Legislatura LIV - Año II - Período Comisión Permanente - Fecha 19900815 - Número de Diario 6
(L54A2PcpN006F19900815.xml)Núm. Diario:6ENCABEZADO
LIV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
San. Emilio M. González
RECINTO LEGISLATIVO
CENTRO MEDICO NACIONAL
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Lic. Héctor de Antuñano y Lora
Año II México, D.F., miércoles 15 agosto de 1990 No. 6
SEGUNDO RECESO
SUMARIO
ASISTENCIA
La secretaría informa que hay quórum.
APERTURA
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión, se aprueba.
INVITACIÓN
Del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico con motivo del CXLIII aniversario de la Batalla de Churubusco. Se designa representante.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana María Luisa Castañedo Robles pueda trabajar en la Embajada del Ecuador. Se turna a la Primera Comisión.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Luis Alberto Barrero Silveira pueda trabajar en la Embajada de los Estados Unidos de América. Se turna a la Primera comisión.
SOLICITUDES DE PARTICULARES
PRESTACIONES DE SERVICIOS
Solicitud de permiso para trabajar en el Consulado de Canadá en Acapulco, Guerrero, presentada por la ciudadana Jacqueline Meuret Renot de Talavera. Se turna a la primera comisión.
Solicitud de permiso para trabajar para la Embajada de Chile en México, presentada por el ciudadano Ricardo Franco Guzmán. Se turna a la Primera Comisión.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
CONDECORACIONES
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano general brigadier diplomado de estado mayor Enrique T. Salgado Cordero para aceptar y usar la que le confiere el gobierno de Guatemala.
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Embajador Marcelo Vargas Campos, para aceptar y usar la que le confiere el gobierno de Bolivia.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Luis Granados Morales, para trabajar en la Embajada de la República de Argentina en México.
CONDECORACIÓN
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Luis Agnesi Daessle, para aceptar y usar la que le confiere el gobierno de Italia.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN NOMBRAMIENTO
Con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento en favor del ciudadano Carlos Tello Macías como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se aprueba y comunica el Ejecutivo. Se rinde protesta.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana María Norma Chamlati Amyouni, para trabajar en la Embajada de Irak en México.
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano José Gil Quintanilla, para trabajar en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.
con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Cecilia Ancira Espino, para trabajar en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
Se aprueban los proyectos de decreto.
INICIATIVA DE CIUDADANOS DIPUTADOS
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
Presentada por el diputado Vicente Luis Coca Alvarez. Se turna a la comisión de Trabajo y Previsión social.
DEL ESTADO DE YUCATÁN
La diputada María Teresa Ortuño Gurza presenta proposición sobre el cobro excesivo sobre derechos del agua en dicho estado.
Toman la palabra las legisladoras: Dulce María Sauri Riancho.
María Teresa Ortuño Gurza.
Se turna a la comisión de Agricultura y recursos Hidráulicos.
DENUNCIAS DEL ESTADO DE JALISCO
Punto de acuerdo presentado por el diputado Rafael Melgoza Radillo, para que sean investigados los términos contractuales para la amortización de créditos del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
AGRUPACIÓN DE PEPENADORES NO ASALARIADOS
Presentada por el diputado Vicente Luis Coca Alvarez, a fin de informar sobre abusos y violaciones
cometidas contra este grupo de trabajadores. Se turna a la comisión de Información, Gestoría y Quejas.
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Propuesta presentada por el diputado Leopoldo Salinas Gaytán, para que sean investigados los enfrentamientos entre centrales obreras en este estado.
Debates los legisladores: Yolanda García de Vargas.
Leopoldo Salinas Gaytán.
Yolanda García de Vargas.
Leopoldo Salinas Gaytán.
Se desecha la proposición.
VISITA DEL PRESIDENTE DE CHECOSLOVAQUIA
Toma la palabra el senador Porfirio Muñoz Ledo sobre la ausencia en la comisión Permanente.
SOBRE EL CONFLICTO EN MEDIO ORIENTE
Continúa su intervención el senador Porfirio Muñoz Ledo ahora con el tema de la agresión militar en los países de esta zona.
Sobre el tema expone su opinión el diputado Sergio Quiroz Miranda.
SOLICITUD DE EXCITATIVA
Presentada por el diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán, dirigida a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en relación con los documentos electorales de las elecciones federales de 1988. Se rechaza la solicitud.
TELÉFONOS DE MÉXICO
Sobre su reprivatización intervienen los legisladores: Sergio Quiroz Miranda presenta proposición.
Porfirio Muñoz Ledo.
No se considera de urgente y obvia resolución.
BANCO NACIONAL PESQUERO Y PORTUARIO
Sobre ilícitos cometidos por esta institución intervienen los legisladores: Astolfo Vicencio Tovar presenta punto de acuerdo.
Dionisio Pérez Jácome.
Astolfo Vicencio Tovar.
Vicente Luis Coca Alvarez.
Sergio Quiroz Miranda.
Dionisio Pérez Jácome.
Fernando Lozano García.
Vicente Luis Coca Alvarez.
Dionisio Pérez Jácome.
Se acepta la proposición y es turnada a la Tercera Comisión de Trabajo.
DEL ESTADO DE GUERRERO
Sobre manifestaciones de violencia en este estado toman la palabra los legisladores: Netzahualcóyotl de la Vega García.
María Teresa Ortuño Gurza.
PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD Expresan sus opiniones los legisladores: Octavio Moreno Toscano.
Laura Alicia Garza Galindo.
Sergio Quiroz Miranda.
Rafael Melgoza Radillo.
Vicente Luis Coca Alvarez presenta proposición.
Se aprueba la proposición y se turna a la Comisión de Población.
REPRIVATIZACIÓN BANCARIA E INCREMENTO EN EL PRECIO DE LAS GASOLINAS
Para tratar ambos asuntos toma la palabra el diputado Sergio Quiroz Miranda y presenta proposición sobre el último. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
DEL CONFLICTO EN MEDIO ORIENTE
Se da lectura a dos pronunciamientos firmados por todas las fracciones parlamentarias sobre la crisis en el Golfo Pérsico. Se turnan a la Segunda Comisión de Trabajo para producir una sola proposición.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL SENADOR EMILIO M. GONZÁLEZ.
(Asistencia de treinta legisladores)
ASISTENCIA
El secretario senador Julián Gascón Mercado: - Señor Presidente, hay una asistencia de 30 representantes. Hay quórum.
APERTURA
El Presidente (a las 11.10 horas): Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El secretario senador Julián Gascón Mercado: - Se va a dar lectura al orden del día.
«Comisión Permanente. - Segundo Receso. - Segundo Año. - LIV Legislatura.
Orden del día
15 de agosto de 1990.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CXLIII aniversario de la Batalla de Churubusco, tendrá lugar el 20 de agosto.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana María Luisa Castañedo Robles, pueda prestar sus servicios como secretaria administrativa en la Embajada del Ecuador en México.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Luis Alberto Barrero Silveira, pueda prestar servicios como asistente consular en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán.
Solicitudes de particulares
De la ciudadana Jacqueline Meuret Renot de Talavera, para que se le conceda el permiso constitucional necesario para prestar servicios como secretaria en el Consulado de Canadá en Acapulco, Guerrero.
De el ciudadano Ricardo Franco Guzmán, para que se le conceda el permiso constitucional necesario para prestar servicios como asesor jurídico en la Embajada de Chile en México.
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano general brigadier diplomado de estado mayor Enrique T. Salgado Cordero, para aceptar y usar la condecoración Cruz de Mérito Militar de Primera Clase, que le confiere el gobierno de Guatemala.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano embajador Marcelo Vargas Campos, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Cóndor de los Andes, en grado Gran Cruz, que le confiere el gobierno de Bolivia.
De la Primera comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Luis Granados Morales, para prestar servicios como asistente técnico comercial, en la Embajada de la República de Argentina en México.
De la Primera comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Jorge Luis Agnesi Daessle, para aceptar y usar la condecoración del Orden al Mérito de la República Italiana, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de Italia.
Dictámenes a discusión
De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo, relativo al nombramiento del ciudadano Carlos Tello Macías, embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana María Norma Chamlati Amyouni, para prestar servicios como secretaria en la Embajada de Irak en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano José Gil Quintanilla, para prestar servicios como operador de sistemas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Cecilia Ancira Espino, para prestar servicios como empleada consular, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El secretario senador Julián Gascón Mercado: - se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la comisión Permanente del honorable congreso de la Unión, celebrada el día ocho de agosto de mil novecientos noventa, correspondiente al Segundo receso del Segundo Año de ejercicio de la Quincuagésima Cuarta Legislatura.
Presidencia del senador Emilio M. González Parra
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con trece minutos del día ocho de agosto de mil novecientos noventa, con asistencia de treinta legisladores, el Presidente declara abierta sesión.
La secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que con aclaraciones de los legisladores Leopoldo Salinas Gaytán y Octavio Moreno Toscano, se aprueba en votación económica.
Se da lectura a tres invitaciones del Departamento del Distrito Federal, a los actos cívicos conmemorativos del bicentésimo octavo aniversario del natalicio del general Vicente Guerrero; cuadragésimo sexagésimo noveno aniversario de la defensa heroica de México - Tenochtitlán y al centésimo décimo primer aniversario del natalicio del ingeniero Vito Alessio Robles. Se designa a las comisiones que representarán a la Comisión Permanente en dichos actos.
La secretaría da cuenta con una invitación del congreso del estado de Nayarit, a la sesión solemne en la que el gobernador del estado rendirá el tercer informe de gobierno. se designa comisión.
Se da cuenta con cuatro oficios de la secretaría de Gobernación, por los que se comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos nombró a los ciudadanos Juan José Bremer Martino, Carlos Tello Macías, Adolfo Hegewish Fernández Castelló y Francisco Javier Alejo López, como embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de México ante los gobiernos de la República Federal de Alemania, Unión de Repúblicas Socialista Soviéticas, Reino de Bélgica y República de Italia, respectivamente. Se turnan a la Segunda Comisión.
La secretaría de lectura a tres oficios de la Secretaría de Gobernación por los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Enrique González Pedrero, Jesús Federico Reyes Heroles González Garza y Leopoldo Zea Aguilar, puedan aceptar las condecoraciones que les confieren gobiernos de España, los dos primeros y Argentina de el tercero. Se turnan a la Primera Comisión.
Se da lectura a dos dictámenes de la Primera comisión, con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos José Gil Quintanilla y Cecilia Ancira Espino, puedan presentar sus servicios en los consulados generales de los Estados Unidos De América en Monterrey, Nuevo León y Guadalajara, Jalisco, respectivamente. Son de primera lectura.
Se da cuenta con dos dictámenes de la primera comisión, con proyecto de decreto por los que se
conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Pedro Joaquín Coldwell y Francisco Rojas Gutiérrez, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el Gobierno de España, Son de segunda lectura y no habiendo quien haga uso de la palabra, se reservan para su votación nominal en conjunto.
La secretaría da lectura a un dictamen de la Primera comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Carlos Camacho Geos, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Francia. Es de segunda lectura. No habiendo quien haga uso de la palabra, la secretaría recoge la votación nominal de éste y los anteriormente reservados en un solo acto. Se aprueban por treinta y un votos y pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
La secretaría da lectura a un punto de acuerdo firmado por los partidos, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Auténtico de la Revolución Mexicana, en relación con el conflicto Irak - Kuwait.
Para exponer sus opiniones al respecto, se concede el uso de la palabra a los legisladores Sergio Quiroz Miranda, del Partido Popular Socialista, en contra; Porfirio Muñoz Ledo, del Partido de la Revolución Democrática, en pro; Sergio Quiroz Miranda, para rectificar hechos y Porfirio Muñoz Ledo, para rectificar hechos.
Se admite a discusión y no habiendo nadie que haga uso de la palabra se aprueba en sus términos.
Se concede el uso de la palabra al diputado Leopoldo Salinas Gaytán, del Partido Acción Nacional, quien se refiere a las tarifas eléctricas de las zonas cálidas del país y propone que se invite a dialogar con diversas comisiones de la Cámara de Diputados, al director general de la Comisión Federal de Electricidad para el planteamiento y cuestionamientos a que se ha referido.
Hacen uso de la palabra al respecto el señalador Leonardo Rodríguez Alcaine, del Partido Revolucionario Institucional, en contra; el diputado Leopoldo Salinas Gaytán, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos; Leonardo Rodríguez Alcaine, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos y Leopoldo Salinas Gaytán, para rectificar hechos.
La asamblea admite a discusión el punto de acuerdo y se turna a las comisiones de Energéticos y de la Distribución de Bienes de Consumo de la Cámara de Diputados.
Para denunciar hechos desarrollados durante el informe del gobernador de Guanajuato, hace uso de la palabra el diputado Vicente Luis Coca Alvarez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien formula una propuesta de extrañamiento por el trato otorgado a los representantes de la Comisión Permanente a ese acto.
Para referirse al mismo asunto, hacen uso de la palabra los legisladores Porfirio Muñoz Ledo, del partido de la Revolución Democrática; Julián Gascón Mercado, del Partido Revolucionario Institucional; Vicente Luis Coca Alvarez, del Partido Auténtico de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; Yolanda García de Vargas, del Partido Revolucionario Institucional; Fernando Lozano Gracia, del Partido Acción Nacional; Enrique Burgos García, del Partido Revolucionario Institucional; Porfirio Muñoz Ledo, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificación de hechos; Vicente Luis Coca Alvarez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para solicitar que se agregue a su solicitud lo referente a la violación del fuero constitucional de un diputado federal y Dionisio Pérez Jácome, del Partido Revolucionario Institucional.
En votación económica, se desecha la proposición del diputado Coca Alvarez.
Hace uso de la palabra la diputada Teresa Ortuño Gurza, del Partido Acción Nacional, para ratificar la denuncia por la violación al fuero constitucional del diputado José Manuel Mendoza Márquez en el estado de Guanajuato.
Para apoyar la propuesta, hacen uso de la palabra el diputado Octavio Moreno Toscano, del Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente refiere que, en los términos del artículo 61 constitucional, informará a la asamblea sobre la investigación del asunto planteado.
Se concede el uso de la palabra al diputado Sergio Quiroz Miranda, quien informa de la representación que tuvo en el informe de gobierno del gobernador del estado de Campeche.
Sube a la tribuna el diputado Vicente Luis Coca Alvarez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien denuncia la violación de los derechos humanos a indígenas tepehuanes en el estado de Durango y solicita que se turne su denuncia a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Se abre el registro de oradores respecto a la proposición y no habiendo quien haga uso de la palabra, la asamblea la acepta a discusión. Se turna.
a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados.
Se concede el uso de la palabra al diputado Rafael Melgoza Radillo, del Partido de la Revolución Democrática, quien se refiere a los problemas salariales que aquejan a los trabajadores y responsabilidad que afirma tiene el Secretario de Trabajo y Previsión Social.
Para expresar su coincidencia al respecto, hace uso de la palabra el diputado Sergio Quiroz Miranda, del Partido Popular Socialista.
Sube a la tribuna el diputado Vicente Luis Coca Alvarez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien se refiere a la solicitud de juicio político contra el director general de Banco de Crédito Rural y la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y pide se adjunten al expediente los documentos que aporta respecto a hechos en los municipios de Torreón, Viesca y Matamoros, Coahuila.
Se admite a discusión y se turna a las comisiones de gobierno y Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, para que le otorguen el trámite que proceda conforme a derecho.
Se concede el uso de la palabra a la diputada Teresa Ortuño Gurza, del Partido Acción Nacional, quien denuncia el asesinato de un regidor de su partido en el estado de Guerrero.
Para expresar su opinión al respecto hace uso de la palabra el senador Netzahualcóyotl de la Vega García, del Partido Revolucionario Institucional.
Se concede el uso de la palabra al diputado Vicente Luis Coca Alvarez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien se refiere, en una sola intervención a la toma de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del estado de Tamaulipas, como protesta contra el secretario de Obras Públicas del estado; la violenta invasión de terrenos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y los problemas ecológicos que sufre la selva lacandona, sobre lo que hace una proposición.
Para expresar sus opiniones respecto a los mismos, hace uso de la palabra la senadora Laura Alicia Garza Galindo, del Partido Revolucionario Institucional, quien apoya el turno de la proposición referida a comisiones de la Cámara de Diputados. En votación económica se admite a discusión la proposición, misma que se turna a las comisiones de Ecología y Medio Ambiente y de Agricultura y Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados.
Agotados los asuntos en cartera, la secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las dieciséis horas con dieciocho minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo miércoles quince de agosto de mil novecientos noventa a las once horas."
Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Aprobada, Señor Presidente.
INVITACIÓN
El secretario diputado Rafael Melgoza Radillo:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Departamento del Distrito Federal.
Ciudadano senador Emilio M. González, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presente.
El departamento del Distrito Federal, por conducto de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CXLIII aniversario de la Batalla de Churubusco, que tendrá lugar el próximo lunes 20 del actual, a las 11.00 horas, en el monumento erigido al general Pedro María Anaya, ubicado frente al ex Convento de Churubusco, delegación política de Coyoacán.
Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien girar sus respetables indicaciones, a efecto de que un representante de esa Comisión permanente que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva prestar al presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No reelección.
México, Distrito Federal, a 8 de agosto de 1990.- El director de Acción Cívica licenciado Roberto A. Ochoa Morales.»
El Presidente: - Para asistir en representación de esta honorable Comisión Permanente, se designa al senador Alonso Aguirre Ramos.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El secretario diputado Rafael Melgoza Radillo:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Con fecha 26 de julio próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"La Embajada del Ecuador en México, se dirigió a esta Secretaría manifestando su intención de contratar los servicios de la nacional mexicana María Luisa Castanedo Robles, para que desempeñe el cargo de secretaria administrativa de esa misión diplomática. Al respecto, mucho agradeceré a usted solicitar al honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B, del artículo 37 constitucional en favor de la ciudadana María Luisa Castanedo Robles, a efecto de que pueda prestar sus servicios en la Embajada del Ecuador, con ese propósito adjunto al presente envío a usted la solicitud de trámite de autorización y el acta de nacimiento de la interesada."
Lo que hago del conocimiento de ustedes, para los fines legales, enviándoles además con el presente los anexos que en el mismo se mencionan y les reitero en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 1o. de agosto de 1990.- El secretario, Fernando Gutiérrez Barrios".
Trámite: - Recibo y túrnase a la Primera Comisión.
El secretario senador Julián Gascón Mercado:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Con fecha 18 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Mucho agradeceré a usted tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se menciona a continuación pueda prestar sus servicios al gobierno de los Estados Unidos de América en México. Para tal efecto se anexan el original del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y el escrito en que solicita se realice el trámite correspondiente.
Nombre, puesto y lugar de trabajo: Luis Alberto Barrero Silveira, asistente consular, Consulado de los Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán".
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento fines legales procedentes, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se mencionan. Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No reelección.
México, Distrito Federal, a 31 de julio de 1990.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios".
Trámite: - Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
SOLICITUDES DE PARTICULARES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El secretario diputado Rafael Melgoza Radillo:
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presente.
«Jaqueline Meuret Renot de Talavera, de nacionalidad mexicana por naturalización, con domicilio para recibir notificaciones en módulo Habitacional Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, Rinconada Carabela, edificio A, departamento 9, Acapulco, Guerrero 39500, ante ese honorable congreso de la unión, con el debido respeto.
Expongo Que a fin de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 37 inciso b, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito de ese honorable Congreso de la Unión o de su Comisión Permanente, el permiso necesario para poder aceptar y prestar mis servicios, sin perder mi ciudadanía mexicana como secretaria en el Consulado de Canadá en Acapulco, Guerrero, empleo que me fue propuesto por el Consulado de Canadá en Acapulco, Guerrero.
Adjunto a la presente me permito presentar copia certificada de mi carta de naturalización a fin de que se sigan los trámites correspondientes.
Protesto lo necesario.
Acapulco, Guerrero, a 11 de abril de 1990. - Jaqueline Meuret Renot de Talavera.»
Trámite:- Túrnese a la primera comisión de trabajo.
El mismo Secretario diputado:
«Ciudadano Presidente de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión. - México Distrito Federal.
Ricardo Franco Guzmán, mexicano, licenciado en derecho, con domicilio para oír notificaciones y recibir toda clase de documentos de paseo de la Palmas 1505, colonia Lomas de Chapultepec, código postal 11010, de esta ciudad, con todo respeto.
DIGO
La Embajada de Chile en México, por conducto del excelentísimo señor Embajador don Hugo Miranda Ramírez, ha tenido a bien designarme abogado (asesor jurídico) de la citada representación diplomática, ad honorem. Compruebo lo anterior con una copia fotostática de la misiva en la que se me comunica la mencionada designación, que acompaño a este escrito.
Manifiesto ser ciudadano mexicano por nacimiento, como lo compruebo con una copia certificada del acta respectiva, que acompaño a este escrito en original.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con el fin de no perder mi ciudadanía mexicana, solicito atentamente permiso de ese honorable Congreso Federal o de su Comisión Permanente, para prestar mis servicios como abogado (asesor jurídico) en la Embajada de Chile en México.
Protesto mi respeto.
México Distrito Federal, a 31 de julio de 1990. - Ricardo Franco Guzmán.»
Trámite:- Túrnese a la primera Comisión de Trabajo.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
CONDECORACIONES
El secretario diputado Rafael Melgoza Radillo:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable asamblea; La Primera Comisión de Trabajo que suscribe, efectúo el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano general brigadier diplomado de estado mayor Enrique T. Salgado Cordero, para aceptar y usar la condecoración Cruz de Mérito Militar de Primera Clase, que le confiere el gobierno de Guatemala.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano general brigadier diplomado de estado mayor Enrique T. Salgado Cordero, para aceptar y usar la condecoración Cruz de Mérito Militar de Primera Clase, que le confiere el gobierno de Guatemala.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México Distrito Federal, a 3 de agosto de 1990. - Senador Alfonso Martínez Domínguez, senador Enrique Burgos García, diputada Yolanda García de Vargas, senador Netzahualcóyotl de la Vega García, diputada María Claudia Esqueda Llanes, diputado Fernando Antonio Lozano Gracia, senadora María Esther Scherman Leaño, diputado Octavio Moreno Toscano, senador Blas Chamucero Sánchez, diputado Sergio Quiroz Miranda, diputado Vicente Luis Coca Alvarez y diputado Fernando Córdoba Lobo.»
Trámite: - Primera lectura.
El secretario senador Julián Gascón Mercado:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable asamblea: La primera Comisión de trabajo, que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano Embajador Marcelo Vargas Campos, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Cóndor de los Andes, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de Bolivia.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente.
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Embajador Marcelo Vargas Campos, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Cóndor de los Andes, en grado de la Gran Cruz, que le confiere el gobierno de Bolivia.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México Distrito Federal, a 2 de agosto de 1990. - Senador Alfonso Martínez Domínguez, senador Enrique Burgos García, diputada Yolanda García de Vargas, senador Netzahualcóyotl de la Vega García, diputada María Claudia Esqueda Llanes, diputado Fernando Antonio Lozano Gracia, senadora María Esther Scherman Leaño, diputado Octavio Moreno Toscano, senador Blas Chamucero Sánchez, diputado Sergio Quiroz Miranda, diputado Vicente Luis Coca Alvarez y diputado Fernando Córdoba Lobo.»
Trámite: - Primera Lectura.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El secretario diputado Rafael Melgoza Radillo:
Primera Comisión de Trabajo.
Honorable asamblea: En escrito fechado el 21 de julio del año en curso, el ciudadano Luis Granados Morales, solicita el permiso constitucional necesario para poder prestar sus servicios como asistente técnico comercial, en la Embajada de la República de Argentina en México.
En sesión efectuada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 1o. de agosto, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio solicitante prestará en la Embajada de la República de Argentina en México, serán como asistente técnico comercial y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Luis Granados Morales, para prestar servicios como asistente técnico comercial, en la Embajada de la República de Argentina en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México Distrito Federal a 3 de agosto de 1990. - Senador Alfonso Martínez Domínguez, senador Enrique Burgos García, diputada Yolanda García de Vargas, senador Netzahualcóyotl de la Vega García diputada María Claudia Esqueda Llanes, diputado Fernando Antonio Lozano Gracia, senadora María Esther Scherman Leaño, diputado Octavio Moreno Toscano, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Sergio Quiroz Miranda, diputado Vicente Luis Coca Alvarez y diputado Fernando Córdoba Lobo.»
Trámite: - Primera lectura.
CONDECORACIÓN
El secretario senador Julián Gascón Mercado:
Primera Comisión de Trabajo.
Honorable asamblea: a primera Comisión de Trabajo, que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita Jorge Luis Angesi Daessle, para que pueda aceptar y usar la condecoración del Orden al Mérito de la República Italiana, en grado de comendador, que le confiere el gobierno de Italia.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B, del artículo 37 Constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Jorge Luis Agnesi Daessle, para aceptar y usar la condecoración del Orden al Mérito de la República Italiana en grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de Italia.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México Distrito Federal, a 6 de agosto de 1990. - Senador Alfonso Martínez Domínguez, senador Enrique Burgos García, diputada Yolanda García de Vargas, senador Netzahualcóyotl de la Vega García, diputada María Claudia Esqueda Llanes, diputado Fernando Antonio Lozano Gracia, senadora María Esther Scherman Leaño, diputado Octavio Moreno Toscano, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Sergio Quiroz Miranda, diputado Vicente Luis Coca Alvarez y diputado Fernando Córdoba Lobo.»
Trámite. - primera lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
NOMBRAMIENTO
El secretario diputado Rafael Melgoza Radillo:
«Segunda Comisión.
Honorable asamblea; A la comisión que suscribe fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente el expediente integrado al nombramiento que el ciudadano Presidente de la República hace en favor del licenciado Carlos Tello Macías, como Embajador Extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, enviado a esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 79, en relación con la fracción XVI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Comisión dictaminadora desea señalar que el licenciado Carlos Tello Macías nació el 4 de noviembre de 1938 y obtuvo el título de bachiller en ciencias en la Universidad de Georgetown, en washington, D.C. Posteriormente cursó la maestría en ciencias en la Universidad de Columbia, de Nueva York, además. ha realizado estudios en Inglaterra, República Democrática de Alemania, Unión de repúblicas Socialistas Soviéticas, Polonia y Japón.
Esta comisión estima pertinente mencionar que el licenciado Tello Macías cuenta con una amplia experiencia profesional en el servicio del Estado mexicano. Se desempeño como economista en el Departamento de Captación del Ahorro Externo en Nacional Financiera, S.A. en 1959; economista en la junta de Gobierno de los Organismos y Empresas del Estado de la Secretaría del Patrimonio Nacional 1960 a 1961; ocupó el cargo de asesor del subsecretario de la Secretaría de la Presidencia de 1965 a 1970; fungio como subdirector general de Crédito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 1971 a 1974. Posteriormente, fue subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 1975 a 1976; Secretario de Programación y Presupuesto de 1976 a 1977; fue Director General de Financiera Nacional Azucarera, S.A., de 1978 a 1982 y Director General del Banco de México, de septiembre a noviembre de 1982, ademas fue embajador en Portugal de 1987 a 1989 y actualmente se desempeñaba como presidente del Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad.
Los miembros de la comisión que suscribe indican que el licenciado Tello Macías tiene una importante experiencia en materia docente, impartiendo catedra en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Colegio de México, en el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, en la República Dominicana y en España. También es pertinente señalar que el licenciado Tello Macías ha sido investigador en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Investigador huésped en el Wilson Center, de Washinton, D.C. e investigador visitante en el Centro para los Estudios México - Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego.
Asimismo, es autor de los siguientes libros: " La tenencia de la tierra en México", "La política económica en México", "La disputa por la nación", "Las relaciones México - Estados Unidos", "La desigualdad en México", y "La nacionalización de la banca en México". Además ha publicado varios artículos en revistas de México y el extranjero.
En acatamiento del acuerdo tomado por la honorable Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982 y continuado por la Comisión Permanente para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos diplomáticos, la comisión que suscribe citó al licenciado Tello Macías a una reunión en donde conversó sobre la
política exterior de nuestro país, la circunstancia internacional en que se desenvuelve y, en forma especial, el estado que en la actualidad guarde la relación de México con el gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Dicha reunión tuvo verificativo el día de hoy y en la misma los legisladores que integramos la comisión que dictamina, pudimos dialogar ampliamente sobre los citados temas con el licenciado Carlos Tello Macías pudiendo comprobar por este medio el grado de experiencia y preparación que ha obtenido como resultado de su fructífera carrera profesional. De igual forma quedó de manifiesto su vocación y voluntad de servicio a la República.
En dicha entrevista, el Embajador designado demostró un conocimiento detallado sobre la realidad política, económica, social y cultural de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, así como de los diversos matices que ahí suceden e influyen en la relación bilateral. A su vez, expuso con solvencia diversos puntos de vista y opiniones que reflejan tanto su nivel de información, como una firme convicción en los principios que rigen la política exterior de nuestra patria.
Con base en el expediente mencionado y la entrevista referida, los legisladores miembros de la comisión que suscribe, hemos podido corroborar que el licenciado Tello Macías posee los requisitos ordenados por el artículo 23 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano para ser designado Embajador.
Por lo expuesto, los suscritos miembros de la comisión consideramos que el licenciado Carlos Tello Macías reúne en su persona las cualidades y méritos suficientes para el buen ejercicio del cargo de Embajador Extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de la Unión de Repúblicas, Socialistas Soviéticas, por lo que nos permitimos someter a consideración de esta Honorable Asamblea la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. En uso de la facultad que le confiere la fracción VII del artículo 79, en relación con la fracción XVI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera en favor del licenciado Carlos Tello Macías como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Sala de Juntas de la Gran Comisión, en el recinto de la Comisión Permanente. México, Distrito Federal, 9 de agosto de 1990. - Segunda Comisión: Diputado Gonzalo Martínez Corbalá, diputada Sofía Valencia Abundis, senador Alonso Aguirre Ramos, diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán, senador Leonardo Rodríguez Alcaine, senador Porfirio Muñoz Ledo, diputada María Eduwiges Vega Padilla, senador Hugo Domenzain Guzmán y senador Héctor Mayagoitia Domínguez.»
Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
El Presidente: - Se encuentra en este edificio el ciudadano Carlos Tello Macías cuyo nombramiento como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México, ante el gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, acaba de ser aprobado por esta asamblea.
Para invitarlo a pasar a este salón y lo acompañen a rendir la protesta correspondiente, se distinga a los siguientes legisladores: Senador Porfirio Muñoz Ledo, diputada Sofía Valencia Abundis y senador Mario Niebla Alvarez. Les rogamos cumplir con su cometido.
( La comisión cumple con su cometido ).
El secretario diputado Rafael Melgoza Radillo: - Se ruega a los presentes ponerse de pie.
El Presidente: - Ciudadano Carlos Tello Macías: ¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se os ha conferido, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión ?
El ciudadano Carlos Tello Macías: - Sí protesto.
El Presidente: - Si no lo hicieras así, que la nación os lo demande (Aplausos.)
