Legislatura LIV - Año II - Período Ordinario - Fecha 19891114 - Número de Diario 7
(L54A2P1oN007F19891114.xml)Núm. Diario:7ENCABEZADO
LIV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Lic. Guillermo Jiménez Morales
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Lic. Benjamín Martínez Martínez
Año II México, D.F., martes 14 de noviembre de 1989 No. 7
SUMARIO
SUMARIO
ASISTENCIA
La secretaría notifica que hay quórum.
APERTURA
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión, se aprueba.
INVITACIONES
Del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, para asistir a la sesión solemne de instalación de la LIV Legislatura y apertura del primer período ordinario de sesiones, en la que rendirá el tercer informe de gobierno el gobernador constitucional del estado, el día 15 de noviembre. Se designa comisión.
Del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, para asistir al tercer informe de gobierno del gobernador constitucional del estado, el día 15 de noviembre. Se designa comisión.
Del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, para asistir al segundo informe de gobierno del gobernador constitucional del estado, el día 15 de noviembre. Se designa comisión.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
De la Comisión del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1988.
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL
De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente al ejercicio fiscal de 1988.
INICIATIVA EN MATERIA DE DEUDA
Hace uso de la palabra el ciudadano Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar esta iniciativa. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
FALLECIMIENTO DE DOLORES IBARRURI
En su memoria hace uso de la palabra los ciudadanos Celia Torres Chavarría, Amalia García Medina y Vicente Fuentes Díaz, para solicitar se envíe un mensaje al gobierno de España y se demande un minuto de silencio. Se aprueba.
DEL ESTADO DE SINALOA
El ciudadano Rafael Núñez Pellegrín hace uso de la tribuna para denunciar hechos ilícitos durante el proceso de elecciones suscitado en ese estado, pidiendo se proceda en contra de las personas que resulten responsables y se investigue por parte de la Comisión de Derechos Humanos.
La Presidencia informa en relación al caso del diputado Rafael Núñez Pellegrín, del Partido Acción Nacional por el VIII Distrito del estado de Sinaloa, se gestionó el cumplimiento constitucional para que se respete el fuero conferido a su persona, de las vejaciones sufridas.
Para aclaraciones en relación a estos hechos habla el ciudadano Pablo Moreno Cota y para alusiones personales interviene el ciudadano Rafael Núñez Pellegrín.
Continúa la ciudadana Blanca Leticia Escoto González, para hacer sus comentarios en relación al proceso electoral en el estado de Sinaloa.
SOBRE EL SALVADOR
La ciudadana María Elena Chapa Hernández comenta los acontecimientos suscitados en esta república, presentando un punto de acuerdo para hacer un llamado a negociación pacífica. Se acuerda.
LOS ARTÍCULOS DEL 80 AL 93 DE LA CONSTITUCIÓN
El ciudadano Juan Jaime Hernández presenta una denuncia sobre la violación a estos artículos que está cometiendo el Ejecutivo de la nación.
Debaten los ciudadanos Octavio Moreno Toscano y Javier López Moreno sobre este punto mencionado y sobre algunos aspectos de la reforma electoral.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL CIUDADANO GUILLERMO JIMÉNEZ MORALES
(Asistencia de trescientos treinta y un ciudadanos diputados)
ASISTENCIA
El C. secretario Gustavo Rosario Torres: - Señor Presidente, hay una asistencia de 331 ciudadanos diputados. Hay quórum.
APERTURA
El C. Presidente (a las 10.15 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria Hilda Anderson Nevárez de Rojas: - Se va a dar lectura al orden del día.
«Cámara de Diputados.- Primer Período Ordinario de Sesiones.- Segundo Año.-
LIV Legislatura.
Orden del día
14 de noviembre de 1989.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Congreso del Estado de Aguascalientes invita a la sesión solemne en la que el ciudadano licenciado Miguel Ángel Barberena Vega, gobernador constitucional del estado, rendirá el tercer informe de gobierno, que tendrá lugar el 15 de noviembre.
El Congreso del Estado de Sinaloa invita a la sesión solemne en la que el ciudadano licenciado Francisco Labastida Ochoa, gobernador constitucional del estado, rendirá el tercer informe de gobierno, que tendrá lugar el 15 de noviembre.
El Congreso del Estado de Coahuila invita a la sesión solemne en la que el ciudadano licenciado Eliseo Mendoza Berrueto, gobernador constitucional del estado, rendirá el segundo informe de gobierno, que tendrá lugar el 15 de noviembre.
Proposición de la Gran Comisión.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión del Distrito Federal, relativo a la Cuenta de Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal, correspondiente al Ejercicio Fiscal de 1988.
De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al Ejercicio Fiscal de 1988."
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El secretario Rubén García Farías: - Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, celebrada el día diez de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la Quincuagésima Cuarta Legislatura.
Presidencia del diputado Hiram Escudero Alvarez
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diez horas con veintidós minutos del día diez de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, con una asistencia de doscientos ochenta y seis diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que, sin discusión, se aprueba en sus términos.
Se da cuenta con una iniciativa del Poder Ejecutivo Federal, que reforma el artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Se turna a la Comisión de Energéticos.
El Presidente informa que con fundamento en el artículo octavo, párrafo tercero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el acuerdo parlamentario suscrito por los coordinadores de los grupos parlamentarios de los partidos representantes en esta Cámara de Diputados, la sesión de hoy estará destinada al análisis del Primer Informe de Gobierno rendido por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en sus capítulos de Política Exterior y Distrito Federal.
Para expresar sus opiniones sobre el tema de Política Exterior, hacen uso de la palabra los diputados: Guadalupe Gómez Maganda de Anaya, del Partido Revolucionario Institucional; Enrique Rojas Bernal, Juana García Palomares, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; José Murat, del Partido Revolucionario Institucional; Carlos Castillo Peraza, del Partido Acción Nacional; Vicente Luis Coca Alvarez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, a quien el Presidente le recuerda que el tema a tratar es el de política exterior y que el tiempo reglamentario que se le concede a cada orador, se le ha terminado; María Elena Chapa Hernández, del Partido Revolucionario Institucional; Jesús Antonio Carlos Hernández, del Partido Popular Socialista.
Presidencia del diputado Ismael Orozco Loreto
Continúan con el análisis del capítulo de política exterior, los diputados Amalia García Medina, del Partido de la Revolución Democrática y Alberto Ling Altamirano, del Partido Acción Nacional.
Presidencia del diputado Hiram Escudero Alvarez
Cierra el turno de oradores en el capítulo de política exterior, el diputado Víctor Hugo Celaya, del Partido Revolucionario Institucional, quien contesta a una interpelación del diputado Ernesto Jiménez Mendoza.
Desde su curul, el diputado Dionisio Pérez Jácome solicita a la Presidencia que se dé lectura a los artículos ciento cuatro y ciento cinco del reglamento, con el fin de ilustrar al interpelante y después hace uso de la palabra para solicitar que la secretaría dé lectura a un texto de don César Sepúlveda, con el que se justifica que el Presidente de la República sea el jefe del Estado.
Por instrucciones de la Presidencia, la secretaría da lectura a una invitación del Congreso del Estado de Chiapas, a la sesión solemne en la que el gobernador del estado rendirá su informe de gobierno. Se designa a la comisión que representará a la Cámara de Diputados en dicho acto.
Hace uso de la palabra el diputado Joaquín Alvarez Ordóñez, del Partido Revolucionario Institucional, para expresar su opinión sobre el capítulo Distrito Federal del Primer Informe de Gobierno rendido por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari.
Al terminar el orador, el Presidente pide a la secretaría que pase lista de asistencia con el fin de verificar el quórum y la secretaría informa que hay una asistencia de trescientos cuarenta y siete diputados.
Presidencia del diputado José Luis Lamadrid Sauza
Para continuar con el análisis del Primer Informe de Gobierno, hacen uso de la palabra los diputados Rubén Venadero Valenzuela, Celia Torres Chavarría, del Partido de la Revolución Democrática; José Nelson Madrigal Gómez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Ignacio López Tarso, del Partido Revolucionario Institucional y Miguel Hernández Labastida, del Partido Acción Nacional.
Presidencia del diputado Guillermo Jiménez Morales
Continúan con el turno de oradores los diputados Ernesto Jiménez Mendoza, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y desde su curul el diputado Alberto Salazar Muciño propone una moción de orden, porque el orador no se ciñe al tema a tratar; Esther Kolteniuk de Césarman, Marcela Lombardo Otero, del Partido Popular Socialista, quien al final de su intervención da lectura a un documento dirigido al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al Congreso de la Unión y al pueblo de México, en el que un grupo de trabajadores jubilados expresan sus inconformidades.
Para terminar con el análisis del informe presidencial, hacen uso de la palabra los diputados José Luis Alonso Sandoval, del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Galván Moreno, del partido Acción Nacional y Jesús Anlen López, del Partido Revolucionario Institucional.
Solicitan y se les concede el uso de la palabra para rectificación de hechos sobre diversos temas, los diputados Alfredo Arenas Rodríguez, del Partido Acción Nacional, quien se refiere a algunos aspectos del informe presidencial; Fernando Palacios Vela, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, sobre problemas de los productores de caña de azúcar; Mario Rojas Alba, del Partido de la Revolución Democrática, sobre los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Hace uso de la palabra para leer lo que llamó una declaración política de su partido, el diputado Ismael Yáñez Centeno, del Partido de la Revolución Democrática.
Para referirse a lo dicho por el diputado Palacios Vela, hace uso de la palabra la diputada Graciela Patricia Gómez de Ibarra, del Partido Revolucionario Institucional.
Para contestar alusiones personales, se concede el uso de la palabra a los diputados Fernando Palacios Vela, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Luis Antonio Pérez Fraga, del Partido Revolucionario Institucional y nuevamente el diputado Palacios Vela.
Para contestar a lo dicho por el diputado Mario Rojas Alba, hace uso de la palabra el diputado Onofre Hernández Rivera, del Partido Revolucionario Institucional.
Para contestar alusiones personales, hace uso de la palabra el diputado Mario Rojas Alba, del Partido de la Revolución Democrática, quien contesta a una interpelación del diputado Hernández Rivera.
Para referirse al documento leído por el diputado Yáñez Centeno, hace uso de la palabra el diputado Mario Ruíz de Chávez, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta una interpelación de la diputada Amalia García Medina.
Para rendir homenaje a la Revolución Socialista de octubre en su septuagésimo segundo aniversario, hace uso de la palabra el diputado José Marín Rebollo, del Partido Popular Socialista.
Agotados los asuntos en cartera, la secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura al de hoy a las veinte horas con treinta y seis minutos, citando para la que tendrá lugar el martes catorce de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, a las nueve horas.»
Está a discusión el acta...No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor Presidente.
INVITACIONES
El C. secretario Gustavo Rosario Torres: - Voy a dar lectura a una investigación.
"Ciudadano Presidente de la honorable Cámara de Diputados.- Palacio Legislativo .- México, Distrito Federal.
El honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, invita a usted a la sesión solemne de instalación de la LIV Legislatura y apertura del primer período ordinario de sesiones, en el que el ciudadano Miguel Ángel Barberena Vega, gobernador constitucional del estado, rendirá su tercer informe de gobierno, el día 15 a las 11.00 horas en el auditorio municipal de esta ciudad, declarado recinto oficial. Jesús María, Aguascalientes, noviembre de 1989."
El C. Presidente: - Para asistir a este acto en representación de esta honorable Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Augusto Gómez Villanueva y Jesús Ortega Martínez.
La C. secretaria María Teresa Dorantes Jaramillo:
"Ciudadano Presidente de la honorable Cámara de Diputados.- Palacio Legislativo .- México, Distrito Federal.
El honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa invita a la sesión solemne en la que el ciudadano licenciado Francisco Labastida Ochoa, gobernador constitucional del estado, rendirá su tercer informe de gobierno a las 11.00 horas en el teatro de "Villa Vicencio", declarado recinto oficial, el día 15 de noviembre de 1989.
Culiacán, Sinaloa."
El C. Presidente: - Para asistir a este acto en representación de esta honorable Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Juan Rodolfo López Monroy, Gregorio Urías Germán y Manuel Patricio Estévez Nenninger.
El C. secretario Rubén García Farías:
"Ciudadano Presidente de la honorable Cámara de Diputados.- Palacio Legislativo .- México, Distrito Federal.
La LI Legislatura del honorable Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, invita a usted a la sesión solemne en la que el ciudadano licenciado Eliseo Mendoza Berrueto, gobernador constitucional del estado, rendirá su segundo informe de gobierno.
La ceremonia se efectuará el día 15 de noviembre, a las 12.00 horas, en el cine "Azteca", de la ciudad de Monclova, Coahuila, declarada asiento de los poderes del estado, con motivo del tricentenario de su fundación.
Saltillo, Coahuila, noviembre de 1989.»
El C. Presidente: - Para asistir a este acto en representación de esta honorable Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Benigno Gil de los Santos y Erasmo López Villareal.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
El C. secretario Gustavo Rosario Torres:
"Comisión del Distrito Federal.
Cuenta de la Hacienda Pública del Distrito Federal de 1988.
Honorable asamblea: De acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 74 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos en su fracción IV, es facultad exclusiva de esta Cámara de Diputados revisar y discutir anualmente la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal.
En cumplimiento de este precepto constitucional, la Comisión del Distrito Federal ha revisado la cuenta pública sometida por el Departamento del Distrito Federal correspondiente al ejercicio de 1988 y ha elaborado el proyecto de dictamen que someteremos a esta honorable asamblea para su consideración, discusión y aprobación.
Como complemento del análisis efectuado por esta Comisión Legislativa se estudió cuidadosamente el informe que a este efecto nos fue remitido por la Contaduría Mayor de Hacienda, órgano técnico de esta Cámara que, bajo la dirección de la Comisión de Vigilancia, tiene a su cargo la revisión de la Cuenta Pública, tanto del gobierno federal como del Departamento del Distrito Federal. De manera especial, hemos tomado en cuenta las observaciones de la Contaduría en lo relativo al cumplimiento de los criterios
presupuestales, al resultado de la gestión financiera y al cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. Igualmente, hemos tomado en cuenta las observaciones sobre esta gestión que presentara la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, con base en lo establecido en el artículo 73, fracción VI, base III, inciso c, de la Constitución.
Cabe notar que es precisamente la Contaduría Mayor de Hacienda, órgano técnico de la Cámara de Diputados, al que habrá de fincar antes las autoridades competentes las responsabilidades que marca la ley, en caso de juzgar que existen discrepancias entre los gasto efectuados y las partidas presupuestadas o si algún gasto efectuado no tiene justificación.
Por otra parte, la vigilancia del presupuesto del Departamento del Distrito Federal que ejerce el Poder Legislativo, constituye, en nuestra opinión, la función de control de mayor relevancia.
Nuestro análisis de la Cuenta Pública del Distrito Federal, se enmarca en las siguientes consideraciones de las condiciones socioeconómicas que prevalecieron durante el año de 1988, período al que se refiere la gestión del Departamento del Distrito Federal que estamos considerando.
Mil novecientos ochenta y ocho marca a la ciudad de México como la más grande del mundo; realidad que compromete seriamente su funcionamiento y operatividad. A pesar de haber llegado a límites de tolerancia para el bienestar y la salud de sus habitantes, podemos anticipar que, de no tomarse las medidas necesarias, la ciudad de México seguirá creciendo como todos los centros urbanos del mundo.
La dinámica poblacional de la zona metropolitana se genera en un 55% por crecimiento natural y en 45% por inmigraciones provenientes principalmente de los estados de la región central del país.
La meta óptima sería que en el plazo más corto posible la ciudad sólo aumentara su población en función de los incrementos naturales para llegar a una etapa integral de consolidación y reestructuración que permita cubrir la demanda de servicios. Sin embargo, el crecimiento que prevalece no sólo elimina tal posibilidad, sino que lleva hasta el límite las posibilidades de cobertura administrativa. Es un hecho que el crecimiento poblacional en el Distrito Federal se desbordó sobre los municipios aledaños, lo que dio origen a las grandes zonas de conurbación en las que, con precariedad de servicios, una población procedente del campo se ha asentado irregularmente atraída por una oferta de fuentes de trabajo en centros fabriles establecidos dentro del área de influencia del mayor ámbito consumidor del país.
El desarrollo urbano integral de la ciudad de México, lejos de ignorar la conurbación debe ser congruente a ella, debe tener plena conciencia de que la explosión urbana de nuestra ciudad más que una conurbación es una suma de núcleos que trasciende los límites del Distrito Federal y que la mayoría de ellos son precarias ciudades perdidas que reclaman bienes y servicios y contribuyen al desastre ecológico que padece la zona metropolitana.
De ahí que, en 1989, analizar la cuenta pública del distrito Federal correspondiente al ejercicio de 1988, exija la consideración de su realidad geopolítica y poblacional; es decir, exija un enfoque metropolitano de la gestión del departamento del Distrito federal.
Resulta difícil actualmente pensar en el Distrito Federal como una unidad política administrativa definible, ya que la interrelación de las 16 delegaciones capitalinas con los 17 municipios mexiquenses e inclusive con otros 40 municipios de los Estados de México e Hidalgo en su entorno rural inmediato, exige una compleja coordinación entre los gobiernos que permita realizar las diferentes tares de servicios a la población, así como la concertación necesaria a la convivencia de esa amplísima gama de intereses que integran en la zona.
Es un hecho que la diversidad de intereses económicos, políticos y culturales en su existencia en la zona metropolitana a la ciudad de México se polarizan y a menudo se compone en razón de las aspiraciones de los distintos sectores sociales. De la misma manera los sectores productivos de la industria, el comercio, los servicios y la agricultura compiten a menudo entre sí en busca de la consolidación de su desarrollo dentro de la zona.
Una primera tarea en planeación para un desarrollo integral urbano es la conciliación, en la medida de lo posible, de los recursos naturales que se van agotando con lo legítimos anhelos de bienestar de todos los habitantes de la metrópoli. Frente a la creación de una infraestructura que permita proporcionar a todos los habitantes de la zona los servicios que requieran, está el costo de dicha infraestructura que debe tomar en cuenta las normas y preceptos tendientes a la protección ecológica que sería criminal y suicida no observar.
Un tema obligado de estas consideraciones es el del agua. Tanto los encargados de su suministro
como los usuarios tienen que adquirir una mayor conciencia de que es escasa y de que la primera medida es la de adoptar patrones de consumo más austeros. No basta con la implantación, por parte de las autoridades, de programas de control de pérdidas y uso deficiente del agua, como una opción mucho, que la de acudir a la ampliación demanda necesariamente aumento, sino que se requiere esfuerzos mayores para lograr que sea la ciudadanía la que se encargue de controlar el uso abusivo de este recurso.
A la par de las acciones del Departamento del Distrito Federal, tendientes a mejorar aspectos tan importantes como la medición del agua en las fuente y las tomas, el control de fugas en las redes, el mantenimiento sistemático en las instalaciones y la construcción de plantas de depuración, debe insistirse en la industria del reciclaje. de aguas residuales tratadas; aguas que pueden igualmente utilizarse, como se ha señalado con anterioridad, en el riego de parques y jardines y en llenado de lagos recreativos.
En cuanto al otro aspecto del problema del aprovechamiento del agua, el su desalojo, no podemos olvidar que su manejo implica costos, inclusive más altos que el de su suministro ya no existe un drenaje natural en el Distrito Federal Es urgente por lo tanto no sólo que se mejore la operación y se evite el deterioro de la infraestructura y de los limitados cauces naturales existentes, sino que la insuficiente recaudación por este concepto se adecué a la realidad del costo de este servicio para que el Departamento del Distrito Federal cuente con los recursos para ampliar la red de drenaje y evitar las casa vez más graves inundaciones que ponen en peligro tanto el patrimonio de los habitantes de la zona como su salud.
Si el principal problema del agua es su escasez, el de la basura en su abundancia. La producción de basura en el valle de México, es de la magnitud de tres millones de metros cúbicos al mes, frente a una producción nacional de 10 millones de metros cúbicos.
Después de considerar algunos métodos más difundidos en el mundo para desahacerse de la basura; la pepena, la incineración, el entierro, la trituración y compactación, todos ellos dependientes en primer lugar del traslado de la basura de sus lugares de origen a tiraderos y demás áreas de destino, actividad a la vez contaminante y compleja en un área tan amplia y de tan conflictiva circulación vesicular, y contaminantes igualmente en etapas posteriores de procesamiento al convenir la basura en gases; y humos tóxicos, en desechos que se filtran al subsuelo y se introducen en fuentes de agua, subterráneas y superficiales, aceptamos, con los expertos, que no existe solución para la basura a no ser que cambiemos nuestra forma de actuar, de producir y de trabajar a fin de no producir basura, o cuando menos, de reducir considerablemente nuestra producción de basura.
La fórmula que sugieren algunos expertos sobre el tema es separar los distinto tipos de desechos; papel y cartón, plásticos, metales, vidrio, los llamados varios (trapos, cuero, hule, madera, etcétera), y los desechos orgánicos, evitando de esta manera que se conviertan en basura, ya que es precisamente su combinación lo que constituye la basura y no los desechos aislados. El argumento es convincente si bien implica un programa extenso de educación de la ciudadanía.
Nuevamente, la toma de conciencia de la gravedad del problema y de su incidencia en la insalubridad del ambiente y de la zona en general, debe ser el motor de la voluntad y cooperación ciudadana mismos que, en última instancia, será la solución.
Los graves problemas del suministro de agua, del desalojo de aguas y basura, del caos vial, de la falta de sitio digno para vivir y en general, de las deplorables condiciones de existencia de enormes grupos de ciudadanos, tienen que ver individualmente con la desorbitada concentración de habitantes en el área pero también tiene que ver con el tipo de crecimiento que ha tenido la metrópoli y con el hecho de que no es fácil reestructurar el crecimiento en forma más idónea.
La realidad es que persiste una concentración de actividades comerciales y de servicios en las delegaciones del centro Distrito Federal, continuando en aumento el número de ciudades dormitorios en los municipios conurbanos del estado de México. Al ser esta zona el principal mercado del país, continúa concentrándose en ella la población.
En lo que concierne a vivienda, no podemos ignorar que la mayoría de las personas que radican el la ciudad de México, carecen de la capacidad económica y de la capacidad de organización, necesarias para resolver sus problemas gubernamentales de vivienda de interés social se basan en el reconocimiento de que la sociedad debe prestarle apoyo para alcanzar en techo.
Íntimamente relacionado con el problema de la vivienda está el del uso del suelo y tenencia de
la tierra, ese bien escaso que exige especial atención por parte de las autoridades, ya que a ellas compete la creación de reservas territoriales para poder hacer frente al crecimiento, así como de áreas de preservación ecológicas para evitar que la invasión urbana acabe con lo poco que queda de áreas verdes y zonas de recarga del manto freático, hoy por hoy nuestra única débil defensa en contra del acelerado deterioro ambiental.
Puesto que una parte importante de éstas áreas que rodean nuestra ciudad son ejidos, su protección deberá ser mancomunada entre ejidatarios, comuneros y propietarios privados, mediante convenios concertados, dejando salvo los derechos de los afectados.
Una constante en los temas que venimos discutiendo es la protección y saneamiento del medio ambiente, pero no debemos perder la vista que detrás de la mayoría de los problemas ambientales, están la escasez de recursos y los intereses creados. si bien la pobreza obliga a los hombres a anteponer sus intereses a corto plazo a los interés a largo plazo que representa la ecología, la otra cara de la moneda es el afán de lucro de unos cuantos. La principal víctima del deterioro ambiental es el hombre.
