Legislatura LIV - Año II - Período Comisión Permanente - Fecha 19900314 - Número de Diario 12
(L54A2PcpN012F19900314.xml)Núm. Diario:12ENCABEZADO
LIV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Dip. Guillermo Jiménez Morales
RECINTO LEGISLATIVO
CENTRO MEDICO NACIONAL
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Lic. Héctor de Antuñano y Lora
Año II México, D.F., miércoles 14 de marzo de 1990 No. 12
SUMARIO
ASISTENCIA
La secretaría notifica que hay quórum.
APERTURA
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El diputado Leonel Godoy interviene para aclaraciones sobre el acta, se toma nota. Se aprueba.
INVITACIONES
Del Departamento del Distrito Federal, para asistir al acto cívico que con motivo del LII aniversario de la Expropiación Petrolera, tendrá lugar el 18 de marzo. Se designa al senador Héctor Mayagoitia Domínguez, para asistir.
Del Departamento del Distrito Federal, para asistir al acto cívico que con motivo del CLXXXIV Aniversario del natalicio de Don Benito Juárez tendrá lugar el 21 de marzo. Se designa a los ciudadanos, senador Bulmaro Pacheco Moreno y diputado José Trinidad Lanz Cárdenas.
OFICIO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
NOMBRAMIENTO DIPLOMÁTICO
Por el que se comunica el nombramiento del ciudadano Ricardo Villanueva Hallal, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de la República de Finlandia. Se recibe. Se turna a la Segunda Comisión.
INICIATIVA DE LEY
Sobre el Departamento del Distrito Federal. Se recibe y turna a la Comisión del Distrito Federal.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
TRATADO DE COOPERACIÓN Y AMISTAD MÉXICO - ESPAÑA
Con el que se remite copias certificadas del Tratado General de
Cooperación y Amistad entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España, y del Acuerdo Económico; así como memorándum de antecedentes. Se recibe y turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
NOMBRAMIENTOS
Se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Arturo Cardona Marino, Héctor Vicente Ahuja Fuster, Luis Ángel Fuentes Alvarez, Alfredo Hernández Pimentel, Mario Pedro Juárez Navarrete, Humberto Hernández Gutiérrez, Juvenal González Martínez, Enrique Espinoza Miyazawa, Jaime Palacios Guerrero y Jaime Abarca Illa, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
CONDECORACIONES
De la primera comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a las ciudadanas Francisca de la Cruz Jiménez y María Evarista Nieves Torres Ovando, para aceptar y usar la que les confiere el gobierno de la República Socialista Federativa de Yugoslavia.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Antonio Rodríguez Díaz Fonseca, para aceptar y usar la que le confiere el gobierno de Portugal.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Ismael Moreno Pino, para aceptar y usar la que le confiere el gobierno de los Países Bajos.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
RATIFICACIÓN DE GRADOS
De la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a los ciudadanos Abraham Campos López, Rubén Martínez Ortega, Enrique Flores Luna, Rafael Paz del Campo, Manuel Suárez Aguirre, Rigoberto Castillejas Adriano, Joaquín Madrigal Polanco e Isidro Mario Guillén Zamudio. Comuníquese al Ejecutivo.
NOMBRAMIENTO
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Oscar Ernesto de la Fuente Groskorth, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Malta, en la ciudad de México, con jurisdicción en la República Mexicana.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Blasa Villagrana Sotelo, Ana María González Gerónimo, María del Refugio Rivera Herrera, Josefina Guzmán Hernández, Ernesto Zambrano Saldaña y Juan de Dios Campos Ramos, para prestar servicios en la embajada de la República Democrática de Alemania en México.
Aprobados los proyectos de decreto. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
DE LA SITUACIÓN EN COLOMBIA
El diputado Jesús Antonio Carlos Hernández presenta un punto de acuerdo para que la Comisión de Relaciones Exteriores de ambas cámaras obtengan mayor información sobre la situación de la hermana República de Colombia. Se turna a dichas comisiones.
DEL COBRO DEL CONSUMO DEL AGUA
El diputado Jorge Alberto Ling Altamirano manifiesta su inconformidad por los criterios utilizados para el cobro del agua. Continúan con el mismo tema el diputado Jesús Antonio Carlos Hernández y el diputado Pablo Gómez Alvarez.
Para rectificación de hechos, interviene el diputado Jorge Alberto Ling Altamirano. Continúan sobre el mismo tema el senador Fernando Silva Nieto.
SOBRE INCREMENTO DE TARIFAS POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
El diputado Pedro César Acosta Palomino presenta solicitud para mayor información respecto al aumento a la energía eléctrica; se turna a la Comisión de Energéticos.
DE LA PRIVATIZACIÓN DE SIDERÚRGICAS
Interviene el diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, en contra de la privatización de las siderúrgicas. Para alusiones personales y fijar la posición de su partido, habla el diputado Rogelio Montemayor Seguy.
Continúa con el debate el diputado Pablo Gómez Alvarez y nuevamente el diputado Rogelio Montemayor Seguy. Interviene sobre el mismo tema el diputado Jesús Antonio Carlos Hernández.
Para alusiones personales, hace uso de la palabra el diputado Pablo Gómez Alvarez.
Sobre el mismo tema continúan el diputado Pedro César Acosta Palomino y el senador Gustavo Almaraz Montaño.
DEL ESTADO DE GUERRERO
Sobre la situación política en dicho estado, toma la palabra el diputado Leonel Godoy Rangel. Continúa el diputado Jorge Alberto Ling Altamirano, para fijar la posición de su partido.
DE LOS JUBILADOS FERROCARRILEROS DE LOS ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA Y SONORA
El diputado Juan Jaime Hernández expone la situación de los jubilados ferrocarrileros en dichos estados y demanda solución a tal problema. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
EXCITATIVA A LA COMISIÓN ESPECIAL EN MATERIA ELECTORAL
Presentada por el diputado Jorge Alberto Ling Altamirano.
DEL ESTADO DE COAHUILA
Interviene el diputado Juan Jaime Hernández para notificar del incumplimiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y Ferrocarriles Nacionales, al levantamiento de las vías en la ciudad de Saltillo. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL CIUDADANO DIPUTADO GUILLERMO JIMÉNEZ MORALES
(Asistencia de veintidós ciudadanos legisladores)
ASISTENCIA
El C. Presidente: - Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia. El C. secretario diputado Juan Jaime Hernández: - Señor Presidente, hay una asistencia de 22 ciudadanos legisladores. Hay quórum.
APERTURA
EL C. Presidente (a las 11.05 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario senador José Antonio Valdivia: - Se va a dar lectura al orden del día.
«Comisión Permanente.- Primer Receso.- Segundo Año.- LIV Legislatura.
Orden del día
14 de marzo de 1990.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del LII aniversario de la Expropiación Petrolera, tendrá lugar el 18 de marzo.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CLXXXIV Aniversario del Natalicio de don Benito Juárez, tendrá lugar el 21 de marzo.
Iniciativa de ley sobre el Departamento del Distrito Federal.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que se comunica que el ciudadano Presidente de la República nombró al ciudadano Ricardo Villanueva Hallal, embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de la República de Finlandia.
Con el que se remiten las copias certificadas del Tratado General de Cooperación y Amistad entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España, y del Acuerdo Económico, así como memorándum de antecedentes.
Diez, con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Arturo Cardona Marino, Héctor Vicente Ahuja Fuster, Luis Ángel Fuentes Alvarez, Alfredo Hernández Pimentel, Mario Pedro Juárez Navarrete, Humberto Hernández Gutiérrez, Juvenal González Martínez, Enrique Espinoza Miyazawa, Jaime Palacios Guerrero y Jaime Abarca Illa, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Francisca de la Cruz Jiménez, para aceptar y usar la condecoración Medalla al Mérito, que le confiere el gobierno de la República Socialista Federativa de Yugoslavia.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana María Evarista Nieves Torres Ovando, para aceptar y usar la condecoración Medalla al Mérito, que le confiere el gobierno de la República Socialista Federativa de Yugoslavia.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Antonio Rodríguez Díaz Fonseca, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Infante Don Henrique, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de Portugal.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano licenciado Ismael Moreno Pino, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Orange Nassau, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de los Países Bajos.
Dictámenes a discusión
Ocho, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a los ciudadanos Abraham Campos López, Rubén Martínez Ortega, Enrique Flores Luna, Rafael Paz del Campo, Manuel Suárez Aguirre, Rigoberto Castillejos Adriano, Joaquín Madrigal Polanco e Isidro Mario Guillén Zamudio.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso al ciudadano Oscar Ernesto de la Fuente Groskorth, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Malta en la ciudad de México, con jurisdicción en la República Mexicana.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Blasa Villagrana Sotelo, Ana María González Gerónimo, María del Refugio Rivera Herrera, Josefina Guzmán Hernández, Ernesto Zambrano Saldaña y Juan de Dios Campos Ramos, para prestar servicios en la embajada de la República Democrática de Alemania en México. Proposiciones
Del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre la situación en Colombia.
Del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre el cobro del consumo de agua en el Distrito Federal.
Del grupo parlamentario el Partido Acción Nacional, en relación con una solicitud para integrar una Comisión Investigadora respecto al incremento de tarifas por la Comisión Federal de Electricidad.
Toma de posiciones, declaraciones o comentarios
De los grupos parlamentarios de los partidos Popular Socialista y de la Revolución Democrática, sobre la privatización de siderúrgicas.
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la situación política en el Estado de Guerrero.
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre los jubilados ferrocarrileros de Baja California y Sonora.
Excitativa a la Comisión Especial en materia electoral.
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre el incumplimiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Ferrocarriles Nacionales de México, al levantamiento de las vías en Saltillo, Coahuila.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El C. secretario diputado Juan Jaime Hernández: - Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, celebrada el día siete de marzo de mil novecientos noventa, correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Cuarta Legislatura.
Presidencia del diputado Guillermo Jiménez Morales
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con quince minutos del día siete de marzo de mil novecientos noventa, con una asistencia de veintisiete legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.
Presidencia del diputado Juan José Osorio Palacios
La secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que sin motivar discusión se aprueba en sus términos, en votación económica.
Presidencia del diputado Guillermo Jiménez Morales
El Presidente informa con pena, del deceso del licenciado Euquerio Guerrero López, quien fuera senador de la República. Se guarda un minuto de silencio en su memoria.
La secretaría da cuenta con una invitación del Congreso del Estado de Nuevo León, a la sesión solemne en la que el gobernador del estado rendirá el quinto informe de su gobierno. Se designa para representar a la Comisión Permanente en este acto, el senador José de Jesús Padilla Padilla.
Una invitación del gobierno del Estado de Baja California Sur, a la sesión solemne en la que el gobernador rendirá el tercer informe de su administración. Se designa para representar a la Comisión Permanente en este acto, al senador José Antonio Valdivia.
La secretaría da cuenta con una comunicación del diputado Federico Ruíz López, por la que solicita licencia temporal para separarse de un cargo. Por instrucciones de la Presidencia, la secretaría da lectura al punto de acuerdo respectivo, mismo que se aprueba en votación económica.
Se da lectura a una comunicación del diputado Rodolfo Paniagua Alvarez, quien comunica que regresa al cargo de diputado federal, toda vez que ya se encuentra bien de salud. De enterado.
Dos oficios del Congreso del Estado de Jalisco, por los que informa la clausura de su Comisión Permanente y la apertura del Primer Período de Sesiones del Segundo Año de su Ejercicio Constitucional. De enterado.
La secretaría da cuenta con una proposición de la mesa directiva, por la que se modifica la integración de la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente. Se aprueba en votación económica.
Continuando con el orden del día, la secretaría da cuenta con un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Antonio Rodríguez Díaz Fonseca, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Infante don Henrique, en Grado de Comendador, que le confiere el gobierno de Portugal. Se turna a la Primera Comisión.
Otro oficio de la misma Secretaría, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Ismael Moreno Pino, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Orange Nassau, en Grado de Gran Cruz, que el confiere el gobierno de los Países Bajos. Se turna a la Primera Comisión.
Se da lectura a un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Francisca de la Cruz Jiménez, pueda aceptar y usar la condecoración Medalla al Mérito, que le confiere el gobierno de la República Socialista Federativa de Yugoslavia. Se turna a la Primera Comisión.
Se da cuenta con un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana María Evarista Nieves Torres Ovando, pueda aceptar y usar la condecoración Medalla al Mérito, que le confiere el gobierno de la República Socialista
Federativa de Yugoslavia. Se turna a la Primera Comisión.
Se da lectura a seis oficios de la misma Secretaría, con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Mario Pérez Alarcón, Rolando Gutiérrez López, Eduardo Ajuria López, Alfredo Morán Acevedo, Armando Mariano Ortíz Salgado y Manuel Lomelí Gamboa, para los efectos de la fracción séptima del artículo setenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Segunda Comisión.
La secretaría da lectura a un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Oscar Ernesto de la Fuente Groskorth, pueda aceptar y desempeñar el cargo del cónsul honorario de la República de Malta en la ciudad de México, con jurisdicción en toda la República Mexicana. Es de primera lectura.
Se da segunda lectura y se somete a discusión un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jorge Basurto Romero, pueda aceptar y usar la condecoración de la Gran Cruz de Honor, que le confiere el gobierno de Austria. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Otro dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Víctor Alfonso Maldonado Moroleón, pueda aceptar la condecoración de las Palmas Académicas, que le confiere el gobierno de Francia. Es de segunda lectura y no habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Se da segunda lectura y se somete a discusión un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Manuel Velasco - Suárez, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de la República de Italia, que le confiere el gobierno de este país. No habiendo quien haga uso de la palabra, la secretaría recoge la votación nominal de este dictamen y los anteriormente reservados en un solo acto. Se aprueban por veintitrés votos a favor y pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
La secretaría da lectura a un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano César Méndez Baeza, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Francia en Mérida, Yucatán. Es de segunda lectura y no habiendo quien haga uso de la palabra, la secretaría toma la votación nominal respectiva. La asamblea lo aprueba por veinticinco votos a favor. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Se concede el uso de la palabra al diputado Pedro César Acosta Palomino, del Partido Acción Nacional, quien se refiere a los problemas que enfrenta la termoeléctrica Lázaro Cárdenas - Las Truchas, segunda unidad, y propone que se cite al Director General de la Comisión Federal de Electricidad para que explique los fundamentos de sus decisiones al respecto.
Para exponer su opinión al respecto, hace uso de la palabra el senador Héctor Mayagoitia Domínguez, del Partido Revolucionario Institucional y posteriormente el diputado Pedro César Acosta Palomino, para rectificar hechos. Se turna a la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados, para la atención que proceda.
Se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, del Partido Popular Socialista, quien se refiere a la privación de derechos políticos a dirigentes estatales de su partido en el Estado de Baja California. Pide que las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos, soliciten a las autoridades estatales la información necesaria.
Por instrucciones de la Presidencia, se da lectura al artículo cincuenta y ocho del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Para exponer sus opiniones sobre este asunto, hacen uso de la palabra los legisladores Alberto Ling Altamirano, del Partido Acción Nacional, en pro; Rodolfo Duarte Rivas, del Partido Revolucionario Institucional, en contra; Leonel Godoy Rangel, del Partido de la Revolución Democrática para rectificar hechos; Rodolfo Duarte Rivas, del Partido Revolucionario Institucional, para contestar alusiones personales y acepta una interpelación del diputado Pablo Gómez Alvarez. Desde su curul, el diputado Gómez Alvarez pide que se vote solemnemente la proposición y no los considerandos.
Continúan en el uso de la palabra para el mismo asunto, los legisladores Juan José Medrano Castillo, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos; Rodolfo Duarte Rivas, del Partido Revolucionario Institucional, para contestar
alusiones personales; Jesús Antonio Carlos Hernández, del Partido Popular Socialista, para rectificar hechos; Juan José Medrano Castillo, del Partido Acción Nacional, para contestar alusiones personales y Jesús Antonio Carlos Hernández, del Partido Popular Socialista, para contestar alusiones personales.
La secretaría recoge la votación económica respectiva y la proposición se admite a discusión y se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Diputados.
Para referirse a los precios de garantía de los productos de la caña, hace uso de la palabra el diputado Juan Jaime Hernández, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Se turna a la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos, para la atención que proceda.
Se concede el uso de la palabra al diputado Juan Jaime Hernández, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien se refiere al incumplimiento de una sentencia de amparo, por las autoridades laborales del Estado de Tamaulipas. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados, para la atención que proceda.
La secretaría da cuenta con un oficio de la Secretaría de Gobernación, recibido en el transcurso de la sesión, en el que el Secretario de Programación y Presupuesto solicita que se turne a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, el informe previo sobre las razones y criterios específicos, a fin de llevar a efecto la desincorporación de las entidades paraestatales a que dicho informe se refiere. Se turna a la comisión solicitada.
Se concede el uso de la palabra al diputado Juan José Medrano Castillo, del Partido Acción Nacional quien se refiere a la revocación del mandato en el ayuntamiento de Anáhuac, del Estado de Nuevo León. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, para la atención que proceda.
Para expresar sus opiniones respecto a la opinión presidencial sobre las reformas del Partido Revolucionario Institucional, hacen uso de la palabra los legisladores Pedro César Acosta Palomino, del Partido Acción Nacional; Eliseo Rangel Gaspar, del Partido Revolucionario Institucional; Pablo Gómez Alvarez para contestar alusiones personales, del Partido de la Revolución Democrática; Socorro Díaz Palacios, para rectificar hechos y Miguel Montes García, del Partido Revolucionario Institucional.
Se concede el uso de la palabra al senador José de Jesús Padilla Padilla, quien da lectura a un documento sobre la posición de la Suprema Corte de justicia de Estados Unidos de América, sobre las actividades de los agentes de la DEA (Drug Enforcement Administration).
Para comentar el mismo asunto, hace uso de la palabra el diputado Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática, quien propone que se soliciten informes al Ejecutivo Federal en relación con el incidente.
En votación económica se aprueba el documento presentado por el senador Padilla Padilla, y la proposición del diputado Pablo Gómez Alvarez se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la honorable Cámara de Diputados.
Se concede el uso de la palabra al senador Cristóbal Arias Solís, del Partido de la Revolución Democrática, quien se refiere a la violencia en el Estado de Guerrero, e insiste en la desaparición de poderes en esa entidad.
Presidencia del diputado Juan José Osorio Palacios
Para referirse al mismo asunto, hacen uso de la palabra los legisladores Bulmaro Pacheco Moreno, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta una interpelación del senador Cristóbal Arias Solís y el diputado Leonel Godoy Rangel, del Partido de la Revolución Democrática.
Para referirse a la acusación contra el gobernador del estado de Guerrero, hacen uso de la palabra los legisladores Leonel Godoy Rangel, del Partido de la Revolución Democrática; Ricardo Monreal Ávila, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta una interpelación del diputado Leonel Godoy Rangel; Juan José Medrano Castillo, del Partido Acción Nacional; Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática.
Presidencia del diputado Guillermo Jiménez Morales
Continúan con el debate sobre el mismo tema los legisladores José Trinidad Lanz Cárdenas, del Partido Revolucionario Institucional, quien durante su intervención es interrumpido en varias ocasiones y el Presidente pide a los miembros de la Comisión Permanente que guarden el respeto que requiere el desarrollo de la sesión y reitera su atención para el cumplimiento de la ley; Leonel Godoy Rangel, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; José Trinidad
Lanz Cárdenas, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos; Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos y Miguel Montes García, del Partido Revolucionario Institucional.
Se concede el uso de la palabra al diputado Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática, quien se refiere a la suspensión provisional otorgada a los trabajadores de la Cervecería Modelo.
Hace uso de la palabra el diputado Leonel Godoy Rangel, del Partido de la Revolución Democrática, quien se refiere a la detención de Miguel Aldana, ex director de la Interpol en México.
Para referirse a las elecciones locales del Estado de Quintana Roo, hacen uso de la palabra los legisladores Leonel Godoy Rangel, del Partido de la Revolución Democrática; Pedro César Acosta Palomino, del Partido Acción Nacional y Alvaro Salazar Lozano, del Partido Revolucionario Institucional. Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión, y el Presidente clausura la de hoy a las veinte horas con diecisiete minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo miércoles catorce de marzo de mil novecientos noventa a las once horas.»
Está a discusión el acta...
El C. diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul): - Se menciona en el acta acerca de la detención de Miguel Aldana; como está redactado, pareciera que lo estoy defendiendo, y en ningún momento fue mi intención eso. Yo quisiera que se señale que hice alusión a la detención del señor Miguel Aldana Ibarra, para condenar los actos de corrupción de policías y ex policías en México.
El C. Presidente: - Que tome nota la secretaría, de la precisión que ha hecho al respecto del acta anterior, el diputado Leonel Godoy.
El C. secretario diputado Juan Jaime Hernández: -Se ha tomado nota, señor Presidente.
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
INVITACIONES
El C. secretario senador José Antonio Valdivia:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Departamento del Distrito Federal.
Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta Dirección General, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del LII Aniversario de la Expropiación Petrolera, que tendrá lugar el próximo domingo 18 del actual, a las 11.00 horas, frente al monumento erigido al general Lázaro Cárdenas, ubicado en el jardín que lleva su nombre, en Eje Central y doctor Erazo.
Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien girar sus respetables indicaciones, a efecto de que un representante de esa Comisión Permanente que usted preside, asista a la ceremonia de referencia. Reitero a usted con mi reconocimiento, las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 7 de marzo de 1990.
El director de Acción Cívica, licenciado Roberto A. Ochoa Morales.» El C. Presidente: - Para asistir a este acto en representación de esta honorable Comisión Permanente, se designa al siguiente ciudadano legislador: senador Héctor Mayagoitia Domínguez.
El C. secretario senador José Antonio Valdivia:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Departamento del Distrito Federal.
Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta Dirección General, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CLXXXIV Aniversario del natalicio del licenciado Benito Juárez, que tendrá lugar el próximo miércoles 21
del actual, a las 11.00 horas, en el Hemiciclo erigido a su memoria en la Alameda Central.
Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien girar sus respetables indicaciones, a efecto de que un representante de esa Comisión Permanente que usted preside, asista a la ceremonia de referencia. Reitero a usted con mi reconocimiento, las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 8 de marzo de 1990.
El director de Acción Cívica, licenciado Roberto A. Ochoa Morales.»
El C. Presidente: - Para asistir a este acto en representación de esta honorable Comisión Permanente, se designa a los siguientes ciudadanos legisladores: senador Bulmaro Pacheco Moreno y diputado José Trinidad Lanz Cárdenas.
OFICIO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
NOMBRAMIENTO DIPLOMÁTICO
El C. secretario senador José Antonio Valdivia:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes para su conocimiento y fines procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación con fecha 20 del actual:
"En uso de las facultades que le concede el artículo 89, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ciudadano Presidente de la República ha tenido a bien nombrar al ciudadano Ricardo Villanueva Hallal, embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de la República de Finlandia. En consecuencia, he de agradecer a usted se sirva solicitar en los términos de la fracción VII del artículo 79 constitucional, la ratificación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión para este nombramiento. Con este fin, le envió adjuntos los datos biográficos del interesado."
Al comunicar a ustedes lo anterior, les acompaño con el presente el anexo que en el mismo se cita, reiterándoles en esta oportunidad mi consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 26 de febrero de 1990.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.
INICIATIVA DE LEY SOBRE EL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Alberto Ling Altamirano, para dar lectura a una iniciativa de ley sobre el Departamento del Distrito Federal.
El C. diputado Jorge Alberto Ling Altamirano:
«INICIATIVA DE MODIFICACIONES Y ADICIONES A LA LEY DE HACIENDA DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
Como tenía que suceder, el descontento por las injustas alzas en los impuestos, en especial el predial y las tarifas de agua potable, están empujando a la población del Distrito Federal a tomar las calles para gritar y hacer oír sus protestas.
En el caso del agua, las autoridades proporcionaron a diputados y asambleístas datos falsos, con el exclusivo propósito de que fueran aprobadas las modificaciones a la Ley de Hacienda del Distrito Federal, y la indignación pública lo ha puesto de manifiesto. No fue cierto que la ley buscara equidad en los cobros del agua, porque han sido los sectores con menos recursos los más afectados.
Al margen de denuncias, la clara maniobra política de golpear a los contribuyentes para luego, a través de la capitalización partidista por el partido oficial, habilitado como gestor administrativo en preparación a las elecciones federales
del año próximo, consideramos que algo tiene que hacerse de inmediato, por la vía de modificar la ley injusta.
Para comenzar, el Departamento del Distrito Federal deberá atender y rectificar sobre la marcha, cobros desproporcionados que no tienen justificación.
Tenemos conciencia de que los costos de traer agua a la capital de la República, despojando de este recurso vital a otras comunidades mexicanas, son cada día más altos; pero en tanto los ciudadanos nos decidimos a obligar al régimen a rectificaciones profundas, como una aportación inmediata y concreta al problema creado por las tarifas de agua, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente
INICIATIVA DE REFORMAS A LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
DECRETO
Artículo primero. Se reforma el artículo 126, y se adiciona el artículo 149, Artículo 126......................
Fracción I. a) Tratándose de tomas de uso doméstico, que para efectos de esta ley son las que se encuentran instaladas en inmuebles de uso habitacional o comercial, cuando el agua no forme parte del bien o servicio comercializado o de su proceso de producción, el pago de los derechos correspondientes se hará conforme al volumen de consumo medido, de acuerdo a la siguiente
TARIFA
Consumo en metros cúbicos Cuota bimestral por metro
cúbico expresada en pesos
Hasta 10 Exento
Más de 10 y hasta 15 Exento
Más de 15 y hasta 20 200
Más de 20 y hasta 25 225
Más de 25 y hasta 30 275
Más de 30 y hasta 45 350
Más de 45 y hasta 60 450
Más de 60 y hasta 90 575
Más de 90 y hasta 120 725
Más de 120 y hasta 180 900
Más de 180 y hasta 240 1,100
Más de 240 1,350
b).................................
Fracción II.......................
Artículo 149. Cuando el acto que se recurra sea aquél por el cual no se determina el cobro de derechos por servicios de agua, y esté en el supuesto de los artículos 129, 131 y 132 de esta ley, la sola interposición del recurso tendrá por efecto que la autoridad ordene la instalación o reparación, en su caso, del medidor, así como la realización de una nueva verificación basada en la lectura correspondiente; si la determinación original hubiese sido correcta, el costo de la verificación quedará a cargo del usuario de la toma.
TRANSITORIO
Artículo único. Este decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con efecto retroactivo al consumo de agua desde el primer bimestre del año 1990.
Sala de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la unión, a 14 de marzo de 1990.- Diputado Jorge Alberto Ling Altamirano."
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Comisión del Distrito Federal de la honorable Cámara de Diputados.
OFICIO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
TRATADO DE COOPERACIÓN MÉXICO - ESPAÑA
El C. secretario senador José Antonio Valdivia:
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha 12 de febrero último, manifestando lo siguiente:
"Me es grato enviar a usted anexo al presente, dos copias certificadas del Tratado General de Cooperación y Amistad entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España, y el Acuerdo
Económico entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España, integrante del Tratado General de Cooperación y Amistad Mexicano - Español, firmados en la ciudad de México el 11 de enero de 1990, acompañadas de un memorándum de antecedentes. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mucho le agradeceré enviar una copia de dichos documentos a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con objeto de que la Cámara de Senadores del citado órgano legislativo, tenga a bien considerarlos durante su segundo período ordinario de sesiones."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles con el presente copia certificada de los documentos que en el mismo se citan.
Reitero a ustedes las seguridades de mi consideración atenta. Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F, a 1o. de marzo de 1990.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios."
Trámite.- Recibo, y túrnese a la comisión de Relaciones Exteriores de la honorable Cámara de Senadores.
NOMBRAMIENTOS
El C. secretario senador José Antonio Valdivia:
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha 13 del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional, manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general de división Diplomado de Estado Mayor, Arturo Cardona Marino (717444), que en veintiuna fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 19 de febrero de 1990.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios."
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.
El mismo C. Secretario:
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha 9 del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general de división piloto aviador Diplomado de Estado Mayor aéreo, Héctor Vicente Ahuja Fuster (435337), que en veintidós fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para los efectos de fracción VII del artículo 79 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de febrero de 1990.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios."
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.
El mismo C. Secretario:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación transcribo oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a esta dependencia del Ejecutivo, con fecha 10 del actual:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente de honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general de brigada, Luis Ángel Fuentes Alvarez (449408), que en veintidós fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Al comunicar a ustedes lo anterior, se acompaña con el presente la hoja de servicios que en el mismo se cita, reiterándoles en esta oportunidad, las seguridades de mi consideración atenta.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de febrero de 1990.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la segunda Comisión
El mismo C. Secretario:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación transcribo oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a esta dependencia del Ejecutivo, con fecha 13 del actual:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general de brigada diplomado de estado mayor, Alfredo Hernández Pimentel (2957645), que en veinte fojas útiles se adjuntan con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Al comunicar a ustedes lo anterior, se acompaña con el presente la hoja de servicios que en el mismo se cita, reiterándoles en esta oportunidad, las seguridades de mi consideración atenta.
Sufragio Efectivo No. Reelección.
México, D.F., a 19 de febrero de 1990.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.
El mismo C. Secretario:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación con fecha 9 del actual, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general de brigada Diplomado de Estado Mayor, Mario Pedro Juárez Navarrete (3729559), que en veintiuna fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles al presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de febrero de 1990.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.
El mismo C. Secretario:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección general de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 8 del actual:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier Diplomado de Estado Mayor, Humberto Hernández Gutiérrez (481252), que en veintidós fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Al comunicar a ustedes lo anterior, les envío con el presente la hoja de servicios a que se hace referencia, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de febrero de 1990.- El Secretario. Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.
EL mismo C. Secretario:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a ésta de Gobernación con fecha 20 del actual, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general de brigada Diplomado de Estado Mayor, Juvenal González Martínez (449354), que en veintidós fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles al presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 26 de febrero de 1990.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.
El mismo C. Secretario:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha 20 del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier ingeniero constructor, Enrique Espinoza Miyazawa (2078898), que en veinte fojas útiles se adjunta con carácter de devolutivo para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 26 de febrero de 1990.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.
El mismo C. Secretario:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación con fecha 4 del actual, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general de brigada Diplomado de Estado Mayor, Jaime Palacios Guerrero (449414), que en veintiuna fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles al presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 26 de febrero de 1990.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: -Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.
