Legislatura LIV - Año II - Período Comisión Permanente - Fecha 19900124 - Número de Diario 5
(L54A2PcpN005F19900124.xml)Núm. Diario:5ENCABEZADO
LIV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Lic. Guillermo Jiménez Morales
RECINTO LEGISLATIVO
CENTRO MEDICO NACIONAL
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Lic. Benjamín Martínez Martínez
Año II México, D.F., miércoles 24 de enero de 1990 No.5
SUMARIO
ASISTENCIA
La secretaría notifica que hay quórum.
APERTURA
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión, se aprueba.
INVITACIÓN
Del Congreso del Estado de Jalisco, a la sesión solemne en la que el ciudadano Guillermo Cosío Vidaurri, gobernador Constitucional del estado, rendirá el primer informe de gobierno el día 1o. de febrero. Se designa comisión.
COMUNICACIONES
Del Congreso del Estado de Jalisco, relativas a la clausura del Segundo Período Ordinario de Sesiones, y de la instalación de la honorable diputación permanente, así como de la mesa directiva para la LII Legislatura. De enterado.
Del Congreso del Estado de Aguascalientes, relativa a la elección de su mesa directiva para la LIV Legislatura. De enterado.
Del Congreso del Estado de Oaxaca, relativa a la clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones y designación de la honorable diputación permanente para la LIV Legislatura. De enterado.
Del Congreso del Estado de Yucatán, relativas a la clausura del Tercer Período Ordinario de Sesiones y de la instalación de la honorable diputación permanente, para la LI Legislatura. De enterado.
Del Congreso del Estado de Yucatán, relativo a la apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones y de la elección de su mesa directiva. De enterado.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
NOMBRAMIENTOS
Para ratificar al ciudadano Manuel Uribe Castañeda, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México, ante el gobierno de la República de Singapur. Se recibe. Se turna a la Segunda Comisión. Para que el ciudadano Elías Laniado Laborín, pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Noruega en Tijuana, con circunscripción consular en los estados de Sonora y Baja California Norte. Se recibe. Se turna a la Primera Comisión.
CONDECORACIÓN
Para que el ciudadano Alejandro von Wuthenau, pueda aceptar y usar la que le confiere el gobierno de la República Federal de Alemania. Se recibe. Se turna a la Primera Comisión.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Para que la ciudadana María de Lourdes Morales Rivera, pueda prestar servicios en la embajada de Belice en México. Se recibe. Se turna a la Primera Comisión.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
CONDECORACIONES
De la Primera Comisión, con proyectos de decreto por los que se concede permiso, para aceptar y usar las que les confieren a los ciudadanos: Eugenio Anguiano Roch y Rubén Felipe Arias Arciniega, por el gobierno de Argentina; Francisco Roux - López, por el gobierno de Bélgica y Miguel Alemán Velasco, por el gobierno de Francia.
Intervienen los diputados Bernardo Bátiz Vázquez y Pablo Gómez Alvarez, para aclarar su posición en relación a la condecoración del ciudadano Miguel Alemán Velasco.
Aprobados los proyectos de decreto. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
TELÉFONOS DE MÉXICO
El diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, del Partido Popular Socialista, presenta una proposición para que funcionarios involucrados en la reprivatización de Teléfonos de México, expliquen a distintas comisiones de la Cámara de Diputados, sobre los planes de esta empresa. Debaten sobre este tema los diputados Pablo Gómez Alvarez, en pro; Humberto Roque Villanueva, en contra y Jesús Antonio Carlos Hernández, para rectificar hechos.
Continúan el debate los diputados Pablo Gómez Alvarez y Jorge Alberto Ling Altamirano, para rectificar hechos; Rogelio Montemayor Seguy, para hacer algunas observaciones y Jesús Antonio Carlos Hernández, para hechos.
Para alusiones personales, interviene el diputado Rogelio Montemayor Seguy. Se desecha la discusión de la proposición. SOBRE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL
El diputado Juan José Medrano Castillo, del Partido Acción Nacional, denuncia algunos actos cometidos por elementos de esta policía y presenta pronunciamiento.
Interviene el diputado Leonel Godoy Rangel, en relación con el mismo tema, para rectificar hechos.
Se turna a las comisiones de Derechos Humanos e Información, Gestoría y Quejas.
SOBRE LA CONTAMINACIÓN EN GUADALAJARA
El diputado Jorge Alberto Ling Altamirano solicita la intervención sobre este problema, para que autoridades federales y locales, vean la posible solución.
Continúan con el tema el diputado Juan Jaime Hernández y el senador
Héctor Mayagoitia Domínguez, para hacer sus comentarios al respecto.
DEL ESTADO DE HIDALGO
El diputado Pedro César Acosta Palomino, del Partido Acción Nacional, hace sus comentarios sobre el proceso electoral en este estado.
Intervienen con el mismo tema los diputados Juan Jaime Hernández, Leonel Godoy Rangel y senadora Julieta Guevara, para exponer sus opiniones al respecto.
DEL ESTADO DE MICHOACÁN
El diputado Leonel Godoy Rangel, del Partido de la Revolución Democrática, hace sus comentarios sobre los problemas de violencia en contra de sus militantes en este estado.
Expresan su opinión sobre el mismo tema los diputados Arturo Armendáriz Delgado, Pablo Gómez Alvarez y el senador Eliseo Rangel Gaspar.
SOBRE EL CONFLICTO SINDICAL DE LA FORD
El diputado Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática sobre este conflicto en la planta de la Ford en Cuautitlán, solicita el informe de la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
Interviene el diputado Pedro César Acosta Palomino, del Partido Acción Nacional, sobre el mismo tema solicitando se dé prontitud al informe de esta comisión.
Continúan con el tema el senador Justino Delgado Caloca y el diputado Juan José Osorio Palacios, del Partido Revolucionario Institucional.
OFICIO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADOS
Para que los ciudadanos María Sofía Sepúlveda Carmona, Aurora Cortina González y Trinidad Cuéllar, puedan desempeñar el cargo de magistrados de sala regional del Tribunal Fiscal de la Federación. Se recibe. Se turna a la Tercera Comisión.
SOLICITUD DE LICENCIA
El diputado José Luis Lamadrid Sauza solicita se le conceda permiso para separarse de sus funciones como representante de la honorable Cámara de Diputados ante la Comisión Permanente. Se aprueba. Se llama al sustituto.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL CIUDADANO DIPUTADO GUILLERMO JIMÉNEZ MORALES
(Asistencia de treinta y cinco ciudadanos legisladores)
ASISTENCIA
El C. secretario diputado Mauricio Miguel Ángel Valdés Rodríguez: - Hay una asistencia de 35 legisladores. Hay quórum, señor Presidente.
APERTURA
El C. Presidente (a las 11.05 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario diputado Mauricio Miguel Ángel Valdés Rodríguez: - Se va a dar lectura al orden del día.
«Comisión Permanente. - Primer Receso. - Segundo Año. - LIV Legislatura.
Orden del día
24 de enero de 1990.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Congreso del Estado de Jalisco, invita a la sesión solemne en la que el ciudadano licenciado Guillermo Cosío Vidaurri, gobernador constitucional del estado, rendirá el primer informe de gobierno, que tendrá lugar el 1o. de febrero.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Aguascalientes, Jalisco, Oaxaca y Yucatán.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que se comunica que el ciudadano Presidente de la República, nombró al ciudadano Manuel Uribe Castañeda, embajador extraordinario y plenipotenciario de México, ante el gobierno de la República de Singapur.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Elías Laniado Laborín, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Noruega en Tijuana, con circunscripción consular en los estados de Sonora y Baja California Norte.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Alejandro von Wuthenau, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Comendador, que le confiere el gobierno de la República Federal de Alemania.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana María de Lourdes Morales Rivera, pueda prestar servicios en la embajada de Belice en México.
Dictámenes a discusión
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Eugenio Anguiano Roch y Rubén Felipe Arias Arciniega, para aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de Argentina.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Francisco Roux - López, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Leopoldo II, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de Bélgica.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano licenciado Miguel Alemán Velasco, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de la República francesa.
Proposiciones
Del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre Teléfonos de México.
Toma de posiciones, declaraciones o comentarios Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la Policía Judicial Federal.
De los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional y Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre la contaminación en Guadalajara.
De los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional y Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre las elecciones en el estado de Hidalgo.
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre problemas de violencia en contra de sus militantes en Michoacán. De los grupos parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional, sobre el desalojo de la Planta Ford de Cuautitlán y el conflicto sindical.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El C. secretario senador Fernando Silva Nieto: - Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, celebrada el día diecisiete de enero de mil novecientos noventa, correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de ejercicio de la Quincuagésima Cuarta Legislatura.
Presidencia del diputado Guillermo Jiménez Morales
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con trece minutos del día diecisiete de enero de mil novecientos noventa, con una asistencia de veintiocho legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.
La secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior.
El diputado Juan José Medrano Castillo, del Partido Acción Nacional, aclara que en la intervención del senador Blas Chumacero Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, hubo dos interpelaciones que deben registrarse, por lo
que el acta debe decir."...aceptó interpelaciones de los legisladores Juan Jaime Hernández y Juan José Medrano Castillo".
No habiendo nadie más que haga uso de la palabra, en votación económica se aprueba con la corrección indicada.
La secretaría da lectura a una invitación del Congreso del Estado de México, a la sesión solemne en la que rendirá su primer informe de gobierno el gobernador de ese estado. Para asistir en representación de la Comisión Permanente, el Presidente designa a los legisladores José Trinidad Lanz Cárdenas, José Antonio Valdivia, Mauricio Valdés Rodríguez y Eliseo Rangel Gaspar.
Se da cuenta con un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se remite la solicitud de permiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Carlos Salinas de Gortari, pueda ausentarse del territorio nacional a partir del veinticinco de enero del presente año, con el fin de realizar visitas de trabajo a Portugal, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Federal de Alemania, Bélgica, y Confederación Helvética. Se turna a la Primera Comisión, con el ruego de que dictamine en el curso de la sesión y presente el dictamen respectivo.
La secretaría da lectura a otro oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Antonio Hamilton Davie Goss, pueda aceptar y usar la condecoración como oficial honorario de la Orden del Imperio Británico, que le confiere el gobierno de la Gran Bretaña. Se turna a la Primera Comisión.
Se da segunda lectura al proyecto de decreto del dictamen de la Primera Comisión, por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Manuel Camacho Solís pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Quetzal, en grado de Gran Oficial que le confiere el gobierno de Guatemala. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Otro proyecto de decreto del dictamen de la Primera Comisión, por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Diego Valadés Ríos, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Antonio José Irisarri, que le confiere el gobierno de Guatemala.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Se da cuenta con un proyecto de decreto del dictamen de la Primera Comisión, por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Miguel Ángel López Merino pueda prestar sus servicios en la delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas en México. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Se da lectura al proyecto de decreto del dictamen de la Primera Comisión, por el que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Jesús Alcocer Hernández y María Susana Gordoa Martínez, puedan prestar sus servicios en la embajada de la República de Corea en México. No habiendo quien haga uso de la palabra, la secretaría recoge la votación nominal de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados, en un solo acto. Se aprueban por veintiséis votos y pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Para referirse a la cancelación de la comparecencia del Secretario de Comunicaciones y Transportes ante las comisiones de la honorable Cámara de Diputados, hacen uso de la palabra los legisladores Pedro César Acosta Palomino, del Partido Acción Nacional y Humberto Roque Villanueva, del Partido Revolucionario Institucional.
Con el fin de expresar sus opiniones respecto a la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, hacen uso de la palabra los legisladores Leonel Godoy Rangel, del Partido de la Revolución Democrática; Héctor Mayagoitia Domínguez, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta interpelaciones de los diputados Leonel Godoy Rangel y Pablo Gómez Alvarez; Alberto Ling Altamirano, para contestar alusiones personales; Héctor Mayagoitia Domínguez, para contestar hechos, acepta una interpelación del diputado Leonel Godoy Rangel; Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos y Alberto Ling Altamirano, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos.
El Presidente informa que a las puertas del recinto se encuentra una comisión de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y designa, para que los introduzcan, a los legisladores Eliseo Rangel Gaspar y Humberto Roque Villanueva.
Se concede el uso de la palabra al asambleísta Adolfo Kunz Bolaños, quien informa de la clausura de los trabajos del primer período ordinario de sesiones del segundo año de su ejercicio constitucional. El Presidente agradece la notificación y reconoce la presencia de los miembros de la Asamblea de Representantes, haciendo votos porque en el marco del derecho sigan trabajando en beneficio de la ciudad capital de todos los mexicanos.
En virtud de la solicitud de licencia que presentó el diputado Ismael Orozco Loreto, se realiza nueva elección de secretario de la Comisión Permanente, siendo electo el diputado Mauricio Valdés Rodríguez, por veintiocho votos.
Para referirse a problemas laborales y de jubilados en la Cervecería Moctezuma de Orizaba, Veracruz, hace uso de la palabra el diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, del Partido Popular Socialista. Se turna el documento que presenta a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la honorable Cámara de Diputados.
Para referirse a diversos problemas que provoca la refinería de Petróleos Mexicanos en Azcapotzalco, hacen uso de la palabra los legisladores Alberto Ling Altamirano, del Partido Acción Nacional y Juan Jaime Hernández, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la honorable Cámara de Diputados.
Hace uso de la palabra el diputado Juan Jaime Hernández, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para referirse a los problemas del agro mexicano. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la honorable Cámara de Diputados.
Para referirse al cierre de la Compañía Industrial de Azcapotzalco, hacen uso de la palabra los legisladores Cristóbal Arias Solís, del Partido de la Revolución Democrática y Juan José Osorio Palacios, del Partido Revolucionario Institucional.
Se concede el uso de la palabra al diputado Leonel Godoy Rangel, quien denuncia violencia en contra de los militantes de su partido en diversas localidades del país.
Para referirse al mismo tema, hace uso de la palabra el senador Eliseo Rangel Gaspar, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta una interpelación del diputado Leonel Godoy Rangel. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos de la honorable Cámara de Diputados.
La Presidencia declara un receso a las catorce horas con cuarenta y ocho minutos, con el propósito de tener en sus manos el dictamen correspondiente a la solicitud del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de permiso para realizar visitas de trabajo fuera del territorio nacional.
Receso.
A las quince horas con doce minutos se reanuda la sesión y por instrucciones de la Presidencia, la secretaría da lectura al dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos realice visitas de trabajo fuera del territorio nacional.
El Presidente considera que el asunto es de urgente resolución y la asamblea, en votación económica así lo considera también, por lo que se somete a discusión de inmediato.
Para referirse a este asunto hacen uso de la palabra los legisladores Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Bernardo Bátiz Vázquez, del Partido Acción Nacional, para razonar el voto en pro de su partido; Socorro Díaz Palacios, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; nuevamente el diputado Pablo Gómez Alvarez, para contestar alusiones personales; Socorro Díaz Palacios, para contestar alusiones personales y Leonel Godoy Rangel, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos.
La asamblea considera suficientemente discutido el dictamen, y la secretaría toma la votación nominal respectiva. Se aprueba por veintinueve votos en pro y tres en contra. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Agotados los asuntos en cartera, la secretaría da cuenta con el orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las dieciséis horas con cuarenta y seis minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo miércoles veinticuatro de enero de mil novecientos noventa a las once horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
INVITACIÓN
El C. secretario diputado Mauricio Miguel Ángel Valdés Rodríguez: - Se va a proceder a dar lectura a varias comunicaciones.
«Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal.
La Quincuagésima Segunda Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Jalisco, se complace en invitar a usted a la sesión solemne que se llevará a cabo en el "Teatro Degollado" de esta ciudad, declarado recinto oficial del propio Congreso, a las 11.00 horas del jueves 1o. de febrero de 1990, en la cual el ciudadano licenciado Guillermo Cosío Vidaurri, gobernador constitucional del estado, rendirá su primer informe de gobierno correspondiente al primer año de su ejercicio legal.
Atentamente.
Guadalajara, Jalisco, febrero de 1990.»
El C. Presidente: - Para asistir en representación de esta Comisión Permanente y de esta Presidencia, se designa a los siguientes legisladores: diputado Miguel Montes García, senador Justino Delgado Caloca, diputado Roberto Jaramillo Flores y el diputado Juan Jaime Hernández.
COMUNICACIONES
El C. secretario diputado Mauricio Miguel Ángel Valdés Rodríguez:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Gobierno de Jalisco.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal
De conformidad a lo dispuesto por el artículo 84 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo de la entidad, comunicamos a usted(es) que, en sesión de esta fecha se clausuraron las actividades legislativas de este honorable Congreso del Estado, correspondientes al primer año de ejercicio constitucional de la Quincuagésima Segunda Legislatura de Jalisco.
Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos legales correspondientes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara, Jalisco, 31 de diciembre de 1989. - Diputados secretarios: Francisco Medina Jiménez y José Arturo de J. Pozos Carriedo.»
Trámite: - De enterado.
El mismo C. Secretario:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Gobierno de Jalisco.
Ciudadano Presidente de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal.
De conformidad a lo dispuesto por el artículo 187 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo de la entidad, comunicamos a usted(es) que con esta fecha quedó legalmente instalada la honorable Diputación Permanente del Congreso del Estado. Asimismo, la forma de cómo quedó integrada su mesa directiva que fungirá del 1o. de enero al 31 de enero de 1990.
Presidente, Guadalupe Martínez de Hernández; secretarios, José Santos Urbina Mendoza y Salvador Orozco Fregoso; prosecretarios, Jesús Cervantes López y Abundio Pinedo Huerta; primer vocal, José Socorro Velázquez Hernández; segundo vocal, Jaime Alberto Ramírez Gil; suplentes, Manuel Lares del Toro, Gustavo Martínez Güitrón, Rubén Vázquez, José Arturo de J. Pozos Carriedo y Gustavo Cervera Guzmán.
Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos legales correspondientes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara, Jalisco, 1o. de enero de 1990. - Diputados secretarios: Salvador Orozco Fregoso y José Santos Urbina Mendoza.»
Trámite: - De enterado.
El mismo C. Secretario:
el Estado Libre y Soberano de Aguascalientes. - Poder Legislativo.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal.
La honorable LIV Legislatura del estado, en sesión ordinaria del día de hoy eligió su mesa directiva para el mes de enero próximo, misma que por mayoría de votos se integró en la forma siguiente:
Diputados: Presidente, Mario Garza Elizondo; vicepresidente, Antonio Reyna Santoyo; secretario, Raquel Robles Olivares; secretario, Gastón Guzmán Díaz y prosecretario, Alicia Ibarra Rodríguez.
Al hacer de su conocimiento lo anterior para los efectos a que haya lugar, nos es grato reiterarle nuestra consideración distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
"Año de la Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes". - diciembre 29 de 1989.
Diputados: Jorge Ortíz Gallegos, Sergio Reyes Velasco, secretario y Sergio Jiménez Muñoz, secretario.»
Trámite: - De enterado.
El mismo C. Secretario:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca. - Poder Legislativo.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal.
En cumplimiento de preceptos legales, comunicamos a ustedes que la LIV Legislatura Constitucional del Estado, en sesión ordinaria efectuada el día de hoy, clausuró el primer período ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio legal, dejando integrada su diputación permanente, en la forma siguiente:
Diputados: Felipe Martínez Chávez, Gonzalo Ramón Martínez Morales, Alejandro Arturo León Montesinos, Rafael Hiram Ceja Martínez y Ángel Jerónimo Hernández; suplentes: diputados Jesús Robles Martínez y Héctor Soriano Reyes.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración distinguida. Sufragio Efectivo. No Reelección.
"El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz". - Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 15 de diciembre de 1989. - Diputado secretario, Rafael Hiram Ceja Martínez y diputada secretaria Lilia Arcelia Mendoza Cruz.»
Trámite: - De enterado.
El mismo C. Secretario:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - LI Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal.
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 92 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, nos permitimos comunicar a usted que con esta fecha la LI Legislatura del estado clausuró su tercer período ordinario de sesiones, correspondiente al segundo año de su ejercicio constitucional.
Protestamos a vuestra honorabilidad nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mérida, Yucatán, a 15 de diciembre de 1989. - Diputados: presidente, Alberto Escamilla Góngora y secretario, Rafael Brito Villanueva.»
Trámite: - De enterado.
El C. secretario senador Fernando Silva Nieto:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - LI Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal.
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 68 y 70 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, nos permitimos comunicar a usted que ha quedado instalada la diputación permanente para el período comprendido del 16 de diciembre del año en curso al 4 de enero de 1990, y está integrada de la forma siguiente:
Diputados: presidente, Ignacio Aguilar Bastarrachea; secretario, Rafael Lara Canul; vocal, José Poot Domínguez; suplentes: presidente, Lindbergh Mendoza Díaz; secretario, Nelly R. Montes de Oca Sabido; vocal, Alberto Palma Vargas.
Protestamos a vuestra honorabilidad nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mérida, Yucatán, a 15 de diciembre de 1989. - Diputados: presidente, Ignacio Aguilar Barrachea y secretario, Rafael Lara Canul.»
Trámite: - De enterado.
El mismo C. Secretario:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - LI Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal.
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 27, fracción IV, último párrafo y 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, nos permitimos comunicar a usted que con esta fecha se inició el primer período ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de su ejercicio constitucional. Asimismo, se eligió la mesa directiva que fungirá desde el 5 al 31 de enero de 1990, quedando integrada de la forma siguiente:
Diputados: presidente, Orlando Paredes Lara; vicepresidente, Alvaro López Soberanis; secretarios, José E. Pacheco Durán y Nelly R. Montes de Oca Sabido; secretarios suplentes, Pedro Castillo Pérez y Alberto Palma Vargas.
Protestamos a vuestra honorabilidad nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mérida, Yucatán, a 5 de enero de 1990. - Diputados: presidente, Orlando Paredes Lara y secretario, José E. Pacheco Durán.»
Trámite: - De enterado.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN NOMBRAMIENTOS
El C. secretario senador Fernando Silva Nieto:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
A continuación transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió al suscrito con fecha 5 del actual, manifestando lo siguiente:
"El uso de las facultades que le concede el artículo 89, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ciudadano Presidente de la República ha tenido a bien nombrar al ciudadano Manuel Uribe Castañeda, embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de la República de Singapur. En consecuencia, he de agradecer a usted se sirva solicitar en los términos de la fracción VII del artículo 79 constitucional, la ratificación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión para este nombramiento. Con este fin, le envío adjuntos los datos biográficos del interesado."
Al comunicar a ustedes lo anterior, les acompaño con el presente el anexo que en el mismo se cita, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 22 de enero de 1990. - El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
El C. secretario senador Fernando Silva Nieto:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
En oficio fechado el 5 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Adjunto al presente me es grato remitir a usted la solicitud del señor Elías Laniado Laborín, con el objeto de que tenga a bien disponer se gestione ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere el artículo 37, inciso b), fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Noruega en Tijuana, con circunscripción consular en los estados de Sonora y Baja California Norte. Para tal efecto, se anexa también acta de nacimiento, curriculum vitae, carta de vecindad y notificación de nombramiento del interesado".
Al transcribir a ustedes lo anterior, les envío con el presente el anexo que en el mismo se menciona, para los fines legales procedentes, reiterándoles en esta oportunidad, las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 18 de enero de 1990. - El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
CONDECORACIÓN
El C. secretario senador Fernando Silva Nieto:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
En oficio fechado el 10 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación lo siguiente:
"Ruego a usted atentamente tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que el señor Alejandro von Wuthenau, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Comendador, que le confiere el gobierno de la República Federal de Alemania; para tal efecto, anexo al presente me permito enviarle carta de naturalización, curriculum vitae, y copia del diploma de la condecoración relativa."
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles además con el presente los anexos que en el mismo se citan, reiterándoles en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 12 de enero de 1990. - El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El mismo C. secretario:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación con fecha 15 de los corrientes, enviándoles además con el presente el anexo que en el mismo se cita:
"Adjunto al presente me es grato remitir a usted la solicitud de la señorita María de Lourdes Morales Rivera, con el objeto de que tenga a bien disponer se gestione ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere el artículo 37, inciso b), fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que pueda desempeñar el cargo de empleada administrativa en la embajada de Belice en México. Para tal efecto, se anexa también el acta de nacimiento de la interesada."
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 18 de enero de 1990. - El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN CONDECORACIONES
El C. secretario diputado Mauricio Miguel Ángel Valdés Rodríguez: «Primera Comisión.
Honorable asamblea: La Primera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicitan los ciudadanos embajador Eugenio Anguiano Roch y general brigadier diplomado de estado mayor Rubén Felipe Arias Arciniega, para que puedan aceptar y usar las condecoraciones Orden de Mayo al Mérito, en grado de Gran Cruz; Orden Ecuestre Militar Caballeros Granaderos de los Andes, en grado de Gran Oficial, que les confiere el gobierno de Argentina, respectivamente.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados, y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano embajador Eugenio Anguiano Roch, para
aceptar y usar la condecoración de la Orden de Mayo al Mérito, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de Argentina.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano general brigadier diplomado de estado mayor Rubén Felipe Arias Arciniega, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Ecuestre Militar Caballeros Granaderos de los Andes, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de Argentina.
Sala de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 5 de enero de 1990. - Diputado José Luis Lamadrid Sauza, diputado Miguel Montes García, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Pablo Gómez Alvarez, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Alger Urke León Moreno, diputado Arturo Armendáriz Delgado y senador Francisco Solís Rodríguez.»
Trámite: - Segunda lectura.
El C. Presidente: - Está a discusión el dictamen en lo general.....No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular. En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.
El C. secretario diputado Mauricio Miguel Ángel Valdés Rodríguez:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: La Primera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano Francisco Roux - López, Ministro del servicio Exterior Mexicano, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Leopoldo II, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de Bélgica.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado, y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
artículo único. Se concede permiso al ciudadano Francisco Roux - López, Ministro del Servicio Mexicano para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Leopoldo II, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de Bélgica.
Sala de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 5 de enero de 1990. - Diputado José Luis Lamadrid Sauza, diputado Miguel Montes García, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Pablo Gómez Alvarez, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Alger Urke León Moreno, diputado Arturo Armendáriz Delgado y senador Francisco Solís Rodríguez.»
Trámite: - Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto....No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
El mismo C. Secretario:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: La Primera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano licenciado Miguel Alemán Velasco, embajador de México para Asuntos Especiales, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Francia.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado, y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano licenciado Miguel Alemán Velasco, embajador de México para Asuntos Especiales, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Francia.
Sala de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 5 de enero de 1990. - Diputado José Luis Lamadrid Sauza, diputado Miguel Montes García, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Pablo
Gómez Alvarez, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Alger Urke León Moreno, diputado Arturo Armendáriz Delgado y senador Francisco Solís Rodríguez.»
Trámite: - Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto.........
El C. diputado Bernardo Bátiz Vázquez (desde su curul): - Pido la palabra, señor Presidente.
El C. Presidente: - ¿Con qué objeto, señor diputado?
El C. diputado Bernardo Bátiz Vázquez (desde su curul): - Para fundamentar el voto de Acción Nacional.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Bernardo Bátiz Vázquez.
