Legislatura LIV - Año II - Período Comisión Permanente - Fecha 19900110 - Número de Diario 3
(L54A2PcpN003F19900110.xml)Núm. Diario:3ENCABEZADO
LIV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Lic. Guillermo Jiménez Morales
RECINTO LEGISLATIVO
CENTRO MEDICO NACIONAL
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Lic. Benjamín Martínez Martínez
Año II México, D.F., miércoles 10 de enero de 1990 No. 3
SUMARIO
ASISTENCIA
La secretaría notifica que hay quórum.
APERTURA
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR
Con una proposición, se aprueba.
INVITACIÓN
Del congreso del estado de Puebla, a la sesión solemne en la que el ciudadano licenciado Mariano Piña Olaya, ,gobernador constitucional del estado, rendirá su tercer informe de gobierno, el día 15 de enero. Se designa comisión.
COMUNICACIONES
De la Suprema Corte de Justicia de la nación, donde informa de la inauguración de su primer período de sesiones y designación de la presidencia de este alto cuerpo colegiado. De enterado.
De los congresos de los estados de Morelos, Oaxaca y Tabasco, donde se notifica la elección de sus mesas directivas. De enterado.
OFICIOS DE LA SECRETARIA
DE GOBERNACIÓN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Por el que solicita permiso constitucional para que los ciudadanos Rosario Rosa Roig Blaky, María de las Mercedes Mundo Marín, Paula Teresa Chong Suárez, Obdulia Villanueva y González, y Alfredo Arámburo López, puedan prestar servicios en la embajada y en el consulado general de Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora. Se recibe. Se turna a la primera comisión.
Por el que se cita permiso constitucional para que los ciudadanos Julieta Morales Vera, Nicasio Salvador Euan Várguez, Santos Humberto Acevedo García, José Guadalupe
Cumi Cituc, Pedro Celestino Cuytum Caab y Edgar Renán Borges May, puedan prestar servicios en el consulado general de Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán. Se recibe. Se turna a la Primera Comisión.
DICTÁMENES
DE PRIMERA LECTURA
La Presidencia propone se dispense la lectura al cuerpo de los dictámenes y solamente se le dé lectura y a los proyectos de decreto. Se aprueba.
CONDECORACIONES
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Víctor Manuel Camacho Solís y Diego Valadés Ríos, para aceptar y usar las que le confiere el gobierno de Guatemala.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Eugenio Anguiano Roch y Rubén Felipe Arias Arciniega, para aceptar y usar las que le confiere el gobierno de Argentina.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Francisco Roux López, Miguel Alemán Velasco, Clemente Robles Castillo y Sergio González Gálvez, para aceptar y usar las que les confieren los gobiernos de Bélgica, Francia, Venezuela y Brasil, respectivamente.
PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Miguel Ángel López Merino y Lilia Cruz, para prestar servicios en la delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas, en México, y en la embajada de la República de Venezuela en México, respectivamente.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Jesús Alcocer Hernández y María Susana Gordoa Martínez, para prestar servicios en la embajada de la República de Corea en México.
DE LA REPÚBLICA
DE COLOMBIA
El diputado Jorge Alberto Ling Altamirano, del Partido Acción Nacional, protesta sobre el bloqueo de los puertos de Colombia por el gobierno de Estados Unidos de América.
Intervienen para este mismo tema los ciudadanos diputados Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Héctor Mayagoitia Domínguez y senador Cristóbal Arias Solís, para reiterar su rechazo a esta intromisión del "imperio".
SOBRE EL PROBLEMA
DEL CAMPO EN MÉXICO
Debaten los ciudadanos diputados Bernardo Bátiz Vázquez, Jesús Antonio Carlos Hernández, Humberto Roque Villanueva y Juan Jaime Hernández, así como los senadores Cristóbal Arias Solís y Héctor Hugo Olivares Ventura.
Para rectificar hechos, habla el diputado Pedro César Acosta Palomino y el senador Eliseo Rangel Gaspar, Sobre el mismo tema.
HECHOS EN LA PLANTA FORD
Expresan su opinión los ciudadanos diputados Jesús Antonio Carlos Hernández, José Juan Medrano Castillo, Pablo Gómez Alvarez y Juan Jaime Hernández, sobre la violencia en esta planta de trabajo.
Debate sobre el mismo tema, el senador Blas Chumacero Sánchez.
Para alusiones personales, interviene el diputado Pablo Gómez Alvarez.
Se turna este asunto a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
DEL PROGRAMA INTEGRAL
DE TRANSPORTE
Los ciudadanos diputado Alberto Ling Altamirano y senador Fernando Silva Nieto, hacen sus comentarios a este programa.
SOBRE LA POLICÍA
JUDICIAL FEDERAL
El ciudadano diputado Juan Jaime Hernández protesta sobre los atropellos que sufre la ciudadanía por parte de los elementos policiacos y se castigue a los culpables que incurran en estos hechos.
Continúan con el mismo tema los ciudadanos diputados Leonel Godoy Rangel, Bernardo Díaz Bátiz Vázquez y Miguel Montes García.
Se turna este asunto a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
DE LA PRIVATIZACIÓN
DE PETRÓLEOS MEXICANOS
El ciudadano diputado Jesús Antonio Carlos Hernández solicita, a nombre del Partido Popular Socialista, se cite a comparecer a los directores de Petróleos Mexicanos y del Banco de México.
Intervienen, para el mismo tema, los diputados Trinidad Lanz Cárdenas y Pablo Gómez Alvarez, este último presenta una proposición. Se desecha su discusión.
SOLICITUD
DE LICENCIA
Del ciudadano Ismael Orozco Loreto, para separarse de sus funciones inherentes al cargo de federal electo en el XI distrito electoral del estado de Jalisco. Se aprueba.
DECLARATORIA DE GRUPOS
PARLAMENTARIOS
El ciudadano senador Alger León Moreno, a nombre de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, rechaza enérgicamente el contenido de una serie de televisión denominada "La Guerra de la Drogas", transmitido por la cadena NBC de Estados Unidos de América.
Interviene sobre este tema el diputado Pablo Gómez Alvarez, para hacer algunas aclaraciones sobre la propuesta.
Se aprueba la propuesta presentada.
DEL ESTADO
DE GUERRERO
El diputado Leonel Godoy Rangel, a nombre del Partido de la Revolución Democrática, presenta una denuncia en contra del gobernador del estado de Guerrero, José Francisco Ruíz Massieu
Debaten sobre el mismo tema los senadores Bulmaro Pacheco Moreno y Cristóbal Arias Solís, para dar sus consideraciones.
La Presidencia da trámite a la denuncia a Oficialía Mayor.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL CIUDADANO DIPUTADO GUILLERMO JIMÉNEZ MORALES
(Asistencia de treinta y dos ciudadanos legisladores)
ASISTENCIA
El C. secretario diputado Juan Jaime Hernández: - Señor Presidente, hay una asistencia de 32 legisladores. Hay quórum.
APERTURA
El C. Presidente (a las 11.10 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario senador Fernando Silva Nieto: -Se va a dar lectura al orden del día.
«Comisión Permanente.- Primer Receso.- Segundo Año.- LIV Legislatura.
Orden del día
10 de enero de 1990
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Congreso del Estado de Puebla, invita a la sesión solemne en la que el ciudadano licenciado Mariano Piña Olaya, gobernador constitucional del estado, rendirá su tercer informe de gobierno, la que tendrá lugar el 15 de los corrientes.
Comunicación de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Morelos, Oaxaca y Tabasco.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Dos, por lo que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Rosario Rosa Roing Blacky, María de las Mercedes Mundo Marín, Paula Teresa Chong Suárez, Obdulia Villanueva González, y Alfredo Arámburo López, puedan prestar servicios en la embajada y en el consulado general de Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.
Por el que solicita el permiso constitucional necesarios para los ciudadanos Julieta Morales Vera, Nicasio Salvador Euan Várguez, Santos Humberto Acevedo García, José Guadalupe Cumi Cituc, Pedro Celestino Cuytum Caab y Edgar Renán Borges May, puedan prestar servicios en el consulado general de Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán.
Dictámenes de la primera lectura
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano licenciado Víctor Manuel Camacho Solís, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Quetzal, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de Guatemala.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano licenciado Diego Valadéz Ríos, para aceptar y usar de la condecoración de la Orden Antonio José de Irrisarri, que le confiere el gobierno de Guatemala.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Eugenio Anguiano Roch y Rubén Felipe Arias Arcieniega, para aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de Argentina.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Francisco Roux López, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Leopoldo II, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de Bélgica.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano licenciado Miguel Alemán Velasco, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en grado Oficial, que le confiere el gobierno de la República Francesa.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Clemente Robles Castillo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Andrés Bello, en su Primera Clase, que le confiere el gobierno de Venezuela.
-De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Sergio González Gálvez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Cruzeiro del Sur, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de Brasil.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Miguel Ángel López Merino, para prestar servicios en la delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas, en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Lilia Cruz, para prestar servicios en la embajada de la República de Venezuela en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Jesús Alcocer Hernández y María Susana Gordoa Martínez, para prestar servicios en la embajada de la República de Corea en México.
Proposiciones
Conjunta de los legisladores de los grupos parlamentarios que integran la Comisión Permanente.
Toma de posiciones, declaraciones
o comentarios
De los grupos parlamentarios de los partidos: Popular Socialista y Acción Nacional, sobre el bloqueo de los puertos de Colombia.
De los grupos parlamentarios de los partidos: Acción Nacional, Popular Socialista, Auténtico de la Revolución Mexicana, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, sobre el problema del campo en México.
De los grupos parlamentarios de los partidos: Popular Socialista, Acción Nacional, Auténtico de la Revolución Mexicana, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, sobre la violencia en la planta de Ford.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Programa Integral de Transporte.
De los grupos parlamentarios de los partidos: Auténtico de la Revolución Mexicana y Acción Nacional, sobre Policía Judicial Federal.
Denuncias
Del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre privatización de Petróleos Mexicanos.
Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por responsabilidad política del gobernador del estado de Guerrero.
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el cierre de la Compañía Industrial de Azcapotzalco.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El C. secretario senador Fernando Silva Nieto: - Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de ejercicio de la Quincuagésima Cuarta Legislatura, celebrada el día cuatro de enero de mil novecientos noventa.
Presidencia del diputado Guillermo
Jiménez Morales
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con ocho minutos del día cuatro de enero de mil novecientos noventa, con una asistencia de veintisiete legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.
La secretaría da lectura al orden del día y, posteriormente al acta de instalación de la Comisión Permanente, misma que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.
De conformidad con el artículo ciento dieciocho de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la directiva propone las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente, mismas que en votación económica se aprueban.
Para referirse especialmente a la importancia de los trabajos de la Comisión Permanente, hacen uso de la palabra los legisladores: Eliseo Gaspar Rangel, del Partido Revolucionario Institucional; Roberto Jaramillo Flores, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Juan Jaime Hernández, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Jesús Antonio Carlos Hernández, del Partido Popular Socialista; Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática; Bernardo Bátiz Vázquez del Partido Acción Nacional y Arturo Armendáriz Delgado, del Partido Revolucionario Institucional.
Se da cuenta con una invitación de la quincuagésima primera legislatura del honorable Congreso del Estado de Yucatán, a la sesión solemne en la que el gobernador del estado rendirá su segundo informe de gobierno. Para asistir a ese acto en representación de la Comisión Permanente, se designa a los legisladores Blanca Ruth Esponda de Torres, Arturo Armendáriz Delgado y Juan Jaime Hernández.
La secretaría da lectura a una invitación del Departamento del Distrito Federal, el acto cívico conmemorativo del septuagésimo quinto aniversario de la Expedición de la Ley Agraria del seis de enero de mil novecientos quince. Para representar a la Comisión Permanente, el Presidente designa a los legisladores Humberto Roque Villanueva y Alvaro Salazar Lozano.
Se da lectura a un oficio de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se informa que se rindió el informe anual de labores y se clausuró el segundo período de sesiones correspondiente a mil novecientos ochenta y nueve. De enterado.
Se da cuenta con una comunicación del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Veracruz - Llave, por la que informa que se designa a la mesa directiva para el mes de diciembre. De enterado.
Otra del Congreso del Estado de Zacatecas, por la que informa que eligió mesa directiva, para el cuarto mes del primer año de su ejercicio constitucional. De enterado.
Para continuar con el orden del día, la secretaría da lectura a un oficio de la Secretaría de
Gobernación, por el que se solicita permiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica en grado de Collar, que le confiere el gobierno de España.
Otro oficio de la misma secretaría, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que la señora Cecilia Occelli de Salinas, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Banda de Dama, que el confiere el gobierno de España.
La Presidencia considera los asuntos con los que se da cuenta, como de urgente resolución y la asamblea, en votación económica, dispensa todos los trámites.
Por instrucciones de la Presidencia, la secretaría somete a discusión el proyecto de decreto por el que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Carlos Salinas de Gortari, presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Cecilia Occeli de Salinas, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de España.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se recoge la votación nominal respectiva y se aprueba el proyecto de decreto por veintinueve votos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Se da lectura a ocho oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Manuel Camacho Solís, Diego Valadés Ríos, Eugenio Anguiano Roch, Rubén Arias Arciniega, Miguel Alemán Velasco, Sergio González Gálvez, Francisco Roux - López y Clemente Robles Castillo, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos extranjeros. Se turna a la Primera Comisión.
Otro oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Miguel Ángel López Merino, puedan prestar sus servicios en la delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas en México. Se turna a la Primera Comisión.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Lilia Cruz, pueda prestar sus servicios en la embajada de Venezuela en México. Se turna a la Primera Comisión.
De la misma secretaría se da lectura a un oficio por el que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Jesús Alcocer Hernández y María Susana Gordoa Martínez, puedan prestar sus servicios en la embajada de la República de Corea en México. Se turna a la Primera Comisión. Dos oficios por los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Juan Antonio Ventura Malanche, Manuel Sánchez Mérito, José Luis Sánchez Mérito y Rosa Inés Ruíz Gómez, puedan prestar sus servicios en los consulados generales de Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán; Tijuana, Baja California y el estado de Chiapas. Se turna a la Primera Comisión.
La secretaría da cuenta con tres oficios por los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Francisco Servín y García, Ramón de Lira Peralta, Elsa Avilés Mercado, Francisca Tapia García y Rosa Carla Torres Gutiérrez, puedan prestar sus servicios en la embajada de Estados Unidos de América en México. Se turna a la Primera Comisión.
Para referirse a diversos hechos en el estado de Guerrero, hacen uso de la palabra los legisladores Cristóbal Arias Solís, del Partido de la Revolución Democrática; Bulmar Pacheco Moreno, del Partido Revolucionario Institucional; Leonel Godoy Rangel, del Partido de la Revolución Democrática; Bulmaro Pacheco Moreno, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos y contestar a una interpelación del diputado Pablo Gómez Alvarez; Pedro César Acosta Palomino, del Partido Acción Nacional, quien denuncia los ataques que sufrió la diputada federal Teresa Cortés Cervantes; Trinidad Lanz Cárdenas, del Partido Revolucionario Institucional; Bernardo Bátiz Vázquez, del Partido Acción Nacional, para contestar alusiones personales; Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática, quien acepta interpelación del senador Alvaro Salazar Lozano y Trinidad Lanz Cárdenas, del Partido Revolucionario Institucional, para contestar alusiones personales.
El Presidente informa que en los términos del artículo setenta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitará a las autoridades del estado de Guerrero, la información que permitir aclarar los hechos en los que resultó lesionada la diputada Teresa Cortés.
Se concede el uso de la palabra a la senadora Blanca Ruth Esponda de Torres, del Partido Revolucionario Institucional, quien a nombre de todos los miembros de la Comisión Permanente, propone puntos de acuerdo en relación con la República de Panamá y los hechos sangrientos en los que se ha visto envuelta
.
Para abundar sobre el mismo asunto, hacen uso de la palabra los legisladores Alberto Ling Altamirano, del Partido Acción Nacional; Leonel Godoy Rangel, del Partido de la Revolución Democrática; Jesús Antonio Carlos Hernández, del Partido Popular Socialista y Juan Jaime Hernández, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
La asamblea Considera el asunto de urgente resolución y votación económica aprueba los puntos de acuerdo, por lo que el Presidente ordena que se inserten en el Diario de los Debates y se les dé la difusión necesaria.
Agotados los asuntos en cartera, la secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las quince horas con cincuenta minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo miércoles diez de enero de mil novecientos noventa, a las once horas.»
Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez:
- Señor Presidente, solicito que del acta en esta ocasión y en las sucesivas, se asiente la votación en todos los sentidos que se produjo en el momento de aprobar un dictámen, puesto que sólo se está dando la votación final.
El C Presidente: - Tome nota la secretaría de la proposición del diputado Pablo Gómez.
El C. secretario senador Fernando Silva Nieto: - Muy bien, señor Presidente,
Aprobada el acta, señor Presidente.
INVITACIÓN
El C. secretario diputado Juan Jaime Hernández: - Se va a dar lectura a una invitación.
«Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal.
La Quincuagésima Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, invita a usted a la sesión solemne en la que el ciudadano Mariano Piña Olaya, gobernador constitucional del estado, dará lectura a su tercer informe de gobierno.
El acto se celebrará el día 15 de los corrientes a las 11.00 horas, en el auditorio de la reforma del centro cívico 5 de mayo declarado el recinto oficial.
Puebla, Puebla, enero de 1990.»
El C. Presidente: - Para asistir en representación de esta honorable Comisión Permanente, esta Presidencia designa a los siguientes ciudadanos legisladores: senadores Alfredo Toxqui Fernández de Lara, Blas Chumacero Sánchez; diputados Ismael Orozco Loreto, Jesús Antonio Carlos Hernández y Juan José Medrano Castillo.
COMUNICACIONES
El C. secretario diputado Juan Jaime Hernández: - Se va a dar lectura a varias comunicaciones:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Presidencia.- México.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-
Presentes.
Me permito comunicar a ustedes, rogándoles se sirvan hacerlo del conocimiento de esa honorable Comisión Permanente, que el día de hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación inauguró su primer período de sesiones, y que el tribunal pleno tuvo a bien designarme presidente de este alto cuerpo colegiado para el presente año.
Reitero a ustedes las seguridades de mi especial consideración.
México, Distrito Federal, 2 de enero de 1990.-
El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, licenciado Carlos del Río Rodríguez.»
Trámite: - De enterado.
El C. secretario senador Fernando Silva Nieto:
«Escudo.- Poder Legislativo.- Honorable XLIV Legislatura.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal.
La honorable Cuadragésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 44, párrafo tercero de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, comunica que en sesión pública ordinaria celebrada el día de hoy, procedió a la elección el presidente y vicepresidente de la mesa directiva, quienes fungirán durante los trabajos correspondientes al mes de diciembre del actual, quedando integrada de la siguiente manera:
Diputados: presidente, ciudadano Garibaldi Santoyo Cárdenas y vicepresidente, ciudadano Jorge Rodríguez y Rodríguez.
Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Sufragio Efectivo. No Reelección.
Cuernavaca, Morelos, a 30 de noviembre de 1989.- Diputado secretario licenciado Víctor Manuel Salcedo Perdomo, diputada secretaria licenciado Yolanda Gutiérrez Vélez.»
Trámite: - De enterado.
El C. secretario diputado Juan Jaime Hernández:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno Constitucional del estado de Oaxaca.- Poder Legislativo.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal.
En cumplimiento a los preceptos legales, comunicamos a usted que la LIV Legislatura constitucional del estado, en sesión ordinaria efectuada hoy, procedió a la elección de presidente y vicepresidente para funcionar durante los primeros 15 días del próximo mes de diciembre, habiendo resultado electos por mayoría de votos los ciudadanos diputados: José Guzmán Santos, presidente; Héctor Soriano Reyes, vicepresidente.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz.- Oaxaca de Juárez, a 24 de noviembre de 1989.-
Licenciado Javier Jiménez Herrera, diputado secretario; ciudadano Clemente Jesús López, diputado secretario.»
Trámite: - De enterado.
El mismo C. Secretario:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
Villahermosa, Tabasco, a 30 de noviembre de 1989.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal.
Para dar cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 34 del Reglamento Interior de este honorable Congreso, la LIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Tabasco, tiene el honor de informar a usted que en sesión pública efectuada el día de hoy, se eligió presidente y vicepresidente de la mesa directiva que fungirá a partir del 1o. al 31 de diciembre del presente año, la que quedó integrada en la forma siguiente:
Diputados: presidente Jesús Madrazo Martínez de Escobar; vicepresidente, Ricardo Martínez Estrada; secretario, Lulio Marín Ortíz y prosecretario, Ángel Zamora Andrade.
Al comunicarle lo anterior, me es grata la ocasión para reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El oficial mayor del honorable congreso, licenciado Víctor Manuel Ocaña Andrade.»
Trámite: - De enterado.
OFICIOS DE LA SECRETARIA
DE GOBERNACIÓN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El C. secretario diputado Juan Jaime Hernández:
«Escudo nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio de la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 11 del actual, enviándoles además del presente el anexo que en el mismo se cita:
"Mucho agradeceré a usted tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión el permiso que se refiere a la fracción II, apartado B, del artículo 37 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se mencionan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno de Estados Unidos de América. La nacionalidad mexicana de dichas personas se ve acreditada por las fotocopias de sus respectivas actas de nacimiento que se remiten anexas al presente oficio.
Nombre, puesto y lugar de trabajo: Rosario Rosa Roig Blaky, asistente de pagos, embajada de
Estados Unidos de América en México; María de las Mercedes Mundo Marín, asistente de pagos, embajada de Estados Unidos de América en México; Paula Teresa Chong Suárez, secretaria, embajada de Estados Unidos de América en México."
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 18 de diciembre de 1989.- El secretario Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
El mismo C. Secretario:
« Escudo nacional: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General del Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 11 del actual, enviándoles además con el presente el anexo que en el mismo se cita:
"Mucho agradeceré a usted que tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B, del artículo 37 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que mencionan a continuación puedan prestar sus servicio al gobierno de Estados Unidos de América. La nacionalidad mexicana de dichas personas se ve acreditada por las fotocopias de sus respectivas actas de nacimiento que se remiten anexas al presente oficio.
Nombre, puesto y lugar de trabajo: Obdulia Villanueva y González, bibliotecaria, embajada de Estados Unidos de América en México, Alfredo Arámbula López, empleado consular, consulado general de Hermosillo Sonora."
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 18 de diciembre de 1989.- El secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
El mismo C. secretario.
«Escudo nacional .- Estados Unidos Mexicanos. -Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a esta Gobernación, con fecha 17 del actual, enviándoles además con el presente los anexos que en el mismo se citan:
"Mucho agradeceré a usted que tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión permiso a que se refiere la fracción II, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se mencionan a continuación, puedan prestar sus servicios en el consulado general de los Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán. La nacionalidad mexicana de dichas personas se ve acreditada por las fotocopias de sus respectivas actas de nacimiento que se remiten al presente oficio.
Nombre, puesto y lugar de trabajo: Julieta Morales Vera, asistente administrativo, consulado, Mérida, Yucatán; Nicasio Salvador Euan Várguez, chofer diligenciero, consulado Mérida, Yucatán; Santos Humberto Acevedo García, conserje, consulado, Mérida, Yucatán; José Guadalupe Cumi Cituc, jardinero consulado, Mérida, Yucatán; Pedro Celestino Cuytum Caab, jardinero conserje, consulado, Mérida, Yucatán; Edgar Renán Borges May, jardinero conserje, consulado, Mérida, Yucatán.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 27 de noviembre de 1989.- El secretario Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
DICTÁMENES
DE PRIMERA LECTURA
CONDECORACIONES
El C. Presidente: - En el orden del día está la primera lectura a varios dictámenes , consulte la
secretaría de la asamblea si autoriza que se le dispense la lectura al cuerpo de los dictámenes y solamente se le dé lectura a los proyectos de decreto.
El C. secretario diputado Juan Jaime Hernández: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si autoriza que se le dispense la lectura al cuerpo de los dictámenes y solamente se dé lectura a los proyectos de decreto.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado, señor presidente.
«Primera comisión.
Honorable asamblea: La Primera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano licenciado Víctor Manuel Camacho Solís, jefe del departamento del distrito Federal, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Quetzal, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de Guatemala.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano licenciado Víctor Manuel Camacho Solís, jefe del departamento del Distrito Federal, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Quetzal, en Grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de Guatemala.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 5 de Enero de 1990.- Diputado José Luis Lamadrid Sauza, diputado Miguel Montes, García, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Pablo Gómez Alvarez, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Alger Urke León Moreno, diputado Arturo Armendáriz Delgado y senador Francisco Solís Rodríguez.»
Trámite:- Primera lectura.
El mismo C. secretario:
«Primera comisión.
Honorable Asamblea. La Primera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano licenciado Diego Valadés Ríos, coordinador general jurídico del Departamento del Distrito Federal, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Antonio José de Irisarri, que le confiere el gobierno de Guatemala.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B, del artículo 37 constitucional se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano licenciado Diego Valadés Ríos, coordinador general jurídico del Departamento del Distrito Federal, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Antonio José de Irisarri, que le confiere el gobierno de Guatemala.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México Distrito Federal, a 5 de enero de 1990. -Diputado José Luis Lamadrid Sauza, diputado Miguel Montes García, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Pablo Gómez Álvarez, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Alger Urke León Moreno, diputado Arturo Armendáriz Delgado, senador Francisco Solís Rodríguez.»
Trámite: - Primera lectura.
El mismo C. Secretario:
«Primera comisión.
Honorable asamblea: la Primera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicitan los ciudadanos embajador Eugenio Anguiano Roch y general brigadier diplomado de estado mayor, Rubén Felipe Arias Arciniega, para que puedan aceptar y usar las condecoraciones de Orden de Mayo al Mérito, en grado de Gran Cruz; Orden Ecuestre Militar Caballeros Granaderos de los Andes, en Grado de Gran Oficial, que les confiere el gobierno de Argentina, respectivamente.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano embajador Eugenio Anguiano Roch, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Mayo al Mérito, en Grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de Argentina.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano general brigadier diplomado de estado mayor, Rubén Felipe Arias Arciniega, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Ecuestre Militar Caballeros Granaderos de los Andes, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de Argentina.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 5 de enero de 1990.- Diputado José Luis Lamadrid Sauza, diputado Miguel Montes García, senador Héctor Mayagoitia Domínguez diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Pablo Gómez Alvarez, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Alger Urke León Moreno, diputado Arturo Armendáriz Delgado y senador Francisco Solís Rodríguez.»
Trámite: - Primera lectura.
El mismo C. secretario:
«Primera comisión.
Honorable asamblea: La Primera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano Francisco Roux López, ministro del servicio exterior mexicano, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Leopoldo II, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de Bélgica.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único: Se concede permiso al ciudadano licenciado Miguel Alemán Velasco, embajador de México para asuntos especiales, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Oficial, que le concede el gobierno de la República de Francia.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, distrito Federal a 5 de enero de 1990. -Diputado José Luis Lamadrid Sauza, diputado Miguel Montes García, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez,
senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Pablo Gómez Alvarez, senador José de Jesús Padilla Padilla diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Alger Urke León Moreno, diputado Arturo Armendáriz Delgado y Senador Francisco Solís Rodríguez.»
Trámite: - Primera lectura.
El mismo C. secretario:
«Primera comisión.
Honorable Asamblea: La Primera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano doctor Clemente Robles Castillo, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Andrés Bello, en su Primera clase, que le confiere el gobierno de Venezuela.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano doctor Clemente Robles Castillo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Andrés Bello, en su Primera Clase, que le confiere el gobierno de Venezuela.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México distrito Federal a 5 de enero de 1990.- diputado José Luis Lamadrid Sauza, diputado Miguel Montes García, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Pablo Gómez Alvarez, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Alger Urke León Moreno, diputado Arturo Armendáriz Delgado y senador Francisco Solís Rodríguez.»
Trámite: - Primera lectura.
El mismo C. secretario:
«Primera comisión.
Honorable asamblea: La Primera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano embajador Sergio González Gálvez, subsecretario "A" de Relaciones Exteriores, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional de Cruzeiro del Sur, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de Brasil.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, apartado B el artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano embajador Sergio González Gálvez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Cruzeiro del Sur, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de Brasil
. Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México Distrito Federal, a 5 de enero de 1990. -diputado José Luis Lamadrid Sauza, diputado, Miguel Montes García, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Pablo Gómez Alvarez, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Alger Urke León Moreno, diputado Arturo Armendáriz Delgado y senador Francisco Solís Rodríguez.»
Trámite: - De enterado.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El mismo C. secretario:
«Primera comisión.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 2 de octubre de 1989, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Miguel Ángel López Merino, pueda prestar sus servicios como chofer en la delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas, en México.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 4 de enero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el interesado prestará en la delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas, en México, serán como chofer, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Miguel Ángel López Merino, para prestar servicios como chofer en la delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas, en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 5 de enero de 1990.- Diputado José Luis Lamadrid Sauza, diputado Miguel Montes García, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Pablo Gómez Alvarez, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Ángel Urke León Moreno, diputado Arturo Armendáriz Delgado y senador Francisco Solís Rodríguez.»
- Trámite: -Primera lectura.
El mismo C. Secretario:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 11 de diciembre de 1989, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Lilia Cruz, pueda prestar servicios de carácter administrativo en la embajada de la República de Venezuela en México.
En sesión por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 4 de enero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la interesada prestará en la embajada de Venezuela, serán como empleada de limpieza, y
c) Que la solicitud que ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Lilia Cruz, para prestar servicios como empleada de limpieza, en la embajada de Venezuela, en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 5 de enero de 1990.- Diputado José Luis Lamadrid Sauza, diputado Miguel Montes García, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Pablo Gómez Alvarez, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Alger Urke León Moreno, diputado Arturo Armendáriz Delegado y senador Francisco Solís Rodríguez.»
Trámite: - Primera lectura.
El mismo C. Secretario.
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 13 de diciembre de 1989, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Jesús Alcocer Hernández y María Susana Gordoa Martínez, pueda prestar servicios de carácter administrativo, en la embajada de la República de Corea en México.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 4 de enero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que los interesados prestarán en la embajada de la República de Corea, serán como secretario particular del embajador y secretaria de la sección consular, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Jesús Alcocer Hernández, para prestar servicios como secretario particular del embajador de la República de Corea en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana María Susana Gordoa Martínez, para prestar servicios como secretaria de la sección consular, en la embajada de la República de Corea en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 5 de enero de 1990.- Diputado José Luis Lamadrid Sauza, diputado Miguel Montes García, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Pablo Gómez Alvarez, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Alger Urke León Moreno, diputado Arturo Armendáriz Delgado y senador, Francisco Solís Rodríguez.»
Trámite: - Primera lectura.
DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre el bloqueo de los puertos de Colombia.
No encontrándose en este salón de sesiones el diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, tiene la palabra el ciudadano diputado Jorge Alberto Ling Altamirano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar del mismo tema.
El C. diputado Jorge Alberto Ling Altamirano: - Señor Presidente; honorable asamblea: Nuevamente subimos a esta tribuna, para asuntos internacionales, con un mismo protagonista y diferentes interlocutores de este protagonista.
El bloqueo de las naves de guerra que se trató de hacer, primero en aguas territoriales y después en aguas internacionales, de un país hermano, por parte de Estados Unidos, evidentemente nos preocupa y hemos estado muy atentos al acontecer de estas maniobras que parecen desbordar a las autoridades norteamericanas.
Dos naves de guerra y sus escoltas, se dijo que habían partido del puerto de Norfolk en Estados Unidos, rumbo al Caribe sudamericano. De tal manera que aunque las noticias eran exageradas, no dejaban de tener bases de sustentación acerca de la noticia.
En donde estaba exagerado era que en un par de días, es decir, que habiendo salido del jueves pasado, mientras nosotros denunciábamos hechos similares aquí en esta sesión, partían estos buques rumbo a las Costas de Colombia, y la exageración consistía en que en dos días más habían llegado, es decir el sábado, a aguas territoriales. Esto es falso, pero lo que es cierto es que habían partido de puertos norteamericanos con esa dirección.
Todo esto a través de filtraciones de información en las agencias noticiosas internacionales, de tal manera que era un secreto a voces el destino de estas naves.
Sensibilizados por los acontecimientos de Panamá, la opinión pública del mundo y la voz de los gobiernos de distintos países, tanto latinoamericanos como del mundo entero, condenaron dichas maniobras y su destino. De tal manera que la guerra contra el narcotráfico ahora se hacía por otros medios y por medios de fuerza en forma unilateral. Tal se desprende de las aclaraciones de Margaret Turn Whiler, portavoz del departamento de estado norteamericano, pues aseguró ésta, el 8 de enero pasado lo siguiente: "Cualquier cosa que se haga, será en completa cooperación y consulta con el país en cuestión".
Y más adelante de su declaración menciona: "ni el departamento de estado, ni el Pentágono, han presentado al presidente de Estados Unidos, George Bush, ningún plan concreto sobre Colombia". Esto, el 8 de enero: sin embargo, los barcos cuatro días antes habían zarpado sin rumbo, ¿quién dio la orden de movilizarse a estas embarcaciones, si el Presidente de Estados Unidos no lo había ordenado?
Quiere decir que hay otras autoridades en Estados Unidos que tratan de seguir la política de Bush de violencia, de fuerza y no la conciliación y el diálogo con Latinoamérica. De tal manera, que esta situación es que sin haber consultado al gobierno colombiano las naves partieron. Y es así que no estaban consultadas, puesto que una misión que trató de entrevistarse con el Presidente
de Colombia, Virgilio Barco, no fue aceptada y entonces no pudieron haber las pláticas para las condiciones, pero mientras tanto las naves ya habían zarpado; era una política de hechos consumados.
De tal manera que unilateralmente sea Bush o sea el Pentágono o sea quien sea en Estados Unidos, está dando órdenes de agredir con la presencia, con la violencia, con bloqueos en aguas nacionales o internacionales a países latinoamericanos.
Si esto no es iniciativa del presidente Bush y hay otras personas que rezaban al mismo Presidente de Estados Unidos, se vuelve todavía más peligroso porque entonces los responsables están ocultos.
Es pues importante destacar el grito de alerta que dio valientemente el Canciller de Relaciones Exteriores de Colombia, Julio Londoño Paredes, que fue el que tomó la actitud más viril de parte de todo el gobierno colombiano para dar la voz de alerta, ya que la estructura del gobierno colombiano se estaba moviendo lentamente y entonces el ministro Londoño Paredes es el que hace el primer llamamiento de rechazo en contra de estas maniobras.
Ante todos estos acontecimientos y que visto la voz que se levantó en Perú, en Ecuador y en otros países y hoy en México, oficialmente entonces Estados Unidos ha regresado no a las bases de origen de donde partieron estos barcos, sino los mantienen sin un destino definido cerca de las costas de Florida, pero no están anclados.
Ante todo esto, Estados Unidos y ante nuevos acontecimientos que están sucediendo en Panamá, donde está siendo bloqueada la embajada de Perú por acordonamiento militares, se extraña Estados Unidos de la condena que se le hizo en la Organización de Estados Unidos Americanos la semana pasada, se extrañan además asimismo que por primera vez Canadá que vota en esa organización, vota en contra de Estados Unidos. ¿Pues qué esperaban? Y además Estados Unidos con su actitud prepotente quiere manejar a todos los países latinoamericanos no como interlocutores jurídicos con los mismos derechos y las mismas obligaciones, sino simplemente con peones de un ajedrez mundial en donde nosotros no tenemos qué decir y ellos quieren ser los policías del mundo.
Rechazamos evidentemente esta situación y por un lado nos congratulamos de que la agresión no haya sido consumada para el pueblo colombiano, pero seguimos preocupados porque hasta que las voces del mundo no se levanten en contra de estas actitudes, es hasta entonces que no rectifica el gobierno de Estados Unidos sus proposiciones.
Con lo cual llegamos a la conclusión de que Estados Unidos evidentemente no tiene sensibilizada, solamente tiene intereses. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jesús Antonio Carlos Hernández.
El C. diputado Jesús Antonio Carlos Hernández: - Ciudadanos legisladores: Una nueva amenaza a la seguridad internacional se realiza en el área centroamericana y latinoamericana. No se trata de una amenaza no cumplida; se trata de una amenaza permanente del uso de la fuerza del gobierno de Estados Unidos.
El pretexto que esgrime hoy para asumir el derecho, sin que nadie se lo haya otorgado, de gendarmes del mundo, es la lucha contra el narcotráfico. En otros tiempos, y aún se repite, pero ahora con menor grado, se usa el pretexto de la defensa de los valores de la democracia occidental, preservar la vida y los bienes de los ciudadanos norteamericanos radicados en países extranjeros y ahora se quieren convertir en los cruzados de la justicia y de la democracia, sin embargo, por encima de todo ello, ponen, hipócritamente, un pretexto como es el de la lucha contra el narcotráfico.
Podríamos aquí traer a colación una serie de hechos que hacen ver que éste es un simple pretexto. En varios estados de la Unión Americana está legislado el uso de estupefacientes, en más de nueve entidades de la Unión Americana está legalizado el uso y distribución, por ejemplo: de la canabis índica, de la marihuana; hay una campaña intensa, encabezada nada menos que por el teórico, económico del neoliberalismo norteamericano que cunde por el mundo, que lucha por que se legalice el uso de los estupefacientes, de las drogas en Estados Unidos de América, el señor Milton Friedman, encabeza esta campaña, porque dice que "en tanto no se permita el libre uso de las drogas, se atenta contra la libertad del hombre". De tal manera que esto evidencia que se trata de un simple pretexto para la intervención, para sus pretensiones de dominio y de hegemonía mundial.
El establecimiento de buques de guerra para bloquear los puertos de Colombia, más que la amenaza para Colombia, que es directa, es una amenaza para la hermana República de Nicaragua, que realizará el próximo mes elecciones.
El gobierno norteamericano ha declarado, a través de su Secretario de Estado, que no intervendrán
militarmente Nicaragua, siempre y cuando las elecciones sean realmente libres y democráticas, sólo que para ellos lo sobre y democrático de las elecciones en Nicaragua, solamente se darán si se obtiene la victoria la candidata que representa sus intereses, la señora Violeta Chamorro; de no obtener ella el triunfo, Estados Unidos, concretamente el gobierno de Estados Unidos considerará que no se respetó la libertad de los electores ni la auténtica democracia y eso les dará la justificación, el pretexto para intervenir militarmente, como ya lo hicieron impunemente en Panamá.
