Legislatura LIV - Año II - Período Comisión Permanente - Fecha 19900214 - Número de Diario 8

ENCABEZADO

LIV LEGISLATURA

PODER LEGISLATIVO FEDERAL

DIARIO de los DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE

Dip. Guillermo Jiménez Morales

RECINTO LEGISLATIVO

CENTRO MEDICO NACIONAL

DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES

Lic. Benjamín Martínez Martínez

Año II México, D.F., miércoles 14 de febrero de 1990 No. 8

SUMARIO

ASISTENCIA

La secretaría notifica que hay quórum.

APERTURA

Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

Se da lectura.

ACTA DE LA SESIÓN

ANTERIOR

Sin discusión, se aprueba.

OFICIO DE LA SECRETARIA DE

GOBERNACIÓN

ACUERDO ENTRE LOS GOBIERNOS DE MÉXICO

Y COREA

Por el que se remite copia certificada del Acuerdo sobre Cooperación Económica, Científica y Técnica, firmado en la ciudad de Seúl el 9 de noviembre de 1989, y memorándum de antecedentes. Se recibe. Se turna a la Segunda Sección de la Comisión de Relaciones Exteriores de la honorable Cámara de Senadores.

RATIFICACIÓN DE GRADOS

Para los ciudadanos Abraham Campos López, Armando Domínguez Mendoza, J. Jesús Verduzco Montaño, Rigoberto Castillejos Adriano, Mauricio Ávila Medina, Francisco José de los Angeles Matu Buenfil, Joaquín Madrigal Polanco, Isidro Mario Guillén Zamudio, Rubén Martínez Ortega, Manuel Suárez Aguirre, Rafael Paz del Campo y Enrique Flores Luna, con los que se remiten las hojas de servicio. Se recibe. Se turna a la Segunda Comisión.

SOLICITUDES DE PARTICULAR

Para que el ciudadano Víctor Alfonso Maldonado pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Francia. Se recibe. Se turna a la Primera Comisión.

Para que el ciudadano César A. Méndez Baeza pueda desempeñar el

cargo de cónsul honorario de Francia en Mérida, Yucatán. Se recibe. Se turna a la Primera Comisión.

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA

CONDECORACIONES

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se les concede permiso a los ciudadanos licenciados Baltazar Reyes Lara, Miguel Ángel Nuño Ruesga y Ricardo Franco Guzmán, para aceptar y usar las que les confiere el gobierno de Brasil.

NOMBRAMIENTOS

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se les concede permiso a los ciudadanos José Fimbres Moreno y Luis Carbajal de Alba, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Gambia en Tijuana, con circunscripción consular en el Estado de Baja California, para el primero, y de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Veracruz, Veracruz, para el segundo.

ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE MIGUEL

RAMOS ARIZPE

El diputado José Trinidad Lanz Cárdenas hace uso de la palabra para conmemorar el CCXV Aniversario del prócer del federalismo.

DEL ESTADO DE JALISCO

El diputado Juan Jaime Hernández interviene para proponer se investiguen las agresiones de miembros del Ejército mexicano a varios ciudadanos.

Debaten sobre este asunto los senadores Alger Urke León Moreno y José Antonio Valdivia, los diputados Pedro César Acosta Palomino y Miguel Montes García, para hechos.

Continúa con el debate el senador Alfredo Toxqui Fernández de Lara. Se Turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.

DE LOS ARTÍCULOS 3o., 24 Y 130

CONSTITUCIONALES

El diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, a nombre de su partido presenta una proposición sobre la vigencia y el cumplimiento de estos artículos.

Intervienen sobre el mismo tema el diputado Juan Jaime Hernández, senador Eliseo Rangel Gaspar y diputado Bernardo Bátiz Vázquez.

Para alusiones personales, hace uso de la palabra el senador Eliseo Rangel Gaspar.

Continúan con el mismo tema los diputados José Trinidad Lanz Cárdenas, Leonel Godoy Rangel y Jesús Antonio Carlos Hernández, para hechos.

Nuevamente intervienen el diputado José Trinidad Lanz Cárdenas, para alusiones personales y el senador Eliseo Rangel Gaspar, para hechos.

Finalmente, el diputado Pedro César Acosta Palomino interviene para precisar el sentido de su partido. Se desecha la proposición.

NOMBRAMIENTO

PRESIDENCIAL

DE UN REPRESENTANTE

PERSONAL ANTE EL VATICANO

El diputado Pablo Gómez Alvarez, hace comentarios y declaraciones en relación a este nombramiento.

Debaten sobre este asunto los diputados Jesús Antonio Carlos Hernández, para hechos; Arturo Armendáriz Delgado y Bernardo Bátiz Vázquez, para hacer comentarios.

Para responder a hechos, intervienen los diputados Pablo Gómez Alvarez y Pedro César Acosta Palomino.

Continúa el debate el senador Alfredo Toxqui Fernández.

DE LOS GOBIERNOS LOCALES

El diputado Leonel Godoy Rangel, comenta las declaraciones de dirigentes del Partido Revolucionario Institucional, sobre interferencia en los gobiernos locales del país.

Debate sobre este tema el senador Bulmaro Pacheco Moreno.

SOBRE EL SINDICATO

DE LA REFORMA AGRARIA

El diputado Jorge Alberto Ling Altamirano, hace uso de la palabra para referirse al problema sindical de la Reforma Agraria. Se turna a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas, y del Trabajo de la Cámara de Diputados.

DEL SISTEMA POSTAL MEXICANO

El diputado Pablo Gómez Alvarez, presenta propuesta para que comparezca ante comisiones de Comunicaciones y Transportes, y de Trabajo y Previsión Social. Se turna a las comisiones citadas.

ORDEN DEL DÍA

De la próxima sesión. Se levanta la sesión.

DEBATE

PRESIDENCIA DEL CIUDADANO DIPUTADO GUILLERMO JIMÉNEZ MORALES

(Asistencia de veinticuatro ciudadanos legisladores)

ASISTENCIA

El C. secretario diputado Juan Jaime Hernández: - Señor Presidente, hay una asistencia de 24 legisladores, hay quórum.

APERTURA

El C. Presidente: - Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

El C. secretario diputado Juan Jaime Hernández: - Se va a dar lectura al orden del día.

"Comisión Permanente.- Primer Receso.- Segundo Año.- LIV Legislatura.

Orden del día.

14 de febrero de 1990.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Con el que se remite copia del Acuerdo Sobre Cooperación Económica, Científica y Técnica entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de Corea, firmado en la ciudad de Seúl, Corea el 9 de noviembre de 1989 y memorándum de antecedentes, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Doce, con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Abraham Campos López, Armando Domínguez Mendoza, J. Jesús Verduzco Montaño, Rigoberto Castillejos Adriano, Mauricio Ávila Medina, Francisco José de los Angeles Matu Buenfil, Joaquín Madrigal Polanco, Isidro Mario Guillén Zamudio, Rubén Martínez Ortega, Manuel Suárez Aguirre, Rafael Paz del Campo y Enrique Flores Luna, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Solicitudes de particular

Del ciudadano Víctor Alfonso Maldonado, para que se le conceda el permiso constitucional necesario para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en grado de Oficial que le confiere el gobierno de Francia.

Del ciudadano César A. Méndez Baeza, para que se le conceda el permiso constitucional necesario para que pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Francia en Mérida, Yucatán.

Dictámenes de primera lectura

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Baltazar Reyes Lara, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Río Branco, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de Brasil.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Miguel Ángel Nuño Ruesga, para aceptar y usar la

condecoración de la Orden de Río Branco, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de Brasil.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Ricardo Franco Guzmán, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Río Branco, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de Brasil.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano José Fimbres Moreno, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Gambia en Tijuana, con circunscripción consular en el estado de Baja California.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Luis Carbajal de Alba, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Veracruz, Veracruz.

Efemérides

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el CCXV Aniversario del natalicio del prócer del federalismo, Miguel Ramos Arizpe.

Proposiciones

Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para que se investiguen las agresiones de miembros del Ejército mexicano a varios ciudadanos.

De los grupos parlamentarios de los partidos Popular Socialista y Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre vigencia de la Constitución en sus artículos 3o., 24 y 130.

Toma de posiciones, declaraciones o comentarios

Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el nombramiento de un representante personal del licenciado Carlos Salinas de Gortari ante el Vaticano.

Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre interferencias del Partido Revolucionario Institucional en los gobiernos locales.

Denuncias

Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el sindicato de la Reforma Agraria.

Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la situación del Sistema Postal Mexicano.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El C. secretario senador Fernando Silva Nieto: - Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.

«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, celebrada el día siete de febrero de mil novecientos noventa, correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio de la Quincuagésima Cuarta Legislatura.

Presidencia del diputado Guillermo

Jiménez Morales

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con tres minutos del día siete de febrero de mil novecientos noventa, con una asistencia de treinta legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.

La secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que, sin discusión, se aprueba en sus términos en votación económica.

Se da lectura a un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Pedro Aspe Armella, Jaime Serra Puche, Patricio Chirinos Calero, Manuel Camacho Solís, Arturo Cardona Marino, Jesús Reyes Heroles, Alfredo Delgado Valdés, Pedro Joaquín Coldwell, José Córdoba Montoya, Andrés Massieu Berlanga, Otto Granados Roldán, Francisco Rojas Gutiérrez, Enrique González Pedrero, Andrés Rosenthal, Javier Barros Valero, José Caballero Bazán, Lorenzo Vignal, Daniel Dultzin, Pedro Bautista Pérez, Guillermo Playán Cuéllar, Agustín Gutiérrez Cagnet, María de la Luz Oñate Muñoz y Víctor Hugo Gómez Cabrera, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de España. Se turna a la Primera Comisión.

Tres oficios de la misma secretaría, por los que se solicita los permisos constitucionales para que los ciudadanos Baltazar Reyes Lara, Miguel Ángel Nuño Ruesga y Ricardo Franco Guzmán, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de Brasil. Se turna a la Primera Comisión.

Otro oficio de la Secretaría de Gobernación por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jorge Basurto Romero,

pueda aceptar y usar la condecoración de la Gran Cruz de Honor, que le confiere el gobierno de Austria. Se turna a la Primera Comisión.

Dos oficios de la Secretaría de Gobernación por los que se solicitan los permisos constitucionales para que los ciudadanos Carlos Collington y Juan Herrera González, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de Suecia.

v Otro de la misma Secretaría por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano José Fimbres Moreno pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Gambia en Tijuana, Baja California. Se turna a la Primera Comisión.

Un oficio de la Secretaría de Gobernación por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Luis Carbajal de Alba, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Veracruz, Veracruz. Se turna a la Primera Comisión.

Otro de la Secretaría de Gobernación por el que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Blasa Villagrana Sotelo, Ana María González Gerónimo, María Refugio Rivera Herrera, Josefina Guzmán Hernández, Ernesto Zambrano Saldaña y Juan de Dios Campos, puedan prestar sus servicios en la embajada de la República Democrática de Alemania en México. Se turna a la Primera Comisión.

Se da lectura al proyecto de decreto del dictamen de la Primera Comisión por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Elías Laniado Laborín, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Noruega en Tijuana, Baja California, con circunscripción consular en los estados de Sonora y Baja California. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

La secretaría da lectura al proyecto de decreto del dictamen de la Primera Comisión, por el que se concede el permiso constitucional necesario para que la ciudadana María de Lourdes Morales Rivera, pueda prestar sus servicios en la embajada de Belice en México. No habiendo quien haga uso de la palabra, la secretaría toma la votación nominal de éste y el anteriormente reservado en un solo acto y la asamblea los aprueba por treinta y cuatro votos.

Hace uso de la palabra el diputado Juan Jaime Hernández, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien se refiere a los problemas en la reconstrucción de Tlatelolco y solicita la comparecencia del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, a nombre de los partidos: Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Acción Nacional, Popular Socialista y de la Revolución Democrática.

Para el mismo asunto, hacen uso de la palabra los legisladores Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática; Fernando Silva Nieto, del Partido Revolucionario Institucional; Roberto Jaramillo Flores, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Fernando Silva Nieto, para aclarar hechos y Alberto Ling Altamirano, del Partido Acción Nacional.

La Presidencia turna la solicitud del diputado Jaime Hernández a la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas de la honorable Cámara de Diputados.

Se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, del Partido Popular Socialista, quien propone que la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la honorable Cámara de Diputados, investigue e informe sobre la suspensión de un programa en una radiodifusora del Distrito Federal, a nombre también de los partidos del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Auténtico de la Revolución Mexicana, de la Revolución Democrática y Acción Nacional. Se turna a la comisión solicitada, para la atención que proceda.

Para referirse al septuagésimo tercer aniversario de la promulgación de la Constitución de mil novecientos diecisiete, hacen uso de la palabra los legisladores Bernardo Bátiz Vázquez, del Partido Acción Nacional; Juan Jaime Hernández, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Jesús Antonio Carlos Hernández, del Partido Popular Socialista; Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática y Juan José Osorio Palacios, del Partido Revolucionario Institucional.

Para comentar la gira de trabajo a Europa del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se concede el uso de la palabra a los legisladores Héctor Mayagoitia Domínguez, del Partido Revolucionario Institucional; Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática y Socorro Díaz Palacios, del Partido Revolucionario Institucional.

Con el fin de comentar la renegociación de la deuda externa de México, se concede el uso de la palabra a los legisladores Pedro César Acosta Palomino, del Partido Acción Nacional; Juan

Jaime Hernández, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien propone la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público; Jesús Antonio Carlos Hernández, del Partido Popular Socialista, quien apoya la solicitud.

Presidencia del diputado Juan José

Osorio Palacios

Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática y Blanca Esponda de Torres, del Partido Revolucionario Institucional.

Para referirse al mismo asunto, se concede el uso de la palabra a los legisladores Pedro César Acosta Palomino, del Partido Acción Nacional, quien rectifica hechos; Roberto Jaramillo Flores, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quien pide que se turne a las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público, de la honorable Cámara de Diputados, la solicitud de organización de un foro de consulta popular al respecto; Rogelio Montemayor Seguy, del Partido Revolucionario Institucional; Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática, para contestar alusiones personales; Bernardo Bátiz Vázquez, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos y Rogelio Montemayor Seguy, del Partido Revolucionario Institucional, también para rectificar hechos.

El Presidente turna las solicitudes a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para la atención que proceda.

Presidencia del diputado Guillermo

Jiménez Morales

La Presidencia informa que en el transcurso de la sesión se recibió una invitación del Departamento del Distrito Federal al acto cívico conmemorativo del centésimo quincuagésimo nono aniversario luctuoso del general Vicente Guerrero. La secretaria da cuenta de ella y la Presidencia designa, para representar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, al senador José Antonio Valdivia.

Se concede el uso de la palabra al diputado Alberto Ling Altamirano, del Partido Acción Nacional, quien se refiere a la segregación racial en Sudáfrica.

Para referirse a los hechos de violencia en los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y la Compañía Ford de Cuautitlán, hace uso de la palabra el diputado Leonel Godoy Rangel, del Partido de la Revolución Democrática. Para el mismo asunto, hace uso de la palabra el senador Bulmaro Pacheco Moreno, del Partido Revolucionario Institucional.

Agotados los asuntos en cartera, la secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las dieciocho horas con cuarenta minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo miércoles catorce de febrero de mil novecientos noventa a las once horas."

Esta a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba, los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.

OFICIOS DE LA SECRETARIA

DE GOBERNACIÓN

ACUERDO ENTRE LOS GOBIERNOS

DE MÉXICO Y COREA

El C. secretario diputado Juan Jaime Hernández:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

A continuación transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió al suscrito con fecha 12 del actual:

"Me es grato enviar a usted con el presente, dos copias certificadas del Acuerdo sobre Cooperación Económica, Científica y Técnica entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de Corea, firmado en la ciudad de Seúl, Corea, el 9 de noviembre de 1989, acompañadas de un memorándum de antecedentes. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mucho le agradeceré enviar una copia de dichos documentos a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con objeto de que el Senado de la República tenga a bien considerar el referido acuerdo durante su segundo período ordinario de sesiones".

Al comunicar a ustedes lo anterior, les acompaño con el presente copia certificada del documento que en el mismo se cita.

Reitero a ustedes las seguridades de mi consideración atenta.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 31 de enero de 1990.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios."

Trámite: - Recibo, y túrnese a la Segunda Sección de la Comisión de Relaciones Exteriores de la honorable Cámara de Senadores.

RATIFICACIÓN DE GRADOS

El C. secretario diputado Juan Jaime Hernández:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

En oficio fechado el 23 del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:

"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier diplomado de estado mayor, Abraham Campos López (3904180), que en veintidós fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Lo que hago del conocimiento de ustedes, para los fines legales procedentes, enviándoles además con el presente la hoja de servicios a que se hace referencia.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, 26 de enero de 1990.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»

Trámite: - Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.

El mismo C. Secretario:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 24 del presente:

"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier diplomado de estado mayor, Armando Domínguez Mendoza (2956010), que en veintiuna fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Al comunicar a ustedes lo anterior, les envío con el presente la hoja de servicios a que se hace referencia y les reitero en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, 26 de enero de 1990.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»

Trámite: - Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.

El mismo C. Secretario:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente de honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 24 del actual, manifestando lo siguiente:

"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano

general brigadier diplomado de estado mayor, J. Jesús Verduzco Montaño (3904111), que en veinte fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles al presente el anexo que en el mismo se cita.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, 26 de enero de 1990.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»

Trámite: - Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.

El mismo C. Secretario:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 24 del actual:

"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier diplomado de estado mayor, Rigoberto Castillejos Adriano (4454461), que en veintiuna fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Al comunicar a ustedes lo anterior, les envío con el presente la hoja de servicios a que se hace referencia reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 30 de enero de 1990.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»

Trámite: - Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.

El mismo C. Secretario:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 24 del actual, manifestando lo siguiente:

"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier diplomado de estado mayor, Mauricio Ávila Medina (4176895), que en veintidós fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles al presente el anexo que en el mismo se cita.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 30 de enero de 1990.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»

Trámite: - Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.

El mismo C. Secretario:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 24 del actual, manifestando lo siguiente:

"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la

Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier diplomado de estado mayor, Francisco José de los Angeles Matu Buenfil (2877677), que en veintitrés fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles con el presente el anexo que en el mismo se cita.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 30 de enero de 1990.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»

Trámite: - Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.

El mismo C. Secretario:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 25 del actual, manifestando lo siguiente:

"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier Joaquín Madrigal Polanco (2112031), que en veintiuna fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles al presente el anexo que en el mismo se cita.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 30 de enero de 1990.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»

Trámite: - Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.

El mismo C. Secretario:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 25 del presente:

"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier Isidro Mario Guillén Zamudio (449410), que en veintiuna fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Al comunicar a ustedes lo anterior, les envío con el presente la hoja de servicios a que se hace referencia, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 30 de enero de 1990.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»

Trámite: - Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.

El mismo C. Secretario:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

A continuación transcribo a ustedes, para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 26 del actual, enviándoles además con el presente la hoja de servicios a que se hace referencia.

"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien

disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier diplomado de estado mayor, Rubén Martínez Ortega (8012895), que en veinte fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 30 de enero de 1990.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»

Trámite: - Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.

El mismo C. Secretario:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 26 del actual, manifestando lo siguiente:

"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier diplomado de estado mayor, Manuel Suárez Aguirre (3467665), que en veintidós fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles al presente el anexo que en el mismo se cita. Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 30 de enero de 1990.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»

Trámite: - Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.

El mismo C. Secretario:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 31 de enero próximo pasado, manifestando lo siguiente:

"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier intendente diplomado de estado mayor, Rafael Paz del Campo (4748822), que en veinte fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles con el presente el anexo que en el mismo se cita.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 6 de febrero de 1990.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»

Trámite: - Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.

El mismo C. Secretario:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación transcribo oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a esta dependencia del Ejecutivo con fecha 31 de enero último:

"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien

disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier diplomado de estado mayor, Enrique Flores Luna (4454520), que en veintiuna fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Al comunicar a ustedes lo anterior, se acompaña con el presente la hoja de servicios que en el mismo se cita, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi consideración atenta.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 6 de febrero de 1990.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»

Trámite: - Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.

SOLICITUDES DE PARTICULARES

El C. secretario diputado Juan Jaime Hernández:

Secretaría General de Coordinación Metropolitana.- Doctor Víctor Alfonso Maldonado.- Coordinador de Asesores.

21 de diciembre de 1989.

Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presente.

Ruego a usted se sirva transmitir ante esa honorable representación la solicitud para que se me autorice la aceptación y uso de la condecoración del Orden de las Palmas Académicas, que por nominación del ministro de Cultura de Francia me ha sido conferida con el grado de Oficial, en el título de la promoción del primero de enero de 1989.

Atentamente.- (Rúbrica.)»

Miguel Lerdo de Tejada número 168.- Guadalupe Inn.- Código Postal 01020.

Trámite: - Recibo y túrnese a la Primera Comisión.

El mismo C. secretario:

César A. Méndez Baeza.- Calle 33 B número 528.- Teléfono 25 - 22 - 91.- Mérida, Yucatán, México.

«Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal.

César A. Méndez Baeza, mexicano por nacimiento, mayor de edad, casado, con domicilio en la calle 33 B número 528 en esta ciudad de Mérida, Yucatán, respetuosamente acudo ante ese honorable Congreso de la Unión y expongo:

Que el gobierno de la República de Francia se propone nombrarme cónsul honorario de ese país en Mérida, Yucatán;

Que para no perder mi ciudadanía mexicana, solicito respetuosamente de ese honorable Congreso de la Unión, se me conceda permiso para aceptar y ejercer dicho cargo;

Que fundo la presente solicitud en la fracción II del inciso B del artículo 37 de la Constitución General de la República, y

Que al expedir ese honorable Congreso el decreto respectivo se comunique a la Secretaría de Relaciones Exteriores para los efectos correspondientes.

Protesto a usted mi más alta consideración y respeto.

Mérida, Yucatán, México, a 22 de enero de 1990.- César A. Méndez Baeza.»

Trámite: - Recibo y túrnese a la Primera Comisión.

DICTÁMENES

DE PRIMERA LECTURA

CONDECORACIONES

El C. secretario diputado Juan Jaime Hernández:

«Primera Comisión.

Honorable asamblea: La Primera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano arquitecto Baltazar Reyes Lara, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Río Branco, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de Brasil.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B, del artículo 37 Constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano arquitecto Baltazar Reyes Lara para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Río Branco, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de Brasil.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 9 de febrero de 1990.

Diputado Miguel Montes García, diputado Arturo Armendáriz Delgado, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Pablo Gómez Alvarez, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Alger Urke León Moreno, diputado Ricardo Monreal Ávila y senador Francisco Jesús Solís Rodríguez.»

Trámite: - Primera lectura.

El mismo C. secretario:

«Primera Comisión.

Honorable asamblea: La Primera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano licenciado Miguel Ángel Nuño Ruesga, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Río Branco, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de Brasil.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B, del artículo 37 Constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano licenciado Miguel Ángel Nuño Ruesga, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Río Branco, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de Brasil.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 8 de febrero de 1990.

Diputado Miguel Montes García, diputado Arturo Armendáriz Delgado, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Pablo Gómez Alvarez, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Alger Urker León Moreno, diputado Ricardo Monreal Ávila y senador Francisco Jesús Solís Rodríguez.»

Trámite: Primera Lectura.

El C. secretario senador Fernando Silva Nieto:

«Primera Comisión.

Honorable asamblea: La Primera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano licenciado Ricardo Franco Guzmán, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Río Branco, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de Brasil.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B, del artículo 37 Constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano licenciado Ricardo Franco Guzmán, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Río Branco, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de Brasil.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 7 de febrero de 1990.

Diputado Miguel Montes García, diputado Arturo Armendáriz Delgado, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Pablo Gómez Alvarez, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Alger Urke León Moreno, diputado Ricardo Monreal Ávila y senador Francisco Jesús Solís Rodríguez.»

Trámite: Primera Lectura.

NOMBRAMIENTOS

El C. secretario senador Fernando Silva Nieto:

«Primera Comisión.

Honorable asamblea: En oficio de fecha 9 de noviembre de 1989, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Contador Público José Fimbres Moreno, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Gambia en Tijuana, con circunscripción consular en el estado de Baja California.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 7 de febrero, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que el propio solicitante prestará al gobierno de Gambia en Tijuana, serán de carácter estrictamente consular, y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 Constitucional.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Contador Público José Fimbres Moreno, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Gambia en Tijuana, con circunscripción consular en el estado de Baja California. Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 9 de febrero de 1990.

Diputado Miguel Montes García, diputado Arturo Armendáriz Delgado, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Pablo Gómez Alvarez, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Alger Urke León Moreno, diputado Ricardo Monreal Ávila y senador Francisco Jesús Solís Rodríguez.»

Trámite: - Primera Lectura

El mismo C. secretario:

«Primera Comisión

Honorable asamblea: En oficio fechado el 3 de noviembre de 1989, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Luis Carbajal de Alba, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Veracruz, Veracruz.

Unión el 7 de febrero se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que el propio solicitante prestará al gobierno del Reino Unido, serán de carácter estrictamente consular, y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la Fracción II del apartado B, del artículo 37 Constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Luis Carbajal de Alba, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte de Veracruz, Veracruz.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 9 de febrero de 1990.

Diputado Miguel Montes García, diputado Arturo Armendáriz Delgado, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Pablo Gómez Alvarez, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Alger Urke León Moreno, diputado Ricardo Monreal Ávila y senador Francisco Jesús Solís Rodríguez.»

Trámite: - Primera lectura.

ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE MIGUEL RAMOS ARIZPE

El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado José Trinidad Lanz Cárdenas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el CCXV aniversario del natalicio del prócer del federalismo, Miguel Ramos Arizpe.

El C. diputado José Trinidad Lanz Cárdenas: - Con la venia de la Presidencia señores legisladores; señoras y señores: Recordar a los

hombres ilustres que nos procedieron en la formación e integración de nuestras más caras instituciones, aun con el sacrificio de sus íntimas aspiraciones y de su propia libertad, es acentuar los valores patrios, enaltecer los principios de nuestra nacionalidad, es tanto el tener presente a nuestra historia a nuestra presente; señalada misión es recordar y subrayar a quienes merecen sus recordados.

Este 15 de febrero es ocasión para conmemorar el CCXV aniversario del virtuoso varón prócer de nuestro federalismo, don José Miguel Rafael Nepomuceno Ramos Arizpe quien en un día como tal del año 1775 nació en el entonces ex Valle de las Labores, después San Nicolás de la Capellanía y hoy "Ramos Arizpe", del estado de Coahuila; habiendo sido sus padres don Ignacio Ramos de Aguillón y doña María de Arizpe.

Por su condición familiar se dedicó a la ilustración propia de su época, la carrera eclesiástica; así, estudió en seminarios religiosos de Saltillo y Monterrey, habiendo recibido del Obispo de Linares las órdenes de presbiterado en 1803; fue promotor eclesiástico profesor de derecho canónico y provisor, juez y canónico doctoral de la catedral de Monterrey.

