Legislatura LIV - Año II - Período Comisión Permanente - Fecha 19900919 - Número de Diario 11
(L54A2PcpN011F19900919.xml)Núm. Diario:11ENCABEZADO
LIV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Sen. Emilio M. González
RECINTO LEGISLATIVO
CENTRO MEDICO NACIONAL
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Lic. Héctor de Antuñano y Lora
Año II México, D. F., miércoles 19 de septiembre de 1990 No. 11
SEGUNDO RECESO
SUMARIO
SUMARIO
ASISTENCIA
La secretaría informa que hay quórum.
APERTURA
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión, se aprueba.
INVITACIONES
Del Congreso del Estado de Colima, para asistir al quinto informe de gobierno que rinde el gobernador del Estado, ciudadano Elías Zamora Verduzco. Se designa comisión.
Del Congreso del Estado de San Luis Potosí, para asistir al quinto informe de gobierno que rinde el gobernador del Estado, ciudadano Leopoldino Ortíz Santos. Se designa comisión.
SOLICITUD DE LICENCIA
Del diputado Agustín Gasca Pliego, para ausentarse de su cargo por tiempo indefinido. Se aprueba el punto de acuerdo y se comunica a la Honorable Cámara de Diputados.
COMUNICACIÓN
Del Congreso del Estado de Aguascalientes, sobre la clausura del período ordinario de sesiones e integración de la diputación permanente. De enterado.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
PROPUESTA PARA CONSEJEROS MAGISTRADOS
Para el Consejo General del Instituto Federal Electoral y Tribunal Federal Electoral, formulada por el
Poder ejecutivo de la nación. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Solicitud de permiso para que la ciudadana Mónica Patricia Reyes López, pueda trabajar en la Embajada de los Estados Unidos de América. Se turna a la Primera Comisión.
RATIFICACIÓN DE GRADOS NAVALES
De los ciudadanos Luis Hernández Baeza, Eugenio Magaña Gayou, Alfredo Alexandres Santín, Ivan Sanders Acevedo, José Cepeda Pachuac, Jaime Jaramillo Vázquez, Gustavo Isunza Olivares, Manuel Pasquel Urieta, Raúl A. Cano Aguirre, Mario Azuela Cavazos. Se turna a la Segunda Comisión.
SOLICITUDES DE PARTICULARES
CONDECORACIÓN
Del ciudadano Rubén Arias Arciniega, para aceptar y usar la que le confiere el gobierno de Argentina. Se turna a la Primera Comisión.
NOMBRAMIENTO
De la ciudadana Susana Micaela Mahieux, para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario del gobierno de Francia en La Paz, Baja California Sur. Se turna a la Primera Comisión.
DENUNCIA
Presentada por el ciudadano Ignacio Burgoa Orihuela, contra el ciudadano Carlos del Río Rodríguez, presidente del la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se turna a la Honorable Cámara de Diputados.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
PERMISO PRESIDENCIAL
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Carlos Salinas de Gortari, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional.
En la discusión intervienen los legisladores:
María Teresa Ortuño Gurza.
Porfirio Muñoz Ledo.
Enrique Burgos García.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
CONVOCATORIA A PERÍODO EXTRAORDINARIO
De la Primera Comisión, para la discusión, votación y otorgamiento de la medalla Belisario Domínguez. Se le dispensa la segunda lectura. Se aprueba y pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
CONDECORACIONES
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Hugo Ortíz Dietz, para aceptar y usar la que le confiere el gobierno de Francia.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Víctor Manuel Fernández Valencia, para aceptar y usar la que le confiere el gobierno de España.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
NOMBRAMIENTO
De la segunda Comisión, con punto de acuerdo en favor del ciudadano Guido Belsasso, como Cónsul de México en Nueva York. Se aprueba. Rinde protesta.
RATIFICACIÓN DE GRADOS
De la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados a los ciudadanos Felipe de Jesús Alvarado García, Ignacio Campos González, Oscar Augusto Ferráez Lepe y Ricardo F. Fernández Ramírez.
Sobre los nombramientos anteriores hacen uso de la palabra los legisladores:
Leopoldo Salinas Gaytán.
Gonzalo Martínez Corbalá.
Porfirio Muñoz Ledo.
Alonso Aguirre Ramos.
Leopoldo Salinas Gaytán.
Alonso Aguirre Ramos.
Leopoldo Salinas Gaytán.
Se comunica al Ejecutivo.
CONDECORACIONES
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Tomás Ortega Bertrand, para aceptar y usar la que le confiere el gobierno de Noruega.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana María del Consuelo Xiques de Orlovits, para aceptar y usar la que le confiere el gobierno de la República Federal de Austria.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Guillermo Ernesto Corona Muñoz, para aceptar y usar la que le confiere el gobierno de la República de Indonesia.
NOMBRAMIENTO
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Jesús Garibi Hernández, para aceptar y desempeñar el cargo de Vicecónsul Honorario de la República Dominicana en Guadalajara, Jalisco.
Se aprueban los proyectos de decreto, pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
DENUNCIA
Presentada por el diputado Leopoldo Salinas Gaytán, en contra del ciudadano Carlos del Río Rodríguez, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Interviene sobre el tema el senador Porfirio Muñoz Ledo.
Se turna la denuncia a la honorable Cámara de Diputados.
SOBRE LAS ISLAS DEL ARCHIPIÉLAGO DEL NORTE
Punto de acuerdo presentado por el diputado Vicente Luis Coca Alvarez.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO
El diputado Sergio Quiroz Miranda presenta propuesta solicitando toda la información posible de dicho tratado.
En la discusión de dicha proposición interviene el senador Mario Niebla Alvarez, en contra.
Se turna a la Tercera Comisión.
DEL ESTADO DE SONORA
Denuncia del diputado Astolfo Vicencio Tovar por la supuesta mala calidad en los materiales y técnicas de construcción de la carretera Hermosillo - Empalme.
SOBRE EL PROBLEMA DEL TABAQUISMO
Proposición presentada por el diputado Vicente Luis Coca Alvarez. Se desecha.
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Solicitud de información sobre el uso de fondos en favor de los damnificados del huracán Gilberto, presentada por el diputado Leopoldo Salinas Gaytán.
Debaten los legisladores:
Yolanda García de Vargas.
Vicente Luis Coca Alvarez.
Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL SENADOR EMILIO M. GONZÁLEZ
(Asistencia de veinticuatro legisladores)
ASISTENCIA
El secretario senador Roberto Anzar Martínez: - Hay una asistencia de 24 representantes. Hay quórum, señor Presidente.
APERTURA
El Presidente (a las 11.25 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El secretario senador Roberto Anzar Martínez:
«Comisión Permanente. - Segundo Receso. - Segundo Año. - LIV Legislatura.
Orden del día
19 de septiembre de 1990.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Congreso del Estado de Colima, invita a la sesión solemne en la que el ciudadano licenciado Elías Zamora Verduzco, gobernador constitucional del estado, rendirá el quinto informe de gobierno, que tendrá lugar el 27 de septiembre.
El Congreso del Estado de San Luis Potosí, invita a la sesión solemne en la que el ciudadano licenciado Leopoldino Ortíz Santos, gobernador constitucional del estado, rendirá el quinto informe, que tendrá lugar el 28 de septiembre .
Comunicación del ciudadano diputado Agustín Gasca Pliego.
Comunicación del Congreso del Estado de Aguascalientes.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Con el que se remiten las propuestas formuladas por el ciudadano Presidente de la República, de candidatos para los cargos de consejeros magistrados en el Consejo General del instituto Federal Electoral y de magistrados del Tribunal Federal Electoral.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Mónica Patricia Reyes López, pueda prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Con el que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Luis Hernández Baeza, Eugenio Magaña Gayou, Alfredo Alexandres Santín, Iván Sanders Acedo, José Cepeda Pachuca, Jaime Jaramillo Vázquez, Gustavo Isunza Olivares, Manuel Pasquel Urieta, Raúl A. Cano Aguirre y Mario Azuela Cavazos, para los efectos de la fracción VII de artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Solicitudes de particulares
Del ciudadano general brigadier diplomado de estado mayor Rubén Arias Arciniega, para que se le conceda el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Mayo, en grado de Gran Oficial y la Medalla al mérito, que le confiere el gobierno de Argentina.
De la ciudadana Susana Micaela Mahieux, para que se le conceda el permiso constitucional necesario para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Francia en la Paz, Baja California.
Del ciudadano Ignacio Burgoa Orihuela, para que se turne a la Cámara de Diputados la denuncia que formula en contra del licenciado Carlos del Río Rodríguez, presidente de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los Términos del artículo 109 constitucional.
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Carlos Salinas de Gortari, presidente Constitucional de
los Estados Unidos Mexicanos , para ausentarse del territorio nacional del 29 de septiembre al 2 de octubre del presente año, con el fin de participar en la XLV Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en la Reunión Cumbre Mundial en Pro de la Niñez y en la inauguración de la exposición "Arte de México: esplendor de 30 siglos", en las ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto relativo a la solicitud para que se convoque a la honorable Cámara de Senadores, a un período de sesiones extraordinarias.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano doctor Hugo Ortíz Dietz, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la República de Francia.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano teniente coronel de infantería diplomado de estados mayor Víctor Manuel Fernández Valencia, para aceptar y usar la condecoración Cruz del Mérito Militar de Primera Clase, con Distintivo blanco, que le confiere el gobierno de España.
Dictámenes a discusión
De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano doctor Guido Belsasso, como Cónsul General de México en Nueva York, Estados Unidos de América.
Cuatro de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por los que se ratifican grados a los ciudadanos Felipe de Jesús Alvarado García, Ignacio Campos González, Oscar Augusto Ferráez Lepe y Ricardo R. Hernández Ramírez.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano almirante Tomás Ortega Bertrand, para aceptar y usar la condecoración de la Gran Cruz de San Olav, que le confiere el gobierno de Noruega.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana María del Consuelo Xiques de Orlovits, para aceptar y usar la condecoración Goldenes Ehrenzeichen Für Verdienste Un Die Republik Osterreich, que le confiere el gobierno de la República de Austria.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Guillermo Ernesto Corona Muñoz, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Estrella, (Bitang Hasa Utama), en grado de Medalla al Mérito, Primera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Indonesia.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Jesús Garibi Hernández, para aceptar y desempeñar el cargo de Vicecónsul Honorario de la República Dominicana en Guadalajara, Jalisco.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El secretario senador Roberto Anzar Martínez:
«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, celebrada el día doce de septiembre de mil novecientos noventa, correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de ejercicio de la Quincuagésima Cuarta Legislatura.
Presidencia del senador Emilio M. González
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con catorce minutos del día doce de septiembre de mil novecientos noventa, con una asistencia de veintinueve legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.
La secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que se aprueba en votación económica, con una aclaración pedida por el diputado Vicente Luis Coca Alvarez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Se da cuenta con una comunicación del Congreso del Estado de Guanajuato, por la que informa de la clausura del segundo período ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la Quincuagésima Cuarta Legislatura y la elección de su Comisión Permanente. De enterado.
Otra comunicación del Congreso del Estado de Jalisco, por la que informa que se clausuró el segundo período de sesiones extraordinarias del segundo año de ejercicio de la Quincuagésima Segunda Legislatura. De enterado.
La secretaria da cuenta con una comunicación del Congreso del Estado de Morelos, por la que informa de la elección de la mesa directiva para el mes de agosto de mil novecientos noventa. De enterado.
Se da lectura a una comunicación del Congreso del Estado de Zacatecas, por la que informa de la
iniciación del quinto período de sesiones extraordinarias de la Quincuagésima Tercera Legislatura. De enterado.
Se da cuenta con dos comunicaciones de los diputados Jorge Villarreal y Odón Madariaga Cruz, quienes solicitan licencia temporal hasta por dos meses para separarse de sus funciones legislativas. Se da lectura a los acuerdos respectivos, mismo que se aprueban en votación económica. Comuníquese a la honorable Cámara de Diputados.
La secretaría da cuenta con un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, pueda ausentarse del territorio nacional del veintinueve de septiembre al dos de octubre de mil novecientos noventa, a fin de participar en la Cuadragésima Quinta Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en la Reunión Cumbre Mundial en Pro de la Niñez y en la inauguración de la exposición "Arte de México: esplendor de 30 siglos", en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América. Se turna a la Primera Comisión.
Otro oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que comunica que el Presidente de la República nombró al ciudadano Enrique Fernández Zapata, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el gobierno de la República de Bolivia. Se turna a la Segunda Comisión.
Se da cuenta con otro oficio de la misma Secretaría, por el que se comunica que el Presidente de la República nombró al ciudadano Guido Belsasso, como Cónsul General de México en Nueva York, Estados Unidos de América. Se turna a la Segunda Comisión.
Un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Manuel Fernández Valencia, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de España. Se turna a la Primera Comisión.
Otro oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se remiten las hojas de servicios de veintitrés ciudadanos mexicanos, para los efectos de la fracción séptima del artículo setenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Segunda Comisión.
Para continuar con el orden del día, la secretaría da cuenta con un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Colombia.
La Presidencia considera la solicitud con la que se da cuenta, como de urgente resolución y la asamblea, en votación económica, le dispensa todos los trámites. No habiendo quien haga uso de la palabra, se aprueba por veintitrés votos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Se concede el uso de la palabra al senador Porfirio Muñoz Ledo, del Partido de la Revolución Democrática, quien razona su voto de abstención en relación con la solicitud de permiso constitucional, para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos pueda abandonar el territorio nacional.
Desde su curul, el senador Jesús Rodríguez y Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional, hace un moción de orden, por no tratarse del asunto a discusión y el senador Muñoz Ledo se reserva su opinión para cuando se trate.
Hace uso de la palabra el diputado Sergio Quiroz Miranda, del Partido Popular Socialista, para razonar su voto en contra del permiso constitucional necesario para que el Presidente de la República pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Colombia.
La secretaria da cuenta con un ocurso del ciudadano Raúl Ortíz Dietz, por el que solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Francia. Se turna a la Primera Comisión.
Se da primera lectura a un dictamen de la Primera Comisión con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Tomás Ortega Bertrand, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Noruega.
Se da cuenta con dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano César Solís Sánchez, pueda aceptar y desempeñar el cargo de Vicecónsul Honorario de Perú en Monterrey, Nuevo León. Es de primera lectura.
Se da lectura a dos dictámenes de la Primera Comisión con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Soledad González Ascencio y Rosendo García, puedan prestar sus servicios en los consulados generales de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco,
y Monterrey, Nuevo León, respectivamente. Son de primera lectura.
Para continuar con el orden del día, la secretaria da segunda lectura y se somete a discusión un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Salvador Arriola Barrenechea, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el gobierno de la República Oriental del Uruguay. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se aprueba y se turna al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente informa que se encuentra a las puertas del recinto el ciudadano Salvador Arriola Barrenechea y designa, para introducirlo en el salón de sesiones y acompañarlo en el acto de rendir su protesta de ley, a los legisladores Enrique Burgos García, Isidoro Mendoza de la Cruz y Vicente Luis Coca Alvarez, quienes cumplido el acto protocolario, acompañan al Embajador de México hasta las puertas del recinto.
Se da cuenta con tres dictámenes de la Primera Comisión, con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Pedro Aspe Armella, Jaime Serra Puche, Manuel Camacho Solís, Arturo Cardona Marino, Alfredo Delgado Valdés, Andrés Massieu Berlanga, Andrés Rozenthal, Javier Barro Valero, José Caballero Bazán, Lorenzo Vignal, Daniel Dultzin, Pedro Bautista Pérez, Guillermo Playán Cuéllar, Agustín Gutiérrez Canet, María N. de la Luz Oñate Muñoz, Víctor Hugo Gómez Carrera, Ramón Xirau Subias y Miguel Mancera Aguayo, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos del Reino de España y de Francia. Son de segunda lectura.
No habiendo quien haga uso de la palabra, la secretaría recoge la votación nominal respectiva y la asamblea los aprueba por veintiocho votos. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Por instrucciones de la Presidencia se da cuenta con una solicitud de licencia temporal de la diputada Ana Rosa Payán Cervera, para separarse de sus funciones legislativas. La asamblea aprueba en votación económica el punto de acuerdo respectivo. Comuníquese a la honorable Cámara de Diputados.
La secretaría da cuenta con un dictamen de la Segunda Comisión, respecto de diversos pronunciamientos que se refieren a los acontecimientos en el Golfo Pérsico.
Hace uso de la palabra el senador Porfirio Muñoz Ledo, del Partido de la Revolución Democrática, quien razona su voto y solicita que se añadan dos párrafos al pronunciamiento redactado por la comisión y, desde su curul, el diputado Gonzalo Martínez Corbalá, a nombre de la comisión, acepta las adiciones.
Desde su curul, el diputado Sergio Quiroz Miranda, solicita aclaraciones a la comisión y hace uso de la palabra el diputado Gonzalo Martínez Corbalá, del Partido Revolucionario Institucional, quien a nombre de la comisión hace las explicaciones respectivas.
Para referirse al mismo asunto, hacen uso de la palabra los legisladores Vicente Luis Coca Alvarez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en pro y solicita que se hagan otras adiciones al proyecto que se discute; Gonzalo Martínez Corbalá, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos a nombre de la comisión; y Sergio Quiroz Miranda, en contra, quien acepta una interpelación del diputado Martínez Corbalá.
Suficientemente discutido, la asamblea aprueba el dictamen con las adiciones propuestas por el senador Muñoz Ledo.
Se concede el uso de la palabra al senador Julián Gascón Mercado, del Partido Revolucionario Institucional, quien propone un período de sesiones extraordinarias del Senado de la República, con el fin de determinar el recipiendario de la Medalla "Belisario Domínguez", para el año en curso y realizar la sesión solemne respectiva. Se admite a discusión la proposición y se turna a la Primera Comisión.
Para referirse al centésimo octagésimo aniversario de la Revolución de Independencia de México y a otros importantes momentos de la historia de México, hacen uso de la palabra los legisladores Roberto Anzar Martínez, del Partido Revolucionario Institucional; Octavio Moreno Toscano, del Partido de la Revolución Democrática; Sergio Quiroz Miranda, del Partido Popular Socialista y Teresa Ortuño Gurza, del Partido Acción Nacional.
Se concede el uso de la palabra al diputado Leopoldo Salinas Gaytán, del Partido Acción Nacional, quien propone que la Comisión Permanente formule una enérgica protesta ante el gobierno de Irak y exija los salvoconductos necesarios para que cinco ciudadanos mexicanos puedan abandonar ese país.
Para expresar sus opiniones respecto a este tema, hacen uso de la palabra los legisladores Porfirio
Muñoz Ledo, del Partido de la Revolución Democrática, en pro; Gonzalo Martínez Corbalá, del Partido Revolucionario Institucional, quien da lectura a una comunicación de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Porfirio Muñoz Ledo, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar Hechos; Yolanda García de Vargas, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos y en el mismo sentido los diputados Sergio Quiroz Miranda, del Partido Popular Socialista y Octavio Moreno Toscano, del Partido de la Revolución Democrática.
La asamblea acepta a discusión la proposición y se turna a la Segunda Comisión.
Para aclarar hechos sobre diversas opiniones expresadas por los legisladores al abordarse el tema del centésimo octagésimo aniversario de la Independencia Nacional, hacen uso de la palabra los legisladores Dulce María Sauri Riancho, del Partido Revolucionario Institucional; Sergio Quiroz Miranda, del Partido de la Revolución Democrática y Fernando Córdoba Lobo, del Partido Revolucionario Institucional, quien es interrumpido por los legisladores Sergio Quiroz Miranda y Porfirio Muñoz Ledo, quienes proponen sendas mociones de orden.
Continúa la aclaración de hechos y hacen uso de la palabra los legisladores Porfirio Muñoz Ledo, del Partido de la Revolución Democrática; Sergio Quiroz Miranda, del Partido Popular Socialista; Fernando Córdoba Lobo, del Partido Revolucionario Institucional, para contestar alusiones personales; Octavio Moreno Toscano, del Partido de la Revolución Democrática; Augusto Gómez Villanueva, del Partido Revolucionario Institucional; Vicente Luis Coca Alvarez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y Sergio Quiroz Miranda, del Partido Popular Socialista.
Se concede el uso de la palabra al diputado Vicente Luis Coca Alvarez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien propone diversos puntos de acuerdo respecto a la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y sobre el envío de alimentos y medicamentos a la región del Golfo Pérsico en conflicto.
La asamblea acepta a discusión las proposiciones y se turnan a las Comisiones Unidas de Educación, de Población, de Derechos Humanos y de Salud de la Honorable Cámara de Diputados.
Se concede nuevamente el uso de la palabra al diputado Vicente Luis Coca Alvarez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien propone que la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, haga un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre diversos aspectos del funcionamiento de la Bolsa Mexicana de Valores.
Para expresar sus opiniones sobre el mismo asunto, hacen uso de la palabra los legisladores Jesús Rodríguez y Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional, en contra; Vicente Luis Coca Alvarez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para rectificar hechos y Octavio Moreno Toscano, del Partido de la Revolución Democrática, en pro. En votación económica, la asamblea desecha la proposición.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las dieciocho horas con cincuenta y nueve minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo miércoles diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa, a las once horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor Presidente.
INVITACIONES
La secretaria diputada María Teresa Ortuño Gurza:
« Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, D.F.
La Cuadragésima Novena Legislatura del honorable Congreso del Estado libre y soberano de Colima, tiene el honor de invitar a usted a la sesión solemne en la que el ciudadano gobernador constitucional del estado, licenciado Elías Zamora Verduzco, rendirá su quinto informe de gobierno, el jueves 27 de septiembre a las 11.00 horas, en el Centro Popular Colimense de esta ciudad, declarado para tal efecto, recinto oficial.
Colima, Colima, septiembre de mil novecientos noventa.»
El Presidente: - Para asistir en representación de esta honorable Comisión Permanente, se designa a los siguientes legisladores: senador Roberto Anzar Martínez y diputado Sergio Quiroz Miranda.
La secretaria diputada María Teresa Ortuño Gurza:
«Ciudadano Presidente de la comisión permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, D.F.
El honorable Congreso del Estado libre y soberano de San Luis Potosí, tiene el honor de invitar a usted a la sesión solemne en el cual el ciudadano gobernador del estado, licenciado Leopoldino Ortíz Santos, rendirá ante la LIII Legislatura Local el quinto informe de gobierno.
La ceremonia se efectuará el día 28 de los corrientes a las 11.00 horas, en el Teatro de la Paz.
Septiembre de 1990.»
El Presidente: - Para asistir en representación de esta honorable Comisión Permanente, se designa a los siguientes ciudadanos legisladores: diputado Gonzalo Martínez Corbalá y senador Enrique Burgos García.
SOLICITUD DE LICENCIA
El secretario senador Roberto Anzar Martínez:
«Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
En los términos de los artículos 62 y 79, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esa honorable Comisión Permanente, licencia por tiempo indefinido para separarme de mis funciones como diputado federal por el IV distrito federal electoral del estado de México, en virtud de haber sido invitado para incorporarme a la administración pública del propio estado de México.
Considero que es propicia la ocasión para expresar a ustedes que me honra en mucho, formar parte de la histórica LIV Legislatura al Congreso de la Unión.
En espera de que sea acordada la conformidad esta solicitud, me es grato reiterarles las seguridades de mi atenta consideración.
México, Distrito Federal, a 17 de septiembre de 1990. - Diputado Agustín Gasca Pliego.»
El Presidente: - De conformidad con lo que establece la fracción VIII del artículo 79 constitucional, se ruega a la secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
El secretario senador Roberto Anzar Martínez: - Está a discusión el siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se concede licencia por tiempo indefinido al ciudadano diputado Agustín Gasca Pliego, para separarse de sus funciones como diputado federal electo por el IV distrito electoral del estado de México, a partir de esta fecha.»
Está a discusión... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aprobado. Comuníquese a la honorable Cámara de Diputados.
COMUNICACIÓN
La secretaria diputada María Teresa Ortuño Gurza:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Gobierno del Estado libre y soberano de Aguascalientes. - Poder Legislativo.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal.
Nos permitimos hacer de su conocimiento que una vez que la honorable LIV Legislatura del Estado de Aguascalientes clausuró con fecha 31 de julio del presente año su segundo período ordinario de sesiones, correspondiente al primer año de su ejercicio constitucional, fue integrada la diputación permanente que fungirá durante el receso comprendido del 1o. de agosto al 14 de noviembre de 1990, en la forma siguiente:
Diputados: Presidente, Roberto Padilla Márquez; vicepresidente, Gastón Guzmán Díaz; secretario, Antonio Reyna Santoyo; suplente, Antonio Sánchez Gómez.
Al participar a usted lo anterior, nos es grato reiterarles las muestras de nuestra consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Nueve de agosto de 1990. - La diputación permanente, diputados: Presidente, Roberto Padilla Márquez; secretario, Antonio Reyna Santoyo.»
Trámite: - De enterado.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
PROPUESTAS PARA CONSEJEROS MAGISTRADOS
La secretaria diputada María Teresa Ortuño Gurza:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
El Presidente de la República ha formulado las propuestas de candidatos para los cargos de consejeros magistrados en el Consejo General del Instituto Federal Electoral y de magistrados del Tribunal Federal Electoral, en los términos de la legislación en la materia.
Por instrucciones del titular del Poder Ejecutivo Federal, y para los efectos de lo dispuesto por los artículos 41, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 74 párrafo quinto y 268 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, agradeceré a ustedes se sirvan remitir dichas propuestas a los ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
A dichas propuestas se acompañan los datos curriculares de los ciudadanos que las integran, así como la documentación que en cada caso acredita el cumplimiento de los requisitos legales.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 18 de septiembre de 1990. - el Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Presidencia de la República.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes.
Las reformas y adiciones en materia electoral a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, aprobados respectivamente por el constituyente Permanente y por el honorable Congreso de la Unión, son resultado y testimonio del afán de los mexicanos para acceder a niveles de convivencia política cada día más democráticos.
En el marco de esas disposiciones, se regulan ahora dos organismos de sustancial importancia para la organización y el desarrollo de los procesos electorales federales, así como para la resolución de eventuales controversias que resulten de los mismos: el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral. Dichas instituciones representan, conjuntamente con otras acciones, un significativo avance en la modernización política del país.
La nueva cultura política que estamos construyendo todos los mexicanos exige contar con un organismo electoral que en su funcionamiento responda puntualmente a los criterios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos. En ese mismo propósito se inscribe el nuevo Tribunal Federal encargado de impartir la justicia electoral, para asegurar plenamente la vigencia del principio de legalidad y la imparcialidad de las decisiones que resuelvan las controversias que se lleguen a presentar.
Ahora es preciso dar expresión concreta a estas nuevas instituciones electorales, designando a quienes contribuirán al ejercicio de las relevantes funciones que en la constitución y la ley reglamentaria se les han atribuido.
Por lo que se refiere al Instituto Federal Electoral, tanto al artículo 41 constitucional como el Código Reglamentario, establecen que el consejo general, órgano superior de dirección, se integrará con consejeros de los poderes Legislativo y Ejecutivo, representantes de los partidos políticos nacionales y con seis consejeros magistrados que serán electos por la Cámara de Diputados de entre los propuestos por el Ejecutivo Federal.
Igualmente, en cuanto al Tribunal Federal Electoral, el citado código dispone que ese órgano funcione en una sala central integrada por cinco magistrados y cuatro salas regionales con tres magistrados cada una de ellas. En la elección de estos magistrados se seguirá el mismo procedimiento establecido para los consejeros magistrados.
En los términos de lo señalado se ha realizado una cuidadosa selección de candidatos, todos ellos con notados profesionales del derecho que, conforme a los documentos que los acreditan, satisfacen los requisitos previstos en los artículos 76 y 269 del código referido.
Entre los ciudadanos que integran esta propuesta se encuentran funcionarios de sólida carrera en el
ejercicio de la función jurisdiccional; servidores públicos de las administraciones públicas federal y locales, preponderantemente vinculados con áreas relacionadas a la interpretación y aplicación del derecho; funcionarios universitarios, docentes e investigadores en las diversas disciplinas del derecho público; así como abogados postulantes y notarios públicos, cuyo ejercicio profesional les proporciona sólidas bases en el eficaz desempeño de las funciones para las cuales están propuestos.
Por lo anteriormente expuesto, en el ejercicio de la facultad que me confiere el párrafo decimosegundo del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo previsto por los artículos 74, párrafo quinto, 76, 268 y 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo decimosexto del apartado de transitorios del propio código, presento a la alta consideración de esa honorable Cámara de Diputados las propuestas del Ejecutivo Federal a mi cargo, de consejeros magistrados al Consejero General del Instituto Federal Electoral y de magistrados al Tribunal Federal Electoral. A ellas acompaño la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos legales exigidos.
Reitero a ustedes las seguridades de mi más atenta consideración.
Sufragio Efectivo. No reelección.
Palacio Nacional, 18 de septiembre de 1990. - El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari.
I. Propuesta para consejeros magistrados en el Consejo General del Instituto Federal.
1) Lista de candidatos para consejeros magistrados:
Alcántara Magos Sonia, Barquín Alvarez Manuel, Barreiro Perera Javier, Dávalos Morales José, Espinosa Gorozpe Luis, Garay Maldonado David, Hernández Espíndola Olga, Lara Sáenz Leoncio, Pérez Fernández del Castillo Germán, Tirado Ledesma Luis, Vargas Morgado Carlos, Vega García Luis.
2) Lista adicional de candidatos para consejeros magistrados:
Aguirre Soria María Guadalupe, Carballo Balvanera Luis, Carvajal Contreras Máximo, Cruz Valdés Hugo, García Garza Rafael, Gómez Muñoz María Isabel, González Oropeza Manuel, Molina Piñeiro Luis Jorge, Pérez González Carlos, Pereznieto Castro Leonel, Quintana Miranda Rafael, Ramírez Reynoso Braulio, Remolina Roqueñí Felipe, Ruvalcaba Legorreta Víctor, Venegas Trejo Francisco, Zenteno Orantes Noé.
II. Propuesta para magistrados del Tribunal Federal Electoral.
1) Sala central
Lista de candidatos para magistrados:
Bárcenas Chávez Hilario, De la Peza José Luis, Delgado Pastor Fernando, Franco González Salas José Fernando, Gómez Lara Cipriano, Góngora Pimentel Genaro David, Mora Fernández Daniel, Oñate Laborde Alfonso, Ovando Consuelo María Dolores, Patiño Camarena Ernesto Javier.
Lista adicional de candidatos para magistrados suplentes:
Aguilar Alvarez Horacio, García Moreno Víctor, Hernández Schauer, Orozco Henríquez José de Jesús.
2) Sala regional correspondiente a la segunda circunscripción plurinominal con sede en Durango, Durango.