Se ruega a la misma comisión acompañe al señor embajador cuando él desee retirarse.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El secretario senador Julián Gascón Mercado:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 26 de junio de 1990, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana María Norma Chamlati Amyouni, pueda prestar sus servicios como Secretaría en la Embajada de Irak en México.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 25 de julio, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la interesada prestará en la Embajada de Irak, serán como secretaria, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana María Norma Chamlati Amyouni, para prestar sus servicios como secretaria en la Embajada de Irak en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 27 de julio de 1990. - Senador Alfonso Martínez Domínguez, senador Enrique Burgos García, diputada Yolanda García de Vargas, senador Netzahualcóyotl de la Vega García, diputada María Claudia Esqueda Llanes, diputado Fernando Antonio Lozano Gracia, senadora María Esther Scherman Leaño, diputado Octavio Moreno Toscano, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Sergio Quiroz Miranda, diputado Vicente Luis Coca Alvarez y diputado Fernando Córdoba Lobo.»
Trámite: -Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
El secretario diputado Rafael Melgoza Radillo:
«Primera Comisión del Trabajo.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 29 de junio del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano José Gil Quintanilla, pueda prestar servicios como operador de sistemas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 25 de julio, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con copia certificada del acta de nacimiento:
b) Que los servicios que el interesado prestará en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León, serán como operador de sistemas, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano José Gil Quintanilla, para prestar servicios como operador de sistemas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 27 de julio de 1990. - Senador Alfonso Martínez Domínguez, senador Enrique Burgos García, diputada Yolanda García de Vargas, senador Netzahualcóyotl de la Vega García, diputada María Claudia Esqueda Llanes, Diputado Fernando Antonio Lozano García, senadora María Esther Scherman Leaño, Diputado Octavio
Moreno Toscano, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Sergio Quiroz Miranda, diputado Vicente Luis Coca Alvarez y diputado Fernando Córdoba Lobo.»
Trámite: -Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
El secretario senador Julián Gascón Mercado:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable asamblea: En el oficio fechado el 25 de febrero del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Cecilia Ancira Espino, pueda prestar servicios de carácter administrativo, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 25 de julio, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la interesada prestará en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco, serán como empleada consular, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Cecilia Ancira Espino, para prestar servicios como empleada consular, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 27 de julio de 1990.- Senador Alfonso Martínez Domínguez, senador Enrique Burgos García, diputada Yolanda García de Vargas, senador Netzahualcóyotl de la Vega García, diputada María Claudia Esqueda Llanes, diputado Fernando Antonio Lozano Gracia, senadora María Esther Scherman Leaño, diputado Octavio Moreno Toscano, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Sergio Quiroz Miranda, diputado Vicente Luis Coca Alvarez y diputado Fernando Córdoba Lobo.»
Trámite: -Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal de éste y los anteriormente reservados.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron 28 votos en pro.
El Presidente: -Aprobados los proyectos de decreto por 28 votos.
El secretario senador Julián Gascón Mercado: -Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
INICIATIVA DE CIUDADANOS DIPUTADOS
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
El Presidente: - Para presentar una iniciativa de ley, se concede el uso de la palabra al diputado Vicente Luis Coca Alvarez.
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores: Antes de dar inicio a la lectura de la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo que presento, quisiera, con el permiso de la Presidencia, me autorizase para solicitar una atenta pero enérgica excitativa a la Tercera Comisión, a donde fue turnada la proposición que hiciéramos el pasado 25 del mes de julio y que hasta la fecha no tan sólo no se ha dictaminado ni tan siquiera hemos tenido la atención de ser citados los miembros de esta comisión y sobre todo los legisladores que tenemos interés en este asunto.
La proposición nuestra, como se recordará, dice que esta Comisión Permanente conmine a las
comisiones de Hacienda, de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social, de Comercio y de Agricultura, para que se integre un grupo de trabajo con los objetivos antes señalados, pero particularmente que se dé a la tarea específica de revisar la tabla del Impuesto sobre la Renta y se examine la necesidad de exentar del pago de impuestos a las personas físicas cuyos ingresos sean hasta de dos salarios mínimos y que para los trabajadores asalariados que perciban más de esta cantidad, les sea deducible el pago a la misma del pago de sus impuestos.
Por lo tanto, ruego a la Presidencia que en términos del artículo 21 del Reglamento Interior del Congreso, excite a esta Tercera Comisión para que a la brevedad posible, ya han transcurrido en exceso los cinco días a que se refiere nuestro reglamento, para que pudiéramos dictaminar esta propuesta que ha pasado con el consenso mayoritario de este cuerpo colegiado.
El Presidente: - Tiene la palabra el senador Rodríguez Rodríguez.
El senador Jesús Rodríguez y Rodríguez (desde su curul): - Quisiera decirle al señor diputado que la comisión que tiene dos encargos de esta honorable asamblea, no se ha reunido, primero porque son temas tan importantes que requieren un estudio profundo al acopio de datos que ya hemos solicitado. No es bueno dar la apariencia de reunirse nada más para dar idea de que se está cumpliendo.
Por otra parte, es del conocimiento público que tres compañeros senadores miembros de la comisión y tres compañeros diputados estaban en comisión también cumpliendo tareas propias de esta comisión; nosotros estudiando y examinando y legislando sobre el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tuvimos una semana en la cual empezaba la jornada a las 8 de la mañana y terminaba a las 11 de la noche. Realmente no es una disculpa, es una explicación creo que muy razonable, por una parte la imposibilidad física de reunirnos en la última semana; por otra parte, se han solicitado los documentos y los trabajos propios para llegar a un buen dictamen, no dar la apariencia que nos reunimos para así que parezca que cumplimos.
A partir de este momento y puesto que los documentos están llegando, estamos a las órdenes de reunirnos en la comisión.
Quise dar esa explicación para que no pensara que era falta de atención, ni a la asamblea ni a los demás miembros de la comisión.
Habíamos, entre ellos su servidor, seis miembros de ella que estábamos ocupados en tareas oficiales, entonces no era posible hacer esa reunión. Esa es la explicación.
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez: - Si me permite, señor Presidente, acepto con agrado la aclaración que el señor senador Rodríguez y Rodríguez nos hace, pero lo que parece particularmente importante es la relevancia que él mismo reconoce al asunto que le ha sido turnado por este cuerpo colegiado. De modo que estaremos muy atentos para que a la brevedad posible podamos reunirnos a analizar éste, como usted lo ha llamado trascendental tema, no tan sólo nosotros sino para nosotros sino para todos los mexicanos que están en espera de que les resolvamos nosotros los legisladores.
"Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores: Vicente Luis Coca Alvarez, diputado de la LIV Legislatura al Congreso de la Unión y representante del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 79, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente a efecto de que se turne de inmediato a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la siguiente reforma y adición a la Ley Federal del Trabajo, misma que la presento en base a la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La inflación es el problema que viene impactando a todos los sectores de la población. Controlarla es el gran reto que el Gobierno tiene y a la que ha intentado darle solución a través del llamado Pacto de Estabilización y Crecimiento Económico, cuyos resultados todos conocemos, entre otros, el golpear durante el poder adquisitivo de los salarios y propiciar una escalada de precios.
Los trabajadores han visto hoy más que nunca, reducido su consumo necesario, esto atañe además del nivel económico, social, su nivel cultural y el de sus propias familias, ya que es el estómago el que no tolera más dilaciones y, en consecuencia, la educación pasa a ser un artículo suntuario.
Las bondades supuestas del Pacto de Estabilización y Crecimiento Económico de las que tanto se han hablado, resulta en rigor una verdadera falacia. Los trabajadores se ven acosados por intereses económicos que favorecen sólo a un estrato social, que en números absolutos es muy
reducido: 300 familias, sólo 300 poderosos oligarcas, al decir del propio señor Legorreta.
Todos sabemos que este programa de estabilización heterodoxo sólo ha venido a incrementar los precios de los productos básicos, vitales para la sobrevivencia de los trabajadores, principalmente con el único fin de encubrir el choque recesivo de esperar un plan estrictamente ortodoxo, es decir, el ajuste de las finanzas públicas para controlar el circulante monetario.
Se trata pues, con este programa, de abatir la inflación a niveles comparables con los de los principales países con los que tenemos relaciones comerciales. Esto quiere decir entonces, que para estar a nivel de competencia con nuestros principales clientes comerciales, a sabiendas que el 90% de nuestras exportaciones se van al vecino país del norte, se pone entonces con esta actitud, en peligro no tan sólo el poder adquisitivo de los trabajadores, sino la paz social de la nación, sólo con el espejismo que nuestro país podría convertirse o por lo menos denominarse país desarrollado.
Por otra parte, hay problemas tan graves por los que atraviesan nuestros compatriotas que rayan en lo dramático. En efecto, en estos mismos momentos hay padres que están vendiendo a sus propios hijos, al no poder sufragar los mínimos requerimientos de su manutención, esto ha creado un nuevo tipo de comercio justamente en la frontera norte, en donde el costo por operación fluctúa entre dos y hasta 15 mil dólares por criatura y sin que lamentablemente el gobierno investigue nada sobre este vergonzoso comercio.
Ahora bien, el gobierno debe advertir que estamos frente una verdadera encrucijada: o se atiende a la recuperación del exiguo salario o en el corto, muy corto plazo los detonantes sociales necesariamente tendrán que interrumpir en esta paz social que ahora se nos antoja, por las circunstancias por las que ahora vivimos, meramente artificial.
Nos preguntamos: ¿por qué ahora es el pueblo el que tiene que pagar la pésima administración de los pasados gobiernos? ¿por qué enfrentarnos a la recomendación de rebajar los subsidios, cuando las condiciones económicas de los consumidores no son aptas para dicha reducción? ¿por qué exigirle a los trabajadores que cubran las exigencias de intereses transnacionales, particularmente los del Fondo Monetario Internacional?
La Constitución General de la República señala que los salarios mínimos deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos y, ¿será acaso con 10 mil pesos diarios un trabajador pueda darle respuesta a las necesidades de un jefe de familia?
Por todo lo anterior y mientras no se sanee nuestra economía, debemos admitir que por lo menos estamos obligados a otorgarles medidas de emergencia a los trabajadores, razón por la cual me permito presentar esta iniciativa que venga a resolver de alguna manera el costo de la canasta básica al trabajador, a fin de que se obligue al patrón a sufragar, cuando menos semanariamente, el 50% del costo de la canasta familiar que demande el trabajador respecto de aquellos alimentos básicos a los que tenga necesidad, en la inteligencia de que el otro 50% deberá sufragarlo el propio trabajador y por lo cual no podrá exceder más allá del 100% del salario del obrero.
Cabe advertir que esta prestación queda contemplada dentro del capítulo de las deducciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta por la que el patrón puede deducir de sus propios impuestos, por tratarse de una prestación económica y social en base a la fracción III del artículo 22 y a la fracción XII del artículo 24 del mencionado ordenamiento; en tales circunstancias, dicha adición debe contemplarse en el capítulo de obligaciones de los patrones de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 132 con una fracción II - bis
Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de la honorable Cámara de Diputados, a través de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se reforma y adiciona el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, para adicionarse en una fracción II - bis, para quedar en los siguientes términos:
"Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:
I. y II........................................................................
II - bis . Proporcionar a los trabajadores semanariamente el 50% de la canasta familiar que el trabajador solicite respecto de aquellos alimentos de consumo básico que el propio solicitante plantee; en la inteligencia que no podrá exceder más allá del 100% del salario del obrero.
TRANSITORIOS
Artículo único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo, sala de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los quince días del mes de agosto de 1990.»
El Presidente: -Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la honorable Cámara de Diputados.
DEL ESTADO DE YUCATÁN
El Presidente: -Se concede el uso de la palabra a la diputada María Teresa Ortuño Gurza.
La diputada María Teresa Ortuño Gurza: - Buenos días a todos, especialmente a los compañeros de la prensa y de diferentes visitantes que estén interesados en la Comisión Permanente.
La diputada Ana Rosa Payán Cervera del I Distrito de Mérida, Yucatán, por supuesto panista, ah sido portavoz de una solicitud que le han presentado ciudadanos de diferentes poblados de Yucatán y la cual me permito exponer ante ustedes:
La Ley Federal de Derechos del Agua exige que todo aquél que utilice los recursos del agua, por ser bien de la nación, tiene que pagar una cantidad, solamente que ha habido una campaña en los poblados de Yucatán para recolectar firmas por el cobro que consideran excesivo, de 293 mil pesos por familia de campesinos.
Ellos hacen su pozo y extraen manualmente el agua, el gobierno no produce ningún gasto, ningún costo, el costo de este derecho es solamente el permiso de usar el agua que es de la nación y esto podría no ser inconveniente si no fuera por el excesivo monto de 293 mil pesos por familia y estas familias ganan 7 mil pesos diarios, es decir, para poder usar el agua que ellos mismos perforan, que ellos mismos extraen...
Diputado Coca Alvarez, me parece que usted también está poniendo mucha atención.
Decía que los campesinos de Yucatán se les exige este cobro excesivo del agua por un derecho que ellos no pueden tener acceso a él y si alguien conoce este tema posiblemente lo envíen a contestarme o quizá no y van a decir que no hay nadie que esté cobrando estas tarifas en Yucatán, aunque estén en la ley.
Pero aquí quiero centrar la atención de ustedes en el problema: la ley exige el pago de una cantidad que es excesiva para ellos, 293 mil pesos y ganan 7 mil al día ellos mismos perforan sus pozos, estos 293 mil son solamente por el derecho de usar el agua y ustedes dirán: no, pero es que Yucatán no va a haber nadie que les exija este cobro si no hay ninguna persona de nuestra oficina que pueda mandar a checar y además son más de 10 mil pozos en el estado y nada más hay como unos 2 mil registradores.
Todos esto está bien, no va a ir nadie a cobrarles este derecho, solamente que para cualquier trámite adicional que quieran hacer estas personas requieren exhibir el comprobante de estos 293 mil pesos que consideran excesivo y que ya ha sido tratado en varias ocasiones en la prensa de Yucatán, de la cual tenemos algunas fotocopias.
Por lo tanto, voy a dejar aquí un expediente con las firmas, una campaña de recolección de firmas que se hizo por allá y es impresionante, no todas son firmas, algunas huellas digitales, porque la gente no sabe leer ni escribir, pero sí sabe que no le alcanza para pagar esto y por lo que me voy a permitir leer la siguiente
"PROPOSICIÓN
Los abajo firmantes, legisladores panistas miembros de la Comisión Permanente, somos portadores de la denuncia que presentan los ciudadanos de diversos poblados de Yucatán.
Ellos consideran y nosotros también, excesivo el cobro de 293 mil pesos que la Ley Federal de Derechos del Agua les exige por el permiso para usar el líquido vital.
Considerando que ganan 7 mil pesos diarios, es urgente la revisión de dicha disposición. Es injusto que se cobre la misma tarifa a personas con posibilidades económicas que a la población rural, ya de por sí lastimada seriamente en su economía.
Anexamos firmas y huellas digitales de ciudadanos de los siguientes poblados: Yaxkakul, 36 firmas; Caucel, 85 firmas; Komchén, 166 firmas; Tanya, 43 firmas; Kaxata, 96 firmas; Chac - Abal, 111 firmas; Motul, 496 firmas; San Pedro Cámara, 19 firmas; Kini, 44 firmas; Kaxatah, 84 firmas; Kancabal, 23 firmas; Uci, 101 firmas; Timul, 31 firmas; Santa Teresa, 18 firmas; Sacapuc, 38 firmas.
Solicitamos se turne a la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados.
Sala de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, agosto 15 de 1990. - Diputados: María Teresa Ortuño Gurza, Astolfo
Vicencio Tovar, Fernando Antonio Lozano Gracia y Leopoldo Homero Salinas Gaytán.»
Que esto pase a la Comisión de Recursos Hidráulicos, que se turne ya y que se revise seriamente el que a veces estas igualdades son injustas; cobrar igual a todos es injusto porque hay algunos que lo pueden pagar y otros que no.
Las personas que firman dicen en el papel que firmaron, que ellos solicitan que queden exentos de todo pago por parte de la población económicamente débil; nosotros, yo en lo personal y los diputados panistas no estamos pidiendo que queden exentos de todo pago, quizá haya que pagar algo por derechos de agua, pero que sea una cuota lo suficientemente razonable para que se diga que esto es justo. Ellos piden que se elimine cualquier pago y habrá que revisar cuál es el mínimo, mínimo que de verdad se puede hacer para favorecer a esta población. Muchas gracias por su atención.
El Presidente: -Se concede el uso de la palabra a la senadora Dulce María Sauri Riancho.
La senadora Dulce María Sauri Riancho: - Con su permiso, señor Presidente: Quiero solicitar a usted le dé el trámite que la legisladora Teresa Ortuño ha solicitado para este asunto y voy a justificar por qué:
En primer término, señalar que el tema relativo a los derechos del agua en el estado de Yucatán ha ocupado la atención pública, tanto por parte de los ciudadanos dedicados a las labores del campo como parte de las autoridades gubernamentales, a partir de enero de este año. Cierto es que la Ley Federal de Derechos tiene, en la parte correspondiente a las reformas de 1990, dos aspectos que es importante reflexionar:
El primero de ellos es el incremento relativo al derecho por registro de pozo. Esto de hecho no existe en la Ley de Derechos desde años atrás, sin embargo, era una cantidad que ascendía a 46 mil pesos hasta que fue incrementada cinco veces al inicio de este año, mismo que en el caso de Yucatán y especialmente en los municipios del norte de la entidad ha considerado ser una cifra de magnitud considerable para las economías de los campesinos de la zona.
Pero no hay que confundir de manera alguna el derecho de registro de pozo, que de acuerdo a la Ley Federal de Aguas, es una consideración que debe de hacer la Comisión Nacional de Agua con todos los pozos que utilizan aguas del subsuelo, con lo que es el derecho correspondiente por el uso del agua, es decir, las tarifas de agua, mismas qué deberán también ser pagados por los usuarios y aquí si me permito subrayar una cuestión por los usuarios de agua para riego, porque toda aquella agua que se utiliza para consumo doméstico o para consumo familiar está exenta del pago de derechos por el uso del agua.
En Yucatán empezamos a preocuparnos mucho, como decía hace un momento, a principios de este año, por el incremento de ese cobro por registro de pozo. Esto, en el caso del norte de Yucatán y quien conozca mi estado sabe que prácticamente en esa zona el agua está a seis, ocho, 10, 15 ó 20 metros del subsuelo y que por el tipo de agricultura que se practica en varios municipios de esta zona, Motul, Tzizantú, Tzinanché, Yobaín, Baka, Tzemul requieren pozos que efectivamente son pozos artesianos que se hacen prácticamente perforándolos manualmente, con dinamita y que hasta hace algunos años era práctica difundida la utilización de motores diesel para extraer agua y hacer exploraciones hortícolas de superficies reducidas y prácticas de una hectárea o menos en promedio.
Sin embargo, la introducción de la energía eléctrica para sustituir el riego con estos pequeños motores de gasolina, rectifico no diesel, significó ciertamente un ahorro notable en el costo del riego de estas explotaciones hortícolas, pero al mismo tiempo significó el acceso a la tarifa nueve, que es la de riego agrícola, que para poder ser instalada por parte de la Comisión Federal de Electricidad, demanda el registro correspondiente ante la Comisión Nacional del Agua del pozo que va a ser electrificado, por esta razón ha sido aún más intensa la demanda de revisión de este derecho por registro del pozo.
Por otro lado, por las características del norte de Yucatán y porque muchos de estos pozos tienen un noble uso, tanto para uso doméstico como para el riego de esas pequeñas parcelas, es que hay que recalcar que no se cobra ningún derecho por el uso de agua para consumo doméstico; eso es muy necesario y ha sido expresado así por las autoridades correspondientes en el estado, recalcar, para no provocar alguna desorientación o incumplimiento de algo que la propia ley establece, que es el de no pagar por el uso del agua para consumo humano.
Por otra parte, ciertamente esta preocupación no es exclusivamente de las comunidades que la legisladora aquí señalo: Yaxkakul, Caucel y Komchén, que son comisarías del municipio de Mérida: Tanya Kaxata, San Pedro Cámara, Kini, Kancabal, Timul, Sacapuc, Santa Teresa, que son todos ellos comisarías del municipio de Motul, sino que se extiende como decía hace un
momento, también a la parte poniente del estado, como es el caso de la zona de Hunucmá, la zona de Uku e incluso en otras partes, como el sur del estado, donde hay pozos que alcanza, para el estado de Yucatán, profundidades notables arriba de los 60 y 80 metros y que también están preocupados por esta situación, misma que a través de las organizaciones de los campesinos de mi estado, de la Liga de Comunidades Agrarias, han sido transmitidas y que como legisladores hemos recogido en el sentido de hacer una revisión cuidadosa de la Ley Federal de Derechos, en este capítulo correspondiente a los derechos por el uso del agua.
Aquí coincido con la compañera legisladora, no es posible dar un trato semejante a aquellos pozos con gastos superiores a 100 litros por segundo, a aquellos pozos que han sido hechos en forma manual, pozos artesianos y que además, en muchos casos sirven única y exclusivamente para regar muy pequeñas superficies del estado de Yucatán.
Aquí, señor Presidente, por esta razón y anticipando su anuencia al turno de este tema, quiero recalcar que estamos empeñados los legisladores en Yucatán, diputados y senadores, en promover en la próxima revisión fiscal correspondiente al año de 1991, un trato equitativo en esta materia.
La diputada María Teresa Ortuño Gurza (desde su curul): -Señor Presidente, pido la palabra para el mismo tema.
El Presidente: - Tiene la palabra la diputada María Teresa Ortuño Gurza.
La diputada María Teresa Ortuño Gurza: - Sólo para una apreciación final: Efectivamente, en esta denuncia, les decía yo que muchas no son firmas sino huellas digitales y son hojas y hojas de personas que han acudido a Ana Rosa Payán, la diputada federal de Mérida en demanda de esta exigencia, que como dice la senadora Sauri, hay otros que pueden coincidir con ella.
Solamente quería que, efectivamente , por el registro del pozo no se cobra el solo registro, pero ese permiso para usar o aprovechar agua, sí se está cobrando y si éste es el trámite que se da en la Comisión Federal, que les exige este comprobante, que es la denuncia que a Ana Rosa Payán le llegaron a solicitar estos habitantes, que me alegra que haya coincidencias en esto y que ojalá que esto se pueda resolver en términos de los que la justicia exige para los campesinos de Yucatán que han acudido a los representantes panistas, como pueden acudir a otros; éste es el caso que acudieron a los del Partido Acción Nacional buscando esa confianza. Ojalá que eso se tramite adecuadamente. Muchas gracias.
El Presidente: -Consulte la secretaría a la asamblea si se admite o no a discusión la propuesta presentada.
El secretarios senador Julián Gascón Mercado: -En votación económica se pregunta si se admite a discusión la proposición.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie... Se admite, señor Presidente.
El Presidente: - Como se solicita, se turna a la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos de la honorable Cámara de Diputados, esta proposición.
DENUNCIAS
DEL ESTADO DE JALISCO
El Presidente: -Tiene el uso de la palabra el diputado Rafael Melgoza Radillo.
El diputado Rafael Melgoza Radillo: - Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros: Un grupo de trabajadores de Jalisco nos entregaron un documento que yo debo participar a esta asamblea en forma textual y después quisiera, si se me permite, hacer algunas consideraciones. El documento dice lo siguiente:
"Honorable Congreso de la Unión. - Presente.
Con todo respeto nos estamos dirigiendo a ustedes por este conducto, para hacer de su conocimiento la siguiente situación que afecta con toda seguridad a un numeroso grupo de trabajadores de este país.
Los que suscribimos el presente escrito, habitantes de la colonia El Castillo, en el municipio Del Salto, Jalisco, recibimos crédito para vivienda por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con diferentes fechas, de 1987 hacia el presente.
Cuando se nos otorgaron los créditos, por falta de claridad en los empleados o por ocultamiento doloso, nos fue explicado en forma rápida cómo operaban los créditos.
Como innumerables compañeros nuestros habían recibido ya créditos anteriormente, consideramos que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores seguía operando como siempre. Hace pocos días algunos intentamos pagar totalmente el adeudo y fue cuando nos llevamos la sorpresa de que nuestro contrato de crédito tenía una cláusula en la que se estipulaba, se estipula de hecho un sistema llamado "de múltiplos", ¿en qué consiste el sistema? Cuando se otorga un crédito,
éste se suscribe en ese valor pero se convierte a múltiplos de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
A guisa de ejemplo, ofrecemos el caso del señor Adrián Curiel Beltrán: Primero. Se suscribió un crédito por el valor de la vivienda por 9 millones 792 mil pesos.
Segundo, como el salario mínimo era en octubre de 1987 de 111 mil 264 pesos mensuales, ese crédito se convirtió en 88 múltiplos de salario mínimo mensual.
Tercero. En diciembre de 1989 decidió pagar el saldo y solicitó su estado de cuenta, el cual señala que tiene un saldo deudor de 67.49 veces el salario mínimo, que traducido a pesos, significaba en ese momento 20 millones 408 mil 976 pesos.
Cuarto. Por lo tanto, si comenzó con un adeudo de 9 millones 792 mil y ahora a dos años de distancia y considerando incluso los abonos que ya dio, debe 20 millones 681 mil 96 pesos, quiere decir que el principal, el capital creció en 10 millones 889 mil 96 pesos y a cada variación del salario mínimo, como debe entenderse, el saldo expresado en múltiplos variará.
Naturalmente la tasa de interés no ha cambiado, pero sacando cuentas en global, ahora un crédito en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores resulta más caro que un crédito hipotecario de banco.
Decidimos hacer esta información porque a ojos vistas se están violando por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores numerosas disposiciones legales, como el artículo 123 constitucional, en el párrafo decimosegundo en el que dice: "Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un Fondo Nacional de Vivienda, a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a estos crédito barato y suficiente, para que adquieran en propiedad tales habitaciones.
De todos ustedes es conocido que en general las construcciones del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores son de pobre y mala calidad y que naturalmente son mejores que las casas de cartón, pero si vemos el precio en que se nos venden y en lo que se convierte la cuantía del crédito, éstas no sólo no son baratas, sino que son indignas, porque muchas terminan siendo un peligro para la vida, como sucede en varias casas de la unidad que nosotros habitamos.
Por otro lado, la situación antes mencionada es violatoria de los mismos objetos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; que dicen los artículos: 3o., inciso II: "Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para: a) La adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas", etcétera.
De la misma manera se viola en numerosas partes la Ley Federal de Protección al Consumidor, al cual está sujeto el mismo Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y con mayor razón las constructoras a las que se contrató, según el artículo 22, que dice: "Quedan obligados al cumplimiento de esta ley los comerciantes, industriales, prestadores de servicios, así como la empresas de participación estatal, organismos descentralizados y los órganos del Estado, en cuanto desarrollen actividades de producción, distribución de bienes o prestación de servicios a consumidores".
Por lo tanto, lo señalado en el artículo 27 de la ley en cuestión, obliga al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y que a la letra dice: "La compra - venta de inmuebles en los casos a que se refiere el artículo 3o., requerirá cuando la entrega del bien sea a futuro, que se garantice por cualquier medio que permita la ley, el cumplimiento de esta entrega, lo que vigilará la Procuraduría Federal del Consumidor y, en su, caso, sancionará la omisión.
En todo caso las minutas de los contratos de adhesión en que conste la venta del inmueble deberán ser previamente aprobadas por la Procuraduría Federal del Consumidor, debiendo estipularse el precio, los intereses, la forma y periodicidad de los pagos, la fecha de entrega, las especificaciones, planos y demás elementos que individualicen el bien, no podrán los proveedores recibir pagos de los consumidores por cualquier concepto, hasta en tanto no se formalice la relación contractual de compra - venta entre ellos, excepto el relativo a gastos de investigación.
Salvo en los dispuesto en otras disposiciones legales, en las operaciones a plazo o con reserva de dominio, no podrá aumentarse el precio estipulado del bien o servicio materia de la operación. Por otro lado, que la Procuraduría Federal de Defensa del Consumidor vigila que los contratos de adhesión no contengan cláusulas que establezcan prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores o les impongan obligaciones inequitativas, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores puede pasar por alto esta disposición.
Honorable Congreso de la Unión: Si es que es cierto que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores requirió de esta medida debido a que se había descapitalizado a causa de la inflación, creemos que debieron de haberse explorado otros mecanismos que no
hicieran inequitativa la medida, o si bien la descapitalización fue producto de manejos inadecuados de los fondos del Instituto, no creemos que los que tengamos que pagar la recapitalización seamos los trabajadores ya tan duramente golpeados por la crisis, porque esta medida no tiene fin.
Ya nos informaron que muchos créditos están suspendidos por la falta de recursos, se tendrá que inventar otra medida para que tengamos que pagar más.
Agradecemos de antemano su valiosa atención al presente escrito y las gestiones que se hagan en favor nuestro para modificar el injusto contrato del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores al que estamos sujetos.
Atentamente.
Unidad Infonavit Del Castillo, municipio Del Salto, Jalisco, 31 de julio de 1990 y firman cinco trabajadores que dicen son la comisión representativa de este grupo de trabajadores que habitan esa ciudad habitacional."
Nosotros obtuvimos una copia del contrato que es la base de las operaciones del crédito, en que desde 1987, 1o de agosto de 1987, se han estado efectuando estos créditos entre el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y los trabajadores para la adquisición de vivienda, mejoramiento, etcétera.
Y en efecto, en alguna de las partes del contrato se establece claramente que el crédito otorgado al trabajador se traduce al número de veces que corresponda al salario mínimo mensual vigente, en el momento de la contratación del crédito, en el Distrito Federal y también se establece que el trabajador se obliga a reintegrar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores el monto del crédito otorgado, mediante el pago del mismo número de veces el salario mínimo mensual vigente al momento de efectuar las aportaciones al crédito, es decir, se establece un sistema de amortización, de acuerdo con la aplicación o más bien con la traducción del crédito que se otorga, a múltiplos del salario mínimo mensual vigente, en el momento en que se entrega el crédito y entonces las aportaciones que se están entregando al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores se va reduciendo el crédito que se entrego al trabajador, en función de la cantidad de veces que debe en base al salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal.
Y como se explica en el documento que los trabajadores por mi conducto presentan a esta honorable asamblea, el problema fundamental se traduce en que cuando el trabajador, después de que está equis número de tiempo, de años laborando en una empresa y que el patrón correspondiente está cotizando por él, de acuerdo con lo que la ley establece y es separado, liquidado, indemnizado o corrido, cualquiera que sea el caso, de la empresa donde trabaja y tiene entonces necesidad de obtener el título de propiedad de la vivienda, como es el caso que aquí se explicó, se presenta al Instituto del Fondo de la Vivienda para los trabajadores para hacer la liquidación correspondiente y entonces se da el caso de que el crédito, el adeudo que tiene el trabajador, como ya se explicó, es mucho mayor, muchas veces mayor incluso a la cantidad de dinero que recibió cuando el crédito se le otorgó.