Posteriormente continuó sus estudios en la Real Universidad de Guadalajara, en donde se graduó de bachiller en filosofía en 1807 y doctor de cánones y leyes en 1808, cargo que le fue ratificado por la Audiencia de la Nueva España empero, espíritu inquieto, sin perjuicio de las obligaciones propias de su sacerdocio, pasó a la ciudad de México, en donde cursó jurisprudencia y se recibió de abogado en 1810.

En dicho de año 1810, señero en nuestro devenir nacional, después de terminar su sólida formación en humanidades y derecho, inicio su carrera pública que había de constituir un significativo impacto en el acontecer histórico y político de México.

Es indudable que existen hombres a los que aun en su grandeza los apoyan su origen y su cuna, pero también los hay como Ramos Arizpe, quienes elegidos por su destino histórico se forjan a sí mismos y dan abolengo por propio derecho a las siguientes generaciones.

Su trascendente paso por la vida política puede señalarse en tres etapas, importante cada una de ellas, aunque hubiera bastado una sola para marcar su relevancia personal en nuestra historia: la primera, su principal papel parlamentario en las Cortes de Cádiz de 1812; la segunda, su destacada intervención en el Congreso Constituyente Mexicano de 1823- 1824, y la tercera, su integración como ministro de Justicia y de Negocios Eclesiásticos y de Hacienda en los gabinetes de los primeros presidentes de la República: don Guadalupe Victoria y don Manuel Gómez Pedraza.

Nuestro personaje, quien a su fallecimiento en la ciudad de Puebla en 1843 fuera declarado Benemérito de la Patria por el honorable Congreso de la Unión, cuyo nombre se halla inscrito con letras de oro en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados y quien ocupa un lugar destacado en la honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, presidiendo su efigie la Gran Comisión de dicha Cámara y denominado a una de sus principales salas de comisiones; además de virtuoso y esclarecido varón, fue hombre de recio carácter y relevante personalidad, lo que le costó diversos sacrificios, entre otros, el haber estado privado de su libertad en España por más de cinco años.

Basta para perfilar su carácter y reciedumbre que le valió el respeto de sus contemporáneos y de las siguientes generaciones, así como el refrendo público de sus virtudes políticas, mencionar su gallarda respuesta al rey de España, Fernando VII, quien para granjeárselo para sus propósitos a fin de que abandonara sus proyectos de libertad para la Nueva España, le ofreció la mitra del obispado de Puebla, habiéndole replicado gallardamente Ramos Arizpe: "no he salido de mi tierra a mendigar favores del despotismo, la misión que se me confió es de honor y no de granjería".

Otro suceso que lo califica y revela su condición de hombre liberal y decidido partidario del federalismo, se aprecia en que a raíz de su designación por el presidente Guadalupe Victoria como oficial mayor del Ministerio de Relaciones a cargo de Lucas Alamán, connotado y furibundo centralista, éste, quien se sentía incompatible con la ideología y antecedentes políticos de Ramos Arizpe, decidió abandonar su puesto.

Sobre este particular, es pertinente rememorar el ensayo histórico de Lorenzo de Zavala, quien al hablar de ambos personajes, Ramos Arizpe y Alamán, decía: "nada había de común entres estos dos individuos, Arizpe es violento y enérgico, Alamán solamente astuto; Arizpe es franco, Alamán reservado; Arizpe arrostra los peligros, Alamán los evita; Arizpe es generoso, Alamán avaro; Arizpe tiene amigos, Alamán no los tiene; por último, en Alamán todo es sacrificio y en Arizpe todo es natural". Veamos, aunque fuere someramente, alguna de sus intervenciones y repercusiones de su personalidad, tanto en las Cortes de Cádiz como en el Congreso Constituyente mexicano:

En 1810, después de haber sido miembro del ayuntamiento de Saltillo, en atención a la Convocatoria de las Cortes Constituyentes de España, que fueron abiertas en Cádiz el 24 de septiembre de 1810, fue nombrado diputado por Coahuila y Texas y se incorporó a dichas cortes el 21 de marzo de 1811, formó parte de este histórico congreso conjuntamente con otros 14 diputados mexicanos, entre los que cabe mencionar al ilustre tlaxcalteca, don José Miguel Guiridi y Alcocer, quien al igual que Ramos Arizpe llevaría sus experiencias parlamentarias de Cádiz al Congreso Constituyente de México de 1823 y 1824.

Desde su inicial incorporación se afilió al grupo de los liberales, partidarios de la soberanía popular, en contra del grupo de los serviles, partidarios del retroceso y del conservadurismo del sistema monárquico; alentado Arizpe por su ya formada ideología y por sus contribuciones a la causa de los movimientos políticos armados que habían estallado ya en las colonias ultramarinas de España.

Fueron numerosas e importantes sus intervenciones parlamentarias en las cortes, apoyó el principio de la soberanía popular; abrevado en los estudios de Rousseau, Voltaire y Montesquieu, expuso sus ideas federalistas, se pronunció por el municipio libre y defendió las libertades de imprenta y de comercio.

Cubriría todo un seminario de análisis la observación y el estudio de sus significativas aportaciones al mundo de la libertad política, algunas de las cuales se aprecian consignadas en algunos de los 384 preceptos que conformaron la Constitución de Cádiz del 19 de marzo de 1812, tal vez sus principales aportaciones, se plasmaron en el título VI de dicha constitución, relativo al gobierno de las provincias y a sus diputaciones, que concedía verdadera autonomía a las provincias, sentando así el origen y fundamento del futuro federalismo que defendería con tesón para la nación mexicana de 1824.

Se destaca la importante memoria que presentó ante las cortes el 10 de noviembre de 1811, que algunos historiadores han calificado con acierto como "alegato contra el centralismo", en este documento, Ramos Arizpe combatió el sistema centralista del virreynato sobre todas las provincias de la Nueva España, subrayó los defectos del sistema de gobierno, los del gobierno interior de las provincias manejado absurdamente por gobiernos absolutos bajo puros mandos militares, así como la ausencia plena de cabildos y los defectos en la administración de justicia.

Particularizó dicha memoria en relación a las provincias de oriente, de las que formaba parte su natal Coahuila y dijo así, barruntando la autonomía y autodeterminación propias de los sistemas federativos: "se demuestra que los vicios del sistema de gobierno de las provincias internas del oriente consisten principalmente en no tener en su interior un gobierno superior y común, así para lo puramente gubernativo como para lo judicial, pues los jefes superiores y reales audiencias residen fuera a mucha distancia, es pues de absoluta necesidad, si se ha de remediar tamaño mal, establecer dentro de ellas un gobierno superior y común tanto para lo Ejecutivo como para lo Judicial.

Por otra parte, en el mismo documento y en cuanto a la libertad de los municipios, Arizpe alegó: "la necesidad de establecer municipalidades en todas las poblaciones es tan evidente, que no necesita en su apoyo de raciocinios prolongados, cada población es una asociación de hombres libres que no se reúnen para ser mandados despóticamente por el más fuerte, según sucede en las tribus de los bárbaros, sino por uno o más varones prudentes capaces de ser padres de la República; he aquí el fundamento de las municipalidades sostenido por las leyes y costumbres de España y mandado observar por las Indias y siendo indudable que la prudencia y demás virtudes que han de adornar a los que manden los pueblos se conozcan con más acierto por sus respectivos vecinos, es muy injusto dejar a éstos en libertad de elegirlos, quedando la aprobación a la autoridad de la provincia".

Ramos Arizpe, no obstante sus preclaras luces tan apreciadas en las cortes y a pesar de su condición de diputado, en unión de otros miembros de las cortes, entre ellos su amigo y compañero don Juan O'Donojú, al ser restablecida la monarquía absoluta de España en 1814 fue perseguido y enjuiciado por órdenes de Fernando VII acusándolo de sedicioso por los movimientos políticos en América y en lo principal de atentar contra la monarquía por sostener que la soberanía reside en el pueblo y por defender la libertad de imprenta.

En este juicio político que duró 17 meses durante los cuales se le mantuvo en prisión, incomunicado y sujeto a múltiples presiones y vejaciones, el 17 de diciembre de 1815 se le sentenció a sufrir una reclusión por cuatro años en el monasterio de la Cartuja de Aracristi del Reino de Valencia.

En 1820, una vez restablecida la Constitución de Cádiz, se le liberó y radicó en Madrid, recuperando su condición de diputado que ejerció hasta mediados de 1821. Cabe destacar que influyó en la corte para que se enviara como Virrey de la Nueva España a su ex compañero de diputación y

de proceso político, don Juan O'Donojú, quien como se sabe, jugó importante papel en la materialización del Plan de Iguala y en los Tratados de Córdoba que consagraron nuestra independencia de España.

Ramos Arizpe, después de 11 años de ausencia regresó a México a fines de 1821, atraído, según manifestó, por tener el placer de ser un mero espectador de la apertura de las primeras cortes mexicanas el 24 de febrero de 1822.

Ramos Arizpe recorrió las provincias del Este, donde difundió su idea favorita, que era la creación de una república federal, habiendo sido electo como diputado por Coahuila para el Segundo Congreso Constituyente, que abrió sus sesiones el 7 de noviembre de 1823.

En este relevante Congreso, Ramos Arizpe debatió con destacadas personalidades de nuestra historia política, tanto federalistas como centralistas, pues entre 68 diputados que lo integraron, para no mencionar más que algunos, sin menoscabo de otros notables e ilustres mexicanos que lo conformaron, cabe citar a Carlos María Bustamante, Fray Servando Teresa de Mier, Rafael Mangino, José Miguel Guridi y Alcocer, José María Becerra, Manuel Crescencio Rejón, Lorenzo de Zavala y Valentín Gómez Farías.

Ya en las juntas preparatorias había intervenido nuestro personaje, pues le tocó presidir la primera comisión, que estaba encargada del examen de los poderes conferidos a los diputados por las provincias y una vez instalado el soberano Congreso Constituyente bajo la presidencia del diputado tlaxcalteca y ex diputado a las Cortes de Cádiz, José Miguel Guridi y Alcocer, se nombró la comisión de proyecto de constitución presidida también por Ramos Arizpe, diputado por Coahuila e integrada por los diputados Manuel Argüero, por Veracruz; Rafael Mangino, por Puebla; Tomás Vargas, por San Luis Potosí y José de Jesús Huerta, por Jalisco, a los que se agregaron más tarde los diputados Juan de Dios Cañedo, por Jalisco y Manuel Crescencio Rejón, por Yucatán,

Después de 15 días se presentó el proyecto de Acta Constitutiva de la Nación Mexicana, consistente de un discurso preliminar y de un cuerpo de 40 artículos, los que fueron objeto de profundas modificaciones y largos debates entre el 3 de diciembre de 1823 y el 31 de enero de 1824 en que fue aprobada el acta; en la redacción de ambos textos, discurso preliminar y acta constitutiva, tuvo un papel preponderante Ramos Arizpe.

Los debates se dieron con enjundia, con amplitud de fundamentos y de argumentaciones entre los federalistas y los centralistas, encabezando a los primeros nuestro homenajeado Miguel Ramos Arizpe; resulta de importancia hacer notar que aunque con frecuencia se habla en repetidos foros del texto del acta constitutiva, pocas veces se hacen referencias al discurso preliminar y al sentido de las discusiones.

Justo es que por tratarse de un homenaje a Miguel Ramos Arizpe se subrayen el contenido de algunos fragmentos de su discurso y de sus más importantes intervenciones; es oportuno citar la expresión de Ramos Arizpe en sus refutaciones respecto a las restricciones impuestas a los diputados en los poderes que les fueron otorgados por las provincias en el siguiente sentido: "convenía por pasar por alto aquellos extremos porque, prius est esse quam taliter esse "Primero está la existencia y después el ser de tal o cual manera", importa primero salvar a la nación, preservar su independencia total frente a España y frente al movimiento de disolución".

Igualmente son valiosas sus argumentaciones y razones expresadas en los debates sobre la soberanía, así, dijo: "consistiendo la soberanía en la suma de los derechos de los individuos que componen a la nación, es visto que sólo a ésta compete esencialmente la soberanía y que no la puede enajenar; que al expresar que las leyes se dan por medio de los representantes de la nación, es porque los pueblos no pueden hacerlo por sí mismos y es preciso que observen el sistema representativo que les conserva sus derechos, liberándolos al mismo tiempo de los horrores de los tumultos y de la anarquía".

También son de recordarse sus afirmaciones contenidas en el discurso preliminar del acta constitutiva, dijo así: "se somete al Congreso Constituyente la imperiosa necesidad urgente de dar punto cierto de unión a las provincias, se somete el acta constitutiva para que sirva de base para sus ulteriores trabajos y conceda desde luego a las provincias, a los pueblos y a los hombres que las habitan, una garantía firme del goce de sus derechos naturales y civiles; se propone la adopción definitiva de una forma determinada de gobierno, el firme establecimiento de éste y el desarrollo de sus más importantes atribuciones; se dejan en reserva para las discusiones las razones que decidieron preferir al gobierno de la nación mexicana bajo la forma de república representativa popular federada; se presentan divididos para siempre los supremos poderes de la Federación, fijando y desarrollando las facultades de cada uno y en función a que abrumaban a la comisión dificultades de orden para fijar el número de estados que debían componer la Federación de la nación mexicana, se fijó un principio general:

"que ni fuesen tan pocos que por su extensión y riqueza pudiesen en breves años aspirar a constituirse en naciones independientes, rompiendo el lazo federal, ni tantos que por falta de hombres y recursos viniesen a hacer impracticable el sistema".

En suma, se dieron en esa ocasión debates por demás trascendentes de interés específico para la formación de nuestro derecho constitucional, habiendo logrado Ramos Arizpe que se redactaran y aprobaran tanto un acta constitutiva, como un texto de constitución de esencia federal.

Un dato poco conocido pero que es oportuno citar, es que en el texto del acta en su versión original, aunque no pasó al texto definitivo del acta por no haber sido aprobado, Ramos Arizpe trató de introducir por excepción un Senado constituyente para que ratificara el sentido y texto de la Constitución, tanto por esta circunstancia como por haber abogado por el bicameralismo y el consecuente establecimiento del Senado, Ramos Arizpe, prócer federalista es también considerado como el precursor directo de nuestra Cámara de Senadores en su historia e integración a la república federal.

Al rendir homenaje a Ramos Arizpe en el CCXV aniversario de su natalicio, como uno de los próceres indiscutible de nuestro federalismo, no podemos menos que hacerlo también en favor de todos aquellos ilustres varones que tuvieron el acierto de defender y apoyar esta forma de gobierno que califica a nuestras tradiciones y a nuestra nacionalidad, inclusive, por un acta de obligada justicia respecto de Fray Servando Teresa de Mier, a quien por sus oposiciones en 1824 tanto al texto del acta constitutiva como al proyecto de constitución federal, se le ha tildado incorrectamente de centralista, lo cierto es que este relevante personaje de nuestra historia siempre fue federalista, aunque discutió el sistema propuesto en el acta constitutiva, entre otras razones, por considerar que concedía demasiadas prerrogativas a los estados y sostuvo que debía adoptarse un federalismo más compacto sin tantas aperturas políticas para los gobiernos autónomos de las provincias.

Basta para demostrarlo, evocar parte de su famoso discurso del 11 de diciembre de 1823, calificado por los historiadores con el nombre de "profecías", en el cual afirmó que él no patrocinaba ninguna república centralista y en el que dijo Fray Servando: "siempre he estado por la Federación, por una Federación moderada y razonable, una Federación conveniente a nuestra poca ilustración y a las circunstancias de una guerra inminente que debe hallarnos muy unidos".

Mucho más, mucho más podríamos abundar con respecto a la personalidad y valiosas aportaciones a la cultura política de nuestro país, de Miguel Ramos Arizpe, ilustre diputado coahuilense, a las cortes gaditanas y al segundo Congreso Constituyente que nos legó la primera de nuestras grandes constituciones federales: la Constitución Política del 5 de octubre de 1824. Quede por hoy el testimonio de nuestra eterna gratitud, al decir de Cicerón: "las más grandes de las virtudes" y nuestro reconocimiento pleno a uno de los más destacados parlamentarios federalistas en la historia mexicana. Muchas gracias.

(Aplausos.)

DEL ESTADO DE JALISCO

El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Juan Jaime Hernández del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para que se investiguen supuestas agresiones de miembros del ejército mexicano a varios ciudadanos.

El C. diputado Juan Jaime Hernández: - Señor Presidente; ciudadanos legisladores y legisladoras: Tanquam ad latronem existis cun gladiis, et armis et facibus et fustibus comprehendere eos. "Como a ladrones con armas, espadas, hachas y palos los aprehendieron".

El ejército mexicano es una de las entidades del Estado más respetadas y a veces más queridas del pueblo de México por su disciplina y lealtad a las instituciones y, además, por el invaluable servicio que presta a la nación.

Sus facultades se delimitan en el artículo 129 de la Constitución General de la República y en especial por el 16, que consagra las garantías individuales a efecto de evitar que los miembros de los diversos cuerpos armados, con la fuerza material a su disposición, la usen más allá de las facultades especialmente establecidas en la ley, las cuales señalan los fines propios a la naturaleza misma de la institución militar: guardar el orden y la paz en el interior de la república y defenderla de cualquier agresión extranjera.

Ahora bien, las fuerzas armadas, especialmente el Ejército Nacional, ha desviado su finalidad y su actuación, actualmente desmerece del respeto que el pueblo le tiene, puesto que al ejercer funciones de policía se convierten en agentes malos y abusivos.

El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana por mi conducto viene a denunciar a esta soberanía la actitud violenta y vandálica del

regimiento con sede en Sayula, Jalisco, de conformidad con los siguientes hechos:

En Pihuamo municipio de Jalisco, hace una semana hubo un enfrentamiento entre presuntos narcotráficantes y policías judiciales federales, donde hubo muertes de ambos lados.

Con tal pretexto, una partida del ejército, perteneciente a la base militar asentada en Sayula, Jalisco, llegaron al ejido " El Naranjo" perteneciente al referido municipio y se encaminaron hacia una asamblea de padres de familia integrada mayoritariamente por mujeres, misma que se realiza en la explanada de la escuela del lugar.

Los militares, al grito de "¡dónde esconden a los narcotraficantes!, y que conspiran a favor del narcotráfico", la emprendieron a golpes en contra de los pacíficos padres de familia y no sólo esto, sino cual otro Atila, arrebataron a las mujeres sus pulseras, anillos, aretes y todo lo que traían de valor, a todos los esculcaron y con el pretexto de que traían algunos dólares, fueron amarrados y esposados, los llevaron a sus domicilios, se introdujeron con lujo de violencia, dizque buscando mariguana, armas y porque, habiéndoles no sólo incautado las escopetas de chispas, sino las guadañas, machetes, hoces y demás adminículo de labranza y llevándose a la mayoría de los hombres detenidos a Ciudad Guzmán.

La referida partida militar en un solo momento cometió los delitos de lesiones, amenazas, injurias, robo, golpes simples, daño en propiedad ajena, allanamiento de morada y abuso de autoridad.

Es evidente que el ejército y en especial el destacamento referido, parecen salidos de la escuela de los guardias del subprocurador de narcóticos, el "Elliot Ness" de petate, licenciado don Javier Coello y Trejo, el mal ejemplo cunde y sobre todo nos extraña que una institución respetable y respetada, se preste a realizar actividades de vigilancia, que corresponden a la Policía Judicial Federal de Narcóticos, que, por cierto, tal parece que está al servicio y a los intereses nada confesables de Javier Coello y Trejo y no de la nación.

Por lo anterior, considero urgente se ordene una minuciosa investigación de los hechos que aquí se denuncian y, a la vez, con base en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos de la honorable Cámara de Diputados, solicito la comparecencia del Secretario de la Defensa Nacional, general de división, diplomado de estado mayor, Antonio Riviello Bazán, para que explique la razón que sus subordinados tienen para violar la Constitución y arremeter en contra de pacíficos ciudadanos con el pretexto del narcotráfico, cuya vigilancia, ya lo hemos dicho, corresponde a la Policía Judicial Federal.

Señor Presidente, solicito se turne a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, para los efectos legales que procedan, porque: Ab homine iniquo, et doloso eripe nos. " De los hombres inicuos y malos librémoslos".

El C. Presidente: - Tiene la palabra el senador Alger León Moreno.

El C. senador Alger Urke León Moreno: - Con su venia, señor Presidente; honorable asamblea: En primer término, quiero agradecer al señor diputado Jaimes, pues los conceptos tan elogiosos, tan agradables en relación a una institución que me formó: el ejército mexicano, que, como él, abundantemente señaló, sigo considerando, como él, una institución respetada y muy respetable.

Concuerdo con usted, señor diputado, en que se investigue este tipo de hechos, porque frecuentemente y de esto tenemos constancia personas como un servidor, retirado ya de esta institución, frecuentemente delincuentes y particularmente narcotráficantes, usan prendas del ejército o se disfrazan de militares para cometer ilícitos en contra de una población civil a quien el ejército mexicano ha dado muestras a través del reconocimiento que usted mismo ha hecho, ha dado muestras por muchos años de querer, de respetar y de apoyar en todas las situaciones de apuro que nuestras poblaciones han tenido.

No estoy por supuesto de acuerdo con el señalamiento que usted ha hecho, respetuosamente hacia usted, en relación al papel que le ha querido adjudicar de policía al ejército mexicano; el ejército mexicano, como usted también ha señalado, es una institución leal, leal al régimen jurídico que los mexicanos nos hemos querido dar, es una institución respetuosa de la voluntad, de la voluntad de esa mayoría del pueblo mexicano hacia el sistema de gobierno que se ha querido dar y, por supuesto, respetuoso de ese régimen de derecho al que los gobiernos civiles de muchas décadas para acá le han venido proponiendo al pueblo de México.

Por lo tanto, señor diputado y asamblea en general, solicito, también como usted, se investigue el hecho, porque me consta, como seguramente le consta a usted, que ningún soldado mexicano atropella a ningún civil de este pueblo que generosamente ha sostenido a esta firme, leal y legal institución. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano senador José Antonio Valdivia

El C. senador José Antonio Valdivia: - Señor Presidente; compañeros legisladores: Vengo a esta tribuna como ciudadano mexicano, como senador por Baja California Sur, como orgulloso miembro del ejército mexicano; hemos participado en el combate al narcotráfico, nos constan sus efectos antisociales, porque sabemos los perjuicios que le ocasionan a la juventud y a la niñez mexicana y de todo el mundo.

Vengo a esta tribuna para afirmar que tiene razón el ciudadano licenciado Carlos Salinas de Gortari cuando ha expresado que a lo largo de su historia el ejército ha compartido con el pueblo difíciles periodos de cambio y de prueba; su pasión por México se nutre del anhelo soberano de las tropas insurgentes, del inquebrantable espíritu de lucha de las fuerzas de la reforma y del ideal transformador de los ejércitos revolucionarios, su origen popular lo vincula inseparablemente con el pueblo, su comportamiento constitucional, institucional, lo acredita frente a la historia y la sociedad.

Evidentemente que tiene razón el señor Presidente de la República, porque en nuestra larga vida de construcción histórica, las fuerzas armadas mexicanas han constituido una pieza fundamental en la preservación de la libertad y soberanía de la patria, del mismo modo que lo hicieron los caballeros tigres y los caballeros águila en el pasado glorioso del esplendor Azteca; los patriotas Hidalgo y Morelos para la causa independiente; los heroicos cadetes de Chapultepec para las pretensiones intervencionistas; los liberales de Juárez para la república; las valerosas masas campesinas y urbanas de Madero contra la dictadura y los constituyentes de Carranza en su lucha para perfeccionar el cuerpo jurídico de la nación.

Sin duda alguna, tiene razón también el ciudadano general Antonio Rivielo Bazán, Secretario de la Defensa Nacional, cuando ha afirmado: "cuando decimos soldados, estamos diciendo ejército mexicano y cuando decimos ejército mexicano estamos diciendo pueblo mexicano, ya que nuestro ejército no sólo es obra de un hombre, de un estadista o de un legislador, es un producto histórico que se ha gestado y madurado en la entraña misma de la sociedad; el ejército no puede desligarse de sus raíces que son en esencia las luchas del pueblo mexicano, nadie puede concebir al instituto armado sin estas bases fundamentales".

Efectivamente, el ejército mexicano es de origen eminentemente popular por sus antecedentes, por su tradición, por su experiencia adquirida a través de muchos años de continuas luchas; la contextura del ejército mexicano ha sido forjada con la sangre redentora de la Independencia, de la Reforma y de la Revolución Mexicana, por esta razón y aunque parezca paradójico, es un ejército de paz para preservar y conservar la tranquilidad.

La estirpe del instituto armado es y ha sido siempre el pueblo, su raíz y su sustento, las fuerzas armadas vienen de él y a él se consagran, por eso el nuestro es un ejército popular, es un ejército de trabajo, un ejército de progreso nacional, piedra angular del bienestar y el porvenir de los mexicanos.

La Constitución de 1917, como aquí se ha afirmado, marca el aspecto legal de la organización, preparación y actuación del actual ejército mexicano, asignándole sus misiones específicas en leyes que emanan de la misma, fundamentalmente constituyéndose en el sostén de la seguridad y defensa nacionales.

El artículo 73, fracción XIV de la Constitución, establece como facultad del Congreso, el de levantar y el de sostener a las fuerzas armadas y para reglamentar su organización; el artículo 89, fracción VI, faculta al Poder Ejecutivo para disponer de la totalidad de las fuerzas armadas permanentes para la seguridad interior y defensa exterior de la nación.

Esa legitimación a la que se hace referencia y por la cual el ejército y la Fuerza Aérea mexicanos participen en las actividades de seguridad nacional, están contempladas en las funciones consideradas en nuestra ley orgánica constitucional; las misiones que cumple el ejército en la actualidad se han vuelto más complejas y ya únicamente no se concretan a la defensa de la soberanía, libertad e independencia de la nación, sino que comprenden actividades ligadas al desarrollo y a la seguridad nacionales.

En nuestro país el ejército ha dejado de ser solamente un instrumento armado, incorporándose en las posibilidades de construir, de educar, de sanar, de restituir con base en un hecho real; que el ejército es parte del pueblo, esencia y raíz de la patria; el ejército mexicano ha servido en actividades de policía forestal, como albañil construyendo escuelas; como obrero construyendo carreteras, caminos, presas, zanjas; como elemento de seguridad pública y preventiva; destruyendo campos de amapola y otros estupefacientes; persiguiendo abigeatos, garantizando sin credo político, la libertad del sufragio en su más pura esfera de acción; ha servido como bombero, como maestro, incluyendo alfabetización, como

telegrafista, petrolero, ferrocarrilero cuando ha sido menester relevar estos servicios; cuando se pone en peligro la estabilidad de la nación, ha servido de aviador comercial, de médico, de enfermera, de enfermero, inclusive y actualmente en aquellos recónditos lugares de la patria donde por abruptos y lejanos no han podido llegar los servicios de otras instituciones está presente el ejército mexicano, para aliviar algunos problemas de la comunidad.