Lista de candidatos para magistrados:
Bermúdez Bermúdez Mario Eduardo, Chávez Ramírez Juan Ángel, Estrada Mijares Carlos, Galván Rivera Flavio, Orrante Ontiveros Francisco, Rivera Ortíz Jesús.
Lista adicional de candidatos para magistrados suplentes:
Arrieta Silva Enrique, Flores Lavín Roberto;
3) Sala regional correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal con sede en Xalapa, Veracruz.
Lista de candidatos para magistrados:
Altamirano Jácome Lauro, Gidi Villarreal Emilio, Loyo Ramos Francisco, Ojesto Martínez Porcayo Fernando, Olivares Vionet Raúl, Ortíz Escobar Rodolfo Jorge.
Lista adicional de candidatos para magistrados suplentes:
Rodríguez Moreno Carlos, Scheleske Tiburcio Jorge.
4) Sala regional correspondiente a la cuarta circunscripción plurinominal con sede en Guadalajara, Jalisco.
Lista de candidatos para magistrados:
Arias Gama Marcos, Díaz Ortíz Ángel Rafael, Gallo Alvarez Gabriel, Gutiérrez Velasco Sócrates Eloy, Reyes Robles Guillermo, Riverón Gámez José Arnoldo.
Lista adicional de candidatos para magistrados suplentes:
Cedeño Coral Jaime, Covarrubias Flores Rafael.
5) Sala regional correspondiente a la quinta circunscripción plurinominal con sede en Toluca, México.
Lista de candidatos para magistrados:
Elías Musi Edmundo, Jardón Nava Jesús, LeChuga Gil Víctor Manuel, Mendoza Chávez Juan Manuel, Mendoza Navarro Alfonso, Sánchez Cordero Dávila Jorge.
Lista adicional de candidatos para magistrados suplentes:
Dávila Maldonado Melchor, Gómez Alcántara Antonio Isaac.»
Trámite: - Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Diputados, de conformidad con lo que establece el artículo decimosexto transitorio del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El Presidente: - Ruego a la secretaría haga constar que están allí documentos anexos.
La secretaria diputada María Teresa Ortuño Gurza: - Con mucho gusto, la secretaría da cuenta que durante la lectura de este documento se presentaron los anexos con las currícula que al principio de la lectura no estaban aquí.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
La secretaria diputada María Teresa Ortuño Gurza:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Con fecha 24 de agosto último, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, los siguientes:
"Mucho agradeceré a usted tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado b, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se menciona a continuación pueda prestar sus servicios al gobierno de los Estados Unidos de América en México. Para tal efecto se anexan el original del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y el escrito en que solicita se realice el trámite correspondiente.
Nombre, puesto y lugar de trabajo: Mónica Patricia Reyes López, secretaria en el Departamento de Agricultura, Embajada de los Estados Unidos de América."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 3 de septiembre de 1990. - El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo y túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.
RATIFICACIÓN DE GRADOS NAVALES
La secretaria diputada María Teresa Ortuño Gurza:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, oficio que la Secretaría de Marina, dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 25 de agosto último:
"Adjunto remito a usted, hojas de tiempo de servicios del personal de almirantes y capitanes de la Armada de México, que se indican en relación anexa, para que por su amable conducto sean
Puestas a la consideración de honorable Senado de la República, a fin de obtener la ratificación del grado que actualmente ostentan. La documentación adjunta, incluye copia certificada del acuerdo presidencial que dispone el ascenso de los interesados, así como antecedentes militares y datos complementarios."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y efectos del artículo 79, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompañándoles con el presente los anexos que en el mismo se citan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 3 de septiembre de 1990. - El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.
Relación que manifiesta los expedientes del personal de almirantes y capitanes de la Armada de México, que se remiten al honorable Senado de la República, para ratificación del grado.
Grado y nombre: Almirante C.G. diplomado de estado mayor naval, Luis Hernández Baeza; vicealmirante C.G. diplomado de estado mayor naval, Eugenio Magaña Gayou; contralmirante C.G. diplomado de estado mayor naval, Alfredo Alexandres Santín; contralmirante I. M., Iván Sanders Acedo; contralmirante I. M .N., José Cepeda Pachuca; contralmirante S.I. II, Jaime Jaramillo Vázquez; capitán de navío I. M. diplomado de estado mayor, Gustavo Isunza Olivares; capitán de navío C.G. diplomado de estado mayor naval, Manuel Pasquel Urieta; capitán de navío S.N. C.D., Raúl A. Cano Aguirre; capitán de navío S.N. M.C., Mario Azuela Cavazos."
Trámite: - Recibo y túrnese a la Segunda Comisión de Trabajo.
SOLICITUDES DE PARTICULARES
CONDECORACIÓN
El secretario senador Roberto Anzar Martínez:
"Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presente.
Me es grato dirigirme a usted para solicitarle de no existir inconveniente, gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a fin de que por su digno conducto se gestione ante el honorable Congreso de la Unión, la autorización para aceptar y usar las condecoraciones "Orden de Mayo al Mérito Militar, en grado de Gran Oficial" y "Al Mérito", que me concedieron las autoridades de Argentina, con motivo de mi gestión como agregado militar y aéreo a la Embajada de México, en dicho país, del 1o. de octubre de 1988 al 1o. de abril de 1990.
Para el efecto adjunto a la presente, copias fotostáticas de los decretos gubernativos, datos biográficos, copia certificada de mi acta de nacimiento y una fotografía.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Lomas de Sotelo, Distrito Federal, a 16 de mayo de 1990. - El general brigadier diplomado de estado mayor, Rubén Arias Arciniega."
Trámite: - Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.
NOMBRAMIENTO
El secretario senador Roberto Anzar Martínez:
"Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, D.F.
Susana Micaela Mahieux, mexicana por nacimiento, mayor de edad, soltera, con domicilio en Zaragoza en esta ciudad de la Paz, Baja California Sur, respetuosamente acudo ante ese honorable Congreso de la Unión y
EXPONGO
Que el gobierno de la República de Francia se propone nombrarme Cónsul Honorario de ese país en la Paz, Baja California Sur.
Que para no perder mi ciudadanía mexicana, solicito respetuosamente de ese honorable Congreso de la Unión, se me conceda permiso para aceptar y ejercer dicho cargo.
Que fundo la presente solicitud en la fracción II del inciso b, del artículo 37 de la Constitución general de la República.
Que al expedir ese honorable Congreso de decreto respectivo se comunique a la Secretaría de Relaciones Exteriores para los efectos correspondientes.
Protesto a usted mi más alta consideración y respeto.
La Paz, Baja California Sur, México, el 5 de abril de 1990. - Susana Micaela Mahieux."
Trámite: - Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.
DENUNCIA
El secretario senador Roberto Anzar Martínez:
"Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión. -
Atención senador Emilio M. González: Ignacio Burgoa Orihuela, maestro emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México; presidente del Instituto Mexicano del Amparo, Asociación Civil; y del Colegio de Profesores de Garantías y Amparo de la Facultad de Derecho de la propia universidad, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones la casa marcada con el número 140 de las calles de Belisario Domínguez, en Coyoacán, Distrito Federal, ante esa honorable Comisión Permanente con todo respeto comparezco a
EXPONER
Que en mi carácter de ciudadano mexicano y en ejercicio del derecho que me otorga el último párrafo del artículo 109 de la Constitución Federal, ocurro a denunciar en contra del licenciado Carlos del Río Rodríguez, ante la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el delito tipificado como "ejercicio indebido de servicio público" en las fracciones I y II del artículo 214 del Código Penal Federal que disponen: "Comete el delito de ejercicio indebido de servicio público, el servidor que: I. Ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión, sin haber tomado posesión legítima o sin satisfacer todos los requisitos legales. II. Continúe ejerciendo las funciones de un empleo, cargo o comisión después de saber que se ha revocado su nombramiento o que se le ha suspendido o destituido".
Esta denuncia la fundo en las siguientes
CONSIDERACIONES
Primera. El licenciado Carlos del Río Rodríguez, en su carácter de ministro y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aceptó y desempeño el cargo de representar a la Federación, por encomienda del gobierno federal, es decir, al Estado Mexicano, en los actos de toma de posesión de los presidentes del Perú y Colombia, encabezando la delegación respectiva.
Segunda. El anterior hecho es público y notorio e incluso fue declarado ante la prensa nacional por el mismo licenciado Del Río Rodríguez.
Tercera. El artículo 101 constitucional establece clara y enfáticamente que "los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los respectivos secretarios, no podrán en ningún caso aceptar y desempeñar empleo o encargo de la Federación, de los estados o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia. La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del cargo.
Cuarta. El precepto transcrito fue violado por el licenciado Carlos del Río Rodríguez, ya que como ministro y presidente de la Suprema Corte, estaba terminantemente impedido para aceptar y desempeñar el aludido encargo, mismo que, según confesó, le fue conferido por el gobierno federal, el cual, encabezado por el Presidente de la República representa a la Federación, o sea al Estado mexicano, en lo que a las relaciones internacionales concierne.
Quinta. La aceptación y el desempeño del citado encargo, ejercido en dos ocasiones, importaron la pérdida automática del cargo de ministro y presidente de la Suprema Corte en que incurrió el licenciado Carlos del Río. En otras palabras, dicha pérdida entraña su propia destitución, es decir, su separación ipso jure del referido cargo, por disposición del artículo 101 constitucional, que la reputa como "castigo". Esta situación es semejante a la de la pérdida de la nacionalidad y ciudadanía mexicanas a que se refiere el artículo 37 constitucional. Para que opere dicha pérdida no se requiere declaración de ninguna autoridad. En otros términos, la pérdida de un cargo opera al realizarse su causa con independencia de que alguna autoridad lo declare posteriormente. Esta declaración no es constitutiva de la pérdida, pues simplemente la constata. Por ende, con o sin tal declaración, la pérdida existe, pues surge de su solo hecho condicionante, que en la hipótesis del artículo 101 constitucional consiste en aceptar y desempeñar cualquier encargo o comisión prohibidos por este precepto. Por consiguiente el artículo 101 de la Constitución destituyó, por sí mismo, al licenciado Del Río por el solo hecho de haberlo violado.
Sexta. A pesar de que el licenciado Del Río perdió su cargo judicial, ha continuado ejerciéndolo, circunstancia que también es pública y
notoria, por lo que ocurrió en el delito tipificado en la fracción II del artículo 214 del Código Penal Federal.
Séptima. Por otra parte, e independientemente de tal pérdida, también dicho ex ministro cometió el delito previsto en la fracción I del citado precepto legal, ya que ejerció la comisión representativa mencionada no sólo sin satisfacer ningún requisito legal, sino violando el artículo 101 constitucional y transgrediendo el artículo 13, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que únicamente le confiere la representación de la Suprema Corte, sin existir en el orden jurídico mexicano ninguna disposición que funde la citada comisión representativa.
Octava. Como el licenciado Carlos del Río Rodríguez ha sido un alto funcionario de la Federación en los términos del artículo 111 de la Constitución, incumbe a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión formular la declaración de procedencia a que dicho precepto alude, con el objeto de que, en caso afirmativo, "quede a disposición de las autoridades competentes para que actúen conforme a la ley", según lo indica su párrafo tercero, lo que equivale a su desafuero.
PUNTOS PETITORIOS
Por lo expuesto y con apoyo en el artículo 79, fracción III constitucional, en relación con el artículo 8o. de nuestra ley suprema, a esa honorable Comisión Permanente pido, con todo respeto:
Primero. Recibir esta petición y turnarla oportunamente a la honorable Cámara de Diputados para los efectos de su conocimiento, dictamen y resolución.
Segundo. Tener como pruebas de mi parte las documentales que anexo y que son las siguientes: 1) Mi artículo publicado en Excélsior el 10 de agosto de 1990 intitulado "Carlos del Río pierde su puesto al aceptar encargos del Ejecutivo". 2) Artículo publicado el 16 del citado mes y año en dicho diario por el doctor Emilio O. Rabasa bajo el título "¿A quien representó el presidente de la Suprema Corte?". 3) Artículo de la periodista Manu Dornbierer, también aparecido en Excélsior correspondiente al 20 de agosto de 1990, en su columna "La gente" bajo el rubro "Del río revuelto". 4) Artículo de Jorge Herrera Valenzuela titulado "En la Suprema Corte de Justicia", publicado en esa misma fecha en El Sol de México. 5) Artículo del Embajador Xavier Olea Muñoz titulado "El artículo 101 constitucional", que se publicó el día 1o. del presente mes en el diario El Universal. 6) Declaraciones del licenciado Carlos del Río publicadas en Excélsior el 10 de agosto de 1990 con el encabezado "Del Río: fui a Colombia y Perú representando al gobierno mexicano".
Tercero. Librar atento oficio a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se sirva remitir a esa honorable comisión copia certificada del documento en que se haya conferido el encargo al licenciado Carlos del Río Rodríguez para representar a México en los actos de toma de posesión de los presidentes de Perú y Colombia.
OBSERVACIÓN FINAL
La presente denuncia la formulo no sólo como ciudadano mexicano, sino en mi carácter de maestro universitario y abogado. El cumplimiento de un deber cívico es su móvil y tiene por finalidad que se siente un saludable precedente para que en el futuro no se repita el caso del licenciado Carlos del Río. Los que cultivamos el derecho como abogados, jueces y académicos docentes e investigadores, tenemos la obligación de respetar a la institución judicial máxima del país que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No sólo es incongruente sino indigno e indignante que el presidente que fue de dicho alto tribunal, siga ejerciendo sus funciones y encabezando al Poder Judicial Federal, que tiene la trascendental misión de preservar el orden jurídico de México que el licenciado Del Río ha violado. La petición de desafuero o de "declaración de procedencia" que se contiene en este ocurso no traduce sino el eco persistente de la indignación del foro nacional por la conducta inconsulta y nociva para la justicia federal que dicha persona asumió obsecuentemente. Ningún jurista de México debe permanecer abúlico o indiferente ante cualquier violación constitucional, principalmente cuando la comete un ministro que ha precedido a la Suprema Corte. Su brillante historia institucional la ha inmaculado Carlos del Río Rodríguez, contra quien la opinión pública ya ha emitido su veredicto en ese sentido.
Protesto lo necesario.
México, Distrito Federal, a 12 de septiembre de 1990. - Doctor Ignacio Burgoa Orihuela."
Carlos del Río pierde su puesto al aceptar encargos. - Ignacio Burgoa O. - Con fecha 29 de julio de 1990, los licenciados Héctor Velazco Barrera y Sadot Arozqueta Rojano enviaron una circular a "Los abogados de México" para que los "tratadistas de nuestro derecho público y constitucional" informaran "a la opinión ciudadana" sobre la interpretación correcta del artículo 101 de la Constitución que dichos letrados consideran "violado flagrantemente" por el presidente de la Suprema Corte, Carlos del Río, al
haber asistido "en representación del gobierno mexicano a la toma de posesión del nuevo Presidente de la República del Perú".
A su vez, Excélsior público el 3 de agosto del año en curso una nota de su corresponsal en la ciudad de Bogotá, Colombia, Pedro Pablo Camargo, en el sentido de que "La delegación mexicana que asistirá el próximo día 7 a la ceremonia de toma de posesión del presidente electo, César Gaviria, estará encabezada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Carlos del Río, ante la imposibilidad del canciller Fernando Solana de participar en el acto, se informó hoy aquí".
Esta noticia se corroboró por el mismo prestigiado órgano de información en su columna "Frentes Políticos" correspondiente al 6 del mismo mes y año en los siguientes términos: "Carlos del Río Rodríguez, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezará la misión especial del gobierno mexicano que asistirá a la transmisión del mando presidencial a César Gaviria Trujillo como presidente de Colombia, mañana. Anteriormente el ministro fue a Perú en misión similar. La presencia del representante de nuestro país permitirá analizar las perspectivas que se presentan para incrementar y fortalecer los actuales intercambios entre ambas naciones"
Además, en la misma columna, un día después dijo: "Carlos del Río, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, salió ayer a Bogotá para presidir la delegación de México a la toma de posesión del nuevo mandatario de Colombia, César Gaviria Trujillo, a efectuarse hoy. La cancillería mexicana indicó que Del Río encabeza la misión especial del gobierno de nuestro país a la ceremonia de transmisión de poderes de esa nación sudamericana".
Por otra parte, diversos estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México, con la inquietud intelectual que los caracteriza, han requerido, con toda razón, que sus maestros demarquen la extensión normativa de dicho precepto constitucional cuyo texto es el siguiente: "Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los respectivos secretarios, no podrán, en ningún caso, aceptar y desempeñar empleo o encargo de la Federación, de los estados o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia. La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del cargo".
Tomando en consideración que todo catedrático universitario tiene el deber de externar sus ideas hacia sus alumnos, discutir con ellos temas culturales diversos, comunicarles su pensamiento e invitarlos a la reflexión y análisis de las cuestiones por las que se interesen, he decidido emprender en esta ocasión, la exégesis de la citada disposición constitucional. De la explicación que al respecto se formule podrá concluirse si el licenciado Del Río Rodríguez infringió o no dicho artículo 101 y si, por ende, dejó o no de ser ministro de la Suprema Corte y, consiguientemente su presidente.
El objetivo de este precepto consiste en asegurar la independencia de los funcionarios judiciales federales frente a todas las autoridades del país sin excepción y a los particulares, cualesquiera que sean los sujetos individuales o colectivos, sociales o políticos, que se comprendan dentro de la alta acepción de tal concepto. Se estimó por el Constituyente de 1916 - 1917, que todo juez magistrado o ministro de la Suprema Corte debe estar impedido para prestar servicios distintos de las funciones judiciales que la Constitución y la ley le confieren, salvo que se trate de cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia. La susodicha prohibición es necesariamente complementaria del principio de inamovilidad judicial que tienda a garantizar una recta administración de justicia, puesto que consolida la independencia del juzgador frente a todo gobernante que lo hubiere designado, así como la imposibilidad jurídica de que éste lo destituya. Esa independencia se mermaría ante el sujeto público, social o privado de quien el funcionario judicial obtuviese un empleo o encargo, por lo que la inamovilidad no se justificaría.
El "empleo" o el "encargo" a que el artículo 101 constitucional alude, implican dos conceptos distintos, pues en tanto que el empleo denota permanencia, el encargo equivale a cualquier comisión o encomienda transitoria. En ninguna de estas dos situaciones puede colocarse ningún funcionario judicial federal, so pena de quebrantar la categórica prohibición que tal precepto establece. Todo juez de distrito, magistrado de Circuito y ministro de la Suprema Corte únicamente debe prestar sus servicios en la administración de justicia y de acuerdo al sistema competencial que la Constitución y la ley estructura. Cualquier actividad que fuera de ella desempeñen los mencionados funcionarios judiciales les está terminantemente vedada. Por tanto, ninguno de ellos debe aceptar el encargo de representar a autoridad alguna y es bien sabido que el presidente de la Suprema Corte únicamente tiene la presentación de este alto tribunal en los actos oficiales según lo determina
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en su artículo 13, fracción II.
Por otro lado, la transgresión a la multicitada prohibición de aceptar y desempeñar un empleo o encargo de la Federación, de los estados o de particulares, se castiga con la pérdida del cargo de que se trate. Esa pérdida debe operar automáticamente por imperativo constitucional, pues no existe ninguna autoridad del Estado, judicial, administrativa o legislativa, con facultades para imponer tan drástica aunque necesaria sanción. Dicha transgresión, en sí misma no entraña ningún delito oficial o del orden común en los términos de los artículos 108, 109 y 110 de la ley fundamental que pudiere dar origen al llamado "juicio político" o al "desafuero" del transgresor, principalmente cuando se trata de un ministro de la Suprema Corte, sin embargo, el carácter no delictivo de la violación al artículo 101 constitucional no la debe incubrir de impunidad y la ausencia de todo órgano del Estado que pudiese aplicar la sanción que este precepto prevé no puede ser motivo para que está no opere, toda vez que, en las hipótesis contrarias, dicha importante disposición normativa quedaría sin observancia alguna, lo que es jurídicamente inadmisible.
La pérdida automática del cargo judicial por infringir la prohibición tantas veces mencionada, se apoya, además, en la imperativa expresión de que esta infracción "será castigada" con dicha pérdida. Sería contraria a la lógica jurídica la consideración de que este castigo se subordinará a la decisión de cualquier autoridad que por falta de competencia constitucional y legal no podría imponerlo. Puede válidamente sostenerse, en consecuencia, que al infractor de la citada prohibición se "autocastiga" al comentarla, sin que, tratándose de los ministros de la Suprema Corte esta situación se deba confundir con la responsabilidad en que incurran como servidores públicos conforme al título cuarto de la Constitución, al que remite el último párrafo de su artículo 94 que establece que dichos ministros "sólo podrán ser privados de sus puestos" de acuerdo al mencionado título que se refiere a los delitos oficiales o comunes que puedan perpetrar "por actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones" (artículo 108), hipótesis esencialmente diversa de la contemplada en el artículo 101. Sin la pérdida automática del cargo judicial a que este precepto se refiere, la terminante prohibición que decreta sería una mera declaración insancionable susceptible de violarse impunemente en toda ocasión por cualquier juzgado federal con mengua de su deontológica independencia garantizada por su inamovilidad.
Ahora bien, aplicando las ideas expuestas al caso de Carlos del Río Rodríguez en relación a los "encargos" representativos que le confirió el gobierno de México y a los cuales aluden las notas periodísticas que se han transcrito, se pueden afirmar claramente las siguientes conclusiones:
a) Tal encargo lo recibió de la Federación o sea del Estado federal mexicano para representarlo, encabezando su delegación en los actos de toma de posesión de los presidentes de Perú y Colombia.
b) La finalidad de tal representación se hizo estribar, según tales notas, "en permitir analizar las perspectivas que se presenten para incrementar y fortalecer los actuales intercambios con dichas naciones".
c) Al aceptar y desempeñar el citado encargo en las dos ocasiones recientes , Carlos del Río quebrantó la prohibición contenida en el artículo 101 constitucional, asumiendo una representación que no le incumbe como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cuyos objetivos son ajenos a la función judicial inherente a esta calidad.
d) Dicha asunción no sólo no tiene ningún fundamento jurídico, sino que es contraria a la protesta que otorgó como ministro del máximo tribunal de la República "de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan" prevista en el artículo 97 de este ordenamiento supremo.
e) Al aceptar y desempeñar el mencionado encargo, perdió automáticamente su carácter de ministro de la Suprema Corte y, por ende, el de su presidente conforme al mandamiento imperativo del artículo 101 de la Constitución.
f) Si a pesar de tal pérdida siguiere actuando con esas calidades, sus acuerdos, autos, proveídos y resoluciones serán nulos de pleno derecho e ilegítimos, pudiéndose impugnar, en cada caso concreto, a través del recurso de reclamación que prevén la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación ante el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es doloroso formular las anteriores conclusiones como derivación lógica, en el caso del licenciado Carlos del Río, de la breve exégesis del artículo 101 constitucional que hemos someramente realizado. Sin embargo, no se trata de atacar a un hombre sino de preservar la respetabilidad del cargo de ministro del más alto tribunal de la República y de pugnar por la observancia de la Constitución que gobernantes y gobernados debemos cumplir. Esa obligación incumbe
esencialmente a todos los juristas de México que pretenden reivindicar la dignidad del elemento humano que sirve a la judicatura federal. El silencio ante las violaciones al invocado precepto constitucional y la abstención de denunciarlas públicamente, no sólo implican actitudes pusilánimes, sino la contribución pasiva para que el Poder Judicial de la Federación siga perdiendo credibilidad y confianza en el ánimo de la sociedad mexicana."1
"¿A quién representó el presidente de la Suprema Corte de Justicia?
* Encargo del gobierno o de la Federación.
*La acreditación de la Secretaría de Relaciones Exteriores despejaría dudas
. *No resultó muy feliz la explicación oficial.
Emilio O. Rabasa.
El siempre inquieto jurista, Ignacio Burgoa Orihuela, por conducto de Excélsior (agosto 10). presentó a la consideración pública y "esencialmente a todos los juristas de México que pretenden reivindicar la dignidad del elemento humano que sirve a la judicatura federal", una cuestión grave que no sólo requiere de una interpretación jurídica escueta, sino también, amerita una reflexión política.
El destacado constitucionalista considera sustancialmente que la asistencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, licenciado Carlos del Río, encabezando a sendas delegaciones mexicanas a las tomas de posesión de los nuevos presidentes de Perú y Colombia, implica una violación al artículo 101 constitucional porque "tal encargo lo recibió de la Federación, o sea del Estado Federal Mexicano para representarlo"... "asumiendo una representación que no le incumbe como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación". Consecuentemente, según lo dispone la última parte del 101 "perdió automáticamente su carácter de ministro de la Suprema Corte y por ende el de su presidente"...
Finalmente, concluye Burgoa, si continúa actuando como ministro y presidente de la Corte, "sus acuerdos, autos, proveídos y resoluciones serán nulos de pleno derecho e ilegítimos pudiéndose impugnar, en cada caso concreto, a través del recurso de reclamación".
Por su parte, en esa misma edición de excélsior (agosto 10), el presidente de la Suprema Corte, licenciado Carlos del Río, contestó a la interpretación de Burgoa, arriba sintetizada, que su presencia en los cambios de poderes en Perú y Colombia "fue en representación del gobierno mexicano y no presidencial" y que no había violado el 101 constitucional porque "el Presidente del Poder Legislativo y el Poder Judicial, formamos parte del gobierno mexicano y yo fui a ambas naciones en representación del gobierno mexicano para las transmisiones de mando y las tomas de posesión de los presidentes..."
¿A quién representó Carlos del Río en Perú y Colombia? Desde luego no fue a título personal, ni representando a la Suprema Corte; mucho menos al Congreso de la Unión. El primer supuesto queda excluido porque nadie lo ha invocado; para los dos últimos hubiera requerido de un mandato, carta o documentos especiales que acreditarán tal representación. En esencia, fue por encargo de "la Federación", según lo afirma Burgoa, al transcribir literalmente al 101 constitucional, o en representación del gobierno mexicano, conforme lo asienta Del Río.
Los dos conceptos: "Federación y gobierno" no son sinónimos, aun cuando, en ocasiones, se usen indistintamente. Su definición exacta es difícil, pero en un intento de aclaración, diré que "Federación" se refiere a la unión de estados libres y soberanos, mediante el pacto federal (Constitución) y comprende a los tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en tanto que "gobierno" tiene dos acepciones: en un sentido amplio o general, es el ente total y global que existe y actúa ante los gobernados y, en un concepto más restringido, sólo incluye al Ejecutivo, al Presidente de la República y órganos de él derivados. Esta segunda connotación es la más usual, es a la que comúnmente se refiere el pueblo en lo general o el ciudadano en lo particular, en tratándose del "gobierno". No obstante que he pretendido circunscribir los términos "Federación y gobierno", reconozco que su exacta interpretación conduciría a interminables y contradictorias discusiones.
Por eso y porque la representación de Carlos del Río fue un acto, si bien breve, realizado dentro del ámbito externo, me referiré a los usos y prácticas internacionales a fin de determinar, en ese ámbito, a quien en última instancia representó el presidente de la Suprema Corte.
Contrario a la creencia común y no obstante retórica diplomática mal empleada, los embajadores de México, todos los embajadores de México, ante otras naciones, organismos multilaterales, en misión o para asuntos especiales etcétera, no representan al pueblo de México.
1) Excélsior, Viernes 10 de agosto de 1990.
Representan al jefe del Estado y de gobierno de México (ya que tiene esa doble calidad), esto es, al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos quien, él sí representa al Estado, gobierno y pueblo mexicanos.
El Presidente de la República nombra, con la aprobación del Senado, a los embajadores y puede removerlos libremente. En los casos de toma de posesión de jefes de Estados de otras naciones, si no se emplea al embajador in situ, o además de éste, suele designarse a un enviado especial o en misión especial. En este caso, según la práctica internacional, se expide, redactado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y suscrito por el Presidente de la República, un documento específico a fin de, precisamente, acreditar formalmente a ese representante especial. Si el tiempo y las circunstancias lo permiten, ese enviado especial entrega personalmente el mencionado documento al nuevo jefe de Estado o, cuando menos, a la oficina de protocolo respectiva.
Lo anterior se aplica inclusive al Secretario de Relaciones Exteriores, no obstante que, después del Presidente, sea el principal funcionario de México ante la comunidad internacional y que sea notorio su cargo en el país al que concurre para la toma de posesión.
Cuando ocupé ese elevado cargo y asistí a la asunción del doctor H. Cámpora, como Presidente de los argentinos (así lo designan allá), llevé, suscrito por el entonces presidente Echeverría y presenté, el documento especial que me acreditaba para ese acto.
Si en derecho privado interno casi siempre se requiere de un documento para acreditar una representación, con mucha mayor razón en tratándose de actos, siempre muy formales, de derecho internacional.
Además de profundo conocedor de todas las otras garantías individuales, el doctor Burgoa también lo es, tanto en su exposición teórica cuanto en su ejercicio práctico, del derecho de petición, consignado en el artículo 8o. constitucional. Con apoyo en esa disposición y a fin de aclarar o fundamentar de manera categórica su tesis en torno al asunto que trató en días pasados, podría solicitar de la Secretaría de Relaciones Exteriores copia del documento, que seguramente redactó esa dependencia y entregó al ministro Del Río para acreditar su representación ante los nuevos presidentes de Perú, Colombia. Se trata de un documento público, tan público como el acto para el que fue empleado y por ende, al alcance de todo peticionario. Si no se expidió ese documento, seguramente la Secretaría de Relaciones Exteriores contestará al peticionario Burgoa cómo y a nombre de quién acreditó el acto de representación del ministro del Río.
Por último, oficialmente se explicó que el ministro Del Río asistía a Perú y a Colombia porque el Secretario de Relaciones Exteriores no podía concurrir. La explicación no fue muy feliz, pues dejó la impresión de que el presidente de la Corte fue a esos países sudamericanos en sustitución, o supliendo, al Secretario de Relaciones Exteriores, lo que constitucionalmente es imprecedente en virtud de la separación de poderes y políticamente inconveniente, pues da una idea de dependencia.
A mi juicio y no obstante precedentes en contrario, el presidente de la Suprema Corte sólo debe concurrir, en lo interno, a muy contados, excepcionales y solemnes actos patrios o de significación constitucional y, en lo internacional, cuando se trate de trabar el conocimiento de o acudir a actos que pertenezcan o sean de la incumbencia de otros poderes judiciales federales.
En todo caso, el pleno de la Corte debería especificar claramente cuándo y dónde puede concurrir su presidente en su representación. Su decoro está de por medio.»2
La gente. - Del Río revuelto... - Manu Dornbierer.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Carlos del Río, es un río revuelto de la cabeza. En efecto, el personaje número uno del Poder Judicial parece desconocer el artículo constitucional 101 que reza:
"Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de Circuito, los jueces de Distrito y los respectivos secretarios no podrán en ningún caso aceptar y desempeñar empleo o encargo de la Federación, de los estados o de particulares, salvo los cargos honoríficos en asociaciones científicas, literarias o de beneficencia. La infracción de esa disposición será castigada con la pérdida del cargo". (Subrayados míos).