El mismo C. Secretario:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación transcribo oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a ésta dependencia del Ejecutivo, con fecha 17 del actual:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general de brigada Diplomado de Estado Mayor, Jaime Abarca Illa (1489577), que en veinte fojas útiles se adjunta con carácter de devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Al comunicar a ustedes lo anterior, se acompaña con el presente la hoja de servicios que en el mismo se cita, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi consideración atenta.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 26 de febrero de 1990.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: -Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
CONDECORACIONES
El C. secretario diputado Juan Jaime Hernández:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: La Primera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita la ciudadana Francisca de la Cruz Jiménez, para que pueda aceptar y usar la condecoración Medalla al Mérito, que le confiere el gobierno de la República Socialista Federativa de Yugoslavia.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado, y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Francisca de la Cruz Jiménez, para aceptar y usar la condecoración Medalla al Mérito, que le confiere el gobierno de la República Socialista Federativa de Yugoslavia. Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 9 de marzo de 1990.-
Diputado Miguel Montes García, diputado Rodolfo Duarte Rivas, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Pablo Gómez Alvarez, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Alger Urke León Moreno, diputado Ricardo Monreal Ávila y senador Francisco Jesús Solís Rodríguez.»
Trámite: - Primera lectura.
El mismo C. Secretario:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: La Primera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita la ciudadana María Evarista Nieves Torres Ovando, para que pueda aceptar y usar la condecoración Medalla al Mérito, que le confiere el gobierno de la República Socialista Federativa de Yugoslavia.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado, y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana María Evarista Nieves Torres Ovando, para aceptar y usar la condecoración Medalla al Mérito, que le confiere el gobierno de la República Socialista Federativa de Yugoslavia.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 9 de marzo de 1990.- Diputado Miguel Montes García, diputado Rodolfo Duarte Rivas, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Pablo Gómez Alvarez, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Alger Urke León Moreno, diputado Ricardo Monreal Ávila y senador Francisco Jesús Solís Rodríguez.» Trámite: - Primera lectura.
El mismo C. Secretario:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: La Primera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano Antonio Rodríguez Díaz Fonseca, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Infante don Henrique, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de Portugal.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado, y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Antonio Rodríguez Díaz Fonseca, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Infante Don Henrique, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de Portugal.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 8 de marzo de 1990.- Diputado Miguel Montes García, diputado Rodolfo Duarte Rivas, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Pablo Gómez Alvarez, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Alger Urke León Moreno, diputado Ricardo Monreal Ávila y senador Francisco Jesús Solís Rodríguez.»
Trámite: - Primera lectura.
El mismo C. Secretario:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: la Primera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano licenciado Ismael Moreno Pino, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Orange Nassau, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de los Países Bajos.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado, y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano licenciado Ismael Moreno Pino, para que
pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Orange Nassau, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de los Países Bajos.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 8 de marzo de 1990.- Diputado Miguel Montes García, diputado Rodolfo Duarte Rivas, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Pablo Gómez Alvarez, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Alger Urke León Moreno, diputado Ricardo Monreal Ávila y senador Francisco Jesús Solís Rodríguez.»
Trámite: - Primera lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
RATIFICACIÓN DE GRADOS
El C. secretario senador José Antonio Valdivia:
«Segunda Comisión.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1989 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano coronel de infantería Diplomado de estado mayor, Abraham Campos López, como general brigadier Diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al ejército en el Heroico Colegio Militar, el primero de marzo de mil novecientos cincuenta y siete, y el primero de enero de mil novecientos sesenta fue ascendido a subteniente de infantería al término satisfactorio del curso de formación en dicho plantel;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán segundo de infantería, al término satisfactorio del curso de mando y Estado Mayor general el treinta y uno de octubre de mil novecientos sesenta y siete, adquirió el carácter de Diplomado de Estado Mayor;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes, en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro del Ejército, ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y dos años, diez meses y veintidós días, y
e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera y Segunda clases.
Del análisis del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado, sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de general brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Abraham Campos López.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 22 de febrero de 1990.- Senador Humberto A. Lugo Gil, senador Alfredo Toxqui Fernández de Lara, diputada Socorro Díaz Palacios, diputado Jorge Alberto Ling Altamirano, senador Héctor Hugo Olivares Ventura, diputado Leonel Godoy Rangel, senadora Blanca Ruth Esponda de Torres, senador Gustavo Almaraz Montaño, senador Bulmaro Pacheco Moreno y diputado Juan José Medrano Castillo.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado.
Comuníquese al Ejecutivo.
El mismo C. Secretario:
« Segunda Comisión.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1989 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano coronel de infantería Diplomado de estado mayor, Rubén Martínez Ortega, como general brigadier Diplomado de estado
mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército en el Heroico Colegio Militar, el tres de septiembre de mil novecientos cincuenta y cinco, y el primero de enero de mil novecientos sesenta y uno fue ascendido a subteniente de infantería al término satisfactorio del curso de formación de dicho plantel;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de mayor de infantería, al terminar satisfactoriamente el curso de mando y estado mayor general el treinta y uno de agosto de mil novecientos setenta y cuatro, adquirió el carácter de Diplomado de Estado Mayor.
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes, en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro del Ejército, ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y tres años, seis meses, veintidós días, y
e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases.
Del análisis del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado, sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO.
Único. Se ratifica el grado de general brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Rubén Martínez Ortega.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 22 de febrero de 1990.- Senador Humberto A. Lugo Gil, senador Alfredo Toxqui Fernández de Lara, diputada Socorro Díaz Palacios, diputado Jorge Alberto Ling Altamirano, senador Héctor Hugo Olivares Ventura, diputado Leonel Godoy Rangel, senadora Blanca Ruth Esponda de Torres, senador Gustavo Almaraz Montaño, senador Bulmaro Pacheco Moreno y diputado Juan José Medrano Castillo.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
El mismo C. Secretario:
«Segunda Comisión.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1989 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano coronel de infantería Diplomado de estado mayor, Enrique Flores Luna, como general brigadier Diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército en el Heroico Colegio Militar, el primero de enero de mil novecientos cincuenta y ocho, y el primero de enero de mil novecientos sesenta y uno fue ascendido a subteniente de infantería al término satisfactorio del curso de formación de dicho plantel;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán primero de infantería, al término satisfactorio del curso de mando y Estado Mayor general el primero de septiembre de mil novecientos setenta y tres, adquirió el carácter de Diplomado de Estado Mayor;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes, en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro del Ejército, ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y dos años y un mes, y
e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases.
Del análisis del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier
Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado, sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de general brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Enrique Flores Luna.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 22 de febrero de 1990.- Senador Humberto A. Lugo Gil, senador Alfredo Toxqui Fernández de Lara, diputada Socorro Díaz Palacios, diputado Jorge Alberto Ling Altamirano, senador Héctor Hugo Olivares Ventura, diputado Leonel Godoy Rangel, senadora Blanca Ruth Esponda de Torres, senador Gustavo Almaraz Montaño, senador Bulmaro Pacheco Moreno y diputado Juan José Medrano Castillo.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
El mismo C. Secretario:
«Segunda Comisión.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1989 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano coronel intendente Diplomado de Estado Mayor, Rafael Paz del Campo, como general brigadier intendente Diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército en el Heroico Colegio Militar, el doce de mayo de mil novecientos cincuenta y nueve, y el primero de enero de mil novecientos sesenta y tres fue ascendido a subteniente de administración al término satisfactorio del curso de formación en dicho plantel;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de teniente de administración, al término satisfactorio del curso de mando y Estado Mayor general el treinta y uno de agosto de mil novecientos sesenta y nueve, adquirió el carácter de Diplomado de Estado Mayor;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes, en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro del Ejército, ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta años, ocho meses y dieciocho días; y
e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases.
Del análisis del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier intendente Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado, sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de general brigadier intendente Diplomado de estado mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Rafael Paz del Campo.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 22 de febrero de 1990.- Senador Humberto A. Lugo Gil, senador Alfredo Toxqui Fernández de Lara, diputada Socorro Díaz Palacios, diputado Jorge Alberto Ling Altamirano, senador Héctor Hugo Olivares Ventura, diputado Leonel Godoy Rangel, senadora Blanca Ruth Esponda de Torres, senador Gustavo Almaraz Montaño, senador Bulmaro Pacheco Moreno y diputado Juan José Medrano Castillo.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
El mismo C. Secretario:
«Segunda Comisión.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1989 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano coronel de caballería Diplomado de estado mayor, Manuel Suárez Aguirre, como general brigadier Diplomado de estado mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército en el Heroico Colegio Militar, el primero de enero de mil novecientos cincuenta y siete y el primero de enero de mil novecientos sesenta fue ascendido a subteniente de caballería al término satisfactorio del curso de formación en dicho plantel;
b) Los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de mayor de caballería , al terminar satisfactoriamente del curso de mando y estado mayor general el treinta y uno de agosto de mil novecientos setenta y cinco, adquirió el carácter de Diplomado de Estado Mayor;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes, en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro del Ejército, ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y tres años y veinticinco días, y
e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases.
Del análisis del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado, sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de general brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Manuel Suárez Aguirre.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 22 de febrero de 1990.- Senador Humberto A. Lugo Gil, senador Alfredo Toxqui Fernández de Lara, diputada Socorro Díaz Palacios, diputado Jorge Alberto Ling Altamirano, senador Héctor Hugo Olivares Ventura, diputado Leonel Godoy Rangel, senadora Blanca Ruth Esponda de Torres, senador Gustavo Almaraz Montaño, senador Bulmaro Pacheco Moreno y diputado Juan José Medrano Castillo.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
El mismo C. Secretario:
«Segunda Comisión.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1989 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano coronel de infantería Diplomado de estado mayor, Rigoberto Castillejos Adriano, como general brigadier Diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército en el Heroico Colegio Militar, el primero de febrero de mil novecientos sesenta, y el primero de enero de mil novecientos sesenta y tres fue ascendido a subteniente de infantería al término satisfactorio del curso de formación en dicho plantel;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán segundo de infantería, al terminar satisfactoriamente el curso de mando y Estado Mayor general el treinta y uno de agosto de mil novecientos setenta, adquirió el carácter de Diplomado de Estado Mayor;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes, en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro del Ejército, ha prestado servicios a la nación mexicana durante veintinueve años, once meses y veintitrés días, y
e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta y Tercera clases.
Del análisis del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado, sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de general brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Rigoberto Castillejos Adriano.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 22 de febrero de 1990.- Senador Humberto A. Lugo Gil, senador Alfredo Toxqui Fernández de Lara, diputada Socorro Díaz Palacios, diputado Jorge Alberto Ling Altamirano, senador Héctor Hugo Olivares Ventura, diputado Leonel Godoy Rangel, senadora Blanca Ruth Esponda de Torres, senador Gustavo Almaraz Montaño, senador Bulmaro Pacheco Moreno y diputado Juan José Medrano Castillo.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
El mismo C. Secretario:
«Segunda Comisión.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1989 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano coronel de caballería, Joaquín Madrigal Polanco, como general brigadier, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército en el Heroico Colegio Militar, el primero de febrero de mil novecientos cincuenta y tres, y el primero de enero de mil novecientos cincuenta y seis fue ascendido a subteniente de caballería al término satisfactorio del curso de formación en dicho plantel;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes, en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército, ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y seis años, once meses y nueve días, y
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases.
Del análisis del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer del grado que se le ha otorgado, sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de general brigadier, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Joaquín Madrigal Polanco.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 22 de febrero de 1990.- Senador Humberto A. Lugo Gil, senador Alfredo Toxqui Fernández de Lara, diputada Socorro Díaz Palacios, diputado Jorge Alberto Ling Altamirano, senador Héctor Hugo Olivares Ventura, diputado Leonel Godoy Rangel, senadora Blanca Ruth Esponda de Torres, senador Gustavo Almaraz Montaño, senador Bulmaro Pacheco Moreno y diputado Juan José Medrano Castillo.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
El mismo C. secretario
«Segunda Comisión.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1989 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano coronel de infantería, Isidro Mario Guillén Zamudio, como general brigadier, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército en el Heroico Colegio Militar, el primero de enero de mil novecientos cincuenta y uno, y el primero de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro fue ascendido a subteniente de infantería al término satisfactorio de sus estudios en dicho plantel;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes, en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército, ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y nueve años, veinticinco días, y
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases, así como la Especial.
Del análisis del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado, sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de general brigadier, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Isidro Mario Guillén Zamudio.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 22 de febrero de 1990.- Senador Humberto A. Lugo Gil, senador Alfredo Toxqui Fernández de Lara, diputada Socorro Díaz Palacios, diputado Jorge Alberto Ling Altamirano, senador Héctor Hugo Olivares Ventura, diputado Leonel Godoy Rangel, senadora Blanca Ruth Esponda de Torres, senador Gustavo Almaraz Montaño, senador Bulmaro Pacheco Moreno y diputado Juan José Medrano Castillo.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... A probado. Comuníquese al Ejecutivo.
NOMBRAMIENTO
El C. secretario diputado Juan Jaime Hernández:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: En escrito fechado el 23 de febrero del año en curso, el ciudadano Oscar Ernesto de la Fuente Groskorth, solicita el permiso constitucional necesario para poder aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Malta, en la ciudad de México, con jurisdicción en la República Mexicana.
En sesión efectuada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 28 de febrero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento y certificado de nacionalidad número 3827, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores;
b) Que los servicios que el propio solicitante prestará al gobierno de la República de Malta, serán de carácter estrictamente consular, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en el fracción II del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Oscar Ernesto de la Fuente Groskorth, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul
honorario de la República de Malta, en la ciudad de México, con jurisdicción en la República Mexicana.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México Distrito Federal, a 7 de marzo de 1990.- Diputado Miguel Montes García, diputado Rodolfo Duarte Rivas, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Pablo Gómez Alvarez, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Alger Urke León Moreno, diputado Ricardo Monreal Ávila y senador Francisco Jesús Solís Rodríguez.» Trámite: - Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El C. secretario diputado Juan Jaime Hernández:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 24 de noviembre de 1989, la Secretaria de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Blas Villagrana Sotelo, Ana María González Gerónimo, María del Refugio Rivera Herrera, Josefina Guzmán Hernández, Ernesto Zambrano Saldaña y Juan de Dios Campos Ramos, puedan prestar servicios como empleados de servicio en la embajada de la República Democrática de Alemania en México.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 7 de febrero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que los interesados prestarán en la embajada de la República Democrática de Alemania, serán como empleados de servicio, y c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Blasa Villagrama Sotelo, para prestar servicios como empleada de servicio, en la embajada de la República Democrática de Alemania en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Ana María González Gerónimo, para prestar servicios como empleada de servicio, en la embajada de la República Democrática de Alemania en México.
Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana María del Refugio Rivera Herrera, para prestar servicios como empleada de servicio, en la embajada de la República Democrática de Alemania en México.
Artículo cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Josefina Guzmán Hernández, para prestar servicios como empleada de servicio, en la embajada de la República Democrática de Alemania en México.
Artículo quinto. Se concede permiso al ciudadano Ernesto Zambrano Saldaña, para prestar servicios como chofer, en la embajada de la República Democrática de Alemania en México.
Artículo sexto. Se concede permiso al ciudadano Juan de Dios Campos Ramos, para prestar servicios como encargado de mantenimiento, en la embajada de la República Democrática de Alemania en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 8 de febrero de 1990.- Diputado Miguel Montes García, diputado Arturo Armendáriz Delgado, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Pablo Gómez Alvarez, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Alger Urke León Moreno, diputado Ricardo Monreal Ávila y senador Francisco Jesús Solís Rodríguez.» Trámite: - Segunda lectura.
El C. Presidente: -Está discusión el dictamen en lo general... No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se
pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados, en un solo acto.
El C. secretario senador José Antonio Valdivia: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de este proyecto de decreto y del anteriormente reservado, en un solo acto. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron 21 votos en pro y una abstención.
El C. Presidente: - Aprobados los proyectos de decreto, por 21 votos. El C. secretario senador José Antonio Valdivia: - Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
DE LA SITUACIÓN EN COLOMBIA
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre la situación en Colombia.
El C. diputado Jesús Antonio Carlos Hernández: - Compañeros legisladores: De la misma manera que continúa la inadmisible intervención militar norteamericana en la hermana República de Panamá, se ha iniciado a pesar de que lo esconden las agencias informativas internacionales, la intervención militar en la hermana República de Colombia; en esta última también, bajo el pretexto del combate al narcotráfico.
Pero resulta muy significativo y aparentemente casual de que los llamados asesores militares, el armamento sofisticado, la vitualla y otros elementos de carácter bélicos, hombres y armas del ejército norteamericano se concentran en la región de Aruba, entre la República hermana de Colombia y la de Panamá; se trata aquí de un operativo de carácter estratégico, de una medida de geopolítica para supuestamente evitar el suministro de apoyo logístico y de otro carácter, a la guerrilla de resistencia en Panamá, que a pesar de que tampoco lo informan las agencias de noticias internacionales, está presente, combativa y heroica, resistiendo la presencia militar norteamericana.
La situación en Colombia nos preocupa sobre manera, no solamente por la intromisión o la intervención de todo carácter de gobierno norteamericano en ese país, que incluye, desde luego, como ya lo dijimos, la intervención militar, sino porque desde hace más de cinco años, más de nueve años diríamos, se ha desatado una ola de violencia de asesinados políticos, de detenciones arbitrarias, de torturas y de otras muchas violaciones a los derechos humanos en más de 6 mil colombianos; simplemente para dar una situación así sea sintética o esquemática de la situación, de por que Colombia tiene causas sociales, económicas e históricas que han favorecido el desarrollo de la violencia en ese hermano país, diríamos lo siguiente: Colombia es un país aproximadamente 28 millones de habitantes con un gran atraso social, algunas cifras nos pueden servir para ilustrar nuestra afirmación; sólo 4 millones de colombianos tienen acceso seguro a los sistemas de salud, el 30% de la población sufre de desnutrición y subalimentación, hay un déficit de 1 millón de viviendas urbanas, 14 de cada 100 habitantes mayores de 18 años son analfabetos, 35 de cada 100 niños no van a la escuela.
La escolaridad general difícilmente alcanza el tercer año de la primaria, el desempleo es superior al 20%, el 28% de las familias carecen de agua potable, hay 3 millones de niños colombianos que están trabajando.
En medio de esta situación de grave atraso social, y ante la cerrazón de los caminos legales, pacíficos y democráticos para superar una situación de atraso y de opresión, en el que una minoría oligárquica con dos caras, que son el Partido Liberal y el Partido Conservador que se alternan la administración pública; el pueblo colombiano ha tenido la necesidad, muy a su pesar, de recurrir a la vía armada para tratar de transformar la situación económica y social de su patria.
De esa manera, se han creado una serie de organismos revolucionarios durante los últimos 25 años, entre los que destaca un movimiento que abarca prácticamente a todo el país, que contiene además de su estructura militar una dirección política cohesionada, con programa, con objetivos, con estrategia y con táctica definida de conformidad con los requerimientos de la lucha política y social en ese
país, como son las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia.
En este punto hay que decir que la pregonada paz firmada entre Virgilio Barco, el actual Presidente y el denominado grupo M-19, no representa desgraciadamente ninguna solución de paz definitiva en ese país. Porque el M-19, muy a pesar de la profusión que se le da en los medios informativos, no representa más que sólo una pequeñísima parte del movimiento guerrillero en ese país, pero mucho más mínima parte del pueblo de Colombia.
Sin embargo y a pesar de que el 34% del presupuesto de gastos del gobierno de Colombia se dedica a la guerra, a la contraguerrilla, los grupos guerrilleros del país han coincidido en la necesidad de abrir vías políticas, vías pacíficas, para resolver la grave situación, que se incrementa con la presencia militar norteamericana en ese país.
Y de esta manera han abierto una cobertura de diálogo político y de participación electoral en los procesos eleccionarios y han integrado a partir de 1985, lo que se denomina la Unión Patriótica, la UP, que agrupa prácticamente a todas las fuerzas políticas democráticas revolucionarias, patrióticas que incluyen a las propias fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, el propio Partido Comunista de Colombia y algunos sectores avanzados del propio Partido Liberal gobernante.
Sin embargo, precisamente en esta cobertura abierta por la decisión unilateral del movimiento guerrillero, que advierte la necesidad, sobre todo ante la presencia militar extranjera, de buscar la unidad de las fuerzas patrióticas del país y oponerse a la intervención norteamericana; precisamente en este marco de diálogo se incrementan las acciones de represión y de eliminación selectiva de los cuadros y dirigentes revolucionarios de ese país.
Podríamos dar algunos datos recabados por la Comisión Internacional de Derechos Humanos, sólo de 1981 a la fecha se han registrado más de 6 mil asesinatos políticos en el país, de 1981 a 1985 de 16 mil casos de detenciones, se comprobó que el 98% fueron torturados, las fuerzas militares aliadas con la oligarquía han propiciado, apoyan y fomentan diversos grupos paramilitares que sostienen una guerra sucia, una guerra no declarada, pero real en contra de las fuerzas y movimientos políticos democráticos.
De esta manera se han creado, entre otras, las siguientes organizaciones paramilitares, Alianza Anticomunistas Colombiana; Juventud Anticomunista de Colombia, Muerte a Secuestradores Mas, Los Extraditables, El Movimiento. Anticomunista de Colombia, Los Pájaros, La Alianza Anticomunista Americana, Los Águilas Negras, Muerte a invasores, Maicopa, Escuadrón de la Muerte, La Falange, y el Comité Estudiantil Revolucionario y otros 140 grupos paramilitares, cuya función es la eliminación selectiva y masiva de los cuadros y dirigentes revolucionarios y democráticos del pueblo de Colombia.
Hay que hacer un señalamiento en este punto, que estos organismos paramilitares se han creado y se han organizado en una combinación estratégico - militar - económica entre las fuerzas militares y los grupos del narcotráfico colombiano en tanto que el gobierno norteamericano afirma, asevera que su intervención en Colombia es para combatir el narcotráfico a sabiendas de que sectores importantes de las fuerzas armadas colombianas están estrechamente vinculadas y relacionadas, precisamente con los grupos de narcotraficantes de ese país.
En el V Foro de Derechos Humanos, realizado en Bogotá, Colombia, en el año de 1987, se dieron a conocer las siguientes cifras, 260 campesinos desaparecidos, 46 estudiantes, 30 dirigentes políticos, 11 profesores, 12 comerciantes, tres abogados, dos pastores evangélicos, tres periodistas, dos médicos y 60 dirigentes agrarios.
Por otra parte, compañeros legisladores, no han podido eludir esta ola de violencia y de muerte los propios colegas parlamentarios colombianos, daré aquí los nombres de legisladores colombianos asesinados a partir de agosto de 1987 a la fecha: Legisladores Pedro Luis Valencia, Alvaro Garcés, que además era alcalde de la Sabana de Torres del departamento de Santander, Ever Martín, Luis Felipe Vélez, Héctor Abad Gómez, Leonardo Betancourt y Bernardo López Arroyabe, además párroco de la ciudad de Barranca, Bermejo. Es decir, por otro lado sólo entre 1980 y 1987 han sido asesinados más de 20 ministros de culto religioso por supuestas conexiones con la guerrilla colombiana.
Finalmente, la ola de asesinatos alcanzó al Presidente de la Unión Patriótica y ex candidato a las elecciones de 1986, Jaime Pardo Leal, en octubre de 1987. Y finalmente sólo en 1989 fueron asesinados más de 300 dirigentes de la Unión Patriótica en lo que va del año; y de enero a la fecha han sido asesinados más de 70 miembros de esta organización que es, como ya dijimos, la organización político - electoral, que agrupa a todos los organismos políticos, democráticos y patrióticos avanzados de ese país.
En realidad y en resumen, el supuesto combate al narcotráfico en Colombia, en el que participa abiertamente el ejército norteamericano, ha sido aprovechado para intensificar los crímenes políticos contra la Unión Patriótica y las demás fuerzas democráticas de la hermana República de Colombia.
Detener este baño de sangre, detener la intervención extranjera en un país hermano de América Latina es y debe ser una consigna, una demanda y un deber de los patriotas y de los revolucionarios mexicanos.
Por las consideraciones anteriores, compañeros legisladores, me permito proponer, con toda atención a esta soberanía, el siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión expresa su preocupación por la grave situación de violencia y terrorismo que se manifiesta en la hermana República de Colombia, misma que ha costado la vida de miles de ciudadanos, particularmente de parlamentarios y dirigentes políticos de la Unión Patriótica; así como por la abierta intervención, incluso militar del Gobierno norteamericano con el pretexto del combate al narcotráfico; por lo que instruya a las comisiones de Relaciones Exteriores de ambas cámaras para que obtengan de inmediato la mayor información al respecto por los medios que juzguen conveniente, y a la mayor brevedad rinda informe a esta Comisión Permanente sobre el particular.
Dado en la sala de sesiones de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 14 días del mes de marzo de 1990.
Atentamente.
Diputado Jesús Antonio Carlos Hernández.»
El C. Presidente: - Para la atención que proceda, túrnese a las comisiones de Relaciones Exteriores del Senado de la República y de la Cámara de Diputados.
DEL COBRO DE CONSUMO DE AGUA
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre el cobro del consumo de agua en el Distrito Federal.
El C. diputado Jesús Antonio Carlos Hernández:- Señor Presidente: Cedo mi turno para el siguiente orador, a efecto de tener mayores elementos que están por llegar.
El C. diputado Jorge Alberto Ling Altamirano (desde su curul): - Señor Presidente, yo pido la palabra porque iba a hablar sobre el mismo tema.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Ling Altamirano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El C. diputado Jorge Alberto Ling Altamirano: - Señor Presidente; honorable asamblea: Hay una gran inquietud social en la capital de la República por los cobros de agua y predial y de otros tipos que se han venido suscitando.
Nosotros pensamos que hay una inquietud muy seria y que debe ser atendida de inmediato, porque pues no se puede dilatar problemas urgentes de más de 11 millones de capitalinos en el Distrito Federal.
Nosotros queremos mencionar que hay un clamor popular porque esto sea revisado. Miren, nosotros pensamos que mucho de esto es que debe de cumplirse el Federalismo dentro de todas las entidades para que esto pueda realizarse con justicia y equidad.
Mientras no exista verdaderamente el Federalismo y un desarrollo completo en provincia, que arraigue a los habitantes en sus lugares de origen a través de garantía, seguridad y empleo, no podremos detener el crecimiento exacerbado de la capital de la República. Y por lo tanto, la demanda de satisfactores que pueden rebasar la capacidad de pago del Departamento del Distrito Federal.
No habrá agua que alcance si concentramos más población en esta capital de la República. Pero no solamente es esto, que es culpa del modelo de desarrollo del país que tenemos, a partir principalmente de la industrialización del país, donde los procesos de metropolización hacen que la concentración de las decisiones políticas, económicas, sociales, culturales, de servicios, financieros, etcétera, se concentren en un solo lugar.
Debemos descentralizar estos poderes de decisión y desconcentrarlos llevándolos a provincia para que no tengamos que resolver las demandas de satisfactores a las necesidades básicas de la población. No podremos detener a la mancha urbana ni siquiera más allá de los cinturones o repliegues geológicos de la capital, para ser rebasados por la mancha urbana.
¿Hasta dónde vamos a poder aguantar entonces? ¿De dónde más tendremos que traer agua, si ya la traemos del Cutzamala?, y posiblemente dentro de unos años desde más lejos.
Estamos nosotros por resolver los problemas de la capital trayendo agua de cuencas lejanas, hemos roto el equilibrio ecológico y el desarrollo del interior de la República. Ya hemos destruido por traer agua a los capitalinos, todo el valle del Río Lerma, que en realidad repercute sobre las principales poblaciones y en especial sobre el lago de Chapala.
Nosotros no podemos seguir prácticamente satisfaciendo nuestras necesidades a costa de la provincia. Los niveles de vida de la capital de la República no pueden ser a costa de los habitantes del interior del país. Por lo tanto, nosotros creemos que esto debe de resolverse de inmediato, ya con una atención enérgica. Pero no es nada más el manejo del problema de desarrollo del país, del esquema político de desarrollo que se ha venido realizando a partir de la industrialización del país; el problema es también muy práctico y de inmediatez. Están tratando, y le echan la culpa los tecnócratas a las computadoras, del precio de las tarifas y de los cobros.
En realidad tenemos un doble juego; tenemos cobros reales y cobros virtuales; de tarifas reales y de consumos reales y de consumos virtuales. Entonces tenemos cuatro tipos de tarifas. De tal manera que los cobros principalmente dejan insatisfecha a una gran parte de la población. Es mentira que en realidad haya un error del 1 ó 2% del catastro o el padrón de usuarios de tomas de agua. Esto es mucho más serio.
En realidad nuestras estimaciones y una pequeña estadística, nos lleva a pensar que en realidad los errores son gigantescos, de cerca del 90% de los empadronados, debido a que hay una cuestión fantasmagórica, como es el ejército, que no existe, de lectores de tomas domiciliarias. ¿Cómo le pueden hacer estos supuestos, virtuales lectores, en caso de que existiese, si en realidad el mismo funcionario del Departamento, licenciado Sales Gutiérrez, acaba de decir que tenemos que importar medio millón de medidores domésticos de agua para poderla medir? Entonces, ¿de dónde nos vamos a basar para establecer estos consumos?
Por lo tanto, establecemos cuotas fijas, simplemente con la única presunción del diámetro de las tomas de agua, pero deberíamos de ser más justos porque no solamente ése es un criterio, sino el número de habitantes que hay en cada casahabitación para que en realidad el cobro se hiciese per capita realmente y no simplemente por la toma de agua que puede estar perfectamente seca aunque sea de diámetro grande; porque si algo escasea en esta ciudad, es el agua. 97% tiene tomas domiciliarias, pero no el 97% tiene agua corriente en estas tomas.
Cuántos medidores de agua simplemente no miden el agua o el flujo de líquido, sino en realidad las bolsas de aire que se hacen en las tuberías, que hacen una hélice del molinito que tienen dentro de los medidores y que llegan a cobros exorbitantes, como para algunas casas que tienen tres habitantes de avanzada edad, con consumos exagerados de más de 600 metros cúbicos al bimestre, con cobros exagerados de millón y medio de pesos al bimestre para tres personas, en una colonia que evidentemente tiene agua intermitente como es el noreste de la ciudad.
Nosotros pensamos que no podemos dejar a un lado todo este problema de urgente necesidad. Atendamos por favor la urgente necesidad, porque la gente ya está en la calle, la gente ya está en pie de lucha para que este problema se resuelva, y si las autoridades no tienen la suficiente sensibilidad para resolver este problema, pues se pueden desbordar las pasiones o simplemente no alcanzar el bolsillo y venir una epidemia realmente de clausuras o simplemente de acciones administrativas en contra de los usuarios.