En materia de saneamiento ecológico, la depuración de aire que se respira en el valle de México, ya no admite demoras. Puesto que el diccionario del medio ambiente caracteriza el tránsito de vehículos como el problema número uno, la solución necesariamente implica la reorganización del transporte público masivo y la correspondiente reducción del automóvil particular.
En defensa del automóvil están propuestas de mejorar los combustibles y exigir el uso de catalizadores. Pero si bien esas medidas en algo ayudarían, no son suficientes, ya que los catalizadores en uso actualmente no filtran suficiente óxido de nitrógeno, ademas que los autos con catalizador producen el mismo ruido, provocan el mismo número de accidentes y embotellamientos de calles y carreteras que los que no los tienen, sin tomar con que emiten el mismo bióxido de carbono, que es la sustancia que mas influye en el llamado efecto de invernadero, que esta llevando al mundo hacia el riesgo de una catástrofe climática.
El transporte y la contaminación, se ha convertido en un problema social grave. La urbanización acelerada de nuestras ciudades requiere de grandes sistemas de transporte masivo para resolver las necesidades de traslado de una población siempre en aumento. al irse integrando nuevas áreas en una gran mancha urbana, el transporte público se convierte a la vez en un reclamo y en impulsor de la expansión metropolitana. Esta paradoja debe resolver mediante una planificación urbana integral aunada al control del crecimiento urbano.
En el Distrito Federal y en su área conurbada, existen modalidades de transporte público que responden a regímenes de propiedad diversos que son operados por instancias administrativas y legales diferentes., lo cual dificulta toda coordinación de este servicio. Es esencial que contemos con una política de transporte público para el distrito Federal y su área conurbada.
En las condiciones actuales es financiera y técnicamente imposible que el gobierno asuma por si solo la prestación de este servicio.
Al haberse ido suprimiendo los subsidios del gobierno federal al transporte, las empresas concesionadas han ido absorbiendo casi el 45% de los viajes realizados en transporte colectivo. Es de esperarse que esta tendencia persista si continúa la reducción presupuestaria del transporte público.
Es un hecho que durante décadas una parte importante del gasto público se destinó a obras de vialidad, lo que propició no sólo rezagos en el transporte público masivo, sino tendencias al predominio de un sistema colectivo contaminante y poco eficiente y el uso de vehículos particular. Actualmente se requiere inversiones considerables para mantener niveles de eficiencia, mínimo en el sistema colectivo. Estamos pagando un alto costo social y económico como resultado de una presupuestación insuficiente, para atender las necesidades de transporte público.
De no modificarse la política tarifaría, a fin de obtener mayores recurso, los costos de transporte en el Distrito Federal, continuarán afectando otros renglones igualmente prioritarios, como la vivienda, la educación y la salud.
El alto costo del Metro, redujo drásticamente las inversiones en otros tipos eficaces de transporte masivo, como los trolebuses y los tranvías que fueron desplazados por ejes viales y eliminados definitivamente en 1985. La expansión de los taxis colectivos por toda la zona metropolitana de la ciudad de México que actualmente trasladan 2.1 veces más de pasajeros que en el Metro, 1.5 más que en la ruta 100, y casi dos veces mas que los autobuses suburbanos del estado de México, anticipa que en pocos años se convertirán en el transporte predominante en la zona, a pesar de que un trolebús transporta el equivalente a 18 combis o nueve minibuses.
Autobuses, combis y taxis, junto con los vehículos particulares, son las principales fuentes de contaminación. Las acciones que se han tomado para resolver la situación resultan insuficientes. De no adoptarse políticas más enérgicas, a fin de siglo la concentración de contaminantes en la atmósfera será intolerable. No hay plena conciencia de los gravísimos efectos que convocan sobre la salud los vehículos en mal estado.
Aunado a lo anterior está el cumplimiento de la normatividad existente, lo que provoca graves congestionamientos de vehículos en circulación, que los que están mal estacionados reducen la velocidad de circulación aumentando la emisión de contaminantes.
El gobierno no puede por si solo resolver el problema de la contaminación vesicular. La responsabilidad también es de la ciudadanía. Pero no son los únicos, es perentorio que la industria automotriz haga mayores esfuerzos. De la misma manera los sectores productivos, comercial, industrial y financiero deberán contribuir más directamente por la vía fiscal, a financiar un buen servicio del que también son sus beneficiarios y por lo tanto responsables.
Debemos adoptar medidas más eficaces para resolver los problemas de contaminación vesicular. La acción de todos lo sectores sociales es absolutamente indispensable para lograr una mejoría ambiental.
No obstante la seriedad del problema del deterioro ecológico de la zona metropolitana y de su resultante insalubridad y de la urgencia que tiene la solución al problema del transporte, una encuesta muy difundida por un diario de amplia circulación nacional, señaló como preocupación central de la población de la zona metropolitana de la ciudad de México, la seguridad. La depuración de los cuerpos policiacos, su profesionalización, y una mejora general del sistema de impartición de justicia no puede posponerse.
En materia de protección y seguridad pública el ciudadano no puede actuar directamente, pero si puede buscar la prevención de delitos en colaboración con las autoridades, siempre que éstas merezcan su confianza. No podemos permitir que nuestra ciudad se convierta en un centro de violencia e inseguridad, procuremos que a través de foros de delegaciones de consulta popular, de la asamblea de representantes y de otras instancia , se generen propuesta concretas de los habitantes de la ciudad para solucionar conjuntamente el problema de inseguridad pública.
Las finanzas del departamento del distrito Federal, han venido padeciendo a lo largo de los años de un deterioro causado no solo por los costos cada vez mayores, que requieren crear la infraestructura necesaria para hacerle frente al incremento acelerado y desordenado de su población sino además por las graves insuficiencias del sistema recaudatorio y la vigencia de precios y tarifas de los servicios aportados de sus costos reales.
Esta situación básicamente es producto de que en el pasado, ante el creciente flujo de ingresos derivados de las participaciones en impuestos federales , de crédito y de subsidio, no se habían preocupado el Departamento por actualizar, agilizar y fiscalizar adecuadamente sus incrementos tributarios y no tributarios.
El sistema impositivo deberá proveer mayores recursos al Departamento del Distrito Federal, a fin de permitir la instrumentación de políticas de reordenamiento urbano y racionalización en el uso de suelo, a la vez que se promuevan actividades socialmente productivas, desalentando lo que no contribuya a los procesos redistributivos del ingreso y la riqueza, propósito que hasta 1988 no habían sido satisfechos.
Por el lado de precios y tarifas, el dilema a que se enfrenta el Departamento del Distrito Federal es que sanear las finanzas conlleva un impacto social muy fuerte. Una política sana supondría elevar las tarifas para lograr la autosuficiencia y la ampliación de la cobertura de los servicios que presta. En contrapartida en tanto los precios y tarifas se mantienen bajos no es posible proporcionar servicios adecuados
La realidad económica del país y de las grandes mayorías de los pobladores de la urbe, no permite equilibrar el binomio ingresos - gastos. Estamos ante un circulo vicioso: para mejorar los ingresos del Departamento del Distrito Federal se requiere mejorar los ingresos de la familia, cuyos recursos no le permiten aportar más para cubrir los costos de los servicios que requiere.
Ante las limitaciones impuestas por la realidad nacional y local, es de reconocerse los importantes esfuerzos del Departamento del Distrito Federal, por hacerle frente a los problemas de nuestra ciudad.
Observancia de los criterios presupuestales.
Con base en el informe previo sobre la revisión de la Cuenta Pública del Departamento del distrito Federal, elaborado por la Contaduría Mayor
de Hacienda, y en nuestro análisis de la cuenta pública, se observó que el departamento del Distrito Federal cumplió, en términos generales, con los criterios presupuestales que rigen su actividad en esta materia.
Por lo que concierne a la Ley de los Ingresos, se Verifico que el endeudamiento neto contraído para financiar el Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal de 1988, no excedió del monto fijado en el artículo 2do. de la ley de referencia.
Del análisis realizado se desprende que la dependencia se ajustó al monto máximo de endeudamientos que establece la ley. En relación con el decreto del Departamento de Egresos, se examinó el cumplimiento de los programas tanto del Departamento del distrito Federal como de sus entidades coordinadas; los casos en que se rebasaron los montos de gastos autorizados; si las cantidades que recaudó el sector no se destinaron a fines específicos , salvo en los casos que determinen las leyes; las obligaciones que tienen las unidades administrativas y entidades del sector Departamento del Distrito Federal respecto al ejercicio de las erogaciones por servicio personales y a las autorizaciones de pagos por compensaciones a servidores públicos a títulos de representación; si las adquisiciones y arrendamientos se efectuaron conforme a lo dispuesto en el Presupuesto del Egresos del Departamento del Distrito Federal y si se realizaron gastos con cargo a la partida de erogaciones relativas a congreso, convenciones, ferias y exposiciones; si las erogaciones de ceremonias, orden social comisiones al extranjero. asesoría, becas, y donativos se redujeron al mínimo indispensable; si el Departamento del Distrito Federal autorizó la administración de donativos, el otorgamiento de gratificaciones y obsequios , etcétera la obligación de informar a las secretarías de Programación y Presupuesto y de hacienda y Crédito Público, en la forma y con la prioridad que dispongan esas dependencias, sobre los movimientos presupuestales; si se respetaron los montos máximos, fijados para los contratos de obras públicas, adjudicados en forma directa o mediante convocatorias; si en materia de adquisiciones, arrendamiento y contratación de servicios relacionados con bienes muebles, los contratos y pedidos adjudicados en forma directa y los adjudicados mediante convocatorias se adjuntaron al monto máximo fijado en cada caso, la auditorias hubiesen practicado la Secretaria del la contraloría General de la Federación al sector Departamento del distrito Federal.
Por lo que concierne al artículo 5to. respecto a la ejecución de los programas del Departamento de Distrito Federal y de sus entidades coordinadas, el Departamento del Distrito Federal cuenta con un sistema para revisar los informes de avance programático presupuestal que rinde trimestralmente sus entidades. dicho sistemas genera información analítica y administrativa para el gobierno del sector.
En cuanto a lo que señala el artículo 9o. respecto a los casos en que rebasaron los montos del gasto autorizado, el sector Departamento del Distrito Federal en general cumplió lo dispuesto por ese precepto.
El Departamento del Distrito Federal informó que sus órganos desconcentrados no destinaron recursos públicos a fines específicos, lo cual se corroboró mediante un mecanismo denominado Sistema del Ejercicio Presupuestal, en observancia de lo que dispone el artículo II.
El Departamento del Distrito Federal realizó transferencia de recursos destinados a programas, prioritarios a otros programas, aun cuando las metas originales de los programas afectados a la baja no fueron alcanzadas, como es el caso del programa "drenaje y tratamiento de aguas negras", incumpliendo lo señalado en el artículo 14 del decreto de Presupuestos de Egresos que establece que los programas prioritarios no podrán ser afectados a la baja, excepto cuando se hubiesen cumplido las metas originalmente presupuestales y siempre y cuando las transferencias sean hacia otros programas también denominados como prioritarios.
En lo que concierne al cumplimiento de las obligaciones que asigna el artículo 16 a las unidades administrativas y entidades del sector en el ejercicio de las erogaciones por servicios personales, el Departamento del Distrito Federal ha establecido la normatividad necesaria para reforzar el cumplimiento en esta materia .
En relación con el mismo Artículo, en lo referente a si el Departamento del Distrito Federal, en su carácter de coordinador sectorial, autorizó los pagos de compensaciones a servidores públicos a título de representación en órganos de gobierno, juntas directivas, consejos y comités técnicos, del análisis efectuando se concluye que, en términos generales la dependencia autorizó las erogaciones por este concepto.
En cuanto a los gastos por concepto de congresos, convenciones, ferias y exposiciones con cargo a la partida de erogaciones improvisas, para los cuales no se debió ejercer presupuesto, del análisis respectivo se desprende que en términos generales, el sector Departamento del Distrito.
Federal se ajustó a las normas establecidas en el artículo 17.
Por lo que respecta al artículo 18, el cual disponía que las erogaciones de ceremonial, comisiones al extranjero, orden social, asesorías, becas y donativo debían reducirse al mínimo indispensable, de la información obtenida sobre el particular se infiere en que, en general se cumplió esa disposición legal, con la salvedad de que Servicios Metropolitanos, S. A de C. V., para efectuar algunos gastos por conceptos de estudios de la investigación, propaganda , etcétera, no requiero, la autorización del titular del Departamento del Distrito Federal argumentando que ello podría retrasar o anular las operaciones correspondientes.
En lo referente a la autorización que las entidades que integran el sector Departamento del Distrito Federal debieron obtener del titular de la dependencia coordinadora para efectuar las erogaciones correspondientes a subsidios, donativos, gratificaciones y obsequios, se considera que, en general el sector cumplió adecuadamente lo dispuesto en el artículo 23.
Por lo que toca a a obligación que establece el artículo 30, de informar a las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, en la forma y con la periocidad que señalan esas dependencias, respecto a los movimientos presupuestales, el Departamento del distrito Federal manifiesto que, en los casos en que fue necesario, se informó a dichas secretarías mediante el Sistema Integral de Información y con la periodicidad establecida en ese sistema.
En lo que corresponde a los montos máximos de obra pública que se pudieron contratar en forma directa y mediante convocatorias a cuando menos tres personas, de conformidad con el artículo 31, del examen realizado al respecto se desprende que el sector Departamento del Distrito Federal se ajustó a ese precepto. En los casos de las obras públicas relacionadas con las acometidas de energía eléctrica para la operación de lineas del Metro y de las obras civiles y electromecánicas de ese sistema no fue posible respetar los montos máximos de contratación, debido a que los casos estaban comprendidos en la excepción prevista en el párrafo segundo del artículo 30 y en la fracción III del artículo 56 de la ley de Obras Públicas.
En lo que concierne al artículo 32, que establecía los montos máximos de adjudicación directa o mediante convocatoria a cuando menos tres u ocho proveedores en relación con las adquisiciones, arrendamientos y contrataciones de servicios, se determinó que el Departamento del distrito Federal cumplió lo dispuesto en la meta y que, para asegurarse de ello, instituyó a sus entidades coordinadas con objeto de que presentaran previamente al control central los proyectos contratos y presupuestos para su análisis y autorización.
La cuenta pública de 1988 contiene gran parte de la información requerida para evaluar los resultados de los programas a cargo de la dependencia, sin embargo, aún se observan algunas diferencias, entre las cuales pueden mencionarse la complejidad de su presentación, la dificultada para asociar el gasto con las metas originales y alcanzadas de los programas, principalmente en el caso de los proyectos de inversión y la inclusión de comentarios demasiados generales para explicar las causas de las variaciones registradas tanto en la consecución de las metas como en el ejercicio del gasto asignado a los programas.
En vista de que se han cambiado los tiempos en que se efectúan las sesiones de la Cámara de Diputados, sería conveniente estudiar la posibilidad de que se presente en abril del año que sigue al cierre del ejercicio, la información referente a la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal con el objeto de que esta soberanía revise la gestión del Departamento en tiempos menos alejados a su ejecución.
Conocimiento de la gestión financiera.
El conocimiento de la gestión financiera del Departamento del Distrito Federal nos informa en primer término, que durante el ejercicio 1988 el resultado fue superavitario.
El superávit se debió a que el Departamento tuvo una mayor captación de ingresos propios. 13% superiores a los esperados y a que se mantuvo el gasto programado.
Este resultado positivo refleja la intención del Departamento de sanear sus finanzas en cumplimiento del compromiso adquirido en 1986 con el gobierno federal, cuando éste asumió su deuda y por los efectos del Pacto de Solidaridad Económica puesto en vigor en 1988. La liquidez del sector central fue equivalente a 2.03 pesos.
Otro aspecto importante de la gestión financiera fue la disminución de subsidio de la Federación al Departamento del Distrito Federal, habiéndose canalizado la mayor parte de ello hacia los organismos y empresas del sector. En 1987, el 29% de los ingresos fueron subsidios reduciéndose en 1988 al 15%.
El destino de las transferencias también vario de 1987 a 1988 ya que el sector central, de recibir el
32% pasó a recibir sólo el 12% del total. Este indicador apunta a una dependencia menor con respecto de la Federación.
Por último, notamos que en el renglón de deuda, el Departamento no sólo no colocó el monto aprobado, sino que tuvo un desendeudamiento neto.
Para análisis más detallado de la gestión financiera trataremos por separado ingresos, gastos, transferencias y deuda, considerando en primer lugar al Departamento del Distrito Federal en su conjunto y en segundo lugar , por separado el sector central, y los organismos y empresas del Departamento.
Ingresos
Tomando en cuenta que el índice inflacionario de 1988 fue de 52%, los ingresos totales del Departamento crecieron muy por encima de éste: 136%
De los ingresos totales, el 73% provino del sector central y el 27% del sector organismo y empresas. Tanto en el sector central como en los organismos y empresas el crecimiento se dio en los ingresos propios; participaciones e ingresos de capital habiéndose reducido el monto de subsidios y financiamientos como ya habíamos apuntado.
Por la importancia que tiene para rehabilitación financiera del Departamento el fortalecimiento de los ingresos propios y por el comportamiento que tuvieron en 1988, hacemos una referencia especifica de su composición.
El total de ingresos propios ascendió a 1 billón 305 mil 269 millones de pesos, cifra superior en 110% a la prevista originalmente y en 215% en relación a 1987.
Este incremento se explica, en parte por el aumento de 55% en relación a lo originalmente previsto en la captación de impuesto, debido al nuevo impuesto debido al nuevo impuesto del 2% sobre nóminas
Sin embargo, el mayor impacto en el crecimiento de los ingresos propios los tuvo el incremento extraordinario en el renglón de productos financieros.
Del total de ingresos propios los productos financieros representaron el 41% mientras que se había previsto que constituyeran e 13% reduciéndose la participación de impuestos y derechos en un 38% y 15% respectivamente, cuando se había programado que contribuyeran en 51% y 30% respectivamente. Puede hablarse de un manejo financiero muy eficiente. Sin embargo la función del departamento del Distrito Federal no es la inversionista sino la de proporcionar servicios públicos, por lo que nos preocupa que este renglón no recaudatorio se haya convertido en la fuente número uno de los ingresos propios confundiendo de alguna manera la tendencia a un creciente debilitamiento de los renglones tradicionales de ingresos propios como son los impuestos, los derechos y los aprovechamientos, frente al crecimiento del gasto corriente y de la inversión.
El Sistema Nacional de Coordinación fiscal sustituyó con el Impuesto al Valor Agregado el cobro por parte del Departamento del Distrito Federal de algunos impuestos tradicionales como el Impuesto por Ingresos Mercantiles afectando desfavorablemente sus ingresos propios, por lo que se ha visto obligado a recurrir a nuevas fuentes de ingresos como son el nuevo Impuesto Sobre Nóminas y los productos financieros.
Parte de la compensación de gobierno federal por la administración de impuestos federales se hace a través de proporcionar liquidez al Departamento por un Plazo de 15 días de recaudación. Esto explica una parte de los productos financieros que obtienen el Departamento.
Cuando hablamos de fortalecimiento y saneamiento de las finanzas públicas no sólo esperamos que las finanzas no sean deficitarias, sino que sus ingresos provengan de fuentes estables e independientes. No nos parece saludable que lo productos financieros constituyan casi la mitad de los ingresos propios, dada su volubilidad.
No se trata, insistimos de descartar esta fuente de ingresos, pero el hecho de que represente 41% de los ingresos propios y de que, de hecho, los ingresos propios cubrieron Únicamente 80 centavos de cada peso de gasto corriente nos lleva a preguntarnos qué hubiera pasado si en 1988 los productos no hubieran sido 571% superiores a lo esperado . La respuesta evidente es que hubiera sido necesario recurrir a subsidios o endeudamiento.
Por otra parte, aun cuando los subsidios del gobierno federal se incrementaron en un 22% en relación a 1987, únicamente presentaron el 61% de los ingresos del Departamento mientras que en 1987 representaron el 28% . Este dato muestra la decisión de la Federación de seguir una política de subsidios al Distrito Federal por lo que debemos estar conscientes de que en el futuro el Departamento del Distrito Federal deberá tener mayores recaudaciones o se
verá obligado a disminuir el gasto con las consecuencias que esto implica.
Finalmente, el comportamiento de las participaciones fue bueno, ya que se había estimado un aumento de 160% sobre el año anterior y este aumento fue rebasado en un 11%.
Dado que este ingreso se ha convertido en la fuente principal de ingresos del Departamento del Distrito Federal y que éstos son de hecho ingresos propios, es importante evaluar si es equitativo el porcentaje que le toca en el convenio de Coordinación Fiscal y terminar de una vez por todas con la falsa concepción de que la Federación subsidia a la capital.
Por otro lado, los subsidios recibidos por el Distrito Federal fueron canalizados, como ya señalamos, hacia los organismos y empresas del Departamento, destacando Industrial de Abastos con un crecimiento de 695% en sus ingresos, 22% de ellos subsidiados, en comparación con un subsidio del 12% el año anterior y el Metro, que en 1987 recibió 39% de subsidios como ingresos y en 1988 fueron de orden del 71%
Egresos
La modificación al renglón de Egresos del Departamento del Distrito Federal fue muy pequeña con respecto del presupuesto original, lo que refleja disciplina presupuestal durante el ejercicio.
Desde su elaboración, el presupuesto establecía una política de erogaciones proporcionalmente mayor en los organismos y empresas que en el sector central, invirtiendo la proporción de años anteriores.
Igualmente se estableció una política de incremento de gasto de inversión menor (76%) que de gasto corriente (152%). Esta política se matizó durante el ejercicio y como resultado los aumentos respecto del año anterior fueron de 141% en gasto corriente y 121% en gasto de inversión.
La revisión del comportamiento del gasto revela que si bien el gasto corriente fue menor al estimado, el renglón de servicios personales sí creció más de lo presupuestado.
Este gasto superior al presupuestado por servicios personales se localiza en los organismos y empresas del Departamento del Distrito Federal, sobresaliendo Ruta - 100 con 270% en comparación con 239% en el Metro, 225% en el Servicio de Transportes Eléctricos y 200% en Industrial de Abasto.
A este respecto es importante destacar el desequilibrio existente en el gasto por servicios personales que se manifiesta entre los diferentes modos de transporte público del Departamento del Distrito Federal.
Deuda
En 1988 se ejerció un endeudamiento mucho menor autorizado (20%) y, por lo tanto también su servicio fue inferior al estimado.
El valor total de la deuda del Departamento del Distrito Federal al 31 de diciembre de 1988 fue de 348 mil 364 millones de pesos, monto cercano al de superávit que ascendió a 351 mil 270 millones de pesos. La nueva administración recibe unas finanzas libres de esa responsabilidad.
Cabe señalar que del presupuesto ejercido por el sector central, las delegaciones políticas ejercieron 19.3% siendo que en 1987 había representado el 20.4%. Aunque la variación es poco significativa preocupa que la tendencia en la asignación presupuestal para las delegaciones sea a la baja, en virtud de las políticas de desconcentración y fortalecimiento de dichas instancias.
Del análisis hasta aquí realizado sobre la gestión financiera concluimos que, si bien el resultado en 1988 fue superavitario, hay aspectos que deben revisarse como son los sistemas de planeación y de aplicación de recursos, así como la participación y peso de cada una de las fuentes básicas de ingresos propios.