Más claro ni el agua, pero Carlos del Río no lo entendió al aceptar la representación de Salinas de Gortari, mandatario invitado a la toma de posesión de los presidentes Fujimori, de Perú y Gaviria de Colombia. De vivir en un estado de derecho en el que se respeta la Constitución, Del Río estaría automáticamente fuera del puesto de presidente de la Suprema Corte y de ministro. Para interpretar un artículo tan absolutamente transparente no se necesita ser jurista.
2) Excélsior, jueves 16 de agosto de 1990.
En su calidad de ministro, Del Río protestó (esperemos) "guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan", es pues sorprendente, que desconozca la Constitución o si no hay tal, que la viole con tal ligereza.
Su viajecito a América del Sur, con tan honrosa pero mal colocada representación, le está costando al personaje aprobado, por lo visto con razón, el "alto vació", las críticas acerbas de todos los juristas que no "dependen" del gobierno, porque como es lógico, quienes sí se encuentran o creen encontrarse al servicio de las autoridades de otra índole, como el licenciado Saturnino Agüero, presidente del Tribunal Superior de Justicia, apoyan a Del Río.
Los argumentos de Del Río, al que algún reportero entrevistó a propósito de las críticas que suscita su conducta, son tan absolutamente infantiles que es de temer por su parte o un cinismo de órdago como sugería antes una total falta de comprensión del artículo que violó.
Ir a tomas de posesión presidenciales en otros países es "un encargo de la federación" obviamente. No es un "cargo honorífico en asociaciones científicas, literarias o de beneficencia" evidentemente. Pero Del Río se defiende de su clarísima violación del artículo diciendo: "el presidente del Poder Legislativo y el del Poder Judicial formamos parte del gobierno mexicano y yo fui a ambas naciones en representación del gobierno mexicano para las transmisiones de mando de los presidentes de los países hermanos a los que nos ligan muchísimos lazos tanto históricos como políticos. Además, el Poder Judicial Federal mexicano tiene muchos motivos, puntos de contacto con los poderes judiciales tanto de Perú como de Colombia. Ese fue el motivo por el cual concurrí en representación del gobierno mexicano..." ¿No es una ternura este señor Del Río? ¡No entiende! Y además acepta cayendo en aquello de "a confesión de parte, relevo de prueba".
En un artículo publicado en Excélsior, el jurista Ignacio Burgoa Orihuela, de acuerdo por cierto con un grupo de abogados y de estudiantes de leyes que encabezan los licenciados en derecho Héctor Velazco Barrera y Sadot Arozqueta Rojano, afirma: "...al aceptar (Del Río) y desempeñar el mencionado encargo, perdió automáticamente su carácter de ministro de la Suprema Corte y por ende de su presidente, conforme al mandamiento imperativo del artículo 101 de la Constitución" y: "Si a pesar de tal pérdida siguiere actuando con esas calidades, sus acuerdos, autos, proveídos y resoluciones serán nulos e ilegítimos, pudiéndose impugnar en cada caso concreto..."
De manera que el chistecito de Del Río ha dejado descabezada, según el derecho, a la Suprema Corte de Justicia. Por otra parte, el "autónomo" ex presidente de la Suprema Corte no se mandó solito, ¿verdad? Alguien lo empujó a la trampa...
Sabemos que la separación de poderes es un mito en México, pero pocas veces una prueba tan oficial y descarada de nuestra antidemocracia."3
"En la Suprema Corte de Justicia. - Por Jorge Herrera Valenzuela.
Nadie puede reducir el escándalo que una violación constitucional ha provocado entre los abogados, en le medio judicial y en las altas esferas gubernamentales, por el hecho de que el autor es nada menos que el presidente de la Suprema Corte de Justicia y lo menos que se pide para él es su fulminante cese.
A este suceso, dicen, se aúna la serie de acontecimientos en que el propio abogado Carlos del Río Rodríguez se ha visto involucrado. En esta ocasión se le condena públicamente por haber aceptado y desempeñado una comisión oficial que le fue conferida por el Ejecutivo Federal y de acuerdo con el artículo 101 constitucional está impedido por su investidura de ministro.
El referido artículo señala que los ministros de la Suprema Corte no deben aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la Federación, de los estados o de particulares, a menos de que sean honoríficos en asociaciones científicas, literarias o de beneficencia. "La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del cargo", clara, precisa y definitiva la sanción que se menciona en la última parte de la norma constitucional que hemos citado.
Inclusive dos destacados juristas, Emilio O. Rabasa y Gloria Caballero, han afirmado: "Para garantizar la independencia del Poder Judicial y el mejor cumplimiento de su delicada e importante función, tanto los ministros de la Suprema Corte, como los magistrados, de circuito y los jueces de distrito, quedan impedidos para desempeñar otro empleo y cargo remunerado, ya sea oficial o particular".
En forma oficial se dio a conocer que el abogado Del Río Rodríguez fue designado para encabezar la misión que acudió a la toma de posesión del Presidente de Colombia. La noticia fue del dominio público y la encomienda se cumplió. Si el
3 Excélsior, lunes 20 de agosto de 1990.
titular del Poder Judicial pretende darle sesgo diferente a su salida del país y a su presencia en el país sudamericano, la situación se complica en lugar de aclararse. No hay argumento legal válido y eso es lo que tiene molestos e indignados a los abogados, porque, afirman, no es la primera acción violatoria que comete don Carlos.
Para corroborar cuál fue el motivo de su viaje a Colombia y determinar en qué condiciones lo hizo, es muy fácil dar un paso y saberlo todo: basta con acudir a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), donde no sólo existe el registro y control de los funcionarios que emprenden viajes al extranjero, en misión oficial, sino que ahí se expiden los documentos que acreditan la calidad del representante mexicano. Con esto, don Carlos quedará más que comprometido y sin salvación.
En el seno de la misma Suprema Corte de Justicia hay preocupación y molestia. Del Río Rodríguez no cuenta con el respaldo de todos los ministros, baste recordar que en enero de este año hubo mucha presión para mantenerlo en la presidencia del máximo tribunal. La votación fue de 14 votos a favor y siete en contra y aun cuando la votación se supone secreta, los discordantes están plenamente identificados y éstos viven sin preocupación alguna.
De aquí en adelante, si Del Río permanente en el cargo, la suprema Corte de Justicia será blanco de múltiples críticas y habrá poca credibilidad hacia quienes imparten y administran justicia. Saldrá a relucir, entre otros muchos ejemplos, el caso del violador y homicida de Acapulco que logró su libertad."4
"No se violó el artículo 101 constitucional. - Del Río: fui a Colombia y Perú representando al gobierno mexicano. - Héctor Adodno Ruíz.
Mientras que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro Carlos del Río Rodríguez, afirmó ayer que su presencia en los cambios de poderes en Perú y Colombia "fue en representación del gobierno mexicano y no presidencial", el presidente de la Corte Suprema de Canadá, juez Brian Dickson afirmó que "México y mi país pueden mejorar su cooperación contra la contaminación social, por medio de un nuevo acuerdo sobre la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas".
Los funcionarios del Poder Judicial Federal de ambas naciones presidieron el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde Brian Dickson fue bienvenido por los ministros mexicanos.
Entrevistado luego de la ceremonia, el ministro Carlos del Río Rodríguez, luego de rechazar que con su asistencia al cambio de poderes de Perú y Colombia hubiera violado el artículo 101 constitucional, dijo: "el presidente del Poder Legislativo y el del Poder Judicial, formamos parte del gobierno mexicano y yo fui a ambas naciones en representación del gobierno mexicano para las transmisiones de mando y las tomas de posesión de los presidentes de los países hermanos a los que nos ligan muchísimos lazos tanto históricos como políticos.
"Además, el Poder Judicial Federal mexicano tiene muchos motivos, puntos de contacto con los poderes judiciales tanto de Perú como de Colombia. Ese fue el motivo por el cual concurrí en representación del gobierno mexicano a las tomas de posesión de los nuevos mandatarios de esos países", señaló.
Puntualizó que según sus observaciones , tanto Perú como Colombia tienen problemas sociales y económicos similares a los de México "y obviamente Colombia, en lo particular si bien fue el único país de Latinoamérica que superó la crisis económica que abarcó toda la región durante los ochenta, están tratando de implantar una paz interior que no han podido restablecer, dado lo que el nuevo Presidente de esa nación denominó como narcoterrorismo".
Finalmente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Del Río Rodríguez comentó que en estancia en Colombia y Perú platicó con los presidentes de las cortes de ambas naciones "y los dos están muy interesados en estrechar lazos con la Suprema Corte y el Poder Judicial mexicano, para entre otros, poder luchar más eficazmente contra el narcotráfico".
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Canadá, Brian Dickson puntualizó que en los últimos tiempos su país decidió establecer sus relaciones con México, "sobre nuevas bases" y calificó lo anterior de "benéfico para ambos".
Puntualizó que en las nuevas relaciones, "el comercio es, por supuesto prioridad entre las numerosas cuestiones que afectan nuestras relaciones. También hemos acordado trabajar juntos en problemas ambientales, donde hay un campo muy amplio de cooperación y la podemos mejorar contra la contaminación social por medio de un nuevo acuerdo sobre la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas.
4 El Sol de México, lunes 20 de agosto de 1990.
"Otros acuerdos que han sido firmados recientemente se refieren a cuestiones del ramo turístico, agrícola y no menos importante en el campo jurídico, un tratado de extradición y otro sobre asistencia legal mutua. Más allá de la cooperación bilateral, hacia un vasto campo en el que podemos perseguir objetivos comunes y especialmente en el terreno legal, en los foros internacionales como la Organización de Estados Americanos a la que Canadá acaba de ingresar y a la Organización de Naciones Unidas."
Luego señalo que tanto magistrados como jueces ocuparán cada vez, un papel más importante en el acercamiento entre México y Canadá, "por lo que visitas judiciales como ésta, permiten una excelente oportunidad para ese acercamiento e intercambio de información en ámbitos que nos afectan a ambos.
"Desde que llegué a México he recibido muestras de calidad hospitalaria y he profundizado en el conocimiento de sus leyes y sus contribuciones a la sociedad mexicana. Espero que este intercambio sea el primer paso hacia una relación más cercana entre los ámbitos judicial y legal de nuestros dos países".
Momentos antes el ministro Atanasio González Martínez dio la bienvenida al visitante durante el pleno de la Corte y señaló: "Canadá y México cada día se acercan más debido a los avances en materia de comunicación, así como por el incremento diario en nuestros tratos políticos, económicos y jurídicos en el entorno del derecho. Y consideramos fundamentalmente coincidencia, la apasionada lucha de nuestros pueblos por su libertad, preservación de la paz y aplicación con justicia del derecho.
Afirmó que en los momentos actuales, "cuando el mundo se convulsiona por las amargas luchas entre hermanos, es cuando más debemos insistir en que tanto los hombres como las naciones, deben vivir en el derecho. Nuestro deseo es que esta visita sea el gran inicio de una amplia relación que nos una y nos ayude a servir mejor a nuestros pueblos. Como países no podemos ya vivir aislados".5
El artículo 101 constitucional. - Por Xavier Olea Muñoz.
Una polémica a nivel nacional se desató con motivo de un encargo de representación diplomática que el Presidente de la República le confirió recientemente al licenciado don Carlos del Río, quien en la actualidad desempeña el cargo de presidente, onmo inter pares, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A la palestra concurrieron afamados juristas: por un lado, sosteniendo flagrante violación al precepto constitucional, los ilustres doctores don Ignacio Burgoa Orihuela y don Emilio O. Rabasa; por el otro, el licenciado don René González de la Vega Sr., afirmando que el presidente de nuestro más alto tribunal no fue agente diplomático en su función sudamericana y, por ende, no se había violado el numeral en cita.
Debe decirse en este contexto, que la ciudadanía del país ya está acostumbrada a la permanente y flagrante violación de sus arraigados preceptos constitucionales.
En otras colaboraciones he sostenido la evidente y cotidiana violación de los artículos 24 y 130 de nuestra Carta Magna.
Ahora, con un importamadrismo digno de mejor suerte, se viola el artículo 101, poniendo el Ejecutivo de la Unión en la calle al presidente de nuestra Corte Suprema, ya que al haber aceptado su diplomático encargo, debe, de conformidad con el 101, ser castigado con la pérdida del cargo.
Yo me preguntaría, en el orden de ideas planteado: ¿quién o quiénes serán los guapos que castiguen a don Carlos con la pérdida del cargo? ¿Será el pleno de su Corte?, o como afirma la copla popular, ¡quién será, quién será? pero dejemos esta entelequia de cumplimiento y ejecución y pasemos a analizar el texto del artículo violado.
"Artículo 101. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los respectivos secretarios, no podrán en ningún caso aceptar y desempeñar empleo o cargo de la Federación, de los estados o de particulares, salvo los cargos honoríficos en asociaciones científicas, literarias o de beneficencia. La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del cargo."
El artículo en comento fue simplemente cambiado en su texto en reforma del año de 1987, solamente transmutando el adjetivo honorífico, por el de remunerado, ya que se sobreentiende que los cargos honoríficos no deben ser remunerados, ¿o sí lo son?
A mi juicio dicha reforma no tocó siquiera el fondo de la cuestión a debate, que resulta del concepto: encargo que según el diccionario de la Lengua Española, en su decimonovena edición, página 523, se define como "La acción y efecto de
5 Excélsior, viernes 10 de agosto de 1990.
encargar o encargarse", luego entonces, un encargo representa en la especie una acción en este caso del Ejecutivo para otorgar una comisión al representante de otro poder: el Judicial, para el efecto de desempeñarse en el extranjero en su representación, con lo que se viola de manera evidente el precepto en cita, ya que este encargo específico en el extranjero no se asemeja para nada a los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia, como ordena el artículo violado, ya que una cosa es encargo y otra muy diferente cargo. Pensar en otra forma sería violar, además, los cuatro principios cardinales en la ciencia lógica.
Todo lo anteriormente expuesto se robustece con la razón histórica, ya que el primer antecedente del artículo 101 lo encontramos en el artículo 16, fracciones IV y V de la quinta de las leyes constitucionales de la República Mexicana, suscritas en la ciudad de México el 29 de septiembre de 1836.
"Fracción IV. Ninguno de los ministros y fiscales de la Corte Suprema, podrá tener comisión alguna del gobierno cuando éste por motivos particulares que interesen al bien de la causa pública estimare conveniente nombrar a algún magistrado para secretario del despacho, ministro diplomático u otra comisión de esta naturaleza, podrá hacerlo con acuerdo del consejo y consentimiento del Senado."
Segundo antecedente: "Artículo 119, fracciones III y IV del proyecto de reformas a las leyes constitucionales de 1836, fechado en la ciudad de México el 30 de junio de 1840.
Las restricciones de la misma Corte Suprema son las siguientes: III. No podrán sus individuos tener comisión alguna del gobierno sin permiso de las cámaras".
Tercer antecedente: "Artículo 116 del primer proyecto de Constitución Política de la República Mexicana, fechado en la ciudad de México el 25 de agosto de 1842.
No pueden los ministros de tal Corte Suprema: I. Tener comisión alguna sin permiso del Congreso".
Cuarto antecedente: "Artículo 72 del voto particular de la minoría de la Comisión Constituyente de 1842, fechado en la ciudad de México el 26 de agosto del mismo año.
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia no podrán obtener del gobierno general ni del particular de los estados, ningún empleo, cargo o comisión".
Quinto antecedente: "Artículo 98 del segundo proyecto de Constitución Política de la República Mexicana, fechado en la ciudad de México el 2 de noviembre de 1842.
No pueden los ministros: I. Tener comisión alguna del gobierno sin permiso del Congreso".
Sexto antecedente: "Artículo 120 de las bases orgánicas de República Mexicana del 12 de junio de 1843.
No pueden los ministros de la Corte Suprema de Justicia: I. Tener comisión alguna del gobierno sin permiso del Senado".
Con todos estos antecedentes constitucionales históricos que apoyan mis argumentos acerca de la indiscutible violación del artículo 101, se considera además la constante de que solamente pudiera haber sido válido el encargo del Ejecutivo al presidente de nuestra Corte Suprema, si tal misión no hubiera democrática sido avalada por el senado de la República, que aunque en su gran mayoría resulta afín al ejecutivo, cuando menos existen cuatro senadores del Partido de la Revolución Democrática que hubieran impugnado constitucionalmente el honroso y violatorio encargo.
La conclusión resulta obvia. ya basta de una modernidad que a cada paso pisotea lo más sagrado que tenemos los mexicanos: nuestra Constitución.
Ojalá el pueblo de México tan lastimado con la crisis económica que no se resuelve, ponga un poquito de entusiasmo para pugnar por el respeto que debe tenerse a nuestro más importante texto político."6
Trámite: - En atención al primer punto petitorio del escrito con que se acaba de dar cuenta, se turna a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, sin prejuzgar sobre el contenido y fundamento de los puntos petitorios segundo y tercero, por no ser competencia de esta Comisión Permanente.
6 El Universal, sábado 1o. de septiembre de 1990.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
PERMISO PRESIDENCIAL
El secretario senador Roberto Anzar Martínez:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe fue turnada, en la sesión pública ordinaria del día 12 de los corrientes, la solicitud del titular del Poder Ejecutivo Federal para ausentarse del territorio nacional, en los términos del artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de trasladarse a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, de los días 29 de los corrientes al 2 de octubre entrante, con objeto de participar en la XLV Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en la Reunión Cumbre Mundial en Pro de la Niñez y en la inauguración de la exposición "Arte de México: esplendor de 30 siglos".
Está de sobra argumentar una vez más la importancia que reviste para las relaciones internacionales contemporáneas el que los jefes de Estado o de gobierno practiquen una activa diplomacia para promover los intereses de sus naciones y exponer sus puntos de vista y concepciones sobre diversos problemas de índole interestatal.
En los tiempos que vive actualmente el sistema de relaciones internacionales, donde la distensión Este - Oeste ha concluido con la llamada Guerra Fría y la globalización de la economía exige a las naciones profundas transformaciones en la orientación de su aparato productivo y en la puesta en práctica de principios de cooperación internacional, resulta de evidencia que ningún país debería quedarse al margen de lo que se apunta como una nueva era de las relaciones entre Estados. La tesis que México ha sostenido desde hace por lo menos dos décadas, a fin de diversificar sus relaciones con el exterior, fortalecer su participación en los organismos multilaterales y participar activamente en las iniciativas de la comunidad internacional tendientes a propiciar una mayor equidad en todos los órdenes de las vinculaciones entre los miembros de la comunidad de naciones, cobra hoy mayor vigencia.
En este contexto y tanto para exponer los puntos de vista propios, como para conocer las perspectivas de los demás miembros de la comunidad internacional, no existe foro más completo, plural y acabado que la Organización de las Naciones Unidas, primordialmente a través de su Asamblea General. En esta ocasión y de conformidad con el artículo 20 de la Carta de las Naciones Unidas, compete que dicho órgano lleve a cabo su XLV período de sesiones ordinarias y en el cual, como es costumbre, concurren los representantes de los miembros de las Naciones Unidas para expresar sus reflexiones sobre la situación política, económica y social en el mundo, a la luz del principio de la cooperación como medio imprescindible para el mantenimiento de la paz.
México tiene una de las más completas tradiciones de participación en el máximo órgano multilateral de las relaciones entre estados. Hay evidencia suficiente de la contribución de la delegación mexicana en la Conferencia de San Francisco que culminó con el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas. Además, los propósitos y principios que señala la propia Carta de las Naciones Unidas para la actuación internacional, coinciden con los postulados de la política exterior que por convicción aplicó México desde antes del surgimiento de la organización de las naciones unidas y que hoy figuran como ley fundamental, en la fracción X del artículo 89 constitucional.
Por otro lado, conviene recordar que en el plan nacional de desarrollo 1989 - 1994 se establecen objetivos concretos de nuestra política exterior, entendida como instrumento fundamental para el mantenimiento de la independencia y seguridad de la nación, a fin de que se aprovechen a cabalidad los foros multilaterales tanto para la preservación y el fortalecimiento de la soberanía, como para fomentar la cooperación internacional.
En efecto, dentro de los objetivos tendientes al pleno ejercicio de nuestra soberanía, se encuentra el propósito de aumentar la presencia activa del país en los foros multilaterales, para asegurar un apoyo amplio a las iniciativas y propuestas mexicanas. A su vez, en el ámbito de la promoción de la cooperación internacional, son propósitos el "aumentar la participación y presencia del México en los foros multilaterales, en especial en aquéllos donde las actividades del país pueden contribuir positivamente a la solución de conflictos o a la disminución de las tensiones internacionales", y el "contribuir al fortalecimiento de los organismos multilaterales, en especial de los de carácter político".
Por la trascendencia del número de países que son miembros de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, así como por el nivel de la representación con que cada uno de ellos concurre a su período de sesiones ordinarias, y por la relevancia de los planteamientos que ahí se expresan, resulta conveniente que en esta ocasión, cuando las transformaciones del
mundo se dan velocidades hasta hace poco impensadas, que el titular del Poder Ejecutivo de la Unión participe en el LXV período de sesiones ordinarias de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en su carácter de Jefe de Estado y responsable de la política exterior de nuestro país.
Por lo que hace a la Reunión cumbre en Pro de la niñez, a celebrarse bajo los auspicios de la propia Organización de las Naciones Unidas el día 30 de los corrientes, conviene recordar, además de que nuestro país es copatrocinador de la iniciativa que propuso retomar el carácter prioritario de los asuntos para la niñez en el mundo, como lo destaca la solicitud del Presidente, que la comunidad internacional cuente ya con un instrumento jurídico idóneo para dar marco al diálogo y a los compromisos que pueden asumirse en favor de la protección de la niñez. Nos referimos a la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en Nueva York el 20 de noviembre de 1989 y que fuera suscrita por el Poder Ejecutivo Federal y aprobada en su oportunidad por el honorable Senado de la República.
En dicho pacto multilateral se establecen como principios fundamentales el deber de protección y cuidado de los niños a través de la consideración de los derechos y deberes de sus padres y tutores, así como de las instituciones y servicios encargados de atender a la niñez. En suma, se establece la obligación de velar y proteger los derechos del niño a la vida, al desarrollo, al nombre, a la nacionalidad, al no ser separado de sus padres sin causa justa y judicialmente aprobada, así como al derecho de toda la gama de libertades que constituyen la esfera de los llamados derechos humanos.
Dado que nuestro país ha participado activamente en el establecimiento de este avanzado instrumento multilateral y por los compromisos que hemos asumido para salvaguardar los derechos del niño, se estima de interés para el país que el titular del Poder Ejecutivo de la Unión participe también en la referida Reunión Cumbre en Pro de la Niñez.
Finalmente, como se señala en la solicitud de permiso constitucional que nos ocupa, suscrita por el Presidente de la República, entre los objetivos fundamentales que en materia de política exterior contiene el Plan Nacional de Desarrollo 1989_1994, se encuentra el de "hacer de la cultura mexicana uno de los principales elementos para reafirmar la identidad nacional y ampliar la presencia del país en el mundo". Este objetivo se concreta a través del establecimiento de propósitos específicos, como son el de realizar campañas de difusión de la cultura mexicana y el fomentar intercambios culturales, sobre todo en aquellos lugares donde su repercusión pueda ser mayor.
A nadie escapa la connotación de la ciudad de Nueva York como la urbe más cosmopolita del mundo. El hecho de que ahí se encuentre la sede de la Organización de las Naciones Unidas habla por sí solo de esta realidad. Es, además, la sede del centro financiero más importante del planeta y el puerto que maneja el mayor movimiento de carga comercial del continente.
Al considerar esta sede como el sitio donde se expondrá la tradición cultural y artística de nuestro país a lo largo de su historia, es fácil comprender el potencial de la repercusión de un evento de esta naturaleza. Sus efectos son de difícil medición e inciden en campos que exceden los aspectos de la difusión de la cultura, puesto que son ocasión propicia para fomentar el turismo, para hablar de la economía, y el entendimiento, para hablar de la política.
De conformidad con lo expuesto por la solicitud que nos fue turnada y en la que se destaca el propósito del titular del Poder Ejecutivo Federal de concurrir a los actos inaugúrales de esta magna exposición, por ser "un homenaje a la riqueza y al esplendor de la creatividad del pueblo mexicano", valoramos de manera positiva su participación en estas actividades.
Por lo expuesto anteriormente y con fundamento en el artículo 88 constitucional y en los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de ustedes la aprobación del siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Carlos Salinas de Gortari, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 29 de septiembre al 2 de octubre del presente año, con el fin de participar el la XLV Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en la Reunión Cumbre Mundial en Pro de la Niñez y en la inauguración de la exposición "Arte de México: esplendor de 30 siglos" en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América.
TRANSITORIO
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de audiencias "Presidente
Sebastián Lerdo de Tejada" del honorable Senado de la República._ México, Distrito Federal, a 18 de septiembre de 1990._ Primera Comisión de Trabajo: Senador Alfonso Martínez Domínguez, senador Enrique Burgos García, diputada Yolanda García de Vargas, senador Netzahualcóyotl de la Vega García, diputada María Claudia Esqueda Llanes, diputado Fernando Antonio Lozano Gracia, senadora María Esther Sherman Leaño, diputado Octavio F.S. Moreno Toscano, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Sergio Quiroz Miranda, diputado Vicente Luis Coca Alvarez y diputado Fernando Córdoba Lobo."
El Presidente: - Esta presidencia considera el asunto al que se dio primera lectura, como de urgente resolución; se ruega a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
El secretario senador Roberto Anzar Martínez: - Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se consulta a la asamblea en votación económica, si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Se dispensa la segunda lectura.
El Presidente: - En consecuencia, está a discusión el proyecto de decreto... Se abre el registro de oradores.
Tiene la palabra la diputada María Teresa Ortuño Gurza.
La diputada María Teresa Ortuño Gurza: - El Partido Acción Nacional, a través de mi conducto, presenta sus consideraciones sobre la solicitud en que el Presidente de la República solicita el permiso para ausentarse del país para este viaje a la ciudad de Nueva York, en donde según el dictamen de la comisión que nos ha sido leída, y según también la misma solicitud que el Presidente de la República envió a la Comisión Permanente , encontramos que hay argumentos en los cuales él piensa que es fundamental el voto a favor de esta autorización para ausentarse del país.
Nosotros consideramos que estos argumentos no son suficientes y vamos a abstenernos de la votación, por razones que vamos a exponer a continuación.
Dice el Presidente y dice la comisión en su dictamen, que cada día se globaliza la economía, que qué mejor que la presencia del licenciado Salinas en el XLV período de sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas, y ¡qué barbaridad!, cada vez la participación de México es mayor, cosa que también es cierta; se habla de que una de las estrategias de la política exterior es aprovechar a cabalidad los foros multilaterales que se presenten para los temas de interés para México. Se habla también en el dictamen de que se tienen que apoyar ampliamente las iniciativas mexicanas; otro argumento que presenta el dictamen, es que además México es copatrocinador de la iniciativa que propuso retomar el carácter de prioritario de los asuntos de la niñez.
Se nos dice que además el asunto de la visita al Museo de la Exposición, que se va abrir en Nueva York, coincide con la idea del Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994, para que la cultura mexicana sea más valorada en el extranjero.
Todos estos argumentos son ciertos, México debe tener cada vez una mayor participación en el extranjero, y cada vez debe de luchar más por los derechos de los más débiles, pero el hecho de que sea cierto que debemos caminar en este sentido, en materia de política internacional, de ninguna manera significa que necesariamente la tenga que hacer el Presidente de la República.
Entonces, si todas las funciones éstas en las que estamos de acuerdo que pueden cumplirse y que deben cumplirse las tuviera que revisar el Presidente o se considerara importante su presencia en la mayor cantidad de los casos, preguntamos ¿para qué entonces están nuestras embajadas?, ¿para qué tenemos el servicio exterior?, que por lo demás en algunos casos es de muy buena calidad, y que no debe la actividad presidencial suplir las funciones de este grupo de especialistas que pueden trabajar en muchos casos, repito, con eficacia, y que de alguna manera van en la misma linea del presidencialismo que pretendemos que tienda a disminuir, al menos esa es nuestra idea en el Partido Acción Nacional.
Las embajadas en el extranjero tienen una función y tienen diferentes tareas, diferentes encargados de áreas y debe haber promotores de la cultura, de la economía, del comercio, no sé si el micrófono se pudiera arreglar porque suena mucho. El hecho es que para fortalecer precisamente nuestras embajadas y las funciones de nuestros embajadores, no es siempre vital la presencia del Presidente. Hay efectivamente otras ocasiones en que de plano no es justificada, según nuestra opinión, la presencia física del licenciado Salinas o del Presidente en turno en algunos eventos; acá, no es en sí que la consideremos dañina, no pretendemos hacer de
esto un discurso muy ofensivo porque el Presidente quiere salir del país a esto que consideramos no tiene importancia; no, sí lo tiene, sí tiene la importancia, pero no para la presencia del Presidente, según nuestro punto de vista, sino que debería fortalecerse la actividad de estas embajadas.
Hoy otro aspecto por el cual también nos vamos a abstener de esta votación: ¿por qué la dispensa de trámites, por qué esa obsequiosa actitud de la Cámara de Diputados y de Senadores, y en este caso de la Comisión Permanente, para atender como de urgente y obvia resolución asuntos sólo porque los presenta el licenciado Salinas, sólo porque no se presentaron con la anticipación debida? Se puede tomar un poco más en cuenta, a menos en la forma, el respeto que debe tenerse a esta división de poderes, que pareciera que es nuestro caballito de batalla en Acción Nacional, para insistir o no en un pleito de poderes, sino en una muy sana división.
¿Por qué esa actitud siempre reverente y atenta?: "sí, señor Presidente, como usted quiera, le dispensamos la lectura". No nos parece correcto que este sea el mecanismo en que se fortalezcan las instituciones de México, al menos no la institución presidencial que, insisto, según las democracias modernas, según el camino del mundo, para donde va en todas partes, es disminuir la concentración de poder en unas solas manos.
México es quizá el país en donde el Presidente de la República o su equivalente, tiene más poder que en ningún otro país; ningún primer ministro, ningún Presidente, casi casi que hasta ningún rey tiene en sus manos depositado el ser Jefe de Estado, ser jefe de gobierno, ser jefe de las Fuerzas Armadas, ser jefe del partido que gobierna, tener la capacidad de no sólo iniciar leyes y todas las demás que le confiere la Constitución, sino además tiene las que no le confieren, como el de elegir a sus sucesor y, repito, ser dirigente del partido, cosas que no favorecen la vida democrática de México.