Nosotros no queremos que haya un Estado fuerte contra un pueblo débil, queremos justicia, queremos un Estado que sea rector del bien común nacional y que no sea a costa de los bolsillos de las personas.
Se han hecho algunas rectificaciones que son parciales y además distorsionadas. Se ha arreglado por decreto el problema de los jubilados y pensionados en donde se les ha hecho disminuciones en el cobro de estas tarifas, pero se ha dicho que es a costa de los recursos que establecen la venta de paraestatales y cuando se acaben las paraestatales cómo vamos a poder sostener estos subsidios. Es un desequilibrio gigantesco el realmente vender inversión para poder subsidiar consumos. Por lo tanto, el flujo de capital que existe en los recursos del Departamento del Distrito Federal, está distorsionado, la estructura financiera del mismo no corresponde a una realidad concreta que queremos para esta ciudad. No bastan las soluciones tecnocráticas, sino tienen que ser las soluciones políticas y jurídicas las que resuelvan el problema.
Muchas veces se hace el cobro exagerado porque simplemente no todo el millón y medio de usuarios se puede amparar. El Departamento muchas veces
veces cuenta con esta claudicación de hecho de los empadronados para hacer esto. El cálculo que inclusive el Departamento ha hecho de los que se amparan en contra de estas medidas arbitrarias es del 4%, y ellos, dicen, pueden resolverse ese 4% en nuestra contra, pero tenemos 96% a nuestro favor que sí va a pagar y esto no se vale.
Nosotros necesitamos resolver el problema con justicia y no estar simplemente avasallados por la propaganda en la televisión y en el radio que hacen los funcionarios. Nosotros pensamos, y los que estuvimos en la Comisión del Departamento del Distrito Federal, que los funcionarios nos trajeron tablas y estadísticas que no corresponden a la realidad. Ciertamente con esos datos que nos dieron, y aquí tengo copia de las tablas, pues podría ser más o menos real, pero los datos asentados en cada una de estas células o cuadritos de las tablas, no corresponde a la realidad.
Puede ser justo en el papel, pero en la realidad tenemos mucha gente en pie de lucha, en la calle, seamos sensibles a resolver este problema.
Tenemos casos, por ejemplo, que en una misma unidad habitacional, en dos departamentos iguales, uno encima del otro, con la misma planta o despliegue de planta de habitaciones, mientras a una persona sola y con el pretexto, en todos los recibos que nos han llegado, del pretexto del local cerrado, se hacen cobros arbitrarios y para demostrarlo es que si están cerrados los dos domicilios, se les debería de cobrar en cuestión semejante; sin embargo, a la persona que vive sola en este lugar y que por tanto por salir a trabajar no pudo atender a los supuestos lectores, dice que por estar el local cerrado se les cobran 66 mil pesos de cuota, y el otro local que también está cerrado, del mismo tamaño, en donde existen más personas que una, se les cobra la mitad.
¿Cuál es el criterio para hacer estos cobros?, ¿cuál es el criterio si está en blanco el despliegue de todos los datos? Es arbitrario el cobro; por lo tanto, exigimos de parte de las autoridades atender este problema ingente de ya, con medidas que pueden ser decretadas por el Ejecutivo de una suspensión de cobros para que no haya una suspensión de pagos. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, en turno el diputado Pablo Gómez.
El C. diputado Jesús Antonio Carlos Hernández: - Compañeros legisladores: El pueblo de México, lo sabemos, lo hemos reiterado en muchas ocasiones, lo hemos corroborado en muchas otras más, es un pueblo noble, es un pueblo consciente de sus deberes, de sus obligaciones ciudadanas.
Y está dispuesto a la cooperación más amplia y al aporte decidido y generoso para la solución de problemas de carácter general, particularmente cuando le atañen directamente.
El problema del agua potable, del suministro de agua potable, no nada más al Distrito Federal, pero particularmente al Distrito Federal, es un problema general que agobia a la mayoría de las grandes ciudades de este país nuestro.
Pero dar suministro de agua suficiente a un área urbana de más de 20 millones de habitantes, que no solamente incluye al Distrito Federal sino a las zonas conurbadas del Estado de México, es un problema serio, de una gran envergadura. Se requiere del esfuerzo combinado de autoridades, de técnicos, de profesionales, de usuarios y de la opinión pública en general.
Sin embargo, compañeros legisladores, nosotros creemos que una solución de escritorio, una solución de gabinete, que consiste simplemente en aumentar las tarifas por el otorgamiento del servicio, no es, de ninguna manera, la solución del problema.
Nosotros estamos seguros de que si a los habitantes del Distrito Federal se les ofreciera una programa y un plan concreto de solución del problema del agua, estarían dispuestos a colaborar para su realización al costo que fuese necesario; pero en tanto las autoridades capitalinas no muestren, no ofrezcan una solución, una perspectiva siquiera de solución real del problema, definitivamente los habitantes del Distrito Federal no podrán incorporarse en este esfuerzo de solución del problema, de ninguna manera.
El propio compañero Fidel Velázquez, Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México, el día de antier declaró que a los habitantes del Distrito Federal, por lo menos, dados los aumentos exorbitantes que se ordenaron, tienen que tomar una disyuntiva: o pagan el servicio del agua potable o comen. Las dos cosas no las pueden hacer al mismo tiempo.
Y si lo dijo un dirigente obrero con tal experiencia, con tal cúmulo de conocimiento sobre los problemas sociales de México, pues yo pienso que por lo menos algo debe tener de razón.
En consecuencia, compañeros legisladores, yo me permito hacer una propuesta muy concreta. Podríamos abundar en una serie de argumentos, de antecedentes históricos, de análisis de la
situación concreta de este momento, tendríamos que examinar cuáles son las fuentes de abastecimiento, los problemas del agotamiento de los mantos freáticos del Distrito Federal, del problema que representa tener que recurrir a lo que los geólogos llaman las aguas fósiles, es decir, los yacimientos que se encuentran a una enorme profundidad, que es una agua que deja de ser potable por el hecho mismo de la antigüedad millonaria que tiene almacenada sin movimientos en la profundidad del subsuelo y a la que se ha tenido que recurrir aquí, en esta ciudad, para el suministro.
Y tenderíamos que examinar los sistemas y los planes que se han propuesto, que se han puesto en práctica para tratar de resolver este gigantesco problema, pero en síntesis nos permitimos hacer una propuesta, que en tanto no tengamos por lo menos la perspectiva real y efectiva de una solución del problema, mantengamos las tarifas en el nivel que se habían venido cobrando hasta antes de la implantación de estos nuevos aumentos.
Desde luego que la opinión de los compañeros del Partido Acción Nacional que me parece respetable no es a mi juicio la adecuada, aún a pesar de que , claro, es efectista, concita la simpatía popular, pero no creo que sea la adecuada, porque también dejar sin recursos un sistema que busca la solución de un problema, no es la solución.
Es decir, no proponemos la suspensión total de los pagos, lo que estamos proponiendo es que se mantengan las tarifas en el nivel que se venían cobrando hasta ahora y que los nuevos aumentos se suspendan hasta en tanto no encontremos un plan, un programa, una perspectiva de solución real del suministro de agua potable en esta sufrida ciudad de México.
Porque tampoco nos parece correcto que el argumento que manejan las autoridades de que "el que quiera azul celeste que le cueste", y "que vivir en la ciudad de México es un privilegio y el que lo quiera hacer tiene que pagar por ese privilegio".
Porque, muy bien, que ese privilegio lo pueden pagar las clases poderosas, las que son favorecidas por el injusto reparto de la riqueza de este país, pero los obreros, los empleados, los trabajadores, definitivamente no están en posibilidades de pagar ese supuesto privilegio, y son los que con sus manos, con su trabajo y con su cerebro, con su labor productiva, son los que mantienen la vida de la ciudad.
De manera tal que ese criterio no es correcto, no debe aplicarse y en consecuencia, insisto, la propuesta concreta es que convoquemos a las autoridades capitalinas para que se mantengan las tarifas anteriores y que los nuevos aumentos no se apliquen hasta en tanto no tenga la autoridad capitalina la solución concreta del problema del suministro de agua potable. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Pablo Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: - Señoras legisladoras; señores legisladores: Yo creo que en realidad el Gobierno de la ciudad de México, un Gobierno de minoría, un Gobierno del 27% está en aprietos, en serios aprietos.
Con la idea de la reforma del Estado, que es eminentemente administrativa pero no política, el Gobierno del señor Salinas en el Distrito Federal, ejercido a través de un regente, que de acuerdo con la ley se llama Jefe del Departamento del Distrito Federal, pero que la gente lo conoce como regente, que es una especie de procónsul, ha llevado a cabo una reforma hacendaria.
Hacia mediados de 1989, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que ha participado de manera muy destacada en la renegociación de la deuda externa del país, y que es una palanca muy importante para la estabilización de los flujos financieros con el exterior, elaboró un documento en el cual se señalaban una serie de cuestiones relativas a la reforma financiera y económica del país, y tocaba al Distrito Federal.
Este documento fue, en sus partes principales, publicado por un diario capitalino; nunca se desmintió ni por parte del Banco Mundial ni por parte de las autoridades mexicanas.
Y en la parte conducente al Distrito Federal, se planteaba como una condición y una exigencia del banco el acabar con el déficit tan marcado de la hacienda pública del Departamento del Distrito Federal.
Obedeciendo esas instrucciones y con unas renovadas ansias de llevar a cabo la reforma del Estado, el Gobierno envió al Congreso un paquete de modificaciones a la Ley Fiscal, a la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, con el propósito de pasar la factura de sus ansias reformistas al pueblo del Distrito Federal.
De esta manera, dentro de ese paquete se establecieron aumentos al impuesto predial, al agua y a una serie de servicios que da el Departamento del Distrito Federal.
Cualquier observador podría decir que en efecto, los subsidios en el Distrito Federal son muy
fuertes, subsidios formales, pero si leemos el asunto al revés o sea en sentido contrario, el Distrito Federal subsidia a la Federación en términos económicos, es decir, de acuerdo con la ley los subsidios canalizados por el Gobierno Federal para los servicios del Distrito Federal son muy fuertes.
De acuerdo con los datos económicos, puramente económicos, el Distrito Federal subsidia a la Federación, no quiero decir que subsidia a las entidades federativas, porque no es así, sino a la Federación o sea a los poderes de la unión y desde luego al Gobierno Federal que es el que maneja los dineros de la Unión.
Este planteamiento ha sido confundido en algunas ocasiones que se ha hecho y se ha querido leer, como que el Distrito Federal subsidia a los estados, no es así, hay muchos estados que también subsidian a la Federación en términos económicos, porque tenemos una enorme colector de recursos que a través de muchas décadas se ha venido conformando y que se llama Gobierno Federal; es éste el que dispensa todo tipo de favores a las entidades federativas, incluyendo al Distrito Federal, el que pone y el que dispone; por ejemplo, los recursos al Programa de Solidaridad, ya lo hemos comentado aquí, es una cantidad muy grande de dinero que trae en la bolsa el señor Secretario de Programación y Presupuesto, él asigna el uso. Es como aquellos presidentes de hace muchos años, que traían los dineros del Ayuntamiento en la bolsa, no necesitaban tesoreros, ni caja, ni nada, pues ello mismos lo administraban; así está el señor Zedillo ahora.
Yo no encuentro diferencia, práctica alguna, bueno, se podría decir que él tiene que acordar este asunto en Los Pinos, lo cual es cierto, lo tiene que acordar ahí, pero nada más.
Este paquete absurdísimo que se aprobó una noche en la Cámara de Diputados con la ausencia de casi todos los partidos de oposición, excepto uno, que fue llamado para que de emergencia asegurara el quórum, ha empezado a tener sus repercusiones en el momento en que llegan los cobros a las familias, entonces al señor Camacho se le ocurrieron unas maravillosas ideas modernas:
El Departamento del Distrito Federal va a subsidiar el pago del Impuesto Predial y los derechos de agua, entre el 50% y 100% del costo a pensionados, beneficiarios de crédito de vivienda oficial, propietarios de inmuebles irregulares e instituciones de asistencia privada; va a reducir en 95% el monto por mejoras de agua potable y de drenaje a quienes participen en los programas de Solidaridad y Vivienda Progresiva del Fondo para la Habitación Popular y regularizará automáticamente todos los inmuebles que no están en orden al momento en que sus dueños paguen el predial; subsidiará el pago del Impuesto Predial y los derechos de agua con cargo desde luego al erario del Departamento, en favor de los pensionados, por si tienen edad avanzada, por vejez, incapacidad de riesgo de trabajo, invalidez, así como favorecer viudas y huérfanos, pensionados del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado y el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.
Va a apoyar, según dijo, las reducciones fiscales para el pago de contribuciones en 1990 a los grupos más necesitados y mediante acuerdos administrativos estableció la regularización automática de todas las construcciones que estaban en situación ilegal en la ciudad de México, cuando voluntariamente el propietario declare el valor catastral de su propiedad; éstas son, desde luego, informaciones periodísticas.
El Gobierno envía al Congreso un paquete de reformas, el Congreso, con los votos del Partido Revolucionario Institucional lo aprueba; al aplicarse encuentran grandes dificultades que aquí ya se había dicho que iba a haber, por cierto, entonces toma por sí y ante sí una serie de decisiones que van en contra de esas leyes que hicieron al Congreso aprobar, éste es el asunto.
Aquí el único que queda como algo que no tiene utilidad real es el Congreso, es el Ejecutivo el que hizo todo, mandó al Congreso, hizo aprobar unas reformas de ley, después se arrepiente y aplica el arrepentimiento, ésta es la situación; el Congreso sigue en las mismas, no participa en nada, prácticamente, lo cual, pues habla mal de la situación que tenemos aquí y por eso también es pertinente el comentario justamente en la Comisión Permanente del Congreso.
¿Qué encierran estas medidas del Departamento del Distrito Federal?, en primer término una política fiscal absurda, vean ustedes la siguiente situación: los niveles más altos de pago del Impuesto sobre la Renta han disminuido en lo que va del sexenio 10 puntos porcentuales en su pago del Impuesto sobre Productos del Trabajo y sobre Aprovechamiento del Capital, ¿por qué se baja el Impuesto sobre la Renta?, para que venga el capital extranjero a pagar las tasas que está pagando en otros países, pero las personas de ingresos bajos y medios que pagaban impuesto siguen pagando las mismas tasas de antes.
Cuando la mayoría de la oposición planteó abandonar el salón de sesiones de la cámara para
exigir modificaciones en la llamada Miscelánea Fiscal, uno de los puntos que planteaba era que hubiera reducciones en el Impuesto sobre la Renta a los ingresos bajos y medios que pagan el impuesto, porque no era justo que Hacienda siguiera eliminando renglones en la tabla del Impuesto sobre la Renta, entonces eliminó el renglón que pagaba hasta 45%; al siguiente año, o sea en 1989, se elimina el renglón que paga hasta 40%, entonces, el máximo es 35% y siguen eliminando los renglones y haciendo menos progresivo el Impuesto Sobre la Renta.
Pero los renglones donde se pagan otras tasas, 10, 12, no me acuerdo exactamente, esos quedan igual y sólo se benefician por la deducción del salario mínimo. que al subir el salario mínimo la deducción es mayor, ¿pero cuánto subió el salario mínimo, señores, por favor?, si el salario mínimo es un salario de, yo creo que ya ni de supervivencia, ya está por debajo de la supervivencia, eso es en lo único que se beneficiaron, entre comillas, esos ingresos que pagaban Impuesto sobre la Renta.
Este asunto lo demostramos claramente ahí en la mesa, con la presencia de los coordinadores y el presidente de la Comisión de Hacienda y se hicieron averiguaciones de cuánto costaba; la exigencia de la oposición costaba no me acuerdo si 6 billones ó 4 billones, era demasiado, no podían sacrificar, pero nunca dijeron cuánto costaba el bajarle los impuestos a los mayores ingresos de este país, eso nunca lo dijeron, para reducir esa parte del ingreso sí, porque está dentro de la política de apertura a la inversión extranjera, entonces, no les importa sacrificar lo que fuera.
El señor Aspe dijo vamos a bajar impuestos, como si realmente hubieran bajado los impuestos a todos, ¿no?, en realidad habría que oír vamos a bajar los impuestos a los ricos, eso era lo que estaba haciendo, y vamos a aumentar la base gravable; ¿qué estaba haciendo en realidad?
Vamos a aumentarle impuestos a unos pobres que prácticamente no pagan nada, empezando por los comerciantes en pequeño, porque, dice él, hay muchos que se dicen comerciantes en pequeño y que son grandes comerciantes y que deben pagar impuesto, claro que ahí, también los comerciantes en pequeño que sí lo son, pues van a tener que pagar más impuesto.
Entonces viene la parte del Distrito Federal y se aumenta agua, predial, etcétera, para tratar de mejorar la situación del Departamento en cuanto a los subsidios que entrega para estos servicios, como si la capacidad económica de la gente aguantara las decisiones que algunos burócratas toman en sus escritorios, aunque tengan doctorado en Massachusetts no dejan de ser burócratas.
Y entonces hacen sus cuentas y sus cálculos ahí en el escritorio y sus gráficas y planean la forma de superar gradualmente el déficit público de este país; bueno, pero no se les puede decir nada porque inmediatamente hasta se molestan, del presupuesto Federal la mayor parte se destina al pago del servicio de la deuda externa e interna, ése es le hecho.
Tenemos, dicen, que concentrar los recursos a la construcción de escuelas, carreteras, presas, servicios, por lo tanto hay que privatizar todo el sector paraestatal y otras cosas más, ¿pero vamos a seguir pagando todo este tributo a los dueños del dinero?, vean cómo están las tasas de interés, creo que siguen subiendo, ¿por qué suben las tasas de interés? Porque es la garantía que exige el inversionista, es el país para no llevarse su dinero al exterior, es el grado de desconfianza que existe respecto a la situación de la moneda nacional, es la prima que tiene que pagar el Estado mexicano a quien invierte su dinero dentro del país, en el mercado de dinero, me refiero, por el riesgo monetario.
Eso es en síntesis esa sobretasa de interés en este país y a ver si algún economista me viene a demostrar lo contrario, pues sí, a lo mejor ese economista tiene algunos millones en Certificados de Tesorería y le parece todo muy maravilloso, pero como la inmensa mayoría de los mexicanos no tienen ni un centavo invertido en Certificados de Tesorería y otros papeles de esa misma naturaleza, lo único que hace esa inmensa mayoría de los mexicanos es estar pagando con sus impuestos el tributo que paga el Estado a los dueños del dinero, éste es en realidad el mecanismo económico.
Un país sigue siendo sobreendeudado, un país que sigue siendo...
El C. Presidente: -¿Acepta una pregunta del diputado Rogelio Montemayor?
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez:
- Sí, cómo no, a ver dígame su inquietud.
El C. diputado Rogelio Montemayor Seguy (desde su curul): - Diputado Pablo Gómez: Señala un problema ciertamente muy serio, yo le preguntaría su opinión, ¿cómo podría bajar?
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez:
-¿En mi opinión?, fíjese usted, le voy a responder así: los señores del Gobierno, usted los conoce muy bien, dicen que la tasa de interés bancaria no puede...
El C. diputado Rogelio Montemayor Seguy (desde su curul): - Yo le pregunté su opinión.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: - Sí, sí, sí, pero voy a partir de la opinión contraria, ¿o no tengo derecho a expresarme?, si, pero para comentar el asunto aquí en público y no haya confusiones, dicen ellos que la alta tasa de interés se debe básicamente a la inflación, sin embargo la inflación ha bajado y la tasa de interés no ha bajado, ésa es la verdad, bajó y ahora se mantiene como sobretasa de interés, ¿cómo eliminar, no la tasa de interés, una economía no se la puede llevar sin tasa de interés real, aunque en este país hace poco tiempo había tasas de interés negativas?
Yo haría esto, creo que está planteado por muchos economistas, es un conjunto de medidas sincronizadas y paralelas, el primer problema es que hay que establecer un control sobre la cuenta del capital. México es una país que no tiene control ninguno, negocia con cada sector, va y negocia con los productores de automóviles que tengan un presupuesto de divisas superavitario y va sector por sector y en Estados Unidos hay ahora un montón de publicaciones que están sacando, que las cuentas norteamericanas no coinciden con las mexicanas en cuanto al comercio exterior, la razón en lo que uno puede pensar y es lo más lógico, es que los señores sobrefacturan y subfacturan según sus intereses, me refiero a los que importan y exportan.
Ahora, nosotros tenemos que establecer un control sobre la cuenta de capital a nivel de que lo tienen los países desarrollados, no estamos pidiendo un control cambiario total que pudiera generar una presión sobre el mercado de divisas demasiado fuerte, sobre todo en la parte fronteriza del país, pero un control sobre la cuenta del capital sí existe en Estados Unidos, señores, por favor, el paraíso de la libertad cambiaria se llama México, verdad y Panamá, porque no tiene moneda propia, sencillamente no imprimen balboas sino que su moneda se llama Balboa, pero es el dólar con la carita del señor Washington.
Pero fuera de ese país, que sigue siendo por muchas razones un país semicolonia, México es un paraíso en cuanto al manejo de las divisas y yo diría que eso ha generado el que México sea un país privilegiado para el lavado de dinero procedente del narcotráfico, cualquiera de ustedes puede llegar a un banco con un millón de dólares y ahí los puede meter, se los cambian inmediatamente y salen.
El C. diputado Rogelio Montemayor Seguy (desde su curul): - No me contestó a la pregunta que le hice.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: - Sí, es la primera, bueno, ¿entonces no puedo decir lo que yo quiero?
El C. diputado Rogelio Montemayor Seguy (desde su curul): - No sólo que me contestes la pregunta.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: - Por eso, entonces tu quieres que te diga lo que tu quieres oír, ¿no?
Primera medida: controles en la cuenta de capital, a lo mejor no me está entendiendo aquí el licenciado Montemayor, porque él leyó unos libros distintos a los que yo leí; si no se establecen controles sobre la cuenta de capitales, es muy difícil ir a las tasas de interés real, primera cuestión. Segunda cuestión: una reestructuración forzada de la deuda interna, yo sé que van a gritar, que se va a perder la confianza y que, Dios mío, pero eso siempre se ve todo desde el lado de unas cuantas familias que son las que tienen la mayor cantidad de valores gubernamentales en la bolsa, pero visto desde el lado de la nación, el asunto cambiaría.
Si no se hace una reestructuración de la deuda interna no es posible lograr que la desconfianza de estos inversionistas dueños del dinero en el peso mexicano deje de producir la sobretasa de interés.
Con el propósito de alargarla, de hacerla a más largo plazo, señores, la presión de los depósitos bancarios de corto plazo sobre el mercado de dinero en su conjunto es demasiado fuerte, no podemos obligar al inversionista de un banco hacer depósitos bancarios a más largo plazo, imposible, pero sí podemos obligar a los dueños de la mayor parte de la deuda interna de los valores gubernamentales, perdónenme pero, por "decreto", tendría que ser así.
De esa manera tendríamos la posibilidad de eludir la presión de una inmensa masa de valores gubernamentales sobre el mercado de dinero que es lo que produce la sobretasa, pero claro que el Gobierno mexicano que no sólo da confianza, sino da todo lo que puede dar, verdad, pues le da mucho miedo tomar medidas de este tipo, pero hay otras
medidas que hay que tomar, no son éstas las únicas.
Tendríamos que tomar en relación con el mercado de dinero, otras medidas, tendríamos que establecer una regulación más severa sobre el mercado bursátil, porque el mercado bursátil en esencia opera en paralelo el resto de los mecanismos del mercado de dinero, el dinero finalmente se va por donde mejor le conviene y entonces habría que establecer unas regularizaciones que permitieran impedir esas fiebres especulativas que se siguen dando, señores, en el mercado de valores y que generan en ciertos periodos, momentos y circunstancias, unas sobre ganancias bursátiles que también se constituyen en una presión sobre el mercado de dinero visto en su conjunto y si no se puede hacer eso, entonces fallaría cualquier plan, pero claro, el Gobierno va a decir que si se trata de internacionalizar y hacer una apertura de mercado bursátil, para qué, etcétera, no podemos establecer regulaciones que por lo demás existen en muchos países.
Esos países a los que tanto admiran los gobernantes mexicanos, tienen regulaciones en todo esto y una participación, una decisión política para mejorar el perfil en otros aspectos de las finanzas públicas y lo cual vamos a tener que seguir pagando la sobretasa sencillamente.
(Voces.)
Sí, señor, en la medida en que los recursos comprometidos a servir la deuda del Gobierno Federal tengan un peso tan grande dentro del presupuesto, la presión de los dueños del dinero sobre el propio mercado al que acude el Gobierno Federal será mayor, simple y sencillamente, ¿con qué armas se presenta el Gobierno Federal en el mercado de dinero?
Los señores concurren a las subastas, hacen emisiones y no las venden todas, ¿por qué?, porque los inversionistas, los dueños del dinero están exigiendo mayores sobretasas, son voraces sencillamente, eso ya lo sabemos, es parte de su definición, me parece del todo natural por lo demás, el Gobierno se presenta con enorme debilidad; sí, es necesario hacer una reforma financiera a fondo, desde luego he señalado tres formas sin las cuales no podríamos hacer esa reforma financiera y presionar para lograr que haya unas tasas de interés que compensen y que sean más o menos competitivas en el nivel general, pero no la sobretasa, que ésa es la que hay que evitar.
Aquí el señor Montemayor, pues ya me llevó a otras explicaciones; pues, sí a ver si no nos lleva por otro lado, vamos a terminar aquí. ¿Cuándo
(Voces.)
Significa aumentar los plazos, usted sabe muy bien a lo que me estoy refiriendo se ha considerado eso mil veces en el Gobierno, no tomar esas decisiones por timoratos, aquí nadie va a venir a inventar nada porque las cosas más o menos ya se sabe qué es lo que un Gobierno puede hacer, cuáles son sus márgenes más o menos razonables de maniobra, todas las posibilidades en escenarios se consideran en un gabinete gubernamental, todas, a menos de que de plano haya ignorancia, eso no creo que haya, hay otras cosas peores, pero no ignorancia.
Esto está considerado, es una reestructuración para aumentar los plazos; las tasas se ajustan a tasa de mercado. Si nosotros pagamos unas tasas fluctuantes en el mercado internacional, llega un banco, nos prestaba cuando nos prestaban los bancos, miles de millones de dólares que entraban al país. Decían: fírmale aquí, te la doy y la tasa está bajísima. ¡Ah!, pero si la tasa sube con referencia a cualquiera de las dos referencias de tasa internacionales, tú me pagas lo que sea el mercado.
¿Por qué en los valores gubernamentales de un país, por lo menos una parte de ellos, no pueden asumir este tipo de esquemas? El país sí, ¿verdad?, firma de acepta lo que le impone en el extranjero, pero no es capaz un Gobierno de establecer unas regulaciones de su mercado interno de dinero, estableciendo regulaciones de esa misma naturaleza, no puede, son tabúes de economistas.
El C. diputado Rogelio Montemayor Seguy (desde su curul): - Oiga, diputado, ya la última.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: -¿Prometes?
El C. diputado Rogelio Montemayor Seguy (desde su curul): - Yo le había entendido que la reducción forzada era de la deuda interna.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: - Sí, de la externa también debería ser.
El C. diputado Rogelio Montemayor Seguy (desde su curul): - Cuando le pregunto que significa, usted me da una respuesta...
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: - Yo puse un ejemplo, yo puse un ejemplo para ser didáctico porque me estoy dando cuenta que hay cierta dificultad para poder entender. O sea, existen mecanismos a través de los cuales se contrata deuda interna, en la que la tasa de interés puede modificarse de acuerdo con indicaciones de
mercado, perfectamente bien se puede, no hay ningún problema por eso, hay muchos países que tienen esas estructuras en los compromisos gubernamentales en el mercado de dinero, por qué no lo podemos asumir, pero ya que menciona usted lo de la deuda externa, diría que también ésa habría que reestructurarla de nuevo, porque la reestructuración que se hizo no es suficiente para evitar la tremenda presión de este país que está convertido en un país que paga un tributo al exterior, al extranjero. Los mexicanos pagamos un tributo al extranjero. Probablemente sea del nivel que se nos impone en muchos circuitos fiscales en el interior del país.
Bien, desgraciadamente hemos tocado ya muchos otros temas, pero por último quisiera decir cuál es el elemento más relacionado con el tema actual, que es el de la Hacienda del Distrito Federal.
¿Quién va a pagar la deuda? Vamos a empezar a hablar ya mucho de la deuda interna. ¿Quién va a pagar el déficit de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal? Eso es lo quiere Camacho. Impone decisiones en las que no le interesa a quién se está afectando, y cuando hay la protesta, entonces viene el mecanismo clientelar.
Que no digan los modernos que esos subsidios que están queriendo dar a los que están dentro de los programas de solidaridad, a jubilados y pensionados, etcétera, son muy modernos. ¿Por qué no les aumenta mejor las pensiones a los pensionados?, ¿por qué no las jubilaciones?, ¿por qué no?, ¿por qué se negaron en la Cámara a subir las jubilaciones del Seguro Social, por lo menos al mínimo, al salario mínimo? Y ahora por otro lado se les entrega a algunos de ellos dinero a cambio de los derechos que deben pagar al Departamento.
Entonces de qué se trata este juego. Es un chantaje contra el pueblo, contra sectores del pueblo, es estar vendiendo simple y sencillamente cosas para tratar de captar votos; es hacer una política clientelar de lo más corriente, de lo más corriente que pueda haber. Es estar más preocupados por las próximas elecciones que por resolver problemas efectivos del pueblo del Distrito Federal. Eso es lo que están haciendo.
Están volviendo otra vez al esquema de la estructura clientelar que es denigrante verdaderamente, porque es caridad. Eso es lo que pretenden dar, caridad. Ponen un impuesto alto o un derecho alto y luego lo perdonan como un favor especial de la autoridad. Eso es una cosa inaceptable. El pueblo del Distrito Federal lo debería de rechazar, y yo lo convoco a que lo rechace, porque el pueblo de esta ciudad ha dado muestras de tener una alta dignidad. Y yo creo que va a seguir dando muestras de eso.
Esas estructuras clientelares, ¿qué tienen que ver con el slogan de la política moderna?, quiero que me digan, por favor. ¿Qué es eso? Es una presión verdaderamente ilegítima, eso hay que condenarlo junto con la cuestión de fondo, que es la política hacendaria del Distrito Federal.