El C. diputado Bernardo Bátiz Vázquez: - Va el señor secretario: señor Presidente; señores legisladores, va a corregir porque mi firma no está puesta en este dictamen que ya lo verificamos en este momento.
Quiero simplemente manifestar que hace unos meses, en marzo del año pasado, hace casi ya un año, se discutió en la Comisión Permanente también el nombramiento del señor Miguel Alemán como embajador especial de México, y en esa ocasión por conducto del diputado Gerardo Medina Valdés, del Partido Acción Nacional, emitió su voto en contra de ese nombramiento del Servicio Exterior Mexicano.
Nosotros queremos ahora, en congruencia con esa posición que tomó el partido hace ya un año, manifestar que en esta ocasión en la que se discute un permiso para aceptar una condecoración por parte del mismo embajador especial, vamos a abstenernos en la votación, fundamentalmente porque desde el punto de vista constitucional, la razón por el cual este organismo debe otorgar o negar la autorización para que un mexicano acepte una distinción de este tipo de un gobierno extranjero, está establecida en razón de la necesidad de que el gobierno mexicano, a través de su Poder Legislativo, verifique que la aceptación de honores, nombramientos, medallas honoríficas, etcétera, no signifiquen de ninguna manera la sujeción o la dependencia a un gobierno extranjero o a una soberanía diferente a la nuestra.
Nosotros consideramos que en este caso, por supuesto, no se dan esas circunstancias, y que el otorgamiento de la Legión de Honor en grado de Gran Oficial no significa de ninguna manera un sometimiento a un gobierno extranjero, sin embargo, porque no estamos muy ciertos de cuáles sean las razones por las que se otorga esta distinción, porque pensamos que pudieran derivarse de su cargo específico de embajador, al cual nos opusimos, o bien porque pudiera ser en razón de su papel preponderante en un consorcio del sistema de comunicación de Televisa la razón por la cual se le confiere y estamos también en desacuerdo, en contra de este monopolio en México, los diputados de Acción Nacional en esta Comisión Permanente nos abstendremos de emitir un voto en estas circunstancias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Pablo Gómez.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): - Solamente para hacer constar ante la Comisión Permanente, que la rúbrica que aparece en la parte superior de la antefirma mía del proyecto de decreto no corresponde, no es mía, seguramente hubo un error y alguien firmó indebidamente.
El C. Presidente: - Así es, diputado Pablo Gómez, fue un error ahí en el lugar de las firmas correspondientes, ya se hizo la corrección; a ver diputado ¿ya se hizo la corrección?, que lo precise el ciudadano secretario.
El C. secretario diputado Mauricio Miguel Ángel Valdés Rodríguez: - La secretaría informa que el ciudadano diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, cuyo nombre aparece exactamente en seguida del nombre del ciudadano diputado Pablo Gómez Alvarez, firmó en el renglón correspondiente al diputado Pablo Gómez Alvarez, por eso la secretaría dio lectura en ese sentido, queda hecha la aclaración. Se va a recoger la votación nominal de éste y los anteriores reservados.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señor Presidente, esta secretaría informa que por los dos primeros proyectos de decreto se emitieron 34 votos en pro y dos abstenciones, y por el tercer proyecto de decreto se emitieron 27 votos en pro, dos votos en contra y siete abstenciones.
El C. Presidente: - Aprobados los proyectos de decreto.
El C. secretario diputado Mauricio Miguel Ángel Valdés Rodríguez: - Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
TELÉFONOS DE MÉXICO
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre Teléfonos de México.
El C. diputado Jesús Antonio Carlos Hernández: - Honorable asamblea: Lo que está ocurriendo con la empresa pública Teléfonos de México, Sociedad Anónima, es una escalada más simplemente de una acción que se fundamenta en una concepción del Estado mexicano, totalmente contraria y antagónica a las tareas, a las funciones, al concepto del Estado que surge gracias a la Revolución Mexicana en nuestro país.
Se trata de transformar al Estado mexicano revolucionario, en un simple Estado gendarme que garantice la tranquilidad, la paz pública, que defienda a ultranza los sacrosantos intereses capitalistas privados y que abandone sus altas tareas de promoción del desarrollo, de búsqueda de la justicia social, de la consolidación de la independencia y la soberanía del país; el pueblo mexicano, en su largo batallar, ha ido forjando sus instituciones con sacrificio, con heroísmo, con entrega apasionada por forjar una nación libre e independiente, y entiende las instituciones públicas como instrumentos para alcanzar sus fines, no como fines en sí mismos. No se trata de caer en estadolatrías, se trata simplemente de mejorar los instrumentos públicos, las instituciones para alcanzar los fines, los objetivos de justicia, de independencia y soberanía nacionales.
Por eso, el pueblo mexicano en las elecciones no vota por Televisa, por ejemplo, este monstruoso monopolio que ha salido totalmente del control del Estado mexicano; no vota en favor de ningún monopolio privado para que a través de los monopolios se garanticen los intereses populares, vota en favor de las instituciones públicas y le ha otorgado al Estado mexicano, el instrumento es el gobierno nacional, una serie de facultades y tareas que están precisadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en los artículos 3o., 25, 27, 28, 123, 130 de la propia Constitución, y cuando desde las altas esferas del poder público, el pequeño grupo tecnocrático que se ha apoderado de la dirección del país habla de que la Revolución Mexicana es un mito, eso significa una grave traición a los intereses de México y a su proceso revolucionario.
En esa virtud, el Partido Popular Socialista rechaza y se opone enérgicamente a la propuesta de venta de una de las empresas estratégicas más importantes de México; que está en la perspectiva de transformarse en una empresa estratégica de primer orden, no sólo por cuanto hace a su importancia en la economía nacional, sino como garante de la consolidación de la soberanía y de la independencia de la nación.
En esa virtud, el Partido Popular Socialista, a través de su representación en esta honorable Comisión Permanente, hace la siguiente
«PROPUESTA
Honorable asamblea, en un breve y escueto comunicado expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se informó que el Banco Internacional es la entidad seleccionada para tramitar la enajenación en favor de los monopolios privados de la empresa pública denominada Teléfonos de México, S.A.; el Partido Popular Socialista, ante esta representación nacional y ante el pueblo de México reitera su enérgica condena a esta nueva agresión y daño al sagrado patrimonio de la nación mexicana, en virtud además, de que la consumación de la venta de Teléfonos de México, S.A., pondría en grave riesgo la independencia y soberanía nacionales.
Los argumentos esgrimidos por el pequeño grupo tecnocrático del que forma parte relevante el señor Andrés Caso Lombardo, Secretario de Comunicaciones y Transportes, para tratar de justificar la venta o liquidación de las empresas públicas son inaceptables de principio a fin, y en el caso particular de Teléfonos de México, S.A., no los puede manejar ni el más osado o audaz funcionario privatizador.
Es ésta una empresa rentable que opera con números negros, el financiamiento necesario para su planeada modernización se obtendría con plena seguridad, en por lo menos el 70% del producto de la venta de valores de la empresa al público y de créditos extranjeros avalados por el propio gobierno; presta un servicio público de primer orden, estratégico, que será cada vez más relevante en sí mismo y como parte total de la economía nacional, no sólo por los portentosos avances de la ciencia y la tecnología en el rubro de las telecomunicaciones, sino porque a través de éstas se transmite el pensamiento, las ideas políticas y se moldean de algún modo la cultura y la conducción de la sociedad.
Es inaceptable, insolente para el pueblo mexicano, la política de hechos consumados que se aplica con gran celeridad para entregar en bandeja de plata Teléfonos de México, S.A., al capital privado extranjero; se realizan febrilmente obras de mantenimiento, mejoría y ampliación de líneas y equipo, se disminuyen los precios de las tarifas
de larga distancia internacional y se aumentan por otra parte las tarifas de larga distancia nacional, así como la renta y las llamadas locales; al propio tiempo, se gastan cantidades millonarias en campañas de publicidad y propaganda para convencer a los usuarios presentes y futuros de la supuesta necesidad de los aumentos de precios, el cambio y la privatización.
Por otra parte, con el más grave desprecio y falta de respeto a la Cámara de Diputados, el señor Andrés Caso, Secretario de Comunicaciones y Transportes, unilateralmente suspende y pospone su comparecencia ante la propia representación nacional programada para el día 18 del presente mes de enero, y propone comparecer hasta el día 12 de febrero del año en curso, en tanto continúa la instrumentación de la puesta en venta de Teléfonos de México, S.A.
El señor Andrés Caso, Pedro Aspe, Secretario de Hacienda y Crédito Público y Alfredo Baranda, todavía director general de Teléfonos de México, S.A., olvidan también que existe en poder de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la propia Cámara, desde el día 19 de diciembre del año pasado, pendiente de dictamen, un proyecto de reformas a los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene por objeto impedir que Teléfonos de México, S.A., se transforme, como se proyecta, en un monstruoso monopolio privado en manos extranjeras, así como con la finalidad de que el Estado mexicano complete la integración de la red de telecomunicaciones que todavía controla, sin las cuales quedará a merced de intereses privados y extranjeros, haciendo difícil sus relaciones con el exterior de manera autónoma.
El Partido Popular Socialista, ante tales hechos, consecuente con sus responsabilidades históricas, convoca a todos los patriotas y revolucionarios, a las fuerzas democráticas donde quiera que se encuentren y a todo el pueblo de México, a detener la entrega de Teléfonos de México, S.A. al capital extranjero.
El largo y penoso camino de los mexicanos para incorporar al patrimonio de la nación, rescatándolo de manos extranjeras, el sistema telegráfico, radiotelegráfico y telefónico no puede olvidarse; sería una grave traición a México soslayar tanto esfuerzo y sacrificio. Es menester recordar que a pesar del todavía incipiente desarrollo de los sistemas de telecomunicaciones en 1916 - 1917, los constituyentes de Querétaro advirtieron la importancia que para el desarrollo y la seguridad de la nación significan esos sistemas, y por tal motivo consideraron que debían quedar bajo el exclusivo control del Estado, excluyendo de este campo a la iniciativa privada.
En esta cuestión, como consta en las actas de debate del Congreso de Querétaro, no hubo ninguna discrepancia y el acuerdo se tomó por unanimidad de votos.
Las empresas telefónicas extranjeras se establecen en México a partir de 1920, merced a una concesión otorgada en 1903 que les fue prorrogada en 1926 por 50 años más, con modificaciones altamente ventajosas para tales empresas, hecho que les permitió, con una serie de vicisitudes, llegar a 1973 como un monopolio y prepotente, que se olvidó de llevar el servicio telefónico a las pequeñas poblaciones y sólo incrementó sus inversiones en las grandes ciudades, llegando además a obtener las dos terceras partes del incremento de sus ingresos del servicio de larga distancia.
La situación de privilegio y alta especulación del monopolio privado Teléfonos de México, S.A., en 1973, así como su importancia estratégica, hizo que las fuerzas democráticas unidas decidieran su incorporación al sector estatal de la economía por la vía de la compra de las acciones necesarias para obtener su control económico y administrativo.
De este modo Teléfonos de México, S.A., en escasos ocho años de administración pública, pasó a poseer 1 millón 460 mil aparatos que tenía la empresa privada, a 4 millones 990 mil, lo que condujo a que México pasara de tener 5.16 aparatos por cada 100 habitantes, a 12.64 en manos del Estado, y sus ingresos pasaran de 3 mil 292 millones de pesos en 1973, a 54 mil 154 millones en 1982, lo que convertía a esta empresa estatal en una de las mayores perspectivas para el país.
Lamentablemente, con la política altamente equivocada y contrarrevolucionaria seguida por el pasado gobierno de Miguel de la Madrid y continuada por el actual, de reducir al mínimo al sector estatal de la economía, se dejó de reinvertir en Teléfonos de México, S.A., no sólo para impulsar su desarrollo, sino incluso para su mantenimiento, lo que ocasionó que de 1983 a 1989, esta empresa estatal decayera en la prestación del servicio, causando inconformidad legítima entre todos los usuarios, hecho éste que se agravó con el terremoto sufrido en la capital de la República en el año de 1985, cuestión ésta que de manera antipatriótica y con poca visión del futuro de este servicio, ha movido a ciertos elementos del gobierno a considerar que la única solución para mejorar el sistema y el servicio telefónico, es el de reprivatizarlo.
Para el Partido Popular Socialista y las fuerzas democráticas del país, del país, la solución es otra, en manos directas de la nación, a través del Estado mexicano, aprovechando racionalmente los adelantos de la ciencia y la tecnología en materia de telecomunicaciones; con un plan integral, Teléfonos de México tiene la perspectiva de ser la empresa estratégica más importante para el desarrollo económico y la preservación de la independencia y la soberanía nacionales.
Por esta razones, y a efecto de que los funcionarios involucrados en la indebida e ilegal reprivatización de Teléfonos de México, S. A., expliquen a esta soberanía los motivos y razones de su proceder antipatriótico, me permito proponer sea aprobado el siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Unico. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se pronuncia por la necesidad de que los ciudadanos Andrés Caso Lombardo, Secretario de Comunicaciones y Transportes; Pedro Aspe Armella, Secretario de Hacienda y Crédito Público y Alfredo Baranda, director general de Teléfonos de México, Sociedad Anónima, comparezcan ante las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, Patrimonio y Fomento Industrial y de Comunicaciones y Transportes de la propia Cámara de Diputados, a fin de informar sobre la situación y planes de venta de la empresa pública Teléfonos de México, Sociedad Anónima.
Sala de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 24 de enero de 1990.
Atentamente.
Diputado Jesús Antonio Carlos Hernández.»
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): - Pido la palabra para hablar en pro.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Pablo Gómez, para hablar en pro.
El C. diputado Miguel Montes García (desde su curul): - Una pregunta y una moción.
El C. Presidente: - Sí.
El C. diputado Miguel Montes García (desde su curul): - ¿Se está aplicando el trámite del artículo 58?
El C. Presidente: - Así es.
Tiene la palabra el diputado Pablo Gómez.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: - Ciudadanos legisladores; ciudadanas legisladoras: La proposición presentada por el grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, entiendo yo que obedece, entre otras razones, a que el señor Secretario de Comunicaciones y Transportes, que ha anunciado su comparecencia en comisiones de la Cámara de Diputados para dentro de unos 20 días, en realidad no es la persona competente para tratar este asunto.
El presidente del consejo de administración de Teléfonos de México, S.A., es el señor Pedro Aspe, Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien ha nombrado a una persona como director general, mediante un acuerdo del consejo de administración.
El asunto de la privatización de teléfonos no está siendo manejado desde el ángulo técnico, pudiéramos decir así, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sino dentro de un plan de carácter económico y financiero del gobierno federal, que por decisión del Ejecutivo le toca atender a la Secretaría de Hacienda.
Las razones por las cuales el gobierno federal intenta privatizar la empresa, tienen qué ver con una política económica de carácter general, no compete por lo tanto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por ello, se ha eximido esa Secretaría de ejecutar todos los trabajos tendientes a la privatización; pero más que privatización yo diría que se trata de una transferencia de control, una operación semejante a la que se hizo con la Compañía Mexicana de Aviación.
Se transfiere el control de una empresa de mayoría accionaria del gobierno federal a un grupo reducido de accionistas que no serán dueños más que de una ínfima parte del capital social de la empresa.
Sería verdaderamente imposible que el gobierno federal vendiera la totalidad de su paquete accionario; sencillamente porque no hay quien compre una cantidad tan grande de acciones en una sola operación. Pero puede en cambio vender un 10%, un 15%. Se puede hacer una emisión de acciones adicionales, que pueda ser comprada por algunos accionistas privados. Y se puede también emitir una serie "N", de acuerdo con el nuevo reglamento de la Ley de Inversiones Extranjeras; se pueden hacer una serie de otras medidas de carácter financiero, con el propósito de que la empresa quede bajo control de un pequeño grupo de empresarios privados mexicanos y extranjeros. ¡Eso es en realidad de lo que se trata!
Las razones que da el gobierno para hacer esta operación, que son las que deberían venir aquí, a la Comisión Permanente o como lo propone el Partido Popular Socialista, a algunas comisiones unidas de la Cámara de Diputados, el señor Pedro Aspe, venir a explicar, digo. Son básicamente que se requiere hacer esta operación para ayudar al saneamiento de las finanzas públicas.
Carlos Salinas ha dicho, lo dijo en Washington, en el Congreso Norteamericano, y lo ha repetido después en varias oportunidades, que el país no debería gastar en comprar aviones u otras cosas para compañías sino invertir o gastar en servicios públicos y en aquellas cosas en las cuales el gobierno está comprometido. Es completamente falaz el argumento.
Teléfonos de México no forma parte del presupuesto, no es una empresa incorporada, es una empresa de mayoría accionaria al gobierno federal. Teléfonos de México no requiere de transferencias del presupuesto nacional con el propósito de fortalecer sus ingresos. No existe ninguna alternativa entre gastar, digamos, en caminos o en salud y gastar en la red telefónica; eso está completamente descartado, la empresa opera con números negros, como ya se ha dicho y se conoce ampliamente.
Ahora otro de los motivos que se dice tener para la privatización, es que el gobierno no puede financiar suficientemente a Teléfonos de México para el cambio técnico; en realidad esto no se necesita.
Teléfonos de México puede hacer emisiones accionarias complementarias para fortalecer su capital social, puede recurrir al crédito, es un sujeto de crédito, como pocos los hay en este país, porque es una empresa que tiene el monopolio de la telefonía y porque la telefonía es una actividad que teóricamente no tiene límites. Se puede ampliar en condiciones de cambio técnico mucho más, naturalmente, de manera completamente permanente. La cantidad de solicitudes que hay para la instalación de nuevas líneas telefónicas, es enorme, Teléfonos de México no ha tenido capacidad hasta ahora para poder atender debidamente su demanda.
Por tal motivo, es un formidable sujeto de crédito, pero además, como opera con números negros, como tiene una situación buena, desde el punto de vista del paquete accionario, puede desarrollar a través de distintas opciones de financiamiento o de incremento a su capital.
No se necesita, por lo tanto, perder el control, no requiere perder el control de la empresa Teléfonos de México para lograr una capitalización y un incremento del giro financiero del que puede ser sujeto esta empresa.
En realidad el gobierno federal se está queriendo deshacer del control sobre Teléfonos de México, para aplicar una idea política de carácter general, de que el gobierno federal no debe controlar este tipo de empresas, sino que debe dejárselas a los pequeños grupos de accionistas que en realidad se dedican a organizar a algunos capitalistas, como en el caso de la Compañía Mexicana de Aviación.
En efecto, en Teléfonos de México se han cometido errores. Pero estos errores, en todo caso, se pueden subsanar, introduciendo medidas para que las decisiones de Teléfonos de México se tomen en función de los intereses del desarrollo de la empresa, de los intereses de los usuarios, y de los intereses del país, y no de pequeñas camarillas burocráticas, que son las que han estado dirigiendo esa empresa durante muchos años.
No es necesario entregarle a un grupo de amigos de los gobernantes actuales el control de Teléfonos de México, se puede resolver el problema de otra manera. Pero desde luego para ellos habría que eludir pues esa suerte de dogmatismo nuevo, que se cierne sobre el país y que promueve el gobierno federal, de que el gobierno no debe tener control de este tipo de empresas, y de decir teléfonos es decir otras muchas.
En realidad, sería muy interesante que en el Congreso o en la Cámara de Diputados se llevara a cabo una discusión con el señor Aspe, alrededor de este asunto, para que nos explique por qué es absolutamente indispensable entregar la administración de una empresa superavitaria, sólo porque se requieren 5 mil millones de dólares. ¿El país está en tal situación que no puede de otra manera conseguir los 5 mil millones de dólares? O se requiere sencillamente abrir espacios para que algunos capitalistas saca dólares que tienen mucho dinero en Nueva York y que se lo llevaron, como se lo llevaron, y eso lo sabemos, es cierto, regresen una parte de sus capitales.
Yo quisiera saber y que el gobierno nos explicara ¿a dónde han quedado los millones de dólares que prometieron los que tiene ahora el control administrativo de la Compañía Mexicana de Aviación? Si han entrado realmente a la empresa, ¿qué fue lo que pasó?, ¿cuál es la experiencia de esa operación privatizadora en la cual el señor Abedrop es ahora presidente del consejo de administración de la Compañía Mexicana de Aviación?, ¿qué resultados son los que dio en este lapso la operación privatizadora de la Compañía Mexicana de Aviación?
Por último, ciudadanos legisladores, es absurdo desde cualquier punto de vista, que si alguien posee una empresa y esa empresa tiene posibilidades enormes de desarrollo, tiene problemas pero no está en situación deficitaria sino superavitaria, ese dueño decida pasarle el control de la empresa a un grupo equis de personas, olímpicamente. ¿Lo haría alguna compañía privada?, ¿lo haría alguien que tuviera sentido común? sencillamente, ¿o se trata aquí de aplicar una consigna del Poder Ejecutivo?, de que toda una cantidad de empresas no debieron haber sido nunca sometidas a control mayoritario de los paquetes accionarios de esas empresas, y que por lo tanto hay que deshacer lo que antes se hizo, simplemente por un prurito, o por dar una determinada garantía política, ¿no se sabe a quién?, ¿al gobierno de Estados Unidos?, pregunto yo, ¿a los grupos de saca dólares, que ya conocemos quienes son, de capitalistas mexicanos?, ¿ése es el prurito?, ¿a eso se debe el tránsito del control administrativo del gobierno federal a manos privadas? Estas cosas deberían aclararse.
Si el Partido Revolucionario Institucional actuara como partido, tendría también interés en que en el Congreso se debatiera este asunto, por lo menos; porque algo debería tener que ver en Congreso, de cualquier forma, para atender un asunto de tanta importancia nacional.
Si el Partido Revolucionario Institucional actuara realmente como una organización política que tiene una posición y genera una posición propia, debería tener también el interés en que esto se ventilara pública y abiertamente, por lo cual yo no veo razón para que se pudiera, eventualmente, rechazar la proposición del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista; es lo menos que se puede hacer. Pero para qué queremos discutir con el Secretario de Comunicaciones, si este señor no tiene nada que ver en el asunto. El que tiene que ver y el que está manejando el asunto es el señor Pedro Aspe, a menos de que se nos quiera poner a discutir con alguien que no tiene nada que ver, con el propósito de evitar que se realice la discusión con quien tiene la comisión de parte del Ejecutivo, de llevar a la práctica los planes gubernamentales en la empresa de Teléfonos de México, S.A., que es el Secretario de Hacienda y presidente del consejo de administración de la empresa Teléfonos de México, S.A.
El C. Presidente: - De conformidad con el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General, tiene el uso de la palabra para hablar en contra, el ciudadano diputado Humberto Roque Villanueva.
El C. diputado Humberto Roque Villanueva: - Con su permiso, señor Presidente;
honorable asamblea: Conviene, antes de referirnos de manera muy concreta a la propuesta del Partido Popular Socialista, referirnos aunque sea de manera mínima a lo que aquí se ha señalado como parte de una estrategia o de una caracterización de la política económica de México o del gobierno mexicano. Se ha señalado aquí, como en muchas ocasiones en la Cámara de Diputados, del término de "Estado gendarme" como aspiración que mantendría, en este supuesto, la actual administración pública federal y por consiguiente el partido político que la llevó al poder.
Yo quisiera aquí iniciar estas precisiones señalando lo siguiente: el "Estado gendarme" para empezar, no ha existido más que en la recreación teórica, si bien tuvo que ver, y muchos lo identificamos, como un principio liberal, no significa que en la práctica se haya dado en ningún país concretamente; es decir, insisto en que es una recreación teórica hablar de Estado gendarme o como recientemente lo califica un filósofo norteamericano de apellido Nossik, el Estado mínimo, y el Estado mínimo tiene que ver con aquella filosofía que señala que un Estado que no sea mínimo necesariamente va a cuestionar los derechos individuales y va a tener que contravenir una serie de libertades que existan en una determinada sociedad.
Si partimos de que existiera la posibilidad de ese Estado mínimo, el siguiente nivel de esa calificación o algunos extrapolándola no solamente en forma escalonada sino llevándolo pues a un extremo, hablan del Estado benefactor y se recurre a algunos ejemplos internacionales para señalar lo que significa el Estado benefactor que fundamentalmente atribuya al gobierno la responsabilidad de igualar o tratar de igualar las condiciones sociales de sus ciudadanos y en ello hay otras reflexiones teóricas que tienen que ver sobre si esto es o no es lo correcto.
En medio podemos hablar también del "Estado intervencionista" y dentro del Estado intervencionista el que lleva al extremo de una economía centralmente planificada, en donde los medios de producción sean propiedad del Estado prácticamente en su totalidad. Evidentemente pues el caso de México no esta prácticamente ubicado con esa precisión en ninguno de los casos aquí señalados, nosotros siempre hemos sostenido que para el gobierno mexicano la filosofía que cuenta es la de la Constitución de 1917, que vivimos una economía mixta y que evidentemente dentro de esta economía mixta y considerando el natural equilibrio que se debe establecer o restablecer, según sea el caso, en las distintas etapas del crecimiento económico, se adoptan las decisiones necesarias sin vulnerar la filosofía misma de esta economía mixta.
Pero aquí se ha señalado pues, ya refiriéndonos al caso concreto de Teléfonos de México, razones que obviamente son distintas a las que señalaba el Ejecutivo en una memorable intervención ante el Sindicato de Trabajadores Telefonistas. En aquella ocasión se señalaron que yo recuerde, las siguientes razones para el cambio de modelo en la situación de Teléfonos de México. Se habló y esto creo que es un tema interesante que debemos de clarificar al máximo del problema de que efectivamente no estamos hablando de una empresa que esté operando con números rojos; efectivamente, Teléfonos de México no está en esa caracterización ni tampoco esa es la razón que se aduce para cambiar precisamente su situación jurídica y económica.
Se adujo por parte del Ejecutivo, que tenemos un problema de capitalización mayúsculo y no del prurito de la capitalización en Teléfonos de México, se requiere una fuerte dosis de capital en el caso de Teléfonos de México, porque estamos hablando efectivamente de una empresa que pudiéramos catalogar por su dimensión como una macroempresa.
De tal suerte que el ejemplo de que por el hecho de estar operando con utilidades tiene todas las posibilidades de capitalización se olvida de dos elementos, que por cierto en el marxismo algunos señalan como el paso de la cantidad a la calidad. Esto tiene que ver con lo siguiente, es decir, es tal la magnitud de recursos, y contrasto este elemento con lo que todos sabemos en México: la realidad de que el ahorro interno mexicano, valga la redundancia, no es suficiente para las metas de crecimiento económico, ya no digamos mínimas, sino incluso las que debemos buscar por razones de la misma justicia social.
De tal suerte pues que la magnitud misma de la inversión obliga a un cambio de la estructura jurídica y económica de la empresa. Pero quedaría todavía pendiente el argumento de si el hecho de que se trate de una empresa con utilidades, no le daría la suficiente posición atractiva como para que los propios inversionistas nacionales, o incluso el propio Estado a través de alguna emisión específica, pudiera captar este dinero, alegando que no se trata en ningún momento se dice, de abusar o de utilizar los propios recursos públicos.