Este segundo argumento, es decir, el que se le dispense la lectura a este trámite, pues nos parece que no es muy decoroso para la Comisión Permanente, y por lo cual es un segundo elemento.
Resumiendo, en primer lugar, porque tenemos embajadas que pueden hacer esto. Hemos tenido destacados embajadores en diferentes países, que pueden cumplir muy bien con su función, y que nos parece innecesaria la presencia del licenciado Salinas allá y, en segundo término, por la manera en que se está solicitando esto con dispensa de trámites, que consideramos inadecuada.
Por estos dos argumentos principales, el Partido Acción Nacional se abstiene de votar en este dictamen.
El Presidente: - El senador Porfirio Muñoz Ledo, tiene la palabra en el mismo sentido.
El senador Porfirio Muñoz Ledo: - Con su venia, señor Presidente: También, como la oradora que me precedió en el uso de la palabra, para explicar nuestra abstención en el proyecto que acaba de presentar a nuestra consideración, y que por error comencé a comentar en la sesión pasada, cuando se estaba votando otro asunto, pequeña inadvertencia procesal, que fue ampliamente destacada por el diario que financia la Secretaría de Gobernación.
Nosotros hemos insistido en reiteradas ocasiones, en el Senado de la República, de la improcedencia de este tipo no se sé si llamarlo memoranda u oficios de trámite o monumentos a la platitud política o simplemente faltas de respeto y consideración al Poder Legislativo.
Se trata de solicitar una autorización, sin dar más explicación que un oficio, obviamente hecho en alguna oficina de tercer nivel o de segundo de la Secretaría de Relaciones, que además sin dificultad podríamos ubicar cuál fue, sin dificultad, con sólo preguntar, en la cual se supone que se está turnando a una autoridad inferior, una autoridad subordinada, un permiso que está obligado a dar.
Me da gusto en esta ocasión coincidir con los argumentos de la ciudadana diputada del Partido Acción Nacional. Tal vez diferiría en un matiz, creo que la presencia del Ejecutivo de la Unión en reuniones de la Organización de las Naciones Unidas, es en ocasiones importante, y digo en ocasiones, depende a qué período de sesiones se vaya, depende en qué año del mandato, en qué nivel de negociación internacional haya llegado un planteamiento formulado por el gobierno mexicano, y depende también qué iniciativa se vaya a llevar.
Han sido varios los jefes de Estado mexicanos que han acudido a la Asamblea General de las Naciones Unidas, no los menciono a todos, pero se había hecho tradición, de que por la importancia y la relevancia de México en los foros internacionales, en la política multilateral, estas visitas correspondiesen invariablemente a una propuesta, a una propuesta que era la iniciativa o la contribución mexicana a la comunidad de naciones. Estas iniciativas obviamente no surgen de la
noche a la mañana, requieren un procedimiento previo de negociación.
Muchas veces un planteamiento anterior también en un foro diferente de la organización, para que ya haya habido un nivel de maduración de la propuesta y ésta tenga la receptividad que corresponde a la jerarquía de México entre la comunidad de naciones.
Me estoy refiriendo por ejemplo a la propuesta sobre un acuerdo internacional de energía que fue precedida para soluciones, en el Consejo Económico y Social; me refiero por ejemplo a las propuestas sobre el nuevo orden económico internacional y la Carta de los Derechos y Deberes, que tuvo una propuesta previa en el foro de la Tercera Unión de Trabajadores Agrícolas de Santiago de Chile.
Hay una acción de la diplomacia mexicana, que va preparando una propuesta que justifica la visita de un Jefe de Estado mexicano a ese foro mundial.
Habría varios temas que podrían haberse abordado si hubiese previamente un proceso de diálogo y negociación.
La última visita frustrada del anterior Presidente de la República, en septiembre de 1985, dejó además un sabor muy amargo en la conciencia de la comunidad internacional, porque los primeros días de octubre, porque el terremoto del 19 de septiembre, no justificaba de modo alguno la ausencia, sino la ponía de realce, le daba un contenido político mucho mayor. Y como el tema que se iba a plantear junto con un grupo de estadistas latinoamericanos, 11 para ser más preciso, era precisamente el tema de la deuda, la ausencia se interpretó del único modo que se podía interpretar, una negativa a asumir la responsabilidad que previamente se había contraído en negociaciones.
En este caso, nosotros nos encontramos frente a la inexistencia de un proyecto mexicano. Habría por ejemplo sido interesante que se pensara, que se reflexionara que en este período de sesiones muy probablemente, se va a votar el proyecto de convención para la protección de todos los trabajadores migratorios y sus familias, ése es el título oficial, que es fruto de una negociación mexicana, de una iniciativa presentada originalmente por México en el Foro de la Organización Internacional del Trabajo en 1983. Y después en la Organización de las Naciones Unidas, en 1980 y a cuyo frente estuvo un diplomático mexicano ya fallecido.
Es muy probable que en este período de sesiones por fin, después de 10 años de negociaciones, una muy importante iniciativa mexicana que es la Convención para la Protección de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias, y eso hubiera sido un motivo que hubiera justificado eventualmente una presencia de alto nivel en México.
A cambio de eso, ¿qué dice el oficio de marras?, obviamente no ha habido supongo ninguna consulta, no se nos ha llamado en la Comisión de Asuntos Internacionales, no hemos tenido ninguna explicación de la cancillería, simplemente se nos manda por oficio, sabiendo que de todas maneras automáticamente se va a aprobar. Leamos brevemente algunos de los pasajes de este compendio de platitudes burocráticas en la que son expertos en los niveles inferiores, no porque sean incompetentes, sino por su propia modestia administrativa, no pueden tener ningún compromiso político, es decir, dicen lo menos, porque carecen de iniciativa propia.
La primera razón dice, que esto es espléndido, dice: "en estos foros de debate y concertación donde México ha estimulado la toma de conciencia en los problemas de naturaleza normal, y donde ha impulsado decididamente iniciativas que fomenten el bienestar y el progreso ordenado y seguro de la comunidad de naciones".
¿Cuáles son esas iniciativas, las de hace 10 años, las de hace 20? Además aquí un juego de palabras podría permitirnos intercambiar: progreso ordenado y seguro, progreso consecuente y equilibrado. Simplemente es poner una palabra después de otra sin ninguna brillantez y sin que haya ningún concepto detrás.
"...La celebración de la XLV Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, es una valiosa oportunidad para que la tesis y las propuestas de México continúen contribuyendo a crear una atmósfera de entendimiento...".
¿Cuáles tesis?, ¿tenemos derecho a saber cuáles?, ¿cuáles?, ¿dónde están esas tesis? A lo mejor las hay; yo no he sabido de ninguna iniciativa multilateral mexicana, hace ya algún tiempo, pero si las hay, que nos digan. Ahí está en proceso la firma de un nuevo Tratado de Tlatelolco, hay una gestión diplomática sobre la paz en el Medio Oriente, hay algún nuevo esquema para la solución de los problemas económicos de América Latina; hay un planteamiento para el diálogo Norte - Sur ¿Dónde está?, porque los discursos oficiales no nos dicen nada de eso, ni la Prensa. ¿Serán iniciativas que se manejan en el más absoluto sigilo?
Luego dice: "...en esta ocasión habrán de discutirse aspectos de gran trascendencia que permitirán
en el medio plazo contribuir a crear un nuevo orden internacional...".
Quedo en las mismas: "...habrán de discutirse aspectos de gran trascendencia...". Desde el uso del lenguaje, ¿aspectos de qué? Aspectos es un sustantivo, subordinar otra cosa; aspectos de una persona, aspectos de una tesis, aspectos de una Cámara, aspectos de nada. Es un sustantivo que está en el aire. ¿Aspectos de qué?, "...de gran trascendencia...". ¿Cuáles son?, "...que permitirán en el mediano plazo...". ¿Cuál es ese mediano plazo? Además hasta el temor, no vayan a creer que estamos peleando por un nuevo orden internacional rápido, no se nos vaya a acusar de acelerados: "...en el mediano plazo...". La prudencia del burócrata que sabe que no hay ninguna propuesta detrás. ¿Cuál es ese mediano plazo?, ¿cuáles son las líneas de ese nuevo orden internacional?
México abandonó el diálogo Norte_Sur, México abandonó su militancia activa en el Grupo de los Setenta y Siete, México ha abandonado cualquier iniciativa por su subordinación en la materia de la deuda, esto podemos discutirlo una y dos veces y dirán lo contrario, pero no tendrán ninguna prueba para sostenerlo. Entonces, ¿cual es ese nuevo orden internacional?
"...Los mandatarios se darán cita a final de septiembre y llevarán consigo la misión de asegurar que esa emergente estructura internacional nazca bajo los auspicios de una paz duradera...". ¡Palabras, palabras! "...Ese conjunto de retos y tareas por cumplir exige la presencia actuante y comprometida de México...". ¿Dónde está el compromiso? "...En el más alto foro de deliberación...". ¿En qué nos vamos a comprometer, en qué va a consistir ese compromiso, en qué tesis, en qué propuesta?
"...Por esa vía México no sólo contribuye con un propósito noble, sino que pretende elevar el nivel de atención e interés internacional sobre las dificultades y carencias que pesan sobre el recurso y potencial más rico con que cuenta la humanidad...".
Se refiere a la propuesta para un apoyo decidido, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
Hay, en efecto, y es lo que justifica el viaje, una reunión especial presidida por la señora Palme, que ahora está al frente del Consejo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y con quien tuve ocasión de hablar de este asunto ahora en Santiago de Chile, un poco para saber de qué se trataba esta propuesta especial del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia; es lo que se llama en Naciones Unidas una Press and Conference de alto nivel, es una conferencia para nuevas contribuciones. Es importante, es un organismo de contribuciones voluntarias que reúne a personalidades de alto nivel para lanzar una iniciativa que aumente el nivel de contribuciones, eso es fundamentalmente, no ha habido un nuevo programa del Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia, son los de siempre; además, es una institución loable por todos conceptos, y debe decir, con una notable eficiencia administrativa tratándose de una organización internacional, que a menudo son tan burocráticas.
Pero se trata de una conferencia de contribuciones con un alto nivel. No hay ningún nuevo planteamiento ideológico, no se va a crear ninguna institución. Van a ir algunos jefes de Estado, van a coincidir ahí, pero obviamente los países que tienen un papel relevante en la comunidad internacional aprovechan esa conferencia de contribuciones, que no es otra cosa, para plantear una iniciativa importante.
México, desde 1982, en una visita casi relámpago, no ha tenido una presencia hace ocho años, a nivel de jefes de Estado en la Organización de las Naciones Unidas y creo que es una visita sumamente esperada.
Añadir la inauguración de una exposición de arte, es sin duda importante como motivación de un viaje, no parece que sea consecuente con el nivel grandilocuente que se le pretende dar a esta iniciativa.
Yo quisiera subrayar, para terminar, las tres cuestiones fundamentales: Primero. Nos oponemos y nos opondremos a la falta de respeto al Congreso de la Unión, que representan estos oficios burocráticos, para que otorguemos una autorización, que es nuestra facultad constitucional. Censuramos y censuraremos la falta de atención de las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para explicar al Congreso de qué se trata para discutir la importancia de este viaje; censuramos y censuraremos la falta de verdadera iniciativa mexicana en los foros multilaterales y este afán de cubrir apariencias sin sustancia.
Nos hemos pronunciado y nos pronunciaremos a favor de que las actuaciones fundamentales de México en la esfera internacional sean fruto de una política pluripartidista concertada; de otro modo, no podremos ni defenderemos la política exterior, ni aquí ni cuando hablemos de ella en otros países, no podemos defender aquello de lo que no somos partícipes y en lo que no estamos de acuerdo.
Todos los países que han llegado, por un lado, a un nivel apreciable de pluralidad política y respetabilidad en el concierto universal, tienen mecanismos congresionales o senatoriales a través de los cuales se convienen y se pactan las líneas generales de política exterior, y los partidos se someten a aquello que han convenido.
Es fundamental, vuelvo a insistir, que haya diálogo y concertación para estos asuntos y no simplemente recados de cocina que nada dicen, todo exhiben y mucho ofenden.
El Presidente: _Por la comisión, el senador Enrique Burgos García, tiene la palabra.
El senador Enrique Burgos García: _Con el permiso del señor Presidente; honorable asamblea: Ha sido reiterada la discusión y el análisis cada vez que hay ocasión de someter a la consideración de esta asamblea una solicitud para que el Presidente de la República, en ejercicio de sus facultades, se ausente del territorio nacional.
Han sido aquí comentados por quienes me anteceden en la tribuna, algunos puntos de vista respetados pero no compartidos, en cuanto que aquí debería hacerse previamente una detallada discusión y análisis de lo que habría de tratarse en los foros internacionales.
Habría que recordar, porque también aquí ha sido reiterado, cuál es el perfil de nuestro régimen constitucional; da a veces la impresión de que hay cierta confusión entre el perfil presidencial y el perfil parlamentario. No olvidemos que el nuestro es un sistema presidencial no por excesos en las conducciones ni por desbordamiento de poder, sino porque ha sido ésta una definición de orden constitucional.
Es el nuestro un sistema presidencial por disposición de la Constitución, por disposición de un estilo y no por vulneración, ni de ámbitos de poder ni de ámbitos de competencia.
Es la Constitución la que le da al Presidente de la República la facultad expresa de conducir las relaciones internacionales. Es la Constitución la que le asigna también los recientemente incorporados principios, para que nuestra Constitución, recogiendo esas tradiciones, esos principios y esos valores, sea instrumento para que el Presidente de la República los externe, los impulse y los defienda en el exterior.
No es válido pensar que haya irregularidad por parte del Presidente de la República al estar asumiendo un posición que evidentemente tiene fundamentación jurídica constitucional, pero fundamentalmente acorde con nuestros tiempos y con nuestras circunstancias.
Defendemos el dictamen, porque hemos hablado en otras ocasiones de la existencia de un mundo mutable, de cambios rápidos, pero también de un mundo interdependiente. Cuando se habla de globalización, se alude sin duda a estas interdependencias. Cuando se alude a las interdependencias, pretendemos la defensa de la soberanía, de soberanía nacional, como uno de los principios esenciales que dan vida, vigencia y vigor en el campo internacional.
Y nosotros preguntaríamos: ¿es posible defender mejor nuestra soberanía, marginándonos?., ¿es posible defender y exaltar el valor de la soberanía como facultad de autodeterminación, estando al margen de los acontecimientos? Nosotros pensamos que ninguna actitud, que la asunción de ningún compromiso en el ámbito internacional por sí, puede descalificar este esfuerzo por incorporarnos y por participar. Participamos con todos porque queremos asumir los valores de todos. Queremos aceptar lo que por universal es importante y es trascendente, sin negar y sin cancelar nuestros valores propios, nuestras esencias propias.
Por eso valoramos, por eso en el dictamen impulsamos y avalamos el imperativo de que el Jefe de Estado mexicano, que por excelencia representa a la nación, y que como lo dijera el constituyente de Querétaro en 1916 y 1917, es por naturaleza del Presidente de la República quien encarna a la nación.
Es por ello que avalamos decía, que participe en un foro de tan alto rango, como es el de las Organización de las Naciones Unidas en su XLV Asamblea Ordinaria. Es importante que la voz de México esté ahí presente, es importante que el Presidente de la República, con actitud combativa, propositiva, creativa, impulse la presencia de México en el entorno del mundo.
Hoy día, parece ser que quienes nos apartemos o nos marginemos de este contexto del mundo, de su cambio y de su evolución rápida, parecería que estuviésemos destinados a marginarnos, y no es la marginación la mejor opción de México en estos tiempos. Indiscutiblemente este cerrojazo de transformaciones que da el Siglo XX es el prolegómeno de una mayor relación internacional, es el anticipo de una cada vez más profunda relación entre los pueblos del mundo y en ellos tenemos que estar presentes con oportunidad y con calidad.
Nosotros pensamos, en la comisión, que es válido y aceptable el análisis de todas las corrientes,
de todas las manifestaciones, y que las cuestiones internacionales efectivamente tienen un elevadísimo rango e importancia. Decimos sí al análisis, sí a la discusión, ¡pero compañeros, no cancelemos el esfuerzo presidencial para abordar con calidad, con dignidad, las cuestiones que a todos nos importan!
Recordemos que no hay omisión ni exceso en la facultad constitucional, de lo que aquí estamos aprobando, discutiendo, de lo que aquí estamos sometiendo al análisis de esta asamblea, es una autorización para que el Presidente de la República pueda abandonar el territorio nacional, pero que es a él el análisis, primero de la Constitución a quien le corresponde dirigir, encauzar las relaciones internacionales, y por excelencia llevar la representación del pueblo, de la nación y del Estado mexicano.
Somos poseedores de una gran tradición en el ámbito internacional. Tenemos un sitio de rango y calidad. Ha sido construida por la tarea de muchas generaciones. Ha sido tomada con autenticidad por el régimen de la República. ¡No abandonemos ni echemos por la borda lo que por generaciones hemos construido! Muchas gracias.
El Presidente: _Consulte la secretaría a la asamblea, si el proyecto de decreto se considera suficientemente discutido.
El secretario senador Roberto Anzar Martínez: _En votación económica, se pregunta si se considera suficientemente discutido el proyecto de decreto.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Suficientemente discutido.
Se va a proceder a recoger la votación nominal del proyecto de decreto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron 23 votos en pro y un voto en contra.
El Presidente: _Aprobado el proyecto de decreto por 23 votos.
El secretario senador Roberto Anzar Martínez: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
CONVOCATORIA A PERÍODO EXTRAORDINARIO
La secretaria diputada María Teresa Ortuño Gurza:
"Primera Comisión de Trabajo.
Honorable asamblea: En la sesión pública ordinaria del día 12 de los corrientes se turnó a la comisión que suscribe la proposición presentada por el senador Julián Gascón Mercado, secretario de la comisión "Medalla Belisario Domínguez del honorable Senado de la República", a efecto de que se convoque a un período de sesiones extraordinarias de la Cámara de Senadores, a partir del día 24 de los corrientes, con objeto de que ese honorable cuerpo colegiado pueda deliberar y determinar sobre el recipiendario de la Medalla "Belisario Domínguez" correspondiente a 1990 y celebrar la sesión solemne en que se impondrá dicha presea.
En efecto, como lo señala el promovente, la Medalla de Honor "Belisario Domínguez" del Senado de la República tiene normas precisas para proceder a su otorgamiento y su subsecuente imposición al mexicano que resulte distinguido con este galardón. De conformidad con el artículo 6o. del Reglamento de la Orden Mexicana de la Medalla de Honor "Belisario Domínguez" del Senado de la República, la condecoración se otorgará cada año "por acuerdo tomado en sesión pública celebrada en los días 2 al 29 de septiembre" por la Cámara de Senadores, previo al dictamen de la Comisión Medalla de Honor "Belisario Domínguez" y a la discusión de los méritos del mexicano que resulte propuesto.
A su vez en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se dispone que "la Cámara de Senadores celebrará sesión solemne en el mes de octubre de cada año", a fin de imponer la Medalla de Honor "Belisario Domínguez" y otorgar el diploma correspondiente al ciudadano que resulte galardonado.
Como lo expone el promovente y que es del conocimiento de esta honorable asamblea, las disposiciones anteriormente mencionadas podía desahogarse cabalmente durante el período de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, tal como se encontraba previsto en el artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta antes de la reforma de 1986, que entró en operación hasta el 1o. de noviembre de 1989, para el establecimiento de dos períodos de sesiones ordinarias en cada año de ejercicio legislativo.
En virtud de la reforma constitucional invocada, el Congreso de la Unión entra a su segundo receso legislativo del correspondiente año de ejercicio constitucional, a partir del 16 de julio y hasta el 31 de octubre. Esta adecuación al calendario del período de sesiones ordinarias del Poder Legislativo Federal, tornaría en imposible el cumplimiento de los preceptos y las obligaciones que tiene el Senado de la República con relación a la Medalla de Honor "Belisario Domínguez". Por ello y a fin de permitir que el Senado de la República pueda cumplir con lo dispuesto por el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de la Orden Mexicana de la Medalla de Honor "Belisario Domínguez" del Senado de la República, se propone a esta honorable Comisión Permanente el expedir convocatoria a sesiones extraordinarias de la Cámara de Senadores, para cumplir precisamente con los objetos que se desprenden de dichas normas.
Como es del conocimiento de ustedes, y con base en lo dispuesto por los artículos 67, 69 y 79, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión Permanente está facultada para acordar la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión o de una sola de sus cámaras, en tratándose de facultades exclusivas de cada una de ellas.
En anteriores dictámenes de la comisión que suscribe, hemos puesto en claro nuestra opinión en el sentido de que la convocatoria al Congreso debe ser para el ejercicio de alguna facultad compartida, siendo la primordial y característica del Congreso de la Unión el ejercicio de la facultad de legislar. Además, hemos afirmado la posibilidad de convocar a las cámaras del Congreso de la Unión para que ejerzan facultades que la Constitución y las leyes les atribuyen de manera exclusiva. En el caso de la Cámara de Diputados. se ha mencionado su actuación en la llamada declaración de procedencia a partir de denuncias contra servidores públicos que hubieren incurrido en la comisión de delitos, en los términos del artículo 111 constitucional. En el caso del Senado, pueden referirse sus atribuciones en la declaratoria de que, ante la desaparición de los poderes constitucionales de un estado, es llegado el caso de nombrarle un gobernador provisional.
Es decir, que esta Comisión Permanente puede convocar al Congreso de la Unión para que se aboque al tratamiento y revisión de asuntos que impliquen el ejercicio de facultades compartidas, como indudablemente lo es el proceso legislativo. Asimismo, que cada una de las cámaras pueda ser convocada para el ejercicio de una facultad exclusiva o la atención de un asunto que también le es exclusivo. Estimamos que, precisamente en esta última hipótesis, se sustenta la posibilidad de convocar al Senado de la República para cumplir con las atribuciones y obligaciones que le asignan las normas con relación a la Medalla de Honor "Belisario Domínguez".
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Comisión Permanente, el siguiente
PROYECTO DE CONVOCATORIA A UN PERÍODO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA
Con fundamento en los artículos 67, 69 y 79, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 81 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 27, 28, 35 y 39 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 6o. del Reglamento de la Orden Mexicana de la Medalla de Honor "Belisario Domínguez" del Senado de la República, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión
DECRETA
Primero. Convóquese a un período de sesiones extraordinarias del honorable Senado de la República, cuya apertura tendrá lugar el día 24 de Septiembre de 1990, a las 12.00 horas.
Segundo. en este período de sesiones extraordinarias, el Senado de la República sólo se ocupará de los siguientes asuntos:
a) Del conocimiento, discusión y votación del dictamen que presente la Comisión Medalla de Honor "Belisario Domínguez", en los términos del artículo 6o. del Reglamento de la Orden Mexicana de dicha presea.
b) De la celebración de la sesión solemne para imponer la Medalla de Honor "Belisario Domínguez" correspondiente a 1990, a quien resulte galardonado y la entrega del diploma correspondiente, en los términos dispuestos por el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Tercero. La elección del Presidente y vicepresidentes de la mesa directiva, se efectuará en los términos del artículo 81 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Sala de audiencias públicas "Presidente Sebastián Lerdo de Tejada" del honorable Senado de la República. - México, Distrito Federal, a 18 de septiembre, de 1990. - Primera Comisión de Trabajo: Senador Alfonso Martínez Domínguez, senador Enrique Burgos García, diputada Yolanda García de Vargas, senador Netzahualcóyotl de la Vega García, diputada María Claudia Esqueda Llanes, diputado Fernando Antonio Lozano Gracia, senadora María Esther Scherman Leaño, diputado Octavio F.S. Moreno Toscano, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Sergio Quiroz Miranda, diputado Vicente Luis Coca Alvarez y diputado Fernando Córdova Lobo.»
Trámite: - Primera lectura.
El Presidente: - Esta Presidencia considera el asunto al que se dio primera lectura como de urgente resolución.
Se ruega a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura, y se pone a discusión y votación de inmediato.
La secretaría diputada María Teresa Ortuño Gurza: - Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la segunda lectura, y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la segunda lectura.
El Presidente: - En consecuencia, está el dictamen a discusión de la asamblea.
La secretaria diputada María Teresa Ortuño Gurza: - Está a discusión el dictamen... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente: - Por lo que respecta a la votación en lo particular, ya habiendo sido votado en lo general, se consulta a la asamblea si se reserva algún artículo para proceder en consecuencia.
No habiendo ningún artículo apartado, proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
La secretaria diputada María Teresa Ortuño Gurza: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto del decreto.
(Votación.)
Señor Presidente, se emitieron 25 votos afirmativos y ninguno en contra.
El Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto, para que se convoque a la honorable Cámara de Senadores a un período extraordinario de sesiones.
La secretaria diputada María Teresa Ortuño Gurza: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
CONDECORACIONES
La secretaria diputada María Teresa Ortuño Gurza: -
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable asamblea: La Primera Comisión de Trabajo que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano doctor Hugo Ortíz Dietz, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la República Francesa.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano doctor Hugo Ortíz Dietz, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la República Francesa.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 13 de septiembre de 1990. - Senador Alfonso Martínez Domínguez, senador Enrique Burgos García, diputada Yolanda García de Vargas, senador Netzahualcóyotl de la Vega García, diputada María Claudia Esqueda Llanes, diputado Fernando Antonio Lozano Gracia, senadora María Esther Sherman Leaño, diputado Octavio F.S. Moreno Toscano, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Sergio Quiroz Miranda, diputado Vicente Luis Coca Alvarez y diputado Fernando Córdoba Lobo.»
Trámite - Primera lectura.
El secretario senador Roberto Anzar Martínez:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable asamblea: A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con la solicitud de permiso constitucional necesario para que el ciudadano teniente coronel de infantería diplomado de estado mayor Víctor Manuel Fernández Valencia, pueda aceptar y usar la condecoración Cruz del Mérito Militar de Primera Clase, con Distintivo Blanco, que le confiere el gobierno de España.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano teniente coronel de infantería diplomado de estado mayor Víctor Manuel Fernández Valencia, para aceptar y usar la condecoración Cruz del Mérito Militar de Primera Clase, con Distintivo Blanco, que le confiere el gobierno de España.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 14 de septiembre de 1990. - Senador Alfonso Martínez Domínguez, senador Enrique Burgos García, diputada Yolanda García de Vargas, senador Netzahualcóyotl de la Vega García, diputada María Claudia Esqueda Llanes, diputado Fernando Antonio Lozano Gracia, senadora María Esther Scherman Leaño, diputado Octavio F.S. Moreno Toscano, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Sergio Quiroz Miranda, diputado Vicente Luis Coca Alvarez y diputado Fernando Córdoba Lobo».
Trámite: - Primera lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
NOMBRAMIENTO
El secretario senador Roberto Anzar Martínez
«Segunda Comisión de Trabajo.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente el expediente integrado al nombramiento que el ciudadano Presidente de la República hace en favor del doctor Guido Belsasso, como Cónsul General de México en Nueva York, Estados Unidos de América, enviado a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 79, en relación con la fracción XVI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos.
La comisión dictaminadora desea señalar que el doctor Guido Belsasso realizó sus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente realizó cursos de posgrado en medicina interna en el Instituto de Enfermedades de la Nutrición de México y de psiquiatría en el Hospital General de Massachusetts de la Universidad de Harvard. Asimismo, realizó estudios de administración pública.
Esta comisión estima pertinente mencionar que el doctor Guido Belsasso cuenta con una amplia experiencia profesional en el servicio del Estado mexicano. Fue jefe de servicio en el Instituto Nacional de Neurología de la Secretaría de Salud de 1964 a 1972; fundador y director general del Centro Mexicano de Estudios en Farmacodependencia (Cemef) de 1972 a 1976; asesor general médico del Instituto Nacional de Salud Mental del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de 1980 a 1982; actualmente es asesor del Secretario de Relaciones Exteriores.
Los miembros de la comisión que suscribe indican que el doctor Guido Belsasso ha representado a México durante los últimos 18 años en negociaciones con el gobierno norteamericano en las áreas de farmacodependencia, trabajadores migratorios e indocumentados, así como en asuntos comerciales y pesqueros. Asimismo, ha sido miembro del Comité de Expertos de la Organización de Naciones Unidas en los grupos de trabajo sobre las medidas para reducir la demanda ilícita de drogas en Ginebra, Suiza.
En el ámbito de la actividad docente, el doctor Guido Belsasso ha sido profesor de psiquiatría en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y en la Universidad de Harvard, profesor de psiquiatría clínica en la Universidad de California en San Diego. Además, ha participado en cursos de posgrado en medicina interna y psiquiatría en la Universidad Nacional Autónoma de México y otras universidades de provincia y el extranjero.
En acatamiento del acuerdo tomado por la honorable Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982 y continuado por la Comisión
Permanente para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos diplomáticos, la comisión que suscribe citó al doctor Guido Belsasso a una reunión donde conversó sobre la política exterior de nuestro país, la circunstancia internacional en que se desenvuelve y, en forma especial, el estado que en la actualidad guarda la relación de México con los Estados Unidos de América, haciendo especial énfasis en el área de Nueva York.
Dicha reunión tuvo verificativo el día de hoy y en la misma los legisladores que integramos la comisión que dictamina, pudimos dialogar ampliamente sobre los citados temas con el doctor Guido Belsasso pudiendo comprobar por este medio el grado de experiencia y preparación que ha obtenido como resultado de su fructífera carrera profesional. De igual forma quedó de manifiesto su vocación y voluntad de servicio a la República.
En dicha entrevista, el cónsul designado demostró un conocimiento detallado sobre la realidad política, económica, social y cultural de los Estados Unidos de América, así como de los diversos matices que ahí suceden e influyen en la relación bilateral. A su vez, expuso con solvencia diversos puntos de vista y opiniones que reflejan tanto su nivel de información, como una firme convicción en los principios que rigen la política exterior de nuestra patria.
Con base en el expediente mencionado y la entrevista referida, los legisladores miembros de la comisión que suscribe, hemos podido corroborar que el doctor Guido Belsasso posee los requisitos ordenados por el artículo 23 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano para ser designado cónsul general.
Por lo expuesto, los suscritos miembros de la comisión consideramos que el doctor Guido Belsasso reúne en su persona las cualidades y méritos suficientes para el buen ejercicio del cargo de Cónsul general de México en Nueva York, Estados Unidos de América, por lo que nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. En uso de la facultad que le confiere la fracción VII del artículo 79, en relación con la fracción XVI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera en favor del doctor Guido Belsasso, como Cónsul General de México en Nueva York, Estados Unidos de América.