Nosotros sabemos, compañeros, que la ley establece claramente que los créditos deben otorgarse a un mínimo de 10 años y a un máximo de 20; en este caso la tendencia es clara, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores está buscando que todos los créditos tengan una vigencia de 20 años, ningún trabajador en las condiciones en que se establece en los contratos cuando se otorgan los créditos, puede liquidar, sinceramente no puede liquidar su vivienda y hacerse del título de propiedad antes de esta fecha, por el procedimiento que está estableciendo en los contratos.
Nosotros creemos que es justa la petición de los trabajadores en este sentido, pensamos que deben revisarse los contratos que son base del otorgamiento de créditos a los trabajadores, particularmente en esta cuestión.
Además como este planteamiento está dirigido al Congreso de la Unión, creemos también que debe haber una respuesta, aquella que corresponda a través de las instancias del propio Congreso de la Unión, pensamos que a través de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, para que se dé la respuesta que corresponda a este planteamiento.
Hay, sabemos, bastante inquietud sobre este problema; hay varias demandas ante la Procuraduría de Defensa del Consumidor; hay varios trabajadores que están buscando cancelar los créditos que les fueron otorgados, por este asunto y es necesario pues, dar una respuesta cabal a este planteamiento, aquella que una vez que se investigue concretamente esto y suficientemente esto, pueda ser la respuesta legal y la repuesta justa al planteamiento.
Entonces, por ello, señor Presidente y de acuerdo con el artículo 58 del reglamento, quisiera, si la asamblea finalmente así lo aceptara, poner a consideración un punto de acuerdo que concretamente diría:
"Unico. Investíguese y con los resultados de la investigación dese la respuesta que proceda a la
denuncia que ante este honorable Congreso de la Unión presentan los representantes de la Unidad Infonavit El Castillo, municipio Del Salto, Jalisco, relacionada con los términos contractuales para la amortización de créditos.
México, Distrito Federal, atentamente, un servidor."
Nuestra sugerencia, insisto, es que si se acepta a discusión, esto fuera turnado a la Comisión de Trabajo para que allí se profundizara en la investigación del caso. Muchas gracias.
El Presidente: - Se abre el registro de oradores... No habiendo, consulte la secretaría a la asamblea si se admite o no a discusión la propuesta presentada.
El secretario senador Julián Gascón Mercado: - Por indicaciones del señor Presidente y en votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la proposición.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie... Se admite, señor Presidente.
El señor Presidente: - Para los efectos que procedan, se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.
AGRUPACIÓN DE PEPENADORES NO ASALARIADOS
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Vicente Luis Coca Alvarez.
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez: -Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores: Saludamos desde esta alta tribuna a compañeros trabajadores que se organizan en la Agrupación de Pepenadores No Asalariados.
Voy a rogarles se pongan de pie para que el resto de los compañeros legisladores puedan conocer físicamente la presencia de ustedes y del contenido de la denuncia que vamos a exponer, Gracias, pueden seguir sentados.
Hace unos días fue presentado un escrito ante el licenciado Carlos Enrique Cantú Rosas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana en donde los dirigentes de esta agrupación de pepenadores, José Luis Rueda y Miguel Rueda, están haciéndose de su conocimiento distintos problemas que con toda oportunidad hicieron del conocimiento del licenciado Ignacio Pichardo Pagaza, gobernador del Estado de México, y que hasta el momento sólo han tenido la callada por respuesta
En aquel escrito el 29 de enero de 1990, al ciudadano gobernador del estado, le dicen que "la Agrupación de Pepenadores No Asalariados de la República Mexicana con el debido respeto que se merece. le hacemos la atenta petición que la agrupación de pepenadores parmistas, solicita de usted, le cumplan las concesiones para que la agrupación designe compradores con precios justos y poder elevar el poder económico y social de los pepenadores".
Ya que las injusticias día a día se siguen cometiendo en perjuicio de los pepenadores por los concesionarios compradores y líderes venales en los tiraderos del Estado de México.
A continuación dan una lista, una breve información, de los fundamentales problemas, dicen que los tiraderos de Atizapán de Zaragoza donde funge actualmente como concesionario Abraham Cruz y compradores los señores Eduardo Calzada Palacios, Roberto Cruz, Ángel Villada y Martha Villada, son personas coludidas con autoridades del ayuntamiento, obviamente de Atizapán de Zaragoza, que se dedican a cometer las siguientes injusticias en perjuicio de los pepenadores: abusos descarados cuando hacen la venta de su pepena en el peso por ejemplo, si el peso de su material llega a pesar 60 kilos, le pagan únicamente 30 y no conforme el mal peso, el precio es más bajo cuando un pepenador llega a sufrir un accidente, laborado en el tiradero, a su familia le es negada toda ayuda por parte del concesionario y comprador; cuando los pepenadores se niegan a vender su material, inmediatamente son amenazados con correrlos de su fuente de trabajo por parte del concesionario y compradores.
En el caso del tiradero de Cuahutitlán Izcalli, estando actualmente de concesionarios Esteban Gamboa, y de pesadores José Gamboa, Vicente Gamboa "El Karate", quienes presumen ser apoyados por las autoridades del ayuntamiento de Cuahutitlán Izcalli, cometen diversas anomalías como: abusos descarados al recoger la compra del material a los pepenadores, el pago que le dan son los llamados "Vales de Pago" y los van cubriendo en un período de 15 a 20 días; todo pepenador que llega a sufrir un accidente laboral en el tiradero, o si su familia llega a padecer alguna enfermedad le es negada toda la ayuda; si a los pepenadores se les sorprende sacando el material, son amenazados y golpeados.
Lo mismo ocurre en el tiradero de Coacalco, en donde la presidencia municipal se da el lujo de amenazarlos e incluso de enviar a la policía y de solicitar el auxilio de la Policía Judicial del estado para amedrentarlos, golpearlos e incluso privarlos
de su libertad y esto se repite en Nezahualcóyotl, esto se repite en Ecatepec, esto se repite en Naucalpan.
Sabemos perfectamente el contenido del artículo 115 de la Constitución Política del país, que le da esta facultad a los ayuntamientos para el aseo público, pero es una obligación constitucional que las distintas autoridades municipales, particularmente del Estado de México, no atienden, no cumplen y ello, obviamente, no es un misterio que en este momento estemos desentrañando, es algo que cotidianamente nosotros tenemos el impacto por la zona conurbada de ver, de palpar, de constatar a diario y hay un grupo de compatriotas nuestros que con toda dignidad y gallardía se dedican a esta noble tarea, pero no tan solo no se les otorgan las facilidades, también constitucionales, en términos del artículo 5o de nuestra Constitución de permitir que se dediquen a la labor que más les plazca a nuestros conciudadanos siendo lícita y honesta , sino que son amedrentados, son amenazados, son vejados, son humillados.
Por esto, y en términos del artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General, señor Presidente, ruego a usted que a través de la Comisión de Gestoría y Quejas se haga una atenta, pero enérgica excitativa al ciudadano gobernador constitucional del Estado de México para que atienda estos mínimos requerimientos, estos mínimos planteamientos de este puñado de compatriotas que están sufriendo, que tienen que beberse sus lágrimas a diario al no tener en principio que dar a comer a sus hijos, pero fundamentalmente al agotárseles esta fuente de trabajo, por la ceguera, por la torpeza, por la actitud de los caciques, que no presidentes municipales, insistimos, de Tlalnepantla, de Naucalpan, de Ecatepec, de Tultitlán, de la furiosa presidenta municipal de Coacalco que no les permiten justamente dedicarse a esta actividad lícita, honesta, pero no menos digna.
De modo, señor Presidente, que rogaríamos, por ser un asunto de urgente y obvia resolución, dado los apremios que los compañeros trabajadores tienen, sea turnado a la Comisión de Gestoría y Quejas con el planteamiento ya expresado.
El Presidente: -Se abre el registro de oradores....No habiendo, consulte la secretaría a la asamblea si se admite o no a discusión esta proposición.
El secretario senador Julián Gascón Mercado: -Por indicaciones del señor Presidente, en votación económica se pregunta si se admite a discusión la proposición.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie... Se admite, señor Presidente.
El Presidente: -Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados, primero para que decida si tiene o no competencia para el caso y, a continuación, que emita el dictamen correspondiente.
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Leopoldo Salinas Gaytán.
El diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán: - Con permiso de la Presidencia: compañeros legisladores: Los que suscriben, miembros del grupo parlamentario de Acción Nacional en esta comisión, expresamos lo siguiente:
Debido a la ausencia de autoridad y carácter para imponerse del gobernador del estado de Nuevo León, Jorge Treviño Martínez, está operando en la entidad la ley de la selva, los municipios están a merced del hampa y de las centrales obreras, disputándose sus posesiones como coto privado, imponiendo su criterio mediante la violencia, contra y sobre la autoridad constituida, respirándose por doquier aires de primitivismo, no importando la seguridad ciudadana y las fuerzas policíacas son meros espectadores en los aconteceres que las centrales obreras suscitan, olvidándose que son salvaguardas de la seguridad.
Si bien con frecuencia los medios informativos relatan de acciones violentas de centrales obreras para allegarse de contrataciones colectivas, ahora nos encontramos que los beligerantes se reclaman posesiones de exclusividad en mercado, rutas de transportes y otros y para ellos, no importa qué medios sean utilizados, lo importante es demostrar al contrario que son propietarios de un territorio y el cual no debe ser violado, como en el viejo Chicago y si así sucede, ni la autoridad será la que decide lo que sólo ellos tienen su ley y su justicia, que es la que se aplica, aun a costa de la vida de inocentes y sin importar que el ciudadano sea el último afectado por los servicios de los que se dicen exclusivos.
Basta conocer lo que en el transcurso de la semana pasada sucedió en Nuevo León, en los municipios de Montemorelos y Monterrey, Nuevo León, en la que participaron la Confederación de Trabajadores de México, Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos y Frente Popular Tierra y Libertad, conforme a la descripción que formulamos, aparecida en los medios de difusión:
"7 de agosto. En Montemorelos, Nuevo León, la Unión de Oferentes Lucio Cabañas, del Frente Popular Tierra y Libertad que dirige el diputado federal Alberto Anaya Gutiérrez, llegan de Monterrey para instalarse en el parque anexo a la estación del ferrocarril. Desde temprano la Confederación de Trabajadores de México bloqueó todos los accesos para entrar al municipio y además descargan dos camiones de volteo con cascajo, para usarlos en el enfrentamiento. Cerca de 80 elementos de seguridad sólo observan todo el operativo táctico. Los oferentes son retenidos en la carretera por la policía y una comisión va con el alcalde de Montemorelos, quien autoriza se instalen en otro lugar. al saber esto los cetemistas reclaman al munícipe y promete que ya no los autorizará y los contenta invitándolos a comer por su cuenta."
"8 de agosto. El diputado federal suplente Israel Rojas Galván declara: Si las autoridades estatales y municipales no frenan las invasiones por parte de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Partido de la Revolución Democrática, así dijo, y Tierra y Libertad, de mercados y rutas camioneras de Montemorelos, la Confederación de Trabajadores de México los sacará como sea."
"10 de agosto. Cetemistas armados con palos, chacos y piedras, son concentrados en el edificio de la Confederación de Trabajadores de México de Montemorelos, Nuevo León, para actuar contra peseras de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. Un convoy cetemista hace la localización de una pesera croquista y le destrozan vidrios, golpean carrocería y vuelcan. Segundos después se realiza lo mismo con otra unidad, además rompen tanque de gasolina y dañan radiador.
Consumadas estas operaciones regresan a su cuartel, edificio social, pero llegan los ofendidos croquistas y entre ambos se produce una pelea campal, saliendo a relucir palos gruesos, chacos y armas. Al término de la refriega quedan dos camionetas croquistas destruidas, gente golpeada y herida, los cetemistas son acuartelados para esperar otra acción operativa".
"Sábado 11 de agosto. Los diputados federales, Raúl Caballero Escamilla, de la Confederación de Trabajadores de México y Eleazar Ruíz Cerda, de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, se culpan mutuamente del incidente de Montemorelos. el cetemista José Alvarez declara: todo el transporte urbano que hay, se refiere a Montemorelos, es exclusivamente de la Confederación de Trabajadores de México, la autorización que otorgó el director de transporte es una invasión con la que lucharemos.
Ruiz Cerda, diputado federal, declara: que yo sepa, ese municipio no se lo han escriturado a ellos, a los cetemistas, ahora que hay problema económico se necesita de unidad, de obreros y no de actitudes prepotentes."
"12 de agosto. En un enfrentamiento entre comerciantes de la Confederación de Trabajadores de México con los operantes de un mercado rodante en la colonia Poma Rey 51, esto es un Monterrey, Nuevo León, deja un saldo de un muerto y siete personas heridas, derivado de una balacera, además los cetemistas destruyeron los puesto de la vendimia y dañaron la camioneta donde se transportaba la mercancía, saliendo a relucir navajas, machetes, cuchillos y armas."
Se adjunta a este escrito páginas del periódico El Norte de Monterrey, Nuevo León, que describe entrevistas, narra hechos y pública gráficas, que son muy elocuentes.
Por lo expuesto, se concluye solicitando lo siguiente;
En vía de denuncia se participa lo anterior y dada la gravedad en la alteración de la paz y seguridad en el estado, lo cual no ha sido atendido debidamente por el gobernador, licenciado Jorge Treviño Martínez, sin contravenir la soberanía que se debe guardar a las entidades federativas, se propone, con fundamento en los artículos 79 fracción III constitucional, 175 del Reglamento Interior y 113 de la Ley Orgánica, que esta Comisión Permanente asigne a una de sus comisiones para que investigue los hechos graves narrados y formule relatoría para conocimiento de esta Comisión Permanente y hasta una vez conocidos los resultados nos reservamos, este grupo parlamentario, hacer una proposición definitiva, toda vez que se involucra como presuntos responsables de los acontecimientos, tanto materiales como intelectuales, a los diputados federales Raúl Caballero Escamilla, su suplente, Ismael Rojas Galván, Eleazar Ruíz Cerda y Alberto Anaya Gutiérrez.
Respetuosamente.
Sala de sesiones de esta comisión, agosto 15 de 1990. Grupo parlamentario de Partido Acción Nacional, diputados: María Teresa Ortuño Gurza, Fernando Antonio Lozano Gracia, Astolfo Vicencio Tovar y un servidor Leopoldo Homero Salinas Gaytán.
El Presidente: - Se abre el registro de oradores.
Tiene la palabra la diputada Yolanda García de Vargas.
La diputada Yolanda García de Vargas: -Señor Presidente; compañeros legisladores: Yo considero que nadie puede convertirse arbitraria o candorosamente en ángel guardián de la conducta ajena, cuando ésta viola la ley, la sociedad tiene representantes competentes para investigar y sancionar en su caso al o a los responsables.
Lamentar un hecho de violencia no es censurable en sí; darle una actitud tremendista que no tiene, por lo menos yo la considero inútil. Ni siquiera vale como censura pública, porque ni es general ni es constante. Nuevo León trabaja en paz y si como toda sociedad tiene problemas, estoy de acuerdo con su contenido y magnitud tiene vías institucionales de solución.
Los hechos que aquí se han mencionado, no tienen que ver con la ausencia ni con la presencia de autoridad, han sucedido y son punibles. Los reprobamos sin excepción los nuevoleoneses, pero no consideramos que se deriven de tolerancia gubernamental ni de confrontación gremial.
Las autoridades judiciales de Nuevo León no son omisas, y en el caso que aquí se ha mencionado, han actuado con apego a los ordenamientos legales del estado. Yo me opongo terminantemente a la formación de una comisión. Nuevo León, como todas las entidades federativas, se manejan a través de un órgano constitucional, tienen organismos competentes para deslindar cualquier responsabilidad y no tenemos nosotros derecho, en ningún momento, a violar la soberanía de un estado. Es todo.
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Salinas Gaytán.
El diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán: - Señor Presidente: Qué bueno diputada, que vino usted a hacerme la objeción de lo que está sucediendo en Nuevo León. Definitivamente esperaba que usted lo hiciera, porque precisamente porque actuó usted dentro de la función de la procuración desde hace algunos años, conoce perfectamente lo que corresponde a la procuración de justicia.
No estoy negando que la autoridad procuradora de justicia no haya actuado; no estoy involucrando al señor procurador del estado que hace lo imposible para poder cumplir con dicha misión. Lo que sí quiero es resaltar que ni Nuevo León ni ningún estado de la República es botín de las centrales obreras y si ahorita en Nuevo León se está presentando la circunstancia, como en muchos otros estados, de que dichas agrupaciones obreras buscan hacer notoriedad para lograr posiciones políticas, para lograr presidencias municipales, diputaciones locales, diputaciones federales o inclusive otras prebendas, creo que Nuevo León no es propiedad de ninguna central obrera, ni está para que se dispute en tales sentidos.
Aquí, yo quiero hacerle a usted referencia porque vivió en San Nicolás de los Garza, un municipio que ha conservado mucha tradición panista y conoce de actuares de gente que pertenece a dicha central, a la Confederación de Trabajadores de México. Martha Caballero, ¿no le dice algo?, la señora Virginia Mascorro, el señor Antonio Gloria de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, doña Aurora Ramírez y además ha sido notorio un asunto que ha trascendido a la opinión pública en relación con un proceso que se le sigue al señor Luis Garza "El Oso", ¿Qué me dice usted de los aconteceres en relación con las contrataciones colectivas que hace la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos y la Confederación de Trabajadores de México en Nuevo León, en que se ha secuestrado a los trabajadores, en que buscan cerrar centros de trabajo y a nivel nacional: Tornel, la Modelo, la Ford, el hotel Presidente Chapultepec, agresiones a reporteros de los medios de difusión, no solamente en Nuevo León, sino en otras partes de la República. Eso es apoyado por la autoridad o le falta a la autoridad la correspondiente fuerza para que actúe con dignidad.
Yo creo que en Nuevo León se ha perdido el respeto al gobernador del estado. Creo que es necesario se meta en cintura estos actos de violencia que están llegando al clímax y, definitivamente, usted misma lo está diciendo, está aprobando a que se tomen acciones.
¿En qué perjudica que se nombre una comisión para que se investigue y se verifique si lo que estoy mencionando es falso o verdadero? La decisión o la propuesta todavía no está propuesta por nuestro partido, por nuestro grupo parlamentario, qué es lo que se va a solicitar. Vamos a verificar si es cierto y que se me desmienta definitivamente, con una relatoría, por dicha comisión, si esos actos efectivamente existen en Nuevo León.
No somos ángeles guardianes de conductas ajenas, pero creo que nuestra obligación como representantes populares y sin dañar la soberanía del Estado, es precisamente preocuparnos definitivamente por las personas a las cuales representamos. Muchas gracias.
La diputada Yolanda García de Vargas (desde su curul): -Pido la palabra, señor Presidente.
El Presidente: - Tiene la palabra la diputada Yolanda García de Vargas.
La diputada Yolanda García de Vargas: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores: Solamente para hacer algunas observaciones. El problema planteado es un problema estrictamente de carácter judicial, no es un problema político.
Aquí, señor diputado, ya dejó usted ver el trasfondo de su denuncia, que no es nada más que un móvil de carácter político. No es éste ni el momento ni la formula ni el lugar de hacer propaganda política.
Lo que está aconteciendo es totalmente jurídico.
El diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán (desde su curul): - Señor Presidente, pido la palabra para el mismo tema.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Leopoldo Salinas Gaytán.
El diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán: - Señor Presidente; compañeros legisladores: Quiero aclararle a la señora diputada, que el problema no es judicial todavía o, ¿ya hay procesos al respecto? Está apenas en el proceso de investigación que le compete a la procuración de justicia. No sé en qué momento se haya señalado que seamos asesores del señor Eleazar Ruíz Cerda, del diputado Alberto Anaya Gutiérrez, el diputado Raúl Caballero Escamilla, para que esto lo lleve a considerar como un móvil de carácter político. Claro, estaremos dispuestos, con todo gusto, a atender algunas sugerencias con dichos diputados, si nos lo solicitan, pero de hecho, la propaganda a que usted se refiere que es una propaganda política, la comenzaremos en su oportunidad y de acuerdo con lo que marca en su oportunidad la ley electoral. Muchas gracias.
El Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si se admite o no a discusión la propuesta que está a su consideración.
El secretario senador Julián Gascón Mercado: - Por indicaciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se admite a discusión la proposición.
Los ciudadanos legisladores que esté por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie.
Los que estén porque se deseche la proposición, sírvanse ponerse de pie... Desechada, señor Presidente.
VISITA DEL PRESIDENTE DE CHECOSLOVAQUIA
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al senador Porfirio Muñoz Ledo.
El senador Porfirio Muñoz Ledo: -Con su venia, señor Presidente: El turno que se ha dado a los oradores hace que saltemos tal vez un poco extrañamente para algunos, de la realidad ominosa de Agualeguas a Praga y hasta Bagdad.
Siendo importantes por aceptar a grupos muy importantes de la población mexicana, los temas que distinguidos parlamentarios de la oposición han traído a esta tribuna, no podríamos dejar de hacer dos referencias a temas internacionales aunque luego volvamos a cuestiones que de modo más inmediato nos atañen.
La primera que deseo dejar muy claramente asentada, es la ausencia del señor presidente de Checoslovaquia, Vaclav Havel, frente a esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Sabemos que su gira ha sido breve, sabemos también que la conformación de una visita de este tipo y de su programa, dependen no sólo de la voluntad del país huésped, sino también de los deseos del visitante.
Existen sin embargo, una sana tradición en el sentido de que en el proyecto de programa que presenta la cancillería del país huésped, se incluye, en los países democráticos, una visita al órgano parlamentario que está en ejercicio. Es raro, diría yo muy raro, que un visitante se niegue o rehuse a hacer esa visita por la simple razón de que se trata siempre de foros muy idóneos, muy idóneos, para lanzar cierto tipo de mensajes políticos que no están dirigidos estrictamente al gobierno o al Poder Ejecutivo.
No sabemos, y deberíamos averiguarlo, si la Secretaría de Relaciones Exteriores presentó el proyecto de visita incluyendo una presencia en esta Comisión Permanente. Sería bueno averiguarlo, no vaya a ocurrir que en el futuro próximo otros jefes de Estado no sean invitados al Congreso y que esto se considere como el resultado o la reacción del gobierno respecto al debate público que tuvimos en ocasión de la visita del señor Presidente de Guatemala.
Nuestra experiencia en los años recientes es que el gobierno de México evita hasta donde puede, que los mandatarios y visitantes extranjeros tengan contacto con la oposición. Lo hemos denunciado en el Senado de la República, lo hemos hecho saber a las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no lo han negado porque es innegable. No mencionaré aquí los nombres porque son conocidos.
La mayor parte de los jefes de Estado y de gobierno que han venido a México, se les ha desaconsejado cortésmente, que tengan contactos
públicos con representantes de la oposición. Los testimonios existen, señor senador, si usted me obliga a dar los nombres, los doy, pero pondría en entredicho a las cancillerías y a las altas personalidades de los países que nos han visto.
Como anécdota, y sin mencionar el nombre, un distinguido dirigente de la oposición de un país latinoamericano, que estuvo hace poco en México, recibió el día anterior de su salida, la llamada del Presidente de su país, que es del partido contrario y le dijo: "Ojalá y platiques con nuestros amigos del Partido de la Revolución Democrática, pero ten mucho cuidado porque el gobierno se enoja". Esto es un hecho, son hechos, estos son hechos lo que estoy diciendo.
Y además si ustedes conocieran la vida internacional, sabrían que estoy diciendo la verdad. Ni siquiera al Rey de España se le propició un encuentro con los miembros de la oposición, y voy entrando, si hay quejas así chifladitas del anonimato, de la ignorancia política de masa internacional, voy a ir dando nombres.
No se le permitió, se le sugirió atentamente al presidente del consejo de ministros de la República italiana, que tuviera un encuentro privado con los miembros de la oposición... Voy a seguir.
Si usted quiere, interpéleme Gonzalo, de una vez, anímese, a mí no me gustan esas silvaditas, son falta de seriedad, a ver, de pie...
Con respeto, sí, porque las silvaditas no se valen, no estamos en sus mítines de acarreados.
El diputado Gonzalo Martínez Corbalá (desde su curul): - Yo estuve en una reunión con la oposición, con el Rey de España. De modo de que si usted no está enterado, creo que está diciendo una inexactitud.
El senador Porfirio Muñoz Ledo: - Se lo voy a recordar con toda precisión, además tengo todavía por ahí las fotografías que me mandó el señor embajador.
Fuimos los parlamentarios de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores en una visita que se realizó en la sede varios que estamos aquí, en donde estaba el Rey. Se había anunciado por los periódicos españoles, y usted lo sabe y consta el El País y el Diario 16, una visita tanto al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, presidente del Partido de la Revolución Democrática como a otras oposición, estaban a mi lado dos personas que aquí están, claramente le hice la observación al Secretario de Relación Exteriores, Torres Ordóñez y al Secretario de la Cultura, Ruíz Yáñez; públicamente le dije: ¿Qué pasó?
La explicación que me dieron no la voy a dar en esta tribuna, porque respeto el sentido diplomático, pero tuve una explicación clara de ellos y de su representante diplomático. De todos estos hechos está al corriente el señor Fernando Solana, Secretario de Relaciones Exteriores, se lo he hecho saber y le he pedido y lo he pedido en la tribuna del Senado, que este tipo de actitudes cesen, porque damos la impresión de un país totalitario y antidemocrático; el único espacio eran esas visitas de parlamentarios, no es una conversación en forma, no es un espacio adecuado para la conversación entre jefes de Estado y de gobierno y dirigentes de los partidos políticos de oposición, el único espacio que hemos tenido con esas visitas parlamentarias o aquí la presencia de los dignatarios, que ha permitido gracias a la flexibilidad parlamentaria que se expresen públicamente varios representantes de la oposición.
En este caso no tuvimos la ocasión, espero que sea en las próximas, para que vayan mejorando las costumbres en la relación y en el trato con mandatarios extranjeros y para que no se les orille o no se les condicione a tener una sola visión del país, a que sólo conozcan una cara de la moneda, porque estimamos, esto resulta, incluso, contraproducente para la imagen del propio gobierno.
Ayer, por ejemplo, en su discurso, el Presidente de Checoslovaquia, dijo: "Venimos en representación de un país que después de 42 años de sistema totalitario, por la vía pacífica ha derribado al sistema anterior fundado en el predominio de un partido hegemónico y está tratando de construir una nación democrática, cultural, concepción de un escritor, de justicia social, independiente y próspera." Qué útil hubiera sido que aquí se hubiera producido un debate frente al Presidente de Checoslovaquia, en donde se hubieran apoderado los extremos de los procesos de democratización y de evolución de los sistemas de partido o de estado en Europa del Este y lo que está aconteciendo en nuestro país.
Se pudo haber hablado aquí de democratización, se pudo haber hablado de temas que interesan a toda la nación y no sólo al gobierno, como cuáles son los verdaderos términos de los cambios económicos y sociales, la vinculación entre la transformación de los regímenes políticos y los regímenes económicos y un concepto que también subrayó el presidente Havel, en su mensaje de ayer, que es la concepción de la multipolaridad y los esfuerzos que los países del Este hacen por no caer en ninguna zona de influencia. Este es el primer tema que quería tocar.
SOBRE EL CONFLICTO DE MEDIO ORIENTE
El Senador Porfirio Muñoz Ledo: - El segundo se refiere a la resolución que adoptamos en la sesión anterior, respecto del conflicto del Medio Oriente.
Dijimos entonces que si bien era condenable, de acuerdo con el derecho internacional, cualquier agresión militar y con más razón la invasión territorial y la deposición del gobierno de un país vecino, cualquiera que sean los antecedentes históricos, sobre el cual no hay, además en los tribunales internacionales una reclamación de soberanía, como pudiera ser el caso, por ejemplo, de enclaves territoriales tales como las islas Malvinas, no hay justificación para una invasión territorial de otro Estado.
También dijimos, y se anotó en ese acuerdo, que deberíamos de hacer un llamado a todos los estados, particularmente a las potencias militares, para que se abstuviesen de cualquier acción unilateral, al margen de las disposiciones adoptadas por las Naciones Unidas, susceptibles de agravar o de generalizar el conflicto.
Se están dando esas condiciones, aunque cuando menos hasta las noticias de hoy en la mañana no se han abierto todavía las hostilidades, a partir de la flota y de las fuerzas de tierra y aire que han sido desplegadas por el ejército norteamericano.
El secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, hace tres días, cosa si no insólita cuando menos que presenta una señal grave de peligro, porque generalmente quienes ocupan ese cargo están obligados a la mayor restricción y prudencia en este tipo de declaraciones, hizo una advertencia pública sobre el peligro que tenía que se desataran las hostilidades a partir de una agresión del ejército norteamericano.
Han habido 48 horas de consultas entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que están relatadas en su fase final en los diarios de hoy en la mañana. Finalmente, a propuesta de la Unión Soviética, con la anuencia inmediata de Francia, del Reino Unido de la Gran Bretaña y de la República Popular China y con la anuencia final, ayer en la noche, del presidente Bush, de Estados Unidos de América, se decidió que cualquier comando que operara en la región a nombre de Naciones Unidas, tendría que estar supeditado a Estado Mayor del Consejo de Seguridad que, justo es decirlo, jamás ha entrado en la historia en verdadera operación y ha sido simplemente un cuerpo simbólico y de supervisión administrativa.
En dado caso, existe un Estado Mayor conjunto de las Fuerzas de Naciones Unidas a las que se le encomendarán posiblemente las operaciones.
Ahora bien, es muy importante anotar que esta decisión puede tener dos visos: una, cubrir simplemente acciones unilaterales, que ya están en vías de desatarse por parte de un Estado, es decir, cubrir políticamente una operación. Lo otro, que verdaderamente esas fuerzas actúen conforme a lo que decida la organización internacional.
Es menester advertir que para ello sería necesario adoptar una nueva resolución del Consejo de Seguridad. La que está adoptada en el momento actual sólo se refiere a bloqueo económico y de ninguna manera a bloqueo físico, a ocupación de puertos o a ninguna acción de carácter militar.
Este asunto, que puede parecer lejano, es de una extrema gravedad, porque que se junten, bajo una aparente cobertura de las Naciones Unidas, varias grandes potencias, para de todas maneras desencadenar una acción militar, sería un precedente nefasto.
Lo que quisiéramos dejar aquí sentado, es la importancia de que una vez que esta Comisión Permanente, a nombre y representación del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, ha adoptado una resolución en el sentido de condenar una agresión y, por lo tanto, está obligado a mantener imparcialidad, ecuanimidad y trato igual para situaciones semejantes, siga con el mayor detenimiento, a través de su Comisión de Asuntos Exteriores, el desarrollo de los acontecimientos en el Medio Oriente.
Que aboguemos por una solución pacífica de las controversias en el marco de las Naciones Unidas y una mayor corresponsabilidad de los estados y pueblos de la región en la solución del conflicto. Lo que no añadimos, por haber sido presentado en el último minuto a la resolución anterior y que sin embargo nosotros sugerimos: un mayor involucramiento a los estados y a los pueblos de la región en la solución del conflicto.