Yo aquí quiero recordar, a menos que se me escape a la memoria, que efectivamente cuando el Presidente de la República hizo algún ejemplo sobre Mexicana de Aviación y las necesidades de obras en ciertas infraestructuras, particularmente de desarrollo rural y de comunicaciones, no recuerdo que haya señalado el caso de Teléfonos de México.
Pero es más, si bien no solamente no contamos con la disponibilidad presupuestal para apoyar en las cantidades requeridas a Teléfonos de México, recuérdese pues el fenómeno del ahorro interno, es decir, no solamente el Estado compite con sus propios recursos y sus propios elementos en la economía de forma neutral, es decir, lamentablemente no es neutral ninguna participación del Estado en la economía, a veces es obviamente positiva y a veces puede ser circunstancial o de fondo, de manera no tan positiva.
De tal suerte que en el caso de Teléfonos de México, piénsese por un momento que cualquier captación que se tuviera que hacer no va a ser, repito, económica o financieramente neutral, esto va a tener que presionar los mercados de capital, los mercados de crédito, los mercados en general, pues, de dinero.
Ahora bien, en esa ocasión pues, señalando el primero de los argumentos que se mencionó por parte del Presidente, es pues la necesidad urgente de tener fuertes inyecciones de capital lo que lleva en uno de sus términos a este cambio de estructura.
Pero también se habló del problema tecnológico. No digo que sea absolutamente imposible que una empresa nacional o nacionalizada, esté ajena a la modernidad tecnológica, yo me imagino y creo que en el mundo hay algunos ejemplos importantes de empresas que lo han conseguido siendo empresas nacionales, pero no cabe duda alguna tampoco de que en un medio tan competitivo como es el de las comunicaciones, quede suyo traspasa las propias fronteras, es evidente que los mayores avances tecnológicos se encuentran fuera de nuestras fronteras.
De tal suerte que, pues se adujo, y yo coincido con ello, también en la necesidad de que junto con la inyección en inversión, repito, inversión cuantiosa, se tendría que ver el aspecto de carácter tecnológico.
Se señaló en esa ocasión también que ésta era una negociación que no se estaba haciendo de ninguna manera a espaldas de los trabajadores y que ellos mismos, puesto que delante de ellos se hizo esta apreciación, eran testigos de una serie de negociaciones o de puntos de acuerdo, entre los cuales el sindicato, la empresa y la entidad rectora que es el Estado, estaban marcando las pautas que harían que este proceso se desenvolviera siempre respetando los intereses de los trabajadores. Pero como no todos somos trabajadores de Teléfonos de México, sería muy legítimo que alguien preguntase si también están garantizados los intereses del público consumidor y, en última instancia, de todo el pueblo de México.
Y aquí entra el elemento que yo creo vale la pena discernir para que nos quede lo más claro posible de por qué estamos en contra de esta solicitud de comparecencia. Aquí se ha dicho que no sería el licenciado Andrés Caso la persona competente para exponernos los aspectos relativos a este cambio de estructura sino que sería el Secretario de Hacienda y Crédito Público y desde luego también se señala al propio director de la empresa.
Se olvidan dos cosas, primero, no se diseñó por parte del gobierno mexicano una estructura o una estrategia tan específica para el caso de Teléfonos de México que rompa con la estrategia general, en eso sí coincido. Hay una determinada estrategia económica que tiene que ver con la desincorporación de ciertas empresas del Estado, repito no se diseñó una estrategia específica, se siguió exactamente lo que se ha utilizado cuando se desincorpora una empresa del sector agropecuario, del sector comunicaciones, del sector fomento industrial, etcétera.
Es decir, se busca un banco de las propias instituciones nacionalizadas para que sea el agente, llamemos, encargado de la licitación o de la transferencia o de la desincorporación o de la venta, como queramos llamarle, pero es una institución bancaria nacionalizada, la que toma a su mando precisamente el proceso.
Lógicamente como el titular y responsable de toda el área hacendaria y bancaria es el Secretario de Hacienda y Crédito Público, pues evidentemente tiene que ver con el proceso. Pero, y aquí recurro a otro de los factores que se mencionaron cuando se explicó en la primera instancia este proceso de desincorporación de Teléfonos de México, se habló de que se mantendría la rectoría económica del Estado; y de ello queremos efectivamente que nos venga a hablar el señor Secretario de Comunicaciones y Transportes, porque ésa es la materia que requiere la explicación fundamental. Si hubiera alguna necesidad de explicación complementaria, pues eso lo sabremos después del 12 de febrero, que es cuando está convocado, que no a la comparecencia sino a la invitación del propio Secretario de Comunicaciones y Transportes ante las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes y de Patrimonio y Fomento Industrial.
De tal suerte, pues, que yo señalaría que la posición de nuestro partido, en este caso, es de que no procede la solicitud hecha por el Partido Popular Socialista y que habremos de esperar la comparecencia del licenciado Andrés Caso, el 12 de febrero para legítimamente aclarar dudas que son, lo reconozco, de todas las fracciones parlamentarias y que son de utilidad que se aclaren. Muchas gracias.
El C. diputado Jesús Antonio Carlos Hernández (desde su curul): - Pido la palabra.
El C. Presidente: - ¿Con qué objeto, diputado?
El C. diputado Jesús Antonio Carlos Hernández (desde su curul): - Para rectificar hechos.
El C. Presidente: - Tiene la palabra.
El C. diputado Jesús Antonio Carlos Hernández: - Compañeras legisladoras y compañeros legisladores: Reconozco una magnífica intervención de quien me antecedió en el uso de la palabra, un extraordinario manejo de la argumentación, del lenguaje, un esfuerzo, yo diría, digno de mejor causa; porque la causa que vino a defender el legislador, es una causa contra México y contra sus más elevados intereses.
Se refiere a la concepción del Estado, y efectivamente hace citas de carácter teórico que deben considerarse en todo análisis serio; sin embargo, yo lo invitaría a que se refiriese al Estado mexicano particularmente, al Estado mexicano revolucionario, al Estado que forjamos aquí los mexicanos aprovechando las experiencias históricas universales y nuestra propia historia nacional.
No hubo un sólo teórico de lo que los elementos oficiales llaman la economía mixta en México; fue un camino que se fue dando en los hechos, en la práctica revolucionaria del acontecer público y nacional. Simplemente, lo hemos dicho muchas veces, del Constituyente de Querétaro, cuando la revolución se expresa en un documento jurídico superior que es la Constitución, en la que quedan plasmadas las aspiraciones y los reclamos de las fuerzas revolucionarias del pueblo levantado en armas, de lo que quería para México, cómo caminar, por dónde ir, qué buscar, cuáles eran sus objetivos básicos, la voluntad de la nación, como dijeran los teóricos, nace un concepto revolucionario nuevo, ése es mi moderno, de la propiedad, como una concesión de la nación, a través del Estado a los particulares, sujeta siempre a las modalidades que dicte el interés público y con la finalidad de alcanzar la justicia social, y ésa es la base teórica, política, jurídica, para que el Estado mexicano se enrumbe por la vía de las nacionalizaciones como una vía fundamentalmente de carácter reivindicatorio de la independencia y la consolidación de la soberanía de la nación.
Y las nacionalizaciones en México se hacen a través de tres métodos fundamentalmente: la
expropiación de bienes privados o extranjeros, la creación de una empresa nueva o la compra de una empresa ya establecida, o bien, yo hablaría de un cuarto método que sería la combinación de estas tres formas de la nacionalización, con el objetivo de que el Estado mexicano asuma directamente responsabilidades de carácter económico y social, pero fundamentalmente de consolidación de la independencia económica del país.
Esa es la razón, ése es el objetivo de la vía de las nacionalizaciones; no de controlar por controlar, no de manejar por manejar, sino en función de los altos intereses de la nación mexicana. Todo mundo lo sabe, el que paga manda, lo demás es teoría, lo demás es hacerse, por no faltarle al respeto a la honorable Asamblea. El que paga manda, y si la nación mexicana a través del Estado es la que controla directamente, es el que paga, el que tiene en propiedad las empresas estratégicas y prioritarias, es el que decide en función de los intereses nacionales; lo demás es teoría, lo demás son buenas intenciones y no hay que olvidar que el camino del infierno está sembrado de buenas intenciones. Ese es el problema.
Respecto del problema de la modernización tecnológica, de la que nos habla el señor diputado Roque Villanueva, él se pone un coto insuperable. Dice, sin decirlo quizá expresamente, que sin la apertura al capital extranjero, sin permitir que las empresas estratégicas o prioritarias de México se entreguen en bandeja de plata al capital extranjero, no es posible la adquisición de la moderna tecnología que hoy impera en el mundo en una revolución científico - técnica portentosa que todo lo arrasa y que lleva su impronta a todos los quehaceres del hombre.
Yo recuerdo el pensamiento del socialista utópico Saint Simón, que en cierta ocasión dijo, refiriéndose a la nación francesa:
Bueno, ¿qué pasaría si en un momento determinado falleciera el Rey de Francia?
Pues nada, el príncipe heredero tomaría su lugar y seguiríamos tan felices o más como siempre.
¿Pero qué pasaría, - dijo Saint Simón - , si de pronto fallecieran los 10 mejores matemáticos, los 10 mejores médicos, los 10 mejores químicos, los 10 mejores biólogos, los 10 mejores maestros normalistas de la nación francesa?
Entonces eso sí sería una grave pérdida irreparable para Francia; estaríamos en una situación muy difícil, porque la vida cotidiana de Francia caería en la anarquía, en el desasosiego, en la ineficiencia y provocaría situaciones imprevisibles de carácter económico, social y político.
Pero Saint Simón dijo eso hace muchos años, mi querido diputado Roque, la historia ha cambiado mucho, la ciencia y la técnica por muy moderna que sea, está en el mercado necesariamente, porque se compra y se vende en el mercado y de algún modo la podríamos comprar. Lo que no podemos comprar, lo que no podemos adquirir porque no ésta en el mercado, es conciencia patriótica, es sentido de conducción, de liderazgo nacional.
México es una nación independiente, soberana, no una empresa en busca de gerentes ni de inversionistas de ningún lado, ése es el problema de fondo.
Que se nos quiere convencer de que sin tener directamente controlada a la empresa Teléfonos de México, S.A., y otras de las telecomunicaciones, es posible garantizar la rectoría del Estado, bueno, pues a eso ya nos referimos.
Pero lo cierto es que aún a pesar de que en la sesión del 28 de diciembre del año pasado, el pleno de la Cámara de Diputados formula atenta invitación al Secretario de Comunicaciones y Transportes, para que comparezca ante la representación nacional a explicar en qué consiste esta rectoría del Estado en las telecomunicaciones y que se mantendrá aún sin la apropiación de Teléfonos de México.
De cualquier modo, no es una invitación que le formula una persona particular a otra, es un acuerdo de la máxima representación nacional del pueblo mexicano y merece respeto, aún siendo invitación; no puede unilateralmente soslayarse y olímpicamente retrasar o posponer su comparecencia en tanto que en la práctica se continúa instrumentando una política de hechos consumados y eso no lo podemos aceptar, por la respetabilidad del propio Poder Legislativo.
Por estas razones, considero que es válida la propuesta que nos hemos permitido hacer: la necesidad de que los funcionarios involucrados en este proceso de entrega de una empresa estratégica, que no es cualquier cosa, es una empresa que es patrimonio sagrado de la nación, se venda, se enajene. Los funcionarios involucrados en este proceso deben comparecer ante esta representación nacional a explicar motivos y razones, es lo menos. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Pablo Gómez Alvarez.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: - Sería de suponerse que si el Partido Revolucionario Institucional no quiere que venga
Aspe, pues es por algún temor, porque de otra forma pues no habría objeción a que viniera.
El diputado Roque Villanueva nos habló aquí de las ideas sobre Estado mínimo, del Estado intervencionista. Yo lamento que no haya hablado del Estado democrático, que ése es realmente el tema actual y más importante, sobre todo en un país como México.
Dice el diputado Roque Villanueva que Teléfonos de México es una macroempresa, que requiere de un canal de financiamiento que rebasa la capacidad del ahorro interno. El no desconoce que en nuestro país el ahorro interno es bastante mayor que la inversión total, y que una parte importante del ahorro no está siendo canalizado a la inversión productiva, sino que abarca o toma parte de los circuitos especulativos, lo cual es un problema para este país; es decir, el país ahorra más de lo que se ha podido invertir hasta este momento. Esto es un fenómeno económico que está ocurriendo en México, pero él dice que como el ahorro es bajo, hay que recurrir al exterior.
Dice también que la tecnología no es nuestra, y para el cambio técnico de Teléfonos de México se requiere recurrir al exterior.
Y dice por último que pues la situación en este momento de la empresa es la normal habitual que se lleva a cabo cuando se va a hacer una desincorporación de una empresa.
Veamos la primera cuestión. En un par de años, 1982 - 1983, quizá 1984, ¿los saca dólares cuánto se llevaron del país? ¿y los saca dólares no se llevaron acaso ahorro interno? ¡Eso fue lo que se llevaron! ¿Si se llevaron 30 ó 40 mil millones? Teléfonos de México necesita unos 5 mil millones, pero para varios años; no puede desembolsar en inversiones una cantidad tan grande en un solo año.
Si Teléfonos de México es una macroempresa, pues tiene macronecesidades, macromercado y también macroposibilidades de financiamiento, pues todo es según de lo que se trate.
Ya se ha dicho aquí; la tecnología telefónica se puede adquirir, es cara pero se puede adquirir, pero lo más importante es que genera posibilidades de ganancias extraordinarias, justamente la telefonía, en todas partes.
El cambio técnico en la telefonía está generando las posibilidades de multiplicar la tasa de ganancia, o sea, lo que se obtiene por beneficios entre cada unidad de capital invertido. Que eso es lo que busca el capital en efecto, aumentar, desarrollar la relación que existe entre las unidades de capital y la ganancia neta que se obtiene al final.
Entonces ¿qué es lo que tenemos aquí nosotros? Que con unas inversiones adecuadas en este momento en Teléfonos de México, con la posibilidad de obtener la nueva tecnología, resolviendo una serie de problemas de burocratización y de gastos que de ninguna manera se justifican en teléfonos, teléfonos es una empresa que puede tener a corto plazo ganancias muy altas, enormes ganancias, ésa es la perspectiva de Teléfonos de México.
Pero el gobierno actual en lugar de ver a Teléfonos de México como una empresa que puede coadyuvar a las finanzas públicas, que en parte para eso deben ser las empresas públicas, para que hagan una contribución, simplemente vean ustedes lo que paga de impuestos Petróleos Mexicanos.
Petróleos mexicanos hace una contribución inmensa a las finanzas públicas de este país, incluso está dando una contribución mayor de la que debiera para asegurar su propio desarrollo, ya se ha comentado bastante ese asunto. Pero no, en lugar de eso se dice, cómo necesitamos recurrir al extranjero en busca de capital fresco, como le llaman, o dinero fresco para convertirlo en capital dentro de la empresa, pues, entonces no nos queda otra más que eliminar el control del gobierno federal sobre la empresa. Esa es la lógica que no está clara. ¿A qué intereses obedecen, quienes así piensan? Ese es el punto.
Entregar la administración de Teléfonos de México a un grupo de individuos vinculados con las transnacionales telefónicas extranjeras, ésa es nuestra perspectiva. Las acciones de Teléfonos de México se venden en Nueva York, se puede hacer un plan financiero al respecto, la telefónica española lo ha hecho con muchísimo éxito. ¿Por qué en México se plantea modificar una situación que puede permitir al gobierno federal, ayudar a resolver problemas de finanzas públicas, con las perspectivas económicas de una empresa como Teléfonos de México? Ese es el punto. Repito, ¿a qué intereses obedecen quienes así actúan y quienes dan esos argumentos? ¿Cuál es la ventaja para el país de entregar a un grupo de empresarios privados nacionales y extranjeros Teléfonos de México? Esa es la cuestión.
Si Teléfonos de México se va a modernizar y va a aumentar enormemente sus ganancias, nadie invierte sino en la búsqueda de ganancias, eso está clarísimo, creo yo, ¿cuál es la ventaja para el país hacer esta operación?
¿Teléfonos de México se va a entregar por cuánto? ¿Por 600, por 700, 800, quizá 1 mil
millones de dólares?, ¿ésa es la idea? Si andan buscando 1 mil millones de dólares para entregar a alguien el control de una empresa gigantesca y tan importante y decisiva como Teléfonos de México, yo no puedo creer que durante 1990 la empresa Teléfonos de México no pueda obtener 1 mil millones de dólares y ya empezó a aumentar tarifas, ¿verdad? Puede hacer muchísimas otras cosas.
Si la empresa privatizada lo puede hacer, ¿Por qué no lo puede hacer la empresa como está ahora? Esa es la pregunta. ¿Qué los grupos ligados a las transnacionales telefónicas y estos señores saca dólares, son más inteligentes que cualquier otro administrador?, ¿ellos pueden más?, ¿en último caso pueden más que un Estado?, ¿o eso es lo que se quiere subrayar justamente?
Que la idea es, que en efecto, ellos sí pueden hacer los grandes y exitosos negocios, pero nada más ellos, nadie más los puede hacer y hay que facilitarles. En una operación de mercado abierto ¿No se harían del control?, ¿en una operación de mercado abierto no se hubieran hecho del control de Mexicana de Aviación, los señores amigos de Abedrop, que son a su vez amigos de otros señores que están en el gobierno?
Lo que están haciendo es entregar la administración de empresas controladas por el gobierno federal a unos cuates para hacer grandes negocios y compartir con las transnacionales. Yo quiero decir en México las transnacionales, por lo menos en los últimos 15 años, no han hecho ningún aporte de la formación bruta de capital, y se puede comprobar empíricamente, y está comprobado empíricamente.
La empresa transnacional no está diseñada, de ninguna manera, para hacer aportaciones de la formación bruta de capital de países como el nuestro. Y éste es el problema entonces también de fondo, la alianza con las transnacionales y con el gobierno de Estados Unidos.
Para hacer una alianza con esas entidades, es como se ponen en realidad en práctica los programas de transferencia de la administración de grandes e importantes empresas mexicanas para que queden en manos de estos señores.
Entonces la cuestión es política, esencialmente política, y que no nos vengan a decir, verdad, que el problema consiste en una cuestión técnica de tener acceso a la tecnología y al capital necesario. Es política esencialmente y eso es lo que queremos que nos vengan a explicar, que el señor Aspe responda a eso.
Porque el señor Secretario de Comunicaciones va a decir que el Estado tiene en sus manos, el sistema éste de microondas, si va a mantener otros sistemas que tiene ya de suyo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que no hay ningún problema ni tenemos de qué preocuparnos. No, sí tenemos de qué preocuparnos. No de la situación nada más por serlo, sino de la política que está aplicando el gobierno actual, de los intereses que está representando este gobierno. Este es el problema, y todo lo que está involucrado en ello.
Yo recuerdo, por ejemplo, que el gobierno muy olímpicamente una vez dio instrucciones a Banobras para que hiciera una conversión de deuda del Grupo Alfa, que debía mucho porque compró muchas empresas; y entonces el dinero que debía Alfa en dólares se lo canjeó Banobras en pesos, para decirlo de manera que se entienda claramente.
El que se quedó con la deuda en divisas, pues fue Banobras, Alfa quedó muy bien y ahora está de lo mejor, Alfa, haciendo los negocios, creciendo, desarrollándose, grandes ganancias gracias a que el Estado le dio todo el apoyo en una operación en la que perdió dinero de fondos y recursos de la nación, para que una empresa monopólica resolviera los problemas de todos los errores que había cometido en el avorazamiento por comprar líneas completas, electrónicas, eléctricas, etcétera, de la industria privada.
Entonces, sí son muy buenos para apoyar esos grupos de gente que, a la hora de la hora, se lleva el dinero a Nueva York, verdad. Pero por lo que se ve muy capaces de poder presentar auténticos proyectos de desarrollo que resuelvan problemas nacionales, que otorguen ventajas al país, que den un servicio de carácter social, que fortalezcan las finanzas públicas efectivamente y que establezcan pautas de desarrollo nuevas. Eso parece ser que este gobierno no tiene capacidad en absoluto para hacerlo, pero muy bien para hacerlo en los negocios a sus amigos, esos pequeños grupos de especuladores que de todas maneras siguen teniendo su dinero en Nueva York.
El C. Presidente: - El diputado Jorge Alberto Ling Altamirano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; en turno el diputado Rogelio Montemayor, del Partido Revolucionario Institucional.
El C. diputado Jorge Alberto Ling Altamirano: - Señor Presidente; honorable asamblea: Nos parece que es muy válido el planteamiento de la comparecencia y queremos hacer algunas reflexiones y mencionar algunos hechos que pueden enriquecer el debate.
En contra de la proposición, prácticamente nos quiere dar por muertos, dice que la cosa ya está hecha, que no hay nada que discutir, etcétera; de tal manera que olímpicamente le está negando la facultad que tiene esta soberanía para tener acceso a estos asuntos de las finanzas públicas. De tal manera que nosotros rechazamos esta actitud prepotente de decir: "las cosas ya están resueltas y se acabó. Así es que digan lo que digan, el determinismo económico ya lo dijo y no hay nada que discutir".
Nosotros pensamos que es evidente que aquí tiene que ver lo que se llama la rectoría del Estado. ¿Cómo se va a ver afectada la rectoría del Estado, sobre todo en materia de comunicaciones?, ya que la rectoría del Estado tiene como finalidad, realmente la fabricación del bien común, y si se pierde la facultad del Estado para tener esa rectoría de los medios de comunicación, el bien común de la nación puede verse mermado en la misma proporción.
No estamos hablando de cómo se va a hacer el traslado o una venta de una empresa cualquiera; no estamos hablando de una enlatadora de chiles o algo por el estilo; estamos hablando de una empresa que para nosotros tiene que ver mucho con la estrategia y la soberanía nacional. De tal manera que rechazamos el mecanismo fácil de que pues simplemente se pone a la venta al mejor postor, vienen los extranjeros, adquieren acciones y se acabó, porque van a poner una empacadora de noticias. ¡No señores!, es algo mucho más grave que esto.
¿Por qué decimos esto? Porque la infraestructura para que funcionen los teléfonos de México, no están relacionados en que independientemente de cualquier otro mecanismo, pueden funcionar arbitrariamente. Por ejemplo, la venta de las compañías aéreas, no se puede desligar del uso de los aeropuertos, del espacio aéreo. Vamos a ver, pensando si también pudiésemos vender la administración de los aeropuertos, ¿cómo podría afectar esto? Pues en un símil entendible, es ésta la relación que tiene la telefonía con la soberanía nacional, con la administración de los recursos del espacio aéreo, de las microondas, etcétera.
Miren ustedes, para que funcionen los teléfonos de México, incluyendo los de tecnología muy avanzada, se necesita una infraestructura que es compartida por otros organismos. Las torres de microondas no solamente son para telefonía, sino también para la transmisión, la de microondas, para la televisión, para las comunicaciones, en especial de información financiera, los bancos, a través de sus computadoras y de los sistemas multiplexores, pues hacen una interrelación de las comunicaciones en donde se tiene acceso a este tipo de comunicaciones. Las torres de microondas no son exclusivamente de Teléfonos de México.
Asimismo, se comparte la cuestión de los canales en los satélites. ¿De quién son los satélites, de Teléfonos de México o realmente de la soberanía?, son de la nación; ¿quien debe de administrarlos?, ¿qué espacio se les va a ceder en este tipo de coadministración de los satélites? Todo esto queremos que nos lo expliquen perfectamente bien, para saber claramente qué decisión es la que se está tomando.
Nosotros sabemos que con todo este tipo de interrelación de la infraestructura, también están las comunicaciones, por ejemplo, de la Defensa Nacional. La Secretaría de la Defensa Nacional tiene sus propios medios de comunicación, pero también comparte la comunicación de los teléfonos comerciales para cosas que no son estratégicas. Esto es importante.
Por ejemplo, en caso de un conflicto laboral, en que por cualquier motivo de relaciones obrero - patronales, sea por parte de los patrones o por parte de los obreros, se sancionase con un paro en las comunicaciones, ¿cómo funcionarían las requisas?, queremos saber ¿cómo funcionaría este tipo de mecanismos que tiene el Estado para hacer que las cosas funcionen?, y si realmente merece una intervención del Estado quiere decir que las comunicaciones en este sentido son prioritarias y si son prioritarias no pueden ser compartidas simplemente así nada más sin una reglamentación clara por parte de la iniciativa privada. Nosotros queremos saber cómo están estos mecanismos de interrelación, cómo queda la soberanía, cómo están los mecanismos de requisa en caso de conflictos obrero - patronales; además la voz de los empleados de Teléfonos de México vía su vocero oficial Hernández Juárez no dice nada, está simplemente agazapado a ver qué es lo que se resuelve; tenemos que oír también la voz de los obreros, de los trabajadores de la comunicación en Teléfonos de México, esto es importante también para poder tener realmente una decisión clara acerca de lo que se quiere tomar.
Si esto es simplemente una empresa y se quiere abrir a la iniciativa privada y como el diputado Pablo Gómez lo dijo, si es simplemente el afán de lucro lo que va a mover a los inversionistas para adquirir esto, pues evidentemente Teléfonos de México se va a ir a los renglones más rentables; en este sentido las tecnologías modernas que son las más rentables, las que por llamada dejan un porcentaje mayor, tanto en porcentaje y en bruto, pues las comunicaciones tradicionales van a ir siendo abandonadas y si es el afán de lucro
quedarán muchos huecos en el campo de las comunicaciones vía teléfonos. ¿Cómo va a quedar la telefonía rural, nunca va a poder ser realmente comunicado el campo vía telefónica porque ese renglón o es muy rentable comparado con teléfonos unicelulares, de tal manera que nosotros queremos también tener información acerca de esto.
Por otra parte, se quieren adquirir nuevos ingresos que no fueron presupuestados con la venta de estas paraestatales. ¿Cómo se va a manejar el ingreso extra?, ¿para qué lo va a administrar?, ¿en qué se va a invertir? Porque si simplemente es hacerse llegar recursos para el gobierno y realmente que no tenga déficit en el gasto público, al rato va a estar vendiendo las playas, al rato va a estar vendiendo no sé, territorio, de modo que con esta venta para poder equilibrarse las finanzas públicas al rato tendremos una soberanía paralela de los inversionistas privados tanto nacionales como extranjeros.
Esto es muy grave, nosotros queremos información, no hemos hechos más que pedir información, no estamos votando a favor o en contra de la venta, estamos votando a favor o en contra de la información que queremos para saber qué sucede con esto.
Por lo tanto, los diputados miembros del Partido Acción Nacional que estamos aquí presentes vamos a votar a favor de que venga el Secretario de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Rogelio Montemayor, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El C. diputado Rogelio Montemayor Seguy: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores: El día de hoy hemos estado asistiendo a una discusión que se ha venido dando en varios planos. En un plano hemos estado hablando sobre el papel del Estado en la economía, yo diría que en un terreno todavía más abstracto estamos hablando sobre el viejo problema de la propiedad de los medios de producción que en un tiempo se pensó que era la solución para resolver los problemas de desigualdad que se generaban en las economías donde los medios de producción eran de propiedad privada. Y estamos asistiendo también a una discusión sobre las razones de la venta de una compañía importante: Teléfonos de México, así como sobre el tema de la comparecencia de distintos funcionarios del Ejecutivo ante distintas comisiones de la Cámara de Diputados.
