Legislatura LIV - Año I - Período Ordinario - Fecha 19881228 - Número de Diario 40
(L54A1P1oN040F19881228.xml)Núm. Diario:40ENCABEZADO
LIV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la administración de correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Dip. Socorro Díaz Palacios
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Lic. Benjamín Martínez Martínez
Año I México, D.F. miércoles 28 y 29 de diciembre de 1988 No. 40
SUMARIO
ASISTENCIA
La Secretaría notifica que hay quórum.
APERTURA
Se abre la sesión
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR
Se dispensa la lectura y se difiere para el final de la sesión.
COMUNICACIONES
Del congreso del Estado de Coahuila en la que se notifica la instalación de la LI Legislatura y de la elección de la mesa directiva. De enterado.
Del Congreso del Estado de Nuevo León, en la que se notifica la elección de mesa directiva de su primer período ordinario de sesiones. De enterado.
INICIATIVA DE LEY
El ciudadano Eugenio Ortíz Walls presenta iniciativa que adiciona y reforma la fracción I del artículo 36 de la Constitución de la República. Se recibe y se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DEL ESTADO DE PUEBLA
El ciudadano Mario Rojas Alba demanda la derogación de decreto que incrementa las tarifas de energía eléctrica, del 1º de diciembre de 1987. Se recibe y se turna a la comisión de información, Gestoría y Quejas.
DEL ESTADO DE YUCATÁN
El ciudadano Nicolás Salazar Ramírez denuncia la relación Iglesia - Estado que favorece a una creencia sobre las demás.
Continua el ciudadano Armando Ibarra Garza, reiterando la denuncia al alto clero político y solicita sobre este asunto el dictamen, pendiente por comisiones.
DEL MAESTRO JUSTO
SIERRA MÉNDEZ
El ciudadano Jorge Enrique Minet Ortíz significa el CXLI natalicio del "Maestro de América"
INICIATIVA DE LEY
El ciudadano Liborio Pérez Elorriaga propone decreto para izar la bandera el 3 de enero de cada año a media asta, en honor a Felipe Carrillo Puerto. Se recibe y se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Interviene el ciudadano Carlos Bracho González, para exponer hechos sobre las acciones del actual gobierno.
DICTAMEN
DE PRIMERA LECTURA
EGRESOS DEL DEPARTAMENTO
DEL DISTRITO FEDERAL
De la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 1989.
DICTAMEN A DISCUSIÓN
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN
De la comisión de Programación, Presupuestos y Cuenta Pública, con proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 1989. Distribuido con anterioridad, se dispensa la lectura.
El ciudadano Jesús Rojo Gutiérrez expone hechos en los procedimientos sobre la legislación de México
La presidencia abre el registro de oradores.
El ciudadano Rogelio Montemayor Seguy, a nombre de la comisión argumenta el dictamen propuesto.
Debaten los ciudadanos Gerardo Ávalos Lemus, en contra; Alfonso Garzón Santibáñez, para hechos y en desacuerdo hablan Ignacio Castillo Mena, Manuel Patricio Estévez Nenninger, Félix Mercado Téllez, Víctor Manuel Ávalos Limón y Francisco Pavlovich Robles.
Continúan en el debate los ciudadanos Francisco Santillán Oceguera, a favor y en contra Rafael Melgoza Radillo y Alberto Pérez Fontecha.
Intervienen para alusiones personales Orlando Arvizu Lara y Alberto Pérez Fontecha.
Para hechos hablan los ciudadanos Edmundo Martínez Zaleta, Ernesto Jiménez Mendoza y Juan Jaime Hernández.
Nuevamente para alusiones personales el ciudadano Orlando Arvizu Lara.
Debaten los ciudadanos Mariano Leyva Domínguez, en contra y Humberto Roque Villanueva, a favor.
Se aprueba en un solo acto en lo general y en lo particular los artículos no impugnados del proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación para 1989.
La presidencia notifica que el Partido Popular Socialista presenta documentos sobre la evaluación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1989. Se recibe.
La ciudadana Yolanda García Treviño, a nombre de la comisión presenta proposición del acuerdo de los grupos parlamentarios, para modificar el artículo 39 de la Ley de Egresos. Se acepta por la asamblea.
A discusión en lo particular, los artículos 2º. y 7º. interviene el ciudadano Astolfo Vicencio Tovar, en contra.
A discusión en lo particular los artículos 2º. y 6º., interviene el ciudadano Alfredo Pliego Aldana, para modificar su redacción. Se desecha.
Debaten los ciudadanos Mauricio Valdez Rodríguez; a favor Astolfo Vicencio Tovar, para aclaraciones y Pedro César Acosta Palomino, para ratificar hechos.
Interviene el ciudadano Alfonso Méndez Ramírez, para hechos y propone modificación al artículo 2º., del dictamen. Se desecha.
A discusión en lo particular los artículos 13 y 25, interviene el ciudadano Modesto Cárdenas García, para demandar que la Comisión de Ciencia y Tecnología, emprenda una consulta con los sectores de la investigación científica.
Continúan el debate los ciudadanos Gerardo Ávalos Lemus, para presentar modificación al artículo 2º, del dictamen; Jaime Castrejón Díez, para aclaraciones y María Luisa Calderón Hinojosa, para hechos. Se desecha la propuesta.
Nuevamente los ciudadanos Jaime Castrejón Díez y María Luisa Calderón Hinojosa, para aclaraciones del programa de la oficina del Secretario de Educación.
El ciudadano Rommel Contreras Flores, a nombre de su partido, propone la modificación a fondo del Presupuesto de Egresos para 1989.
El ciudadano Fernando Palacios Vela manifiesta su preocupación por la industria azucarera y propone una legislación completa y el ciudadano Humberto Peña Reyes, su desacuerdo a este punto.
El ciudadano Juan Manuel Verdugo Rosas declara su interés sobre el desarrollo rural integral en México.
A discusión en lo particular el artículo 3º., debaten los ciudadanos Israel Galán Baños, en contra y Alberto Amador Leal, a favor.
A discusión en lo particular el artículo 6º., debaten los ciudadanos Juan Guerra Ochoa, en contra y Ramiro Hernández, a favor.
La ciudadana María Teresa Orduño Gurza presenta propuesta de modificación al artículo 14. Se desecha.
El ciudadano Juan Antonio García Villa presenta propuesta de modificación al artículo 6º. Se desecha.
El ciudadano José Antonio Ríos Rojo presenta propuesta de modificación al artículo 14. Se desecha.
A discusión en lo particular el artículo 7º., debaten el ciudadano Pablo Gómez Alvarez, en contra y el ciudadano José Jaime Enríquez Félix, para presentar propuesta de modificación. Se desecha.
Hace uso de la palabra el ciudadano Rogelio Montemayor Seguy, solicitando apoyo al dictamen.
Expresa el ciudadano Antonio Carlos Hernández, algunos juicios sobre la modificación aceptada por la asamblea al artículo 39. 207 Se aprueban en un solo acto los artículos 2º., 3º., 6º., 7º., 9º.,13, 14, 25, y 39 con la modificación aceptada por la asamblea.
Se aprueba en lo general y en lo particular el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1989. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
DE LA FUGA DE CAPITALES
El ciudadano Rafael Campos López presenta proposición, con punto de acuerdo sobre este punto, para que se turne a las comisiones. Se recibe. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
INICIATIVA DE DIPUTADOS
PARA REFORMAS
DE LA LEY FEDERAL
DE RESPONSABILIDADES
DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS
El ciudadano Luis Miranda Reséndiz, presenta la iniciativa de esta
ley. Se recibe. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
PARA REFORMAS
Y ADICIONES AL CÓDIGO
PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL
La ciudadana María del Carmen Rosalía Ramírez de Ortega presenta la iniciativa de esta ley. Se recibe. Se turna a la Comisión de Justicia.
DICTAMEN A DISCUSIÓN
EGRESOS DEL DEPARTAMENTO
DEL DISTRITO FEDERAL
De la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal de 1989. Distribuido con anterioridad, se dispensa la lectura.
La presidencia abre el registro de oradores para su discusión en los general.
El ciudadano Joaquín Alvarez Ordóñez, por la comisión, expone sus planteamientos y comentarios al dictamen.
Intervienen en contra los ciudadanos Jorge Galván Moreno, Gloria Rodríguez Aceves y Gilberto Ortíz Medina.
Continúan con el debate los ciudadanos Patricia Olamendi Torres, Jorge Schiaffino Isunza, Miguel Aroche Parra, José Luis Luege Tamargo y Fructuoso López Cárdenas.
Se aprueba en lo general y en lo particular el Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para 1989. Pasa el Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
INICIATIVAS DE DIPUTADOS
PARA ADICIÓN DEL ARTÍCULO
107 CONSTITUCIONAL
El ciudadano Gaudencio Vera Vera presenta iniciativa a esta Ley. Se recibe. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
PARA PROYECTO SOBRE
HOSTIGAMIENTO SEXUAL
CONTRA LAS MUJERES
EN EL ÁMBITO LABORAL
La ciudadana Hilda Anderson Nevárez de Rojas presenta proyecto de la iniciativa mencionada. Se recibe. Se turna a la comisión de Justicia.
DE LAS OLIMPIADAS DE SEÚL
El ciudadano Jorge del Rincón Bernal solicita excitativa de su proposición, presentada en el mes de octubre a la Comisión de Educación.
DE LOS PAQUETES
ELECTORALES
El ciudadano Leopoldo Salinas Gaytán solicita excitativa de su proposición presentada en el mes de septiembre a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
INICIATIVA DE LEY
PARA CREAR EL ESTADO
DE ANÁHUAC
El ciudadano Julio Jácome López, presenta proyecto de esta ley. Se recibe. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DICTAMEN DE PRIMERA
LECTURA
LEY FEDERAL
DE PROTECCIÓN
AL CONSUMIDOR
De la Comisión de Comercios, con proyecto de decreto que forma y adiciona la ley citada.
El ciudadano Juan Jaime Hernández por parte de la comisión, presenta la primera lectura y la asamblea dispensa la segunda lectura de esta ley.
Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto
que reforma y adiciona la Ley Federal de Protección al Consumidor. Pasa al senado para sus efectos constitucionales.
OFICIOS DE LA SECRETARIA
DE GOBERNACIÓN
INVITACIONES
Del gobierno de Cuba, relativo a la celebración de XXX aniversario de su revolución. Se designa comisión.
Del Congreso del Estado de Tabasco, a la protesta de ley como gobernador constitucional del estado del ciudadano Salvador J. Neme Castillo. Se designa comisión.
COMUNICACIÓN
De la honorable Cámara de Senadores, protesta de ley, referente al ciudadano Morelos Canseco Gómez, como Oficial Mayor y al ciudadano Ricardo Augusto Trejo Hernández, como Tesorero de la misma. De enterado.
INTERPARLAMENTARIAS
Proposición de la Gran Comisión, relativo a las reuniones interparlametarias de México - Estados Unidos de América y de México - Canadá . aprobado.
CIERRE DEL PRIMER
PERIODO ORDINARIO
La mesa directiva designa comisiones de cortesía para participar que la honorable Cámara de Diputados cierra su primer período ordinario.
DICTÁMENES
A DISCUSIÓN
DEL DECRETO QUE ABROGA
LA LEY PARA EL MANEJO
DE LA CLÍNICA PRIMAVERA
DE ORTOPEDIA
De la Comisión de Salubridad y Asistencia, con decreto por el que se abroga la ley que creo el patronato para el manejo de la Clínica Primavera de Ortopedia. Distribuido con anterioridad, se dispensa la lectura.
El ciudadano Víctor Manuel Sarabia Luna, de la Comisión de salubridad y Asistencia, presenta un agregado a la exposición de motivos.
Se aprueba en lo general y en lo particular el decreto. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR
Con una aclaración, se aprueba.
ELECCIÓN DE DIPUTADOS
PARA LA COMISIÓN
PERMANENTE
La presidencia hace la declaración de la Comisión Permanente que funcionará durante el primer receso de la LIV Legislatura.
La presidencia declara formalmente terminados sus trabajos del primer período ordinario de sesiones. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DE LA CIUDADANA SOCORRO DÍAZ PALACIOS
(Asistencia de trescientos cincuenta y seis ciudadanos diputados)
ASISTENCIA
EL C. prosecretario José Antonio Montes Vargas: - Hay una asistencia de 356 ciudadanos diputados. Hay quórum.
APERTURA
La C. Presidenta (a las 12.20 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario José Antonio Montes Vargas:
«Cámara de Diputados. - Primer período ordinario de sesiones. - LIV Legislatura.
Orden del día
28 de diciembre de 1988.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Coahuila y Nuevo León.
Dictamen de primera lectura
De la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal de 1989.
Dictamen a discusión
De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1989.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
La C. Presidenta: - El siguiente punto del orden del día, es la lectura de la sesión anterior.
El C. prosecretario José Antonio Montes Vargas: - Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a la asamblea si se autoriza que se presente al acta de la sesión anterior al término de esta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado, ciudadana presidenta y se autoriza.
COMUNICACIONES
El C. prosecretario Juan Jaime Hernández:
«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados. - Palacio Legislativo. - Av. Congreso de la Unión s/n, México 15380, Distrito Federal.
Para los efectos del artículo 18 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, manifestamos a ustedes que ha sido constituido el Congreso del Estado de Coahuila, e instalada la LI Legislatura, habiéndose designado la mesa directiva de este poder Legislativo que funcionará del día 15 del mes en curso al 14 de diciembre próximo, quedando integrada de la siguiente manera:
Presidente, Blanca Yasmina de Hoyos Miwa; Vicepresidente, José Luis Chaires Medina; secretario profesora María Antonieta Navarrete Ramos; secretario profesor Federico Borjón de los Santos, sustitutos Fernando Acosta Esquivel, Miguel Ángel Faz Escareño, Fidel Hernández Puente y Yolanda Elizondo Maltos.
Protestamos a ustedes las seguridades de nuestra distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Saltillo, Coahuila, noviembre 14 de 1988. - Diputados secretarios: Profesora María Antonieta Navarrete Ramos, profesor Federico Borjón de los Santos.»
Trámite: - De enterado.
El mismo C. Prosecretario:
"Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Palacio Legislativo. - México, Distrito Federal.
Estando a lo preceptuado por el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la honorable LXV Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, eligió la mesa directiva que fungirá durante los primeros días del mes de diciembre de 1988 dentro de su primer período ordinario de sesiones, correspondientes al primer año de su ejercicio legal, misma que quedó integrada de la siguiente forma:
Presidente, Rogelio Villarreal Garza; vicepresidente, María Jacoba Niembro de Lobo; secretarios Armando Chavéz Rodríguez, Juan Cuspinera Pérez, y tesorero Ramiro Moreno Ortega.
Sin otro particular, reiterámosle las seguridades de nuestra consideración distinguida y atenta.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Monterrey, Nuevo León a 31 de noviembre de 1988. - Honorable Congreso del Estado. - Secretarios; Arturo Cantú Garza y Antonio López Rocha.»
Trámite: - De enterado.
La C. Presidenta: - La presidencia informa a la asamblea que han solicitado hacer uso de la palabra, para presentar una iniciativa de ley por parte del Partido Acción Nacional, el ciudadano diputado Eugenio Ortíz Walls; para tratar un problema relacionado con el estado de Puebla, el ciudadano diputado Mario Rojas Alba; para tratar una denuncia relativa al estado de Yucatán, el
ciudadano diputado Nicolás Salazar Ramírez, para hablar en torno a una iniciativa de ley, el ciudadano diputado Armando Ibarra Garza y para presentar una denuncia el ciudadano diputado Gerardo Ávalos.
INICIATIVA DE LEY
La C. Presidenta: - Para presentar una iniciativa de ley, tiene la palabra el ciudadano diputado Eugenio Ortíz Walls.
El C. Eugenio Ortíz Walls: - Partido Acción Nacional; con el permiso de la presidenta.
«Honorable asamblea: Los que suscriben, diputados a la LIV Legislatura al Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido por los artículos 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno del Congreso General, ponemos a consideración de esta Cámara de Diputados la presente iniciativa que adiciona y reforma la fracción I del artículo 36 de la Constitución General de la República.
La Ley electoral promulgada el 19 de diciembre de 1911 por el presidente Madero incluyó un amplio capítulo referido al censo electoral. "Una atención especial a los instrumentos que permitieran elecciones limpias", era la respuesta lógica de la Revolución al largo período antidemocrático que le antecedía.
A partir de esta ley, todos los posteriores ordenamientos legales que han regido la materia, han incluido extensos y variados capítulos, para prefigurar a través de décadas, "una institución de servicio público, con funciones permanentes, encargada de mantener al corriente el registro de los ciudadanos, de expedir las credenciales de elector y de formar el padrón electoral" que debe proporcionar a los organismos electorales y a los partidos políticos en cada proceso electoral federal. Este es el caso del Registro Nacional de Electores, cuyo nombre aparece por primer vez en la Ley Electoral Federal de 1951 y, que subsiste en el Código Federal electoral vigente, integrado en su Libro Tercero con tres títulos, nueve capítulos y cincuenta y nueve artículos.
No es posible aceptar, sin embargo, como un supuesto válido que la creación de una estructura come el R.N.E., y la determinación de sus funciones basten para garantizar el cumplimiento de sus fines.
El pueblo mexicano reclama algo más que otra reforma electoral. El pueblo mexicano reclama en 1988, una profunda reforma democrática. Acción Nacional se vincula a esta reforma de fondo que en diversos órdenes demanda la nación entera para constituir cabalmente la República representativa, democrática y federal que enuncia la Constitución.
Acción Nacional reivindica en primer término el concepto de la actividad política afirmando " que el deber político, como todo deber, es un deber moral que tiene como objeto la participación de los ciudadanos en la vida pública, con miras a organizar un ambiente social que garantice los derechos fundamentales del hombre y la realización de las exigencias del bien común".
Es esencial que todo intento de reformas políticas se ajuste a criterios democráticos y contemple el problema como un todo cuyos elementos constitutivos deben ser ordenados con sentido común. Racionalmente no es concebible "un sistema político en el que cada vez más, se repiten las acusaciones de fraude electoral, se incrementa el número de conflictos en elecciones locales y federales y donde también los ciudadanos y los partidos político han externado más de una vez su desconfianza en el padrón electoral.
Por todo ello, las finalidades y atribuciones, así como la estructura y la operación del Registro Nacional de Electores deben revisarse para adecuarlas a los requerimientos democráticos del país. El R.N.E., en su estado actual acusa deficiencias y errores culpables de tal magnitud, que a la fecha no ha llegado a producir un padrón electoral confiable.
Un sistema político capaz de asegurar la legitimidad de la representación, debe sustentarse en un censo ciudadano inobjetable, depurado y actualizado, técnicamente formado sin el interés inmediato de una elección. En consecuencia, es necesario la formación adecuada y el buen funcionamiento de un registro ciudadano permanente, concebido como un servicio público esencial para la acreditación de la ciudadanía no circunscrita a lo meramente electoral.
El artículo 9º. constitucional, prescribe que solamente los ciudadanos de la República pueden intervenir en los asuntos políticos del país. Los artículos 34, 35, 36, y 38, señalan los requisitos, las prerrogativas y las obligaciones de los mexicanos con calidad de ciudadanos, así como los casos en que sus derechos se suspenden. Nuestra Carta Magna "acredita", así expresamente, a los ciudadanos como "la parte del pueblo políticamente capacitada" para ejercitar derechos y cumplir obligaciones íntimamente ligados con la estructura jurídico - política de la nación y con la integración y el funcionamiento de los órganos de gobierno.
Es indubitable que la Constitución reconoce la alta dignidad de la titularidad ciudadana y la necesidad de la formación adecuada y el buen funcionamiento de un conjunto de instituciones que puedan hacer posible, garanticen y estimulen el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones del ciudadano, sujeto insustituible de la vida democrática.
Por estas consideraciones, proponemos elevar a rango constitucional la organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de ciudadanos y la expedición de un documento único que acredite la titularidad ciudadana y tenga efectos de cédula de identidad con valor probatorio en cualquier instancia, como servicio de interés público, y por tanto, responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos, adicionando un párrafo a la fracción I del artículo 36 constitucional.
Se propone también en esta iniciativa, la reforma de la fracción I del mismo artículo 36 constitucional, para establecer como obligación del ciudadano de la República inscribirse en el Registro Nacional de ciudadanos, suprimiendo la frase "inscribirse en los padrones electorales".
La introducción en nuestra "Carta Magna" de la adición y reforma que proponemos, ha de significar el funcionamiento eficaz de un registro ciudadano, concebido no como un censo circunstancial, sino como un servicio público esencial para el ejercicio de la ciudadanía y para todos los procedimientos relacionados con el sufragio.
Fundados en esta primera propuesta, hemos de presentar en su oportunidad las conducentes proposiciones para determinar la autonomía, la estructura y las funciones específicas del órgano responsable del Registro Nacional Ciudadano, así como las formas de integración de los ciudadanos y de los partidos políticos en las tareas del mismo.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Honorable Constituyente Ordinario a que se refiere el artículo 135 de nuestra Ley Fundamental, la siguiente.
INICIATIVA DE REFORMA Y ADICIÓN A
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo único. Se reforma y adiciona la fracción I del artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en la forma siguiente:
Artículo 36...................................................................
I. Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; así como también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen las leyes.
La Organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana son servicios de interés público, y por tanto, responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley;
TRANSITORIO
Artículo único. La presente adición y reforma entrar en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 28 de diciembre de 1988. - Juan Miguel Alcántara Soria, Gildardo Gómez Verónica, Gerardo de Jesús Arellano Aguilar, Fernando Antonio Lozano Gracia, Donaciano Ambrosio Velasco, Juan José Medrano Castillo, Jorge del Rincón Bernal, María del Carmen Segura Rangel, Hiram Escudero Alvarez, Gaudencio Vera Vera, Juan Antonio García Villa y Eugenio Ortíz Walls.»
La C. Presidenta: - Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DEL ESTADO DE PUEBLA
La C. Presidenta: - Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Mario Rojas Alba.
El C. Mario Rojas Alba: - Con el permiso de la señora y compañera diputada de la presidencia de este Congreso; con el permiso de la asamblea: Vamos a tratar un asunto relacionado con la derogación del decreto que incrementa las tarifas de energía eléctrica del presente año.
Antes yo quiero hacer una reflexión sobre la forma como estamos legislando y yo estoy haciendo un esfuerzo para poderme comunicar por la mañana porque siempre, por algún motivo, me toca exponer los puntos en la madrugada o en las últimas horas de las sesiones. Espero que esto sea una cuestión meramente coincidencial y no tenga que ver con otro asunto.
Es decir, que a fuerza de necesidad me he transformado en especialista en decir mis puntos de vista a asambleas cansadas y agotadas.
En esta ocasión, le agradezco a la presidencia de que ayer me diera esta oportunidad de presentar el presente documento hoy, a primeras horas.
Y decía yo que era necesario reflexionar en la forma que venimos trabajando, en la forma en que venimos legislando, podemos entender qué tipo de motivaciones y qué tipo de tendencias se manifiestan en el Congreso.
Una de las preguntas que yo me he hecho es: ¿Hasta dónde ve la conciencia de los legisladores? ¿A quién escucha el corazón de los legisladores? ¿Para quién dedica su intelecto la mayoría de los legisladores?
Considero, con toda franqueza, que la mayoría de los priístas, y es una crítica honesta que así la considero, única y exclusivamente se escucha y siente las iniciativas que les manda el Ejecutivo.
Un grupo de ciudadanos o un grupo de campesinos humildes que plantean sus problemas, que plantean sus alternativas, muy difícilmente tienen una salida rápida o una atención inmediata en esta Cámara , no así todas aquellas iniciativas que manda el Ejecutivo y que incluso sin suficiente discusión, sin suficiente fundamentación se están aprobando aquí al vapor.
Es decir, hay un grupo importante de legisladores, que tienen una manifestación inconsciente de desprecio a las iniciativas que vienen directamente de la base y del pueblo mexicano. Y hay una actitud, perdonen que lo diga, una actitud servil, aprobar todo lo que venga del Ejecutivo.
En este sentido, la propuesta que voy a hacer hoy, se me encomendó a través de representantes de treinta y dos pueblos del estado de Puebla y a la vez esta iniciativa se está estudiando en el estado de Morelos, en el estado de Michoacán, y va a tener sobre todo una fuerte sustentación de carácter popular, en el momento en que sea necesaria la movilización y la presión de carácter de base.
En un documento que se me envía para que sea leído en esta Cámara, dice lo siguiente:
«Muy estimado compañero. El Comité Ejecutivo de la Unión Regional Campesina, que agrupa a más de treinta pueblos de la región de San Martín Texmelucan, Huejotzingo y Cholula, del estado de Puebla, se está dirigiendo a usted de la manera más respetuosa, para que a través de la representación popular que ostenta, eleve nuestras demandas ante el pleno de la asamblea legislativa respecto a las tarifas de energía eléctrica que se elevaron en un 85% a partir del decreto del 17 de diciembre de 1987 y como resultado del mal llamado Pacto de Solidaridad Económica.
Nuestra región está catalogada como una de las más altamente productivas en alimentos básicos, como maíz, frijol, hortalizas, carne, leche, huevos, entre otros. Habiendo sido en el pasado reciente uno de los centros abastecedores de alimentos para las grandes zonas urbanas como el Distrito Federal, Puebla y estados circunvecinos.
No obstante la importancia vital que representa esta zona agrícola, desde hace más de veinte años los gobiernos estatal y federal han privilegiado de manera irracional el establecimiento de dos corredores industriales: autopista San Martín - Puebla y Quetzalcóatl, que se encuentran a lo largo de la carretera federal San Martín Texmelucan - Puebla, ofreciendo al capital extranjero nuestros grandes y valiosos recursos como son la tierra y el agua a bajísimos costos, en grave perjuicio de los siempre marginados y olvidados campesinos.
En la actualidad grandes extensiones de tierras han sido ocupadas por la industria, ocasionando graves consecuencias sociales, económicas y físicas; desempleo, elevación del costo de la vida, contaminación del agua y la tierra, agotamiento progresivo de los mantos acuíferos, entre otros, habiendo en nuestro estado grandes extensiones de tierra no aptas para la agricultura en donde bien podrían establecerse las industrias.
Junto a la gran problemática que a grandes rasgos hemos descrito, la política económica antipopular del gobierno mexicano ha impactado en gran medida al agro, pues los implementos en insumos agrícolas, maquinaria, fertilizantes, insecticidas, semillas, etcétera, se han elevado tanto en los últimos años que prácticamente hacen incosteable el trabajo en el campo. Esto aunado con los bajos precios de garantía.
En el marco de la elevación de precios de los servicios, como el de la energía eléctrica para los pozos de riego, agua potable rural y el consumo general, los campesinos nos hemos visto gravemente afectados, toda vez que las tarifas de luz absorben el 30% de los costos de producción agrícola; por lo que prácticamente sólo trabajamos para pagar dicho servicio, impuestos, insumos, etcétera, viéndonos imposibilitados a cumplir con el pago de las altas tarifas de energía eléctrica.
El citado decreto presidencial, ha tenido la virtud de profundizar aún más nuestra ya de por sí precaria situación económica y a desalentar la inversión en el campo, acentuándose graves consecuencias que anotamos a continuación:
Una disminución progresiva de la producción agrícola en la zona. Mayor desabasto de alimentos para los grandes centros urbanos. Abandono o rentismo de la tierra.
Mayor desempleo entre los campesinos. Desnutrición progresiva de los sectores desprotegidos.
A lo largo del presente año y ante el incremento efectivo de las tarifas de luz, se ha levantado una ola de protesta e indignación de más de trescientos sociedades agrícolas que se han convertido en un movimiento organizado y que lo ha llevado a realizar grandes movilizaciones, como: Tomas de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, plantones en oficinas gubernamentales y concentraciones populares y campesinas, habiendo logrado el gobernador del estado, licenciado Mariano Piña Olaya, una ayuda económica del 30% en los pagos de los recibos de luz para pozos de riego y agua potable, sólo durante los meses de abril, mayo, junio y julio del año en curso que, desde luego, resultaron insuficientes durante el período estiaje.
Por lo que pedimos una revisión justa de las tarifas de energía eléctrica, que partan de estudios socioeconómicos serios y que pueda preservarse la garantía de la producción agrícola necesaria para alimentar a nuestros pueblos. A la vez reafirmamos nuestra decisión de hacer uso de nuestros derechos constitucionales, como el amparo y protección de la justicia federal o la misma huelga de pagos a la Comisión Federal de Electricidad, de la cual los únicos responsables serán, los funcionarios gubernamentales carentes de sensibilidad política y realismo hacía las grandes mayorías.
Por lo anterior expuesto y ante la disyuntiva en que se nos sigue colocando, de trabajar sólo para pagar tarifas, impuestos e insumos o para producir alimentos que el pueblo necesita, demandamos:
Primero. Revisión y ajuste de las tarifas 09 y 06 para pozos de riego y agua potable rural, de tal manera que el precio de la citada tarifa no rebase el 5% del costo de producción por hectárea.
Segundo. Eliminación de los llamados rangos de la tarifa 09 y 06 que aumentan el precio del kilowatt - hora a mayor consumo, limitando a los campesinos de hacer uso de los pozos de riego.
Tercero. Estudio socioeconómico y técnico para determinar con toda justicia el precio de la tarifa de energía eléctrica.
Cuarto. La desaparición del Impuesto al Valor Agregado "IVA" en las tarifas de energía eléctrica. En espera de contar con la comprensión y el apoyo de la fracción parlamentaria de la Corriente Democrática y del Frente Democrático Nacional, así como de todos los diputados de oposición, nos es grato reiterarle nuestro agradecimiento y respeto.
Atentamente la Unión es la Fuerza.
Unión Regional Campesina.
Firman representantes de treinta y dos pueblos y está apoyado el documento por el diputado federal Mario Rojas, el diputado Alfredo Torres, Pablo García, Lorenzo Martínez, Ignacio Castillo Mena; se solicita que este documento sea turnado a la Comisión de Energéticos, pero antes de lo mismo quiero hacer constancia de que tenemos aquí a nuestra vista las firmas de estos treinta y dos pueblos del estado de Puebla y me gustaría, si la presidenta instruyera a uno de sus secretarios, para que diera lectura al documento en donde se encuentran las firmas de los pobladores de esta región.»
La C. Presidenta: - Ruego a la secretaría atienda la petición del ciudadano diputado Rojas.
El C. secretario Ismael Orozco Loreto: - "Unión Regional Campesina. Asunto: Derogación de decreto que incrementa las tarifas de energía eléctrica. Los suscritos, ciudadanos y vecinos del pueblos de San Lorenzo Chihuatzingo, Puebla, agrupados en la Unión Regional Campesina, solicitamos muy atentamente a este honorable Congreso de la Unión, su valiosa intervención a fin de que sea derogado el decreto publicado el 17 de diciembre de 1987, que incrementa las tarifas de energía eléctrica en un 85% por kilowatt - hora consumido, situación que ha agravado la producción de alimentos básicos, agregándose los altos costos de insumos agrícolas, lo que ha ocasionado la incosteabilidad de la producción en el campo.
Los campesinos de esta organización esperamos ser escuchados y atendidos favorablemente en nuestra petición, en un acto de justicia ante la grave marginación y pobreza en la que nos encontramos. Reiteramos nuestros respetos y atenciones. Atentamente. Unión y Progreso."
Hay varias más de diferentes pueblos y firmadas en casi todas ellas totalmente.
El C. Mario Rojas Alba: - Muchas gracias compañero secretario. Espero que este tipo de solicitud que nos hacen los campesinos pueda gozar,
cuando menos también del apoyo de la Confederación Nacional Campesina, creo que es bastante justo.
Para terminar nada más quiero decir lo siguiente: la tarifa 09 que es la que están aplicando en el consumo de energía de los pozos de riego es muy diferente a la 05 que es la tarifa que están pagando los industriales y representa el 30% más cara la energía que usan los campesinos en el riego que la que están usando los industriales de la región que ellos mismos nos señalan. Muchas gracias, compañeros.
La C. Presidenta: - La presidencia quiere informar al ciudadano diputado Rojas que por sus propias funciones institucionales y los vínculos que tiene, la Comisión de la Cámara que normalmente trata asuntos como los que él ha planteado aquí es la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
Le quiero preguntar si tiene inconveniente en que nosotros le demos trámite a la queja que él ha planteado a esta comisión.
El C. Mario Rojas Alba: - Adelante.
La C. Presidenta: - Recibo y túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados.
DEL ESTADO DE YUCATÁN.
La C. Presidenta: - Tiene el uso de la palabra, el ciudadano diputado Nicolás Salazar Ramírez.
El C. Nicolás Salazar Ramírez: - Compañera diputada presidenta: Compañeras y compañeros diputados: Con motivo de la invitación que se hizo el 1º de diciembre al Nuncio Apostólico y al alto clero, se ha desatado una fiebre de imitaciones, que hace que los gobernadores inviten a los arzobispos a las ceremonias oficiales, dándoles jerarquía protocolaria, y mezclando nuevamente los asuntos de una sola iglesia con el gobierno. Tal es el caso del Informe del Gobierno que hará el gobernador de Yucatán el 5 de enero.
La prensa anuncia que ya que ha sido invitado el Arzobispo de Yucatán, pero, ¿por qué no invitar a jerarcas de los religiosos mayas en su propia tierra, o a las numerosas sectas protestantes que florecieran en la región en los últimos años? (aplausos.) ¿Por qué sólo al de una religión aunque sea importante? Lo hace porque esta invitación pretende tener un sentido político pretenden demostrar que la Iglesia y el Gobierno están nuevamente unidos; pretenden demostrar que nada ha cambiado en México desde hace ciento sesenta años.
México no tiene por qué revivir discusiones que han sido zanjadas por la historia. Las relaciones Iglesia - Estado se definen con claridad en la Constitución. (Aplausos.)
Debe quedar claro que la libertad de cultos no se establece contra una religión, sino a favor de todas las religiones. La Constitución habla de las asociaciones religiosas denominadas iglesias, y no de una iglesia en particular.
Fue precisamente el caso contrario, en el que orilló a la reforma; una sola iglesia excluía a las demás. Esa iglesia obedecía a la autoridad de un estado extranjero, con alianzas que amenazan nuestra soberanía.
Reconocer al estado vaticano, es aceptar dentro de México, la vigencia de una ley, de una jerarquía que obedece a un país distinto. No olvidamos que antes de Juárez el poder eclesiástico se sustraía de la autoridad civil que excluía del sepulcro en los entonces exclusivamente religiosos aquéllos que no profesaban la que entonces era religión única.
No puede volverse a la relación Iglesia - Estado que favorezca a una creencia sobre los demás. Todas pueden existir, ninguna tiene por qué igualarse al Estado, ni tampoco por qué ser excluida. Si se fuera equitativo al dar jerarquía protocolarias a los jefes religiosos, podrían invitarse a las ceremonias oficiales a rabinos, pastores, protestantes o miembros de las múltiples religiones y sectas de cualquier grupo.
No puede desconocerse el papel histórico de las relaciones de la iglesia y el Estado. Un sacerdote, Hidalgo, proclamó la independencia contra un alto clero que lo mandó a la inquisición y a la muerte. De otro, Morelos, sacamos nuestras bases constitucionales, mientras un alto clero defensor de privilegios daba bases a los conservadores para tratar de imponer un sistema basado en privilegios.
Hoy son respetables aquellos ministros que opinan fuera de las iglesias en favor de la democracia o la justicia para los pobres. Pero ese respeto, no debe reabrir el paso a las ambiciones de las altas jerarquías que ya han definido su alianza política en favor de los privilegios, a favor de potencias internacionales, en favor del partido político oficial; cumplamos la ley y la Constitución, respetemos bien el estatus y la separación existente.
No removamos aguas dolorosas ni entremos por ahora a un juego político que olvide y disfrace los grandes objetivos, está en juego la soberanía nacional, abrir debates sobre estos asuntos o violar la ley en ellos, no traerá consigo ni el regreso ni la modernización, sólo traerá discusión inútil. He dicho, señores.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Armando Ibarra Garza, del Partido Popular Socialista.
El C. Armando Ibarra Garza: - Con su venia ciudadana presidenta; compañeras y compañeros diputados: He pedido el uso de la palabra para dos cosas, una para reiterar la permanente denuncia del Partido Popular Socialista sobre la violación a la Constitución del alto clero político que hoy engallado pretende derogar el artículo 130 constitucional, con el apoyo de las autoridades.
Además he pedido el uso de la palabra para hacer una petición.
No pude pasar inadvertido compañeros diputados, lo que aquí se acaba de anunciar por parte del compañero que me acaba de anteceder en el uso de la palabra. Estos hechos deben preocupar a las fuerzas democráticas del país porque no es una cortina de humo que el Partido Popular Socialista haya levantado en torno a la votación, a la conducta anticonstitucional, del clero. Porque esto que hoy sucede, tiene un filo político que es retroceder a etapas que el país ya canceló.
El 20 de diciembre del presente año, el Partido Popular Socialista, presentó a través de un documento, formal exigencia al titular de la Secretaría de Gobernación, al señor Fernando Gutiérrez Barrios, la aplicación del artículo 33 de la Constitución General de la República, al señor Gerónimo Prigione, ya que desde hace tiempo, ha estado interviniendo constantemente en los asuntos políticos de nuestro país, cuestionando el régimen constitucional y pidiendo la derogación del artículo 130 de la Constitución Mexicana.
Pero, estas acciones se han incrementado a partir del 1º de diciembre de 1988 cuando el licenciado Carlos Salinas de Gortari, violando la Constitución invocó a la iglesia como interlocutor del Estado.
Si bien es cierto que los derechos políticos otorgados a los ciudadanos mexicanos están garantizados en los artículos 35 y 36 y otros de la propia Constitución, también es cierto que dichos derechos en ningún caso se conceden a los extranjeros, ya que el artículo 33 de nuestra Carta Magna sólo concede a los extranjeros las garantías individuales, pero en ningún caso derechos políticos.
El Partido Popular Socialista en este mismo documento sostiene que el señor Prigione se ha hecho acreedor a la aplicación de la medida que señala el propio artículo 33, cuando dispone que el Ejecutivo de la Unión, tendrá la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional inmediata y sin necesidad de juicio previo a todo extranjero cuya presencia juzgue inconveniente.
Otro hecho violatorio reciente del clero político, lo es cuando en la ceremonia del 1º de diciembre en este recinto estuvieron presentes personas que ostentan el carácter de ministros religiosos, representando a una institución que por mandato constitucional no tiene personalidad de ningún tipo.
Como respuesta a este acto anticonstitucional, el Partido Popular Socialista, señaló que sería grave que el Poder Legislativo o cualquiera de las Cámaras que lo integran, hubiera girado invitación a cualquiera de los dirigentes eclesiásticos que asistieron como invitados al acto de toma de protesta de Carlos Salinas de Gortari como Presidente de la República.
Tomando como base los acontecimientos anteriores, el Partido Popular Socialista en sesión del mismo día 6 de diciembre, solicitamos a la presidencia de la Cámara, se ordenara una investigación a fondo sobre los hechos aquí denunciados como los siguientes:
Primero. ¿Quién o quiénes tienen la responsabilidad de haber invitado a los ministros de cultos que estuvieron presentes en el recinto parlamentario el pasado primero de diciembre?
Segundo. Que se demande a las autoridades competentes la aplicación de las sanciones a que se han hecho acreedores quienes violaron la Constitución de ley de cultos.
Queremos señalar, compañeros diputados, que nuestra protesta fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, pero que hasta la fecha dicha comisión no ha presentado dictamen alguno.
Señora presidenta: solicito instruya al secretario de esta Cámara, que dé lectura al artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La C. Presidenta: - Le ruego a la Secretaría atienda la petición del ciudadano diputado Ibarra.
El C. secretario Ismael Orozco Loreto: -"Artículo 87. Toda comisión deberá presentar su dictamen en los negocios de su competencia, dentro de los cinco días siguientes al de la fecha en que los hayan recibido. Todo dictamen deberá contener una parte expositiva de las razones en que se funde y concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación".
El C. Armando Ibarra Garza: -Muchas gracias, compañero secretario. Con fundamento en lo anterior, la fracción parlamentaria solicita de la presidencia de esta Cámara un llamado de excitativa a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para que presente inmediatamente el dictamen respectivo a la propuesta del Partido Popular Socialista antes mencionada. Muchas gracias.
La C. Presidenta: -En los términos del artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta presidencia hace una excitativa a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para que presente dictamen sobre el asunto referido por el ciudadano diputado Ibarra.
DEL CXLI NATALICIO DE JUSTO SIERRA MÉNDEZ
La C. Presidenta: -Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Jorge Minet Ortíz.
El C. Jorge Enrique Minet Ortiz: -Con su venia, compañera presidenta; compañeros diputados: He solicitado hacer el uso de la voz en esta tribuna, para significar el CXLI aniversario del natalicio de un ilustre campechano, un ilustre mexicano:
Justo Sierra Méndez, reconocido internacionalmente como el maestro de América, vio la luz de este mundo en San Francisco de Campeche el 26 de enero de 1848. Por lo que al inicio de este año se ajusta el CXLI aniversario del natalicio de tan ilustre mexicano.
Justo Sierra ha sido reconocido por algunos investigadores e historiógrafos como el héroe blanco de México, que alguna vez reclamó para sí el privilegio de pertenecer al pueblo, como pertenece todo aquél, cuya genealogía se involucra en la esencia de nuestra raza. El heredó una nobleza de clase, producto de un ilustre pensador y liberato cuyo hijo fue, además, el temple de un gobernante que durante una de la épocas críticas para el estado de Campeche supo dirigir con acierto la administración pública. Este fue el abuelo de Sierra Méndez.
El maestro de América obtuvo el título de abogado a los veintitrés años, concluyendo así los estudios que había iniciado en Campeche y prosiguiera más tarde en Eliseo Franco Mexicano, el Colegio de San Ildefonso la Escuela de Jurisprudencia, en aquél entonces.
A partir de entonces, inicia su labor educativa que solamente sería terminada con su propia vida. Destacó en diversos cargos políticos y de la administración pública federal.
En 1876 estuvo adscrito a la Secretaría de la Suprema corte de Justicia; luego ejerció el periodismo e hizo prosa y verso.
En 1882 llegó, como hemos llegado nosotros a esta Cámara de Diputados, donde fue notable por sus facultades oratorias; fue varias veces reelecto y si no siempre ganó sus batallas parlamentarias, sus participaciones siempre fueron brillantes.
Ocupó después el cargo de Magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 1901 hace su primer viaje a Europa como delegado mexicano ante el Congreso Económico Hispanoamericano celebrado en Madrid. Ahí asisten como delegados también, Rubén Darío, Leopoldo Lugones y José Santos Chocano, quienes propusieron que Justo Sierra Méndez dijera el discurso de inauguración, la idea fue aceptada y así se hizo.
A su retorno a México, fue nombrado Subsecretario de Justicia e Instrucción Pública y posteriormente Subsecretario de Instrucción Pública y Bellas Artes.
Su anhelo permanente de que la educación fuera el nuevo templo de la patria, lo llevaron a concebir la idea de que la preparación y la cultura del pueblo mexicano deberían de constituir una alma colectiva, que fuera la base de un acercamiento que condujera a la construcción de una nacionalidad fortalecida con los lazos de una identidad común.
En 1910, renovó el modelo educativo de la Universidad Nacional, al instaurar un contenido docente basado en objetivos de universalidad y nacionalismo, la democracia y la libertad.
En cierta ocasión dijo textualmente "no queremos que en el templo del saber que ahora tenemos se adore a una Atenea sin ojos para la humanidad y sin corazón para el pueblo; queremos que se fomente una ciencia que defienda los intereses de la patria".
Ocupó después el cargo de embajador y ministro plenipotenciario en España. Es ahí donde la vida cobra lo que se le debe; y así, Justo Sierra pasa a la historia como el maestro de América, dejando como ejemplo para las futuras generaciones, una vida plagada de lucha por institucionalizar la educación primaria, de la cual pensaba que era el cimiento de la patria.
Hoy, el país requiere que los mexicanos, todos, elevemos la educación en México y hagamos que efectivamente corresponda al rango constitucional que posee para fortalecer nuestra cultura y nuestro nacionalismo revolucionario.
Para México, es urgente retomar la bandera de la educación. Tal y como señalara en su mensaje de toma de posesión el licenciado Carlos Salinas de Gortari, presidente de México, en la que señaló que es necesario hacer conciencia de que la educación primaria debe llegar a todos los rincones del país y a todos los mexicanos, sin importar razas, credos ni ideologías. Un 13 de septiembre, fecha histórica para los mexicanos, en la que la patria se enlutara al ofrendar la vida seis nacientes jóvenes en defensa de la patria, como una ofrenda ante la historia, entrega también su vida el maestro don Justo Sierra Méndez. Esto ocurre en el año de 1912, en el paraninfo de la Universidad se encontraban contritos estudiantes, escritores, poetas, periodistas y políticos de aquella época. El orador que dijo el discurso en su memoria, concluyó su intervención emocionando y sollozante.
Desde el sitial de la rectoría, el presidente de México don Francisco I. Madero, con lágrimas en los ojos despidió al eterno ausente enmedio del asombro y el desconcierto que causó en aquéllos que creían que el guía de la nación debía ser invulnerable a las emociones.
Hoy, la herida que dejara al morir el maestro de América ha cicatrizado, sin embargo, la lágrima de Don Francisco I. Madero sigue resplandeciendo ante la historia como un símbolo en memoria de tan ilustre campechano, como un símbolo del respeto que todos los mexicanos debemos profesar al educador y al pensador. Como un testimonio de la manera que en un gobernante se identifica plenamente con su pueblo y con los ideales revolucionarios.
Justo Sierra Méndez el héroe blanco de México, el maestro de América, el vencedor en el campo de la educación y la cultura, el destacado político y funcionario público se eleva ante la historia hasta un rango que nunca alcanzarán los partidarios de la calumnia y de la crueldad y mucho menos enemigos de la patria y la revolución.
Yo les invito, compañeros diputados, a ustedes y aquéllos por quienes tanto luchó y a quienes dedicó su vida para hacer de la educación un valor institución, invito a los mexicanos todos a honrar la memoria del maestro de América: Justo Sierra Méndez. Muchas gracias.
INICIATIVA DE LEY
La C. Presidenta: -Para presentar una iniciativa de ley, tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Liborio Pérez Elorriaga.
El C. Liborio Pérez Elorriaga: - Con su venia señora presidenta. Señores diputados y diputadas de esta honorable Cámara.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de nuestra Carta Magna los suscritos, diputados federales, se permiten proponer ante esta honorable Cámara, iniciativa de decreto, a efecto de alcanzar el consenso decisorio que debe proceder a un acto de elemental justicia, que plasma tanto reconocimiento como gratitud, en pro de una figura oriunda de Yucatán, cuyos atributos engendran méritos que trascienden de lo ordinario y consagra la posteridad, como ejemplo vivo que sirve al hombre en lo individual y en lo colectivo.
Una sociedad fincada en la democracia es aquélla que sabe valorar su presente, respetando y enorgulleciéndose de su pasado.
El pueblo mexicano ha tenido que enfrentarse a vicisitudes sin par y cuando ha superado las adversidades de su propia resolución, al consolidarse, regresa su vista a tiempos anteriores en aras de indagar quienes fueron los protagonistas de su historia. Esto significa no tan sólo la certidumbre de haber vivido en el esquema pretérito de una sociedad humana, sino el legado positivo que transmiten a las sucesivas generaciones.
De Carrillo Puerto hay mucho que decir y por ende se multiplica la visión prolija de su ser y quehacer. No es fácil es estrecha síntesis, graficar el contexto de su personalidad, por cuanto a lo que fue e hizo, y mucho menos dar por evaluado la caudal de consecuencias benéficas al pueblo. Felipe Carrillo Puerto nace en 1872, en la pequeña población de Motul, en Yucatán. Desde muy joven demuestra su extraordinaria fuerza espiritual que se acredita en una irrenunciable vocación permanente de servicio. Desempeña diversas ocupaciones al servicio de la colectividad. Se inicia como leñero, más tarde ferrrocarrilero, periodista, político, y luchador social incansable hasta llegar
a ocupar el más alto cargo político de su estado natal.
En 1910, figura ya en las filas del maderismo en Yucatán. Por problemas inherentes al movimiento que se gestaba en nuestra nación, es detenido y encarcelado. También fue desterrado refugiándose en Estados Unidos de Norteamérica; a su regreso al país en breve tiempo coincide en ideas y colabora con el general Salvador Alvarado, proponiendo y desarrollando importantes reformas sociales.
Su visión y empeño fueron siempre combatir con valor, energía y profunda convicción a los esclavistas de Yucatán, quienes en las heredades henequeneras, después de un siglo de consumada la independencia aún mantenían la encomienda inicua para la explotación de los indígenas mayas.
Al enarbolar la bandera de la igualdad y justicia ejerció gran influencia sobre la población indígena y sabido es el conocimiento que de la lengua maya tenía. Tal influencia le valió el sobrenombre de "Apóstol de la Raza".
En 1922, es electo gobernador de Yucatán. Durante su gestión se promulgaron Leyes de Previsión Social, del Trabajo, del Inquilinato, de Expropiación por causa de utilidad pública, de renovación del mandato público.
Adelantándose a su tiempo crea las ligas feministas, combatió el alcoholismo, promovió la educación y el deporte y estableció los servicios médicos y jurídicos gratuitos.
Fundó la Universidad del Sureste, así como la Escuela Vocacional de Arte y Oficios, y la Academia de la Lengua Maya.
Cuando la rebelión huertista triunfa en Yucatán, después de haber sido derrotada en el resto del país, Carrillo Puerto y sus principales colaboradores son ilegalmente capturados y cobardemente fusilados en la ciudad de Mérida, en la madrugada del 3 de enero de 1924.
En síntesis, Felipe Carrillo Puerto es un preclaro hombre yucateco, cuya existencia supo vivir intensamente al servicio de sus ideales que no fueron otros que los de aportar medidas protectoras hacia la persona humana con sus invulnerables prerrogativas de libertad, seguridad e igualdad. Defensor incansable de los derechos humanos y de las garantías sociales del hombre y el ciudadano.
La historia de su vida y su haber originan un saldo de incalculable valor para las revoluciones de nuestro país.
Los gobiernos de la revolución aún están en deuda de justicia para tan preclaro político y fecundo a nuestra actividad pública y ciudadana.
Saldemos, de alguna manera, parte de esa deuda impagable que se debe a este proceder revolucionario.
En virtud de lo antes expuesto, nos permitimos proponer a los integrantes de esta honorable Cámara de Diputados, la aprobación del siguiente
"PROYECTO DE DECRETO
Unico. Se adiciona la Ley del Escudo, la Bandera y el Himno nacionales en su artículo 18, inciso B, que señala los días del año en los cuales debe izarse la bandera a media Asta en señal de duelo, agregando la fecha..."3 de enero"... por el aniversario del infame asesinato del "Apóstol de la Raza" Felipe Carrillo Puerto, realizándose en esa fecha, ceremonias luctuosas en todas las entidades federativas de la nación para recordar su vida y entrega fecundada en favor del pueblo de México.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 28 de diciembre de 1988. -Liborio Pérez Elorriaga, María del Rosario Elena Guerra Díaz, Joaquín Alvarez Ordóñez, Esther Kolteniuk de Césarman, Ramón Alejo Valdez López, Pablo Moreno Cota, Benito Juárez Camacho, Noé Antonio Peniche Patrón, Eric Luis Rubio Barthell y Carlos Rubén Calderón Cecilio"
La C. Presidenta: -Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
He solicitado hacer uso de la palabra para otro tema, el ciudadano diputado Carlos Bracho.
El C. Carlos Enrique Bracho González: -Compañeros: Con la venia de la presidencia: Ya dijimos aquí, y lo hemos declarado creo que todos los miembros de la oposición una y otra vez, que no íbamos a impugnar la legitimidad de Carlos Salinas de Gortari. Lo hemos expresado, lo hemos dicho, pero hay oídos sordos a esa proposición, hay oídos sordos incluso en estos momentos en donde la mayoría de los compañeros priístas están platicando.
Y no vamos a impugnar la legitimidad de Salinas de Gortari, dijimos, porque esperamos, y condicionábamos esto a que si el estado tomaba medidas favorables al pueblo, que si el Estado tomaba medidas para tener un independencia justa y razonable de la nación, trabajaríamos de acuerdo, pero todo indica que Salinas de Gortari va a querer gobernarnos por medio de
imposiciones, por medio de decretos, por medio de pactos, por medio de zorros, por medio de nazzares, y esto digo esta claro, es un ejemplo diario el que vemos de que no nos hacen caso.
Es bastante clara para todos la actitud que ha asumido en sus pocas acciones de gobierno. Nada indica que lo hará siguiendo las normas más elementales de convivencia política y de la nueva relación pueblo-gobierno, que debería ser observada por él, puesto que ése fue el mandato del 6 de julio. Y eso no lo entienden algunos priístas. Claramente el pueblo pidió un cambio en los hechos y en los programas específicos para conducir los destinos de este país. Y aquí en la Cámara una y otra vez la oposición, nos hemos quedado únicamente con el derecho a hablar.
Pocas modificaciones insubstanciales y no de fondo, se han logrado. Y esto hay que señalarlo clara y concretamente. Y qué bueno que está quedando aquí asentado todo esto en el Diario de los Debates. Y no hay el menor indicio que nos indique que Salinas trata de corregir el rumbo. No hay ningún indicio para que todos pensemos que la solución de los problemas que no agobian van a entrar a otro cauce.
El pueblo le dijo no al Partido Revolucionario Institucional, porque está cansado de escuchar discursos que solo tratan de salvar las apariencias o de justificar, justificar, los errores cometidos. Lo vemos día con día. Los ciudadanos le dijeron no a la imposición de medidas que sólo benefician a unos cuantos. Aquí lo seguimos diciendo y no nos escuchan. Los mexicanos ya no quieren pactos en donde todos, menos los Legorretas, sufren las consecuencias de las ataduras a las que lo someten.
Aquí lo hemos dicho una y otra vez y no nos hacen caso. Las amas de casa les dijeron no a los aumentos en el predial, en la luz, en el teléfono, en la leche, en los huevos, en la ropa, en la comida.
Los padres de familia le dijeron no, a la política equivocada y entrevista de Miguel de la Madrid. La nación no votó por Salinas porque éste era uno de los artífices mayores de esa política económica y social antimexicana. El pueblo dijo no.
La oposición dice no. Y no nos hacen caso. Seguimos pues polarizando esta crisis, porque, ¿qué es lo que ha pasado?, ¿qué es lo que ha sucedido?, que Salinas de Gortari en vez de aprender la lección, y aquí con esto demuestra que no es político, que es tecnócrata, nos obliga a sufrir con su política más las estrecheces; prepara más restricciones, ajustes y rebajas como lo hemos observado y visto todos nosotros en los presupuestos que ha mandado a esta soberanía. Y no nos han hecho caso en lo más importante.
No nos han hecho caso a la oposición en pleno. Únicamente han votado los priístas y esto que quede claro, los priístas conscientes, ojalá y recapaciten, están polarizando la situación; todos estos programas que Salinas nos está dando a conocer impone frenos, por ejemplo, entre otras cosas a los pequeños, a los medianos comerciantes e industriales, pero eso sí, se va a pagar respetuosamente los intereses de la descomunal deuda externa y todavía sabemos cómo están en estos momentos las peticiones para el dinero fresco que el país desde luego lo requiere, pero con otras condiciones y que estas condiciones las hemos apuntado aquí una y otra vez todos los miembros de la oposición y no nos hacen caso, seguimos mal parece esto un diálogo de sordos, pero que el pueblo lo sabe, el pueblo lo entiende, el pueblo lo está escuchando, el pueblo no se deja engañar.
Ahora, ustedes creen que esto es una política sana y democrática y popular, esta manera de imponer, de lanzar, ustedes piensan amigos legisladores, colonos, amas de casa, trabajadores que con estas medidas se va a legitimar Salinas de Gortari ante los ojos de todos, lo que va a provocar y ya lo está haciendo, es polarizar como dije, más las inquietudes de la población y puede provocar un estallido, ya hemos dicho aquí también, de consecuencias no deseables, los paros de burócratas, la inconformidad de los campesinos, de las amas de casa, de los trabajadores del campo, de la ciudad, los movimientos de los maestros, está creando una crisis mayor, Salinas lleva apenas unos días al frente de esta administración y en unos días y con pocas acciones, los que todavía confiaban en él se están dando cuenta de su manera de gobernar , con el palo y con el garrote, esto no nos llevará a un fin bueno, esto tendrá consecuencias desagradables, otra vez lo digo ante ustedes. Mexicanos pues, debemos rechazar enérgicamente las salidas unilaterales, oponernos al discurso vano, demagógico de él y de sus secretarios.
(voces): -¡Cállate!
El C. Carlos Enrique Bracho González: -No me callo, y seguiré gritando más.
Por eso los que creemos en la democracia, los que creemos en la convivencia, en la libertad, debemos de unirnos más todavía para protestar en contra de las restricciones que van a acabar de hundir a la economía familiar, que van a acabar de hundir a la nación.
¿Es que no se oye? ¿No escuchan las voces de la oposición? Nosotros decimos que hay que unir las
fuerzas para no permitir los aumentos que ya están sobre nuestras cabezas, sobre nuestras familias.
Necesitamos la unidad, sí, pero para acabar con los problemas que nos causan los que están en el poder. Unidad, para que el próximo año podamos, definitivamente, influir y hacer desistir a Salinas y a su equipo de que eso no es lo que queremos. Que deseamos paz, que deseamos tranquilidad, que deseamos trabajo, que deseamos respeto. Compañero: ¿Es mucho pedir? Gracias.
La C. Presidenta: -Ruego a la secretaría continúe con el desarrollo del orden del día.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
EGRESOS DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
EL C. secretario Ismael Orozco Loreto:
"Comisión del Distrito Federal.
Honorable asamblea: En observación a los artículos 36 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por acuerdo de esta representación nacional, fue turnado a la Comisión del Distrito Federal para su estudio y dictamen, el proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal de 1989, que el Ejecutivo Federal envió a esta honorable Cámara de Diputados en cumplimiento a lo señalado en la fracción IV del artículo 74 constitucional.
La iniciativa fue revisada y analizada por la comisión que suscribe, elaborando el siguiente
DICTAMEN
Con la presentación de este presupuesto, el Departamento del Distrito Federal cumple con informar a la ciudadanía de la aplicación de los recursos públicos que el Ejecutivo Federal ejercerá en el Distrito Federal y señala que con ellos seguirá atendiendo los servicios básicos que requiere la población.
Para la atención de estos servicios, es requisito indispensable tomar en cuenta las dificultades que enfrentan la zona metropolitana, ya que la dinámica de crecimiento de ésta incide directamente en los servicios que demanda la ciudadanía.
Por esta razón, se fomentará que las acciones para la atención de las necesidades se den dentro de un marco de conjunción de esfuerzos que permitirá obtener mejores resultados promoviéndose una relación más estrecha con el gobierno del Estado de México y sus 17 municipios conurbados, con el fin de que las soluciones a problemas comunes se den integralmente con una visión de carácter metropolitano.
El Departamento del Distrito Federal, en respuesta a los planteamientos de esta honorable Cámara hechos en el dictamen de la Cuenta Pública del propio departamento para 1987, y tomando en consideración las demandas de la ciudadanía presentadas a través de la Asamblea de Representantes, determinó los siguientes ámbitos y programas como prioritarios por ser los de mayor incidencia:
Seguridad pública
Seguridad pública.
Aportaciones a la ministración de justicia.
Ecológico
Prevención y control de la contaminación ambiental
Recolección y tratamiento de basura.
Drenaje y tratamiento de aguas negras.
Fomento de la producción forestal y productividad.
Bienestar social
Salud
Vivienda.
Ampliación y mejoramiento de la planta física educativa.
Transporte
Transporte urbano.
Esta comisión, después de analizar tanto la parte financiera como la programática, concluye que, considerando las limitaciones financieras existentes y el entorno económico general, el presupuesto atenderá el cumplimiento de los objetivos y metas, de acuerdo con la asignación de recursos dentro del marco legal de ingerencia del departamento. Es fundamental destacar que la atención al grave problema del transporte urbano se presenta sólo en términos parciales y que su estructura será definida al presentar el ciudadano Jefe del Departamento el Plan Integral de Transporte en los primeros meses del próximo año.
Se recomienda que este estudio contemple una visión metropolitana del problema e incluya la coordinación de todos los medios de transporte público y privado, así como sus diferentes modalidades y formas de operación, al igual que lo inherente a su administración, financiamiento, tarifas y horarios.
Finalmente, que también se estudie la posibilidad de crear un organismo metropolitano de transporte.
En este documento se presenta un apartado exclusivo en el que se analizan los ámbitos y programas prioritarios que estarán vigentes para el ejercicio de 1989, señalando las metas más importantes y algunas reflexiones sobre las mismas a efecto de sustentar la aprobación de este dictamen por parte del pleno de este cuerpo legislativo.
Marco de planeación
El Departamento del Distrito Federal, atendiendo a las necesidades y posibilidades reales de cada sector, seguirá fortaleciendo las labores de actualización y operación de los mecanismos del Sistema Interno de Planeación, lo cual le ha ido permitiendo mejorar la definición de las políticas de acción, estrategias y toma de decisiones en beneficio de la ciudadanía de conformidad con los ordenamientos legales vigentes.
Análisis global
El proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para 1989, asciende a 5 billones 828 mil 662 millones de pesos, superior en 15% al del año de 1988, el cual se financiará de la siguiente manera: ingresos propios del Departamento del Distrito Federal, 4 billones 220 mil 660 millones de pesos; financiamiento al Departamento del Distrito Federal, 100 mil millones de pesos; Ingresos propios de los organismos descentralizados, 512 mil 737 millones; y aportaciones del gobierno federal a los organismos descentralizados 900 mil millones de pesos; financiamiento a los organismos descentralizados, 95 mil 265 millones de pesos.
Se observa que el crecimiento es compatible con las metas que establece el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico y que se atiende de manera preferente a los ámbitos y programas prioritarios, los cuales, sin considerar al transporte por las razones arriba mencionadas ascenderán a 1 billón 986 mil 977 millones de pesos, con lo que la participación respecto al total, pasa de 23% en 1988, a 34% en 1989; el crecimiento entre ambos años será de 67.6%.
Se reconoce el esfuerzo del Departamento por mejorar la orientación de su gasto público, no obstante, esta comisión juzga conveniente se ponga un mayor énfasis en algunas de las prioridades señaladas; tal es el caso de los programas de seguridad y de bienestar social. Para lograrlo y sin modificar los montos globales presupuestados, se recomienda la siguiente:
Primero. El Programa de Mejoramiento Urbano contempla diversas acciones de ampliación y conservación de la infraestructura urbana. Consideramos que algunas obras de infraestructura vial pueden diferirse, ya que no son prioritarias por el momento y canalizar estos recursos a programas más urgentes. El importe total de reducción de este programa sería de 121 mil 334 millones de pesos, que corresponden a las siguientes obras:
Reducción: Eje Vial 10 Sur, distribuidor vial Reforma-Constituyentes, puente vehicular Tlalpan-Netzahualpilli, puente vehicular Circuito Interior-Eje 3 Oriente, puente vehicular Circuito Interior-Molinos, puente vehicular San Francisco-Moras, distribuidor vial Circuito Interior- Insurgentes, pasos peatonales (siete).
Segundo. Que considerando la necesidad de ampliar y reforzar la planta educativa en el Distrito Federal, mediante la construcción y sobre todo la conservación de escuelas, se destinen a este rubro 63 mil 300 millones de pesos adicionales.
Tercero. Que no obstante que el incremento al programa de seguridad pública es aparentemente alto, es en parte resultado de la incorporación de los ingresos y gastos que corresponden a las policías Auxiliar y Bancaria; por lo tanto, planteamos se incrementen en 48 mil millones de pesos los recursos que se destinen a este ámbito: 42 mil millones a seguridad pública y 6 mil millones como aportación a la ministración de justicia.
Cuarto. Que para apoyar los programas de salud pública, fundamentalmente la atención primaria, se destinen 10 mil millones de pesos más.
Quinto. Se propone que por sus características, se incluya como prioritario, dentro del ámbito ecológico, el programa de fomento a la producción forestal y productividad, que tiene presupuestado un gasto de 56 mil 552.3 millones de pesos.
En resumen, con estas sugerencias el porcentaje que representan los programas prioritarios pasa de 34% a 37% en 1989 y su crecimiento de 68% a 76%.
En estos términos, el presupuesto para 1989, en su presentación programática y su comparación con lo presupuestado originalmente sería:
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Del análisis efectuado se observa que en lo referente al comportamiento de la deuda, al gasto total se han designado, en proporción, cada vez menores recursos para su pago, pasando de 10% en 1986, a 3% en 1989. Lo anterior es el resultado del Convenio de Rehabilitación Financiera celebrado con el gobierno federal en 1986.
Para lograr las medidas presentadas en el proyecto de presupuesto, el Departamento del Distrito Federal deberá promover una administración más eficiente, con una mejor coordinación y, sobre todo, respetar y alentar una mayor participación ciudadana.
Junto con el fortalecimiento de su política financiera, a través de la eliminación gradual de los subsidios, de la modernización y consolidación de la administración de recursos humanos y materiales, esta comisión considera que el Departamento del Distrito Federal, deberá avanzar en el mejoramiento de la prestación de servicios.
Criterios presupuestales
Con la finalidad de dar solución a las peticiones de la ciudadanía, en el presupuesto de egresos se establecen cuatro ámbitos que incluyen 10 programas prioritarios; se destacan medidas para fortalecer la administración tributaria; y se mantienen, si bien con un monto real inferior, los subsidios a los organismos del transporte por parte del gobierno federal.
Cabe insistir que el presupuesto y los recursos disponibles se juzgan muy reducidos. Sin embargo, se jerarquizaron las acciones a ejecutar dando prioridad a los problemas que afectan en mayor medida a la población. Una vez reforzados estos criterios con la propuesta de esta Comisión, se considera que el presente documento de presupuesto cumple con la programación y distribución de acciones y recursos destinados a mantener la cobertura de servicios y asimismo da
contenido al proyecto económico y social federal, con la firme intención de atacar algunas de las carencias que afectan a la sociedad capitalina.
En este contexto, el Departamento del Distrito Federal deberá atender las demandas de servicios planteadas a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
La integración del presupuesto consolidado del sector se divide en:
Millones de pesos
Gasto directo del Departamento
del Distrito Federal 4,046,833
Transferencias a organismos
descentralizados y empresas
de participación estatal 73,000
Otras transferencias 34,885
Deuda pública 165,942
Total del departamento 4,320,660
Gasto directo a organismos
y empresas 1,372,146
Otras erogaciones 45,235
Deuda pública 90,621
Total de organismos y
empresas 1,508,002
Total del presupuesto 5,828,662
Análisis de programas
Dentro del presupuesto de egresos, incluyendo ya las modificaciones propuestas por esta comisión, se han considerado como prioritarios cuatro ámbitos que incluyen 10 programas considerados como tales, en virtud de que atienden los principales problemas que enfrenta nuestra ciudad. La atención de los mismos representará una mejor calidad de vida para los habitantes del Distrito Federal y fundamentan esta solicitud presupuestal:
Ámbito de seguridad pública
Seguridad pública
Las acciones de seguridad y auxilio determinadas en este programa para 1989, están orientadas a proporcionar servicios de seguridad a la ciudadanía buscando preservar la integridad física de las personas y de sus bienes, mediante la prevención de accidentes y actos delictivos, de servicios de auxilio, de atención de urgencias médicas y de rescate en siniestros.
Igualmente se llevará a cabo un control cada vez más eficaz del tránsito de la capital a través de la aplicación de las leyes y reglamentos vigentes, realizando servicios de apoyo permanente a la vigilancia y vialidad. Para las acciones anteriores se contará con 65 mil 500 elementos operativos y administrativos.
Se estima realizar alrededor de 3 millones 637 mil servicios de apoyo a la vigilancia y vialidad efectuados por la policía Metropolitana y Sectorial, a través de la operación de dispositivos fijos y móviles; realizar 19 mil 800 campañas de servicios especializados y extraordinarios de protección y vialidad; efectuar alrededor de 21 mil 400 servicios de auxilio en incendios y siniestros y cerca de 40 mil 500 servicios de rescate y urgencias médicas; realizar 19 mil 400 acciones de mantenimiento preventivo y correctivo a la red de semáforos; instalar cerca de 1 mil 540 semáforos y señales; llevar a cabo más de 8 mil 900 cursos de formación básica policial, actualización, promoción, especialización técnico profesional en policiología y educación vial. Proporcionar además 16 mil 500 servicios de vigilancia especializada a empresas públicas y privadas y adquirir equipo complementario para apoyar las actividades mencionadas.
Para cumplir con lo establecido se le asignaba originalmente a este programa como gasto para 1989, la cantidad de 667 mil 615 millones de pesos, cifra que representaba un crecimiento de 167% respecto al presupuesto original de 1988.
Este crecimiento, aparentemente alto, se debe básicamente a la incorporación de los recursos que corresponden a los cuerpos de Policía Auxiliar y Bancaria e Industrial, por un monto de 320 mil 659.9 millones de pesos. Excluyendo esta cantidad del presupuesto de 1989, el crecimiento real es del 41%.
La incorporación mencionada obedece a la política de integración de los cuerpos de seguridad que tiene por objeto que la prestación de este servicio se realice coordinadamente, mejorando con ello su calidad. Asimismo, se buscará mejorar la coordinación de estos cuerpos de seguridad con los del Estado de México. Las policías que se integran proporcionarán primordialmente 16 mil 500 servicios de vigilancia especializada a empresas públicas y privadas.
Esta comisión observa que los recursos asignados son menores a los requeridos para atender en forma adecuada el reclamo generalizado de la sociedad
de una mayor seguridad, por lo que se propone asignar 42 mil millones de pesos adicionales para que se cuente con un mayor número de elementos y equipo para contrarrestar los actos delictivos.
Aportaciones a la ministración de justicia
Las dependencias responsables de ejecutar las acciones de este programa son: el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Estas dependencias dan cumplimiento a los procesos de impartición y procuración de justicia atendiendo para ello las demandas que les presenta la población capitalina.
Para dar cumplimiento en esta materia se contempla para 1989 que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo atenderá 23 mil 250 asuntos.
En lo que se refiere a asuntos de orden civil, de arrendamiento inmobiliario concursal, familiar y penal, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal considera resolver cerca de 424 mil 650 demandas legales. Asimismo, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal estima iniciar alrededor de 80 mil 700 averiguaciones previas derivadas de hechos ilícitos y se proyecta dictaminar 71 mil 718 peritajes técnicocientíficos de actos antisociales.
Asimismo, se continuará la construcción de las torres gemelas del edificio del Tribunal Superior ubicado en Niños Héroes número 132 y de dos torres del edificio central para oficinas administrativas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Este programa está encaminado a la preservación de los valores esenciales del individuo y de la comunidad en su conjunto, a través de la defensa de sus derechos, salvaguardando jurídicamente sus intereses mediante la impartición de justicia gratuita, oportuna y eficiente.
Para cumplir metas establecidas en este programa, la iniciativa del Ejecutivo Federal proyectaba un gasto de 189 mil 001.7 millones de pesos, cantidad superior en un 4% al presupuesto original del año pasado.
Como el incremento mencionado es poco significativo, para que el gobierno del Distrito Federal cuente con la infraestructura necesaria para garantizar la impartición de justicia pronta y expedita, esta comisión considera adecuado que el monto asignado se incremente en 6 mil millones de pesos.
Ámbito ecológico
Prevención y control de la contaminación ambiental
Este programa tiene como finalidad abatir los niveles de contaminación existente en el medio ambiente del Distrito Federal, mediante la aplicación de las disposición legales en la materia y con la participación de la sociedad en la lucha contra las principales fuentes de contaminación y el fortalecimiento de las actividades de educación ecológica, a fin de reducir los principales agentes contaminantes.
Entre las principales acciones a realizar durante 1989 destacan: la atención de 1 mil 529 hectáreas de zonas forestales en el Desierto de los Leones; verificación y diagnóstico de 800 mil vehículos automotores; la construcción de ocho y la rehabilitación de 12 centros de Verificación de Vehículos en sectores urbanos; la impartición de 70 cursos en el Centro de Capacitación para Ecoguardas; cuatro estudios para el inventario y diagnósticos de los recursos naturales. Asimismo, se realizará la campaña de difusión ciudadana para alentar su participación en la reducción de los contaminantes del medio ambiente y siete estudios sobre contaminación ambiental en el Distrito Federal.
Para la consecución de los fines de este programa se asignó en 1989 la cantidad de 27 mil 759.9 millones de pesos, cantidad mayor en un 57% respecto al presupuesto original de 1988.
El aumento de estos recursos se considera necesario dada la gravedad que presenta la contaminación ambiental en la zona metropolitana del Distrito Federal: deberán seguir apoyándose estas acciones a fin de obtener mejores resultados en beneficios de la población del Distrito Federal. Asimismo, es fundamental, que el departamento establezca una estrecha coordinación en sus acciones con la Secretaría de Desarrollo Urbano Y Ecología.
Recolección y tratamiento de basura
El crecimiento de la población del Distrito Federal ha generado una alta producción de desechos sólidos; por ello se plantea como necesario fortalecer la operación del sistema integrado de recolección, barrido, transportación, transferencia, tratamiento, incineración y disposición final de desechos sólidos, lo que permitirá mejorar la calidad de vida en esta ciudad, abatiendo la contaminación y disminuyendo los focos de infección.
Para lo anterior se llevarán a cabo las siguientes acciones:
Se constituirán los rellenos sanitarios de Prados de la Montaña, Barranca de Tlapizahuaya y zona sur-oriente; se operarán los rellenos sanitarios de Prados de la Montaña, Bordo Poniente I y II, Santa Catarina, Socavón de Iztapalapa y Barranca de Becerra, y se proporcionará rehabilitación y mantenimiento a las estaciones de transferencia.
Se recolectarán 4.6 millones de toneladas de basura en las distintas delegaciones y se procesarán 100 mil toneladas de desechos sólidos en la planta de San Juan de Aragón.
También se eliminarán tiraderos clandestinos, se apoyara el sistema de transferencia en 1 millón de toneladas, se continuará con el barrido mecánico y manual en la red vial principal en 75 mil kilómetros y se recolectarán 50 mil metros cúbicos de basura, mediante el programa de recolección por contenedores.
Para la ejecución de este programa se dispondrá de 243 mil 531.9 millones de pesos, monto mayor en 33% al presupuesto del año anterior.
Esta comisión recomienda que se lleve un estricto control en la aplicación de los recursos y que se busquen acciones concretas conjuntamente con la población que permitan la preservación y restauración de las condiciones ambientales y ecológicas de esta ciudad.
Drenaje y tratamiento de aguas negras
Las acciones están dirigidas a la ampliación y mantenimiento del sistema de drenaje, con el fin de desalojar eficazmente las aguas negras, residuales y pluviales. Con ellos se pretende disminuir las inundaciones, así como construir la infraestructura de drenaje sanitario en las zonas que aún carecen de este servicio.
Dentro de las acciones más importantes destacan: obras en el drenaje profundo consistentes en la excavación de 3 mil 414 kilómetros; revestimiento de 2 mil 165 kilómetros; y 3 mil 414 dovelas. En el colector semiprofundo Canal Nacional, Canal de Chalco, se excavarán 0.907 kilómetros y 1 mil 927 kilómetros de revestimiento. Se construirán 4.7 kilómetros de red primaria y 9.4 kilómetros de la red secundaria, 1.8 plantas de bombeo y 30% de la laguna de regulación El Salado.
Asimismo, se pretende llevar a cabo la limpieza y desazolve de presas, ríos, canales, cauces, colectores y atarjeas. Se avanzará en un 20% en la planta de tratamiento de San Luis Tlaxialtemalco, 1.5 kilómetros en líneas de conducción de aguas negras y se dará mantenimiento a 5 mil 515 kilómetros de la red secundaria.
A este programa se le asigna la cantidad de 348 mil 219.7 millones de pesos, cifra que comparada con la del año anterior se incrementa en un 15%.
Para avanzar en la cobertura de este servicio, esta comisión concluye que se hace indispensable detener el crecimiento de asentamientos humanos irregulares, principalmente de aquello que se ubican en las zonas de recarga de las fuentes subterráneas; hacer cumplir los planes parciales delegacionales; realizar campañas permanentes pata evitar la saturación de desechos del sistema así como también continuar con las obras de drenaje profundo que permitan aliviar la situación a un mediano plazo.
Fomento de la producción forestal y productividad
Esta comisión propone la inclusión de este programa como prioritario, ya que su objetivo está íntimamente ligado al ámbito que se comenta.
En efecto, reúne las acciones encaminadas a promover el desarrollo agropecuario, así como la producción forestal en el Distrito Federal, con lo que se espera que se protegerán y vigilarán 23 mil hectáreas de recursos naturales: se dará tratamiento integral a 700 hectáreas de subcuencas y se delimitará, controlará y vigilará en 157 kilómetros la línea de conservación ecológica.
Para el período de 1989, se producirán más de 15 millones de árboles forestales, 750 mil de especies para el Desierto de los Leones y 2 millones de plantas ornamentales y se plantarán más de 6.9 millones de árboles.
En la granja de Yecapixtla, Morelos, se producirán 3 mil 744 cabezas de vientres y lechones, así como 1 mil 500 núcleos apícolas. Se proporcionará asesoría técnica a cultivos regionales de 4 mil hectáreas y se llevarán a cabo 70 cursos de capacitación acerca de la importancia y utilidad de los recursos naturales.
En el Distrito Federal existen tierras de cultivo en mal estado, entre ejidos y pequeñas propiedades, por lo que esta comisión recomienda que se realicen acciones que rehabilitación de suelos, así como que se busque la coordinación de auxilios a los productores para promover el desarrollo agropecuario, mejorar el medio ecológico y así evitar la invasión de la mancha urbana.
Ámbito de bienestar social
Salud
El gobierno capitalino de atención a núcleos de la población que no están incorporados a las instituciones de asistencia y seguridad social y que por ende no cuentan con un ingreso fijo, constituyendo grupos sociales tradicionalmente poco favorecidos por los servicios de salud.
Para cumplir este objetivo se llevarán a cabo las siguientes acciones:
Se brindará atención a 2 millones 213 mil 500 personas en las unidades hospitalarias con que cuenta el Departamento del Distrito Federal, se aplicarán 135 mil vacunas, se apoyará la rehabilitación con la obtención de 600 órganos de la vista; se impartirán 800 cursos de capacitación y actualización médica y se llevarán a cabo 31 estudios sobre problemas de salud.
Se proseguirá la construcción del Hospital Central de Urgencias y General Villa Milpa Alta; se terminará la construcción del Hospital General Iztapalapa; se iniciarán las obras de remodelación y ampliación de los hospitales Magdalena Contreras e Inaugurarán y se otorgará mantenimiento a la infraestructura de servicios médicos.
Para desarrollar estas acciones se asigna un presupuesto de 170 mil 438 millones de pesos, cantidad mayor en un 40% a la asignada en 1988.
Esta comisión considera que es necesario fortalecer la atención primaria, la cual beneficia sobre todo a la población de recursos más limitados, por lo que recomienda incrementar en 10 mil millones de pesos el monto señalado en la iniciativa federal, para alcanzar 180 mil 438 millones de pesos. Vivienda
Con este programa se busca aminorar el problema de vivienda en el Distrito Federal, proporcionando vivienda digna a precios accesibles a las clases más desprotegidas y apoyándose en la autoconstrucción mediante el acceso a materiales, créditos y asesoría técnica.
En relación al año anterior se incrementan sustancialmente las metas y los recursos de este programa, destacando:
Construcción de 30 mil viviendas; apoyo a la autoconstrucción en 30 mil acciones de vivienda dirigidas principalmente a los asentamientos humanos más precarios; construcción de 186 viviendas adicionales para los trabajadores a lista de raya en San Juan de Aragón y 136 para la policía del Distrito Federal, así como la adquisición de terrenos para uso habitacional.
Los recursos asignados a este programa son del orden de 119 mil 292 millones de pesos, cantidad muy superior a la asignación presupuestal del año anterior.
Es importante destacar la atención que se ha dado a este programa, en virtud de déficit de vivienda en el Distrito Federal y la reordenación que con ello se da a los asentamientos humanos, promoviendo un crecimiento ordenado y la conservación de áreas de reserva ecológica. Asimismo, hay que tomar en cuenta la estrategia propuesta por el Jefe del Departamento del Distrito Federal, de combinar estos recursos con los crediticios provenientes de fondos federales de fomento a fin de multiplicar su efecto.
Ampliación y mejoramiento de la planta física educativa
La finalidad de este programa es colaborar en el desarrollo educacional mediante acciones de apoyo para mejorar y ampliar la infraestructura inmobiliaria de los distintos niveles de educación, conforme a las necesidades planteadas por la Secretaría de Educación Pública.
El Departamento del Distrito Federal construirá en 1989, 124 escuelas; terminará la construcción de 62 y procederá a dar mantenimiento a 2 mil 53 planteles.
Para realizar estas metas se le asigna a este programa para 1989, la cantidad de 211 mil 119.6 millones de pesos, que representa un 99% de aumento a lo asignado originalmente en 1988; con el incremento propuesto, este programa alcanzará la cifra de 274 mil 419.6 millones de pesos.
Cabe resaltar que el presupuesto destinado para el mantenimiento de los centros educativos mencionados es de 110 mil 731.5 millones de pesos, lo que representa un promedio de 53.9 millones de pesos por escuela.
No obstante la importancia del programa planteado, mismo que se llevará a cabo principalmente a través de las delegaciones políticas, esta comisión juzga indispensable el que se le dé un mayor énfasis ya que se considera que éste es el renglón de atención prioritaria para mejorar, de manera gradual pero firme y consistente, el ámbito de bienestar social. Se propone por lo tanto incrementar en 63 mil 300 millones de pesos la asignación original.
Para ampliar sin desfazamientos la cobertura de la planta educativa existente se deberá implementar una adecuada política de adquisición de terrenos de acuerdo con los requerimientos que señale la Secretaría de Educación Pública, procurando una ministración de recursos en forma oportuna.
Ámbito transporte
Transporte urbano
Para 1989, no se tienen presupuestados recursos para la ampliación de la infraestructura del transporte público, en virtud de que el Departamento del Distrito Federal, se encuentra en la etapa de estudio para presentar opciones viables desde el punto de vista financiero y operativo que permitan dar una solución integral al problema del transporte urbano. El objetivo del programa es mantener el nivel de servicio.
Con los recursos asignados se llevarán a cabo las siguientes acciones:
En el Sistema de Transporte Colectivo, transportar 1 mil 573 millones de pasajeros, dando para tal fin 909 mil 899 vueltas al sistema en su red de 141 kilómetros y utilizando 2 mil 304 carros.
Dentro de Transportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100, se estima transportar 2 mil 253 millones de pasajeros, con las 7 mil 136 unidades existentes.
Por su parte, el Sistema de Transporte Eléctrico transportará 325 millones de pasajeros por Tren Ligero. Para esto se cuenta con un parque vehicular en servicio de 550 trolebuses y 14 unidades de Tren ligero.
Por otra parte, la Coordinación General de Transporte continuará con la distribución del Abono Multimodal del Transporte.
El presupuesto de egresos para este programa es de 1 billón 354 mil 008.1 millones de pesos, cifra que representa una disminución del 28% con respecto a la original del año anterior.
El decremento mencionado se debe fundamentalmente a que para 1989, no se consideran los recursos presupuestales para llevar a cabo la obra del Metro.
Esta comisión considera que la solución al problema del transporte no puede relegarse, en virtud de los efectos que en otras materias, sobre todo en la contaminación ambiental, provoca el uso masivo del transporte individual.
Por este motivo, se solicita a las autoridades del Departamento del Distrito Federal, que a la brevedad posible sea presentada a esta representación nacional el programa integral de transporte ya mencionado, que deberá incorporar estímulos para la inversión privada en estacionamientos públicos y particulares que favorezcan la libre circulación en las zonas de mayor conflicto vial.
Otros programas
Adicionalmente a los ámbitos manejados e integrados por los programas prioritarios, el Departamento del Distrito Federal llevará a cabo las siguientes acciones:
Abasto y comercialización
Las acciones más significativas de este programa consisten en sacrificar 5.8 millones de animales de diferentes especies; procesar 2 mil 500 toneladas de embutidos y carnes frías; producir 50 toneladas de farmacobiológicos y 8 millones de piezas de hilo para sutura quirúrgica (Cat - Gut).
Asimismo, se reforzará la infraestructura comercial mediante la construcción de siete nuevos almacenes y dos farmacias populares, se modernizarán física y comercialmente 83 mercados públicos, se construirán nueve lecherías Liconsa DDF y dará mantenimiento a 201 mercados y 51 lecherías.
Para tal fin, se canalizarán 138 mil 320.4 millones de pesos al programa.
Regularización de la tenencia de la tierra
La principal acción que se pretende llevar a cabo en este programa es la expedición de 55 mil documentos que acreditan jurídicamente la posesión de lotes o viviendas irregulares.
Agua potable Dentro de las acciones que se contempla realizar para 1989, se encuentran las siguientes: construcción de 2.21 kilómetros del acueducto perimetral segunda etapa, reposición de 8.4 pozos, construcción de 8.4 kilómetros de red primaria y 61.5 kilómetros de red secundaria, construcción de un tanque de almacenamiento, automatización y medición del sistema de agua potable en tres estaciones; operación de 326 plantas potabilizadoras y cloradoras, de 847 pozos y 175 plantas de bombeo, de 555 kilómetros de red primaria, acueductos y líneas de conducción, así como 240 tanques de almacenamiento y la adquisición e instalación de 107 mil 500 medidores. Además deberán realizarse acciones administrativas para promover el aprovechamiento más eficiente del agua potable que redunden en la mejor aplicación de los recursos presupuestales.
Para cumplir con las metas previstas en el programa se erogarán 542 mil 602.7 millones de pesos.
Por todo lo expuesto, esta comisión hace manifiesto que el Presupuesto de Egresos para 1989
del Departamento del Distrito Federal, aunque reducido en su monto, contiene las líneas de acción encaminadas a procurar la prestación de los servicios públicos más urgentes a los habitantes capitalinos, destacando para ello cuatro ámbitos, integrados por 10 programas prioritarios, en los que se han concentrado los recursos presupuestarios.
Para los efectos de la aplicación adecuada del presupuesto, deberán modernizarse y consolidarse los diversos procesos, para que con adecuada dirección y control, las actividades que desarrolla el gobierno capitalino alcancen sus objetivos. Especial énfasis deberá ponerse en fortalecer y avanzar en el proceso de desconcentración y descentralización.
El Departamento del Distrito Federal deberá revisar en el período presupuestal de 1989 la estructura territorial y de competencias de las delegaciones políticas a fin de establecer una división de dichas demarcaciones más acorde con la distribución poblacional en el territorio del Distrito Federal que permita mayor eficiencia y eficacia de la función pública asignada.
Conviene insistir en la necesidad ineludible de vincular la planeación y los programas con el ejercicio presupuestal, en un ejercicio permanente de desconcentración que robustezca la acción de las delegaciones políticas y que haga permanente la evaluación de los programas mediante la participación ciudadana a una escala que permita una mejor comunicación entre los colonos y las autoridades del Distrito Federal. Consideramos que los programas educativos, de salud, de seguridad pública, de vivienda, de agua y drenaje y de saneamiento y limpieza exigen una mayor participación de las 16 delegaciones del Distrito Federal.
Con base en el análisis de los programas, esta honorable Cámara, de acuerdo a sus facultades, reforma la iniciativa sometida por el Ejecutivo Federal en los siguientes artículos:
Artículo 2o. El presupuesto de la Secretaría General de Protección y Vialidad se modifica de $356 mil 955.1 millones, a $398 mil 955. 1 millones; el de la Dirección General de Servicios Médicos, de $170 mil 438 millones, a $180 mil 438 millones; el de la Dirección General de Obras Públicas, de $271 mil 889.6 millones, a $213 mil 889.6 millones; y el de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de $112 mil 455.1 millones, a $118 mil 455.1 millones.
Artículo 3o. El presupuesto del Programa de Aportaciones de la Ministración de Justicia, se modifica de $189 mil 001.7 millones, a $195 mil 001.7 millones; el de Seguridad Pública, de $667 mil 615 millones, a $719 mil 615 millones; el de Salud, de $170 mil 438 millones, a $180 mil 438 millones; el de Mejoramiento Urbano, de $582 mil 543.9 millones, a $461 mil 343.9 millones, y el de la Planta Física Educativa, de $211 mil 119.6 millones, a $274 mil 419.6 millones.
Artículo 14. Se adiciona como programa prioritario, dentro del ámbito ecológico, el de Fomento de la Producción Forestal y Productividad.
Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con los artículos 65, 74, fracción IV; 75 y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 20, 23, 25 y demás relativos a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; 57 y demás disposiciones aplicables a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la comisión dictaminadora que suscribe propone a esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1989
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1o. El ejercicio presupuestal y control de las erogaciones del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el año de 1989, se sujetará a las disposiciones de este decreto y a las que resulten aplicables en la materia.
Artículo 2o. Las erogaciones previstas en el presente presupuesto para las unidades administrativas del Departamento del Distrito Federal, erogaciones adicionales de organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria coordinadas sectorialmente por éste y demás asignaciones que a continuación se indican, importan la cantidad de: $4.154,718.000,000.00 (cuatro billones ciento cincuenta y cuatro mil setecientos dieciocho millones de pesos 00/100 moneda nacional) y se distribuyen de la forma siguiente:
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Artículo 3o. Las erogaciones anteriores se ejercerán con base en los objetivos, metas, costos, unidades responsables de su ejecución y asignaciones presupuestales que en el mismo se consignan, integrando los programas y subprogramas que arrojan los totales del gasto de las unidades administrativas, órganos desconcentrados, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, coordinados sectorialmente por el Departamento del Distrito Federal.
De acuerdo a la apertura programática, las asignaciones para cada uno de los programas que se indican son las siguientes:
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Artículo 4o. El gasto destinado a la deuda pública del Departamento del Distrito Federal para el año de 1989, se distribuye de la siguiente manera:
Amortización $ 3,755.000,000.00
Servicio de la deuda 62,187.000,000.00
Adeudos anteriores 100,000.000,000.00
De acuerdo a la apertura programática, estas asignaciones se ejercerán en el Programa Deuda Pública, que importa la cantidad de ............... $ 165,942.000,000.00 (ciento sesenta y cinco mil novecientos cuarenta y dos millones de pesos 00/100 moneda nacional.)
Artículo 5o. Los titulares de las unidades administrativas y entidades coordinadas del sector Departamento del Distrito Federal, así como los
órganos de gobierno correspondientes en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, serán responsables de que se ejecuten con oportunidad y eficiencia las acciones previstas en sus respectivos programas, a fin de coadyuvar a la adecuada consecución de los objetivos y prioridades fijados en el Plan Nacional de Desarrollo y en los demás programas que se formulen con base en la Ley de Planeación.
La Secretaría de Programación y Presupuesto verificará periódicamente los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos del Departamento del Distrito Federal y entidades del sector, en relación con los objetivos y prioridades de plan, los programas de desarrollo y de los proyectos de modernización del aparato productivo, en el contexto de la recuperación económica y la estabilidad, a fin de que se adopten las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas.
Igual obligación para los mismos fines, tendrá el titular del Departamento del Distrito Federal respecto de las entidades paraestatales agrupadas en el sector que coordina el Departamento.
Artículo 6o. En el ejercicio del presente presupuesto, las unidades administrativas y entidades coordinadas del sector se sujetarán estrictamente a los calendarios de gasto que les apruebe la Secretaría de Programación y Presupuesto a través del Departamento del Distrito Federal.
Salvo lo previsto en los artículos 9o. y 26 de este decreto, no se autorizarán adecuaciones a los calendarios de gasto que tengan por objeto anticipar la disponibilidad de recursos; en consecuencia, las unidades administrativas y entidades del sector deberán observar un cuidadoso registro y control de su ejercicio presupuestal, sujetándose a los compromisos reales de pago.
Artículo 7o. Para que el Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas sectorialmente puedan ejercer créditos externos destinados a financiar proyectos o programas específicos será necesario que la totalidad de los recursos a ejercer se encuentren incluidos en sus respectivos presupuestos aprobados y se cuente con la autorización previa expresa de la Secretaría de Programación y Presupuesto.
En los créditos externos que contraten las entidades paraestatales, se deberá establecer la responsabilidad de éstas para que cubran el servicio de la deuda que los créditos generen.
Artículo 8o. La Secretaría de Programación y Presupuesto podrá reservarse la autorización de ministraciones de fondos federales al Departamento del Distrito Federal, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria coordinados sectorialmente por el propio Departamento en los siguientes casos:
I. Cuando no envíen la información que les sea requerida en relación con el ejercicio de sus programas y presupuestos, con base al Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gastos Públicos.
II. Cuando del análisis del ejercicio de sus presupuestos, resulte que no cumplan con las metas de los programas aprobados;
III. Cuando en el desarrollo de los programas se capten desviaciones que entorpezcan su ejecución y constituyan distracciones en los recursos asignados a los mismos, y
IV. En general, cuando no ejerzan sus presupuestos con base en las normas que al efecto se dicten.
Artículo 9o. El Departamento del Distrito Federal, en el ejercicio del presupuesto, vigilará que no se adquieran compromisos que rebasen el monto del gasto que se haya autorizado y no reconocerá adeudos ni pagos por cantidades reclamadas o erogaciones efectuadas en contravención a lo dispuesto en este artículo.
Será causa de responsabilidades del Jefe del Departamento del Distrito Federal, así como de los directores, vocales, ejecutivos, administradores o gerentes de los organismos descentralizados u órganos del gobierno de las empresas de participación estatal mayoritaria del mencionado Departamento, contraer compromisos fuera de las limitaciones de los presupuestos aprobados para las unidades administrativas y entidades a su cargo; acordar erogaciones que no permitan la atención de los servidores públicos y el cumplimiento de sus metas durante el ejercicio presupuestal.
Artículo 10. En caso de que los ingresos obtenidos por los conceptos a que se refiere el artículo 1o. de la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1989, excedan del monto del presupuesto aprobado, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto y a solicitud del Jefe del Departamento del Distrito Federal, podrá autorizar erogaciones adicionales hasta por el importe de dichos excedentes, en la forma siguiente:
I. Los ingresos ordinarios excedentes a que se refiere el artículo 1o. de la citada Ley de Ingresos
del Departamento únicamente serán aplicados a los programas señalados como prioritarios en el artículo 14 del capítulo II de este decreto.
II. Los excedentes sobre los ingresos ordinarios presupuestados de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria del sector Departamento del Distrito Federal, se aplicarán para el desarrollo de programas prioritarios, y
III. Los ingresos extraordinarios que obtengan el Departamento del Distrito Federal, sus organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria por concepto de empréstitos y financiamientos diversos, se destinarán a los programas específicos para los que hubieran sido contratados.
El Ejecutivo Federal, al dar cuenta a la honorable Cámara de Diputados de las erogaciones que se efectúen con base en esta disposición, hará trimestralmente el análisis de la procedencia y aplicación de los excedentes a los conceptos a que se refieren las tres fracciones de este artículo, independientemente de la obligación de informar al respecto en la presentación de la Cuenta Pública correspondiente.
Artículo 11. Todas las cantidades que se recauden por cualesquiera de las unidades administrativas y órganos desconcentrados del Departamento del Distrito Federal no podrán destinarse a fines específicos, salvo los casos que expresamente determinen las leyes y hasta por los montos que establezca la Secretaría de Programación y Presupuesto, en función de las necesidades de los servicios a los cuales estén destinados.
Artículo 12. El Ejecutivo Federal efectuará las reducciones o ajustes de los importes de los presupuestos aprobados al Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas, en los supuestos y términos que establece el artículo 17 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1989, con excepción a lo dispuesto por el artículo 14 de este decreto.
CAPITULO II
Disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales
Artículo 13. Sin prejuicio de lo que establecen el presente decreto y las demás disposiciones aplicables en la materia, el titular del Departamento del Distrito Federal y los de las entidades coordinadas sectorialmente por éste, así como los órganos de gobierno respectivos serán responsables, en los términos de este capítulo, de la estricta observancia de las siguientes normas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales.
Artículo 14. De acuerdo a las necesidades planteadas por la población del Distrito Federal, el gobierno de la ciudad establece para la atención de las mismas, los siguientes ámbitos, integrados por los programas prioritarios de este presupuesto, que se indican:
Seguridad Pública
Seguridad Pública
Aportaciones a la ministración de justicia
Ecológico
Prevención y control de la contaminación ambiental
Recolección y tratamiento de basura
Drenaje y tratamiento de aguas negras
Bienestar social
Salud
Vivienda
Ampliación y mejoramiento de la planta física educativa
Transporte
Transporte urbano
Los programas incluidos en lo ámbitos aquí señalados no podrán ser afectados presupuestalmente a la baja, excepto cuando se hubiesen cumplido las metas originalmente presupuestadas y siempre y cuando las transferencias sean hacia otros programas también denominados como prioritarios.
La Secretaría de Programación y Presupuesto, por sí o a propuesta del Departamento del Distrito Federal, con objeto de fomentar el ahorro presupuestal o de canalizar recursos a los programas prioritarios o emergentes, podrá determinar la eliminación de renglones del gasto y la liberación de recursos asignados a los programas no prioritarios.
Todo excedente presupuestal, independientemente de sus causas, deberá transferirse a programas prioritarios.
Artículo 15. Los titulares de las unidades administrativas y entidades coordinadas del sector Departamento del Distrito Federal no podrán crear nuevas plazas, debiendo promover, en su caso, el traspaso interno de las mismas. La Secretaría de Programación y Presupuesto, a solicitud del titular del Departamento del Distrito Federal, podrá autorizar la creación de las que sean indispensables para los programas de salud, administración de justicia, seguridad pública y transporte urbano, así como aquéllas requeridas para la planta productiva que entre en operación. Asimismo, no podrán llevar a cabo conversiones de sus plazas, puestos y categorías autorizadas, salvo cuando se trate de casos debidamente justificados, para lo cual se deberá recabar la autorización de los órganos de gobierno correspondientes o de la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Los órganos de gobierno de las entidades paraestatales podrán autorizar la creación de plazas, cuando ello garantice el incremento de su productividad; se establezcan notas específicas a este respecto; se cuente con los recursos propios que se requieran y tales circunstancias hayan quedado previa y debidamente acreditadas por ese órgano.
Artículo 16. Las unidades administrativas y entidades del sector Departamento del Distrito Federal, en el ejercicio de sus erogaciones por concepto de servicios personales deberán:
I. En las asignaciones de las remuneraciones a los trabajadores del sector Departamento del Distrito Federal, apegarse estrictamente a los niveles establecidos en los tabuladores de sueldos, cuotas, tarifas y demás asignaciones autorizadas, conforme a las normas y lineamientos que expida la Secretaría de Programación y Presupuesto y en el caso de las entidades del sector, por el órgano de gobierno respectivo, conforme a los lineamientos que se emitan de acuerdo a la Ley Federal de Entidades Paraestatales.
Las remuneraciones adicionales por horas extraordinarias y los estímulos por eficiencia en la actuación, se regularán por las disposiciones que establezca la Secretaría de Programación y Presupuesto y el órgano de gobierno respectivo, con base en los lineamientos a que se refiere el párrafo anterior.
Tratándose de las remuneraciones por jornadas ordinarias o por horas extraordinarias y otras prestaciones del personal que labora en los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria que se rijan por contratos colectivos de trabajo, los pagos se efectuarán de acuerdo con las estipulaciones contractuales respectivas;
II. Abstenerse de cubrir gastos por contratos de honorarios y salarios al personal eventual que en cualquier forma suponga el incremento, con respecto al ejercicio de 1988, del número de los contratos relativos o de los montos de las asignaciones respectivas.
Estos contratos sólo podrán celebrarse para la prestación de servicios profesionales, por lo que no podrá incorporarse, por esta vía, personal para el desempeño de labores iguales o similares a las que realiza el personal que forma la planta de la dependencia o de la entidad de que se trate.
La celebración de contratos por honorarios sólo procederá en casos debidamente justificados y siempre que la dependencia o entidad no pueda satisfacer las necesidades de estos servicios con el personal y los recursos técnicos con que cuente. Invariablemente estos contratos deberán ser autorizados por el titular de la dependencia o por el órgano de gobierno de la entidad de que se trate;
III. Eliminar compensaciones de cualquier naturaleza a los servidores públicos a título de representación en órganos de gobierno, juntas directivas, consejos y comités técnicos y otros, así como gastos de representación, con excepción de los que autorice el coordinador del sector, y
IV. Abstenerse de realizar traspasos de recursos que en cualquier forma afecten las asignaciones para el capítulo 1000 "servicios personales", excepto los casos que autorice el coordinador del sector.
Artículo 17. En el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal y de sus entidades coordinadas sectorialmente, para el año de 1989 no se podrán efectuar.
I. Adquisiciones o nuevos arrendamientos de:
a) Bienes inmuebles para oficinas públicas y mobiliario, equipo y servicios destinados a programas administrativos, con excepción de las erogaciones estrictamente indispensables que para su operación en forma específica y previamente autorice la Secretaría de Programación y Presupuesto, en consecuencia, se deberá optimizar la utilización de los espacios físicos disponibles y el aprovechamiento de los bienes y servicios de que dispongan;
b) Vehículos terrestres, aéreos y marítimos, con excepción de aquéllos necesarios para salvaguardar la seguridad pública, así como para la procuración de justicia, los servicios de salud y para el desarrollo de programas productivos prioritarios y de servicios básicos, que específica y previamente al ejercicio del gasto correspondiente autorice la Secretaría de Programación y Presupuesto;
II. Gasto con cargo a la partida de erogaciones imprevistas, y
III. Gastos relativos a congresos, convenciones, ferias y exposiciones.
Artículo 18. Las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican, deberán reducirse al mínimo indispensable, su uso se sujetará a los criterios de racionalidad y selectividad y se efectuarán siempre y cuando se cuente con la autorización expresa del titular del Departamento del Distrito Federal o del órgano de gobierno de la entidad coordinada correspondiente.
I. Gastos de ceremonial y de orden social;
II. Comisiones de personal al extranjero;
III. Contrataciones de asesorías, estudios e investigaciones;
IV. Publicidad, propaganda, publicaciones oficiales y en general los
relacionados con actividades de comunicación social. En estos casos las unidades administrativas y entidades del sector, deberán utilizar preferentemente los medios de difusión del sector público y el tiempo que por ley otorgan al gobierno federal las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal. Las erogaciones por estos conceptos con cargo al Presupuesto de Egresos 1989, del Departamento del Distrito Federal, deberán ser autorizadas previamente por las secretarías de Gobernación, Programación y Presupuesto y las que efectúen las entidades coordinadas, por el sector o por el órgano de gobierno con base en los lineamientos que establezcan dichas secretarías;
V. Otorgamiento de becas, y
VI. Donativos.
Asimismo, las unidades administrativas y entidades del sector serán responsables de que las erogaciones por concepto de correos, telégrafos, teléfonos, energía eléctrica y agua potable, obedezcan a una utilización racional de dichos servicios, directamente vinculada al desempeño de las actividades y funciones que tengan encomendadas.
Artículo 19. En el ejercicio del gasto de inversiones públicas comprendido en el Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para 1989, se observarán las siguientes medidas:
I. Se otorgará prioridad a los proyectos y obras de modernización de la infraestructura básica, así como aquéllos que presenten un mayor avance relativo, estén orientados a incrementar la oferta de bienes y servicios socialmente necesarios y que reporten los mayores beneficios para la población;
II. Se deberá estimular el cambio estructural así como los proyectos de coinversión con los sectores social y privado en la zona metropolitana de la ciudad de México;
III. Se aprovechará la mano de obra local y se empleará al máximo la capacidad instalada productiva y de servicios para abatir costos;
IV. En el caso de los proyectos de inversión que sean parcialmente financiados con créditos externos, el sector Departamento del Distrito Federal deberá sujetarse a los términos de las autorizaciones que para cada uno de dichos proyectos otorguen las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público conforme a sus respectivas atribuciones.
Artículo 20. Las erogaciones por concepto de transferencias con cargo al Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, se sujetarán a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, del Programa de Mediano Plazo y del Operativo Anual correspondientes y se apegarán a los siguientes criterios:
I. El otorgamiento se hará con base en criterios de selectividad, temporalidad y transparencia en su asignación, considerando su contribución efectiva a la oferta de bienes, servicios e insumos estratégicos o prioritarios;
II. Los subsidios destinados a cubrir desequilibrios financieros en la operación, se deberán ajustar en función de la política de precios y tarifas de los bienes y servicios públicos;
III. Los subsidios a los precios de los bienes se mantendrán en niveles que estimulen a los productores y que al mismo tiempo eviten el deterioro del poder adquisitivo de los consumidores;
IV. Los subsidios para las actividades productivas de los sectores privado y social, serán congruentes con los fines de la estrategia de crecimiento económico y estarán condicionados a procurar el mayor uso de la mano de obra y a incrementar el nivel de vida de la población de escasos recursos;
V. Las transferencias destinadas al apoyo de las entidades paraestatales del sector Departamento del Distrito Federal, se deberán orientar
selectivamente hacia las actividades estratégicas y prioritarias, así como a fortalecer el cambio estructural, a efecto de incrementar la oferta real de bienes y servicios, de insumos estratégicos para la producción y generar empleo permanente y productivo;
VI. Se requerirá la autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto para otorgar transferencias que se pretendan destinar a inversiones financieras;
VII. Las entidades paraestatales del sector Departamento del Distrito Federal beneficiarias de transferencias, deberán buscar fuentes alternativas de financiamiento a fin de lograr, en el mediano plazo, una mayor autosuficiencia financiera y una disminución correlativa de los apoyos con cargo a recursos presupuestarios, y
VIII. No se deberán otorgar transferencias cuando no se hallen claramente especificados los objetivos, metas, beneficiarios, destino, temporalidad y condiciones de los mismos.
Artículo 21. Para la autorización de transferencias a los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos con cargo al presente presupuesto de egresos, corresponderá al Departamento del Distrito Federal, en su carácter de coordinador sectorial, verificar previamente:
I. Que se justifique la necesidad de los recursos solicitados en función del estado de liquidez de la entidad beneficiaria, así como la aplicación de dichos recursos;
II. Que las entidades no cuenten con recursos ociosos o aplicados en operaciones que originen rendimientos de cualquier clase, y
III. El avance físico-financiero de sus programas y proyectos, con el propósito de regular el ritmo de la ejecución con base en lo programado.
El Departamento del Distrito Federal suspenderá la ministración de fondos, cuando las entidades beneficiarias no remitan la información físico- financiera la en forma y términos establecidos en las disposiciones aplicables.
Artículo 22. Cuando se deban diferir ministraciones de fondos, la Secretaría de Programación y Presupuesto conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determinará el orden a que se sujetará la ministración de transferencias autorizadas por el Departamento del Distrito Federal, en su carácter de coordinador del sector, a fin de asegurar la disposición oportuna de recursos para el desarrollo de los programas prioritarios.
Artículo 23. Las unidades administrativas del Departamento del Distrito Federal, los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, sólo podrán conceder subsidios, ministrar donativos, otorgar gratificaciones y obsequios, o dar ayuda de cualquier clase, con autorización previa por escrito del titular del Departamento del Distrito Federal.
Artículo 24. El titular del Departamento del Distrito Federal se abstendrá de autorizar subsidios, donativos o ayudas que no contribuyan a la consecución de los objetivos de los programas aprobados o que no se consideren de beneficio social, así como aquéllos a favor de beneficiarios que dependan económicamente del Presupuesto de Egresos del sector Departamento del Distrito Federal, o cuyos principales ingresos provengan de éste.
Artículo 25. Las unidades administrativas y entidades del sector Departamento del Distrito Federal, proporcionarán a la Secretaría de Programación y Presupuesto la información sobre las aportaciones y subsidios que hubiesen otorgado durante el ejercicio presupuestal, a efecto de que dicha Secretaría la analice e integre al registro único de transferencias. Asimismo, los titulares de las unidades administrativas y entidades del sector, serán los responsables de llevar el registro contable anual de la aplicación de recursos que hagan por los conceptos de gastos mencionados.
Artículo 26. Las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, determinarán conjuntamente los lineamientos a que deberá sujetarse el sector Departamento del Distrito Federal respecto de las disponibilidades financieras con que cuente durante el ejercicio presupuestal.
Para tal efecto, el Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas sectorialmente proporcionarán la información financiera que requiera el Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gastos Públicos.
Asimismo, deberán informar a las citadas secretarías, de sus depósitos en dinero, valores u otro tipo de operaciones financieras y bancarias, a fin de identificar los niveles de liquidez y para operar la compensación de créditos o adeudos.
El Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas sectorialmente, sin exceder sus presupuestos autorizados, responderán de las cargas financieras que causen por no cubrir oportunamente sus respectivos adeudos, las que se calcularán a la tasa equivalente al rendimiento
promedio de las emisiones de los certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días, del mes inmediato anterior a la fecha del corte compensatorio. La aplicación de ésta, se efectuará sobre los adeudos reportados por el Sistema de Compensación de Adeudos del Sector Público, desde la fecha en que debieron liquidarse tales adeudos.
Artículo 27. Las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Programación y Presupuesto y de la Contraloría General de la Federación, en el seno de la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento, así como el Departamento del Distrito Federal, celebrarán en su caso con las entidades paraestatales convenios para:
I. El establecimiento de metas de déficit o, en su caso, superávit financiero mensual y trimestral a nivel devengado, y
II. El saneamiento financiero, mediante la asunción de pasivos de entidades paraestatales, estratégicas o prioritarias, cuyas funciones estén asociadas a la prestación de servicios públicos de acuerdo a los fines para los que fueron creadas y siempre que la entidad de que se trate, cuente con un programa de cambio estructural, que se presente a más tardar el 31 de agosto de 1989, a la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento y sea aprobado por ésta, el cual será evaluado periódicamente por la propia comisión.
Las dependencias que integran esta comisión, establecerán los lineamientos con base en los cuales se llevará a cabo la formulación de los convenios a que se refiere este artículo.
Artículo 28. El Banco de México, en función del monto de divisas comprendido en el Presupuesto de Egresos del sector Departamento del Distrito Federal, y de conformidad con las disposiciones aplicables, proporcionará a petición del propio Departamento y entidades coordinadas sectorialmente, las divisas que requieran para el cumplimiento de sus compromisos en moneda extranjera.
Artículo 29. La Secretaría de Programación y Presupuesto conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de acuerdo con los flujos reales de divisas y de moneda nacional, efectuará las adecuaciones necesarias a los calendarios de gastos en función de los requerimientos y disponibilidades, así como de las alternativas de financiamiento que se presenten.
Artículo 30. El departamento del Distrito Federal y entidades incluidas en en este presupuesto de egresos, quedan obligadas a informar a las secretarías de Programación y Presupuesto, y de Hacienda y Crédito Público, en la forma y periodicidad que éstas determinen, los movimientos presupuestales que efectúen en divisas de acuerdo con los flujos reales establecidos, los que darán a conocer trimestralmente a la honorable Cámara de Diputados.
Artículo 31. Para los efectos del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas, los montos máximos de contratación directa y los de adjudicación mediante convocatoria a cuando menos tres personas, de las obras que podrán realizar el Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas sectorialmente durante el año de 1989, serán los siguientes:
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El departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas sectorialmente se abstendrán de formalizar o modificar contratos de obras públicas y de servicios relacionados con ellas, cuando no hubiere saldo disponible en la correspondiente partida presupuestal.
Artículo 32. Para los efectos del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles, los montos máximos de adjudicación directa y los de adjudicación habiendo convocado, en su caso, por lo menos a tres u ocho proveedores según el caso, de las adquisiciones, arrendamientos o servicios que podrán realizar el Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas sectorialmente durante el año de 1989, serán los siguientes:
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Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del impuesto al valor agregado.
El Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas sectorialmente se abstendrán de formalizar o modificar contratos y pedidos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, cuando no hubiere saldo disponible en la correspondiente partida presupuestal.
Artículo 33. La Secretaría de Programación y Presupuesto realizará periódicamente la evaluación del ejercicio del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, en función de los objetivos y metas de los programas aprobados.
El Departamento del Distrito Federal, presentará un informe trimestral a la honorable Cámara de Diputados, sobre la ejecución de su Ley de Ingresos y presupuesto de Egresos para 1989. En igual forma presentará un informe trimestral sobre los avances de la consecución de las metas de los principales programas contenidos en su presupuesto de egresos, correlacionándolos con los recursos aplicados, en forma desagregada por subprogramas y su correspondiente desglose por proyectos de ejecución del presente presupuesto, así como la ejecución del gasto programático asignado a cada una de sus entidades administrativas.
Los acuerdos trimestrales mencionados en este artículo, se presentarán dentro de los cuarenta y cinco días siguientes al trimestre que correspondan y se harán las aclaraciones que requiera la honorable Cámara de Diputados.
Artículo 34. La Secretaría de Programación y Presupuesto vigilará la exacta observancia de las normas contenidas en este decreto, así como la estricta ejecución del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal.
Para estos efectos, podrá requerir de las unidades administrativas y entidades del citado sector, la información que resulte necesaria y comunicará a la Secretaría de la Controlaría General de la Federación las irregularidades y desviaciones de que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones.
Artículo 35. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación, en el ejercicio de las atribuciones que en materia de inspección, control y vigilancia le confiere la ley, comprobará el cumplimiento, por parte de las unidades administrativas y entidades del sector Departamento del Distrito Federal, de las obligaciones derivadas de este decreto. Con tal fin, dispondrá lo conducente para que se lleven a cabo las inspecciones y auditorías que se requieran, así como para que se finquen las responsabilidades y se apliquen las sanciones que procedan con motivo del incumplimiento de las mencionadas obligaciones.
Artículo 36. La Secretaría de Programación y Presupuesto, estará facultada para interpretar las disposiciones del presente decreto para efectos administrativos, así como para establecer las medidas conducentes a su correcta aplicación.
TRANSITORIO
Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 1989.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal a 27 de diciembre de 1988.
Comisión del Distrito Federal, Presidente Luz Lajous Vargas; secretarios Ramón Choreño Sánchez, José Ignacio Cuauhtémoc Paleta, José Luis Alonso Sandoval, José Luis Alfonso Sampayo, Joaquín Alvarez Ordóñez, Hilda Anderson Nevárez, Jesús Anlen López, Adolfo Barrientos Parra, Alberto Bernal González Eleazar Cervantes Medina, Juan Francisco Díaz Aguirre, María Claudia Esqueda Llanes, Jorge Galván Moreno, Rafael Pedro Garay Cornejo, Juana García Palomares, Alvaro Garcés Rojas, Patricia Garduño Morales, Agustín Gasca Pliego, Jorge Gómez Villareal, Miguel Hernández Labastida, Onofre Hernández Rivera, Esther Kolteniuk de Cesárman, Jorge Alberto Ling Altamirano, Fructuoso López Cárdenas, Leopoldo López Muñoz, Ignacio López Tarso, Fernando Antonio Lozano Gracia, José Luis Luege Tamargo, Herón Maya Anguiano, Gerardo Medina Valdez, Arturo Ocampo Villalobos, Juan José Osorio Palacios, Oscar Mauro Ramírez Ayala, Pedro Alberto Salazar Muciño, Víctor Manuel Sarabia Luna, María del Carmen Segura Rangel, Jorge Schiaffino Isunza, Antonio Silva Beltrán, Demetrio Sodi de la Tijera, Fernando Sologuren Bautista y Sara Villalpando Núñez.
Trámite: -Es de primera lectura.
DICTAMEN A DISCUSIÓN
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN
La C. Presidenta: -El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1989.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, ruego a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El C. secretario Ismael Orozco Loreto: -Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo poniéndose de pie... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Dictamen del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio presupuestal 1989.
Honorable asamblea: De conformidad con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo Federal presentó, en
tiempo y forma, a esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1989, con las previsiones presupuestales asignadas a los poderes y a las entidades señaladas en las fracciones I a IV y VI a VIII del artículo 20 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y los criterios generales de política económica para la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Egresos de la Federación para 1989, que el propio Ejecutivo también envió, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 7 y 27 de la Ley de Planeación.
De acuerdo a lo previsto en los artículos 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la documentación recibida fue turnada para su estudio a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, misma que procedió a preparar el presente dictamen, considerando en sus términos la documentación puesta a su consideración, así como las propuestas recibidas en el seno de la comisión dictaminadora.
La comisión, para el mejor cumplimiento de sus responsabilidades, realizó varias reuniones internas y con los funcionarios responsables de las directrices de las políticas de gobierno correspondientes.
Como resultado de los trabajos realizados, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente
DICTAMEN
El proyecto de presupuesto para 1989 asciende a 246.5 billones de pesos, correspondiendo al gasto programable 83.6 billones, lo que representa un incremento nominal de 16.6% sobre el cierre estimado de 1988, y el gasto no programable de 162.9 billones de pesos, de los cuales 146.2 billones corresponde al pago de servicio de la deuda; 14.6 billones a las participaciones y estímulos y 2.1 billones a los adeudos fiscales de años anteriores.
La política de gasto se inscribe dentro de una estrategia de transición, la cual está determinada por dos circunstancias fundamentales: por un lado, la deuda externa acumulada ha supuesto una transferencia de recursos por concepto de servicio que constituye una grave carga para el país, limitando sus posibilidades de desarrollo; por otro lado, la estabilización de la economía nacional ha llegado a un punto en que su consolidación requiere de un esfuerzo adicional.
Ambas circunstancias están, a su vez, vinculadas entre sí. La transición representa el tiempo para un replanteamiento de las relaciones económicas por el exterior. La capacidad de negociación está determinada por la fortaleza de la posición económica interna, y ésta depende en una medida importante de la consolidación de la lucha contra la inflación. La persistencia de este fenómeno vulneraría de nueva cuenta todos los frentes económicos, incluyendo desde luego el externo. En esencia la renegociación de la deuda externa es de fundamental importancia para el desarrollo económico y la estabilidad interna constituye una condición para dar firmeza a tal renegociación.