En el caso de que durante esta semana o en los días que vienen se declararán acciones de guerra unilaterales por parte de los estados, sin mediar ninguna resolución, que es muy difícil que llegue a tener lugar, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, estoy cierto que esta Comisión Permanente no tendría ningún empacho y en eso consistiría una nueva y consecuente aplicación de la política de principios de condenar abiertamente la agresión del ejército norteamericano o de cualquier otros ejércitos que hicieran uso de la fuerza unilateralmente.
Estoy, entonces, haciendo al mismo tiempo una advertencia respecto del giro que han tomado los acontecimientos, una solicitud en el sentido en que sigamos de cerca lo que ocurre en los próximos días y tercero si se declaran las hostilidades militares, que estuviéramos aptos y prestos, como lo estuvimos la vez anterior para condenar esta vez a los nuevos agresores. Muchas gracias.
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al diputado Sergio Quiroz Miranda.
El diputado Sergio Quiroz Medina: - Señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: Hoy por la mañana el Presidente de los Estados Unidos de América, unos minutos antes de iniciar esta sesión, compareció ante la Prensa de su país para enviar un mensaje relativo a la situación en el Medio Oriente.
Ese mensaje lleno de frases relativas a la libertad, relativas a la autodeterminación de los pueblos, frases de condena a las invasiones y a las agresiones de los poderosos contra los débiles, constituye un ejemplo digno del más grande de los cinismos y la hipocrecía que es capaz el imperialismo Norteamericano a través de sus representantes políticos.
Los Estados Unidos de América, nosotros lo advertimos en la sesión en la que las fracciones parlamentarias, con excepción de la del Partido Popular Socialista, suscribieron un documento condenando, lo que llamaron, "La invasión de Irak contra Kuwait", advertimos que eso sería usado por los Estados de América como pretexto para invadir militarmente la región y los hechos comprueban que teníamos la razón.
En estos momentos toda la región del Medio Oriente está prácticamente invadida militarmente por las tropas norteamericanas. Se trata, pues, del conflicto del petróleo, no se trata de una condena de un país o de un grupo de países a la solución militar que inadecuadamente, por cierto, le diera Irak al conflicto con Kuwait, se trata de ver quién asume el control de las riquezas petroleras que son genuina y legítimamente de los árabes, por eso nos negamos, en aquella ocasión, en la sesión pasada, a suscribir ese documento, porque la política exterior mexicana, lo dijimos, jamás se debe aplicar en forma mecánica.
En estas circunstancias se trata de un conflicto entre dos pueblos árabes, incluso remontándonos hacia atrás en la historia de esos países, encontraremos justificaciones, incluso históricas, porque el territorio de Kuwait, antaño, era parte de todo el mundo árabe y de la República de Irak.
De manera que ahora yo espero que quienes suscribieron ese documento no sientan ninguna responsabilidad en lo que está ocurriendo ahora, la realidad es que el conflicto se ha convertido en una verdadera amenaza para la humanidad, es tal el número y la cantidad y la calidad de armas que se han reunido en ese lugar, que pudiera estallar un conflicto militar de grandes dimensiones, que quizá pudiéramos saber cuándo empieza pero que definitivamente no podríamos definir cuándo y en qué condiciones terminaría.
Las características de este conflicto nos hacen pensar que pudiera incluso utilizarse armamento nuclear de lo que llaman los Estados Unidos de América "convencional". Lo cual sería desatar prácticamente un conflicto de dimensión internacional.
En estos momentos lo urgente es parar, independientemente de si tuvo o no la razón Irak, independientemente de si hay razones económicas o históricas o políticas para lo que ocurrió lo urgente para las fuerzas democráticas y de paz del mundo, es para la posibilidad del estallamiento de una hecatombe nuclear o de utilización de armas químicas.
Los Estados Unidos de América han presentado ante la opinión pública mundial a Sadam Hussein, presidente de Irak, como si fuese un energúmeno, un monstruo capaz de agredir a los pueblos pequeños y débiles y capaz incluso de utilizar las armas químicas, pero en la invasión a Panamá por los Estados Unidos de América, las fuerzas militares de los Estados Unidos de América, en vías de ensayar la efectividad de sus armas químicas, las utilizaron contra el pueblo de Panamá. Más de siete mil víctimas, muchas de ellas afectadas por armas químicas utilizadas por el ejército de los Estados Unidos de América.
¿ Qué autoridad moral o política tienen los Estados Unidos de América para encabezar, como lo hacen ahora, la supuesta condena a la invasión de Irak, a la que se sumó esta Comisión Permanente? Ninguna autoridad moral, ninguna autoridad política.
Creo que así como la Comisión Permanente tuvo en un momento dado la preocupación por expresar su opinión en torno a ese conflicto, ahora debiera también preocuparse por expresar su opinión colectiva, en el sentido de llamar a todas las fuerzas, a las naciones en el conflicto para que se sienten a la mesa de las negociaciones y evitar a toda costa el estallamiento militar. Me parece que ésa debiera ser la posición de la Comisión Permanente y de las fracciones parlamentarias integradas en esta Comisión. Muchas gracias.
SOLICITUD DE EXCITATIVA
El Presidente: -Se concede el uso de la palabra al diputado Octavio Moreno Toscano. ¿No se encuentra? El diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán.
El diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán: - Señor Presidente; compañeros legisladores: El grupo parlamentario de Acción Nacional de esta Permanente, presenta lo siguiente:
Con fecha 12 de septiembre de 1988, hace aproximadamente dos largos años, se presentó proposición ante el pleno de la Cámara de Diputados, para que la documentación electoral de las elecciones federales celebradas en julio de 1988, por las razones que se expusieron en el ocurso, pasaran al Archivo General de la Nación.
Dicha petición se acordó con el parecer de los coordinadores de todos los grupos parlamentarios y la Presidencia ordenó se turnara a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Transcurridos tres meses y medio sin haberse resuelto, como normalmente se estila, se presentó excitativa en diciembre 28 de 1988, el día de los inocentes, sin que hasta la fecha se hubiere emitido dictamen alguno, positivo o negativo.
Desde que se constituyó el Colegio Electoral. los paquetes electorales fueron depositados en la parte inferior del Palacio Legislativo de San Lázaro, ahora lo que queda de San Lázaro. Ahí fue acondicionada una bodega especial en el estacionamiento subterráneo. El inventario de los bultos y paquetes indicados fue insertado en el Diario de los Debates de agosto 15 de 1988, en sus páginas de la 23 a la 33. Dichos documentos se presume tengan un peso superior a las mil toneladas y se guardan en un espacio de cerca de seis mil metros cuadrados o se guardaban, custodiados desde entonces por efectivos del Ejército Nacional y al parecer actualmente están a cargo de una compañía las 24 horas del día, advirtiendo que la documentación relativa al Senado también se depositó en dicho lugar, junto con la que estuvo a disposición de la Cámara de Diputados, pero se desconoce si todos estos documentos aún permanezcan ahí.
Por lo anteriormente expuesto, conforme a lo previsto por los artículos 79 fracción III y 93 constitucionales y 21 fracción XVI, 89, 90 y 175 del Reglamento Interior y 113 de la Ley Orgánica, concluimos solicitando:
Se formule enérgica excitativa a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para que se resuelva en forma expedita la petición formulada el 12 de septiembre de 1988, en relación con los documentos electorales de las elecciones federales de dicho año y, aparte a eso, al presumir que todos los paquetes aludidos ya no existen materialmente en el lugar que se les depositó, antes de resolver la excitativa, negando a aceptando lo que se solicitó.
Se propone además a esta Comisión Permanente, que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de esta Permanente efectúe la verificación mediante inspección en el Palacio Legislativo, precisamente en la bodega donde se dice existen, de acuerdo con el listado que como inventario se publicó en el Diario de los Debates y que se adjunta a esta promoción. Lo anterior con fundamento también en el artículo 118 del Reglamento Interior. Firman los diputados de Acción Nacional María Teresa Ortuño Gurza, Ferrando Antonio Lozano Gracia, Astolfo Vicencio Tovar y un servidor, Leopoldo Homero Salinas Gaytán. Muchas gracias.
El Presidente: - Se procede a hacer atenta excitativa a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, a efecto de que apresure los trabajos correspondientes para el dictamen que proceda y respecto a la propuesta, se abre el registro de oradores.
No habiéndolo, proceda la secretaría y consulte a la asamblea si se admite o no a discusión la propuesta presentada.
La secretaria diputada María Teresa Ortuño Gurza: - Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los ciudadanos legisladores si se acepta la proposición presentada por el diputado Leopoldo Salinas.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Rechazada, señor Presidente.
TELÉFONOS DE MÉXICO
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Sergio Quiroz Miranda.
El diputado Sergio Quiroz Miranda:- Señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: Me voy a referir al asunto trascendental, a juicio nuestro, de la reprivatización de Teléfonos de México.
El Partido Popular Socialista, durante el debate que se dio en la Cámara de Diputados respecto a
este asunto, expresó su posición al respecto y señaló con toda precisión que las comunicaciones constituyen una área estratégica para cualquier Estado del mundo; que las comunicaciones telefónicas y sobre todo las de larga distancia constituyen una cuestión vital, estratégica, importante que debiera preservar el Estado mexicano en su poder.
Imaginemos, por ejemplo, que en ese conflicto de Irak- Kuwait, la telefonía de Irak estuviese en manos de compañías extranjeras norteamericanas, sería desastroso, determinante, definitivo y estratégico desde el punto de vista militar y todos sabemos también cómo los Estados Unidos de América han extendido sobre toda América Latina una red de espionaje telefónico del más grande del mundo y que en México la Central de Inteligencia Norteamericana, el FBI, la Agencia Federal contra el Narcotráfico y otros organismos militares, policiacos y paramilitares norteamericanos han sentado sus reales y han establecido sus principales bases de operación. Sólo para ilustrar estos ejemplos de la importancia que tienen las comunicaciones.
Sin embargo, haciendo a un lado los argumentos expresados por las fuerzas patrióticas de México, dentro de las cuales se ubica el Partido Popular Socialista, el gobierno de Salinas decidió, con la opinión en contra de la mayoría de los mexicanos, poner a la venta la empresa Teléfonos de México, no obstante que la empresa Teléfonos de México, aún sin la llamada modernización de la que se decía era indispensable realizarla en unos cuantos meses, registró en el último trimestre las más altas ganancias, la más alta rentabilidad de empresa alguna de nuestro país excepto la banca.
Es decir, se realiza la venta de Teléfonos de México por encima de todos los argumentos y las razones y la realidad y lo objetivo de que no existe fundamento alguno para venderla. En la convocatoria lanzada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la subasta de las acciones de la serie AA de Teléfonos de México, se habla en el punto cuatro del título de concesión; sin embargo, no aparece información alguna de si ese llamado título de concesión es el vigente, es decir el que tiene la actual concesión de la empresa o si es uno nuevo, una nueva concesión con otras características.
Siendo el título de concesión el documento fundamental que debe contener las condiciones a las que se deben sujetar las empresas concesionarias del servicio telefónico, éste debe ser hecho público por el gobierno federal, a fin de que el pueblo de México conozca las condiciones en que se está cediendo a intereses privados el control de Teléfonos de México, que es una de las empresas de mayor perspectiva de expansión, que jugará un papel determinante en el desarrollo económico del país, que aún sin modernizarse está obtenido, como lo señalé, elevadísimas utilidades, casi dos billones de pesos de marzo de 1989 a marzo de 1990 y que cumple un papel estratégico en relación con la soberanía del país.
Nuestro partido quiere reiterar su exigencia, de que el título de concesión de Teléfonos de México contenga la cláusula de reversión. No sabemos si se trata de un nuevo título, no sabemos si es el vigente y no sabemos si existe la cláusula de reversión, de regreso de la empresa a manos del Estado una vez concluido el plazo de la concesión, por esas razones, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las fracciones parlamentarias que suscriben la siguiente proposición, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Popular Socialista, nos permitimos hacer la siguiente.
«PROPOSICIÓN
Única. Que la Comisión Permanente de este honorable Congreso de la Unión, demande de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, le dé a conocer el llamado título de concesión de Teléfonos de México, del cual se habla en la convocatoria lanzada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para la subasta de las acciones comunes de la serie AA de Teléfonos de México, en un plazo no mayor de ocho días, por la urgencia en el caso y se haga transporte la operación de venta de esta empresa estratégica.
Sala de sesiones de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 15 días del mes de agosto de 1990.- Por la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Vicente Luis Coca Alvarez; por la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, Octavio F. S. Moreno Toscano y senador Porfirio Muñoz Ledo; por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, diputado Sergio Quiroz Miranda.»
El Presidente: - Se abre el registro de oradores.
El senador Muñoz Ledo tiene la palabra.
El senador Porfirio Muñoz Ledo: - Con su venia señor Presidente: No habiendo en apariencia otros oradores ni contra argumentación que
rebatir, me concentraré en los aspectos más misteriosos de la operación de venta de Teléfonos de México, no sin antes reiterar que ha sido nuestra demanda permanente en el Senado de la República, que el gobierno federal haga transparentes, a través del Congreso de la Unión, las operaciones de venta de empresas del Estado y de aquéllas en que el gobierno ha sido accionista mayoritario.
Es inexplicable e inaceptable que las empresas y bienes, patrimonio de la nación, sean transferidas a los particulares en un ritmo de fiebre privatizadora, sin que los representantes de la nación tengan conocimiento de las razones, de los términos, de los montos, de las condiciones y de los destinatarios de dichas operaciones.
Hay evidencias abundantes, en el sentido de que muchas de esas empresas han sido vendidas a la carrera, por la presión a la que obliga la falta de liquidez del gobierno, derivada a su vez del empleo absolutamente indebido del 63.5% del presupuesto federal en pago de la deuda interna y externa.
Esa fiebre, que los tratadistas contemporáneos denominan la "privatimanía", nos ha llevado a exceso de falta de cumplimiento de deberes fundamentales que, conforme a la Constitución y a nuestras leyes, tienen los gobernantes.
Claro, hace poco más de seis años se le cambió con toda intencionalidad a la Secretaría del Patrimonio Nacional, creada originalmente en 1946, bajo el nombre de Secretaría de Bienes Nacionales, aludiendo a que su función primordial era de ser custodia de aquel patrimonio original de la nación, al que se refiere el artículo 27 de la Constitución, se le cambió por el nombre ése ambiguo, que en siglas dice, SEMIP, Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, olvidando lo fundamental, que lo que estaban custodiando era el patrimonio de la nación, la paraestatal es una denominación técnica sobre un modo de administrar empresas que están adscritas o al patrimonio de la nación o sobre las cuales tiene el gobierno mayoría accionaria.
En el caso de Teléfonos de México, en el cual obviamente, por el tamaño de la empresa, por lo extraordinariamente complejo de la operación y, en este caso, por la vigilancia muy estrecha que ha tenido la organización sindical en la operación, las cosas no han sido tan sencillas.
Las cuestiones que están todavía en el misterio, son, las que ya notó el diputado Quiroz Miranda: ¿es la misma concesión? .¿Es una nueva concesión? ¿La concesión es reversible? Porque se trata de una empresa que tiene esa característica, una empresa que es depositaria de una concesión. ¿Cuáles son los términos jurídicos que acompañan esta venta? ¿Cuáles son los criterios mediante los cuales se asignaron, a determinados grupos empresariales del extranjero o mexicanos, los paquetes de acciones? ¿Cuál es el nuevo equilibrio dentro de la empresa?
Tenemos entendido, sin que haya información del gobierno y siendo muy confusa la que aparece en los periódicos, que los grupos que definitivamente quedarán como titulares de las acciones, han pedido, de acuerdo entre ellos, que no haya más de ocho miembros del Consejo de Administración, de modo que haya una concentración de las decisiones en estos grupos que representan una inversión importante de capital y evidentemente una aportación tecnológica. Si esto fuera así, parece ser que para tener un representante en el Consejo de Administración, se necesita el 12.5% de las acciones. No sabemos, por ejemplo, hay noticias contradictorias, hasta hace poco, si ya se decidió cuáles van a ser estos grupos accionarios.
Dos. No se ha sabido tampoco y se tienen noticias en un sentido nada más, si el gobierno federal va a retener a través de Nacional Financiera o de otra institución nacional de crédito, un número suficiente de acciones, como para tener un lugar en el Consejo de Administración.
La última referencia que leímos, es que el gobierno no se interesa en tener un representante en el Consejo de Administración; tratándose de una empresa tan importante para la vida del país y cuyo carácter estratégico, en un sentido nato, no se argumenta aquí que no está en el enlistado de la Constitución; en un sentido nato, es tan evidente.
Se sabe que el sindicato sí quisiera tener un número de acciones suficientes para estar representado con un miembro en el Consejo de Administración.
Todo esto es poco claro. No se conoce, sino por cifras que además cuando uno las oye o las lee, parecen exorbitantes, cuál es el monto de la transferencia de recursos, cuál es el monto de la transacción, incluso cuál es el monto total y por paquetes de las acciones que van a ser transferidas a particulares de México y del extranjero. No se sabe tampoco cuál es el uso que se iba a dar a esos recursos; se dice el que el Programa Nacional de Solidaridad, no se sabe; se dice que cubrir huecos del presupuesto federal, en otros capítulos, no se sabe; no hay información ni sobre la estructura ni sobre el monto ni sobre el destino de una mesa muy importante de capital que va a ser transferida de los particulares al Estado Mexicano por la venta de esos paquetes accionarios.
Hay un hecho además que ha venido a enturbiar toda esta operación telefónica, que son las decisiones que ya la compañía ha tomado para las nuevas concesiones para el desarrollo de técnicas modernas de la comunicación telefónica que conocemos genéricamente como telefonía celular.
Hay informaciones en los periódicos y en las revistas, hay ya reportajes que nos dicen que a tres o cuatro grupos de políticos mexicanos disfrazados de empresarios, se les han transferido las concesiones por regiones del país de la telefonía celular. Hay quien afirma que es una manera de compensar a los dinosaurios porque se les va a ir sacando poco a poco del proceso político, que esas concesiones son para premiar a dinosaurios del sistema político que ofrecen su apoyo para legitimación del régimen, pero que tienen poco futuro cuando se modernice su partido.
Todas esas versiones, que no estoy afirmando que sean rigurosamente ciertas, aunque hay muchos elementos ya aportados por la Prensa nacional y por la Prensa extranjera, tienen que ser transparentes.
¿Se puede usar Teléfonos de México cuando todavía tiene posibilidades de decidir el gobierno, para premios políticos, formas modernas de cacicazgos empresariales como antes se distribuían contratos de obras públicas al bajar el presupuesto para esos contratos ahora lo que se cede a los grupos de interés dentro del propio sistema son estos contratos de telefonía celular?
¿Quiénes son, quiénes son los beneficiarios de estos contratos?
Nos hacemos, pues, solidarios de esta propuesta es indispensable que haya transparencia en las operaciones actuales de la empresa Teléfonos de México, en el nacimiento y desarrollo de la telefonía celular, es indispensable que se tenga una información transparente sobre los destinatarios y las normas que habrán de regir a los grupos y accionistas dentro de las empresas. Es indispensable que se tenga una idea clara del monto de los recursos que por ese concepto van a ingresar al patrimonio federal, es indispensable, también, que se conozcan el destino de estos recursos y, por último, resulta fundamental que conozcamos cuál va a ser nuevo régimen de concesión.
Si no se hace todo esto, es estará simplemente en una demagogia inverosímil cuando se habla de modernización o de reforma del Estado. La modernización y la reforma del Estado exigen otro tipo de relación entre el poder público y la ciudadanía, exigen una rigurosa transparencia en los actos fundamentales del gobierno y un esmerado respeto del Poder Ejecutivo hacia las competencias del Congreso de la Unión.
El Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si se admite o no a discusión esta proposición.
El secretario senador Julián Gascón Mercado: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se admite a discusión la proposición.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo....Se admite, señor Presidente.
El Presidente: - Consulte si se considera de urgente resolución.
El secretario senador Julián Gascón Mercado: - Por disposición de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se considera de urgente resolución.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... No se considera de urgente y obvia resolución.
El Presidente: - Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente.
BANCO NACIONAL PESQUERO Y PORTUARIO
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Astolfo Vicencio Tovar.
El diputado Astolfo Vicencio Tovar: - Señor Presidente; compañeros legisladores: Sentimos en el Partido Acción Nacional, que el Ejecutivo Federal, en tratándose del problema suscitado por los ilícitos cometidos en el Banco Nacional Pesquero y Portuario ha de estar ya muy contento porque todos recordamos como hace varias semanas por medio de los periódicos y los distintos medios de difusión, se dio a conocer que la Secretaría de Hacienda había denunciado unos ilícitos por más de 400 mil millones de pesos y que se habían girado órdenes de aprehensión en contra de 13 supuestos delincuentes y que se estaba siguiendo este asunto hasta las últimas consecuencias. Pero desgraciadamente eso ya está definitivamente olvidado y que la Procuraduría General de la República no ha investigado lo que debía investigar.
Recordarán también que en diciembre de 1989, la Cámara de Diputados aprobó una comisión
especial para la investigación del posible fraude en el Banco Nacional Pesquero y Portuario, ya que había reportado una quiebra técnica de 2.75 billones de pesos, que después al aumentar el capital de dicha institución bancaria, llegaba hasta la apreciable suma de 3.4 billones de pesos, que hemos estado denunciando; 400 mil millones de pesos es casi la décima parte de la quiebra total, por lo que no podemos estar de acuerdo en que se voltee la hoja y decir: ¡Ah, ya se el Ejecutivo giró órdenes de aprehensión contra tres exfuncionarios, porque habían cometido ilícitos por 400 mil millones de pesos".
Nosotros seguimos insistiendo en que el fraude del Banco Nacional Pesquero y Portuario es un atraco a la nación y que por tal motivo la Procuraduría General de la República debe intervenir hasta las últimas consecuencias y castigar a todos aquellos que cometieron esos ilícitos.
Hemos presentado, la diputación de Acción Nacional, varias denuncias en la Procuraduría General de la República; estamos presentando una más. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Ahora esta denuncia es de más de un billón de pesos mexicanos. Suma importantísima que prácticamente es la tercera parte de la famosa quiebra técnica.
Para ilustrar a ustedes más a fondo sobre este problema, me voy a permitir leer las partes fundamentales de la denuncia, de la nueva denuncias que estamos presentando en la Procuraduría General de la República:
"Con fecha 27 de abril del presente año, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional hizo la denuncia formal en contra del Banco Nacional Pesquero y Portuario.
Con fecha 23 de mayo, varios diputados de los que suscriben este escrito presentamos una segunda denuncia, en la que adjuntamos relaciones de créditos otorgados y no cobrados por el Banco Nacional Pesquero y Portuario, por más de 12 mil millones de pesos moneda nacional.
Con fecha de 18 de junio pasado, presentamos una tercera denuncia por créditos no recuperados, por 40 millones 226 mil 783 dólares y, a demás, por 10 mil 327 millones 312 mil 400 pesos moneda nacional."
Hasta la fecha no se ha informado sobre las investigaciones que al respecto haya realizado esa Procuraduría, por lo que le rogamos a usted se nos informen de inmediato los resultados obtenidos.
Con el propósito de aportar más elementos que permitan hacer una investigación más amplia sobre la "quiebra técnica" del Banco Nacional Pesquero y Portuario, adjuntamos a la presente nuevos elementos:
Una relación de seis deudores de dicho banco, en varias divisas y 24 más en moneda nacional, según anexos, con el fin de que se analice a fondo el por qué esos créditos no fueron liquidados oportunamente.
Por otra parte, estamos anexando relaciones del propio Banco Nacional Pesquero y Portuario, lo llaman resumen de cartera, al 31 de octubre de 1988, en los cuales se aprecian los adeudos de 30 acreditados, cuyos montos ascienden a 1 billón 20 mil 272 millones 490 mil 562 pesos en moneda nacional, cantidad que se integra de la siguiente manera:
Suma de los seis acreditados citados en hoja anexa: 434 mil 943 millones 231 mil 600 pesos.
Suma del anexo 10, todos los anexos lógicamente se adjuntan: 504 mil 716 millones 93 mil 320 pesos.
Sociedad Cooperativa Virgilio Uribe: 15 mil 175 millones 413 mil 636 pesos.
Atunera del Golfo del Pacífico, S.A. DE C. V.: 65 mil 437 millones 752 mil 279 pesos.
En total estos posibles ilícitos suman 1 billón 20 mil 272 millones 490 mil 562 pesos.
El monto del adeudo en diversas divisas es como sigue, porque en el Banco Nacional Pesquero y Portuario no únicamente se otorgaban créditos en moneda nacional sino también en diversas divisas:
En moneda nacional esos créditos ascienden a 643 mil 972 en número redondos, millones de pesos: en dólares 33 millones 433 mil dólares; 7 mil 202 millones 253 mil pesetas españolas y 224 millones 190 mil francos franceses, que también suman la cantidad citada de más de un billón de pesos.
No obstante que los créditos citados en los incisos se encuentran afircocados, estimamos que deben ser objeto de una profunda investigación apegándose a lo antes expuesto en virtud de que no han sido liquidados y de afectarse los recursos del fideicomiso, antes citado, se estará atentando contra los recursos de la nación, por lo tanto se deben de proteger de igual forma.
Considerando que este monto representa un alto porcentaje de la quiebra del Banco Nacional Pesquero y Portuario, es importante que se den a conocer los antecedentes de estos créditos y se aclaren algunas interrogantes respecto a estos financiamientos y entre las más importantes podríamos citar las siguientes; ¿Qué tipo de garantías respaldaron dichos créditos? ¿Quién autorizó estos créditos y si tenías facultades para ello? ¿Los deudores contaban con solvencia moral y económica para hacerlo frente a este tipo de compromisos?
¿Que tipo de gestiones hizo el Banco Nacional Pesquero y Portuario con propósitos de recuperar estos créditos y cuáles fueron sus resultados?
Las anteriores interrogantes las deben de contestar la Comisión Nacional Bancaria, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en virtud de que el Banco Nacional Pesquero y Portuario debió informarles a éstas de la situación de dichos créditos y demás operaciones en base a los artículos 72,97,100,105,110,111 y 112 de la Ley Reglamentaria del Servicio de Banca y Crédito.
En tales circunstancias solicitamos que la Procuraduría General de la República solicite a su vez a las dependencias citadas, así como a los suscritos que le informe a la mayor brevedad remitiendo sus informes con la documentación correspondiente consistente en las autorizaciones de esos créditos, contratos, comprobación de garantías específicas y sus registros contables para poder observar como se aplicaron dichos recursos y deslindar las responsabilidades que correspondan, ya que estos adeudos no han sido liquidados y representan un fuerte quebranto para el Banco Nacional Pesquero y Portuario y para la nación.
Según valuación que se hizo al 9 de febrero de este año, su importe en moneda nacional asciende, como ya se había indicado, a 1 billón, 20 mil, 272 millones 490 mil, 562 pesos moneda nacional, incluyendo todo lo que se ha informado.
Los quebrantos no se pueden ocultar, prueba de ello es que el Banco Nacional Pesquero y Portuario quebró y además basándose en la información de cartera del propio banco, se aprecia que existen créditos otorgados a algunas empresas que se consideran irrecuperables, tal es el caso de Pescamar, S. A de C. V. y Pescanueva de México S. A., citados en relación anexa, quienes adeudan más de 90 mil millones de pesos en moneda nacional.
Por lo tanto, es de suma importancia que se aclare la forma en que fueron otorgados, así como también las facultades de quienes emitieron las autorizaciones de los contratos respectivos y sus registros contables para que se verifique la correcta aplicación de estos recursos.
Queremos dejar claro que nuestra petición no está basada en simples sospechas, ya que en recorridos por los litorales del país han sido generalizadas las denuncias por voz de pescadores y en muchos casos por ex funcionarios de la Secretaría de Pesca, quienes afirman que se otorgaron muchos millones de pesos en créditos a personas influyentes.
Esto nos obliga a exigir aun más que se profundice en las investigaciones para que se despejen todas esas dudas de los malos manejos que fueron práctica común en el Banco Nacional Pesquero y Portuario, en los sexenios del licenciado López Portillo y de Miguel de Madrid, ya que de no clarificarse a fondo ese gran fraude quedaría en evidencia la administración del licenciado Carlos Salinas de Gortari.
Se anexan relaciones de deudores expedidos por el Banco Nacional Pesquero y Portuario y resumen de seis acreditados importantes con el propósito de que la investigación sea más concreta.
Se anexa también denuncia que hizo la cooperativa Productores Nacionales de Abulón, en la revista "Línea Cooperativa", en su número 113 de mayo a junio de 1990, por ilícitos cometidos por la empresa denominada Atunidos, S. A.
Señores, esta última denuncia que hace una sociedad cooperativa y que aparece con todo detalle en la revista "Línea Cooperativa", en su número 113, como ya lo informábamos, da una muestra de lo que pasaba en el Banco Nacional Pesquero y Portuario.
Se compraron, se adquirieron barcos, ya sea camaroneros, atuneros o para la pesca de abulón, cada uno con valor de 10 millones o más de dólares, 10 millones de dólares. En la práctica casi no se usaron estos barcos. Aquí es esta denuncia, hasta con mapas para que nos demos una mejor idea, nos informa esta sociedad cooperativa cómo allá por el rumbo de Ensenada, junto a la Isla de Cedros, una pequeña isla que se llama San Benito del Oeste, ahí en esa isla se fue a encallar a propósito un barco atunero que se llama "Teacapán", que también costó más de 10 millones de dólares, que prácticamente nunca se usó, pero que tampoco se pagó, y entonces para cobrar el seguro, pues se encalló en un lugar que según los técnicos de esta cooperativa no pudo haber sido. Porque decían: " Si es que hubiera encallado, debió haber encallado en la zona norte de la isla y lo fueron a encallar en la zona poniente", y aquí dan todas las explicaciones técnicas del por qué.
Así es que eso no es posible seguirlo soportando Nosotros tenemos que tomar una medida. Debemos exigir a la Procuraduría General de la República siga haciendo las investigaciones del caso para que presione al Ejecutivo Federal y para que también nos informe a esta Comisión Permanente y, sobre todo, que informe a toda la nación de cuál ha sido el resultado de las investigaciones que supuestamente ha hecho y que son derivadas de las denuncias que hemos presentado ya en varias ocasiones.
La cantidad no es una bicoca. Ya son más de 1 billón de pesos lo que nosotros estamos denunciando y aparentemente la Procuraduría está muy contenta porque la Secretaría de Hacienda ya le dijo que había 400 mil millones de pesos y 13 defraudadores y aparentemente no ha hecho nada.
Por eso nuevamente insistimos en denunciar más hechos ante la Procuraduría. Todos ustedes saben que con el famoso secreto bancario se nos ha impedido el acceso a la información, pero nosotros hemos estado haciendo investigaciones por nuestra cuenta y hemos logrado con muchos trabajos todo lo que hemos informado.