Yo creo que los habitantes de esta ciudad deberían tener el derecho de que sus representantes directos, elegidos por ellos, decidieran la política fiscal, y negociaran con el Gobierno Federal sobre la base del subsidio económico que la capital que le da al Gobierno central, porque el Distrito Federal es la entidad que es víctima en mayor medida del centralismo en México, porque el centralismo no está dado por esta gran ciudad, respecto del resto del país, sino por un poder concentrado respecto del resto del país, incluyendo a los habitantes de la capital, que ni siquiera pueden nombrar un presidente municipal, ni siquiera, y no tienen realmente una participación efectiva en nada.
El C. Presidente: -Permítame. Suplico atentamente guardar silencio en el recinto y poner atención al orador. Continúe señor diputado.
EL C. diputado Pablo Gómez Alvarez: - Señores legisladores: yo lamento profundamente la respuesta del Gobierno del Departamento del Distrito Federal frente a este problema. No se ha puesto a la cabeza de la sociedad, difícil que lo hiciera porque se trata de un Gobierno minoritario, muy minoritario; difícil que lo sea porque es un Gobierno completamente sometido y subordinado a decisiones que se toman en el gabinete.
Difícil que lo haga porque está preocupado, en primer término, por las próximas elecciones, en lugar de preocuparse por gobernar bien y con justicia; difícil que lo haga porque no están vinculados al pueblo del Distrito Federal. Y no lo ha hecho, y salen con una plataforma de modificaciones a lo que ellos mismos provocaron, que yo creo que está peor todavía, por las implicaciones que tiene. O sea, que aquí el remedio es peor que la enfermedad.
Y deberíamos meditar muy seriamente en relación con eso, para exigir que esas decisiones sean modificadas. Yo propongo que analicemos la propuesta de Acción Nacional, que analicemos las propuestas que en los próximos días se van a seguir presentando en relación con la Ley de la Hacienda Pública del Distrito Federal, para meditar muy seriamente.
En esta ciudad, cualquier programa tiene futuro con la participación activa y solidaria de la gente, con el convencimiento, ahí está el programa de "hoy no circula", pedido durante muchos años,
lo que pusieron oídos sordos muchas autoridades del Departamento, porque era una exigencia popular, y que la habían sustituido por una cosa que no funcionó de no circular voluntariamente, que desde luego que fracaso.
Pero estas decisiones se deben tomar con la gente. Tenemos que analizar el problema del agua y otros servicios con la gente, llamar a la conformación de programa con la participación efectiva de la gente, eso es lo que tiene futuro en la ciudad de México porque es una ciudad donde la solidaridad es un elemento que se ve a cada paso y a cada momento. Hay un inmenso nivel de solidaridad, sobre todo si consideramos la gran cantidad de gente que vive y con ellos se podría.
Pero yo creo que Camacho está gobernando como el señor que trae el dinero en la bolsa y el que se presta para andar repartiendo allí a los más pobres, migajas y limosnas, así no se puede gobernar una ciudad.
Una ciudad de este tamaño con el nivel cultural, porque ésta es una ciudad culta, se requiere gobernar con un criterio democrático, con criterio popular, con criterio de solidaridad. Esto es lo que se podría lograr, yo cada día me convenzo más de esto, desde luego con un Gobierno democrático que no fuera como el que tenemos ahora.
El C. Presidente: - Para rectificación de hechos tiene la palabra el diputado Ling Altamirano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El C. diputado Alberto Ling Altamirano: - Queremos hacer la siguiente rectificación en consideración de todo lo que se ha dicho aquí, mientras se revisan las nuevas tarifas y los precios unitarios de consumo de agua y antes de que el pueblo se decida por una suspensión de pagos, pedimos que exista una suspensión de cobros, es lo que queríamos nosotros rectificar.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano senador Fernando Silva Nieto, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El C. senador Fernando Silva Nieto: - Con su permiso señor Presidente; compañeras, compañeros legisladores: Me he permitido solicitar el uso de la palabra por que no creo responsable que en lugar de buscar aclarar un problema tan importante para la población como el relativo a las nuevas taifas del agua, se busque hacer de ello un pretexto, diríamos, oportunista para hacer declaraciones, muchas de ellas francamente superficiales y a la ligera, porque no es serio, creo yo, que por ser imagen se desinforme y confunda con declaraciones demagógicas incluso a la opinión pública. Considero que el problema hay que verlo en su conjunto y con seriedad.
En primer lugar, no se está ante hechos autoritarios decididos por acuerdo repentino, sorpresivo de una autoridad administrativa, sino que se trata de un acuerdo del Congreso de la Unión que decidió aprobar reformas a la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, para sintonizarla con las nuevas realidades del reto social y urbano de la ciudad de México.
¿Por qué decidió el Congreso las reformas? , podemos preguntarnos. ¿Fue acaso para lastimar la economía popular, para captar recursos, como se ha dicho por ahí para otros proyectos, para encarecer a la ciudad, como también se ha sugerido y motivar con ello que se reduzca el crecimiento de la ciudad, o, en fin, porque el asunto en sí, como se dijo en el artículo que apareció por ahí público, es cobrar más porque es la única forma, se dice, para inducir una racionalización mayor en el uso del agua? Francamente creo que el problema es mucho más complejo.
Es, desde luego, el desequilibrio en que ha ido cayendo la ciudad, entre la necesidad de consumos crecientes del agua, de agua que no se puede encontrar como bien se decía hace un momento ya en el valle, los altos costos que implica el abasto y los que derivan también de la operación del sistema hidráulico, de sistema de distribución y las tarifas prevalecientes.
Para nadie, por ejemplo, es descosido lo que significa traer un metro cúbico más de agua a esta ciudad desde las cuencas de donde se trae, la que no se puede obtener en los subsuelos de este valle. Pero también, por otra parte un problema de costumbre, e incluso podríamos decirlo, de cultura fiscal y sobre el uso del agua.
Como nunca se ha pagado realmente el servicio del agua, o se ha pagado por él cantidades excesivamente reducidas, no obstante la amplia cobertura que alcanza el servicio y su permanente disponibilidad en una parte muy importante de la población, hoy, ¿qué pasa? Nos alarmamos por los aumentos acordados, sin considerar lo lejos que están todavía de compensar los agudos desequilibrios en que hemos ido paulatinamente cayendo, desequilibrios que por lo demás si no se atienden adecuada y oportunamente nos van, en muy poco tiempo a llevar también como aquí se decía, a muy severas estrecheces, entonces sí para alarmarnos en disposición de agua para la población del Valle de México.
Traer un metro cúbico más de agua a la ciudad de México, implica un costo del orden de 225 mil
millones de pesos. Esto sólo como punto de referencia.
En cuanto al significado de las tarifas, éstas como señalaba, están todavía muy lejos de compensar costos. En 1989 por ejemplo, se recaudaron alrededor de 70 millones de pesos por concepto de derechos de agua, frente a un presupuesto ejercido en el mismo rubro en ese año, por más de 850 mil millones de pesos, es decir, que lo obtenido por pago de tarifas financió sólo el 8.2% de lo que costó en ese año la operación hidráulica, sin considerar inversiones nuevas.
Para este año, para 1990, la recaudación, no obstante el crecimiento en cinco veces, sólo financiará el 29% de los costos, el resto seguirá subsidiado.
Ahora, ¿cómo afectan a la población estos aumentos? Sin duda las nuevas tarifas implican el traslado de una parte del costo del abasto y la distribución del agua a la población, pero no es como aquí se ha dicho. Si en promedio se venía pagando por toma, eso lo sabemos todos alrededor de 4 mil 500 pesos bimestrales, cantidad, insisto, muy lejana a la realidad de los costos y a la importancia del servicio, y además desde luego propiciadora también del derroche, hoy los promedios varían por estratos sociales, de tal forma que al rededor de 50 mil viviendas de las zonas calificadas como aisladas, a donde llega en forma irregular el agua, quedan exentas de todo tipo de pago.
El 30% de las familias con ingresos más bajos, que reciben en forma regular el servicio, pagarán un promedio de 18 mil pesos o menos al bimestre. Si se comparan estas cantidades con los 4 mil 500 pesos que pagan hoy, que pagamos prácticamente todos hoy, sí estamos desde luego frente a un aumento sustantivo de las tarifas, pero no resulta así si atendemos a la proporción que representa dentro de los gastos familiares bimestrales, y sí consideramos que no se había registrado ningún aumento significativo por lo menos desde 1986.
El 40% de la población con servicio regular y que corresponde a familias con ingresos mayores, pagará un promedio 39 mil pesos bimestrales, con un consumo promedio de 45 metros cúbicos, y finalmente el 30% restante, es decir la población que incurre en mayores consumos, pagará desde 81 mil a 428 mil pesos en promedio, bimestrales, de acuerdo desde luego a sus consumos.
De manera que no es cierto que hayan de pagarse las cantidades exageradas que aquí, y en otros foros intencionadamente se han mencionado. Por primera vez podría decirse se cuenta con un sistema tarifario de agua que garantice que pague más quien más consume.
Rigen aquí, desde mi punto de vista y creo que es punto compartido por la mayoría, los principios básicos de equidad y proporcionalidad que exige la Constitución en materia fiscal, y que aconseja y que sugiere también un espíritu común de justicia fiscal.
Desde luego que no creemos que sea un sistema perfecto como también sabemos que habrá muchas cosas más que mejorar en la administración, en la organización, en el abasto, en la distribución, sobre todo para seguir ampliando el abasto y la distribución; pero no se vale confundir ni mal informar a la opinión pública, si se han expedido por mucho más dinero del debido hasta por 2 millones de pesos, cuando debieran ser de 20 mil ó de 600 mil pesos cuando debieran ser de 60 mil, son sencillamente, aunque gravemente, estamos de acuerdo, errores administrativos que mi partido exige sean corregidos cuanto antes y que cada quien pague lo que en justicia le corresponde pagar.
Por otra parte, si existe duda del usuario sobre su recibo o sobre la razón de encontrarse en una clasificación determinada de cuota, tiene la vía para aclarar su situación, hay voluntad evidente de las autoridades para ello; se han establecido módulos de orientación y de recepción de quejas, para que se aclare a satisfacción cada caso y no es cierto que ésta sea una situación generalizada, pues de un universo de alrededor de 1 millón 200 mil cuentas, los problemas de expedición de recibos con equivocaciones no llega, difícilmente llega a 15 mil.
Señores, por todas estas razones creo que se muy importante que cuidemos la objetividad de nuestros análisis y en nuestros planteamientos, que no dejemos espacio a actitudes de práctica partidista que francamente distorsionan la realidad y que en ello se va dificultando la verdadera solución a los problemas.
No considero que los desequilibrios de esta ciudad se hayan de resolver y de enfrentar, desinformando o confundiendo o generando confusión en la opinión pública, ni tampoco creemos frente a quienes dicen que hay un excesivo aumento de las tarifas, que la forma de enfrentar los desequilibrios sea por la vía de expedientes de corte populista que no conducen tampoco a enfrentar en el corazón y en la raíz los problemas de esta ciudad.
Por todo ello, francamente considero inaceptable que se esté armando un debate sobre cuestiones que aprobó el Congreso, que están muy claras ante la opinión pública, que el 70% de la población de la ciudad no pagará arriba de 39 mil pesos bimestrales, ¡caray!, por todas estas razones pienso que, incluso es inaceptable pensar a estas alturas en una revisión de la Ley de Hacienda, como aquí se ha propuesto y más vale, desde mi punto de vista, que aceptemos esta ley como la aprobó el Congreso, que convoquemos por las buenas razones que hay detrás de ello a que se respete y que se cumpla cabalmente. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Para la atención que proceda, túrnese a la Comisión del Distrito Federal, de la Cámara de Diputados.
SOBRE INCREMENTO DE TARIFAS POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Pedro César Acosta Palomino, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación con una solicitud para mayor información respecto al incremento de tarifas por la Comisión Federal de Electricidad.
El C. diputado Pedro César Acosta Palomino: - Señor Presidente; honorable asamblea: Este asunto también tiene las mismas viejas y hondas raíces de los temas tratados anteriormente, a propósito de las tarifas del agua en el Distrito Federal, sólo que extiende su ramificación a la totalidad de país, si bien acentúa sus efectos onerosos en algunas regiones de la comunidad mexicana.
El problema de las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica ha sido en diferentes ocasiones tratado, comentado, discutido, analizado, pero jamás resuelto, al menos en lo que al fondo, a la raíz misma del problema.
A fines del año pasado un grupo de parlamentarios firmó un escrito, al que posteriormente voy a dar lectura, pidiendo que la Cámara de Diputados profundice en el tratamiento de este problema que tanta y negativa repercusión económica tiene sobre la población y busque respecto al mismo una solución integral. Porque de seguir con las soluciones parciales que hasta ahora ha recibido, va a continuarse también en el mismo nivel de sacudidas intermitentes y tan perjudiciales para la población consumidora del servicio.
Por su puesto que la cuestión de tarifas para el suministro de energía eléctrica también está proyectada y ejecutada en la misma línea del doble juego que el Gobierno y el Partido Revolucionario Institucional a veces en conjunto, como una sola entidad, y otras veces en foros separados pero interconectados, discuten, resuelven o votan, según el caso.
Este doble juego, que como se ha señalado aquí consiste primero en crear el problema y luego ofrecer la gestoría para resolverlo, tiene una buena dosis de populismo, de demagogia y de inmoralidad política. Y creo que debe ser señalado con la energía necesaria cada vez que se tenga que comentar y discutir un asunto como el que voy a tratar más adelante, al dar lectura al escrito.
Este juego que consiste, como también ya se ha mencionado, en crear por ejemplo primero la Miscelánea Fiscal y luego organizar, como así ha ocurrido en algunas regiones del país, cursos de orientación para el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo obviamente del Partido Revolucionario Institucional.
Que consiste también en incrementar excesivamente el cobro de los servicios, para luego proponer subsidios o gestiones que resuelvan parcialmente el problema, pero que mantengan el control oficial, desde el Gobierno y desde el Partido Revolucionario Institucional, sobre los consumidores.
Este mismo juego que coloca al Gobierno y a su partido en el papel de aquel personaje colonial, don Juan de Robres, a quienes los cronistas de la época le dedicaron versos que configuraban su conducta, su forma de ser y permiten clasificar adecuadamente el nivel de su trato con sus semejantes. Este personaje, según el cual los versos a que me refiero; nos lo presentan como caritativo, pero con un fondo de inmoralidad que conviene señalar aquí, porque en mi opinión conserva su actualidad.
Yo creo que todos ustedes lo conocen; este personaje, de acuerdo con los versos, es el señor don Juan de Robres: Con caridad sin igual/hizo este hospital, /pero antes hizo a los pobres.
En esa misma línea de crear primero un problema y después ofrecerse a resolverlo, obviamente con finalidades ajenas a la solidaridad humana y sí muy conectadas a la capitalización política de esa aparente solidaridad, es el que contiene el escrito al que voy a dar lectura, no sin antes señalar que para el tratamiento correspondiente solicito a la Presidencia el trámite que en derecho corresponda, en el sentido de que pido permanezca
su contenido como elemento de discusión y de resolución del cuerpo colegiado que corresponda.
El escrito dice así:
"Honorable Cámara de Diputados; honorable asamblea: Los suscritos, diputados federales miembros de esta LIV Legislatura en el Congreso de la Unión, con el carácter de representantes populares de la nación y con fundamento en el último párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 50, numeral 3 y 52 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 65, 70, 71 y 78 de nuestro Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presentamos a esta soberanía la solicitud para nombrar una Comisión Especial de Investigación integrada con diputados miembros de distintos grupos parlamentarios a efecto de que se efectúe una revisión completa de las operaciones contables y financieras de la Comisión Federal de Electricidad con base en los considerandos siguientes:
Uno. Con fecha 21 de septiembre de 1989, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público expidió el acuerdo que autoriza el ajuste de las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica, este acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del viernes 22 de septiembre de 1989, habiéndose tomado tal acuerdo a solicitud del Director General de la Comisión Federal de Electricidad y actuando además con el carácter de representante legal de las empresas en liquidación, denominadas, Compañía de Luz y Fuerza del Centro, Sociedad Anónima y sus asociados; Compañía de Luz y Fuerza de Pachuca, Sociedad Anónima; Compañía de Luz y Fuerza de Toluca, Sociedad Anónima y Compañía Mexicana Meridional de Fuerza, Sociedad Anónima.
Dos. Para la expedición del acuerdo citado hubo necesidad de que se revisaran los estudios y análisis efectuados previamente por la comisión intersecretarial de precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública Federal, escuchando a la Secretaría de Energía Minas e Industria Paraestatal, siendo ésta última el conducto legal para la presentación de la solicitud de ajuste a las tarifas en cuestión, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Tres. El acuerdo de referencia afecta con mayor severidad a los usuarios que habitan en los estados de la República Mexicana, con ambiente muy húmedo, entre los cuales se encuentra Sinaloa, con temperaturas medias mínimas de 30 a 32 grados centígrados durante 9 meses del año, por cuyo motivo hay un gran consumo de energía eléctrica debido al uso de ventiladores y múltiples aparatos de refrigeración que son indispensables para moderar el intenso clima cálido.
Cuatro. Con el incremento autorizado en el ajuste de las nuevas tarifas generales para el suministro y venta de energía eléctrica, resultan seriamente perjudicados los usuarios del servicio doméstico de la gran mayoría de los centros poblados, comprendidos en las entidades federativas costeras, pues, se dan casos en que los trabajadores sujetos a salario mínimo general se ven obligados a pagar a la Comisión Federal de Electricidad, por concepto de consumo de energía eléctrica, hasta un 43% de sus percepciones mensuales, es decir, que estamos hablando de un promedio de consumo mensual equivalente a 600 kilowatts hora, al mes.
Y por otra parte, si el consumo fuera de mil kilowatts solamente, se tornaría en un incremento del 116% , que equivaldría a 30 días del salario mínimo general vigente en los estados citados, al efectuar el pago del recibo correspondiente.
Cinco. Con el aumento desorbitado a las tarifas del servicio doméstico y del servicio público para bombeo de aguas potables o negras, se lesiona gravemente a grandes grupos de obreros y campesinos de escasos recursos económicos.
Asimismo, con el aumento antes mencionado, resultan perjudicados otros integrantes del sector social, tales como agricultores, pequeños propietarios, ejidatarios, comuneros, colonos y cooperativistas, quienes se verán obligados a optar por el pago del consumo de energía eléctrica para evitar el corte del servicio o bien a dejar de consumir ciertos alimentos básicos indispensables para su subsistencia, a cambio de destinar gran parte de sus raquíticos ingresos al pago de la citada energía eléctrica consumida.
Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 93, último párrafo, de nuestra Constitución Política Federal; así como en los artículos 50 numeral 3 y 52 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55, 70, 71 y 78 de nuestro Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, atentamente pedimos.
Único. Que la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en uso de sus facultades que le confiere el párrafo III del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acuerde el nombramiento de una Comisión Especial Pluripartidista para que
investigue el funcionamiento del organismo público descentralizado, denominado "Comisión Federal de Electricidad", y, en su caso, se realice una auditoría externa a efecto de determinar la situación financiera del citado organismo en cuestión, a fin de conocer las causas que sirvieron de base para el desproporcionado aumento en las tarifas de servicios doméstico y del servicio público para el bombeo de aguas potables o negras.
Este escrito está fechado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados a 28 días del mes de diciembre de 1989, y va calzado con las firmas de 135 legisladores para su trámite correspondiente, en el sentido a que hice mención al explicar las razones de su presentación en esta Comisión Permanente. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Túrnese para la atención que proceda a la Comisión de Energéticos de la Cámara de diputados.
DE LA PRIVATIZACIÓN DE SIDERÚRGICAS
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Pablo Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la privatización de siderúrgicas.
El C. diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul): - Señor Presidente, puede pasar al siguiente orador y después que llegue el diputado Gómez a hacer uso de la palabra.
El C. Presidente: - Si, en virtud de no estar presente en el recinto el diputado Pablo Gómez, tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para hablar sobre el mismo tema.
El C. diputado Jesús Antonio Carlos Hernández: - Compañeros Legisladores: Este tema es tratado por mi partido, respondiendo a una obligación patriótica, a una consecuencia por nuestros principios, es decir, no podemos dejar pasar por alto una situación como la que estamos observando y que será el tema de esta intervención.
El día de ayer, sólo para ilustrar, la Confederación Nacional del Comercio, según informan los medios de comunicación, convoca a sus miembros a realizar el máximo posible de acciones necesarias para presionar al Gobierno Federal, a las autoridades del país para que se profundice la serie de concesiones, de acciones y actos de gobierno que de manera permanente ha demandado la derecha en México, que tiene la pretensión de llevarnos a construir en México un país ya ni siquiera neoliberal, sino de tipo fascistoide, bajo la dependencia del gobierno de Estado Unidos de América.
El Presidente de la República en respuesta a esta posición subversiva, francamente subersiva de la derecha mexicana, pronuncia en discurso en el que afirma que quienes proponen la desunión atentan contra México.
En principio, una declaración de este carácter en la voz del titular del Ejecutivo de la Nación, del licenciado Salinas de Gortari, en otro contexto sería mucho más importante, mucho más trascendente que ahora, porque para frenar a los grupos de la derecha, porque para poner en su sitio a estas fuerzas reaccionarias, ultramontanas, que velan en todo momento en primer término por sus propios intereses económicos, políticos, egoístas y particulares, no el interés superior de la nación, no bastan los discursos ni las declaraciones; sino se requieren acciones patrióticas actos democráticos de gobierno.
Aplicar realmente una política popular; aplicar con sentido revolucionario la Constitución del país.
Hace un momento el diputado Pablo Gómez hablaba de que tenemos un gobierno timorato, que es proclive a someter los movimientos populares, haciendo uso de la fuerza pública, pero no a tomar medidas en contra de la oligarquía, en contra de la alta burguesía financiera, industrial y comercial del país, que en connivencia con las fuerzas económicas del extranjero, quieren apoderarse definitivamente de la dirección política del país. Y entonces el gobierno de México desde hace varias administraciones sexenales, pero particularmente la anterior y la que va en curso, ha realizado una serie de concesiones a estas fuerzas de la derecha, personeras del capital transnacional, particularmente norteamericano, una serie de concesiones de carácter fundamentalmente económica, que consiste en el desmantelamiento, en la entrega de las empresas públicas, de las empresas del Estado, que constituyen patrimonio sagrado de todos los mexicanos y que no son propiedad de los titulares del gobierno sino que son propiedad de toda la nación. Han estado entregando estas empresas.
Y decía ayer el diputado Ortíz Mendoza que utilizando una serie de argumentos que han ido como ciertas sinfonías, in crecendo. Primero se dijo que porque no podíamos consentir en nuestro país un Estado obeso; en segundo lugar, porque no podíamos permitir que siguieran
operando sin limite, ad infinitum, empresas estatales con números rojos, con pérdidas que decían, se trasladan de todos modos a la sociedad en su conjunto.
Después, dijeron que eran empresas que a pesar de que no tenían números rojos, no eran suficientemente eficientes, no tenían ni siquiera la perspectiva de satisfacer las demandas de bienes o de servicios de la sociedad mexicana y que ésas tampoco merecían estar en manos del Estado.
Después establecieron una clasificación arbitraria que nadie ha definido exactamente en qué consiste: el criterio para precisar y definir, de manera clara y entendible para todos, en qué consiste, por un lado, las empresas que son de carácter estratégico, cuáles son las prioritarias, qué diferencia hay entre unas y otras y cuáles no obstante ser públicas, no son ni estratégicas ni prioritarias.
Pero cuando se acabaron todos esos argumentos, cuando ya no se pudo alegar con validez y con sentido común incluso, que se vendían o se transferían o se desincorporaban empresas que no eran estratégicas, que no eran prioritarias, que no operaban con números rojos o que no eran eficientes desde el punto de vista social, sacaron de la manga otro argumento: tenemos que vender empresas para tener recursos y atender requerimientos sociales de las clases marginadas. Es más hace unos días se acuño una frase feliz: "vendemos bienes para remediar males".
De modo tal que con este criterio, uno con cierta malicia, lo reconozco, podría pensar: cuándo llegará el momento de poner en venta los monumentos históricos, las estatuas y los propios edificios de la administración pública federal, pues como el propio Palacio Nacional y lo demás edificios públicos que se requieren para el asiento de los poderes de la Unión, porque con ese criterio de vender bienes para remediar males, pues no hay ningún límite posible, porque los males en este país, las carencias y las deficiencias en este país son, podríamos decirlo, casi infinitas. Porque hay necesidades sociales, yo diría que es difícil encontrar alguna que no fuera creciente y repetitiva, porque es como la necesidad de comer, como el hambre, es una necesidad permanente y creciente que jamás se podrá satisfacer.
Los requerimientos de salud son igualmente permanentes y crecientes; las necesidades de servicios públicos municipales son permanentes y crecientes; el agua potable, la energía eléctrica, los servicios de drenaje; los requerimientos de carácter educativo son permanentes y crecientes, por lo menos en lo previsible en este país. Cada día se requiere más aulas, más escuelas, más maestros de escuelas. Y así podríamos seguir.
Realmente las necesidades sociales no se pueden satisfacer de una vez y para siempre ni en México ni en ninguna parte del mundo.
De modo tal que si las empresas del Estado que si los bienes públicos se venden para remediar males, no encuentro, aplicando este criterio, el límite para detener el desmantelamiento del patrimonio nacional constituido por las empresas del Estado, por las empresas públicas que, insisto son patrimonio sagrado, colectivo de todos los mexicanos; no son propiedad ni del Presidente de la República, ni de los secretarios del gabinete económico, ni de la Comisión de Gasto - Financiamiento que es la que decide la desincorporación de las empresas del Estado.
Que el Estado mexicano no tiene porqué administrar cadenas de hoteles, de manera directa y en propiedad; que no tiene porqué producir o vender casimires, bicicletas, automóviles, teléfonos y otros bienes y enseres.
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, que es la desincorporación, la venta, la enajenación, la entrega de capital extranjero y ciertos sectores del capital privado nacional de la industria siderúrgica del país, creo que se trata aquí evidentemente de un acto que no puede justificarse alegando que se trata de empresas deficitarias, con números rojos, ineficientes, que no son de interés público; que no tiene trascendencia para el desarrollo económico del país; que no tienen que ver con el fortalecimiento de las fuerzas productivas de México; que no tiene que ver con cuestiones prioritarias o estratégicas de la economía nacional.
Sin industria siderúrgica no puede haber industria automotriz por ejemplo, ni industria de la construcción, ni de obras públicas de gran envergadura, ni de viviendas dignas para los mexicanos, cuyo déficit ése si es creciente.
Es cierto que en nuestro país por nuestro grado de desarrollo histórico y económico producimos un acero de lo que se conoce por los técnicos como acero pesado. En los países de alto desarrollo capitalista, modernos, la industria del acero está produciendo acero de otra calidad tecnológicamente superior, sin embargo, cabe hacer una aclaración, el acero que producimos en México es para atender el nivel de desarrollo de la industria mexicana actual y la previsible por lo menos en los próximos 10 años. No solamente en México sino en toda América Latina y en el resto de los países subdesarrollados, de manera
tal que el acero que producimos en México no solamente tiene un mercado asegurado en el país, sino que tiene todas las posibilidades dignas de competencia en el mercado internacional.
En este último año de operación de las empresas siderúrgicas en manos del Estado, Altos Hornos de México y la Siderúrgica Lázaro Cárdenas " Las Truchas", S.A., se produjo un nivel de más de 3 billones de pesos, con una alta rentabilidad, una mano de obra calificada del más alto nivel, experiencia de controles administrativos que se han ido depurando paso a paso que también es un patrimonio importante, se ha venido construyendo toda una infraestructura de comunicaciones en torno de estas dos empresas, me refiero, particularmente a la Siderúrgica Lázaro Cárdenas "Las Truchas", S.A., que realmente es hoy por hoy el único puerto industrial con que cuenta este país nuestro y que podría ser el pivote imprescindible para crear un poderoso corredor industrial que garantice el desarrollo industrial y económico de esta zona occidental del país.
Pues sin más con eso de vender bienes para remediar males de manera inopinada e inconsulta, el Gobierno Federal, a través de sus dependencias decide la venta, la enajenación de la industria siderúrgica nacional en manos del Estado.
Cabe aquí hacer algunos comentarios, y qué bueno que forma parte de esta Comisión Permanente el distinguido diputado Rogelio Montemayor Seguy, que es además presidente de la Comisión de Programación Presupuesto y Cuenta Pública, que es el organismo de la Cámara de Diputados para recibir la información necesaria para tener la opinión de la cámara que se requiere de acuerdo con la ley para proceder a la enajenación de las empresas del Estado.
Tenemos que reconocer en el compañero diputado Montemayor, no solamente una elevada capacidad técnica, y en ser como dice un personero de este sector del gobierno que se ha enquistado en la dirección más alta para desmantelar el patrimonio del país; también hay que reconocerle cierta habilidad de carácter, yo no diría político sino de habilidad parlamentaria.
El artículo 39 de la Ley del Presupuesto de Egresos para el año de 1989, que se pública en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1988, decía así:
"Artículo 39. Para la desincorporación de entidades paraestatales, creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión, se requiere autorización previa del mismo".
Y luego establece las bases, las condiciones a través de las cuales se puede proceder a la desincorporación de empresas estatales, y en el inciso C, de este artículo dice lo siguiente: "el Ejecutivo Federal no podrá realizar ninguna desincorporación, venta o extinción de aquellas empresas paraestatales incluidos en el artículo sexto del presente decreto, sin previo informe a la Cámara de Diputados y opinión de la misma", es decir que de acuerdo con este ordenamiento vigente todo el año de 1989, el Gobierno Federal no podía desincorporar ninguna de las empresas señaladas en este decreto, sin antes informar a la cámara y sin que antes la cámara emitiera su opinión, acerca de las razones, los criterios específicos y de los efectos sociales y productivos de las medidas de desincorporación.
Esto fue, hay que decirlo, el resultado de una intensa batalla parlamentaria, en la que por fortuna en ese momento contamos con la solidaridad, con la plena conciencia patriótica, democrática, revolucionaria, avanzada, digna de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, que en ese momento logramos una correlación de fuerzas favorables, porque estas disposiciones no venían en la iniciativa que hizo llegar a la Cámara de Diputados el Ejecutivo Federal.
Es decir, las fuerzas democráticas y patrióticas de dentro y de fuera del Partido Revolucionario Institucional, obtuvimos una histórica victoria.