La negociación planteará los siguientes objetivos: abatir la transferencia neta de recursos al exterior; reducir el valor de la deuda acumulada; asegurar los recursos nuevos para un horizonte largo que evite la incertidumbre asociada a las negociaciones anuales, y reducir la deuda como proporción de la producción nacional.
En este contexto, la política presupuestal se orienta a establecer las condiciones requeridas para el logro de los objetivos centrales del período de transición, las erogaciones del sector público se adecúan así a los propósitos de consolidar el abatimiento de la inflación y, dentro de los reducidos márgenes que permite la limitación de recursos, orientar el gasto que incida favorablemente en la recuperación ordenada del crecimiento y la atención a las necesidades sociales básicas
El presupuesto busca apoyar a los grupos más desprotegidos, a través del Programa Nacional de Solidaridad; mejorar los servicios de educación, salud y seguridad pública; estimular la inversión social y privada; mantener la infraestructura básica y concluir obras en proceso; elevar la eficiencia y fortalecer la reestructuración del sector público, y mantener el estricto control del gasto público.
La política de gasto del año próximo, busca alcanzar un superávit presupuestal primario, congruente con la disponibilidad de recursos y la política antiinflacionaria. El gasto programable del sector público se reduce de 17.5 a 16.8% del producto interno bruto, pero tal reducción se acompaña de un importante cambio de la estructura, que permite avanzar en la consecución de los objetivos globales y de los vinculados específicamente al desarrollo social.
Proyecto global del presupuesto
El presupuesto global estará determinado por el contexto internacional y nacional, buscando destinar recursos para las prioridades sociales. Las
finanzas públicas continuarán su saneamiento, corriente, con lo que se obtendrá de un superávit presupuestal primario necesario para la estabilidad y recuperación económica. Se espera que la recuperación se base fundamentalmente en la eficiencia y orientación de la inversión pública, más que en su monto, tratando de incentivar la inversión de los sectores social y privado.
Sector central
Como líneas generales de política de gasto público para el sector central, se señalan las medidas de disciplina, austeridad y racionalidad, así como los criterios de simplificación y modernización de las áreas administrativas.
El proyecto de presupuesto de la administración pública central para 1989 asciende a un monto de 42,684.2 mil millones de pesos, lo que representa un aumento de 0.9% real. El gasto directo que presenta el Ejecutivo para las dependencias que forman el sector central es de 23,037.8 mil millones, contándose con un incremento nominal respecto al año anterior de 25.2%.
El gasto global que se propone para el sector de desarrollo social asciende a 30,244.6 mil millones de pesos, lo que significa un aumento con respecto a 1988 de 26.8% en términos nominales, ó 5.7% en términos reales. De esto, la asignación al sector educación crece 29.9%, de la salud 22.4%, de la solidaridad social y desarrollo regional 34.2% y la de desarrollo urbano 29.5%
Transferencias
Las transferencias del sector central se fijarán bajo los criterios de equidad selectividad, racionalidad y claridad en el otorgamiento de los recursos. Se utilizan mayores recursos en apoyo a los objetivos de bienestar social, dirigiéndolos a entidades que tienen por objeto darle atención. Las transferencias a los sectores educación, salud y laboral crecen en 10.4% en términos reales; se incrementan en 44.4% los subsidios a las instituciones de educación media superior y superior y en un 40% las transferencias para la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito; sin embargo, el sector con mayores incrementos en transferencias es el de comercio y abasto, con un aumento de 16.9% real.
Las transferencias al sector industrial crecen sólo 3.4% en términos nominales, con una disminución del 13.7% real. En el sector energético las transferencias se destinan a apoyar su programa de expansión y pago del servicio de su deuda.
A Banrural y Anagsa se les otorga más de la mitad de los subsidios canalizados al sector de desarrollo rural.
El sector comunicaciones y transportes ha disminuido los apoyos que proporciona como consecuencia de la desincorporación de algunos servicios como los transbordadores y transporte aéreo.
El sector turismo ha reducido de manera importante sus transferencias, como consecuencia de la participación de los sectores privado y social, en el financiamiento de la inversión en este sector.
Las transferencias totales al sector paraestatal son de 19,646.4 mil millones de pesos, lo que implica un aumento nominal de 16.5% y una caída de 2.9% en términos reales, con lo que se reduce su participación dentro del gasto programable de la administración central en relación al año anterior en 1.8%
En las entidades de control presupuestal directo las transferencias son de 7,476.7 miles de millones de pesos y lo correspondiente a las entidades no sujetas a control presupuestal directo cuenta con 12.169.7 mil millones de pesos.
Sector paraestatal
El sector paraestatal es importante para que el sector público cumpla con su función de rectoría económica. Para 1989, se buscará aumentar la productividad y eficiencia de las empresas públicas bajo el criterio fundamental de promover el beneficio social. Azúcar, Lotería Nacional, Caminos y Puentes Federales, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Compañía Nacional de Subsistencias Populares son las entidades que tendrán un mayor crecimiento en su presupuesto.
Se propone reducir los subsidios, mostrándolos transparentes y otorgándoles duración limitada.
En 1989 se continuará con la desincorporación de empresas como Sidena, Dina y Propemex, que se encuentran en dicho proceso.
El proyecto de presupuesto de este sector para 1989 se reduce en 5.6% en términos reales.
Poderes
Para 1989, las responsabilidades de la honorable Cámara de Diputados del honorable Senado de la República, contribuirán al perfeccionamiento del marco jurídico y la vida política, fortalecer el estado de derecho y mantener y garantizar la libertad individual y colectiva en condiciones de igualdad y justicia.
Para la instrumentación y ejecución de dichas líneas y de acuerdo al proyecto de gasto del Poder Legislativo enviado al Poder Ejecutivo para su incorporación en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1989, se destina un programa de gasto que asciende a 133.0 mil millones de pesos, cifra superior en 53.9% en relación al ejercicio presupuestal anterior
. Dicha cifra refleja el pacto de un número mayor de legisladores, de acuerdo a las reformas constitucionales respectivas.
La función del Poder Judicial consiste en reafirmar las normas constitucionalistas y salvaguardar las garantías individuales y sociales y preservar la libertad y la paz social, a través de la aplicación del orden jurídico emanado de la Constitución. En 1989 se busca reforzar las acciones encaminadas a la modernización de la administración de justicia.
Para dar cumplimiento a sus objetivos, el proyecto de presupuesto enviado por el Poder Judicial, en ejercicio de su soberanía, asciende a 171.2 mil millones de pesos, que representa un incremento de 15.9% comparado con el cierre del año anterior.
Análisis del gasto
Las erogaciones del sector público darán importancia trascendental a la atención educativa, salud y seguridad. Se asignan recursos adicionales a los programas y proyectos especiales, como es el caso del Programa Nacional de Solidaridad Social.
En el sector salud y seguridad social se aumentarán la dotación de servicios, para lograr elevar los niveles de bienestar social, mediante el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud.
En el sector trabajo y previsión social se dará prioridad a la impartición de justicia y a la vigilancia de la aplicación de la legislación laboral. Se promoverá la generación de empleo y se realizarán acciones para defender el existente.
En el sector salud y laboral, el programa de inversión para 1989 crece 5.5% en relación al año anterior; dentro de las obras a construir destacan los siguientes inmuebles: Hospital Juárez, Hospital General de Cuernavaca, Morelos Hospital de Puebla, Puebla; Hospital de Culiacán, Sinaloa; centros de investigación y enseñanza; Centro Médico del Siglo XXI y el proyecto de capacitación obrera para incrementar la mano de obra calificada.
En lo que corresponde a vivienda, ecología y desarrollo urbano, se dará prioridad a las acciones de construcción, promoción y mejoramiento de la vivienda, mejorándose las acciones de control y cuidado del medio ambiente.
Se terminarán los programas de reconstrucción de Tlatelolco y el emergente fase II, así como la reconstrucción de las viviendas afectadas por el huracán Gilberto, continuándose con el apoyo a la vivienda rural y a la progresiva.
En el aspecto ecológico se continuará apoyando los sistemas de monitoreo atmosférico y de calidad del ambiente.
En cuanto al desarrollo rural, el objetivo fundamental es contribuir al logro de la soberanía alimentaria, garantizar mejores niveles de bienestar social y apoyar el desarrollo económico del país.
La inversión en este sector absorbe al 10% del total de la inversión pública destacándose la inversión de infraestructura hidroagrícola en Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas y Chiapas. La inversión pública en el sector se ubica en captación y conducción de agua, en materia agropecuaria y forestal, programas de protección de reas productivas y cauces forestales.
El sector pesca continuará su proceso de reducción del sector paraestatal, aumentando la participación de los sectores social y privado, tratando de elevar las condiciones de vida de las comunidades pesqueras.
El sector solidaridad social con el programa de desarrollo regional apoyando la coordinación y desarrollo de las entidades federativas se combatirán los rezagos sociales en las entidades de menor desarrollo relativo.
La inversión se canalizará a fortalecer los estados y municipios, mediante la atención de las necesidades sociales y de la base productiva de las diversas regiones del país. Se asignan 1,514.8 mil millones de pesos al programa.
En el sector comunicaciones y transportes se busca un sistema de transporte y comunicación que proporcione una mayor integración del territorio nacional.
El programa de inversiones de este sector es de 2,349.4 millones de pesos, que representa el 15.2% del total de la inversión pública. Dentro de las principales obras del subsector carretero destacan: las zonas dañadas por el huracán Gilberto, reparaciones de las carreteras, Guadalajara-Colima, México- Toluca y conservación de 1 mil 763 kilómetros de carreteras, En el subsector
ferroviario: rehabilitación de 300 kilómetros de vías y reconstrucción de locomotoras. En el programa de infraestructura marítimo-portuaria, destacan la construcción y ampliación de los puertos de Manzanillo, Colima y Altamira, Tamaulipas.
En el transporte aéreo se modernizarán y ampliarán nueve pistas y plataformas.
En comunicaciones se continuará con el avance al sector, vía digitalización y comunicación por satélite.
El sector comercio y abasto integrará con mayor eficiencia la etapa de producción y consumo de mercancías, fortaleciendo las estructuras de abastecimiento, principalmente el popular; se promoverá la producción, acopio distribución y abasto de productos básicos y complementarios mediante la concentración social. Se apoyará la capacitación a productores y consumidores, creando la normatividad necesaria para apoyar al sector. El apoyo al comercio exterior será amplio, canalizándose recursos de manera estratégica. La inversión pública del sector es de 52.0 mil millones de pesos.
El sector industrial continuará reduciendo el número de las empresas públicas, debiéndose incrementarla eficiencia operativa y financiera de las entidades, apoyándose la exportación de productos manufacturados. La inversión se canalizará a proyectos estratégicos que inciden en la modernización y reconversión de la planta industrial tendiente a la autosuficiencia en productos básicos y al fomento de la producción y exportación de productos no petroleros. La inversión en este sector es de 1,026.2 mil millones de pesos, que representa el 6.6% del total de la inversión pública. Destacan las siguientes obras: en el sector minero, Carbón II; en siderurgia el proyecto Sicartsa II; en fertilizantes el complejo de nitrogenados en Coatzacoalcos, Veracruz; en el subsector de construcción de carros de ferrocarril, se atenderá la demanda del tren ligero de Guadalajara y Monterrey.
El sector energético buscará atender la demanda interna y los compromisos de exportación.
El programa considerado tiene un monto de 6,477.4 millones de pesos, 42.0% del total. La inversión será canalizada a la conservación y mantenimiento de las instalaciones y equipos y a la construcción de infraestructura de distribución y, preferentemente, para la producción de petroquímicos básicos para la industria secundaria.
Se continuará la construcción de la hidroeléctrica de Agua Prieta, Jalisco, y la termoeléctrica en Tuxpan, Veracruz, entre otras.
4 En el sector turismo se apoyará la generación de empleo y el desarrollo regional. Entre las inversiones consideradas por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo destacan las siguientes: la infraestructura dañada por el huracán Gilberto y segunda etapa de la electrificación; en Loreto, Baja California Sur, construcción de la red de captación y conducción de agua potable, en Huatulco, Oaxaca, el inicio de la segunda etapa de infraestructura turística.
El sector administración impulsará las acciones de modernización, simplificación, racionalización y descentralización de normas y estructuras administrativas. En el apéndice I, se describen con mayor amplitud los gastos públicos clasificados por sector y por programa.
Resultado presupuestal
En relación al sector público presupuestal se propone alcanzar en 1989 un superávit primario de 6.5% del producto interno bruto, que será producto de una reducción en el gasto programable de 17.5 a 16.8% y una disminución en los ingresos de 27.5 a 25.6%, motivado por las bajas en los precios del petróleo, principalmente.
Para el gobierno federal el superávit primario aumenta a 27.4 billones y es 32.5% mayor al del año anterior. Los ingresos presupuestales y el gasto programable habrán de crecer 21% y las participaciones y estímulos se incrementarán 5.5%.
Los organismos y empresas del sector paraestatal tendrán un superávit primario de 4.7 billones, un 43.6% menor al de 1988, como consecuencia de la pérdida de ingresos petroleros y la política de no aumentar los precios y tarifas del sector público.
Reestructuración de la administración pública federal
Entre las acciones más relevantes que el Ejecutivo Federal llevará a cabo, destaca la modernización de la administración pública dirigida a fortalecer la función social del Estado y a mejorar su capacidad de servicio frente a la población, para atender oportuna y adecuadamente sus necesidades.
Así, la modernización administrativa será un proceso permanente de transformación que permitirá adecuar la infraestructura administrativa a las características del desarrollo, conjugando esfuerzos dentro de un esquema de diálogo y concertación, y racionalizando la utilización de los recursos disponibles.
En este contexto, los esfuerzos se aplicarán en dos vertientes fundamentales: la racionalización y compactación de la infraestructura administrativa del gobierno federal, y el redimensionamiento del sector paraestatal.
En cuanto a la primera, es de señalarse, que se fomentará la eficiencia y productividad de las dependencias y entidades de la administración pública federal, mediante:
La simplificación de la estructura y organización administrativa;
La desregulación y simplificación, en su caso, de trámites y mecanismos de operación, y
El fortalecimiento del proceso de desconcentración y descentralización administrativa.
Por lo que se considera a la segunda vertiente, se buscará el rendimiento del sector paraestatal, a partir de criterios de selección para la revisión de su tamaño y cobertura, sin descuidar sus responsabilidades constitucionales.
El sector paraestatal constituye un valioso instrumento para la transformación de las condiciones económicas de la población, ya que contribuyen al mejoramiento de las finanzas públicas, al equilibrio de la balanza de pagos, promueven la planta productiva y el empleo, y satisfacen la demanda interna de bienes y servicios prioritarios y estratégicos para la nación. Por ello se establecerán estructuras financieras y operativas de las entidades estratégicas y prioritarias.
Con estas acciones se pretende fortalecer la rectoría económica del Estado enmarcadas en la Constitución Política Mexicana. Asimismo, la Ley Fundamental determina áreas estratégicas y prioridades sobre las que concentra y fortalecer su acción.
Descentralización
y reconstrucción
Los cambios realizados en torno a las acciones de descentralización han sentado las bases para una mayor democratización en las decisiones de interés general. A la fecha, los logros obtenidos en la descentralización administrativa, son el avance en materia de transferencia de áreas operativas, servicios y organismos a los gobiernos estatales; delegación de facultades y funciones a las representaciones federales de los estados, así como la reubicación de personal federal, organismos públicos y unidades administrativas en el interior del país.
Para 1989 se continuarán y profundizarán los trabajos que modifiquen la concentración en la ciudad de México. Lograrálo anterior, hace necesario llevar a acabo acciones que apoyen la reubicación industrial hacia zonas con posibilidades de desarrollo; amplíen facultades a las representaciones federales en los estados; impulsen la transferencia de áreas operativas y de servicios a los gobiernos estatales; reubiquen entidades, unidades administrativas y de personal en el interior de la nación. Además, la agilización en la toma de decisiones significa realizar una revisión de las atribuciones y responsabilidades de las representaciones estatales de las dependencias federales.
El Presupuesto de Egresos que esta comisión dictamina, permitirá la continuación de la reubicación de dependencias gubernamentales.
En lo que a reconstrucción se refiere, se continuará el proceso con la finalidad de seguir reponiendo, renovando y reordenando la infraestructura y servicios dañados por el sismo de 1985; lo cual significa construir y reparar los edificios públicos dañados; además de proseguir con los programas de construcción y reconstrucción de viviendas. La correcta utilización de recursos permitirá, entre otras, la consecución de metas como el reforzamiento de 535 escuelas en los estados caracterizados como de alta sismicidad, completar el equipamiento del nuevo Hospital Juárez y del Centro Médico Nacional Siglo XXI, y concluir las 1 mil 194 acciones restantes del programa de vivienda Fase II.
El gobierno federal realizó esfuerzos de apoyo a los estados del sureste y norte del país, en cuanto a los daños ocasionados por el huracán Gilberto.
Para 1989 se garantizarán los servicios esenciales a la población afectada; desarrollando acciones de apoyo a los estados a través del ramo de desarrollo regional en el marco de los convenios únicos de desarrollo. Servicio civil
El servicio civil pretende mejorar la eficiencia en la administración pública federal y mejorar la calidad de los servicios gubernamentales. Para ello se promoverá al servidor público fomentando su vocación de servicio.
Para 1989 se atenderán adecuadamente sus prestaciones sociales y económicas, presupuestándose de manera explícita los recursos necesarios para que el gobierno federal cubra sus obligaciones con el Instituto de Servicios y Seguridad Social de los Trabajadores del Estado y el Fondo de Vivienda del Instituto de Servicios y Seguridad Social de
los Trabajadores del Estado, fortaleciéndose con ello dichos organismos.
La política salarial será concertada a través de la Comisión Intersecretarial del Servicio Civil, donde se establecerá el incremento salarial para el próximo año y las mejoras a las prestaciones del servicio burocrático.
Se realizarán acciones tendiente a fomentar el diálogo con los trabajadores y sus agrupaciones, tratando de coadyuvar a la justicia social.
Los salarios de los servidores públicos superiores y mandos medios se incrementarán en similar proporción a las modificaciones al salario mínimo.
Se dará correspondencia a la capacitación y méritos con las remuneraciones y promociones. Se cuidará la racional utilización de las plazas existentes para atender con especial cuidado los puestos de funciones sobre educación, salud, procuración de justicia y seguridad nacional.
Se apoyará la desconcentración y descentralización administrativa, dando fluidez a los movimientos de plazas.
Política de deuda
El servicio de la deuda pública representa una elevada proporción de recursos dentro del Presupuesto de Egresos. La política de deuda externa está orientada a reducir la transferencia al exterior a través de la negociación.
El gasto de deuda pública para 1989 ascenderá a 148,359.9 mil millones de pesos, de ese total, corresponderá al pago de intereses 55,128.9 mil millones de pesos; 91,102.3 a gastos de amortización y los restantes 2,128.7 mil millones de pesos a las Adefas.
La mayor parte de los gastos de deuda del sector público recae en el gobierno federal, cuyo presupuesto alcanza la cantidad de 132,317.6 mil millones de pesos, con un incremento de 15.4% con relación a 1988. En este renglón, se erogarán por concepto de intereses 48,960.4 mil millones de pesos cantidad que decrece en 21.2% con respecto al año anterior, en cuanto a la amortización, se destinan 83,357.2 mil millones de pesos, aumentando 58.7% con respecto a 1988.
El servicio de la deuda de los organismos y empresas dentro del presupuesto representa la cantidad de 13,913.6 mil millones de pesos, disminuyendo 6.5% respecto a 1988. Al pago de intereses se destinan 6,168.5 mil millones de pesos y al capital 7,745.1 mil millones de pesos, lo que significa una reducción en 2.7 y 9.3% respectivamente. Es importante señalar que el mayor decrecimiento en el sector paraestatal respecto del gobierno federal refleja los esfuerzos de saneamiento financiero llevados a cabo por la administración pública paraestatal, así como la asunción de pasivos efectuados por el gobierno federal.
En materia de deuda externa, la comisión considera que su servicio en los términos actuales constituye una pesada carga que impide la recuperación económica del país. Se reconoce que si México continúa transfiriendo hacia el exterior recursos del orden del 5% del producto, como hasta ahora, el país no podrá volver a crecer de manera duradera. Esta situación no sólo es inaceptable, sino que es ya insostenible. Por encima de los intereses de los acreedores está el interés de los mexicanos; se considera que ya se llegó al límite del sacrificio interno. Es imperativo volver a crecer para elevar el nivel de vida de los mexicanos. Este principio, en opinión de la comisión, debe ser principio central de la negociación sobre la deuda externa.
En función de dicho principio, expresado de consenso, la meta debe ser quitas el principal de la deuda histórica, reducción del pago de intereses y asegurar los recursos frescos que la economía requiere en un horizonte de mediano plazo. La recuperación de México así lo reclama.
Si bien hay discrepancias entre los miembros de esta comisión en cuanto a las acciones inmediatas que habría de emprender para enfrentar el problema de la deuda externa, se acepta el criterio que el Ejecutivo ha propuesto en el sentido de que es necesario encontrar soluciones de carácter permanente. De la actitud y respuesta de los acreedores dependerá la respuesta que deberá dar el pueblo y gobierno de México.
Atendiendo a las consideraciones expuestas en párrafos anteriores, y a la seriedad y complejidad del problema de la deuda externa, la comisión considera necesario iniciar a partir de enero, en las comisiones respectivas, un proceso de audiencias de información, con representantes de los sectores y grupos interesados.
De igual forma de considera que la comisión debe analizar a profundidad el contenido de los informes trimestrales sobre la situación económica y de las finanzas públicas, a fin de coadyuvar a las actividades de seguimiento y control del ejercicio presupuestal, en el marco de sus atribuciones con relación al presupuesto y la Cuenta Pública.
Modificaciones que se proponen al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 1989.
Del examen que la comisión realizó a la iniciativa de decreto correspondiente surgieron diversas observaciones y propuestas. Por tal razón, la comisión que suscribe estimó conveniente efectuar algunas adiciones, reordenar el articulado y asimismo propuso modificar el sentido de algunos artículos del proyecto de decreto del presupuesto de Egresos de la federación para el ejercicio fiscal de 1989, las cuales se señalan a continuación:
1. Se adiciona el artículo 2o. con un último párrafo, para quedar como sigue:
Artículo 2o.
00002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00019. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00020. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00021. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00023. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00025. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00027. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00031. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Estos recursos se ejercerán conforme a los programas respectivos.
2. Se modifica el artículo 3o., agregándose un último párrafo para quedar como sigue:
Artículo 3o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00026. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00028. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las erogaciones por concepto de participaciones a estados y municipios se ejercerán en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal.
3. Se modifica el artículo 8o. en su primer párrafo, para quedar como sigue
: Artículo 8o. las previsiones del ramo XXXI se orientarán a la continuación de las obras de reconstrucción de las zonas dañadas por el huracán Gilberto, de la ciudad de México y a los programas de descentralización y nacional de solidaridad, que llevarán a cabo las dependencias y entidades de la administración pública federal.
4. Se modifica el artículo 9o., para quedar como sigue:
Artículo 9o. Los titulares de las dependencias así como los órganos de gobierno y los directores o sus equivalentes de las entidades de la administración pública federal, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados serán responsables de que se ejecuten con oportunidad y eficiencia las acciones previstas en sus respectivos programas, a fin de coadyuvar a la adecuada consecución de las prioridades definidas en los criterios de política económica y, en su caso, de los objetivos y prioridades fijados en el Plan Nacional de Desarrollo, en los programas sectoriales de mediano plazo y demás programas formulados con base en la Ley de Planeación.
La Secretaría de Programación y Presupuesto verificará periódicamente los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, en relación con las prioridades de los criterios de política económica y, en su caso, con los objetivos y prioridades del plan, de los programas de desarrollo, del Programa Nacional de Solidaridad y de los proyectos de modernización del aparato productivo, en el contexto de la recuperación económica y la estabilidad, a fin de que se adopten las medidas necesarias para
corregir las desviaciones detectadas. Igual obligación y los mismos fines, tendrán las dependencias de la administración pública federal, respecto de las entidades paraestatales agrupadas en el sector que coordinan.
5. Se suprime el artículo 10.
6. Se modificará el artículo 11 y, en consecuencia, se suprime el artículo 14, para quedar como sigue:
Artículo 11. En el ejercicio de sus presupuestos, las dependencias y entidades comprendidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1989, se sujetarán estrictamente a los calendarios de gasto que les apruebe la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Las ministraciones de fondos a las dependencias serán autorizadas por la Secretaría de Programación y Presupuesto de acuerdo con los programas aprobados en el presupuesto de Egresos de la Federación y, en su caso, podrá reservarse dicha autorización y solicitar a los coordinadores del sector la revocación de las autorizaciones que hayan otorgado a sus entidades coordinadas, en los siguientes casos:
I. Cuando no envíen la información que les sea requerida en relación con el ejercicio de sus programas y presupuestos, con base en los dispuesto por el artículo 37 de este decreto;
II. Cuando el análisis del ejercicio de sus presupuestos y el desarrollo de sus programas resulte que no cumplen con las metas de los programas aprobados, o que se capten desviaciones que entorpezcan su ejecución y constituyan distracciones en los recursos asignados a los mismos;
III. En el caso de los subsidios, el incumplimiento de la cuenta comprobada motivará, en su caso, la inmediata suspensión de las subsecuentes ministraciones de fondos que por el mismo concepto se hubieren autorizado, así como el reintegro de lo que se haya suministrado;
IV. Cuando en el manejo de sus disponibilidades financieras no cumplan con los lineamientos que emitan las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público;
V. Cuando en los términos del artículo 28 del presente decreto, se hayan celebrado convenios de asunción de pasivos y no se cumpla con las obligaciones pactadas y los programas de saneamiento respectivos, o con los compromisos de déficit o superávit, y
VI. En general, cuando no ejerzan sus presupuestos con base en las normas que al efecto se dicten.
Salvo lo previsto en los artículos 13 y 34, no se autorizarán adecuaciones a los calendarios de gasto que tengan por objeto anticipar la disponibilidad de recursos, así como aplicaciones líquidas a los presupuestos; en consecuencia, las dependencias y entidades deberán observar un cuidadoso registro y control de su ejercicio presupuestal, sujetándose a los compromisos reales de pago.
Las entidades no comprendidas en el presupuesto, se sujetarán a los calendarios de gasto que aprueben sus respectivos órganos de gobierno, con base en los lineamientos generales que emita la propia Secretaría.
7. Se adiciona el artículo 12 con dos párrafos finales y, en consecuencia, se suprime el artículo 13, para quedar como sigue:
Artículo 12.
Asimismo y sin perjuicio de la observancia de las disposiciones que resulten aplicables, las dependencias y entidades dentro de sus presupuestos autorizados deberán utilizar los recursos externos disponibles en las instituciones financieras, para la adquisición de los bienes y servicios de procedencia extranjera que requieran.
Las dependencias y entidades sólo podrán cubrir el costo de los bienes y servicios a que se refiere el párrafo anterior, sin utilizar recursos externos en casos excepcionales debidamente justificados, y de acuerdo con la normatividad que para estos efectos hayan expedido las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto.
8. Se suprimen los artículos 13 y 14.
9. Se modifica el artículo 16 en su primer párrafo y en el segundo párrafo de la fracción I, y se adiciona con un párrafo su fracción IV, para quedar como sigue:
Artículo 16. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, autorizará erogaciones adicionales para aplicarlas a proyectos de inversión de carácter social o programas y proyectos prioritarios o estratégicos del gobierno federal, con cargo a:
I.
De estos ingresos de asignarán a la Cámara de Diputados los recursos necesarios para el sostenimiento del Instituto de Estudios Legislativos, en un monto que no exceda del 5% del gasto corriente presupuestado para el Poder legislativo, los que serán ejercidos por conducto de la propia Cámara de Diputados;
II a IV.
El monto de los ingresos adicionales que resulten de las operaciones señaladas en el párrafo anterior se destinará a financiar proyectos de inversión productiva de entidades estratégicas y prioritarias existentes o para la constitución de nuevas entidades paraestatales que se justifique, de acuerdo a los requerimientos de desarrollo del país.
10. Se modifica el artículo 17 en su tercer párrafo, para quedar como sigue: Artículo 17.
Los ajustes y reducciones que efectúe el Ejecutivo Federal en observancia de lo anterior, deberán realizarse en forma selectiva, sin afectar el gasto social y los programas estratégicos y prioritarios, optando preferentemente en los casos de programas de inversión, por aquellos de menor productividad e impacto social y económico.
11. Se modifica el artículo 21, quedando como sigue:
Artículo 21. Sin perjuicio de lo que establece el presente decreto y las demás disposiciones aplicables a la materia, los titulares de las dependencias, así como los órganos de gobierno y directores o sus equivalentes de las entidades de la administración pública federal serán responsables de la estricta observancia de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales contenidas en el presente capítulo; su inobservancia o incumplimiento motivar el fincamiento de las responsabilidades a que haya lugar conforme a la ley.
12. Se suprime el artículo 22.
13. Se modifica el artículo 23 en su primer párrafo quedando como sigue:
Artículo 23. Las dependencias y entidades de la administración pública federal no podrán crear nuevas plazas, debiendo promover, en su caso, el traspaso interno de las mismas. La Secretaría de Programación y Presupuesto, a solicitud expresa del titular de la dependencia respectiva, podrá autorizar, conforme a los programas y recursos autorizados en este presupuesto, la creación de las plazas que sean indispensables para los programas de educación salud, procuración de justicia y seguridad nacional. Los órganos de gobierno de las entidades paraestatales podrán autorizar la creación de plazas cuando ello garantice el incremento de su productividad, se establezcan metas específicas a este respecto, cuenten con los recursos propios que se requieran y tales circunstancias hayan quedado previa y debidamente acreditados para el propio órgano de gobierno.
14. Se adiciona el artículo 25 con dos párrafos finales y, en consecuencia, se suprime el artículo 28, para quedar como sigue:
Artículo 25.
Las dependencias y entidades en el ejercicio de sus presupuestos sólo podrán efectuar erogaciones en el exterior para las representaciones, delegaciones u oficinas autorizadas y aportar cuotas a organismos internacionales cuando dichas erogaciones se encuentren expresamente previstas en sus presupuestos autorizados. Asimismo, continuarán en coordinación con las secretarías de Relaciones Exteriores y Programación y Presupuesto revisando dichas cuotas en relación con los fines de los organismos y sus propias atribuciones a fin de avanzar en su disminución o cancelación cuando en el contexto de las prioridades nacionales no se justifiquen.
Durante el ejercicio de 1989, el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, oyendo la opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la coordinadora de sector, en función de las disponibilidades de recursos, adoptará medidas de racionalización de los presupuestos, calendarios autorizados, utilización de los bienes muebles e inmuebles, estructuras y tabuladores asignados a las representaciones, delegaciones u oficinas de las dependencias y entidades en el exterior.
15. Se modifica el artículo 27, para quedar como sigue:
Artículo 27.
I. Gastos menores de ceremonial y de orden social; comisiones de personal al extranjero; congresos, convenciones, ferias, festivales y exposiciones; erogaciones por concepto de correos, telégrafos, teléfonos, energía eléctrica y agua potable y donativos en los términos del artículo 34 de este decreto;
II. Contratación de asesorías, estudios e investigaciones, y
III. Publicidad, propaganda, publicaciones oficiales y, en general, lo relacionado con las actividades de comunicación social. En estos casos, las dependencias y entidades deberán preferentemente los medios de difusión del sector público y el tiempo que por ley otorgan al gobierno federal las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal.
Las erogaciones a que se refiere esta fracción, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación para 1989, deberán ser autorizadas previamente por las secretarías de Gobernación y de Programación y Presupuesto y las que efectúen las entidades, se autorizarán por el órgano de gobierno con base en los lineamientos que establezcan dichas secretarías.
16. Se suprime el artículo 28.
17. Se modifica el artículo 30, en su primer párrafo y en su fracción V para quedar como sigue:
Artículo 30. Las erogaciones por concepto de transferencias con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, se sujetarán a las prioridades de los criterios de política económica y, en su caso, a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, de los programas de mediano plazo y de los demás programas formulados conforme a la ley de la materia y se apegarán a los siguientes criterios:
I. a IV.
V. Los subsidios a los bienes y servicios de consumo popular se circunscribirán a los productos agropecuarios ubicados dentro del régimen de precios de garantía y el paquete básico de consumo popular, regulándose conforme a las necesidades sociales y con el objeto de preservar el nivel de ingresos de los productores. Estos subsidios se orientarán a la protección del consumo y del poder adquisitivo de la población.
VI. a XI.
18. Se adiciona el artículo 34 con un segundo párrafo, y en consecuencia se suprime el artículo 38, para quedar como sigue:
Artículo 34.
El Ejecutivo Federal podrá abstenerse igualmente, de ministrar subsidios y de concertar programas de coordinación de servicios e inversiones con las entidades federativas que graven con impuestos locales los sueldos y salarios de los empleados de la Federación, de las entidades paraestatales y de las que operen mediante concesión federal.
19. Se adiciona el artículo 36, para quedar como sigue:
Artículo 36. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de programas y conceptos de gasto de las dependencias y entidades que no les resulten indispensables para su operación cuando ello represente la posibilidad de obtener ahorros, en función de la productividad y eficiencia de las propias dependencias y entidades. En todo momento, se respetará el presupuesto destinado a los programas prioritarios y en especial, los destinados al bienestar social.
El propio Ejecutivo, por conducto de la citada Secretaría, resolverá sobre la aplicación de los remanentes que se generen con tal motivo, procurando dar prioridad a los programas de desarrollo social, prioritarios y estratégicos de las dependencias y entidades que hubieren generado dichos ahorros o, en su caso que los mismos se reflejen como economías presupuestales.
20. Se suprime el artículo 38.
21. Se modifica el artículo 41, primer párrafo, quedando como sigue:
Artículo 41. Para los efectos del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas, los montos máximos de contratación directa y los de adjudicación mediante convocatoria a cuando menos tres personas que reúnan los requisitos a que dicha disposición se refiere, de las obras que podrán realizar las dependencias y entidades durante el año de 1989, serán las siguientes: 22. Se modifica el artículo 45, para quedar como sigue:
Artículo 45. Las propuestas que en ejercicio de sus atribuciones legales formule la Secretaría de Programación y Presupuesto para disolver, liquidar, extinguir, transferir a los estados y municipios, enajenar la participación estatal y fusionar entidades paraestatales, se basarán en dictámenes que al efecto deberá emitir la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento, los cuales deberán contemplar el efecto social y productivo de estas medidas, incorporando también los puntos de vista de los sectores interesados.
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, informará, conforme a lo previsto en el artículo anterior, a la Cámara de Diputados de las razones y criterios específicos para llevar a cabo el ejercicio de estas atribuciones.
23. Se adiciona el artículo segundo transitorio, para quedar como sigue:
Artículo segundo. El Ejecutivo Federal queda facultado para que, conforme a los programas y dentro de los montos del Presupuesto de Egresos aprobados por el presente decreto, efectúe los traspasos y transferencias que resulten procedentes, como consecuencia de las adecuaciones a la estructura programático-presupuestal de las propias dependencias de la administración pública federal y de los ramos presupuestales, y en su caso, hacerlos congruentes con los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo.
Como consecuencia de lo anterior, se recorren en su orden los actuales artículos 11 y 12, para pasar a ser 10 y 11; los actuales artículos 15 a 21, pasan a ser 12 a 18; los artículos 23 a 27, pasan a ser 19 a 23; los actuales artículos
29 a 37, pasan a ser 24 a 32; los actuales artículos 39 a 48, pasan a ser 33 a 42, respectivamente
. De conformidad con lo establecido en los artículos 65, 74 fracción IV, 75, 126 y 127 de la Constitución Pública de los Estados Unidos Mexicanos; 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; la Comisión de Programación y Presupuesto y Cuenta Pública, somete a la consideración de esta honorable asamblea para su aprobación, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 1989
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1o. El ejercicio y control del gasto público federal y de las erogaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 1989, se sujetarán a las siguientes disposiciones de este decreto y a las aplicables a la materia.
Artículo 2o. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para la Presidencia de la República, las dependencias del Ejecutivo Federal y los ramos de aportaciones a seguridad social, erogaciones no sectorizables y reconstrucción y descentralización para el año de 1989, importan la cantidad de $ 40.743,653.700,000 (cuarenta billones setecientos cuarenta y tres mil seiscientos cincuenta y tres millones setecientos mil pesos, moneda nacional), y se distribuyen de la siguiente manera:
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Estos recursos se ejercerán conforme a los programas respectivos: Artículo 3o. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para desarrollo regional y participaciones a estados y municipios para el año de 1989, importan la cantidad de $16.225,925.100,000 (dieciséis billones doscientos veinticinco mil novecientos veinticinco millones cien mil pesos, moneda nacional), y se distribuyen de la siguiente manera:
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Las erogaciones por concepto de participaciones a estados y municipios, se ejercerán en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal.
Artículo 4o. El presupuesto de Egresos del Poder Legislativo para el año de 1989 importa la cantidad de: $ 133,034.200,000 (ciento treinta y tres mil treinta y cuatro millones doscientos mil pesos, moneda nacional).
Artículo 5o. El presupuesto de Egresos del Poder Judicial para el año de 1989 importa la cantidad de: $ 171,146.000,000 (ciento setenta y un mil ciento cuarenta y seis millones de pesos, moneda nacional).
Artículo 6o. Las erogaciones previstas para el año de 1989 correspondientes a las entidades paraestatales, cuyos programas están incluidos en este presupuesto, se distribuyen de la siguiente manera:
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Artículo 7o. El gasto asignado a la deuda pública del gobierno federal para el año de 1989 importa la cantidad de: $134.446,293.800,000 (ciento treinta y cuatro billones cuatrocientos cuarenta y seis mil doscientos noventa y tres millones ochocientos mil pesos, moneda nacional) y se distribuyen de la siguiente manera:
00024 Ramo de deuda pública 126.882,543.100,000
Amortización 81.026,121.700,000
Intereses y gastos 43.727,721.400,000
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 2.128,700.000,000
00029 Erogaciones para saneamiento financiero 7.563,750.700,000
Amortización 2.331,080.500,000
Intereses y gastos 5.232,670.200,000
La deuda pública correspondiente a las entidades paraestatales cuyos programas están incluidos en este presupuesto será la siguiente:
Amortización 7.745,084.800,000
Intereses y gastos 6.168,503.900,000
Suma 13.913,588.700,000
El ejercicio de los recursos a que se refiere este artículo estará vinculado a la evolución de las condiciones económicas y sociales y en su caso se ajustará a los requerimientos que demande el desarrollo nacional.
Artículo 8o. Las previsiones del ramo XXXI se orientarán a la continuación de la obras de reconstrucción de las zonas dañadas por el huracán Gilberto, de la ciudad de México, y a los programas de descentralización y nacional de solidaridad, que llevarán a cabo las dependencias y entidades de la administración pública federal.
Para su autorización, los programas y proyectos de reconstrucción y descentralización deberán estar suficientemente evaluados, integrados y especificados.
Las erogaciones que se realicen con cargo a los recursos de este ramo, se someterán a los controles presupuestales correspondientes. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, informará trimestralmente a la Cámara de Diputados del manejo que se haga de los mismos y al rendir la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a 1989.
Artículo 9o. Los titulares de las dependencias así como los órganos de gobierno y los directores o sus equivalentes de las entidades de la administración pública federal, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, serán responsables de que se ejecuten con oportunidad y eficiencia las acciones previstas en sus respectivos programas, a fin de coadyuvar a la adecuada consecución de las prioridades definidas en los criterios de política económica y en su caso de los objetivos y prioridades fijados en el Plan Nacional de Desarrollo, en los programas sectoriales de mediano plazo y demás programas formulados con base en la Ley de Planeación.
La Secretaría de Programación y Presupuesto verificará periódicamente los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, en relación con las prioridades de los criterios de política económica y en su caso con los objetivos y prioridades del plan, de los programas de desarrollo, del Programa Nacional de Solidaridad y de los proyectos de modernización del aparato productivo, en el contexto de la recuperación económica y la estabilidad, a fin de que se adopten las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas. Igual tendrán las dependencias de la administración pública federal, respecto de las entidades paraestatales agrupadas en el sector que coordinan.
Artículo 10. En el ejercicio de sus presupuestos, las dependencias y entidades comprendidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1989, se sujetarán estrictamente a los calendarios de gasto que les apruebe la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Las ministraciones de fondos a las dependencias serán autorizadas por la Secretaría de Programación y Presupuesto, de acuerdo con los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y en su caso podrá reservarse dicha autorización y solicitar a los coordinadores de sector la revocación de las autorizaciones que hayan otorgado a sus entidades coordinadas en los siguientes casos:
I. Cuando no envíen la información que les sea requerida en relación con el ejercicio de sus programas y presupuestos, con base en lo dispuesto por el artículo 37 de este decreto;
II. Cuando del análisis del ejercicio de sus presupuestos y en el desarrollo de sus programas resulte que no cumplen con las metas de los programas aprobados, o se capten desviaciones que entorpezcan su ejecución y constituyan distracciones en los recursos asignados a los mismos;
III. En el caso de los subsidios, el incumplimiento de la cuenta comprobada motivará, en
su caso, la inmediata suspensión de las subsecuentes ministraciones de fondos que por el mismo concepto se hubiera autorizado, así como el reintegro de lo que se haya suministrado;
IV. Cuando en el manejo de sus disponibilidades financieras no cumplan con los lineamientos que emitan las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público;
V. Cuando en los términos del artículo 28 del presente decreto, se hayan celebrado convenios de asunción de pasivos y no se cumpla con las obligaciones pactadas y los programas de saneamiento respectivos, o con los compromisos de déficit o superávit, y
VI. En general, cuando no ejerzan sus presupuestos con base en las normas que al efecto se dicten.
Salvo lo previsto en los artículos 13 y 34, no se autorizarán adecuaciones a los calendarios de gasto que tengan por objeto anticipar la disponibilidad de recursos, así como ampliaciones líquidas a los presupuestos; en consecuencia, las dependencias y entidades deberán conservar un cuidadoso registro y control de su ejercicio presupuestal, sujetándose a los compromisos reales de pago.
Las entidades no comprendidas en el presupuesto, se sujetarán a los calendarios de gasto que aprueben sus respectivos órganos de gobierno, con base en los lineamientos generales que emita la propia Secretaría.
Artículo 11. Para que las dependencias y entidades puedan ejercer créditos externos destinados a financiar proyectos o programas específicos, será necesario que la totalidad de los recursos a ejercer se encuentren incluidos en sus respectivos presupuestos autorizados y se cuente con la aprobación previa y expresa de la Secretaría de Programación y Presupuesto.
En los créditos externos que contraten las entidades paraestatales se deberá establecer la responsabilidad de éstas para que cubran el servicio de la deuda que los créditos generen.
Cuando la contratación de estos créditos, tratándose de fideicomisos públicos, pueda redundar en incrementos de los patrimonios fideicomitidos, se requerirá de la autorización previa de la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Asimismo, y sin perjuicios de la observancia de las disposiciones que resulten aplicables, las dependencias y entidades dentro de sus presupuestos autorizados deberán utilizar los recursos externos disponibles en las instituciones financieras, para la adquisición de los bienes y servicios de procedencia extranjera que requieran.
Las dependencias y entidades sólo podrán cubrir el costo de los bienes y servicios a que se refiere el párrafo anterior, sin utilizar recursos externos en casos excepcionales debidamente justificados, y de acuerdo con la normatividad que para estos efectos hayan expedido las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto.
Artículo 12. La Secretaría de Programación y Presupuesto en el ejercicio del presupuesto vigilará que no adquieran compromisos que rebasen el monto del gasto que se haya autorizado y no reconocerán adeudos ni pagos por cantidades reclamadas o erogaciones efectuadas en contraversión a los dispuesto en este artículo.
Será causa de responsabilidad de los titulares de las dependencias, así como de los órganos de gobierno y directores o sus equivalentes de las entidades de la administración pública federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, contraer compromisos fuera de las limitaciones de los presupuestos aprobados para las mismas; acordar erogaciones que no permitan la atención de los servicios públicos y el cumplimiento de sus metas durante el ejercicio presupuestal; así como del titular de la Secretaría de Programación y Presupuesto, autorizar dichos compromisos, salvo en lo previsto en el artículo siguiente.
Las partidas a que se refiere el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 74 constitucional, sólo serán las comprendidas en el concepto 8100 del ramo XXIII del Presupuesto de Ingresos de la Federación.
Artículo 13. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, autorizará erogaciones adicionales para aplicarlas a proyectos de inversión de carácter social o programas y proyectos prioritarios o estratégicos del gobierno federal, con cargo a:
I. Excedentes que resulten de los ingresos ordinarios a que se refiere el artículo 1o., de la Ley de Ingresos de la Federación, con excepción de los incisos 1,2,3 y 4 de su fracción II "aportaciones y abonos retenidos a los trabajadores por patrones para el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores", "cuotas para el Seguro Social a cargo de patrones y trabajadores" "cuotas para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cargo de los citados trabajadores" y cuotas para el Instituto de Seguridad Social para las fuerzas Armadas mexicanas a cargo de los militares".
De estos ingresos se asignarán a la Cámara de Diputados los recursos necesarios para el sostenimiento del Instituto de Estudios Legislativos, en un monto que no exceda del 5% del gasto corriente presupuestado para el Poder Legislativo, los que serán ejercidos por el producto de la propia Cámara de Diputados;
II. Excedentes relativos a ingresos ordinarios presupuestarios de las entidades paraestatales a que se refiere este decreto;
III. Remanentes que tengan las entidades paraestatales, entre sus ingresos y gastos netos, que se consignen como erogaciones recuperables dentro de sus presupuestos, y
IV. Ingresos que obtenga el gobierno federal como consecuencia de la liquidación o extinción de las entidades paraestatales que se determine o del retiro de la participación estatal en aquellas que no sean estratégicas o prioritarias, o de la enajenación de otros bienes muebles o inmuebles que no le sean útiles o no cumplan con los fines para los que fueron creados o adquiridos, así como de los provenientes de la recuperación de seguros.
El monto de los ingresos adicionales que resulten de las operaciones señaladas en el párrafo anterior, se destinará a financiar proyectos de inversión productiva de entidades estratégicas y prioritarias existentes o para a constitución de nuevas entidades paraestatales que se justifiquen, de acuerdo a los requerimientos de desarrollo del país.
Asimismo, se podrán autorizar erogaciones adicionales con cargo a los ingresos extraordinarios que obtenga el gobierno federal por concepto de empréstitos y financiamientos diversos, los que destinarán a los programas y proyectos específicos para los que hubieren sido contratados.
El ejecutivo Federal, al presentar a la Cámara de Diputados la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a 1989, dará cuenta de las erogaciones que se efectúen con base en esta disposición y hará el análisis de su aplicación.
Artículo 14. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, efectuará las reducciones a los montos de los presupuestos aprobados a las dependencias y entidades, cuando se presenten contingencias que repercutan en una disminución de los ingresos presupuestados.
Para los efectos del párrafo anterior, deberán tomarse en cuenta las circunstancias económicas y sociales que priven en el país, los alcances de los conceptos de gasto y, en su caso, la naturaleza y características particulares de operación de las entidades de que se trate, escuchando la opinión de los órganos de gobierno de las propias entidades.
Los ajustes y reducciones que efectúe el Ejecutivo Federal en observancia de lo anterior, deberán realizarse en forma selectiva, sin efectuar el gasto social y lo programas estratégicos y prioritarios, optando preferentemente, en los casos de programas de inversión, por aquellos de menor productividad e impacto social y económico.
Del ejercicio de esta facultad, el Ejecutivo Federal dará cuenta a la Cámara de Diputados al rendir los informes trimestrales a que se refiere el artículo 38 de este decreto y al presentar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
Artículo 15. Todas las cantidades que se recauden por cualesquiera de las dependencias federales, no podrán destinarse a fines específicos y deberán ser concentradas en la Tesorería de la Federación, salvo los casos que expresamente determinen las leyes y hasta por los montos que establezca la Secretaría de Programación y Presupuesto, en función de las necesidades de los servicios a los cuales estén destinados.
Artículo 16. Los importes no devengados en el pago de servicios personales, así como las diferencias en cambios, quedarán definitivamente como economías del presupuesto y en ningún caso se podrá hacer uso de ellos.
Artículo 17. La administración, control y ejercicio de los ramos de erogaciones no sectorizables, aportaciones a seguridad social, desarrollo regional y reconstrucción y descentralización a que se refiere el presente decreto, se encomiendan a la Secretaría de Programación y Presupuesto. La administración, control y ejercicio de los ramos de deuda pública, de participaciones a estados y municipios y de erogaciones para saneamiento financiero será responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
CAPITULO II
Disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales
Artículo 18. Sin perjuicio de lo que establece el presente decreto y las demás disposiciones aplicables a la materia, los titulares de las dependencias, así como los órganos de gobierno y directores o sus equivalentes de las entidades de la administración pública federal, serán responsables de la estricta observancia de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales contenidas en el presente capítulo. Su
inobservancia o incumplimiento motivará el fincamiento de las responsabilidades a que haya lugar conforme a la ley.
Artículo 19. Las dependencias y entidades de la administración pública federal no podrán crear nuevas plazas, debiendo promover, en su caso, el traspaso interno de las mismas. La Secretaría de Programación y Presupuesto, a solicitud expresa del titular de la dependencia respectiva, podrá autorizar, conforme a los programas y recursos en este presupuesto, la creación de las plazas que sean indispensables para los programas de educación, salud, procuración de justicia y seguridad nacional. Los órganos de gobierno de las entidades paraestatales podrán autorizar la creación de plazas cuando ello garantice el incremento de su productividad, se establezcan metas específicas a este respecto, cuenten con los recursos propios que se requieran y tales circunstancias hayan quedado previa y debidamente acreditadas para el propio órgano de gobierno.
A la designación o contratación de personal para ocupar las plazas a que se refiere el párrafo anterior, en ningún caso podrá dárseles efectos retroactivos a la fecha de la autorización correspondiente.
Las dependencias y entidades no podrán llevar a cabo conversiones de sus plazas, puestos y categorías autorizados, salvo cuando se trate de casos debidamente justificados, para lo cual deberá recabarse la autorización previa de la Secretaría de Programación y Presupuesto, para el caso de las dependencias y el órgano de gobierno, tratándose de entidades paraestatales.
Las dependencias y entidades no podrán modificar su estructura orgánica básica y ocupacional aprobada en el ejercicio de 1988, debiendo ser éstas acordes con las normas emitidas a este respecto por la Secretaría de Programación y Presupuesto, por lo que cualquiera adecuación sólo podrán hacerlas las dependencias, previa autorización de dicha Secretaría y las entidades paraestatales por su órgano del gobierno, conforme a los lineamientos que se dicten para tal efecto, de acuerdo a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Tales adecuaciones no podrán implicar traspaso o ampliación a las previsiones presupuestadas por las dependencias y entidades por concepto de servicios personales, ni incremento en el número de plazas.
Artículo 20. Las dependencias y entidades de la administración pública federal en el ejercicio de sus presupuestos por concepto de servicios personales deberán:
I. Dar prioridad a los traspasos de plazas y de recursos asignados a sus presupuestos, entre sus unidades responsables y programas, tratándose de acciones de descentralización de las mismas;
II. En las asignaciones de las remuneraciones a los trabajadores, apegarse estrictamente a los niveles establecidos en los tabuladores de sueldos, cuotas, tarifas y demás asignaciones autorizadas por la Secretaría de Programación y Presupuesto para las dependencias y en el caso de las entidades, por el órgano de gobierno respectivo, conforme a los lineamientos que se emitan de acuerdo a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Las remuneraciones adicionales por jornadas u horas extraordinarias, los estímulos por eficiencia en la actuación y otras prestaciones, se regularán por las disposiciones que establezcan a la Secretaría de Programación y Presupuesto y el órgano de gobierno respectivo, con base en los lineamientos a que se refiere el párrafo anterior.
Tratándose de remuneraciones adicionales por jornadas y por horas extraordinarias y otras prestaciones del personal que labora en las entidades paraestatales, que se rijan por contratos colectivos de trabajo, los pagos se efectuarán de acuerdo con las estipulaciones contractuales respectivas;
III. Abstenerse de cubrir gastos por contratos de honorarios que en cualquier forma supongan el incremento, con respecto al ejercicio de 1988, del número de los contratos relativos o de los montos de las asignaciones respectivas.
Estos contratos sólo podrán celebrarse para la prestación de servicios profesionales, por lo que no podrá incorporarse por esta vía, personal para el desempeño de labores iguales o similares a las que realiza el personal que forma la planta de la dependencia o entidad de que se trate.
La celebración de contratos por honorarios sólo procederá en casos debidamente justificados y siempre que la dependencia o entidad no pueda satisfacer las necesidades de estos servicios con el personal y los recursos técnicos con que cuente. Invariablemente estos contratos deberán ser autorizados por el titular de la dependencia o por el órgano de gobierno de la entidad de que se trate;
IV. Eliminar compensaciones de cualquier naturaleza a título de representación en órganos de gobierno, juntas directivas; consejos, comités técnicos y otros;
V. Sujetarse a los lineamientos que se expidan para la autorización de los gastos de representación y de las erogaciones necesarias para el desempeño de comisiones oficiales, y
VI. Abstenerse de realizar cualquier transferencia de recursos de otros capítulos presupuestales al capítulo de servicios personales.
Artículo 21. Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades, serán responsables de reducir selectiva y eficientemente los gastos de administración, sin detrimento de la realización oportuna y eficiente de los programas a su cargo y la adecuada prestación de los bienes y servicios de su competencia, así como de cubrir con la debida oportunidad sus compromisos reales de pago, con estricto apego a las demás disposiciones de este decreto y de las que resulten aplicables a la materia.
Las dependencias y entidades en el ejercicio de sus presupuestos sólo podrán efectuar erogaciones en el exterior, para las representaciones, delegaciones u oficinas autorizadas y aportar cuotas a organismos internacionales cuando dichas erogaciones se encuentren expresamente previstas en sus presupuestos autorizados.
Asimismo, continuarán en coordinación con las secretarías de Relaciones Exteriores y Programación y Presupuesto revisando dichas cuotas en relación con los fines de los organismos y sus propias atribuciones, a fin de avanzar en su disminución o cancelación cuando en el contexto de las prioridades nacionales no se justifiquen.
Durante el ejercicio de 1989, el ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, oyendo la opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la coordinadora de sector, en función de las disponibilidades de recursos, adoptará medidas de racionalización de los presupuestos, calendarios autorizados, utilización de los bienes muebles e inmuebles, estructuras y tabuladores asignados a las representaciones, delegaciones u oficinas de las dependencias y entidades en el exterior.
Artículo 22. Las dependencias y entidades de la administración pública federal en el ejercicio de sus presupuestos para el año de 1989, no podrán efectuar adquisiciones o nuevos arrendamientos de:
I. Bienes inmuebles para oficinas públicas y mobiliario, equipo y servicios destinados a programas administrativos, con excepción de las erogaciones estrictamente indispensables para la operación. En consecuencia, se deberá optimizar la utilización de los espacios físicos disponibles y al aprovechamiento de los bienes y servicios de que dispongan;
II. Vehículos terrestres y marítimos, con excepción de aquellos necesarios para salvaguardar la seguridad y soberanía nacional, así como para la procuración de justicia, los servicios de salud y el desarrollo de programas productivos prioritarios y de servicios básicos, y
III. Vehículos aéreos con excepción de aquellos necesarios para salvaguardar la seguridad y la soberanía, así como la procuración de justicia.
Cualquier erogación que realicen por los conceptos previstos en las fracciones anteriores, las dependencias y aquellas entidades cuyos presupuestos se encuentran incluidos en el presupuesto de Ingresos de la Federación para 1989 o que reciban transferencias con cargo al mismo, requerirá de la autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto en forma específica y previa al ejercicio del gasto correspondiente.
Tratándose de las demás entidades paraestatales, se requerirá de la autorización de su órgano de gobierno en los mismos términos del párrafo anterior.
Artículo 23. Las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican deberán reducirse al mínimo indispensable, su uso se sujetará a los criterios de racionalidad y selectividad y se efectuarán siempre y cuando se cuente con la autorización expresa del titular de la dependencia o del órgano de gobierno de la entidad correspondiente:
I. Gastos menores, de ceremonial y de orden social; comisiones de personal al extranjero; congresos convenciones, ferias, festivales y exposiciones; erogaciones por concepto de correos, telégrafos, teléfonos, energía eléctrica y agua potable, y donativos en los términos del artículo 29 de este decreto;
II. Contratación de asesoría, estudios e investigaciones, y
III. Publicidad, programada, publicaciones oficiales y, en general, los relacionados con actividades de comunicación social. En estos casos las dependencias y entidades deberán utilizar preferentemente los medios de difusión del sector público y el tiempo que por ley otorgan al gobierno federal las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal.
Las erogaciones a que se refiere esta fracción, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación para 1989, deberán ser autorizadas previamente por las secretarías de Gobernación y de Programación y Presupuesto y las que efectúen las entidades, se autorizarán por el órgano de gobierno con base en los lineamientos que establezcan dichas secretarías.
Artículo 24. En el ejercicio del gasto de inversiones públicas para el 1989:
I. Se otorgará prioridad a los proyectos y obras de modernización de la infraestructura básica, así como aquellos que presenten un mayor avance relativo, estén orientados a incrementar la oferta de bienes y servicios socialmente necesarios y que reporten los mayores beneficios para la población;
II. Se deberá aprovechar la mano de obra e insumos locales y emplear al máximo la capacidad instalada productiva para abatir costos;
III. Se considerará preferentemente la adquisición de productos y la utilización de tecnologías nacionales, con uso intensivo de mano de obra;
IV. Se deberá estimular el cambio estructural, así como los proyectos de coinversión con los sectores social y privado y con los gobiernos locales. En el caso de proyectos y obras de beneficio social se concertará, con arreglo a la ley, la participación activa de las comunidades locales;
V. Los proyectos de inversión financiados con créditos externos, deberán estar contemplados en los presupuestos de las dependencias y entidades y deberán sujetarse a los términos de las autorizaciones que otorguen las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, conforme a sus respectivas atribuciones;
VI. Las inversiones financieras con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación para 1989, serán aquellas estrictamente necesarias y se realizarán previa autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto y se orientarán:
a) A fomentar y desarrollar selectivamente las actividades y ramas de producción consideradas como fundamentales para el desarrollo del país, y
b) Al financiamiento de empresas públicas que promuevan la producción y comercialización de productos básicos, así como de bienes de capital.
Las inversiones financieras deberán estar vinculadas a programas de saneamiento financiero, productividad y eficiencia y responder a las orientaciones de los programas sectoriales de mediano plazo. Tratándose de erogaciones para saneamiento financiero, deberán sujetarse además a lo que dispone el artículo 28 de este decreto, y
VII. Las entidades paraestatales deberán ajustar sus programas de expansión productiva a las acciones previstas en los programas de mediano plazo correspondientes.
Artículo 25. Las erogaciones por concepto de trasferencias con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación se sujetarán a las prioridades de los criterios de política económica y, en su caso, a las prioridades del Plan Nacional Desarrollo, de los programas de mediano plazo y de los demás programas formulados conforme a la ley de la materia y se apegarán a los siguientes criterios:
I. El otorgamiento se hará con base en criterios de selectividad, temporalidad y transparencia en su asignación, considerando su contribución efectiva a la oferta de bienes, servicios e insumos estratégicos o prioritarios;
II. Los subsidios destinados a cubrir desequilibrios financieros en la operación se deberán ajustar en función de la política de precios y tarifas de los bienes y servicios públicos;
III. Los subsidios a los precios de los bienes se mantendrán en niveles que estimulen a los productores y que al mismo tiempo eviten el deterioro del poder adquisitivo de los consumidores;
IV. Los subsidios para las actividades productivas de los sectores privado y social serán congruentes con los fines de la estrategia de crecimiento económico y estarán condicionados a procurar el mayor uso de la mano de obra, a incrementar el nivel de vida de la población de escasos recursos y a promover la capacidad de exportación y la generación de divisas;
V. Los subsidios a los bienes y servicios de consumo popular se circunscribirán a los productos agropecuarios ubicados dentro del régimen de precios de garantía y del paquete básico de consumo popular, regulándose conforme a las necesidades sociales y con el objeto de preservar el nivel de ingreso de los productores. Estos subsidios se orientarán a la protección del consumo y del poder adquisitivo de la población;
VI. Las transferencias destinadas al apoyo de entidades paraestatales se deberán orientar selectivamente hacia actividades estratégicas y prioritarias así como a fortalecer el cambio estructural, a efecto de incrementar la oferta real de bienes y servicios, de insumo estratégicos para la producción y a generar empleo permanente y productivo;
VII. Se requerirá autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto para otorgar transferencias que se pretendan a destinar a inversiones financieras;
VIII. Se considerarán preferenciales las transferencias destinadas al desarrollo de la ciencia y la tecnología en aquellos sectores en proceso de cambio estructural, a la capitalización de las empresas públicas a la formación de capital en ramas y sectores básicos de la economía y al financiamiento de actividades definidas como estratégicas, que en el mediano plazo propicien la generación de recursos propios;
IX. Los recursos asignados a los programas regionales de empleo deberán destinarse a la generación de puestos permanentes;
X. Las entidades paraestatales beneficiarias de transferencias deberán buscar fuentes alternativas de financiamiento a fin de lograr, en el mediano plazo, una mayor autosuficiencia y una disminución correlativa de los apoyos con cargo a recursos presupuestales, y
XI. No se deberán otorgar transferencias cuando no se hallen claramente especificados los objetivos, metas, beneficiarios, destino, temporalidad y conducciones de los mismos.
Artículo 26. La Secretaría de Programación y Presupuesto autorizará las transferencias con cargo al Presupuesto de Egresos a las dependencias coordinadoras de sector, quienes procederán a la asignación de los recursos a las entidades paraestatales bajo su coordinación, verificando previamente:
I. Que se justifique la necesidad de los recursos solicitados en función del estado de liquidez de la entidad beneficiaría, así como la aplicación de dichos recursos;
II. Que las entidades no cuenten con recursos ociosos o aplicados en operaciones que originen rendimientos de cualquier clase, y
III. El avance físico- financiero de sus programas y proyectos, con el propósito de regular el ritmo de la ejecución con base en lo programado.
Las dependencias coordinadoras de sector podrán suspender las ministraciones de fondos, cuando las entidades beneficiarias no remitan la información físico-financiera en los términos y plazos establecidos en las disposiciones aplicables, informando de inmediato a la Secretaría de Programación y Presupuesto; Dicha información deberá ser proporcionada en los término del
artículo 37 de este decreto.
Artículo 27. Cuando se deban diferir ministraciones de fondos, la Secretaría de Programación y Presupuesto, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determinarán el orden a que se ajustará la ministración de transferencias autorizadas por las dependencias coordinadoras de sector, a fin de asegurar la disposición oportuna de recursos para el desarrollo de los programas prioritarios.
Artículo 28. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Programación y Presupuesto y de la Contraloría General de la Federación, en el seno de la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento, así como la respectiva dependencia coordinadora de sector, celebrarán con las entidades paraestatales convenios para:
1. El establecimiento de metas de déficit o, en su caso, superávit financiero mensual y trimestral, a nivel devengando, y
II. El saneamiento financiero, mediante la asunción de pasivos de entidades paraestatales estratégicas o prioritarias, cuyas funciones estén asociadas a la prestación de servicios públicos o a la producción de bienes social y nacionalmente necesarios, de acuerdo a los fines para los que fueron creadas siempre que la entidad de que se trate cuente con un programa de cambio estructural que se presente a más tardar el 31 de agosto de 1989 a la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento y sea aprobada por ésta. La comisión evaluará periódicamente el cumplimiento de los convenios respecto de las metas establecidas en dichos instrumentos. Si de las evaluaciones mencionadas se observan hechos que contravengan las estipulaciones concertadas, las dependencias que integran la comisión, en los términos de las disposiciones legales aplicables, propondrán a la dependencia coordinadora de sector y a la entidad de que se trate, las medidas conducentes para corregir las desviaciones detectadas.
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, con base en las evaluaciones de la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento, informará a la Cámara de Diputados sobre la ejecución de los convenios de saneamiento financiero, así como de las medidas adoptadas para su debido cumplimiento.
Las dependencias que integran la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento establecerán los lineamientos con base en los cuales se llevará a cabo la formulación de los convenios a que se refiere este artículo y harán la determinación de las entidades paraestatales con las que habrán de celebrarse los mismos. Los órganos de gobierno serán responsables de vigilar que se cumpla con las metas de déficit o superávit de las entidades con las que no se celebren los correspondientes convenios.
Artículo 29. La secretaría de Programación y Presupuesto se abstendrá de autorizar subsidios y las dependencias y entidades, donativos y ayudas que no contribuyan la consecución de los objetivos de los programas aprobados o que no se consideren de beneficio social, así como aquellos a favor de beneficiarios que dependan económicamente del Presupuesto de Egresos de la Federación o cuyos principales ingresos provengan de éste.
El Ejecutivo Federal podrá abstenerse, igualmente, de ministrar subsidios y de concertar programas de coordinación de servicios e inversiones con las entidades federativas que graven con impuestos locales los sueldos y salarios de los empleados de la Federación, de las entidades paraestatales y de las que operen mediante concesión federal.
Artículo 30. Las dependencias y entidades proporcionarán a la Secretaría de Programación y Presupuesto la información sobre transferencias que hubiesen otorgado durante el ejercicio presupuestal, a efecto de que dicha Secretaría la analice e integre al Registro Único de Transferencias; dicha información deberá ser proporcionada en los términos del artículo 37 del presente decreto.
Artículo 31. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y presupuesto podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de programas y conceptos de gasto de las dependencias y entidades que no les resulten indispensables para su operación cuando ello represente la posibilidad de obtener ahorros, en función de la productividad y eficiencia de las propias dependencias y entidades. En todo momento, se respetará el presupuesto destinado a los programas prioritarios y en especial, los destinados al bienestar social.
El propio Ejecutivo, Por conducto de la citada Secretaría, resolverá sobre la aplicación de los remanentes que se generen con tal motivo procurando dar prioridad a los programas de desarrollo social, prioritarios y estratégicos de las dependencias y entidades que hubieren generado dichos ahorros o, en su caso que los mismos se reflejen como economías presupuestales.
Artículo 32. Las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, determinarán conjuntamente los lineamientos a que deberán sujetarse las dependencias y entidades respecto de las disponibilidades financieras con que cuenten durante el ejercicio presupuestal, las que no deberán invertirse a través de mecanismos bursátiles, salvo en el caso de valores emitidos por el sector público. Para tal efecto, las dependencias y entidades proporcionarán la información financiera que requiera el Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gastos Públicos a que se refiere el artículo 37 de este decreto.
A fin de identificar los niveles de liquidez, así como para operar la compensación de crédito o adeudos, las dependencias y entidades de la administración pública federal informará de sus depósitos en dinero o valores u otro tipo de operaciones financieras y bancarias, en los términos que se establezcan con base en los dispuesto por el artículo 37 del presente decreto.
Las dependencias y entidades, sin exceder sus presupuestos autorizados, responderán de las cargas financieras que causen por no cubrir oportunamente sus respectivos adeudos, las que se calcularán a la tasa equivalente al rendimiento promedio de las emisiones de los Certificados de la Tesorería de la Federación, a 28 días del mes inmediato anterior a la fecha del corte compensatorio. La aplicación de esta tasa se efectuará sobre los adeudos reportados por el Sistema de Compensación de Adeudos del Sector Público, desde la fecha en que debieron liquidarse tales adeudos.
Articulo 33. El Banco de México, en función del monto de divisas requerido para el Presupuesto de Egresos de la Federación y de conformidad con las disposiciones aplicables, proporcionará, a petición de las dependencias y entidades, las divisas necesarias para el cumplimiento de sus compromisos en moneda extranjera, debiendo las mismas informar a la secretaría de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, en la forma y periodicidad que éstas determinen, los movimientos presupuestales que efectúen al respecto, de acuerdo con los flujos reales establecidos.
Artículo 34. La Secretaría de Programación y Presupuesto, Conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomando en cuenta los flujos reales de divisas y de moneda nacional, así como las variaciones que se produzcan por las diferencias en tipos de cambio en el financiamiento de los programas, efectuarán las adecuaciones necesarias a los calendarios de gasto en función de los requerimientos, las disponibilidades presupuestales y de las alternativas de financiamiento que se presenten.
Artículo 35. Para los efectos del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas, los montos máximos de contratación directa y los adjudicación mediante convocatorias a cuando menos tres personas, que reúnan los requisitos a que dicha disposición se refiere, de las obras que podrán realizar las dependencias y entidades durante el año de 1989, serán los siguientes:
Inversión total autorizada
(Millones de pesos)
HASTA 3,000
MAYOR DE 3,000 A 7,500
MAYOR DE 7,500 A 12,500
MAYOR DE 12,500 A 17,500
MAYOR DE 17,500 A 22,500
MAYOR DE 22,500 A 30.000
MAYOR DE 30,000 A 75,000
MAYOR DE 75,000 A 120;000
MAYOR DE 120,000 A 165,000
MAYOR DE 165.000 A 225,000
MAYOR DE 225,000 A 300,000
MAYOR DE 300,000 A 375,000
MAYOR DE 375,000 A 450,000
MAYOR DE 450,000
Monto máximo Monto máximo
total de cada total de cada
obra que podrá obra que podrá
contratarse adjudicarse
directamente mediante
(Millones de convocatoria a
pesos) cuando menos
tres personas
(Millones de
pesos)
6.8 61.6
8.6 77.6
10.5 94.2
12.4 111.8
15.1 135.6
16.4 148.0
18.2 167.7
20.8 187.3
23.0 207.0
25.4 228.7
27.5 247.4
29.2 226.0
31.5 283.6
33.6 302.2
Las dependencias y entidades se abstendrán de formalizar o modificar contratos de obras públicas y de servicios relacionados con ellas, cuando no hubiere saldo disponible en la correspondiente partida presupuestal.
Artículo 36. Para los efectos del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles, los montos máximos de adjudicación directa y los de adjudicación habiendo convocado, en su caso, por lo menos a tres u ocho proveedores, según el caso, de las adquisiciones, arrendamiento o servicios que podrán realizar las dependencias y entidades durante el año de 1989, serán los siguientes:
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Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del impuesto al valor agregado.
Las dependencias y entidades se abstendrán de formalizar o modificar contratos y pedidos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, cuando no hubiere saldo disponible en la correspondiente partida presupuestal.
Artículo 37. Las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Programación y Presupuesto, de la Contraloría General de la Federación y el Banco de México, operarán el Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público. Las propias dependencias establecerán las normas y lineamientos relativos a la organización, funcionamiento y requerimientos de dicho sistema.
Las dependencias y entidades deberán cumplir con los requerimientos de información que demande el sistema. Para tal efecto, las dependencias a que se refiere el párrafo anterior conjuntamente con la
coordinadora de sector, harán compatibles los requerimientos de información que demande el sistema racionalizando los flujos de información.
Artículo 38. La Secretaría de Programación y Presupuesto realizará periódicamente la evaluación del ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación en función de los objetos y metas de los programas aprobados. El Ejecutivo Federal, a través de la secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, informará trimestralmente a la Cámara de Diputados sobre la situación económica y las finanzas públicas del ejercicio, incluyendo las de las entidades paraestatales que celebren convenios de déficit o, en su caso, superávit financiero y hará asimismo las aclaraciones que ésta le solicite, a través de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, sobre la detección de irregularidades y el fincamiento de las responsabilidades correspondientes.
Los informes trimestrales deberán ser presentados a más tardar 45 días después de terminado el trimestre de que se trate.
Artículo 39. Las propuestas que en ejercicio de sus atribuciones legales formule la Secretaría de Programación y Presupuesto para disolver, liquidar, extinguir, transferir a los estados y municipios, enajenar la participación estatal y fusionar entidades paraestatales, se basarán en dictámenes que al efecto deberá emitir la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento, los cuales deberán contemplar el efecto social y productivo de estas medidas, incorporando también los puntos de vista de los sectores interesados.
El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto informará conforme a lo previsto en el artículo anterior a la Cámara de Diputados de las razones y criterios específicos para llevar a cabo el ejercicio de estas atribuciones.
Artículo 40. La Secretaría de Programación y Presupuesto vigilará la exacta observancia de las normas contenidas en este decreto, así como la estricta ejecución del Presupuesto de Egresos de la Federación; para tales efectos, dictará las medidas pertinentes de acuerdo con las leyes que resulten aplicables y el presente decreto, señalando los plazos y términos a que deberán ajustarse las dependencias y entidades coordinadas y no coordinadas, en el cumplimiento de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales y podrá requerir de las propias dependencias y entidades la información que resulte necesaria, comunicando a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, las irregularidades y desviaciones de que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones para los efectos del artículo 41 de este decreto. del cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, se dará cuenta a la Cámara de Diputados en los informes trimestrales a que se refiere el artículo 38 de este decreto y en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
Artículo 41. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación y los órganos internos de control de las dependencias y entidades, en el ejercicio de las atribuciones que en materia de inspección, control y vigilancia les confiere la ley, comprobarán el cumplimiento, por parte de las propias dependencias y entidades de la administración pública federal, de las obligaciones derivadas de este decreto.
Con tal fin, dispondrán lo conducente para que se lleven a cabo las inspecciones y auditorías que se requieran, así como para que se finque las responsabilidades y se apliquen las sanciones que procedan con motivo del incumplimiento de las mencionadas obligaciones. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación, pondrá en conocimiento de tales hechos a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Artículo 42. La Secretaría de Programación y Presupuesto estará facultada para interpretar las disposiciones del presente decreto para efectos administrativos y establecer las medidas conducentes a su correcta aplicación.
TRANSITORIOS
Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día primero de enero de 1989.
Artículo segundo. El Ejecutivo federal queda facultado para que, conforme a los programas y dentro de los montos del Presupuesto de Egresos aprobado por el presente decreto, efectúe los traspasos y transferencias que resulten procedentes, como consecuencia de las adecuaciones a la estructura pro gramático- presupuestal de las propias dependencias de la administración pública federal y de los ramos presupuestales. Y en su caso hacerlos congruentes con los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo.
Sala de sesiones de la honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
Ciudad de México, Distrito Federal, a 27 de diciembre de 1988.- Los diputados miembros de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública: Rogelio Montemayor Seguy,
presidente; Raúl Bolaños Cacho Guzmán, secretario; Humberto Roque Villanueva, secretario; Pedro César Acosta Palomino, Belisario Aguilar Olvera, Alberto Amador Leal, Eduardo Arias Aparicio, Adolfo Barrientos Parra, Javier Bonilla Chávez, Manuel Cavazos Lerma, Elina Elfi Coral Castilla, Melchor de los Santos Ordóñez, María Teresa Dorantes Jaramillo, José Jaime Enríquez, Félix, Pedro René Etienne Llano, Eloy Argos García Aguilar, Martha García Rivas Palmeros, Yolanda M. García Treviño, Juan Antonio García Villa.
Joaquín Garduño Vargas, Noé Fernando Garza Flores, Martín Gavica Garduño, Agustín Gasca Pliego, Jorge González Ilescas, María del Rosario Elena Guerra Díaz, Magdaleno Gutiérrez Herrera, Ramiro Hernández García, Jesús Armando Hernández Montaño, Armando Ibarra Garza, Enrique Ibarra Pedroza, Artemio Iglesias Miramontes, Pedro Manuel Cruz López Díaz, María Elena Martínez Carranza, Rafael Melgoza Radillo, María del Carmen Mercado Téllez, Salvador Mirando Polanco, Juan José Moreno Sada, Jesús Oscar Navarro Gárate, César Alfonso Neri Ávila, María Teresa Ortuño Gurza, Alejandro Paredes Jurado, Francisco Javier Pavlovich Robles, Ana Rosa Payán Cervera, Humberto Peña Reyes, Alberto Pérez Fontecha, Sergio Quiroz Miranda, Miguel Quiroz Pérez, Jaime Rodríguez Inurrigarro, Jesús Ramón Rojo Gutiérrez, Federico Ruíz López, Salvador Sánchez Vásquez, Francisco Javier Santillán Oceguera, Nicodemus Santos Luck, Juan Ugarte Cortés, Miguel Ángel Mauricio Valdés Rodríguez, Everardo Vargas Zavala, Juan Manuel Verdugo Rosas, Astolfo Vicencio Tovar y Elías Villegas Torres.»
Trámite:- Segunda lectura.
APENDICE
APÉNDICE I
ANÁLISIS SECTORIAL DEL GASTO PROGRAMABLE
1. Análisis Programable del Gasto
1.1. Desarrollo Rural
Tomado en consideración la política de cambio estructural y desarrollo rural, esta comisión considera como válidos los propósitos de contribuir a preservar la soberanía alimentaria del país, garantizar niveles más altos de bienestar social y apoyar el desarrollo social de la nación, lo cual se logrará aumentando el empleo, ingreso, producción y productividad.
De esta forma, el gasto público se dirigirá a la reactivación de la producción agropecuaria y forestal, apoyando la capitalización principalmente en áreas y regiones más rezagadas.
Se acentuará la importancia en la coordinación entre las acciones de gasto público sectorial y la orientación de la política macroeconómica, junto con los otros instrumentos de política sectorial: precios de garantía, crédito y seguro agropecuario y estímulos fiscales; al mismo tiempo, implementar la modernidad rural significa priorizar el sentido social del gasto agropecuario. se fortalecerá la inversión, atendiendo preferentemente proyectos prioritarios de corta maduración.
El Programa de Inversión promoverá acciones de capitalización rural como la investigación tecnológica, fomento de la agroindustria integrada, producción de insumos e incorporación de equipos y maquinarias que fomenten niveles de producción y productividad.
Se preferenciará la rehabilitación y modernización de distritos de riego.
El gasto para desarrollo rural para el próximo año, asciende a 4,761.0 MMP.
1.1.1. Agrícola
Objetivos
incrementar la producción y productividad agrícola, a logros que permitan consolidar la autosuficiencia en productos básicos.
Reducir en el corto plazo las importaciones de maíz.
Apoyar la producción de cultivos de oleaginosas y granos forrajeros Modernizar el aparato productivo agropecuario.
Proporcionar acciones de asistencia técnica en 12,557.5 mil hectáreas, para beneficiar a 1,528.7 mil personas.
Apoyar la asociación de 181.8 mil personas, fomentado la integración de 12,617 agrupaciones.
Cubrir 7,423 mil hectáreas de medidas fitosanitarias, y realizar prácticas de conservación de suelo y agua en 1,155 mil hectáreas.
Canalizar los recursos asignados a los proyectos prioritarios de fomento a la producción y productividad, fundamentalmente y programas estratégicos de
maíz y de uso eficiente de la inversión rural ociosa, así como al proyecto de Organización, Capacitación, Asistencia Técnica e Investigación y del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, entre otros de importancia.
Apoyar los proyectos San Feranado, Tamaulipas, Ometepec, Guerrero, Plan Chiapas y Proderith, estratégica, en lo que se refiere a áreas de temporal.
Destacan en cuanto a proyectos prioritarios Elota, Piaxtla, Río Sinaloa, San Lorenzo, segunda etapa en Sinaloa y Andrés Figueroa, Guerrero.
Asesorar a 9 mil 300 personas en la administración y operación de treinta y tres plantas agroindustriales.
Producir 27.8 millones de toneladas en los diez cultivos principales, producidas en 15.5 millones de hectáreas.
Producir 1.1 millones de toneladas de las principales oleaginosas en 1.0 de hectáreas.
Lograr una producción de 6.3 millones de toneladas de otros granos.
Producir 70.1 millones de toneladas en los otros cultivos importantes en 3.12 millones de hectáreas.
1.1.2. Pecuario
Objetivos
Mejorar la producción y productividad de las tierras destinadas al aprovechamiento ganadero.
Promover el aprovechamiento de los recursos pecuarios, para satisfacer las necesidades de consumo humano.
Líneas de Acción
Asistencia técnica a 991.2 mil personas en manejo de 1,842.7 mil hectáreas de agostadero y atención a 1, 315.9 mil cabezas.
Se combatirá el gusano barrenador en 196, 716.0 mil hectáreas, y se dará protección y vigilancia contra enfermedades a 59,716 mil cabezas.
Se instalarán 182 mil piezas (trampas) y se sustituirán 260 mil especies de abeja reina para el combate de la abeja africana.
Metas
Producir 2.9 millones de toneladas de carne en canal, de las cuales 43.0% son de bovinos, 30.8% de porcinos, 24.0% aves y el 2.2% en ganado ovino y caprino.
Lograr la producción de 6 mil 587 millones de litros de leche.
Producir 1.1 millones de toneladas de huevo.
1.1.3. Forestal
Objetivos
Continuar la política de aprovechamiento racional de recursos.
Aplicar técnicas adecuadas a las características del recurso, que mejoren las acciones de fomento y preservación del mismo.
Líneas de Acción
Asistencia técnica en 2,932.8 mil hectáreas; organizar 533 agrupaciones de productores forestales.
Diagnóstico y control de plagas y enfermedades forestales en 1,800.8 mil hectáreas; producción en vivero de 33,678.0 mil plantas.
Prevenir y combatir incendios forestales en 4,963.0 mil hectáreas; aplicar las disposiciones de la Ley Forestal y su Reglamento, mediante la vigilancia forestal en 36,630.7 mil hectáreas.
Metas
Alcanzar un total de 10.3 millones de metros cúbicos maderables.
Producir 77.8 millones de toneladas maderables, de las cuales 59.6% corresponden a la producción de resina y el 40.4% a distintos productos.
1.1.4 Abastecimiento de Agua Potable
Objetivos
Mantener y ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado.
Obtener un uso racional del agua.
Atender a localidades con desequilibrios críticos.
Conservar, preservar, mantener y rehabilitar los sistemas de distribución de agua potable.
Líneas de Acción
Se continuará con el apoyo a los acueductos que conforman la operación del Sistema Nacional Hidráulico.
Se destinarán recursos que permitan la continuación de la construcción, principalmente de los acueductos que beneficien a Huajuapan de León, Chihuahua, Ciudad Victoria y Guadalajara.
Metas
Elaborar 47 estudios y proyectos técnicos para la realización de sistemas de agua potable y alcantarillado.
Concluir la construcción de 10 obras de agua potable para entregar al estado de Guerrero.
Conservar y mantener setenta pozos de perforación.
Realizar acciones de asistencia técnica.
Operar laboratorios para el análisis de la calidad del agua.
1.1.5 Reforma Agraria Integral.
Objetivos
Organizar y capacitar a los productores rurales.
Promover el aprovechamiento integral de los recursos con que cuentan los núcleos agrarios.
Mantener permanentemente actualizados los derechos agrarios individuales y colectivos, y la culminación de los expedientes agrarios en trámite.
Líneas de acción
Organización de campesinos sin tierra y de los pequeños propietarios. Instrumentación de programas de capacitación a productos rurales.
Promoción de unidades de explotación multiactiva, agilización y simplificación administrativa y procedimental agraria, y la continuidad de los programas de seguridad jurídica a los distintos regímenes de la tenencia de la tierra.
Metas
Fortalecer la organización agraria básica en 7 mil 500 núcleos agrarios del país.
Propiciar la integración de 200 uniones de ejidos y asociaciones rurales de interés colectivo.
Promover 200 contratos de asociación con terceros para la explotación de recursos no renovables, propiedad de los núcleos agrarios.
Constituir 3 mil 730 unidades económicas de producción agrícola, forestal, pecuaria, acuícola y/o artesanal y promover la comercialización de sus productos.
Mantener actualizado el catastro rural en 32 entidades federativas.
Otorgar seguridad jurídica a los distintos regímenes de tenencia de la tierra con la emisión de 167 mil certificados.
1.2. Desarrollo Social
En el marco de la actual administración, esta comisión considera que el desarrollo social debe ser una prioridad dentro del programa de gobierno; por ello, no obstante las limitaciones presupuestales para 1989, los recursos canalizados a educación, salud y seguridad social, trabajo y previsión social vivienda, ecología y desarrollo urbano, aumentarán en forma significativa. El gasto global que se destina a este rubro, asciende a 30,244.6 mil millones de pesos, lo que significa un aumento con respecto a 1988 de 26.8% en términos nominales y 5.7% en términos reales.
1.2.1. Educación
Objetivos
Mejorar la calidad de la educación en todos los niveles e incrementar la eficiencia terminal.
Vincular la educación, la investigación científica, tecnológica y el desarrollo experimental con las necesidades del país.
Consolidar la regionalización y descentralización de la educación básica y normal.
Mejorar y mantener los servicios en las áreas de educación física, deporte y recreación.
Líneas de Acción
Racionalizar y optimizar los recursos y promover la participación de los sectores social y privado.
Fortalecer las acciones tendientes a elevar la eficiencia terminal, reduciendo la deserción y reprobación, mejorando la calidad de los servicios.
Consolidar un sistema integral de formación de maestros, complementando con los servicios de actualización y capacitación de los docentes en servicio.
En el área de investigación, dar prioridad a la generación de tecnología para la producción de
bienes de capital, formación de reservas materiales y sustancias estratégicas, y a la producción de bienes destinados a la satisfacción de las necesidades básicas de la población.
Continuar la desconcentración de la investigación científica y tecnológica a través de centros regionales o estatales.
Metas
Atender a 15,875.1 mil alumnos; 2,140.7 mil en el nivel preescolar, 10,426.1 mil en educación primaria y 3,308.3 mil en educación secundaria.
Proporcionar educación a nivel media superior a 1,292.0 mil alumnos; 315.2 mil a educación media superior general, 558.3 mil a la universitaria, 404.2 mil a la tecnológica y 14.3 mil a la pedagógica. En la educación media terminal, atender a 280.6 mil alumnos.
En el nivel de educación superior, se dará atención a 1,054.6 mil alumnos.
Fortalecer los contenidos culturales de la educación, mediante la realización de 14.8 mil eventos artístico-culturales en planteles escolares.
En materia de recreación, deporte y esparcimiento, dotar a 27.7 mil deportistas y 15.8 millones de jóvenes de diversos servicios de apoyo:
paquetes turísticos, tarjetas Plan Joven y formación de autoempresas, entre otros.
Construir 22.7 mil espacios educativos para atender la demanda educativa de los diferentes niveles.
Se realizarán 7 mil 048 proyectos de investigación.
Presupuesto
El proyecto de presupuesto asignado para el sector educativo de 1989, será de 13,833.6 mil millones de pesos, cifra superior en 29% con respecto al año anterior.
1.2.2. Salud y Seguridad Social
Con el propósito de avanzar en la consolidación del modelo de atención a la población abierta en 1989, para el sector salud y seguridad social se definen los siguientes objetivos, líneas de acción, metas y presupuesto asignado.
Objetivos
Fortalecer el Sistema Nacional de Salud, a través de la operación de los servicios descentralizados.
Abatir las enfermedades transmisibles, especialmente en el grupo materno infantil.
Reducir los perjuicios a la salud, ocasionados por las enfermedades crónico degenerativas, accidentes y violencia.
Incrementar los niveles nutricionales de las mujeres embarazadas en el período de lactancia y de los menores de cuatro años.
Avanzar en el reforzamiento de los servicios de planificación familiar.
Ampliar la cobertura de la población abierta en el primero y segundo nivel de atención.
Líneas de Acción
Desarrollar programas encaminados al control de las enfermedades prevenibles para vacunación.
Continuar los trabajos dirigidos a la detección temprana y el tratamiento oportuno de las enfermedades crónico degenerativas.
Estimular la descentralización del Sistema de Regulación Sanitaria.
Perfeccionar el Sistema de Compras Consolidadas, para garantizar en todas las entidades del sector salud el abasto oportuno de medicamentos e insumos requeridos.
Agilizar la terminación de las obras en proceso, y sostener la continuidad del Programa de Construcción de Centros de Salud.
Ampliar la cobertura y promover acciones para aumentar la eficiencia y eficacia de los servicios.
Metas
Para 1989, se estima aplicar 65.6 millones de dosis de vacunas a menores, embarazadas y población en riesgo.
Brindar 10.6 millones de raciones para mejorar la alimentación de las mujeres embarazadas y en período de lactancia.
Proporcionar 88.6 millones de consultas generales y 20.3 millones de consultas especializadas.
Terminar la construcción de setenta y nueve centros de primer nivel e iniciar ciento sesenta centros; asimismo, continuar la construcción de ocho hospitales generales y terminar dos dentro del Programa de Servicios de Salud México-Banco Interamericano de Desarrollo.
Concluir el equipamiento del nuevo Hospital Juárez y del Instituto Nacional de Salud Pública.
Presupuesto
Para darle cumplimiento a los objetivos y rutas trazadas al sector salud, durante el ejercicio presupuestal de 1989 se canalizarán recursos por un monto de 12,773.4 mil millones de pesos; dicha asignación representa un crecimiento del 22.4% en relación a 1988.
1.2.3. Trabajo y Previsión Social
A partir de los recursos asignados en este sector, los programas a desarrollar bajo su competencia, se sustentarán en los siguientes objetivos, líneas de acción y metas:
Objetivos
Procurar e impartir justicia laboral en las relaciones productivas.
Impulsar y promover la organización cooperativa y otras formas de organización social para el trabajo.
Reforzar las acciones de capacitación y adiestramiento en los centros laborales.
Estimular la generación de empleos productivos y proteger las existentes.
Líneas de Acción
Reforzar e intensificar los programas de impartición de justicia y vigilancia de la legislación laboral, el empleo y la organización social para el trabajo.
Mejorar los índices de productividad de las empresas, a través de la capacitación de los trabajadores.
Otorgar créditos a los trabajadores para adquirir bienes de consumo duraderos y perecederos.
Coadyuvar al abatimiento del desempleo abierto y encubierto, a través de programas de becas y del Servicio Nacional de Empleo.
Metas
Resolver el 100% de los conflictos obrero patronales.
Proporcionar capacitación a 1 millón de personas.
Atender 290 mil solicitudes y captar 260 mil vacantes a través del Servicio Nacional de Empleo.
Organizar 700 sociedades cooperativas de consumo y producción, para el beneficio de 30 mil 310 socios.
Presupuesto
Para la consecución de los objetivos planteados en materia de trabajo y previsión social, se ejercerán recursos del orden de los 223.8 mil millones de pesos.
1.2.4. Vivienda
Líneas de Acción
Ampliar los programas y la capacidad del sector público.
Ajustar los esquemas financieros vigentes.
Apoyar mecanismos que permitan abatir tiempos y costos de construcción de vivienda.
Atender la demanda de vivienda rural.
Metas
Realizar 4 mil 400 acciones de vivienda rural para beneficio de 26 mil 400 habitantes.
Financiar a través del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, la terminación de 20 mil acciones que comprenden 3 mil 905 lotes, 8 mil 570 de vivienda progresiva y 7 mil 525 de mejoramiento de la vivienda.
1.2.5. Ecología
Objetivos
Ordenar ecológicamente el Territorio Nacional.
Prevenir y controlar la contaminación ambiental.
Proteger y conservar los recursos naturales.
Líneas de Acción
Operar, mantener y ampliar los sistemas de monitoreo atmosféricos en el Valle de México y en el Distrito Federal.
En Guadalajara y Monterrey, se equiparán y operarán las unidades de diagnóstico y emisión vehicular y los sistemas de monitoreo de aire.
Metas
Operar 15 viveros para el ecodesarrollo municipal en 13 entidades federativas.
Formular 14 dictámenes para la fijación de condiciones particulares de descarga de agua residual.
1.2.6. Desarrollo Urbano
Líneas de Acción
Fortalecer la política de descentralización y desconcentración de la vida nacional.
Ampliar y mantener la cobertura y servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Obtener el máximo aprovechamiento del inmobiliario federal.
Regular el crecimiento de los centros de población y equilibrar socialmente las localidades con graves carencias.
Metas
Concluir en Acapulco, Guerrero, la urbanización para 1 mil 300 lotes, así como incrementar en 1 mil la reserva territorial.
Restaurar y conservar 20 inmuebles del patrimonio histórico y cultural.
Continuar las obras de urbanización de 39 hectáreas, la construcción de 500 pies de casa y la construcción del primer módulo de la planta de tratamiento de aguas residuales en Lázaro Cárdenas, Mich.
Presupuesto
El presupuesto para el año próximo es de 1,767.9 miles de millones de pesos.
1.3. Programa Nacional de Solidaridad
Por su alto contenido social, en Programa de Solidaridad Social tiene como finalidad erradicar la pobreza extrema, promover y propiciar a las actividades productivas; cuenta con un presupuesto de 1,645.9 miles de millones de pesos.
El universo al que se orientará el Programa Nacional de Solidaridad está conformado por los grupos indígenas, los campesinos de escasos recursos y por los grupos populares que enfrentan en toda su crudeza los problemas de las grandes aglomeraciones.
La estrategia para la realización del programa, se basa en el profundo sentido democrático, es por ello que se convoca a todos los sectores sociales, se sumen a la jornada de solidaridad.
Para el Estado, dado su carácter revolucionario, constituye una obligación, es por ello que asume su responsabilidad ante el deterioro de los niveles de vida; en el caso de la sociedad, se parte de un alto espíritu solidario que ya ha sido demostrado en los desastres naturales que afectaron al país en fechas recientes.
Es necesario crecer económicamente para continuar nuestro camino hacia la justicia y la equidad social, la inclusión de la economía nacional en el contexto internacional es un paso necesario para la modernización de nuestra estructura productiva, pero ello no sería refrendado, si al margen de los objetivos señalados, se tuviera un mercado interno paupérrimo y grupos sociales marginados de la modernidad; ello sería un fracaso social y económico.
Lograr nuestros objetivos, implica que el programa se conforme con acciones de efectos inmediatos, que gradualmente permitan erradicar las condiciones que producen la pobreza extrema; en este sentido, los aspectos en los que incidirá el programa, son:
Alimentación, vivienda popular, procuración de justicia, apertura y mejoramiento de espacios educativos, infraestructura agropecuaria, salud, reforestación y proyectos de inversión recuperable, tanto en la ciudad como en el campo.
En las actividades señaladas, se pretende realizar las siguientes acciones:
Alimentación
Abasto de productos básicos a precios bajos.
Suministro de desayunos escolares.
Instalaciones de cocinas populares en el medio urbano y en los campos de trabajo de los jornaleros agrícolas.
Impulsar la producción de alimentos para la comercialización y de economía familiar de traspatio.
Vivienda Popular
Mecanismos crediticios flexibles, baratos y oportunos, que se complementen con la participación de la gente para la construcción de vivienda.
Procuración de Justicia
Apoyar a los grupos indígenas y campesinos en los asuntos legales que estén implicados.
Renovación de los cuerpos de seguridad y del fortalecimiento de los medios con que cuentan los tribunales para la impartición de justicia.
Educación
Ampliar y mejorar la planta productiva.
Impulsar la participación de las comunidades y organizaciones populares.
Generar empleos temporales que completen el ingreso de quienes aporten su trabajo.
Electrificación y Agua Potable
Proporcionar servicios de energía eléctrica.
Proporcionar servicios de agua potable en áreas urbanas rezagadas y comunidades de más de 500 personas.
Infraestructura Agropecuaria y Reforestación
Rescate de la obra deteriorada o no concluida.
Construcción de pequeñas obras de irrigación, comunicación y de reforestación, con énfasis en las regiones semidesérticas.
Salud
Construcción y rehabilitación de centros de salud.
Asegurar el suministro permanente del cuadro básico de medicinas.
Participación de la comunidad en la administración de los centros de salud.
Promover y mejorar la prestación de los servicios médicos.
Proyectos de inversión recuperable.
Aprovechar los recursos existentes para el establecimiento de pequeñas agroindustrias y microindustrias.
Establecer programas de capacitación de oficios.
Establecer mecanismos de apoyo a través de créditos rápidos y a bajas tasas de interés.
Para el éxito del programa, es necesario que en la elaboración del mismo surjan las propuestas desde las comunidades indígenas, rurales o de las colonias populares, ya que ahí es donde se tienen los problemas específicos; no se trata de ejecutar medidas de carácter general que distorsionan las costumbres, impongan formas y patrones de consumo, que en ocasiones se convierten en deformaciones.
Sólo se introducirán aquellos alimentos considerados como necesarios para el desarrollo físico, se respetarán las tradiciones y cultura de las poblaciones; tampoco se trata de esperar la integración de grandes programas, que en su elaboración absorben un tiempo considerable, y en este caso, el factor tiempo juega un papel importante; no se pueden ni se deben postergar las necesidades de los grupos más rezagados.
En la definición de acciones, el diálogo, la participación y el compromiso serán las bases para esta nueva jornada de la revolución; el eje conductor de los trabajos del Programa Nacional de Solidaridad, serán: la concertación, la claridad en la definición y ejecución de las acciones, la participación corresponsable, la delimitación de competencias entre el Estado y lo que toca a la comunidad; también se harán esfuerzos de coordinación entre los tres niveles de gobierno para sumar esfuerzos y eliminar obstáculos que frenen su integración.
Para proceder a la definición de políticas, estrategias y acciones, se ha creado una comisión que integra a todas las dependencias del gobierno federal, con atribuciones para atender los aspectos sociales y productivos de los grupos más desprotegidos.
La comisión es un órgano de coordinación de acciones que se emprenderán en el ámbito de la administración pública federal, estatal y municipal, para combatir los bajos niveles de vida.
La coordinación interinstitucional se hará sobre la base de lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y conforme a la Ley de Planeación; la que se realice entre los tres niveles de gobierno, se atendrá a lo dispuesto en el Convenio Único de Desarrollo, respetando la soberanía estatal y la autonomía de los municipios.
En el decreto de creación de la comisión, se considera la formación de un consejo consultivo en donde estén representados los indígenas, campesinos y grupos populares, los estudiosos de los problemas sociales relacionados con el objeto de la comisión y los representantes de los sectores social y privado.
El consejo tendrá como funciones, proponer los principios que orienten los trabajos de la comisión, y opinar sobre los resultados y efectos logrados.
La creación de la comisión no implica el engrandecimiento de la estructura administrativa; se aprovechará la existente en la Subsecretaría de Programación y Presupuesto de Desarrollo Social y Regional, cuyo titular es a su vez el coordinador general de la comisión.
Para el eficaz cumplimiento de los propósitos de la comisión, el gobierno federal reorientará su gasto destinado al desarrollo regional, además los que destinen los diversos sectores social y privado y los gobiernos estatales y municipales.
También se deben agregar las aportaciones de los propios beneficiados, que en la mayoría de los casos es únicamente la mano de obra; lo anterior, pemitirá dar avances significativos contra la pobreza.
Dentro del esquema de trabajo de concertación, se hará un manejo flexible y ágil de los recursos, se emprenderán acciones que sólo sean demandables por la comunidad y las organizaciones; de esta manera, los recursos habrán de llegar directamente a los beneficiados, para que sean los que ejecuten y evalúen las acciones y tengan oportunidad de continuar el trabajo organizado con recursos y capacidad propia.
La coordinación general de la comisión, señalará los conductos de diálogo y concertación, establecerá los mecanismos en cada una de las entidades federativas, de manera que pueda captar las demandas de apoyo y los ofrecimientos de solidaridad.
Sentará las bases de concertación y propondrá las políticas a seguir, será el conducto para la firma de los compromisos concertados y la responsable de mantener el diálogo permanente.
La efectividad del programa, podrá ser medida según la proporción de ayuda que continúen requiriendo los grupos desprotegidos; la aspiración del programa es iniciar firmemente el proceso de solidaridad social.
1.4 Pesca
Objetivos
Fomentar, desarrollar y consolidar las actividades pesqueras y acuícolas.
Asegurar que el aprovechamiento de los recursos pesqueros se vierta a favor de los sectores productivos menos favorecidos.
Atender el mantenimiento de la oferta de alimentos de origen pesquero.
Líneas de Acción
Se instrumentarán programas con la finalidad de terminar las obras de infraestructura en proceso, y a la ampliación y/o construcción de obras que permitan en corto plazo aumentar los índices de producción, empleo y divisas.
Apoyar los programas de reparación, mantenimiento y reposición de embarcaciones dedicadas a la investigación y capacitación.
Continuar las acciones de conservación, mantenimiento y reparación de embarcaciones dedicadas a la investigación y capacitación.
Continuar y fortalecer los programas de organización capacitación.
La inversión pública se orientará al mismo tiempo a promover acciones en materia de comercialización, distribución y abasto.
En acuacultura, el gasto para investigación se destina a la búsqueda del mejoramiento de la tecnología.
Metas
Alcanzar una producción de 1 millón 550 toneladas en peso vivo.
Procesar en planta 785 mil toneladas de materia prima.
Comercializar 925.5 mil toneladas de productos pesqueros.
Continuar con las gestiones de venta de empresas, transferencias y venta de activos, avalúo de embarcaciones y reestructuración de adeudos.
Reducir costos de comercialización.
Concluir las acciones de cobertura de la red de frío.
Presupuesto
El presupuesto asignado para realizar los trabajos anotados para el sector pesca, es por un total de 153.5 miles de millones de pesos.
1.5. Comunicaciones y Transportes
El sector de comunicaciones y transportes, está en proceso de modernización y cambio estructural para fortalecer la integración del Territorio Nacional y el desarrollo regional; para ello, es necesario que la estrategia responda a criterios de
eficiencia y modernidad; descentralice los servicios y necesidades que demanda el país, para convertirse en la plataforma de las diversas actividades económicas.
En este sentido, se plantea fortalecer a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en sus funciones normativas, de fomento y coordinación sectorial; transferir a las entidades diversas funciones operativas e impulsar la participación de la inversión privada en la modernización de la infraestructura.
1.5.1. Transporte Carretero.
Objetivos
Lograr una mayor productividad del servicio y renovar el equipo existente, en base a esquemas de financiamiento adecuados.
Modernizar y regular el autotransporte público de carga, con el fin de fomentar el servicio multimodal.
Líneas de Acción
Se asignará la mayor prioridad a la conservación y reconstrucción de las carreteras federales, estatales, caminos rurales y brechas mejoradas, sobre todo a las más afectadas por los recientes huracanes.
Ampliar a cuatro carriles los proyectos de estación Don-Guaymas, Chihuahua-Ciudad Juárez, Monterrey-Tampico y Pátzcuaro-Morelia. Continuar con las carreteras Guadalajara-Colima, México-Toluca, Acultzingo-Córdoba y Querétaro-Irapuato.
Con asesoría y apoyo del gobierno federal, se realizará através de los gobiernos estatales el Programa de Construcción, Reconstrucción y Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores, para apoyar la comunicación de la zonas rurales y su economía.
Metas
Satisfacer una demanda estimada de 1 mil 818 millones de pasajeros y 310 millones de toneladas de carga, que significa el 97.0% y 80.0%, respectivamente, del movimiento total del servicio público por vía terrestre. 1.5.2. Transporte Ferroviario
Objetivos
Modernizar los ferrocarriles para mejorar el sistema de transporte, debido a las ventajas comparativas sobre otros medios de transporte.
Incrementar el movimiento de mercancías y la capacidad de transporte de pasajeros.
Líneas de Acción
Ofrecer atención especial a los trabajos de rehabilitación, que contribuyan a facilitar el transporte y mejorar las operaciones del servicio.
Se reconstruirán 50 locomotoras y se adquirirán otras 50.
Se dará énfasis al mejoramiento y equipamiento de los talleres, para lograr el oportuno mantenimiento preventivo de locomotoras y vías férreas.
Se buscará optimizar la calidad del servicio, mediante la adquisición de 40 coches nuevos y la renovación de 50, así como la construcción y modificación de curvas y pendientes en tramos difíciles, y la construcción de nuevos enlaces que comuniquen las regiones prioritarias.
Metas
Se atenderá una demanda en el servicio de carga de 61.9 millones de toneladas netas, que generarán un movimiento de 41.7 mil millones de toneladas/kilogramo netas, y en el servicio de pasajeros se proporcionará transporte a 25.0 mil millones de pasajeros/kilometro.
1.5.3.
Transporte Marítimo y
Desarrollo Portuario
Objetivos
Reestructuración de la administración portuaria.
Fortalecimiento de la capacidad de gestión de las empresas de servicios portuarios.
Aumentar la mecanización de las maniobras en los puertos.
Ampliación de servicios.
Descentralización nacional.
Apoyar el comercio exterior.
Líneas de Acción
Se construirán instalaciones para suministros de combustible en Ensenada, Guaymas, Manzanillo, Salina Cruz y Tampico.
Racionalizar el servicio de dragado, mediante una actualización de los precios de los servicios
portuarios, y se conservarán las profundidades portuarias.
Se reconstruirán los muelles dañados por los huracanes.
Terminar los muelles de Altamira y Topolobampo.
Mejorar la calidad del servicio de pasajeros garantizando las condiciones de seguridad, operación y eficiencia del servicio.
Metas
Proporcionar servicios portuarios a 16.7 mil millones de toneladas de carga.
1.5.4. Transporte Aéreo
Objetivos
Impulsar el desarrollo turístico de procedencia nacional y extranjera.
Facilitar la comunicación y el intercambio económico y social entre las poblaciones.
Consolidar la red nacional de aeropuertos y apoyar a las ciudades medias. Líneas de Acción
Se terminarán los aeropuertos de las ciudades de Colima y León.
Se reconstruirán las pistas y plataformas de los principales aeropuertos.
Se promoverá la participación del sector privado en la ampliación de los edificios terminales.
Se continuará con el proceso de cambio estructural en las líneas aéreas troncales, con el objeto de alcanzar un nivel competitivo a nivel internacional.
Las líneas aéreas buscarán el saneamiento financiero, y continuarán con el proceso de modernización con sus propios recursos.
1.5.5. Comunicaciones
Teléfonos de México
Se dará impulso a la modernización de la planta telefónica, en base a centrales digitales y redes de fibras óptimas.
Telégrafos Nacionales
Se continuará el proceso de reestructuración de los servicios, eliminando el subsidio cruzado entre los servicios de telex y telegráfico nacional e internacional, se continuará la modernización del servicio tradicional y la creación de nuevos servicios como el correo electrónico, el telefax y girofax.
Red de Microondas
La red federal de microondas incrementará su capacidad mediante la instalación y ampliación de las estaciones terrenas, y un mejor aprovechamiento del Sistema de Satélites Morelos.
Presupuesto
Para 1989, se propone asignar al sector un presupuesto total de 5,510.4 mil millones de pesos.
1.6.
Comercio, Abasto y
Fomento Industrial
Para el próximo año las acciones de fomento industrial, comercio exterior, así como de modernización comercial y abasto popular, se orientarán a establecer, consolidar y ampliar las condiciones que permitan el crecimiento gradual y sostenido de la economía en función a la modernización económica y el cambio estructural; con ello, se contribuirá al abatimiento de la inflación, a proteger consumos básicos y el poder adquisitivo de la población.
1.6.1. Comercio Interior y
Abasto
Objetivo
Modernizar las estructuras de abasto popular.
Orientar al consumidor para inducirlos a ejercer su gasto.
Coadyuvar al desarrollo del comercio interior y vigilar los artículos de importación para garantizar calidad, precios y condiciones de competencia leal con el comercio nacional.
Reforzar el combate contra prácticas especulativas de productos y distribuidores, que elimine la influencia de expectativas en la formación de precios.
Coadyuvar a establecer una vinculación eficaz y eficiente entre oferta y demanda.
Proteger el ingreso campesino y hacer vigente el precio de garantía.
Líneas de Acción
Promover la producción, acopio, distribución y abasto de productos básicos y consumo generalizado.
Regular el mercado y proteger los consumos populares para fortalecer el poder adquisitivo.
Modernizar el sistema de abasto de medio mayoreo.
Promover la descentralización de la red de tiendas y almacenes destinados a la distribución al menudeo.
Metas
La Compañía Nacional de Subsistencias Populares comprará 4.8 millones de toneladas de maíz, trigo, frijol, arroz, sorgo y oleaginosas en el mercado nacional y 3.9 millones de toneladas de importación de maíz, sorgo y leche en polvo, y venderá 7.7 millones de toneladas de productos para mantener inventarios de 4.1 millones de toneladas.
Almacenes Nacionales de Depósito y Bodegas Rurales de Compañía Nacional de Subsistencias Populares, van a manejar 69 millones de toneladas de productos básicos; Leche Industrializada de Compañía Nacional de Subsistencias Populares, producirá y comercializará 1,761 millones de litros de lácteos y 9 mil 500 toneladas de complemento.
Leche Industrializada de Compañía Nacional de Subsistencias Populares y Maíz industrializado de Compañía Nacional de Subsistencias Populares, por su parte, comercializaron 1 millón 500 mil toneladas de harinas de maíz y trigo, aceites y mantecas.
Impulsora del Pequeño Comercio, S.A., consolidará la atención a 145 mil pequeños comerciantes, a los que venderá 834.0 mil millones de pesos.
1.6.2. Fomento, Industria y Comercio Exterior
Objetivos
Fomentar la modernización de la industria privada y paraestatal.
Estimular el crecimiento y desarrollo de las pequeñas, medianas y microindustrias, y fomentar el avance tecnológico.
Vincular a las empresas nacionales receptoras de tecnología foránea con instituciones y centros de investigación y desarrollo.
Promover la inversión extranjera que contribuya al desarrollo de actividades y zonas prioritarias.
Impulsar las exportaciones no petroleras, regular las importaciones y mantener estable la estructura arancelaria.
Fortalecer los acuerdos de comercialización internacional y aprovechar las ventajas de acuerdos ampliados con países miembros del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.
Líneas de Acción
Desarrollo de programas tendientes a promover transformaciones tecnológicas.
Fomentar la actividad productiva y el empleo nacional.
Garantizar la oferta y abasto oportuno de bienes y servicios básicos.
Elevar la productividad y la eficiencia de la planta productiva.
Promover la descentralización territorial y la reconversión industrial.
Promover y regular la inversión extranjera y de transferencia de tecnología.
Impulsar las exportaciones no petroleras e incrementar la generación de divisas.
Promover la competitividad de los productos nacionales en el extranjero.
Metas
Canalizar créditos a las pequeñas y medianas industrias prioritarias.
Realizar estudios de desarrollo tecnológico, promoción industrial y desarrollo regional, así como de inversión extranjera.
Mejorar la infraestructura de investigación para el desarrollo de nuevas tecnologías.
Modernización de la planta productiva.
Promover la competitividad y penetración de los productos nacionales en el mercado internacional.
Participación en las negociaciones comerciales, tanto bilaterales como multilaterales en el seno
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.
Presupuesto
Se asigna un presupuesto para el sector de 6,077.1 mil millones de pesos.
1.7. Energético
Para esta comisión dictaminadora, el sector energético representa un sector estratégico, dada su capacidad para captar divisas, por su contribución al erario público y como motor del desarrollo científico y tecnológico; en ese sentido, dentro de la política de gasto para 1989, los recursos serán canalizados para apoyar el suministro de los insumos destinados a la producción de petroquímicos y el impulso a las industrias de bienes de capital, productos intermedios y otras ramas que forman parte de cadenas productivas.
Objetivos
En el ámbito externo, mantener una política internacional de negociación y concertación con los principales países productores y consumidores, a efecto de captar las divisas que permitan fortalecer las finanzas públicas.
Internamente, se buscará romper continuidad y rigidez e incrementar la eficiencia y productividad en la generación, producción, transformación y comercialización de energéticos para elevar la calidad de los productos y servicios.
Líneas de Acción
Se buscará incrementar la productividad y eficiencia de la planta industrial energética, a efecto de incrementar el ahorro.
Se proseguirá con una política petrolera internacional activa y responsable, basada en el diálogo y la concertación.
Se intensificarán los trabajos para el desarrollo de campos marinos en la
Sonda de Campeche y terrestre en la zona del sureste.
Se continuará con la reestructuración de las refinerías, para alcanzar mejor rendimiento por unidad de inversión.
Se proseguirá en la ejecución de programas de conservación y mantenimiento de centrales termoeléctricas.
Asimismo, será necesario avanzar la construcción de las diferentes hidroeléctricas y termoeléctricas que se encuentran en marcha.
Metas
Producir 2,488.0 miles de barriles diarios de petróleo crudo, y colocar en el mercado externo un volumen promedio de 1,250.0 miles de barriles diarios de crudo.
Exportar excedentes petrolíferos por 30.4 miles de barriles diarios netos y 627.0 millones de toneladas anuales de petroquímicos.
Comercializar un volumen de 1,223.3 miles de barriles diarios de productos petrolíferos, 6,115.0 millones de toneladas anuales de petroquímicos y 1,049.0 MMPCD de gas natural.
Producir 107,132.0 GWH, superiores en 5.4% a los de 1988, y comercializar 88,496.0 para hacer frente a un crecimiento de la demanda interna del 5.9%.
En 1989, incorporar a la operación comercial 318.0 megawatts provenientes del geotérmico Boca Pozo, Los Azufres, y de los termoeléctricos Libertad en Sonora y Valladolid en Yucatán.
Presupuesto
Para el logro de los objetivos, metas y líneas de acción propuestas en 1989, se asigna al sector energético de 21,540.1 mil millones de pesos.
1.8. Sector Industrial
La Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, considera como válidos los esfuerzos del sector industrial paraestatal, tendientes a promover las transformaciones necesarias que posibiliten su modernización y aumenten su contribución al fortalecimiento de la producción y empleo a nivel macroeconómico, a asegurar la oferta de bienes y servicios básicos y a la elevación de la productividad.
Esta comisión dictaminadora considera, bajo tales lineamientos, la necesidad de instrumentar en su conjunto los programas cuyas acciones a continuación se anotan.
1.8.1. Minería
Objetivos
Fortalecer al subsector como proveedor de materias primas a la industria nacional y generador de divisas.
Disminuir costos provenientes de obsolescencias en instalaciones, equipos y de exceso de personal.
Líneas de Acción
Intensificar las exploraciones factibles y de instrumentación inmediata, y aumentar los inventarios de minerales estratégicos a través del Consejo de Recursos Minerales.
Apoyar a la pequeña y mediana industrias, promoviendo créditos del PECAM.
Seguir con la política de cambio estructural, a través de ahondar el proceso de descentralización, modernizar plantas y racionalización de estructuras productivas.
Metas
Producir 715 mil toneladas de minerales preciosos, 614 mil toneladas de minerales no ferrosos, 16,919 mil toneladas de minerales siderúrgicos, 9,172 mil toneladas de minerales no metálicos y 4,560 mil toneladas de minerales combustibles.
1.8.2. Siderurgia
Objetivos
Proporcionar las necesidades de productos siderúrgicos en el mercado interno, y destinar excedentes a la exportación.
Sostener la planta productiva, y continuar proyectos de inversión que coadyuven al abasto interno de productos que no se fabrican en el país y la consolidación de la plataforma exportadora.
Proteger la situación de la siderúrgica en el mercado nacional.
Continuar el proceso de reestructuración del sector paraestatal.
Mejorar la rentabilidad de la industria siderúrgica en conjunto.
Líneas de Acción
Intensificar el redimensionamiento de la industria siderúrgica.
Adecuar tecnológicamente sus instalaciones e incrementar su eficiencia y productividad, atendiendo los compromisos asumidos para su rehabilitación financiera.
Aplicar inversiones a Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S.A.II para avanzar un 5% de la obra.
Destinar recursos a la conservación y mantenimiento de la capacidad instalada en todas las plantas.
Desincorporar las filiales de Sidermex que trasciendan el objetivo básico de la industria siderúrgica.
Metas
Altos Hornos de México y Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S.A., alcanzarán una producción siderúrgica de 3 millones 200 mil toneladas de productos terminados.
Alcanzar un avance global de 84% al proyecto Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S.A.II.
1.8.3. Azúcar
Objetivos
Alcanzar la autosuficiencia productiva, el redimensionamiento de la participación estatal, la modernización de la planta productiva y su saneamiento financiero.
Líneas de Acción
Intensificar acciones para el cambio estructural, a través de la modernización de la planta productiva, del sistema de comercialización y administración.
Establecimiento de una política integral de precios que reconozca los costos reales del cultivo de la caña, la producción y comercialización de productos.
Destinar recursos para continuar con el programa de ahorro y uso eficiente de energía, así como los programas de investigación agrícola y operación administrativa.
Metas
Adquirir 2 millones 781 mil 671 toneladas de azúcar, 952,499.0 de toneladas de mieles incristalizables y 87 millones de litros de alcohol; exportar 232 mil 830 toneladas de azúcar y 200 mil toneladas de mieles incristalizables.
Operar en 1989 la corporativa Azúcar, S.A., como responsable de la regulación de distribución y comercialización, así como treinta y un ingenios.
1.8.4 Fertilizantes
Objetivos
Atender los requerimientos de la agricultura nacional y aumentar la productividad del agro.
Abatir costos de operación, distribución y financiamiento para lograr el cambio estructural.
Líneas de Acción
Concluir el cierre de tres plantas que carecen de viabilidad.
Continuar apoyando la consolidación del sistema de almacenamiento y distribución primaria.
Metas
Producir 4.7 millones de toneladas de fertilizantes, insecticidas y productos químicos.
Comercializar 5.3 millones de toneladas de fertilizantes, insecticidas y productos químicos.
Lograr un avance de 61.0% en la construcción del complejo de nitrogenados en Coatzacoalcos, y del 25% en la planta de urea en Lázaro Cárdenas.
Concluir dos bodegas de almacenamiento con capacidad de 20 mil toneladas, así como la construcción de dos terminales de almacenamiento de amoniaco.
1.8.5. Construcción de Carros de Ferrocarril
Objetivos
Atender demandas y necesidades del mercado nacional.
Apoyar las necesidades de los ferrocarriles nacionales y lograr que su participación mejore en el sistema integral de transporte.
Líneas de Acción
Incrementar la productividad.
Fortalecer el avance tecnológico de la industria.
Metas
Fabricar y rehabilitar 7z5 unidades ferroviarias.
Fabricar 104 unidades entre tren ligero y carros metros con ruedas de acero.
Fabricar 120 carros tanque y 100 tolvas balastras para exportación.
1.8.6. Naval
Objetivos
Responder a los requerimientos de la industria petrolera y a la circulación general de mercancías.
Vincular la demanda con la capacidad instalada y promover la participación de astilleros extranjeros, obteniendo a cambio recursos financieros y tecnológicos.