En relación al primer punto, quisiera distinguir mis argumentos en ambos niveles, porque tiene que ver con el papel del Estado; no voy a entrar en una discusión sobre el concepto del Estado, a fin de cuentas es algo sumamente complejo y una de las construcciones humanas más complejas y elusivas para precisar; sin embargo, es claro que esto, el papel del Estado, la naturaleza del Estado, que es de lo que estamos hablando, tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con la historia de una sociedad, con las ideologías dominantes en esa sociedad, y tiene que ver también con la realidad, con la realidad no sólo de esa sociedad en donde se da el estado, sino la realidad internacional en el momento en que surge o se consolida un Estado.
En nuestro caso, en el caso de México, es esa historia, es esa ideología revolucionaria, y la realidad de México al inicio del siglo, fijaron una naturaleza muy particular del Estado mexicano, un Estado al cual se le asignaron una serie de facultades, como aquí ha sido dicho, de funciones, que vale la pena recordar un poco, porque hasta donde yo recuerdo, en ningún momento entre estas facultades que se dieron al Estado mexicano, está la de poseer empresas, sino se le dieron facultades en otro orden y en otro nivel de ideas, facultades que tienen que ver con la promoción del constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo de México.
Estas responsabilidades constitucionales del Estado, al ser contrastadas con la realidad, una realidad que en lo interno era la de un país devastado por una guerra civil, un país con un grado incipiente de desarrollo, como es común escuchar, con un desarrollo de sus fuerzas productivas sumamente precario; una situación internacional donde el signo de los tiempos era el conflicto y la recesión, al contrastar con esta realidad el Estado mexicano para cumplir, y esto hay que tenerlo muy claro, sus responsabilidades que le asignó la Revolución Mexicana en la Constitución de 1917, desarrolla una serie de instrumentos para consolidar la capacidad necesaria para actuar sobre esa realidad y transformarla.
Uno de estos instrumentos, muy importante, fundamental, sin el cual hay que decirlo, no podríamos entender al México del presente, ha sido la empresa pública, la empresa pública ha jugado un papel muy importante en la construcción del México actual, nadie lo niega, pero lo que tampoco podemos negar es que si la realidad cambia, tenemos que revisar nuestros instrumentos, porque los principios, las funciones, las responsabilidades siguen siendo válidas, tenemos que cumplir con ellas, y esta revisión de instrumentos es donde se están dando estos procesos de desincorporación de empresas públicas.
Y por ello yo quiero, en primera instancia, rechazar categóricamente, enfáticamente, la acusación que se está haciendo a la política económica, a este esfuerzo del gobierno mexicano por revisar sus instrumentos para cumplir mejor con sus responsabilidades y que aquí se le ha catalogado de contrarrevolucionario. Me parece que contrarrevolucionario es aferrarse al pasado, es negarse a revisar instrumentos cuando estos instrumentos han perdido su potencial y su capacidad de seguir actuando sobre la realidad para transformarle en función de objetivos precisos, objetivos que están plasmados en la Constitución, que siguen siendo válidos y que son todavía algo por alcanzar.
También rechazo la acusación de traición a la Revolución en función a los argumentos que aquí fueron expuestos. Y yo preguntaría: ¿a quién?, ¿a quién se está traicionando?, ¿a quién se está traicionando cuando lo que se está buscando es la mejor manera de cumplir con una obligación? Y yo quiero que me digan, compañeros, si la obligación del Estado mexicano es tener una compañía de teléfonos o la obligación del Estado mexicano es que haya un buen servicio de teléfonos, para el pueblo de México. ¿Cuál es el propósito? No pongamos la carreta delante de los bueyes.
(Desorden.)
El C. diputado Rogelio Montemayor Seguy: - Señor diputado, yo le escuché con respeto, le ruego lo mismo, cuando termine de hablar hace uso de la palabra.
El C. diputado Miguel Montes García (desde su curul): - Señor presidente, están prohibidos los diálogos. El señor diputado debe seguir la pauta en que deben desarrollarse las sesiones.
El C. Presidente: - Ciudadanos diputados, todos sabemos, de conformidad con la ley y con el reglamento, que no están permitidos los diálogos durante el desarrollo de esta sesión. Yo les pido atentamente a todos los miembros, integrantes de esta Permanente, acaten los términos tanto de la ley como del reglamento; continúe diputado con su intervención.
El C. diputado Rogelio Montemayor Seguy: - Gracias, señor Presidente: Voy a pasar ahora al segundo plano, desde las razones y los criterios particulares de la venta de esta empresa, y aquí no voy a entrar en un gran detalle puesto que hasta donde entendí la propuesta del diputado del Partido Popular Socialista su objetivo final es el tercer plano, el de la comparecencia de funcionarios.
Pero sólo quiero hacer una aclaración porque se ha manejado mucho esa idea y es lo de entregar al extranjero. No se está entregando al extranjero
absolutamente nada, para el caso no se le está entregando a nadie nada, es un proceso de vender una empresa con la participación accionaria del gobierno mexicano en dicha empresa, y hay un lineamiento, un criterio muy claro que ha sido establecido desde el inicio del proceso, en ese sentido, de que por ninguna razón el control de esta empresa podrá quedar en manos extranjeras.
Quiero pasar al problema de la comparecencia y a las razones por las cuales nos hemos opuesto a la propuesta hecha. Una primera razón es muy sencilla, señores, el próximo día 12 de febrero comparece el Secretario de Comunicaciones y Transportes, frente a comisiones de la Cámara de Diputados sobre el mismo tema. Entonces pareciera como que si no se trata en realidad de que comparezcan los funcionarios sino pues de otros objetivos de mantener una situación en un estado de agitación, de escándalo.
Y finalmente quiero hacer unas observaciones a algunos comentarios que hizo el diputado Pablo Gómez, él hablaba de algo que está en el centro del problema, ya en el ámbito puramente económico, si el ahorro es mayor que la inversión. Esta es una cuestión debatible, yo dudo que el ahorro sea mayor que la inversión, pero en lo que sí yo estaría de acuerdo, señor diputado, es que en México hay un problema de asignación del ahorro que existe, que generar la economía, y esto es parte de lo que está en el centro del proceso y de todo este esfuerzo por impulsar y aumentar la productividad general de la economía nacional, no por el prurito de hacerlo sino como base para aumentar el bienestar y el nivel de vida de todos los mexicanos.
Si hay un nivel de ahorro público, de recursos público, ¿qué es lo más eficiente desde el punto de vista social?, ¿que el gobierno lo invierta en Teléfonos de México, que lo invierta en Aeroméxico, o que lo invierta en educación? Yo creo que con los problemas que estamos viendo en la educación nacional, es clara la respuesta del uso eficiente de los recursos públicos.
Y aquí hay una falacia en el argumento porque no se trata de ver Teléfonos de México o de si hay o no hay los 700 millones o los 5 mil millones, de dólares que se requieren para esa empresa; es una decisión a un nivel más global; ¿donde deben usarse los recursos públicos?, ¿dónde le va a rendir más a la sociedad mexicana, si comprando aviones, si manteniendo una empresa telefónica o resolviendo el problema de salud, de educación y de alimentación de México? Para mí, la respuesta es clara, se trata de lo segundo.
Quiero concluir, señalando que no estaría yo de acuerdo con el hecho de que los aeropuertos fueran incluso de propiedad privada fuera un problema de soberanía; todos los países europeos están privatizando sus aeropuertos, y no creo que sean menos soberanos de lo que podemos nosotros ser. El problema de soberanía no está en la propiedad de los medios de producción, señores, porque al final de cuentas es una sociedad la que está buscando su soberanía, y Estado y sociedad luchar juntos por fortalecernos todos para mantener esa soberanía. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. diputado Jesús Antonio Carlos Hernández (desde su curul): - Pido la palabra, señor Presidente, para hechos.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Jesús Antonio Carlos Hernández.
El C. diputado Jesús Antonio Carlos Hernández: - Compañeros legisladores: Sí me parecía un poco extraño que uno de los personeros más caracterizados de esta ola privatizadora, presente en esta Cámara, no interviniese en este por demás serio e interesante y profundo debate. Qué bueno que así sea, porque eso sirve para fijar posiciones, para que cada quien se defina, para que cada quien asuma su trinchera frente a los momentos estelares de México, cuando está de por medio el interés del país.
Es muy grave, a mi juicio, y lo digo con todo respeto, que un personero del gobierno reconozca la incapacidad del gobierno para manejar una empresa, así sea una macroempresa. Si el Estado mexicano revolucionario, si el gobierno que lo representa reconoce que no tiene capacidad para manejar con honradez y con eficiencia una empresa, ¿cómo se puede arrogar el derecho de conducir con capacidad y eficiencia los destinos de la nación mexicana? Eso es verdaderamente un suicidio, un absurdo, un reconocimiento grave de una seria deficiencia.
El C. diputado Rogelio Montemayor Seguy (desde su curul): - Señor presidente, quisiera hacer una interpelación al orador.
El C. Presidente: - ¿Acepta usted una pregunta del ciudadano diputado Montemayor?
El C. diputado Jesús Antonio Carlos Hernández: - Con mucho gusto.
El C. diputado Rogelio Montemayor Seguy (desde su curul): - ¿Quisiera decirme en qué parte de mi intervención dije que el gobierno es incapaz para administrar una empresa?
El C. diputado Jesús Antonio Carlos Hernández: - Dice usted que las empresas públicas han perdido su potencialidad para cumplir sus funciones. Así dijo, aquí está la versión estenográfica. Pero si no lo dijo, qué bueno que rectifique, o si lo dijo y ahora se arrepiente, pues que bueno.
Dice usted que las empresas públicas han perdido su potencialidad para cumplir sus funciones y que la función esencial es el buen servicio; es decir, haciendo un juicio de injerencia: los monopolios extranjeros, la iniciativa privada, sí pueden garantizar buen servicio, el Estado mexicano, no. Eso es lo que está reconociendo el señor diputado. Yo pienso que el que puede lo más, puede lo menos, pero el que no puede lo menos, pues menos va a poder lo más.
También lo que quiero rectificar, el hecho que quiero rectificar, es la afirmación del compañero diputado que me antecedió en el uso de la palabra, es que creo que se fue un poquito de...; es decir, hizo afirmaciones temerarias. Vamos precisando.
Dice que por el hecho de que estamos solicitando la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Pedro Aspe, de Andrés Caso, del director general de Teléfonos de México, es decir, de los funcionarios involucrados en este proceso de enajenación de una empresa estratégica del país, dice que lo que pretendemos es crear un estado de agitación. No, no es para tanto, la verdad, sinceramente. Yo creo que no hay ningún estado de agitación ni se pretende llegar a eso.
Si con la simple solicitud de que los personeros del Poder Ejecutivo, vengan ante la representación nacional a explicar sus razones y motivos de su quehacer público, no de su quehacer público cotidiano siquiera, sino de hechos trascendentes, esenciales, torales, para la vida de México, como es el caso, dígasele como se le diga, de la enajenación a monopolios privados extranjeros , porque es falso de toda falsedad, que haya mexicanos nacionalistas, patriotas que tengan la capacidad económica suficiente para garantizar la propiedad nacional de una empresa de esta envergadura y que en un momento dado puedan poner por encima de sus intereses personales, los altos intereses de la nación mexicana.
Esas son las cuestiones que quería rectificar de manera muy simple: ni pretendemos agitación ni estamos convencidos de que el Estado mexicano no pueda otorgar buen servicio y todavía conducir, si tiene inspiración patriótica y revolucionaria, los destinos de México. Muchas gracias.
El C. diputado Rogelio Montemayor Seguy (desde su curul): - Pido la palabra, señor Presidente.
El C. Presidente: - Dígame, señor diputado, ¿con qué objeto?
El C. diputado Rogelio Montemayor Seguy (desde su curul): - Para alusiones.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Rogelio Montemayor.
El C. diputado Rogelio Montemayor Seguy: - Con su permiso, señor Presidente: Bueno, hemos estado discutiendo un tema importante, del cual hemos ofrecido razones, argumentos y en cambio recibimos pues adjetivos que quizá reflejen la falta de argumentos.
Y quisiera también aclarar que nunca se habló de incapacidad del Estado; se hablo de que frente a una realidad que cambia, un instrumento que pudo haber sido adecuado en un momento determinado, puede perder su capacidad transformadora, y que en ese supuesto hay que revisar si lo que se busca porque reitero que nunca se buscó tener una empresa telefónica, si el gobierno entró en su momento no fue con el propósito de tener una empresa telefónica, sino de asegurar un servicio, como es el caso de muchas otras empresas.
Y si ahora frente a la realidad actual, ese instrumento, o sea, el ser el dueño de los medios de producción que es el instrumento ya no lo garantiza, pues debemos buscar otros medios.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): _¿Me permite una pregunta el orador?
El C. Presidente: - Permítame, diputado. Diputado Montemayor, ¿acepta usted una pregunta del diputado Pablo Gómez?
El C. diputado Rogelio Montemayor Seguy: - Sí, cómo no.
El C. Presidente: - Diputado Pablo Gómez.
El C. Diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): ¿Por qué la disyuntiva en el servicio telefónico y la propiedad? ¿Qué para dar un buen servicio se requiere que la propiedad sea de una determinada forma que alguien dice cuál es? Esa es mi pregunta.
El C. diputado Rogelio Montemayor Seguy: - Vuelvo a insistir y voy a repetir, señor diputado. Estamos hablando desde el punto de vista del Estado. El Estado frente a una realidad, frente a una preocupación de porqué un servicio no se estaba dando, en su momento tomó la decisión de adquirir la empresa para dar directamente ese servicio, a tráves de una de sus empresas. ¡Bueno, pues entonces contéstese usted solo, diputado! Muchas gracias.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): Esa no es una respuesta.
El C. diputado Jesús Antonio Carlos Hernández (desde su curul): - Pido la palabra.
El C. Presidente: - Dígame, ¿con qué objeto, diputado?
El C. diputado Jesús Antonio Carlos Hernández (desde su curul): - Para hacerle una pregunta.
El C. Presidente: - Permítame. Diputado Montemayor, ¿acepta usted una pregunta del ciudadano diputado Jesús Antonio Carlos Hernández?
El C. diputado Rogelio Montemayor Seguy: - Siempre y cuando me deje concluir mis respuestas, con mucho gusto.
El C. Presidente: - Diputado.
El C. Diputado Jesús Antonio Carlos Hernández (desde su curul): - La pregunta, señor diputado Montemayor, es, ¿si usted reconoce públicamente aquí, desde la tribuna más alta del país, que la empresa Teléfonos de México, Sociedad Anónima, hasta hoy bajo el control mayoritario administrativo y económico del Estado mexicano no puede dar un servicio telefónico a la nación?, ¿sí o no?
El C. diputado Rogelio Montemayor Seguy: - Le voy a contestar, diputado. Desafortunadamente no es tan sencillo así como sí o no, porque usted todavía o no me entiende o no quiere entenderme. Yo le estoy diciendo que el Estado mexicano tiene una serie de responsabilidades constitucionales que tiene que atender, y ésa es la disyuntiva. Qué atiende, atiende esas responsabilidades constitucionales o atiende una empresa, que puede ser atendida de otra manera y que el Estado puede cumplir su responsabilidad, que en este caso, en el caso referido al servicio telefónico es asegurar que haya un servicio de calidad al pueblo de México y lo puede cumplir con otros medios.
Y en esa disyuntiva el Estado mexicano está optando por cumplir sus responsabilidades constitucionales de bienestar y de elevación del nivel de vida de los mexicanos
El C. diputado Jesús Antonio Carlos Hernández (desde su curul): - ¿Entonces esa forma de darles el buen servicio es entregarles la empresa a los monopolios privados nacionales o extranjeros?
El C. diputado Rogelio Montemayor Seguy: - La forma de dar un buen servicio requiere y va a requerir todo un esquema de regulación por parte del gobierno sobre el servicio. Lo que le estoy diciendo es que no es determinante, siempre y cuando el control esté en manos de mexicanos; que no es determinante que sea propiedad pública. Pero si requiere un buen servicio, requiere de regulación, requiere de normas claras por parte del gobierno, porque ésa es su responsabilidad y a eso sí no va a renunciar. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si se admite o no a discusión la proposición.
El C. secretario diputado Mauricio Miguel Ángel Valdés Rodríguez: - En votación económica se pregunta si se admite a discusión la proposición.
Los que estén por la afirmativa, ponerse de pie.
Los que estén por la negativa, ponerse de pie... Desechada, señor Presidente.
SOBRE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Juan José Medrano Castillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la Policía Judicial Federal.
El C. diputado Juan José Medrano Castillo: - Honorable asamblea: Hace tan sólo unos días, esta tribuna fue un foro para comentar y denunciar algunos actos cometidos por elementos de distintas policías, específicamente de la Policía Judicial Federal.
Actos que constituyen delitos y que constituyen también excesos en el ejercicio de sus funciones policiacas, jamás serán justificables ni la comisión de delitos ni tampoco los excesos en el ejercicio de esas funciones.
Sin embargo, yo quiero entender, coincidiendo con algunos comentarios de la sesión de hace 15 días, que formuló el señor licenciado Miguel Montes, que efectivamente no todos los elementos de las policías se exceden en el ejercicio de sus funciones, ni cometen delitos. Y sería razonable entender, aunque sin justificar, que ocasionalmente, que como actos aislados, se dieran estos excesos, repito sin justificarlos, pero entendiéndolos.
Lo preocupante, señores legisladores, es que se den con tanta frecuencia y que también deba calificarse la magnitud de estos actos y es por ello que hay que censurarlos. Hay que levantar la voz, porque éste es un tema que está actualmente en el ánimo de todos, de la sociedad mexicana, de los medios de información. Simplemente el día de ayer y hoy articulistas, comentaristas, editorialistas de los distintos medios de comunicación social se abocan a ello y nosotros en el Poder Legislativo debemos también hacer un pronunciamiento viril para censurar estas actitudes primitivas.
El día de ayer el subprocurador general de la República, el licenciado Javier Coello Trejo, afirmaba que vivimos en un estado de derecho y que tenemos leyes justas y jueces justos. Yo pregunto, si tenemos leyes justas, ¿por qué no se cumplen? Y precisamente por quienes en nombre de la justicia cometen tantas injusticias, por quienes actúan en nombre de la ley y son de los primeros en violarla. Tenemos innumerables casos que se han denunciado ya tanto en el pasado período ordinario en la Cámara de Diputados, y comentaba al principio de mi intervención, también en esta tribuna de la Comisión Permanente.
Ahí están los casos de Ceballos en Durango, de Baja California, y los distintos casos que se han denunciado sobre arbitrariedades de la policía, cometidos en esta ciudad.
Y hoy quiero ejemplificar denunciando unos hechos que tienen consternada a la ciudadanía de Tehuacán, Puebla, y que también tienen a la par un sentimiento de indignación.
La semana pasada, para ser preciso la madrugada del martes 16 de enero del año en curso, un grupo de aproximadamente 50 policías judiciales federales, se presentaron en la casa del señor Simitrio Mauro Vázquez Pacheco, quien es un hombre de reconocida probidad en esa comunidad e irrumpieron rompiendo vidrios y forzando la puerta del segundo nivel de su casa, de su hogar, detuvieron a todos los miembros de la familia, llegando incluso a la aberración, al acto criminal, diría yo, de detener a menores de edad, entre ellos, a niñas de tres años, 10 años, 17 años y otros jóvenes hijos de Simitrio Mauro Vázquez Pacheco. Así como también detuvieron a tres familias que ahí se les daba posada por dos días, a decir de los hijos de Simitrio, y que no eran conocidos, pero que fueron recibidos a solicitud de un pariente político.
Entraron aproximadamente al decir de quienes rindieron su testimonio, 25 elementos, individuos de la Policía Judicial Federal y otros 25 al decir de los vecinos, permanecieron custodiando incluso la manzana en donde él vive, entraron amagándolos con pistolas y con armas largas, reunieron a todos en una habitación y así como se encontraban, descalzos e incluso algunas de las señoritas en paños menores, fueron conducidos a esa hora de la madrugada, a las tres y media de la mañana hasta esta ciudad de México.
Ya estando en la ciudad de México, no sin antes previamente llevarse algunos artículos de su propiedad, fueron llevados a un inmueble del que dicen desconocer su ubicación, pero fueron metidos propiamente en lo que pudiésemos llamar una cámara de reconocimiento para que algunas personas pudieran, algunos agraviados de algún supuesto delito, pudieran identificarlos.
En la mañana del día martes, fueron puestos en libertad la mayoría de las personas detenidas, incluso fueron puestos en libertad los menores y quedaron privados de su libertad los varones que fueron detenidos en esa casa y una jovencita de 19 años, al igual que su hermano de 22, de nombres Andrés Juan y María Cecilia Vázquez.
Estos fueron puestos en libertad sólo hasta el día siguiente, pues pasaron la noche en unos separos; propiedad de la procuraduría, y el día miércoles, fueron llevados hasta una calle de esta ciudad y fueron puestos en libertad sin siquiera ofrecerles una disculpa.
Sin duda, que los que ahora están privados de su libertad deberán ser procesados, deberá analizar la autoridad judicial, cuál es la responsabilidad de ellos en el delito que se les imputa. Se les acusa de ser copartícipes en el delito de secuestro de un médico, pero fueron los policías judiciales federales quienes los detuvieron, para posteriormente ponerlos a disposición de la Procuraduría de Justicia del Estado de México.
Tal vez los elementos de la Policía Judicial del Estado de México no quisieron hacer el trabajito, porque pensaban que podían meterse en problemas, al salir de su jurisdicción; sin embargo, la violación a los derechos humanos, la arbitrariedad esta dada, desde el momento en que se ha violentado el estado de derecho, de que se ha vulnerado el principio constitucional de seguridad jurídica que nos conceden a todos, los artículos 14 y 16 constitucionales.
Para ninguno de nosotros es desconocido, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, posesiones, papeles o derechos, si no es mediante el mandamiento escrito de autoridad competente; y nadie puede ser privado de su libertad, nadie puede ser aprehendido o detenido, si no existe una orden de autoridad judicial competente, lo que desde luego en este caso no se dio. Y debe preocuparnos que primero se detenga con todo lujo de violencia, incluyendo a menores, para presionar a los supuestos individuos que cometieron algún delito, y esto es materia de preocupación.
Este complejo de "trucutú", cambiando ahora los mazos primitivos por las armas y violentando los procedimientos, debe erradicarse. Ya mi compañero, diputado Leonel Godoy, y miembros de distintos grupos parlamentarios, han insistido en la urgente necesidad de profesionalizar a la policía. Y se habla de esto de la profesionalización, de que existe un Instituto de Ciencias Penales, que hay capacitación; ayer precisamente lo dijo el licenciado Coello Trejo, al reconocer que los miembros de su escolta, efectivamente son las personas detenidas, que sí eran miembros de su escolta personal, que él personalmente los escogió, que aún les sigue teniendo toda la confianza, que hubo cursos de capacitación, que se llevaron a cabo exámenes psicométricos, seguramente está viciado ese procedimiento; valdría la pena preguntar si por una corta fueron aprobados los exámenes psicométricos de estos individuos.
Urge pues, esa profesionalización de la policía y responsabilizar, tanto a los autores materiales de estas arbitrariedades, como al titular de la Procuraduría, porque de acuerdo con el sistema jurídico mexicano, la policía judicial depende del ministerio público y es responsable, tanto el autor material, como el que permite estas arbitrariedades y estos abusos.
Luego entonces, yo me permito solicitar que hagamos un pronunciamiento enérgico de protesta, en contra de estos abusos ya frecuentes, y que con la magnitud de ellos se cometen verdaderos crímenes, y que esta solicitud que yo hago y que deberá ser transcrita de acuerdo con las versiones estenográficas, se turnen a las comisiones de Derechos Humanos, y de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados, para que se tome conocimiento de ello, quede constancia de esta inconformidad y también se proceda a hacer las investigaciones necesarias para que hagamos un pronunciamiento oficial desde la cámara baja, desde la Cámara de Diputados. (Aplausos.)
El C. diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul): - Pido la palabra, señor Presidente.
El C. Presidente: - ¿Con qué objeto, diputado?
El C. diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul): - Para hechos, en relación con el mismo sentido.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Leonel Godoy.
El C. diputado Leonel Godoy Rangel: - Con su permiso, honorable asamblea: Hace algunos días que diputados de la oposición nos referimos al problema que se ha suscitado en los últimos días con la actuación de corporaciones policiacas fundamentalmente de la Policía Judicial Federal.
Nosotros, en mi caso, señalamos lo ocurrido en Michoacán en varios municipios y destacamos señaladamente lo de Aguililla, Michoacán. Nos parece que con el paso de los días, en vez de que exista un pronunciamiento claro de la Procuraduría General de la República sobre este tema público y que en este caso fue abordado por nosotros en esta Comisión Permanente, no ha habido pues, insisto, un pronunciamiento claro de la Procuraduría General de la República para corregir este tipo de actuaciones para que ya no se den más, porque seguiremos insistiendo, la impunidad en la actuación de estos grupos policiacos y el alejamiento de su función constitucional como lo establece el artículo 21, creemos que son el germen tanto de esas propias actuaciones como de la ola de inconformidad que ante la opinión pública o que la opinión pública está generando al respecto.
Nosotros no creemos que la impunidad deba tolerarse so pretexto de combatir el narcotráfico, estamos convencidos que debe de lucharse tenazmente contra el narcotráfico por ser un cáncer social, pero también estamos convencidos que si usamos los instrumentos que la Constitución establece, podemos combatir ese cáncer social que es el narcotráfico con la misma eficacia con la que intenta combatirse haciendo uso de medios ilícitos que incluso reiteradamente son de tipo delictuoso.
Debemos llamar nuevamente a las autoridades de la Procuraduría General de la República para que regresen al régimen de derecho, a nuestra normatividad constitucional a la Policía Judicial Federal. Ya lo dijimos en ocasión pasada que nos parece absurdo y anticonstitucional que la Policía Judicial Federal, sus grupos especiales de antinarcóticos, no dependan de los agentes del Ministerio Público Federal, esto es ilegal, esto es anticonstitucional; nos parece que se viola fragantemente el artículo 21 constitucional con esta decisión administrativa y que se haya creado una subprocuraduría a la cual sólo responden estos grupos de Policía Judicial de Antinarcóticos.
En Michoacán, los grupos de Policía Judicial Federal antinarcóticos no responden ni rinden informes jamás ante los agentes del Ministerio Público Federal como lo señala absoluta y claramente la Constitución en su artículo 21. Un subprocurador de Justicia General de la República como es el señor Javier Coello Trejo, que justifica primero la conducta de sus elementos y exige como si ya fuera juez que quede claramente probada la responsabilidad de algunos de sus muchachitos inocentes, como lo acaba de declarar y que a la vez promovió esta decisión administrativa de que la Policía Judicial Federal antinarcóticos dependa directamente de comandantes de la Policía Judicial Federal regional y ante él nos parece que es un funcionario de alto nivel que está violando con sus acciones y con su conducta la Constitución.