Lógicamente para esta misma ley, para este mismo artículo 39, los partidos democráticos hicimos el mismo esfuerzo para que continuara vigente en los mismos términos este precepto. Se realizó un gran debate, hubo consultas de todo carácter, hubo reuniones, discusiones, pláticas muy amplias, incluso tuvimos que recurrir a una serie de acciones que nos habían dado resultados en otros momentos, incluso tuvimos en perspectiva la posibilidad de desintegrar el quórum de la cámara para que no pudiese aprobarse una ley contraria a los intereses populares.
Finalmente, el ciudadano presidente de Programación y Presupuesto, nos dijo que había consultado con sus compañeros de la mayoría del Partido Revolucionario Institucional interesados en el asunto y que era de aceptarse la propuesta, no solamente de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, sino que de todas las fracciones parlamentarias de los partidos democráticos, y que en consecuencia el artículo 39 quedaría en los mismos términos que en la ley vigente del año de 1989, es decir, que para 1990 contaríamos con un precepto en iguales términos.
Y bueno, uno está obligado en la práctica parlamentaria y política, cuando habla con hombres, con hombres íntegros, con hombres políticos, con hombres públicos a los que reconoce honestidad política, congruencia entre lo que dicen, y lo que hace, que todo estaba correcto y aprobamos, por lo menos ese artículo, con la casi unanimidad de la Cámara de Diputados; este artículo 39 tuvo casi la unanimidad para su aprobación aun cuando hay que decir, que por lo menos nosotros, los partidos democráticos en la cámara, estuvimos en contra del resto de esta ley.
Pero resulta que a la hora de la publicación en el periódico oficial, la redacción del artículo sufrió variaciones sustanciales, en primer lugar se suprime el inciso C del artículo 39; en segundo lugar, se modifica el inciso B cuya parte final dice simplemente lo siguiente: " la Cámara de Diputados, vía la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, analizará la información a que se refiere el inciso B anterior y en su caso dará su opinión", y de este modo, para instrumentar esta desincorporación más o menos en atención a la ley, el día de mañana se reúne la Comisión de Programación y Presupuesto que va a recibir esta información y ya, porque ya no se establece como condición previa la emisión de la opinión de la Cámara de Diputados, que analice con sentido patriótico, desde luego, las razones, los criterios y los posibles efectos sociales y productivos para la economía del país, la desincorporación de ésta o de otras empresas estatales.
De tal manera que, queridos colegas de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, juristas, parece ser que la batalla jurídica la tenemos perdida de antemano en este punto, porque la Cámara no requiere emitir un informe previo para la desincorporación de estas empresas estatales.
De modo tal, que en todo caso la argumentación sería de carácter político patriótico, revolucionario, democrático; convocar a la conciencia de las fuerzas democráticas y patrióticas que todavía subsisten en el partido de la mayoría, en el Partido Revolucionario Institucional, en el partido gobernante y poner coto a este desmantelamiento a esta puesta en subasta del patrimonio de la nación, para entregarlo a los intereses extranjeros, fundamentalmente extranjeros.
Insisto, no se puede alegar aquí que no se trata de empresas estratégicas prioritarias. Por lo menos prioritarios parece ser que lo prioritario es menor que lo estratégico. Se trata de la industria del acero en México, que es insumo fundamental para la industria del país, que tiene mercado asegurado. Empresas que trabajan con una gran eficiencia y con números negros, con utilidades garantizadas. Con un mercado no solamente seguro, sino yo diría que hasta cautivo a nivel nacional y con posibilidades de desarrollo ilimitado, incluso para satisfacer los requerimientos del mercado internacional del acero.
Y como ya dije, por lo menos al nivel que se requiere en los países como el nuestro; y de similar desarrollo económico y social como lo son todos los países del resto de América Latina y mucho otros países de África, de Asia e incluso de la propia Europa.
Pues esta empresa estratégica y prioritaria desde nuestro punto de vista, que tiene en sus manos la industria del acero en nuestro país, por lo menos en su mayoría, que es una empresa de los mexicanos, que es un patrimonio de la nación, que con muchos sacrificios de nuestro pueblo es un patrimonio colectivo del país, olímpicamente se entrega al capital extranjero.
Yo no me atrevería a caer en el fatalismo de decir, incluso de manera festiva: "Cesar, los que van a morir te saludan". Porque sabemos efectivamente de antemano que las sesudas intervenciones del diputado Montemayor o de otro, disculpe el lapsus diputado, o de otro, nos van a venir convencer de que se trata simple y sencillamente de vender bienes para remediar males. Olvidando incluso la vieja conseja, creo que es un proverbio chino: "Al indigente no debes regalarle el pez, sino enseñarle a pescar".
Y no se puede seguir dilapidando el patrimonio de la nación, ni buscando argumento tras argumento, porque la esencia es la misma: seguir conduciendo a este país por una vía llamada neocapitalista o neoliberal. Pero que no satisface a la derecha mexicana ni internacional, porque el día de ayer han expresado la consigna a sus militantes y a sus miembros de realizar acciones de presión, de desunión, como dice el Presidente, subversivas para que se les siga entregando este país. Muchas gracias.
Presidencia del ciudadano diputado Juan José Osorio Palacios
El C. Presidente: -Tiene la palabra el diputado Rogelio Montemayor, para alusiones personales.
El C. diputado Rogelio Montemayor Seguy: - Señor Presidente; compañero legisladores: Pedí el uso de la palabra para referirme a alusiones personales y sin menoscabo del turno
y el derecho a usarlo posteriormente, en el turno que me corresponda, para fijar la posición de nuestro partido en torno a este tema.
Señor diputado Hernández, primero quiero agradecerle los conceptos que usted emitió en cuanto a las habilidades técnicas y parlamentarias del de la voz. Pero quiero decirle que agradeciéndole esos comentarios, miente usted cuando hace referencia al proceso que llevó a la modificación del artículo 39 del decreto presupuestal.
Miente usted y no acepto las implicaciones que usted mencionó. Y para beneficio de quienes no participaron en aquel debate, voy a hacer un poco de historia. Pero primero voy a hacer la aclaración de que en ningún momento se sorprendió a nadie, porque cualquiera que conozca el proceso parlamentario sabe que antes de votar se leen los artículos y en caso concreto del artículo 39, el documento que la Comisión de Programación y Presupuesto sometió a la consideración de la cámara, llevaba una redacción de dicho artículo que era efecto distinta a como estaba en 1988 y a como finalmente quedó.
Durante la discusión en lo general y en lo particular, porque el artículo 39 fue reservado para su discusión en lo particular, hubo un intercambio de opiniones de un servidor con el ingeniero Ortíz Mendoza, en el cual se planteó la redacción que actualmente tiene el artículo 39, se les entregó dicha relación en un papel, la analizaron, hubo algunos ajustes todavía a esa redacción y una vez acordado con todas las fracciones parlamentarias, su servidor solicitó el uso de la palabra en aquella sesión donde fue discutido y aprobado el decreto de presupuesto de egresos.
Y hablando a nombre de la comisión, propuso la nueva redacción, ésta se leyó en voz alta, y posteriormente fue votada y fue votada por unanimidad.
Entonces, no acepto esa implicación que usted hizo, de que se les dijo una cosa y se hizo otra, porque en primera instancia se les entregó en pláticas bilaterales, la redacción del artículo, se ajustó y posteriormente y a mayor abundamiento, fue leída en público en la tribuna, como consta en el Diario de los Debates de aquel día, y posteriormente a su lectura fue votada.
Entonces, señor diputado, no se vale que venga usted a levantar falsos ni hacer ese tipo de acusaciones, no es culpa si a usted no le quedó claro, pero no le acepto que venga usted en base a su confusión o ignorancia, porque le supongo buena fe, a tratar de implicar que su servidor les... acordamos una cosa e hicimos otra, simplemente porque no era posible, públicamente se leyó dicho artículo, consta en el Diario de los Debates, ahí está y después de haber sido leído por un servidor, fue votado. Es todo.
El C. Presidente: - Tiene la palabra sobre el mismo asunto, el diputado Pablo Gómez.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: - Señoras legisladoras; señores legisladores: Yo quisiera tocar este asunto de la idea que tiene el gobierno mexicano de vender la Siderúrgica Lázaro Cárdenas " Las Truchas", S. A. y Altos Hornos de México, partiendo de un elemento que llama poderosamente la atención a una parte de los diputados y de los senadores de la LIV Legislatura.
El artículo 73, en su fracción VIII, de la Constitución Política, señala que todos los empréstitos excepto los que se hagan con propósitos de regulación monetaria y de conversión de deuda, deben destinarse a obras que produzcan directamente ingresos a la Federación.
Se entiende que todo empréstito es un ingreso, pero para la Constitución eso no basta, sino que debe, ese ingreso por concepto de empréstitos, destinarse a obras que a su vez produzcan ingresos. Esta es la definición constitucional que se ha violado muchas veces.
Yo creo que la norma es la violación del precepto constitucional. La deuda interna que contrata con frecuencia el Gobierno Federal, una parte es de reconversión de deuda misma; o sea vende valores gubernamentales para cubrir los vencimientos de otros valores gubernamentales.
Pero existe una parte de esa deuda en la que se produce un incremento neto. Aún deflacionando existe ese remanente fuerte. Quiero decir con esto que la deuda interna sigue creciendo en términos reales. Pero esos recursos del crecimiento real de la deuda, no van en su mayor parte a obras que generen un ingreso, y se viola de diario la Constitución.
Digo todo esto porque me llama mucho la atención el argumento del gobierno actual para vender empresas paraestatales; dice el gobierno, en la explicación que nos ha enviado y que va a ser, según entiendo, discutida mañana en la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, que desincorporar Siderúrgica Lázaro Cárdenas "Las Truchas", S. A., y Altos Hornos de México, implica liberar recursos para gastarlos en gasto corriente, puesto que habla de aulas, hospitales, caminos, etcétera.
Estoy entendiendo que el Gobierno Federal tiene la idea de que en la composición del gasto debe incluso aumentar el peso de gasto corriente y de inversión que no produzca ingresos adicionales a la Federación.
La estructura de la inversión pública que crece con una lentitud asombrosa, o que ésta proyectando un crecimiento muy pequeño para el año de 1990, es esencialmente para obras que no produzcan ingresos adicionales a la Federación.
Es muy interesante esto porque la idea es consecuencia de la tesis modernista entre comillas, de que el Estado debe ser un sujeto regulador de la economía a través de disposiciones y de estructura burocrática o sea, de control burocrático de los agentes económicos, pero no debe participar con capital propio, es decir, con dinero que al invertirse un capital incrementado, una cantidad incrementada de dinero. Podríamos definir provisionalmente así el concepto capital, para que no haya después las equivocaciones que con frecuencia vemos en estas discusiones.
Desde luego, para que un capital, se requiere en las sociedades actuales algunos otros ingredientes. Pero en términos provisionales y en cierto nivel, podemos así definir la cuestión: el Estado no debe tener capital. Pero ¿por qué razón no debe tener?, ¿por qué en Inglaterra se está desembarazando, por decirlo así, que su parcial naturaleza de capitalista directo?, ¿por qué eso ocurre en algunos otros países?, ¿es suficiente razón?
Yo no he escuchado una explicación convincente, exhaustiva, en términos socioeconómicos e históricos, para suponer que dentro del desarrollo socioeconómico de México, no debe jugar un papel el capitalismo de Estado.
¿Cuáles serán las razones?, ¿cuáles serán efectivamente las explicaciones convincentes que habría que oír para que se sostuviera esa tesis? Desde del punto de vista de países desarrollados, podría decirse que la abolición de los circuitos y mecanismos del capitalismo de Estado, pueden jugar el papel de ampliar el campo de la inversión de excedentes financieros muy fuertes; que la experiencia, que la sobre producción de excedentes financieros que se sostuvo cuando el petróleo elevó su precio en el mercado internacional a niveles muy altos, generó elementos fuertes de inestabilidad del propio sistema financiero, pero además, generó un problema muy serio: que gran cantidad de esos excedentes financieros fueron a dar a manos de jeques y reyezuelos del medio oriente, aunque estaban depositados en los bancos occidentales. Y que siempre existía por la presión de que estos jeques y reyezuelos en un momento dado podrían tener una capacidad de manipuleo en el mercado de dinero, que afectara a estos países.
Darle uso a excedentes financieros globalmente considerados y que se producen de distintas maneras, una de las cuales es el tributo que le cobran a países como México por la vía de la deuda externa, y también las ventajas que ellos obtienen por el intercambio desigual de lo que seguimos siendo víctimas países como México.
Esta idea, este planteamiento que se llama, que le han dado por llamar neoliberal, tiene que ver con esto aunque no solamente con esto, pero yo subrayo esta parte del planteamiento que subyace en lo que están haciendo estos gobiernos.
Ahora analicemos la situación de México. México es un país que tiene problemas muy serios de tributación al exterior, sigue siendo un país que sufre o es víctima de una transferencia neta anual de recursos, tiene serios problemas con sus cuentas con el exterior, hay una contratación todavía de gente del campo de las inversiones, hay un ahorro que no brinca con rapidez hacia las áreas productivas y de inversión productiva, es decir el dinero que no se convierte en capital, efectivamente, porque una gran parte de ese ahorro se queda en los circuitos especulativos, lo cual para un país como México es una cuestión seria, porque es un país que requiere de recursos para financiar su desarrollo, no le sobran recursos, carece de recursos. Los países capitalistas desarrollados tiene recursos de sobra; su problema es que les sobran recursos.
En estas circunstancias, se ha elaborado la tesis en el gabinete económico, de que México debe prepararse a una plataforma económica para captar el ahorro externo, porque el ahorro interno es muy pequeño, insuficiente y no se pueden hacer reformas económicas de corto plazo que aumentan sustancialmente la capacidad de ahorro interno.
Y en este marco se da la venta de empresas muy importantes de la nación. ¿Puede la iniciativa privada llamada así, no deja de ser eufemismo eso de iniciativa privada, comprar, por decirlo rápido, Siderúrgica Lázaro Cárdenas " Las Truchas", S. A., o Altos Hornos de México? Desde el punto de vista de la cantidad de dinero que puedan costar esas empresas, podría sin duda, hay, hay dinero, que está desde luego invertido entre comillas, en valores gubernamentales, en los bancos, etcétera, y en el extranjero también muchos. Sí puede pero no quiere ni va a querer, porque el acero no es su ramo y porque no existe
en el país el mecanismo a través del cual se pueda inducir al capital dinerario, que existe en la sociedad y llevarlo a concentrar a estas empresas, para convertirse en capital efectivo, en capital productivo. No hay este mecanismo.
La bolsa de valores no lo es porque es altamente especulativa, porque es la posesión de los valores, es muy coyuntural en las operaciones habituales de mercado.
Desde luego existen propiedades familiares de paquetes importantes, a través de las cuales se genera el control sobre las empresas. Pero no es éste el capitalismo dinerario que se mueve con mucha facilidad. ¿Quién puede?, en este caso, capital extranjero.
Siderúrgica Lázaro Cárdenas "Las Truchas", S, A., puede ser comprada en una operación rápida a través del swap eso es lo que quiere Salinas. Y el swap no es otra cosa más que un embargo consentido, más que consentido, es un embargo solicitado; te debo, me embargas y así te pago una parte de lo que debo.
Claro, con Lázaro Cárdenas, el Estado creó una enorme infraestructura para desarrollar un puerto industrial, El general Cárdenas fue una de las personas que más se emplearon en ese proyecto y dieron una lucha por el proyecto. Fue el primer Presidente del Congreso de Administración de Siderúrgica Lázaro Cárdenas "Las Truchas", S, A., era el aprovechamiento de dos minerales: Las Truchas y la Unión, una en Michoacán y otra en Guerrero, exclusivamente para la siderúrgica la puesta en operación de una planta de generación de energía eléctrica. Y hacer un polo de desarrollo industrial con las otras empresas que aprovecharan la gran obra se hizo ahí para convertir la desembocadura del Río Balsas, en un puerto industrial.
Yo creo que si el general Cárdenas resucitara, que no es posible, volvería inmediatamente a sufrir una grave enfermedad al ver que Siderúrgica Lázaro Cárdenas "Las Truchas", S. A., va a ser entregada al capital extranjero, porque la idea era completamente la contraria: canalizar recursos que generan ingresos a la Federación; ésa era la idea.
Suplir la falta de interés del capital privado por desarrollar grandes proyectos de industria pesada, especialmente para producir el acero que fuera la base del desarrollo en México de una poderosa y mexicana industria de bienes de capital.
Quizá Siderúrgicas Lázaro Cárdenas "Las Truchas", S. A., debió haber empezado produciendo planchones. He estado analizando sus niveles de productos terminados, y Siderúrgica Lázaro Cárdenas " Las Truchas", S. A., he empezado apenas, en el año de 1989, a producir 368 mil toneladas de planchones.
Siempre las burocracias hacen cosas y desvirtúan proyectos. No hay mejor forma de desvirtuar un proyecto que dárselos a unos burócratas que toman decisiones sin saber hacia dónde se va, hacia dónde se marcha, sin tener sentido nacional y un sentido global de carácter general.
Y Siderúrgica Lázaro Cárdenas "Las Truchas", S, A., ha sido víctima de todo eso, también Altos Hornos de México S. A., pero un poco poniéndonos provisionalmente por encima de esa forma tan ineficiente y por lo demás antidemocrática como se manejan las empresas del Estado, la idea era que México tenía que lograr crecientes niveles de producción de acero, que permitieran o que dieran base a la generación de esa industria de bienes de capital. Que México no debería seguir dependiendo, en la medida en que depende, es decir, no debería seguir dependiendo tanto de la importación de bienes de capital, que había que hacer un gran esfuerzo. Y se ha hecho a este respecto muchas discusiones.
En este momento el gobierno mexicano ya no le preocupa eso. En este momento lo que le preocupa al gobierno mexicano es lograr una estabilidad macroeconómica a costa de abrir las puertas al capital extranjero y desentenderse de qué se produce y para quién se produce.
Yo creo que han renunciado a la idea de que el Estado debe participar al menos y poderosamente en la definición de qué se produce y para quién se produce. Desde luego esto va a llevar a una serie de cambios de carácter social, porque las decisiones se están tomando la base de una crisis que ha tenido estragos muy fuertes en la distribución del ingreso y la recuperación económica en la forma que se está planteando no va dirigida hacia recuperarse por lo menos, gradual y parcialmente, los estragos terribles en la distribución del ingreso que produjo la crisis.
Yo pienso que este país no tuvo tiempo, no le dieron tiempo, no le dieron oportunidad, de poder demostrar que la idea de desarrollar una industria mexicana de bienes de capital era correcta, se mochó esto, se administró mal también la idea, se cometieron muchos, errores. Y en este momento, con el pretexto de los errores, que son responsabilidad de los mismos, se están tomando ahora las decisiones y del partido que está tomando las decisiones, se está abandonando por completo aquella idea. Siderúrgica Lázaro Cárdenas "Las Truchas", S. A., está vendiendo al mercado internacional, recibe
divisas, tiene un nivel mayor del 90% de utilización de su capacidad instalada, está instalando una ampliación. Utiliza y se beneficia desde luego de toda la infraestructura que el Estado creó en ese puerto.
Altos Hornos de México, S. A., tiene problemas, pero sus problemas concretos, los problemas más inmediatos que tuvo el año pasado se debieron a una huelga de 51 días por irresponsabilidad, necedad de los administradores y del Gobierno Federal que los apoyó. Salieron mal las cuentas de Altos Hornos de México, S. A., en 1989 principalmente por esa razón, bajó enormemente su producción.
Vean ustedes del 70% de utilización de la capacidad instalada en la que andaba Siderúrgica Lázaro Cárdenas "Las Truchas". S. A., en promedio, bajó al 40 y tantos por ciento por efectos de la huelga, esto me parece monstruoso. Me parece monstruoso cuando en las revistas de negocios de México aparecen unas fotografías de la ciudad de Nueva York anunciando: compre usted el acero americano que ése sí es bueno. Y se empieza a consumir en México el acero norteamericano, claro, las fronteras están abiertas, cualquiera puede tener el acero aquí, no hay ningún problema y podemos abandonar todos los proyectos relativos al acero nacional.
Y ahora dar la oportunidad para que unas transnacionales que compiten con nosotros vengan aquí a tomar las decisiones.
¿Qué perspectiva tiene la recuperación sobre esa base? La recuperación de la economía implicará la utilización mayor de acero, si va a haber en efecto recuperación real, si va a haber desarrollo industrial, si va a haber lo que dice el gobierno, mayores obras públicas. La construcción se hace con acero señores legisladores; el Estado va a consumir acero, acero japonés productivo en México y acero norteamericano producido en Estados Unidos, y acero japonés quizá producido en Japón, no sabemos.
Hay una crisis de industria acerera ciertamente, hay una sobreoferta y hay otra serie de problemas. México se ha rezagado porque no produce acero de alta calidad, que son los que tienen mayor mercado en el mundo y creciente mercado en el mundo.
Eso también es responsabilidad de los que dirigen la industria siderúrgica mexicana, de esos señores que dejan huelgas de 51 días a costa de que se arrojen perdidas en la empresa de Altos Hornos de México, S. A., por cierto que no son las pérdidas el argumento del gobierno para privatizarlas, pero el año pasado tuvieron pérdidas en Altos Hornos de México, S. A., por culpa del que administra eso y por culpa del gobierno que permitieron esa huelga tan prolongada.
Van a vender, están saneadas las empresas; el gobierno absorbió la deuda externa, la deuda en divisas de las dos empresas; esto ya ocurrió hace unos cuatro años, le puedo dar el dato, en 1986 el gobierno absorbió las deudas de Altos Hornos de México, S. A.; también en noviembre en 1986 absorbió 29 mil 631 millones de dólares de Siderúrgica Lázaro Cárdenas "Las Truchas", S. A.
Nos va a salir más caro vender, en términos económicos, y más caro, mucho más caro en términos de proyectos nacionales. Yo me pregunto su este país tiene proyectos nacionales desde el punto de vista del gobierno, porque esa cantaleta, perdón que use la expresión cantaleta porque ya se convirtió en una cantaleta, de que se necesitan 6 billones en los próximos años de este sexenio para invertirlos en el acero del país, en el acero de Altos Hornos de México, S. A., y de Siderúrgica Lázaro Cárdenas "Las Truchas", S. A., en nuevas inversiones, y eso equivale a tantos hospitales, a tantas aulas, a tantos no sé cuánto. No va a haber esos hospitales ni esas aulas.
Vamos a llevar la contabilidad de todo lo que están diciendo, y vamos después a ver si han construido eso que dicen que van a construir o que están dando a entender que van a construir y que no es más que puro engaño, demagogia pero en el peor sentido, no demagogia en el sentido de que alguien da por hecho algo que quiere con ganas, sino en el sentido de que sabe perfectamente bien que está mintiendo, o sea, no es ni siquiera demagogia sino pura mentira.
Vamos a hacerles la cuenta a todo lo que han prometido de la privatización de Teléfonos de México, y ahora de la industria del acero y otras cosas más, y vamos a hacer la cuenta al final a ver qué fue lo que construyeron en escuelas, carreteras, hospitales y demás de todo eso que andan diciendo.
Era propaganda de lo peor, o sea que este país no puede tener hospitales y aulas y un desarrollo de su industria siderúrgica al servicio de proyectos nacionales. Suponer que la industria siderúrgica mexicana en manos extranjeras se va a poner al servicio de proyectos nacionales, es francamente absurdo, por lo menos sería una ingenuidad.
Yo decía que las transnacionales en México no han hecho aportes a la formación de productos de capital, y está comprobado, he leído un interesantísimo estudio sobre esto de un distinguido economista del sector público, que toda su vida
ha trabajado en el sector público y que ha expuesto en la Academia de Economía Política para obtener la cantidad de académico de número y que es interesantísimo a ese respecto y que demuestra que no han hecho aportes a la formación bruta en capital, ni harán, porque ellos no son samaritanos señores legisladores, ellos sí saben lo que quieren, tienen proyectos; el gobierno mexicano no tiene proyectos nacionales, no tienen ninguno, tiene una idea estabilizable, sus índices macroeconómicos, eso es todo, con la tesis de que ahí vendrá el desarrollo de la economía, no importa como se desarrolle la economía, al servicio de quien se ponga, eso no tiene ninguna importancia para ellos, la idea es que haya desarrollo, y no están vendiendo la idea de que con ello, con estas medidas el gobierno va a construir más escuelas y hospitales.
Señores, estamos, están, nosotros no estamos, están, perdiendo batallas, la batalla de la seguridad pública se está perdiendo, aquí y a allá, los altos funcionarios del gobierno están asegurados por gastos médicos mayores, ellos no van a las instituciones de salud; el rector de la universidad le da a los profesores de tiempo completo, como una prestación, porque tienen unos sueldos bajísimos, un seguro de gastos médicos mayores, porque todo el mundo habla más del Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado, todo el mundo habla mal del Seguro Social y todo mundo se queja, ¿Verdad?, estamos perdiendo esa pelea, abandonando esas instituciones sociales básicas que abrieron la posibilidad de resolver el problema de la seguridad social, no; hay que hacer algo para privatizar la seguridad social, de esa manera, de la manera peor, por cierto; pero recordemos que la llamada iniciativa privada no quiso resolver ese problema, si hubiéramos dejado el asunto al garete no se hubiera resuelto nunca y la iniciativa privada no quiere resolver el problema de una fuerte industria de bienes de capital, ni de las bases fundamentales, desde el punto de vista de bienes de capital, que sigue siendo el acero a pesar de todo el plástico, todavía, y a pesar del barro, el nuevo, ése que alcanza temperaturas altísimas, pero que no tiene elasticidad, ¿verdad?, por cierto; entonces para muchas cosas no sirve ni va a servir.
Yo creo que es mucha la irresponsabilidad, porque a toda la sociedad le afecta esto, tendría mayor importancia pues que algunas de estas empresas no fueran, no tuvieran mayoría accionaria en el Gobierno Federal, no es el prurito de defender la propiedad del Estado o de la propiedad de particulares, yo creo que el asunto no radica en eso, el asunto radica en : ¿para qué de produce y para quienes se produce?, el asunto radica en proyectos de carácter nacional, el problema radica en cómo transformar el simple capital dinerario en capital productivo y al servicio, ¿de qué debe operar esa transformación?, y eso no está en el planteamiento del gobierno.
Ahora bien, esto es una concesión política, señores legisladores, una concesión política pactada con nuestros acreedores, la venta, aquí tengo los reportes de las dos empresas y su situación económica y de producción, por eso lo señalo.
Esto, es una concesión política, sencillamente; hecha por un gobierno sin proyectos nacionales. Esto forma parte de la renegociación de la deuda, que no resolvió el problema de la deuda; pero que les está resolviendo a ellos muchos problemas. Son tantas cosas las que pusieron en juego en la renegociación que nos vamos a tardar el sexenio entero para conocerlas todas ellas; porque nos las están dando poco a poco, como para no integrar el asunto. Es de un gobierno que no dice de una sola vez qué es lo que va a hacer.
Un diputado, muy respetable, que reconoce el sector paraestatal, ha trabajado en él, del Partido Revolucionario Institucional, me dijo ayer: "no lo esperaba, no me imaginaba que fueran a hacer eso". Si un diputado del Partido Revolucionario Institucional lo dice, qué podemos pensar de cualquier gente de la calle, de cualquier mexicano común y corriente.
¡Ah!, pero aquí ha dicho el diputado Montemayor: "de qué se extrañan, lo ha dicho en la tribuna, si esto fue anunciado, en la campaña se habló de todo esto y después de la campaña" ¿Cuando dijo Salinas que iba a venderle Siderúrgicamente Lázaro Cárdenas "Las Truchas", S. A., a los japoneses? ¿Que los iba a cambiar por un swap?
El C. diputado Rogelio Montemayor Seguy (desde su curul): - Nunca dijo eso...
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: - Bueno yo lo digo. Y así será. A menos de que usted lo que quiera comprar. No creo.
Altos Hornos... este... los de Monterrey pueden comprar una parte, pero no tienen para comprar toda. Y yo digo que lo van a vender a los japoneses por una razón: porque ya dijeron que esto forma parte del programa swap y hasta donde yo sé, hasta donde yo sé los capitales mexicanos no son titulares de deuda externa, por lo menos directamente, ¿verdad? Y el swap no es más que un canje de deuda para activos.
El C. diputado Rogelio Montemayor Seguy (desde su curul): -(No se alcanzó a escuchar lo que dijo).
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: -¿Como? Pues mire...
El C. Presidente: - Compañeros legisladores, por favor, están prohibidos los diálogos.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: - Pues mire exclusivo para japoneses sí porque Japón es el principal elemento del financiamiento del proyecto. Entonces ellos son nuestros acreedores, señor diputado. Y para hacer un swap, pues necesitamos el conocimiento del acreedor o por lo menos que vendan su deuda. Y al tiempo. Y si son japoneses, pues tendrán los ojos redondos; pero mexicanos no serán. Esa es la cuestión.
No es problema de que sean japoneses, americanos o alemanes, es una cuestión de que eso se va a poner al servicio no de proyectos mexicanos y nacionales, sino de los proyectos de las transnacionales. Ese es el punto, que a este gobierno no le interesa, pero que a los mexicanos sí les interesa.
Están vendiendo una cantidad enorme de capacidad productiva de acero, pues lo más importante del país. Según ellos, para deshacerse en el presupuesto de 5.3 billones de gasto anual que represente las dos empresas. Pero lo malo de estos presupuestos es que uno los ve y dice: bueno, está autorizada una erogación de 2 billones y pico para " Las Truchas". Pero nunca se dice aquí mismo, habría que ver otros documentos, ¿no?, cuantos son los ingresos de "Las Truchas".
Y entonces se plantea esto aquí como si fuera un gasto que no tuviera ningún objeto y que no tuviera en términos económicos su contraparte. Y eso no es así. Estas empresas tienen ganancias y pueden tener más ganancias. Tienen ganancias en divisas y pueden tener más ganancias en divisas.
Si se necesitan 6 billones de pesos para modernizar las dos empresas, ¿por qué tiene que desembolsar el Gobierno Federal?
Yo me pregunto esto: ¿porque siendo empresas que están saneadas financieramente y que tiene ganancias, y donde el Gobierno Federal tiene 99% de propiedad sobre ellas, entre Gobierno Federal directo y Nacional Financiera. En el caso de Siderúrgica Lázaro Cárdenas "Las Truchas", S. A., Nacional Financiera tiene casi nada, la mayor parte está suscrita por el gobierno federal, porqué no se recurre a los mercados de capital bajo una dirección pública, control nacional de esas industrias?, ¿por qué?, ¿no pueden concurrir.