Líneas de Acción
Continuar los esfuerzos para impulsar el desarrollo de la industria naval nacional.
Apoyar presupuestariamente a los astilleros unidos de Veracruz y Mazatlán.
Metas
Terminar dos buques tanque de 45 mil TPM para Petróleos Mexicanos, así como iniciar la construcción de otros dos de 10 mil TPM para Navimin.
Iniciar la construcción de 11 barcos arrastreros y dos barcazas para exportación.
Construir nueve remolcadores.
Atender 200 embarcaciones de distintas dimensiones en materia de reparación naval.
Presupuesto
El presupuesto asignado para realizar las acciones necesarias, en lo que a industria se refiere, es por 7,873.3 millones de pesos.
1.9. Turismo
Consolidar el papel estratégico de la actividad turística en el desarrollo económico del país, mediante la captación de divisas, la generación de empleos y el desarrollo regional y la disposición de alternativas sociales de recreación para la población.
Objetivos
Captación de divisas mediante la adecuada promoción, publicidad y relaciones públicas en el extranjero.
Orientar la inversión pública hacia proyectos estratégicos de desarrollo.
Consolidar los desarrollos turísticos existentes y promover la participación de la inversión privada en obras complementarias de infraestructura.
Apoyar la descentralización de la vida nacional y la generación de empleos.
Reforzar la vigilancia para el cumplimiento de precios y tarifas, con el fin de que resulten atractivos al turista.
Apoyar la seguridad del turismo por carretera, mediante las acciones de auxilio de Los Ángeles Verdes y mejorar los servicios complementarios.
Líneas de Acción
Mejorar y diversificar los canales de comercialización en los mercados consolidados y potenciales, y buscar mayor competitividad en el mercado internacional.
Establecer campañas de orientación a la demanda, mediante información sobre las distintas posibilidades de viaje dentro del país. Asimismo, se buscará la coparticipación de los gobiernos estatales y municipales y de los sectores social y privado, para tal fin .
Promover la participación de inversionistas privados en las obras de infraestructura turística y urbana, a cargo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo.
Promover la integración de fondos sindicales o gremiales, para inversiones en instalaciones turísticas recreativas.
Fomentar inversiones para integrar nuevos productos y servicios turísticos y recreativos en todo el país.
Fortalecer la seguridad y mejorar el turismo por carretera, mediante la prestación del servicio de Los Ángeles Verdes y mejorar las instalaciones y servicios complementarios al turismo.
Metas
Recibir a 8.5 millones de turistas procedentes del exterior, para captar 3 mil millones de dólares y lograr un saldo positivo de 1 mil 900 millones de dólares en la balanza turística.
Incrementar a 36 millones de personas el nivel de turistas nacionales que demanden alojamiento hotelero.
Apoyar con créditos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, la construcción de 5 mil cuartos nuevos.
Mantener el empleo estimado en 1.84 millones de personas, y generar 21 mil nuevos empleos permanentes; 6 mil directos y 15 mil indirectos.
Presupuesto
Para el ejercicio de 1989, se asignará al sector 110.5 mil millones de pesos.
1.10. Administración
Para 1989, las acciones de este sector apoyarán, en las materias de competencia de cada una de las dependencias que lo integran, la política de modernización integral del país, el fortalecimiento de la vida democrática y defensa de la soberanía nacional y el impulso de la recuperación económica del país.
Para lograr la optimización de los recursos disponibles, se impulsará la modernización, simplificación, racionalización y descentralización de normas, procesos y estructuras administrativas.
Este sector cuenta con un presupuesto de 7.287.0 miles de millones de pesos.
1.10.1 Presidencia de la República
Objetivos
Fortalecer la eficiencia de las funciones de coordinación de actividades presidenciales, y proporcionar el asesoramiento al ciudadano Presidente de la República en materia técnica, jurídica, económica, administrativa y de seguridad y apoyo logístico.
Líneas de Acción
Continuar con la reestructuración orgánica funcional, de acuerdo a políticas de austeridad y optimizar los recursos asignados.
Analizar, opinar y proporcionar apoyo jurídico sobre los proyectos de iniciativas de ley, reglamentos y resoluciones presidenciales presentadas por el Poder Legislativo, por las legislaturas de los estados y del Poder Ejecutivo Federal.
Coordinar los asuntos presidenciales y realizar el seguimiento de los acuerdos tomados en los gabinetes.
Informar oportunamente a la opinión pública de las actividades realizadas por el ciudadano Presidente de la República, a través de los medios masivos de comunicación.
Metas
Proporcionar asesoría en materia técnica, jurídica, económica y seguridad a las actividades que realice el ciudadano Presidente de la República.
Brindar el apoyo necesario y oportuno al Titular del Poder Ejecutivo Federal, en las acciones de coordinación derivadas de los acuerdos de gabinete.
Mantener informada a la opinión pública nacional y extranjera, a través de los medios masivos de información, acerca de las actividades del ciudadano Presidente de la República.
1.10.2 Gobernación
Objetivos
Garantizar el respeto a los preceptos constitucionales, fortalecer el federalismo y la unidad nacional, asegurar la legalidad de los procesos electorales y el respeto al pluralismo político y participación ciudadana. Impulsar las políticas de comunicación social en medios impresos y electrónicos, para satisfacer las necesidades de la población en materia de información, cultura, educación y esparcimiento.
Regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional.
Promover la prevención de la delincuencia y propiciar la readaptación y reincorporación social de los adultos y menores de edad a la sociedad, y garantizar a los refugiados en territorio nacional su seguridad.
Líneas de Acción
Fortalecimiento de los instrumentos de fomento al desarrollo político, con especial énfasis en el mejoramiento de la organización y legalidad de los procesos electorales.
Coordinar la política de comunicación social del gobierno federal.
Apoyar la descentralización del Programa Nacional de Educación en Población, y brindar a la población una mayor seguridad ante la posibilidad de desastres.
Proporcionar servicios asistenciales a liberados y víctimas del delito para su debida reincorporación social, así como el de brindar una mayor seguridad pública a la población.
Metas
Celebrar 25 elecciones para gobernadores, diputados locales y ayuntamientos.
Apoyar las actividades de los partidos políticos, mediante la asignación del financiamiento público previsto en el Código Federal Electoral.
Transmitir 26 mil 958 horas/televisión y 201 mil 280 horas/radio para ofrecer a la población temas de interés social, cultural y de entretenimiento.
Coordinar y evaluar las políticas de población, así como operar el Sistema Nacional de Protección Civil y los 53 subsistemas estatales.
Promover la readaptación y reincorporación de 780 liberados y 5 mil menores infractores, y construir cuatro reclusorios de alta seguridad e iniciar la operación del Reclusorio Federal del Estado de México.
1.10.3 Relaciones Exteriores
Objetivos
Mantener en los foros internacionales, las tesis de libre autodeterminación de los pueblos.
Contribuir a la consolidación de la paz y seguridad internacional.
Mantener una política solidaria hacia los países que procuren su independencia política y económica.
Apoyar la integración latinoamericana, así como la búsqueda de una justa solución de la deuda latinoamericana, mediante la participación en el llamado "Grupo de Los Ocho".
Solución pacífica de las controversias e igualdad jurídica de los estados.
Líneas de Acción
Cumplir con las políticas que dicte el ciudadano Presidente de la República, en materia de relaciones exteriores.
Mantener y consolidar los lazos de amistad y cooperación entre los estados, así como participar en la promoción de la solución pacífica de las controversias entre los estados, la no intervención y libre autodeterminación de los pueblos.
Intervenir en la negociación y celebración de toda clase de tratados y convenios internacionales, en los que sea parte el Estado mexicano, a fin de contribuir al desarrollo interno del país.
Fomentar la concertación de convenios de cooperación entre los estados. Intensificar la atención y protección a mexicanos en el extranjero, y vigilar que sean respetados sus derechos humanos.
Metas
Participar en la formulación de 513 opciones de política exterior bilateral.
Organizar y participar en 28 reuniones de Comisión Mixta de Cooperación Económica Bilateral.
Establecer 12 lineamientos normativos para la actuación de las secciones mexicanas en la CILA MEX - EUA y la CILA MEX - GUATEMALA.
Realizar 24 reuniones para vigilar el cumplimiento de los tratados internacionales con Estados Unidos de América, y participar en la negociación de tres tratados y acuerdos sobre límites y aguas internacionales con Guatemala.
Formular 988 y ocho estudios para la participación de México en los fondos de la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales.
Preparar la posición del gobierno de México en 66 reuniones en los fondos económicos de las Naciones Unidas.
Interponer 20 mil servicios de protección consular en favor de connacionales en el exterior.
1.10.4 Procuraduría General de la República
Objetivos
Promover la pronta y expedita procuración e impartición de la justicia mediante su modernidad y revisión del orden jurídico.
Dar cumplimiento a las leyes, tratados y acuerdos de alcance internacional.
Perseguir los delitos de orden federal, fortalecer las acciones de la campaña permanente contra el narcotráfico y farmacodependencia.
Líneas de Acción
Participar en el estudio, la promoción y la ejecución de programas y acciones correspondientes a la procuración e impartición de la justicia.
Difundir el conocimiento del orden jurídico, y analizar nuevas reformas jurídicas.
Mantener y fortalecer el régimen de selección y capacitación del personal del ministerio público federal, policía judicial federal, servicio aéreo y peritos.
Colaborar en la persecución y procesamiento de los delitos internacionales. Intensificar la lucha contra el narcotráfico y farmacodependencia, ejecutar programas de información y orientación a la sociedad, sobre los daños a la salud pública que ocasionan dichos estupefacientes.
Metas
Ampliación de la cobertura geográfica del servicio del ministerio público itinerante.
Actualización del Sistema Jurídico Nacional, difundirlo e incorporarlo a la sociedad en los programas de la procuración e impartición de justicia.
Fortalecer las acciones de coordinación entre la federación y los estados, en beneficio de una justicia más igualitaria.
Elevar la calidad profesional de quienes intervienen en el ámbito de la procuración y administración de la justicia, mediante el apoyo al Instituto Nacional de Ciencias Penales.
Construcción de tres hangares y plataformas, para la flota aérea que participa en la lucha contra el narcotráfico.
Creación de la subprocuraduría para el combate al narcotráfico.
1.10.5 Defensa Nacional
Objetivos
Garantizar la seguridad nacional, fortaleciendo así la soberanía y el régimen democrático que determina la Constitución Política del País.
Realizar acciones de contenido social, tales como apoyar a la población en casos de desastre y de campañas de reforestación, fitosanitarias y de alfabetización.
Combatir el cultivo, tráfico y consumo de estupefacientes.
Reducir la dependencia del exterior, en cuanto al abasto militar.
Mantener e incrementar la capacidad operativa del Ejército y Fuerza Aérea.
Líneas de Acción.
Garantizar la integridad nacional.
Proteger los recursos nacionales y las instalaciones estratégicas de energéticos comunicaciones.
Realizar acciones en auxilio a la población en casos de desastre natural o accidente; apoyar en la conservación de recursos naturales.
Participar en el combate al narcotráfico.
Reforzar la elevación del nivel profesional de sus elementos.
Promover la plena utilización de la capacidad de la industria militar, a fin de reducir la dependencia del exterior.
Metas
Remodelación y equipamiento de diversas instalaciones militares.
Acrecentar el adiestramiento del personal del Ejército y Fuerza Aérea.
Incrementar la productividad de la industria militar.
Mejorar la participación del Instituto Armado en las actividades de combate al narcotráfico o de apoyo a la población civil, en casos de desastre y preservación de los recursos naturales.
1.10.6 Marina
Objetivos
Garantizar la independencia y soberanía de la nación, en coordinación con el Ejército y la Fuerza Aérea nacional.
Salvaguardar la soberanía en los mares y costas nacionales y preservar los recursos marítimos, ampliar la cobertura y vigilancia en las zonas estratégicas de la zona económica exclusiva de la faja costera nacional. Reforzar las acciones de apoyo para la protección de la vida marítima, de auxilio a la población civil en casos y zonas de desastre, y prevenir el contrabando.
Impulsar el desarrollo y formación profesional en la educación naval. Realizar y satisfacer las necesidades de infraestructura naval.
Línea de Acción
Reforzar la presencia de unidades navales en los litorales mexicanos.
Incrementar la capacidad operativa.
Impulsar los programas de formación profesional, capacitación y especialización del personal naval.
Apoyar las labores de investigación.
Reforzar los programas de asistencia social.
Efectuar diversos planes y acciones para prevenir el tráfico de estupefacientes y contrabando.
Metas
Realizar 2 mil 600 operaciones para preservar la soberanía nacional y los recursos marítimos.
En materia de vigilancia, se cubrirán 154 millones 654 mil 900 millas náuticas cuadradas, y alcanzar una cobertura de 5 millones 096 mil 576 kilómetros cuadrados para la faja costera nacional.
En la formación profesional, egresarán 1 mil 576 elementos de las diversas escuelas y centros educativos.
Construir cuatro buques guardacostas; en el área de reparaciones se realizarán setenta y seis en seco, cincuenta a flote y ciento cuarenta trabajos menores.
Como meta permanente, se brinda apoyo a la población civil en casos y zonas de desastre y combatir el narcotráfico y contrabando.
1.10.7 Hacienda y Crédito Público
Objetivos
Consolidar el abatimiento de la inflación e impedir su resurgimiento.
Fortalecer el ahorro interno.
Fortalecer y consolidar el sistema financiero.
Reorientar las relaciones económicas con el exterior.
Defender el nivel de empleos, creando nuevas fuentes de trabajo y ampliar gradualmente el poder de compra de la población.
Líneas de Acción
En materia fiscal, instrumentar las adecuaciones fiscales, fortalecer la cruzada de evasión y elusión fiscal, intensificar las acciones de fiscalización y ampliar la captación y agilización en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
La política de precios se orientará a propiciar la eficiencia productiva, evitar la canalización de
subsidios a las empresas paraestatales y considerar precios y tarifas realistas.
En política crediticia, se propiciarán mecanismos de instrumentación de capacitación y tasas de interés con rendimientos reales positivos al ahorrador, derrama de créditos de la banca de desarrollo y fondos de fomento hacia regiones y actividades prioritarias; por su parte, la banca múltiple promoverá su participación en crédito rentables.
Fortalecer la intermediación financiera no bancaria.
En políticas de estímulo fiscal, se promoverá de manera selectiva la inversión se fomentarán mínimos de bienestar y se fortalecerá el sector externo.
Apoyar el Programa de Modernización Aduanera.
Adecuar la capacidad crediticia de México en el exterior, vinculando el endeudamiento externo a las variaciones en el precio de los hidrocarburos.
Obtener una balanza de pagos sólida y un déficit moderado en la cuenta corriente.
Metas
Incrementar la recaudación en relación al ejercicio fiscal de 1988.
Aumentar los ingresos del sector paraestatal, mediante la instrumentación de la política de precios y tarifas realistas.
La Banca de Desarrollo y Fomento proporcionarán créditos en las actividades y regiones prioritarias; la Banca Múltiple canalizará créditos que respondan a criterios de rentabilidad.
Modernizar la intermediación financiera no bancaria.
Promover políticas de estímulo fiscal de manera selectiva de la inversión.
Alcanzar una balanza de pagos sólida y un déficit moderado en la cuenta corriente.
Fortalecer la cooperación económica internacional y adecuar la capacidad crediticia de México en el exterior.
1.10.8 Contraloría General de la Federación
Objetivos
Consolidar el Sistema Nacional de Control y Evaluación.
Continuar con las acciones de renovación moral de la sociedad.
Aplicar criterios y control de las medidas de austeridad, racionalidad y honestidad en el gasto público.
Apoyar la modernización de la administración.
Líneas de acción
Intensificar la fiscalización de concursos y contratos de obra pública y del avance físico y financiero de las obras.
Aplicar un seguimiento presupuestal estricto a las políticas de austeridad y racionalidad del gasto.
Designar auditorías externas.
Coordinar el Programa de Simplificación Administrativa.
Verificar el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, conforme a la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos.
Metas
Realizar 1 mil 408 auditorías a dependencia y entidades.
Revisar cuatrocientos cincuenta programas de auditorías de los órganos internos de control.
Realizar 3 mil fiscalizaciones de programas y proyectos de inversión a nivel nacional.
Continuar controlando las declaraciones de servidores públicos, que permitan verificar el origen legítimo de sus ingresos.
Coadyuvar a la simplificación administrativa, eliminando trámites y procedimientos innecesarios.
1.10.9 Programación y Presupuesto
Objetivos
Apoyar el combate a la inflación, reforzando los mecanismos de ejecución y seguimiento del gasto, que redunden en una estricta disciplina gubernamental, a través de la racionalización del gasto, sin detrimento de los objetivos y prioridades del país.
Impulsar el rendimensionamiento del sector público, desincorporación de entidades no
estratégicas, además de buscar la eficiencia y productividad de la industria paraestatal.
Fortalecer el proceso de descentralización, a través de la vida nacional.
Líneas de Acción
Actualizar los instrumentos del proceso de planeación, que permitan fortalecer su vinculación con las actividades operativas de programación.
Fortalecer el proceso de descentralización, a través de la instrumentación de acciones de compatibles con las políticas de desarrollo regional.
Instrumentar la política de gasto público, actualizando los instrumentos de control y evaluación del gasto público.
Fomentar la inversión privada en campos de interés específico, mediante la realización de investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos.
Metas
Formular el marco macroeconómico de la política económica 1989, y los criterios generales para 1990.
Seguir y analizar la evolución de las principales variables económicas.
Elaborar informes sobre la situación económica y las finanzas públicas.
Elaborar el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1990.
Producir las estadísticas demográficas, económicas y sociales continuas, e integrarlas a nivel estatal y regional.
Integrar el informe de gobierno de la Administración Pública Federal.
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CUADRO 11
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL
(Miles de Millones de Pesos)
CONCEPTO ESPERADO PROYECTO VARIACIÓN
1988 1989 %
TOTAL 6.323.2 7.476.7 18.2
TRANSFERENCIAS ESTATUTARIAS 489.7 660.6 34.9
IMSS 489.7 660.6 34.9
SUBSIDIOS A LOS PRECIOS O DE OPERACIÓN 1.244.7 1.458.8 17.2
FERTILIZANTES MEXICANOS 326.9 163.0 (50.1)
SIDERÚRGICA LÁZARO CÁRDENAS LAS TRUCHAS 168.7 200.0 18.6
DIESEL NACIONAL 0.4
CONSTRUCTORA NACIONAL DE CARROS DE FERROCARRIL 30.9
AZÚCAR 5.2 338.1 6.401.9
AERONAVES DE MÉXICO 201.7
COMPAÑÍA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS POPULARES 464.3 679.4 46.3
INSTITUTO MEXICANO DEL CAFÉ 37.3 45.5 22.0
FORESTAL VICENTE GUERRERO 1.9 1.9 0.0
PRODUCTOS FORESTALES MEXICANOS 1.0
PRODUCTOS PESQUEROS MEXICANOS 37.3
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.058.1 809.8 (23.5)
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 489.5 261.8 (46.7)
FERTILIZANTES MEXICANOS 95.3 117.6 23.4
SIDERÚRGICA LÁZARO CÁRDENAS LAS TRUCHAS 190.9 115.3 (39.6)
AZÚCAR 12.5
FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO 220.4 271.3 23.1
AERONAVES DE MÉXICO 34.3
COMPAÑÍA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS POPULARES 22.9 28.9 26.2
INSTITUTO MEXICANO DEL CAFÉ 0.8 1.5 87.5
FORESTAL VICENTE GUERRERO 0.5 0.6 20.0
PRODUCTOS FORESTALES
MEXICANOS 1.4 1.0 (28.6)
PRODUCTOS PESQUEROS MEXICANOS 2.1
SUBSIDIOS PARA PAGO DE PASIVO E INGRESOS 3.530.7 4.547.5 28.8
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 692.2 1.216.7 75.8
FERTILIZANTES MEXICANOS 515.2 185.1 (64.1)
SIDERÚRGICA NACIONAL 38.8
SIDERÚRGICA LÁZARO CÁRDENAS LAS TRUCHAS 357.2 476.3 33.3
DIESEL NACIONAL 249.4
AZÚCAR 77.8 232.5 198.8
FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO 315.1 452.0 43.4
AERONAVES DE MÉXICO
COMPAÑÍA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS POPULARES 1.285.0 1.984.9 54.5
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CUADRO 14
INVERSIÓN FÍSICA PRESUPUESTAL
SECTORIAL ECONÓMICA
(Miles de Millones de Pesos)
SECTOR ESPERADO PROYECTO VARIACIÓN PARTICIPACIÓN%
1988 1989 % 1988 1989
TOTAL 14.921.8 15.439.7 3.1 100.0 100.0
DESARROLLO
RURAL 1.169.1 1.540.6 31.8 7.8 10.0
PESCA 12.5 22.1 76.8 0.1 0.1
DESARROLLO
SOCIAL 3.242.8 3.601.2 11.1 21.7 23.3
EDUCACIÓN 622.7 658.9 5.8 4.2 4.3
SALUD Y LABORAL 1.121.1 1.182.2 5.5 7.5 7.7
SOLIDARIDAD SOC. (DES. REG.) 1.126.4 1.514.8 34.5 7.5 9.8
DES.URDANO 1/ 372.6 245.3 (34.2) 2.5 1.6
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2.121.4 2.349.4 10.7 14.2 15.2
COMERCIO Y ABASTO 37.6 52.0 38.3 0.3 0.3
TURISMO 2/ 35.7 0.2 (99.4) 0.2 0.0
ENERGÉTICO 6.755.6 6.477.4 ( 4.1) 45.1 42.0
INDUSTRIAL 1.251.6 1.026.2 (18.0) 8.4 6.6
ADMINISTRACIÓN 345.5 370.6 7.3 2.3 2.4
1.- En Desarrollo Urbano la disminución obedece a que en 1908 se dio un impulso extraordinario a la construcción de vivienda de la Ciudad de México.
2.- En turismo la falta de inversión se debe a que en 1989 ya no se otorgarán subsidios al Fondo Nacional de Fomento al Turismo.
CUADRO 15
INVERSIÓN FÍSICA PRESUPUESTAL
(Miles de Millones de Pesos)
CONCEPTO ESPERADO PROYECTO VARIACIÓN PARTICIPACIÓN%
1988 1989 % 1988 1989
TOTAL 14.971.8 15.439.7 3.1 100.0 100.0
GOBIERNO FED. 5.302.2 6.362.8 20.0 35.4 41.2
DIRECTA 3.749.4 5.047.0 34.6 25.0 32.7
TRANSFERENCIAS A
ENTIDADES NO
CONTROLADAS 1.552.8 1.315.8 (15.3) 10.4 8.5
ORGS. Y EMPRESAS 1/ 9.669.6 9.076.9 ( 6.1) 64.6 58.8
PEMEX 4.024.4 3.693.1 ( 8.2) 26.9 23.9
RESTO 5.645.2 5.383.8 ( 4.6) 37.7 034.9
1/ Incluye transferencias del gobierno federal
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CUADRO 29
PROGRAMA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
(Millones de Pesos)
PROGRAMA DENOMINACIÓN GASTO TOTAL %
AA ADMINISTRACIÓN 32.116.1 16.4
BJ PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA LABORAL Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES 18,707.8 9.5
CI IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y VIGILANCIA DE LA LEGISLACIÓN LABORAL Y FISCAL 20,767.8 10.6
CK PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA 3,715.0 1.9
3T FOMENTO Y REGULACIÓN DEL EMPLEO, SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 8,511.8 4.3
3U POLÍTICA DE SALARIOS Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES 10,188.4 5.2
3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES 65,448.7 33.4
5F AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 16,645.0 8.5
6R CANALIZACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS A LOS TRABAJADORES 20,000.0 10.2
TOTAL 196,100.6 100.0
CUADRO 30 PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
(Miles de Millones de Pesos)
PROGRAMA DENOMINACIÓN GASTO TOTAL %
AA ADMINISTRACIÓN 160.355.3 54.7
BN POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 9,600.3 3.3
BO POLÍTICA Y PLANEACIÓN ECOLÓGICA 4.806.0 1.6
3N FOMENTO Y REGULACIÓN A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO 325.0 0.1
3O DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL, APLICADA Y EXPERIMENTACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 225.0 0.1
3Y REGULACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 3,100.0 1.1
3Z REGULACIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA 10,055.3 3.4
EC CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE 4,378.2 1.5
ED DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS 1,869.5 0.6
5D URBANIZACIÓN 9,362.7 3.2
5E VIVIENDA 72,500.0 24.8
5H CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE 5,450.0 2.2
5K EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 2,942.0 1.0
5L SUELO PARA DESARROLLO URBANO, VIVIENDA ECOLOGÍA 3,000.0 1.0
5M INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA 3,998.7 1.4
TOTAL 292,968.0 100.0
CUADRO 31 PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE PESCA
(Millones de Pesos)
PROGRAMA DENOMINACIÓN GASTO TOTAL %
AA ADMINISTRACIÓN 43.926.9 33.1
BO POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO PESQUERO 6.603.2 5.0
3G PROMOCIÓN, REGULACIÓN Y ORGANIZACIÓN PESQUERA 9.928.5 7.5
3O DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL APLICADA Y EXPERIMENTACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 10.594.0 8.0
3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES 2.438.1 1.8
6H INFRAESTRUCTURA PESQUERA Y AGRÍCOLA 22.757.1 17.1
EW LABORATORIOS 200.0 0.2
5F AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 500.0 0.4
FA PRODUCCIÓN PRIMARIA (EXCEPTO MINERÍA) 12.150.4 9.1
FD PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL 23.658.0 17.8
TOTAL 132.756.2 100.0
CUADRO 32
PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
(Miles de Millones de Pesos)
PROGRAMAS DENOMINACIÓN GASTO TOTAL %
AA ADMINISTRACIÓN 641.981.2 25.9
BG POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES Y LOS TRANSPORTES 202.360.8 8.2
BK REGULACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y LOS TRANSPORTES 109.849.1 4.4
3O DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL APLICADA Y EXPERIMENTACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 17.105.9 0.7
3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES 22.632.9 0.9
DJ ATENCIÓN PREVENTIVA 14.412.5 0.6
EJ CARRETERAS TRONCALES 569.758.8 23.0
EK CARRETERAS ALIMENTARIAS Y CAMINOS RURALES 87.991.3 3.5
EL INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 263.852.0 10.6
EM INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIO 15.262.0 0.6
EN INFRAESTRUCTURA MARÍTIMO - PORTUARIO 110,773.1 4.5
EP INFRAESTRUCTURA POSTAL 19.200.0 0.8
EQ INFRAESTRUCTURA TELEFÓNICA 2.117.6 0.1
ER INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 123.509.9 5.0
5D URBANIZACIÓN 4.510.2 0.2
5K EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 11.000.0 0.4
FR SERVICIOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO 79,029.0 3.2
FT SERVICIOS DE TRANSPORTE MARINO 4.913.0 0.2
FU SERVICIOS PORTUARIOS Y DE AYUDA A LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA 8.891.9 0.4
FW SERVICIOS AERORUTINARIOS Y DE AYUDA A LA NAVEGACIÓN AÉREA 66.282.3 2.7
FX SERVICIO POSTAL 67.777.0 2.7
FY SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 37.565.1 1.4
TOTAL 2.480.820.6 100.0
CUADRO 33
PROGRAMAS DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
(Miles de Millones de Pesos)
PROGRAMA DENOMINACIÓN GASTO TOTAL %
AA ADMINISTRACIÓN 20.696.8 5.9
EJ CARRETERAS TRONCALES 267.220.2 76.6
FS SERVICIOS EN CAMINOS Y PUENTES 61.082.2 17.5
TOTAL 348.999.2 100.0
CUADRO 34
PROGRAMAS DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
(Miles de Millones de Pesos)
PROGRAMA DENOMINACIÓN GASTO TOTAL %
AA ADMINISTRACIÓN 52.925.2 22.5
EG POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES Y LOS TRANSPORTES 1.753.5 0.8
EM INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA 105.787.2 45.1
FW SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y DE AYUDA A LA NAVEGACIÓN AÉREA 74.299.1 31.6
TOTAL 234.765.0 100.0
CUADRO 35
PROGRAMAS DE FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO
(Miles de Millones de Pesos)
PROGRAMAS DENOMINACIÓN GASTO TOTAL %
AA ADMINISTRACIÓN 417.953.8 18.2
EG POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES Y LOS TRANSPORTES 70.465.2 3.1
3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES 55.542.7 2.4
EL INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 519.925.5 22.6
FR SERVICIOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO 1.235.110.4 53.7
TOTAL 2.298.997.4 100.0
CUADRO 36
PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
(Miles de Millones de Pesos)
PROGRAMA DENOMINACIÓN GASTO TOTAL %
AA ADMINISTRACIÓN 74.634.1 2.4
EF POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 52.759.5 1.7
5J REGULACIÓN, CONDUCCIÓN Y FOMENTO INDUSTRIAL 11.139.4 0.4
3L FOMENTO Y REGULACIÓN DEL COMERCIO INTERIOR Y EXTERIOR 72.210.0 2.3
3N FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DEL DESARROLLO TECN. 2.972.6 0.1
3P DESARROLLO DE TECNOLOGÍA 5.815.7 0.2
DN ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 21.453.3 0.7
5A CONSTRUCCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN 19.773.8 0.6
FA PRODUCCIÓN PRIMARIA (EXCEPTO MINERÍA) 1.410.4 N.S
6B COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS BÁSICOS 2.654.465.3 84.1
6C COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES 230.389.3 7.3
6P CANALIZACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 7.000.0 0.2
6U PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 1.459.4 N.S.
T O T A L 3.155.482.8 100.0
CUADRO 37
PROGRAMAS DE LA COMPAÑÍA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS POPULARES
(Miles de Millones de Pesos)
PROGRAMA DENOMINACIÓN GASTO TOTAL %
AA ADMINISTRACIÓN 112.433.9 2.3
DN ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS PRESTACIONES SOCIALES 21.453.3 0.4
5A CONSTRUCCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN 17.370.7 0.4
6B COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS BÁSICOS 4.741.941.3 96.4
1/
TOTAL 4.893.192.2 100.0
1.- Se refieren al concepto devengable, mientras en el decreto se muestra a nivel de flujo de efectivo (5´519,938.8 millones de pesos)
CUADRO 38
PROGRAMAS DE PRODUCTORA E IMPORTADORA RAFAEL, S.A. DE C.V.
(Miles de Millones de Pesos)
PROGRAMA DENOMINACIÓN GASTO TOTAL %
AA ADMINISTRACIÓN 11.970.0 2.2
6I COMERCIALIZACIÓN DE PAPEL Y PUBLICACIONES 528.723.2 97.2
1/
T O T A L 540.693.2 100.0
1.- Se refiere al concepto devengable, mientras en el decreto se demuestra a nivel de flujo (505,784.1 millones de pesos).
CUADRO 39
PROGRAMAS DE PETRÓLEOS MEXICANOS
(Miles de Millones de Pesos)
PROGRAMA DENOMINACIÓN GASTO TOTAL %
AA ADMINISTRACIÓN 2.422.200.0 18.5
BE POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE DESARROLLO MINERO, ENERGÉTICO E INDUSTRIA PARAEST. 211.500.0 1.6
EX PERFORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS 1.878.000.0 14.3
EY PLANTAS DE REFINACIÓN Y PETROQUÍMICA 894.100.0 6.8
EZ DUCTOS 382.000.0 2.9
FC EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN Y EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL 2.375.800.0 18.1
FH INDUSTRIALIZACIÓN DEL PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS 2.494.600.0 19.1
FT SERVICIOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO 794,100.0 6.1
6E COMERCIALIZACIÓN DE PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS 1.644.900.0 12.6
1/
T O T A L 13.097.400.0 100.0
1.- Se refiere al concepto devengable, mientras que en el decreto se muestra a nivel de flujo de efectivo (13´055,719.0 millones de pesos).
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CUADRO 51
PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
(Millones de pesos)
PROGRAMA DENOMINACIÓN GASTO TOTAL %
AA ADMINISTRACIÓN 39.133.2 13.7
CD PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR 123.641.8 43.4
CE PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE MÉXICO EN EL ÁMBITO BILATERAL 71.291.0 25.1
CF PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE MÉXICO EN EL ÁMBITO MULTILATERAL 8.353.1 2.9
CG PROMOCIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y EJECUCIÓN DE ACCIONES CULTURALES 5.323.2 1.9
CH APORTACIONES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 36.515.9 12.8
3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES. 539.2 0.2
FG PRODUCCIÓN DE PAPEL, IMPRESOS Y PUBLICACIONES 120.0 N.S.
T O T A L 84.917.4 100.0
CUADRO 52
PROGRAMAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
(Miles de Millones de Pesos)
PROGRAMA DENOMINACIÓN GASTO TOTAL %
AA ADMINISTRACIÓN 19.185.1 16.2
CJ VIGILANCIA DE LA CONSTITUCIONALIDAD Y LA LEGALIDAD 1.451.9 1.2
CK PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA 1.084.9 0.9
CL PRESENTACIÓN JUDICIAL E INTERVENCIÓN EN CONTROVERSIAS 903.0 0.8
CM PERSECUCIÓN DE DELITOS FEDERALES 34.924.6 29.5
CN CAMPAÑA CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y LA FARMACODEPENDENCIA 60.131.0 50.7
3O DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL, APLICADA Y EXPERIMENTACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 150.6 0.1
3V FOMENTO Y REGULACIÓN DE PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES 542.6 0.4
DE EDUCACIÓN DE POSGRADO 207.6 0.2
T O T A L 118.581.3 100.0
CUADRO 53
PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
(Miles de Millones de Pesos)
PROGRAMA DENOMINACIÓN GASTO TOTAL %
AA ADMINISTRACIÓN 12.202.9 0.8
CP DEFENSA NACIONAL 1.564.714.9 99.2
T O T A L 1.576.917.8 100.0
CUADRO 54
PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE MARINA
(Miles de Millones de Pesos)
PROGRAMA DENOMINACIÓN GASTO TOTAL %
AA ADMINISTRACIÓN 76.437.6 14.1
CS CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD NACIONAL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS MARÍTIMOS 416.398.3 76.6
3L FOMENTO Y REGULACIÓN DEL COMERCIO INTERIOR Y EXTERIOR 800.0 0.1
DI EDUCACIÓN, DESARROLLO Y CAP. NAVAL 16.932.5 3.1
DL DIFUSIÓN CULTURAL 2.8 N.S.
DM RECREACIÓN, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO 7.4 N.S.
DN ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS PRESTACIONES SOCIALES 636.2 0.1
EO INFRAESTRUCTURA NAVAL 32.200.9 5.9
SE VIVIENDA 400.0 0.1
T O T A L 543.815.7 100.0
CUADRO 55
PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
(Miles de Millones de Pesos)
PROGRAMA DENOMINACIÓN GASTO TOTAL %
AA ADMINISTRACIÓN 108.419.4 4.9
BB PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA 15.061.2 0.7
CI IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y VIGILANCIA DE LA LEGISLACIÓN LABORAL Y FISCAL 17.215.3 0.8
CV DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO NACIONAL DEL DESARROLLO 22.746.1 1.0
CW EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE ESTÍMULOS FISCALES A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 2,026.0 0.1
CX REGULACIÓN DE LA POLÍTICA ADUANERA Y DEL REGISTRO FEDERAL DE VEHÍCULOS 89,910.5 4.1
CY ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS 209.078.2 9.5
CZ EJECUCIÓN, REGLAMENTACIÓN Y CONTROL DE LAPOLÍTICA DE CRÉDITO PUBLICO 14.406.3 0.7
3A REGULACIÓN DE LA POLÍTICA DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 5.093.7 0.2
CW EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE ESTÍMULOS FISCALES A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 160.000.0 7.3
3B TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL 1.552.339.7 70.7
T O T A L 2.196.296.4 100.0
CUADRO 56
PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN
(Miles de Millones de Pesos)
PROGRAMA DENOMINACIÓN GASTO TOTAL %
AA ADMINISTRACIÓN 8.825.8 30.2
BA DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA GLOBAL DE PLANEACIÓN NACIONAL, SECTORIAL Y REGIONAL 3.116.1 10.8
CT EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL. 4.984.4 17.2
CU AUDITORIA GUBERNAMENTAL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS. 12.030.9 41.5
T O T A L 28.257.2 100.0
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La C. Presidenta: -En consecuencia, está a discusión en lo general. Para hechos relacionados con la discusión, tiene la palabra el ciudadano diputado Jesús Rojo Gutiérrez.
El C. Jesús Ramón Rojo Gutiérrez: -Con su permiso, señora presidenta; ciudadanos diputados: Han sido muchas las legislaturas en las cuales nuestro Partido Acción Nacional ha señalado el vicio de que en esta Cámara de Diputados se legisla "al vapor".
Este señalamiento fue hecho ya en esta ocasión por nuestro coordinador, el licenciado Abel Vicencio Tovar, y algunos coordinadores de la oposición. Sin embargo, se tuvo la respuesta inmediata del coordinador del Partido Revolucionario Institucional, diciendo que esto no sucedería en esta Legislatura.
Sin embargo, hemos sido actores de que se sigue legislando "al vapor", puesto que también es legislar "al vapor" el hecho de que las iniciativas que presentan los ciudadanos diputados no son dictaminadas en su oportunidad, porque las comisiones no quieren llegar al estudio del fondo de estas iniciativas, y únicamente se dedican a darle la preferencia a las iniciativas que llegan de parte del Ejecutivo.
Pero a este dictamen de la Comisión de Programación y Presupuesto, al cual se le ha dispensado la primera y segunda lectura, viene siendo un verdadero monumento a la legislación "al vapor".
Como no se ha leído y no se ha tenido la oportunidad de apreciar esta situación, me voy a permitir darles a ustedes unos cuantos ejemplos. Si tienen a la mano el dictamen de la Comisión de Presupuesto, les rogaría que nos fuéramos a la página catorce y quince.
En la quince señala como punto tercero: "Se modifica el artículo 8º., en su primer párrafo, para quedar como sigue: artículo 8º. Las previsiones del ramo treinta y uno, etcétera". Y si nos vamos a la página tres, en la parte final, viene supuestamente cómo debe de quedar el artículo 8º., y en ello falta todo un párrafo o una frase.
También en el numeral quince, en el punto cinco, dice: "Se suprime el artículo 10", y sin embargo, si ustedes ven, en la iniciativa del proyecto en la página cuatro, al final, aparece el artículo 10.
En la siguiente página, dieciséis, el punto seis dice: "Se modifica el artículo 11, y en consecuencia se suprime el artículo 14, para quedar como sigue: y ahí viene cómo debe de quedar el artículo 11, que principia. "En el ejercicio de sus presupuestos...", sin embargo, ustedes pueden encontrar en la página cinco, al final artículo 11, que dice: "Para que las dependencias y entidades puedan, etcétera". Es totalmente distinto lo que dice que debe de aparecer en el decreto que se está presentando por parte de la Comisión de Presupuesto, todo esto se debe y vienen siendo una constancia más de que aquí se legisla al vapor; tratan de arreglar todas estas fallas que vienen en el numeral veintitrés que señala: "Como consecuencia del anterior, se recorren en su orden los actuales artículos 11 y 12, para pasar a ser 10 y 11; los actuales artículos 15 a 21, pasan a ser 12, los actuales 29 a 37 pasan a ser 24 a 32; los actuales artículos 39 a 48 pasan a ser 33 a 42 respectivamente". Pero aquí, en el dictamen, nos están diciendo una cosa muy distinta a lo que están presentando ya en el cuerpo en sí del decreto de este presupuesto de egresos, para la federación de 1989.
Por lo cual definitivamente deseo que realmente se tomen medidas para que la legislación en México se haga a conciencia y con profundidad y no que sean meras retóricas. Eso de que no se legisla al vapor, aquí está una prueba de que se está haciendo y no estamos de acuerdo de seguir bajo este procedimiento. Muchas gracias.
La C. Presidenta: -Puesto como está a discusión en lo general el dictamen relativo al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1989 y abierto el registro de oradores, se han anotado en contra los ciudadanos diputados: Gerardo Ávalos Lemus, Ignacio Castillo Mena, Patricio Estévez, Félix Mercado Téllez, Víctor Manuel Ávalos Limón y Astolfo Vicencio Tovar; el ciudadano diputado Pavlovich, en lo general.
La C. Presidenta: -Ruego a la secretaría auxilie a la presidencia en la tarea de tomar los nombres de los ciudadanos diputados que están inscribiéndose en este momento.
Además, los ciudadanos diputados en contra Juan Guerra Ochoa, Alberto Pérez Fontecha, Mariano Leyva Domínguez, Rafael Melgoza Radillo y el ciudadano diputado Francisco Javier Pavlovich Robles.
En pro, se han inscrito los ciudadanos diputados: Francisco Santillán Oceguera y Humberto Roque Villanueva y la representación de la mayoría de la comisión.
Para hablar en contra, tiene la palabra el ciudadano diputado Gerardo Ávalos Lemus.
En términos del reglamento hará uso de la palabra el ciudadano diputado Rogelio Montemayor, a nombre de la comisión.
El C. Rogelio Montemayor Seguy: -Ciudadana presidenta; honorable asamblea:
Quiero en primer lugar hacer una aclaración respecto a las observaciones que hizo el diputado de Acción Nacional que me antecedió en el uso de la palabra.
En lo que se refiere al artículo 8vo., donde la Comisión propone una modificación al texto de la iniciativa, efectivamente hay un error en la versión que está en su poder, por lo cual solicitamos que se haga la corrección taquimecanográfica de dicho artículo.
En relación a las demás observaciones quisiera yo aclarar que los artículos a que hizo referencia y los que hace referencia el proyecto de dictamen proponiendo su supresión, se refieren a los numerales de la iniciativa, mismos que se modifican y se suprimen ya en el texto propio del dictamen.
En consecuencia sí existe en el texto del dictamen un artículo 10 y los otros que fueron mencionados pero no corresponden a los mismos artículos de la iniciativa, los cuales, el artículo 10 y los otros correspondientes fueron eliminados, y se propone que sean eliminados.
Honorable asamblea: Dictamen que hoy se presenta, que presenta la Comisión de Programación y Presupuesto a su consideración, es el resultado de un trabajo amplio, cuidadoso, realizado en un ambiente de colaboración pluripardista; que ha buscado el consenso con el objeto de lograr presentar a ustedes sus elementos de juicio que permitan la discusión y, en su caso, aprobación de dicho dictamen.
Con pleno conocimiento de la trascendencia de la ley que hoy se discute y con plena responsabilidad en las deliberaciones sobre la seriedad y trascendencia de la materia que estamos discutiendo.
Las labores de la comisión se desarrollaron en sesiones amplias y en reuniones con las distintas fracciones, parlamentarias que integran la comisión, donde fue posible conocer, informar, recabar, discutir y en su caso, incorporar las propuestas de todos los grupos parlamentarios.
Consideramos nuestra obligación señalar, con satisfacción, la forma en la cual la colaboración y diálogo franco ha hecho posible el dictamen que hoy nos ocupa. Entendemos que las diferentes posiciones políticas e ideológicas obligan a todos a exponer sus tesis en esta tribuna; pero ello no invalida el trabajo realizado por todos y cada uno de los miembros de la comisión.
Este dictamen del proyecto de presupuesto para 1989 se enmarca dentro de una estrategia económica de transición determinada por la transferencia de recursos por conceptos de pago de la deuda, que han constituido en los últimos años una carga muy pesada para el país.
Además, se da en la necesidad de estabilizar la económica, consolidando lo que el esfuerzo y sacrificio de los mexicanos han realizado en los últimos meses. Un clamor que se generaliza, está dado por la necesidad de la urgente negociación del pago de la deuda, con objeto de transferir cada vez menos recursos al exterior y asegurar los recursos frescos necesarios que eviten la incertidumbre de las negociaciones anuales, en la toma de decisiones de carácter económico.
Para todos los mexicanos, la deuda ha significado menores oportunidades de acceso en el nivel de vida, digno y decoroso; hecho que se ha vuelto ya insoportable. En esto, estamos todos de acuerdo, donde encontramos diferencias es en la forma y tiempos de resolver este problema, es por ello que se propone que esta Cámara inicie a partir de enero, una serie de audiencias que conduzcan a un conocimiento más profundo y completo del origen, monto y consecuencias de cada unos de los elementos que configuran este problema y sus posibles soluciones. Esta propuesta, además de ser una oportunidad para la proposición de nuevos elementos políticos y técnicos, con los cuales la toma de decisiones podría realizarse con una mayor claridad y responsabilidad.
El presupuesto que hoy se propone a su consideración señala la preocupación por los sectores más desprotegidos al dedicar de manera prioritaria a programas específicos como el de solidaridad, mejorar los servicios de la educación, salud y seguridad pública.
Las deliberaciones de la comisión se plasman en el dictamen en propuestas para hacer modificación a 23 artículos de la iniciativa. Estas modificaciones que propone la comisión son de dos tipos: en un caso se reagruparan artículos con el objeto de plantear temas que tiene similar naturaleza en un sólo numeral.
Tal es el caso de los artículos 11 y 14, 12 y 13, 25 y 28, 34 y 38.
Un segundo tipo se refiere a modificaciones que buscan precisamente fortalecer el propósito de atender con prioridad los gastos destinados al bienestar social y las áreas prioritarias y estratégicas.
Así se propone la modificación de los artículos 16 y 17 de la iniciativa, donde se señala el destino; la modificación se propone con el objeto de precisar el destino que habrá de darse a los recursos excedentes en el caso de que éstos se presten, así como señalar criterios que protejan los conceptos de gastos mencionados, en el caso de que se presten contingencias que signifiquen disminución de los ingresos.
En atención a estas consideraciones, destacando estas características que me he permitido señalar, está a consideración de esta asamblea el dictamen que ha presentado la comisión. Muchas gracias.
La C. Presidenta; -Tiene la palabra en ciudadano diputado Gerardo Ávalos.
El C. Gerardo Ávalos Lemus: -Compañera presidenta; compañeros de la mesa directiva; compañeras y compañeros legisladores:
En este período de análisis y valoración de las propuestas de Ley de Ingresos y su correspondencia con la ley de egresos para el ejercicio de 1989.
Al Partido Mexicano Socialista nos asaltó siempre la deuda de cuál sería el sentido de nuestra participación en un debate muy pequeño y en un análisis no permitido de manera real.
Los dictámenes que hoy se presentan, no tiene una modificación sustancial aun a pesar de los aportes que realizamos en las reuniones de comisión. Sin embargo, estamos convencidos de que el ejercicio de la aprobación de esta Ley de Egresos, se ha de convertir en un acto más de antidemocracia y de imposición al pueblo de México.
La programación de los egresos no han sido el resultado de una consulta a los sectores productivos y al sector social de nuestro país.
Esta ley y la Ley de Ingresos son solamente la manifestación de acto de gobierno, de aquéllos quienes desde el escritorio se dedican a programar y a delinear el ejercicio del erario público; pero de ninguna manera se convierten en alternativa para subsanar la economía nacional que hoy definitivamente se encuentra estrangulada.
La actual Ley de Egresos que presenta Salinas a través de la Secretaría del ramo es contradictoria de manera fundamental, entre la parte discursiva donde fija sus objetivos y la parte asignativa donde precisa los rubros de egresos. Es una ley que demuestra la más clara antidemocracia de lo gobierno recientes en México.
Es correcto que el Ejecutivo de la Unión presente un proyecto de este tipo de Ley de Egresos, porque guarda congruencia con sus compromisos contraídos para cumplirse puntualmente con el extranjero vecino del norte que es quien lo apoya, ya que el pasado 6 de julio el pueblo de México no lo eligió.
Es una ley que atenta aún más contra la soberanía de nuestra nación y nos hace más dependientes del capital oligopolio trasnacional. El Poder Legislativo no puede ser cómplice de que se comprometa aún más la soberanía de la nación, no podemos aprobar una ley que someta a nuestra patria a una condición de dependencia tan profunda y cierra los caminos de crecimiento y fortalecimiento del mercado nacional.
Impide esta ley la autosuficiencia alimentaria, tanto en el campo como en la pesca; no incrementa en términos reales la asignación de recursos a las actividades productivas y nosotros nos preguntamos: ¿entonces cómo quieren que crezca México?
La Constitución General de la República obliga al Estado a salvaguardar la nación y erigirse en el primer y principal defensor de la soberanía de la patria, per el actual gobierno de Salinas y su partido se convierten en el principal enemigo de la nación, entendida como ésta la totalidad de los 82 millones de mexicanos, nuestras fronteras, riquezas naturales, los mares, etcétera.
Se han convertido en un Estado que planea y administra la pobreza en cuanto a los mexicanos se refiere y se desenvuelve como el mejor administrador y guardián de los bienes nacionales capitales en favor del capital extranjero. Tomando los rasgos y datos más generales del Proyecto de la Ley de Egresos, que en correspondencia a la Ley de Ingresos debe analizarse, se observa lo siguiente, que es base para sustentar las tesis mencionadas; porque de manera presumida se concluye que el Proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación para 1989, implica una política de gasto, que en lo esencial, mantiene las tendencias de los últimos años.
Los rasgos generales de ese comportamiento, se expresan en los siguientes hechos:
Una disminución del gasto público total, en términos reales frente al ejercicio del año anterior, lo que implica que no sólo no será motor de la reacción económica, sino que su monto resulta insuficiente para iniciar un proceso orientado y fortalecer y ampliar la infraestructura y los servicios básicos que requiere el país.
Segundo. Una distorsión en la estructura de lo egresos presupuestales que, de nueva cuenta que
provoca que el gasto programable pierda peso en relacional total; mientras el servicio de la deuda ocupa una porción mayor.
Para 1989, se propone que el servicio de la deuda, ascienda al 60% del total del gasto mientras que al programable, se les asigna el 34%.
Lo anterior, refleja la incongruencia entre lo declarado en materia de deuda externa y las propuestas concretas del Proyecto de Presupuesto de Egresos. Por un lado, se reconoce la carga que el servicio del débito externo significa para el país al impedir su recuperación económica y se considera que esa situación es inaceptable e insostenible como lo hemos venido sosteniendo la oposición desde hace mucho tiempo y por otro, se propone aprobar un presupuesto que mantiene y amplía esta situación.
Una nueva caída de la relación gastos programable - producto y de dicho gasto en términos reales, lo cual lejos de contribuir a mejorar la situación de la planta productiva, se vendrá a sumar a los rasgos acumulados en los últimos seis años anteriores.
Un gasto público cuyo destino sectorial no tiene modificaciones sustantivas, ya que los recursos orientados al bienestar social, como salud y educación, a pesar de su aumento en términos absolutos, mantiene su participación dentro del producto total.
Esto significa que es limitado e insuficiente el pretendido enfoque social del presupuesto, además de ello, en el terreno productivo en muchos sectores se presentan disminuciones o estancamientos de las metas físicas frente a las del año anterior, destacando las reducciones: energéticos, agricultura y pesca.
Un programa de atención a la pobreza que ocupa una parte marginal de los recursos, los cuales resultan demasiado escasos frente a la magnitud de las necesidades de lo grupos más desprotegidos del país.
Una carencia esencial es que no se contempla ningún tipo de medidas distributivas del ingreso y orientadas a elevar efectivamente el nivel de vida de la gran mayoría de los mexicanos. Por el contrario, la estrategia en la que se marca el presupuesto implica que durante el año entrante los ingresos de la mayoría de la población no mejorarán en términos reales.
El desarrollo social no constituye la columna vertebral del programa del gobierno para 1989. Del análisis del proyecto de presupuesto no hay bases reales para sustentar una nueva orientación del gasto en esa dirección.
El rasgo más negativo del Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación en su sesgo financiero. La comparación entre el servicio de la deuda total y la inversión para el año entrante, revela las negativas consecuencias que éste tendrá en el terreno productivo, ya que el servicio de la deuda es diez veces mayor que la inversión pública que se espera realizar.
En suma, el Proyecto de presupuesto de
Egresos de la Federación de 1989, y el dictamen aprobado por la diputación priísta, no contiene ningún elemento que haga sostenible la propuesta de que el año próximo sea efectivamente un período de transición hacia una etapa distinta. Pero lo grave es que el presupuesto no contiene nada concreto sobre cómo se sentarán las bases para una recuperación gradual y firme de la economía.
Compañeros legisladores: Resulta, para el Partido Mexicano Socialista, bastante importante que preocupa más a la Asamblea General de las Naciones Unidas y a la Cepal la renegociación del pago de la deuda, que al propio gobierno mexicano. Y tales son las declaraciones en ese sentido de estos organismos internacionales, del día 21 de diciembre de 1988, donde ellos están pugnando porque el monto total de la deuda pueda renegociarse y permitir de esta manera el desarrollo de los países subdesarrollados.
Ante la política del actual gobierno de orientar hacia la privatización la economía nacional, no nos queda otra sino señalar en la altura de lo que debe ser, de que este gobierno es incapaz para hacerse cargo de lo Estados Unidos Mexicanos, que está poniendo en manos de la iniciativa privada el futuro de la patria.
Y nosotros les decimos, ¡si hoy reconocen ante esta incapacidad, dejen su lugar a aquéllos que con nuevos proyectos queremos salvar a la nación! (Gritos.)
La C. Presidenta: - Orden en la sala.
El C. Gerardo Ávalos Lemus: -Queremos señalar que en tanto a la nación, a los trabajadores de México se nos pide apretar los cinturones y soportar el peso de esta crisis, que durante este año será un año sin crecimiento, que estará por debajo del crecimiento de la población, la contra parte hacia quien el gobierno oriente los beneficios, que es la iniciativa privada, que posiblemente en este caso sea exclusivamente a la gente de la altura de los Legorreta, el compromiso de
este tipo de grandes empresarios nacionales, es tal cual lo declararon, el 21 de diciembre, donde el gobierno está programando crecer y dar un millón de empleos para 1989, Legorreta declara abiertamente que será imposible la contratación de estos empleos.
Esto sin considerar el rezago del déficit de empleo que venimos arrastrando desde 1982, y como dijera un compañero diputado: a confesión de partes, revelo de pruebas.
Pero remítanse a la fecha 21 de diciembre, donde Legorreta abiertamente establece su compromiso para invertir más por ganar más, pero no asegura que el millón de empleos pueda lograrse.
Compañeros legisladores, en el marco de no ser cómplices de una ley que ahogará la economía nacional durante 1989, los llamamos a sumarse a votar en contra de la iniciativa de Ley de Egresos.
El C. Alfonso Garzón Santibáñez: -Pido la palabra, para hacer una aclaración sobre la Ley de Egresos.
La C. Presidenta: -Para hechos, tiene la palabra el ciudadano diputado Garzón Santibáñez.
El C. Alfonso Garzón Santibáñez: -Con su permiso, ciudadana presidenta; honorable asamblea: Hemos pedido hacer uso de la palabra para hacer algunas aclaraciones en relación al proyecto de decreto de la Ley de Egresos de 1989.
Yo pienso que todos los que estamos aquí, diputados, tenemos interés de que las condiciones en este país se mejoren. Hemos analizado con mucho cuidado el proyecto de decreto de egresos y consideramos hacer lagunas sugerencias a las comisiones y a esta honorable asamblea.
Necesitamos cambiar las reglas del juego en las discusiones en esta Cámara, ir al grano, hacer que las comisiones nos expliquen claramente en qué se basaron para formular el proyecto de decreto.
México necesita salir de los graves problemas que tenemos y contamos con un país con inmensos recursos naturales, para lograrlo; se inicia un sexenio, un sexenio que necesita el esfuerzo y la colaboración de todos.
Yo considero que necesitamos intervenir y pedir una aclaración concreta a las comisiones, sobre los proyectos que se hicieron para algunas Secretarías de Estado que nosotros consideramos son bajas, por ejemplo: Señalaremos concretamente, en el caso de la Secretaría de la Reforma Agraria.
La Secretaría de la Reforma Agraria; tiene una enorme responsabilidad con el desarrollo del país, todavía no hemos llegado al final del reparto agrario, existen muchas resoluciones presidenciales por ejecutarse y muchos estudios en el cuerpo consultivo y en las comisiones agrarias mixtas, nosotros creemos que el presupuesto asignado para la Secretaría de la Reforma Agraria, que actualmente figura en el proyecto que es, de 192 mil 585 millones...
La C. Presidenta: -Un momento, ciudadano diputado Garzón; desean hacerle una interpelación.
El C. Alfonso Garzón Santibáñez: -Yo le ruego a las personas que quieren que les demos algunas respuestas, que nos permitan hacer algunas aclaraciones para no cortar el hilo de la intervención.
Nos interesa Reforma Agraria, Secretaría de Agricultura, Secretaría de Pesca, Secretaría de Turismo, Secretaría de Comunicaciones y Transportes que tienen presupuestos bajo con relación a los graves problemas que tiene el país; todos tenemos interés de que lleguemos a la autosuficiencia de la producción alimentaria; todos queremos resolver el problema del desempleo; todos queremos evitar el éxodo de mexicanos al extranjero. ¿Cómo lo vamos a lograr? Que nos organicemos para aprovechar los recursos naturales que tiene esta nación.
Si México tiene todavía más de 11 millones de hectáreas ociosas y tenemos expedientes en la Reforma Agraria para más de 3 mil campesinos en este país, para mas de 3 mil expedientes en este país, necesitamos que la Secretaría de la reforma Agraria reparta lo que sea afectable en México y nos pongamos todos a aprovechar los recursos.
Tenemos que aprovechar también los 10 mil Kilómetros de costa que tenemos en nuestro país, de las cuales no aprovechamos ni el 5% de esta inmensa riqueza nacional, a donde debemos establecer mayor cantidad de cooperativas pesqueras que pesquen escama, que puedan traer alimentos baratos y nutritivos al pueblo.
Queremos también hacer notar que hay por ejemplo un poder de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes más de 9 mil peticiones para caminos rurales y caminos de mano de obra que tendrán que conducir las cosechas de los campesinos a los centros de consumo.
Tenemos que agregar también las peticiones de salud hechas al Seguro Social y a la Secretaría de Salud.
Nos interesa, también, que haya una participación más eficaz en la Secretaría de Turismo solamente para arreglar los hoteles y las importantes corrientes turísticas de México, sino también poder incrementar ahí el turismo social para los trabajadores, para los obreros, para burócratas, para los campesinos que tengan capacidad de poder llevar a sus familias en el tiempo de vacaciones.
Esta proposición que nosotros estamos señalando, compañeras y compañeros diputados, es con el propósito de pedir con todo respeto a las comisiones que elaboraron el proyecto de la Ley de Egresos, que nos expliquen si hay alguna posibilidad de poder ampliar a estas Secretarías de Estados sus presupuestos, con el objeto de poder entrar a un desarrollo que el país está esperando.
Yo tengo la seguridad que la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos puede aprovechar mucho de los ríos que aún se van al mar. Necesitamos urgentemente tener que ampliar, como mínimo es un millón de hectáreas de riego en este país, aprovechando las aguas de esos ríos.
Por eso, para nosotros quizá la asamblea más importante de todo el año es la discusión y la aprobación del proyecto de Ley de Egresos de 1989.
Por eso, hemos dicho con mucha claridad a las comisiones que elaboran en este programa, no podemos seguir en esta condiciones en que vive el país. Yo considero que necesitamos un poquito más de mayor fuerza, de más aprovechamiento de los recursos, no estamos viviendo en un país al borde de la miseria y la calamidad; un país con inmenso recursos minerales, un país con inmensos recursos turísticos, un país que tiene más de 20 millones de hectáreas aptas para la ganadería, que necesitamos aprovechar para producir los alimentos que requiere México y para exportar también al extranjero.
Todo esto nos dará la idea a todos ustedes compañeras y compañeros diputados de expresar con claridad cómo tenemos que hacer. Si no tenemos dinero vamos a buscarlo; el problema fundamental es el económico; que se busque en donde sea necesario, lo importante es empujar el desarrollo de la nación, lo importante es darle trabajo a una gran cantidad de gente que lo necesita, ponernos al nivel de poder ir surtiendo las necesidades de más de un millón de mexicanos que nacen en este país cada año; tenemos que buscar la manera de aprovechar la juventud que ha ido a la escuela, especialmente aquella de escasos recursos económicos que ha podido ir a las aulas universitarias, a los tecnológicos y a las normales, con el objeto de que sean ellos los que manejen y dirijan los destinos de este país.
Nuestro interés es que entre el debate, que las comisiones nos indiquen que se busque la fórmula de que la Secretaría de Programación y Presupuesto analice el problema, que se den mayores emolumentos a muchas de las Secretarías que aquí hemos señalado, porque es la única forma de llevar el país adelante. Gracias. (Aplausos.)
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Juan Guerra Ochoa. Está inscrito en pro el diputado Francisco Santillán Oseguera, que es el único antes del diputado Humberto Roque Villanueva; están inscritos en contra los diputados Gerardo Ávalos, Juan Guerra Ochoa, Ignacio Castillo Mena, Rafael Melgoza Radilo, Patricio Estévez, Alberto Peréz Fontecha, Félix Mercado Téllez para un voto particular, Víctor Manuel Ávalos Limón, Mariano Leyva Domínguez y Francisco Javier Pavlovich también para un voto particular. Tiene la palabra el diputado Juan Guerra.
Respecto a la proposición que se nos hace de conservar el orden y entrar alternados, esta presidencia no tiene ningún inconveniente en hacerlo así.
En este caso tiene la palabra el diputado Ignacio Castillo Mena.
El C. Ignacio Castillo Mena: - Ciudadano presidente; honorable asamblea: A pesar de que el presidente reconoce en sus criterios generales de política económica, que el producto nacional se ha estancado, la inversión se ha abatido, los salarios se han reducido y la creación de empleos se ha vuelto insuficiente, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, cuyo dictamen examinamos, reitera la aplicación de la política económica que nos tiene al borde del desastre.
La continuidad y la imposición que caracterizan en lo político al régimen, se proyecta también en el plan económico. La reordenación económica y el cambio estructural pregonados por el ex presidente de la Madrid, hoy se nos presentan disfrazados de política modernizadora que busca una transición al desarrollo, aplicando los mismos criterios y medidas neoliberales que no han profundizado los efectos nocivos de la crisis.
Todos los pecados capitales de la política económica del ex presidente, continúan presentes en el proyecto de presupuesto. Y únicamente pretenden acelerar y profundizar su aplicación.
En términos globales, algunos centrales de esta política económica serán el autoritarismo, la pagatoria, la austeridad, la agudización de la dependencia externa de la economía mexicana, los recortes presupuestales y de personal, la concentración
de la riqueza y del ingreso, la congelación del gasto social, la continuidad de la imposición de los topes salariales, el desmantelamiento del sector paraestatal de la economía y el avance de la reprivatización, la desregularización de la vida económica, y en suma la consolidación de un modelo económico al servicio del gran capital monolítico, nacional y extranjero.
La política económica y presupuestal del gobierno que se concreta en un Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1989, es contraria no sólo a nuestros principios, sino también y fundamentalmente contraria a las necesidades e intereses populares y de la nación.
La corriente Democrática rechaza el dictamen, expresa su negativa a votar en su favor y por mi conducto razona públicamente su voto haciendo algunas breves consideraciones.
Sostenemos que la política económica y presupuestal tiene como vicio de origen el autoritarismo, un puñado de tecnócratas al margen de cualquier consulta y debate popular o parlamentario, decide las propuestas presupuestales y pretende imponerlas como hechos consumados, con el auxilio de la mayoría ficticia del partido oficial en esta Cámara.
Aún las propias reformas constitucionales a los artículos 25 y 26, promovidos por el gobierno del ex presidente De la Madrid que estableciera la rectoría económica del Estado e instituyen el Sistema Nacional de Planeación Democrática y la obligatoriedad de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, se arrojan por la borda con el método y con el contenido del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
Si se aprobara un Presupuesto de Egresos de esta manera sólo serviría como un lecho de projusto para deformar y mutilar el eventual Plan Nacional de Desarrollo; el autoritarismo y la democracia en la fijación de la política económica y presupuestal tiene su razón de ser en la necesidad del grupo en el poder para garantizar el pago del servicio y la amortización de la deuda pública, verdadera prioridad de la política económica del gobierno a la que se subordina, en cuyas aras al conjunto de nuestra población.
Un auténtico debate sobre esta cuestión, la democratización de las decisiones económicas significaría la cancelación inmediata de esta política criminal que nuestro pueblo conoce como la pagatoria.
Alrededor de la obsesión y los intereses de la pagatoria se ha generado un núcleo tecnoburocrático que hoy ejerce el poder político en México, que recibe el mayor de los apoyos del capital financiero nacional y extranjero, beneficiarios de la deuda pública.
Por lo tanto, no es posible esperar de este grupo en el poder una solución real y verdadera al problema del endeudamiento. por ello, los que ejercen el poder, prefieren la fórmula de la reducción neta de transferencias de capital al exterior, al desendeudamiento neto del país.
El presidente y su equipo, están pensando en reducir a la transferencia neta de capital al exterior, sobre de la base de un mayor endeudamiento, de magnitudes tales que el pago de intereses sea menor al flujo del dinero fresco que se recibe y esto lo demuestra la solicitud para endeudar al país, más en 1989 con una cifra adicional y que podría llegar a los 10 mil 500 millones de dólares, que el Congreso deberá limitar en su oportunidad.
En concordancia con el propósito gubernamental de garantizar los pagos de la deuda pública y asegurarse de esa manera el apoyo económico y político del capital financiero nacional e internacional, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1989, acepta e instrumenta las condiciones que imponen los acreedores y en primer lugar la austeridad recesiva, el congelamiento del gasto social, la eventualidad de los reportes presupuestales y de personal, la imposición de toques salariales a los empleos públicos, el redimensionamiento del sector paraestatal de la economía, que implica el desmantelamiento de la empresa pública y avances considerables en la reprivatización y la de regulación de la vida económica en provecho de la inversión privada.
En lo particular, la Corriente Democrática no acepta un dictamen que en su artículo segundo establece un monto insuficiente, recesivo y rígidamente austero de asignaciones presupuestales.
Objetamos, asimismo, el artículo segundo en lo que se refiere a la imposición a los sueldos y salarios de los servidores públicos, pero por otra parte, establece elevadas percepciones para los altos funcionarios de la administración central.
Igualmente nos resulta inaceptable el artículo séptimo en la medida en que establece un gasto por concepto de deuda pública que alcanza el 59.3%. Otra vez el porcentaje más elevado del dinero del pueblo, es para pagar una deuda que no contrajo y el gobierno lo hizo a sabiendas de que era impagable.
El artículo 14, que en su primer párrafo establece facultades discrecionales al Poder Ejecutivo para
realizar recortes presupuestales, para cuando se presenten contingencias, resta facultades que por mandato constitucional pertenecen al Poder Legislativo Federal y por tanto no es de aprobarse.
Tampoco podríamos suprimir el párrafo primero del artículo 19 que autoriza la creación discrecional de plazas en las dependencias encargadas de la seguridad nacional. Consideramos que el número actual de efectivos de las fuerzas armadas y de seguridad, es suficiente para el cumplimiento de las tareas que le encomienda la ley.
La corriente Democrática califica como totalmente inaceptable el primer párrafo del artículo 31 de la iniciativa de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, que reserva para la Secretaría de Programación y Presupuesto la facultad de cancelar, sin ninguna limitación legal, programas de desarrollo y efectuar recortes presupuestales.
Finalmente, el segundo párrafo del artículo 39, establece que la Secretaría de Programación y Presupuesto, se limitará a informar a la Cámara de Diputados de la desincorporación de entidades paraestatales. Sería necesario en este punto una formulación que reivindicara la atribución constitucional de la Cámara de Diputados a decir sobre las empresas públicas como parte fundamental del patrimonio nacional.
El de hoy se ha suscrito un acuerdo de los grupos parlamentarios, que en parte puede subsanar esto.
Dando muestras de disposición al diálogo y a la concertación que permita la solución de los problemas nacionales, la Corriente Democrática autorizó, por única vez al Ejecutivo, para contraer empréstitos públicos hasta por la cantidad eventual de 10 mil 500 millones de dólares.
Esta decisión no implica la legitimación de la política económica oficial que continúa desarrollándose en contra de los intereses populares y de la nación.
La Corriente democrática, al oponerse al presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1989 en la forma y contenido que expresa el dictamen que discutimos, lo hace atendiéndose a sus principios programáticos y en defensa de la economía nacional y popular.
Existen incongruencias tales, como destinar una mayor erogación para una mayor erogación para una dependencia, la Presidencia de la República, que para todo el Poder Legislativo. No veo cómo es posible esta desproporción en los gastos, lo que constituye una expresión más del brutal sistema presidencial que padecemos.
Y por si fuera poco, la tabulación de emolumentos para los funcionarios de la administración pública federal es caprichosa y elevada, si se compara con las percepciones de los trabajadores del gobierno.
No es posible que se siga operando con un ratero que trate en forma igual a los funcionarios de un orden determinado, sin considerar responsabilidades y desempeños. Y todavía es más grave que los no considerados en ese tabulador, tengan que ser encasillados en alguno de los señalados expresamente.
Si el presupuesto de egresos es inadmisible por las consideraciones de aplicación interior, más lo es en cuanto se refiere al pago de los compromisos contraídos en el exterior. Es decir, al servicio del pago de la deuda.
Insistimos al negar nuestra aprobación al dictamen, que la única forma de que México pueda crecer es buscando una solución al pago de la deuda Externa. Es preciso llevar a cabo la renegociación de nuestro delito, pero es obviamente la fórmula para hacerlo no cuando se siguen solicitando empréstitos. El pueblo rechaza la pagatoria. O se establece bilateralmente los términos de una renegociación en plazos y en intereses o bien tendremos que optar por una moratoria aceptable para nuestros acreedores y justificada y responsable de nuestra parte.
Pagamos lo que realmente debemos y pedimos plazos prudentes para cumplir con la obligación que se contrajo. El gobierno concordante con el mandato del pueblo, debe rechazar la deuda en los Términos actuales: o cumple con el, Pueblo, o sigue deslegitimizándose cada vez más, actuando a espaldas de sus mandamantes y en conveniencia con nuestros viejos acreedores. O cumple con el pueblo, o sigue al servicio de los intereses extraños. Estas son las únicas opciones para este gobierno. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Partido Estévez del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El C. Manuel Patricio Estévez Nenninger: - Compañero presidente; compañeros diputados, compañeras diputadas: Ante la discusión que hoy nos ocupa, en relación a este dictamen de decreto de Egresos, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, vuelve a reiterar lo que ha planteado en esta tribuna y en los trabajos de las comisiones, de no aceptar este presupuesto, porque,
en primer lugar, destina ese desproporcionado monto del 60% para el pago del servicio de la deuda pública, mientras que destina sólo el resto del 40% para la economía y para la inversión dentro de ella, de la obra pública que beneficia a la producción y a la clase trabajadora.
No estamos de acuerdo con este pretendido decreto de Egresos, porque aumentará la austeridad, la miseria y el descontento, y todo por mantener el religioso y puntual pago a los acreedores que insisten en que se cobre y se pague esa injusta deuda pública externa.
Además, no hemos visto con satisfacción las respuestas, que tanto los secretarios correspondientes de Hacienda y Crédito Público y de Programación y presupuesto, así como los directivos de las comisiones respectivas, en torno a una serie de contradicciones, que todavía se pregunta el pueblo de México, en torno a si va o no va a funcionar esta estrategia.
En primer lugar si se pretende un crecimiento con estabilidad que a la vez tienda a mejorar el desgastado nivel de vida de la población, existe una interrogante que no ha sido respondida: ¿Cómo será compatible el crecimiento sano no inflacionario con las altas de interés bancario que se pretende seguir fijando para 1989? ¿Cómo se mantendrá ese equilibrio para ofrecer atractivos intereses al ahorrador, como atractivo para evitar la fuga de capitales y a la vez disminuir las tasas reales de interés para eliminar la presión inflacionaria a los usuarios de los créditos, sean del sector social, privado o del propio sector público?
Es evidente que en 1988, se pagaron las más altas tasas de interés, que premiaron a los inversionistas financieros, llegándose a las cifras de 2.8 con respecto al producto interno bruto sólo en el pago de los intereses, es decir 11.45 billones de pesos.
Se estima que este año 1989, se paguen alrededor de 8 billones de pesos en términos reales, ya descontando el impacto de la inflación, si es que la inflación se da dentro de los pronósticos previstos. Esta cantidad que se pretende pagar de intereses en el 1989, comparativamente es cuatro veces más grande que lo destinado a la agricultura, es cuatro veces más grande a lo destinado para hacer posible lo que un compañero diputado del partido oficial decía en relación a la dificultad, a la descapitalización y a los graves problemas que está enfrentando la agricultura en este momento. Esta cantidad es casi el doble de lo destinado a agricultura, a salud, a trabajo, a pesca y a reforma agraria, todas juntas; y es más de cuatro veces de lo destinado al combate de la miseria extrema que solamente le destina al llamado Programa de Solidaridad Social la Cantidad de 1.6 billones de pesos.
Por concepto de Certificados de la Tesorería de la Federación la deuda pública aproximadamente asciende a 50 billones de pesos y no hay que olvidar que por cada punto adicional que se lleguen a elevar las tasas de interés, tendrá que pagarse alrededor de 5 billones de pesos más. Lo que es esta cantidad equivalente a una cifra superior a lo que se pretende captar con el nuevo Impuesto al Ingreso, al activo neto de las empresas.
Vale también comparar que tan solo para la inversión pública se destinan 15 billones de pesos y mientras que para el pago de intereses se destina 56 billones de pesos para este año.
Por un lado se recorta la intervención para objetos productivos y por el otro se continúa premiando al especulador financiero.
Para el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana es evidente que el Presupuesto de Egresos será recesivo y depresivo por un parte y por otro lado seguirá siendo especulativo. Se ofrece una tasa del 1.5% de crecimiento del productivo interno bruto, pero el análisis de los criterios de la presidencia que se hizo circular aquí en la Cámara, muestran en la realidad un decrecimiento de menos 1.2% para el segundo semestre de 1988.
¿Cómo se podrá remontar el decrecimiento acumulado de los últimos dos años y alcanzar el 1.5%, sin causar ese crecimiento que busca no acelerarse por parte de las estrategias del gobierno, para no causar la inflación?
Otra cuestión que no queda clara, es el programa que pretende reducir las importaciones. ¿Cómo reducir importaciones sin afectar el crecimiento buscado?
Se pretende reducir para 1989 del 52% que se encontraba en 1988 al 11.6% para este año de 1989.
El arancel del 10% no parece ser suficiente, por otro lado, para frenar las importaciones al ritmo previsto por el gobierno. En este aspecto, se nos han presentado serias dudas, por una parte se nos promete volver a crecer hasta 1990, pero por otra, se pretende reducir importaciones por medio de un arancel que por sí mismo no funcionaría para este propósito.
¿Que será que no se quiere decir que la única forma de reducir importaciones será mediante una efectiva reducción recesiva del crecimiento más allá de lo esperado?
Finalmente, dentro de estas cuatro grandes vertientes de dudas o de incongruencias dentro de la relación de la Ley de Ingresos y este Presupuesto propuesto, se habla de elevar el nivel de vida y se propone el Programa de Solidaridad Social; sin embargo, la realidad es que la única forma moderna para elevar el nivel de vida es mediante la creación de empleos bien remunerados. No se ha dicho aquí a cuántas nuevas personas demandantes de empleo se les pretenden crear empleos en este próximo año.
Análisis del propio Banco de México y de sectores particulares, muestran que en 1988, el 21% de las empresas recortó y despidió personal en los primeros diez meses del año de 1988, y sólo el 18% de las empresas incrementó el personal, principalmente el sector de la maquiladora.
Se habla de una cifra superior a los 7.5 hasta 8 millones de desempleados que heredamos de este sexenio, y en este año no se ha dicho cómo y de qué forma estos desempleados, más la demanda anual mínima de dos millones de empleos, tendrán ese trabajo que les permita recuperar su nivel de vida.
El programa del gobierno para erradicar la pobreza extrema, sólo cubriría en todo caso, de ser exitoso, al 10% de la población, que obtiene sólo el 1.3% del producto nacional; son familias cuyo ingreso promedio por persona fue de 55 mil a 60 mil pesos al mes, alrededor de 650 mil pesos anuales.
Consideramos que este porcentaje de personas efectivamente viven en una etapa de servidumbre feudal o esclavista, sin embargo el resto de la población desempleada sólo podrá elevar su nivel de vida y de bienestar si el gobierno convoca a un verdadero y auténtico movimiento de unidad nacional para crear estos dos millones de empleos al año, empleos que bien se pueden generar en lo que ya apuntaba un compañero del partido del gobierno, si se reinician las largamente propuestas obras hidráulicas del pacífico, del golfo y del centro del país, que están sobreestudiadas, sobre proyectadas, pero que en la práctica no se han ejecutado, entre otras cosas gracias a la intervención benéfica del Banco Mundial.
Si no se crean estas obras, no habrá en esas áreas rurales un empleo tanto en la construcción de las mismas obras como en la apertura de nuevas áreas del cultivo bajo riego, que permitan elevar el nivel de producción y de empleo bien remunerado en el campo mexicano, que permitan la construcción masiva del proceso de transformación agroindustrial de los productos del campo, que permitan la rehabilitación de los distritos de riego que ya se encuentran con serios problemas de obsolencia, que permita la optimización de las praderas de agostadero, y que tienda a una verdadera y genuina industrialización sobre bases nacionalistas y no bajo el esquema neocolonial que el gobierno pretende implementar.
Para el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, éste sí sería un esfuerzo que lograría una verdadera unidad nacional. No la unidad nacional para que los banqueros vean que nos estamos portando bien los mexicanos y decidan ayudarnos.
El presupuesto y programa del gobierno hasta donde se ha planteado, no inspira una confianza para una verdadera unidad nacional, nosotros los mexicanos estamos en condiciones de imponerles las condiciones a los acreedores y no que ellos nos la impongan a nosotros.
Tampoco podemos esperar que los centros acreedores se ablanden y nos muestren su buena voluntad y disposición para la negociación. La usura internacional ha dominado por más de trescientos años el mercado financiero, el mercado de las materias primas. No van en este año de 1989 a cambiar su actitud, sus propuestas cada día son más sofisticadas en busca de nuevas y formas más modernas de saqueo y de explotación.
Lo que se requiere es reducir ese 60%, ese artículo 7º., de la ley que nos ocupa, bien podría decidirse en base al ejercicio soberano que en la Constitución se establece en el artículo 73 para el Congreso. Bien podría decidirse la porción que mandamos o no mandamos pagar de esa deuda. Todavía estamos a tiempo. Podíamos lograr esto hoy y no después de las consultas que se nos han propuesto.
Recuerdo que en LII ó LIII Legislatura, se elaboraron una consultas, un foro nacional sobre la deuda externa. Y se llegaron a conclusiones muy similares a las que aquí estamos planteando los partidos de oposición. Y en la práctica, ¿qué ha ocurrido?, ¿en qué quedaron todas esas deliberaciones? Si se está planteando esa salida simplemente como un entretenimiento para ganar tiempo las negociaciones con los banqueros, francamente es una falta de seriedad.
Se requieren medidas rápidas para reducir ese servicio de la deuda ante una previsible y eventual condición de endurecimiento de los centros acreedores. Medidas internas de protección a la producción y el consumo de la economía nacional.
Esta Cámara deberá de prepararse para que aquí se fijen esos montos; para que aquí se fijen las tasas de interés, para que aquí se fijen salarios mínimos,
para que aquí se fijen los precios de garantía y para que aquí se fijen todas aquellas cuestiones cruciales de la economía nacional que hasta antes de esta Legislatura se habían venido elaborando íntegramente por el Ejecutivo.
México está en condiciones de exigir a los acreedores y no a la inversa, porque como dijeron aquí los señores Zedillo y Aspe, ya México pagó la cuota y el costo de sacrificio, ¿qué esperamos entonces, lograr parciales avances en este viaje que tendrá próximamente el señor Aspe para ver los resultados de su primera visita de hace unos días?, No curarán la enfermedad que padecemos, pretendemos advertir que en dichas consultas que se nos proponen por parte de la comisión se debe de analizar en serio esto que estamos diciendo los partidos de oposición, se deben de analizar en serio las nuevas decisiones para no seguir dependiendo de fijar la paridad del peso, del dólar que día a día pierde terreno en el mercado internacional de las divisas frente al yen y frente a las monedas europeas.
Se debe de buscar en serio lo que se ha planteado de nuevas formas de unidad latinoamericana, financiera, comercial y monetaria y la vinculación de este bloque, de este concepto de mercomún latinoamericano con el ya emergente, la Unión Monetaria Europea que busca crear nuevas instituciones de unidad de bancos centrales para manejar una divisa única que libere a Europa y a América Latina del esquema de nominación del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial del Producto Interno Bruto y de otros políticos, de la Banca Usurera Internacional.
Para 1989 esta Cámara deberá de decir sobre todas estas cuestiones, deberá decir mediante los convenios internacionales pertinentes sobre cómo ofrecer condiciones reales de recuperación económica y reinversión productiva a los capitales que se siguen fugando de nuestra patria; sobre las bases de nuevas relaciones independientes de lo países endeudados que nos liberen de las caducas instituciones que han venido imponiendo sus condiciones hasta este momento.
Compañeros, ustedes, tienen la palabra. Por todas estas cuestiones el voto en lo general de mi partido será en contra del dictamen. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: -Tiene la palabra el diputado Félix Mercado Téllez, del Partido Popular Socialista.
El C. Félix Mercado Téllez: -Con la venia de la presidencia; honorable asamblea: Voto particular de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, respecto del presupuesto para 1989.
El Partido Popular Socialista considera que el Presupuesto de Egresos de la Federación, es un instrumento de política que debe contribuir a la conquista de los objetivos fundamentales de nuestro pueblo; a consolidar su independencia económica, a distribuir en forma equitativa la riqueza y el ingreso producido por la nación, a lograr la elevación constante de los niveles de la vida de las mayorías populares que en estos años recientes se han deteriorado tanto desde luego, para desarrollar y ampliar las fuerzas productivas.
La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, conforman a nuestro juicio dos instrumentos mutuamente interrelacionados y por su esencia, indivisibles.
Porque en la primera, se encuentra la fuente de los recursos financieros de la cual ya dimos nuestro punto de vista y en el Presupuesto de Egresos, encontramos la orientación, distribución y asignación de estos recursos en renglones diversos de la actividad económica.
Nos preocupa que el presente Proyecto de Presupuesto de Egresos continúe con la errónea política económica antipopular y practicada por la anterior administración, pues encontramos que en su orientación, no se pretende desarrollar firmemente las fuerzas productivas de nuestro país con independencia del exterior, que son insuficientes los recursos destinados a fortalecer el mercado interno, gravemente contraído en lo últimos años por el salario raquítico de los trabajadores y por el desmoronamiento de la planta productiva nacional; porque continúa la política de protección selectiva mediante subsidios y estímulos del gobierno mexicano a las grandes empresas privadas nacionales y transnacionales que se dedican a la exportación. No encontramos en este presupuesto sometido a la consideración de esta soberanía la defensa real de nuestra independencia económica, fortaleciendo la economía nacional, sin sujetarse a las decisiones del exterior.
Observamos que de un presupuesto total intentado de 246 billones de pesos, se pretende destinar alrededor del 60% al pago del servicio de la deuda.
Bajo estos términos. ¿cómo será posible hacer estabilizar la economía para posteriormente iniciar el crecimiento que el país demanda? ¿Cómo se pretende crecer así cuando en años anteriores, concretamente el sexenio pasado, la deuda externa se convirtió en el principal motivo de estancamiento económico y en la principal causa del empeoramiento de la vida de la inmensa mayoría del pueblo?
El gobierno, según lo dijo en el discurso de toma de posesión el 1º. de diciembre el licenciado Carlos Salinas de Gortari y reafirmado después por los Secretarios de Hacienda y Programación y Presupuesto, aquí, en esta Cámara de Diputados, trata de alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos y líneas de acción:
a) Estimular la inversión social y la privada como motor de recuperación económica gradual.
Mantener el escrito del gasto público y fortalecer la reestructura del sector público.
Avanzar en lo rubros sociales prioritarios como salud, educación, seguridad social y alimentación.
Y, por último, se propone aliviar los extremos de la pobreza.
Nosotros consideramos que será difícil lograrlo con la falsa orientación revolucionaria que tiene para 1989 el presupuesto. Lo que nos presenta para su aprobación es un proyecto de presupuesto austero, limitado e insuficiente, que responde a los intereses y exigencias de los grupos de la derecha y reaccionarios de dentro y fuera del gobierno.
El gasto real programable para 1989, destinado a la inversión y al gasto social, se reduce en un 2.8% en relación con el año anterior. Esta reducción equivale al 0.7% del producto interno bruto.
Con esta contracción en la asignación de recursos, no será posible alcanzar ni la estabilidad ni el 1.5% de crecimiento que se pretende y, además, se mantendrá a la economía bajo una más profunda y extendida recesión, en perjuicio, claro está, de las masas trabajadoras del país.
Con un presupuesto limitado como el que se presenta y con más necesidades de la población, se atenderá menos, por ejemplo, a la población del campo, pues se da una reducción de un 7% en este renglón. Situación que nos preocupa porque habrá más pobreza para los campesinos, habrá menos créditos y asistencia técnica. Significa que se ahondarán la dependencia alimentaria, se profundizará la migración del campo a la ciudad o a Estados Unidos de América y se restringirá aún más el mercado interno.
Prácticamente los sectores económicos y sociales no aumentan en su asignación presupuestal real. El sector industrial permanece desatendido, pues su presupuesto no se incrementa y el de otros sectores es muy marginal, aún cuando son importantes por la función social y económica que desempeñan.
Disminuye el sector energético. Renglón especial para el desarrollo económico independiente de nuestro país.
Se ven gravemente afectados los sectores de pesca, comunicaciones, transporte y turismo.
El sector industrial, según lo han dicho los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se verá afectado por la entrega de empresas y de acciones como la conversión de la deuda externa por inversión; los famosos Sustitución de Deuda Externa por Inversión.
Se plantea un crecimiento del 1.5%, pero no puede haber crecimiento cuando el presupuesto es limitado en los principales renglones de la economía, como es el primario y secundario.
Aunque los diputados del Partido Revolucionario Institucional, argumenten en sentido contrario, con un juego de cifras sin fin, ese crecimiento no será posible.
Por otro lado, se pretende sustentar la dinámica de la actividad económica en la inversión privada, la que se estima que crecerá alrededor de 7.0%; olvidando las experiencias históricas se encauza el destino productivo del país por el camino de la reprivatización de la economía que caerá objetivamente en beneficio de grupos privilegiados monopolios nacionales y extranjeros, lo cual queda confirmado con la orientación que se da al gasto público, principalmente al mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de comunicaciones y transportes, y con el otorgamiento de concesiones de obras públicas al propio sector privado.
Por otra parte, el avance económico del país y el logro del bienestar de los casi 85 millones de mexicanos, no se logrará, nunca señores diputados, entregando las empresas del Estado a la voracidad de los particulares o fincando en esas fuerzas el desarrollo nacional.
En aras del cambio estructural y redimensionamiento del Estado, el gobierno a partir de 1982, inició la ventana de las empresas propiedad de la nación mexicana. Este proceso no debe continuar porque lesiona la soberanía de la nación y debilita la capacidad rectora de la economía en el Estado. En la exposición de motivos del proyecto de Egresos, se plantea estimular la inversión social y la privada, pero se prevé que será en esta última,
como ya no sucedido, la que se beneficiará con infraestructura necesaria como: carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, etcétera. Es decir, se les ayudará en todas las formas posibles; se continuará fortaleciendo a las empresas transnacionales exportadoras en detrimento del mercado interno.
El partido Popular Socialista sostiene que mientras que no se oriente revolucionalmente la política de la deuda externa, misma que por sus defectos pesa sobre las espaldas de los trabajadores, el desarrollo económico no será posible , por principios suspender el pago de la truculenta deuda externa, debe ser para el actual gobierno tarea de primer orden.
Hay tareas impostergables que deben realizarse para lograr efectivamente elevar las condiciones de vida del pueblo de México, es necesario canalizar más recursos a la educación, a la salud, la seguridad social y el empleo que demanda la población en forma urgente, es necesario que se destinen más recursos para financiar la planta productiva, para que no estén trabajando sólo al 50% de su capacidad y de esa manera haya empleo para los 7 millones de mexicanos en edad de trabajar, que no lo tiene y los que ahora cuentan con una fuente de trabajo la sigan conservando.
Consideramos que es necesario darle atención rigurosa y estricta al renglón de la educación, pero no en forma demagógica sino de manera real, en este renglón que es la fuente de instrucción y de calificación para los cuadros profesionales del futuro, los recursos asignados no solo son insuficientes sino que son muy pequeños, hemos estado muy por abajo de lo recomendado por la Organización de las Naciones Unidas que plantea se destine a la educación el 8% del producto interno bruto.
En este caso sólo se destina el 2.7% del producto interno bruto. Insuficiente para una población en constante crecimiento, cuya demanda de servicios aumenta todos los días. Esta insuficiencia se pone de relieve en relación a la educación superior tecnológica cuando observamos que el presupuesto asignado a este sector sólo 560,8 millones de pesos que presenta el 0.1, del total, se ubica en gastos de capital, lo cual indica que estos centros de educación tan importantes para el desarrollo de la tecnología propia, seguirán con la imposibilidad práctica de enriquecer o al menos renovar sus ya obsoletos y deteriorados equipos de laboratorios tanto de enseñanza como de investigación.
Para el renglón de salud, se destinarán en proporción del producto interno bruto el mismo 26% del año anterior, lo que significa que en este año habrá una menor atención que la recibirá en el año anterior; es decir, se otorgarán menos servicios de salud para la población actual o bien no se atenderá suficientemente a la población que nacerá del 1º. de enero en adelante.
Se habla constantemente también de la competitividad de los productos que exportamos. A nuestro juicio no puede hablarse de posibilidades reales de competitividad frente al exterior con la industria de los países altamente desarrollados, mismos que tiene una producción robotizada y computarizada, cuando el presupuesto proyectado para la Secretaría de Minas de Industria Paraestatal, Comercio y Fomento Industrial, Comunicaciones y Transportes, Educación Pública y Programación y Presupuesto, secretarías que son fundamentales para el desarrollo industrial. La parte destinada al fomento de la ciencia y el desarrollo de la tecnología, tan sólo significa el 0.11% del producto interno bruto proyectada para 1989.
Por lo demás, en el proyecto de presupuesto no encontramos datos que indiquen creación de nuevos laboratorios industriales que constituyan las bases fundamentales del desarrollo tecnológico propio.
En años anteriores, se crearon mayores y mejores condiciones para la entrada del capital extranjero, pensándose que de esta forma podríamos incorporarnos al uso de los logros de la revolución técnico - científica, pero los resultados que no dejan lugar a dudas, las transnacionales no ceden tecnología avanzada a los países como México, si no que la emplean siempre para ejercer un mejor dominio.
Debemos todos entender que las empresas extranjeras no son hermanas de la caridad. Lo que realmente nos han dejado las industrias del extranjero son sueldos de miseria, devastación de nuestros recursos y contaminación. Han recibido, en cambio, estímulo y subsidios de parte del gobierno en contra de los intereses del país.
Se habla que uno de los fines del gobierno es erradicar la pobreza extrema en nuestro pueblo, nos parece que es un propósito sano y de justicia social elemental. Se crea el Programa Nacional de Solidaridad al cual se le destina alrededor del 1.6 billones de pesos que presenta a penas el 0.6% del gasto total.
Por otra parte, vemos que por cada 100 pesos que remitimos al exterior para el pago de servicios de la deuda externa, sólo se van canalizando 98 centavos para tratar de abatir la extrema pobreza del pueblo mexicano, lo que nos indican objetivamente estos datos, señora y señores diputados, es la extrema injusticia de la política económica del gobierno.
Existen cinturones de miseria en las ciudades y en el campo, colonos, campesinos, jornaleros, pequeños ejidatarios y más de 6 millones de indígenas se debaten en la miseria. Aquí a sólo 10 ó 20 minutos tenemos grandes centros urbanos como Netzahualcóyotl o los asentamientos del Valle de Ayotla, que nos muestran la dramática carga de la miseria que golpea con rudeza a millones de compatriotas.
Con los anteriores ejemplos, es observable que el gobierno no tiene la voluntad política real de resolver los problemas económicos y sociales que tenemos los mexicanos. No tiene por otra parte la voluntad de impedir se sigan transfiriendo recursos netos al exterior, pues se continúa con la misma actitud del sexenio pasado, de ser un buen pagador ante la banca usurera internacional, destinado alrededor del 60% del presupuesto al servicio de la deuda externa.
¿Cómo vamos a crecer, cómo vamos a abatir la pobreza, cómo vamos a impulsar la revolución técnico - científica para alcanzar nuestra independencia económica respecto al extranjero si no existe la decisión de orientar el gasto público para servir al pueblo, darle mejores condiciones de vida, superar, pero en verdad, el atraso en que se ha sumido a millones de mexicanos?
Por otra parte, el Partido Popular Socialista rechaza la práctica que el Ejecutivo ha venido realizando en los recortes presupuestales, porque responden a las tesis monetaristas y neoliberales, y a las exigencias que constantemente ha planteado la derecha en nuestro país, y además, porque siendo insuficiente el presupuesto con los recortes del mismo, reduce todavía más la capacidad del Estado para la inversión productiva o para dar atención a las necesidades de la población.
Existe el peligro real de que ocurra lo que sucedió en 1988, que de un presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados de 235.7 billones de pesos, el Ejecutivo hiciera un recorte de 26.8 billones de pesos, lo que significó la disminución en la inversión productiva y disminución de recursos para promover el bienestar de la población.
Una manera revolucionaria de afrontar la falta de recursos debe ser la no transferencia de recursos al exterior, pero nunca tendrá ese carácter el recorte del gasto programable, porque esto implica mayores sacrificios para el pueblo.
El Partido Popular Socialista considera debe ser la Cámara de Diputados la que en caso, y sólo cuando existan circunstancias verdaderamente excepcionales, otorgue al Ejecutivo la autorización para hacer reducciones al gasto público y que el Ejecutivo no sólo se concrete a dar cuentas a esta soberanía, de los recortes que realice en los informes trimestrales, como ahora lo señala el último párrafo del artículo 17 del proyecto que discutimos.
Señoras y señores diputados, los años que esperan a los mexicanos están llenos de dificultades. No se vé una perspectiva clara para salir de esta crisis económica que cada día se profundiza más por las medidas antipopulares que aplica el gobierno.
Mientras las fuerzas democráticas sigan marginadas de la dirección política del país; mientras un breve grupo de funcionarios tecnócratas domine como ahora, los centros fundamentales de las decisiones económicas y continúe aplicando medidas que benefician a los privilegiados y perjudican a la mayoría del pueblo, no sólo se agravarán las condiciones de existencia de millones de trabajadores, sino que se profundizarán los lazos de una mayor y cada vez más peligrosa dependencia económica.
En tanto no se tenga fuente de recursos sana y se busquen ingresos que graven al capital y no al trabajo, seguirá programándose un gasto público raquítico y por lo tanto, insuficiente para lograr objetivos que hemos señalado y que son los que debemos alcalzar. Mientras se siga manifestando la decisión gubernamental de continuar pagando puntualmente, la deuda externa en aras de mantener un prestigio mal entendido de buenos pagadores, el gasto que debería utilizarse para promover el desarrollo económico independiente y el bienestar popular, no será utilizado.
En el examen del presupuesto como el de otros aspectos de la vida nacional, están, señoras y señores diputados, enfrentadas dos concepciones opuestas, irreconciliables: por una parte la de las fuerzas de la derecha tanto las que se encuentran dentro del poder público, como las que desde fuera se mantienen como grupos de presión.
Y por la otra, que las fuerzas democráticas que también se encuentran, aunque quebrantadas, en el seno del gobierno y que fuera de él constituyen la corriente mayoritaria.
En el sexenio pasado dominó y se aplicó un gasto público grato a la derecha, hoy con el Proyecto de Presupuesto que discutimos, pretende perpetuarse esta tendencia.
El Partido Popular Socialista que forma parte de las fuerzas democráticas y revolucionarias del país, exige se reoriente con sentido nacional y
popular el Presupuesto de Egresos de la Federación; por lo tanto rechazamos, combatimos y combatiremos el que discutimos porque no se ajusta a las necesidades del pueblo ni a los elevados intereses de la nación. Muchas gracias. (Aplausos.)
La C. Presidenta: - Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Ávalos Limón.
El C. Víctor Manuel Ávalos Limón: - Con su permiso señorita presidenta: Diputado Alfonso Garzón Santibáñez, lo felicito, su intervención nos reafirma en la lucha, nos fortalece, nos fortalece saber que dentro del Partido Revolucionario Institucional, aún existen personas que sienten dentro de su integridad moral que no vamos bien, como usted lo ha dicho y que se hace necesario cuando así procede, rechazar dictámenes que van en contra de los intereses de nuestro pueblo.
Si ésta en nuestra convicción, señor diputado Garzón Santibáñez, seamos más enérgicos en la defensa de esta convicciones. Esa es nuestra responsabilidad.
Compañeras y compañeros diputados: Todos los diputados de la presente legislatura, sabemos de la enorme importancia y trascendencia del asunto que nos ocupa en esto momentos. Sabemos que del resultado a que lleguemos. dependerá en gran medida el futuro inmediato y mediato de nuestra situación económica y política; hoy por hoy, del problema capital de nuestra nación.
De los resultados y de las conclusiones a que lleguemos, dependerá si empezamos a enderezar nuestra nave, hoy a la deriva, o bien contribuimos a que ésta se hunda. Así es como entendemos el problema los miembros del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Y en congruencia con ello, después de una etapa de estudio y de análisis a conciencia de nuestra grave situación que ha implicado un denodado esfuerzo, no escatimamos ni escatimaremos en el futuro, es que traemos ante ustedes una propuesta de política de gasto público para 1989, que la consideramos verdaderamente alternativa.
Estas palabras previas van con la intención de que se comprenda, señores diputados, que nuestra presencia y participación aquí, no es crítica destructiva, al contrario, deseamos demostrar con responsabilidad y respeto, nuestra contribución orientada verdaderamente, a mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo.
La propuesta de política de gasto público para 1989, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, se interesa en propiciar la recuperación productiva y retoma el sentir nacional de privilegiar los intereses del país frente al capital usuario externo e interno, así como garantizar las satisfacción de las necesidades populares.
La piedra de toque de una política de crecimiento debe propiciar las mejores condiciones para la recuperación de la inversión productiva, y a nuestro parecer, el pago del servicio de la deuda pública que contempla el Proyecto de Presupuesto de Egresos se riñe con dicho objetivo.
El eje de nuestra política alternativa de gasto público se apoya en reducir el servicio de la deuda externa, fijandose como límite máximo el 10% de las exportaciones estimadas en los criterios generales de la política económica.
Proponemos que para el servicio de la deuda pública externa no se paguen más de 5.7 billones de pesos, o sea, 2% del gasto total, ya que en el proyecto presidencial se estiman 44.3%.
En función de esta propuesta, la fracción parlamentaria presenta a esta honorable Cámara de Diputados y a la nación, una propuesta global de reasignación de gasto sectorial y de la administración central. Así apoyamos, con mayores recursos, al desarrollo rural, pesca, desarrollo social, comunicaciones y transportes.
A nivel de la administración central, proponemos una elevación en el gasto del Poder Legislativo, a fin de que tenga una mayor autonomía. La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Pesca, entre otros, y ciertas reducciones, reducciones a la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Defensa Nacional, considerando que su función no estimula la recuperación productiva y que en los últimos años sí han sido favorecidos.
Por último, varias de nuestras propuestas coadyuvan a que el Poder Legislativo, recupere su atribución constitucional, su atribución constitucional de autorizar y supervisar el ejercicio del gasto público de la Federación.
Así, la propuesta se centra en los siguientes términos:
1ero. Conforme al planteamiento del Ejecutivo Federal en los criterios de política económica y tomando en consideración que el gasto por concepto de deuda pública abarca el 59.3% del gasto total y que contradice seriamente el objetivo de reducir las transferencias de recursos al exterior, proponemos:
a) El pago por servicio de la deuda externa no debe rebasar el 10% de las exportaciones totales. Es decir, 5.7 billones de pesos, que implicaría reducir este concepto del 44.3% al 2.3% del gasto total, por lo que se modificaría el 7mo. del proyecto de ley. Estos 5.7 Billones de pesos se destinarían para cubrir amortizaciones, suspendiendo el pago de intereses, por lo menos en este año de transición.
2do. Considerando que el gasto que se propone no es suficiente para abatir el rezago de los sectores de desarrollo social, desarrollo rural, pesca, turismo e industria, es necesario que:
a) Una parte del monto para pago de intereses de la deuda que ascienden a 55.3 billones de pesos, se canalicen para la inversión en el gasto económico, impactando al sector industrial y paraestatal, con lo cual se modificarían los montos de presupuestos contemplados en los artículos 3rto. y 6to. del proyecto de ley.
Asimismo, se debe incrementar aun más el gasto social, el cual aún con los montos propuestos no logran compensar los rezagos tenidos durante los últimos seis años.
En el caso de la administración central, parte de los intereses de la deuda, se deben de destinar a una revisión salarial. Por lo que se propone que se modifique el artículo 2do., cambiando los montos propuestos de acuerdo a las cantidades que impliquen el aumento de salarios a los trabajadores al servicio del Estado.
Como una alternativa y considerando que es fundamental incorporar mayores recursos a los sectores prioritarios, se propone también bien que se afecten los presupuestos de la Presidencia de la República, que suman 122 mil 58.5 millones de pesos; a nuestro juicio exagerados e incluso mayor que el Poder Legislativo en más de 30 mil millones de pesos.
Así también se debe afectar el presupuesto del Poder Judicial Federal, de la Secretaría de Gobernación, dado que la construcción de reclusorios de alta seguridad no es prioritaria en las condiciones en que nos encontramos.
También disminución al de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de la Defensa Nacional, ya que lo que debe atender, queda bien claro, es al sector social y al productivo.
En este sentido, la propuesta del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, es la siguiente, y anexamos a nuestro documento tres cuadros esquemáticos que explican con toda claridad nuestro estudio, nuestra propuesta. En ella, la propuesta alternativa, repito, la esquematizamos en sus aspectos más importantes, los cuadros anexos, que pueden ustedes revisar, explican con claridad las modificaciones que proponen por ejemplo:
En el cuadro uno de la deuda pública, proponemos un pago de 42.7 billones de pesos en lugar de los 146.3 billones de pesos que propone el gobierno federal; de estos 42.7 billones de pesos, 37.0 billones de pesos es para la deuda pública interna y 5.7 billones de pesos para la deuda externa, lo cual se aplicaría en amortizaciones de la misma.
En el cuadro número dos, que ustedes pueden analizar fácilmente, esquematizamos cómo los recursos que se dejen de pagar se canalizarían al gasto programable, es decir 187 mil 200 millones de pesos contra 83.6 millones de pesos que propone el gobierno federal, así tendríamos incrementos importantes a los sectores que inciden en el gasto social, del desarrollo rural y en las actividades productivas. Esto también se expone con números, repito, compañeros diputados, fácilmente pueden analizar en nuestro documento.
En el cuadro número tres, se demuestra cómo podríamos incidir en el mejoramiento de la administración central y paraestatal, proponiendo reducciones a secretarías que no vinculan con el desarrollo económico.
3ro. Considerando que es atribución de la Cámara de Diputados la autorización del presupuesto y restricciones que sufra éste, es necesario modificar el artículo 17 de la Ley en el siguiente sentido:
"Artículo 17. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, efectuará las reducciones a los montos de los presupuestos".
Debe decir, según proponemos:
"El Ejecutivo Federal, por conducto de al Secretaría de Programación y Presupuesto, previa autorización de la honorable Cámara de Diputados, efectuará las reducciones a los montos de los presupuestos".
4to. Conforme a las metas del gobierno federal de lograr un crecimiento del producto interno bruto de 1.5 para 1989 como base de un crecimiento sostenido, es necesario que se incorpore en el artículo 21, que las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal no afectarán el desarrollo social, al desarrollo rural y a los
sectores productivos impactando en los sectores en esta coyuntura, que no incidan en el crecimiento económico esperado.
5to. debido a que se observa un apoyo a la reprivatización de la economía como tantas veces se ha dicho aquí, la disminución de la inversión pública, mina el poder rector del Estado de la economía nacional, por lo que proponemos anexar en el artículo 29 un apartado que considere el fortalecimiento del sector paraestatal, mediante la aplicación de un programa de saneamiento financiero que permita lograr la rentabilidad y así contribuir al crecimiento económico.
6to. Dado que el Poder Legislativo requiere eliminar las carencias de personal, de materiales y suministros de servicios generales, de servicios personales, consideramos que es necesario que su presupuesto sea incrementado de los 92 mil 934.2millones de pesos que se propone, y asignarle un monto de 185 mil 868.4 millones de pesos.
7to. El Artículo 7to. en el último párrafo dice: "El ejercicio de los recursos a que se refiere este artículo estará vinculado a la evolución de las condiciones económicas y sociales y, en su caso, se ajustará a los requerimientos que demande el desarrollo nacional".
Nosotros proponemos que diga "El ejercicio de los recursos a que se refiere este artículo estará vinculado a la evolución de las condiciones económicas y sociales y, en su caso, se ajustará a los requerimientos que demande el desarrollo nacional, previo análisis y aprobación de la honorable Cámara de Diputados".
8vo. El artículo 10, dice "Se faculta al Ejecutivo Federal, para que por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto se incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 1989, otras entidades paraestatales, además de las señaladas en el artículo 6to. de este decreto".
Proponemos que diga: "El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, sí, pero previa discusión y aprobación de la honorable Cámara de Diputados, incluirán el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 1989, otras entidades paraestatales".
9no. Considerando que es necesario modificar la fracción IV del artículo 16, que trata de la liquidación o extinción de las entidades paraestatales, cambiando la actual redacción por la siguiente: "El monto de los ingresos que obtenga el gobierno federal como consecuencia de la liquidación o extinción de las entidades paraestatales, según avalúo o seguro de las instituciones financieras, se destinará íntegramente a inversiones de carácter productivo en las empresas consideradas prioritarias y estratégicas".
10. En el artículo 74, fracción XI de la Constitución de la República, se establece como una atribución del honorable Congreso de la Unión , la autorización de la creación de plazas del gobierno federal, por lo que consideramos que en el artículo 23 del proyecto de presupuesto no se le debe dar tal atribución a la Secretaría de Programación y Presupuesto. Esto es asunto del honorable Congreso de la Unión.
11. En el artículo 45 del proyecto de presupuesto, referente a la disolución, liquidación, extinción, transferencia, enajenación y fusión de entidades paraestatales, en su segundo párrafo dice "El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto informará a la Cámara de Diputados de las razones y criterios". Y decimos aquí compañeros diputados debe decir: "El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto informará a la Cámara de Diputados, para que ésta analice y apruebe en su caso las razones y los criterios".
Estos son nuestros razonamientos que creemos, bajo el criterio que ustedes designen, es la única forma de alcanzar y rescatar la honorabilidad de este Congreso. Muchas gracias. (Aplausos.)
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Francisco Pavlovich Robles.
El C. Francisco Javier Pavlovich Robles: - Muchas gracias. Compañeros diputados La formulación de nuestro voto particular obedece a que el Partido Acción Nacional, encuentra que no existe congruencia entre el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el año de 1989 y la realidad socioeconómica actual de nuestro país. Peor aún, no existe siquiera congruencia entre los criterios generales planteados por el Ejecutivo y el propio presupuesto mencionado.
Por eso, con fundamento en la Ley Orgánica y el reglamento del Congreso, presentamos este voto debido a la importancia que el Presupuesto de Egresos reviste para la nación.
En honor a la brevedad sin embargo, nos vamos a permitir dejar a la secretaría una copia de nuestro voto, para que se inserte en el Diario de los Debates y resaltaremos tan sólo algunos de esos elementos.
Podemos afirmar con toda seguridad, que estamos ante un presupuesto de generales, no sólo por el
hecho de que se nos impone desde el Ejecutivo, sino por que en su parte modular se fundamenta exclusivamente en generalidades, buenos deseos y en su mayoría verbos en futuro casi hipotético. Así, se habla de que se alentará, impulsará, promoverá, etcétera, sin lineamientos concretos en lo fundamental o lo que es peor en ocasiones lineamientos que contradicen a los criterios generales.
El Presupuesto de Egresos para el año próximo, establece que la estrategia de gasto apoyará los propósitos y objetivos de política económica contenidos en los criterios, y que se puede resumir en los siguientes puntos principales textualmente:
Primero. Crear las bases para la recuperación gradual y firme de la actividad económica.
Segundo. Reducir la trasferencia de recursos al exterior.
Tercero. Proteger el poder adquisitivo de los salarios y el nivel de empleo.
Cuarto. Fortalecer mediante la concertación el compromiso de los sectores de apoyar la estabilidad interna y la negociación de la deuda.
De haber congruencia, decíamos, sería de esperar que el proyecto de presupuesto se apegara a estos criterios, pero al contrastar ambos documentos vemos que no es así, vemos punto por punto.
El primer criterio involucra un crecimiento explícito del producto interno bruto del 1.5% en términos reales, sin embargo el presupuesto no contiene elementos, ningún elemento que soporte este mero buen deseo.
Por un lado, el gasto programable presupuestal del sector se reduce 2.8% respecto del cierre estimado para 1988 y la inversión pública cae en 5.2% en términos reales, respecto de ese mismo año.
En contraste el servicio de la deuda conserva casi su importancia relativa, por lo que podemos, luego entonces, inferir que el crecimiento no vendrá del sector oficial.
Por otro lado, se pretende que el sector privado incremente su inversión en 7.2% en términos reales, pero primero no existe la confianza en el gobierno; aquí ha repetido el Partido Acción Nacional, que uno de los principales problemas para este país es la falta de confianza en este gobierno, y así sin confianza no hay inversionista cuerdo que arriesgue su dinero.
Segundo. Se proyectan tasas de interés reales, altísimas, similares a las actuales que van a desalentar la inversión productiva en favor de una inversión meramente especulativa y financiera.
¿Quién puede, ingenuamente pensar que los grandes inversionistas de este país, que son aquéllos que pueden comprar Certificados de la Tesorería de la Federación, van a arriesgar su capital sabiendo que los Certificados de la Tesorería de la Federación les producen grandes resultados sin ningún riesgo y sabiendo, además,que el propio gobierno les indica cuándo les conviene venderlos para que compren dólares?
Aun más, los sectores energéticos, de comunicaciones y transportes y agropecuario que debieran ser motores del crecimiento, ven también reducido su gasto en términos reales.
Finalmente, en cuanto a crecimiento, el Ejecutivo confía también en que el sector exportador sea promotor del desarrollo, pero con un mercado externo conflictivo e incierto y una planta productiva desarticulada y altamente dependiente del exterior, nos hace dudar seriamente, otra vez, de los buenos deseos gubernamentales de lograr hacer nuestra economía indiscriminadamente exportadora.
En conclusión, no se puede inferir de este presupuesto de la ilusión, de donde habrá de venir el crecimiento esperado de 1.5%, a menos que se trate de una sorpresa de los Reyes o bien, que ya sabían que este presupuesto se discutiría el "Día de los inocentes".
El tercer objetivo planteado dice literalmente: "Reducir la transferencia de recursos al exterior". Y si urgamos otra vez en el proyecto, encontramos una enorme partida cercana a los 28 millones de pesos que equivalen al monto total destinado al desarrollo social, que se destinan exclusivamente al exterior, para servicio de la deuda externa, sin incluir el concepto de amortización de la deuda externa de la administración pública central.
El sólo pago de intereses al exterior de los sectores central y paraestatal, equivale aproximadamente al 4.6% del producto interno bruto. ¿Dónde está la cacareada reducción? ¿Estará acaso en el hecho de que ingresarán 10 mil 500 millones de dólares a la cuenta de capital de la balanza de pagos? Otra vez la contradicción entre retórica y hechos.
Los criterios y motivos señalan por un lado que la prioridad es crecer y el proyecto de presupuesto da prioridad a la deuda externa. Y si algo sobra, o bien, la buena voluntad de la banca internacional algo nos deja, podemos pensar en crecimiento. ¡Bonito presupuesto para una nación como México!
Pero quizá el objetivo donde más resalta la incongruencia, es el que habla textualmente de proteger el poder adquisitivo de los salarios y el nivel de empleo.¿Quien en su sano juicio puede hablar de protección al poder adquisitivo del salario cuando el aumento salarial es un vergonzoso y ridículo 8% Y a sabiendas de que en el sexenio anterior, dicho poder adquisitivo se vio disminuido, al menos en el 50%.
Y aún más, cuando se proyecta en este Presupuesto de Egresos, una inflación promedio del 22% para este año. ¡Bonita manera de proteger al salario!
Así, bien podemos imaginarnos que en lo que queda de este dodecaenio, el salario perderá otro 50% a partir de su nivel actual.
Pero el cinismo del Ejecutivo no tiene límite cuando dice textualmente: El objetivo fundamental es elevar el nivel de vida de los mexicanos y mejorar las distribuciones del ingreso". ¿Qué desvergüenza del Ejecutivo, compañeros!
La verdad es que se sigue cargando el peso de la crisis y ahora la responsabilidad del crecimiento de este país sobre las espaldas de los trabajadores y campesinos. Esa es la justicia social dela régimen continuista que vamos a padecer a padecer seis años más.
En cuanto a la mejor distribución del ingreso, los datos presupuestales de la deuda interna, otro de los problemas serios de este país, contradicen una vez más al Ejecutivo. El monto de los intereses reales que se pagará a los grandes, equivale aproximadamente a 8 millones de salarios elevados al año, que serán transferidos de los asalariados tanto de a ciudad como del campo, a las cuentas bancarias de los más poderosos. Eso es un absurdo subsidio a la opulencia; apoyo total a la usura.
Cabe mencionar aquí, por asociación de ideas, el tratamiento demagógico que se ofrece a los campesinos en este presupuesto. El presupuesto menciona, literalmente menciona en su exposición de motivos la frase "precios de garantía" de todos conocida, pero no dice absolutamente nada más, no hay ningún criterio que se deba seguir, no se especifica nada que pueda inspirar algo de confianza en los campesinos mexicanos.
Si a esto aunamos la burla que aquéllos sufrieron en la última revisión de precios de garantía, podíamos esperar más de lo mismo: misería en el campo, desaliento a la producción y mayor dependencia alimentaria. Otra vez la contradicción entre criterios y lo que se obtiene en el presupuesto.
Pero si bien el presupuesto es incongruente con los criterios generales, es perfectamente congruente con el Plan Nacional de Desarrollo 1983 - 1988, que bien se puede alargar seis años más, que en su página 212 establece, textualmente "La lucha contra la desigualdad será realista, decidida y permanente. Por ello hay que reconocer que mientras subsista la crisis no se podrá avanzar cuantitativamente en el proceso de justicia social".
Al menos el licenciado De la Madrid fue más franco que el licenciado Salinas; sólo le faltó agregar algo similar a lo siguiente: "Se procurará atizar la crisis, para que también sea permanente y así les permita mantenerse permanentemente en el poder".
Recordemos simplemente los resultados del 6 de julio próximo pasado; resultados que demuestran claramente que a menor desarrollo, mayor votación para el oficial. O alguien tiene una respuesta más clara para este fenómeno.
El último criterio, habla de concertación; me parece que aquí hubo un error tipográfico. Tal vez intentaron escribir concentración, pues este proyecto se elaboró como si tratárase de un juego de monopolio con dos objetivos implícitos claramente definidos:
Primero. Continuar con el control político de este país que lo sienten como propio, y
Segundo. Transferir más recursos a los más poderosos, a costa de los más desposeídos.
Y eso, de acuerdo al español que conozco se llama concentración y no concertación. (Aplausos.)
Pero suponiendo que quisieron decir concertación y realmente la desean, ésta deberá ser integral y no circunscribirse exclusivamente a la deuda externa que más les interesa por lo recursos en sí, que por el bien de la patria. La concertación deberá darse primero en lo político y reflejarse en una verdadera reforma electoral, que contenga las inquietudes de los ciudadanos y de lo verdaderos partidos políticos de oposición, solamente así tandría sentido hablar de esa estabilidad interna a la que se alude textualmente en el libro de Criterios, por esa reforma se fue al ayuno el ingeniero Clouthier y una serie de mexicanos en toda la República. (Aplausos.)
Finalmente, podríamos tranquilamente llamar a este presupuesto de la buena voluntad, ya que se fundamenta principalmente en la buena voluntad potencial de dos grupos o dos factores:
Primero. Los acreedores internacionales, cuya buena voluntad se mide o se compra en millones de dólares, y
Segundo. Los grandes empresarios nacionales, cuyo patriotismo y su buena voluntad se valora en billones de pesos, ahí el primer escollo, el primer problema de este proyecto de presupuesto, ni a unos ni a otros les interesa México, más allá de lo que puedan sacar de él, somos los mexicanos la mayoría de los cuales carecemos de medios suficientes, quienes habremos con nuestro trabajo, de remontar la crisis a pesar de este gobierno y de su presupuesto de la ilusión. (Aplausos.)
Una verdadera política de justicia social es la que se orienta a crear fuentes permanente de trabajo.
Por todo lo anterior y otros argumentos contenidos en nuestro voto particular, el Partido de Acción Nacional está en coantra del dictamen favorable a ese proyecto de Presupuesto de Egresos para 1989.Muchas gracias. [Aplausos.]
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Francisco Santillán Oceguera.
El C. Francisco Javier Santillán Oceguera: - Ciudadana presidenta. Honorable asamblea. El día de hoy analizamos el instrumento de la política económica más importante con que contamos para orientar el desarrollo del país.
De todas las actividades, su manejo necesariamente tiene importantes repercusiones económicas, sociales y políticas. El proyecto de Presupuesto de Egresos para la Federación de 1989, es una de las primeras manifestaciones de la política que habrá de impulsar el actual gobierno y es congruente con los compromisos históricos centrales contraídos por el Estado con el pueblo de México.
En el proyecto de presupuesto encontramos reflejada nuestra realidad, es expresión al fin de cuentas de nuestras circunstancias, reflejo de nuestros éxitos y de nuestras insuficiencias. Se presenta en el marco Internacional en que nos desenvolvemos, no en el que quisiéramos.