Ahora bien, no sólo es el debilitamiento de la base fiscal del Departamento Federal el que pone en riesgo sus finanzas, los grandes gastos realizados en infraestructura urbana, específicamente los que se refieren a los servicios de agua y transporte deben considerarse como factores contribuyentes en la determinación de la crisis financiera del Departamento del Distrito Federal, toda vez que resulta evidente que el precio de esos servicios no corresponde al costo de los mismos.
Por ejemplo, en relación al abasto de agua tenemos que el costo por metro cúbico de agua en bloque, es de 663.63 pesos, sin incluir el gasto en que incurre el Departamento del Distrito Federal en su distribución, cobrando al usuario 300 pesos promedio por metro cúbico de agua.
En el caso de Ruta - 100, en 1988 el costo de operación por usuario fue de 325 pesos mientras que el precio de boleto fue de 100 pesos.
Independientemente del criterio de justicia social o contable que se aplique, la adecuación de las tarifas con objeto de hacer autofinanciables en el corto plazo los servicios de transporte y de agua es prácticamente imposible, por lo que el subsidio y el endeudamiento tendrán que continuar, si se pretende continuar dotando de estos servicios a la población del Distrito Federal. No obstante, es indiscutible que si no se corrige la brecha entre precios y costos la prestación de estos servicios terminará por ser inmanejable. Es indispensable que la Comisión de Precios y Tarifas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revise las tarifas de los servicios del Departamento del Distrito Federal para que gradualmente encuentren su equilibrio.
A continuación se anexan los cuadros estadísticos que sirven como referencia a las observaciones incluidas en este capítulo.
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Cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas
En 1988, el gasto se orientó básicamente a mantener la prestación de los servicios públicos requeridos por la ciudadanía, así como a concluir las obras públicas en proceso.
La estructura programática se mantuvo en 21 programas como en el ejercicio 1987 y se consideraron como prioritarios los mismos 13 programas: vivienda, transporte urbano, ampliación y mejoramiento de la planta física educativa, regularización de la tenencia de la tierra, agua potable, drenaje y tratamiento de aguas negras, recolección y tratamiento de basura, seguridad pública, salud, deuda pública, aportaciones a la ministración de justicia, abasto y comercialización y prevención y control de la contaminación ambiental.
Sin embargo, algunos de estos 13 programas tuvieron una participación insignificante en el ejercicio del presupuesto, como se verá a continuación.
La participación de cada uno de los programas en el presupuesto ejercido de 5 billones 357 mil 138 millones de pesos fue la siguiente:
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Es importante señalar que tan sólo los tres primeros programas de transporte urbano, mejoramiento urbano y abasto y comercialización, absorbieron el 51% del presupuesto. Estos tres programas, sumados a los de "administración, seguridad pública, desarrollo y servicios sociales, recolección y tratamiento de basura, deuda pública, drenaje y tratamiento de aguas negras, agua potable, aportaciones a la administración de justicia y vivienda, se llevaron el 91% del presupuesto total del departamento del distrito federal; mientras que el resto de los programas: salud, administración fiscal y recaudación, ampliación y mejoramiento de la planta física educativa, planeación de los asentamientos humanos, fomento a la producción forestal y productividad, impartición de justicia y vigilancia de la legislación laboral, planeación, protección y mejoramiento del medio ambiente y regularización territorial, participaron en el presupuesto en un 9%.
Las variaciones del presupuesto ejercido en relación con el autorizado presentan incrementos y disminuciones en diversos programas, ocasionados por la retabulación de sueldos y salarios en algunos casos; por el alza de precios en materiales de construcción y por las reducciones efectuadas en cumplimiento a las disposiciones de disciplina presupuestal.
En el presupuesto aprobado para el ejercicio 1988, según ya se mencionó, se consideró como programas prioritarios básicamente los mismos que en 1987, lo que denota continuidad en los objetivos del Departamento del Distrito Federal.
Sin embargo, los resultados apuntan hacia una insuficiencia tanto en el proceso de presupuestación como en el ejercicio del presupuesto, toda vez que hubo programas cuyo monto creció considerablemente en relación a lo originalmente previsto, como es el caso de abasto y comercialización, seguridad pública y vivienda, que registraron incrementos en participación dentro del presupuesto de 4.7%, 1.6% y 1.4%, respectivamente, a costa principalmente de los programas de deuda pública, mejoramiento urbano, transporte urbano y drenaje y tratamiento de aguas negras, los cuales sufrieron disminuciones presupuestales del 2.6%, 1.9%, 1.5% y 1%, respectivamente.
En el caso de deuda pública, cabe aclarar que su cumplimiento no se vio afectado en virtud de haberse contraído menos créditos de los programados y de que las tasas de interés para la amortización también se redujeron. Sólo el caso de Ruta - 100 muestra incumplimiento en este renglón. Para evitar el incumplimiento reiterado del contrato de empréstitos de Ruta - 100 deberá presupuestarse su liquidación.
Con respecto de lo anterior, especial atención merece el programa abasto y comercialización, que de ocupar el onceavo lugar, con una participación del 2.3% en el presupuesto original, pasó a ocupar el tercer lugar con un 7.5% de participación en los egresos totales del Departamento del Distrito Federal.
Esta desviación obedeció a la necesidad de adquirir ganado bovino de importación para abastecer de productos cárnicos a la población de la ciudad de México y evitar la escasez de carne así como la especulación de su precio. De esta forma, la meta original de abastecer a la población 4 mil toneladas de productos cárnicos, se rebasó en un 710%, habiéndose distribuido 32 mil 417 toneladas.
La unidad responsable de esta actividad fue Industrial de Abastos (IDA) que para ese fin recibió subsidios y aportaciones por un total de 71 mil 065 millones de pesos, de los cuales 57 mil 700 provinieron del gobierno federal y 13 mil 365 del Departamento del Distrito Federal, Dicha suma constituyó el 25% de la ampliación presupuestal que obtuvo el programa abasto y comercialización durante el ejercicio.
Para elevar la eficiencia en la aplicación del subsidio, conviene señalar que Industrial de Abastos compró el kilo de carne a un precio que osciló entre 5 mil 950 pesos y 6 mil 200 pesos y lo vendió a 5 mil 350 pesos. El diferencial, aunado a los gastos de matanza un subsidio promedio de 1 mil 100 pesos por kilogramo de carne que en apariencia benefició principalmente a los tablajeros y no necesariamente a la población en general, como era el objetivo.
Por lo que respecta a las metas del resto de las actividades contenidas en el programa abasto y comercialización, prácticamente no sufrieron ninguna modificación, aunque el presupuesto asignado sí se incremento a los aumentos de precios registrados en los materiales para la construcción de las lecherías y del mercado de flores y hortalizas en la central de abastos.
En términos generales, el programa de abasto y comercialización se orientó a procurar el abasto de productos básicos en beneficio de la población. El avance en el cumplimiento de las metas más importantes mostró el siguiente comportamiento:
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Como se observa, únicamente las metas relativas a abastecer a grupos de consumidores organizados, a la modernización de rutas de tianguis y al abastecimiento de productos cárnicos a la población, se cumplieron más allá de lo propuesto y esta última a costa de subsidios muy elevados, por lo que no puede hablarse de eficiencia en este programa.
Transporte urbano
En lo que refiere al Programa de Transporte Urbano para 1988, se contemplaba la realización de 31 actividades, de las cuales únicamente se alcanzaron 12, relativas a la formulación de estudios de perfectibilidad; a la ampliación de las líneas Siete Norte y Nueve del Metro; a la regulación en la circulación de trenes, a la instalación de subestaciones; a la construcción de la vialidad coincidente con el Metro, a la restauración de la vecindad en Luis Mora; a la adquisición de equipo de trabajo industrial, al pago de adeudos a Concarril; a la construcción de la segunda etapa del Tren Ligero en el tramo Huipulco Xochimilco, a la elaboración de un paquete de
proyectos de nuevas líneas y a la reconstrucción de autobuses.
En cuanto a esta última actividad, la meta original de reconstruir 500 autobuses se modificó para quedar en 300, habiéndose reconstruido 411 autobuses. Es cierto que existe una variación positiva de 37% en el cumplimiento de la meta en relación a la meta modificada, sin embargo, es importante considerar que la meta modificada se redujo en 40% en relación a lo originalmente previsto.
Asimismo, cabe señalar que de las 12 actividades cuyas metas se alcanzaron, cinco no estaban consideradas en el programa original.
Las actividades que no alcanzaron las metas previstas mostraron desviaciones del siguiente orden:
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Preocupa el incumplimiento de la meta en el transporte de pasajeros en las cuatro modalidades de transporte urbano. Su comportamiento fue el siguiente:
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Como se observa, el servicio de transporte proporcionado por el Departamento del Distrito Federal es insuficiente respecto de sus propias estimaciones.
Mejoramiento urbano
Este programa consta de 10 subprogramas (alumbrado, jardines y parques recreativos, monumentos y centros históricos, edificios públicos, conservación de unidades habitacionales, estacionamientos, panteones, construcción y conservación de calles y avenidas, semaforización y señalización y producción de material asfáltico), a través de los cuales se programó la realización de 60 actividades. De las 60 actividades se alcanzaron las metas de 33. Vale la pena mencionar que 20 de éstas no se consideraron originalmente.
Aunando a estas variaciones en las metas, se observa que la mayoría de los subprogramas tuvieron ampliaciones en su presupuesto original, según se muestra a continuación:
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Especial atención merece el subprograma de construcción y conservación de calles y avenidas, el cual absorbió el 40% del presupuesto total del programa mejoramiento urbano y cumplió únicamente 12 metas de 21 programadas.
El subprograma de alumbrado, con un 28% del total de presupuesto para mejoramiento urbano, presentó un incumplimiento general de sus metas. Destaca la variación del 32% en la instalación de luminarias en colonias populares, por lo sensible de este rubro.
Finalmente, los resultados del subprograma de producción de material asfáltico fueron totalmente ineficaces e ineficientes, toda vez que cinco de las seis actividades programadas no alcanzaron las metas previstas, presentando las siguientes desviaciones:
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Conviene aclarar que la meta original de producir 800 mil toneladas de material asfáltico se modificó para quedar en 525 mil toneladas, habiéndose producido 551 mil 657 toneladas. Es verdad que existe una variación positiva del 5% en relación a la meta modificada, sin embargo, la meta modificada fue 34% menor a la originalmente prevista.
Se puede afirmar que en términos generales el programa de mejoramiento urbano carece de una buena planeación y ejecución.
Seguridad pública
Durante el ejercicio 1988, el Programa de Seguridad Pública se incrementó en 21% para inversión y en 42% en gasto corriente.
Llama la atención una actividad de este programa, la relativa a incorporar al servicio activo a los egresados de la Academia de Policía, la cual tenía como meta incorporar a 6 mil policías, lográndose incorporar únicamente a 3 mil 743 policías, es decir el 63% de lo previsto.
Esta desviación tiene gran significación en razón de la preocupación de los habitantes de la ciudad de México sobre la seguridad pública.
Por otra parte, el aumento en servicios personales por 91 mil 092 millones de pesos, se autorizó como consecuencia de la incorporación presupuestal al Departamento del Distrito Federal de la Policía Auxiliar y de la Policía Bancaria e Industrial; dicho aumento tiene su contrapartida en los ingresos, por lo que no implicó aumento en salarios.
Drenaje y tratamiento de aguas negras
Este programa sufrió una fuerte reducción de 28% a su presupuesto original, de tener una participación de 5.9% en el presupuesto original del Departamento del Distrito Federal acabó teniendo una participación de 4% debido a la transferencia de recursos a otros programas.
No obstante, durante el ejercicio se incorporaron al programa 12 actividades no considerables originalmente, lo que seguramente repercutió en el incumplimiento de metas.
De 40 actividades programadas se cumplieron las metas de 12.
Desarrollo y tratamiento de aguas negras
El Programa de Desarrollo y Servicios Sociales absorbe el 5.1% del presupuesto total del Departamento del Distrito Federal, ocupando el sexto lugar de participación.
Sus objetivos primordiales son la protección social, la readaptación social, la promoción de la acción cívica, cultural y turística, el fomento deportivo, la localización telefónica de personas y objetos extraviados, así como la seguridad social para los trabajadores a lista de raya del Departamento Federal y para los policías del Distrito Federal.
Para 1988 se programó la realización de 48 actividades, de las cuales se cumplieron 28.
Recolección y tratamiento de basura
El presupuesto asignado a este programa representó el 4.2% del presupuesto total del Departamento del Distrito Federal y durante el ejercicio tuvo incrementos en gasto corriente e inversión; no obstante, presentó un incumplimiento generalizado. El programa está constituido por 17 actividades de las cuales se logró cumplir con las metas de 10. Cabe señalar que las metas que no se cumplieron constituyen las más importantes del programa y su cumplimiento contribuiría a combatir la infición.
Agua potable
Presupuestalmente este programa prácticamente no se modificó durante el ejercicio, su participación en el presupuesto del Departamento del Distrito Federal fue de 3.9%.
Como en el caso del programa de drenaje y tratamiento de aguas negras, durante el año se incorporaron a su programa original 17 actividades, sin embargo, en este caso se logró un buen avance en relación a lo previsto.
Cabe señalar que todas las actividades relativas al subprograma de construcción se alcanzaron y que las desviaciones se presentaron en el subprograma de conservación y mantenimiento.
Vivienda
El programa de vivienda durante el ejercicio 1988 presentó una situación muy especial, al haber rebasado el cumplimiento de sus metas originales en un 544%, es decir que de 520 viviendas que se programaron se construyeron 3 mil 351. El presupuesto asignado a este programa tuvo una ampliación de 103 mil 202 millones de pesos.
El organismo responsable de este programa es el Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano (Fividesu) y aun cuando el número de viviendas construidas en 1988 fue mayor al número total de viviendas construidas por el fideicomiso desde su creación, el porcentaje es muy bajo en relación al universo de demanda de vivienda en el Distrito Federal. Lo anterior debe matizarse con el reconocimiento de que 20 mil personas fueron beneficiadas con este esfuerzo.
Considerando lo anterior y que para la construcción de vivienda se requiere de una reserva territorial adecuada, con servicios, sin problemas legales, además de cuantiosos recursos en virtud de los costos de los materiales para la construcción y que la necesidad de vivienda en el Distrito Federal crece día a día desorbitadamente, deberían coordinarse mejor las acciones de los diferentes organismos que construyen vivienda y otorgan créditos para adquirirla en el Distrito Federal, tales como Fondo para la Habitación Popular, Fondo de Vivienda, Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, de manera que la construcción de vivienda se realice a través de crédito más que de dinero fresco para ser más eficaz.
Hasta aquí el análisis de los programas cuya participación en el ejercicio del presupuesto fue superior a 2.5% en lo individual y que en conjunto absorbieron el 91% del presupuesto ejercido por el Departamento del Distrito Federal.
En el resto de los programas están incluidos algunos que fueron considerados dentro de los 13 programas prioritarios, aunque su asignación presupuestal no se correlaciona con su importancia.
Destacan los programas de: salud, 2.2% ampliación y mejoramiento de la planta física educativa, 1.5% prevención y control de la contaminación ambiental, 0.1% y regularización territorial, 0.1%
Cabe hacer mención que algunas de las actividades más revelantes de estos programas no alcanzaron las metas establecidas originalmente, según se muestra a continuación:
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Es preciso de que a pesar del reducido presupuesto que originalmente se le asignó a este programa, durante el ejercicio sufrió una disminución de 63.8% en el presupuesto para inversión. Asimismo se observa que la naturaleza de las actividades que se programan para combatir la contaminación y mejorar el medio ambiente, poco ayudan a resolver los problemas concretos de contaminación que afectan al Distrito Federal.
Regularización territorial
Este programa rebasó en un 88% su meta prevista de regularización la tenencia de la tierra de la expedición de documentos que acredita jurídicamente la posesión legal de inmuebles irregularidades en el Distrito Federal. No obstante este programa presenta un importante rezago histórico el cual es esencial disminuir en virtud no sólo de que recupere en las finanzas del Departamento del Distrito Federal, puesto que existen muchos predios fuera del catastro y muchas tomas domiciliares que no pagan derechos por agua, sino de que la seguridad en la tenencia de al tierra es un requisito básico para el bienestar del ciudadano.
El análisis del comportamiento de los programas del Departamento del Distrito Federal refleja que,
considerados en conjunto mantuvieron una disciplina presupuestal firme al no haberse gastado más de lo estimado originalmente, cumpliendo con las políticas de austeridad y disciplina establecidas en 1988.
Esta revisión muestra, asimismo, la imitación extrema de recursos con que cuenta el Departamento del Distrito Federal, limitación que afecta adversamente la prestación de servicios por parte del Departamento que no pudo cumplir una parte importante de las metas mínimas que se había propuesto para 1988, lo que implica un deterioro real en la prestación de algunos servicios.
Por otra parte, resalta el impacto que puede tener en el presupuesto del Distrito Federal la toma de decisiones de gran magnitud no programables. Un claro ejemplo fue la decisión de intervenir en la distribución de carne. Esta decisión produjo una variación en la orientación del presupuesto total en cinco puntos porcentuales. Su consecuencia fue la alteración de otros programas, incluyendo el de abasto.
El análisis particular de cada programa nos muestra un alto grado de incumplimiento respecto a su compromiso de metas especificas. Si bien en parte esto resulta de la escasez de recursos, también exhibe una debilidad en el sistema de planeación del Departamento, ya que un número alto de metas no fue establecido en el presupuesto original a la vez que otro grupo de metas importantes, a pasar del aumento de recursos durante el ejercicio no fue cumplido, mientras que un tercer grupo de metas que vio reducidos los recursos que se le asignaron originalmente pudo cumplirse satisfactoriamente.
Finalmente, se incumplió un criterio presupuestal importante al disminuir recursos de programas considerados prioritarios sin haber cumplido la totalidad de sus metas.
En cuanto a la situación real de ciertos servicios públicos se puede constatar que las acciones de los programas correspondientes no responden a sus propósitos. Destacan entre ellos el de transporte público, el de drenaje y tratamiento de aguas negras, el de protección y mejoramiento del medio ambiente y el de regularización territorial.
En el caso del transporte se vio claramente al estudiar la gestión financiera el alto nivel de subsidios que absorbe este servicio al igual que el incumplimiento de metas tan importantes como son la ampliación de la oferta o aun el mantenimiento de la existente. Si tomamos en cuenta que la Federación otorgará cada vez menos subsidios, una reestructuración integral de la prestación de este servicio resulta impostergable si no queremos que continúe su deterioro.
En lo que concierne al drenaje de la ciudad, sabemos que el 25% de la población no cuenta con este servicio, que lo más que han podido hacer las autoridades es no dejar que aumente este rezago; pero con el ritmo de expansión espacial y poblacional actual cada año habrá un número mayor de habitantes que carezcan de este servicio. Si a esta situación se agrega la transferencia de casi 30% de su presupuesto a otros programas como fue el caso en 1988, podemos anticipar graves consecuencias en cuanto a la contaminación ambiental y la salud de la población.
Dentro del programa de protección y mejoramiento del ambiente, las acciones simplemente no responden a la realidad que se vive en la ciudad. Es cierto que otros programas más importantes que se refieren a servicios concretos tienen como efecto la protección del medio ambiente, pero también es cierto que este programa no ha incluido acciones efectivas y necesarias en la lucha contra la contaminación y que dada la limitación de sus recursos, sus resultados son muy limitados.
Por último, el programa de regularización de la tierra sufre un regazo histórico que si bien ya está siendo reconocido, requiere otro ritmo y otras formas de solución, mismos que exigen formas distintas de acción y por lo tanto mayores recursos. Sólo su solución podrá brindar a la ciudadana la seguridad jurídica que requiere se podrá en forma efectiva terminar con la criminal especulación de la tierra permitiendo a la vez al Departamento realizar una recaudación equitativa y una ordenación urbana coherente que posibilite el cumplimiento efectivo de los programas de obra pública, escuelas y vivienda.
Finalmente, queremos señalar que existe un subprograma cuyos antecedentes en la Cuenta Pública anterior e incumplimiento patente de metas en el ejercicio a revisión apuntan a anomalías profundas. Es necesario que la Contaduría Mayor de Hacienda profundice en la revisión de la situación de que guarda la planta de asfalto, Igualmente, la Contaduría deberá revisar la situación de los Almacenes para los Trabajadores del Departamento del Distrito Federal. El resultado de estos estudios deberá incluirse en el informe sobre los resultados de la revisión de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal para 1988.
En estas observaciones que resumen lo expuesto en este capítulo referente al cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas del Departamento del Distrito Federal, hemos seleccionado para comentarlos sólo algunos programas que por su revelancia nos señalan la necesidad de replantear tanto su alcance como su
instrumentación. Es imperativo reenfocar las soluciones a los problemas del Distrito Federal que requieren de acciones más determinantes a fin de detener el deterioro generalizado.
La comisión legislativa del Distrito Federal, en la revisión de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal para 1988, ha profundizado en su conocimiento de los problemas, necesidades y conflictos que tiene la capital de todos los mexicanos.
Ha conocido también a través de este ejercicio de análisis y reflexión el esfuerzo y la decisión de las autoridades para enfrentar esta problemática y las limitaciones que la realidad nacional y local impusieron.
Al presentar un balance de la situación desea despertar la conciencia de los legisladores respecto a los riesgos que corre nuestra capital y ofrecer algunas propuestas de solución que sean una aportación en la búsqueda de una mejor calidad de vida en la ciudad de México.
1o. El departamento deberá replantear la forma en que programa sus objetivos. Hace falta enfrentar y resolver los problemas con nuevas y más vigorosas estrategias.
2o. El Departamento deberá fortalecer su sistema de planeación, tanto en la asignación como en la aplicación de sus recursos escasos, a fin de que rindan frutos óptimos y se pueda llevar un control administrativo eficaz.
3o. El Departamento debe encontrar la fórmula para obtener recursos suficiente y estables. Para ello deberá fortalecer su capacidad recaudatoria en lo que concierne a ingresos propios, particularmente impuestos, derechos, y aprovechamientos. Deberá también actualizar su política de precios y tarifas.
4o. El Departamento deberá acelerar la descentralización de los recursos y facultades del sector central hacia las delegaciones políticas para atender en forma más ágil y eficiente a la población.
5o. En cuanto al transporte en la zona metropolitana de la ciudad de México, la organización de rutas y redes, así como los futuros planes de cada uno de los modos de transporte deben integrarse al sistema de planificación del Departamento del Distrito Federal y del estado de México, con el fin de planificar el transporte público en función del crecimiento de la ciudad. Para ello es indispensable la coordinación entre estas entidades creando un organismo ejecutivo de transporte metropolitano que agrupe a los medios de transporte colectivo de propiedad pública. Deberá asimismo concesionar una parte del transporte en base a un estricto control gubernamental sobre ese servicio.
El transporte y la contaminación están estrechamente vinculados y crecen paralela e indisolublemente, siendo el automotor de pasajeros y los vehículos particulares las principales fuentes de esta última. Se necesita información amplia, precisa y comprensible acerca de los niveles de contaminación y los efectos que causan al medio en general. Igualmente es necesario utilizar los medios de comunicación para prevenir a la población de posibles catástrofes ecológicas y difundir la participación colectiva en la solución del problema, ya que las acciones emprendidas para resolver esta situación resultan insuficientes.
Una medida importante sería la orientación del transporte colectivo a modos electrificados; rescatar la preferencia del servicio público con respecto del automóvil particular; establecer tarifas diferenciadas en estacionamientos (aumentarlos en zonas de máxima afluencia), y obligar a las empresas fabricantes de automotores a utilizar una tecnología adecuada a las condiciones de nuestra ciudad.