Se trata pues, ciudadanos legisladores, de una situación de inseguridad internacional, de intenciones de dominio mundial, de hegemonía mundial del gobierno de Estados Unidos.
Por fortuna, la política exterior de México, no solamente queda a cargo, como lo establece el artículo 89 de la Constitución, a cargo y bajo responsabilidad exclusiva del Presidente de la República, sino que la política exterior de nuestro país involucra a todas sus fuerzas políticas nacionales, a todo el pueblo de México en su conjunto, no solamente como se da en el escenario de la lucha del día de hoy, y la existencia de la nación mexicana, sino que tiene todo un bagaje histórico, una lucha cruenta y heroica que ha ido forjando una historia nacional, independiente, soberana, digna y por eso, no obstante que el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el titular del Poder Ejecutivo de la Nación es el responsable de la política exterior de México, le da un marco, le da un límite, le da un ámbito para que ejerza esa política exterior que contiene siete principios fundamentales:
"La autodeterminación, la no intervención, la igualdad jurídica de los estados, la proscripción del uso de la fuerza, la solución pacífica de los problemas internacionales, la lucha por la paz y la seguridad internacionales y la cooperación internacional para el desarrollo."
Estos son los siete principios fundamentales que norman la política exterior de nuestro país, que debe aplicarse ahora y rechazar dignamente, a través de todos los órganos, a través de todos los movimientos, a través de todas las fuerzas políticas del país, rechazar esta nueva amenaza, esta nueva intromisión de las fuerzas armadas del gobierno norteamericano en nuestros países.
En esa virtud, el Partido Popular Socialista rechaza enérgicamente, esta nueva intervención de Estados Unidos en Latinoamérica, y denuncia que no se trata solamente de luchar contra el narcotráfico, de bloquear los puertos de Colombia, sino de una amenaza directa a la hermana República de Nicaragua.
Si el gobierno de Estados Unidos está muy preocupado para que no se introduzcan estupefacientes en su país, tiene el pleno y absoluto derecho, que nadie le discute, de bloquear sus propios puertos, llevar sus buques de guerra a sus puertos para que no permita la entrada de estupefacientes a su país, que hay que recordarlo, tiene un mercado de 16 millones de consumidores de alto ingreso económico, que es la causa esencial por la cual subsiste el narcotráfico, el comercio ilegal de estupefacientes.
En estas condiciones, pues, reiteramos que rechazamos esta intromisión del "imperio" en nuestros pueblos latinoamericanos y que defender a Colombia, defender a Panamá, defender a Nicaragua es defender a México. Muchas gracias
. El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano senador Héctor Mayagoitia Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar del mismo tema.
El C. senador Héctor Mayagoitia Domínguez: - Con su venia, señor Presidente; compañeros legisladores: compartimos plenamente la preocupación aquí manifestada por los dos distinguidos diputados que me antecedieron en el uso de la palabra. Recordamos efectivamente, que el presidente Virgilio Barco ha dispuesto una lucha sin cuartel para erradicar el narcotráfico y el cultivo, en particular de la coca, en su país.
Muchas vidas colombianas de militares y fundamentalmente de civiles, ha costado esta lucha hacia Virgilio Barco y el pueblo están llevando a cabo para bien de la humanidad en general, del presente y el futuro, al impedir que ese grupo de narcotraficantes llegue a apoderarse propiamente del país y del gobierno, y desde ahí hacer daños a la humanidad.
Pero también debemos de recordar que para ese lucha, casi desigual, por el número y especie de armas con que cuentan los narcotraficantes de Colombia, Virgilio Barco se vio en la necesidad de aceptar armas, armas igualmente sofisticadas, para combatir a las no menos sofisticadas que los narcotraficantes de Colombia poseen y mal usan en contra de la población.
Y en esas circunstancias, en que efectivamente tenemos conocimiento, que entre otros, Estados Unidos le ofrecieron apoyo y ayuda, ya no solamente a nivel de proporcionarles o de venderles
las armas necesarias para su defensa, sino también les ofrecieron invertir directamente con personal técnico y de apoyo directo, para auxiliar a ese combate, y Virgilio Barco valientemente negó esa ayuda, negó ese apoyo, se negó a admitir fuerzas militares de Estados Unidos para resolver un problema de un tipo interno, un problema que, insisto, está él llevando a cabo con todo vigor y con toda responsabilidad.
No es extraño que haya convenios o intentos de convenio solicitudes u ofrecimientos de apoyo de esta naturaleza; recordamos que aquí mismo, para México, en diversas ocasiones se ha mencionado de parte de autoridades americanas, de parte inclusive de legisladores de Estados Unidos, la posibilidad de que México pudiera aceptar que aviones de Estados Unidos vengan en persecución en la línea divisoria de narcotraficantes hacia nuestro territorio, aunque, claro, señalan que también habría la posibilidad de que nuestros aviones militares pudieran hacer también la persecución correspondiente en su frontera, y en última instancia ya han llegado a mencionar que el que se tripulen aviones conjuntamente con fuerzas de uno y de otro lado.
México, el gobierno de la República, ha rechazado cualquier posibilidad de esa naturaleza, y ha reiterado una y otra vez, y el señor presidente Carlos Salinas de Gortari lo mencionó en su informe a la nación, de que los asuntos de narcotráfico en lo que corresponde al territorio mexicano, serán combatidos y serán a cargo de las fuerzas nacionales. Por ello es, que en este momento, cuando estos barcos intentaron llegar a las costas y a los derredores de los mares de Colombia, se ha mencionado que no hubo efectivamente y no la hay, creo que no lo llegará a haber, la demanda o la aquiescencia de Colombia para que una acción de esta naturaleza se lleve acabo y por eso compartimos pues, decíamos, esta preocupación y la necesidad de que esta Comisión Permanente, como lo está también al mismo tiempo en vigilancia permanente, nuestro gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, estar atentos ante cualquier acción de este tipo, ante cualquier posibilidad de que unilateralmente llegase a tomarse una decisión como esa que se intentó, del bloques del mar territorial de Colombia.
Compartimos, pues, estos puntos de vista desde luego igual que todos ustedes, igual que todos los grupos parlamentarios de la Permanente, estaremos atentos para impedir que en estas futuras acciones, ahí mismo o en otro sitio, se lleguen a realizar acciones unilaterales, acciones que están en contra de la autodeterminación, en contra de la libre decisión de los pueblos para resolver sus problemas, aun los problemas de seguridad.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano senador Cristóbal Arias Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar del mismo tema.
El C. senador Cristóbal Arias Solís:
- Señor Presidente; señores senadores y diputados: Recientemente en la Cámara de Senadores, como ocurrió igualmente en la de Diputados, a propuesta de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, aprobó un punto de Acuerdo para condenar unánimemente la invasión del ejército norteamericano al pueblo, al territorio de Panamá.
En la intervención que tuvimos para razonar nuestro voto en favor de este Punto de Acuerdo, denunciábamos y advertíamos de los graves peligros para el continente latinoamericano, para todos los pueblos del continente; advertíamos que Estados Unidos entraba a tratar de inaugurar una etapa nueva que se creía superada; imponer bajo cualquier pretexto, para preservar sus intereses en América Latina por medio de la fuerza, de la barbarie, buscando convertirse nuevamente en el gendarme del mundo aplicando otra vez la política del gran garrote.
Advertíamos entonces de estos graves peligros para los demás países del orbe que podría trasladarse, en cualquier momento, a más presiones, a más amenazas que concluyeran con nuevas invasiones.
Se hizo trizas el derecho internacional al no respetarse los principios fundamentales de la no intervención y de la libre autodeterminación de los pueblos.
Ningún organismo ha podido sancionar a quienes hoy impunemente pisotean el derecho intencional y vulneran los derechos de los pueblos de América Latina
. La descarada intromisión del gobierno norteamericano en territorio de Panamá, con pretextos que caen por su propio peso, arrojó en este mismo país riesgos de una confrontación en la región. La intervención, el allanamiento a embajadas de otros países latinoamericanos no han cesado, como hoy nuevamente también la amenaza se cierne sobre Colombia.
Se esgrimen nuevamente los problemas que ha generado el narcotráfico; es ahora el recurso en boga por el gobierno norteamericano para
justificar sus presiones y sus invasiones. Pero sentimos que más allá del narcotráfico está buscándose la forma de encubrir otras actividades y proteger otros intereses.
En Panamá, por ejemplo, ya no es el problema del narcotráfico, ahora es asegurar y consolidar a quienes se han prestado en aquel país a ser un instrumento político en contra de la mayoría del pueblo de Panamá, para proteger y preservar los fuertes intereses económicos que tiene el gobierno norteamericano en Panamá, y para vulnerar el acuerdo Torrijos - Carter, para la entrega y la devolución del Canal de Panamá, que no está dispuesto a respetar el gobierno norteamericano.
¿Qué persigue, desde hace mucho tiempo, el gobierno norteamericano en Colombia? No creemos que sea únicamente el combate al narcotráfico, en el que seguramente también están implicados intereses de grupos poderosos en Estados Unidos. Consideramos que lo que se busca es reforzar el dominio de los intereses norteamericanos de los distintos países de Latinoamérica y evitar la plena autonomía y soberanía de los mismos pueblos.
Por ello, la alerta de quienes hemos condenado la intromisión armada en el pueblo de Panamá, como riesgo que estamos viendo va más allá de este país y afecta a todo el continente; señalábamos en aquella ocasión, que México no puede ni podía estar tranquilo y pensar que las amenazas y los riesgos no tocaban a nuestro país.
De distintas formas se están promoviendo presiones también a nuestro país. Hoy se advierte como también, lo dijimos en su momento, que México iba a ser sujeto de presiones con ese recurso que esta explotando Estados Unidos: señalar a los países en los que existen fuertes problemas derivados del narcotráfico.
Con ironía compañeros nuestros de la Cámara de Senadores sonreían considerando que aquí no había este problema de presión por las armoniosas relaciones del gobierno mexicano con el de Estados Unidos, y hoy observamos las reacciones aireadas de representantes del propio gobierno y el partido oficial por el escándalo que se esta suscitando con motivo de un thriller que involucra al propio gobierno, a las fuerzas policíacas encargadas y a las instituciones encargadas de combatir el narcotráfico en nuestro país.
De nada han valido esas armoniosas relaciones de que se jacta el lado oficial. Por ello, es importante que enérgicamente estemos denunciando y condenando las amenazas y las presiones diversas de que se vale el gobierno norteamericano en contra de nuestros países hermanos. Que estamos, efectivamente, alertas para denunciar y oponernos a la intromisión en nuestro país, como lo esta haciendo en Panamá, en Colombia, a la amenaza a Nicaragua y a los demás países latinoamericanos por el gobierno de Estados Unidos.
Por ello, estamos coincidiendo con los representantes de las diversas fracciones parlamentarias de México, para sumar nuestro esfuerzos, a oponernos a esos intereses que busca violentar también los principios fundamentales del derecho internacional que no respetan: la no intervención y la libre autodeterminación de los pueblos para resolver por sí mismos sus propios problemas.
SOBRE EL PROBLEMA
DEL CAMPO EN MÉXICO
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Bernardo Bátiz Vázquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional sobre el problema del campo en México.
El C. diputado Bernardo Bátiz Vázquez:
- Señor Presidente: honorable asamblea: El problema del campo desde la perspectiva de Acción Nacional, es uno de los más graves problemas que hay que afrontar y que hay que resolver. Para nosotros no es un problema que ya estamos descubriendo asombrados el día de hoy.
Voy a dar lectura a dos brevísimos párrafos de los principios de doctrina que sirvieron de base a la fundación de Acción Nacional en 1939. Decía entonces el partido: "El más grave quizá de los problemas nacionales es el campo, y no será resuelto, antes se verá constantemente agravado por los métodos insinceros y de mero interés político que hasta ahora se han empleado a sus respeto".
Decíamos también desde entonces, que cada familia campesina, inclusive la del ejidatario, tenga posibilidades de obtener en plena propiedad, la tierra que sea capaz de hacer producir eficazmente.
A través de la historia del partido, en innumerables documentos oficiales de Acción Nacional, en plataformas políticas, en congresos, en declaraciones, hemos estado poniendo el dedo en el renglón, del campo mexicano, el desastre que ha sido el manejar este problema con criterios demagógicos y políticos, el de la falta de organización, de apoyo verdadero y el del uso reiterado de los campesinos con espíritu faccioso y partidista, y no buscando la elevación del hombre del campo.
Hemos visto también, a través de nuestras luchas políticas, como los gobiernos revolucionarios, los gobiernos que se dicen herederos de la revolución pero que no han podido hacer efectivo el lema de Zapata de "Tierra y Libertad", han buscado distintas fórmulas siempre verbales para afrontar el problema.
A través de los años hemos señalado que se encienden luces rojas de atención y de alarma que no quisieron ver, ni quisieron entender los gobiernos en un momento. De mil novecientos cincuenta y tantos a la fecha, empezaron primero en forma intermitente y después en forma constante, empezaron a presentarse déficits alimentarios en el pueblo mexicano. La importación de granos fue de primero algo esporádico, inusitado que causó algún asombro en el inicio, y después se fue convirtiendo paulatinamente en una cosa de todos los años; cada año un poco más de granos teníamos que importar al exterior; cada vez las hectáreas cultivadas iban disminuyendo paulatinamente, y cada gobierno hacía planes, declaraciones y pronunciamientos que no resolvían en la práctica absolutamente nada.
Muy cerca del fin del sexenio de Díaz Ordaz, se anunció en forma seria que se había agotado la tierra por repartir. Las estadísticas indicaban que para entonces se habían repartido ya tres veces las hectáreas que componen el territorio nacional; tres pisos de reparto agrario se llevaron. Después, en el hiperactivo de Luis Echeverría, se multiplicaron las invasiones de la tierra cultivables, la pequeña propiedad quedó prácticamente desamparada frente a los invasores apoyados desde las oficinas públicas, protegidos y a veces azuzados por funcionarios públicos, y continuó el declive del campo mexicano
. El Sistema Alimentario Mexicano, el SAM, pareció un intento de enfrentamiento serio, pero la frivolidad del régimen de López Portillo no permitió que cuajara en nada positivo este intento.
Siguieron cada año, cada sexenio, buscándose soluciones al campo, pero no quería afrontar ni se quiso afrontar el verdadero problema de fondo del campo. Por otra parte se eludía hablar de la seguridad en la tenencia de la tierra; ha sido reiterada exigencia de Acción Nacional que para que el campo sea productivo, el requisito fundamental es dar certeza a los trabajadores de la tierra, ejidatario y pequeños propietario, que cada uno sepa con seguridad cuáles son los derechos, que haya transparencia y claridad en el sistema jurídico que sustenta la producción del campo.
Propusimos, cuando se discutió la Ley de la Reforma Agraria a principios del régimen de Luis Echeverría, un sistema que no consistía en la desaparición de los ejidos, sino simple y sencillamente en otorgarle a los ejidatarios un título de propiedad oponible a terceros; que dejarán de se los ejidatarios susceptible de la amenaza o del chantaje o la presión políticos, con el riesgo de perder sus tierras. Propusimos un sistema jurídico de protección similar al del patrimonio de familia para que no fuera pretexto el tener un título que le diera seguridad registrable en el Registro Público de la Propiedad, oponible a posibles invasores o personas que les disputaran la propiedad; pero protegido para que no pudiera ser ni embargado, ni hipotecado, ni desposeído el trabajador del campo.
Fue rechazada nuestra propuesta porque prevalecía el criterio que ya hasta algún funcionario oficial ha mencionado reiteradamente, de que el campo está preparado para votar pero no para producir.
Ahora, este gobierno ante la presión de la realidad que se le viene encima; ante el hecho indiscutible de que es indispensable de que la produzca el campo mexicano, como una condición indispensable para la soberanía nacional como una condición indispensable para que podamos exigir un puesto y un lugar con toda la fuerza de nuestra voz entre las demás naciones, con la fuerza de los hechos que nos demuestra que continúan disminuyendo las tierras destinadas al agro; que los campesinos continúan escapando hacia las urbes o hacia Estados Unidos porque las tierras se vuelven inseguras, improductivas y abandonadas.
Ante esta realidad que se presenta como un fantasma terrible al gobierno de México, con un retraso de 60 años, deciden afrontar el problema del campo y nos presentan 10 puntos fundamentales que se van a ir, en forma perfectamente calendarizada, presentado a la opinión pública.
El primero de ellos es sobre la situación jurídica del ejido y sobre las posibilidades de asociación, ha sido tratado innumerables veces, ha habido intentos, una ley especial que permitía la asociación de los ejidatarios con los pequeños propietarios, que a último momento se transformó para que fuera la asociación del ejido con los pequeños propietarios, quitando la posibilidad de que personalmente, ejerciendo sus derechos como personas mayores de edad y responsables cada uno de los ejidatarios, pudiera asociarse con quien libremente decidiera.
Siguió el paternalismo del comisario ejidal y a través del comisario ejidal de la Secretaría de la Reforma Agraria y nuevamente en aquel momento se empantanó la posibilidad de que el campo se volviera productivo.
Y ahora nos presentan estos 10 puntos tenemos que ver el detalle, que abre una nueva esperanza, que vuelvan a demostrar que el actual gobierno de México se preocupa por los problemas más graves que atañen a la política económica del país, que se preocupa, pero no tenemos por qué, desde el punto de vista de la oposición, simplemente confiar en los proyectos y en los planes que se están poniendo ante la opinión pública para su discusión.
Se ha hablado ya de foros en los que seguramente tendremos algo qué decir en Acción Nacional. Ha sido un tema reiterado el del campo para nosotros; pero no tenemos por qué simplemente de aceptar el ofrecimiento esperanzado de que ya se va, ahora sí, a resolver el problema del campo. Si hemos visto que una y otra vez otros planes y otros proyectos han sido simplemente maniobras para adelantar hacia el futuro la solución definitiva de los problemas y han sido parches parciales para ir deteniendo el estallido social.
Y ahora nos preocupa especialmente que como un punto previo a los 10 anunciados, y sin previo anuncio ni aviso, se ponga al frente de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos al conocido político del estado de México, profesor Carlos Hank González.
Sin duda alguna la preocupación nos viene fundamentalmente por la mentalidad empresarial del profesor Hank González. Porque nadie ha puesto en tela de juicio su eficacia, pero todo el mundo ha señalado su habilidad para crear alrededor de las organizaciones públicas en las que él ha estado involucrado, toda una estructura de organizaciones cercanas que de alguna manera directa o indirecta le han beneficiado.
Nos preocupa, por su puesto, su mentalidad empresarial; pero nos preocupa más su inclinación partidista en el ejercicio de la función pública. Hemos visto con preocupación que cuando fue gobernador del Estado de México y cuando fue jefe del Departamento del Distrito Federal, con mucha eficiencia, como él acostumbra, se organizaron las asociaciones de vecinos en el Estado de México y en el Distrito Federal.
Se creó una estructura vecinal, pero no para reforzar el tejido social espontáneo que ya existían en el Estado de México y que en el Distrito Federal en muchos lugares ya existía también, sino que se creó desde arriba, desde el poder, desde el centro de decisiones una estructura encaminada a mantener en favor del gobierno y de su partido a los vecinos. Creó un ejército de pequeños influyentes locales, de pequeños caciques que tenían las puertas abiertas y el derecho de picaporte en las oficinas públicas y cerro las puertas, lo mismo en el Estado de México donde había una gran organización en la zona urbana del Estado de México cercana a la capital, donde los grupos vecinos organizados administraban y manejaban parte de los recursos municipales y se daban servicios de mejor calidad y con menos costo que los servicios oficiales y acabó con esas organizaciones y creo otras, dirigidas desde arriba y con clara tendencia partidista.
Y en el Distrito Federal asociaciones espontáneas en Ixtacalco, en el Peñón, de los Baños, y en San Juan Pantitlán y otras muchas tenían vida autónoma, que habían surgido de la misma necesidad de conveniencia de los que habitaban un lugar común, fuero prácticamente aplastadas con el peso de las organizaciones oficiales.
Por eso nos preocupa que ahora este personaje tan conocido en la política mexicana, el que se haga cargo de la reorganización del campo en México, no podremos dejar de pasar sin denunciarlo, que estaremos atentos y vigilantes a que se use la resolución de un grave problema, como es el del campo, con fines partidistas. No queremos que se resuelva el problema para un partido, queremos que se resuelva el problema para México.
Se pudo ver en las elecciones de 1988, que el sustento fundamental del partido oficial que recibía de los votos campesinos, frecuentemente inflados y alterados, en algunos lugares específicos del país disminuyó y posteriormente en otras regiones de la República el mismo fenómeno se ha venido repitiendo, ya no es posible tan fácilmente manipular el voto campesino y es alarmante para nosotros el que se envíe a un personaje con estos antecedentes de manipulación política a un cargo de tan grave importancia en este momento.
Sin embargo, queremos dejar el beneficio de la duda, pueden ser, todos somos perfectibles, que se afronte ahora verdaderamente el problema con ánimo técnico, económico, y de elevación humana y con el criterio político. Pero pueden estar ustedes seguros de que estaremos atentos ante este fenómeno.
Es preocupante, es motivo de reflexiones el que un personaje, como Hank González, que en el momento crítico de la vida económica del país, cuando no se sabía hacia dónde se dirigía esta patria nuestra, por motivos de graves situaciones económicas, cuando estaba en la punta de la cresta la crisis, el endeudamiento en sus más altos niveles, él, desde el Departamento del Distrito Federal, y así lo denunció en su momento el
Partido Acción Nacional, tenía una partida excesivamente grande dedicada a las relaciones públicas del Departamento.
Se ocupó y se preocupó de poner un pie fuera del país por si era necesario, en un momento dado, retirarse de aquí. Estuve prevenido para dejar esta patria, si es que sucedía acontecimientos que en algún momento estuvimos en peligro de ver y de vivir.
Un político a dicho que "el político pobre es un pobre político", no puede ser sin motivo de desconfianza y de duda.
Yo terminaría esta intervención diciendo que, si no ha cambiando de opinión el nuevo titular de la Secretaría de Agricultura, yo diría más bien: "¡qué pobre país con estos políticos!" (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para hablar del mismo tema.
El C. diputado Jesús Antonio Carlos Hernández: - Ciudadanas y ciudadanos legisladores: El problema de la tierra en nuestro país, el problema del campo, efectivamente es uno de los problemas torales de México, que tiene que ver con la esencia misma de lo que es y ha sido el pueblo de México.
Por el amor de la tierra, por el apego de la tierra como parte de integrante y vital de ser, del mexicano, fue que surgieron los primeros movimientos de independencia del país frente a la colonia española. Por el cariño, por la defensa de la tierra, también se dieron las causas económicas, existentes, del movimiento armado de 1910.
El problema de la tierra en México llena el escenario de la historia del país de uno a otro lado. Y consecuentemente las diversas posiciones políticas, las diversas corrientes ideológicas asumen, de acuerdo con su concepción a la vida, del mundo, del hombre, su propia posición.
Sí nos preocupa que una de las bases esenciales de la tenencia de la tierra en México, como lo es esta forma de la tenencia de la tierra, que no es una invención de los teóricos, ni una elaboración jurídica, una ficción legal, sino que tiene una raigambre secular en nuestro país, como lo es el ejido, se le pretenda pasar al ejido como forma de la tenencia de la tierra que nació en México, que es de mexicanos y para los mexicanos, y por los mexicanos; se le endose, se le pase la cuenta de los problemas de la ineficiencia de la producción agropecuaria de nuestro país.
Yo diría que es el contrario, que es gracias al ejido, que no estamos en una situación peor, no solamente desde el punto de vista de la producción y distribución de productos agropecuarios, sino de la existencia de la misma de los campesinos, que encontraron por la vía de la tenencia de la tierra, que se conoce el ejido, una vía de liberación, una vía de abandono de condiciones infrahumanas de existencia, de semiesclavismo, de semifeudalismo, que se vivió durante toda la época del porfiriato y las primeras décadas del presente siglo.
En consecuencia, no podría ser de otra manera, nosotros, el Partido Popular Socialista, rechazamos categóricamente la pretensión de que cambie sustancialmente el sistema de la tierra en nuestro país y se pretenda la privatización del ejido. Lo que ocurre es que nuestro país, una vez que logra abandonar la situación de país agrario, exportador de materias primas, semifeudal, semiesclavista, que vivió durante la época porfiriana, y se enrumba y alcanza la categoría de un país agrícola, industria, se favorece el desarrollo industrial, se favorece el desarrollo industria capitalista, como vía para el desarrollo económico del país, y se comete el grave error histórico de abandonar el campo. Se olvida que la producción agrícola del país, es y debe ser la base de la sustentación del desarrollo industrial de México.
Y entonces se abandona a los campesinos a su suerte, particularmente en la década de los cincuentas y sesentas.
Toda la infraestructura de servicios creadas, desde el punto de vista financiero, técnico, para apoyar a los campesinos durante el régimen de Lázaro Cárdenas se abandona olímpicamente. Se privilegia la producción agrícola para la exportación y no para satisfacer el mercado interno, y vuelve el capitalismo al campo. Los grandes sistemas de riego, particularmente del noroeste y el noreste del país, se dedican a la producción agrícola de exportación como un sistema de producción agrícola complementario de las grandes granjas privadas norteamericanas, particularmente en la producción de hortalizas y oleaginosas, y ése es parte del grave problema del campo.
Se abandona también la producción pecuaria en lugar de buscar la industrialización, la transformación de los productos pecuarios en nuestro propio país; se privilegia la exportación del ganado en pie rumbo a Estados Unidos y ahora es colmo, se envían becerros de destete a Estados Unidos, allá hay un proceso de engorda y luego nos los regresan; estamos importando productos como carne, pieles y no se diga, como ya se ha dicho, efectivamente en estos momentos una importación mínima del orden de los 9 millones de
toneladas de granos; por lo que ya dijimos, se privilegia una producción agrícola capitalista a la que se le da todo el apoyo necesario, crediticio, técnico y se abandona la producción que surte al mercado nacional de granos básicos para la alimentación en manos de los campesinos en las tierras temporaleras, se abandona a su suerte y preferimos pagar altos precios, una enorme fuga de divisas para adquirir los granos básicos en el extranjero, que apoyar a nuestros propios campesinos para la producción de granos básicos.
Nosotros, en el Partido Popular Socialista, diríamos que es al contrario, no solamente desaparecer el ejido, sino fortalecerlo, crear grandes sistemas colectivos de producción agropecuaria en el campo. Lo hemos dicho no una, sino muchas veces; el ejido, la producción ejidal debió haber sido simplemente la hacienda porfiriana pero sin el hacendado, ése es el problema; lo que pasa es que caímos en la pulverización de la tierra, caímos en el minifundio, caímos en la desorganización de los campesinos, caímos en una actitud paternalista y no permitimos que los campesinos por sí mismos, por sus instrumentos de organización libre, democrática crearan sus propias organizaciones de defensa de sus intereses; la propia Conferencia Nacional Campesina nace como un organismo descentralizado del propio Estado, sin la plena autonomía que debe tener la organización propia de los campesinos, ése es otro de los problemas.
Esta pulverización y esta desorganización del campo, este abandono se notó de manera dramática en el estado de Yucatán por ejemplo; todos sabemos que el ciclo de producción del henequén responde a periodos establecidos; los grandes hacendados tenían enormes plantaciones de henequén nuevo, otra parte de henequén en plena producción, y otra de henequén en maduración.
Cuando viene el reparto agrario, en lugar de permanecer esta estructura productiva pero sin el hacendado, sino pasando a la tenencia, a la posesión de los campesinos que eran los peones acasillados, se destruye este sistema de organización, y entonces se pulverizan las dotaciones ejidales y se aplica una producción intensa, exhaustiva del henequén y llegó el momento en que no se tuvieron las reservas adecuadas de plana nueva y se abatió la producción.
Este es un simple ejemplo de cómo se abandona, de cómo se destruyen sistemas de producción.
Nosotros nunca hemos estado por la pulverización del campo, nosotros, es necesario insistirlo, nos pronunciamos por la producción organizada, colectiva, de las tierras mexicanas.
Respetando esta forma tradicional de la tendencia de la tierra que es el ejido debemos apoyarlo, organizarlo, para garantizar una producción colectiva que garantice sistemas de distribución, de almacenaje , de mejoramiento de los sueldos mexicanos.
Si volviéramos a la forma de propiedad individual o particular de la tierra, que se promovió como pretexto para despojar a los campesinos de sus tierras en la segunda media cintura del siglo pasado, caeríamos nuevamente en el latifundismo, en el acaparamiento de la tierra. Hay que recordar que 15 mil familias detentaban el 90% del territorio nacional en 1910, y que a un campesino que se le otorga la propiedad de la tierra con todos los atributos que establece la tradición jurídica románica, el derecho de uso, de abuso de disfrute, dicho en los términos del compañero parmista, el jus utendi, el jus fruendi, el jus abutendi, llegaríamos a la necesidad de que una vez el campesino abandonado a su suerte, tuviese que vender sus tierras al mejor postor y caeríamos nuevamente en el acaparamiento y el la concentración de la tierra que, ya se demostró, no es el camino para mantener la justicia social ni la producción eficiente, agropecuaria, en nuestro país. Eso es el fondo del asunto.
Buscar otras formas de la tendencia de la tierra me parecen interesantes. Esta forma que propone los compañeros de Acción Nacional, la dotación de la tierra como patrimonio familiar, podría ser, desde el punto de vista del derecho privado, del derecho civil, una solución, pero no está el campo mexicano para la aplicación del derecho privado, del derecho civil, en el problema de la tenencia de la tierra en México.
Los derechos de los campesinos como clase social, así lo reconoce la Constitución, son derechos de elevado interés público, y es un artículo específico de la Constitución, el 27 Constitucional y su ley reglamentaria, la Ley de la Reforma Agraria, la que norma y regula las relaciones sociales, los problemas de la tenencia de la tierra, los problemas de la producción y distribución de los productos agropecuarios, y no podemos sacarla de ahí, de ser desde el punto de vista jurídico un derecho de elevado interés público, llevarlo al campo del derecho privado, del derecho civil, considerando a los campesinos como iguales dentro de la enorme desigualdad en que vivimos.
La verdadera justicia social consiste en aplicar no una justicia formal, un tratamiento formalmente igual, considerándonos a todos iguales porque esto es totalmente falso. Hay explotados y hay explotadores, hay potentados y hay desposeídos.
Las instituciones democráticas y revolucionarias de México tienen que establecerse, funcionar y organizarse al servicio de los desheredados, de los explotados, de las clases sociales marginadas que al fin de cuentas son las que producen los bienes y los servicios que hacen posible la vida de México.
En consecuencia, nosotros dejamos asentados estos apuntamientos. Rechazamos la pretensión de privatizar el ejido. Demandamos una atención real y efectiva al campo mexicano con el criterio de que se respeten plenamente los derechos de los campesinos y particularmente los ejidatarios. Que se establezca un sistema de distribución y comercialización de sus productos. Que se priorice la producción para satisfacer el mercado interno.
Que se abandonen a su suerte, porque se pueden defender solos, a los productores agrícolas privados que no están produciendo para bien del país sino que están produciendo para obtener divisas para uso propio personal, produciendo productos suntuarios, productos para la exportación y no para satisfacer las necesidades de alimentación y consumo de los mexicanos. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Humberto Roque Villanueva, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar del mismo tema.
El C. diputado Humberto Roque Villanueva: - Con su permiso señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: Es difícil dejar de reconocer coincidencias en algunas de las afirmaciones aquí vertidas y también profunda divergencias con otras de estas afirmaciones.
Es curioso también, como hemos escuchado aquí, el juicio valorativo sobre el espíritu faccioso y partidista que supuestamente tiene el movimiento agrario nacional y, sin embargo, sentimos que ese análisis peca aun más de ese mismo espíritu faccioso y partidista.
Como es posible hablar objetivamente del problema, efectivamente coincidimos con ello, de lo más importante si no es que el más importante para México en este momento y hacerlo exclusivamente a través del trasluz que deja el análisis precisamente faccioso y partidista, pero además con el contagio de la falta de objetividad en lo que se refiere al análisis económico.
Y decimos análisis económico porque definitivamente, no solamente es parcial y faccioso sino definitivamente insuficiente, el referir el problema del campo al contexto del sistema de tenencia de la tierra, y aquí aprovecho para señalar una de las coincidencias con el compañero de Partido Popular Socialista, nosotros también consideramos al sistema ejidal no sólo como la piedra fundamental de la producción de alimentos básicos. Y ésta no es una declaración eminentemente valorativa, sino fundamentalmente de carácter estadístico, puesto que está demostrado que entre el 65% y el 70% de la producción del maíz y el frijol se da precisamente en los ejidos. Luego no deja de ser absurdo pensar que la privatización del ejido nos fuera a conducir a la autosuficiencia alimentaria, cuando la porción que tenemos de esa producción alimentaria básica se da en el sistema ejidal y comunal.
No voy a hacer referencia a algunos de los comentarios, aquí incluso se mencionó el término frivolidad, porque considero que no ayudan para nada al análisis objetivo de la cuestión, pero sí es importante destacar y hacer algunas precisiones:
Primero. Crisis agrícola en México: efectivamente, 1965 marca el año en que el producto agrícola en México dejó de crecer de manera fundamental y sostenida. Las estadísticas de ese año no reflejaron la gravedad del problema porque conjuntaban el desarrollo agrícola o el crecimiento agrícola con el pecuario, de tal suerte que la parte favorable, en ese momento todavía, del crecimiento pecuario disfrazaba un poco las cifras del crecimiento agrícola pero lo cierto es que para 1965, el crecimiento de la agricultura en México era prácticamente cero, y repito, si aparecía como sector agropecuario, todavía en términos dinámicos, era en ese momento gracias a la porción que aportaba la ganadería.
¿Cuál es la razón de fondo que se encuentra en este fenómeno? Hay que precisar en esta tribuna que no es cierto que se estén o se hayan reducido, al menos no sustancialmente, las superficies dedicadas a la siembra lo que ha sucedido, y efectivamente es otro hecho estadísticamente comprobable, es que a partir de 1965, y casi pudiéramos hablar de 1980 como la otra parte del extremo, se dio el fenómeno de un estancamiento en la superficie cosechada y se hizo descansar el desarrollo agropecuario en los rendimientos por hectárea
. En principio no es mala la estrategia, siempre y cuando estuviéramos hablando de que el país tenia la suficiente producción agrícola, particularmente en productos básicos, esto es, no era malo también hacer descansar el desarrollo agropecuario en el incremento de la productividad gracias a la capitalización y a la tecnología, pero fundamentalmente en el caso de los productos básicos, y aquí me voy a referir específicamente al caso del maíz, el problema de su superficie cosechada se
va presentando crítico por dos razones fundamentales: no se incrementan las superficies en función de que no existe la suficiente inversión pública ni de riego, y a veces tampoco de temporal, y se da el fenómeno de descapitalización fundamentalmente a través del mecanismo de los precios.
Recuérdese que el maíz mantuvo un precio fijo por más de 10 años, precisamente en parte de esa década que hemos calificado como en la que no creció la superficie cosechada, particularmente de los productos básicos.
Tiene razón en parte el compañero del Partido Popular Socialista, y se suscita la posibilidad de combinar el análisis con esa teoría llamada de las ventajas comparativas. Pudiera pensarse, y habría que definir en manos de quién quedó la responsabilidad supuesta o real de tomar esta decisión, pudiera pensarse, repito, que a México le combino o le pudiera todavía convenir el famoso esquema de las ventajas comparativas que esencialmente dice lo siguiente: "dedíquese cada región a producir aquello que le es favorable en términos naturales, por su dotación de recursos, por su vocación agrícola o su vocación productiva, y hasta por su capacitación de mano de obra, e importe aquello que otros países u otras regiones tienen precisamente más facilidad para producir, y en el intercambio de estas dos circunstancias se dará, dice la teoría, un mejor nivel de consumo internacional, que obviamente se refleja o se debería reflejar en los consumos nacionales".
Como teoría es bonita y suena bien, pero sucede que en la economía como en la política, nada es tan transparente y todo tiene siempre algún fenómeno oculto. En el caso de los productos básicos resulta, salta a la vista, así lo ha señalado el propio Presidente de la República, es peligrosa la dependencia alimentaria.
No basta, y éste es otro dato que debemos aquí también comentar en esta tribuna, no basta con que tengamos una suficiencia económica, es decir no medida a través de los productos.
En el sexenio pasado casi todos los años logramos un equilibrio en la balanza comercial agropecuaria, esto es, aunque éramos deficitarios, fundamentalmente en maíz y sorgo, éramos excesivamente o favorablemente superavitarios en productos de exportación, inclúyanse efectivamente las hortalizas, pero inclúyase también el café, el algodón y otros productos que tradicionalmente han tenido mucha presencia en el mercado internacional y tienen un fuerte componente mexicano en su producción.
Bien, resulta que este balance en este momento, creo yo que ése es el gran sentido del mensaje presidencial, no es suficiente; independientemente de la vulnerabilidad que tienen los productos de exportación porque sus precios están determinados por fenómenos ajenos a México, queda claro que debe existir una clara división entre los productos que no son estratégicos, porque son los que constituyen la demanda del pueblo mexicano y aquellos otros productos en los que nos podemos dar el "lujo", de depender relativamente del exterior, tomando en consideración las limitaciones que tiene este mercado en el extranjero.
Resulta, pues, que lo que aquí se ha venido a criticar como un mensaje mesiánico, revelador o que de la noche a la mañana el gobierno de la República descubre una nueva estrategia para impulsar al campo, no es tal, es simple y sencillamente una toma de posición basada en circunstancias que obligan precisamente a esa toma de posición y que el Presidente define como la necesidad de no depender excesivamente del exterior para nuestro abasto alimentario.
Decíamos aquí que precisamente el error de análisis que se tiene cuando se quiere analizar la crisis agrícola y ya en este momento agropecuario en México, consiste en aplicarle a un solo factor, todo el peso y toda la responsabilidad, cuando son distintos los elementos que confluyen para favorecer o detener el desarrollo agropecuario.