Es, finalmente, una parte importante de los medios con que contamos para lograr los cambios que deseamos todos los mexicanos, para tratar de encontrar un futuro más justo para el pueblo de México.
Es un documento que sintetiza lo que somos y lo que podemos ser en el futuro próximo, no es un documento en el cual se vengan a ofrecer con argumentos fáciles la solución a todos los problemas que actualmente estamos viviendo.
La economía de la nación se desarrolla bajo factores y restricciones que no se pueden modificar con voluntades aisladas, es en base a la energía política del conjunto de los mexicanos, de la incorporación de todas las fuerzas productivas y de la suma de todos los sectores como lograremos avanzar.
Por eso, se ha planteado la concertación como un medio para enfrentar los problemas que nos aquejan. Por eso, sumando la voluntad de los mexicanos, pretende esta administración iniciar un crecimiento moderado del producto, con una clara orientación social, buscando conservar al mismo tiempo los avances que hasta le fecha hemos logrado en base en el sacrificio de todo el pueblo de México, en todos los órdenes de su vida económica, en el saneamiento financiero del sector público y de las empresas, en el comercio exterior, en fin, en la transformación de la estructura de la economía nacional.
Para nuestro país, como para el resto de los países de América Latina, el servicio de la deuda se ha convertido en el freno central de nuestro desarrollo por eso el gobierno de la República ha hecho un llamado para terminar con la substracción de recursos que ha conducido a un enorme sacrificio del pueblo, y ha señalado que por encima de los acreedores está el futuro de México, por eso este presupuesto para el año de 1989, tendremos que considerarlo como un presupuesto de transición, de transición porque tenemos que consolidar el saneamiento de la estabilidad económica, en virtud de que la sociedad mexicana ha rechazado la alternativa de convivir permanentemente con altos ídices de inflación, ya que está inhibe el desarrollo, acorta el horizonte económico e imposibilita la planeación de las actividades, la convivencia social se deteriora, la economía en su conjunto se atrofía, y la distribución del ingreso se polariza concentrándose en aquéllos que cuentan con mayores recursos económicos.
Por eso en 1989, frente a la inflación, tenemos todos los mexicanos una gran responsabilidad que tendrá que seguir luchando para continuar abatiéndola, con la misma voluntad que logramos llevarla de 160% en 1987, a cerca del 50% en 1988. Nuestro compromiso en 1989, es disminuir la inflación aún más, a niveles de alrededor del 18%.
El presupuesto es de transición, porque tendrá que seguir consolidando una estructura sana del sector público, con una política de disciplina financiera que nos permita obtener un superávit primario del 6.7% del producto interno bruto. De transición, porque en 1989 tendremos que seguir diversificando nuestro comercio internacional. Es necesario estar en mejores condiciones de enfrentar las variaciones de los precios al petróleo y las tasas internacionales de interés que por su propia inestabilidad han venido afectando nuestra economía.
Las exportaciones no petroleras avanzarán para consolidarse como un componente permanente y primordial en el crecimiento de nuestra producción. La estabilidad de nuestras relaciones comerciales es primordial también para negociar con fuerza lo relacionado con la deuda. Pero 1989, será de transición sobre todo porque vamos a redefinir a fondo nuestra relación con los acreedores internacionales, porque estamos plenamente convencidos que en los años que han pasado, hemos cumplido a plenitud nuestros compromisos financieros y corregido a fondo las deficiencias económicas de que éramos responsables, razón por la que exigimos ahora corresponsabilidad en los hechos para abatir la transferencia neta de recursos al exterior, para reducir el valor de la deuda acumulada y evitar la incertidumbre de las negociaciones anuales, los sacrificios que México ha hecho reclaman crecimiento económico y mejoramiento en firme del bienestar social.
El presupuesto presentado para 1989, nos hará posible fortalecer los logros de los últimos años y como instrumento de política económica determinante, nos permitirá orientar el gasto para dar respuesta inmediata a las responsabilidades que el estado tiene en lo social, en educación, en alimentación, salud, vivienda, medio ambiente y procuración de justicia.
El presupuesto incrementa sus asignaciones en un 26.4% nominal en relación con 1988 y en un 5.4% en términos reales en este renglón.
El presupuesto aun cuando en su gasto programable se reduce de 17.5% a 16.8% puntos porcentualmente del producto interno bruto, buscará que el impulso económico se base fundamentalmente en la eficiencia y orientación de la inversión pública, atendiendo las áreas prioritarias y estratégicas, lo que permitirá un crecimiento moderado que sentará las bases que nos puedan permitir en los años venideros un crecimiento sostenido.
Se pretende una recuperación económica con financiamiento sano, fortaleciendo el ahorro interno y promoviendo la inversión social y privada, que se traduzca en un crecimiento del empleo y en el indispensable fortalecimiento del poder adquisitivo de los salarios, lo que permitirá una expansión del mercado interno sobre todo, de los bienes de consumo para la población.
Quiero, para terminar, resaltar dos aspectos del proyecto de decreto aprobatorio de presupuesto. El primero, es la declaración que hemos formulado con relación al problema de la deuda externa y el segundo, es el conjunto de modificaciones que la Comisión de Programación introdujo a la iniciativa para fortalecer la orientación social del presupuesto.
Analizaremos artículo por artículo para esclarecer los planteamientos específicos que aquí se han realizado.
Como todos hemos señalado en esta tribuna, el presupuesto se mueve...
La C. Presidenta: - Diputado Santillán, ¿acepta usted una interpelación?
El C. Francisco Javier Santillán Oceguera: - Conforme termine, compañero, puede hacer uso de la palabra.
La C. Presidenta: - No la acepta.
El C. Francisco Javier Santillán Oceguera: - Como todos hemos señalado en esta tribuna, el presupuesto se mueve dentro de márgenes muy estrechos. Estos márgenes, es cierto, nos los impone el servicio de la deuda; es por ello que apoyamos la declaración incorporada en el dictamen sobre el particular. Creemos, en efecto, que hemos llegado al límite del sacrificio interno y que la situación que el país vive, no sólo es inaceptable, sino que es insostenible.
Creemos que esta declaración recoge el sentir de esta representación y contribuye, por su gran importancia política, a fortalecer la posición del país, en la dura negociación que ha emprendido para abatir la gravosa transferencia de recursos al exterior, que el país viene realizado.
En épocas de dificultad, como las que estamos viviendo, es un imperativo moral y político, que esta representación proteja con medidas especificas y dentro de los límites de lo que es posible el bienestar de la gran mayoría de la población.
Este es nuestro compromiso fundamental independientemente del partido que nos haya postulado.
Creo con absoluta honestidad que el dictamen a discusión introduce a la política presupuestal importantes criterios sociales, las modificaciones propuestas han sido el producto de la voluntad de concertación y de trabajo que con seriedad se ha realizado en el pleno de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública en los últimos días.
Por todo esto, solicito el apoyo y el voto favorable de esta honorable asamblea para el dictamen sujeto a discusión. Muchas gracias a todos por su atención.
El C. Sergio Alfonso Rueda Montoya (desde su curul): - Una interpretación.
La C. Presidenta: - Ciudadano diputado Santillán, ¿acepta usted una interpelación?
El C. Francisco Javier Santillán Oceguera: - Con todo gusto.
La C. Presidenta: - Tiene usted la palabra, ciudadano diputado.
El C. Sergio Alfonso Rueda Montoya (desde su curul): - Diputado Santillán, hablaba usted de que era un presupuesto de transición, yo le preguntaría, ¿por cuánto tiempo será ese presupuesto de transición y si en esa transición que usted menciona no morirán de hambre muchos campesinos y otros tendrán que ir a vender su fuerza de trabajo al extranjero?
El C. Francisco Javier SAntillán Oceguera: - Yo espero que con este presupuesto de transición que claramente lo establece nuestras leyes, es para 1989. Esperamos que con el auxilio del gobierno de la República y con el esfuerzo que realizamos todo el pueblo de México, no suceda, como hasta la fecha, que ha sido posible que todos los mexicanos tengamos alimentación.
¡No será de hambre, compañero, como los compañeros estaremos muriendo! ¡Vamos con voluntad a sacar este pueblo adelante! Muchas gracias (Aplausos.)
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Juan Guerra Ochoa.
El C. Juan Nicasio Guerra Ochoa: - Hay muchas cosas que no se han respondido, justamente, sobre la Ley de Egresos presentada a esta Cámara de Diputados, para su aprobación.
Una de ellas es la que se hacía hace rato, y se repiten y se vuelven a repetir las mismas generalidades sin responder a las preguntas concretas que se hacen.
En efecto, nos preocupa si se define este año como un año de transición, ¿hacia dónde?, ¿hacia qué?
Se puede venir a hacer apología de muchas cosas, cuando a veces ni se leen siquiera los criterios justamente con que se envía ese proyecto de decreto. Los criterios pueden responder, aunque de manera vaga, a preguntas como ésas.
Para el señor Salinas uno de los objetivos, dice, es crecer. Luego entonces sería una transición a crecer. Y dice además en los criterios que el objetivo fundamental no es, crecer es importante, pero el fundamental es la distribución, la justicia social.
Sin embargo, uno puede hilar una pregunta adicional a esto: ¿Cómo pretenden lograrlo? Para que no suene falso, para que no suene a palabras huecas, ¿Cuáles son las propuestas concretas que tiene el señor Salinas o que tiene la diputación del Partido Revolucionario Institucional para apoyar justamente esos razonamientos? No los hay, y pueden buscar, ahí sí, en los criterios, lo que quieran, no existe eso. Y tampoco ha habido capacidad, no la existe por parte de la diputación del Partido Revolucionario Institucional de responder cómo pueden lograr eso.
Y podemos hacer otra pregunta: Si en esencia con el pacto, que constriño ya esta política de presupuesto de egresos, que es continuación, a veces decimos de lo mismo, ¿Cómo se pueden lograr metas o propósitos? Más bien, lo único que se ve es continuar profundizando una situación que no pueden borrar palabras cínicas de deterioro de esta sociedad, de hundimiento de este país.
Se viene a presumir aquí un superávit primario de alrededor del 6%. En efecto, el gobierno capta más de lo que invierte, de lo que regresa a la sociedad. ¿es propio esto de una economía sana? No, esto es distorsión justamente de la economía. ¿Pero para qué sirve ese superávit primario? Justamente para la transferencia neta de recursos al exterior. Pero haber logrado eso que presumen, ese superávit primario, ha sido sobre la base de costos sociales muy altos y que por más, lo reitero, que digan no apuntan ni en los criterios ni en la política que se proponen para este año, cosas diferentes sino seguir hundiendo, con un añadido que siempre hay que detenerlos, solemos decir más de lo mismo, no, no es así, cuando se está golpeando a una economía como a una persona, cada golpe no puede ser lo mismo, cada golpe es peor, cada vez la situación está peor, no puede ser lo mismo, como si estuviera esto estancado.
Realmente lo que nos a costado a nosotros lo damos en algunas cifras breves tratando también de no hacer muy cansada esa exposición, entre 1982 y 1988, el producto por habitante cayó en doce puntos porcentuales y este año estaremos apenas a niveles similares a los de 1979, es decir, hemos perdido nada más con estos datos una década, ¿a cambio de qué?, de superávit primario, ¿a cambio de qué?, de promesas, las mismas que se han repetido, yo puedo tomar un discurso del Partido Revolucionario Institucional, sacarlo al siguiente año y es lo mismo, porque justamente se hace apología siempre, porque igual como se
manda esta Ley de Egresos se manda otra, así la aprueban porque tienen una actitud servil. (Aplausos.)
El sexenio tuvo un saldo de cerca, pasado de 4 millones y medio desempleados, y la subocupación pues obviamente ha crecido y vemos aquí en el Distrito Federal, muestras de ello. Otra vez, a cambio de qué, de promesas de que ahora sí habrá empleo. El consumo popular, no nos vamos a morir de hambre decía, se ve deteriorado. El año pasado se consumieron 2.3 kilos menos de arroz por persona y en 1981, 12.4 kilos de frijol menos y diez litros menos de leche por persona. No nos vamos a morir de hambre y sin embargo hay que recordar algunas cosas, otra vez las comentamos.
Cuando el sexenio anterior, con palabra similares, haciendo promesas, aquella famosa promesa de dos años de sacrificio, dos, estabilizamos y dos nos vamos a crecer, reconocía un hecho, que el 40% de los mexicanos estaban deficientemente alimentados y reconocía también en aquellos criterios, otro hecho, que si eso no se corregía la situación iba a ser grave. Estamos en una circunstancia donde es grave, estamos en una circunstancia donde esto tiende a profundizarse. ¿Qué quiere ver el señor diputado del Partido Revolucionario Institucional, que la gente caiga en la calle de hambre o que?
Bueno, a veces el percibir nuevos salarios o ciertos niveles, ciertas canonjía prebendas, los hace tan insensibles que miden su estómago por el de los demás una vuelta por su distrito o por donde salió quizá le haría reflexionar más en el sentido de cuáles son los niveles realmente nutricionales que está teniendo la población mexicana. Hay una situación grave y alarmante porque esto nos está marcando ya no por una década, por varias décadas, afecta hasta a generaciones futuras, hay investigación muy concretas que demuestran en una generación, no voy a más, que con una buena alimentación se puede crecer mucho más para que no se crea que sólo es cuestión genética tiene mucho que ver con la alimentación y se nota incluso en el desarrollo de una persona. Tiene mucho que ver esto, justamente también con la reproducción.
Evidentemente no estamos en una situación extrema que se conoce en otras partes del mundo; pero la situación es preocupante y el retroceso que estamos teniendo en este sentido en materia de la alimentación del pueblo también del pueblo también lo es, y luego lo veríamos adelante en términos de la política de egresos, cómo se aborda esta circunstancia.
La inversión pública también tuvo una caída sin precedentes, sigo citando algunos datos en la historia reciente del país, ya que se redujo en casi dos terceras partes en este período, mientras que la inversión total se estancó.
El gasto social también se vio castigado, tanto en salud como en educación, lo cual ha tenido perniciosos efectos; el gasto en educación este año apenas representa el 2.6% del producto cuando hace seis años era del 4%, proporción de todas maneras insuficiente en relación a las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura.
Digo esto y me detengo un poco por las presunciones que se hacen que relaciona al año anterior; aumenta el presupuesto en educación, en salud. Vamos tomando esta cosa también con pinzas, veamos.
En datos que tenemos de la inversión pública total por sector presupuestario, estimando varios años, tomamos aquí que en 1982, tenemos lo siguiente: en desarrollo rural, está por demás claro, del 18% se ha pasado al 10% el presupuesto para 1989.
En pesca, se ha pasado del 1% al 0.1%, es decir, una décima de punto porcentual Esto es en alimentos, en política de alimentos, en las medidas que está tomando este gobierno justamente para corregir esa situación y los retrocesos que estamos teniendo. Está profundizando la situación.
Y de lo que se presume de bienestar social, tenemos que en 1982, se destinó el 17%, hoy es sólo el 12.8%. En efecto, medidos en relación al año anterior hay algunos incrementos, no de mucha cuantía, pueden considerarse de cierta importancia; pero medidos en térmuinos por ejemplo de 1982, estamos y no corregimos los retrocesos que está teniendo nuestra economía. Los retrocesos que se está teniendo en bienestar social.
Sirva también para ilustrar esto, otros aspectos concretos: el gasto social, como proporción del producto interno bruto y del gasto total; vamos a tomar solamente igual los años 1982 y 1989. Como porción del producto interno bruto porcentaje del producto interno bruto tenemos que en el 1982, salud tenía el 3.5% del producto interno bruto, hoy tiene el 2.6% del producto interno bruto.
En educación, en 1982, era el 4% del producto interno bruto; en el 1989, es el 2.8% del producto interno bruto. ¿Son estos retrocesos o no lo son?
Y nuevamente pregunto, ¿a cambio de qué, de otras promesas, de más promesas? ¿Pero qué garantía puede tener la población de México y esta Cámara de Diputado que ahora sí esas promesas
se van a materializar? Ninguna, absolutamente ninguna, y si a la experiencia nos atenemos, más bien debemos crecer lo contrario justamente.Por supuesto que Habrá a quienes estas consideraciones les parezca que son inapropiadas, que no nos queda de otra, que hay que creerle al señor Salinas porque ahora sí está diciendo la verdad,y digo ahora sí por la cuota de responsabilidad que tuvo en la Secretaría de programación y Presupuesto en el sexenio anterior.
El fue el artífice justamente de la política y nos la prolonga un año más, por eso se ha dicho con razón que nos extiende un sexenio de siete años, y las promesas de aquéllos sexenios no son ajenas al señor Salinas, él estaba ahí orquestando toda esa situación.
Yo quiero un elemento, uno sólo, porque ahora sí le debemos creer; uno sólo.
Y por supuesto pues expresa uno su disgusto justamente a venir aquí a reiterar cosas y a querer ir más lejos, porque en esto sí se puede ir más lejos. Siempre a quienes les gusta alabar el sentido de algunos funcionarios, generalmente van más lejos. Son siempre, van más allá; es parte de la función eso. Creen que así ganan más, que así se proyectan más. Esto es hasta cierto punto sino normal, algo regular que ocurre en este país y creo que en otros.
Quiero pasar a otras cosas de propuestas concretas. Tengo aquí un documento que lo voy a dar a la secretaría, para que conste en el Diario de los Debates como un acuerdo de esta Cámara de Diputados. Está firmado por las comisiones de agricultura, Recursos Hidráulicos y Comercio. Es aquél que se refiere justamente a lo de los precios de garantía, que atendiéramos al rango del pacto anterior, de recuperar lo que se había perdido medido en términos del índice nacional de precios al consumidor. Lo tengo aquí, está firmado por la mayoría de las comisiones, están representados todos los grupos parlamentarios, es sólo una opinión y es para que conste en el Diario de los Debates la opinión de esta Cámara de Diputados.
Y algo de congruencia, le digo a todos los representantes del sector agrario, indistintamente de partidos, nos debería llevar o nos debe llevar a apoyar propuestas justamente en el sentido de que permitan recuperar el deterioro que tiene el campesino por la situación de los precios de garantía.
Solamente para recordar aspectos nodales de este documento, recuerdo, deben recuperar, se dice en el documento, el poder adquisitivo de los productores, esto es sobre, para fijar los precios de garantía, con relación a los precios de octubre de 1987, de acuerdo al Pacto de Solidaridad Económica, al pacto anterior.
Lo voy a dejar aquí y me permito por supuesto, en congruencia, hacer también por parte del grupo parlamentario del Partido Mexicano Socialista, la siguiente propuesta de modificación.
"El grupo parlamentario del Partido Mexicano Socialista, propone modificar en el artículo 6o., del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1989, la asignación a la entidad 10125 Compañía Nacional de Subsistencias Populares de la siguiente manera, artículo 6o., las erogaciones: Presupuesto asignado, 5 billones 519 mil 631 millones y la propuesta de modificación es del siguiente orden, 6 billones 534 mil 377 millones; la diferencia es del orden de alrededor de 1 billón.
Con el incremento que se propone se busca hacer valer los criterios que aprobó esta honorable Cámara de Diputados para la fijación de los precios de garantía en especial aquél que establece la necesidad de calcular los precios de garantía a partir de los costos promedios de producción más un 20% de utilidad que era el otro criterio.
Con ello se busca el mejoramiento de las condiciones de los productores del campo, por una parte, así como incentivar la producción de productos agrícolas básicos por la otra.
El incremento al presupuesto para Compañía Nacional de Subsistencias Populares, se tomaría de la partida 0023 correspondiente a erogaciones no sectorizables.
San Lazaró 27 de diciembre de 1988."
Yo llamo a congruencia a todos los compañeros, justamente a apoyar está, no tiene por qué prevalecer un criterio del Ejecutivo si esta Cámara tiene otra opinión; máxime cuando el propio Ejecutivo en los criterios se queja de que han aumentado los gastos que tienen que ver con la importación de alimentos, nosotros lo hemos dicho, se les olvida pero lo hemos dicho.
Evidentemente un país que va perdiendo soberanía por cuestión de alimento es presa fácil justamente de la voracidad de empresarios de otros lados. Una vez que nuestra producción se siguiese desplomando vamos a depender más en materia de alimentos, y si hoy para desestimular la producción en México, se pueden hacer llegar productos de otros lugares a precios más bajos que los costos de producción en México. Si eso ocurre hoy, una
vez que nuestra producción se siga desplomando, qué elementos tendríamos para no comprárselos al precio que ellos fijaran. Ese en el asunto, justamente.
Y yo por eso insisto, con la terquedad que requiere el caso, a los diputados, por lo menos, que representan organizaciones campesinas, para que obremos en congruencia.
Tenemos también otra propuesta de modificación. Se adiciona un párrafo al artículo séptimo del proyecto de decreto de Presupuestos de Egresos de la Federación para 1989, quedando como sigue; artículo séptimo: El gasto asignado, etcétera. El párrafo: "El gobierno federal y las entidades paraestatales incluidas en el presupuesto, quedan autorizadas a ejercer el servicio de la deuda pública externa correspondiente al primer semestre de 1989. El servicio de la misma correspondiente al segundo semestre de este año, queda sujeto a la autorización que previamente otorgue la C|mara de Diputados. A este efecto, el Ejecutivo Federal informará a la Cámara de la situación de la deuda pública y comparecerá ante la misma el Secretario de Hacienda y Crédito Público".
Se dice que hemos oído opiniones de que esto no es posible, que debilita las negociaciones del señor Salinas. Sin embargo aquí se olvida una cosa. Con el pacto, que Salinas y los empresarios imponen al país, se tiene una vigencia sobre esos criterios, de siete meses. Y él mismo ha propuesto revisar todo el problema de al política económica al término de ese período. Luego entonces, el problema de la deuda, es asunto toral, lo hemos dicho, en cuestión de política económica.
¿Por qué esta Cámara no puede establecer justamente que eso se haga como se debe? Que ante la Cámara se revise esa situación. ¿Por qué dejarlo a lo que él quiera? Y si quiere cambiar otros criterios, porque eso ya está establecido en el pacto y justamente en los criterios se establece cómo el pacto ciñe toda la política económica de este año, ¿por qué entonces rechazar esta situación?
No sé, pero yo también creo que aquí deberíamos obrar en congruencia, no sólo con lo que creemos es justo sino además con los criterios que el señor Salinas mismo está señalando.
Todo se le está apostando a la negociación de la deuda y queremos revisar cómo avanzar esas negociaciones, es lo correcto, es lo justo que esto se vea en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es el problema, señores diputados del Partido Revolucionario Institucional, de que no pueda esta Cámara revisar esa situación, cómo avanza las negociaciones?
¿Que nos impediría hacerlo si tomamos esa decisión? ¿Eso debilita las negociaciones? En primer lugar, ni siquiera han dicho cuál es la dinámica de estas negociaciones, o podría afectarse algo que al parecer no está ni siquiera suficientemente claro para ustedes.
Yo a veces me supongo, pero es una suposición, de que han sido tan ortodoxos en el pago de la deuda que, finalmente, si, se han venido convenciendo este grupo de ilustrados que han venido dirigiendo el país, de que no se puede seguir pagando al exterior y haciendo esa transferencia neta hacia el exterior, y creen supongo que no como ellos están convencidos así van a convencer a los acreedores, porque todo parece que lo dejan a la buena voluntad de los acreedores, cuando hemos dicho, insistido, que una actitud firme de la Cámara de Diputados y de todo el pueblo, es fortaleza para que se negocie justamente esta cuestión de la deuda externa.
La unidad que se ha pedido sólo se puede dar sobre esas bases, justamente, de poner en disposición a nuestro pueblo y a esta Cámara para apoyar. Nadie puede pedir unidad, porque entonces no sabe lo que es eso, sólo sobre lo mío, unidad sobre lo que yo propongo. Se puede decir mucho pero esas unidades yo no creo que ni en la familia las puedan construir así.
También presentamos ya otra, les vamos a dar un curso más rápido, otra propuesta de modificación al proyecto de decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación de 1989, se modifique el artículo 14 para quedar como sigue:
Artículo 14. Cuando se presenten contingencias que repercutan en una disminución de los ingresos presupuestados, el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto no efectuará reducciones al gasto programable. Tales reducciones sólo podrán efectuarse en el renglón del servicio de la deuda, cuando los ingresos por exportaciones de petróleo crudo de cada trimestre rebasen los correspondientes al precio de 10 dólares por barril, que es el estimado, el excedente será aplicado íntegramente a proyectos de inversiones en sectores estratégicos. Entre los proyectos estratégicos a los que se destinarán los recursos adicionales, se encuentran el de generación de electricidad y la terminación de las obras de Petróleos Mexicanos en Tula y Salina Cruz, que permitan la producción suficiente de gasolina sin plomo para abastecer el mercado interno.
"Del ejercicio de estas facultades el Ejecutivo Federal dará cuenta a la Cámara de Diputados al rendir los informes trimestrales a que se refiere el artículo 38 de este decreto y al presentar la cuenta de la Hacienda Pública Federal."
Bien, este... otras propuestas más con ánimo también de ... es cansado, esto no deja de ser cansado. Va a haber oportunidad que otros compañeros este... las lean. Yo, para terminar, pues sólo pediría a la diputación del Partido Revolucionario Institucional que cuando se suban a la Cámara... (?), van a tener otra intervención, si en verdad como dijeron van a tomar en cuenta las consideraciones, pues discutamos sobre ella. Hay criterio hay razones que las apoyan. Hay además una actitud. La oposición aquí, en esta Cámara, la sostiene. Y lo digo eso, justamente, porque se habla de que la política que envía el Ejecutivo es la única posible, es la única que une a los mexicanos.
Aquí en la oposición tenemos otras propuestas que siempre hemos estado interesados en discutir, en debatir y en tratar de sacar lo mejor. Puede prevalecer otro criterio, pero para eso hace falta también, hay que decirlo así, "que le suelten un poquito la rienda desde el Ejecutivo", porque no se puede avanzar ni se va a avanzar en muchas cosas si no ocurre de esa manera. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Rafael Melgoza Radillo, de la Corriente Democrática.
El C. Rafael Melgoza Radillo: - Gracias, señora presidenta; compañeras y compañeros: Yo creo que para ninguno de los diputados que constituimos la representación nacional, escapa que la gran mayoría del pueblo de México está atravesando por una situación, como ya lo decía el compañero diputado que me antecedió, verdaderamente dramática.
Y nosotros creemos, compañeros y compañeras, a propósito de que se destaca y se subraya mucho una declaración, a la cual se hizo referencia hace un momento, nosotros creemos que al pueblo para nada le sirven las declaraciones, necesita hechos concretos que mejoren su nivel de vida y que le permitan tener alimento en su casa a partir de ya, a partir de ahora, no dentro de siete meses o dentro de un año; que, por otra parte, como ya se dijo aquí, ninguna garantía existe de que así suceda.
Pero nosotros coincidimos con algunos diputados del Partido Revolucionario Institucional, particularmente coincidimos con el diputado Garzón Santibáñez, que hace un rato hizo uso de esta tribuna, para manifestar, a su manera, inconformidad por el tratamiento que en el presupuesto se le da a diversas dependencias que tienen que ver con el campo, a diversas dependencias que son fundamentales en cuanto a sus ejercicios presupuestales, para poder despegar, realmente, en un desarrollo con justicia en este país y coincidimos también con él, en que quizá de todas las asambleas, las sesiones que ha tenido está Legislatura desde el principio, es está la precisamente la que tiene mayor importancia porque es en está sesión, como ya lo dijo otro compañero, en donde se discute y finalmente se acordará el instrumento que es la base fundamental para el reparto del esfuerzo productivo de la mayoría o de todo el pueblo de México.
El ciudadano presidente de la Comisión de Programación y presupuesto también en su pequeña intervención al inició de este debate, destacaba en forma importante, el foro o las audiencias que a partir de enero se dice, se llevarán a cabo en el seno de este Palacio Legislativo o quizá en el país, para tratar y para discutir el grave problema de la deuda, el grave problema del endeudamiento público que tiene como sabemos, sometido al pueblo mexicano.
Y ahí se decía qué importante consenso se había dado dentro de los diversos grupos parlamentarios, entre los diversos miembros de la Comisión de Programación y Presupuesto, pero eso sí defendiendo, compañeros diputados y diputadas, solamente una consideración dentro del dictamen, sigue siendo solamente una declaración, importante sí, pero finalmente una declaración en el cuerpo de las propias consideraciones del dictamen, nada se quiso hacer y parece ser que nada se quiere hacer respecto a reducir la transferencia neta de los dineros del pueblo al exterior, respecto de la deuda, nada se acepta, ni un centavo menos de los que el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo Federal contempla, compañeros y compañeras el gobierno mexicano está llamando a la unidad al pueblo de México con respecto a los grandes problemas nacionales que enfrentamos, la unidad de la representación nacional respecto a este problema del endeudamiento es fundamental para que el gobierno, efectivamente como el propio gobierno lo dice, pueda negociar en condiciones de dignidad o renegociar en condiciones de dignidad con los acreedores en el extranjero.
Pero no puede darse, compañeras y compañeros, la unidad respecto al tratamiento que el gobierno propone se le siga dando a la deuda; no puede darse la unidad en ese sentido. La única forma y seguro estoy que todos los grupos representados aquí, que en conjunto representamos a este país, a esta nación, seguro estoy que esa unidad podría
darse en el supuesto de que hubiera la voluntad política real de la fracción parlamentaria mayoritaria, aquí en el seno de la asamblea, para reducir desde ya, desde este momento, la transferencia de los dineros del pueblo al extranjero.
Nosotros, compañeros, sostenemos y reiteramos que hay continuismo y profundización de la política económica del régimen que apenas terminó, política que, propios y extraños reconocen como contraria a los intereses nacionales. Sostenemos que lo que somos y debemos ser, como lo dice el diputado Santillán, debe resultar de nuestra voluntad soberana como nación y no como consecuencia de la preeminencia de los intereses que nos tienen sometidos como nación.
En el discurso del Ejecutivo Federal, retomado por el diputado Santillán, se nos ofrece condicionar el pago del débito a la necesidad de crecer. Se nos pide a los mexicanos mayor sacrificio sobre la base de aliento de la esperanza fundada en una intensa renegociación de la deuda pública externa que permita la reducción de la transferencia de recursos netos al exterior. Pero mientras eso sucede, el contenido y espíritu del instrumento fundamental para el desarrollo nacional y para el mejoramiento de los niveles de vida del pueblo que es el presupuesto de egresos que discutimos, se supedita a pagar primero, hasta el último centavo; de cada peso, como sabemos; casi 60 centavos son para satisfacer el desmedido lucro de los acreedores.
Muchas han sido, como sabemos también, las negociaciones con los acreedores y los resultados están a la vista, bajo los mismos procedimientos, sin respaldo popular real debido al rechazo del pueblo a una deuda que no contrajo, se persiste en la misma línea: no confrontación, no a las decisiones unilaterales; negociación enérgica, pero respetuosa, se nos dice.
¿Cómo vamos a tener esperanza los mexicanos de que el drama del hambre y la miseria que agreden a grandes capas populares de la población se abatan con la política económica que propone para 1989 el gobierno?
Preceden a este presupuesto de egresos dos acuerdos vinculados estrechamente, suscritos por los mismos protagonistas que dieron muestra cabal de la posición del gobierno en materia económica: el 8% de incremento a los salarios mínimos y el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico.
Ambos acuerdos condicionaron el contenido de este presupuesto, impusieron el ofensivo y humillante 8% a los salarios mínimos sin tomar en cuenta para nada la satisfacción de las más elementales necesidades de la familia. Y ponen al conjunto del movimiento obrero de nueva cuenta ante la muralla del tope salarial.
Deberán, pues, según se propone, los trabajadores de este país seguir sosteniendo el principal peso de la crisis.
Nosotros, compañeras y compañeros, no podemos estar de acuerdo con una política económica que se aparta radicalmente de los propósitos incluidos en la Ley Suprema, particularmente de los principios que se establecen en el artículo 123 constitucional.
Por eso, si no se modifica en los términos en que está presentado ese dictamen, en lo que se refiere a la cantidad de dinero que se propone seguir pagando, la Corriente Democrática votará en contra del dictamen. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Alberto Pérez Fontecha.
El C. Alberto Pérez Fontecha: - Con su permiso, ciudadana presidenta; compañeros diputados; señoras y señores: Hoy nos encontramos aquí reunidos para discutir el dictamen que presenta a la consideración de este pleno la Comisión de Programación y Presupuesto para analizar el presupuesto de egresos para el año de 1989.
Como lo mencionamos en nuestra intervención de hace unos días ante el ciudadano secretario de Hacienda y Crédito Público, Pedro Aspe, y el ciudadano secretario de Programación y Presupuesto, Ernesto Zedillo Ponce de León, notamos en sus exposiciones la gran preocupación por la situación económica que atraviesa nuestra patria, y la imperiosa necesidad de renegociar la deuda externa que nos lacera la disponibilidad de nuestros ingresos, no permitiendo que nuestro país tenga un crecimiento acorde a la realidad social, política y económica que merecemos todos los mexicanos.
También nos preocupa a todos el monto a que ha llegado la deuda interna, que está representada por millones de mexicanos que no han sacado dólares y que depositaron sus ahorros y su confianza en el gobierno.
Seguimos sosteniendo en el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana que el gobierno de la República, en un acto de verdadera democracia y respeto a la ciudadanía, deje que seamos los mexicanos los que decidamos las alternativas que mejor nos convengan, pues somos nosotros los que nos debatimos en el círculo vicioso de inflación y desempleo, negándosenos una vez más el derecho
soberano de expresarnos con claridad ante una deuda que no contrajimos los mexicanos y que sin embargo tendremos que pagar de por vida.
En mi partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana, sabemos que la deuda externa se encuentra convertida en el eje de nuestra problemática nacional; es punto de definiciones y en torno a ella especialistas y tecnócratas han dado recetas hasta la saturación. Sin embargo, lo que es cada día más claro, es que no podemos continuar con el pago usurero de los intereses a la banca internacional, sin sacrificar con ello la nueva era que todos queremos para México.
Nuestra posición se reafirma con lo dicho por el licenciado Salinas de Gortari en su mensaje a la nación el día 1ero. de diciembre, cuando mencionó que la prioridad ya no será pagar, sino volver a crecer. Por ello exigimos congruencia entre el decir y el hacer. Estamos plenamente convencidos que en estos momentos de crisis es cuando el gobierno de la República debe dar confianza y credibilidad a las instituciones nacidas de la Revolución Mexicana y apartar a aquéllos que pretenden desviar el campo de México del destino que con su esfuerzo y su sangre escribieron los héroes de la Revolución Mexicana.
Sostenemos que las medidas que debe tomar el gobierno, deben tender al saneamiento financiero de nuestro país, olvidándose de seguir dictando medidas de tipo político y popular, que posteriormente se le revierten.
Ante este contexto y por la relación que tiene con el Presupuesto de Egresos de la Federación, volvemos a insistir que la Ley de Ingresos es recesiva y que no es posible seguir creyendo, como lo declaró Salinas de Gortari, que el motor del nuevo crecimiento vendrá en lo fundamental del ahorro interno. Las heridas que se le causaron al ahorrador mexicano con la pérdida en las casas de bolsa, la devaluación de la moneda y la baja en las tasas de intereses, todavía no han sido cicatrizadas, licenciado Salinas de Gortari. Pero peor aún, es cuando ese ahorrador nacionalista se ha enterado que sus ahorros y su confianza se utilizaron para pagar los servicios de la deuda y el exceso en el gasto corriente del gobierno. Y no para la inversión que significa algún crecimiento.
No es permisible seguir mencionando, como aquí lo hicieron los señores secretarios, que la deuda externa se debe a la fuga de capitales cuando seguimos esperando conocer aquélla famosa lista de sacadólares que ofreció Miguel de la Madrid. Pero además, permitiendo que uno de los involucrados en el escándalo de las casas de bolsa, señalado como uno de los principales sacadólares, y que con sus declaraciones ofendió la dignidad de los trabajadores de este país, firme pactos con el gobierno representado a los empresarios.
Seguimos convencidos que tal parece que estamos hablando de países distintos y no de México. Alguien decía que hay que llamar las cosas por su nombre y apellidos.
Por ello, el grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana insiste que el Presupuesto de Egresos de la Federación, puesto a la consideración de este Poder Legislativo, representa el presupuesto para administrar la miseria de 1989, ya que estamos destinando de cada peso de ingreso 40 centavos para gasto corriente e inversión y 60 centavos para el pago del servicio de la deuda externa e interna.
Reconocemos y es meritorio mencionarlo, que el Secretario de Programación y Presupuesto quiere alentarnos al pensar que con este presupuesto podemos crecer en 1.5%, pero como diría el secretario Zedillo Ponce de León, no basta desearlo, sino que hay que alcanzarlo y honestamente mientras no negociemos la deuda las posibilidades de crecimiento por muy positivos que queramos ser, la verdad es que no nos permitirá crecer.
Por ello coincidimos que por encima de los intereses de los acreedores debe estar el de los mexicanos.
Repetimos, nos preocupa que las medidas fiscales, adoptadas a través de la Ley de Ingresos de la Federación y de la llamada Miscelánea Fiscal, nos lleva a una inseguridad en la captación de los ingresos, pero no valieron en su mayoría las opiniones que vertimos y ello afectará sensiblemente el presupuesto de egresos que hoy está a discusión de este pleno, porque no se contempla ninguna reserva para el rezago de los ingresos por impuestos y derechos.
Insistimos que el impuesto al activo de las empresas no es congruente con las declaraciones del licenciado Salinas de Gortari, al reiterar su compromiso con los empresarios para generar un ambiente propicio para la inversión privada y con ello la creación de empleo y bienestar; el tiempo nos dará la razón.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, siempre ha señalado que uno de los grandes problemas por los que ha atravesado nuestro país es el exceso de gasto corriente por parte del gobierno federal y ello nos ha llevado a una deuda interna que en menos de cinco años se vio incrementada de 2 billones de pesos a casi 100 billones de pesos, y que fue el exceso de imaginación
de la que hablaba el Secretario, lo que ha permitido engañar al pueblo ahorrador de México, financiando ese gasto que a nadie benefició.
Requerimos productividad, honestidad y capacidad del aparato gubernamental, que mucho ha incluido en la situación crítica, económica en la que nos encontramos.
Hoy el presupuesto de egresos para 1989 puesto a nuestra consideración, también demuestra una vez más que es deficitario y el mismo proyecto de dictamen de la Ley de Ingresos, señalan la necesidad de financiar este déficit neto que asciende a la cantidad de 23 billones 23 mil 600 millones de pesos. Por ello votaremos en contra de este presupuesto.
Sin embargo, no dejamos de reconocer en esta ocasión, que no existe otro camino, sino se negocia la deuda externa, deuda que no es de los mexicanos, sino del gobierno de los mexicanos.
También queremos dejar constancia que algunos de los planteamientos presentados por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, fueron aceptados en la Comisión de Programación y Presupuesto e incluidos en el dictamen que hoy se encuentra a discusión y aprobación por este pleno.
No sería justo no reconocer la apertura y disposición del diputado Rogelio Montemayor, presidente de esta comisión, que hizo verdaderos esfuerzos de concertación, al estar convencido de la fundamentación que presentamos. Es así como se logró incrementar el presupuesto de este Poder Legislativo en casi un 50%. Se quitó la facultad al Ejecutivo Federal para que por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto se incluyan en el presupuesto de egresos para 1989 otras entidades paraestatales.
Se logró que el Ejecutivo Federal, de las erogaciones adicionales que le concede el artículo 13, se asignen al Poder Legislativo el monto que no exceda de hasta el 5% del gasto corriente presupuestado para este poder, y que éste sea entregado a la Cámara de Diputados de quien dependerá el Instituto de Estudios Legislativos.
Se desincorporó de las reducciones a que se refiere el artículo 27 el otorgamiento de becas, abriendo nuevos espacios educativos para nuestros conciudadanos.
Por otra parte, la Comisión de Programación y Presupuesto acordó que ante la exigencia de un control disciplinario absoluto en el manejo del gasto público, será la comisión la que revise trimestralmente la cuenta pública ejercida contra el presupuesto de egresos, ya que ésta será la única forma para lograr la poca perspectiva que tenemos de crecimiento económico y en donde podremos detectar a tiempo, a cualquier posible desviación del presupuesto y cumplimiento con nuestra responsabilidad de legisladores, solicitaremos de ser necesario la intervención de los distintos órganos de gobierno para esclarecer cualquier duda o también para fincar responsabilidades.
Insistimos, que en estos momentos de crisis, es cuando más necesitamos de dar credibilidad a las acciones de gobierno y terminar con rumores que provocan, no tan sólo la duda sino la inseguridad del ciudadano.
Al rumor debemos todos enfrentarlo con capacidad y honestidad, por ello, compañeros diputados, mi partido por separado está presentando ante la gran comisión de este Poder Legislativo, para sus investigación el rumor que corre en este Palacio legislativo y que ha sido llamado "el caso de los pavos voladores", en el cual se encuentra supuestamente inmiscuido un diputado de esta Legislatura y supuesto funcionario del partido también supuestamente mayoritario, que trató de obtener un sobreprecio inexplicable y al no entregar el cheque de anticipo a la empresa para la cual también puede existir una responsabilidad "los pavos volaron".
Y ahora tratan de cubrirlo comprando aparatos eléctricos, para dárselos a fin de año a los que se quedaron esperando "esos pavos".
En nuestra petición, ante la gran comisión de este Poder Legislativo, estamos dando los nombres de los involucrados, para deslindar responsabilidades y que se apliquen las sanciones que correspondan. ¡No podemos seguir exigiendo responsabilidades y honestidad a los funcionarios públicos, si no empezamos por limpiar nuestra propia casa!
(Voces:)¡ Nombres !, ¡ Nombres !
Para terminar, queremos insistir que en el presupuesto no se impulsa al verdadero aparato productivo...
(Voces): - ¡Nombres !, ¡ Nombres !
La C. Presidenta: - Orden en la sala...
¡ Diputado Pérez Fontecha, acepta una interpelación del diputado ?
El C. Alberto Pérez Fontecha: - Con mucho gusto, a petición de la Legislatura, vamos a dar el nombre al final de la intervención. (Aplausos.)
Para terminar, queremos insistir que en el presupuesto no se impulsa al verdadero aparato productivo, ni aquéllos sectores que son los únicos que nos pueden permitir la captación de divisas y que es el sector pesca y el sector turismo.
No olvidemos, compañeros diputados, que países con menores litorales que el nuestro, superaron los estragos de una guerra civil explotando su mar. México tiene una gran riqueza en sus más de 10 mil kilómetros de litorales, que todavía no han sido explotados.
No se consideran tampoco medidas de seguridad al turismo, tanto nacional como extranjero. Y mientras no implantemos un sistema de seguridad física y económica, no podremos atraer turistas y captar las divisas que nos son tan prioritarias.
Una vez más vemos que en el presupuesto de egresos para 1989, no se considera al artesano mexicano, negándosele la oportunidad de alcanzar algún bienestar social, olvidando que lo que produce no tan solo tiene perspectivas de exportación y grandes posibilidades de comercialización tanto en lo interno como en lo externo, sino que además es la expresión viva de nuestras raíces y cultura.
Por ello, insistiremos para incorporar al presupuesto de egresos de 1989 a este importante sector que representa a más de 8 millones de hermanos mexicanos, que se encuentran marginados, explotados y en extrema miseria económica.
Insistimos en la necesidad de ajustar el incremento que contempla el presupuesto para 1989 a la Secretaría de la Defensa Nacional y que es de casi 300 mil millones de pesos, mismos que como sabemos se utilizarán para fortalecer las acciones de combate al cultivo, tráfico y consumo de estupefacientes.
Como lo señalamos hace unos días ante el Secretario de Programación y Presupuesto, los mexicanos siempre hemos estado prestos a erradicar esta lacra social. Pero también es cierto que no existiría presupuesto que alcanzara para terminar con los estupefacientes mientras existan países colindantes que no pueden o no quieran acabar con el consumo por parte de sus ciudadanos.
Insistimos en que no podemos, por una parte, pagar intereses usureros; y, por la otra, gastar el dinero que no tenemos para cuidar los desmanes de los ciudadanos de otro país y sacrificar a los mexicanos en proceso de crecimiento económico.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana insistirá en una resignación del presupuesto de egresos, pues insistimos que debemos ubicarnos en la realidad en la que vivimos; requerimos crecer, darle confianza, credibilidad y legalidad a las acciones de este Poder Legislativo, debemos de atender demandas de inmediato y abrir nuevos horizontes, tenemos la obligación de elevar el nivel de vida de los mexicanos, consolidar la estabilidad interna y retomar la senda que hemos perdido, por ello, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sostiene que la libertad se conquista, no se implora, señores diputados.
Queremos manifestar a ustedes que la petición que hemos presentado ante la Gran Comisión, los nombres que acompañamos como supuestos inculpados y quiero repetirlo, supuestos inculpados que aquí lo leí y está en el Diario de los Debates, es la Empresa de Pavos "Mezquital del Oro" y el diputado que supuestamente se dice que está inmiscuido y que pedimos sea investigado es el señor diputado Orlando Arvizu Lara. Muchas gracias...
(Voces.)
La C. Presidenta: - Orden en la sala.
Para alusiones personales, tiene la palabra el ciudadano diputado Orlando Arvizu Lara.
El C. Orlando Arvizu Lara: - En primer lugar, quisiera decirle al señor diputado Pérez Fontecha, que para mí hubiera sido un privilegio el haber podido darle a todos ustedes un pavo con motivo de Navidad; que nuestro partido lo haría con mucho gusto si tuviera el capital que tienen ustedes.(Aplausos.)
No creo que deba usarse esta tribuna en un día tan importante en donde se esté sesionando para algo tan importante, como para hablar de casos y cosas tan triviales como el diputado Fontecha, en primer lugar. En segundo lugar, a nadie y lo digo aquí ante todos, se le ha obsequiado un pavo ni hoy y que yo sepa, en todo el año, pero si a Pérez Fontecha le hace falta un pavo, yo personalmente se lo voy a enviar.
(Voces).
Por otro lado, sería conveniente que ante tanta gente que nos escucha y se hagan aseveraciones tan mentirosas como las que aquí se han hecho, por qué no en lugar de decirlo lo trae y lo muestra, nos muestra quién se lo envió y que nos convide de su pavo, eso es todo señor diputado. (Aplausos.)
La C. Presidenta: - Para alusiones personales, tiene la palabra el diputado Pérez Fontecha.
El C. Alberto Pérez Fontecha: - En primer lugar, con todo respeto, decirle al señor diputado que nunca mencioné que los pavos serían repartidos por su partido, ellos son libres de regalar lo que quieran porque el pueblo de México sabe quién mantiene a su partido.
Por otra parte mencionamos, sin salirnos del tema del presupuesto de egresos, por ahí aparece precisamente el presupuesto de este Poder Legislativo, y esos pavos son los pavos que no se le entregan a los diputados, se le entregan a los medios de comunicación. Investigue si se los entregaron este año.
Agradezco el obsequio que públicamete ha hecho el señor diputado de enviarme un pavo, espero que éste no vuele, mismo que vamos a aceptar no por necesidad, porque gracias a Dios estamos aquí por ideales no por necesidad.
Pero sí quiero establecer esto que tratamos de manejarlo con toda seriedad posible, compañeros, sí queremos que sea revisado si es efectivo lo que nosotros hemos denunciado en esta tribuna, porque sí sería muy penoso que en un momento dado fuera un miembros de esta Legislatura o alguna otra persona, tomando el nombre de un miembro de esta Legislatura. Estamos hablando de muchos millones de pesos y dimos el nombre de la empresa, porque hemos solicitado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que intervenga practicando una auditoría para comprobar si esto es verídico y es cierto, y revisar todas las empresas que surten no tan sólo a esta Legislatura sino también al gobierno federal. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Para hechos, tiene la palabra el ciudadano diputado Edmundo Martínez Zaleta.
El C. Edmundo Martínez Zaleta: - Señora presidenta, con su permiso: Constitucionalmente tenemos la oportunidad de hacer uso de esta tribuna. Disponemos, porque así lo dispone la ley, y no por una concesión gratuita, del derecho de la libertad de expresión. Sin embargo, ante esta muy respetable asamblea quiero expresar, con ese mismo derecho, lo siguiente:
Orlando Arvizu Lara es un respetable diputado, prominente dirigente del Partido Revolucionario Institucional. (Aplausos.)
Es un político del estado de Hidalgo que el distrito de Huejutla lo eligió el pasado 6 de julio como su representante popular. Su carrera política ha sido ejemplo para muchos miembros de nuestro Partido Revolucionario Institucional, y a través de su trayectoria, a demostrado la capacidad.
(Voces.)
Ahorita lo viene a decir compañero, si desea, y lo viene a demostrar aquí a través de una limpia carrera pública.
Hablar es muy fácil, lo grave, lo censurable es que no haya congruencia en algunos diputados como Pérez Fontecha. Venir a pedir congruencia aquí y no tenerlas es deshonesto; difamar, hablar impunemente, así se ha vuelto costumbre desde esta respetable tribuna. Quien afirma tiene la carga de la prueba. Pérez Fontecha tiene la obligación de demostrar que el señor diputado Orlando Arvizu es responsable de lo que aquí se le ha imputado. El buen nombre de un diputado federal debe quedar claramente establecido, por ello hoy, desde esta tribuna, a nombre propio diputado Arvizu, a nombre de mi partido, el Revolucionario Institucional, emplazo a Pérez Fontecha a que venga a comprobar lo que hoy ha difamado. (Aplausos.)
A nombre de mi partido el Revolucionario Institucional, solicito al diputado Pérez Fontecha, que presente ante la Procuraduría General de la República, la denuncia correspondiente, para que sea este órgano competente, el que averigüe. Y de lo contrario que el propio Pérez Fontecha sea acusado por calumniador, por mentiroso y porque solamente escudándose en el fuero constitucional, viene a decir improperios propios de hombres como él, que únicamente no usan sino abusan de esta tribuna republicana.
El señor diputado Orlando Arvizu, que no necesita defensa, sino que hoy lo hago en forma espontánea, tiene lo que Pérez Fontecha le falta: la dignidad, compañeros.
La C. Presidenta: - Para hechos, tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Ernesto Jiménez.
El C. Ernesto Aureliano Jiménez Mendoza: - Yo quisiera empezar por aludir a estas personas que con mucha propiedad piden la verdad en esta tribuna.
Y efectivamente a esos hemos subido, a solicitar a la presidencia de esta "Cámara, que integre una comisión para...
(Voces.)
La C. Graciela Patricia Gómez de Ibarra (desde su curul): - Hay un procedimiento si no lo conoces, en la ley.
El C. Ernesto Aureliano Jiménez Mendoza: - Claro que hay el procedimiento legal pero ustedes están pidiendo que se presente a la Procuraduría General de Justicia. El diputado Pérez Fontecha hará lo conducente. Lo que pasa es que ustedes quieren saber la verdad de las cosas pronto y eso así, nada más a la aventura quedaría en el aire, entonces la importancia de las cosas es que desde este momento, tanto el diputado Pérez Fontecha aporte sus pruebas y el diputado Arvizu que defienda su postura; porque si no sabemos, entendemos perfectamente que tratándose de la conducta de un diputado, primero tiene que someterse a esta soberanía la procedencia de su proceder, para en tal caso proceder en su contra; la Procuraduría opera posteriormente, ustedes que lo están pidiendo, están invirtiendo las cosas.
Entonces, son los procedimientos y depende de la directiva de la Cámara de dar la canalización correspondiente que el caso merece; se ha hecho una denuncia y habrá que investigar como corresponde, eso es lo que se tiene que hacer conforme al derecho, ya que ustedes están hablando de cuestiones jurídicas y que antes de proceder en contra de un compañero diputado tiene que conocer la Cámara para desaforarlo en su caso, y entonces sería el primero que tendría, que hacerse el procedimiento legal, para que no se hagan nada más alusiones aquí a la ligera.
La C. Presidenta: - La presidencia recuerda a los ciudadanos diputados que estamos desarrollando un debate de particular importancia para la propia vida legislativa de la vida nacional en general.
Yo les ruego a los ciudadanos diputados, mantengan orden y silencio.
Le suplico a todos los ciudadanos diputados y a todos los presentes ocupen sus respectivos lugares, desalojen el pasillo central, guarde silencio y orden y permitan el desarrollo del debate sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación.
El C. Juan Jaime Hernández (desde su currul): - Pido la palabra, para hechos, ciudadana presidenta.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra, para hechos , el ciudadano diputado Juan Jaime Hernández.
El C. Juan Jaime Hernández: - Facto non verba. Hechos y no palabras. Y si señor diputado del Partido Revolucionario Institucional se siente tan ofendido, por don Orlando Arvizu, aquí le van los datos.
Se solicitaron a Mezquital del Oro, 250 pavos, los cuales la compañía cotizó en 78 mil pesos, cada pavo, y pretendieron que se facturara a 125 mil pesos cada pavo. Consecuentemente, el cheque que tenía que salir de esta Tesorería del Congreso, no salió y la compañía no entregó los pavos.
Esta exclamación viene a confirmar la presunta responsabilidad de Orlando Arvizu y consideramos que de inmediato, y como ya lo pidió Pérez Fontecha, se inicie la investigación y se haga la denuncia correspondiente con los elementos que ya tenemos nosotros en nuestro poder.
De ahí que haya empezado esto diciendo: Facto non verba. Pruebas tenemos.
La C. Presidenta: - Para alusiones personales, tiene la palabra el diputado Arvizu.
El C. Orlando Arvizu Lara: - yo quisiera en primer lugar reconocer que la primera ocasión no dieron respuesta exacta a algunos puntos que aquí mencionó Pérez Fontecha, porque no estaba atento a la discusión.
Pero, hace un momento, el compañero diputado que me antecedió en el uso de la palabra, comenta que no salió un cheque del Congreso y no del partido. Entonces, ¡ quién hizo el pedido, señor diputado ? por un lado.
Por otro lado, a los señores periodistas...
El C. Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): - ¡ No me importa !
El C. Ornaldo Arvizu Lara: - No me importa que no te importe a ti. A los ciudadanos periodistas...
La C. Presidenta: - están prohibidas las alusiones en forma de diálogo.
El C. Orlando Arvizu Lara: - A los ciudadanos periodistas que están aquí, les pido a cualquiera de ellos, si es que alguna vez yo les he enviado algún obsequio y mucho menos un pavo, ni tampoco la Cámara, yo no sé. Y no formo parte más que como miembro de la Cámara y no del aparato administrativo.
Quiero decirles que, ojalá, de veras, Pérez Fontecha se aboque para que se investigue, se abra una investigación al respecto y se castigue a los culpables. De lo contrario que tenga que subir a esta tribuna para que aquí aclare esta acusación tan falaz que ha venido a hacer.
Le agradezco al diputado, amigo mío, que hace un momento hizo una defensa de su servidor y se lo reitero. Y les quiero decir, señores, que con falsedades no se legisla, ya ayer vimos a su dirigente tener un enfrentamiento sin ningún sentido con un compañero también del partido de izquierda.
Sean más serios, yo pensé que los diputados del Partido Acción Nacional, algunos eran serios, y por lo que veo son sólo diputados ofendedores y que no saben ni lo que dicen.
(Voces.)
Disculpen, perdón, disculpe. Quiero que me disculpen, estaba viendo yo a ese lado, disculpe, es una disculpa, está una disculpa que se la estoy pidiendo sin que me la pidan. Mis disculpas sin que me las pidan. Muchas gracias.
(Voces.)
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Mariano Leyva Domínguez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Ruego a los señores diputados y a todos los presentes ocupen sus lugares, guarden orden y atención al orador.
El C. Mariano Leyva Domínguez: - Con su permiso, compañera presidenta; compañeras y compañeros de esta honorable Cámara: Hacemos uso de la palabra para expresar el voto particular de la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional sobre el voto de Egresos de la federación para 1989. Y es en contra, por las siguientes razones:
Primera. La estructura presupuestal de los egresos no se modifica en relación a la aplicada en el sexenio anterior, porque es la continuación de una política económica que ya fracasó.
Segunda. La extensión de unos criterios de política económica como los que subyacen en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, manifiestan el poderío de lo financiero y no garantizan apoyo suficiente a la recuperación de lo productivo, y por supuesto tampoco de las necesidades sociales.
Tercera. El acento en materia de gastos se concentra en abatir presiones inflacionarias. Por eso se reconoce como necesario extender el ajuste, estabilizar para crecer. Parecería ser el eje de esta política económica. Sin embargo, las condiciones de financiamiento continúan orientadas a premiar la especulación financiera y a desestimular la inversión productiva.
Por una parte, el financiamiento del déficit público presiona sobre el mercado de capital de préstamo y así tienden a elevarse las tasas internas de interés, restringiendo, subsecuentemente, la rentabilidad de las empresas productivas.
Por otra, continúa la reducción de la inversión pública. Esta doble pinza atenaza las posibilidades de crecimiento de la inversión productiva, base del crecimiento, según el proyecto. A esto habría que añadir el estancamiento del consumo privado, motivado en gran medida por la contención salarial y la concentración del ingreso.
Cuarta. La profundización de la apertura comercial al exterior, ocasionará en el año de la transición un crecimiento mayor con importaciones, respecto al de las exportaciones. 11.2% de importaciones y 7.9% de exportaciones, continuando de esta manera una tendencia observada desde el segundo semestre de 1988...
El C. Víctor Manuel Ávalos Limón ( desde su curul ): - Señorita presidenta, pido por favor que haya orden en la sala.
La C. Presidenta: - Esta presidencia ruega, de la manera más atenta y comedida, a los señores diputados y a las personas presentes en esta sala de sesiones , guarden orden y silencio y presten atención al orador.
El C. Mariano Leyva Domínguez: - Gracias, compañera presidenta.
Por lo tanto, la conversión del superávit en déficit comercial.
Quinta razón, estamos convencidos de que este presupuesto de gasto, aunque incrementa la asignación al sector social, específicamente el destinado a la prestación de servicios básicos en materia de educación, salud y seguridad social, no es suficiente para recuperar el rezago de los últimos seis años.
Y por otra parte, canaliza el 59.3% al pago de la deuda pública, 59.3%; 146.2 billones, dándole una alta prioridad y contradiciendo de esta manera los criterios generales de política económica para 1989 que propone el mismo Ejecutivo.
Sexta. Consideramos que al presentarse disminuciones reales en los presupuestos de los diversos sectores de la economía que impactan las áreas del desarrollo social y productivo, no será posible crear las bases necesarias para lograr la recuperación de la actividad económica.
Séptima. Estamos en contra de la continua reducción en la inversión pública, ya que mina el papel rector del estado en la economía nacional y favorece la reprivatización de la economía, muestra lamentable de esto es el proceso de desincorporación de empresas paraestatales altamente rentables.
Octava. Es grave por otro lado que en el proyecto de presupuesto el Congreso de la Unión tenga un papel de simple espectador, principalmente porque se disminuyen las atribuciones de analizar, de aprobar y vigilar el presupuesto que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 74.
En resumen, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 1989, continuará apoyando el capital privado interno y externo, con el propósito de que su fuerza gravite aún más en la red de relaciones económicas, mientras que el mundo del trabajo verá menguadas todavía más las condiciones de su sobrevivencia debido a las restricciones de su salario directo y de todas aquellas modalidades de salario indirecto, implícitas en el presupuesto de 1989.
Honorable Cámara; compañeras y compañeros diputados: estas son las razones del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional para rechazar este presupuesto. No es la oposición por la oposición misma, es un profundo análisis que aportamos para conjuntar inteligencias nacionalistas y revolucionarias.
Esperamos, compañeros de esta Cámara, agitar su corazón, agitar que es una palabra que debiéramos revalorar de vez en cuando, esta preciosa palabra de agitar compañeros, porque todo lo que no se agita se pudre, hasta el médico recomienda que se agite la medicina del enfermo antes de usarse.
Esperamos pues compañeros agitar su corazón, penetrar su conciencia y despertar su patriotismo para defender a México y a su pueblo que vigila y espera de esta LIV Legislatura una respuesta a la altura de su historia. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Humberto Roque Villanueva
Humberto Roque Villanueva: - Ciudadana presidenta; honorable asamblea: Quiero iniciar esta intervención con un reconocimiento a la participación de las distintas fracciones parlamentarias representadas en la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta pública porque creo que independientemente de los legítimos y explicables intereses partidistas y divergencias ideológicas, se puso en el tapete de la discusión, por un lado, el asunto de la deuda pública y, por el otro, la conveniencia y necesidad de hacer adecuaciones al proyecto de presupuesto a efecto de que éste resultara más coherente en los términos de la relación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Necesariamente voy a diferir con mucho de lo que han expuesto nuestros compañeros diputados de partidos de oposición. Quiero y deseo hacerlo en los términos más académicos posibles aceptando de antemano que las divergencias ideológicas no tienen porque significar ni burla ni desdoro ni mucho menos motivo de reprobación.
Creo que fundamentalmente el análisis de este presupuesto ha tenido un sesgo que en mi opinión dificulta la objetividad en su análisis. Se supone que al no poder tener en este momento ya, una solución al asunto de la deuda pública, particularmente la externa, todo lo que hagamos en materia presupuestal está viciada de origen y sesga aún más problemas tan graves como el de la distribución del ingreso, el rezago social o la falta del estímulo a las actividades productivas.
Creo pues, que en el asunto de la deuda externa hay que empezar por señalar que estamos enfrentando dos posiciones tácticas, no distintos objetivos, y mucho menos un distinto propósito de carácter nacional que consiste, efectivamente, en reducir el monto acumulado de la deuda y darnos el margen para crecer, y yo en lo particular quiero aclarar que no pienso que únicamente la deuda externa es una de las limitaciones para el crecimiento económico de México; yo pienso que la principal dificultad ha sido históricamente, y lamentablemente sigue siendo, la injusta distribución del ingreso.
Decíamos que se enfrentan dos posturas: una que aquí fue calificada en la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público como voluntarismo, y la otra como una posición negociadora.
¡ Por qué es importante que hagamos un mínimo antecedente histórico de lo que nos aconteció en 1982 a raíz de la moratoria concertada, negociada, forzosa o como cada quién la quiera calificar ?
A quienes recuerden que en aquéllos tiempos el aparato industrial sufrió de serias limitaciones, cuando los proveedores decidieron cancelar el surtimiento de materias primas y distintos insumos para la producción, nos enfrentamos ante una realidad que no por ser conocida deja de ser más lamentable.
La realidad de que la matriz de insumo, producto de carácter industrial en México, y lamentablemente
a veces la de carácter agrícola, depende mucho de proveedores del extranjero.
De tal suerte que para no abonar la conducta de un voluntarismo que pudiera llevarnos a actitudes irreflexivas, lo primero es reconocer con honestidad intelectual y con objetividad analítica, cuáles son los verdaderos márgenes de movilización que tenemos en esta cuestión de la negociación de la deuda externa.
Yo creo que hemos recorrido dos etapas y que nos falta una tercera que requiere una gran unidad nacional.
En una primera etapa recordemos, se negociaron fundamentalmente plazos y diferenciales con respecto a las tasas internacionales particularmente las que fijan el tipo de interés en los mercados de capitales. La tasa Libor y la que se aplica en el mercado de Nueva York.
En una segunda etapa, dimos un paso más adelante y no solamente conformamos con la renegociación de plazos y diferenciales en las tasas de interés, sino que se utilizó el mecanismo comúnmente conocido como Sustitución de Deuda Externa por Inversión y también el de aprovechar la vía del mercado secundario para los bonos cero.
Creo que el problema en el que ahora nos enfrentamos, no es una renegociación en los términos convencionales de estos dos primeros intentos no necesariamente fracasados. Este tercer intento, es precisamente el de negociar el cómo dejar de pagar.
Evidentemente, lo que se ha venido ventilando en la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y en este pleno legislativo, en mucho ayuda y más ayudará que esta polémica se siga acrecentando y profundizando en los términos que plantea el propio dictamen, a través de las comisiones de Programación y Presupuesto y de las de Hacienda y Crédito Público.
A partir del asunto de la deuda, y no por ello pienso que estoy dejando conformes a quienes difieren de la posición negociadora.
La segunda cuestión que se plantea, es cómo se programó, o mejor dicho, cómo se asignó el gasto programable y si este sirve para los propósitos generales de la política económica, contenida precisamente en los criterios generales que dan pie precisamente a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos.
Aquí se han hecho afirmaciones que desde luego son polémicas pero que tienen la virtud de replantearnos las cuestiones de fondo.
Aquí se mencionó si efectivamente en la forma en que asignamos el gasto programable, estamos o no impulsando la distribución o la redistribución del ingreso. Yo recuerdo que por allá en los años setenta hubo un trabajo muy interesante a base de una encuesta desarrollada en la ciudad de Monterrey y que fue pionera en su tiempo, incluso mereció el Premio Nacional de Economía, este trabajo fundamentalmente buscaba encontrar los elementos que influían en la distribución del ingreso en una área urbana, tan característica y tan caracterizada como la de la zona urbana de Monterrey, y una de las grandes conclusiones que se obtuvo en ese trabajo es el papel que juegan los servicios de carácter social que presta el Estado, como complemento a lo que debiera ser en justicia la distribución primaria del ingreso y que en razón de esa misma justicia debiera alcanzar para que todos los mexicanos tuvieran los satisfactores sociales, independientemente de que el Estado los proporcionara o no.
Quiero simple y sencillamente recordar que para el caso de la educación y de la salud y fundamentalmente en el primero de los casos, se demostró en las comisiones de seguimiento, en las reuniones de comisión y seguimiento y evaluación del Pacto de Solidaridad Económica, que las colegiaturas de las escuelas particulares estaban influyendo más que prácticamente todos los bienes y el resto de los servicios que se intercambian en la sociedad para influir en el incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Entiéndase pues que el esfuerzo que se hace en materia de educación y que se hace en materia de salud, tiene un necesario sentido redistributivo; veamos cómo trata esta cuestión el presupuesto que se nos está poniendo a consideración.
El gasto programable de los sectores de desarrollo regional, educación, salud, desarrollo urbano, comercio y abasto, aumentan en conjunto 3.9% real.
Pero sería incompleto este análisis si no nos referimos a otra parte de la teoría de la redistribución del ingreso que tiene que ver con un concepto que aparentemente pudiera resultar ofensivo o un reconocimiento vergonzoso y vergonzante del nivel de la distribución del ingreso que podemos tener en México.
El término que recuerdo yo en la Comisión de Programación, causó de alguna manera cierta inquietud: El de la pobreza extrema.
Se nos propone en este presupuesto un programa de solidaridad social y se nos dice que es fundamentalmente para combatir la pobreza extrema.
Yo quiero traer a colación, a propósito del término, el resultado de una teoría que fundamentalmente tuvo su auge en Estados Unidos de América. Cuando se pretendió por parte de una universidad de ese país encontrar cuáles debieran ser los límites o los cruzamientos entre dos propósitos: el propósito de mantener la libertad en una sociedad y el propósito de ejercitar un mínimo de justicia social.
Sin dejar de conocer que evidentemente no podrán ser los mismos parámetros, porque para empezar en el caso de la sociedad norteamericana se encontró el grave problema de la discriminación racial y la pobreza que ésto suponía, en los términos de un origen racial, y aceptando que en otros países el problema puede ser el tratamiento que reciben de carácter marginal y diferencial por razones de religión, de idioma, y, desde luego también, de carácter racial, debemos de reconocer que lo que nos debe preocupar en el caso de México, es precisamente la existencia de esta pobreza extrema.
¿Qué señala esta teoría? Nada nuevo, lo que desde hace muchos años practica mucha gente en forma natural: la existencia de mutualidades o la experiencia institucional de lo que son la gama definitiva de seguros desde el de vida, hasta el que protege los bienes patrimoniales.
¿Porqué decimos que ésta es una disyuntiva en la que se tiene que escoger entre la libertad y justicia? Porque si nos atuviéramos a un criterio a ultranza de carácter mercantil y fundamentalmente de liberalismo económico, tendríamos que esperar que todos los ciudadanos resolvieran sus problemas de carácter social por medio de su esfuerzo individual y que para nada tendrían que concurrir a un ejercicio colectivo de transferencia de ingresos o de cooperación mutualista.
Precisamente esta teoría que busca resaltar el aspecto de la solidaridad dejaba clara una cosa, en una sociedad el límite de la libertad está dado por precisamente el grado de mayor deterioro, independientemente de la razón de ese deterioro en que se encuentre la parte más desprotegida de la sociedad. Esto también tiene una forma muy coloquial de expresarse, diciendo que no quisiéramos estar como ciudadanos del nivel medio en el nivel más bajo en el que se pueda encontrar un ciudadano mexicano.
Esta verdad que aparentemente es de Perogrullo tiene un gran sentido desde el punto de vista presupuestal, esto es, no podemos dejar al libre juego de ningún tipo de fuerzas la protección a esos grupos de mexicanos que hemos decidido en un alarde de honestidad, calificar que se encuentran en la pobreza extrema.
Yo diría incluso que en el caso del Programa de Solidaridad vale la pena destacar el siguiente hecho: el Programa de Solidaridad Social, resulta ser el más consistente en los distintos tratamientos analíticos del presupuesto.
Esto es, representa un incremento de 34.2% si lo vemos a través del resumen sectorial económico; esto es la suma que se da por el sector central más lo que se da en el sector paraestatal; 34.5% si lo vemos a través de la inversión sectorial y 31.1% si lo vemos en el resumen sectorial de la transferencia.
Esto es, tenemos tres categorías analíticas a través de las cuales podemos juzgar, si está o no bien asignado el gasto programable.
Ya lo hemos dicho el primero, y aquí se han señalado algunas críticas, sobre cómo el sector pesca y el sector turismo han bajado su participación porcentual. Mientras que el sector de desarrollo rural se encuentra, aunque quisiéramos que fuera más, se encuentra en términos prácticamente equiparables a lo que se espera de inflación. Esto es, se espera un crecimiento nominal del gasto programable en desarrollo rural del 18.5%.
¿Pero qué resulta si este gasto de desarrollo rural lo analizamos en la otra versión del gasto social, que es la inversión pública? Entonces veremos que el gasto que tenemos aplicado al desarrollo rural, cuando se ve ya no en el gasto corriente sino en la inversión, prácticamente se duplica.
Ahora bien, aquí se ha planteado, y creo que la pregunta es válida y que requiere un tratamiento lo más a fondo posible, si se puede de alguna manera con este presupuesto que de hecho reduce la inversión pública aspirar a un crecimiento económico del 1.5%.
Yo creo que habría que acudir a ciertos elementos de juicio que nos permiten más o menos si no garantizar sí afirmar el de que es posible este crecimiento.
El primero es de que no podemos descartar el hecho de que tenemos una capacidad ociosa en gran parte de la industria mexicana. No es éste desde luego un motivo de orgullo; sabemos que se encuentra ociosa porque ha habido una reducción en el poder adquisitivo de los trabajadores y porque de alguna manera se ha reducido la demanda agregada. Pero el hecho es que no se requiere, en este momento, un monto específico o mayor en el caso de la inversión pública para aspirar a que pueda haber una reanimación en el crecimiento económico, siempre y cuando se concentre en la parte del gasto social una cantidad suficiente de recursos, y por la parte del sector privado se brinde un horizonte razonable de
previsión para la inversión privada. Y esto nos lleva a otra cuestión que también creo es de la mayor relevancia y que fue planteada por un compañero del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Esto es, ¿se puede con las actuales tasas de interés aspirar a un crecimiento económico o a hacer atractiva la inversión? No será que estas tasas, que ya nos están diciendo más o menos alrededor de qué rango se van a encontrar en los criterios de política y que evidentemente sí resultan todavía altas. ¿No serán estas tasas de interés el talón de Aquiles precisamente que busca reanimar la economía?
Yo haría dos acotaciones: Las tasas de interés, fundamentalmente van a ser utilizadas por dos agentes económicos. O es el agente privado o es el agente público y social.
En el caso de este último recordemos, y el presupuesto lo señala, existe una partida de transferencia para el apoyo de las tasas de interés. Esto es, en el caso específico del campo tenemos que el mayor volumen de transferencia de carácter financiero se va a dar precisamente al Banrural y a la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera.
Pero no falta, es decir, no es la única alternativa, aunque sigue siendo la mejor en opinión de quien habla, el impulso del desarrollo rural, no es la única alternativa para la renovación económica. Se encuentra el resto de los fondos de fomento que se opera a través de Nacional Financiera y aun para la agricultura los que operan con créditos exteriores.
En ambos casos, se da el fenómeno positivo de que está considerado en este presupuesto una transferencia importante de recursos para amortiguar el costo financiero; esto es, reducir en la práctica las tasas de interés en aquéllos renglones que socialmente son convenientes.
¿En qué papel queda el agente privado, que no va a poder aspirar a esta posibilidad de subsidio en las tasas de interés? Evidentemente a que efectivamente se reduzcan las tasas de interés. Y, ¿por qué es posible pensar que se reduzcan estas tasas de interés? En primer lugar, porque en mi opinión se ha logrado desactivar con uno de los principios del Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico la bomba de tiempo que llevaba en sí misma el mayor riesgo para el programa económico. Esto es el tipo de cambio del peso contra el dólar.
En opinión de quien habla, al abrirse la válvula de escape del deslizamiento de un peso diario, prácticamente ya en unos pocos días más, eso espero al menos, ya no tendremos la dificultad de tener que estar premiando en exceso al ahorrador nacional, porque existe desconfianza hacia el peso mexicano, pero hay una tercera razón que va a permitir que la inversión privada, efectivamente, juegue el papel de motor de reactivación o parte de este reactivación y es la tendencia a la alineación de los precios nacionales con respecto a los internacionales y en lo interno, respecto a los más rezagados, en relación a los que de alguna manera aprovechaban la inflación como pretexto para subir sus ganancias en forma monopólica, de tal suerte que al presentar un horizonte confiable para la planeación económica estamos contribuyendo a la reactivación económica.
Por último, quiero dejar asentado, que en última instancia este proyecto de presupuesto, insiste en dos cosas, en perseverar en la lucha contra la inflación y al mismo tiempo empezar a reducir los rezagos sociales que por razones de justicia y de prioridad social no deben ser diferidos en su tratamiento.
Por esas razones yo solicitaría a esta asamblea que en su oportunidad den su voto aprobatorio al dictamen. Muchísimas gracias. (Aplausos).
La C. Presidenta: - Consulte la secretaría a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido.
El C. secretario José Murat C.: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.. Suficientemente discutido.
La C. Presidenta: - Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso, esta presidencia informa que han sido reservados los siguientes artículos: 2do., 3ro., 6to., 7mo., 9no., 10, 13, 14, 25 y 39 y pregunta a la asamblea si se va a reservar algún otro artículo para discutirlo en lo particular.
Proceda entonces la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados en un solo acto.
El C. secretario José Murat C.: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados en un solo acto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación).
Se emitieron 252 votos en pro y 170 en contra. (Aplausos).
La C. Presidenta: - Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 252 votos.
Esta presidencia informa que han sido reservados para su discusión los artículos 2do., 3ero., 6to., 7mo., 9no., 13, 14, 25 y 39.
Asimismo, se informa que los ciudadanos diputados del Partido Mexicano Socialista, han hecho llegar a la mesa directiva su voto particular al que denominan "Evaluación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1989". Recibo e insértese en el Diario de los Debates.
"Evaluación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1989, presentada por el grupo parlamentario del Partido Mexicano Socialista.
Palacio Legislativo. - México, D.F., diciembre 28 de 1988.
I. Antecedentes
En la Exposición de Motivos del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1989, se afirma que la política de gasto para el año entrante buscará hacer compatible el propósito de concentrar recursos en las prioridades sociales del programa del gobierno, con la necesidad de continuar el saneamiento de las finanzas públicas para apoyar la estabilidad de precios y la recuperación gradual de la actividad económica.
Se señala también que, mientras tanto, será necesario hacer un esfuerzo adicional para mantener la disciplina estricta en el manejo económico.
No es la primera vez que se plantean ese tipo de objetivos en el presupuesto: tampoco lo es el que se proponga "un esfuerzo adicional" para continuar con el saneamiento de las finanzas gubernamentales. Por tal razón es importante evaluar el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 1989, tomando en cuenta la situación de la que se parte después de seis años de aplicación de una política de ajustes y de austeridad presupuestal.
La política presupuestal
de los últimos años
Se han documentado ampliamente las negativas consecuencias que la política de gasto público tuvo en los terrenos productivo y social en el sexenio que acaba de terminar. Esta situación llegó a tal grado que en el período reciente su aplicación contribuyó de manera decisiva a generar conflictos políticos de diverso orden, pusieron en tela de juicio las prioridades del gasto público.
A partir de 1983, las finanzas gubernamentales tuvieron como divisa central la reducción del déficit público, para lo cual se buscó incrementar los ingresos como proporción del producto y reducir el gasto destinado a la producción de bienes y servicios; es decir, el gasto programable.
Tales medidas, si bien los primeros tres años se tradujeron efectivamente en una disminución del déficit público como proporción del producto, tuvieron efectos sumamente negativos para la economía en su conjunto, ya que contribuyeron de manera significativa el estancamiento y a la reducción de los niveles de actividad económica, y con ello, a la disminución sustancial del producto por habitante, que entre 1982 y 1988 cayó en doce puntos porcentuales, y actualmente se encuentra a niveles similares a los de hace una década.
A partir de 1986, el déficit financiero como proporción del producto volvió a crecer, llegando a niveles cercanos a los de 1982, como resultado de la caída de los precios internacionales del petróleo y de la equivocada decisión de absorber internamente los efectos de la disminución de los ingresos por exportaciones petroleras.
Pero las finanzas no sólo tuvieron un impacto recesivo sobre la economía, sino que en los últimos seis años vivieron un proceso de transformación profunda en sus objetivos. No obstante, este cambio estuvo lejos de alcanzar el verdadero "saneamiento" presupuestal que se postulaba. En estos años las finanzas gubernamentales alteraron profundamente sus prioridades y modificaron su naturaleza.
Entre 1982 y 1988, las finanzas públicas se vieron atrapadas en una crisis financiera que distorsionó su papel. La evolución de los componentes del gasto público, las fuentes de su financiamiento y las prioridades del mismo, reflejan el privilegio que se otorgó al sector financiero, interno y externo, en detrimento de los objetivos productivos y sociales que debieron guiar al presupuesto.
Si bien el gasto bruto se mantuvo en un 49% en promedio como proporción del producto entre 1983 y 1987, fue muy diferente el papel que jugaron sus componentes, ya que el renglón del gasto programable descendió constantemente, en tanto que el servicio de la deuda aumentó en forma significativa. Así, mientras que el renglón del gasto programable bajó del 28 al 17%
del producto entre 1982 y 1988, el servicio de la deuda pública subió doce puntos porcentuales al pasar del 20 al 32% de Producto Interno Bruto en ese mismo período.
La situación es más clara si sólo tomamos la composición del gasto, que en el sexenio tuvo una drástica modificación en su estructura: el servicio de la deuda alcanzó una participación creciente en el presupuesto total, en detrimento de las erogaciones no financieras. Entre 1982 y 1988 el servicio de la deuda pasó de 40 al 60% del presupuesto, mientras que el gasto programable perdió veintidós puntos, al bajar del 55 al 33% del gasto total en esos años.
Este comportamiento claramente diferenciado de los componentes del gasto determinó el papel que cada uno de ellos jugó en la evolución del déficit público, el cual pudo caer gracias a la contratación de recursos programables y no por el servicio de la deuda, que hizo cada vez más difícil su manejo. La combinación de reducción del gasto programable con el mantenimiento de altas erogaciones para servir a la deuda pública propició que la contracción presupuestal realizada fuera completamente desproporcionada en relación con los avances - siempre inestables - en materia de déficit presupuestal. Tal como los reconocen las autoridades, excluyendo el pago de los intereses internos y externos, las finanzas públicas tuvieron un superávit económico primario desde 1983, lo que da una idea la magnitud del ajuste hecho en el gasto productivo y social.
Dentro del servicio de la deuda, el renglón que alcanzó mayor magnitud fue el pago de intereses, comisiones y gastos, el cual pasó del 14 al 20% de producto entre 1982 y 1988, llegando a representar más de la tercera parte del gasto total en 1987 (37.9%).
El pago de intereses corrobora la distorsión financiera del presupuesto, pues en 1987 este renglón fue cinco veces mayor que los recursos destinados a la inversión financiera destinados a la inversión pública total.
Por su parte, la deuda interna tuvo en esos años un impacto creciente en la evolución de las finanzas públicas y en 1988 representó casi tres cuartas partes del servicio de la deuda pública total (73%).
El saldo es entonces, una reducción de los egresos presupuestados que tienen como destino el pago de sueldos y salarios, las transferencias y subsidios, las compras y adquisiciones, la inversión, los servicios públicos y en general, todo aquello que constituye el gasto programable, el cual debiera ocupar la mayor parte de los egresos presupuestales. Su importancia radica además, en que este gasto promueve la actividad económica y amplía los servicios sociales, por lo que su reducción sostenida se tradujo en los efectos contrarios: caída de la inversión pública y menor gasto en bienestar social.
La inversión pública tuvo una contracción sin precedentes en la historia reciente del país al disminuir en un 61% entre 1982 y 1988. Esto significa que al finalizar este año, la inversión gubernamental representa apenas una tercera parte de la de 1982, con una caída anual de 14% en promedio.
Por otra parte, el gasto social en términos reales también disminuyó, tanto como porcentaje del total en relación al producto. El gasto en salud, y seguridad social y en educación cayeron en estos seis años, con graves consecuencias para la población con menos recursos, que es la que más depende de ese tipo de servicios.
Todo lo anterior ha tenido como resultado el deterioro de la infraestructura social y productiva, el castigo a los ingresos de los trabajadores del Estado y el rezago de los servicios básicos en diversas áreas. Esto hace más claro que la distorsión del papel y los objetivos de las finanzas públicas a que nos hemos referido ha repercutido negativamente en las potencialidades productivas del país, en la calidad y cobertura de los servicios básicos y en general en el nivel de vida de la población.
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E) ESPERADO
P) PRESUPUESTADO
Por si todo esto fuera poco, en ningún año se cumplieron las expectativas de crecimiento de la economía. El control de la inflación, un objetivo por el cual se redujo continuamente el presupuesto, no pudo ser alcanzado sino en forma inestable y hasta el último semestre del sexenio mediante la introducción de un programa de corto plazo que desde el principio implicó recortes sustanciales al gasto público y nuevos sacrificios a los salarios.
Las tendencias y distorsiones presupuestales descritas hasta aquí se reeditan en su mayor parte en el proyecto para 1989, lo que por sí solo es suficiente para estar en contra del mismo y del dictamen de la comisión.
II. El programa para 1989
Tanto en los Criterios Generales de Política Económica como en el Proyecto de Presupuesto se afirma que 1989 será un año de transición. Transición, se supone, a una etapa de crecimiento sostenido con estabilidad de precios. Mientras tanto, se propone llevar a cabo una política de gasto público moderada hasta consolidar el abatimiento de la inflación y lograr una negociación que permita reducir la transferencia de recursos al exterior por concepto del servicio de la deuda externa.
La meta de crecimiento del producto en 1.5% para el año entrante, implicaría una ligera reactivación económica con una tasa que superaría, de lograrse, a la de los últimos tres años. No obstante, esta cifra no sólo es inferior al crecimiento esperado de la población, sino que, si se alcanza, estaríamos llegando apenas a los niveles que la producción nacional tenía hace ocho años, en 1981.
Los ejes de este crecimiento serían la inversión privada y las exportaciones y también el flujo de recursos hacia el país por créditos externos netos de 7 mil millones de dólares.
Lo anterior revela que el programa económico del año entrante está sustentado en supuestos demasiado endebles ya que no hay ninguna garantía de que se contraten efectivamente esos créditos, y su obtención, en todo caso, significaría la reedición de una política que si bien en el corto plazo daría un respiro a las urgencias financieras, a la larga se traduciría de nuevo en una carga para el país por el aumento en el servicio futuro de la deuda externa.
El objetivo central de la política de deuda para 1989, se centra en alcanzar una reducción de las transferencias netas hacia el exterior, lo cual, si bien puede ser inobjetable por el resultado, sí puede ser discutible por la forma de lograrlo. En efecto, la reducción en las transferencias puede lograrse a través de dos medios: bajando el servicio, o incrementando los préstamos, aunque la combinación de ambos movimientos puede tener el mismo resultado. Para el año entrante, en realidad, se espera alcanzar la reducción con el aumento de la deuda más que con la caída del servicio. Si bien esto abriría un margen para mejorar el crecimiento, se continuarán acumulando restricciones para el crecimiento futuro.
Por su parte, las exportaciones, el otro eje del crecimiento, han venido agotando recientemente su margen de éxito. Su expansión no está ya tan garantizada porque la subvaluación del peso se ha estancado y porque para el año entrante no se prevé que las devaluaciones sean un factor de estímulo a la exportación, tal como lo fueron en años recientes. Siendo así, el aumento de las ventas en el exterior depende ya cada vez más de la competividad y de la apertura o ampliación de los mercados internacionales, que continúan restringidos por el proteccionismo y que podrían cerrarse más si se hacen efectivas las previsiones en cuanto a disminución del crecimiento de los países industrializados. Además, el incremento de las exportaciones ha resultado ya insuficiente por sí mismo para financiar la avalancha de importaciones propiciadas por la indiscriminada apertura comercial, al grado de que la economía mexicana se encuentra ya con un déficit en cuenta corriente superior a los 3 mil millones de dólares, mismo que el año entrante podría rebasar los 4 mil 800 millones de dólares.
Por todo ello, puede no ser suficiente el incremento esperado de la inversión privada para recuperar la economía, y menos aún si el descenso de la inversión pública alcanza o supera el 5% en términos reales, tal como lo propone el Ejecutivo en el Proyecto de presupuesto. Se incite en que la inversión pública será importante por su orientación más que por su cuantía, pero su nivel se encuentra ya tan contraído que muy poco impacto tendrá aun cuando se hagan esfuerzos por reorientarla.
La inversión privada, además, no será suficiente para compensar a la pública no sólo porque también su nivel está sumamente deprimido sino porque será incapaz de sustituirla, ya que no tiene el mismo destino ni se orienta con los criterios que deberían guiar a la inversión pública hacia las obras de infraestructura y a acciones estratégicas para el crecimiento futuro del país, incluso si se hacen efectivos e inmediatos los proyectos de coinversión y de concesión de obra pública al capital privado, de los que vagamente se habla en el Proyecto Presupuesto.
En cuanto al resto de los objetivos y acciones generales de política económica para 1989, la Cámara se encuentra sólo ante situaciones de hecho, ya que todo fue previamente definido en un acto de concertación simulada por el Ejecutivo, como parte del Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico.
III. El presupuesto de Egresos para 1989
Pese a lo declarado, el Presupuesto de Egresos para el año entrante no presenta cambios de fondo en su estructura y mantiene el esquema de ajuste que ha caracterizado a las finanzas públicas desde 1983.
El monto propuesto del gasto total significa una reducción en términos reales frente al año anterior de 6.8% y como proporción del producto implica una caída de 3 puntos porcentuales en relación a 1988.
Además, la oferta de Salinas de cambiar la prioridad de la deuda por la del crecimiento hecha el 1ero. de diciembre no se materializa en el Proyecto de Presupuesto para 1989, ya que una vez más la proporción de las erogaciones financieras ocupa la mayor parte del proyecto de cada peso que el Estado gaste el año entrante, 60 centavos se destinarán al servicio de la deuda, 34 a la inversión y a los gastos corrientes, y 6 a las participaciones a estados y municipios. A pesar de que se reconoce que esta situación es insostenible, no hay ningún argumento que justifique porqué se mantiene para 1989. No estamos entonces ante un cambio de fondo sino ante el mantenimiento de las tendencias actuales, como se aprecia en el cuadro siguiente.
COMPOSICIÓN DEL GASTO PÚBLICO
(PORCIENTOS)
1981 1985 1987 1988 1989
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
PROGRAMABLE 69.8 52.5 37.1 33.1 33.9
SERVICIO DE LA 23.6 40.6 57.9 60.6 60.2
DEUDA
INTERESES 11.3 28.7 37.9 31.5 22.3
AMORTIZACIONES 9.8 10.2 19.6 28.2 36.9
ADEFAS 2.5 1.7 0.5 0.8 0.9
PARTICIPACIONES 6.6 6.9 4.9 6.4 5.9
FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal, varios anos, Proyecto de Presupuestos de Egresos para 1989.
En la exposición de motivos se insiste en que la política de gasto de 1989, tendrá como prioridades básicas atender el gasto social y la producción de bienes y servicios básicos y estratégicos. Sin embargo, estos dos objetivos no tienen una traducción clara en la asignación de recursos y difícilmente podrán alcanzarse, como veremos en seguida:
Consecuencias sociales de la transición
En el Proyecto de Presupuesto para 1989, se señala que el desarrollo social constituye la prioridad vertebral del programa de gobierno y que a pesar de las restricciones en el gasto público los recursos destinados a los renglones de educación, salud, vivienda, mejoramiento del ambiente y solidaridad social aumentarán en forma sustancial.
Sin embargo, esta afirmación no tiene sustento real en el propio contenido del proyecto. Del análisis del monto del gasto, de su destino, programas y metas concretas se desprende que no hay un avance real en esa dirección.
El gasto que tiene como destino los renglones vinculados al bienestar social en un sentido amplio, es decir, educación, salud, desarrollo regional y desarrollo urbano y ecología, en 1989 apenas representará el 6% del Producto Interno Bruto, mientras que siete años antes significaba aproximadamente el 8%.
La totalidad de estos recursos representa menos de la quinta parte de lo destinado por el propio sector público al servicio de la deuda.
En el caso de salud, a pesar de que su gasto tiene una mayor participación en el total programable, en términos reales su monto es inferior al de principios de sexenio a pesar de que ha crecido la población que requiere estos servicios.
La misma situación se manifiesta por instituciones: el gasto del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado para 1989, será apenas un poco más de la mitad del ejercicio en 1982, en el Instituto Mexicano del Seguro Social los recursos serán 39% inferiores que los de hace siete años, y la Secretaría de Salud contará con un presupuesto inferior en casi el 40%.
En esta última institución, a pesar de ser notoria la reducción del gasto administrativo, varios programas sustantivos verán drásticamente reducidos sus recursos. Por ejemplo: Atención Curativa contará con menores recursos en 10% que los de 1982; Atención Preventiva con menos de la tercera parte de los ejercidos en aquel año y la Asistencia Social con apenas el 26% de los de la misma fecha.
Tales reducciones se traducen en una caída de las metas programadas, como en el caso de la aplicación de vacunas y la terminación de centros de salud y hospitales generales; la reducción de las consultas especializadas y la hospitalización especializada.
La misma situación se presenta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se observa una reducción en las principales metas frente a 1988, afectando principalmente la hospitalización especializada, la formación de recursos humanos, pensiones y jubilaciones, así como la construcción de unidades médicas de distinto nivel.
En el programa Instituto Mexicano del Seguro Social - Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados se aplicarán en 1989 menos dosis de vacunas que en 1988, se atenderán menos casos en la detección y control de enfermedades transmisibles, y se otorgarán menos consultas de planeación familiar.
Esta información contradice las afirmaciones hechas en la Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos para 1989, ya que con esos recursos no se podrá fortalecer el Sistema Nacional de Salud y, mucho menos, incrementar la eficiencia institucional.
Además se corre el riesgo de incrementar la incidencia de enfermedades transmisibles, sin considerar el creciente deterioro en los servicios de salud pública, que hacen aún más vulnerable a la población de escasos recursos.
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En educación la situación no es muy diferente, ya que la asignación de recursos se eleva en un monto discreto pero real. Sin embargo, para llevar a cabo esta tarea algunos programas del mismo sector son "descobijados" para fortalecer a otros.
En este contexto el presupuesto asignado al sector educativo en notablemente insuficiente para revertir la involución sufrida por el sector durante el sexenio. La insuficiencia de los recursos asignados al sector durante el sexenio que terminó tiene como efecto que para 1989, si bien aumentan ligeramente en términos reales, algunas de las metas principales en materia de educación se mantienen deprimidas comparadas con las de 1988, y prácticamente todas se encuentran muy por abajo de las alcanzadas durante los años 1982 y 1983.
A pesar del incremento en el gasto programable del sector educativo, la asignación de recursos respecto al producto interno bruto se mantiene en
2.8%, cifra inferior a todas las registradas de 1986 hacia atrás; y notablemente abajo de las cifras iguales o superiores al 4% que se alcanzaron entre 1980 y 1982.
La Secretaría de Educación Pública dispondrá para 1989 de 11.3 billones de pesos de los 13.7 billones asignados al sector, de esos recursos la Secretaría de Educación Pública destinará a educación básica el 44.1%, a educación superior el 16.7%, y a educación media superior el 12.1%.
La evolución de las metas físicas en educación refleja que la restricción presupuestal sufrida a lo largo del sexenio pasado produjo un retroceso en lo que se refiere a resultados concretos.
La matrícula en educación primaria general para 1989, será inferior en 12% a la alcanzada en los años 1982 - 1983 y menor en 2% a la programada para 1988.
En educación secundaria general se observa un decremento del 11% entre las metas de 1989 y las de este año. De igual forma en la secundaria técnica se planea una disminución del 2% entre la matrícula de 1989 y la de 1988.
Para el año entrante dos instituciones de educación superior recibirán un mayor apoyo, al incrementarse los recursos asignados en comparación con el año anterior. Estas instituciones son la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana.
Sin embargo, a pesar de esos incrementos no podemos calificar la política educativa como la más adecuada para revertir los rezagos acumulados durante seis años. En todo caso, el gasto representa un primer paso, pero sigue partiendo de que el renglón inafectable es el servicio de la deuda y que los recursos restantes deberán aplicarse de tal forma que en el mejor de los casos permitan mitigar el deterioro social, pero no iniciar un proceso orientado a revertir el retroceso en la calidad de los servicios.
Mención aparte merece la creación del Programa Nacional de Solidaridad Social al cual se asocian la mayor parte de las acciones que según el presupuesto expresan el carácter social de la política de gasto para el año que entra.
Se dice que este programa buscará beneficiar a los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad, atendiendo principalmente aspectos como alimentación, vivienda popular y procuración de justicia, además de mejorar los espacios educativos y proporcionar infraestructura básica.
Frente a un número tan grande de objetivos, el Programa Nacional de Solidaridad Social, tendrá un exiguo presupuesto de apenas 1.6 billones de pesos, cifra que representa el 0.3% del producto y el 0.6% del gasto total.
GASTO SOCIAL COMO PROPORCIÓN DEL PIB Y DEL GASTO TOTAL
SALUD EDUCACIÓN
% PIB % GASTO TOTAL % PIB % GASTO TOTAL
1982 3.5 6.9 4.0 7.8
1983 3.0 6.2 2.9 5.9
1984 2.8 6.1 2.9 6.3
1985 2.9 6.5 3.0 6.8
1986 3.0 5.8 2.7 5.2
1987 2.7 4.9 2.6 4.9
1988 2.6 4.9 2.6 4.9
1989 2.6 5.3 2.8 5.6
FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal, Varios anos, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 1989; Dictamen del Presupuesto de Egreso de la Federación para 1988.
La inexistencia de programas y metas específicas en las cuales se puedan concretar las acciones, hacen dudar de las posibilidades de incidencia del Programa Nacional de Solidaridad Social y relativizan el alcance social del gasto público.
Desde nuestro punto de vista, la atención a la pobreza extrema requiere de un esfuerzo mucho mayor tanto en su monto como en su duración.
Una consideración adicional: para 1989 el Programa Nacional de Solidaridad Social, estará comprendido en el renglón de Desarrollo Regional, sector que en años anteriores ha contemplado prácticamente las mismas metas que el nuevo programa, con la diferencia de que antes se señalaban los instrumentos para llevar a cabo sus objetivos y que ahora están ausentes.
Aun cuando es un avance el reconocimiento gubernamental de la mayor desigualdad y la agudización de la pobreza, este hecho no se traduce plenamente en recursos y acciones dentro del presupuesto.
En lo que corresponde a la participación del Estado en la comercialización de productos básicos se puede señalar que el retiro estatal en la comercialización de básicos ha reducido el poder adquisitivo de la población y profundizado la dependencia alimentaria del país. Y esta situación continúa proponiéndose en el presupuesto para 1989.
La principal empresa en esta actividad, Compañía Nacional de Subsistencias Populares, aumenta ligeramente su participación en el gasto total en comparación a 1988, pero aún así no se acerca siquiera a su participación de 1982.
La política propuesta para Compañía Nacional de Subsistencias Populares en 1989 generará una caída en las metas de operación de la entidad. Por ejemplo, los volúmenes de compras nacionales superarán apenas la meta obtenida en 1983.
Las compras de importación propuestas para 1989 serán 1.1 millones de toneladas más que las estimadas para 1988.
Con lo anterior tenemos que mientras la proporción entre compras nacionales y de importación en 1982 era del 49%, en 1989 esta proporción será del 81%, vulnerando con esto nuestra independencia alimentaria.
Por su parte, las ventas nacionales para 1989 aumentan respecto a los tres años anteriores, pero significan todavía la mitad de las ventas efectuadas en 1982.
Comparando los subprogramas de Compañía Nacional de Subsistencias Populares de 1989 y 1984, se puede apreciar una reducción promedio en los recursos de cerca del 58%, siendo los más afectados los de otros productos, oleaginosas, trigo y gramíneas.
Cabe hacer notar que uno de los subprogramas que más crece es el de la leche en polvo con un 89%, pero se debe principalmente al aumento en el costo de importación del producto, más que al que la cantidad comprada.
De continuar la precaria situación de la comercialización y el abasto, resultará muy difícil cumplir con los objetivos de: abastecimiento oportuno de productos generalizados; regular con más énfasis los mercados de productos básicos; y garantizar una ampliación de la cobertura de acceso de la población de escasos recursos económicos a los productos básicos, ya que con la retirada del gobierno en el mercado de los productos básicos, se deja en manos de la especulación y el acaparamiento la satisfacción del mercado interno básico.
Los alcances productivos.
Resultados de la reestructuración de empresas públicas
Como hemos señalado, la política seguida durante el sexenio que concluyó provocó un cambio sustancial en los objetivos del sector público y de las entidades que lo integran.
Tales modificaciones propiciaron alteraciones en las distintas áreas de intervención estatal y modificaron con ello los niveles de producción y generación de empleos del sector público.
A diferencia de lo señalado en los documentos oficiales, los cambios ocurridos no han ayudado al fortalecimiento de la rectoría estatal ni a salvaguardar del proyecto histórico de la nación. Por el contrario, la reestructuración de las empresas públicas está enmarcada fundamentalmente por los criterios de saneamiento financiero. Una característica más de este proceso es la casi absoluta discrecionalidad del Ejecutivo en la definición de cuáles empresas son prioritarias o estratégicas o han dejado de serlo para, a partir de esto, venderlas, fusionarlas o liquidarlas.
Esta situación la hemos hecho notar en múltiples ocasiones, pero hoy, al iniciarse un nuevo sexenio es fundamental evaluar las implicaciones de tal política.
Según información oficial, como consecuencias de la reestructuración del sector paraestatal, entre 1983 y 1987 se liquidaron o vendieron 700 entidades públicas con lo que a la fecha apenas se cuenta con 450 organismos y empresas, retirándose así el Estado de veintidós ramas económicas.
En el aspecto de saneamiento financiero, esta política no ha significado un aporte sustancial a las arcas gubernamentales, y a que los ingresos obtenidos por la desincorporación y venta de empresas en los últimos seis años ascendieron a 1 billón 584 mil millones de pesos, cifra que representa apenas el 2% del pago de intereses totales de la deuda en 1988, y el 3% de los ingresos presupuestales del sector paraestatal en el mismo año.
Esta situación refleja que el proceso de desincorporación no responde efectivamente al objetivo de sanear las finanzas públicas, y busca en cambio, redefinir la participación del Estado en la economía.
Enmarcado en esta política, el gasto productivo destinado a las entidades paraestatales ha disminuido en cerca del 17% de 1982 a 1989, la inversión de las entidades públicas representa en 1988 apenas las dos quintas partes de lo ejercido en 1982.
De esta forma la disminución de recursos ha repercutido en la menor producción de algunas entidades paraestatales, como puede observarse en el cuadro siguiente:
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Además, la política de desincorporación de empresas públicas seguida hasta la fecha demuestra que sus criterios no están suficientemente definidos, dándose casos de venta de entidades que no presentaban problemas financieros para su funcionamiento junto con otras que sí tenían ese tipo de dificultades para su desarrollo.
En distintos documentos las secretarías encargadas de llevar a cabo este proceso, han señalado que la reestructuración busca concentrar la inversión en áreas estratégicas y prioritarias y elevar la eficiencia y la competitividad de estas entidades con el exterior.
Sin embargo, ese objetivo no se ha cumplido, al grado de que la inversión en las principales entidades públicas ha disminuido como es el caso de Petróleos Mexicanos (71% en 6 años), el de la Comisión Federal de Electricidad ( - 79%) o Fertimex ( - 59%), entre otras.
Las áreas más castigadas en su gasto durante el sexenio anterior fueron: la industria automotriz paraestatal, la industria energética, la alimentaria, la de salud y la de seguridad social. En promedio la caída en el gasto fue de cerca del 40% en seis años.
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La propuesta para 1989
En la exposición de motivos del proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos para 1989, se habla de que en el sector industrial la política se orientará a la modernización y el fortalecimiento de la actividad productiva nacional, para lo cual continuará la desincorporación de entidades, públicas no estratégicas ni prioritarias. También se pretende garantizar la autosuficiencia nacional en materia de bienes y servicios básicos, incrementar la productividad y eficiencia de las entidades,
mejorar el aprovechamiento de los recursos naturales y fomentar la producción y exportación de los productos no petroleros.
A excepción del primer objetivo, el resto no se ve correspondido con mayores recursos para realizarse.
La venta de empresas es un hecho ya que Diesel Nacional, Productos Pesqueros Mexicanos y Siderúrgica Nacional, entidades sujetas hasta ahora a control presupuestal, son excluidas del Proyecto de Presupuestos de 1989.
Por otro lado, el objetivo de garantizar la autosuficiencia nacional en materia de bienes y servicios básicos queda en entredicho ya que la industria alimentaria y la relacionada con el sector rural ven reducidos sus recursos, y en comparación con el gasto ejercido a principios del sexenio anterior, apenas representan las tres quintas partes.
Lo mismo sucede con las entidades del Sector Salud y Seguridad Social, cuyo presupuesto es inferior en términos reales a 1988, y apenas representa poco más de la mitad de los ejercidos en 1982. Con este monto de recursos difícilmente se logrará garantizar la atención a la población demandante de estos servicios en 1989 y aún más difícil será revertir los rezagos generados por la política seguida en la anterior administración.
En cuanto al objetivo de incrementar la productividad y la eficiencia operativa de las entidades paraestatales, así como fomentar la producción y exportación de los productos no petroleros, la situación es aún más grave, ya que para la industria paraestatal metalmecánica el gasto de 1989 en relación con el de 1988 es inferior en casi 8%. En relación a la industria automotriz la situación es similar ya que el gasto para 1989 apenas representa la quinta parte del de un año antes y 10% del ejercido seis años atrás.
Como resultado de esto, las metas de producción de arrabio, acero líquido y productos terminados de la industria siderúrgica paraestatal, para 1989 son inferiores a las de 1987 en un rango que va del 4 al 38%. Lo mismo ocurre con la producción de carros de ferrocarril y la de coches para metro, y lo más grave, la desaparición casi total de la industria automotriz paraestatal, encabezada por Dina y Sidena.
En este marco, el gasto programable destinado al sector industrial es menor en 10% al del año anterior y representa apenas la mitad del ejercicio seis años antes.
Con esta política difícilmente se logrará fortalecer la capacidad productiva del país y, por el contrario, se continuará mermando la capacidad rectora del Estado.
Sector Energético.
Comisión Federal de Electricidad
La participación del sector eléctrico en el gasto programable del Sector eléctrico en el gasto programable del Sector Paraestatal propuesto para 1989, aumenta en comparación a la que había mantenido en años anteriores. Sin embargo el gasto programable paraestatal en su conjunto está muy castigado, el grado de que incluso con ese aumento de participación el sector eléctrico queda muy reducido en sus recursos. De esta forma, el gasto programable de organismos y empresas, en términos reales es 20% inferior al presupuesto el 48% del gasto ejercido en 1987.
Considerando la evolución del gasto del sector eléctrico y los programas en los que operó hasta 1988, encontramos que la totalidad de los programas disminuyen en sus recursos en casi 45% frente a 1987. El gasto en generación de electricidad de origen primario se reduce a un tercio de lo que fue en ese año. Ello no sólo afecta la capacidad de generar electricidad, sino también la diversificación de las fuentes para obtenerla.
El gasto de operación de las fuentes primarias (hidroelectricidad y geotérmica) es muy bajo en comparación con la de hidrocarburos, pero implica una mayor inversión. El postergarlas significará a futuro poca disponibilidad de energía para el crecimiento económico.
El único renglón que aumenta frente a 1987 es el de electrificación rural, pero como podemos observar en el cuadro de la página siguiente su participación en el total de la Comisión Federal de Electricidad apenas llega al 0.5%, frente al de por sí escaso 1.5 por ciento de 1982.
En contraparte, el renglón al que se destina la mayoría del gasto del sector es la generación de electricidad. Sin embargo los sucesivos incumplimientos en el sexenio que recién terminó dejaron al país en una situación grave, al grado de que el presidente Salinas reconociera que por un tiempo el país no podría crecer más que lentamente por el rezago en la infraestructura, en la cual incluía expresamente la energética.
CAPACIDAD DE GENERACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO
Metas y nivel de Cumplimiento
(Megawatts)
Año Presupuestado Realizado Grado de Cumplimiento %
1983 1239 600 48.4
1984 1130 660 58.4
1985 1507 1017 67.5
1986 1507 758 50.3
1987 2090 1724 82.5
1988 1537 863 56.1
1989 318
Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal (varios años). Presupuesto de Egresos de la Federación para 1989.
En términos reales, para 1989 se reduce el presupuesto a este renglón en un 13% frente a 1988. En el caso de la generación de origen primario la reducción es mayor y la meta de aumento de la capacidad instalada es de sólo 318 megawatts, muy inferior a la de por sí insuficiente de años anteriores que ascendía a 1 mil quinientos megawatts en promedio y que en 1987 fue de más de 2 mil.
Tales resultados son consecuencias de que en el pasado sexenio casi no se iniciaron nuevas obras; pero es aún más grave el que no quede clara la función a cumplir en este año por la núcleo eléctrica Laguna Verde, ya que ésta tiene una capacidad de generación de más del doble que la meta total que se nos presente y sin embargo no se incluye.
Considerando otras menciones sobre Laguna Verde en el texto presupuestal, queda claro que se parte del que la unidad ha entrado en operación en 1988, sin hacer mención de su capacidad de generación para 1989.
Así las cosas, el efecto acumulado de esa contracción es grave. Sólo frente a 1983 y en comparación con las metas del Programa Nacional de Energéticos 1984 - 1988, el rezago llega a casi el 10% en 1988 y si no entra en operación Laguna Verde I, el rezago crecerá a casi 15% y seguirá aun cuando se cumplieran los programas previstos para 1989.
CAPACIDAD INSTALADA DEL TECTOR ELÉCTRICO
Metas del Programa Nacional de Energéticos 1984 - 1988 y Resultados Alcanzados
(Megawatts)
Año Metas del PNE 1 Alcanzados (1) Rezago Frente
al PNE
Proyectos
1983 19 070 19 070 2.3
1984 20 200 19 730 4.2
1985 21 665 20 747 7.4
1986 23 235 21 505 6.8
1987 24 920 23 229 9.9
1988 26 727 24 092 12.6
1989 28 665 25 064
1 Se suma la capacidad agregada en el año, con la acumulada anterior.
Fuente: Programa Nacional de Energéticos 1984 - 1988. Cuenta de la Hacienda Pública Federal (varios años.)
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 1989.
Petróleos Mexicanos
El presupuesto de Petróleos Mexicanos para 1989 es inferior en 28.4% frente al de 1988 y menor en 48% al de 1987. En este con - texto, los gastos de administración aumentan su participación en el gasto total de la entidad en 1.6 puntos porcentuales.
La reducción en el gasto se da fundamentalmente en el área de producción primaria, el cual frente a 1988 es menor en 41%, situación que repercute en menores obras de perforación que para 1989 serán prácticamente la mitad de las realizadas en años anteriores.
Ante el objetivo de atenuar el declive de las reservas petroleras, estas menores obras de perforación propiciarán la sobreexplotación de pozos y campos causando graves daños a la producción de largo plazo.
En cuanto a las plantas de refinación y petroquímica, se plantea la necesaria terminación de la primera etapa del Complejo Petroquímico Morelos, pero nada se dice de la terminación de las ampliaciones de las refinerias de Tula y Salina Cruz, y en especial de las urgentes obras para producir gasolina sin plomo.
En el siguiente cuadro podemos observar los estragos causados por la falta de planeación en la ejecución del gasto de la entidad.
El programa de comercialización para 1989, es menor en 22.6 % al de una año antes, y la caída frente a 1987 será del orden del 47%.
Dentro de la misma área de comercialización es grave lo exiguo del presupuesto programado para flota petrolera. Por un lado se habla de adquirir con recursos propios 4 remolcadoras, pero no se destinan recursos para llevarlo a cabo. De los 794.1 miles de millones de pesos asignados al programa, cada centavo se va a gasto de operación, el cual cubre el llamado arrendamiento puro, dentro del cual se tiene planeado para 1989 alquilar 10 buques tanques y diversas embarcaciones de apoyo.
Desarrollo rural.
En este sector no se presentan cambios en la política a seguir. Los propósitos fundamentales de soberanía alimentaria, mejoría del bienestar social y desarrollo económico del país, pretenden llevarse a cabo con un aumento en el empleo e ingreso rural, lo mismo que en la producción. Sin embargo todo lo anterior se quiere realizar con una disminución del 1.9% real en comparación al año anterior y del 77% de lo destinado siete años antes.
La importancia que se le asigna declarativamente al desarrollo rural no corresponde con el monto de su presupuesto en 1989.
Únicamente se hace énfasis en la coordinación entre las acciones del gasto con la política macroeconómica. Su escaso aumento en la participación del gasto programable no alcanza mínimamente los niveles tenidos en 1982 y 1985.
La manera en que esta política macroeconómica orienta al sector se puede observar en el hecho de que el gasto rural equivaldrá en 1989 al 0.1% de lo que se paga por concreto del servicio de la deuda, cuando en 1983 representaba el 12% de dicho gasto.
Además de lo anterior, la política de gasto rural se sostendrá en instrumentos como los precios de garantía, créditos y seguros agropecuarios, así como en estímulos fiscales. Cabe señalar que, como lo ha reconocido la Cámara de Diputados, los precios de garantía han sufrido una disminución real y que las metas de crédito son apenas similares a las de 1982.
La inversión para desarrollo rural disminuye 81% frente a 1982. Esto significa que el aumento en el sector será insuficiente para remontar el regazo sufrido desde hace seis años.
Las metas esperadas son en algunos casos menores a las de cada año atrás. Por ejemplo: hay una reducción promedio de 30% en la realización de asesorías técnicas en hectáreas de temporal y de riego de lo que se dio en 1985. La menor disponibilidad de créditos hace que se agudice la ya de por sí difícil situación del campo mexicano.
Gracias a la política agraria seguida en el sexenio pasado el campo mexicano produce en distritos de temporal una cuarta parte menos de frijol y 64% menos de trigo de lo obtenido en 1982; la producción de arroz durante 1988 fue menos de la mitad de lo correspondiente a 1987 y la producción de maíz apenas alcanza los niveles de 1981.
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Ahora, en el presupuesto que se propone para 1989 la dependencia que encabeza el sector tendrá una reducción sustancial en sus principales metas y recursos frente a los que se estiman para 1988, por ejemplo:
La cobertura de medidas fitosanitarias disminuye 28%;
El presupuesto destinado al desarrollo de áreas de temporal baja a la mitad;
El presupuesto de rehabilitación de áreas de riego baja 33%;
La cobertura de hectáreas de riego disminuye al 86%;
Para explotación forestal se destinará solamente cuatro quintas partes de lo previsto para el año pasado, y
En captación y conducción de agua, la disminución presupuestal llega al 71%.
La conjugación de factores como la disminución de la producción de bienes básicos, la restricción en la inversión agropecuaria y del presupuesto destinado al campo, el restringido acceso a créditos, seguros, semillas y tecnología; las contracciones de los precios de garantía y el intermediarismo que se vive en el agro mexicano, convierten en desesperante la situación de los campesinos.
Para el abasto nacional, se proyecta destinar el 5.9% de su gasto programable, que a pesar de aumentar no logra el nivel alcanzando en 1982.
El sector abasto sufre una disminución real frente al año anterior; al compararse con 1983 este presupuesto muestra una caída del 51%, indicando el alejamiento sustancial de una de las necesidades prioritarias como es la alimentación básica de la población.
A pesar de aumentar dicho presupuesto en el gasto sectorial, no se rebasan los montos reales de 1983 y 1984. Más aún, para 1983 este gasto representaba el 12% de lo que se destinaba a pagar el servicio de la deuda y para 1989 se prevé que será equivalente al 4% de dicho pago.
La inversión pública en comercio y abasto sólo aumenta en 0.1% ante 1988 en su participación del gasto programable, siendo mucho menor a lo que representaba en 1985. Durante 1982 - 1989 la disminución real por concepto de inversión en el sector será del 84%.
La propuesta que se presenta en el presupuesto, prácticamente significa la liquidación de la participación pública en la pesca, pese a que en el presupuesto del año pasado, todavía se le otorgaba carácter prioritario a este sector, como promotor del desarrollo regional y por su capacidad en la generación de alimentos, empleos, capital y divisas.
La captura de divisas ha sido la directriz fundamental seguida en el sector, mientras se dio un profundo abandono del resto de los objetivos del mismo. Para el próximo año se plantea reforzar esta política a partir de un programa de desarrollo pesquero que contempla entre otras acciones fundamentales la revisión del marco normativo y regulatorio, así como la promoción del capital de riesgo y la inversión mixta.
Para la inversión mixta, el gobierno federal planea destinar menos recursos que antaño: 01% de la inversión pública total. Esto significa que en términos reales la inversión pública en el sector pescado cae en 95% de 1982 a 1989.
El crecimiento que se propone para el sector (5.8%) es menor al incremento del año anterior (8.7%) y es insuficiente para recuperar el descenso sufrido en los últimos años.
El gasto para 1989 en el sector pesquero es tan sólo el 36% del presupuestado para 1988. La caída real en el gasto pesquero de 1989 con respecto a 1982 es del 95% y su presupuesto equivale al 0.1% del pago en el servicio de la deuda para 1989, cuando en 1982 era el 2.4%.
Esta situación se reflejará en la producción de alimentos. El consumo por habitante de productos pesqueros apenas será equivalente al de diez años atrás. Consumiremos cinco kilos por persona menos que en 1981.
La captura prevista para 1989 implica 95 mil toneladas menos que en 1988 y será 6% inferior a lo alcanzado en 1981, desaprovechándose una gran cantidad de recursos marinos con los que el país cuenta. Otras importantes actividades como industrialización y comercialización contará con un menor impulso a partir de que se plantea la desaparición de la más importante empresa paraestatal del ramo, Propemex, S. A. de C. V.
En industrialización, por ejemplo, se contemplan 24 mil toneladas menos respecto a 1988. En la comercialización se plantea un aumento de 28 mil toneladas respecto al mismo año y la desaparición absoluta de Propemex en esta actividad. Lo anterior junto con la escasa participación de
Tepepan deja al mercado interno sin una clara política reguladora. Orientando la actividad pesquera hacia el mercado exportador, al cual se le destina el 20 por ciento de los productos.
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Propemex sufre una caída en su gasto del 96% respecto a 1988 y representan tan sólo el 1.7% real de lo que se le destinó en 1982.
Se asegura en el texto que las transferencias han sido objeto de un cuidadoso estudio a fin de ser utilizadas eficientemente "propendiendo a que las empresas operen con recursos propios", afectando de esta manera a los consumidores, ya que se recordará que una de las explicaciones constantes para la variación de los programas de esta empresa para años anteriores era el rezago presentado entre los costos y los precios, principalmente los relativos al enlatado por la importación de hojalata.
La reestructuración en marcha continuará de manera intensiva con las gestiones de venta de las empresas que queden, con lo que se puede interpretar que 1989 será un año de virtual retirada del gobierno en la actividad pesquera.
Respecto a la infraestructura se conservarán 11 barcos de investigación menos y básicamente se realizarán obras de dragado y conservación, además de las pérdidas sufridas con la desaparición del programa de flota sin precisar quien asumirá esta tarea.
A pesar de su riqueza marítima en materia alimentaria y productiva, México apenas ocupa el decimoctavo lugar mundial en pesca y de continuar la tendencia a aplicar esta política pesquera, en el futuro será un país importador de productos del mar.
Comunicaciones y Transportes
Este sector ha sido considerado no sólo en el mantenimiento y ampliación de la infraestructura, sino para diversas estrategias prioritarias como las de desarrollo regional. Las acciones presupuestales han sido orientadas a incrementar la oferta de las distintas vías de transporte y medios de comunicación.
Sin embargo las posibilidades de desarrollo del sector, han sido disminuidas de manera especial en los últimos años destacando 1988, año en que los reajustes al proyecto de presupuesto que originalmente presentó el Ejecutivo, debido al Pacto de Solidaridad, son ilustrativos de la escasa prioridad que tiene el sector para el gobierno Federal.
En el actual proyecto se establece un presupuesto que supera en 43% al estimado para el año que culmina, pero lo que no se dice es que la cantidad que se propone está por debajo del monto aprobado hace un año.
De manera inicial, se programaron en el sector para el año pasado 7 billones 993 mil millones de
pesos, cifra que disminuyó con motivo del pacto a 7 billones 095 mil. Y en el proyecto de presupuesto para 1989, se establece un gasto estimado en 1988 de 5 billones 298 mil millones que se propone aumentar para el próximo año a 5 billones 510 mil millones. Como se observa la cantidad que se propone es una cuarta parte menor a la aprobada hace una año.