El más somero repaso de los principales problemas de la zona metropolitana y de sus posibles soluciones nos lleva a la conclusión de que la participación ciudadana es esencial.
Es por lo tanto fundamental que se fortalezcan las relaciones entre ciudadanos y el gobierno de la ciudad y que los espacios de acción ciudadana adquieran contenidos reales en términos del ciudadano común para que junto con los grupos organizados participen en la toma de decisiones y por ende en la solución de los problemas.
En pocas palabras, frente a recursos gubernamentales insuficientes, la solución a los problemas de la zona metropolitana de la ciudad de México está, en gran medida, en sus habitantes.
La honorable Cámara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos
DECRETA
Artículo 1o. Se revisó la cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal y se conocieron los resultados de la gestión financiera correspondiente al ejercicio presupuestal de 1988. Igualmente se comprobó la observancia de los criterios señalados en el presupuesto, y se evaluó el grado de cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los programas.
Artículo 2o. Ordénese a la Contaduría Mayor de Hacienda, por conducto de la Comisión de
Vigilancia, que practique los estudios, las auditorias y acciones legales que permitan esclarecer si hubo irregularidades en el Ejercicio del presupuesto del Departamento del Distrito Federal durante 1988 y, en su caso, finque las responsabilidades correspondientes y proceda a solicitar la imposición de las sanciones administrativas, civiles o penales conforme a derecho, instruyéndola para que informe de sus acciones a la propia Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
Palacio Legislativo.- 13 de noviembre de 1989, Comisión del Distrito Federal: Luz Lajous Vargas, presidente: Ramón Choreño Sánchez, secretario: José Ignacio Cuauhtémoc Paleta, secretario; José Luis Alonso Sandoval, José Luis Alfonso Sampayo, Joaquín Alvarez Ordóñez, Hilda Anderson Nevárez de Rojas (artículo 84, Reglamento interior), Jesús Anlen López, Adolfo Barrientos Parra, Alberto Bernal González, Eleazar Felipe Cervantes Medina, Juan Francisco Díaz Aguirre, María Claudia Esqueda Llanes, Jorge Galván Moreno, Rafael Pedro Garay Cornejo, Juana García Palomares, Alvaro Garcés Rojas, Patricia Garduño Morales, Agustín Gasca Pliego, Jorge Gómez Villarreal, Miguel Hernández Labastida, Onofre Hernández Rivera, Esther kolteniuk de Césarman, Jorge Alberto Ling Altamirano, Fructuoso López Cárdenas, Leopoldo López Muñoz, Ignacio López Tarso, Fernando Antonio Lozano García (artículo 84, Reglamento interior), José Luis Luege Tamargo, Arón Maya Anguiano, Gerardo Medina Valdés, José Arturo Ocampo Villalobos, Juan José Osorio Palacios, Oscar Mauro Ramírez Ayala, Martha Patricia Rivera Pérez, Pedro Alberto Salazar Muciño, Victor Manuel Sarabia Luna, María del Carmen Segura Rangel, Jorge Federico Schiaffino Isunza, R. Antonio Silva Beltrán, Demetrio Javier Sodi de la Tijera, Fernando Sologuren Bautista, Mario Vargas Saldaña y Sara Villalpando Nuñez.
Trámite: -Primera lectura.
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL
La C. Guadalupe Gómez Maganda de Anaya:
"Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Cuenta de la Hacienda Pública federal del ejercicio fiscal de 1988.
Honorable asamblea: En cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 74 fracción IV, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 43 de la ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, el Ejecutivo presentó, en tiempo y forma a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio presupuestal de 1988, incluyendo los resultados de la gestión financiera, programática, económica y presupuestal de las entidades de la administración pública centralizada y paraestatal comprendidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por esta honorable Cámara de Diputados para ese ejercicio, información que se relaciona con los objetivos y prioridades de la planeación nacional, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6o. de la Ley de Planeación.
La Cuenta de la Hacienda Pública Federal, fue turnada para su estudio y dictamen, a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, en atención a lo previsto en los numerales 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y enviada para su revisión a la Contaduría Mayor de Hacienda de la honorable Cámara de Diputados, por conducto de su Comisión de Vigilancia, conforme a los artículos 1o., 3o., 10, fracciones II y IV de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Conforme a lo establecido en el inciso a, fracción II, del artículo 3o., de su ley orgánica, el órgano técnico de la Cámara de Diputados, en cumplimiento de sus funciones, procedió a integrar el informe previo con los comentarios generales a que alude el precepto en cuestión.
La Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública procedió a integrar el dictamen correspondiente en base en la información y observaciones producto, por una aparte, de las deliberaciones sostenidas a lo largo de nueve sesiones de trabajo, entre los diputados integrantes de la propia comisión con supervisores públicos de diversas dependencias del Poder Ejecutivo, convocados para ampliar la información y en su caso, aclarar dudas.
Asimismo, en la elaboración del dictamen se consideró toda la información que el Ejecutivo Federal envía de conformidad al artículo 43 del decreto de presupuesto de Egresos de la Federación de 1988, enviada a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara, y la información contenida en el informe previo sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio de 1988, de la Contaduría Mayor de Hacienda.
A continuación se presenta el panorama económico como punto de partida en el ejercicio del presupuesto federal de 1988.
1. Panorama económico
En primer término, conviene remitirnos a la situación que prevalecía a finales de 1987 y que estuvo caracterizada por la aceleración de la inflación y la incertidumbre financiera, en combinación con la presidencia de factores inerciales y presión de costos; todo ello amenazaba con desatar un proceso hiperinflacionario que habría puesto en riesgo la estabilidad social y las posibilidades de desarrollo del país.
Ante las nuevas circunstancias, y considerando las distintas manifestaciones que la comunidad y los diversos grupos y sectores habían formulado, fue necesario replantear los criterios de política económica y ajustar el presupuesto, para compatibilidadlo con un Programa de Solidaridad Económica, cuyos objetivos centrales fueron combatir frontalmente la inflación, reducir el probable impacto negativo de la desinfección sobre el empleo y, proteger los niveles de bienestar de la población.
La política antiinflacionaria se apoyó en los avances de saneamiento financiero alcanzado a lo largo de los últimos años y se basó en una estrategia que combinó medidas antiinflacionarias tradicionales y la participación activa de los sectores productivos.
De esta manera, se contó con los requisitos económicos fundamentales para el éxito de un programa de este tipo, entre los que destacan: la solidez de la balanza de pagos, el alto nivel de las reservas internacionales, el dinamismo de las exportaciones no petroleras, la fortaleza financiera de las empresas del sector privado, el saneamiento de las finanzas públicas y los avances concernientes al proceso de cambio estructural.
Una de las líneas básicas de la estrategia fue profundizar en el saneamiento financiero del sector público, ya que cuando la inflación se reproduce por causas inerciales, no basta que las finanzas públicas se encuentren estructuralmente en equilibrio, sino que se requiere de un sobreajuste temporal a fin de propiciar una disminución rápida y permanente en el ritmo de aumento de los precios.
Además de la disciplina presupuestaria y fiscal, fue necesario que las políticas monetaria y crediticia obedecieran a rigurosos esquemas restrictivos a fin de evitar un nivel de liquidez en la economía incompatible con la reducción significativa y rápida de la inflación. La política de tasas de interés fue flexible, buscando en todo momento otorgar rendimientos reales, atractivos a los ahorradores.
Durante el año de 1988, el aspecto económico más importante fue la disminución de la tasa de inflación; en este ámbito se cumplió satisfactoriamente el propósito buscado, si se toma en cuenta que la meta de alcanzar un nivel de crecimiento mensual de los precios de entre 1.0% y 2. 0% hacia fines de ese año. logró obtenerse en el mes de mayo. Otro indicador es el hecho de que el crecimiento del Índice Nacional de los Precios al Consumidor (INPC), medido en diciembre de 1988 a ese mismo mes en 1987, fue 51.7% menor en 107.5 puntos a lo observado un año antes. Asimismo, el índice de precios al producto registró una tasa inferior a la de los precios al consumido durante 1988, al aumentar sólo 37.3%
En ese mismo sentido, cabe mencionar que a nivel mensual, la tasa promedio de inflación, pasó de 8.3% en 1987 a 5.9% en los seis primeros meses de 1988, y término ubicándose en 1.2% en el segundo semestre del año. Otro indicador de los logros en materia de abatimiento de inflación, es el que registró en 1988 el índice de precios de la canasta básica que se incrementó 41.6%, lo que refleja el esfuerzo de concertación realizado con el propósito de proteger el poder adquisitivo de la población con menos ingresos.
Por último, cabe señalar que el abatimiento de la inflación estuvo acompañado por una expansión moderada en la producción y en el empleo urbano en este sentido; el costo de dicho abatimiento fue moderado, comparado con el que podría haber resultado si la estrategia antiinflacionaria se hubiera apoyado exclusivamente en la contención de la demanda agregada.
El producto bruto de acuerdo a cifras preliminares, aumentó 1.1% en relación al año anterior, lo cual resulta satisfactorio si se tiene en cuanta los retos enfrentados en el año, tales como la caída en el precio internacional del crudo y el pobre desempeño de la producción agropecuaria, silvícola y pesquera que se redujo en 1.6%.
En el sector industrial, la producción aumentó a una tasa anual de 1.3% como resultado de un crecimiento de 5.4% en el sector electricidad, gas y agua, y de 2.2% en la producción manufacturera; el dinamismo de los servicios de transporte., almacenamiento y comunicaciones, así como en los financieros, seguros y bienes inmuebles, determinan que el sector servicios creciera también en 1.3% anual.
Como reflejo del comportamiento de la actividad económica, el empleo experimentó una recuperación moderada. El índice de personal ocupado en la industria manufacturera creció en promedio 0.5%, respecto a lo observado un año antes. Por su parte, en el curso de 1988, el crecimiento del número de asegurados permanentes del Instituto Mexicano del Seguro Social fue de 6.2% como crecimiento promedio y de 5.6% de diciembre de 1989 a diciembre de 1988.
Por otra parte, el sector financiero de la economía se caracterizó por mantener tasas de interés reales sumamente elevadas, que si bien propiciaron una tendencia hacia la recuperación en los saldos del ahorro financiero, los que, de diciembre a diciembre, se incrementaron 13.3% en términos reales, significaron también un alto costo para las finanzas públicas y las privadas. Por su parte, el saldo promedio real del financiamiento otorgado por la banca comercial a los particulares se contrajo 22.9% en los primeros nueve meses del año, mostrando su recuperación a partir del mes de octubre, por lo que el promedio real del año resultó inferior en 16.2% respecto a 1987.
En el sector externo, las exportaciones no petroleras mantuvieron el dinamismo de los últimos años, al incrementar su valor en 16.0% anual. Las exportaciones de manufacturas, que representaron el 83.0% del total de las exportaciones se incrementaron 17.1%. De esta manera, la evolución observada en las cuentas con el exterior del país, fue en general positiva; la balanza comercial continuo siendo superavitaria, aunque en un monto menor al del año anterior.
La caída de las cotizaciones internacionales del petróleo afectó las finanzas públicas y la cuenta comercial del país con el exterior. En el primer caso, la pérdida de ingresos por concepto de exportación de petróleo se compensó con una reducción del gasto público que evitó un deterioro en el superávit primario.
La balanza comercial resintió, además del menor precio del petróleo, el aumento de importaciones que sirvieron para reconstruir los inventarios de las empresas y ampliar la capacidad de planta, por lo que su dinamismo tiende a disminuir con el tiempo.
En el caso de otro tipo de importaciones, el aumento de su valor fue consecuencia de un repunte considerable en el precio. En este sentido, la evolución de la economía internacional no fue propicia para el país, ya que se combinaron mayores precios de nuestras importaciones y un menor precio de exportación del crudo mexicano.
En materia de finanzas públicas, los resultados también fueron satisfactorios no obstante la disminución del precio internacional del petróleo. El déficit global y el superávit primario del sector, en el presupuesto, reflejaron una mejoría sustancial en relación al año anterior, contribuyendo en forma determinante a los logros de la estrategia antiinflacionaria.
El déficit del sector público presupuestal ascendió a 38.2 billones de pesos, monto equivalente a 9.6% del producto interno bruto, e inferior en 3.7 puntos porcentuales del producto, al observado en 1987. Asimismo, el superávit primario neto del sector público presupuestal muestra el esfuerzo real emprendido en el saneamiento de las finanzas públicas, al ubicarse en 7.8% del producto, nivel sin precedente en la historia moderna del país. El superávit primario ajustado por las operaciones de entidades fuera del presupuesto fue de 6.7% del producto interno bruto.
2. Observancia de los preceptos legales
Con el objeto de verificar el cumplimiento de los preceptos legales que rigen la gestión en materia presupuestal de las entidades y organismos del sector público, la Cámara de Diputados, a través de su órgano técnico realiza tanto por mandato constitucional, como por lo previsto en la legislatura secundaria, una serie de actos para verificar si las operaciones se ejercieron en lo particular y en lo general con apego a los criterios señalados en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y para constatar si las dependencias y entidades cumplieron con las disposiciones de las leyes y ordenamientos aplicables en la materia.
Fueron objeto de observancia los siguientes ordenamientos: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1988; decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1988; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; Ley General de Deuda Pública; Ley de Obras Públicas; Reglamento de la Ley de Obras Públicas; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles; Ley de Planeación; Ley Federal de Entidades Paraestatales; Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y Ley General de Bienes Nacionales.
Del análisis efectuado y de la información recabada por la Contaduría Mayor de Hacienda, para verificar en forma preliminar y general la observancia de los preceptos legales, por parte de las dependencias y entidades del gobierno federal, se desprende lo siguiente:
De la ley Orgánica de la Administración Pública Federal se considera que, en términos generales se cumplió con dicho ordenamiento, aunque algunas entidades coordinadas enviaron extemporáneamente a sus coordinadoras de sector la información correspondiente.
Respecto a la ley de Ingresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de referencia, en términos generales, se cumplieron adecuadamente las disposiciones establecidas por este ordenamiento.
Por lo que atañe al decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de que se trata, del análisis efectuado se desprende que se cumplió adecuadamente. No obstante en algunos casos se efectuaran ampliaciones sin contar con las autorizaciones correspondientes.
Por lo que concierne a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y a su reglamento, se observó que, en general, se cumplieron las normas presupuestales aunque se detectaron algunos retrasos en la información
. Por lo que toca a la Ley General de Deuda Pública, se considera que se cumplió en términos generales.
En cuanto a la Ley de Obras Públicas y su reglamento, se observaron algunos incumplimientos de ciertas dependencias y entidades en los siguientes aspectos: adjudicación de obras mediante licitación inicio de las obras en la fecha pactada, celebración de convenios adicionales y formulación de dictámenes para adjudicar obras en forma directa.
La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con bienes muebles, fue cubierta en términos generales.
La Ley de Planeación se cumplió en términos generales, aunque se detectó que en algunos casos no existe una comunicación adecuada entre las coordinadoras del sector y sin coordinadas.
Por lo que toca a la Ley Federal de Entidades Paraestatales, su cumplimiento fue correcto en términos generales.
En relación con la Ley General de Bienes Nacionales, de la información captada al respecto se concluye que se cumplió en términos generales.
Por último, es pertinente aclarar que pese a algunas irregularidades que se señalan y que deben ser corregidas no se consideran de trascendencia. Por lo anterior, se concluye que, en términos generales, el gobierno federal cumplió satisfactoriamente los preceptos legales que le son aplicables.
3. Resultados de las Finanzas Públicas
El Programa antiinflacionario estableció, como requisito indispensable, avanzar en el saneamiento financiero del sector público, para propiciar las condiciones requeridas para detener la inercia del crecimiento de los precios. En el seno de esta representación, se modificaron las iniciativas de Ley de ingresos y de Presupuesto de Egresos, que habían sido remitidas por el Ejecutivo Federal. Las modificaciones se efectuaron para alcanzar un superávit económico primario equivalente al 8.3% del producto interno bruto, casi tres puntos porcentuales del producto más que el proyecto original, lo cual se alcanzaría con un aumento de 1.4 puntos de los ingresos y una reducción de 1.5 puntos en el gasto programable. Estas modificaciones tuvieron por objeto hacer frente a las difíciles circunstancias económica que se presentaron a finales de 1987 y que situaron la dinámica de los precios al borde de la hiperinflación.
En términos del producto, los resultados arrojaron un superávit primario mayor en 2.3% al registrado en 1987, como consecuencia principal de un incremento de 1.9 puntos porcentuales en los ingresos no petroleros y la reducción de 1.6 puntos en el gasto programable, conforme a lo programado. La corrección fiscal realizada se aprecia, con mayor claridad, si se considera la reducción en el precio de exportación del petróleo mexicano, que durante 1988 se mantuvo en niveles muy similares al promedio registrado en 1986.
El ejercicio del gasto se sustentó en un mayor control y disciplina presupuestal; se profundizó en el cambio de la estructura del presupuesto otorgando mayor prioridad a los gastos de contenido social que a los administrativos, con el fin de que el avance en esa corrección financiera fuese compatible con la atención a las necesidades básicas de la población.
Adicionalmente, a lo largo del año, el gasto público fue objeto de diversos ajustes con el fin de adecuarlo a la evolución del resto de las variables económicas y frenar situaciones no previstas en el programa.
Los ajustes efectuados en el primer semestre fueron de carácter nominal para acomodar el gasto a su nivel real inicial, en virtud de que la reducción de la inflación fue superior a lo inicialmente previsto. Los otros ajustes fueron necesarios para compensar la pérdida de ingresos ocasionada por la caída en los precios del petróleo de exportación,
y la concertación de menores precios y tarifas públicos principalmente.
Como resultado de estas medidas, en el ejercicio del que se informa, se realizo una reducción total de 7.9 billones en el gasto programable. La cifra señalada se refiere a la suma total de los ajustes efectuados de conformidad con el Programa de Estabilización.
De esta forma, el gasto programable ejercido por el sector público presupuestal durante 1988 ascendió a 74.2 billones de pesos, cifra que significo el 90.4% de la asignación anual aprobada por esta representación. En relación con el producto interno bruto, la disminución en el gasto programable fue de 1.6 puntos porcentuales en relación a 1987; 0.7 puntos correspondieron a erogaciones correspondientes; 0.5 puntos al gasto de capital y 0.4 puntos a las transferencias asignadas.
La reducción del gasto corriente obedeció al estricto cumplimiento de las medidas del Decreto de Austeridad, que hizo posible la supresión de gastos innecesarios y la reducción de otros al mínimo indispensable. De esta forma, se compactaron y eliminaron unidades administrativas; se redujeron los gastos en recursos materiales y servicios generales, y, se enajenó parte del parque vehícular.
El programa de inversiones fue ejecutado en un marco de austeridad que hizo necesario imprimir mayor rigor en la jerarquización de prioridades y reforzar los criterios en la selección de los proyectos, así como fortalecer las medidas de seguimiento y control en su ejecución, a fin de inducir un ritmo de actividad económica acorde con la evolución de los precios y con el objetivo de mantener las prioridades sociales y estratégicas. Se dio preferencia a la terminación de los proyectos que por su grado de avance, eran susceptibles de concluir en el año, intensificando las medidas de simplificación de trámites administrativos y presupuestales para apoyar a los ejecutores de estas obras.
El menor monto de las transferencias asignadas fue resultado tanto de la desincorporación de entidades no prioritarias ni estratégicas como de los avances logrados en la productividad y eficiencia del resto de las entidades paraestatales.
Es importante destacar que, a pesar de los ajustes realizados al gasto programable, la participación del gasto asignado a las prioridades sociales establecidas, se mantuvo, Esto se constata al observar la distribución sectorial del gasto.
La mayor proporción de los recursos se canalizó a la atención de los servicios sociales de educación y salud, abasto de productos básicos, construcción de vivienda, conservación de la infraestructura de comunicaciones y transportes y de urbanización; desarrollo regional, mantenimiento y reconversión de la planta energética e industrial al sector paraestatal.
El gasto no programable del sector público presupuestal ascendió a 82.1 billones de pesos, monto superior en 3.5% al presupuesto original que se explica, entre otras cosa, por el mayor pago de intereses respecto de los previstos inicialmente.
El servicio de la deuda registró una variación de 14.1% en relación al presupuesto original, que se explica por el creciente monto de los pagos por amortización del principal, los cuales aumentaron en gran parte por las operaciones de intercambio con descuento de la deuda externa por nuevos bonos.
Las erogaciones por intereses, comisiones y gastos de la deuda, se incrementaron 78.5% en términos nominales; en consecuencia, su participación en el producto disminuyó de 20.7% en 1987 a 18.0% en 1988. Esto se explica por la marcada reducción de las tasas nominales de interés domésticas y la estabilidad observada en el tipo de cambio; sin embargo, rebasaron la provisión original por las elevadas tasas reales de interés observadas durante el año.
Los resultados obtenidos en materia de finanzas públicas durante 1988 fueron satisfactorios. En el sector presupuestal, el déficit global y el superávit primario reflejaron una mejoría sustancial que aunada a la adecuada coordinación de los demás instrumentos de política económica, hizo posible el logro del objetivo fundamental de la estrategia antiflacionaria, minimizando los costos que en términos de crecimiento y bienestar social, normalmente revisten los programas de esta naturaleza.
En suma, la política económica respondió a los retos del país, estableciendo bases más firmes para regresar a la senda del crecimiento. El abatimiento de la inflación logrado, constituye un punto de apoyo fundamental para avanzar en los propósitos de una recuperación económica con estabilidad de precios y con equidad.
Política de ingresos
En el año de 1988, la política de ingresos del sector público estuvo orientada a apoyar el programa de estabilización emprendido por el gobierno de la República en concertación con los sectores productivos del país.
El programa de ajuste económico puesto en marcha en 1988 requería de la generación de recursos adicionales necesarios para financiar el gasto público con medios no inflacionarios, por lo que se hizo necesario realizar algunas adecuaciones pertinentes para alcanzar los siguientes objetivos:
1. Fortalecer los ingresos del gobierno federal.
2. Consolidar las reformas fiscales aprobadas en 1987.
3. Estimular la inversión de los sectores social y privado.
4. Simplificar la legislación y la administración fiscal.
Con las adecuaciones fiscales aprobadas para el ejercicio de que se informa, se buscó depurar y ampliar tratamientos a rubros del impuesto sobre la renta que no habían sido ajustados por inflación.
La corrección de la base del impuesto tanto a sociedades mercantiles como a personas físicas, permitió reducir las tasas máximas aplicables, que en el caso de las primeras pasó de 42.0% vigente hasta 1986, a 39.2% y en personas físicas de 55.0% a 50.0%
En el marco de la estrategia de concertación, se efectuaron reformas en otros gravámenes, orientadas a impulsar la reactivación de algunos sectores específicos y a proteger el poder adquisitivo de los trabajadores. Entre éstas destacan: la exención del Impuesto al Valor Agregado a los intereses que cobra el Fondo de Fomento y Garantía para el consumo de trabajadores, la congelación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y la reducción del impuesto telefónico del larga distancia internacional en apoyo al sector exportados.
En lo que respecta a los ingresos del Gobierno Federal, en 1988 estos ascendieron a 71.5 billones de pesos, lo que significó una tasa de crecimiento real de 0.5% en relación a 1987. La proporción respecto al producto interno bruto se ubicó en 18.0% lo que significa 0.1 puntos menor a la alcanzada un año antes.