Siempre hemos puesto el caso de la telefónica española, ahora en con la privatización del petróleo. Con la tercera parte de la propiedad accionaria tienen el control, porque las otras dos terceras están distribuidas en miles y miles de accionistas en todo el mundo. Y es una empresa rentable, altamente rentable, que produce tecnología propia, que tienen una gran expansión, que nos anda vendiendo aquí cosas a nosotros. Que va a tener una participación probablemente en la privatización de Teléfonos de México, pequeña, quizá, a cambio de que con ello se hagan parte de los programas de modernización de Teléfonos de México.
¿Debe perderse el control de una empresa para poder modernizarla? Bueno, pues, entonces las transnacionales no se podrían modernizar ¿De dónde sacan dinero las transnacionales, señores? No tiene en términos económicos, esto, ningún sentido, nada, no tiene ni pies ni cabeza, no se fundamenta económicamente, no se fundamenta desde el punto de vista ningún proyecto nacional, porque este gobierno no tiene ninguno, no se fundamenta desde el punto de vista de la posible recuperación económica del país y de la expansión de la industria siderúrgica, desde ningún punto de vista, más que de un punto de vista que es político, que son las concesiones que este gobierno está haciendo a nuestros acreedores, nada más.
Es una concesión, política que forma parte de un inmenso paquete de concesiones, como si este país estuviera poniéndose a subasta pública en el mundo entero, nada más, no hay otra explicación.
Teléfonos de México se entregará, quizá les cueste mucho trabajo, pero la entregarán como concesión política, Siderúrgica Lázaro Cárdenas "Las Truchas", S. A., Altos Hornos de México, S. A., partes de Petróleos Mexicanos, todo lo que puedan, lo van a entregar no hay otra base de ninguna especie, no hay bases económicas, todo es pura demagogia y puro engaño lo que están diciendo en las camas de hospital.
Para sanear las finanzas públicas hay que pensar en lo que hace un momento discutíamos, como gravita una deuda acumulada inmanejable ya, ¿verdad? En el presupuesto nacional, ¿cómo se van a sanear unas finanzas públicas, señores, sobre esa base? Que eso es lo que sí protege, porque también es parte del acuerdo con los acreedores y también es una concesión política y económica, esté es el punto, los resultados se van a tardar en dar, en muchos años, pero el país va a sufrir todo esto y vamos como país, a recibir las consecuencias de unas decisiones hechas por unos señores que actúan con absoluta
irresponsabilidad y le tratan de implantar a un país como si se tratara de una inyección, de algo, una política económica que no tiene nada que ver con la trayectoria de México como nación.
Y en cambio problemas muy serios no se resuelven y sigue sin resolver y no se van a resolver, cuando menos en este sexenio.
Vienen con el cuento que hay que sanear las finanzas públicas y no utilizar recursos de la nación o recursos líquidos desde el físico para una serie de cosas, una cantaleta y el nivel de vida no mejora, así vamos a estar cinco años más.
Yo quisiera bueno, mañana lo solicitaremos en la Comisión de Programación y Presupuesto, pero como aquí está el Presidente y parece que quiere hablar, que la Comisión actuara como Comisión de Cámara, antes que otra cosa y pidiera todo tipo de explicaciones e hiciera todo tipo de preguntas.
Cuando un gobierno dice: quiero vender Siderúrgica Lázaro Cárdenas " Las Truchas", S. A., quiero vender Altos Hornos de México, S. A., debe estar pensando en posibles compradores, porque esas empresas no se pueden anunciar en el "aviso oportuno", señores legisladores no se anuncian ahí, debe estar pensando entonces en posibles compradores, ¿qué nos digan en qué posibles compradores están pensando, a través de qué mecanismo exactamente; nos expliquen todo eso para dar una opinión? Que nos expliquen de qué manera va a ser dirigida, o sería dirigida, de acuerdo con esos posibles compradores, que nos expliquen estos misteriosos secretarios de Estado que tenemos, ambas empresas; que nos expliquen también el costo de oportunidad de la infraestructura que está instalada en Lázaro Cárdenas y lo que representa desde el punto de vista de cualquier capitalista que hace una inversión; y que nos explique también, porque esto, insisto, que nos anuncia en el " aviso oportuno", los criterios a través de los cuales se podría hacer el avalúo de esas empresas para venderlas.
Porque ya sabemos cómo se regalan aquí las cosas. El control de Mexicana de Aviación costó 130 millones de dólares, una bagatela por la más importante compañía de aviación de México y una de las más grandes de América Latina. Y esa fue una entrega barata a unos señores amigos de los gobernantes y de unos cuantos extranjeros que le entraron a la vaca.
Que nos digan exactamente qué es lo que están pensando, porque no se vale hablarles así a una representación nacional por más devaluada que esté, que lo está desde luego. No se vale. No se vale mandar un documento como ese que mandaron ayer o antier o el día que haya sido, no se vale porque eso no es serio, eso no es de unos gobernantes responsables que le están hablando con verdad a los representantes populares, que de acuerdo con el presupuesto tienen, al menos a posibilidad de una opinión, si eso ya se convirtió pues se presentó como "gran ganancia histórica", verdad.
El patrimonio nacional debería para venderse, ser autorizado por el Congreso, ésa debería de ser una ley de este país, justamente para evitar esas tranzas que hacen en la venta de lo que es el patrimonio nacional, que nos digan todo eso y que nos lo expliquen con todo detalle, porque queremos saber absolutamente todo y como están viendo esta operación los señores.
Y vamos a ver si va a ocurrir como ocurrió antes; como ha ocurrido cuando se pagan acciones. ¿Qué ocurrió con la banca? Pagaron a capital contable las acciones bancarias. Entonces no hay negocio para este señor; después le dieron unos interés fabulosos, le dieron con rebaja unas acciones no bancarias que se deshizo toda la banca nacional de los activos no bancarios que tenían, olímpicamente.
Y todo eso no fue más que para engordar los capitales de unos cuantos individuos que siguen tomando al Estado como nodriza, y parece ser que ahora también lo serán las transnacionales en este tipo de operaciones que están fraguando los gobernantes mexicanos. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Para el mismo asunto, tiene la palabra el diputado Rogelio Montemayor.
El C. Diputado Rogelio Montemayor Seguy: - Señor Presidente; compañeros diputados; señores senadores: Estamos en una discusión, en una toma de posiciones sobre la venta de empresas públicas; la discusión, si bien con un alto grado de confusión y desorden, pero se ha realizado en dos niveles al menos.
Un nivel en un terreno más abstracto, más general sobre la participación o la desincorporación en general, la participación del gobierno, del sector público en la economía; en general la desincorporación, visto desde el otro ángulo.
En un segundo nivel sobre un caso específico que son las siderúrgicas. Voy a hacer mis comentarios, mis reflexiones por separado en ambos planos: en el primer plano, estamos frente a una discusión que ya dura bastante tiempo, no es
hoy el primer día en donde hablamos o debatimos sobre este tema y qué bueno que lo hagamos, aquí se ha mencionado en otras ocasiones la necesidad de discutir sobre este tema que creo que es de una gran importancia para todos, pero lo que es preocupante es el desorden y la confusión con que se hace la discusión en este campo.
¿Cómo podemos avanzar en esta discusión?, porque realmente quienes han seguido estas discusiones, al menos en esta Comisión Permanente, habrán visto que no avanzamos mucho, no aclaramos a la opinión pública, al pueblo de México la posición de las distintas fuerzas políticas sobre este tema, sino que más bien parecería como si lo fuéramos confundiendo aún más.
¿Cómo podríamos avanzar en esta discusión?, bueno, quizá ayudaría a destrabar esta discusión el que tratáramos de entender las causas de por qué no avanzamos, explicar las causas que generan esta discusión, me parece, después de haber escuchado al diputado Gómez, al diputado Hernández y algunos comentarios que surgen de la base, del pleno, que una de las causas es que hemos caído en algo que voy a darle un nombre y después voy a explicar qué significa.
Hemos caído en la sacralización de la empresa pública, hemos caído en la sacralización de la intervención directa del Estado en los procesos económicos, ¿qué se entiende por sacralización?, pues algo muy sencillo, la sacralización de la empresa pública es la confusión mental...
El C. Presidente: - Diga usted, diputado.
El C. diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul): - Estamos 15 legisladores, no hay quórum, cuando menos que los llamen para que tenga quórum el licenciado Montemayor.
El C. Presidente: - Señores diputados, todos sabemos que se tomó el acuerdo de que algunos legisladores estuvieran comiendo, mientras tanto se hace la sesión.
El C. diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul): - Pero que no se pierda el quórum, es lo que solicito a la Presidencia, tener quórum, nada más.
El C. Presidente: - A la Oficialía Mayor se le ruega a los señores legisladores que están en el comedor que vengan aquí para que haya quórum.
El C. diputado Rogelio Montemayor Seguy: - Quiero aclararle al diputado que a su servidor no le preocupa que haya quórum cuando estamos debatiendo y están aquí las partes con las que estamos debatiendo, no vamos a tomar ninguna decisión.
Entiendo por sacralización la confusión mental producto quizá de lo que aquí se ha denominado la ordenación caótica sobre la naturaleza de la empresa pública, sobre la naturaleza de la intervención del Estado en los procesos económicos, se sacraliza algo cuando se confunde su naturaleza, se pierde de vista cuál es su verdadera naturaleza, cuál es el fin, el propósito al que sirve ése determinado algo y ese ente, en este caso la empresa pública, cobra vida propia y se convierte en propósito en sí.
Cuando esto sucede, cuando se da esta trasposición entre medios y entre propósitos, el debate se vuelve sumamente difícil; estamos, en efecto, hablando de un mismo tema, la empresa pública, en este caso, pero con distintas referencias, unos hablan de la empresa pública ubicada como un instrumento de desarrollo, otros hablan de la empresa pública, pero entendida como un propósito, como un fin en sí mismo, que tiene valor en sí mismo y no en referencia a aquello que está buscando alcanzar.
Me parece que esta confusión nos lleva un poco a un debate similar al que se daría entre fanáticos religiosos, que se pierde de vista la naturaleza de lo que estamos hablando y, reitero, en un caso alguien habla de eso como un instrumento de desarrollo y en consecuencia las reflexiones son diferentes, las preguntas que se tiene uno que hacer y contestar son diferentes y otro habla de ese mismo ente como valor último, como propósito y en consecuencia, cualquier cosa que suceda, cualquier cosa que afecte a ese supuestamente fin último, pues tiende a generar una reacción emocional que difícilmente puede ser comprendida, aún con la más amplia lógica racional.
Aquí quiero ilustrar un poco esta confusión: en su primera intervención del diputado Gómez se refirió a un problema que a todos nos preocupa, el problema de las tasas de interés, él afirmaba y creo que en parte puede tener razón, que las altas tasas de interés de alguna manera obedecen a problemas de confianza, o como él dijo, son el precio de la desconfianza en el funcionamiento de una economía o de un sistema económico y habiendo dicho esto a la respuesta que su servidor le hizo de cómo bajar las tasas de interés, contestó señalando tres reformas: una, la necesidad que para bajar las tasas de interés era necesario establecer algún tipo de control de la cuenta de capital; la segunda, una reestructuración forzada de la deuda interna, ésas fueron las palabras del diputado Gómez y habló de una tercera, de regulación severa del mercado bursátil.
No voy a entrar en el análisis de cada uno de ellos porque no es propósito mío mostrar la inconsistencia de esta propuesta para atender el propósito que fue planteado, es decir, bajar las tasas de interés, simplemente señalar el grado de confusión y de incongruencia; ¿qué significa la reestructuración forzada de la demanda, de la deuda interna?, explícitamente le fue formulada esta pregunta, la cual no fue contestada, salvo para decir algo así como alargar plazos, bueno, eso dijo, alargar plazos y dada su primera afirmación, pues yo diría de manera forzada, entonces, ¿qué está diciendo el diputado Gómez aquí?, nos está diciendo que la deuda interna, que no es otra cosa que una relación de un grupo de mexicanos, establece con un banco o con el propio gobierno, con su gobierno, mediante el cual el mexicano en cuestión le entrega una cantidad de recursos a cambio de un contrato en el que se establece un precio y un plazo, eso y no otra cosa es la deuda interna.
Es cierto que vivimos y tenemos un problema de distribución del ingreso sumamente grave en nuestro país, nadie lo niega, pero también es cierto que quienes se encuentran en esta situación, es un número considerable de mexicanos, estamos hablando de varios millones de mexicanos, algunos con cantidades modestas, porque eso es lo que su trabajo y no otras circunstancias le permiten ahorrar, otros, con mucho, puede ser por su trabajo o puede ser también por otras circunstancias.
Pero el hecho es que estos mexicanos y aquí no importa el monto, ni importa si son 10 mil pesos, un millón de pesos o un billón de pesos, estableció un convenio sancionado por un marco de derecho que nos rige, en el cual se pactó un precio o al menos una regla para modificar ese precio, porque a veces el precio no es fijo, pero en el pacto se establece cómo y bajo qué circunstancias se modifica el precio y un plazo.
Y entonces la propuesta aquí resulta que para resolver el problema de las tasas de interés vamos a romper el marco del estado de derecho, vamos a romper el marco de confianza en que se dan estas decisiones, porque son decisiones individuales de cada quien que decide si compra un Certificado de Tesorería o toma un viaje; si compra un coche o deposita en un banco, vamos a romper la ley, ésa es la respuesta, para resolver el problema de tasas de interés, que a su vez en las palabras del propio diputado Gómez, están altas porque hay un problema de confianza, pues yo creo que es claro, no sólo la ilegalidad de la propuesta, sino su incongruencia, algo similar nos está pasando en esta discusión.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): - Señor Presidente, ¿me permite el orador una pregunta?
El C. Presidente: - ¿Le permite una pregunta al señor diputado Gómez?
El C. diputado Rogelio Montemayor Seguy: - Sí, con mucho gusto.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): - ¿Qué propone el Partido Revolucionario Institucional para bajar a corto plazo las tasas de interés?
El C. diputado Rogelio Montemayor Seguy: - Con mucho gusto le voy a contestar, señor diputado, una vez que concluyan mis reflexiones sobre el tema de la empresa pública y de la desincorporación de la siderúrgica.
Decía que en este tema, parte o una gran parte del problema es esta confusión, ¿qué es la empresa pública?, ¿es un instrumento o es un propósito en sí misma o un fin último?, ¿es un objetivo del desarrollo la empresa pública o es un instrumento del desarrollo? Me parece que la respuesta debiera ser clara, es un instrumento del desarrollo, creo que no podemos pensar que habría un esquema de desarrollo cuyo propósito fuera la empresa pública que fuera capaz de resolver los problemas de una sociedad.
Entonces, si estamos de acuerdo en esto, en que la empresa pública es un instrumento de desarrollo, un medio para lograr algo, pues la siguiente pregunta es, ¿un medio para qué?, y una pregunta adicional que tendríamos que contestar que quizá nos ayude a entrar en debate sería, ¿cuáles son las condiciones en las que opera este instrumento?, ¿para qué es la empresa pública?
Creo que en nuestro caso, para no entrar en una discusión general abstracta, es muy sencillo: la empresa pública existe en base a dos hechos o a dos propósitos, más que a dos propósitos a dos circunstancias que a su vez definen los propósitos, el primero está dado en el artículo 3o. de nuestra Constitución: promover el constante mejoramiento de todos los mexicanos en todos los órdenes y, el segundo, también derivado de nuestra Constitución: la empresa pública existe para atender o preservar aquellas responsabilidades o bienes que la Constitución, por razones históricas, políticas y de distinta índole ha asignado al Estado en forma exclusiva y le ha encomendado su administración y su cuidado en forma directa.
Entonces, para centrar la discusión yo diría que la empresa pública existe en función o puede existir
en función a propósitos finales claros que no pueden ser otros que los propios fines de la Constitución: promover el bienestar de los mexicanos, promover la fortaleza de la nación, creo que ahí está definido con claridad cuáles son los propósitos en general de la estrategia de desarrollo que a su vez dan lugar, como uno de tantos instrumentos, al surgimiento de la empresa pública.
Creo que si olvidamos esto podemos caer en una situación donde demos un tratamiento simplista a asuntos que por su naturaleza son complejos, como el problema del desarrollo y que nos lleve a afirmaciones demagógicas que sólo confunden a la opinión pública, como aquí se ha señalado, se hace la pregunta, ¿cuándo se va a vender Palacio Nacional?, ¿dónde están los límites de la desincorporación?
Señores, yo creo que es muy claro que Palacio Nacional no se va a vender nunca, no se puede, la ley lo prohibe, el Palacio Nacional, los monumentos son bienes del dominio público y la ley establece que no pueden ser vendidos, entonces, si estamos claros y estamos de acuerdo en que éste es el propósito y que a su vez la empresa pública no es un propósito en sí mismo, entonces vamos a llevar la discusión a otro terreno, vamos a analizar cuáles son las condiciones en las que tiene que operar este instrumento, para que entonces, en base a ese análisis, en base al análisis potencial de este instrumento, de las condiciones en las que tiene que operar, podamos hacer una afirmación que enriquezca el debate que oriente a la opinión pública, que tengamos claro qué podemos o no esperar de este instrumento.
Yo quisiera aquí hacer una pequeña disgresión y les voy a pedir un poco de su paciencia y su tiempo para hablar de las condiciones actuales: a mi juicio, hay tres aspectos en las condiciones actuales que tenemos que tener presentes para poder hacer esta discusión de la empresa pública, dos de ellas están referidas a condiciones internas que no necesariamente son exclusivas de México, pero sí ciertamente están presentes en nuestro país y la tercera es la condición externa.
¿Qué tenemos en el ámbito interno?, yo diría que hay dos elementos fundamentales que no podemos perder de vista: uno es la urgencia de elevar la productividad general del sistema económico mexicano y la otra es la demanda que existe en la sociedad, de una creciente participación social.
¿Qué significan estas dos, llamémosles necesidades o premisas o el nombre que se le quiera dar?, y veamos qué exige cada una de ellas, porque eso nos puede ayudar a entender y a ubicar la política y la estrategia de desarrollo actual, voy a empezar por la demanda de participación, si me permiten así llamarla.
La demanda de participación es algo más complejo que la simple aspiración democrática, entendida ésta en el ámbito de la decisión clásica de decidir quien hace las cosas, ¿lo incluye, lo incluye este ámbito?, pero definitivamente es algo mucho más amplio que ellos, porque creo que esta demanda de participación, explicarla, entenderla, tenemos que explorar más en el ámbito del problema de la decisión de los cómos y no solamente de los quiénes; de los cómos se hacen las cosas o en términos más genéricos, de cómo se gobierna.
Si estamos en ello iríamos derivando una serie de requisitos o de exigencias que le plantea esta demanda a la estrategia de desarrollo, que son múltiples, plantea la exigencia de lo que se le puede llamar la democratización del Estado, no sólo en cuanto a la integración de sus órganos, sino fundamentalmente en cuanto a la relación del Estado con la sociedad, que a su vez nos lleva en la búsqueda de nuevas formas de concertación social para el diseño de la política económica y social.
Y nos lleva también a la necesidad de hacer explícito y de plantearnos abiertamente el problema y no solamente de plantearnos sino de encontrarle una solución a la desigualdad en la distribución del ingreso, son múltiples los requisitos, las exigencias que se derivan de esta necesidad, pero para no desviar la atención ni complicar este debate, yo quisiera centrarme en este último aspecto y que lo tuviéramos presente mientras voy desarrollando el argumento, la necesidad de tener presente que estamos partiendo y que estamos enfrentando un problema de desigualdad, un problema grave de rezagos, de bienestar social de múltiples capas de mexicanos.
Ahora bien, pasemos a la segunda necesidad, a la productividad, ¿qué significa la productividad o esta necesidad de incrementar la productividad?, yo diría y creo que no estaría exagerando, que aumentar la productividad es un imperativo de la mayor trascendencia, porque del éxito que tengamos en aumentar la productividad general de nuestra economía depende en una buena medida nuestra economía depende en una buena medida nuestra sobrevivencia futura como nación soberana, yo creo que es claro que si no somos capaces como sociedad, de aumentar en forma generalizada la productividad, es ilusorio pensar que habrá una solución a los problemas del bienestar, es ilusorio que vamos a ser capaces de enfrentar la competencia y los fenómenos de globalización de los mercados, que son una realidad, nos guste o no nos guste.
Entonces, la productividad, más bien la necesidad de aumentar, es una condición de soberanía, de preservación, de sobrevivencia, que a su vez sabemos y creo que es claro para todos que en este momento la productividad no es ninguna situación automática ni ningún fenómeno que simplemente por la voluntad se va a dar, plantea a su vez exigencias que tenemos que entender para poder hacer una discusión ordenada e informada de una estrategia de desarrollo, porque creo que no se vale cuestionar o debatir una estrategia de desarrollo si no se hacen explícitos sus propósitos, las condiciones que está enfrentando y en consecuencia poder opinar sobre los medios que se utilizan, para en dichas condiciones y circunstancias buscar y alcanzar tales propósitos.
¿Qué exige este imperativo de productividad? Bueno, pues nos exige, por un lado, el eliminar todas aquellas normas o reglamentos que de alguna u otra forma están impidiendo el despliegue de la creatividad humana, el problema de la productividad, a final de cuentas es un problema de creatividad, un problema de cómo usar mejor determinados recursos para alcanzar determinados propósitos; nos está exigiendo, a partir del sistema de economía mixta, que tenemos mayor competencia y este requisito, este imperativo de productividad también le hace y le exige al Estado una serie de planteamientos y de exigencias, le exige revisar sus instrumentos de desarrollo y aquí es fundamental que al hacer este ejercicio de revisión, tengamos la apertura y la capacidad para entender los tiempos, para entender los cambios.
A mí realmente me sorprende que alguien cuyo origen viene de un partido que ha cambiado constantemente y cambiado tanto hasta que desapareció, se sorprenda, se sorprenda de estos cambios, que no los entienda y que su falta de entendimiento la disfrace con una serie de adjetivos, a falta de argumentos y catalogue a esto como concesiones políticas, como entregas, como falta de proyecto, creo que es todo lo contrario, hay claridad de fines, los fines son los de la Constitución, son los fines del proyecto que surge de la Revolución Mexicana, hay responsabilidad histórica.
Aquí cito, quien esto mencionó, al general Cárdenas...
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): - Lo mencioné.
El C. diputado Rogelio Montemayor Seguy: - Bueno, mencionó al general Cárdenas, yo creo que el general Cárdenas fue un hombre de su tiempo, entendió las condiciones de su tiempo y supo darle una respuesta adecuada a los retos de su tiempo, dadas las condiciones y restricciones que vivió.
Y estoy seguro que si resucitara, coincido con el diputado Gómez, no es probable que lo haga, entendería, porque tuvo la capacidad de entender su tiempo y debemos presumir que entendería los tiempos actuales y entendería, al ver el problema de Sindicato Lázaro Cárdenas "Las Truchas", S.A., que lo que él propuso, que fue que se desarrollara una región, que se desarrollaran unos recursos, en buena medida se logró, no creo que se haya propuesto la propiedad de una empresa...
El C. diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul): - Señor Presidente, pido la palabra.
Presidencia del ciudadano diputado
Juan José Osorio Palacios
El C. Presidente: - Un momento, señor diputado.
El C. diputado Rogelio Montemayor Seguy: - No, no se la acepto.
El C. Presidente: - Diga, señor diputado Godoy.
El C. diputado Rogelio Montemayor Seguy: - Esa empresa tuvo que ser propiedad pública...
El C. Presidente: - Diputado, por favor.
El C. diputado Rogelio Montemayor Seguy: - Ya le dije que no la acepto.
El C. Presidente: - Bueno.
El C. diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul): - Pero si no le ha preguntado todavía, señor Presidente. Usted me hizo muchas ayer.
El C. diputado Rogelio Montemayor Seguy: - Le voy a contestar al final, diputado, ya le dije, cuando concluya la pregunta que está pendiente del diputado Gómez.
El C. Presidente: - Diputados, yo les ruego que por respeto a nosotros mismos cambiemos la actitud que estamos tomando, por favor.
El C. diputado Rogelio Montemayor Seguy: - O sea, entendería que los propósitos de aquella decisión, de aquella lucha que fue suya de desarrollar una región, de aprovechar para México unos recursos, en buena medida se ha logrado,
pero también entendería que las condiciones que hicieron aconsejable que en aquellos años el poner en marcha esta empresa haya tenido que ser acometido por el Estado, pues son ahora diferentes y que el interés de México y el interés del propio Estado mexicano se sirven mejor buscando y promoviendo que esta labora que ya está iniciada pueda ser llevada a cabo por otros factores.
Me sorprende que le extrañe este fenómeno en torno a la empresa pública, es un fenómeno que se está dando en todo el mundo, se está dando en sistemas económicos de diferente orientación, en sistemas políticos también diferentes y yo creo que la explicación de por qué se está dando en todos estos sistemas que difieren tanto en orientación política y económica, no es tanto por un mal entendido ascenso de la derecha, sino es porque obedece a algo más profundo que es a lo que yo me refería, esta necesidad de productividad porque esta necesidad de productividad como condición de sobrevivencia es un fenómeno casi universal, ¿por qué?, porque la población ha crecido mucho, porque los recursos de que disponemos tienen límites y en consecuencia mejorar las condiciones de vida de todos requiere constantemente un mejor uso de esos recursos que son limitados.
Entonces, pudiéramos tener la discusión y el debate en estos términos: estamos de acuerdo en que la empresa pública es un instrumento de desarrollo, estamos de acuerdo que vayamos a analizar en qué condiciones funciona y en qué condiciones no es el mejor instrumento, yo creo que es evidente y obvio para todos que para hacer determinadas cosas no siempre se usan los mismos instrumentos, hay políticas, hay instrucciones que tienen posibilidades y potencial para ciertas cosas y tienen restricciones para otras, si hubiera un instrumento que pudiera lograr todo al mismo tiempo, la economía sería algo muy sencillo.
Si estamos de acuerdo en que es un instrumento, entonces vayamos a analizar cuáles son y debatámoslo, estamos de acuerdo que hay una necesidad o no de mayor productividad y vayamos a ver que es lo que se requiere para que este país tenga más productividad, para que sea capaz por la vía de la productividad de resolver en forma permanente las grandes carencias que todavía tenemos, ése es, creo yo, sería el tema a debate.
Pero creo que no se vale, partiendo de esa confusión, empezar a usar calificativos que sólo confunden, aquí se ha dicho que es una burla el informe que envió el Ejecutivo a esta honorable Comisión Permanente para ser turnado a la Comisión de Programación y Presupuesto, como marca el decreto presidencial, más bien lo que se me hace una burla es que estemos confundiendo a la opinión pública, el Ejecutivo está cumpliendo con una responsabilidad que le marca el decreto presidencial nos corresponde ahora a nosotros analizarlo y si es nuestra decisión daremos la opinión.
El Ejecutivo tiene obligaciones claramente marcadas en distintos ordenamientos, en cuanto, primero, lo que tiene que hacer para desincorporar empresas, el diputado Gómez dice que la ley debiera prohibir o reglamentar cómo se desincorporan o cómo se venden los bienes de dominio público, la ley lo hace, puede ser que sea insuficiente, puede ser que las condiciones actuales requieran que precisemos algunos procedimientos, estaría de acuerdo, pero el hecho es que ya lo hace; en el caso de bienes públicos, como ya lo señalé de dominio público, señala que no pueden ser desincorporados, la ley señala que todas aquellas empresas u organismos creados por un acto del Congreso requieren un acto del Congreso, pero la ley también le da facultades al Ejecutivo para proceder en aquellos casos en donde no estamos frente a ninguno de los dos supuestos anteriores.
Podemos decir: no nos perece ya esa ley porque las circunstancias han cambiado, pero ésa es otra discusión, sí, pero no se vale, señor diputado, en base a esa supuesta, a esa afirmación suya, cuestionar o llamarle burla a un acto que está cumpliendo con la ley, se está cumpliendo con la ley, entonces, creo que y estamos dispuestos, lo hemos dicho, a seguir este debate hasta donde quieran, pero pongamos con claridad los términos de referencia.
Deveras es una tortura mental poder seguir un debate donde saltamos de una empresa pública a un problema ecológico, a otro problema de cualquier otra naturaleza, que estamos en un problema del Distrito Federal y hablamos de la Miscelánea Fiscal, en fin, están planteados estos términos y hecha y mostrada nuestra disposición para debatir, hemos señalado también nuestra posición.
La empresa pública no es un objetivo de desarrollo, es un instrumento en las condiciones actuales, y ya pasando al caso especifico de Siderúrgica Lázaro Cárdenas "Las Truchas", S.A., que nunca tuvo la característica de estratégica, tuvo, sí, la de prioridad y hay razones que lo explican por qué fue prioritaria en un momento; fue prioritaria porque los montos de inversión que requería, porque las condiciones de mercado hacían necesaria la presencia del Estado.
Pero aquí, como bien lo ha señalado el diputado Gómez, han cambiado las posiciones de mercado, ya los tipos de inversiones, el tipo de mercado, la situación del mercado internacional es muy distinta, para empezar hay un 50% de la producción de acero que es llevada a cabo por el sector privado de México, el sector privado mexicano, el otro 50% está repartido en estas dos siderúrgicas; habremos de analizar mañana y los días posteriores en la comisión, en cumplimiento también de nuestra responsabilidad que se deriva del decreto presupuestal, las condiciones específicas.
Pero es claro y aquí sería bueno precisarlo, que lo que es prioritario es prioritario en relación a algo que no es inmutable en el tiempo, el desarrollo, su mismo significado es transformar, entonces, lo que es prioritario en un momento por producto de esa transformación, puede dejar de ser prioritario.
Yo creo que no es la primera vez que un sector tiene un carácter prioritario y en un momento de la historia o de la evolución económica de una sociedad deja de serlo y puede volver en el futuro a serlo, no lo sabemos, el sector siderúrgico fue prioritario, ha dejado de serlo, al menos para la presencia del Estado y aquí también por favor no se confundan, el hecho de que el Estado no produzca o no venda estas empresas no quiere decir que se vaya a dejar de producir acero, se va a seguir produciendo acero.
Aquí la pregunta de fondo en esta cuestión específica es, desde el punto de vista del Estado, ¿cuál es la decisión relevante?, ¿en dónde debe de canalizar las energías y los recursos del Estado?, ¿a producir acero donde el mercado y las condiciones de la competencia internacional nos dicen que puede ser hecho por otros sectores?, ¿o hacer aquellas cosas donde no hay otro sector que las pueda hacer, como sería la educación, como sería la salud?, yo creo que es clara la respuesta y ahora le voy a contestar su pregunta, señor diputado Gómez.