Si bien la fe de erratas de la exposición de motivos del presupuesto nos dice que es moderado el crecimiento en el sector puesto que ahora ya no se incluye Aeronaves de México ni el gasto de la empresa Servicio de Transbordadores y Servicio de Dragado, o estas entidades tuvieron un gasto de sólo 727.1 mil millones de pesos, cantidad insuficiente para explicar como se pretende hacer.
Otro elemento a considerar, es que hay acciones originalmente programadas para 1988, que posteriormente fueron afectadas por efecto del pacto y que se mantienen fuera de consideración para el presupuesto de 1989.
Un caso lo representa el aeropuerto de Tepic, y la modernización de la carretera Villahermosa - Coatzacoalcos, así como la de reconstrucción de locomotoras para ferrocarril.
Estas insuficiencias evidentes repercuten en la no consecución de algunos objetivos del sector, y sobre todo difieren las posibilidades de desarrollo de ciertas regiones del país. El análisis del sector no puede pasar por alto la reestructuración del mismo, derivada de la privatización de Aeroméxico, y Los Servicios de Transbordadores y de Dragado. En especial la venta de la primera empresa, además de las implicaciones económicas y políticas que tienen, y la forma en que fue llevada a cabo, aspectos sobre los cuales hemos abundado en otras ocasiones, hay que resaltar el hecho de que en las metas y acciones de programas en el presupuesto de 1988, estaban lejos de perfilar las ventas de esta empresa, incluso algunos objetivos del sector apuntaban a mantener como entidad paraestatal dicha línea aérea.
Entre los objetivos que se planteaban para esta empresa, se contemplaba sustituir aviones obsoletos por otros más modernos, así como modernizar la infraestructura terrestre de la empresa, además de que se hacía referencia a la importancia del transporte aéreo para el proceso de desarrollo económico y social, ayudando a la integración regional; nacional e internacional, vinculando los polos de desarrollo del país y promoviendo importantes beneficios en el empleo y la distribución de riquezas, cuestiones hechas de lado al ser vendida la empresa.
Analizando los diversos modos de transporte y comunicación, observamos que en mucho el presupuesto que se propone solo busca mantener la infraestructura existente, y muchas acciones no son sino mera continuación de obras programadas para ejercicios anteriores, inclusive algunas que ya deberían estar terminadas de acuerdo a lo que con anterioridad se programó.
Este hecho que pone en entredicho la validez de la aprobación del presupuesto por parte de la Cámara, pues evidentemente ésta se realiza considerando la celebración de determinadas acciones que posteriormente vuelven a ser propuestas, por lo que se requiere mayor control sobre la acción generalizada del gobierno federal.
En el caso del transporte carretero, la construcción de nuevas carreteras se limitará a obras ya en proceso como la carretera Fronteriza del Sur, la de Teotitlán a Tuxtepec o los libramientos de Manzanillo, Montemorelos y el Álamo. Además, aparece como acción el puente de Tampico, el cual estaba proyectado a terminarse en el presupuesto de 1988.
Cosa curiosa es el hecho de que la asignación a los proyectos arriba mencionados, en la mayoría de los casos es exactamente igual a lo que se les asignó para ser gastado durante el presente año, hecho que nos muestra por una parte las deficiencias en la planeación de estas obras, y por otro el que las acciones en proceso seguramente tendrán un largo lapso de tiempo antes de ser concluidas, lo que demerita la posibilidad de que las mismas tengan un impacto positivo en las zonas en que se construyen.
En lo relativo a la ampliación y mejoramiento de carreteras, también se programan acciones que son continuación de las presupuestadas con anterioridad, por lo que lo que se proyecta al respecto, tiende a ir desarrollando un rezago en este terreno.
Un segundo modo de transporte a considerar es el ferroviario, en el cual también se proponen metas que simplemente continúan las establecidas para ejercicios anteriores. Además de este hecho, es relevante el que si bien se incrementa en una mínima proporción la carga neta que se proyecta transportar por este medio, disminuirá la carga neta por kilómetro, así como el número de pasajeros que se transportarán y el promedio de pasajeros por kilómetro.
Este hecho, junto con otras metas como las de durmientes que se sustituirán a los metros cúbicos de balasto que se aplicarán para la conservación de la infraestructura ferroviaria, revela que los programas están por debajo de lo que se proyectó para 1988.
También disminuyen los kilómetros en que sustituirán rieles, tanto en riel nuevo como de recobro, además de que se sigue planteando una subutilización de recursos, pues sólo se propone
al igual que en 1988, mantener en 76% el coeficiente de utilización de locomotoras y en 95% el equipo de carga. Todos estos elementos, nos llevan a concluir que no hay intención por desarrollar el transporte ferroviario, que le permita jugar un papel de importancia para impulsar el desarrollo regional y nacional.
Muy diferente es la situación en relación al transporte marítimo, pues para el año próximo se propone realizar obras en un gran número de puertas, y si bien ya no se considera presupuestalmente al servicio de dragado, es obvio que esta profusión de acciones tiende a mejorar la infraestructura portuaria del país. Sin embargo, a la vez que se consideran más puertos, en algunos casos como en Progreso, se vuelve a programar una acción que es mera continuación de acciones anteriores, además de que muestra la intención de priorizar un desarrollo basado en aumentar la capacidad exportadora del país, haciendo de lado otras necesidades básicas.
IV. Conclusiones
El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1989 implica una política de gasto que en lo esencial mantiene las tendencias de los últimos años. Los rasgos generales de este comportamiento se expresan sobre todo en los siguientes hechos:
- Una disminución del gasto público total en términos reales frente al ejercicio del año anterior, lo que implica no sólo que éste no será motor de la reactivación económica, sino que su monto resulta insuficiente para iniciar un proceso orientado a fortalecer y ampliar la infraestructura y los servicios básicos que requiere el país.
- Una distorsión en la estructura de los egresos presupuestales que, de nueva cuenta provoca que el gasto programable pierda peso en relación al total, mientras el servicio de la deuda ocupa una proporción mayor. Para 1989, se propone que el servicio de la deuda asciende al 60% del gasto mientras que la programable se le asigna el 34%.
- Lo anterior refleja la incongruencia entre lo declarado en materia de deuda externa y las propuestas concretas del Proyecto de Presupuesto de Egresos: por un lado se reconoce la carga que el servicio del débito externo significa para el país, al impedir su recuperación económica y se considera que esta situación es inaceptable e insostenible como lo ha venido diciendo la oposición desde hace mucho tiempo y por otro se propone aprobar un presupuesto que mantiene y amplía esa situación. Una nueva caída de la relación gasto programable producto y de dicho gasto en términos reales, lo cual, lejos de contribuir a mejorar la situación de la planta productiva, se vendrá a sumar a los rezagos acumulados en los seis años anteriores
Un gasto público cuyo destino sectorial no tiene modificaciones sustantivas, ya que los recursos orientados al bienestar social como salud y educación, a pesar de su aumento en términos absolutos, mantiene su participación dentro del producto total. Esto significa que es limitado e insuficiente el pretendido enfoque social del presupuesto. Además de ello, en el terreno productivo en muchos sectores se presentan disminuciones o estancamientos de las metas físicas, frente a las del año anterior, destacando las reducciones en el energéticos, agricultura y pesca.
Un programa de atención a la pobreza que ocupa una parte marginal de los recursos, los cuales resultan demasiado escasos frente a la magnitud de las necesidades de los grupos más desprotegidos del país. Una carencia esencial es que no se contempla ningún tipo de medidas redistributivas del ingreso ni orientadas a elevar efectivamente el nivel de vida de la gran mayoría de los mexicanos. Por el contrario, la estrategia en la que se enmarca el Presupuesto implica que durante el año entrante los ingresos de la mayoría de la población no mejorarán en términos reales.
- El desarrollo social no constituye la columna vertebral del programa de gobierno para 1989. Del análisis del Proyecto de Presupuesto se concluye que no hay bases reales para sustentar una nueva orientación del gasto en esa dirección.
- La continuidad en la política de venta o liquidación de empresas públicas se expresa en que el año entrante Productos Pesqueros Mexicanos, Siderúrgica nacional y Diesel Nacional dejarán de ser entidades sujetas a control presupuestal. Esto implica que una vez más la desincorporación de empresas se da sin mediar discusión alguna y en ausencia de una definición clara de los criterios que deben guiar la intervención del Estado en la economía. No se presenta tampoco ninguna evaluación sobre el desempeño de estas tres empresas. Lo anterior se ve complementado con un elemento explícito de la estrategia de la nueva administración: la desregulación comercial e industrial del Estado.
- El rasgo más negativo del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación es su sesgo financiero. La comparación entre el servicio de la deuda total y la inversión para el año entrante revela las negativas consecuencias que éste tendrá en el terreno productivo, ya que el servicio de la deuda es diez veces mayor que la inversión pública que se espera realizar.
En suma, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 1989 y el dictamen aprobado por la diputación priísta, no contienen ningún
elemento que haga sostenible la propuesta de que el año próximo sea efectivamente un período de transición hacia una etapa distinta. Pero lo grave, es que el presupuesto no contiene nada concreto sobre cómo se sentarán las bases para una recuperación gradual y firme de la economía.
La C. Presidenta: - para hacer una proposición a nombre de la comisión, ha solicitado hacer uso de la palabra, la ciudadana diputada Yolanda García Treviño.
La C. Yolanda García Treviño: - Ciudadana presidenta...
El C. Pablo Gómez Alvarez (Desde su curul): - Una moción de orden a la asamblea.
La C. Presidenta: - Esta presidenta ruega a los ciudadanos diputados y a todos los presentes en este recinto parlamentario tengan a bien ocupar sus lugares y presten atención al debate y a todos y cada uno de los oradores.
La C. Yolanda García Treviño: - Ciudadana presidenta; compañeros diputados En nombre de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, acudo ante esta tribuna para dar cuenta del acuerdo que han llegado los grupos parlamentarios de esta Cámara de Diputados, lo que da muestra una vez más del deseo de concertación en el que se encuentran nuestros grupos, y que además, denota la congruencia entre lo expresado y lo hechos a este respecto. Dicho acuerdo parlamentario es el que modifica el artículo 39 de la Ley de Egresos, el que ahora quedará de acuerdo al texto que se propone y que a la letra dice: "Artículo 39. Para la desincorporación de entidades paraestatales creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión, se requerirá autorización previa del mismo. (Aplausos.) En los términos de los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y los respectivos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, el Ejecutivo podrá proceder a la desincorporación de entidades paraestatales sujetándose a los siguientes bases:
a) Las propuestas que formule la Secretaría de Programación y Presupuesto para disolver, liquidar, extinguir, transferir a los estados y municipios, enajenar la participación estatal y fusionar entidades paraestatales, se basará en dictámenes que al efecto deberá emitir la Comisión Intersecretarial, Gasto Financiamiento, los cuales deberán considerar el efecto social y productivo de estas medidas, incorporando los puntos de vista de los sectores interesados.
b) Informar por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto en los términos del artículo anterior, a la Cámara de Diputados, de las razones y criterios específicos para llevar a cabo el ejercicio de esta atribuciones.
c) El Ejecutivo Federal, no podrá realizar ninguna desincorporación, venta o extinción de aquellas empresas paraestatales incluidas en el artículo 6º. del presente decreto, sin previo informe a la Cámara de Diputados y opinión de la misma."
En apego al mencionado acuerdo, solicito sea insertado en el texto íntegro del dictamen, en la parte correspondiente, para los efectos que tuvieron lugar y que así quede asentado en el Diario de los Debates. Me permitió hacer entrega del mencionado artículo. (Aplausos.)
La C. Presidenta: - Se ruega a la Secretaría consulte a la asamblea si se admite la modificación propuesta al artículo 39.
El C. secretario Ismael Orozco Loreto:- En votación económica se pregunta si se admite la modificación propuesta. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo... Aceptada.
La C. Presidenta: - Consulte la secretaría a la asamblea si el artículo 39 se encuentra suficientemente discutido.
El C. secretario Ismael Orozco Loreto:- En votación económica se pregunta si está suficientemente discutido el artículo 39.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.. Suficientemente discutido.
La C. Presidenta: - Se reserva el artículo 39 para su votación nominal en conjunto en un solo acto.
Abierto que está el registro de oradores para la discusión del artículo 2do., la presidencia informa que se han inscrito para hablar en contra del Artículo 2do., los siguientes ciudadanos diputados: Astolfo Vicenio Tovar, Alfredo pliego Aldama, Modesto Cárdenas García, Osiris Samuel Cantú Ramírez, Rommel Contreras Flores. Tiene el uso de la palabra, el ciudadano diputado Astolfo Vicencio Tovar, por el Partido Acción Nacional.
EL C. Astolfo Vicencio Tovar: - Señora presidenta; compañeras y compañeros diputados: Antes de empezar mi intervención quisiera pedir autorización a la presidencia de esta Cámara, para tratar en una sola intervención, los artículos que ha separado, que son el artículo 2do. y el artículo 7º. para no tener nuevamente que...
La C. Presidenta: - Concedida señor diputado, con muchos gusto.
El C. Astolfo Vicencio Tovar: - Muchas gracias. Me he inscrito para hablar en contra del artículo 2do. del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el año de 1989.
Se puede hablar como ya se ha hecho en lo general, de situaciones que en lugar de buscar una solución a la miseria del pueblo, hace que al ejercicio de todos los renglones de este presupuesto, esa miseria se acreciente y suma más al pueblo en la desesperación en que vive actualmente.
Lo que pasa muchas veces es que el gobierno trata de disfrazar por medio de frases más o menos bien estudiadas, por medio de buenos deseos, el que un presupuesto sea totalmente negativo y si a esto aumentamos un salario supermínimo de 8 mil pesos diarios y si a esto aumentamos un incremento a ese salario del 8% que según el señor Legorreta, en comicidad con los supuestos líderes obreros y con los supuestos líderes campesinos aprobaron como una cantidad fabulosa para que una familia, pueda resolver sus más ingrentes necesidades, estamos viendo cuál es la tendencia del gobierno y cuál es la tendencia del supuesto que nos ocupa.
Se hacen cuentas alegres, se dice que de acuerdo con el presupuesto y de acuerdo con la Ley de Ingresos que se aprobó la semana pasada, la economía va a crecer en un 1.5% en relación al Producto Interno Bruto. ¿Cómo es posible que los señores que elaboraron el dictamen, que estuvimos dentro de la comisión pero no elaboramos en la última parte, cómo es posible que puedan decir que la economía nacional va a crecer en 1.5% cuando todos los factores son adversos para este crecimiento, cuando todos no damos cuenta que en lugar de un crecimiento positivo del 1.5% va a haber un crecimiento negativo del 1.2%? Así es de que es falsa la aseveración de que la economía va a crecer en este porcentaje.
Y si vamos a la asignación por secretarías, por sectores por programas que están especificados en el propio presupuesto, veremos que es totalmente incongruente. Ya lo señalaba aquí el diputado Garzón Santibáñez, esa desproporción entre gastos superfluos, en contra del castigo que se está haciendo constantemente al sector campesino; y esperamos que esta protesta del mismo diputado del partido oficial, Garzón, sea congruente con el sentido de su voto. Si él ya votó a favor del presupuesto en lo general, suponemos que tendrá que votar en contra en lo particular por las razones que aquí adujo.
Y se han tocado a parte de éste, muchos aspectos de la distribución del presupuesto, o sea, que para ya no entrar en un desmenuzamiento mayor de cada uno de estos renglones, quisiéramos pasar a lo que más importa en este momento al pueblo de México y que debe importar a esta Cámara y sobre todo al gobierno federal: de la deuda pública.
Pero, si no quisiéramos dejar pasar algunos ejemplos que hemos sacado cuando hemos estado estudiando del Presupuesto de Egresos, para que vean lo incongruente que se este presupuesto.
El despacho particular del Secretario de Educación, dentro del presupuesto de la Secretaría de Educación, por supuesto, dispondrá para el año de 1989 de 61 mil millones de pesos, sólo el despacho del Secretario de Educación. Y por contra la partida para el Programa de Recreación, de Deporte y Esparcimiento, para todo el año de 1989 y en toda la República, será de sólo 21 mil 176 millones de pesos. O sea, que es más importante dos veces más, el despacho del Secretario de Educación y que el fomento del deporte debía ser primordial, sobre todo para la juventud que en todos momentos necesita de toda la atención de nosotros y de todo el pueblo mexicano.
Otro ejemplo que también nos hace ver la injusticia y la incongruencia de este presupuesto. Recordarán ustedes aquel famoso avión del Presidente de la República, ¿cuánto iba a costar? 45,50, por fin, creo que quedó en 52 millones.
Bueno, pues el señor Presidente de la República no se conforma con unos cuantos avioncitos de los más costosos ni muchos menos, sino que al contrario es un dispendio el que se gasta, el que se emplea en la transportación del señor Presidente de la República.
Y vemos que para el transporte aéreo de la Presidencia de la República se destinan más de 65 mil millones de pesos, o sea 180 millones de pesos diarios, que se van a emplear exclusivamente para transportar de un lugar a otro al señor Presidente de la República.
Y vamos a hacer la comparación de lo que queremos decir: esta Cámara, incluyendo las dietas de todos los señores diputados, incluyendo las gratificaciones, no puedo decir "los pavos", porque quizá "ya volaron", pero incluyendo todos los gastos de la administración de esta Cámara, todo el presupuesto de esta Cámara, durante todo un año es de 64 mil millones de pesos, o sea, mil millones, esta Cámara es mil millones de pesos menos importante que la transportación del Presidente de la República.
Y así podríamos seguir abundando en la incongruencia y en la injusticia de los renglones del presupuesto. Pero vayamos a lo que más nos interesa, vayamos al artículo 7o. del decreto que trata fundamentalmente el más grave problema que tiene México, que es la deuda pública.
Y la deuda pública, pues está compuesta de varios factores, la deuda del gobierno federal, la deuda de las entidades paraestatales, la deuda interna. Y es el colmo que un país como México, que está luchando realmente por resolver sus problemas y sobre todo los problemas sociales tan ingentes
que estamos padeciendo, el presupuesto le conceda a la deuda pública el 60% de todo lo recaudado en el año de 1989. ¡Eso es injusto totalmente, puesto que sólo quedará un 40% para distribuirse entre todos los gastos, entre todos los sectores, entre todos lo programas, que afectarán fundamentalmente a la sociedad! ¡Y eso definitivamente no lo podemos aceptar!
Es necesario que se reestudie este problema tan grave que tenemos. Es necesario que el gobierno ponga de su parte algo de inteligencia, algo de voluntad. ¡Y aquí se nos hablaba de que tenemos nosotros que poner también toda nuestra voluntad!
El diputado Francisco Santillán, del partido oficial, nos decía que es en base a la energía política de todos los mexicanos, de todas las fuerzas productoras, de todos los sectores, que todos podremos avanzar. No podremos avanzar mientras el gobierno siga con su mismo sistema de represión; no podremos avanzar mientras el gobierno siga con su sistema antidemocrático y siga aplastando una y otra vez la voluntad popular; no podremos avanzar mientras no le ponga inteligencia y renegocie la deuda en beneficio del pueblo de México y no en beneficio de los acreedores.
¿Qué pasó? ¿Por qué nos endeudamos? Yo creo que ya la historia es de sobra conocida por todos nosotros. Díaz Ordaz nos dejó una deuda de cerca de 4 mil millones de pesos. Vino el populismo y el activismo de Echeverría y subió a 19 mil millones la deuda externa; todos decían ¿cómo es posible que de 4 mil millones en un solo sexenio pueda subir a 19 mil millones? Y Díaz Ordaz tenía 4 mil millones, pero al precio del dólar de 12.50, Echeverría dejó una deuda de 19 mil millones con un precio de 75 pesos por dólar. Viene López portillo y la sube a 82 mil millones a 225 pesos por dólar. Y al final, en este pasado sexenio, tenemos 110 mil millones de deuda, con un costo del dólar de 2 mil 300 pesos.
Ustedes se han de preguntar por qué esa exageración, si multiplicamos no únicamente el incremento de la deuda, sino el incremento en el precio del dólar por las devaluaciones constantes, por los gobiernos ineficaces, entonces nos daremos cuenta realmente de lo que han sido los gobiernos de la Revolución en estos tres últimos sexenios.
El C. Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - ¿Y los empresarios no hicieron nada?
El C. Astolfo Vicencio Tovar: - Precisamente porque el vocero peyorativo y semifiscal del partido oficial, nos pregunta: ¿Qué pasó con los 50 millones de dólares que están en el extranjero? Aquí tenemos precisamente unas proporciones que presentará el Partido de Acción Nacional en este momento para que esté usted satisfecho señor diputado.
Además de lo que demos estado indicando, se contempla un déficit en cuenta corriente de 5 mil millones de dólares y tanto el Secretario de Hacienda como el de Programación y Presupuesto en sus comparecencias en esta Cámara, afirmaron que será menor la transferencia neta de recursos al exterior, en tanto sea mayor del Déficit, en cuenta corriente, peregrina afirmación, pero no dijeron que un mayor déficit también que pagar con sudor y hambre las futuras generaciones de mexicanos.
Nuevamente la incongruencia entre los criterios generales y el presupuesto, cuando vino el Secretario de Programación, a bombo y platillo anunciaron los criterios generales de política económica para la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 1989.
En estos criterios se afirma, deberá abatirse la transferencia neta de recursos al exterior. Deberá reducirse el valor de la deuda acumulada, deberán asegurarse los recursos nuevos para un horizonte largo que evita la incertidumbre y las negociaciones anuales.
¿Qué realmente con este presupuesto y con la autorización que por medio de la Ley de Ingresos se concedió al Ejecutivo, de endeudar más al país en 10 mil 500 millones de dólares, que realmente se están siguiendo, se están cumpliendo con estos criterios? Definitivamente no y por eso seguimos insistiendo que este presupuesto es fundamentalmente incongruente, porque una cosa es lo que se dice y otra es lo que se va a hacer.
Como decía el señor de los latinajos facta... quien sabe qué facta non verba y es cierto, es cierto, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que no se nace. Pero eso sí, ayer presumíamos aquí que ya somos accionistas del Fondo Monetario Internacional pero ¿de qué nos sirve ser accionistas del Fondo Monetario Internacional si para lo único que nos sirve es para que este fondo nos imponga exclusivamente sus condiciones cuando tenemos que pedir, por culpa del gobierno, empréstitos en dólares?
Para la renegociación de la deuda y de no darse un cambio radical, la única arma que tiene el gobierno es la llamada bomba mexicana en los círculos financieros internacionales. Qué triste papel de los negociadores y principalmente el del gobierno mexicano que tengan que negociar a través del chantaje con la miseria de nuestro pueblo. Siguiendo la lógica del gobierno, tendrá
más capacidad de negociación mientras mayor sea la marginación económica y política de la gran mayoría de los mexicanos, y esto no lo podemos admitir.
Y Acción Nacional, congruente con su exposición y con su modo de pensar, proponer al gobierno federal varias acciones que se pueden tomar para la famosa renegociación; ellos nos llevaron al hoyo, ellos nos echaron al despeñadero y ahora quieren que todos los mexicanos los apoyemos. Acción Nacional propone estas posibles soluciones.
1ero. Revisar si las condiciones contractuales de cada uno de los empréstitos suscritos por gobiernos anteriores, fueron cumplidas en los términos y para los fines para lo que fueron contratados y comprobar si los intereses pactados fueron cobrados de acuerdo con las tasas aceptadas internacionalmente. En caso de que éstas hayan sido superiores, el exceso de interés pagado se deberá tomar a cuenta del capital y para la reducción de la deuda.
2do. Exigir responsabilidades a aquellas personas físicas o morales, sobre todo a los funcionarios públicos que hayan desviado hacia su provecho o desvirtuado los ordenamientos contenidos en la fracción VIII el artículo 73 constitucional, que señala claramente que ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos.
3ero. Estudiar la posibilidad de que los gobiernos o bancos sinodados congelen los depósitos de mexicanos en moneda extranjera, que ascienden a 50 millones de dólares, capitales que deben ser repatriados y aplicados también a la disminución de la deuda (Aplausos.)
4to. Por haber sido petrolera la garantía ofrecida en la casi totalidad de la deuda externa, el servicio de la misma debe estar condicionada a las fluctuaciones del precio internacional del petróleo. (Aplausos.)
Que debe tomarse como base mínima el de nueve dólares por barril, que representa casi el costo de su extracción y comercialización.
Independientemente de estas medidas propuestas para la renegociación, se propone que el gobierno mexicano fomente un intercambio de deuda con los países gravados también por deuda externa, pero principalmente con los países latinoamericanos que tienen este problema, medida que auspiciará e incrementará el intercambio comercial con dichos países.
Estas son algunas de las proposiciones que hace Acción Nacional, y que dejo en poder de la secretaría, para que las hagan llegar al Ejecutivo. (Aplausos.)
Hemos hablado de la deuda externa y en la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, se discutió el sentido que debía tener el proyecto de decreto y nos llama la atención que lo hayan puesto con las adiciones de algunos de los grupos parlamentarios, aquí aparece una adición del Partido Acción Nacional, otra del Partido Popular Socialista, pero es muy importante que los que no hayan leído este proyecto por favor lo lean, dice lo siguiente:
"En materia de deuda externa, la comisión considera que su servicio en los términos actuales, constituye una pesada carga que impide la recuperación económica del país, se reconoce que si México continúa transfiriendo hacia el exterior recursos del orden del 5% de productos como hasta ahora, el país no podrá volver a crecer de manera duradera; esta situación no sólo es inaceptable, sino que es ya insostenible.
Por encima de los intereses de los acreedores, está el interés de los mexicanos; se considera que ya se llegó al límite del sacrificio interno, es imperativo volver a crecer para elevar el nivel de vida de los mexicanos, este principio central en la negociación sobre la deuda externa."
Y agrega: en función de dicho principio expresado de consenso, la meta debe ser quitar el principal de la deuda histórica, reducción del pago de intereses, y asegurar los recursos frescos que la economía requiere en un horizonte mediano plazo, la recuperación de México así lo reclama.
Si bien hay discrepancias entre los miembros de esta comisión en cuanto a las acciones inmediatas que habría que emprender para enfrentar el problema de la deuda externa, se acepta el criterio que el Ejecutivo ha propuesto en el sentido que es necesario encontrar soluciones de carácter permanente, eso lo habíamos ya insistido.
De la actitud y respuesta de los acreedores dependerá la respuesta que deberá dar el pueblo y gobierno de México y, aquí viene una cosa que quiera hacer resaltar y que exigimos que se cumpla:
"Atendiendo a las consideraciones expuestas en párrafos anteriores y a la seriedad y complejidad del problema de la deuda externa, la comisión considera necesaria iniciar a partir de enero en las comisiones respectivas, un proceso de audiencias de información con representantes de los sectores y grupos interesados."
Así es que les tomamos la palabra y esperamos que se cumpla con esas promesas y sólo nos queda la deuda interna, pero ésa es la más peligrosa, porque imagínense ustedes, la deuda externa está sujeta a varios controles, tanto nacionales como internacionales, pero en la deuda interna, el único que la maneja es el gobierno, que ha llevado a pique todas las expectativas económicas por sus desviaciones y por su corrupción.
Entonces, por eso consideramos que la deuda interna también es mucho muy importante y que tenemos que tratar de reducirla lo más posible; cuando vinieron los subsecretarios a las comisiones se les estuvo insistiendo que cuál era el monto de la deuda interna y se salían por pequeñas diciendo que el precio del petróleo había bajado considerablemente y que una serie de cosas muy sin importancia y sin relevancia y nunca nos contestaron realmente a cuanto asciende la deuda interna, ni siquiera a cuánto asciende realmente la deuda externa y cuál es la deuda del gobierno federal, y cuál es la deuda de las paraestatales, y cuál es la deuda de los particulares, la deuda externa.
Si en la deuda interna lo único que pudimos lograr es que cuando vino el Secretario Aspe dijo que aproximadamente era un 20% del Producto Interno Bruto eso nos hace suponer que entonces, si el Producto Interno Bruto aproximadamente es de 500 billones de pesos, la deuda interna es de 100 billones de pesos; esos 100 billones de pesos representan la mitad de la deuda externa, pero el gobierno tiene que pagar el doble de lo que para con la deuda externa, o sea que la tasa de interés que se está pagado es cuatro veces mayor que la que aun cuando debamos muchos más externamente, tenemos que pagar mucho más en lo interno y esto tampoco lo consideramos justo, es peligroso porque el gobierno, como lo controla, en cualquier momento puede echar a andar la maquinita de hacer billetes y provocar una inflación trepidante.
También ya encontró otro camino que casi da el mismo resultado, ya se ha frenado un poco el hacer billetes indiscriminadamente, pero ahora ya están haciendo un nuevo sistema de inflación por medio del papel chatarra, con los Cetes, con los Petrobonos, con una serie de títulos que no están respaldados y que sólo en la imaginación del gobierno se pueden emitir a su antojo y por eso todo esto nos lleva a incrementar también la deuda interna y entonces es indispensable poner un hasta aquí y controlar férreos a esa deuda y, sobre todo a la emisión de nuevo papel chatarra, porque los tenemos de esos títulos emitidos por gobierno con altas tasas de interés son los que más dinero tienen.
Ya se mencionaba que para abrir una cuenta maestra se necesita un mínimo de 5 millones de pesos; que para comprar Cetes se necesitan 10 millones de pesos; en fin, sólo los que tienen más dinero son los que pueden recibir los intereses más altos y esto tampoco lo consideramos justo, porque esto es un contractor de la riqueza.
En tanto no sea rentable invertir en México en actividades productivas, el dinero producto de estas altísimas tasas de interés finalmente terminará en los bancos de Estados Unidos, por lo que es también una forma de transferir recursos al exterior; estas tasas de intereses son altamente inflacionarias y contraen el consumo interno, contraen la inversión, porque ¿qué? Y aquí viene otro de los sueños guajiros de la Comisión de Programación y del gobierno, que creen que la iniciativa privada, que creen que los empresarios van a invertir en este año presupuestal 7.7% del Producto Interno Bruto y por eso hacen sus cuentas de que vamos a tener un crecimiento del 1.5%.
Están muy equivocados, señores, mientras se sigan ofreciendo estas tasas tan altas de interés, la inversión se reducirá, no habrá interés por parte de los empresarios puesto que para ellos es mucho mejor negocio invertir en papel chatarra, invertir en todos esos valores, ya que su rendimiento es mucho mayor y sin tener tanto problema como en una industria, como en una empresa.
Así es que, señores, nosotros objetamos definitivamente la redacción y los planteamientos y las soluciones que proponen los artículos 2do. y 7mo. del presupuesto de egresos, porque creemos que no se resolverá definitivamente ninguna de los problemas que aquí se señalan, así es que Acción Nacional votará tambié en contra de estos artículos separados para su discusión.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Alfredo Pliego Aldana.
El C. Alfredo Pliego Aldana: - Señora presidenta, ciudadano Socorro Díaz; compañeros diputados Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 95, 96 y 97 del Reglamento Interior del Congreso General de esta honorable Cámara de Diputados, vengo en nombre de la fracción del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y de la Corriente Democrático, para hacer una propuesta de redacción en el artículo 2do. del dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación de 1989, en materia de hidrocarburos; para fundamentar mi propuesta, haré los siguientes señalamientos:
El problema de Petróleos Mexicanos, el problema de la industria petrolera, no es un problema de partido sino es un problema de vida o muerte de la economía nacional, por eso es indispensable aumentar las reservas probadas de hidrocarburos, aumentar también la capacidad de refinación de nuestras instalaciones, aumentar la producción de petroquímicos básicos, asimismo, dar un mantenimiento adecuado a nuestras instalaciones y llevar a cabo un programa social para empleados de confianza y sindicalizados que incluye casas, hospitales y clínicas y, asimismo, llevar a cabo una verdadera nacionalización de la flota petrolera.
El gasto que propone el Ejecutivo Federal en el área de energéticos para Petróleos Mexicanos no es congruente, es decir, no corresponde al proyecto expuesto en campaña y que ofreció el candidato del partido oficial ante los trabajadores petroleros, es el continuismo, estrangular la inversión productiva y exponiéndonos a probables fracasos para justificar la intervención de la iniciativa privada, que no es otra cosa que los intereses transnacionales con máscaras nacionalistas, como es el caso de la petroquímica básica, que ha pasado a la petroquímica secundaria.
Pésele a quien le pese, además de 50 años, la economía de México ha estado sustentada en Petróleos Mexicanos, nuestras reservas de hidrocarburos son únicamente para 10 ó 15 años cuando máximo, debido a la explotación irracional de los yacimientos.
En el proyecto de Presupuesto de Egresos para 1989, se establece que las metas de Petróleos Mexicanos se orientan a satisfacer la demanda de hidrocarburos, apoyar a las finanzas públicas, a coadyuvar con la modernización económica del país y especialmente a aportar las divisas que favorezcan la capacidad de compra externa para favorecer la diversificación de nuestra economía, sin embargo, se aprecia en el proyecto de egresos, en el flujo de efectivo de Petróleos Mexicanos, que las divisa que se obtiene por la venta de crudo al exterior y que ascienden a 6.1 billones de pesos, se ven reducidas con el pago de intereses y comisiones de la deuda externa, en 3.6 billones de pesos, así como también se reduce con el pago de la amortización de la deuda externa en 1.6 billones de pesos, por lo que, de 6.3 billones de pesos que deberían entrar en divisas, únicamente recibiremos 1.1 billones de pesos, es decir, estamos regalando nuestro petróleo por el pago de una deuda impagable.
Ante esta situación, es necesario reducir el pago de los interese y comisiones, así como la amortización de la deuda, por lo menos en un 50% y el otro 50% redistribuirlo y aplicarlo a la inversión productiva en áreas prioritarias; por este rubro dispondríamos de 2.6 billones de pesos.
Asimismo, proponemos un aumento al financiamiento externo en 3.15 billones de pesos, que saldrían de los 7 mil millones de dólares que recientemente fue aprobado por esta honorable Cámara de Diputados.
Por otro lado, en ingresos diversos otros 3.15 billones de pesos, que saldrían de los impuestos que Petróleos Mexicanos paga a la Federación, porque también hay que darle de comer a la gallina de los huevos de oro, porque si no, nos quedamos sin la gallina y sin los huevos; todas estas inversiones nos darán un total de 8.9 billones de pesos, que proponemos sean distribuidos en la siguiente forma:
Para la exploración, 1.5 billones de pesos; para la explotación, 2 billones de pesos; para el mantenimiento preventivo de las instalaciones, 1.5 billones de pesos; para la construcción y términación de obras capitalizables, 2.6 billones de pesos; para que realmente la flota petrolera sea mexicana, 1.3 billones de pesos.
En el programa de administración de la paraestatal, la excesiva administración de Petróleos Mexicanos nos ha dejado en el caso de los directores qué llegan a Petróleos Mexicanos sin saber nada y cuando lo aprenden, a costa de cometer sinnúmero de errores, se van, pero eso sí, nos dejan una herencia nefasta de amigos y compadres.
La cantidad de 2.4 billones es excesiva y hay que reducir cuando menos en un 20%. En el programa de perforación y construcción de plataformas, se pretenden perforar 14 pozos exploratorios, 35 pozos de desarrollo y cinco pozos de inyección para la recuperación secundaria en los yacimientos agotados; este programa es escaso, por que se deberá duplicar en un caso y triplicar en los dos restantes, así como aumentar la construcción de plataformas, por lo que deberá aumentarse la inversión por este concepto de 1.9 en 2.0 billones más.
En el programa de plantas de refinación y petroquímicos que tiene asignados 0.9 billones, aquí es donde debemos de poner demasiado énfasis para aumentar la construcción y la rehabilitación, especialmente conservar nuestras instalaciones y darles un mantenimiento adecuado, deberá aumentarse 1.5 billones de pesos.
En el renglón de ductos, se tiene asignados 0.4 billones , este programa es para la consolidación y la infraestructura del transporte y distribución de crudo y derivados, que permita enlazar las unidades de refinería petroquímica con centros de distribución y embarques; para ser congruente con las
necesidades de la industria, deberá aumentarse en 0.4 billones más.
En el programa de exploración, explotación y extracción de petróleo crudo, se deberán aumentar las actividades, especialmente en exploración, para aumentar nuestras reservas probadas, ya que en la actualidad tenemos petróleo para no más de 10, 12 y cuando mucho 15 años y continuar los trabajos de operación geológica, geofísica y de interpretación y evaluación en las áreas de mayores posibilidades, como es la zona de Campeche, en Aguas Someras y el Mesozoico, de Chiapas y Tabasco y deberá aumentarse la inversión en 1.5 billones de pesos.
En la industrialización del petróleo y sus derivados se tienen asignados 2.5 billones; se deberá garantizar el abasto de productos petrolíferos y petroquímicos básicos, mediante la actividad operativa y, sobre todo, en tareas de mantenimiento preventivo y correctivo que permitan la operación continua, eficiente y segura para los trabajadores de la instalaciones de proceso y servicios auxiliares; deberá tenerse un aumento de 0.6 billones de pesos.
En el programa de transporte marítimo, debemos olvidarnos del nuevo Petróleos Mexicanos del sexenio anterior y simplemente dejar de rentar barcos a particulares, y en lugar de preocuparse por los intereses de personas ajenas a la industria, únicamente pensar y actuar en beneficio de Petróleos Mexicanos y de México y llevar a cabo efectivamente la nacionalización de la flota petrolera; para este objeto, tenemos asignados 0.8 billones. Dejar de rentar barcos a particulares y dando por terminado los actuales contratos de arrendamiento para lo cual pedimos un aumento de 0.6 billones.
En el programa de comercialización del petróleo y sus derivados, se tienen asignados 0.6 billones de pesos; deberá exportarse diariamente 1 mil 250 millones de barriles de petróleo crudo diario, aquí recomendamos que se reduzca cuando menos al 50% la exportación, porque las divisas que por este concepto ingresan al país es una utopía, porque con ellas pagamos capital e interese de una deuda impagable, es decir, estamos regalando nuestro petróleo.
En la comercialización en el país de 1 mil 49 millones de pies cúbicos de día - gas, debemos de producirlos en esas condiciones; comercializar 28.9 miles de metros cúbicos de días - gas doméstico, 364 mil barriles - día de gasolina para el consumo interno; vender en el país 858 mil barriles - día de petrolíferos, incluyendo gasolinas; vender internamente 6 mil 115 mil toneladas anuales de petroquímicos y exportar 627 mil toneladas anuales de petroquímicos.
Uno de los conceptos más urgentes es la terminación de las obras de construcción prioritarias que son las siguientes y que no tiene asignado dinero para 1989, por lo que pedimos se les asigne 2.6 billones de pesos, como es la segunda etapa de la Refinería de Tula, y poder trasladar en un futuro cercano la refinería de Azcapotzalco; la refinería y terminal marítima de Salina Cruz, Oaxaca; la segunda y tercera etapa del complejo petroquímico Morelos, para evitar seguir quemando gas.
En cuanto a ductos, ya que están parados en su construcción deberá iniciarse la construcción y terminación de los ductos prioritarios para abastecer los centros de consumo.
La inyección de agua a la plataforma Abkatum para su recuperación secundaria, ya que los yacimientos en la zona de campeche han sido explotados irracionalmente; inyección de agua salada a los yacimientos en operación del sur, ya que la extracción irracional llevada a cabo en ellos requiere un tratamiento secundario, y la construcción de casas para trabajadores tanto sindicalizados como de confianza y terminar obras inconclusas de hospitales, clínicas y guarderías, y especialmente que quede claro en la ley, que la Comisión de Energéticos de esta honorable Cámara de Diputados, verifique las inversiones en Petróleos Mexicanos, para estar seguros que llegarán a satisfacer y a resolver las necesidades para que fueron planteadas.
Y algo muy importante para el desarrollo de la industria, es que la Comisión de Energéticos pluripartidista de esta honorable Cámara de Diputados, tenga acceso y tenga un lugar y voz y voto en el consejo de administración de Petróleos Mexicanos, para verificar el desarrollo y buen cumplimiento de nuestra industria. La modificación propuesta para este artículo es la siguiente:
"Las erogaciones previstas para el año de 1989 correspondiente a las entidades paraestatales cuyos programas están incluidos en este presupuesto, se distribuyen de la manera siguiente:
En el rubro, en el caso de Petróleos Mexicanos, asciende a 30 billones de pesos.
Firman: por el Frente Cardenista, Pedro Etienne Llano; por la Corriente Democrática, Ignacio Castillo Mena; por el Partido Mexicano Socialista, Pablo Gómez Alvarez, Jaime Enríquez Félix, Rogelio Montemayor Seguy, Roberto Jaramillo Flores; por el Partido Popular Socialista,
Francisco Ortíz Mendoza; y Alfredo Pliego Aldana, por la Corriente Democrática del Frente Cardenista."
La C. Presidenta: - Con fundamento en los artículos 124 y 125 del reglamento, se ruega a la secretaría consulte a la asamblea si se admiten las modificaciones propuestas por el ciudadano diputado Pliego a los artículos 20. y 60.
El C. secretario Ismael Orozco Loreto:
- En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los ciudadanos diputados que estén porque se acepte la modificación propuesta por el diputado Pliego, sírvanse manifestarlo... Desechada ciudadana presidenta.
El C. secretario José Antonio Montes Vargas: - No, que la votación sea nominal.
El C. secretario Ismael Orozco Loreto: - El diputado Montes observó que es apreciable la mayoría.
El C. secretario José Antonio Montes Vargas: - No se puede apreciar con precisión, entonces hay que pasar a la votación nominal.
El C. secretario Ismael Orozco Loreto:
- La secretaría observó que está desechada; el secretario Orozco Loreto dice que está desechada porque apreció que es mayoría.
El C. secretario José Antonio Montes Vargas:- El secretario Antonio Montes, ¡no está clara la votación!
El C. secretario Ismael Orozco Loreto: - Hay un procedimiento que hemos utilizado varias veces en esta Cámara, simplemente.
La C. Presidenta: - Repita la votación económica.
El C. secretario Ismael Orozco Loreto: - En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación presupuestal.
La C. Presidenta: - Suplico tomen asiento los ciudadanos diputados para poder recoger la votación. Si algunos ciudadanos diputados quieren pasar al frente a verificar el sentido de la votación, puede pasar.
El C. secretario Ismael Orozco Loreto: - En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los ciudadanos diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo.
(Votación.)
Ciudadana presidenta: El resultado de la votación es: 241 porque se deseche y 154 porque se acepte... Desechada, señora presidenta.
La C. Presidenta: - Desechadas las proposiciones.
Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Mauricio Valdés Rodríguez, en pro.
El C. Mauricio Valdés Rodríguez: - Con su permiso, ciudadana presidenta: compañeras y compañeros diputados: Hemos estado escuchando en esta sesión una frase que ha venido siendo recordada por varios ordenes como si fuera una cancioncita que ya es necesario que dejemos en claro.
Se habla de que el proyecto de presupuesto de egresos que estamos debatiendo, es más de lo mismo. Y yo quiero señalarles que ciertamente el proyecto de presupuesto es un proyecto congruente con el esfuerzo que el gobierno de la República y la nación entera hemos venido haciendo en los últimos años para combatir a nuestro enemigo mortal: la inflación.
Tengo la convicción de que resultaría erróneo y de costos muy lamentables, cambiar el rumbo a la mitad de un camino que después de estos años no está demostrado que es abatir ese gran enemigo: la inflación.
La política económica que se ha presupuesto a esta asamblea, tiene una meta de crecimiento del 1.5% del producto interno bruto que de lograrse será la mayor alcanzada de los últimos cuatro años.
Por ello es que insistimos la diputación priísta que el crecimiento define el rumbo del proyecto de presupuesto que hoy debatimos.
El gasto presupuestado para 1989 tiene un propósito de estabilización en tanto se logra la renegociación de la deuda externa y confiere a la inversión privada del papel de elemento modernizador de economía.
El compañero diputado Vicencio Tovar señala que era necesario observar la congruencia entre lo que afirmó el presidente Salinas de Gortari y lo que se presenta como proyecto de presupuesto, y para ello me voy a permitir recordar lo que es en concreto esta política de deuda que nos propuso el presidente Salinas de Gortari, cito:
"Evitar la confrontación con nuestros acreedores, pero volver a crecer antes que pagar la deuda externa. Iniciar de inmediato la negociación de la deuda bajo las siguientes premisas y éstas son las que
habría que considerar: abatir la transferencia neta de recursos al exterior, reducir el valor de la deuda acumulada, asegurar los recursos nuevos y necesarios de modo permanente - de modo permanente - , para que no se necesiten negociaciones anuales y disminuir el valor real de la deuda y su proporción con respecto a lo que producimos."
Y termino esta cita: "Realizar esta negociación en un plazo relativamente breve y mantener diálogo y comunicación con los otros países deudores". Este es el marco de la política que se ha propuesto y el marco del que tengo la convicción nos ayudará a volver a utilizar a la deuda como un factor para el crecimiento.
Las condiciones adversas al país en los últimos años, transformaron la deuda pública de factor de apoyo al desarrollo, en limitante del desarrollo.
Afirmó usted, diputado Vicencio Tovar, que es injusto el monto destinado al pago de la deuda.
Coincidimos plenamente con usted, es injusto.
Por eso es que el presidente Salinas de Gortari, ha propuesto la renegociación de la deuda. Afirmamos con usted que es injusto y por eso es que precisamente se ha presentado este proyecto de presupuesto.
Usted señalaba que la cifra de deuda externa era de alrededor de 110 mil millones de dólares. Quiero reiterarle algo que nos dijeron ya los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda, cuando vinieron a comparecer en ocasión de las sesiones de información para la cuenta pública. Si usted me permite.
Recordaría que en aquel entonces nos señalaron que estimaban que la deuda externa, en este año, llegaría a 78 mil 300 millones de dólares. Nos señalaban también que en relación con la paridad actual esto sería 172 billones de pesos. Y nos dieron también la información del monto de la deuda interna a septiembre, nos dijeron por 85.5 billones de pesos. Un total de 258 billones de pesos. Simplemente estoy reiterando las cifras que nos dieron los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda.
Pregunta usted ¿que de qué nos sirve tener acciones, habernos incorporado como país al acuerdo y al convenio del Fondo Monetario Internacional y al del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento?
Simplemente, señor diputado, habría que revisar la historia de los últimos dos siglos, en materia de relaciones económicas internacionales y ver los esfuerzos de todos los países para llegar precisamente a acuerdos en la creación de un Sistema Monetario Internacional. Por eso es que el país participa, no puede estar aislado.
Pues los beneficios habría que ver los créditos que nos ha otorgado el Banco Internacional, y las condiciones favorables en las que lo hemos concertado. Del párrafo que usted leyó del dictamen que está a consideración de la asamblea, señor diputado Vicencio, deduzco que usted está de acuerdo, lo dijo así, aprobaba ese criterio que contiene ahí y que es el mismo que sostuvo el Presidente de la República en su discurso de toma de posesión.
Yo quisiera ahora pasar, si ustedes me permiten antes de tocar los puntos que señaló el señor diputado, en relación a alguna intervención que objetó el artículo 2o. del dictamen, pero que sin embargo no se presentó ya por el momento y que a mí me parece de gran relevancia.
Decía el señor diputado Castillo Mena, al objetar el artículo 2o. del dictamen, que la imposición a los sueldos y salarios de los servidores públicos, objetaba eso precisamente, pero que por otra parte establece elevadas percepciones para los altos funcionarios de la administración central y agregó que la tabulación de emolumentos para los funcionarios es caprichosa y elevada, si se compara con las percepciones de los trabajadores de gobierno.
Difiero completamente de esta objeción, porque la considero superficial e infundada. Los diputados del Partido Revolucionario Institucional, particularmente nuestros compañeros dirigentes de los trabajadores al servicio del Estado, permanentemente hemos demandado el mejoramiento de las percepciones y prestaciones de todos los servidores públicos, dentro de las condiciones financieras del sector público y de la nación, eso es una cuestión de elemental justicia social.
Todos son mexicanos que merecen una justa retribución por su trabajo y enfatizo todos los servidores públicos, sólo así combatiremos con mayor eficacia la corrupción que tanto denunciamos, sólo así tendremos y conservaremos a los mejores mexicanos al servicio de México.
Y concluyo en este punto, rechazando también su afirmación de que los emolumentos son fijados caprichosamente, el criterio se establece relacionado el salario mínimo burocrático por ejemplo:
El nivel del Secretario de Estado, tabulado en diecisiete veces dicho mínimo, por lo que de 1987 a 1988 observamos que ha conservado esa proporción y así está propuesto en el presupuesto de 1989.
El compañero diputado Pliego Aldana, en la propuesta que presentó y que nos hubiera gustado mucho haberla tenido en las sesiones de la Comisión de Programación y Presupuesto y Cuenta Pública, porque seguramente nos hubiera dado oportunidad de intercambiar puntos de vista relacionados con la industria más importante de nuestro país, por eso me parece que hubiera sido conveniente tenerlo en la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, para haberlo comentado, porque ahí me hubiera gustado resaltar lo que ahora hago en esta ocasión, porque la propuesta de presupuesto de la industria petrolera nacional de Petróleos Mexicanos es consolidar a la industria a través de un programa de conservación y mantenimiento de las instalaciones y de obras y proyectos de inversión que permitan márgenes de maniobras suficientes para atender el mercado interno y la plataforma de exportación en congruencia con la situación nacional y el mercado internacional.
No podemos tener la misma visión para la industria petrolera respecto de sus inversiones que había cuando el famoso boom petrolero, cuando el auge del petróleo en los mercados internacionales ahora que se encuentra un mercado deprimido y castigado inclusive en la propia Organización de los Países Exportadores de Petróleo. La expansión de la industria petrolera, compañeros diputados, fue el eje central del desarrollo del país mientras el precio internacional del petróleo estuvo en auge; para ello requirió de fuertes inversiones que en Petróleos Mexicanos hicieron posible un sostenido aumento en la producción de crudo y de gas natural, así como de sus derivados.
Quisiera simplemente concluir esta intervención porque entrar, insisto, al detalle de la propuesta del diputado Pliego me parece innecesario en esta asamblea y además difícil de poder manejar estas cifras frente a ustedes. Pero quiero decirle que está previsto en el artículo 13 del decreto que estamos debatiendo, que en la medida que haya ingresos adicionales, éstos serán destinados a los proyectos estratégicos y prioritarios, y la Constitución define a la industria petrolera como parte de las áreas estratégicas del gobierno mexicano.
Un afirmación que quisiera simplemente pedirle al señor diputado, que reflexione...
El C. Ignacio Castillo Mena (desde su curul): - Señora presidenta; ¿Me permite una interpelación al orador?
La C. Presidenta: - Señor diputado Valdés, ¿Acepta usted una interpelación?
El C. Mauricio Valdés Rodríguez: - Sí.
La C. Presidenta: - Aceptada.
El C. Ignacio Castillo Mena (desde su curul): - Señor diputado: Usted ha dicho que yo he afirmado que los emolumentos de los servidores públicos se fijan caprichosamente. Quiero hacerle dos preguntas: ¿Cuánto gana el Presidente de la República y cuánto gana un trabajador de salario mínimo neto al servicio del Estado?, ¿Usted lo sabe?
El C. Mauricio Valdés Rodríguez: - Sí.
Mire usted, un momento, si me permite, no traigo aquí la propuesta del presupuesto. El tomo 1 del proyecto de presupuesto, por favor.
En la página 180 de tomo 1 se señala, percepción neta mensual a 1988 del Presidente de la República: 8 millones 264 mil 68 pesos, y voy a leer la nota si me permite, diputado.
Los sueldos de los servidores públicos superiores se actualizarán durante 1989 en las mismas fechas en que se modifique el salario mínimo burocrático, y el porcentaje en que se incremente será similar al que se otorgue al salario mínimo mencionado.
Iba yo, ahora, a concluir, insisto a ustedes, en relación con esta propuesta de que participen diputados en el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos.
Honestamente, compañero diputado Pliego Aldana, creo que está es una propuesta muy interesante, pero que va completamente contra lógica de la división de funciones que tenemos en la división de poderes. Me parece a mí que sería completamente desautorizado, indebido e innecesario tratar de fusionar la función de Poder Legislativo que cesa de legislar y controlar al Ejecutivo, y para eso tenemos distintos instrumentos con la del Ejecutivo que es administrar.
Respecto, señor diputado, tengo aquí la información que le faltaba al señor diputado Vicencio Tovar, que le extrañaba la cifra asignada de 61 mil 436 millones de pesos a la oficina del Secretario de Educación Pública. Es muy largo, pero en la página número 3, del tomo 2, volumen A del Análisis Programático, en lo que se refiere al Sector Educación Pública, puede usted encontrar todo el desglose. Muchas gracias. (Aplausos.)
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Astolfo Vicencio Tovar.
El C. Astolfo Vicencio Tovar: - Con permiso, señora presidenta: Para aclarar algunos puntos que tocó el diputado Mauricio Valdés.
El se refiere a los criterios presentados por el Presidente de la República, y uno de ellos es el que dice que habrá, que se procurará que baje la deuda externa. Yo quiero preguntarle al diputado Valdés si suscribiendo nuevos empréstitos se va a poder bajar la deuda. (Aplausos.)
En segundo lugar, el pone en mi boca afirmaciones que no hice. Porque dice que me extraña que estemos en el Fondo Monetario Internacional como accionistas. Yo lo que les dije es que con todo este desastre económico, con todo este caos todavía presumíamos ser accionistas del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que no es conveniente que se ponga en boca de otros lo que no dicen.
Y por último, afirma que, pero en un momento, le voy a rogar a la señora presidenta que me conceda nuevamente la palabra, únicamente para contestar alguna cosa que sí es importante y que... ¡ah, lo de educación!
El dice, justifica que el despacho del Secretario de Educación, gaste la bonita suma de 61 mil 436 millones de pesos. Pero no contestó por qué si el Secretario de Educación en su despacho gasta esa cantidad, por qué se destina únicamente 20 mil millones de pesos al programa de fomento deportivo y recreación. ¿Qué acaso en toda la República, durante todo el año, es más importante gastar 61 millones en un despacho de un Secretario que la tercera parte, sólo la tercera parte para el fomento deportivo, cuando este momento la población de México es eminentemente joven, y cuando se necesita la atención de todos los jóvenes mexicanos, tanto para que efectúen un deporte como para que tengan recreación? Yo también se lo dejo de tarea.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra para rectificar hechos el ciudadano diputado Pedro César Acosta.
El C. Pedro César Acosta Palomino:
- Señora presidenta; honorable asamblea: La intervención del diputado Mauricio Valdés que procuré seguir con toda atención, no obstante el ambiente algo ruidoso que reinaba en la sala, me obliga a hacer uso de la palabra para señalar un hecho de fondo que amerita rectificarse.
Ya el diputado Vicencio señaló aquí cabalmente cual fue el criterio que en opinión de Acción Nacional, sirve de base para estar en contra del dictamen.
Nos parece que una palabra puede medir la discrepancia fundamental que existe entre el enfoque que le da la Comisión y la opinión que al respecto tenemos los diputados de Acción Nacional, la palabra es incongruencia; nosotros sostenemos que el dictamen es incongruente, es incongruente incluso con sus propios criterios, con sus propios señalamientos y más adelante voy a presentar unos.
Pero se ha mencionado aquí y creo que conviene precisar como una especie de prólogo a la incongruencia, que el propósito fundamental ahora es abatir la inflación, estamos de acuerdo, pero resulta ese criterio, en cierta forma con claros visos de incongruencia, muy diferente al sustentado por el sector oficial, cuando sostenía en esta misma tribuna que la inflación era el precio que teníamos que pagar por el crecimiento; ahora resulta que no, ahora resulta que el crecimiento desde el punto de vista del dictamen se basa en una inversión que nosotros consideramos muy hipotética, dadas las tasas de interés que aquí han sido cuestionadas a fondo según mi opinión.
Pero la incongruencia a que hago alusión, se inscribe también en la propia política de financiamiento, en los propios criterios de las secretarías relacionadas con esta forma de enfocar los pagos al exterior.
En los documentos que distribuyó la Secretaría de Programación y Presupuesto hay un criterio que señala como política que el servicio de la deuda no debe pasar del 3% del producto interno bruto.
En las sesiones tenidas con los subsecretarios de Programación y Presupuesto, después de mucho forcejeo, conseguimos que nos proporcionaran la cifras que desglosan tanto la deuda interna como la externa en sus rubros de intereses, de servicio.
Y se señalaba que para 1989, sin tomar en cuenta la deuda de las paraestatales la cifra destinada a intereses de la deuda externa, sería del orden de 17 billones.
Si por otro lado en los mismos documentos de la Secretaría de Programación y Presupuesto se señala un producto interno bruto de 497 billones, y el criterio de no pagar más allá del 3% del producto interno bruto, ahí mismo, en esos documentos se señala también, resulta que estamos, oficialmente, desde el punto de vista del dictamen, asumiendo que se habrán de pagar 2 billones más de lo que el propio criterio establece.
La incongruencia, pues, no es que nosotros la señalemos; la prueba más contundente es el propio cuerpo de documentación que nos presenta la Secretaría de Programación y Presupuesto.
¿O qué acaso es igual pagar 15 billones, que sería en números redondos el 3% a pagar 17 billones? ¿O qué acaso piensan que 2 billones es una cantidad sin importancia? Si así fuere, les sugiero que la destinen a inversión masiva al campo, para asegurar a los campesinos precios de garantía aceptables.
Y eso sin considerar, decía, la deuda de las paraestatales. Si a ello agregamos este renglón el pago de intereses total de deuda externa serían 19 billones, casi el 4% del producto interno bruto señalado en los propios documentos oficiales.
Este hecho, pues, el de la incongruencia oficial y el de la congruencia de Acción Nacional, para señalar estas discrepancias tan marcadas, es lo que ha obligado mi presencia en esta tribuna. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Tiene el uso de la palabra para hechos el ciudadano diputado Alfonso Méndez Ramírez.
El C. Alfonso Méndez Ramírez: - Con su venia señorita presidenta. Honorable asamblea.
He sabido que México es deficitario en alimentos y en productos básicos, importamos anualmente entre siete y ocho millones de toneladas de granos y casi medio millón de toneladas de leche deshidratada.
Los campos de México han dejado de ser autosuficientes. Los bosques se han degradado, los han degradado, o por sobreexplotación o por falta de explotación racional. Las selvas han sido también degradadas. Utilizan suelos inadecuados para siembras de granos y destruyen la selva. La infraestructura hidráulica es insuficiente. La inversión en México, en el sistema agropecuario, es deficitario.
Vengo a pedir a esta soberanía, por lo anteriormente expuesto, una modificación al artículo 2o. del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Las bases que tengo para hacer esta solicitud a vuestra soberanía ya han sido enunciadas, pero, las complemento. De acuerdo con los criterios del propio proyecto económico del país, debemos procurar que no haya transferencia de divisas al extranjero y la compra de granos en el extranjero provoca el empobrecimiento de nuestros campesinos y provoca el déficit de nuestras reservas de divisas.
la razón es sencilla. Lo que nos falta para sufragar el gasto constante de alimentos, lo tenemos que comprar en el exterior y lo compramos a precios más altos y con esto estamos subsidiando a los granjeros extranjeros, el perjuicio campesinos mexicanos.
El artículo 2o. en su numeral 0008, destina para la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 2 billones 330 mil 999 millones 200 mil pesos; mientras que en el numeral 00023, para erogaciones no sectorizables, destina 6 billones 954 mil 251 millones 200 mil pesos.
De tal manera que mientras el campo mexicano requiere de cuantiosas inversiones para construir la infraestructura hidráulica para rehabilitar los bosques y las selvas, se está destinando apenas un 5.2% de los 40 billones 743 mil millones de pesos y 6 billones 954 mil millones para otras inversiones no sectorizables.
Por lo anteriormente expuesto y con base en las consideraciones, se formula la presente proposición de modificación al artículo 2o. del proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1989, que sustituirá la cantidad señalada en el numeral 0008, correspondiente a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de 2 billones 330 mil 999 millones 200 mil pesos, para quedar en 6 billones 954 mil 251 millones 200 mil pesos, y a la vez la cantidad señalada en el numeral 00023 de 6 billones 954 mil 251 millones 200 mil pesos deberá de quedar en la cantidad de 2 billones 330 mil 999 millones 992 mil pesos para erogaciones no sectorizables.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscriben la presente adición los diputados:
Rodolfo Elizondo, Hiram Escudero, Alfonso Méndez.
En San Lázaro Palacio Legislativo a los 28 días de diciembre de 1988. Muchas gracias. (Aplausos.)
La C. Presidenta: - Ruego a la secretaría dar lectura a los artículos 124 y 125 del reglamento.
El C. secretario Ismael Orozco Loreto:
- "Artículo 124. En la sesión en que definitivamente se vote una proposición o proyecto de ley, podrán presentarse por escrito adiciones o modificaciones a los artículos aprobados.
Artículo 125. Leída por primera vez una adición y oídos los fundamentos que quiere exponer su autor se preguntará inmediatamente si se admite o no a discusión; admitida se pasará a la comisión respectiva, en caso contrario se tendrá por desechada."
La C. Presidenta: - En consecuencia ruego a la Secretaría consulte a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el ciudadano diputado Méndez Ramírez al artículo 2o. del proyecto de decreto.
El C. secretario Ismael Orozco Loreto:
- En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta por el diputado Méndez.
Los ciudadanos diputados que estén porque se acepte la modificación, sírvanse manifestarlo...
(Votación.)
Los ciudadanos diputados que estén porque se deseche la proposición presentada, sírvanse manifestarlo.... Desechada.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Modesto Cárdenas García, del Partido Popular Socialista.
El C. Modesto Cárdenas García: - Con su permiso, señorita presidenta. Pido a usted permiso para tocar en esta única intervención los artículos 13 y 25 también.
La C. Presidenta: - Autorizado señor diputado. Permítame un momento. Ruego a los ciudadanos diputados y a las personas presentes en el salón, tengan a bien ocupar sus lugares, guarden orden y presten atención al orador.
El C. Modesto Cárdenas García: - En uno de los primeros actos o presentaciones como presidente de la República, el ciudadano Salinas de Gortari hace unos quince días se presentó al Instituto Politécnico Nacional. En una breve intervención ante la comunidad politécnica, aceptó que en el mundo está en proceso de desarrollo una revolución científico - técnica. Sobre esa base hizo la afirmación de que para nuestro país era necesario ya incorporarse a la aplicación de los resultados de este fenómeno y se comprometió, ante la comunidad politécnica a hacer de esta institución el elemento fundamental para que nuestro país alcanzara estos objetivos.
Cuando conocimos esta declaración pensamos que tenía razón en algunas afirmaciones y que adquiría un compromiso importante, ¿por qué? Porque parecía que se abría la posibilidad de superar una omisión, una falla en la política del país, característica del sexenio pasado, la de incorporar a la ciencia y la técnica a la política económica del país, porque también parecía que ahora sí por primera vez en muchos años al Politécnico se le iba a dar el apoyo que necesita para cumplir con los objetivos que la Revolución Mexicana le fijó.
Estos dos puntos son, a juicio del Partido Popular Socialista, puntos en donde pueden haber coincidencias de trabajo, puntos de diálogo; sin embargo, días después cuando recibimos el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, analizamos sus objetivos, sus líneas de acción y los presupuestos particulares para las diferentes dependencias e instituciones relacionadas con la ciencia y la técnica, vimos que todavía nos falta mucho para comprender la verdadera importancia de la ciencia y la técnica en nuestro país.
Que todavía nos falta mucho para dar el paso que necesita México, ese paso que se inició o cuyo primer punto se inició en los años setentas, cuando la ciencia y la técnica se convierten en Política estatal con la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y con la formulación del primer programa de Ciencia y Técnica.
El paso que es necesario dar, es de que no solamente debe ser parte de la política estatal el problema del fomento de la ciencia y la técnica, sino que debe ser parte fundamental de la política económica del país, ahí está la falla, señoras y señores diputados.
Cuando analizamos los propósitos y objetivos de la política económica del gobierno, que son cinco, habla de la estabilidad de precios, de establecer las bases para la recuperación económica, de la reducción de transferencias de recursos al exterior, de la protección del poder adquisitivo del salario, de fortalecer un compromiso de apoyar la estabilidad interna sobre la negociación de la deuda externa.
En base a estos objetivos, se formulan siete líneas de acción; de las siete, en ninguna parte se toca la política científica del país.
Acaso en el número tres, de las líneas de acción que dice: ampliar y mejorar los servicios fundamentales de educación, salud y seguridad pública.
En efecto, en algunas partes de estas líneas de acción se menciona a la ciencia y la técnica, y algunas cuestiones particulares relativas a la cultura también se menciona la cuestión de la ciencia y la técnica.
Nosotros pensamos que efectivamente la ciencia es un problema cultural, porque la ciencia es la base de la cultura; en eso estamos de acuerdo. Pensamos que el problema de la ciencia es un
problema social, porque sin ciencia no puede haber educación verdadera, sin embargo reiteramos para nosotros que el problema de la ciencia y la técnica es fundamentalmente un problema económico.
Hace algunos días hablamos desde esta tribuna acerca de las características de la Revolución Científica y Técnica; no lo vamos a reiterar; sin embargo, vale la pena decir algo acerca de lo que están haciendo los países desarrollados, porque eso sí parece entenderlo el Poder Ejecutivo, la tecnología es un elemento, es una piedra de toque de las relaciones económicas internacionales, es un arma fundamental de los monopolios y de las transnacionales, y desde ese punto de vista así se considera en todos los países desarrollados como parte esencial de su política económica.
Por ejemplo Japón, Japón que para todos es reconocido como un país de vanguardia en tecnología, a principios de este siglo decidió emprender toda una reestructuración de su sistema científico y técnico y creó lo que nosotros hemos demandado en muchas ocasiones desde esta tribuna: laboratorios industriales e institutos de ingeniería, y junto con eso envió a una gran cantidad de estudiantes japoneses a los países más avanzados para llevar a cabo estudios de postgrado, para trabajar en los centros de investigación más avanzados, para adquirir los conocimientos y la capacidad necesaria a fin de transformar a su país en una potencia industrial.
Años después, primero la copia, la simple copia.
Pero con esa preparación que se hizo durante muchos años y decenios, pronto se llega a los resultados, ahora nadie duda de que Japón es país de vanguardia en muchos campos de la tecnología, que supera incluso a Estados Unidos de América en varios de éstos. Pero se ha dado cuenta de una cuestión que también aquí hemos mencionado, de que están perdiendo creatividad, y para subsanar esto, están tratando de superar una falla que tuvieron al orientarse fundamentalmente al desarrollo de la tecnología, para ahora dar un impulso importante a la investigación básica, porque consideran con justa razón, que sin ciencia básica no hay creatividad y no puede haber alta tecnología. No puede haber renovación tecnológica a la velocidad que hoy se requiere.
En ese punto está Japón, para tratar de conservar la supremacía en muchos campos, particularmente la robótica y la microelectrónica. Estados Unidos de América, se ha dado cuenta de que están atrasados en muchos aspectos de la tecnología. Ellos tienen una base de investigación básica, fundamental, por todos reconocida por su calidad. Sin embargo, tiene dos fallas, uno, el problema de la tecnología que ya lo dijimos. Otro, el de que el mayor porcentaje de estudiantes de posgrado de Estados Unidos de América, son de origen extranjero. Para tratar de superar ambos, primero en el campo de la tecnología, el gobierno de Estados Unidos de América, ha tomado entre sus manos en forma directa este punto y ha creado un centro de alta tecnología, sobre los temas en donde Japón le supera. y está buscando medios para fomentar la creatividad entre sus estudiantes de posgrado y de ciencias e ingeniería. ¿Y Europa qué está haciendo? Europa que es otro de los centros económicos del mundo, también está tratando de incorporarse a esta revolución científica y técnica, pero ante la fuerza económica del imperialismo norteamericano y del japonés tiene que buscar caminos de cooperación y los ha hecho, ha encontrado este camino y ha formulado en conjunto como en otros aspectos de la vida económica y social, un programa común que le han llamado "Eureka".
"Eureka" es un programa en donde participan todos los países del Mercado Común Europeo para desarrollar altas tecnologías en los campos en donde quieren competir con Estados Unidos de América y con Japón, en esta tarea están buscando cómo precisar y cómo mejorar este programa de cooperación; por eso están avanzando mucho en todos los aspectos económicos y técnicos.
De la Unión Soviética y de los países socialista en general ya hemos hablado también desde esta tribuna; la ciencia y la técnica son elementos estratégicos en el Programa de Reestructuración de la Economía y la Vida Social de la Unión Soviética y de otros muchos países socialistas que han emprendido el mismo camino.
En cambio, en nuestro país parece, compañeros diputados, que no se ha comprendido perfectamente bien este fenómeno; comprenderlo quiere decir dar el paso concreto, convertir esa comprensión en política económica en parte del presupuesto de egresos, si no de este año, el próximo año, y tampoco en el sentido de la colaboración.
El Partido Popular Socialista considera que en el campo de la ciencia y de la técnica como en otros muchos problemas, por ejemplo el de la deuda, ningún país de América Latina por sí sólo puede emprender tareas superiores, tiene que haber una colaboración necesaria, pero independientemente de eso cada país debe de hacer el esfuerzo máximo para hacer que cambie su estructura científica y técnica y de que podamos utilizar algunos de los logros de esta revolución científico y técnica; pero repetimos, parece que estamos lejos de ese momento.
Un ejemplo: Hace algunos años, un grupo de investigadores del Instituto Politécnico Nacional, acudieron a Teléfonos de México. Hablaron con los responsables de esta empresa estatal. Le propusieron esto, que era muy sencillo: señores, dentro de algunos años, el sistema de comunicación cambiará radicalmente; en lugar de las líneas de cobre usualmente se utilizan hasta hora, se utilizarán fibras ópticas. En lugar de la tecnología que ahora prevalece se utilizará la tecnología digital. Nosotros les ofrecemos un programa de colaboración entre teléfonos de México y del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Politécnico para emprender tareas de investigación a fin de hacer que nuestro país por sí propio, incorpore la tecnología de las fibras ópticas al sistema telefónico de nuestro país. Así se planteó.
Sin embargo, los dirigentes de esta empresa simplemente dijeron: Tráiganos el proyecto y les llamaremos después. Y esa llamada jamás se produjo. Y sin embargo, vean ustedes, en el informe de la cuenta pública y en el mismo anteproyecto de presupuesto, se habla de que Teléfonos de México, ha emprendido la adopción de la tecnología digital, de que lleva muchos cientos de Kilómetros de fibras ópticas instaladas en donde ha gastado miles de millones de dólares y sigue con la tarea de modernización del servicio telefónico; pero todo adquirido con tecnología extranjera, ni un centavo se ha dedicado para el fomento de la investigación en las fibras ópticas o en la tecnología digital, que ambas se llevan a cabo el Instituto Politécnico Nacional, que tienen un centro de tecnología digital en Tijuana y que trabaja las fibras ópticas en diferentes instituciones, en diferentes laboratorios.
Pero ni un solo centavo se ha dedicado a apoyar estos centros de investigación.
Ese es un ejemplo de la incomprensión que existe en la práctica, hacia la ciencia y la técnica.
Podemos dar varios datos, ya lo dijimos en nuestro voto particular que analizando el presupuesto dedicado a ciencia y técnica de las cinco secretarías más importantes relativas al desarrollo industrial, dijimos que apenas alcanza el .11% respecto del producto interno bruto estimado para 1989, es una cantidad extremadamente pequeña.
Y por separado vemos que, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública va a gastar para el fomento de la ciencia y la técnica 329 mil 921 millones de pesos, pero de ese total solamente el 4.4% será dedicado a gasto de capital, dentro del cual está la compra de equipo para los laboratorios de investigación.
Entonces bajo esas condiciones, ¿cómo podemos esperar que el sistema de educación tecnológica sea la base para desarrollar técnica propia al nivel que se necesita actualmente? No se puede.
Nosotros, que somos miembros de la comunidad politécnica, vemos por ejemplo que en los últimos cuatro o cinco años, muchos de sus laboratorios de investigación o de sus laboratorios de enseñanza a nivel superior o de postgrado no han podido adquirir ni un solo equipo, y lo que se adquiere en un año es bastante poco, de tal manera que se está deteriorando el equipo y lo que se descompone no es posible repararlo.
Es una de las cuestiones que preocupan al Partido Popular Socialista, y por eso llama la atención a esta asamblea, a fin de que busquemos caminos para superar estos problemas.
También hemos dicho aquí que si nosotros queremos desarrollar la tecnología nacional, tenemos que crear los laboratorios industriales. Y también observamos que en país el número de laboratorios industriales, con suficiente base científica y que tienen una cierta producción de calidad, no pasan de una docena. Por supuesto que todas ellas están ligadas a las empresas estatales.
Por eso nosotros hemos demandado que se establezcan laboratorios industriales, particularmente asociados a las empresas del Estado. Para ello se necesita cambiar el presupuesto de egresos. Pero nosotros sabemos bien que eso no es tarea fácil de llevar a cabo. No es fácil de llevar a cabo porque parecemos proceder de una manera ilógica. Discutimos primero los ingresos y después discutimos los egresos de la Federación.
Es decir, nos dan una tela de una medida determinada, que no se puede alargar y sobre esa base tenemos que construir un traje. De manera que si nos queda corto de una parte y queremos subsanar eso, entonces tenemos que cortar de otra parte
. Yo creo que debe cambiar esa situación. Por ejemplo ahora la única posibilidad que existe es de que se subsane en parte esta situación, por medio de las transferencias; pero a costa de quitar presupuesto para otras instituciones, que por lo raquítico del prepuesto resulta muy difícil de hacerlo, porque también los otros requieren más presupuesto, como se ha expresado aquí por casi todos los oradores.
Por eso demandamos nosotros dos cuestiones. La primera, en relación con estos tres artículos que hemos apartado y sobre los que estamos discutiendo, que las comisiones respectivas busquen
los caminos conducentes para tratar de subsanar, a través de las transferencias sin afectar otros sectores, para subsanar este problema, a fin de dar el impulso máximo que se pueda bajo las condiciones de este proyecto de presupuesto al desarrollo de la ciencia y la técnica.
Que creemos algunos de los laboratorios industriales más importantes, que apoyemos presupuestamente más a los centros de educación superior y de investigación científica, particularmente aquéllos al desarrollo de tecnología, particularmente al Instituto Politécnico Nacional.
Y la otra cuestión que nosotros demandamos, es que la Comisión de ciencia y tecnología de la Cámara de Diputados, junto con otras comisiones que tienen que ver con el tema, emprendan para el año 1989 una amplia consulta con los sectores de la investigación científica, directamente con los investigadores, con los responsables también del Poder Ejecutivo, también con los dirigentes de las empresas estatales y privadas verdaderamente nacionales, para buscar en conjunto los caminos para elevar la política científica del país e integrarlo en la política económica, a fin de que el año que entra, en el presupuesto que estamos discutiendo dentro de un año, ésta forme parte de una de las prioridades; ésta forme parte de uno de los objetivos de la política económica del país y que una de sus líneas de acción considere en forma prioritaria la investigación científica y al desarrollo tecnológico.
Si esta Cámara de Diputados hace eso, como ha hecho con otras cuestiones importantes de política social y económica, estará creando las bases para hacer que el desarrollo futuro del país sea mucho más sólido y mucho más fácil, en relación con la independencia económica, en relación con el desarrollo industrial y en relación con la distribución de la riqueza. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Gerardo Ávalos Lemus
. El C. Gerardo Ávalos Lemus: - Gracias, compañera presidenta: El análisis que el grupo de asesoría parlamentario y el grupo parlamentario del Partido Mexicano Socialista, hemos hecho de manera particular sobre algunos puntos, queremos, a través de mi intervención, referirnos a un apartado que hemos clasificado como consecuencias sociales de la transición, que se caracteriza en el proyecto de ley que estamos debatiendo y en particular tocar el asunto sobre esa luz.
En el proyecto de Ley de Egresos para 1989 que hoy nos proponen, fija como objetivo central el desarrollo social, como la prioridad para 1989 del programa de gobierno y que a pesar de las limitaciones en el gasto público, los recursos destinados a renglones de educación, salud, vivienda, mejoramiento del ambiente y solidaridad social, aumentarán en forma sustancial.
Sin embargo afirmar lo anterior se contradice con el propio contenido del proyecto, revisando el monto del gasto y de su asignación, programas y metas concretas y se confirma que no hay un avance real en priorizar el desarrollo social.
El presupuesto aprobado para el bienestar social, en conceptos generales o sea educación, salud, desarrollo regional y desarrollo urbano y ecología.
En 1989 equivaldrá al 6% del producto interno bruto, mientras que hace siete años equivalía al 8% aproximadamente. Sumando los recursos asignados al sector o desarrollo social equivalen a menos de la quinta parte de lo que se asigna por el propio sector al servicio de la deuda.
En este marco el sector salud, a pesar de que su gasto tiene una mayor participación en el total programable, en términos reales su monto es inferior al de principios de sexenio, a pesar de que ha crecido la población que requiere de estos servicios.
La misma situación se manifiesta por instituciones; caso concreto tenemos que para el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado en 1989, será apenas un poco más de la mitad del ejercicio de 1982.
Del Seguro Social, los recursos serán 39% inferiores de los de hace siete años.
Y qué decir de la Secretaría de Salud, contará con un presupuesto inferior en casi el 40%. Sobre esta última institución a pesar de ser notoria la reducción del gasto administrativo, varios programas sustantivos vendrán drásticamente reducidos en sus recursos.
Por ejemplo, atención curativa, contará con menos recursos en 10% que los de 1982; atención preventiva contará con menos de la tercera parte de lo ejercido en aquel año y la asistencia social con apenas el 26% de los de la misma fecha.
Todas estas reducciones se traducen para 1989 en una caída de las metas programadas como en el caso de la aplicación de vacunas y la terminación de centros de salud y hospitales generales, la reducción de las consultas específicas y la hospitalización especializada.
De igual forma se presenta en el Seguro Social.
Donde se observa una reducción en la principales metas frente a 1988, afectando principalmente la hospitalización especializada, la formación de recursos humanos, pensiones y jubilaciones, así como la construcción de unidades médicas de distinto nivel.
En el Programa Instituto Mexicano del Seguro Social y Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados se aplicarán en 1989 menos dosis de vacunas que en 1988, se atenderán menos casos en la detección y control de enfermedades transmisibles, y se otorgarán menos consultas de planeación familiar.
Con esta información, es evidente que se contradicen la afirmaciones hechas en la exposición de motivos del proyecto de presupuesto de egresos que para 1989, ya que con esos recursos no se podrá fortalecer el Sistema Nacional de Salud y mucho menos incrementar la eficiencia institucional.
Además, se corre el riesgo de incrementar la incidencia de enfermedades transmisibles sin considerar el creciente deterioro en los servicios de salud pública, que hacen aún más vulnerables a la población de escasos recursos.
Hemos reservado este punto particular para su debate, como una de las pruebas de que es fundamental la contradicción programada por el Estado priísta en su proyecto de egresos, dado que al fijar como objetivo la atención social es precisamente el renglón menos atendido. Estos son los datos concretos.
Pero nuestro partido hace la siguiente propuesta de modificación. El grupo parlamentario del Partido Mexicano Socialista propone modificar el monto asignado al ramo: 00012 del artículo 2o. del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a salud, para quedar de la siguiente forma:
"Artículo 2o. Todas las erogaciones, y en el caso particular de la 00012, salud, presupuesto asignado: un billón 664 mil 1 millones 700 mil pesos."
Propuesta de modificación:
"3 billones 86 mil 41 millones 700 mil pesos".
La diferencia es de un billón 422 mil 40 millones.
El incremento que se propone busca otorgar a los 7.3 millones de personas sin acceso a los servicios de salud, reconocidos oficialmente, un nivel de gasto por derechohabiente a lo ejercido por el Instituto Mexicano del Seguro Social en 1988, es decir 194 mil 800 pesos por persona. Estos recursos serán asignados del ramo 00023, correspondiente a erogaciones no sectorizables."
Ciudadana presidenta: Solicito someta a consideración de la asamblea la propuesta que nuestro partido hace en lo particular. Muchas gracias.
El C. Sergio Quiroz Miranda: - Señora presidenta, pido la palabra.
La C. Presidenta: - ¿En el mismo sentido?
El C. Sergio Quiroz Miranda: - No, es otro.
La C. Presidenta: - Entonces permítame usted anotarlo. Está usted anotado ciudadano diputado Quiroz Miranda; hay alrededor de dos o tres oradores antes que usted.
Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Castrejón Díez.
El C. Jaime Castrejón Díez: - Con su venia ciudadana presidenta; honorable asamblea: Hoy en la mañana uno de los oradores hablaba de la legislación al vapor, y hoy en la tarde hemos oído también opiniones al vapor, que también hay que revisar porque deja la impresión que lo que está proponiendo es algo que es totalmente diferente si ustedes leen con cuidado los documentos.
Me voy a referir al primero al comentario de la oficina del Secretario de Educación Pública, con una asignación de 61 mil 346 millones de pesos. La oficina del Secretario de Educación Pública, no es un despacho con dos pasantes y una secretaria, incluye todo un desarrollo que incluye educación cultura, recreación y deporte.
Los gastos de la oficina de la Oficialía Mayor, la Subsecretaría de Educación Media, entre otras. Existen doce áreas, preescolar, primaria, secundaria, media superior, superior, técnica, capacitación y normal, escultura, planeación, internacional, orientación y coordinación. Pueden ustedes ver en la página número tres, del tomo dos volumen a, del análisis programático del sector educación pública, para que vean lo que incluye. Incluye los expertos, las personas que participan en los programas internacionales, investigación educativa, publicaciones y sobre todo, nuestro personal permanente que se encuentra en la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, Organización de
Estados Americanos. Nuestra participación en derecho de autor y en las organizaciones científicas. Es decir, no es un despacho. Es un sistema.
La C. Luisa María Calderón Hinojosa (desde su curul): - ¿Me permite una interpelación?
El C. Jaime Castrejón Díez: - No acepto interpelaciones hasta el final, compañera.
La C. Presidenta: - No la acepta hasta el final.
El C. Jaime Castrejón Díez: - Santiago Ramón y Cajal el científico español decía que es tan peligroso imaginar sin observar, como observar sin imaginar. Y hemos visto que se está imaginando sin observar.
Se han hecho aseveraciones tanto sobre el sistema educativo nacional, como el sistema de salud, que no corresponde a la realidad. Se quiere manejar una evaluación a través de indicaciones. Con dos indicadores sobre el producto interno bruto, se pretende hacer un enjuiciamiento del sistema educativo nacional.
Quisiera que recorriéramos un poco el sistema para observar lo que ha pasado. La educación primaria a partir del año del 1983, tuvo la cobertura total, es decir, el 98% de la demanda social fue satisfecha.
La tendencia de crecimiento contaba con un presupuesto que no fue disminuido. ¿Qué pasa con este presupuesto? Se dirigió a dos áreas: Al área preescolar y al área secundaria. Antes de eso, el 15% de la población en edad preescolar, era a tendida en los jardines de niños. Muy por debajo de los indicadores internacionales. Si inició a partir de entonces un trabajo de construcción, preparación de educadores y apertura de jardines de niños que ha llevado a 2 millones 140 mil niños a los jardines de niños, y que este año en el presupuesto que se está aprobando hay 357 mil 500 niños más, esto es, no es un proyecto, en septiembre ingresaron estos niños porque el presupuesto se discute en diciembre pero el año escolar ya inició, no es una hipótesis sino que son números reales.
En el nivel secundaria ha pasado lo mismo, se canalizó hacia allá parte de la tendencia de crecimiento y hay en este año 3 millones 308 mil estudiantes, de los cuales 436 mil 900 estudiantes son de nuevo ingreso, es decir, tenemos como 800 mil estudiantes de crecimiento en áreas diferentes de la primaria.
En 1982 el 39.2% de la demanda social de preescolar estaba satisfecha, para este ciclo escolar llegamos a 64.4, no veo aquí el indicador que marcaba que íbamos hacia atrás que dé esos resultados; en la secundaria hemos llegado al 84% de la demanda social satisfecha.
No se trata de decir que si hubiera más fondos no creceríamos más, lo que se trata de explicar es que en el área educativa y de salud a pesar de los problemas no se han detenido los programas, algunos de ellos que tienen más de cincuenta años, que han ido caminando y han ido cubriendo sus metas.
Hace siete años se decidió que la educación fundamental debería comprender once años, dos de preescolar, seis de primaria y tres de secundaria. Con esto estamos llegando a cubrir esas poblaciones y ese deseo de tener una educación fundamental de once años para los mexicanos.
En la educación media superior también se hicieron aseveraciones drásticas, se dijo que en la educación tecnológica se estaba preparando gente para el trabajo en las transnacionales y que se estaba desvirtuando en el sentido de este nivel educativo.
De un millón 292 mil estudiantes de este nivel 404 mil estudiantes estaban en instituciones tecnológicas, es decir, un 18% del total.
Para aquellos que les gustan los indicadores, podrán ver que ésta es una cifra muy sana para cualquier país en vías de desarrollo o desarrollado.
En la profesional media se hizo la misma gestión hacia el Colegio Nacional de Estudios Profesionales, que llega ya a 280 mil estudiantes. Es el 20% en educación media terminal que también es un indicador sano en cualquier país del mundo.
Cuando se acusó al sistema del Instituto Politécnico y los Tecnológicos Regionales, de que estaban sirviendo a otros fines que no fueran los fines de nuestro país, podemos ver nuevamente como los indicadores nos ubican en un país de desarrollo medio, 18% y, como decía el maestro Modesto Cárdenas, en su intervención, el Instituto Politécnico Nacional y la comunidad politécnica y tecnológica nacional, están sirviendo al país. Es en la Comisión Federal de Electricidad, en Petróleos Mexicanos, en Comunicaciones y Transportes y en Teléfonos, en donde la mayor parte de sus egresados se han desarrollado.
Creo que se han hecho aseveraciones que no se justifican con la realidad. Como decía Ramón y Cajal: "Se imaginó sin haber observado".
El maestro Modesto Cárdenas hizo unos comentarios con los que naturalmente tenemos que estar de acuerdo. Habla de la idea del presidente Salinas de Gortari, de incorporarnos a esta revolución científico - técnica y dedicar un gran esfuerzo en los próximos años para desarrollar la potencialidad científica y técnica de los mexicanos.
Este aspecto de la vida mexicana tiene cierta característica que tenemos que explotar. Hay, además del problema económico, un problema de masa crítica. Quienes hacen planeación científica saben que la ciencia no puede desarrollarse sin una masa crítica que solamente se logra a través del desarrollo de recursos humanos. Este año hay un millón 054 mil habitantes en las universidades y tenemos ya 33 mil estudiantes en postgrados nacionales sin contar los que están en el extranjero. Es decir, se está buscando la masa crítica de científicos y técnicos mexicanos que puedan impulsar el desarrollo.
La ciencia no sólo se hace con dinero y con equipo, el factor fundamental, el irremplazable, es la inteligencia. Tenemos ya en esta masa crítica 25 mil investigadores formados en el extranjero y en México que prestan sus servicios en las instituciones de educación y de investigación nacionales.
En las clasificaciones que se hacen en las sociedades científicas internacionales, nos catalogan que de estos 25 mil tenemos 3 mil de primera línea, es decir, no estamos empezando, no estamos iniciando el desarrollo científico en cero sino que está haciendo un serio esfuerzo por estimular la creatividad del mexicano.
La idea del maestro Modesto Cárdenas, de Vincular a los centros de investigación con la producción es un viejo anhelo de los educadores y científicos mexicanos. Existen ya algunos ejemplos, como es el del Centro de Estudios Avanzados, Teléfonos de México, y algunas instituciones que en las microbiologías y en las químicas han dado pasos muy firmes.
La idea de que en la Cámara de Diputados, la Comisión de Ciencia y Tecnología inicie una amplia consulta nacional, la aceptamos naturalmente, está dentro del espíritu que el presidente Salinas de Gortari, ha manifestado de la consulta nacional sobre la calidad de la educación.
El diputado Ávalos habló de la política de salud y sus argumentos adolecen de lo mismo, son porcentajes, se gasta menos porque se gastó más el año pasado y no contamos que en el ramo de salud el año pasado se gastó más porque hubo mayor construcción y hubo una reestructuración del sistema salud.
Está equivocado en cuanto a las cifras, no es un billón como decía, son 12 billones. Es que en el presupuesto leyó nada más la parte de asignaciones para los gastos personales y existen en transferencias gastos para los institutos, para construcción y otros aspectos.
El C. Gerardo Ávalos Lemus (desde su curul): - ¿Me permite una interpelación? Es relativa a lo que acaba usted de decir.
El C. Jaime Castrejón Díez: - Al final, al final compañero.
La C. Presidenta: - Están prohibidas las discusiones en forma de diálogo.
El C. Jaime Castrejón Díez: - Pero quisiera entrar no al dinero, sino a lo que describe. Vamos a hacer una incursión por el Sistema Nacional de Salud, y ver si coinciden las apreciaciones de los porcentajes de dinero con los porcentajes de servicio.
En el primer nivel se tienen 65.6 millones de dosis de vacuna, 88.6 millones de consultas generales, 41 millones de consultas preventivas. Para un país de la población nuestra tenemos como indicador 1.5 consultas generales, que no está lejos de los indicadores aceptables para un país de desarrollo medio.
En el segundo nivel, se tienen en el presupuesto calculados 2.3 millones de hospitalización general.
En el tercer nivel, se tienen 600 mil casos de hospitalización especialidad. Y las instituciones de investigación en el área médica cuentan con un presupuesto suficiente para sostener los diez institutos nacionales del sector salud, que son centros de investigación que deben ser orgullo de los mexicanos, porque no es medicina de tercer mundo, es medicina de primer mundo y nuestros investigadores están haciendo investigaciones de frontera.
También se están completando una serie de instalaciones que vendrán a hacernos capaces de aumentar la cobertura nacional en los tres niveles de salud.
Se terminarán 79 centros de salud y se inician 160 más. Se refuerzan casi 5 mil unidades médicas. Se concluirá el equipamiento del hospital de Ciudad Juárez y se inicia ya el equipamiento del Instituto de Salud Pública.
Para los que les gustan los indicadores, en 1982 había 1 mil 325.6 habitantes por médico; hay 1 mil 115 habitantes por médico en 1989. Había 937 habitantes por enfermeras y hay 747. Es decir el sistema de salud que no ha sido restringido a pesar de los vaivenes de la economía, se ha respetado el gasto social de tal manera que los grandes programas han seguido su curso y están llegando a las metas que se habían propuesto.
No quiero decir que si hubiera más dinero, no sería aceptable. Lo que quiero decir es que el juicio severo que se pasa sobre el sistema educativo nacional y sobre el sistema de salud, está siendo un poco exigente en el área en que realmente no se le puede pedir más porque está cumpliendo con lo planeado hace mucho tiempo.
Cumple tanto el sistema educativo nacional, como el sistema de salud, con varios requisitos de la buena planeación. Se está planeando a largo plazo, se está planeando en forma diferenciada, se está llegando a metas intermedias, se está llegando a coberturas totales en ciertas áreas y en la tendencia de crecimiento no se ahorra, sino que se busca su aplicación en nuevas áreas dentro de los mismos sistemas, como es el caso de preescolar y de la educación secundaria.
Una decisión, dicen los planeadores, es correcta, si se demuestra que logró objetivos específicos, cuando el objetivo se puede especificar sin describir la acción misma. Para ello se necesitan tres condiciones que deben satisfacer simultáneamente:
Debe ser posible detectar los efectos específicos de la decisión, debe haber conexión entre fines y medios debe haber consenso sobre las metas.
En la política social, en los sistemas educativo nacional y nacional de salud, se cumplen esos requisitos.
Si hubiera mayores fondos, naturalmente que se podría hacer más, pero no se han retrasado los programas nacionales por las crisis económicas.
Quisiera también dar un indicador más: en 1982-1983, el índice de escolaridad per capita de mayores de quince años era de 5.7 y es ahora de 6.3
. Manejar los indicadores no es únicamente hacer una regla de tres con el producto interno bruto; manejar indicadores es medir metas previstas contra población, ver la efectividad del trabajo de planeación de la ejecución y de la implantación del programas. Muchas gracias, ciudadana presidenta.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra para alusiones personales el ciudadano diputado Gerardo Ávalos Lemus.
El C. Gerardo Ávalos Lemus: - Es muy breve compañeros, es simplemente, creo que tiene razón el compañero en cuanto a las cantidades que se han manejado, pero quiero aclarar a la asamblea que lo que estamos debatiendo es el artículo 2o., y en nuestra propuesta señalamos claramente la propuesta de modificación y de transferencias es de un rubro a otro.
En el artículo 2o. solicito a la presidencia instruya a esta secretaría para que dé lectura al encabezado del artículo 2o. y leyendo el rubro 12 que se refiere a la Secretaría de Salud, no al sector salud y trabajo laboral, algo así esta establecido en la ley.
Si fuera tan amable señora presidenta de instruir.
La C. Presidenta: - Ruego a la secretaría atienda la petición del ciudadano diputado.
EL C. prosecretario Juan Jaime Hernández: - "Artículo 2o. Las erogaciones previstas en el presupuesto de egresos para la presidencia de la República, las dependencias del Ejecutivo Federal y los ramos de aportaciones a seguridad social, erogaciones no sectorizables y reconstrucción y descentralización para el año de 1989, importan la cantidad de 40 mil 743 millones 653 mil 700 pesos y se distribuyen de la siguiente manera: 00012 salud, 1 billón 664 mil 001 millones 700 mil pesos.
El C. Gerardo Ávalos Lemus: - De esa manera, compañeros, la propuesta que nosotros hemos solicitado será sometida a consideración de la asamblea, me voy a permitir repetirla, que no se refiere al sector salud, sino a la Secretaría de Salud:
"Artículo 2o. Erogación 12. Salud. Presupuesto asignado, 1 billón 664 mil 001 millones 700 mil pesos; propuesta de modificación, 3 billones 086 mil 041 millones 700 mil pesos; diferencia, 1 billón 422 mil 040 millones.
El incremento que se propone busca otorgar a los 7.3 millones de personas sin acceso a los servicios de salud, reconocidos oficialmente, un nivel de gasto por derechohabiente equivalente a lo ejercido por el seguro social en 1988, es decir, 194 mil 800 pesos por persona.
Estos recursos serán asignados del Ramo XXIII...
La C. Presidenta: - Diputado Ávalos, ¿acepta usted una interpelación del ciudadano diputado Castrejón Díez?
El C. Gerardo Ávalos Lemus: - No, señorita, muchas gracias.
La C. Presidenta: - No la acepta.
El C. Gerardo Ávalos Lemus: - Correspondientes a erogaciones no sectoriales.
Firman la presente propuesta, por el Partido Mexicano Socialista, Pablo Gómez Alvarez, Gerardo Ávalos Lemus, José del Carmen Enríquez Rosado; por el Partido del Frente, Víctor Ávalos y por la Corriente Democrática, Jorge Martínez Almaraz."
La C. Presidenta: - Por la comisión, tiene la palabra el ciudadano diputado Jaime Castrejón Díez.
El C. Jaime Castrejón Díez : - Con su venia, ciudadana presidenta: Yo quisiera preguntarle al diputado Ávalos, que nos explicara ¿cómo llegó a esa cifra?, ¿cómo calculó el aumento y cuáles fueron los criterios y los parámetros para hacerlo?
La C. Presidenta: - Tiene la palabra, para hechos, la diputada Luisa María Calderón Hinojosa.
La C. Luisa María Calderón Hinojosa:
- Gracias, señora presidenta; compañeros diputados: Diputado Castrejón, lamento que el presupuesto de egresos, en el volumen dos que usted mencionó, tampoco estoy de acuerdo con usted; usted menciona que en el subprograma...
La C. Presidenta: - Se ruega a los señores diputados atención al orador.
La C. Luisa María Calderón Hinojosa:
- Usted, diputado Castrejón, mencionaba que en el subprograma 01, conducción y coordinación general, en el que nosotros objetamos los 61 mil 436 millones, está incluida Oficialía Mayor, educación básica, etcétera; lamento decirle que en el subprograma 08 que dice: administración central y que el responsable es precisamente la Oficialía Mayor, hay 566 mil 514 millones de pesos, no caben 566 mil en 61 mil.
Además, en educación básica y es muy fácil de hacer una resta, en uno de los subprogramas que es el 10 y que usted dice que también educación básica está dentro de este renglón, hay un subprograma, el 10, que tiene 93 mil 563, ¿cómo le hará usted para que en 61 mil quepan 93 mil, señores diputado?
Y yo quisiera que imaginara, pero que también observara y que también analizara, usted dice que la demanda en la primaria ha sido satisfecha en un 98%, pero ¿qué estará pasando en nuestros programas de educación, que el índice de deserción escolar no ha sido posible bajarlo? Es todo lo que quería decirle señor diputado Castrejón, es simplemente una suma o una resta, no cabe 91 en 61.
la C. Presidenta: - La presidencia ruega al ciudadano Castrejón, permita un momento para pedirle a la secretaría someta a votación, a consulta de la asamblea, si se admite la modificación propuesta por el ciudadano diputado Ávalos.
El C. Gerardo Ávalos Lemus: - Pido la palabra para alusiones personales, señora presidenta.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra para alusiones personales, el ciudadano diputado Gerardo Ávalos Lemus.
El C. Gerardo Ávalos Lemus: - Realmente, compañeros legisladores, no es un problema de mucho fondo: En la exposición de motivos, el gobierno reconoce que existen 7.3 millones de mexicanos a los que no alcanza a llegar el beneficio de la asistencia de salud, nosotros creemos que es más.
En la propia exposición de motivos se nos explica que en 1988, en el caso del seguro social, el gobierno invertía por paciente, por año, 194 mil 800 pesos; si multiplicamos esta cantidad por los 7.3 millones de pacientes, llegamos a la cantidad que hemos propuesto, que es de 3 billones 086 mil 041 millones 700 mil pesos.
Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Se ruega a la secretaría consulte a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta por el diputado Ávalos al artículo 2o., renglón 12.
El C. secretario José Murat C.: - En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta por el diputado Ávalos al artículo 2o., renglón 12.
Los ciudadanos diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo.
(Votación.)
Los ciudadanos diputados que estén por que se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada.
La C. Presidenta: - Desechada la modificación. La presidencia pregunta al ciudadano diputado Castrejón, si desea hacer uso de la palabra.
El C. Jaime Castrejón Díez: - Si, señora presidenta.
La C. Presidenta: - Tiene usted la palabra.
El C. Jaime Castrejón Diez: - Con su venia, ciudadana presidenta: Quiero contestar a la diputada sobre lo de la oficina del secretario: cuando estábamos hablando de la oficina del secretario...
La C. Presidenta: - Un momento, ciudadano diputado Castrejón; la presidencia ruega a los ciudadanos diputados que tengan a bien tomar sus respectivos lugares, guardar silencio y prestar atención a todos los oradores.
El C. Jaime Castrejón Díez: - Cuando se habla de 61 mil millones, lo que quieres saber es cuánto cuesta la oficina del secretario...
La C. Presidenta: - Un momento, ciudadano Castrejón. La presidencia quiere aclarar que había dos temas de debate propiamente: el relativo a educación y el relativo a salud; la modificación que se propuso por parte del ciudadano diputado Ávalos, estaba relacionada básicamente con las cuestiones de salud, mientras que la ciudadana diputada Calderón y algunos otros ciudadanos diputados han estado relacionándose, vinculando el debate al tema educativo. Entonces, está vivo el tema educativo, pero me pareció importante, para evitar confusiones a la asamblea, de acuerdo con el Reglamento, someter a votación la modificación propuesta. Adelante, ciudadano diputado Castrejón.
El C. Jaime Castrejón Díez: - La asignación de 61 mil 436 millones de pesos al programa de la oficina del Secretario de Educación, incluye todo el grupo de oficinas que centralmente operan el sistema, ahí se incluye lo que yo mencionaba; la oficina, si lo que quiere saber es cuánto cuesta el mantenimiento de la oficina, vale 2 mil millones de pesos; existen también acciones de Oficialía Mayor, de subsecretarías en todas las delegaciones de las unidades descentralizadas, si usted se molesta en ver la página tres del tomo dos, volumen "A" del análisis programático del sector educación pública, ahí están todas las respuestas.
La C. Luisa María Calderón Hinojosa (desde su curul): - ¿Me permite una interpelación?
La C. Presidenta: - El orador ha dejado la tribuna, ciudadana diputada, ¿quiere usted ocuparla?
La C. Luisa María Calderón Hinojosa:
- Señor Castrejón: El subprograma 08 dice claramente: "administración central, responsable Oficialía Mayor, 566 equis millones de pesos, no estoy hablando de oficialía en otras delegaciones, está usted hablando de la central, la central tiene 566 mil millones de pesos, revise por favor su volumen dos, yo no tengo la posibilidad porque a nuestra fracción nos dieron cuatro volúmenes.
Esto es lo que nosotros objetamos, aquí es donde debe hacerse la reducción del gasto corriente, no en la burocracia, sino en el exceso de servicios que tiene a su servicio personal el Secretario de Educación Pública.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Fernando Palacios. No se encuentra en el recinto. Tiene la palabra el diputado Rommel Contreras Flores.
El C. Rommel Contreras Flores: - Compañera presidenta; compañeros todos: Hoy, con toda autoridad moral, vengo a expresarme desde esta tribuna a nombre de los campesinos de México.
Como hijo de ejidatarios del bajío guanajuatense, como ex alumno de una escuela secundaria técnica agropecuaria, como ex alumno de una escuela normal rural, con más de 12 años de servicios magisterial en varias escuelas rurales y con más de 15 años de luchar al lado de miles de campesinos en varias partes del país, expongo lo siguiente:
Hoy somos más de 40 millones de mexicanos que vivimos, luchamos y trabajamos en el campo, integrados en cerca de nueve millones de familias, habitamos cerca de 122 mil poblaciones distribuidas en todo el país; teóricamente, los compañeros ejidatarios y comuneros tienen en propiedad social más de la mitad del territorio nacional; del total de casi 200 millones de hectáreas, 100 mil están en manos de ejidatarios organizados en cerca de 28 mil ejidos, otros 50 millones de hectáreas, también hablando con base a las estadísticas oficiales, son de propiedad privada de 1 millón 500 mil campesinos pobres, con menos ventajas que los ejidatarios, con una escasa o nula organización productiva y con predios que al paso de las generaciones se van dividiendo más, al grado de que muchas propiedades, auténticas pequeñas propiedades, ya no se cuentan por hectáreas sino por surcos.
Por lo tanto, de los casi 200 millones de hectáreas que abarca el territorio nacional, tres cuartos teóricamente son propiedad de ejidatarios, comuneros y campesinos pobres, al lado de los
trabajadores agrícolas con tierra, pertenecen a nuestra clase social otro tanto de trabajadores asalariados que no la tienen, de los cuales, casi 3 millones mantienen expedientes agrarios con solicitudes de ampliación de ejidos, dotación y nuevos centros de población ejidal, se organizan en cerca de 30 mil comités agrarios, el resto, de casi 50 millones de hectáreas, 20 millones están en propiedad de latifundistas y la mayor parte en tierras de primera calidad; 12 millones de hectáreas son propiedad de los gobiernos: federal, estatal y municipal en la práctica muchos ya privatizados; 10 millones quedan con carácter de bienes nacionales, de los cuales más de la mitad ya están ocupados o apropiados por casi 300 mil nacionaleros.
Finalmente, casi 7 millones de hectáreas aparecen registradas como propiedad de 40 mil colonos integrados en 677 colonias agrícolas, ganaderas y forestales. Con todos estos datos, aparentemente parecería que los campesinos mexicanos viven sin problema al contar con un pedazo de tierra o sin ella, sin embargo, es todo lo contrario: al fracasar estruendosamente la política agropecuaria aplicada en el pasado sexenio, que se caracterizó por una austeridad presupuestal en todos los renglones de la vida social y económica de los hombres del campo cuyos efectos se manifestaron en los siguientes aspectos:
1o. El empobrecimiento dramático de los campesinos y sus familias.
2o. La disminución significativa en los créditos, subsidios, estímulos, fertilizantes, infraestructura hidráulica y rural y tecnología agropecuaria.
3o. La implantación de precios de garantía muy por debajo de los costos reales de producción y de un margen de utilidad.
4o. La dependencia alimentaria al tener que importar anualmente 10 millones de toneladas de granos básicos, principalmente maíz, frijol, trigo y arroz.
5o. El abandono de más de 500 mil hectáreas por año.
6o. La búsqueda desesperada de trabajo por más de un millón de campesinos en Estados Unidos de América, anualmente.
De ahí y ante la política negativa y antipatriótica que se ha venido aplicando en el campo mexicano, hoy, 40 millones de campesinos, unos con tierra y otros sin ella, sufren brutalmente los índices más bajos en materia de alimentación, vivienda, salud y educación, por lo que se requiere
urgentemente modificar de fondo la política agropecuaria en todos sus aspectos, esto, indudablemente no es cuestión de ideologías partidarias, sino cuestión patriótica de todos en bien de la nación, de ahí que proponemos profundizar las políticas tendientes para lograr los objetivos siguientes:
1o. Lograr la autosuficiencia alimentaria para asegurar la soberanía nacional del pueblo mexicano.
2o. Reconocer el papel social que históricamente corresponde a los campesinos de México, como fuerza indispensable para el desarrollo de todas las áreas de la economía nacional, como clase defensora del territorio y de la soberanía de México.
¿Pero cómo vamos a lograr estos dos aspectos fundamentales para la nación, compañeros diputados? Pienso que solamente hay una manera: la decisión política y patriótica de todos, sin este elemento no habría consenso necesario para modificar de raíz la política equivocada del actual y pasado régimen.
Hoy, todos tenemos oportunidad histórica de cumplirle a la patria, hoy que esta soberanía está discutiendo la iniciativa de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1989, a nosotros nos toca, de acuerdo al mandato del artículo 74 de la Constitución Mexicana en su fracción IV, examinar, discutir y, en su caso, aprobar la mencionada iniciativa.
Por lo que examinando el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 1989, es notorio que nuevamente se está aplicando una decisión contraria a los intereses de México, cuando se da preferencia a las erogaciones para el pago de intereses de la deuda externa, pues del monto total de egresos, casi el 60%, se propone sea utilizado para pagar los intereses de una deuda impagable a los usureros internacionales y, en cambio, se aumente el presupuesto para el desarrollo rural con respecto al año pasado, en apenas 0.1%.
Por lo que hoy somos una nación tributaria, esclavizada a los mandatos del Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y otros organismos internacionales financieros cuyos planes agiotistas es mantenernos encadenados por generaciones y siglos hasta la eternidad.
En 1988, pagamos de puros intereses por medio del gasto público, casi 54 pesos por cada 100; hoy son 60, para 1990, posiblemente tendremos que pagar el 65% o el 70% para la deuda, para el año 2000 de seguro ni todo el presupuesto de
egresos alcanzará para pagar los intereses de esta deuda criminal, por lo que, al no tener dinero con qué pagar, los imperios financieros cobrarán sus intereses exigiendo la entrega de parte del territorio nacional, ¿con qué pagará el gobierno?, ¿entregando Sonora?, ¿entregando Chihuahua?, ¿o la península de Baja California?
No dudamos, compañeros, que si seguimos así, esto puede pasar, de ahí que sea necesario y urgente se tomen medidas patrióticas y nacionalistas, estamos a tiempo de tomarlas y como el problema no es exclusivo de México, la primera propuesta para poder lograrlo es unirnos en un solo bloque con todas las naciones deudoras para presentar un solo frente, dado que la desunión ha prevalecido, ha incidido directamente en los fracasos de las pasadas negociaciones.
Tercero. En lo interno, es necesario modificar el presupuesto de egresos y dedicar solamente el 10% de las exportaciones para el pago de los intereses de la deuda.
La propuesta de mi partido, el Frente Cardenista, es destinarla a la amortización y suspender un año los intereses, estas medidas nos permitirían contar con recursos suficientes para cumplir las necesidades prioritarias del país, en vivienda, salud, educación, desarrollo rural, comunicaciones y sector agropecuario, si la mayor parte de los egresos los dedicamos al bienestar nacional, estaríamos en condiciones de apoyar verdaderamente el desarrollo agropecuario del país.
Pues basta recordar que el Instituto de Estudios Políticos y Sociales del Partido Revolucionario Institucional, (IEPES), en sus diferentes estudios y propuestas para el sector agropecuario sugiere la imperiosa necesidad de aplicar cuando menos el 12% de egresos al campo, que nosotros consideramos que el porcentaje de los egresos debe ser del 18.5% con respecto a los del año pasado, ya que la situación económica y social que vive el sector agropecuario se manifiesta principalmente en la polarización social y la descapitalización, donde 4 millones de campesinos se encuentran en desempleo, inmersos en una pobreza crítica, sin acceso a los mínimos satisfactores de alimentación y que no puede continuar.
Pero frente a la problemática agropecuaria no sólo se debe considerar la importancia de aumentar los recursos destinados al sector agropecuario, sino la implementación de una política de precios de garantía realista que permita a los productores del campo contar con los satisfactores mínimos de subsistencia, con la recuperación de los costos de producción y obtención de una ganancia mínima para hacer realidad el restablecimiento de las condiciones para un desarrollo pleno de los hombres del campo, para superar las relaciones de tutelaje y paternalismo liberando la capacidad creadora de los campesinos y los jornaleros agrícolas, reconociendo así que la sociedad debe de saldar su compromiso con los campesinos mexicanos dotándolos de los medios productivos que les permitan trabajar la tierra para lograr la autosuficiencia alimentaria
. Compañeros diputados: los campesinos de México han sido los promotores principales de cambios profundos en la historia de la nación, algunas veces de manera sangrienta, como en la Independencia y en la Revolución Mexicana; no contribuyamos a que se den las condiciones para que nuevamente los campesinos de México tengan la necesidad de ser los indicadores de cambios profundos de manera dolorosa en todo el país, estamos a tiempo de responderle patrióticamente a más de 40 millones de campesinos, la respuesta la tenemos nosotros, no perdamos la oportunidad histórica. (Aplausos.)
En relación al sector pesca, también puede observarse con toda claridad el efecto de esta política de gasto que privilegia el pago de la deuda en perjuicio de la inversión pública productiva y social; para este sector, se asigna un total apenas de 132 mil millones de pesos, que representan con relación al presupuesto de 1988, una baja superior al 80%.
Ciertamente, como se ha argumentado en pretendida justificación a este hecho, en esta ocasión ya no se incluyen las partidas destinadas a las paraestatales del sector y de ahí la brutal caída del presupuesto que se propone, sin embargo, hay que señalar que lo anterior significa, por un lado, que el Estado cede principalmente a particulares los espacios que tenía la actividad pesquera en el marco de llamada política de adelgazamiento del sector público y que nosotros consideramos, junto con amplios sectores de la nación, que lo hace en perjuicio de su capacidad rectora en el renglón de la producción, industrialización y comercialización de los productos pesqueros.
Además, no se especifica en la iniciativa a discusión, la forma como se distribuirá el gasto en lo que aun queda en el sector paraestatal pesquero, por ejemplo, ¿qué pasará con la refrigeradora Tepepan, que constituye un importante instrumento del Estado para regular la comercialización de los productos pesqueros?
Por otra parte, si observamos que el presupuesto asignado a la Secretaría de Pesca, entidad coordinadora del sector, significa una reducción, en términos reales, del orden del 38% una vez
considerada la inflación de este año; podemos ver que, efectivamente, hay una sustancial reducción de los recursos dedicados a esta actividad estratégica por cuanto es productora de divisas, de alimentos, de desarrollo regional y de empleo, mientras que en cambio se aumenta el renglón destinado al pago de la deuda, que sólo genera limitaciones de recursos y por lo tanto más pobreza y dependencia de la nación con respecto al capital financiero imperialista.
Compañeros diputados: Para terminar, tenemos una oportunidad histórica, en nuestras manos está modificar de fondo el presupuesto de egresos de 1989, de otra manera, la responsabilidad histórica será para toda la historia de nuestro país. Gracias.
La C. Presidenta: - Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Fernando Palacios Vela.
El C. Fernando Palacios Vela: - Con vuestra venia, señora presidenta; compañeras y compañeros diputados: Los productores de caña de azúcar estamos sumamente preocupados al contemplar que en la iniciativa de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1989 que se discute en esta asamblea, no se le da la importancia que este producto agropecuario requiere, en tal sentido, quiero manifestar lo siguiente:
Para 1989 serán responsables de la producción de azúcar, regulación de la distribución y comercialización del producto, 18 ingenios y la empresa Azúcar, S.A.; la intervención del Estado en esta rama de la actividad económica en la perspectiva de la política económica salinista, profundizará su tendencia a nulificar totalmente la intervención estatal, llegando al extremo de la venta inescrupulosa de la totalidad de los ingenios a la iniciativa privada, hasta culminar con la liquidación de esta paraestatal, liquidación que sólo convendría a los intereses de la iniciativa privada.
Esta industria, lejos de ser fortalecida dotándosele de recursos suficientes para la modernización y desarrollo tecnológico, con el fin de incorporarla a planos de autosuficiencia en materia de producción de alimentos, se encuentra seriamente impactada por los efectos negativos de su débito, el cual, irresponsablemente casi rebasa el valor de los bienes que forman su capital, reflejo exacto de lo que sucede con la deuda nacional, la cual compromete al país y le impone obligaciones que amenazan superar el valor de los bienes que integran nuestro patrimonio nacional.
Conforme al presupuesto de egresos para 1989, el gobierno pagará por el servicio de la deuda de Azúcar, S.A., la cantidad de 746 mil millones de pesos y, al mismo tiempo le dotará un presupuesto de gasto de 750 mil millones de pesos.
Lo anterior es reflejo fiel del manejo irresponsable y discrecional de la política de endeudamiento por parte del Ejecutivo Federal, el cual, para corregir sus efectos y transferir responsabilidades, con toda seguridad pondrá en práctica la política de desincorporación de la industria, posponiendo la producción, la productividad y su capitalización a los niveles que requiere su modernización; es de esperarse entonces, que los 18 ingenios que todavía son propiedad del Estado, muy pronto se reduzcan a ocho o quizá se vendan en su totalidad.
En virtud de las consideraciones anteriores, es necesario programar para la industria azucarera, recursos suficientes para que dentro del marco de la economía nacional, recupere su importancia dentro de los planes de abasto de básicos, por lo tanto, el presupuesto que la Federación le debe asignar a esta rama de la industria, no puede ser de 750 mil millones de pesos, sino el doble, o sea 1 billón 500 mil millones de pesos en la zafra 1988-1989, para obtener los siguientes resultados:
Elevar la producción de 5 millones de toneladas de azúcar, la producción anterior fue de 3 millones 590 mil toneladas, con lo que de paso se elevaría al 95% el aprovechamiento de la capacidad industrial instalada, la cual funciona actualmente al 68% o 70%.
De la producción anterior, 3 millones 200 mil toneladas de azúcar serían del consumo nacional y 1 millón 800 mil toneladas para la exportación, se contaría con recursos para ampliar la superficie cultivada de 580 mil hectáreas a 700 mil; la producción de caña de azúcar ascendería de 37 millones de toneladas de la zafra anterior, a 50 millones de toneladas; se fomentaría la producción de mieles incristalizables, alcohol y se realizarían las erogaciones necesarias para seguir adelante con los trabajos de experimentación e investigación para la obtención de otros subproductos aprovechables en cantidades industriales.
Por otro lado, queremos manifestar que es necesario se lleve a cabo por esta Cámara una legislación completa sobre la industria azucarera, donde se contemple desde la tenencia de la tierra, reparación, siembra, cultivo, cosecha, industrialización, comercialización, pues se carece de una legislación completa en este renglón de la producción agropecuaria, pues se trata de un producto que debe estar jurídicamente protegido por tratarse de un artículo de interés público. Muchas gracias, compañeros.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Humberto Peña Reyes.
El C. Humberto Peña Reyes: - Señora presidenta; compañeras y compañeros diputados: El motivo de mi intervención es que no podría dejar pasar que en el renglón de la caña es uno de los renglones en donde los productores, los campesinos hemos intervenido directamente, adquiriendo los beneficios que han sido obsoletos o que por condiciones de la tierra, caso Martínez de la Torre y Libertad, en donde los suelos son mejores para cítricos y no podemos continuar con pérdidas, los campesinos hemos pedido que se nos vendan los ingenios.
Estamos comprando ingenios en forma conjunta con los obreros, para administrarlos precisamente y ser eficientes y poder tener utilidades.
Por tanto, en ese renglón sí nos oponemos y no podemos permitir que se sigan destinando recursos o que se asigne mayor cantidad de recursos a una industria en donde ha tenido pérdidas.
Azúcar S.A., ha demostrado que no es eficiente para administrar y los campesinos vamos a hacerlo.
También difiero con el compañero cuando dice que no existe una ley respecto a la caña, la ley cañera es mucho muy antigua y efectivamente, estoy de acuerdo que hace falta reformarla. Pero tiene principios, está totalmente reglamentada la sacarosa, la fructuosa, todos los subproductos de la caña y estamos trabajando y hemos trabajado como cañeros y lo digo porque no soy directivo cañero, pero soy productor de caña y tenemos adelantos mucho muy grandes y aquí no se van a venir a echar para atrás pidiendo simplemente más recursos para echarlos a la basura. Muchas gracias. (Aplausos.)
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Juan Manuel Verdugo Rosas.
El C. Juan Manuel Verdugo Rosas:
- Con su permiso, compañera presidenta; respetable asamblea; compañeras y compañeros diputados: En el transcurso de la tarde de hoy, hemos escuchado las diferentes versiones y posiciones que han expresado los grupos parlamentarios.
En particular, hoy, quiero referirme a algunas precisiones sobre el desarrollo rural integral. Sobre este particular y una vez que hemos escuchado las diferentes posiciones en torno a la negociación de la deuda y a la posición que los grupos parlamentarios han definido en torno a lo que significa el esfuerzo que el país hace para llegar a la inversión que para estos conceptos del campo se van a realizar, quiero precisar que están destinados 1.6 billones de inversión en lo que se refiere el desarrollo rural integral; que tenemos un crecimiento nominal de 18.5% con relación al año anterior y que precisamente se busca garantizar la soberanía alimentaria, buscar el bienestar social y apoyar el desarrollo económico del país.