Por su parte, los ingresos fiscales provenientes de la actividad petrolera registraron un decremento real de 23.6% respecto a los captados un año antes. Su relación con el producto interno bruto descendió en 1.8 puntos porcentuales, y pasó de 7.4% en 1987, a 5.6% en 1988, cabe señalar que la recaudación petrolera alcanzó el 73.2% de la cifra prevista.
Los ingresos no petroleros tuvieron una evolución más favorable de lo esperado. Estos recursos se ubicaron en 49.2% billones de pesos, con un crecimiento real de 17.3% respecto al año anterior. Como proporción del producto interno bruto, alcanzaron el 12.4% esto es, 1.7 puntos más que en 1987, con lo que superaron la estimación de la Ley de Ingresos en 19.1%.
Los impuestos con mejores resultados durante 1988, fueron;
1) Impuesto Sobre la Renta. Este gravamen mostró un crecimiento real de 26.6% lo que representa una proporción de 5.1% del producto interno bruto y 1.1 puntos por arriba de la del año previo. El impuesto sobre la renta de las sociedades mercantiles alcanzó un mayor dinamismo en 1988, ya que fue superior en 63.7% en términos reales a lo obtenido en 1987; su relación con el producto interno bruto fue de 2.3% en 1988, mientras que en 1987 fue de 1.4%
El renglón más destacado dentro del rubro de personas físicas, fue el correspondiente a la recaudación derivada de productos del trabajo su captación registró un crecimiento real de 17.8% respecto al del año anterior; ello se explica por los incrementos en los salarios contractuales; por el aumento de 5.6% en el nivel de empleo y por el reducido ajuste por inflación que se efectuó en la tarifa de personas físicas y finalmente debido a una mejor fiscalización de las empresas retenedoras, del gravamen y de los contribuyentes que ejercen libremente su profesión u oficio.
2) Impuesto a la Importación. Los ingresos derivados de este impuesto ascendieron a 1.8 billones; 40.1% menor en términos reales a los del año anterior. Su relación porcentual con el producto interno bruto fue de 0.5% mientras que en 1987 fue de 0.8%.
3) Impuesto sobre Automóviles Nuevos y a la Tenencia o Uso de Vehículos. Los ingresos por estos dos gravámenes mostraron tasa de crecimiento real de 40.1% y 42.9% respectivamente, superando las estimaciones originales en 38.7% y 49.3% para cada uno de ellos.
4) Impuesto especial sobre Producción y Servicios. Los ingresos obtenidos por este gravamen mostraron una tasa de crecimiento real de 18.3% respecto al año anterior y una relación porcentual respecto al producto interno bruto de 1.0% en relación a la estimación de la Ley de Ingresos, la recaudación total del impuesto fue mayor en 4.2%
5) Impuesto al Valor Agregado. La recaudación por este impuesto significó un crecimiento real de
6.1% respecto al del año anterior y su relación con el producto interno bruto fue de 2.9% mientras que en 1978 fue de 2.8% cabe apuntar que la recaudación total del Impuesto al Valor Agregado fue menor en 8% a la estimada en la Ley del Ingresos, lo que se explica, por la reducción del gravamen a medicinas y alimentos procesados.
6) Por su parte, los ingresos no tributarios mostraron una tasa de crecimiento real de 32.9% respecto a 1987 y su relación porcentual con el producto interno bruto fue de 2.7%.
Al poner en marcha el programa Cruzada Nacional contra la Evasión Fiscal, se alcanzaron resultados satisfactorios que contribuyeron al saneamiento de las finanzas públicas. El costo, beneficio de esas acciones para el año de 1988, se tradujo en que por cada peso invertido se obtuvo una recuperación de ingresos por 8.46 pesos.
Por su parte, el Sistema de Coordinación Fiscal se reformó para promover la recaudación del Impuesto al Valor Agregado, relacionando el esfuerzo recordatorio con el nivel de participaciones.
Los resultados de la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal se reflejaron en un incremento del fondo general que ascendió en términos reales 8.8%. Los fondos complementarios y de fomento municipal tuvieron un aumento en términos reales de 7.0% y 13.3% respectivamente. Las participaciones por concepto de impuestos adicionales al comercio exterior y a la exportación de hidrocarburos, tuvieron una reducción real de 38.5% y 31.3, respectivamente, como resultado de la política arancelaria y de la caída del precio del petróleo en el mercado internacional.
La política de estímulos fiscales se diseño atendiendo a los compromisos surgidos del Pacto de Solidaridad Económica y se preservaron los estímulos al sector agropecuario, al abasto de productos básicos, a las actividades fronterizas y a las zonas libres del país. Como apoyo a las actividades estratégicas con impacto en los niveles de ocupación y bienestar de la población, se mantuvieron vigentes los dirigidos a la micro y pequeña empresa, la construcción de viviendas para arrendamiento, a la industria y comercio del libro y a la promoción del comercio exterior.
El monto asignado para la obtención de los objetivos de la Política de Estímulos Fiscales ascendió a 100 mil millones de pesos, de los cuales se ejerció el 96.3%, lo que significó una reducción real de 76.7% respecto a 1987.
En la distribución por instrumentos, el 85.4% correspondió a Certificados de Promoción Fiscal, y el 14.6% restante a subsidios. Durante el ejercicio se expidieron Certificados de Promoción Fiscal por 82.2 miles de millones de pesos: el 28.0% se destinó a la construcción de vivienda para arrendamiento, con una derrama de 23.1 miles de millones, beneficiando 12 mil 200 viviendas.
Bajo el mismo esquema, se fomentó la inversión a y la generación de empleo en actividades industriales prioritarias, representando el 17.5% del total. Se apoyó una inversión superior a los 474.7 miles de millones destinados principalmente a la ampliación de la capacidad productiva de las empresas.
La actividad agrícola fue receptora de 15.8 miles de millones del valor de los Certificados de Promoción Fiscal y este monto se aplicó para la adquisición de maquinaria y equipo, así como para la construcción de obras de infraestructura, principalmente en zonas de cultivo temporal. Otro apoyo importante se dio a la producción primaria de leche con el 12.1% de los estímulos.
El sector forestal recibió 3.6 miles de millones de los Certificados de Promoción Fiscal; los productores de carne de bovino, porcino y pollo se beneficiaron con 3.3 miles de millones, en tanto que el Sistema Nacional para el Abasto recibió 0.8 miles de millones.
Atendiendo a la distribución por actividad económica, destaca el apoyo prioritario otorgado al sector primario el cual absorbió 31.5 miles de millones del total de Certificados de Promoción Fiscal expedidos; a la industria de la transformación se canalizaron 41.1 miles de millones. Finalmente. la industria extractiva se vio favorecida con el 6.8% de los Certificados de Promoción Fiscal, el sector comercio con 2.6% y el transporte y los servicios con 2.4%.
La participación de los estímulos en los Ingresos de la Federación, se apegó a lo estipulado en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo.
Por otro lado, la política de precios y tarifas buscó el fortalecimiento de los ingresos públicos en apoyo a la estrategia antiinflacionaria. Para ello, en diciembre de 1987, se realizaron diversos ajustes, con el objeto de disminuir el rezago acumulado a lo largo de este año. Posteriormente, en el marco de la concertación, se decidió mantenerlos sin cambios para propiciar una reducción mayor de la inflación.
De esta manera, los ingresos propios del sector paraestatal se redujeron en 0.3 puntos del producto interno bruto. respecto a su valor en 1987, y fueron menores en 10.0% a lo estimado. Esto se explica debido a la exclusión de los ingresos de las empresas que fueron desincorporadas en el transcurso de 1988, así como también a la reducción de los ingresos petroleros.
Política de deuda pública
En 1988, la política de deuda pública tanto interna como externa estuvo asociada a la consecución de los objetivos planteados en el programa económico diseñado para ese período.
Cabe hacer mención que entre 1983 y 1988 se efectuaron tres reestructuraciones de la deuda pública externa que se tradujeron en cambios como los siguientes: se amplió su perfil de vencimientos a un plazo de 10 años con siete de gracia; se eliminó el pago de comisiones; se sustituyó la tasa de referencia y, se redujo la sobre tasa aplicada a la deuda mexicana.
Con lo anterior se disminuyó el monto de los flujos al exterior por concepto de pago de intereses y de amortización de capital. No obstante, es importante señalar que durante 1988 era imprescindible reducir la transferencia neta de recursos al exterior y eliminar el problema de sobreendeudamiento externo.
En 1988, se realizó un nuevo tipo de operaciones de deuda que consistió en el intercambio a descuento y mediana subasta de deuda pública reestructurada por bonos que se emitieron para tal fin. Para promover este intercambio, el gobierno mexicano garantizó el pago del principal de los nuevos títulos mediante "bonos cupón cero" emitidos por la tesorería de Estados Unidos de América. El gobierno de nuestro país emitió bonos por 2 mil 557 millones de dólares y retiró deuda reestructurada por 3 mil 665 millones de dólares, con beneficio de 1 mil 108 millones de dólares, equivalente a un descuento de 30%. La operación a su vez, generará ahorros adicionales por concepto de intereses por 1 mil 537 millones de dólares durante los próximos 20 años.
Para el período 1988, esta honorable Cámara de Diputados autorizó un endeudamiento externo neto por 1 mil millones de dólares; sin embargo, debido a la escasez generalizada de crédito externo, el sector público presentó un desendeudamiento neto por 746 millones de dólares, por lo que fue necesario sustituir el faltante con recursos internos.
Al 31 de diciembre de 1988, el saldo de la deuda ascendió a 267.0 billones de pesos, lo que significó un crecimiento de 55.3 billones, en relación a 1987, constituidos en un 81.7% por endeudamiento neto, 10.9% por los ajustes derivados de las revaluaciones y 7.4, por las asunciones de pasivos a entidades del presupuesto federal.
Por lo que respecta a la deuda interna, durante 1988 se continuó con la política de evitar financiar al sector público mediante la emisión primaria; se recurrió al ahorro interno para obtener los recursos financieros requeridos por el sector público. Asimismo, se buscó incrementar los plazos promedio de vencimiento y diversificar los instrumentos de financiamiento. Igualmente, la política cambiaría tuvo un impacto positivo sobre el saldo de la deuda interna.
Con el fin de conciliar el ahorro interno disponible con las necesidades de financiamiento, resultó necesario, al inicio de 1988, llevar a cabo un programa de restricción crediticia y una política flexible en las tasas de interés para adecuarlas a las condiciones prevalecientes en el mercado.
El aumento en las tasa reales, tuvo un impacto considerable en las finanzas públicas e incrementó el servicio de la deuda interna.
Por otra parte, durante 1988, se logró modificar la composición de las fuentes internas de financiamiento público. Así, los valores gubernamentales incrementaron su importancia relativa de 49.5 a 60%, lo cual fue posible, gracias al esfuerzo de colocación de Pagarés de la Tesorería de la Federación y los bonos de Desarrollo. En lo que respecta a los Bonos de Desarrollo, la colocación de éstos amplió el perfil de vencimientos de la deuda interna. Mientras que en 1987, la mayor parte de los valores gubernamentales tenían un plazo promedio menor a 28 días, para diciembre de 1988 este plazo se amplió a cerca de 130 días.
Los recursos obtenidos del Banco de México, aumentaron su participación en el saldo total de la deuda interna en 6.8 puntos porcentuales, al ubicarse en 18.3% como consecuencia de los apoyos prioritarios.
En lo referente a los financiamientos otorgados por la banca comercial y la de fomento, éstos observaron una disminución en su importancia relativa en 13.5 y 2.6 puntos respectivamente, al situarse en 9.0% y 7.5% cada uno de ellos.
Al 31 de diciembre de 1988, la deuda pública interna del gobierno federal y de las entidades controladas presupuestalmente, ascendió a 112 billones de pesos, correspondiendo el 88% al gobierno no federal y el 12% restante a dichas entidades.
Durante 1988, debido a la ausencia de flujos externos que propició una mayor recurrencia al ahorro interno, y las altas tasas de interés, el gobierno federal efectuó un pago mayor de intereses al originalmente presupuestado, cantidad que ascendió a 6.1 billones de pesos, monto que explica el 93.8% de la desviación presentada por el sector público en su conjunto.
En síntesis, en el año de 1988, la estrategia de deuda pública permitió avanzar en la búsqueda de nuevas fórmulas para resolver el problema de fondo de la deuda externa, a través de la disminución directa de su saldo. En lo interno, la política monetaria y de tasas de interés fueron determinantes en el nivel de captación y el consecuente aumento del ahorro interno, lo que permitió cubrir las necesidades financieras, ante la astringencia de recursos externos, necesidades financieras, si bien a un elevado costo real, ante la astringencia de recursos externos.
4. Análisis Sectorial del Gasto
Desarrollo Rural
Durante 1988, este sector enfrentó una situación particularmente difícil, debido a tres factores: el primero, la persistencia de deficiencias estructurales; el segundo derivado de las condiciones económicas prevalecientes y, el tercero, debido a factores climáticos adversos.
Lo anterior hizo necesario canalizar los recursos a las siguientes prioridades: aumentar la rentabilidad de la actividad agrícola y mejorar los niveles de empleo y bienestar social de la población rural, aumentar la productividad y continuar con las obra de infraestructura agropecuaria, forestal y pecuaria.
El sector desarrollo rural ejerció un gasto de 4.0 billones de pesos, que en relación al presupuesto ejercido en 1987 fue superior en 60.1% e inferior en 35.1% a lo originalmente previsto. En términos reales el gasto ejercido disminuyo 18.0% en relación al año anterior.
Las metas de superficie sembrada de los 10 principales cultivos establecidos en el programa nacional agropecuario, forestal y agroindustrial de 1988 se alcanzaron en un 94.8% y se cosecharon 22.8 millones de toneladas, lo que representó un descenso de la producción de 12.5% en relación al año 1987.
Las principales acciones de fomento a la agricultura consistieron en el otorgamiento de apoyos crediticios, seguro agrícola, asistencia técnica e insumos. Con el crédito institucional se logró cubrir el 56.% de la superficie sembrada de los 10 principales cultivos, si bien disminuyó el crédito por hectárea. Por otra parte, se promovió la distribución y uso de semillas de alta calidad, con lo cual se benefició al 45.5% de la superficie sembrada. En 1988, la superficie fertilizada para los 10 cultivos principales representó el 59.0% de la sembrada, cuatro puntos porcentuales menos que en 1987.
Asimismo, con la asistencia técnica agrícola se dio atención al 96.5% de la superficie sembrada. En lo que respecta a sanidad vegetal, la estrategia se centró en la detención y prevención de plagas y enfermedades de los cultivos agrícolas mediante campañas de control sanitario, así como cuarentenas nacionales e internacionales.
En lo relativo al subsector pecuario, se continuó apoyando aquellos programas tendientes a un mejor aprovechamiento y explotación ganadera. Por lo que respecta a la producción total de carne de bovino, fue 4.4% menor que en 1987 y el total de carne en canal ascendió a 2 millones 818 mil toneladas, lo que significó una reducción de 3.4% respecto al año anterior; la producción de leche fue de 6 mil 283 millones de litros, cifra menor en 1.0% a la obtenida en 1987, este descenso en la producción hizo necesario recurrir a la importación de leche en polvo, que representó la tercera parte de la producción nacional. La problemática en la ganadería lechera, obedece al alto nivel de inversión requerida con largos periodos de recuperación, y a que la insuficiencia en los estímulos provoca la desviación de leche fluida a la elaboración de derivados lácteos, sin precio tope, lo cual ha repercutido en el abasto a la población. Por su parte, la producción de huevo alcanzó la cifra de 1 millón 90 mil toneladas, lo que representa 11.8% más a la obtenida en 1987.
En el subsector forestal, se alcanzó una producción de 9,306.0 miles de metros cúbicos de madera en rollo, que fue inferior en 15.0% a la meta programada y en 5.0% a la alcanzada el año anterior; en este resultado influyeron la escasez de créditos, la falta de infraestructura y los reducidos márgenes de rentabilidad. En cambio, la producción no maderable ascendió a 100 mil 449 toneladas, volumen que superó en 33.% al programado y en 37.2% al obtenido en 1987.
En materia de recursos hidráulicos, las actividades se encauzaron por una parte, a promover un uso más eficiente del agua, tanto en la agricultura como en la industria y los centros urbanos, y por otra, a preservar el recurso mediante el control de las extracciones y de las descargas residuales, y conservar y ampliar infraestructura de almacenamiento y distribución.
Por lo que toca a la construcción de infraestructura de grande y pequeña irrigación, ambas permitieron ampliar la superficie de riego en 4.1 miles de hectáreas y 23.7 miles de hectáreas, respectivamente.
En relación a la captación y conducción de agua para usos múltiples, se realizaron obras de abastecimiento de agua potable en bloque en algunas ciudades y se continuó con la ejecución de los proyectos que permitirán incrementar el suministro de ese vital líquido en diversas poblaciones.
Desarrollo Regional
Dentro de las tres vertientes sobre las que se ubicó la gestión del desarrollo regional (Programas de Desarrollo Regional, Programas Regionales de Empleo y Programas de Coordinación Especial), la política se orientó a impulsar el desarrollo equilibrado de las regiones, estados y municipios del país, a través de la concertación de recursos entre la federación y los estados en el marco del Convenio Único de Desarrollo, que ha servido de instrumento para la coordinación de acciones entre las distintas instancias de gobierno, permitiendo una mayor participación en la definición de prioridades de los estados y los municipios. Asimismo, se apoyaron las estrategias definidas en los programas regionales estratégicos de: Mar de Cortés, Frontera Norte, Zonas Áridas, Zona Metropolitana de la Ciudad de México y Región Centro, Sureste y Reordenación Henequenera y Desarrollo Integral de Yucatán, así como de 11 planes estatales.
Al cierre del ejercicio, el presupuesto modificado del ramo ascendió a 2 billones 58 mil 437 millones de pesos, de los cuales se ejerció 1 billón 956 mil 269 millones. Atendiendo los criterios generales de política de gasto, los recursos erogados durante 1988 para desarrollo regional, se distribuyeron de la siguiente forma: 48.0% a los Programas de Desarrollo Regional; 90.0% a los Regionales de Empleo y el 25.0% a los de Coordinación Especial; el restante 18.0% se aplicó a estados y municipios, a través de apoyos financieros.
El ejercicio de los recursos del ramo, permitió impulsar tanto las actividades productivas del medio rural, como las agropecuarias agroindustriales y pesqueras; ampliación y modernización de los sistemas de comunicaciones y transportes, así como el de comercio y abasto, y contribuir a elevar las condiciones de vida de la población, mediante la ampliación y mejoramiento de los servicios urbanos y sociales básicos, fundamentalmente de agua potable, alcantarillado, electrificación, educación y salud. Asimismo, se apoyaron acciones para la descentralización de la vida nacional y para el fortalecimiento municipal.
En apoyo a las actividades productivas, se instrumentaron programas de pequeña irrigación y de infraestructura para el desarrollo pecuario y pesquero, destacando las actividades realizadas para la incorporación de más de 30 mil hectáreas al riego y la construcción de infraestructura para la atención de 60 mil cabezas de ganado de diversas especies.
En materia de comunicaciones y transportes, se realizaron acciones de conservación a las redes estatales de carreteras y caminos rurales en una longitud de 47 kilómetros, y se construyeron además, 472 kilómetros de carreteras y caminos. Sobresalen las obras realizadas en las carreteras Estación Don - Nogales, Colima - Coquimatlán, Anáhuac - Colombia y Tapachula - Huixtla, y en caminos rurales de Oaxaca y Yucatán. Para mejorar las distribución de productos básicos de consumo popular, se recapitalizaron 5 mil 500 tiendas principalmente en el medio rural.
Del total de recursos ejercidos en el año, el 51.0% se orientó a ampliar la cobertura de los servicios urbanos y sociales básicos. En este aspecto, destacan los esfuerzos realizados para la ampliación y mejoramiento de la infraestructura física para la educación en alrededor de 6 mil espacios educativos y 295 escuelas de niveles básicos, así como la realización de acciones para la construcción, ampliación y equipamiento de hospitales generales y centros de salud, entre los que destacan los de Valle de Bravo en el Estado de México; Pichucalco, Villa Flores, Tonalá, Arriaga y Palenque, en Chiapas; Ciudad del Carmen; Cunduacán, en Tabasco; Doctor Arroyo, en Nuevo León y el de Santiago Papasquiaro, en Durango.
Paralelamente, se apoyó la construcción y rehabilitación de 561 sistemas de agua potable y 317 de alcantarillado, destaca la segunda línea del Acueducto Río Colorado- Tijuana y las obras de los sistemas en Zacatecas, Campeche, Cuautla y Acuña. Se otorgaron 198 mil becas a hijos de trabajadores de escasos recursos, y a estudiantes de nivel superior para la prestación del Servicio Social Obligatorio. Asimismo, se apoyó la incorporación de la mujer a las tareas del desarrollo en 2 mil 354 comunidades.
De manera similar, mediante los Programas de Coordinación Especial se apoyó el Programa Primaria pata Todos los Niños, a través del cual se efectuó el pago de sueldos a 20 mil 221 profesores; asimismo, se otorgaron 43 mil 636 becas de capacitación a trabajadores desempleados.
La inversión ejercida de los recursos orientados al desarrollo regional, fue de 96.5%, el 3.5% no ejercido, que equivale a 70 mil 792 millones, no se aplicó debido a la falta de presentación oportuna de expedientes técnicos y a la baja capacidad de ejecución de dependencias ejecutoras en algunos estados.
Desarrollo Urbano, Vivienda y Ecología
La política instrumentada se orientó a impulsar la desconcentración territorial de actividades económicas y de asentamientos humanos; promover el crecimiento equilibrado de ciudades medias y centros de población, con acciones integrales de infraestructura y urbanización; mantener el esfuerzo para satisfacer necesidades habitacionales derivadas del incremento demográfico en el país, y consolidar el marco legal ecológico, de acuerdo a las atribuciones de los diferentes niveles de gobierno, para abrir opciones de participación ciudadana, con el fin de atender las causas y efectos de la problemática ecológica.
De esta forma, se dio prioridad a la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado, para ello, se celebró y consolidó el proceso de descentralización a los sistemas en los gobiernos locales; se modificaron los esquemas de financiamiento y se incrementó la participación de la comunidad.
Como resultado de estas acciones, la cobertura nacional en el abastecimiento de agua potable aumentó del 70.4% de la población total en 1987 a 71.2% en 1988. En cuanto al rubro de alcantarillado, el incremento pasó de 49.5% a 68.2%.
En materia de edificios públicos, el presupuesto modificado fue de 8 mil 67 millones, ejerciéndose en un 98.0%, de lo cual correspondió a construcción 6 mil 276 millones, a conservación 1 mil 580 millones y a estudios y proyectos 43.0 millones.
En lo referente al capítulo de vivienda y con la finalidad de incrementar los recursos destinados a ese rubro, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología promovió ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México, la emisión de bonos bancarios a través de las sociedades nacionales de crédito para atraer recursos del mercado de dinero a esta actividad, en las modalidades de arrendamiento financiero, arrendamiento puro y compraventa de garantía hipotecaria.
Conforme a los objetivos del Programa Nacional de Vivienda, se desarrollaron diversas acciones para atender la demanda derivada del incremento de la población y abatir el déficit habitacional. En este sentido, con la acción coordinada de todos los organismos públicos de vivienda, se logró construir más de 300 mil unidades; de éstas, 177 mil 823 correspondieron a vivienda terminada, 23 mil 306 a vivienda progresiva, 12 mil 340 a lotes y servicios, 43 mil 897 a mejoramiento de vivienda y 44 mil 616 a créditos para adquisición de terceros, construcción en terreno propio y pago de pasivos.