Sala de audiencias "Presidente Sebastián Lerdo de Tejada" de la honorable Cámara de Senadores. - México, Distrito Federal, 18 de septiembre de 1990. - Segunda Comisión: Diputado Gonzalo Martínez Corbalá, diputada Sofía Valencia Abundis, senador Alonso Aguirre Ramos, diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán, senador Leonardo Rodríguez Alcaine, senador Porfirio Muñoz Ledo, diputada María Eduwiges Vega Padilla, senador Hugo Domenzáin Guzmán y senador Héctor Mayagoitia Domínguez.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los Legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aprobado. Comuníquese al ejecutivo.
El Presidente: - Se encuentra en este recinto el doctor Guido Belsasso, cuyo nombramiento como Cónsul General de México en Nueva York, Estados Unidos de América, acaba de ser aprobado por esta asamblea.
Para invitarlo a que pase a este salón y lo acompañen a que rinda la protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes legisladores: senador Alonso Aguirre Ramos, diputada Yolanda García de Vargas y diputado Fernando Antonio Lozano Gracia.
(La comisión cumple con su cometido.)
El secretario senador Roberto Anzar Martínez: - Se ruega a los presentes ponerse de pie.
El Presidente: - Doctor Guido Belsasso: ¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Cónsul General de México en Nueva York, Estados Unidos de América, que se os ha conferido,. y guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
El doctor Guido Belsasso: - Sí, protesto.
el Presidente: - Si no lo hicieres así, que la nación os lo demande. (Aplausos.)
Rogamos a la misma comisión acompañen al señor Cónsul cuando él desee retirarse.
Continúe la secretaría.
RATIFICACIÓN DE GRADOS
La secretaria diputada María Teresa Ortuño Gurza:
«Segunda Comisión de Trabajo.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1989, por el ciudadano Presidente de la República en favor del ciudadano capitán de navío, Felipe de Jesús Alvarado García, como contralmirante, piloto aviador del cuerpo de aeronáutica naval diplomado de estado mayor naval, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó a la Armada de México como cadete en la heroica Escuela Naval Militar el diecisiete de enero de mil novecientos cincuenta y ocho, el primero de enero de mil novecientos sesenta y tres ascendió a guardiamarina del cuerpo general por haber terminado sus estudios en dicho plantel, y el primero de junio de mil novecientos sesenta y cuatro ascendió a teniente de corbeta del mismo cuerpo por haber sustentado satisfactoriamente su examen profesional;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán de fragata piloto aviador, el de veinte de noviembre de mil novecientos sesenta y ocho adquirió el carácter de diplomado de estado mayor;
c)A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
d)Como miembro de la Armada ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y dos años, un mes y catorce días, y
e)Se le confirió en su oportunidad, por satisfacer el tiempo de servicios requerido para ello, la condecoración de Perseverancia de Segunda Clase.
Del análisis del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado contralmirante, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de contralmirante, piloto aviador del cuerpo de aeronáutica naval diplomado de estado mayor naval, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Felipe de Jesús Alvarado García.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México Distrito Federal, a 28 de agosto de 1990. - Diputado Gonzalo Martínez Corbalá, diputada Sofía Valencia Abundis, senador Alonso Aguirre Ramos, diputado Leopoldo Rodríguez Alcaine, senador Porfirio Muñoz Ledo, diputada María Eduwiges Vega Padilla, senador Hugo Domenzáin Guzmán y senador Héctor Mayagoitia Domínguez.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
La misma Secretaria Diputada:
«Segunda Comisión de Trabajo.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1989 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano contralmirante del cuerpo de ingenieros mecánicos navales Ignacio Campos González, como vicealmirante del cuerpo de ingenieros mecánicos navales, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó a la Armada de México, como cadete el diez de enero de mil novecientos cincuenta y uno y el primero de enero de mil novecientos cincuenta y seis fue ascendido a guardiamarina del cuerpo de ingenieros mecánicos navales al término satisfactorio del curso de formación en dicho plantel;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo a las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro de la Armada ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y nueve años, un mes y veintiún días, y
d) Se le confirió en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, la condecoración de Perseverancia de Primera Clase.
Del análisis de expediente personal y la hoja de servicios del nombrado militar, se deduce que reúne los requisitos legales y que cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de vicealmirante del cuerpo de ingenieros mecánicos navales que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Ignacio Campos González.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 28 de agosto de 1990. - Diputado Gonzalo Martínez Corbalá, diputada Sofía Valencia Abundis, senador Alonso Aguirre Ramos, diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán. senador Leonardo Rodríguez Alcaine, senador Porfirio Muñoz Ledo, diputada María Eduwiges Vega Padilla, senador Hugo Domenzáin Guzmán y senador Héctor Mayagoitia Domínguez."
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra,. en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
El secretario senador Roberto Anzar Martínez:
"Segunda Comisión de Trabajo.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen. el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1989, por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano capitán de navío Oscar Augusto Ferráez Lepe, como contralmirante del servicio de ingenieros de la Armada, núcleo ingeniero especialista en ciencias de planeación y sistemas, para los efectos de los dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al servicio activo de la Armada de México en la heroica Escuela Naval Militar el trece de enero de mil novecientos cincuenta y ocho, el primero de enero de mil novecientos sesenta y tres ascendió a guardiamarina del cuerpo de ingenieros mecánicos navales por haber terminado satisfactoriamente sus estudios en dicho plantel, y el primero de junio de mil novecientos sesenta y cuatro ascendió a teniente de corbeta del mismo cuerpo por haber aprobado su examen profesional.
b) A los grados sucesivos ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro de la Armada de México ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y dos años, un mes y dieciocho días, y
d) Se le confirió en su oportunidad, por satisfacer el tiempo de servicios requeridos para ello, la condecoración de Perseverancia de Segunda Clase.
Del análisis del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado contralmirante, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de contralmirante del servicios de ingenieros de la Armada, núcleo ingeniero especialista en ciencias de planeación y sistemas, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Oscar Augusto Ferráez Lepe.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 28 de agosto de 1990. - Diputado Gonzalo Martínez Corbalá, diputada Sofía Valencia Abundis, senador Alonso Aguirre Ramos, diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán, senador Leonardo Rodríguez Alcaine, senador Porfirio Muñoz Ledo, diputada María Eduwiges vega Padilla, senador Hugo Domenzáin Guzmán y senador Héctor Mayagoitia Domínguez."
Está a discusión el punto de acuerdo...No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
El mismo Secretario Senador:
"Segunda Comisión de Trabajo.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe fue turnado, para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1989 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano capitán de navío del servicio de ingenieros, ingeniero naval, milicia permanente Ricardo R. Hernández Ramírez como contralmirante del servicio de ingenieros, ingeniero naval, personal permanente de la Armada de México, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esa comisión advierte:
a) Que ingresó a la Armada como cadete en la heroica Escuela Naval Militar el primero de enero de mil novecientos cincuenta y nueve, y el primero de enero de mil novecientos sesenta y cuatro fue ascendido a guardiamarina del cuerpo de ingenieros mecánicos navales, al término satisfactorio de sus estudios en dicho plantel;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro de la Armada ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y un años, dos meses, y
d) Se le confirió en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, la condecoración de Perseverancia de Segunda Clase.
Del análisis del expediente personal y la hoja de servicios del nombramiento militar se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de contralmirante del servicio de ingenieros, ingeniero naval, personal permanente de la Armada de México, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Ricardo R, Hernández Ramírez.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 28 de agosto de 1990. - Diputado Gonzalo Martínez Corbalá, diputada Sofía Valencia Abundis, senador Alonso Aguirre Ramos, diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán, senador Leonardo Rodríguez Alcaine, senador Porfirio Muñoz Ledo, diputada María Eduwiges Vega Padilla, senador Hugo Domenzáin Guzmán y senador Héctor Mayagoitia Domínguez."
Esta a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Salinas Gaytán.
El diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán: - Señor Presidente; compañeros legisladores: De antemano ante la ratificación de estos cuatro oficiales de las fuerzas armadas, no nos estamos negando a dar nuestro voto aprobatorio para ratificar los nombramientos que hizo el Ejecutivo Federal, pero creo que vale la pena el que quede un señalamiento al respecto sobre estas ratificaciones.
De acuerdo con la Ley Orgánica y el Reglamento Interior, 175 del Reglamento y 118 del Reglamento Interior, se formaron las comisiones de esta Permanente; estas comisiones tienen sus funciones y de hecho se remiten los expedientes cuando son recibidos por el pleno.
En lo que corresponde a esta operabilidad de ratificaciones, no sé si ha sido costumbre de que no se celebren las sesiones correspondientes de la Segunda Comisión, para conocer el contenido de los expedientes en relación a las ratificaciones, Creo que es prudente que se hagan y que sean efectivas, porque precisamente para esto están señaladas las comisiones; por decoro y por ética las comisiones debemos funcionar y no ser nada más firmantes, aunque sean acuerdos de algo que debemos ser más objetivos.
Y de acuerdo con una petición que hice con anterioridad con uno de los expedientes, voy a dar las siguientes observaciones:
En primer lugar, si bien vienen los documentos que se han mencionado dentro de los dictámenes que se han aprobado, tres con anterioridad, una de las cosas que creo que considero faltan para que la comisión pueda también dar su opinión, es si no se anexa la lista de escalafones para verificar si efectivamente la alta oficialidad que ha sido designada por el Ejecutivo Federal, es de acuerdo con la Ley de Ascensos y no hay brincos o personas que son postergadas.
Observo que en el documento que se me turnó para revisar, el acuerdo que dictó el Ejecutivo fue en noviembre de 1989 y es hasta septiembre de 1990 cuando se hace la ratificación. Yo creo que es injusto inclusive que cuando se hacen designaciones, pase tanto tiempo para que estos se lleven a efecto, en la inteligencia de que para los efectos legales, el nombramiento es efectivo hasta que no es ratificado, y si no opera la ratificación, pues automáticamente no está operando la designación constitucional que corresponde o al Senado o a esta Permanente.
Creo que es prudente que queden anotadas estas observaciones para ser más efectivos y más eficaces. Además creo que sería también prudente que si por alguna necesidad de la comisión, fuera necesario, conocer la presencia física de algunos de los ascendidos y establecer un diálogo al respecto, como se hace con los embajadores, como se hace con los cónsules, Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente: - Se concede la palabra, por la comisión, al diputado Gonzalo Martínez Corbalá.
El diputado Gonzalo Martínez Corbalá: - Nada más, señor Presidente, compañeras y compañeros legisladores, para aclarar que la mayoría de los dictámenes que han sido sometidos a la consideración de esta asamblea el día de hoy, fueron firmados durante la anterior a la última reunión de la Segunda Comisión a la que no asistió el diputado Salinas Gaytán. Es decir, no la de ayer, a la que no pude yo asistir, porque estaba fuera de México, estaba llegando ayer precisamente, y se ha procurado aprovechar estas reuniones cuando examinamos, cuando conversamos con los candidatos a embajadores, para pedir la firma de los integrantes de la comisión, de este tipo de expedientes de ratificaciones de grados. Es decir, se aprovechan esas reuniones para pedir las firmas.
Tomamos en cuenta en consideración, las observaciones del diputado Salinas Gaytán, procuraremos que se hagan en una reunión especial para no mezclar una cosa con la otra, pero sí se ha procurado en la medida de lo posible, hacerlo en reuniones, aprovechar reuniones de la propia Segunda Comisión, para la firma de estos expedientes.
A mí en lo personal me parecería un poco excesivo que se hicieran llamados a cada uno de los candidatos; no ha sido costumbre hacerlo. Estudiaremos la posibilidad de que así sea, pero no es la intención mía del caso, no se trata de examinar a los candidatos a ratificación de grados, según entendemos el reglamento y la función de la Segunda Comisión, sino la de ver por su curriculum, que sean elegibles para el grado que se les está asignando.
No tiene en mi concepto otra intervención, no tiene mayores facultades a este respecto la Comisión Permanente y esto es lo que se ha estado haciendo. Hemos tratado de cumplir con ello escrupulosamente, nada más.
El Presidente: - Tiene la palabra el senador Porfirio Muñoz Ledo.
El senador Porfirio Muñoz Ledo: - Con su venia, señor Presidente: Para comentar este punto hay que buscar que algunos avances que ya hemos tenido en el tratamiento de estas cuestiones en el Senado, pudiesen trasladarse a la Comisión Permanente. Lo que acaba de suscitar el ciudadano diputado ha sido motivo de comentarios nuestros en el Senado, que han sido apoyados, por cierto, por algunos legisladores de la mayoría.
Hemos estado en contra de que en trámites de ratificación de nombramientos, por ejemplo, de distinguidos miembros de las fuerzas armadas, se proceda de modo tan expedito; es decir como si digo aquí se pasa a firma, sino hay que tener una consideración, tener una ponderación en la comisión. Recuerdo, si lo cito mal, le ruego que me corrija, que el propio senador Aguirre Ramos comentó favorablemente esta iniciativa nuestra, porque es la culminación de la carrera de un militar en muchas ocasiones y merece una ponderación.
Y por último, hemos pedido, cosa que se ha cumplido en el Senado, que tengamos en la mesa cuando se hace la votación, el expediente y la síntesis biográfica para quienes, por una razón o por otra, o no somos miembros de la comisión, o no hemos podido asistir a la comisión. Simplemente se está pasando con lentitud de una época en que las cámaras eran monolíticas y se hacía simplemente como un procedimiento administrativo, a un tiempo en que todas esas cuestiones merecen un tratamiento más cuidadoso.
Yo me sumaría a esta propuesta y pediría que se tomara en consideración lo aquí
sugerido para que se ponderara, para que en dado caso cuando los méritos fueran relevantes hubiera alguna consideración de parte del Poder Legislativo, y desde luego para que les diera un tratamiento digno del Congreso y digno de quienes son promovidos a estos cargos. Muchas gracias.
El Presidente: - El senador Alonso Aguirre Ramos tiene la palabra.
El senador Alonso Aguirre Ramos: - Con su permiso, señor Presidente; honorable asamblea: Efectivamente lo señalado por el señor senador Muñoz Ledo tuvo lugar en nuestra Cámara de Senadores, pero quiero también recordarle que allá nos referíamos a que por costumbre sólo se le daba una lectura, y lo que propuso fue que pase a primera y segunda lecturas, cosa que estamos haciendo en esta Comisión Permanente.
Desde luego que en esta forma logramos quitar esa imagen de que tratamos demasiado a la ligera y muy expeditamente estos asuntos, que son de mucha importancia en la carrera de los soldados y los marinos.
Respecto a lo dicho por el señor diputado Salinas, yo quiero aclarar que la mención que él hizo en el sentido de que los ascensos deben ajustarse a escalafón y de acuerdo con la Ley de Ascensos y Recompensas, quiero mencionarle que las atribuciones del señor Presidente, contenidas en el artículo 89 de la Constitución, dice, me voy a permitir leerlo: "Fracción IV, artículo 89. Nombrar con aprobación del Senado los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales y los empleados superiores de Hacienda. Fracción V: Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales con arreglo a las leyes."
Quiere decir esto que el señor Presidente de la República constitucionalmente tiene la atribución para seleccionar y nombrar a los oficiales superiores de las fuerzas armadas de la nación.
Por otro lado, señaló usted que estos ascensos están fechados desde noviembre. Efectivamente, es la fecha oficial de la promoción superior que se llama, pero todo queda sujeto a una serie de trámites que consisten en que cada una de las secretarías de Estado que manejan estos asuntos, envíen las hojas de servicios, todos los antecedentes a la Secretaría de Gobernación, para que ésta después los traslade a las cámaras, a efecto de obtener la ratificación que marca la Constitución de nuestra nación.
En tal virtud, creo que el hecho de que asciendan con fecha 20 de noviembre es únicamente para fines de celebrar nuestro movimiento armado con las llamadas promociones superiores, pero el trámite se inicia apenas el día 20 de noviembre y culmina, como en este caso en este momento que estamos ratificando los grados de estos señores capitanes de navío y almirantes de la Armada de México.
Por último, la ratificación no tiene en ningún aspecto efectos administrativos, porque el que recibe una orden de ascenso, ejerce los mandos que conforme a las plantillas orgánicas le corresponden, y, una vez que llega la ratificación, sí se considera como un requisito deseable y recomendable, para poderlo considerar en promociones posteriores a grados superiores, de tal forma que el almirante, por ejemplo, cuenta con cuatro ratificaciones del Congreso. Es todo.
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez (desde su curul): - ¿Me podría permitir una pregunta?
El Presidente: - ¿Se la concede el orador?
El senador Alonso Aguirre Ramos: - Con todo gusto.
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez (desde su curul): - Quería preguntarle si en términos del artículo 76, fracción III, que usted acaba de citar.
El senador Alonso Aguirre Ramos: - No. Yo cité el 87, Se lo comento entonces. Dice: "Artículo 76. Son las facultades exclusivas del Senado, fracción II, ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales, en los términos que la ley disponga."
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez (desde su curul): - ¿Este trámite usted lo considera meramente administrativo o constitucional, con todas las implicaciones que tiene por ser lo señalado por nuestra Carta Magna?
El senador Alonso Aguirre Ramos: - Desde luego que tiene todo un concepto republicano y federal, porque precisamente los mandos de esas corporaciones van a ser dados a los miembros de las fuerzas armadas que reúnan los requisitos que primero determine el Ejecutivo, y, segundo, ratifique el Congreso dentro de las facultades que marca la Constitución.
Quiero señalarle respecto a ese artículo que menciona, que está diciendo que es autoridad de este
Congreso, ratificar los nombramientos en los términos que la ley disponga, y la Ley de Ascensos y Recompensas establece que para ascender hasta teniente coronel o su equivalente en la Armada, se pasará por promociones de tipo general, que presuponen exámenes, una serie de requisitos que se van cumpliendo, que son los que se piden para los ascensos de coronel hacia arriba. Es todo.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Leopoldo Salinas Gaytán.
El diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán: - Señor Presidente, compañeros legisladores: Voy a disentir de la postura que ha fijado el señor senador Aguirre. Efectivamente, uno de los cuestionamientos que iba a hacer de mi parte en alegato, es la que formuló el diputado Coca.
El artículo 76, fracción II, y el 79 fracción VII, en relación con las atribuciones, el primero a la Cámara de Senadores y la Permanente, en relación con la ratificación de los cargos o de los ascensos, señalan precisamente en la parte final: "...en los términos que la ley disponga". Los dos traen la coleta e inclusive no es coincidente en relación con el 89, fracción IV, y que aquí, a confesión de parte, el señor senador ha dicho que es una facultad exclusiva del Ejecutivo federal.
Le voy a leer una tesis jurisprudencial, la 10/15, que dice: "Los ascensos no pueden otorgarse en forma arbitraria o caprichosa". La circunstancia de que el ciudadano Presidente de la República esté constitucionalmente facultado para conceder ascensos a los militares promovidos, señala dentro de los cargos que en igualdad, o sea, dentro de los puestos de coronel que no son iguales en la Armada para arriba, precisamente el señalamiento por reunir los requisitos establecidos en la mencionada Ley de Ascensos y Recompensas, independientemente de su observación, de qué requisito reclama, que viene en la hoja de servicios de uno de los promovidos.
Por razón, creo que ahí está el error en la concepción de que le se atribuye al Ejecutivo Federal la facultad única de hacer las promociones, cuando tiene que sujetarse a los requisitos que establecen las leyes reglamentarias, Que inclusive es coincidente en la opinión de una iniciativa que está presentada por un servidor y varios diputados del grupo parlamentario, que está en proceso en tres comisiones de la Cámara de Diputados. Muchas gracias.
El Presidente: - El senador Alonso Aguirre Ramos tiene la palabra.
El senador Alonso Aguirre Ramos: - Posiblemente no fui claro en mi exposición, pero de ninguna manera he dicho que el señor Presidente de manera arbitraria ascienda a los jefes superiores de las fuerzas armadas. Se siguen otros procedimientos que no están dentro de la ley pero que constituyen verdaderas costumbres dentro de nuestro instituto armado. Por ejemplo, usted mencionó de los méritos, y una de las formas de medirlos es que cada grado exige un número determinado de hojas de actuación anuales, en donde cada comandante da su punto de vista sobre los servicios que dio ese oficial que está considerándose.
Por otro lado, a cada tipo de comisión se le da una puntuación de acuerdo con su importancia, que se multiplica por cada mes en la vida del militar, del piloto o del marino. Esto coloca en las promociones superiores, en una orden descendente de méritos, y es precisamente como llegan a ascender.
No es que se viole un escalafón, sino que se está haciendo un procedimiento diferente, porque el que ha pasado en comisiones que tienen menos importancia, naturalmente acumula menos puntos. Y por esa razón llega el momento en que hay uno que aparentemente está desempeñado mejores servicios que otros, y por esa razón son considerados para efecto de ascenso.
No hay por lo tanto ninguna decisión arbitraria, sino que hay un sistema. Pero ése no está contemplando en la Ley de Ascensos y Recompensas, porque la ley precisamente establece los requisitos para las promociones especiales, promoción general y promoción superior, que son tres sistemas diferentes y al que nos estamos refiriendo que nos toca a nosotros ver, es precisamente el de promociones superiores que se ajusta a un sistema; no hay arbitrariedad de ninguna especie, sino que estamos buscando precisamente mantener la moral y dándole la oportunidad al militar de concursar con todo lo que es su historia militar; no hay tal dictamen arbitrario. Muchas gracias.
El Presidente: El diputado Leopoldo Salinas Gaytán, tiene la palabra.
El diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán: - Señor Presidente: Yo creo que más adentrados en este debate, me convenzo de que debe la Segunda Comisión establecer una regulación del procedimiento, para los efectos de entrar a los análisis de cada caso. Razón de más, digamos para justificar que esta comisión en lo futuro tome providencias al respecto.
Y lo que usted me indica que es también, digamos, otra confesión muy interesante, es de que existe ya no la ley ni el reglamento; es de la costumbre en donde no escrita, donde están establecidas ciertas circunstancias que se están considerando y que creo que es materia también para la procedencia de la iniciativa que se propuso en la Cámara de Diputados y una actualización de la reglamentación correspondiente, que es la Ley de Ascensos y Recompensas. Muchas gracias.
El Presidente: - Continúe la secretaría.
El secretario senador Roberto Anzar Martínez: - En votación económica se pregunta a la asamblea si este asunto se considera suficientemente discutido.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
CONDECORACIONES
La secretaria diputada María Teresa Ortuño Gurza:
"Primera Comisión de Trabajo.
Honorable asamblea: La Primera Comisión de Trabajo suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso, que solicita el ciudadano almirante diplomado de estado mayor naval Tomás Ortega Bertrand, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Gran Cruz de San Olav, que le confiere el gobierno de Noruega.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano almirante diplomado de estado mayor naval Tomás Ortega Bertrand, para aceptar y usar la condecoración de la Gran Cruz de San Olav, que le confiere el gobierno de Noruega.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 6 de septiembre de 1990. - Senador Alfonso Martínez Domínguez, senador Enrique Burgos García, diputada Yolanda García de Vargas, senador Netzahualcóyotl de la Vega García, diputada Claudia Esqueda Llanes, diputado Fernando Antonio Lozano Gracia, senadora María Esther Scherman Leaño, diputado Octavio F. S. Moreno Toscano, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Sergio Quiroz Miranda, diputado Vicente Luis Coca Alvarez y diputado Fernando Córdoba Lobo."
Trámite: - Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra su votación nominal en conjunto.
La misma Secretaria Diputada:
"Primera Comisión de Trabajo.
Honorable asamblea: La Primera Comisión de Trabajo suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita la ciudadana María del Consuelo Xiques de Orlovits, para que pueda aceptar y usar la condecoración Goldens Ehrenzeichen für Verdienste um Republik Osterreich, que le confiere el gobierno de la República Federal de Austria.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Articulo único. Se concede permiso a la ciudadana María del Consuelo Xiques de Orlovits, para aceptar y usar la condecoración Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um Republik Osterrech, que le confiere el gobierno de la República Federal de Austria.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 30 de agosto de 1990. - Senador Alfonso Martínez Domínguez, senador Enrique Burgos García, diputada Yolanda García de Vargas, senador Netzahualcóyotl de la Vega García, diputada María Claudia Esqueda Llanes, diputado Fernando Antonio Lozano Gracia, senadora María Esther Scherman Leaño, diputado Octavio F. S. Moreno Toscano, senador Blas Chumacero
Sánchez, diputado Sergio Quiroz Miranda, diputado Vicente Luis Coca Alvarez y diputado Fernando Córdoba Lobo.»
Trámite: - Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto...No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
El secretario senador Roberto Anzar Martínez:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable asamblea: La Primera Comisión del Trabajo que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano Embajador Guillermo Ernesto Corona Muñoz, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Estrella ("Bintang Hasa Utama"), en grado de Medalla al Mérito, Primera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Indonesia.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Embajador Guillermo Ernesto Corona Muñoz, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Estrella ("Bintang Hasa Utama"), en grado de Medalla al Mérito, Primera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Indonesia.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 30 de agosto de 1990. - Senador Alfonso Martínez Domínguez, senador Enrique Burgos García, diputada Yolanda García de Vargas, senador Netzahualcóyotl de la Vega García, diputada María Claudia Esqueda Llanes, diputado Fernando Antonio Lozano Gracia, senadora María Esther Scherman Leaño, diputado Octavio F. S. Moreno Toscano, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Sergio Quiroz Miranda, diputado Vicente Luis Coca Alvarez y diputado Fernando Córdoba Lobo.»
Está a discusión el proyecto de decreto...No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
NOMBRAMIENTO
El secretario senador Roberto Anzar Martínez:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable asamblea: En escrito fechado el 25 de septiembre de 1989, el ciudadano profesor Jesús Garibi Hernández, solicita el permiso constitucional necesario para poder aceptar y desempeñar el cargo de Vicecónsul Honorario de la República Dominicana en Guadalajara, Jalisco.
En sesión efectuada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 29 de agosto, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio solicitante prestará al gobierno de la República Dominicana, serán de carácter estrictamente consular, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano profesor Jesús Garibi Hernández, para aceptar y desempeñar el cargo de Vicecónsul Honorario de la República Dominicana en Guadalajara, Jalisco.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 31 de agosto de 1990. - Senador Alfonso Martínez Domínguez, senador Enrique Burgos García, diputada Yolanda García de Vargas, senador Netzahualcóyotl de la Vega García, diputada María Claudia Esqueda Llanes, diputado Fernando Antonio Lozano Gracia, senadora María Esther Scherman Leaño, diputado Octavio F. S. Moreno Toscano, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Sergio Quiroz Miranda, diputado Vicente Luis Coca Alvarez y diputado Fernando Córdoba Lobo.»
Trámite: - Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto...No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal de éste y los anteriores reservados.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señor Presidente, se emitieron 24 votos en pro.
El Presidente: - Aprobados los proyectos de decreto por 24 votos.
El secretario senador Roberto Anzar Martínez: - Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
DENUNCIA
El Presidente: - Se le concede el uso de la palabra al diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán.
El diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán:
«Senador Emilio M. González Parra, Presidente de la Comisión Permanente. - Presente.
Los suscritos, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la comisión que preside, exponemos:
Que con fundamento en los artículos 108, 109, 110 y 79 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6o; 7o; fracción VI, del 9o. al 24 y 37 de la Ley Federal de responsabilidades de los Servidores Públicos, y demás relativos y aplicables, venimos a denunciar las conductas en que han incurrido de manera pública y notoria el señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, licenciado Carlos del Río Rodríguez, que a nuestro modo de ver encuadran en los supuestos del artículo 109, fracción I, de la Constitución Federal y 7o., fracción VI, de la ley reglamentaria correspondiente y se sancionan con la destitución del cargo e inhabilitación mediante juicio político, según lo ordena la propia Carta Fundamental.
Los hechos y fundamentos jurídicos que apoyan la presente denuncia son los siguientes
HECHOS
1. Es público y por ello de todos conocido, que el señor licenciado Carlos del Río Rodríguez es ministro numerario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por ahora, presidente de la misma.
Se trata indudablemente de un servidor público que está obligado por sobre todas las cosas a "guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen" como protestó al tomar posesión de su cargo, en cumplimiento de los artículos 97 y 128 de la Ley Suprema.
Como ministro del más alto tribunal de la República y miembro del pleno, tiene la función de custodiar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vía juicio de amparo y controversias constitucionales; en fin, le corresponde juzgar imparcialmente la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos de los otros poderes, es decir, el Ejecutivo y el Legislativo.
Para lo anterior debe conservarse ajeno a toda influencia política que le impida cumplir eficazmente con la importantísima labor que le ha sido conferida.
Para garantizar la independencia del Poder Judicial de la Federación, la propia Carta de Querétaro incluye artículo expreso, el 101, cuyo tenor literal es como sigue:
"Artículo 101. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los respectivos secretarios, no podrán, en ningún caso, aceptar y desempeñar empleo o encargo de la Federación, de los estados o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia. La infracción a esta disposición será castigada con la pérdida del cargo."
2. Igualmente es público y notorio, ya que fue difundido por todos los medios masivos de comunicación, que en los pasados meses de julio y agosto el licenciado del Río se ausentó del país para acudir como representante del Presidente de la República, y por encargo del mismo, a las repúblicas de Perú y de Colombia, para asistir en calidad de enviado diplomático a las tomas de posesión de los nuevos presidentes de aquellos países, Alberto Fujimori y César Gaviria, respectivamente.
Lo anterior constituye una evidente violación al artículo 101 constitucional que se sanciona con la pérdida del cargo (destitución) a la que debe llegarse a través del juicio político, como se demostrará posteriormente, atento que, la conducta del denunciado compromete gravemente la autonomía del Poder Judicial de la Federación, su ausencia redunda en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y trastorna el funcionamiento normal
del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todo por aceptar un "encargo" de la Federación.
Fundamentos jurídicos de la denuncia
1. Es facultad exclusiva del Presidente de la República según dispone el artículo 89, fracción X, constitucional: "Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado...".
Correlativamente, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala en su artículo 28, fracción I: "A la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde el despacho de los siguientes asuntos: I. Promover, propiciar y asegurar la coordinación de las acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la administración pública federal; y sin afectar el ejercicio de las atribuciones que a cada una de ellas corresponda, conducir la política exterior, para lo cual intervendrá en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en lo que el país sea parte".
Por su parte el artículo 11 del mismo ordenamiento dice: " Los titulares de las secretarías de Estado y de los departamentos administrativos ejercerán las funciones de su competencia por acuerdo del Presidente de la República".
De lo anterior se advierte que es precisamente al titular del Ejecutivo Federal a quien corresponde la representación del Estado Federal Mexicano ante la comunidad internacional, por lo que la Constitución le otorga como facultad la de dirigir la política exterior, lo cual puede hacer por sí o al través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, concretamente de su titular, el Secretario, pero siempre por acuerdo del Presidente de la República.