Por lo tanto, señores legisladores de esta Comisión Permanente del Congreso, para resolver de una vez por todas este asunto, presentamos ante ustedes y esperamos que se apruebe en esta sesión, el siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ante la gravedad de los hechos derivados de la quiebra técnica del Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito,(Banpesca) y solicita a la Procuraduría General de la República un informe de los resultados de las investigaciones realizadas con motivo de las denuncias presentadas, que presuponen ilícitos cometidos en contra de esa institución.
Sala de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 15 de agosto de 1990. - Diputados: María Teresa Ortuño Gurza, Fernando Antonio Lozano Gracia, Leopoldo Homero Salinas Gaytán y el que suscribe, Astolfo Vicencio Tovar.»
El Presidente: - Se abre el registro de oradores. Tiene la palabra el diputado Pérez Jácome.
El diputado Dionisio E. Pérez Jácome: - Con la venia del señor Presidente; compañeras y compañeros miembros de esta honorable Comisión Permanente: Ya son varios meses los que nos ha tocado escuchar comentarios, disertaciones, exposiciones amplias o muy reducidas sobre este tema, sobre este tema que ha querido hacerse, en voluntad cuando menos, en pretensión de algún partido político, un escándalo nacional, sobre el tema del Banco Nacional Pesquero y Portuario que en el momento de ser planteado ante la Cámara, en efecto un 28 de diciembre, fue acogido con interés por todos los miembros de los diferentes grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, al extremo de constituir una comisión especial que habría de investigar lo que se denuncia y plantear lo que debía o podía hacerse en términos de nuestro estado de derecho.
Pero yo creo que tanto manejarse, de tanto manipularse, de tanto manosearse el tema, está derivando ya a comentarios que con todo el respeto que me merecen los señores legisladores proponentes de este punto de acuerdo, llevan en sí su propia respuesta sin tener incluso que ser muy docto o estar muy informado sobre esta materia.
Originalmente se habló, se manejó, se trató de vender a la opinión pública para siempre una cifra mágica: 2.7 billones de pesos es el monto de lo defraudado al pueblo mexicano a través del Banco Nacional Pesquero y Portuario: Ahora son ya 3.4 billones, pueden ser 10 si ustedes quieren, suenan muchos en efecto y definitivamente la frase aquella tiene validez siempre, calumnia que algo queda.
Pero lo nuevo, lo novedoso en este caso es recurrir, cuando menos a través de mis muy respetables y queridos compañeros del Partido Acción Nacional, a un elemento supuesto de convencimiento, al que otro legislador, con cierta "habilidad parlamentaria", utilizó. Se presentó un miembro de la comisión especial del Banco Nacional Pesquero y Portuario, en uno de los debates sobre esta materia ante el pleno de la Cámara, hizo una serie de afirmaciones y manifestó que dejaba un legajo de documentos de prueba sobre lo que argüía a la secretaría por su extensión, porque no era en ese momento adecuado leerlo, pero que en todo caso ese elemento de información debería formar parte de los elementos de trabajo que la comisión analizaba.
Siendo miembro de la comisión e interesado por esos documentos, consulte a la secretaría sobre su existencia y por supuesto sobre su contenido, para poder en su momento examinarlos. Terminaron siendo, lo cito textualmente y aparece en el Diario de Debates, las páginas de una revista, de una revista de difusión nacional, que contenía la opinión, también muy respetable de sus autores, pero que no aportaban un solo elemento más sobre este tema.
Acabamos de escuchar una relación acumulativa más que pormenorizada, una relación de adeudos que ahora pretenden o se presentarán ante la Procuraduría General de Justicia de la República como nuevas pruebas de fraudes y que se respaldan en otra revista, en otro interesante e importante seguramente documento de información que la Procuraduría estudiará con la acuciosidad que el caso merece pero que podía haberse consultado también con su mera citación ante el agente del Ministerio Público cuanto el grupo investigador de esta materia.
Hagamos una breve historia:
Se constituyó en efecto la comisión y la comisión trabajó; trabajamos en ella algunos sólo tratando de llevar agua a su molino, lo digo con toda franqueza y convencido plenamente de ello, otros tratando de encontrar efectivamente resultados importantes de la investigación y de acusar o defender, en su caso, si tal fuera su convencimiento, a los supuestos culpables de los ilícitos que se denunciaban.
Se trabajaron varias semanas, no todos los legisladores participaron de igual forma, pero finalmente la comisión, que simplemente en términos reglamentarios tenía que hacerse del conocimiento del pleno de la Cámara porque así había sido acordado por los grupos parlamentarios en un acuerdo que al respecto habían tenido.
La resolución de la comisión es la que en sí debería de transmitirse al Ejecutivo como lo ordena el artículo 93 de la Constitución.
¡Ah! pero el momento que se presentó la decisión, el dictamen de la comisión, se pretendió que el pleno discutiera. Inclusive convencidos de que pudiera haber sido rechazada esta propuesta que discutiera el texto mismo de un trabajo de comisión intenso en el que el pleno no había participado.
Y cuando la Presidencia, apegándose estrictamente al reglamento, decidió que habiéndose cumplido, bien o mal, pero habiéndose cumplido el trabajo de la comisión y existiendo un dictamen solamente correspondía comunicarlo en una medida de propuesta masiva y espectacular, nuestros compañeros de la oposición se retiraron e implantaron la primera huelga parlamentaria, así le llamaron, en la historia del Poder Legislativo Mexicano: teatro, espectáculo, llevar agua a su molino, exclusivamente de eso parecía tratarse.
¿Qué decía el resultado de la investigación? ¿Qué decía el dictamen? Por un lado probaba plenamente, y si se tomaron la molestia de leerlo puedo circular ejemplares del mismo entre quienes fueron mis compañeros en la comisión, que el 87% simplemente de la quiebra técnica se explicaba por un diferencial de tasas de interés. Porque el Banco Nacional Pesquero y Portuario como muchas instituciones de México o del mundo, y ahí está el caso de los Savings and Loans de los Estados Unidos de América, había prestado más barato de lo que le costaba el dinero, por una finalidad de tipo social, por cumplir un postulado económico de un plan de desarrollo, motivos podría haber de cualquier naturaleza, pero el 87% del quebranto tan sólo con ellos se explicaba.
Se demostró también, y plenamente, que el Poder Ejecutivo había cumplido con respeto absoluto al Legislativo en los trabajos previos al inicio de la liquidación del Banco Nacional Pesquero y Portuario.
Y, finalmente, tratándose de los casos particulares se decía, se dice, expresamente en el dictamen; no exculpamos a nadie. Son denuncias no probadas, los elementos que nos han dado no son suficientes, no podemos por el secreto bancario, querámoslo o no, está en la ley, penetrar en una investigación mayor, no nos compete legalmente hacerlo, pero ni cerramos los ojos ni nos lavamos la mano, ni lavamos la conciencia de quienes sí pudieron haber sido responsables de este hecho.
¿Qué pedimos? ¿Qué propusimos? Expresamente así lo hicimos: que la Comisión Nacional Bancaria con las facultades que le competen y la Procuraduría General de Justicia de la República como agente activo en el proceso de acción penal del Estado mexicano tomaran cartas en el asunto.
Se remitió el expediente a la Nacional Bancaria y se remitió a la Procuraduría. Eran vagas las imputaciones que todavía se contenían, algunas de ellas hasta risibles, se acusaba por ejemplo de financiar al Partido Revolucionario Institucional, porque aparecería por ahí un crédito dado a Coppri por 50 ó 50 mil millones de pesos, lo que fuera y no se había tomado la molestia de advertir que era una cooperativa que se llamaba Partido Revolucionario Institucional, porque era Productores o Pescadores Ribereños del Istmo y no Partido Revolucionario Institucional.
A ese extremo se llegó en una temeraria afirmación de ilícitos y no fue el caso, por supuesto, de mi querido compañero Vicencio Tovar, pero se llegó a manejar, con un ánimo de intento espectacular, destructivo si pudiera llegarle eso al prestigio de un alto funcionario de Estado, el que
existían intereses ocultos en una Secretaría que otorgaba a las cooperativas autorizaciones, porque había un crédito para sociedades anónimas que no tenían que ver con cooperativas, pero que se llamaban o habían recibido en algún sentido apoyo o respaldo de esa sociedad.
La Procuraduría tomó cartas en el asunto, e inclusive tuvo una reunión el 30 de mayo pasado. a la que asistió el señor diputado Astolfo Vicencio Tovar, en que el subprocurador, el director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría y un diputado por cada fracción parlamentaria, Cantú Cerna por el Partido Revolucionario Institucional, don Astolfo por el Partido Acción Nacional, Jaramillo, no recuerdo los nombres de los demás, pero representando a cada grupo parlamentario hasta Jaime Enríquez Félix por el Grupo Independiente asistieron y en la que la Procuraduría les dijo: esto es lo que tengo, efectivamente me acojo a las peticiones de ustedes y les ofrezco, les pido, les solicito se conviertan en coadyuvantes del Ministerio Público para llegar a un feliz resultado, como lo pide la Cámara de Diputados y la Procuraduría trabajó.
Curiosamente lo que la Comisión Nacional Bancaria esclareció de esos primeros 14 sujetos, supuestamente responsables, esto está sub judice ante la justicia de nuestro país; no podemos por ello afirmar definitivamente que lo son, pero lo sólido de la investigación no se apoyaba, desafortunadamente para mis compañeros de la oposición, en lo que ellos, sin ninguna prueba habían aportado; se apoyaba en elementos de trabajo que el dictamen contenía y en la investigación que la Comisión Nacional Bancaria, que sí tenía facultades para hacerlo, investigó. Se llegó a una cifra preventiva, puede confirmarse, puede en alguna manera diluirse o puede incrementarse de 400 mil millones de pesos, incluyendo ya accesorios y se señalaron a una serie de responsables o supuestamente responsables, entre los que se incluyó a uno de los anteriores directores del Banco Nacional Pesquero y Portuario y a algunos de sus colaboradores inmediatos, así como 13 particulares también; se giraron órdenes de aprehensión, se aprehendieron a algunos de ellos, se inició el proceso con todo el interés y la acuciosidad que la Procuraduría General de Justicia de la República despliega en estos casos.
El 27 de julio de este año hubo una reunión con el señor Procurador de Justicia de la República, con miembros de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, a la que asistió por cierto otro distinguido compañero aquí presente del Partido Acción Nacional, don Leopoldo Salinas. En esa reunión fue consultado el procurador sobre los avances de la investigación y sobre lo que le había aportado el dictamen de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. El reconoció textualmente que había sido muy serio y responsable el trabajo de la comisión, que habían sido muy útiles y que, sobre todo, con la directriz sentada de que la Comisión Nacional Bancaria apoyara plenamente los trabajos de la Procuraduría, se estaba llegando a resultados importantes en la dilucidación, en el esclarecimiento de los hechos y de sus responsables.
Insistió nuevamente el señor procurador, y no me dejará por supuesto mentir el señor diputado Salinas, en que invitaba a la coadyuvancia, a coadyuvancia legal, formal, no simplemente afirmaciones en los periódicos o pidiendo a la Comisión Permanente que turne, a coadyuvancia plena y consciente de la responsabilidad que el denunciante y el coadyuvante tiene, a aportar elementos de respaldo para que la Procuraduría pueda cumplir con su función y pueda pedir se castigue a los responsables.
Más tarde, y en esa misma reunión, el procurador propuso a la Cámara de Diputados algo muy interesante: el establecimiento de un mecanismo permanente de comunicación y enlace entre la Procuraduría y la Cámara de Diputados, mecanismo que a su vez, al ser acogido favorablemente por los diputados, derivó a una reunión de la Comisión de Justicia que tuvimos el pasado 7 de agosto, en la que establecimos un término de 15 días para que cada grupo parlamentario hiciera su propuesta operativa para ese mecanismo de enlace.
Si ya la Procuraduría, a través de información, a través de boletines de Prensa había transmitido lo que estaba ocurriendo en el caso del Banco Nacional Pesquero y Portuario, que hubiera un mecanismo institucionalizado que permitiera, al día o por hora, si se quería saber, en sus avances por el respeto y, sobre todo, el interés legítimo de los señores legisladores por saber en qué derivaba la investigación que habían llevado al efecto.
El Partido Revolucionario Institucional ya presentó su propuesta, están transcurriendo los 15 días; seguramente nuestros compañeros de otros grupos lo harán.
En conclusión de estos hechos, enumerados así, señor, un tanto en desorden, para nosotros es muy claro; la Procuraduría sí ha actuado; hay un proceso en trámite, hay denuncias, hay órdenes de aprehensión y hay aprehendidos. Ha actuado y ha informado, por todos los medios, por boletines, por la televisión o directamente a los interesados; ha ofrecido o recomendado coadyuvancia formal a los señores diputados, darles injerencia absoluta
en este procedimiento y ha propuesto también un mecanismo de información y enlace permanente, que evite el tener que llamarnos arrobados, porque en la mañana de hoy no se nos dijo cómo va una real o supuesta denuncia que presentaban.
Por respeto a la Cámara, a todos los diputados, la Procuraduría no ha dicho lo que con claridad, con sinceridad, con franqueza, tengo que decir: la mayor parte de las imputaciones han sido un tanto ligeras; han sido producto más de la pasión que de la razón y han correspondido, han respondido plenamente a un interés político por desprestigiar a un sistema del que ellos se sienten ajenos, aunque gracias a ese ejercicio de pluralismo político podamos confirmar que son también plenamente protagonistas, pero aquí es donde el tiro les ha salido por la culata.
Creo que a través de este procedimiento, del Banco Nacional Pesquero y Portuario, de la transparencia del serio trabajo que se realizó la comisión, de lo que la Procuraduría está poniendo en claro, de su energía en perseguir a los responsables de estos ilícitos, en vez de deprimirse, en vez de afectarse, el prestigio de nuestro gobierno se ha robustecido.
Doy las gracias a mis compañeros de la oposición por la oportunidad que le han dado al gobierno de demostrar que es verdad el que se cumple la ley y se castiga al responsable cuando ésta se infringe, sobre todo por haber advertido que los foros, por importantes que sean, tribunalicios, no pueden tener más validez que la seria, consciente, sensata y transparente denuncia de hechos, ante la autoridad que constitucionalmente le corresponde dilucidarlos, conocerlos y acusar en función de ellos.
Creo que se ha hecho mucho ruido ya sobre el Banco Nacional Pesquero y Portuario, probablemente se siga haciendo. De lo único que me congratulo, es que lo que va quedando absolutamente en firme, en claro, es que el gobierno y los diputados, que sí transmitimos y que sí pedimos a la Procuraduría que actuara, no encubrimos a nadie, que a cambio de ello tenemos verdadero interés en que las cosas queden limpias, claras, se castigue a los responsables y estas conductas, si se realizaron, no vuelvan a efectuarse, afectando el interés supremo de la nación. Muchas gracias.
El diputado Astolfo Vicencio Tovar (desde su curul): -Pido la palabra, señor Presidente, para alusiones personales.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Astolfo Vicencio Tovar.
El diputado Astolfo Vicencio Tovar: - Sabía que vendría a esta tribuna el diputado Pérez Jácome, a contestar, como es su costumbre, con falacias lo que nosotros exponemos.
Siempre, a pesar de que admiro en él su lucidez de pensamiento, no me explico por qué ese pensamiento lo emplea para retorcer el derecho, la razón y muchas veces, siento yo, que sus propias convicciones personales.
Ya en la Cámara de Diputados, como él ha dicho aquí, se ha discutido muchísimo este asunto. El dice que nosotros tratamos de darle a este penoso asunto un carácter de escándalo nacional. Caray, creo que si el propio gobierno está aceptando por medio de los registros contables del Banco Nacional Pesquero y Portuario en sus balances una quiebra técnica, que nunca nos han sabido decir qué quiere decir eso y yo se lo pregunté al diputado Pérez Jácome en su oportunidad y él ni siquiera sabe qué es la quiebra técnica.
Pero de todos modos, si el gobierno está reconociendo una quiebra técnica de 2.75 billones de pesos, tiene que ser un escándalo nacional; aunque signifique en estos momentos ya de nuestra devaluada moneda un 1% en el presupuesto nacional, de todos modos tiene que ser un escándalo nacional el que desaparezcan 2.75 billones del patrimonio nacional.
Por otro lado nos dice que la comisión especial cumplió con su deber, que estuvimos ahí, desde luego que estuvimos durante mucho tiempo y él recordará que nos tuvimos que salir en varias ocasiones porque no se nos quería proporcionar la información que nosotros solicitábamos. Se nos adujo el famoso secreto bancario. El fue uno de sus más acérrimos defensores de que el secreto bancario debe existir y seguirá existiendo.
Hoy en las noticias de la Convención de la Asociación Nacional de Bancos se decía que el secreto bancario tiene que seguir existiendo porque es una conquista que es incólume, una serie de cosas.
Desde luego, nosotros también estamos de acuerdo que debe existir el secreto bancario en determinados, en la gran mayoría de los casos, pero si en este caso que nos ocupa se formó una Comisión Especial Investigadora del Poder Legislativo, de la Cámara de Diputados, una comisión constitucional, por qué se insiste en el secreto bancario, que él asocia después con que no hemos presentado información fidedigna a la Procuraduría y que nosotros, que aun cuando la Procuraduría nos haya otorgado la coadyuvancia para resolver este asunto, nosotros no hemos presentado pruebas fehacientes. Cómo las vamos a presentar
si hemos tenido cerrados todos los canales de información, si nunca se nos quiso proporcionar lo que nosotros solicitábamos. ¿Dónde están las actas de los órganos de gobierno, señor diputado? ¿Dónde están las actas de la Asamblea de Accionistas? ¿Dónde están las actas de la Junta General de Gobierno del Banco Nacional Pesquero y Portuario? ¿Dónde están los informes de los comisarios? Todo eso lo pedimos y nunca se nos quiso dar.
Queríamos saber cómo se venía resquebrajando la política económica en el Banco Nacional Pesquero y Portuario y porqué no se habían frenado esas acciones negativas para que no se llegara a una quiebra de 2.75 billones. queríamos saber quiénes habían sido los responsables y todavía a estas fechas no se ha logrado.
Definitivamente no se qué es lo que quiera el señor diputado. Desde luego que a él lo mandan para apagar todos estos incendios. Siempre cuando tienen alguna cosa escabrosa o que les va a costar mucho trabajo, han de decir: ¿Quién, quién? Pues Pérez Jácome, él al fin tiene mucha labia y puede, con sus argumentos falaces desbaratar todos los argumentos de la oposición.
Pero pues desgraciadamente no es así y recuerde, señor Pérez Jácome, cómo algo que en parte nos dio mucha risa pero que responde a lo que he estado diciendo, cómo en aquel entonces cuando usted se constituyó en defensor del Banco Nacional Pesquero y Portuario para hacernos ver a nosotros, los tontos de oposición, que no tenemos razón y que sólo el partido oficial es el iluminado por el espíritu santo, cómo una extraordinaria caricatura de ese también extraordinario caricaturista Naranjo...
El diputado Dionisio E. Pérez Jácome (desde su curul): - Fue Elliot,
El diputado Astolfo Vicencio Tovar: - Bueno, Elliot...
El diputado Dionisio E. Pérez Jácome (desde su curul): - Es mi compadre.
El diputado Astolfo Vicencio Tovar: - ¡Ah!, es su compadre; muy bien... Cómo lo pinta de cuerpo entero. El señor diputado Dionisio Pérez Jácome tratando de que no se vea cómo el atracador del Banco Nacional Pesquero y Portuario sale a hurtadillas y cargando mucho dinero, el dinero de la nación, caray y así todavía se nos viene a querer decir que nosotros no tenemos la razón, y no sé qué es lo más se pueda decir, desde luego, eso de los 400 mil millones de pesos de que denuncia el Ejecutivo, porque de acuerdo con el artículo 93 constitucional, sí es el Ejecutivo el que tiene la facultad de hacer las denuncias correspondientes, pero lógicamente si nosotros también estamos haciendo denuncias formales en la Procuraduría General de la República y la nación está interesada en que se resuelvan estos problemas, ¿por qué la Procuraduría no ha informado absolutamente de lo presentado en todas esas denuncias? Que no se nos venga a decir aquí que no hemos presentado los documentos originales o todo lo que ustedes quieran, la Procuraduría tiene la obligación de recibir todas las denuncias que se le presenten y además tiene la obligación de investigar y decir si son o no son motivos de aplicación de la ley.
Así es que, señores, nosotros seguiremos insistiendo en este fraude. Dicen que ya se cansó el pueblo de tantas cosas, que el tiro nos salió por la culata, yo creo que a los que les ha salido por la culata ha sido al gobierno y al partido oficial, porque una vez más se demuestra que la corrupción persiste en nuestro medio político y en todo el medio oficial de la nación.
Así es que, señores, nosotros seguimos insistiendo y si esta Comisión Permanente no aprueba ese punto de acuerdo, será el partido oficial y su gobierno el que tenga que cargar con la responsabilidad de este hecho. (Aplausos.)
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Vicente Luis Coca Alvarez.
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez: - Con el permiso de la Presidencia, de los compañeros legisladores, que no queremos polemizar entre si fue el Partido Acción Nacional o el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana quien denunció estos hechos cometidos en agravio de la nación y, por supuesto, también las cifras que de manera displicente maneja el compañero Pérez Jácome, de si son tantos o cuantos billones de pesos.
Lo que nos preocupa es de que venga a la tribuna el diputado Pérez Jácome con una gran audacia a tratar de minimizar un asunto que es hoy por hoy el tema de la nación; tan es así que tuvo que ser el ciudadano presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, quien retomase este asunto, este vergonzoso asunto por encima de estas investigaciones válidas, medrosas, de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, para que con el informe, que no dictamen, se iniciase la investigación ante la Procuraduría General de la República.
Justamente en ese marco que acaba de felizmente citar el compañero Astolfo Vicencio Tovar, el
compañero Pérez Jácome tratando apretujadamente de cancelar la información ya no tan sólo a la nación misma, sino a un órgano específico que tiene que investigar a fondo.
Yo no siento que ni los diputados, que ni los partidos políticos, hayamos querido suplantar o hayamos querido arrogarnos facultades que no tenemos y obviamente considero que debe conocer o debiera conocer a perfección, el señor diputado Pérez Jácome, el contenido de los artículos 21 y 102 de la Constitución General de la República y saber a quién compete investigar los ilícitos, las conductas delictuosas en este país.
No, no queremos que los ministerios públicos o que el Ministerio Público coadyuve con los diputados. No es ésa la facultad, ni es lo que reza la Constitución, ni las leyes que de este documento fundamental emanan, queremos y hemos querido y ésa ha sido nuestra acción, con el respeto que nos merece el Poder Ejecutivo, convertimos en coadyuvantes del Ministerio Público y es ahí a lo que no se nos ha permitido el acceso.
Dice ahora el diputado Pérez Jácome: "El Ministerio Público está en la mejor disposición de entrar en coadyuvancia con los diputados". Qué barbaridad.
Ahí está la versión estenográfica que ojalá, los compañeros estenógrafos son muy honestos, no la cambien, para que la revisemos, eso que dijo usted, aquí en tribuna.
No pedimos eso, pero no queremos que se venga a minimizar este fraude billonario, que por supuesto es del mayor interés nacional, porque como lo dijera el compañero Abel Vicencio Tovar, en tribuna, hay una serie de obras, de rezago social, que dejaron de cumplirse, que dejaron de confeccionarse.
¿Cuántos obreros, compañero Blas Chumacero, quedaron a la expectativa de sus derechos, porque obviamente no pudieron o no quisieron satisfacer sus demandas? ¿Cuántos trabajadores? ¿Cuántos campesinos se quedaron en el surco esperando el crédito barato y oportuno? ¿Cuántos mexicanos nos quedamos rezagados? ¿Cuántos estudiantes no pudieron culminar sus estudios? ¿Cuántas amas de casa tuvieron que beberse sus lágrimas, porque no tenían para satisfacer las más elementales necesidades de sus hijos? ¿Esto no es importante para el señor diputado Pérez Jácome? ¿Este no es un asunto de interés nacional? ¿Esto es lo que está reclamando, por voz de la interlocución de los diputados, la nación entera? No acallemos esas voces.
Mucho se podrá reír el señor diputado, de esas exclamaciones, no son mías señor diputado; son de esos obreros, son de esos trabajadores, son de esos campesinos, son de esos estudiantes, son de esas amas de casa, que se han quedado varadas en el camino, porque algunos funcionarios, algunos servidores públicos, que han saqueado el erario nacional, no tan sólo con la complicidad de sus superiores jerárquicos, sino ahora con la complacencia del Poder Legislativo, por lo menos de los que dicen ser la mayoría al interior del Poder Legislativo. Qué vergüenza. Esto es lo que nos tiene todavía preocupados.
Dice el señor diputado Pérez Jácome que no había por qué preocuparse, que de hecho en las investigaciones que se realizaron, pues no se encontraron mayores cosas, que sólo había recortes periodísticos, revistas que se presentaron, que se exhibieron como pruebas.
Pero ahí están las facultades expresas del Ministerio Público Federal y en todo caso la lenidad, la responsabilidad en que la propia Procuraduría General de la República, en flagrante violación al 21 y al 102 de la Constitución, ha entrado, al no esclarecer suficientemente, no porque los diputados no le hayamos allanado el camino, que en exceso hemos entregado la documentación respectiva, el Partido Acción Nacional, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, otros grupos parlamentarios, sino porque no hay la voluntad, en todo caso, política que todavía algunos grupos que se resisten al cambio.
Y fue entonces cuando el propio Presidente de la República les echó un mentís a los diputados del Partido Revolucionario Institucional y dijo: Hago míos los planteamientos de este informe e investíguese, ordenándole a la Procuraduría General de la República.
Eso es lo que queremos, se consignaron a 14 elementos y han ido saliendo algunos y otros están varados por esa burocracia al interior del Poder Judicial, pero lo que queremos es que se llegue, efectivamente, hasta sus últimas consecuencias, entiéndalo, señor diputado, con todo respeto.
No es un planteamiento del Partido Auténtico de Revolución Mexicana ni del Partido Acción Nacional ni de ningún otro grupo parlamentario, la nación lo está exigiendo, son más de 50 millones de mexicanos en extrema miseria que han caído, justamente, en esa extrema miseria por estos fraudes que ya hemos denunciado, el del Banco Nacional Pesquero y Portuario, estamos convulsionándonos por el fraude de Banco de Crédito Rural en donde también por una
burocracia inexplicable, por decirlo de alguna manera, no se atiende al pedimento del Ministerio Público Federal y no se consigna a los responsables o, consignados éstos, no se les resuelve su situación jurídica. No es así como vamos a avanzar, no es así como nos vamos a consolidar como nación.
¿Qué en este marco no estaríamos, en todo caso, hablando no de una semana, lo decíamos, la semana pasada en esta tribuna, de solidaridad? Si no ya quisiéramos los mexicanos, volvemos a insistirlo, una semana de honestidad de los servidores públicos. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente: -El diputado Sergio Quiroz Miranda, tiene la palabra.
El diputado Sergio Quiroz Miranda: - Compañeras y compañeros legisladores: Las coincidencias ideológicas, programáticas del Partido de Acción Nacional con el grupo que encabeza Salinas de Gortari, son muchas, fundamentalmente las que se refieren a la entrega del sector estatal y paraestatal de la economía al capital privado nacional y extranjero, eso no es ninguna novedad, también las que se refieren a la tesis patronal contrarrevolucionaria del llamado solidarismo, sólo para dar dos ejemplos y no ocupar mi tiempo en mayores ilustraciones sobre el caso.
Son partidarios los dirigentes y miembros de ese partido de la derecha, de la entrega de nuestra economía a los Estados Unidos de América, por eso han luchado desde que surgieron a la vida política de México y por eso se explica que un asunto que ha sido tratado en la Cámara de Diputados, como es el caso del Banco Nacional Pesquero y Portuario, del cual ha habido una respuesta del gobierno federal, hay funcionarios o ex funcionarios consignados, la investigación avanza porque compete precisamente a los órganos judiciales realizarla y no a la Cámara de Diputados, pero decía: Se explica por esas coincidencias ideológicas y programáticas y, sobre todo, de conducta antinacional del Partido Acción Nacional con el grupo en el poder, por eso se explica que exageren cada vez que un asunto importante, verdaderamente de trascendencia nacional, sacan de la manga la gastada carta del Banco Nacional Pesquero y Portuario.
No es ninguna coincidencia que cuando hablamos nosotros, y se ha probado, una proposición del Partido Popular Socialista para que se de cuentas a esta soberanía de la venta de Teléfonos de México, asunto verdaderamente trascendental para la vida económica y política de México, vuelva a salir el asunto del Banco Nacional Pesquero y Portuario.
Cuando se propuso por el Presidente de la República la modificación a la Constitución para entregar la banca nacionalizada a manos privadas y para desorientar a la opinión pública y tender una cortina de humo y llamar la atención, actuaron concatenada y armónicamente el partido de la derecha, el grupo en el poder y los medios de comunicación, sacando otra vez el caso del Banco Nacional Pesquero y Portuario. Y el caso del Banco Nacional Pesquero y Portuario entonces ocupa los titulares de la prensa, las noticias principales de la televisión, en tanto el gobierno entrega la banca a la iniciativa privada.
Cuando el gobierno pretende, como lo está haciendo ahora, entregar toda la infraestructura pesquera, las empacadoras, mandar a la quiebra a las cooperativas y entregar todo el sector pesquero a la iniciativa privada nacional y extranjera, entonces para desviar la atención y la protesta airada de los cooperativistas, de los trabajadores de la pesca y de los sindicalizados, de nueva cuenta el instrumento político de la derecha saca otra vez a flote el caso del Banco Nacional Pesquero y Portuario. Es una maniobra, lamentablemente otros partidos políticos le hacen el juego a la derecha, tal vez por la ignorancia de que se trata precisamente de una vulgar maniobra.
Yo no creo en la sinceridad o en la honestidad política de los dirigentes del Partido Acción Nacional en su aparente lucha contra la corrupción; tengo razones para no creerlo y no son de carácter ideológico.
¿Por qué no han venido aquí a exigir, si son realmente defensores de la honestidad de los funcionarios y luchadores imbatibles contra la corrupción oficial, porque de la privada jamás hablan, jamás se refieren a ella y no hay que olvidar que para que exista la corrupción oficial, primero debe existir la corrupción privada. ¿Por qué no han hablado aquí de que se agilice la investigación que pidió el Partido Popular Socialista ante la Procuraduría del estado de Baja California, sobre los malos manejos del gobernador inconstitucional Ernesto Ruffo Junnior? Porque ése es el nombre, no estoy hablando peyorativamente, así dice su acta de nacimiento: Ernesto Ruffo Junior, nacido en San Diego, California, Estados Unidos de América.
¿Por qué si son tan agresivos defensores de la honestidad pública, no han venido a hablar aquí de la denuncia penal que existe y que está congelada en la Procuraduría de Justicia del estado de Baja California, contra Eugenio Elorduy, por los 200 millones de pesos del erario público estatal de Baja California, que se embolsó y los inscribió en su propia cuenta bancaria.
Por eso digo, tengo razones de sobra para no creer en la sinceridad política de este Partido de Acción Nacional en su supuesta lucha contra la corrupción.