Exigimos que esto se elimine de inmediato, que vuelva la Policía Judicial Federal a depender directamente de los agentes del ministerio público y también que cese la impunidad.
Yo me pregunto: nosotros desde noviembre presentamos las denuncias penales contra la actuación de esta Policía Judicial Federal antinarcóticos. Si ustedes saben de qué trámite se ha dado a esas averiguaciones previas penales, es el mismo que nosotros sabemos, nada absolutamente, en cambio a estos grupos simplemente los cambian de lugar, al que denunciamos de los atropellos, que por cierto actuaron, no fueron 50 acá, fueron un número mayor, para sorpresa del diputado Gómez, llegaron en 14 camionetas y llegaron más de 50 elementos y robaron a más de 10 familias. ¿Y qué fue lo que hizo la procuraduría con estos muchachitos? Simplemente los cambió de ubicación, no sabemos dónde están, y la denuncia penal en su contra, las cosas que aceptaron haberse llevado que luego entregaron mediante recibo, el botín de guerra que dijeron que el dinero en efectivo que habían recogido lo habían utilizado en gastos. ¿Esto no es responsabilidad penal? Se puede diluir o se puede evadir con un simple cambio de adscripción a otra plaza de la Procuraduría, o se puede decir que porque son elementos que enfrentan a ese pulpo internacional que es el narcotráfico, deben de ser sujetos de impunidad total.
Nos pronunciamos pues en contra de la impunidad y nos pronunciamos por el apego estricto a la Constitución en la actuación de la Policía Judicial Federal, que es el único camino que nos llevará a combatir eficazmente el delito del narcotráfico, pero además, que permitirá que la población apoye decididamente a aquéllos que luchan
en contra de este cáncer social. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Para la atención que proceda, túrnese a las comisiones de Derechos Humanos, e Información, Gestoría y Quejas.
SOBRE LA CONTAMINACIÓN EN GUADALAJARA
El C. presidente: - Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Alberto Ling Altamirano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la contaminación en Guadalajara.
El C. diputado Alberto Ling Altamirano: - Señor presidente; honorable asamblea: Soy portavoz de un grupo de investigadores del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, que estuvo visitando a varios diputados y entre ellos a la diputada Blanca Leticia Escoto, que nos hace llegar, ya que no es miembro de esta Comisión Permanente, algunos aspectos del terrible deterioro que hay, no solamente en Guadalajara, sus alrededores y su problemática regional, sino que estamos viendo que esto se suma a todos los problemas de contaminación en la República Mexicana, que no están siendo atendidos básicamente por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. De tal manera que esperemos que esto sea una nueva llamada de atención, para que las autoridades a nivel federal de los aspectos de la ecología y el cuidado del medio ambiente, tomen cartas en el asunto.
Queremos mencionar principalmente la gran preocupación que existe en el Lago de Chapala, por el aumento de los índices de contaminación y la concentración de materiales, que hacen realmente venenosas las aguas, y sabiendo que el principal aporte para el "agua potable", para la ciudad, procede de este lago, pues vemos el terrible problema que existe. El lago de Chapala está disminuyendo la cantidad de metros cúbicos que tiene en forma alarmante. Y por otro lado, este lago, puesto que la concentración de los desechos industrializados de todo el valle del Lerma que va a dar hasta el lago de Chapala, hace que menos agua y más contaminantes la concentración se ponga a niveles sumamente peligrosos.
Asimismo, en materia federal y en materia local, pues queremos hacer una llamada de atención para que entren en contacto las autoridades locales y las federales en materia de contaminación en la ciudad, ya que debido a la situación y el desarrollo y el modelo de desarrollo que hay para la región, hace que la atmósfera de la ciudad de Guadalajara, segunda urbe del país, en donde también el invierno afecta a ellos con sus inversiones térmicas, la concentración de la atmósfera debido a los desechos tóxicos de los vehículos automotores ha incrementado la infección de la atmósfera debido a sus escapes.
Pero no solamente esto, realmente en el perímetro urbano, las fábricas de cemento y las fábricas de materiales siderúrgicos, hacen que las emanaciones a la atmósfera sin ninguna reglamentación, produzcan un aumento en la contaminación. Asimismo, la quema a cielo abierto de desechos de la basura, desechos sólidos y en especial de plásticos, hacen que se empiecen a ver los estragos de la lluvia ácida.
Es importante que se aboquen pues las autoridades federales, para que poniéndose en contacto con las autoridades locales vean cuál es la posible solución a la contaminación atmosférica de la Perla Tapatía.
Por otro lado, el modelo de desarrollo de la ciudad en el aspecto de asentamientos urbanos que no se ha llevado a cabo con toda la rigidez y el dinamismo de que debiera ser capaz, hace que los asentamientos irregulares vayan haciendo que las áreas verdes se reduzcan de tal manera que esto produce por un lado el desarrollo de caos viales donde hay estrangulamiento del tránsito y por otro lado el destino y uso del suelo existan grandes asentamientos irregulares. No podríamos dejar de mencionar que en la cuestión del Río Lerma por su alto grado de contaminación y su escaso caudal que no permite ni siquiera la recarga de acuíferos y además el transporte de desechos sólidos que van a desembocar al Lago de Chapala y que lo contaminan. Pero además este poco cauce hace que el nivel del lago esté disminuyendo, y esto como disminuye el embalsa que está quedando al aire libre grandes extensiones de terreno en sus costas, en sus orillas, de tal manera que está habiendo prácticamente un coyotaje, una especulación sobre estos terrenos, de tal manera que muchas veces pareciera que a propósito no se trata de resolver el problema para que exista todavía y cada vez más nuevas ofertas de terrenos para asentamientos irregulares.
Es pues muy importante que se vea en su plano integral todo este problema de la contaminación, a manera de aterrizaje de esta denuncia que queremos hacer, queremos mencionar lo que está sucediendo en el Bosque de la Primavera, donde para poder establecer una planta geotérmica la Comisión Federal de Electricidad, digamos, hizo
una prospección, una investigación geológica, después desforestó 35 hectáreas e hizo instalaciones allí, que debido a esta desforestación y a este impacto ecológico no valuado, la sociedad ante esta amenaza se puso en pie de guerra y logró parar este tipo de ataque a la ecología.
Resulta que ahora, ante las demandas populares se dijo que se reconstituyera su estado original al bosque, y las autoridades recurrieron a lo que se llama "pintura ecológica", que consiste en que como la sociedad quería ver verde el bosque, lo que hizo fue tomar pintura y pintar las piedras de verde, y ésa fué la reconstitución ecológica que hizo la Comisión Federal de Electricidad.
Ante este tipo de manejos, queremos mencionar que se intervenga en la solución de este conflicto, que haya nuevas ofertas para rescatar lo que se perdió con las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, que se eche a andar la planta con un impacto ecológico lo menos posible, y que lo que reste quede como bosque - escuela para los habitantes de la ciudad. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Juan Jaime Hernández, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para hablar del mismo tema.
El C. diputado Juan Jaime Hernández: - Ciudadano Presidente; ciudadanos legisladores: Eripe nos ab homine malo. " Librémonos del hombre perverso."
La otrora Perla Tapatía, gracias a la atmósfera contaminada, al hacinamiento humano, al crecimiento urbano y al transporte urbano, hace exclamar al visitante :¡qué bonita es Guadalajara, lástima que ya sea un México chiquito!
Nos preocupa el desinterés ancestral de quienes tienen en sus manos la conservación del ambiente; el delegado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en mi estado, nada hace, ni nada dice.
Guadalajara y el área metropolitana, están siendo destruidos inmisericordemente; la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología no es capaz de multar y obligar al pulpo camionero, simplemente porque don Heliodoro Hernández Loza, líder de trabajadores de la Confederación de Trabajadores de México, es al mismo tiempo patrón y obrero.
Las fábricas contaminantes en alto grado, como la Siderúrgica, no han podido, más bien no han querido, ubicarla en el corredor industrial que va Guadalajara la Barca.
Es indignante ver que la Comisión Federal de Electricidad está acabando con la reserva ecológica del Bosque de la Primavera, en donde so pretexto de instalar una estación geotérmica, han destruido las variedades de pinos. Se han gastado en tal proyecto cientos de millones de pesos, destruyendo el bosque y la tal estación no ha producido un solo Kilovatio.
Es tal el cinismo de la Comisión Federal de Electricidad, que a los montes rapados los han camuflageado con pintura ecológica; esto es, las rocas están pintadas de verde a fin de que el pueblo no se dé cuenta de los destrozos habidos. Lo anterior con el pleno consentimiento de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
Chapala, muy a pesar de los convenios celebrados entre los gobernantes involucrados con el Ejecutivo de la nación, sigue muriendo.
Creo que el señor delegado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en Jalisco, sólo hace lo que le ordena el Secretario del ramo, esto es, nada.
Tal parece que el señor Chirinos, que en estos momentos disfruta de los olores de abetos y pinos canadienses, se empeña en ir contra de las promesas de modernidad y planes del Ejecutivo de la nación, para salvar al país de la agonía de sus reservas ecológicas.
Por ello, los parmistas demandamos la destitución de tal Secretario y la aplicación de la Ley de Responsabilidades, amen de que se le siga juicio penal por el delito de genocidio por omisión, negligencia o apatía en el desempeño de sus funciones, porque tal parece que el secretario Chirinos:
Espernabantur populi locuti sunt labis et moverut caput. "Hace mofa del pueblo con palabras, muecas y gestos." Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Sobre el mismo tema, tiene el uso de la palabra el señor Héctor Mayagoitia, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El C. senador Héctor Mayagoitia Domínguez: - Me ha satisfecho sobremanera haber escuchado en esta tribuna al diputado Ling Altamirano hablar no solamente del tema ya muy conocido y angustiante de la contaminación, sino hablar en general, del deterioro ambiental, que es el problema de fondo, del cual solamente la contaminación forma una parte importante, visible, audible, pero quizá no la más trascendente.
Efectivamente, en nuestro país el deterioro ambiental, debido a la falta de una cultura ecológica, pudiéramos decir de la mayor parte de la población y la desatención de autoridades de todo nivel, han hecho que nuestros suelos se erosionen, más del 50% de nuestros suelos están erosionados; absolutamente todos, nuestros ríos, lagos y lagunas están contaminados; han disminuido los mantos freáticos en todas partes. Estos a su vez, los que quedan, se han contaminado, algunos gravemente como en el caso del acerisismo en la Comarca Lagunera, 400 mil hectáreas anuales seguimos desforestado; ya llevamos un récord de 40 millones de hectáreas en este siglo.
Estamos desapareciendo especies vegetales y animales, todavía en este momento se encuentran, según la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, 380 especies animales en extinción y 580 especies vegetales también a punto de desaparecer.
Por ello, me pareció, insisto muy importante, que el diputado Ling Altamirano se refiriese al deterioro del medio ambiente y no exclusivamente al tema de la contaminación, a la que luego pasó, como también lo hizo el diputado Hernández, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, específicamente al tema de Guadalajara y de Chapala.
Quisiera recordar, porque las palabras finales antes del latinazo, se señaló que no se hace nada. Entonces quisiera así, reconociendo el problema en toda su extensión y desafortunadamente conociéndolo de cerca en diversas partes del país, quisiera así señalar o rectificar lo que el gobierno de la República está haciendo, especialmente desde hace apenas dos años, cuando ustedes, cuando la Cámara de Diputados y posteriormente la Cámara de Senadores aprobaron la Ley de Equilibrio Ecológico y para combatir la contaminación ambiental.
En el último informe, primer informe del presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, él señalo concretamente y, dice:
"Si bien nuestro mayor problema de contaminación se encuentra en la ciudad de México, no por ello hemos dejado de atender a otras zonas también críticas, introduciendo a la vez las medidas preventivas y correctivas en todo el país, que esta prioridad nacional requiere.
Hemos emprendido el saneamiento de las principales cuencas del país, así como el de los lagos de Chapala y de Patzcuaro. Para controlar la contaminación de los cuerpos de aguas, se realizaron inspecciones a empresas contaminantes."
En realidad, a nivel nacional estamos orgullosos de nuestro mayor lago con más de 1 mil 100 Kilómetros cuadrados de extensión, el Lago de Chapala, y lamentablemente sí estamos todos alarmados de lo que aquí los diputados que me antecedieron en la palabra, señalaron.
La disminución, por un lado, de su volumen, en promedio se supone que tiene 8 mil millones de metros cúbicos y la contaminación creciente, contaminación creciente que efectivamente se inicia prácticamente desde a pocos Kilómetros del nacimiento del Río Lerma, en Almoloya, con el parque precisamente, con el parque de Lerma que se encuentra en la ciudad de Toluca.
Desde ahí se inician las etapas de contaminación y todo el trayecto efectivamente por ciudades, que contaminan con sus desechos municipales e industriales: de Guanajuato, de Michoacán, de Querétaro y luego finalmente del propio estado de Jalisco, van acumulando una gran cantidad de contaminantes de desechos que están, sí, disminuyendo las posibilidades de que el agua de Chapala, actualmente se traen 10 metros cúbicos por segundo para la ciudad de Guadalajara, puedes seguir siendo fuente suficiente para su abastecimiento.
El Presidente de la República consciente de esta situación, se ha comprometido con los jaliscienses de que para el año 2005, Guadalajara contará con 14 metros cúbicos adicionales de un complejo de tres presas, "La Zurda", y ya se está trabajando sobre la primera. En dos años habrá un aumento ya de dos metros cúbicos para mejorar el agua potable en cuanto a cuantía y en cuanto a calidad de Guadalajara.
Mientras tanto se ha hecho un convenio, se ha suscrito un convenio, en abril de 1989 ante el Presidente de la República, por los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Querétaro y Estado de México para instalar una serie de plantas potabilizadoras para resolver estos ingentes problemas.
El Estado de México, de 20 a las que se comprometió, seis ya se encuentran concluidas y 14 están con los estudios técnicos ejecutivos correspondientes para su realización. En el propio estado de Jalisco, de cuatro que se comprometieron, dos ya se encuentran terminadas y dos están todavía en proceso.
El plan contempla instalar 15 plantas potabilizadoras alrededor del lago. Igualmente Michoacán y Guanajuato se han comprometido a la instalación cada una de cinco plantas potabilizadoras. Querétaro una, ya la concluyó, y así pues mediante esta concertación de los estados que
usufructúan el agua del Lerma y que a final de cuentas también la contaminan, se han comprometido y están tomando acciones bajo la guía directa del Presidente de la República y bajo la vigilancia de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología para resolver este ingente problema, que no puede esperar efectivamente mucho más tiempo para ser atendido en toda su extensión.
Este proyecto integral lleva un costo de 150 mil millones de pesos, de los cuales ya se han empezado a invertir, insisto; la presa específicamente de "La Zurda" ya se inició en diciembre, con la presencia del señor Presidente de la República. Y así se están continuando todas las obras correspondientes para resolver, insisto, lo que es el mayor problema: el problema de contaminación del Río Lerma y el específico para Guadalajara, de donde extrae una gran cantidad de agua potable, la contaminación del Río Santiago. Y por supuesto la contaminación y disminución de los volúmenes acuosos del Lago de Chapala. En lo que respecta a la contaminación atmosférica, efectivamente, cierto es como aquí se dijo.
Ya Guadalajara se ha convertido en un México chiquito, desde el punto de vista de contaminación atmosférica y eso no es de ninguna manera envidiable, quizá lo fuera cuando decíamos que la ciudad de México era la zona más transparente. Ahora no, ahora realmente remendar a la ciudad de México es un problema serio, efectivamente, en particular lo que aquí se mencionó, en partículas sólidas totales rebasa en mucho las cantidades permisibles de 275 microgramos por metro cúbico, como también lo rebasa la ciudad de México.
Se requiere, sí, señalábamos al principio de esta intervención, una conciencia ecológica, porque no son problemas solamente de autoridad; la autoridad sí, lo que debe hacer, lo que se supone que realiza es aplicar estrictamente la Ley de Equilibrio Ecológico y contra la contaminación ambiental. A esto es a lo que yo creo que todos los legisladores y todos los ciudadanos estamos obligados a exigir que las autoridades correspondientes atiendan este problema, porque no solamente es cuestión de vigilar a las industrias que contaminan, porque no tiene sus propias plantas de tratamiento de aguas y también a los municipios que, igualmente, por falta de estas plantas de tratamiento de aguas también arrojan, como tal, sus desechos directamente a los ríos.
Cinco mil millones de metros cúbicos son los que se arrojan a nuestros ríos y lagos en el país, se tiene que aplicar y al estudiar con detenimiento la Ley de Equilibrio Ecológico. Encontraremos que ahí están todas las respuestas, es una magnífica ley que debemos de apoyar todos, es una magnífica ley que debemos de exigir que se aplique estrictamente.
Coincidimos con la inquietud de los diputados del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y del Partido Acción Nacional, que aquí han presentado este importante problema y señalamos únicamente, sí, que hay acciones concretas del Presidente de la República por compromiso contraído, fundamentalmente, con los jaliscienses y con los otros cuatro estados que están involucrados en esta concertación de acciones y que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología es la encargada de su vigilancia, pero más que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología debe de vigilar, somos todos, todos los ciudadanos mexicanos los que debemos de vigilar el estricto cumplimiento de la Ley de Equilibrio Ecológico. Muchas gracias.
DEL ESTADO DE HIDALGO
El C. Presidente: - Sobre el tema de elecciones en el estado de Hidalgo, tiene la palabra el diputado Pedro César Acosta Palomino, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El C. diputado Pedro César Acosta Palomino: - Señor Presidente; compañeros legisladores: La reciente experiencia electoral en el estado de Hidalgo, constituye una puerta de entrada favorable al tratamiento de un tema de evidente fondo electoral, un tanto desdeñado en todas las recientes elecciones, para atender en ellas, en lo que en mi opinión no son sino cuestiones menores frente al dramatismo de esta amenaza que voy a señalar.
Es por otro lado verdad sabida que al comentar las últimas elecciones celebradas en el país, los debates y la argumentación en un sentido o en otro, se encaminan a verificar quiénes constituyen mayoría dentro de la minoría que sí vota.
Y olvidando o dejando en segundo término a la gran mayoría de quiénes se abstienen de votar, hemos pues dedicado, en esas circunstancias, más el tiempo a defender, si ustedes gustan, la majestad del voto que la voluntad de los votantes, porque éstos constituyen o han constituido en las últimas elecciones una minoría comprobada.
Ahí está el ejemplo de Zacatecas, donde la abstención electoral llegó al 70%; el ejemplo de Chihuahua, donde también llegó al 70% la abstención electoral; el ejemplo de Michoacán, 65%; el de Campeche, 80%; el de Durango, 70%; incluso en el caso de Baja California, donde el
triunfo electoral correspondió a mi partido, el índice de votación, según algunos, fue del 50% y según otros, rectificando algunas cifras y ponderando algunas inexactitudes del padrón electoral lo hacía llegar un poco más alto. Aún ahí, de cualquier forma, el índice de abstención es significativo.
Pero la regla general quedó ahora ratificada en el caso de las elecciones de Hidalgo, respecto de las cuales se señala que la abstención electoral llegó al alarmante porcentaje del 85%. E incluso, en la discusión de lo que he llamado "cuestiones menores,", es decir, quiénes dentro de esa minoría obtuvieron mayoría de votos, algunos de los señalamientos indican que un probable relleno de urnas, con votos fantasmas, no tiene el propósito primordial de apuntalar el triunfo de determinados candidatos, sino de disminuir la imagen que la abstención reclama, en este caso específico de Hidalgo, en un porcentaje mucho mayor que el habido en otros estados de la República.
Y esta situación de una minoría que decide los destinos del país, de una abstención electoral que se repite elección tras elección, creo que amerita una atención mayor, mucho mayor, por lo menos que el examen de los resultados numéricos de determinadas casillas.
Esto no quiere decir que se tenga que dejar de defender aún a aquellos votantes que cumplen con su deber y que en determinadas circunstancias están dando ejemplo de ciudadanía, junto con la defensa del voto en sí, de los pocos votantes que acuden a las urnas, está también el examen a fondo de esta realidad estrujante del abstencionismo que constituye para mi particular opinión el peor obstáculo al desarrollo democrático de nuestro país.
Se han señalado diversas causas, algunas de ellas brillan por su perspicacia, por ejemplo, la de quien señaló que el abstencionismo es causa de la apatía ciudadana, lo cual coloca este sensacional descubrimiento, a la misma altura del argumento que aquel médico de una comedia de Moliere usaba para explicar a los familiares de una mujer afectada de mudez, las causas de su enfermedad, y prosopopeyicamente señalaba que la señora había perdido, es decir era muda, porque había perdido la facultad de hablar. En este caso específico, señalar que el abstencionismo es causa de la apatía ciudadana, es caer en una argumentación similar, y exige un replanteamiento a fondo de la cuestión, acerca del por qué de esa apatía, del por qué de ese abstencionismo, de las causas más profundas y no de la reiteración en un dato que la realidad nos ofrece.
Se ha hablado, y voy a señalar solamente unos cuantos argumentos, en obvio del tiempo, del rechazo a los partidos políticos. Se ha dicho que las alternativas electorales de los partidos políticos no constituyen atractivo para la comunidad nacional; se ha dicho también que la decepción popular por los reiterados fraudes electorales, desemboca fatal y necesariamente en el abstencionismo, no obstante ejemplos en contrario, donde el fraude electoral ha provocado una movilización de protesta en muchos lugares del país.
Se dice también que la irritación social o la crisis económica, conduce al olvido de deberes ponderados en la teoría, pero que tienen poca eficacia en la práctica y que también concluyen en un abandono de las urnas. Se señala también el abstencionismo como un fenómeno cultural en el que la ignorancia de las disposiciones contenidas en la legislación electoral, se ve agravada por el carácter, casi esotérico, de estas disposiciones.
Si la educación en México no brilla precisamente por su calidad, en el caso de la educación electoral, el volante tiene que enfrentarse a una legislación abstrusa, confusa, difusa y profusa, que sólo contribuye con sus enunciados, a aumentar el desconcierto de quienes pretenden ejercer sus derechos cívicos.
Estas disposiciones, por otro lado, robustecen el otro argumento, en el sentido de que la Ley Electoral está hecha precisamente para desalentar el voto público por cuanto al sistema político mexicano no le conviene una ciudadanía participante, una ciudadanía consciente en el ejercicio de su derecho a votar.
Parece robustecer esa hipótesis el hecho de que la Ley Electoral no sólo sea facciosa sino que esté una y otra vez sistemáticamente mencionado como la puerta más ancha para que por ella penetren los perpetrados del fraude electoral. Y al final caemos en una situación de fondo en la que observa una democracia desvirtuada originada tal vez según lo señalan con seguridad algunos tratadistas, precisamente en la ausencia de democracia que existe en un país donde sólo se atienden estas cuestiones de manera formal. De tal suerte que en el círculo vicioso de que la comunidad no participa por falta de democracia y ésta no existe por falta de participación ciudadana, nos encontramos a estas alturas en mi opinión, en un callejón sin salida frente a la abstención electoral.
Quería aprovechar las circunstancias recientes de la elección en el estado de Hidalgo para presentar en esta tribuna estas inquietudes y dejar en ella
constancia de un señalamiento más en este sentido en vísperas de la reunión de los grupos parlamentarios para tratar precisamente el análisis de la reforma electoral, ya no en su rango constitucional, sino en su ley secundaria, reunión que si mal no recuerdo tendrá lugar el día de mañana y en la que el fenómeno del abstencionismo no debe ser soslayado en el tratamiento de estas graves cuestiones que tienen que ver en el fondo, con la promoción de la democracia mexicana o con la extinción de la misma si se olvida ser tratada. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Sobre el mismo tema, tiene la palabra el ciudadano diputado Juan Jaime Hernández, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El C. diputado Juan Jaime Hernández: - Señor Presidente; ciudadanas y ciudadanos legisladores. Dies illa, dies irae, calamitatis et miseriae, dies magna et amara valde. "Aquél día, día de ira, de calamidad y de miseria, día grande y en extremo amargo". Ante esta soberanía vengo a denunciar, en nombre de la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana que en los procesos electorales para la renovación del Poder Legislativo en el estado de Hidalgo, no aconteció ningún hecho de sangre pero sí una defunción, por lo cual hemos elevado un réquiem y el presunto difunto es la democracia.
Es el único ente al que le es posible ser asesinado tantas veces, cuantos procesos electorales hay en el país. Algunas veces se comete este crimen al margen de la ley, y otras al amparo de la ley misma, como es el caso del estado de Hidalgo, donde la Constitución y la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, son un catálogo de formas para matar a la democracia y de esta manera burlar la voluntad del pueblo.
Acusamos de enticidio a los caciques, quienes han convertido en ínsulas de poder los distritos electorales, municipios y rancherías en esa entidad. Acusamos a las autoridades electorales y al gobierno del estado de Hidalgo de haber dado muerte también a la democracia, ya que en connivencia con los caciques, instrumentaron una vez más el fraude electoral en perjuicio de los hidalguenses.
Nadie pudo evitar esa defunción. El pueblo que exige y anhela que exista la democracia, no acudió a las urnas a ejercer su derecho por el terror y el pánico impuesto por los caciques ancestrales.
En el estado de Hidalgo, la Constitución y la Ley Electoral limitan la participación y defensa de los derechos políticos, a los partidos en contienda, por virtud de que en ellas se establecen recursos y procedimientos impracticables, dejando en estado de indefensión a candidatos y a partidos, puesto que los recursos son resueltos en última instancia por el Congreso del Estado, en el que la mayoría de los integrantes está a las órdenes de los ya referidos caciques; aún más, se establece que el Congreso del Estado estará integrado por 15 diputados de mayoría relativa y cinco de representación proporcional, los cuales serán acreditados al partido que haya observado buena conducta, sin importar el número de sufragios que haya obtenido, puesto que no cuenta la voluntad popular expresada en las urnas.
Los organismos electorales, en su caso, comités distritales, de acuerdo a los intereses de los señores insulares solamente abrieron sus oficinas, pero no se integraron, ni sesionaron conforme lo establece la ley, ni mucho menos cumplieron con la vigilancia y resolución de la problemática suscitada con motivo del proceso electoral; de tal manera que el sancionamiento a las violaciones habidas, tanto por el partido en el poder, como por los funcionarios de las mesas de casillas y los sicarios denominados auxiliares, carecen o carecieron de todo efecto jurídico, ya que desde el inicio del proceso electoral hasta su conclusión el cuerpo colegiado denominado comité distrital, nunca estuvo integrado por no haber sido convocado a sesión permanente, lo cual constituye una causal de nulidad para las elecciones en cada uno de los distritos del estado de Hidalgo.
Pudiéramos reseñar aquí el enorme catálogo de violaciones al proceso electoral que van desde la propaganda política en la primera plana de El Sol de Hidalgo del domingo 21 de enero donde aparecen las fotografías de los 15 candidatos del Partido Revolucionario Institucional, con la cabeza principal que dice: "Estos son los candidatos propietarios del Partido Revolucionario Institucional a diputados locales" y se reseñan los nombres, también el uso de vehículos de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Petróleos Mexicanos al servicio de Partido Revolucionario Institucional, hasta el hecho inocente de entregar oficios y comunicados a los comisionados de partidos de oposición de los acuerdos tomados de 15 días atrás a las 13.30 horas del propio día de la elección, impidiendo de esta manera la vigilancia por partidos políticos al proceso electoral, puesto que conforme lo manifestaron los presidentes de los comités distritales, que por "un ligero" olvido no habían entregado tales comunicados quedando en muchos casos las casillas sin representantes de partidos políticos de oposición y a merced de los alquimistas al servicio del Partido Revolucionario Institucional.