Ahora bien, si en el derecho interno mexicano las aseveraciones antes realizadas son inobjetables, pues resulta bien claro que el jefe del Ejecutivo Federal es también el jefe de gobierno y representante del Estado Federal Mexicano ante los países extranjeros, en el ámbito internacional la situación es diáfana, pues de conformidad con la Convención de Viena sobre el servicio exterior de 1961, suscrita desde luego por México, los actos diplomáticos corresponden al jefe de gobierno como representante único de cada país, quien puede delegar en sus agentes diplomáticos la ejecución de algunos de ellos (caso de Del Río).
Cabe advertir que según el artículo 133 constitucional son ley suprema de la Unión, la propia Carta Magna, las leyes del Congreso de la Unión que de ella emanen, y los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado; de lo que se concluye que la Convención de Viena es también ley suprema de la Unión.
2. El artículo 101 constitucional, ya transcrito, integra varios supuestos, a saber:
a) Se dirige a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, a los magistrados de circuito, a los jueces de distrito y a sus secretarios.
b) Dice que no podrán en ningún caso aceptar "empleo o encargo" de la Federación, de los estados o de particulares, ni tampoco desempeñarlo.
c) Excluye los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia.
d) Establece como sanción " la pérdida del cargo"
En el caso que se denuncia, el licenciado Del Río aceptó y desempeñó dos encargos de la Federación, consistentes en representar al Presidente de la República en dos diversos actos diplomáticos, como lo fueron las tomas de posesión de los nuevos presidentes de Perú y Colombia.
No representó al gobierno mexicano, porque simplemente no está dentro de las funciones que el artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación le señala como presidente de la Suprema Corte de Justicia; representó al jefe de gobierno y director de la política exterior mexicana, o sea al Presidente de la República, según el 89, fracción X, constitucional, y la Convención de Viena sobre el servicio exterior de 1961, aceptando un "encargo" de la Federación.
Así pues, el titular del Ejecutivo Federal simplemente ejercitó su facultad constitucional de dirigir la política exterior, consideró conveniente pronunciarse en favor de los nuevos gobiernos de Perú y Colombia, y comisionó al licenciado Del Río para que lo representara en dichos actos diplomáticos; éste último aceptó los encargos y acudió a cumplirlos en representación del jefe diplomático mexicano, situación a todas luces indigna de un señor ministro de la Suprema Corte de Justicia y más aún de su presidente.
La única opción fuera de lo hasta aquí considerado es que Del Río hubiera recibido invitaciones personales de los mandatarios del Perú y Colombia para acudir, en plan de amigo, a sus tomas de posesión, y aun en ese evento violaría la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en especial el artículo 100 constitucional pues no
solicitó licencia para tales efectos. Fuera de la posibilidad anterior, el licenciado Del Río aceptó los encargos de la Federación por ignorancia de la Constitución y la ley, por servilismo para con el Presidente de la República, o por ambas cosas, lo cual vulnera el texto del 101 de la Carta Fundamental y el espíritu del Constituyente de Querétaro, amen del sistema de división de poderes e independencia de los mismos, piedra angular en la que descansa el edificio piramidal de la estructura político - jurídica de nuestro país.
¿Qué confianza puede tener el pueblo de México en su justicia federal, salvaguarda de la Constitución de la República, si el poder a quien se encomienda está presidido por un incondicional del Presidente de la República, que lo utiliza como si fuera uno más de sus secretarios de estado. Como podemos esperar que nos ampare y proteja contra las autoridades de los otros poderes si sólo a ellos obedece?
Procedencia de la vía
Evidenciada la violación constitucional al 101, que ha cometido el licenciado Del Río, haremos algunas consideraciones sobre la procedencia del juicio político.
Dice el artículo 109 constitucional: "I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 (destitución del cargo e inhabilitación para desempeñarlo), a los servidores públicos señalados en el mismo precepto (entre los que están los ministros de la Suprema Corte), cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho".
Por su parte, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; artículo 6o.: "Es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos a que se refiere el artículo anterior (que remite al 110 constitucional), redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho"; y el artículo 7o.: "Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho: VI. Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones".
En el caso que nos ocupa hubo una infracción a la Constitución reiterada en dos ocasiones. Redundó en perjuicio de los intereses públicos, ya que es de claro y evidente interés público que se respete el principio de división de poderes establecido en el artículo 49 constitucional, sobre todo la independencia y autonomía del Poder Judicial de la federación a quien se encomienda la guarda de la propia Ley Suprema. ¿Puede exigirse mayor interés público?
Sin perjuicio de lo anterior, la conducta del licenciado Del Río perjudica "el buen despacho" o el "funcionamiento normal" del pleno de la Suprema Corte de Justicia (textual), y pasamos a demostrarlo.
El hecho de que el Tribunal Pleno de la Corte se integre con 21 ministros no es un capricho, se trata de un número no para impedir los "empates" en la votación, de tal suerte que cualquier asunto de la competencia de este órgano judicial queda aplazado, hasta que el presidente regrese y se pueda retomar el problema, lo cual paraliza, trastorna, el normal funcionamiento del supremo tribunal del país, máxime en la situación en que se encuentra pues resulta bien sabido que existe una profunda división entre los señores ministros propiciada precisamente por Del Río, al grado tal que en muchos de los asuntos administrativos internos de la Corte y, desde luego, también en la resolución de negocios jurídicos competencia de tal órgano priva el consabido empate de diez contra diez, balanza que el presidente inclina hacia el grupo que lo apoya.
Así pues y en lo que toca la impartición de justicia, los juicios también pueden quedar detenidos por empate en la votación hasta que el presidente regrese de cumplir con el encargo que le confirió la Federación a través del Presidente de la República en misión diplomática que desde luego no le atañe, todo lo cual, además, viola otro precepto constitucional, el 17 que proclama como garantía individual la administración de justicia pronta y expedita, derecho individual paradójicamente transgredido por quien preside el poder a quien se encomienda la guarda de la Carta Magna.
Luego, hay infracción a la Constitución que redunda en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y además motiva serios trastornos en el funcionamiento normal de las instituciones; por ello, procede el juicio político.
Por último, conviene aclarar tres cuestiones brevemente:
a) Cuando el artículo 101 constitucional prohibe la aceptación de "empleos o encargos" se refiere, en el primer supuesto a un trabajo sujeto a ciertas condiciones de permanencia y retribución especial; en el segundo a cuestiones incidentales y no
necesariamente realizadas a cambio de emolumentos recibidos precisamente por la ejecución del encargo.
A la segunda especie pertenece el presente caso, pues se aceptaron y desempeñaron encargados específicos de la Federación y no retribuidos singularmente (salvo los viáticos que seguramente se recibieron), pero de todas formas se encuadra en el artículo a comento.
b) Los encargos aceptados y desempeñados por el licenciado Del Río no son de los que sí se permiten, porque no se trata de un "cargo no remunerado en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia."
c) Los encargos fueron de la "Federación " en los términos que señala el propio artículo 101 multicitado.
Para el efecto debemos atender el artículo 40 constitucional cuyo texto reza: "Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta ley fundamental"; en relación íntima con lo anterior el artículo 42, fracción I, constitucional señala: "El territorio nacional comprende: I. El de las partes integrantes de la Federación".
Así se desprende que la Federación para el Constituyente está integrada por todos y cada uno de los estados que forman parte de nuestra República, quien se presenta como un Estado Federal Mexicano ante la comunidad internacional; pues bien, si la propia Carta Magna, como ya se indicó, otorga al Presidente de la República la facultad de dirigir y planear absolutamente todo lo que a relaciones internacionales se refiere, al encomendarse al licenciado Del Río la ejecución de los actos diplomáticos en cuestión, se trata nada menos de un encargo de la Federación misma.
El Presidente de la República representa al Estado Federal Mexicano (Federación), ante los países extranjeros, y el licenciado Del Río representó al representante. Si tomamos en consideración que la figura de la representación permite al representante realizar actos en nombre y a cuenta de su representado, el titular del Ejecutivo Federal en el ámbito internacional, actúa a nombre de la Federación, y Del Río a nombre del Presidente de la República, como un agente diplomático para asistir a dos actos protocolarios ante gobiernos extranjeros.
En síntesis, cuando el artículo 101 constitucional prohibe a los ministros de la Suprema Corte desempeñar un empleo o encargo de la Federación, simplemente se refiere a que no pueden ni de manera permanente ni incidental, ni gratuita ni onerosamente, llevar a efecto otra función federal; el licenciado Del Río realizó funciones diplomáticas que son del resorte federal, violando la prohibición aludida, y el argumento está cerrado.
En este orden de ideas, resulta irrelevante el que Del Río haya representado al Presidente de la República, o no, sencillamente llevó a efecto un encargo de naturaleza federal distinto a sus funciones de ministro.
Esta última interpretación es apegada estrictamente a la literalidad del artículo 101 y por ello, aunque escueta, inobjetable.
Por último, el hecho de que el ministro decano cubra las ausencias temporales del presidente de la Corte, no desempata la votación en el pleno, pues la asistencia sigue siendo de 20 ministros.
Precedente
Es pertinente señalar que en otras ocasiones De Río ha incurrido en la misma falta, y lo que resulta peor, lo ha reconocido y publicado en el informe de labores correspondientes al año 1989, primera parte, pleno, página 49, donde textualmente se indica: "marzo 16. El señor presidente Carlos del Río Rodríguez informó que viajará al extranjero a dar conferencias y tener una reunión con jueces federales por encargo del Presidente de la República, regresará hasta a mediados de la última semana del mes de marzo"; no importa a qué fue, sino por encargo de quién, pero lo transcrito es más que elocuente.
Pruebas
Con fundamento en los artículos 12 y 37 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se solicita desde ahora, y por así permitirlo expresamente el último de los artículos citados, que se giren oficios a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Presidencia de la República y a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que envíen a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los originales de las constancias que integran los expedientillos que debieron formarse con motivo de los encargos conferidos al licenciado Del Río para acudir a las tomas de posesión de los presidentes de las repúblicas de Perú y Colombia en los meses de julio y agosto pasado, respectivamente.
Lo anterior procede, ya que se trata de actuaciones concluidas, pues los incidentes terminaron con el
cumplimiento por parte del denunciado de los encargados relativos.
El precepto en cuestión ordena: "las secciones o las cámaras podrán solicitar, por sí o a instancia de los interesados, los documentos o expedientes originales ya concluidos, y la autoridad de quien se soliciten tendrá la obligación de remitirlos. En caso de incumplimiento, se aplicará la corrección dispuesta en el párrafo anterior...".
Con esas pruebas es suficiente para demostrar plenamente todos los extremos de esta denuncia, y en el evento de que no haya documento alguno, se registrará otra violación constitucional más, ahora el artículo 16, pues faltará el mandamiento escrito, proveniente de autoridad competente, fundado y motivado a que el dispositivo alude, lo cual evidenciaría el sometimiento del presidente de la Corte, ya que aún verbalmente recibió los encargos del titular del Ejecutivo Federal.
Por lo expuesto y fundado, a esa honorable Comisión Permanente se
SOLICITA
Primero. Tenernos por presentados haciendo de su conocimiento los hechos y fundamentos de esta acusación.
Segundo. Ordenar la ratificación de la denuncia dentro de tres días naturales, como lo ordena el artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Tercero. Girar los oficios a que se refiere el capítulo de pruebas de esta denuncia, para que ya examinados los expedientes originales, estar en aptitud de enviarla a las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia y se proceda a la incoación del procedimiento.
Cuarto. Inmediatamente después, turnar a la Sección Instructora de la Cámara, para que dé vista al denunciado y comparezca a deducir sus derechos.
Quinto. Seguidos los demás trámites especificados por la ley de la materia, y en términos de lo dispuesto por el artículo 17, fracción IV de la propia ley se envíe la declaración correspondiente a la Cámara de Senadores, designándose una comisión de tres diputados para que sostengan la acusación con fundamento en el artículo 21 de la misma ley.
Sexto. Para los efectos de oír y recibir notificaciones, se señala el Palacio Legislativo, Edificio "H", cuarto nivel, oficina de la Coordinación de la Diputación.
Asimismo, se designa como representante común al ciudadano diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán.
Además de los fundamentos citados al principio y en el transcurso de esta denuncia, se señalan los artículos 79, fracción III, 176 y 179 del Reglamento Interior y 113 de la Ley Orgánica.
Respetuosamente.
Sala de sesiones de la Comisión Permanente, septiembre 19 de 1990. - Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Comisión Permanente: María Teresa Ortuño Gurza, Astolfo Vicencio Tovar, Fernando Antonio Lozano Gracia y Leopoldo Homero Salinas Gaytán.»
«Excelentísimo señor ingeniero Alberto Fujimori, Presidente Constitucional del Perú.
Excelentísimo señor Presidente: Me es particularmente grato dirigirme a Vuestra Excelencia, para expresarle la felicitación más cordial de mi gobierno con motivo de su toma de posesión como Presidente de la República del Perú.
Ante la imposibilidad personal de atender su amable invitación para estar presente en tan significativo acto, el señor licenciado Carlos del Río, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezará la misión especial que llevará la representación de México a los actos de transmisión del mando.
Estoy cierto de que bajo su gobierno, el Perú logrará avanzar en la consolidación de la democracia y el bienestar del pueblo peruano.
Con este motivo, me complace ratificarle la abierta disposición de mi gobierno por acrecentar aún más las cordiales relaciones de amistad y de cooperación que existen entre nuestros dos países, objetivo sobre el que seguramente habremos de encontrar oportunidad de conversar en un próximo encuentro personal.
Al expresarle, señor Presidente, mis mejores deseos por su ventura personal y la del pueblo peruano, aprovecho la oportunidad para renovarle las seguridades de mi más alta consideración y personal estima.
Los Pinos, Distrito Federal, a 28 de julio de 1990. - Carlos Salinas de Gortari, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.»
El Presidente: - El senador Muñoz Ledo, tiene la palabra.
El senador Porfirio Muñoz Ledo: - Con su venia, señor Presidente: Ha sido tan completa y tan exhaustiva desde el punto de vista de la recepción jurídica la propuesta formulada por el representante del Partido Acción Nacional, que yo me limitaré a formular algunos comentarios de carácter político y constitucional que, desde luego, están destinados a apoyarla y a complementarla.
El origen de estos hechos irregulares se da, y ahí está el fenómeno político de fondo, en un creciente desinterés del gobierno en su rama ejecutiva, por la atención de importantes eventos internacionales en los que podría reflejarse o debería reflejarse la pluralidad y la diversidad de nuestro comportamiento político internacional.
Ya se ha vuelto una costumbre que, por ejemplo, a la toma de posesión de un Presidente latinoamericano, acuda más de una media docena, a veces el mayor número de jefes de Estado de países relevantes en la región, jefes de Estado que tienen evidentemente también muchas ocupaciones, y sin embargo, acuden a esos encuentros, encuentros que dan motivo además a diálogos regionales o subregionales entre jefes de Estado.
Cuando esto no ocurre así, es también la costumbre diplomática internacional que casi invariablemente en los casos en que comentamos y al que se refiere la denuncia que hoy ha sido correctamente formulada, que son las de tomas de posesión de jefes de Estado, acude casi siempre el responsable directo de la política exterior, esto es, el Secretario o Ministro de Relaciones Exteriores o jefe de la Cancillería, por una sencilla razón, porque éstos no solamente son encuentros ceremoniales, sino insisto, dan motivo a diálogos, a acuerdos, muchas veces a declaraciones conjuntas, y debe haber alguien responsable de la conducción de la política exterior que éste ahí presente; si no puede ir por algún caso de fuerza mayor el responsable de la Cancillería, es la costumbre que vaya otro Secretario de Estado, y acompañado de miembros de alto nivel, subsecretarios en general de la propia Cancillería.
Hace algunos años, no muchos, el fenómeno, claro, va acentuándose conforme va haciéndose palpable el desinterés de nuestro gobierno respecto de lo que pasa en otras regiones del mundo, que esa costumbre se ha perdido, y que se conciben éstos como actos de protocolo y se envía a alguien como si fuera un objeto de utilería para que se retrate en estas ceremonias.
Narro un caso que resultó o que hubiera resultado francamente grotesco de haberse culminado el propósito, lo narro como anécdota ilustrativa de cómo comenzaron estos desaciertos, me refiero a los funerales de la Primera Ministra de la India, Indira Gandhi, que era a su vez en el momento de morir Presidenta de los no Alineados. ¿Cuál sería nuestra sorpresa cuando nos enteramos por la vía diplomática que el gobierno de México había designado como su representante al Presidente del Partido Revolucionario Institucional?; éste es un hecho histórico comprobado, afortunadamente nos enteramos a tiempo de tal despropósito e hicimos ver a la Cancillería mexicana que era simplemente grotesco, porque al mismo tiempo estaba revelando el carácter totalitario de la intención gubernamental, designando al presidente de un partido que desde ese mismo momento estaba reconociendo como el partido del gobierno, es decir, como un partido de Estado, una representación en nombre del Estado.
Afortunadamente ese viaje no tuvo lugar, aunque el nombramiento no se cambió, y en su lugar tuvo que ir a última hora un embajador de México que estuvo en las fotografías junto a los jefes de Estado.
El despropósito ha venido acentuándose en tiempos posteriores, hasta llegar a estas simulaciones que revelan muchas cosas; la primera, ya la hemos dicho, desinterés verdadero en el aspecto sustantivo y no sólo protocolario, que representan para la política exterior del país estos eventos; dos, el carácter subordinado que se da a los jefes y a los representantes de otros poderes.
La invitación no es al Estado mexicano en la abstracción, es una invitación al Ejecutivo como responsable de la política exterior. Aquí se argumenta frecuentemente cuando se quieren minimizar las facultades concurrentes del Congreso de la Unión o de la Cámara de Senadores, y en este caso de la Comisión Permanente en materia de política exterior, que el responsable de la política exterior es el Ejecutivo y lo es constitucionalmente, aunque para nombramientos y otras cuestiones haya facultades concurrentes, sobre todo en materia de tratados y convenciones. Pero cuando se trata de este tipo de asuntos, entonces ya resulta que el responsable no es el Ejecutivo, sino que somos todos los poderes, que tenemos al mismo título la posibilidad de asistir a nombre del gobierno.
La verdad en materia política, diplomática y protocolaria, es otra. Al que se esta invitando es al Ejecutivo o a representantes del mismo Ejecutivo, y no hay razón alguna para transferir este nombramiento a otro poder. Esto resulta tan extravagante como si en esta Comisión Permanente, que recibiera la invitación para que la representación del Congreso de la Unión enviara a
alguien a una ceremonia internacional, y nosotros tomáramos la decisión de enviar a Carlos Salinas de Gortari, exactamente igual. El Poder Legislativo le dice, en un oficio, contesta que esa carta que acaba de leer el señor diputado, que en virtud de la imposibilidad personal que tiene don Emilio González Parra, Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ha decidido nombrar en su lugar al ciudadano Carlos Salinas de Gortari, es exactamente igual en términos de división y de respeto entre los Poderes de la Unión, o tan extravagante como si la Suprema Corte de Justicia recibiera, como se recibe, porque se reciben ese tipo de invitaciones también, se puede invitar al Legislativo y a veces se puede invitar al Judicial, recibe una invitación y toma la decisión de en su lugar, y en virtud de su imposibilidad personal, nombrar al señor Guillermo Jiménez Morales. El señor va por un nombramiento, por un oficio, por una llamada telefónica, que le da el Presidente de la Suprema Corte.
Es una inconsecuencia, es una extravagancia, no sólo es un hecho inconstitucional, es un hecho grotesco, y revela el carácter de subordinación que se da a otros Poderes de la Unión.
Que no se vaya a argüir en este caso que el Jefe del Ejecutivo es además el jefe del Estado, lo es en cuanto cabeza de todas las instituciones nacionales, pero en el marco preciso del artículo 49 constitucional, el Poder de la Federación se divide para su autoejercicio, en tres distintos poderes.
Nosotros consideramos que ahora que se habla a boca llena y cabeza vacía, tanto de la reforma del Estado, ésta sea una de las primeras transformaciones a las que tengamos que hacer frente: que se termine el carácter subordinado que se le otorga a los jefes de otros poderes, y que exista un respeto entre las instancias que nuestra Constitución define.
Esta es la razón por la que, independientemente de que coincidamos en todo o en parte en el procedimiento jurídico que se intenta y en la totalidad de los razonamientos, estimamos que este asunto debe ser motivo de un gran debate nacional, y que sirva de ejemplo para que no se siga cometiendo este tipo de desacatos, que deshonran a otros poderes y que mucho también ridiculizan nuestra conducta en el exterior. Muchas gracias.
El Presidente: - Por ser un asunto de la exclusiva competencia de la Cámara de Diputados, se turna a dicha Cámara esta demanda de juicio político, sin prejuzgar respecto a los puntos petitorios del documento referido.
SOBRE LAS ISLAS DEL ARCHIPIÉLAGO DEL NORTE
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Vicente Luis Coca Alvarez.
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez: - En este mes de la patria, sin hacer alarde patriotero o chauvinista, con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores: Daré a conocer a ustedes el dictamen que la subcomisión encargada de la investigación de la nacional de las islas del archipiélago del norte, de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, ha dictaminado al respecto.
Independientemente de que es un asunto que conocerá el pleno de la Cámara de Diputados, por su extraordinaria importancia daré a ustedes lectura del documento materia del dictamen.
El día 6 de octubre de 1988, el grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, presentó al pleno de esta Cámara de Diputados una propuesta para integrar una subcomisión que analizara la situación de las islas: Santa Rosa, Santa Cruz, Santa Catarina, Anacapa, Santa Bárbara, San Clemente, San Miguel, San Nicolás y los Farallones, que en 1848 convertían el archipiélago del norte en territorio nacional.
Dicha propuesta fue turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores, la cual determinó formar una subcomisión de estudio, integrada con 11 diputados pertenecientes a los distintos grupos parlamentarios, quienes como primera parte de sus trabajos obtuvieron de diferentes archivos copias de los antecedentes históricos, tratados internacionales, notas diplomáticas, planos y documentos legales, entre otros para su análisis.
Desde la integración de la citada subcomisión hasta la fecha, se han realizado indagaciones en varios aspectos históricos y jurídicos, incluyendo consultas con especialistas en diversas materias tanto de nuestra cancillería, como de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México.
Con la recopilación y estudio de los documentos obtenidos y después de ponderar la opinión de los especialistas en la materia, los integrantes de la subcomisión dejaron asentado que en sus trabajos les guió el más alto espíritu patriótico y una gran responsabilidad ante las generaciones venideras.
Que la historia enseña que el territorio de nuestro país fue objeto de las ambiciones de dominio de otras naciones poderosas del mundo que lo
invadieron en diversas ocasiones; empero, México, igual que otras naciones en vías de desarrollo, al fincar su presencia en el concierto de las demás naciones del orbe, en los principios fundamentales señalados en el derecho internacional y la doctrina y el pensamiento nacionalista de nuestra política exterior, puede y debe insistir en gestiones reivindicadoras de las posesiones territoriales insulares que fueron injusta y artificiosamente sustraídas de la soberanía nacional; que no se debe perder de vista que la nación juzgará con energía si nuestros actos no velan por los más altos intereses nacionales de hoy y del mañana y del posible cambio de las consideraciones del derecho internacional, su legislación y aplicaciones podrían ser más promisorias y favorables, en vista de lo cual propusieron fincar los postulados de las acciones posteriores.
Los trabajos de la subcomisión fueron hechos del conocimiento de los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, quienes consideraron la importancia y la trascendencia del asunto sometido a su consideración, y en tal virtud, la mayoría de sus integrantes decidieron proponer, el siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Primero. Recomendar al Poder Ejecutivo Federal, que realice las acciones diplomáticas respecto a las islas que conforman el Archipiélago del Norte, sujetas a los lineamientos de nuestra política internacional que sirvan de sustento para acciones futuras.
Segundo. Que el Ejecutivo Federal gestione información de casos similares acontecidos entre otras naciones, y que hubieren sido motivo de litigio ante la Corte Internacional de La Haya.
Tercero. Recomendar al Ejecutivo Federal, que por conducto de la Secretaría de Estado correspondiente, se giren instrucciones al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, para que en la cartografía e inventario de islas, cayos y arrecifes nacionales, queden incluidas como parte integrante del territorio nacional, las islas Santa Rosa, Santa Cruz, Santa Catalina, Anacapa, Santa Bárbara, San Clemente, San Miguel, San Nicolás y Los Farallones del Archipiélago del Norte.
Cuarto. Recomendar que se fomente la conciencia ciudadana en este sentido, haciendo especial mención en los libros de texto de historia nacional.
Quinto. En virtud de que corresponde al Senado de la República conocer el tema de asuntos internacionales, turne la Presidencia de esta Cámara, se refiere a la Cámara de Diputados, este documento para la atención que proceda, a la colegisladora.
Honorable Cámara de Diputados, a 13 de julio de 1990. - Firmado por los diputados federales: Liborio Pérez Elorriaga, del Partido Revolucionario Institucional; Alfredo Manuel Arenas Rodríguez, del Partido Acción Nacional; Jesús Luján Gutiérrez, del Partido Popular Socialista; Gregorio Urías Germán, del Partido de la Revolución Democrática; Osiris Samuel Cantú Ramírez, del Grupo Independiente; José Enrique Rojas Bernal, del Grupo Independiente; por la subcomisión, el diputado federal Vicente Luis Coca Alvarez, además del diputado José Murat, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la honorable Cámara de Diputados y la diputada María Elena Chapa Hernández, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores.»
Es cuanto, señor Presidente.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Sergio Quiroz Miranda.
El diputado Sergio Quiroz Miranda: - Señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: He solicitado el uso de la palabra para hacer algunos comentarios en relación a un asunto que para nosotros, en el Partido Popular Socialista, es de la mayor importancia, y se refiere también a un discurso que pronunció el señor secretario de Relaciones Exteriores, Fernando Solana, en la ceremonia oficial del CLXXX aniversario de la Independencia de México.
El señor Secretario hizo algunas afirmaciones, que desde luego nosotros compartimos sobre los riesgos, sobre los peligros, sobre las asechanzas y que no sólo compartimos, sino que hemos desde hace algunos años, hecho las mismas advertencias que se ciernen sobre la nación mexicana en relación con su independencia económica y política.
Algunos de los pronunciamientos del señor Secretario son los siguientes, en este contexto, después de haber examinado o caracterizado lo que a su juicio es el panorama internacional, dice:
"En este contexto, son las grandes empresas mundiales las que van concentrando cada vez más decisiones que determinan cada vez en mayor medida el empleo, el desarrollo tecnológico, la producción, las balanzas comerciales y los niveles de vida de muchos países del mundo.
Y simultáneamente, continúa, se perciben ya ciertas pretensiones de hegemonía ideológica, se identifica la derrota de los sistemas con la de las doctrinas y se aspira al absolutismo de las ideas que se consideran en sí mismas vencedoras.
Desde algunos países industrializados, continúa el señor Secretario, se pretende exportar y aún universalizar la idea comercial de la democracia, en la que poca o ninguna diferencia queda entre la venta de productos y la de candidatos; surgen nuevas formas de intolerancia que acompañan una visión lineal de la historia, visión que no tiene ojos para lo que les ocurre a miles de millones de miserables que habitan no sólo en los países del sur, sino también en algunos del norte."
Otra de sus expresiones es la siguiente: "un nuevo mundo está en construcción; liquidado el equilibrio bipolar, en Europa se organiza un sistema de seguridad regional apoyado en el consenso de Estados Unidos; en varias partes del planeta, viejos conflictos regionales se están resolviendo por medio de la negociación política.
Las Naciones Unidas han asumido una función preponderante en las gestiones en favor de la paz y la cooperación, pero aquí puntualiza una cuestión realmente importante, aunque a algunos países preocupan cada vez más los espacios que está ocupando el Consejo de Seguridad en detrimento de la Asamblea General de las propias Naciones Unidas".
En otra parte de su discurso, dice: "de ahí también surgen intentos por universalizar una democracia de exportación, en la cual la manipulación comercial sustituye a la voluntad política autónoma de los votantes; es una democracia que se maneja con los criterios, la técnicas y los costos del mercado más sofisticado y que no necesariamente es aplicable a pueblos cuyas condiciones históricas y sociales son diferentes.
En la hora actual de nuestra independencia, dice más adelante, también se ve amenazada por intentos de debilitar el derecho internacional y de convertirlo en instrumento de un solo designio político, se pretende someter a revisión los principios fundamentales que regulan la convivencia entre los estados.
Al principio de soberanía se le quiere subordinar a la idea de interdependencia, y por último, enfrentamos intentos por condicionar la cooperación internacional, al cumplimiento de exigencias políticas establecidas por los países dominantes".
Estas son algunas de las expresiones importantes, que más bien constituyen una denuncia por parte del señor Secretario de Relaciones Exteriores, y desde luego, que todos advertimos, ¿quién es el destinatario?, creo que en esto no hay ninguna duda.
Los peligros, las amenazas y las asechanzas que denuncia el señor Secretario de Relaciones Exteriores, han sido advertidas por nosotros, por el Partido Popular Socialista, fundamentalmente, desde que se empezó a aplicar en México la política neoliberal con Miguel de la Madrid en 1982 y hemos advertido también que en su profundización con el actual Presidente de la República, estas asechanzas se iban a multiplicar en relación directa de las medidas de política económica que el gobierno ha emprendido para someternos y supeditarnos más a la economía estadounidense, con el pretexto de resolver la miseria del pueblo y de generar, supuestamente, más empleos para los mexicanos.
En sí mismo, me parece que el discurso del señor Secretario se refiere fundamentalmente a un punto que está a discusión y debate y que lamentablemente esta soberanía se ha mantenido ajena por desconocimiento, porque no hemos sido informados, porque no hemos sido enterados de lo que constituye el llamado Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, de las condiciones que implícitamente se derivan de esta denuncia del señor Secretario, pretende imponernos el imperialismo norteamericano y que seguramente son inaceptables hasta para quienes han defendido el proyecto neoliberal.
Estamos viviendo una etapa en la que se exaltan las virtudes de lo que se denomina el libre mercado o el libre comercio, y en realidad es un término mal aplicado. Se habla de libre mercado; la reunión de los seudointelectuales de una revista de circulación nacional, todos pagados y financiados por Televisa, también dio abundantes muestras de elogios a la economía de libre mercado, ¿pero existe realmente el libre mercado en el capitalismo?, y dice: "¡se acabó la etapa de la intervención del Estado en la economía, porque esa frenaba y asfixiaba la libertad de comercio!", pero la realidad es la siguiente: ¿o es el Estado el que impone las reglas del mercado o son los monopolios los que las imponen?
Estamos viviendo desde hace ya muchos años en México la etapa capitalista de los monopolios, no estamos en el siglo pasado cuando aún no se integraban, no se concentraba el capital, en virtud de una ley económica objetiva, que es la de la concentración del capital. No estamos viviendo la etapa de los inicios de la época mercantil, estamos en la plena etapa del dominio de los monopolios.
