a las necesidades prioritarias de las industrias eléctrica, de fertilizantes, azucarera y siderúrgica, así como al aumento en el tabulador de los servidores públicos, al alza de precios de materiales y suministros y a las cuotas a organismos internacionales como la Organización Latinoamericana de Energía y el Organismo Internacional de Energía Atómica.
El gasto de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal se dividió en 48. 8 miles de millones de pesos de gasto directo y 2 mil 491. 0 miles de millones de pesos para transferencias, se continúo con el proceso de racionalizar la asignación de transferencias, las cuales fueron canalizadas en un 70. 3% para gasto corriente de las entidades paraestatales y en un 29. 7% se aplicaron a gasto de capital.
Estas transferencias fueron utilizadas para apoyar necesidades prioritarias de la industria eléctrica, de fertilizantes, azucarera y siderúrgica, fueron canalizados a través de los subprogramas de coordinación de la operación de los subsectores energético, minerometalúrgico y paraestatal, respectivamente, destacando los montos transferidos a Comisión Federal de Electricidad, Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas, S. A. y Azúcar, S. A. de C. V.
Los recursos ejercidos por esta Secretaría se distribuyeron en once programas, destacando el de regulación y coordinación del subsector de energía y petroquímica básica (51. 1% del total), y el de regulación y coordinación de la minería paraestatal básica (35. 5%); estos programas contemplan ochenta acciones, de las cuales sesenta cumplieron con las metas previstas. El avance de las restantes fue insuficiente debido a la reprogramación de metas, falta de equipo y de materiales de recursos financieros, así como a la necesidad de readecuar los cambios estratégicos de la reconversión industrial, lo que obligó al apoyo de otras metas.
Entidades Coordinadas del Sector
Industrial y Energético
Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas, S. A.
Esta entidad registró un gasto de 810. 2 miles de millones de pesos, 40. 0% superior al presupuestado originalmente, debido principalmente a que el impacto de la inflación en los costos fue mayor al previsto para 1987 y al deslizamiento del peso frente al dólar, el presupuesto se distribuyó en cuatro programas que incluyen trece metas, de las cuales una no se alcanzó totalmente.
Altos Hornos de México, S. A.
Esta empresa ejerció 942. 5 miles de millones de pesos, cifra mayor en 33. 4% al presupuesto original, debido básicamente a una inflación mayor a la esperada, a un mayor volumen de producción de acero, a la demora en el ejercicio del presupuesto durante los seis primeros meses del año y al deslizamiento cambiario, que impactó el precio de la materia prima de importación.
El presupuesto se destinó a ocho programas, en los que sobresalen, por el monto ejercido, el de siderúrgica y productos metálicos con 75. 4% del total ejercido y el de beneficio de minerales siderúrgicos con el 21. 6%; estos programas incluyen veintisiete metas, de las cuales quince cumplieron o rebasaron lo previsto originalmente, mientras que las doce restantes no se cumplieron totalmente debido a la baja productividad del sistema de minas "Perla - Hércules", a los problemas operativos de la maquinaria, así como a la menor disponibilidad de materia prima.
Diesel Nacional, S. A.
Esta entidad paraestatal ejerció un presupuesto programático de 169. 3 miles de millones de pesos, cifra inferior en 36% al autorizado originalmente; esta disminución se aplica por el adecuado manejo de los inventarios, a la baja en la producción
y las medidas de redimensionamiento. Los recursos ejercidos por la empresa se destinaron a la ejecución de tres programas con seis metas, las cuales no se alcanzaron por la reducción de las adquisiciones del sector público, las restricciones crediticias, así como la depresión generalizada de la actividad productiva.
Constructora Nacional de Carros
de Ferrocarril, S. A.
Esta empresa ejerció un gasto de 80. 3 miles de millones de pesos, 46. 7% menor a lo presupuestado; esta disminución se debe a que las metas de producción alcanzadas fueron menores a las originalmente programadas, y a los ajustes presupuestales de los clientes del sector público.
El presupuesto de Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril se destinó a dos programas con diecisiete metas de las que solamente se lograron diez; el resto no se alcanzaron totalmente por el atraso en la recepción de un anticipo por parte del Sistema de Transporte Colectivo Metro, por dificultades financieras de los clientes a que parte de los equipos requeridos se difirieron para 1988 y a la cancelación de pedidos.
Siderúrgica Nacional, S. A.
El presupuesto ejercido por esta empresa ascendió a 46. 3 miles de millones de pesos, 31. 2% superior a la cifra autorizada originalmente; esto se debió básicamente a los incrementos salariales otorgados en 1987, a una inflación mayor a la esperada, al deslizamiento del tipo de cambio y a los incrementos en los servicios de energía eléctrica, fletes, teléfonos, etcétera.
El presupuesto ejercido por esta entidad se aplicó a dos programas que incluyeron seis metas, de las cuales ninguna se alcanzó debido fundamentalmente a que sus principales clientes disminuyeron sus programas de compras, a la reducción en las actividades de las industrias metalúrgicas y de bienes de capital y a la caída en la venta del acero.
Fertilizantes Mexicanos, S. A.
Esta empresa ejerció 951 miles de millones de pesos, un 12. 8% superior respecto a la asignación original; este presupuesto se destinó a un sólo programa: fertilizantes e insecticidas, que contiene quince metas, de las cuales se alcanzaron tres. Por lo que respecta a las restantes, la entidad informó que no obstante haber logrado un avance considerable, no fue posible su consecución total, debido entre otras causas a la reducción en la demanda de productos internacionales, a los altos inventarios de cloro, al incumplimiento de los proveedores y a las fallas mecánicas en las plantas.
Servidores públicos de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal señalaron en la reunión de análisis con esta comisión, otra variable adicional que incidió en el cumplimiento de sus metas; la logística de distribución consiste en problemas de transporte ferroviario, de disponibilidad de máquinas, de capacidad de carroscaja, de transporte carretero y de distribuidores.
Azúcar, S. A.
El presupuesto ejercido por este organismo fue de 2 mil 323. 2 miles de millones de pesos, superior en 48. 6% al presupuesto original; esta variación obedeció principalmente a los costos adicionales de una mayor producción, a una inflación superior a la esperada, a los incrementos aprobados a los productos de la zafra 1986 - 1987, así como a los aumentos en el concepto de deducciones reglamentarias que se cargan a la materia prima.
El 99. 6% del ejercicio de la entidad, se concentró en los programas de producción y de transformación agroindustrial y paraestatal (20. 6%); y de alimentos (79. 0%); de las treinta y tres metas establecidas para estos programas, se cumplieron catorce; el insuficiente avance de las restantes se debió principalmente a la obtención de índices menores a los esperados en lo concerniente a la molienda, a que los ingenios debieron destinar el gasto a efecto de atender las obras prioritarias, a problemas climatológicos y a fallas mecánicas en las fábricas.
Petróleos Mexicanos
En la Cuenta Pública se informa que el gasto ejercido por este organismo fue de 7 mil 315 miles de millones de pesos, superior en 27. 4% al presupuesto original, en lo cual tuvo un impacto considerable el deslizamiento de la paridad cambiaria sobre los precios de materiales y refacciones de importación; el gasto fue aplicado a seis programas con quince metas, de las cuales se cumplieron once, y el resto, aunque tuvo avances significativos, no alcanzó lo previsto originalmente, debido principalmente a fallas mecánicas en varias de sus plantas, a que se suspendió la contratación de un equipo de perforación y a la suspensión de la importación de materia prima.
La Contaduría Mayor de Hacienda considera, en el informe previo, que estas causas no son suficientes para el incumplimiento de las metas, por lo que esta comisión estima necesario se llevara a cabo una investigación específica para precisar las eventuales causas adicionales que impidieron alcanzar
sus metas programadas frente al incremento de gasto de operación, hecho similar al registrado en 1986.
Comisión Federal de Electricidad
El gasto total ejercido por este organismo fue de 3 mil 273. 5 miles de millones de pesos, superior en 18% a la asignación original; esta diferencia se debe principalmente a los incrementos salariales, al deslizamiento de la paridad de nuestra moneda y a una inflación mayor a la esperada. El presupuesto se destinó a ocho programas que incluyeron treinta y cinco acciones, de las cuales veintisiete alcanzaron la meta programada, el resto de las acciones no tuvo el avance previsto debido basicamente a problemas de abastecimiento de equipo y materiales, la contracción en la demanda de gas para uso industrial y a las restricciones presupuestales.
Compañía de Luz y Fuerza
del Centro, S. A. (En Liquidación)
El presupuesto ejercido por esta entidad fue de 844. 8 miles de millones de pesos, 11% superior a la asignación original este incremento se explica principalmente por los aumentos salariales, a los acuerdos contractuales con el Sindicato Mexicano de Electricistas y la repercusión de la inflación en el precio de los materiales y suministros, así como en los servicios generales.
El gasto fue aplicado a ocho programas distribuidos en diecisiete metas, de las cuales se alcanzaron seis; el insuficiente avance en el resto de las acciones se debió principalmente a que se recibieron menores aportaciones pluviales a las esperadas en las presas.
5. Programas Especiales.
5. 1 Reestructuración Administrativa y Servicio Civil
Durante 1987 se dio continuidad a las tareas de modernización administrativa en un marco de racionalidad, simplificación, productividad y disciplina financiera, mediante la reducción de unidades administrativas tanto del sector central como del paraestatal, así como a través de la desincorporación de entidades paraestatales, lo que ha permitido abatir el gasto corriente y canalizar los recursos a áreas estratégicas o prioritarias.
En el sector central, se profundizó en la compactación de su estructura no básica (dirección de área a jefatura de departamento), así como de los sistemas y procedimientos de trabajo, lo cual no solo significa la reducción de áreas sino también el crecimiento del aparato administrativo y mejorar su conformación para el mejor desarrollo del quehacer gubernamental.
Paralelamente, en 1987 se continuó con la desincorporación de entidades paraestatales no prioritarias o estratégicas a través de su venta, liquidación o extinción, fusión y transferencia a los gobiernos estatales, entre las que destacan la venta del Club Atlante; la liquidación del Fideicomiso para el Ingeniero Emiliano Zapata, toda vez que cumplió con el objetivo social para el que fue creado; la fusión de las empresas Nueva Distribuidora de Chihuahua, de Monterrey, Torreón, del Sureste y de Veracruz con la de Guadalajara, y la transferencia al Estado de México, de Maíz Industrializado de Compañía Nacional de Subsistencias Populares Atlacomulco.
En materia de servicio civil, en 1987 se concertaron acciones entre la Federación de Sindicatos de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Comisión Intersecretarial correspondiente, tendientes a mejorar el nivel de remuneraciones y prestaciones de los servicios públicos, dentro de un marco de equidad y de acuerdo a la disponibilidad económica del Estado.
Se otorgaron incrementos salariales trimestrales en forma porcentual y adicionalmente decreciente, según los distintos niveles del tabulador; y en lo referente a prestaciones, se mejoró sustancialmente el seguro colectivo y el seguro de retiro en más de un 200%, la despensa en un 300% y la prima quinquenal en un 100%. Adicionalmente, se determinó un incremento a las jubilaciones de manera similar a los aumentos salariales para los trabajadores en activo.
A fin de hacer más eficiente el esquema ocupacional y salarial del personal docente de preescolar, primaria y secundaria, se tomaron en consideración para su retribución las actividades y funciones extraaulas del magisterio, implantando lo relativo a plazas de tres cuartos o "fortalecimiento curricular", a efecto de incrementar la motivación y eficiencia de los maestros; de igual forma, se llevaron a cabo acciones en apoyo al sector salud, tendientes a mantener la homologación funcional y salarial de las ramas médicas, paramédicas y afines, a efecto de incrementar los niveles de productividad y eficiencia en los servicios de salud.
Se intensificaron en este período los programas de capacitación derivados del Programa Nacional de Capacitación y Productividad, instrumentado en 1984; las dependencias y entidades de la administración pública beneficiaron a 457 mil 310 trabajadores de un total de 21 mil 452 cursos y
eventos, con la participación de 9 mil 481 instructores internos y de 10 mil 906 externos; sobresale la creación del Sistema de Capacitación y Desarrollo de Personal del sector salud y del Comité Mixto de Productividad de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal.
El 43% de estas acciones correspondió al área administrativa, el 41% a la técnica, el 6% al adiestramiento, el 8% a los sistemas de inducción y de enseñanza abierta y el 2% restante a la especialización y postgrado; es importante señalar, que el 47% de la capacitación apoyó los sectores prioritarios de educación, salud, seguridad nacional e impartición y procuración de justicia, destacando en esta última la campaña permanente contra el narcotráfico y la preparación de agentes del ministerio público, policías judiciales y técnicos en criminalística.
Se estima haber beneficiado al 89% del total de trabajadores del sector público, con una cobertura de 21% de servidores públicos.
A partir del diagnóstico realizado al inicio de esta administración de la estructura organizacional de la administración pública, se hizo patente la necesidad de fortalecer las áreas vinculadas con la satisfacción de los servicios públicos, a fin de adecuarlas a la evolución dinámica de la población; de esta forma, se puso en operación este programa, cuyo propósito entre otros, es el de racionalizar y compactar la infraestructura del gobierno federal y mejorar su capacidad de servicio frente a la población.
5. 2 Descentralización Administrativa
En 1987 continuó la ejecución del Programa de Descentralización de la Administración Pública, en sus tres vertientes principales: la transferencia de áreas operativas y de servicios a los gobiernos estatales, la desconcentración de facultades y decisiones a las representaciones federales en los estados y la reubicación de organismos y empresas al interior del país como parte del proceso de descentralización de la vida nacional.
Este programa que tomara mayor relevancia a raíz de los sismos ocurridos en septiembre de 1985, ha permitido gradualmente revertir la forma excesivamente centralizada de la estructura política y administrativa en la ciudad de México, redistribuir en forma más eficiente la actividad económica y fortalecer la capacidad técnica y administrativa de los gobiernos estatales en una más ágil y directa función pública.
Este proceso no solamente ha significado la reubicación geográfica y administrativa de los organismos y las dependencias del gobierno federal, sino que ha exigido un constante reordenamiento de sus atribuciones como de sus procedimientos operativos, así como una profunda y permanente revisión de las facultades y competencias entre los distintos órdenes de gobierno.
La descentralización administrativa ha tenido importantes avances; en 1987, y previos los trabajos del Comité de Descentralización como órgano de consulta y concertación con los gobiernos estatales se llevaron a cabo acciones, entre las que podemos destacar.
La Secretaría de Educación Pública prosiguió con la descentralización de los servicios de educación básica y normal a trece estados de la República, con los cuales se logró concluir este programa en las treinta y una entidades federativas, estas acciones permiten actualmente identificar las necesidades educacionales en el propio estado, así como la oportunidad de diseñar una estrategia de atención que responda a las prioridades locales específicas, y además que pueda vincular los programas educativos con los valores y potencialidades regionales.
La Secretaría de Salud continuó con la descentralización de los servicios coordinados de salud a población abierta a los estados de Aguascalientes y Quintana Roo, con los que suman ya un total de catorce entidades federativas, que cuentan con un sistema estatal de salud, los cuales tienen como propósito ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de salud y asistenciales, especialmente a los grupos más desprotegidos e incorporar este servicio a las comunidades que cuentan con sistemas solidarios de participación (Instituto Mexicano del Seguro Social, Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados).
El Instituto Mexicano del Seguro Social transfirió a sus delegaciones y subdelegaciones mayores atribuciones, y estableció superintendencias generales regionales en siete ciudades estratégicas, para atender con oportunidad las necesidades de las distintas zonas del país en lo que se refiere a filiación y vigencia de derechos, prestaciones económicas, pensiones y recaudación de cuotas obrero - patronales, entre otras. Esto permite proporcionar con mayor eficiencia los servicios que ofrece el instituto, sin tener que trasladarse al centro del país.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes transfirió a otros siete estados de la República la Junta Local de Caminos, con los cuales sumaron quince entidades federativas para 1987, que cuentan con atribuciones para la ejecución de programas
de construcción de caminos y la reconstrucción y mantenimiento de la red estatal de carreteras; consolidó la reubicación de caminos y puentes federales de ingresos y servicios conexos en los estados de Morelos, Querétaro y Tlaxcala, así como la desconcentración de la Dirección General de Proyectos de Carreteras y la gerencia Regional de servicios de Dragado.
La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos concluyó la reubicación de entidades paraestatales coordinadas a distintos estados de la República, entre los que sobresalen la Comisión de Zonas Áridas, Forestal Vicente Guerrero, Nutrientes Mexicanos, y Productora Nacional de Semillas, y están en proceso de reubicación Alimentos Balanceados de México y Comisión Nacional de Fruticultura, entre otras.
Estas acciones constituyeron alternativas viables de descentralización, fortalecen la capacidad en la toma de decisiones de los estados y vinculan la actividad de las empresas paraestatales, con la vocación y potencialidades regionales haciéndolas más productivas y eficientes, tomando en consideración el aprovechamiento de la capacidad instalada y los imperativos del desarrollo estatal.
La Secretaría de Programación y Presupuesto concluyó la descentralización del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática al estado de Aguascalientes, con la reubicación de 1 mil 800 empleados más; al mismo tiempo, se inició la construcción de la última etapa de sus instalaciones y de un mil viviendas adicionales. La estrategia de reubicación, tiene como propósito mejorar la calidad y oportunidad de la información que el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática produce, es decir, acrecentar su capacidad operativa, lograr un mayor acercamiento de los generadores de la información y mejorar la atención ante las demandas de los usuarios en todo el país.
La Secretaría de Marina muestra avances importantes en el área de investigación oceanográfica, prevención de la contaminación marina e hidrológica y de construcción naval; para garantizar su adecuada reubicación, se han iniciado obras de urbanización para el personal transladado.
Las secretarías de Pesca y de Energía, Minas e Industria Paraestatal iniciaron el proceso de reubicación de áreas administrativas al interior del país, como en el caso del Instituto Nacional de Pesca, la Dirección General de Acuacultura, la Dirección de Infraestructura Pesquera, la Comisión de Fomento Minero, el Fideicomiso de Minerales no Metálicos, el Consejo de Recursos Minerales y la Dirección General de Minas, constituyendo en Pachuca el Centro Minero Nacional.
La Procuraduría General de la República, constituyó nuevas delegaciones de circuito y agencias del ministerio público federal en varias ciudades estratégicas, contando ya con ciento quince agencias en todo en país, lo que hace más eficaz y expedita la impartición de justicia, fortaleciendo la consolidación de las ciudades medias.
Nacional Financiera creó su primer dirección general en la ciudad de Guadalajara, para atender con mayor oportunidad y celeridad los programas de financiamiento de la industria en general.
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología puso en operación delegaciones estatales en siete entidades federativas, lo que permite ampliar sus posibilidades de desarrollo.
Se han enumerado algunas de las acciones desarrolladas durante 1987; lo antes mencionado es parte de un proceso iniciado en 1985 a raíz de la instrumentación del Programa de Descentralización de la Administración Pública, que obligó a todos los órganos del sector público a elaborar una propuesta de descentralización de facultades, organismos, oficinas internas y sistemas operativos de los estados.
Este proceso persigue lograr una mayor eficiencia en la administración pública, fortalecer las economías de los estados y ampliar su base productiva, acercando los servicios básicos a la población; 1987 no ha sido la excepción, ya que en este período dicho proceso ha avanzado en forma gradual y ordenada. En su ejecución ha sido apoyado mediante la construcción de infraestructura social, principalmente de equipamiento urbano y vivienda, para atenuar el impacto que durante la inmigración poblacional que repercute en los niveles de bienestar de la población total.
PROYECTO DE DECRETO RELATIVO
A LA REVISIÓN DE LA CUENTA
DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
FISCAL DE 1987
Consideraciones Generales
En cumplimiento a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo Federal presentó en tiempo y forma a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio presupuestal de 1987.
La Cámara de Diputados recibió para su revisión la Cuenta Pública, en los términos que establecen los ordenamientos aplicables, con la información programática, económica, presupuestal y financiera
sobre los resultados de la gestión de las dependencias y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal, incorporadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para ese año.
Conforme a las atribuciones constitucionales de control de la gestión financiera del gobierno federal, la documentación recibida fue revisada complementando el análisis efectuado con la información rendida por la Contaduría Mayor de Hacienda, de conformidad con las facultades y obligaciones que determina su Ley Orgánica.
Se verificó que las dependencias y entidades de control presupuestal directo, se apegaran en el ejercicio de su presupuesto, a los criterios establecidos en las disposiciones legales vigentes.
Se hizo el análisis de la evolución de la economía nacional en relación con la gestión pública, determinándose los resultados obtenidos en materia de saneamiento de las finanzas públicas reestructuración del gasto público y disciplina en su ejecución, control de la inflación, protección y estímulo a la actividad productiva, generación de empleos, inversión pública y privada, precios y tarifas de bienes y servicios del sector público, así como en lo que se refiere a las relaciones económicas de México con el exterior.
Se analizaron los resultados de la gestión financiera de las dependencias y entidades, examinando ingresos, egresos y déficit del sector público presupuestario.
Con fundamento en lo preceptuado en la Ley de Planeación, fueron evaluados en relación con la gestión pública, en la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales, regionales, institucionales y especiales.
Consideraciones Sectoriales
El análisis del sector desarrollo rural comprendió la revisión del ejercicio del gasto y el cumplimiento de los programas sectoriales, orientados a la conservación y aprovechamiento de los recursos del campo, actividades productivas del sector, generación del empleo rural, racionalización de los recursos naturales y financieros, regularización de los derechos agrarios, servicios asistenciales, así como mantenimiento y aplicación de la infraestructura rural.
El análisis del sector desarrollo regional y ecología, se refirió al la orientación que se dio al presupuesto asignado para preservar y aprovechar los recursos naturales, generar empleos en actividades productivas, el fomento de construcción de vivienda y obras de desarrollo social, las medidas para la prevención y control de la contaminación ambiental, promover la restauración ecológica e impulsar el ordenamiento y regulación de los asentamientos humanos, acordes con la estrategia de descentralización de la vida nacional.
La evaluación del sector pesquero permitió verificar el ejercicio del gasto y los avances en el cumplimiento de los objetivos y metas de sus principales programas relativos a la producción y consumo de los productos del mar, la conservación y generación de empleos, la captación de divisas, la promoción del desarrollo regional y comunitario y mejoramiento de los niveles de vida.
En el sector educación, la revisión del ejercicio presupuestal comprendió el análisis de lo realizado en la cobertura de los servicios, en los planes y programas de estudio a todos los niveles, en la descentralización y desconcentración de la educación, la investigación y la cultura, y en la atención a las diferentes regiones y grupos étnicos.
La evaluación en los programas del sector salud, se refirió al avance en la consolidación del Sistema Nacional de Salud en la cobertura de los servicios y el mejoramiento de los mismos, y la prevención de enfermedades y control de enfermedades transmisibles.
En el sector comunicaciones y transportes, se evaluaron los resultados presupuestales y programáticos, analizando los avances alcanzados en cuanto al mantenimiento, ampliación y modernización de la infraestructura carretera, ferroviaria, marítimo portuaria, aeroportuaria y de comunicaciones, en el mejoramiento de la productividad en transporte y servicios de comunicación y la consolidación del sistema de comunicaciones.
La revisión del gasto ejercido en los programas relacionados con el sector abasto, incluyó la revisión del ejercicio presupuestal y del cumplimiento de los objetivos y metas programáticas en la conservación y mejoramiento de la infraestructura de abasto; en el fomento de la producción, distribución y comercialización de bienes básicos y consumo generalizado; y en la ampliación y mantenimiento de la infraestructura para el acopio.
Con relación al sector turismo, el análisis efectuado permitió conocer los resultados del ejercicio presupuestal y del desarrollo de los programas de generación de empleos, captación de divisas, el incremento en la demanda turística nacional y extranjera, la conservación y mejoramiento de la infraestructura turística y el fortalecimiento de la
posición estratégica del sector de desarrollo nacional.
Se evaluaron las acciones llevadas a cabo por el sector industrial, permitiendo conocer los resultados del ejercicio presupuestal, de desarrollo, de la descentralización, fortalecimiento de la inversión, exportaciones y la situación de importaciones, la generación de empleos y mejoramiento de los programas integrales de desarrollo industrial.
Se efectuó el análisis de las acciones llevadas a cabo por el sector energético con respecto a autosuficiencia y diversificación energética, ahorro y uso eficiente de energía, impulso a la investigación y desarrollo tecnológico, protección del medio ambiente, desarrollo regional, electrificación rural, y saneamiento financiero de las entidades del sector.
En el sector administración se llevó a cabo el análisis de los avances en la reorganización de la administración pública y el Sistema Nacional de Planeación, la ampliación de la participación ciudadana en los procesos políticos, la reforma jurídica y la política exterior.
Habiendo revisado la Cámara de Diputados, en los términos que establecen los ordenamientos aplicables, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1987, tiene a bien expedir el siguiente
DECRETO
Artículo 1o. Con el objeto de mejorar el análisis financiero programático y de metas que requiere la revisión de la Cuenta Pública que efectúa esta Cámara, se recomienda:
I. En relación con las normas, procedimientos, métodos y sistemas de las entidades globalizadoras y de la presentación de la Cuenta Pública:
Evitar las discrepancias presentadas en algunos casos, en la información contenida en el tomo de resultados generales y en los volúmenes sectoriales correspondientes, así como la de éstos entre sí.
Exigir a las entidades una explicación más amplia y clara sobre las variaciones de las metas de los diferentes programas, ponderando el impacto que tienen las mismas.
Ampliar la información sectorial y programática, cuando se efectúen reducciones a los montos de los presupuestos aprobados a las dependencias y entidades, con el fin de evaluar su impacto sobre los objetivos, las metas y el ejercicio presupuestal a lo largo del año.
Continuar el análisis presupuestal y programático a precios constantes para lograr una mejor evaluación de los documentos, tanto a nivel general como sectorial.
Agregar indicadores que permitan a la Cámara de Diputados un análisis más profundo del desempeño del sector paraestatal, que posibilite evaluar la evolución de la productividad y eficiencia de las entidades que los conforman; además, por lo que se refiere al proceso de reconversión industrial, destacando sus avances tecnológicos, productivos y administrativos.
Informar los avances de los compromisos de productividad contraídos en los convenios de asunción de pasivos.
Informar en documento especial de manera amplia los criterios, condiciones, términos y montos correspondientes a las operaciones de venta, fusión o liquidación de las empresas paraestatales, y el destino de los recursos obtenidos durante el ejercicio fiscal, incluyéndose en este reporte las operaciones realizadas en cada uno de los sectores, a fin de poder valorar la sujeción observada a la normatividad que corresponde a los procesos de desincorporación, sus efectos en la reestructuración del aparato productivo y sus repercusiones en las finanzas públicas.
Presentar los resultados anuales de los programas de rehabilitación financiera que se apliquen a las entidades coordinadas por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, a fin de tener mayores elementos para evaluar los logros alcanzados en el proceso de saneamiento de sus finanzas.
Explicar ampliamente los avances alcanzados en la conservación y mantenimiento de la infraestructura de temporal y de riego, así como los incumplimientos que se presenten.
Informar sobre los recursos asignados por el gobernador federal para la operación de la infraestructura hidroagrícola, y los captados por el cobro de cuotas a los beneficiarios de los distritos y unidades de riego, con el propósito de disponer de mayores elementos para volar el costo de las acciones de coordinación que llevan acabo la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y los beneficiarios para la operación y conservación de las zonas de riego.
Presentar información sobre el gasto asociado a las metas del Programa Vivienda Progresiva, para
determinar la eficiencia con que se aplicaron los recursos.
Presentar mayor información sobre los resultados de las principales acciones financiadas por el Fideicomiso del Fondo de las Viviendas Populares, en lo que se refiera a iniciar o terminar la construcción de pie de casa, principalmente en la relación con la localización de las obras, sus fechas de inicio y término, los avances físicos y financieros, los tipos de vivienda y la población beneficiada.
Ampliar la información relativa a la venta y liquidación de las filiales de Productos Pesqueros Mexicanos, S. A. de C. V. , así como al destino de los recursos presupuestales que se les habían asignado originalmente para su operación, a fin de dar seguimiento al proceso de reestructuración financiera y productiva de dichas empresas.
Indicar los avances físico financieros programados y alcanzados de las obras de construcción e instalaciones complementarias de los proyectos prioritarios en proceso, con el propósito de contar con mayores elementos para valorar las acciones encaminadas a modernizar la planta productiva del sector pesca.
Informar acerca de los resultados de las políticas de comercialización que ha aplicado el consorcio Productos Pesqueros Mexicanos, S. A. de C. V. , para recuperar la cartera vencida de sus clientes y elevar sus ventas; lo anterior, con el fin de valorar el efecto que dichas políticas han tenido en el saneamiento de las finanzas de Productos Pesqueros Mexicanos, S. A. de C. V. , y en la eficacia con que se cumplen sus metas de operación.
Indicar en el apartado variaciones programáticas los resultados de las medidas que se hayan adoptado para resolver el desabasto de materia prima que sufren las empresas congeladoras, a fin de contar con mayores elementos para valorar el proceso de diversificación de la oferta de productos pesqueros de consumo popular.
Presentar los avances alcanzados por Productos Pesqueros Mexicanos, S. A. de C. V. , en la promoción de las exportaciones pesqueras durante la diversificación regional del mercado norte americano, con el propósito de valorar las acciones de comercio exterior que se hayan efectuado para mantener el ingreso de divisas, ante la competencia de productos pesqueros sudamericanos.
Ampliar la información sobre los montos de las transferencias que se destinan a las metas asociadas a los sistemas de servicios de salud descentralizados por programas, a efecto de valorar la eficacia y la eficiencia con que están operando dichos servicios; ello tiene gran importancia en virtud de la estrategia que se ha venido aplicando para integrar orgánicamente todos los servicios de salud de la población abierta bajo la administración de los gobiernos estatales. De igual manera, es conveniente se incluya información sobre la creación de las nuevas plazas, a fin de precisar su incidencia en la ampliación y mejoramiento de los servicios que se proporcionan mediante los programas Atención Preventiva y Atención Curativa, principalmente.
Explicar ampliamente las causas por las cuales se ejecutaron proyectos de inversión que no estaban incluidos en el Presupuesto de Egresos, y que se informe del efecto que hayan tenido las metas operativas, a fin de establecer su correspondencia con los resultados reportados.
Desagregar la información sobre los recursos asociados a cada una de las metas (programadas y alcanzadas), de los principales programas del sector turismo, con el propósito de contar con mayores elementos para determinar la eficiencia obtenida en la utilización de los recursos.
Incluir mayor información sobre los resultados de las acciones realizadas por el sector industrial y energético para reducir el coeficiente de importaciones, así como las acciones orientadas a incrementar, en el marco de la estrategia de reordenación económica, los niveles de empleo e inversión de las actividades prioritarias y estratégicas.
Indicar el monto y el destino final de los recursos que se asignaron originalmente a proyectos de la Comisión Federal de Electricidad, que se difirieron durante el ejercicio de 1987.
Explicar las causas de la variación registrada en el gasto de operación del subprograma producción, a cargo de Fertilizantes Mexicanos, ya que esta información se omitió en lo que corresponde al ejercicio de 1987.
II. En relación a las entidades comprendidas en la Cuenta Pública respecto a su acción, objetivos y otros aspectos programáticos: Agrupar la información programática de los proyectos prioritarios en cada sector, para realizar el análisis y el seguimiento de los resultados físicos y financieros obtenidos.
Ampliar la información sobre participaciones a estados y municipios, especificando los criterios y métodos para el cálculo y la distribución de los fondos general, financiero, complementario y de fomento municipal.
Continuar con las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales, como norma para buscar el control estricto del gasto público sin menoscabo de la eficiencia y eficacia en su aplicación; asimismo, con el objeto de reforzar la inversión pública, se propone continuar con los esfuerzos de contención y racionalización del gasto corriente en áreas no prioritarias.
Fortalecer los mecanismos necesarios para llevar a cabo una mejor coordinación entre los sectores, con el propósito de que las deficiencias en este sentido no se traduzcan en el incumplimiento de algunos programas.
Incluir mayor información en materia de estímulos fiscales, para conocer el impacto de los mismos sobre el empleo y la producción de las diferentes regiones del país.
Continuar los esfuerzos de racionalización de transferencias, y dar mayor información para evaluar de manera más apropiada el impacto de éstas en el empleo, la capacitación de divisas, la descentralización y el abasto de productos básicos.
Enfatizar las medidas destinadas a la reducción de costos y elevación de la productividad en las empresas y organismos del sector paraestatal, con el objeto de mejorar su situación financiera y elevar la calidad de los bienes y servicios que éste ofrece.
Atender con prioridad comentarios, recomendaciones y salvedades hechas por los auditores externos a las entidades del sector paraestatal sujetas a control.
Revisar los mecanismos que se aplican para la programación - presupuestación de los proyectos destinados a rehabilitar la superficie de riego del Programa Desarrollo de Áreas de Riego, con el propósito de evitar que en la programación se dupliquen las metas de incorporación de hectáreas.
Indicar por separado el monto de los recursos presupuestales asignados a las unidades de servicios educativos a descentralizar que se aplican directamente a su operación, así como los que se destinan a la ejecución de los distintos subprogramas de atención de alumnos, a efecto de que sea posible precisar la eficiencia con que se aplicó el gasto ejercido para la consecución de las metas.
Precisar los recursos que por concepto de servicios personales se destinan a la atención de alumnos dentro del subprograma Educación Media Terminal, los cuales hasta ahora se han venido presentando en forma conjunta con los asignados al subprograma Educación Media Superior Tecnológica, ambos del Programa Impulso al Sistema de Educación Tecnológica.
Indicar con el Programa Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física, cuáles son las instituciones beneficiadas con los proyectos de inversión a cargo del Comité Administrativo del Programa Federal de Construcción de Escuelas, y en caso de que su operación se inicie en el mismo año de su terminación, que se señale su contribución a las metas de atención de alumnos.
Subsanar las deficiencias que aún persisten en los documentos básicos de la programación presupuestación del sector comercio, a fin de profundizar en la evaluación de los resultados programáticos alcanzados.
Precisar el monto de los recursos asociados a cada una de las metas reportadas por Almacenes Nacionales de Depósito, S. A. , a fin de determinar la eficiencia con que la entidad aplicó su gasto anual en el manejo de los productos básicos propiedad de Compañía Nacional de Subsistencias Populares.
Que el FIBAZI y el FIDEPAZ utilicen unidades de medida de HEIM, similares a las empleadas por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, a fin de facilitar el análisis de los resultados que se reportan en la Cuenta Pública.
Adoptar las medidas que proceden para reducir la subutilización de la capacidad instalada de refinación de petróleo que se observó en el período 1984 - 1987, a fin de elevar la eficiencia en el uso de los recursos presupuestales y la eficiencia en el cumplimiento de las metas operativas.
Impulsar las medidas necesarias para que los proyectos prioritarios se concluyan en las fechas previstas, con el propósito de evitar retrasos que repercutan negativamente en las metas de producción y en el ejercicio de los recursos.