Otra vez el caso del Banco Nacional Pesquero y Portuario, cuando se está realizando lo que habíamos solicitado los diputados, pero ahora se trata de opacar lo fundamental, que se venda Teléfonos de México, que no nos informe Teléfonos de México y que se entregue al capital privado extranjero.
Cuando la banca, Banco Nacional Pesquero y Portuario, cuando el sector pesquero, Banco Nacional Pesquero y Portuario, cuando Teléfonos de México, Banco Nacional Pesquero y Portuario, ése es el juego, ésa es la maniobra del Partido de Acción Nacional.
Se está hablando aquí, habló el diputado Coca con una emoción, con todo respeto yo diría, digna de mejor causa, de que miles de obreros y miles de familias a consecuencia del problema del Banco Nacional Pesquero y Portuario, como si fuera más importante el problema de Banco Nacional Pesquero y Portuario que el problema de Teléfonos de México. Las solas ganancias trimestrales de Teléfonos de México superan el fraude del Banco Nacional Pesquero y Portuario. Entonces qué tiene mayor repercusión en la pobreza del pueblo mexicano y en la soberanía nacional, uno u otro caso.
En realidad, compañeras y compañeros diputados, ésta es una maniobra del partido de la derecha para echarle tierra a un acuerdo que ya hemos tomado en este momento. Muchas Gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Pérez Jácome.
El diputado Dionisio E. Pérez Jácome: - Con la venia de la Presidencia, muy breve en la alocución en función de las alusiones que se me hicieron: Le agradezco al señor diputado Astolfo Vicencio, no la nota que no se si pareció crítica o la oratoria sobre mi persona, no entraré en esos aspectos de interpretación, sino el hecho de haber reconocido en la tribuna que el Partido Acción Nacional no tiene pruebas, que no las ha presentando, que por no haber podido vencer el obstáculo legal del secreto bancario, no había tenido la facilidad de hacerlo.
Con esa honestidad del diputado, le ratifico mi oferta de que coadyuve con el Ministerio Público, que coadyuve con la Procuraduría, que solicite en esas investigaciones la posibilidad de advertir también con sus denuncias la acreditación de hechos que ha afirmado en tribuna, para que pueda proseguir su denuncia en los conductos, en el procedimiento, en los trámites legales para este efecto.
Por lo que toca al emocionado discurso de mi compañero Coca, yo creo que él no escuchó bien y se dará, en su momento, cuenta, al leer la versión estenográfica, no es ni siquiera de procesal penal, es de primer año, es de García Maines la anotación sobre la coadyuvancia. Evidentemente no alardearé sobre mi formación o mi experiencia en la cátedra en cualquier institución académica que usted pretendiese citar, sino simplemente a lo que dije aquí.
En lo que seguramente yo caigo en la confusión de Coca, porque no debo haber escuchado bien, fue en lo que él afirmó que también el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana había presentado denuncias y pruebas. Verdaderamente creo que no escuché bien, porque en ningún momento he sabido que lo haya hecho y me interesaría mucho, ahí casi por interés parlamentario, conocerlas, para saber si en este caso el alarde oratorio pudo estar un tanto desposeído de fundamento real. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Lozano Gracia.
El diputado Fernando Antonio Lozano Gracia: - Con la venia de la Presidencia; compañeros legisladores: Hemos pedido hacer uso de la palabra para rectificar algunos hechos citados aquí por el diputado Sergio Quiroz Miranda.
Cuando en el mes de diciembre, a propuesta de Acción Nacional, se configuró esta comisión investigadora, el Partido Popular Socialista manifestó que no iba a tener ningún éxito esta comisión investigadora, que se nombraba al amparo del artículo 93 constitucional.
Posteriormente cuando se rindió el informe y efectivamente quedaron puntos oscuros, puntos sin investigar, porque como se recordará en el acuerdo firmado por los coordinadores de los grupos parlamentarios, uno de los puntos importantes para la investigación, era acerca de la cartera vencida que el Banco Nacional Pesquero y Portuario no proporcionó, igualmente subió el diputado Ortíz Mendoza y manifestó que no, que él lo había advertido, que esa comisión no iba a tener ningún resultado, que obviamente se les iba a negar esos datos y que no iba a llegar a ninguna parte, incluso manifestó también, está en el Diario de los Debates: ahora el Partido Acción Nacional va a presentar una denuncia ante
la Procuraduría, se va a ir por el camino de la denuncia y ya auguró que tampoco iba a haber resultados.
En este problema del Banco Nacional Pesquero y Portuario que nosotros consideramos verdaderamente grave, porque afecta a todo un sector de desarrollo del país y en un momento sin precedentes como el que aquí se ha señalado, buscamos por todos los caminos el que se esclareciera este asunto.
Estamos conscientes, sí, de que una parte de la quiebra se debió a gastos de operación y también al pago en el cambio de divisas, esto es lógico, es cierto, está en los libros, pero una parte muy importante fue manejada fraudulentamente y era interés del Partido Acción Nacional que se esclareciera ante la opinión pública los malos manejos que se hacen de estos recursos públicos.
Nos habla el diputado Quiroz Miranda de que cada que hay un asunto de relevancia nacional se saca el del Banco Nacional Pesquero y Portuario y nos menciona que esto es una táctica premeditada para hacerlo.
Esto es lamentable. Es lamentable que se utilicen argumentos que traten de descalificar, así tan ligeramente, la actuación de representantes de la nación que vienen a la más alta tribuna a hacer del conocimiento de la opinión pública hechos verdaderamente graves para la economía y el desarrollo de la nación. No se puede descalificar así simplemente.
Venir a decir aquí que cuando se trató el asunto de la reprivatización de la banca se sacó nuevamente el del Banco Nacional Pesquero y Portuario, esto es falso, porque además quienes en el trabajo de comisiones primero hicieron las propuestas de que en la reglamentación del servicio de banca y crédito se explicitarán los principios que sirvieran de rectores para el servicio de banca y crédito y que tuviesen como objetivos la democratización, tanto del crédito como de la tenencia accionaria de las instituciones y que, además, la banca no sirviera más como instrumento para que en unas pocas manos se concentrara la riqueza, fue precisamente Acción Nacional, y en este sentido, en ese momento, de trabajo de comisiones, hubo un reconocimiento expreso del diputado Francisco Ortíz Mendoza.
Nos dice el diputado Quiroz Miranda que cómo es posible que se mencione en este momento el Banco Nacional Pesquero y Portuario, si estamos hablando de un problema tan serio como el de Teléfonos de México. Yo creo que los dos son verdaderamente serios y precisamente en la propuesta que usted formuló de Teléfonos de México, en que haya claridad en la transmisión de esta concesión, nosotros estamos totalmente de acuerdo, diputado. Estamos totalmente de acuerdo y lo hemos suscrito así.
Consideramos que es muy importante la transparencia en todo tipo de operaciones, pero no por ello podemos dejar de manifestar en esta tribuna nuevos elementos que existen de prueba en el problema del Banco Nacional Pesquero y Portuario y que tienen que esclarecerse, porque además es obligación del Ministerio Público.
Cuando se hizo por parte del Partido Popular Socialista la propuesta de investigación acerca de los hechos que usted comentaba en el gobierno de Baja California, el diputado Pedro César Acosta y Alberto Ling Altamirano, del Partido Acción Nacional, apoyaron esta propuesta, porque estamos de acuerdo en que se investigue y que salga a la luz pública cualquier acto que pudiese ser delictivo
Estos 200 millones ya tan traídos y llevados y que se ha dado una explicación bastante y suficiente de cuál fue el motivo por el que se hizo una transferencia así, toda vez que se estaba pasando de un régimen de Estado de la entidad priísta a un panista y que había que cubrir los recursos necesarios para la ceremonia de la transición de los poderes. Esto ha sido verdaderamente aclarado, con toda transparencia. Usted lo vuelve a mencionar aquí, está claro y estamos dispuestos a cualquier investigación en ese sentido...
El diputado Sergio Quiroz Miranda (desde su curul): -¿Me permite una interpelación?
El diputado Fernando Antonio Lozano Gracia: -Adelante, diputado.
El diputado Sergio Quiroz Miranda (desde su curul): -¿Cuál ha sido el resultado de esa investigación? Porque se integró una comisión, dice usted, en la que estuvo de acuerdo el diputado Pedro César Acosta y Alberto Ling Altamirano, para investigar todo el asunto relacionado con ese fraude, que nosotros llamamos fraude o robo, de los 200 millones por parte de Eugenio Elorduy, actual tesorero del gobierno del estado de Baja California, ¿cuál es el resultado de esa investigación?
El diputado Fernando Antonio Lozano Gracia: -Con todo gusto, diputado. El que dos diputados panistas hayan apoyado esta propuesta, está en el Diario de los Debates, usted lo puede verificar ahí; la realidad acerca de la transferencia o de la entrega de estos 200 millones de
pesos, de los que curiosamente es la primera vez que hay un remanente que se reintegra y los gastos efectuados se comprueban todos ellos, fue ése precisamente el resultado, el de que se esclareció que la cantidad entregada había servido para cubrir los gastos de la ceremonia de transferencia de poderes, hasta en un monto, me parece, no estoy seguro, no recuerdo exactamente en este momento, de alrededor de 115 millones de pesos y el remanente fue entregado, esto fue el resultado de la investigación, señor diputado, que está totalmente claro.
Nos decía usted que qué tiene mayor importancia, insisto, Teléfonos de México o el Banco Nacional Pesquero y Portuario. Nosotros consideramos que las dos cosas son importantes y aquí quisiera también referirme a una última afirmación que hizo el diputado Pérez Jácome respecto de que no se tenían pruebas.
Diputado Pérez Jácome, como usted seguramente sabe, para la presentación de una denuncia simplemente procede cuando se narran los hechos que pueden ser constitutivos de un delito, no se requiere la aportación de pruebas, difícilmente a mí, si me roban mi vehículo, podría aportar la prueba de quién me lo robó, pero basta con la enunciación de los hechos que pueden constituir hechos delictivos, para que proceda su investigación. Eso es lo que hizo Acción Nacional, en virtud de una quiebra, de una cantidad tan cuantiosa como la que aquí se ha manejado y por muchos indicios que había por distintas fuentes, hizo del conocimiento del Ministerio Público esto y vea usted cuál es el resultado.
Creo que si ya se ha descubierto y probado un fraude por 400 mil millones de pesos, no puede considerarse de ninguna manera que se revirtió esto en contra de la oposición, al contrario, creo que quedaron muy claros todos los malos manejos que hacen con estos recursos que son de la nación. Muchas gracias.
El Presidente: - El diputado Vicente Luis Coca Alvarez tiene la palabra.
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez: - Señor Presidente; compañeros legisladores: Compañero Dionisio Pérez Jácome: don Eduardo García Maines no ha sido catedrático en materia de proceso penal, tiene un libro de texto de introducción al estudio del derecho, ojalá que pudiera serle útil, hay alguna bibliografía aquí en la propia Cámara, para que pueda usted consultarlo, es Eduardo García Maines, "Introducción al Estudio del Derecho".
Dice que se sorprende que el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana esté mencionando que ha puesto estos hechos a la consideración de la Procuraduría General de la República, en base a estos dos artículos que hemos citado, el 21 y el 102 de la Constitución.
Creo que sí debe de sorprenderse, porque yo entiendo que usted como diputado no puede atender tareas específicas de Ministerio Público en la Procuraduría General de la República, si no, sí me alarmaría que estuviera usted al mismo tiempo ocupando esas dos funciones, por eso creo que no tiene mayor importancia, pero para acreditarlo lo dejo aquí a su consideración una copia fechada el 30 de abril de 1990, entregada en propia mano al todavía Procurador General de la República, Enrique Alvarez del Castillo, la denuncia presentada a nombre de nuestro grupo parlamentario por nuestro coordinador Mauro Ramírez Ayala, que en lo conducente le voy a narrar esa exposición de hechos que le planteamos en esa fecha y que le entregamos también una copia al propio Presidente de la República y está el matasellos de Los Pinos respectivo y a la propia Contraloría General de la Federación, entre otras dependencias, para que quedara constancia desde el 30 de abril de 1990.
Decimos, entre otras cosas, en los hechos, el primero:
"El 26 de diciembre de 1989, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, dictaminó proyecto de decreto mediante el cual se abroga la Ley Orgánica del Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito. En la exposición de motivos del dictamen se reconoce que el Banco Nacional de Crédito Pesquero y Portuario ha propiciado el desarrollo vía el financiamiento y asistencia técnica de los sectores y actividades que le fueron encomendadas.
Por otro lado, en la iniciativa se reconoce que el Banco Nacional de Crédito Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito, ha promovido el desarrollo tecnológico, la captación, la asistencia técnica, el incremento de la productividad y el apoyo financiero para las actividades portuarias y de pesca.
Por otro lado, se reconoce que la situación actual es de una quiebra técnica, pues sus pérdidas han consumido íntegramente el capital social, incluso otros recursos que el gobierno federal ha venido reasignando para apoyar las tareas de financiamiento de dicha entidad bancaria, a tal grado que la rehabilitación financiera del banco ha orillado al gobierno federal a la asunción de pasivos que a la fecha han ascendido a 2.75 billones de pesos, esa cantidad a la que usted tan
displicentemente se refiere, pero que son, aunque fueran uno, dos, tres o 4 mil pesos, dinero que no le pertenece a usted ni a mí, ni mucho menos a quienes se lo llevaron, son del pueblo de México.
En el punto cinco decimos: "Ante esta realidad, algunos compañeros de partido lograron obtener información y copias fotostáticas de las operaciones del Banco Nacional de Crédito Pesquero y Portuario, de las cuales se desprende que un importante número de operaciones se efectuaron sin cumplir los requisitos que señala la ley. La Comisión Bancaria y el reglamento de bancos, en consecuencia, suponemos que gerentes regionales y funcionarios de la propia institución, así como empresas relacionadas con el sector pesquero y otras no relacionadas con el mismo, recibieron préstamos, a fin de cuentas están resultando incobrables, en perjuicio del patrimonio del banco y de la nación".
Hay otro punto que dice: "En consecuencia, como se presume de la documentación que se anexa, que existen ilícitos que esta procuraduría debe de investigar para actuar en su oportunidad contra quienes resulten responsables, hago entrega a esa institución de toda la documentación que llegó a nuestro poder, a fin de que se actúe en los términos de su competencia".
Y en los petitorios, podría también interesarle, dice el segundo: "Ordenar que en los términos del artículo 41, fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, tener por recibida la denuncia sobre los hechos que relato y que pueden constituir delito de la competencia de esa institución, a fin de que se actúe en los términos que señala la ley de la materia".
Hasta ahí creo que está cubierta la responsabilidad que asumimos, por supuesto con celo, por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, no es en nuestro discurso hace un momento haya sido de más o de menos encendido, tal vez le pareció un poco encendido al compañero diputado Quiroz Miranda, pero lo cierto es de que se trata no tan sólo del Banco Nacional de Crédito Pesquero y Portuario, como decíamos, sino se trata del Banco Nacional de Crédito Rural y se trata de algunas otras denuncias que el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana con oportunidad y con celo ha planteado, se trata de que asumamos, pues, en todos los órdenes, nuestra responsabilidad como la asumimos el día de hoy.
Mi querido diputado Quiroz, cuando suscribimos junto con su grupo parlamentario al igual que con el Partido de la Revolución Democrática esta exigencia y no es que con esto tratemos de acallar un tema no menos importante, como el de la empresa pública en donde hemos reiterado ante la más alta tribuna de la nación cómo esta administración ha entregado en charola de plata tanto a la inversión privada nacional, como al capital foráneo, justamente nuestra empresa pública.
Y le hemos demandado al compañero Gonzalo Martínez Corbalá, de que conjuntamente analicemos ese Reglamento de Inversiones Extranjeras, que más que reglamento superó el texto de la ley y superó por supuesto el texto del 27 constitucional; recuerdo todavía aquella fecha memorable, hace ya algunos días atrás en que el señor diputado, con esa cortesía que le caracteriza y ese don de gente que le caracteriza, se acercó al suscrito y me dijo: "yo estoy preocupado y coincido en muchos de los planteamientos que acaba de hacer ante tribuna, vamos analizando esto", y estoy todavía esperando, señor diputado Gonzalo Martínez Corbalá, que se venga la fecha de ese análisis, seguramente será cuando ya no tenga más posibilidad que hacerse en esta materia.
Por supuesto que estamos empeñados justamente en los temas nacionales y en su oportunidad y con la responsabilidad que le caracteriza a nuestro partido, hemos hecho no tan sólo las denuncias, sino el seguimiento correspondiente y por eso no podíamos dejar ahora de intervenir ante este tema de vitales consecuencias, insisto, no para nosotros, sino al mismo pueblo de México.
Con su permiso, señor Presidente, hay un asunto también de Baja California que nos ha llegado en forma reiterada. Quiero hacer la denuncia respectiva porque se trata de una violación flagrante de los derechos humanos y es un compatriota nuestro que está justamente a punto de morir, sólo porque no se le ha dado la atención que está demandado.
Se trata del compañero Rubén Oropeza Hurtado, de 36 años, casado con Patricia Elizondo, ambos acusados por delitos contra la salud; cargos que hasta la fecha no les han sido comprobados.
Tienen tres hijos, el último acaba de nacer en prisión, lo acaba de conocer el compañero por el que estamos hablando, Rubén Oropeza Hurtado, que se puso en una huelga de hambre en protesta porque elementos de la Policía Judicial Federal le dieron una sotana de aquéllas y lo dejaron sin parte de sus intestinos, sin el intestino grueso y sin el intestino delgado y ahora tiene que ser alimentado a través de sondas.
Nuevamente hacemos un llamado a esta flamante Comisión de Derechos Humanos, ¿qué es lo que está haciendo cuando hay voces que están
reclamando justicia, que se investigue, que se esclarezcan estos hechos tan abominables, como es justamente atentar contra los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución? Tuvo que crearse un organismo ad hoc para que se respetasen nuestros derechos y, ¿qué está haciendo el señor Carpizo? Mañana acudirá a una estación de radio, que por cierto fue a través del cual, Radio Red, nos enteramos de este asunto, tiene mejores atenciones el señor Carpizo de acudir a una estación radiofónica que acudir ante los diputados o los senadores, de informar qué es lo que se está haciendo en materia de derechos humanos; son muchas ya las denuncias que hemos presentado y seguramente creemos que no serán las últimas.
Pero queremos hacer una excitativa respetuosa, señor Presidente, para que a través de la Comisión de Gestoría y Quejas, en términos del artículo 58 de nuestro Reglamento Interior del Congreso General, pueda saberse, indagarse, averiguar, ¿por qué tan sólo de estas dos peticiones que han solicitado, que han planteado justicia por las torturas que 56 detenidos han recibido, el impacto o por qué han recibido el impacto de la tortura a manos de la Policía Judicial? y saber ¿por qué se viola el texto de la ley de esa justicia pronta y expedita que no les ha llegado y por tanto piden se agilicen sus respectivos expedientes?
De suerte que solicitaríamos atentamente para que la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, en términos del 58, solicitase la información relativa a la Procuraduría General de la República y al propio Procurador General de Justicia del Estado, que entendemos, se ha negado a atender este lamentable caso.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Dionisio Pérez Jácome, para alusiones personales.
El diputado Dionisio E. Pérez Jácome: - Señor Presidente; compañeros legisladores: Me convenzo de que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Si hubiera citado textos del derecho penal o del derecho procesal en México, compañero Coca, no hubiera necesitado abusar mucho de mi memoria, fueron mis maestros, Celestino Porte Petit, lo fue González de la Vega, Zamora Pierce es un gran amigo mío, en fin, le estoy citando a algunos de los más destacados, de González Bustamante era el libro que en su época se llevaba casi como texto en la mayor parte de las cátedras de derecho procesal penal en el país.
Pero otra vez no escuchó usted, le dije que no era necesario recurrir a esos eruditos maestros, a esos verdaderos gigantes del pensamiento doctrinal en la materia del derecho penal y procesal y le cité el que creí que sí había conocido usted, el que sí tenía oportunidad de leerlo, porque pertenece, en efecto, a la primera introducción que el estudiante de derecho tiene en una facultad, a García Maines, así lo mencioné y si usted revisa nuevamente, ojalá pueda hacerlo, señor diputado, más tarde, advertirá que en forma alguna aludía a que mi querido maestro con quien compartí el honor, inclusive de acompañarlo muchas veces al doctorado en derecho, haya sido procesalista penal. Puedo tener muy mala exposición pero no mala memoria, diputado.
Por otra parte, gracias a la lectura de sus dos hojitas, de sus dos documentos, pude enterarme que hay una denuncia, una denuncia amplia, seria, formal, severa, claro alude a anexos, ojalá y reconociendo a lo que pudo haber sido mi error, ojalá me dé oportunidad más adelante, diputado, con las buenas relaciones que tenemos, de consultar los anexos para ver si los anexos contienen realmente una denuncia o son, como en algún caso haya podido darse, una situación parecida, simples alusiones, comentarios o recopilación de información ya vertida en el seno de la comisión, pero de todas maneras, muchas gracias por su información.
Por lo que toca también a mi querido y respetado diputado, no, no dudo que haya sido buena la intención, valiosa, del Partido Acción Nacional, en esclarecer estos hechos, eso no lo he puesto en duda.
He dicho que ha llevado agua a su molino, que ha tratado de sacar ventaja política y evidentemente lo sostengo también, pero la afirmación o en la alusión que hizo a mí en su texto, tal parece que yo había reconocido que las investigaciones de la Comisión Nacional Bancaria, de la Procuraduría General de Justicia de la República y consecuentemente las consignaciones, se apoyaban u obedecían a las denuncias del Partido Acción Nacional; no, diputado, con toda seriedad, no es así.
Las denuncias del Partido Acción Nacional que seguramente, y ojalá así sea, se esclarezcan adecuadamente en todos y cada uno de sus puntos, tocan otras situaciones, anormales, anómalas, probables, de supuestamente constitutivas de delitos, pero a las que no se refieren estos hechos que fueron investigados y que ya están en proceso de consignación.
Creo que nuestras opiniones, en vez de discrepar pueden complementarse, por ahora lo que aportó la comisión, lo que la Comisión Nacional
Bancaria hizo, lo que la procuraduría investigó, está en proceso de concluir con una solución, espero que justa y con la recuperación inclusive, si es factible, de parte o de todo el quebranto que el patrimonio nacional sufrió.
Si las denuncias para las que no ha habido pruebas y en las que por eso ofrecía con honestidad también lo que ya el señor procurador afirmó, la coadyuvancia, si las denuncias del Partido Acción Nacional desembocan en el esclarecimiento de ilícitos, seré el primero también en reconocerlo y en respaldar esa posición.
Lo único que quiero que quede muy claro, señor Presidente, es que en ningún momento el Partido Revolucionario Institucional encubrió nada en este caso, que al contrario, pedimos y así consta en el informe que la comisión hizo, que se investigara hasta las últimas consecuencias y ése es el caso, señor, que pese a todas las solicitudes de la oposición, no podemos oponernos, al contrario, estamos plenamente convencidos de que todo el que conduce sus acciones por un mal camino debe ser castigado, que la justicia debe imperar para todos, para priístas o para gente, para respetables compañeros de la oposición. Muchas gracias.
El Presidente: -Consulte la secretaría a la asamblea si se admite a discusión o no la propuesta presentada por el diputado Astolfo Vicencio Tovar, respecto al Banco Nacional Pesquero y Portuario.
La secretaria diputada María Teresa Ortuño Gurza: - Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta si se admite o no a discusión la proposición del diputado Astolfo Vicencio Tovar, en relación a la investigación del Banco Nacional Pesquero y Portuario.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.
Los que estén por la negativa... Aceptada, señor Presidente.
El Presidente: - Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, primero, para que decida su competencia y, segundo, para que emita el dictamen que proceda.
Consulte la secretaría a la asamblea si se admite o no a discusión la propuesta presentada por el diputado Vicente Luis Coca Alvarez.
El secretario senador Julián Gascón Mercado: - Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a esta asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la proposición presentada por el señor diputado Coca Alvarez.
Los que estén por la afirmativa, se ruega ponerse de pie... Sí se admite, señor Presidente.
El Presidente: -Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la honorable Cámara de Diputados.
DEL ESTADO DE GUERRERO
El Presidente: -Tiene la palabra el señor senador Netzahualcóyotl de la Vega García.
El senador Netzahualcóyotl de la Vega García: - Aun cuando el tiempo se ha venido encima, señor, he solicitado el uso de la palabra a fin de rendir un informe a esta honorable Comisión Permanente.
En la sesión pasada, la diputada Teresa Ortuño Gurza hizo del conocimiento de esta Comisión Permanente el lamentable deceso del regidor del ayuntamiento de Huitzuco, en el estado de Guerrero, Vicente Echeverría Toledo; a esa denuncia contestamos, señor y nos comprometimos a aunar los esfuerzos, lo mismo de la representación senatorial, como la representación federal, para que junto con las autoridades del estado continuáramos o lleváramos adelante las acciones que había ya iniciado la procuraduría.
Debo informar a esta Comisión Permanente que la actitud del gobierno del estado ha sido muy clara desde el principio; quedó claro en esa ocasión que no se trataba de ninguna manera de un delito de índole político, sino de un delito común que lamentábamos todos. Desde el principio fue reconocido incluso por su familia y por los dirigentes estatales del Partido Acción Nacional al que pertenecía el fallecido Vicente Echeverría.
Debo informar, señor Presidente, que la procuraduría del estado ha integrado la averiguación previa, que se encuentra en persecución el presunto homicida, que se han aprehendido a cinco miembros de la corporación policiaca de Huitzuco para tener mayores elementos en la indagatoria y se ha estado en permanente contacto con la dirigencia panista y los familiares.
Debo informar también, que sin tener ninguna obligación, obligación legal me refiero, sólo por razones de equidad y de humanidad, el gobierno
del estado ha venido proporcionando algunos apoyos de orden material a la familia del occiso. Hasta ahí la información.
¿Pero qué ha pasado en el pueblo de Huitzuco? Señor Presidente y señores legisladores: El día 12, el domingo pasado, se congregaron frente al mercado municipal algunas personas procedentes de algunos municipios del estado, algunos del estado de Morelos, algunos del estado de México y se inició, al filo de las 10 de la mañana, un mitin de protesta organizado por el Partido Acción Nacional, se decía, mitin encabezado por el diputado Alfonso Damián Huato, que es el dirigente del Partido Acción Nacional en el estado, por un regidor panista del municipio de Taxco, Miguel Vicario, me parece que se llama; por un hermano del fallecido, miembro activo del Partido Acción Nacional, pero además encabezado también por la diputada federal Teresa Cortés, quien estuvo presente en esta sesión, quien estuvo y nos consta, dando los elementos suficientes para la denuncia que hizo la diputada Teresa Ortuño, estuvo presente, que de alguna manera creímos que estaba convencida con nosotros, de evitar la violencia y, sobre todo, la incitación a la violencia, encabezaron este acto.
Un mitin, un mitin que continuó con una marcha, con una marcha que tuvo como destino la casa del presidente municipal, que llegó a la casa del presidente municipal y no lo encontró, que les informaron que estaba en el casino municipal, fueron al casino municipal gritando consignas, alentando a la turba, llamando a la violencia; irrumpieron en el casino municipal y prácticamente secuestraron al presidente municipal.
Lo secuestraron, lo sacaron del casino cometiendo tropelías, desbaratando prácticamente el casino y no estoy de ninguna manera tratando de magnimizar las cosas; salieron con el presidente municipal, lo pasearon por las calles, lo vejaron, llegaron a la comandancia y ahí, con amagos y amenazas de muerte, obtuvieron dizque la renuncia del presidente municipal; aquí tengo una fotocopia en donde se le obliga, se le obliga materialmente a que escriba, mal escriba unas letras y que diga: "Yo, Andrés Orihuela, en pleno uso de mis facultades, pido una licencia indefinida a mis funciones como presidente municipal, del municipio de Huitzuco, por así convenir a mis intereses, 12 de agosto".
La turba encima de él obligándolo. Con eso, tal parece que se calmaron los ánimos, se fueron tranquilos porque ya habían depuesto al presidente municipal, se deshizo la turba y por la tarde trataron de tomar el palacio municipal y apoderarse del edificio del ayuntamiento.
Yo no quiero hacer ninguna propuesta formal a la Permanente, siempre hemos sido respetuosos de cuáles son las funciones que tiene la Comisión Permanente, si he venido aquí ha sido, primero, para informar de un compromiso que adquirí cuando se hizo la denuncia, de continuar no solamente con las investigaciones, sino de conjugar los esfuerzos para terminar con este tipo de actos que no dicen nada, ya no de la civilidad política, sino no dice nada del civismo que puede y debe existir entre los conciudadanos, independientemente del partido en que se milite.
Pero yo me pregunto y hago un llamado a la fracción del Partido Acción Nacional que está en esta Permanente, que merecen todo mi respeto y yo sí quisiera advertir desde antes: estas no son falacias, por si se quiere calificarlo, no vengo a levantar falsos, vengo simple y sencillamente a hacer un llamado a la cordura.
¿Qué pretenden con este tipo de actos los dirigentes de Acción Nacional que estuvieron presentes? La diputada de Acción Nacional, diputada federal que estuvo presente aquí en la denuncia y que de alguna manera, se supone que había quedado tranquila con los documentos que personalmente yo les entregué; ¿qué pretende con este tipo de actos?, ¿qué se pretende con tomar este tipo de actitudes?, ¿aprovechar el delito y aprovechar la muerte de Echeverría, para obtener ventajas de tipo político? No sé, me resisto a creerlo, ¿qué pretende al convocar? Porque además hay otra cosa que, perdón, se me había pasado, no había comentado, ¿qué pretende con las pintas con las que se está llenando el pueblo y fundamentalmente los lugares aledaños a la iglesia del pueblo?, ¿por qué la iglesia del pueblo?, todos sabemos que en la provincia casi siempre el mercado y la iglesia y la escuela y la presidencia municipal son los sitios donde la gente se congrega para hacer vida comunitaria.
Alrededor de la iglesia hay pintas que dicen, una de ellas: "Permanezcan en mí, yo permaneceré con ustedes. Vicente". "La santidad se cubra con pequeños sacrificios. Vicente".
Vamos, lo único que pretendo, insisto no es dramatizar, es sencillamente dejar bien claro que en un estado como el nuestro, como el de Guerrero, estos llamados a la violencia, estas acciones de motines, estas acciones delictuosas, de delitos tumultuarios encabezados por dirigentes de un partido, cualquiera que sea, son reprobables, que ha perfectamente demostrado incluso con las actas, tengo aquí también las denuncias del Ministerio Público de lo que estoy manifestando en esta tarde, se ha demostrado hasta la saciedad de que ése es un delito de orden común lamentable y que las
autoridades están tomando toda la autoridad y todo el papel que representa a una autoridad, independientemente del partido que esté en el poder e independientemente de quién sea el sujeto pasivo de este tipo de situaciones, pero no se vale.