A efecto de establecer la oferta pública de tierra para vivienda de interés social, se consolidó la constitución de reservas territoriales y conjuntamente con la Secretaría de la Reforma Agraria, se procedió a la regularización de aquellos asentamientos susceptibles de ser dotados de servicios. En total, se constituyeron 6 mil 541 hectáreas de reservas territoriales en las principales ciudades medias de 14 entidades federativas con recursos del Fideicomiso del Fondo Nacional para el Fomento Educativo, en coordinación con los gobiernos de los estados.
En materia de ecología, durante 1988 se obtuvieron avances importantes. A partir de ese año, ya se considera la variable ambiental en todos los proyectos de crecimiento económico que pueden impactar los recursos naturales, asegurando jurídicamente su uso racional.
Asimismo, se prosiguió con el Programa de las Cien Acciones Ecológicas necesarias; éstas abarcaron medidas de prevención y control de la contaminación del aire, del suelo y del agua; se consideró al deterioro producido por el ruido, los agroquímicos, los detergentes, los materiales peligrosos y a los de lenta degradación. El programa cuenta con un avance del 90.0% en cuanto a las acciones faltantes, dada su complejidad y/o su carácter sistemático, requerirán de plazos mayores para su cumplimiento.
Por último, conviene destacar las relaciones que se han establecido con varias universidades para la formación de recursos humanos especializados, que necesita el sector.
Pesca
Las acciones del sector pesca durante 1988, estuvieron orientadas a promover el uso de tecnologías adecuadas a los procesos de captura e industrialización, fomentar la capacitación y organización de los productores, reforzar el financiamiento a la actividad y continuar con la reestructuración de Productos Pesqueros Mexicanos.
El sector pesca ejerció un gasto de 533.3 miles de millones de pesos, inferior en 24.8% y 54.3% en relación a lo ejercido durante 1987 y al
presupuesto original, respectivamente; dicho resultado fue consecuencia principalmente de la desincorporación de la empresa Ocean Garden y otras filiales de Productos Pesqueros Mexicanos.
Durante el año de 1988, la acción conjunta de los sectores público, social y privado dio como resultado un volumen total de producción de 1 millón 400 mil 200 toneladas, cifra inferior en 64 mil 667 toneladas al volumen alcanzado en 1987. La disminución representó el 4% respecto al volumen alcanzado el año anterior, lo que se debió básicamente a factores ambientales y climatológicos que se presentaron en los litorales y que incidieron negativamente en las pesquerías masivas.
El sector privado contribuyó con 977 mil 200 toneladas, el social con 420 mil 200 y el sector público con 2 mil 800 toneladas, esto es, 69.8%, 30.0% y 0.02%, respectivamente.
La fase que captura se vio afectada por su concentración en reducido número de pesquerías; la sobreexplotación de algunas especies, precios poco remunerativos, la deficiente articulación entre las fases de la actividad, la falta de desarrollo tecnológico de equipos y artes de pesca, los altos costos de operación y la falta de conclusión de infraestructura pesquera o de su conservación y mantenimiento.
En lo referente a la fase de comercialización, se emprendieron acciones para mejorar los procesos de recepción, asegurar el abasto y la distribución masiva de las especies de consumo popular, consolidar el saldo favorable de la balanza comercial pesquera y diversificar los productos y mercados de exportación.
Debido a los menores niveles de captura ya mencionados, la oferta de productos en el mercado interno fue 2.0% menos que en 1987; por otra parte, el volumen de productos pesqueros distribuidos en el mercado externo ascendió a 157 mil toneladas, con un valor de 570 millones de dólares, en tanto las importaciones alcanzaron un total de 18 mil toneladas, con un valor de 22 millones de dólares, lo que determinó un saldo favorable en la balanza comercial.
En materia de organización y capacitación, las acciones estuvieron orientadas a integrar a los pescadores en asociaciones para mejorar la productividad y las condiciones de vida; en ese marco se constituyeron 275 sociedades cooperativas; respecto a investigación y tecnologías, se efectuaron 76 investigaciones en materia pesquera relacionadas en su mayoría con la determinación del potencial pesquero.
Por último, y en materia de descentralización, fueron transferidos en propiedad 14 centros acuícolas a gobiernos estatales para su operación, administración y mantenimiento. Se continuó con la tarea de regionalizar la comercialización y el abasto de productos pesqueros, mediante la transferencia de infraestructura básica para el acopio, conservación y distribución de productos del mar a los gobiernos estatales y se transfirieron al sector social diversas instalaciones acuícolas.
Sector Desarrollo Social
Subsector Educación
En el año de 1988, de conformidad con los lineamientos y objetivos establecidos en le Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte 1984- 1988, el subsector educación orientó sus acciones a mejorar la calidad de la enseñanza, ampliar el acceso a los servicios educativos, con atención especial a las zonas y grupos marginados, y a estimular la educación y la investigación científica y tecnológica. Durante el ciclo escolar 1988- 1989, la matrícula total del Sistema Educativo Nacional se mantuvo en 25.5 millones de alumnos.
Para el cumplimiento de sus objetivos, durante 1988 al subsector le fue asignado un presupuesto original de 8.0 billones (no incluye previsión para aumento salarial) y uno modificado de 10.3 billones; es este presupuesto, se ejerció un gasto de 10.1 miles de millones de pesos, que comparado con el de 1987 representó un incremento de 97.6% en términos nominales.
El presupuesto ejercido por capítulo de gasto, se distribuyó como sigue: servicios personales, 60.0%; materiales y suministros, 0.3%; servicios generales, 2.2%; transferencias corrientes, 32.2%; transferencias para inversión física; 4.9%; bienes muebles e inmuebles, 0.1% y obra pública, 0.3%.
En lo que respecta a educación preescolar, se dio atención a un total de 1 millón 723 mil alumnos a nivel federal y 68 mil 300 alumnos mediante servicios otorgados por los gobiernos estatales, cifras que en comparación al ciclo anterior representaron incrementos de 0.4% y 1.9% respectivamente; a nivel primaria, se dio atención a 9.9 millones de alumnos en el control federal y a 453 mil en el estatal con apoyo federal. Cabe apuntar que se logró completar a seis grados la instrucción impartida por 1 mil 997 escuelas rurales; a su vez, 1 mil 688 escuelas unitarias se transformaron en bidocentes y tridocentes. Este es un esfuerzo que no se refleja en las estadísticas de inmediato, pero que tendrá un profundo efecto en los dos años siguientes.
En educación secundaria, la matrícula de alumnos fue de 3.1 millones, de los cuales 1.8 correspondieron a secundarias generales, 1 millón a las técnicas y 207 mil a las telesecundarias; en materia educativa para los adultos, se atendieron 624 mil 900 personas en el rubro de alfabetización, 726 mil 500 en educación primaria, 188 mil en secundaria y 448 mil 600 en capacitación para y en el trabajo.
Como apoyo didáctico para la educación básica, se produjeron y distribuyeron 70.8 millones de libros de texto gratuitos para alumnos y maestros de educación primaria y 1.5 millones de cuadernos para alumnos de preescolar; en educación primaria, se alcanzó una eficiencia terminal del 55.3% y educación secundaria del 74.2%.
Por otra parte, y a fin de mejorar el desempeño de la planta docente normalista, se puso en marcha un programa de actualización del magisterio, con el que se dio atención a 231 mil 500 maestros de preescolar, primaria y secundaria; en educación media terminal fueron atendidos 217 mil 200 alumnos, de los cuales 150 mil 400 correspondieron a CONALEP; la eficiencia terminal fue del 35.9%. Por su parte, el bachillerato atendió a l millón 266 mil 800 alumnos, cifra superior en 2.2% respecto a la obtenida en el ciclo anterior, del total, 882.7 correspondieron al sistema universitario, 370.5 al tecnológico y 13.5 al pedagógico; la eficiencia terminal fue de 57.1%.
Por otra parte, se construyeron 1 mil 28 nuevas bibliotecas, con lo cual se alcanzó un total de 3 mil 47 en la red nacional, 50.9% más que el año anterior.
Por último, y con relación a la construcción y mejoramiento de la planta física educativa, a través del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, se construyeron y equiparon 22 mil 909 espacios educativos, de los cuales el 47.8% correspondió a planteles del nivel preescolar y 22.2% a secundarias; el resto, se distribuyó entre los demás niveles educativos.
Subsector Salud.
Las estrategias y actividades de salud en 1988 se orientaron a cuatro campos importantes; la salud pública, la atención médica, la regulación sanitaria y la asistencia social, siendo sus objetivos los siguientes: ampliar la cobertura de servicios médicos, diagnósticos curativos y de rehabilitación a los grupos más desprotegidos en las zonas rurales y urbanas marginadas. Continuar los programas de prevención y control de las enfermedades transmisibles, mejorar y reforzar las condiciones sanitarias y del medio ambiente.
El presupuesto ejercido por las instituciones del subsector salud fue de 10.1 billones de pesos, como sigue: Secretaría de Salud, 1.1; Instituto Mexicano del Seguro Social, 6.6; Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 2.2 y Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 0.2 billones de pesos.
En cuanto a la inversión pública, se otorgó prioridad a la conclusión de unidades que presentaban alto grado de avance físico en los tres niveles de atención: unidades de atención primaria, hospitales generales y especializados; en ese sentido, el gasto de inversión que destinó el subsector salud durante 1988, ascendió a 1.0 billones de pesos, 84.3% superior al registrado en 1987 e inferior en 9.5% a lo previsto originalmente.
La Secretaría de Salud concluyó la construcción de 16 centros de salud; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; realizó 128 obras de construcción y rehabilitación en clínicas de medicina familiar y 20 en unidades hospitalarias.
Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social realizó 49 obras en unidades de medicina familiar, 64 en hospitales de atención general y 20 en hospitales especializados.
Asimismo, se intensificaron los trabajos de los grupos específicos que dieron continuidad a la estrategia de los días nacionales de vacunación; además, se actualizó el cuadro básico de medicamentos del sector salud; se impulsó la producción de materias primas, productos intermedios farmacoquímicos y de equipos de instrumental médico, con el consecuente ahorro de divisas.
Subsector Laboral
El gasto ejercido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social fue de 105.5 miles de millones de pesos, cifra que en comparación con el presupuesto original fue menor en 32.6% y mayor en 113.1% en relación al de 1987.
Con el objetivo de proteger el poder adquisitivo del salario, se destinó un monto mayor de recursos al Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores, que otorgó un total de 331 mil 381 créditos, beneficiando directamente a aproximadamente 1.5 millones de personas.
En lo referente a la conciliación de los conflictos laborales, se logró que sólo se registraran 132 estallamientos de huelga, de un total de 7 mil 730 emplazamientos.
Por lo que respecta a Fomento Cooperativo, se autorizó el registro de 493 sociedades, de las cuales 330 correspondieron a agrupaciones cooperativas de producción.
Por otra parte, se instrumento el Proyecto de Capacitación de Mano de Obra, por medio del cual fueron otorgados 66 mil 294 becas de capacitación.
Finalmente, el Servicio Nacional de Empleo atendió a 274 mil 233 solicitantes, captó 243 mil 404 vacantes y canalizó a 207 mil 388 personas hacia puestos de trabajo.
Sector Comunicaciones y Transportes
En 1988, el crecimiento del producto interno bruto de este sector fue de 2.8%, este crecimiento sólo fue superado por el de la rama de generación de energía eléctrica.
En el subsector carretero, las acciones se encaminaron prioritariamente a atender los programas de conservación y reconstrucción de la red federal y se continuó con la construcción y modernización de las carreteras que presentaban problemas de congestionamiento.
En este sentido, y en el marco de los programas de conservación de la red federal, efectuaron trabajos en 45 kilómetros de carreteras troncales, cifra superior en 206% a la meta programada; se realizaron obras de conservación en 50 mil 500 kilómetros de carreteras alimentadoras, con lo que se cumplió 100% la meta establecida; asimismo, se llevaron a cabo obras de mantenimiento en 28 mil 500 kilómetros de caminos rurales, cumpliéndose al 100% la meta original.
Se continuaron los trabajos de ampliación de carreteras, con las cuales se obtuvo un avance total de 116 kilómetros, con lo que se sobrepasó en 6.4% las expectativas iniciales que eran de 109 kilómetros.
En relación a los trabajos de modernización y ampliación de carreteras, se ejecutaron obras en 279 kilómetros, avance superior en 40.0% a los 200 kilómetros considerados como meta original para 1988. Respecto a las carreteras urbanas y libramientos, se continuó la construcción de accesos y libramientos en 13 ciudades. Por otra parte, en la construcción de caminos rurales, se realizaron 958 kilómetros, lo que supero en 346.0% la meta programada.
Por lo que corresponde a la construcción de terminales y paraderos que permiten ofrecer mayor seguridad y comodidad a los usuarios de las carreteras, se construyeron 160 paraderos de los 200 programados para el año; la variación obedece a que en diversas entidades del país se presentaron problemas por falta de mano de obra o bien, por condiciones climatológicas que impidieron la consecución de esta meta.
En el subsector ferroviario se dio prioridad a la conservación, mantenimiento y rehabilitación en las vías férreas, y se continuó con las acciones de ampliación y modernización. Cabe destacar la rehabilitación de 620 kilómetros del riel nuevo y 360 kilómetros de recobro; asimismo, se colocaron 1.5 millones de durmientes y 1.1 millones de metros cúbicos de balasto y se adquirieron 30 mil 550 millones de toneladas de riel nuevo.
En lo referente a la construcción y modernización, destacan las obras en las vías dobles México - Querétaro, Querétaro - Irapuato y México - Veracruz; en cuanto a las vías sencillas, destaca la conclusión del tramo Salinas - Laguna Seca, y los avances en el correspondiente a Guadalajara - Encarnación.
En el subsector marítimo - portuario, se continuó fomentando el crecimiento de la marina mercante nacional, que incrementó su capacidad durante 1988 en 219 mil toneladas de peso muerto, que representó el 36.0% de la meta anual; este rezago se originó principalmente por factores económicos y por la carencia de fletes que impacto negativamente a las empresas navieras.
Para apoyar el desarrollo del transporte de cabotaje, se efectuaron obras de construcción, modernización y conservación de la infraestructura portuaria en los puertos comerciales de Manzanillo y Guaymas, y en los industriales de Altamira y Lázaro Cárdenas; destaca lo realizado en el nuevo puerto de altura de Progreso, que constituye la obra de carácter federal más importante del sureste del país.
Se realizaron trabajos de dragado en 25 puertos con un total de 9.8 millones de metros cúbicos, de 17 millones programados; la causa de esta variación se debe a que durante el año las dragas quedaron fuera de servicio por razones de rehabilitación y mantenimiento.
En materia de transportación aérea las acciones se encaminaron a dar atención a la seguridad en el espacio aéreo mexicano, y se continuó ampliando su infraestructura con la puesta en servicio de la primera etapa del aeropuerto de Colima y la continuación de los trabajos en Huatulco, El Bajío y Cancún. Respecto a la conservación de la infraestructura aeroportuaria, la atención se centró
principalmente en proteger la capacidad instalada de los 58 aeropuertos que Conforman el sistema aeroportuario.
En el subsector comunicaciones, las acciones se orientaron a hacer más eficientes los servicios y a lograr una mayor cobertura, dando especial atención a lo procesos de modernización y a la actualización tecnológica, así como también para incrementar el aprovechamiento del sistema de Satélites Morelos; así, y a fin de ampliar la cobertura del servicio telefónico rural en localidades de 500 a 2 mil 500 habitantes, fueron instaladas agencias de larga distancia en 295 poblaciones, cantidad que representó el 98.0% de la meta programada.
Asimismo, cabe apuntar el avance obtenido en la modernización del correo y del telégrafo, y en particular de este último, ya que la red telegráfica se vio fortalecida con los trabajos de conservación y mantenimiento de 21 mil 669 kilómetros de líneas físicas, logrando rebasar en 21.0% la meta original.
El sector comunicaciones y transportes erogó 5.2 billones de pesos, que con respecto a lo ejercido en el año de 1987 implicó un incremento de 49.3% y un decremento de 27.0%, en relación al presupuesto original.
Sector Comercio y Abasto
Los objetivos primordiales de la política comercial, fueron: fomentar las exportaciones no petroleras, sustituir las importaciones de bienes intermedios y de capital, racionalizar la protección del aparato productivo nacional e impulsar la integración de las franjas fronterizas y zonas libres del país. En cuanto a la diversificación y consolidación de los mercados internacionales, se instrumentaron iniciativas de negociaciones en el seno del Acuerdo General de Aranceles y Comercio. Se promovieron también los convenios macro a nivel internacional.
La política de comercio exterior estuvo orientada a intensificar la disminución de los niveles arancelarios, la completa derogación de precios oficiales de importación y la eliminación del requisito de permisos previos.
En materia de exportaciones no petroleras, las políticas macroeconómicas y de fomento a las exportaciones no petroleras, permitieron al aparato productivo aumentar su competitividad.
Por lo que se refiere a política arancelaria, se canceló el impuesto del 5% adicional a la importación, y se redujo el arancel máximo del 40.0% al 20%.
Como resultado de las acciones realizadas en comercio exterior, el arancel se constituyó en el principal instrumento de regulación de comercio exterior. Con el objeto de aprovechar el potencial exportador de las franjas fronterizas y zonas libres para incorporarlas al mercado nacional, se garantizó la concurrencia de productos nacionales a la región.
En inversión extranjera, la mayoría de las industrias han sido capaces de enfrentar con éxito la apertura; en relación a esta última, destaca su papel en la promoción de las exportaciones no petroleras, fundamentalmente la industria manufacturera que pasó de 9,907.4 millones de dólares en 1987 a 11,616.4 millones de dólares en 1988, lo cual significó un crecimiento de 17.2%.
En la industria maquiladora, el crecimiento alcanzado propició que la generación de divisas del sector ascendiera en 1988 a 2 mil 237 millones de dólares.
Las políticas de fomento a la inversión se acompañaron de políticas de financiamiento, que permitieron un mayor flujo de recursos hacia el sector industrial.
En cuanto a la política de inversión extranjera durante 1988, se instrumentó en concordancia con la política de apertura comercial y desarrollo tecnológico; de enero a diciembre de 1988, la inversión directa autorizada ascendió a un total de 3,157.1 millones de dólares. Cabe destacar que, sin considerar el instrumento de sustitución de deuda pública por capital, la inversión extranjera directa autorizada durante 1988 hubiera sido de 2,229.5 millones de dólares.
La política industrial puso énfasis especial en la promoción de la pequeña y mediana industria; se mantuvieron los estímulos fiscales a este sector, a través de los cuales se apoyó una inversión de 68 mil 708 millones de pesos.
Especial relevancia tiene la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria, cuyos objetivos son las simplificación administrativa y poner a la disposición de estas empresas un paquete de apoyo especializado que favorezca la inversión en este campo.
La producción industrial de alimentos, registró un incremento de 2.5% en promedio anual en el período 1983- 1988; asimismo, se logró fortalecer a la microindustria alimentaria, orientándola hacia la satisfacción del consumo social de básicos, de tal forma que el número de establecimientos de este tipo pasó de 13 mil 200 en 1982 a 16 mil 400 en 1988.
La política de precios sirvió para mantener el equilibrio entre los agentes involucrados en la producción, distribución y consumo.
Se favoreció la competencia con el exterior con bienes de manufactura extranjera, en ramas donde se detectaron incrementos desproporcionados de precios y se reincorporaron en los regímenes de control más estrictos; se impulsó la modernización del pequeño y mediano comercios.
El gasto ejercido por este sector fue de 5.2 billones de pesos, superior en 107.7% y 18.9% en relación al del año anterior y al presupuesto original, respectivamente.
Sector Turismo
El sector turismo orientó sus acciones a impulsar el crecimiento y desarrollo de los principales centros turísticos; propició también con dichas obras la inversión privada, la captación de divisas, la generación de empleos y la creación de una infraestructura diversificada y competitiva.
Al término del ejercicio, la balanza arrojó un saldo favorable de 1 mil 505 millones de dólares, con lo cual se cumplió la meta establecida en el Programa Nacional de Turismo y se rebasó en 1.1% al registrado en 1987. La captación de turistas procedentes del exterior fue de 5.7 millones de personas, cifra que cubrió el 100.0% de la meta programada y un crecimiento de 5.4% con respecto al año previo.
Cabe señalar que en la región del Caribe, se desarrolló un programa emergente para la reparación de los daños causados por el huracán "Gilberto".
En materia de financiamiento a la oferta turística, se implementó una política de contención crediticia, en apoyo a las medidas derivadas de la firma del Pacto de Solidaridad Económica, esto se reflejó en el aplazamiento temporal del uso de recursos crediticios.
Durante 1988, a través del Fondo Nacional de Fomento al Turismo se mantuvo un papel activo en la dirección, supervisión y ejecución de las obras, habiendo registrado avances en el incremento de la oferta hotelera.
Operación de servicios turísticos. Los resultados obtenidos por las empresas a cargo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, responsables de este programa, se abocaron a las actividades principales de administrar y operar hoteles y a dar mantenimiento a los centros turísticos, entre otros.
En materia de investigación aplicada y desarrollo experimental multisectorial, se instrumentaron investigaciones para respaldar las actividades de planeación y política turística en apoyo al conocimiento de los aspectos económicos, políticos y sociales del fenómeno turístico; adicionalmente, se realizó un censo nacional de investigación turística.
En educación turística en aras de elevar la calidad de los servicios turísticos, se ejecutó un programa nacional de capacitación turística, habiendo impartido cursos a 16 mil empleados y desarrollado diversos seminarios.
El presupuesto autorizado para el sector turismo fue de 145.2 miles de millones de pesos, destinándose 99.1 miles de millones a la Secretaría como coordinadora del sector, y 46.1 miles de millones de pesos a sus entidades paraestatales sujetas a control presupuestal.
El gasto ejercido por este sector fue de 132.1 miles de millones de pesos, superior en 82.6% al del año anterior.
Sector Energético e Industrial
En 1988, estos sectores orientaron sus acciones a garantizar la oferta de insumos estratégicos para la producción nacional; en este sentido, se promovió el uso eficiente y racional de la energía y se avanzó en la diversificación de sus fuentes de generación para disminuir la dependencia de los hidrocarburos; asimismo, se impulsó la reconversión de la plana productiva nacional y la desincorporación de empresas no estratégicas ni prioritarias.
El sector energético ejerció un gasto de 20.2 billones de pesos, cifra que comparada con el año de 1987, resultó ser superior en 98.4% e inferior en 2.5% al presupuesto original.
En el año, el comportamiento de la industria petrolera estuvo determinado por la inestabilidad del mercado internacional y la escasez de recursos financieros, por lo cual fue necesario imprimir una mayor selectividad en las inversiones del sector dando prioridad a los proyectos más avanzados y a los definidos como estratégicos para su operación.
Respecto al programa de inversiones en el área de transformación industrial, se terminaron 37 obras de las cuales se destacan la primera etapa del complejo petroquímico Morelos y la Planta Criogénica II en Nuevo Petróleos Mexicanos, Tabasco.
Por lo que se refiere a los proyectos prioritarios dirigidos al programa de producción primaria,
destacan seis plataformas de perforación en diferentes campos, entre otros.
En materia de investigación y desarrollo científico y Tecnológico, el Instituto Mexicano del petróleo desarrolló programas encauzados a fortalecer el proceso de sustitución de importaciones.