La actuación del ejército mexicano produce tranquilidad y estabilidad, éstos no son resultados que parezcan tangibles, pero sí capaces de poderse apreciar a través del clima de paz y tranquilidad que vive la nación.

Así lo ha entendido la Secretaría de la Defensa Nacional, así lo ha entendido el señor Secretario de la Defensa Nacional, él ha afirmado: "el ejército ha demostrado históricamente su fidelidad a la nación y a las instituciones, ha significado para el pueblo y gobierno tranquilidad y orgullo, mantener esta tradición implica nuestra más grande responsabilidad", termino la cita.

Las fuerzas armadas mexicanas jamás han albergado ideas de conquista ni de opresión, las directivas en todos los escalones del mando conminan al respeto por la ciudadanía, a la prestación del servicio social; quieran al pueblo, comprendan al pueblo, sirvan al pueblo son las voces cotidianas que llegan a nosotros los soldados como un himno de paz y de concordia que comienza con nosotros mismos y que se extiende a través de nuestras fronteras.

Dicho esto y en razón de que aquí se ha denunciado y se ha propuesto, se ha mencionado que el pueblo mexicano respeta y quiere a los soldados, a los marinos y a los pilotos por su disciplina y por su lealtad y por la preservación de servicios a la República y cuando algunos elementos del ejército mexicano cuya actuación ha sido puesta en entredicho, quiero solicitar a esta soberanía, a mis compañeros integrantes de la Comisión Permanente, se deseche por improcedente la proposición que aquí se ha presentado y sí en cambio las autoridades competentes lleven a cabo una exhaustiva y profunda investigación y que se castigue a quienes se encuentren responsables.

Pero, por otro lado, si no hay responsabilidad que afrontar, entonces, también que se proceda en contra de los que puedan haber levantado una calumnia o una infamia en contra de elementos del ejército mexicano. Es todo.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado César Acosta Palomino.

El C. diputado Pedro César Acosta Palominos: - Compañeros legisladores: Pedí hacer uso de la palabra, porque considero que en cierta manera se está desvirtuando el sentido original de una denuncia muy concreta hecha aquí mismo por el diputado Juan Jaime Hernández.

Cuando se señalan algunos hechos relevantes y se presume al menos la intervención militar en tales hechos, la respuesta, a mi juicio, no debe ser un discurso extemporáneo propio para la celebración del día del ejército, sino una refutación directa a los hechos que se mencionan.

Se nos vino a precisar hace unos momentos las facultades que en el artículo 73 existen para relacionar el contenido de éste con la misión militar, pero también sin leerlo, el senador Hernández señalo categóricamente lo que, en opinión de él y en opinión nuestra, constituye una violación al artículo 129 y yo creo que es la relación de hechos unida al contenido del artículo 129 la que debe centrar el debate, por lo cual, no creo que sea daño para nadie que cite textualmente, por si alguno lo ha olvidado, el contenido de dicho artículo:

"Artículo 129 constitucional. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar, solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión o en los campamentos, cuarteles o depósitos que fuera de las poblaciones estableciera para la estación de las tropas."

En el texto que cito y que está contenido en un ejemplar de la Constitución comentado por Emilio Rabasa y Gloria Caballero, hay además en el comentario aseveraciones que perfilan de manera categórica los límites de la intervención del ejército en la vida nacional y en el caso que estamos discutiendo se está señalando una extralimitación, al menos presunta, de esta institución por supuesto respetable, institución que merece el apoyo de todos los mexicanos, que constituye la garantía de nuestra soberanía pero que en manera alguna debe consagrársele impunidad ni directa ni indirectamente, lo mismo sea desperdigando hechos acusatorios, que elevando la voz para pronunciar discursos extemporáneos.

En esas circunstancias, queremos adherimos a la solicitud de una investigación a fondo de estos hechos y creo que en última instancia, ningún daño habría ni para el ejército, ni para el Secretario de la Defensa Nacional, el tener un diálogo con nosotros. Muchas gracias.

El C. diputado Miguel Montes García (desde su curul): - Pido la palabra.

El C. Presidente: - Diputado Miguel Montes García...

El C. diputado Miguel Montes García (desde su curul): - Para hechos, señor Presidente.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Miguel Montes García.

El C. diputado Miguel Montes García: - Señor Presidente; señores legisladores

Se dijo en la tribuna que se pronuncian discursos extemporáneos cuando se defiende a la institución, porque no se les atacó a ellos, se afirma, sino que es un hecho que se imputa y que deberían refutarse directamente esos hechos.

Es difícil para un grupo parlamentario, el que sea, refutar hechos que no tienen más demostración de quien los pronuncia; tanto la afirmación como la refutación son motivo de comprobaciones posteriores, no podemos presumirlos ni ciertos ni inciertos, sino actuar con seriedad y creo que seriamente todo mundo estará de acuerdo en que por lo menos en relación con los hechos narrados, la petición final es desmesurada, no porque desdore a nadie ser invitado a dialogar ante la Comisión Permanente o ante cualquiera de las comisiones, sino porque incluso la facultad de la Comisión Permanente para convocar a ese diálogo, si la llamamos de otra manera que no sea invitación, es jurídicamente discutible la de la Comisión Permanente.

En consecuencia, calificar de discursos extemporáneos a quien, porque se toca una fibra de su formación pronuncia la defensa general del ejército, también me parece desmesurado, más extemporáneo es un discurso que siempre se pronuncia con un principio y termina en lengua muerta, eso es verdaderamente extemporáneo.

Por otro lado, señores, para actuar con esa seriedad, yo pido con atención a todos ustedes y al señor Presidente de esta Comisión Permanente que el hecho importa que se conozca, que se turne a la comisión respectiva solamente para la información del hecho y se deseche la petición de la llamada comparecencia por absolutamente desmesurada con el hecho que se narra.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor senador Alfredo Toxqui Fernández de Lara.

El C. senador Alfredo Toxqui Fernández de Lara: - Señor Presidente; compañeros legisladores: Me he permitido solicitar el uso de la palabra en este asunto que me parece de particular interés y en el que con su reconocida capacidad de jurista, nuestro compañero Miguel Montes ha hecho un precisión sobre el procedimiento o trámite a seguir en la denuncia presentada respecto de posibles excesos que se hayan cometido en algún lugar de la República.

Ciertamente que todos nosotros, cualesquiera que sea nuestra posición, estamos completamente convencidos de que el ejército mexicano actual no es un ejército cualquiera, es un ejército que surgió al calor de un movimiento social, ya que a raíz de la derrota del antiguo ejército federal, apareció el llamado Ejército Constitucionalista.

Acusar al Ejército Constitucionalista de ser un violador del propio mandato donde están concentradas las decisiones supremas del pueblo mexicano, pudiera resultar una exageración, por eso yo quisiera adherirme al planteamiento hecho por el señor diputado Montes, en el sentido de que se ahonde y se profundice en la investigación del hecho denunciado, pero que con respeto al guardián de las instituciones nacionales, el guardián de la soberanía de nuestro país, a quienes en las horas difíciles para la vida de la nación son los que exponen lo único valioso que tiene todo hombre: su vida misma, pueda seguirse un procedimiento adecuado al talento, adecuado a la manera de ser de un Congreso que rechaza caer también en el extremo de convertirse en un déspota; también hay despotismo dentro de los sistemas legislativos.

Por esta razón, si todos somos partícipes de ese criterio fundamental, solicito, señor Presidente, que se siga el procedimiento señalado por el compañero Montes. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Sólo para la investigación de los hechos, túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.

DE LOS ARTÍCULOS 3o., 24 Y 130 CONSTITUCIONALES

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre vigencia de la Constitución en sus artículos 3o., 24 y 130.

El C. diputado Jesús Antonio Carlos Hernández: - Ciudadanos legisladores: El tema que me permito tratar en este momento, es quizá como ningún otro, de una gran trascendencia para la vida institucional de México.

Legisladores representantes de tres partidos políticos en esta honorable Comisión Permanente, habremos de presentar a la consideración de esta soberanía un punto de acuerdo que por la importancia, trascendencia y urgencia del mismo, solicitamos que se le dé en términos reglamentarios, el tratamiento que establece el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

Pero antes de dar lectura a la propuesta concreta, me permitiré hacer algunas consideraciones en nombre de mi propio partido, de la siguiente manera:

El Partido Popular Socialista expresa su más enérgico rechazo en contra de la decisión tomada por el presidente de la República, licenciado Salinas, de nombrar un representante suyo ante el jerarca de la Iglesia católica, el Papa Wojtyla, porque dicha suposición entraña un grave retroceso histórico en la solución de fondo que el pueblo dio a este problema.

Otorga una amplia beligerancia al clero político en su afán de reconquistar sus fueros y privilegios y constituye esta decisión en sí misma una flagrante violación desde la más alta investidura, el Ejecutivo Federal, a la Constitución Política del país.

La letra y el espíritu de los artículos constitucionales que prevén el ejercicio del culto religioso y las prescripciones a las iglesias no fue en México una decisión adoptada al margen de las luchas del pueblo ni a su espaldas, sino todo lo contrario, en los dos momentos en que se resolvió este asunto fue como producto de dos de los enfrentamientos más sangrientos y decisivos que se han registrado en nuestra historia y su importancia es de tal magnitud, que seguramente, salvo el de la lucha por la independencia de la nación, no existe otro de mayor trascendencia en nuestra patria.

La solución al problema de la potestad civil y eclesiástica se dio como respuesta lógica a la experiencia propia registrada en nuestro país ante la injerencia del clero en todos los asuntos de la vida nacional y es tan legítima y justa como las determinaciones que han tomado otras naciones en correspondencia también a su experiencia y condiciones propias, pues no existe ni puede existir una solución única al respecto en el mundo.

La solución adoptada por México en este asunto tiene su sustento en las Leyes de Reforma que dictó el presidente Juárez y en el Congreso Constituyente de Querétaro, las cuales garantizan el respeto al carácter y la finalidad de las instituciones dedicadas al culto y otorgan la más segura protección a los derechos y garantías de los ciudadanos mexicanos, de analizar con absoluta libertad todos los problemas y de que todos sus actos y decisiones de carácter político y social los determine por sí mismo sin que su pensamiento y voluntad sean objeto de presión en base a sus creencias religiosas.

No es posible olvidar que el clero político jamás ha aceptado estas resoluciones históricas consagradas en la Carta Magna y basta ver las iniciativas interpuestas por el partido de la derecha y el documento que entregaron los obispos al gobierno de la república en el mes de junio de 1989 para constatar que las modificaciones que persiguen respecto de los artículos 3o., 5o., 24, 27 y 130 de la Constitución del país, tienen por objeto la restitución de los fueros y privilegios que disfrutaron durante la dominación española y las primeras décadas del México independiente y comprender que la decisión del licenciado Salinas pone en la mira a estas normas constitucionales y les da un impulso a las acciones de revancha histórica de las fuerzas que buscan trastocar el orden constitucional.

La decisión del gobierno de la república es muy grave, presagia nuevos atropellos y rectificaciones en otras esferas importantes de la vida económica y social, esta decisión del licenciado Salinas, complaciente con los reclamos de la Iglesia, estrechando vínculos con el Vaticano, corresponde al carácter contrarrevolucionario y antipopular de toda su política y sus objetivos de entrega de la economía nacional al capital extranjero y a la burguesía reaccionaria, con esa decisión rompe el orden constitucional y se abroga facultades de interpretar el código supremo de los mexicanos, actitud que el Partido Popular Socialista condena con toda energía.

La obra juarista cristalizada en las Leyes de Reforma, fue una decisión patriótica, visionaria, firme, de la burguesía ascendente y progresista de México para abrirle al país nuevas vías de expresión, de desarrollo económico y progreso social y cultural.

La decisión del licenciado Salinas, que otorga beligerancia a las fuerzas del clero para destruir la obra juarista, es la expresión claudicante de la burguesía derechista y proimperialista que nada tiene que hacer frente a los destinos del país.

El Partido Popular Socialista llama a las fuerzas patrióticas y democráticas de dentro y de fuera del poder público, a cerrar el paso a esta política que, con el engaño de ser modernizante, su esencia es

la de llenar de privilegios a los que en todas las etapas de nuestra historia han estado en contra del progreso de la nación mexicana; postergar esta firme lucha de las fuerzas democráticas con el pretexto de no comprender su peligro real, será tarde el día de mañana.

El Partido Popular Socialista asume su inquebrantable decisión de defender el mandato histórico del pueblo y sus más ilustres representantes, como lo sigue siendo el presidente Benito Juárez.

¡Viva México!

Por estas consideraciones, que son las propias de mi partido, el Partido Popular Socialista y por las consideraciones que cada uno de los partidos signantes pudiese expresar, proponemos a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:

"La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprueba el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Pronunciarse por la vigencia y estricto cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 3o., 5o., 24, 27 y 130

Segundo. Condenar enérgicamente la designación oficial del llamado representante personal del Presidente de la República en el Estado vaticano, porque constituye una abierta violación a la Constitución General de la República.

Sala de sesiones de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, México, Distrito Federal, a 14 de febrero de 1990.- Signan los ciudadanos diputados: Jesús Antonio Carlos Hernández, del Partido Popular Socialista; profesor Roberto Jaramillo Flores, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y Juan Jaime Hernández, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.» Muchas gracias.

El C. Presidente: - Sobre el mismo tema, tiene la palabra el ciudadano diputado Juan Jaime Hernández, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.

El C. diputado Juan Jaime Hernández: - Señor Presidente; ciudadanas legisladoras y legisladores: Absconderunt superbi laqueum mihi. "Un lazo oculto me armaron los soberbios".

El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana es de ideología revolucionaria, nacionalista y liberal y por esto, somos centinelas permanentes de la separación Iglesia y Estado, en las condiciones en que lo decretara Benito Juárez.

La anunciada visita del Papa Juan Pablo II ha despertado nuevamente las ambiciones políticas de un clero, siempre al acecho de participar en los asuntos del Estado.

Es necesario dejar bien en claro que en el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana respetamos estrictamente la libertad de cultos y de creencias religiosas, porque sabemos que una inmensa mayoría de los mexicanos profesan la fe católica, defendemos su derecho constitucional, pero jamás deberá confundirse esta fe con las aspiraciones de tipo político del clero.

El señor presidente Carlos Salinas de Gortari ha decidido nombrar un representante personal ante el sumo pontífice, lo cual, a juicio del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, excede sus facultades, porque no debe olvidarse que aunque a ese nombramiento ha dado en llamársele "representante personal", evidentemente es, ni más ni menos que un embajador y debe ser sometido al acuerdo y aceptación del Senado de la República y en este caso, a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

La decisión tomada por el Jefe del Ejecutivo Federal, establece implícitamente la reanudación de relaciones diplomáticas con el Vaticano y, además, con ello alienta la insistencia del clero en sus pretensiones para modificar la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, recuérdese que la propuesta de modificación a cinco artículos Constitucionales ya había sido presentada a mediados del año pasado por el episcopado mexicano, según esto para "modernizar" las relaciones Iglesia - Estado; nótese el uso del concepto "modernizar" que sustrae de los conceptos expresados por el presidente Carlos Salinas de Gortari para definir su política gubernamental.

En fin, pretenden con las modificaciones, acaparar una vez más bienes y realizar contratos civiles, libertad para hacer propaganda política, asociarse y votar; para participar y para que se introduzcan doctrinas religiosas en todos los niveles de la educación, quieren la desaparición de los artículos 3o., y 130 y la modificación del 5o., 24 y 27 constitucionales.

Respetamos el entusiasmo del pueblo de México en su mayoría por la visita a México de Juan Pablo II, pero jamás consentiremos los parmistas que a esa visita se le endosen motivos políticos; en México nada debe cambiar, ni antes ni después de la vista del Papa; ahora bien, la decisión tomada por el presidente Carlos Salinas de Gortari de nombrar un representante personal es violatoria de la ley y por lo mismo podría ser

motivo para fincar responsabilidades e incluso demandar del secretario que expida el nombramiento a tal gestor oficioso, un juicio político.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre de la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, hacemos nuestros los dos puntos de acuerdo presentados hace un momento por el Partido Popular Socialista.

Porque no podemos ir más allá de las propias palabras que el maestro dijo cuando señaló la separación de Iglesia - Estado:

Reddite ergo quae caesaris Caesari; et que sunt dei, deo. "Entonces le replicó: pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios".

El C. Presidente: - Sobre el mismo tema, tiene el uso de la palabra el senador Eliseo Rangel Gaspar.

El C. senador Eliseo Rangel Gaspar: - Señor Presidente; honorable asamblea: Como si tuviéramos a la mano iniciativas de otra materia: reanudación de relaciones con un estado extranjero, cambio de decisiones políticas fundamentales que proceden de ayer, hemos atendido aquí a dos discursos que me parecen, por lo menos fuera de contexto. Nosotros pensamos, el Partido Revolucionario Institucional considera que estamos ante un hecho más sencillo, más llano, más elemental que los señores parlamentarios han querido subrayar esta mañana.

Ni estamos ante cambio de política con la Santa Sede ni estamos modificando artículos fundamentales de la Constitución General de la República. Hay sólo una cuestión, significativa sí, por su naturaleza, porque las cuestiones de la religión, desde el más remoto ayer, han implicado preocupación, han constituido efectivamente objeto de análisis y sinceridad por su trascendencia.

Pero en este momento y en uso de una facultad constitucional, que no se pasa por encima de la Constitución, el ciudadano Presidente de la República, considerando el entorno internacional y las circunstancias que de este entorno internacional se derivan y de la ubicación de nuestro país en ese entorno y lo que implica para que México participe en las decisiones internacionales, fundamentales, importantes, históricas, ha designado un representante oficioso ante el Vaticano.

Para sacudir las conciencias, para rasgarnos las vestiduras, para invocar aquí el nombre de Juárez institución concepto histórico que respetamos, sistemática, permanentemente, Juárez dio una lucha a su tiempo acaudillando el partido liberal en relación con el desarrollo independiente de nuestro país y con respecto a la separación de Iglesia - Estado que permanece intangible, que no se toca.

El C. Presidente: - Permítame, ¿senador, acepta una pregunta del diputado Juan Jaime Hernández?

El C. senador Eliseo Rangel Gaspar: - No, porque puede hacerla en latín, que me permita terminar.

El C. Presidente: - Al término, diputado.

El C. senador Eliseo Rangel Gaspar: - Luego entonces el artículo 3o. y las decisiones que consagra, las que se derivan del 27 fundamentales, las que se recogieron en el Constituyente de Querétaro que van más allá de la lucha de Juárez y que nos hablan de la necesidad de que nosotros no debemos dar paso a la ficción de la existencia de una iglesia y por lo tanto el Estado con su facultad constitucional la ignore, la desconozca, en virtud de los antecedentes históricos, ni la tesis de Juárez de separación de la Iglesia y el Estado, ni la tesis de Querétaro del desconocimiento de la persona moral Iglesia están en juego, menos las cuestiones del 130.

En esa virtud, lo que está en el proceso actual del milenio que estamos ya viviendo, es la posibilidad de que la Revolución Mexicana y su sentido humanístico de coincidir con las nuevas corrientes del pensamiento contemporáneo en lo que hace a la defensa de los derechos humanos, al combate a la pobreza, al desarrollo de la sociedad internacional, los objetivos históricos del hombre levantados en 1824, en 1857 y en 1917, las tesis contemporáneas de hacer el universo un ámbito para la existencia solidaria, es lo que implica el acuerdo del Señor Presidente de la República de enviar una persona al Vaticano para encontrar aquí como en los demás países del mundo coincidencias en torno a la fraternidad universal del desarrollo pacífico y de la efectiva existencia del hombre en un mundo carente de zozobra.

Por lo demás, la ampliación de las relaciones a todos los puntos cardinales de un Estado como el nuestro es apenas una necesidad vital, es apenas una respuesta a los reclamos de la convivencia, ¿por qué hacer a un lado, menospreciar relaciones con una densidad de la magnitud del Vaticano? ¿por qué no establecer relaciones con otros países

que están dando pasos hacia adelante en las tareas de encontrarnos en la solución de intereses comunes y nobles?

Cuando a su tiempo debatamos el derecho del Estado a la educación, cuando en su oportunidad debatamos a profundidad y para que la nación se entere de nuestra tesis en el sentido de que no concedemos asuntos extranjeros de hechos políticos en el interior porque no renuncian a la prédica de un discurso político, que es además el discurso político de los mexicanos. Cuando discutamos la razón histórica de... A las organizaciones llamadas iglesias el manejo de bienes cuantiosos para ponerse por encima del Estado nacional, en ese momento habrá que escuchar estas preocupaciones, no antes.

Ahora lo que procede, es simplemente...

El C. diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): - ¿Es una amenaza o qué?

El C. senador Eliseo Rangel Gaspar: - No es una amenaza, señor diputado, es llamar al tiempo por las cosas a su tiempo; todo a tiempo. ¿Qué es lo que procede? Que meditemos en torno a una simple decisión y que no por dejar el estudio de las cuestiones jurídicas en manos de viejos santones como parece ocurrir aquí, para descalificar una actitud del Presidente de la República, que ciertamente tiene fundamento constitucional, vayamos a negar la posibilidad de actuar en este sentido, con madurez, con actitud reflexiva, en 1989 de la fracción II.

En esa virtud, mi partido va a rechazar la proposición presentada por el distinguido diputado del Partido Popular Socialista. Lo va a hacer mirando hacia la historia, subrayando que no renunciamos a las conquistas ni de 1857 ni de 1873, ni de 1917, sino solamente para destacar que en un mundo como el nuestro, hace falta que todos nos encontremos en el ámbito internacional, discutiendo los valores que dignifican a la especie humana y en todo caso, reservar con cuidado y con responsabilidad, las conquistas del Estado nacional revolucionario. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Senador, hay una pregunta del diputado Juan Jaime Hernández al término de su intervención.

El C. diputado Juan Jaime Hernández (desde su curul): - No se escuchó.

El C. senador Eliseo Rangel Gaspar: - La doctrina del presidente Juárez, señor diputado, quedó consagrada en la Constitución General de la República, es la que vamos a respetar y por lo cual me he esforzado en aclarar. Es un patrimonio histórico de la nación; no le pertenece ni a su partido ni al mío y por eso he dicho que vamos a combatir por preservarla y en todo caso, por ampliarla.

El C. Presidente: - Tiene la palabra, sobre el mismo tema, el diputado Bernardo Bátiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El C. diputado Bernardo Bátiz Vázquez: - Señor Presidente; señoras y señores: El diputado Juan Jaime Hernández, al presentar un alegato en favor de la propuesta hecha anteriormente por el compañero del Partido Popular Socialista, usó una frase con la que quiero iniciar esta intervención; él dijo que después de la visita de Juan Pablo II nada debe cambiar.

Yo creo que esta frase nos puede dar idea de cuál es el clima intelectual y espiritual de algunas personas, en un sector cuando menos, de la realidad sociológica y política de México, que nada debe cambiar.

Yo creo que debemos rechazar la historia por decreto, que trata de corregir desde el poder lo que pasó, atribuyendo hechos a quien no los llevó a cabo o negando la existencia de movimientos sociales que existieron en su momento.

La historia por decreto es condenable y rechazable y debemos de ser, en cuanto a esta materia, simplemente veraces, pero es más riesgoso querer establecer una sociología por decreto. Las cosas cambian afortunadamente, militamos en partidos políticos porque creemos en la perfectibilidad del hombre, en la posibilidad del ascenso y de la perfección de las personas, pero fundamentalmente también en la perfectibilidad de la sociedad; las sociedades no son estáticas, las sociedades se modifican, avanzan, a veces retroceden, pueden alcanzar formas más altas de organización social, de justicia, de bien común.

Entonces, nosotros estamos satisfechos con que así suceda el hecho de que cambien las cosas para mejorar, para avanzar, es una realidad que debemos de recibir con capacidad y con inteligencia, con apertura y si estas cosas cambian precisamente en el sentido en el que deben cambiar, estamos en apoyo de esos cambios.

Aquí hay dos puntos sobre los que habría qué decir algo, uno de ellos es el relativo a los artículos constitucionales que se citaron aquí: 3º, 24 130. Estos preceptos, tienen por supuesto, una valor jurídico, una vigencia, fueron aprobados por un Constituyente y siguen formando parte del cuerpo, de la ley máxima que rige a nuestro país;

sin embargo, es una realidad también que estos artículos contienen una mezcla de disposiciones adecuadas, desde el punto de vista sociológico y social, disposiciones con un contenido valioso para la colectividad, entremezcladas con disposiciones que simplemente fueron la expresión en un momento dado de la decisión del grupo que tenía el poder en sus manos cuando se aprobaron estos artículos revisarlos, verificar si siguen o no respondiendo a una exigencia social es un deber de nosotros como legisladores, es un deber también y un derecho del pueblo mexicano que puede opinar sobre esos preceptos en favor o en contra.

Y si bien es cierto que en el artículo 3º por ejemplo, toda esa parte declarativa en la que se señalan valores democráticos, nacionalistas y de apertura hacia el exterior debe ser intocable, también es cierto que en el mismo artículo 3º existen algunas disposiciones que tendrían que ser revisadas.

Por ejemplo la discrecionalidad excesiva, que raya en la arbitrariedad, respecto de las autorizaciones y los reconocimientos de validez de los estudios. Por ejemplo la disposición que establece el monopolio para el gobierno, de la educación.

Nosotros pensamos que estos artículos, 3º, 24 y 130 deben ser revisados y hemos propuesto proyectos alternativos. Que se abra la educación para que sea un derecho pleno de la sociedad y no solamente un monopolio reservado a los que en un momento dado están en el poder.

Estamos de acuerdo en la libertad de cultos que el artículo 24 establece en su primera parte, pero rechazamos la segunda, que limita derechos universales reconocidos por México en tratados internacionales.

El C. diputado Jesús Antonio Carlos Hernández (desde su curul): - Una pregunta.

El C. Presidente: - Permítame, diputado Bátiz. ¿Dígame, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández?

El C. diputado Jesús Antonio Carlos Hernández: (desde su curul): Deseo hacerle una pregunta.

El C. Presidente: - ¿Acepta usted una pregunta del diputado del Partido Popular Socialista?

El C. diputado Bernardo Bátiz Vázquez: - Sí, cómo no.

El C. Presidente: - Adelante, diputado Carlos Hernández.

El C. diputado Jesús Antonio Carlos Hernández (desde su curul): - Quería preguntarle, señor diputado, ¿sí es cierto que usted protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución, y que si es cierto que está usted dispuesto a, con sus actos, que sea así. ¿Y en su momento?, ¿si usted podría presentar proyectos para reformarla, pero en tanto está vigente el actual texto si está dispuesto a acatarla o no?

El C. diputado Bernardo Bátiz Vázquez: - Bueno, esta pregunta rompe el discurso que yo decía, pero quiero contestarla.

Efectivamente, tanto usted como yo, como todos los demás funcionarios públicos, protestamos cumplir la Constitución. No se trata de eso, ¿no? La discusión se trata de determinar si esa Constitución en algunos de sus preceptos es o no modificable o reformable.