Yo les hago un llamado, señores legisladores del Partido Acción Nacional, insisto, que me merecen todo mi respeto, que se tomen las previsiones del caso, que se eviten los actos de violencia, que no sea una actitud la que tomamos aquí en la Comisión Permanente, y otra sea la actitud que se tome en los lugares de origen, que seamos coherentes, que se llame realmente a cuentas para evitar este tipo de actos, que no tratemos de evitar violencia con violencia y mucho menos violencia tumultuaria, que no tratemos de darle otro tipo de consecuencias que podamos lamentar en el futuro, por bien del partido, por bien de los partidos, por bien de los pueblos, por bien de México y por bien de la civilidad política que hemos estado pregonando siempre. Gracias, señor Presidente.
El Presidente: -Tiene la palabra la diputada Teresa Ortuño Gurza.
La diputada María Teresa Ortuño Gurza: - Bueno, quisiera hacer algunas consideraciones ante los graves señalamientos del senador.
En primer lugar, quienes en su mayoría, creo yo, recuerden la denuncia que presentamos aquí la semana pasada, en ella, al final responsabilizábamos al presidente municipal y al jefe de la policía de estos hechos que tenían que ser investigados y que exigíamos esa investigación y nunca dijimos, y lo reconoció el señor senador, ni pretendimos que ése hubiera sido un crimen político o que lo hubieran matado por panista; lamentamos la violencia que se vive en Guerrero, denunciamos estos hechos y exigimos que se aclararan y terminamos deseando que la familia de Vicente Echeverría Toledo fuera la última que padeciera ante semejantes arbitrariedades. En ningún momento se señaló que fuera un crimen político y, repito así lo estableció en la tribuna el senador Netzahualcóyotl de la Vega. Eso por lo que respecta a la semana pasada.
Por lo que respecta a lo que señala el señor senador, le quiero señalar varios puntos: en primer lugar, ninguno de mis compañeros ni yo teníamos conocimiento de esto, evidentemente no es una noticia nacional el que haya una manifestación en algún poblado de alguna ciudad, a menos que se susciten cosas de mayor trascendencia.
En primer lugar, desconocemos que haya ocurrido esto, no tenemos información, yo no la tengo, consulté con mis compañeros y tampoco la tienen y, evidentemente, de ser cierto lo que aquí se señaló de que hubo incitación a la violencia, pues tendría que ser reprobado y nosotros mismos vamos a iniciar una investigación y en consulta con nuestros propios dirigentes al respecto, no tenemos por qué negar en este momento que ignoramos de qué se trata, pero sí le quiero decir una cosa, tampoco hay que confundir lo que puede ser un ajusta indignación de la ciudadanía ante el asesinato de un miembro de un partido de oposición y que se hayan organizado, yo, repito, desconozco los hechos, desconozco la precisión de lo que aquí usted ha señalado, no dudo de que usted esté informado con lo que usted considere adecuado, pero probablemente hay una confusión y digo probablemente, de no ser así lo rectificaremos con toda puntualidad la próxima semana en la sesión de la Permanente.
Pero yo sí quisiera que no se confunda lo que en mí opinión y conociendo a la diputada Teresa Cortés, no conozco personalmente de trato a los demás dirigentes de mi partido en el estado, pero yo le aseguro que Teresa Cortés Cervantes es una diputada sumamente responsable y además una de las más intensas promotoras dentro de mi partido de lo que es la resistencia civil activa y pacífica.
Por ello, yo le puedo garantizar que ella en ningún momento pudo haber avalado que se incitara a la violencia y que si hubo manifestaciones de justa indignación de la ciudadanía por este asesinato, no las pueden confundir ni se deban confundir con llamados a la violencia desde nuestros dirigentes.
Si hubo excesos en ello y si aconteció, como usted lo señala de que se agredió y se vejó al presidente municipal, lamentaremos esto y también haremos alguna consideración al respecto; en mi propio partido ya ha habido por ahí algún caso en mi estado de un panista que hizo una cosa así y, bueno, por supuesto que nosotros lo desconocemos en caso de que así sea, digo lo rechazaremos como no aceptado por nosotros y llamaremos a cuenta a nuestros dirigentes.
Pero sí yo quiero puntualizar aquí la duda que me queda de una confusión: ¿cuál llamado a la violencia? Si en la ignorancia y en las confusiones entre la religión y algunos mitos o algunas idealizaciones que se hacen de la gente que muere, se pinta permanecer en mí y yo en usted, pues a mí me parece que una frase del Evangelio que se refiere a Jesucristo, que se le aplique a una gente que acaban de matar no es un llamado a la violencia, es una mezcla, es una mezcolanza de querer convertir en santo a alguien que era un compañero de partido y de ninguna manera de sus
palabras se deduce que en esas pintas haya un llamado a la violencia.
Entonces, pues nada más eso; ignoramos lo que ocurre, lo investigaremos. De ser cierto que hubo una incitación a la violencia, nosotros tomaremos las medidas que sean necesarias, pero también, por favor, nada más eso faltaba, que ya no se puedan los habitantes de un pueblo manifestar en público, indignados por un asesinato. Muchas gracias.
PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD
El Presidente: -Se concede la palabra al diputado Octavio Moreno Toscano y se autoriza, conforme al 28 del reglamento, continuar los debates.
El diputado Octavio F. S. Moreno Toscano: - Muchas gracias. Con la venia de la Presidencia: En los últimos años, cada sexenio, ha tenido sus frases, sus rollos y sus demagogias específicas, que son a los que se les dedica la mayor parte de esfuerzo propagandístico para entretener a la opinión pública.
Echeverría nos salió con la apertura democrática y acabó excluyendo a una de las cooperativas periodísticas más importantes del país y acabó señalando su deseo de apertura democrática con las elecciones en Nayarit.
López Portillo nos vino con que la solución somos todos y que había que hacer una alianza para la producción y a poco nos vimos envueltos en que las soluciones y las consultas las tomara en ese pequeño círculo de funcionarios y amigos que el pueblo llamó el Triángulo de las Bermudas y convirtió su régimen de gran frivolidad en un gran desastre económico que destruyó esas posibilidades de alianza para la producción excepto en una cosa: el fortalecimiento de los grupos financieros que concentraban cada vez mayor riqueza.
Después vino la renovación moral, una renovación moral muy bien personificada por Eduardo Pesqueira Olea, y más adelante ha llegado la solidaridad, la solidaridad que no es una palabra nueva tampoco en los manejos del régimen. Allá, cuando la nacionalización de la banca, el entonces secretario de Gobernación, Olivares Santana, fundó un Fondo Nacional de Solidaridad, al que iban a depositarse las donaciones que el pueblo mexicano iba a hacer para ir pagando la deuda en que este país había caído por la frivolidad irresponsable del sector financiero del gobierno, pero a los pocos años este Fondo Nacional de Solidaridad desapareció, fue entregado a la Secretaría de Hacienda y posiblemente invertido en la especulación de la bolsa de 1986 y de 1987; ya no se supo más de eso, como no se supo mucho de la solidaridad también, mencionada continuamente en torno a la ayuda externa que recibimos durante el cataclismo de 1985 y que se expresó continuamente en aquellos mensajes televisados del entonces Presidente, que leía un apuntador electrónico para irle diciendo al pueblo lo que estaba pasando.
Llegamos así al momento en el que la solidaridad se convierte en símbolo y se toma como la divisa principal del régimen que actualmente está en el gobierno. Para cualquier propósito, la solidaridad pudo usarse para tratar de hacer ver al Papa Juan Pablo II, que aquí también había un sistema de solidaridad como el que en su natal Polonia estaba llevando a cabo transformaciones importantes en el sistema político, pero se convirtió esencialmente en un instrumento de continuidad de programa de corte futurista, de corte caritativo, diseñados para no hacer justicia, para sustituir la justicia necesaria y básica por simple propaganda y por simple caridad.
No es muy diferente la acción que realiza el llamado Programa Nacional de Solidaridad, con la acción que en otros tiempos, allá en el tiempo de Echeverría realizaba el Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural, ni tampoco con las acciones que se llevaron a cabo en un momento dado para apoyar sectores del llamado Sistema Alimentario Mexicano o de ayuda a los damnificados del volcán Chichonal; es la misma caridad que trata de disfrazarse de justicia, sólo que ahora está sistematizada.
Quizá tomaron en cuenta los consejos del escritor Monsiváis, que dicen que ahora hay que hacer la campaña después de las elecciones y es una campaña lo que se está haciendo a través de este programa, a cuyo antiguo ejecutivo, hoy se aprobó enviar como embajador de México a la Unión Soviética. Espero que para enseñar por allá las técnicas que se están usando aquí para recuperar votos para el partido oficial.
Siendo éste el aspecto fundamental de este régimen, no podría faltar que se celebrara la Semana de la Solidaridad. Siendo tan lacerantes los contrastes que hay en nuestro pueblo, no puede pasar inadvertido que se haya celebrado tan amplia y propagandísticamente esta semana, con la realidad de miseria que sigue viviendo la mayor parte de los pueblos de México, con la injusticia que sigue imperando, con la falta real de solidaridad que se ha presentado con la población, que lleva la carga más pesada de la crisis.
Hay una gran incongruencia entre este programa y la esencial justicia social que debe buscar un gobierno. Un gobierno, por deber esencial, debe de estar llevando adelante las transformaciones necesarias para que haya igualdad de oportunidades, igualdad de posibilidades, de buen vivir, de justicia, de bienestar.
No es justicia dar unos cuantos millones o billones de pesos a los programas urgentes para la desesperante pobreza extrema, cuando al mismo tiempo se da todo el apoyo a la concentración de la riqueza, al acaparamiento y al usufructo indebido de las riquezas de la nación por parte de un grupo selecto de compradores particulares.
El presupuesto del Programa Nacional de Solidaridad, equivale solamente a tres meses de la captación bancaria en Certificados de la Tesorería y en instrumentos de inversión. Quiere decir que equivale solamente al ahorro de las clases medias y de los privilegiados y con eso se pretende solucionar, en todo el año, todas las injusticias evidentes que hay en el país.
Sin embargo, la realidad de la acción del gobierno ha sido más clara. El salario es hoy 50% menor en su capacidad adquisitiva que lo que lo fue en 1982, a pesar de que la productividad de los trabajadores mexicanos, a ésos a los que no se les quiere aumentar el salario, se ha aumentado en un 33.6%.
También se ha visto con toda claridad que cada vez es menos la población que concentra la mayor parte de la riqueza. Aquí, calculado generosamente, se dice que el 10% de la población con ingresos más altos, está concentrando el 41% del ingreso, cuando en Argentina un 10% concentra sólo el 35% o en Corea, sólo el 27%, o en los Estados Unidos de América, sólo el 23%.
Ahora se ha visto que la gran inversión que se hacía en desarrollo urbano y regional, se redujo 41% en 1990 respecto a su equivalente económico de 1982. El gasto de educación pública se ha reducido en 13% y ya todos sabemos que enfermedades hace 30 años erradicadas: paludismo, sarampión, viruela, han vuelto a atacar a esta población mexicana, especialmente a la infantil que padece la anemia y la desnutrición, por el abandono y por la injusticia que ha ido estableciendo el propio régimen.
Costa Rica y Brasil, destinan el 17% de su Producto Interno Bruto (PIB) a programas sociales. México ha reducido su inversión en programas sociales al 5%.
La característica esencial de este régimen de la solidaridad, es precisamente el abandono de todos los renglones que tienen que ver con el mejoramiento del bienestar de la población.
Hemos dicho que no se vale que el gobierno con una mano impulse un modelo de desarrollo desnacionalizador, socialmente excluyente, que reproduce en forma ampliada el empobrecimiento de la mayoría nacional y, con la otra mano, intente mitigar la pobreza extrema que ese mismo modelo genera.
Es por eso que resulta censurable la celebración ostentosa de esta Semana de Solidaridad en la cual los grandes consorcios comerciales, las grandes cadenas de supermercados se han solazado haciéndole publicidad a un logotipo como en otros años le hicieron publicidad al logotipo de la llamada Alianza para la Producción.
Pero también es grave el darse cuenta de que esta política que ha sido criticada inclusive por los grandes elogiadores profesionales de este gobierno en el Banco Mundial, se convierta de alguna manera en una especie de gigantesca malversación de fondos de la nación para ser utilizados en cosas que originalmente no era para los que se les destinaba.
Concretamente, ha dicho Salinas en varias ocasiones que está utilizando el dinero de la venta de las empresas paraestatales para financiar el Programa de Solidaridad y esto, hay que decirlo, que si no está previamente depositado por los canales normales a la Tesorería de la Nación y después es asignado presupuestariamente por los mecanismos correspondientes hacia ese programa, si no fuera así, entonces estaría malversando los fondos productos de esas ventas de empresas estatales.
Y otro aspecto muy importante de esta solidaridad, su enorme propagandismo y partidarismo priísta. Se utilizan para la celebración de los momentos de homenaje a la solidaridad, las mismas técnicas de viejo acarreo del partido oficial; toda la prioridad es para tratarle de hacerle ver a los pueblos que por fin el gobierno les está haciendo caso en sus peticiones, porque oportunamente ha escuchado las gestiones que en ese sentido hacen los representantes del partido gobierno, condicionaron la entrega de escrituras a la asistencia de mítines de apoyo al primer priísta del país y la concentración de la inversión del Programa Nacional de Solidaridad Social se vio evidentemente en aquellas zonas en que el partido de éste salió más dañado que en las elecciones de 1988.
Al mismo tiempo sirve esto para que los sectores que forman ese pacto, ese pacto, dicen, de solidaridad, pero que es de esquilmo hacia el pueblo
mexicano, aprovechen para hacer presente su solidaridad con el gobierno y hagan ofertas de mercancías rebajadas; también se realizó el viaje de la solidaridad: Salinas fue a Ixtapa, Zihuatanejo a la VI Reunión Nacional de Solidaridad con los exbanqueros y ahí verdaderamente en un evento histórico inició la nueva luna de miel, la reconciliación definitiva entre los grandes banqueros privados y el gobierno; ésta fue la Reunión de la Solidaridad entre los dueños del dinero y los miembros del gobierno, fue lo más efectivo y sincero de la Semana de Solidaridad, ahí se repitió otra vez la tesis de que el gobierno vende sus bienes para remediar los males sociales; el gobierno propone la venta de activos inmovilizados como la banca para obtener recursos financieros y canalizarlos hacia el cumplimiento de las actividades prioritarias del Estado; lo que no dijo es que muchas veces las utilidades de la banca son superiores a todos los presupuestos que se dedican a la famosa solidaridad y que evidentemente las utilidades de Teléfonos de México también son muy superiores en su proporción en lo que se destina a ese rubro y que en todo caso si se desea utilizar los bienes de la empresa paraestatales, para la solidaridad y para estas obras, que después de todo son necesarias, podría perfectamente establecerse un régimen que canalice las utilidades de esas empresas para, precisamente, financiar estas obras y las utilidades se van a seguir dando mes a mes y trimestre a trimestre y pueden ser utilizadas por el gobierno en esta forma y continuamente; ¡ah!, pero una vez que se vendan las empresas, entonces ya las utilidades pues serán de sus nuevos dueños y el gobierno ya no tendrá con qué seguir pagando estos beneficios y estas caridades.
Nosotros nos hemos encontrado mucho a la población que nos pregunta: ¿Qué hacer, que actitud ante los programas de solidaridad? Y les hemos dicho: no estamos en contra de lo que se esté haciendo, cualquier cosa que remedie los males de la extrema pobreza, cualquier cosa que ayude a mejorar los niveles de vida es útil, no sólo no deben rechazar los pueblos, sobre todo los del estado de México, el que se hagan obras encubiertas con este Programa de Solidaridad, es más, deben demandar que se haga la mayor cantidad de obras posibles y además deben saber exactamente de donde viene ese dinero y ya sabrán si por esas obras venden su conciencia electoral para las próximas elecciones, en favor del partido que se ostenta como el promotor de este programa, dizque de solidaridad.
Ese programa que se ha estado celebrando, tiene pues la peculiaridad de convertirse en la divisa, en el emblema, en el punto básico, de promoción de este régimen. Sabemos que quizá acabará, igual que como acabaron las frases de los regímenes anteriores, pero algo más llama la atención al instituir la Semana de la Solidaridad.
La Semana de la Solidaridad el año que entra, será unas semanas antes de las elecciones para renovar el Poder Legislativo. Toda la intención de llevar adelante este programa, de encubrir con este programa la injusticia que el gobierno tolera y fomenta, va obviamente a derivar en una búsqueda electoral y en eso la situación no ha cambiado desde hace un cuarto de siglo: sigue siendo el mismo partido, apéndice del gobierno, financiado por el gobierno, apoyado por los programas del gobierno, el que pretende de esa forma falaz por cierto, convencer a la población de que ahora sí ya se va a portar bien y que detrás de esa solidaridad también está la nueva democracia que nos da el Código Federal Electoral y que también detrás de esa solidaridad está la gran prosperidad que seguramente la mayoría de los mexicanos sienten, cuando sienten el hambre que les corroe las entrañas.
No podía pasarse esta ocasión, sin hablar con claridad acerca de lo que este programa está representando, de la distorsión aviesa que de este programa se está haciendo en favor del partido - gobierno y del enorme engaño que con ello se pretende, nuevamente, hacer víctima a la población de nuestro país.
Pero afortunadamente, nuestro pueblo es más inteligente que sus intelectuales. Es mucho sabio que sus viejos líderes. Es mucho más decidido que sus viejos políticos y saben perfectamente cómo juzgará estas cosas hacia el futuro. Muchas gracias.
El Presidente: - La senadora Laura Alicia Garza Galindo tiene la palabra.
La senadora Laura Alicia Garza Galindo: - Con su permiso, señor Presidente.
Bueno, un poco tarde la crítica, pero qué bueno que llegó.
Hago uso de esta tribuna, honorable asamblea, con la pretensión de clarificar lo que el gobierno de la República busca con el Programa Nacional de Solidaridad.
Básicamente se pretende desarrollar un nuevo tejido social, en donde los enlaces, los amarres, se den a partir de una fórmula que en México es muy conocida, no nos es desconocida, no sería la primera vez que los mexicanos, juntos, luchando contra la adversidad, recurrieran a la solidaridad.
Es una fórmula conocida: es la corresponsabilidad entre sociedad civil y gobierno y el apoyo mutuo
entre mexicanos; es una forma de organización y de relación diferente a partir de la cual en un momento en que los recursos, todavía, son insuficientes y en donde la pobreza de muchos mexicanos es la manifestación de problemas conjuntos de naturaleza estructural contra los cuales, pueblo y gobierno siguen luchando y la lucha es encarnizada y a esta lucha todos los mexicanos sin importar credo e ideología debemos aportar esfuerzo, esfuerzos en soluciones, no en crítica estéril, ésa la que no genera resultados, quizá sea por las implicaciones de seriedad y confianza entre mexicanos, por esas evidencias que señalen que los mexicanos estamos para apoyarnos los unos a los otros, porque se está planteando por todo el país una organización de tipo superior y que el esfuerzo empieza a rendir sus frutos, es que se pretende por parte de algunos de descalificar, de satanizar, la intención del gobierno, con adjetivos tales como gratuidad, filantropía y caridad, sin darse cuenta que no insultan al gobierno sino a millones de mexicanos que ya se encuentran avocados a la tarea.
Esos mexicanos que en forma más organizada y participativa han asumido con trabajo y talento, la lucha contra la pobreza, participando corresponsablemente en la búsqueda de mejores condiciones de vida.
¿Quiénes son esos mexicanos? Pues, son grupos indígenas, organizaciones de campesinos, organizaciones de colonos, sobre todo aquellos asentados irregularmente, fuera del fondo legal de nuestras grandes ciudades, pero también de las ciudades medias y también de las pequeñas comunidades.
Al esfuerzo de la Federación y de las comunidades se suman los municipios y los gobiernos de las entidades federativas. Yo quisiera preguntarle al compañero que me antecedió en el uso de la palabra, pero lamentablemente como el diálogo no está permitido, ¿sí conoce las formas concretas de operación del Programa Nacional de Solidaridad? Pero como estoy segura de que no es así, se deduce de su discurso; yo quisiera decirle que el Programa Nacional de Solidaridad se rige por cuatro principios básicos:
Primero. El respeto a la comunidad y a sus organizaciones. Se trata aquí de evitar las viejas aberraciones, las reconocemos, por qué no, yo también lo reconozco en lo personal, que trabajé durante muchos años en materia de programación y presupuestación, se trata de evitar las viejas aberraciones en donde las necesidades de una población se identificaban desde una oficina de programación en la ciudad de México o en las capitales estatales y no sólo eso al margen, muchas veces, de la población, sabíamos, pretendíamos adivinar lo que la población quería.
También se imponían las prioridades, para la atención de las necesidades, hoy se buscó y se encontró un esquema diferente, son las comunidades las que indican sus necesidades y establecen sus propias prioridades y realizado este proceso, se integran los proyectos con las autoridades, este es el principio que prevalece.
El segundo principio es la organización, es evidente que cualquier trabajo se desarrolla con mayor facilidad si la comunidad o grupo en cuestión se encuentra organizado. La forma concreta de organización es a través de la conformación de los comités de solidaridad. Este comité es el que determina las obras las obras o servicios que requiere la comunidad, son ellos mismos quienes determinan qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan. Establecen ellos mismos las prioridades, el propio comité acopia los recursos con los que se hará la obra, los recursos económicos o determina la forma en que la comunidad va a participar en el esfuerzo con trabajo o con recursos materiales de la región para cada obra en cuestión.
Aquí cabría destacar, para que no se diga que es gratuito, que el programa no es gratis. La comunidad coopera en las formas antes señaladas, pero habría que señalar que dependiendo de la región de que se trate, la cooperación económica de la comunidad puede ser del 50%, como es en mi estado en Tamaulipas; en otros, como Yucatán, es el 30%, en otros es el 25%. Nunca es gratis una obra.
El complemento para el costo total se proporciona a través de recursos federales, estatales y en ocasiones municipales.
Creo que todas estas características aunadas eliminan los objetivos o muchos de ellos que ya hemos señalado.
El tercer principio, en consecuencia, es la corresponsabilidad.
En la mayoría de las organizaciones, comunidades o municipales ha sido factible suscribir convenios con los municipios, estados o la Federación, en donde se establecen con toda claridad los compromisos de cada una de las partes que establecen el mismo.
En este contexto se han puesto en marcha tres programas rectores. El primero es el de los fondos municipales, en los que se transfiere el recurso federal al municipio para que éste decida con la comunidad las acciones a realizar. Ya existen actualmente acuerdos con 1 mil 400 ayuntamientos, es decir, con más del 50% de los municipios del país y a los compañeros les consta
que hay acuerdo suscritos con ayuntamientos de todos los partidos políticos, no nada más del Partido Revolucionario Institucional.
Yo quisiera aquí me permitieran comentar sólo dos ejemplos, que me parecen que vienen a evitar con mucha claridad esto que estamos comentando:
Uno. El año pasado, que es muy conocido por eso lo uso, el de electrificación de Chalco.
Se suscribió un convenio entre el municipio del sector electrificación con la anuencia de los habitantes de Chalco. Ellos trabajaron hombro con hombro con la autoridad; se atendió 1 millón de personas en tres meses; esto con un costo de 150 millones de pesos. Después se trabajó en Chimalhuacán con el mismo esquema y ahora se sigue con el agua potable y alcantarillado.
Importante Chalco y Chimalhuacán, pero también, por ejemplo, dentro del programa de la semana pasada, el caso del municipio de La Perla, en la sierra de Zongolica en el estado de Veracruz.
Esta cabecera municipal que hoy cuenta con aproximadamente 25 mil habitantes, fue electrificada al principio de los años sesenta cuando era una comunidad con 7 mil 500 habitantes. A 30 años de distancia, sólo el 30% de la comunidad contaba con electrificación. La atención de nuevo al 100% fue inaugurada en días pasados en la Semana de Solidaridad, que no es un festejo, es un recuento y un reconocimiento al trabajo de muchos mexicanos.
Esto en sí ya es importante, pero más importante lo que les voy a contar.
El presidente municipal de La Perla, en la sierra de Zongolica y gente de la comunidad, le plantearon a las autoridades de la Secretaría de Programación y Presupuesto, y de Comisión Federal de Electricidad lo siguiente:
Pues que bueno que ya acabamos con la electrificación de la cabecera municipal.
Y contestan los compañeros: Pues sí, pero todavía faltan tres comunidades allá, en la sierra de Zongolica, son tres comunidades aisladas, dispersas.
Bueno, dicen las autoridades, pues eso es más difícil, necesitamos de un helicóptero para subir los postes porque está muy abrupto y en las próximas semanas no va a haber helicópteros, así que pues quizá más adelante.
La gente se queda pensativa y dice, bueno, y si nosotros subimos los postes hasta arriba,¿ le entrarían ustedes?
En cuántos días los subirían.
Pues en tres o cuatro y ustedes, eso sí, suben el cable.
Bueno, está bien, en 20 días, después de que ustedes suban los postes, podremos dar la obra como concluida.
Muy bien, pero, insiste la gente, oigan, pero hay otra cosa, hay como cinco o seis casitas aisladas allá arriba, además de las tres comunidades, aisladas en las afueras de las comunidades, ¿ a ellos también los atenderíamos?
La autoridad: bueno, eso si ya esta muy difícil, imagínense tirar cada línea pues saldría muy caro.
Bueno, pero y si nosotros les subimos los postes también a ellos y cavamos los pozos, ya será bastante ayuda, ¿no? ¿cuánto tendrían que pagar ellos?
Bueno, pues también el 33%, les saldría como a 1 millón de pesos.
Entonces dice la gente de la comunidad: Pero esa gente es muy pobre, no tiene 1 millón de pesos.
Bueno, dice la autoridad, y por qué no se prorratean entre todas estas tres comunidades y absorben el costo de electrificación de esas casas y todos quedan parejos.
¡Ay caray! ¿Y como a cuanto nos saldría de más a cada uno?
Bueno, pues ya hicieron los cálculos gruesos, dijeron: bueno, como a 20 mil pesos más a cada uno.
Órale, nos prorratearemos el costo y además subiremos los postes, cavaremos los pozos y pararemos los postes.
Buen ejemplo, ¿no?
Esta es la forma en que mexicanos no muy leídos ni "escrebidos" apoyan a sus vecinos.
Yo verdaderamente me cuidaría mucho de llamarle a esto caridad. Esto, esto es la solidaridad.
El segundo programa puesto en marcha por solidaridad es el de los fondos de solidaridad para la producción. En esto los recursos federales se
asignan también a los municipios, para atender los requerimientos de apoyo a los campesinos que viven en zonas de alta siniestralidad, son fondos directos, créditos a la palabra, no hay tasa de interés por supuesto y, curiosamente, tienen tasas de recuperación bastante más altas que las de cualquier institución crediticia, con la ventaja de que los propios campesinos decidan cómo usar estos créditos a la palabra.
El tercer programa es el de solidaridad por una escuela. En cada escuela se forma un comité de solidaridad en donde participan los maestros, los padres de familia y la autoridad municipal y a veces también los alumnos y entre todos deciden sobre el destino de los recursos, básicamente es para la rehabilitación de escuelas.
El Programa Nacional de Solidaridad es un instrumento de política, pero de política económica, es uno de los puntales fundamentales de la política social del régimen. No se niega que queda mucho por hacer, pero se avanza y se seguirá haciendo, con toda la firmeza necesaria.
Yo, porque leí por ahí que era el Programa Nacional de Solidaridad un programa discriminatorio, pues yo invitaría a los compañeros de la oposición que transmita a sus partidos, a sus militantes y a sus simpatizantes que se sumen al esfuerzo. No es un programa en donde se discrimine por la simpatía o la militancia partidista en aquellos partidos que no sean mayoritarios.
Nos han dicho que el Programa Nacional de solidaridad puede ser un programa electorero. Pues no francamente no es ni el objetivo ni el propósito, pero a lo mejor. No sería remoto, sería lógico que otorguen su voto a quienes a su vez los apoyen para salir adelante y no por supuesto a quienes los azuzan sumiéndolos cada vez más en la desesperación y en la pobreza.
¿Por qué molesta a algunos, esencialmente algunos de la oposición, el Programa Nacional de Solidaridad? ¿acaso porque llega a los sitios más recónditos del país? Sí, a esos sitios a los que por lo generan algunos de la oposición difícilmente llegan, porque difícilmente se bajan de las banquetas.
¿Por qué duele tanto el Programa Nacional de Solidaridad? ¿Será porque es un proyecto objetivo, concreto, que busca transformar la realidad adversa, difícil de rezago y atenciones postergadas?, ¿será por eso que se pretende desacreditarlo, satanizarlo, descalificarlo? Aquí y en el extranjero, como siempre no les importa el país ni el desprestigio internacional, sólo los votos.
¿Que deseaban?, ¿el inmovilismo?, ¿por qué no les gusta?, ¿porque es un esfuerzo nacional?, ¿porque promueve la solidaridad de la sociedad mexicana para que colabore y movilice sus recursos en este esfuerzo?, ¿quizá porque al esfuerzo gubernamental y al propio de los beneficiarios se suma al esfuerzo de sindicatos y colegios de profesionales, de estudiantes y empresarios, de intelectuales? La sociedad, casi toda, está pendiente y participando para recatar a esos otros compatriotas que viven en condiciones de pobreza extrema.
¿Por qué no les gusta el Programa Nacional de Solidaridad? ¿Será porque se busca que el Programa Nacional de Solidaridad como estrategia de desarrollo social y regional, sea una tarea de la sociedad para todo el año y los años por venir, en donde los mexicanos con y por convicción nos unamos ante la adversidad de muchos porque ha encontrado eco, respuesta entre casi todos los mexicanos?.
Solidaridad, aun cuando a los menos no les guste, es el producto de un nuevo enfoque en el combate a la pobreza extrema. Es una reorientación del esfuerzo del Estado.
La solidaridad está puesta en marcha. En ella se ha reflejado satisfactoriamente el objetivo de un Estado que cumpla prioritariamente con los reclamos sociales de la población. ¿Qué solidaridad es una moda pasajera? No lo es.
Para quienes hemos seguido de cerca o hemos trabajado durante muchos años en la planeación programática y presupuestal, quienes hemos observado el esfuerzo del gobierno por descentralizar funciones y transferir recursos y toma de decisiones a los estados, a los municipios y a las propias comunidades, les diré que sí, este nuevo proceso apenas comienza, apenas tiene un año y medio, pero viene atrás todo un bagaje de experiencias, muchas de ellas se han desechado para buscar esas nuevas instancias de corresponsabilidad directa entre el estado y la sociedad.
Lo que sí les puedo asegurar es que este programa será irreversible, no es una moda pasajera, como fue irreversible en su momento el convenio Único de Coordinación que se inicio en 1977 y donde se empieza este esfuerzo de transferencia de funciones, de recursos, de toma de decisiones, de la Federación a los estados, después se convierte en el Convenio Único de Desarrollo en 1983, que logra transformar una serie de programas inconexos, sueltos tales como el Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural, el Programa de Zonas Urbanas Críticas, etcétera, y los transforma en los Programas de Desarrollo Regional.