Artículo 2o. Ordénese a la Contaduría Mayor de Hacienda por conducto de la Comisión de Vigilancia, que practique las auditorías y realice las acciones legales que permitan esclarecer las posibles irregularidades habidas en el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación, y de la Ley de Ingresos para el período fiscal de 1987, incluyendo en esas revisiones el examen acerca de los procesos de desincorporación de entidades públicas, y que en su caso, finque las resposabilidades correspondientes en los términos de la legislación aplicable, y proceda a solicitar la imposición de las sanciones administrativas, civiles o penales conforme a derecho, indicándole que informe de sus acciones a la propia Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
Artículo 3o. Remítase el presente decreto a la Contaduría Mayor de Hacienda para todos los
efectos legales a que hubiere lugar, instruyéndola por conducto de la Comisión de Vigilancia, para que dentro del término de ley rinda el informe de resultados correspondientes.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 17 de noviembre de 1988. - Los diputados miembros de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública: Rogelio Montemayor Seguy, presidente: Raúl Bolaños Cacho Guzmán y Humberto Roque Villanueva, secretarios; Pedro César Acosta Palomino, Belisario Aguilar Olvera, Alberto Amador Leal, Eduardo Arias Aparicio, Adolfo Barrientos Parra, Javier Bonilla Chávez, Manuel Cavazos Lerma, Elina Elfi Coral Castilla de Corona, Melchor de los Santos Ordóñez, María Teresa Dorantes Jaramillo, José Jaime Enríquez Félix, Pedro René Etienne Llano, Eloy Argos García Aguilar, Martha García Rivas Palmeros, Yolanda M. García Treviño, Juan Antonio García Villa, Joaquín Garduño Vargas, Noé Fernando Garza Flores, Martín Gavica Garduño, Agustín Gasca Pliego, Jorge González Illescas, María del Rosario Elena Guerra Díaz, Magdaleno Gutiérrez Herrera, Ramiro Hernández García, Jesús Armando Hernández Montaño, Armando Ibarra Garza, Enrique Ibarra Pedroza, Artemio Iglesias Miramontes, Pedro Manuel Cruz López Díaz, María Elena Martínez Carranza, Rafael Melgoza Radillo, María del Carmen Mercado Tellez, Salvador Miranda Polanco, Juan José Moreno Sada, Jesús Oscar Navarro Gárate, Alfonso Neri Ávila, María Teresa Ortuño Gurza, Alejandro Paredes Jurado, Francisco Javier Pavlovich Robles, Ana Rosa Payán Cervera, Humberto Peña Reyes, Alberto Pérez Fontecha, Sergio Quiroz Miranda, Miguel Ángel Quiroz Pérez, Jaime Rodríguez Inurrigarro, Jesús Ramón Rojo Gutiérrez, Federico Ruíz López, Salvador Vázquez Sánchez, Francisco Javier Santillán Oceguera, Nicodemus Santo Luck, Juan Ugarte Cortés, Mauricio Miguel Ángel Valdez Rodríguez, Everardo Vargas Zavala, Astolfo Vicencio Tovar y Elías Villegas Torres. »
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Trámite:- Segunda lectura.
El C. Presidente: - Voy a leer previamente una propuesta que ha sido firmada por todos los coordinadores de las fracciones parlamentarias y que se refiere fundamentalmente al método para el debate al dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública de la Hacienda Pública Federal de 1987.
Le ruego, señor secretario, leer este documento.
El C. secretario José Murat C.: - "Propuesta para el debate del dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1987:
Primero. Se dispensa la segunda lectura del dictamen para iniciar directamente la discusión y debate del mismo.
Segundo. Debate con dos rondas de oradores, en donde participarían dos diputados por cada fracción parlamentaria de la oposición, dos en total y cuatro de la fracción mayoritaria.
En la primera ronda se tocarían aspectos generales del dictamen y en la segunda los particulares.
Tercero. La propuesta anterior implica que los partidos no se reservarían artículos en lo particular y por tanto el dictamen se pondría a votación una vez terminadas las dos rondas de oradores, para que el debate sea fluido y no habría réplica.
Conforme: Astolfo Vicencio Tovar, Alberto Pérez Fontecha, Rogelio Montemayor Seguy, Jesús Ortega Martínez; con la reserva de un caso necesario de intervención para discusiones personales o hechos, Pedro René Etienne Llano; aparece una firma a nombre del Partido Popular Socialista, del compañero Sergio Quiroz Miranda."
El C. Presidente: - En virtud de que ésta ha sido una propuesta firmada por todas las fracciones parlamentarias, nos atendremos al procedimiento señalado por los mismos.
Obra en poder de esta presidencia escrito de varios ciudadanos diputados que solicitan se expliquen los fundamentos del dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Están inscritos en la primera ronda: Rogelio Montemayor, Armando Ibarra, Pedro López Díaz, Alberto Pérez Fontecha, Rafael Melgoza, Ciro Mayén, Juan Antonio García Villa y Oscar Mauro Ramírez.
Y para la segunda ronda: Carlos Navarrete, Belisario Aguilar, María Teresa Dorantes, María Elena Martínez Carranza y Mauricio Valdez.
Están también inscritos los diputados Astolfo Vicencio Tovar y Juan Antonio García Villa.
Después de leída la lista de oradores, le damos la palabra al señor diputado Rogelio Montemayor.
El C. Rogelio Montemayor Seguy: - Señor presidente; honorable asamblea: El día de hoy esta representación conoce en segunda lectura y para su discusión, el dictamen de la revisión de la Cuenta Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1987.
Esta Cámara de conformidad con la fracción IV del artículo 74 de la Constitución, tiene la facultad exclusiva de revisar la Cuenta Pública del año anterior. El propio texto constitucional establece el objeto de dicha revisión.
Se trata, en primera instancia, de conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si el ejercicio presupuestal de las entidades del sector público se ha ajustado a los criterios señalados en el decreto de presupuesto y demás ordenamientos que rigen la acción del Ejecutivo Federal en esta materia. Asimismo, se trata de revisar el cumplimiento de las metas contenidas en los diversos programas del presupuesto.
Esta facultad de revisión corresponde a una obligación de fiscalización por parte de esta representación, sobre el uso de los recursos públicos. Debe destacarse que esta labor constituye parte de un proceso que no culmina el día de hoy, sino que habrá de continuarse con las tareas que el órgano técnico de esta Cámara, la Contaduría Mayor de Hacienda, habrá de realizar conforme a las atribuciones que define el propio artículo 74 de la Constitución y la Ley Orgánica de dicho organismo.
Situado en este contexto, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública recibió para su análisis y dictamen la Cuenta de la Hacienda Federal correspondiente a 1987, que el Ejecutivo envió a esta Cámara en tiempo y forma.
(Voces.)
El C. Presidente: - Se le ruega a la asamblea guardar compostura y atender al orador.
El C. Rogelio Montemayor Seguy: - En función a los objetivos, la comisión procedió a realizar tres tipos de análisis: El primero, referente a la revisión del cumplimiento de los diversos ordenamientos legales que rigen el ejercicio presupuestal de las entidades y organismos públicos. El segundo, relativo al análisis de la gestión financiera en sus aspectos de orientación
global, y el tercero, referente al estudio del cumplimiento de metas y ejercicio de gasto de los principales programas incluidos en el presupuesto.
Esta comisión, atendiendo a la letra y al espíritu de las disposiciones relativas a la revisión de la Cuenta Pública, circunscribió su análisis a la revisión de la gestión financiera, al examen del apego a los criterios ya señalados y, en consecuencia, excluyó en la evaluación misma de los objetivos que se había propuesto alcanzar la política económica en general y la de finanzas públicas en lo particular, al considerar que dicha evaluación ya había sido expuesta por los diversos grupos parlamentarios en la discusión y aprobación de la propia Cámara un año atrás.
Consideramos, sin embargo, que esta labor de revisión y la discusión respectiva que habrá de darse el día de hoy, aunada a la que ya se ha dado en el trabajo de comisiones, en adición a cumplir la función de fiscalización, se justifica como un trabajo de experiencia y aprendizaje que habrá de permitir a esta Cámara contar con mayores elementos de juicio y de información al momento que nos aboquemos a la discusión del proyecto de decreto del presupuesto para el próximo año.
Por acuerdo de los integrantes de la comisión y dada la magnitud de la tarea a realizar, se estableció como método de trabajo la integración de grupos pluripartidistas que procedieron a analizar los diversos sectores en que se agrupó la información de la Cuenta Pública, se integraron nueve grupos que fueron el eje fundamental para integrar los diferentes apartados del dictamen, se llevaron a cabo también once reuniones del pleno de la comisión con funcionarios del Poder Ejecutivo, en los cuales se amplió la información sobre los diversos sectores de análisis y revisión que había adoptado la comisión.
Finalmente, se procedió a integrar los resultados de cada grupo de trabajo en un anteproyecto de dictamen que fue sometido a la consideración de las fracciones parlamentarias que integran la comisión. A partir de ello, se llevó a cabo un proceso de consulta con los responsables de dichos grupos dentro de la comisión, respecto a sus consideraciones y recomendaciones adicionales. Como resultado de este proceso, se integró finalmente el proyecto de dictamen que se somete a esta representación para su discusión y, en su caso, aprobación.
Respecto al primer punto de análisis, relativo a la verificación sobre si las entidades comprendidas en la Cuenta Pública llevaron a cabo sus acciones con apego a las leyes de ingresos, a las de Presupuesto de Egresos y si cumplieron con las disposiciones respectivas de los demás ordenamientos aplicables en la materia, esta comisión, basada en el trabajo realizado por la Contaduría Mayor de Hacienda, logró establecer en forma preliminar, el grado de observancia de dichos preceptos legales.
Del análisis efectuado y reiterando la naturaleza preliminar de las conclusiones de dicho análisis, se desprenden las siguientes
CONSIDERACIONES
Por lo que respecta a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se considera que en términos generales se cumplió con dicho ordenamiento.
En lo que corresponde a la Ley de Ingresos de la Federación, se concluyó que en general se cumplió adecuadamente, aunque en algunos casos se presentaron retrasos en la entrega de la cuenta comprobada.
Por lo que se refiere al decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 1987, el análisis efectuado por nuestro órgano técnico permite concluir que se cumplió en forma adecuada en términos generales; no obstante, se observaron variaciones en el ejercicio del presupuesto, fallas de comunicación entre algunas dependencias coordinadoras y las entidades coordinadas, así como entre éstas y la Secretaría de Programación y Presupuesto.
En lo que toca a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y a su Reglamento, se observó que en general se cumplieron las normas presupuestales, detectándose, sin embargo, algunos retrasos e incumplimientos en la entrega de información que debe proporcionarse a las entidades globalizadoras y a las entidades coordinadoras sectoriales.
En cuanto a la Ley General de Deuda Pública, se considera que ésta se cumplió adecuadamente en términos generales.
Lo que hace a la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, del análisis efectuado se concluye que se cumplió en términos generales; sin embargo, se detectaron problemas en la aplicación en el Sistema de Compensación de Pago.
En relación con la Ley General de Bienes Nacionales, de la información captada al respecto se desprende que se cumplió en términos generales, no obstante haberse detectado algunos incumplimientos en las normas aplicables a adquisiciones y arrendamientos.
Por último y de manera preliminar, es pertinente señalar como conclusión, que el gobierno federal cumple satisfactoriamente en los preceptos legales que le atañen.
La Contaduría Mayor de Hacienda, conforme a lo establecido en su propia ley, deberá profundizar la revisión de la legislación aplicable en las auditorías específicas que practique respecto a la gestión financiera que llevó a cabo el Ejecutivo Federal durante 1987 e informar sobre el particular a la Cámara de Diputados, en su informe de resultados correspondiente a dicho ejercicio.
El segundo ámbito de análisis corresponde a la revisión de la gestión financiera global del sector público federal durante 1987.
Al realizarse este análisis, es pertinente hacer una reflexión sobre su significado y alcance; cabe aquí una pregunta: ¿es posible realizar esta tarea mediante la comparación simple de cifras propuestas y cifras realizadas? Me parece que la respuesta, en primera instancia, tendría que ser negativa; en mi opinión, se trata de emitir un juicio sobre si el ejercicio del presupuesto se ajustó a los criterios fundamentales con que fue aprobado.
Ahora bien, un juicio al respecto y dada la trascendencia de nuestra función como órgano fiscalizador de otro poder, requiere necesariamente de una doble ubicación; por un lado, es necesario situar y tener claro el contexto conocido al momento de elaborar la iniciativa y de aprobar el presupuesto y, por otro, el contexto general en que se realizó su ejercicio durante el año de referencia, ello no significa minimizar la importancia del presupuesto como instrumento de desarrollo que incide sobre la evolución de la economía, significa simplemente que el ejercicio del presupuesto no se da en el vacío económico ni social.
Debemos evitar, en consecuencia, juicios basados en la transposición de tiempos, es decir, desde mi punto de vista, para emitir nuestra opinión debe tomarse en cuenta la información que estuvo disponible tanto para quien formuló la iniciativa en su momento, como para quienes la discutieron y aprobaron en su oportunidad.
Este primer ejercicio de ubicación, requiere retrotraernos a las condiciones económicas en que se dio la formulación de la iniciativa por el Ejecutivo y su posterior discusión y aprobación por el Legislativo, es decir, la situación económica a fines de 1986. En dicho año, la economía mexicana se vio exigida a absorber fenómenos de gran magnitud que requirieron de esfuerzos extraordinarios y cuyos efectos se prolongaron más allá de dichos años.
En particular, debe tenerse en mente la tarea de reconstrucción como consecuencia de los terremotos de 1985, y el impacto del desplome de los precios petroleros sobre una economía que todavía presentaba serios desajustes y que además debía de hacer frente a una gran carga por servicio de la deuda externa.
Esta situación es un claro ejemplo de lo que me refiero en cuanto a las necesidades de ubicar en un contexto adecuado las decisiones y el ejercicio presupuestal; objeto de revisión por esta asamblea.
Así, es posible emitir, y de hecho fue expresado durante los trabajos de la comisión, el juicio de que en el ejercicio presupuestal de 1987 se había privilegiado el pago del servicio de la deuda. A mi juicio, para opinar al respecto sería necesario responder, primero, a la pregunta de si en las condiciones de fines de 1986 y de 1987, era una opción válida para nuestro país el no servicio de la deuda.
Es evidente que la respuesta que podríamos dar hoy, a la luz del esfuerzo ya realizado en el saneamiento de la economía de varios años de negociación persistente, sin duda sería diferente a la que podría darse en aquel entonces. Así, en este contexto, el presupuesto para 1987 se enmarcó en una política económica que partiendo de las condiciones prevalecientes ya señaladas, se propuso alentar el crecimiento, renovar el combate contra la inflación, que se había visto anulado por la necesidad de absorber el choque petrolero del año precedente por una política cambiaria sumamente activa, y consolidar el cambio estructural como requisito para lograr una solución más permanente al problema de la deuda y del desarrollo.
En cuanto a la segunda necesidad de ubicación, la del ejercicio propiamente dicho, cabe señalar que en los primero meses de 1987, el comportamiento de las principales variables macroeconómicas se ajustaba razonablemente a las predicciones, salvo la inflación que se había estabilizado en niveles altos. Sin embargo, en octubre se presentaron fenómenos estructurales y monetarios que obligaron a modificar en forma radical la política económica y, por ende, el ejercicio del presupuesto.
Esta evolución de las variables macroeconómicas, que implicó una inflación muy superior a la prevista, y que había servido de supuesto en la formulación del presupuesto, así como mayores tasas de interés internas y externas, tipo de cambio y mejores precios del petróleo, tuvo como resultado importantes variaciones en las cifras nominales del ejercicio presupuestal.
Es evidente que la variación en supuestos macroeconómicos dificulta el análisis de las variaciones presupuestales en el sentido de poder establecer con mayor precisión las causas que le dieron origen, dado que la variación de dichos supuestos afecta de manera diferencial a los diversos rubros de ingresos y de gastos, por ello, es necesario ver más allá de las cifras nominales.
Como una primera aproximación, se analizan las cifras en relación al tamaño de la economía, así, el saldo global, de las finanzas públicas del sector público presupuestal fue equivalente al 13.1 del producto interno bruto, cifra superior en 1.1 puntos porcentuales al observado durante 1986, y superior también al que se había programado originalmente.
Esta variación fue producto de un mayor gasto no programable, fundamentalmente en lo referente a gastos financieros, ello obedeció, como ya se ha señalado, a una evolución de las tasas internas y externas y a un desliz del peso mayores al previsto.
En términos del producto, el gasto no programable se incrementó en cinco puntos del producto interno bruto, de 1986 a 1987. Destaca dentro de este rubro, el pago de servicios de la deuda, que ascendió a 20.5 puntos del producto interno bruto. Ambas cifras muy superiores a lo programado.
Por otra parte, el gasto programable, que incluye aquellos rubros sobre cuya evolución se tiene un mayor margen de acción, se redujo en 1.6 puntos del producto, superando así el esfuerzo de reducción de estos conceptos, a lo que había sido programado.
En este resultado influye una reducción de 1.1 en el gasto corriente y de medio punto del producto en el gasto de inversión. Lo anterior significa que a pesar de una mayor inflación y en consecuencia de mayores salarios nominales, se logró reducir el gasto programable, contener el crecimiento del gasto, según se había propuesto.
Es de señalarse también, que no fue posible reactivar la inversión pública.
En cuanto a los ingresos totales, este análisis muestra que aumentaron en medio punto del producto, situación que está en la dirección propuesta, pero que quedó corta en relación a lo previsto. Así, no se alcanzó la meta prevista debido que a pesar de los mejores precios de los productos petroleros y de su mayor volumen comercializado, los ingresos de los organismos restantes disminuyeron su participación, como resultado de que sus precios y tarifas se vieron rezagados respecto a la inflación observada durante el año.
Finalmente, los ingresos del gobierno federal se mantuvieron como proporción del producto, dentro de lo que se había previsto.
Si se analiza la situación de las finanzas públicas, descontando los conceptos de gastos vinculados al servicio de la deuda, se observa que se cumplió lo propuesto en materia de saneamiento financiero.
El balance operacional alcanzó una cifra positiva equivalente a casi un punto del producto y el balance primario positivo también de 5.4 puntos.
En cuanto a la revisión del cumplimiento de las metas de los diversos programas, el dictamen presenta para los sectores en los cuales se agrupó el análisis, la información sobre el ejercicio de su gasto y la evolución de sus principales programas.
Cabe señalar que en términos generales el gasto sectorial se asignó de acuerdo a las prioridades establecidas en los mismos, y que a pesar de las restricciones adicionales que se dieron sobre el gasto programable en general y sobre el de inversión en particular, en términos de estructura se mantuvieron las prioridades, no así en términos reales.
En síntesis, el análisis del ejercicio presupuestal y de las acciones y decisiones adoptadas durante dicho año, nos permite destacar algunos aspectos relevantes; en primer lugar, un avance importante en el fortalecimiento en la base de ingresos del gobierno federal; ello fue producto de las modificaciones fiscales, particularmente las relativas al impuesto sobre la renta de las empresas, esta modificación, que en su momento fue aprobada por esta Cámara, significó eliminar la deducción total del pago de intereses por las empresas, ya que en un contexto de inflación, dicha deducción implicaba una severa inducción sobre la base gravable e introducía una gran distorsión en los esquemas de financiamiento de la inversión privada, fortaleciendo el uso de deuda y penalizando el uso de capital propio.
También es de destacarse el importante esfuerzo en materia de combate a la evasión y la elusión fiscal, que permitió depurar y ampliar el padrón de contribuyentes y mejorar significativamente la presencia fiscal.
Otro aspecto a destacar en la revisión de la cuenta, es el hecho de que el ajuste realizado en el gasto programable se efectuó en mayor proporción en
los rubros de gasto corriente que en los de inversión, reflejando así un gran esfuerzo de austeridad y disciplina.
Asimismo, debe destacarse también que no se logró reactivar la inversión pública en términos reales como originalmente se planteó, si bien se mantuvo la estructura de prioridades de dicho concepto .
Se llevó a cabo un programa de corrección de precios y tarifas de los bienes y servicios públicos ofrecidos por los organismos y empresas públicas. Se adecuaron las estructuras organizacionales de los sectores central y paraestatal, a fin de establecer una estructura administrativa más funcional dentro del marco de racionalidad, simplificación y disciplina financiera y se avanzó en el saneamiento financiero de las principales empresas públicas.
Por otra parte, debe señalarse que en el ejercicio presupuestal de dicho año, el gasto no programable, particularmente al servicio de la deuda, constituyó una proporción sumamente alta del total, evidenciando la gran carga que representa este concepto.
Las consideraciones anteriores y otras que seguramente habrán de ser destacadas por otros miembros de la comisión, producto de la tarea de revisión de la cuenta que nos permite cumplir con las atribuciones que en la materia no marca la ley, serán sin duda de utilidad para ampliar la información y contar con más elementos de juicio para el cumplimiento de otra gran responsabilidad, la de análisis y aprobación del presupuesto para 1989, tarea a la que en breve habremos de abocarnos.
Finalmente, quisiera señalar que la revisión realizada desemboca en un conjunto de recomendaciones que buscan mejorar el cumplimiento de esta atribución de revisión de la cuenta pública y de fiscalización sobre el uso de los recursos públicos.
Estas recomendaciones, si bien no necesariamente reflejan la unanimidad de los integrantes de la comisión, sí son consecuencia del diálogo abierto y responsable con las diferentes fracciones parlamentarias representadas dentro de la propia comisión, lo cual refleja la intención de un trabajo donde se integren las diferentes formas de pensamiento y acción representadas en esta Cámara y que nos permitan una labor más positiva y fructífera en bien de aquéllos que representamos.
Por todo lo anterior, honorables miembros de esta asamblea, me permito recomendarles la aprobación del dictamen que se somete a su consideración. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Armando Ibarra Garza.
El C. Armando Ibarra Garza: - Señor presidente, honorable asamblea: Hoy corresponde a esta alta soberanía el análisis de la cuenta pública de 1987. Por la importancia que reviste este hecho, el Partido Popular Socialista, presenta el siguiente voto particular respecto al análisis de la Cuenta Pública de 1987.
«El artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece con facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, la de revisar la Cuenta Pública del gobierno federal del año anterior, y en el párrafo quinto establece que si no existe esa actitud o justificación en los gastos hechos, se determinarán las responsabilidades de acuerdo a la ley.»
La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, examinó la Cuenta Pública y el dictamen respectivo, contrastando los gastos de operaciones financieras así como las medidas de política económica con la realidad, con los factores objetivos que son los que finalmente se imponen con dramático realismo en contra del pueblo y la nación, en el ejercicio gubernamental de la actual administración pública.
En primer lugar, la política aplicada durante 1987 se encuadra en la misma línea de estrategia económica aplicada durante todo el sexenio, la cual fue trazada siguiendo las recomendaciones y compromisos contraídos con el imperialismo norteamericano, cuyo objetivo esencial no es otro que el de apropiarse de nuestras principales fuerzas productivas, convertirnos en mercado cautivo para sus exportaciones, impedir el desarrollo y crecimiento de la industria nacional no dependiente del capital extranjero, y mantener a México como un país surtidor de materias primas y mano de obra barata hasta para las empresas transnacionales, y fundamentalmente el de seguir utilizando el endeudamiento externo como el instrumento de dominación preponderante hacia nuestro país y el resto de los países de América Latina.
Los diversos medios utilizados para lograr tales objetivos, son los que se derivan de la teoría económica neoliberal y monetarista de la llamada Escuela de Chicago, a cuyo frente está Milton Friedman, y que ha adoptado el gobierno de Estados Unidos de América, para imponerla a los países semicoloniales como el nuestro.
Ante una situación de crisis como la manifestada en toda su expresión a partir de 1982, en la que se
registró una inflación acelerada con el consecuente deterioro del poder adquisitivo de la mayoría del pueblo mexicano, la reducción del mercado interno, el endeudamiento exagerado y un abatimiento acelerado de los indicadores de crecimiento, el imperialismo norteamericano, apoyándose en los teóricos del monetarismo, impone una serie de medidas en paquete, la cual se denomina Programa de Ajuste en la Economía, consiste en lo siguiente: Reducción del gasto del gobierno y establecimiento de topes salariales, medidas que se apoyan en la falacia de considerar la inflación como una resultante de dos causas, según ellos, el gasto público y los aumentos salariales.
Imponer una política de apertura indiscriminada a las inversiones extranjeras y a las importaciones, para lo cual establecen estímulos y facilidades fiscales y arancelarias; el ingreso al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio; construcción de infraestructura al servicio de las empresas extranjeras; modificación de las leyes vigentes y otras orientadas al mismo fin.
Reducción de la intervención del Estado en la economía para favorecer la apropiación de nuestras fuerzas productivas al capital privado nacional, pero principalmente extranjero.
Liberación de precios de las mercancías; manipulación liberal y de acuerdo a los objetivos previstos por el Fondo Monetario Internacional de cuatro precios fundamentales: El de los salarios, el del peso frente al dólar, el de las tasas de interés y el de las tarifas y servicios del sector público y, finalmente, la eliminación de cualquier tipo de divisas.
¿Qué característica tuvo en México la aplicación del Programa de Ajuste y qué resultados finales se obtuvieron al finalizar el sexenio?
En nuestro país, el Programa de Ajuste fue impuesto con la complacencia y promoción de la burguesía en el poder, particularmente del gabinete económico, al cual se le dio el sugestivo nombre de "cambio estructural y política de reordenación económica", el que incluye todas las medidas señaladas con anterioridad y otras más, pero para hacerlo aceptable a las fuerzas que demandan, y lo siguen haciendo, una solución popular a la crisis, la burguesía antinacional en el poder argumentó que dicho plan estaba orientado a elevar el crecimiento.
Dicho en palabras más sencillas, se trató de que la clase trabajadora aceptara los tremendos sacrificios que implica la estrategia económica, con el falso argumento de que a cambio de ello habría un notable crecimiento de la economía, el cual suponía una elevación de su nivel de vida; y, por otra parte, se lograría un saneamiento de las finanzas públicas que arrojarían como producto una mejor distribución de la riqueza para construir una sociedad igualitaria que nunca llegó.
Las cifras del comportamiento del producto interno bruto en el sexenio son elocuentes para demostrar que ni el imperialismo, ni la burguesía parasitaria que nos gobierna, jamás pretendieron el incremento del crecimiento. De 1983 a 1987, el producto interno bruto se mantuvo prácticamente estancado; en 1981 el producto interno bruto fue de 7.9%; en 1982 de menos .5%, en 1983 menos 5.3%; en 1984 3.7%; en 1985 2.8%; en 1986 menos 3.7%; en 1987 1.0%, arrojando un promedio de crecimiento de 1983 a 1987 de menos 0.5%.
El gasto programable, que excluye el servicio de la deuda, se redujo en 31%, la inversión pública cayó en el 40%, el producto interno bruto del sector público sufrió una caída del 15% y no fue mayor debido al importante valor de la producción petrolera; en cambio, los objetivos de la estrategia imperialista se cumplieron a cabalidad. México, en virtud de la política económica aplicada en los últimos seis años, transfirió al extranjero recursos financieros por más de 220 mil millones de dólares por diversos conceptos, los más importantes fueron las ganancias y utilidades de las empresas transnacionales, el pago del servicio de la deuda externa, la injusta relación del intercambio económico y la fuga de capitales, así, por medio de estos mecanismos que el gobierno aceptó y suscribió en las cartas de intención, se auspició el saqueo de nuestros recursos a costa del sacrificio de los trabajadores y de la pérdida de nuestra soberanía económica.
Otro de los objetivos de la estrategia imperialista impuesta al pueblo de México, con el argumento de la ineficiencia del sector estatal de la economía, fue la apropiación de nuestra fuerza productiva por vía de la venta de las empresas estatales, las que en 1982 llegaban a 1 mil 150 y ahora, al finalizar el sexenio, se reducen a menos de 300. Caminamos pues, a virtud de la política económica del régimen, a pasos acelerados hacia la satisfacción plena de la permanente demanda de la derecha, de que el Estado se convierta prácticamente en un gendarme de los intereses extranjeros.
Con creces, el imperialismo norteamericano logró el objetivo propuesto de convertirnos en mercado seguro y cautivo para sus exportaciones. Al finalizar el sexenio, México realiza más del 70% de su intercambio comercial con Estados Unidos de América y las importaciones de productos norteamericanos se elevan en un 65% respecto a 1982.
Este objetivo está asociado en una relación de causa - efecto; el de impedir el desarrollo de la industria nacional no ligada al capital extranjero, pues en los últimos seis años se condujo a la quiebra a más de 5 mil empresas medianas y pequeñas y se registró la más aguda recesión de la economía.
Somos ahora el país en el que el imperialismo norteamericano obtiene la mano de obra más barata del mundo como consecuencia de la manipulación premeditada y programada del gobierno en el fenómeno inflacionario. La gran mentira del gobierno de Miguel de la Madrid, hacia el pueblo de México, en la que fincó toda su argumentación para justificar la política de agresión al salario, es la de que este régimen tuvo una meta esencial: la de combatir la inflación. Estas son las cifras oficiales que lo desmienten:
En 1983 se programó una inflación del 55% y resultó el 80%; en 1984, se anunció una inflación no superior al 30% y resultó de 59.2%; en 1985 se anunció el 18% y resultó el 63.7%; en 1986 se dijo que sería del 20% y ascendió hasta el 105%; y en 1987 alcanzó el 156%.
Por otra parte, en situación similar a la de la época porfirista, ha conducido el gobierno a nuestro país en lo que concierne a las inversiones extranjeras, las que en 100 años no habían rebasado la cifra de 11 mil millones de dólares y que hoy ha fines de 1988 ascienden a 23 mil millones de dólares. A consecuencia de ello, la descapitalización del país avanza a pasos acelerados.
Ante la iniciativa de enfrentar la crisis con medidas populares que no vulneren nuestra soberanía, sino al contrario, sentar las bases de un desarrollo económico independiente, cerrando el pago a todo intento de dominación, la burguesía en el poder escogió el camino de la entrega y el sometimiento, el camino del sacrificio ilimitado del pueblo mexicano; el costo social ha sido verdaderamente grave, los salarios de la clase trabajadora han sufrido una caída brutal.
En 1975 México tenía el mayor nivel salarial de América Latina, superior en 1.5 veces más al de Argentina, en 2.1 veces más al de Brasil, en 1.9 veces al de Colombia y en 1.4 al de Perú. Ya para 1985, México era el país con más bajos salarios del continente y en 1987 pasó a ser el país de los más bajos salarios del mundo.
En 1975, Estados Unidos de América tenía un nivel salarial 4.4 veces superior al de México; para 1987, ése era ya superior en ocho veces.
Por otra parte, la tasa de desempleo que en 1983 fue del 12.6% de la población económicamente activa, pasó en 1987 a representar casi la quinta parte de la misma población económicamente activa. De 1983 a 1987, la política agrícola, caracterizada por el abandono del sector, hizo que el producto interno bruto agrícola pasara del 18.6% al 9.2%, reduciéndose los créditos a los cultivos de básicos en forma alarmante.
Los defensores de esta política de verdadero fracaso, en todos los renglones económicos, deben explicar a qué se debe que en la actualidad, según datos oficiales del sector salud, 43 millones de mexicanos padecen algún grado de desnutrición, y que de tal cantidad, 23 millones se hayan registrado como de muy bajo nivel nutricional, afectando principalmente a la población infantil.
No obstante, es aún de mayor gravedad la pérdida de nuestra soberanía económica, porque el fortalecimiento y crecimiento del sector estatal de la economía, es resultado de los largos años de la lucha del pueblo mexicano, que tiene su punto de partida en el movimiento armado de 1910, el que costara 1 millón de vidas al pueblo de México.
El peligro más grande para los países de América Latina, en esta etapa de la evolución histórica que se inicia con la terminación de la Segunda Guerra Mundial, es la invasión de los capitales norteamericanos que perseguían el control directo de todas las ramas de la economía nacional; señalaba esto el maestro Vicente Lombardo Toledano.
El sustento económico y político de esta gran verdad, radica esencialmente en el carácter descapitalizador de las inversiones extranjeras, las que, según las cifras de los últimos 10 años, han obtenido en México un promedio de cinco dólares de utilidad por cada dólar invertido, y en que se convierte en el instrumento mediante el cual saquean los recursos naturales y las materias primas de nuestro país, obtienen el control económico y luego imponen condiciones políticas con lo cual México pierde su carácter de nación autónoma y soberana; al final, lo único que nos queda son los exiguos salarios de los trabajadores.
¿Cómo resolvió el pueblo mexicano enfrentar este problema y evitar la apropiación de nuestras fuerzas productivas por parte del capital extranjero? Principalmente con la intervención del Estado de la economía; mediante la aplicación de la política de las nacionalizaciones.
El Estado mexicano actual, no hay que olvidarlo, surgió de la Revolución Mexicana; en consecuencia, sus funciones están clara y precisamente definidas por el carácter antiimperialista del propio movimiento armado de 1910. El México actual se debe fundamentalmente a la intervención
del Estado en las funciones más importantes que han hecho posible su rápida evolución. Sin la nacionalización del subsuelo, de la tierra, de los bosques, de las aguas, de los ferrocarriles, de la industria petroquímica, de la industria eléctrica, del petróleo, del fierro y de su intervención en la distribución de los bienes y servicios, México hace muchos años se habría convertido en una colonia del imperialismo norteamericano.
La función esencial pues, de las empresas estatales de cualquier rama de la producción económica sea industrial, comercial, administrativa, financiera o de servicios de todo tipo, radica en que constituye el valladar nacionalista para evitar la expansión económica del capital extranjero, el cual deforma el desarrollo económico de los países donde obtiene el control y dominio de las fuerzas productivas.
El proceso desnacionalizador aplicado por el régimen de Miguel de la Madrid, denominado "redimensionamiento del Estado", constituye uno de los hechos de política económica más condenable por parte de las fuerzas revolucionarias de México.
El gobierno actual hizo suyas las antiguas y tradicionales tesis del imperialismo, y la derecha, para justificar la entrega de las empresas del Estado al capital extranjero por la vía de la iniciativa privada; primero se dijo que se venderían empresas ligadas a la producción de bienes, consumo final como la industria de refrescos, electrodomésticas, vajillas, bicicletas, tortilladoras y otras, las cuales se afirmaba, coincidiendo con las tesis de la derecha, no eran ni estratégicas ni prioritarias, pero era sólo el inicio del proceso antinacional, pues nadie ignora que de las 800 empresas que se han entregado, una gran parte corresponde a la industria pesada, a la de comunicaciones, a las empresas agroindustriales y mineras.
También se afirmó que se vendían porque representaban una carga para el gobierno por sus finanzas deficitarias, pero lo que no se dijo es que la mayor parte de los déficit de dichas empresas tienen su origen en los enormes subsidios que en servicios, energéticos y productos se entrega a la iniciativa privada.
Un ejemplo sirve para ilustrar la falsedad de los argumentos del gobierno. La empresa minera de Cananea, desde junio de 1986 saneó totalmente sus finanzas, presentando un saldo financiero positivo de cientos de millones de dólares y mostrando desde esa fecha un comportamiento creciente en los márgenes operativos, tanto por los mayores volúmenes de producción y su impacto en los costos por la reacción favorable en los precios del cobre; resulta pues, totalmente incongruente que se ponga a la venta esta empresa prioritaria para el desarrollo económico nacional, que al igual que en el presente caso se puede argumentar a favor de Mexicana de Cobre, de Mexicana de Aviación, Aeroméxico y otras.