Por todo ello, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, por conducto de su fracción parlamentaria, solicita de esta soberanía, y del ciudadano Presidente se turne la presente a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas para los efectos de que se investigue la violación al proceso electoral y en su oportunidad, por tratarse de la renovación de un poder, al romperse el orden constitucional mediante leyes y actos que contradicen el pacto federal, en violación flagrante a la Constitución General de la República, se declare la desaparición de poderes, de acuerdo a lo que establece el artículo 76, fracción V de la Carta Magna.
Porque ahora no me vayan a salir los caciques insulares de Hidalgo con que:
Fiat voluntas dei in bovis eos. "Hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre"
24 de enero de 1990.
El C. Presidente: - Sobre el mismo tema, tiene el uso de la palabra el diputado Leonel Godoy, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El C. diputado Leonel Godoy Rangel: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores: El domingo pasado se realizaron las elecciones para renovar el Congreso del Estado en Hidalgo y en las vísperas de instalarse la comisión especial que redactará la Ley Reglamentaria Electoral originada por las reformas a la Constitución en esta materia, nos parece que es un excelente momento para reflexionar en torno al sistema electoral, en torno a la vía constitucional por excelencia para realizar cambios en nuestro país que es a través del voto.
Las elecciones celebradas en el estado de Hidalgo el domingo 21, en mi opinión nos llevan a reflexionar en tres aspectos que nos parecen torales, uno es el partido de estado, otro es en las maniobras reiteradas, constantes el día de la jornada electoral y el tercero sobre el abstencionismo.
Aquí podríamos hablar en el orden de ideas, primero, sobre la jornada electoral, pero me parece que el debate nacional en torno a la reforma electoral en este momento, debe de centrarse sobre la existencia o no ya del partido de Estado.
Para nosotros, el partido de Estado se manifiesta constantemente en elección tras elección. En unos lugares el civismo, la politización de los ciudadanos ha logrado rebasar este accionar silencioso a veces, en otras estridentes, de lo que es el partido de Estado en México, a contrapelo de su desmembramiento en muchos países, entre ellos los países de Europa del este.
¿Cómo se manifiesta en cada elección?, ¿cómo se manifestó en Hidalgo? A través de organismos electorales parciales, integrados mayoritariamente por elementos del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Revolucionario Institucional, perdón, y del gobierno, que siempre actúan conjuntamente y resuelven al unísono todo aquello que sea controvertible en los procesos electorales.
Otra manifestación que no por reiterada no debemos de seguir denunciando, es el padrón electoral adulterado, inflado o rasurado, según los intereses y conveniencias del partido oficial.
¿Cómo encontramos otra expresión del partido del Estado o de Estado en México? En el uso ilegal de los recursos de la nación en las campañas; en la propaganda; en los recursos publicitarios; en los apoyos logísticos; en el apoyo de recursos humanos de empleados de los estados; todo ello de manera desproporcionada, diríamos casi absoluta en favor del Partido Revolucionario Institucional: las bardas, los medios de comunicación, los carteles, la propaganda es abrumadoramente mayoritaria siempre a los candidatos del partido oficial.
Debe desaparecer ya el partido de Estado, no como definición sino como expresión real en los hechos cotidianos, proceso electoral tras proceso electoral. Aquí yo creo que a nadie nos queda duda de que esos organismos electorales parciales, mayoritarios, del Partido Revolucionario Institucional y su gobierno, de ese uso ilegal de los recursos de la nación, de ese padrón adulterado siempre, es reiterativo y es constante y por lo tanto irrefutable su existencia.
El 21, como cualquier jornada electoral, de cualquier estado, podemos sacar un catálogo de acciones, de artimañas, de maniobras ilegales, siempre con absoluta impunidad de sus actores en los procesos electorales: no aceptación de representantes debidamente acreditados, expulsión de los mismos, no instalación de casillas y luego aparecerlas como instaladas, carruseles, brigadas de votantes, y robo de urnas.
¿Qué de estos o qué de todas estas acciones no se realizan elección tras elección?, y se llama a los denunciantes miembros de una subcultura del fraude electoral ¿Serán parte de la subcultura del fraude electoral todas las acciones que realiza este partido de Estado?
Nosotros no podemos ya permitir que este tipo de maniobras ilegales, el día de la jornada electoral
se sigan repitiendo y que a veces resultan cansado señalarlas una a una como se dan.
Por ello, el tercer aspecto que en mi opinión debemos de reflexionar, el abstencionismo que se señala entre el 75% y el 80%, se dio en el estado de Hidalgo, no nos debe de extrañar. Es el resultado de la falta de democracia en este país, es el resultado de una impotencia cívica ante un partido de Estado todopoderoso. Eso debe de acabarse ya.
Y debemos de revitalizar esta sociedad civil mexicana dispuesta siempre a participar como ya lo hizo el 6 de julio de 1988. Pero para ello, debemos de eliminar todas estas causas generadoras del abstencionismo y que se pueden sintetizar en la falta de democracia en México.
Nosotros, el Partido de la Revolución Democrática, reclamamos triunfos en el estado de Hidalgo; no es en este momento, en mi opinión, necesario enfrascarse en duelo de cifras, porque me parece más importante hacer estos señalamientos de reflexión nacional, previos a la instalación de la comisión especial que elaborará la Ley Reglamentaria Electoral.
Nosotros creemos que para resolver el caso concreto de Hidalgo, se tendrá que recurrir necesariamente a lo que ya está ocurriendo a vista de todos, que es la búsqueda de mecanismos distintos a los organismos electorales parciales tachados siempre de sospecha que permitan un recuento efectivo, claro, nítido de la votación en el estado de Hidalgo.
A ese mecanismo que las partes convengan en el estado de Hidalgo, me atengo, en relación a nuestra afirmación de que hay distritos, cuatro distritos electorales que afirmamos, ganamos. Y no a una discusión en este sentido, en este momento porque, insistiré, el debate nacional deberá centrarse ahorita en la existencia o no del partido de Estado en México, Muchas gracias. (Aplausos).
El C. Presidente: - Sobre el mismo tema, tiene el uso de la palabra la senadora Julieta Guevara, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La C. senadora Julieta Guevara Bautista: - Ciudadano Presidente; compañeros legisladores: Parece ser cierto, como aquí se ha afirmado, que el grado de abstencionismo en mi estado es alto; no del 85% como aquí se afirmó. Según los datos que tenemos en nuestro poder, es menor que esa cifra y la precisaremos cuando tengamos los resultados totales de esta elección.
Creo que es positivo que este problema se vaya convirtiendo en preocupación de todos los partidos políticos, ya que no es un asunto privativo de mi estado, sino desgraciadamente un asunto nacional. Ni de mi partido, sino de todos los partidos políticos.
Lo que creo que no debemos hacer, si queremos aminorar o resolver este grave problema, es un análisis simplista del abstencionismo, porque este fenómeno es complejo.
Los politólogos a nivel mundial no han construido todavía una teoría al respecto, sino que han formulado hipótesis que van desde calificar al abstencionismo como síntoma de subdesarrollo político y expresión de un bajo nivel de la cultura cívica, hasta quienes le consideran como un reflejo de aceptación de las condiciones generales que garantiza un determinado sistema político; es decir, un visto bueno a las reglas y a las instituciones que cotidianamente regulan la vida social.
Desde esta perspectiva, a veces se intenta justificar los altos índices de indiferencia, que incluso se registran en países que se consideran desarrollados en materia democrática.
Vale la pena destacar en esta materia, que en países desarrollados como Estados Unidos, hay también un alto grado de abstencionismo. Y en otros como los países nórdicos, hay bajo abstencionismo. En sentido contrario, países de bajo desarrollo o mediano desarrollo como Chile, el abstencionismo ha sido bajo, aún con dictadura, mientras que en México es alto. Estas comparaciones han llevado a formular la hipótesis de que el abstencionismo depende muy significativamente de la cultura política de las sociedades.
En rigor se puede constatar que ninguna de las posiciones extremas que yo mencioné, dan cuenta total del fenómeno del abstencionismo. Y menos aún que se podría interpretar como efecto de una sola causa.
En el análisis de nuestra realidad política resulta tan grave juzgar el abstencionismo como un sano síntoma de apoyo pasivo, como explicarlo a través de acusaciones en busca de culpables. Como aparecen los razonamientos que encuentran en el gobierno, en el partido, a los protagonistas únicos y absolutos que explicarían este fenómeno; es decir, desde esta perspectiva el problema estaría en el otro. Esta posición es negativa, porque conduciría a los partidos que así lo consideran a no actuar en ese campo, porque ésa sería la tarea del otro.
Por otra parte, podría reflejar una falta de confianza en su quehacer y en el poder de los ciudadanos organizados.
En mi partido tenemos conciencia de que la responsabilidad es de todos los partidos, pero asumimos abiertamente la responsabilidad que nos corresponde y no fijaremos como base de nuestra estrategia para combatirlo el quehacer de los otros, sino en nuestra acción política que combatirá todas las causas que lo provocan.
Yo creo que no estamos, como aquí se afirmó, en un callejón sin salida, sino ante una gran avenida que habremos de construir todos los partidos políticos asumiendo nuestra responsabilidad.
Por otra parte, compañeros legisladores, las elecciones celebradas en Hidalgo, el pasado domingo...
El C. diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul): - Pido la palabra, señor Presidente.
El C. Presidente: - Permítame, señorita senadora, ¿acepta usted una interpelación del diputado Leonel Godoy Rangel?
La C. senadora Julieta Guevara Bautista: - Con mucho gusto, señor Presidente.
El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul): - Con todo respeto, señora senadora, en relación, antes de que pase cifras, hablaba usted sobre abstencionismo. Yo le preguntaría en este sentido, antes, yo recuerdo que había campañas dentro de la televisión para llamar a votar, hechas por el gobierno; entonces, mi pregunta es, ¿por qué han desaparecido esas campañas? Yo le quiero decir, en este sentido, que Michoacán ahora en estos procesos electorales yo no encontré ningún llamado del gobierno a través de sus organismos electorales.
Ahorita en este momento es un problema que estamos viendo donde quiera del organismo, como usted lo señala, y no vemos si es de esas campañas ni siquiera regresar a ellas, mucho menos avisarnos. Esta sería mi pregunta. ¿Qué ha ocurrido con estas campañas nacionales?
La C. senadora Julieta Guevara Bautista: - Disculpe, señor diputado, que no le conteste yo respecto a su estado, pero sí puedo contestarle del estado de Hidalgo. Yo puedo demostrarle a usted publicaciones en los periódicos con invitaciones al voto, y otro tipo de medios que se utilizaron, como por ejemplo los carros ambulantes, no se lo digo de oídas, estuve en Pachuca, estuve en Tulancingo y hubo una intensa propaganda invitando al voto a los ciudadanos. No sé que es lo que haya sucedido en Michoacán, pero en mi estado si se hizo una amplísima promoción para que la gente votara.
Paso ahora a otros aspectos de los que aquí se han tratado, yo puedo afirmar categóricamente, que las elecciones celebradas en mi estado el pasado domingo, como lo acredita la propia realidad, se desarrollaron en un clima que en términos generales, repito, en términos generales se caracterizó por la tranquilidad y el respeto a las leyes electorales de mi estado.
Prueba de esto, es que a unos cuantos días de la elección, los partidos políticos, todos los partidos políticos contendientes, firmaron dos documentos: uno en el que se dice que el padrón es confiable, y que fué revisado por todos los partidos políticos; tenemos los documentos y los podemos mostrar a quien guste. Por otra parte, se firmó otro documento por todos los partidos políticos, en los que se afirmaba que todas las condiciones, hasta este momento, se habían desarrollado en completa regularidad.
El número de incidentes registrados es mínimo. Esto nos hizo pensar a los legisladores de mi partido, que los conflictos y reclamaciones remanentes, propios a toda contienda electoral, no ameritarían abrir espacios en esta tribuna a debates en los que suelen exacerbarse innecesariamente los partidarismos de quienes parecen estimar, ya no coronadas por el éxito, sus aspiraciones electorales.
Por eso nos preocupa que se vaya haciendo ya una tradición la estrategia que persigue ilegitimar a las autoridades que tienen que ver con esos procesos, a los mandatos constitucionales, a las leyes que de ella emanan o a su aplicación y también a nuestro partido, con base en unos cuantos incidentes, unos cuantos incidentes que se generalizan. Esa es parte de la estrategia, generalizar los incidentes o basarlos en el frágil sustento de los decires.
Sí, compañeros, esto es lo que se está haciendo, generalizar unos cuantos incidentes, agrandar problemas de poca magnitud o a veces venir a sostener como verdades supuestos hechos que no tienen sustento, como dije antes, que los decires o hasta falsedades, como algunas que se han señalado aquí.
Yo me pregunto, ¿por qué no esperar a que los organismos encargados por ley para hacerlo, investiguen y aclaren las protestas y realicen los cómputos con cifras depuradas? Si así lo
hiciéramos ganaríamos mucho. Primero, mantendríamos el respeto que le debemos a los organismos, autoridades creadas con base en las leyes de la entidad federativa a la que represento. Segundo, nuestro debate no tendría como fundamento, supuestos. Tercero, estaríamos opinando con base en datos totales y no parciales y, en consecuencia, no estaríamos desorientando a la opinión pública, como muchas veces se hace.
Quisiera señalar otro asunto que me preocupa y que se inscribe dentro de esta estrategia. ¿Existe conciencia de los que utilizan esta estrategia, del papel y la importancia que juega el discurso? Creo que debemos estar muy conscientes de que el discurso político tiene un poder, en virtud del cual se inducen actitudes que muchas veces se traducen en comportamientos. Por eso, cuando el discurso político se convierte en instrumento descalificador e ilegitimamente de las posiciones adversarias y de las decisiones de las autoridades competentes, fatalmente se sustituye a la razón por la violencia y se desnaturalizan así las bases civilizadas de la contienda política. Por eso, creo que es preciso ir quitándole espacios a una dinámica rupturista del orden legal, como se ha observado en algunos de los procesos electorales realizados en los últimos tiempos.
Asimismo, creo que esta tribuna, que tiene como soporte y finalidad la ley, no debe ser utilizada para mermar consciente o inconscientemente en los ciudadanos, el respeto a las normas que tienen su origen en el Congreso de la Unión o en el de los estados, y que es nuestro quehacer. No pretendemos, desde luego, la uniformidad de los criterios. Los regímenes políticos en el mundo, dentro de la forma democrática, son suficientemente variados como para acreditar que no existen fórmulas mágicas capaces de evitar los disensos en torno a ellas. Por eso, los esfuerzos por perfeccionarlas, como aquí se hablaba, no carecen de sentido; sin embargo, creo que es muy importante que tengamos conciencia que tampoco esto justifica el desconocimiento de la ley vigente y de las resoluciones que con base en ella, adopten las autoridades.
Partidos políticos vigorosos que protagonicen los debates necesarios para esclarecer ante 0la opinión pública los problemas nacionales, regionales y locales, no pueden fincar su razón de ser y su programa, básicamente en el antipriísmo o en el antigobiernismo; esta posición yo creo que carece de porvenir, porque tiene una intención destructiva. Se hace necesaria la propuesta innovadora, la propuesta alternativa que deje atrás lo existente, pero que construya.
Por todas estas razones, señor Presidente, pido a usted y a esta honorable asamblea, tenga a bien a que esperemos a conocer los resultados de las elecciones por parte de los organismos competentes, para que el debate sea informado, oportuno y pertinente. Muchas gracias. (Aplausos).
DEL ESTADO DE MICHOACÁN
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Leonel Godoy, para hablar sobre agresiones a sus militantes en el estado de Michoacán, por parte del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El C. diputado Leonel Godoy Rangel: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores: Qué bueno que están relacionados el punto anterior con éste. Me parece que ya a estas alturas de la vida nacional, después de los acontecimiento de julio de 1988 y las jornadas posteriores, han dejado atrás la tesis de que los partidos políticos de oposición mantienen una ideología antipriísta, no, el problema lo dijimos hace un momento.
Yo creo que la posición que ha sido muy firme, muy decidida de toda la oposición es una lucha ya contra el partido de Estado, ése es y no es ningún antipriísmo y también hay una propuesta que ha sido generada en diversos foros de qué es lo que nosotros consideramos que debe de sustituir el Estado democrático. Hay una crítica a un partido de Estado y hay propuesta por un Estado democrático que sustituye ese régimen antidemocrático en sí mismo.
Hace ocho días denunciamos los hechos ocurridos en diversos puntos del país, fundamentalmente en Guerrero, en Morelos y en Michoacán sobre violencia física contra militantes del Partido de la Revolución Democrática. En aquellos días contabilizábamos 30 víctimas de esta violencia generalizada, lo aclaro porque en aquella ocasión lo señalamos también con mucha precisión, en Guerrero y Michoacán, fundamentalmente y cuyo origen es la falta de respeto a la voluntad popular, el no respetar lo que los ciudadanos mediante el voto resuelven en las urnas. Todas estas víctimas de nuestro Partido y también, por qué no, las víctimas de otros partidos entre ellos el Revolucionario Institucional, nos parece a nosotros que se dan, son ocasionados por esto que estamos llamando un Estado antidemocrático por naturaleza.
Los militantes de los distintos partidos que ejercen sus derechos constitucionales de votar, de manifestar libremente sus decisiones o sus preferencias políticas e ideológicas y de exigir se
respete su decisión claramente facultado también por la Constitución para los mexicanos mediante el derecho de petición.
Esa es nuestra opinión, el motivo fundamental, el origen, la causa generadora de una violencia que debemos desactivar ya, de inmediato, fundamentalmente...
El C. diputado Miguel Montes García (desde su curul): - Señor diputado, ¿me permite hacerle una pregunta?
El C. Presidente: - Señor diputado, ¿acepta usted una pregunta del diputado Montes?
El C. diputado Leonel Godoy: - Sí, cómo no.
El C. diputado Miguel Montes García (desde su curul): - ¿Sería tan amable, señor diputado, de informarme, en virtud de qué acontecimientos electorales se dio alguna violencia en Morelos?
El C. diputado Leonel Godoy Rangel: - Perdón, primero hablé de violencia generalizada, por eso, si me permite, diputado, hablé de violencia generalizada, que en mi opinión es ocasionada por procesos electorales, por falta de respeto a la voluntad popular en esos procesos electorales, y señalé específicamente Michoacán y Guerrero, ahí debe estar la versión estenográfica, Morelos entra dentro de lo que en mi opinión es la violencia generalizada en estos estados precisamente, contra militantes de nuestro partido.
Los procesos electorales fueron el 3 de diciembre, en Guerrero y en Michoacán, que es donde también consideramos que la escalada de violencia está aumentando y que también consideramos que debe desactivarse ya.
Del viernes 19 al día de ayer, hay seis muertos más del Partido de la Revolución Democrática y ocho heridos, y un muerto y dos heridos del Partido Revolucionario Institucional. Cinco de ellos y todos los heridos son en Michoacán y un muerto, el día de ayer martes, fue en Coyuca de Benítez.
Los problemas poselectorales, la secuela poselectoral en estos estados, enfatizamos, es la causante de esta violencia y ahí debemos de centrar nuestra atención como militantes políticos, como representantes populares y como miembros de esta honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Nos parece inadmisible que si alguien ejerce legal y constitucionalmente su derecho a protestar en contra de aquello que considera una burla a su derecho previo también constitucional al emitir su voto, sea la violencia el camino que se siga para dirimir estas controversias.
Seguiremos insistiendo, como hemos subido reiteradamente a esta tribuna para denunciar estos actos de violencia y para buscar soluciones, que es el diálogo, sobre la base del respeto a la voluntad popular, el mecanismo que debe de utilizarse por todos los partidos y organizaciones políticas.
Ya saben ustedes lo que profusamente ha señalado la Prensa que ocurrió en Jungapeo, Michoacán. Ahí murieron Salvador González y Lorenzo Chacón, del Partido de la Revolución Democrática. También saben ustedes que un militante nuestro murió el 22 de enero, Ernesto Candrón, en Apatzingán, también militante de nuestro partido, y los hechos acontecidos el día de ayer en Jacona, donde hubo un muerto, Javier Macías Salcedo, del Partido de la Revolución Democrática y otro, Efraín Pérez García, del Partido Revolucionario Institucional, y varios lesionados, tres, entre ellos un particular y un comerciante, donde se originó este conflicto.
Además, ayer también la Prensa informa del muerto en Coyuca, vigilante en el edificio municipal, el señor Santo Juárez, también miembro de nuestro partido, que apareció muerto, señalándose como presuntos responsables a militantes priístas.
Nos interesa señalar lo de Michoacán, Jungapeo, Apatzingán, Jacona. Entran dentro de un número de 24 municipios donde hay problemas en este momento en el estado de Michoacán.
A nosotros nos parece que existe un clima de confusión, de enrarecimiento político en el estado, motivado por fallos ilegales de los organismos electorales, que no permitió que los partidos contendientes pudieran con honestidad, con franqueza, decir cuáles ganaron y cuáles perdieron.
Nosotros con las actas en la mano señalamos 62 municipios donde teníamos el 100% de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas, donde habíamos obtenido el triunfo legal.
Y ya lo hemos denunciado aquí, mediante la vieja estrategia de anular casillas, como ocurrió por ejemplo en el caso de Jungapeo que nos anulan una casilla de una comunidad rural o como ocurrió también en Apatzingán, donde nos anulan otra casilla, ésta por considerarla "atípica", ya que tenía una votación desproporcionada a favor del Partido de la Revolución Democrática, algo así como 400 contra 90 votos.
Y en todos estos casos los organismos electorales siempre fallaron, insisto, mediante la vía de la anulación de las casillas para dar los triunfos que legalmente tenía el Partido de la Revolución Democrática en esos municipios. En cambio, por utilizar el mismo criterio de la casilla "atípica" como la designaron en Apatzingán, donde eran 400 votos contra 90, en Turicato, otra casilla "atípica" de 1 mil votos para el Partido Revolucionario Institucional y cuatro para el Partido de la Revolución Democrática, donde no se consideró "atípica" y también transformó el resultado en favor del Partido Revolucionario Institucional. Estos son los hechos, ésta es la realidad.
En qué medida entonces existen posibilidades que algún partido político en Michoacán pueda resolver el problema de cuántos se ganaron y cuántos se perdieron si el organismo electoral máximo, el estado presidido por el secretario de gobierno y con mayoría priísta en ese organismo electoral, nunca analizó, como se lo señala con claridad su obligación, la Ley Electoral del Estado de revisar estas casillas anuladas y resolver por la vía política de acaloramiento de las facciones políticas en cada uno de los municipios, mediante, eso sí, el respeto al voto, ya que ningún sistema electoral en México autoriza a ninguna autoridad electoral ni a ningún partido a negociar votos. Pero creo que sí, nuestro sistema de derecho en México debe sustentarse siempre sobre la nitidez de la cuenta de votos.
En Michoacán en este momento, es terrible decirlo, porque coincidimos pero por intereses muy distintos a lo que el delegado del Partido Revolucionario Institucional en nuestro estado señaló de la ingobernabilidad que existe por esta secuela poselectoral, debido a la burla a la voluntad ciudadana.
No nos parece que cada caso de estos 24 municipios donde existen dos ayuntamientos distinto, muchos de ellos con constancias de mayoría ambos candidatos o ambas planillas, debe de analizarse detalladamente caso por caso y con estricto respeto a la voluntad popular resolverse cada uno de ellos de inmediato.
Esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión debe de pronunciarse exhortando a las autoridades de Michoacán y del gobierno federal a resolver ya esta situación que cada día es más peligrosa, más preocupante y donde los muertos y los heridos ya parece una cuenta aquí de votos no de vidas humanas.
El Partido de la Revolución Democrática se manifiesta en esta Comisión Permanente por el diálogo para dirimir las controversias políticas, pero sobre la base del respeto a la voluntad popular, eso no nos cansaremos de insistirlo.
Se manifiesta también por el respeto a la vida de activistas políticos del partido que fuere, si sólo se ejercen derechos cívicos de respeto al voto de garantías constitucionales de manifestarse y protestar. La vida de cualquier activista político vale más, o es en todo caso la suma de todos estos derechos, de todas estas garantías.
También debemos todos buscar que se garantice el ejercicio pleno de los derechos políticos de todos los mexicanos, y en este caso de los michoacanos. Debemos también preservar las libertades políticas; no es la violencia el camino para resolver, ni mucho menos para crear un ambiente propicio donde las libertades políticas florezcan.
Se nos dirá, y éste va a ser el punto, creo, del debate el día de hoy, los perredistas han actuado en contra del derecho, han tomado alcaldías, han tomado armas, han protestado, se han enfrascado en violenta lucha con miembros inermes del Partido Revolucionario Institucional.
El problema aquí está, ¿en dónde encontramos el origen de este estado de violencia contrario a derecho que se da en Michoacán? Para nosotros está muy claro: no respetar la voluntad popular es la primer violación a la ley, y a la ley fundamental que es la Constitución. Si se buscan mecanismos que nos hemos cansado de insistir en ellos, que realmente sean confiables para contar los votos, les aseguramos que Michoacán retomará el camino de la paz. Michoacán es un estado progresista, amante de las libertades, respetuoso de las opiniones políticas que se dan distintas en Michoacán; hace muchos, pero muchos años, hay pluralidad ideológica.
Sin embargo, ningún ciudadano de oposición, y creo que estos son los nuevos tiempos que tienen que tomar en cuenta en esta reflexión, permitirá ya que se burle el voto que emitió. Tampoco creemos que en estos momentos, y en eso no nos pondremos de acuerdo, y estoy en toda mi libertad de disentir de la senadora, de los organismos electorales actuales por facciosos, porque no existe uno donde se haya dado una decisión contraria a los intereses del partido y su gobierno.
Muchos casos vimos, muchos ejemplos dimos y si es necesario subiríamos a la tribuna en réplica, que tenemos derecho, para señalar casos concretos en donde a un mismo hecho estos organismos electorales dieron resoluciones distintas, pero siempre favorables al partido oficial.
El diálogo es el camino que nos queda en Michoacán para retomar la tranquilidad y la paz
social, pero es también respetando la voluntad de los ciudadanos al ejercer su voto el 3 de diciembre, el campo en donde deberá moverse este diálogo. No podrá ser en ningún otro. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Sobre el mismo tema, tiene el uso de la palabra el diputado Arturo Armendáriz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El C. diputado Arturo Armendáriz Delgado: - Señor Presidente; honorable asamblea: Tal parece que este debate se encierra en una vieja figura que en muchas ocasiones en México se ha usado: hay democracia cuando yo gano y no existe la democracia cuando yo pierdo. O sea, ver a la democracia como un riesgo.