Los recursos asignados permitieron atender los incrementos en la demanda de la energía para uso doméstico, comercial y riego agrícola del 6.9%, 2.0% y 6.4%, respectivamente, coadyuvando de esta manera al funcionamiento y expansión del aparato productivo nacional.
El universo de entidades considerando para el sector energía, minas e industria paraestatal para el ejercicio de 1988, fue de 110, de las cuales corresponden 49 al subsector de minas e industria básica y 50 al de transformación; las restantes, corresponden al subsector energético. El gasto total que ejercieron los primeros dos subsectores durante 1988, ascendió a 17.4 billones de pesos, cifra inferior en 14.2% a los originalmente autorizada.
La estrategia planteada para el subsector minero, consistió en satisfacer los requerimientos nacionales de insumos minerometalúrgicos, sanear financieramente a las entidades de la rama, promover la sustitución de importaciones de bienes de capital, entre otras.
Por su parte el sector industrial ejerció un presupuesto de 9.5 billones de pesos, cifra inferior en 10.8% al presupuesto original y mayor en 87.3% al ejercido en 1987; las líneas que guiaron el desarrollo del sector industrial, se orientaron a mantener los niveles de oferta en los bienes y servicios básicos y estratégicos requeridos por la economía nacional y preservar el papel de las entidades como generadores de divisas, así como el de continuar con la desincorporación de entidades no prioritarias, para fortalecer las estrategias mediante la modernización y reconversión de tecnologías y procesos productivos.
Asimismo, mediante los programas integrales de desarrollo industrial y comercial, se continuó con el apoyo selectivo a las ramas automotriz, farmacéutica y petroquímica, entres otras; además se fomentó el gasto de inversión par aumentar la infraestructura física orientada a la exportación, continuar con la sustitución de importaciones, garantizar el abasto de productos y materias primas, consolidar la integración de cadenas productivas y apoyar los procesos de reconversión industrial.
Con el propósito de fomentar la industria mediana, pequeña y micro, se garantizó el abastecimiento oportuno de materias primas, se descentralizaron y simplificaron los mecanismos de apoyo financiero a ese grupo de empresas, y de propició un mejor aprovechamiento de los residuos industriales.
5. Estrategias Específicas
Inversión Pública
La inversión pública desempeñó un papel fundamental en la instrumentación de la política de gasto; su ejercicio se realizó con base en criterios estrictos de selectividad y disciplina presupuestal, concentrando esfuerzos en actividades estratégicas y prioritarias.
De esta manera, se buscó apoyar el mantenimiento o ampliación de la capacidad instalada en infraestructura y la oferta de insumos básicos: se cuidó que los proyectos correspondieran a inversiones con un alto rendimiento marginal y que generaran aumentos en la productividad de la planta paraestatal, y se dio especial atención a las obras con mayor cobertura nacional, a fin de favorecer el desarrollo regional. Asimismo, se revisaron y actualizaron los preceptos legales y normativos que rigen el proceso de inversión, simplificando trámites y procedimientos.
En el contexto de los ajustes realizados al gasto público, fue necesario realizar algunas adecuaciones al programa de inversiones, con lo que el monto autorizado originalmente se redujo en 19.5%, es decir, 3.9 billones de pesos.
El ejercicio de la inversión pública presupuestal ascendió a 14,258,7 miles de millones de pesos, cifra equivalente al 71.3% del presupuesto aprobado y superior en 68.9% al monto ejercido el año anterior, con lo cual se observó una disminución de 0.8 puntos porcentuales en relación con el producto interno bruto; el 31.2% del total lo ejerció el gobierno federal; en tanto que el sector paraestatal aumentó su participación en el total de 61.2% en 1987 a 68.8% en 1988.
No obstante el menor nivel real de la inversión pública, ésta tuvo un importante efecto multiplicador sobre el resto de la economía, lo que repercutió principalmente en un aumento de 10.1% en la inversión privada.
Transferencias
En materia de transferencias, se observó un importante esfuerzo de reducción, al suprimirse o disminuirse aquellas de dudosa justificación social y económica, condicionando su otorgamiento a la promoción de actividades estratégicas y prioritarias.
En el transcurso de 1988, el monto de gasto ejercido por conceptos de transferencias se redujo en 2.4 billones de pesos, sobre la previsión original; esta reducción explica el 45.4% de la reducción observada en el gasto programable de la administración central.
El monto ejercido de transferencias ascendió a 15,672.4 miles de millones de pesos, cifra inferior en 21.2% a la del año anterior en términos reales, con lo que su relación respecto al producto interno bruto bajó de 5.1% en 1987 a 3.9% en 1988.
Por su destino, se observó un aumento de la participación relativa en las dirigidas al sector fuera de presupuesto , que pasaron de 57.4% a 63.0% del total, debido a que estas entidades se orientan fundamentalmente a la atención de las necesidades sociales básicas.
Reestructuración Administrativa y Servicio Civil
Durante 1988, se intensificaron las acciones en materia de reestructuración administrativa y servicio civil; se realizaron esfuerzos para redimensionar la administración pública en sus ámbitos central y paraestatal, se redoblaron las acciones para la modernización de la operación de los servicios, la optimización en la utilización de plazas, la supresión de trámites y procedimientos innecesarios en algunas dependencias administrativas y la apertura de mayores oportunidades de desarrollo para los servidores públicos.
En este contexto, en 1988 fueron desincorporadas un total de 166 entidades no estratégicas ni prioritarias; de éstas, se autorizó la venta de 85, la fusión de 10, la liquidación o extinción de 65 y la transferencia de seis. Al término de este año, el Estado contaba con un total de 414 entidades.
Con el fin de hacer más ágil y eficiente la presentación de los servicios proporcionados a la sociedad, se simplificaron trámites y se revisaron aquellos que implicaban exceso de regulación.
Con respecto a la política salarial, una de las acciones instrumentadas fue la actualización del catálogo general de puestos del gobierno federal, así como de los tabuladores de sueldos de las dependencias y entidades con base en los incrementos otorgados en el año.
En cuanto a las acciones por sectores específicos, se instrumentó el Manuel del Servicio Exterior Mexicano; en el sector salud fueron realizadas acciones tendientes a mantener la homologación funcional y salarial de las ramas médicas, paramédica y afines, y se continuó aplicando el esquema de educación básica.
En materia de seguridad social, se incrementaron las pensiones civiles, militares y de gracia, así como los haberes de retiro.
Descentralización Administrativa
Durante 1988, se fortaleció el proceso de descentralización de la administración pública federal para avanzar en la desconcentración de funciones y consolidar la coordinación entre federación y estados; en ese sentido, destacan en materia de educación los instrumentos de operación de los comités sectoriales y de las direccionales generales de los servicios coordinados establecidos en cada una de las entidades federativas, de tal forma que éstos ejercieran funciones de planeación, programación y presupuestación.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes concluyó la reestructuración de las juntas locales de caminos, así como su transformación en organismos de jurisdicción estatal.
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, extendió a un mayor número de estados y municipios facultades y recursos económicos para construir, operar y mantener los sistemas de agua potable y alcantarillado.
La Secretaría de Gobernación, continuó con la integración de los consejos consultivos migratorios.
La Secretaría de la Contraloría General de la Federación, integró los sistemas estatales de control, con la participación de los gobiernos estatales y municipales.
La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, concluyó el establecimiento de siete delegaciones coordinadoras regionales.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, suscribió convenios de colaboración administrativa en materia fiscal con los gobiernos de 27 estados, a fin de transferirles funciones operativas y de administración en la recaudación de algunos rubros de ingresos federales.
La Secretaría de Pesca, transfirió la operación de 30 obras de infraestructura pesquera a diversos municipios del país.
La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, emitió la Ley de Distritos de Desarrollo Rural.
La Secretaría de la Reforma Agraria, integró a su estructura las unidades de Registro Agrario Nacional, Asuntos Jurídicos y Programación e Información.
La Secretaría de Programación y Presupuesto, ejecutó acciones tendientes a apoyar la reubicación del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
En cuanto al traslado de servidores públicos al interior del país, entre 1985 y 1988 se avanzó al desconcentrar a 62 mil trabajadores de las distintas secretarías.
Reconstrucción
El Fondo Nacional de Reconstrucción creado para atender a los damnificados del sismo de 1985, fue extinguido con fecha 22 de noviembre de 1988, por decisión del Comité Técnico Mixto y en virtud de haber cumplido con el fin para el cual fue constituido.
El total de recursos recibidos e intereses generados por el Fondo Nacional de Reconstrucción durante su operación, ascendió a 93.2 miles de millones de pesos; de éstos, 59.4 corresponden a donativos en efectivo y en especie, el resto se refieren a intereses.
Con estos donativos, fue posible atender el Programa Apoyo a la Vivienda, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, que consistió en dos acciones principales: el Programa Emergente de Vivienda Fase II, a cargo del Fondo Nacional de Habitaciones Populares y el Programa de Reconstrucción de Nonoalco Tlatelolco, ejercido por una vocalía ejecutiva de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Por lo que respecta al primero, se realizaron 5 mil 518 construcciones nuevas y 965 viviendas se rehabilitaron; por lo que respecta al segundo, se benefició a 5 mil 4 familias.
En relación a estructuras y edificaciones dañadas en el sector salud, el Fondo Nacional de Reconstrucción destinó 52.9 miles de millones de pesos destinados a la rehabilitación de 55 unidades médicas, institutos y clínicas.
Para el Programa de Construcción y Rehabilitación de Escuelas, se canalizaron 22.2 miles de millones de pesos.
Huracán "Gilberto"
Para enfrentar difícil situación provocada por el huracán "Gilberto", fue necesario utilizar recursos aportados por el gobierno federal, gobiernos estatales y municipales, financiamiento de la banca nacional y de organismos financieros internacionales, así como de particulares; estos fondos se destinaron principalmente a la construcción de vivienda, reposición de la infraestructura urbana, atención a la salud, educación, obras de comunicaciones y transportes, así como instalaciones eléctricas, petroleras, comerciales y de abasto. También se dio apoyo a las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y turísticas.
Proyecto de Decreto Relativo a la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
Correspondiente al Ejercicio Fiscal de 1988.
Consideraciones Generales
Con base en el mandato constitucional, el Ejecutivo Federal presentó en tiempo y forma a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio presupuestal de 1988.
La información programática, económica, presupuestal y financiera sobre los resultados de la gestión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Central y Paraestatal contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobado para el año de referencia, se recibió en los términos que establecen los ordenamientos jurídicos, para que esta representación estuviera en aptitud de cumplir las atribuciones constitucionales de control de la gestión financiera del gobierno federal.
Esta documentación se turnó a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública para su revisión y análisis, por lo que dicha comisión procedió a examinar en diversas sesiones de trabajo, con la participación de los diferentes sectores comprendidos en la Cuenta Pública.
La Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública al preparar el presente dictamen, consideró la información resultante del informe previo, realizado por la Contaduría Mayor de Hacienda, de conformidad con las facultades y obligaciones que le establece su Ley Orgánica.
Se analizaron los factores económicos internos y externos que tuvieron incidentes en el ejercicio de la política de gasto, y asimismo, se estudió la forma que ésta influyó en la evolución económica del país.
A través de reuniones organizadas ex profeso con funcionarios del Poder Ejecutivo Federal, se otorgó especial atención al examen de la información
de los siguientes apartados: resultados generales de las finanzas públicas, ingreso y gasto públicos y deuda, así como a los sectores de desarrollo rural y pesca, desarrollo social, desarrollo regional, urbano y ecología, energético e industrial, comunicaciones y transportes, comercio y abasto, y turismo.
Los miembros de la comisión, han considerado la conveniencia de mejorar el análisis cualitativo y simplificar el proceso de revisión de la Cuenta Pública, para lo cual se propone retomar la recomendación formulada en el dictamen de la Cuenta Pública de 1986 y propiciar que se propongan las modificaciones pertinentes a la brevedad posible.
Del análisis efectuado, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con fundamento en el artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 11, 14, 20 y 30 a 33 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda; 2o., 15, 16, 25 y 43, 45 a 50 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; 1o., 2o. y 11 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1988; 9o., 11, 13, 14, 28 y 43 a 46 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 1988; 6o. de la Ley de Planeación y demás disposiciones relativas a éstos, y de los ordenamientos que resulten aplicables, somete a consideración de esta honorable representación el siguiente
«PROYECTO DE DECRETO
Artículo 1o. Con objeto de mejorar el análisis financiero, programático y de metas que requiere la revisión de la Cuenta Pública que efectúa esta honorable Cámara, en adición a las recomendaciones contenidas en el informe previo realizado por la Contaduría Mayor de Hacienda, se recomienda:
a) Para una mejor evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos de la gestión financiera del gobierno federal, se requiere que se informe con mayor amplitud y precisión la forma en que se vinculan entre sí los propios objetivos de la política económica y de la política de gasto, y la manera en que los avances registrados en algunos de ellos inciden en las posibilidades de alcanzar el resto de los propósitos del gobierno federal.
b) Continuar con las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, como norma para buscar el control estricto del gasto público, sin menoscabo de la eficiencia y eficacia en su aplicación.
c) Respecto a la calidad de la información contenida en la Cuenta Pública, dar mayor oportunidad al flujo de la información, relativa a las operaciones que deben registrarse en la contabilidad, y depurar las cifras que, en algunos casos, presentan antigüedad considerable; que se amplíe la información sectorial y programática cuando se efectúen reducciones a los montos de los presupuestos aprobados; explicar las diferencias que, por razones de metodología se presentan entre algunas cifras contenidas en el tomo de resultados generales y en los tomos sectoriales correspondientes.
d) En relación al control del ejercicio del gasto, intensificar acciones que se requieran para cumplir cabalmente lo que en materia de contratos por honorarios establezca el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación; intensificar las acciones que permitan verificar que las ampliaciones presupuestales cuenten con la autorización correspondiente, y adoptar las medidas pertinentes para asegurar que las dependencias y entidades informen a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de sus operaciones de arrendamiento y adquisición de inmuebles.
e) Continuar con los esfuerzos de racionalización de las transferencias, y dar mayor información para la evaluación del impacto de éstas en el bienestar social.
f) Informar en documento especial de manera amplia los criterios, condiciones, términos y montos correspondientes de venta, fusión o liquidación de las empresas paraestatales, y el destino de los recursos obtenidos durante el ejercicio fiscal, incluyéndose en este reporte las operaciones realizadas en cada uno de los sectores, a fin de poder valorar la sujeción observada a la normatividad que corresponde a los procesos de desincorporación, de sus efectos en la reestructuración del aparato productivo y sus repercusiones en las finanzas públicas.
g) Ampliar la información sobre participaciones a estados y municipios, especificando los criterios y métodos para el cálculo y distribución de los fondos general, financiero, complementario y de fomento municipal.
h) Que la Secretaría de Programación y Presupuesto someta a consideración de la honorable Cámara de Diputados y de la Contaduría Mayor de Hacienda, propuestas de carácter inmediato tendientes a simplificar la Cuenta Pública, con objeto de facilitar su consulta, revisión y análisis, sin menoscabo de la calidad y suficiencia de la información que contenga.
Artículo 2o. Ordénese a la Contaduría Mayor de Hacienda, por conducto de la Comisión de Vigilancia, que practique las auditorias y realice la acciones legales que permitan esclarecer las posibles irregularidades habidas en el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación y el cumplimiento de la Ley de Ingresos para el período fiscal de 1988, incluyendo en esas revisiones el examen acerca de los procesos de desincorporación de entidades públicas y que, en su caso, finque las responsabilidades correspondientes en los términos de la legislación aplicable y proceda a solicitar la imposición de las sanciones administrativas, civiles o penales conforme a derecho, indicándole que informe de sus acciones a la propia Comisión de Vigilancia de esta Cámara de Diputados.
Artículo 3o. Remítase el presente decreto a la Contaduría Mayor de Hacienda, para todos los efectos a los que hubiere lugar, instruyéndola por conducto de la Comisión de Vigilancia para que dentro del término de ley, rinda el informe de resultados correspondientes.
México, Distrito Federal, a 14 de noviembre de 1989.- Los diputados miembros de la comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.- Rogelio Montemayor Seguy, presidente; Raúl Bolaños Cacho Guzmán, secretario y Humberto Roque Villanueva, secretario; Alberto Amador Leal, Adolfo Barrientos Parra, Javier Bonilla Chávez, Manuel Cavazos Lerma, Elina Elfi Coral Castilla de Corona, Melchor de los Santos Ordóñez, Eloy Argos García Aguilar, Martha García Rivas Palmeros, Yolanda M. García Treviño, Joaquín Garduño Vargas, Agustín Gasca Pliego, Martín Gavica Garduño, Noé Fernando Garza Flores, Jorge González Illescas, María del Rosario Elena Guerra Díaz, Ramiro Hernández García, Jesús Armando Hernández Montaño, Enrique Ibarra Pedroza, Artemio Iglesias Miramontes, María Elena Martínez Carranza, Salvador Miranda Polanco, Juan José Moreno Sada, Jesús Oscar Navarro Gárate, César Alfonso Neri Ávila, Alejandro Paredes Jurado, Humberto Peña Reyes, Miguel Ángel Quiroz Pérez, Jaime Rodríguez Inurrigarro, Salvador Sánchez Vázquez, Nicodemus Santos Luck, Francisco Javier Santillán Oceguera, Juan Ugarte Cortés, Mauricio Miguel Ángel Valdez Rodríguez, Everardo Vargas Zavala, Juan Manuel Verdugo Rosas, Pedro César Acosta Palomino, Eduardo Arias Aparicio, Juan Antonio García Villa, Magdaleno Gutiérrez Herrera, María Teresa Ortuño Gurza, Francisco Javier Pavlovich Robles, Ana Rosa Payán Cervera, Jesús Ramón Rojo Gutiérrez, Federico Ruíz López, Astolfo Vicencio Tovar, Elías Villegas Torres, Belisario Aguilar Olvera, Armando Ibarra Garza, María del Carmen Mercado Téllez, Sergio Quiroz Miranda, Rafael Melgoza Radillo, Ciro Mayén Mayén, Pedro Manuel Cruz López Díaz, María Teresa Dorantes Jaramillo, Alberto Pérez Fontecha, Pedro René Etienne Llano y José Jaime Enríquez Félix.
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El C. Presidente: - Ciudadanos diputados: Se han concluido con el orden del día; sin embargo, de acuerdo a la práctica parlamentaria, han solicitado el uso de la palabra el diputado Pablo Gómez, con el objeto de presentar una iniciativa en materia de deuda; la diputada Celia Torres, para hacer una solicitud a la asamblea, y los diputados Rafael Núnez Pellegrín, Pablo Moreno Cota, Ramiro Hernández y Eduwiges Vega Padilla, para tocar el tema electoral del estado de Sinaloa.
INICIATIVA EN MATERIA DE DEUDA
El C. Presidente: - Esta Presidencia concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Pablo Gómez Alvarez.
El C. Pablo Gómez Alvarez:
«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados. - Presentes. Con fundamento en lo dispuesto por la Fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
CONSIDERANDO
1. Que es facultad del Congreso de la Unión dar las bases sobre las cuales el Ejecutivo Federal pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, así como autorizar esos empréstitos y reconocer y mandar pagar la deuda nacional.
2. Que el Congreso de la Unión expidió la Ley General de Deuda Pública, así como diversas disposiciones complementarias sobre la misma materia en otros ordenamientos jurídicos.
3. Que desde la entrada en vigor de la Ley General de Deuda Pública en 1977, se han producido cambios importantes en los mercados financieros de México y del exterior, y la deuda pública se ha convertido cada vez más en un asunto que afecta al desarrollo económico y social de nuestro país y condiciona de manera determinante la evolución de las finanzas del sector público federal. Y que la práctica ha demostrado que la ley presenta importantes deficiencias y lagunas que redundaron en la incapacidad de la sociedad mexicana para evitar el sobreendeudamiento y la insolvencia del sector público y el desplome de la producción por habitante en la economía, ligado directamente a la onerosa carga de la deuda pública.
4. Que ello ocurrió no obstante lo ordenado en la fracción VIII del artículo 73 constitucional que señala: "ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República, en los términos del artículo 29".
Y a pesar de lo ordenado en el artículo 15 de la Ley General de Deuda Pública que señala tajantemente que "en ningún caso se autorizarán financiamientos que generen obligaciones que excedan, a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la capacidad de pago de las entidades del sector público que los promuevan".
5. Que "entre 1980 y 1982, el saldo de la deuda externa total del país registró un aumento neto de 52 mil 150 millones de dólares, de los cuales casi 30 mil millones correspondieron al sector público, y el resto, 22 mil millones, al sector privado... 1", duplicándose así, el saldo acumulado de la deuda externa en toda la historia del país, en tan sólo tres años.
Que esta deuda pública se pactó en términos y condiciones de tal manera inconvenientes para la nación, que a partir de septiembre de 1982 el gobierno mexicano se vio incapacitado para hacer frente a los compromisos acumulados, en los términos inicialmente convenidos, entrando la economía nacional a una situación de insolvencia de la cual siete años después no ha salido, iniciándose un proceso de sucesivas negociaciones y reestructuraciones de vencimiento y condiciones de pago con la banca acreedora internacional. (1. Gurría Treviño, José Ángel, "Evolución y características de la deuda externa mexicana".
Ponencia presentada a la primera audiencia pública sobre deuda externa, organizada por la Cámara de Diputados, 17 de abril de 1989.)
6. Que la serie de acuerdos que el gobierno ha venido negociando con los acreedores internacionales a partir de entonces, especialmente aquellos que se pactaron con los organismos financieros multilaterales, como lo son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, fueron conocidos por el Congreso y por la opinión pública sólo cuando ya eran un hecho, impidiéndose así la pública y oportuna valoración de los beneficios, los perjuicios y compromisos que pudieran acarrear sobre la situación general de la economía, las finanzas públicas y los márgenes de acción de la política económica. Que dichos acuerdos han sido objeto de amplia polémica aun cuando fueron presentados como hechos consumados, debido a las severas condiciones que imponen a la política económica y a la soberanía nacional. Que el Ejecutivo cargó con la entera responsabilidad de estos acuerdos de enorme trascendencia para la nación.
7. Que la Ley General de Deuda Pública actualmente vigente, y que se pretende derogar con la presente iniciativa de ley, incorrectamente limita las amplias facultades que la Constitución otorga al congreso:
1. "Dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación";
2. "Aprobar esos mismos empréstitos";
3. "Reconocer", y
4. "Mandar pagar la deuda nacional..."
8. Que las facultades del Congreso de la Unión en dicha materia se refieren al conjunto de la deuda pública, y en consecuencia abarcan a la totalidad de las entidades mencionadas en el artículo 1o. de la cita ley, es decir que comprenden al Ejecutivo Federal y sus dependencias, al Departamento del Distrito Federal, a los organismos descentralizados, a las empresas de participación estatal y mayoritaria y a las sociedades e instituciones nacionales de crédito, y no sólo como han pretendido algunas interpretaciones, a las entidades incluidas dentro del presupuesto.
Los diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, miembros de la LIV Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan el siguiente proyecto de Ley General de Deuda Pública, de conformidad con la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La presentación del presente proyecto de Ley General de Deuda Pública por parte del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene como principal motivación reivindicar las plenas facultades que otorga al Congreso la fracción VIII del artículo 73 constitucional, que señale a la letra:
"El Congreso tiene facultad: (...)
VIII. Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar la deuda nacional.
Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29."