Yo estoy hablando y esto precisamente haciendo alusión a que hemos presentado proyectos de reformas tanto al artículo 3º como al artículo 130 y al artículo 24, que es necesario revisar, que no son intocables estos artículos, que tienen algunos aspectos positivos y valiosos; pero que tienen otros que nos parecen inadecuados. Iba precisamente haciendo este desarrollo.

Respecto del cumplimiento de la Constitución, por supuesto que es un deber de todos cumplirla y que yo la cumplo. Esa es mi intención y mi respuesta. Pero eso no nos puede limitar el ..., iba a decir el derecho, la libertad, y más bien yo diría la necesidad de emitir un juicio sobre el contenido de los preceptos.

Les decía yo que la libertad de cultos consagrada en el artículo 24 constitucional, bueno, pues es una declaración, un precepto constitucional que tenemos que aceptar y reconocer como una conquista y un avance entre los derechos del hombre. Pero limitar el culto público, puede ser revisado. Si hay manifestaciones públicas de diversa naturaleza, política, social, ¿por qué no habría de haber un derecho a manifestar también un sentimiento religioso en las calles, que son del pueblo y de la ciudadanía?, si así lo deciden hacer los ciudadanos. Por ejemplo, sería uno de los artículos y de los preceptos que habría que modificar.

Y respecto del artículo 130, tiene también una parte en la cual se desconoce simple y llanamente la declaración universal de los derechos del hombre, y por motivos de carácter religioso se limitan los derechos políticos de algunos mexicanos, y yo creo que eso no puede ser aceptable indefinidamente; yo creo que en eso las cosas deben cambiar y van cambiando, y van a ir

cambiando en la medida en que la opinión pública nacional e internacional vaya exigiendo y vaya dando nuevos cauces a las inquietudes sociales y políticas.

Pero lo más grave de todo esto es que no se pueden cerrar los ojos ante las realidades, la Iglesia católica, que tiene su centro espiritual y un pequeño y simbólico territorio en esa vieja colina de tradición occidental, que es el Vaticano, es una realidad sociológica de más de 800 millones de fieles, no puede ser que por unos acontecimientos que ya forman parte de la historia común de todos los mexicanos y que tuvieron lugar hace más de 100 años, por una lucha en la que los mexicanos se dividieron en forma áspera y brutal y lucharon violentamente, cuando quizá debieron... visto a larga distancia es muy fácil corregir, quizá debieron hecho lo que ya estamos haciendo es este siglo: formar partidos políticos, organizarse para los debates, organizar a la ciudadanía para participar, no con las armas en la mano sino para la participación política.

Quizá, si hace 150 años los liberales y los conservadores, y los federalistas y los centralistas, en lugar de darse de riflazos y caballazos, se hubieran organizado en partidos políticos, nuestra historia hubiera sido muy otra.

Estamos corrigiendo esos tropiezos de un país joven e impetuoso que estaba surgiendo entonces, que recibió influencias indebidas del exterior que lo hicieron tropezar frecuentemente en sus primeros pasos en la vida política como nación independiente.

Yo creo que entre esas decisiones políticas fundamentales de que habla Karl Smith, el constitucionalista alemán, "que los pueblos adoptan como una parte esencial de sus decisiones", no está el de desconocer la realidad de la fe del pueblo mexicano. Es sin duda alguna, una decisión política fundamental de división de poderes, el sistema federal, la democracia, pero hay otros preceptos constitucionales que deben permitir y que ellos mismos exigen su revisión.

Respecto, y solamente para una referencia que se hizo aquí al maestro Herrera y Lazo, quiero decirle al señor senador que lo mencionó, que va a salir en unos días más un nuevo libro del maestro Herrera y Lazo, será el tercero de sus obras de derecho constitucional, en el que precisamente se recopilan las opiniones que Herrera y Lazo, eminente jurista mexicano dio a varios gobiernos de su partido como consultas que le hicieron presidentes de la República y su hija y discípulos de Herrera y Lazo de la Escuela Libre de Derecho están precisamente recopilando esas consultas y opiniones que los gobiernos del partido al que usted pertenece, le solicitaron a Herrera y Lazo con frecuencia y es un buen tomo de opiniones. Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. senador Eliseo Rangel Gaspar (desde su curul): - Pido la palabra.

El C. Presidente: - ¿Con qué objeto?

El C. senador Eliseo Rangel Gaspar (desde su curul): - Para alusiones personales.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el senador Eliseo Rangel Gaspar.

El C. senador Eliseo Rangel Gaspar: - La referencia era en el sentido de que maestros, como el aludido, y media docena que podíamos citar de mis parciales, pero sobre todo su lectura profunda, seria, meditada, nos ahorrarían juicios superficiales y a veces equivocados. Ojalá que tengamos la oportunidad de releer a Herrera y Lazo y a media docena de tratadistas mexicanos que han calado muy hondo en esas cuestiones que estamos discutiendo, para que nos dé luz aun en las galerías.

El C. Presidente: - Tiene la palabra, sobre el mismo tema, el diputado José Trinidad Lanz Cárdenas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El C. diputado José Trinidad Lanz Cárdenas: - Con la venia de la Presidencia; señores legisladores: Vengo a esta tribuna a referirme al tema de la miscelánea permanente, de la por ahora Comisión Permanente. Ahora tocamos temas relacionados con una propuesta respecto de diversas interpretaciones sobre algunos preceptos de la Constitución y sobre una decisión del titular del Poder Ejecutivo Federal.

Se ha dicho con gran asombro de razón, que pocos temas son tan polémicos que los relacionados con la religión, y más polémico resulta cuando se le combina con otros de los grandes ámbitos de las discusiones, que es la política.

La religión política y la política religiosa son ámbitos de permanentes y enconadas discusiones en todos los ámbitos de la Tierra. No olvidemos que los hechos de la historia, no solamente en la nuestra sino la historia universal, están plagados de discusiones y de violencias en derredor de esta dualidad de la religión y de la política.

Es cierto que somos un país que refleja en todos sus actos sus tradiciones y su historia; malamente podría ser de otra manera. El pensador Leibniz

acuñó una expresión en este sentido, que debe servirnos de modelo en cuanto a la conjugación de la política, de la historia y de la religión. Leibniz decía que el presente es hijo del pasado y padre del porvenir.

Si no actualizamos nuestro presente con las lecciones de la historia para proyectar nuestro futuro, podríamos caer en lamentables equivocaciones que se traducirían en lamentables desequilibrios y desarmonías sociales.

En algunos aspectos, a nuestro partido, el Revolucionario Institucional, se le ha pretendido etiquetar como un partido inmovilista, sin embargo no lo es, y estamos viendo las decisiones que surgen del titular del Poder Ejecutivo, hombre de nuestro partido; no puede ser inmovilismo lo que va a implicar ciertos avances en los principios de la armonía que reclama la sociedad mexicana.

Es indudable que no podemos caer en el ámbito de la ley en posiciones extremas, ambas serían sumamente peligrosas para el equilibrio social, la ley no es patrimonio de nadie, puesto que es patrimonio de todos y afortunadamente este país es un país en donde no sólo existen las libertades, sino se ejercen las libertades. Mal podría ser una decisión de revisar la expresión de nuestra soberanía, como lo califican los estudiosos de la materia que es la Constitución, si al emitirla o al modificarla o al reformarla no se pensara en todos.

Desde este punto de vista, las propuestas de la ley como proyecto nacional contenidas en el texto de la Constitución pretenden ser equitativas, respetuosas de los derechos de todos, ni ultramontanos ni posiciones de extrema izquierda que no puedan ser participadas por todos.

Decíamos en alguna ocasión un pensamiento de Talleyrand en este sentido y que lo quiero traer a esta tribuna porque orienta en cierto modo la discusión. Decía con este sentido irónico de este pensador francés "podré perdonarles a los demás que no estén de acuerdo con mi opinión, pero no les perdonaré jamás la suya". Esto puede ser base de una armonía social que prevalezca la ley solamente en lo que respecta a mis planteamientos o debemos buscar el punto equidistante, el justo medio que ya se consignaba desde la más remota antigüedad por Aristóteles.

Debemos, en el ámbito de la ley que es patrimonio de nadie pero de todos, buscar el justo medio en donde queden consignados los derechos de unos y otros respetados los derechos de otros y consecuentemente respetado lo de ese cuerpo social y político que se llama la nación mexicana.

Quisiera referirme específicamente a alguna de las afirmaciones que se han hecho en esta tribuna; se ha hablado de un retroceso histórico, se ha hablado de que el gran patricio Juárez, estableció en las Leyes de Reforma y la Constitución de Querétaro de 1917 un mandato sobre el particular y que al tomarse actitudes como la que motiva este debate se está implicando un retroceso histórico.

Creo que la historia es cambiante, el mismo Heráclito ya lo sostenía en la remota antigüedad, que es un permanente devenir, nunca nos bañamos, decía este precursor de la metafísica, en las mismas aguas del mismo río.

La historia es un proceso evolutivo, y no creo sinceramente, estoy convencido de ello, que una decisión como la cuestionada pueda implicar una medida regresiva en la historia mexicana. Estamos en el proceso evolutivo de nuestra historia, estamos inmersos en el dinamismo que le corresponde a esta compleja sociedad moderna mexicana, en donde las medidas del gobierno deben verse en función de los intereses de todos. No es la historia estereotipada, sino es la historia dinámica, el quehacer permanente, ya que más que escribir historia es importante hacer historia.

Se ha dicho que se pretende dar beligerancia al clero para una vuelta a sus fueros y privilegios; me parece una afirmación un poco exagerada. No olvido como mexicano, como abogado, como estudioso del derecho constitucional, todo lo que ha sucedido en este país; no olvido los levantamientos de los polkos; no olvido la guerra de religión y fuero; no olvido la guerra de Reforma de tres años; no olvido el apoyo a un emperador; no olvido el movimiento social de 1917 y su rechazo en una guerra que ensangrentó este país, la guerra cristera. Pero vuelvo a repetir, la historia es dinámica.

Y aun dentro de los propios acontecimientos de la historia, basta hacer un repaso de la propia historia de la Iglesia católica, para ver cómo ha modificado muchas de sus actitudes en el devenir de su propia evolución.

No podemos comparar a Julio II, por ejemplo, de la familia de los Médicis, un Papa que vestía cota de malla y que presidía ejércitos, en un Juan XXIII; no podemos comparar a un Papa como César Borgia, con otro Papa como Pablo VI. Y podríamos hacer estas metáforas que las digo con total equilibrio personal, tratando de ver las cosas en su auténtica dimensión. No podemos por esas experiencias sangrientas del pasado, que impregnaron a nuestra historia vernácula, llamémosla así, de unas actitudes de rechazo a unas actitudes

totalmente negativas que lastimaron la conciencia del pueblo mexicano, pero eso no quiere decir que nos cerremos a evolución y a cambios de actitudes. Los cambios de actitudes los va marcando el dinamismo de la propia historia y creo que actitudes que motivaron aquellos hechos sangrientos, ni son los mismos ni estamos ante esa afirmación unilateral de búsqueda de fueros ni de protección de privilegios.

Se ha hablado de una violación a la Constitución, de una medida contrarrevolucionaria, de una decisión claudicante, quisiera referirme a estos puntos en una sola argumentación: no puede hablarse ni de medida contrarrevolucionaria, ni de violación a la Constitución cuando se cumpla el mandato de ésta.

Se ha dicho que nombrar un representante personal ante el Vaticano constituye una flagrante violación al artículo 130 constitucional. Rechazo enérgicamente esta afirmación. Ni como abogado, ni como analista del derecho público podría sostenerla con eficacia y con agilidad o facilidad de contestación.

Y no es una opinión solamente personal, es una opinión de la cual podemos ver reflejada, razones y argumentos en los medios de comunicación del día de hoy, de dos prestigiadísimos constitucionalistas mexicanos: el doctor don Raúl Cervantes Ahumada y el doctor don Ignacio Burgoa Orihuela.

Creo que la autoridad de estos catedráticos de la Universidad Nacional Autónoma de México está fuera de toda sospecha. Y ambos juristas, reconocidos a nivel mexicano y a nivel internacional, sostienen categóricamente que no hay tal violación a la Constitución.

Pero entremos un poco al detalle, se dice que se viola la Constitución, porque al designar un representante personal del señor Presidente ante el Vaticano, se está violando el 130 porque este precepto no reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia.

El maestro Cervantes Ahumada, en sus exposiciones, invoca en favor de su autorizada opinión una tesis de la cual se enorgullece México que es la Doctrina Estrada. No puede desconocerse la existencia de un estado como es el estado del Vaticano que surgió de la Convención de Letrán y el cual está reconocido por la mayor parte de los países del mundo; está establecido su estatuto de estado en todos los foros internacionales. Y el nombrar un representante ante el Vaticano, como estado, no implica de ninguna manera una violación al 130 ni está reconociendo una personalidad jurídica de la Iglesia, de la eclesia, como diría el compañero Jaime Hernández, que significa unión en este sentido.

Es una decisión política que está en función de las reglas del derecho internacional, nombrar un representante ante un estado que es el estado del Vaticano; reconocido, inclusive, por aquellos regímenes políticos del mundo que desde el punto de vista religiosos discrepan totalmente de él. Se han mencionado ejemplos que huelga volver a comentar.

La decisión de nombrar un representante personal ante el Vaticano no está infringiendo el 130 constitucional, ni está reconociendo de ninguna manera la personalidad jurídica, llamaremos entidad sociológica, que constituye la Iglesia católica. Es el reconocimiento político de un estado pero sin entrar en un tratado sobre el particular. Es, simple y sencillamente, acceder la designación de un representante ante el Vaticano, es una decisión política.

Rasquemos un poco más en la doctrina del derecho administrativo, el derecho administrativo clasifica los actos, en dos actos de índole muy distinta, según los realice el Poder Ejecutivo que es quien en el principio de división de poderes ejerce la función administrativa, actos de gobierno, actos administrativos y actos políticos. Unos están inmersos en un marco de regulación rígida, otros que están animados por el dinamismo propio de las reglas de la administración y de los actos acertados de gobierno. Los actos políticos están impulsados notoriamente por razones políticas.

Y desde este punto de vista es plenamente admisible, hablando en función de doctrinas, de lo que puede hacerse respecto de la designación de un representante, ergo el caso a que me refiero ante el estado del Vaticano. Es un negociador, es un representante oficioso, como se le ha llamado, pero también el derecho lo consigna en el ámbito de lo positivo.

Y aquí quisiera referirme al otro aspecto, que es el aspecto de la legalidad, de la decisión de nombrar a un represente que algunos han cuestionado ¿representante de quién?, ¿y en calidad de qué?...

El C. diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): - ¿Quién va a pagar los viáticos?

El C. diputado José Trinidad Lanz Cárdenas: - Daré respuesta, señor diputado. Parece que las personas que en una actitud irreflexiva se han orientado para criticar esta medida no se

tomaron la molestia de estudiar la legislación política mexicana. Jacinto Pallares, reputadísimo tratadista mexicano, de fines del siglo pasado, y que aún sigue siendo premisa de entendimiento muchos juristas de casi los finales de este siglo, acuño una frase que a mi modo de ver no tiene desperdicio ni lo tendrá en mucho futuro. Decía el maestro Pallares, que el derecho positivo, que es la expresión forzosa de las necesidades naturales del orden social.

Esta es la plenitud de su ubicación de la ley, la ley responde a la realidad, y aquí acudo nuevamente a la reflexión inicial sobre el dinamismo histórico que impregna al dinamismo de la ley. La ley debe irse modificando, la ley no puede ser estereotipada, la ley tiene que ir respondiendo a las realidades sociales conforme éstas se van dando.

Y hablando del derecho positivo mexicano, y hago la aclaración para algunos que no son juristas, de la diferencia entre lo que es el derecho vigente y lo que es el derecho positivo. El derecho vigente es el que únicamente tiene un valor formal por haberse expedido, publicado y estar en vigor sus normas; el derecho positivo es el que se observa, es la norma que se aplica, y en este caso estamos ante una aplicación de la norma.

Veamos qué dice la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Nos dice en su artículo 5º: "el servicio exterior mexicano estará integrado por personal de carrera y personal especial". Reitero y ratifico esta última expresión: "personal especial".

En los artículos 6º, 7º y 8º, la ley va reproduciendo lo que no es más que la reiterada costumbre internacional originada en la Convención de París de 1815, me parece, o de Viena de 1815, en donde se establecía qué se entendía por un diplomático, sus relaciones, sus jerarquías, sus prelaciones, etcétera. Todo esto conduce, compañeros, a pesar de que me estoy extendiendo, a tratar de ilustrar por qué sostengo que es una decisión legal y apoyada en el orden jurídico vigente y positivo.

Se nos habla así de lo que es la rama diplomática y dice: "el personal de carrera es de carácter permanente, y comprende tres ramas: diplomática, consular y administrativa". Y nos va mencionando cual es la diplomática: embajador, ministro, consejero, primer secretario, segundo secretario, tercer secretario y agregado diplomático. La rama consular: cónsul general, cónsul de primera, cónsul de segunda, cónsul de tercera, cónsul de cuarta y vicecónsul. La rama administrativa: agregado administrativo de primera, agregado administrativo de segunda, agregado administrativo de tercera, canciller de primera, canciller de segunda y canciller de tercera. Hasta aquí los agentes diplomáticos en los términos de la ley mexicana, y hasta aquí los agentes diplomáticos en función de todas las reglas que rigen en la materia del derecho internacional público.

¿Cuáles son los especiales? Nos lo dice el artículo 13 de la propia ley. "El personal especial será designado por acuerdo del Presidente de la República. Dicho personal desempeñará funciones específicas en una adscripción determinada y por un plazo definido".

Pero quiero ponerle especial énfasis a lo que sigue: "los así nombrados, no formarán parte del personal de carrera del servicio exterior ni figurarán en los escalafones respectivos". Lo repito: "los así nombrados, no formarán parte del personal de carrera del servidor exterior...".

¿Qué quiere decir esto? Que no son diplomáticos, que no son agentes diplomáticos que no son funcionarios del servicio exterior mexicano; solamente son, como los califica la ley a que me estoy haciendo referencia, como "especiales", "para asuntos especiales", y se tratan en función, de situaciones especiales.

¿Cuál es la facultad del señor Presidente de la República en los términos del artículo 89? Nombrar y remover libremente a todos aquellos servidores públicos o funcionarios cuyo nombramiento no esté establecido de otra manera en otra ley. Aquí estamos ante un agente especial, el cual solamente está limitado, y voy a abusar de la paciencia de ustedes, en el artículo 34.

El artículo 34 dice que los candidatos a ingresar a la rama diplomática o consular, deben cumplir con los siguientes requisitos: y enumera tres, seis, siete y los agentes especiales, en los términos de la propia ley y solamente deben cumplir dos de éstos, de los incisos d y e, y los demás que son aplicables a los diplomáticos, no son aplicables para los agentes especiales, estos dos requisitos son:

d) Ser apto física y mentalmente para el desempeño de las funciones del servicio exterior.

e) No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto.

Recapitulando esta serie de reflexiones, estamos ante la situación de una decisión política fundada en el texto de la Constitución y de la ley, designación de un representante que la ley califica

como "agente especial" y que está profundamente apoyado en el texto positivo y vigente mexicano.

No podemos hablar entonces, compañeros, de una violación a la Constitución cuando se está cumpliendo precisamente con la Constitución en los términos del 89 constitucional y de la Ley del Servicio Exterior Mexicano al que me referí, y esto consecuentemente da respuesta a otra objeción que se ha hecho en el sentido de que una designación de esta índole a que nos estamos refiriendo, debe pasar por la ratificación del Senado o de la Comisión Permanente.

Si no es agente diplomático, si no es cónsul, si no es de servicio diplomático, si no es exclusivamente un representante, como se le ha llamado, personal oficioso y que la ley califica de "agente especial", que no está considerado como miembro del servicio diplomático mexicano, no tiene por qué pasar su ratificación ni ante el Senado ni ante la Comisión Permanente.

Creo compañeros, que el proceso lógico de interpretación de la ley es claro, la premisa mayor, la ley, la premisa menor, el hecho, la conclusión, su perfecto, ajuste y adecuación de la norma al hecho de que se trata esto, en ningún medio jurídico del mundo puede ser calificado como violación, ni a la ley ni a la Constitución.

Quisiera solamente hacer dos puntualizaciones finales. Se dijo por el representante del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que el representante personal, como significa embajador, debe ser ratificado o en su caso por la Permanente, creo que ha quedado suficientemente explicado y aclarado esto; no hay tal embajador, ni es miembro del cuerpo diplomático, ni está regido por las circunstancias aplicables al cuerpo diplomático que son: los tratados internacionales sobre el particular y la Ley del Servicio Exterior, y luego, consecuentemente, no tiene por qué estar sujeto a ratificación.

Sobre las pretensiones a las modificaciones de la Constitución, desde luego, la Comisión Permanente está abierta a las iniciativas que se puedan presentar sobre el particular. Creo, compañeros, que en un proceso maduro y sensato podemos analizarlas una vez turnadas a la Cámara que corresponda y podemos dar con toda la honestidad que corresponda a nuestra posiciones ideológicas, jurídicas y políticas, nuestro criterio sobre el particular, pero llamo la atención de nuevo, compañeros, que la mejor ley es la que es, no solamente justa para unos sino equitativa para todos, la ley debe estar animada de estos dos grandes valores: la justicia y la equidad. Entendiéndose a esta última como el criterio corrector de la ley, como así ha sido calificado de manera reiterada.

De que no debe de haber cambios. Pues creo, compañeros, que no debemos cerrarnos a los cambios, cuando éstos sean para el bien de la nación.

Y la última puntualización es en relación con lo que se ha venido afirmando respecto de la separación de la Iglesia y del Estado, que surge con las siete leyes de Reforma expedidas por Juárez, en Veracruz, en el año de 1859, que fueron homologadas a nivel constitucional, por Lerdo, en el año de 1863 y que fueron recogidas con el mandato que consideró pertinente el Constituyente Permanente en 1917.

Pero el análisis que se ha hecho por los estudiosos a fondo de este problema, de lo cual pudiera mencionar una auténtica gama de personajes en el derecho mexicano, en el sentido de que no es tanto la separación del Estado y de la Iglesia, sino como la supremacía del Estado sobre la Iglesia. Porque esto es sí es la vieja respuesta a las teorías de la soberanía, que fueron inspiradas desde las tesis de Rousseau, y que han sido superadas en la actualidad.

No pueden haber dos poderes soberanos dentro de un mismo estado. El Estado tiene que estar por encima de la Iglesia, cualquiera que ésta sea. Esta es la tesis más aceptada en el derecho constitucional, y debemos cuidarla y respetarla para que prevalezca, siempre, en la nación mexicana el propósito fundamental de su norma básica, que es: el derecho de todos, la equidad de todos y el respeto indiscutible de la soberanía nacional. Muchas gracias.

El C. diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul): - Pido la palabra.

El C. Presidente: - ¿Con qué objeto, diputado?

El C. diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul): Para hechos.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Leonel Godoy Rangel, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El C. diputado Leonel Godoy Rangel: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores: Nos parece que el alegato jurídico señalado aquí por el compañero diputado Lanz Cárdenas, es un intento letrístico, por llamarle de alguna manera, de algo que es imposible de fundar

en argumentos constitucionales, de la ley constitucional vigente.

Posiblemente, y eso es para lo que yo había pedido el uso de la palabra, pues tenga algo qué ver con la realidad social distinta del México actual, pero que también debería de debatirse.

Han sido una serie de argumentos equivocados, una serie de equivocaciones, la defensa que los legisladores del Partido Revolucionario Institucional han hecho de una decisión del señor Salinas, que es totalmente anticonstitucional en estricto sentido.

Insisto, independientemente de consideraciones políticas, que yo también creo que la vigencia de la Constitución tiene dos formas de verla: una, es su vigencia formal y que nosotros, como miembros de los poderes de la Unión, tenemos obligación de acatar esta interpretación formal, esto es la vigencia de las leyes y principalmente su fundamental que es la Constitución; y la otra, efectivamente, es la interpretación positiva de las leyes y de la propia Constitución que tiene que ver con la realidad social. Pero ésta, en mi opinión, no puede quedar al arbitrio ni siquiera en posibilidad discrecional de miembros de los poderes, y en este caso del Poder Legislativo.

Nosotros tenemos que acatar la vigencia actual de la Constitución. No es posible tener otra interpretación: la positiva es para la doctrina, es para las tesis, es para los planteamientos en tribuna, es para la cátedra.

Yo creo, y todos conocemos que en derecho hay dos máximas: para el ciudadano, lo que no está prohibido está permitido. Para la autoridad, lo que no está prohibido. Esto es simple, y más en el caso nuestro que protestamos cumplir y hacer cumplir la Constitución.

Independientemente de la vigencia o no de los postulados del artículo 3o. constitucional, o del artículo 27, o del 123, o en este caso del 130 y del 24 también independientemente de eso, ahora están vigentes y nosotros, los miembros de los poderes, entre ellos el Ejecutivo, no pueden tener una interpretación en este sentido de lo que es positivo o de lo que es vigente formalmente.

Considero que puede, en su momento, debatirse la actualidad o la contemporaneidad de la Constitución en cualquiera de sus artículos, todas las leyes entre ellas nuestra Carta Magna, pueden modificarse, pueden cambiar y adecuarse a la realidad. También creo yo que la realidad no se debe de adecuar a la ley, sino la ley debe de adecuarse a la realidad; y en este sentido es válido cualquier pronunciamiento por modificar cualquier texto constitucional.

Pero las disposiciones constitucionales en materia religiosa son muy claras, independientemente que yo en lo personal, por ejemplo, lo señalamos cuando las consultas sobre las reformas a la Constitución en materia política y electoral, que a mí en lo personal me parece, que lo que se refiere en el artículo 130 al derecho de los sacerdotes de votar y ser votado, debe ser expresadamente señalado y quitar ese impedimento que los hace mexicanos de segunda clase.

Pero otra cosa tiene, otra cosa es lo que dispone el artículo 130 en materia de la Iglesia, en cuanto a persona moral, Y aquí, antes de entrar a eso, yo sólo plantearía sobre el artículo 130 y el 24, si su origen es del siglo pasado y si actualmente pareciera ser discorde con una realidad internacional e interna en nuestro país en materia de derechos políticos, sino yo aquí también me preguntaría, y en su momento es sobre lo que debemos debatir, las causas, lo que originó estas leyes, la mano muerta, el acopio, el hecho que se convierte en un monopolio por esa fuerza religiosa espiritual que tiene sobre millones de mexicanos, ya desaparecieron.

Eso que nos llevó a una lucha fratricida, esos motivos que vienen desde el siglo pasado, yo me preguntaría ahora, ¿ya desaparecieron? Yo creo que es sobre lo que debe en su momento versar la discusión sobre la reforma o no a los artículos 130 y al 24 constitucionales. Pero en este momento, creo yo que esta decisión del señor Salinas, y más con los argumentos que dio el excelente abogado Lanz Cárdenas, me parece que refuerzan nuestra posición de que es anticonstitucional.