Mencionamos ya el problema de la superficie, hablemos ahora del de la productividad: si no es costeable es porque los términos de intercambio entre el campo y la ciudad y la inflación, hicieron muy difícil superar las condiciones de superficie a través de nuevas obras de infraestructura hidráulica o de la simple extensión de la superficie de temporal, pareciera, pues, que la solución de aplicar mayor capital a las hectáreas ya existentes, fuera la solución para a través de la productividad encontrarle una solución.
Pero para resolver el problema tecnológico se requiere capital. De tal suerte que entre los llamados 10 puntos del Presidente, nosotros consideramos que se abarca integralmente la problemática que tiene que ver con la crisis agropecuaria mexicana. Y ahí sí, efectivamente, se contempla en uno de esos puntos, la certificación o la seguridad en la tenencia de la tierra, haciendo una aclaración: esta seguridad debe ser pareja, porque muchas veces la ley del más fuerte en el medio rural, impone que el que aparentemente está inseguro en términos jurídicos, en la práctica es el fuerte y es el que impone una inseguridad, estableciendo que esa inseguridad se dé curiosamente en el sistema ejidal; de tal suerte que
cuando se habla, por ejemplo, del juicio de amparo y se señala que es un derecho que se debe conservar porque si no el pequeño propietario estaría indefenso, se olvida señalar que existen muchísimos juicios también en donde el perjudicado es precisamente el sistema ejidal.
Pero hablemos de la parte económica finalmente, qué es lo que nos va a resolver el problema de la crisis agropecuaria en México.
Evidentemente así lo señaló el Presidente, tienen que darse, aparte de otros factores que yo llamaría tal vez secundarios, en este momento tres factores fundamentales: el incremento de la inversión pública; el replanteamiento del problema de precios no generalizado, dando prioridad en ello a los productos básicos; y la posibilidad de mejorar de manera muy efectiva las aplicaciones tecnológicas que no harán descansar sanamente el desarrollo agropecuario en los dos elementos: inversión pública para extender la superficie cultivada y posteriormente cosechada; mecanismo de precios que permita la capitalización para a través de ello favorecer la aplicación de nuevas tecnologías; pero, aquí lo señaló también el compañero del Partido Popular Socialista y de alguna manera fue señalado también por Acción Nacional, tenemos también que abordar el problema de la organización agraria, particularmente la organización productiva.
Y aquí también, en aras de ese espíritu faccioso que se criticaba, no se señalan cosas muy interesantes respecto a la organización agraria y se piensa que todos los ejidos del país constituyen la parte más desorganizada del campo mexicano, olvidándose que a raíz precisamente de la promulgación de la Ley Federal de Reforma Agraria que constituyó las figuras de unión de ejidos y de asociaciones rurales de interés colectivo, solamente en estas dos figuras asociativas descansan, en este momento, activos productivos cercanos a los 7 billones de pesos.
Esto es, no es todo el sistema ejidal el que se encuentra descapitalizado, no es todo el campo el que se encuentra descapitalizado; tenemos un profundo problema en aquellas superficies que se dedican el cultivo precisamente de los alimentos básicos y ésa es precisamente la prioridad que nos está proponiendo el Presidente.
Concluyendo, podemos señalar lo siguiente: si logramos revertir, como ya se manifiesta en el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para 1990, revertimos la tendencia en la inversión pública y recuérdese que para 1990 está estimado el crecimiento en 55.2%.
Si revisamos el asunto de los precios de garantía, y recuérdese precisamente que dentro de la reforma al aparato de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, y a la política de precios, está salvaguardando el asunto que tiene que ver con maíz y frijol, en donde seguirá subsistiendo el sistema de precios de garantía, y si logramos acabar de impulsar la organización agraria, y ahora el Presidente lo señala claramente en uno de sus puntos, dejando tal vez una mayor libertad para que los productores escojan la figura asociativa que mejor convenga a los intereses, en ello estamos plenamente de acuerdo, las figuras asociativas en el mejor de los casos no pueden ser más que inductivas, en ningún caso podrán ser coercitivas, pero estamos absolutamente convencidos que dos de ellas ya han manifestado definitivamente éxito en lo que se refiere al medio rural.
Y por último, independientemente de las circunstancias de la crisis agrícola, independientemente del grave problema que tenemos de dependencia del exterior con respecto a los alimentos básicos, pensamos que la Reforma Agraria debe seguirse impulsando, fundamentalmente bajo dos principios que son los que le dieron origen: la Reforma Agraria es fundamentalmente, a través del reparto agrario, un proceso distributivo de la riqueza nacional. Y seguimos pensando que sería un funesto error, mismo que no se ve que esté por cometerse, el que se favorezca la acumulación privada de las tierras.
Con estos dos criterios que, repito, sustentan e informan a la Reforma Agraria, sentimos que podemos salir adelante respecto a la crisis agrícola. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el ciudadano diputado Juan Jaime Hernández, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para hablar del mismo tema.
El C. diputado Juan Jaime Hernández: -Ciudadano Presidente; ciudadanos miembros de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión: Libera me de ore leonis "Líbrame de la boca del león". Con motivo tanto del mensaje que dirigió a la nación el Presidente de la República, así como del relevo que acaba de realizar en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en un movimiento de enroque, de la Vega por Hank González, mejor conocido como el "El Rey Midas". Se puso al descubierto que el fracaso de los programas agrarios o agropecuarios se debe fundamentalmente a la actuación de Eduardo Pesqueira Olea, quien fuera titular de esa dependencia en el sexenio anterior.
México es quizá el único país en el mundo en que se premia la ineficiencia, de otra manera nadie puede explicarse que después de haberse comprobado a Eduardo Pesqueira Olea una serie de anomalías, corruptelas y deshonestidades, simplemente se le mande a la banca política por 10 años, para que disfrute del producto de sus latrocinios cometidos durante su azarosa vida política y muy especialmente cuando estuvo al frente de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Ciertamente hay enriquecimientos inexplicables, pero la forma en que Pesqueira Olea se hizo multimillonario a costa de la clase más pobre del país, el campesino, está clara, tiene explicaciones, obra en todas las revistas y periódicos de la nación, los que paso a paso han venido relatando la forma en que se simularon siniestros agrícolas por medio de la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, S.A., ya en Campeche, bien en Durango, Chihuahua o hacia el bajío y occidente de la República.
Es también México el único país donde tal parece que para ascender a la cumbre del poder que dan las secretarías de Estado, es más mérito hacer gracejadas y gastar bromas de mal gusto, como las que le gastara Pesqueira Olea a uno de los más altos políticos mexicanos, que demostrar capacidad u honestidad y deseos de servir a la ciudadanía.
Quiero recordar a ustedes que los antiguos griegos pesaban a los funcionarios al entrar al ejercicio de una función administrativa o gubernamental y lo mismo ocurría al terminar su cargo, para ver incluso si físicamente habían engordado en el ejercicio del poder y saber así si con el salario recibido podían explicar que hubiera aumentado tanto peso.
Pero en México, aunque contamos con una Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos, tal parece que ésta es exclusivamente destinada a servidores y ser aplicada exclusivamente a funcionarios menores, no así para los de primera línea, quienes por obra y gracia del sistema, quedan a salvo de cualquier reclamo.
Hay que recordar que Eduardo Pesqueira Olea, ocupó varios cargos en el sexenio anterior, quedando finalmente como Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y en el presente como embajador plenipotenciario de México ante la Organización de las Naciones Unidas, en el ramo de alimentación y agricultura; lugar de donde fue removido de manera vergonzante al comprobarse, por parte de la Contraloría de la Federación, diversos ilícitos e indisciplinas.
El castigo, si así puede llamársele, fue simplemente la orden de que podía, sin sobresalto alguno, sentarse a disfrutar de la fortuna amasada con deshonestidades y engaños.
Diez años sin cargo alguno en el gobierno, más parece un premio que un castigo, porque le otorga una amnistía, que aunque no aparece escrita en ley alguna, es concesión que el gobierno otorga a malos servidores públicos, tratando de tapar la cloaca que van dejando y con ello el desprestigio, la falta de credulidad ciudadana y hasta el enojo de los sectores afectados.
Recordaré aquí que en la sesión de la Comisión Permanente del 11 de octubre de 1989, tocó a mi partido, por conducto del diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, denunciar con precisión que el señor Eduardo Pesqueira Olea, no podía justificar en manera alguna que teniendo asignado, en carácter de Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, un salario mensual de 5 millones de pesos, haya podido adquirir bienes por más de 3 mil millones de pesos, así como el hecho de que haya realizado regalos a otros funcionarios, consistentes en muebles de un valor incalculable, terrenos, joyas y otros artículos que sumados son una fortuna escandalosa.
Asimismo, reclamaba mi compañero de partido, la forma cínica con que el susodicho Secretario de Agricultura, ordenaba que se utilizaran los vehículos de la dependencia, personal y funcionarios de la misma, para coadyuvar en la comisión de fraudes electorales en toda la República, tratando así de ganar en favor de las altas autoridades para continuar en cargos donde demostraba con exceso su falta de capacidad, de seriedad y honestidad.
Es evidente que Pesqueira Olea no merecía ser representante de México ante las organizaciones internacionales. El mismo reconoció su falta de capacidad, en virtud de como funcionario en el Banco de Crédito Rural y la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, había tenido un desempeño contrario a los fines de estas entidades públicas y, en consecuencia, no debía ni podía evadir su responsabilidad en el manejo de la política agraria, que ha sido y es un fracaso y un desastre en el país.
Esto fue avalado en su momento por el recientemente removido Secretario de Agricultura, don Jorge de la Vega Domínguez, quien afirmó que durante la administración de Miguel de la Madrid, había disminuido la inversión pública en el
campo, siendo la causa principal de la crisis que nos agobia y que, en consecuencia, los campesinos fueron despojados del 50% de su capacidad adquisitiva; y por otra parte, el licenciado Pesqueira cínicamente reconoció que no se cumplieron las metas trazadas en materia agropecuaria por el gobierno de Miguel de la Madrid, y que era él, precisamente, el principal enemigo del campo, permitiéndole importación de básicos, buscando siempre el desplome de la producción agropecuaria, lo cual nos impulsa a pensar que pudo haber tenido en ello alguna comisión por parte de los vendedores extranjeros de granos básicos.
Pero Pesqueira Olea no sólo es culpable por enriquecimiento inexplicable, sino que lo es también de engañar de manera perversa a la ciudadanía mexicana, de dejar irresponsablemente el poder de los desamparados a miles de campesinos, pequeños propietarios y comunidades indígenas, que esperaban los apoyos por parte del multicitado funcionario, y éste los robó, sustrajo los fondos económicos y los empleó en su beneficio.
Este robo no puede ser condenado solamente con 10 años de descanso, sino que debe aplicarse con toda severidad la ley penal, porque si robar al rico es deleznable, quitar al pobre para la subsistencia de la familia es un crimen deleznable.
Esto se explica, porque la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, actualmente y mejor conocida como la "Secretaría de los Ranchos", tenía a sus órdenes como director de asuntos internacionales al actual vicepresidente ejecutivo de la Ocean Garden, Carlos Vidali, que maneja nada menos que 400 mil millones de dólares anuales que le jinetea a los cooperativistas de Sonora y Sinaloa, y que es protegido y apoyado en todas sus actuaciones por María de los Ángeles Moreno, Secretaría de Pesca, misma que trata de engañar al Ejecutivo de la nación y convencerlo de que dicha empresa Ocean Garden, sea vendida a particulares, para que la propia Ángeles Moreno ponga como Presidente al corrupto de Carlos Vidali.
Yo pregunto: ¿por qué no se ha aplicado tanto a Pesqueira Olea, Carlos Vidali y demás ex funcionarios públicos, las sanciones que marca la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos?
Consideramos que en estricto apego a la Ley de Responsabilidades en sus artículos 86, 87, 88, 89 y 90, la Contraloría General de la Federación debió haber hecho del conocimiento de la Procuraduría General de la República del enriquecimiento ilícito de Eduardo Pesqueira Olea, en relación a los inmuebles adquiridos, a las multimillonarias cuentas bancarias de su propiedad y a la irresponsabilidad con que actuó en los cargos que desempeño en el gobierno. Así lo considera el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y así lo exige.
Demandamos una investigación con los correspondientes documentos que ya obran en poder de la Contraloría, con los elementos que la Prensa nacional ha aportado, y si es posible, con el testimonio de los representantes auténticos del campesinado nacional, que están demandando un castigo ejemplar para Eduardo Pesqueira Olea y sus contlapaches.
En consecuencia, y con apoyo en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne a la Comisión de Gestoría y Quejas la presente, para que la Secretaría de la Contraloría General de la Federación informe ante esta comisión, ¿porqué razón no se ha procedido a consignar los hechos ilícitos en que incurrió el licenciado Eduardo Pesqueira Olea?, e informe también el grado de responsabilidad en el desabasto de los artículos de consumo básico en que incurrió el ex titular de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Jorge de la Vega Domínguez, quien por su ineficacia y negligencia en el desempeño de sus funciones fue removido de su cargo por el jefe del Ejecutivo Federal. Porque pensamos nosotros, que ahora no nos vayan a salir con: Vox Populi: Jesusa Cleptus Pecuni. "como dice el pueblo: a Chuchita la bolsearon". (Aplausos.)
El C. Presidente: -Tiene la palabra el ciudadano senador Cristóbal Arias Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar del mismo tema.
El C. senador Cristóbal Arias Solís: -Señor Presidente: Con motivo de un aniversario más, ritual en muchos años en la vida oficial de la Ley del 6 de enero de 1915, se esperaban anuncios importantes en relación a un tema complejo de la mayor importancia para la vida económica y social del país.
Dos, en efecto, fueron las noticias principales con motivo del grave problema que afecta al sector agropecuario; el más importante que ha llamado la atención de la opinión pública fue el dar a conocer el nombramiento del nuevo titular de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos; el otro, que nos parece el de la mayor y más grave preocupación, se refiere a que habrá de transformarse el ejido que habrá de cambiar para hacerlo productivo y que esto implicaría
evidentemente modificaciones a la legislación agraria actual.
Ya quienes me antecedieron en el uso de la palabra se refirieron ampliamente a la trayectoria, a las características de un personaje público, ahora al frente de una de las más importantes dependencias oficiales, de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Es preocupación de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, que compartimos con muchos simpatizantes y militantes de origen agrario de nuestra organización política, lo que tenga que ver con el sector agropecuario del país.
Las declaraciones oficiales se refieren al problema de la crisis agrícola, de cuál será la política agrícola del gobierno actual y queda la impresión en nosotros de que se pretende atentar contra una de las instituciones sociales más importantes en este país, que ha sido producto de un movimiento político y revolucionario para buscar reinvindicaciones que generaran la posibilidad de lograr distintos niveles de vida, me refiero a la institución del ejido.
Sin embargo, por lo que se conoció del informe del 1º. de noviembre, las declaraciones reiterativas de funcionarios del sector oficial agropecuario, la complicidad, la aceptación y sumisión de quienes teóricamente representan a campesinos agrupados en organizaciones oficiales, que están dispuestos a aceptar que pudiera haber cambio en el funcionamiento del ejido, nos hace estar en alerta ante los graves riesgos de tentativas que no han prosperado en otras épocas, pero que no ha dejado de haber el interés de grupos económicos minoritarios interesados en una política económica agrícola que atenta con los principios que le dieron origen a la actual distribución legal de la tenencia de la tierra y a los principios que todavía se rigen constitucionalmente en las cuestiones agropecuarias.
Hace ya más de 50 años que se inició la reforma agraria en nuestro país, que con muchos altibajos en distintos regímenes federales gubernamentales continuó, pero que oficialmente hoy se admite ya por el gobierno y sus organizaciones que ha concluido esa etapa, que ya no hay tierras que entregar a los campesinos, que el ideal reformista ya se cumplió, esa es la posición oficial.
Aquellos que han cuestionado el funcionamiento del ejido, que pugnan por un neolatifundio mexicano moderno, como una empresa orientada hacia la sociedad industrial, en la que su producción se concibe como un bien sujeto a un intercambio monetario a través de la participación, en una red de mercados en el ámbito nacional e internacional, están de plácemes y de acuerdo en esta resolución política del actual gobierno, porque quienes conciben el neolatifundio moderno como la actividad agrícola que persigue una utilidad estrictamente en términos financieros con la inversión del capital, es una traba la existencia legal de las distintas formas de tenencia de la tierra como un triunfo del movimiento social revolucionario de 1910, y el ideal vigente en muchos mexicanos que buscan y luchan por la tierra, para que éste culmine efectivamente en un reparto de justicia social y económica.
Arrendar la tierra es el propósito de algunos, para poderla explotar en los términos de un mercado empresarial; que se reprivatice el ejido, es el ideal de otro, para que en lugar de certificados de derechos agrarios, como lo señala la actual legislación, se tenga título de propiedad, es la aspiración de otros, pero con el mismo fin.
¿Qué persiguen quienes están promoviendo e impulsando esta campaña, quienes están coincidiendo con las voces oficiales y de dirigentes de las organizaciones campesinas oficiales? Aceptar por un lado quienes hace poco, dentro del gobierno y de su organización política campesina y partidaria, defendían como un logro de la Revolución Mexicana y defendían como uno de los logros de los gobiernos salidos del partido oficial y hoy están dispuestos a retroceder en la historia y a dar la razón a los detractores de la reforma agraria, a los detractores del propio régimen gubernamental.
La "racionalidad", de los que promueven el neolatifundio moderno, modernista en nuestro país, a costa de las tierras de los campesinos, ejidatarios y comuneros, no está en su tecnología ni en su sistema productivo que en muchos casos ha dado pruebas de haber sido ineficaz en términos de rendimiento, sino en el hecho de cultivar la tierra sin pagar casi nada por ella, de obtenerla a precio de regalo de sus actuales poseedores y por la mano de obra barata que representan los campesinos mexicanos.
No tendrían ya necesidad bajo diversas formas encubiertas de estar despojando, como lo han hecho a muchas comunidades indígenas, con tierras de buena calidad en las que están enclavadas superficies de miles de hectáreas en manos de particulares.
No tendrían necesidad ya de estar corrompiendo a dirigentes campesinos o a comisariados ejidales, porque habría la posibilidad legal de hacerse de las tierras de mayor calidad, en las que por falta de
apoyo, de inversión del Estado a través de las instituciones del sector agropecuario para la que fueron creados, podrían ser víctimas fáciles de una nueva acumulación de la tierra.
Nos oponemos, entonces, a una política agrícola que aun no está totalmente delineada, pero que se adivina claramente en las declaraciones oficiales, que aténte contra el sector social agrario desfavorecido.
Nosotros consideramos que no está concluida ni liquidada la primera fase de la reforma agraria en este país, que intereses creados dentro del grupo gobernante en complicidad con grupos empresariales, pretenden dar por descartado que se tenga que culminar el proceso primario de la distribución de la tenencia de la tierra vivo en nuestra Constitución General, en el artículo 27.
Abordar y plantear una política agrícola, pasando por alto esa fase primaria de la política de lo que debiera ser la política agraria, me parece una grave irresponsabilidad de las actuales autoridades. Ha pasado a un plano totalmente secundario y cuya existencia únicamente conocen quienes diario transcurren días y meses, y por años, en busca de la justicia social agraria contemplada en la ley. Marañas burocráticas y trabas diversas en la ley y en las dependencias agrarias han hecho imposible la entrega física, material de muchas tierras que en el papel, con motivo de la competencia de gobiernos se estuvieron repartiendo sin cumplir; pero los solicitantes han señalado y denunciado en dónde están y bajo qué subterfugios legales están encubiertos.
¿Cuántas resoluciones presidenciales dotatorias, restitutorias y de ampliaciones de ejido se han dejado de ejecutar por el burocratismo intencionado de las autoridades agrarias del país, en la que por la ley la más alta jerarquía la representa en materia agraria el Ejecutivo Federal? Y de esto lo sabe bien aquí nuestro compañero el senador Héctor Hugo Olivares; debe saber bien y seguramente trae la relación, trae ahí la lista, en muchas hojas, de los cientos de resoluciones presidenciales que no se han ejecutado y que cuando él fue dirigente de su organización campesina le entregaron copias de esas solicitudes dirigidas a las más altas autoridades del país en materia agraria, con la insistencia de que se ejecutaran esas resoluciones presidenciales.
¿Cuántas resoluciones presidenciales de reconocimiento y titulación de bienes comunales en muchas partes del país están pendientes de dictarse y de ejecutarse, y mientras tanto se sigue despojando en todo el país a grupos de campesinos comunales de miles de superficies que han sido dedicadas, por particulares, a la explotación y aprovechamiento de cultivos valiosos.
Cómo entonces pasar a abordar aisladamente, desconociendo el problema agrario de este país, para abocarnos única y exclusivamente al problema de la política agrícola, que es política.
Nosotros consideramos, señores diputados y senadores, que no puede privilegiarse a un sector privado con afanes de acumulación y de explotación en el campo, que iría en perjuicio de más de tres millones de ejidatarios y de cerca de dos millones de campesinos con derechos a salvo y sus familias, para convertirlos en siervos de su propia dotación, de su propia unidad agrícola, convertirlos en un ejército de campesinos explotados agrícolamente; en el que las propias experiencias de quienes trabajan para pequeños propietarios y para muchos que tienen fraccionamientos simulados agrícolas, no ha habido organización campesina, no ha habido organización política ni Estado que obligue a los llamados pequeños propietarios para que cumplan con las obligaciones y con las prestaciones que la Constitución y la propia Ley Federal del Trabajo señalan para quienes dan su fuerza de trabajo en el campo.
Es peligro entonces, los anuncios de que habrá que modificar las reglas a las que actualmente ha estado sometido el ejido.
Estamos nosotros por la preservación, por la defensa de una institución social que ha estado siendo abandonada: el ejido con sus componentes.
Que se ha favorecido a quienes tienen más posibilidad de hacer producir porque tienen más recursos económicos y técnicos que aquellos que son la mayoría, y que viven en las peores condiciones en el campo.
Por ello habremos de insistir, sin retórica ni demagogia alguna, que se cumplan con la primera fase de la Reforma Agraria, con el reparto de lo que todavía es susceptible de afectación. Que se modifique, sí, la actual legislación agraria para que se den procedimientos más ágiles, transparentes, para que se dicten con prontitud las resoluciones que corresponden y no crear falsas expectativas a los campesinos.
Combatir la ineficiencia y la corrupción dentro de las instituciones del sector agropecuario, para que ésta cumpla con los objetivos para los que fueron trazados y no que ése sea motivo para estar desapareciendo esos organismos de estímulo y de apoyo para el sector agropecuario.
Por ello, no podemos en este cuerpo colegiado plural compartir puntos de vista con quienes
coinciden con los actuales representantes oficiales de que para modernizar el campo se aténte contra el ejido y contra las formas de organización social legales para la producción, sino que se cumpla con las disposiciones elevadas a rango constitucional de la obligación que tiene el Estado para promover el desarrollo del sector agropecuario. Que se hable claro de cuáles son o serían las formas de asociación de quienes matizan las intenciones de penetrar en el ejido, entre capitalistas o empresarios y ejidatarios.
¿Cuáles serían los términos y condiciones?, y ¿cuáles serían las modificaciones que a la ley se le tendrían que hacer? Porque actualmente, de acuerdo a nuestra legislación, ésta es muy clara al respecto y otros intentos han fallado por modificarla para lograr la intromisión de sectores particulares en el ejido.
Y quisiéramos entonces que pronto se definiera por parte de los responsables de área agropecuaria, ¿cuál es realmente la política agrícola?, ¿cuáles son los planes y programas para salvar al país de esa crisis que se ha venido arrastrando desde hace muchos años?
Nosotros estaremos opinando y oponiéndonos a aquello que aténte contra lo que luchó y sigue luchando la gran mayoría de los campesinos de México; para que se cumpla con esos objetivos que están recogidos en la Constitución y en las normas reglamentarias, que no se han cumplido y que está agravando las condiciones de vida de la mayoría de los campesinos de México.
Podría ser muy largo estar aquí haciendo señalamientos críticos de los despojos que se han sufrido por el sector social agrario del país; de las contrarreformas para favorecer a grupos minoritarios, en perjuicio de la mayoría de los campesinos, que se han hecho a las leyes; de la disminución creciente cada vez más de los recursos y de los presupuestos asignados al sector agropecuario; del desmantelamiento que se está sufriendo, en perjuicio también de los productores campesinos, en las dependencias que se crearon para favorecerlos; de la ausencia cada vez más también de los precios de garantía a los productos del campo; de la falta de mecanismos de comercialización y de apoyo a las figuras legales de asociación del propio sector social agropecuario; pero en esta ocasión nuestra mayor preocupación, nuestra denuncia y oposición es a que se aténte contra el ejido y se pretenda privatizar, que son las claras intenciones que observamos, en quien ahora consideramos que es la avanzada para ejecutar el proyecto de privatización en el campo para crear el neolatifundismo moderno que se pretende hacer a través de quienes llegan ahora a la dependencia de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Esperamos pronto saber cuál es el proyecto que debe de someterse a la consideración de los sectores involucrados y no pretender imponerlo, porque estaría generando un grave conflicto político y social en este país. (Aplausos.)
El C. Presidente: -Tiene la palabra el ciudadano senador Héctor Hugo Olivares, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar del mismo tema.
El C. senador Héctor Hugo Olivares Ventura: -Con su permiso, señor Presidente; señores diputados; señores senadores: Es esta mi primera intervención en la tribuna de la Comisión Permanente y tengo que confesar que me place que se dé en torno al tratamiento de un problema toral, no sólo para el desarrollo nacional sino un problema que involucra, al mismo tiempo, la plena justicia social en nuestro país y desde luego su libertad y su soberanía.
En lo personal me alienta que las distintas representaciones legislativas se preocupen con sana intención y aborden, desde luego, el problema del campo y los campesinos; y me place porque tengo que confesar que años hubo en que la sociedad mexicana preocupada más por el espejismo del crecimiento urbano, la consolidación del aparato industrial o el aumento de los servicios, vieran al campo y los problemas de quien lo hace producir como mera referencia bucólica o posibilidad de paseo de fin de semana.
Anduvimos muchos años, tenemos que confesarlo, más preocupados, algunos todavía lo están, por hacer nuestra imagen del país urbano, para no lesionar nuestro "orgullo", con la condición de ser un país rural.
Bienvenida pues la preocupación y la postura de las distintas representaciones de los partidos políticos en esta Comisión Permanente.
Puedo diferir, lo haré de hecho, de algunas opiniones aquí vertidas por el diputado Bernardo Bátiz, por el señor diputado Juan Jaime Hernández, por mi compañero senador Cristóbal Arias Solís. Pero acepto que del tratamiento de este problema, en lo de fondo, coincido con los planteamientos expresados en esta tribuna respecto a las formas de tenencia de la tierra que la constitución consagra; respeto absoluto a la propiedad social de la tierra, llámese ejido o comunidad, en lugar de embate, fortalecimiento, instrumentos económicos, tecnológicos, científicos, sociales que eleven su producción, pero también que eleven las condiciones
de vida y el nivel de bienestar de quienes en ella producen; coincidencia absoluta en este punto.
Coincidencia en la postura de pugnar mancomunadamente como representación legislativa, para jalar un trato privilegiado que merece el sector primario de nuestra economía, después de décadas en que impunemente hemos hecho que se transfiera no sólo su excedente económico sino su capital mismo al pavimento y a la máquina.
Diferencias en cuanto al señalamiento hecho por el señor diputado Bernardo Bátiz, en el sentido de que el campo siempre fue más certero en la organización para votar que en la organización para producir. Expresión que, desde luego, olvida que el crecimiento industrial, que el crecimiento de los servicios, que el crecimiento urbano mismo se sustentó precisamente en la producción del campo mexicano.
Hay reminiscencias en esta expresión de un claro bis porfirista, que el campesino sea elemento de la producción, máquina de producir solamente, pero que sea ajeno a la organización política que defienda su postura doctrinaria y también su derecho a optar por la oferta política que decida.
En buena hora yo digo a contrario censo que se fortalezca la organización política de los productores del campo, que se fortalezca su democracia porque ello será fácil indiscutible para mejorar su producción en esta época de crisis agrícola; diferencias con el compañero Cristóbal Arias, diferencias en cuanto a que hay una tendencia de privatizar al ejido.
Yo dije en el Senado, en alguna discusión que se daba sobre este tema, que hay, nadie lo puede negar, un avance y un sello en la conciencia de los mexicanos, en torno al proceso de reforma agraria. Ciento seis millones de hectáreas en manos de los ejidatarios y de los comuneros, 25 mil ejidos y tres mil comunidades reconocidas en sus derechos no son figura retórica.
Decía también, que no se preocupe tanto quien expresa esta idea de manera ligera, porque es bueno recordar que los campesinos no están mancos ni física, ni mentalmente; que tienen conciencia histórica, que tienen valor de lo que la institución, ejido y comunidad representan, y que están ciertos de que un millón de muertos, la sangre de un millón de compatriotas en 1910, los esfuerzos del Constituyente de 1917, la figura de Emiliano Zapata, de Lázaro Cárdenas del Río, no son mera referencia anecdótica, sino toma de conciencia y posición de lucha permanente.
Por eso, porque tenemos raigambre histórica, conciencia doctrinaria, es, lo digo con todas sus letras, que la mayoría de las organizaciones sociales de los campesinos que tienen militancia real y auténtica, y no sólo membrete, estamos con los 10 puntos que el presidente Carlos Salinas de Gortari ha puesto a la libre discusión de los mexicanos, para reactivar la vida productiva y la justicia en el campo de México.
Primero. Certidumbre en la tenencia de la tierra, fortalecimiento de la concertación de las organizaciones campesinas y de las nuevas formas de asociación que libremente elijan los productores del campo.
Segundo. Programa de estímulo a la producción de básicos, porque frente a la teoría de las ventajas comparativas, a veces también hemos olvidado la ventaja absoluta de disponer de nuestro propio alimento, para preservar la libertad de nuestras decisiones como nación.
Transformación de los productos del campo en el propio campo; esto es, programa integral de agroindustrias y de industrias rurales que generen empleo, retengan excedente y den posibilidad de captación a aquellos solicitantes de la tierra, que el propio proceso de reparto no va a permitir acceder a este medio de producción.
Aprovechamiento integral del agua, rehabilitación de nuestros distritos de riego, de pozos de bordos para no depender de los caprichos de la naturaleza en los esfuerzos productivos del campo; programa integral de apoyo a la producción campesina que abarque precios de garantía que incentiven al productor, mayores volúmenes de crédito, seguro agrícola manejado por los propios productores para evitar corruptelas, manejo de los fertilizantes, de la red de almacenamiento, de la red de distribución; bienestar social de los productores del campo, educación, abasto, salud, vivienda; atención a un gran programa que afronte el reto de la atención de cerca del 4 millones de jornaleros agrícolas que padecen ahora condiciones infrahumanas de subsistencia que lesionan, lo digo también con todas sus letras, la conciencia social de los mexicanos; programa especial de fomento a la ganadería, promoción de la producción y uso racional de nuestros bosques.
Cristóbal Arias y los otros compañeros legisladores que han intervenido en esta tribuna, decían algunos que conceden el beneficio de la duda, Cristóbal que quiere conocer de inmediato las propuestas, hay tiempo para presentar estas propuestas; en 30 días, en un lapso de 30 días habrán de presentarse para su discusión por los propios productores, cada uno de estos enunciados
para pasar de los buenos propósitos a los hechos. El 15 de enero, por ejemplo, se va a poner en marcha la acción de certidumbre en torno a la tenencia de la tierra; el 18 de enero, el programa de estímulos a la producción de básicos; el 21 de enero, las acciones concretas de promoción de otros productos como azúcar, café, tabaco; el 24 de enero se pondrán en marcha las acciones concretas para estimular la transformación de la producción agropecuaria; el 27 de enero, el programa de aprovechamiento integral del agua y el 30 de enero, el programa integral de apoyo a la producción campesina por la vía de los precios, créditos, seguros, fertilizantes, almacenamiento, comercialización interna y en el exterior, infraestructura de comunicaciones; el 2 de febrero se van a dar a conocer las acciones que abarcan el problema de bienestar; el 6 de febrero, el programa especial de fomento a la ganadería y el 12 de febrero, el programa de educación superior, ciencia y tecnología.
No hay sólo un catálogo de enunciados, sino compromiso en tiempo y forma. Ha habido, compañeras y compañeros legisladores, una posición congruente de las organizaciones campesinas aquí catalogadas como oficialistas, ha sido bandera públicamente y siempre levantada, la exigencia de mayor presupuesto, de menos burocracia y más campesinos en el aparato administrativo del gobierno, más participación de los productores en la elaboración y ejecución de los programas, porque si alguien conoce del campo, son quien en él viven y lo hacen producir y, desde luego, una bandera siempre levantada por precios de garantía que incentiven y no que ahuyenten a los campesinos de la producción agropecuaria en nuestro país.
Nunca es tarde. Crisis agrícola acentuada. Aquí y ahora hay compromisos del gobierno de la República que me he permitido enumerar.
De buena fe yo digo: si nos interesa el problema del campo y los campesinos, tomemos la palabra al gobierno de la República, ampliemos atención al campo, recursos, mejor trato, y por encima de subjetividades, privilegiemos el fortalecimiento de la propiedad social de la tierra y de la auténtica pequeña propiedad, que confronta los mismos problemas y a veces en peores condiciones que los ejidatarios y comuneros, que ya es mucho decir.
Aboquémonos, con la pasión que tiene el Poder Legislativo en sus representaciones, a elevar las condiciones de vida, de bienestar de millones de mexicanos que, insisto, no son sólo elemento de la producción o máquinas de producir, sino compatriotas que merecen vivir con dignidad, en base a la solidaridad permanente del gobierno de la República y de los distintos sectores de la sociedad. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: -Tiene la palabra el ciudadano diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para hablar sobre hechos en la planta de la Ford.
El C. diputado Pedro César Acosta Palomino (desde su curul): -Señor Presidente, pedí la palabra para rectificación de hechos, no me la concedió.
El C. Presidente: -Tiene usted la palabra, señor diputado.
El C. diputado Pedro César Acosta Palomino: -Dada la premura del tiempo y puesto que estamos hablando del campo, voy al grano. Se ha planteado esta discusión en términos que poco a poco han ido derivando en situaciones de extrapolación de extremos; queremos, por tanto, puntualizar algunas cuestiones derivadas de la intervención del diputado Bernardo Bátiz, respecto al enfoque que sobre el problema del campo tiene Acción Nacional.
Para nosotros, en el dilema de si la tierra tiene que ser del gobierno o de los campesinos, definitivamente la respuesta de Acción Nacional es a favor de los campesinos, y no para caer en la misma tajante situación con que se han planteado ahorita los enfoques de ejido y pequeña propiedad. Para quienes estudian a fondo estas cuestiones, estén en los grupos que sea, esto no es tan fácil de determinar por un simple tirar de una moneda al aire para ver si cae águila o sol; creemos que muchos aspectos de la propiedad social y concretamente el ejido, son irreversibles, pero que también existe, al lado de las instituciones que configuran las formas de tenencia de la tierra, una serie de datos de repercusión económica que necesitan forzosamente analizarse y adecuarse hacia sus planteamientos sin el tabú de una ideología que frecuentemente suena a arqueología.
Para nosotros no es tabú el ejido como no debe serlo para los campesinos, en el mismo sentido de que es el ejido para los campesinos y no los campesinos para el ejido, en el sentido de que el campo es para los campesinos y no los campesinos para el campo y en el sentido de que el gobierno está para servir y no para ser servido.
Dentro de ese enfoque, yo quisiera hacer referencia a cuestiones de planteamientos tanto de carácter ideológico como de carácter económico contenidos en nuestra plataforma política que se titula
"Un plan para el cambio", y que fue elaborada a fines de 1987, en el que van a encontrar algunas ciertas coincidencias con el enfoque de solución que se pretende dar a problemas entonces denunciados.
En aquello que nosotros llamábamos: lo que el campo espera de México, señalábamos: en lo educativo, elevar el promedio de enseñanza en el campo hasta alcanzar un nivel técnico que le permita al campesino lograr con mayor eficiencia su productividad en el campo, cuidando que en los programas se exalten los valores propios de la vida del agro, en tal forma que se sientan integrados, satisfechos y orgullosos de su condición.
Dotar al campo de un sistema de salud, tanto por medio de la educación y de la información sobre higiene y alimentación, como a través de establecimientos de salud periféricos estratégicamente situados para que tengan acceso a ellos los hombres del campo de todas las regiones; reestructurar la seguridad social para los trabajadores del campo, sin excepción, y sus familias, así como reformar a fondo el sistema del seguro agropecuario.
Aplicar una particular y apropiada política crediticia y promover el que las instituciones de crédito aseguren al campo financiamiento a un tipo de interés y condiciones convenientes; aplicar una política de precios agrícolas justos que no estén en oposición al bien común.
Promover en las zonas agrícolas el establecimiento de industrias agropecuarias, así como la prestación de servicios de transporte y comercialización de sus productos; dar vida a sociedades cooperativas, asociaciones agrícolas y ganaderas y a sindicatos de jornaleros, para poder hacer llegar la auténtica voz de los campesinos al campo político y a los órganos de la administración pública.
Poner al alcance de los campesinos, eliminando intermediarios y trabas burocráticas, los insumos y la maquinaria necesaria para eficientar la producción.
Y en aquello de lo que México espera del campo, señalábamos: Un ingreso per capita decoroso para los mismos campesinos derivado del aumento de la productividad de su propio trabajo organizado; un incremento en las empresas agrícolas propiedad de los mismos campesinos que les permita el autoempleo y el abasto a sus comunidades; la autosuficiencia alimentaria a nivel nacional y el mejoramiento de nuestra balanza comercial mediante la exportación de los excedentes de producción.
Todo esto venía a cuento cuando por enésima vez, en aquel entonces se señalaba, lo que siempre se ha mencionado como el desastre agrario. Tiene razón el diputado Humberto Roque Villanueva en señalar que desde 1965 se han acentuado los problemas de esta naturaleza y sobre todo el retroceso en la materia productiva; lo único que cabría señalar es que el énfasis en poner atención a las soluciones no ha ido parejo en captar a destiempo el problema del desastre agrario.