Hoy, en el contexto de estos últimos es que se establece el Programa Nacional de Solidaridad, que defiende más aún y que financia la toma de decisiones de la comunidad o de una organización de manzana o de una escuela, conjuntando el esfuerzo con ellos, por eso no le gusta a quien me antecedió en el uso de la palabra, por eso no les gusta la solidaridad, porque saben que será irreversible.
La percepción que hoy se tiene del Estado, está más próxima a lo que el pueblo espera; el carácter de propietario que el Estado mexicano había asumido en una etapa determinada del desarrollo nacional ha sido substituido por un perfil solidario y eficiente que los compatriotas que menos tienen y la mayoría de la sociedad, pondera de mejor manera porque es tangible y tiene efectos inmediatos: introducción de servicios, agua, luz, drenaje, alcantarillado, escuelas, vivienda y seguridad social. Esos son los resultados.
No hay un sólo estado, una sola población o comunidad que no sepa y ya goce o quiera en lo inmediato incorporarse a esta enorme movilización contra la pobreza, por eso no les gusta, porque se penetra, se transforma, se cumple y se alienta y así seguiremos, no lo dude. (Aplausos.)
El Presidente: -El diputado Quiroz Miranda, tiene la palabra.
El diputado Sergio Quiroz Miranda: - Señor presidente; compañeras y compañeros legisladores. Yo creo que en las últimas décadas, si ha existido un régimen antipopular por la política económica que ha aplicado, es el régimen actual, el régimen de Salinas de Gortari.
La política económica que es una continuación y una profundización que lleva el mismo corte, pero más profundo, de la que aplicó Miguel de la Madrid, es la causante de las condiciones de miseria exasperante, de pobreza extrema en que se encuentra el pueblo mexicano y resulta que el régimen actual, sin modificar un ápice esta política es la causa de esta pobreza, pretende y desde luego que no lo va a lograr ni, lo ha logrado, resolver, o pretende engañar a los mexicanos de que tiene la intención real de combatir esa miseria, esa pobreza, con un programa mínimo, con un programa que no va a la raíz, a las causas fundamentales, con un programa que yo quiero calificar de demagógico. ¿Por qué es un programa demagógico el Programa Nacional de Solidaridad? La demagogia es una palabra que expresa esencialmente que alguien ofrece resolver problemas que no resuelve. No la quiero emplear en sentido ofensivo para que no se tome de esa manera, sino en estricto sentido del lenguaje español.
¿ De qué tamaño es la pobreza de los mexicanos, generada por esta política económica que sigue el gobierno de Salinas? Es decir, el gobierno de Salinas no es ajeno de ninguna manera a las condiciones lamentables de pobreza extrema en que se encuentra el pueblo mexicano; él formó parte del gabinete anterior, precisamente en donde se destinan al gasto público el dinero del pueblo, es corresponsable de esta miseria y de esta pobreza, ocasionada por esa política económica. Entonces, ¿ de qué tamaño es esa pobreza y de qué tamaño es el Programa Nacional de Solidaridad? Y si nosotros examinamos la magnitud de ambas situaciones, encontraremos por qué es un programa demagógico.
En pobreza extrema viven 17 millones de mexicanos, es decir, al borde de la desesperación, sin servicios de agua potable, de luz, de drenaje, sin acceso a la salud, sin trabajo prácticamente seguro, en el subempleo, en lo que ahora llaman la economía subterránea; el 70% de la población infantil de México registra una alimentación deficiente, de repercusiones graves, posteriores durante toda su vida, irreparables; el 40% de los habitantes de las zonas rurales carecen de medios de comunicación, sólo el 47% de la población nacional tiene agua potable.
Y resulta, para no abundar en mayores cifras, algunos las han explicado aquí, que para este problema, para la magnitud de este problema, se destinan algo así como dos o tres billones de pesos. ¿ Qué son dos o tres billones de pesos? Bueno, pues podemos darnos una idea si preguntamos cuánto se destina anualmente al pago de los intereses de la deuda pública y se destinan más de 60 billones de pesos anualmente a la deuda externa y a la de deuda interna y entonces, esa política, que favorece a la banca internacional, que no se ha querido modificar, a pesar de que lo pide a gritos el pueblo mexicano, causa una pobreza extrema y se le dice se le destinan 2 billones de pesos, supuestamente para resolver el problema.
El Programa Nacional de Solidaridad, creo que también es un programa cínico. La pobreza del pueblo es real, no está inventada, la miseria, la desnutrición, la mortalidad es real, no son cifras maquilladas, es real y resulta que el gobierno quiere hacer aparecer una obligación constitucional de atender las demandas populares, como si fuera una obra de caridad, como si fuera una ayuda generosa del señor Presidente de la República y el pueblo todavía deba sentirse agradecido.
Por eso, por la magnitud de la situación económica de los mexicanos, por la actitud de presentar ese programa mínimo, yo no digo que no se realice, que se realice ése y miles más, que
resuelvan los problemas del pueblo, realmente los resuelvan. Es un programa mínimo y se quiere presentar todavía, como obra y resultado de la generosidad del señor Presidente de la República, como si lo estuviese haciendo con su fortuna personal y no con el dinero del erario público.
El Programa Nacional de Solidaridad es también, a mi juicio, un programa que se inspira en las tesis de la reacción; es un programa contrarrevolucionario. Examinen los documentos del partido de Acción Nacional, desde su nacimiento hasta ahora, ellos son los autores del Programa Nacional de solidaridad; hay que examinar en lo que ellos llaman sus principios de doctrina qué es la tesis del solidarismo, que no vienen en los documentos del Partido Revolucionario Institucional, sino en los documentos del Partido Acción Nacional.
Y también, si nos vamos más atrás, los encontramos en los discursos de Mussolini. Es decir, la negación del derecho de los pueblos sobre todo de la clase trabajadora a exigir condiciones mejores de vida y fundamentar la solución de sus problemas en la ayuda y generosidad de los ricos, de los millonarios, de los que tienen. Por eso, el Programa Nacional de Solidaridad se inspira en tesis contrarrevolucionarias.
Pero es además el Programa Nacional de Solidaridad un programa ofensivo, ofensivo para el pueblo mexicano. Se obliga a los miserables, desde el punto de vista económico estoy hablando , se obliga a los pobres, a los que carecen de todo, a que concurran a los actos, a que se exhiban a que aparezcan en la televisión hablando de la magnanimidad del señor Presidente de la República, a cambio de un plato de lentejas, por eso es un programa ofensivo el Programa Nacional de Solidaridad.
Finalmente, creo que el Programa Nacional de Solidaridad es un programa mañoso porque pretende, después de la demagogia, del cinismo, pretende llevar agua al molino del Partido Revolucionario Institucional.
Quizá el origen panista se explique en el símbolo: Es un bolillo retorcido de tres colores. Es la mezcla del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional. Las tesis las aporta el Partido Acción Nacional, el dinero lo aporta el pueblo porque no es dinero del señor Presidente y los votos los recogen ambos.
Entonces nosotros consideramos que los argumentos expuestos aquí, verdaderamente no contribuyen a aclarar la situación: ¿ por qué el gobierno si quiere realmente resolver los problemas del pueblo no invierte los términos y en vez de destinar 60 o más millones de pesos al pago de intereses de la deuda, le destina eso a los problemas del pueblo y le destina entonces dos millones al pago de los intereses?, eso lo aplaudiría el Partido Popular Socialista.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Rafael Melgoza Radillo.
El diputado Rafael Melgoza Radillo: - Solamente ya unos comentarios breves. Nosotros queremos abundar un poco sobre lo que ya mencionaba nuestro compañero Octavio Moreno Toscano y fundamentalmente queremos decir y que esto no lo tocó la compañera senadora que hizo uso de la palabra y lo queremos reiterar, que sentimos que es el problema fundamental, es el asunto, pues y que en términos generales coincidimos con lo manifestado aquí por el compañero Quiroz Miranda. Decía nuestro compañero Toscano que en nuestra opinión no hay congruencia que en el Programa Nacional de Solidaridad frente a la aplicación de la política económica en la cual profundiza más este régimen.
Nosotros censuramos, sí ya lo dijo él, yo lo reitero, censuramos lo costoso de la movilización y de la extrema propaganda con la que se pretende decir a los mexicanos que se van a resolver sus problemas de carácter económico, sus penurias, con el Programa Nacional de Solidaridad; nosotros no creemos en eso, no pensamos que el problema por la cual atraviesa este país, la situación grave, de tipo económico por la cual atraviesa el país, vaya a ser resuelto por el Programa Nacional de Solidaridad, la compañera senadora le apuesta a eso, dice que va a penetrar y realmente va a lograr fortalecer a su organización política, a su partido, ojalá así fuera, compañeros, si por ese motivo, si en función de eso los problemas económicos por los cuales atravesamos realmente se resolvieran, la mayoría del pueblo de México realmente, vía el Programa Nacional de Solidaridad, empezara a vivir en mejores condiciones, pero no es así, eso es falso, eso es utópico; está bien que el Programa Nacional de solidaridad mejore las escuelas, está bien que el Programa de Nacional de Solidaridad meta luz eléctrica, está bien que meta servicios de agua potable, aun cuando el señor titular del Ejecutivo Federal, vaya a entregar, incluso sustituyendo en muchos casos a la autoridad municipal, este tipo de obras.
El problema está en que cada vez hay menos hijos de mexicanos que puedan ir a las escuelas, el problema es que cada vez hay más hijos de mexicanos, más mexicanos que no pueden pagar la luz, que no pueden pagar el agua, que no tienen
trabajo, hay problemas graves y serios. Nosotros estamos de acuerdo, entonces, de que se ataque la pobreza extrema, eso no tiene discusión, estamos de acuerdo en que se ataque la pobreza extrema. La situación que vivimos es grave y tiene que haber programa específicos para eso, no estamos en contra de que se ataque a la pobreza extrema.
Pero también y es la demanda fundamental, nosotros sostenemos que al parejo debe atacarse la riqueza extrema y el programa, la línea política de este gobierno en nuestra opinión, concentra cada vez más la riqueza de este país en cada vez más también, en cada vez menor, también, manos, en cada vez menores, menor grupo de mexicanos que se están apoderando de los recursos y de la riqueza nacional. Ese es el planteamiento fundamental, ése es el meollo del problema, ése es el cuestionamiento.
Nosotros estamos de acuerdo en lo que mencionaba la senadora, de que, bueno, es necesario que se enfrenten los problemas que atraviesa la comunidad, vía la organización comunitaria, la participación ciudadana. Eso no está en cuestionamiento. Ella bosquejó prácticamente el plan, el Programa Nacional de Solidaridad, ¿si?, del Programa Nacional de Solidaridad.
Entonces el asunto fundamental es ése, ¿sí? Entre tanto y se dijo también en la intervención de nuestro compañero, entre tanto se está profundizando en desposeer cada vez más a mayor número de mexicanos, por esta política económica que se aplica, se pretende apostar todo a este programa y en nuestra opinión, insisto, por ahí no está la salida, por ahí no está el planteamiento fundamental de que la mayoría de los mexicanos están sosteniendo y demandando desde ya hace años.
El Presidente: -El diputado Vicente Luis Coca Alvarez, tiene la palabra.
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez: - No se me esconda, compañera senadora.
La senadora Laura Alicia Garza Galindo (desde su curul): - Aquí estoy.
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez: - No podíamos dejar de tocar, además de los temas que tenemos preparados en tribuna y que vamos a darles cuenta del Programa Nacional de Solidaridad.
Demagogia pura; pura demagogia. Para muestra un botón. Jaime Genovevo Figueroa Zamudio gobernador interino del Estado de Michoacán, hace unos días, tratando de celebrar la Semana de la Solidaridad, con el denunciado director del Banco de Crédito Rural, Jaime de la Mora, con Victor Cervera Pacheco recientemente, pomposamente entregan títulos de propiedades, de títulos a ejidatarios por aquí, obras por allá.
Hay un solo caso que nosotros venimos ya , de muchos años, insistiendo y seguramente porque nosotros lo estamos tratando ha de ser que no tienen pobrecitos, los campesinos, a los que ya fastidiamos, resolución de su problema.
El poblado se llama Los Hoyos. El municipio se llama Apatzingán y el estado es Michoacán.. Es una resolución presidencial, firmada por el Presidente de la República en turno y que los señores funcionarios de Reforma Agraria, en franco contubernio, colusión, con funcionarios del gobierno del estado, se han negado a ejecutar.
Y recientemente se ofreció una posible solución: vamos a comprarles tierras para que acaben sus problemas. Pero se les deja colgados de la brocha vulgarmente se dice vox populi, vox dei, porque a los señores les cortan el crédito y ahora recientemente la diputada local Guadalupe Sánchez Borja, le reclamó al Ejecutivo que se cumplimente la oferta, la palabra empeñada, de satisfacer esta demanda.
Y tuvieron que regresarse a su lugar de origen los campesinos, porque no tienen ni respuestas del Secretario de la Reforma Agraria, ni por supuesto del "Bandidal", perdón de Banco de Crédito Rural y mucho menos del gobernador Jaime Genovevo Figueroa Zamudio, que lo único que quiere es llevar, y de esto conoce bastante el compañero Gómez Villanueva, llevar agua a su molino, agua a su partido. Eso es de lo que trata, eso es, en síntesis, el Programa Nacional de Solidaridad.
Perdóneme, compañera senadora Garza, pero no podemos venir aquí a hablar de otra cosa que no sea de la cruda realidad que los campesinos, que los obreros, que los trabajadores, están recibiendo.
Ahora los asuntos que no tienen relación entre sí, pero que teníamos preparados para abordar en tribuna.
Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores: El asunto de las islas del Archipiélago del Norte, que fuese turnado a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados el día 6 de octubre de 1988, aún carece de dictamen, con esto el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana viene hacer una tercera excitativa, señor Presidente, ante el pleno de este órgano colegiado, parece ser que en el Palacio
Legislativo, allá en San Lázaro y ahora aquí en el recinto alterno, aún ronda por los pasillos de estos lugares la sombra de Antonio López de Santa Anna, en la persona del presidente de la comisión legislativa de Relaciones Exteriores que podría llamarse José Murat Santana, para ocultar la realidad jurídica de este asunto, pues, sobre todo hemos sido testigos de la descarada actitud entreguista por intereses del partido oficial, con el vecino país del norte.
Exigimos una respuesta de las causas que originan a la comisión legislativa de Relaciones Exteriores por no dar procedimiento al asunto expuesto. ¿Que acaso los intereses inmediatos de la nación deben esperar a que se les de turno sabiendo que son ya casi dos años desde que fue turnado? Qué acaso no debemos luchar por nuestra soberanía nacional, legado de muchos compatriotas que legaron su vida para que nosotros tengamos la obligación de defender nuestro territorio? ¿Qué en este caso el gobierno estadounidense no despojó de nuestras nueve islas que constituyen, justamente, el Archipiélago del Norte? Por ello el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana solicita, por mi conducto, que a más tardar en un plazo que no exceda de 24 horas, se nos informe por escrito las razones que ha provocado este retraso en la presentación del dictamen a que hemos hecho alusión.
Asimismo y por tratarse de un asunto del más alto interés nacional, solicito a esta Presidencia se dé lectura y cumplimiento a los artículos 21, fracción VI, 94 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se emplace a la Comisión de Relaciones Exteriores a presentar el dictamen correspondiente en un día determinado o en su caso tal y como lo plantea el propio 21, fracción XVI del reglamento citado, se turne este asunto a otra comisión que realmente tenga el sentido patriótico de resolver este grave asunto.
De suerte que yo le pediría que la secretaría pudiese leernos estos artículos del ordenamiento citado.
El Presidente: -Si gusta, señor diputado Coca, para abreviar tiempo el dictamen que pudiera rendir la comisión a que usted se refiere, tiene que ser en el ordinario que empieza en noviembre.
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez: - Si, lo que pasa es que el artículo 94 en su parte relativa dice: "Las comisiones durante el receso continuarán el estudio de los asuntos pendientes hasta producir el correspondiente dictamen.
También estudiarán y dictaminarán las iniciativas que les sean turnadas por la Comisión Permanente durante el receso". Y hasta la fecha no tenemos respuesta.
El Presidente: - Esta Presidencia con toda cortesía hace llamamiento de la comisión correspondiente, como usted lo está solicitando, con mucho gusto.
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez: - Bien ¿hacemos la excitativa, entonces a la comisión, en sus términos como se plantea?...No la escucho la excitativa¿ o al final espera usted del otro documento? Bien, señor Presidente.
Hay que ser claro, porque si no, ya sabemos.
Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores: México se encuentra entre los principales países en donde el problema demográfico es más acentuado. Obviamente no estamos descubriendo el hilo negro. Un país en donde los problemas de la planificación familiar han sido insuficientes; la tasa de crecimiento de la población ha sido positiva y creciente a partir de la primera mitad de este siglo, consecuencia de esto ha sido el ritmo acelerado de desempleo y la caída de los salarios reales, el nivel de vida decae y la pobreza empieza a rondar en la faz de la nación.
En otras palabras la crisis comienza a causar estragos, principalmente en los estratos menos favorecidos.
Pero algo está pasando. La tasa de crecimiento de población ha disminuido, según los datos preliminares el XI Censo General de Población y Vivienda, que a su cargo lo lleva el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Ahora resulta que somos menos mexicanos de los que se esperaban. La tasa de crecimiento que se manejaba, según el X Censo General de Población y Vivienda era el 3.3% anual y resulta que sólo fue de 2.1%. Es decir que ahora somos 81 millones 140 mil 922 mexicanos y 85 millones que se especulaba.
Esto nos pone a pensar si dejara de ser muy pronto la ciudad de México la más grande del mundo o bien, si alguna vez en realidad lo fue a consecuencia de imprecisiones o datos a plumazos, muy característicos en los gobernantes que tuvieron el cargo en el destino del país en las últimas décadas, ¿será entonces esa otra palabra que agregaremos como característico del gobierno mexicano después del tan famoso dedazo?
Bien sabemos que para conocer el destino que depara nuestra nación, es de suma importancia
las cifras de los registros de la población y las condiciones en que vive y el tratar de llevar una política económica sin bases reales pone en peligro la determinación de las estrategias que han sido creadas para su funcionamiento. Esto nos hace especular que sólo por llevar al poder a un solo partido se haya puesto en juego el bienestar de los habitantes de nuestro país conllevándolos a una crisis que ahora es cuando más estragos está causando en la mayoría de la población. En tanto la información censal ha puesto en desconcierto a la propia política económica con la ocultación de datos de las cuentas externas de finanzas públicas o inflación.
Por todo lo anterior debemos poner la mayor de las atenciones para que las cifras definitivas no se especulen maquivélicamente como los resultados preliminares; debemos estar conscientes que esos resultados marcarán una serie de cambios que irán desde la distribución equitativa de la riqueza hasta los efectos resultado del nuevo padrón electoral.
Es a nosotros y a otros partidos políticos de oposición que nos preocupa vigilar los resultados definitivos que genere el XI Censo General de Población y Vivienda, para que no se tergiverse la información. No debemos permitir más plumazos o información irresponsable, ya que esto pone más en evidencia la prepotencia disfrazada del gobierno y su partido.
No debemos permitir una democracia unipartidista disfrazada que especule con el pilar de la nación, la sociedad misma. Se debe crear una comisión pluripartidista que trabaje conjuntamente en la elaboración final del Censo General de Población y Vivienda y vigile el procesamiento de datos, con el fin de establecer resultados reales de los números que arroje efectivamente el XI Censo General de Población.
Es ahora cuando debemos velar por los intereses de la nación, crear un verdadero censo a beneficio de nuestros compatriotas, erradicar los datos que sólo benefician a un sector político, la democracia disfrazada, el plumazo, cuentas alegres, una política económica que subyuga a la mayoría.
Por todo lo anterior, en términos del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta asamblea la siguiente
«PROPOSICIÓN
Única. Se turne como asunto de obvia y urgente resolución, a las comisiones unidas de Población y Asentamientos Humanos, a fin de que en su seno el Secretario de Programación y Presupuesto, de quien depende el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, informe verazmente sobre las dudas que la ciudadanía expresa a través de los distintos partidos políticos, respecto de la información preliminar de XI Censo General de Población.
Dado en la sala de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 15 días del mes de agosto. Firmado por el Partido Acción Nacional, diputado Antonio Lozano Gracia, diputado Astolfo Vicencio Tovar, diputado Leopoldo Salinas Gaytán; por el Partido de la Revolución Democrática, senador Porfirio Muñoz Ledo, diputado Melgoza Radillo; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, diputado Vicente Luis Coca Alvarez.»
El Presidente: -Consulte el secretario a la asamblea si se acepta o no a discusión esta proposición.
El secretario senador Julián Gascón Mercado: -Por indicaciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se admite a discusión la proposición.
Los que estén por la afirmativa se les ruega ponerse de pie... Se admite a discusión.
El Presidente: - Se turna a la Comisión de Población de la honorable Cámara de Diputados.
REPRIVATIZACIÓN BANCARIA E INCREMENTO EN EL PRECIO DE LAS GASOLINAS
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Sergio Quiroz Miranda.
El diputado Sergio Quiroz Miranda: - Señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: He pedido el uso de la palabra y prometo ser breve... bueno, no tan breve, para referirme al asunto que aparece en los diarios el día de ayer y también hoy, relativo a la venta o a la forma y a las condiciones para la venta de la banca nacionalizada.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público ha expresado, ha dado a conocer a la opinión pública, ocho puntos, ocho lineamientos generales a los que se sujetará la venta de los bancos.
Nosotros estamos de acuerdo, en esencia, con lo expresado en esos lineamientos, pero consideramos que se dejó de lado un aspecto fundamental
y que está expresado en el artículo 4o. de la Ley de Instituciones de Crédito, el texto siguiente:
"El Estado ejercerá la rectoría del sistema bancario mexicano, a fin de que éste oriente fundamentalmente sus actividades a apoyar y promover el desarrollo de las fuerzas productivas del país y el crecimiento de la economía nacional, basado en una política económica soberana, fomentando el ahorro en todos los sectores y regiones de la República y su adecuada canalización en una amplia cobertura regional."
Es decir, el Secretario de Hacienda y Crédito Público deja de lado, no sabemos si es involuntariamente, pero queremos reiterar la gran importancia que tiene este punto para el desarrollo económico del país.
Todos sabemos que antes de la nacionalización bancaria, la banca cumplió el papel de ser el canal, el conducto, la vía para la fuga de capitales. Se cumplió, también funciones de agio y no de promover el desarrollo económico nacional.
Por eso consideramos que es pertinente que se considere y se retire también como una de los lineamientos generales el establecido en el artículo 4o., de la citada ley.
Por otra parte y en otro asunto, quiero referirme al incremento de los precios de la gasolina en la frontera norte de nuestro país. Yo soy residente de Mexicali, Baja California, conozco las condiciones económicas en que viven la mayoría de los residentes de la frontera norte y no se por qué motivos se ha considerado que viven en condiciones excepcionales desde el punto de vista económico y tal vez por eso el conflicto Irak - Kuwait que tiene repercusiones inmediatas en el alza de la gasolina en Estados Unidos de América y para evitar se dice el desabasto de la gasolina en la frontera norte, se les ocurre una medida sin importar que sean los consumidores fronterizos los que paguen por estas medidas y entonces se decreta un incremento de casi el 30% de la gasolina extra para todos los residentes fronterizos o los consumidores fronterizos.
Nos parece que la medida es, en primer lugar, es discriminatoria. La Constitución establece que no habrá privilegios ni discriminaciones en nuestro país. ¿Por qué los residentes fronterizos deben cargar con este incremento de la gasolina? ¿Por qué no se busca otra solución? Estamos de acuerdo en que hay que prevenir un desabasto o un saqueo de nuestra gasolina porque pudiera estar más barata que en los Estados Unidos América aunque esta probabilidad casi no existe, por una razón. La mayoría de los automóviles norteamericanos están asegurados y las asegurados norteamericana invalidan los contratos del seguro si se consume gasolina mexicana; es decir, gasolina producida en nuestro país. Claro, otra es la gasolina de exportación, pero la gasolina de nuestro país invalidan si ellos comprueban que se consumió gasolina mexicana para los efectos de las reparaciones de los automóviles. Es decir, esto es sin que sea total, es un argumento en contra del gobierno.
Pero suponiendo o aceptando sin conceder que fuese válido el argumento del gobierno, debiéramos buscar otros mecanismos para evitar que sobre un sector de nuestra población, geográficamente localizando, se cargara todo el peso de una medida para evitar el desabasto.
Por esos motivos quiero hacer la siguiente proposición con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y considerando que el gobierno, al incrementar el precio de la gasolina extra a los consumidores de la frontera norte de nuestro país, da un trato discriminatoriamente lesivo a la economía familiar de cada uno de ellos, con el argumento de que al elevarse el precio de la gasolina en los Estados Unidos de América se podría provocar desabasto en la parte mexicana de la frontera, el Partido Popular Socialista, sin aceptar como válido dicho argumento, pero considerando que ante los hechos consumados es urgente buscar una solución que implica el desabasto, pero sin lesionar la economía de los residentes fronterizos, se permite hacer a esta soberanía la siguiente proposición de punto de acuerdo, a la cual pedimos se le considere de urgente y obvia resolución:
«PROPOSICIÓN
Única. Se integre de inmediato una comisión de diputados que tenga por objeto proponer a esta soberanía una solución al problema del incremento de la gasolina en la frontera norte de nuestro país y la presente a esta soberanía en un plazo no mayor de siete días, contados a partir de esta fecha.
Sala de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 15 días del mes de agosto de 1990. Diputado Sergio Quiroz Miranda». Muchas gracias.
El Presidente: -Consulte la secretaría a la asamblea si se admite o no a discusión esta proposición.
El secretario senador Julián Gascón Mercado: - Por indicaciones de la Presidencia, y en votación económica, se pregunta si se admite a discusión la proposición.
Los que estén por la afirmativa sírvanse ponerse de pie... Se admite, señor Presidente.
El Presidente: - Consulte si la asamblea la estima de urgente y obvia resolución.
El secretario senador Julián Gascón Mercado: - También por indicaciones del señor Presidente, se pregunta a la asamblea si esta proposición se considera de obvia y urgente resolución.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie... No se considera de urgente y obvia resolución, señor Presidente.
El Presidente: - Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, para que conozca de esta proposición y resuelva lo que proceda legalmente.
Continúe la secretaría con el desahogo de los trabajos de esta asamblea.
El secretario senador Julián Gascón Mercado: - Nada más para hacer una aclaración al señor diputado Moreno Toscano. Aquí se dijo que enfermedades que ya habían desaparecido, de nuevo ya las tenemos en México y se hizo alusión a la viruela. La viruela desde la guerra de Somalia con el Sudán fue el último caso que se registró y desde entonces no existe un solo caso registrado en el mundo, y por lo tanto tampoco existe en México.
DEL CONFLICTO EN MEDIO ORIENTE
El Presidente: - Proceda la secretaría a dar a conocer dos pronunciamientos que han propuesto.
El secretario senador Julián Gascón Mercado: - Estos dos pronunciamientos están firmados por los representantes de todas las fracciones parlamentarias. El primero dice así:
«En diversas partes del mundo se han dado casos recientemente de invasiones armadas de diversas proporciones, que han tenido en común la violación de la soberanía nacional y del territorio de pequeños países, se han contrariado los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y los principios más elementales de la convivencia internacional.
El caso más reciente es el del Medio Oriente, en donde se está poniendo en peligro no sólo el equilibrio de la región del Golfo Pérsico, sino además por las dimensiones que está adquiriendo el conflicto, el fin de la Guerra Fría y el entendimiento entre las superpotencias se ponen también en riesgo.
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Permanente se pronuncia por la salida de las fuerzas armadas que ocupan territorio en cualquier país del mundo y el acatamiento generalizado de las disposiciones y las medidas de la Organización de las Naciones Unidas, tendientes a preservar la paz universal.»
Están las firmas y los nombres, algunos ilegibles, de la mayor parte de los legisladores.
El segundo pronunciamiento:
«Senador Emilio M. González, presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presente.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y en virtud de los recientes acontecimientos que se desarrollan en el Medio Oriente, nos permitimos presentar a la consideración del pleno de esta Comisión Permanente, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, reitera su llamado a las potencias militares para que se abstengan de cualquier acción unilateral que pueda agravar o generalizar el conflicto. Instan a las partes interesadas y a los órganos componentes de las Naciones Unidas, para que encuentre a la brevedad el marco de negociación que haga posible una solución política al conflicto y al cumplimiento de las resoluciones adoptadas.
Dicha solución deberá considerar primordialmente los intereses y los derechos de los estados de la región, y apegarse del modo más estricto a los principios del derecho internacional.»
También las firmas de los legisladores, algunas ilegibles.
El Presidente: -Por tratarse del mismo asunto, la secretaría consulte a la asamblea, en una sola votación, si se admite o no a discusión este pronunciamiento.
El secretario senador Julián Gascón Mercado: -Por indicaciones del señor Presidente, en votación económica se pregunta si se admiten a discusión las dos proposiciones.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Se admite, señor Presidente.
El Presidente: - Se turnan a la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, para que produzca una sola proposición.
Continúe la secretaría.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria diputada María Teresa Ortuño Gurza: - Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Comisión Permanente - Segundo Receso. - Segundo Año.- LIV Legislatura.
Orden del día
22 de agosto de 1990.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Puebla, Yucatán y Zacatecas.
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso del ciudadano doctor Leopoldo Zea y Aguilar, para que pueda aceptar y usar la condecoración, de la Orden De Mayo al Mérito, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de Argentina.
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso del ciudadano embajador Enrique González Pedrero, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito Civil, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de España.
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso del ciudadano Jesús Federeico Reyes Heroles González Garza, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda de Número, que le confiere el gobierno de España.
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso de la ciudadana María Luisa Castañedo Robles, para que pueda prestar servicios como secretaria administrativa en la Embajada de Ecuador en México.
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso del ciudadano Ricardo Franco Guzmán, para que pueda prestar servicios como asesor jurídico, en la Embajada de Chile en México.
Dictámenes a discusión
De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo, relativo al nombramiento del ciudadano Juan José Bremer Martino, embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México, ante el gobierno de la República Federal de Alemania.
De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo, relativo al nombramiento del ciudadano Adolfo Hegewich Fernández Castillo, embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México, ante el Reino de Bélgica.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano general brigadier diplomado de estado mayor Enrique T. Salgado Cordero, para aceptar y usar la condecoración Cruz de Mérito Militar de Primera Clase, que le confiere el gobierno de Guatemala.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano embajador Marcelo Vargas Campos, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Cóndor de los Andes, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de Bolivia.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Luis Granados Morales, para prestar servicios como asistente técnico comercial, en la Embajada de la República de Argentina en México.
De la Primera Comisión con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Jorge Luis Agnesi Daessle, para aceptar y usar la condecoración del Orden al Mérito de la República Italiana, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de Italia.
Y los demás asuntos con los que la secretaría dé cuenta.»
El Presidente (a las 17.45 horas): -Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día miércoles 22 de agosto a las once horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y DIARIO DE LOS DEBATES