Creo, a mi juicio, que aquí, si nos planteamos nosotros dos problemas: las relaciones entre estados o la aplicación de una ley, en este caso de la carrera diplomática, tiene que ver precisamente con el contexto constitucional. Esto es, se puede establecer cualquier relación con un estado que reconocemos como tal, nosotros; no podemos partir de otro planteamiento del reconocimiento que dé la comunidad internacional a ese estado, porque en derecho, sabemos que hay una diferencia entre personas físicas y personas morales; las personas morales, y nosotros en nuestra doctrina jurídica el estado es una persona moral. Entonces, aquí vendría el problema en relación al texto, fundamentalmente la fracción V del 130.

Si pensamos de que se pueden establecer relaciones entre estados, y en este caso entre el Estado mexicano y el estado Vaticano, entonces estamos

reconociendo que el estado Vaticano es una persona moral y por lo tanto está violentándose lo dispuesto en el artículo 130; y por lo mismo, la aplicación de una ley secundaria en materia de carrera diplomática y consular, tiene que ver con esos estados a los que les reconocemos personalidad jurídica, como personas morales.

Entonces, no nada más está el problema de que la Constitución expresamente prohibe darle tratamiento de persona moral o de persona jurídica, que es lo mismo, a la Iglesia, y por lo tanto en cualquiera de sus manifestaciones como entidad internacional que es el Vaticano, y que por este motivo no puede haber una designación de parte de ninguno de los miembros de los poderes federales para ningún mexicano, sobre algo que, en derecho mexicano no existe, que es la nada jurídica, la nada jurídica no la nada política ni la nada social. que es la Iglesia.

Ahora, abundando en este sentido, yo estaba analizando las facultades o atribuciones que por lo mismo pueden tener los poderes, en materia de cualquier contexto jurídico, y en éste sería en relación a una persona jurídica o moral que es la Iglesia o el estado Vaticano.

La Constitución establece facultades, en el artículo 73 fracción XI, exclusivamente al Congreso, de crear empleos públicos. Si esta designación política, como la llamaron hace un momento, con el adjetivo de representante personal, es un nuevo empleo, y más con lo que dijo el senador Rangel en relación a la fracción II del artículo 89, también por el diputado Lanz, de que el titular del Ejecutivo podrá nombrar a los empleados de la Unión, cuyos nombramientos no estén determinados de otros modo en la Constitución; bueno, aquí se viene el problema. Ese empleo de los que ya están señalados, que no requiere su creación por el Congreso, entonces sí es parte de todo ese capítulo enunciativo de personal diplomático que señaló el diputado Lanz. Pero entonces también ese personal diplomático sólo puede actuar ante personas jurídicas reconocidas por el Estado mexicano y si no es personal diplomático que sea otro tipo de empleado de la Unión, pues quisiéramos saber de qué tipo de nombramiento y en qué parte del presupuesto de la Federación se encuentra.

Por lo tanto, si es un empleo público ya establecido para que tuviera relación con la cuestión diplomática, tendría que ser sobre las relaciones con los estados que el Estado mexicano reconoce y si no fuera así, tendría que crearse y eso sí es facultad exclusiva del Congreso de la Unión. Por lo tanto, en este sentido, el titular del Ejecutivo estaría violando la Constitución al crear un nuevo empleo.

Ahora, si se tratara de las facultades del Presidente, señaladas en el artículo 89 fracción III y X sobre nombrar ministros, agente diplomáticos y cónsules generales y dirigir la política exterior, había que diferenciar, insisto, primero, para nombrar ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales tenemos que estar ante una realidad jurídica que es el reconocimiento o que exista en nuestro sistema de derecho una persona jurídica que es el estado Vaticano, que no existe, que no existe para nuestro derecho no que no exista en la comunidad internacional, que no exista políticamente sino encuadrado en nuestro estado de derecho mexicano.

Entonces no puede nombrar tampoco en este caso porque estos nombramientos que señala la fracción III del 89, tienen que pasar por la ratificación, según el 79, fracción VII, por la ratificación de la Permanente en este momento o la fracción I del 76 en su momento del Senado si estuviera en funciones. Pero esto no es posible, insisto. porque el Estado, la iglesia católica, el Vaticano, no es una persona moral o jurídica reconocida por nuestro estado de derecho, por nuestro derecho positivo, por nuestro derecho vigente, en los términos que se quiera decir, de todas maneras nosotros tenemos que acatarlo como está señalado en la ley, en este caso la Constitución.

Y la otra facultad del titular del Ejecutivo que es dirigir la política exterior, pues evidentemente no tiene nada que ver con la designación de un representante personal. Aquí sale de lo que es designar al cuerpo diplomático y consular con dirigir la política exterior que no es proponer a alguien para que lo haga porque eso tiene una regla que es la que estábamos señalando en la fracción III.

Por esos motivos, yo no encuentro un fundamento constitucional para que el señor Salinas de Gortari haya designado y menos en los términos que aquí se dijo, como una designación política y luego se argumenta sobre una ley diplomática, pues no entiendo, o es designación política o es diplomática y menos a nivel de representante personal porque el señor Salinas sólo puede actuar como representante del Ejecutivo o como persona física, como persona física puede comprar una casa, puede comprar un vehículo pero como Presidente de la República tiene que ceñirse a los mandatos constitucionales, de tal suerte que en materia de otro tipo de empleo de la Unión sí puede, sí están presupuestados, puede designarlos, así lo señala con claridad esa fracción III del artículo 89 a que se refiere el senador Rangel, pero da la casualidad que en materia de personal diplomático, hay reglas especiales, entre ellas la ley secundaria que señaló

el propio diputado Lanz Cárdenas y las disposiciones constitucionales.

Aquí la pregunta sería, para que pudiera designarse personal diplomático. ¿hay relaciones de Estado a Estado entre México y el Vaticano? Claro que no la hay. Pero aún más: si el estado Vaticano es una persona moral, nosotros la estamos reconociendo en nuestro sistema de derecho, podemos contratar con el estado Vaticano aquí para que compre, no sé un lugar donde vayan a poner su sede diplomática, donde vaya a estar el representante de ellos. Podemos, podrá la Iglesia ser persona moral, tendrá personalidad jurídica la Iglesia.

Las relaciones jurídicas son sobre las bases de un marco jurídico donde se reconocen iguales o desiguales, pero con existencia, y en este caso legal.

Si el señor Salinas decidió nombrar un representante personal y quiere encuadrarlo en los empleados de la Unión, en otros empleados de la Unión que no merecen designación especial conforme a alguna ley, pues no tiene nada que ir a hacer al extranjero, nada tiene que ir a hacer al extranjero, porque entonces estaríamos ante una violación a la Constitución, porque ni es del cuerpo diplomático, no puede ser porque para esto se requiere el reconocimiento al Estado al que le vamos a enviar al personal, y ni podemos tener empleados de la Unión trabajando en el extranjero.

Ahora, si es un representante personal de el, como persona física, bueno, entonces tendríamos que preguntarnos, como ya se ha dicho aquí, ¿se le va a pagar sueldo?, ¿se lo va a pagar de su bolsa el señor Salinas? ¿los viáticos?, ¿el hospedaje?, ¿los boletos de avión?, ¿quién los irá a pagar?, ¿el Estado mexicano o el señor Carlos Salinas de Gortari, en cuanto un mexicano más?

Creo yo que afirmar que la designación política de un representante personal del titular del Ejecutivo, es una flagrante violación a nuestro mandato constitucional, a nuestro texto constitucional.

Otra cosa es y en su momento se deberá debatir, si deben o no reformarse las normas constitucionales, cualquiera y entre ellas el 24 y el 130. Como también se ha planteado que se reformen el 3o. el 27 y el 123, también se ha planteado que desaparezca el ejido, que desaparezca el derecho de huelga, que no haya instrucción pública, que ya no sea laica. Bueno, yo creo que todo mundo puede plantear esto y será en un debate democrático donde se deberán sustentar las bases sobre las cuales se hacen estos planteamientos. Pero en este momento, y más nosotros como miembros de un poder, estamos obligados estrictamente, en rigurosa interpretación de la Constitución, a que cumpla. Y no hay ningún argumento constitucional, mucho menos secundario, de esta designación, independientemente de cuestiones políticas o ideológicas. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Permíteme diputado Godoy, ¿acepta una pregunta del diputado Bátiz?

El C. diputado Leonel Godoy Rangel:

- Sí, cómo no.

El C. diputado Bernardo Bátiz Vázquez (desde su curul): - Señor diputado, aquí en el orden del día hay dos temas relacionados pero estaban separados en el orden del día. El grupo parlamentario del Partido Popular Socialista Habló sobre la vigencia de los artículos 3º, 24 y 130, mi intervención anterior a eso se refirió. Pero ahora usted realmente habló del punto número 14 que es sobre el nombramiento de un representante personal del licenciado Carlos Salinas. Este es el tema del punto 14, ¿no están ustedes todavía en reserva para hablar de este tema? Para saber si intervenimos nuevamente o esperamos lo que se presente.

El C. diputado Leonel Godoy Rangel: - Sí, sí diputado Bátiz, ese punto será tratado a continuación por el diputado Gómez, Pero hubo necesidad, creo que faltó y yo creo que estuvo en el espíritu del diputado Bátiz, de que el diputado Lanz Cárdenas, se refirió a eso y había necesidad de nuestra parte de fijar una posición, porque creemos que no es correcta, es una interpretación muy, pero muy floja de la Constitución.

El C. Presidente: - Para hechos, tiene la palabra el diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista.

El C. diputado Jesús Antonio Carlos Hernández: - Señor Presidente; ciudadanos legisladores: En principio quiero reiterar, en nombre de mi partido, el Partido Popular Socialista, nuestro profundo respecto a las creencias religiosas de los mexicanos. El derecho de los mexicanos a creer o a no creer está plenamente garantizado, ganado por el pueblo de méxico, y en este momento no está a debate ningún problema de carácter religioso; está a debate la violación a la Constitución por quien preside precisamente el Poder Ejecutivo de nuestro país, la autoridad más alta de la nación.

Y hemos dicho muchas veces y lo reiteramos ahora, y va en serio, que si en alguna circunstancia en alguna ocasión algún día alguien

pretendiese vulnerar el derecho de los mexicanos a creer o a no creer, el Partido Popular Socialista encabezaría la lucha del pueblo de México, tomaría las armas para restituirle a los mexicanos su derecho a creer o a no creer.

Por otro lado, y para referirme al antepreopinante, queremos decir que todo este largo alegato jurídico , yo diría digno de mejor causa y no de una causa perdida, como la que vino a defender el respetabilísmo diputado Lanz, carece de una serie de inconsistencias verdaderamente injustificables, aunque sí explicables.

Pienso, y disculpen el juicio subjetivo de mi parte, pienso que él vino aquí a realizar un acto de disciplina partidista, pero no de congruencia jurídica, política e histórica con su propio pensamiento. Quedará bien con su superior, pero muy mal frente a la historia de México.

El clero político, tanto mexicano como internacional, los titulares del estado Vaticano, hasta hoy, no han reconocido la legitimidad de las instituciones mexicanas, no han reconocido la legitimidad del Estado mexicano, con todo lo que ello implica, es decir, el acatamiento, el respeto irrestricto a la norma fundamental que regula la existencia del Estado mexicano.

El calificativo de almodrote de Querétaro, que hizo el clero mexicano, en su momento, sigue vigente en la boca, en la expresión y en el pensamiento de los personeros del clero político.

Hace unos días, el llamado obispo Talamás Camandari, de Ciudad Juárez, se refirió a la Constitución de una manera profundamente despectiva e irrespetuosa, entonces no es posible que el jefe del Ejecutivo designe un representante, y en este caso no se trata de la persona física efectivamente del señor Carlos Salinas de Gortari sino del presidente de la República, del titular del Ejecutivo de la Federación, ante una entidad que efectivamente ni existe jurídicamente ni ha reconocido la existencia legal de nuestro propio Estado mexicano.

La ley efectivamente es y debe ser dinámica y adecuarse a la realidad, tiene una doble función, ya lo hemos dicho muchas veces, ser un reflejo de la realidad pero también ser un acicate para la modificación de esta realidad; sin embargo, debemos ser cuidadosos con el manejo sociológico de la realidad, con el manejo de los términos legal, vigente o positivo.

Lo hemos mencionado en otras ocasiones, la ley penal de nuestro país prohibe, califica, tipifica como delito el apoderamiento ilegal de cosas muebles de una persona física y le llama robo; sin embargo, en nuestro país y particularmente ahora, en las condiciones de crisis económicas, los delitos patrimoniales son una realidad sociológica innegable, a tal punto que las agencias del ministerio público no se dan abasto para atender todas las denuncias, todas las querellas sobre este particular. No porque es una realidad sociológica la comisión de esta conducta vamos entonces a permitir que se dé sin tipificarla como delito.

En el estado de Puebla, por ejemplo, que conozco particularmente, no podría afirmar lo mismo de otras entidades del país, existen un promedio de 150 órdenes de aprehensión por cada distrito judicial que no se cumplen, que no se ejecutan, y esta realidad sociológica no podemos admitirla como una situación legal.

En consecuencia, efectivamente, se pueden tener intenciones de modificar todas las leyes y toda la Constitución, desde su artículo 1º hasta el último, pero por lo pronto, ciudadanos legisladores, compañero diputado Lanz Cárdenas, por lo pronto se cumplen. Se podrán discutir, se podrán proponer reformas, pero por lo pronto deben acatarse.

No quisiera referirme a cuestiones muy personales pero si en tratándose de un jurista tan prestigiado como el respetabilísimo diputado Lanz Cárdenas, pues siempre es bueno y es correcto que use con propiedad el idioma y particularmente los conceptos jurídicos.

En consecuencia, con todo respeto, yo me permitiría hacerle algunas pequeñas aclaraciones: Heráclito no fue el padre de la metafísica sino de la dialéctica, número dos, la doctrina Estrada no se refiere a la existencia o no de los estados sino a la legitimidad del gobierno de un estado que es distinto. Y tercero, el de Querétaro no fue el Constituyente Permanente fue simplemente el Constituyente, en tanto que el órgano revisor de la Constitución, a lo que se le ha dado en llamar Constituyente Permanente, es otra cosa muy distinta.

Finalmente, el Estado no solamente está o debe estar por encima de la Iglesia o de la corporación denominada Iglesia o de las iglesias, porque el Estado mexicano no se refiere a una en particular, ni mucho menos la Constitución, se refiere a las corporaciones, en plural, a las corporaciones denominadas iglesias a las que no solamente se les somete a la soberanía del Estado, sino que no se les reconoce existencia legal, personalidad jurídica.

Finalmente, y en el terreno de los hechos, y si es que acaso el pragmatismo va a presidir la función

del actual gobierno y no el estado de derecho, no el acatamiento y el cumplimiento de la Constitución, sino un pragmatismo vulgar, yo preguntaría, ¿cuáles son los beneficios que para el pueblo mexicano traerá la designación de este representante personal, llamado así, del presidente Salinas de Gortari o de un eventual establecimiento de relaciones con el Estado vaticano?

¿Qué nos puede comprar o que nos puede vender? Porque ésa es la importancia y trascendencia real del establecimiento y consolidación de las relaciones diplomáticas. Cuando los jefes de los estados extranjeros visitan a nuestro país o cuando el jefe de nuestro Estado visita otros países, pues no va a hablar sobre el clima ni a conocer las obras artísticas, el patrimonio cultural de cada pueblo, solamente; no va a paseo ni vienen de paseo los jefes de estado. Concretamente vamos y vienen, para saber qué les podemos vender y qué les podemos comprar, fundamentalmente. Y la acción de un jefe de Estado, de un Presidente de la República, es cumplir y hacer cumplir la Constitución, viendo en todo por el bien y prosperidad de la Unión.

En este caso no se vislumbra ningún bien, ninguna prosperidad de la nación mexicana, sino una traición a su patrimonio histórico, una traición a conquistas ya ganadas; en esto viene una aclaración al diputado Bátiz: un pleito ganado por el pueblo mexicano, no solamente en el terreno de la lucha armada, del enfrentamiento violento, sino un debate, un pleito ganado por los mexicanos en el terreno ideológico, filosófico, político. Pero no es posible, es inadmisible, indebido, que pretendamos llevar al pueblo mexicano a etapas ya superadas, a que se vuelvan a abrir heridas ya cicatrizadas y superadas plenamente por la historia. Pleitos ganados por el pueblo.

Aún está fresca en la memoria toda la sangre derramada, el dolor de las familias por los enfrentamientos entre los mexicanos, por cuestiones de carácter religioso y es muy peligroso que abramos la puerta, porque la derecha en cualquiera de sus formas, expresiones y manifestaciones no se conforma con una parte del poder, quiere todo el poder; y en este punto no podemos tener ambigüedades ni consecuencias o dudas, o somos o no somos.

Me permito reiterar mi propuesta que la han hecho suyas cuatro partidos políticos representados en esta Cámara, en esta Comisión Permanente. En su momento la secretaría tomará la votación, pero no será la toma de votación de la secretaría de la Comisión Permanente, lo digo y sin hipérbole, con toda seriedad, creo que pasará lista también la historia y que cada quien asuma su responsabilidad. (Aplausos.)

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado José Trinidad Lanz Cárdenas, para alusiones personales.

El C. diputado José Trinidad Lanz Cárdenas: - Con la venia de la Presidencia; señores legisladores: Quisiera dar contestación a alusiones personales del preopinante y del antepreopinante.

Rechazo categóricamente la etiqueta que gratuitamente se me adjudicó de personero del Poder Ejecutivo, soy diputado y muy orgulloso de serlo, muy consciente de cuáles son mis funciones y si hablo aquí es porque estoy de acuerdo con lo que digo en la tribuna, no vine a quedar bien con nadie sino vine a defender la Constitución y la ley.

En este sentido, respetable diputado Hernández, si digo lo que pienso es porque siempre pienso lo que digo; estoy de acuerdo con que podría haber discrepancias de opiniones.

En cuanto a las afirmaciones que usted me adjudica, sería cuestión de revisar la versión de los debates; en ningún momento afirmé que Eráclito era el padre de la metafísica, el padre de la metafísica, yo lo sé, fue Parménides, no Eráclito; Eráclito fue uno de los grandes filósofos en función del devenir, pero fue un precursor en cierto sentido de la metafísica.

En segundo lugar, tampoco dije lo que usted dice que dije, respecto de la Doctrina Estrada, solamente hice referencia a lo que hacía a su vez, análisis, el maestro Cervantes Ahumada, en un breve artículo que me voy a permitir después leer; tampoco dije que el Constituyente de Querétaro era el permanente, me parece que eso es de primer año; y si pude haber tenido un lapsus, desde luego, ni lo pienso ni estoy de acuerdo con él, el Constituyente de Querétaro, el VIII Congreso Constituyente de este país.

Respecto a todo lo que ya se dijo y en relación con el antepreopinante, creo que no debemos dar mas vueltas a la noria, ya todo se ha dicho con claridad, ya se ha mencionado lo que es y lo que ha sido y lo que puede ser esta decisión, y su base, tanto constitucional como legal.

Tal vez respondiendo a una imputación directa de que fui flojo, porque la interpretación fue floja, podré haber sido flojo, pero lo que me voy a permitir leer coincide totalmente con mi apreciación y es producto de una de las mentes más lúcidas de la Escuela de Derecho o de la Facultad de Jurisprudencia o como se llame, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es el doctor Raúl Cervantes Ahumada.

Este señor, en el artículo publicado el día de hoy El Sol de México, dijo textualmente lo siguiente:

"El hecho de que el Presidente mexicano nombre un delegado personal no es en forma alguna violatorio a la ley, y el fondo no altera las relaciones existentes. Admitimos la presencia de un delegado apostólico, exhibimos las buenas relaciones con los dignatarios eclesiásticos y hay paz entre la Iglesia y el Estado.

Como el delegado presidencial no tendrá investidura diplomática ni los poderes consustanciales a una embajada, su existencia no violará la Constitución. Debemos considerar también que el Estado vaticano existe como Estado soberano, reconózcanlo o no otros estados y en estricto rigor técnico - jurídico, una entidad es la Iglesia, como cuerpo eclesiástico y otra la entidad política Estado vaticano."

Esto no lo dijo un flojo, lo dijo uno de los más prestigiados juristas de este país.

No olvidemos que la teoría del reconocimiento fue rechazada por la Doctrina Estrada, y que esta doctrina es fundamental en la actual organización internacional, por réplica al preopinante. La contradicción entre el reconocimiento de personalidad jurídica a un Estado y la Doctrina Estrada, se aclara con los textos de las cartas de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos. El Estado Existe, aunque otros no lo reconozcan.

Conviene a México y al mundo, dados los vientos evolutivos que soplan en la Tierra, y principalmente en la transformación de la Iglesia católica, establecer amigables y aun profundas relaciones Estado - Iglesia, en beneficio de la paz universal. Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul:) - Pido la palabra para...

El C. Presidente: - ¿Para qué?

El C. diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul): - Para una pregunta.

El C. Presidente: - ¿Diputado Lanz Cárdenas, acepta una pregunta del diputado Godoy?

El C. diputado José Trinidad Lanz Cárdenas: - No, señor Presidente.

El C. Presidente: - No la acepta.

El C. diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul): - Entonces para hechos.

El C. Presidente: - Para hechos. Tiene la palabra, para hechos, el diputado Leonel Godoy Rangel, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El C. diputado Leonel Godoy Rangel: - Seré breve, porque quería hacerlo a través de una pregunta.

Señores legisladores: El problema nuestro es precisamente lo contrario. Vuelvo a insistir que hay una equivocación, una serie de equivocaciones en los supuestos jurídicos que ha señalado siempre el preopinante.

Aquí estamos ubicados equivocadamente. Yo creo, y parece que lo dije, a la mejor no con mucho énfasis, que la comunidad internacional puede reconocer, como así es, al Estado vaticano. Y por ejemplo en el marco del derecho internacional, yo por eso siempre me refería al marco del derecho mexicano, al interno, en el marco del derecho internacional pues el Estado vaticano participa con responsabilidad jurídica, es una persona moral que tiene participación en los foros internacionales.

Pero no es así el problema, en mi opinión; el problema es de derecho interno. Yo le preguntaría a cualquier abogado y entre ellos al maestro Cervantes Ahumada, que fue mi maestro en el doctorado, le preguntaría ¿si el Estado vaticano puede comprar un inmueble aquí en México?

Esa sería la manera de contestar a esa diferencia que se da entre la Iglesia y el Estado Vaticano. Aquí no hay necesidad de diferenciarlo, porque para nuestro régimen de derecho, para nuestro estado, para nuestro estado de derecho mexicano ni uno ni otro existen como personas morales, como personas jurídicas. Y éste debe ser, en todo caso, en su momento el problema de la discusión de la reforma o no constitucional; pero en este momento el Estado vaticano o la Iglesia católica no tiene personalidad jurídica y no puede realizar ningún acto o hecho jurídico con el Estado mexicano a través de alguno de sus poderes; ésta es la realidad.

El problema es pues de derecho mexicano interno, independientemente de las discusiones políticas e ideológicas que se están dando sobre las consecuencias de esta decisión de titular del Ejecutivo. (Aplausos.)

El C. Presidente: - Sí, senador.

El C. senador Eliseo Rangel Gaspar (desde su curul): - Para hechos.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el senador Eliseo Rangel, del grupo parlamentario Partido Revolucionario Institucional.

El C. senador Eliseo Rangel Gaspar: - Las palabras iniciales del diputado del Partido de la Revolución Democrática, ubicado en el ámbito del derecho internacional la cuestión de la designación del personero del señor Presidente de la República, parecía dar con el santo y seña del debate.

Y la distinción que debe hacerse entre el Estado vaticano, sujeto de derecho internacional, y corporaciones de denominadas iglesias tratadas de cierta manera por el derecho interno, me parecía que resolvía ya, y debe resolverse ya, el asunto a discusión.

Porque vean ustedes: el Estado vaticano existe en el concierto internacional y va a recibir un representante personal del presidente Salinas de Gortari sin que esto implique, en los términos de las instituciones específicas, como así ha ocurrido en varias ocasiones en etapa de nuestro ver histórico, el establecimiento de relaciones diplomáticas. Encontrarnos con un estado que existe para beneficiarnos mutuamente desde sus puntos de vista en el contexto internacional.

En los términos del derecho interno y de acuerdo a las tácticas de la Doctrina Estrada, nosotros en el caso del Estado vaticano ni negamos ni aceptamos su existencia. La Doctrina Estrada por eso es magnífica, la carta que don Genaro Estrada escribiera para fundar una de las cuestiones fundamentales en materia de derecho internacional.

Luego entonces, con bases en prescripciones constitucionales, con fundamento en lo que prescribe al respecto la ley secundaria, el presidente designa a un representante y está a salvo, queda al margen, fuera del contexto, de relación la perspectiva de una actuación normal de orden diplomática como estar en el Vaticano, que están definido, subrayado, deslindado por la Doctrina Estrada. Y se subraya solamente un objetivo de que la representación y el encuentro sirva para coincidir en cuestiones política internacional, que del interés de la comunidad internacional.

Nosotros en muchas ocasiones hasta hemos suspendido las relaciones con estados que mantienen cierta política; eso no quiere decir que desconozcamos su existencia, restablecemos los canales diplomáticos cuando lo consideramos necesario. En este caso vamos a tratar con un Estado, con un representante con condiciones sui generis para situaciones especiales.

Estamos en los márgenes dentro de la perspectiva histórica del Estado mexicano nacional, revolucionario, y por eso me preocupa que alguien confunda un simple acto de esta naturaleza con la cauda grande de luchas históricas que en el pasado vertebraron la historia nacional. ¡No señores!, estamos ante una cuestión más sencilla, más elemental, por mucho que le demos vueltas.

El C. diputado Pedro César Acosta Palomino (desde su curul): - Pido la palabra, señor Presidente.

El C. Presidente: - ¿Con qué objeto, diputado?

El C. diputado Pedro César Acosta Palomino (desde su curul): - Para precisar el sentido de nuestro partido.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Pedro César Acosta Palomino, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El C. diputado Pedro César Acosta Palomino: - Señor Presidente; compañeros legisladores: En el curso del debate sostenido hasta ahora, envuelve un conflicto de forma y fondo respecto al alcance de disposiciones jurídicas, para Acción Nacional no queda ajeno el hecho de que tal conflicto se desenvuelve en una realidad histórica, cambiante en sí misma y que provoca cambios en los protagonistas de la historia.

Cuando se invocan situaciones superadas por esa misma historia, como argumento básico y fundamental de una cuestión susceptible ciertamente de debate, pero por otros aspectos que su examen revela perfectamente comprensibles, no pueden, en el caso particular mío, dejarse de recordar aquellas palabras de Ortega y Gasset, cuando decía que: "el pueblo como tal no es malo, lo malo es querer volverlo presente".

En estas circunstancias, cuando se matizan y aun se introducen en el debate contradicciones y posiciones previamente enunciadas como inalterables; cuando se señala como una especie de fijación o se insinúa al menos la idea de que existen una oposición inmóvil de la cual no podemos pasar, desde el punto de vista de nuestra Carta Magna, simplemente podemos reiterar el sentido y el alcance del artículo 135 constitucional.