Para nosotros el haber señalado esto en 1987 y ver que ahora muchos de estos señalamientos los recoge el programa de 10 acciones del gobierno, no significa ni que reclamemos prioridad con el orgullo estrecho de quien afirma haberlo dicho primero, ni que tampoco se vincule necesariamente una propuesta hecha por un partido político a un programa oficial. Creemos que actuar de esta manera, pretender atribuir al gobierno el seguir políticas derivadas de agrupaciones diferentes, no hace en este caso sino caer en la falacia tan conocida que el diputado Juan Jaime Hernández llamaría post hoc ergo propter hoc, "fue primero, luego es a causa de".
Nosotros queremos también indicar que el señalamiento del senador Olivares Ventura al diputado Bátiz, acerca de que el ejido está organizado para votar y no para producir, nosotros lo aceptamos, pero sólo para correrle traslado al doctor Oscar Bauer Herrera, ex secretario de Agricultura, quien fue, en una confesión de parte evidente frente al desastre agrario, quien pronunció esa expresión, quien es el responsable de haberlo señalado; nosotros no hacemos más que reiterar aquí lo que nos pareció una sincera rectificación, por lo menos a nivel verbal, de una política agraria que conducía al desastre y que desgraciadamente en aquel entonces no se rectificó.
Hacemos votos porque a muchos años de distancia, y depende de las situaciones, por ejemplo podríamos hablar a 75 años de distancia de la Ley del 6 de enero de 1915, se comience a sostener con afirmaciones más categóricas, la necesidad de enfrentar en todos los niveles la solución del grave problema del campo mexicano.
No queremos en estas circunstancias, ser colocados en uno de los extremos; para nosotros, en Acción Nacional, el problema del campo es esencialmente un problema de elevación humana; nos interesa la tierra como tal, pero sólo porque sirve a quienes la trabajan y estamos plenamente convencidos de que el ideal de Zapata de "Tierra y Libertad", todavía puede con la buena voluntad política que exista en quienes manejan estructuralmente estas situaciones, resolverse a favor de los campesinos.
El C. senador Eliseo Rangel Gaspar (desde su curul): -Pido la palabra, señor Presidente, sobre el mismo tema.
El C. Presidente: -Tiene la palabra, señor senador.
El C. senador Eliseo Rangel Gaspar: -Muy brevemente, señor Presidente, porque debemos ser respetuosos de nuestro reglamento, y no me llevaré más de cinco minutos para ello.
Primero, la decisión política fundamental recogida en el artículo 27 establece en favor de la nación la propiedad ordinaria de la tierra y faculta al Estado nacional revolucionario de México para darle las modalidades que dicte el interés público; no existe dilema entre la propiedad del gobierno y la propiedad de los campesinos.
Segundo, la historia en materia agraria, en nuestro tiempo y en todo el mundo, es la historia de la lucha de los pueblos por su bienestar, y la historia es una lección política y debemos atender a las lecciones de la historia, y en esta circunstancia establecer que la vinculación de las organizaciones clasistas del campo a la lucha por el reparto agrario deviene de que coincidieron con el esplendor del Estado Nacional revolucionario que postuló la organización de los campesinos para luchar por sus reivindicaciones, la primera de ellas es la de la tierra y que en esta circunstancia, ellos levantaron con prioridad la bandera del reparto agrario y la de las reivindicaciones campesinas. En esta misma circunstancia, y la historia es lección política, organizaciones políticas nacieron para oponerse radical y frontalmente al reparto de la tierra.
Y, finalmente, señor Presidente, efectivamente, está vigente el lema de Zapata de "Tierra y Libertad"; de tierra para los campesinos que la trabajan y libertad para los mexicanos que existen en este país.
HECHOS EN LA PLANTA FORD
El C. Presidente: -Tiene la palabra el diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, para referirse al tema de los hechos en la planta de la Ford.
El C. diputado Jesús Antonio Carlos Hernández: -Ciudadanas legisladoras; compañeros legisladores: Tenemos que referirnos a un tema triste y lamentable, y antes de referirnos a él, queremos expresar a los compañeros trabajadores de la planta de la Ford, a todos, pero particularmente a quienes sufrieron en carne propia la agresión, la explosión de la violencia brutal, nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestra fraternidad solidaria.
Estos hechos violentos que debieran ser erradicados definitivamente de México, un país de nobles tradiciones, de luchas auténticas, de un esfuerzo grande, heroico por garantizar que la nación mexicana transite hacia su desarrollo, hacia su progreso, hacia la verdadera justicia social por la vía pacífica.
Este país nuestro, el pueblo mexicano ha pagado con creces la cuota de sangre que pudiese haberle correspondido para ganarse legítimamente el derecho a la transformación social por la vía pacífica, de tal suerte que rechazamos de manera enérgica la violencia venga de donde viniere, se genere como se genere, toda violencia debe ser enérgicamente rechazada.
El problema de fondo, queremos decirlo de una vez, en los centros de trabajo, no es un simple enfrentamiento o una simple división o un problema intergremial; no se trata de enfrentamientos entre los trabajadores, se trata, podemos decirlo claramente, de una maniobra empresarial para dividir a los trabajadores, para enfrentar a los trabajadores y poder medrar, poder incrementar, intensificar su objetivo de explotación y sobreexplotación, ese es el problema de fondo.
En el año de 1986, todavía el sindicato de trabajadores al servicio de la compañía Ford Motor Company, norteamericana, tenía signado el contrato colectivo más importante, quizá el más beneficioso para los intereses de los trabajadores, de los que podrían observarse en el escenario del país; no era lo que los obreros de la Ford demandaban, pero en comparación con las conquistas de otros trabajadores de la industria automotriz era el que mejores beneficios contenía para los propios trabajadores.
No eran 3 mil 600 trabajadores como hoy, eran 7 mil obreros en esta planta de Cuautitlán, con uno de los más altos niveles de productividad, con una calidad del producto que era dignamente competitiva en el mercado internacional y no sólo nacional, gracias al esfuerzo, gracias al trabajo de alta calidad de los trabajadores mexicanos.
Pero en 1986, en una maniobra más de esta empresa transnacional, la empresa maniobra efectivamente y hay un paro patronal, camuflado de muchas maneras, y cuando un hecho, un acto de esta naturaleza ocurre no solamente en el campo obrero-patronal, sino cualquier otro, para descubrir el fondo de quiénes son los autores, pues basta ver a quien beneficia.
¿Y cuál fue el resultado de este paro de 1986? Se cerró la planta, se declaró prácticamente en quiebra, fueron despedidos todos los trabajadores, fueron liquidados, supuestamente, conforme a la ley; hubo lo que se conocía todavía en la jerga de aquel momento, una reconversión industrial, una modernización de la planta, la importación de maquinaria moderna, claro, todo a costa de los intereses de los trabajadores, y reinicia sus labores la planta contratando personal nuevo, no contaminado por el consabido San Benito de las ideas subversivas, exóticas, etcétera, que también están dejando de ser moda.
Se recontrata nuevo personal, pero ya no a los 7 mil trabajadores, ahora son 3 mil 600, que viven, que trabajan, que laboran en condiciones verdaderamente infrahumanas; son sujetos a una vigilancia permanente de carácter policiaco; hay circuito cerrado de televisión para vigilarlos a todos y a cada uno desde el momento en que ingresan a la planta fabril, en donde son examinados de pies a cabeza, tanto al entrar como al salir de la planta; son sujetos a horarios de trabajo y a jornadas intensas de sobreexplotación.
Lamentablemente las asambleas sindicales se conocen poco, lamentablemente, y que conste que hablamos no de todo el movimiento obrero, sino de algunos que se ostentan como dirigentes obreros, se han ido de vacaciones hace muchos años, hace muchas décadas y no velan realmente por los intereses de los trabajadores.
Pero insisto, no es el problema de un choque intergremial, son maniobras de la empresa, que ha encontrado este método de aparentar un división intergremial para hacer prevalecer sus intereses; ese es el fondo del problema: condiciones de trabajo de sobreexplotación de los trabajadores y, claro, una situación tensa, una situación difícil, una situación de rechazo, de protesta a las condiciones de trabajo.
El nuevo contrato colectivo de trabajo, hoy vigente en 1990, deja mucho que desear en relación con el contrato colectivo todavía vigente hasta 1986, y ese es el fondo del problema. En tanto no mejoren las condiciones de trabajo, en tanto no se respeten los derechos, no solamente los derechos laborales de los trabajadores, sino su dignidad como personas humanas, su dignidad humana, lamentablemente se seguirán generando estos actos de violencia y la empresa seguirá beneficiándose de estas maniobras que la propia parte patronal prohija y realiza y que a veces, lamentablemente, cuenta con la connivencia, con la complacencia, con la complicidad de determinados elementos que no tienen nada que hacer frente a la representación auténtica de los trabajadores.
El Partido Popular Socialista denuncia esta maniobra, manifiesta su solidaridad a los trabajadores de la empresa y denuncia este nuevo método de agresión patronal y, tenemos que decirlo también, en connivencia con algunas autoridades del trabajo, para poder sobreexplotar a los trabajadores mexicanos.
Nótese también que la mayoría de estos hechos se dan precisamente en empresas transnacionales y particularmente en empresas de capital de inversión directa norteamericana, ese es el problema de fondo.
Mientras las autoridades del trabajo, mientras el movimiento obrero no actúe con serenidad, con estricto apego a la ley, los patrones, los empresarios, las transnacionales seguirán agrediendo a los trabajadores y seguiremos lamentando estos hechos que deben castigarse severamente.
Las autoridades, en este caso, en este punto, deben actuar de manera profunda, seria y que no queden impunes estas agresiones de que han sido víctimas los trabajadores, pero que también se toque a fondo el problema esencial, que son las condiciones laborales de sobreexplotación de los trabajadores mexicanos. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Tiene la palabra, para hablar del mismo asunto, el diputado Juan José Medrano Castillo, del Partido Acción Nacional.
El C. diputado Juan José Medrano Castillo: -Honorable asamblea: Aun a riesgo de contrariar a quienes, con un prurito que raya en posiciones de convivencia partidista, quisiera que nos limitásemos exclusivamente a las atribuciones señaladas en la Constitución para esta Comisión Permanente, voy a abordar un tema de denuncia con la firme convicción que tengo de que esta tribuna puede y debe ser utilizada también para señalar asuntos cuya importancia sea relevante para nuestra comunidad.
Y es de considerar importante el hecho de que haciendo nuevamente a un lado la civilidad, hay quienes acuden a los métodos salvajes de las cachiporras y las armas de fuego para conservar un feudo de poder que, según ellos, les heredó la Revolución Mexicana, ¡vaya!, para no perder la vigencia de una institución que denigra al sindicalismo mexicano, como es el charrismo, que tan buenos dividendos les ha producido.
La agresión que sufrieron los trabajadores de la compañía Ford, en su planta de Cuautitlán, hace dos días, debe ser para nosotros motivo de profunda y de honda reflexión y preocupación. 1990 no será el año de la solidaridad si no se sientan
las bases de respeto que permitan entrar a una etapa de auténtica democracia sindical.
Dijo el Presidente de la República, en su mensaje de año nuevo: "que no debemos olvidar nunca el enorme valor de vivir en libertad y de tener paz en la República", y estos postulados no podrán alcanzarse si quienes están al frente de los sindicatos no logran entender que estas asociaciones deben alcanzar, por su naturaleza propia, el fin de proteger organizadamente los derechos de sus agremiados, y no en el sentido contrario que le han dado en la mayoría de los casos y que hoy queda ejemplificado con la brutal agresión que sufrieron quienes en defensa de sus derechos se atreven a censurar la conducta parcial de sus "dirigentes".
Se ha mencionado por el orador que me antecedió en el uso de la palabra, ya algunos datos importantes y considero necesario abundar con otros, porque sin duda resulta conveniente considerar los antecedentes atento a que éste es un problema que se dejó crecer hasta que estalló.
En palabras de algunos trabajadores, con quienes nos entrevistamos el día del ayer, los señores Mejía y Fuentes, quienes en un intento de participación activa en la defensa de sus derechos laborales, fueron despedidos injustamente y ahora se encuentran litigando su reinstalación por despido injustificado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número 15, el 31 de julio de 1989, en una asamblea que consideran espuria, se nombró a los integrantes del comité nacional del sindicato de trabajadores de la compañía Ford, que hoy es repudiada.
Posteriormente, las personas que integran dicho comité, estando al frente el señor Héctor Uriarte, nada han hecho por sus agremiados ante dos situaciones que afectan sustancialmente el ingreso de los trabajadores: primero, de su aguinaldo o gratificación anual, para ser más técnico, de 1989, se les descontó un supuesto rezago por concepto del impuesto sobre la renta, que en los casos de algunos trabajadores impidió que éstos recibieran dinero alguno por este concepto; segundo, la empresa les anunció, al decir de ellos, que el reparto de utilidades sería menor a la participación que recibieron el año anterior por el mismo concepto.
Ambos casos invitan a una investigación seria, porque una empresa de tal magnitud no puede darse el lujo de cometer errores en los descuentos de todo un año, en el pago del impuesto sobre la renta, para ser descontado de golpe y porrazo del aguinaldo o gratificación anual de los trabajadores.
Por la otra parte, habría que considerar que en 1989 se tuvo en Ford la más alta producción de vehículos para el mercado interno en la planta de Cuautitlán. Y crea inquietud el hecho de que en 1987 los trabajadores de Ford tuvieran el mejor salario de la industria automotriz y ahora tengan el más bajo de ellos, al decir de sus trabajadores.
Así pues, los trabajadores argumentan que en su central no se atendió debidamente y con justicia el problema de ilegitimidad de sus dirigentes, y la ausencia de un esfuerzo serio de éstos en la defensa de los derechos laborales de sus agremiados. Con estos antecedentes, se ha llegado a un problema que debe considerarse grave y que pudo resolverse en sus inicios.
Pero con la misma facilidad con que se les negó importancia ayer, hoy los líderes de la Confederación de Trabajadores de México acuden a la política de la avestruz, cuando es del dominio público la actitud que han tomado en esa central, cuando los trabajadores pretenden levantar la cabeza; baste recordar los hechos sucedidos en el hotel Presidente de esta ciudad y los que sucedieron también en Acapulco, Guerrero.
Y no puedo dejar de señalar, también, la actitud de los empresarios de la compañía Ford, quienes en un desplegado publicado el día de ayer, se pronuncian por el respeto a los conflictos sindicales y externan su preocupación por la seguridad de sus trabajadores; a lo que cabe preguntar entonces: ¿quiénes o quién les proporcionó los uniformes y las credenciales apócrifas?, ¿por qué se permitió la entrada a las instalaciones de la compañía a gente armada, para agredir a los trabajadores? Sin duda no hay congruencia entre lo actuado hace tan solo dos días, y lo publicado el día de ayer.
Así pues, en lo general, censuramos que los sindicatos sean utilizados como mecanismos mediatizadores de la voluntad de los trabajadores, para ser usados éstos como carne de cañón en concentraciones políticas y, en consecuencia, resulten ser en parte sustento de un régimen ilegítimo. A este respecto, sostenemos que no deben los sindicatos, como tales, ser instrumento de la política partidista, sea cual fuere el partido que pretenda utilizarlos, por el contrario, sostenemos que la afiliación individual y voluntaria es una prerrogativa inalienable de los trabajadores; deben afiliarse al partido de su preferencia, en materia política, y a practicar la doctrina política que más les convenza. El derecho al trabajo no puede quedar sujeto ni por el sindicato, ni por el patrón, ni por el gobierno, a la imposición de criterios ideológicos o políticos.
La imposición que se hizo a los trabajadores de la compañía Ford, primero de sus líderes sindicales y posteriormente de políticas económicas que lesionan sus intereses, no es el camino que deba transmitir para alcanzar la justicia social. Entiendo que siento éste un problema intergremial, debe solucionarse precisamente por los propios trabajadores, con la mediación inexcusable de las autoridades competentes. Pero ellos no debe limitarse para denunciar los hechos violentos de que fueron objeto los trabajadores de esta compañía. Y en este caso, los diputados del Partido Acción Nacional nos pronunciamos porque puedan alcanzar dentro de los caminos del diálogo y la razón, los siguientes objetivos concretos:
Primero. Que se esclarezcan los hechos en los que fueron lesionados varios trabajadores de la compañía Ford, y se sancione conforme a derecho a quienes resulten responsables.
Segundo. Que se respete el derecho de los trabajadores de la compañía Ford a nombrar libre y democráticamente a quienes deban ser sus representantes sindicales.
Tercero. Que ante la opinión pública quede constancia de la responsabilidad que tienen los dirigentes de la Confederación de Trabajadores de México, específicamente los señores Fidel Velázquez Sánchez y Héctor Uriarte, de la integridad física de los trabajadores de la Ford, así como de aquéllos que aún se encuentran litigando su reinstalación por despido injustificado y quienes con un mayor sentido de organización lealtad pugnan por el respecto de los derechos laborales de sus compañeros y se han atrevido a censurar a sus líderes.
Cuarto. Que los directivos de la empresa se abstengan de proporcionar a los porros y golpeadores los medios necesarios para que los trabajadores sean reprimidos.
En la medida en que estos objetivos puedan alcanzarse, podremos medir no sólo nuestros esfuerzos por ser justos, sino también nuestra aportación para hacer de México un país verdaderamente democrático, en donde nos corresponde no tan solo ser testigos de los cambios, sino protagonista de los mismos. (Aplausos.)
El C. Presidente: -Tiene la palabra, para hablar sobre los mismos hechos, el ciudadano diputado Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: -Ciudadanas legisladoras; ciudadanos legisladores: Están aquí presentes en esta sesión de la Comisión Permanente del Congreso, algunos de los trabajadores de la planta Ford de Cuautitlán que fueron lesionados hace unos días a manos de un grupo numeroso de golpeadores que lesionaron, incluso de balas, a un trabajador que se encuentra grave y que ha sido ya intervenido quirúrgicamente.
Quiero subrayar el hecho de la presencia de estos trabajadores, porque esto constata el interés que ellos mismos tienen en que la Comisión Pemanente del Congreso sea un foro a través del cual o con ayuda del cual, el problema que se ha llevado a cabo en la planta de la Ford en Cuautitlán sea resuelto satisfactoriamente para las propias demandas, necesidades y planteamiento de la base trabajadora de los 3 mil 800 trabajadores de la planta.
Se ha mencionado en esta tribuna que un elemento que generó un gran descontento, no solamente en la planta de Cuautitlán, sino también en la de Delicias, y quizá también en la de Hermosillo, fue que la empresa cobró extemporáneamente a los trabajadores un ajuste sobre el impuesto sobre productos del trabajo, en el momento de entregar las gratificaciones de fin de año, y esto afectó a una gran cantidad de trabajadores.
Pero siendo cierto, también es cierto que es la mitad o quizá una cuarta parte de esta historia, porque hay otras partes.
El comité nacional del sindicato no defendió a los trabajadores, por una sencillísima razón: no fue elegido por ellos.
El comité nacional del sindicato de trabajadores de la Ford de acuerdo con el estatuto, se elige cada seis años un congreso; habiéndose vencido el 21 de mayo del año pasado este plazo, no hubo elecciones para delegados al congreso y el congreso no se realizó.
El 31 de julio, el comité nacional de la Confederación de Trabajadores de México, dio cobijo a un congreso espurio en sus propias oficinas, con 60 delegados que no habían sido elegidos por los trabajadores, para nombrar como secretario general al mismo individuo que venían fungiendo cono tal; en ese pseudocongreso sólo estuvieron presentes cuatro de los 11 miembros del comité ejecutivo saliente.
El Congreso, o pseudocongreso mejor dicho, del 31 del julio, nombrar a un nuevo comité ejecutivo, en el marco de una situación en la cual, por efecto en el marco de una situación en la cual, por efecto de los esfuerzos combinados entre la empresa y los pseudolíderes sindicales, se producen constantemente despidos a los dirigentes del grupo inconforme con el comité ejecutivo espurio y con el
secretario general que se ostenta cono tal, nombrado en las oficinas del comité nacional de la Confederación de Trabajadores de México.
Ustedes seguramente se enteraron por lo periódicos de una huelga de hambre que llevaron a cabo los trabajadores. El 6 de diciembre es cuando de produce el descuento retroactivo del impuesto sobre ingresos del trabajo que probablemente es ilegal, puesto que no es responsabilidad de los trabajadores el que el empresario o la empresa no descuente correctamente como retenedor del impuesto sobre los ingresos, de productos del trabajo el impuesto o la cantidad respectiva.
Creo que son muchos factores los que se están uniendo en este conflicto de la Ford, pero hay una serie de hechos que son el común denominador de este conflicto: una política de la empresa que en connivencia con los titulares del contrato colectivo de trabajo pretenden impedir que éstos actúen de manera organizada, defiendan sus intereses y tengan una vida sindical real.
Es la coincidencia básica entre los dirigentes venales, que no representan realmente a la base trabajadora y que en México se les conoce como "charros" con los empresarios, para someter la organización, la acción de los trabajadores a través de los sindicatos.
Lo que ocurre en la Ford en realidad ocurre en muchas partes, aunque desgraciadamente no en todas esas partes los trabajadores en un momento dado se ponen de piedra para echar a los líderes venales, aunque desgraciadamente no en todas partes logran la necesidad unidad para poder salir adelante en la defensa de sus intereses, para poder definir las pautas a seguir.
La acción de los trabajadores despedidos fue poco a poco generando solidaridad en la planta de Cuautitlán, por ello en el momento de los injustificados y arbitrarios descuentos, la situación esta madura para que produzca un cambio en la organización, en el nivel de conciencia, de apreciación del problema de parte de los trabajadores.
Los ofrecimientos que había hecho el comité nacional de la Confederación de Trabajadores de México primero fueron francamente abusivos, nombrarse una comisión para organizar una votación, en la cual todas las posibilidades de manipular el proceso de votación en el sindicato las llevarían los líderes cuestionados, los líderes que estaban siendo justamente señalados por muchos trabajadores como dirigentes indeseables y que no representaban a la base trabajadora.
Fidel Velázquez prometió referendum para el 10 de enero, pero se fue a Europa y no hubo acuerdo para la integración de la comisión; cuando se avanzó en la negociación para integrar una comisión un poco más equilibrada, que fuera la responsable de la organización del referendum, la empresa no aceptó la integración de la comisión, lo cual es increíble, y lo comunicó telefónicamente a los líderes de la Confederación de Trabajadores de México que no admitía una parte de los comisionados para resolver una cuestión interna del sindicato; y estos líderes tranquilamente les dijeron a los trabajadores que no estaban aceptados por la empresa, y ya, como si este asunto fuera un asunto de la empresa.
¿Qué tiene que ver la empresa en un mecanismo interno de referendum del sindicato? Pero es que la empresa está acostumbrada a eso, a mangonear todo porque los titulares del contrato colectivo, los miembros del comité ejecutivo el secretario general, ha sido eso y no otra cosa durante muchos años.
¿Quién contrato a esos golpeadores? Yo creo que hay que creerles a los golpeadores mismos. Yo les creo, sobre todo porque en el momento en que fueron detenidos por los trabajadores hicieron una declaración a un reportero radiofónico que llegó al lugar de los hechos y dijeron claramente quién fue quien los contrató; no eran trabajadores de la planta, para ir a agredir a los trabajadores dentro de la planta.
Si fue el señor que se ostenta como secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Ford Motor Co. el señor Héctor Uriarte Martínez, también es de suponerse que por lo menos algunos directivos de la Ford son igualmente responsables, porque el señor Uriarte no les abrió la puerta; él podría haber hecho el trabajo de ir a contratar a los golpeadores y darles las instrucciones, pero abrir la puerta de la planta para entrar a las líneas de producción, ahí es donde estuvieron, pues es seguramente responsabilidad, yo digo que al menos, de algunos directivos de la compañía.
Y si existía de parte de ellos, como en efecto parece ser que existía por lo que podemos ver, la intención de meter a estos individuos con el propósito de golpear a los trabajadores, esto en un delito, y la Procuraduría del Estado de México debería perseguir a esos delincuentes, lo que por cierto no parece que esté dispuesta a hacer hasta este momento porque no ha hecho nada.
Yo creo que es insuficiente que se trate de hacer justicia sobre los seis golpeadores que fueron detenidos por los trabajadores y entregados a la
policía, como si ahí empezara y terminara este problema. Era una cantidad grande de personas contratadas; ya se ha dicho aquí en la tribuna que tenían unos gafetes con los cuales ingresan los trabajadores a la planta todos los días, pero también en el momento en que los trabajadores se dieron cuenta del operativo, los directivos de la planta, de la empresa, les dieron salida a los golpeadores por una puesta lateral, todo lo cual demuestra que esos señores también estaban coludidos en ese operativo.
¿Qué integrante es? porque en pocos países ocurren fenómenos como éstos, en los cuales empresa y líderes, en este caso son líderes charros, pero finalmente aparecen como los líderes de un sindicato, se oponen de acuerdo en grandes y vastos operativistas nada sofisticados, no, sino burdos nada sutiles sino absolutamente obvios, ¿verdad? para ir a reprimir dentro de la fábrica, a los trabajadores en las líneas de producción.
Bueno hay que también hablar aquí en favor de los propios trabajadores, el hecho de que cuando se presentaban las situaciones difíciles, en las primeras agresiones, la respuesta de los obreros fue parar el trabajo, lo cual a mí me parece que es ejemplar, porque los primeros golpeados en la planta de Ford, fue un grupo de despedidos que estaban repartiendo volantes en la puerta y ellos no tenían acceso a la planta, no se les permite, y ahí fueron agredidos. Y la respuesta de los trabajadores fue verdaderamente ejemplar, inmediata.
Quien está detrás de todo esto, es una persona verdaderamente torpe, sin duda alguna, pero también no se detiene frente a lo que sea. La confederación de Trabajadores de México sostiene a este señor Uriarte; no sabemos si lo va a seguir sosteniendo, pero hasta ahora ha sido el sostén entre la Confederación de Trabajadores de México y la Ford Motor Company, empresa transnacional muy conocida, se sostiene y se ha sostenido este señor Uriarte Martínez.
Otro líderes de la Confederación de Trabajadores de México han sido señalados; un señor que se apellida De la Mancha, que no creo que tenga que ver con El Quijote, que ha estado involucrado, al parecer, muy abiertamente en todo esto, o sea, que no actúa solo el señor Uriarte, actúa con otros dirigentes y actúa, desde luego, pues con la empresa de su lado.
Si en este caso no se produce una solución efectiva a fondo, probablemente el asunto de la Ford va a seguir ahí latente mucho tiempo y activo también, en ocasiones. Pero lo que sí está claro es que también es un presidente nefasto, porque dejar pasar esto de la Ford, actuar con disimulo frente a estos acontecimientos, pueden servir también de estímulo para que se produzcan otros semejantes en diversos lugares, en otras empresas.
Si se requiere de una acción enérgicamente para darle una solución correcta a este asunto.
Yo creo que sería muy penoso que los señores que han contratado a esos golpeadores, esos pseudodirigentes sindicales y los de la empresa, se salieran con la suya; sería muy grave, yo diría que la Comisión Permanente debería hacer algo urgentemente, no como parte de una negociación eventual, que desde luego no lo somos, pero sí para llamar la atención, para exigir que se aplique la ley a los responsables de esos delitos, para que las autoridades de trabajo no se hagan eco de esos despidos injustificados, que se han hecho a petición de lo líderes "charros" del sindicato y ejecutados por la empresa de que se respete la voluntad de la mayoría de los trabajadores.
Miren nomás simplemente ustedes antecedentes de este tipo. El sindicato de la Ford tiene tres partes, tres comités locales, tres secciones digamos. Revisan contratos colectivos no solamente en distintos momentos, sino distintos contratos y es la misma compañía. Hay un solo sindicato y tres contratos, todo para facilitarle las cosas a la transnacional ésta.
Los trabajadores mexicanos de la Ford ganan aun pequeñisima parte de lo que ganan en Estados Unidos, ustedes lo saben y lo sabemos todos. No tiene punto de comparación el salario de los trabajadores mexicanos respecto de lo que ganan en Estados Unidos e incluso en otras partes del mundo. Y esta situación también se ha logrado gracias a estos líderes "charros", que han actuado toda la vida en connivencia con la empresa.
Se ha dicho, por último, se ha insinuado mejor dicho que el Partido de la Revolución Democrática está detrás de la acción de algunos grupos de trabajadores en la planta de Cuautitlán de la Ford; no está atrás ni delante. Probablemente haya muchos obreros que simpaticen con nuestro partido, quizá sean pocos, no sabemos con exactitud. Oficialmente todos son del Partido Revolucionario Institucional, oficialmente; son de un sindicato que está afiliado a la Confederación de Trabajadores de México y la Confederación de Trabajadores de México está afiliada al Partido Revolucionario Institucional.
Ninguna de las dos cosas es cierta; ni son del Partido de la Revolución Democrática ni son del Partido Revolucionario Institucional. Son obreros mexicanos, de los que tienen los mayores niveles de productividad, por cierto, en la industria
mexicana, porque hay un cierto desarrollo tecnológico en la actividad de armar automóviles; son mexicanos simplemente, si lo queremos ver así, que tienen derechos que deben ser respetados, eso es lo fundamental.
Tratar de convertir el conflicto de la Ford en un asunto sobre el que haya que echarle una sombra de sospecha de que puede ser una cuestión oscuramente manipulada, no refleja más que la mentalidad de quien dice e insinúa esas cosas; ni más ni menos.
Yo creo que lo que está ocurriendo en la Ford es una cosa completamente transparente y clara: se conocen las causas, se conocen los hechos concretos, la respuesta de los trabajadores, la actitud de la empresa, de los líderes venales. Yo creo que el asunto está muy detenido, muy diáfano, como para efectivamente admitir que pueda esto tener trasfondos ocultos. No hay nada ocultable, creo yo, en este conflicto; porque ni siquiera la relación del señor Uriarte con los directivos de la empresa y con otros líderes de otros sectores, pero que lo apoyan a él, está oculto. Creo que ha salido a la superficie.
Yo quisiera que este asunto se turnara o se exhortara a la Comisión de Gestoría de la Cámara, llamándola a que intervenga en este asunto y vea la manera de exigir; primero, que se haga justicia; segundo que se respeten los derechos de los trabajadores. Son las dos cuestiones principales.
Yo pediría a la mesa directiva de la asamblea que le dé turno a lo que sea ha dicho sobre este punto y lo que se diga en lo sucesivo a esa Comisión, llamándola o excitándola, para utilizar los términos del reglamento, a que trate de intervenir, con el propósito de que se cumpla la ley y de que los derechos de esos trabajadores sean respetados. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el diputado Juan Jaime Hernández, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para referirse a este mismo asunto.
El C. diputado Juan Jaime Hernández: -Señor Presidente; ciudadanos Legislador es Vidisse senec delirantes. "He visto al anciano delirante." Héctor Uriarte Martínez, testaferro de Fidel Velázquez que con convivencia con los empresarios de la Ford Motor company, es quien ha propiciado los hechos y actos de violencia que se han generado en tal empresa en perjuicio de los obreros.
Repudiamos tales acontecimientos y sobre todo que Fidel Velázquez niega en apoyo de su alto ego, las pruebas están a la vista, las 30 combis y tres autobuses con logotipo de la Confederación de Trabajadores de México, que acarrearon a los 200 porro cetemistas, que agredieron en ese momento a los trabajadores, aquí el día de hoy a los lesionados que se encuentran en este edificio, hace unos momentos el tal Uriarte Martínez los amagó de muerte. El conflicto se ha dicho no es intergremial y tienen razón, este conflicto se debe a la tozudez que le da la senectud a don Fidel para sostener a quienes les sirven Semper Fideles recordamos como se ha tenido que retractar Don Fidel del apoyo que otorgó a Hernández Galicia, Venus Rey, etcétera.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana demanda que la Confederación de Trabajadores de México deje en libertad a los obreros de ese centro de trabajo para que elijan a sus líderes, porque beex illis est, de ellos es. (Aplausos.)
El C. Presidente: -Tiene la palabra el ciudadano senador Blas Chumacero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar sobre este mismo tema.
El C. senador Blas Chumacero Sánchez: -Con su venia, señor Presidente: He escuchado con toda atención los conceptos de cada uno de los oradores en relación con este problema de violencia en la planta Ford Motor Company, no voy a referirme a cada uno de ellos, sino a decirles que la Confederación de Trabajadores de México, presidida por Fidel Velázquez, no apoya a ningún compañero que ejerza la violencia; de que los hechos que han ocurrido han sido por gente ajena al propio sindicato y a los propios trabajadores de la Ford, la empresa es la responsable hablemos con toda claridad, la empresa es la responsable, y las empresas siempre encuentran gente a su servicio para esta clase de ilícitos.
Fidel Velázquez no tiene nada que ver en este asunto. El titular del contrato colectivo de trabajo es el sindicato y las secciones son administradoras del contrato colectivo de trabajo.
Yo declaro ante esta honorable asamblea, que respaldamos a los legítimos trabajadores de la Ford en todas sus acciones y condenamos a los que se hayan ido a entrometer en este problema para proceder con violencia, que los compañeros tienen el derecho de reunirse en asamblea generalmente y nombrar a sus legítimos representantes.
Eso es lo que...
El C. Presidente: -Por favor, compañero senador, un momento. Diga, señor diputado.
El C. Diputado Juan Jaime Hernández (desde su curul): -Si me permite una interpelación el orador.
El C. Presidente: -Si le permite usted una interpelación, señor.
El C. senador Blas Chumacero Sánchez: -Diga usted.
El C. diputado Juan Jaime Hernández (desde su curul): -Señor usted afirma que Fidel Velázquez no apoya a líderes corruptos; y en la Prensa y en todos los medios de difusión en el mes de enero o febrero del año anterior, el señor Fidel Velázquez le dio cabida no solo a Hernández Galicia, sino también a Camacho, incluso lo tuvo dentro de sus propias oficinas. ¿Esto no constituye el apoyo a líderes corruptos como al propio Uriarte?
El C. senador Blas Chumacero Sánchez: -Cuando son legítimos representantes, tienen el apoyo de la Confederación de Trabajadores de México. Cuando han cometido faltas, están fuera de la Confederación de Trabajadores de México.
EL C. Diputado Juan Jaime Hernández: -¿Aunque sean corruptos, señor?
El C. senador Blas Chumacero Sánchez: -Mire compañero, le uso la palabra compañero, por el respeto que me merecen todos los latinajos que usted nos dice aquí, eso es otra cosa.
Los representantes sindicales son electos por los propios trabajadores y si el sindicato pertenece a la Confederación de Trabajadores de México...
(Desorden.)
El C. Presidente: -Silencio en la sala, por favor.
El C. Senador Blas Chumacero Sánchez: -Si el sindicato pertenece a la Confederación de Trabajadores de México, lo tenemos que aceptar como institución sindical. Pero eso no obliga a la Confederación a intervenir en el régimen interno del sindicato. Gozan de su propia autonomía, celebran su contrato colectivo de trabajo, lo revisan en las fechas que establecen la ley, y son ellos los que llevan a cabo la revisión y los que pactan el clausurado y la prestaciones; así es como se ha procedido. Que haya acuerdo con la empresa eso es cosa de ellos y tienen que responder de sus actos.
El sindicato puede reunir, los que integran el sindicato, en asamblea general, y basta que sea una tercera parte quien lo solicite. Si el secretario general no convoca a asamblea , ellos la pueden convocar, y si se reúnen las dos terceras partes son legítimos sus acuerdos sobre el comité ejecutivo, lo sabe porque lo establece la ley.
(Voces): -¿No dan garantías?
La garantía se la dan los propios trabajadores porque la autoridad es la asamblea general.
(Voces en general): -¿Entonces por qué mandan golpeadores?
El C. Presidente: -Silencio en las galerías por favor, compañero. El C. senador Blas Chumacero Sánchez: -Yo no voy a establecer diálogo con usted. Vamos en pos de la solución de un problema.
Los trabajadores legítimos, permanentes de la Ford Motor Company, tiene derecho en asamblea general a elegir a sus propios representantes, sin intervención de ninguna otra autoridad; y la autoridad, cubriendo los requisitos que marca el estatuto y la Ley Federal del Trabajo, está obligada a reconocerlos y a proporcionarles las garantías que merecen. Este es el criterio de la Confederación de Trabajadores de México.
Muchos, ahora, a la sombra de Fidel Velázquez se ostentan como representantes, ¿no es verdad?, prueba de ellos es que no pueden ejercer derechos los consejos nacionales de la propia Confederación. La Confederación, igualmente, Fidel Velázquez está en la Confederación de Trabajadores de México, porque es legítimamente electo en el Congreso, y porque tienen el respaldos de los consejos nacionales y de la mayoría absoluta de los que formamos la Confederación de Trabajadores de México, y eso lo saben los propios compañeros de la Ford.
Ahora, tienen problemas, esos problemas hay que resolverlos, y estoy de acuerdo en que sí, la Comisión de Gestoría y Quejas de la Comisión Permanente o de la Cámara de Diputados intervengan porque no es el primer caso en que hemos intervenido.
En la anterior legislatura fui presidente de la Comisión de Trabajo, y resolvimos muchos problemas, muchos problemas, sin que los compañeros llegaran a la violencia. Pero sostenemos, a los legítimos trabajadores de la Ford, a los intrusos ¡no!, esa es la actitud que puedo hablar, porque creo que tengo el derecho de hacerlo y además la pulsación de la Confederación de Trabajadores de México.
El C. Presidente: -Compañero senador, un momentito.
¿Sí, señor diputado?
El C. diputado Juan José Medrano Castillo. (desde su curul): -Quisiera preguntarle al senador si me permite hacer una pregunta.
EL C. Presidente: -¿Permite usted la pregunta señor senador?
El C. senador Blas Chumacero Sánchez: -A sus órdenes.
El C. diputado Juan José Medrano Castillo (desde su curul): -Gracias señor senador: Usted afirmó, ha afirmado en su intervención que la empresa fue la responsable de los hechos. Yo quisiera preguntarle si pueden dar públicamente y en esta tribuna los nombres de las personas o directivos de la empresa que contrataron a los golpeadores de los trabajadores.