Usted me pregunta que cómo haría el Partido Revolucionario Institucional para bajar las tasas de interés, yo no le voy a dar una respuesta a nombre del Partido Revolucionario Institucional, porque no me daría tiempo de irle a preguntar a todos los economistas del Partido Revolucionario Institucional qué harían...
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): - A corto plazo.
El C. diputado Rogelio Montemayor Seguy: - Sí, a corto plazo. Le voy a dar la opinión de lo que pienso yo. No, no es la del gobierno, es la personal. ¿Cuál es la razón por la que están altas la tasas de interés? Sería la pregunta para poder darle una respuesta.
Yo creo que hay dos razones, o tres al menos. Una, que es un problema de, pues suena raro en una situación de inicio de recuperación, pero usted como buen economista que es creo que va a entender que hay un problema de un exceso de demanda de fondos, motivado fundamentalmente por una recuperación de la actividad privada sumamente activa, y también por requisitos o demandas de fondo por parte del sector público importantes. Esa sería una primera causa.
Otras segunda causa, son problemas que pudiéramos llamar genéricamente de incertidumbre, o como usted lo llama, de confianza; yo más bien lo llamaría de incertidumbre. Estamos saliendo de un proceso de desestabilización sumamente agudo. Usted sabe que los procesos de decisiones siendo personales, no todos reaccionamos a la misma velocidad y al mismo tiempo, hay desfases en todo esto y en consecuencia hay un fenómeno de incertidumbre o de confianza.
Si éstas son las dos razones principales, entonces las respuestas tienen que ir en función a esas dos causas. En la parte de demanda creo que hay un planteamiento que podríamos revisar, analizar, a la luz de lo que sabemos, del acuerdo final de la deuda, de si la demanda de crédito del sector público es razonable o no. Yo pienso que no es ése el problema porque está disminuyendo el déficit en una forma impresionante en relación a 1989.
Entonces esto tendríamos que ver en el lado privado y ver qué actividades pudieran, no ser desalentadas si no simplemente graduadas en su recuperación.
Ese sería un primer ámbito de medida.
Y lo otro, en función a, si es un problema de incertidumbre, en específico en este campo, sería quizá algún tipo de concertación. Yo no lo llamaría forzado como lo hace usted, algún tipo de concertación para tratar de hacer algo similar como se hizo en los precios con las tasas de interés.
Señor diputado Godoy, usted tenía una pregunta con mucho gusto se la contestaría ahora.
El C. diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul): - Señor diputado, usted señaló que el general Lázaro Cárdenas realizó actos acordes a su tiempo y que obviamente el problema de la siderúrgica seguramente lo entenderá por los tiempos actuales. Yo no sé si usted cree que la participación del general Lázaro Cárdenas en la siderúrgica fue cuando ya no era Presidente
de la República, por lo tanto, no era su tiempo.
Seguía viviendo y era su tiempo todavía.
¿Se refería usted a su tiempo de vida biológico o a su tiempo de vida político de 1936 a 1940?, por lo siguiente: porque es la segunda parte de la pregunta. Usted habla que ya se cumplieron fundamentalmente los objetivos de desarrollo en esa zona, que seguramente fue uno de los objetivos que el general Cárdenas tuvo para impulsar la constitución de esta empresa pública en un lugar del que usted sabe soy yo originario. No sé si usted sabe o conoce las condiciones de vida que se viven ahí. Esta sería la segunda parte. ¿Usted considera que ya se dieron los objetivos por los cuales se constituyó esta empresa pública que no fue en el tiempo político del general Lázaro Cárdenas?
El C. diputado Rogelio Montemayor Seguy: - Con mucho gusto, diputado. Cuando yo hablaba de que el general había sido un hombre que entendió su tiempo, me refería en general a todo su tiempo, porque su acción pública como Presidente, como político y posteriormente, reflejaba una comprensión de los distintos momentos.
Y en relación a su segunda pregunta, yo le frasearía mi respuesta de la siguiente manera: ¿cuáles fueron los objetivos?, los objetivos fueron, no creo que haya sido desarrollar una empresa, creo que el objetivo fue desarrollar una región, los objetivos fueron aprovechar un recurso, y como un instrumento para ese propósito, se planteó crear una empresa que aprovechara esos recursos y significara el detonante para el desarrollo de la región.
Entonces, creo que si esos, o sea, si tenemos claro que el objetivo es el desarrollo de esa empresa y también que ya existe en torno a esa región, el desarrollo de la región, y ya existe en esa región un proceso que todavía no alcanza a tener vida totalmente autónoma ni a resolver los problemas de desarrollo de esa región, eso no fue lo que yo dije, no lo afirmaría. Pero sí afirmaría que sí se está desarrollando esa región, que esos propósitos parcialmente se han cumplido y que el instrumento, la siderúrgica ya existe; para lo que fue necesaria la presencia del Estado, ya cumplió, para haber creado esa empresa, a su vez instrumento del propósito de desarrollo de la región, y que esa región puede seguirse desarrollando si esa siderúrgica, que no va a desaparecer, que seguirá produciendo, que seguirá generando riqueza, pasa a la responsabilidad de la inversión de esos sectores, porque el país requiere con mayor seriedad los recursos que pudieran ser invertidos en el Estado, para mantener e impedir que las características positivas que tiene esa siderúrgica que mencionaba el diputado Gómez, le pase lo que le pasó a Altos Hornos, ¿verdad?, que se va rezagando porque frente a la decisión de en qué invierto, siderurgia o bienestar social, y dado limitación de recursos, pues es muy factible pensar que lo que va a ceder va a ser la siderurgia y se va a rezagar la inversión, y el costo que le vamos a imponer al país puede ser muy grave, porque creo que si le permitimos que este sector que, aquí se ha dicho, tiene un impacto importante en el resto de la economía, si permitimos que se rezague, el costo para todo el país va a ser muy alto. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista.
El C. diputado Jesús Antonio Carlos Hernández: - Compañeros legisladores: No comparto del todo desde luego la opinión del diputado Montemayor, de que se trate necesariamente de una tortura mental seguir el hilo de una exposición, independientemente de las características que la misma tenga, pero sí creo que es necesario que hagamos todos un esfuerzo de síntesis, un esfuerzo de respetar nuestro propio tiempo, pero particularmente de respetar el tiempo de los demás. El diputado Montemayor ha sido celoso en este punto y sin embargo su exposición no fue así que digamos muy corta.
Expuso sus ideas con una amplitud que no le conocíamos en exposiciones anteriores; sin embargo, sí trataré, haré un esfuerzo, no prometo más, de ser breve.
El dice que no avanzamos en la discusión sobre las características, las estrategias, las razones y todo lo demás que se refiere a la empresa pública, fines, medios, etcétera: pero lamentablemente en lo que sí avanzamos es en la aplicación de una política de hechos consumados, en lo que sí avanzamos y cada vez más rápido, con un gran prurito de celeridad en este punto, es en el desmantelamiento de esas empresas estatales, en la entrega de ese patrimonio de la nación al capital extranjero.
El afirma que hay una sacralización de la empresa pública, de parte de determinados sectores, partidos o fuerzas políticas. En primer lugar, eso no es cierto, por lo menos por lo que se refiere al Partido Popular Socialista, nosotros no sacralizamos nada absolutamente. Quizá seamos iconoclastas, por razones de principio.
Pero a contrapunto, el compañero diputado sí sacraliza a la empresa extranjera y a la empresa
privada que ahora, lo dice tácitamente, es el instrumento más adecuado para garantizar los fines y los objetivos estratégico - económicos que él establece: la productividad y la participación cada vez más amplia de la sociedad, no desde el punto de vista político formal o electoral, sino participación en la riqueza nacional y en el quehacer cultural y educativo de este país.
Por lo que a nosotros se refiere, nunca hemos dicho ni establecido que la empresa pública es un fin en sí mismo; que quede claro de una vez, que para nosotros la empresa pública efectivamente es un instrumento, un instrumento que tiene varias finalidades, algunas que son o que se generan por sí mismas atendiendo al criterio que las crea y otros objetivos que son los que efectivamente, en eso estamos de acuerdo, están plasmados en la Constitución: promover la soberanía y la independencia del país, por una parte; fortalecer las fuerzas productivas del país, y elevar el nivel de vida de nuestro pueblo. Yo agregaría, para esto último, el instrumento sería buscar los medios y mecanismos de todo carácter, incluidos los fiscales, impositivos, tributarios y demás, que nos permitan la redistribución de la riqueza nacional.
Hay una pregunta que yo quería formular al compañero diputado Montemayor y que no lo hice, pues con el objetivo de que no se me acusara de que es un recurso efectista, para concitar ciertas simpatías populares, lo cual no sería cierto, porque lamentablemente lo que discutimos aquí muchas veces se queda en las propias paredes del recinto y no sale más allá, porque lamentablemente los medios de comunicación pues también tienen ciertos límites.
La pregunta sería, y no pido que me la contesten porque se contesta por sí misma: ¿la venta o la desincorporación de las empresas estatales, es una sumisión o una coincidencia con las propuestas del Fondo Monetario Internacional? ¿Se encuentra, entre los ofrecimientos al Fondo Monetario Internacional y a la comunidad financiera, según las cartas de intención, el ofrecimiento de profundizar la desincorporación o la venta de las empresas públicas, ¿sí o no? Yo digo que sí y esto puede ser por una de dos, por una sumisión o por una coincidencia. Queda en el aire, que cada quien haga sus propios juicios.
Dice, por otro lado, que el rendimiento del capital especulativo, del capital que se invierte comprando los bonos del Estado, o los Certificados de la Tesorería o como se les llame, todo esto que compone la deuda interna del gobierno de la República, se pactó con los inversionistas, pero también se pactó y desde hace mucho tiempo precisamente por la Revolución y gracias a la Revolución triunfante que hizo el pueblo de México, tutelar los derechos de los obreros y de los campesinos, en tanto que, con esta política, por lo menos si nos atenemos a sus resultados prácticos según nos informan las estadísticas propias del gobierno, se continua profundizando la injusticia en el reparto de la riqueza y aumenta la dependencia económica del país.
Hasta 1976, la distribución de la riqueza entre el capital y el trabajo era más o menos en una proporción del 32% y el 68%, es decir, 68% para el capital y 32% para el trabajo. En tanto que en estos momentos el capital se lleva casi el 80% en tanto que el trabajo ligeramente sobrepasa en su participación de la riqueza nacional el 20%.
Estamos de acuerdo en que los objetivos o el problema de México y del mundo, de todos los países del mundo, efectivamente es elevar la productividad, elevar cada vez más de manera creciente la participación social.
El problema radica, efectivamente, como lo establece en cómo lograr estos objetivos, de qué manera. No se trata efectivamente de sacralizar a la empresa pública o de sacralizar a la empresa extranjera, sino se trata de encontrar los mejores mecanismos, los mejores instrumentos, y que a mi juicio están delineados en la propia Constitución Política del país en cierta forma y en la experiencia del camino difícil de México y su Revolución por cumplir los objetivos que se propuso originalmente.
Ya en respuesta al diputado Leonel Godoy se aclaró lo del general Lázaro Cárdenas como hombre de su tiempo, porque efectivamente el general Lázaro Cárdenas fue Presidente de la República del año de 1934 al año 1940. La Siderúrgica Lázaro Cárdenas "Las Truchas", S.A., aun cuando su infraestructura de servicio como las comunicaciones, la investigación de mercado, la perforación de minas, la localización de los yacimientos, etcétera, se inició mucho antes, finalmente se crea por decreto presidencial en el año de 1971 y empieza a operar en 1976, es decir, todavía no cumple los 14 años de estar en operación, de estar en rendimiento.
De modo tal que tratándose de una industria que produce acero creo que es muy poco tiempo para que podamos establecer, de manera clara y precisa, que ha cumplido sus objetivos o que en manos del Estado ha cumplido su misión económica, social o histórica.
De lo que se trata efectivamente, a nuestro juicio, es de continuar haciendo concesiones, porque aquí también viene otra cosa, o es una concesión o es
una coincidencia, pero lo cierto es que los sectores más reaccionarios del país han estado demandando precisamente esto, que se les entregue no solamente la industria del acero sino otras muchas empresas estatales; es la demanda reiterada no de ahora, sino desde hace décadas de los sectores reaccionarios, de los sectores de la derecha, de la oligarquía, entonces, o es su misión o es coincidencia, no hay de otra.
El día de ayer esas fuerzas, esos sectores favorecidos por esta política de concesiones que consiste fundamentalmente en entregarles las empresas del Estado, en que el Estado abandone su participación en la economía nacional, dentro de los esquemas de esto que se denomina la economía mixta. Uno de sus personeros más caracterizados, el actual vicepresidente, oriundo de Guanajuato, Hugo Villalobos González, de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, y que apunta como el candidato más fuerte para ocupar la Presidencia de ese organismo empresarial, dijo entre otras cosas que existen condiciones para incendiar el país, y que ellos están dispuestos a hacerlo.
Dice: "porque no es posible reaccionar a golpe pasado, porque no es justo tener que soportar como hechos consumados disposiciones en las que ni fuimos consultados ni fuimos tomados en cuenta".
Aseguró: "hoy fundamentaremos con razones de peso, con las de los mejores hombres del comercio todo argumento, y si no se nos atiende ni se nos escucha, tomaremos los caminos de las presiones".
Y abunda no en una profunda crítica sino en un profundo rechazo a las disposiciones fiscales adoptadas por el Congreso de la Unión, por la Cámara de Diputados a propuesta del Ejecutivo, y que aun cuando no satisface nuestras demandas como sectores democráticos, porque consideramos que es que fueron reformas tributarias injustas, contrarias a los intereses populares, estos sectores no se conforman y dicen de las reformas tributarias últimas, a pesar de que los favorecen ampliamente dicen: "ahí no se midieron las consecuencias, a parte de ser persecutoria cuando una ley jamás debe serlo, es confusa y no considera las condiciones específicas de comercios pequeños.
No estamos en contra de pagar impuestos, pero no queremos obligaciones fiscales que impliquen más gastos. Ya basta de errores y más culpables, que cuando hicieron falta responsables del desastre, ahí estábamos nosotros y a nosotros se nos cargó y se nos carga con todos los males". Esto es lo que dice la derecha y anuncia acciones de presión.
Ya lo comenté anteriormente, el presidente Salinas ayer mismo dio respuesta a una serie de declaraciones en las que afirmó esencialmente que no se vale convocar a la desunión de los mexicanos, pero nosotros insistimos en que lo que se requiere son acciones patrióticas, revolucionarias, unilaterales, porque la Revolución Mexicana es y debe ser un movimiento unilateral para los desposeídos, en favor de los intereses del pueblo y de la nación. Muchas gracias.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): - Señor Presidente, para responder alusiones al diputado Montemayor, pido la palabra.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Pablo Gómez para alusiones personales, cinco minutos. En turno el diputado Acosta Palomino.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: - Primero quiero decir que no se vale interpelar a un diputado tres veces y después no aceptar preguntas, porque hay que ser honrados, también en estas materias, no acepto en este turno, de una vez lo anuncio, preguntas del diputado Montemayor, que aplica una ley del embudo en esta materia tal como corresponde a la línea de su partido. (Desorden.)
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: - Pues aunque no les... ¿Cuánto llevo compañero senador?
El C. senador Alfredo Toxqui Fernández de Lara (desde su curul): - Un minuto.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: - Muchas gracias por el puesto que ha asumido como tomador de tiempo.
Dice el diputado Montemayor, que hay confusión y da a entender que introducimos confusión; yo no creo que haya confusión o por lo menos cada día hay menos confusión. En la campaña electoral de 1988, decíamos que Salinas prometía más de lo mismo y nos equivocamos, porque prometía mucho más de los mismo y las cosas se están poniendo bastante claras conforme se va aplicando la concepción del gobierno actual.
Yo he llamado al comunicado de la Secretaría de Programación y Presupuesto, a la cámara, de irresponsable y lo es, porque no nos explica las preguntas pertinentes y de una vez se las quiero hacer aquí el diputado Montemayor, él es presidente de la Comisión de Programación y
Presupuesto y puede ser nuestro vocero si fungiera como tal presidente ante el gobierno, ¿quiénes pueden ser los compradores, en quienes está pensando el gobierno?, ¿a través de qué mecanismo específico sería la venta, según lo que está pensando el gobierno?, ¿cuál sería la base de la postura de venta y si en él, en esa postura también iría el costo de oportunidad de la infraestructura y en la capacidad técnica ya generada en Siderúrgica Lázaro Cárdenas "Las Truchas", S.A., y en Altos Hornos de México, S.A.?
Otra cuestión, pregunta el diputado Montemayor: ¿la empresa pública es un medio o es un fin?, es una pregunta francamente impertinente, nadie va a decir que es un fin, nadie, y una pregunta cuya respuesta ya se sabe, pues es impertinente francamente, no tiene ningún sentido hacerla, más que tratar de decir algo sin decir efectivamente nada. Es un medio, no es un fin, pero hablemos de los fines, ¿al servicio de qué debe estar ese tipo de empresas pública?, y es a lo que no se refirió el diputado Montemayor, ¿al servicio de qué?
No solamente es Siderúrgica Lázaro Cárdenas "Las Truchas", S.A, un medio para el desarrollo regional, que lo es, sino también para el desarrollo nacional y ese desarrollo nacional que llevó a los fundadores de Siderúrgica Lázaro Cárdenas "Las Truchas", S.A., a construir ese polo regional de desarrollo, no está en los planes actuales del gobierno; ¿un país como México puede desarrollar una industria de bienes de capital importante, sí o no, propia, independiente? ¿Puede o no?, la respuesta es sí, por una razón, por su tamaño ¿Podría Panamá o podría Honduras?, no, México sí puede y debe hacerlo, porque sobre esas bases se aumentan la productividad, ¿puede un país aumentar la productividad con la estructura de distribución que tiene México?, no puede, por - que sobre la base de la pobreza de los trabajadores no hay posibilidad de incorporación de nuevos elementos técnicos que generen la intensificación del trabajo, que no otra cosa es la productividad. No puede, como no puede ninguno de estos países pobres.
¿Puede un país que es tributario del capital extranjero, desarrollar la productividad? No puede, porque no tiene la capacidad de hacerse de los medios técnicos para aumentar la tecnificación del trabajo productivo. Esa es la realidad y eso es lo que no han podido resolver.
El populismo, seudopopulismo, para mí no hubo populismo, hubo un seudopopulismo, que no resolvió el problema de la distribución del ingreso. Y el neoconservadurismo, hoy en el poder, tampoco está resolviendo el problema de una justa distribución del ingreso que dé posibilidades del desarrollo de patrones nuevos de productividad.
Por último, yo sostengo y es a lo que no dio respuesta el diputado Montemayor: ¡que esto es una concesión política! Yo creo que el señor diputado Montemayor, como dicen los del Partido Revolucionario Institucional, con todo respeto, "vino a dorarnos la píldora". Porque una concesión política no tiene ninguna fundamentación económica, de ninguna especie la tiene y como concesión política tenemos que discutir este asunto. Eso no es confundir los términos del problema, sino ponerlo en sus justos términos.
Y en relación con lo de la inflación. ¡Qué pobre visión sobre como combatir la inflación! Nos está recomendando frenar el crecimiento de algunas ramas, moderarlas. ¡Pues que no se dan cuenta que muchas ramas están frenadas, justamente en parte porque las tasas de interés son muy altas! Y no pueden los empresarios que tienen empresas productivas cubrir esas tasas de interés tan altas, sencillamente.
Sí hay aquí un problema de fondo muy grave, pero con un programa de ese tipo, con un programa como el..., no es un programa, con esas ideas que nos vinieron a hablar de como bajar las tasas de interés, ¿verdad?, son como si fueran recetas aplicadas por la reserva federal norteamericana. Como si nuestro país tuviera una situación a la de Estados Unidos.
Nosotros necesitamos un programa económico, una reforma económica y financiera muy grande. Este gobierno es un gobierno que es responsable de la crisis de las finanzas públicas y con las crisis de las finanzas públicas nos pasa a todos "la factura", para que paguemos todos "los platos rotos" de todo lo que hizo antes y de lo que sigue haciendo ahora. ¡Este es el problema del gobierno actual!
Presidencia del ciudadano diputado Guillermo Jiménez Morales
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Acosta Palomino, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El C. diputado Pedro César Acosta Palomino: - Gracias, señor Presidente; compañeros legisladores: Estoy de acuerdo en algo que si bien no se dijo específicamente, sí al menos se pudo intuir a nivel de intención y es que al subir a esa tribuna debemos tener muy presente que no es lo mismo "tener algo qué decir, que tener qué decir algo". Desde esa perspectiva, mi intervención en torno a este tema de importancia fundamental para
la vida política y económica internacionalmente pongo el adjetivo político en primer término, del país, exige opiniones o puntos de vista que contribuyan a esclarecer los términos de un debate que ya se está dando a nivel nacional en torno al papel del Estado en la economía.
Confieso que sólo he tenido una breve oportunidad, no de examinar, sino de echar un vistazo al texto del informe previo que la Secretaría de Programación y Presupuesto envió a la comisión correspondiente a la Cámara de Diputados, y que servirá de base para que en la reunión que el día de mañana se celebrará al efecto, cada grupo parlamentario pueda redondear una o varias opiniones en torno al asunto que nos va a reunir.
Fruto de ese examen breve lo constituye una serie de temas, que más que una toma de posición constituyen una sugerencia para ahondar en su contenido y alcance, a fin de contribuir a perfilar un criterio más o menos comprensible al respecto.
Creo que en primer término resulta necesario reiterar la exigencia de que se requiere una mayor precisión en aquello de lo que es estratégico y prioritario, en la aplicación de estos términos y aún en su interpretación, con frecuencia se introducen criterios o actitudes que incluso desvirtúan el significado esencial de los dos adjetivos.
Creo pues, que una de las primeras cuestiones que habremos de examinar, si no para el debate inmediato, sí para el que venga después en un nivel más amplio, que es estratégico y que es prioritario en el papel de la empresa pública, en el desempeño del Estado en el control la administración y el desarrollo de este tipo de empresas.
Otra circunstancia que me llama la atención al observar el contenido, insisto, brevemente, el contenido de este informe, es que lo que se ha dado en llamar el adelgazamiento del Estado, en mi opinión, ha venido concretándose de una manera demasiado rápida en nuestro tiempo.
Tal pareciera que detrás de la exposición de un criterio, en ese sentido, adelgazar al Estado, se ha desencadenado todo un proceso de desincorporaciones que materialmente impiden examinar a fondo y con profusión y sobre todo con objetividad sus efectos inmediatos y mucho menos los secundarios.
No nos ha dado tiempo, al menos en mi caso y en el caso específico de las dos empresas a que se refiere el informe previo, de evaluar los efectos mediatos e inmediatos, tanto económicos como políticos de esta decisión.
Pudiera interpretarse de entrada que las razones y los criterios contenidos en el informe previo, obedecen a un propósito de subsidiaridad, si así fuese podríamos considerar válido el planteamiento, pero en mi opinión, tal criterio que no se específica, que parece intuirse, más bien, da lugar, por otra parte, a un sinnúmero de dudas que conviene señalar, por ejemplo: ¿qué efectos va a tener una desincorporación de esta naturaleza en lo que llamamos cadenas productivas? Alrededor de empresas de esta magnitud se crean y desarrollan todo una serie de procesos de carácter económico que se concretan en la producción, distribución y servicio de bienes conectados con las empresas principales. A todo ese conjunto le llamamos "cadenas productivas". Y es evidente que si eso va a ocurrir, que si va a existir o al menos tal es el propósito que se ve en el documento oficial, la desincorporación va necesariamente a provocar efectos en un sentido o en otro en las cadenas productivas.
No puede encontrar, admito que no lo he revisado todavía muy a fondo, pero no pude encontrar en un vistazo rápido del informe previo ninguna consideración acerca de qué medidas se están tomando para los efectos que en torno a las cadenas productivas se produzcan puedan ser considerados previamente, a fin de enfrentarlos antes y no cuando no estén manifestando las consecuencias de esta decisión.
Las empresas que se pretende desincorporar eliminarán áreas y procesos poco rentables, centrándose en aquellas realmente redituables. Cuestiones como, ¿qué vacíos o áreas quedarán descubiertas?, ¿quién atenderá dichas áreas?, en este caso y otras similares son preguntas no aclaradas en el texto del informe previo.
Otro punto que a nuestra opinión no está suficientemente tratado, es: ¿quienes son los más interesados en la adquisición de Altos Hornos de México, S.A., y Siderúrgica Lázaro Cárdenas "Las Truchas", S.A.?
En la Prensa y otras fuentes de información se ha señalado que los más viables interesados en la adquisición son los japoneses, sobre todo por los beneficios que conllevaría para el desarrollo del proyecto de integración económica en la Cuenca del Pacífico.
Aquí por las intervenciones de los diversos oradores que me han antecedido, este supuesto ya no es tal. Existe, como quien dice, la seguridad absoluta de que serán los japoneses quienes, al
menos en su mayor parte, adquieran o muestren interés en intervenir o inviertan de hecho en la desincorporación de Altos Hornos de México, S.A. y Siderúrgica Lázaro Cárdenas "Las Truchas", S.A.
Llama la atención esta circunstancia en un momento de carácter histórico en que se ha señalado a la inversión japonesa como el más acabado ejemplo de capitalismo salvaje en el mercado económico. Esta es una pregunta, que no obstante de haber sido contestada antes de formulada, requiere en mi opinión una reflexión más amplia. Porque en qué medida aceptaría esta intervención en las soberanía y la rectoría del Estado, tratándose de nuestro país.
Señala por otra parte como un beneficio de la desincorporación de estas empresas, la reducción del déficit público en apoyo del esfuerzo de disminuir las presiones inflacionarias.
De ser entregadas a los japoneses a través de los swaps, ¿no tendría también esta entrega un efecto inflacionario?
Y por último, si la inversión extranjera debe examinarse por su complementariedad a la inversión nacional, ¿qué efectos tendría en la creación de empleos, en la transferencia de tecnología y en otras ramas de la economía una inversión extranjera que no se vislumbra complementaria, sino exclusiva y excluyente?, y que obviamente también, produciría efectos negativos en las cadenas de producción que señalé antes, porque en el fondo, nosotros vislumbramos, de hecho vemos con claridad, que todo este proceso de desincorporación no obedece tanto a un deseo de adelgazar al Estado por principio de subsidiaridad, sino a una medida de emergencia frente al problema del endeudamiento por cuanto la deuda externa no obstante su renegociación, sigue pesando con demasiado solidez, en torno a la economía y al desarrollo del país.
No quisiera retirarme sin antes señalar, que en el documento se menciona la garantía de participación en la propiedad de las empresas desincorporables, a los trabajadores. Pero no encontré en el texto, ningún criterio, ningún argumento que fortalezca y jerarquice en la magnitud que esta participación exija, la posibilidad de que los trabajadores puedan, con la inversión de su trabajo, ser efectivamente partícipes en la propiedad y en la toma de decisiones de la empresas que se pretende desincorporar.
Estos temas de reflexión que he lanzado al viento, y que el día de mañana seguramente profundizaremos más en el seno de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, cuando analicemos el texto del informe previo, quisiera no obstante, dejarlos como una invitación a un debate de mayor hondura que exija de nosotros sinceridad, objetividad y emoción política en su tratamiento. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano senador Gustavo Almaraz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El C. senador Gustavo Almaraz Montaño: - Señor Presidente; distinguida asamblea: Creo que este tema se ha discutido con toda amplitud y los diferentes grupos parlamentarios han dejado muy claro su punto de vista. Qué bueno que el diputado Acosta solamente le echó un ojazo al documento, porque si no aquí estaríamos, capaz que lo alcanza la reunión de mañana con el diputado.
Lo que sí quisiera dejar muy claro es la posición que debemos asumir los miembros del Partido Revolucionario Institucional con relación al discurso que pronuncia el candidato a la presidencia de la Cámara Nacional de Comercio de Nuevo León, que es un discurso que debemos de rechazar todos, no nada más los priístas, desde el punto de vista que no solamente es un discurso que invita a la subversión, sino que es un discurso totalmente antinacionalista y fuera de la realidad. No hay que confundir una posición eminentemente de campaña, que es en la que se encuentra ese individuo en el estado de Nuevo León, con la realidad política y social que este México que con todo y estas discusiones se mantiene en paz y libertad desde hace muchos años, y así se va a mantener por la voluntad del pueblo mexicano.
Esa posición la quisimos aclarar porque de alguna manera se trata de ligar con una respuesta del presidente Salinas, en función de que no es una respuesta adecuada a ese concepto. Creo que la respuesta del presidente Salinas es muy clara y refleja otra vez el pensamiento de los mexicanos, en el que no es viable, no es correcto invitar a la desunión de los mexicanos, en un momento en que los mexicanos, con todo y nuestra divergencia de ideas, debemos estar unidos para dar la pelea y la entrada sobre todo al próximo siglo, al que debemos entrar ya con un esquema en el que sí efectivamente podamos encontrar una mejor repartición de la riqueza.
Las acciones del gobierno del presidente Salinas son acciones nacionalistas, son acciones apegadas a la Constitución, son acciones que el pueblo de México reconoce y las observa como nobles acciones para mejorar ese reparto de la riqueza mexicana. Muchas gracias.
DEL ESTADO DE GUERRERO
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Leonel Godoy, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la situación política en el estado de Guerrero.
El C. diputado Leonel Godoy Rangel: - Muchas gracias, señor presidente; indudablemente, compañeros legisladores, que por los acontecimientos ocurridos el día de ayer en la sesión de las comisiones unidas, como le llamó un compañero de improcedencia de juicios políticos, que se celebró ayer, el asunto de guerrero, en virtud de los resultados de esas comisiones unidas de improcedencia que celebramos diputados de distintos partidos que estamos en Gobernación y Puntos Constitucionales y de justicia, este asunto del conflicto político que se vive en Guerrero sigue siendo de actualidad y con mayor razón después de que una instancia como es la Cámara de diputados, en una de sus comisiones podría darle una salida adecuada, política, justa, conforme a la ley, para que de una vez por todas concluyera este conflicto que todos deseamos termine ya en Guerrero.
El hecho que por mayoría mecánica los diputados priístas hayan desechado iniciar un juicio político para saber si las imputaciones que hacíamos legisladores perredistas al gobernador de Guerrero eran falsas o eran correctas, conduce a que cada vez más se agoten las instancias legales que se tienen para resolver este problema en Guerrero, porque indudablemente en este momento un obstáculo a la solución al problema político lo es el gobernador Francisco Ruíz Massieu.