Pero esto no es propiamente el debate, aquí se estaba primero señalando violaciones al artículo 3º al 24 y al 130, y de ahí se pasó a si hay o no facultades expresas, y si para que el Presidente de la República designe a un representante personal

ante un Estado, que si bien existe el derecho mexicano no lo consigna, como si efectivamente esto tuviese que ser una discusión de fondo.

Para efectos específicos de nuestro voto, por las razones que se pueden dar en este momento porque no está a discusión, sino en el próximo punto de la orden del día donde se establecerá claramente el alcance de las disposiciones que están sometiéndose prematuramente a debate, la diputación de Acción Nacional votará por razones de forma y fondo y como una especie de congruencia normativa en cuanto a contribuir a la claridad del debate, en contra de la propuesta hecha por los partidos signantes. Gracias.

El C. Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si la proposición hecha por el Partido Popular Socialista está suficientemente discutida.

El C. secretario senador Fernando Silva Nieto: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición presentada.

Los que están por la afirmativa, favor de manifestarlo... Suficientemente discutida, señor Presidente.

El C. Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si se admite o se desecha la proposición presentada por el Partido Popular Socialista.

El C. secretario senador Fernando Silva Nieto: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si la proposición presentada se acepta o se desecha.

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.

El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: - Señor Presidente, parece que debe tomarse la votación contraria.

El C. Presidente: - Que tome la votación la secretaría.

El C. secretario senador Fernando Silva Nieto: - Quienes estén por la opción de que se deseche la proposición, favor de manifestarlo... Desechada, señor Presidente.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Pablo Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática sobre el nombramiento de un representante personal del licenciado Carlos Salinas de Gortari ante el Vaticano.

El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: - Ciudadanos legisladores y ciudadanas legisladoras: Creo que amerita una explicación el porqué nosotros inscribimos este punto del orden del día a pesar de que el Partido Popular Socialista presentó una propuesta que también se refiere al mismo tema; como ya me parece que se demostró en el curso del debate inmediatamente anterior, la cuestión tomó un sesgo eminentemente jurídico en el cual nosotros también participamos con nuestra opinión, pero nosotros quisiéramos atender este asunto no sólo desde el ángulo jurídico sino en términos más generales.

En relación con lo primero, en la que el diputado Godoy expresó aquí nuestro punto de vista acerca de la cuestión jurídica, habría que agregar muy brevemente sólo dos o tres cosas. Los agentes especiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores que normalmente son personas nombradas por otras dependencias del Poder Ejecutivo, están normados dentro de la Ley del Servicio Exterior porque de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Secretaría de Relaciones Exteriores es el órgano del Ejecutivo que se encarga de las relaciones exteriores.

Se trata de personas que van a congresos, si un enviado, entre otras cosas, si un enviado del gobierno mexicano concurre a una convención internacional sobre el medio ambiente por ejemplo, no tiene la calidad diplomática, pero tiene la representación del gobierno, cumple una determinada función y se rige también por la Ley del Servicio Exterior, dado que la Secretaría es la entidad que se encarga de las relaciones exteriores.

Pero en forma alguna se trata aquí de personas que cumplen funciones de representación de carácter diplomático y menos aún se trata de personas que puedan representar para cualquier género de asuntos al Estado mexicano.

El señor Téllez Cruces, nombrado como representante personal de Salinas ante el Obispo de Roma, señor Wojtyla, va como representante del Poder Ejecutivo, de otra forma no se entendería por qué ha sido nombrado. Y esto es lo que nos parece completamente ilegal, puesto que no se trata de un agente especial, no se trata de un cargo de orden diplomático, ni tampoco administrativo dentro de la ley del servicio exterior. Además, muy a pesar de lo que dice el señor diputado Lanz, Salinas no anunció que estaba nombrando un agente especial; anunció que nombraba un representante personal. Representantes personales no hay en las leyes mexicanas, sencillamente. Si él hubiera dicho que estaba nombrando un agente especial, descubriríamos si en efecto se trata de un agente especial; pero si el señor Salinas dice que

no nombra un agente especial, sino un representante personal, nosotros entendemos que está en efecto, nombrando un representante personal. Y de ahí nuestra pregunta de quién va a pagar los viáticos, porque el Estado mexicano no tiene por qué pagarlos. No tiene por qué andar pagando los caprichos de los funcionarios públicos.

Ahora, el asunto en realidad, el asunto jurídico pues se agota muy rápidamente, tiene un límite, tiene un tope y cualquiera puede en efecto entender que el Presidente no puede hacer lo que quiera, sino que sus actos tienen que ajustarse a las leyes. Pero la cuestión de fondo quizá no se agote tan rápidamente.

Y detrás de que se nombró al señor Téllez Cruces como representante personal de Salinas ante el Obispo de Roma, hay toda una serie de otras cosas: primero la persona, que dicho sea de paso fue, es una persona que tiene carrera en el Poder judicial, fue juez segundo de distrito en materia penal que sentenció a los presos políticos del movimiento ferrocarrilero de 1959, de manera que ésta no es una buena carta de presentación de ninguna manera. O sea, que es una persona que acabando una consigna del Ejecutivo, sentenció a un conjunto bastante grande por cierto, de luchadores sociales que eran sindicales y políticos y quizá ésta sea una de las razones que tomaron en cuenta para nombrarlo.

Pero hoy quisiera decir que a propósito de cumplimiento de las disposiciones constitucionales, el justo medio que entre paréntesis me parece que nadie debería tratar de imponerle a los demás la filosofía aristotélica, que eso me parece ya un exceso, se habla por un lado de pluralismo y luego nos quieren imponer la necesidad de actuar de acuerdo con ese principio de justo medio. Se parece más bien al del bien común que plantea el Partido Acción Nacional.

Yo creo que de acuerdo con ese principio y con esa categoría filosófica aristotélica, no se puede analizar el problema actual, relativo al clero.

Yo creo que el nombramiento de Téllez Cruces, es el preámbulo del establecimiento de relaciones diplomáticas con el Vaticano. Y yo creo que a ninguno de los que estamos aquí honradamente, eso nos es desconocido. En efecto, es un primer paso. Después de 60 años el Partido Revolucionario Institucional ha decidido cambiar de posición; pero hay un examen de conjunto y una valoración de la situación actual del asunto referido a la Iglesia en su conjunto y al clero en especial en nuestro país. Se ha expuesto por parte de Salinas o de los voceros del Partido Revolucionario Institucional una consideración de conjunto sobre este problema. ¿O se trata de ir agregando hechos consumados solamente?, que no saben, con toda precisión, exactamente a dónde van.

Se conoce el rumbo general, pero no se sabe el conjunto de objetivos y de propósitos que hay en el reexamen del problema. A mí me parece que un partido serio y más todavía un gobierno serio, que desde luego éste no lo es, debería exponer con toda responsabilidad su visión de conjunto y sus propuestas globales todas ellas, en relación con el problema de la relación entre la Iglesia y el Estado y de la cuestión del clero específicamente, pero no lo hacen.

El gobierno simplemente va tomando hechos determinados, hechos consumados y poco a poco va imponiéndolos. Esto no me parece ni serio ni responsable, sino absolutamente poco serio y totalmente irresponsable cuando se trata de un gobierno.

Si la idea, como en efecto parece ser, entre otras, quizá, es la de establecer relaciones con el Estado vaticano, como elemento privilegiado para atender el problema de las relaciones Iglesia - Estado y la cuestión del clero, me parece que se está empezando por el peor lado. Y éste es el peor lado, porque las cosas se encaminan hacia una relación absolutamente corporativa entre el Estado y la alta jerarquía de la Iglesia católica, empezando desde luego, por el jefe de esa Iglesia que es el Obispo de Roma.

Ha habido una serie de pronunciamientos en los últimos años, alrededor del problema de las relaciones Iglesia - Estado y alrededor de lo que la Constitución a este respecto señala en varios de sus artículos.

Cuauhtémoc Cárdenas planteó el 5 de mayo de 1988, una serie de cuestiones dirigidas justamente a atender este problema desde un ángulo relativamente nuevo. La Iglesia no respondió, no fijó su posición, me refiero en este caso no a la Iglesia como entidad sociológica, sino me estoy refiriendo, en este momento me referí, a la alta jerarquía católica, específicamente al episcopado como una entidad y a los órganos del episcopado.

Tampoco el delegado apostólico lo hizo. El gobierno de México no dijo nada a este respecto. Existe, en efecto la presunción bastante fundada de que hay un cierto nivel de acuerdo entre la alta jerarquía católica y el gobierno mexicano, puesto que los temas introducidos a la discusión provenientes de la figura más importante de la oposición en nuestro país no tienen para ellos la menor importancia.

El enfoque hecho por Cárdenas del 5 de mayo de 1988, en el Zócalo, no fue ni siquiera una declaración de Prensa sino un discurso escrito, pronunciado, en una concentración donde había muchos miles de mexicanos, plantea, en efecto, la necesidad de una nueva concepción alrededor de la cuestión de las relaciones Iglesia - Estado y en particular sobre el clero católico, aunque en general sobre el clero de las diversas religiones.

Que entre paréntesis diría yo que este problema no debe concentrarse exclusivamente en el análisis de la relación entre el Estado y la Iglesia católica sino en general con las iglesias, que en este país son varias, querámoslo o no lo queramos. Y aunque no tengan muchas de ellas patriarcas o jerarcas nacionales o internacionales, y de todas maneras existen a nivel de la comunidad, a nivel de los lugares.

Este nuevo planteamiento, este enfoque, no empieza del análisis de una relación corporativa entre el Estado y sus órganos con las iglesias y los organismos jerárquicos superiores de éstas, sino por plantearnos en primer término el poner la Constitución a la altura de los derechos humanos en esta materia, la libertad de expresión.

La libertad de expresión de acuerdo con el 130 de la Constitución, no existe en todos los casos sino que tiene restricciones para los sacerdotes. Los sacerdotes no pueden criticar al gobierno, a los gobernantes en particular ni a las leyes fundamentales del país, mediante sus expresiones en juntas, aunque desde luego la Constitución no prevé que lo puedan hacer a través de una radiodifusora, por ejemplo, que no existían en 1916, esto no se comparece con los derechos humanos.

Nosotros consideramos por ese motivo que es necesario discutir la necesidad de restituir, aquí, el término preciso, a esos mexicanos que se dedican al ministerio del culto su libertad de expresión sin restricciones y analizar, por lo tanto, que en el marco del ejercicio pleno de los derechos políticos para todos los mexicanos, podrían concurrir también como mexicanos, como ciudadanos mexicanos a la conformación de la representación nacional.

Pero se nos plantean otros problemas, porque la jerarquía católica mexicana no está especialmente interesada en restituir a los sacerdotes sus derechos a la libre expresión de las ideas en todos los aspectos, incluyendo la crítica al gobierno, a las leyes, y a los gobernantes, y no está interesada tampoco en que se le restituya su derecho al voto. No es eso en lo que en esta jerarquía católica o por lo menos la corriente principal dominante dentro de la Iglesia católica a nivel de su jerarquía, está principalmente impulsando, está impulsando otra cosa, está impulsando el que el Estado le reconozca a la Iglesia sus cualidades corporativas, resuelva los problemas entre el Estado y la Iglesia e incluso entre la Iglesia y el conjunto de la sociedad, en la forma corporativa y vertical con la que el Estado mexicano ha emprendido sus relaciones con otros sectores, por ejemplo el patronal, el sindical, el agrario, etcétera.

Son las relaciones entre las altas esferas dirigentes, son los acuerdos absolutamente por arriba, son las formas de la relación vertical. No encierra, por lo tanto, la línea de Salinas, en materia de relación Estado - Iglesia y en materia de la relación específicamente con el clero, una concepción democrática; está empezando por el lado que nos lleva no a avanzar en el objetivo de conquistar que la Iglesia y su jerarquía hagan un compromiso democrático y de un compromiso nacional, sino al revés. En la línea de alejar la posibilidad de que la Iglesia se vea precisada a aceptar, a admitir un compromiso democrático y un compromiso con la nación.

Pero en el seno de la Iglesia existen corrientes que están dispuestas a avanzar, a poner su contribución positiva para lograr que la Iglesia como tal, realice ese compromiso nacional y ese compromiso democrático.

Unas relaciones con el Vaticano en este momento, un concordato entre el Estado mexicano y el Estado vaticano, establecería las formas a través de las cuales el clero, el conjunto de los sacerdotes y las instituciones eclesiales del país, normarían su relación con el Estado mexicano, con el Ejecutivo y con todos los órganos del Estado. Y en esa medida afectarían también las relaciones entre la Iglesia y la sociedad.

Llegar a un concordato es lo complicado, desde el punto de vista de la democracia y del interés nacional.

¿Qué quiere México respecto de las iglesias? Y aquí también podemos echar mano de la historia. No me voy a referir a esa locura que se le ocurrió al general Calles de hacer una Iglesia católica mexicana, que no tenía ninguna viabilidad. Me refiero yo a lo que la historia nos enseña, de lo que la nación mexicana ha querido hacer y pactar con la Iglesia católica; con una iglesia que tuvo fueros, privilegios, su propio código penal interno, que era intocada e intocable, no sólo por lo que hicieron las altas jerarquías eclesiales durante la lucha por la Independencia, la Reforma, la Revolución, etcétera. No, sino porque la nación mexicana alcanzó a comprender que la libertad de cultos no debería ser un obstáculo para el funcionamiento de la sociedad, de que las organizaciones eclesiásticas deberían no solamente

respetara la sociedad civil, no solamente respetar al Estado, sino asumir como suyas las normas de la república y tratar, ciudadanos legisladores, de que una institución monárquica, como sigue siendo la Iglesia católica, admita como válidas, respetables y se obligue a respetar las normas democráticas de la república, no solamente es el que admita la existencia del Estado como poder establecido, no, sino que defina también cuál es su posición frente a esas normas y a esa vida republicana.

La Iglesia católica está dispuesta a no utilizar su ascendiente espiritual en materia política, a aceptar de entrada que en el seno de la Iglesia, aquí tomada como expresión general, no solamente clero, sino clero y también, desde luego, fieles de la Iglesia, puedan formar parte de cualquier partido u organización política, sin que tal decisión en un momento determinado sea declarado por la Iglesia, o sea, en este caso, sí, por la alta jerarquía eclesial como incompatible con la fe católica, ¿A ello está dispuesta la alta jerarquía del clero católico en México, a hacer ese compromiso con la democracia, a dar libertad también a los sacerdotes para que puedan simpatizar con cualquier partido sin que en un momento determinado la jerarquía considere que tal posición es o está en contradicción con la fe católica o con los mandamientos de la Iglesia? Esta es la pregunta que hay que realmente responder; bueno, hay que empezar por formularla, pero en el gobierno no se están formulando esta pregunta, en el gobierno están atendiendo el asunto de otra forma, quieren una relación entre el Secretario de Gobernación, el delegado apostólico que ya sería el nuncio apostólico, con investidura diplomática, enviado por el Obispo de Roma, para atender si a caso junto con el presidente de la Conferencia Episcopal, los asuntos de la Iglesia católica mexicana, y de las bases sobre las cuales esa Iglesia se va a relacionar no sólo con el Estado sino también con la sociedad; éste es el problema.

Nosotros necesitamos también un compromiso nacional del clero católico mexicano; ellos dicen, y con razón, me parece, nosotros somos mexicanos como cualquier otro mexicano, es cierto, lo son, y no creo que a estas alturas vamos a discutir esa cuestión, pero debe haber un compromiso de carácter institucional no sólo frente al Estado, sino lo que es más importante frente a la nación.

¿Cómo vamos a lograr, a conquistar ese compromiso nacional que nunca a las claras lo hemos podido conquistar, por lo demás, de la Iglesia católica mexicana respecto de la nación?, yo creo que para ello no se requiere desconocer la existencia del papado, pero se requiere obligatoriamente una clara definición, no de Wojtyla sino del episcopado y de todos los sacerdotes de México, eso es lo que se requiere, eso no se conquista en un concordato yo creo que se aleja, porque en un concordato lo que hay es el compromiso de la representación de la estructura del Vaticano, que repito que es una estructura ya bastante vieja en muchos sentidos, sigue siendo monárquica. Y de esa manera, decía, no vamos nosotros a lograr el desarrollo de un compromiso nacional de la Iglesia católica en México.

Se va a establecer simplemente la relación a través de ellos, a través de algo que esa fuera de nuestro país y que no vive en realidad de nuestro país.

Hay muchos sacerdotes, ciudadanos legisladores, que no les parece nada agradable el estar pensando que su relación va a ser ahora a través de un concordato. Hay otros que piensan que el concordato podría servir, pero dejaría pendiente la necesidad de un compromiso democrático y de un compromiso nacional de la Iglesia católica.

Pero la vía que Salinas nos ofrece, es la peor vía; la peor vía de todas.

Habría que hacer estas reflexiones, incluso un poco más lejos. La diversidad de la Iglesia. La Iglesia católica a nivel mundial ha desarrollado muy respetables y yo diría que admirables en algunos aspectos tendencias hacia admitir la diversidad y cierto grado de pluralidad.

Ni el Estado, ni la sociedad, ni ninguna entidad, de ningún género, le puede exigir a la Iglesia que ella misma cuestione las bases de su sustentación. La República, en pocas palabras, no le puede exigir a la Iglesia que modifique su estructura monárquica. Me parece que sería absurdo y también ilegítimo.

Pero lo que sí le puede exigir es que concurra, en su diversidad, a las reglas de un pluralismo democrático. Eso sí le puede exigir. Porque ahí ya no operan las leyes y mandamientos de la Iglesia, y mucho menos operan los mandamientos divinos.

Pero hay curas en este país, señores, el señor Corripio, que considera que existe una contradicción especial entre el militar en un partido y la fe católica, y lo ha puesto por escrito, con una teología de lo más atrasado, casi medieval. Pero, bueno, finalmente siguen creyendo en eso. Parece que el Concilio Vaticano II no pasó o todavía no asimilan lo que se dijo ahí; pero, bueno, ésa es la realidad también de una parte del clero.

Y el señor es Arzobispo Primado y además es Cardenal. Príncipe de la Iglesia.

Tendríamos que llevar las cosas entonces más lejos, porque la línea de Salinas en materia de atender el problema del clero y de la Iglesia nos puede llevar a situaciones peores a las que hoy tenemos, de simulación y de..., pues no hacer caso simplemente de mandamientos hechos por unos señores Constituyentes que estaban reunidos ahí en un teatro, por ahí en Querétaro, en 1916.

Esto es un problema muy serio. Si el gobierno ha solapado durante décadas el que no se respete íntegramente el artículo 130, y por cierto el artículo 3º también. Que tampoco se ha respetado íntegramente, y todos lo sabemos, en esta materia. Y tampoco se ha respetado lo que dice el 27, porque a través de interpósitas personas se han hecho cosas y la Iglesia tiene bienes que no son parte del patrimonio nacional. Y se destinan al culto, etcétera.

Muy bien, se dice que son realidades, la realidad vale más que la Constitución desaforada de los Constituyentes de 1916. Pero un gobierno serio no puede dar estos argumentos; un gobierno serio tiene que enfrentar el problema y proponer una solución, y como se la han pasado evadiendo las cosas y simplemente creando situaciones de hecho, hoy en día vuelven a aplicarnos la misma medicina.

El Estado no reconoce a las asociaciones denominadas "Iglesias", le puso el Constituyente por el lápiz de..., seguramente del general Mújica o del general Jara, pues entre los dos estaban redactando esa parte. Y de repente resulta que sí, que todo eso no era cierto, que siempre las ha reconocido, jurídicamente incluso, solamente que de alguna manera. ¡Y que hoy se reconoce al Obispo de Roma!, que hasta donde yo sé pues el obispado es un cargo eclesial, como jefe de Estado o como interlocutores de esta materia.

Muy bien, pero, ¿por qué de esta forma? Esto es algo que debería motivar nuestras reflexiones.

Orillar a la Iglesia en todos sus niveles a la clerecía en su conjunto y a las instituciones eclesiales, a un compromiso con la democracia, a un compromiso nacional es, me parece a mí, la tarea del momento actual en esta materia. No por la vía de un concordato; por la vía de un entendimiento y un diálogo entre mexicanos responsables, entre los clérigos mexicanos.

La constitución, señores, dice que para ser cura en este país hay que ser mexicano. Todavía hay quienes dicen que no son mexicanos los curas. Y la Constitución dice más en ese texto de aquellos generales, dice que son profesionales o profesionistas como se les llama a los sacerdotes; o sea, que ejercen una profesión.

Nosotros tenemos que encontrar las vías de un entendimiento republicano con esos individuos que constituyen una organización, en efecto. Pero a mí me parece que, pues argumentos torcidos de tipo jurídico, como los que hemos oído aquí, me son verdaderamente sacados de los pelos, como eso de que el señor Téllez Cruces es agente especial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, o como esto de que han cambiado tanto las cosas que ahora se puede hacer lo que se quiera, sin definir objetivos, sin plantear los medios a través de los cuales se pueden hacer las cosas, ¿y qué cosas son las que tienen que hacerse?

Yo creo que sí existe un problema con cierto tipo de clero reaccionario, completamente antidemocrático, que como se ve unos apoyan al Partido Revolucionario Institucional y otros al Partido Acción Nacional, si me lo permiten y lo hemos visto en los hechos.

Pero aunque sea muy duro y muy difícil de conquistar este objetivo del compromiso con la democracia y del compromiso nacional, eso es lo que habría de intentar; y esto le daría mucha más fuerza a aquel clero que quiere el compromiso nacional y que quiere el compromiso democrático. Y que tampoco es minoritario, como algunos suponen; aunque en efecto es minoritario, y lo va a seguir siendo por algún tiempo.

Emprender esa lucha, concertar al gobierno, al Congreso, a los partidos políticos, a esos segmentos del clero interesados en esta solución, al pueblo católico al que le interesaría, fundamentalmente a él, esta solución, sería la pauta que habría que dar en este momento, sería la línea que hay que trazar en este momento. Porque ir a discutir aisladamente de esa realidad, la cuestión de las relaciones entre México y el Vaticano, es la puerta más falsa que puede haber en este momento, y es a lo que nos quiere orillar el señor Salinas, que yo creo, que bueno, pues haciendo uso de toda su influencia política, puede llevar por ese camino también a muchos compañeros suyos de partido; pero que en estricto sentido y en conciencia, a mí me parece que cada quien debería libremente, dar un aporte a ese debate de fondo de la cuestión de las relaciones entre el Estado y las iglesias, y en particular, la cuestión del clero católico mexicano. Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, del Partido Popular Socialista para hechos.

El C. diputado Jesús Antonio Carlos Hernández: - Compañeros legisladores: En aceptación de este discurso del compañero diputado Pablo Gómez, que ha tenido a bien

brindarme esta exposición, quiero en respuesta referirme a dos cuestiones que preocupan al Partido Popular Socialista, no sin antes reiterar, como lo hemos hecho muchas veces, el profundo respeto que nos merecen las creencias religiosas de los mexicanos.

Porque efectivamente, una cosa son los mexicanos creyentes o no creyentes, y otra cosa muy distinta es la corporación, la jerarquía, el clero político, que es el que, aprovechando o manipulando los sentimientos religiosos de los mexicanos, medra en su provecho político, económico y personal. Esas cuestiones han sido debatidas por mucho tiempo, en muchas ocasiones, y la resolución que está en nuestras leyes fundamentales, es la solución mexicana a estas cuestiones.

No hay que olvidar que los ministros de culto, por lo menos los del culto católico, son súbditos de un Estado extranjero, a quien juran obediencia en la vida y en la muerte, y en tanto esta decisión personal, este juramento individual subsista y no la sujeción y obediencia a las instituciones mexicanas, no podemos darles otro tratamiento, y si está establecido no solamente en la Constitución sino en todas y cada una de las leyes reglamentarias, para ocupar cualquier cargo o empleo público una de las condiciones es no ser ministro de culto ni haber pertenecido al estado eclesiástico, como una medida de preservación del Estado mexicano para evitar que se vulneren de algún modo las instituciones en este punto.

Pero respecto de la propuesta del compañero diputado Pablo Gómez, del Partido de la Revolución Democrática, con toda responsabilidad, hablando en nombre de mi partido, el Partido Popular Socialista, con todo respeto podríamos decirle una cosa, que lo nombramos nuestro representante para hacer las gestiones conducentes, a efecto de lograr que el clero mexicano declare su plena y absoluta independencia del Vaticano y que si se logra, en ese momento nosotros asumimos esa misma posición.

Yo creo, con todo respeto, que este planteamiento es caer en la más absoluta ingenuidad política.

Ese movimiento peculiar de la Iglesia católica apostólica mexicana, tiene antecedentes que se hunden en los siglos de la historia de México y ha quedado en un buen deseo y no hay que olvidar, dicen "que el camino del infierno está sembrado de buenas intenciones".

Nosotros creemos que las cosas como están en la Constitución en este punto, deben así mantenerse por un prurito de sectarismo, jacobinismo, dogmatismo o como se le llame, sino por un elemental principio de congruencia y de respeto a las luchas heroicas de los mexicanos y porque no aceptamos de ningún modo, que modernización signifique volver al pasado. Permítaseme la cita bíblica: "quien mire al pasado se convierte en estatua de sal". Muchas gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra sobre el mismo tema el diputado Arturo Armendáriz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

EL C. diputado Arturo Armendáriz Delgado: - Señor Presidente, compañeras y compañeros legisladores: El día de hoy se ha traído en diferentes evocaciones, a esta tribuna, la historia de la nación. En muchos de los casos, no se han mencionado ni episodios, ni nombres, sin embargo cuando se habla de este tema, ha vagado a ratos la figura de Morelos y en otros ha vagado la figura de Abad y Queipo.

Sentimos que de alguna manera todos los participantes han hecho hincapié en la importancia del tema, de la importancia histórica, de la importancia social y hemos traído a la misma la serie de contradicciones que se han dado no solamente en la vía republicana, que se ha dado no solamente en la vía jurídica, sino que incluso se dan dentro de la organización de la Iglesia católica en México. En suma, hemos traído a esta reunión el bosque; hemos traído una serie de argumentaciones; hemos traído además una serie de remembranzas. Pero realmente consideramos que dentro del bosque hemos perdido el árbol.

Señores, el tema es el nombramiento de un representante personal ante la entidad del Vaticano; un representante que sí está previsto por supuesto, independientemente de las interpretaciones que se le quiera dar a la ley del servicio exterior mexicano, entre aquellos considerados como especiales y no sujetos ni al servicio de carrera, ni al servicio consular ni al administrativo. Es una de esas figuras, que además existen otras, las de cónsules honorarios que tienen otras características muy diferentes, las hay de representantes ante convenciones o congresos, las hay para misiones especiales, etcétera. Y tiene por objeto la exploración de mecanismos para el diálogo, es decir, se exploran las posibilidades, sin el reconocimiento del Estado vaticano, de quien mediante el diálogo se comprenda, se entiendan las circunstancias, las exigencias de las partes y con base en ello, se tenga un criterio, se tenga la posibilidad de elaborar con base en las exigencias de la relación, un programa, un plan o un método como alguien aquí lo ha solicitado.