El C. senador Blas Chumacero Sánchez: -Yo no los conozco. No soy trabajador de la Ford; soy trabajador, lo sigo siendo aunque en esta ocasión ostenté el honroso cargo de la representación del Senador de la República. Pero no puedo decirle a usted eso, solamente que condenamos a todos los responsables de este incidente.
El C. diputado Juan José Medrano Castillo (desde su curul): -¿Por qué entonces afirma que la empresa es responsable, señor senador?
El C. senador Blas Chumacero Sánchez: -Porque ustedes mismos aquí han hablado de que le abrieron las puestas para que entraran a golpear. ¿Quienes son los que tienen el mando en la empresa?
El C. diputado Juan José Medrano Castillo (desde su curul): -¿Coincide usted que la empresa es corresponsable entonces? Gracias, señor senador.
El C. senador Blas Chumacero Sánchez: -Sí coincido que es corresponsables y lleva la mayor responsabilidad en este caso. Los trabajadores que hayan sido despedidos injustificadamente tienen derechos a la demanda y a que se les dé todo el respaldo, con cualquiera que sean las consecuencias del juicio, a efecto de que sean reinstalados en su trabajo. Eso es lo que sostengo: las patéticas exposiciones de aquí, del compañero Pablo Gómez y de los demás compañeros ¿para qué hacemos caso? Vamos a resolver el problema como hombres, como compañeros de trabajo y como legítimo representantes de la clase obrera.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): -Señor Presidente, para alusiones pido la palabra.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el señor diputado Gómez.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: -Gracias. No estoy seguro si sea una autocrítica eso de intervención patética pero yo quisiera aquí una cuestión que me parece positiva que menciona al senador Blas Chumacero; que los trabajadores son los que tienen derecho a elegir a sus representantes o sus dirigentes; pero en los hechos fueran de esta tribuna el asunto es más complicado y es más complicado porque el 31 de julio Fidel Velázquez le dio posesión al señor Uriarte en las oficinas de la Confederación de Trabajadores de México, no los trabajadores de la Ford sino el Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México que son, entiendo yo, cosas muy diferentes y que buena parte se debe este conflicto que estamos ahora observando se debe a este pseudocongreso a puesta cerrada que se realizó el 31 de julio en las oficinas del comité nacional de la Confederación de Trabajadores de México.
No se puede negar responsabilidades por actos que se realizó, pero tomemos en términos positivos y hacia adelante, la declaración del senador Blas Chumacero. El problema está en que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Ford tiene tres secciones y de acuerdo con sus estatutos es el congreso el que elige al Comité Nacional y se nombra a un delegado por cada 100 trabajadores aproximadamente. No es la asamblea general de una sección o de otra la que estatutariamente tiene la capacidad de elegir o de remover al Comité Ejecutivo Nacional, estoy hablando en los términos estatutarios.
Entonces aquí viene un problema muy serio, como está muy distante una planta de la otra, no se puede hacer una asamblea general, tendría desde luego, que encontrarse una solución de carácter netamente sindical a este problema, a fin de que los trabajadores ejercieran sus derechos sin interferencias de nadie...
El C. senador Blas Chumacero Sánchez (desde su curul): -¿Puedo hacerle una pregunta señor diputado?
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: -Si la permite el Presidente, yo con mucho gusto,
El C. senador Blas Chumacero Sánchez (desde su curul): -Mi pregunta es la siguiente: el
Congreso se reúne en los términos del estatuto que tienen que ser vigente, estatuto que los términos compañeros se dieron, ¿se pueden reunir los propios compañeros que formaron el estatuto y elegir al comité ejecutivo?
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: -Así y esto sería probablemente lo mejor, la cuestión consiste entonces en otro asunto práctico; la Confederación de Trabajadores de México, el comité nacional de la Confederación de Trabajadores de México, negoció con los trabajadores de Cuautitlán la formación de una comisión con el propósito de organizar un procedimiento plebiscitario en el seno del sindicato.
Al principio eran sólo tres representaciones de la planta de Cuautitlán, el comité ejecutivo presidido por Uriarte y tres miembros del comité nacional de la Confederación de Trabajadores de México. En esas condiciones de los trabajadores de la planta de Cuautitlán considerando que no había garantías para poder llevar a cabo un mecanismo plebiscitario que fuera efectivamente democrático. Después se aceptó, por parte del comité nacional de la Confederación de Trabajadores de México que en lugar de tres fueran seis y ahí donde la empresa no admitió a tres de esos seis representantes de Cuautitlán y el comité nacional de la Confederación de Trabajadores de México admitió la impugnación de la empresa.
El C. senador Blas Chumacero Sánchez (desde su curul): -No es cierto.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: -Bueno, yo digo que sí es cierto, usted dice que no los trabajadores de Cuautitlán dicen que sí porque ellos fueron los objetados.
El C. Presidente: -Señor diputado, por favor.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: -Voy a terminar, señor presidente.
Yo sigo tomando esa parte positiva de la intervención del señor Blas Chumacero pero acaban de anunciar que el contrato colectivo de trabajo con la Ford ya no tiene vigencia, en los medios de comunicación, y el conducto para hacer ese anuncio ha sido justamente a la Confederación de Trabajadores de México, y esto tienen unos minutos de haberse producido.
Yo diría entonces que el asunto tiene dos partes: la cuestión desde luego de la remoción de ese comité ejecutivo que no representa a los trabajadores, la constitución de un mecanismo a través del cual los trabajadores puedan ejercer sus derechos sin que ningún grupo de golpeadores trate de impedirlo; y dos que se persiga penalmente a los responsables de la violación en el interior de la planta de esta empresa.
El señor Uriarte, yo quiero que me diga el senador Blas Chumacero qué era lo que hacían dos camiones de la Confederación de Trabajadores de México en las puertas de la planta, de donde bajaron unos señores golpeados...
(Voces.)
Es más, me están diciendo que son tres camiones. Bueno, podemos ir a verlos, porque todavía están ahí enfrente.
Bueno, entonces el asunto es que debe perseguir penalmente a los culpables de esa agresión, sean de la empresa, que de seguro lo son, y también del comité ejecutivo del sindicato y los golpeadores que fueron contratados, ellos personalmente, que también son responsables por más que se les haya pagado con las cuotas sindicales que les descuentan a los trabajadores de esta empresa. Gracias.
El C. Presidente: -Esta Presidencia turna este asunto a la Comisión de la Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados.
DEL PROGRAMA INTEGRAL DE TRANSPORTE
El C. Presidente: -Tiene la palabra el ciudadano diputado Alberto Ling Altamirano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Programa Integral de Transporte.
El C. diputado Jorge Alberto Ling Altamirano: -Señor Presidente; honorable asamblea: Queremos hacer algunos comentarios acerca del Programa Integral de Transporte que oficialmente se anunció en la residencia oficial de los Pinos el pasado lunes y que prácticamente comenzó ayer en las instalaciones del Metro en Pantitlán, de tal manera que nuestros comentarios y brevemente, son los siguientes:
Ante este programa integral que fue anunciado para marzo de 1989, es hasta ahora que se manifiesta oficialmente; por lo tanto, tiene prácticamente un año de retraso, se ha gastado un sexto de la administración actual en planear esto, pero desgraciadamente esto que podría haber sido algo mucho mejor, resultó un parto de los montes, porque debido a la inversión que se va hacer y al programa en sí al plan que se va a realizar, es demasiado endeble.
Se va y se pretendía en forma metropolitana y lo único que se hace en este plan es prácticamente la infraestructura muy mala del transporte en la ciudad de México prolongarla hacia el Estado de México, de tal manera que se va a inducir un problema de vitalidad y de transporte sumamente grave, porque realmente no hubo una planeación metropolitana en dicho proyecto.
El 80% ó 90% de la solución propuesta oficialmente es simplemente una extrapolación ilógica de los problemas actuales de la vitalidad y del transporte . ¿Por qué decidimos esto?, porque simplemente se le inyecta un dinero a una infraestructura sin modificar radicalmente. ¿Por qué no podemos afirmar que esto es un sistema integral? Porque para que fuesen integral deberían de ser hechos y articulados todas y cada una de sus partes con una visión metropolitana.
Y la ciudad según la Carta de Atenas, para todo lo que es desarrollo urbano y que norma ciertas líneas de conducta para el desarrollo habitacional de las ciudades, indica lo siguiente:
Los cuatro puntos principales de la Carta de Atenas menciona que debe ser la ciudad para cuatro funciones vitales, y después todas las demás que son secundarias. Estos puntos vitales de una ciudad y para lo que es una ciudad, deben ser: primero para ser habitada, pero no simplemente con yacimientos, debe ser habitada a una escala humana donde las viviendas no sean simplemente palomares, que tengan lo fundamental para desarrollar lo que se tiene que hacer en una casa como es tener un lugar de recreación, tener un lugar donde dormir , tener un lugar de esparcimiento, un lugar donde la familia pueda discutir sus problemas.
Pero con los desarrollos urbanos que se han hecho vía toda la infraestructura de la Federación y la que se hace en el Distrito Federal para que sus trabajadores, vemos que las habitaciones no están diseñadas para eso, son paliativos para el problema de la vivienda.
La segunda cuestión que dice la Carta de Atenas, es para recreación y los espacios verdes, los espacios de esparcimiento, toda la infraestructura que se debería de tener para que la población los 20 millones de habitantes de esta gran metrópoli pudiésemos tener recreación y esparcimiento, no se da con este programa.
Además el desarrollo de la ciudad debe ser principalmente para trabajar, para que las personas puedan realizarse plenamente a través del trabajo, porque el trabajo es la única fuente de dignificación de las personas, es el trabajo el que lo hace ser propietario y la propiedad, como derecho secundario, es el que le da garantía de sus derechos, de que le sean respetados.
De tal manera que el trabajador por medio de su trabajo es en realidad un sujeto de derecho, por eso están en estado de indefensión todas la personas desempleadas. La estructura de la economía informal manda a la clandestinidad a millares de trabajadores que quedan en estado de indefensión.
Y por último, la función de la ciudad es el transporte; De tal manera que estas cuatro funciones vitales, según la Carta de Atenas, tienen que estar interrelacionadas y no lo es con este programa integral. Inyectarle dinero a una estructura caduca en donde no se ve que el transporte sea modificador y a su vez que cuando él es modificado pueda cambiar la estructura de la población en sus cuatro funciones vitales, vemos que esto no está realmente integrado, es simplemente un macroproyecto de inversión donde los recursos realmente no se sabe de dónde van a venir, ni quiénes son los beneficiarios, ni quiénes son los socios del gobierno.
Porque nosotros cuando revisamos el proyecto de egresos del Departamento del Distrito Federal para este año que está corriendo, aprobamos una cantidad en donde todos los gastos que se daban para el transporte eran gastos de operación. Se daba aproximadamente, inclusive para los gastos de operación 1.2 billones de pesos para todas la modalidades del transporte; sin embargo, esto solamente era para los gastos de operación, de la estructura que ya está y ahora se anuncia con bombo y platillo que se van a agregar 3.5 billones más para la inversión en cinco años.
Independientemente de que consideramos que para arreglar el problema de vitalidad en cinco años es poca la inversión, pero además está tirada a la coladera porque simplemente es complicar los problemas del transporte en la ciudad. Nosotros debemos considerar que no solamente se puede resolver el problema del transporte con la inversión o el subsidio para los gastos de operación; la infraestructura que se está anunciando ahora debe de quedar bien clara quién la financía, quiénes son los socios del gobierno, quiénes son los beneficiarios.
Se van a abrir unas rutas de lujo con autobuses de lujo para la clase media alta y la clase alta, para disuadirlos de que utilicen el automóvil. Independiente empieza a haber tasas diferenciales en el cobro de tarifas, pero sin embargo, antes de que empiecen a establecer estas líneas de camiones que ya fueron anunciados en cantidad de autobuses, aproximadamente dos mil, se nos menciona, y en palabra del licenciado Camacho Solís, dice que apenas van a concertar con la iniciativa privada cuáles son las líneas más
rentables y más viables para éstas, de tal manera que si el plan y el Estado es rector, rector del desarrollo urbano de esta ciudad y de su zona metropolitana, apenas va a concertar con la iniciativa privada cuál es la parte que le corresponde a ésta; sin embargo, ya fue lanzada oficialmente.
Hay incongruencia en tiempos, en cantidades, etcétera; por lo tanto, queremos decir que a este proyecto le falta ambición como proyecto y nació mutilado. Realmente la participación del Estado de México como entidad coordinada es prácticamente nula, es una extrapolación de la infraestructura del Departamento invadiendo los 17 municipios conurbado; falta coordinación.
Nosotros como oposición, y además fue aceptado por consensos en la Comisión del Departamento del Distrito Federal y las autoridades del mismo estuvieron de acuerdo en que se tratara de diseñar un Consejo Metropolitano del Transporte. Esto nunca jamás fue ni siquiera tomando en consideración para este plan integral, de tal manera que mientras no exista este Consejo donde estén también los expertos y no los tecnoburócratas tratando de resolver los problemas de escritorio, sino participe la sociedad, los inversionistas y las universidades, este problema no podrá resolverse.
Falta asimismo, inversión, porque es muy poco para cinco años, de tal manera que podemos decir en conclusión que este programa de desarrollo integral del transporte no va a resolver los problemas de la ciudad sino en el corto plazo los van a agudizar. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el ciudadano senador Fernando Silva Nieto, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el mismo tema.
El C. senador Fernando Silva Nieto: -Con su permiso, señor Presidente; honorable asamblea: Cuando me enteré que venía a la tribuna mi compañero y amigo el diputado Alberto Ling, daba por hecho casi que vendría más bien a defender y a sostener la importancia que está representando para esta gran ciudad el nuevo programa que se acaba de anunciar, integral, para enfrentar uno de los más graves problemas de esta ciudad de México, como es el del transporte.
Yo defiero francamente y abiertamente de su opinión muy respetuosamente, porque creo que tenemos todos los elementos para considerar que nunca se había planteado un programa tan amplio, un programa tan sólidamente fincado tanto en estudios concienzudos de la problemática del transporte como en cuando a las consultas que me dieron para llegar a su defección. Nunca, creo, no tengo memoria de esto y creo que no la tiene la ciudad de que se ha presentado como éste y tan ambicioso. Ciertamente es muy ambicioso, como son también muy grandes los problemas del transporte en la ciudad de México.
Solamente en cuanto a la aportación al enfrentamiento del problema, cabe destacar que no se esperan resolver estos problemas de transporte, en cinco años, el programa está pensado, está diseñado, para la década de los noventa; se espera duplicar en diez años, el tamaño actual del transporte que opera en la ciudad de México y sólo en los próximos cinco años, se espera, crecerá en alrededor del 44%. Es decir, y si esto no es una nota importante, entonces yo no sé que pueda ser importante, va a crecer a un poco más del doble de los ritmos de crecimiento de la población del Distrito Federal.
Por otra parte, en cuanto a la forma como está estructurada la construcción de las nuevas redes, se está buscando sobre todo, por una parte, enfrentar el problema de zonas muy pobladas, altamente pobladas que son fundamentalmente zonas de trabajadores que son los que más sufren el problema del transporte, que son quienes tienen que gastar diariamente una cantidad muy significativa para llegar a sus fuentes de trabajo.
Por otra parte se está pensando en el diseño de este programa, también la juventud de esta ciudad que constituye un poco más de la mitad de la población de la ciudad y que también tienen que acudir fundamentalmente al transporte colectivo.
Nada más para unos datos, para sostener este dato que estoy planteado, las líneas Pantitlán-Los Reyes, Iztapalapa-Salto del Agua, Guerrero-Ecatepec, Rosario-Tlanepantla y Tacubaya-Observatorio, que hace un total de 58 ó más de 58 kilómetros de nuevas vías, justamente nos están hablando de hacia dónde están dirigidas, que son las zonas más pobladas.
Dice usted que no es un programa integral. Yo francamente disiento de ese punto de vista porque no solamente está contemplando el aumento de las unidades o el aumento de las líneas, sino que está contemplando también la necesidad de concertar con la industria automotriz, por ejemplo, para introducir en los automóviles de nueva fabricación, tecnologías anticontaminantes, por que está buscando coordinarse con el gobierno del Estado de México, porque no podemos considerar la problemática de esta ciudad como una problemática aislada, sino que está inmersa en una problemática común que abarca un buen número de municipios de aquel estado.
Creo , señor diputado que estamos ante un programa muy importante, muy significativo que vale la pena verlo con buena fe y con cuidado; y tengo la certeza de que cada año estaremos también en condiciones de estar revisando las partidas correspondientes para aprobar las etapas sucesivas de este programa que está apenas en su inicio. Muchas gracias.
El C. diputado Jorge Alberto Ling Altamirano (desde su curul): -Pido la palabra señor Presidente.
El C. Presidente: -¿Con qué objeto, diputado?
El C. diputado Jorge Alberto Ling Altamirano (desde su curul): -Para alusiones personales.
El C. Presidente: -Tiene la palabra, el ciudadano diputado.
El C. diputado Jorge Alberto Ling Altamirano: -Señor Presidente: Estoy de acuerdo con la amistad que me une con él, la acepto, pero además, creo que se malentendio; no vine a atacar, sino a promover que sea más ambicioso este programa. Vine a criticarlo porque está mutilado, porque le falta inversión, le falta claridad. Pongamos un ejemplo de lo no integral del programa.
Evidentemente para que el programa sea integral y de transporte, la vitalidad que ser diseñada por un solo organismo; sin embargo, los permisos de transporte y licencias para transportar carga y mercancías en la ciudad no lo da la Coordinación de Transporte, lo da la Secretaría de Protección y Vialidad. De tal manera que el servicio de policía y seguridad es el que maneja la vitalidad de esta ciudad y esta mentalidad es la que se ha extrapolado al Estado de México.
Lo que vengo aquí es a apoyarlo, pero con una idea más ambiciosa. Yo quisiera que no se pensara solamente en 10 años, se pensara en más.
Por otro motivo, es cierto, pues el senador evidentemente es senador por San Luis Potosí. Pero nosotros que hemos seguido con atención los programas del Distrito Federal, en 1984 se presentó un mucho más ambicioso programa que era famoso Prupe, que era el Programa de Reordenación Urbana y Protección Ecológica, que estaba diseñado para hasta a el año 2005.
Ese programa era tan ambicioso, pero tan mal diseñado que evidentemente estuvo circulando en los periódicos tres meses y después se guardó en el archivo y en el cajón de la burocracia; no fue llevado a cabo en los centro urbanos que había hecho el diseño el arquitecto Gilberto Rincón Gallardo, del Departamento del Distrito Federal en aquella ocasión.
De tal manera que no se tome como que no queremos que se lleve a cabo esto, sino que todavía es tiempo. Apenas acabamos de empezar a hacer una línea de una prolongación de tren ligero hacía Los Reyes; lo que queremos es que se modifique todavía a tiempo, es el momento, todavía no ha sido hecha la infraestructura para modificar esto, de tal manera que se puede llevar a cabo.
La idea, pues, es promover una mentalidad mucho más amplia. Me preocupa esta ciudad, 10 años son pocos y cinco de la administración son todavía. Debemos de pensar en la gran Tenochtitlán como una gran ciudad, donde sea la capital de la República Mexicana y no simplemente un lugar de parias donde 20 ó 30 millones de mexicanos carentes de servicios no puedan desarrollarse integralmente.
Por eso vengo a exigir, a pedirle a las autoridades que piensen con una mentalidad más grande, no faraónica pero sí más práctica, más a nivel histórico. De tal manera que esos problemas puedan resolverse con una mentalidad no tan parcial y mutilada. Muchas gracias.
Presidencia del ciudadano diputado Guillermo Jiménez Morales
SOBRE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL
El C. Presidente: -Tiene la palabra el ciudadano diputado Juan Jaime Hernández, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre la Policía Judicial Federal.
El C. diputado Juan Jaime Hernández: -Señor Presidente; ciudadanas y ciudadanos legisladores: Attende caelum et audiat terra verba ex ore meo "Atienda el cielo y escuche la tierra lo que voy a decir".
La ciudadanía vive bajo es estigma del temor; pero paradójicamente ese temor ya no es solo motivado por la presencia del hampa, sino que desde hace tiempo considera más peligroso cruzarse con elementos de las corporaciones policiacas, quienes no sólo asaltan y golpean impunemente a los ciudadanos, sino que ahora hasta asesinan y violan a las mujeres.
Aún está presente en nuestra memoria el reciente y artero asesinato perpetrado en contra de la joven
periodista, del periódico El Día, Elvira de Marcelo; este asesinato fue perpetrado por parte de bestiales sujetos pertenecientes a la policía, cuando nos enteramos que agentes de la Procuraduría General de la República son responsables de múltiples violaciones en agravio de indefensas mujeres que han tenido la desgracia de caer en sus manos, y por si esto fuera poco, elementos policiacos del sector Benito Juárez, mancillan a una dama en un módulo de vigilancia.
Esto hechos bochornosos acontecidos apenas en un lapso de dos semanas, a lo sumo nos, obligan a protestar airadamente a exigir justicia y a una investigación a fondo de la conducta de individuos a quienes se les confía la salvaguarda y protección del ciudadano, pero que no hacen otra cosa que valerse de su fuero para cometer desmanes que quizá ni siquiera el hampa se atrevería a realizar.
Desafortunadamente, las autoridades se han concretado a aceptar que entre los elementos policiacos priva la corrupción, las torturas, incomunicación de presuntos delincuentes, fabricación de delitos, extorsión, amenazas, prepotencia y excesos, además de asesinatos y violaciones; pero esto no basta, es necesario imponer castigos ejemplares a los malos elementos que gozan de la protección de altos funcionarios para cometer sus desmanes.
En varias ocasiones las propias autoridades han denunciado con bombo y platillo, que todos esos desmanes desaparecerán de una vez por todas, y en efecto, decenas de malos elementos policiacos fueron cesados de las corporaciones, pero siempre hay un nuevo jefe policiaco que da entrada, en otra corporación, a estos individuos, con lo que el mal no termina sino que se incrementa ante tanto proteccionismo.
Asimismo, se había anunciado que los programas para admitir a los elementos policiacos habrían de tomarse más severos para evitar el ingreso de individuos desequilibrados mentales o con vicios. Sin embargo, recientemente algún funcionario político tuvo que admitir que el coeficiente mental de los policías era sumamente deficiente y que se tenía que admitir elementos en esas condiciones, por que eran escasos los solicitantes de alguna plaza.
No es posible que los ciudadanos estemos viviendo en la zozobra y en el temor, solamente porque no ha habido la decisión frontal de las autoridades para castigar a los policías, que al portar un uniforme, placa y pistola, acostumbran manejarse con prepotencia y violencia en contra de aquellos a quienes se supone deben salvaguardar el peligro de la delincuencia.
El caso de los policías antinarcóticos es patético de la corrupción que impera en las filas. Es lamentable que Javier Coello Trejo no haya sido capaz de rodearse de ciudadanos con espíritu de servicio y sólo tenga a su lado a sujetos torvos que más que dedicarse a cumplir y hacer cumplir la ley, a librar a los mexicanos del cáncer del narcotráfico y a aprehender a narcotraficantes, se dediquen a cazar materialmente a jovencitas para hacerlas víctimas de sus bajos instintos.
En nombre del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y de la coordinación parlamentaria de mi partido, exijo una investigación a fondo de los hechos que se han venido suscitando por parte de elementos policiacos y se castigue a los culpables, sin importar la corporación a la que pertenezcan o al funcionario que los proteja; porque de no ser así, si no garantizamos de alguna manera la seguridad ciudadana, esa misma ciudadanía podría revertir sus reclamos hacia nosotros, que se supone la representamos y velamos por sus intereses.
Nuestra representación popular no puede quedar en entredicho solamente porque Javier Coello Trejo, creyéndose quizá la versión mexicana de "Elliot Ness", no cumple con su obligación constitucional de entregar a los sádicos sujetos que, albergados en sus filas han cometido las violaciones; argumentando infantilmente que no lo hace por que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal no los ha reclamado.
Definitivamente la actitud inexplicable del subprocurador General de la República para la persecusión del narcotráfico, Coello Trejo, nos deja dudas respecto a su propia honestidad y nos obliga a poner en tela de duda su condición de "Fiscal de hierro", y a pesar de que podría estar en contubernio con sus elementos para cometer este tipo de atrocidades, que son ahora airado y justo reclamo de los ciudadanos.
Por lo anterior y con fundamento de los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, solicito a esta soberanía y al señor Presidente, se sirva turnar a las comisiones de Justicia, Información, Gestoría y Quejas este reclamo, a fin de que se cite al subprocurador Javier Coello Trejo para que comparezcan ante esa comisión a explicar los motivos que tiene al tratar de sustraer a sus elementos de la acción de justicia, por la comisión de fragantes delitos del fuero común, cometidos en agravio de múltiples ciudadanos.
Porque estos actos: Comnovisiti terram, et conturbasti ean "Estremecen a la tierra y la llenan de turbación".
El C. Presidente: -Tiene la palabra sobre el mismo tema el diputado Leonel Godoy.
El C. diputado Leonel Godoy Rangel: -Con su permiso, señor Presidente; honorables miembros de la Comisión Permanente: El asunto de la policía judicial en general, fundamentalmente y en lo que se refiere a ese grupo de la lucha contra el narcotráfico, llamado policía judicial federal antinarcóticos, nos obliga a plantearnos aquí un problema de fondo en relación a la función de la policía judicial y el ministerio público, que establece con claridad el artículo 21 constitucional y que en mi opinión si nos atuviéramos a él, en estricto sentido, podríamos encontrar soluciones reales y de fondo a esta gran preocupación sobre seguridad pública que representa la policía, sea uniformado o judicial.
Yo creo que a nadie nos cabe duda que la policía uniformada, desde el más modesto policía de barrio hasta la sofisticada policía federal de caminos, hay un grado de corrupción alto, en el caso de la policía federal de caminos; y constantemente lo vemos en las carreteras, porque no se ocultan ante nadie de la dádivas que reciben, de las extorsiones que realizan a los transportistas, fundamentalmente, y a los trabajadores, obviamente del transporte público.
Sin embargo, efectivamente es la policía judicial, por sus características específicas, de no utilizar algo que la distinga, concretamente por la función, en auxilio del ministerio público que realiza de la investigación de los delitos, la que más preocupa por sus actos en virtud de que, generalmente, son los que más impunes quedan y por otro lado son los que más agravian a la sociedad.
Nosotros estamos convencidos de que el mandato constitucional, de que la policía debe de estar subordinada al ministerio público, debería y debe de cumplirse; en relación a unos hechos que ocurrieron en Michoacán, en Cotija, en la Huacana, en Buenavista, Tomatlán y en Aguililla, donde esta policía federal antinarcóticos actuó no como un órgano de defensa social, sino como una banda de delincuentes, nos llevó a descubrir con grave sorpresa, dicho por el delegado de la Procuraduría, el licenciado Américo Meléndez, que radica en Morelia, que resulta que el grupo de policía judicial federal antinarcóticos, que tiene su sede en Uruapan, que fue la que realizó todas estas tropelías, todos estos delitos, no tiene mando el delegado de circuito sobre la misma resulta que el comandante, señor grande, que se llama, Manuel Arreguín, le informa directamente a la subprocuraduría General de la República, al mando de este señor que antes se le conoció como el "Fiscal de hierro", y que parece que le gusto mucho esa antigua imagen del ministerio público, más como órgano inquisidor y represor que como representante social.
Es sorpresivo, es alarmante y es inaudito que la policía judicial federal antinarcóticos, no rinda información y no esté bajo el mando del ministerio público en los estados, sino que dependa directamente de una estructura administrativa, fuera de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y de su Reglamento y, por lo tanto, sin ninguna posibilidad de sanciones disciplinarias, ni correctivos, ni llamados de atención. Esto es cierto: la policía federal antinarcóticos no depende, como debería, conforme al artículo 21 constitucional, directamente, porque asía lo dice el artículo: "...estar bajo el mando inmediato y la autoridad del ministerio público en la investigación de los delitos".
No podemos tener una policía judicial inquisitoria, esos es absurdo, contrario a la Constitución.
¿Que bueno que compañeros diputados hayan utilizado en diversos momentos la tribuna para denunciar esto? Yo recuerdo que un compañero del Partido Acción Nacional, en el pleno de la Cámara de Diputados, denunció las tropelías por esta propia policía judicial en Baja California Sur.
En Michoacán, yo insisto, el delegado de circuito de la Procuraduría General de la República, señaló que la policía federal antinarcóticos, con sede en Uruapan, no está bajo su mando, y esto es una violación a la Constitución y a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Lo que hicieron en Aguililla el día 13 de noviembre de 1989, es la actuación impune de una banda de criminales con charola y armas de alto poder y no de una institución persecutoria de los delitos y auxiliar de inmediato de la representación social.
Ahí, en las madrugadas de ese día llegaron a los domicilios de unas hermanas Valencia Medina, de la señora Audelia Cornejo González, de los señores Hermilo Licea y Luis Guizar, en la gasolinera "Comparam", del señor Alonso Cornejo, de una señorita Aida Díaz, de la señorita Margarita Valencia, de la familia Méndez Ceballos, de la familia Villa Oceguera, de la familia Torres Ceballos y del señor Salvador Busio Reyna; con lujo de fuerza irrumpieron en sus domicilios, sin orden de cateo, sin ni siquiera tener averiguación previa penal en relación a algún delito específico de su competencia del fuero federal, mucho menos
un oficio de comisión del ministerio público, que en este caso correspondería al ministerio público federal, con adscripción a la Ciudad de Uruapan, Michoacán.
Para dar una idea más, de una de esas casas, substrajeron bienes que llevaron, que en un monto total fueron de más de 340 millones de pesos. Aquí tengo a la vista..., que seria muy largo señalar todo lo que se llevaron de ese domicilio, pero entre ellos, varios lotes alhajas, porque esta familia, de las denunciantes, se dedica a la compra-venta de alhajas que en la tierra caliente de Michoacán y de Guerrero, ustedes saben, se da comúnmente.
Cuando esto fue denunciado penalmente, aparte de la irrupción a los domicilios, de la violación de domicilios que realizaron, tirando balazos, golpeando gente, que obviamente en así ya es un delito, sustrajeron todos estos objetos, y por ello se presentó denuncia penal; cómo en ese momento no se identificaron ante el Ministerio Público del Fuero Común que tiene la Procuraduría General de Justicia del Estado en la propia ciudad Aguililla; ahí se levantó un inventario, este inventario es tan extenso que además de los objetos, fue dinero en efectivo, que cuando se presentó la denuncia y se hizo la denuncia pública también, porque la Prensa en el estado profusamente señaló cómo habría ocurrido; insisto, fuimos con el delegado de circuito, el señor licenciado Américo Meléndez, y él nos turnó con el comandante de la policía judicial federal antinarcóticos en Uruapán, para que nos devolviera algunos objetos.
Reconocieron de todo esto, por decirles, quizás de una cantidad de unos cien objetos, reconocieron y entregaron aproximadamente como treinta, entre alhajas, grabadoras, dos camionetas, relojes, videocasseteras, y también entregaron un millón de pesos en efectivo, diciendo que otro millón, que ellos aceptaban reconocer haber sólo recogido; era cantidad de 36 millones de pesos en efectivo; reconocieron sólo haber recogido tres millones en efectivo, y dijeron que dos no los regresaban porque los habían utilizado en gastos del operativo.
Consideramos que este tipo de hechos, esta alta representación debe de pronunciarse condenando públicamente, exigiendo el sujetamiento de estos policías al ministerio público en cumplimiento del artículo 21 constitucional. Y creemos que también, desde esta alta tribuna, debemos impulsar el ejemplar castigo a los policías delincuentes y torturadores; que debemos de exigir una elaboración de un casillero nacional de policías delincuentes, para que jamás, obviamente sentenciados o prófugos que se presuma de responsabilidad de estos últimos, para que jamás puedan ser policías en ninguna parte del país, porque es fácilmente, o es de fama pública más bien, y de sencilla identificación, saber que un policía que delinque en Chihuahua, se viene de policía a Sinaloa o a Michoacán.
También creemos que si debe de impulsarse la profesionalización de la policía. Un término que o les gustó alguna vez a un compañero diputado, que debe de impulsarse la "policiología"; estos es, la investigación científica policiológica a través de su profesionalización, y evidentemente de un mejoramiento de salarios, pero conjuntamente con sanciones ejemplares e inhabilitación de por vida, de todos aquellos policías que impunemente cometen delitos, porque es doblemente peligrosa su actuación. En ese sentido, nosotros nos pronunciamos porque esta honorable representación, esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, condene enérgicamente este tipo de hechos y nos sumamos a la decisión de que deberá ser citado el señor "Fiscal de Hierro", subprocurador actual de la Procuraduría General de la República, porque es evidentemente solapa, quizá por sus orígenes de "Fiscal de Hierro", solapa a una serie de elementos policíacos que lo Único que hicieron en relación a este escándalo de las mujeres violadas en el Distrito Federal, fue quitar al primer comandante Valverde, y lo comisionan pagándole en dólares, "cayo para arriba", como dicen algunos, mandándolo a la embajada norteamericana como Ministro Plenipotenciario o alguna cosa así.
Entonces nos parece que no es serio y que nosotros a través de las comisiones respectivas, debemos de citar a los encargados de la persecución de los delitos y de la seguridad pública para tomar medidas de fondo y evitar que la policía se convierta en otro factor de peligro y en otro enemigo de la sociedad. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Sobre el mismo tema tiene la palabra el diputado Bernardo Bátiz.
El C. diputado Bernardo Bátiz Vázquez: -Señor Presidente: Les quito unos breves momentos de su tiempo porque creo que este asunto merece un énfasis especial y una reiteración de lo ya dicho. Efectivamente, la población de México sufre el azote no sólo de la policía judicial federal, sino de otras policías que se han convertido en grupos de personajes impunes que actúan sin orden de ninguna especie y aparentemente sin ninguna restricción en sus acciones.
Yo quisiera señalar simplemente dos circunstancias que agravan a esta situación; una de ellas es
que se ha mencionado desde hace ya algunos gobiernos, que no es posible mejorar la conducta, la honorabilidad y el apego a la ley de las policías, porque no es fácil encontrar policías dispuestos a jugarse la vida y al mismo tiempo ser muy respetuosos y cuidadosos de la ley.
Yo creo que esto ha sido una falacia se ha usado, que lo han declarado jefes policíacos, si es posible, debiera ser así, lo que los policías fueran sujetos a un entrenamiento mínimo, que se exigiera condiciones de educación secundaria o preparatoria como mínimo y algunas otras condiciones, estudios sicológicos y sicométricos para determinar quiénes puedan ser y quiénes no puedan ser policías.
La otra circunstancia que creo que es muy grave y que hay que reiterar su denuncia, es la de que los policías son muy eficaces y muy rápidos cuando se trata de defender los intereses de ellos mismos; basta que uno de sus compañeros por el radio o por el sistema de comunicación que tienen avisen o denuncien que alguno de ellos están en algún aprieto para que a los pocos minutos lleguen infinidad de automóviles, algunos de ellos de los llamados chocolates e inmediatamente apoyen al compañero tenga o no tenga razón.
Yo leí un relato a través de la Prensa, un hecho específico que sucedió hace unos cuantos años días en la ciudad de México en la que por accidente de tránsito se congregaron alrededor de uno de los causantes del accidente que estaba en estado de ebriedad y que pertenecía a alguna policía, se congregaron 8 ó 10 patrullas que llegaron inmediatamente después de que el compañero llamó, porque los vecinos detuvieron al causante del accidente, son rapidísimos para eso, y sustraen a sus propios compañeros del ejercito de las acciones penales. Eso es precisamente los que está sucediendo en el caso del diputado Juan Jaime Hernández denunció y en los casos que el diputado Leonel Godoy han mencionado, se apoyan entre sí, se protegen entre sí, sociedad ni la autoridad.
Yo recuerdo nada más a este sistema que está gobernando todavía al país, le recuerdo el terrible ejemplo del imperio romano, los emperadores se crearon su guardia pretoriana para hacer su voluntad, para que los hombres de armas, para que la gente armada fueran los que impusieran a la plebe las decisiones del emperador, pero acabaron los pretorianos poniendo y quitando emperadores.
No debemos armar a la gente que está siendo armada en este momento con todo ese potencial de fuerza y de poder, porque estamos corriendo el riesgo que ellos sean, al correr del tiempo, los que tomen las más grandes decisiones del país; tenemos que frenar a su tiempo este vicio verdaderamente grave de los atropellos y la impunidad policíaca. (Aplausos.)
El C. Presidente: -Sobre el mismo tema tiene la palabra el diputado Miguel Montes García.
El C. diputado Miguel Montes García: -Con su venia señor Presidente: compañeras y compañeros legisladores: Desde luego mi intervención no tendrá como propósito defender a ningún policía que haya faltado a sus obligaciones o más aún, a cualquier individuo que haya delinquido a que haya violado la norma jurídica, no es esa la pretensión de la intervención.
Algunos de los hechos aquí narrados se conocen por los medios de comunicación social y algunos otros en lo personal yo los desconocía, por lo que tampoco podremos entrar, ni deberíamos, al debate de hechos concretos. Es responsable de determinados hechos al hacerlo públicos, el que los narra, y él defiende la verdad de los hechos a que se refiere.
Pero se ha tocado un problema muy serio, voy a tratar de plantarlo con la objetividad y con la responsabilidad que corresponde a miembros del Congreso mexicanos, y a miembros de esta Comisión Permanente, más allá del planteamiento simpático de Juan Jaime Hernández, en donde mezcla frases de algún idioma que no todos entendemos, o de las exageraciones partidarias que se hacen en el planteamiento de l mismo, e incluso de las imputaciones, falsas por generalizadoras, de que todos los policías y todas las policías obran mal.
La policía, efectivamente, incurre a veces en violaciones graves al orden jurídico, equivocándose y tratándose de combatir delincuencia con ilegalidades; con eso estamos de acuerdo, pero también en ocasiones, en nuestra sociedad convulsa, realizan actos verdaderamente meritorios y, queremos o no, es el instrumento que el Estado mexicano y cada una de las entidades federativas y cada uno de los municipios tiene, como fuerza física del Estado para oponer a la delincuencia, por cierto a veces mejor armada y mejor organizada que la propia policía, pero el problema subsiste.