Por otra parte, es incuestionable que con la venta de las empresas estatales y el desmantelamiento del sector estatal de la economía se rompió la cadena de integración productiva de bienes de capital y de bienes de consumo intermedio.
Han tratado de justificar su conducta, expresando que la única alternativa distinta a la aplicada era la del enfrentamiento con el imperialismo y que ello nos hubiera conducido a la posible pérdida de la soberanía, como si la política aplicada no se hubiera caracterizado precisamente por el entreguismo y el sometimiento y como si hoy no fuésemos, a virtud del camino seguido, hemos sido menos autónomos y más dependientes.
La Cuenta Pública de 1987, como lo señalamos al inicio, se enumera en las premisas macroeconómicas del llamado cambio estructural y de la reordenación económica. No obstante, el Partido Popular Socialista, deja clara su posición en contra del dictamen en base, a las siguientes
CONSIDERACIONES
Se afirma en el dictamen, que la economía registró un incremento de 1.4% respecto a 1986, lo que representa menos de la mitad de lo anunciado previamente.
La industria, se afirma, registró un crecimiento de 2.3, pero no se dice que fue el renglón relativo a las maquiladoras en el que más dinamismo mostró.
Se ignora, también en el dictamen, el negativo hecho que significa la llamada reconversación industrial, el que constituye una maniobra más para aumentar la dependencia de México respecto de Estados Unidos de América, país que debido a los resultados y efectos de la revolución técnico - científica que está dándose en los países altamente industrializados, están renovando todo su viejo aparato tecnológico y productivo, el cual es adquirido a precios elevados por nuestro país, convirtiéndose así, a virtud de la llamada reconversión industrial, en receptores de su chatarra tecnológica, la cual significa ya un serio obstáculo para el desarrollo de una tecnología propia.
El gasto corriente del gobierno federal representa el 68% del total asignado al mismo y constituye un incremento de tan sólo 73.7% respecto al año
anterior, el cual es menor a la inflación, la cual fue del 159.2%.
El gasto de las empresas paraestatales es 90% mayor que en 1986, pero también menor a la inflación, y a su orientación se dedicó en buena parte, en buena medida, a prestar bienes y servicios baratos a la industria privada nacional y extranjera.
El producto interno bruto del sector primario: agricultura, silvicultura y pesca, registró a penas un crecimiento de 1.6% El escaso crédito agrícola sólo abarcó el 77% de la superficie sembrada, el seguro agrícola cubrió apenas el 41.8% de la misma para granos alimenticios como maíz y frijol, el 71.4% para oleaginosas y el 53.6% de otros granos.
Supuestamente se dio preferencia a la producción de carne de bovino, de pollo, leche y huevo, pero la realidad es que la población estuvo desabastecida y los precios de estos productos se incrementan considerablemente en el mercado.
En cuanto al desarrollo social, subsector educación ejerció un gasto de 5 mil 159 billones de pesos, lo cual es apenas el 2.6% del producto interno bruto, cuando la mínima recomendable por la Unesco es del 8%.
Al sector salud se le destinaron 5 mil 143 billones de pesos, presupuesto superior en 53.8% al original, pero insuficiente a las necesidades de salud de 86 millones de mexicanos.
El artículo 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, establece que tratándose de ingresos extraordinarios derivados de empréstitos, el gasto deberá ajustarse a lo dispuesto por el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Por otra parte, el artículo 73 constitucional en su fracción VIII establece que ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósito de regulación monetaria, las operaciones de conversión y las que se contraten durante una emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1987, se destina el 56% del mismo para el pago del servicio de la deuda, sin embargo, no obstante lo verdaderamente antipopular de esta proporción, el gasto por el pago del servicio de la deuda superó el 39.4% de lo presupuestado.
¿Cómo se pretende justificar semejante diferencia respecto a lo destinado originalmente y lo ejercido?
Se afirma que ello se debió al incremento de las tasas de interés internas, el efecto devaluatorio del peso respecto al dólar, y a los pagos anticipados que efectuaron algunas empresas públicas para amortizar sus pasivos.
En el ejercicio de 1987, se destinaron 11 mil 368.5 millones de dólares a este rubro del servicio de la deuda externa. Por otra parte, la deuda pública total concentrada en 1987, sobrepasó el 58.2% a lo autorizado por el Congreso.
En este asunto deben enjuiciarse y sancionarse severamente a los funcionarios de Hacienda por las violaciones a la Ley de Ingresos y por no haber consultado a esta soberanía.
¿A qué se debió fundamentalmente este hecho que incrementó las exportaciones netas de capital al extranjero?, ¿y qué consecuencias tuvo en la vida del pueblo, en sus fuerzas productivas y en las grandes masas de la población?
En primer lugar, el gobierno federal debe ser enjuiciado severamente por esta soberanía, pues mientras en 1987 apenas se destinó para el gasto educativo el 2.6%, para el gasto del servicio de la deuda externa se destinaron, en ese mismo año, casi el 20.5% del producto interno bruto.
Y, por otro lado, se concentraron empréstitos por un total de 9 mil 70.2 millones de dólares; los cuales se destinaron, no a financiar proyectos productivos como lo establece la Constitución, sino al pago de los intereses y a incrementar las reservas para subsanar y prácticamente financiar la fuga de capitales.
No existe, pues, la justificación señalada como requisito indispensable por el artículo 74 constitucional.
Las pruebas están a la vista: La minería cayó en 5.1%, la industria de la construcción 12.7%, las manufacturas no metálicas y maquinaria 8.7%, la industria maderera 5.6%, la textil 4.1%, y, por otra parte, la industria manufacturera trabajó al 60% de su capacidad instalada; la metal mecánica al 50%, la de calzado al 50%, la siderúrgica a 65% y la automotriz al 60%.
Esta soberanía debe determinar las responsabilidades en que han incurrido los funcionarios públicos responsables del área, que durante 1987, destinaron el 90% de los ingresos por exportación al pago del servicio de la deuda pública, y no conformes con ello, iniciaron un nuevo mecanismo de enajenación del sector estatal de la economía, a través de los Swaps para cambiar deuda por inversión en el sector estatal, mecanismo que sólo
ofrece ventajas a los grandes bancos internacionales, pues adquieren la deuda a menos de la mitad de su valor y México las hace buenas por el 100%, a la vez que se entregan las empresas del Estado.
Respecto a la deuda interna, la cual ascendió en 1987 a 68 billones de pesos y que constituyó la principal fuente de financiamiento del gobierno federal, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, expresó que la deuda interna no constituye un problema real, pretendiendo eludir las graves consecuencias que sobre la economía tiene el hecho de que la mayor parte del presupuesto destinado al pago del servicio de la deuda, se origine a este renglón.
Por otra parte, la política en esta materia ha estado orientada a facilitar la oligopólica insultante concentración del capital, pues un grupo reducido de grandes empresarios, el famoso grupo de los 300, que encabeza Agustín F. Legorreta, posee más de 60% de los certificados de la Federación.
Durante los financiamientos de 1987, financiamiento por la vía de deuda interna, ascendieron a 44 billones, lo que representa el 25% del producto interno bruto. Así, las finanzas públicas se han puesto prácticamente en manos de un grupo de especuladores, lo cual constituye un hecho inadmisible, por lo cual esta soberanía debe dejar constancia de su reprobación para impedir que esta grave reprobación se repita y exigir se apliquen las sanciones que marca la ley.
Mercado bursátil. Esta asamblea debe analizar, con base en los resultados obtenidos, que la política de fortalecimiento de la actividad bursátil durante 1987 resultó un verdadero fracaso, pues los instrumentos de inversión que en la última instancia pueden considerarse como financiamiento efectivo a las empresas emisoras, como acciones y obligaciones, registran un crecimiento del 459.2%, sin embargo, al considerar la emisión de empresas industriales, dicho crecimiento se ubica en apenas en 42.3%, esto significa que el mercado de valores obstruyó un negativo financiamiento a la actividad productiva, pues el mayor porcentaje se dedicó a la especulación.
En el dictamen se menciona el crack bursátil, la caída de la Bolsa Mexicana de Valores, como si está hubiera sido un caso fortuito, como un resultado de la quiebra internacional del mercado de valores, así lo cual se pretende excluir de toda responsabilidad al gobierno y a los propietarios de las casas de bolsa, que con toda libertad especulan con el dinero de miles de ahorradores, pequeños y medianos para conducirlos a la quiebra y adueñarse en forma legítima de miles de millones de pesos en una operación que se puede calificar como el mayor fraude maquinado de la historia moderna de México; ¿a caso el gobierno de Miguel de la Madrid no tiene responsabilidad alguna en los hechos que propiciaron la caída de la bolsa en octubre de 1987? A juicio del Partido Popular Socialista, el gobierno tiene una gran responsabilidad en estos hechos, pues desde el inicio del sexenio, otorgó al mercado bursátil facultades y funciones extraordinarias que le permitieron especular y asumir las funciones que corresponden a la banca nacionalizada, en deterioro precisamente de ésta. La maniobra fraudulenta de las casas de bolsa hubiera sido prácticamente imposible si no hubiesen contado las modificaciones constitucionales de 1982 y con la complacencia de las autoridades del ramo.
Está Cámara de Diputados no puede aceptar un dictamen que pretende ignorar este grave problema de especulación o que adjudica a causas ajenas un problema en el que están involucrados funcionarios públicos y empresarios privados y que ocasionó graves daños no sólo a los clientes de las casas de bolsa, sino a la economía nacional en su conjunto.
Por esta razón, el dictamen de la cuenta pública debe exigir a las autoridades competentes, la determinación de las responsabilidades en que han incurrido y ordenar una investigación exhaustiva a los propietarios de las principales casas de bolsa, entre estás, Operadora de Bolsas, Inverlat, Probursa, Prime, Casa México y otras, las que en muchos casos aprovechan la libertad otorgada y violando las leyes de la materia, engañan a la clientela o de plano hicieron lo que les vino en gana, como el de negarse a poner a la venta las acciones, no obstante que esto era lo que en su caso ordenaban los propietarios, cuando se registraba una marcada tendencia a la baja.
La Cámara de Diputados, en uso de sus facultades constitucionales, debe hacer todo lo que a ella competa, para que este grave delito no se vuelva a repetir, por lo que es necesario se investigue a los especuladores y propietarios de estas casas de bolsa, entre los que se cuentan a: Agustín F. Legorreta, Eduardo Legorreta, Luis J. Creel, Claudio X. González, Efrén Flores, Jorge Zabludovski, Rodolfo Moctezuma Cid, David Ibarra Muñoz, Carlos Hank González, José Pintado Rivero, Rafael Moreno Valle, Carlos Abedrop, Pedro Sánchez Mejorada, Alberto Ortíz Mena, José Madariaga Lomelí, Carlos I. De Gortari, Eugenio Clarión Reyes, Eloy Ballina, Luis García Blair, José Corral, Humberto Lobo Morales y Ramón Beteta, entre otros.
De manera particular debe investigar las responsabilidades que en este asunto tiene el señor
Miguel Mancera Aguayo y el Propio Secretario de Hacienda, Gustavo Petricioli.
En resumen, el Partido Popular Socialista demanda una investigación exhaustiva a las ilegales medidas de protección y tolerancia entre el fraude por parte de la Comisión Nacional de Valores y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Las violaciones de la casa de bolsa a la Ley de Mercado de Valores y de su Reglamento, ciertamente señalaron a la simulación de operaciones mercantiles, alteración de contratos y falsificación de firmas; el retiro ilegal de valores y la apropiación ilegal de los mismos; el uso de contratos no autorizados por los propietarios de acciones y documentos, y el otorgamiento de crédito sólo autorizado por la Comisión Nacional de Valores, y la manipulación de fondos de las sociedades diversas.
Inflación. Uno de los cuatro objetivos de la política financiera para 1987, fue un supuesto renovado combate a la inflación. Se pronosticó una inflación no superior al 80%, la cifra final al 31 de diciembre de 1987 fue del 159. 2% superior en 53.5 puntos porcentuales a la de 1986 y en 79.2% puntos porcentuales a lo previsto.
A primera vista se evidencia un notable fracaso del supuesto renovado combate a la inflación; sin embargo, este hecho requiere de un análisis menos superficial. Se deduce en el dictamen en este interés de justificar que los precios de petróleo bajaron y que hubo un repunte de las exportaciones y otros más.
¿Y por qué no se dice que la inflación del 156% fue resultado de una política que en el menos crítico de los casos podemos enjuiciar como oligopólica y antinacional?, ¿se pretende que el pueblo mexicano siga aceptando que el principal motivo inflacionario es el gasto público, el cual de por sí es reducido?
Pero con ello se trata de ignorar que al designar más de 60% del pago de servicio de la deuda, ahí se tiene al principal agente de la inflación, pues de todos es sabido que al destinarse la mayor parte del presupuesto de un país a actividades no productivas, ésta constituye la principal causa de la inflación, a consecuencia de ello se aplican medidas que conducen a la recesión de la economía y no combaten realmente la inflación, como ocurrió en 1987.
El gobierno, al contar apenas con menos del 40% para destinarlo al gasto programable, redujo créditos a la industria nacional no exportadora, redujo notablemente los créditos al campo, y también redujo su gasto corriente en forma alarmante, con la cual provocó una negativa reacción en cadena que incrementó la quiebra de pequeñas y medianas empresas; estimuló el desempleo y abandonó el impulso al mercado interno. Este abandono al mercado interno registró consecuencias desastrosas para la economía nacional, pues desde 1983 a 1987, la política agrícola redujo la participación de este sector en 18.6% del producto interno bruto en 1982, a 9.2% del producto interno bruto en 1987.
Los créditos al cultivo de básicos se redujeron notablemente durante los últimos años. Los efectos de la inflación sobre los salarios y la concentración del capital durante 1987, son verdaderamente alarmantes; la concentración de la riqueza y el empobrecimiento del pueblo es la principal resultante de la inflación, aparentemente fortuita, pero realmente programada.
Para 1987, al 30% de la población más pobre le corresponde apenas el 7.8% de los ingresos, mientras que el 10% de la población más rica concentra 33.4% de los ingresos.
El Partido Popular Socialista, no puede de ninguna manera aceptar la justificación que el dictamen otorgó a esta negativa resultante de la política antipopular y antinacional del gobierno, y como en otras ocasiones, el crecimiento de la inflación constituyó parte de una estrategia concertada con el Fondo Monetario Internacional, a fin de reducir cada vez más el salario real de los trabajadores mexicanos, en una condición impuesta para facilitar el flujo de las inversiones extranjeras, particularmente de las maquiladoras.
Inversiones extranjeras. En la carta de intención suscrita por el gobierno mexicano ante el Fondo Monetario Internacional en noviembre de 1987, se establece que en México hará las revisiones para racionalizar el sistema de protección, incluyendo la estructura arancelaria, los incentivos a las exportaciones y el requisito de permiso previo para importar; se redujo el grado de protección para supuestamente lograr los índices de crecimiento acelerado.
¿Cómo justifica el Estado mexicano el apoyo de la inversión extranjera? La principal justificación es que la inversión extranjera permitiría modernizar la planta industrial del país, fomentar la competencia con el extranjero y la diversificación de la exportación mexicana.
Ninguno de estos argumentos y justificaciones resiste el menor análisis, pues la planta productiva nacional no sólo no se ha modernizado, sino que se encuentra al borde de la quiebra. No
competimos en el mercado internacional, a no ser con entrega de materias primas, y la tal diversificación resultó una verdadera burla, pues a la fecha México concreta sus relaciones de intercambio comercial en casi un 65% con Estados Unidos de América.
¿Cuál ha sido el resultado de tan extraordinaria facilidad y estímulos a las inversiones extranjeras y de la apertura indiscriminada a las importaciones? En primer término, se vio un notable incremento en las importaciones, pues las empresas explotadoras son fundamentalmente transnacionales como la Ford, la Chrysler, la General Motors, Volkswagen, Nissan, IBM, Celanese Kenwort y otras que registran un elevado porcentaje de insumos de procedencia extranjera.
El 42% de las divisas por exportación fueron captadas por diez empresas monopólicas transnacionales, y aquí se infiere el carácter antinacional que actualmente tiene la política de exportaciones, a costa de la cual se ha sacrificado el mercado interno.
Por otro lado, lejos de que la apertura comercial haya apoyado el abatimiento de los precios, la competencia se está efectuando incluso a mayores precios e inferior calidad, lo cual es otra prueba del fracaso de esta política, pues uno de sus justificantes era la elevación de la calidad de la producción nacional.
Durante el sexenio que ahora termina, la IEM se duplicó y alcanzó a 23 mil millones de dólares, en tanto que en 1982, era de 10 mil 786 millones de dólares.
La pretendida diversificación no se logró, pues la inversión estadounidense reportó el 65% del total y en 1987 su más cercano competidor, la República Federal Alemana, apenas alcanzó el 7%, contra un 69% y un 8% respectivamente de ambos países en 1982.
A la cabeza de la IEM están las maquiladoras, las cuales crecieron de julio de 1982 a noviembre de 1987 a un ritmo de 15.3%, lo que representó la instalación de una nueva maquiladora cada dos días en este período.
La apertura de las maquiladoras ha sido sumamente nociva para el país, pues no ha tenido el impacto de apoyo y fortalecimiento de la industria nacional que se anunciaba, pues casi el 100% de sus insumos provienen del extranjero, en cambio son los principales transgresores de la leyes laborales mexicanas y constituyen una inversión inestable y un elemento más de chantaje contra nuestra soberanía.
Como consecuencia de esta apertura al comercio e industria exterior, se ha desprotegido la industria nacional, se ha iniciado la quiebra y desmantelamiento de la pequeña y mediana industrias por el abandono crediticio y de estímulo por parte del gobierno; las ramas más afectadas son: la metal mecánica, la química, la petroquímica, la textil, autopartes y la industria de bienes de capital, la cual ha decrecido en términos reales de 1982 a 1987 en más de un 50%.
El Partido Popular Socialista, condena esta política que ha conducido a la quiebra a más de 5 mil empresas privadas nacionales y amenaza con pasar a manos privadas la industria productora de bienes de capital. El dictamen debe incluir la exigencia de cargar responsabilidades al gabinete económico por el grave daño causado al pueblo y a la soberanía de la nación.
Al juzgar por los resultados, la apertura comercial y de la inversión extranjera ha producido:
1. Un mayor desempleo por la producción interna de bienes de consumo general y bienes de consumo intermedio.
2. La disminución del 50% de la planta productiva de bienes de capital de 1982 a 1987.
3. La quiebra de miles de empresas e industrias medianas y pequeñas.
4. Aguda recesión, pues la planta productiva durante 1987 trabajó apenas al 50% de su capacidad.
5. El control monopólico de las divisas por exportación, en manos de diez grandes empresas transnacionales, las cuales remiten a sus metrópolis.
6. Violaciones a las leyes mexicanas por parte de las propias autoridades hacendarias y transnacionales.
Política de ingresos.
El Partido Popular Socialista, ha señalado que el bajo porcentaje que representa la carga fiscal del gobierno federal con respecto al producto interno bruto, ha sido un rezago característico de la política fiscal de México, que frente a otros países desarrollados o en vías de desarrollo, aparece como tradicionalista en este aspecto.
De 1970 a 1987, los ingresos obtenidos vía fiscal no rebasaron tan siquiera el 18% del producto interno bruto, mientras en otros países como Francia, Estados Unidos de América, Italia, éstos son del 30% o más del producto interno bruto.
En la Cuenta Pública de 1987, se señala que la proporción que representa la carga fiscal correspondió al 17.83% de producto interno bruto, o sea, 1.31% mayor que al de 1886.
Esta reducida carga fiscal contemplada en la política de ingresos del sector público, conduce inevitablemente a buscar otras fuentes de financiar el gasto público, tales como acudir a un mayor endeudamiento externo e interno, alza de tarifas en los servicios públicos o a resolver el problema mediante el déficit presupuestario que como en 1987 fue de 31 billones de pesos.
En 1987, los ingresos petroleros alcanzaron la cantidad de 14.04 billones de pesos que corresponde al 7.1% del producto interno bruto; los ingresos no petroleros fueron de 20 mil 585 billones, que representa el 10.52% del producto interno bruto.
Frente a estas cifras, el gobierno de Miguel de la Madrid ha anunciado, con aire triunfalista, que hoy nuestra economía está menos petrolizada porque se han incrementado los ingresos no petroleros. La realidad es que la diferencia entre ingresos petroleros y no petroleros, no es demasiado significativa, pues el ingreso que Petróleos Mexicanos aporta a los ingresos corresponde al 46.6% del total de los ingresos tributarios del año de 1987, además, sus ingresos se incrementaron en 6.6% con respecto al año de 1986.
Podemos observar que los ingresos tributarios, no petroleros, descendieron durante el período 1982- 1987 en 4.6%. Lo anterior nos demuestra que todavía se depende en buena proporción de los ingresos petroleros.
Respecto a los ingresos no petroleros, se señala en la Cuenta Pública de 1987 que 16 mil 650 billones de pesos correspondieron a gravámenes tributarios y 3 mil 935 billones a ingresos no tributarios.
Dentro de los ingresos tributarios más importantes se encuentra el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado, Impuestos Especiales de Producción y Servicio, y es aquí en el análisis de este rubro de la política del gasto, donde es necesario señalar que la política fiscal también puede utilizarse para ensanchar la brecha entre ricos y pobres, impulsar la concentración de la riqueza en pocas manos y empobrecer aún más a la clase trabajadora.
Veamos lo siguiente: la composición del Impuesto sobre la Renta, tiene un carácter sumamente regresivo, pues el total de ingresos provenientes de este rubro que fue de 7 mil 793 billones de pesos, apenas el 7.4% fue aportado por el renglón correspondiente a las sociedades mercantiles, que es donde se ubica la grabación fiscal a las empresas. Por otra parte, las personas físicas aportaron 7 mil 215 billones de pesos, lo cual representa el 92.6% del total del impuesto sobre la Renta.
La recaudación total de 1987 ascendió a 34 mil 8 billones, de esta cantidad, las sociedades mercantiles apenas aportaron el 1.6% en cambio la aportación del impuesto al Valor Agregado, el cual ascendió a 6 mil 168 billones, representa el 17.7% de lo recaudado.
La realidad salta a la vista. En el análisis de la política de ingresos, la carga fiscal aplicada por los tecnócratas de dentro del gobierno, ha ensanchado más la brecha entre ricos y pobres.
Se escogió el camino fácil para la oligarquía en lugar de aplicar una verdadera reforma fiscal a fondo para fortalecer nuestro desarrollo económico y velar las condiciones de vida de nuestro pueblo, esencialmente obreros, campesinos y asalariados.
Compañeras y compañeros diputados: Estas son las evidencias y consideraciones que demuestran el carácter antipopular de la política económica aplicada durante el sexenio que termina, y particularmente durante el año de 1987.
El Partido Popular Socialista, considera de la mayor urgencia que las fuerzas democráticas actúen conjuntamente para evitar su continuidad y profundización, lo que nos conducirá inevitablemente a un régimen de sometimiento y de pérdida total de la soberanía.
Por estas razones, el voto particular del Partido Popular Socialista, contra el dictamen de Cuenta Pública del gobierno federal correspondiente al ejercicio de 1987, constituye a la vez un llamado a las fuerzas democráticas a cerrar filas y no descansar hasta lograr que el poder público retome el camino de la Revolución Mexicana. Muchas gracias.
Por la fracción del Partido Popular Socialista, diputado Armando Ibarra Garza.»
Hago entrega del voto particular, a la presidencia.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Pedro López Díaz.
El C. Pedro Manuel Cruz López Díaz: - El retraso de un año de revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, impide al Poder
Legislativo elaborar recomendaciones y conclusiones de política económica general y sectorial, que oportunamente sean atendidas en la formulación de los criterios de política que ordenan el Presupuesto de Egresos e Ingresos del año inmediato posterior.
Este retraso anual y la tradicional conducta de la mayoría en las comisiones revisoras, determina un conjunto de conclusiones y recomendaciones con las características siguientes.
Glosa de criterios de política general y del ejercicio presupuestal y financiero, recomendaciones puntuales de procedimientos en la presentación de la Cuenta Pública y sugerencias a destiempo de política económica y social que no son atendidas y reaparecen continuamente, o simplemente reiteran las propuestas ya existentes en los Criterios Generales de Política Económica del año en curso.
La Cuenta de la Hacienda Pública es un registro pormenorizado del ejercicio presupuestal; por tanto, un inventario de las acciones del Ejecutivo, normado por el decreto de Egresos y la Ley de Ingresos para 1987, aprobados en Diciembre de 1986. La primera aproximación, por tanto, a la revisión de la Cuenta Pública, consiste en determinar, a partir de sus resultados cuantitativos y el cumplimiento de los programas y objetivos, la lógica de funcionamiento de la política propuesta e instrumentada en el nivel macroeconómico, para luego ahondar en las determinantes socio políticas de su elección y, entonces, en conjunto aprender el fracaso a nuestro punto de vista y el relevo de la política económica y social en 1988.
En términos sintéticos, 1987 es el año de exacerbación de las contradicciones de la política de la estabilización ortodoxa, según los lineamientos y el criterio internacional del Fondo Monetario Internacional, el año de su fracaso y de su cambio hacia políticas heterodoxas de ajuste, el Pacto de Solidaridad Económica, sin embargo, el no reconocimiento del fracaso de las políticas económicas y sociales se debe al empecinamiento de un apoyo indiscriminado a una política estatal que ha respondido básicamente a los intereses del capital financiero local e internacional.
En los Criterios Generales de Política Económica para 1987, se establecen como objetivos fundamentales: Alcanzar un crecimiento moderado, pero firme, así se dice, continuar el combate a la inflación, consolidar un supuesto cambio estructural e impulsar la descentralización; a esos criterios objetivos formales se les agrega un quinto que subyace y sobredetermina los criterios de ingresos y egresos, el pago puntual del servicio de la deuda pública externa e interna, el cumplimiento de ese objetivo central se manifiesta cuantitativamente en el porcentaje cada vez mayor de un gasto no programable como proporción de los egresos totales del sector público; para 1987 ésta representa el 73.6% en vez de un 66.5% en el año anterior, por tanto, la generación de los recursos en pesos y monedas extranjeras necesarios para pagar intereses, administración y amortización, determinada en el déficit presupuestal, la vinculación de las tasas de cambio de interés y de inflación, mismas tasas que son fundamentales en el proceso de ajuste y estabilización.
Durante 1987, el entrelazamiento de estas tres tasas con el déficit fiscal, generó un proceso de contracción interna entre los objetivos explícitos de la política económica general, los procesos de legitimación del gasto público y del eminente colapso financiero, cuyo resonante sería el crack bursátil de octubre de 1987, lo que obligó a una modificación posterior de la política económica; en particular, para generar un superávit comercial creciente y estable, que permitiera hacer competitivas las exportaciones durante 1987, se mantuvo una sobresubvaluación constante del dólar a través de debilitamientos periódicos.
El crecimiento de las exportaciones no petroleras, el incremento del precio y el monto del petróleo exportado, conjuntamente con una depresión de las importaciones, llevaron a un superavit comercial de 8 mil millones de dólares. Sin embargo, el precio del dólar es uno de los precios claves de la economía, lo que llevó a establecer comparaciones internacionales inmediatas entre las tasas de interés nacionales y extranjeras y que para evitar la fuga de capitales se mantuvieron todo el año positivas, estimulando a su vez la inflación por el lado del costo del capital de préstamo y el impulso a las devaluaciones por el lado de la comparación internacional de los niveles de precios.
El resultado fue un círculo vicioso entre tasas de interés de cambio y de inflación que se estimularon mutuamente y generaron efectos financieros indeseables; entre ellos, desvalorizar el capital productivo por altos costos del interés, deprimir la inversión productiva y el crecimiento del déficit fiscal por el lado de los intereses de la deuda interna.
Como puede apreciarse, el resultado final de la política de estabilización ortodoxa llevó a una financialización de la economía, a un crecimiento exorbitado del capital ficticio nacional e internacional en octubre, determinando una acelerada especulación que sucumbe parcialmente.
En el crack de la bolsa, los operadores del sistema intentan presentar esta financialización del déficit
presupuestal como un superávit económico primario y operacional. Tasa de inflación de 150% de interés activo y deslizamiento del tipo de cambio son la causa y el resultado de la política económica del régimen, de la puesta a una política de ajuste ortodoxo en condiciones de deuda pública exorbitante.
La paradoja implícita en los criterios de política entre ajuste y estabilización, entre crecimiento moderado, pero estable e inflación galopante, entre el pago de la deuda y la satisfacción de las necesidades sociales, toma la forma de una dicotomía insoslayable, financialización versus industrialización de la economía.
Sin embargo, pese a los resultados negativos en armonización de los objetivos de política económica, la cuestión es entender ¿por qué se tomaron?, ¿qué racionalidad está implícita?, y en este caso la respuesta es inmediata: son las necesidades de valorización del capital del préstamo las que exigen una política económica como la seguida en 1987. En la estrecha vinculación del capital financiero, casas de bolsa, de seguros, sociedades de inversión, etcétera, con el gabinete económico, lo que explica el crecimiento de emisión de Certificados de la Tesorería, el déficit presupuestal, la especulación bursátil, la inflación, devaluación y tasas de interés crecientes.
El crack de la bolsa en octubre de 1987, conjuntamente con los altos índices de los precios claves de la economía, es lo que marcó el límite para una política de ajuste basada en el sector financiero.
Por eso, el cambio relativo de política con la suscripción del Pacto de Solidaridad Económica, donde los precios y el tipo de cambio se someten a una concentración de sectores, en vez del libre cambio del mercado, se pretendió, así, romper los círculos viciosos de los precios clave sin dejar de pagar la deuda y efectuando un desplazamiento o lavado, transmutación de capital ficticio en capital productivo.
Por eso, el traspaso de bonos de deuda en acciones entre el capital privado y entre éste y el Estado, la desincorporación de las empresas públicas, se convirtió en el mecanismo de transformación de la especulación en el capital productivo o activos fijos.
Como se ve, entonces, el pacto es un procedimiento de temperancia de la finalización de la economía mediante la transformación de los activos públicos en activos privados, un intento por volver real al capital ficticio con la venta de las empresas del Estado, de ahí la parafernalia, la incomprensión y falsedad de los imprecisos criterios de supuestas áreas prioritarias o estratégicas.
Esto no implica una disminución en el poder del capital financiero ni un lavado total súbito, sino un proceso habilidoso para equilibrar las necesidades de acumulación del capital productivo y su financiamiento.
La revisión de toda cuenta de la Hacienda Pública Federal, lo hemos dicho, significa y va más allá de un mero ejercicio contable que se circunscriba a un reducido equipo de peritos. Su examen incluye un balance de la situación económica nacional y de su contexto mundial, así como los avatares de una política económica y de los criterios generales aprobados por la mayoría de esta Cámara de Diputados.
El cumplimiento o incumplimiento de programas presupuestales federales arrastra tras de sí una política económica que fue en cierta medida debatida en el momento en que se presentaron los proyectos de Ley de Ingresos y de Decreto del Presupuesto Federal. La costumbre del que hacer parlamentario en nuestro país ha impedido que la sociedad civil, especialmente sus sectores propiamente populares, expresen sus opiniones, lo que podría permitir eventualmente al cuerpo legislativo, generar un juicio más completo en el desempeño de su que hacer constitucional. Esta situación nos debería motivar a una seria reflexión que nos permitiera proponer los mejores caminos para la expresión democrática de los intereses populares y su vinculación a la dirección del Poder Legislativo.
En la medida en que la Cuenta Pública de 1987 incluye una política económica que se ha criticado públicamente, y en particular en esta Cámara de Diputados, conviene precisar los términos de la crítica y los posibles consensos en torno a nuestra aprobación o desaprobación. Empero, creemos que el debate político nacional nos emplaza a resolver cuestiones generales de política económica como el problema del servicio del pago de la deuda pública externa, al cual nos debemos enfrentar de modo imaginativo, y anteponiendo el interés nacional podemos propiciar, si fuera posible, acercamientos en la diversidad de las tendencias políticas que integran este cuerpo legislativo.
En lo concerniente a aquello que significa un examen específico de mejor calidad de la Cuenta Pública Federal, nosotros sometemos a la consideración de este cuerpo legislativo una serie de recomendaciones, deseando que no tengan la respuesta habitual de la mayoría, y se incorporen a la metodología de futuras revisiones. Algunas de estas propuestas llevan el objetivo de que se incorporen inclusive a la próxima presentación del Presupuesto Federal de Egresos y de la Ley de Ingresos de la Federación para 1989.
A nuestro parecer, 1987 no sólo significó un agudizamiento de la crisis económica del país, sino además el exacerbamiento de una muy particular crisis de la política económica gubernamental, la mayor prueba que lo vino a constatar fue el Pacto de Solidaridad Económica, puesto en marcha en diciembre de este año.
Como el proyecto de dictamen lo menciona, los cuatro objetivos de los Criterios Generales de Política Económica en 1987 fueron: alentar un crecimiento económico moderado, pero con alta generación de impuestos (sic); renovar el combate a la inflación, otra vez; consolidar y cambiar el cambio estructural, por pocos conocido; impulsar la descentralización de la vida nacional, para nosotros más burocrática que productiva y social.
A nuestro parecer, los gastos de 1987, se alejan indudablemente de tales propósitos, al no haberse cubierto a Grosso modo, veamos, un crecimiento del producto interno bruto, que en ese año resultó de apenas un 1.4%, voto que representó un nivel inferior al de 1981.
En 1987, el índice del volumen de la producción manufacturada resultó en un menos 2.8% menor al de 1980 y, además una buena parte de sus ramas padeció una situación similar con todo y el cambio estructural prometido.
En la industria de la construcción, según datos del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, descendió el valor de la producción del sector formal de la industria de la construcción en millones de pesos de 1980, de 9 mil 380, a 8 mil 531 millones de pesos.
El valor de la importación de maquinaria y de equipo, indicador eficaz que nos mide el comportamiento de la inversión, cayó en un menos 4.9%
La "alta generación de empleos", no apareció por lo menos en dos sectores económicos importantes. El índice de personal ocupado en la industria manufacturada del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, con base en 80 igual a 100, cayó en menos 13.8%. Y en términos similares aumentó el índice de productividad del personal ocupando, lo que indica indudablemente, que uno de los sectores del llamado sostén, del llamado "cambio estructural", recibió de una mayor obtención del excedente económico con un menor personal ocupado, que sin embargo vio menguado su poder adquisitivo salarial.
El personal ocupado del sector formal de la industria de la construcción durante 1987 fue de 281 mil 520 contra 281 mil 112 del año anterior, es decir, prácticamente el mismo número.
La renovación del combate a la inflación propuesta en los Criterios Generales de Política Económica concluyó con la inflación más grave de la historia económica contemporánea del país; calculada en el índice nacional de precios al consumidor, resultó de un 159.2%, superior en 53.5 puntos porcentuales a la prevista.
El propio anuncio del Pacto de Solidaridad Económica en los últimos días de 1987, representó el más claro reconocimiento del fracaso de la política económica de supuesto carácter antiinflacionario.
Los indicadores arriba mencionados nos reflejan no sólo la gravedad de la crisis económica durante 1987, sino como veremos adelante, el recurso de una política económica que entró en ese año en una profunda crisis.