No es por supuesto la única entidad con la que en estos momentos estamos explorando la posibilidad de relaciones; es el estado de Chile también, de la República de Chile. Pero además con el Vaticano y de acuerdo con la información internacional, no somos el único Estado que explora la posibilidad de relaciones mediante agregados, de enviados especiales, no diplomáticos, sino además conocemos que países como Rusia que no tiene el porcentaje en su población, de católicos, explora además la posibilidad de relaciones.

Ahora bien, aquí se ha agregado al debate no solamente la posibilidad de la exploración de estas relaciones; no solamente la exploración de los posibles planteamientos que haga el Estado vaticano, sino hemos ido más allá: hemos hablado, se ha hablado de la vigencia de algunos principios constitucionales que se compondrían con un supuesto concordato, sin conocer primero, si realmente de esta exploración va a traer como resultado la celebración de ese concordato.

Por otra parte, también debemos establecer que una cosa es la relación con el Estado vaticano y otra es, mucho muy independiente, no independiente, mucho muy especial pero con características especialísimas, el hecho de que qué sentido tiene la educación en este país o qué sentido tiene que tener la educación de este país.

Un sentido también es si las normas constitucionales que regulan el culto o los diversos cultos, están o no ajustadas a la realidad actual, violen o no principios de derecho universal. Esto será el gran debate nacional por supuesto. Yo quisiera señalar que ese gran debate tendremos que darlo por supuesto antes de cualquier compromiso, porque a posteriori, es muy reciente la historia de la nación italiana. En condiciones especiales en la década de los años veinte se establece un concordato que entre muchas otras cosas, establece el reconocimiento al matrimonio indisoluble religioso, de acuerdo como lo concibe el derecho canónico; sin embargo, posteriormente, el pueblo italiano contra el compromiso de Estado - Iglesia, en un referendum decretó la existencia del divorcio y corrigió el concordato celebrado entre Iglesia y Estado. Esta es una de las demostraciones del pueblo italiano; existen otras.

Si embargo, antes de un compromiso, antes de la celebración de un tratado tendrá que haber, por su puesto, un debate nacional. ¿Qué es lo que este país, qué es lo que los nacionales de este país deseamos de relación con el Vaticano y con la celebración de un posible tratado?

Pero esto, vamos velando las armas y preparando los puntos de vista de cada partido para lograr y formar la gran voluntad popular de la nación. Sin embargo, y desde este punto de vista, ahora, vamos a esperar la exploración que se hace de las posibles relaciones Vaticano - Estado mexicano. Y, de ello, podremos venir al debate y podremos también sacar otras conclusiones.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Bernardo Bátiz Vázquez.

El C. diputado Bernardo Bátiz Vázquez: - En este asunto que nos ha llevado ya largas horas debatir, porque en realidad los dos temas que se han tratado están íntimamente relacionados que podemos decir que es una sola y única discusión la que ha tenido aquí lugar, creo que han quedado muchos puntos que requieren alguna afinación y quizá alguna aclaración.

Ya el diputado Pedro César Acosta adelantó la posición del Partido Acción Nacional. En cuanto al fondo de este asunto nosotros creemos que el reconocimiento de la realidad de la Iglesia católica es una entidad perfectamente bien identificable no solamente desde el punto de vista de la sociología, sino también desde el punto de vista del derecho internacional. Los tratadistas de derecho internacional reconocen que los sujetos de derechos internacional son, por esencia, los Estados; pero que existen otras entidades que también son sujetos de derecho internacional, y entre esas entidades sitúan a la Iglesia católica, que requiere, por supuesto, para su existencia, de un territorio; pero es un territorio mínimo y simbólico, inserto dentro del territorio de un estado nacional que es Italia.

Este reconocimiento a la Iglesia, como una entidad de derecho internacional, es un objetivo al que se debe de llegar a través de diversos pasos que se van dando. En el fondo, repito, estamos de acuerdo en que se vayan dando estos pasos; sin embargo, en la forma nos parece que existen cuestiones oscuras e imprecisas que habrá que ir afinando en la práctica.

El gobierno de Carlos Salinas pues carga con una larga tradición de jacobinismos, de anticlericalismo, de una ideología oficialista contraria a los pasos que se van dando y tiene que buscar necesariamente fórmulas y maneras para adelantar en estos terrenos.

Pero eso no nos autoriza a confundir las cosas. Los concordatos ya no se usan, pertenecen a un pasado de las relaciones de la Iglesia con los estados, son otras fórmulas las que se emplean ahora. En las relaciones que existen entre la

corona española y la Iglesia, los concordatos que se firmaron sucesivamente establecían injerencias recíprocas y más bien intervenciones estatales en la vida de la Iglesia, el pase real para los nombramientos de los obispos, el real patronato que se reservaba el rey en España y que el virrey ejercía en Nueva España, eran injerencias del gobierno del estado de la representación política de la España y de la Nueva España en la vida de la Iglesia. Y la Iglesia se reservaba también en esos convenios que celebraba con la corona sus propios derechos para hacerlos valer.

Cuando México se independiza de España hay momentos en la historia del país en los que el gobierno mexicano considera que es heredero del real patronato y quiere ejercer esas facultades que tenía la corona española, la Iglesia se resiste y se inicia un proceso de luchas y desgastes que afortunadamente termina con la separación oficial de estas dos entidades que tienen, por otra parte, ámbitos totalmente diferentes de jurisdicción.

Pero aquí se presentan otros puntos, se dice reiteradamente por todos, nadie está en desacuerdo con esto, que se respetan las creencias del pueblo de México. Y es que sería simplemente imposible no respetar las creencias, la creencia es un acto psicológico, individual de la conciencia, y se diga o no se diga que se respeta, la creencia necesariamente se tiene que respetar, es un fenómeno de la interioridad de la persona.

El problema no es si se respeta la creencia, es si respetan las consecuencias que tiene que creer en algo, asociarse con otros que creen en lo mismo que es constituir una iglesia, externar y expresar las convicciones a través del culto, el derecho de asociación, al ejercicio externo de las creencias, eso es lo que hay que analizar y revisar.

Y en este mismo campo que se presenta el gran debate acerca de la supremacía del estado sobre la Iglesia, que también ha quedado ya dilucidado perfectamente bien. Allá en la Edad Media cuando, como nos recordaba el diputado Lanz Cárdenas, los Papas usaban cota de malla y tenían su guardia personal de la que queda todavía una simbólica guardia en el Vaticano, entonces sí se discutía la teoría de las dos espadas, cuál poder era superior al otro. Pero tanto dentro de la doctrina de la Iglesia que ha ido desarrollando su pensamiento en este campo como en el actual derecho público han quedado las cosas muy bien definidas y se ha reconocido que ambas entidades tiene sus ámbitos distintos y que no se puede hablar de superioridad de una sobre la otra.

Las personas, los seres humanos, pertenecemos al Estado, que es la organización jurídico - política de un pueblo, pero pertenecemos también a otras entidades sociológicas que en algunos aspectos están sujetas a la soberanía del Estado y a las leyes del Estado, porque el Estado es el que ejerce la soberanía sobre un territorio determinado. Pero hay ámbitos en los que el Estado tiene que detenerse y pararse y uno de ésos son las garantías y los derechos del hombre, y dentro de esos derechos están los derechos a la creencia y al culto y a la práctica religiosa.

Yo creo que estamos viviendo épocas en las que con bastante, yo diría, altura de miras, los estados modernos están reconociendo la existencia de una entidad de otra índole distinta a la de los estados y estableciendo relaciones que son necesarias entre esas dos entidades.

Gorbachov estuvo en el Vaticano; Hungría y Polonia están reconociendo oficialmente la existencia de la Iglesia e intercambiando representantes.

Yo creo que estamos en el camino correcto en este momento, y que simplemente habría que revisar si efectivamente se requiere o no la autorización para el nombramiento de un representante que no puede ser evidentemente un representante personal, debe ser un representante del Presidente de la República que a su vez es representante de algunos aspectos de la nación, como lo somos nosotros en otros aspectos. No puede haber una figura nueva que salga de la legalidad y podemos encajarla en alguna manera en estos agentes especiales a que ya se hizo referencia aquí, pero creo que sí un punto en el que yo no he profundizado y que me deja algunas dudas, que sobre eso quizá haya otro momento para discutirlo.

Y si efectivamente se necesita la aprobación del Senado o en sus recesos de esta Comisión Permanente, lo tendríamos que exigir en un momento dado.

Por lo pronto, creo que el camino que se va siguiendo en el fondo, es el correcto; en la forma tendríamos que revisarlo y que el Estado no sólo en México, sino en el mundo entero, está tomando su propia dimensión.

El Estado ya no lo es todo, como Hegel lo soñaba o como el marxismo - leninismo lo estableció en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas durante algunos años. El Estado va él mismo dándose cuenta de que tiene límites y está sujetándose a los límites. Por ahí vamos y creo que vamos bien.

Presidencia del ciudadano diputado

Juan José Osorio Palacios

El C. Presidente: - tiene la palabra el diputado Pablo Gómez, para responder unos hechos.

El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: - Muy brevemente, señores legisladores, porque me parece muy lamentable que el diputado Bátiz haya venido a la Tribuna, pues verdaderamente a trivializar el asunto.

Dicho sea de paso, las creencias no siempre se respetan. Hay incluso estados que persiguen las creencias religiosas, uno por lo menos, y con la simple presunción de que alguien cree, lo pueden disciplinar.

Yo creo que es muy importante la declaración constitucional a este respecto, pero más importante es, desde luego, la declaración constitucional de la libertad para ejercer el culto.

Desde luego, las creencias, pues son cuestiones que pueden ser individuales y no tienen tanta trascendencia en nuestra época, el ejercicio del culto sí. Porque la religión no puede ser una cuestión individual, ése es un ángulo, un punto de vista francamente muy atrasado; es una función y una actividad social.

Pero no estamos de acuerdo en que el ámbito de las entidades Estado - Iglesia esté perfectamente bien definido; no en el momento actual todavía.

Si la Iglesia, por ejemplo, luchando en contra de las leyes del divorcio, no, no quiero hablar aquí del aborto porque algunos se sienten mal, pero nunca se hizo responsable de las mujeres abandonadas y luchó y sigue luchando contra las leyes del divorcio. Hizo campañas en Europa, en muchos países de Europa contra los parlamentos, los legisladores que establecían el divorcio. Se supone que el divorcio afecta la creencia religiosa y las normas eclesiales. ¿Pero ese asunto lo tiene que tomar la república?, ¿la ley puede ser contraria a la fe? No hemos resuelto ese problema.

A un grupo de diputados del cual yo formaba parte, en una ocasión algunos señores obispos, usando dinero del pueblo católico, nos convirtió en delincuentes, sacó un cartel con nuestra fotografía, diciendo que éramos unos infanticidas, porque habíamos propuesto que en el Código Penal se quitara la prohibición para que en todo caso se pudiera recurrir al aborto, nosotros no somos, desde luego, partidarios del aborto, yo incluso estoy completamente en contra del aborto, el problema está en que la gente aborta y no nos pide permiso para hacerlo y no va a venir a pedirnos permiso, pero en cambio la esquilman los llamados "espantacigüeñas" y además no solamente ponen en peligro su vida, sino que se mueren y eso es un fenómeno social; entonces el Estado tiene que ponerse unas orejas y unos tapones para no darse cuenta de que un problemas social terrible y que hay que resolver, y que la Iglesia no lo puede resolver, porque los sacerdotes llaman a la gente a que no aborte, yo también me sumo a ellos, pero no nos hacen caso, ahí está el problema; lo mismo era en el divorcio como ahora en el aborto, nunca la Iglesia se hacía cargo de las mujeres abandonadas ni de los hijos abandonados, ah, pero estaba en contra del divorcio y estaba luchando y luchó en contra de que las leyes establecieran esas cosas, ¿entonces dónde están los ámbitos definidos?

Hace poco un referendum en Italia, en relación con lo del aborto, y el Papa traía una campaña, era el cabecilla de la campaña el Obispo de Roma, en contra de esa ley del parlamento, que ya estaba votada y que había sido objetada y que por lo tanto se tenía que poner a referendum ése es el sistema del referendum italiano; ¿el Papa respetó el ámbito del Estado?, no, le dice al parlamento: quítame esta ley, no admito esa ley; ley que por lo demás no obliga a ningún médico a practicar el aborto si sus creencias religiosas o personales, de cualquier género se lo impiden, naturalmente verdad, porque ahí sí hay de parte del Estado del respeto por las creencias y las convicciones de la gente, pero la Iglesia no admite entonces el respeto del Estado a promulgar las leyes y a no considerar que las leyes contravengan la fe católica, no es obligatorio ni divorciarse ni abortar, ¿verdad?, a nadie se le lleva a eso, por lo tanto no se está haciendo propaganda antireligiosa, aunque también ésta está permitida por la ley, porque la propaganda religiosa lo está y la antireligiosa pues también lo debe de estar. Y los ateístas allá ellos con su discurso, a ver quién les hace caso, eso es otro problema, pero tienen derecho a hacer ateísmo, aunque pierdan el tiempo, eso es otro asunto.

Entonces, no estamos en el camino correcto, licenciado y diputado, Bernardo Bátiz, no estamos en el camino correcto, estamos en el camino incorrecto porque además el Vaticano sí tiene firmados concordatos en lo estados y sus relaciones consulares y diplomáticas se hacen a través de unos tratados que tienen esa palabreja, si se quiere, y se revisan luego.

Hubo un problema terrible con Franco, por cierto, todavía. Yo le decía hace poco al obispo Méndez Arceo, que finalmente él está de acuerdo con eso, bueno, pues todo dependerá, dice él, de lo que diga el contrato; pero hay unas cosas muy espinosas allí en materia de la relación que se vaya a tener con el Vaticano; éste representa a la Iglesia católica mexicana también, no lo podemos desconocer, porque la Iglesia católica mexicana pues forma parte de la Iglesia católica romana y de eso estamos absolutamente claros de que así seguirá siendo; por eso el señor diputado del Partido Popular Socialista cuando dice que me nombra su representante para lograr que la Iglesia se independice del Vaticano, pues pierde su tiempo porque yo no quiero eso, me propongo cosas factibles, no imposibles, eso no es posible, además no soy callista, eso es lo que planteó Calles, lo que quiso hacer Calles. Y claro que fracasó de la manera más evidente ¿verdad? Vamos a decir.

Entonces el asunto no está resuelto, pero se podría resolver en la medida que la institución eclesiástica, el clero para ser más precisos, admita justamente esto de los ámbitos. Los curas asuman sus derechos políticos y ciudadanos plenamente, por lo cual yo abogo, y admitan también que el funcionamiento del Estado y más de la República, y de esta esfera de la política, puede ser realizada sin que en ello se involucre algo que pueda considerarse como atentatorio o contrario de la fe.

Pero si se participa en política con la ventaja de ser representantes, o interpretadores, mejor dicho, y portavoces de la fe, pues ya el asunto cambia totalmente.

Y ése es el punto que no está resuelto. Pues claro que está resuelto en la Unión Soviética. Está resuelto en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas la Iglesia ha sido más estatizada que otra cosa, ¿verdad?, y los cristianos son unos cuantos.

Pero aquí no. Y yo creo en Italia tampoco. Y el problema de Italia en buena medida es ése. Y tampoco está resuelto plenamente en España. Yo digo, bueno, si los sacerdotes no son..., porque no tienen derechos en la Constitución, organizan Pro - Vida, que no es otra cosa más que una asociación financiera por el clero. Porque eso es Pro - Vida: ¡Ultrarreaccionaria! Que no solamente está en contra de cosas como las que yo he mencionado, sino está en contra desde la propaganda al uso del "condón". Palabra mala, según ellos. Que lleva a la gente a pecar.

¿Qué tiene que ver eso con un asunto de salud pública? Es lo que yo me pregunto. La gente peca igual si le da la gana. ¡Y claro que los sacerdotes deben tratar de velar de que la gente no peque! ¡Y deben de tratar de no pecar ellos! ¡Pero ésa no es la función del Estado, es una función de la Iglesia!

Los ámbitos no están aquí bien definidos. El compromiso con la democracia, el compromiso nacional, es justamente el establecimiento de los ámbitos. O como dice el Obispo de San Cristóbal: "el problema que tenemos con las sectas religiosas no es un problema religioso". Y él se niega a tratarlo como un problema religiosa, ¡tiene razón! Como él tiene concepción histórica, entonces se da cuenta de que el problema es un problema de diferenciación social en las comunidades indígenas. Y de esa manera es como hay que atenderlo. Y como pueden incluso los sacerdotes coadyuvar a eso, ¿verdad?

Pero no convertirlo en un problema que tiene que ver con cuestiones de fe. Y ahí los curas pueden participar. Bueno, pues para mí son ciudadanos mexicanos, ¿verdad? Y puedo entrarle al asunto siempre y cuando el señor Cardenal, ¿verdad?, no les diga que tiene que votar por Acción Nacional o por el Partido Revolucionario Institucional o por los sinarquitas. Que son entre los tres, los partidos que se llevan una parte de las indicaciones de la alta jerarquía.

Porque los obispos de izquierda, como son minoritarios, pues se tienen que cuidar mucho de lo que hacen. Porque cada vez que hacen algo en términos políticos en favor de la izquierda, pues algo les dicen. A don Sergio Méndez Arceo, en un momento dado, recibió una amonestación, ya no aquí de las autoridades locales, sino del Vaticano, por afirmaciones y expresiones que había hecho en público.

Yo digo que la cosa no se puede trivializar. Hay que entrarle a esto con más seriedad, más a fondo. Si algunos voceros de Acción Nacional no están dispuestos siquiera a reconocer el problema de la necesidad de un compromiso democrático del clero en la República y con la nación; pues yo me pregunto: ¿cuántos jerarcas conservadores o reaccionarios de la Iglesia están dispuestos a eso?

Yo diría que habría que adelantarse, que el Estado habría que adelantarse, debería otorgarle sus derechos políticos plenamente, y en esa medida exigirles también que cumplan sus obligaciones

ciudadanas. No es otra cosa, yo creo que también forma parte de lo mismo, está vinculado, no por razones del constituyente, sino por razones de nuestra realidad cotidiana.

Separar completamente esos ámbitos, y que cuando un cura se meta en acción política él se la juega como cualquier ciudadano mexicano, sin tener detrás de sí el aparato eclesial a su favor. Es también parte de un compromiso democrático, y por eso hay que luchar.

Esta cuestión tiene solución, como lo plantea el Partido Popular Socialista no tiene solución ninguna, que cada quien cree en lo que quiera y yo no creo en ustedes, ¿verdad? Ese es otro problema.

Pero yo creo que planteado de esa manera, tiene solución. Si se trivializa, solución no habrá; habrá sí corporativismo una vez más, y a mí me extraña que el partido que ha dicho durante muchos años que está en contra del corporativismo estatal, ahora venga, como se trata de la Iglesia, a aceptar la relación corporativa Estado - Iglesia, y eso sí me parece vergonzoso, por lo menos.

El C. diputado Pedro César Acosta Palomino (desde su curul): - Pido la palabra.

El C. Presidente: - ¿Con qué objeto?

El C. diputado Pedro César Acosta Palomino (desde su curul): - Para rectificar hechos.

El C. Presidente: - Tiene la palabra.

El C. diputado Pedro César Acosta Palomino: - Señor Presidente; honorable asamblea: Solicité el uso de la palabra para puntualizar, porque así lo exige la seriedad del debate, algunas consideraciones vertidas en esta tribuna por el diputado Pablo Gómez.

Rechazamos el cargo "trivialización" que nos atribuye, y mucho menos estamos dispuesto a aceptarlo si se concibe desde una mentalidad manifiesta, desde la cual trivializar un tema equivale a mostrar inconformidad con la opinión propia.

Yo creo que al revés. Hasta este momento debemos felicitarnos porque contra lo que muchos esperaban, este debate ha sido de altura. En rigor había flotado en el ambiente la impresión de que iban a llegar hasta esta tribuna legisladores más jacobinos que Jacobo, y no precisamente el de la televisión, a señalar cuestiones harto superadas ya por la historia de nuestro país y a ratificar con un pasado congelado las direcciones del porvenir que estamos viviendo en la hora presente.

Para nosotros el largo inventario temático, dado a conocer por el diputado Gómez, impide, en el corto lapso a que tiene derecho la rectificación de hechos, tratarlo con la seriedad y la profundidad que merece.

La enumeración caótica a que hizo referencia la legisladora Socorro Díaz en días pasados, no debe, a mi juicio, formar parte de un debate que descienda a la consideración de artículos de almacén.

Creo que no obstante ello, y con esto paso a ratificar el hecho de que hemos podido debatir con respeto, vamos a considerar como puntualizaciones aclarativas algunas cuestiones que en la larga enumeración del diputado Pablo Gómez, por lo menos necesitan mencionarse, así bien sea en forma pasajera. De antemano le aseguro que mi espada flamígera no va a cercenar su cabeza y que puede estar tranquilo.

Acción Nacional tiene, tanto en su ideario como en sus programas, definidos criterios que no los tratamos como cuestiones superadas, ni tampoco las tenemos que considerar como algo que ya está registrado por sí y ante sí forma definitiva ante la historia. Todas las cuestiones de carácter político tienen que verse en su momento y en su evolución; si existen o no concordatos y si la palabra existe o no en el documento, creo que eso no interesa; el hecho es que los concordatos forman parte de la arqueología y a eso se refería el diputado Bátiz, no a si está establecida la palabra o no en un documento de fecha reciente. Lo que queremos es ir al fondo de las cuestiones, pero evidentemente en un debate de esta naturaleza eso resulta completamente imposible, dada la afluencia y el continuo fluir temático de quienes suben a la tribuna de abrumarnos y dejarnos balbucientes y apabullados con una serie de argumentaciones controversiales, colaterales, anexas, ditirámbicas, anecdóticas y conexas.

Yo creo que tenemos que buscar la posibilidad de ubicar en su momento el tema a discutir y ubicar también los temas colaterales, pero con esa categoría, como anexos de una discusión central. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Para el mismo tema, tiene la palabra el señor senador Alfredo Toxqui Fernández.

El C. senador Alfredo Toxqui Fernández de Lara: - Señor Presidente; compañeros legisladores: Hace algunos años aprendí que cuando se usa la tribuna hay que ponerse de pie para ser escuchado y ser breve para ser apreciado.

Aspiro tener el aprecio de ustedes y me he atrevido a solicitar el uso de la palabra, porque considero que hay que hacer un elogio, un elogio muy encendido al interés, a la capacidad de todos ustedes, que en esta mañana o en esta tarde han puesto muy en claro su vocación de un respeto irrestricto al documento fundamental que nos rige, la Constitución General de la República, la cual contiene los principios fundamentales a que ha aspirado siempre el pueblo mexicano.

Seguramente que el tema ha tratar es muy espinoso y delicado; espinos y delicado porque podríamos perdernos en infinitas disertaciones acerca de este tema tan trascendente como es el aspecto religioso. Recuerdo las palabras de don Antonio Caso cuando nos hablaba de las funciones mentales colectivas dentro de las cuales consideraba el idioma, la religión, el derecho y hoy hemos podido constatar que efectivamente dentro de las funciones mentales colectivas está profundamente enraizado algún aspecto de carácter religioso en el cual las personas, los compañeros legisladores que me han antecedido, han hecho gala de erudición y de profundos conocimientos.

Efectivamente es un tema central, es un tema importante que si quisiéramos remontarnos a épocas pretéritas, tendríamos que recordar el famoso debate que se suscitó entre Ignacio Manuel Altamirano con Castelar, el famoso tribuno español cuando afirmaba que en México los mexicanos deberíamos estar agradecidos porque los españoles nos trajeron idioma, religión y cultura, el verbo encendido de Ignacio Manuel Altamirano, le respondió respetuosa, comedida pero encendidamente que cuando los españoles llegaron a la tierra del Anáhuac encontraron a un pueblo que no era mudo, encontraron a un pueblo profundamente religioso, la religión no era la misma, era distinta; por eso hablamos de las funciones mentales colectivas, pero además en el aspecto cultural todavía en la actualidad sigue siendo motivo de asombro para los contemporáneos.

Pues bien, hoy se trata de un tema no trivial, yo diría simple. El Ejecutivo de la Unión, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, pretende enviar un representante personal ante Juan Pablo II, no ante la Iglesia católica, no ante el Estado vaticano sino ante la persona de Juan Pablo II. Pienso que es un tema simple, considero que las transformaciones que se están viviendo en el mundo en la hora presente, nos hacen pensar que independientemente de la enjundiosas y profundas disertaciones de carácter jurídico que se han vertido hoy y que son motivo de mi admiración, de mi elogio y de mi respeto, debemos considerarlos también desde el enfoque de una realidad que nos circunda; bloques económicos se establecen en el mundo, los medios de comunicación hacen al planeta infinitamente pequeño, ¿cómo evitar que pueda establecerse comunicación?, ¿cómo evitar que pueda circunscribirse o volver tal vez a la época aquélla en que nuestros administradores y cultísimos, cultísimo pueblo chino se encerraba dentro de una gran muralla ?, esto es sencillamente imposible; por eso pienso que esta discusión que ha permitido aflorar el sentimiento nacional a través de un respeto irrestricto a nuestros acuerdos fundamentales contenidos en la Constitución, debe ser motivo de reconocimiento para todos ustedes, ya que trayendo las palabras del Benemérito, "la ley es mi espada y mi escudo",

¿ por qué tener temor a poder dialogar con hombres de otras tierras? ¿ Por qué tener temor ante situaciones que se pueden presentar en otros países ? No, nosotros tenemos una gran fortaleza de la cual son copartícipes todos ustedes, todos ustedes que integran un Estado mexicano, en Estado mexicano con un profundo vigor, en Estado mexicano que fue capaz de realizar el hecho inaudito para aquel tiempo, de integrar la primera Constitución del siglo.

Señor Presidente, compañeros legisladores: al felicitarlos a todos ustedes por este interés que han puesto en este presunto debate en el que se ha olvidado el punto central que es la designación de un medio de comunicación del Primer Magistrado de la Nación con una de las iglesias importantes que existe en el territorio nacional, pues lo demos por concluido, ya que al fin y al cabo no viola esto la ley.

Seamos fieles guardianes , la Constitución establece clara y terminantemente que el poder reside original y esencialmente en el pueblo mexicano y que para ejercerlo se divide en tres soberanías: la del Ejecutivo , la del Legislativo y la del Poder Judicial; que nosotros somos una república representativa, democrática y federal; siendo nosotros los responsables , los legisladores responsables del Poder Legislativo, es el que marca las normas que interpretan el sentir y pensar del pueblo, no debemos tener temor a que se nombre un sencillo, un simple medio de comunicación entre el Ejecutivo de la Unión y una fuerza poderosa desde otro punto de vista, es desde el punto de vista religioso. Tal vez habría que pensar que en un debate previamente calculado, previamente encauzado, debidamente puntualizado, podamos los legisladores mexicanos discernir, discutir, profundizar qué es lo que quiere el pueblo mexicano en relación a esa amplia libertad contenida en el artículo 24 constitucional , la cual fue motivo de luchas , de luchas aciagas y amargas para el

pueblo, de lo que logró discernir perfectamente lo que consiste, en qué consiste este aspecto trascendente de la vida de los hombres.