En las campañas de todos los partidos políticos para cualquier cargo de elección popular, quienes las hemos hechos, nos encontramos que es un clamor ciudadano la irregularidad de muchos actos policíales; curiosamente estos actos se dan no solamente en territorios gobernados por
autoridades locales de un partido, sino de cualquier partido, en ciudades grandes como en la que resido, que gobierna un ayuntamiento que pertenece al Partido Acción Nacional se dan serias y graves irregularidades policíacas que en más de un año de servicio el ayuntamiento no ha podido corregir.
Y esto no significa, no voy a caer en ese pesimismo, que estas irregularidades no tengan solución; si la tiene, pero no basta un acto de voluntad o una expresión para que las mismas se resuelvan casi mágicamente de la noche a la mañana.
En un ejercicio de responsabilidad nuestra, para no caer en lo que tan atinadamente combate mi amigo, el diputado Lanz, de ocuparnos de todo, opinar con cordura de poco y no resolver nada, tenemos que coincidir que el planteamiento es válido, que hay un fondo que nos demuestra que nuestras policías son imperfectas, que los métodos policíacos por la imperfección de los propios elementos pueden no ser los adecuados.
Nadie quiere que la tortura sea método de investigación de los delitos. Nadie quiere que la violación a la ley sea el camino para perseguir que los delitos se castiguen, contra eso estamos. No basta declararlo ni es trabajo de un solo día ni de una sola autoridad. A veces una sociedad excesivamente permisiva como la nuestra prohija en sus condiciones generales que estos fenómenos se den.
No conozco declaraciones de autoridades con mando policíaco que estén porque la arbitrariedad permanezca; estoy de acuerdo en lo que aquí planteado, en desacuerdo con mi amigo Jaime, que sólo propone castigo para los policías que violan la norma, no será suficiente para corregir el problema.
Me acerco más a concordar con Godoy, al decir que la policía debe profesionalizarse, reconozcamos que la profesionalización policíaca no es trabajo de un día, al presente por responsabilidad en lo personal no podría decir ni estimar el tiempo que la profesionalización policíaca se llevaría para verdad mejorar a estos cuerpos, pero es tarea que debe iniciarse de inmediato.
También el mejoramiento de sus elementos, pero no sólo, también de sus prestaciones sociales, Garantizar a los buenos policías la pertenencia en su cargo, es otra tarea que debe abocar, no hay ley de laboral, por la disciplina propia del cuerpo que proteja a muchos de los integrantes y en ocasiones salen los buenos y quedan los malos.
Garantizar de alguna manera la permanencia en el empleo al buen policía y seguridad social para él y su familia, sobre todo en caso de falta, es otro de los problemas.
El planteamiento entonces no lo hagamos parcial ni lo hagamos ligero, es tan profundo, tan difícil, tan complejo el problema, y más complejo y más difícil encontrar soluciones que tal vez el solo turno a una Comisión, llámese está como se llame, sea poco útil. Lo digo con honestidad.
En la misma Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, donde muchos de ustedes forman parte, cuando se turna un asunto concreto, como está integrada por abogados, generalmente no aceptan una investigación concreta porque señalan que es una comisión dictaminada y no comisión investigadora en los términos de la Ley Orgánica y de nuestro propio Reglamento.
Turnarla a la Comisión de Gestoría y Quejas parece propio en función de los casos concretos, pero no del problema general.
Propongo entonces, con las aclaraciones que he hecho, con la puntualización que también he hecho y que pretende ser seria en los casos concretos a los que se han referido, se turnen a la Comisión de Gestoría y Quejas para su auxilio, pero que sea esa misma Comisión quien en su momento, y en coordinación como siempre los representantes de los diversos grupos parlamentarios, vean la posibilidad de formar alguna comisión especial de la propia Permanente que se abocase al análisis detenido, serio profundo de este problema y de los posibles caminos de solución, para en su momento sugerirlo o transferirlo a quienes son responsables de solucionarlo en bien de la sociedad mexicana. Muchas gracias.
El C. diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul): -Señor Presidente, ¿me permite una pregunta al orador?
E C. Presidente: -Diputado Miguel Montes, ¿acepta una pregunta del diputado Godoy?
El C. diputado Miguel Montes García: -Con mucho gusto.
El C. Presidente: -Diputado Godoy, tiene el uso de la palabra.
El C. diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul): -Diputado Miguel Montes; conociendo precisamente que a usted es partidario de que estos casos no vuelvan a ocurrir; entiendo por
por sus palabras y por conocerlo, ¿sería posible que la Comisión de Gestoría y Queja, se encarguen de un asunto a sabiendas que hay denuncias formuladas, por ejemplo en el caso que yo planteé y que no se haya hecho nada, será conveniente que sea la Comisión de Gestoría y Quejas para que informe a la Procuraduría que hay un curso penal; mi pregunta sería sí sobre eso me adherí a la propuesta de que debe ser la Comisión de Justicia la responsable por la persecución de los delitos, para que nos explique que ocurre, no nada más con los hechos que yo planteo que deban ser castigados severamente los responsables, sino ¿por qué no se ha avanzado en las averiguaciones? Esa sería la pregunta que le haría, sí tendrá solución que nos conteste por oficio la Procuraduría que hay una denuncia y que va a investigar, pues como estoy señalando está desde el 13 de noviembre de 1989, tiene más de dos meses.
El C. diputado Miguel Montes García: -Yo con mucho gusto le doy mi opinión al respecto. No recuerdo si usted ha asistido a algunas de las sesiones de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, pero algunos de los diputados presentes forman parte de ella y si han estado. En el anterior período de receso se turnaron algunos asuntos de violaciones concretas a la Comisión de Justicia, y ésta por unanimidad resolvió contestar que esos asuntos no eran de su competencia en función de ser, como lo es, una comisión dictaminadora y no una comisión investigadora.
Ante esta resolución que ha sido reiterada en la Comisión de Justicia, públicamente informo con verdad el criterio jurídico expuesto por esta Comisión, de manera unánime y con la asistencia de legisladores de los diversos grupos parlamentarios.
Por lo que hace a la Comisión de Gestoría y Quejas, en el fondo de su planteamiento, con presentación de pregunta, señala usted casi una imputación de ineficacia al sistema de trabajo. Yo no creo que la Comisión de Gestoría y Quejas, única que de manera permanente tenemos investigadora y de todo, en la Cámara de Diputados tenga que ceñirse a un determinado método de trabajo; puede tener distintos métodos de trabajo, y diferentes, no necesariamente girar un oficio y esperar la contestación mediante oficios; puede establecerse de muy distintas maneras como sus integrantes lo determinen en su propio seno, entonces el método de trabajo no es obstáculo.
Y por otras parte, en las reuniones periódicas a las que convocan las comisiones cuando así lo han determinado, si en el seno de justicia de plantea el problema, yo no creo que tenga por qué negarse a analizar, y todos ustedes, usted mismo y otros diputados presentes, forman parte de esa comisión
Lo único que quiero resaltar al final de mi intervención, es que se traté de quitarle cualquier tono partidista, cualquier mal entendido, reconocer que es un problema general que a todos nos agobia y que debe analizarse con la seriedad que el caso amerita. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Túrnase a la Comisión de Información, Gestorías y Quejas, con la excitativa que atienda a forma inmediata este asunto.
DE LA PRIVATIZACIÓN DE PETRÓLEOS MEXICANOS
El C. Presidente: -Para hablar sobre el tema privatización de Petróleos Mexicanos, tiene la palabra el diputado Jesús Antonio Carlos Hernández.
El C. diputado Jesús Antonio Carlos Hernández: -Honorable asamblea: Todos somos conscientes de que el tiempo es oro, de que esta sesión se ha prolongado más de los previsto y que hay todavía muchas tareas que atender.
Sin embargo, quiero abusar de su paciencia para tratar un tema que es fundamental para la vida de México, que atañe a su soberanía, a su independencia y al desarrollo sano de sus fuerzas productivas, que tiene que ver con cuestiones torales que van conformando a la nación mexicana en el escenario del mundo.
Un problema que incluso concita la preocupación mundial porque es tanto no se encuentre fuentes alternativas de energía, que desde el punto de vista técnico y económico sustituya a los hidrocarburos, el problema del petróleo será un problema total de la humanidad.
Por una cuestión de autodefensa legítima de México, fundada en un nacionalismo defensivo, y no ese nacionalismo chauvinista agresor de los imperialismo, el petróleo, los yacimientos petrolíferos quedaron incluidos como patrimonio propio de la nación, en la propia constitución del país y su extracción, su procesamiento, su distribución y comercialización quedaron como tareas exclusivas de la nación mexicana a través de su supremo representante que es el Estado mexicano.
De esa manera, a partir de 1917, se inicia una lucha que concita el interés general de todas las
fuerzas políticas del país, para recuperar un elemento que constituye el patrimonio básico de los mexicanos: el petróleo. Una lucha que estuvo llena de actos heroicos, de traiciones, de testaferros nacionales, de agresiones, de amenazas, de intervención armada de las potencias extranjeras contra nuestra país, pero que culmina con una gesta heroica, con un hito de los mexicanos en pos de su soberanía e independencia nacionales el 18 de marzo de 1938, día en que se realiza la expropiación y nacionalización del petróleo por el gobierno que presidió el ilustre general Lázaro Cárdenas del Río.
Pues bien, en torno al petróleo mexicano, entonces se han escrito páginas que documentan, que analizan, que proyectan, que proponen y que todas van en el sentido de defender esta riqueza esencial de los mexicanos.
Si no hubiese sido por la nacionalización de Petróleos Mexicanos, y aun cuando no se vale espectacular con la historia, no hubiésemos construido el país que hoy tenemos. Que pasó de ser país con 15 millones de habitantes en 1910 a 84 millones en 1990, es una tarea gigantesca, titánica, que pocos pueblos han realizado en el mundo.
Por eso es que tenemos los mexicanos, ¡qué bueno que así sea!, la piel muy sensible cuando se trata del petróleo mexicano; sin embargo, con este neoliberalismo en boga, con esta supuesta modernización que incluso se atreve a denominar a la Revolución Mexicana, como un mito, corren grave peligro todas las instituciones que la revolución Mexicana ha ido forjando con muchos sacrificios, y dentro de estas instituciones está precisamente la operación, el manejo, de la industria petrolera del país, que la propia Constitución establece una tarea exclusiva del Estado Mexicano; de ninguna manera se puede concesionar a particulares la extracción, de petróleo la explotación la distribución y el procesamiento del petróleo mexicano, aun cuando se han utilizado algunos subterfugios de carácter legal que transladan de la petroquímica primaria o básica a la petroquímica secundaria determinados productos, para que de esta manera se pueda vulnerar en este sentido de la Constitución y que se permita que particulares, nacionales o extranjeros, tengan qué ver con estas tareas básicas, esenciales, para la economía del país.
En ese sentido, compañeros legisladores, nos preocupa este anuncio que se hace de que aprovechando la presencia de los monarcas españoles, se puedan establecer convenios o tratados con España, respecto de la explotación, del procesamiento, de la industrialización de productos petroquímicos, que sólo corresponden procesarlos, tenerlos en sus manos, al Estado mexicano.
Se ha difundido por los medios de comunicación de manera muy amplia, que el gobierno español viene en auxilio de los mexicanos y que están dispuestos a otorgarnos un crédito con un monto de 4 mil 500 millones de dólares o su equivalente; pero lo que no se dice, lo que no se difunde, es que a cambio de este posible crédito, los mexicanos tenemos que ceder una de ella, como lo es el petróleo mexicano, a través de una serie de convenios, a través de una serie de acuerdos que van a permitir que compañías privadas españolas y organismos estatales de ese país, intervengan en la extracción, en la producción y en la distribución del petróleo mexicano.
Por otra parte, también los medios de comunicación informan que existe un documento, elaborado por el Banco Nacional de México, Sociedad Nacional de Crédito, que se llama "Promociones Industriales de Banamex", que consiste en un documento técnicamente bien elaborado, que se da a conocer en los centros industriales, en los centros empresariales del extranjero, particularmente de Europa: Suiza, Francia, Alemania, Holanda y otros países extranjeros; ahí se detalla la estabilidad de que goza este país, el giro de 180 grados en la política económica proteccionista que caracterizó al país en los últimos 50 años, se invita a los inversionistas extranjeros a compartir riesgos y recursos como una estrategia deseable, se les invita y se les llama para que entienda que aún las necesidades primarias de los mexicanos, pueden ser motivo de pingües negocios.
Es decir, los requerimientos de agua potable, de comunicaciones, de transporte, de vivienda y de otras necesidades de carácter social se pueden transformar en actividades, en oportunidades de negocios e inversión para los extranjeros en nuestro país.
Pero por lo que se refiere, particularmente, a la industria petrolera, se establece que se requiere en esta área un crecimiento ligado directamente a la estrategia referente a la participación en el comercio internacional y señala que para producir de 2.5 a 2.6 millones de barriles durante el lapso de 1986-1994, se requiere una inversión mínima de 15 mil millones de dólares, los cuales, se afirma, evidentemente, México no posee y en que consecuencia están abiertas las puertas de nuestro país para que los inversionistas extranjeros realicen negocios en nuestro país en el rubro del petróleo.
Específicamente dice el documento: el proyecto de inversiones, del cual las empresas extranjeras
pueden participar y al cual han sido convocadas, requieren una inversión del orden de 9 mil 911 millones de dólares solamente para la producción primaria de petróleo; éstos incluyen además 7 mil 763 millones de dólares para exploración y perforación, 1 mil 292 millones de dólares más para trabajos de construcción, 685 millones de dólares para adquisición, 150 millones de dólares para mantenimiento y 13 millones de dólares para otros rubros.
Asimismo, continúa el documento, se requieren 5 mil 089 millones de dólares más que se emplearán en la conversión industrial de las plantas y equipos que trabajan actualmente en el sector petrolero.
Además, dice este documento, proyección del Banco Nacional de México, se establece que habrá una demanda de 48 millones de toneladas de productos, lo que significaría un incremento de 65.5% en relación con 1987, en que se fue de 29 millones de toneladas de productos químicos y petroquímicos.
El documento presentado a los inversionistas de Suiza, Alemania, España y Bélgica, entre otros, presenta un panorama de la situación actual de dicho sector y después ofrece coinversiones con Petróleos Mexicanos, y otras empresas para petroquímicos primarios, desde luego y a contrapunto de que la ley reserva para empresas nacionales y al propio gobierno de manera exclusiva estas tareas por una inversión total de 3 mil 591 millones de dólares.
Es decir, también señala el documento, para entusiasmas a los inversionistas los promotores industriales del Banco Nacional de México destacaban los factores de competitividad que representa nuestro país frente a otras naciones, como son las reservas de hidrocarburos y minerales, ventajas geográficas con la cercanía al mercado norteamericano y de las bases de la Cuenca del Pacífico; grupos locales con experiencia y apoyo financiero, modernas plantas productivas con economías y fuerza laboral especializada.
Los proyectos de referencia incluye tres plantas de amoniaco, con una capacidad de 150 mil toneladas, que implicarían un costo de 603 millones de dólares; una planta de producción de etileno con capacidad para 500 mil toneladas; 4 plantas de polietileno con capacidad de 25 mil toneladas, cada una con un costo total de 312 mil millones de dólares.
Por otra parte, se presentan ofertas también para complejos petroquímicos; el primero para la producción de vencinatoloeno-p-exileno-m-sileno y otros más pesados con una inversión de 452 millones de dólares; y un segundo que incluye etileno, propileno, butano y otras sustancias intermedias, con una inversión de 731 millones de dólares.
Este documento continúa, finalmente se requiere, dice, inversiones por 246 millones de dólares para la construcción de tres plantas de acrilo-nitrilo de 15 mil toneladas, una por 350 mil toneladas de propileno, óxidos de etileno y finalmente cloridos de vinilo con inversiones millonarias también.
Es decir, compañeros legisladores, se trata de, en este ambiente de supuesta modernización, de apertura internacional, en este ambiente en que como se señala en cierto mensaje, los productos industriales, ya no se pueden fabricar en un solo país, sino que sus partes se fabrican y se maquilan en diferentes países para constituirse en un producto único, en este mundo interindependiente en que los conceptos de soberanía e independencia pasan al museo de la historia, las dependencias gubernamentales de México, abandono toda la historia del país, todo el esfuerzo heroico que los mexicanos, a través de generaciones hemos logrado, para ir consolidando nuestra independencia y nuestra soberanía, ahora, bajo este pretexto modernizador, abren las puertas del país, para que los inversionistas extranjeros se apoderen de una de las riquezas básicas, esenciales de México.
Se hace a una lado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el pretexto de que no tenemos dinero para invertir y seguir desarrollando nuestro país, no se preocupa ciertas instituciones gubernamentales, por preservar nuestra independencia y nuestra soberanía. En esa virtud, la fracción parlamentaria del partido Popular Socialista, con todo respeto propone a esta soberanía, se cite a comparecer aquí, para que no explique esta situación anómala antinacional, entrevista, tanto al director de Petróleos Mexicanos, como al director del Banco nacional de México. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: -Sobre el mismo tema tiene el uso de la palabra el diputado Trinidad Lanz Cárdenas.
El C. diputado Trinidad Lanz Cárdenas: -Con la venia de la Presidencia; señores legisladores: Por un principio de congruencia, debo maniestar mi inconformidad con el uso y el abuso de esta tribuna, en función de una auténtica miscelánea de temas, los cuales escapan a las facultades instituciones de este respetable cuerpo legislativo.
Lo mismo se plantea problemas de barcos en las costas de Colombia, se entra a la discusión de
problemas del agro mexicano, se invade la competencia de las autoridades laborales en problemas internos de una empresa privada y de carácter intergremial, se denuncian atropellos de policías, y ahora se habla de la privatización de una empresa paraestatal.
Por un rasgo de honestidad personal, debo reconocer que todos los temas tratados son significativos e importantes para la vida de este país; pero desorbitan las facultades que nos corresponden como cuerpo legislativo. En este sentido, compañeros, yo quisiera convocar a la sensatez y al buen juicio de los integrantes de este órgano, para que meditemos sobre la búsqueda de soluciones a esta desorbitación de las facultades de la Comisión Permanente, a la cual, por lo que vemos, se le ha convertido en un altoparlante, en auténtico diapasón de una serie de ideas y de problemas ajenos a su competencia.
En algunas otras latitudes ante esta ola de problemas que conllevan las sociedades complejas, se ha buscado la respuesta, y estas respuestas son de nivel institucional. Lo he comentado en otra ocasión y no me cansaré de reiterarlo. Desde el siglo XVIII, en Suecia se generó una institución llamada hombus man, que es al que le corresponde conocer de todo este tipo de problemas que por hoy se están llevando al seno de los órganos legislativos.
Esta es una situación madura que ha llevado ya su grado de desarrollo a 36 países con distintos matices, pero todos con una sola idea, tener un órgano que dependa del poder Legislativo, que tenga a su cargo intervenir, actuar y decir, no solamente oír, sino decidir los problemas complejos de la sociedad. El ejemplo más reciente lo tenemos en España que en su constitución de 1978, introdujo esta figura con el nombre del defensor del pueblo dependiendo del Parlamento español y con una serie de facultades ejecutivas para intervenir, decidir y resolver los conflictos sociales que extra las facultades ordinarias de los órganos o autoridades constituidas.
Exhorto a la serenidad, exhorto al buen juicio y solicito de mis compañeros legisladores su comprensión para que podamos desarrollar nuestra actividades como Comisión Permanente en los términos que constitucional y legalmente le corresponden, y al hablar de Comisión Permanente recojo en esta tribuna lo mismo que reiteradamente ha sucedido en el seno de la Cámara de Diputados; lo propio sería, compañeros, que si en el sentir del pueblo mexicano es necesario que el Poder Legislativo intervenga en todo este tipo de problemas que se traen a esta tribuna, se cree constitucionalmente un órgano que tenga la facultad de intervenir.
Por mi parte, yo ofrezco colaborar con la comisión que se designe al respecto para hacer el estudio profundo que corresponda a fin de proponer una reforma sustancial a nuestro medio jurídico político.
Refiriéndome ahora al tema de la miscelánea, a la privatización del petróleo, comparto con el diputado del Partido Popular Socialista, su grave preocupación respecto de que estemos dando marcha atrás en decisiones fundamentales del pueblo mexicano. Desde luego no es así, desde mi punto de vista personal, ni tampoco resulta entendible a expresiones como que se estén buscando subterfugios de carácter legal para eludir la imperativa de la norma constitucional, específicamente contenida en su artículo 27, sobre la exclusividad de la nación en cuanto a los recursos de subsuelo en materia de hidrocarburos.
Quisiera hacer una breve referencia en este sentido, porque tal parece que existe alguna confusión en la información que se ha dado sobre el particular y específicamente lo aludo en cuanto a las diferencias de la petroquímica básica y de la petroquímica secundaria.
Es cierto que la Constitución establece la exclusividad de la explotación del recurso natural; es cierto también que la Constitución y sus leyes reglamentarias, específicamente la Ley Reglamentaria del Petróleo, su reglamento y el Reglamento de Petroquímica, establecen derechos que deben ser ejercidos de una manera exclusiva por la institución creada ad hoc para ello como es Petróleos Mexicanos, pero también los que es el régimen constitucional y reglamentario va haciendo algunas puntualizaciones que haya surgido ni en esta administración, ni siquiera en algunas inmediatas.
Desde el año de 1959, el reglamento de la Ley Reglamentaria del Petróleo, estableció los mecanismos y los cauces para lo que después se ha venido a llamar petroquímica básica y petroquímica secundaria.
Debo hace aquí un breve paréntesis: ni la Ley Reglamentaria del Petróleo, ni el reglamento de 1959, ni después el reglamento de 1971, en el ámbito específico de la petroquímica secundaria; la denominación de esto surge con motivo de las resoluciones administrativas que se han venido emitiendo sobre el particular, la primera en el año 1960, la segunda en 1986, y la tercera en agosto del año pasado.
Tal vez porque el término petroquímica básica y petroquímica secundaria es un término que
condicionó la praxis en el medio nacional, porque en ninguna otra latitud del mundo existe esta diferenciación.
La petroquímica es conceptuada por la tecnología como una cadena productiva, desde el inicio de la explotación del petróleo, hasta llegar a los más sofisticados productos que la ciencia moderna ha aportado para el confort y la comodidad del ser humano.
Sin embargo, ya existe actualmente en el texto de la Constitución, a partir de la reforma al artículo 28 constitucional, en el año de 1982, se estableció en el cuarto párrafo de este precepto, al enunciar las 13 áreas estratégicas en las que debe actuar el Estado mexicano, de manera en especial la petroquímica, pero se dijo específicamente, la petroquímica básica, no cualquier petroquímica.
Es decir, el mandato constitucional, vino a recoger a partir del año de 1983, lo que ya tenía 23 años de estarse manejando en el ámbito nacional. Lo establecían los artículos 25, 27 y 29 del reglamento del año de 1959 y después lo vinieron a establecer los artículos 2º., 3º., 11, etcétera, del reglamento de 1971, aun cuando no utilizaban la expresión de petroquímica básica ni petroquímica secundaria, sino decía, dando la definición de lo que debía entenderse en términos generales por petroquímica, que estaban reservados a la nación todos aquellos productos que vinieran de una primera elaboración física o química y que fueran básicos para la industrialización.
En el reglamento de 1959, se establecía que en casos de duda el poder ejecutivo federal daría una resolución de tipo ejecutivo y administrativo, diciendo cuáles debían reservarse exclusivamente a la nación. Y en la resolución que en el año de 1960 se emitió, se habló por vez primera de esos artículos destinados exclusivamente a la nación como petroquímica básica.
Debe recalcarse que en la resolución de 1960, no se enunciaron ni se enumeraron artículos de petroquímica secundaria sino por exclusión quedaban fuera de los 16 productos que fueron enumerados en la resolución de 1960, los demás quedaban comprendidos como de petroquímica secundaria.
Y en cuanto a éstos, la ley y el reglamento vigentes de aquel entonces establecía que se requería que existiera un permiso, una concesión o una autorización, llamémosle como gustemos, en el derecho administrativo, para que pudieran explotarse por particulares los productos de petroquímica secundaria.
Como vemos, esto tiene 30 años de existencia en este país, no está surgiendo en la actualidad.
En el año de 1986, con motivo del programa de desarrollo de la petroquímica, se emite una nueva resolución, que ya está basada en el artículo relativo del reglamento específico de 1971, en donde se enumeran 34 artículos de petroquímica básica y 36 de artículos de petroquímica secundaria.
Pero tanto en el reglamento como en la ley, como en los decretos o acuerdos, en los cuales se especificaron estas circunstancias, se hizo hincapié en algo a lo cual no debemos ser ajenos.
Sí hay algo en donde la explosión tecnológica se da con gran agudeza es en el campo de la investigación de la química y de la química relacionada con el petróleo. Y en realidad no podemos nosotros considerar qué productos que en un momento fueron etiquetados como de petroquímica básica en un momento determinado, tengan que seguir siéndolo al infinito; esto está de acuerdo con el progreso tecnológico del país, con el desarrollo de la misma industria de la petroquímica que en México empieza a dar sus primeros pasos incipientes en los años cincuenta, con Guanos y Fertilizantes, con las Compañías de Azufre, con la construcción de los grandes centros de Pajaritos y de otras partes en el estado de Veracruz, lo cierto es que sí hacemos un análisis desde el punto de vista tecnológico, no podemos encontrar la misma similitud de lo que era la tecnología hace 30 años en esta materia, de lo que es en la actualidad.
Por eso, mencionaba yo con todo respecto a mi distinguido amigo del Partido Popular Socialista, que es cuestión de enfocar las cosas con un criterio racional. Hay que ver a qué obedecen los cambios y si los cambios son simplemente caprichosos. Los cambios tienen que estar en función de la tecnología y de la evolución del país.
La resolución que ahora nos rige, que es la de agosto de 1986, hace un cambio sobre este particular: elimina 15 de los productos que estaban considerados como básicos y los pasa a ser secundarios, pero introduce uno nuevo que era desconocido en aquella época, y que mi ignorancia sobre cosas técnicas del petróleo no me permite ni siquiera repetir su nombre raro.
Por lo que toca a los productos secundarios, incorpora los 15 de la petroquímica básica; introduce otros 22 que no estaban ni en petroquímica básica ni en ninguna otra enumeración, y libera a 15 que vienen a ser lo que la praxis de esta industria podría denominar, aun cuando la ley y el
reglamento no lo dicen, como no lo dicen respecto de lo otro, lo que pudiéramos llamar la petroquímica terciaria, es decir aquellos que no están sujetos ni a control ni a permiso, sino simple y sencillamente a una información de carácter estadístico, para que la secretaría del ramo pueda tener un auténtico expediente sobre la explotación, de desarrollo y comercialización de los recursos naturales de nuestro país.
No sé si esto pudiera aclarar un poco lo que se vino a denunciar aquí ante esta tribuna como un proceso de privatización; no se da un solo paso atrás en la industria petrolera nacional, solamente se pretende hacer congruentes los avances de la tecnología moderna en materia de petroquímica con los principios que la propia Constitución consagra en cuanto al sistema de economía mixta que surgió como proyecto de nación en la Constitución de 1917, y que fue totalmente esclarecido para efectos de su prístina interpretación en las reformas de 1982 a los artículos 25, 26, 27 y 28 constitucionales.
Otro aspecto en el cual quisiera hacer hincapié, es sobre lo que se menciona de los convenios con España. Desde luego en estos convenios que se han propalado por los medios de comunicación, se habla de unos intercambios comerciales entre México y España. No se está restringiendo en lo más mínimo, lo que es el patrimonio de la nación, al contrario, se está pretendiendo abrir los horizontes de la comercialización mexicana en las comunidades europeas.
Desde hace algunos años, Petróleos Mexicanos tiene inversiones en una empresa española, que tiene a su cargo la distribución del petróleo en España y en algunas otras partes del norte de Europa. Lo que se busca con esto, no es mermar la riqueza de la nación, es multiplicar la riqueza de la nación sin que ello esté significando la reducción ni de sus límites constitucionales ni de sus aspectos legales.
No es exacto que se pretenda aceptar en el seno del territorio nacional, que vengan empresas extranjeras a hacer lo que le corresponde hacer a la nación. Pero tampoco podemos marginarnos de la comunidad internacional a la cual económicamente pertenecemos. Y también tenemos que aceptar nuestras realidades y nuestra economía en los justos límites de su auténtica dimensión.
Es cierto que se necesitan inversiones extranjeras, es cierto que necesitamos seguir desarrollando lo que es y ha sido calificado en el Plan Nacional de Desarrollo y en las declaraciones del titular del Poder Ejecutivo como la palanca y el pivote de la economía de la nación en este momento. Pero ello de ninguna manera implica que se pretenda hipotecar ni la soberanía ni la independencia de la nación. Todo tendrá que hacerse dentro de los imperativos de nuestra Constitución que consagra en el recurso del petróleo como una de las supremas reivindicaciones de los gobiernos revolucionarios de este país está salpicado de grandes y relevantes acontecimientos en nuestra historia contemporánea y tanto el régimen actual, como los que le han precedido, han sido cuidadosos en este sentido, de preservar y hacer respetar nuestro patrimonio nacional.
Si bien pretendemos acceder a la internacionalización de los mercado, es dentro de los cauces de la ley, pero esto no quiere decir que las empresas extranjeras vengas a intervenir dentro de nuestras fronteras, en actividades que están reservadas de manera exclusiva a la intervención del Estado mexicano en una de sus instituciones que ha sido y sigue siendo el orgullo de los gobiernos de la Revolución Mexicana, que se llama: Petróleos Mexicanos. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Sobre el mismo tema tiene el uso de la palabra el diputado Pablo Gómez.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: -Ciudadanas legisladoras; ciudadanos legisladores: El tema que se ha puesto a discusión de la Comisión Permanente de los que menos se pueden objetar, como tema de debate de la Comisión Permanente, porque el Congreso tiene facultades para legislar, de acuerdo con el artículo 74, en materia de hidrocarburos y lo que ha ocurrido es que a través de reglamentos de las leyes reglamentarias del Congreso, el Ejecutivo, en diversos momentos ha legislado por decreto presidencial.
Esto ocurre también en otros ámbitos de la actividad, en los que el Ejecutivo no se conforma con tener la posibilidad política de hacer aprobar sus iniciativas en el Congreso, sino que va más allá y captura y ha capturado a través de los reglamentos, que deberían ser cuestiones completamente de procedimiento, pero no pueden ni deben incluir cuestiones sustantivas, como en efecto se incluyen en muchos reglamentos: inversiones extranjeras, es un caso muy reciente y muy dramático, en el que se cambia una ley del Congreso mediante la expedición de un reglamento.
Pero en el caso del reglamento de la Ley Reglamentaria del artículo 28 en materia de petróleo ha ocurrido lo mismo. La reforma constitucional entendida por Miguel de la Madrid, que cambió muchos preceptos de la Constitución y quiso pues introducir una serie de elementos que limitaran la acción del Estado en la economía, definió,
en efecto, en la adición al artículo 28, como funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas: la de petroquímica básica, concepto que ya existía, en efecto, y que fue llevado a la Constitución en esa ocasión.
¿Por qué no se puso petroquímica, a secas? Ya se habían hecho una serie de concesiones, autorizaciones o permisos, o como se le quiera llamar, que en este caso es lo mismo, desde el punto de vista práctico, a algunas empresas privadas, con el propósito de que produjeran derivados del petróleo.
El futuro del petróleo es la petroquímica. La utilización del petróleo y el gas como combustible es la forma más primitiva e irracional del uso de los hidrocarburos; el futuro está en la petroquímica.
Pero esto no era exactamente así como es ahora, cuando el petróleo fue nacionalizado, cuando se expropiaron los bienes de las compañías petroleras que operaban en México, en ese momento la expropiación petrolera se concibió, pues, como el acto de restituirle a la nación el dominio pleno, de acuerdo con el artículo 27, de la riqueza del subsuelo mexicano.
Pero cuando la petroquímica empezó a desarrollarse, o sea la elaboración del petróleo y el gas para producir otras cosas, no la simple refinación del petróleo o el simple transporte consumo del gas, ya no teníamos un gobierno como el que nacionalizó la industria petrolera, como el que devolvió a la nación el completo dominio sobre la riqueza del subsuelo en materia de hidrocarburos, ya teníamos otro tipo de gobiernos y la historia ha sido otra.
En una ocasión un senador, Natalio Vázquez Pallares, dio una lucha en el Senado contra una serie de concesiones que se otorgaban a empresas privadas y a políticos, politiquillos y politiqueros, con el propósito de que se enriquecieran a costa de actividades que deberían ser del exclusivo control del Estado, y dio una pelea fuerte, sólo él en el Senado, produjo por cierto un libro, que quizá alguno de los presentes tengan en algún lugar de su biblioteca, pero éste era diputado.
El tema no se ha agotado sino que al contrario es más actual ahora, porque el gobierno, con esto de que la Constitución define como área exclusiva la petroquímica básica, pues no tiene ningún problema de definir, cuando así lo considera que antes se consideraban parte de la petroquímica básica, ahora se van a considerar parte de la petroquímica secundaria y como arte de magia, la producción de esos productos pues, ya pasa a que el gobierno en su idea, economía global que tiene, busque inversionistas en esas áreas.
Pero resulta que desarrollar la producción petroquímica, por parte de empresas privadas en México, hoy nos lleva, directos, a la participación del capital extranjero, por una razón, porque no existen suficientes capitales domésticos cuyos dueños estén dispuestos a ser inmensas inversiones en materia de petroquímica, ésa es la razón y es el problema.
Una transferencia masiva que productos de petroquímica básica al renglón de petroquímica secundaria, implica la concurrencia del capital extranjero y eso es lo que se está buscando, en realidad.
Porque todo esto no es más que la cobertura de una nueva estrategia de desarrollo basada en elevar el componente extranjero en toda esta estrategia de desarrollo económico. No se trata de que se analice la cantidad de dólares que ingresaron al país por inversión extranjera, el año pasado, lo acaba de decir ayer un funcionario de comercio, 3 mil 100 millones ó 3 mil 200 millones de dólares, cualquiera pudiera decir es poco pero el problema no es la cantidad del año pasado, sino que se quiere llegar a 7, 8, 9 mil millones, el problema no es ni siquiera los 7, 8, 9 mil millones que pudieran ingresar cada año sino el papel que van a cumplir, el papel que se le asigna a la inversión extranjera.
Y aquí viene esta cuestión planteada por el compañero diputado del Partido Popular Socialista, en relación con España, y a propósito de la visita de los reyes españoles a México y de los convenios que se van a firmar, según dice la Prensa, España es un país que está recibiendo más de 20 mil millones de dólares por concepto de turismo e inversión extranjera directa. Es un país cuya estrategia de desarrollo está basada en gran medida en un impulso que viene de fuera, y se dice, por parte del gobierno español, que ésa es una de las fundamentales palancas para lograr la modernización, consolidar la reconversión industrial y hacer de España un país como Alemania o como Japón.
Cuando un país que quiere se como Alemania y como Japón, se basa en el impulso extranjero, probablemente nunca va a ser ni como Alemania ni como Japón, ¿verdad?, está muy difícil. Porque caer, y es cuestión de tiempo que se les caiga, es cuestión simplemente de aguardar a que eso se derrumbe.
Yo decía en la Cámara de Diputados, recientemente, que cuando el gobierno mexicano decidió
endeudarse hasta el cuello, estaba muy barato el dinero en los mercados monetarios internacionales, las tasas eran muy bajas; había que tomar todo el dinero, hacían cola los representantes de los bancos extranjeros en las oficinas de los gobernantes de América Latina para ofrecer dinero a la pura firma, porque ese tipo de créditos pues son prácticamente quirografarios. Y así se estaban dando y así se dieron, en un año se dieron 20, 30, ya no recuerdo cuántos, 20, 30 mil millones de dólares simplemente, porque había un director de crédito en la Secretaría de Hacienda, que por ahí le dieron después un trabajo en la Secretaría de Gobernación, y ahora creo que lo cambiaron, que era rápido con la pluma, y firmaba todo tipo de crédito y entraba el dinero y así como entraba salía, para financiar fuga de capitales.
Y esa estrategia pues rápidamente se cayó. Cuando estábamos en ésas, cuando dijo Díaz Serrano en la tribuna de la Cámara: "¡seremos ricos, porque tenemos mucho petróleo!", vino un acuerdo con los españoles. Nosotros les dábamos petróleo y ellos nos vendieron 30 y tantos por ciento de las acciones de una empresa que está hecha chatarra completamente porque es muy vieja, de refinación, una planta que se dedica a refinar el petróleo y a producir gasolina y otras cosas.
México no solamente, el gobierno mexicano declaró que seríamos ricos, sino que se lanzó también a convertirse él mismo en empresa transnacional y a invertir, a meterse y tomar empresas en el extranjero, pues eso francamente fue ridículo, sencillamente ridículo. Un país que estaba recibiendo montones de dólares por créditos con el exterior y al mismo tiempo quería, por otro lado, convertirse como gobierno en inversionista en el extranjero.
Pero claro, los españoles eran más listos que Díaz Serrano, que ya se vio que muy listo, muy listo no era, sobre todo por el tiempo que tuvo que ser inquilino de una prisión, sino que además de que resultó que el gobierno mexicano no era tan listo como presumía; Petróleos Mexicanos tiene una inversión absurda en una empresa española, que me parece que está en Bilbao o en algún puerto de por ahí cerca. No tiene objeto hacer eso.
Dice el diputado Lanz: "esto es aumentar la riqueza de la nación", de una nación", de una nación transnacional o de un gobierno que se siente empresa transnacional. La riqueza de la nación no se puede expresar en acciones de empresas que están en el exterior, eso es tener mentalidad de empresa neoyorquina. Yo no veo por qué eso tenga algo que ver con todas esas loas que le echó al final de su intervención a la expropiación petrolera y a esta cosa de las que debemos enorgullecernos que es Petróleos Mexicanos.
Pues francamente yo no me enorgullezco nada de petróleos cuando compra las acciones de una refinería en España. No fue hecho petróleos Mexicanos para eso, de ninguna manera, y menos todavía, cuando canjea esas acciones por petróleo crudo que es un recurso no renovable.