Ello se manifiesta rotundamente al verse obligado el gobierno a revisar en el Pacto de Solidaridad varios de sus principios fijos en materia de política económica puestos en marcha desde los orígenes de la administración de Miguel de la Madrid.
Una mayor libertad de precios tanto de los bienes originados en el sector público como en los del privado, de altas tasas de interés, de revisiones salariales cada vez más frecuentes, etcétera.
La política económica devino así de un criterio de un cierto neoliberalismo de principios de 1987, con el Programa de Aliento y Crecimiento que en cierta medida, aunque con otros matices, se había venido aplicando desde los orígenes del gobierno de Miguel de la Madrid, hasta las variaciones que introdujo el Pacto de Solidaridad, y que vinieron a constatar el fracaso rotundo de la política económica.
Contra el dicho monetarista de ver en la inflación una esencia principalmente monetaria, las modificaciones y acciones en la política económica en 1987, mostraron cómo las reducciones en el gasto público y en la masa monetaria de su oferta y de su base no representaron avances y sí por el contrario, se demostró su inoperancia en la lucha contra la inflación, en contra de lo previsto en la estrategia expresada. En los Criterios Generales de Política Económica, la inflación lejos de haber amainado en el segundo semestre más bien se acrecentó.
El aumento de las reservas del Banco de México, resultado como de todo mundo es sabido, de una
elevación en los precios internacionales del petróleo y de un comportamiento muy favorable de la balanza comercial, que se elevó de 4.1 miles de millones de dólares en 1986, a 7.9 miles de millones en 1987, se aplicó indudablemente de manera errática, sirviendo en una buena medida a incrementar los incentivos a la especulación financiera que culminaron en los trágicos acontecimientos del crack bursátil de octubre.
Paradójicamente, si un año antes el país hubo de padecer por la reducción de los precios internacionales del petróleo, después, en 1987, vio aumentar sus problemas porque al irle bien en sus frente externo, la manipulación especulativa de sus recursos excedentarios le provocan a la nación mayores dificultades. Lógica siniestra si no es que perversa, en la que en situaciones tan opuestas le va mal de igual manera a los sectores populares que supuestamente dice representar el Ejecutivo Federal.
En el proyecto de dictamen se menciona que las necesidades del sector público impidieron reducir las tasas de interés internas a la velocidad prevista y se añade que los agentes económicos ajustaron precios de acuerdo a la inflación histórica y no a la espera (sic).
Un alto servicio de la deuda pública externa acompañado al propósito de evitar una mayor fuga de capitales, obligaron a mantener altas tasas de interés, a nuestro parecer, dicho fenómeno vino a competir por varios meses en 1987, con el sector financiero público, especialmente con la banca nacional, en la captación del ahorro.
La insistencia en modernizar por parte del gobierno un sector exportador, se fincó sustancialmente en las supuestas ventajas comparativas de un tipo de cambio subvaluado que a la postre impidió abatir los costos inflacionarios, lo que implico un dólar en cotidiana alza.
De ahí que se explique que uno de los propósitos del Pacto de Solidaridad haya sido fijar el precio del dólar. El virtual congelamiento del dólar, vino a coadyuvar la contención del proceso inflacionario durante 1988.
Sin embargo, ahora ya se aprecian sus costos desfavorables en el derrumbe del superávit comercial que ha tenido la economía nacional desde 1982, excedente de comercio exterior que, como todo mundo sabe, ha sido base del pago del servicio de la deuda externa.
Así tenemos que como consecuencia de una actividad poco imaginativa, o si se quiere ser más categóricos y precisos, de una actitud especulativa por parte del gobierno en el manejo de los excedentes financieros generados por el sector externo, se contribuyó, a nuestro parecer, a elevar irresponsablemente la espiral alcista observada durante el auge del mercado de valores, situación que previsiblemente no podía durar mucho tiempo y que su agotamiento interno vinculado al crack bursátil de varias bolsas del mundo capitalista, contribuyeron a propiciar su derrumbe.
Esta situación de crisis no se ha podido revertir hasta la fecha; en agosto de 1988, el índice accionario global del mercado de valores se encontraba en un 50% por abajo al conseguido en el clímax de octubre de 1987.
Nos parecen oportunos e interesantes los siguientes señalamientos de ese proyecto de dictamen de la cuenta pública y que quisiéramos destacar en nuestra principal recomendación en materia de política económica para 1989: la "disyuntiva" entre continuar sirviendo a la deuda en los términos actuales o promover un mayor crecimiento, sigue siendo vigente; la evolución económica de 1987, patentiza, entre otras cosas, dicha disyuntiva.
En el examen de los resultados generales de finanzas públicas de este anteproyecto de dictamen, se refuerza lo que arriba se cita; se reconoce que el exceso en el presupuesto de un 25.5% se haya debido principalmente a los conceptos de erogaciones por intereses y gastos de la deuda; esta variación del gasto global se debió en un 37.9% a tales rubros; de que el sobregiro del presupuesto se haya debido principalmente al pago del servicio de la deuda pública, es un motivo adicional para que la dicha cuestión sea considerada y corregida por esta representación parlamentaria.
Veamos algunas cuestiones en relación con los criterios de gasto sectorial.
Desarrollo rural
En este sector, la orientación de las acciones se encamina supuestamente hacia los siguientes objetivos: mejorar los niveles de bienestar de la población del campo; incrementar la producción; incrementar las fuentes de ocupación e ingresos de los campesinos, y optimizar el uso de los recursos naturales financieros.
Las prioridades a alcanzar por medio del Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral, fueron presentadas como de soberanía alimentaria en productos básicos y mejoramiento de la distribución del ingreso de la población rural.
A setenta años de revolución y en el marco de una crisis económica que ha golpeado severamente al
sector primario de la economía, cuya secuela se manifiesta en una mayor pobreza entre la población rural, el sector campesino soporta las peores condiciones de vida en el país, con ingresos cuyo promedio no rebasa 160 días de salario mínimo al año, situación que sumerge en una pobreza crítica a 5 millones de personas que no tienen acceso ni a los mínimos satisfactores de alimentación, situación que es reconocida aun por el Iepes, o como la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
El ejido ha caído en una desvirtualización social, prevaleciendo en rentismo creciente de parcelas, descapitalización por falta de ahorro e insuficiencia de créditos.
De un total de 5 millones de jornaleros agrícolas, sólo el 15% cuenta con empleo permanente todo el año, ya que prevalece un desempleo abierto de 30% y el resto de esos trabajadores se ocupa eventualmente. El exceso de oferta sobre la demanda de trabajo en el agro, ocasiona que empleadores impongan condiciones de infrasubsistencia.
La población rural es el grupo social que percibe en forma más directa los cambios productivos, tecnológicos e impactos recesivos, si a esto le agregamos el hecho de que es la inversión pública la que tiende parcialmente a mejorar ciertos aspectos de sus niveles de vida, pues quedarán claros los efectos que está teniendo la crisis económica en sus niveles de vida ya de por sí precarios.
Bajo este panorama, debemos subrayar la importancia de que el Estado mexicano retome las riendas de la reactivación productiva rural con un incremento de los recursos financieros destinados al sector agropecuario, siendo esto condición insoslayable para satisfacer las demandas nacionales de alimentos e insumos, y lograr a la vez elevar el empleo, ingresos y bienestar de los campesinos.
Por otro lado, la falta de estímulos económicos y la poca rentabilidad que ofrecen los precios de garantía de los productos agrícolas básicos y los de otros alimentos, han llevado a los campesino y productores al desplazamiento de cultivos por otros de mayor rentabilidad o simplemente al abandono de las tierras; el deterioro de las rentabilidades de estos productos, explica sus crecientes déficits de producción interna, así como las importaciones masivas que han afectado los saldos comerciales del sector con el exterior, esto hace de México un importador neto de alimentos.
Salud
De continuar los ajustes en el gasto del gobierno, los sectores encargados de procurar bienestar social resultarán seriamente afectados, se prevé que entre 1983 y 1988, la reducción del gasto gubernamental en el sector salud experimentará una caída de 45% en términos reales; como consecuencia de esta situación, se puede derivar la existencia de una menor disponibilidad de recursos.
En este contexto se presentó un significativo incremento de 61% de casos de enfermedad transmisibles entre 1982 y 1987, esto a su vez ha tenido una influencia importante sobre la evolución de la tasa de mortalidad en el país.
La política económica aplicada desde el inicio de la presente administración estuvo orientada a efectuar una significativa reducción del gasto del gobierno en diversos aspectos.
Con cifras del sexto informe de gobierno, se estima que aunado a lo anterior, se aprecia una insuficiencia de recursos físicos y humanos del sector salud, lo que origina la imposibilidad de brindar una amplia cobertura institucional; prueba de ello es la menor cobertura del sector salud, debido a que en 1982 la población a cubrir aumentó 6.6% y para el presente año se prevé que el incremento sea tan sólo 0.9% anual.
Esto significa que hace seis años se contaban con recursos de salud mayores para brindar un servicio a la población, pues éstos crecieron a un ritmo mayor al que registró la misma; sin embargo el profundo deterioro de la salud se ha agravado, pues ahora la cobertura aumenta en una proporción mucho menor que al incremento de la población.
Aun cuando se advirtió una disminución en los aspectos que brindan bienestar a la población, las circunstancias se dieron de manera diferente. Si bien en determinados periodos se experimentó una leve recuperación del gasto dirigido a salud, como fue en 1985 y 1987, cuando se presentó un incremento real de 4.4% y 4.3%, respectivamente, no fue suficiente para modificar la tendencia que desde el principio registró el sector salud.
De continuar los ajustes en los gastos del sector público, el sector salud seguirá demostrando un considerable deterioro, la necesidad de reducir el déficit del sector público se ha basado en los ajustes del gasto, provocando disminuciones importantes en las erogaciones dirigidas a mantener el bienestar social.
Recomendaciones y propuestas para una mejor revisión de la Cuenta Pública, con el propósito de mejorar el ejercicio constitucional de revisar la cuenta, concibiéndolo como un proceso que va más allá de una revisión contable: se
requiere que la Cámara de Diputados, ponga en marcha mecanismos más funcionales y permanentes en donde se acceda a las opiniones de los sectores sociales, que finalmente son los que resienten los programas de gasto e ingreso público, consideramos como tarea urgente y por tanto, de próxima realización que tanto los presupuestos de egresos, Ley de Ingresos y la propia Cuenta Pública, deben ser elaborados considerando previamente los intereses de quienes son los sujetos más relevantes de la administración pública, la sociedad y sus distintos sectores; una posible forma en la que se pudiera alcanzar el objetivo primordial de que se diera una verdadera participación social en la evaluación de los resultados cuantitativos y cualitativos de la Cuenta Pública Federal, sería que las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública con la Hacienda y Contaduría Mayor, abrieran mecanismos de participación a nivel global sectorial de la representación de la sociedad civil.
Los espacios donde a nuestro parecer se habrían de examinar las cuestiones generales, implicarían una amplia participación de organismos profesionales, especialistas, directores de la academia; los temas generales que podrían agruparse serían los siguientes: alternativas de política económica, finanzas públicas, deuda pública interna y externa, soberanía nacional y bienestar social; a través de estos mecanismos de participación se estimularía el mayor concurso de las organizaciones sociales. Los tópicos en los que se pudiera dividir el proceso evaluatorio de examen sectorial del gasto público, podrían ser los siguientes: desarrollo rural, desarrollo urbano, ecología, desarrollo regional, bienestar social, comunicaciones y transportes, educación, industrial y energético, y turismo.
Móvil esencial de nuestra recomendación es el de que esta representación legislativa general genere vínculos permanentes con la sociedad civil, a fin de que podamos desempeñar mejor nuestra función de poder constitucional, así como el de tener un mejor marco de criterios para la aprobación de los presupuestos de egresos, Ley de Ingresos, así como de la evaluación de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
Un imperativo de modificación en materia de política económica que en los últimos tiempos ha venido creciendo en los ámbitos de opinión de la sociedad civil y de las misma sociedad política, es el de que el rumbo de la nación no puede continuar avanzando si no se enfrenta al problema del creciente pago de los servicios de la deuda pública externa, por sus negativas consecuencias en las finanzas públicas y sus graves costos en términos de lo que significa un presente y un futuro muy difícil para la nación, y especialmente para su componente popular.
El proyecto de dictamen de la Cuenta Pública de 1987, es bueno señalarlo, reconoce en gran medida y de modo reiterado, la preocupación arriba mencionada; en consecuencia, consideramos que no debe prolongarse tal situación en los próximos proyectos y ejercicios presupuestales de la Federación, la nación no puede y cada vez menos quiere continuar soportando con los problemas que propicia un alto servicio de pago por concepto de deuda pública eterna, por lo que esta comisión que hoy examina el ejercicio de la administración pública federal en 1987, debe permitirse de modo firme recomendar que en los próximos proyectos de presupuestos de Egresos de la Federación, con su correspondiente Ley de Ingresos, contemple el de cómo va a adecuar el pago del servicio de la deuda pública a las necesidades de un desarrollo nacional más sano que implique mejorar el bienestar social; resarcir el poder adquisitivo de los salarios; readecuar los precios de garantía en términos más justos para los productores agrícolas; incrementar la inversión pública en proyectos productivos que permitan al país avanzar hacia el desarrollo económico más soberano y justo.
En el examen de la Cuenta Pública de 1987, ya hemos visto cómo el sobregiro en el gasto público se debió en sus dos terceras partes, al llamado gasto no programable y principalmente el destinado al pago de intereses, comisiones y gastos al pago de la deuda, así como al de amortización.
En base a lo anterior, consideramos que esta comisión debe por tanto recomendar, el de que la Cámara de Diputados, solicite públicamente que tanto los proyectos de Ley de Ingresos como de Presupuesto de Egresos de la Federación, consideren de manera expresa el reajustar el pago del servicio de la deuda pública externa, tomando como límite de referencia el reconstruir el desarrollo económico nacional sobre bases que permitan impulsar un proyecto de país verdaderamente independiente y democrático.
Se debe considerar, mediante las modificaciones jurídicas pertinentes, al sector paraestatal de la economía como propiedad de la nación; toda eventual enajenación de una parte de ese sector, deberá estar sujeta a la discusión y decisión de la Cámara de Diputados.
Se debe considerar, mediante modificaciones jurídicas pertinentes, que toda modificación en el gasto real programable por parte del Poder Ejecutivo deberá estar sujeta a la aprobación de la Cámara de Diputados, cuando está esté
relacionada con el gasto social, en particular, educación, salud y vivienda.
Se debe considerar, mediante las modificaciones jurídicas pertinentes; que corresponde a la Cámara de Diputados, definir puntualmente cuáles son las áreas estratégicas y prioritarias de la intervención del Estado en la economía nacional. Muchas gracias.
El C. Artemio Iglesias Miramontes (desde su curul): - Señor presidente, quisiera que el orador me permitiera una interpelación, por favor.
El C. Presidente: - ¿Acepta, señor orador, la pregunta que le quiere hacer el diputado Iglesias?
El C. Pedro Manuel Cruz López Díaz: - Con todo gusto.
El C. Artemio Iglesias Miramontes (desde su curul): - Casi al final, usted dice, yo no sé si fue un lapsus o en verdad lo quiso decir así, cuando usted se refiere a un "país verdaderamente dependiente y democrático", ¿quiso decirlo así, o fue una equivocación?
El C. Pedro Manuel Cruz López Díaz: - Sería una soberana tontería que yo viniera a decir eso en esta Cámara de Diputados; es independiente.
El C. Presidente: - El uso de la palabra, el diputado Alberto Pérez Fontecha.
El C. Alberto Pérez Fontecha: - Con su permiso, señor presidente; compañeros diputados; señoras y señores: Hoy nos toca comentar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio fiscal de 1987, comentarios que desgraciadamente no tendrán repercusión alguna, ya que todas las consideraciones que podamos hacer y las recomendaciones para controlar la Cuenta Pública resultarán obsoletas, pues está por terminar el ejercicio de la cuenta de 1988, y ésta la analizaremos en 1989, una vez ya ejercida y cuyas consideraciones, como es el caso de hoy, no podrán ponerse en práctica; sin embargo es conviene señalar que no se han tomado las medidas necesarias para evitar que los presupuestos de egresos no sean deficitarios, lo que provoca un desequilibrio con relación a los ingresos, y los gastos ya efectuados sólo pueden compensarse con crédito externo, con crédito interno o con mayor emisión de moneda; cualquiera de los caminos que se utilicen son dañinos a la economía del país.
Como escuchamos en la sesión pasada durante la lectura de la Cuenta Pública que va estableciendo como criterios de política económica para 1987, alentar el crecimiento económico moderado, pero con alta generación de empleos, renovar el combate a la inflación; consolidar y ampliar el cambio estructural e impulsar la descentralización de la vida nacional; sin embargo, la realidad de 1987 fue completamente distinta y no obstante la experiencia que se tenía en 1986, en la que el choque externo había influido adversamente en la evolución de la economía mexicana por la caída del precio del petróleo, en la visita del subsecretario de Planeación y Control Presupuestal, nos manifestó que para contener los desfavorables efectos producidos por la caída en el precio del petróleo de exportación, se había implantado una política de redoblar la restricción fiscal y monetaria, con el propósito de enfrentar y amortiguar los efectos negativos del choque petrolero, profundizando paralelamente el proceso de cambio estructural.
Sentimos con toda honestidad, que lo mencionado por el ciudadano subsecretario de Planeación y Control Presupuestal, ni él lo entendió, pues no tan sólo en 1987, sino a la fecha, no se han podido enfrentar y mucho menos amortiguar los efectos negativos del choque petrolero, y nunca nos pudo despejar el señor subsecretario, la duda de los diputados cuando le preguntamos en qué consistía el proceso de cambio estructural.
Se nos menciona que como consecuencia del mantenimiento de objetivos claros y precisos, y del manejo flexible de los instrumentos de política económica, se tuvieron resultados altamente satisfactorios, y cita el fortalecimiento del ahorro interno, pero no menciona que ese fortalecimiento se debió al pago excesivo y a altas tasas de interés y a la necesidad que tuvo el gobierno de captar recursos para cubrir el exceso en el gasto corriente.
Señala también que en 1987 aumentó la producción en el sector industrial, en el sector agropecuario, en la silvicultura y en la pesca; que se logró crecimiento en el sector minero, se sostuvo el dinamismo en la exportación manufacturera, se registraron disminuciones en el desempleo y se logró aumento del ahorro financiero; en pocas palabras, compañeros diputados, el México que vivimos los mexicanos en 1987, con todo respeto, no es el mismo México que vivió el subsecretario de Planeación y Control Presupuestal.
En 1987, los mexicanos vivimos exceso de gasto corriente por parte del gobierno, desempleo, baja en la producción, aumento en el circulante, inflación y aumento en los precios y tarifas.
En el sector financiero, la inestabilidad de los mercados bursátiles y la falta de control a las casas de bolsa, dejó sin sus ahorros a miles de mexicanos que todavía tenían depositada su confianza en los gobernantes, sufrimos la presión especulativa generada en el mercado de divisas; Ese fue el México que vivimos en 1987.
De la documentación que nos fue entregada para su análisis, sólo mencionaríamos algunas incongruencias, por ejemplo, en el balance general de desarrollo rural se habla de que la superficie sembrada representó en 1987 un crecimiento de 2.2% comparado con la de 1986, y la cosecha ha crecido en un 5.5% pero en la siguiente hoja de este mismo balance, señala que logrando un cumplimiento del 93% de lo programado, la producción de los cuatro granos básicos: maíz, frijol, trigo y arroz, ascendió a 17 millones de toneladas, volumen inferior en 2.8% al obtenido en 1986, ¿por fin, crecimos o decrecimos?
En lo referente a la producción pecuaria, ésta ascendió a 2.9 millones de toneladas de carne, volumen inferior al de 1986; y la carne de porcino disminuyó en un 11.5% señalando el balance textualmente que se produjo esta situación en virtud del aumento en el precio de los costos de producción.
Mencionábamos que la producción de los cuatro granos básicos había sido inferior a 1986, pero en el balance que se nos presentó se cita que los precios de garantía de 1987 fueron instrumentos relevantes de estímulo a la producción de granos básicos. Siguen las incongruencias.
Por otra parte, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos tuvo un gasto superior en 112% al 1986, y un 43.3% mayor al aprobado para 1987; de esto, la Secretaría de la Reforma Agraria ejerció un gasto superior en 92% comparado con 1986, y en 52% mayor al presupuestado para 1987.
El gasto ejercido por Proformex se asignó a seis programas, siendo el más sobresaliente el de producción y transformación agroindustrial y paraestatal que absorbió el 83% del gasto total; de la 21 metas fijadas en el programa, sólo se cumplieron seis y el resto de los avances no alcanzaron las metas originales debido principalmente a la dificultad para la adquisición de refacciones que escasean o que no existen en el mercado nacional; nos preguntaríamos: ¿quiénes compraron esos equipos?
Para determinar con lo relacionado a la Reforma Agraria, señala el balance que respecto a las metas programadas en cuanto al reparto y regularización de la tenencia de la tierra, todas ellas se cumplieron; en la hoja siguiente aclara que se rebasaron 15 de las 18 metas previstas, sin mencionar cuáles fueron éstas.
En el sector pesquero, que debe ser sin lugar a dudas el repunte económico de nuestro país, pues no podemos dejar al margen que nuestra patria cuenta con más de 10 mil Kilómetros de litorales ricos en especies marinas comestibles, en 1987 ese sector orientó sus acciones a la determinación de obras de proceso que incrementaron, según el informe, su productividad, habiendo exportado cerca de 165 mil toneladas, sobresaliendo la exportación de camarón y atún, pero por otra parte, importamos más de 20 mil toneladas de otras especies.
Pero aquí viene lo más importante y lo señala el balance que se nos entregó de este sector, dice textualmente: "De la flota mayor operó el 88%, ya que las condiciones económicas y coyunturales del país afectaron de manera significativa los programas de crédito, mantenimiento, reparación y construcción", es decir, que en 1987 se afectaron los programas de crédito para los pescadores, y el Banco Nacional Pesquero no pudo conseguir con Nacional Financiera créditos para este sector, pero sí lo hizo para los buques tanque de la flota petrolera mexicana.
El sector pesca realizó un gasto sectorial 133% mayor al de 1986, y superior en 48% al presupuestado para 1987; de estos montos, la Secretaría de Pesca utilizó el 7.6% que resulto 67% por arriba del inicialmente programado.
En la reunión de la Cuenta Pública, se observó que el presupuesto programático asignado a esta Secretaría para el cumplimiento de sus programas, ascendió a 64 mil millones de pesos, en tanto que el monto ejercido ascendió a 133 mil millones de pesos, más del 100% a la cifra estimada, variación que obedeció a la inflación de costos y al incremento salarial básicamente.
En el sector turismo, que junto con el de pesca debe ser también un gran generador de divisas para nuestra patria, sin descuidar el mercado nacional, para quienes viajan en su patria se ha convertido en artículo de lujo por falta de control de la Secretaría de Turismo en los precios y tarifas, señala que este sector en 1987 sus acciones estuvieron encaminadas, entre otras, a fortalecer la oferta turística e incrementar la demanda de nacionales y extranjeros y reorientar el aparato productivo.
Dentro de los resultados obtenidos, señala que en 1987, el turismo nacional creció en un 4.2% con
relación a 1986, es decir, menos de un millón de mexicanos, que si lo comparamos con la tasa de crecimiento, veremos que no tiene gran significado, lo que por sí solo desmentiría las afirmaciones de que este incremento se debió a la implantación de una estrategia en la política adecuada de precios para incrementar el turismo nacional.
En cuanto a la captación de turismo extranjero y que fue de 5.4 millones de turistas, sigue siendo muy inferior, comparado con otros países que cuentan con menor infraestructura y menos puntos de interés cultural y de esparcimiento que nuestro; sin embargo, es importante señalar que mientras en el balance del sector turismo internacional y que además debería de ser lógico, por la diferencia peso - dólar, al analizar comunicaciones y transportes, curiosamente al referirse a Aeronaves de México, señal que no se alcanzaron los avances previstos debido, entre otros, a la caída del tráfico internacional para la contracción de nuestra economía.
Y así podríamos seguir analizando todos y cada uno de los sectores, encontrando contradicciones en los informes y balances presentados; bastaría leer simplemente el subsector eléctrico, en donde menciona que la capacidad instalada se incrementó notablemente y que en la generación de energía eléctrica se logró el 100% de lo programado, cuando apenas hace unos días, una semana, examinamos Laguna Verde, y nos dimos cuenta que no se había cumplido con ese programa, y el mismo subsecretario de Energía, Minas y Empresas Paraestatales nos informaba que se debía a la falta de presupuesto y a la restricción de los programas.
Es decir, de la revisión de la Cuenta Pública se desprenden, por una parte, muchas incongruencias y, por la otra, las recomendaciones que pudieran hacerse por otra parte de este Poder Ejecutivo a través de la Contaduría Mayor de Hacienda, se vuelven inoperantes, ya que al hacerlas nos encontramos con que se está terminando de ejercer el presupuesto de 1988.
Para avalar lo expresado en lo referente a la Cuenta Pública que hoy nos ocupa, compañeros diputados, bastaría únicamente con repasar el decreto que está a discusión y en donde se recomienda que se eviten las discrepancias en la información contenida entre el monto de resultados generales y en los volúmenes sectoriales.
La necesidad de que las entidades expliquen más ampliamente las variaciones en las metas programadas y el impacto que tienen en las mismas; la necesidad de evaluar las metas y el ejercicio presupuestal a lo largo de su ejercicio, y así podríamos citar todas y cada una de las recomendaciones que hacen los diputados miembros de la Comisión de Programación y Presupuesto, y que hoy se ha puesto a consideración de este pleno, sin embargo, repetimos que las recomendaciones que se hacen a la Cuenta Pública de 1987, ya se encuentran rebasadas por los tiempos y cuando revisemos, a finales de 1989, la Cuenta Pública de 1988, encontraremos la misma problemática.
La situación económica del país requiere de un estricto control presupuestal y de justificación en las posibles desviaciones presupuestales; para ello es necesario que las comisiones de este Poder Legislativo estén analizando el ejercicio del presupuesto del año y no analizarlo y discutirlo después de once meses de ejercido.
Por ello, el grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana solicita de esta honorable Legislatura, se turne a las comisiones de Hacienda y de Programación y Presupuesto para su estudio, la siguiente
«PROPUESTA
Que las comisiones de Programación y Presupuesto, así como la de Hacienda, evalúen periódicamente los objetivos y las metas del ejercicio presupuestal lo largo del año, solicitando la información sectorial y programática referente al ejercicio del presupuesto del año corriente, independientemente de lo dispuesto por el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 43 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.»
Solicitamos, señor presidente, respetuosamente que nuestra propuesta sea turnada para su estudio a las comisiones de Hacienda y Programación y Presupuesto. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Túrnese la propuesta formulada por el señor diputado Pérez Fontecha, a las comisiones de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público.
En el uso de la palabra el señor diputado Rafael Melgoza Radillo.
El C. Rafael Melgoza Radillo: - Gracias, señor presidente; compañeras y compañeros: Desde la óptica del Ejecutivo, durante la presente administración la política económica instrumentada en México ha sido siempre correcta; los evidentes descalabros sufridos por la economía mexicana a lo largo del sexenio no han resultado
de la acción estatal sino de fenómenos internos y externos adversos e imponderables, en todo caso, de acuerdo al discurso estatal, la política económica ha permitido que el costo de estos fenómenos sea sensiblemente menor.
La Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1987, presenta la misma tónica de otros informes gubernamentales; según el documento, los resultados económicos obtenidos en 1987 son altamente satisfactorios; en muchos campos la evaluación crítica de sus acciones ha sido una virtud ausente en la administración actual; al principio de su administración el régimen de Miguel de la Madrid, se propuso lograr el crecimiento económico y abatir la inflación, en 1987 ambos propósitos continúan siendo fundamentales en la agenda oficial, así, entre los objetivos del régimen para 1987 descollaban la obtención de un crecimiento económico moderado pero firme y continuar el combate a la inflación adicionalmente se mencionaban las prosecuciones del cambio estructural y de la descentralización de la vida nacional.
Tan sólo evaluada por sus objetivos generales, la política económica de 1987 resulta un fracaso rotundo: lejos de ser moderado pero firme, el crecimiento económico de México en 1987 resulta insulso, apenas de 1.4% cuando la población viene creciendo a tasas superiores al 2% y tremendamente endeble, pues no pudo sobreponerse a lo que el gobierno llama "el cambio en la percepción de la comunidad", al cierre del año.
En lo que hace a la inflación, no sólo no se estabilizó a los valores de 1986, sino que alcanzó niveles alarmantes: de diciembre de 1986 a diciembre de 1987, el Índice Nacional de Precios al Consumidor se elevó en 159%; de Precios al productor lo hizo en 162% en promedio, ambos índices variaron en 132% y 145% respectivamente.
En 1987, el factor implícito del producto interno bruto se elevó en 143%, fincado en la esperanza de nuevos créditos externos convenidos en principio con el Fondo Monetario Internacional en julio de 1986, y presentados al país como un Programa de aliento y Crecimiento, del que por cierto no se habla en el Documento que nos ocupa, el crecimiento económico, se reconoce en la Cuenta Pública, no se logró por el retraso de los recursos externos; así, las principales variables económicas tuvieron un desempeño poco halagüeño: la mayoría de los sectores productivos creció por debajo del 2%; el consumo privado y de inversión pública se contrajeron; el empleo se mantuvo estancado, mientras los salarios reales disminuían en un 6.3%; el déficit público, como proporción del producto interno bruto, alcanzó un 16%; en realidad, la única variables que se modificó favorablemente fue la de las exportaciones.
Difícilmente puede ser calificada de satisfactoria la evolución de la economía real, la de México continúa siendo una economía estructuralmente enferma, el pésimo comportamiento de la economía mexicana en 1987, es atribuible a fenómenos objetivos y no a deterioros en el ambiente económico o a graves sucesos que pararon la reordenación o el cambio de expectativas de los agentes.
En este contexto deben ser evaluados los supuestos avances logrados en 1987; la corrección de la tendencia recesiva de la economía, el superávit primario sin precedente, el fortalecimiento del ahorro interno, el dinamismo de las exportaciones no petroleras, la acumulación de reservas internacionales y la entrada neta de capital extranjero; no se corrigió la tendencia recesiva de la economía, el superávit primario que orgullosamente presenta el régimen, merece ser calificado, el llamado fortalecimiento del ahorro interno no fue más que un intenso proceso de especulación financiera en la que el gobierno no tiene una responsabilidad de primer orden, cuyo centro fueron las actividades bursátiles y al finalizar el año el tipo de cambio.
Las reservas internacionales crecieron por la decisión gubernamental de esterilizar los créditos externos y ello en previsión de ataques contra el peso; la inversión extranjera, además de las condiciones favorables en términos de salarios y otros costos, encuentran a un gobierno dispuesto a cederle espacios a cuenta de la entrega de deuda pública mexicana comprada con descuento, muchas veces no hay nueva inversión, sólo la compra de empresas ya establecidas mediante la conversión de deuda por inversión.
La única estrella sigue siendo la exportación no petrolera que se ha fincado en bajos salarios, una subvaluación importante del tipo de cambio y estímulos gubernamentales irrestrictos que en nada han beneficiado al conjunto de la población; por lo demás, las exportaciones no petroleras crecieron aceleradamente pero sin capacidad de arrastre sobre el conjunto de la economía; los otros tres motores de la reactivación enumerados por el Ejecutivo en su programa para 1987 brillaron por su ausencia.
Pese a la insistencia gubernamental acompañada de innumerables incentivos de hacer descansar el crecimiento en la inversión privada, ésta no ha ocupado el papel abandonado por el Estado; ante la caída del poder de compra de la mayoría de la
población y el estancamiento del empleo propiciados por la estrategia económica del régimen, el mercado interno no representa ningún motor propulsor del crecimiento. Finalmente, el gobierno renunció desde principios del régimen a que el gasto público y en particular la inversión pública, jugaran un papel importante en la dinamización de la economía mexicana.
El año de 1987 no fue la excepción. El gobierno ha reducido de manera muy importante su participación activa en la economía mexicana; de 1982 a la fecha, los gastos corrientes y de inversión han disminuido dramáticamente tanto en términos absolutos como en términos relativos. En la propia Cuenta Pública se reconocer que el gasto programable de 1987 apenas representaba, en términos reales, un 65.2% del gasto programable de 1982, y que como proporción del producto interno bruto había disminuido en siete puntos porcentuales al situarse en 9.8% el producto interno bruto.
Evidentemente los propósitos invariables de la política de gasto no se han cumplido, no se ha promovido el desarrollo social, la demanda interna se ha contraído profundamente y no se ha fortalecido, mucho menos en un sentido virtuoso, el aparato productivo y distributivo.
Efectivamente, como se consigna también en la Cuenta Pública, esta disminución de los gastos en salarios, mantenimiento, creación de infraestructura, etcétera, resultan en un enorme esfuerza dada su magnitud y el pequeño lapso en que se ha logrado, sobre todo si se contrapuntea con el hecho escueto de que únicamente el pago de intereses de la deuda pública representó el 20.5% del producto interno bruto en 1987, es decir, en aras de mantener los pagos de intereses y amortizaciones, un verdadero tributo al capital financiero nacional e internacional, asunto en el cual el gobierno no está dispuesto a realizar un esfuerzo ni siquiera minúsculo.
La actividad gubernamental sustantiva se ha reducido a una expresión mínima, una economía donde el servicio de la deuda pública, amortizaciones que están incluidas en el gasto programable más intereses, representan el 31% del producto interno bruto, es una economía estructuralmente enferma; una economía que vive hipotecada al capital financiero nacional e internacional no puede ser motivo de orgullo, como aparece en la Cuenta Pública, la profunda disminución del gasto programable, porque en ello va implícito el hecho de que los mexicanos reciben hoy menos servicios públicos y de menor calidad.
Es una falacia afirmar que durante el actual régimen pudo hacerse más o menos, que a menores recursos mayor eficiencia, que la reducción de la inversión pública se ha compensado con eficiencia y eficacia o que en los últimos años se han obtenido incrementos en los índices de bienestar social.
La magnitud de la caída del gasto programable, el incremento de la población del país, los rezagos acumulados en la atención de necesidades básicas, la regresión en la distribución del ingreso provocada por la crisis y por la política económica de este régimen y la terca realidad, ajena a las oficinas de los funcionarios gubernamentales, constatan que las sociedad mexicana ha sido profundamente devastada durante la presente administración.
El gobierno redujo el gasto programable y simultáneamente ha seguido una estrategia de incremento de los ingresos públicos: gastar menos, recaudar más, ha sido la divisa gubernamental, así se han incrementado los impuestos y los precios de tarifas de bienes y servicios públicos, en 1987; se tiene incluso que mientras hay un incremento real a los impuestos y a los asalariados, decrecen los ingresos gubernamentales provenientes del capital y los impuestos por concepto de exportaciones.
De nueva cuenta el sistema impositivo está diseñado para incentivar a un sector privado que durante todo el sexenio recibe todas las prebendas y estímulos fiscales sin entregar mas que especulación y fuga de capitales; el incremento de los ingresos públicos, combinado con la disminución del gasto programable, ha dado como resultado la situación sin precedente de la que se vanagloria el régimen; excluyendo el pago de intereses de la deuda pública, las finanzas públicas son superavitarias, el llamado superávit primario.