En este propósito se proyecta y se acuerda la autorización del presupuesto, realizar algunas obras que están programadas en agricultura, en lo que se refiere a la terminación en el ejemplo de Sinaloa, donde habrán de terminarse algunas obras de mediana irrigación y de impacto social.
Es importante también destacar el proyecto de las Aguas, en Zacatecas; el de Jesús María, en Guanajuato; el de Peña Colorada, en Puebla; la Pólvora, en Jalisco, y algunas zonas arroceras de Campeche y Quintana Roo.
Se realizará la conservación y mantenimiento de la infraestructura en presas como la Cuauhtémoc; la del Río Silao; los Conejos II, en Irapuato; los bordos que hacen falta en La Paz, Baja California, y algunas obras que servirán para reforzar los riesgos que ocurrieron con motivo del huracán Gilberto en la región de Papaloapan.
Es decir, que dentro de las limitaciones que el presupuesto tiene, hay algunas obras que deben significarse y que de alguna manera no retrasan lo que ha sido el esfuerzo de los campesinos por obtener mejores condiciones para trabajar.
En lo que se refiere a Banco Rural, Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera S.A., Ficar, y los apoyos que por este año serán de aproximadamente para habilitar más de 10 millones de hectáreas, también es significativo el avance que se tiene.
En lo que se refiere también a pesca, aquí se ha dicho que se ha disminuido el presupuesto; sin embargo, en la presencia del señor secretario Zedillo, quedó claro que al desincorporar algunas empresas como PROPEMEX y sacar de lo que es "Ocean Garden", quedan los recursos suficientes para trabajar y para hacer obras y acciones que van a servir también para demostrar que en pesca se le da una atención prioritaria a ese sector con 154 mil millones, que representan más del 80%, con relación al año anterior.
Es importante aclarar también que en lo que se refiere a la Secretaría de la Reforma Agraria, aquí ya se ha tratado ese tema, se trata también de consolidar el reparto agrario, de regularizar la tenencia de la tierra, de hacer organización y capacitación agraria y hacer la promoción y el desarrollo agrario. Se trata también de simplificar procedimientos, de desconcentrar servicios a las
delegaciones y asociar este programa también, con el programa nacional de solidaridad, donde se pretende conseguir algunos recursos más con los gobiernos de los estados y 40 mil millones de pesos que tiene FIJONAFE, ponerlos a disposición de proyectos productivos.
En términos generales, para el desarrollo rural integral se conservan las condiciones, habrá avances en el campo en 1989 y si esta soberanía resuelve buscarse la aprobación para estos proyectos, estamos seguros pues que habrá avances dentro de las limitaciones en que nos ha tocado en esta época, esperando que de la solidaridad nacional, de la unidad nacional que se logre para salir al exterior a las negociaciones se compongan las cosas y venga pues fundada en este proyecto de unidad nacional la posibilidad de mejorar las condiciones en todos los sectores que hacen la economía del país. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Consulte la secretaría a la asamblea si los artículos 2o., 13 y 25 se encuentran suficientemente discutidos.
El C. secretario Ismael Orozco Loreto: - En votación económica, se pregunta si están suficientemente discutidos los artículos 2o., 13 y 25.
Los ciudadanos que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano... Suficientemente discutido.
La C. Presidenta: - Esta presidencia ruega una vez más a los ciudadanos diputados ocupen sus respectivos lugares y permitan el desarrollo ordenado del debate.
Se reservan los artículos 2o. 13 y 25 para su votación nominal en conjunto en un solo acto en sus términos.
se abre el registro de oradores para la discusión del artículo 2o.
Abierto como está, se ha inscrito en contra el ciudadano diputado Israel Galán Baños.
El C. Israel Félix Galán Baños: - Con permiso de la presidencia; compañeros diputados: Después de la larga jornada de este día, sin embargo, es necesario reflexionar sobre algunos criterios que fundamentan la política económica del actual gobierno.
Podríamos decir que en días anteriores, en la presentación de los proyectos de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, hemos escuchado una serie de afirmaciones dogmáticas que hoy tienen su reflejo en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Hay que decir que ésta es la concepción que el anterior grupo de gobierno y el presente tienen respecto a las políticas con que habría que afrontar la crisis del Estado intervencionista, del estado asistencialista, como había venido funcionando hasta los años, a fines de los sesenta, a principios de los setenta y la política subsecuente.
Esa crisis expresada en el déficit fiscal del Estado, fue afrontada con esas políticas de estabilización y de ajuste, no sólo en México sino en los países de mayor desarrollo relativo en América Latina, obviamente estas políticas han sido concertadas con los grandes centros financieros internacionales que también habían entrado en una grave crisis o en una más grave todavía con respecto a sus políticas de financiamiento de su gasto; derivado de ello y también de una mala, aplicación de la política económica de los gobiernos sucesivos en México, es que se promovió una política de endeudamiento público para financiar ese desarrollo que no pudo aliviarse ni siquiera en el caso de las exportaciones de petróleo, como fue el caso del gobierno mexicano entre 1976, 1977 y 1980.
Las políticas implementadas en los países capitalistas, precisamente también para financiar su déficit público llevó junto con la carrera armamentista a la subida de las tasas de interés y al crecimiento del endeudamiento en los países del tercer mundo, de América Latina y de México en particular, y en este sentido se han empeñado ya a la fecha el gobierno anterior y el gobierno que hoy comienza o que ha comenzado el 1o. de diciembre. Afirman, como llegara a firmar el ilustre pintor mexicano David Alfaro Siqueiros, que no hay más ruta que la de ellos, que otras políticas implementadas habrían causado mayores perjuicios a la economía, a la sociedad, al pueblo y a la nación.
Esta es una de las verdades dogmáticas; bien se ha dicho que no se puede juzgar lo que no ha sido, pero sí se puede juzgar lo que ha sido y las políticas de estabilización y de ajuste implementadas por el gobierno anterior y por el que ha comenzado en este sexenio, son afirmaciones dogmáticas; en consonancia con las políticas de los centros financieros del capitalismo mundial; eso es claro, no podría yo afirmar que esas políticas han sido unilateralmente impuestas sino que han sido concertadas también con los grupos que han gobernado el país fundamentalmente desde 1982 y hasta la fecha.
No estaría yo de acuerdo que esto es una simple imposición del exterior, ésta ha sido la política
querida y generada por los grupos de gobierno anterior y el que inicia en la presente administración.
Aquí un compañero ha afirmado que podrán ser doctores en programación pero no solamente no son gobernantes sino que demuestran una poca vocación para gobernar a esta nación y se niegan a intentar otro tipo de alternativas que podrían emprenderse en materia de desarrollo económico.
Frente a estas verdades dogmáticas y ése es el tema, la conquista del gobierno es una cuestión vital, porque desde ahí precisamente se imponen las políticas el presupuesto que hoy discutimos en lo general se ha aprobado y en lo particular estamos rechazando también.
Pareciera que no tiene sentido esta discusión y que estamos aquí en un ejercito de simulación esperando a que circulen por la tribuna quienes negamos la viabilidad de esta política y quienes dogmáticamente la defienden como lo han afirmado aquí sus proponentes: los Secretarios del Ejecutivo.
No hay salida ni alternativa en este caso, puesto que ha sido tomada una decisión de imponer y salvo las discusiones de segundo orden o la redistribución de los recursos destinados, no se quiere entrar en otro tipo de discusión y en otro tipo de alternativas.
Una vez, además, sentados los rasgos fundamentales del presupuesto de egresos para el año de 1989, se discute lateralmente sobre algunas cuestiones. Y es interesante descubrir, por ejemplo, lo que viene como artículo 3o., en el proyecto de decreto para el presupuesto del próximo año, las erogaciones previstas para el desarrollo regional que ascienden a 1.6 billones.
Aquí lo que llama la atención es la forma como se van a aplicar estos recursos sin que nosotros podamos hacer un seguimiento, porque además no estaría de acuerdo que estos son unos presupuestos al vapor; esos presupuestos han sido trabajados por los técnicos al servicio del Ejecutivo, fundamentalmente en la Secretaría de Programación y Presupuesto durante un buen tiempo, con el que nosotros no contamos para analizar estos documentos.
Pero llama la atención aquí, la forma tan abierta como se va a aplicar el presupuesto destinado a la Solidaridad Social, al Programa de Solidaridad Social, y en la página doce del dictamen, del proyecto de dictamen, se dice que para proceder a la definición de política, estrategias y acciones, se ha creado una comisión que integra a todas las dependencias del gobierno federal con atribuciones para atender los aspectos sociales y productivos de los grupos más desprotegidos.
la comisión es un órgano de coordinación de acciones que se emprenderán en el ámbito de la administración pública federal, estatal y municipal, para combatir los bajos niveles de vida, y se señala una serie de criterios generales, sin que se tenga claridad acerca de cómo va a funcionar, salvo en el tomo I se recurre al señalar, en la página 41, que se hará a través de las Comisiones de Planeación y Desarrollo de los estados, y la comisión del Convenio Único de Desarrollo también.
Aquí es donde nosotros pensamos que hay un poder discrecional para aplicar este presupuesto de 1.6 billones de pesos, y que queda al arbitrio de la Secretaría de Programación y Presupuesto, de los gobernadores de los estados y de otros organismos, mencionándose que pueden participar los interesados, pero que sin que se fijen las formas como van a participar en estas asignaciones, por eso creo que aparte de ser insuficiente, como nuestro partido lo ha propuesto, el gasto en solidaridad social en realidad debería de elevarse a 4 billones 623 mil millones de pesos, si los presupuestos que aquí se dan en nuestro documento fueran atendibles por los diputados de la mayoría y por el Ejecutivo Federal.
Aparte de ser insuficiente, cabe señalar pues, que no existe un señalamiento claro, y si un gran poder discrecional para aplicar políticamente los recursos que se destinan al denominado Programa de Solidaridad Social. Gracias.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Alberto Amador Leal.
El C. Alberto Amador Leal: - Ciudadana presidenta; compañeras y compañeros diputados: Sólo de manera muy breve quisiera hacer una referencia tangencial pero me parece importante, a algunos apuntamientos sobre la inmersión del desarrollo económico y social en la historia de este país. Y estoy de acuerdo con el señor diputado que me antecedió en el uso de la palabra, en el que justamente en la construcción de este país, confluyen diversos factores, algunos desde luego de carácter estructural y otros que han emergido en las condiciones circunstanciales de la economía de la sociedad mexicana, pero también del contexto internacional.
Lo que me parece importante acotar de manera muy concreta, es que en este devenir histórico, el pueblo mexicano ha mostrado su entereza y decisión para vencer la adversidad. Y que también en su tiempo y circunstancia, cada gobierno
enfrentó la realidad y asumió su compromiso. Cada parte de la sociedad también; de la sociedad organizada, la del trabajo, la del capital, del campo, de la política desde luego, han aportado su talento y en un proceso dialéctico, han influido en el ritmo y en el sentido de las transformaciones nacionales. Seguramente en el futuro seguirá siendo de esta manera.
En cuanto al espíritu de concertación y a los alcances de la concertación en el seno de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y de hecho en el seno de esta Cámara de Diputados, sólo quisiera apuntar y quiero ser en ello objetivo, que justamente en esta comisión de la que soy miembro, me parece se ha hecho un esfuerzo serio, sincero, de acercamiento a todas las corrientes políticas y se han buscado desde luego los puntos de consenso; en algunos de ellos hemos coincidido y quedan plasmados en el articulado del proyecto de decreto que está a consideración de esta soberanía; en otros, desde luego hay disensos que parten desde una posición ideológica clara de muchos de nosotros, pero también, desde luego como aquí se ha dicho en el curso del día, de una cuestión de táctica respecto a la solución de los problemas nacionales.
Me parece en suma, que en el seno de la comisión y de alguna manera también en el seno de esta asamblea popular se han asumido de manera indistinta, se ha dicho, por lo menos se ha expresado que más allá de las tácticas políticas, de coyunturas propias de la vocación de poder de las diversas fracciones parlamentarias aquí representadas, es preciso avanzar en la agenda para el consenso y al concertación política y social.
Yo también coincido con lo que aquí se ha expresado, se trata de responder a la confianza popular con ánimo y decisión en un propósito común: alcanzar el bienestar generalizado.
Y por esa razón, desde luego también coincido con el análisis formulado aquí por quien me antecedió en la palabra, es decir, enfrentamos un reto de enorme consideración; en los próximos años seremos 10 millones más de mexicanos, la demanda social de vivienda, servicios, alimentación, educación, salud y empleo, se agregará a las cuestiones no resueltas.
La situación internacional seguramente nos seguirá siendo adversa; el desafío, entonces, es de grandes proporciones.
El país exige respuestas a los grandes y profundos problemas nacionales y también a los asuntos cotidianos.
Por esa razón me parece también prudente ubicar las acciones que propone el presupuesto de egresos y la asignación presupuestal misma en una visión menos inmediata y menos coyuntural.
El pasado 1o. de diciembre, el presidente Carlos Salinas de Gortari presentó ante esta soberanía y de cara a la nación, los tres acuerdos nacionales que propone para el enfrentamiento serio de estos problemas de gran consideración
. Estos acuerdos, dos de ellos: el Acuerdo para la Recuperación Económica y el Acuerdo Nacional para el Mejoramiento Productivo y el Bienestar, tendrán que instrumentarse mediante dos conjuntos de acciones.
El primero de ellos es justamente los Criterios Generales de Política Económica, la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1989, con lo cual se dará congruencia y solidez a las acciones inmediatas del próximo año.
No se trata de plantear porque sería demagógico que todo se puede resolver en veinte días de gobierno y tampoco, desde luego, en un año de la administración federal.
Por esa razón la otra estrategia estará justamente en el Plan Nacional de Desarrollo, y los programas sectoriales que habrán de integrarse y presentarse en tiempo y forma, como lo establece la Ley de Planeación y con lo cual se concertarán y definirán objetivos, estrategias y metas que habrán de conducir el cambio estructural en el horizonte del sexenio.
Yo creo entonces, que el ánimo de concertación y la decisión política de concertación está avanzando y seguramente avanzará en los cauces institucionales que están establecidos.
Finalmente, en relación a los apuntamientos más puntuales sobre las cifras del Programa de Solidaridad Social, quiero recordar que tanto en estos documentos como en las comparecencias de los secretarios y de los funcionarios responsables de estas áreas, quedó claro que este programa trata, antes que nada, de atacar de manera directa e inmediata las cuestiones más urgentes de la pobreza y la marginación que desde luego están en la conciencia y en los sentimientos de la nación.
Se dijo ahí, pues, que en efecto no es un programa flexible, no es un programa que tenga connotaciones precisas, porque está abierto precisamente a la iniciativa popular, porque está abierto a la organización de las comunidades y porque busca que desde la base social hasta la cúspide de las instituciones que toman las
decisiones o que asumen los compromisos con el pueblo, encontremos mecanismos viables y concretos.
Se trata, en efecto, de un programa que tendrá la flexibilidad para responder a la iniciativa popular, y justamente para que todas las comunidades, los ejidos, las colonias populares, los barrios, las cooperativas, las unidades sociales de producción, se vean reflejadas en el proyecto nacional.
Compañeros diputados, en combate a la injusticia social será siempre un proceso inacabado, el presupuesto para el desarrollo social ciertamente no es suficiente para resolver rezagos estructurales y aquellos acumulados por la crisis en un período corto de un año.
Pensamos, no obstante, que sí es el rubro de solidaridad social y desarrollo regional una estrategia fundamental para liberar y canalizar la energía social de nuestro pueblo, en bien de su propio beneficio. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Consulte la Secretaría a la asamblea si el artículo 3o., se encuentra suficientemente discutido.
El C. prosecretario Juan Jaime Hernández: - En votación económica, se pregunta si está suficientemente discutido el artículo 3o.
Los ciudadanos que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
La C. Presidenta: - En consecuencia, se reserva el artículo 3o. para su votación nominal en conjunto, en un solo acto, en sus términos.
Abierto como está el registro de oradores para la discusión relativa al artículo 6o., se ha inscrito en contra el ciudadano diputado Juan Guerra, quien tiene la palabra.
El C. Juan Nicasio Guerra Ochoa:
- Ciudadana presidenta, entiendo que todos estamos muy cansados, sin embargo le rogaría que antes de iniciar mi intervención se pusiera un poco de orden en la sala...
La C. Presidenta: - Ruego a los ciudadanos diputados presentes en este recinto, tengan a bien ocupar sus lugares y prestar atención al orador.
El C. Juan Nicasio Guerra Ochoa: - Ciudadanos diputados: Vamos a presentar aquí algunas propuestas que ya informamos, directamente relacionadas con el desarrollo rural.
En este sector no se presentan cambios en la política a seguir, digo esto en los términos ya señalados, más de lo mismo. Los propósitos fundamentales de soberanía alimentaria, mejoría del bienestar social y desarrollo económico del país, pretenden llevarse a cabo con un aumento en el empleo e ingreso rural; lo mismo que en la producción.
Sin embargo, todo lo anterior se quiere realizar con una disminución del 2.9% real en comparación al año anterior y del 77% de lo destinado siete años antes. Hago aquí una acotación, hace un momento un diputado del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, nos decía que hay un incremento. En efecto, se refiere al cuadro que viene, si mal no recuerdo, en la página 18 del primer tomo.
Yo le preguntaría: ¿Le ha descontado lo de la inflación? Habló de un incremento nominal en desarrollo rural, que le descuente lo de la inflación, a ver si es cierto que hay un incremento real justamente en desarrollo rural. No se vale jugar con las cifras real - nominal.
La importancia que se le asigna declarativamente a este sector, no corresponde con el monto de su presupuesto en 1989. Únicamente se hace énfasis en la coordinación entre las acciones que se van a realizar en el gasto sectorial con una política macroeconómica, por cierto recesiva.
La manera en que esta política macroeconómica orienta al sector, se puede observar en el hecho de que este gasto rural equivaldría en 1989 al 3.2% de lo que se paga por concepto del servicio de la deuda. Cuando en 1983 representaba el 12% de dicho gasto, y si nos vamos un año más atrás, a 1982, representaba entonces el 18.4%.
Además de lo anterior la política de gasto rural se sostendrá con instrumentos como los precios de garantía, y hago aquí un paréntesis: ya hemos visto la opinión que tenemos de la Cámara, los incrementos que requerimos para recuperar tan sólo, en términos lo decía del Índice Nacional de Precios al Consumidor, con los incrementos que se requieren.
Las metas del crédito son apenas similares a las obtenidas en 1982; se señala en el proyecto presentado que se fortalecerá la inversión rural, lo cual en efecto aumenta su participación dentro del gasto sectorial, sin lograr la participación obtenida en 1982 y 1985, así y este pretendió fortalecimiento en la inversión rural, será notorio sólo si se le compara con el año anterior.
Mil novecientos ochenta y ocho es el año que presenta la menor asignación inversión en
mucho tiempo, sin embargo, la comparación es con 1982, la inversión que se propone para desarrollo rural disminuye 81%, esto significa que el aumento en el sector, será insuficiente para remontar el rezago sufrido desde hace seis años; las metas esperadas son, en algunos casos, menores a las de años atrás, por ejemplo hay una reducción promedio de 30% en la realización de asesorías técnicas en hectáreas de temporal y de riego de lo que se dio en 1985.
Cabe señalar aquí una cosa que no han podido explicarnos, Banrural en los tomos que nos dan de programación, no viene desglosado su presupuesto ni el origen tampoco de sus ingresos y sin embargo en Banrural tenemos que a groso modo de una asignación que tenía de alrededor de 4 billones, se queda con un billón. Alguien dijo por ahí, alguien del Partido Revolucionario Institucional, que tiene que ver con que se van a absorber las deudas de Banrural, sin embargo hoy hay un desglose que nos permita a nosotros observar qué tanto; no es así, y va a afectar evidentemente en el crédito para habilitar hectáreas al cultivo.
Gracias a la política agraria seguida en el sexenio pasado, el campo mexicano produce en distritos de temporal una cuarta parte menos de frijol y 64% menos de trigo del obtenido en 1982.
La producción de arroz durante 1988 fue menos de la mitad de la correspondiente a 1987 y la producción de maíz, apenas alcanza los niveles de 1981.
Ahora, en el presupuesto que se propone para 1989 la dependencia que encabeza el sector tendrá una reducción sustancial en sus principales metas y recursos a los que se estiman para 1988.
Ejemplo la cobertura de medidas fitosanitarias disminuye 28%; el presupuesto destinado al desarrollo de áreas de temporal baja a la mitad; el presupuesto de rehabilitación de áreas de riego baja 33%; la cobertura de hectáreas de riego disminuye al 86%; para explotación forestal se destinará solamente cuatro quintas partes de lo previsto para el año pasado, y en captación y conducción de agua la disminución presupuestal llega al 71%. Son cifras éstas, a veces las cifras cansan, pero realmente son aterradoras las cifras de lo que ocurre en el campo.
La conjugación de factores, como la disminución de la producción de bienes básicos, la restricción en inversión agropecuaria y del presupuesto destinado al campo, el restringido acceso a créditos, seguros, semillas y tecnología; las contracciones de los precios de garantía y el intermediarismo que se vive en el agro mexicano convierten en desesperante la situación del sector, y no lo ve solamente quien no lo quiera ver.
La política seguida, basada en la apertura comercial ha conducido a una cada vez mayor importación de granos para lo cual cada año se destinan mayores recursos sin que se logre mejorar la alimentación de las mayorías y en cambio nos hace más vulnerables y dependientes en materia alimentaria.
El presupuesto para desarrollo rural no intenta en modo alguno revertir esta peligrosa tendencia sino que acelera la retirada del sector público del campo, no solamente en la producción, fomento y regulación agrícola, también en la comercialización de los alimentos básicos de la población. Se hace evidente una menor participación.
Para el abasto nacional, el gobierno piensa ocupar de su gasto programable el 5.9%, que a pesar de aumentar no logra el nivel alcanzado en 1982.
El sector abasto sufre una disminución real, frente al año anterior al compararse con 1983. Este Presupuesto muestra una caída del 51%, comparado con este año, indicando el alejamiento sustancial de una de las necesidades prioritarias como lo es la alimentación básica de la población.
A pesar de aumentar dicho presupuesto en el gasto sectorial, no se rebasan los montos reales fijados en 1983 y 1984; más aún, para 1983 este gasto representaba el 12% de lo que se destinaba para pagar el servicio de la deuda, y para 1989 se prevé que será equivalente al 4% de dicho pago.
Está claro con estos datos cual es la prioridad de este gobierno, incluida por supuesto nuevamente en la Ley de Egresos: paga la deuda.
En relación al gasto programable la disminución real por concepto de inversión del sector será del 84%, es decir, menos de una quinta parte. Ante la política planteada por el Ejecutivo en materia agroalimentaria, el panorama que se espera para el país en el futuro es incierto, puesto que las perspectivas para abatir el rezago en el sector y para que la población tenga acceso a productos básicos alimentarios se reducen.
Es importante aquí ver en esta materia de alimentos algo de pesca, aunque solamente sea algo muy concreto; todos hemos visto los indicadores que nos mandan y la disminución que trae pesca.
La propuesta que se presenta en el presupuesto que se refiere a pesca, prácticamente significa la liquidación del sector. Pesca, pese a que en el presupuesto del año pasado todavía se le otorgaba carácter prioritario, como promotor del desarrollo regional, y dada su capacidad en la generación de alimentos, empleo, capital y divisas, hay un
cambio importante: del año pasado para acá pesca deja de ser una prioridad para este país en términos de la política del Ejecutivo.
Por supuesto es un renglón muy importante en los alimentos. La captura de divisas ha sido la directriz fundamental también en ese sector, lo que ha sido acompañado de un profundo abandono del resto de los objetivos del mismo.
Para el próximo período se plantea reforzar esta política a partir de un Programa Integral de Desarrollo Pesquero que tenga entre otras acciones fundamentales la revisión del marco normativo y regulatorio, así como la promoción del capital de riesgo y la inversión misma.
Algo de esto tiene que ver, todas esas reducciones en pesos, fortalecimiento de la iniciativa privada.
Cabe una pregunta después de esas cosas en materia de alimento: para este gobierno ha dejado de ser una prioridad y un renglón estratégico: la producción de alimentos, por eso Productos Pesqueros Mexicanos puede desaparecer de la política de egresos. No viene. Es decir, eso es lo criminal, hay que decirlo. Alimentos para este gobierno, para el gobierno que encabeza el señor Salinas, alimentos que tanto requiere la población, que es un renglón básico, fundamental, prioritario, en cualquier país que se vea, no lo es ya más para este gobierno y por eso se permiten estos castigos en el sector agrario y en el sector de pesca. Es decir, en los renglones donde se puede incidir en la producción de alimentos.
Resta para terminar decirles, aquí cabe un comentario, alguien decía que legislamos al vapor. Esto no es responsabilidad de la oposición, nosotros tenemos que hacer propuestas también en el marco que nos indican, discutir este asunto de política de egresos, de presupuesto, debería llevar varios días, varias consultas, no lo hacemos, porque así nos envían las cosas. Otro marco quisiéramos pero no es responsabilidad nuestra.
(Voces): - Tiempo.
Tiempo ¿para qué?, ¿para irse a dormir?, ese es el interés que les despierta justamente la discusión sobre alimentos y legislar sobre esta materia.
(Voces): - No regañe.
No regaño, expreso mi punto de vista solamente.
Si disgusto es otra cosa.
La C. Presidenta: - Por favor abstenerse de sostener diálogos con la asamblea.
El C. Juan Nicasio Guerra Ochoa: - Ya hicimos una propuesta que no vamos a leer, que tiene que ver con la modificación y asignar más recursos a la Compañía Nacional de Subsistencias Populares justamente para incrementar esto de los precios de garantía. Queda indefinido aquí en nuestra propuesta, el mecanismo.
Algunas opiniones de representantes campesinos del Partido Revolucionario Institucional, han indicado hacerlo vía estímulos. Estamos abiertos al mecanismo que quieran, pero les recuerdo, vamos a esperar congruencia. Yo quiero ver cómo votan los representantes campesinos aquí del Partido Revolucionario Institucional, a dónde hay más fidelidad; que hacia los sectores que representan del campo o hacia iniciativas que les imponen. Dejo obviamente copia, dejo aquí esta propuesta a que está firmada por el diputado Jesús Ortega, por el diputado Carlos Navarrete, el diputado Ciro Mayén, por Juan Guerra y un servidor. Gracias.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Ramiro Hernández García.
El C. Ramiro Hernández García: - Compañeros diputados: A lo largo de esta sesión hemos venido escuchando los términos en que se ha dado el debate relacionado con el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1989.
En las intervenciones que se han tenido en esta tribuna en ningún momento hemos escuchado que este presupuesto sea suficiente, que este presupuesto responda a las necesidades que en este momento la sociedad, que en este momento la economía requiere para mejorar sus condiciones de crecimiento.
Resulta pues innegable que el presupuesto es insuficiente; pero también nos resulta claro que este presupuesto no es más que el resultado de la disponibilidad de recursos que el gobierno federal tiene para cubrir las necesidades que en este caso ante su codificación de insuficiente debe de hacerse hacia las estrictamente prioritarias.
Hace algunos días cuando se analizaba la Ley de Ingresos, se hacían cuestionamientos sobre los montos de los impuestos que habrían de establecerse. Entendemos que gran parte de este presupuesto tiene como origen precisamente el pago de los impuestos. Tenemos un componente adicional que es el ingreso por concepto del petróleo, situación que en este momento también nos resulta desfavorable.
En los términos o en la composición que tiene el actual presupuesto, se ha venido debatiendo fuertemente la proporción que de éste se destina al pago de la deuda pública.
Evidentemente, que ahí también ha habido una manifestación clara de coincidencia, en el sentido de que en la medida en que se cubren los compromisos de la deuda, en esa medida también hay una restricción en la disponibilidad del gasto que lo hace incapaz de satisfacer las necesidades más elementales.
De ahí, pues, que el presupuesto que el día de hoy estamos analizando, es un presupuesto que en términos comparativos con el de 1988, no presenta modificaciones en cuanto a su monto, de manera sustancial.
Ha sido, como una necesidad fundamental para dar el mejor uso al gasto público, para aplicar de mejor manera este gasto, el que se establezcan de manera cuidadosa, prioridades que permitan dentro de esas restricciones de presupuesto, atender a aquellos renglones que son prioritarios. El compañero Juan Guerra señalaba, con mucha razón, las limitaciones que figuran como apoyo al desarrollo rural.
Nosotros conocemos, al igual que muchos compañeros, los requerimientos de apoyo que en este momento tiene el campo. Conocemos que en la medida en que el Estado disponga de una mayor cantidad de recursos habremos de impulsar con mayor intensidad su desarrollo.
Somos partidarios, pues, de un mayor impulso a la inversión en el campo y de un mayor impulso al desarrollo del campo y de sus habitantes.
Pero debemos ser conscientes del momento por el que estamos atravesando. En esa conciencia, con ese conocimiento, hemos aceptado el presupuesto que ha sometido a la consideración de esta Cámara. Hemos visto en él que se pretende, en base a una reorientación del gasto, en base a una mayor concertación, apertura a la participación de la sociedad, de la comunidad de los beneficiarios, multiplicar la capacidad de este para generar beneficios.
Estamos de acuerdo en que este gasto tendrá que tener una mayor incidencia en aquellas áreas que tengan una repercusión más fuerte en la productividad, en la producción. Que tengan una repercusión en cuanto a la generación de empleos y la generación de ingresos que pueda en cierta medida contribuir a mantener y mejorar los niveles de bienestar en el campo.
Para nosotros el problema de los precios de garantía fue una demanda que no se limita únicamente al final del ciclo en que se presentó la necesidad de comercializar las cosechas, va más allá de esa fecha y va más allá de este año.
Hay cultivos que nos presentan una dificultad mayor, cuando podrían, considerarse como prioridades fundamentales de atención. Nos referimos específicamente al caso del maíz. Pero observamos que el problema en el campo, en el caso de los precios de garantía, va más allá que una decisión que tenga qué ver sólo con precios de garantía.
La atención al problema de campo tiene que ser integral y tiene que dársele mediante una política más adecuada de comercialización que sólo contemple al precio de garantía como un instrumento que auxilie y que haga realidad los objetivos de recuperación, de utilidad y de ingreso para los productores del campo.
En el caso que nos ocupa, en el caso del presupuesto, nosotros consideramos que hablar de desarrollo rural no es reducirlo exclusivamente al aspecto productivo. Revisando precisamente cada uno de los renglones de las dependencias, de las entidades, que forman parte del gasto presupuestado, hemos observado que el presupuesto asignado a desarrollo rural en 1988, con respecto al de 1989, se incrementa en un 32.9%. Esto es, considerando cada uno de los renglones de gasto estando formando parte del presupuesto de las diferentes dependencias que tienen incidencias en el desarrollo rural, hacen una cifra de 12 mil, 57.7 millones de pesos.
Nosotros pensamos que aun siendo cifra superior a la programación en 1988, sigue resultando insuficiente con respecto a las necesidades y a los rezagos sociales que se mantienen en el campo. Pero también estamos conscientes de que hay una restricción presupuestal, tenemos confianza en que las condiciones tanto de lo que es un ingreso fundamental, como es el precio del petróleo, mejoren, tenemos la esperanza en que las condiciones de la renegociación de la deuda nos ofrezca otras expectativas que nos permitan una respuesta mayor a las necesidades del campo.
Muchas gracias.
El C. Presidente: - Pregunte la secretaría a la asamblea si el artículo 6o., se encuentra suficientemente discutido.
El C. secretario Ismael Orozco Loreto: - En votación económica se pregunta a la asamblea si el artículo 6o., se encuentra suficientemente discutido.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo poniéndose de pie... Suficientemente discutido, ciudadana presidenta.
La C. Presidenta: - Resérvese para su votación nominal en conjunto.
Tiene la palabra la diputada Teresa Ortuño.
La C. María Teresa Ortuño Gurza:
- Muy buenos días, compañeras y compañeros diputados: Estamos aquí para debatir el Presupuesto de Egresos de la Federación, y si bien hay partidas y temas que ocupan mucho más nuestro interés, hay otras que nos preocupa que pudieran aprobarse tal como se presentan, antes de señalar la proposición que traigo sobre el artículo 14.
Sí quiero yo reconocer sin ninguna duda, que el intenso trabajo en comisiones que realizamos, pues fue accesible, hubo posibilidades de sugerir algunos cambios, pero hubo algunos que no se pudieron aceptar, porque la comisión a la hora de preguntar le dijeron que no, pero consideramos importante este debate del artículo 14 que originalmente en el proyecto era el artículo 17.
Este artículo para poder explicar en qué consiste la proposición que voy a leer, diré que es un artículo que faculta a la Secretaría de Programación y Presupuesto bueno, al Ejecutivo a través de la Secretaría de Programación y Presupuesto para decidir los ajustes que hay que hacer al presupuesto en caso de que disminuyan los ingresos públicos y sin otro compromiso que el de dar a conocer a la Cámara de las resoluciones que haya tomado es este sentido.
En otras palabras la Secretaría de Programación y Presupuesto hará los ajustes que quiera, su único compromiso será dar cuenta a la Cámara del ejercicio de la facultad a desarrollar, avanzamos, evidentemente avanzamos en el trabajo de comisiones, porque se le pusieron algunos límites a esas facultades diciendo estas áreas no las tocas, en caso de la necesidad de una reducción al presupuesto, no tocas educación, no tocas gasto social etcétera. Perdonen mi insistencia en la proposición que voy a hacer yo personalmente y los miembros de la comisión no consideramos suficiente ese avance, ¿por qué? Porque el hecho de que se diga, "no se va a reducir el gasto educativo", pues a mí no me garantiza que sea bueno, porque ya vimos los excesos que tienen algunas partidas dentro del gasto de educación, a lo mejor es un perjuicio el impedirle al ciudadano Secretario que se gaste tres veces más que lo que se destina al deporte.
No necesariamente es un beneficio este avance; si nos vamos a cuestiones de campo, ¿cuánto se queda en estructuras burocráticas quizá muy bien intencionadas pero poco eficaces? Lo dijimos aquí el día que estuvo el licenciado Ernesto Zedillo, en la comparecencia, que no tenemos manera de medir qué tanto realmente el gasto social llega como beneficio a la comunidad.
Se nos dijo en la Comisión de Programación y Presupuesto que esto que queríamos proponer no podía avanzar porque se trata de ejercer un presupuesto flexible y de darle ciertas facilidades a la Secretaría de Programación y Presupuesto para que no tenga que estar atada a la Cámara de Diputados a la hora de tomar decisiones, pero también y a eso podemos contestar que queremos proponer que cuando los ajustes sean menores a un 10% sean como los propone el proyecto; pero cuando la reducción en los ingresos, si llegara a darse, tuviera una magnitud mayor a un 10% de lo presupuestado, entonces habrá que convocar a un período extraordinario de sesiones y muchos dirían: ¡ay! no pero por qué. Pues para eso somos diputados, es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, que no comparte con la de Senadores, la de ver el asunto del Presupuesto de Ingresos y de Egresos de la Federación y, compañero, si estamos aquí a la una y media de la mañana discutiendo este asunto, es porque es importante y también tendríamos la obligación de venir a sesionar en período extraordinario de sesiones en caso de que hubiera necesidades de ajustes superiores a un 10%.
En pocas palabras voy a leer esta proposición que solicita período extraordinario de sesiones en caso de ajustes superiores al monto señalado.
"Propuesta de modificación. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta a esta soberanía la siguiente proposición de reforma al artículo 14 del proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1989."
Primero. Se modifica el I párrafo para quedar como sigue:
"Cuando se presenten contingencias que repercutan en una disminución de los ingresos presupuestados en menos de un 10% el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto efectuará las reducciones a los montos presupuestados a las dependencias y entidades, dando cuenta del ejercicio de esta facultad a la Cámara de Diputados al rendir los informes trimestrales a que se refiere al artículo 38 de este decreto y al presentar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal; hasta aquí va casi igual que como viene en el proyecto, y agregamos: cuando los ajustes sean superiores al 10%, el Ejecutivo Federal dará aviso a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a efecto de que ésta convoque a la Cámara de Diputados a un período extraordinario de sesiones y determine los ajustes que haya que llevar a cabo. Dichos ajustes podrán ser sugeridos por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Programación y Presupuesto."
Igual que nos están sugiriendo este presupuesto ellos, ya veremos nosotros si nos parecen
razonables sus sugerencias o no, si las aceptamos o las modificamos.
Segundo. Se modifica el III párrafo para quedar como sigue:
"Los ajustes y reducciones que efectúe la Cámara de Diputados en observancia de lo anterior...", y el resto del párrafo sigue sin cambios; aquí de los ajustes que hiciera la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Tercero. Se elimina el IV párrafo.
Esto significa que estamos de acuerdo con el Presidente de la Comisión en una cierta flexibilidad, pero cuando los ajustes sean altos hay que citar.
Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, diputados: Astolfo Vicencio Tovar, Francisco Javier Pavlovich Robles, Juan Antonio García Villa, Eduardo Arias Aparicio, Jesús Ramón Rojo, Magdaleno Gutiérrez y diputada María Teresa Ortuño Gurza.
Amigos, compañero: Vamos a votar porque se nos permita ejercer las facultades constitucionales para las cuales hemos aceptado un cargo y tenemos un compromiso con nuestros conciudadanos y creo que esto es serio e importante. Es una proposición que toman en cuenta los criterios que se nos mencionaron en la comisión y que podemos ajustar para no claudicar a la principal obligación que es cuidar el dinero del pueblo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente:- Se ruega a la Secretaría consulte a la asamblea si se admite la modificación propuesta por la ciudadana diputada Teresa Ortuño, en relación con el artículo 14.
El C. secretario Ismael Orozco Loreto: - En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta por la diputada Teresa Ortuño.
Los ciudadanos diputados que estén porque se acepte la proposición propuesta por la diputada Teresa Ortuño, sírvanse manifestarlo.
(Votación.)
Los ciudadanos diputados que estén porque se deseche la proposición, sírvanse manifestarlo....
Desechada, señor presidente.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado García Villa.
El C. Juan Antonio García Villa:- Señor presidente; compañeros; señoras y señores diputados: Si ustedes ven el texto del proyecto de decreto para el ejercicio de 1989, encontrarán literalmente que en los artículos noveno, 25 y segundo transitorio, aparece el concepto Plan Nacional de Desarrollo, se supone que para el período 1984-1994. Pero resulta, señores diputados, que este plan no existe, no se ha formulado, no se ha aprobado, y sin embargo en estos tres dispositivos del proyecto de presupuesto se dice que se ajustarán a las prioridades, los objetivos de ese plan imaginario, de ese plan inexistente.
Además de lo absurdo que resulta que se recomiende que la norma establezca una referencia contra algo que no existe. Es el momento de reflexionar aquí señores diputados, acerca del papel que el Congreso y la Cámara de Diputados tienen en materia de planeación en este país.
Resulta que el plan, por antonomasia, el Plan Nacional de Desarrollo, lo elabora y lo aprueba el Presidente de la República. Así está establecido en la Ley de Planeación, aprobada en los primeros meses del gobierno De la Madrid. Y al Congreso se le margina casi totalmente en la labor de planeación. Por ahí la ley en uno de sus primeros artículos señala que el Presidente remitirá el plan al Congreso, para que el Congreso lo examine y opine. Ese es el tristísimo papel que nuestro sistema dizque democrático y nacional en materia de planeación, le asigna al Congreso y por supuesto a la Cámara de Diputados. Pero caemos en lo absurdo, en el servilismo, si nosotros obligamos a través de una norma incluida en el presupuesto, a que diversos tipos de erogaciones se ajusten a los objetivos, a las prioridades establecidas en un plan que por lo menos hasta ahora no existe, señores diputados.
Lo que nosotros queremos proponer es simplemente una redacción diferente a estos tres artículos, para no caer en el absurdo que he comentado.
La misma propuesta hicimos en el seno de la comisión y a pesar de que la comisión estuvo receptiva en numerosos planteamientos que hicimos en esta materia, simplemente rechazó la posibilidad de modificar simplemente la redacción de estos tres numerales.
Independientemente de que nosotros pensamos que el Congreso y por supuesto la Cámara de Diputados, deben tener una participación más activa en materia de planeación, deben opinar no
solamente sino también decidir en gran medida a cerca de la planeación de México. Por favor, no caigamos en este absurdo ridículo de hacer recomendaciones algo que todavía ni siquiera existe en la imaginación de los tecnócratas de la Secretaría de Programación y Presupuestos.
Pero además hay algo más grave: cuando el plan efectivamente exista y la actual administración tiene hasta el mes de mayo de 1989 para formularlo y para que el ejecutivo lo apruebe y para que nos lo remita y opinemos, se supone que todos los demás programas que se derivan del plan, los llamados programas sectoriales, los institucionales, los regionales y sobre todo, los programas anuales que no son otra cosa que el presupuesto de egresos se tendrán que ensamblar, tiene necesariamente que ajustarse con el Plan Nacional de Desarrollo, de donde caemos no sólo en lo absurdo sino que queda además de manifiesto el triste papel que la Cámara de Diputados juega en esta materia.
Porque en el futuro discutiremos y aprobaremos programas anuales, que eso es el Presupuesto de Egresos, ensamblado en un Plan Nacional de Desarrollo en el que no decidimos absolutamente nada, para el cual ni siquiera institucionalmente fue consultado, solamente opinamos después de examinarlo y entonces nos preguntamos: uno, ¿qué caso tiene señores diputados, que esta Cámara tenga como facultad exclusiva, con carácter de rango constitucional aprobar el presupuesto, que se ensambla, que se deriva de un Plan Nacional de Desarrollo en el que no tenemos ninguna participación y que vamos simplemente en el triste papel que estamos desarrollando en estos momentos a altas horas de la noche, en ser por desgracia una simple oficina de trámite como simples aprobones de oficio. Gracias. (Aplausos.)
La C. Presidenta: - Lea la secretaría la propuesta del diputado García Villa.
El C. prosecretario Juan Jaime Hernández: - Propuesta de modificación: El grupo parlamentario del Partido Mexicano Socialista propone modificar el artículo 6o., del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1989, la asignación a entidad, 10 mil 126, Compañía Nacional de Subsistencias Populares, de la siguiente manera:
Artículo 6o. Las erogaciones, 10 mil 125 Compañía de Subsistencias populares. presupuesto asignado 5 billones 519 mil 631 millones 800 mil pesos.
Propuesta de modificación: 6 Billones 534,377 millones 100 mil pesos. Diferencia: Un billón 14 mil 745 millones 300 mil pesos.
Con el incremento que se propone se busca hacer valer los criterios que aprobó esta honorable Cámara de Diputados para la fijación de precios de garantía y en especial a aquel que establece la necesidad de calcular los precios de garantía a partir de los costos promedios de producción, más un 20% de utilidad.
Con ello se busca el mejoramiento en las condiciones de los productores del campo por una parte, así como incentivar la producción de productos agrícolas básicos, por la otra.
El incremento al presupuesto para la Compañía Nacional de Subsistencias populares, se tomaría de la partida 00023 correspondiente a erogaciones no autorizables.
San Lázaro, a 27 de diciembre de 1988. Grupo parlamentario del Partido Mexicano Socialista, y vienen las firmas de siete diputados del Partido Mexicano Socialista.
La C. Presidenta: - Se ruega a la Secretaría consulte a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el ciudadano diputado Juan Guerra.
El C. prosecretario Juan Jaime Hernández: - En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta por el diputado Juan Guerra.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.
(Votación.)
Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.. Se desecha, señor presidente.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el diputado José Antonio Ríos Rojo.
El C. José Antonio Ríos Rojo: - Compañera presidenta; compañeros diputados: Por lo menos desde 1983 hasta la fecha la Comisión Federal de Electricidad, se había propuesto incrementar la demanda energética en estos últimos años entre mil o dos mil megawatt. Hoy, por primera vez, la Comisión Federal de Electricidad, se propone como meta para incrementar su demanda energética en una cantidad equivalente a 318 megawatts. Expresamos esta cantidad porque
nosotros vemos que existe una incongruencia entre el discurso de campaña del licenciado Carlos Salinas de Gortari, en San Pedro Garza García, en Nuevo León, cuando él en su discurso de reto económico en forma expresa dijo que la planta productiva de nuestro país iba a desarrollarse lentamente, porque la planta energética se encontraba a un bajo nivel.
Vemos que hay incongruencia entre esa declaración del licenciado Carlos Salinas de Gortari, y lo que se propone incrementar como energía la Comisión Federal de Electricidad.
Si ésa es la meta para 1989 el rezago en materia energética sumará que hoy es de 10% con respecto al Plan Nacional de Energéticos pasará a un rezago de un 15%, y para 1991 podrá llegar hasta un 20%.
Vemos con preocupación que el presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad hoy es reducido a un 45% en relación con el presupuesto de egresos de 1987. La distribución del presupuesto de egresos la podemos clasificar de la siguiente manera.
Habría que decir que sólo se incrementa en un renglón, que es el que corresponde a la electrificación rural, pero en lo que corresponde a generación primaria de electricidad, disminuye en un 67%.
En lo que respecta a Petroleros Mexicanos, la reducción del presupuesto para 1989 disminuye en un 28.4% y disminuye en alrededor de un 45% con relación al presupuesto de 1987. Pero nos preocupa sobremanera o de manera especial que el presupuesto de egresos para Petróleos Mexicanos para 1989, se incremente en administración general en un 20.1%, cuando en el año pasado este mismo rubro representaba el 18.5%.
Esto significa que los altos funcionarios de Petróleos Mexicanos o personal administrativo aumenta en esa dependencia, en detrimetro de la producción primaria en donde nosotros vemos, según nuestros cálculos, que la producción primaria tendrá una reducción de 41.4% con respecto al presupuesto de 1987.
En base a lo anterior, presentamos el siguiente punto para modificar el artículo 14.
"Artículo 14. Cuando se presenten contingencias que repercutan en una disminución de los ingresos presupuestados, el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto no efectuará reducciones al gasto programable y tales reducciones sólo podrán efectuarse en el renglón del servicio de la deuda."
Cuando los ingresos por exportaciones de petróleo crudo de cada trimestre rebase los correspondientes al precio de diez dólares por barril cobrarán que en la ley de Ingresos nosotros aprobamos y dimos un colchón que en cada barril de petróleo se iba a vender a un precio de diez dólares por barril.
Nosotros proponemos que cuando rebase el precio de diez dólares por barril, el excedente sea aplicado íntegramente a proyectos de inversión en sectores estratégicos. Entre los proyectos estratégicos a los que se destinarán los recursos adicionales, se encuentran: el de generación de electricidad y la terminación de las obras de Petróleos Mexicanos y Salinas Cruz, que permitan la producción suficiente de gasolina sin plomo para abastecer el mercado interno.
Del ejercicio de estas facultades, el Ejecutivo Federal, da cuenta a la Cámara de Diputados al rendir los informes trimestrales a que se refiere el artículo 38 de este decreto y al presentar la cuenta de la hacienda pública federal.
Pienso que por lo antes expuesto y de ser congruente con el discurso del licenciado Carlos Salinas de Gortari, de que la producción en nuestro país iba a aumentar paulatinamente y que piensa el Ejecutivo y su gabinete aumentar la producción en 1.5%, creo que esto sólo será posible si en nuestro país nosotros tenemos la suficiente energía para avanzar para desarrollar nuestra economía.
Y lo mencioné desde un principio que hoy, por primera vez, desde 1983, el aumento, el incremento de energía eléctrica para 1989, es una cantidad sumamente ridícula que oscila alrededor de 328 megawatts.
Esto, siempre y cuando, todas las plantas eléctricas: la hidroeléctrica, las termoeléctricas que están en construcción vayan a funcionar.
Por lo antes expuesto, considero que será una incongruencia entre los compañeros diputados del partido Revolucionario Institucional que pertenecen a este sector, votar en contra de una propuesta que favorece, que fortalece y que consolida su fuente de trabajo, que es la Comisión Federal de Electricidad.
De igual manera será una incongruencia de aquellos compañeros priístas que hacen trabajo de ecología, el que en nuestro país no desarrollemos, no hagamos las obras de infraestructura para que en nuestra patria tengamos sin plomo para que no contaminemos más nuestra atmósfera. Muchísimas gracias.
La C. Presidenta: - Por un error en el acuerdo parlamentario correspondiente este artículo había sido ya declarado suficientemente discutido, sin embargo el autor insiste en que por ser la propuesta diferente y tratando de superar esta situación debida al error en el acuerdo lo someteremos a consulta a la asamblea.
Ruego a la secretaría consulte a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado José Antonio Ríos Rojo.
El C. prosecretario Juan Jaime Hernández: - En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta por el diputado José Ríos Rojo al artículo 14.
Los ciudadanos diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo.
(Votación.)
Los diputados que estén porque se deseche sírvanse manifestarlo.. Se desecha, señora presidenta.
La C. Presidenta: - Consulte la Secretaría a la asamblea si el artículo 14 se encuentra suficientemente discutido.
El C. prosecretario Juan Jaime Hernández: - En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el artículo 14.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación.)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.. Suficientemente discutido, señora presidenta.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Pablo Gómez.
El C. Pablo Gómez Alvarez: - Señores diputados, entiendo que el artículo a discusión en lo particular es el 7o. ¿Verdad? Ciudadano diputados, ciudadanas diputadas. Se ha estado utilizando en el curso de esta sesión, en el debate en lo particular, un procedimiento que no coincide con el reglamento. De acuerdo con el reglamento debe debatirse cada uno de los artículos reservados para su discusión en los particular, haciéndose la correspondiente lista de oradores en favor y en contra, y debe cada uno de ellos votarse, mediante el procedimiento parlamentario, legal que es la votación nominal cuando se trata de aprobar leyes o decretos.
Cuando un conjunto de estos artículos se reserva para su votación en conjunto, son justamente los que no se reservan, los que se reservan no pueden votarse en conjunto; sin embargo durante muchas legislaturas se ha estilado el tomar el conjunto de artículos reservados de una ley, votarlos al final en conjunto para evitar votaciones, habida cuenta de que se sabe que todos ellos van a ser aprobados; para no estar repitiendo el mismo fracaso, los grupos parlamentarios de oposición han admitido con mucha frecuencia este sistema, pero en el fondo de esto debería de haber ante todo una reflexión sobre lo que es la labor legislativa, que no puede estar sometida o no debería estar sometida a convenciones circunstanciales, a lo que obliga el mecanismo de la votación mecánica.
Cuando ocurre, se produce la votación mecánica el asunto está resuelto de antemano y entonces se admite un mecanismo que no es reglamentario y por lo tanto no es legal de la votación en conjunto de los artículos reservados para su discusión y votación en lo particular e individualmente.
Cuando los debates se prolongan y no se decretan recesos, como en este caso, la situación es todavía más difícil, puesto que existe una simple inercia de buscar que el debate termine porque no tiene ninguna relevancia. Nadie va a convencer a nadie en una relación que no es de carácter legislativo parlamentario, sino que le da mayor, eleva mejor dicho, el carácter mecánico de la labor legislativa.
En este caso, yo quiero informar a la asamblea, ya consulté con el presidente de la asamblea, estamos debatiendo el artículo 7o. del presupuesto.
El artículo 7o. del presupuesto es la discusión de la mayor parte del presupuesto. Estamos hablando de una cantidad de alrededor del 60% de los recursos del gobierno federal y de las entidades y organismos sujetos a control presupuestal.
Esté artículo asigna. como decía, una enorme cantidad de recursos públicos al pago de la deuda interna y al pago de la deuda externa. Es, por lo tanto, un punto fundamental, medular, no sólo del Presupuesto de Egresos de la federación, sino un punto fundamental y medular de la economía nacional.
Estamos hablando de una deuda que ascendía al término del tercer trimestre de 1988, que es el último reporte de la Secretaría de Hacienda, a 79 mil 233 millones de dólares de deuda pública
externa, que ha constituido a lo largo del sexenio un servicio solamente por intereses que se aproxima a esta cantidad, es decir, si sumamos intereses y amortizaciones durante el sexenio se han pagado 64 mil 190 millones de dólares, cifra ésta bastante cercana a 79 mil 233 millones que es el saldo de la deuda externa pública del país, sin contar aquí la deuda externa privada
. Evidentemente se trata de un fenómeno económico profunda significación y consecuencia, simplemente consideramos lo siguiente: El 83.16% de las exportaciones petroleras totales del país durante los últimos seis años se han gastado en el pago de los intereses, sin tomar aquí las amortizaciones de la deuda pública externa.
Pero en los últimos años, éste es el promedio en el sexenio, o mejor dicho no el promedio sino el saldo sexenal, en los últimos años, debido a la baja del precio del petróleo en el mercado internacional, esos porcentajes han llegado, como en 1988, dato preliminar, al 135,38% respecto de los intereses de la deuda. Estamos pagando solamente por intereses sin tomar amortizaciones, más que todo el ingreso petrolero en lo que va del año.
Con los datos que tenemos del último informe de la deuda que abarca el tercer trimestre de 1988, esta situación, se ha dicho, es francamente insostenible, pero conviene comparar montos de riqueza social. Para mucha gente 79 mil 233 millones de dólares, le puede decir poco, porque es una cantidad mucho mayor que la mayor cantidad que se puede llegar a imaginar. Pero cuando comparamos montos de riqueza social, es cuando realmente nos podemos tal vez dar cuenta, del tamaño de este problema acumulado.
Tenemos una situación en la cual está el país entregando al extranjero un tributo que en sí mismo representa la limitación del aprovechamiento de su propia riqueza social, prácticamente ya de una generación. Es inmenso esto, tiene una dimensión para lo que habría que hacer comparaciones sucesivas. Uno podría pensar: si un país debe, solamente su gobierno, unos 80 mil millones de dólares, más unos veintitantos mil del sector privado, que en algunos momentos y de manera sucesiva ingresaron al país supuestamente para generar un efecto multiplicador en la producción de riqueza material, sería entonces un país teóricamente con un producto interno mucho mayor que el que tiene México.
Es decir, nosotros hemos recibido financiamiento externo por un buen total que teóricamente hubiera potenciado la capacidad productiva del país que hoy evidentemente no tenemos.
Teóricamente el empréstito externo debería aceptarse cuando con él mismo vienen las condiciones de su propia amortización, cuando genera una riqueza mayor capaz de poder pagar el empréstito, lo que los economistas llaman el costo financiero, los intereses, los réditos y un monto mayor que puede y debe quedarse en el país, de preferencia a ser reinvertido nuevamente en el aparato productivo y generar por lo tanto ese efecto multiplicador.
Algunos se preguntarán: ¿por qué no ocurrió eso? El señor Secretario de Hacienda en esta tribuna aceptó que el gobierno había cometido un error de política económica, como no había derecho de contra - réplica no le pudimos responder a lo que a su vez me respondió a mí, y me dijo, el error de política económica fue que se pensó en un mercado estable de petróleo, que se iba a mantener alto el precio internacional del petróleo y que el país podría responder a sus compromisos financieros internacionales, esta posición es falaz, plena y totalmente falaz, encubre toda una serie de otros "errores". que en el fondo no son errores, que están del problema de la deuda externa de México.
Cuando un país toma un empréstito, debe estar en condiciones de asegurar su amortización, de sacarle provecho a ese empréstito provecho productivo, y ese provecho productivo, no está determinado en forma alguna por el segmento de la deuda petrolera.
No hablaremos aquí de las tonterías que se cometieron, como el gaseoducto de Cactus, Reynosa, mucho mayor que el volumen que podía transportar, en unas perspectivas absurdas que se dijeron entonces que no tenían futuro alguno, pero que no quisieron oír.
En la Cámara, allá en Donceles, se le dijo alguna vez al señor Director de Petróleos Mexicanos, que esos proyectos no tenían futuro, y no lo tuvieron, y era y era evidente que no lo iban a tener, por que nuestro principal posible comprador, es también un competidor y no se quiso aceptar eso.
No es el problema de la deuda petrolera, es el problema del conjunto de la deuda. Cuando un país toma deuda para financiar la fuga de capitales, es un país que no puede utilizar los recursos del exterior en forma productiva ni asegurar las condiciones de su propia amortización.
Esto también se hizo durante todo el tiempo en que se contrató la mayor parte de esta deuda externa.
Ante todo, estuvo la posición del gobierno de dar garantía a los dueños del dinero para convertir
sus pesos en dólares, dice ahora el gobierno actual; para evitar la fuga de capitales lo que hay que hacer es una economía estable, para evitar la fuga de capitales hay que asegurar el suficiente rendimiento interno del capital producido en cualquier rama; para evitar la fuga de capital lo que hay que asegurar en una baja, bajísima tasa de inflación.
¡Ah! Pero lo que tenemos es lo contrario, no tenemos una economía estable, no tenemos una tasa de inflación al nivel de los Estados Unidos y no tenemos la garantía del aseguramiento de una tasa de ganancias en cualquier rama fundamental de la producción del nivel que permita la inversión productiva del capital dinero.
Entonces, ¿qué ocurre?, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se toman una serie de medidas de política económica, una serie de decisiones financieras que no están en consonancia con la situación real de la economía.
Yo quisiera decir aquí una cuestión, la economía a pesar de todo existe, y lo digo por que los señores tecnócratas, no sé si llamarles así, del gobierno, suponen que lo que realmente existe es la política económica y que con ella pueden hacer cualquier cosa. Y es como si algo inanimado y completamente subjetivo cobrara vida momentáneamente y se convirtiera en un organismo viviente, pero se equivocan totalmente.
La economía existe y yo diría que hasta las leyes económicas rigen a pesar de que el gobierno mexicano jamás habla de ellas y nunca se ocupa de estudiarlas realmente.
Muy bien, tenemos un país en el cual se espera "un crecimiento sostenido", dice el señor Salinas, vamos a ir a la estabilidad y al crecimiento sostenido, esto que en sí mismo es un tanto contradictorio, es mucho más contradictorio cuando vemos la experiencia de otros países.
Tomen el país que quieran, tomen Japón, el desarrollo es espectacular, industrial, financiero, comercial, del Japón, no se hizo sin control de cambios de la cuenta de capital.
¿Ustedes creen que en Japón durante todo el desarrollo industrial de ese país, cualquier japonés podía llegar al banco y decir: aquí tengo tantos millones de yens y denme los dólares y me los voy a llevar ahorita mismo? No señores, esos paraísos solamente han existido aquí y el costo de ello lo ha pagado el pueblo mexicano.
La libertad cambiaria, la libertad cambiaria que ha existido en México ha existido en muy pocos países en el mundo y aquéllos en que ha existido es en circunstancias completamente extraordinarias, que en México no existían, nunca han existido. Pero aquí se garantizó ante todo, como parte fundamental de las libertades, se decía y se dice, esa; la de poder llevarse cualquier cantidad de dinero.
Y cuando la economía fue altamente líquida porque el campo de las inversiones se estrechó y había lo que dijo alguna vez un presidente: "Empresas pobres y empresarios ricos", o sea, alta liquidez, entonces el dinero se fue, con toda la garantía de la banca; pero no solamente de la banca privada, también del Banco de México. Y por eso alguien dijo al momento de la nacionalización de la banca privada, preguntó ¿y no sería también muy adecuado nacionalizar el Banco de México?.
Yo creo que ésa es la consigna del momento actual, sobre todo por la presencia del señor Mancera en la dirección del banco, que parece ya que es el principal accionista porque no hay quien lo mueva de ahí. Pero si el señor Mancera no puede retener la reserva del Banco de México, que renuncie.
Eso es lo que debe hacer cualquier director de un banco central, que no puede ni siquiera decirnos ahora cuál es la reserva. Cuando tenían 12 ó 13 mil millones de dólares en la reserva, andaban muy orgullosos diciendo a toda hora de cuanto era la reserva. Utilizaban a los economistas revolucionarios y a los economistas de éstos y a los otros, para andar diciendo a cuanto ascendía la reserva del Banco de México.
Como ya se cayó la reserva, ya no dicen cual es la reserva. Pero cuando a este país se le van en una temporada breve de unos meses 3, 4 ó 5 mil millones de dólares, el señor Secretario de Hacienda viene aquí y dice: "Debemos tener déficit en la cuenta corriente". Eso es lo correcto: cuando teníamos superávit, venían aquí y decían orgullosamente: "Ahí está el superávit de la cuenta corriente, pa'que vean lo que somos, lo que hemos logrado".
Y ahora que tienen déficit vienen y dicen: hemos logrado el déficit, somos igualmente buenos.
Sí, en efecto, no hay ningún problema de tener déficit en la cuenta corriente, ningún problema, ¿por qué se presumió antes del superávit? No hay problema, el problema es la transferencia neta, ya lo dijo el Señor Salinas. El dice bajar, disminuir la transferencia neta; las posibilidades de
disminuir la transferencia neta están vinculadas, como lo ha dicho ese mismo señor, a la reducción del monto de la deuda. ¿Cómo disminuir ese monto de la deuda? O sea, este presupuesto señores del Partido Revolucionario Institucional, que tanto se molestan cuando se critica al gobierno al que sirven de manera tan lamentable.
Esa transferencia neta al exterior es un problema, en efecto, reconocido por todos, ¿cómo disminuirla? Aquí hay una cierta esquizofrenia, vean: "El gobierno dice, vamos a disminuir el monto de la deuda histórica y, por lo tanto, vamos a disminuir también la transferencia neta al exterior", ese es el discurso.
Y nos presentan un presupuesto en el cual no hay ninguna disminución; o sea, éste es el presupuesto de la pagatoria, pero se habla de pagar menos.
¿Por qué es éste un presupuesto de la pagatoria? Contestará nuestro amigo Rogelio, porque tenemos que partir de una situación que tenemos ahora y presupuestar el pago completo del servicio.
Presupuestar hoy día, en este momento, el pago completo del servicio, podría ser, y me preguntó por qué la Cámara debe autorizar el pago completo del servicio, que se presupueste, bueno, al fin de cuentas como lo señalan muchos de los economistas de esta generación actual, es un presupuesto, está bien digo yo, que se presupueste el pago del servicio, pero lo que nosotros decimos es por qué tiene que autorizarse, porque, ¿qué razón hay?, ¿Cuál es la razón fundamental? Si se va a disminuir la pagatoria, que está en el artículo 7o., podríamos nosotros también autorizar parte de lo presupuestado, no necesariamente la totalidad de lo presupuestado, porque de otra manera está es una esquizofrenia, repito, de una parte dice una cosa y del otro lado se dice lo contrario.
Vamos a pagar menos, pero me autorizas a pagarlo todo, el gobierno no sabe lo que va a pasar con la negociación, dicen que es una negociación, la deuda interna también se va a pagar mediante una negociación o el señor Mancera va a seguir poniendo esas altísimas tasas de interés real para que la nación pague a los dueños del dinero de una inmensa cantidad de dinero sustraída del presupuesto nacional. (Aplausos.)
Se está presupuestando todo, y luego ejercen más de lo presupuestado, decisiones que el gobierno toma y aquí, señores diputados, piensen ustedes en esta discusión del presupuesto, estamos hablando no de algo real, no, sino de un documento indicativo porque en este país, incluso de acuerdo con estas leyes que hay, el Ejecutivo hace lo que quiere con el presupuesto; lo recorta cada vez que quiere, lo aumenta, hace y deshace, ¿Cómo puede ser que en un presupuesto haya partidas tan inmensas que no se sabe a dónde van a dar?
No sectorizable, ¿qué es lo que no es sectorizable? Bueno, aumento de salarios, pero no se sabe concretamente y todavía dijo por ahí en la Comisión de Presupuesto un señor: es que los salarios de los trabajadores del Estado se van a negociar. ¿Qué no conoce el apartado B? ¿Qué no sabe que estos salarios no se negocian? Allí no hay contrato colectivo, no hay derecho de huelga prácticamente, pues cómo van a negociar con alguien que no puede hacer nada, si no está de acuerdo con al salario no puede recurrir a través de la ley a hacer una huelga, tiene que haber violación general, sistemática y reiterada de las condiciones de trabajo para que, además de un tribunal dominado por el gobierno, califique eso y diga que pueden hacer la huelga; pues eso no es nada. En está sí ha de ser la Federación de Sindicatos de los Trabajadores al Servicio del Estado, ése que está chiflando, con toda seguridad.
(Aplausos.)
Hay enormes partidas aquí en el presupuesto que el Ejecutivo prácticamente las usa discrecionalmente y se apoyan en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, es una ley para darle al Ejecutivo sencillamente la posibilidad de hacer cualquier cosa, mientras el Legislativo, se dice, que no puede hacer nada, el Legislativo puede y no el Legislativo, la Cámara de Diputados, porque la facultad exclusiva de la Cámara es aprobar el presupuesto, es una de sus facultades.
Puede decirle al gobierno, éste es un presupuesto anual como dice la Constitución, sí, sí es, pero no te voy a autorizar ahora que ejerzas en esta partida, deuda, más que una parte y después hablamos y negociamos.
Cuando la Cámara pueda no un grupo u otro, no me refiero al grupo mayoritario sino a la Cámara sentarse a negociar con el Ejecutivo habremos recuperado gran parte de las facultades que en la práctica en la ley y en la tradición perdió la Cámara de Diputados porque durante muchas décadas fue sometida por completo al poder del Presidente de la República.
Y una de las grandes tareas de esta Cámara Legislativa de hoy es tratar de andarlo desandado, históricamente, recobrar sus facultades, yo espero que cuando, lo que hemos hecho en la Ley de Ingresos de quitarle el cheque en blanco al Presidente para endeudarse, que no tiene
trascendencia en lo inmediato ni significación económica práctica, pero probablemente política, sí, sea al final el inicio de la recuperación de la facultades constitucionales y de las facultades políticas que debe tener el Congreso de la Unión.
(Aplausos.)
¿Puede o no una Cámara, aunque el presupuesto sea anual, yo lo acepto y lo dice la Constitución, autorizar por partes el ejercicio de las partidas presupuestales, presupuestadas anualmente? Puede y tan puede que pudo y tan pudo está, que pueden los Congresos de otros muchos países, con semejante estructura estatal.
Pero ahí se negocia con el Ejecutivo, se negocia.
Se van negociando las cosas. Yo les pregunto ¿por qué debe ser solamente el Ejecutivo el que tenga que ver en la negociación de la deuda externa?, ¿por qué?, ¿dónde está aquí esto establecido?, ¿quién lo ha consagrado?, ¿quién lo determinó para siempre, como cosa inamovible?
Sí, es el representante en el extranjero, es el que contrata y firma, en efecto así es; pero no tiene que ser el único que participe, también esta Cámara puede participar, debería participar.
(Aplausos.)
Sí, y no es tan difícil, aunque hay que remover muros que no han sido engrosados durante tantos años de absolutismo presidencial. Sí, se puede.
Podríamos nosotros por ejemplo, se nos había ocurrido, teníamos aquí una propuesta de modificación que yo estoy dudando presentarla porque a estas alturas ya se ha demostrado que no tiene ningún sentido, ya ni responden.
Van a aprobar la pagatoria, pero podríamos nosotros decir: autorizamos que durante los primeros seis meses se ejerza la partida presupuestal correspondiente que está ahí en el artículo 7o., y a los seis meses discutimos el asunto para ver qué autorizamos, qué no, si se va a disminuir.
Eso sería una Cámara que quiere entrarle al asunto de la deuda externa no solamente con opinión, sino haciendo uso de facultades constitucionales, o sea, la Cámara es quien autoriza el gasto; éste es el problema fundamental, al margen de interpretaciones letrísticas o no letrísticas, ¿es o no la Cámara la que tiene la facultad histórica y constitucional de autorizar el gasto? Y si lo es, lo puede hacer de acuerdo con las conveniencias de la nación, y conviene en este momento al país que la Cámara de Diputados participe también de alguna manera, en la cuestión de la renegociación de la deuda externa, permitiendo que se ejerza el primer semestre, de acuerdo con el calendario de pagos, que por cierto no conocemos porque nunca nos lo han querido presentar, y no están en los informes trimestrales de la deuda pública y nunca los han presentado, ni siquiera dicen quienes son los acreedores exactamente, nada más por genéricos, organismos, bancos, etcétera.
(Voces): - Toma, tiempo.
Ese es el tema. Tenemos todo el tiempo, toda la noche y mañana por la mañana, no hay ninguna prisa, nadie de esta Cámara puede decir que necesita que el debate sea rápido porque ya se va a ir a dormir, porque no van a dormir, ya lo decidió el Partido Revolucionario Institucional, que esto es hasta terminar.
Ahora, ¿cuál es aquí la cuestión? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dar un paso más como se dio pequeño en la ley de ingresos, ahora en el presupuesto? Se puede, yo estaba viendo la ley, la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, ¿qué nos dice esa ley? En su artículo 15 dice: Que el gasto debe programarse y presupuestarse para el período de un año. Pero se refiere a las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas. Pero no dice deuda. No dice. No dice la pagatoria de la deuda. Por lo tanto tampoco violaríamos el artículo 15 de la ley, no violaríamos ninguna nada, sino simplemente tomaríamos el control de la autorización del gasto. Eso es lo que haría la Cámara de Diputados si quisiera. Discutimos dos días esta propuesta de modificación, con el grupo del Partido Revolucionario Institucional, ayer y hoy.
Yo no escuché más que razones técnicas que no son relevantes, francamente lo digo: que los pagos, que se va a pagar el primer semestre lo que se devengó el último trimestre, cosas que no tienen que ver con el problema de la facultad Constitucional de una Cámara de Representantes.
Se tienen que ver más bien como excusas, como pretextos, pero no como algo de fondo; no como algo fundamental, para entrar en este asunto de la deuda, no solamente organizando foros, a lo cual yo no me opongo sino ejerciendo facultades.
Ahora, por último, nosotros habíamos hablado de todo el control de la deuda interna y externa. Algunos dicen bueno, es que los inversionistas, los compradores de cetes se pueden poner nerviosos de que para un segundo semestre no esté garantizado que se va a pagar el interés. bueno, yo preguntaba. ¿No estarán nerviosos en este momento?
Vean ustedes que no hay nada autorizado para que en 1989, se pague la deuda interna y hasta donde
sabemos no hay venta masiva en el mercado de Cetes, así como que la gente se quiere desprender de ellos, ¿verdad? Ahí, no está el problema, no, estos acontecimientos políticos, de esta manera difícilmente impactan un mercado, en donde el problema no está en si se paga el Cete, no, mucho de los señores del Partido Revolucionario Institucional aquí han de tener seguramente Cetes y lo saben muy bien, y lo saben muy bien porque el problema está en la tasa de interés y el señor Mancera mantiene la idea de que las tasas de interés en México deben ser la más altas del mundo en términos reales prácticamente, y así estamos para evitar la fuga de capitales.
Hay una, a propósito de que Rogelio va a responder, hay una disposición en el artículo 11 de la Ley de Presupuesto que dice que la Secretaría de Programación y Presupuesto debe darle a la Cámara, no dice a la Cámara, dice a petición o algo así, de los diputados, yo lo entiendo que no dirá de los diputados porque entonces haría imposible esto, las informaciones necesarias; pero yo creo que en relación con este proyecto de presupuesto a nosotros no nos han dado todas las informaciones, a la Cámara y habría otras muchas cosas qué preguntar, qué cuestionar, qué negociar con el gobierno; la Cámara no puede fijar las tasas de interés, no tiene esa atribución legal, pero tiene manera de negociar con el gobierno la política de tasas de interés; sí tiene manera y tiene manera justamente en función de la autorización del gasto.
Si la Cámara quisiera podría negociar con el Ejecutivo esta cuestión de la pagatoria de la deuda interna y podría mejorar la situación de las finanzas públicas, porque resulta que cuando la inflación era más alta, ya lo dijimos aquí, las tasas reales de interés eran menores y las han subido las tasas reales para mantener esa política de atracción del capital que se puede ir y que es completamente volátil y con las complementaciones en otros instrumentos de política económica se podría lograr hoy en día una reducción importante en la tasa real de interés aunque fuera progresiva.
Pero no hay la preocupación en esta Cámara, y aquí es donde está la cuestión de fondo, esto se ve como un trámite; ha llegado un presupuesto y lo importante es que salga. No es la cuestión de lo que una Cámara Legislativa puede hacer para incidir en la política económica; con o sin facultades expresas, también hay otras maneras de usar, con facultades expresas, instrumentos que permitan negociar modificaciones en otros aspectos, en los cuales el Ejecutivo es el que tiene, digámoslo así, legalmente el sartén por el mango.
Pero no hay, y todo el talento de muchos diputados de esta Cámara que podría ponerse al servicio de esa causa, sencillamente se reduce, se frustra en las ansias de que el presupuesto quede votado y que no haya ningún problema y que podamos satisfacer esa demanda del poder presidencialista y nos podemos ir tranquilamente al receso.
Esto, que es lo que hemos querido cambiar durante estos meses de lucha parlamentaria, que ha empezado a asomar, que podemos cambiarlo y que hay que seguir luchando, requiere de una condición, que la mayoría también haga algo en esta dirección. Porque la actividad legislativa no puede estar a cargo de la minoría; eso es imposible. Sin la mayoría prácticamente no se puede legislar; puede obstaculizar, se puede hacer algo, se pueden modificar algunas partes, se pueden utilizar, como los recursos que hemos utilizado en estos días, para tratar de producir cambios, pero, un proyecto legislativo, esa actitud, esa necesidad de negociar con el Ejecutivo las transformaciones que el pueblo está demandando y de lo cual nosotros podemos ser expresión directa y más fiel, eso se requiere, un cambio también en ese comportamiento de lo que el pueblo mexicano dice. No es un invento de la oposición; es un cambio sustancial a fondo, de esa imagen de diputados levantadedos que tienen prisa por resolver este problema. Gracias.
(Aplausos.)
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Jaime Enríquez Félix.
El C. José Jaime Enríquez Félix: - Con su permiso, señora presidenta; compañeras y compañeros diputados: Es importante el análisis del artículo 7o. del Presupuesto de Egresos de la Federación que se refiere al gasto asignado a la deuda pública, creo, estoy seguro, que todos estamos de acuerdo, al margen de la ideología, al margen del partido donde militemos, de la necesidad de que este problema de la deuda pública se regule, se restrinja, se disminuya.
Aquí, en esta tribuna , compañeros priístas han señalado que éste es un presupuesto de transición, pero yo quisiera recordar que también se nos ha señalado que de transición han sido otros presupuestos, México, la nación entera, tiene prácticamente viviendo más de 12 años con presupuestos de transición, presupuestos que se orientan hacia políticas gubernamentales, hacia propósitos de Estado, pero no se orientan hacia lo cotidiano, hacia la necesidad del pueblo.
Los mexicanos, hoy, estamos ya fatigados de tanta restricción, la esperanza que aquí se señala
de un año más de esfuerzo, es un año más casi de agonía, las clases marginadas tienen requerimientos que no podemos satisfacer con discursos, que no podemos satisfacer con noticias en los periódicos; ellos requieren ya soluciones inmediatas.
Yo quisiera algunas reflexiones rápidas sobre lo que la deuda implica para todos nosotros. No solamente para los de un partido o de otro, sino para todos los mexicanos.
De 1983 a 1988, se pagó al exterior aproximadamente 88 mil millones de dólares, la deuda en 1976 era de 24 mil millones de dólares, en 1988 de 103 mil millones de dólares aproximadamente, en ese período hubo un incremento de 79 mil millones, 10% menos de lo que se pagó en el gobierno de Madrid.
El pago de la deuda para todos los mexicanos, al margen de los partidos, entre 1983 y 1988 representó, para todos los mexicanos, fue de 42 veces superior a la inversión el campo durante ese período, fue 71 veces mayor que los recursos destinados a la construcción de infraestructura en el medio rural, representó el 49% del valor total generado por la economía mexicana en 1988, representó el 55% de la inversión total del sexenio.
Con esa cantidad hubiera sido posible financiar durante 22 meses un crecimiento económico del 5% anual.
Esto no representó un sacrificio ni para los diputados priístas ni para los panistas ni para los frentistas; para todos los mexicanos.
Según estadísticas oficiales, cada puesto productivo en México requiere 38 mil 800 dólares para mantenerse; con los pagos al exterior entre 1983 y 1988 hubiera sido posible crear 2.2 millones de empleos, o sea, el 46% de los 5 millones de mexicanos desempleados.
El adeudo solidario de cada mexicano al nacer, es de 1 mil 136 dólares, México debe el 26% de toda la deuda latinoamericana; México es el país con mayor transferencia neta en América Latina.
Por otra parte, México tiene un futuro difícil en el endeudamiento, sobre todo a partir de 1989 al año 2000.
En 1989 deberemos pagar 572 mil millones de capital; en 1995, 2 mil 600, ya para el próximo gobierno; en el 2000, 3 mil 600, más los intereses y dependiendo del comportamiento de los préstamos que este gobierno continúe solicitando al exterior.
El pago de la deuda de 1982 a 1988, es comparado al total de las reparaciones de guerra, que hizo Alemania a los aliados después de la primera guerra mundial.
Compañeros, éstas son cifras oficiales, que no corresponden a ningún partido ni a otro, son cifras que el gobierno mexicano otorga para que los estudiosos o los investigadores entiendan la historia e interpreten el futuro. Yo creo que hoy nuevamente debemos dar un ejemplo de concertación.
Un ejemplo que nuevamente dignifique al Poder Legislativo, un ejemplo donde demostremos priístas y oposición unidos por un símbolo, unidos por una mira, unidos por un país, ese país que es México.
Yo quisiera hacer una propuesta a nombre de las fracciones parlamentarias, para modificar en parte el artículo 7o. del Proyecto decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1989, quedando como sigue:
"Artículo 7o. El gasto asignado y la parte modificada es la siguiente: El gobierno federal y las entidades paraestatales, incluidas en el presupuesto, quedan autorizados a ejercer el servicio de la deuda pública externa correspondiente al primer semestre de 1989.
El servicio de la misma correspondiente al segundo semestre de este año queda sujeto a la autorización que previamente otorgue la Cámara de Diputados, a este efecto el Ejecutivo Federal informará a la Cámara de la situación de la deuda pública y comparecerá ante la misma el Secretario de Hacienda y Crédito Público.
San Lázaro a 28 de diciembre de 1988. Firman los diputados Pablo Gómez Alvarez, Partido Mexicano Socialista; Oscar Mauro Ramírez Ayala, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Pedro René Etienne Llano, Partido del Frente Cardenista; Ignacio Castillo Mena, Corriente Democrática, y Francisco Ortíz Mendoza, Partido Popular Socialista.»
Nosotros creemos que esta Cámara tiene la oportunidad de concertar, de buscar todos aquellos planteamientos que nos unen, no los que nos separan, estamos próximos a finalizar un período de esta Cámara que será histórica, hagámosla histórica con los hechos compañeros priístas, hagámosla histórica con comportamiento, hagamos que la unidad, que las fracciones democráticas, que esta Cámara plural se manifieste con hechos, esta propuesta debe ser un símbolo de unidad.
Queremos también manifestar nuestro apoyo y nuestro reconocimiento a todos aquellos compañeros priístas que en número de más de cien han apoyado las propuestas, compañeros, hagamos de esta Cámara, de esta Legislatura, un hecho contundente para el pueblo de México; hagamos que este proyecto de modificación se debe esta noche por el bien de la nación. Muchas gracias. (Aplausos.)
La C. Presidenta: - Se ruega a la secretaría consulte a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Jaime Enríquez al artículo 7o. El C. secretario José Murat C.: - En votación económica se pregunta... El C. Armando Duarte Móller (desde su curul): - Quiero solicitar señora Presidenta que en cumplimiento a los artículos 147 y 148, que la votación sea nominal.
El C. Rubén Venadero Valenzuela (desde su curul): - Señora presidenta, es un hecho histórico y queremos ser responsables del mismo, que los diputados asuman su responsabilidad.
La C. Presidenta: - Procede la secretaría a recoger la votación nominal.
El C. secretario José Murat C.: - Ciudadana presidenta: Se han emitido doscientos cuarenta y ocho votos en contra y ciento sesenta y seis a favor. Desechada.
El C. Armando Duarte Móller (desde su curul): - Ciudadana presidenta: Que se proceda con la fracción IV del artículo 147.
El C. secretario José Murat C.: - Con el voto del ciudadano diputado Godoy aumenta un voto más, entonces son ciento sesenta y siete votos a favor y doscientos cuarenta y ocho en contra. Desechada.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Rogelio Montemayor Seguy.
El C. Rogelio Montemayor Seguy:
- Ciudadana presidenta; honorable asamblea: He pedido hacer uso de la palabra para referirme al tema que se ha estado debatiendo en la última hora y media, después de una larga digresión del diputado Pablo Gómez, nos plantearon una propuesta que ha sido votada y desechada por esta asamblea, sobre un problema fundamental, quizá no me equivocaría si afirmara que es el punto básico de la discusión que hemos tenido en la sesión que ya dura muchas horas, me refiero al tema de la deuda.
Quisiera hacer una reflexión en torno a dos puntos. En este tema de la deuda hay algunos puntos, aspectos fundamentales en los que estamos de acuerdo y hay otros en los que no tenemos acuerdo.
Estamos de acuerdo, quizá no por las mismas razones, pero estamos de acuerdo en que la deuda es una pesada carga para la economía del país, es una carga que impide un crecimiento duradero y que impide tener una expectativa de tener niveles de vida mejores para todos los mexicanos, quizá estando de acuerdo también en que siendo o teniendo esas implicaciones la deuda y su servicio en los términos actuales, es imprescindible dejar de pagar; estando de acuerdo en eso quizá no estamos de acuerdo en las razones, en las causas por las cuales México puede plantear esa opción, esa alternativa.
Y aquí quisiera referirme un poco al origen del problema, el diputado Gómez, nos hizo una larga exposición sobre lo que a su juicio es el origen de este problema.
Sin entrar en una discusión sobre esto, porque no es la materia en este momento, sólo quisiera decir que parcialmente tiene razón; en el origen de la deuda hubo fallas hubo fallas de política económica de administraciones anteriores, pero lo que no mencionó y que no podemos dejar de considerar al analizar el problema de la deuda, es que su origen también hay fallas del exterior, en su origen hay todo un fenómeno internacional, todo un proceso de cambio que se ha dado en los último años y que se traduce en el hecho de que las condiciones actuales son radicalmente distintas a lo que fueron y a lo que pudieran haber sido previstas cuando se tomaron las decisiones de aceptar la deuda.
Es cierto, reitero, estamos de acuerdo en que si México no encuentra la manera de dejar de pagar, la manera de reducir estas transferencias al exterior, el país no podrá volver a creer, pero en lo que no estamos de acuerdo es en cómo dejar de pagar.
Y aquí quisiera referirme y razonar el rechazo que la diputación priísta con toda responsabilidad, con convicción ha hecho de la propuesta que ha sido planteada a esta asamblea, hace unos momentos.
Estoy hablando como diputado priísta. ¿Qué significa la propuesta? La propuesta nos está diciendo, autorizamos el presupuesto, aprobamos el
presupuesto. Pero sólo autorizamos el pago por seis meses. En los siguientes seis meses veremos qué sucede y veremos qué decisión tomamos.
No estamos de acuerdo ni podemos estar de acuerdo con esta propuesta, en primer lugar porque representa una clara violación a la norma constitucional.
La Constitución es muy precisa, la facultad que tiene esta asamblea es la facultad de examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto, y con todo respeto, pero es una falacia decir que aprobamos el presupuesto para un año, pero que el gasto lo aprobamos para seis meses, y hay una razón o varias razones, por las cuales el constituyente incluso desde antes de 1917, planteó la aprobación anual.
Es una razón práctica muy sencilla, estamos hablando de un proceso de formulación por el Ejecutivo, de acuerdo a la facultad que tiene de iniciar, de elaborar el Presupuesto de Egresos de la Federación, que considerando las características del gobierno federal, de la administración paraestatal, es fácilmente comprendible que éste no es un proceso sencillo, sino es un proceso que toma tiempo, toma más de cuatro meses la integración de esta iniciativa; pero no sólo hay que integrarla sino que tiene que examinarla, conocerla esta asamblea, discutirla y aprobarla ése es un problema que también toma tiempo y el día de hoy hemos escuchado reiteradas quejas e insatisfacciones por el escaso tiempo que en un primer año se tienen para analizar y cumplir con esta responsabilidad constitucional, y también las hemos escuchados para los años posteriores de cualquier administración donde este cuerpo cuenta con 45 días para cumplir dicha responsabilidad.
Entonces hay una razón práctica, la naturaleza del instrumento que estamos analizando, no podemos pensar, ningún país del mundo lo tiene, de que el presupuesto y un presupuesto de esta naturaleza pueda estarse aprobando cada seis meses o un pedazo sí y otro pedazo no.
Pero hay otro elemento adicional que es importante que dejemos claro, esta Cámara, el Congreso de la Unión tiene la facultad de autorizar la contratación de los créditos y creo que para todos es obvio que cuando un crédito se contrata se pacta una forma de pago.
En consecuencia no es válido pensar, no es válido decir que podemos autorizar el endeudamiento y posteriormente a la hora de autorizar los pagos, decir, a lo mejor, te autorizo a pagar y a lo mejor no, y tan es así que recordemos que no hace más de una década lo referente al servicio de la deuda no se incluía el presupuesto de egresos porque era algo automático, dado desde el momento en que se había autorizado el endeudamiento.
Pero hay una razón adicional y es una razón de realismo, una razón de práctica y es una reflexión que quiero invitar a todos a que hagamos, ¿Qué vamos a lograr si pudiéramos hacer una modificación como la que ha sido desechada, qué vamos a lograr? Podría decirse y quizá podríamos estar de acuerdo de que al incluir una consideración como la que supone la propuesta, estaríamos ayudando al Ejecutivo a ejercer presiones sobre los acreedores del exterior, pero yo pregunto: ¿Aguantará el país esa situación? Aguantará el país que violando la Constitución, que violando lo que ha sido pactado cuando se contrataron los créditos porque los créditos del gobierno de la República no sólo han sido pactados con el exterior, no han sido pactados con mexicanos.
¿Y si dejamos establecido el precedente de que esta Cámara que hace unos días autorizó por unanimidad a contratar 10 mil 500 millones de dólares en el caso extremo de deuda externa al Ejecutivo Federal, que esta Cámara puede, una vez dada esa aprobación desconocer los términos del pago, o prohibirle al Ejecutivo cumplir esos compromisos? Creo, señores, que estando de acuerdo en que ya no podemos pagar, no podemos estar de acuerdo porque consideramos que siendo responsables, lo que debemos de hacer es buscar la forma y eso sólo puede ser mediante la negociación, negociar cómo dejar de pagar, tenemos que negociar cómo dejar de pagar.
Y tenemos que negociar porque existen compromisos del gobierno de la República que conllevaron en su momento la autorización del Poder Legislativo; en consecuencia, hay que negociar una nueva forma de pago, y eso es precisamente lo que el Ejecutivo ha planteado a la nación, lo que el Ejecutivo ha iniciado
. El dictamen que presenta la comisión, propone que esta Cámara también asuma su papel en este problema donde se requiere el apoyo de todos, se requiere como aquí se ha dicho unir fuerzas porque el adversario es formidable, sólo unidos vamos a poder vencer.
Y propone una salida, propone en primer lugar que analicemos a fondo este problema, que conozcamos los términos del problema, veamos las posibles soluciones, y veamos también por qué ningún país ha hecho hasta ahora, en una
manera unilateral, el dejar de pagar, y analicemos por qué quienes lo han intentado, han tenido que retraerse al poco tiempo.
Quiero yo insistir, sin ánimo de ofender, en esta necesidad de conocer el problema a fondo, conocer quiénes van a ser nuestros aliados allá fuera y quiénes son nuestros adversarios, en conocer cuál va a ser la reacción de los distintos sectores y grupos de la sociedad mexicana frente a las distintas posibilidades de soluciones, porque sólo en la medida que tengamos esa unidad, que tengamos esa fortaleza interna, en esa medida vamos a tener éxito en resolver este problema fundamental que es la deuda.
Yo quiero referirme ahora, en este mismo contexto, y solicitarles a ustedes su voto favorable al dictamen que ha presentado la comisión a la consideración de esta Cámara, porque me parece que el presupuesto que está planteado, con las modificaciones que han sido sugeridas por la comisión y por las distintas fracciones durante los trabajos de la comisión, me parece que este presupuesto atiende a las dos necesidades fundamentales que nos impone la realidad económica:
La necesidad de consolidar el saneamiento económico interno y la necesidad de enfrentar, bajo un nuevo esquema y con nuevas propuestas, el problema de la deuda. Muchas gracias.
(Aplausos.)
La C. Presidenta: - Consulte la secretaría a la asamblea si el artículo 7o., se encuentra suficientemente discutido.
El C. secretario Ismael Orozco Loreto:
- En votación económica, se pregunta s se considera suficientemente discutido el artículo 7o.
Los ciudadanos que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
La C. Presidenta: - Se reserva el artículo 7o. para su votación nominal en conjunto, en un solo acto, en sus términos.
Para razonar su voto en relación al artículo 39, tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Antonio Carlos Hernández.
El C. José Antonio Carlos Hernández:
- Diputada presidenta; honorable asamblea: Después de una de las más largas sesiones de este primer período ordinario de sesiones de la LIV Legislatura del Congreso de la Unión, en nombre del Partido Popular Socialista, vengo a expresar algunos juicios sobre uno de los acontecimientos que marcan hitos en los trabajos de esta Legislatura.
Después de una serie de negociaciones, de exposición de puntos de vista encontrados, a veces un tanto cuanto ásperos, pero siempre con el más elevado patriotismo, con la más elevada responsabilidad de cumplir con honor nuestra calidad de representantes populares así como en el caso de la fijación de límites en el endeudamiento externo al Ejecutivo por parte de la Cámara de Diputados, ahora la Cámara de Diputados reasume una de sus facultades que la honra, que la dignifican, la facultad de manejar de decidir sobre el destino del patrimonio de la nación.
El artículo 39 del dictamen, en los términos en que venía redactado por la comisión, establecía una discrecionalidad sin límite para que el Ejecutivo dispusiera libremente de la enajenación, desincorporación, transferencia, liquidación de las empresas del Estado; ahora se establece que por lo menos las empresas estatales o paraestatales que están consideradas en el presupuesto, no podrán ser enajenadas o desincorporadas sin la previa autorización de esta Cámara de Diputados. (Aplausos.)
También se establece que las empresas creadas por decreto ley, requieran de la autorización expresa de la Cámara para poder disponer de ellas y que en el peor de los casos el Ejecutivo de la Unión tenga la necesidad de informar a esta Cámara y esta Cámara primero emitir su opinión y hasta después de este trámite poder liquidar o enajenar las empresas del Estado.
Este es un avance muy importante, ya no se podrá poner en subasta el patrimonio de la nación, es cierto que el Presidente de la República puede libremente y así lo ha hecho a través de la historia reciente de México, enriquecer el patrimonio de la nación a través de la compra, a través de la creación, a través de la expropiación o a través de la nacionalización, de empresas que enriquezcan el patrimonio de México; pero no puede, una vez que las empresas constituyen parte del patrimonio nacional, enajenarlas; la misma facultad tienen en su ámbito de competencia los ayuntamientos municipales, los gobernadores de los estados que pueden adquirir bienes muebles e inmuebles para enriquecer el patrimonio municipal o estatal; pero en tratándose de bienes inmuebles ni un presidente municipal, ni un gobernador del estado puede enajenar, puede desincorporar bienes inmuebles del patrimonio municipal o estatal.
No es pues concebible, no era admisible que tratándose del patrimonio de la nación, sí hubiese
esta liberalidad para que el Presidente de la República, para que la administración pública federal a su antojo, sin ninguna limitación pudiera enajenar, como lo ha venido haciendo, el patrimonio de la nación que es sagrado, en favor de los mexicanos. (Aplausos.)
Las fuerzas democráticas y patrióticas unidas al margen de partidarismos hemos ganado una batalla más en favor de México. La Cámara de Diputados se dignifica con esta decisión. Reconocemos que no es una victoria exclusiva ni del Partido Popular Socialista ni del Frente Democrático Nacional, ni del Partido Acción Nacional, ni del Partido Revolucionario Institucional, sino una victoria de las fuerzas democráticas y revolucionarias de dentro y de fuera del gobierno, que siguen en pie de lucha en favor de las mejores causas de la patria mexicana.
Por eso no podíamos dejar pasar esta importante victoria sin este comentario, seguiremos combatiendo y llegará el día en que la Cámara de Diputados reasuma sus responsabilidades constitucionales e históricas y que nunca más se reduzca, se enajene, que nunca más se disponga con discrecionalidad de las empresas del Estado, que constituyen patrimonio sagrado de México.
Que sea en todo caso la Cámara de Diputados la que decida qué hacer con estos bienes de la nación.
¡En buena hora por esa victoria de México!,
¡viva México!
La C. Presidenta: - Proceda la secretaría a recoger la votación nominal de los artículos 2o., 3o., 6o., 7o., 9o., 13, 14 y 25, en sus términos, y del artículo 39 con la modificación aceptada por la asamblea, en un solo acto.
El C. Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Señora presidenta, para una aclaración: El Partido Popular Socialista, y queremos que así quede asentado, estará en contra de todos los artículos y en pro del 39.
La C. Presidenta: - Yo le rogaría a los ciudadanos diputados del Partido Popular Socialista, que así lo hagan saber en el momento en que se recoja la votación.
El C. secretario Ismael Orozco Loreto:
- Se va a proceder a recoger la votación nominal de los artículos 2o., 3o., 6o., 7o., 13, 14 y 25 en sus términos, y el artículo 39 con la modificación aceptada por la asamblea, en un solo acto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del reglamento.
(Votación.)
El C. secretario José Murat C.: - Ciudadana presidenta, se emitieron 146 votos contra los artículos 2o., 3o., 7o., 9o., 14 y 25; 400 votos a favor del artículo 39; una abstención, tres votos en contra de todos los artículos y tres votaciones de los diputados Medrano, Oropeza y Gómez Verónica, contra el 2o. y el 3o., se abstuvieron en el 6o., contra el 7o., y el 9o., se abstuvieron en el 13, y contra el 14 y el 25 porque el 39 su voto ya estaba sumado a los 400 votos, y 251 a favor de todos incluyendo el 39.
La C. Presidenta: - Aprobados los artículos 2o., 3o., 6o., 7o., 9o., 13, 14 y 25 en sus términos por 251 votos, y el artículo 39 por 400 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1989. (Aplausos.)
El C. secretario José Murat C.: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
DE LA FUGA DE CAPITALES
La C. Presidenta: - Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Rafael Campos López.
El C. Rafael Campos López: - Ciudadana presidenta; honorable asamblea: Una demanda permanente del Partido Popular Socialista, y de las fuerzas democráticas en su conjunto, ha sido la de establecer un estricto control de cambios para cerrar definitivamente la fuga, el saqueo de divisas que han realizado los grandes empresarios de fuera y de dentro del gobierno, así como de los funcionarios públicos que se han enriquecido a través del poder.
La actitud conciliadora del gobierno anterior con las demandas de la derecha, lo condujo a que jamás se aceptara restablecer esta medida indispensable para un país como el nuestro, que reclama de estos recursos para financiar el desarrollo independiente y salir del atraso en que se encuentra.
El Partido Popular Socialista condena con toda energía el saqueo criminal de los recursos
financieros que asciende a más de 50 mil millones de dólares y exige parar en seco la fuga de capitales estableciendo el control de cambios.
Ahora que el Partido de Acción Nacional propone que los capitales que se fugaron regresen por la vía del congelamiento de las cuentas depositadas en bancos extranjeros, las fuerzas democráticas debemos tomar con seriedad estas propuestas y proceder en consecuencia.
Por estas consideraciones y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el gobierno Interior de la Cámara de Diputados, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, propone el siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Único. Que la proposición tercera del Partido de Acción Nacional, en torno al problema de la deuda, expuesta por el ciudadano diputado Astolfo Vicencio Tovar, y que textualmente dice: "Estudiar la posibilidad de que los gobiernos o bancos inodados, congelen los depósitos de mexicanos en el extranjero, los cuales ascienden a 50 mil millones de dólares, capitales que deben ser repatriados y aplicados también a la disminución de la deuda".
Sea recogida esta proposición por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y la de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, para que dicho estudio se realice en el seno de las comisiones y se concluya con la formulación del decreto correspondiente que permita llevar a la práctica esta proposición.
Atentamente por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, diputados Sergio Quiroz Miranda y Rafael Campos López.» Muchas gracias (Aplausos.)
La C. Presidenta: - Recibo y túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
INICIATIVAS DE DIPUTADOS
REFORMAS DE LA LEY FEDERAL
DE RESPONSABILIDADES
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
La C. Presidenta: - Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Luis Miranda Reséndiz.
El C. Magdaleno Luis Miranda Reséndiz: - Con permiso de la presidencia, honorables compañeras y compañeros diputados:
«Iniciativa de ley que presenta la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista para reformar el artículo 80 y adicionar el artículo 80 - bis de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos.
En uso del derecho que nos otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, venimos, los diputados del Partido Popular Socialista, a proponer reformas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a fin de que los diputados al Congreso de la Unión presenten su declaración anual de situación patrimonial ante su órgano técnico, la Contaduría Mayor de Hacienda, y se elimine la obligación de hacerlo ante la Secretaría de la Contraloría General de la Federación.
FUNDAMENTOS
Cuando el licenciado Adolfo López Mateos, como resultado de la lucha emprendida por las fuerzas del campo democrático, envió la iniciativa que creaba los diputados de partido, se abrió el camino para ir transformando las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
El proceso para lograr la independencia del Legislativo no ha sido fácil, porque ha encontrado siempre el obstáculo de un Ejecutivo fuerte, acostumbrado a que los diputados de su partido, casi siempre, se sometan a sus dictados. En este punto, es de recordar cuando se debatía la Ley de fomento Agropecuario, que encontró la resistencia de un numeroso grupo de diputados del partido oficial y que el entonces Presidente de la República los llamó a los Pinos para recriminarles su actitud independiente y en forma irrespetuosa hacia el Poder Legislativo, impuso las condiciones del Ejecutivo.
De esa manera, los esfuerzos por convertir el Poder Legislativo en un órgano de vigilancia y de freno a las actitudes prepotentes y los excesos propios de un Poder Ejecutivo acostumbrado a menospreciar al Legislativo, han sido enormes y poco fructíferos. Esa situación, poco a poco fue creando un gobierno unipersonal que utiliza al Parlamento sólo como un escaparate para justificar sus políticas, que llevaron al pueblo de México, el pasado 6 de julio, a demostrar su oposición y rechazo a este tipo de gobierno y, a contrapunto, con su votación, a cambiar de tajo la correlación de fuerzas.
Una expresión de esa dependencia del Poder Legislativo al Ejecutivo, en aquella obligación de que los diputados tengan que presentar su declaración anual de situación patrimonial ante una
dependencia del Poder Ejecutivo, la Secretaría de la Contraloría General de la Federación.
En efecto, el artículo 80 de la ley que nos ocupa dice a la letra: tiene la obligación de presentar declaración anual de situación patrimonial ante la secretaría, bajo protesta de decir verdad:
Fracción I. En el Congreso de la Unión: diputados y senadores, etcétera.
Por esta razón, dada la necesidad de avanzar hacia la independencia plena del Poder Legislativo, es que proponemos el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se reforma la fracción I del artículo 80 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:
Artículo 80. Tienen la obligación de presentar declaración anual de situación patrimonial ante la Secretaría, bajo protesta de decir verdad:
I. En el Congreso de la Unión: Senadores, oficiales mayores, tesoreros y directores de las cámaras y Contador Mayor de Hacienda.
Artículo segundo. Se adiciona la citada ley con un nuevo artículo, el 80 - bis para quedar como sigue
Artículo 80 - bis. Los diputados al Congreso de la Unión, presentarán su declaración anual de situación patrimonial ante la Contaduría Mayor de Hacienda.
TRANSITORIOS
Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto.
Dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. - Palacio Legislativo. - 28 de diciembre de 1988. - La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista: Diputados: Belisario Aguilar Olvera, Lucio Bermúdez Aristeo, Rafael Campos López, Modesto Cárdenas García, Jesús Antonio Carlos Hernández, Héctor Colio Galindo, Jorge Cruickshank García, Abigaíl Cruz Lázaro, Tomás Gutiérrez Narváez, Paloma Hernández Oliva, Armando Ibarra Garza, Luis Jacobo García, Julio Jácome López, Heray Lescieur Molina, Marcela Lombardo Otero, Gregorio Lorenzo Domínguez, Jesús Luján Gutiérrez, José Marín Rebollo, Herón Maya Anguiano, Carmen Mercado Téllez, Félix Mercado Téllez, Magdaleno Luis Miranda Reséndiz, Crescencio Morales Orozco, Francisco Ortíz Mendoza, Sergio Quiroz Miranda, Román Ramírez Contreras, Alfredo Reyes Contreras, Ernesto Rivera Herrera, Gloria Rodríguez Aceves y Mario Vázquez Martínez.»
La C. Presidenta: - Recibo y túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
PARA REFORMAS Y ADICIONES
AL CÓDIGO PENAL PARA
EL DISTRITO FEDERAL
La C. Presidenta: - Tiene la palabra, para presentar una iniciativa, la ciudadana diputada Rosalía Ramírez de Ortega.
La C. María del Carmen Rosalía Ramírez de Ortega: - Señora presidenta; señores diputados a la LIV Legislatura del Congreso de la Unión: Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sostenemos a la consideración de esta asamblea de esta Cámara, la presente iniciativa de reformas y adiciones al artículo 295 del Código Penal para el Distrito Federal, para ampliar el tipo de delitos de lesiones con la figura del maltrato al menor.
«EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Acción Nacional sostiene que los menores deben ser protegidos, orientados y educados para convivir en un ambiente de respeto a la dignidad de la persona humana.
La conducta que se observa actualmente en una sociedad desvalorizada, está encaminada tan sólo a buscar los factores más inmediatos como el comer, o en ocasiones únicamente el sobrevivir. Ha hecho que los menores crezcan y se desenvuelvan rodeados de un ambiente de agresión y hostilidad, por ello no pueden más que con su conducta exterior, expresar su rechazo a todo aquello que resulte de una sociedad agresiva e indiferente a sus inquietudes.
Los niños, los seres más frágiles de la sociedad son los que se ven más afectados por los
problemas de la familia y de la sociedad. El abuso de palabras ofensivas, las continuas reprimendas, la falta de cariño, simplemente la indiferencia, causan frustraciones y resentimientos en el niño para con la sociedad, ya que las lesiones psicológicas que les puedan generan posteriormente un gran índice de pandillerismo, alcoholismo, drogadicción y delincuencia, así como trastornos de conducta en el orden sexual.
El maltrato en los menores y todo tipo de agresiones que reciben de los mayores en general, deben ser frenados, ya que los problemas psicológicos que dejan en los pequeños llegan a convertirse en problemas de conducta antisocial. La mejor forma de ayudar a resolver parte de este problema es el difundir pláticas de orientación a padres de familia y mayores, pero para salvaguardar y contribuir en una pequeña parte a defender la integridad de la personalidad del niño, y en tanto no se llegue a una codificación amplia en defensa del menor, es necesario establecer normas que permitan frenar los abusos de los mayores.
En México, en 1982, el Ejecutivo Federal decretó la consolidación de la estructura orgánica del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y el Programa de Prevención del Maltrato al Menor, pero precisamente para poder coadyuvar con el área de PREMAM, es necesario realizar un programa de actividades que ayuden a evitar el maltrato y defensa del menor, por lo que proponemos se adicione y modifique el artículo 295 del Código Penal Federal, para que su nueva redacción sea la siguiente:
«Artículo 295. Al que ejerciendo la patria potestad o la tutela infiera lesiones o maltrato a los menores o pupilos bajo su guarda, el juez podrá imponerle además de la pena correspondiente a las lesiones, suspensión o privación en el ejercicio de aquellos derechos, entendiéndose por maltrato la conducta que produzca traumas psicológicos en el menor de edad.
Palacio Legislativo, a 28 de diciembre de 1988.
Diputados: María del Carmen Segura Rangel, Bernardo Bátiz Vázquez, Hiram Escudero Alvarez y Rosalía Ramírez de Ortega.» (Aplausos.)
La C. Presidenta: - Recibo y túrnese a la Comisión de Justicia.
Esta presidencia informa a la asamblea que ha concluido la licencia por enfermedad del ciudadano diputado Rodolfo Armenta Escoto, quien hoy se ha reintegrado a las tareas parlamentarias. Le damos la más cordial bienvenida.
DICTAMEN A DISCUSIÓN
EGRESOS DEL DEPARTAMENTO
DEL DISTRITO FEDERAL
La C. Presidenta: - consulte la secretaría a la asamblea en votación económica si autoriza se presente para su discusión el dictamen relativo al proyecto de presupuesto de egresos del Departamento del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal de 1989 en esta sesión.
El C. secretario Ismael Orozco Loreto:
- Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si autoriza se presente a discusión el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo poniéndose de pie o levantando su mano...
Se autoriza, ciudadana presidenta.
La C. Presidenta: - En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, ruego a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El C. secretario Ismael Orozco Loreto:
- Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
La C. Presidenta: - En consecuencia está a discusión en lo general y abierto que se encuentra el registro de oradores, se han inscrito: el ciudadano Joaquín Alvarez Ordóñez, por la comisión y los ciudadanos: Jorge Galván Moreno, Gloria Rodríguez Aceves, Gilberto Ortíz Medina, Patricia Olamendi Torres, Juana García Palomares, Miguel Aroche Parra y José Luis Luege Tamargo, en contra. Y en favor, los ciudadanos: Jorge Schiaffino Isunza y Fructuoso López Cárdenas.
Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Joaquín Alvarez Ordóñez, por la comisión.
El C. Joaquín Alvarez Ordóñez: - Ciudadana presidenta; compañeros diputados: Dado lo avanzado de la hora y para no cansarlos más, me voy a permitir hacer una síntesis de los planteamientos y comentarios que había preparado en un extenso documento en relación al Presupuesto del Departamento del Distrito Federal para el año
de 1989, suplicándole a la ciudadana presidenta de esta Cámara pudiera aceptar que al término de mi exposición pudiera entregarlo a la Secretaría para ser incluido en el Diario de los Debates.
El instrumento fundamental que el Departamento del Distrito Federal, ha utilizado para vincular las acciones de gobierno y la satisfacción de las necesidades básicas de la población, ha sido el gasto público, constituyendo las inversiones y los servicios, los elementos más dinámicos y de mayor influencia por las repercusiones que éstos tienen.
Los bienes y servicios que proporciona el departamento abarcan una amplia gama de actividades que para 1989, el quehacer del gobierno capitalino enmarca dentro de una apertura programática que comprende veintiún programas. Sin embargo, el presupuesto y los recursos disponibles son escasos, lo que se ve reflejado en la necesidad de jerarquizar las acciones a ejecutar, razón por la que no todas las demandas pueden ser atendidas por los mismos parámetros, tratando de dar soluciones en primera instancia a los problemas que afectan mayormente a la población.
En virtud de lo anterior, es importante resaltar la intención del presente presupuesto, modificar la eficiencia del servicio prestado por los cuerpos de seguridad y órganos de impartición de justicia; mejorar las condiciones ambientales del Valle de México; brindar a la población mayores oportunidades para acceder al empleo, a la educación, a la salud, a la cultura y a la recreación; tiende a disminuir el déficit en la prestación de servicios públicos; aminorar las tensiones sociales originadas por problemas de asentamientos irregulares, orientando desde luego la demanda de obras y servicios públicos de acuerdo con la situación financiera prevista en la Ley de Ingresos para 1989.
El dictamen que se presenta a la consideración de esta honorable asamblea, es resultado de la participación informada y analítica de la mayoría de los miembros de la Comisión del Distrito Federal, que aportaron un amplio espíritu democrático, sus conocimientos y experiencias y que con una actitud abierta y responsable contribuyen al análisis del presupuesto.
El proyecto de este presupuesto del departamento, se encuentra encuadrado en las estrategias básicas contenidas en el programa de desarrollo de la zona metropolitana de la ciudad de México y de la región centro. Y advertimos que fue orientado por las recomendaciones que la asamblea de Representantes del Distrito Federal hizo al Ejecutivo Federal en su oportunidad, así como en la respuesta de esta honorable Cámara, hechos en el dictamen de la cuenta pública del propio Departamento del Distrito Federal para 1987, determinando por ello, en consecuencia, los ámbitos que contienen los programas prioritarios de más alta incidencia y que a continuación menciono, éstos son:
La seguridad pública, las aportaciones a la administración de justicia, la prevención y el control de la contaminación ambiental, la recolección y tratamiento de la basura, el drenaje y el tratamiento de aguas negras y el fomento de la producción forestal y la productividad en el ámbito ecológico
. En el bienestar social, el programa de la salud, de la vivienda y de la ampliación y mejoramiento de la planta física educativa. Y por último, el transporte urbano.
En la expresión y definición de los objetivos y prioridades, se enfatiza que los recursos presupuestales propuestos para el año de 1989, den contenido al proyecto económico y social en términos de modernización y cambio estructural con la firme intención de revertir las tendencias negativas que la inercia y el destino histórico han originado y cuya solución del problema requiere de capacidad y esfuerzo compartido entre el gobierno, ciudadanía, organizaciones sociales y política.
Analizando el presupuesto, la parte financiera programática, se infiere que considerando las limitaciones financieras existentes, éste responde a la necesidad de mejorar sustancialmente los niveles de bienestar socioeconómico de la población en un marco físico y de espacio adecuado y presenta una creciente saludable desconcentración de recursos hacia las delegaciones, lo que va permitiendo dar respuesta a los reclamos o satisfactores de los ciudadanos en forma más directa, expedita y oportuna.
La Comisión del Distrito Federal ante el presupuesto presentado, se permitió hacer algunas recomendaciones para dar énfasis y mayor cobertura en favor de las prioridades señaladas, sin modificar los montos globales presupuestados. Se consideró que dentro del programa de mejoramiento urbano, se contemplaban diversas obras de infraestructura vial que estimó se podían posponer para otros ejercicios en virtud de no ser prioritarias en estos momentos; el importe de esta reducción es de 121 mil 334 millones de pesos.
De estos recursos se recomendó destinar la cantidad de 63 mil millones de pesos adicionales al rubro de Construcción y Conservación de Escuelas, por lo que cabe resaltar que el presupuesto
destinado al mantenimiento de 2 mil 053 centros escolares será de 110 mil 731 millones, lo que presenta un promedio de casi 54 millones de pesos por escuela para reforzamiento de estructuras, reparaciones de baños, vidrios, pintura, mobiliario y material didáctico y esto para nosotros representa sin duda un logro en favor de la niñez y de la educación nacional.
En este programa, el departamento planea construir 124 escuelas, terminar 62 que están en proceso y dar mantenimiento a los planteles que antes mencioné. Se asignó inicialmente a este programa la cantidad de 211 mil millones que representa el 99% de aumento al presupuesto original del año de 1968. Con el incremento propuesto por la Comisión del Distrito Federal a este programa, alcanzó la cifra de 274 mil 419 millones.
Para cumplir con eficiencia este programa y evitar desgarramientos como se advirtió en la revisión de la cuenta pública del 1987, se deberá de plantear una oportuna y adecuada adquisición de terrenos, en coordinación a los requerimientos que señale la secretaría del ramo.
Por otra parte, el aparente aumento en el programa de seguridad pública es en gran parte el resultado de la incorporación de los ingresos y gastos que corresponden a las policías auxiliar y bancaria.
Por lo tanto la comisión plantea se incrementen en 48 mil millones los recursos que se destinaban a este ámbito de los cuales 6 mil millones se destinarán al programa de aportaciones a la administración de justicia.
Para apoyar los programas de Salud Pública, fundamentalmente la atención primaria, medicinas, material quirúrgico y de curaciones, la comisión estimó destinar 10 mil millones de pesos adicionales.
Por último se propone que se incluya el programa de fomento de la producción forestal como prioritario por sus características en favor de la ecología con un gasto presupuestado en 56 mil millones de pesos.
Por lo tanto, las sugerencias de modificación que se permite hacer la comisión en el dictamen que presentamos a esta soberanía, concluyen en que el porcentaje que representan los programas prioritarios del presupuesto total, sin incluir el transporte, pasa del 34% al 37%.
De acuerdo con los recursos disponibles con la jerarquización de acciones a ejecutar en relación a los problemas que inciden en mayor medida en la población y reforzados estos criterios con la propuesta que la comisión sugiere, se considera que el documento de presupuesto cumple con la programación y distribución de recursos destinados a mantener los servicios del Departamento del Distrito Federal y lograr avances sustantivos respecto de algunas de las más lacerantes carencias y problemas que afectan a la colectividad capitalina.
Ante el problema creciente de la inseguridad, los ciudadanos del Distrito Federal han demandado la necesidad de prestar a este problema toda la atención y apoyo gubernamental; es por ello que la acción inmediata debe consistir en proporcionar servicio de seguridad a los ciudadanos, buscando preservar la integridad física de las personas y de sus bienes, mediante la prevención de actos delictivos y de accidentes.
Con objeto de mejorar el control y coordinación de los diferentes cuerpos de seguridad que operan en la ciudad, en el presupuesto del año 1989, se incorporan la totalidad de los ingresos y el gasto de esas unidades.
Para cumplir con esta integración se le asignó originalmente a este programa, como gasto para el año que nos ocupa, la cantidad de 667 mil 615 millones de pesos, cifra que representaba un crecimiento del 16.7% respecto al presupuesto del año 1988.
Este aparente crecimiento se debe a la incorporación de los recursos que corresponden a las policías auxiliares y bancaria e industrial con un monto de 320 mil millones, restando esta cantidad del presupuesto de 1989, el crecimiento real en este sector es del 41%.
Cuando esta comisión efectuó el análisis del presupuesto, advirtió que los recursos asignados eran menores a los requeridos para atender debidamente al reclamo generalizado de la sociedad, por una mayor seguridad, por lo que propuso asignar una cantidad de 42 mil millones adicionales para que se cuente con un mayor número de elementos y equipo, fortaleciendo las acciones de profesionalización del cuerpo de seguridad a fin de que esté cumpla con su obligación y con su labor con honestidad y con un mayor espíritu de servicio
. Vamos a abreviar un poco. La importancia del asunto ha obligado a hacer un examen minucioso, les voy a agradecer un poco su paciencia, trataré de ser lo más breve posible.
En relación con las aportaciones a la administración de justicia, este programa se dirige a
eficientar los procesos de impartición y de procuración de justicia en relación con las demandas que presenta la población capitalina, apoyando a las órganos responsables de la materia como son la Procuraduría de Justicia, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Tribunal Superior.
Para cumplir con las metas se previó un gasto de 189 mil millones, cantidad superior al 4% original del año pasado.
Ámbito Ecológico. El índice de contaminación del Valle de México rebasa el nivel permisible. El explosivo momento del 21.4 de partículas tóxicas revela que las medidas adoptadas hasta ahora son notoriamente insuficientes, y que por la gravedad y peligrosidad de este asunto debemos de darle la máxima importancia.
Consideramos que su solución no estriba únicamente en recursos económicos, sino en una coordinación eficiente entre el Departamento, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología las entidades federativas vecinas, y, los municipios conurbados, con la participación activa de la comunidad en sus conjunto y de las organizaciones sociales involucradas en el problema.
Considera la comisión que este problema, el tener un alcance de carácter metropolitano, rebasa el ámbito de gobierno del Distrito Federal, y que la coordinación de acciones es indispensable para establecer un programa integral del mismo en toda la región.
Específicamente a este sector, se asignó para este presupuesto la cantidad de 27 mil 759 millones, cantidad mayor en un 57% respecto al presupuesto original de 1988.
La Comisión del Distrito Federal, propuso en el dictamen, la inclusión del programa de fomento de la producción forestal y productividad como prioritario, al considerar que su objetivo está íntimamente ligado a la defensa y conservación del ecosistema, ya que promueve la producción forestal, protege y vigila recursos naturales.
En el ámbito de bienestar social, se trata de ampliar y dar mejor atención a los núcleos de población que no están incorporados a las instituciones de asistencia y seguridad, y con los ingresos son aleatorios, constituyendo grupos sociales históricamente marginados, poco favorecidos por los servicios institucionales de salud, Se trata también de dar atención a las urgencias médicas de la población en general.
Para asegurar la dotación instrumental, equipo, medicinas y material quirúrgico, la comisión consideró necesario incrementar en 10 mil millones como ya se dijo, el monto asignado, para alcanzar 180 mil millones, considerando que la protección de la salud de la población menos favorecida social y económicamente requiere prioritariamente de los servicios sociales que emanan del presupuesto.
Vivienda. De acuerdo con el programa y monto de inversiones, el problema de la vivienda es abordado en forma marginal por el Departamento del Distrito Federal y, por lo tanto, se estima conveniente combinar estos recursos con los crediticios provenientes de fondos de fomentos federales, para multiplicar su efecto.
El programa del departamento se enfoca principalmente a las clases más desprotegidas y entre el acceso a materiales, crédito y asesoría técnica, en trabajos de autoconstrucción.
Para 1989, se pretende acreditar jurídicamente la posesión de 55 mil lotes y viviendas irregulares. Cabe recordar que en los últimos cinco años, se regularizaron 400 mil predios que beneficiaron a 2.5 millones de habitantes que corresponden a la cuarta parte de la población de esta ciudad, lo que permitirá establecer acciones de vivienda en forma institucional en estos predios ya regularizados.
Transporte. En el presupuesto de 1989, no se presentan recursos para la ampliación de la infraestructura de transporte. Ello se debe a que el Departamento del Distrito Federal se encuentra en la etapa de estudio para presentar nuevas estrategias y opciones viables financieras y operativas que permitan darle una solución integral.
El objetivo consiste en proporcionar un servicio de transporte moderno y eficiente, acorde con las necesidades de la población de la ciudad de México, coordinando los servicios del Distrito Federal con los del Estado de México con una visión metropolitana del problema.