La realidad es que los organismos electorales del estado de Michoacán, dieron fallos a favor del Partido Revolucionario Institucional, pero también fallaron al resolver, al calificar o al resolver impugnaciones en favor de candidatos propuestos por el Partido de la Revolución Democrática.
Pero ¿qué está pasando con la violencia ahora en Michoacán? Por cierto que se está desligando un poco de lo que es propiamente la actividad electoral, porque si nos guiamos exclusivamente por los recursos legales interpuestos por los ciudadano y los partidos ante los órganos electorales de Michoacán, se puede concluir que estas elecciones se desarrollaron con un mínimo de problemas.
Sin embargo, el camino adoptado, ha sido diferente. Se habla de violencia y de violación a la voluntad popular, pero no aparece por ninguna parte el interés de coadyuvar a integrar esta voluntad popular. La voluntad popular no es una expresión simple y naturista, es una expresión generalmente organizada en la que los partidos políticos deben contribuir a esa formación. La voluntad popular no es necesariamente una expresión uniforme en este país, es una expresión plural a la que todos los partidos tenemos la obligación de acudir a formarla.
Ahora bien, el señor diputado, michoacano por cierto, que se expresa en esta tribuna con anterioridad, habla de que hay que aceptar el diálogo como una solución. Hay que acudir a la concertación; no hay que sustituir, por supuesto, como se dice hoy en la Prensa, las balas por los votos. Estamos dentro de un campo de acción democrática en la que se pretende que el proceso electoral se resuelva precisamente por eso, por votos.
Pero cuando tenemos esa voluntad e intentamos todos por ese camino de concertación y de diálogo realizar la solución a los problemas que enfrentan algunos municipios de Michoacán, también tenemos realmente que tener una voluntad política expresa para hacerlo.
Yo quiero traer la colación, por ejemplo, una declaración vertida en Michoacán, por Esperanza Morales, dirigente panista de aquel estado, que aparece en La Voz de Michoacán del sábado 20, donde hace un llamado para que la violencia cese, se suspenda y dice: "se debe parar la violencia". Y agregó que: "el Partido de la Revolución Democrática debe aceptar que en algunos casos las bases ya lo rebasaron en Michoacán". Y además agrega: "que este rebasar las bases a la dirigencia nacional y estatal del Partido de la Revolución Democrática, se debe a que se han dado a sus simpatizantes, en muchos de los casos, falsas expectativas de triunfos electorales".
Nosotros tenemos interés también en que la violencia no provoque muertos. Yo creo que es muy importante puntualizar y tomar una posición, puntualizar esta situación.
Los procesos electorales no justifican de ninguna manera una muerte, sea del partido que sea; los muertos simple y llanamente son mexicanos. Ningún partido que participe en las contiendas electorales de este país, podrá sostener válidamente que el proceso justifica la muerte.
Incluso, a mí me ha parecido siempre muy interesante que en el discurso político que utilizamos todos los partidos sobre la Revolución Mexicana, hablemos para justificar la Revolución de un millón de muertos, estamos dando un dato que realmente es espeluznante y además estruja las conciencias. Porque un millón de muertos en la Revolución, fue un muerto por lo menos por cada familia mexicana: fue un padre, fue un hermano mayor, fue un abuelo. Y si el parto doloroso que implicó la Revolución, que trajo como consecuencia un cambio social en este país exigió un millón de muertos, no olvidemos que los muertos son parte formadora de cada una de las familias mexicanas, y que en estos tiempos más civilizados, de mayor cultura, de mayor preparación política del pueblo mexicano, no se justificarían de ninguna manera, en ningún cambio social; así lo requiere el país.
Por otra parte, nosotros queremos expresar que no basta con señalar que el contendiente de la parte de enfrente es el causante de la violencia; también tenemos que hacer autocrítica.
El día de hoy, un columnista de La Jornada, señala expresamente . Dice: "la impaciencia y la rabia mal conducida de los perredistas, que no quieren abrirse nuevos plazos y metas en la
interminable lucha por el respeto cívico. Palacios municipales en poblaciones donde el Partido de la Revolución Democrática no alega haber ganado, están en posición de miembros de ese partido. Esto hace inexplicable ese proceder. Sus dirigentes tienen que persuadirlos para que desmantelen esos focos de tensión o deben deslindarse de quienes los han montado, si no tienen capacidad para desmovilizarlos".
Esto lleva a entender y a justificar el argumento que se ha señalado con anterioridad, que los hechos que se llevan a cabo en Michoacán ya no son propiamente del proceso electoral. Aquí hay algo de fouquismo organizado con otras intenciones.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): - Para hechos.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Pablo Gómez, para rectificar hechos.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: - Es muy interesante, por lo menos para mí ciudadanos legisladores, que alrededor de los hechos violentos vinculados a recientes elecciones, se ensañen algunas interpretaciones, que tienden a eludir ante todo hechos de la realidad.
¿Se podría suponer que alguien tiene capacidad para que significativos grupos de ciudadanos, en forma completamente voluntaria, sin que exista una relación de paga de por medio o algún otro medio compulsivo, arriesguen su propia seguridad y su propia integridad en aras de algo que no comprenden, que es irracional? ¿Podría algún analista político o algún político suponer tal cosa?
Es sencillo o relativamente sencillo intentar interpretaciones superficiales, cuyo objetivo es convertir hechos políticos de importancia en cuestiones artificiales o, como se decía mucho en el lenguaje político oficial de antes "de intereses ocultos".
Dice el diputado Armendáriz que las bases rebasan al partido de la Revolución Democrática, que sus propias bases; yo creo que tiene razón en gran medida, por una cuestión que yo quisiera exponer muy brevemente: los partidos-estado, los partidos oficiales, no se basan en el movimiento, no reflejan movimiento alguno en la sociedad, son la representación del poder, sus vínculos con la sociedad tienen siempre vehículos de poder, son gestores, porque los reconoce como gestores, la gente acude a ellos porque pueden resolver algunos problemas, habida cuenta de que representan, aún indirectamente en muchos casos, al poder mismo, sus cuadros, sus medios de acción son enteramente oficiales, se conforman básicamente mediante una burocracia, que es una burocracia de Estado, sus objetivos no son los del movimiento o los de los movimientos reales que se generan espontáneamente en la sociedad, sino sus objetivos son los de mantener el poder.
Los partidos que no son partidos de Estado, tienen otra connotación; cuando son en verdad instrumentos de la sociedad, cuando son en verdad independientes del poder del Estado, se basan en el movimiento real, sirven a ese movimiento, lo que pueden servir bien o mal en dependencia de la capacidad de sus dirigentes y de sus propios miembros, pero tienden a servirlo, esto es lo que hace el Partido de la Revolución Democrática.
El Partido de la Revolución Democrática, sin movimiento no es nada, sería un simple grupo político de presión, eso es justo lo que no quiere ser este partido.
En la medida en que un partido político, que no está en el poder se convierte en un simple grupo político de presión que genera sus propios intereses, en esa misma medida deja de ser un verdadero partido.
En Michoacán y en Guerrero la gente toma sus decisiones, los dirigentes políticos coadyuvan, orientan, aconsejan, conducen en la medida que esto es posible, pero no suplantan. Desde el punto de vista oficialista acostumbradísimos los políticos del Partido Revolucionario Institucional a suplantar decisiones y a tomarlas por la gente, pues, el Partido de la Revolución Democrática aparece como un partido rebasado totalmente.
¿Cómo es posible que el Partido de la Revolución Democrática no pueda llegar ahí a Coyuca a decir: señores levanten este plantón, porque están generando violencia y va a seguir habiendo muertos? Como si un dirigente del Partido de la Revolución Democrática pudiera llegar en ese plan a Coyuca y decirle al pueblo: señores, la causa de ustedes no es correcta, o no funciona, o espérense tres años.
Un partido que así actuara dejaría de ser expresión del movimiento real. La gente busca a sus líderes, y los líderes, cuando lo son en verdad, se convierten en instrumentos de la gente. Desde el punto de vista del poder es al contrario. La gente, sus agrupaciones, sus acciones deben estar incorporadas al interés del poder.
Tenemos lógicas distintas, radicalmente distintas, y eso no se debe ni a la perversidad de unos o a la supuesta perversidad de otros, sino a que estamos en posiciones diferentes en el terreno de la lucha política; representamos intereses completamente
distintos y confrontados, auténticamente antagónicos.
No tenemos que llevar, me parece a mí, ese antagonismo a la guerra civil, sería lamentable que eso ocurriera. Pero el país no ha comprobado ningún seguro en ninguna institución, porque además no existen este tipo de instituciones que le cubra el riesgo de una guerra civil. Para eso no hay seguros, nadie lo tiene, ningún país lo tiene.
Por eso debe preocuparnos la violencia, no solamente porque como dice Armendáriz, pues estos ciudadanos mexicanos, y yo diría: esta gente que ha muerto es más que mexicano, llevaba el título de "seres humanos", a quienes se les arrebató la vida.
Yo quisiera saber, ¿cuándo algunos caciques priístas que andan muy activos van a dejar de matar a gente del Partido de la Revolución Democrática? Yo creo que en los procesos políticos los muertos pesan mucho, porque de una forma o de otra reclaman, aún después de muertos a los que siguen vivos.
El C. Presidente: - Diputado, ¿acepta usted una interpelación del señor senador?
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: - Sí, cómo no.
El C. senador Alvaro Salazar Lozano (desde su curul): - Señor diputado, yo quisiera preguntarle el caso de los priístas que han muerto, ¿se deben a los caciques del perredismo?
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: - Miré, no quería yo dar mi opinión alrededor de este asunto pero a mí me parece que cuando la violencia se implanta, no conviene hacer juicios salomónicos, porque esos nos llevaría por ejemplo a justificar, poniéndonos en un extremo, a los muertos del ejército federal durante la Revolución, al fin de cuentas fueron víctimas de la violencia.
Yo creo que en algunos lugares donde han sido asesinados algunos miembros del Partido Revolucionario Institucional, invariablemente creo yo, por lo menos en los últimos acontecimientos, eso ha estado vinculado al enfrentamiento violento que se ha hecho como respuesta a las acciones políticas de ocupación de los palacios o de plantones enfrente de los palacios.
Yo personalmente me alegro de que después de los tres muertos en Coyuca, en la primera ocasión que hubo compañeros asesinados, todo el fuego que se lanzó contra la casa de algunos de los responsables de estos asesinatos, que incluyó incluso uno o dos cartuchos de dinamita que por ahí consiguieron, no haya cobrado víctimas, afortunadamente. Los muertos hubieran sido del Partido Revolucionario Institucional, pero me parece que eso no cambiaba la situación en absoluto.
Habían sido asesinados tres miembros del Partido de la Revolución Democrática. La exigencia de la gente en Coyuca, era que la policía llegara y se llevara a la cárcel a los autores de los asesinatos. Ellos, atrincherados en dos casas, tirando unos tiros, a pesar de que el Procurador dijo que no...
El C. Presidente: - A ver, permítame, diputado, ¿acepta otra pregunta del senador Alvaro Salazar?
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: - Sí, cómo no.
El C. senador Alvaro Salazar Lozano (desde su curul): - Me refería exclusivamente en el estado de Michoacán, a los priístas que han sido asesinados, si también fueron asesinados por los caciques perredistas.
(Voces.)
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: - No conozco...
El C. Presidente: - Permítame, diputado Pablo Gómez. Nuevamente reitero a los miembros de la Permanente, que no están permitidos los diálogos, que se guarde respeto a los términos establecidos en la Ley y en el Reglamento a fin de cumplir con nuestra tarea legislativa. Tiene el uso de la palabra, diputado Pablo Gómez.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: - Tengo información de que ha habido una persona muerta de pertenecía al Partido Revolucionario Institucional. No sé exactamente en qué situaciones falleció, pero le puedo decir que, para retomar el hilo de lo que yo estaba explicando, que no es ninguna impaciencia del Partido de la Revolución Democrática. Yo creo que estos hechos violentos no se deben a impaciencia del partido como tal, yo creo que más bien son situaciones en las cuales las cosas llegan a un extremo, a un cierto límite y se desborda todo esto, porque la resistencia es muy fuerte.
Nadie va a pensar que a través del diálogo con el señor Ruíz Massieu, por ejemplo, en Guerrero, se vaya a resolver realmente ningún problema, que hemos hablado horas, interminables horas, y nunca se ha resuelto nada. Tampoco vamos a considerar que Genovevo Figueroa, realmente gobierna Michoacán. No está en..., no podemos decir que
realmente es un gobernador, en el pleno sentido de la palabra, que tiene capacidad para poder arreglar los conflictos, los asuntos; gobernar. No está ocurriendo eso, se están dejando que estos fenómenos se desarrollen, pensando que de todas maneras el Partido de la Revolución Democrática es el que va a salir perdiendo, para crear una imagen de violencia, de que el Partido de la Revolución Democrática es favorable a la violencia, de que aquí donde el Partido de la Revolución Democrática empieza a protestar por sus triunfos electorales, ahí surge la violencia.
Yo creo que con esa política de seguro que habrá más violencia. Si no la hubo, por lo menos no tanta como la está habiendo ahora, en cuanto al número de muertos, cuando las elecciones de diputados locales en Michoacán, fue justamente porque es más difusa la elección de un diputado, es una zona mucho más grande.
Cuando vienen las elecciones de presidencias municipales y de ayuntamientos, el asunto se concentra mucho; en municipios más o menos pequeños toda la gente se conoce y se sabe perfectamente bien quienes están peleando contra quienes, y es mucho más difícil hacer un fraude cuando mucha gente sabe cómo votó la demás gente, aproximadamente, independientemente de qué haya ocurrido ahí en los manejos de las casillas; se tiene información muy directa de la situación política en pequeños municipios, y eso genera en mayor medida, su inconformidad y confrontación.
Pero yo quiero decir, que en general, no ha habido respuestas masivas de parte del Partido Revolucionario Institucional. Han sido acciones completamente de pequeños grupos; por ejemplo en Alcosauca la gente que está tomando el palacio municipal, no es de ahí, fue llevada de Puebla y los de ahí son 10 o 15. El grueso de la gente es de antorcha campesina, no han movilizado a la gente del municipio para ir a tomar un ayuntamiento gobernado por el Partido de la Revolución Democrática y en muchos otros lugares ocurre lo mismo; la gente nuestra no se está enfrentando a partes considerables de otra parte de la sociedad sino normalmente a gente organizada pero en pequeños grupos que también hemos visto como tiran tiros y además con muy buen tino por lo que se ve.
Entonces yo creo que esta situación, lo que está ocurriendo en estos estados debería ser motivo de un análisis más sensato porque el Partido de la Revolución Democrática no se puede deslindar. Aquí le respondo a la cita que hacía Armendáriz del articulista que mencionó. No se puede deslindar, no debe deslindarse porque son acciones que surgen del movimiento mismo; cuando un partido así lo hace, no estamos hablando aquí de individuos delincuentes que cometen un delito, que defraudan, que hacen peculado, que hacen todo ese tipo de cosas; cuando en un partido hay eso, pues ese partido debe deslindarse inmediatamente. Estamos hablando aquí de fenómenos de carácter político.
¿Por qué vamos a desautorizar la realidad?, ¿cómo sacar a la gente de Coyuca de Benítez si no es cuando esta gente se convenza, si es que llega a convencerse algún día?, ¿qué ocurre por ejemplo en Michoacán? En algunos ayuntamientos, lo mismo en Guerrero, la fuerza pública llega a recoger impuestos, la gente no se los paga, quiere pagar el impuesto al ayuntamiento democrático, al ayuntamiento paralelo y hay enfrentamiento entonces ahí con las fuerzas públicas por esa razón. Algunos lo dudan porque nunca han visto este fenómeno, pero sería bueno que fueran a esos municipios para que vieran cómo la gente se niega a pagarle impuestos.
Era el viejo sueño Clouthier, Clouthier quería llevar ahí la resistencia civil, al negarse a pagar impuestos a la autoridad a la que no quería reconocer como protesta y sin llamado, y sin consigna el Partido de la Revolución Democrática no ha dado ninguna consigna en esta materia, la gente lo está haciendo como una especie de instinto cívico.
Si está tratando de establecer una autoridad ahí que es la que considera que la representa, obviamente que no va a conocer a la otra en ningún sentido. Estas cuestiones deberíamos de asomarnos un poco a verlas, a ver a la sociedad en concreto en esos lugares porque lo que está pasando ahí puede pasar en otras partes, siempre hay una primera vez y de repente el fenómeno se da y cuando empieza a darse se empieza a generalizar.
Yo creo que estas explicaciones simplistas de lo que está generando esa violencia como las simplísimas explicaciones que se dan en relación con la abstención, dándole un poco por su lado a la idea de que el que se abstiene, es porque está de acuerdo más o menos en la situación, no tiene nada que decir al respecto; pueden llevar a posiciones políticas muy peligrosas, sumamente peligrosas, porque según el análisis que se haga de como pueden evolucionar las cosas en el país, se va actuar, y cuando es el poder quien hace ese análisis, el asunto es mucho más grave, puesto que tiene de su lado todos los recursos del uso de la fuerza pública, de la violencia, del dinero, el poder tiene muchísimos recursos, es una cosa muy seria usarlos, y hemos visto que no siempre se han usado con responsabilidad y con sensatez, sino con absoluta irresponsabilidad y falta de sensatez.
Yo diría que en Michoacán y en Guerrero se están usando sin ninguna responsabilidad, y el poder en primer lugar está obligado a hacerlo. Miren, lo que está haciendo el gobernador Ruíz Massieu: remitir al Partido de la Revolución Democrática, para ir a negociar con el Partido Revolucionario Institucional. Esa es una forma de aludir su responsabilidad, él es el que ha creado esos problemas, en primer término es él, y ahora lo que pretende es hacer una mesa paralela de negociaciones en la cual él se constituye en instancia secundaria. No ha entendido nada de la sabiduría gobernante que se ha generado en este país durante tantos años. Esto también hay que saberlo hacer, pero no es la forma torpe como lo está haciendo Ruíz Massieu. El en este momento a como están las cosas en varios municipios de Guerrero, tiene que agarrar el toro por los cuernos, como se dice popularmente, y entrarle a resolver a fondo la cuestión.
Lo mismo tendría que hacer Genovevo Figueroa si fuera realmente gobernador. La situación política que se le ha creado, desde el fraude en las elecciones para el nombramiento de diputados, para la elección de diputados, fue eso, unos señores que llegaron de México a hacer un fraude electoral, sencillamente, y él a decir que todo estaba bajo control y todo era legal. Ese es el triste papel en el que encajonan a un gobernador, ¿porqué?, pues porque hay que garantizar que el partido de la Revolución Democrática no tenga mayoría en el Congreso de Estado y punto, no hay más que una decisión de esta naturaleza.
Entonces estas cosas tanto va el cántaro al pozo, o al agua, que pues algún día se tiene que romper. El problema es que estos rompimientos no sean en serie, la cuestión es que no haya una reacción en cadena, de lo contrario la situación no va a aguantar.
No hay en este país, en este momento, un poder que llene todos los espacios de la sociedad como lo hubo hace 30,40 y 50 años en este país, como para andarse dando esos lujos; la situación está bastante cambiada.
Entonces hay que actuar con toda la inteligencia para poder encauzar al país, pero lo que sí está muy claro es que nosotros como partido no podemos renunciar a la característica fundamental que nos sustenta y al compromiso básico con ese movimiento emergente que es real y que está expresando a partes de la sociedad.
No se le puede pedir, lo decía el coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, al poder que renuncie, no, estamos de acuerdo, no estamos pidiéndole al poder que renuncie al poder, estamos aspirando a quitarle el poder por la vía democrática de las urnas, es otra cosa, pero tampoco se le puede pedir al Partido de la Revolución Democrática que renuncie a su naturaleza y a su característica principal, pues entonces nos vamos cada quien a su casa y se acabó todo este asunto de la lucha política.
Lo único que estamos pidiendo es que la Constitución se respete y que las elecciones sean el medio para la elección de las autoridades, si no hemos pedido más nada, ¿verdad? Ese es el punto que nosotros planteamos.
Bueno, esto implica necesariamente que no haya un partido de Estado, porque un partido de Estado no concurre a las elecciones en condiciones de igualdad sino como dueño del aparato mismo, en el cual se decide quién ganó y quién perdió una elección. Que no se respetan las decisiones de las autoridades, no estamos respetando la decisión de un partido arropado en la autoridad, ése es el problema, que porque una ley lo dice.
Es que aquí el problema es la idea constitucional central de que todo poder dimana del pueblo, eso es a lo que nosotros nos remitimos, sencillamente, y sobre esa base todas las reglas deben adecuarse a ese principio constitucional y democrático de que todo poder público dimana del pueblo para lograr que en efecto dimane de él, ése es el planteamiento.
El C. Presidente: - Tiene le palabra, sobre el mismo tema, el senador Eliseo Rangel Gaspar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
EL C. senador Eliseo Rangel Gaspar: - Gracias, señor Presidente; señores senadores, señores diputados: La democracia nacional exige en esta hora para responder a las aspiraciones, a las expectativas de la sociedad mexicana, que anhela las nuevas marcas de perfeccionamiento, reclama responsabilidad de los partidos políticos, responsabilidad plena en el sentido de que responda a la colectividad a la que debe servir de acuerdo a los proyectos que se levantaron cuando esta sociedad concedió a los partidos políticos magnitud constitucional, significación constitucional.
Nosotros sí pensamos qué tenemos y qué tienen los partidos políticos, deben tener como justificación ante la historia y ante la sociedad, lógica distinta, ideas distintas, ideología que los separe, pero ni ideología, ni ideas, ni tesis, ni principios deben estar por encima de la Constitución que autoriza el funcionamiento de los partidos que los eleva a la dignidad constitucional.
Por eso es que pensamos que si bien es cierto que los partidos políticos deben respetar la parte del interés social y que deben fortalecer lineamientos conforme a los principios, también es verdad que deben unirse en el propósito de conducirse conforme las reglas que la propia sociedad se ha dado. En un estado de derecho no hay otra alternativa, no existe otra posibilidad.
Y en esa virtud, cancelar la tentación por la violencia, asumir la cabalidad, la responsabilidad, uno, prioritaria, primera, de educar a la colectividad para lo que exige la democracia. No justifica, ningún hecho justifica a ningún partido político el renunciar a esta actividad prioritaria, y en este sentido las organizaciones políticas están actuando como partidos, de otra suerte son eso que el señor diputado quiso traer al contexto de lo político al hablar de grupos de presión, se convierten en facciones, en grupos actuantes al interior de la sociedad, en favor de intereses personales, no a la altura de los intereses colectivos que quieren que haya paz, que haya progreso democrático en esta nación.
Las facciones representan un estado anterior al desarrollo político de la sociedad, eran grupúsculos irresponsables, grupos de presión al interior de la sociedad, pero la sociedad quiso evolucionar y progresar, dar responsabilidad a sus grupos políticos, hacerlos responsables del perfeccionamiento de la sociedad y del perfeccionamiento del estado, y por eso les ha entregado facultades, respeto, autoridad. Algunos partidos políticos se han convertido por el respeto que han ganado en la sociedad, por luchas sangrientas históricas en el caso nuestro bien conocidas, se han convertido en partidos gobernantes, en partidos en el gobierno.
Esta tesis del partido de Estado, es una tesis que sólo se explica en otras latitudes cuando todo el poder social se les iba a entregar a los Soviets, y entonces una sociedad sin clases, el partido de Estado iba a conducir el destino de la colectividad.
Aquí hubo siempre, aquí siempre ha habido pluralidad, inclusive en el discurso del 1o. de septiembre de 1928, Calles al hablar de las sociedades que entreveía, hablaba de la pluralidad de la composición de nuestra sociedad.
Por eso es importante el debate en esta tribuna, para que nuestras palabras resuenen a la provincia y se escuchen en Jacona, en Puruándiro, en toda la nación y adviertan a los protagonistas de sucesos que debiéramos cancelar, de cuál es la tesis de los partidos políticos.
Nosotros, hablando de la participación política por la vía capacitada de la ciudadanía, otros diciendo, sosteniendo que grupos haya que responder a una realidad que debiéramos ir a retratar con microscopio, analizar perfectamente, porque no lo conocemos, porque la desconocemos, y que actúan en respuesta diríase espontánea a esa realidad.
No, los partidos políticos tenemos responsabilidad, debemos difundir las reglas del juego político, debemos decir cómo y hasta dónde llega la contienda electoral, cuáles son las instancias legales, cuáles los recursos que hay que hacer valer y ante qué autoridad, estar atentos a los procesos, vivir inmersos en la colectividad, y decir, sostener siempre, que el recurso de las armas está proscrito en la lucha democrática, que si queremos una nación por una vida democrática, ésta tiene que resultar del enfrentamiento si, de las tesis, de los principios, pero en el diálogo constructivo, racional.
Nosotros sí tenemos confianza en el diálogo; nosotros sí sabemos que el diálogo es productivo y es constructivo; no lo rechazamos porque hablamos de un diálogo en donde los principios se enfrentan y en donde se llegue a consensos, no alegatos sin sentido; diálogo civilizado en relación con los objetivos y con las tesis que cada grupo debe sostener y postular; subrayados, significados todos por la contienda pacífica.
Nosotros no nos alegramos porque no haya corrido sangre en Michoacán, no haya seguido corriendo la sangre en Michoacán al impacto de la dinamita. Nosotros nos dolemos de que se usen con tanta ligereza expresiones de esta naturaleza cuando sabemos que está escuchando la nación entera. Vamos a hablar a la nación con claridad, ¿cuáles son los principios de organización que nosotros tenemos?, ¿en qué se distingue el partido de la Revolución Democrática de los otros partidos?, ¿cuál es el proyecto histórico que sostiene?, y así los demás partidos políticos, enunciando sus propósitos claramente, para que la sociedad libremente se adhiera a esos objetivos históricos.
La nación no puede dar marcha atrás, no va a retroceder en el camino del perfeccionamiento democrático. Sí va a hacer escuchar a los interlocutores, a los dirigentes de los partidos que su proyecto es avanzar en la democracia, construir una vida democrática pacífica, progresista, civilizada, revolucionaria. (Aplausos.)
SOBRE EL CONFLICTO SINDICAL DE LA FORD
EL C. Presidente: - Sobre el desalojo de la planta Ford de Cuautitlán y el conflicto sindical,
tiene el uso de la palabra el diputado Pablo Gómez, del grupo parlamentario del Partido de Revolución Democrática.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: - Señores legisladores: En ocasión anterior algunos legisladores planteamos en esta tribuna nuestros puntos de vista sobre el conflicto en la planta de Cuautitlán, de la Ford Motor Company de México. Y en esa ocasión se dio turno a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados, pero no ha pasado nada; es como si no hubiéramos hablado, como si no se hubiera dicho nada, como si el presidente de la Comisión Permanente no hubiera dado trámite de nada.
Mientras tanto, las cosas siguen complicándose en la Ford Motor Company. Se ha desalojado la planta que tenían los trabajadores bajo su control, después de que las autoridades, o mejor dicho los directivos empresariales dejaron entrar a unos pistoleros y golpeadores para golpear y herir con armas de fuego a algunos obreros, razón por la cual falleció desafortunadamente, un trabajador: Cleto Niño.