Objetivamente, este superávit no tiene otro significado que el siguiente: la sociedad mexicana y en particular las clases trabajadoras, están entregando a su gobierno más recursos de los que éste le retorna en forma de bienes y de servicios; el superávit completo termina en las manos del capital financiero nacional e internacional, como pago por concepto del servicio de la deuda, pero además, como este superávit no alcanza, el gobierno continúa endeudándose en una vertiente tremendamente perversa para pagar la deuda anterior y sus intereses.
Durante el año, como a lo largo del sexenio, no se cumplió el objetivo de abatir el uso de recursos financieros, también el déficit público total que representó un 16% del producto interno bruto de
1987, es un déficit sin precedente, producto de la terquedad de mantener a toda costa el servicio de la deuda en un clima de supuesto diálogo y de concertación, no podemos estar de acuerdo en que ha habido, como se señala en la Cuenta Pública, un hábil y ordenado manejo de la deuda pública, primero, porque se ha priorizado el pago de su servicio sobre cualquier otra consideración; segundo, porque en el caso de la deuda externa se ha evitado la colisión con los deudores en la esfera de una nunca reconocida corresponsabilidad; tercero, porque en las reestructuraciones de la deuda los acreedores no han sacrificado un solo centavo de dólar, e incluso en las dos primeras impusieron tasas de interés y comisiones elevadísimas que apenas fueron revertidas en la reestructuración de 1986- 1987, sin que el buen comportamiento del gobierno mexicano le haya abierto completamente las puertas de los créditos externos.
Cuarto, porque las reestructuraciones de la deuda no resuelven los problemas presentes de la sociedad mexicana y endosan además el problema de la deuda a las generaciones futuras; quinto, porque la deuda interna y su crecimiento se han fincado en la fijación de tasas de interés reales muy elevadas que han alimentado el carácter parasitario del capital financiero y, por tanto, han cancelado el uso productivo de los recursos financieros existentes en la economía mexicana; sexto, porque pese a la profunda caída de los gastos gubernamentales, en sus rubros sustantivos la deuda pública tanto interna como externa, ha seguido creciendo en términos reales; séptimo, porque resulta un contrasentido buscar simultáneamente reducir el saldo acumulado de la deuda pública y querer abrir las corrientes de financiamiento hacia el país.
Por lo anterior y considerando que el proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1987, no hace una verdadera evaluación de la situación económica y del desempeño de la hacienda pública en ese año, la diputación de la fracción parlamentaria de la Corriente Democrática vota en contra de este proyecto de decreto. Muchas gracias.
El C. Presidente: - En uso de la palabra, el diputado Ciro Mayén Mayén.
El C. Ciro Mayén Mayén: - Compañeras y compañeros diputados: La opinión del grupo parlamentario del Partido Mexicano Socialista sobre la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1987, contiene las siguientes consideraciones:
En primer lugar, queremos destacar la importancia de la revisión de la Cuenta Pública por parte de la Cámara de Diputados, no sólo por tratarse del ejercicio de una facultad constitucional, sino porque está representa un instrumento de fiscalización de un poder a otro.
Por ello, la evaluación anual de las acciones del Ejecutivo en materia de gasto e ingresos públicos debe hacerse con el mayor cuidado posible, ya que se trata de analizar el uso y el destino que se dio a los recursos nacionales, revisando si se ajustaron a lo aprobado un año antes por la misma Cámara en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
El análisis, por tanto, va más allá de los resultados cuantitativos, ya que de hecho evalúa la política económica y sus principales consecuencias para el país, analizando las implicaciones y la responsabilidad que en ellas tuvo el ejercicio del gasto en sus distintos componentes y tomando en cuenta también el cumplimiento de los preceptos legales y no sólo el alcance de las metas.
Por la relevancia de estas tareas, los diputados del Partido Mexicano Socialista, participamos activamente en los trabajos de revisión de la Cuenta Pública de 1987, haciendo nuestros planteamientos en las once reuniones correspondientes; revisamos también el informe previo del órgano técnico de la Cámara, e hicimos llegar nuestros comentarios a la comisión.
Finalmente, analizamos el proyecto de dictamen y propusimos modificaciones al texto, incluyendo un conjunto de adiciones al articulado del decreto que fueron recogidas en su mayoría en el proyecto que ahora se discute.
A pesar de esto último, no compartimos la visión general sobre los resultados de la política económica que se presentan en el dictamen, ni estamos de acuerdo tampoco con una serie de juicios particulares que se hacen en el análisis sectorial.
Si bien en esta ocasión el dictamen de la comisión no llega al extremo de avalar en un 100% la estrategia aplicada en 1987, si da por válidos la mayoría de los argumentos que presenta la Cuenta Pública para justificar el incumplimiento casi generalizado de los objetivos, argumentos que no podemos aceptar no sólo por ser discutibles e insuficientes, sino sobre todo porque eximen casi de cualquier responsabilidad a la política presupuestal en relación a los resultados alcanzados y no evalúan sus negativas consecuencias en los terrenos productivo y social.
No estamos de acuerdo con la apreciación de la Cuenta Pública sobre lo sucedido el año pasado en la economía mexicana, particularmente cuando considera que se tuvieron resultados altamente
satisfactorios en muchos campos y que la política fiscal tuvo un manejo acertado; tampoco estamos de acuerdo en que uno de los principales logros de 1987 haya sido la obtención de un superávit primario, ya que este concepto sólo confirma la distorsión presupuestal que están representando los gastos financieros, particularmente los intereses internos y externos de la deuda pública.
Este tipo de conclusiones, según nuestra opinión, no contribuyen a un análisis objetivo y llevan implícitamente el riesgo de que ante situaciones similares se reedite el mismo tipo de política, a pesar de sus altos costos y sus magros resultados.
Por estas razones estamos en desacuerdo con la visión que se presenta en la Cuenta Pública y en el informe previo de la Contaduría Mayor de Hacienda, porque consideramos negativo el saldo de la política económica, porque disentimos profundamente de la evaluación que se hace, por esas razones no podemos votar en favor del dictamen sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública de 1987.
Insistimos, en cambio, en la necesidad de tener presentes los principales rasgos de lo sucedido: los resultados de la política económica del año pasado y del desenvolvimiento de la economía mexicana, incluyendo la evolución de las finanzas públicas, reflejan dos hechos centrales. Por un lado, es evidente que en 1987, no se cumplieron los objetivos generales de la estrategia ni se alcanzaron las metas cuantitativas en casi ninguno de los renglones importantes y, por otro, ese año se acentuaron los rasgos más negativos de la política de gasto y las distorsiones del Presupuesto de Egresos de la Federación.
En relación a lo primero, los Criterios Generales de Política Económica presentados a la Cámara de Diputados, señalaban cuatro objetivos: primero, crecimiento moderado con alta generación de empleos; segundo, combate a la inflación; tercero, consolidación y ampliación del cambio estructural, y cuarto, impulso a la descentralización.
La estrategia para alcanzarlos se compondría de tres fases a lo largo del año: corrección de precios relativos, reducción de la inflación y reactivación económica.
Un breve repaso de los resultados revela lo lejos que se estuvo de alcanzar lo anterior; se planteaba como meta para el año, que el producto interno bruto creciera entre 2% y 3%, y en realidad lo hizo en sólo el 1.4%; se proponía que la inversión pública apoyara la reactivación, cuando en realidad registró una disminución real del 5.9%; se hablaba de proteger el salario real, y éste sufrió una caída del 6.3%; se programó un crecimiento de la inflación entre 70% y 80% de diciembre a diciembre, y ésta llegó a la cifra récord de 159.2%
El panorama en las finanzas gubernamentales tampoco es muy diferente, el déficit presupuestal alcanzó el 13.1% del producto interno bruto, y fue mayor a lo esperado inicialmente, el gasto programable, por su parte, tuvo un nivel inferior a la meta presupuestada en relación al producto interno bruto, en tanto que el pago de intereses de la deuda pública alcanzó una proporción superior a la programada.
Como la propia Cuenta Pública lo reconoce, en 1987 se dio una mayor brecha entre ingresos y gastos, principalmente como resultado del pago de intereses de la deuda, ya que descontando este concepto se alcanzó en realidad un superávit, lo que refleja el grado de ajuste.
Los precarios resultado de las finanzas públicas no pueden adjudicarse únicamente a los mayores niveles de inflación, sino también a las propias medidas adoptadas a lo largo del año, no sólo en relación al gasto, sino a toda la política económica; en efecto, en 1987, el gasto público se vio afectado por las propias contradicciones de la política económica, al decidir no sacrificar el servicio de la deuda y asumir el mayor pago de intereses como resultado del pago de la inflación, el ajuste recayó una vez más en el gasto programable, afectando con ello al resto de la economía, a las metas de crecimiento y a otros objetivos de política.
La urgencia de contar con recursos por la vía de la deuda externa, junto con la política de promoción del ahorro, ocasionó que el manejo de las tasas de interés se volviera una carga adicional sobre el servicio de la deuda pública y, por ende, sobre el déficit; si a ello se agrega la restricción crediticia, el auge de las actividades especulativas, el posterior desplome bursátil y el deslizamiento del tipo de cambio, se entenderá cómo se fue desdibujando la estrategia al hacer incompatibles los objetivos entre sí y frente a los instrumentos utilizados, y esto no merece un análisis serio en la Cuenta Pública.
En suma, en 1987 las finanzas públicas se vieron una vez más atrapadas en su propia dinámica, ampliando las distorsiones que las han caracterizado en los últimos años.
En efecto, el segundo rasgo que señalamos se acentuó y confirmó, en ese año el ejercicio del presupuesto de 1987, que revela que no sólo hubo cambios fundamentales en el destino del gasto, ni en el origen de los ingresos, sino que se
agravaron las tendencias más negativas del gasto; la estructura general del presupuesto en 1987 mantuvo y agudizó la distorsión general de la finanzas acentuadas en los últimos años, ocasionando que se gastara más en el servicio de la deuda que en los renglones programables.
Por segundo año consecutivo, las erogaciones financieras fueron mayores que las destinadas a los sectores productivo y social. En 1986, el gasto programable presentó el 42% del total, y el servicio de la deuda el 53%; en 1987, esta tendencia se agudizó, ya que según la información de la propia Cuenta Pública, el servicio de la deuda significó el 57.9% del presupuesto total, veinte puntos más que el gasto programable; si tomamos en cuenta los distintos renglones de gasto como proporción del producto, el comportamiento anterior también se agravó, ya que entre 1983 y 1987 el gasto programable bajó en cinco puntos porcentuales del producto interno bruto, y esto pretende presentarse en la cuenta y en el dictamen como un logro, pues la reducción fue mayor a la autorizada en 1987; en contraste, el servicio de la deuda aumentó en esos cinco años, en más de diez puntos porcentuales del producto, al pasar de 20.8 en 1983, al 31.2% del producto interno bruto en el último año.
Únicamente los intereses, las comisiones y gastos de la deuda pública total representaron en 1987 la quinta parte del producto, cuando en 1983 llegaba al 14%, el ejercicio del presupuesto de 1987, no sólo no cumplió con sus objetivos ni contribuyó a la recuperación económica, sino que una vez más, ante el cambio de circunstancias, se decidió las desproporciones entre los distintos renglones del presupuesto.
Así, las mayores variaciones del gasto frente a lo autorizado se dieron en el pago de intereses, comisiones y gastos, 39% superior a lo programado, y en el gasto no programable total 26% ambos renglones se situaron por encima de la variación total promedio 22.5%; si sólo tomamos los crecimientos reales, descontando los efectos de la inflación, no puede ser un hecho menor el que mientras el gasto programable cayó en 13.5% frente al año anterior, el no programable creció como resultado del aumento real de los intereses que tuvieron un incremento de 19.9%, y esto no puede considerarse un saneamiento financiero.
Todo lo anterior hace insostenible, por lo tanto, la afirmación de que las finanzas públicas han tenido un proceso de cambio estructural en los últimos años, más bien se ha dado una mayor distorsión financiera y una desnaturalización de sus objetivos, lo que se agrava si tomamos en cuenta el comportamiento de la inversión y del gasto social.
En lo que hace a la inversión pública, en el dictamen se reconocer que durante 1987, ésta disminuyó en términos reales; si tomamos en cuenta los años anteriores; la caída acumulada de la inversión alcanza niveles alarmantes. Entre 1983 y 1987, la inversión disminuyó cerca de una tercera parte, 29.8%; si incorporamos 1982, en esos seis años la inversión se redujo a la mitad. Dentro del gasto total, la participación de la inversión pública también ha disminuido al pasar del 13% al 8% del total en el período de 1983 a 1987, significando únicamente la quinta parte del gasto programable.
Esta disminución de la inversión debe ser valorada en sus justos términos por la Cámara de Diputados, por los efectos nocivos sobre el conjunto de la economía, las empresas públicas industriales en particular, y la infraestructura; después de una caída ininterrumpida en los cinco años anteriores; el presupuesto para la inversión en 1987 planteaba un crecimiento de 15% en términos reales y un aumento de su participación en el producto, ninguna de las dos cosas sucedió, este comportamiento significa un mayor deterioro de la capacidad productiva, ya que la inversión en los últimos años había llegado a niveles muy bajos.
Otro de los rasgos que hacen discutibles los logros en el manejo de la finanzas públicas, es el relacionado con el comportamiento del gasto social que incluye básicamente educación, salud y seguridad social.
Entre 1983 y 1987, si tomamos en cuenta el nivel que tenía en 1982, la caída es mayor, ya que alcanza el 36%, es decir, en los últimos seis años, a pesar de las ampliaciones nominales, el gasto social tuvo una tendencia a disminuir en términos reales y en 1987 significó una tercera parte menos que en 1982.
A pesar de que se habla de esfuerzos por mejorar la eficiencia en el ejercicio del gasto social y ampliar la cobertura de atención a los servicios básicos, pese a las restricciones, estas acciones tienen un margen de acción muy limitado y en la Cuenta Pública, no se dan elementos suficientes como para suponer que en 1987 efectivamente se hizo más con menos.
Sí hay, en cambio, elementos suficientes para entender el impacto negativo de la caída del gasto social sobre la calidad de los servicios y sobre los niveles de bienestar de amplios sectores de la población y sobre esto la Cuenta Pública no hace suficiente énfasis; en suma, la contracción del
gasto programable en 1987, tanto del corriente como de la inversión, vino a sumarse a un deterioro acumulado durante cinco años en la infraestructura, en el aparato productivo, en las condiciones de vida de buena parte de los mexicanos, y en la calidad de los servicios públicos.
Lo anterior dificulta aún más las posibilidades de recuperación en el futuro cercano, ya que para alcanzar los niveles de 1982, tanto en inversión como en gasto social, se requerirán varios años de esfuerzo sostenido, sin tomar en cuenta la capacidad futura que será necesario tener para hacer frente a las necesidades crecientes.
El gasto no programable pudo haber tenido un comportamiento distinto, sobre todo en lo que hace al impacto de la deuda sobre las finanzas públicas; en 1987 existían aún condiciones propicias para dar un tratamiento diferente a este problema como resultado de lo ocurrido en 1986 y del menor flujo de recursos en 1987, sin embargo, no sólo se tomaron las medidas pertinentes, sino que en ese año el servicio de la deuda fue el más alto en la historia reciente del país, tal vez por esta razón por fin se recoja en el dictamen una propuesta que reiteradamente hemos hecho las fuerzas democráticas del país; la recomendación de disminuir el servicio de la deuda.
Sin embargo, esto puede no ser suficiente, ya que junto a la reducción del servicio se requiere hacer un esfuerzo por empezar a superar de inmediato el rezago acumulado en los últimos seis años en el gasto programable.
Como ya hemos dicho, el desplome real del gasto ha sido tal que se ha puesto en peligro la capacidad de atención en diversos servicios públicos y la ampliación y el mantenimiento de la infraestructura básica del país; este desplome no puede superarse en plazos muy cortos, por lo que es necesario empezar a hacerlo ya, por esa razón proponemos que esta Cámara adopte el compromiso explícito de discutir, para el presupuesto del año entrante, un cambio en la política del gasto para elevar las erogaciones que más han sido afectadas en los últimos años.
Finalmente, queremos insistir en un problema que nos parece relevante y que en otras ocasiones hemos señalado por diversas razones, tanto de orden técnico como político, los trabajos que realiza la Cámara de Diputados en la revisión de la Cuenta Pública son insuficientes y no cumplen plenamente con los objetivos señalados en la Constitución, lo que por lo general implica que la Cámara de Diputados lleve a cabo una revisión superficial o incompleta, lo que en los hechos impide cumplir cabalmente con las obligaciones legislativas de fiscalización del Poder Ejecutivo.
Para corregir lo anterior, es necesario, por un lado, revisar el marco jurídico presupuestal; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y su reglamento; Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda; Ley General de Deuda Pública; Ley de Adquisiciones; Ley de Obras Públicas, etcétera; y por otro, iniciar un proceso de discusión que conduzca a las reformas necesarias para que la Cámara cumpla con sus funciones constitucionales.
Finalmente, el grupo parlamentario del Partido Mexicano Socialista, quiere hacer la siguiente propuesta de reforma al decreto sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1987.
La Cuenta Pública Federal tiene que darse por revisada en el articulado del decreto, lo que inexplicablemente no sucede en el proyecto que ahora discutimos, ésta no es una formalidad, es parte de una facultad constitucional que ésta debe ejercerse, pero el problema no se reduce a eso, ya que la Cámara no sólo debe revisar la cuenta, sino que su trabajo tiene por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados en el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas, artículo 74, fracción IV.
Esto significa que tiene que evaluarse el ejercicio presupuestal analizado y juzgándolo para ver si efectivamente el Ejecutivo se ajustó a los criterios y a los objetivos aprobados, si esto no fuera así, no tendrá sentido el trabajo de la Cámara de Diputados.
Por ello proponemos, primero, que se dé por revisada la Cuenta Pública en el primer artículo del decreto, como normalmente sucede y, segundo, que se emita un juicio sobre los resultados de esta revisión; los elementos de juicio se desprenden fácilmente de la información que brinda la propia cuenta y que se repite en el dictamen.
Por lo anterior, proponemos la inclusión de un nuevo artículo primero del decreto, con una redacción específica corriendo la numeración del resto de los artículos, para que el que actualmente es el primero pase a ser el segundo, y así sucesivamente.
«"DECRETO
Artículo primero. La Cámara de Diputados revisó, en los términos que establecen los
ordenamientos legales, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio presupuestal de 1987, con la información económica, programática, presupuestal y financiera de las dependencias y entidades del sector público presupuestal.
Al evaluar el contenido de la Cuenta Pública y analizar los resultados alcanzados, la Cámara de Diputados concluyó que en el ejercicio de 1987, no se cumplieron los objetivos contenidos en los programas y el gasto público no se ajustó a los criterios señalados en el presupuesto.» Gracias.
El C. Presidente: - Compañero Ciro Mayén, cuando la pongamos a votación, con mucho gusto la leeremos.
En el uso de la palabra, el diputado Juan Antonio García Villa.
El C. Juan Antonio García Villa: - Señor presidente; señoras y señores diputados: Como es tradicional, además de imponerlo como atribución, pero sobre todo como responsabilidad de la Cámara de Diputados, acudimos hoy a este tradicional debate sobre la Cuenta Pública de 1987.
No está por demás, señores diputados, aunque ya se ha dicho aquí, hacer una breve referencia a lo que en torno a este tema dispone el texto constitucional en su artículo 74 fracción IV.
Es función de esta Cámara de Diputados revisar la Cuenta Pública del ejercicio anterior con un claro triple propósito: primero, conocer los resultados de la gestión financiera; segundo, comprobar si se ajustó a los criterios señalados en el presupuesto; tercero, comprobar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.
Desde el punto de vista del Partido Acción Nacional, si nos atenemos rigurosamente al cumplimiento de lo que dispone el texto constitucional, la conclusión efectivamente debería ser que se revisó con sus limitaciones la Cuenta Pública por la Cámara, a través de su comisión especializada y por su órgano técnico que es la Contaduría Mayor de Hacienda, pero con la referencia clara a que no se cumplieron los requisitos constitucionales en el manejo, ingreso y gasto de los recursos públicos manejados por el gobierno.
Sin embargo, queremos reconocer y dejar testimonio del esfuerzo realizado por la comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, no sólo para que a través de comparecencias de diversos funcionarios del gobierno, sino también a través de la aportación de los diversos grupos parlamentarios, pudieran haberse formulado un dictamen que llamaríamos ecléctico. Por algunas limitaciones no fue así, pero creemos que es atendible el método propuesto y que por esta ocasión no pudo funcionar.
¿Por qué no se cumplieron los objetivos y por qué el manejo de los recursos no se ajustó a los criterios señalados en el presupuesto? Es muy claro, sin meternos a cuestiones de detalle y tomando siempre en cuenta que el manejo de las finanzas gubernamentales impacta de manera significativa el funcionamiento global de la economía, la conclusión es obvia. Si se decía claramente en el presupuesto que se pretendía a través de él una recuperación moderada del crecimiento económico, y por moderación entendían un crecimiento del 2% al 3% que previsiblemente pudiera llegar al 4% de la economía durante 1987, respecto a 1986, la verdad es que ese crecimiento moderado ni siquiera fue posible alcanzarlo. Los datos disponibles señalan que la economía durante 1987 creció a un modesto 1.4%.
Si vale la pena recordar las metas optimistas planteadas al inicio de esta administración en el tan traído y llevado Plan Nacional de desarrollo, vale la pena recordar, decía, que para este año de 1987, se establecía como pronóstico un crecimiento del 5% al 6% de la economía; después la mira se bajó al 2%, al 3%, y la conclusión es que alcanzamos un modestísimo 1.4%, por debajo incluso del crecimiento de la población mexicana, con lo que la conclusión es obvia.
El país durante 1987, no sólo estuvo en franco estancamiento, como aquí lo reconoció hace días un diputado del Partido Revolucionario Institucional, sino en abierto retroceso, vamos francamente para atrás.
El objetivo decía que había que conseguir también un crecimiento del empleo; los diversos documentos que con motivo de la Cuenta Pública se han entregado a los diputados, en materia de empleo señalan cifras, no sólo inverosímiles, sino optimistas en grado excesivo.
Por ejemplo, se dice que en las principales metrópolis la tasa de desempleo abierto se redujo del 4.5% al 2.6% en lo general, y se llega al extremo de suponer que en la ciudad de Guadalajara disminuyó al 2.3%, risibles estos datos.
Se dice también que en el área industrial, entre diciembre de 1986 y de 1987, hubo un incremento en el empleo del medio por ciento, o se declara en otro lado por ahí en el dictamen, que el desempleo abierto disminuyó del 3.5% al 3.3%.
Estos son datos absurdos, porque nadie que conozca la realidad de México puede verdaderamente sostenerlos. Otras fuentes no oficiales señalan que en materia de desempleo abierto, de desocupación abierta, hemos llegado a cifras de orden del 17%, y si se considera el desempleo encubierto, se contempla entre el 30% y el 35% de la población económicamente activa, ésa es nuestra triste realidad.
El segundo objetivo planteado para 1987, fue el de reducir la inflación a una tasa que oscilaría entre el 70% y 80%. La realidad señala que fue de casi 160%, medida de diciembre a diciembre, de 1986 a 1987, en términos de Índice Nacional de Precios al Consumidor, pero lo curioso es que medida en términos del índice de precios - productor, la tasa de inflación llegó durante 1987 a casi 170%.
Y la explicación absurda que se da en la Cuenta Pública, es que el índice medido en términos de precio - productor fue superior, debido en parte al aumento en el precio de exportación de petróleo; y cualquiera se puede legítimamente preguntar: ¿qué relación guarda el precio internacional de petróleo con la estructura de costos de los productores nacionales?
La verdad es que no se alcanzaron las metas claras y cuantificables que a manera de objetivos se contenían en el presupuesto para 1987.
No se puede argumentar en esta ocasión que el fracaso de la política económica se debió a los sismos, como en 1985; no se puede decir que se debió al "shock" petrolero, como en 1986, y ni siquiera se puede aducir el huracán "Gilberto", porque llegó desafortunadamente como pretexto, 10 meses después de que concluyó el ejercicio fiscal de 1987.
La verdad, señores diputados, es que la política económica y sus resultados planteados en el presupuesto fracasaron porque desde hace bastante tiempo falta en el pueblo de México un doble ingrediente que por desgracia no se tiene: confianza en las instituciones y confianza en que las medidas de política económica que el gobierno adopta son las adecuadas y no van a tener un cambio errático, y además de confianza hace falta entre la sociedad civil mexicana liberarse de toda esa enorme serie de trabas, de trampas y de burocratismo que tiene desde hace años entrampado el crecimiento económico del país.
Por eso es que las condiciones, y aquí entramos de lo curioso a los chistoso, que el gobierno previó para 1987 en gran medida sí se dieron, pero los resultados no se alcanzaron; o una de dos: o la política económica estuvo mal diseñada y por eso las premisas se quedaron colgadas sin llegar a la conclusión pretendida, o la ejecución de esa política fue tan errática, tan caótica, tan desordenada, de que a pesar de que se pusieron los medios los resultados fueron contraproducentes.
Así, por ejemplo, para 1987, y con esto se anula el pretexto de 1985, se previó un precio internacional de los hidrocarburos del orden de 12 dólares por barril, en la realidad no fue de 12, fue de más de 16 dólares por barril y las exportaciones que se presumieron para este ejercicio fueron de casi 100 mil barriles diarios más en su volumen.
En resumidas cuentas, el petróleo de exportación produjo al país casi un 40% por encima de lo previsto originalmente, de tal manera que el argumento pierde vigencia, no fue por la caída de los precios en el volumen de venta de petróleo que no se consiguieron los objetivos de 1987.
Respecto al manejo de las finanzas públicas en sí, para 1987 se preveía un desendeudamiento interno del sector público, de tal manera que en términos reales se eliminaron presiones inflacionarias. Sin embargo, no hubo tal desendeudamiento neto, porque en 1987 se llegó a un endeudamiento neto por más de 30 billones de pesos que rebasó en casi 250% al registrado en 1986, y en más de 30% lo autorizado.
Por otro lado, no se puede decir que la recaudación resultó insuficiente, porque con relación a lo previsto, fue de más de ocho billones de pesos a los ingresos originalmente estimados, es decir, casi un 30% por encima de lo previsto.
Tan fue superior lo captado por el sector público, que en el propio texto de la Cuenta Pública literalmente se dice que este aumento estuvo por encima, de manera significativa, a cualquier expectativa que sobre el particular se hubiera podido tener para 1987.
Por otro lado, para reactivar la economía se había previsto disminuir el gasto corriente del gobierno en el equivalente a un punto porcentual en relación con el producto interno bruto; de esa disminución del gasto corriente, la mitad, el medio por ciento, se canalizaría a la inversión pública, de tal manera que se atendieran de manera preferente proyectos que requirieran uso intensivo de mano de obra o que se encontraran con un alto grado de avance.
Sin embargo, efectivamente el gasto corriente se redujo en poco más de 1%, y sin embargo la previsión de aumentar en 15% el gasto de inversión,
fue frente a ese 15 un modesto 3.5%. Y aquí sostenemos el punto de vista que durante años hemos aducido en Acción Nacional: se requiere, sí, disminuir el gasto corriente y seguramente en una proporción a lo que se pudo lograr durante 1987, pero se requiere que esa reducción del gasto corriente se canalice efectivamente al gasto de inversión y justamente con las características que se señalaron de propiciar el uso intensivo de la mano de obra y de atender proyectos prioritarios y en especial los que tuvieran ya un determinado grado de avance.
Por otro lado, se pensó en la posibilidad de disminuir las tasas de interés en más o menos un 30% durante el curso del año, no solamente no se redujeron, sino que en promedio aumentaron 20 puntos. Y a esta diferencia en la conducción errática de la política económica, atribuye el gobierno el aumento del endeudamiento público y, sobre todo, el incremento en el gasto no programable, y es muy fácil decir: fueron los intereses tan altos los que provocaron que el servicio de la deuda alcanzara niveles estratosféricos.
Para 1987, por otro lado, se proyectaba, y lo vimos como sano, un aumento de la disponibilidad de crédito a los sectores social y privado del orden del 20% en términos reales, como resultado de un aumento del ahorro financiero cercano al 5%. La idea era, pues, vamos a hacer que el ahorro interno aumente 5% en términos reales durante 1987, para canalizar recursos a la inversión privada, de tal manera que ésta aumente un 20%; pero aquí, señores diputados, lo curioso, según las cifras de la Cuenta Pública, es que el ahorro interno sí aumentó, incluso por encima del 5%, casi un 8% y no se canalizaron los recursos a la inversión privada, la que apenas pudo aumentar en un modesto 5% y no en un 20% como se había previsto.
Y así podríamos seguir analizando muchas otras variables, muchos otros aspectos de la política económica y de las decisiones que en esta materia se tomaron, pero para nosotros estar en contra no sólo por la forma como se propone este decreto, sino para dar razones de no dar ni siquiera por revisada en esos términos la Cuenta Pública de 1987, tenemos que decir que el sector agropecuario y en general el sector primario, sivicultura y pesca, tuvieron un incremento apenas superior al 1% por debajo del crecimiento de la población.
El consumo interno privado se redujo en un 1.4%; el salario real, según cifras muy discutibles de la Cuenta Pública, sufrió una caída del 6.3%; el déficit financiero presupuestal fue de 13.1% medido en términos del producto interno bruto, que apenas se compara con el déficit del año dramático de 1982, que fue del 13.9%.
Estos datos de la realidad nacional tan lacerante nos impiden estar de acuerdo en que el presupuesto de 1987 se ajustó a los criterios que nosotros no propusimos y ni siquiera aprobamos, señalados en el presupuesto para ese mismo año; no podemos estar anuentes que el ejercicio presupuestal se ajustó a esos criterios y se cumplieron los objetivos que, repito, nosotros no propusimos.
La comisión propone una serie de recomendaciones en el artículo primero del proyecto de decreto, creemos que son en su mayoría procedentes y positivas, pero no debe reducirse a ese solo señalamiento lo que esta Cámara está obligada a hacer en cumplimiento de su obligación constitucional. Debemos decir con toda claridad que no se ajustó el ejercicio presupuestal a los criterios que el propio Ejecutivo señaló, que no se cumplieron los programas contenidos en el propio presupuesto; de esa manera estaremos contribuyendo a que esta Cámara ejercite con responsabilidad la obligación que el texto constitucional le señala, si no de otra manera cómo podríamos responder al pueblo de México, del que somos representantes por definición constitucional, que si todo en término de los documentos oficiales está tan bien, entonces ¿Por qué andamos tan mal?
No es posible eso en un plano de dignidad, de responsabilidad y de cumplimiento efectivo de nuestras responsabilidades, señores diputados. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra, por la comisión, el diputado Jesús Oscar Navarro Gárate.
El C. Jesús Oscar Navarro Gárate: - Ciudadano presidente; honorable asamblea: He solicitado el uso de la palabra, para hablar en pro del dictamen que hoy nos ocupa. Mi intervención consta de dos partes: la primera, en relación al proceso y significado del dictamen, y la segunda para comentar algunos puntos de vista expresados por quienes me antecedieron en el uso de esta importante tribuna nacional.
Antes de continuar, quiero decir que la fracción priísta, reconociendo la existencia de los informes trimestrales sobre el ejercicio presupuestal que permiten una seguimiento más oportuno, también compartíamos la preocupación expresada por diversos diputados, en el sentido de analizar las formas y los tiempos en que se revisa la Cuenta Pública, para que cumplamos más adecuadamente nuestras atribuciones.
Por ello, solicito que las recomendaciones en este sentido se turnen a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y concreción en propuestas de trabajo.
El texto constitucional vigente del artículo 74 y concretamente la facultad expresa de la Cámara para revisar la cuenta, permite poner en práctica el interés político intrínseco de los diputados, para hacer un balance de la gestión programática presupuestal del gobierno e incidir en las decisiones del Ejecutivo en materia de política económica.
La verificación de la congruencia entre lo propuesto y lo alcanzado, da elementos de gran trascendencia para el análisis de los presupuestos y Ley de Ingresos de años subsecuentes.
La revisión de la Cuenta Pública representa parte del proceso de la autorización, ejecución, seguimiento, control y evaluación del gasto público, esto significa que no empiezan ni terminan aquí los presupuestos aprobados en cada ejercicio fiscal.
Asimismo, la revisión de la Cuenta Pública como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, traduce en forma práctica el espíritu de nuestra Constitución en materia de equilibrio de los poderes, ya que permite al Poder Legislativo estar más informado de la marcha y la forma en que el gobierno orienta sus acciones económicas que tanta relevancia tienen a nivel nacional e internacional.
Teniendo como marco la relevancia política de la revisión de la Cuenta Pública, y considerando la nueva correlación de fuerzas políticas en el México de hoy, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, se abocó a la integración del dictamen que ahora discutimos, cumpliendo las disposiciones legales y normativas que rigen esta responsabilidad de los mexicanos.
Quiero destacar que la comisión responsable del dictamen buscó en todo momento, a través de los grupos de trabajo pluripartidistas que se integraron, que se incorporaran en el texto del dictamen las opiniones y juicios de cada una de las fracciones parlamentarias.
Si bien es cierto que no se lograron totalmente los propósitos deseados, sí realizó un intento serio por encontrar fórmulas que traduzcan la realidad política nacional en nuevas formas y prácticas parlamentarias que hagan posible la interacción y convivencia respetuosa de las diversas ideologías y partidos políticos que cuentan con el respaldo legítimo del pueblo de México.
Creo sinceramente que por encima de la trinchera política que cada uno de nosotros defiende, está el interés supremo de la nación; precisamente por ello nuestra tarea como legisladores lejos de caer en el mero pronunciamiento de elogios o condenas, está en el desempeño de un trabajo legislativo serio, responsable y sistemático, que se traduzcan formas viables y sencillas de concertación y acuerdos democráticos.
A la mayor pluralidad política del pueblo de México, fielmente expresada en esta Cámara, corresponde una mayor riqueza en las ideas, tesis y argumentaciones.
En un análisis serio y objetivo como el que el pueblo de México espera de nosotros, no caben los triunfalismos ni las apologías aberrantes, pero tampoco las condenas sin fundamento ni las actitudes victimarias.
Con este espíritu, el dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal reconoce que durante 1987, la política enfrentó serias dificultades, cuya más clara manifestación fue el importante repunte en el crecimiento de los precios, lo cual afectó directamente los resultados de las finanzas públicas y la meta de crecimiento.
Se señala pues, que en el año que nos ocupa se desbordó la inflación por encima de la meta comprometida. Sin embargo, no podemos juzgar de manera simplista que todo el manejo de la política económica haya fracasado como aquí se ha argumentado, porque si bien las desviaciones entre los resultados y los objetivos, éstos se analizan en el cuerpo del dictamen con claridad las causas de dichas desviaciones, teniendo presente que en la compleja economía actual no hay salidas fáciles ni soluciones lineales.