Si en su momento la Cámara de Senadores no resuelve lo que es una petición, que también en su momento oportuno estamos estudiando hacerla formalmente, pero que ya está en la práctica, incluso unos desplegados periodísticos y en planteamientos aquí en tribuna ante esta permanente, de desaparición de poderes, ya no quedarían muchos caminos para que quien se ha constituido en el obstáculo fundamental, pueda permitir que Guerrero transite por la paz, rota por ese gobierno del Estado, a raíz de haber burlado la voluntad popular.
El día de ayer la mayoría priísta sostuvo un criterio para desechar nuestra petición de iniciar el juicio político en contra de Ruíz Massieu que al seguirlo sosteniendo, genera un estado de impunidad de cualquier acto de transgresión a nuestra Constitución que realicen altos funcionarios del gobierno federal o de los gobiernos de los Estados.
Si el criterio priísmo para que prospere una denuncia de juicio político y se inicie éste, se sigue sosteniendo, vamos a tener entonces cualquier ciudadano que pensemos, bajo nuestra estricta responsabilidad, que un alto funcionario local o federal ha cometido graves violaciones a la Constitución o a los ordenamientos penales, pues casi lo tenemos que traer aquí para que confiese el delito y pueda prosperar el inicio, la incoación de ese juicio político.
¿Por qué digo esto? Violando lo dispuesto el en artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, la mayoría priísta resolvió que no acreditábamos nuestro dicho en relación a la denuncia en contra de Francisco Ruíz Massieu para que se iniciara el juicio político. No es tanto y el válgame el ejemplo, quizá porque en materia más común que se les dé este ejemplo. Es tanto como exigir el ministerio público de alguien que va a denunciar un homicidio, que pruebe que efectivamente hubo ese homicidio.
El delito de homicidio, dice el artículo 302, que se comete cuando una persona priva de la vida a otra. Entonces tendrá el denunciante que demostrar en su denuncia los extremos que ese artículo 302 de que sí, una persona privó de la vida a otra.
Y entonces la presunción de encontrar un cadáver y solicitar se inicie la averiguación previa, pues con este criterio no procedería, porque no basta encontrar al cadáver, sino que hay que preguntarle al cadáver o a otro, quien lo mató.
Esta es la consecuencia de este criterio antijurídico e ilegal que utilizaron los priístas el día de ayer, al exigir que probemos en nuestra denuncia y con los elementos de prueba que en ese momento se aportaban lo dispuesto en el artículo 5o., párrafo segundo de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, donde dice que el manejo indebido de fondos federales hará sujeto de sanción a un gobernador, a un diputado o a un magistrado de un Estado.
Entonces si ese criterio se extiende a todo nuestro sistema judicial mexicano, insisto les doy el ejemplo del homicidio, pues ya no se podrá iniciar la averiguación y en su caso archivarla para decir que no murió de una congestión alcohólica o que se suicidó y por lo tanto no hay delito que perseguir, pero eso fue después de haberle dado entrada a la denuncia penal, donde estoy obligado a denunciar que hay un muerto y que probablemente se cometió un homicidio. No con ese criterio el día de mañana se va a exigir que se cumplan los extremos del artículo 302 de que alguien privó de la vida a otro.
Esas son las consecuencias jurídicas de la resolución que las comisiones unidas, con una sola votación de los priístas, ningún diputado de oposición votó a favor de esa resolución, permitió que el gobernador de Guerrero, Francisco Ruíz Massieu, no ventile en un foro público, como sería la Cámara de Diputados su acción y sea sometido a enjuiciamiento y pueda probar que lo que nosotros estamos imputando es falso, o que nos permita a nosotros aportar las pruebas con las cuales confirmemos nuestro dicho de que debe ser removido de su cargo e inhabilitado por 20 años. Esto no ocurrió ayer y por lo tanto Francisco Ruíz Massieu continuará en total estado de impunidad.
Tenemos una instancia que estamos analizando, presentarla por escrito, porque parece que los reclamos que serían suficientes en mi opinión de acuerdo a la interpelación del artículo 76 fracción V de la Constitución, para que esta Comisión Permanente turnara esta petición, porque la Ley Reglamentaria del Artículo 76 fracción V no señala que tenga que ser por escrito.
Aquí un senador nuestro la semana pasada planteó la desaparición de poderes en Guerrero, y hasta don de yo sé la Comisión Permanente no ha turnado esa petición verbal al senador Cristóbal Arias Solís. Estamos analizando en todo caso, presentarla por escrito, para que se nos dé una respuesta en los términos del artículo 8o. constitucional en todo caso.
Lo cierto es pues de que en Guerrero sigue el problema, se agrava cada día más, los últimos acontecimientos cuanto estaba realizándose la discusión de la Cámara de Diputados si procedía o no incoar el procedimiento en contra de Francisco Ruíz Massieu, desató una ola represiva feroz de mayor brutalidad a la que había ejercido cuando exigimos se le enjuiciara políticamente. Y esto evidentemente es resultado de la prepotencia que da la impunidad, que fue confirmada en la madrugada de hoy.
¿Qué se puede hacer ante esto? ¿Qué se puede hacer ante la brutalidad ejercida por el gobierno del estado y sus fuerzas políticas en Zihuatanejo y Acapulco el 27 de febrero? ¿Qué se puede hacer cuando el gobierno del estado y sus fuerzas represivas actúan facciosamente y desalojan violentamente militantes perredistas de presidencias municipales Guerrerenses y por el otro lado no toca para nada a los militantes priístas que tienen tomada Alcozauca y otro municipio más de Guerrero? ¿Qué se puede hacer cuando se vive en estas condiciones de total acción al margen del estado de derecho? ¿Qué se puede hacer?
Nosotros a pesar de eso, a pesar de ello, y lo venimos a reiterar, seguimos en conversaciones en pláticas con el gobierno del estado de guerrero, con el Partido Revolucionario Institucional de Guerrero en la secretaría de Gobernación.
El día de ayer presentamos un documento que espero que los compañeros del Partido Revolucionario Institucional que vayan a abordar la tribuna para contestarme o para debatir conmigo lo conozcan, que fue entregado al licenciado Fernando Gutiérrez Barrios, suscrito por un representante del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, y por el presidente del comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Guerrero.
Aquí está nuestra propuesta política para dejar atrás ese clima de violencia generalizado, ese ambiente de terror, esa decisión de represión gubernamental en contra de militantes perredista que ejercitan legítimamente sus derechos constitucionales. Aquí está y está en la Secretaría de Gobernación, y lo que tiene en sus manos el gobierno del estado de Guerrero, y lo tiene en sus manos el Partido Revolucionario Institucional de Guerrero.
Seguimos pues confiando en el diálogo, en las pláticas a pesar de que no fue suficiente para sensibilizar, porque elementos había, jurídicos, para iniciarle juicio político al gobernador de Guerrero no fue suficiente para sensibilizar a los diputados priístas de esta legislación federal, los hechos ocurridos en Zihuatanejo, en Acapulco, en Cruz Grande, en Ometepec; no fue suficiente.
Nuestra obligación, a pesar de esta demostración de fuerza prepotente y arbitraria, ilegítima, ilegal de una mayoría mecánica que se refleja tanto en el Congreso del Estado de Guerrero como en este congreso de la unión, tenemos que seguir transitando por los caminos de la ley, tenemos que seguir utilizando los recursos que la constitución y sus leyes nos dan.
El diálogo como mecanismo dentro del marco constitucional, será nuestro instrumento de concertación política pero tenemos exigencias, y la principal en este momento para transitar por los caminos expeditos de la solución pacífica en Guerrero, es primero la salida del Señor Francisco Ruíz Massieu.
Existen todavía recursos que en este Congreso de la Unión puede utilizar, pero nunca si sostienen los criterios antijurídicos, contrarios a nuestro sistema procedimental y contrarios al texto del artículo 12, para bien o para mal que está en la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores
Públicos y también si en su momento quieren utilizar un recurso que el año pasado, la Comisión Permanente, fuera de todas sus atribuciones, lo digo desde este momento para que no vuelva a ocurrir, el año pasado solicitamos por escrito a la permanente de la unión la desaparición de poderes en el estado de Michoacán.
¿Y qué hizo la permanente? Nombró una comisión, regresó, informó que alla todo estaba bien y resolvió que no procedía.
En ninguna de las facultades que señala la Constitución en su artículo 79, ni en la Ley Reglamentaria del Artículo 76 fracción V se señalan estas facultades a la Comisión Permanente, y desde este momento decimos que no será la comisión permanente la que tendrá que resolver sobre nuestra solicitud verbal que ya la hizo el senador Cristóbal Arias en esta tribuna, y en su momento quizá la hagamos por escrito.
Nosotros estamos en este momento, exigiendo, para solucionar el problema político de Guerrero, la salida del Señor Ruíz Massieu por el camino de la ley. Se agotó una instancia ayer, que era lo del juicio político; tiene ahorita una petición verbal y quizá la hagamos por escrito, de desaparición de poderes, que esta Permanente tiene la obligación de turnar y convocar a su vez a período extraordinario a la Cámara de Senadores, no lo puede hacer la permanente; si estas instancias se agotan desconozco qué otros caminos vayamos a tener y tenemos una petición concreta:
Queremos la inmediata liberación de once prisioneros políticos nuestros, exigimos la inmediata presentación de los desaparecidos o secuestrados políticos que tenemos en Guerrero; los nombres senador, se los puedo, si usted no tienen documentos, se los puedo proporcionar en su momento, aquí están, es para no cansar tanto al auditorio.
Nuestra tercer petición concreta es: la reparación de los daños a la integridad física y patrimonial de las víctimas en los actos de represión en Zihuatanejo, Acapulco, Cruz Grande y Ometepec; también tenemos los nombres aquí.
Exigimos como cuarto punto, la indemnización a los familiares y deudo de los muertos, ocurridos por estas acciones de represión, después del proceso electoral del 3 de diciembre.
También solicitamos protección contra posible privación legal de la libertad de dirigentes del Partido de la Revolución Democrática en ese estado.
Esto es lo que estamos pidiendo ahorita y es lo que ustedes conocen, me refiero a los legisladores priístas de nuestra petición; el planteamiento de fondo ya lo hemos repetido aquí hasta la saciedad, en relación a los municipios en conflicto, que es que tenemos 16 ayuntamientos donde obtuvimos la mayoría, ya resueltos en este comento cuatro, quedan tres donde estamos solicitando que se integren estos consejos municipales con presidente de los consejos municipales por perredistas; en los otros 11 que todavía siguen en conflicto exigimos una solución, pacífica, estamos dispuestos a que esos consejos municipales los presida un priísta, pero que haya participación en la decisión de las comunidades, como ellos lo han estado planteando y el propio Congreso del Estado en Guerrero, en relación a estos municipios.
¿Qué queda por decir que no se haya dicho ya, sobre éste largo conflicto electoral de Guerrero?, Sólo queda que esta Comisión Permanente ya tenga que asumir una función que la Constitución le da, en relación a una petición verbal y sino en su momento la haremos por escrito.
Y por otro lado, que los legisladores priístas que han participado en el debate con nosotros donde hemos hecho propuestas concretas, reiteradamente desde el inicio de sesiones de esta Permanente, las trasmitan realmente y nos traigan una respuesta de quienes deciden el Partido Revolucionario Institucional, de las propuestas que estamos haciendo bajo ciertas condiciones que en este momento son necesarias presentar, y la encabeza, insisto, la salida del señor Francisco Ruíz Massieu en el estado de Guerrero. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Alberto Ling Altamirano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
EL C. diputado Jorge Alberto Ling Altamirano: - Señor Presidente: A nosotros nos preocupa terriblemente las situaciones que puedan llevar a una violencia o a un rompimiento de la paz social, independientemente de quien en realidad prenda la mecha, si es que el mecanismo detonador ya está puesto.
Hay una gran cantidad de información acerca de los orígenes, desarrollo y estado de la cuestión, acerca de la situación de los estados de Guerrero y Michoacán. No es casualidad que esta situación haya llegado, porque tiene su origen en una cuestión muy antigua que consiste; en el fraude electoral y la sordera de las autoridades para corregir las deficiencias de los procesos que pueden ser perfectibles. Pero mientras la ley es modificada y la situación real está allí, nosotros pensamos que tenemos que decir algo.
Queremos nosotros como habitantes de este país, que queremos la paz y el orden social. Que la violencia no beneficia a nadie, ni a los que fueron sometidos a fraude electoral ni a las autoridades que presuntamente las efectuaron.
El problema con el gobernador de Guerrero, no es simplemente una cuestión de tipo financiero, si hubo desviación de recursos o no. La situación es más complicada que esto, pero es por esta vía que se ha implementado el desarrollo del juicio político que tiene que llevarse hasta las últimas consecuencias. Y violencia que es por cuestiones de voto mayoritario, en vez de por la razón, se puedan desechar o no esto.
Nosotros pensamos que se pueden seguir los juicios y, sí no hay nada que perseguir salgan perfectamente limpios de este proceso. Pero tan sólo en no querer entrar a discutir y poner sobre la mesa esas cuestiones, lo hacen altamente sospechoso.
Pero también mientras exigimos que las autoridades tienen la obligación de sentarse a escuchar, pensamos que las demás fuerzas que están en la discusión tienen la obligación de mantener su voz y no recurrir a otros artificios. Las soluciones de fuerza nunca han sido buenas para nadie. Por lo tanto, y atendiendo a una petición de la dirigencia de mi partido, quiero repetir en esta tribuna la posición de la dirigencia nacional, que ha sido manifestada a través de la Prensa, por medio de un desplegado; el título del mismo dice así:
«Contra fraude electoral. Contra toda violencia.
Los sucesos violentos que se han dado en los estados de Guerrero y Michoacán a partir de las elecciones locales más recientes, en las que hubo innegables irregularidades, mueven al Partido Acción Nacional a hacer públicas las consideraciones siguientes:
Uno. Consideramos que la incapacidad de las autoridades para organizar y garantizar procesos electorales inobjetables legalmente, está en el origen de la inconformidad popular en relación con los resultados oficiales de los comicios;
Dos. Sostenemos que los ciudadanos tienen derecho a inconformarse de madera pacífica con tales resultados, incluso recurriendo al uso de medidas de resistencia civil, atendiéndose a las consecuencias que la utilización de éstas implica;
Tres. Condenamos el uso de la violencia por parte de la autoridad y por parte de los ciudadanos mismos, para resolver los problemas electorales, políticos, sociales y económicos;
Cuatro. Exigimos respeto absoluto de la legalidad, incluso si se actúa contra quienes acudan a medida de resistencia civil, que implican violación de aquella y proceda conforma a derecho de relaciones con quienes, autoridades o particulares, resulten responsables intelectuales o materiales del uso de la violencia;
Cinco. Exhortamos a las partes en conflicto a resolver sus diferencias por la vía del diálogo, de manera que las comunidades recuperen la tranquilidad y el respeto a la voluntad a que tienen derecho, y
Seis. Reiteramos que en tanto no existan leyes equitativas y voluntad de respetarla por parte de las autoridades y del partido que todavía es su instrumento, estará siempre latente y amenazador el surgimiento de la violencia, camino erróneo para dirimir las diferencias entre las personas y grupos.
México, Distrito Federal, 13 de marzo de 1990.
Luis H. Alvarez, presidente nacional y Abel Vicencio Tovar, secretario general.»
Nosotros pensamos, y hasta aquí el texto del manifiesto, que debe existir voluntad para poder empezar a dirimir estas diferencias. Debe haber la mínima coincidencia. Que lo mínimo es estar de acuerdo en qué no estamos de acuerdo y que la solución de esto es empezar a discutir cuál es el punto de partida; pero es discutirlo por la vía de la razón, del diálogo. Pero no se vale que mientras se pide a un partido de oposición que se siente a dialogar o que vaya a la Secretaría de Gobernación, las autoridades de los estados se estén dando tiempo a sí mismos para afianzar sus posiciones, es decir, se utiliza el diálogo como táctica dilatoria.
Pero por otro lado, tampoco se vale exacerbar conflictos, el odio para amenazar con la violencia, para que sean resultas las situaciones pensamos que se debe llevar a juicio político, pero que no se ponga esto como condición para resolver el problema, porque estamos prácticamente en una vía que puede no tener solución.
Necesitamos mantener las dos metas, resolver el problema político de la toma de alcaldías, de la violencia en los aeropuertos, todo esto lo tenemos que resolver para beneficio de todos, pero al mismo tiempo y sin claudicar, llevar hasta sus últimas consecuencias el juicio político, pero condicionar uno a lo otro es sumamente peligroso, porque en caso de no resolverlo podría haber un estallido social. Muchas gracias. (Aplausos.)
DE LOS JUBILADOS FERROCARRILEROS DE LOS ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA Y SONORA
El C. presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Juan Jaime Hernández del grupo parlamentario del Partido Autentico de la Revolución Mexicana, sobre los jubilados Ferrocarrileros de Baja California y Sonora.
El C. diputado Juan Jaime Hernández: - Señor Presidente, ciudadanos legisladores: rescum suo onere transit (La cosa pasa a otro con sus cargas.)
Cuando un ciudadano a aportado a la sociedad y a la nación toda una vida de trabajo y esfuerzo, a lo menos que puede aspirar ese ciudadano es a una vejez tranquila, sin sobresaltos económicos, esto es lo justo, sin embargo no acontece así, cuando evidentemente existen millones de mexicanos de la llamada "tercera edad" que deambulan en las oficinas gubernamentales o de empresas paraestatales pidiendo les cumplan las prestaciones a que tienen derecho.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en otros periodos legislativo ya han abordado este tema promoviendo adiciones y reformas a la ley a fin de que se garantice a los pensionados y jubilados una vida más digna de esa su última etapa vital.
Todo lo anterior sirve de referencia a la demanda que han venido sosteniendo lo ferrocarrileros jubilados del ex ferrocarril Sonora- Baja California, quienes ya han recurrido diversas ocasiones a todas las instancias, incluso al jefe del Ejecutivo nacional, reclamando por el incumplimiento y despojo de conquistas contractuales que han sido objeto los obreros activos y jubilados de la mencionada paraestatal.
Además, reiteradamente han demandado la solución a la crítica situación económica que vive el jubilado con anterioridad al 22 de julio de 1982, que no recibe las pensiones de vejez y cesantía que otorga la Ley del Seguro Social; esta situación es doblemente grave para las viudas que dependían económicamente de los fallecidos que se jubilaron en estas circunstancias antes de la fecha referida, ya que esas familias se encuentran en el más completo abandono, sin recibir la atención contractual de la empresa ni la viudez y orfandad que debería otorgar el Instituto Mexicano del Seguro Social.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana por mi conducto, una vez más denuncia ante esta honorable Comisión Permanente el manipuleo, las actitudes lesivas en contra de los trabajadores, ya que el sindicato del ex ferrocarril Sonora - Baja California, sin ninguna consulta a las bases signó convenio de fusión con la paraestatal Ferrocarriles Nacionales de México y sin haber resuelto conforme a la ley los derechos laborales, las garantías y los compromisos adquiridos con anterioridad a la firma de referencia y todo esto motivado porque no se regularizó ante el Seguro Social a los trabajadores, según estaba obligado por el convenio signado por empresa, sindicato y Seguro Social de fecha 1o. de Marzo de 1973 y además según lo ordenara la cláusula 244 - bis del contrato colectivo de trabajo.
El problema se ha convertido en un círculo vicioso en el cual la empresa ex ferrocarril Sonora - Baja California, afirma no tener ya nada que ver en el problema, Ferrocarriles Nacionales de México asegura desconocer los derechos de referencia y del Seguro Social que dice que no hay en sus archivos ninguna regularización de los mencionados trabajadores que fueron dados de baja del módulo 10 sin que hayan sido dados de alta en el módulo 16, con lo que mejorarían ostensiblemente sus salarios.
Por otra parte y a pesar de que el inciso a, del artículo 244- bis del contrato colectivo del trabajo dice que todos los aumentos que se otorguen a los trabajadores activos, en las mismas condiciones serán para los jubilados, no se les ha entregado los aumentos salariales del 9.2% decretado en octubre de 1986 y del 10 de octubre de 1989.
Por lo anterior, es violatorio que la constitución general de la república, de la ley federal del trabajo y del propio contrato colectivo de los trabajadores de referencia; sin embargo, los jubilados del ex ferrocarril Sonora - Baja California no han encontrado hasta ahora un funcionario que les haga caso y resuelva este problema que lesiona su forma de vida, condenándolos a la miseria más injusta.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana considera que ya no es posible permitir que se continué lastimando a ciudadanos que han cumplido su ciclo de producción y de trabajo para conformar esta sociedad, que ahora disfrutamos, pero que de manera arbitraria e injusta se le niegue el reconocimiento, la justicia y el derecho a los hombres de la tercera edad y a las mujeres e hijos de quienes murieron jubilados y que por la intransigencia, arbitrariedad o negligencia de autoridades y funcionarios están siendo condenados a vivir en condiciones de miseria extrema.
Por lo anterior, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, por conducto de su
fracción parlamentaria solicita de esta soberanía y de la Presidencia, se turne a la presente Comisión de Información, Gestoría y Quejas para los efectos legales correspondientes, porque Concetuduo es optima leyem interprestest (La costumbre es el mejor intérprete de las leyes.) Gracias.
El C. Presidente: - Para la atención que proceda túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
EXCITATIVA A LA COMISIÓN ESPECIAL EN MATERIA ELECTORAL
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Alberto Ling Altamirano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una excitativa a la comisión especial en materia electoral.
El C. diputado Jorge Alberto Ling Altamirano:- Señor presidente: Brevemente diremos lo siguiente: la velocidad con que se trabaja en esta comisión especial para hacer la ley reglamentaria de las reformas constitucionales que se lograron el año pasado no tiene avances evidentes y estamos preocupados porque se cumpla el acuerdo al que se llegó y que fue firmado por todos los coordinadores de las fracciones parlamentarias el 20 de diciembre de 1989.
Se hablaba de que iban a discutir las cuestiones y los capítulos que podría tener el trabajo, por ejemplo, derechos y obligaciones de los ciudadanos, organizaciones políticas, registro nacional de ciudadanos, etcétera, pero debido a la situación de discusión y que solamente el Partido Acción Nacional presentó un proyecto completo ya adaptado y esto es lo que se está discutiendo, como que ya va demasiado lento, haciendo tiempo para ver si hay alguna otra proposición y estamos preocupados porque hay un calendario que cumplir y está firmado este acuerdo.
En el artículo 3o. del acuerdo dice así: la comisión sesionará semanalmente los días 25 de enero, 1o., 8, 15 y 22 de febrero: 1o., 8, 15 y 22 de marzo y el día 29 de dicho mes para hacer la presentación del proyecto de iniciativa ante los coordinadores de los grupos parlamentarios.
De aquí a lo que falta para el día 29, dudamos mucho, porque no se ha hecho ninguna redacción final de artículo alguno y simplemente se sigue platicando, haciendo proposiciones, está bien que hay algunos capítulos que sean difíciles de resolver, pero hay otros que son simplemente de mecánica electoral y por lo tanto ya deberían de tenerse los primeros esquemas de borrador.
Sentimos que no vamos a llegar al período ordinario de sesiones en donde se debe de considerar a la Cámara de Diputados para su aprobación el dictamen ya discutido y dirimido en esta comisión antes del 30 de abril, como lo dice este compromiso, por lo tanto este acuerdo que fue firmado por el diputado Guillermo Jiménez Morales por parte del Partido Revolucionario Institucional; del diputado Abel Vicencio Tovar, por parte del Partido Acción Nacional; del diputado Ignacio Castillo Mena, por parte del Partido de la Revolución Democrática; del diputado Francisco Ortíz Mendoza, por parte del Partido Popular Socialista, del diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala por parte del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; del diputado Rafael Aguilar Talamantes, por el Partido del Frente Cardenista y Reconstrucción Nacional y por la fracción independiente el diputado Pedro René Etienne Llano, para que se cumpla este acuerdo hecho entre nuestros coordinadores, exhortamos, le pedimos a la comisión que tome un poco más rapidez en sus trabajos para que se puedan cumplir los plazos a los cuales nos comprometimos. Muchas gracias.
DEL ESTADO DE COAHUILA
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano Diputado Juan Jaime Hernández del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana sobre el incumplimiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Ferrocarriles Nacionales al levantamiento de las vías en Saltillo, Coahuila.
El C. diputado Juan Jaime Hernández:
«Ciudadano presidente: ciudadanos legisladores: Jus ex facto oritur (El derecho nace del hecho.)
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana recogió a principios de febrero de la ciudadanía de Saltillo, Coahuila, la demanda y solicitud de levantar la vías de ferrocarril que se encuentran en la calzada Emilio Carranza de esa ciudad, con longitud de 2 mil metros.
El 12 de febrero último, en la comparecencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, licenciado Andrés Caso Lombardo ante las comisiones de patrimonio y fomento industrial y comunicaciones y transportes, se le expuso la demanda de referencia con argumentos sólidos que demostraban la utilidad y la viabilidad de la petición, a lo cual accedió el
funcionario manifestando "retírense las vías" jamás se hablo de que esto fuera de manera parcial, es decir, se entendió que se retirarían los 2 mil metros de vías, sin embargo sólo hasta ahora se han retirado 800 de los 2 mil metros de vías, lo cual ha despertado la indignación de la ciudadanía de Saltillo que manifiesta se le están engañando.
No es la primera vez que un funcionario del Poder Ejecutivo comparece ante comisiones del poder legislativo y acepta compromisos que luego no se cumplen; la ciudadanía merece respeto, como también lo merecen los legisladores que somos sus representantes, no podemos permitir que intereses particulares se impongan a los intereses de colectividad, éste es el caso de los propietarios de los molinos "La Colmena" y "El Fénix" quienes han logrado convencer a las autoridades y a funcionarios de Ferrocarriles Nacionales de México para que se incumpla el compromiso adquirido por el Secretario de Comunicaciones y Transportes, licenciado Andrés Caso Lombardo.
En efecto, los propietarios de dichos molinos argumentan que al retirarse las vías, el costo de transporte de granos por camión se elevaría significativamente, lo cual es falso; el año pasado el molino "La Colmena" solamente recibió 43 furgones de granos por la vía que hemos pedido se levante y eso equivale a un camión por semana que en proporción es un 5% de lo que recibió por carretera: en cuanto al molino "El Fénix", éste recibió durante el año de 1989 solamente 241 furgones, o sea un promedio de cuatro carros por semana y representan 15% de lo que recibió en total por conducto de trailers y torthons.
El argumento no es válido cuando de atender a un reclamo ciudadano se trata y, por otro lado, no es posible permitir que ante nuestras comisiones legislativas se continúen aceptando compromisos que luego no se cumplen, porque evidentemente este tipo de actitudes le resta seriedad a nuestra labor como legisladores e incrementa la incredulidad ciudadana en las labores que nos confirió al designarnos mediante el voto popular sus representantes.
Por lo anteriormente expuesto, solicito se turne a la presenta comisión de Comunicaciones y Transportes de la honorable Cámara de Diputados, para los efectos de que exija y solicite una explicación al titular de la Secretaría de comunicaciones y transportes, del por qué no cumplió cabalmente su compromiso de levantar los 2 mil metros de vías de la calzada Emilio Carranza de la ciudad de Saltillo expresado ante las comisiones de patrimonio y fomento industrial y comunicaciones y transportes.
Injuria neutiquam debet nasci unde jura nascuntur (Donde nace el derecho no resultar la injusticia).
Atentamente.
Por la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, diputados: Erasmo López Villarreal y Juan Jaime Hernández.»
El C. presidente: - Para la atención que proceda, túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de diputados.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario senador José Antonio Valdivia: - Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera, se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Comisión Permanente.- Primer receso.- Segundo año.- LIV Legislatura.
Orden del día.
22 de marzo de 1990.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Congreso del Estado de Quintana Roo, invita a la sesión solemne en la que el ciudadano doctor Moguel Borgue Marín, gobernador constitucional del estado, rendirá el III, Informe de Gobierno, la que tendrá lugar el 26 de marzo.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que se solicita permiso constitucional necesario para que el ciudadano Gustavo Ysunza Olivares, pueda aceptar y usar la condecoración Cruz del Mérito Militar de Segunda Clase que le confiere el gobierno de Guatemala.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Pablo Mauro Severiano Portela, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Cruz Peruana al Mérito Naval, en Grado de Gran Oficial Distintivo Blanco, que le confiere el gobierno del Perú.
Por el que se solicita permiso constitucional necesario para que el ciudadano Gildardo Alarcón López, pueda aceptar y usar la condecoración de la Legión al Mérito, en grado de Comandante, que le confiere el gobierno de Estados Unidos de América.
Por el que se solicita permiso constitucional necesario para que el ciudadano Carlos Morales Troncoso, pueda prestar servicios en la delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas en México.
Por el que se solicita permiso constitucional necesario para que la ciudadana María de los Angeles Romero Cano, pueda prestar servicios en la embajada de Jamaica en México.
Cinco con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Sergio Argomedo Casas; Ernesto Ortíz Ramírez, Rafael Alonso Luciano Santana Mondragón, Raúl Macías Sandoval y Baldomero Sánchez López, para los efectos de la fracción VII, del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictámenes de primera lectura.
De la primera comisión con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Alejandro von Wuthenau, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal Alemania, en grado de Cruz de Comendador, que le confiere el gobierno de la República Federal de Alemania.
De la Primera Comisión con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Antonio Hamilton Davie Goss, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Imperio, Británico, como Oficial Honorario que le confiere el gobierno de Gran Bretaña.
Dictámenes a discusión.
De la Segunda Comisión con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Ricardo Villanueva Hallal, embajador extraordinario y plenipotenciario de México, ante el gobierno de la República de Finlandia.
Siete de la Segunda Comisión con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a los ciudadanos Francisco José de los Angeles Matu Buenfil, Armando Domínguez Mendoza, Mauricio Ávila Medina, J. Jesús Verduzco Montaño, Ricardo Alejandro Bolaños Cacho y González, Guillermo Llanderal Cazares y Tomás Cornelio Valencia Angeles.
De la primera comisión con proyecto de decreto por el que se le concede permiso al ciudadano Antonio Rodríguez Díaz Fonseca, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Infante Don Henrique, en grado de comendador, que le confiere el gobierno de Portugal.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano licenciado Ismael Moreno Pino, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Orange Nassau, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de los Países Bajos.
Efemérides
Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para conmemorar el LII Aniversario de la Expropiación Petrolera.
Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para conmemorar el CLXXXIV aniversario del natalicio de don Benito Juárez.
Y los demás asuntos con lo que la secretaría dé cuenta.»
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
El C. Presidente (a las 17.45 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 22 de marzo, a las 11.00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA
Y DIARIO DE LOS DEBATES