Si México vende petróleo al extranjero es porque no le queda otra, porque está presionado por una situación lamentable. Pero nadie puede en este país, enorgullecerse de que México venda petróleo al extranjero y que utilice ese petróleo para quemarlo. ¿Cómo se puede uno enorgullecer de eso?, eso no forma parte de un orgullo nacional, ¡no puede ser!, ¡es lamentable!
México debería proponerse, no está en ningún plan de todos esos que hace el gobierno, que por cierto muy poca gente lee, para ir disminuyendo persistentemente la exportación de petróleo crudo. México ha reducido la exportación de petróleo dentro de la guerra de precios internacionales. Si bajó de 1 millón 500 mil barriles, 1 millón 300 mil, 1 millón 200 mil aproximadamente al día, es por la razón de que había que reducir la producción como parte de acuerdos con otros productores, impedir que los grandes países importadores de petróleo siguieran presionando a la baja el precio del crudo internacional. Esa es la razón, pero nunca se ha dicho que es una vergüenza, que se ha tenido que hacer por razones extremas, pero que hay que buscar la forma de reducirlo.
Yo creo que en fondo, en aquella polémica que se hizo, cuando Díaz Serrano gritó: "seremos ricos", se tenía razón. El desarrollo de un país no se puede basar en andar vendiendo crudo en el mercado internacional, y ese fue el esquema que nos plantearon entonces. Fracasó todo, todo fue un desastre.
Yo creo que transnacionalizar la petroquímica mexicana es otro desastre, por una razón: México no tiene, por el tamaño de su economía, la posibilidad de utilizar en grandes escalas todo su potencial de hidrocarburos para la transformación en productos petroquímicos. En otras palabras, nuestro mercado interno es más pequeño que la capacidad petroquímica que puede llegar a desarrollarse, necesitamos del mercado internacional para darle salida a una potencialidad petroquímica. México lo que puede hacer, puede hacer lo que no pudo hacer Rumania, porque no tenía suficiente petróleo ni el suficiente gas. Se desarrolló hace 30 años una industria petroquímica más o menos moderna para entonces, pero le falló lo
fundamental, tuvo que empezar a importar crudo y tuvo que empezar importar gas.
México tiene las cualidades para ser un país que desarrolle la industria petroquímica, compita en el mercado internacional y sustituya la venta de crudo en el mercado mundial por la elaboración de productos petroquímicos con una fuerte presencia en el mundo entero; pero no lo ve así el gobierno mexicano, el gobierno mexicano ve la posibilidad de desarrollar la petroquímica sobre la base de la concurrencia del capital privado y el capital extranjero y ése es un error porque si interviene el capital extranjero, son ellos los que deciden las cuotas por país de los niveles de producción. porque esas corporaciones se convierten en corporaciones decisorias en materias de precios, regulan la competencia internacional.
A mí me parece infantil lo que dice Salinas, verdaderamente infantil. Habla de la interdependencia y de los planos competitivos como si nuestro país fuera un país que pudiera entrar a un concurso competitivo tal como lo hacen Japón o Estados Unidos, un infantilismo, ese diseño de esa estrategia de desarrollo es verdaderamente algo que atenta contra los intereses nacionales. Nos acusan de tener xenofobia, de odio al extranjero, eso es falso totalmente.
Nosotros tenemos que buscar una inserción de México en el mundo sobre la base de saber y tener plena conciencia de que la competencia internacional no es completamente libre, que existen corporaciones poderosísimas transnacionales, que establecen condiciones, precios, flujos de capital, etcétera, para su beneficio y que tenemos que competir contra ellos pertrechando al país de capacidad para poder competir en efecto.
Desarrollemos una industria petroquímica nacional, que se debe derivar directamente de ese acontecimiento histórico de la expropiación petrolera de 1938 para competir con los grandes, para ganarles por lo menos algo poco a poco, pero no para entregar que eso es lo se está haciendo.
Cuando se habla de capital extranjero, supone el gobierno que estamos pensando en unas blancas palomas desinteresadas, que estamos pensando en la Organización Mundial de la Salud, en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, no estamos pensando en las corporaciones que han logrado optimizar al máximo sus rendimientos de capital. No tenemos que enseñarles a ellos a hacer eso, ellos lo han desarrollado mejor que nadie en el mundo entero y cada vez son más poderosas, no es verdad que cada vez se debilite su poder.
Yo creo lo que busca el gobierno mexicano, en el marco de una alianza estratégica entre gobiernos, México, Estados Unidos, Canadá y Japón, es una estrategia equivocada que va a llevar a este país a serios problemas y graves problemas.
Podemos llegar como España a tener 20 mil millones al año de inversión extranjera y turismo. En el momento en que ellos decidan que se cierra la llave, se cerró, ya nos ha ocurrido, no sería la primera vez, México no está en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, señores diputados y senadores.
El cálculo de Felipe González, y ésa fue la razón por la cual Felipe González cambió su posición original de luchar en contra de la participación de España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, porque el Partido Socialista Obrero Español se oponía en las elecciones en las que fue por primera vez elegido gobierno el Partido Socialista Obrero Español en España, el programa en esa materia de Felipe González, era en contra del intento del gobierno anterior de ingresar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y cambió su posición en el marco de un paquete para que España fincara su desarrollo y su modernización sobre la base de un plan Marshall retrasado y de una inyección brutal de dinero extemporáneamente.
Hacer eso en este país, porque eso es lo que quiere hacer el gobierno mexicano y lo que está haciendo. El paquete comercial que va a venir, en el próximo período de sesiones probablemente, es de este tenor. Ya es un adelanto lo que fue el paquete financiero aprobado para que las corporaciones transnacionales de seguros, fianzas, factoraje y demás, puedan invertir en México, en una apertura de los servicios financieros, con la reivindicación fundamental de Japón que es el derecho de establecimiento, que es lo que se discutió en la ronda de Montevideo, fundamentalmente.
Señores legisladores: para terminar quisiera hacer una proposición formal: los periódicos han informado que se va a firmar un acuerdo dentro del cual, al parecer, la empresa petrolera española Repsol canjeará hasta un 5% de su capital por el 34.29 de la acciones que Petróleos Mexicanos tiene en la refinería española Petróleos del Norte, que es propiedad de Petróleos del Norte, a lo que yo me hice referencia hace un momento, y por petróleo crudo. México, al parecer, no sabemos porque la información periodística no es muy clara y tampoco confiable, francamente lo digo, son cables que llegan de Madrid, no se ha producido información en el país, es una cosa que también está muy mal, no se informa aquí, nos informamos por lo que se habla en otros países de asuntos de México.
Al parecer, México entregaría unos 150 mil barriles diarios de crudo a Repsol con el propósito de canjear ese petróleo o pagar la compra de las acciones con el petróleo crudo.
No sabemos si sigue la idea de transnacionalizar Petróleos Mexicanos el gobierno mexicano, no entendemos exactamente de qué se trata y menos todavía cuáles son las condiciones, porque se ha anunciado que España va a hacer inversión extranjera fuerte durante los próximos cuatro años en México. Yo preguntaría: ¿ésta es una condición para la contratación de esos créditos, o de qué se trata? Nadie ha informado, los señores del gobierno han tenido la boca callada. Yo no creo que sea junto que ni siquiera el Congreso tenga la información oficial, puesto que no se trata aquí de informaciones periodísticas, ésas no nos sirven a nosotros. Yo puedo afirmar lo que un periódico dice y cualquier legislador tiene el derecho a levantarse a decir; pues eso es lo que dijo un periódico, pero, ¿cuál es la verdad?
Y no estoy yo aquí hablando de que los diputados de un partido estén informados porque los gobernantes sean también de su partido y los otros diputados no tengan información ninguna, estoy hablando del cuerpo legislativo del Congreso, bueno, la parte permanente del Congreso en este momento que está en función.
Pues yo lo que pido por estas razones es que se nos informe, pero, claro que no puedo hacer una propuesta se dictamine allí porque cuando esto ocurra ya los acuerdos ya se firmaron, porque esto es cosa de días. Siquiera que tengan la gentileza de informarnos en la víspera, para no tener que leer después en el periódico la versión periodística de cómo los periódicos entendieron que era el asunto, que además para no aburrir a los lectores muchas veces no hacen más que una síntesis en donde no están una serie de otros asuntos relacionados.
Por lo tanto, tenemos un proyecto de punto de acuerdo que dice así, y que quisiéramos que se considerara de una vez aprobado de acuerdo con el artículo 59, me parece que es, o sea de urgente resolución, puesto que si nos tardamos más lo vamos a leer en una revista semanal o algún periódico mensual. Dice así el proyecto:
«PUNTO DE ACUERDO
Único. La Comisión Permanente del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores información exhaustiva acerca de la posible firma entre los gobiernos de México y España de un convenio de inversión mexicana en una empresa española de refinación de petróleo que sería cubierta con crudo mexicano y en condiciones tales que Petróleos Mexicanos sería el titular de las acciones de dicha inversión.
Recinto alterno de la Cámara de Diputados, 10 de enero de 1990. -Diputado Leonel Godoy Rangel, senador Cristóbal Arias Y Diputado Pablo Gómez.»
Muchas gracias por su atención.
El C. Presidente: -Para normar el criterio de la asamblea, se ruega a la secretaría dar lectura al artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General.
El C. secretario diputado Juan Jaime Hernández: -Por instrucciones de la Presidencia, doy lectura al artículo 58 del reglamento:
"Artículo 58. Las proposiciones que no sean iniciativas de ley presentadas por uno o más individuos de la Cámara, sin formar los que las suscriben mayoría de diputados, se sujetarán a los trámites siguientes:
I. Se presentarán por escrito y firmadas por sus autores, al Presidente de la Cámara y serán leídas una sola vez en la sesión en que sean presentadas. Podrá su autor, o uno de ellos si fueren varios, exponer los fundamentos y razones de su proposición o proyecto;
II. Hablarán una sola vez dos miembros de la Cámara, uno en pro y otro en contra, prefiriéndose al autor del proyecto o proposición, y
III. Inmediatamente se preguntaría a la Cámara si se admite o no a discusión la proposición. En el primer caso se pasará a la Comisión o Comisiones a quienes corresponda, y en el segundo se tendrá por desechada".
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): -Señor Presidente, que lean de una vez el artículo 59 que trata de los casos urgentes.
El C. Presidente: -Lea la secretaría también el 59.
El C. secretario diputado Juan Jaime Hernández: -"Artículo 59. En los casos de urgencia u obvia resolución, calificados por el voto de las dos terceras partes de los individuos de la Cámara que estén presentes, podrá ésta a pedimento de algunos de sus miembros, dar curso
a las proposiciones o proyectos en hora distinta de las señaladas, y ponerlos a discusión inmediatamente después de su lectura".
EL C. Presidente: - ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? ¿Hay algún orador en pro? ¿Hay algún orador en contra? Consulte la secretaría a la asamblea si se admite o no a discusión la proposición.
El C. secretario diputado Juan Jaime Hernández: -Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la asamblea si se admite o no a discusión la proposición que hacen el diputado Pablo Gómez, el senador Cristóbal Arias y el diputado Leonel Godoy Rangel.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo Desechada, señor Presidente.
SOLICITUD DE LICENCIA
El C. Presidente: -Esta Presidencia acaba de recibir un escrito del ciudadano diputado Ismael Orozco Loreto. Se ruega a la secretaría dar cuenta con él.
El C. secretario diputado Juan Jaime Hernández:
«Ciudadano Diputado Guillermo Jiménez Morales. -Presente.
Me permito informar ante esta honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que el ciudadano Presidente de la República me ha conferido la alta responsabilidad de incorporarme a desempeñar un cargo dentro de la administración pública federal, por lo que con fundamento en lo que disponen lo artículo 62 y 79, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a solicitar licencia para césar en las funciones inherentes al cargo de diputado federal, mientras dure la nueva ocupación que me ha sido conferida.
Atentamente.
Diputado federal Ismael Orozco Loreto.»
El C. Presidente: -De conformidad con lo que establece la fracción VIII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ruega a la secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
El C. secretario diputado Juan Jaime Hernández: -Por acuerdo de la Presidencia están a discusión los siguientes
«PUNTOS DE ACUERDO
Primero. Se concede licencia al ciudadano diputado Ismael Orozco Loreto para separarse de sus funciones de diputado federal electo en el XI distrito federal del estado de Jalisco durante el tiempo que dure el encargo.
Segundo. Es virtud de que el licenciado Ismael Orozco Loreto, es integrante de esta honorable Comisión Permanente, llámese al sustituto, diputado Mauricio Valdéz Rodríguez.>
Están a discusión los puntos de acuerdo leídos.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo
Los ciudadanos que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo Aprobada, señor Presidente.
(Aplausos.)
DECLARATORIA DE GRUPOS PARLAMENTARIOS
El C. Presidente: -Tiene el uso de la palabra el senador Alger León Moreno, para una declaración de grupos parlamentarios.
El C. senador Alger León Moreno: -Con su permiso, señor Presidente; honorable asamblea: Por considerar un asunto de vital importancia para preservar y mantener las buenas relaciones existentes entre Estados Unidos de América y México, así como para no desestimar el último acuerdo firmado entre ambos gobiernos el 23 de febrero del año próximo pasado, sobre la cooperación y lucha contra el narcotráfico y la farmacodependencia y en apego estricto a sus propios sistemas jurídicos y absoluto respeto a la soberanía de cada nación, se formula la siguiente declaración:
«La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, rechaza enérgicamente el contenido de una serie de televisión denominada: "La Guerra de las drogas", que el domingo próximo pasado empezó a transmitirse por la cadena NBC de Estados Unidos de América y que por vía satélite llega a nuestro país y a todo el mundo.
En dicho programa se pretende involucrar a servidores públicos mexicanos en supuestas acciones
delictuosas y en un constante proceso de corrupción que impide la lucha frontal contra este mal de la humanidad.
Por otra parte, si la lucha contra el narcotráfico en territorio mexicano es asunto de la exclusiva competencia y responsabilidad de nuestro gobierno, no podemos aceptar que agencias de otros países, califiquen, certifiquen, persigan, arresten, o enjuicien a nuestros ciudadanos en franca intromisión en los asuntos internos de México y en clara violación al principio de la no intervención y de la igualdad legal de los Estados, a fin de evitar que se vulnere la soberanía de nuestro país, so pretexto de combatir las drogas.
No sólo nos estamos refiriendo a una pretendida injerencia directa y clara, sino a la forma sutil de una penetración subliminal a través de la televisión que de alguna manera podría desacreditar el importante esfuerzo que está realizando permanentemente el gobierno mexicano en su lucha para evitar que se use a nuestro país como medio para el tráfico de estupefacientes que se procesan, distribuyen y consume en aquel país vecino.
Rechazamos también que a través de esta dramatización, de esta burda dramatización, se manipule la opinión del pueblo norteamericano en contra del pueblo mexicano.
Por último, rechazamos de manera categórica cualquier acción, provenga de quien provenga, que menoscabe la lucha que México enfrenta contra el narcotráfico e instamos a que cada gobierno actúe dentro de los límites de su soberanía, bajo sus principios jurídicos, y con sus propios recursos humanos y tecnológicos para que el esfuerzo y beneficios mutuos sean reales y efectivos.
Sede de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de enero de 1990.
Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional: senador Humberto Lugo Gil, senador Alger León Moreno, diputada Socorro Díaz Palacios, diputado Humberto Roque Villanueva, por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional: diputado Bernardo Bátiz Vázquez; por el grupo parlamentario del Partido Popular Socialista: diputado Juan Antonio Carlos Hernández; por el grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana: diputado Juan Jaime Hernández; por el grupo parlamentario del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional: diputados Roberto Jaramillo Flores.» Muchas gracias.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): -Pido la palabra.
El C. Presidente: -¿Con qué objeto, señor diputado?
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): -Para hablar de la propuesta.
El C. Presidente: -Tiene la palabra.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: -Quisiera en primer lugar solicitar a los autores de la propuesta, que si no me pudieran dar una copia para poder referirme a ella.
El C. senador Alger León Moreno (desde su curul): -Es el original. Van a sacarle fotocopias.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: -Ahorita se lo regreso, nada más la voy a usar un momento.
(Desorden.)
El C. senador Alger León Moreno (desde su curul): -Es más, ya está completo.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: -No, aquí se la cuido.
Señores diputados y senadores: El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática está de acuerdo en algunos párrafos de este texto, especialmente aquel que dice que "si la lucha contra el narcotráfico en territorio mexicano es asunto de la exlcusiva competencia y responsabilidad de nuestro gobierno, no podemos aceptar que agencias de otros países califiquen, certifiquen, persigan, arresten o enjuicien a nuestros ciudadanos, en franca intromisión en los asuntos internos de México y en clara violación al principio de la no intervención y de la igualdad legal de los Estados, a fin de evitar que se vulnere la soberanía de nuestro país so pretexto de combatir las drogas".
No tenemos ninguna reserva en relación con este texto; sin embargo, no estamos de acuerdo en que la transmisión de una película sea una injerencia de un gobierno extranjero en los asuntos de México, porque nosotros hemos hecho películas en nuestros territorio, por entidades mexicanas, que han criticado abiertamente al gobierno de Estados Unidos de América; actos que ese gobierno ha realizado y no podemos admitir que la crítica de cualquier persona una injerencia en los asuntos internos de otro país.
Y en esto debemos tener mucho cuidado, nosotros pedimos respeto, no injerencia; respeto al principio de no intervención, de autodeterminación,
pero no podemos considerar que cualquier grupo de ciudadanos, que no están constituidos en gobierno, tengan la capacidad de asumir, mediante sus actos y además en su propio país, actos de injerencia que afectan la soberanía de otra nación.
Nosotros criticamos con mucha frecuencia al gobierno de Estados Unidos de América y esas críticas de ninguna manera podemos estar de acuerdo en que sean consideradas como un acto hostil de injerencia de México en los asuntos internos de Estados Unidos de América; pero cuando provienen de agencias de otros países, agencias gubernamentales, de voceros de otros gobiernos, sí, nos parecen francamente injerencias en los asuntos internos de México y las rechazamos categóricamente.
Nosotros no estamos de acuerdo tampoco en que podamos nosotros, como Comisión Permanente del Congreso, como representantes del congreso mexicano, pronunciarnos de antemano por la crítica que cualquiera puede hacer, a la manera en cómo el gobierno de México persigue el narcotráfico, porque nosotros hemos hecho esa crítica.
Hace un momento aquí, en esta tribuna, se denunciaba a la policía federal. El diputado Godoy denunció la acción de la policía judicial federal que atiende las cuestiones del narcotráfico, las cosas que hace. Nosotros no estamos convencidos de que los funcionarios mexicanos no están en general coludidos, todos ellos en su conjunto, con los narcotraficantes, ya en el pasado se ha denunciado a funcionarios mexicanos como personas coludidas con los narcotraficantes.
Yo no podría declarar que los funcionarios mexicanos, todos en general, no están coludidos con los narcotraficantes. Yo creo que un fenómeno internacional en el momento actual, es justamente para corromper funcionarios, no digamos en México, no digamos en los países de América Latina, sino en Estados Unidos de América.
Yo no he visto este programa de televisión, y ninguno de los compañeros de la bancada del Partido de la Revolución Democrática lo ha visto, sencillamente no sabemos de lo que se trata en este programa más que por las notas periodísticas. Se nos informa que fue transmitido en México a través del cable, a través de Cablevisión.
Yo no sé cuál es la política de Televisa en esta materia, pero por lo que se ve, pues ellos transmiten todo lo que llega sin aplicar ningún criterio, quizá con el propósito de que en Estados Unidos no se sigan los procesos contra prácticas monopólicas de la empresa Televisa, justamente en la televisión en español, probablemente.
Pero nos parece a nosotros que el Congreso, de plano, debería pronunciarse, y está en su obligación, para rechazar la injerencia del gobierno de Estados Unidos de América, del gobierno en México y en los países de América Latina, para que bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico se metan en los asuntos de México.
Aquí, en este proyecto de declaración, se menciona un acuerdo firmado entre ambos gobiernos, el de México-Estados Unidos el 23 de febrero del año próximo pasado, sobre la cooperación y lucha contra el narcotráfico y la farmacodependencia.
Nosotros no estamos de acuerdo en los términos de este acuerdo tampoco. Y más aún nos parece mal que no se denuncia, y que no se denuncie aquí en la Comisión Permanente y en otros foros, que la Drug Enforcement Administration sigue operando en el territorio nacional, como en efecto sigue operando.
Pero yo me pregunto: ¿por qué el gobierno mexicano no ha tenido la gentileza de informarnos a los representantes populares de cuál es el alcance, el funcionamiento del grupo de la Drug Enforcement Administration que opera en el territorio mexicano? ¿Son agentes consulares? ¿Están acreditados como personal diplomático? No lo sabemos; a ciencia cierta no lo sabemos. Si no son agentes diplomáticos, si no lo son, no tienen por qué estar en México, y si son, no tienen por qué andar haciendo investigaciones; no tienen porque ejercer funciones, de alguna manera policiacas. Pero los agentes de la Drug Enforcement Administration pertenecen a una corporación policiaca, esta es la verdad.
Yo quisiera conceder por anticipado que el programa es denigrante, por lo que informa la Prensa, y merecería la crítica, mercería una crítica lo más enérgica posible si fuera necesario; pero quizá algunos aspectos de lo que se dice que contiene esa serie de televisión, deberían ser sometidos a la crítica; entre otros, el racismo, la manera en cómo se denigra, no al gobierno de México ni a sus funcionarios, como parece ser la preocupación principal de algunos, proteger, sino a los mexicanos.
En Estados Unidos se produce gran cantidad de materia de televisión y cinematografía con un claro contenido racista; los ebrios, malvivientes, etcétera, son negros, mexicanos, latinoamericanos en general, asiáticos. Y la gente decente, ¡verdad! son los anglosajones, protestantes por añadidura, si esto es posible, que van a misa todos los domingos. Eso ocurre con entera frecuencia, permanente y sistemáticamente.
Yo reitero que no he visto este programa de televisión, pero las notas periodísticas hablan de esta manera, en cómo se presentan ahí a los mexicanos. Yo creo que esto es criticable. No me parece que sea un acto de injerencia en los asuntos internos de México, eso sí. Pero sí me parece que es algo denigrante y es algo que debe ser criticado.
Yo no tengo cablevisión pero además ni quiero tener, no estoy colonizado todavía.
(Voces.)
El C. Presidente: -No se permiten diálogos compañeros diputados.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: -Bueno, pues yo también les voy a platicar otras anécdotas, de Zorrilla Pérez, de Nassar Haro, de la dirección federal de seguridad que estaba amafiada con los narcos; también les voy a platicar ésas, y no se las estoy inventando, ¿verdad?
Bueno, el hecho de que en este momento no haya muy recientes, digamos del día de ayer o antier, procesos contra individuos, funcionarios gubernamentales que actúan en convivencia con los narcotraficantes no quiere decir que ya nos salvamos de eso, y que el último fue Zorrilla. No está claro por lo menos.
A nosotros nos parece, señores diputados, que coincidiendo en este párrafo que yo leí, que es fundamental y que celebro que tengamos plena coincidencia porque es un problema de fondo; lamentamos al mismo tiempo no tener la misma plena coincidencia en el resto de los párrafos, por algunos detalles en ellos incluidos; pero tratándose del asunto, me parece a mí que habrá bastante crítica y oportunidad para criticar, no como una injerencia en los asuntos internos de México, pero sí como algo que puede ser ofensivo al pueblo mexicano, a los mexicanos, como algo que puede tener contenido racista, que puede exagerar o tratar de presentar una imagen de los mexicanos, indebida, para que sea sujeta de una crítica, pero también yo diría de una reflexión, que todos debemos hacer, a propósito de qué errores, desviaciones o esos fenómenos de los que he hablado aquí y que no me quiero volver a referir, también producen, para que desde fuera se pueda agredir a México, y en general a los mexicanos en un sentido más global a propósito de estos acontecimientos. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Consulte la secretaría, en votación económica, si se aprueba o no la propuesta presentada por el senador Ángel Moreno y firmada por legisladores de diversos grupos parlamentarios.
El C. secretario diputado Juan Jaime Hernández: -Por instrucciones de la Presidencia se pregunta, en votación económica, si se aprueba la propuesta presentada por el senador Ángel Moreno, y apoyada por los legisladores de grupos parlamentarios que la suscriben.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
DEL ESTADO DE GUERRERO
El C. Presidente: -Tiene la palabra el diputado Leonel Godoy Rangel, para referirse al punto de responsabilidad del gobernador de Guerrero.
El C. diputado Leonel Godoy Rangel: -Con su permiso señor Presidente; honorables miembros de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión: Por mi conducto, el Partido de la Revolución Democrática quiere hacer del conocimiento de esta representación nacional, una denuncia que estamos presentamos el día de hoy en contra del gobernador del estado de Guerrero, José Francisco Ruíz Massieu.
Por considerar de suma importancia su contenido en virtud de que en él detallamos los hechos, señalamos las consideraciones de derecho, puntualizamos los elementos de prueba documentales públicas y privadas adelanto, y fundamos constitucional y legalmente nuestra solicitud, voy a permitirme leer algunas de las partes más importantes para que conste en el Diario de los Debates de las sesiones de este cuerpo colegiado.
«Honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. -Palacio Legislativo.
Los suscritos, mexicanos, mayores de edad en pleno goce de nuestros derechos constitucionales; señalando como domicilio el cuarto nivel del edificio "B" de este Palacio Legislativo, en cumplimiento de la resolución del Partido de la Revolución Democrática y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, 109 y 110 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos formal denuncia en contra del ciudadano gobernador constitucional del estado de Guerrero, señor José Francisco Ruíz Massieu, por conductas ilícitas previstas en los artículos 108 párrafo tercero y 109 fracción I de la Constitución mexicana, en relación con los artículos 5º. párrafo segundo, sexto y séptimo fracciones I, III y IV de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en virtud de:
Primero. Manejo indebido de recursos federales, conforme al artículo 5º. de la referida ley y por la presumible comisión del delito de peculado en el manejo de dichos recursos, de acuerdo con el artículo 223 del Código Penal para toda la República en Materia de Fuero Federal.
Segundo. Violar gravemente los artículos 9º., 14, 16, 39, 40, 41, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, que garantizan la libertad de reunión y asociación, el respeto a la vida, la integridad física y patrimonial de las personas, la soberanía popular, los derechos políticos de los ciudadanos para la integración de los poderes públicos en los estados, así como la división de Ejecutivo y Legislativo, y por la comisión de los delitos consecuentes, provocando una ruptura general del orden constitucional en el estado de Guerrero.
Motivan la presente denuncia los siguientes hechos y consideraciones de derecho
HECHOS
Manejo indebido de recursos públicos, fraude y peculado.
Primero: en la contabilidad del gobierno del estado de Guerrero para el registro de ciertos egresos y adeudos, están los reportes de la caja de la Secretaría de Finanzas, que concretamente está contenido en estos informes que tenemos aquí a la vista, donde del análisis de vales y resúmenes concentrados por nombre, del análisis de vales y resumen concentrado por importancia de adeudo y nombre y del análisis de vales por adeudos de gastos a comprobar, además del análisis de vales por fondo revolvente de administración, todos ellos al 31 de agosto de 1989, se desprenden montos totales contenidos en los informes "A" y "B" que vamos a anexar y que acreditan los mismos en lo general:
El indebido manejo de 51 mil 411 millones 700 mil pesos moneda nacional, el equivalente al 14% de los ingresos legales del gobierno del estado de Guerrero para 1989, en favor de 494 personas que ahí se señalan, amparados por vales personales.
Segundo: lo indebido de manejar ulteriormente de la cantidad total anterior, sin la comprobación del debido gasto, el monto de 42 mil 247 millones 892 mil pesos, que es el 12% de los ingresos legales del gobierno del estado de Guerrero para 1989, por concepto de vales personales por gastos a comprobar y de no manejarse con precisión mínimamente controlable del día al cual se hace la afectación del grueso de esos recursos públicos. El resto de dicha cantidad, 9 mil 163 millones de pesos 800 mil, que es el 2.6% de los ingresos legales anuales, se manejó en vales personales contabilidad en Programa de Desarrollo Rural, en fondos especiales, fondos normales a cuenta de sueldos y en fondo revolvente de dependencia.
Ello no sólo refleja el inaudito desorden administrativo, presupuestal y financiero en que se encuentra el gobierno del estado de Guerrero, también es suficiente para acreditar el manejo indebido de fondos y recursos federales por parte del gobierno José Francisco Ruíz Massieu, que prevé el artículo 108 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para sustentar su enjuiciamiento político en los términos del artículo 110 de la propia Carta Magna, y en un grado de corrupción generalizado en el manejo de los fondos públicos en el estado de Guerrero y las presumibles responsabilidades consecuentes, no sólo políticas sino también penales del gobernador.
Esto debe de ser indubitable cuando se comprueban, como se hace más adelante, el manejo todavía anteriormente indebido por el que los vales de sólo 17 personas de acuerdo con los informes oficiales ascendieron a 25 mil 358 millones 58 mil 52 pesos moneda nacional que asciende al 7.5% de los ingresos legales del gobierno del estado de Guerrero para 1989.
Otra muestra de desorden presupuestal y financiero, es que los recursos propios del gobierno del estado de Guerrero no se presentan desglosados de las participación federales incluidas en la Ley de Ingresos, la cual establece que se percibirán en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal, según convenios de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, por lo que necesariamente los registros contables de los informes referidos, comprenden el manejo indebido de recursos federales en los términos del artículo 108 constitucional.
En lo particular el uso indebido de los recursos públicos por estas afectaciones por haber una aplicación distinta a las que se les destinó en los términos de la fracción IV del artículo 223 del Código Penal para la República en Materia de Fuero Federal tipifica el peculado que regula las participaciones federales y que se extrema en múltiples registros de los cuales sólo en este momento señalaremos algunos por nuestro interés de subrayar.
Hay un registro de vale vencido a nombre del señor McAllen Texas del 28 de julio de 1988 con el gobierno del estado de Guerrero por 200 millones de pesos con cargo a varias dependencias
por concepto de "gastos a comprobar". El señor McAllen Texas, como que ha de vivir en Estados Unidos de América.
También se manejaron 1 mil 303 millones 521 mil pesos con vales vencidos por concepto de giras de trabajo de 13 personas incluyendo la gira de una impulsora editorial. Esto en nuestra opinión es otra muestra grotesca de la afectación ilícita de recursos públicos de acuerdo con la relación y los registros siguientes, los estamos detallando, donde estamos señalando por darles un ejemplo, los registros 8328 del 23 de julio de 1988, por 6 millones de pesos, el registro 9871 del 7 de julio de 1988, por 150 millones de pesos por giras de trabajo a cargo de varias dependencias a nombre del señor diputado Jaime Castrejón Díez.
El caso también de Impulsora Editorial de Guerrero por 100 millones de pesos sin estar a cargo de dependencia alguna, con el registro 10373 del 9 de agosto de 1988, por giras de trabajo.
Tenemos el de Miguel Ángel Olguín Salgado, con vales vencidos por 30 millones de pesos y vales por vencer por 25 millones de pesos correspondientes a los registros 7167, 8747 y 8909, los vales se hacen con cargo a la secretaría privada y a varias dependencias.
Todos estos rubros de giras de trabajo los tenemos, como decía, y varios más que están aquí señalados en el cuerpo de la denuncia con el número de registro y la fecha respectiva.
Hay otro renglón: se manejaron 239 millones 650 mil pesos con vales por gastos a comprobar de seis periodistas que informan sobre los hechos y la conducta pública en el estado de Guerrero, y que presumimos peculado en su modalidad de pagos para promover la imagen político-social del gobernador y a fin de denigrar a quien él ha indicado para usar los términos del artículo 223, fracción II del Código Penal. Tenemos seis nombres aquí de los interesados, que se encuentran también en el cuerpo de la denuncia y están en estos documentos de computadora del gobierno del estado para quien los desee examinar y que están señalados como anexos en el cuerpo de esta denuncia.
Los indicios de peculado claramente corruptor de la división constitucional de los poderes Legislativo y Ejecutivo en el estado, en nuestra opinión se hacen evidentes con el registro de vales personales del señor Miguel Bello Pineda, coordinador del congreso del estado por un monto total de 121 millones 45 mil 834 pesos bajo el concepto de gastos a comprobar, y además por un monto de 2 millones 500 mil pesos por concepto de fondo revolvente.
En su cuenta de gastos a comprobar, se registran vales vencidos por 31 millones vales por vencer por 89 millones, todos ellos con cargo al congreso del estado conforme a los registros 5311 y demás que comprueban una gran irregularidad en los pagos del Ejecutivo al coordinador del congreso, que amparan estos vales tanto en lo que hace a su frecuencia, como lo que hace a su monto, por lo que se muestra la entera arbitrariedad para determinarlos, y para controlar, consecuentemente, la conducta de recipendario y deudor.
La corrupción extrema del proceso político en el estado de Guerrero y en el manejo de los recursos públicos se vuelven a hacer ostensible en los vales personales de caja a nombre, algunos que voy a mencionar, en el caso de Jesús Ramírez Guerrero, secretario de gobierno y presidente de la comisión estatal electoral, con vales vencidos por 50 millones de pesos, por dar números cerrados, y con vales por vencer por 36 millones de pesos, con registro 5162 y otros que tenemos señalado aquí.
Igualmente aparecen en estos vales personales de caja el señor Miguel Ángel Olguín Salgado, presidente del comité en ese tiempo, del comité directivo estatal del Partido Revolucionario Institucional, con 55 millones de pesos con cargo a la secretaría privada y a varias dependencias.
Así también David Augusto Sotelo Rosas, secretario del comité directivo estatal del Partido Revolucionario Institucional por 82 millones de pesos por gastos a comprobar sin cargo a dependencia alguna, de acuerdo a los registros 9187 y demás.
Existe una variedad de agentes operativos del Partido Revolucionario Institucional, de los que se presenta una muestra de 15 de ellos en el contenido de la denuncia, de diversos niveles, ilustrativos y que en conjunto registraron 1 mil 742 millones 897 mil pesos con vales personales de caja exclusivamente de gastos a comprobar, lo que ratifica la corrupción extrema del proceso político y la administración pública en el estado de Guerrero por distracción de dinero perteneciente al estado para usos distintos de su objeto, en los términos del artículo 223, fracción I del Código Penal Federal.
En seguida se desglosan los nombres de estos agentes operativos del Partido Revolucionario Institucional, que por motivos del tiempo quisiera remitirme a las hojas 10 y 11 del cuerpo de la denuncia que presentamos.
En nuestra opinión, la vocación por el peculado y el espíritu de violencia y represión que domina en el gobierno del estado de Guerrero, también muestran estar vinculados, según se desprende de su contabilidad, de gastos a comprobar referentes a grupos antimotines, de cartuchos, chalecos antibalas, etcétera.
Por otra parte, se registran 25 mil 358 millones 50 mil 800 pesos como pasivos inauditos generados con recursos públicos que exceden 450 millones de pesos por individuo y que sobrepasan los 9 mil y están amparados con vales totales, principalmente por gastos a comprobar, de 17 personas. Podríamos señalar aquí algunos nombres que ustedes han conocido a través de la Prensa: Ángel Aguirre Rivero, Israel Soberanis Nogueda, entre otros.
Lo que muestra o puede ser, a nuestro juicio indicativo, en lo particular, de manejo indebido de recursos públicos y de los delitos consecuentes por su monto, su cargo, vencimiento y su concepto, como lo acreditamos con los anexos "A" y "B" que hemos ya mencionado.
También se registran 3 mil 843 millones de pesos con vales principalmente vencidos, de 24 personas que muestran o pueden ser indicativos en lo particular de manejo indebido de recursos públicos y de los delitos consecuentes por su monto, concepto, cargo o vencimiento. Entre ellos, tenemos aquí desglosados a una serie de personas físicas; el de una agencia de viajes; de una empresa industrial del marmol; entre otras, en relación a este concepto.
Vale mencionar, en estos, que hay uno a cargo del señor Arturo Martínez Natera, con vales vencidos de gastos de participación del Estado o comprobar, por 57 millones de pesos, con cargo a varias dependencias, de acuerdo con los registros 7826, 7862 y 7969.
Esto, en nuestra opinión, entre todo dentro del rubro de manejo indebido de recursos públicos que para nosotros, encajan clara y nítidamente en los supuestos del artículo 108 constitucional, del 5 de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos y en el 223 del Código Penal Federal.
Para nosotros esto sería motivo suficiente, de acuerdo a lo señalado, a lo descrito y a las pruebas que estamos, con los elementos de prueba como nos lo exige el artículo 2 de la Ley Federal de Responsabilidades, elementos suficientes para iniciar el juicio político.
Sin embargo, no podemos pasar por alto el aspecto de las violaciones graves a la Constitución General de la República, que a partir del proceso electoral del 3 de diciembre de 1968, celebrado en el estado de Guerrero, para elegir ayuntamientos y diputados al congreso del estado, certifica, y en nuestra opinión con claridad imputa un ataque generalizado a la soberanía popular y a los derechos políticos de los guerrerenses que establecen los artículos 39, 40, 41 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el gobernador del estado José Francisco Ruíz Massieu, auspició, permitió y protegió bajo su autoridad, en las fases de preparación, votación, escrutinio y cómputo de este proceso electoral.
De acuerdo a los documentales que, allá tenemos una caja, fundamentalmente de documentos electorales, estamos aportando elementos suficientes que demuestran innumerables irregularidades en el proceso electoral, como la no instalación de casillas físicamente, otras no se instalaron legalmente; en otros casos, la documentación electoral respectiva no se entregó el día de la elección; en otros más se anularon fraudulentamente votos a favor del Partido de la Revolución Democrática; Además se registraron listas adicionales de votantes sin credencial de elector.
Hay en las actas finales de escrutinio y cómputo, votos adicionales al padrón sin que aparecieran en las listas adicionales. Las actas finales de escrutinio y cómputo atribuyeron votación adicional al Partido Revolucionario Institucional y no corresponden a las boletas depositadas. Las casillas no permanecieron abiertas durante el tiempo que exige la ley. El número de electores registrados en actas finales de escrutinio y cómputo fue superior a la suma del padrón. Se computaron votos inexistentes, por encima del padrón electoral y del número de ciudadanos residentes a la circunscripción de la casilla. Se forzó delictuosamente con amenaza de armas de fuego a que representantes del Partido de la Revolución Democrática se retiraran de las casillas. Representantes del Partido Revolucionario Institucional usurparon delictuosamente las atribuciones de las mesas directivas de casillas.