¡Y en los países subdesarrollados como el nuestro, o es el Estado el que impone las reglas del juego o son los monopolios! ¡No hay tal libertad de comercio!; sin embargo, los panegiristas del llamado libre comercio, quienes defienden a ultranza ese tratado, que por cierto y por lo dicho por el señor Secretario es ignominioso e inaceptable, en cuanto a las condiciones y a las pretensiones de los Estados Unidos, hablan de que "va a dar empleos", fundamentalmente ése es un argumento principal: "es un instrumento para generar los empleos que requiere la nación mexicana en este momento".
¡Lo mismo dijeron de las maquiladoras!, que iba a resolver el problema del desempleo en nuestro país, ¡pero no lo resolvió!; ¡las maquiladoras no han resuelto el problema del desempleo de la población económicamente activa! por una sencilla razón: "las maquiladoras han incorporado en nuestro país a una nueva fuerza de trabajo, la fuerza de trabajo infantil", ¡la mayor parte de los empleados de las maquiladoras tienen una edad que fluctúa entre los 13, 14 a 18 años de edad!
Yo vivo en un lugar, en un estado en donde están ubicadas la mayor parte de las maquiladoras del país, y me consta personalmente esta situación. ¡No resolvieron el problema de la población económicamente activa desempleada; incorporaron una nueva población para superexplotarla más, porque un niño no tiene conciencia de clase ni podrá tenerla, salvo que sus padres hayan sido obreros, salvo que tres o cuatro años haya sido sometido a la superexplotación, como lo son en las maquiladoras!
Ahora con el Tratado de Libre Comercio se dice: "vamos a resolver el problema principal, la demanda principal de nuestro país que es el empleo", ¿qué otra virtud se le encuentra al Tratado de Libre Comercio?, ¡que vamos a crecer!, ¿que vamos a lograr el crecimiento económico del país, por la vía de las exportaciones?
¡Otra falsedad, otro mito que se cae por sí mismo, sencillamente cuando vemos las estadísticas y nos enteramos que el 90% de las empresas exportadoras de México son los grandes monopolios transnacionales! ¿De qué manera los mexicanos vamos a crecer si el sector externo de la economía está en manos extranjeras?
Otro de los argumentos, muy socorridos por cierto, por los legisladores aquí presentes del Partido Revolucionario Institucional, es de que estamos viviendo un mundo interdependiente, que no podemos aislarnos, que si nosotros nos aislamos entonces estamos generando el retraso, el atraso económico, político y nos iríamos totalmente de la autarquía al aislamiento y a la pobreza extrema, y que entonces la interdependencia implica, de ahí derivan una conclusión absurda, en base a que hay una gran interdependencia en las comunicaciones, en los transportes, en las relaciones de los países, entonces debemos someternos a los Estados Unidos, ¡así resuelven el problema de la interdependencia!
Y finalmente dicen que estamos en la etapa de la economía de exportación, que ya concluyó la etapa del proteccionismo en México, que esa etapa está cancelada, que rindió sus frutos, que efectivamente, en un aire de perdonavidas dicen: fue buena, dejó algo para el país, la etapa de sustitución de las importaciones creó bases para la industria, etcétera, fue buena, fue positiva, pero ya le pasó su etapa, su época, su, dijéramos, posibilidad de algún éxito para el desarrollo económico del país, y estamos en una etapa en la que el sector externo debe multiplicarse y, sobre todo, debemos considerar que estamos viviendo la etapa de la apertura total de la economía de todos los países del mundo, y ponen como ejemplo algunos: a Japón, y dicen: ¡vean, ahí está Japón!, ¡gracias a que es un país de una economía abierta, es un país industrializado, portador, con un superávit en todos los renglones de la economía, con un producto interno bruto superior al de todo el mundo, y con un sector externo que domina, incluso supera a los Estados Unidos.
Se les olvida que el poderío económico del Japón no surgió, no se consolidó en las exportaciones sino al revés, si ha habido el ejemplo de algún país del mundo que ha ejercido un mayor proteccionismo a su industria, es precisamente Japón.
Hay muchos estudiosos de lo que se considera "el milagro japonés", que no es ningún milagro, pero que sí han hecho las consideraciones apoyándose en las normas de un trabajo científico.
Hay un estudioso japonés de apellido Morishima y que tiene un libro de circulación común, que se denomina "¿Por qué ha triunfado el Japón?", en una de sus partes dice textualmente lo siguiente: como veremos más adelante, a fines del período Tokugawa, y mientras había en el país una gran polémica por continuar el aislamiento y cerrazón o iniciar la apertura del país, los partidarios del aislamiento extremo podían ser desdeñados por su anacronismo, la familia achicada empezaba a perder el dominio del gobierno feudal y militar y realizaban entre sí los señores de la guerra de varias provincias, relaciones con científicos y técnicos de occidente, pero la obtención de productos orientales por la vía de la importación puramente económica era muy difícil; uno de los principales
caminos por los cuales podían conseguirse, era la mediación de algunos misioneros cristianos.
Por último, en 1639 prohibieron la entrada a todos los occidentales, exceptuando únicamente a los mercaderes holandeses y señala todas las etapas de la vida política y económica de Japón, caracterizada exactamente por un profundo proteccionismo a sus fuerzas productivas nacionales, tanto en la industria como en la agricultura.
Dice: de este modo, la política aislacionista evitó que la economía se especializase en las industrias primarias y permitió disponer de industrias manufactureras más o menos importantes; la relativa facilidad con que el gobierno de Meiji logró industrializar a Japón, fue debido en parte a que ya poseía talleres para la fabricación de pólvora, astilleros y otras factorías generadas con el trabajo de los japoneses.
Quienes hayan abrevado en algunos libros o documentos sobre la historia económica de Japón, podrán comprobar que Japón pasó a impulsar su sector externo solamente cuando tuvo un mercado interno muy bien desarrollado, cuando tuvo resueltos los problemas de una economía consolidada internamente y una tecnología que podía desarrollarse a sí misma para las exportaciones.
Pero también nos ponen el caso de los Estados Unidos y nos dicen: ahí están los Estados Unidos, la primera potencia mundial desde el punto de vista económico, con un mercado abierto a las exportaciones, pero eso es falso. Si nosotros examinamos todavía en la actualidad cuál es la política que caracteriza al sector externo de los Estados Unidos, es una política profundamente proteccionista y lo estamos sintiendo sobre nuestros productos, incluso en la etapa del Tratado de Libre Comercio, con la desfachatez incluso de decidir lo que desean sin importarles la conducta de México, han impuesto recientemente medidas proteccionistas al cemento procedente de nuestro país y le han aplicado sanciones que van entre el 50% y el 60%; es decir, impuestos adicionales que deben pagar las exportaciones mexicanas y ahora están demandando que se impongan esas políticas proteccionistas a los productos electrónicos, fundamentalmente a las televisiones que son armadas en las maquiladoras mexicanas.
Entonces los países que han crecido gracias a las exportaciones, lo han hecho fundamentalmente primero desarrollando su mercado interno, desarrollando sus fuerzas productivas y desarrollando su tecnología. Conviene entonces hablar de cuáles son los riesgos de los cuales se deriva seguramente el discurso del señor Secretario. El primer aspecto a considerar es, a mi juicio, o que no puede quedar al margen de un análisis de las virtudes o de lo negativo de un Tratado de Libre Comercio, es el desarrollo tecnológico. Nosotros no tenemos un desarrollo tecnológico que nos permita competir con el mercado norteamericano, nuestro desarrollo tecnológico es verdaderamente incipiente, se reduce a la tecnología que han desarrollado las grandes empresas transnacionales, que es tecnología obsoleta la que trasladan hacia acá y los proyectos tecnológicos, de desarrollo tecnológico de los mexicanos, no ha sido impulsado por el sector productivo de México.
En años pasados, no del presente, pero en años pasados, en las décadas pasadas, el único sector que impulsó la tecnología propia fue el sector estatal de la economía, Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y otras empresas del Estado, pero la iniciativa privada jamás se ha preocupado en México, ni se preocupó jamás, ni se va a preocupar, porque por eso llama a las empresas extranjeras, por desarrollar tecnología propia.
América Latina participa apenas con el 1% de la tecnología mundial, en tanto los países industrializados lo hacen con el 97%. ¿De qué manera nosotros con ese atraso tecnológico podemos competir en un libre mercado con los Estados Unidos?
Otras de las consideraciones inevitables para hacer un balance de las posibilidades de que este tratado trajera beneficios para el país, es el del volumen de nuestras exportaciones a los Estados Unidos comparado con las importaciones. México vende menos del 1% del consumo total de los Estados Unidos. Dependemos en términos globales en un 70% del mercado norteamericano, sea en las importaciones o en las exportaciones.
Entonces lo que se deriva de esa situación no es someternos más a una dependencia que profundice este porcentaje del 70% al 100%, sino al contrario, la demanda lógica que surge, haciendo a un lado cualquier situación ideológica, sino más bien práctica, es la diversificación del mercado y no el sometimiento o la profundización hacia un solo mercado, como la que tenemos en este momento y que se llevaría a cabo precisamente con el Tratado de Libre Comercio.
Otra de las consideraciones es el gran poder económico que ya tienen los Estados Unidos en nuestro país. Son dueños de las cuatro quintas partes por lo menos de nuestro comercio internacional, más del 80%, algunas cifras dicen el 90%, un poco más, del sector externo de la economía mexicana, pertenece a las empresas norteamericanas. ¿Cuál es entonces pues el beneficio para nuestro país?
Otra de las situaciones que debemos considerar es nuestra balanza deficitaria comercial con los Estados Unidos. En este momento importamos poco más del 100% de lo que exportamos a los Estados Unidos.
Todo esto, esta apertura indiscriminada a los productos norteamericanos, ha generado, y lo hemos dicho aquí en repetidas ocasiones, una inaceptable, inadmisible contracción del mercado interno, una situación catastrófica de la agricultura nacional. Estamos importando millones de toneladas, cerca de 13 millones de toneladas de granos y alimentos, aun costo sumamente elevado en divisas, por el abandono a que ha conducido al agro el gobierno mexicano. Crece el rentismo de las parcelas. Incluso en las zonas de distrito de riego como La Laguna o como el Valle de Mexicali, que fueron antaño productivos en diversos productos agropecuarios, ahora todas esas parcelas, por incosteabilidad de los productores, se están arrendando a los inversionistas extranjeros para sembrar hortalizas.
Entre 1982 y 1989, los años de la política neoliberal, de acuerdo a las cifras de la Secretaría de Agricultura, los descensos en la producción percápita de frijol bajaron el 52% de lo que registraban en 1981; el sorgo cayó 27%, el arroz 30% y el trigo 20%.
Esos déficits que ha generado la baja productividad agrícola deben resolverse por la vía de la compra, del endeudamiento, de la profundización de la dependencia alimentaria con los Estados Unidos. Esos con los primeros efectos, para muestra de lo que sería un Tratado de Libre Comercio con este país, que está resintiendo la agricultura y está resintiendo la industria manufacturera de México.
Frente a esa tecnología rudimentaria, frente a ese déficit comercial, frente a esa paralización casi total de nuestras fuerzas productivas, tanto en el campo como en la ciudad, ¡qué es lo que nosotros ofrecemos como artículo competitivo a nivel internacional?: la fuerza de trabajo. Ese es el artículo que ofrecemos para competir con el comercio internacional en un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, la fuerza de trabajo. Que paguen los millones de trabajadores mexicanos las inconsecuencias y la irresponsabilidad de una política económica antipopular y francamente antinacional. Que paguen los agricultores, ejidatarios y campesinos mexicanos el antipatriotismo del grupo en el poder, a eso nos conduce precisamente ese Tratado de Libre Comercio.
Pero el equipo neoliberal que conduce la economía se ha comportado más papista que el Papa.
Yo no sé qué es lo que va a negociar México ya, qué es lo que México va a negociar en la próxima reunión del Acuerdo General sobre Aranceles Aduanales y Comercio. Todas las cartas económicas que México podía haber tenido para obtener siquiera una negociación menos lesiva para el pueblo y la economía nacional, las ha entregado de manera unilateral, sin que se lo pidiera nadie.
El propio embajador de los Estados Unidos en nuestro país ha expresado que por primera vez sin muchas presiones México ha entregado más de lo que le pedían y lo que ha hecho público. Es un verdadero descaro, no del embajador, que ya conocemos cómo son los embajadores estadounidenses, sino de los funcionarios de comercio y de los que dirigen la política económica del país de adoptar una actitud tan entreguista, tan irracionalmente entreguista respecto a lo que debieran defender de la economía nacional.
Espero no lastimar con los adjetivos los oídos de los defensores del régimen neoliberal, trataré de usar preponderantemente los sustantivos. ¿Qué vamos a negociar en el marco de la Ronda de Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduanales y Comercio? Veamos algunos ejemplos de lo que México, en todo caso, si querían entregarlo podían haberse esperado hasta esa reunión, para tener cartas de negociación y obtener y no ceder en soberanía como se lamenta ahora el señor Secretario de Relaciones Exteriores.
En materia de regulación desde agosto de 1989, desde hace un año, se reclasificaron los productos de la petroquímica básica para considerarlos en la petroquímica secundaria de manera arbitraria, mañosa, tramposa, ilegítima, y hacer posible que la inversión extranjera se adueñara de productos exclusivos del capital nacional mexicano.
Se abrió la puerta a la extracción de minerales que estaba restringida sólo a mexicanos, y a la posibilidad de que el capital extranjero explotara más de 5 millones de hectáreas de minerales en nuestro país, y hace dos días se acaba de anunciar la apertura del 100%, violando la Ley de Inversiones Extranjeras, en algunos productos mineros, sobre todo en metales preciosos.
En la agricultura se eliminaron créditos a los ejidatarios y a los pequeños propietarios en insumos de energía, fertilizantes excepto maíz y frijol, y se privatizaron diversos insumos que estaban en manos o en poder del Estado.
En la industria químico farmacéutica, se abrió la frontera a medicinas básicas de importación, generando una competencia totalmente desleal a los
mexicanos; en la industria de computadoras, todos sabemos que se abrió el mercado nacional a la competencia extranjera, con una barrera arancelaria del 20%; en la industria automotriz se permite la inversión extranjera en áreas que estaban consideradas exclusivas para los mexicanos, como es el área de las autopartes; en comunicaciones, hasta las carreteras son ahora privadas y en la construcción de carreteras la inversión extranjera puede participar directamente en base a las nuevas disposiciones que el gobierno gratuitamente le ha entregado a los Estados Unidos, y respecto a privatizaciones, que son las otras demandas de los negociadores estadounidenses en el Tratado de Libre Comercio, ya están las últimas a la venta, más las que se acumulen esta semana, son Teléfonos de México, la banca, Siderúrgica Mexicana, Fertilizantes Mexicanos, Tabacos Mexicanos, Cananea que ya fue vendida, Real del Monte, los ingenios, varias empresas de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, etcétera.
Entonces qué es lo que México va a negociar? México ya entregó todo; no sabemos, ahora ellos piden más y por eso las quejas justificadas del señor Secretario de Relaciones Exteriores. ¿Qué estarán pidiendo o cómo estará el infierno para que el señor Secretario de Relaciones haya hecho estas declaraciones que nosotros compartimos y que esperamos se traduzcan, se materialicen, se concreticen en medidas de política económica, se frene el entreguismo de este gobierno a los Estados Unidos?
Hay otra consideración que tenemos que hacer inevitablemente y es la relativa a que con el Tratado de Libre Comercio, México se va a insertar en una economía supuestamente poderosa, supuestamente en auge, supuestamente en apogeo, supuestamente en crecimiento, pero si hay alguna economía insana desde el punto de vista de la técnica económica, si hay una economía con grave peligro de recesión, si hay una economía enferma en el mundo, es la economía estadounidense.
Veamos cómo anda Bush recorriendo el mundo europeo pidiendo una ayudita para financiar los gastos de su agresión y su presencia en el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque la situación es insostenible, porque desde el punto de vista productivo su economía está orientada fundamentalmente a la especulación. Porque en este momento en los Estados Unidos, desde hace 50 años, no se tenía una economía tan desequilibrada desde el punto de vista de distribución de la riqueza. En este momento, en los Estados Unidos, más del 37% de la riqueza nacional está en manos del 1% de la población. Y cuando ese fenómeno se ha generado en cualquier país, de inmediato la economía se orienta fundamentalmente a la especulación. En ese momento los servicios ocupan el mayor índice de crecimiento, respecto de la producción industrial o manufacturera en los Estados Unidos.
¿Qué puede generar esto? Los que han estudiado el asunto dicen que los Estados Unidos está a punto de una recesión profunda, igual o peor que la de 1929. No se han puesto a pensar los señores neoliberales que con un Tratado de Libre Comercio las repercusiones que tendría la recesión en los Estados Unidos mayor o menor, serían desastrosas para nuestra economía nacional. Esa consideración me parece que vale la pena que la debatamos, y que suban a la tribuna los que defienden esta política entreguista a expresar sus juicios al respecto.
Pero la clase obrera también tiene algo reservado en el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque el capital extranjero viene, claro: ¡qué prometió Salinas a las inversiones extranjeras? Mano de obra barata. Eso fue lo que prometió; no puede ofrecer otra cosa. No podemos ofrecer tecnología, no podemos ofrecer productividad, no podemos ofrecer, bueno, materias primas sí podemos ofrecer, y las han ofrecido. Pero lo que fundamentalmente ha ofrecido Salinas, es la mano de obra barata de los obreros mexicanos: 10 mil pesotes diarios, tres dólares diarios para los obreros mexicanos. Ellos vienen con esa promesa, vienen con ese compromiso. Pero no se conforman con ello, ahora quieren lo que se llama el trabajo compartido, que los dirigentes obreros saben lo que significa. Quieren el pago por horas. Es decir, yo contrato a un obrero por cuatro horas, y le pago por cuatro horas, y además le voy a pagar en base a la productividad, no en base al tiempo trabajado. Esa es la demanda de las transnacionales.
¿Y qué más quieren? bueno, que ya se olvide, ya pasó la etapa del enfrentamiento; ya no estamos, como dice el entreguista de Hernández Juárez, que en algún tiempo mereció el calificativo de líder obrero, dice ahora: "ya rebasamos la etapa de resolver los problemas obrero - patronales por la vía del enfrentamiento. Ahora es la solidaridad". He ahí el meollo del bolillo retorcido. Exactamente ahí está lo que compete a la clase trabajadora del país: resolver los conflictos obrero - patronales por la vía de la armonía y la conciliación de las clases sociales. Y por eso se gastan miles de millones de pesos en la propaganda de orientación fascista, porque es de orientación fascista esa propaganda.
Hay que recordar a Gobels. El decía: "Repite una mentira mil veces, y el pueblo terminará por
creerte. Entonces aquí no la repiten mil veces, sino 1 millón ó 10 millones de veces. ¿Cuántas veces tocan la cancioncita en la televisión? ¿Cuántas veces aparece el anuncio en el cual un mariachi desentonado toca las primeras estrofas de una canción mexicana y dice alguien ahí, una voz aguardientosa: ¿quién dice que no hay solidaridad entre los mexicanos?
Esa es una propaganda de tipo fascista; de inspiración fascista; no sé quién estará asesorando esta propaganda. Pero es fascista; porque va tendiente precisamente a nulificar el espíritu patriótico del pueblo mexicano de enfrentarse a sus enemigos de clase, que son las empresas transnacionales en este momento. Hacia allá va orientada la solidaridad.
Y la clase trabajadora del país tiene en este momento, está ante una disyuntiva histórica: o se somete por completo a las pretensiones imperiales, o da la pelea haciendo honor a su nombre.
La Confederación de Trabajadores de México, no lo olviden señores, fue fundada por Vicente Lombardo Toledano y tuvo una época gloriosa; a esa época hay que hacerle honor en los momentos en que se quiere utilizar al movimiento obrero para convalidar una política de entrega de la economía nacional.
Sin embargo, pese a que tienen muy avanzadas sus negociaciones, no han tenido la prudencia, la cortesía de informar al Congreso de qué se trata en ese Tratado de Libre Comercio. No nos han informado. Algunos van a venir a decir aquí: esa es una facultad del Senado, porque son las relaciones exteriores, etcétera, etcétera.
Pero tenemos como Congreso, como uno de los poderes de la nación, el derecho inalienable de exigir se nos informe qué es lo que está tratándose en esas reuniones bilaterales en las que primero los reporteros de la televisión zabludowskiana, son los primeros enterados y los diputados tenemos que prender el televisor para enterarnos qué es lo que se está discutiendo en las reuniones secretas con el Tratado de Libre Comercio.
Nosotros debemos ser los primeros en enterarnos. Tenemos ese derecho como Poder Legislativo de nuestro país.
Con todo, México tiene una alternativa: la integración latinoamericana. Pero no la integración latinoamericana como la quiere Salinas de Gortari, para someternos e integrarnos al Plan de las Américas del presidente estadounidense; sino la integración latinoamericana para enfrentarnos precisamente a la amenaza y a la asechanza implícita en la denuncia del Secretario de Relaciones Exteriores. Está en peligro nuestra nacionalidad.
De un tratado de libre comercio, señores, se pasa necesariamente a un paso superior de integración. Quienes saben de teoría económica, saben eso. La unión aduanera y el mercado común, son los pasos siguientes, necesarios y se están creando las bases para ello. Y una vez creado el mercado común tendremos que formar organismos supranacionales, que van a determinar nuestra vida política y económica. Si eso es lo que quieren, sigan defendiendo el Tratado de Libre Comercio. El Partido Popular Socialista dará la pelea hasta el final en este sentido y llamaremos a los mejores mexicanos a oponernos a la desintegración de nuestra nacionalidad.
Por estas consideraciones yo deseo hacer una proposición para que esta soberanía discuta sobre bases que le permitan hablar con objetividad, nos enteramos por lo que la Prensa escribe; sinceramente no tengo los datos oficiales porque no los hay, porque no los han proporcionado. Quiero hacer la siguiente proposición.
«Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en base a las facultades que éste nos otorga, y por considerar que el Tratado de Libre Comercio México - Estados Unidos que el Ejecutivo ha anunciado a la opinión pública se suscribirá en fecha próxima, constituye un hecho que involucra a diversas ramas de la economía nacional y cuyos beneficios son sumamente cuestionables, el Partido Popular Socialista, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, se permiten hacer la siguiente
PROPOSICIÓN
Única. Demandar del Ejecutivo Federal y de las instituciones que de él dependen, proporcionar a esta soberanía a la mayor brevedad, toda la información, especificaciones y particularidades sobre el Tratado de Libre Comercio México - Estados Unidos.
Atentamente.
Por el Partido Popular Socialista, Sergio Quiroz Miranda; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Vicente Luis Coca Alvarez y por el Partido de la Revolución Democrática, senador Porfirio Muñoz Ledo.» Muchas gracias.
El Presidente: - Se abre el registro de oradores. Senador Niebla, en contra.
El senador Mario Alfonso Niebla Alvarez: - Con su venia, señor Presidente: Después de haber escuchado a nuestro respetable compañero, un alud de adjetivos que nos lanzó y de lo que no tengo la menor idea realmente, ni el más mínimo interés de contestarle cada uno de estos puntos, procederemos a concretizarnos globalmente a la preocupación de nuestro compañero.
En el punto de acuerdo, que él solicita, manifiesta que se proporcione toda la información del Tratado de Libre Comercio que se está llevando a cabo, dice él, en estos momentos.
Dice el también que no han informado nada al Congreso, de lo que se está tratando y es cierto. No ha habido información porque no se está tratando nada en este momento. La única información que existe, fue la que el Senador concluyo en las deliberaciones, en el foro de consulta y los grupos de ambos países apenas están terminando de integrarse. Las bases fundamentales de un tratado de libre comercio inicialmente de una manera superficial o globalmente, se ha hablado de eliminación de barreras no arancelarias, de barreras arancelarias, de barreras no arancelarias, se ha hablado de una especie de tribunal rápido de arbitraje, de una manera muy eficiente; se ha hablado también que se reste la simetría de los países y éstos son globalmente los términos en general de lo que ha venido tratando con respecto al Tratado del Libre Comercio.
No podemos hablar de que en este momento se ha hecho una entrega o se ha hecho una serie de planteamientos al respecto, en virtud, insisto, de que los grupos de negociación apenas se están integrando, apenas se van a llevar a cabo. Y yo pienso, además independientemente, de que esto es función indiscutiblemente, posteriormente en el pleno legislativo del Senado de la República, creo que este tratado va a ser uno de los tratados que tendrá la mayor difusión posible en nuestro país.
Qué bueno que nuestro compañero también se preocupe y le preocupen las implicaciones negativas que este tratado pudiese tener y nos dé una alerta, que se la tomemos en todo lo que vale, respetamos su criterio y pensamos indiscutiblemente que tendrán la información, porque será una información a la luz pública y plenamente difundida en todos los medios de comunicación.
Pensamos también que su partido, entre otros, por alguno de los compañeros como Jorge Tovar Martínez, plantearon sus puntos de vista con respecto a este acuerdo y con respecto a las relaciones comerciales de México con el mundo.
Por eso, aclarando y contestando concretamente, y también nos llama la atención y esto lo decimos con todo respeto, sin mayor ánimo de polemizar, que, ¿si en la Unión Soviética, que fue la cuna prácticamente del proceso ideológico que ustedes profesan , tuvieron que hacer una serie de modificaciones, no pienso nosotros por qué no tenemos que hacer nosotros las nuestras, de acuerdo a nuestras circunstancias?
Cuando nos decían: "¿qué es lo que México va a negociar?." Bueno, México va a negociar todo lo que convenga al interés nacional. ¡Y qué bueno, bienvenidas todas sus inquietudes, bienvenidas todas sus proposiciones, bienvenidos todos los análisis que ustedes quieran hacer! ¡Pero insistiremos en que en este momento no existe prácticamente ninguna conversación, hasta este momento, insisto, los grupos apenas se están formando , y existe un marco de referencia y este marco de referencias fue el que surgió dentro del foro de consulta!
El diputado Sergio Quiroz Miranda (desde su curul): - ¿Me permite una pregunta?
El senador Mario Alfonso Niebla Alvarez: - Con mucho gusto.
El diputado Sergio Quiroz Miranda: (desde su curul): - ¿Está usted enterado de que el señor presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, anunció en los Estados Unidos que el incremento de los 100 mil barriles diarios de exportación de petróleo a los Estados Unidos, era una medida para presionar hacia el Tratado de Libre Comercio? ¿Y también, si está usted enterado, que el Congreso de los Estados Unidos está abordando este asunto, dando por hecho que hubo una conversación entre el Presidente mexicano y el Presidente estadounidense, al respecto?
El senador Mario Alfonso Niebla Alvarez: - No, no estoy enterado, porque yo haya sabido, después del anuncio de los 100 mil barriles, el señor Presidente Salinas no ha viajado a los Estados Unidos. Primer punto.
El diputado Sergio Quiroz Miranda (desde su curul): - Y el comentario...
El senador Mario Alfonso Niebla Alvarez: - Bueno, eso me está haciendo usted un comentario. Este dato yo quisiera que usted me lo afirmara con los documentos a la mano. Yo dudo que él haya podido hacer un comentario de esta naturaleza. Le reitero, estamos al tanto, al día, de la información. ¡Qué bueno que usted pudiera demostrarme este aspecto, donde usted dice que el presidente dijo que era como una parte, de lo que
usted está imputando! ¡Yo le digo a usted contundentemente que no! ¡clara y contundentemente que no! Esta es mi respuesta.
Por lo tanto, y después de nuestra breve explicación que hemos dado al respecto, nosotros solicitamos no sea aprobada la moción y la petición que ha hecho al compañero Quiroz. Muchas gracias.
El Presidente: - Solamente para actualizar el contenido del punto de acuerdo propuesto, ruego a la secretaría darle nuevamente lectura.
La secretaria diputada María Teresa Ortuño Gurza: - Por instrucciones de la Presidencia, se va a dar lectura a la proposición.
"Única. Demandar del Ejecutivo Federal y de las instituciones que de él dependen, proporcionar a esta soberanía a la mayor brevedad toda la información, especificaciones y particularidades sobre el Tratado de Libre Comercio México - Estados Unidos ".
El Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si se admite o no a discusión esta proposición.
La secretaria diputada María Teresa Orduño Gurza: - Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se admite o no a discusión esta proposición que ha sido leída y presentada.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
El Presidente: - Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente. Primero para que determine la competencia del punto de acuerdo solicitado y en consecuencia emita el dictamen que proceda.
DEL ESTADO DE SONORA
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Astolfo Vicencio Tovar.
El diputado Astolfo Vicencio Tovar: - Señor Presidente, honorable Comisión Permanente: Ya es costumbre comprobar que en la realización de obras públicas, ya sean estatales o federales, existen grandes deficiencias, muchas veces motivadas por la corrupción, por la baja calidad de los materiales empleados o por entregarlas sin el concurso que fijan las leyes a compañías particulares, que en muchas ocasiones son propiedad de funcionarios públicos.
Estas anomalías perjudican y retrasan los programas de obras aprobadas y dan al traste con los presupuestos, ya que en muchas ocasiones hay necesidad de reconstruir lo mal hecho, en casos extremos, abandonar las obras iniciadas o terminadas.
Todo esto lo resiente principalmente la población para las que fueron concedidas, como solución de alguna necesidad primordial o como solución de algún problema si los concesionarios o contratantes para la construcción de dichas obras no cumplen en todo con las especificaciones técnicas requeridas, ya sea por incapacidad, por lenidad o porque quieran resarcirse de la tradicional comisión, empleando materiales de mala calidad o disminuyendo hasta el mínimo la resistencia de los mismos con desastrosos resultados, como ya se ha comprobado en múltiples ocasiones.
La última prueba con la que contamos para demostrar nuestra afirmación es la pésima construcción de la ampliación de la carretera internacional a cuatro carriles, en el tramo Hermosillo - Empalme, en Sonora.
Sucede que en el estado de Sonora, gobernado por quien fuera Secretario de Comunicaciones y Transportes, ingeniero Félix Valdez, y quien recibiera un premio internacional por la construcción de carreteras, ahora se distingue por la pésima construcción de la carretera citada, ya que poco tiempo después de haberse inaugurado con gran publicidad el domingo 12 de agosto, después de un fuerte aguacero, la parte nueva de la vía citada literalmente se deslavó y se destruyeron algunos puentes en más o menos 45 Kilómetros que van del Kilómetro 138 al 183 del tramo Hermosillo - Guaymas en los 26 kilómetros del libramiento Empalme.
Lo más significativo de este problema surgido por la pésima construcción, es que la llamada carretera vieja, que se aprovechó como base y como parte de la obra total, resistió perfectamente los embates del temporal, a pesar de que su construcción data desde hace muchos años.
La prensa de Hermosillo ha dado información profusa al respecto y ha protestado por esta falla que se hubiera evitado si se hubiera actuado con técnica, capacidad y honradez.