El incremento del transporte público no contaminante (Metro), en cumplimiento de las prioridades aprobadas por esta Cámara y contenidas ante esos presupuestos, ha sido cumplido a la fecha satisfactoriamente y tiene en este momento 141 kilómetros, movilizando cerca de 5 millones de pasajeros por día
. Autotransporte urbano: Por otra parte, la planeación, los niveles de servicio y de comodidad del autotransporte urbano Ruta - 100 son sumamente deficientes, la operación de este servicio municipalizado sigue necesitando de fuertes apoyos económicos para librar su presupuesto de
operación, 566 mil 700 millones para 1989 y presenta actualmente un déficit de más de 100 pesos por viaje, considerando que el pasaje de esta mínima cantidad, entró en diciembre de 1987.
Este servicio requiere también de un planteamiento a escala metropolitana, en coordinación con los municipios y estados circunvecinos, tanto en su planeación como en su aplicación operativa, resolviendo lo inequitativo del actual sistema tarifario y por otra parte, aminorando la carga financiera deficitaria que requiere su operación y su mantenimiento.
La comisión considera que este problema sigue siendo prioritario y por este motivo solicitamos a las autoridades del departamento que a la mayor brevedad se presente a esta soberanía el programa integral antes mencionado.
El problema de deuda pública ha dejado de ser prioritario para ese ejercicio y en proporción al gasto total se han ido destinando cada vez menores recursos para su pago, pasando del 10% en 1986 al 3% como resultado del convenio de rehabilitación financiera entre el Departamento del Distrito Federal y el gobierno federal en el año de 1986.
Es evidente reconocer que la concentración demográfica y lo complejo y extenso del espacio urbano en el Distrito Federal, afecta y modula las necesidades de sus habitantes, llegando en ocasiones a reprimir en algunos aspectos los esfuerzos y las metas de programas presupuestales. Por lo que será necesario insistir y apoyar social, política y económicamente el proceso de descentralización de la vida nacional a fin de lograr el desarrollo más justo y equilibrado.
Comparativamente, el crecimiento del Distrito Federal en el futuro, será reducido. Entre 1990 y el año 2100, aumentará entre uno y dos millones de habitantes, en tanto la metrópoli, crecerá en los municipios del estado de México entre seis y siete millones en el mismo lapso.
Ha sido elemento básico en este presupuesto, el que se enfatiza una real y mayor descentralización tratando de lograr una mejor articulación espacial de las diversas funciones urbanas, por lo que en forma positiva se aprecia el aumento de la participación de las delegaciones respecto al gasto total del sector.
Aceptando que el crecimiento poblacional a pesar de todo continuará, se considera conveniente la previsión hecha en relación con la demanda de suelo urbano para diferentes usos y servicios, lo que deberá en forma creciente constituir la reserva territorial que dé respuesta organizada al desarrollo planificado de la ciudad que garantice la rectoría del Estado en el desarrollo urbano.
Esto se logrará mediante políticas de administración y desarrollo urbano - regional que definan el papel nacional que se determine para el Distrito Federal y su zona metropolitana, en una acción concertada con las autoridades estatales y municipales que integran la región centro del país.
Este planteamiento ofrece respuesta institucional por parte del Departamento del Distrito Federal con la creación de la Secretaría de Coordinación Metropolitana.
Dentro de la problemática de la ciudad de México, se deben considerar las dificultades que enfrenta la zona metropolitana. El no hacerlo, sería presentar soluciones parciales que a largo plazo radicalizaría los problemas de la misma. Es por ello que es necesario establecer una relación más eficaz con el gobierno del estado de México y sus 17 municipios conurbados, que por su ubicación geográfica inciden en la dinámica social.
Esta correlación metropolitana fomentará que las acciones que se lleven a cabo dentro de este contexto para la solución de las necesidades se den dentro de un marco de conjunción de esfuerzos que permitirá obtener mejor resultado y que aseguren con criterios de equidad la prestación de servicios públicos, con los mismos niveles de eficiencia.
No aceptemos, ha señalado el presidente Carlos Salinas de Gortari, y coincidimos con él plenamente, que la ciudad de México continúe creciendo en detrimento humano y financiero del resto del país, pero tampoco aceptamos planteamientos simplistas que la culpen a ella y a sus habitantes de los problemas que se viven.
Es necesario conciliar el sano desarrollo de la zona metropolitana de la ciudad de México con el impulso decidido al crecimiento de otras regiones del país. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Insértese en el Diario de los Debates el documento completo presentado por el ciudadano Joaquín Alvarez Ordóñez.
Intervención del ciudadano diputado Joaquín Alvarez Ordóñez, en el debate de la Ley de Egresos del Departamento del Distrito Federal para 1989, llevado a cabo el día 29 de diciembre de 1988, en la sala de plenos de la honorable Cámara de Diputados.
Con su permiso, ciudadana presidenta.
"Honorable asamblea: El Distrito Federal representa por su dimensión, densidad demográfica y su carácter de capital, el polo de desarrollo más importante de nuestro país, donde históricamente se han dado los movimientos sociales, económicos y culturales con mayor trascendencia.
Una aglomeración de esta magnitud, plantea la gran oportunidad de encontrar fórmulas de convivencia social y de organización colectiva, capaces de conciliar el marco básico de nuestras instituciones, con las necesidades de participación efectiva y representatividad reconocida de la comunidad.
Voz y espejo del país, Distrito Federal es síntesis y atalaya de todo lo que de blanco, negro o gris ocurre en la República, y también caja de resonancia donde todo lo bueno y lo malo, más esto último, repercute, se amplifica, se magnifica y trata de aturdir a los oídos nacionales.
Así ha ocurrido a lo largo de su historia, así ocurre hoy con los efectos de la crisis que el país entero afronta y que en la capital se manifiestan en problemas, que realmente no son exclusivos ni se han originado en su recinto urbano, que lamentablemente existen y que constituye nuestra lucha diaria: inflación, carestía, desempleo, subempleo, desigualdades sociales, especulación, intermediarismo, desinformación, latifundismo urbano, inseguridad pública, etcétera, conformando todo ello los grandes retos del presente y del porvenir de la ciudad de México, a los que con no menos grandes esfuerzos se les trata de dar respuesta, como en el caso que nos ocupa, en esta ocasión el presupuesto para 1989.
El instrumento fundamental que el Departamento del Distrito Federal ha utilizado para vincular las acciones de gobierno y la satisfacción de las necesidades básicas de la población, ha sido el gasto público, constituyendo las inversiones y los servicios, los elementos más dinámicos y de mayor influencia, por las repercusiones que éstos tienen.
Los bienes y servicios que proporciona el Departamento del distrito Federal, abarcan una amplia gama de actividades. Para 1989 el quehacer del gobierno capitalino se enmarca dentro de una apertura programática que comprende veintiún programas.
Sin embargo, el presupuesto y los recursos disponibles son escasos, lo que se ve reflejado en la necesidad de jerarquizar las acciones a ejecutar, razón por la que no todas las demandas pueden ser atendidas con los mismos parámetros, tratando de dar soluciones y en primera instancia, a los problemas que afectan mayormente a la población.
En virtud de lo anterior, es importante resaltar la intención del presente presupuesto, modificar la eficiencia del servicio prestado por los cuerpos de seguridad y órganos de impartición de justicia, mejorar las condiciones ambientales del valle de México, brindar a las poblaciones mayores oportunidades para acceder el empleo, a la educación, la salud, la cultura y la recreación, tiende a disminuir el déficit en la prestación de servicios públicos, aminorar las tensiones sociales originadas por problemas de asentamientos irregulares, orientando la demanda de obras y servicios públicos, de acuerdo con la situación financiera prevista en la Ley de Ingresos para 1989.
El dictamen que se presenta a la consideración de esta honorable asamblea es resultado de la participación informada y analítica de la mayoría de los miembros de la Comisión del distrito Federal, que aportaron en un amplio espíritu democrático sus conocimientos y experiencias y que con una actitud abierta y responsable contribuyen al análisis del presupuesto.
El proyecto de presupuesto para 1989 del Departamento del Distrito Federal, se encuentra encuadrado en las estrategias básicas contenidas en el programa de desarrollo de la zona metropolitana de la ciudad de México y región centro y advertimos que fue orientado por las recomendaciones que la Asamblea de Representantes del Distrito Federal hizo al Ejecutivo Federal en su oportunidad, así como en respuesta a los planteamientos de esta honorable Cámara, hechos en el dictamen de la cuenta pública del propio Departamento del Distrito Federal para 1987, determinando por ello en consecuencia, los ámbitos que contienen los programas prioritarios de más alta incidencia, y que a continuación menciono:
Programas prioritarios
Seguridad pública
Seguridad Pública.
Aportaciones a la administración de justicia.
Ecológico
Prevención y control de la contaminación ambiental.
Recolección y tratamiento de basura.
Drenaje y tratamiento de aguas negras.
Fomento de la producción forestal y productividad.
Bienestar Social
Salud
Vivienda.
Ampliación y mejoramiento de la planta física
educativa.
Transporte
Transporte urbano.
En la expresión y definición de los objetivos y prioridades se enfatiza que los recursos presupuestales para 1989, den contenido al proyecto económico y social en términos de modernización y de cambio estructural, con la firme intención de revertir las tendencias negativas que la inercia y el destino histórico han originado y cuya solución de problemas requiere de capacidad y esfuerzo compartido entre el gobierno, ciudadanía y organizaciones sociales y políticas.
Se trata de alcanzar los objetivos generales, teniendo especial cuidado que se continúe con los esfuerzos de desconcentración y descentralización y se amplíe y fortalezca los canales de comunicación social con la ciudadanía.
Se insistirá en la eliminación de los subsidios no prioritarios, identificando la rentabilidad social de los proyectos de inversiones; se intenta contar con una administración más eficiente, con una mejor coordinación y sobre todo, alentando una mayor participación democrática de la sociedad.
Se insiste en la participación ciudadana para enriquecer y demandar que en las acciones de gobierno se incluyan y atiendan sus peticiones, como una forma viable de asegurar la atención de necesidades sociales. En el campo de la impartición de justicia y de la legislación en materia laboral y fiscal, facilitar los medios para otorgar una justicia pronta y expedita, conforme al régimen jurídico establecido. En el ámbito laboral se buscará proteger el empleo y fortalecer el mercado de trabajo, fortalecer las labores de readaptación para integrar a la sociedad a las personas privadas de su libertad, seguir ampliando los servicios de la tiendas, lecherías y farmacias populares y medicinas a precios accesibles.
Analizando el presupuesto, la parte financiera y programática, se infiere que considerando las limitaciones financieras existentes, éste responde a la necesidad de mejorar sustancialmente los niveles bienestar socio - económico de la población en un marco físico y de espacio adecuado y presenta una creciente y saludable desconcentración de recursos hacia las delegaciones, lo que irá permitiendo dar respuestas a los reclamos o satisfactores de los ciudadanos en forma más directa, expedita y oportuna; el proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para 1989 asciende a 5 billones 828 mil 662 millones de pesos, superior en 15% en relación al del año de 1988.
Sin costo el transporte, del cual hablaremos más adelante, los programas prioritarios pasan de una participación respecto del total del gasto en 1988 con el 23%, al 34% para 1989; el crecimiento entre ambos años será de 67.6%
La Comisión del Distrito Federal ante el presupuesto presentado se permitió hacer algunas recomendaciones para dar énfasis y mayor cobertura en favor de las prioridades señaladas, sin modificar los montos globales presupuestados.
Se consideró que dentro del programa de mejoramiento urbano se contemplaban diversas obras de infraestructura vial que estimó se podían posponer para otros ejercicios, en virtud de no ser prioritarias en estos momentos.
El importe de esta reducción es de 121 mil 334 millones de pesos. De estos recursos se recomendó la cantidad de 663 mil millones de pesos adicionales, al rubro de construcción y conservación de escuelas, por lo que cabe resaltar que el presupuesto destinado al mantenimiento de 2 mil 053 centros escolares será de 110 mil 731 millones de pesos, lo que representa un promedio de casi 54 millones de pesos por escuela, para reforzamiento de estructuras, reparaciones de baños, vidrios, pintura, mobiliario y material didáctico, esto es sin duda un logro en favor de la niñez y de la educación nacional.
En el programa escolar el Departamento del Distrito Federal plantea construir 124 escuelas, terminar 62 que están en proceso y dar mantenimiento a 2 mil 053 planteles.
Se asignó inicialmente a este programa la cantidad de 211 mil 119.6 millones que representa el 99% de aumento al presupuesto original de 1988; con el Distrito Federal a este programa, alcanzará la cifra de 274 mil 419 millones. Para cumplir con eficiencia este programa y evitar desfazamientos, como se advirtió en la revisión de
La Cuenta Pública de 1987, se deberá de plantear una oportuna y adecuada adquisición de terrenos en coordinación a los requerimientos que señale la secretaría del ramo.
Por otra parte, el aparente alto aumento en el programa de seguridad pública es en gran parte resultado de la incorporación de los ingresos y gastos que corresponden a las policías auxiliar y bancaria.
Por lo tanto, la comisión plantea se incrementen 48 mil millones a los recursos que se destinaban a este ámbito, de los cuales 6 mil millones se destinarán al programa de aportaciones a la ministración de justicia.
Para apoyar los programas de salud pública, fundamentalmente para la atención primaria (medicinas, material quirúrgico de curaciones, etcétera) la comisión estimó el destinarle 10 mil millones de pesos adicionales.
Y por último, se propone que se incluya el programa de fomento de la producción forestal como prioritario, por sus características en favor de la ecología, con un gasto presupuestado en 56 mil 552 millones de pesos.
Por lo tanto las sugerencias de modificación que se permite hacer la comisión en el dictamen que presentamos a esta soberanía, concluyen en que el porcentaje que representan los programas prioritarios del presupuesto total, sin incluir transporte, pasa de 34% al 37%.
De acuerdo con los recursos disponibles, con la jerarquización de acciones a ejecutar en relación a los problemas que inciden en mayor medida a la población y reforzados estos criterios con la propuesta que la comisión sugiere, se considera que el documento de presupuesto cumple con la programación y distribución de recursos destinados a mantener los servicios del Distrito Federal y lograr avances respecto a algunas de las más lacerantes carencias y problemas que afectan a la colectividad capitalina.
Ha dicho el Presidente Carlos Salinas de Gortari en su mensaje de toma de posesión: "En la capital de la República, sumados a necesidades sociales y productivas, dos reclamos recorren cada vivienda, cada familia, cada centro de trabajo: más seguridad y menos contaminación".
La capital está en crisis de salud
y seguridad
Los habitantes del Distrito Federal están hartos de promesas de la autoridad, frente a la creciente inseguridad, al presenciar familiares o amistades vejados o abusados y que sus hijos padezcan ya los daños de la contaminación.
La ciudadanía ha dicho que ya basta; no pueden esperar, y tienen razón, actuaremos con firmeza y oportunidad.
Igualmente propuso Carlos Salinas poner en marcha de inmediato un acuerdo nacional para el mejoramiento productivo de bienestar popular, concertando recursos y esfuerzos en cuatro temas críticos, prioridades sociales del gobierno, cuya atención, reconoció, ya no admite ni titubeos ni posposiciones, éstos son:
La erradicación de la pobreza extrema; la garantía de la seguridad pública; la dotación suficiente de servicios básicos, y el restablecimiento de la calidad de vida de la ciudad de México.
Siento en lo personal que el presupuesto presentado por el Departamento del Distrito Federal concuerda en sus partes con estas definiciones y es congruente en sus propósitos.
Seguridad Pública
Ante el problema creciente de la inseguridad, los ciudadanos del Distrito Federal han demandado la necesidad de prestar a este problema toda la atención y apoyo gubernamental, es por ello que la acción inmediata debe consistir en proporcionar servicios de seguridad a los ciudadanos, buscando preservar la integridad física de las personas y de sus bienes, mediante la prevención de actos delictivos y de accidentes.
Con objeto de mejorar el control y coordinación de las diferentes cuerpos de seguridad que operan en la ciudad, en el presupuesto de 1989 se incorporan la totalidad de los ingresos y el gasto de estas unidades.
De esta forma se cuenta con un total de 65 mil 577 elementos distribuidos en la siguiente forma:
Secretaría General de Protección y Vialidad, policía preventiva: 29 mil elementos; Policía Auxiliar: 27 mil elementos; Policía Bancaria e Industrial: 9 mil 577 elementos.
Para cumplir con esta integración se le asignó originalmente a este programa, como gasto para 1989 la cantidad de 667 mil 615 millones de pesos, cifra que representaba un crecimiento de 16.7% respecto al presupuesto de 1988.
Este aparente crecimiento se debe a la incorporación de los recursos que corresponden a las
policías auxiliar y bancaria e industrial, con un monto de 320 mil 660 millones de pesos; restando esta cantidad del presupuesto de 1989, el crecimiento real es de 41%.
Cuando esta comisión efectuó el análisis del presupuesto, advirtió que los recursos asignados eran menores a los requeridos para atender debidamente al reclamo generalizado de la sociedad por una mayor seguridad, por lo que propuso asignar una cantidad de 42 mil millones adicionales para que se cuente con un mayor número de elementos y equipo, fortaleciendo las acciones de profesionalización del cuerpo de seguridad, a fin de que éste cumpla su labor con honestidad y mayor espíritu de servicio.
Aportaciones a la ministración
de justicia.
Este programa está dirigido a eficientar los procesos de impartición y procuración de justicia en relación con las demandas que presenta la población capitalina, apoyando a los órganos responsables de la materia como son la Procuraduría de Justicia, el Tribunal Contencioso Administrativo y el Tribunal Superior de Justicia.
Para cumplir con las metas se previó un gasto de 189 mil millones, cantidad superior en un 4% al presupuesto original del año pasado.
Como el incremento mencionado es poco significativo con el propósito de que se cuente con una mejor infraestructura para garantizar la impartición de justicia gratuita, pronta y expedita, la Comisión del Distrito Federal consideró adecuado que el monto asignado se incrementara en 6 mil millones de pesos para mejorar la procuración de este servicio.
Ámbito Ecológico
Prevención y control de la contaminación ambiental. El índice de contaminación del Valle de México rebasa el nivel permisible. El explosivo aumento del 21.4% de partículas tóxicas revela que las medidas adoptadas hasta ahora, son notoriamente insuficientes y que por la gravedad y peligrosidad de este asunto, debemos darle la máxima importancia.
Consideramos que su solución no estriba únicamente en recursos económicos, sino en una coordinación eficiente entre el Departamento del Distrito Federal y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología con las entidades federativas vecinas y de los municipios conurbados, con la participación activa de la comunidad en su conjunto y de las organizaciones sociales involucradas en el problema. Considera la comisión que este problema, al tener un alcance de carácter metropolitano, rebasa el ámbito del gobierno del Distrito Federal y que la coordinación de acciones es indispensable para establecer un programa integral del mismo en toda la región.
Para los programas en conjunto del ámbito ecológico en 1989 de destinará 676 mil 063 millones, lo que representa un 11.9% del total del presupuesto del Distrito Federal y un aumento del 27%.
Específicamente para la prevención y contaminación ambiental se asignó en 1989 la cantidad de 27 mil 759.9 millones, cantidad mayor en un 57% respecto al presupuesto original de 1988.
Esto permitirá acrecentar la lucha contra las fuentes de contaminación, reducir los agentes contaminantes y el fortalecimiento de las actividades de educación ecológica.
Entre las acciones a desarrollar se tienen: la atención a 1 mil 529 hectáreas de zonas forestales en el Desierto de los Leones; verificación y diagnóstico de 800 mil vehículos automotores, la construcción de 8 y la rehabilitación de 12 centros de verificación, así como cursos de capacitación, estudios especializados y campañas de difusión ciudadana para concientizar su participación, así como acciones concretas con la población, que permitan coadyuvar la preservación y restauración de las condiciones ambientales y ecológicas de la ciudad de México.
Para el programa de recolección y procesamiento de basura y relleno sanitario se dispone de 243 mil 531.9 millones de pesos, monto mayor en 33% al presupuesto del año anterior.
Drenaje y tratamiento de aguas negras
Para disminuir la existencia de inundaciones y para construir la infraestructura de drenaje sanitario en las zonas que aún carecen de este servicio, se continuarán las obras del drenaje profundo, los colectores semiprofundos Canal Nacional, Canal de Chalco, así como el desarrollo de redes, plantas de bombeo y desazolve de presas, ríos, canales, cauces y colectores.
Este programa tiene una asignación de 348 mil 219 millones de pesos, que comparada con la del año anterior es un 15% mayor. Es conveniente considerar que para avanzar en la cobertura de este servicio, se hace indispensable detener el crecimiento de los asentamientos
humanos irregulares, principalmente de los que se encuentran en las zonas de recarga de las fuentes subterráneas, haciendo cumplir los planes parciales delegacionales.
Fomento a la producción forestal
La Comisión del Distrito Federal, propuso en el dictamen la inclusión del programa de Fomento de la Producción Forestal y Productividad como prioritario, al considerar que su objetivo está íntimamente ligado a la defensa y conservación del ecosistema, ya que promueve la producción forestal, protege y vigila recursos naturales.
Para el período de 1989, se producirán más de 15 millones de árboles forestales, 750 mil árboles de especies para el Desierto de los Leones y dos millones de plantas ornamentales; y se plantarán más de 6.9 millones de árboles, se protegerán y vigilarán 23 mil hectáreas de recursos naturales y se dará tratamiento integral a 700 hectáreas de subcuencas.
Ámbito de Bienestar Social
Salud
Se trata de ampliar y dar mejor atención a los núcleos de población que no están incorporados a las instituciones de asistencia y seguridad social, y cuyos ingresos son aleatorios, constituyendo grupos sociales marginados históricamente, poco favorecidos por los servicios institucionales de salud, se trata también de dar atención a las urgencias médicos de la población en general.
Para contribuir a lograr lo anterior se tendrá una cobertura de más de dos millones de personas en las unidades hospitalarias del Departamento del Distrito Federal, se aplicarán 135 mil vacunas y expresamente la obtención de 600 órganos de la vista, entre otros diversos servicios.
Para ampliar la capacidad instalada, se terminará la construcción de un hospital general, se continuará la construcción de dos y la remodelación de dos más.
Para llevar a cabo este programa se destinó un presupuesto inicial de 170 mil 438 millones, cantidad mayor en un 40% a lo asignado en 1988.
Para asegurar la dotación de instrumental, equipo, medicinas y material quirúrgico, la comisión consideró necesario incrementar en 10 mil millones el monto asignado para alcanzar 180 mil 438 millones. Considerando que la protección de la salud de la población menos favorecida social y económicamente requiere prioritariamente de los beneficios sociales que emanan del presupuesto.
Vivienda y regularización de la tierra
De acuerdo con el programa y monto de inversiones, el problema de la vivienda es abordado en forma marginal por el Departamento del Distrito Federal, por lo tanto se estima conveniente combinar estos recursos con los crediticios provenientes de fondos de fomento federales para multiplicar su efecto. El programa del departamento se enfoca principalmente a las clases más desprotegidas, mediante el acceso a materiales, crédito y asesoría técnica, en trabajos de autoconstrucción.
Es importante mencionar que en apoyo de estas acciones en favor de la vivienda, el Departamento del Distrito Federal participa en forma importante con la dotación de la infraestructura de servicios como agua, luz, drenaje y pavimento, que se traducen en la reordenación de los asentamientos humanos y que conjuntamente con la regularización de la tenencia del suelo, son la base más importante para dar inicio a programas progresivos de mejoramiento y construcción de vivienda unifamiliar.
Para 1989, se pretende acreditar jurídicamente la posesión de 55 mil lotes y viviendas irregulares, cabe recordar que en los últimos 5 años se regularizaron 400 mil predios que beneficiaron a 2.5 millones de habitantes que corresponden a la cuarta parte de la población del Distrito Federal, lo que permitirá establecer acciones de vivienda en forma institucional en estos predios regularizados.
Los recursos que se plantean en este rubro tienen un monto de 119 mil millones, asignación presupuestal superior al año anterior, lo que permitirá construir 3 mil viviendas, apoyar la autoconstrucción de 30 mil acciones, y promover un crecimiento ordenado al procurar la preservación de las áreas de reserva ecológica.
Transporte
En el presupuesto para 1989, no se presentan recursos para la ampliación de la infraestructura del transporte, ello se debe a que el Departamento del Distrito Federal se encuentra en la etapa de estudio para presentar nuevas estrategias y opciones viables financieras y operativas que permitían darle una solución integral.
El objetivo consiste en proporcionar un servicio de transporte moderno y eficiente, acorde con las necesidades de la población de la Ciudad de México, coordinando los servicios del Distrito Federal con los del estado de México, con una visión metropolitana del problema.
El incremento del transporte público no contaminante, Metro, en cumplimiento de las prioridades aprobadas por esta Cámara y contenidas en anteriores presupuestos, ha sido cumplido a la fecha satisfactoriamente y tiene en este momento 141 kilómetros, movilizando cerca de cinco millones de pasajeros por día.
Autotransporte urbano
Por otra parte, la planeación, los niveles de servicio y de comodidad del autotransporte urbano Ruta- 100, son sumamente deficientes; la operación de este servicio municipalizado sigue necesitando de fuertes apoyos económicos para nivelar su presupuesto de operación (566 mil 730 millones para 1989) y presenta actualmente un déficit de más de 100 pesos por viaje, considerando el pasaje de 100 pesos, que entró en vigor de diciembre de 1987.
Este servicio requiere de un replanteamiento a escala metropolitana en coordinación con los municipios y estados circunvecinos, tanto en su planeación como en su aplicación operativa, resolviendo lo inequitativo del actual sistema tarifario y por otra parte aminorar la carga financiera deficitaria que requiere su operación y mantenimiento.
El presupuesto de egresos para este programa, incluyendo transportes eléctricos, es de 1 mil 354 millones, cifra que representa una disminución del 28% con respecto al año anterior, que representa el 23.2% del presupuesto del sector para 1989.
La comisión considera que este problema sigue siendo prioritario, y por este motivo solicitamos a las autoridades del Distrito Federal que a la mayor brevedad se presente a esta soberanía el programa integral mencionado.
Abasto y comercialización
Se amplía la infraestructura comercial para coadyuvar a regular el abasto y comercialización de productos básicos, cárnicos y del mar.
Se construirán siete nuevos almacenes, dos farmacias populares, nueve lecherías y se modernizarán física y comercialmente 83 mercados públicos. Para estos propósitos se canalizarán 138 mil millones.
Mejoramiento urbano
Se instalarán 5 mil 600 lámparas en colonias populares, se rehabilitarán 50 mil más, se mantendrán las áreas verdes, edificios, monumentos, centro de barrio, panteones y tendrá una asignación de 582 mil 643 millones.
Agua potable
Se amplía en 2.21 kilómetros el acueducto perimetral, se construirán 8.5 kilómetros de red primaria y 61.5 kilómetros de secundaria; operan todo el sistema plantas de bombeo, potabilizadoras, cloradoras, para mantener en óptimas condiciones el sistema de capacitación y distribución de agua potable, así como promover el ahorro fortaleciendo la conciencia ciudadana acerca del uso racional de este vital recurso. Para cumplir este programa se asignarán 542 mil 602 millones.
Administración fiscal y recaudación
Se estima obtener una recaudación superior a los 4 billones 220 mil 660 millones, para lo cual se actualizará e incrementará el padrón de contribuyentes, aplicando sistemas idóneos de recaudación y la redistribución de las cargas impositivas.
Las participaciones en impuestos federales serán de 2 billones 895 mil 256 millones y entre impuestos del Distrito Federal, productos, derechos y aprovechamientos de 1 millón 290 mil.
Deuda pública
El programa de deuda pública ha dejado de ser prioritario para este ejercicio y en proporción al gasto total se han ido destinando cada vez menores recursos para su pago, pasando de 10% en 1986 al 3%, como resultado del conveniente de rehabilitación financiera entre el Departamento del Distrito Federal y el gobierno federal en 1986.
Se asignaron a este programa 165 mil 942 millones; la participación porcentual de este programa con respecto al gasto total pasa de 7.9% en 1988 a 3.0% en 1989, o sea 4.9% menos.
Es evidente reconocer que la concentración demográfica y lo complejo y extenso del espacio urbano en el Distrito Federal afecta y modula las necesidades de sus habitantes, llegando en ocasiones a reprimir en algunos aspectos los esfuerzos y las metas de programas presupuestales, por lo que será necesario insistir y apoyar social, política y económicamente el proceso de descentralización de la vida nacional, a fin de lograr un desarrollo más justo y equilibrado.
Comparativamente el crecimiento del Distrito Federal en el futuro será reducido entre 1990 y el año 2010 aumentará entre uno y dos millones de habitantes, en tanto la metrópoli crecerá en los municipios del estado de México entre 6 y 7 millones en el mismo lapso.
Ha sido elemento básico de este presupuesto el que se enfatiza una mayor y real descentralización, tratando de lograr una mejor articulación especial de las diversas funciones urbanas, por lo que en forma positiva se aprecia el aumento de la participación de las delegaciones respecto al total del sector, ya que pasa de 11.9% en 1988 al 14.3% en 1989.
Aceptando que el crecimiento poblacional a pesar de todo continuará, se considera conveniente la previsión hecha en relación con la demanda del suelo urbano para diferentes usos y servicios, lo que deberá en forma creciente constituir la reserva territorial que dé respuesta organizada al desarrollo planificado de la ciudad, que garantice la rectoría del Estado en el desarrollo urbano.
Esto se logrará mediante políticas de administración y desarrollo urbano - regional que definan el papel nacional que se determine para el Distrito Federal y su zona metropolitana, en una acción concertada con las autoridades estatales y municipales que integran la región centro del país.
Este planeamiento ofrece respuesta institucional por parte del Departamento del Distrito Federal con la creación de la Secretaría de Coordinación Metropolitana.
Dentro de la problemática de la ciudad de México, se deben considerar las dificultades que enfrenta la zona metropolitana, el no hacerlo, sería presentar soluciones parciales que a largo plazo radicalizarían los problemas de la misma, es por ello que es necesario establecer una relación más eficaz con el gobierno del estado de México y sus 17 municipios conurbados, que por su ubicación geográfica inciden en la dinámica social y económica de esta ciudad; esta coordinación metropolitana, fomentará que las acciones que se lleven a cabo dentro de este contexto para la solución de las necesidades se den dentro de un marco de conjunción de esfuerzos, que permitirá obtener mejores resultados y que aseguren con criterios la equidad de servicios públicos con los mismos niveles de eficiencia.
No aceptemos - ha señalado el presidente Carlos Salinas de Gortari- y coincidimos con él plenamente, que la ciudad de México continúe creciendo en detrimento humano y financiero del resto del país, pero tampoco aceptemos planteamientos simplistas que la culpen a ella y sus habitantes de los problemas que se viven...Es necesario conciliar el sano desarrollo de la zona metropolitana de la ciudad de México con el impulso decidido al crecimiento de otras regiones del país.
La C. Presidenta: - Tiene el uso de la palabra e ciudadano diputado Jorge Galván Moreno.
El C. Jorge Galván Moreno. - Señora presidenta; honorable asamblea: Hemos de tratar en esta tribuna el proyecto de presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el año de 1989. Habremos de hacerlo, una vez más, lamentando que este proyecto provenga de autoridades no electas directamente por la soberanía nacional, cuya esencia y origen es el pueblo, como el Partido Acción Nacional, a cuyo grupo parlamentario pertenecemos, ha insistido en señalar en pro de la democracia que la nación debe vivir de acuerdo con su máxima ley.
El marco de planeación para la presupuestación en el Distrito Federal había estado configurado por la Ley de Planeación que da lugar, por una parte, al sistema nacional de planeación democrática, y por otra parte al plan nacional de desarrollo. Este plan, el nacional de desarrollo, da base al programa de mediano plazo aplicable a la entidad y al célebre programa de la zona metropolitana de la ciudad de México y región centro.
Estos dos programas llegaron a concretarse en el Programa de Reordenación Urbana y Protección Ecológica, en el año de 1984 y que tenía la pretensión de ser un programa de gran alcance, nada menos que hasta el año 2010. Pero este ambicioso programa que iba a regir la administración pública del Distrito Federal durante veinticinco años, ni siquiera llegó a nacer, no estuvo vigente ni un solo día y para sustituirlo quedaron los sucedáneos colaterales de la Comisión de Planeación y Desarrollo y la dizque consulta exhaustiva realizada por el consejo consultivo, el Programa Operativo Anual y el tibio Programa de Ordenamiento Industrial hecho para adaptarse primero al PAC, luego al pacto de Solidaridad y ahora no tenemos nada.
Año con año parece que apenas nos diéramos cuenta de que el principal problema de nuestra ciudad ha sido su desarrollo desproporcionado y acelerado, propiciador de tantos y tan complejos problemas, aún a pesar de que también año con año se pagan estudios y proyectos múltiples que el propuesto parece ignorar, y solamente se dan soluciones parciales a corto plazo y la historia se repite, motivando que la ciudad de México se convirtiera en la ciudad más grande y poblada del mundo y lo peor, la más inoperante quizá.
Una vez más nos volveremos a encontrar con lo mismo, en la planeación que se nos propone para los asentamientos humanos, dice el programa estar encauzado a caminar el crecimiento de la
ciudad de México y su zona conurbada y para ello se pretende llevar a cabo 141 estudios y proyectos de ordenamiento urbano y de servicios.
Por eso decimos que ese proyecto de egresos, desde su nacimiento, está mal en su orientación; el problema es la depresión del crecimiento de la ciudad, frenarla mientras por su propia inercia crece, pero todo encaminado hacia el total paro y después asentar su disminución y creemos que ya se debe tener los insuficientes estudios y proyectos y no volver a empezar.
Lo que esta ciudad necesita son acciones, ya para que la Federación fomente los polos de atracción que eviten la emigración al Distrito Federal y las entidades coordinadas, la Federación y el Departamento del Distrito Federal, se decidan a realizar acciones efectivas de desconcentración y descentralización.
Esto parece que nunca se ha querido hacer, no se ha pasado de las palabras y eso se comprueba en la exposición de motivos del proyecto de presupuesto, al exponer que la delicada situación por la que atraviesa la ciudad, se vio reflejada en los pasados resultados electorales, donde se manifestó plenamente el descontento de la población, así lo dice textualmente.
Tal exposición de motivos además deja entender que se está encaminando la resolución parcial y temporal de los problemas, sólo con objeto de recuperar el voto electoral y seguramente será de prioritario objeto propagandístico las 65 campañas de concientización ciudadana, las 140 mil consultas populares, la modernización del pequeño y mediano comercios, el apoyo a las organizaciones de productores y cooperativas de bienes de consumo popular, la orientación a grupos organizados de consumidores, los programas intersectoriales de Compañía Nacional de Subsistencias Populares, Leche Industrializada Conasupo S.A., etcétera.
Los 19 mil eventos cívicos culturales, turísticos, recreativos y de esparcimiento y hasta las 14 mil 900 justas deportivas, todo eso no lo criticamos en sí, sino lo censuramos por la forma en que se hace y que todos conocemos, se fomenta el deporte, se fomentan las asociaciones de ciudadanos y todos con pancartas y banderas del partido oficial, pero con el dinero de todo el pueblo, que marca la especial atención a cuatro ámbitos prioritarios indispensables para restablecer la calidad de vida de los capitalinos.
El de seguridad pública, el ecológico, el de transporte y el de bienestar social, en los planteamientos que hizo el Presidente el día de la toma de posesión, tuvo en primer lugar no sólo en el orden que le corresponde sino también como prioritario el programa de seguridad personal o sea el respeto a la persona humana y sus derechos a su familia y a sus bienes.
Al señor Manuel Camacho Solís, en su comparecencia ante la Comisión del Distrito Federal en esta Cámara, se le cuestionó por varios partidos políticos respecto a Miguel Nassar Haro y la designación del ex jefe de la Brigada Blanca, ex director de la Federal de Seguridad, responsable de los asesinatos de reos en la cárcel de Mérida y ahora director general de Servicios de Inteligencia en la Secretaría General de Protección y Vialidad.
El señor regente, entre otras cosas, después de rehuir la pregunta varias veces, si no cumple con esta instrucción, la de investigación exclusivamente e interviene en acciones que tuvieran que ver con otras actividades políticas en contra de la ciudadanía, yo sería el primero en solicitarles la renuncia. Además estará bajo el estricto control de su jefe Javier García Paniagua. Pero el lunes pasado supimos de la participación asesina del grupo de los "zorros" en el motín de la penitenciaría de Tepic, Nayarit, y ese grupo pudiera estar bajo las órdenes del señor Paniagua, aunque nadie sabe a ciencia cierta quién los comanda.
Entonces en buenas manos quedamos. ¿Quién cuida a quién? ¿Y quién va a cuidar de nosotros los ciudadanos que vivimos en esta nuestra querida ciudad?
El objetivo del Programa de Seguridad Pública es brindar a la población del Distrito Federal la protección necesaria al nivel que exige la demanda ciudadana. Seguramente para el Departamento del Distrito Federal las demandas ciudadanas las representan las sucursales bancarias porque gran parte del dispositivo se destina a salvaguardarlas y aunque casi nunca ha evitado que se consumen los asaltos, sí ha dejado muchas zonas completamente desprotegidas.
Por ello los ciudadanos vecinos de una calle, una privada, en diferentes colonias y fraccionamientos, se están organizando y contratando a sus propios vigilantes. Empieza a nacer una nueva política particular paralela que conviene regularizar alentando este esfuerzo del pueblo y apoyándolo con un control para que dé respaldo y ciertas prestaciones jurídicas y sociales a este personal.
En este proyecto, aunque se toma como prioritario el programa de transporte urbano, es notoria la falta de planeación para resolver este
gravísimo problema y aunque se dice que en los próximos meses se definirá al ciudadano jefe del Departamento el Plan Integral del Transporte, por lo pronto y mientras nos llega, se le asigna una partida que absorbe el 82.07% de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Pero, señores, a siete años de distancia de la estatización del servicio, hoy estamos esperando el Plan Integral del Transporte.
De la partida del transporte, el 26% es para el transporte colectivo, el 5.2% para los transportes eléctricos y el 50.02% para autotransportes urbanos de pasajeros Ruta - 100, o sea 793 mil 347 millones de pesos, y todos sabemos que no serán suficientes para el servicio operativo, porque, óiganlo bien, desde 1986, 1987 y 1988, no se compraron unidades nuevas y tampoco el año próximo se hará.
Todavía no podemos recuperar la planta vehícular inicial de 1983; de 1983 a 1986 se adquirieron 3 mil 864 unidades nuevas para sustituir 4 mil 534 autobuses que entregaron los permisionarios y que por estar ya en malas condiciones se fueron desechando.
Si desde 1986 no se han adquirido nuevas unidades, hoy tenemos todavía un déficit de 670 autobuses con respecto a 1983. Aparentemente hay autobuses perdidos solicitamos que se nos aclare, las cuentas no checan.
Si tenían 6 mil 308 autobuses de los permisionarios, se dan de baja 4 mil 534 y en tres años compraron 3 mil 864, estas simples restas y sumas, nos dan 5 mil 638 unidades, y se dice que en 1988, Ruta - 100 contó con 6 mil 605, ¿En dónde están 967 que nos faltan para que chequen el dato?
Por otro lado, aceptando las cifras de que aumentó año con año el número de pasajeros, pues si en 1982 se transportaron mil 534 millones y se mantiene un ritmo ascendente hasta 1988, en que se transportaron 2 mil 253 millones, verdaderamente es asombroso que aún sin alcanzar la cifra del parque vehícular de 1983, tengan este progreso y que ello se deba, como lo señalan, exclusivamente el mejoramiento de los programas operativos, cosa que nadie en México puede creer.
El déficit en el servicio, preferimos no darlo en porcentajes, es mejor personalmente observar las largas filas para abordar un camión en cada parada, y sobre todo escuchar los conceptos y palabras que no se pueden repetir aquí lo que piensan los usuarios del servicio.
El problema además se agrava por el altísimo costo operativo, debido a una pésima administración, y a los gastos que cada departamento tiene que soportar. Como ejemplo podemos citar el gasto que se tiene para la prestación de decenas de camiones para llevar acarreados a todos los eventos públicos de funcionarios de mediano y alto nivel, y no sólo de ellos sino hasta de sus esposas en llamadas apoyos políticos.
La Unidad de Servicios Especiales de Ruta - 100, tiene que pagar el auxilio de otros camiones, normalmente los denominados chimecos, que prácticamente son secuestrados por motociclistas de tránsito, sin importarles el perjuicio que les cause a los usuarios. ¿A cuanto ascienden estos egresos? ¿Económicamente en cuánto perjudica el uso de unidades propias de Ruta - 100? Esto jamás lo sabremos pues no solamente se trata de ocultar el gasto real, sino de desaparecer toda la operación, por un lado para que no quede constancia del egreso y de lo real gastado, así como no se daba conocer cuántas personas fueron llevadas a esos eventos, rebajándole su dignidad de seres humanos y libres.
Como este ejemplo podríamos revisar cada departamento de la estructura vigente de Ruta - 100, y por ello no se puede sacar el verdadero costo del pasaje por boleto, sin embargo, simplemente si dividimos el egreso global en el año de 1988 que fue de 725 mil 788 millones de pesos, entre los 2 mil 253 millones de pasajeros, nos da un precio de 322 pesos.
Pensamos que con una administración capacitada y honrada, sería costeable el servicio. Pero para mayor seguridad aprovechamos para solicitar una auditoría administrativa a la Ruta - 100, porque es urgente eficientar el servicio y ¿quién no lo piensa con sólo ver el personal de planta? Los camiones estacionados convirtiéndose en chatarra muchas veces por falta de una sencilla reparación o carencia de mantenimiento.
En abundancia de pruebas hubiera querido pedir a la presidencia instruyera al secretario para que diera lectura a la lista directores, coordinadores, gerentes y jefes de unidad de módulos. Pero en obviedad de tiempo, mejor se los voy a mostrar aquí, esta es la lista de gerentes - muestra la lista - . Si se tiene ya un sistema perfectamente definido como lo es el metro y que da un servicio aunque todavía insuficiente, pero que está cumpliendo en alto porcentaje su función, lo que está fallando una vez más, es la rectoría del estado. Es urgente la reestructuración, romper con el tabú de
precios y buscar nuevas imaginativas fórmulas, como son la congestión de Ruta - 100, la regulación de combis y minibuses o el otorgamiento y concesión o cooperativas de trabajadores que se integrarían para el efecto.
¿Por qué no dar en concesión las terminaciones, la construcción del tren ligero Zaragoza - Santa Martha, en lugar de permitir que se sigan fugando los millones de pesos ya invertidos, desperdiciando materiales y dejando obras inconclusas. La proliferación de combis con un costo mucho más alto, sin mencionar su aportación a la contaminación, es debida a la deficiencia del servicio público, está dispuesto a pagar mayor precio si como se ve obtiene mayor servicio; si el estado no tiene los ingresos suficientes no es posible permitir que el problema cada vez sea mayor hasta hacerse irresoluble; podríamos seguir revisando otros modos de transporte como los taxis, los trolebuses o problemas como los asentamientos humanos, el agua, el drenaje, pero con lo expuesto basta.
Este presupuesto pues, deja mucho que desear, por ello los diputados de Acción Nacional votaremos en contra. Muchas gracias. (Aplausos.)
La C. Presidenta: - Tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada Gloria Rodríguez Aceves
La C. Gloria Rodríguez Aceves: - Ciudadana presidenta; honorable asamblea: Al presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, no se le puede examinar al margen de la política económica y social de la Federación, porque no hay entidad federativa que pueda planear su desarrollo sin considerar las participaciones, transferencias e inversiones federales.
Para el partido Popular Socialista, y así lo expresamos en su momento, los ingresos del Departamento del Distrito Federal, son muy limitados para avanzar hacia la solución de los problemas de esta entidad y los programas se limitan considerablemente por falta de recursos.
Esto no es más que el resultado de la crisis económica por la que atraviesa el país, debido a la política antipopular y desnacionalizadora del pasado sexenio, que, por lo que se ve, pretende prolongarse.
Por esto, la asignación de recursos a algunos programas que la Asamblea de Representantes manifiesta como prioritarios, son insuficientes; tal es el caso de vivienda, al que se destina un 2% de los gastos totales y el incremento, abasto y comercialización prácticamente es simbólico.
El bienestar de la población del Distrito Federal, al igual que la de todo el país, seguirá decreciendo en la medida que los recursos que genera el trabajo de los mexicanos, se sigan destinando al pago inmoral e injusto de la deuda externa que en exceso ya cubrimos en su monto.
Los problemas más grandes, más graves, del Distrito Federal, son: el creciente desempleo, el insuficiente transporte colectivo de pasajeros, el deterioro ecológico que provoca la contaminación ambiental, la escasez y carestía de la vivienda, el desabasto y el elevado precio de los alimentos.
Es de reconocer que el trabajo en comisiones de desarrolló en un ambiente de cordialidad, a la vez que de confrontación de ideas, en donde sin lugar a dudas se dio la coincidencia en la preocupación general porque los problemas capitalinos se resuelvan.
En este ambiente la comisión resolvió algunas acciones de infraestructura vial con el siguiente argumento: la realización de esa infraestructura alentaría el uso intensivo del transporte individual, el ahorro obtenido en la supresión de este programa asciende a 121 mil 334 millones de pesos, que se destinan a fortalecer otros programas, de los cuales sólo lamentamos que al subprograma de seguridad pública se le aumenta la cantidad de 42 mil millones de pesos.
Nos place, por otra parte, que al programa de ampliación y mejoramiento de la planta educativa, se le adicionen 63 mil 300 millones de pesos.
No podemos estar de acuerdo con el aumento concedido a seguridad pública, porque para el Partido Popular Socialista, no es con medidas policiacas y represivas como se puede disminuir la delincuencia, así lo expresamos al jefe del Departamento del Distrito Federal durante su comparecencia y lo repetimos aquí.
El mayor índice de delitos son aquellos que afectan la base patrimonial, o sea, el hurto pequeño o individual, lo que quiere decir que son delitos provocados por la miseria, el hambre, la incultura y la desesperación.
La solución entonces, no son las medidas policiacas sino el mejoramiento material y cultural de los habitantes de esta ciudad.
Al resolver los problemas de empleo, vivienda, alimentación y recreación, disminuirá notablemente la delincuencia.
Por eso, esos 42 mil millones de pesos que son parte de los recursos liberados al suprimir algunas
acciones de infraestructura vial, deben destinarse a ampliar el presupuesto a los organismos que promueven el arte, la cultura, la recreación y el deporte.
Consideramos positivas las medidas propuestas para la reforestación en el Desierto de los Leones. Sin embargo es necesario y urgente la reforestaciones en el Ajusco, la Magdalena Contreras y Milpa Alta.
Respecto al transporte colectivo, consideramos que para que presente un servicio eficiente es necesario incrementar la inversión, de esta manera se desalentaría el uso del transporte particular, influyendo en la disminución de la contaminación ambiental.
La proposición del Partido Popular Socialista para resolver el problema de transporte de pasajeros en el Valle de México es la creación, del Instituto Metropolitano del Transporte, el cual se financiaría con aportaciones tripartitas: el Estado, los empresarios y los usuarios. En este Instituto participarían en la planeación de los servicios los gobiernos del Distrito Federal, del estado de México e Hidalgo.
Una planeación correcta del transporte urbano contemplaría la construcción De Metro y Tren Ligero desde todos los puntos del Valle de México a las terminales del Metro, y a la vez rutas de camiones, tranvías y trolebuses, alimentadoras del sistema Metro - Tren y Metro Ligero. Contemplaría además la utilización en exclusiva de dos o tres carriles de todas las vías rápidas, dejando al transporte individual un solo carril.
Debería contemplarse la construcción de enormes estacionamientos en las estaciones terminales a un precio sumamente bajo y estacionamiento de bicicletas.
Saludamos que la Comisión del Distrito Federal de esta Cámara de Diputados inicie la formación del equipo de trabajo que tendrá la responsabilidad de realizar los estudios que resuelven a fondo el grave problema del transporte.
Sobre el problema de la contaminación ambiental, las soluciones deben estar alejadas de la demagogia utilizada por la administración anterior, estableciendo medidas rigurosas para todos los vehículos particulares, sin excepción, para lo cual podrán aplicarse días de no circulación, en base a los dígitos de las placas. Debe sacarse del Distrito Federal la refinería de Azcapotzalco; deben enviarse fuera del Valle de México todas las industrias contaminantes. El problema de la contaminación requiere de medidas audaces dentro de la ley, deben reforestarse todas las áreas disponibles.
De esta manera y sin reconocer que en los trabajos de la comisión se vieron actitudes democráticas, el presupuesto que hoy debatimos es parcial, inequitativo y no aborda los problemas desde su origen, ni va a la solución de los mismos.
Por todo ello, el Partido Popular Socialista votará en contra del dictamen del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal.
Fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista."(Aplausos.)
La C. Presidenta:- Tiene la palabra el ciudadano diputado Gilberto Ortíz Medina.
El C. Gilberto Ortíz Medina:- Ciudadana presidenta; compañeros diputados: El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, considera que el Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para 1989, es una manera readecuación contable de lo que se ha dejado de invertir en los presupuestos de 1987 y 1988.
No se encuentra en éste ninguna referencia al respecto a cómo resolver los problemas de la ciudad, la que hasta unas cuantas semanas el discurso oficial calificaba como una de las tres más grandes del mundo y con una proyección de población para 1989 de 19.5 millones de habitantes, en su mayoría jóvenes que demandarán empleo, educación y otro tipo de servicios.
Es un proyecto de presupuesto elaborado a imagen y semejanza del pensamiento tecnócrata computarizado que no atiende a ningún llamado a la realidad. Según consta en este decreto el ingreso proyectado para 1989 se hace en base al estudio de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal de 1987, pero eso es absolutamente falso.
En 1987 de 21 programas de gobierno, 14 fueron considerados como prioritarios. En 1989 solamente tenemos nueve programas prioritarios y no porque se hayan resuelto los tres restantes sino porque se han eliminado por el simple expediente de eliminar las partidas presupuestales para atenderlos.
En 1987 los 14 programas prioritarios recibieron severos recortes y así asumimos que en 1988 continuaron como prioritarios, tampoco se atendieron debido a que este año el gobierno del Departamento del Distrito Federal en solidaridad
con el gobierno federal recortó por cinco ocasiones su presupuesto, golpeando particularmente el renglón de la inversión.
El proyecto de egresos para 1989, según el regente Manuel Camacho Solís, reconoce que es muy recortado, ya que se incrementa sólo en un 15% respecto al presupuesto de 1988 y es negativo respecto a una inflación esperada del 18%, lo dijimos en la Comisión del Departamento del Distrito Federal, lo señalamos ante esta plenaria y lo reiteramos de nuevo; la ejecución del presupuesto de 1987 y 1988 fue un verdadero desastre, según la Cuenta Pública de 1987 en relación a la administración de la justicia, no se adquirieron 230 unidades de armamentos y de 137 equipos de radio se compraron 50 en virtud de que dos plantas eléctricas se comprarían, sólo comunicación, sólo se adquirió una.
Respecto a la seguridad pública en 1987, no se adquirieron caballos para la policía montada, vehículos panel, grúas, jeeps, en virtud de que se desvían los fondos a la compra de mobiliario para diversas oficinas. Las instalaciones de la Secretaría de Vialidad y Protección no se terminaron de remodelar.
En 1988 el entonces regente Ramón Aguirre retiró a la policía que vigilaba las instalaciones de la banca nacionalizada, no se sabe si por razones presupuestales o por pleitos políticos por aquello de la sucesión presidencial. Esto explica mucho la facilidad con que se cometen los asaltos bancarios y la impunidad en que ellos quedan. El desbordamiento de la inseguridad se debe directamente a la crisis económica, esto es cierto, pero la protección de la integridad de los habitantes del Distrito Federal se ha visto demeritada por falta de inversión.
Para 1989 se nos hablaba de un aumento bastante grande en lo asignado a la seguridad pública, el 16% del presupuesto total, pero no se señala en ninguna parte el estado de la estructura de los cuerpos de seguridad, solamente se dice que lo asignado a este rubro aparece como muy grande debido a que se incorporan al presupuesto los cuerpos de policía auxiliar y la bancaria industrial. Precisamente esto es lo que muestra un simple reacomodo contable. En 1988, como ya lo dijimos, se retiró la vigilancia oficial del sistema bancario y en 1989 se incorpora como policía oficial a la que ya estaba vigilando las instalaciones pagadas por nóminas de la administración de los mismos bancos.
Esto es simplemente un incremento de las partidas presupuestales que de ninguna manera quiere decir un mejoramiento de vigilancia y protección. Si se hubieran hecho las inversiones necesarias mínimamente en los dos años anteriores, y si no se hubiera recortado el presupuesto, no estaríamos en esta situación de inseguridad desbordada.
Para 1989 se nos habla y se nos presenta como prioritaria la prevención y control de la contaminación ambiental, destacando la atención que se le da a a 1 mil 529 hectáreas de zonas boscosas en el Desierto de los Leones.
En 1987 solamente se ejecutó el 45% del programa de reservas ecológicas y en 1988 sólo se completó lo que se dejó pendiente el año anterior. Esto que ahora se nos presenta como una gran obra, apenas excede los rezagos que existen en la materia.
Respecto a la recolección y tratamiento de basura en 1989, se tratará de hacer también lo que dejó de hacerse en los dos años anteriores.
En 1987, se suspendieron las obras de la estación de transferencia de la delegación Alvaro Obregón y la de la Gustavo A. Madero. Aquí también tenemos una simple recaudación de partidas presupuestales ya aprobadas desde hace dos años y que no se sabe en qué se ejecutaron.
En lo que concierne a drenaje y tratamiento de aguas negras, el presupuesto asignado para 1989 se ubica ligeramente por arriba de lo que no se hizo en 1987 y 1988. En 1987 la partida para adquisición de 120 mil metros cuadrados de terrenos, para el sistema de drenaje profundo se destinaron a otras obras, según consta en la cuenta pública; en 1988 ocurrió lo mismo. De nuevo, en 1989 tenemos una reejecución de partidas ya aprobadas desde hace dos años.
Nadie niega que la salud sea vital para el ser humano y por ende, para los habitantes del Distrito Federal, pero en el ámbito del bienestar social el presupuesto de egresos de 1989 nos habla de proseguir y que se terminarán obras que debieran estar operando desde 1987, este es el caso del Hospital Central de Urgencias, el Hospital General Villa, el Milpa Alta y el Hospital General de Iztapalapa, esto, para no hablar de la construcción y puesta en operación de dispensarios y farmacias, que están diferidos desde 1987 y que en 1989 ya son prioritarios.
Lo que se proyecta como construcción de vivienda, es verdaderamente ridículo, para no decir irracional, dicen que en 1989 se construirán 186 viviendas para trabajodores a lista de raya.
En 1987 este mismo sistema dejó de construir 900 unidades.
Programa de la construcción de 136 unidades para la policía del Distrito Federal, cuando en 1987 se construyeron sólo 86 de las 300 programadas.
Por su parte, el Fidediso se encuentra rezagado en un 40% de sus programas originales respecto a los dos años anteriores por falta de la adquisición de predios para su uso habitacional.
Respecto a la ampliación y mejoramiento de la planta física educativa, existe un gran desfasamiento respecto a las necesidades y respecto a lo que ya ha aprovechado en presupuestos anteriores.
Lo que el Departamento del Distrito Federal plantea para 1989 está por abajo de lo realizado en 1987, en este año se dio mantenimiento 2 mil 070 escuelas y para el nuevo presupuesto se proyectan 2 mil 035 planteles.
La construcción de nuevos planteles es ligeramente superior a lo que se hizo hace dos años, pues se proyecta una construcción de 124 nuevos planteles contra 107 de 1987.
La Comisión del Departamento del Distrito Federal de esta Cámara estableció que casi el 100% de los planteles educativos son inadecuados para atender a los educados, y que la totalidad de ellos no alcanza niveles satisfactores de mantenimiento, nada de esto se completa en el presupuesto de egresos para 1989.
De la lista de programas prioritarios fue eliminado el renglón de abasto, tenencia de la tierra, uso del suelo, transporte, y algo que hasta el año pasado era sagrado para el gobierno: el renglón de deuda.
Para 1989 el transporte urbano se elimina del presupuesto para ser tratado de manera aparte en un plan integral de transporte. Por lo pronto el regente ya estableció que ninguna nueva obra se realizará en el Metro ni en la Ruta - 100 ni en el transporte eléctrico. Esto no es ninguna novedad, ya que en 1988 sólo se realizó parte de lo que se dejó de hacer en 1987.
Respecto al Metro, en 1987 se construyó sólo el 50% de la línea siete, y con el resto se medio terminó la construcción de la línea nueve. La Ruta - 100 y la línea de transporte eléctrico no reciben nueva inversión desde 1987.
Desde que se inició la construcción del servicio de transporte colectivo metropolitano, se hizo con la idea positiva de evitar los congestionamientos vehículares por superficie, y ahorrar en lo que respecta a las horas - hombres, pérdidas por la ineficiencia del transporte.
Si bien esta idea se mantenía de manera formal en los anteriores gobiernos, con el presupuesto de 1989 se ha eliminado, incluso en su formalidad.
Lo increíble de la irracionalidad del nuevo gobierno para manejar a la urbe más poblada del planeta, es que la desinversión en transporte e infraestructura se presenta como medida para preservar el ambiente. En sus medidas para la preservación del ambiente y mejoramiento urbano, presenta como punto esencial la desinversión en infraestructura de transporte vehícular.
Es una cuestión elemental de ingeniería urbana que si se mantiene la fluidez del tránsito vehícular, disminuye el tiempo de combustión de los motores; a la inversa, se puede reducir la cantidad de vehículos en tránsito pero si se interfiere su fluidez se les mantendrá más tiempo en combustión. Este es el efecto que tendrá la suspensión de obras en puentes vehículares, distribuidores viales y en el mantenimiento y conservación de la carpeta asfáltica.
Haciendo a un lado la demagogia, con el presupuesto de 1989, la administración del Departamento del Distrito Federal, está fabricando un verdadero holocausto ecológico.
Como desaparecieron al renglón de la deuda como programa prioritario, en el presupuesto de 1989 de manera descarada, no presentan la relación de lo que destinarán al llamado gasto no programable, cuando este renglón fue el que hizo incurrir en déficits presupuestales constantes a la administración anterior.
Nada más como ejemplo, en el análisis de la cuenta pública de 1987, encontramos que el único renglón que creció en términos reales, fue el del pago de intereses de la deuda interna que el Departamento del Distrito Federal había contratado.
En 1988, se encuentran 6 mil millones de pesos en adeudos interiores, que si bien se puede argumentar que son pasivos contraídos recientemente por la administración pasada, no se dice en qué tipo de endeudamiento se incurrió. De lo que estamos seguros es que no se contrató deuda para aumentar la inversión física necesaria. Lo más seguro es que la deuda contratada, es pagar intereses de deudas viejas.
En 1987 y 1988, de acuerdo a la ley de obras públicas, encontramos un incumplimiento de ésta por parte de las autoridades del Departamento del Distrito Federal. Lo mismo ocurre con la ley de adquisiciones.
En el presupuesto de 1989, no se contempla ningún elemento para remediar esta situación. Ni la mayoría priísta, pese al reconocimiento de estas anomalías ha demostrado la voluntad política para fincar las responsabilidades a quien resultare responsable de esos incumplimientos.
También existe un sobregiro en los montos de endeudamientos autorizados, el Departamento del Distrito Federal, no se ajustó al monto máximo de endeudamiento neto que establece la ley ni en 1987, ni en 1988. Estos son los elementos más obvios que nos permiten proponer que la ley de egresos para el Departamento del Distrito Federal, no se apruebe y que realicemos sesiones extraordinarias para elaborar un programa de gobierno de emergencia para la ciudad, tratando de remediarla todos los desmanes provocados por la administración anterior. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Jorge Schiaffino Isunza.
La C. Patricia Olamendi Torres (desde su curul): - ¿Me puede permitir la palabra antes?
La C. Presidenta: - Para hacer una moción, tiene la palabra la ciudadana diputada Patricia Olamendi.
La C. Patricia Olamendi Torres: - Compañera presidenta: Solicitamos a esta presidencia que el voto particular que hizo mi partido con respecto al presupuesto de egresos sea turnado al Diario de los Debates. Muchas gracias.
(Aplausos.)
La C. Presidenta: - Insértese el voto particular del Partido Mexicano
Socialista en el Diario de los Debates.
"Partido Mexicano Socialista grupo parlamentario.
Evaluación del proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para 1989 presentada por el grupo parlamentario del Partido Mexicano Socialista.
Palacio Legislativo México, Distrito Federal diciembre 29 de 1988.
Cuando un árbol está enfermo, difícilmente podemos encontrar algunas de sus ramas sana. Esta figura es perfectamente aplicable para el documento que se presenta a consideración de esta Cámara, puesto que la serie de deficiencias y lo erróneo de la orientación que se observa en el presupuesto federal, se repite en el presupuesto que se propone para nuestra ciudad capital.
Si tenemos un presupuesto recesivo a nivel nacional, el que se designa al Departamento del Distrito Federal tiene la misma característica. Cuestión digna de evaluarse a fondo tomando en cuenta las repercusiones que para la vida en la capital tiene un presupuesto de esta naturaleza.
Se ha convertido en lugar común, la consideración de que los problemas en el Distrito Federal tienen a esta urbe al borde de un colapso de grandes proporciones, pero este reconocimiento, dado incluso por los gobiernos federal y capitalino, no se traduce en la existencia de un presupuesto que pueda incidir en hacer frente a los problemas que sufrimos los habitantes de esta ciudad.
No sólo existe incongruencia entre el reconocimiento de las carencias de la capital y una propuesta de presupuesto que no responde al mismo, sino que además nos tratan de vender la idea de que no es tan grave el que se dé un decremento real, puesto que es posible hacer más con menos.
Difícilmente puede hallarse sustento a esta lógica del "más con menos" debido a que este presupuesto, los programas que contiene y las metas que traza, nos muestran claramente la falsedad de dicha aseveración.
Se asegura en el dictamen que "el presupuesto da contenido al proyecto económico y social federal, con la firme intención de atacar algunas de las carencias que afectan a la sociedad capitalina".
Hay que reconocer que efectivamente se retoma la orientación del proyecto económico - social federal, pero no en el sentido de atacar las carencias principales que sufren gran parte de los mexicanos, incluyendo a los capitalinos, sino que el contenido se da en la misma dirección que el presupuesto federal, es decir, agudizando los rezagos en este terreno, y deprimiendo los niveles de vida de las mayorías.
Del párrafo del dictamen que citamos, es inexacto que haya la firme intención de atacar algunas de las carencias de la capital, pues analizando los programas que se incluyen, observamos que en lo que se refiere a diversos servicios públicos, la orientación se reduce en mantener el nivel actual de los mismos, pese al reconocimiento de que existen rezagos en éstos. y difícilmente puede
hablarse de resolver problemas, cuando ni siquiera se contempla abatir el déficit acumulado.
Unos cuantos ejemplos sirven para avalar nuestra afirmación y los observamos tanto en aquellos programas en que no se destina un incremento sustancial, como en aquellos en que sí se da.
Comencemos por el programa de transporte urbano, el cual es considerado prioritario y que tradicionalmente ha tenido una alta participación en el presupuesto global. Sin embargo, para este año el monto es 45% inferior en términos reales al de 1988.
Esta disminución implica que las metas propuestas invaliden cualquier intención de dar a nuestra capital un adecuado sistema de transporte. Debemos tener presente que en tan reducido espacio urbano, tienen que moverse alrededor de 18 millones de habitantes, más la población flotante, y el que se cuente con un deficiente servicio de transporte, daña la productividad por el alto desperdicio de horas hombre, además de agravar los problemas de contaminación ambiental, y lo que es más, lesiona los niveles de vida de los habitantes de la ciudad capital.
Hay que señalar que resulta paradójico el que habiéndose puesto en funcionamiento durante el presente año nuevas rutas de Metro, tren ligero y trolebuses, se proyecte transportar una cantidad de pasajeros igual a la de 1988, y esto nos hace dudar de las cifras que se manejan en el dictamen.
La comisión justifica y acepta el insuficiente monto destinado a transporte urbano, bajo el argumento de que el regente presentará en los próximos meses un plan integral de transporte. Nosotros no podemos aceptar esta tesis, pues el anunciado programa no es garantía alguna de que se dé un mejoramiento en la prestación de este servicio, máxime cuando el gobierno anterior en el cual tuvieron una destacada participación tanto el regente como el Presidente fue persistente en la valoración de sus programas de transporte.
Otro caso es el relativo al programa de agua, el cual si bien tiene un aumento real significativo, resulta que ahora se cuenta con una infraestructura menor para la prestación de este servicio, pues si en el dictamen aprobado hace un año se establecía que había 882 pozos, en el dictamen a discusión sólo se reportan 847. Asimismo, hace un año se dijo que existían 443 kilómetros de acueductos y 557.3 de red primaria, ahora sólo existen 555 kilómetros de red primaria, acueductos y líneas de conducción. Y con una infraestructura menor a la de hace un año pretenden convensernos de que ahora se duplicará la dotación de agua. El dictamen deja a un lado el que se extraña situación ni siquiera pudo aclarar el regente durante su comparecencia ante las comisiones correspondientes de esta Cámara, ya que omitió responder una pregunta que sobre el particular planteó el Partido Mexicano Socialista.
Por tanto, es de esperarse que en diversas zonas de la ciudad haya capitalinos que sigan careciendo de este vital líquido, quizá a esto se conteste que se trata de asentamientos irregulares, y como muestra de que se quiere terminar con esta situación, para 1989 se proyecta regularizar 55 mil predios, siendo que hace un año se programaron 75 mil.
En otra parte del dictamen, se establecen diversas modificaciones al proyecto original del presupuesto, para dar, según la comisión un mayor énfasis a los ámbitos prioritarios.
Estas modificaciones destinadas a incrementar los montos en los programas de salud, educación, aportaciones a la Ministración de Justicia y Seguridad Pública, no pueden dejarse de lado, tanto por las acciones propuestas a estos programas, como porque se omite otorgar mayores recursos a programas más prioritarios.
De los rubros a los que la comisión propone aumentar la erogación correspondiente, hay que destacar el de Seguridad pública, el cual ya desde la iniciativa mostraba un importante incremento con respecto al año interior. No cuestionamos la urgencia de mejorar las condiciones de seguridad que existen en la capital, lo que sí objetamos son los métodos que se planean utilizar para lograrlo.
Sólo alguien con muy poco sentido común puede aceptar que se destinen recursos para mantener agrupaciones como las de los "zorros", que tan lamentable actuación tuvieron al invadir las instalaciones de la Policía Judicial del Distrito Federal hace algunas semanas o más recientemente en los sucesos del Cerezo, en Tepic, Nayarit.
Esta no es ni será nunca una forma efectiva de abatir la inseguridad, ya que tiende a incrementar la violencia que existe en la capital y pone en entredicho los derechos humanos, político y civiles de los capitalinos. Debemos ver el problema de la seguridad como una manera de hacer valer estos derechos, por lo que no podemos aprobar el presupuesto que se destina a seguridad pública, pues no coincidimos con la orientación de las acciones del mismo.
Otra razón para no aprobar la partida de seguridad es que la misma será administrativa por una dependencia que se orienta a asumir tareas de
control político a través de la flamante dirección de inteligencia de la Secretaría General de Protección y Vialidad; y esto es inaceptable, máxime cuando esta dirección la encabeza el torturador Miguel Nazar Haro.
Pasando a programas considerados prioritarios, pero que no se beneficiaron con el buen juicio de la comisión, conviene destacar el de vivienda. Aquí se pondera demasiado el incremento que se otorga a este programa de relación al del año anterior. Pero si vemos las acciones en que se traducen estos recursos, llegamos a la conclusión de que no hay razón para esta sobrevaloración.
¿Acaso tres mil viviendas es una cantidad que permita solucionar la carencia que existe en este renglón? Quien así lo crea estará muy alejado de la realidad, pues las necesidades en la materia son enormes y programas que se limiten a tan reducido número de acciones solamente permiten mantener el problema existente.
Ahora no puede recurrir al argumento de que además del Departamento del Distrito Federal, otras dependencias llevan a cabo programas de vivienda en la capital, puesto que en el presupuesto federal aprobado hace algunas horas, y del que se sostiene por quienes dieron su voto afirmativo al mismo, que se da gran importancia al desarrollo social, sólo se contempla construir cuatro mil viviendas rurales (¿habrá algunas para Milpa alta?) y concluir 20 mil acciones ya en proceso.
Estos datos son significativos de que quienes no tienen casa o su vivienda carecen de los requisitos mínimos, tendrán que seguir esperando el mejoramiento de su situación.
Una omisión tanto del proyecto original como del dictamen, es que se dejó de considerar al abasto y comercialización como un programa prioritario; puede ser que se piense que éste es un problema ya resuelto en la capital. Sólo por eso podría explicarse el que para 1989 se proyecte sacrificar a 5.8 millones de animales cuando en 1988 se programó la matanza de 8 millones. Así mismo es preocupante el que los problemas de abastos en la capital para el Departamento del Distrito Federal y nueve lecherías LICONSA, ya que son los alcances que se nos propone aceptemos.
Un aspecto que diferencia el presupuesto federal del Departamento del Distrito Federal es la Proporción que en ambos se destina al pago de la deuda, pues mientras a nivel nacional se otorga el 60% de los recursos, en el caso del Distrito Federal la participación es de sólo 3%.
Esto podría considerarse positivo pero el acuerdo al que llegaron el gobierno de la capital con el federal, a través del cual el segundo absorbió gran parte de la deuda del primero, no se ha traducido en mayores recursos para el resto de los programas presupuestales, en especial los prioritarios.
Por tanto, este acuerdo no deja de lado la negativa repercusión que ocasiona la política seguida en materia de la deuda a nivel nacional, además mantenemos nuestro convencimiento de que no hay razón alguna para que permanezca un programa de deuda en el presupuesto del Distrito Federal.
Para concluir, simplemente reiteramos que no podemos aceptar ni mucho menos avalar un presupuesto que en los hechos no permite avanzar en mejorar la calidad de vida de los capitalinos, punto en el que todos estamos de acuerdo, pero ante el cual evidentemente no hay voluntad por parte de quienes gobiernan nuestro país para hacerlo realidad.
La C. Presidenta:- Tiene la palabra el diputado Jorge Schiaffino Isunza.
El C. Jorge Schiaffino Isunza:- En el mismo sentido de la compañera diputada, Patricia Olamendi, el Partido Revolucionario Institucional pide que los comentarios preparados sean insertados en el DIARIO de los DEBATES y pide a esta soberanía se apruebe el dictamen que ha sido presentado y entregado a todos ustedes, desea dejar constancia del voto particular que había elaborado para la discusión de este punto.
Con la venia de la presidencia; compañeras y compañeros diputados:
A todos y cada uno de los miembros de esta Cámara de Diputados, se nos ha entregado en la sesión del pasado día 28 de diciembre, el proyecto de dictamen de Presupuestos de Egresos del Departamento del Distrito Federal, correspondiente al año de 1989 y que el día de hoy nos ocupa en su discusión.
Con la presentación del presupuesto, no únicamente en Departamento ha cumplido con el informe que debe a la ciudadanía de la aplicación de los recursos públicos que habrá de ejercer el Ejecutivo Federal en el Distrito Federal, sino que nos ha señalado los servicios básicos que requiere la población.
Es evidente que el presupuesto en su monto no será suficiente para atender con la eficiencia y prontitud que quisiéramos los capitalinos.
Los grandes problemas que enfrenta la ciudad, incluida el área metropolitana, que aunque presupuestalmente no tenga que ver con el gasto del Distrito Federal, es un problema que sí debemos afrontar, ya que su crecimiento incide en las demandas de la población. De ahí la importancia que se emprendan acciones para la atención conjunta de necesidades. De ahí la importancia que exige una estrecha relación con el gobierno del estado de México y los 17 municipios conurbados, a fin de encontrar soluciones a los problemas comunes que enfrentamos.
Mi compañero el arquitecto Joaquín Alvarez Ordóñez, ha hecho aquí una clara exposición de motivos que han generado el dictamen que hoy se presenta a discusión.
Este proyecto como el de ingresos, ha sido modificado por los diputados. No es un documento como se nos ha atacado, enviado por el ejecutivo para ser aprobado íntegramente.
Como lo ha expresado Alvarez Ordóñez, ha tenido modificaciones sustanciales de acuerdo al criterio de los diputados, de cuerdo a las importantes observaciones de la asamblea y particularmente, de acuerdo al sentir de la población, sentimiento expresado en las campañas que la mayoría de los diputados del Distrito Federal, realizamos a principios de 1988.
Es decir, este dictamen es el resultado de un exhaustivo examen financiero del ejercicio fiscal para 1989 y tiene un gran contenido de carácter político, que nos ha permitido la formulación de juicios sobre el logro de los objetivos programados que deben cumplirse.
En base a nuestras recomendaciones, se determinaron los programas prioritarios que aquí ya se han mencionado.
MODIFICACIONES
Con frecuencia en el seno de esta Cámara, se ha mencionado el hecho de que los priístas aprobamos los proyectos tal y como vienen del Ejecutivo.
A este respecto quiero comentar, que el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, ha sido modificado sustancialmente, particularmente en el renglón de algunas obras de infraestructura vial, que no obstante ser urgentes, la comisión a considerado diferir la asignación por no considerarlos prioritarios por el momento y ha canalizado estos recursos a programas más urgentes.
Los 121,334 millones de pesos que correspondían a las obras del: Eje vial 10 sur, distribuidor vial Reforma - Constituyentes, puente vehícular Tlalpan- Netzahualpilli, puente vehícular Circuito Interior - Eje 3 oriente, puente vehícular Circuito Interior - Molinos, puente vehicular San Francisco - Moras, distribuidor vial Circuito Interior - Insurgentes y siete pasos peatonales.
Estos recursos se han destinado a la ampliación que corresponde al reforzamiento de la planta educativa el Distrito Federal y particularmente, a la conservación de escuelas, donde se han destinado por esta Cámara 63,300 millones de pesos.
De la misma manera en 48 mil millones de pesos, los recursos que destinan al ámbito de la seguridad pública y 6 mil millones como aportación a la ministración de justicia.
La seguridad pública y la ministración de justicia, es una de las más sentidas demandas de la población.
A salud pública, renglón también eminentemente social, se han destinado 10 mil millones de pesos más de los presupuestados.
Ha considerado la Cámara también incluir como programa prioritario, el fomento de la producción forestal y productividad, que tiene presupuestado un gasto de 56.552.3 millones de pesos.
Ámbito programa Proyecto 1989 Autorizado Cámara
(millones de pesos)
Seguridad pública 866,616.7 914,616.7
Seguridad pública 677,615.0 719,615.0
Aportación a la administración de justicia 189,001.7 195,001.7
Ecología 619,511.5 676,063.8
Bienestar social 500,849.6 574,149.6
Ampliación y mejoramiento de la planta física - educativa 211,119.6 274,419.6
Subtotal ámbito seguridad social, ecología y bienestar 1,986,977.8 2,164,830.1
Total de programas prioritarios 3,340,985.9 3.518,838.2
CRITERIOS PRESUPUESTALES
Es de destacar, que el presupuesto está hecho con un amplio sentido social y que es el resultado de las inquietudes de la sociedad capitalina, recogidas en campaña. Aquí se empiezan a convertir en hechos las palabras. Los programas prioritarios, van encaminados a las clases más necesitadas de la población.
SEGURIDAD PÚBLICA
Se ha mencionado en la tribuna que la seguridad en el Distrito Federal, está pasando por una de sus más fuertes crisis, tanto en corrupción de los propios elementos como la falta de éstos, para atender a la población cada vez más creciente.
A este programa y a fin de preservar la integridad física de las personas y de sus bienes, se le asignaron originalmente 667,615 millones de pesos, cifra que ya representaba un crecimiento de 167% respecto al presupuesto original de 1988. Sabemos que los recursos asignados son menores a los requeridos para atender a esta urgente demanda, con lo que propusimos se le asignaran 42 mil millones de pesos adicionales, para contar con un mayor número de elementos y equipo para la seguridad de la ciudad.
A la administración de justicia se le han asignado 6 mil millones de pesos más a los 189,001.7 que tenía presupuestado originalmente, recibiendo este renglón un incremento de 4% sobre el original del año anterior.
ÁMBITO ECOLÓGICO
Prevención y control de la comunicación ambiental:
A nadie escapa que este problema ya viejo en el Distrito Federal, ha tomado a últimas fechas índices de peligrosidad, que ha hecho conciencia en la ciudadanía de la urgente necesidad de tomarlo como programa prioritario.
En sus acciones que contemplan la atención a 1,529 hectáreas de zonas forestales en el Desierto de los Leones, a la verificación y la diagnóstico de 800 mil vehículos automotores y a sus diversos programas, se le han asignado 27,759.9 millones de pesos, cantidad mayor en un 57% respecto al de 1988.
Para cumplir con las metas de este programa, se hace necesario no únicamente el cabal cumplimiento de sus objetivos, sino una gran participación ciudadana.
Hemos visto con beneplácito, que el Departamento del Distrito Federal, ha tomado las medidas reglamentarias para abatir este problema. Estamos seguros que contará con el respaldo popular, pues es una demanda de la ciudadanía en bajar los índices de contaminación y contribuir al mejoramiento de la salud de los capitalinos.
BASURA
El presupuesto asignado al renglón de la recolección de basura que incluye rellenos sanitarios y la recolección de 4.6 millones de toneladas de basura en las distintas delegaciones y el procesamiento de 100 mil toneladas, no será suficiente si no se cuenta con la ciudadanía y su participación.
A este respecto es importante destacar que la Cámara de Diputados, ha recomendado al Departamento del Distrito Federal, se agilice la desconcentración del servicio, a fin de no duplicarlo y hacerlo más eficiente.
DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS
Las acciones de este renglón van encaminadas a solucionar una de las más urgentes necesidades de la población.
La asignación de 348,219 millones de pesos, es superior al 15% de la del año anterior.
En este renglón es importante destacar, que se ha avanzado mucho, particularmente en evitar las inundaciones en el Distrito Federal y en el avance de las obras del drenaje profundo.
Estas son obras, ciudadanos diputados, que no se ven, pero que contribuyen de manera importante a la seguridad y bienestar social de los capitalinos.
FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN FORESTAL Y PRODUCTIVIDAD
La Cámara de Diputados propone en el dictamen, la conclusión de este programa como prioritario, ya que sus acciones van encaminadas entre otras cosas, al desarrollo agropecuario y la producción en el Distrito Federal.
Esperamos proteger y fortalecer 23 mil hectáreas de recursos naturales.
En otras acciones, como la producción de más de 15 millones de árboles frutales, 750 mil de especies y la siembra de más de 6 millones 900 mil árboles.
Consideramos de vital importancia este renglón, para contribuir al mejoramiento del ambiente del Distrito Federal.
BIENESTAR SOCIAL - SALUD
Para brindar atención a 2.213,509 personas en unidades hospitalarias que cuenta el Departamento del Distrito Federal y la aplicación de 135 mil vacunas, así como la rehabilitación de 6 mil órganos de la vista y otras acciones de salud y la construcción del Hospital Central de Urgencias y Hospital General Villa Milpa Alta, se ha asignado un presupuesto de 174,438 millones de pesos, cantidad mayor en un 40% a lo asignando en 1988, por lo que esta comisión ha considerado que es necesario fortalecer este presupuesto, al que se le asignaron 10 mil millones de pesos al monto señalado en la iniciativa federal.
VIVIENDA
A fin de contribuir a aminorar el problema de vivienda en el Distrito Federal, se ha programado la construcción de 3,000 viviendas y el apoyo a la autoconstrucción en 30 mil acciones de vivienda, dirigidas principalmente a los asentamientos humanos más precarios.
Estamos conscientes que con los recursos asignados a este programa, que son de 119,292 millones de pesos, no resolveremos el déficit en el programa de vivienda. Sin embargo, consideramos que es un esfuerzo plausible que contribuirá a resolver este grave problema.
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FISCAL EDUCATIVA
En el programa se advierte la construcción para 1989, de 184 escuelas y la terminación de 62 más, así como el mantenimiento de 2,053 planteles.
En el presupuesto enviado por le ejecutivo, se ha asignado la cantidad de 211,119.6 millones de pesos, que ya por sí solo representa un 99% de aumento a lo asignado originalmente en 1988.
La comisión a considerado incrementar ese presupuesto en la cifra de 274,419.6 millones de pesos, a fin de que el incremento se destine íntegramente al mantenimiento de los centros educativos, cuyo presupuesto ascenderá a 110,731.5 millones de pesos, lo que como aquí se ha dicho, representa un promedio de 53 millones de pesos por escuela.
Quienes realizamos una campaña política, sabemos de la urgente necesidad que hay de dar mantenimiento a las escuelas, a fin de que nuestros hijos puedan ser educados en un ambiente propicio que coadyuve a su educación.
TRANSPORTE
No obstante no tener presupuestados recursos para la ampliación de la infraestructura del transporte público, se destaca que el Sistema del Transporte Colectivo (Metro), transportará 1,573 millones de pasajeros, lo que para lograrlo implicará dar 909,899 viajes al sistema en su red de 141 kilómetros con 2,304 carros.
Ruta 100 habrá de transportar 2,253 millones de pasajeros con sus unidades existentes.
Los transportes eléctricos, moverán 325 millones de pasajeros en trolebús y 25 millones en el tren ligero.
Todo esto con un presupuesto de 1 billón 354,008.1 millones de pesos. Esta cifra representa una disminución del 28% con respecto al año anterior, particularmente porque no se llevarán a cabo obras del Metro.
En este renglón es importante señalar que la comisión espera del regente la mayor brevedad posible, el programa integral del transporte a que hizo referencia en su comparecencia, ya que es de vital importancia que para cumplir con los programas que tiene que ver con el transporte, éste debe ser eficiente y suficiente.
La comisión siente que este programa, que tal vez sea con influencia metropolitana, cuenta con el apoyo del público en general, usuario cotidiano del servicio, ya que por la desorganización propia del Distrito Federal, es un servicio eminentemente sobreocupado.
Los programas que no son prioritarios, tiene asignación presupuestal suficiente, para cumplir satisfactoriamente con las metas propuestas, que si bien es cierto no serán de crecimiento con eficiencia, podrán cumplir con sus objetivos.
Honorable Asamblea:
Quiero destacar que las discusiones en la comisión del Distrito Federal, han tenido un gran altura y participación, han sido dirigidas diligentemente por su presidenta y han dado una gran participación a todos sus miembros, independientemente de la fracción parlamentaria que representen.
Se han escuchado todas las opiniones y se han incluido en el dictamen, los puntos de vista congruentes con nuestra realidad política y
económica, buscando siempre que el presupuesto que si bien es cierto es escaso, cubra satisfactoriamente las necesidades sociales de las clases más desprotegidas de nuestra sociedad.
Por lo anterior, pedimos sea aprobado el dictamen presentado a esta soberanía.
La C. Presidenta:- Tiene la palabra el diputado Miguel Aroche Parra.
El C. Miguel Aroche Parra:- Con la venia de la presidencia.
Quiero, para no desentonar, pedirle a la presidencia que el texto de mis palabras a pronunciar aquí, se integre al DIARIO de los DEBATES.
Mi voto es contra el dictamen.
La C. Presidenta:- Insértese en el DIARIO de los DEBATES el voto y la intervención del ciudadano diputado Miguel Aroche Parra, de la Corriente Democrática.
El C. Miguel Aroche Parra:- De la Corriente Democrática.
La. C. Presidenta:- Ya lo dije.
"Intervención de la fracción parlamentaria de la Corriente Democrática en la discusión del dictamen del Presupuestos de Egresos del Departamento del Distrito Federal.
Diputado Miguel Aroche Parra, 29 de diciembre de 1988.
La fracción parlamentaria de la Corriente Democrática, quiere, por principio, dejar establecido su criterio de rechazo global al dictamen de la Ley de Egresos del Departamento del Distrito Federal, porque ha sido elaborado a partir de un juicio exclusivo e inadmitible en torno a una política recesiva y de austeridad que impone el pago de la deuda pública, consecuentemente es sólo insuficiente para cubrir las necesidades básicas de la población, si no que no presenta siquiera alternativas para resolver problemas acumulados, y por el contrario impone políticas deshumanizadas, que literalmente racionan recursos financieros y servicios destinados a la mayor concentración urbana del mundo, cuyos contrastes sociales cada día son más pronunciados.
El propio regente, Manuel Camacho Solís, ha reconocido que ningún dinero sería suficiente para atender los graves problemas de la capital, a pesar de que ese dinero alcanza la suma de 5.8 billones de pesos. Y puede admitirse que no alcanza, por lo menos por tres razones: una, por el monto mismo de la suma 2 de dinero, que se devalúa por efecto de la inflación; dos, porque en muchos sentidos ese dinero se despilfarra, como es costumbre, por el aparato burocrático de alto nivel del Partido Revolucionario Institucional, herencia del anterior gobierno, y también porque, es el mismo Departamento del Distrito Federal, funcionarios medios perciben sueldos mensuales de entre seis y ocho millones de pesos, a los que se agregan las cantidades representadas por los bonos trimestrales de eficiencia y otros privilegios como el del automóvil oficial, chofer, gasolina, gastos de representación, algo parecido a lo que sucede en esta misma Cámara de Diputados, en donde el oficialismo se beneficia de indebidos privilegios, y aun se les hace objeto de regalos exclusivos, ¿como para abonar un ambiente menos tenso entre sus componentes?
Lo que en realidad determina la contradicción insoluble entre la insuficiencia del presupuesto y la magnitud creciente de los problemas de la población del Distrito Federal, es el carácter antidemocrático de la autoridad en esta entidad, que hoy se ve agravado con la ilegitimidad de quien le designó, a lo cual puede agregarse que sin la simpatía, colaboración y respaldo populares, efectivamente no habrá dinero que alcance, ni eficacia y suficiencia en los servicios urbanos, de lo que habría que concluir que es de absoluta necesidad tomar el camino hacia la erección del estado de Anáhuac, con la respectiva elección del gobernador y de los ayuntamientos del caso.
Por otra parte, hay que decir que resulta absolutamente ridículo y vergonzoso reclamar la aprobación del dictamen sobre la Ley de Egresos del Departamento del Distrito Federal en el que el gasto disminuye en términos reales, dado que su aumento nominal es del 15% pero la inflación prevista por el propio gobierno será en 1989 de 22%, de donde resulta un decremento de 5.7%. Existe a demás la circunstancia de que para hacer compatible, este presupuesto de egresos con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico, que resulta recesivo y antipopular como lo hemos apuntado, a lo más que llega es a intentar mantener el nivel de servicios, en una ciudad en que las carencias son estremecedoras; es un presupuesto que no "cumple con la programación y distribución de acciones y recursos destinados a mantener la cobertura de servicios" y no da "contenido al proyecto económico y social federal, con la firme intención de atacar algunas de las carencias que afectaban a la sociedad capitalina", quedando esta formulación en mera retórica.
En contraste con este excesivo empeño de austeridad, cercano a la vulgar tacañería, el gasto de seguridad pública resulta excesivo, ya que se eleva al 12.7% de presupuesto total, superior incluso al gasto en este mismo renglón para el conjunto del país. No se busca combatir la delincuencia y las conductas antisociales en sus causas estructurales, a saber: pobreza y atraso. Este gasto debería ser reducido sustancialmente porque no tiene otra finalidad que la de montar y mantener un proyecto represivo de contrainsurgencia, de la que constituyen una ominosa prueba los acontecimientos del penal de Tepic, hasta donde fueron aerotransportados fuerzas represivas procedentes del Distrito Federal. ¿O acaso puede considerarse este presupuesto para la seguridad pública en el Distrito Federal, plaza fuerte del cardenismo, como el presupuesto del miedo al pueblo, cuyo repudio terminante a esta política y al gobierno expresó el 6 de julio?
Por otra parte, las acciones y el presupuesto destinado para combatir la contaminación siguen siendo insuficientes y todas ellas llevan la marca de la indecisión y de la condescencia respecto de los responsables de la contaminación del medio ambiente en el Distrito Federal.
La inversión en transporte, es un renglón presupuestal que sufre una reducción real, e incluso se reconoce: " Para 1989 no se tienen presupuestados recursos para la ampliación de la infraestructura del transporte público, en virtud de que el Departamento del Distrito Federal se encuentra en una etapa de estudio." La reducción de este renglón, que asciende al 28% nominal, se explica desde la óptica oficial por la suspensión de las obras de ampliación del Metro, tan necesarias para nuestra ciudad; se prefiere promover el transporte privado, como lo demuestra también la limitación presupuestal no sólo del Metro, sino del Sistema de Transporte Eléctrico y de Ruta - 100, anulando así en la práctica el importante paso que representó la municipalización del transporte urbano, y, todo esto, se hace sin la menor consulta popular.
La Secretaría de Programación y Presupuesto se erige aquí también, como en el caso de Presupuesto Federal, en el único órgano no decisorio sobre el gasto público, tanto en lo que se refiere a cancelación de proyectos y programas, como en las trasferencias del gasto y sus calendarios y ejercicios, así como en la fijación final de sueldos y salarios.
La Corriente Democrática, reclama que todos estos aspectos de cambio, cancelación de programas, calendarios y decisiones de gastos del Distrito Federal sean conocidos, discutidos y decididos en esta Cámara de Diputados, tal y como está dispuesto en el texto constitucional.
El Presupuesto del Departamento del Distrito Federal, limita asimismo la creación de nuevas plazas, según se desprende de los artículos 15 y 17 del dictamen. ¿Cómo pues, es posible hacer compatible esto con la proclamada política de creación de nuevos empleos? ¿Se piensa lograr así la creación del millón de plazas anuales de trabajo que el país requiere?
La remuneración de los trabajadores y empleados del Departamento del Distrito Federal, según se desprende del artículo 16 del dictamen, queda también a cargo de la Secretaría de Programación, y Presupuesto, pero como en el caso anterior, relativo a la creación de plazas, ésta es una función que corresponde a la Cámara de Diputados y no a la Secretaría de Programación y Presupuesto.
El dictamen de la Ley de Egresos del Departamento del Distrito Federal, pretende introducir criterios de disciplina presupuestal y limitar erogaciones superfluas; sin embargo, esto no pasa de ser una buena intención, en la medida en que la estructura rígidamente burocrática del gobierno del Distrito Federal y sus poderes discrecionales, sumados a la inmensa corrupción oficial, permiten eludir estas limitaciones.
Un último aspecto particular del dictamen de la Ley de Egresos del Departamento del Distrito Federal lo hace inaceptable: la tendencia que busca y promueve la reprivatización de los servicios públicos urbanos, que se expresa explícitamente en el caso del transporte público, pero que de manera tácita se acepta para rubros tan importantes como lo son la recolección, transporte y tratamiento industrial de la basura, servicio del que se empieza a mencionar su eventual reprivatización; llegaríamos así a la situación que sólo tiene como antecedente a la mártir patria de Salvador Allende, aún bajo la bota militar de Augusto Pinochet. ¿Este es el modelo a que se aspira? ¿Un Estado en manos de capitalistas nacionales y extranjeros vigilado por un aparato político - militar represivo y contrainsurgente y bendecido por el alto clero católico apostólico y romano?
Si esto ha de ser así, ciertamente la perspectiva de nuestro país y de nuestro pueblo puede decirse que será muy obscura , si la insurgencia cívica no consigue culminar su labor de rescate de México del dominio gran burgués y proimperialista cuyo primer avance se dio el 6 de julio, hacia allá avanzan las fuerzas democráticas, nacionalistas y populares. Gracias.»
La C. Presidenta:- Tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Luege Tamargo.
El C. José Luis Luege Tamargo:- Ciudadana presidenta; honorable asamblea: El presupuesto de egresos de 1989....
(Desorden.)
La C. Presidenta:- Orden en la sala; orden y silencio en la sala.
El. C. José Luis Luege Tamargo:- El presupuesto de egresos de 1989......
(Voces.)
La C. Presidenta:- Orden y silencio en la sala. La presidencia ruega a los señores diputados, presten atención al orador y guarden el debido respeto al trabajo de esta Cámara de Diputados.
El C. José Luis Luege Tamargo:- ... El presupuesto de Egresos de 1989, del Departamento del Distrito Federal, resulta palabras más, palabras menos, copia fiel de los presupuestos de años anteriores con los mismos programas y objetivos, con las mismas carencias, con una cifra global y muy cercana a la de 1988; mayor sólo en el 4.6%, con incrementos sustanciales en seguridad pública, vivienda y agua potable y un decremento fuerte del 40% respecto a 1988 en transporte urbano. El presupuesto presenta una modalidad respecto a 1988, que consiste en agrupar a diez de los programas de los veintiún programas totales en cuatro ámbitos prioritarios, que según explican en la exposición de motivos responde a las legítimas demandas de la ciudadanía que manifestó su descontento y se reflejó en los resultados electorales, al respecto, opinamos lo siguiente:
Primero. Es cierto que en parte los resultados electorales manifestaron el descontento de la ciudadanía, quienes acusaron al mal gobierno de la degradación de la calidad de vida de los capitalinos, por falta de planeación y por exceso y malas administraciones.
Segundo. Esta modalidad de agrupar en cuatro ámbitos los programas, no cambia nada el contenido ni los criterios generales de los mismos respecto al año anterior; y por lo mismo afirmamos en Acción Nacional que no responde a los legítimos reclamos de la ciudadanía, quien evidentemente exigió cambios sustanciales.
Esta gran urbe, en la cual sobrevivimos alrededor de 18 millones de mexicanos, considerada la ciudad más grande del mundo, es también la ciudad con mayor número de problemas sin solución aparente. Un mounstro que castiga en forma implacable, que hostiga y complica las actividades del hombre, que desalienta y enferma, que envenena. Este fenómeno, muestra del desastre ecológico total, de la inconsciencia, la incivilidad y barbaries a las que el hombre puede llegar, es nuestra ciudad patético enfoque.
Este absurdo de ciudad, compañeros diputados, no es un fenómeno espontáneo y natural; es el producto de una serie de errores; de una concatenación casi interminable de hechos que parten de conceptos equivocados de gobierno; de un exacerbado centralismo; de la ausencia de división de poderes; del presidencialismo institucional que todo lo concentra; de la ausencia de vida republicana, de soberanía de los estados y autonomía municipal; de la pésima planeación en desarrollo urbano y asentamientos humanos; de la casi nula consistencia en programas de descentralización y desarrollo; de la infinita burocratización y de la eterna corrupción.
Estos problemas aunados a la falta de civismo y educación, a la apatía y despecho de los nuevos ciudadanos, nos encierra, compañeros diputados, en situación de emergencia.
Este presupuesto no responde definitivamente al legítimo reclamo de la ciudadanía y no deberíamos de autorizarlos puesto que nosotros, los representantes de la nación, somos responsables en cierta medida de canalizar estos reclamos legítimos hacia acciones concretas de gobierno.
Por eso afirmamos en el Partido Acción Nacional que tampoco responde a las grandes necesidades de la ciudad, porque está diseñado para que bajo la misma administración malpase un año más con el criterio de abrocharce el cinturón bajo las mismas directrices administrativas sólo producirá una degradación aún mayor de la calidad de vida y de los servicios.
Ciertamente los ámbitos prioritarios agrupan programas prioritarios también, pero sencillamente no atienden por ejemplo ni a la desconcentración ni a la descentralización. Esto no lo menciona ninguno de los veintiún programas.
(Gritos.)
La C. Presidenta:- Orden y silencio en la sala. Continúe el señor diputado.
El C. José Luis Luege Tamargo:- Gracias.
Es más, no esta ni siquiera en sintonía con lo expuesto por el licenciado Salinas en los motivos del presupuesto de la federación para 1989. El programa de desarrollo social, por ejemplo, busca fortalecer los municipios y los estados y el desarrollo coordinado de todas las entidades federativas. Esto, dicen, dentro del sector de solidaridad social.
"Para 1989, se afirma, se continuarán y profundizarán los trabajos que modifiquen la concentración de la ciudad de México. Apoyar la
en los estados. Impulsar la transferencias de áreas operativas y de servicios a los estados. Reubicar entidades, unidades administrativas y de personal en el interior. Agilizar la toma de decisiones".
Nada de esto vemos en el presupuesto para el Distrito Federal. Continúa el presupuesto de la federación y cita textualmente: "Eso además irá aparejado a la modernización de la administración pública, que consiste en fortalecer la función social del Estado y a mejorar su capacidad de servicio". Y dice "Será proceso permanentemente de transformación".
Palabras elocuentes del señor Presidente, pero sólo eso, porque basta observar la incongruencia, por ejemplo, del presupuesto de Egresos del Distrito Federal contra los presupuestos de los municipios conurbados del estado de México.
Mientras el Distrito Federal ejercerá 5.8 billones de pesos, los cuatro municipios principales: Naucalpan, Tlanepantla, Nezahualcóyotl y y Ecatepec, juntos, no llegarán siquiera a lo 0.5 billones de pesos.
Cabe recalcar que en estos cuatro municipios se concentra la industria del Valle de México y prácticamente los ocho millones de habitantes que se presumen viven en las zonas conurbadas. En estos municipios se produce la mayor contaminación que invade al Valle de México, tanto por la industria, como por la altísima afluencia de tránsito y la demanda de servicios.
Esta iniquidad, este absurdo, es la causa del crecimiento desorbitado de ciudades perdidas alrededor del Distrito Federal sin planeación, carentes de servicios básicos, donde se producen hacinamientos infrahumanos de miseria con todos sus problemas colaterales de delincuencia, drogadicción y promiscuidad.
El licenciado Camacho Solís habló de visión metropolitana, y el licenciado Salinas de modernización administrativa. Estos criterios sanos, en definitiva, no los contemplamos en el presupuesto de egresos para el Distrito Federal. Solamente como ejemplos para demostrar la mala planeación, veamos simplemente el programa 2 B, que se titula, " planeación de los asentamientos humanos", textualmente su objetivo central es: Organizar el crecimiento de la ciudad de México y su zona conurbada.....
Señorita presidenta, por favor pido orden.
La C. Presidenta: Ruego a los ciudadanos diputados ocupen sus respectivos lugares y presten atención al orador.
El C. José Luis Luege Tamargo:- El programa de Planeación de los asentamientos Humanos, textualmente su objetivo centrales: Organizar el crecimiento de la ciudad de México y su zona conurbada, y cita textualmente: " para el ejercicio de 1989 se pretende llevar a cabo ciento cuarenta y un estudios y proyectos. Que me perdonen los doctores en urbanismo, pero ya no bastan estudios solamente, hacen falta acciones concretas. Y a la ciudad de México deben frenar su crecimiento y luego debe crecer y esto no será vía control natal sino vía planeación inteligente, desincorporación y descentralización, señores diputados, esta ciudad no debe crecer más, estamos en un ínfimo territorio casi 25% de la población total de nuestra gran República.
Uno de los problemas más graves que aquejan al Distrito Federal en este momento es la contaminación ambiental, ciertamente uno de los cuatro ámbitos prioritarios del presupuesto, el ecológico así lo contempla.
Sin embargo juzguen ustedes, al programa prevención y control de la contaminación, ambiental se le asigna 27,759.9 millones y si analizamos el programático al subprograma 01 que se titula estudio y proyectos se le asignan 25 mil 693.3 millones, esto es el 92.5% del presupuesto total para ese programa durante 1989, esto no debería permitirse; repito, requerimos acciones, véase en este mismo programa al subprograma 05 que se titula campaña, se le asigna solamente mil once millones de pesos que representan el 3.6%, el criterio está invertido.
La contaminación del Distrito Federal no va a desaparecer por decreto presidencial ni por exceso de estudios, si no por la acción coordinada de autoridades y de la ciudadanía. Por lo mismo se requiere de campañas, campañas publicitarias intensivas por todos los medios masivos de comunicación y educativos a través de todas las asociaciones para invitar a la concientización y a la participación ciudadana. Hay incongruencia en los programas.
Veamos otro problema grave de la ciudad de México y muy ligado a la de la contaminación ambiental: el transporte urbano, del cual no me voy a extender porque aquí se trató. Este programa, el más alto, con 1 billón 354 mil 8 millones y el 23.3% del total del presupuesto global y se reduce en 40% respecto a 1988 y sólo ve el mantenimiento de la planta vehícular y no mejoras al sistema ni la adquisición de unidades nuevas. El subsidio además al transporte asciende acerca de los 900 mil millones.
Por otro lado el jefe del departamento anuncia dentro de las ocho medidas contra la infición en el
Valle de México, primero el retiro de vehículos ostensiblemente contaminantes a partir del 9 de enero.
Segundo, la limitación obligatoria hasta un 20% del uso del automóvil, particular, a partir de la nueva calcomanía. Estas medidas automáticamente crean una demanda adicional que no podrá cubrir el ya de por sí deficitario transporte público. La campaña "comparte tu auto" podrá ayudar, pero no es suficiente. No hay congruencia con el programa de transporte; se menciona en el departamento de un plan integral de transporte urbano y que se prestará en los primeros meses.
Bien, pero entonces no deben aplicarse medidas hasta entonces. Volviendo al problema de la contaminación se prevé en el programa de contaminación ambiental la verificación de los ocho cientos mil vehículos. Esto suponiendo que funcionasen con eficacia los treinta y nueve centros de verificación, es imposible que se efectúe en un año. Habrá que esperar varios años para que todos lo vehículos particulares puedan verificarse. Obviamente requerimos otros criterios de acción. La medida de restricción del uso del automóvil particular se basa en una afirmación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en el sentido de que la contaminación en el Valle de México se produce en las siguientes proporciones: Tolvaneras, basuras y fecalismo ambiental, 5%, industria, 15%; vehículos automotores, 80%; que me perdonen también los señores de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología pero hace pocos años las proporciones eran diferentes, se hablaba de 33% y una tercera parte en el mismo sentido en cada uno de los rubros. ¿Cuál es la proporción verdadera?
Además de los vehículos automotores, el auto particular en general tiene mayor mantenimiento y menor uso, por lo mismo contamina menos. Ruta - 100, combis, transportes de carga, repartidores, patrullas, grúas, vehículos oficiales, motonetas, etcétera, analizando el concepto hora - uso vehículos, estos últimos aumentan su proporción respecto del auto particular, casi a los mismos niveles; sin embargo las medidas se aplican sólo a los autos particulares.
No estamos en contra de las medidas anunciadas, son necesarias debido a la gravedad del problema; no estamos, sin embargo de acuerdo en la forma en que se maneja la información y definitivamente en la actitud de sancionar a los particulares cuando son las mismas autoridades las que infringen los reglamentos, y en este caso las medidas contra la infición en el Valle de México.
Vemos que no hay siquiera concordancia entre las acciones que ya está tomando el Ejecutivo y la asignación de gastos al presupuesto de 1989.
Por otra parte, en el programa abasto y comercialización al que se asignan 138 mil millones, aparece en la exposición de motivos el anuncio de un nuevo programa de asistencia popular que consiste en el abasto de productos básicos a 600 grupos organizados, mediante el sistema de bonos en 120 establecimientos.
Nos parece justo apoyar a la gente más necesitada, es justo y es muy urgente. Nos preocupa, sin embargo, que persista aún la actitud infamante por parte de las autoridades de permitir que el tortibono y la leche se sigan condicionando a la presentación de la credencial de un partido político. ¿Se continuará con este nuevo bono esta conducta denigrante?
Compañeros diputados: Los grandes problemas del Distrito federal nos afectan a todos. Juntos tendremos que trabajar arduamente en su solución, nuestro papel no puede ser en el futuro el aprobar un presupuesto al vapor y de noche o madrugada. Es una grave responsabilidad el revisar, a fondo, la asignación del presupuesto y su vigilancia y, principalmente, cuidar que atienda a las grandes necesidades y a los legítimos reclamos de la ciudadanía, especialmente de los más pobres y de los marginados.
Adoptemos, pues, la actitud altísima de representantes de la nación y no la actitud sumisa e incondicional al Ejecutivo. Esta ciudad nuestra es la ciudad de nuestros hijos. Muchas gracias.
La C. Presidenta:- Tiene la palabra el ciudadano diputado Fructuoso López Cárdenas.
El C. Fructuoso López Cárdenas:- Ciudadana presidenta; honorable asamblea: por respeto a los altísimos trabajos físicos que hemos tenido en este día, quisiera rogar si ustedes me lo permiten, que mi intervención se inserte en el DIARIO de los DEBATES, y agradecer desde aquí la cooperación de todas las fracciones parlamentarias en los trabajos de la comisión, que permitieron coincidencias y aciertos que por fortuna se han dado ahora.
Ciudadana presidenta: Honorable asamblea: Hemos escuchado con detenimiento la intervención de los diferentes compañeros diputados que han hecho uso de la palabra y por fortuna podemos observar que dentro de las limitaciones que ofrece este presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para 1989, ha habido consenso en varios aspectos fundamentales que demuestran que
de alguna manera hemos podido coincidir en asuntos fundamentales para la vida de la ciudad; así hemos visto que el programa de seguridad pública, el del aspecto ecológico, el del bienestar social, el de transporte, han sido atendidos y señalados como prioritarios. El Departamento del Distrito Federal, absorbiendo las necesidades y posibilidades reales de cada sector, deben seguir fortaleciendo las labores de actualización y operación de sus propios mecanismos.
La supresión de ciertas obras viales no implica necesariamente su descuido, sino su aplazamiento, con el objeto de que los recursos destinados a estos trabajos se dediquen y encaucen a otros rubros de interés para la población del Distrito Federal; así pues el eje vial diez sur; el distribuidor vial Reforma Constituyentes; el puente vehícular urbano Nezahualpilli; el puente vehícular circuito interior - eje tres oriente; el puente vehícular circuito interior - Molinos; el puente vehicular San Francisco Moras; distribuidor circuito Interior - Insurgentes y algunos pasos peatonales no por dejar de ser importantes, han tenido que detenerse en su construcción para poder atender otras prioridades.
De esta manera hemos podido lograr ampliar y reforzar la planta educativa en el Distrito Federal mediante la construcción y sobre todo la conservación de escuelas, destinando a este rubro 63 mil 300 millones de pesos adicionales.
Por otra parte, aun cuando no con la importancia que debiera y quisiéramos atender el grave problema de la seguridad que es reclamo insistente de la ciudadanía del Distrito Federal, se logró la incorporación de los ingresos y gastos que corresponden a las policías auxiliar y bancaria y aún más, incrementamos cantidades que coadyuvan necesariamente al apoyo de la búsqueda insistente de una mejor seguridad pública.
Conveniente es subrayar que para apoyar los programas de salud pública se destinan también 10 mil millones de pesos más, pues no hay que olvidar que gran parte de la población del Distrito Federal que no cuenta con el apoyo de las instituciones de salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social o Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, recargan la posibilidad de ayudar en los hospitales y centros de salud que opera el Departamento del Distrito Federal.
De ahí la importancia de que en este rubro se soporten económicamente las acciones del propio departamento. En el ámbito ecológico y dada la importancia del propio programa, el porcentaje se aumenta sustancialmente y vale la pena subrayar desde ahora la necesidad de incrementarlo en lo futuro y se subrayan en otros documentos las acciones diversas que el departamento debe poner en práctica a la mayor brevedad.
Referente al cumplimiento de la deuda externa y gracias al convenio de rehabilitación financiera, celebrado con el gobierno federal en 1986, se han designado cada vez menores recursos para el pago de la deuda, observando que el 10% en 1986, ahora se destina el 3%.
El señalar los rubros de seguridad pública, ecología, bienestar social y transporte, como prioridades, no implica necesariamente que otros carezcan de cuidado en su fortalecimiento, por eso es menester que el Departamento del Distrito Federal procure una administración más eficiente y fundamentalmente respetar y alentar una mayor participación ciudadana.
Insistimos en que aun cuando hay un aumento en los recursos asignados al programa de seguridad pública, se requiere necesariamente contemplar para el futuro un mayor apoyo a este rubro tan delicado y por otra parte coadyuvar tal y como se refleja en el propio dictamen, apoyos a la administración de justicia, pues no hay que olvidar que en forma importante radica en este rubro un importante segmento de la seguridad pública, es aquí donde pensamos que en forma coyuntural se puede establecer un principio importante de la estabilidad y la paz social.
Como puede observarse, se continuarán más obras materiales del Tribunal Superior de Justicia, ubicado en Niños Héroes y en forma total se incremento en 6 mil millones el apoyo a la administración de justicia.
Independientemente de los trabajos de atención a las zonas forestales del Desierto de los Leones, la verificación de vehículos anticontaminantes, la rehabilitación de los centros de verificación de vehículos, etcétera, conviene subrayar el cuidado que deberá tenerse en la recolección de los desechos sólidos, por lo que valdría la pena recapacitar en la posibilidad de que en caso de que se tuvieran recursos adicionales, parte de ellos reforzarán aún más este programa.
Cierto es que parte importante del éxito de este programa recae en el buen funcionamiento de hábitos ciudadanos que coadyuven a su mejor éxito.
En cuanto al fomento de la producción y protección forestal, valdría la pena que desde ahora se contemplara la posibilidad que los árboles que se pretenden sembrar tenga el mantenimiento y cuidado necesarios, pues de lo contrario el
esfuerzo físico y financiero en este rubro podrá perderse en gran medida.
Aun cuando el Departamento del Distrito Federal no es instrumento definitivo en el programa de vivienda, desde ahora apuntamos la posibilidad de un reforzamiento a este programa, sin dejar de reconocer que el presupuesto asignado para este año es muy superior a la asignación presupuestal del año anterior y coordinar debidamente las acciones con otras instituciones para buscar el mismo objetivo.
Mención especial merece que hayamos coincidido con diferentes representantes de los partidos de oposición en el reforzamiento del apoyo del mejoramiento de la planta física educativa, éxitos por cierto de pasada legislatura y que ahora con vehemencia ha sido señalada como necesidad prioritaria en el propio dictamen. Como se podrá observar, en términos generales existe un promedio de 53.9 millones de pesos por escuela para su mantenimiento y/o rehabilitación que esperamos pueda coadyuvar en forma importante a que se cuente cada día con mejores instrumentos materiales para la educación.
Renglón aparte merece el ámbito del transporte urbano. De muchos es conocido la importancia que éste tiene en la vida colectiva de la ciudad de México; de ahí nuestra preocupación por la imperiosa necesidad de coordinación en un programa integrado que busque los mejores objetivos para el transporte público metropolitano y desde ahora apuntar lo que ya se ha comentado aquí en relación a la posibilidad de que en caso de ser posible y tomando en consideración la situación económica del país, pueda incrementarse el apoyo para este programa o bien contemplar desde ahora la posibilidad de una forma de solución compartida, con el apoyo de otros elementos de la sociedad.
Hay una razón fundamental para la disminución de este programa en 28% con respecto a la original del año anterior y ésta tiene su razón de ser en la necesidad de terminar los estudios correspondientes al programa metropolitano del transporte .
Convendría aquí volver a señalar la estructuración de un organismo metropolitano del transporte, comentario hecho de nuestro conocimiento aquí en pasadas reuniones.
Aun cuando pareciera no ser muy importante la participación del Departamento del Distrito Federal, es necesario señalar que la presencia de almacenes del departamento, farmacias populares, lecherías y mantenimiento de mercados, coadyuvan directamente al bienestar de las familias de escasos recursos; de ahí el apoyo para este programa que canaliza 138 mil 320.4 millones de pesos.
Demanda importante es la regularización de la tenencia de la tierra, de ahí que se pretendan entregar 55 mil documentos que acreditarán la posesión de los terrenos o viviendas irregulares; pero es menester desde ahora señalar que en tanto no se implementen medidas para detener el crecimiento irregular de la mancha urbana, vía fraccionadores fraudulentos o alguna otra forma de ocupación de terrenos, los esfuerzos en este sentido tendrán un menor impacto a lo esperado. En cuanto a agua potable y drenaje, vale la pena subrayar que aun cuando el esfuerzo que se realizó es de importante consideración, desde ahora apuntamos la necesidad de que para el próximo presupuesto haya recursos destinados a este rubro, fundamentalmente en lo que se refiere a tratamiento y reuso de aguas negras.
Por último y con el objeto de dejar precisadas algunas ideas, valdría la pena comentar que el éxito de la administración del Departamento del Distrito Federal tendrá un importante soporte en la participación ciudadana en las decisiones y una mayor posibilidad de éxito en una orientación eficaz del uso de los recursos sin olvidar la necesaria racionalización, austeridad y disciplina presupuestal que permitirá un mejor y mayor aprovechamiento de los recursos.
Desde ahora apuntamos la necesidad de que busquemos caminos más eficaces que nos permitan tener la posibilidad de mayores recursos tendientes a elevar el bienestar de la población del Distrito Federal.
Muchísimas gracias y un feliz año. (Aplausos).
La C. Presidenta: - Consulte la secretaría si el dictamen se encuentra suficientemente discutido.
El C. secretario Ismael Orozco Loreto: - En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo Suficientemente discutido.
La C. Presidenta: - Para los efectos del artículo 134 del reglamento, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
Voces: - ¡No! ¡No!
Proceda entonces la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
El C. secretario Ismael Orozco Loreto: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. Se ruega a la Oficialía mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación).
El C. prosecretario Juan Jaime Hernández: - Se emitieron 256 votos en pro, 125 en contra.
La C. Presidenta: - Aprobado en lo general y en lo particular por 256 votos, el presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para 1989.
El C. secretario José Murat C.: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
INICIATIVAS DE DIPUTADOS
ADICIÓN AL ARTÍCULO 107 CONSTITUCIONAL
La C. Presidenta: - Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Gaudencio Vera, para presentar una iniciativa de ley.
El C. Gaudencio Vera Vera: - Con la venia de la presidencia; honorable asamblea; ciudadana presidenta de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión: Los que suscriben, diputados a la LIV Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de la asamblea de esta honorable Cámara, la presente iniciativa de adición de una fracción XIX al artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para hacer procedente el Juicio de Amparo en contra de las determinaciones de trámite o de fondo que pongan fin al procedimiento y que sean dictadas por tribunales electorales u otros organismos comiciales.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Acción Nacional ha venido sosteniendo que deben ser impugnables las resoluciones de los organismos electorales, en cuanto sea necesario para respetar las garantías de legalidad y audiencia y obtener una decisión que evite se consume un acto que pueda dañar irreparablemente el proceso electoral.
Es necesario recordar que el cuarto párrafo del artículo 60 de la Constitución establece, en forma genérica, que será improcedente el juicio de amparo en contra de todas las resoluciones dictadas por los Colegios Electorales al señalar que todas las resoluciones de los mismos "tendrán el carácter de definitivas e inatacables".
De igual forma la Ley de Amparo, que desde luego tendrá que ser modificada en forma acorde, establece en el artículo 73, fracción VII, que el juicio de amparo es improcedente "contra las resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral".
Es de hacerse notar que el artículo 107 de nuestra Constitución, no establece como casual de improcedencia de la demanda de amparo, el que se impugnen resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral.
Sobre este particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por jurisprudencia firme, ha considerado que "la violación de los derechos políticos no da lugar al juicio de amparo porque no trata de garantías individuales". (tesis 128, Apéndice 1917- 85- 8a. parte.)
sin embargo, esta jurisprudencia no ha sido aplicada por la corte en determinados casos en los que considera que "aun cuando se trate de derechos políticos, si el acto que se reclama puede entrañar también la violación de garantías individuales, hecho que no se puede juzgar a priori, la demanda de amparo relativa debe admitirse y tramitarse para establecer, en la sentencia definitiva, las proposiciones conducentes".
Si se aprueba la propuesta de Acción Nacional de una adición a la Constitución para adoptar los derechos políticos como garantías individuales, y por otro lado, se modifica la competencia en materia de calificación de elecciones por parte del Tribunal Federal de Electores y de la Cámara de Diputados y Senadores, será necesario el establecer un procedimiento adecuado para controlar los actos de autoridad que sean violatorios de garantías individuales.
En virtud de lo anterior, se propone como medio de control de la constitucionalidad de los actos emitidos, tanto por el Tribunal Federal de Elecciones como por los tribunales electorales estatales y por el Consejo Federal del Sufragio, la procedencia del juicio de amparo en materia electoral.
Con el objeto de que se puedan combatir los actos de autoridad que sean inconstitucionales, se propone sea procedente el juicio de amparo en contra de las determinaciones de trámite o de fondo que pongan fin al procedimiento y que sean dictados por el Tribunal Federal de Elecciones o por los tribunales electorales de los estados.
En este sentido, es necesario comentar que las determinaciones que dicte el Consejo Federal del Sufragio, deberán de ser impugnables ante el Tribunal Federal de Elecciones con el objeto de agotar el principio de definitividad.
Aun cuando esto será materia de la ley que regule la procedencia de recursos ante el Tribunal Federal de Elecciones, es necesario el apuntar lo anterior para circunscribir la procedencia del juicio de amparo sólo contra las determinaciones y resoluciones dictadas por el Tribunal Federal de Elecciones y los tribunales electorales estatales y excepcionalmente por otros organismos electorales.
Se considera conveniente, por economía procesal, que el juicio de amparo proceda contra las determinaciones que pongan fin al procedimiento, ya sea que entren al fondo del negocio o no.
El juicio de amparo deberá proceder únicamente contra las violaciones a las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídicas.
El procedimiento deberá ser de estricto derecho y se sugiere se ventile ante los jueces de Distrito en Materia Administrativa.
Por la importancia de este tipo de amparo, el procedimiento deberá ser sumario, estableciéndose un plazo perentorio para su interposición de 48 horas y un plazo igual para la celebración de una audiencia de pruebas y alegatos para que, dentro del término de las siguientes 48 horas, se dicte la resolución definitiva.
La resolución dictada por el juez de distrito podrá ser objeto de un recurso de revisión ante los tribunales colegiados que deberá interponerse dentro de las 24 horas siguientes, ante el juzgado que emita la resolución, y será resuelto por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Turno que corresponda, dentro de un plazo de 48 horas.
Durante la sustanciación del juicio de amparo, deberá suspenderse la ejecución de los actos reclamados hasta en tanto se dicte la resolución respectiva, que tendrá como efecto el revocar el acto impugnado, para el efecto de que se dicte uno nuevo conforme a derecho. Creemos que debidamente planteado y, dentro de las limitaciones que le son propias, el amparo en materia política pudo, puede y debe ser todavía, un factor de
evolución y un elemento de equilibrio, que si no es ni será el único, ni el definitivo, puede contribuir en cierto grado a realizar una auténtica vida institucional y a regularizarla; y que, por consiguiente debe procurarse dar forma a ese factor y ponerlo en movimiento para que llene la función que le corresponde y que indebidamente ha quedado incumplida hasta ahora.