Se atribuyó, fraudulentamente, votación a favor de candidatos del Partido Revolucionario Institucional correspondiente a casillas que no se instalaron. Se adulteró el cómputo de la votación a favor de candidatos del Partido Revolucionario Institucional sin correspondencia con las actas finales de escrutinio y cómputo de casilla. Hubo representantes del Partido Revolucionario Institucional que robaron actas finales de escrutinio y cómputo con votaciones ampliamente favorables a los candidatos del Partido de la Revolución democrática. El número de boletas registradas en
los paquetes electorales fue superior al número de boletas entregadas legalmente a las casillas. No se entregaron las copias de actas finales de escrutinio y cómputo de casillas y de cómputo municipal a representantes del Partido de la Revolución Democrática. Se incineraron boletas electorales con votaciones ampliamente favorables al Partido de la Revolución Democrática. Se usurparon funciones de los comités municipales electorales.
El ataque generalizado a la soberanía del pueblo y a los derechos políticos de los guerrerenses, auspiciada, permitida o protegida por la autoridad del gobernador José Francisco Ruíz Massieu, utilizando delictuosamente la fuerza pública, en grave violación de las garantías individuales que otorgan los artículos 9º., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos llegó al extremo de robar y adulterar la documentación electoral de municipios completos. Esto se comprueba en los casos, en este momento presentamos nada más de tres municipios, vamos a hacer una ampliación; pero en este momento tenemos el de Teleololapan, el de Tlacoachistlahuaca y el de Malinaltepec, donde en el caso del primero, el personal de la policía motorizada del gobierno del estado, impidió que los comités municipales y distrital competentes abriesen los paquetes electorales e hiciesen el cómputo correspondiente al municipio, sustrayendo ilegalmente de sus oficinas la documentación del caso, atacando y lesionando delictuosa, alevosa e impunemente a decenas de personas, incluyendo mujeres y menores, y cuya denuncia específica se presenta por separado.
Tlacoachistlahuaca donde un agente del gobierno del estado, con representación del Partido Revolucionario Institucional recibió ilegalmente de la comisión estatal electoral la documentación que debió de haberse entregado al comité municipal electoral y la distribuyó ilegalmente, por lo que no se instalaron conforme a derecho 90% de las casillas. Además se agredió a mano armado a los integrantes del comité municipal electoral y se pretendió despojarlos de la documentación electoral.
El Malinaltepec en donde representantes del Partido Revolucionario Institucional y de la comisión estatal electoral acompañados por elementos de la policía judicial del estado, sustrajeron ilegalmente la custodia del comité municipal electoral, las boletas y las actas finales de escrutinio y cómputo de las casillas que aparecieron ulteriormente con datos y firmas alternadas, favoreciendo a la planilla del Partido Revolucionario Institucional.
El presidente de la comisión estatal electoral y secretario de gobierno, Jesús Ramírez Guerrero, bajo la autoridad del gobernador José Francisco Ruíz Massieu, con antecedentes en los hechos fraudulentos y delictuosos, referidos antes, anunció el 11 de diciembre de 1989, que habían concluido los trabajos de cómputo en los 75 comités municipales electorales con absoluta arbitrariedad, sin ninguna fundamentación, sin apuntar los resultados de los cómputos particulares por cada municipio y en general para el estado. Trabajos por los que se resolvió otorgar 55 municipios al Partido Revolucionario Institucional; uno al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; tres al Partido de la Revolución Democrática y uno la Partido Revolucionario de los Trabajadores.
En 14 municipios señaló que no existieron condiciones materiales que permitieran que los comités municipales electorales ejercieran eficientemente sus atribuciones legales o que no contaron con los medios a su alcance para expedir la constancia de mayoría con fundamento legal, por lo que los asuntos pendientes, dijo, serán reconocidos y resueltos en definitiva por el honorable congreso del estado.
El cómputo dictado por Jesús Ramírez Guerrero, bajo la autoridad del gobernador, fue la segunda instancia de la defraudación electoral y ruptura generalizada del orden constitucional en el estado, por violar gravemente la soberanía popular, los derechos políticos y la división de los poderes Ejecutivo y Legislativo, establecidos en los artículos 39, 40, 41, 115 y 116 de la Constitución, de acuerdo con los siguientes hechos específicos.
El secretario de gobierno, bajo la autoridad del gobernador, usurpó de plano las funciones de la comisión estatal electoral individualizando en su persona las competencias legales del cuerpo colegiado.
El dictado del secretario de gobierno no estuvo fundado en el cómputo de los sufragios efectivos de los ciudadanos guerrerenses, sino en el dictado arbitrario, despótico y de imparcialidad absoluta en favor del Partido Revolucionario Institucional, despojando al Partido de la Revolución Democrática de sus triunfos en más del 60% de los ayuntamientos.
El atropello de la legalidad por parte del secretario de gobierno llegó a lo grotesco al dictaminar abiertamente una vez que habían vencido los plazos legales.
En la misma forma, en el boletín público sobre el supuesto dictamen de la comisión, se atribuyó descaradamente las atribuciones de esta comisión.
Otra muestra grotesca del despotismo del gobierno del estado fue la omisión del municipio de Apango que hizo el señor Ramírez Guerrero, al dar a conocer el resultado de sus elecciones.
A pesar del robo generalizado de la documentación electoral por parte del Partido Revolucionario Institucional, de autoridades electorales y gubernamentales, el pueblo acreditó claramente su triunfo en 27 municipios que habían sido despojados por el presidente de la comisión estatal electoral, incluso el congreso del estado se vio forzado a exhibir la absoluta arbitrariedad del presidente de la comisión al triplicar el número de ayuntamientos en los que oficialmente se reconoció el triunfo del Partido de la Revolución Democrática.
El control indebido del gobernador sobre la conducta del señor Ramírez Guerrero, y a través de él sobre la comisión estatal electoral, también puede acreditarse, entre otras cosas, por los acuerdos económicos referidos hace un momento.
La última instancia de la defraudación electoral y ruptura generalizadas del orden constitucional en el estado, por violar gravemente la soberanía popular, los derechos políticos y la división de poderes, fue la calificación de las elecciones que hizo el congreso del estado por determinación directa que hizo pública y presuntuosamente el gobernador José Francisco Ruíz Massieu, el 23 de diciembre de 1989, de acuerdo con los siguientes hechos específicos.
Primero. El congreso del estado calificó las elecciones atribuyendo 56 ayuntamientos al Partido Revolucionario Institucional; nueve al Partido de la Revolución Democrática; dos al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; uno al Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; uno al Partido Revolucionario de los Trabajadores y seis anulados.
Como resultado de esa calificación se despojó sin ninguna duda al pueblo de Guerrero de más del 50% de los ayuntamientos que eligió, entre ellos, a otros partidos aquí presentes en esta Comisión Permanente.
Segundo. El artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordena que el poder público en los estados se dividirá para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.
Congruente con este principio fundamental de nuestra forma republicana de gobierno, la calificación de las elecciones de Guerrero no corresponde al gobernador sino al congreso del estado.
Esto no fue así, violándose incluso las formalidades más elementales, el señor Ruíz Massieu anunció pública y presuntuosamente que la calificación no sería el resultado de la división de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la forma de gobierno de las entidades federativas y de la autonomía consecuente del congreso del estado, que establece el artículo 116 mencionado, como se comprueba con las documentales siguientes:
1º. En carta del 23 de diciembre de 1989, dirigida al director de la Jornada, publicada el 24 de ese mes, donde el señor Ruíz Massieu informó de una comunicación que dirigió al Partido Revolucionario Institucional, sobre cómo los legisladores pertenecientes a ese partido deberían de calificar las elecciones, en el sentido de que el presidente del comité directivo estatal del Partido Revolucionario Institucional considera que en nueve municipios las plantillas perredistas son las triunfadoras, a pesar de los incidentes electorales de muy distinta naturaleza y, que procede la anulación en seis municipios más; también le informa que estima que la comunicación que dirigió al Partido Revolucionario Institucional será considerada por los legisladores priístas en la sesión que hoy por la noche celebrará el honorable Congreso, y como ustedes saben, efectivamente, así ocurrió. Nueve municipios al Partido de la Revolución Democrática y seis anulaciones muy precisas.
En carta también del 23 de noviembre de 1989, dirigida al presidente del comité directivo estatal del Partido Revolucionario Institucional, ciudadano Miguel Ángel Olguín, y publicada en el mismo periódico el 24 de diciembre, expresa en su carácter de gobernador priísta, usurpando funciones del Poder Legislativo, violando grotesca y ostensiblemente el principio constitucional de división del poderes y la autonomía del Congreso del estado de Guerrero, que estima conveniente manifestar a los compañeros que forman parte de la LII Legislatura, que coincide con las conclusiones de la representación priísta en el grupo mixto Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática, en las que han arribado en cuanto a las elecciones de varios municipios y a que proceda la anulación de los comicios en algunos de ellos.
Lo grotesco y presuntuoso de la ruptura del orden constitucional, llega al extremo que el señor Ruíz Massieu señala a los diputados, que el principio de solidaridad de partido de debe compatibilizarse con la autonomía que tienen los legisladores priístas para ejercer su función constitucional en conciencia.
Está también la evidencia de corrupción absoluta de la división constitucional de poderes en Guerrero por los adeudos económicos, indebidos del coordinador del congreso; igualmente es un hecho público y notorio que el señor Ruíz Massieu, es el titular de la responsabilidad política y jurídica por la defraudación electoral generalizada, y por la ruptura consecuente del orden constitucional en el estado de Guerrero, sus cartas públicas de referencia documentan plenamente no sólo estas responsabilidades, sino también la de usurpar las funciones del Poder Legislativo y cancelar el principio constitucional de división de poderes. Como consecuencia de lo anterior resulta evidente que:
Primero. La calificación que hizo el congreso es nula de pleno derecho, pues estuvo determinada por el dictado del gobernador que reunió los poderes Ejecutivo y Legislativo en una sola persona.
Segundo. Los ayuntamientos fundados en esa calificación, anulada por el dictado del señor Ruíz Massieu y sin fundamento en el sufragio efectivo de sus ciudadanos y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son espurios.
Tercero. El pueblo de Guerrero ha reaccionado frente a la ruptura del orden constitucional por parte del gobernador, mostrando una voluntad inconmovible para defender la Constitución y los derechos derivados de ella, impidiendo que prevalezca su atropello.
Esta defensa popular de la Constitución, se ha enfrentado con una violencia creciente, abierta o encubierta, propiciada por el gobierno que ya produjo el homicidio de cuatro guerrerenses y múltiples lesionados gravemente en el municipio de Coyuca de Benítez.
El único camino constitucional para impedir que el gobierno de Ruíz Massieu haga proliferar la violencia, está en el Congreso de la Unión, mediante el enjuiciamiento de sus responsabilidades políticas.
Cuarto. Independientemente del estado de desaparición de los poderes constitucionales que priva, por ésta y otras circunstancias, en el estado de Guerrero, el señor Ruíz Massieu debe de responder ante el Congreso de la Unión por sus responsabilidades políticas, en los términos del artículo 110 constitucional, previa intervención de la Cámara de Diputados como órgano de acusación.
Consideraciones de derecho
Primero. El señor José Francisco Ruíz Massieu es gobernador del estado de Guerrero actualmente, y por lo tanto, sujeto de juicio político, como lo establecen los artículos 108, párrafo tercero, y 110, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el segundo y quinto párrafos, párrafo segundo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Segundo. El señor José Francisco Ruíz Massieu, en cuanto a gobernador constitucional del estado de Guerrero, infringió lo dispuesto en los artículos 108, párrafo tercero, y 109, fracción primera de nuestra Carta Magna, así como lo señalado en los numerales quinto y séptimo, fracciones primera, tercera y cuarta de la mencionada Ley de Responsabilidades. Y además presumimos, incurrió en conductas delictuosas previstas en el artículo 223 del Código Penal para toda la República en Materia de Fuero Federal.
Por todo lo anterior, es procedente se inicie juicio político contra el señor José Francisco Ruíz Massieu, gobernador constitucional del estado de Guerrero, por las conductas ilícitas imputables a él, según lo disponen los artículos 109 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a los artículos 1º., 2º., 3º., 9º., 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de la referida Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Por lo expuesto y fundado, solicitamos a esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General:
Primero. Se tenga por presentada esta denuncia de juicio político de actos imputables al señor José Francisco Ruíz Massieu, gobernador constitucional del estado de Guerrero, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la multicitada Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en virtud de que se satisfacen todos los requisitos previstos en este numeral, incluyendo los elementos de prueba, detallados en el cuerpo de este escrito, y que se hace evidente la obligación constitucional y legal de darle curso inmediato.
Segundo. Se nos ratifique en el acto de presentación de esta denuncia, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 12 de la referida Ley de Responsabilidades.
Tercero. Se turne de inmediato a las comisiones unidad de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, con el propósito de que resuelva lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Responsabilidades, dictaminando que:
a) El señor José Francisco Ruíz Massieu, es Gobernador constitucional del estado de Guerrero, de los Estados Unidos Mexicanos;
b) Que la denuncia le atribuye violaciones graves a la Constitución federal de Responsabilidades y el manejo indebido de fondos y recursos federales que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales, incurriendo en los supuestos previstos en los artículos 108, párrafo tercero, y 109, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en los artículos 5º., 6º., y 7º. de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, así como el artículo 223 del Código Penal Federal;
c) Que se anexan como elementos de prueba documentales las diversas que se señalan en el cuerpo de la presente denuncia, entre ellas todas las referentes al punto segundo, de hechos relacionados a violaciones graves a la Constitución, mismas que se adjuntan por separado, solicitando sean devueltas sus originales, previo este cotejo, de las copias fotostáticas que se exhiben en esta diligencia, y
d) Que la denuncia es procedente y por lo tanto amerita la incoación del procedimiento.
Cuarto. De su sección instructora que, de conformidad con los artículos 13, 14, 15, 16, y 17 de la ley referida, practique todas las diligencias necesarias para la comprobación de las conductas o hechos materia de la denuncia, incluyendo la investigación sobre el manejo indebido de recursos federales, estableciendo las características y circunstancias del caso y precisando la intervención que haya tenido el gobernador del estado de Guerrero, cuyas conductas denunciamos.
Quinto. Que la sección instructora proponga al pleno de la Cámara de Diputados, sobre base en las diligencias referidas en el punto anterior, la aprobación de lo siguiente:
1º. Que están legalmente comprobadas las conductas o hechos de la denuncia;
2º. Que existe probable responsabilidad política del encausado;
3º. Que debe de ser sancionado mediante juicio político ante la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con destitución de su cargo en el servicio público e inhabilitado para desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión en el servicio público por un período de 20 años;
4º. Que la Cámara de Diputados envíe la declaración correspondiente a la Cámara de Senadores en concepto de acusación para los efectos legales respectivos;
5º. De su pleno, que con base en las diligencias y conclusiones de su sección instructora y erigido en órgano de acusación, formule las acusaciones precedentes por las responsabilidades políticas del inculpado ante la Cámara de Senadores, de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal citada, y
6º. Que en su momento procesal, el Congreso de la Unión, de oficio, haga la declaración de procedencia, de conformidad con la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos de los hechos denunciados, ya que los presumimos de carácter delictuoso.
Atentamente.- Palacio Legislativo, D.F., a 10 de enero de 1990.- Firman: senadores Cristóbal Arias Solís; diputado Pablo Gómez Alvarez; diputado Leonel Godoy Rangel; senador Porfirio Muñoz Ledo; diputado Ignacio Castillo Mena; diputado Rosalío Wences Reza; diputado Félix Salgado Macedonio, diputado Miguel Aroche Parra y diputado Ciro Mayén Mayén.»
El C. Presidente: -Para este mismo asunto tiene la palabra el senador Bulmaro Pacheco.
El C. diputado Leonel Godoy Rangel: -Simplemente en atención a que me comentan que llevo una hora, le agradezco por llevarme el tiempo compañero senador.
El C. Presidente: -¿Va a concluir ya compañero?
El C. diputado Leonel Godoy Rangel: -Ya voy a concluir, le agradezco su preocupación; simplemente para decirles que el día de ayer el Partido de la Revolución Democrática dirigió un escrito al Partido Revolucionario Institucional del estado de Guerrero, donde en ocho puntos señalamos nuestras propuestas concretas de cómo resolver este grave conflicto político que ha generado violaciones a nuestra Constitución, y que si son atendidos mediante el diálogo y respetando la voluntad popular, podríamos llegar a feliz término un proceso electoral que ha generado una espiral de violencia que no deseamos continúe. Muchas gracias.
Está a disposición de alguien de representación de esta Cámara o de esta comisión que lo desee, del Partido Revolucionario Institucional, una copia de este escrito que dirigimos al Partido Revolucionario Institucional en el estado de Guerrero. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Sobre el mismo asunto tiene la palabra el senador Bulmaro Pacheco.
El C. senador Bulmaro Andrés Pacheco Moreno: -Señor Presidente; compañeras, compañeros, diputadas, diputados y senadores: De acuerdo con lo que ha venido ha decir aquí el señor diputado Leonel Godoy, en relación a la denuncia que están haciendo, a los ingredientes que contiene el documento tan extenso que se ha leído y que como no es facultad de la Comisión Permanente decidir en tal caso, sino serán las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia las que emitan en su momento el dictamen, es preciso también de acuerdo a lo expresado, de acuerdo al desarrollo de los acontecimientos en el estado de Guerrero que con motivo del pasado proceso electoral del 3 de diciembre originó estas discusiones, estos encuentros constantes entre la autoridad y los partidos, este intercambio de ideas, de opiniones, de pruebas, de argumentaciones, que han venido poco a poco a lograr un clima de tranquilidad, de estabilidad, a través del desarrollo de estos contactos y a través de las instituciones en este mismo estado.
Ha sido el documento que se ha presentado, un conjunto pues de argumentaciones que, al no corresponder a la Comisión Permanente tomar cartas en este asunto, seguramente la Cámara de Diputados en sus comisiones que ya mencioné, habrá en su momento de emitir su dictamen.
Sin embargo es útil presentar a ustedes también algunas consideraciones que tiene que ver con la estrategia política que han adoptado los priístas, el gobierno del estado de Guerrero, otros partidos en relación a los problemas que han derivado en este exceso, diría yo, sensacionalismo o de estrategia publicitaria que ahora el Partido de la Revolución Democrática ha adoptado quizá para cubrir otros problemas o no atender lo verdaderamente importante en el caso de Guerrero.
Se ha celebrado un diálogo permanente con lo partidos de oposición para dirimir las controversias y los conflictos que todavía pudieran presentarse en el estado con motivo de esas elecciones. Es así como el secretario general de gobierno, por ejemplo, ha estado con el Presidente del Partido de la Revolución Democrática en Coyuca de Catalán; el mismo gobernador se ha reunido en repetidas ocasiones con algunos dirigentes del Partido Acción Nacional, con dirigentes del Partido de la Revolución Democrática de otros municipios y un intercambio, insisto, permanente, constante y frecuente del gobernador y de las autoridades del estado para resolver por la vía pacífica, legal e institucional estos problemas.
Sin embargo, interesa por ejemplo presentar a ustedes algunas opiniones de un distinguido perredista, por ejemplo dice Othón Salazar: "Ruiz Massieu no merece un juicio político; disiente, rechaza el ex alcalde perredista un referendum como medio de solución en Alcozauca.
Tenemos también un documento del que ha hecho mención el señor diputado Leonel Godoy Rangel, en el que cuatro distinguidos miembros del Partido de la Revolución Democrática estatal, los diputados Rosalío Wences Reza, Efraín Bermúdez, Félix Salgado Macedonio y Rafael Aréstegui Ruíz, presentan a Israel Soberanes Noguera, presidente del comité directivo estatal del Partido Revolucionario Institucional en Guerrero, en ocho puntos para llegar a un acuerdo, cito textualmente: "con base en los acuerdos que tomamos el día de hoy, les presentamos una propuesta formal para darle una salida política a la situación actual".
Entre esos ocho puntos está, por ejemplo, la creación de un municipio en Marquelia; que el Partido Revolucionario Institucional debe desalojar los ayuntamientos de Alcazauca y de Tlaltenoc y evitar el derramamiento de sangre; que el gobierno se desista a la acción penal en todos los casos que perredistas que han participado en las luchas que se han dado por la defensa del voto, entre otros casos en los cuales se deben establecer consejos municipales. En fin, las demandas fundamentales que el Partido de la Revolución Democrática a nivel estatal está haciendo a Israel Soberanes Noguera.
Tenemos otro documento en el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, donde dice que con todas estas acciones el Partido de la Revolución Democrática tiene un solo propósito: enfrentar a la gente inocente para que provoque a la policía cuando la misma trate de imponer el orden, y de ser posible, agredirlos con armas para que haya víctimas y se haga responsable al propio gobierno del estado. Entre otras cosas, que sepan que ellos son mayoría, cosa inexacta, ya que el pueblo de Guerrero ha sabido dar su voto a quienes han querido y cuyos resultados ya se han manifestado.
Un distinguido priísta, diputado de esa Legislatura, el compañero Vicente Fuentes Díaz, ha dicho: "se ha aprovechado la oposición, sobre todo el Partido de la Revolución Democrática para crear en varios lugares de Guerrero una situación confusa y anárquica y lo han hecho con armas de mala ley: la agresión física, el terrorismo verbal y son los recursos preferidos de esa oposición, por agresión física al margen de la ley es la toma de ayuntamientos".
Otra opinión de Arturo Martínez Natera donde dice: "la denuncia de desviación de recursos es falsa, el perredista Juan Cervantes entregó a Efraín Bermúdez, vocero del Partido de la Revolución Democrática, una sábana con datos de computadora cuyo significado se ha desfigurado. Se falsea y se manipula con el fin de sorprender al comité nacional del Partido de la Revolución Democrática y al propio Cuauhtémoc. Los periodistas guerrerenses ya han dado cumplida respuesta a los infundios del señor Bermúdez, quien soslayó que en la información aparece el mismo, así como otros distinguidos militantes perredistas.
Con mala fe, Bermúdez sostiene que recibí financiamiento para mi campaña electoral, falso, Bermúdez conoció de mi propia versión que el gobierno adeudaba una parte de su participación en el organismo público de participación social "Café Acapulco", que es una sociedad pública y legalmente constituida entre la cooperativa "La pintada" y el gobierno del estado".
"Desafío -sigo citando-, a Efraín Bermúdez a un debate público; le reclamo rectificación, de lo contrario, si en 30 días no lo hace presentaré denuncia penal por difamación. ¡Basta ya de calumnias, alto a la impunidad!". Cita textual.
Posteriormente, compañeros, se hace pues un recuento de los resultados electorales en el estado de Guerrero, independientemente del grado de organización, de presencia, de la dispersión de la misma fragmentación y de los acuerdos también difíciles entre una dirigencia municipal, estatal y nacional del Partido de la Revolución Democrática por presentar como consistencia propuesta de solución al problema, porque una cosa son las tácticas sensacionalistas que se han utilizado, como esa demanda de juicio político, y otra cosa los problemas prácticos, reales que se enfrentan en el estado de Guerrero y donde también están inmersos en esta discusión los compañeros del Partido de la Revolución Democrática y otros partidos.
Es decir, si del total de posiciones al Congreso del Estado, el Partido de la Revolución Democrática ya acepto tres, quiere decir que indirectamente está legitimando y aceptando los resultados de proceso electoral. Si a través del diálogo, como se ha dado, y como no se ha cerrado la vía de ese mecanismo para superar los problemas que se ha enfrentado, se sigue buscando la solución de legalidad, de institucionalidad y de civilidad incluso, podremos hablar de que se ha madurado, de que se ha avanzado y de que todos los guerrerenses, con independencia de intereses sectarios, personales o de grupo, buscan el avance en el estado y buscan también un resultado político satisfactorio para esa entidad y todos los compañeros que han participado en este proceso político. Muchas gracias.
El C. senador Cristóbal Arias Solís: -Señor Presidente, pido la palabra para hacer algunas consideraciones sobre el mismo punto.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el senador Cristóbal Arias Solís.
El C. senador Cristóbal Arias Solís: -Señor Presidente; ciudadanos legisladores: Voy a tratar de ser lo más breve posible. La lectura de nuestro compañero diputado Leonel Godoy, de la denuncia y la solicitud del juicio político, ha sido amplia y muy clara, fundada, pero si tuvieran que escucharse las opiniones de los ciudadanos del estado de Guerrero, sería prolongada por todos lo atropellos de que ha sido objeto por su mal gobernador.
El gobernador del estado de Guerrero se adelanta a los hechos, el día de ayer hace declaraciones que hoy aparecen en los principales periódicos de aquel estado, donde el cinismo que lo caracteriza pretende burlarse de quienes el día de hoy hemos iniciado el mecanismo legal para que se enjuicie al gobernador de Guerrero.
El gobernador de Guerrero, que se considera de los allegados personales y políticos al señor Salinas de Gortari, se siente muy seguro, considera que no habrá de proceder enjuiciamiento alguno porque está apoyado por el gobierno federal, por sus relaciones políticas y sus relaciones personales.
Dice el gobernador de ese estado que la política, su pasión, es también paciencia y que es lo que le sobra al gobernador cuando hay un tipo de excesos, "y tan consciente estoy, dice ese gobernador, de la fuerza del gobierno y de la fuerza del Partido Revolucionario Institucional, que soy más paciente de lo que pensé que iba a ser". Sentenció: "yo mismo, si veo que la conciliación no rinde sus frutos con los dirigentes nacionales y estatales del Partido de la Revolución Democrática, sin más compañía que la de algún amigo, voy a ir a todos y cada uno de los municipios donde hay problemas, yo mismo visitaré a los incómodos y a los enojados para escucharlos, para aconsejarlos, para persuadirles que no hay mejor camino que el de la ley y del respeto a los demás".
Continúa: "el Partido de la Revolución Democrática me va a hacer una enorme distinción que quiero compartir el día de mañana con mis amigos del Partido de la Revolución Democrática, que me va a favorecer con un juicio político que
va a presentar la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Me da material el Partido de la Revolución Democrática para escribir mi biografía. Yo, a veces -dice el señor gobernador- modesto al fin, modesto que soy, deseo de escribir el primer capítulo de la biografía que seguramente no va a tener más interés que para mí, modesto al fin, esto es y será únicamente un mero gesto de presión para ver si el gobernador tiene la firmeza para hacer cumplir la ley, recibiremos el documento y voy a pasar al Partido Revolucionario Institucional para que lo vea y coloque en alguna biblioteca".
Continuar con las declaraciones del gobernador del estado, en otros condiciones provocaría risa de todos nosotros, pero por los graves y dramáticos acontecimientos que se están viviendo en aquel estado, no podemos menos que exigir e insistir en el derecho del pueblo de Guerrero, para que salga como gobernador quien no ha estado a la altura de las responsabilidades que adquirió.
Posiblemente ya se entrevistó con sus protectores, ya le dijeron línea a determinados representantes populares para declarar improcedente y archivar y llevar a la biblioteca del Partido Revolucionario Institucional, como lo quiere el gobernador de Guerrero, la denuncia que aquí se ha dado a conocer.
Pero que no cante victoria porque todavía no está escrito el último capítulo de esta lucha política justa del pueblo de Guerrero.
Tal vez no se le enjuicie, quizá su destino sea como el de otros amigos cercanos del dispensador de favores, quizá su destino muy pronto sea también ser asesor personal y político del licenciado Salinas de Gortari.
Peor gobernador, y aquí hay guerrerenses que no nos podrán desmentir, no se ha tenido en los últimos años de la vida política del estado. Habla este señor de estar dispuesto al diálogo, a la concertación y sabemos que en su desesperación, por su incapacidad política de gobernar un estado un pueblo que se ha revelado cívica y políticamente, busca sofocar y reprimir la lucha del pueblo de Guerrero por medio de la violencia. Pide a gritos desesperados, ya ante la insuficiencia de las fuerzas públicas estatales y de las fuerzas policiacas mercenarias contratadas y llevadas a otras entidades de la República, militantes del propio Partido Revolucionario Institucional, ante la falta de apoyo de los propios que se dicen militantes del Partido Revolucionario Institucional en aquel estado, que intervenga el Ejército.
Está buscando afanosamente ese apoyo del gobierno federal de que una vez más, indebida e inconstitucionalmente, se utilice a las fuerzas armadas nacionales para reprimir, para sostener a quienes no puedan sostenerse con el apoyo del pueblo.
Afortunadamente no ha encontrado eco en sus demandas, porque sentimos que existe también, conciencia de las fuerzas armadas de México de que no es su función apoyar y ser sostenedores de los fraudes electorales del Partido Revolucionario Institucional y del gobierno; que son elevadas las funciones constitucionales de nuestro Ejército Nacional para salvaguardar la soberanía y la seguridad interna de nuestro país y no para entrar al servicio de los intereses del Partido Revolucionario Institucional y del grupo gobernante.
¿Podemos esperar algo del llamado diálogo, del llamado a la concertación?, con declaraciones recientes, aparecidas el día de ayer en la Prensa nacional, de empleados del más alto nivel y de confianza del gobernador del estado de Guerrero, del Procurador General de Justicia de nombre José Rubén Robles Catalán, quien ahora quiere hacer aparecer a los agredidos, a los heridos, a los golpeados, y a los asesinados, como agresores y responsables de la violencia desatada por el gobierno y sus bandas de represores.
Lo que quiere es prohibir la participación y la presencia de los dirigentes de una organización política nacional como el Partido de la Revolución Democrática en aquel estado. Dice este señor al satanizar y pretender linchar políticamente a los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática, dice por ejemplo que: "Cuauhtémoc Cárdenas ha demostrado en Guerrero una conducta irreflexiva, que no tiene ninguna legalidad, además de que es generador de la violencia, que origina acciones funestas para sus propios militantes".
Dice que es un sujeto, que avienta a su gente a la muerte, a la provocación sanguinaria entre hermanos guerrerenses. Se la acusa, lo acusa el Procurador del gobernador, de ser el único y directo causante de catos fuera de la ley, abusando del clima de tranquilidad y de la paz social que antes se vivía en la entidad, siempre está donde hay violencia, la alienta y en vez de actuar como un dirigente del partido nacional, que hable y dialogue con sus militantes para encauzarlos a otros tipos de protestas, los lanza a atacar con machetes, armas de fuego y todo objeto que pueda lesionar gravemente a matar a un ciudadano, violando así la ley y la paz social de un pueblo, esto lo dice el Procurador General de Justicia del estado de Guerrero.
Es inaudito que el ex gobernador que fue militante del Partido Revolucionario Institucional,
aliente tareas bélicas que propician la incertidumbre, la zozobra, el caos, la muerte para sus propios militantes y simpatizantes. Eso no queda a ningún líder a menos que esté loco, aturdido por la ambición del poder, lo dice el representante del gobernador de Guerrero.
Señala que no hay vacío de poder ni en Coyuca de Benítez ni en el resto de la entidad; la policía judicial del estado, la Procuraduría General de Justicia vigila por la seguridad, por la tranquilidad de los guerrerenses, no por que Cárdenas Solórzano le haya dado el poder municipal a uno de sus militantes para convertirlo en edil de Coyuca, el resto de los ciudadanos vivirán con temor y carentes de garantías constitucionales.
La Procuraduría General de Justicia está obligada a prestar sus servicios a todos los partidos, no tiene línea política más que de que se respete el orden.
Dice el otro empleado de más alto nivel, del gobernador del estado, el presidente del comité directivo estatal del Partido Revolucionario Institucional: yo acuso y responsabilizo a Cárdenas Solórzano de ser el directo y máximo culpable de los crímenes ocurridos en Coyuca.
Manifestó que el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, en el mismo tono de lenguaje conciliador, concertador, negociador, moderado y mesurado del procurador de justicia del gobernador del estado, que la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática, sólo viene a Guerrero a crear un clima de violencia, de pánico, de intranquilidad y de muerte. Este sujeto, se refiere nuevamente a Cárdenas, también el Presidente del Partido Revolucionario Institucional, abusa de la libertad de expresión que aquí en Guerrero se vive y se respeta. Viene y sale libremente a su antojo, pero antes de irse ejecuta acciones bélicas que ponen en peligro el estado y la vida propia de sus seguidores; no mide las consecuencias, prende la mecha y se va, dejando a su gente y al resto de los guerrerenses para que se maten entre ellos mismos.
Ante estas circunstancias, el Partido Revolucionario Institucional, en el estado, va a realizar el viernes próximo una manifestación a las 17.00 horas, en el puerto de Acapulco, para patentizar su máximo apoyo a los actuales presidentes municipales que ganaron legalmente los comicios del pasado 3 de diciembre.
El representante, el presidente del comité estatal del Partido Revolucionario Institucional, dice, ante pregunta de los periodistas, sobre el problema en Alcozauca, dice él que ahí ganó el Partido Revolucionario Institucional, que él simpatiza con quienes están posesionados por ver a la fuerza los "antorchos", que simpatiza con ellos, que son priístas, que están en su derecho, que aquí existe tranquilidad, orden, que no existe ningún problema.
Sería muy largo estar aquí reseñándoles, cómo nuestro senador Bulmaro Pacheco, que trajo más recortes periodísticos que yo y más declaraciones, baste esto, que no quede muy claro, que creo que el señor senador de Sonora, no ha tenido oportunidad de entrevistarse personalmente con quienes le han proporcionado información únicamente viene aquí a tratar de hacer una defensa de quien es indefendible con algunos boletines que aparecen en la Prensa nacional, con las declaraciones de quien sí es sensacionalista y no el Partido de la Revolución Democrática, el gobernador del estado, dimos aquí lectura a su frivolidad, a la falta de seriedad y de responsabilidad, a la falta de respeto que le merece los procesos electorales, los grupos minoritarios, según él, engañándose a los que paternalmente, dicen que va a ir a orientar, a aconsejar.
Yo creo que éste es uno de los asuntos más importantes que se ha tratado a lo largo de esta miscelánea, como la llamó, de esta larga sesión el destacado, creo que ya se fue, el eminente jurista y tratadista de derecho, aunque no recuerdo jamás haber leído algún texto, en los años que estuvimos en la facultad de Derecho, y que ahora involuntariamente y sin querer estamos siendo sus alumnos en las clases de derecho en que ha convertido estas sesiones, el señor diputado Lanz Cárdenas, con la reminiscencia romántica de la nostalgia, que ha pasado un poco de moda, en sus recuerdos de derecho romano, seguramente.
Esto es lo más grave, de lo más importante que estamos tratando; dentro de la frivolidad, del sensacionalismo con que está actuando el gobernador del estado de Guerrero, señores legisladores, está preocupado y desesperado; quiere hacerse parecer como muy seguro de sus relaciones políticas, personales o familiares, de su cercanía con los hombres de poder público federal y quiere minimizar a un pueblo que está en pie de lucha y que no habrá de cejar en que se respeten los triunfos que legítimamente obtuvo y que no habrá también de cejar en su empeño de que de destituya a quien nunca debió haber estado como gobernador del estado.
Por ello, no nos equivocamos cuando afirmamos que sátrapas como él ha tenido que salir; si no han sido enjuiciados políticamente, penalmente; si no han rendido cuentas claras de los recursos
económicos que han manejado indebidamente, los han tenido que sacar y reacomodarlos en algunos otros cargos, como ocurrió con el gobernador, y no vengo aquí a hacer ninguna defensa, pero a como están las cosas en Guerrero, menos sátrapa que el de Guerrero, como lo fue en Michoacán, Luis Martínez Villicaña.
Creo que este gobernador lo supera en esa competencia de los malos gobernadores, de los amigos han estado y están de gobernadores del señor licenciado Salinas de Gortari. Su destino entonces va a ser, si no se le enjuicia, acabar como asesor de su gran amigo. (Aplausos.)
El C. Presidente: -Que se deposite la denuncia presentada y la documentación que la acompañan en la oficialía mayor de esta Cámara, a fin de que los denunciantes cumplan con los extremos a que se refiere el artículo 12 de la Ley Federal de Resposabilidades de los Servidores Públicos. Una vez cumplidos esos puestos, turne la oficialía mayor a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, para los efectos que señala el artículo 12 mencionado.
Continúe la secretaría con sus asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario senador Fernando Silva Nieto: -Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Comisión Permanente.- Primer Receso.- Segundo año.- LIV Legislatura.
Orden del día
Enero de 1990.
Lectura del acta de la sesión anterior
El Congreso del Estado de México, invita a la sesión solemne en la que el ciudadano licenciado Ignacio Pichardo Pagaza, gobernador constitucional del estado, rendirá su Primer Informe de Gobierno, que tendrá lugar el 20 de enero.
Dictámenes a discusión
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano licenciado Víctor Manuel Camacho Solís, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Quetzal, el grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de Guatemala.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano licenciado Diego Valadés Ríos, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Antonio José de Irisarri, que le confiere el gobierno de Guatemala.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto, por el que se concede permiso a los ciudadanos Eugenio Anguiano Roch y Rubén Felipe Arías Arciniega, para aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de Argentina.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto porque se le concede permiso al ciudadano Francisco Roux-López, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Leopoldo II, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de Bélgica.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por la que se concede permiso al ciudadano licenciado Miguel Alemán Velasco, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Francia.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Clemente Robles Castillo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Andrés Bello, en su Primera Clase, que le confiere el gobierno de Venezuela.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por que se le concede permiso al ciudadano Sergio González Gálvez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Cruzeiro del Sur, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de Brasil.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Miguel Ángel López Merino, para prestar servicios en la Delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Lilia Cruz, para prestar servicios en la embajada de la República de Venezuela en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Jesús Alcocer Hernández y María Susana Gordoa Martínez, para prestar servicios en la embajada de la República de Corea en México.
Y los demás asuntos con los que la secretaría dé cuenta.»
El C. Presidente (a las 19.35 horas): -Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo miércoles 17 de enero a la 11.00 horas.»
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y DIARIO DE LOS DEBATES