En su información, El Imparcial de Hermosillo da a conocer la opinión de varios transitantes de esa carretera, como la del señor Abraham Salazar, de San Luis Río Colorado, que asienta: "como turista y por casualidad presencié los daños ocasionados por las recientes lluvias en Empalme y Guaymas. Causa por la cual estuvimos mi
familia y yo dos días en Novojoa, domingo y lunes. El martes 14 de agosto se reanudó el tráfico y pudimos seguir nuestro viaje hacia el norte. ¡Cuál sería nuestra sorpresa al ver la nueva carretera de cuatro carriles hecha pedazos y en varios tramos desaparecida? Cada kilómetro que recorríamos era de incredulidad y el mismo comentario lo expresaban todos los turistas.
Esto, señor director y pueblo sonorense, pone al descubierto a los responsables de esta inmensa obra - carretera por la pésima calidad con que fue hecha, ya que expone la vida de cientos de personas que circulaban por ella.
Como ciudadano mexicano y sonorense, pido y exijo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe al pueblo sonorense con argumentos sólidos y verídicos porqué únicamente sufrió daños la carretera nueva".
El señor Oscar Romo Salazar, de Hermosillo, también protesta por el hecho. "Nadie en su sano juicio, así dice este señor, puede dudar de los beneficios de una carretera de cuatro carriles en un estado como Sonora. Una obra positiva por donde se le vea, que ha llegado a ser calificada como la obra cumbre de la actual administración y que sin duda lo es. Después de las desusuales precipitaciones pluviales ocurridas recientemente, esta obra se convierte en tema de controversia y en motivo de graves acusaciones. Los constructores, para salvar su prestigio, argumentan que la carretera se construyó siguiendo al pie de la letra las normas, especificaciones y diseños de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Así debe haber sido, a menos que mediaran situaciones de corrupción entre supervisores y contratistas para alterar las especificaciones de materiales y procesos; pero si esto no ocurrió, entonces es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la que debe ser señalada como responsable única, tanto del éxito como del fracaso.
Es verdaderamente lamentable que un funcionario teniendo las evidencias todas ellas a la vista, se atreva a expresar que si hubiera que repetir la carretera, se haría exactamente igual". Así sigue la carta del señor Romo Salazar denunciando una serie de ilícitos y termina: "ante la sociedad que juzga imparcialmente esos organismos empresariales y profesionales que innecesariamente se han prestado a hacerla de patiños, así dice, la declaración del gobierno, ha comprometido seriamente su código ética y en última instancia su credibilidad. Los intereses personales o de grupo pueden comprometerse, que no justificarse, pero cuando se llevan a los organismos representativos y se enarbolan como banderas de defensa gremial, son absoluta y totalmente inaceptables. En pocas palabras, el meollo del asunto es definir si se venden o no los principios éticos y morales. Una vez decidido esto, lo demás se reduce simplemente a a llegar a un precio".
Hasta aquí las palabras del denunciante. estas y muchas protestas más, se han vertido por este suceso que afecta al erario y a la economía del estado de Sonora. La voz popular y lo datos recabados indican también la conducta prepotente de funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Delegación Sonora, en la que juega papel preponderante el delegado Daniel Gutiérrez Cibrián. Esta persona, en alusión a las críticas de la ciudadanía sobre la dudosa calidad de las obras de ampliación a la carretera, despectivamente calificó a los sonorenses como ignorantes en declaraciones recientes a los medios de comunicación.
Este calificativo se tornó más serio en labios de Andrés Caso Lombardo, secretario de Comunicaciones y Transportes, al expresar: " seguiremos construyendo carreteras con altas especificaciones en coordinación con los gobiernos de los estados, municipios, ejidos y comunidades indígenas, dentro del Programa de Modernización de la Red Caminera del País". Aseguró esto: "tras calificar de estúpidos y absurdos a quienes duden de la calidad de los caminos federales". En el periódico El Nacional, con el título que será la red carretera de alta calidad, Caso Lombardo, dice: "considerando las magnitudes de los daños y la ligereza para despilfarrar los dineros del pueblo sobre todo en una época de crisis económica en la que se nos pide solidaridad frente al problema para salir adelante, es por lo que, tomando la indignación del pueblo y propia, denunciamos estos hechos con objeto de que se practique una investigación exhaustiva para que los responsables reciban el castigo que se merecen y que ya resulta urgente para la buena imagen de la procuración y administración de la justicia en la salvaguarda de los intereses de la nación".
Señor Presidente, honorable asamblea, existe realmente indignación en todos lo sectores sociales del estado de Sonora, la voz del pueblo indica que al hacer la construcción de la ampliación de dicha carretera solo se pintó con asfalto la arena colindante a la carretera vieja y que por lo tanto cuando cayó el primer fuerte aguacero, se despinto y desapareció de la vista.
Es indispensable que tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como las demás dependencias del Ejecutivo, así como los gobiernos estatales o municipales, sólo otorguen la concesión de obras públicas bajo concurso y sólo cuando los concursantes reúnan a satisfacción
todos los requisitos de eficiencia, capacidad, honradez y cumplimiento comprobado, para que gobierno y ciudadanía tengan la garantía de que los fondos públicos empleados en las obras que se contraten, sean bien empleados.
Acción Nacional presenta a esta honorable Comisión Permanente esta denuncia, como ratificación de la que se presentó en la Procuraduría General de la República el día 7 de septiembre, ante el agente del Ministerio Público Federal, licenciado Gustavo Govea Botello, y esperamos que ésta sea atendida en todos sus términos, tanto por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como por el gobierno del estado de Sonora.
Recinto alterno, septiembre de 1990.
Ya no alcanzó el tiempo y por eso ahora aunque ya es también un poco tarde, se había quedado pendiente y por eso la presento.
El Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si con apego a los artículos 18 y 28 del reglamento, se prorrogan los debates y trabajos de este pleno.
La secretaria diputada María Teresa Ortuño Gurza: - Por instrucciones de la Presidencia, la secretaría pregunta si da instrucciones de que se prorroguen más allá de las horas reglamentarias hasta terminar los asuntos de este pleno.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... aprobado, señor Presidente.
SOBRE EL PROBLEMA DEL TABAQUISMO
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Vicente Luis Coca Alvarez.
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez: - Con su permiso, señor Presidente, compañeros legisladores: Como sabemos, el tabaquismo es un grave problema de salud pública en todos los países del orbe, sin importar el grado de desarrollo en que se encuentren, siendo la principal causa de enfermedad que generalmente termina con la muerte. Algunos estudios señalan que por cada cigarrillo que se fuma, se pierden cinco minutos y medio de vida, lo que en términos de promedio de vida de los fumadores, les resta de cinco a ocho años. Se sabe también que el cigarrillo provoca dependencia física y psicológica.
Los daños que el fumar provoca al aparato respiratorio son graves y van desde infecciones en las vías respiratorias hasta daños en los pulmones, originan bronquitis crónica y enfisema pulmonar; por eso del 80% al 90% de las muertes por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se deben al tabaquismo. Todo esto sin descartar desde luego la fuerte asociación estadística entre ciertos tipos de cáncer y el hábito del tabaquismo.
El fumar trae consigo también complicaciones cardiovasculares, arteriosclerosis, alteraciones en el aparato digestivo y complicaciones del embarazo. Por ello el tabaquismo está entre las primeras 10 causas de mortalidad en el país y en el mundo.
Por otra parte contribuye a contaminar el aire que respiramos y a perjudicar directamente en su salud a todos aquellos fumadores pasivos; es decir, a aquellos individuos no fumadores, que están expuestos a la inhalación de productos de la combustión del tabaco, en un ambiente cerrado como lo es esta sala de sesiones de la honorable Comisión Permanente.
En suma, todos estamos conscientes de los graves daños que provoca el tabaquismo a la salud, no sólo de fumadores, sino del conjunto de la sociedad, del alto costo económico derivado de la adicción, pero por otra parte requerimos también garantizar el derecho a la salud de los fumadores pasivos, que constantemente estamos expuestos involuntariamente al humo del tabaco en lugares cerrados como éste.
En virtud de lo anterior y con fundamento en el artículo 58, señor Presidente, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta honorable Comisión Permanente, la propuesta que hago coincidir en que se prohiba el consumo de tabaco durante las sesiones de esta honorable Comisión Permanente, con el fin de garantizar el derecho a la salud de los fumadores pasivos que constantemente están expuestos involuntariamente al humo del tabaco en lugares públicos cerrados y lugares de trabajo.
Está firmado por el diputado Gonzalo Martínez Corbalá, por el diputado Octavio Moreno Toscano, por el diputado Mendoza de la Cruz Pardo, por la diputada Claudia Esqueda, por el diputado Augusto Gómez Villanueva, por el diputado Antonio Lozano, por el diputado Leopoldo Homero Salinas, por el señor senador Héctor Mayagoitia Domínguez, por el señor diputado Astolfo Vicencio Tovar, por el señor senador Burgos García y por el suscrito Vicente Luis Coca Alvarez.
El diputado Gonzalo Martínez Corbalá (desde su curul): - No recuerdo haber firmado.
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez: - Señor diputado, está aquí puesto de su puño y letra su firma. Yo quisiera que viniera usted a constatar su firma y si no llamemos a un perito grafólogo en todo caso, señor diputado.
El diputado Gonzalo Martínez Corbalá: - Sí es mi firma.
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez: - Efectivamente sí lo firmó.
El Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si se admite o se desecha esta proposición.
El secretario senador Roberto Anzar Martínez: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite o se desecha esta proposición.
Los legisladores que estén porque se admita, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los legisladores que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Desechada.
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán.
El diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán:
«Ciudadano senador Emilio M. González Parra, Presidente de la Comisión Permanente. - Presente.
Los suscritos, diputados del grupo parlamentario de Acción Nacional en la comisión que preside, manifestamos:
Hoy es el aniversario del huracán Gilberto a su paso por Nuevo León en 1988, donde dejó una estela de dolor y de tragedia para muchos hermanos nuestros, como sucedió en Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Tamaulipas, entre varios de los estados que afectó; el luto acudió a innumerables hogares ante la desaparición de familiares y los damnificados se contaron por millares; las pérdidas materiales sumaron millones y el patrimonio de años de sacrificio se fue con el agua, todo esto dejó el sabor amargo de la desesperación para los afectados, como para los que tuvimos la suerte de no resultar con daños.
La Cámara de Diputados, después de lo sucedido en Nuevo León, formó una comisión plural para conocer la magnitud de los daños, prevenciones y acciones de la autoridad, entre otros objetivos, lo que originó posteriormente informe al pleno y que acusó dos versiones diferentes, una de la comisión donde se señalaron los datos que la autoridad proporcionó, como: inventario primario de daños, cuantificación, fallecidos, desaparecidos, damnificados, así como medidas para rehabilitaciones materiales y ubicación de damnificados, medidas de salud, alimentación y demás, todo distinguiendo las acciones de la autoridad en la previsión, en el siniestro y después de éste. Pero otro informe preparado por los diputados de nuestro grupo parlamentario, dio datos diferentes de lo que señalo el anterior.
De nuestras investigaciones de campo encontramos que muchos de los 5 mil 300 damnificados, estaban asentados en las márgenes del Río Santa Catarina, muy peligroso éste en sus crecientes periódicas, lo cual hacían con la complacencia de las autoridades y auspiciados por centrales obreras y otros grupos, quienes eran útiles para los eventos políticos, principalmente en las elecciones; de los fallecidos oficialmente se dieron cifras muy relativas, cuando la realidad fue que el río mencionado se convirtió en un gigantesco panteón; se detectó la falta de prevención de la autoridad para lograr un desalojo oportuno; sobre los auxilios en ropa y alimentos faltó una adecuada distribución y metodología, lo que propició el pillaje, aún de los mismos responsables para distribuirlos; varios organismos privados prefirieron hacer su labor de entrega de alimentos y ropa en forma directa, para evitar que éstos tuvieran diferentes destinos. De las anomalías señaladas tal parece que se sucede con frecuencia en todo tipo de siniestros y esta capital no es ajena a las irregularidades que se produjeron y que varias aún subsisten, en el pasado sismo de 1985.
Uno de los lugares visitados en la labor de campo fue Cadereyta Jiménez, Nuevo León, donde se cuantificaron 650 familias damnificadas aproximadamente y se determinó ubicarlos en predio de aproximadamente 27 hectáreas, localizado a varios kilómetros del casco de la ciudad, conocido como la Hacienda San Bartolo en el camino a la Hacienda Chihuahua, terreno éste sin servicios y objetado al estar por el rumbo de los tiraderos municipales y la contaminación que ocasionaría por ello, pero a pesar de esto la autoridad llevó a efecto la ubicación. Se advierte que el predio comprendía un total de 57 hectáreas.
Aquí es donde aparece un evento irregular que es prudente destacar: Lo que se presume un acto
fraudulento consistió, cuando del referido predio de 57 hectáreas propiedad de Joel César y Tristán Alberto Peña Guerrero, vendieron 30 hectáreas a Faustino Márquez Martínez y Carlos Javier Martínez Hermosillo, en diciembre de 1988, por valor de 30 millones de pesos, resultando a un millón cada hectárea, así valorizadas por la autoridad catastral, cuya escritura fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad, pero resulta que en marzo de 1989 a escasos tres meses de la operación anterior, las mismas personas venden el resto del predio de aproximadamente 27 hectáreas, mismo destinado por la autoridad para la ubicación de los cerca de 650 damnificados, al fideicomiso denominado Fomento Metropolitano de Monterrey, con valuación de la Tesorería General del Estado, del área catastral, en 485 millones 93 mil 970, que fue el valor de la operación o sea que resultaba a 20 millones cada hectárea, lo que representa un excedente, en relación con la valuación del predio anterior, a razón de 460 millones de pesos, misma escritura también inscrita en el Registro Público de la Propiedad, por lo que resulta lógico presumir un acto fraudulento en detrimento del patrimonio del fideicomiso, el cual está formado por aportaciones del gobierno federal y del estatal. Se agrega que los damnificados que se pretendía ubicar en dicha colonia, bautizada con el nombre del Ejecutivo Federal, solamente están un 30% aproximadamente de damnificados y el resto es totalmente ajeno a ese carácter.
Por lo anteriormente expuesto se concluye solicitando, toda vez que de lo expuesto se presumen actitudes ilícitas en las que está involucrado el fideicomiso Fomento Metropolitano Monterrey, ante enriquecimiento ilegítimo en el que participó en favor de particulares, en adquisición de predio para los damnificados en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, asimismo el que se aclare cuántos damnificados realmente radican en dicha colonia y el costo que va a resultarle a cada uno por los predios, con fundamento en el artículo 79 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 176 y 179 del Reglamento Interior y 113 de la Ley Orgánica, pedimos se remita a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados.
Respetuosamente.
Sala de sesiones, septiembre 19 de 1990. - Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Comisión Permanente. - Diputados: María Teresa Ortuño Garza, Astolfo Vicencio Tovar, Fernando Antonio Lozano Gracia y Leopoldo Homero Salinas Gaytán.»
El Presidente: - Tiene la palabra la diputada Yolanda García de Vargas.
La diputada Yolanda García de Vargas: - Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: Como ya se está haciendo una costumbre dentro de esta Comisión Permanente, hago uso de la tribuna para destacar algunos de los acontecimientos, tan terriblemente lamentables, con motivo del huracán Gilberto.
Realmente, al inicio de la intervención del diputado que me antecede, le encontré tintes humanitarios y dignos de reconocimiento. Lo que sí puedo llegar a lamentar, es que dentro de su intervención esos tintes humanitarios volvieran una vez más a tener la ya consabida tendencia de carácter político.
Como ya lo mencionó el diputado, efectivamente, y de conocimiento nacional e internacional, el 17 de febrero de 1988, ocurrieron esos hechos, por lo que estamos a dos años de esa catástrofe, causada por el huracán Gilberto.
Para todos ha sido una fecha muy triste y muy amarga, que cubrió de luto al pueblo del estado de Nuevo León. Sin embargo, y a pesar, parece que el diputado Salinas no tan sólo se concreta a recordar esa fecha como un día de memoria luctuosa, sino que lo hace, como un día de oportunidad, de oportunidades, de sacar provecho político del dolor y de las desgracias pasadas del pueblo nuevoleonés.
Día oportuno, según él, para descalificar, como veremos infundadamente el actuar de las autoridades de mi estado, frente a las catástrofes ocasionadas por el huracán Gilberto.
No se vale. Creo que no se vale llevar agua al molino, ni personal ni político de ningún partido, cuando más bien debemos de estar realmente unidos en torno a un hecho que llenó de luto a muchos hogares.
En lo personal, lo considero casi una falta de respeto a la memoria de quien por desgracia cayó en circunstancias tan adversas ante un fenómeno natural del de la dimensión del que sufrimos, no tan sólo Nuevo León, sino también en Mérida, en Quintana Roo, y en algún otro estado.
En aquellas zonas en que la población se vio afectada por la venida, en caso especial, del Río Santa Catarina, tenemos, y aquí sí lo quiero destacar, que ha habido rehabilitación, una rehabilitación seria, porque realmente la gente que vivía en el lecho, y a quienes por más de una ocasión se les había ordenado que dejaran esos
lugares por el alto riesgo que esto representaba; que además el día de los hechos se les notificó con toda la oportunidad que el fenómeno dio oportunidad a que desalojaran, y que no lo hicieron porque no creían la dimensión del desastre. Ahí, esas personas que resultaron lesionadas, algunas por perder vidas y algunas otras por una pérdida de su patrimonio, es decir pérdidas materiales, fueron reubicadas en terrenos, sí, que no cubrían quizá todos los requisitos para presumir de terrenos en que se pudieran hacer obras de carácter residencial de envergadura, sino con la intención sana y y respetable de que contaran con una vivienda en forma inmediata.
Actualmente el problema de la vivienda está resuelto en gran parte. Esa gente que antes vivía en zonas de alto riesgo, actualmente cuenta con sus casas dentro de áreas que presentan toda la seguridad, donde indudablemente no volverán a sufrir las consecuencias de un desbocamiento del Río Santa Catarina, porque están en zonas completamente seguras. Ahí cuentan con agua, cuentan con alumbrado, se les han construido escuelas. Además, menciono, como le consta al diputado Salinas, que las autoridades de mi estado en forma inmediata se abocaron a resolver el problema de comunicación. A esto me refiero, a las vías; los ferrocarriles, las vías de ferrocarril que resultaron lesionadas, con el apoyo federal, ya por intervención de las autoridades estatales, fueron rehabilitadas en forma inmediata.
Lo mismo podemos decir del servicio telefónico, que también fue restituido. El lecho del río que fue destruido, se procedió, a pesar de haber sido un caso fortuito donde no había un presupuesto específico, se echó mano de lo que se tenía y se pidieron los apoyos necesarios y logramos hasta la fecha, como él lo sabe, porque conoce perfectamente Nuevo León, que ha sido reconstruido. Lo más importante es que la gente a estas fechas tiene una vivienda y que los nuevoleoneses estamos disfrutando otra vez de las avenidas grandes que fueron destruidas.
Yo creo que sí debe mencionarse eso, ¿verdad?, inclusive el tiempo que se había estimado para la reconstrucción, resultó ser menos, porque a más corto plazo, tuvimos la oportunidad de contar con ya una ciudad prácticamente reconstruida. El menciona y lo hace en una mezcla de sentimientos posiblemente, el problema de Cadereyta. El mismo lo mencionó ya aquí ante esta alta tribuna, estamos conscientes, inclusive él dijo que yo lo estaba confesando en esa ocasión que lo mencionó. Las autoridades correspondientes para deslindar ese problema, ya lo tienen en sus manos, se están haciendo las investigaciones y las averiguaciones del caso, pero definitivamente por las autoridades a quienes les corresponde hacerlo.
Nuevo León, en esas fechas como en otras muchas, dio una muestra completa de solidaridad, pero fue una solidaridad que se extralimitó a apoyos que recibimos de la Federación, a apoyos municipales, a una participación también directa de la sociedad civil, quien hasta la fecha sigue colaborando, que hasta la fecha sigue ayudando y apoyando. Nada menos el día de ayer se llevaron a cabo algunos eventos en el estado de Nuevo León, para recaudar fondos. Esto a propuesta y a promoción de la Asociación Gilberto, que está integrada por particulares y quienes han venido luchando y que cuentan con el apoyo de esposas de altos funcionarios, quienes han estado muy al pendiente. O sea, que en ningún momento se ha dejado de seguir participando, colaborando e interviniendo para lograr al máximo la restitución total del estado de Nuevo León. Lo mismo me supongo que esté sucediendo en otros estados.
En 1985, con motivo del terremoto ocurrido en México, en el estado de Nuevo León se fundó una asociación integrada por gente muy respetable que volvió a funcionar esa misma gente, con motivo del huracán Gilberto. Entonces estas irregularidades que encuentra el diputado, no crea él que nosotros no tenemos captado alguno que otro detalle que pueda haber al respecto. Pero de que hay un gran empeño para que todo se concluya, para que toda la gente cuente si no con una vivienda ostentosa, sí con un lugar decoroso, de que ha habido un gran esfuerzo por parte de todos, eso es totalmente cierto. Lo digo con toda veracidad y lo que más me enorgullece, porque así es, ¿verdad?, es que en Nuevo León ha sido costumbre y tradición responder con solidaridad y con un humanitarismo ante todas las circunstancias, las adversas, sobre todo; nos sentimos realmente, al igual que debe sentirse el diputado, todos los nuevoleoneses y todos los mexicanos, compungidos por actos luctuosos de esta naturaleza.
Pero sí sigo considerando que no me parece muy prudente mezclar situaciones de carácter político con situaciones de carácter humanitario.
Los mexicanos seguimos unidos, los nuevoleoneses también; la participación de los tres niveles de gobierno y de la sociedad civil, sí quiero realzarla porque ha sido de apoyo, de colaboración, y yo invito a cualquiera de los presentes a que constaten por sí mismos los avances de las obras que están prácticamente concluidas, que se sigue trabajando en alguno que otro detalle, que mejoró en gran parte la situación de mucha gente que resultó y que nosotros somos los primeros en lamentarlo, en solidarizarnos y en estar siempre al
pendiente de los acontecimientos para apoyar, claro, no esperamos tampoco un aplauso, un reconocimiento de partidos de oposición, ya sabemos que en cualquier momento somos motivo de críticas, quizá para mi gusto en muchas ocasiones no justificadas, pero eso no nos asusta, no nos arremete contra nada. Simplemente seguiremos adelante y seguiremos colaborando con el estado y seguiremos sacando cualquier obra que esté pendiente porque realmente puedo yo considerar que el alto porcentaje es de que Nuevo León está reconstruido a pesar de haber sido víctima de un fenómeno natural, del que deseamos realmente que no se vuelva a repetir. Es todo, señor Presidente.
El Presidente: - Diputado Salinas Gaytán, tiene la palabra.
El diputado Leopoldo Salinas Gaytán: - Señor Presidente; compañeros legisladores: Simple y llanamente me voy a concretar a ratificar lo que de objetivo tiene la promoción que hemos formulado.
Hay un hecho presumible, fraudulento, hay una institución en la cual está involucrado el gobierno federal, por el gobierno estatal, y es materia para que se remita a la comisión que se ha solicitado para que se haga la investigación correspondiente.
No voy a contestar las opiniones y epítetos de la compañera que me antecedió.
Creo que hay que ser objetivos y es principalmente lo que se encuentra en esa promoción; espero me lo puedan desvirtuar, los que están en contra. Gracias.
El Presidente: - Diputado Coca Alvarez, tiene la palabra.
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores: Nosotros hemos tratado de seguir la pista a este asunto, no porque sea un asunto que nos interese desde el punto de vista político, sino nos interesa desde el punto de vista como problema nacional.
Efectivamente, hace dos años este meteoro golpeó duramente a distintos estados de la República; sabemos de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, Campeche, entre ellos Quintana Roo. Por negligencia tanto de las autoridades locales como de las federales, esto incluso provocó otro siniestro de enormes características, como fue el que se incendiara la selva húmeda tropical en el estado de Quintana Roo y arrasara aproximadamente con 250 mil hectáreas y provocó que de alguna manera nosotros solicitásemos y obtuviésemos de parte del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, la presencia de un grupo de multidisciplinario para que se valorara el siniestro de extraordinarias características que por cierto hasta la fecha no sabemos el contenido, la respuesta de este valioso grupo interdisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad de Chapingo, de distintos centro de estudios superiores, que nos dimos cita allá en el lugar del siniestro.
Pero yo quiero replantear esto concretamente, compañero diputado Salinas, nosotros solicitamos a la Secretaría de Programación y Presupuesto se nos informase concretamente la aplicación del artículo 2o., que tiene una íntima vinculación con el artículo 8o. del Presupuesto de la Federación, que todos los diputados aprobamos en diciembre de 1988 para ponerse en vigor en 1989.
Como sabemos, el artículo 2o., en su partida 0031, aprobó nada menos ni nada más que una partida de 585 mil millones de pesos para los daños causados por el huracán Gilberto.
Nosotros le pedimos atenta y respetuosamente al señor secretario, Ernesto Zedillo Ponce de León, que nos informase, porque el artículo 8o., que tiene por cierto una errata en su redacción, el artículo 8o. en su parte final, dice: "Las erogaciones que se realicen con cargo a los recursos de este ramo, se someterán a los controles presupuestales correspondientes. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, informará trimestralmente a la Cámara de Diputados del manejo que se haga de los mismos y al rendir cuenta de la hacienda pública federal correspondiente a 1989".
O sea, en dos aspectos, en dos vertientes importantes le obligaba a la Secretaría de Programación y Presupuesto informar a la Cámara de Diputados, particularmente sobre la erogación de estos 585 mil millones de pesos, que realmente hasta la fecha no ha podido la propia Secretaría de Programación y Presupuesto informarnos a detalle de qué es lo que... en qué se invirtieron estos dineros.
Estuvimos en comunicación con alguno de los subsecretarios, con la directora general de Asuntos Jurídicos de la propia Secretaría de Programación y Presupuesto, el propio secretario Zedillo Ponce de León nos dio respuesta, un poco confusa, en relación con el ejercicio presupuestal. ¡Y hasta el momento la Cámara de Diputados no acaba de recibir puntualmente, en qué invirtió la Federación esos 585 mil millones de pesos!
Pero lo más grave fue el asunto que en lo personal, me consta, está todavía allá vigente, en el estado de Quintana Roo, en la selva húmeda tropical, en esas 250 mil hectáreas que el fuego arrasó ante la complacencia del ciudadano gobernador de este estado, de autoridades mayores y menores.
¡No se invirtió más allá de los 5 mil millones de pesos, para este penosísimo y urgente asunto! ¡Y lo que es más grave, algo tan elemental como hacer limpia y saneamiento de la selva para no incurrir de nueva cuenta en un siniestro de estas características que estuvo a punto ahora con motivo del estío de ocasionarse otra conflagración, seguramente más grande, están ahí esos hechos!
¡de modo que no es una situación de carácter político, es realmente una vergüenza que a estas alturas el pueblo de México no esté enterado de cuál es el destino del dinero que saca de sus bolsillos para aportarlo a la renta nacional, para aportarlo a este presupuesto! ¡Y qué destino han seguido justamente esos 585 mil millones de pesos! Y en lo particular cada una de las entidades federativas. Y estoy hablando aquí concreta y particularmente del estado de Quintana Roo, 250 mil hectáreas, que fueron arrasadas por el fuego y que todavía no han aplicado los suficientes elementos para restituirle esa capacidad.
Por suerte que el suelo de esa región es extraordinariamente positivo y sola la selva ha estado autorregenerándose. Pero todavía hasta el momento no sabemos si se aplicó en procesos electorales o si realmente están en alguna dependencia, a punto de que se atienda este grave problema nacional. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente: - Habiéndose cumplido los extremos del artículo 58 del Reglamento, consulte la secretaría a la asamblea si se admite o se desecha la propuesta presentada.
La secretaria diputada María Teresa Ortuño Gurza: - Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a la asamblea si admite o desecha la proposición presentada por el diputado Leopoldo Salinas.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
El Presidente: - Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados.
Continúe la secretaría.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria diputada María Teresa Ortuño Gurza: - Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Comisión Permanente. - Segundo Receso. - Segundo Año. - LIV Legislatura.
Orden del día.
26 de septiembre de 1990.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Congreso del Estado de Michoacán, invita a la sesión solemne en la que el ciudadano Genovevo Figueroa Zamudio, gobernador constitucional del estado, rendirá el cuarto informe de gobierno, que tendrá lugar el 29 de septiembre.
El Congreso del Estado de Chihuahua, invita a la sesión solemne en la que el licenciado Fernando Baeza Meléndez, gobernador constitucional del estado, rendirá el cuarto informe de gobierno, que tendrá lugar el 30 de septiembre.
El Congreso del Estado de Baja California, invita a la sesión solemne en la que el ciudadano Ernesto Rulfo Appel, gobernador constitucional del estado, rendirá el primer informe de gobierno, que tendrá lugar el 1o. de octubre.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Michoacán y Tabasco.
Oficios de la Secretaría de Gobernación.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jorge Rolando Horacio Almanza Cabrera, pueda prestar servicios como asesor económico en la delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas, en México.
Cuatro, por los que se comunica que los ciudadanos Eduardo Sandoval Cantón, Gabriela H. Romero de Barriga, Mercedes María del Pilar Zarza González y Ana Lilia Lizette Romo Sánchez, han dejado de prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso del general brigadier diplomado de estado mayor, Rubén Arias Arciniega, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de
Mayo, en grado de Gran Oficial y la Medalla al Mérito, que le confiere el gobierno de Argentina.
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso de la ciudadana Susana Micaela Mahieux, para que pueda aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Francia en la Paz, Baja California.
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso de la ciudadana Mónica Patricia Reyes López, para que pueda prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Dictámenes a discusión
Cinco, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados a los ciudadanos José Morales Rosas, Pompeyo León Herrera, Homero Torreblanca Nambo, Fernando de J. Rizo Alvarez y José Antonio Ascencio Barbosa.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al doctor Hugo Ortíz Dietz, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la República de Francia.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al teniente coronel de infantería diplomado de estado mayor, Víctor Manuel Fernández Valencia, para aceptar y usar la condecoración Cruz del Mérito Militar de Primera Clase, con Distintivo Blanco, que le confiere el gobierno de España.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Rosendo García Montemayor, para prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso la ciudadana Soledad González Ascencio, para prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano César Alberto Solís Sánchez, para aceptar y desempeñar el cargo de Vicecónsul Honorario de la República de Perú en Monterrey, Nuevo León.
Y los demás asuntos con los que la secretaría dé cuenta.»
El Presidente (a las 16.30 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo miércoles 26 de septiembre a las 11.00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y DIARIO DE LOS DEBATES