Ya lo dijo el Evangelio, ya me contagiaron ustedes, "a Dios lo que es de Dios. Al César lo que es del César".

DE LOS GOBIERNOS LOCALES

El C. Presidente: - Para hablar sobre sus propuestas interferencias del Partido Revolucionario Institucional en los gobiernos locales, tiene la palabra el diputado Pablo Gómez.

El C. diputado Pablo Gómez Alvarez(desde su curul): - Señor Presidente , le agradezco su interés en mí, pero el que va a hablar es el diputado Leonel Godoy.

El C. diputado Leonel Godoy Rangel: - Con su permiso señor Presidente; compañeros legisladores; la semana anterior hubo algunas declaraciones y acciones de tipo políticas del señor Luis Donaldo Colosio, presidente del Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario Institucional. Sus planteamientos, hacen necesario que se mencione aquí pues en mi opinión son preocupantes y pueden afectar la vida nacional, si no se deslindan con claridad las cosas.

El señor Colosio , después de las difíciles , largas, prolongadas pláticas que han existido entre representantes del Partido Revolucionario Institucional de la Revolución Democrática ante la Secretaría de Gobernación, para buscar sobre la base del diálogo encontrar soluciones a los problemas políticos poselectorales en Guerrero y en Michoacán, señaló el día 8 de este mes, ante representantes priístas de Michoacán y ante el gobernador del estado, que había necesidad de hacer valer la ley en Michoacán.

Creemos que unas afirmaciones así tan simples nos conducen a caminos que no son precisamente en del respeto a la ley, porque se exige su cumplimiento de una manera unilateral.

Nosotros le preguntamos al presidente del Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario Institucional que ¿ por qué también , en su momento, no exigió el cumplimiento de la Ley Electoral en el estado de Michoacán , conforme a los resultados de las votaciones del 3 de diciembre, o más , los resultados del 2 de julio de 1989 para elegir a los diputados al Congreso del estado?

Nos parece que olvidar que la ley debe de cumplirse en todos sus ámbitos y en todo momento es olvidar los principios fundamentales de lo que es una ley, observancia general y su aplicación universal. Creemos que señalar que sólo se cumpla le ley para el de enfrente y no para mí, no es un procedimiento que efectivamente nos conduzca a preservar el estado de derecho en México.

Nadie puede olvidar que en estas elecciones de diciembre y en las anteriores de julio, se hizo uso ilegal de los recursos de la nación en propaganda y campañas políticas de los candidatos del partido oficial; nadie puede olvidar que en contra de las disposiciones de la Ley Electoral del estado de Michoacán, se manipuló el padrón. Y nadie olvidará que en esas elecciones, en contra de disposiciones constitucionales de la Constitución federal y de la Constitución del estado, se hizo uso de a fuerza pública siempre a disposición de las autoridades electorales de origen priísta.

Esto es también exigir cumplimiento a la ley, y creemos que debió de haberse dicho. También nos parece que el señor Colosio olvidó que debe exigir la aplicación de la ley penal para todos , de manera imparcial, porque nadie puede negar aquí que en este momento en Michoacán sólo han sido detenidos presuntos responsables de hechos delictuosos, compañeros militantes perredistas. No ha habido ningún priísta presunto responsable de delitos que se encuentre detenido.

La aplicación de la ley penal también debe ser imparcial y debe ser para todos. Y por cierto, en este punto vale recordar aquí en este momento que en los municipios de Benito Juárez, de Tezuntla, de Jungapeo y Jacona, los presuntos criminales priístas andan paseándose públicamente por las calles de estos pueblos, y esto puede originar consecuencias que nadie deseamos, como es en su caso, la venganza por la propia mano o hacerse justicia por su propia mano. Exigimos y esto también debió haberlo dicho el señor Colosio, a aplicación penal para todos.

Nosotros creemos que debe imperar la imparcialidad en la ley y que su aplicación debe ser general.

Nos pronunciamos y condenamos este tipo de pronunciamientos, a su vez, simplistas , de hacer valer la ley en Michoacán , desde un enfoque faccioso, y que ya alguna vez cuando discutíamos los resultados electorales de Michoacán el 2 de julio, decíamos que es la ley priísta del embudo: sólo lo ancho y cuando me conviene a mis intereses. Es cierto, debe imperar la ley pero debe imperar para todos.

De otra manera nos pareció el haber solicitado, como lo menciona la Prensa, con haber llamado

al gobernador de Michoacán , Genovevo Figueroa, para hacerle este extrañamiento . Nos parece que es pervertir la relación entre partidos y los poderes públicos este proceder que a lo mejor, en ciertos momentos, pudo haber sido utilizado pero que actualmente sólo puede reflejar que el Partido Revolucionario Institucional y el Gobierno son la misma cosa y que el Partido Revolucionario Institucional es una dependencia gubernamental federal que puede llamar, sin ningún pudor , a un gobernador de un estado para exigirle algo que él, ese gobernador, tiene derecho de hacer: cumplir la ley.

También nos preocupa la decisión política en contrapartida con este llamado intolerable en un estado de derecho, al gobernador de Michoacán, la decisión política de ir a apoyar junto con el señor Salinas mediante Ernesto Zedillo Ponce de León, la postura política del gobernador de Guerrero. Este señor de horca y cuchillo, que ha utilizado como procedimiento, como medios para dirimir las diferencias políticas, la mano dura. Por ello creemos que irle a dar el espaldazo a un gobernador con esta posición política, es la peor posición política que puede asumir un dirigente nacional de un partido que debe luchar por que el diálogo sea el mecanismo, el medio idóneo para resolver los conflictos políticos.

Lamentamos que en este momento se estén definiendo las cosas en ese sentido porque esto refleja proclividad a la represión. Parece que también es una señal que se pudiera abandonar el diálogo por parte del Partido Revolucionario Institucional - gobierno para resolver problemas nacionales.

En este punto vale la pena recordar, porque también es importante en cuanto a hacer valer la ley , ya se hizo con el secuestro el día del informe del diputado Guillermo Sánchez, y de nuestro dirigente estatal Saúl López el día 9 de febrero. Hay resultados de esta investigación, no nada más de una flagrante violación a derechos constitucionales de los compañeros, uno con fuero y otro como ciudadano común y corriente, sino el cariz político que tuvo y que no ha sido aclarado. Nos debe de preocupar que ciertas fuerzas al interior el gobierno y del partido oficial , muestren preferencias por líneas, por conductas, por posiciones políticas de mano dura, muy al contrario donde parece encaminarse el diálogo, lo desprecian como mecanismo.

Por ello, debemos condenar esta decisión política; no puede ser de otra manera. Debemos exigir primero, que en los casos de Guerrero y Michoacán se solucionen uno por uno los problemas poselectorales que en cada municipio existen en este momento. Segundo, pedimos y debemos exigir castigo a los responsables de homicidios en contra de compañeros nuestros en Guerrero y Michoacán.

También debemos ratificar y retomar el diálogo como único camino para resolver los conflictos políticos y también debemos buscar siempre el cumplimiento de la ley cualquiera de sus campos.

No es posible que un dirigente nacional de un partido con influencia, el Revolucionario Institucional , en la vida política de México , realice estas conductas y estas declaraciones y queden ahí sin que sean aclaradas. Gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el senador Bulmaro Pacheco.

El C. senador Bulmaro Pacheco Moreno: - Señor Presidente; compañeros legisladores: Nuevamente vuelvo a coincidir con el compañero diputado Leonel Godoy en su exhortación a respetar la ley, a seguir retomando el diálogo y el acercamiento en todos los conflictos que se han presentado con motivo de los sucesos electorales en Michoacán y en Guerrero, y que a partir pues de este diálogo de la aplicación de la ley, de la discusión de altura y madura que se dé entre las partes, lleguemos a soluciones políticas legales que convengan, pues, al interés general de los pueblos donde se discute. Coincido, pues con él en esa actitud y creo yo que el diálogo que se ha venido sosteniendo en las diversas instancias tanto locales como federales, entre partidos y gobierno, estatal y federal, a través de la Secretaría de Gobernación , ha rendido frutos, ha avanzado y ha ubicado, pues, el cauce legal y político para atender los problemas que todavía se presentan en algunas comunidades aisladamente.

En lo que no coincido es en su posición sobre el comité nacional del partido y sobre la persona del dirigente nacional Luis Donaldo Colosio.

Querer excluir del interés del comité nacional del partido a un estado como Michoacán u otros estados como Baja California o en otros donde la competencia político - electoral es intensa, donde hemos tenido derrotas, donde hemos tenido problemas organizativos y de presencia, pues es querer simplemente asumir la política de un estado como patrimonio unipartidista y evitar que las dirigencias nacionales, estatales y municipales del Partido Revolucionario Institucional, no se interesen en la solución de los problemas electorales, que se han visto en el tiempo reciente, sino el conformar una plataforma y una organización de unidad del partido, que debe ser preocupación de militantes, de dirigentes en todos los niveles.

Recientemente en diversos e intensos contactos con la dirigencia priísta en Michoacán y el diálogo permanente con el Comité Ejecutivo Nacional del partido, se dejó establecido concretamente y fundamentalmente, por aquellos presidentes municipales que ganaron su elección en Michoacán , que exhortaban al partido a que solicitara a la autoridad competente a que aplicara la ley, efectivamente no una aplicación unilateral, aplicar la ley en forma pareja para coincidentes e incidentes , pero sobre todo para establecer el orden y seguir dialogando en aquellos casos donde todavía había acuerdos concretos.

La exhortación del Comité Ejecutivo Nacional del partido, derivado de estos diálogos, derivado del contacto permanente, no de una, ni de dos, ni de tres veces, sino de infinidad de veces que un gobernador priísta como Genovevo Figueroa Zamudio, que acude constantemente a su partido, en la inteligencia de que su papel como gobernante es para administrar el interés general de todos los michoacanos, pero sin olvidar, su pertenencia, su afiliación y su militación partidista, fue precisamente para comunicar, para informar y para discutir con su partido algunas estrategias que llevaran al restablecimiento del orden y a seguir buscando a través del diálogo la solución a los problemas que se presentan en Michoacán.

Es decir, cuando nuestro compañero Leonel Godoy afirma que se exige el cumplimiento de una manera unilateral, que por qué no se exigió el cumplimiento de la ley electoral en Michoacán también, o que nadie puede olvidar que se hizo uso de la fuerza, etcétera , creo yo que hay generalidades y hay también posturas parciales de su parte; si en alguna ocasión y en algún momento ha habido un diálogo intenso conducido por el gobernador el gobernador Genovevo Figueroa , conducido con actitud abierta y buena disposición del Partido Revolucionario institucional , es en este momento.

Por eso pues, rechazo tajantemente la acusación de que haya una intromisión o querer influir en el rumbo jurídico - político de un estado o de un gobernador a través de la decisión partidista.

El reestablecimiento del orden a que ha llamado el partido y la exhortación que se ha hecho al gobernador , se ha hecho acatando el reclamo de las bases del partido y escuchando las inquietudes que nuestros compañeros priístas de Michoacán han presentado el Comité Ejecutivo Nacional.

Por las otras cosas, en relación a la postura política del gobernador de Guerrero y a la facultad que el Ejecutivo tiene que enviar a quien considere conveniente como representante a un informe de gobierno, también , pues, reiteramos la disposición que ha habido, seguirá habiendo y está ahorita dándose en materia política para superar los problemas de Guerrero y Michoacán, en conjunto y discutiendo caso por caso y que debemos también seguir exhortando y buscando este diálogo y esta negociación para llegar al orden y a la tranquilidad de estas dos entidades. Muchas gracias.

SOBRE EL SINDICATO

DE LA REFORMA AGRARIA

El C. Presidente : - Tiene la palabra para hablar sobre un problema con el sindicato de la Reforma Agraria, el diputado Jorge Alberto Ling Altamirano.

El C. diputado Jorge Alberto Ling Altamirano: - Señor Presidente; honorable asamblea: Haremos un breve resumen del asunto que nos hace elevar la voz en esta tribuna una vez más , debido al problema que trabajadores de la reforma Agraria sufren desde hace cuatro años, no siendo este el único, sino unos más entre otros.

Hace un año aproximadamente , el 3 de mayo de 1989, el diputado Gerardo Medina, lo denunció y la lentitud de las averiguaciones hace que muchos miembros del Sindicato Nacional de la Secretaría en cuestión, teman que no se les hará justicia en el despojo del fondo de retiro, por una cantidad originalmente tasada en 98 millones 700 mil pesos, en 1986, y que ha ido creciendo hasta alcanzar la posible cifra de 708 millones 900 mil, a mediados del año pasado, en perjuicio de la reserva técnica del fondo de retiro de dicho sindicato.

Más de 600 trabajadores, encabezados por los señores Antonio Ch. Cu y Víctor Flores Legorreta, comenzaron las indagaciones para proceder desde 1986, jurídicamente en contra del secretario general de dicho sindicato, el licenciado Eduardo Carranco Ramírez y el secretario de finanzas, licenciado Miguel Ángel Hernández, ya que en el VII Consejo Nacional de agosto de 1986 no informaron de los 98 millones de pesos dejados en la reserva técnica del fondo de retiro por el anterior secretario general , Sergio Pagola y el secretario de finanzas , Jaime Navarro.

El dictamen rendido por la Comisión de Vigilancia, que estaba formada por Eréndida Millán , Gilberto Alba, Emilio Zavala, Estela Ortíz y Napoleón Andrade, los hace posibles cómplices por el fraude o bien por negligencia.

Los delegados, así como presidentes secciónales que firmaron de conformidad, cuando en realidad hay y hubo muchas sombras.

El 21 de marzo de 1987, la representación presidida por el señor Antonio Ch. Cu, solicitó a la Comisión de Vigilancia del sindicato de Reforma Agraria la aplicación de sanciones previstas por los estatutos, por malversación de fondos sindicales efectuada por el licenciado Eduardo Carranco y demás.

Los estatutos, según sus artículos 133, fracción VII y 134, fracción IV y 135, fracción I, hace que proceda en el caso la destitución , así como la expulsión del sindicato. Pero la Comisión de Vigilancia hizo "oídos sordos", por razones aún no aclaradas, pero hacen muy sospechosa su actitud.

Ante esta situación, el 14 de diciembre de 1987, los agraviados procedieron a poner en conocimiento de los hechos, antecedentes y documentación al procurador de justicia del Distrito Federal , licenciado Renato Sales Gasque, solicitándole que en caso de considerar que existiese la comisión de hechos delictuosos se ejerciesen la acción en contra de los que resultarán responsables. Dicho asunto quedó asignado a la mesa tres del sector central.

Los trabajadores de base en su escritorio mencionaron los 98 millones 700 mil de la reserva técnica del fondo de retiro y que con sus intereses de 142 millones totalizaban 240, así como la no rendición de cuentas sobre el uso de 438 millones de las cuotas recibidas entre agosto de 1986 y julio de 1987, así como sus intereses estimados en otros 129 millones de pesos. Recordamos que la tasa de inflación en ese año fueron de más de 150% y las bancarias fueron de las más altas.

La dirigencia sindical comenzó a proporcionar información sobre algunos datos, falseando los números con el aval del secretario general, los de finanzas dijeron que el período que va de agosto de 1986 a agosto de 1987 se habría captado 321 millones 600 mil pesos , por concepto de cuotas. 105 millones entre el 16 de agosto y el 16 de noviembre de 1987. Y de entonces a febrero otros 150 millones. O sea, un total de 576 millones 600 mil pesos.

La realidad es que habían ingresado 943 millones 600 mil según los datos de la computadora y listas que tienen los trabajadores , haciendo una diferencia de 366 millones de pesos.

Esto fue puesto en conocimiento del procurador de justicia el 23 de mayo de 1988, con desglose de cuotas sindicales por quincena, haciendo la observación de que por disposición estatutaria , el 20% de dichas cuotas debe ir a la reserva técnica para el fondo de retiro. La quinta parte de 366 millones, "evaporados", son 73 millones de fondo de retiro. Como ya es costumbre , los dirigentes del sindicato supieron mover sus influencias y la acumulación de cargos en la procuraduría de Sales Gasque no avanzó.

El 22 de agosto de 1988, con copia a Hugo Domenzáin, al entonces oficial líder de la FSTSE, 580 trabajadores de base de la Reforma Agraria firmaron pidiendo al procurador Sales Gasque que agilizara la averiguación pero, ¡no avanzó!

Nuevamente, el 22 de febrero de 1989, en un escrito al procurador de justicia, el licenciado Ignacio Morales Lechuga, fue informado por los trabajadores, por medio del señor Luis Antonio Ch. Cu, de todos los antecedentes del caso y acompañado al expediente con copias de las nóminas de la Reforma Agraria, así como un cuadro donde se muestra la magnitud y origen del fraude con fondos sindicales que en esa época ya rebasaba los 2 mil millones de pesos.

Todas las veces que lo ha requerido para aportar pruebas o ratificar hechos, el denunciante ha comparecido ante la procuraduría , pero el asunto parece atascado por algo y no avanzar, no camina.

El 23 de mayo de 1988, el director general de administración de personal de la reforma Agraria, licenciado Alfredo Peyón, cuando le fue solicitada la información sobre las cantidades que manualmente son entregadas al sindicato por conceptos de cuotas, respondió a Luis Antonio Ch., que probara antes su personalidad, y una vez que ésta le fue hecha, así como la utilidad para recabar la información de ésta le fue negada. Misma negativa que fue conocida por la procuraduría el 14 de julio de 1988.

El 30 de agosto del mismo año, el procurador instruyó a su secretario particular, licenciado Fernando Labardini, para que pidiera al subdirector de averiguaciones previas, licenciado Jaime Humberto Lastra, agilizar la integración del expediente, pero como la justicia sigue el oleaje sexenal la petición fue ignorada, porque dos meses después el mismo secretario particular comunicó al mismo subdirector que atendiera el mismo asunto y que ya había puesto en conocimiento del Presidente de la República. Pero el 5 de diciembre de 1988, un nuevo secretario particular de un nuevo procurador, le solicitaba nuevamente al director de averiguaciones previas, acordar se agilizara la integración de la misma y que procediese conforme a su derecho.

Copia de este escrito se envió al doctor Jorge Valdez Castellano, jefe de documentación de la secretaría particular de la Presidencia de a República.

El 18 de abril de 1989, el agente del ministerio público, Luis Marcelo Vega, envió al oficial mayor de la Secretaría de la reforma Agraria copia certificada de las nóminas, en las que aparecen las cantidades entregadas al sindicato por concepto de cuotas sindicales. De los documentos que obran en poder de la procuraduría el 21 de julio de 1989, se anexan los informes solicitados al oficial mayor de la Secretaría de la Reforma Agraria, en los cuales se señala que el 1º de agosto de 1986 hasta el 30 de marzo de 1989, han ingresado al sindicato 2 mil 182 millones de pesos, y que esta cantidad aparece el saldo de 488 millones.

Se han evaporado entonces 1 mil 694 millones de pesos, sin tomar en cuenta los intereses de los depósitos. Habría que agregar las cuotas de abril, mayo, junio, julio aproximadamente, y tendremos un saldo teórico que debería ser de 3 mil 54 millones hasta julio de 1989.

Aunque hubo sucesión en el sindicato de la Reforma Agraria, el año pasado, los días 10 y 11 de agosto, y el nuevo secretario general es Concepción Campos Sánchez, éste firmó de conformidad al recibir el patrimonio del sindicato, convirtiéndose prácticamente en cómplice del comité anterior.

Se han entregado las pruebas suficientes a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, dicha institución ya debió haber efectuado desde entonces, y debe darse a conocer el peritaje contable y proceder en consecuencia.

Por lo anterior, pedimos sea turnada esta denuncia ante la Comisión de Información, Gestoría y Quejas y la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, para que de nuevo puedan instar a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, para concluir la averiguación SC7940/87, sobre un posible fraude contra fondos y patrimonio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de la Reforma Agraria, y procediendo conforme a derecho.

Por su atención gracias, sala de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 14 de febrero de 1990. Diputado Alberto Ling Altamirano.

El C. Presidente: - Para la atención que proceda, túrnese a las Comisiones de Información, Gestoría y Quejas y a la de Trabajo de la Cámara de Diputados.

DEL SISTEMA POSTAL MEXICANO

El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano Pablo Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la situación del Sistema Postal Mexicano.

El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: - Señores legisladores: Desde el gobierno anterior, las autoridades postales han venido promoviendo una serie de modificaciones en el servicio de correos, brindado por el Estado, sin contar hasta ahora con bases legales, económicas, administrativas y laborales, que sustenten dicho proceso.

Salvo un criterio de supuesta eficiencia, los argumentos oficiales no han bastado para justificar el desmantelamiento y privatización del Servicio Postal Mexicano. En consecuencia y debido a que esta actividad es importante para el buen desarrollo de la vida nacional, queremos hacer las siguientes consideraciones, con una propuesta:

El servicio postal es considerado por nuestra Carta Magna como una actividad estratégica que abarca el control de todas las fases del proceso postal, entre ellas la transportación, por conducto del organismo descentralizado denominado Servicio Postal Mexicano.

Solamente el manejo estatal de esta actividad puede garantizar las condiciones de inviolabilidad y sigilo que requiere el cuidado de nuestra soberanía y seguridad nacional.

La Ley de Vías Generales de Comunicación, obliga a que se conduzca gratuitamente la correspondencia postal por las vías generales de comunicación y medios de transporte con excepción de las líneas aéreas, aunque naturalmente siempre bajo el control de la propia estructura postal. Que a raíz de que se suprimieron las oficinas postales ambulantes, desde el día 1º del presente mes, se han venido dando una serie de irregularidades que afectan la prestación de este servicio a nivel nacional. Hasta el momento ni la dependencia encargada del ramo, ni la dirección del Servicio Postal Mexicano a cargo del señor Gonzalo Alarcón Osorio, han brindado una explicación satisfactoria sobre las causas y repercusiones que tal medida tomada unilateralmente puede ocasionar. Me refiero específicamente a la contratación con particulares del transporte de la correspondencia que antes hacía mediante los carros postales donde los trabajadores postales iban trabajando y viajando, al mismo tiempo iban clasificando la correspondencia en los carros - correos y que ahora se les va a concesionar a particulares sin que existan las garantías de seguridad que antes había y además todo se ha hecho más lento en el correo a partir de entonces.

Existen evidencias de una virtual incapacidad de los transportistas privados para manejar adecuadamente

la correspondencia nacional con el consecuente incremento en los costos del servicio y el desperdicio de recursos y de tiempo propiciados por el mal diseño de las rutas que dichas empresas manejan. Antes en los trenes muchos de ustedes seguramente los han visto, los separan en cada estación, entonces dejan ahí la correspondencia y suben la correspondencia local para continuar el camino, pero ahora los transportistas privados los van y los dejan a las ciudades importantes que se han considerado como centrales y de ahí se distribuyen a los lugares en donde antes incluso pasaba el ferrocarril o pasaba más cerca.

Asimismo se ha incrementado el rezago postal en los centros respectivos dada la retención y dificultad para dar curso a la correspondencia que dichas medidas han ocasionado y, finalmente, pero no de menor importancia, se han visto afectados los derechos laborales de los trabajadores conocidos como agentes postales ambulantes que conforman un trabajo especializado dentro del servicio público y que con las medidas que se están llevando a cabo están desperdiciando la capacidad técnica de esos empleados, muchos de los cuales durante muchos años realmente conocieron bien este servicio postal y ahora los traen ahí cargando bultos en Pantaco. Dichos empleados solicitan la realización de un convenio pactado con sus representantes locales a fin de salvaguardar sus derechos laborales en todos los aspectos que en su opinión no han estado siendo respetados.

Se pretende, el Servicio Postal Mexicano pretende deshacerse rápidamente de una parte de esos trabajadores y a los otros pues darles otras tareas, cambiarlos de adscripción, pero no específicamente como trabajadores donde se pueda seguir desempeñando un trabajo que tiene gran especialización y que requiere de mucho tiempo para poder conformar o formar a alguien que tenga los debidos conocimientos para realizar efectivamente sus actividades.

Por tal motivo, hemos presentado una propuesta que dice así:

«Haciendo uso de las facultades otorgadas en el artículo 93 de la Constitución y con fundamento en el 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, solicitamos ante la Presidencia de esta Comisión Permanente turne a las comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. Citar al ciudadano Gonzalo Alarcón Osorio, director del Servicio Postal Mexicano para que comparezca a la brevedad posible ante las comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Trabajo y Previsión Social a fin de que explique la situación que guarda el organismo a su cargo.

Firman por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el ciudadano senador Cristóbal Arias, el diputado Leonel Godoy Rangel y el diputado Pablo Gómez Alvarez.»

Aquí entrego a la secretaría. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Túrnese a la atención que proceda a las comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Trabajo .

Continúe la secretaría con los asuntos en cartera.

ORDEN DEL DÍA

El C. secretario senador Fernando Silva Nieto: - Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.

Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

«Comisión Permanente. - Primer Receso. - Segundo Año . - LIV Legislatura.

Orden del día

21 de febrero de 1990

Lectura del acta de la sesión anterior.

El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que para conmemorar el LXXVII Aniversario luctuoso de José María Pino Suárez, tendrá lugar el próximo 22 de febrero.

El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CDLXV Aniversario luctuoso del último emperador azteca, Cuauhtémoc, tendrá lugar el 28 de febrero.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Por el que se solicita el permiso Constitucional necesario para que el ciudadano Manuel Velasco Suárez, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de la República Italiana, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de Italia.

Diez, con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Héctor Nazario Meza

Barajas, Orlando Ángel Carrillo Olea, Manuel García Ruíz, Guillermo Llanderal Cázares, Ricardo Alejandro Bolaños Cacho y González, Tomás Cornelio Valenciana Angeles, Héctor Durán Maldonado , Rubén González González, César Juan López Caballero y Juan Arturo Villasana Castillo, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dictámenes de la primera lectura

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Carlos M. Collignon Collignon, para aceptar y usar la condecoración de la Real Orden de la Estrella Polar, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de Suecia.

De la primera comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Jorge Basurto Romero, para aceptar y usar la condecoración de la Gran Cruz de Honor, que le confiere el gobierno de Austria.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Juan Herrera González, para aceptar y usar la condecoración de la Real Orden de la Estrella Polar, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de Suecia.

De la Primera Comisión con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano César A. Méndez Baeza, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Francia en Mérida, Yucatán.

Dictámenes a discusión

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Baltazar Reyes Lara, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Río Blanco, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de Brasil.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Miguel Ángel Nuño Ruesga, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del río Blanco, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de Brasil.

De la primera Comisión con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Ricardo Franco Guzmán, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Río Blanco, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de Brasil.

Y los demás asuntos con los que la secretaría dé cuenta.»

El C. Presidente (a las 17.05 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo miércoles 21 de febrero a las 11.00 horas.

TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA

Y DIARIO DE LOS DEBATES