La experiencia de 1987 puso de manifiesto una vez más que vivimos dentro de un entorno internacional del que no podemos sustraernos y del que se derivan efectos adversos para el país, cuyos impactos se prolongan muchas veces más allá de lo que todos deseáramos; puso de manifiesto también que la acelerada dinámica que caracteriza a los fenómenos económicos, hace cambiar la naturaleza misma de los problemas y exige, por lo tanto, cambiar las estrategias y los instrumentos para enfrentarlos, ello no quiere decir que se abandonen los propósitos ni los principios, pero sí que se adecúen los mecanismos.
La evolución de los precios durante 1987 está fuertemente ligada a los efectos rezagados del severo choque externo que el país sufrió en 1986.
Reconocemos que el desplome de nuestros ingresos petroleros en 1986, por un monto equivalente al
valor de toda la producción de alimentos de la República en un año, significó una pérdida no equiparable a la que haya sufrido país alguno en tiempos de paz.
Este severo impacto obligó a una depreciación acelerada de nuestra moneda que naturalmente tuvo una consecuencia directa sobre los costos.
La inflación además adquirió un carácter inercial, pues la actitud de los diferentes agentes económicos para protegerse de ella, hacía que se adelantaran los aumentos conforme a la inflación pasada y a las expectativas, formándose así una dinámica de reproducción en espiral, en donde los precios seguían aumentando por quienes los fijaban, esperando que sus costos subieran y que todos los demás precios también, en consecuencia; precisamente por eso se habla de que la naturaleza de la inflación cambió de manera radical a partir del impacto petrolero de 1986.
Su origen inercial en 1987, se comprueba al revisar que la inflación, a lo largo de todo el año, tuvo un comportamiento uniforme con niveles en casi todos los meses que fueron muy cercanos al 7% mensual.
Los consumidores también juegan un papel importante por el lado de la inercia; si el consumidor espera que los precios suban y está dispuesto a pagar precios mayores, valida la inflación.
Si bien se ha reconocido que durante 1987, la inflación superó la meta propuesta, debemos también subrayar que se obtuvieron logros importantes en materia de cambio estructural.
Durante el año, el déficit presupuestal fue de 34.7% mayor, pero la causa, como se indica en el dictamen, proviene de las tasas de inflación, el tipo de cambio, mayores a lo programado, que a su vez impactaron el pago de intereses, pues no pudieron disminuirse las tasas nominales pagadas, por lo tanto, el déficit nominal superior que observamos, debe analizarse en esta perspectiva.
En este contexto de mayor inflación y tipo de cambio superior a lo previsto, se hicieron necesarias modificaciones a los montos nominales, para dar continuidad a las tareas prioritarias, sobre todo en aquellas que se refieren a renglones sociales.
La necesidad de las medidas adoptadas, las podemos precisar analizando otros aspectos que nos acerquen con mayor certidumbre al estado de las finanzas públicas, así tenemos que el balance primario, el cual resulta de disminuir el déficit el pago total de intereses de la deuda pública, es superavitario en 1987.
Por otra parte, al analizar el balance operacional que se obtiene restando al déficit público el componente inflacionario de los intereses de la deuda en moneda nacional, tenemos que el resultado en 1987 fue superavitario, representando el 0.8% del producto interno bruto, cuando originalmente se había estimado que éste alcanzaría un rango de 0% a 1.0% del producto interno bruto.
Los incrementos en el gasto no constituyeron un elemento adicional de presión sobre los precios, su manejo permitió que actuaran como instrumentos de contención de la demanda global.
Y en relación a la evolución de los ingresos públicos en 1987, quiero señalar que la acción más importante en materia de ingresos que emprendió el gobierno federal el año pasado, fue sin duda la reforma al Impuesto sobre la Renta de las empresas; la reforma perseguía dos objetivos: primero, romper el círculo vicioso en el que la inflación había atrapado a la base gravable del impuesto; y, segundo, proveer el saneamiento financiero de las empresas. La reforma restituyó el equilibrio al sistema tributario, la base gravable se amplió, lo que repercutió favorablemente en la recaudación, aun cuando la tasa impositiva efectiva se redujo gracias al mecanismo de transición de 42% a 40.6%.
Se alentó la inversión, lo que se tradujo en un desendeudamiento importante de las empresas y se avanzó en la equidad horizontal de la ley, lo que permitió que empresas similares tributaran igual, independientemente de los esquemas de financiamiento.
Es conveniente señalar también que el financiamiento de los recursos adicionales erogados en 1987, se obtuvieron mediante instrumentos de ahorro interno no inflacionario y con recursos complementarios del exterior. Paralelamente hay que recordar que la oferta monetaria M- 1, disminuyó 11.4% en términos reales, es decir, 0.5 puntos porcentuales del producto interno bruto menos que en 1986.
Por su parte, el agregado monetario más amplio M- 4, disminuyó 0.4% en relación a 1986, ello demuestra que la emisión primaria no constituyó un factor de presión inflacionaria.
En materia de precios y tarifas, el sector público adoptó una política realista, apegada a los criterios de política económica para 1987, en el sentido de corregir precios relativos, los que si bien pudieron abatir rezagos y avanzar en el
saneamiento de las finanzas del sector paraestatal en su fuente estructural, la alineación de precios no fue suficiente para mantener los ingresos del sector, como proporción del producto.
Tenemos que reconocer que la obligación del gobierno federal para determinar algunos de los precios líderes, como son los precios y tarifas de las empresas y organismos públicos, tipo de cambio en incremento en los precios controlados, impactaron negativamente en las expectativas de los formadores de precios, lo que en 1987, alentó la reproducción de la inercia inflacionaria; reconocemos que no hubo la información oportuna y clara para mitigar dichas expectativas y disminuir la errónea interpretación de señales por parte de los agentes económicos.
En materia de gasto, el cambio estructural se dio fundamentalmente en la modificación de inercias y hábitos, a través de una estricta disciplina presupuestal, cuidando mantener el gasto social en los niveles que permitieran mejorar y disminuir rezagos en materia de salud, educación...
(Voces.)
El C. Presidente: - Se les ruega a los señores diputados guardar silencio para que pueda continuar el orador haciendo uso de la palabra.
El C. Jesús Oscar Navarro Gárate: - Muchas gracias, señor presidente: vivienda y abasto; y con el propósito de proteger la capacidad de compra de los trabajadores, se pusieron en marcha diversas acciones en materia de empleo y salarios, entre las que destacan: primero, proteger la ocupación existente e incrementarla a través de programas especiales de empleo, revitalizando con ello el fomento al mismo, la creación del Servicio Nacional de Empleo, la instauración del programa de becas para trabajador desempleado, desgravación del impuesto sobre el producto del trabajo, mayor frecuencia en las revisiones salariales, reformas a la política de reparto de utilidades, prioridades del gasto público en materia de educación, como ya lo mencioné, y reducir a la mitad las tasas de interés de Fonacot, que se aplican en adquisición de distintos bienes y servicios; asimismo, finalmente, se amplió el cuadro básico de artículos que financia el monto máximo de los créditos.
Por otra parte, la apertura comercial que durante los últimos años se ha venido realizando en nuestro país, constituye uno de los aspectos fundamentales del proceso de cambio estructural que la economía mexicana requiere para elevar la eficiencia y competitividad de nuestra planta productiva y participar en mejores condiciones del comercio internacional.
En el plano del comercio exterior, no tenemos disyuntiva, o participamos preparados para hacerlo en condiciones de competir a nivel internacional, o condenamos al país a perpetuarse en el atraso y la pobreza; la sociedad mexicana constituyó por muchos años un mercado cautivo para algunos productores y comerciantes, quienes al disfrutar de una protección excesiva, lograron amplios márgenes de ganancia sin necesidad de elevar la calidad de sus productos y hacer más eficientes los procesos productivos, no era necesario para ellos esforzarse en reducir costos y en mejorar los bienes ofrecidos, había un mercado seguro, y era factible endosar toda ineficiencia al precio final, que sin otra opción el consumidor tendría que pagar doblemente por un producto más caro y de mejor calidad.
Ante esta limitación estructural, el propósito fue incrementar la eficiencia de los productos nacionales, mejorar la asignación de recursos, estimular las exportaciones no petroleras y beneficiar al consumidor y a los trabajadores mexicanos.
Los resultados han sido alentadores, el superávit comercial en los últimos seis años se equipara con el déficit de los treinta años anteriores; además, las exportaciones no petroleras, que en 1982 representaban el 22% de las totales, constituyeron en diciembre de 1987 alrededor del 60% de todas las exportaciones del país, lo cual ha revertido la estructura de nuestra balanza comercial.
Con la nueva política comercial, el productor nacional tiene mayor facilidad para importar los insumos y materias primas que necesita para producir con eficiencia. Hoy, menos del 10% de las importaciones requieren de un permiso de importación, y el arancel que pagan en ningún caso es mayor que el 20% del valor del producto importado, la nueva integración económica internacional ha convertido a la modernización en una proceso ineludible para todas las naciones, que ha hecho indispensable conducir la apertura de la economía de manera gradual y selectiva, sólo así nuestro país podrá cumplir cabalmente con el mandato constitucional de defender la soberanía nacional frente a la competencia de otros países.
Otro aspecto del cambio estructural es el fortalecimiento de la rectoría económica del Estado, ésta se da por su capacidad efectiva para promover el desarrollo y no por su tamaño. Un estado grande, expansionista y con presencia en todas las áreas de la economía, no corresponde al concepto de estado rector de nuestro régimen de economía mixta, en el que participan los sectores público, social y privado; la fortaleza de un estado y su sentido social no se mide por el número de empresas públicas que éste posee; su fortaleza se la
da su capacidad de responder a las demandas sociales fundamentales, que por obligación constitucional el estado debe de atender; su fortaleza se la da también la capacidad que tenga para impulsar la transformación nacional con apego al derecho y defender en los hechos los intereses de México frente al exterior, en este sentido la desincorporación de entidades públicas no estratégicas ni prioritarias, permite librar recursos escasos para asignarlos a las áreas y programas donde el Estado tiene un compromiso social que cumplir, esto le da mayor capacidad para impulsar los programas fundamentales en materia de educación, salud, vivienda, abasto y otros.
Las entidades y organismos desincorporados de ninguna manera han significado el debilitamiento del poder estatal para regir la economía, ya que desde el punto de vista cuantitativo, el proceso de desincorporación puede medirse bajo diversos criterios: el primero, que es el más divulgado, se refiere al número de entidades desincorporadas, el sector público paraestatal tenía, a finales de 1982, 1 mil 155 entidades, de las cuales decidió desincorporar 700. El segundo criterio se refiere, en el caso de la industria paraestatal, al número de ramas industriales; el sector público se retiró entre 1982 y 1987 de doce ramas industriales, entre las que destacan la automotriz, la farmacéutica y petroquímica secundaria, para continuar participando en trece de ellas.
Dentro de la industria manufacturera se retiró de renglones tales como refrescos, embotelladoras, perdón, embotelladoras de refrescos, textiles y enseres domésticos.
Por ser estos dos criterios los más divulgados, podría suponerse que el proceso de desincorporación ha afectado el patrimonio de los mexicanos; sin embargo, existen tres criterios más que muestran la verdadera magnitud y sentido de este proceso; éstos tienen que ver con los activos, con los ingresos y con el valor de la producción de las entidades sujetas a desincorporar, así los activos de dichas entidades representan el 9.3% del total paraestatal en 1982; los ingresos corresponden al 8% del total y su producción representa el 2.9% del producto interno bruto del sector paraestatal.
La empresa pública es, y queremos que siga siendo, una pieza esencial de nuestro desarrollo, financieramente sana, productivamente moderna y socialmente rentable. Así es como se fortalece la rectoría económica del Estado, así es como el Estado podrá atender mejor los legítimos reclamos de los mexicanos.
Mucho se ha hablado acerca del condicionamiento de las medidas de política económica e intereses y modelos externos que imponen sus criterios y alternativas de solución, ajenos a nuestros valores y proyecto nacional, ello, con base en los acuerdos que hemos celebrado con diversos organismos internacionales en materia económica.
Al respecto, quiero señalar que el programa económico puesto en práctica tiene como premisa la responsabilidad para enfrentar con realismo los graves desequilibrios que provocaron la crisis económica más severa de nuestra historia reciente.
La política económica, definida desde el inicio del presente gobierno, no inventó los problemas originados por factores internos y externos, más bien se ha orientado a combatir de raíz los problemas acumulados, por ello ha buscado resolver, ordenada y realistamente, los impactos que ha sufrido la economía; no haberlo hecho habría puesto en riesgo la estabilidad y la soberanía del país, en detrimento mayor de las condiciones de vida de la población.
Desde el Plan Nacional de Desarrollo, se reconoció la necesidad de racionalizar la protección comercial, redefinir la presencia del Estado en la economía y de sanear las finanzas públicas como medidas para atacar las causas de los problemas y no tan sólo sus manifestaciones. Precisamente este tipo de medidas son las que en los hechos permiten al país fortalecer su independencia económica.
La historia de América Latina ha demostrado que una planta productiva ineficiente y poco competitiva sólo acentúa los esquemas de dependencia y que un estado expansionista y deficitario se ve obligado a depender cada vez más del financiamiento exterior; que el proteccionismo excesivo propicia serios desequilibrios en el sector externo, que limita nuestra capacidad de desarrollo independiente.
Por eso, tenemos que afirmar con sinceridad, que las medias de cambio estructural que se han llevado a cabo de ninguna manera propician el establecimiento de un modelo de economía de pendiente, sino que se propone fortalecer nuestra soberanía económica en el contexto de un mundo cada vez más interdependiente y complejo.
Vivimos en un entorno internacional al que no somos ajenos, por lo que la defensa de nuestra independencia no está ni en el aislamiento ni en la confrontación; está en la capacidad que tengamos para reducir la vulnerabilidad externa de los factores, para participar internacionalmente en mejores condiciones en el comercio, el financiamiento y el desarrollo tecnológico.
Plantear la relación de los países en desarrollo con el resto del mundo con base en la disyuntiva de aislamiento o dependencia, es abordar la cuestión internacional con una visión ampliamente superada, incluso hasta por los más apasionados defensores de la economía de la planificación centralizada. Rechazamos que la política económica esté sujeta a intereses extranjeros.
Asimismo, en las divergencias internacionales adoptar la confrontación como principio, o el aislamiento como supuesto sustituto de la independencia, no es el camino para dar solución definitiva a los problemas; es en cambio, la vía segura para acentuarlos.
La experiencia internacional ha demostrado que la adopción de medidas radicales en materia de deuda externa, bajo condiciones como las que hemos enfrentado, no ofrece soluciones duraderas, y sí en cambio mayores problemas.
Negociando, México consiguió mejores condiciones de pago que el resto de los países fuertemente endeudados, prueba de ello fueron las renegociaciones de la deuda celebradas en 1986 y 1987, cuyos acuerdos fueron contrarios a los tradicionales criterios del Fondo Monetario Internacional; de ellos, los recursos crediticios obtenidos por el gobierno federal se canalizaron fundamentalmente a financiar al sector público, cubrir el pago y amortización y apoyar diversos programas de inversión estrictamente necesarios, vinculados con los sectores de educación, salud, comunicaciones, desarrollo rural, Poder Judicial, entre otros.
Sin embargo, reconocemos que en materia de deuda tenemos que explorar nuevas alternativas para hacer que la corresponsabilidad de los acreedores se refleje en acuerdos concretos que permitan resolver el problema de la deuda, entendiendo éste como un esquema que haga posible a nuestro país contar con recursos suficientes para crecer de acuerdo a nuestras necesidades fundamentales.
Prueba de ello, de nuestra independencia, ha sido también la concertación lograda entre el gobierno y los diferentes sectores para abatir la inflación, mediante el Pacto de Solidaridad Económica. Se ha antepuesto la decisión soberana de los mexicanos para frenar el alza de los precios, sin adoptar patrones ajenos a nuestra propia realidad; apoyados en nuestra soberanía con imaginación y voluntad política trabajamos en una recuperación fundamental: abatir la inflación.
Reconocemos que el pacto ha requerido de un esfuerzo adicional de los trabajadores del campo y la ciudad; reconocemos que ha habido obstáculos y que no siempre el sacrificio ha sido parejo, es ahí donde más tenemos que hacer.
El diálogo y la concertación han demostrado su eficacia, y gracias a ello no caímos en la hiperinflación, cuyos costos económicos y sociales hubieran sido elevados.
A lo largo de las diversas concertaciones, el Pacto de Solidaridad ha demostrado su viabilidad y realismo, porque desde su inicio se ha propuesto atacar de manera frontal las causas de la inflación. Este, el pacto, es sin duda y representa un gran esfuerzo de parte de todos los sectores, ello es la aportación que las presentes generaciones estamos haciendo para que nuestros hijos cuenten con un país que pueda crecer sobre nuevas bases, ofrezca mejores condiciones materiales y mayores oportunidades en un marco de libertad y paz social, para seguir en nuestro indeclinable propósito de alcanzar una mayor justicia social.
Ciertamente, el pacto no es la panacea; es el instrumento de diálogo, entendimiento y acuerdo entre los mexicanos, para dar juntos la batalla por México en defensa de la economía de cada uno de los hogares de esta gran nación. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - La presidencia informa a los señores diputados que ha terminado la primera ronda en torno al tema que se debate.
En la segunda ronda están inscritos los diputados Carlos Navarrete Ruíz, en contra; María Elena Martínez Carranza, en pro; Mario Rojas Alba, María Teresa Dorantes Jaramillo y Astolfo Vicencio Tovar, en contra; Mauricio Valdez Rodríguez, en pro.
De conformidad con el artículo 28 del Reglamento, en virtud de haberse agotado el tiempo de esta sesión, se prorroga la misma en consideración de los oradores registrados y en base a las facultades de esta presidencia.
Tiene la palabra el diputado Carlos Navarrete Ruíz.
El C. Carlos Navarrete Ruiz: - Muchas gracia, señor presidente; compañeras y compañeros diputados: Revisar la Cuenta Pública correspondiente al año de 1987, es una facultad constitucional de la Cámara de Diputados, representa un instrumento de fiscalización de un poder a otro, y su análisis nos permite evaluar la política económica y sus consecuencias para el país, esto que evidentemente es importante.
Pero evaluar la política económica tomando como instrumento esta revisión de la Cuenta Pública, va más allá, compañeros diputados, de la simple revisión del ejercito de cómo se gastó, de cómo se llevaron a cabo las políticas de un gobierno y rebasa con mucho los porcentajes y las cifras.
Quizá por una desviación en el comportamiento de los legisladores, la revisión de la Cuenta Pública es una especie de protocolo, la revisión a toro pasado es lo que sucedió un año después, que no tiene ninguna trascendencia ni ninguna posibilidad de corrección; pero la revisión de la Cuenta Pública el 22 de noviembre de 1988, a nueve días de que un nuevo régimen tome el poder, trae algunas características importantes que es necesario señalar.
Se habla, compañero diputados, de que el primero de diciembre tomará posesión un presidente, que significa una continuidad del que termina su sexenio, se afirma, e incluso se puede demostrar, que la debilidad del gobierno, que inicia en diciembre sus funciones, es tal que podemos estar frente a un fenómeno no sólo de continuismo, sino de franca extensión de quien hoy ocupa la titularidad del Poder Ejecutivo; esto no es nuevo, en otras ocasiones se ha hablado de maximatos o excesivas influencias del Presidente que termina su periodo; quizá una forma de medir esto, es la expectación que provoca el nombramiento de los secretarios del gabinete, que es tomado como punto de referencia para las anteriores afirmaciones.
Observando los acontecimientos políticos, pero también las decisiones de carácter económico de las últimas semanas y meses, quizá como nunca, se observa que el Presidente electo es, por decirlo de alguna manera, excesivamente cuidadoso en su relación con el Presidente que termina sus funciones y su equipo.
Sin embargo, compañeros diputados, hay un elemento que puede mostrar hasta qué punto el gobierno entrante aplicará sus propias políticas o modificará sustancialmente las mismas, es decir, en los próximos días y semanas podremos observar si el continuismo es sólo producto de un elemento que todos reconocemos, que es la hechura política del licenciado Salinas de Gortari, por parte del presidente De la Madrid o este último, el Presidente actual, estará en condiciones y en disposición de ampliar su influencia más allá del primero de diciembre.
¿Por qué viene a relación lo que estamos diciendo, compañeros diputados, respecto al dictamen que discutimos? Tiene relación porque al evaluar la política económica, la aplicada durante 1987, debemos localizar sus consecuencias y al hacerlo, debemos medir el riesgo de que se reedite el mismo tipo de política a pesar de sus altos costos y sus magros resultados, es decir, hay una política económica trazada de manera permanente, profundizada en los últimos seis años, que ha llegado a su fin, puesto que llega a su fin también este sexenio que la ha aplicado.
No es tan sencillo decir que por el solo hecho de que el Secretario de Programación y Presupuesto que aplicó esta política es ahora Presidente electo, de manera total debe de mantener la misma política; no es tan sencillo decirlo ni tan fácil afirmarlo, esto tiene que confirmarse o en todo caso modificarse. Pero vayamos al aspecto concreto del tema del dictamen que discutimos.
El Partido Mexicano Socialista, afirma categóricamente que los resultados de la política económica del año pasado reflejan dos hechos fundamentales: el primero, compañeros diputados, es el de que es evidente que en 1987, no se cumplieron los objetivos generales de la estrategia ni tampoco se alcanzaron las metas cuantitativas en ninguno de los renglones importantes; y, ademas, por otro lado, este año que analizamos, se acentuaron los rasgos más negativos de la política de gasto y las distorsiones del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Si revisamos la Cuenta Pública, revisamos y localizamos que los Criterios Generales de Política Económica, presentados a la Cámara de Diputados, señalaban cuatro objetivos con toda claridad, cuatro objetivos, lo decía textualmente; pretendían lograr el crecimiento moderado con alta generación de empleos; en segundo lugar, establecían un franco combate a la inflación; en tercer lugar, pretendían la consolidación y la ampliación del cambio estructural; y, en cuarto lugar, buscaban el impulso a la descentralización.
Afirmaban que la estrategia para alcanzar esto se componía de tres fases y lo llamaban, la fase de corrección de precios relativos, la fase de reducción de la inflación y la fase de la reactivación económica. Bien, esto fue lo que se planteó el gobierno, esto fue lo que se propuso alcanzar. ¿Cuáles fueron los resultados específicos, concretos, del esfuerzo del gobierno que propuso esto a la Cámara, y la Cámara lo aprobó?
Primero: crecimiento moderado con alta generación de empleo, ¿qué sucedió? Se planteaba, como meta para el año 1987, que el producto interno bruto creciera entre el 2% y el 3%, realidad que les mostró sus resultados concretos: el crecimiento del producto interno bruto sólo fue del 1.4%, casi la mitad de lo que se planteaban como máxima aspiración.
Se proponía, compañeros, que la inversión pública, esa palanca tan importante del gobierno, apoyara la reactivación del país, pero en realidad, el objetivo que lograron, su meta que lograron, fue una disminución real del 5.9%; ésos son los resultados concretos, específicos.
Se hablaba de proteger al salario, un objetivo fundamental, por la cantidad de trabajadores en el país que esto significa proteger el salario. El salario, compañeros diputados, en 1987 sufrió una caída del 6.3%, una caída real; ninguna cifra, por más que se pueda maquillar o se pueda manejar con ella, puede demostrar lo contrario, la realidad concreta fue ésa, no solamente no se protegió, no solamente no se aumentó el ingreso, el salario de los trabajadores, sino que éste disminuyó en términos reales.
Y lo que para todo mundo es evidente, creo que eso nadie lo puede rebatir, se programó el crecimiento de la inflación entre el 70% y el 80%, de diciembre a diciembre. Resultados concretos: la inflación llegó a la cifra récord de 159.2%, es decir, en materia de inflación, punto fundamental de los objetivos a lograr, la inflación rebasó casi el 100% más de lo planteado y lo programado por el gobierno.
La estructura general del presupuesto de 1987 mantuvo una distorsión general que nos llevó a una realidad que los trabajadores del pueblo de México sufren a diario, pero aquí podemos medir en cifras y porcentajes muy concretos.
En 1987, compañeros, se gastó más en el servicio del pago de la deuda externa que en los renglones programables; por segundo año consecutivo, el primero fue en 1986, las erogaciones financieras fueron mayores que las destinadas a los sectores productivos y sociales. Solamente para dar un ejemplo de cómo creció esto: En 1986 el gasto programable presentó o fue del 42% del total, y el servicio de la deuda en 1986 fue del 53%; un año después, en 1987, esta tendencia se agudiza y de acuerdo con la información de la propia Cuenta Pública, el servicio de la deuda, el pago de la deuda en 1987 significó el 57.9% del presupuesto.
La pregunta es muy clara, ¿qué país puede crecer?, ¿qué país puede satisfacer necesidades mínimas de su población?, ¿qué país puede invertir?, ¿qué país puede hacer algo cuando dedica el 57.9% de su presupuesto al pago del servicio de una deuda externa que todos conocemos?
La realidad ha sido tan brutal, los hechos son tan evidentes que hoy nos encontramos con una noticia francamente sorprendente, y la noticia es que el propio asesor económico del licenciado Salinas de Gortari, el licenciado Antonio Ortíz Mena, tiene que reconocer que esto, no puede continuar, e incluso recomienda disminuir la transferencia de recursos al exterior, esto en términos llanos y concretos se llama "modificar de fondo la política de deuda externa", algo que muchos mexicanos han venido planteando reiteradamente en los años anteriores, y que este Presidente que hoy termina su función, reiteradamente se ha negado a aceptar y a tomar en cuenta, hasta Ortíz Mena, y digo hasta Ortíz Mena, porque todos sabemos quién es, de dónde viene y cuál fue su función como Secretario de Hacienda en nuestro país, o en el Banco Interamericano de Desarrollo, después.
Hay un tema muy importante, que las fracciones parlamentarias aquí en la Cámara tenemos puntos de vista discrepantes, que es el asunto de la inversión pública. En el dictamen, compañeros diputados, se reconoce que durante 1987 la inversión pública disminuyó en términos reales, entre 1983 y 1987 la inversión disminuyó, efectivamente en cerca de una tercera parte, es decir, el 29.8%, pero si incorporamos de 1982 a la fecha, seis años de política del presidente De la Madrid, seis años reiterados de una política profundizada, la inversión pública se redujo casi en el 50%, no se puede hablar de fortalecimiento del gobierno del Estado, de rectoría importante del gobierno en la economía, no se puede defender todo esto cuando las cifras que ellos mismos manejan, nos muestran cómo la inversión pública disminuyó a la mitad.
La disminución y la inversión pública evidentemente traen consecuencias y debemos valorarlo en los términos justos, porque esta disminución de la inversión pública trae efectos nocivos sobre el conjunto de la economía y sobre las empresas pública en particular y de infraestructura, pero hay un aspecto concreto que me interesa destacar de una manera especial: el gasto social, el gasto social, compañeros, desde el punto de vista nuestro, significa medir el grado de compromiso que el gobierno tiene con las mayorías del país, no se puede decir reiteradamente, que se gobierna con el consenso mayoritario y en su política de gasto social, particularmente, no correspondería esta afirmación, nosotros afirmamos categóricamente que este régimen de Miguel de la Madrid, fue un régimen que aplicó medidas en contra de la mayoría que dice representar. (Aplausos.)
¿Por qué lo decimos? El gasto social, compañeros, que incluye básicamente educación, salud y seguridad social, ni más ni menos que estos tres rubros, entre 1983, primer año del régimen de De la Madrid, y 1987, año que analizamos, disminuyó en 16% en términos reales, pero si lo comparamos en estos años de 1983 a 1987 con el nivel que tenía en 1982, cuando terminó el régimen de su antecesor José López Portillo, la caída del gasto social alcanza el 36%, es decir, en esos seis años el gasto tuvo una tendencia a disminuir, casi en una tercera parte menos que en 1982; ahí está el comportamiento real, no lo que
los discursos dicen, cómo se atendieron los renglones de educación, de salud y de seguridad social, por eso los mexicanos tenemos ahora niveles mucho muy bajos de atención en lo referente a educación, a salud y a seguridad social.
Viene un asunto en la Cuenta Pública que hace unos días, hace unas semanas, era un tema de debate aquí en la tribuna, de compañeros de todos los grupos parlamentarios, de todos. Dice el dictamen de la Cuenta Pública, "que la afirmación del proyecto de dictamen señala que la compra de cosechas a los precios de garantía, apoyaron a los productores primarios, logrando efectos favorables en la producción de los principales granos y semillas, proporcionando un ingreso justo a los productores"; pero dice más el dictamen, dice: "Que la contribución de los precios de garantía, como instrumento de estímulo, fue relevante, ya que se registró un incremento anual superior al 135%, se observó una ligera mejoría en el sector agropecuario y otros sectores", esto es absolutamente falso; yo creo que todos los diputados que participaron en la lucha de los productores de varios estados de la República, los que estuvieron en las reuniones con el gabinete agropecuario, los que conocieron las razones de Pesqueira Olea, los que todavía ahorita están recibiendo el reclamo de los productores del país, podrán estar de acuerdo en que no se puede avalar una afirmación de la naturaleza que hace este dictamen.
En materia de precios de garantía, compañeros diputados, hay un atentado al ingreso de los productores, evidentemente eso no se puede negar; de no ser así, no se justificaría la movilización campesina en varios estados del país, el bloqueo de carreteras, la toma de oficinas de Agricultura, las constantes reuniones con el gabinete agropecuario, las medidas emergentes que esta Cámara no pudo llevar a la práctica, que sugirió, pero que no le hizo caso el gabinete agropecuario, de incrementar sustancialmente los precios de garantía de diversos productos. Aquí, franca y abiertamente, decimos que el dictamen está hablando de una realidad que no se parece nada a la que aquí la propia Cámara ha conocido en las últimas semanas.
Y en materia de producción, algunos compañeros se pueden escandalizar de que aquí reiteremos que la política de precios de garantía nos lleva a una disminución real de la producción agropecuaria, quienes nos llaman catastrofistas o alarmistas; les voy a dar el dato que viene en el propio documento que analizamos.
La producción de los cuatro granos básicos en el país, maíz, frijol, trigo y arroz, ascendió a 17.6 millones de toneladas; pero reconoce el propio documento que el volumen fue inferior en 2.8% a lo obtenido en 1986; en 1987 se produjo menos de esos cuatro productos básicos en el país, casi el 3% menos; lo que imaginémos no qué significa esto frente al aumento de la población y frente a las necesidades del país.
Y para vincularlo con lo anterior, cuando se habla de que hay disminución del nivel de vida de los trabajadores, no es una frase, y a veces a los que no somos economistas nos chocan mucho las cifras, porque a veces no dicen nada, pero pueden decir mucho, dependiendo de cómo las analicemos; el hecho concreto es de que en este año, en donde supuestamente había una prioridad en el consumo de la población, se consumieron en 1987, reconocido por sus propios datos, 2.3 kilogramos de arroz menos por habitante en el país que en 1981, estoy hablando del régimen anterior.
De 1987 a 1981, las cifras muestran que cada habitante del país consumió 12.4 kilogramos de frijol menos, 58 kilogramos de maíz menos, y diez litros de leche menos por persona, y estamos hablando de una regla general, suponiendo que todo mundo come esto; habría que ver los datos de quienes no tiene acceso a la leche o a satisfactores de ese tipo.
Eso es el costo de la política económica, eso es lo que no se refleja en el nivel de vida de la clase gobernante, son incapaces absolutamente los que manejan las cifras solamente, de entender qué significa esto en el ingreso y la alimentación de los mexicanos, y mucho nos tememos que el equipo de técnicos que el primero de diciembre pretende tomar posesión, menos lo entienda, porque están muy acostumbrados a manejar estos niveles y estas cifras desde la comodidad de sus oficinas públicas. (Aplausos.)
No quiero abundar más; muchos compañeros que han hecho uso de la palabra han mostrado en exceso, datos que demuestran esto y más todavía, solamente quiero terminar diciendo que ésta, compañeros diputados, éstas son las consecuencias de una política económica que, volvemos a afirmar ha equivocado el rumbo. Evaluar esta política no es un problema de juicios de valor, no es un problema de que fue buena o fue mala; es un problema de medir sus consecuencias concretas, en un país concreto que es este país nuestro.
Yo tengo la seguridad, y lo he repetido en varias ocasiones y lo voy a hacer en esta tribuna, que el Presidente De la Madrid, el Presidente De la Madrid mantuvo una terca actitud manteniendo sus medidas a pesar de los resultados que obtuvieron y que él conoció perfectamente; me da la
impresión de que la idea del Presidente, durante estos años, consistió en seguir el siguiente razonamiento: si la realidad muestra que la política económica es impopular y equivocada, entonces lo que hay que hacer es modificar la realidad y profundizar las mismas políticas; ése fue el planteamiento concreto del Presidente, y tozudamente, tozudamente, y si no que lo diga su gente cercana y el gabinete, mantuvo una política contra viento y marea y hasta salió en hombros diciendo: "No soy populista, no corrijo el rumbo; a pesar de los costos yo mantengo el mismo rumbo"; rumbo que aquí estan sus consecuencias, y que va a pasar evidentemente a la historia como el Presidente, el Presidente que fue incapaz de corregir o de tomar medidas para enfrentar una profunda crisis económica, que tuvo orígenes internos y externos.
Pero es mentira que no había más que esto, rechazamos categóricamente el planteamiento de que había dos salidas: o la mala o la peor, y que frente a esas dos salidas, se optó por la mala solamente, es falso absolutamente; hubo posibilidades de corregir a tiempo la política económica; hubo posibilidades de revertir la tendencia de este gasto del gobierno federal; hubo posibilidades internacionales, condiciones favorables para que se modificara la política de pago de la deuda; no se quiso tomar las medidas, no se quiso corregir el rumbo, se insistió en lo mismo, y las consecuencias ahora las estamos viendo, lo decimos abiertamente, días antes de que Miguel de la Madrid salga; no vamos a hacer leña del árbol caído cuando salga, se lo decimos ahora, como se lo hemos dicho en años anteriores, por los diputados socialistas y de izquierda en esta tribuna de la Cámara.
Para terminar, finalmente, es evidente que por estas razones no podemos aprobar el dictamen sobre la Cuenta Pública, y solamente queremos decir lo siguiente.
A partir del primero de diciembre, el licenciado Carlos Salinas deberá mostrar si en materia de política económica está dispuesto a corregir el rumbo o por el contrario, no sólo hay peligro de continuismo, sino de revisión económica y quizá política, de un régimen como el actual.
Decimos esto, no auguramos nada; vamos a esperar qué sucede, pero mucho nos tememos o hay un golpe de timón profundo en materia de política económica que traiga sus consecuencias en materia política concreta en el país, o este sexenio va a ser un sexenio de doce años, quién sabe si con el mismo Presidente o con otro, pero que plantee lo mismo que el anterior hizo. Muchas gracias.
El C. Presidente: - En uso de la palabra la diputada María Elena Martínez Carranza.
La C. María Elena Martínez Carranza: - Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados: Antes de iniciar quiero hacer una aclaración respecto a las afirmaciones de quien me antecedió en el uso de la palabra, respecto a la debilidad presidencial y maximato económico.
Carlos Salinas llega a la Presidencia con el apoyo de la mayoría de los mexicanos, con la fortaleza de las instituciones y con un solo compromiso: servir al pueblo de México; ahí está la fortaleza de nuestro partido, en saber captar el sentido de los tiempos y adaptar los instrumentos para seguir cumpliendo propósitos que son permanentes, los de la Revolución Mexicana.