Por otro lado, debe haber congruencia entre la legislación vigente del país, y lo que se externa internacionalmente, ya que México ha suscrito convenios internacionales en los que en forma expresa se reconoce que los derechos políticos son derechos del hombre y por lo tanto deben ser garantizados.
El Constituyente de 1917, al instituir el juicio de garantías, lo hizo para protección de los mismos derechos que marca la Constitución, y los derechos políticos no pueden quedar fuera de esta protección; por lo tanto es perfectamente procedente este juicio para reparar las violaciones cometidas por las autoridades en materia política.
Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
«PROYECTO DE DECRETO
Único. Se adiciona con una fracción XIX el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los siguientes términos:
Artículo 107..................................................................
I a XVIII......................................................................
XIX. En materia política el amparo procede, cuando se reclamen por particulares o partidos políticos, determinaciones de trámite o de fondo que pongan fin al procedimiento y que sean dictadas por los tribunales de elecciones u organismos electorales, federales o locales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal; se promoverán ante el juez de distrito que corresponda.
Transitorio. Aprobada que sea esta iniciativa por el Constituyente Permanente, entrará en vigor a los 15 días después de su publicación.
Salón de sesiones de la H. Cámara de Diputados, a 28 de diciembre de 1988.- Diputados : Juan Miguel Alcántara Soria, Hiram Escudero Alvarez, Gildardo Gómez Verónica, Fernando Antonio Lozano Gracia, Juan José Medrano Castillo, María del Carmen Segura de Zepeda, Eugenio Ortíz
Walls, Gerardo de Jesús Arellano Aguilar, Juan Antonio García Villa, Donaciano Ambrosio Velasco, Jorge del Rincón Bernal y Gaudencio Vera Vera.»
La C. Presidenta: - Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
PROYECTO DE LEY SOBRE HOSTIGAMIENTO SEXUAL CONTRA LAS MUJERES EN EL
ÁMBITO LABORAL
Para presentar una iniciativa tiene la palabra la ciudadana diputada Hilda Anderson Nevárez.
La C. Hilda Anderson Nevárez de Rojas:
- Señora Presidenta, con su venia; compañeras y compañeros diputados: Haré una breve exposición de motivos sobre un proyecto de ley, sobre hostigamiento sexual contra las mujeres en el ámbito laboral.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La mujer mexicana ha alcanzado la igualdad jurídica a través del artículo 4o. constitucional, la mujer y el varón son iguales ante la ley; sin embargo en el ámbito sexual se ha abusado de sus debilidades culturales y físicas, ya sea por la violencia, ya sea aprovechando sus necesidades de orden personal o su inexperiencia, para tratar de obtener alguna ventaja en el terreno erótico.
Sin embargo, el desarrollo social en este ámbito presenta contradicciones. En el área jurídica penal, siempre se ha pretendido proteger a la mujer de los abusos de índole sexual de que ha sido objeto, y con ese propósito aparecen figuras delictivas desde los primeros códigos penales, que sancionan conductas como: la violación, el estupro, el rapto, los atentados al pudor, el incesto y el adulterio.
El acelerado proceso de desarrollo del país y las condiciones de la vida moderna, han traído como consecuencia un notorio incremento del hostigamiento sexual contra las mujeres en el ámbito laboral; por lo que se hace necesaria la formulación de una iniciativa de ley sobre esta materia que tutela intereses o bienes jurídicos de naturaleza sexual, que hasta el momento no ha recogido el legislador mexicano.
Marco de referencia
Se tiene la convicción de que el abuso sexual y el hostigamiento a los que se ve sometida la mujer cuando pretende trabajar o alcanzar mejores niveles de vida, constituyen un serio problema social.
Se piensa asimismo, que la necesidad económica con frecuencia inclina a la mujer a la degradación, a aceptar una relación sexual que en el fondo no sólo rechaza, sino que la siente humillante.
También se afirma que estos hechos degradantes, en muchas ocasiones provocan problemas más graves, como el embarazo no deseado y hasta la prostitución.
La conceptualización y discusión de hostigamiento sexual, han sido fundamentalmente relacionadas con el problema de la igualdad económica y social, considerándolo como otra de las manifestaciones de la relaciones desiguales que se dan entre los sexos y que causa serios problemas y efectos sobre el trabajo productivo y la constitución psicológica de quien lo recibe, y que si bien es cierto, no es un problema nuevo, se le trivializa y se le considera como una acción de responsabilidad estrictamente personal, tanto por parte del que la ejerce del que la recibe.
En la actualidad, el hostigamiento sexual se puede describir como una imposición no deseada de requerimientos sexuales, en el contexto de una relación desigual de poder, esta última derivada de la posibilidad de dar beneficios o de imponer privaciones. En síntesis podemos concluir que el hostigamiento sexual se caracteriza por cuatro aspectos básicos:
a) Acciones sexuales no recíprocas. Que son conductas verbales o físicas que contienen aspectos relacionados con la sexualidad, las cuales son recibidas por alguien, sin ser bienvenidas ni recíprocas (estas conductas pueden ser: gestos y miradas lascivas, presiones para una cita, bromas o comentarios sexuales, insinuaciones o proposiciones directas, de tener relaciones sexuales, rozamientos, caricias, pellizcos, apretones, abrazos o besos, verse acorraladas en un lugar, etcétera).
b) Coerción Sexual. Esta se refiere a la intención de causar alguna forma de perjuicio o proporcionar algún beneficio a alguien, por aceptar o rechazar las acciones sexuales.
c) Evaluación Negativa. Son acciones vistas como reprobables o no deseables dentro del contexto laboral.
d) Sentimientos Displacenteros. El impacto que tienen en quien las recibe, las hace sentirse insatisfechas, molestas, humilladas y deprimidas.
Tenemos entonces, que el hostigamiento sexual lo es, en términos de que produce inconformidad o molestia y se asocia a consecuencias positivas o negativas hacia quien lo recibe en el ámbito laboral.
Generalmente, las mujeres son las principales víctimas del hostigamiento sexual, aunque ciertos hombres se consideran igualmente víctimas del mismo. Sin embargo, las mujeres, dada su situación en el mercado laboral, son más vulnerables pues a pesar de las leyes en contra de la discriminación respecto a la igualdad de derechos de la mujer y el varón, existentes en nuestro país, las mujeres siguen confinadas en los empleos con bajos salarios, poco calificados o poco considerados, mientras que los hombres predominan en los mejor pagados, los puestos de mando y de control.
El hostigamiento sexual de la mujer en su empleo se presenta cuando los superiores, jefes o compañeros de trabajo, inician propuestas sexuales hacia ellas o fomentan este tipo de conductas entre los empleados, observándose la carencia de reciprocidad de la mujer, la que se expresa en forma de rechazo o aversión, que no logra impedir que el hostigamiento se siga presentando; por el contrario, éste se intensifica y se repite muchas veces, como resultado de la venganza por no obtener el fin deseado.
De esta forma, el hostigamiento puede ser resumido en tres acciones básicas, que se encuentran relacionadas entre sí, las cuales son:
a) Aparición de algún incidente o proposición sexual.
b) La aceptación o rechazo de la víctima del incidente o proposición, y
c) Las consecuencias positivas o negativas que recibirá la víctima por aceptar o rechazar el incidente o proposición.
Por su parte, es indudable que la mujer es hostigada no sólo en su centro de trabajo, sino también en los transportes colectivos, escuelas e incluso en las universidades; en éstas, por ejemplo, hay maestros que niegan la calificación a la alumna que no acepta una "invitación"; mujeres que son agredidas verbal o físicamente cuando esperan un camión o manejan su automóvil. Sin embargo, es el ámbito laboral donde resulta de mayor interés abordar este problema porque es aquí donde las mujeres luchan por conseguir su independencia económica, y a través de ella su independencia integral.
Ahora bien, el posible trasfondo y origen del hostigamiento sexual, radica en que históricamente la división del trabajo, con la consiguiente asignación de funciones y tareas para hombres y mujeres, se ha establecido a partir del sexo a que se pertenezca, derivándose de ello los llamados roles o papeles sexuales. Esta división de papeles conlleva una desigualdad de oportunidades, que se traduce en una subordinación por parte de las mujeres hacia la sociedad. Es así como a la mujer se le han asignado, como papeles primordiales o únicos, los de esposa - madre - ama de casa, circunscribiéndola básicamente al ámbito doméstico. Desde el momento mismo en que nace se le va entrenando, a través de los diferentes agentes de socialización (familia, educación formal, religión y medios de comunicación), a que asimile que son ésas las funciones para las que está capacitada, es decir, que por "naturaleza", eso es lo que le corresponde realizar y que aunado a esto, tiene que adoptar diversas "cualidades femeninas", como la sumisión, docilidad, obediencia y seducción, entre otras.
Esta diferencia de papeles o funciones entre los sexos, ha situado a las mujeres en una condición de subordinación y discriminación, violándose con ello los más elementales derechos humanos, como son la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en la educación, empleo, salario, participación, derecho al ejercicio y goce de la sexualidad, etcétera.
Ahora bien, algunas investigaciones realizadas, nos muestran que las mujeres que sufren más hostigamiento, son las de los estratos sociales más desfavorecidos, con menos escolaridad, que trabajan en aquellas actividades consideradas "exclusivas" para los varones, que se encuentran entre los 20 y 30 años de edad, las que se han divorciado, las solteras, las viudas y las casadas, en ese orden.
Es evidente, que el hostigamiento sexual interfiere en el desarrollo y la ejecución del trabajo de la mujer y que genera actitudes intimidatorias y ofensivas, creando como consecuencia un medio ambiente laboral tenso.
Al igual que en la violación, la mujer hostigada sexualmente experimenta sentimientos significativos del impacto social que le ocasiona todo esto, como es el sentirse humillada, degradada, avergonzada, turbada, poco valorada, enojada, etcétera. Es importante mencionar también que una de las primeras reacciones de la mujer al ser hostigada, es sentir el incidente como derivado de una culpa propia, pues cree que hizo algo para provocarlo.
El impacto psicológico que causa el hostigamiento sexual en la mujer trabajadora, se ha observado que disminuye la confianza que ésta puede sentir hacia sus compañeros de trabajo, sus aspiraciones respecto a posibles promociones y principalmente, la ejecución de sus labores, así como la percepción de su propia identidad. Además, se pueden presentar otros efectos, como la ansiedad, tensión, exaltación y tics nerviosos de toda clase, (achaques y dolores que pueden ser leves o devastadores; éstas son algunas de las respuestas del cuerpo humano a las presiones a que miles de mujeres se ven sometidas y deben enfrentar diariamente).
Por su parte, el hombre (el hostigador), considera esta situación (el hostigamiento), como algo que lo halaga, porque ella lo ha provocado. Situación muy similar al argumento de que la mujer ha sido violada porque ella así lo quiso.
Por todo lo expuesto, considerando la creciente participación de la mujer en las actividades económicas de nuestro país y tomando en cuenta que a mayor número de mujeres trabajadoras, mayor hostigamiento sexual existe hacia ellas, es necesario, como se dijo anteriormente, legislar sobre el particular, a fin de evitar esta práctica, que en la actualidad mantiene a la mujer trabajadora mexicana abandonada a su suerte y sin tener defensa legal.
Para poder legislar sobre el hostigamiento sexual, es necesario abordar el problema desde el punto de vista social, político y psicológico; por ello, habrá que considerar en qué contexto de valores sociales (entendiéndose por éstos los de carácter moral, sexual, familiar y otros), se ubica el hostigamiento sexual.
Tomando en cuenta, que la importancia que la mujer juega en la reproducción de toda la sociedad, tiene su lugar fundamentalmente en la familia, ha hecho como ya hemos visto, que se le confieran roles específicos y limitados, que tienen que ver directamente con sus funciones de esposa y de madre.
Nos preocupa el hostigamiento sexual, tanto por la frecuencia con que se presenta, como por la manera en que en este acto es considerada la mujer.
El hostigamiento sexual laboral se configura en el momento en que un individuo abusando de un nivel jerárquico superior al de la trabajadora, de poder, de género, etcétera, impone por medio de la violencia moral, principalmente, una serie de demandas sexuales. El análisis de lo anterior, nos lleva necesariamente a centrar la atención en dos de sus elementos constitutivos fundamentales, como son la violencia moral y la relación desigual de poder, cuya manifestación atenta contra la integridad de la mujer, provocando una desestabilización en su persona.
Este acto puede provocar efectos no sólo en la sexualidad de la mujer, en sentido estricto, sino en todas las demás esferas de la vida, es decir, en sus relaciones con la familia, en su situación laboral, en sus relaciones interpersonales y en general, le causa perjuicios que se manifiestan en su vida cotidiana. Al no ser únicamente la sexualidad de la persona la que se ve afectada, el hostigamiento puede trastornar la identidad, hábitos y funcionamiento de ésta en su conjunto.
Partiendo de lo anterior, creemos que el hostigamiento sexual, deberá ser considerado como un delito contra la integridad personal, entendiéndose por ésta, el conjunto de elementos físicos, emocionales y sociales que convergen en la vida de la mujer. En estas condiciones el hostigamiento sexual afecta el espacio corporal, ya que invade, contra la voluntad, el cuerpo (elemento físico); además, la humillación que implica esta acción, repercute en los sentimientos, emociones, conceptos de sí misma (elementos emocionales) y, por último, lesiona su interacción con los demás, a través de las esferas antes mencionadas: familiar, laboral, social (elementos sociales).
Tomando en cuenta que el hostigamiento sexual contra las mujeres en el ámbito laboral, ocurre con bastante frecuencia, el legislador, inspirado por la necesidad social, deberá instrumentar todo un sistema de medidas preventivas que tiendan a cancelar este acto antisocial, además de establecer la pena respectiva, en el Código correspondiente, para quienes contravengan lo dispuesto en el artículo 260- bis, que a continuación proponemos reformar en el Título Decimoquinto, Delitos Sexuales, Capítulo I de dicho ordenamiento legal, como sigue:
TITULO DECIMOQUINTO
Delitos sexuales
CAPITULO I
Atentados al pudor, hostigamiento sexual, estupro y violación.
Artículo 260- bis. Al que abusando de un nivel jerárquico superior, hostigue a una persona, por medio de la violencia moral, con una serie de requerimientos sexuales no deseados, se le aplicarán de seis meses a cuatro años de prisión y
multa de tres a cinco salarios mínimos mensuales.
Diputada Hilda Anderson Nevárez de Rojas, del Sector Obrero del Partido Revolucionario Institucional.
La C. Presidenta: - Recibo y túrnese a la Comisión de Justicia.
Tiene la palabra el ciudadano diputado Humberto Esqueda.
(Por ausentarse en el salón de sesiones pasa a ocupar el último lugar en el turno de oradores.)
DE LAS OLIMPIADAS EN SEÚL
Tiene la palabra el ciudadano diputado Jorge del Rincón Bernal.
El C. Jorge del Rincón Bernal: - Con la venia de la presidencia; compañeros diputados: Solamente les voy a tomar unos poquitos minutos y si lo hago es porque no me siento responsable de los métodos sadomasoquistas que aquí se usan para trabajar o para legislar; ni tampoco me siento responsable porque presenté una proposición en el mes de octubre y se quedó archivada en la Comisión de Educación y Deportes.
Entonces esta proposición es en el sentido de que vuelva a tener trámite esta proposición.
En el mes de septiembre se realizaron las olimpiadas en Seúl, Corea. Todos sabemos de los resultados tan magros que obtuvieron nuestros deportistas.
Preocupado por aquella situación y leyendo la prensa deportiva, me di cuenta de todas las irregularidades que había habido y por eso me preocupé de ir a hacer el ridículo, a enseñar el cobre y traerse dos medallitas.
Voy, pues, a hacerles la siguiente proposición, muy breve:
«Ciudadana presidenta de la Cámara de Diputados, presente.
El pasado mes de octubre presenté ante esta Cámara una solicitud para que una comisión de diputados investigara el porqué de los magros resultados obtenidos por nuestros atletas en Seúl; toda vez que no correspondieron a los recursos económicos que para este propósito se asignaron al Comité Olímpico Mexicano.
La propuesta fue admitida por unanimidad por el pleno de esta asamblea y turnada para estudio y dictamen, a la Comisión de Educación y Cultura.
En razón de que ha transcurrido con exceso el plazo que para rendir dictamen señala el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, con fundamento en el artículo 91 del propio Reglamento, solicito que la citada comisión haga presente el expediente a la Secretaría a fin de que se sirva usted turnarlo a la Comisión de Deportes de posterior creación.
Para el efecto de que proceda conforme a lo solicitado, toda vez que se trata de una proposición que como queda dicho, la asamblea acordó admitir por unanimidad.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, México, Distrito Federal a 29 de diciembre de 1988.
Firmado por los diputados Juan Miguel Alcántara Soria, Juan Antonio García villa y Jorge del Rincón Bernal.»
La C. Presidenta: - Esta presidencia, con fundamento en el artículo 21, fracción XVI, excita a la Comisión de Educación a presentar un informe en relación, y un dictamen en relación al asunto tratado por el ciudadano diputado Jorge del Rincón Bernal a la brevedad posible.
DE LOS PAQUETES ELECTORALES
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Leopoldo Salinas.
El C. Leopoldo Salinas Gaytán: - Señora presidenta. Compañeros diputados, diputadas. Toda vez que desde el pasado 12 de septiembre del corriente año, se formula petición relacionada con los paquetes electorales...
La C. Presidenta: - Orden y silencio en la sala.
El C. Leopoldo Salinas Gaytán: - Mismos que aún permanecen custodiados por el ejército... Por favor, señora presidenta.
La C. Presidenta: - Esta presidencia ruega a los señores diputados guarden orden y silencio en la sala para poder agilizar el despacho de los asuntos que tenemos pendientes.
El C. Leopoldo Salinas Gaytán: - Toda vez que desde el pasado 12 de septiembre del corriente año... Volveré a comenzar compañeros, si quieren sigan haciendo esas muestras de desorden...
Toda vez que desde el pasado 12 de septiembre del corriente año, se formuló petición relacionada con
los paquetes electorales, mismos que aún permanecen custodiados por ejército, la cual se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos constitucionales en forma oportuna, ésta ha sido omisa en resolver lo conducente, incurriendo en violación del artículo 87, además, no aparece señalamiento alguno conforme al artículo 91, ambos del Reglamento para el Gobierno Interior de esta Cámara.
Es prudente solicitar, se formule la excitativa correspondiente a la Comisión aludida ante la omisión en que ha ocurrido la secretaría de dicha Comisión, para hacerlo del conocimiento de la presidencia de este pleno, según la parte final del artículo 91 ya citado.
Lo anterior, en virtud de que ya transcurrió con exceso todo lo relacionado con el pasado evento federal electoral, ha tomado posesión el Ejecutivo Federal sin discutir la legitimidad y, principalmente, no puede distraerse indefinidamente al personal del Instituto Armado de las funciones vitales para las que fue creado.
Firman: diputados Manuel de Jesús A. Ponce González, Américo Alejandro Ramírez Rodríguez, Eduardo Arias Aparicio y un servidor.
La C. Presidenta: - Con fundamento en el artículo 21, fracción XVI, esta presidencia hace una excitativa a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, a fin de que presente el dictamen sobre el asunto que ha tratado el ciudadano diputado Leopoldo Salinas.
PROYECTO DE LEY PARA CREAR EL ESTADO DE ANÁHUAC
Tiene la palabra el ciudadano diputado Julio Jácome, para presentar una iniciativa de ley.
El C. Julio Jácome López:
Introducción
La necesidad de transformar el gobierno del Distrito Federal para convertirlo en un estado de la federación y reintegrar a los capitalinos sus derechos políticos plenos, es hoy una tarea inaplazable. Si anteriormente coincidían en torno a ella las más diversas organizaciones políticas y sociales, en la actualidad esta exigencia se ha convertido en un reclamo generalizado de los ciudadanos del Distrito Federal.
Es cada día más evidente que la forma en que se gobierna al Distrito Federal está en crisis, no sólo porque ha demostrado la incapacidad política y administrativa para satisfacer las necesidades de la población, sino también porque los problemas de la ciudad se han multiplicado sin que se den respuestas satisfactorias a los mismos, al mismo tiempo que crece la negativa a aceptar una vez más la imposición de las autoridades, tanto del jefe del Departamento del Distrito Federal como de los delegados y otros funcionarios. Además la voluntad política de los capitalinos quedó claramente expresada en las urnas en el pasado seis de julio, cuando tres cuartas partes de los votantes se pronunciaron por opciones y partidos que apoyan la demanda de un nuevo estado.
Por ello es imprescindible abrir cauces a la participación ciudadana en el gobierno de la capital como parte fundamental de un proceso de transformación democrática del país, que no se agota en la elección de las autoridades, sino que contempla la creación de organismos representativos en todos los niveles de decisión, así como el apoyo a todas aquellas formas de participación social para discutir y solucionar colectivamente los problemas mas propios de esta urbe.
Ha quedado claro que no existen argumentos sólidos ni históricos ni jurídicos para oponerse a la creación de un nuevo estado de la federación, con sus tres poderes y con formas democráticas de gobierno, en las que tanto las autoridades municipales, los diputados locales y el gobernador de la entidad sean electos mediante el voto universal, directo y secreto.
No obstante, las iniciativas que recogían esta aspiración de los capitalinos y que se presentaron en la Cámara de Diputados en el pasado reciente, fueron rechazadas.
En aquellas iniciativas, se señalaba entre otras, que el Distrito Federal reúne todas las características constitucionales, sociales, económicas, políticas y culturales, para ser un estado y que esto no es incompatible con el hecho de ser al mismo tiempo sede de los Poderes de la Unión.
Se resaltaba también lo absurdo e injusto de considerar al Distrito Federal un "estado condicionado" mientras los poderes federales residan en su territorio, ya que no existe ninguna justificación doctrinal para que la República Federal necesite un territorio diferente en el que sus habitantes se rijan por una organización distinta a la del resto de las entidades que integran el pacto federal y tengan por ello conculcados sus derechos ciudadanos.
Si revisamos la historia constitucional y política de nuestro país, veremos que a este proceso de
subordinación del Distrito Federal a los afanes centralistas de distintos gobernantes, se han opuesto destacados luchadores sociales y corrientes progresistas nacionales.
En las discusiones del Constituyente de 1856- 1857 intelectuales de la talla de Francisco Zarco, Ignacio Ramírez y Guillermo Prieto, Plantearon Sólidos argumentos jurídicos y políticos para otorgar derechos plenos a los ciudadanos del Distrito Federal.
Entre otras cuestiones, advirtieron que a nivel constitucional, se ponían graves limitaciones a los derechos del pueblo que habitaba en el lugar sede de los poderes federales, y que en ese tiempo apenas representaba el 3% de una población de siete millones de mexicanos.
"Se ha dicho - sostuvo Zarco - que es imposible que coexistan en un mismo punto el gobierno general y el de un estado, y así se propaga una idea falsa de la federación y se pinta al gobierno de la unión como una planta maldita que seca y esteriliza cuanto está a su alrededor. ¿Por qué el gobierno que sólo debe ocuparse del interés federal, ha de ser obstáculo para la libertad local?"
Lo afirmado por Zarco a mediados del siglo pasado, adquiere plena validez en la última parte del siglo XX, máxime cuando la realidad ha demostrado que no ha habido conflictos en los múltiples casos en que en nuestro país en un mismo territorio coexisten estatales y municipales.
No obstante, en esa época se logró derrotar a los que pretendían despojar a los habitantes del Distrito Federal de sus derechos de elegir a sus autoridades y quedó establecido que el congreso tendría facultad para el arreglo interior del Distrito Federal y territorios, teniendo como base que los ciudadanos eligieran a las autoridades políticas, municipales y judiciales.
Posteriormente, el gobierno de Porfirio Díaz eliminó la base establecida por la Constitución de 1857, que señalaba que la legislación que emitiera el congreso debía respetar el derecho de los ciudadanos del Distrito Federal para "elegir popularmente sus autoridades políticas, municipales y judiciales".
En 1903, mediante un decreto emitido por el propio Porfirio Díaz sin que se discutiera en el Congreso de la Unión y sin exposición de motivos se estableció que el Presidente de la República, mediante la Secretaría de Gobernación, se encargaría del gobierno del Distrito Federal, y que la facultad legislativa estaría a cargo del Congreso de la Unión, restringiéndose facultades a los ayuntamientos.
En el constituyente de 1916- 1917 se tomó como criterio, no la solución dada por la Constitución de 1857, sino el inconstitucional decreto emitido por Porfirio Díaz. Nuevamente se levantaron voces como la de Heriberto Jara, que denunciaron la incongruencia de suprimir los derechos políticos de los habitantes del Distrito Federal y de considerarlo como un estado condicionado. A pesar de que la Constitución señalaba al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión como Ejecutivo y Legislativo del Distrito Federal, se mantuvo el régimen municipal modificando el proyecto de Carranza, que proponía suprimirlo .
Pero en 1928 se eliminó el régimen municipal del Distrito Federal, a instancias del entonces candidato a la presidencia, Alvaro Obregón, argumentando problemas administrativos y militares ("Mantener la unidad de mando") sin tomar en cuenta la tradición de casi cuatro siglos de gobierno municipal en la ciudad de México.
Casi sesenta años después de la última modificación sustancial en la que el Distrito Federal vio restringidos sus derechos, en 1986 se planteó nuevamente la discusión sobre las formas de participación ciudadana en el gobierno de la capital del país.
En las audiencias públicas convocadas para este efecto se dieron dos posiciones encontradas: de una parte, la de la mayoría de las organizaciones sociales y políticas, que argumentaron sobre la necesidad de reintegrar a los ciudadanos del Distrito Federal sus derechos políticos plenos, a través de la creación de un estado de la federación, con gobernador electo, congreso local y formas de organización municipal acordes con las peculiaridades de la ciudad. De otra parte, solamente el Partido Revolucionario Institucional y algunos miembros de instituciones identificadas con ese partido, sostuvieron la propuesta de mantener la situación jurídica y política actual del Distrito Federal, introduciendo sólo algunas modificaciones que abrirían espacios limitados y no alterarían el control absoluto del Presidente sobre el Distrito Federal y el destino de sus habitantes.
Meses después, sin recoger la posición mayoritaria planteada en las audiencias públicas convocadas por el propio Ejecutivo, el Presidente de la República envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para crear la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, la cual fue aprobada sin cambios importantes por la diputación priísta, con el voto en contra de todos los partidos de oposición, que como mencionamos, habían presentado una propuesta detallada y ampliamente fundamentada para democratizar el Distrito Federal y reconocer a la capital del país como un estado de la federación.
La propuesta del Presidente pretendía refutar inútilmente los argumentos que demuestran la validez teórica y política así como la vialidad práctica de constituir un estado con plenos derechos en el territorio que actualmente ocupa el Distrito Federal, presentando además una visión catastrofista de los efectos que éste tendría.
El argumento sobre la imposibilidad de coexistencia entre los poderes federales y locales en un mismo territorio, choca con la realidad, cuando vemos que en nuestro país, es común que los poderes locales tengan su sede en algún municipio de la entidad, sin que existan conflictos que imposibiliten el desarrollo de las funciones de ninguna de las instituciones que conforman el gobierno interno de la entidad. Ello es así porque al existir competencias claramente determinadas para cada uno de los poderes e instancias de gobierno, así como mecanismos jurídicos de coordinación e inclusive de procesamiento de las diferencias que en algunos aspectos puedan surgir, no tiene por qué darse conflictos irresolubles que pongan en peligro la soberanía o autonomía de algunos de ellos y mucho menos que pongan en peligro el pacto federal.
Volviendo a los debates del constituyente de 1856- 1857, vemos que desde entonces se cuestionaba la validez de la tesis acerca de la imposibilidad de coexistencia de poderes federales y locales en una misma sede.
A falta de argumentos sólidos en lo jurídico y lo político, se maneja también otro recurso: magnificar los problemas económicos que traería consigo la existencia de municipios en el Distrito Federal, recurriendo al expediente de negar la funcionalidad en la presentación de los servicios públicos.
Sobre esto solamente queremos señalar lo insostenible que resulta el hecho de que siendo el ayuntamiento la base fundamental de nuestro país, se siga suprimiendo como derecho de una comunidad que representa más de la octava parte de la población mexicana y que en el Distrito Federal éste es una tradición que data del surgimiento de la ciudad de México. Además, en el país hay diversas zonas conurbadas donde coexisten y se coordinan varios municipios, sin que haya esto sido en sí mismo un obstáculo para la prestación de los servicios.
A pesar de las limitaciones del artículo 115 constitucional, éste contempla formas que combinan la autonomía del municipio con las posibilidades de coordinación - concertación con otros municipios o con los poderes locales.
La necesidad de una reforma municipal válida para todo el país, es imprescindible en el caso del Distrito Federal. Aquí la independencia económica de los municipios basada en el fortalecimiento de sus ingresos y en el libre ejercicio de sus recursos, es una condición necesaria para que realicen una adecuada gestión urbana que tenga como base el mejoramiento del nivel de vida de los habitantes de la ciudad.
Queremos insistir en que muchos de los problemas de esta ciudad son resultado de la falta de planificación, del centralismo del régimen político y de intereses económicos y sociales que se han antepuesto a las necesidades de la población y que una forma de resolverlos es precisamente restituyendo el régimen municipal y dotándolo de autonomía económica.
Con la iniciativa que proponemos, también se sentarían bases para descentralizar la vida nacional, pues al establecer la posibilidad de trasladar la sede de los poderes federales, cuando se estime necesario, se puede coadyuvar a evitar que se sigan centralizando las funciones económicas, políticas, sociales y culturales, como hasta ahora ha ocurrido.
Además de que no se alteraría la organización jurídica constitucional del territorio en que se instalaran los poderes federales.
En suma, la conformación de un nuevo estado en el territorio que actualmente ocupa el Distrito Federal, no sólo está justificado plenamente, sino que también ha sido refrenada por los capitalinos en las elecciones. Con esta medida se daría un avance sustancial en la transformación democrática del país revirtiendo así el progresivo despojo del que han sido objeto los habitantes de esta ciudad.
Presentamos esta iniciativa porque consideramos indispensable respetar el principio de igualdad tanto de los ciudadanos como de las partes integrantes de la federación y atender la exigencia generalizada de restauración de los derechos políticos plenos para los ciudadanos del Distrito Federal. Siendo atribución del Congreso de la Unión la creación de nuevos estados de la federación, la formación del estado de Anáhuac constituye una respuesta justa y constitucionalmente viable a estas demandas y necesidades de los capitalinos.
Para ello planteamos reformar el artículo 43 de la Constitución para incluir al estado de Anáhuac como parte integrante de la federación.
Se reforma sustancialmente el artículo 44 de la Constitución, eliminando la condición que ahí se
establecía para convertir al Distrito Federal en estado. Se señala en la reforma, que los poderes de la unión residirán en este estado hasta en tanto el congreso de la Unión no determine otra cosa, quedando a salvo la posibilidad del traslado a otra entidad de los poderes de la federación, facultad que la propia Constitución le confiere al Congreso de la Unión en el artículo 73, fracción V.
Todas estas modificaciones buscan adecuar la Constitución a la existencia del nuevo estado y suprimen las referencias al Departamento del Distrito Federal o al Distrito Federal como un régimen de excepción. Dentro de las reformas se elimina la facultad del titular del Ejecutivo Federal para nombrar al órgano del gobierno del Distrito Federal (artículo 89 constitucional) y desaparece la facultad del Congreso de la Unión para legislar en cuestiones relativas a la entidad (artículo 73, fracción VI), así como también la Asamblea de Representantes del Distrito Federal que se considera órgano "de participación ciudadana", estableciendo en los artículos transitorios las facultades y regla que se aplicarán hasta su disolución y plena vigencia de la constitución estatal.
Se hace énfasis en el texto que la calidad de residencia de los poderes federales no disminuye o limita los derechos que la Constitución otorga a las entidades de la federación, lo que es aplicable también a los derechos de los ciudadanos de elegir mediante voto secreto, directo y universal, a su ejecutivo estatal, a sus representantes ante el congreso local y a sus autoridades municipales.
El nuevo estado contará con un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial, restableciendo el régimen municipal en los términos del artículo 115 de la Constitución, tomando en cuenta la identificación de las comunidades naturales, es decir, los pueblos, barrios y colonias y las actuales necesidades y tradiciones de las diversas zonas de la ciudad.
Es necesario reiterar que con las modificaciones propuestas, las funciones que tenían los órganos de gobierno y de participación ciudadana que se señalaban en los artículos que se reforman, serán cubiertas por los poderes del propio estado y por los ayuntamientos municipales, todos los cuales serán electos de conformidad con las bases que disponga la constitución y las leyes locales.
Los artículos transitorios que se proponen en esta iniciativa son de gran importancia, ya que en ellos se establecen los procedimientos que se deberán seguir para la constitución del estado de Anáhuac, así como las reglas para la transición ordenada de su régimen interior, las cuales comprenden: el período que va desde la entrada en vigor del presente decreto hasta el momento en que asuman sus funciones las autoridades electas, de acuerdo con la constitución estatal.
En estas reglas se señala que será el Congreso de la Unión quien convoque a elecciones para integrar el congreso constituyente del estado, fije los plazos para las mismas y las bases de la convocatoria correspondiente.
Se establecen los procedimientos que se deberán seguir para la designación del ejecutivo estatal provisional, procurador, consejos municipales y poder judicial, en todos los cuales participará la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, otorgándose la facultad a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal para que a partir de los mecanismos que establezca para consultar a la ciudadanía, se presenten ternas y propuestas al órgano Legislativo nacional. Desde luego estos nombramientos serán provisionales hasta en tanto se definan los mecanismos constitucionales correspondientes.
En relación con la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, toda vez que sus integrantes fueron electos por un período de tres años, la iniciativa señala que continuarán en funciones hasta el término de dicho período, atendiendo las atribuciones que actualmente les señala la Constitución General de la República y su Ley Orgánica, así como las que le confiere el presente decreto y en su momento la constitución estatal en sus artículos transitorios.
El estado de Anáhuac tendrá los límites y extensión que actualmente tiene el Distrito Federal, los cuales están precisados en la ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal y que en su momento estarán contenidos en la constitución estatal. Se establece en la iniciativa la facultad del Congreso de la Unión para llevar a cabo los arreglos que se consideren necesarios para la ubicación o reubicación precisa de los poderes federales en uno de los municipios correspondientes a la entidad, a efecto de que esto se lleve a cabo de manera programada y ordenada. Por otra parte se confieren facultades expresas al congreso constituyente para que de ser necesario expida normas y decretos que adecúen el marco jurídico del Distrito Federal para que éste corresponda a la transición que dará como resultado la conformación del marco jurídico del nuevo estado.
Por todas las razones anteriormente expuestas, presentamos a consideración de esta asamblea el siguiente:
"PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL
SE REFORMEN Y DEROGAN DIVERSOS
ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS PARA CONSTITUIR
EL ESTADO DE ANÁHUAC EN EL
TERRITORIO QUE ACTUALMENTE
OCUPA EL DISTRITO FEDERAL
Artículo primero. Se reforma los artículos 43, 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como a continuación se señala.
Artículo 43. Las partes integrantes de la federación son los estados de Aguascalientes, Anáhuac, Baja California Norte, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas.
Artículo 44. Los poderes de la Unión, residirán en el estado de Anáhuac, sin perjuicio de que éstos cambios de residencia, si así lo determina el Congreso de la Unión de acuerdo a las facultades que le otorga el artículo 73, fracción V de esta Constitución. El estado de Anáhuac gozará de todos los derechos que esta Constitución otorga a las entidades integrantes de la federación, los cuales no podrán restringirse ni limitarse por su calidad de residencia de los poderes federales.
Artículo segundo. Se deroga la fracción VI del artículo 73; y la fracción XVII del artículo 89.
Artículo tercero. Se derogan todas las menciones y referencias al Distrito Federal y sus funcionarios en los artículos correspondientes de la Constitución.
TRANSITORIOS
Artículo primero. El estado de Anáhuac tendrá los límites y extensión que actualmente tiene el Distrito Federal. El Congreso de la Unión hará los arreglos necesarios para la ubicación de los poderes de la federación en el municipio que determine, de los integren el estado de Anáhuac.
Artículo segundo. El Congreso de la Unión convocará a elecciones para integrar el congreso constituyente del estado de Anáhuac treinta días después de que entre en vigor el presente decreto. Las elecciones se llevarán a cabo a más tardar en los catorce meses siguientes a la expedición de la convocatoria.
Artículo tercero. La Cámara de Diputados o en su caso la Comisión Permanente, nombrará a un responsable interino del poder Ejecutivo del estado de Anáhuac, a partir de la terna que le presente la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
Las funciones del gobernador interino serán las que las leyes actuales señalan para el jefe del Departamento del Distrito Federal, y tendrá que informar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, cada vez que ésta lo requiera.
El responsable interino del Poder Ejecutivo no podrá ser gobernador del la entidad.
Artículo cuarto. El Congreso Constituyente deberá expedir la Constitución a más tardar seis meses después de su instalación. Mientras tanto podrá expedir las normas y decretos que sean necesarios para la organización del estado de Anáhuac hasta en tanto se expidan su Constitución y las leyes que de ella emanen.
Artículo quinto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a propuesta que haga la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, nombrará consejeros municipales en cada uno de los territorios que actualmente ocupan las delegaciones políticas del Distrito Federal, los consejos municipales así nombrados, tendrán un carácter provisional hasta en tanto sean electos los ayuntamientos en los municipios que se integren en el estado de Anáhuac, de acuerdo a las bases y límites territoriales que señale la Constitución estatal.
Artículo sexto. La Asamblea de Representantes del Distrito Federal continuará en funciones, hasta el término del período para el que fueron electos el 6 de julio de 1988. Durante este período la asamblea tendrá las facultades que le señalaba el artículo 73 fracción VI de esta Constitución y su Ley Orgánica hasta la entrada en vigor del presente decreto, con las modalidades que aquí se señalan y las que establezcan en sus artículos transitorios la Constitución estatal.
Artículo séptimo. El Tribunal Superior se Justicia del Distrito Federal se convertirá en el del nuevo estado. Sus integrantes, así como los jueces, continuarán, en sus cargos hasta que se promulgue la Constitución estatal y se apliquen las disposiciones que en ella se contengan.
Artículo octavo. El procurador del estado de Anáhuac será nombrado con carácter interino, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión o por la Comisión Permanente en su caso, a partir de la terna que le presente la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Este durará en su cargo hasta que se promulgue la Constitución
estatal y se apliquen las disposiciones que en ella contengan. El procurador designado de conformidad con el primer párrafo del presente artículo no podrá en lo sucesivo.
Artículo noveno. Las propiedades, dominios, créditos, recursos, y obligaciones con que cuenta el Departamento del Distrito Federal, pasarán al gobierno del nuevo estado.
Artículo decimoprimero. Las leyes del Distrito Federal que no contravengan este decreto, la convocatoria para la constitución del estado de Anáhuac y las normas y decretos que expida el Congreso Constituyente con carácter provisional, se mantendrán en vigor hasta que la Cámara de Diputados de la entidad expida la Constitución y las leyes que de ella emanen.
Artículo décimo segundo. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Diciembre 29 de 1988.- Por la fracción parlamentaria del partido Popular Socialista, Francisco Ortíz Mendoza, Alfredo Reyes Contreras y Julio Jácome López."
Trámite: - Recibo y túrnese a la comisión de Gobernación y puntos constitucionales.
Insértese el documento completo en el Diario de los Debates.
DICTAMEN DE PRIMERA
LECTURA
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN
AL CONSUMIDOR
La C. presidenta: - Señores diputados, en el transcurso de esta sesión, la Comisión de Comercio entregó el dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Federal de Protección al Consumidor. Ruego a la secretaría dé cuenta de él.
El C. prosecretario Juan Jaime Hernández:
Comisión de Comercio.
DICTAMEN
"Honorable asamblea: Con fundamento en el artículo 71, 2o. párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 de la Ley Orgánica del congreso General y 56 reglamentos para el gobierno interior del mismo congreso, fue presentada esta Cámara de Diputados una iniciativa de decreto que reforma y adiciona la Ley Federal de Protección al Consumidor.
La iniciativa reforma y adicionada la referida ley con propósito de aprovechar la capacidad y experiencia de la Procuraduría Federal del Consumidor para encomendarle funciones que complementan las que actualmente tiene a su cargo, así mismo concede facultades adicionales para cumplir mejor con su encomienda.
La iniciativa presentada por el Ejecutivo transfiere a la Procuraduría Federal de Consumidor las atribuciones de inspección y vigilancia en materia de la Secretaría del Comercio y Fomento Industrial así como aquellos precios que resulten de la concentración en los sectores, asimismo faculta a la procuraduría para actuar en la necesidad de denuncia, querella o reclamación.
Las comisión considera que transferir estas facultades la Procuraduría, permitirá un acceso más directo fácil a consumidores para denuncia de violaciones de precios ya que la procuraduría se ha convertido en los años de existencia, el instrumento fundamental de protección y apoyo a la población consumidora.
Para mayor claridad y con objeto de evitar cualquiera interpretación en cuanto a que se dupliquen funciones, la comisión considera que la fracción VI del artículo 59 de la iniciativa debe modificarse para quedar en los siguientes términos:
"Ejercer, con el auxilio y participación, en su caso, de las autoridades locales, las funciones de inspección y vigilancia en materia de precios y tarifas acordados, establecidos o autorizados por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, así como sancionar su violación en los términos de los artículos 86 y 87 y denunciar ante quien corresponda los casos de que tenga conocimiento por incumplimiento de normas de calidad, peso, medida y otras características de los productos y servicios".
Con bases a las modificaciones propuestas se faculta también a la procuraduría para representar a los consumidores en cuanto a tales, no sólo ante instituciones privadas, sino también ante organismos públicos de toda naturaleza.
La comisión dictaminadora, considera que el texto propuesto en el segundo párrafo del artículo 52 de la iniciativa, debe precisar que cualquier persona tiene derecho para denunciar ante la procuraduría Federal del Consumidor las violaciones a los precios o tarifas ofrecidos al público incluyendo a aquello que correspondan a artículos sujetos a control oficial.
Con la misma intención se precisa que la actuación de dicha procuraduría puede ser de oficio, mediano siempre mandamientos por escrito para fundar y motivar sus intervención.
Con relación a los artículos transitorios, la comisión propone adicionar un segundo artículo, que marque con precisión que mediante este decreto se deroguen las facultades que actualmente confiere a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial el artículo 34, fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sólo en lo que se refiere a la vigilancia, inspección y sanción en materia de precios o tarifas.
En atención a lo mencionado y debido a la importante función que ha realizado la Procuraduría Federal del Consumidor en beneficio de la población consumidora, esta comisión se permite proponer a la honorable asamblea el siguiente
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA
LA LEY FEDERAL DE
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Artículo primero. Se reforman los artículos 59, fracciones II, IV, VI, XII, y 87 párrafo segundo de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:
"Artículo 59. La Procuraduría Federal del Consumidor tiene las siguientes atribuciones".
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Representar colectivamente a los consumidores en cuanto a tales, ante entidades u organismos públicos o privados y ante los proveedores de bienes o prestadores de servicios;
III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Estudiar y proponer medidas encaminadas a fortalecer la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones de consumo;
V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI. Ejercer, con el auxilio y participación, en su caso, de las autoridades locales, las funciones de inspección y vigilancia en materia de precios y tarifas acordados, establecidos o autorizados por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, así como sancionar su violación en términos de los artículos 86 y 87 y denunciar ante quien corresponda los casos de quien tenga conocimiento por incumplimiento de normas de calidad, peso, medida y otras características de los productos y servicios.
VII a XI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XII. Hacer del conocimiento público, cuando lo juzgue conveniente, las excitativas que haga en los términos de la fracción X de este artículo;
XIII a XV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Artículo 87. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Procuraduría Federal del Consumidor impondrá las sanciones a que se refiere el artículo 86 por infracción a los artículos 14, 20, 27, 30, 38, 40, 44, 45, 47, 49,
52, 54, 56, 59, 63, 64, 65, 79 y 81 cuando, en estos dos últimos casos, el requerimiento lo formulen servidores públicos de la Procuraduría Federal del Consumidor u ordene las visitas de inspección. Las demás sanciones administrativas por infracciones a esta ley serán impuestas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial o, en su caso, tratándose de servicios, por la autoridad a quien corresponda su control o vigilancia.
Artículo segundo. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 52 de la Ley Federal de la Protección al Consumidor, para quedar como sigue:
"Artículo 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cualquier persona tiene derecho para denunciar ante la Procuraduría Federal del Consumidor, las violaciones a los precios o tarifas ofrecidos al público, incluyendo los de los de los artículos sujetos a control oficial. La actuación de la Procuraduría Federal del Consumidor es de oficio, mediando siempre mandamiento por escrito".
Artículo tercero. Se derogan exclusivamente las facultades que en materia de inspección y vigilancia, de precios o tarifas, así como la de sancionar en los casos de incumplimiento, que confiere el artículo 34, fracción VII, de la Ley Orgánica de la Administración pública Federal a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
TRANSITORIO
Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - 28 de diciembre de 1988. - Demetrio Javier Sodi de la Tijera, presidente; René Oscar Treviño Arredondo, secretario; Luis René Martínez Souverville Rivera, Secretario; Alberto Bernal González, Eleazar
Felipe Cervantes Medina, Benjamín Clariond Reyes Retana, Javier Culebro Siles, Oscar Chacón Iñiguez, Ramón Choreño Sánchez, Rodolfo Elizondo Torres, Humberto Esqueda Negrete, Matías Salvador Fernández Gavaldoni, Vicente Fox Quezada, Rafael Pedro Garay Cornejo, Romero Wilebaldo García de la Cadena, Joaquín Garduño Vargas, Ramón Garza Rodríguez, Ignacio González Barragán, Esquipulas David Gómez Reyes, Ramiro Hernández García, Rubén Hernández Higuera, Carlos Herrera Rodríguez, Heray Lescieur Molina, Manuel López Zorrilla, Odón Madariaga Cruz, José Marín Rebollo, Miguel Martínez Castro, Leyver Martínez González, Jorge Martínez y Almaraz, Sóstenes Melgarejo Fraga, Juan José Moreno Sada, Judith Murguía Corral, César Ricardo Neuman Escobar, Ricardo Olivares Pineda, Antonio Pariente Algarín Ana Rosa Payán Cervera, Ramiro Pedroza Torres, Jesús Pelcastre Rojas, Félix Pérez Amador, Alberto Pérez Fontecha, Ceferino Ramos Nuño, Humberto Roque Villanueva, Nicolás Salazar Ramírez, José Luis Salcedo Solís, Manuela Sánchez López, Celia torres Chavarría, Sergio Jesús Torres Serrano, Gilberto Uzcanga Medina y Blas Vergara Aguilar.»
Trámite: - Primera lectura
La C. Presidenta: - Esta presidencia solicita que se consulte a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen que se le dio primera lectura.
El C. secretario Ismael Orozco Loreto: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Se dispensa la lectura al dictamen.
Trámite: - Segunda lectura.
La C. Presidenta: - En consecuencia, está a discusión en lo general. Se abre el registro de oradores.
Por no haber quien haga uso de la palabra, se procede a ponerlo a discusión en lo particular.
No habiendo quien haga uso de la palabra, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
El C. secretario Ismael Orozco Loreto: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, por lo que ruega a los ciudadanos diputados pasen a ocupar sus lugares para poder proceder a recogerla.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del reglamento Interior.
(Votación.)
El C. secretario Ismael Orozco Loreto:
- Señora presidente se emitieron dos abstenciones, cuatro votos en contra y trescientos cincuenta y cinco en pro.
La C. presidenta: - Aprobado en lo general y en lo particular por trescientos cincuenta y cinco votos el proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Federal de Protección al Consumidor.
El C. secretario José Murat C.: - Pasa al senado para sus efectos constitucionales.
OFICIOS DE LA SECRETARIA
DE GOBERNACIÓN
INVITACIÓN
La C. presidenta: - Ruego a la Secretaría dé lectura al oficio de la Secretaría de Gobernación en el que transcribe la invitación del gobierno de Cuba a la celebración del XXX aniversario de la Revolución de ese país.
El C. secretario José Murat C.:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección general de Gobierno.
Ciudadano secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, se ha dirigido a esta dependencia del Ejecutivo, en oficio número A02822 de fecha 26 del actual, que en su parte conducente dice:
"Me permito hacer de su conocimiento que el gobierno de Cuba transmitió una invitación por conducto de nuestra embajada en la Habana para que nuestro gobierno envíe una delegación de alto nivel a la celebración del XXX aniversario de la Revolución de ese país, el próximo 1o. de enero. La invitación incluye el pago de hospedaje y gastos de estancia en Cuba y los organizadores han manifestado que enviarán oportunamente información sobre el programa que se está
elaborando. La cancillería considera que sería conveniente que el honorable Congreso de la Unión designe una delegación de diputados y senadores. Al agradecer a usted se comunique a esta Secretaría, con la urgencia que el caso requiere, la decisión que sobre el particular adopte el honorable Congreso de la Unión".
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento, rogándoles comunicarnos de inmediato la decisión tomada por esa honorable Cámara, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 26 de diciembre de 1988.- El Secretario Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Para asistir a este acto en representación de la honorable Cámara de Diputados, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Abigail Cruz Lázaro, Baldemar Soto Jaime, Raúl García Leal, Esquipulas David Gómez Reyes, Alvaro Uribe Salas y Eloy García Aguilar.
La C. presidenta: - Ruego a la Secretaría dé lectura a una invitación formulada por el Congreso del Estado de Tabasco.
El C. secretario Ismael Orozco Loreto:
«La Quincuagésima segunda Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, se complace en invitar a usted a la sesión solemne en la que, con la honrosa presencia del ciudadano licenciado Carlos Salinas de Gortari, presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, rendirá protesta de Ley como gobernador constitucional del estado para el período 1989- 1994 el licenciado Salvador J. Neme Castillo a las 12.00 horas del día 31 de diciembre en el teatro "Esperanza Gris" declarado recinto oficial.
Villahermosa, Tabasco; diciembre de 1988.»
La C. presidenta: - Para asistir a este acto en representación de la honorable Cámara de Diputados, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Gustavo Rosario Torres; Joaquín Ruíz Becerra, Zoila Victoria León de Ramos, Fredy Chable Torrano y Román Ramírez Contreras.
COMUNICACIÓN
El C. secretario Ismael Orozco Loreto:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos Cámara de Senadores.
Ciudadanos Secretarios de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de esa honorable colegisladora, tenemos el honor de comunicar a ustedes que en sesión pública ordinaria celebrada en esta fecha, rindieron la protesta de ley, como oficial mayor y tesorero de esta Cámara de Senadores, los señores licenciado Morelos Canseco Gómez y C.P. Ricardo Augusto Trejo Hernández, respectivamente.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, 28 de diciembre de 1988.- Senadores Alger León Moreno, secretario; Antonio Melgar Aranda, secretario.»
Trámite: - De enterado
INTERPARLAMENTARIA
El mismo C. Secretario:
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
La gran comisión de la honorable Cámara de Diputados conforme a lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y los relativos del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea los siguientes
PUNTOS DE ACUERDO
Primero. Se autoriza para que asistan a la próxima reunión interparlamentaria México - Estados Unidos de América, a celebrarse en México, representando a esta honorable Cámara a los siguientes ciudadanos diputados: Guillermo Jiménez Morales, Guadalupe Gómez Maganda, Juan José Osorio Palacios, Gilberto Muñoz Mosqueda, Hilda Anderson Nevárez, Augusto Gómez Villanueva, Eloy Argos García, Valdemar Soto Jaimes, Judith Murguía Corral, Rogelio Montemayor Seguy, Héctor Ixtláhuac Gaspar, José Murat, Víctor Hugo Celaya, Alfredo Arenas, Teresa Ortuño, Roger Cícero, Eleazar Cobos, Sergio Quiroz Miranda, Roberto Jaramillo Flores, Patricio Estévez, Nenninger, Amalia García Medina, Gregorio Urías, Rosalío Wences Reza y Napoleón Cantú Serna.
Segundo. Se autorizan para que asistan a la próxima reunión México - Canadá, a celebrarse en México, representando a esta honorable Cámara, a los siguientes ciudadanos diputado: Guillermo Jiménez Morales, Guadalupe Gómez Maganda, Emilio de J. Ramírez Guerrero, Eleazar Ruíz Cerda, José Luis Alfonso Sampayo, Noé Fernando Garza Flores, Noé Antonio Peniche Patrón, Sara Estela Velázquez Sánchez, Jesús Armando Hernández Montaño, Jaime Sabines Gutiérrez, Fernando Córdoba Lobo, Humberto Roque Villanueva, Fructuoso López Cárdenas, Carlos Castillo Peraza, María Luisa Calderón, Benito Rosell, Rodolfo Elizondo, Marcela Lombardo Otero, Jaime Enríquez Félix, Gilberto Ortíz Medina, Carlos Bracho González, Humberto Urquiza Marín e Ismael Yáñez Centeno.
Tercero. Se faculta a la gran comisión de esta honorable Cámara de Diputados, para nombrar las delegaciones y comisiones de representación y cortesía necesarias, de acuerdo con los compromisos nacionales e internacionales que se presentan durante el receso.
Guillermo Jiménez Morales, presidente; Gonzalo Martínez Corbalá, secretario; Manuel Cavazos Lerma, secretario.
El C. secretario Ismael Orozco Loreto:
- En votación económica se pregunta a la asamblea sí se aprueba la proposición de la gran comisión. Los ciudadanos que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los ciudadanos que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Aprobada la Proposición, Ciudadana presidenta.
La C. Presidenta: - Le mesa directiva, con fundamento en el artículo 11 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, designa las siguientes comisiones de cortesía para participar que la honorable Cámara de Diputados cerró su primer período ordinario de sesiones.
Al ciudadano presidente de la República, los siguientes ciudadanos diputados: Guillermo Jiménez Morales, Augusto Gómez Villanueva, Mario Vargas Saldaña, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, Juan José Osorio Palacios, Delfino Ronquillo Nava, Rosalio E. Zuñiga Gutiérrez, Socorro Díaz Palacios, Gonzalo Martínez Corbalá, Manuel Cavazos Lerma, José Luis Lamadrid Sauza, Miguel Montes García, Rogelio Montemayor Seguy, Rosario Guerra Díaz, Abel Carlos Vicencio Tovar y Oscar Mauro Ramírez Ayala.
A la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, los siguientes ciudadanos diputados: Isaac Bueno Soria, Ricardo Monreal Ávila, Graciela T. Gómez Rodríguez, Emilio de Jesús Ramírez Guerrero, Adolfo Barrientos Parra, Ignacio Dávila Sánchez, José Trinidad Lanz Cárdenas, César Vieyra Salgado, Raúl Bolaños Cacho, María del Carmen Segura Rangel, Paloma Hernández Olivia, Nelson Madrigal Gómez e Hiram Rivera Teja.
A la honorable Cámara de Senadores, los siguientes ciudadanos diputados: Rubén García, Farías, María de los Ángeles Blanco Casco, Edgardo Rocha Pedraza, David Miranda Valdez, Fernando Sologuren Bautista, Ramón Choreño Sánchez, Andrés Henestrosa Morales, Horacio Labastida Muñoz, Antonio Martínez Báez, Jaime Fernández Sánchez, Luis Jacobo García, Juan Manuel Rodríguez González, Ernesto Jiménez Mendoza, Gerardo Ávalos Lemus, e Ismael Yáñez Centeno.
DICTAMEN A DISCUSIÓN
DECRETO QUE ABROGA LA LEY PARA EL MANEJO DE LA CLÍNICA
PRIMAVERA DE ORTOPEDIA
La C. Presidenta: - Se va a dar el trámite de segunda lectura y discusión al dictamen relativo al proyecto de decreto por el que se abroga la ley que creó el patronato para el manejo de la Clínica Primavera de Ortopedia. En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, ruego a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El C. secretario José Murat: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se dispensa la lectura al dictamen. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Se dispensa la lectura al dictamen.
«Comisión de Salubridad y Asistencia.
Honorable asamblea: A la Comisión de Salubridad y Asistencia, le fue turnada para los efectos de abrogar el decreto que creó el patronato de la clínica primavera de Ortopedia, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que enviada por el titular del Poder Ejecutivo Federal, Fue estudiada, dictaminada y aprobada con modificaciones por la honorable Cámara de Senadores que la remitió a esta Cámara de Diputados para su estudio, dictamen y aprobación en su caso.
De conformidad con lo preceptuado en los artículos 54 y 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, habiéndose analizando y estudiado la importancia que reviste esta iniciativa, la Comisión de Salubridad y asistencia, somete a esta honorable asamblea el siguiente dictamen
CONSIDERACIONES
Los legisladores integrantes de la Comisión de Salubridad y Asistencia estiman que la presente iniciativa aprobada con modificaciones por el senado de la República como lo señalan normativamente los preceptos constitucionales invocados para los efectos de abrogar el decreto que creo el patronato de la Clínica Primavera de Ortopedia; la Minuta y esta iniciativa con su respectiva exposición de motivos fueron distribuidos oportunamente entre los miembros de esta Comisión, quien en un marco de absoluta libertad deliberaron sobre el objetivo primordial de la misma, respondiendo al sentir popular de contarse con los instrumentos legales que regulen la asistencia social de forma tal, que en lo general el derecho a la salud de forma tal, sea garantía real para todos los mexicanos, como lo dispone el párrafo III del artículo 4o. constitucional, el que consagra la salud como un bien social, en cuya protección debe participar el Estado, la sociedad y los diversos sectores que organizadamente la componen, cuya atención preferente constituye la debida atención a los niños enfermos y lisiados, resultando altamente positiva la operatividad de la mencionada clínica, y como consecuencia en el seno de la comisión que suscribe somete a la resolución de esta asamblea las argumentaciones siguientes:
El instrumento legal anteriormente mencionado que otorga esa nueva garantía por el que confía al poder público la responsabilidad de adoptar las medidas indispensables para que se avance en forma ágil, en su proceso de cumplimiento, la esencia programática de derecho a la protección de la salud es un lineamiento que no puede ser soslayado ni desatendido por el Estado cuando programa su acción y asigna los recursos necesarios en el Plan Nacional de Desarrollo, señalándose que la salud es una de las prioridades sociales, y es incuestionable que su disfrute contribuya al pleno desenvolvimiento de las facultades humanas y al mejor desempeño en la sociedad de los grupos más vulnerados. Si la atención de la salud es imprescindible para todos los mexicanos, es una exigencia categórica e inaplazable para los infantes, pues de su preservación depende el futuro de mujeres y hombres que en concordia y solidaridad están destinados a continuar en la construcción y progreso del país.
El artículo 25, de nuestra Ley Fundamental indica que el desarrollo será integral y vigorizará la Soberanía de la Nación y la democracia, en el fomento del crecimiento económico, el empleo y un equitativo reparto en el ingreso y la riqueza, y que sea posible el ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases que integran la sociedad mexicana. Este sano propósito no se proyectará sí no se ampara la salud de los mexicanos con medidas proteccionistas y solidarias con la asistencia social que erradiquen las carencias de los grupos más desvalidos.
La salud debe preservarse en forma integral, su exigencia debe contemplarse tomando en consideración los factores socioeconómicos y culturales que implícitamente inciden en la misma y que es deber de la estructura administrativa y de la comunidad atenuar, suprimir cuando afecten al desarrollo de las facultades del ser humano. Es pertinente proscribir toda discriminación o privilegio que impida a determinadas personas o grupos sociales el disfrute de una vida plena. No puede concebirse que exista una sociedad sana cuando haya grupos de población que no gocen realmente de salud.
El desarrollo desigual que caracteriza a los países en proceso de crecimiento como el nuestro, provoca la formación de grupos sociales con mayor grado de vulnerabilidad y menores posibilidades de ingreso, manteniéndose autónomo en el concierto social. Estos grupos están preferentemente constituidos en ocasiones por menores enfermos o lisiados, sobre todo carentes de recursos económicos y quienes urgentemente requieren de protección a fin de evitar los riesgos a que están expuestos, e incorporados a una vida más sana y útil para sí mismos y la comunidad de la que forman parte.
Esta soberanía aprobó en la antepasada Legislatura la Ley General de Salud, y en su artículo 4o., a que se hizo referencia, se dispuso clara y terminantemente que el bienestar físico y mental del hombre constituye el ejercicio pleno de sus capacidades, que es una de las finalidades primordiales de esta nueva garantía social que consagra el derecho a la protección de la salud.
Es evidente que en ese ordenamiento legal se incluyó entre los objetivos del Sistema Nacional de la Salud la colaboración en el bienestar social de la población mediante servicios de asistencia principalmente a menores en estado de abandono y desde luego, a infantes enfermos o lisiados, es así, como se adquirió relevancia en el marco legal a partir de la promulgación de la propia Ley General de Salud, reconociéndose como una de las fundamentales tareas de interés nacional prioritario a cargo del poder público y la colectividad, colocándosele entre las materias de salubridad
general, por primera vez en la historia en la legislación sanitaria mexicana.
Su regulación sustancial fue clara y de orden al sistematizarse en un solo cuerpo normativo de obligatoriedad en todo el territorio nacional, su transformación obedece radicalmente al perfil de la salud en nuestra patria, la realización de las acciones en esta materia adquiere desde el punto de vista constitucional y legal, una dimensión programática y necesaria para el desarrollo nacional.
La asistencia privada se ha ausentado en el sentido de solidaridad y altruismo y ha sido de gran tradición en nuestro país en el discurso de los años, por lo que no debemos omitir la importancia de la misma.
Ha sido de particular interés proteger a la niñez y la familia y en el Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de junio de 1937, se público el decreto que creaba el "Departamento de Asistencia Infantil", el que en la fracción XXI del artículo 15 señalaba la competencia o facultad que tenía dicho departamento para vigilar los establecimientos de asistencia operados por particulares. En el Diario Oficial del 1o. de febrero de 1961, se público el decreto que creaba el "Instituto de la Protección a la Infancia", mismo que operaba un patronato presidido por el titular de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Posteriormente se público el que creaba "El Instituto Mexicano de Asistencia a la niñez", cuyo objetivo principal indicaba el establecimiento de hospitales dedicados a la protección y asistencia a la niñez.
Y por último en fecha 13 de enero de 1977, entró en vigor el decreto que creó el "Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia".
En apoyo a las instituciones médico - asistenciales del Estado, los particulares han colaborado al cuidado y atención de la infancia, y podríamos señalar infinidad de instrucciones dedicadas a tal fin mencionándose entre otros: "Hospital Infantil de México", que actualmente lleva el nombre de su fundador "doctor Federico Gómez" y la "Clínica Primavera de Ortopedia" cuyo dictamen nos ocupa siendo una muestra de aquel poder público y los grupos privados concurren colaborando para concentrar sus esfuerzos asistenciales en beneficio de la niñez.
Con antelación al año de 1951, operaba un grupo de personas con un elevado espíritu humano con un único propósito de amparar a los menores, ese grupo se identificaba con el nombre "comité voluntario de asistencia infantil Juan María Rodríguez", mencionando la iniciativa del Ejecutivo por el decreto de fecha 17 de mayo de 1951, en que se reconocieron los méritos y acciones que realizaba dicho comité en beneficio de la salud de los menores y como apoyo a ese grupo de personas se creó el "patronato para el manejo de Clínica Primavera de Ortopedia" operando con el auxilio y la cooperación del comité voluntario de Asistencia Infantil Juan María Rodríguez, el decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de enero de 1953.
La administración pública siempre ha respetado y permitido que grupos particulares participen en beneficio de la salud individual y colectiva sujetando dicha actividad a nuestros ordenamientos jurídicos y en especial a la "Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal", la que dentro de sus disposiciones establece las condiciones a que se sujetan los particulares que presten actividades de asistencia privada, normando y regulando las mismas, para obtener un eficaz control de sus actividades.
La junta de Asistencia Privada de conformidad a los artículos 83, 92 y demás relativos de la ley de la materia, estipula que podrá ordenar, vigilar e inspeccionar la Institución de Asistencia Privada, "Clínica Primavera de Ortopedia Beatriz Velasco de Alemán", debiéndose otorgar toda clase de libertades conforme a la referida ley para que con apego a la misma se estructure dicha fundación.
Lo antes expuesto resultará positivo toda vez que los particulares con su deseo de ayudar y de proteger a la infancia, con tan noble labor, podrán auxiliar la función médico - asistencial de las instituciones públicas de salud.
Derivándose de la propia iniciativa que los bienes que se transfieren a la fundición "Clínica Primavera de Ortopedia Beatriz Velasco de Alemán, Institución de Asistencia Privada", no solo quedarán afectados en forma irrevocable por la propia voluntad de los miembros del patronato, sino también por la ley de las instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, la que establece en sus artículos 4o. y 9o., que los bienes que quedan afectados y no podrá revocarse.
Asimismo esta comisión acorde con lo que señala la colegisladora en cuanto a la conveniencia de modificar el título de la iniciativa que indica "decreto que abroga el patronato de la Clínica Primavera de Ortopedia", coinciden con: La reforma propuesta quedando en los siguientes términos: "Decreto por el que se abroga la ley que crea el patronato para el manejo de la clínica Primavera": y lo que resulta más adecuado con el decreto que se abroga.
Así también como lo señala la Cámara de Senadores, para efectos de su redacción e interpretación
resulta técnico el cambio de adverbio "especialmente" por "sobre todo" en su artículo cuarto transitorio.
Debemos destacar que la Clínica Primavera durante el terremoto de 1985, fue un pilar de apoyo fundamental el sistema de salud, ya que dentro del edificio de la propia institución albergó a grupos de damnificados y ante la carencia de centros hospitalarios como consecuencia de los sismos, en dicho lugar se estableció el "Hospital Juárez II", dando cabida a grupos de profesionales y trabajadores de la Secretaría de salud; por lo que aun siendo claro el decreto de que los bienes son los que se transfieren a la fundación, resaltamos el señalamiento de que los derechos de los trabajadores de estos no serán afectados con la extinción del patronato de que se señala.
En el propio seno de esta comisión integrada pluralmente por diversos grupos parlamentarios que se manifestaron porque se destacara la noble labor médico - asistencial desempeñada por el personal de la "Clínica Primavera de Ortopedia", la que ha sido un pilar en la medicina en nuestro país, y ante está más alta tribuna nacional otorgamos nuestro pleno reconocimiento a la labor altruista en beneficio de la niñez mexicana realizada por los fundadores, médicos, paramédicos y administrativo de dicha institución.
En razón de los planteamientos y consideración formuladas en este proyecto de decreto, resumimos que la abrogación de la ley que nos ocupa no pretende clausurar y terminar con las actividades de la "Clínica Primavera de Ortopedia Beatriz Velasco de Alemán", y lo que se pretende realmente es otorgarle para su mejor organización y funcionamiento facultades semejantes a las que tienen otras instituciones que operan como fundaciones sujetas a la ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, quienes persiguiendo objetivos altruistas complementan las funciones de asistencia médica y social en beneficio de la niñez, quedando esta fundación bajo la vigilancia de la junta de asistencia privada, manteniendo su vinculación con el sector salud.
Los miembros de la comisión que suscriben se permiten solicitar a esta soberanía la aprobación del siguiente
DECRETO POR EL QUE SE ABROGA
LA LEY QUE CREO EL PATRONATO
PARA EL MANEJO DE LA CLÍNICA
PRIMAVERA DE ORTOPEDIA
Artículo único. Se abroga la ley que creó el patronato de la Clínica Primavera de Ortopedia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 1953.
TRANSITORIOS
Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Los bienes que integran el patrimonio del organismo que se extingue por virtud de este decreto, serán donados a la fundación Clínica Primavera de Ortopedia Beatriz Velasco de Alemán, institución de asistencia privada.
Artículo tercero. Las Secretarías de Programación y Presupuesto, de la Contraloría General de la Fundición, de Desarrollo Urbano y Ecología y de salud, en la esfera de sus respectivas atribuciones, vigilarán el cumplimiento de este decreto.
Artículo cuarto. La Secretaría de Salud continuará brindando los apoyos a su alcance para que la institución esté en condiciones de continuar su esfuerzo altruista, sobre todo en la educación especial a los niños lisiados, procurando su rehabilitación e integración cabal a la sociedad y a la vida productiva.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Comisión de salubridad y asistencia.- Victor Manuel Sarabia Luna, presidente; Mario Rojas Alba, secretario; Juan Francisco Díaz Aguirre, Jorge Federico Schiaffino Isunza, Juan Albarrán Castañeda, Cupertino Alejo Domínguez, Antonio Alvarez Esparza, Arturo Armendáriz Delgado, Victor Manuel Ávalos Limón, Jaime Guillermo Aviña Zepeda, Luisa María Calderón Hinojosa, Carlos Rubén Calderón Cecilio, Rafael Campos López, Victor Manuel Carreto y F., Francisco Castañeda Ortíz, Marco Antonio Castellanos López, Guillermo Castellanos Martínez, Eleazar Guadalupe Cobos Borrego, María Teresa Cortez Cervantes, Mercedes Erdmann Baltazar, Virgilio Alfonso Escamilla Ballesteros, Guillermo Garza Luna, Rebeca Guevara de Terán, Victor Guerrero González, José González Morfín, Rosa Elena Guizar Villa, Luis Humberto Hinojosa Ochoa, Guillermo Islas Olguín Francisco Javier López González, Antonio Benjamín Manríquez Guluarte, Herón Maya Anguiano, José de Jesús Miramontes Jiménez, Salvador Miranda Polanco, David Miranda Valdez, Teresa Navarro y Ramírez, Ruth Olvera Nieto, María Teresa Ortuño Gurza, Félix Pérez Amador, Raul Reyes Ramírez, José Manuel Ríos Nuñez, Gloria Rodríguez Aceves, Delfino Ronquillo Nava, Eleazar Ruíz Cerda, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, Gilberto Uscanga Medina, Paula Vargas Florencio, y Sara Villalpando Nuñez.»
Trámite:- Segunda lectura.
La C. Presidenta - En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto y estándolo, ha solicitado hacer uso de la palabra, por la comisión el ciudadano diputado Victor Manuel Sarabia Luna.
El C. Víctor Manuel Sarabia Luna: - Compañera presidenta; compañeras y compañeros diputados: A nombre de la comisión de Salubridad y Asistencia, quiero hacer en primer término un reconocimiento a las fracciones parlamentarias que integran a esta comisión, por haber tenido a bien analizar el problema relacionado a la clínica La Primavera.
En concertación con los diferentes grupos parlamentarios, hemos hecho un agregado a la exposición de motivos, quedando de la siguiente manera:
Quienes consiguiendo objetivos altruistas complementan las funciones de asistencia médica y social en beneficio de los niños, quedando esta fundación bajo la vigilancia de la Junta de Asistencia Privada, manteniendo su vinculación con el Sector Salud.
Asimismo, la propia comisión de Salubridad y Asistencia integrada en forma pluripartidista, será la encargada de vigilar que la fundación de referencia, cumpla con los objetivos de esta dictamen, para que se otorgue un beneficio real a los niños enfermos y lisiados, carentes de recursos económicos con cuotas mínimas que ayuden a la precaria situación económica de la niñez desvalida.
Los miembros de la comisión que suscriben, se permiten a través de la comisión, que tengan a bien su aprobación final en lo general y en lo particular.
Quiero hacer mención de que en la concentración y por iniciativa y a petición del Auténtico de la Revolución y el Partido Acción Nacional, el Partido Popular Socialista y el Frente, que han estado interviniendo en esta comisión, hemos considerado que en esta abrogación de ley, debemos de considerar que esta prestación que dará esta institución para bien de los niños desvalidos, agradezco a esta presidencia que haya tenido a bien que en ese dictamen quede concluido totalmente para bien de los niños mexicanos. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Consulte la Secretaría sí se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto.
El. C. secretario José Murat C.: - En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el proyecto de decreto.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.. Suficientemente discutido.
Se va proceder a recoger la votación nominal del proyecto de decreto. Se ruega a la Oficina mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación).
El C. secretario José Murat C.: - Ciudadana presidenta; se emitieron una abstención, cuatro votos en contra y 358 votos en pro.
La C. Presidenta: - Aprobado en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto por 358 votos.
Aprobado el decreto por el que se abroga la ley que creó el patronato para el manejo de la clínica Primavera de Ortopedia.
Trámite: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
La C. Presidenta: - De conformidad con lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución General de la República, se va a proceder a la elección de los ciudadanos diputados que formarán parte en su calidad de titulares y sustitutos de la Comisión Permanente en la inteligencia de que los sustitutos sólo entrarán en funciones de los casos de falta absoluta del titular o bien cuando éste solicite licencia para estar separados del cargo de diputados.
Se suplica a los ciudadanos diputados pasen a depositar su cédula al escuchar su nombre.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
La C. Presidenta: - Antes de iniciar la votación la presidencia quiere comunicar lo siguiente: Por acuerdo de la asamblea, un punto pendiente del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.
En virtud de que el acta ha sido entregada a los coordinadores de los grupos, parlamentarios, pregunte la secretaría a la asamblea si se aprueba.
El C. secretario José Murat C.: - Está a discusión el acta.
La C. Luisa María Calderón Hinojosa (desde su curul): - Una aclaración nada más, que en lugar de Sergio Rueda, dice Sergio Bueno.
El C. secretario José Loreto: - Ya el diputado Rueda hizo la corrección, diputada Calderón.
No habiendo quien haga de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...Aprobada ciudadana presidenta.
«Acta de la sesión ordinaria de la LIV Legislatura de la Cámara de Diputados de Honorable Congreso de la Unión, celebrada el día veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho.
Presidencia de la diputada Socorro Díaz Palacios
En la ciudad de México, Distrito Federal, a las diez horas con treinta minutos del día veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, con una asistencia de trescientos diez y siete diputados, la presidencia abre la sesión.
La presidenta pide a la Secretaría que, debido a la hora en que terminó la sesión de ayer, se consulte a la asamblea si autoriza a que el acta sea leída al final de esta sesión. En votación económica, la asamblea autoriza a que así se haga.
La presidencia informa que el siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero Común y para toda la República en materia de Fuero Federal. En virtud de que dicho dictamen ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, se consulta a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura. En votación económica se le dispensa y se pone a discusión.
Hace uso de la palabra el diputado Alejandro del Castillo Saavedra, del partido Mexicano Socialista, para interponer una moción suspensiva del dictamen a discusión. A solicitado del diputado Juan Guerra Ochoa, se realiza la votación nominal y la moción se desecha por doscientos treinta y dos votos.
Para hablar en contra del dictamen sube a la tribuna el diputado Hiram Escudero Alvarez, del Partido Acción Nacional, quien se refiere a los conceptos que en el se vierten y declara el incremento de la criminalidad se debe a la impunidad; que la solución de los problemas delictuosos no está en el Código penal, sino en las causas de la criminalidad; que el sólo incremento de la duración de la pena de prisión para ciertos delitos, no va a disminuir el índice delictivo. Dice que los mexicanos no aspiramos a tener un régimen policiaco represivo, con mano dura, sino eficaz en su labor de prevención e investigación de los actos antisociales. Que es inútil reformar los Códigos, si prevalece la impunidad y no existen las instituciones adecuadas en la prevención y contención del delincuente.
Hace uso de la palabra el diputado Jaime Almazán Delegado, del Partido Revolucionario Institucional, quien al defender el dictamen, dice que la iniciativa del Ejecutivo es una respuesta al clamor social de intranquilidad, de inseguridad, que existe en nuestra patria. Dice que está de acuerdo con el diputado Escudero Alvarez, acerca de que las causas de los delito y el incremento de la delincuencia es complejo; que se trata de razones de carácter económico, familiar y también cuestiones relacionadas con la impuntualidad y falta suficiente de prevención, de procesamiento judicial y de tratamiento posterior de reo. Sin embargo, afirma que no existe populismo en las medidas que propone el Ejecutivo, que son inaplazables y que es la sociedad la que exige de esta acciones que no están aisladas, sino unidas a otros programas y planes para el combate frontal de la delincuencia, del Ejecutivo en esta importante materia. Acepta una interpelación de la diputada Luisa María Calderón, del Partido Acción Nacional, a quien aclara el presupuesto que se le otorga a este ramo, es suficiente.
Sube a la tribuna el diputado Ernesto Jiménez Mendoza, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien se pronuncia en contra del dictamen y dice que nunca se realizó un estudio serio al respecto, que los trabajos de la comisión se redujeron a discursos e intervenciones que no concretaron nada. Pregunte qué ocurre con los proyectos que presentó su partido y afirma que ni siquiera se atienden las razones del derecho y que esto es muy grave porque se trata de la administración de la justicia, dice que es necesario reflexionar porque si no a la sociedad le tocará "pagar los platos rotos".
Hace uso de la palabra el diputado Carlos Vega Memije, del Partido Revolucionario Institucional, quien afirma que los trabajos de la comisión fueron profundos. Que pudieron analizar que el incremento delictivo el bien jurídico, hace indispensable las reformas que ahora se ponen a consideración de la asamblea, para poner énfasis en la tutela de la paz colectiva y en el
orden jurídico de libertad y democracia. Dice que la sociedad demanda soluciones inmediatas y que es una responsabilidad atender a ese clamor popular.
Sube a la tribuna el diputado Crescencio Morales Orozco, del Partido Popular Socialista, quien dice que quienes hablan en favor del dictamen, no han proporcionado ningún elemento importante que sirva de fundamento para aceptar las bondades de las reformas propuestas. Dice que la población ya está cansada del delito, de la arrogancia de algunas autoridades, de la no observancia sistemática de la ley y del narcotráfico. Afirma que no pueden combatir las conductas delictivas de los ciudadanos con aumento de las penas. Que se debe recordar que fue en la época dictatorial de Porfirio Díaz cuando se aplicó como nunca la pena de muerte y que los resultados fueron totalmente negativos.
Para hablar en favor del dictamen hace uso de la palabra el diputado Marco Antonio Rojas Flores, del Partido Revolucionario Institucional, quien dice que la mayoría de los delincuentes a quienes va encaminada la reforma propuesta, no son personas que carezcan de recursos económicos, que poseen armas de alto poder, vehículos y otros instrumentos que demuestran su nivel económico, que quienes actúan con tantas ventajas no lo hacen por hambre. Enfatiza que es cierto que hace falta la construcción de centros de readaptación criminales más sencillos, para delincuentes cuya peligrosidad no amerite medidas de seguridad extremas y aprovechar los que ya se tienen para recluir a quienes necesitan de tratamientos especiales.
La presidenta concede el uso de la palabra al diputado Leonel Godoy Rangel, de la Corriente Democrática, quien aclara que su grupo parlamentario no está en contra del aumento de las sanciones a los responsables de delitos, sino contra la iniciativa que tiene fundamento en afanes publicitarios y que utilizan el derecho como medio propagandístico. Dice que luchar contra la criminalidad y la delincuencia, requiere de respuestas científicas apropiadas y que ello no tiene que ver con la dureza o con la energía, conceptos muy utilizados últimamente y de moda entre nuestros cuerpos policiacos. Afirma que la iniciativa del Ejecutivo es insuficiente y hace resaltar exclusivamente la función represiva del derecho penal, contraria al espíritu humanista que el Constituyente plasmó en la Constitución. Dice que la función de la policía preventiva se realiza en medio de la tortura y la impreparación, la corrupción y el desprestigio social, Síntomas de un período policiológico que la mayoría de los países ya superó. Que desearían respuestas integrales, pero fundamentalmente una política criminológica que ataque las causas de la criminalidad y no solamente las haga caer sobre el individuo.
Hay desorden en las galerías y la presidenta pide a la diputada María del Carmen Moreno, miembro de la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, atienda a los ciudadanos que se manifiestan en las galerías y a la Oficialía Mayor auxilie a la presidencia y a la diputada Moreno en el trámite de la gestión que se está planteando.
Hace uso de la palabra el diputado José Trinidad Lanz Cárdenas, del Partido Revolucionario Institucional, quien dice que la ley, que es un termómetro en el que se conjuntan los afanes culturales de una nación, es un quehacer humano imperfecto, pero perfectible dentro del pensamiento orteguiando y que desde ese punto de vista es una respuesta humana a problemas humanos. Se refiere a las tesis de diversos maestros de la ley y a la naturaleza de las penas y afirma que no se introducen al campo del derecho penal nuevos delitos, sino que se rigorizan las penas de los que ya existen, que es una respuesta popular que trata de enmarcar en el derecho los afanes de la justicia, de la paz y de la libertad.
Sube a la tribuna el diputado Pablo Ávalos Castro, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien dice que quienes conocen los problemas que aquejan a quienes purgan sentencias no son tomadas en cuenta y exhorta a todos los legisladores a que analicen con profundidad la iniciativa y que no se refiera respectivamente a sus conceptos en los que no se ha cambiado casi nada. Se refiere a los delitos de carácter sexual y dice que el cuarenta por ciento de los violadores son personas que tienen posición jerárquica sobre las víctimas y eso propicia que un alto porcentaje de las agresiones no sean castigadas. Hace una exhortación para que se dignifique la justicia en beneficio del pueblo de México.
Para hablar en pro del dictamen sube a la tribuna el diputado Benigno Gil de los Santos, del Partido Revolucionario Institucional, quien se refiere al "Chacal de Acapulco" y dice que no es posible que quienes hablan en contra del dictamen se opongan al aumento de las penas en el delito de violación que todos condenan. Acepta una interpelación de la diputada Patricia Olamendi, del Partido Mexicano Socialista, a quien contesta refiriéndose a la sentencia de treinta años que se dictó contra el "chacal de Acapulco" y afirma que quienes le concedieron amparo han sido cesados. Dice que con las reformas propuestas, el juzgador tendrá más libertad para que, de acuerdo con la peligrosidad del delincuente imponer la pena que merezca.
Sube a la tribuna el diputado Fernando Palacios Vela, del partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quien dice que no se oponen a las reformas propuestas, pues de alguna manera debe combatirse a la delincuencia, pero que a lo que se oponen es que ese aumento sea inusitado, sin tomar en cuenta las causas que generan el delito, pues no se puede inadvertir que la ignorancia, la crisis económica, la drogadicción, el alcoholismo, la falta de oportunidades de trabajo y muchas otras causas, son en gran medida generadoras de delincuencia que el gobierno debe abatir antes de que se genere esas conductas delictivas.
Hace uso de la palabra la diputada Graciela Patricia Gómez Reyes, del partido Revolucionario Institucional, quien dice que habla de la actividad delictiva es hablar de los orígenes mismos de la sociedad, pero que, sin embargo cuando ésta rebasa las reglas de la convivencia y crea un estado latente de incertidumbre, de temor de frustración, es obligación ineludible de cualquier institución y de cualquier estado, garantizar, dentro del marco de la ley, el respeto a la existencia humana, el orden y la tranquilidad. Afirma que tal vez con las reformas propuestas no se limite la actividad delictiva, pero que es una respuesta que, como autoridades, deben dar al pueblo de México.
La presidenta concede el uso de la palabra al diputado Luis Jacobo García, del Partido Popular Socialista , quien dice que por un lado se trata de emplear la fuerza, la represión, reformando las disposiciones del Código Penal para elevar las penas, pero por el otro lado el Estado permite que dentro de la sociedad de haga uso de estímulos encaminados a la relación del delito; campañas abiertas en favor del alcoholismo y del tabaquismo; erotismo en revistas pornográficas, en la televisión y en la cinematografía. Dice que no hay congruencia en las medidas que se pretenden poner en práctica para acabar con la delincuencia y que por eso se requiere que el Estado tome medidas urgentes, necesarias para hacer un diagnóstico de esa enfermedad social y las medidas sean apropiadas y no solamente desde el punto de vista de la represión.
Hace uso de la palabra el diputado César Vieyra Salgado, del partido Revolucionario Institucional, quien dice que la iniciativa recoge las diversas modalidades de la conducta delictiva, para retribuirlas proporcionalmente al bien jurídicamente dañado, con una pena mayor, porque ahora la brutalidad con que se realizan esos delitos, el perfeccionamiento y poderío de las organizaciones del crimen y el empleo de armas sofisticadas, exige que las penas se actualicen en forma proporcional. Afirma que por eso la iniciativa es congruente para con el reclamo social, para establecer, a través de su aplicación, la ejemplaridad que, desde luego, debe disminuir la delincuencia y coincide con otros oradores en el sentido de que el voto debe ser aprobatorio para el dictamen.
Sube a la tribuna el diputado Federico Ruíz López, del Partido acción Nacional, quien dice que lo que está sujeto a debate no es sólo la inoperancia práctica de un aumento a las penas sino la exigencia de una reforma de política criminológica, porque evidentemente se deben prevenir los delito. Dice que no es cierto que las prisiones en México sirvan como lugar de regeneramiento, sino que son escuelas de delincuencia. Dice que su partido votará en contra porque no basta aumentar las penas, sino que es menester la modificación del criterio criminológico.
Hace uso de la palabra el diputado Fernando Córdova Lobo, del Partido Revolucionario Institucional, quien estima que el incremento de la penalidad va en razón directa de la culpabilidad del delincuente; que es cierto que hay que tomar medidas de seguridad y realizar una reforma penitenciaria. Dice que la pena debe ser justa y equitativa, pero que también es cierto que hay que luchar contra la crisis de valores. Que en México no deben haber más orden que el que se derive del respeto a un estado de derecho y que debe contribuir responsablemente al equilibrio social y a que la libertad se mantenga en mejores condiciones.
Presidencia del ciudadano Gonzalo
Martínez Corbalá
Para aclarar hechos sube a la tribuna la diputada Luisa María Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional, quien dice que no es con leyes de este tipo, como se va a mejorar la convivencia social en México. Que no están porque se cierren los centros de readaptación sino porque sean realmente eso, para evitar que la sociedad tenga después delincuentes llenos de rencor que lo único que buscan es la venganza.
Sube a la tribuna el diputado Alexandro Martínez Camberos, de la Corriente Democrática, quien dice que la política criminológica hace mucho tiempo que está fallando. Que en principio esta iniciativa va en contra de las teorías modernas y que eso del clamor social es populismo o demagogia, que es un eco de la ley del talión: ojo por ojo diente por diente.
Para rectificar hechos hace uso de la palabra el diputado Pedro César Acosta Palomino, del Partido Acción Nacional, quien dice que quienes constituyen parte de la oposición, deben señalar su inconformidad porque el proyecto no va al
fondo del asunto que es un "parche caliente" que pretende resolver sobre la marcha cuestiones de mucha profundidad.
Sube a la tribuna el diputado Miguel Quiroz Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, quien dice no se puede negar con fundamento que la iniciativa , al proponer aumentos en las penalidades privativas de la libertad y las pecuniarias, atiende las demandas y reclamos de la ciudadanía para hacer frente al aumento del índice delictivo que alarma a la sociedad y afecta gravemente bienes jurídicos que deben ser tutelados por el Estado. Pide que se respalde con el voto el dictamen sometido a la consideración del pleno.
Hace uso de la palabra el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien considera que quien comete un delito de violación con agravantes, llega al extremo de causar graves daños a la persona y a la familia, de manera que pueden ser equiparados con el homicidio. Dice que su partido está en contra de que se legisle por consigna y al vapor; que el pueblo de México requiere una respuesta y tienen que dársela escuchándolo y legislandolo para él.
Sube a la tribuna el diputado Napoleón Cantú Serna, del Partido Revolucionario Institucional, quien rechaza las palabras del diputado Ramírez Ayala y afirma que las iniciativas deben ser producto de un consenso popular y que eso es la que ahora está a discusión enviada por el Ejecutivo Federal que recoge el reclamo popular que pide que medidas más drásticas se apliquen a quienes con su conducta ilícita provocan zozobra social. Dice que sin perjuicio a las garantías hay derechos del acusado, no se debe olvidar a la víctima, ni tampoco dejar de fortalecer el estado de derecho para mejorar el orden, la paz y la tranquilidad social.
Hace uso de la palabra el diputado Jaime Fernández Sánchez, del Partido Acción Nacional, quien dice que si realmente se quisiera atender el clamor popular, como se pretende en la iniciativa, se debería presentar, junto con ella, toda una reforma tendiente a combatir sus causas. Propone un punto de acuerdo para que la iniciativa sea devuelta a comisiones y que todas las iniciativas se dictaminen en el riguroso orden en que sean presentadas, no importando quién sea el iniciador.
La presidenta aclara que aunque al presentar el punto de acuerdo invoca el artículo cincuenta y ocho del reglamento, en esencia está proponiendo una moción suspensiva que, de acuerdo con el artículo ciento once, sólo se puede presentar una vez y que esto ya ocurrió y fue desechada. Para rectificar hechos hace uso de la palabra el diputado Jaime Aviña Zepeda, del Partido Acción Nacional, quien solicita que se dé trámite a la segunda parte de la proposición. La presidenta le pide que la presenten por escrito y que entonces se le dará el trámite correspondiente.
Hace uso de la palabra el diputado Rodolfo Duarte Rivas, del Partido Revolucionario Institucional, quien lamenta que la mayor parte de las impugnaciones no partan de un análisis cabal del contenido de la iniciativa que forma parte de un programa de gobierno y responde, aunque sea parcialmente, a urgencias inmediatas hechas presentes por el clamor de una sociedad que vive los problemas de ausencia de la seguridad pública. Dice que se dan las circunstancias para que esta Legislatura, en comprensión cabal y auténtica de sus responsabilidades, dé un paso a la posibilidad de que el contenido de estas reformas se traduzca en una mejoría de los instrumentos del Estado, para arribar a mejores formas de justicia.
La presidenta concede el uso de la palabra al diputado Sergio Rueda Montoya, del Partido Acción Nacional, quien dice que quien envió la iniciativa olvidó que la reforma global debe venir a todo Código, porque el actual está parchado y que tiene el vicio de origen de ser inconstitucional. Se refiere al mensaje del Presidente de la República el día primero de diciembre y dice que el compromiso establecido no se está cumpliendo.
Para rectificar hechos sube a la tribuna el diputado Luis Antonio Pérez Fraga, del Partido Revolucionario Institucional, quien dice que parece que el "tapaojos" al que se refirió el diputado de Acción Nacional, lo tienen ellos en su obsesión enferma de ver fraude en todas partes. Dice que el pueblo espera polémica de altura, que debe ser un afán común y un atributo que todos deben mantener.
Para contestar alusiones personales hace uso de la palabra la diputada Rosalía Ramírez de Ortega, del Partido Acción Nacional, quien dice que ante la cerrazón de la buena disposición para escuchar y dialogar, no dejan más opción que la carcajada. Considera que las proposiciones de sus compañeros son positivas para que se tomen en cuenta las iniciativas de todos.
Para contestar alusiones personales hace uso de la palabra el diputado José Manuel Martínez Aguirre, del Partido Acción Nacional, quien dice que si al señor le molesta su carcajada, es por todas las sandeces y desverguenzas que se oyen en la tribuna.
La presidenta concede el uso de la palabra al diputado Alvaro Uribe Salas, del Partido Revolucionario Institucional, quien declina aduciendo que
no hay debate, porque no se ha tratado el tema a discusión.
Sube a la tribuna la diputada Amalia García Medina, del Partido Mexicano Socialista, quien narra lo ocurrido a una compañera que hace unos días fue atacada sexualmente y dice que los medios de información manejaron el asunto en defensa del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado. Se refiere al delito de violación y lamenta la prisa por legislar cuando la propuesta viene del Ejecutivo y que desde noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro fue presentada una iniciativa en relación con el mismo delito que, desafortunadamente está congelada. Pregunta por qué no se espera a la realización del Primer Foro de Consulta sobre Delitos Sexuales que se realizará en enero próximo. Se refiere a diversos aspectos de la iniciativa y propone que lo que se refiere a la violación sea tratado en forma global, con la participación de otros sectores de la sociedad y, en todo caso, en un período extraordinario de sesiones se legisle sobre ello.
Hace uso de la palabra la diputada Guadalupe Gómez Maganda, del Partido Revolucionario Institucional, quien dice que el hecho de imponer penas más severas a aquéllos que incurren en la comisión de delitos no garantiza que dejen de hacerlo, pero que no obstante se establecen con objeto de influir en la reflexión, en una conciencia de quien tiene el propósito de delinquir para advertirlo de una manera ejemplar e intimidatoria del castigo al que se hará acreedor en el caso de cometer acciones que lesionen los bienes jurídicamente tutelados.
Por instrucciones de la presidenta, la secretaría pregunta a la asamblea si el dictamen está suficientemente discutido y el pleno así lo considera en votación económica. Para los efectos del artículo ciento treinta y cuatro del reglamento, la presidenta pregunta si se van a reservar algunos artículos para discutirlos en lo particular. Se reservan los artículos veinticinco, ciento sesenta y cuatro, ciento sesenta y cuatro bis, doscientos uno, doscientos cinco, doscientos sesenta, doscientos sesenta y uno, doscientos sesenta y cinco, doscientos sesenta y seis y trescientos setenta y dos; el artículo segundo del proyecto de decreto y el artículo tercero que cambia la denominación del capítulo segundo del título octavo, del libro segundo del Código Penal.
La secretaría procede a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados en un sólo acto y se aprueba por doscientos cuarenta y tres votos en pro, ciento cincuenta y seis en contra y dos abstenciones.
La presidenta hace la declaratoria y concede el uso de la palabra al diputado Leopoldo Salinas Gaytán, del Partido Acción Nacional, quien habla en contra del artículo veinticinco del artículo primero del proyecto de decreto.
A nombre de la comisión dictaminadora, hace uso de la palabra el diputado Miguel Montes García, del Partido Revolucionario Institucional, quien opina que el diputado Salinas sólo razonó su voto, por lo que la comisión sostiene sus puntos de vista.
La asamblea considera suficientemente discutido el artículo y la presidenta lo reserva para su votación nominal en conjunto.
La presidenta concede el uso de la palabra el diputado Gerardo Arellano Aguilar del Partido Acción Nacional, quien hace una proposición respecto a los artículos ciento sesenta y cuatro, ciento sesenta y cuatro bis y doscientos trece bis.
A nombre de la comisión hace uso de la palabra el diputado Napoleón Cantú Serna, del Partido Revolucionario Institucional, quien hace aclaraciones al respecto y acepta una interpelación del diputado Arellano Aguilar y también del diputado Jiménez Moreno.
La presidenta pide a la secretaría que ponga a consideración de la asamblea la proposición del diputado Arellano Aguilar y en votación económica se desecha. La asamblea considera suficientemente discutidos los artículos a debate y se reservan para su votación nominal en conjunto.
La presidenta concede el uso de la palabra al diputado Gaudencio Vera Vera, del Partido Acción Nacional. quien abunda sobre el artículo ciento sesenta y cuatro.
Sube a la tribuna, a nombre de la comisión, el diputado Miguel Montes García, quien aclara sobre lo que los artículos mencionados definen como banda y pandilla.
Para rectificar hechos hace uso de la palabra el diputado Ernesto Jiménez Mendoza, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien considera confusos los artículos ciento sesenta y cuatro y ciento sesenta y cuatro bis.
Regresa a la tribuna el diputado Miguel Montes García, quien hace las aclaraciones del caso y, en mérito a lo expuesto por otros diputados y a consideración de la comisión, retira del texto las palabras "de manera permanente" y propone una nueva redacción.
Suficientemente discutido el artículo ciento sesenta y cuatro, se reserva para votación nominal en conjunto con la modificación propuesta por la comisión y aceptada por la asamblea en votación económica.
En contra de los artículos doscientos uno, doscientos cinco, doscientos seis, doscientos sesenta, doscientos setenta y uno, doscientos sesenta y cinco, doscientos sesenta y seis, trescientos setenta y dos, trescientos quince bis, trescientos sesenta y seis y trescientos ochenta y uno, hace uso de la palabra el diputado Ernesto Jiménez Mendoza, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien se refiere a lo que considera imprecisiones de los textos de ley propuestos.
Por la comisión hace uso de la palabra el diputado Jaime Almazán Delgado, del Partido Revolucionario Institucional, quien aclara cada uno de los textos mencionados por quien lo antecedió en el uso de la palabra.
La asamblea considera suficientemente discutidos los artículos a debate y a petición de la presidenta la secretaría toma la votación económica de estos y los anteriormente reservados en un sólo acto. La asamblea aprueba por doscientos treinta y siete votos en pro. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Hace uso de la palabra el diputado Jorge Martínez y Almaraz, de la Corriente Democrática, quien lee una proposición del Partido de la Revolución Democrática, respecto a la inquietud de un debate nacional sobre los grandes problemas del país.
Sube a la tribuna el diputado Héctor Colio Galindo, del Partido Popular Socialista, quien presenta una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos. Se turna a la Comisión de Cultura.
Hace uso de la palabra el diputado Jorge del Rincón Bernal, del Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativa de adición al artículo cuarenta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La presidenta informa que en el curso de la sesión, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, entregó el dictamen relativo al proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de mil novecientos ochenta y nueve. En virtud de que el dictamen ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, se pregunta a la asamblea si le dispensa la primera lectura. Dispensada la lectura, en votación económica. Es de primera lectura.
Hace uso de la palabra el diputado Abel Vicencio Tovar, del Partido Acción Nacional, quien se refiere al emplazamiento que en la pasada sesión le hizo el diputado Francisco Ortíz Mendoza, del Partido Popular Socialista.
Para contestar alusiones personales sube a la tribuna el diputado Francisco Ortíz Mendoza, del Partido Popular Socialista, quien pide que se le conteste "si" o "no", acerca de si es cierto que miembros de su partido desayunaron con el embajador de los Estados Unidos de América.
Vuelven a la tribuna en sendas ocasiones los diputados Vicencio Tovar y Ortíz Mendoza, para dirimir diferencias entre sus grupos parlamentarios.
La presidenta informa que el siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. En atención a que dicho dictamen ha sido impreso y distribuido entre los diputados, se consulta a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura.
En contra del dictamen hace uso de la palabra el diputado Juan Jaime Hernández, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien dice que tratándose de armas de fuego los únicos que las poseen son los ricos, los políticos, los secretarios de Estado y los influyentes y pregunta quién va a proteger al pueblo de la policía y del ejército. Dice que no es con estas reformas como se combate a la delincuencia, pues se llega al absurdo de aumentar al doble las penas si la portación de armas se realiza por un grupo de más de tres personas. Que la iniciativa demuestra una festinada preocupación populista.
Hace uso de la palabra el diputado Jaime Aviña Zepeda, del Partido Acción Nacional, quien dice que la argumentación en contra es básicamente que ante una situación en la cual el único que puede regular el uso de las armas, venderlas, traficarlas y moverlas es el gobierno y deja a los ciudadanos inermes frente a los poseedores de armas.
A nombre de la comisión hace uso de la palabra el diputado Napoleón Cantú Serna, quien para apoyar el dictamen hace aclaraciones a los diputados que lo antecedieron en el uso de la palabra y dice que la bondad y el propósito de la reforma son obvios y que se trata de evitar la proliferación clandestina de armas.
Sube a la tribuna el diputado Luis Jacobo García, del Partido Popular Socialista, quien dice que la
aplicación de estas reformas será un pretexto para establecer la inseguridad de la población, porque le va a dar armas a los encargados de la seguridad pública para extorsionar a la población y particularmente a la gente del campo.
Hace uso de la palabra la diputada Celia Torres Chavarría, de la Corrente Democrática, quien dice que sólo los grupos represivos tienen derecho a tener armas, pero que a los campesinos, al pueblo, a los luchadores, se les van a imponer multas muy altas si se les sorprende portando armas y que se debe rechazar todo lo que sea negativo en bien de México.
Sube a la tribuna el diputado Federico Ruíz López, del Partido Acción Nacional, quien al hablar en contra del dictamen dice que no representa un avance en la confusión que en este aspecto existe y que piensan que si llegan al fondo del problema, tendrán que insistir en que las prohibiciones y las sanciones deben quedar dentro del Código Penal.
Hace uso de la palabra el diputado Fernando Palacios Vela, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quien dice que las reformas propuestas complementan las reformas represivas del Código Penal que fueron aprobadas.
A nombre de la comisión, hace uso de la palabra el diputado Jaime Almazán Delgado, quien dice que el combate a todas las actividades antisociales es lo que ha llevado al Ejecutivo Federal a proponer las reformas de la iniciativa cuyo dictamen está a discusión y en el que sólo se tratan dos aspectos: la elevación de pena y la adición y adecuación de otras disposiciones legales, sobre todo tratándose de ex policías y del tráfico clandestino de armas.
La asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y la secretaría toma la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados. Se aprueba por doscientos sesenta y tres votos en pro y ciento diez y seis en contra.
Para hablar en contra de los artículos ochenta y tres, ochenta y tres bis y ochenta y cuatro, sube a la tribuna el diputado Américo Ramírez Rodríguez, del Partido Acción Nacional, quien dice que la Ley Federal de Armas y Explosivos es un instrumento de represión, producto del ciego terror gubernamental a un pueblo que tenga posibilidad material de defenderse.
A nombre de la comisión hace uso de la palabra el diputado Napoleón Cantú Serna, del Partido Revolucionario Institucional, quien hace diversas consideraciones sobre la portación de armas y afirma que no son las afirmaciones del diputado Ramírez Rodríguez, por lo que la comisión sostiene su dictamen.
Hace uso de la palabra el diputado Horacio González de las Casas, del Partido Acción Nacional, quien se refiere a diversos actos de represión de los que dice fueron objeto en Chihuahua.
Para contestar alusiones personales, hace uso de la palabra el diputado Américo Ramírez Rodríguez, quien dice que la Ley Federal de Armas y Explosivos impide o dificulta poseer y portar armas de fuego y que hace una distinción entre su portación y su transporte.
Por la comisión regresa a la tribuna el diputado Napoleón Cantú Serna, quien hace aclaraciones respecto al artículo sesenta y siete de la Ley Federal de Armas de fuego, donde se aclaran y definen los conceptos sobre portación y transportación de armas de fuego.
La asamblea considera suficientemente discutidos los artículos a debate y se someten a votación en un sólo acto. La asamblea los aprueba por doscientos cuarenta votos en pro y ciento veintiocho en contra. La presidenta hace la declaratoria del caso y pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
La presidenta informa que el siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales. En atención de que este dictamen ya fue impreso y distribuido entre los diputados se consulta a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura. En votación económica, la asamblea le dispensa la segunda lectura. Es de segunda lectura.
Hace uno de la palabra el diputado Hiram Escudero Alvarez, del Partido Acción Nacional, quien propone que se adicione el artículo doscientos noventa y uno del Código Federal de Procedimientos penales con un tercer párrafo.
Por la comisión hace uso de la palabra el diputado Miguel Montes García, quien a su vez propone un nuevo texto que homologa el artículo doscientos noventa y uno, con el trescientos quince del código de procedimientos penales para el Distrito Federal.
Por instrucciones de la presidenta se consulta a la asamblea si aprueba la adición propuesta. En votación económica la asamblea acepta, No habiendo nadie más que haga uso de la palabra y no habiendo ningún artículo reservado para su
discusión en lo particular, la Secretaría, por instrucciones de la presidenta, recoge la votación nominal en lo general y en lo particular en un sólo acto. La asamblea aprueba el dictamen a discusión por trescientos treinta y dos votos en pro, veintiuno en contra y dos abstenciones. Pasa al senado para sus efectos constitucionales.
La presidenta informa que el siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen sobre el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. En atención de que este dictamen ha sido impreso y distribuido entre los diputados, se consulta a la asamblea si le dispensa la segunda lectura. En votación económica se dispensa. Es de segunda lectura.
Para fundamentar el dictamen, hace uso de la palabra el diputado Rodolfo Duarte Rivas, del Partido Revolucionario Institucional, quien dice que las reformas propuestas tienden a agilizar el procedimiento penal.
La asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y la Secretaría, por instrucciones de la presidenta, recoge la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. Se aprueba por trescientos cuarenta votos en pro y veintidós en contra. La presidenta hace la declaratoria respectiva y pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
La presidenta informa que el siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen sobre el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio. En atención de que dicho dictamen ha sido impreso y distribuido entre los diputados, se consulta a la asamblea si le dispensa la segunda lectura. Dispensada la segunda lectura.
Para hablar en contra del dictamen, sube a la tribuna el diputado Heray Lescieur Molina, del Partido Popular Socialista, quien dice que este documento no satisface las necesidades de la clase trabajadora y sólo beneficia a los comerciantes, empresarios y acaparadores, a quienes se les amplían las facilidades, no sólo fiscales, sino ahora en los juicios mercantiles.
En pro del dictamen hace uso de la palabra el diputado Mario Ruíz de Chávez, del Partido Revolucionario Institucional, quien señala que el diputado Lescieur Molina ha caído involuntariamente en dos errores y hace las aclaraciones respectivas sobre la procedencia de la iniciativa y el propósito que tiene de alentar la fluidez de las operaciones comerciales.
Para rectificar hechos hace uso de la palabra el diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, del Partido Popular Socialista y dice que en las diferentes iniciativas que su partido ha examinado, no han encontrado nada que favorezca los intereses populares.
La asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y no habiendo reserva de ningún artículo para discutirlo en lo particular, la Secretaría recoge la votación nominal en lo general y en lo particular en un sólo acto. La asamblea aprueba el dictamen por trescientos veintitrés votos en pro, treinta y uno en contra y once abstenciones. La presidenta hace la declaratoria respectiva y pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
La presidenta informa que el siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen sobre el proyecto de decreto que reforma el que autorizó al Ejecutivo Federal a firmar, en representación del gobierno de México, los convenios constitutivos sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. En atención de que dicho dictamen ha sido impreso y distribuido entre los diputados, se consulta a la asamblea si le dispensa la segunda lectura. Dispensada. Es de segunda lectura.
Para hablar en contra del dictamen, sube a la tribuna el diputado Ernesto Rivera Herrera, del Partido Popular Socialista, quien hace una historia sucinta de los dos organismos internacionales y dice que es hora de abandonar el camino de la entrega y la sumisión. Que nuestro país no debe transitar por la vía que se le señala desde el exterior y que por ello el voto de su partido será en contra del dictamen.
También en contra del dictamen aborda la tribuna el diputado Vicente Luis Coca Alvarez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien expresa la inconformidad de su partido, pues la iniciativa evidencia la incongruencia entre lo que se dice y lo que se pretende hacer de aprobarse el dictamen.
A nombre de la comisión hace uso de la palabra el diputado Valdemar Soto Jaimes, del Partido Revolucionario Institucional, quien hace aclaraciones acerca de lo dicho por el diputado Rivera Herrera y el diputado Coca Alvarez y pide que el dictamen sea aprobado en sus términos.
La asamblea considera que el dictamen está suficientemente discutido y no habiendo artículo alguno que se reserve para su discusión en lo particular, la secretaría recoge la votación nominal en lo general y en lo particular. Se aprueba por trescientos veinticuatro en pro, treinta en
contra y una abstención. La presidenta hace la declaratoria del caso y pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
La presidenta informa de que en virtud de que el acta de la sesión anterior fue impresa y distribuida entre los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, conforme al acuerdo parlamentario respectivo, se consulta a la asamblea si se aprueba. En votación económica se aprueba en sus términos.
La secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y a la primera hora del día veintiocho de diciembre, la presidenta levanta la sesión y cita para la que tendrá lugar el miércoles veintiocho de diciembre a las once horas.»
ELECCIÓN DE DIPUTADOS
PARA LA COMISIÓN PERMANENTE
El C. secretario José Murat C.: - Diecisiete votos en los que están como propuestas para la Comisión Permanente y el primer receso, los ciudadanos diputados: Agustín Gasca Pliego, Manuel Cavazos, Alberto J. Ahumada, María Elena Chapa Hernández, Artemio Iglesias, Rubén Calderón, Dionisio Pérez Jácome, Pedro A. Salazar, Eleazar Ruíz Cerda, Juan Díaz Aguirre, Abel Vicencio Tovar, Juan Antonio García Villa, Gerardo Medina, Juan Miguel Alcántara, Sergio Quiroz Miranda, Pedro René Etienne, Oscar Mauro Ramírez, Ignacio Castilla Mena y Jesús Ortega y sus correspondientes sustitutos.
Cinco votos en el que se integra la planilla por; Gonzalo Martínez Corbalá, Oscar Navarro, Alberto Ahumada, María Elena Chapa, Ignacio López Tarso, Rubén Calderón Cecilio, Dionisio Pérez Jácome, Pedro Salazar Muciño, Eleazar Ruíz Cerda, Juan Díaz Aguirre, Abel Vicencio Tovar, Juan Antonio García Villa, Gerardo Medina, Juan Miguel Alcántara, Jesús Luján, Pedro René Etienne, Oscar Mauro Ramírez, Ignacio Castillo Mena y Jesús Ortega Martínez, con sus respectivos sustitutos.
Dos votos a favor de la planilla en la que están los ciudadanos diputados que encabeza: Francisco Ortíz Mendoza, Manuel Cavazos Lerma, Alberto Ahumada, María Elena Chapa Hernández, Artemio Iglesias, Rubén Calderón, Dionisio Pérez Jácome, Pedro Salazar, Eleazar Ruíz Cerda, Juan Díaz Aguirre, Abel Vicencio Tovar, Juan Antonio García Villa, Gerardo Medina, Juan Miguel Alcántara, Sergio Quiroz Miranda, Pedro René Etienne, Oscar Mauro Ramírez Ayala, Ignacio Castillo Mena y Jesús Ortega Martínez, y sus respectivos suplentes.
Un voto en la que están los nombres que elaboramos y nada más cambia en la propuesta Rubén Calderón Cecilio y ponen a Mario Ruíz de Chávez en su lugar.
Otro voto en los mismos términos, en donde hacen dos cambios: por Artemio Iglesias, Ignacio López Tarso; y por Sergio Quiroz Miranda, Jesús Luján.
Y trescientos diez votos para la planilla en la que están los ciudadanos diputados: Gonzalo Martínez Corbalá, Manuel Cavazos Lerma, Alberto J. Ahumada Padilla, María Elena Chapa Hernández, Artemio Iglesias Miramontes, Rubén Calderón Cecilio, Dionisio Pérez Jácome, Pedro A. Salazar Muciño, Eleazar Ruíz Cerda, Juan Díaz Aguirre, Abel Carlos Vicencio Tovar, Juan Antonio García Villa, Gerardo Medina Valdez, Juan Miguel Alcántara Soria, Armando Ibarra Garza, Pedro Alcántara Soria, Armando Ibarra Garza, Pedro René Etienne Llano, Oscar Mauro Ramírez Ayala, Ignacio Castillo Mena y Jesús Ortega Martínez.
Y como sustitutos: Humberto Roque Villanueva, Enrique Riva Palacio, Carlos Javier Vega Memije, Rodolfo Duarte, Eduwiges Vega Padilla, Ricardo Monreal Ávila, Juan Manuel Verdugo Rosas, Claudia Esqueda Llanes, José de Jesús Pérez, José Luis Alfonso Sampayo, Vicente Fox Quezada, Fernando A. Lozano García, José Luis Luege Tamargo, Jorge del Rincón Bernal, Modesto Cárdenas García, Armando Duarte Móller, Alberto Pérez Fontecha, Rafael Melgoza Radillo y José del Carmen Enríquez Rosado.
La C. Presidenta: - En consecuencia se declara que forman parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que funcionará durante el primer receso de la LIV Legislatura, los siguientes ciudadanos diputados: Gonzalo Martínez Corbalá, Manuel Cavazos Lerma, Alberto Javier Ahumada Padilla, María Elena Chapa Hernández, Artemio Iglesias Miramontes, Rubén Calderón Cecilio, Dionisio Pérez Jácome, Pedro Alberto Salazar Muciño, Eleazar Ruíz Cerda, Juan Díaz Aguirre, Abel Carlos Vicencio Tovar, Juan Antonio García Villa, Gerardo Medina Valdez, Juan Miguel Alcántara Soria, Armando Ibarra Garza, Pedro René Etienne Llano, Oscar Mauro Ramírez Ayala, Ignacio Castillo Mena y Jesús Ortega Martínez, como propietarios.
Y como sustitutos los ciudadanos diputados: Humberto Roque Villanueva, Enrique Riva Palacio Galicia, Carlos Javier Vega Memije, Rodolfo Duarte Rivas, Eduwiges Vega Padilla, Ricardo Monreal Ávila, Juan Manuel Verdugo Rosas, Claudia Esqueda Llanes, Ricardo Monreal Ávila, Juan Manuel Verdugo Rosas, José de
Jesús Pérez, José Luis Sampoyo, Vicente Fox Quezada, Fernando Lozano Gracia, José Luis Luege Tamargo, Jorge del Rincón Bernal, Modesto Cárdenas García, Armando Duarte Móller, Alberto Pérez Fontecha, Rafael Melgoza Radillo y José del Carmen Enríquez Rosado.
(Aplausos.)
Señoras diputadas; señores diputados: Hoy concluye los trabajos y los días del primer período ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados a la LVI Legislatura del Congreso de la Unión.
Estas palabras, dictadas ciertamente por la vigilia pero también y de manera primordial por la sinceridad, son de reconocimiento, gratitud y esperanza.
Hago público reconocimiento al esfuerzo realizado por los coordinadores de los grupos parlamentarios que integran la Cámara. Poco avanza la presidencia de debates si no hay voluntad de concertación política, y aquí la hubo, como hubo colaboración de todos y cada uno de los diputados integrantes de diversos partidos políticos que forman la mesa directiva. Hubo colaboración para superar asuntos operativos e incidentes.
Hago público reconocimiento a los ciudadanos diputados Gonzalo Martínez Corbalá, Jesús Armando Hernández, Hilda Anderson, Bernardo Bátiz y Vicente Luis Coca por el apoyo que brindaron a la mesa y reconozco el trabajo, casi siempre anónimo pero siempre tenaz y eficiente, del equipo de apoyo de la Oficialía Mayor y de algunos personajes legendarios y afortunadamente cotidianos y presentes en nuestro trabajo: de don Alejandro Azcoytia Alvarez y de María Elena Sánchez. (Aplausos.)
Les agradezco a todos ustedes el haberme permitido el privilegio de presidir esta Cámara, esta Cámara cuantitativa cualitativamente nueva, en un tiempo de verdadera transición. Mucho de lo viejo no termina por superarse, pero mucho de lo nuevo ya forma parte constitutiva de un Poder Legislativo que sólo puede operar a partir de consensos en lo fundamental, que ha despertado polémicas, interés y expectativas de grandes sectores de la sociedad mexicana y que está en el eje de los retos democráticos del país.
Con base en la Constitución habrá de ser elemento de equilibrio y equilibrador en el ejercicio del poder en México.
Quiero agregar a las obligadas gratitudes y al reconocimiento, la tarea verdaderamente esforzada y ejemplar de todos y cada uno de los secretarios de la Cámara de Diputados.
(Aplausos.)
Los tiempos de cambio acumulados se tienen por tiempos difíciles. Lo único que atempera el juicio sobre las dificultades particulares que a cada generación le corresponde enfrentar, es la pregunta de: ¿Si hay alguna época fácil en la historia humana? Y se termina por aceptar que en el curso de la historia humana no se registran tiempos fáciles. La historia no es otra cosa que la hazaña del hombre enfrentado a retos y adversidades.
Las tareas inaplazables de la modernización de México son hoy profundizar, ampliar y mejorar las formas de vida democrática; recuperar el crecimiento económico en un país predominantemente joven y urgido de incorporar a millones de mexicanos a la vida productiva y de extender y fortalecer las bases del bienestar social en una sociedad que señala que no hay modernidad posible con más de 20 millones de marginados.
Todo ello ha de darse enmarcado en la defensa infatigable de la soberanía nacional, en el entendido que debemos descartar con mayor realismo que nunca, las fórmulas milagrosas o las soluciones mágicas o súbitas provenientes de los centros hegemónicos mundiales. Nadie hará por México lo que no sepamos hacer los mexicanos.
Concluimos, concluyo estas tareas con optimismo y esperanza renovados, por encima de las estridencias circunstanciales o de las inobservancias de las formas, prevalece en esta Cámara de Diputados la voluntad de dar fondo a las tareas del Poder Legislativo, de darles sustancias cada día mayor para perfeccionar la vida democrática de México.
Vivir es en sí un privilegio, una aventura, un desafío, pero es muy difícil vivir y en esto coinciden los pensadores de oriente y de occidente, sin esperanza.
Adapta el breve espacio de tu vida una esperanza larga, aconsejaba el poeta latino.
Y el otro oriental, poeta también y un día no tan lejano combatiente por la liberación de su patria, entonces colonizada, invadida, minada, tuvo la entereza de afirmar: "es la ley, gira y gira la rueda de la naturaleza, tras la lluvia el buen tiempo siempre llega."
El pueblo de México al que pertenecemos viene de esta estirpe, de la estirpe de los pueblos fuertes, vigorosos que saben mantener viva la esperanza; empecé hablando de los tiempos difíciles y quiero terminar haciendo votos con ustedes, porque todo y cada uno de los mexicanos, en el sitio que nos corresponde, seamos capaces de construir el nuevo y buen tiempo de México.
Les deseo a todos ustedes, señores diputados, señoras diputadas, un buen año.
Les deseo bienestar junto a sus familias. Les deseo que en 1989 podamos renovar, junto con el pueblo de México al que representamos, nuestra voluntad de vivir y de luchar. Muchas gracias.
(Aplausos.)
El C. secretario Ismael Orozco Loreto: - Se ruega a los presentes ponerse de pie.
La C. Presidenta: - Hoy, 29 de diciembre de 1988, la Cámara de la LIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, declara formalmente terminados sus trabajos correspondientes al primer período ordinario de sesiones. (Aplausos.)
(A las 10.45 horas): - Se levanta la sesión de Cámara de Diputados y se cita a la Sección de Congreso General, hoy a las 18.00 horas.
Consulte la secretaría a la asamblea su autorización para que el acta de la sesión que ha terminado, sea entregada a los coordinadores de los grupos parlamentarios y las observaciones que deseen hacer las entreguen en la Oficialía Mayor y se dé por aprobada en esta sesión.
El C. secretario Ismael Orozco Loreto: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acta de la sesión anterior para que sea entregada a los coordinadores parlamentarios y puedan éstos hacer las observaciones correspondientes y que se considere, en consecuencia, después de ellas como aprobada.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo poniéndose de pie.. Se autoriza.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y
DIARIO DE LOS DEBATES