La empresa, con toda irresponsabilidad, después de haber hecho esa tropelía, pues solicitó a las autoridades del trabajo la cancelación de las relaciones de trabajo que tiene contratadas con el sindicato.
Los tres golpeadores que fueron detenidos por los trabajadores y entregados a las autoridades del Estado de México, fueron puestos en libertad. Se ha dicho que algún líder sindical, especialmente el señor Uriarte ha sido citado a declarar al Ministerio Público; no se sabe si ya compareció. Y el gobernador del estado dijo que "en la entidad prevalece un clima de paz y tranquilidad social. " O sea que no pasó nada al parecer y tampoco va a pasar nada.
Yo quisiera insistir sobre este punto para que esta Comisión de Información, Gestoría y Quejas se informe, gestione y tome en cuenta las quejas y vea la forma de por lo menos pronunciarse a favor de que se aplique el derecho.
El Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación de Trabajadores de México, sigue apoyando al señor Uriarte, ya que el señor Juan Moisés Calleja, que es asesor jurídico de la Confederación de Trabajadores de México, dijo que éste, Uriarte, "era un líder honesto, limpio y tolerante, y que el día de los acontecimientos Uriarte estuvo con él, según dijo, desde las siete de la mañana, porque estábamos preparando un memorándum, dijo. Cito a una declaración de Prensa, que iban a entregar al compañero Fidel Velázquez. "Quien sabe que diría el memorándum. El hecho es de que entraron ahí decenas y decenas de pistoleros y arremetieron contra los obreros de la Ford.
La solución del conflicto es muy sencilla en realidad: que los obreros elijan a sus dirigentes sindicales y que la empresa les pague a los trabajadores pues lo que no debió haberles descontado de sus gratificaciones de fin de año. Pero ahí el problema es más de fondo puesto que al parecer se trata de dar garantías a esta transnacional, para seguir contando con una directiva sindical dócil a sus decisiones y para que los trabajadores no puedan hacer valer sus derechos convenientemente a sus intereses. Entonces se crea un conflicto mayúsculo. La convivencia entre los "charros" y los empresarios siempre ha traído como consecuencia situaciones que en un momento dado son aparentemente insuperables.
Aquí el senador Blas Chumacero en esa ocasión dijo que "el responsable de todo el asunto era la empresa". Pero los trabajadores quieren elegir a sus propios dirigentes; no al señor Uriarte, sino a uno que ellos elijan, y eso es lo que no se ha podido hacer, y siguen ahí los obreros en la puerta de la planta exigiendo eso que es elemental.
Aquí volvemos otra vez a la cuestión pues de los intereses de unos y de otros, no hay punto de conciliación entre los intereses de los trabajadores en este momento, que se han hecho conscientes y expresos, y el interés del grupo sindical que está formalmente al frente del sindicato, y tampoco, al parecer, de estos señores empresarios, que no están en absoluto interesados en que los trabajadores elijan una directiva sindical democráticamente.
El hecho es de que los empresarios abrieron las puertas, dejaron entrar a los golpeadores y luego abrieron otras puertas atrás para que se salieran, después de los tiros, y yo creo que por lo tanto tienen responsabilidad, y deben tener las autoridades del Estado de México la prudencia de hacer una investigación suficiente de estos hechos.
El señor gobernador, Pichardo Pegaza, anda muy entretenido adelantando la campaña electoral de su partido; pero yo creo que debería detenerse, al menos un momento, para ver que se aplique el derecho y que la investigación del Ministerio Público se lleve a fondo, de tal manera que los responsables de la agresión contra los obreros de la Ford sean juzgados en los tribunales competentes, como corresponde al derecho y desde luego con todas las garantías.
Pero nada ha pasado, aquí en México ocurren hechos, hace rato se comentaban una serie de ellos, ¿verdad?, acontecimientos, denuncias que se hacen y no se sabe que pasó, ¿qué averiguó el Ministerio Público?, ¿qué hicieron las autoridades? Todo se deja en veremos, no hay, ¡ah!, pero en los discursos oficiales siempre se habla del estado de derecho, "vivimos en un estado de derecho", y cuando se exige la aplicación del derecho, nos podemos estar meses exigiendo que se aplique. Cuando hay una razón política de por medio el derecho no se aplica, eso no es un estado de derecho. Alguien decía que eso era más bien, era que en México más bien teníamos un estado de derecha, pero ésa es otra discusión.
Las cuestiones aquí es que no hay responsables del homicidio contra Cleto Niño, no hay responsables de la agresión contra otros obreros, en la Ford, los señores empresarios, directivos empresarios son unas blancas palomitas, el señor Uriarte estaba haciendo un memorándum con otro señor Calleja, como ya lo dijo éste en el periódico, ya no hay nada que averiguar, seguramente, no contrató a nadie, no llevó a nadie, no dio instrucciones a nadie para que hicieran algo allí en la planta, sin ser trabajadores y sin tener nada que hacer ahí.
Este problema a lo mejor crece y yo no descarto que haya más violencia en un momento dado, en el desalojo de la planta no la hubo afortunadamente, los trabajadores siguen en plantón, la empresa los quiere despedir a todos de uno solo golpe, ¿verdad? Ese es el hecho. Si eso ocurre ¿qué posibilidades de defensa van a tener esos trabajadores que ni siquiera son representados por los dirigentes sindicales que han sido repudiados en la planta Cuautitlán?
Y por el otro lado, yo hace rato decía que las transnacionales no han aportado a la formación bruta de capital en este país, pero las concesiones que se les dan son brutales, eso sí. Pareciera que son salvadores de la economía nacional y de la patria, hay que darle todo tipo de garantías a estos señores, incluyendo la impunidad para hacer lo que hicieron el día de la agresión a los trabajadores de la Ford.
Esto es algo verdaderamente intolerable, no puede ser y creo que no podemos callar. A mí me parece que el Congreso debería manifestarse, expresar inconformidad, exigir que el derecho se aplique, hacer valer, por lo menos, el derecho a expresarse como cuerpo de Estado frente a una situación tan claramente arbitraria, irregular, inexplicable, como todo esto que está ocurriendo en la planta Ford de Cuautitlán. Y de lo contrario pues, el silencio es una complicidad.
Yo quisiera que el señor gobernador del Estado de México explicara, ¿qué es lo que está haciendo a este respecto? Y no anduviera por ahí diciendo que en la entidad prevalece clima de paz y tranquilidad y cree que con las palabras resolvió los problemas que están en los hechos, en la realidad.
Yo quisiera que el Procurador del Estado de México, pues por lo menos pensara un poquito que hay otras personas que están pendientes de este asunto y que no se conforman con estas declaraciones tan absurdas, y también que los directivos de la Confederación de Trabajadores de México, pues definieran si están de acuerdo con lo que dijo aquí el senador Blas Chumacero o no.
Aquí el senador Blas Chumacero dijo que no, que los trabajadores pues que eligieran a sus representantes libremente. Yo dije que ésa era una buena cosa que había que tomar, pero resulta que la dirección de la Confederación de Trabajadores de México, parece que no piensa lo mismo, porque está haciendo todo lo contrario; está sosteniendo a este señor, Héctor Uriarte, contra viento y marea, y está impidiendo que el conflicto pueda resolverse por ese lado rápidamente.
Sostener a ese dirigente que es responsable, yo digo que eso lo tendría que determinar un juez, desde el punto de vista del delito. Pero yo digo que responsable es desde el punto de vista político, pues él era el dirigente o es el titular ahí, el representante del sindicato y por lo tanto alguna responsabilidad política debe tener ahí, independientemente de la responsabilidad penal, que sería cuestión de averiguar concretamente y que está a cargo del Ministerio Público en su momento del juez.
Pero responsabilidad política sí debe tener, y yo creo que debe haber aquí una posición en la que la Confederación de Trabajadores de México misma defina, con el propósito de no estar apoyando a un dirigente que ha sido repudiado en la forma en que ha sido por la base trabajadora. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Sobre el mismo tema, tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Pedro César Acosta Palomino, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El C. diputado Pedro César Acosta Palomino: - Señor presidente; compañeros legisladores: Esta intervención es obligada tanto por el problema en sí, que como lo señalaba el diputado Pablo Gómez, no sólo no se ha resuelto sino que se enreda cada día más.
El propósito de hacer uso de la palabra en relación con este penoso asunto, es el de reiterar aquí las
exigencias que el diputado de Acción Nacional, Juan José Medrano Castillo, hizo ver en su intervención en esta tribuna el pasado día 10.
El señalaba en cuatro puntos la posición del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación con este asunto, y de la relectura de esos cuatro puntos podrá juzgar tanto este cuerpo colegiado como la opinión pública si se ha avanzado o no en la solución del conflicto.
Decía en la primera exigencia, derivada de la intervención del diputado Medrano, que se esclarezcan los hechos en los que fueron lesionados varios trabajadores de la compañía Ford y se sancione conforme a derecho a quienes resulten ser los responsables.
¿Qué a ocurrido?, a partir de entonces, tres presuntos responsables han sido puestos en libertad. Uno de ellos señalado originalmente como responsable también y cuya fotografía apareció ayer en un diario de circulación nacional, y que parece arrancada de una de las viejas películas de Juan Orol, en el momento de ser mencionado, tuvo el valioso apoyo del señor Calleja, asesor de la Confederación de Trabajadores de México, también para garantizar que esta persona, en cuyo nombre lleva la combinación de un político racista de Estados Unidos y de nuestro señor don Quijote, había estado con él durante todo el día, cuando ocurrieron los hechos.
Por lo visto, la imaginación del señor Calleja no da para más, porque el otro, señalado también como responsable, el señor Uriarte, ahora resulta que desde las siete de la mañana y elaborando un memorándum, había estado con él; al parecer el señor Calleja celebró una convención. ¿Y qué ha ocurrido?, tres presuntos responsables puestos en libertad, dos señalados, ya absueltos por el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México.
¿Cuál es la táctica que en estas circunstancias emplea el gobierno para la solución de sus conflictos? Parte de una premisa fundamental: "no resuelve conflictos que se hagan viejos, y a los conflictos nuevos los deja que se hagan viejos". Y eso es lo que está ocurriendo aquí, no se está aplicando en este caso el derecho; se estaban buscando chivos expiatorios para aplicar el artículo 1o. de la ley del embudo, mejor dicho de la ley de hilados y tejidos, que establece que la hebra se revienta por lo más delgado, pero ya ni siquiera a ese procedimiento se quiere llegar; ahora se busca, que sencillamente esto quede cubierto por el polvo del olvido. Esa es en nuestra opinión, el panorama, la respuesta que ha tenido la exigencia número uno del diputado Medrano Castillo en su intervención del día 10.
La número dos, que se respete el derecho de los trabajadores de la compañía Ford a nombrar libre y democráticamente a quienes deban ser sus representantes sindicales. Resultado: los trabajadores están enfrentando ahora una situación de terminación de las relaciones laborales. La empresa ha señalado que dentro de 30 días volverá a operar normalmente; la pregunta es ¿con cuáles trabajadores? Y que va hacer aquí el líder sindical, a quien se señala también oculto en las instalaciones de la Confederación de Trabajadores de México, para eludir la responsabilidad de declarar ante la autoridad, en relación con los hechos ocurridos y a consecuencia de los cuales hubo lesionados y un muerto. ¿Qué papel desempeña entonces aquí la diligencia sindical, si sus representativos, sus dirigentes, están obviamente involucrados, son juez y parte en el cuestionamiento de si representan o no a la base trabajadora?
La tercera exigencia, de que ante la opinión pública quede constancia de la responsabilidad que tienen los dirigentes de la Confederación de Trabajadores de México, específicamente los señores Fidel Velázquez Sánchez y Héctor Uriarte, de la integridad física de los trabajadores de la Ford, así como de aquéllos que aún se encuentran litigando su reinstalación por despido injustificado, quienes con mayor sentido de organización y lealtad pugnan por el respeto de los derechos laborales de sus compañeros, y se han atrevido a censurar a sus líderes.
Aquí, en esta tribuna, se vino a soslayar el problema y a señalar que la responsabilidad única, exclusiva del conflicto pertenecía a la empresa. Y resulta que no hubo una respuesta que convenciera a nadie acerca de la participación evidente de miembros de la Confederación de Trabajadores de México, transportados en camiones de ésta, hasta las instalaciones de la empresa hasta donde penetraron portando uniformes y gafetes de los trabajadores, a iniciar la golpiza. ¿Acaso esta acción no existe en la realidad, es un sueño guajiro de los acusadores, pertenece al reino de lo irreal o escapa a la atención de nuestras leyes?
¿No existe evidente contubernio entre los líderes sindicales y la empresa misma cuyos dirigentes por encima de su sistema de seguridad, permiten que se penetre a las instalaciones de la fábrica y que se cometan estas agresiones?, ¿qué responsabilidad toca tanto a estos dirigentes como a los líderes sindicales? Esa pregunta también tiene que ser planteada, también tiene que ser resuelta, también tiene que ser contestada aquí y en los tribunales, no es posible que también sobre ellas se eche el polvo del olvido y que de nuevo tengamos que cargar con otro conflicto más resuelto en perjuicio de los trabajadores y al margen de la justicia.
Y, por último, que los directivos de la empresa se abstengan de proporcionar a los porros y golpeadores los medios necesarios para que los trabajadores sean reprimidos.
Esto que en parte contestaba el anterior señalamiento va a cuestionar una situación de hecho que estamos viviendo en nuestro país; digo de hecho porque es evidentemente el derecho aquí ocupa un lugar subordinado. Cómo es posible que en función de objetivos meramente económicos, de hechos sindicales en los que todos estamos de acuerdo que deben ser defendidos al margen de cualquier criterio o corriente política, se violen flagrantemente, para permitir que subsista un criterio ordenador, de orden empresarial y ligado a la economía, como si el hombre existiese para la economía y no la economía para el hombre y en función de los cuales tal criterio queda en este caso específico un grupo considerable de trabajadores al margen no sólo de la Ley Federal del Trabajo sino de los derechos humanos que en todos los grupos hemos resuelto defender con plena convicción y con entrega absoluta al ideal democrático.
Constituye, pues, motivo de preocupación la impunidad con que en México se cometen delitos, la intervención en esta sesión de hoy por parte de nuestro partido, comenzó precisamente con otro caso similar de tropelías por parte de quienes más obligados están a velar por el estado de derecho que se defiende cotidianamente en el discurso oficial.
Nosotros pues venimos a reiterar en esta tribuna, nuestra solidaridad con quienes la necesitan, con los trabajadores de la planta Ford y a exigir a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, que gestione, que haga valer la queja y que informe oportunamente de resultados objetivos y positivos, en beneficio de los quejosos. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Para hablar sobre el mismo tema, tiene la palabra el senador Justino Delgado Caloca, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El C. senador Justino Delgado Caloca: - Señor presidente, con su permiso; compañeras y compañeros legisladores: Señor presidente, quisiera que me concediera primeramente hacer una breve aclaración al compañero legislador del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana en su intervención que tuvo aquí en la tribuna.
A mi compañero legislador del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quiero hacerle la siguiente aclaración a lo que se refirió al ambiente contaminado que existe en el área metropolitana de Guadalajara; comentó algo del compañero Heliodoro Hernández Loza, yo quiero hacer esta pequeña aclaración: el compañero Heliodoro Hernández Loza es secretario general de la Federación de Trabajadores de Jalisco, es secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes de Jalisco, "Fernando Amilpa", con quien tiene contrato colectivo de trabajo la Alianza de Camioneros de Jalisco, que es la empresa. Hasta ahí, con todo respeto, compañero.
El C. Diputado Juan Jaime Hernández (desde su curul): - Gracias por la biografía.
El C. senador Justino Delgado Caloca: - Por nada, compañero. Referente a lo de la Ford, es interesante para su servidor conocer la solidaridad que tienen los compañeros solidarios, legisladores solidarios a estos compañeros trabajadores, que verdaderamente la Confederación de Trabajadores de México se preocupa más que ustedes mismos.
Quiero antes que nada manifestar que la Confederación de Trabajadores de México, principalmente el compañero Fidel Velázquez es respetuoso de la autonomía de los sindicatos nacionales, estatales, municipales y de las federaciones estatales, pero sí puede intervenir ante ellos viendo la necesidad que exista como en este caso de la Ford Motor Company de Cuautitlán.
Yo quiero informar a ustedes que con la intervención del compañero Fidel Velázquez este problema está resuelto, para conocimiento de los compañeros legisladores, vuelvo a repetir, a la Confederación de Trabajadores de México le interesa más resolver este problema porque son militantes de la Confederación de Trabajadores de México los que conforman el sindicato de la planta de Cuautitlán de la Ford.
También quiero hacer esta aclaración: aquí se ha mencionado...
El C. diputado Pedro César Acosta Palomino (desde su curul): - Señor presidente, ¿me permite una interpelación al orador?
El C. senador Justino Delgado Caloca: - Con todo gusto, compañero.
El C. diputado Pedro César Acosta Palomino (desde su curul): - Señor senador, al decir usted que el problema está resuelto, ¿quiere decir que se han reincorporado todos los trabajadores al proceso productivo de la empresa?
El C. senador Justino Delgado Caloca: - Cómo no, le voy a contestar: Usted sabe que en estos casos, en una planta tan grande como es ésta, es imposible que de un momento a otro vuelva a entrar en actividades todo el personal, usted sabe que tienen que darle, por ejemplo mantenimiento a las máquinas, pero considero que por departamentos va a ir trabajando indiscutiblemente la fábrica.
Yo nada más lo que digo está resuelto y sobre todo lo que usted, no sé si el compañero legislador que vino antes que usted; quiero decir, la inconformidad de los compañeros trabajadores de que se les descontó una cantidad de dinero de la participación de utilidades y de aguinaldo, la empresa les va a reintegrar todo a los trabajadores, tal como se les descontó se les tiene que reintegrar totalmente esta cantidad de dinero.
Entonces, considero que la intervención de la Confederación de Trabajadores de México, que la intervención del compañero Fidel ha sido permanente y en estos momentos tenga la plena seguridad que este problema se va a terminar, como les digo, ya está resuelto, no puedo dar más explicaciones, resuelto está y, desde luego que si ustedes se basan a las informaciones de la Prensa, también la Prensa lo está diciendo, pero la solución ya está hecha, compañeros legisladores, ésta es mi obligación de venir aquí. Gracias.
El C. diputado Juan Jaime Hernández (desde su curul): - Yo discrepo de usted, en el sentido de que el compañero Fidel Velázquez es casi una persona pronta a la canonización, posiblemente en mayo, cuando venga Juan Pablo seguramente la Confederación de Trabajadores de México solicite esto.
Esto viene a colación porque en el periódico la Acción del día de hoy, en la columna "Escenario Político" dice: "a propósito ha habido la protección de Fidel Velázquez Sánchez, lo que ha evitado que Héctor Uriarte, líder, vaya a la cárcel"; contra Uriarte, desde principios de semana existe orden de aprehensión por el enfrentamiento que se produjo en esa planta y que ocasionó la muerte de uno de los trabajadores, le pregunto: ¿ tendrá razón el columnista?, ¿nosotros estamos equivocados?, ¿la opinión pública está equivocada, o el señor Velázquez es un santo?
El C. senador Justino Delgado Caloca: -Yo quiero contestarle, con todo respeto, con toda atención, respecto al problema de los que intervinieron en la violencia, quizá estén detenidos, las autoridades están en ello, esto ya es asunto de las autoridades, tampoco nos podemos oponer a eso; respecto a lo que mencionó primero, usted es acólito, usted consigna eso para la canonización. Gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Juan José Osorio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El C. diputado Juan José Osorio Palacios: - Señor presidente: sobre el mismo asunto, desde luego con la explicación del compañero senador posiblemente haya quedado clarificada cuál es la postura del comité nacional, pero yo, como miembro del comité nacional quiero también hacer algunas consideraciones:
En primer lugar, tiene razón el compañero Pablo Gómez cuando dice que los dirigentes dirigen, aconsejan, pero no suplantan, es el mismo caso del secretario general de la Confederación de Trabajadores de México; él aconseja a los compañeros secretarios generales de todos los sindicatos y de las federaciones cuando ve que las cosas no se están llevando por buen camino, pero no suplanta, pero sí, con las atribuciones que le da el estatuto, plantea también las soluciones.
El sindicato de la Ford es un sindicato nacional formado por tres secciones: la sección de Cuautitlán, que tiene su propio comité ejecutivo la sección en Hermosillo y ahorita realmente no le puedo decir qué otra sección tiene; ya, la de Chihuahua.
El compañero Uriarte es el secretario general del sindicato nacional, pero los responsables directos de la sección son el comité ejecutivo de cada sección, se va a convocar, para hacer las cosas en orden, una asamblea de la sección, porque también dentro del seno de la sección hay divergencias de criterios; para ver quién tiene la mayoría de gente que lo apoye y, cambiar el comité ejecutivo, en su caso y, posteriormente también convocar un congreso nacional, porque la gente ha manifestado, algunos, su apoyo a Uriarte y otros en contra de Uriarte.
La empresa se comprometió a lo que dijo el senador, a pagar a todos los compañeros lo que se les había descontado, sin embargo, también por voz de un vocero de la empresa, en el periódico se dice que no se ha comprometido a nada; yo no soy tan optimista como para decir que ya está solucionado el problema, pienso que está en vías de solución, lo que sí puedo yo decir a nombre del comité nacional de la Confederación de Trabajadores de México, es que se hará todo el esfuerzo absolutamente, para que la empresa no se salga con la suya y les reintegre el dinero que indebidamente les descontó a los trabajadores.
Pero también les quiero decir algo muy especial que no se dijo: se dijo que el licenciado Calleja está protegiendo a dos presuntos responsables, pero la opinión del compañero Fidel Velázquez fue bien clara: " si Uriarte o Wallace de la Mancha, que es así como se llama el compañero, son responsables y eso queda en manos de la autoridad judicial correspondiente, la Confederación de Trabajadores de México no va a defenderlos a ellos si son responsables de los golpes que hubo dentro de la fábrica o al frente de la fábrica ".
No es el primer caso en que el comité nacional de la Confederación de Trabajadores de México interviene y tampoco nos asusta a los trabajadores, porque la lucha obrero-patronal no es una lucha facial, es una lucha en que siempre hay problemas de esta naturaleza y lo peor de todo es cuando se provoca por una lucha obrero-patronal una lucha intergremial, que es la peor de todas, porque entonces es lucha entre hermanos.
El comité nacional de la Confederación de Trabajadores de México está interviniendo y yo estoy seguro de que no a la muy larga, sino pronto, veremos resultados concretos y, además, como presidente de la Comisión de Trabajo yo me permito indicarles que como miembro del comité nacional de la Confederación de Trabajadores de México estaré pendiente de esto, para de hoy en ocho venir a darles informes más concretos a esta Comisión Permanente sobre este problema de la Ford. Muchas gracias.
OFICIO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADO
El C. Presidente: - Esta presidencia acaba de recibir un oficio de la Secretaría de Gobernación, se ruega a la secretaría dar cuenta con él.
El C. secretario Senador Fernando Silva Nieto:«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
El ciudadano Presidente de la República en uso de la facultad que le concede el artículo 3o. de la ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, ha tenido a bien nombrar a partir del 15 de enero del año en curso, a los ciudadanos licenciados María Sofía Sepúlveda Carmona, Aurora Cortina González y Trinidad Cuéllar Carrera, como magistrados de sala regional del Tribunal Fiscal de la Federación.
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución General de la República, acompañándoles con el presente la currícula, actas de nacimiento y cédulas profesionales de los citados funcionarios.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 24 de enero de 1990.- El secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite:- Recibo y túrnese a la Tercera Comisión.
SOLICITUD DE LICENCIA
El C. Presidente: - Esta presidencia acaba de recibir un escrito del ciudadano diputado José Luis Lamadrid Sauza, se ruega a la secretaría dar cuenta con él.
El C. secretario senador Fernando Silva Nieto:
«México, D.F., a 24 de enero de 1990.
Ciudadano presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- Presente.
Con fecha 20 de diciembre de 1989, por acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados se creó una comisión especial que tendrá a su cargo elaborar una iniciativa de legislación electoral; teniendo en cuenta también que el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional me ha propuesto para formar parte de la Comisión Especial mencionada, misma que habré de encabezar, solicito de esa Comisión Permanente me sea concedida licencia a partir de esta fecha para contar con el tiempo necesario a fin de organizar los trabajos respectivos.
Reitero a ustedes las seguridades de mi consideración.
Diputado José Luis Lamadrid Sauza.»
El C. Presidente: - De conformidad con lo que establece la fracción VIII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ruega a la secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
El C. Secretario senador Fernando Silva Nieto: - Está a discusión el siguiente punto de acuerdo: único. Se concede licencia al diputado José Luis Lamadrid Sauza para separarse de sus funciones como representante de la honorable Cámara de Diputados ante la Comisión Permanente.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, Señor Presidente.
El C. Presidente: - Llámese al sustituto, diputado Ricardo Monreal Ávila. Continúe la secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario senador Fernando Silva Nieto: - Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera, se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Comisión Permanente.- Primer Receso.- Segundo Año.- LIV legislatura.
Orden del Día
31 de enero de 1990.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal invita al acto cívico que con motivo del CLXXVI aniversario luctuoso del general Mariano Matamoros, tendrá lugar el 3 de febrero.
El Congreso del Estado de Guerrero invita a la sesión solemne en la que el ciudadano José Francisco Ruíz Massieu, gobernador constitucional del estado, rendirá el tercer informe de gobierno que tendrá lugar el 9 de febrero. Comunicaciones de los congresos de los estados de Campeche y Quintana Roo.
Oficios de la Secretaría de Gobernación.
Con el que se remiten copias certificadas del Tratado sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales, adoptado en Ginebra, Suiza, el 20 de abril de 1989 y memorándum de antecedentes, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Alejandra Bonilla Acuña, pueda prestar servicios en la embajada de Canadá en México.
Dos por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Julissa Novelo Cruz y Octaviano Garibay Contreras, puedan prestar servicios en los consulados generales en Tijuana, Baja California y Mérida, Yucatán.
Dictámenes de primera lectura.
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso del ciudadano Elías Laniado Laborín, para que pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Noruega en Tijuana, con circunscripción consular en los estados de Sonora y Baja California Norte.
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso de la ciudadana María de Lourdes Morales Rivera, para que pueda prestar servicios en la embajada de Belice en México.
Dictámenes a discusión.
De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Manuel Uribe Castañeda, embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de la República de Singapur.
De la Tercera comisión, con puntos de acuerdo relativo a los nombramientos de los ciudadanos licenciados María Sofía Sepúlveda Carmona, Aurora Cortina González y Trinidad Cuéllar Carrera, como magistrados de Sala Regional del Tribunal Fiscal de la Federación.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Clemente Robles Castillo, para aceptar y usar la condecoración de la orden Andrés Bello, en su Primera Clase, que le confiere el gobierno de Venezuela.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso ciudadano Sergio González Gálvez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Cruzeiro del Sur en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de Brasil.
Y los demás asuntos con los que la secretaría dé cuenta.»
El C. Presidente (a las 17.00 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo miércoles 31 de enero a las 11.00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y DIARIO DE LOS DEBATES