En relación a mi participación en pro del dictamen de la Cuenta Pública, hago uso de la palabra.
Como ha sido expresado por mis compañeros de partido que me antecedieron en el uso de la palabra, el año de 1987 análisis de la Cuenta Pública que nos ocupa, fue un año particularmente difícil, producto de la dinámica económica del país; se presentaron serios problemas y dificultades y la inflación constituyó uno de los principales retos de la política económica; no obstante las severas restricciones financieras que el país enfrentó y la necesidad de aplicar una política de contención para evitar mayores distorsiones y desequilibrios en la evolución en la economía, no se desatendieron los aspectos sociales fundamentales, en los que el Estado tiene una obligación constitucional que cumplir y precisamente el análisis y revisión de la Cuenta Pública, nos ha permitido constatar que pese a las limitaciones económicas la política social no se ha detenido.
En este sentido, quiero destacar los avances que en materia de desarrollo social y regional consigna la Cuenta Pública, sin dejar de reconocer que aún subsisten rezagos y retos por superar.
Es de especial mención el hecho de que en el proceso de atención a las demandas sociales, la participación ciudadana ha sido cada vez más importante, tanto en los programas de vivienda, salud, educación, ecología abasto y reconstrucción, entre otros. Reitero la importancia de esta creciente participación social, ya que es uno de los factores que sustentan la afirmación de que se ha hecho más con menos. La solución de los problemas sociales requieren no sólo del gasto público, sino de la participación de todos.
La concertación entre los sectores ha sido fundamental, por ello rechazamos la afirmación de
que la política del Presidente Miguel de la Madrid ha ido en contra del bienestar de los mexicanos; Miguel de la Madrid ha enfrentado la crisis con responsabilidad, con patriotismo y poniendo siempre por encima de todo, el interés supremo de México, y los mexicanos.
Frente a las limitaciones de recursos que las circunstancias han impuesto, se ha respondido con una asignación más racional del gasto y con un ejercicio disciplinado del mismo; se ha contado también con mayor participación social con base en nuevos y cada vez más amplios mecanismos de concertación entre los tres niveles de gobierno y los distintos sectores de la sociedad.
En materia de salud, mejorar y ampliar la cobertura de los servicios, ha sido y siendo un compromiso fundamental para incorporar a más mexicanos al derecho a la salud que la Constitución establece. Es de mencionar que en 1987, la cobertura a la población abierta se incrementó en 3.8 millones de personas durante el año, abarcando así al 91% de la población nacional; con relación a la atención en las comunidades dispersas de 500 a 2 mil 500 habitantes, se mantuvieron los servicios de salud básicos en 9 mil 500 de estas comunidades, que representan más de 70% de este tipo de poblaciones.
Analizando algunos indicadores generales, observamos que la mortalidad general bajo de 5.19% por cada mil habitantes en 1986, a 5.0% en 1987; la natalidad por cada mil habitantes bajó de 32.4% a 27.2% como resultado de las acciones de planificación familiar; la esperanza de vida, el aumento de vida, aumentó de 68.2 a 69 años, acumulándose así un incremento de cuatro años entre 1982 y 1987.
Por lo que respecta a los programas de carácter preventivo, conviene señalar que durante el año que hoy analizamos, se aplicaron 29.5 millones de dosis de todas las vacunas, rebasándose en 17% la meta programada; sin embargo, como lo marca el informe previo de la Cuenta Pública, y lo reconoce el dictamen que hoy se discute, a pesar de los avances logrados, la mortalidad siguió incidiendo fundamentalmente en la población infantil menor de un año, sobre todo en las áreas de bajos niveles de ingresos.
En el ámbito educativo, se continúa atendiendo a la totalidad de alumnos que demandaron educación primaria; se produjeron y se distribuyeron más de 75 millones de libros de texto gratuito para alumnos y maestros de primaria, y 2.1 millones de libros para niños de preescolar.
A nivel primaria, la eficiencia terminal se elevó a 53.9% ubicándose así en un punto porcentual por arriba del índice del ciclo anterior. Sin embargo, no deja de preocuparnos que la deserción escolar siga constituyendo un problema, particularmente en las regiones y grupos sociales de escasos recursos.
En educación secundaria se atendió a 3.1 millones de alumnos, en las distintas modalidades. Es de destacarse, como apoyo este nivel educativo, la introducción de la enseñanza - aprendizaje del uso de las microcomputadoras y la elaboración del libro de texto a precios económicos; durante 1987 se instalaron 2 mil 171 equipos microsep.
Por su parte, el índice de analfabetismo se redujo al 6.4% frente a un 14.3% que se tenía en 1982; sin embargo, se reconoce la importancia que tiene aún este problema, dada la cantidad absoluta de población analfabeta que continúa marginada.
El Programa Nacional de Bibliotecas instaló 660 nuevas bibliotecas, alcanzando un total de 2 mil 19 en operación, con un acervo aproximado de 9 millones de libros.
En materia de abasto, la participación de Conasupo en el sector alimentario, permitió garantizar la regulación necesaria al adquirir el 20% de la cosecha de maíz, el 30% de la de frijol y el 100% de la de la leche en polvo, entre otros productos, con lo que se evitó el excesivo intermediarismo.
El sistema Diconsa generó ventas por un monto total de 1 mil 74 millones de pesos y generó ahorros mediante la regulación de precios, entre un 10% y 15%, a la población de localidades rurales y zonas urbanas marginadas; ello a través del Sistema Nacional de Abasto, con las 21 mil tiendas del mismo, con lo que se atendió a 32.8 millones de habitantes.
Por su parte, la Impulsora del Pequeño Comercio (Impecsa), apoyó a 104 mil comercios y grupos de autogestión.
Miconsa, como entidad de apoyo al programa de maíz - tortilla, produjo 402 mil toneladas de harina de maíz, lo que representó un incremento del 8% en relación al año anterior, beneficiando a más de 6 millones de habitantes con el abasto de masa y tortilla, cubriendo el 37% del mercado nacional. A su vez, Liconsa produjo y comercializó 1 mil 471 millones de litros de leche en diversas presentaciones, poco más de la sexta parte producida en nuestro país, con ello se benefició a 15 millones de familias al generarles un ahorro significativo.
Los subsidios que otorga el gobierno al consumo se han concentrado en productos de gran
importancia para la dieta de la población, destacando entre ellos: el maíz, el frijol y la leche en polvo. Se ha cuidado, además, establecer mecanismos para garantizar que con ello se beneficie efectivamente a la población de escasos recursos, que constituye el objetivo central y la justificación de la existencia misma del subsidio.
No negamos que si ha sido posible hacer más con menos en materia de desarrollo social, ha sido en gran medida por el comprometido esfuerzo de los empleados y servidores que se desempeñan en estas importantes tareas de la administración pública, quienes no obstante ver disminuido su nivel de ingreso como el resto de los trabajadores, continúan sirviendo a la sociedad y sumándose al esfuerzo de todos los mexicanos por enfrentar las dificultades económicas. En la crisis la respuesta ha exigido de las mayorías un mayor esfuerzo, y es este esfuerzo el que ha permitido atender las necesidades básicas. Tampoco pretendemos negar la necesidad que existe, en diferentes áreas, de mejorar la calidad de los servicios, pero ello no es motivo para desestimar el esfuerzo realizado.
Considerando los severos desequilibrios que el crecimiento urbano ha propiciado en diversas regiones, ciudades medias del país, las políticas de desarrollo urbano se han abocado, entre otras tareas, a la formulación de esquemas de planificación que permitan ordenar y conducir el desarrollo de las ciudades grandes y medias; así, al finalizar en 1987, se tenían ya formulados 1 mil 83 planes y esquemas, acordados con las autoridades locales, haciendo especial énfasis en el impulso al desarrollo de ciudades medias, la disminución del ritmo de crecimiento de las áreas metropolitanas y el rebosamiento de los centros de integración rural.
Los programas de agua potable y alcantarillado constituyen un elemento ordenador del desarrollo en el territorio, del crecimiento de las ciudades y un factor de relocalización industrial, las acciones emprendidas en esta materia, permitieron elevar las coberturas de dichos servicios a nivel nacional, del 65% en 1983 al 68% en 1987 en agua potable, y del 43% al 45% en alcantarillado en el mismo período, niveles que indudablemente siguen siendo bajos y que reflejan la magnitud del reto a vencer en este renglón y muestran también el esfuerzo realizando.
En lo que se refiere al Programa Nacional de Vivienda, los avances registrados en 1987 permitieron realizar 300 mil 30 acciones de vivienda, 268 mil 219 dentro de los programas normales, y 31 mil 411 de los programas de reconstrucción; asimismo se avanzó en el proceso de construcción de 200 mil más; cabe destacar que de las acciones concluidas, el 53% corresponde a vivienda terminada y el resto fundamentalmente a vivienda progresiva.
La experiencia de los últimos años, en cuanto a reconstrucción de vivienda, fue aprovechada para precisar aspectos técnicos, financieros y sociales; no obstante que durante 1987 los programas de vivienda beneficiaron alrededor de 1.5 millones de personas, el déficit de vivienda sigue siendo preocupante, pues se ubica en una cifra superior a los 5 millones; no obstante, debe señalarse que en los últimos años, ha sido posible atender el incremento de la demanda generacional calculada en 300 mil unidades anuales.
En apoyo a la política de descentralización, durante 1987, se continuó con la promoción de reservas territoriales, para lo cual se constituyeron 5 mil 163 hectáreas, además de iniciarse la gestión para la adquisición de 1 mil 881 hectáreas.
Con el objeto de frenar la especulación y la venta ilegal de tierras de origen ejidal, así como para garantizar la seguridad jurídica y la tenencia de la misma e impedir el crecimiento urbano anárquico, de 1983 a 1987 se emitieron 264 dictámenes para regularizar la tenencia de la tierra que comprende más de 21 mil hectáreas.
Por lo tanto, durante 1987, se continuó con el programa de regularización del suelo urbano y la creación de reservas territoriales, con el propósito de regular la especulación de la tierra destinada para uso habitacional, de ofertarla y con ello abatir el costo de la vivienda. Este programa se propone también dar seguridad jurídica a los habitantes de los asentamientos conurbanos y de origen irregular.
En cuanto a ecología, para coordinar el esfuerzo gubernamental sobre la materia y actuar en las áreas más críticas, se llevó a cabo el Programa de las Cien Acciones de Protección Ecológica.
1987 significó un cambio de fondo en la política ecológica, al haberse aprobado la Ley General del Equilibrio Ecológica y la Protección del Ambiente.
Si bien el presupuesto asignado a 1987 no fue amplio debido a la concertación que se llevó a cabo en los diferentes grupos y gobiernos del Estado, se han logrado unos efectos multiplicadores en el resultado de este programa; con la inversión ejercida, quisiera mencionar, entre ellos, el establecimiento de rellenos sanitarios en los
centros que lo requirieron, instalación de redes de monitoreo de la calidad del aire en los principales centros urbanos.
Para llevar a cabo las acciones de la política regional durante 1987, los recursos del ramo XXVI se destinaron a cada una de las entidades federativas para ampliar la infraestructura urbana en ciudades medias, el desarrollo de proyectos productivos y la infraestructura social básica, a fin de contribuir a revertir la tendencia concentradora de las principales zonas metropolitanas del país. Estas acciones, que son decididas y ejecutadas por los gobiernos de los estados y los ayuntamientos en los comités de Planeación para el Desarrollo Estatal, están acompañadas de medidas de política económica tendientes a fomentar las exportaciones, con el propósito de estimular y promover las actividades productivas en cada una de las regiones estratégicas del país.
El desarrollo de las regiones tiene como propósito también, transformar la disponibilidad de recursos locales, utilizar mano de obra, con lo que se busca que la generación del valor agregado permanezca donde se origina. Para llevar a cabo dichos propósitos, durante 1987, se firmaron convenios de desarrollo con las 31 entidades federativas, los cuales contemplan las tres modalidades de inversión: programas de desarrollo regional, programas regionales de empleo y programas de coordinación especial.
Es importante destacar que los recursos, una vez aprobados por el gobierno federal, son radicados en las entidades federativas, con ello se transfiere capacidad financiera y política a los estados al ser ellos quienes definen la orientación y ejecución del gasto.
Entre las acciones realizadas en desarrollo regional en 1987, destacan la construcción de sistemas de pequeña irrigación y perforación de pozos para incorporar al cultivo a 33 mil 322 hectáreas, asistencia técnica y mantenimiento a 194 mil hectáreas, construcción de 506 kilómetros de carretera y la conservación de 43 kilómetros; construcción de 1 mil 632 kilómetros de caminos rurales y 510 metros de puentes; construcción de 26 escuelas; 4 mil 689 aulas, 1 mil 224 anexos, 246 talleres y 154 laboratorios; construcción, rehabilitación y ampliación de 649 sistemas de agua potable, así como 109 sistemas de alcantarillado; electrificación de 645 comunidades y 28 obras de electrificación agrícola.
Quiero destacar que el financiamiento de los programas del Convenio Único de Desarrollo tienen una estructura financiera tripartilla, es decir, los gobierno estatales y municipales, y los sectores social y privado, con el apoyo del gobierno federal, dan respuesta a las necesidades propias de cada región; de esta forma el proceso de descentralización y las políticas de desarrollo regional han reconocido que no basta sólo con la transferencia de recursos financieros, sino de otros elementos adicionales como los antes mencionados, para hacer efectiva la corresponsabilidad del Pacto Federal.
Es evidente que una evaluación objetiva y ponderada de los logros y limitaciones de la gestión económica del Ejecutivo, en el año sujeto a revisión, no puede hecerse en un juicio general que se haga a modo de juicio sumario, lo logrado y lo que no se logró está consignado, parte a parte, a lo largo del cuerpo del dictamen, en ello no ha habido triunfalismos, pero tampoco reprobaciones formuladas en forma apresurada y ligera, sin tener todos los elementos de juicio a la vista.
El C. Presidente: - Diputada, el señor diputado está pidiendo una interpelación.
La C. María Elena Martínez Carranza: - No, señor presidente.
El C. Presidente: - En el uso de la palabra el diputado Mario Rojas Alba.
El C. Mario Rojas Alba: - Respetable asamblea, mi intervención está dirigida fundamentalmente a hablar en relación a la distribución del presupuesto de la Cuenta Pública, en el sector salud.
La Cuenta Pública del sector salud refleja fielmente la política antipopular del régimen de Miguel de la Madrid, una política que reduce el gasto público al sector social y en particular al gasto en los servicios que benefician a las clases populares y marginadas del pueblo mexicano.
El dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, registra una erogación mayor a lo presupuestado en un 85.8% sin embargo, considerando la inflación y los precios constantes, podemos afirmar que el presupuesto real del sector salud pasó del 2.6% al 1.8% del producto interno bruto. Además de la reducción sustancial y real del presupuesto en salud, resulta muy grave que los recursos que se distribuyeron con un marcado sentido clasista y racista, este témino de racista no tiene ninguna significación exagerada, puesto que lo vamos a demostrar con las mismas cifras oficiales, decimos racista, porque el Estado designa menos recursos a los sectores de mayor marginalidad y afecta sobre todo a los grupos indígenas de este país.
Las instituciones de salud atienden con un sentido clasista y en la práctica proporcionan servicios de diferentes calidades para los mexicanos de primera, segunda o tercera categoría, lo cual nulifica la igualdad constitucional y el derecho a la salud de los mexicanos.
El Presidente ha utilizado demagógicamente la cifra del 95% de la población con atención médica, cifra que ningún investigador serio tomaría como verdadera, sin embargo, vamos a considerar las cifras oficiales en el siguiente análisis.
Los informes oficiales afirman que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado atiende a 7.7 millones de mexicanos y tuvo un gasto de 1 millón 34 mil 850 millones de pesos, lo que hace un gasto anual por paciente de 134 mil 396.1 pesos por año, esta cifra es muy importante que la revisemos.
Yo establecí una división entre el gasto que cada institución hace en el año, en relación a la cantidad de pacientes que el Presidente de la República dijo que atendía cada institución, y vamos a encontrar esta diferencia clasista con que el Estado está atendiendo a la población mexicana.
Decíamos, un paciente que atiende el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado le cuesta 134 mil 396.1 pesos por año; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado destina estos recursos a los pacientes y derechohabientes de los sectores estatales, es decir, de los trabajadores de la educación, salud y otros sindicatos burocráticos.
Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social atiende a 35.9 millones de mexicanos y su gasto fue de 3 billones 593 mil 491 millones de pesos, con un gasto anual por paciente de 100 mil 97.2 pesos por año; vamos a ver que a partir del Instituto Mexicano del Seguro Social, el gasto por persona se va reduciendo, con un gasto anual por paciente de 100 mil 97.2 pesos por año, atiende a los trabajadores de la industria monopólica, media y pequeña fundamentalmente.
En Salubridad y Asistencia se atendió a 18.3 millones de mexicanos, con un gasto de 642 mil 455 millones de pesos, es decir, un gasto anual por paciente de 35 mil 106.83 pesos, para atender sobre todo a los sectores populares de las grandes ciudades y del campo.
El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS - COPLAMAR, atendió a 10.3 millones de mexicanos, con un gasto de 72 mil 141 millones de pesos y un gasto anual por paciente de apenas 7 mil 3.9 pesos por año, para atender fundamentalmente a los grupos indígenas y sectores marginales urbanos.
El DIF atendió a 26 millones de mexicanos, con un presupuesto de 104 mil 918 millones de pesos y un gasto anual por persona de apenas, escúchese bien, apenas 4 mil 35.3 pesos por personas en un año, para atender sobre todo a los sectores más marginados de los centros urbanos y rurales.
En resumen, el Estado destina el mayor número de recursos a los sectores menos necesitados y realmente no atiende a los sectores marginales ya que los recursos son ridículos. A las etnias y comunidades marginales del campo y la ciudad, no se les puede decir que estén recibiendo una atención médica cuando se les destina apenas 4 mil 35.3 pesos por año, es decir, menos de dos dólares por año se destinan especialmente a los grupos indígenas y a las comunidades marginales del campo y la ciudad.
Es por eso que la afirmación oficialista del Presidente y del sector salud de que se está atendiendo al 95% de la población, es una cifra marcadamente demagógica.
La tecnocracia del sector salud también se enorgullece de haber aumentado el número de consultas, de operaciones y de vacunas administradas a la población; lo que no dice es la forma en que lo está haciendo, y lo está haciendo no por un incremento en la eficiencia que ya nos mencionaba por aquí una compañera, sino más bien incrementando las cargas de trabajo de los trabajadores de la salud; este incremento alcanza niveles escandalosos, al mismo tiempo que se ha reducido su salario a dos tercios del salario real.
El hecho de que las cargas de trabajo se han incrementado en los sindicatos a los trabajadores del sector salud, se demuestra con las siguientes cifras también oficiales, el número de enfermeras por cada 100 derechohabientes nos lo demuestra.
En 1984, en el Instituto Mexicano del Seguro Social había 2.18 enfermeras por cada 100 derechohabientes, en 1988 hay 1.82 enfermeras por cada 100 derechohabientes.
En el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en 1984 había 1.67 enfermeras por cada 100 derechohabientes, en 1988 había 1.64 enfermeras por cada 100 habitantes.
Hay una reducción en esas dos instituciones importantes del número de enfermeras por el número de derechohabientes.
Y lo mismo sucede con los médicos; en 1982 en el Instituto Mexicano del seguro Social había 1.24 médicos por cada 100 derechohabientes; en esa misma institución en 1988 había 1.02 médicos por cada 100 derechohabientes.
En el instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en 1982 había 1.67 médicos por cada 100 derechohabientes y en 1988 hay 1.63 médicos por cada 200 derechohabientes.
¿De qué otra forma pues, el gobierno de Miguel de la Madrid está incrementando el número de consultas y operaciones?, a través de hacer una carga injusta en todos los trabajadores de la salud, una carga de trabajo exagerada reduciéndoles su sueldo y haciéndolos trabajar el doble.
Otro aspecto que también en la cuenta no se menciona con precisión y se dice en la cifra oficial de dictamen, que el 12% de los recursos se destinan a la medicina preventiva, éste también es uno de los sectores intelectuales que se dedican a la investigación de la salud, sabemos que apenas alcanza el 2.4% al 3% de los recursos que se destinan a este sector, son aplicados a los aspectos de medicina preventiva.
No podemos continuar en esa situación, se tiene que hacer una mayor inversión al sector de trabajadores que tienen alguna relación con la medicina preventiva; esto se oculta en el dictamen y, por tanto, no puede merecer una aprobación de la gente que conocemos en el sector salud.
Se habla también de otro aspecto que se queda en el aspecto independiente, lo hemos estudiado, lo hemos investigado, pero que en el dictamen también se refiere sin ninguna seriedad. En el dictamen se dice que hay un 28.5% de recursos que son destinados a las actividades de administración, es decir, a trabajo burocrático; es una cifra de por sí alta, en datos que otros investigadores, hemos recabado no es el 28.5%, tenemos el dato que del 31% al 35% de los recursos de ese sector, se destinan a actividades burocráticas y administrativas, lo cual también es escandaloso; no podemos también continuar destinando una tercera o más de una tercera parte de los recursos en salud, para personas que hacen exclusivamente trabajo de escritorio.
En base a todo esto, el dictamen no merece, pues, nuestra aprobación. Y yo les haría una atenta invitación a todos los compañeros para que se reflexione al respecto y sea rechazado ese dictamen. Muchas gracias.
El C. Alexandro Martínez Camberos (desde su curul): - ¡Señor presidente, creo que es palpable la falta de quórum, tome usted alguna medida para cercioramos de ello!
El C. Presidente: - Sí, señor diputado, ya se les mandó llamar a los señores diputados.
Por un convenio de las fracciones parlamentarias, se llegó al convenio, pues, de que podrían salir a comer en grupo los diputados; ya se les está llamando para que estén presentes.
Tiene la palabra el señor diputado Luis Coca Alvarez.
El C. Vicente Luis Coca Alvarez: - Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados: Para el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el análisis de la Cuenta de la Hacienda Pública del gobierno federal del ejercicio fiscal de 1987, sólo tiene un objetivo útil: ver el desparpajo, cinismo y desbarajuste con que se ha manejado a la economía nacional.
Por principio, todas las consideraciones de política que el gobierno federal presentó ante la LIII Legislatura, en noviembre de 1986, y que supuestamente su ejecución está consignada en la cuenta que hora analizamos en esta LIV Legislatura, ya fueron negadas por la propia acción del gobierno federal.
Los criterios de política económica fueron: alentar el crecimiento económico moderado con generación de empleos, combate a la inflación, cambio estructural, descentralización e la vida nacional.
Respecto a las finanzas públicas, se tenía como objeto disminuir el déficit público de 16.8% como proporción del producto interno bruto que fue en 1986, a 13.8% como proporción del producto interno bruto en 1987; para esto, se planteó aumentar los ingresos presupuestales y limitar el gasto programable, vía la reducción en las transferencias y en el gasto de operación de los organismos y empresas; se supuso un aumento de la inversión pública, la cual no necesitamos investigar mucho para saber que no ocurrió; también se establecieron topes a la inflación; sin embargo, ésta fue 53.5% superior a la vivida en 1986, y 79.2% superior a la prevista para el mismo 1987, calculada por el gobierno en el rango del 80% de lo que resultó de 159.2%.
El déficit público fue en 1987 de más del 17% superior al de 1986, y mucho más que el proyectado para el mismo 1987, por su parte el gobierno federal sí aumentó sus ingresos vía los aumentos despiadados en los impuestos y en los
precios y tarifas de los servicios públicos, pero estos aumentos en los ingresos fueron comidos por la inflación.
El producto interno bruto no aumentó de acuerdo a lo previsto, sino que siguió siendo negativo en promedio anual para todo el sexenio de menos del 2%, es obvio que con crecimientos negativos no se pueden tener aumentos en el empleo, sino todo lo contrario, y en 1987 el desempleo y el subempleo aumentaron; la cifra que se nos presenta como una reducción del desempleo, es simplemente un cuchareo estadístico, que se da después que la Secretaría de Educación Pública anuncia que se incorporaría al servicio del Seguro Social a los estudiantes y a los subempleados que se incorporaron al programa llamado: "Con la frente en alto", de venta callejera de libros editados por la misma Secretaría, la razón del aumento del déficit público es la misma que ha sido para todo el gobierno de Miguel de la Madrid, el servicio de la deuda externa y la deuda interna.
1987 se caracteriza por tener un déficit público exclusivamente destinado a la usura bancaria y a la especulación financiera, el gasto no programable ascendió 24.5% en 1986 a 29.9% en 1987, pese a que lo programado en los recortes del gasto programables sí se cumplió, esto nos indica que sin inversión nueva el gobierno tuvo un mayor endeudamiento, pero señalar estos fracasos es reiterar sobre algo ya muy conocido; el propio gobierno de Miguel de la Madrid reconoció el fracaso de su desempeño al aplicar el Pacto de Solidaridad Económica, que por cierto se concertó por fuera de esta Cámara legislativa desde diciembre de 1987; en ese entonces se reconoció que de nada habían servido los aumentos en los impuestos, en los precios y tarifas de los servicios públicos, las medidas de austeridad para limitar el gasto público, ni las devaluaciones del peso; todas esas políticas, según el propio Presidente De la Madrid, habían puesto a méxico al borde de la hiperinflación.
Para el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, es un mero trámite de formalidad legar el análisis que hoy hacemos, el propio gobierno así lo reconoce; sin embargo, queremos señalar que 1987, según las afirmaciones gubernamentales, no fue un año tan malo para sus cuentas. Calcularon sus ingresos presupuestales en base a un precio internacional del barril del petróleo de 12 dólares y el precio se mantuvo en una franja de entre 3 y 4 dólares por arriba de lo presupuestado.
En 1987 se vendieron 29 empresas paraestatales, según el Secretario de Hacienda, Gustavo Petricioli de Iturbide, por la confianza en la conducción económica con una repatriación de capitales para la que se daba la exagerada cifra de 12 mil millones de dólares.
En 1987 se dio un proceso acelerado de intercambio de deuda por acciones, y arriba de todo esto se dice oficialmente, hubo un aumento de la inversión extranjera. Nosotros preguntamos, ¿dónde están todos esos dólares?, ¿qué hizo con ellos el gobierno?, ¿se perdieron esos fabulosos capitales en el crack de la Bolsa de Valores, que también ocurrió en 1987 como producto del buen manejo económico gubernamental?, ¿o estos dólares, los que ahora están comprando, son los que están comprando las empresas paraestatales? Al manifestar nuestro absoluto repudio a este irresponsable manejo de los asuntos económicos gubernamentales, reiteramos una vez más nuestra exigencia de que comparezca ante esta Cámara en pleno el Secretario de Hacienda, Gustavo Petricioli; consideramos que es de interés nacional que el responsable de las finanzas públicas explique el paradero o el por qué de la desaparición de tantos miles de millones de dólares.
Hemos recibido en primera lectura, con dispensa en segunda lectura, el ejercicio fiscal de la Cuenta Pública Federal para 1987, y verdaderamente ésta que analizamos, es alarmante la desproporción que encontramos entre lo autorizado y lo ejercido.
En efecto, conforme a dicha política, los planteamientos programados por la Secretaría de Salud eran dirigidos principalmente a proporcionar los servicios de esta dependencia a los grupos más desprotegidos, así como mejorar la calidad de los servicios prestados a la comunidad. Otro de los objetivos era el abatimiento de las enfermedades transmisibles y las acciones de carácter preventivo, así como coadyuvar al mejoramiento de las condiciones sanitarias y del medio ambiente, para tales efectos se autorizó un presupuesto inicial de 396 mil 756 millones de pesos, y durante el ejercicio presupuestal se registraron ampliaciones que ascendieron a 556 mil 719 millones de pesos, es decir, el presupuesto modificado fue de 759 mil 36 millones de pesos, el cual representó el 191.3% respecto al presupuesto autorizado; una vez más, el presupuesto de este sector se ve incrementado, dando las excusas de siempre, tratando de encubrir ineficiencia e ineptitud de nuestras autoridades para mejorar y optimizar un sector que aún con los aumentos descomunales a lo presupuestado, cada día esos servicios van de más a menos, en detrimento de la población.
Existen numerosos ejemplos que todos conocemos al respecto, para nombrar sólo algunos de
ellos bastaría con realizar algunas visitas a los centros hospitalarios y de atención social, para darnos cuenta de la mala atención recibida, así como de las innumerables fallas y carencias con que se cuenta.
En algunos centro y hospitales carecen hasta de lo más indispensable como son jeringas, gasas, instrumental médico, equipo en mal funcionamiento o inservible; esto sucede en los principales centro de salud de las ciudades más importantes del país, ya ni se diga en la regiones rurales o en las comunidades apartadas, en donde nos gustaría mucho que fuera a solicitar servicio el ciudadano Secretario de Salud, o por lo menor el presidente de la Comisión Legislativa de Salud de esta Cámara.
En materia de investigación se nos indica que fueron realizadas 1 mil 91, de las cuales fueron modificadas 1 mil 91. A este respecto tendríamos algunos comentarios. Si estas modificaciones a las investigaciones iniciales son bajo pretexto de aumentar el presupuesto asignado a ellas, o si es que hemos avanzado tanto en dichas investigaciones que no podemos terminar algunas de ellas porque el día siguiente ya descubrimos algo nuevo.
Se nos indica también que de estas investigaciones, 1 mil 29 han sido alcanzadas, lo que nos gustaría saber es cuáles son los resultados de las mismas, cuál fue el avance y los beneficios que han reportado a las distintas comunidades; también quisiéramos saber a quiénes directamente han beneficiado estos avances, ya que como sabemos, la atención en el renglón salud al pueblo mexicano, cada día es más deficiente; esto basado en declaraciones del senador Leonardo Rodríguez Alcaine, líder de casi 100 mil trabajadores de la industria eléctrica, quien demandó la devolución del 80% de sus cuotas por el mal servicio que presta una de las instituciones de salud, que a decir de sus directivos es una de las más eficientes.
Efectivamente, se dice que el Instituto Mexicano del Seguro Social es todo un ejemplo muy representativo, tanto que hasta los mismos integrantes del partido en el poder se quejaban de los servicios recibidos, siendo que la Comisión Federal de Electricidad recibe trato especial a sus derechohabientes y beneficiarios, con clínicas exclusivas para ellos, de modo que, ¿cómo estará el grueso de la población, y sobre todo en regiones apartadas, en la atención que se les presta?
Otro ejemplo muy indicativo de los avances y mejoras en el sector salud, es el rechazo de los petroleros a que el Instituto Mexicano del Seguro Social les dé atención a sus agremiados, así como los 140 mil empleados bancarios, que si bien entregan sus cuotas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, han preferido pagar al mismo tiempo a hospitales privados, tales como el "Mocel", "Dalinde", etcétera; nos imaginamos que todos estos rechazos has sido porque dichos gremios no se sienten merecedores de tener el gran honor de que instituciones como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o el Instituto Mexicano del Seguro Social, les proporcionen estos servicios.
Se nos indica que se destinaron 4 mil 94 millones de pesos en la creación de nuevas plazas, pero de acuerdo a los informes del sindicato del Instituto mexicanos del Seguro Social, no se pudieron crear las 30 mil plazas que se querían por falta de recursos económicos, muy al contrario, hubo una reducción del 30% debido a que los jubilados y fallecidos no han sido reemplazados, incrementando el trabajo del personal, con el lógico deterioro de la atención prestada al público.
En recursos materiales se nos indica que se gastaron 15 mil 500 millones de pesos, de los cuales y con base en informaciones publicadas, entre otras cosas se carece hasta de los uniformes requeridos para el personal que labora en dicho sector.
Para materiales y suministros, de un presupuesto original de 40 mil 244 millones de pesos, se incrementó este presupuesto a 56 mil 557 millones de pesos; estos incrementos en cada uno de los factores que integran el desglose total de los gastos efectuados por el sector salud, se ven desmentidos continuamente tanto por la gente que recibe dichos servicios, como el de las continuas quejas de los dirigentes de diferentes sectores populares, tal es el caso de la denuncia hecha por el diputado Juan Díaz Aguirre, dirigente del Sindicato de los Trabajadores del Metro, quien expresó públicamente el ocultamiento de medicamentos e insumos y de la falta de éstos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
En bienes muebles e inmuebles y obras públicas se gastaron 46 mil 600 millones de pesos, destinados a la creación de nuevos centros de salud, que aunados a los 54 mil 790 de materiales y suministros, nos refleja que un importante renglón del presupuesto es enviado a supuestos centros de salud incorporados o en vías de construcción, si estos centros u hospitales nos presentan el avance, como los quieren hacer aparecer, entonces el centro médico del siglo XXI nos da cuenta del gran derroche y corrupción y al mismo
tiempo la ineficacia en el manejo y administración del dinero destinado a estas obras.
Por otra parte, estamos acostumbrados a ver inauguraciones de centros asistenciales, hospitales y ampliaciones, etcétera, hasta tres o cuatro veces de acuerdo a los requerimientos del político en turno; indicándonos posteriormente que debido a los altos costos en los incrementos de los insumos devaluaciones, caída de los precios del petróleo, más las nuevas excusas que se acumulen esta semana. Como ejemplo tenemos la entrada en operación del Hospital Benito Juárez, que requirió el incremento de un 340% de la cifra original.
En la formación y capacitación de recursos humanos, se destinaron 28 mil 690 millones de pesos para incrementar el nivel profesional y de servicio de personal que labora en este sector; desafortunadamente, como lo hemos hecho notar, los resultados de dicha capacitación han sido en forma contraria a los supuestos deseos de los responsables de este sector, esto es evidente debido a las constantes denuncias y demandas realizadas por la población a las diferentes instituciones de salud con que contamos en nuestro país.
Sería interminable indicar en esta intervención todas las quejas que se tiene en contra del sector salud, sobre todo porque ésas son unas pequeñas muestras de las irregularidades y mal servicio de nuestras instituciones.
Si traspoláramos e hiciéramos, como es nuestra obligación hacerlo, a los centros de salud regionales - rurales, nos daríamos cuenta real de la magnitud del problema que representa la ineficiente administración de recursos y la centralización de los mismos en perjuicio de la población a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional.
Creemos que es necesario una supervisión más directa para de una vez por todas erradicar los vicios y corruptelas en beneficio de nuestra población.
Sumándome a la propuesta hecha por nuestro compañero diputado Pérez Fontecha a nombre de nuestro grupo parlamentario, en el sentido de solicitar se turne a las Comisiones de Hacienda y Programación y Presupuesto, y se evalúe periódicamente los objetivos y las metas del ejercicio presupuestal a lo largo del año, solicitando la información sectorial y programática referente al ejercicio del presupuesto del año corriente, independientemente de lo expuesto por el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 43 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Federal, solicitando además en este caso, el apoyo de la Contaduría Mayor de Hacienda, órgano técnico de esta honorable Cámara de diputados, a fin de que esta LIV Legislatura pueda llevar efectivamente un estricto control presupuestal y de justificación en las posibles desviaciones presupuestales, atendiendo esta tarea en el planteamiento que se propone por lo menos cada tres años.
Por otro lado, deberemos de seguir más de cerca todas las denuncias presentadas en contra de este sector para así cumplir con el propósito para la cual fuimos electos, ya que es inadmisible que con un incremento a lo presupuestado de más del 150%, las deficiencias de este sector salud se incrementa en más del 300%
Otro de los objetivos de este sector, fue el de contribuir al bienestar social de la población, incluyendo a los ancianos desamparados e indigentes, pero hemos visto con tristeza que aún en el caso de la iniciativa de la ley presentada en la anterior legislatura por nuestro dirigente nacional, licenciado Carlos Enrique Cantú Rosas, y con el evidente deterioro económico de los supuestamente amparados por las diversas instituciones que componen este sector, no se ha hecho nada para tratar de solucionar, aunque sea en una parte las prestaciones y servicios de los trabajadores pensionados y jubilados de este sector.
Por el contrario, se ha realizado gastos exorbitantes y en la mayoría de los casos en programas ineficientes y de gran corrupción y malversación de fondos que bien pudieron haberse aplicado al bienestar de los trabajadores y de la población en general. Creemos que ya es hora de controlar verdaderamente los egresos de la Federación, sobre todos los sectores que han mostrado mayor incapacidad de administración.
Estamos cansados de que se distorsione la realidad que guarda nuestras instituciones por los elogios mutuos de los integrantes del partido oficial que trata de ocultar y se empecinan en no admitir la realidad prevaleciente.
Queremos hacer una exhortación para que de una manera responsable, el partido de las loas y los aplausos, las felicitaciones y los triunfalismos, se ubique conscientemente y de una vez por todas se preocupe realmente por el bienestar y mejoramiento de nuestro pueblo; desearíamos respetar la conciencia, si la tiene, de los diputados del partido oficial para que conjuntamente con nosotros nos dediquemos más esforzadamente en uno de los grandes problemas que nos agobia y que es el sector salud.
Señor presidente, a nombre del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, solicito respetuosamente que nuestra propuesta sea turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda, Programación, y Presupuesto, para su estudio.
El C. Presidente: - Túrnese a las Comisiones Unidas de hacienda, Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
En uso de la palabra el diputado Astolfo Vicencio Tovar.
El C. Astolfo Vicencio Tovar: - Honorable asamblea: La fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la revisión de la Cuenta Pública tendrá por objeto conocer los resultado de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalado por el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas; y agrega. "si en el examen que realiza la Contaduría Mayor de Hacienda aparecieran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas respectivas del presupuesto o no existiera exactitud o justificación de los gastos, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley".
Al examinar el contradictorio dictamen presentado por la mayoría priísta de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara, en el que todos los diputados de Acción Nacional, miembros de la comisión, votamos en contra por incongruente, llegamos a la conclusión de la Cuenta Pública de la Hacienda Federal correspondiente al ejercicio de 1987, debe ser devuelto no sólo a la comisión, por ajustarse a las normas constitucionales, sino a la propia Contaduría Mayor de Hacienda, a fin de que se aclare todas las dudas y apliquen las recomendaciones que se enlistan en las fracciones I y II del artículo 1ro. del decreto, y aplique acciones legales que se ordenan en el artículo 2do., es más, si son congruentes con su dictamen, los miembros del partido oficial debe votar en contra del mismo y así lo esperamos.
Veamos el porqué de lo contradictorio del dictamen; en el artículo 1ero. del decreto, se hacen veintitrés recomendaciones, que al leerlas nos damos cuenta que la cosa no anda nada bien; escuche algunas de ellas, señores diputados:
Evitar las discrepancias presentadas en algunos casos en la información contenida en el tomo de resultado general y en los volúmenes sectoriales correspondiente; exigir a las entidades una explicación más amplia y clara sobre las variaciones en las metas de los diferentes programas, ponderado el impacto que tiene las mismas, o sea, desviaciones constantes; agregar indicadores que permitían a la Cámara de Diputados, un análisis más profundo del desempeño del sector paraestatal, que posibilite evaluar la evolución de la productividad y eficiencia de las entidades que lo conforman, además, con lo que se refiere al proceso de conversación industrial, destacado sus avances tecnológicos, productivos y administrativos; informar en documento especial, de manera amplia, los criterios, condiciones, términos y montos correspondientes a las operaciones de venta, fusión o liquidación de las empresas paraestatales y el destino de los recursos obtenidos durante el ejercicio fiscal; esto quiere decir que ni siquiera tenemos información de a dónde han ido a parar esos recursos.
Presentar los avances alcanzados por Propemex en la promoción de las exportaciones pesqueras, mediante la diversificación regional del mercado norteamericano, con el propósito de valorar las acciones del comercio exterior que se haya efectuado para mantener el ingreso de las divisas.
Explicar ampliamente las causas por las cuales ejecutaron proyectos de inversión que no estaban incluidos en el Presupuesto de ingresos, y que se informe del efecto que hayan tenido las metas operativas.
O sea, señores, como ustedes ven, hay una serie de algunas en la Cuenta Pública, y por eso nosotros exigimos que se devuelva, no solo a la comisión sino a la propia Contaduría Mayor de Hacienda.
La fracción II del mismo artículo hace también otras recomendaciones en el número de dieciséis, y yo me pregunto, ¿qué pasaría si en cualquier empresa, después de ser auditados los estados financieros, los propios auditores señalaran una serie de fallas graves en la administración y en la información? Lo más probable seria que se realizara esos estados y posiblemente se tomaran medidas más drásticas.
A pesar de todo se trata de justificar al Ejecutivo en el ejercicio del gasto, pues el dictamen de la revisión de la Cuenta Pública Federal de 1987, se asegura que si bien existieron dificultades para el cabal cumplimiento de los criterios señalados en el presupuesto y objetivo establecido en los programas, en términos generales la ejecución del ejercicio para ese año arroja buenos resultados, como es común, también se señala el cumplimiento de metas, pero siempre matizados por los abundantes y ricos aciertos que superan, según el dictamen, los errores en la instrumentación o el precarismo de los resultados.
Dentro de este contexto, el matiz no disimula ni altera la franca inclinación por presentar un buen balance en el ejercicio del presupuesto, a tal grado que raya el absurdo al intentar defender lo indefendible, pero esa defensa a ultranza, siempre se topa con una realidad, necia testaruda para ellos, que invariablemente hace quedar en ridículo al harvardiano gabinete económico, no solo se intenta eximir al gobierno de toda responsabilidad, sino también hacer creer que fue encomiable su labor, pues de no haber actuado de tal forma, la situación del país seria más crítica; asimismo, pretende descalificar cualquier opinión diferente a la del dictamen, al considerar cualquier opinión como solo cuestión de enfoques.
El sentido del voto del grupo parlamentario de Acción Nacional no es cuestión de enfoques, del vaso medio lleno o medio vacío, también se trata de una mera oposición visceral y desligada de toda objetividad, por el contrario, se reconoce la gran debilidad de las finanzas públicas ante los embates tanto internos como externos, la insuficiencia del ahorro para financiar el desarrollo y al gran carga que significa la deuda externa y que la conjunción de todos estos factores ilimitaron la actuación del gobierno, de la misma forma también se reconoce que la política económica no puede ser estática, ésta debe ser flexible y dinámica para dar respuestas adecuadas a una situación conflictiva y cambiante.
Para evaluar de manera objetiva el desempeño del gobierno durante 1987, partimos de la distinción entre modificación de circunstancias y de orientación en el gasto; con base a ésta, analizamos si los pobres resultados son las causas de las mismas circunstancia entre los hechos y la desorientación de la política económica, misma distinción que no aparece en el dictamen.
Así, señores diputados, es por falta de congruencia entre los criterios generales de política económica y el ejercicio del gasto, por lo que el partido Acción Nacional, votará en contra del dictamen.
El sentido de nuestro voto no es tanto de si se cumplió a no una meta, sino justamente por esa incongruencia que influye en los precarios resultados. Esta misma situación se ha repetido en las cuentas públicas de años anteriores, lo que nos explica y da respuesta al porqué es tan voluble nuestra economía.
El 23 de junio de 1986, ante la caída del precio internacional del petróleo, se anunció el Programa de Aliento y Crecimiento (PAC), el cual se fijó como propósito de recuperación sostenida de la economía, el control de la inflación del empleo, la atención a las necesidades básicas, el aliento a la inversión privada, el fomento de las exportaciones no petroleras y el fortalecimiento de las áreas estratégicas del Estado.
Es pertinente hacer hincapié en el total desacuerdo del Partido Acción Nacional hacia una política económica establecida y no cumplida, pues ésta se ha basado en el fomento de las exportaciones petroleras, en una férrea represión salarial y en la subvaluación del peso, en otras palabras, en una contratación de la demanda interna, y lo que es peor, en un empobrecimiento del pueblo mexicano.
Independientemente de esta incongruencia ante el reconocimiento no explícito del gobierno del enorme sacrificio impuesto al pueblo por estas medidas, ese mismo 23 de junio y en reiteradas ocasiones, se dejó a un lado la orientación del gasto social y con esto no se puede compensar la pérdida del poder adquisitivo.
Como parte integral del pacto, durante el bienio 1987 - 1988, se fijaron los siguientes objetivos para 1987: alentar a un crecimiento económico moderado, pero con alta generación de empleo, mediante un mayor disponibilidad de crédito en los sectores privados y social; estímulos fiscales permanentes a la inversión productiva y una reactivación ordenada y selectiva de la inversión pública; renovar el combate a la inflación mediante un esfuerzo adicional de saneamiento de las finanzas públicas y un conjunto de medidas que reduzcan presiones de costo de factores de inercia; consolidar y ampliar el proceso en marcha del cambio estructural mediante el fortalecimiento y la reconversión de las áreas estratégicas y prioritarias del sector público la desincorporación de las entidades públicas que no lo son y la modernización de la planta industrial; impulsar la descentralización de la vida nacional mediante el fortalecimiento del Pacto Federal, la promoción de programas especiales de viviendas y de dotación de infraestructura en ciudades medias prioritarias y la reducción paulatina, pero firme, de los altos costos de la concentración urbana.
En el cuadro 11.1, gasto sectorial del dictamen, se desprende que a los sectores que comparativamente a 1986 se destinaron menores recursos fueron: desarrollo rural, desarrollo regional y urbano y administración, al pasar del 8.2% a 4.7% y 7.0% a 6.4%. 4.8% y 6.8%, respectivamente.
Cabe hacer notar, por lo que se refiere al gasto social en salud laboral, también se redujo su participación en el gasto sectorial al pasar del 13.7% al 13.2%; sólo educación se incrementó; sin embargo, únicamente se aumentó un 2.4% en
términos reales, tasa inferior al crecimiento demográfico.
Así, el gasto social se contrajo, contrario a los pronunciamientos del 23 de junio de 1986; también sufrieron disminución el desarrollo regional y urbano, contradiciendo el objetivo manifiesto de impulsar la descentralización, y por lo que se refiere al sector administración, el mayor recorte se dio en suelos.
Estamos de acuerdo, y así siempre lo hemos señalado, que la burocracia de un país, pero en la actualidad representa una, triste e indisoluble realidad inmediata. Mientras no se reactive la economía por vías eficientes y no demográficas, mientras no se logre el crecimiento de la planta productiva que redunde en una alta capacidad de empleo, no es posible pensar en recortes indiscriminados de personal o en congelamiento de salarios que afectan a una buena parte de la población, como es la que constituye los servidores públicos; por otra parte, los sueldos, prestaciones y canonjías de los altos funcionarios gubernamentales, siguen siendo insultantes en comparación de los percibido por los empleados menores.
Por lo que respecta al primer objetivo, alta generación de empleo, en los Criterios Generales de política Económica se destacan los proyectos de infraestructura hidráulica, rehabilitación de vías férreas, mantenimiento de carreteras y parte del programa especial de vivienda, previsto en 500 millones de pesos, éstos por ser intensivos en mano de obra con bajo contenido importado y con altos efectos multiplicadores sobre la actividad productiva.
No obstante, al comparar lo programado con lo ejercido, todos estos proyectos se recortaron: los programas (OY), conservación y rehabilitación de la infraestructura ferroviaria (OM), conservación y reconstrucción y (FX), desarrollo de área de riego, redujeron su participación con respecto al gesto sectorial correspondiente en 3.29%, 1.9% y 5% respectivamente.
En la orientación del gasto durante el ejercicio de 1987, se puede constatar que no existió apego entre hechos y dichos, por lo cual éstos sólo fueron un engaño como otros tantos del gobierno; en este juego de engaño permanente a la ciudadanía a través del arte, mejor dicho artimaña, de la manipulación de estadísticas, también el gobierno cae en el autoengaño, como es el manejo del desempleo abierto.
Es pertinente señalar que éste es un indicador confiable en un país donde prácticamente todos los ciudadanos se encuentran insertados formalmente en la economía; pero en un país como el nuestro, este indicador dice poco o nada, ya que la enorme mayoría no se encuentra dentro de una actividad formal. Un indicador más confiable, para nuestro caso, sería cómo se ha incrementado el sector marginal e informal, es evidente que al gobierno no le interesa elaborar un indicador que mida el sector marginal e informal, pues sería revelador del fracaso de su política de empleo.
1987, como se puede ver, no es más que otro año de engaño, represión salarial, caída del mercado interno, en síntesis, un empobrecimiento generalizado en la población.
En el dictamen y en reiteradas ocasiones se culpa a la deuda externa de nuestra crisis, si bien el servicio de la deuda externa es enorme, el único camino efectivo para la solución es el crecimiento económico; esto implica un sector agropecuario fuerte, pues no es posible convertir nuestra planta productiva en exportadora, sino se ha dado solución al problema de producción en el campo.
Un dato que nos obliga a trabajar en la reestructuración de la producción en el campo, es el que aparece en el propio dictamen: la importación de los cuatro granos básicos más importantes: maíz, trigo, frijol y arroz creció en un 94%, importamos 94% más que en 1986 de estos granos básicos; en 1986, sólo de estos granos se importaron 2 millones 78 mil toneladas, y en 1987, 4 millones 31 mil toneladas, y lo más grave es el aspecto nutricional y aun cuando se carece de información específica, se puede colegir del consumo per capita global, por lo que nos enteramos que el consumo de frijol bajó el 17.6%, el de trigo en 5.9% y el del maíz en otro porcentaje similar, y así en varios renglones que nos informan de la desnutrición paulatina del pueblo de México.
En el corto plazo, para dar respuesta a la deuda, es necesario buscar salidas por la vía negociada ante los acreedores, sin que esto implique el renunciar a medidas unilaterales, pues la deuda externa es ante todo un problema político, y por lo mismo su solución debe ser política.
En este sentido, no es posible seguir tratando a la deuda como un problema financiero entre acreedor y deudor; el que el gobierno trate a la deuda como un simple problema dualista, deudor - acreedor, no es otra su intensión sino de crear una cortina de humo para no dejar ver nuestro problema que es más interno que externo.
La insuficiencia de recursos para financiar el desarrollo no es tan real, ya que existe un gasto
enorme, el cual sí es posible recortar, sin que esto signifique mayores recortes al gasto social o productivo.
Señores diputados, nos podríamos pasar los días dando a conocer las fallas, que son muchas, muchas más que los aciertos de la Cuenta Pública, pero no es el caso; en lo que sí debemos estar de acuerdo es que la tarea es mucha y ardua, si queremos enderezar las finanzas del país; todos debemos poner nuestro más grande esfuerzo para lograrlo, pero como contraparte exigimos al gobierno, exigimos al Ejecutivo, que no se engañe más al pueblo ni se digan verdades a medias si es que se quiere ganar la confianza ciudadana.
Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Mariano Leyva.
El C. Mariano Leyva Domínguez: - Señor presidente; compañeras y compañeros de Cámara: Quiero dar lectura a la siguiente
PROPUESTA
En el proyecto decreto relativo a la revisión de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1987, en el artículo 1ero., en la página 123, en el párrafo número 9, a la letra dice: "continuar los esfuerzos de racionalización de transferencias y dar mayor información para evaluar de manera más apropiada el impacto de éstas en el empleo, la captación de divisas, la descentralización y el abasto de productos básicos" El Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, propone que dicho párrafo quede de la siguiente manera, para señalar precisamente lo que se refiere a estas transferencias:
"continuar los esfuerzos de racionalización de transferencias y dar mayor información para evaluar de manera más apropiada el impacto de éstas en el saneamiento de las finanzas públicas, el empleo, el apoyo a los sectores prioritarios, el abasto de productos básicos, así como los beneficiarios de éstas".
Firman: Diputados Mariano Leyva Domínguez, Carlos Enrique Sánchez Mendoza y Pedro Manuel Cruz López Díaz."
El C. Presidente: - Por la comisión, tiene la palabra la compañera Yolanda García de Vargas.
La C. Yolanda García de Vargas: - Consideramos que su contenido aclara ampliamente el sentido de la misma, por lo que la aceptamos en todas y cada una de sus formas. Es todo, señor presidente.
El C. Presidente: - Con la participación del diputado Mauricio Valdés Rodríguez, concluye la lista de oradores para la discusión de la Cuenta Pública.
Tiene la palabra el diputado Mauricio Valdés Rodríguez.
El C. Mauricio Miguel Ángel Valdés Rodríguez: - Muchas gracias, señor presidente; compañeras y compañeros diputados: Las finanzas públicas y particularmente la revisión de la Cuenta Pública, es uno de los temas más amplios, suficientemente complejo y con innumerables aspectos de controversia.
Vale la pena, en primer término, aclarar que lo que se hace en este debate del dictamen de la revisión de la Cuenta Pública, es precisamente eso, la revisión de la Cuenta Pública, de la política económica contenida en el Presupuesto de Egresos, y en la Ley de Ingresos aprobados por la Cámara de Diputados para 1987.
Hace un momento, el señor diputado Vicencio Tovar, señalaba de la incongruencia entre algunas partes del proyecto de decreto contenido en el dictamen, fundamentalmente en la fracción I del artículo 1ero. de ese proyecto y basado en ello propuso que se devolviera no sólo a la comisión, sino inclusive al gobierno federal; yo difiero completamente de esa propuesta, señor diputado, porque lo que se contiene en ese artículo es precisamente la búsqueda de elementos, de mayores elementos para que esta materia que es muy compleja, insisto, muy amplia, podamos tener una capacidad más general para su examen.
No es la primera vez que se hace, desde luego, en un decreto de la Cuenta Pública, la revisión de la cuenta, lo hemos venido haciendo constantemente; varios de los diputados de todos los partidos aquí representados estarán de acuerdo conmigo, en que es un esfuerzo permanente por la materia tan compleja, insisto, en que es.
Voy a mencionar sólo uno de los aspectos a los que se refirió el señor diputado, dice aquí en este artículo 1ero. "Agregar indicadores que permitan a la Cámara de Diputados, un análisis más profundo del desempeño del sector paraestatal. que posibilite evaluar la evolución de la productividad y eficiencia de las entidades que lo conforman y, además, por lo que se refiere al proceso de reconversión industrial, destacando sus avances tecnológicos, productivos y administrativos."
De eso se trata exactamente, de que con elementos más objetivos y de manera propositiva incluso, estos indicadores nos permitan ir haciendo un seguimiento dentro de lo que es la evolución de las finanzas públicas, que se refleja cada año en la Cuentas Pública, y que además, como ya decía algún señor diputado, nos sirve para examinar también el proyecto del Presupuesto de Egresos; luego entonces, no es que haya incongruencia, lo que hay es un espíritu de buscar una mejor manera de cumplir con nuestra responsabilidad.
Se trata, en la revisión de la Cuenta Pública, de apreciar la dimensión de los avances y limitaciones en los logros, conforme a las circunstancias de la economía mundial; por eso el dictamen que se somete a discusión trae una explicación relativa a lo que aconteció en ese año en la economía mundial y no sólo economía mundial, también de la economía del país, de cada sector en particular e inclusive de cada una de las entidades, de cada una de las dependencias, de tal manera de tener con ello una panorámica que nos vaya llevando a entender, a comprender, cómo fue la toma de decisiones respecto de la política económica y cómo ésta se pudo ir cumpliendo dadas esas circunstancias.
¿qué duda cabe que cuando alguien se propone ir tomando una decisión en política económica, intenta que la decisión sea la mejor, la más adecuada, o escogiendo inclusive de entre diferentes opciones, en un ambiente adverso, escoger la menos mala? Sólo es el tiempo el que nos prueba cuál decisión fue atinada o qué grado de tino se alcanzó con la toma de decisiones, por eso es válido pues el examen de la Cuenta pública de cada año.
Quiero también señalar que con la revisión de la cuenta no se intenta eximir de responsabilidades a ninguna entidad en particular, ni tampoco a ningún servidor público, contamos con la Contaduría Mayor de Hacienda, que sigue precisamente profundizando en la revisión de la Cuenta Pública de 1987, de la cual apenas nos ha entregado lo que es el informe previo, por eso no intentamos con este dictamen eximir la responsabilidad de nadie.
El trabajo de la comisión, contenido en lo posible en el dictamen a discusión, consistió además en examinar los resultados presupuestales y de los programas, frente a las posibilidades de avance real, con respecto del año anterior y en algunos casos con respecto a los años anteriores.
Voy a tocar algunos aspectos medulares, porque me parece que no podemos dejar sin respuesta algunas de las imputaciones hechas a la economía de 1987, porque a pesar de lo largo que es tradicionalmente este debate, vale la pena escoger estos neurálgicos, diría yo, de debate.
Respecto a la política de deuda externa, se afirmó en esta tribuna que hubo posibilidades de haberse modificado. La experiencia de quienes optaron por la política de la confrontación, no evidencia la falsedad de esa política, también nos muestra que la gran mayoría de los países optamos por la vía de la negociación y en muchos casos esos países siguieron la vía mostrada y abierta por México.
Plantear que se ha comprometido la soberanía, equivocando al camino, sólo puede entenderse como una práctica política, pero nunca como un análisis serio y realista, habría que irse al fondo del examen de la Cuenta Pública Externa, y ver en qué contexto y bajo qué condiciones se tiene que dar este proceso de negociación, en donde la solución favorable al problema de la deuda requiere, en nuestra opinión, además de disminuir la carga, atender y superar los desajustes que la originaron, ésta es precisamente la parte fundamental de la política económica de esta administración, creo que pues, si revisamos la política económica encontraremos la congruencia respecto de cómo se ha enfrentado este problema de la deuda, tanto en lo externo, a través de la negociación abierta, franca, firme, decidida para proteger los intereses del país y por otro lado, en lo interno, combatiendo las causas que lo originaron.
Otro elemento que también aquí se tocó por alguno de los oradores que me antecedieron en el uso de la palabra, fue en relación a las causas del incremento de la tasa de inflación estimada, casi se fue al doble ciertamente respecto de la tasa de inflación esperada.
En la reunión de la comisión quiero recordar, compañeros diputados, el Subsecretario de Planeación y Control Presupuestal de la Secretaría de Programación y Presupuesto, nos expuso con toda objetividad su opinión respecto a esta afirmación y señaló entonces, y lo repito ahora, que no fue provocada por el aumento de la demanda, sino principalmente como efecto de la crisis financiera causada por la caída de los precios internacionales del petróleo de 1986, que como dijo el Presidente Miguel de la Madrid, en su pasado informe de gobierno, fue de tal magnitud el impacto de la caída de los precios internacionales del petróleo, que la pérdida de ingresos por este concepto equivale al valor de la producción de alimentos del país en 1986.
Este asunto, por otra parte y hay que reconocerlo, compañeras y compañeros diputados, el asunto de la inflación no sólo corresponde al gobierno;
ciertamente el gobierno toma decisiones de política económica, pero una de las grandes limitaciones de esta toma de decisiones y no sólo de gobierno mexicano, de todos los gobiernos en materia económica, es que somos los ciudadanos quienes libremente a diario tomamos nuestras propias decisiones en materia económica por eso el control de la inflación corresponde al gobierno y a la sociedad en general, como ha quedado evidenciado desde la concertación lograda con el pacto de Solidaridad Económica.
Sin embargo, es conveniente señalar que a pesar de que durante 1987 la inflación superó la meta establecida al inicio del año, debe también enfatizarse que fue un año de logros importantes, sobre todo en lo que se refiere a la estrategia de cambio estructural, que alguno de los diputados quería entender mejor.
En materia de comercio exterior se concluyó el proceso de apertura económica selectiva que está permitiendo a la planta productiva nacional se haga más competitiva, y que el país genere las divisas que requiere para su desarrollo.
Este es un cambio estructural fundamental de los originaron precisamente el endeudamiento.
Durante este año, hubo avances significativos en cuanto a la diversificación y crecimiento de las exportaciones no petroleras, crecieron un 21% y las de manufacturas la hicieron a un ritmo aún mayor, un 39%.
Otro de los oradores señalaba que después de leer el dictamen de la Cuenta pública...
El C. Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): - señor presidente, ¿me permite una interpelación al orador?
El C. Presidente - Señor diputado, ¿está usted de acuerdo diputado Mauricio en aceptar la interpelación?
El C. Mauricio Miguel Ángel Valdés Rodríguez: - Que me disculpe el señor diputado Pablo Gómez si al final de mi exposición desea que conversemos, con mucho gusto, porque pues en el Partido Revolucionario Institucional tenemos que tomar nuestros turnos para intervenir y cuidamos mucho nuestra intervención en la tribuna, pero después con mucho gusto conversamos.
El C. Presidente: - Continúe entonces, señor diputado.
El C. Mauricio Miguel Ángel Valdés Rodríguez: - Señalaba que hay quien expresó aquí que son dos versiones de la realidad: la del dictamen y la del pueblo de México. Señala aquí y esto quiero pues subrayarlo, tanto la Cuenta Pública que presenta al gobierno federal como el informe previo y también el dictamen, muestran la realidad que se vivió en la economía del país en un ambiente de serias limitaciones, en un ambiente de escasos márgenes de maniobra.
Yo creo que nosotros debemos tener mucho cuidado en la revisión del propio documento en donde se expresa la revisión de la Cuenta Pública, porque no se trata aquí sólo en el dictamen puesto a discusión, de incluir los logros y los aspectos positivos de cómo realizó el gobierno federal su gestión administrativa y económica, se trata, aquí, y la hace la propia Cuenta Pública, de mostrar lo más objetivamente posible lo que aconteció en ese año, y eso es precisamente lo que intentamos los diputados que participamos en la formulación de este dictamen que está a discusión.
Por eso, si ustedes lo revisan con cuidado, observarán que es un documento voluminoso, ciertamente difícil de leer, lo expresé al principio, complejo, con muchos puntos de controversia, pero sin duda alguna que sí trata de reflejar lo difícil que fue el año de 1987 para la nación, para el país, y desde luego para su gobierno.
Hay que tener mucho cuidado porque algún señor diputado que tocó el tema de salud por ejemplo, y pudiéramos citar más, pero por respecto al tiempo de ustedes no lo haré más que ejemplificando este caso. Nos vino a decir aquí que había varias categorías de ciudadanos en cuanto a la atención a la salud, y él mencionó a través de dividir el número de derechohabientes entre el presupuesto ejercido, las diferentes categorías que en su opinión había.
Hay que tener cuidado para hacer estas cuentas, porque si no contamos con esa previsión, ocurre que nosotros no entendemos qué es el gasto que vamos a comparar. El incluye por ejemplo, en el gasto del Seguro Social y en el gasto del Seguro Social y en el gasto del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, prestaciones que no van destinadas directamente al gasto en materia de salud, como sí la hace el sector de la Secretaría de Salud. Esto es lo que muestra una diferencia en la apreciación respecto del destino del gasto público en materia de salud, son tres diferentes categoría, pero estamos sumando parte del presupuesto que no va precisamente a la salud, porque recordemos que tanto el Seguro Social como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tiene parte muy importante en esos presupuestos para prestaciones económicas que no es gasto de salud.
Nosotros pues, en el dictamen a discusión señalamos que no se lograron en su totalidad las metas previstas, se reconoce así, no tenemos por qué venir en un plan triunfalista en un año que todos los mexicanos sabemos lo difícil que fue; sin embargo, sí hay que reconocer, porque sería parcial que el avance fue significativo en la mayoría de las metas de los programas y de los presupuestos por ello es indispensable tomar en cuenta la magnitud de las situaciones adversas, y que en condiciones adversas lo que el gobierno hace es el ajuste de sus instrumentos de la política económica, uno de esos instrumentos precisamente, son las empresas públicas, y de ahí se explica que las empresas públicas para ciertos sectores se consoliden, se fortalezcan en un momento dado, y en otros momentos la estrategia de ese instrumento convenga más al país en su paso, en su descentralización hacia el sector social o privado.
El pacto de Solidaridad Económica, compañeras y compañeros diputados, fue resultado precisamente de la aplicación de las medidas de reforma económica y de cambio estructural, desarrolladas desde principios del gobierno de Miguel de la Madrid.
Es el pacto de Solidaridad, la consolidación de la política económica de está económica de esta administración, y para quien señalaba que el gobierno ha perdido la confianza, la mejor evidencia de que eso no ha sucedido, es el Pacto de Solidaridad Económica, concertado precisamente con los sectores social y privado, de esta manera se evidencia que el gobierno no sólo no ha perdido la confianza de los ciudadanos, mayoritariamente la mantiene como mantiene su política económica, firme, y adecuando los instrumentos que tiene a su disposición.
Señor presidente, en consecuencia de que hemos hecho uso de la palabra un buen número de diputados de diferentes grupos parlamentarios, para debatir este dictamen, le pido que consulte a la asamblea si está suficientemente discutido el dictamen, para que en su caso se someta a votación.
Y a las compañeras y compañeros diputados de todos los partidos, les pido su voto de aprobación a este dictamen. Muchas gracias.
El C. Presidente - Consulte la secretaría si el dictamen se encuentra suficientemente discutido.
El C. secretario José Murat C.: - En votación económica se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Suficientemente discutido, señor presidente.
El C. Presidente: - Con la modificación propuesta por el diputado Mariano Leyva y aceptada por la comisión, proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
El C. secretario José Murat C.: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
El C. Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): - Primero se debe preguntar cuáles artículos se van a reservar.
El C. Presidente - Diputado Gómez, creo que usted no estaba presente cuando se leyó el documento en el cual las fracciones parlamentarias nos sugirieron un procedimiento que permitiese llevar adelante este tipo de votación.
El C. Jesús Ortega Martínez (desde su curul): - Sin embargo en el caso del Partido Mexicano Socialista establecimos perfectamente nuestra reserva para intervenir en el caso necesario.
El C. Presidente: - Sí, como no... de acuerdo diputado.
(Votación.)
El C. secretario Ismael Orozco Loreto: - Señor presidente, se emitieron doscientos cuatro votos en pro y ciento cuarenta y siete votos en contra.
El C. Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular el dictamen con la modificación por doscientos cuatro votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1987.
El C. secretario Ismael Orozco Loreto:
- Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
RECESO
El C. Presidente (a las 17.00 horas): - Esta presidencia declara un receso de una hora para que los señores diputados que no han tomado sus alimentos, lo hagan al igual que el resto de los demás legisladores.
(Receso.)
El C. Presidente (a las 18.10 horas): - Nos vamos a permitir leer las listas de los ciudadanos diputados que están pendientes de hacer uso de la palabra.
(Voces): - No hay quórum.
INSCRIPCIÓN PARA INTERVENCIONES
El C. Presidente: - Para los efectos de que si no hubiese quórum, éste sería el orden de las intervenciones de los oradores en la próxima sesión, pero creemos que sí habrá quórum.
Para el tema de Zumpango, están inscritos los diputados Reynaldo Rosas Domínguez, Alexander Santos Alvarez y Cecilio Barrera.
Para el tema aniversario de la Revolución mexicana, están inscritos los diputados Francisco Salas Hernández, Vicente Fox Quezada, Paloma Hernández Oliva, Hiram Rivera Teja, Alexandro Martínez Camberos y Rosalía Ramírez de Ortega.
Para el tema de damnificados de Yucatán, los diputados Nicolás Salazar Ramírez y Liborio Pérez Elorriaga.
Para el tema de ecología, están inscritos los diputados Jorge Martínez y Almaraz y Fructuoso López Cárdenas.
Para el tema de Jalisco, están inscritos los diputados Raúl Octavio Espinoza Martínez y Julián Orozco González.
Para Mexicana de Cobre, están inscritos los diputados Nelson Madrigal Gómez, Mauricio Valdés Rodríguez y Rosario Guerra.
Los que mencioné con anterioridad, son los diputados que han estado pendientes de hacer uso de la palabra en sesiones anteriores; algunos de ellos tienen tres sesiones de inscritos para hacer uso de la palabra.
En esta sesión están inscritos para el tema de Tlaxcala los diputados Oscar Mauro Ramírez y Alejandro del Castillo.
Para el tema de Chiapas, los diputados Teresa Dorantes Jaramillo y Gerardo Ávalos Lemus.
Para el tema de precios de garantía, los diputados Horacio González de las Casas y Leobardo Gutiérrez.
Son veinticuatro oradores que están pendientes de hacer uso de la palabra.
En todo caso les rogaríamos a los compañeros coordinadores de las fracciones parlamentarias, que se pusieran de acuerdo para que pudiéramos hacer los ajustes correspondientes a la relación de oradores.
El C. Alexandro Martínez Camberos (desde su curul): - Señor presidente, creo que es ostensible la falta de voluntad en continuar la sesión, de otra manera no se explica esta situación.
El C. Presidente: - Antes de dar lectura al orden del día de la próxima sesión, queremos informarles a los señores diputados, que ha habido consenso de los coordinadores de las fracciones parlamentarias, para que después de que se lea el orden del día se levanta la sesión.
Por favor señor secretario, si es tan amable de continuar con el orden del día.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario Ismael Orozco Loreto:
"Cámara de Diputados. - Primer Período Ordinario de Sesiones. - LIV Legislatura.
Orden del día
24 de noviembre de 1988.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del estado de Veracruz.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Con el que se remite el informe de control de cambios.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Antonio González de León, puede aceptar y usar la condecoración de la orden Nacional del Mérito Educativo, Clase Única, que le confiere el gobierno de Brasil.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Enrique Gerard Cortez, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Leopoldo, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de Bélgica.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jorge Alejandro Garibay Silva, pueda prestar servicios en el consulado de Estados Unidos de América, en Monterrey, Nuevo León.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jesús Alcocer Hernández, puede prestar servicios en la embajada de la República de Corea, en México.
Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Con el que se remite el informe de la deuda pública, correspondiente al tercer trimestre de 1988.
Oficios de los ciudadanos secretarios de Programación y Presupuesto, y de Hacienda y Crédito Público.
Con el que se remite el informe sobre la situación económica y las finanzas públicas, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal de 1988.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Enrique Madero Bracho, para aceptar y usar la condecoración de la orden del Sol Naciente, Rayos Dorados y Collar, que le confiere el gobierno de Japón.
De la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Esther Cohen Tarrab, para prestar servicios en la embajada de Israel, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Germán Ignacio Zuñiga Garduño, para prestar servicios en la embajada de la República de Corea, en México.
De la Comisión de gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Miguel Aurelio Reyes Ortega, para prestar servicios en la embajada de Italia, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Judith Valdés Valdés, para prestar servicios en el consulado general de Estados Unidos de América, en Mazatlán, Sinaloa.
Dictamen a discusión
De las Comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y del Distrito Federal, relativo a la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1987."
El C. Presidente (a las 18.30 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 24 de noviembre a las nueve horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA
Y DIARIO DE LOS DEBATES