La Ley General de Deuda Pública, vigente desde el año de 1977, desvirtúa el ordenamiento constitucional, al disminuir notablemente las facultades del Congreso en la materia y limitarlas a sólo aprobar "los montos de endeudamiento neto necesario" (artículos 10 y 12), pero abriendo al mismo tiempo la puerta a que el Ejecutivo ejerza o autorice "montos adicionales de financiamiento cuando, a juicio del propio Ejecutivo, se presenten circunstancias económicas que así lo exijan".
(Artículo 10.)
Pero además, la ley actual nada indica sobre las condiciones y términos en que se contrate la deuda pública y no prescribe tampoco absolutamente nada en lo referente a la facultad del Congreso de "reconocer... la deuda nacional", ni en lo referente a "mandar pagar" la misma.
Las limitaciones que la Ley General de Deuda pública indebidamente impone a las facultades constitucionales del Congreso, contribuyeron gravemente a crear la situación de insolvencia en que se encuentran tanto las finanzas públicas como la economía nacional.
En efecto, bajo la decisión del Ejecutivo, y al amparo de la Ley General de Deuda Pública se contrataron los casi 30 mil millones de dólares de deuda pública externa arriba señalados. Los 22 mil millones de dólares en que aumentó el saldo de la deuda externa del sector privado durante el mismo lapso, fueron contratados en un marco de ausencia total de regulación sobre los empréstitos privados con el extranjero.
En el proyecto de ley que presentamos, se propone un capítulo II denominado "Del establecido de las bases, la aprobación el reconocimiento y el pago de la deuda pública", en los que se prescribe una nueva normatividad con el propósito de que el Congreso de la Unión ejerza las facultades que la Constitución le otorga y que deben considerarse intransferibles.
El artículo 12 de la ley, en sus actuales términos reduce las amplias facultades que la Constitución otorga al Congreso de la Unión al señalar que "los montos de endeudamiento aprobados por el Congreso de la Unión, serán la base para la contratación de los créditos necesarios para el financiamiento del presupuesto federal".
En la presente iniciativa, la ley reconoce ampliamente y sin restricciones el mandato constitucional.
En el artículo 3o., del proyecto se define que el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos "aprobará los montos del endeudamiento directo neto, interno y externo, que sea necesario para el financiamiento del gobierno federal y de
las demás entidades incluidas en el artículo 1o., de esta ley. Igualmente aprobará los términos y condiciones en los cuales se contrate la deuda pública".
Y se añade: "para aprobar el endeudamiento, el Congreso evaluará su pertinencia económica, social y política".
En el artículo 4o. se definen los criterios que determinarán la pertinencia económica, social y política de los créditos.
La económica, "estará dictada por el conocimiento y aprobación, por parte del Congreso, de los objetivos específicos que se persiguen al contratar deuda pública, detallados en metas físicas y metas económicas; por los beneficios económicos
que la nación obtendrá del endeudamiento, así como por su contribución a la generación futura de recursos en moneda nacional o extranjera, según se trate pública interna o externa....,
por el conocimiento de los efectos macroeconómicos de los saldos acumulados de la deuda pública y de su servicio previsible".
En el artículo 5o., se definen los términos y condiciones de contratación de la deuda pública que aprobará el Congreso según lo establece el artículo 3o. del proyecto de ley que se presenta.
Los términos y condiciones que se establecen son:
I. Los tipos de instrumentos financieros que han de configurar la deuda pública;
II. En el caso de la deuda externa pública, el tipo de acreedores;
III. El plazo al que sea contratada la deuda con su calendario de vencimientos;
IV. Las tasas de interés y su condición de fija o variable;
V. las cláusulas que en los contratos o convenios prevean pagos por concepto de cargos y comisiones;
VI. las garantías que se ofrezcan a los acreedores, y
VII. Las cartas de intención, memoranda técnicos, convenios y otros acuerdos que deban establecerse con los bancos, organismos financieros internacionales o gobiernos extranjeros.
En el artículo 6o., se faculta al Ejecutivo para "realizar operaciones de deuda pública, aun cuando no hayan sido autorizadas previamente por el Congreso, siempre que éstas en su totalidad no excedan el 20% del monto aprobado y se ajusten a los términos y condiciones señalados para el resto del endeudamiento".
Este precepto tiene como objetivo otorgar al Ejecutivo, bajo supervisión del Congreso, la necesaria capacidad de maniobra en los mercados financieros.
En el artículo 7o., se reglamentan las operaciones de conversión de deuda y con propósito de regulación monetaria a que se refiere el artículo 73, fracción VIII, de la Constitución.
El artículo 8o. establece la normatividad en materia de deuda pública para las instituciones que presenten el servicio público de banca y crédito, bajo el criterio de que las operaciones con el exterior deben ser controladas por el Congreso, mientras las del mercado interno continuarán bajo la regulación de la Secretaría de Hacienda, pero siempre sobre la base de los lineamientos señalados por las cámaras.
El artículo 9o. prescribe que "el reconocimiento de la deuda pública se realizará por el Congreso, a propuesta del Ejecutivo, mediante decreto".
Esta nueva disposición tiene como propósito obedecer el mandato constitucional, ya que la mencionada fracción VIII del artículo 73 de la Carta Magna obliga al Congreso a reconocer la deuda pública. Hasta ahora, en realidad ha sido el Ejecutivo quien realiza dicho reconocimiento, suplantando las facultades del Poder Legislativo.
Si la ley actualmente vigente establece la obligación de someter a aprobación del Congreso el monto de endeudamiento neto del sector público,
nada prescribe sobre el control de los pagos por concepto de la deuda, de tal forma que el Congreso no dispone, en la actual Ley General de Deuda Pública, de facultades para fijar restricciones a esos pagos. Es por esto que el proyecto de ley, en la fracción I del artículo 10, reconoce las facultades de la Cámara de Diputados para autorizar el pago de la deuda incluyendo sus intereses, comisiones y demás gastos del gobierno federal, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, Departamento del Distrito Federal y demás organismos incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación y del Distrito Federal, como consecuencia de lo que, a su vez, prescribe la fracción IV del artículo 74 de la Constitución, que señala que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal.
En la fracción II de ese mismo artículo, se define la facultad del Congreso, en ambas cámaras, de aprobar el pago de la deuda de los organismos e instituciones no sujetos a control presupuestal, ya que al no estar dichos pagos comprendidos en
el presupuesto de egresos, su aprobación no puede corresponder en exclusiva a la Cámara de Diputados.
El artículo 11o., establece que la de Diputados será la cámara de origen para las aprobaciones, tanto de contratación como de pago de la deuda pública, ya que la Constitución, en su artículo 74, fracción IV, señala que dicha cámara debe discutir, tanto los proyectos de egresos como, previamente, los ingresos, por lo que se entiende que las aprobaciones para la contratación de deuda deben darse primero en la Cámara de Diputados.
Por otro lado, el proyecto que ahora ponemos a su consideración mantiene algunas disposiciones de la ley en vigor que tienen que ver con mecanismos de autorización de deuda, pero siempre sobre la base del mantenimiento de las facultades constitucionales del Congreso en la materia.
Asimismo, establece un régimen flexible para la deuda de las instituciones nacionales de banca y crédito, con el propósito de no entorpecer su funcionamiento y capacidad para la captación de ahorro público.
Por lo antes expuesto, presentamos el siguiente:
PROYECTO DE LEY GENERAL DE DEUDA PÚBLICA
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1o. Para los fines de esta ley, la deuda pública está constituida por las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, derivadas de financiamiento y a cargo de las siguientes entidades:
I. El Ejecutivo Federal y sus dependencias.
II. El Departamento del Distrito Federal.
III. Los organismos descentralizados.
IV. Las instituciones que presten el servicio público de banca y crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y las de fianzas.
V. Los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el gobierno federal o alguna de las entidades mencionadas en las fracciones precedentes.
VI. Las empresas de participación estatal mayoritaria y aquéllas sobre las que las entidades mencionadas en las fracciones precedentes, tengan mayoría accionaria y control administrativo.
Artículo 2o. Para los efectos de esta ley se entiende por financiamiento la contratación, dentro o fuera del país, de créditos, empréstitos o préstamos derivados de:
I. La suscripción o emisión de títulos de crédito o cualquier otro documento pagadero a plazo.
II. La adquisición de bienes, así como la contratación de obras o servicios cuyo pago se pacte a plazos.
III. Los pasivos contingentes relacionados con los actos mencionados.
IV. La celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores.
CAPITULO II
Del establecimiento de las bases, la aprobación, el reconocimiento y el pago de la deuda pública
Artículo 3o. El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos aprobará los montos endeudamiento directo neto, interno y externo, que sea necesario para el financiamiento del gobierno federal y de las demás entidades incluidas en el artículo 1o. de esta ley. Igualmente aprobará los términos y condiciones en los cuales se contrate la deuda pública.
Para aprobar el endeudamiento, el Congreso evaluará su pertinencia económica, social y política.
Artículo 4o. La pertinencia económica de las operaciones de deuda estará dictada por el conocimiento y aprobación, por parte del Congreso, de los objetivos específicos que se persiguen al contratar deuda pública, detallados en metas físicas y metas económicas; por los beneficios económicos que la nación obtendrá del endeudamiento, así como por su contribución a la generación futura de recursos en moneda nacional o en moneda extranjera, según se trata de deuda pública interna o externa, respectivamente; por el conocimiento de los efectos macroeconómicos de los saldos acumulados de la deuda pública y de su servicio previsible.
La pertinencia social estará indicada por los probables beneficios en la mejoría de las condiciones de vida de la población que se logren con los recursos obtenidos.
La pertinencia política estará indicada por la salvaguarda de la soberanía nacional en la contratación y pago de la deuda, tal como es definida en el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 5o. Para efectos del artículo 3o. de esta ley, se entiende por términos y condiciones de contratación de la deuda pública, lo siguiente:
I. Los tipos de instrumentos financieros que configuran la deuda pública.
II. En el caso de la deuda pública externa, el tipo de acreedores con los cuales se contratan los financiamientos.
III. El plazo al que sea contratada la deuda, con su calendario de vencimientos.
IV. La tasa de interés y su condición de fija o variable.
V. las cláusulas que en los contratos o convenios prevean pagos por conceptos de cargos y comisiones.
VI. Las garantías que se ofrezcan a los acreedores.
VII. Las cartas de intención, memoranda técnicos, convenios y otros acuerdos que deban establecerse con los bancos, organismos financieros internacionales o gobiernos extranjeros.
Artículo 6o. El Ejecutivo Federal podrá realizar operaciones de deuda pública, aun cuando no hayan sido aprobadas previamente por el Congreso, siempre que éstas en su totalidad no excedan el 20% del monto aprobado y se ajusten a los términos y condiciones señalados para el resto del endeudamiento. El Ejecutivo informará al Congreso, dentro de los 15 días siguientes a la celebración de tales operaciones.
Artículo 7o. Las operaciones de conversión de deuda y con propósitos de regulación monetaria, señaladas en la fracción VIII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sujetarán a las siguientes disposiciones:
I. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previo acuerdo del titular del Poder Ejecutivo, podrá realizar operaciones de conversión de deuda, sin aprobación previa del Congreso, cuando los montos y términos de los nuevos contratos o documentos no excedan a los que reemplacen.
Cuando tales operaciones impliquen el establecimiento de convenios, cartas de intención o cualquier otro documento que señale obligaciones o compromisos, éstas deberán ser aprobadas previamente por el Congreso.
II. Las operaciones de regulación monetaria podrán realizarse por el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Banco de México, sin autorización del Congreso, cuando su monto anual no exceda en total el 20% de lo autorizado en el rubro de financiamiento neto aprobado por el Congreso.
Las operaciones señaladas en el presente artículo serán informadas al Congreso a más tardar dentro de los 15 días siguientes a su realización.
Artículo 8o. Las instituciones que presten el servicio público de banca y crédito, cuando se trate de financiamientos originados en el ejercicio de dicho servicio, sólo requieren la aprobación del Congreso cuando tales financiamientos deriven de las siguientes operaciones:
I. Créditos externos directos a plazo mayor de un año.
II. Créditos externos sindicados.
III. Emisiones de títulos en serie o en masa colocada y pagaderos entre el público inversionista en el extranjero.
IV. Operaciones que originen pasivos contingentes y aceptaciones bancarias colocadas en el extranjero.
Artículo 9o. El reconocimiento de la deuda pública se realizará por el Congreso, a propuesta del Ejecutivo, mediante decreto.
Artículo 10. Las autorizaciones para el pago de la deuda pública se otorgarán de la siguiente forma:
I. El pago de la deuda, incluyendo sus intereses, comisiones y demás gastos, del gobierno federal, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, Departamento del Distrito Federal, y demás organismos incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en el del Distrito Federal, será autorizado por la Cámara de Diputados, en el ejercicio de sus facultades en la materia.
II. El pago de la deuda de los organismos e instituciones no sujetos a control presupuestal, será autorizado por el Congreso.
Artículo 11. Para las aprobaciones a que se refiere el presente capítulo, la Cámara de Diputados será cámara de origen.
CAPITULO III
De las facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Artículo 12. Corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, de acuerdo con las aprobaciones del Congreso señaladas en el capítulo II de esta ley, lo siguiente:
I. Emitir valores y contratar empréstitos para fines de inversión pública productiva, para canje o refinancimiento de obligaciones del erario federal o con propósito de regulación monetaria.
Las monedas el plazo de las amortizaciones, la tasa de los intereses de la emisión de valores o de la concertación de empréstitos, así como las demás condiciones, se aplicarán y vigilarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomando en cuenta la situación de los mercados dinero y capital.
II. Elaborar el programa financiero del sector público con base en el cuál se manejará la deuda pública, incluyendo la previsión de divisas requeridas para el manejo de la deuda externa.
III. Autorizar a las entidades para gestionar y contratar financiamientos señalados los requisitos que deberán observarse en cada caso.
IV. Cuidar que los recursos procedentes de financiamientos constitutivos de la deuda pública se destinen a la realización de proyectos, actividades y empresas que apoyen los planes de desarrollo económico y social, que generen ingresos, que garanticen su amortización y el pago de los intereses o que se utilicen para el mejoramiento de la estructura del endeudamiento público.
V. Contratar y manejar la deuda pública del gobierno federal, y otorgar las garantía del mismo para la realización de operaciones crediticias que se celebren con organismos internacionales de los cuales México sea miembro o con las entidades públicas o privadas nacionales o de países extranjeros, siempre que los créditos estén destinados a la realización de proyectos de inversión o actividad productivas acordes con las políticas de desarrollo económico y social aprobadas de acuerdo con las leyes de la materia y que generen los recursos suficientes para el pago del crédito y tengan las garantías adecuadas.
VI. Vigilar que la capacidad de pago de las entidades que contraten financiamientos sea suficiente para cubrir puntualmente los compromisos que contraigan.
Para tal efecto, deberá supervisar en forma permanente el desarrollo de los programas de financiamiento aprobados, así como la adecuada estructura financiera de las entidades acreditadas.
VII. Vigilar que se hagan oportunamente los pagos de capital e intereses de los créditos contratados por las entidades.
Artículo 13. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tendrá además las siguientes facultades:
I. Poner a consideración del Presidente de la República, para que éste a su vez recabe la necesaria autorización del Congreso, las emisiones de bonos del Gobierno federal que se coloque dentro y fuera del país, las cuales podrán constar de una o varias series que se podrán en circulación en la oportunidad en que el Ejecutivo Federal cuente con la autorización legal respectiva, a través de la secretaría. Estas emisiones constituirán obligaciones generales directas e incondicionales de los
Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los términos fijados en las actas de emisión o en los documentos contractuales respectivos.
Los títulos que documenten las emisiones que se coloquen en el extranjero, adquiridos por extranjeros no residentes del país, no causarán impuesto alguno. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá extender este tratamiento a los agentes financieros del gobierno federal, cuando éstos realicen emisiones por cuenta del propio gobierno.
II. Tomar las medidas de carácter administrativo, relativas al pago del principal, liquidación de intereses, comisiones, gastos financieros, requisitos y formalidades de las actas de emisión de los valores y documentos contractuales respectivos que se deriven de los empréstitos concertados, así como la reposición de los valores que documenten obligaciones en moneda nacional y extranjera y para su cotización en las bolsas de valores nacionales y extranjeras, de acuerdo con el contenido de las autorizaciones que al respecto realice el Congreso. Podrá también convenir con los acreditantes en la constitución de fondos de amortización para el para el pago de los valores que se rediman.
III. Autorizar a las entidades mencionadas en las fracciones II y VI del artículo 1o. de esta ley para la contratación de financiamiento, cuidando siempre el estricto cumplimiento de las aprobaciones del Congreso y demás estipulaciones legales.
IV. Llevar el registro de la deuda del sector público federal, y recabar toda la información sobre la deuda privada con entidades exteriores, así como de la deuda pública de las entidades federativas.
Artículo 14. Las entidades del sector público federal requerirán la autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para efectuar negociaciones oficiales, gestiones informales o exploratorias sobre la posibilidad de acudir al mercado externo de dinero y capital.
Para obtener esta autorización deberán proporcionar a dicha secretaría sus programas financieros anuales y de mediano y largo plazo, así como toda la información que se le solicite, a fin de determinar sus necesidades de Crédito. El Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informará oportunamente de todo ello al Congreso.
Artículo 15. El manejo que hagan las entidades de recursos provenientes de financiamientos tratados en los términos de esta ley, será supervisado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que podrá coordinarse con la secretaría de Estado o el departamento administrativo al que corresponda el sector respectivo.
Artículo 16. Las instituciones nacionales que presten el servicio público de banca y crédito, cuando no requieran aprobaciones legal del Congreso para sus financiamientos deberán recabar autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con las reglas generales que el Ejecutivo expida al respecto, cuando tales financiamientos deriven de las siguientes operaciones:
I. Créditos directos a plazo mayor de un año.
II. Crédito sindicados.
III. Emisiones de títulos en serie o en masa colocados y pagaderos entre el público inversionista.
IV. Operaciones que originen pasivos contingentes y aceptaciones bancarias. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrá autorizar a las instituciones de banca y crédito los financiamientos que requieren aprobación del Congreso.
Artículo 17. Los financiamientos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contrate o autorice deberán ajustarse a los términos del capítulo II de esta ley.
CAPITULO IV
De la programación de la deuda pública
Artículo 18. El Ejecutivo Federal, al enviar al Congreso su proyecto de Ley de Ingresos, presentará también las solicitudes sobre el monto del endeudamiento neto, tanto interno como externo, necesario para cubrir el financiamiento del presupuesto federal del ejercicio fiscal correspondiente, proporcionando los elementos de juicio suficiente para fundamentar su propuesta.
Presentara, igualmente, las solicitudes correspondientes al Departamento del Distrito Federal.
Asimismo el Ejecutivo presentará al Congreso, en cualquier momento, sus proyectos sobre la contratación de todos los empréstitos adicionales, directos e indirectos, que sean necesarios, en los términos del capítulo II de la presente ley.
La aprobación específica de operaciones de crédito, tanto de las entidades sujetas a control presupuestal como de las demás, será dada por el Congreso en un plazo no mayor de un mes después de presentada la solicitud del Ejecutivo. Si el Congreso estuviera en receso, la Comisión Permanente convocará desde luego a sesión extraordinaria.
Si después de transcurrido dicho plazo, las cámaras del Congreso no hubiesen aprobado, desaprobado o modificado las propuestas del Ejecutivo y enviado los respectivos decretos para su promulgación, se entenderá, para todos los efectos legales, que el Congreso no tiene observaciones que hacer y, por tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para llevar a cabo o autorizar, en su caso, las contrataciones o emisiones correspondientes.
Artículo 19. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá conocer por conducto de las Secretarías de Estado y departamentos administrativos, encargadas de la coordinación del sector que corresponda, los proyectos y programas de actividades que requieran financiamiento específico, que, con autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto, deberán ser incluidos en los proyectos de presupuesto de egresos que el Ejecutivo pondrá a consideración de la Cámara de Diputados.
Artículo 20. En los proyectos de Presupuesto Federal y del Departamento del Distrito Federal, que el Ejecutivo presente a la Cámara de Diputados, deberán señalarse los programas y proyectos que se cubrirán con operaciones de crédito externo, sin menoscabo de la previa autorización de éstas, por ambas cámaras del Congreso, en los términos señalados en el capítulo II de esta ley.
Artículo 21. El Ejecutivo Federal informará al Congreso, del estado de la deuda al rendir la Cuenta Pública y la del Departamento del Distrito Federal y al remitir el proyecto de ingresos.
Asimismo informará trimestralmente de la situación de la misma dentro de los 15 días siguientes al vencimiento del trimestre respectivo.
Artículo 22. El Ejecutivo Federal creará e integrará por decreto una Comisión Asesora de Endeudamiento Público, presidida por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, cuyas funciones generales serán las siguientes:
I. Evaluar las necesidades de financiamiento público.
II. Asesorar en la elaboración de los proyectos que el Ejecutivo someta al Congreso.
III. Proponer las medidas de coordinación de las entidades públicas federales en todo lo que se refiera a captación de recursos crediticios internos y externos para las mismas.
IV. Asesorar al Ejecutivo en materia de negociaciones con los acreedores externos.
V. Conocer y opinar sobre los estudios que se refieren a la deuda pública y recomendar políticas para el mejoramiento de las condiciones del crédito de la nación.
VI. En general, todas aquellas que permiten asesorar debidamente al Ejecutivo en el manejo de la deuda pública federal.
TRANSITORIOS
Artículo primero. Se deroga la Ley General de Deuda Pública y todas las disposiciones legales que se opongan a la presente ley.
Artículo segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Cámara de Diputados, a 14 de noviembre de 1989. - Diputados Pablo Gómez Alvarez, Amalia Dolores García Medina, Reynaldo Rosas Domínguez, Rosalío Wences Reza Mario Rojas Alba e Ignacio Castillo Mena.»
El C. Presidente: - Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se concede el uso de la palabra a la ciudadana Celia Torres.
FALLECIMIENTO DE DOLORES IBARRURI
La C. Celia Torres Chavarría: - Compañeros diputados: Quiero dirigirme a esta LIV Legislatura en pleno, la petición de que se envíe un cable al gobierno español por la pérdida, por el deceso de una gran mujer
conocida internacionalmente
con el nombre de "La Pasionaria", de nombre Dolores Ibarruri, más como Isadora y hoy como una flor del siglo XX.
Esta mujer a la edad de 20 años se inicia en el Partido Comunista.
Es presa en 1931, recobra su libertad en 1932 y vuelve a regresar en 1933.
Es una mujer refugiada; llegó a ser Presidente del Partido Popular Obrero Español. Una frase conocida de ella era decir: "Es preferible morir de pie que morir de rodillas".
Es historia de los pueblos, impuesta la tiranía de Francisco Franco, por los grupos de las fuerzas nazifascistas imperantes en Alemania e Italia, donde el pueblo español fue víctima de esta tiranía.
México recibe en sus brazos a los refugiados, integrándolos a su vivir en la lucha por nuestra independencia y su soberanía, y a su retorno a la España republicana y democrática, Dolores Ibarruri, el triunfo de tus ideales es el acontecer diario de España.
Gracias compañeros . (Aplausos.)
¿Podría pedirle a nuestros compañeros del Congreso, para una legisladora de otro país que por sus ideales sufrió muchas circunstancias, un minuto de silencio? Gracias compañeros.
El C. Presidente: - Ciudadana diputada Amalia García, tiene el uso de la palabra con el mismo tema.
La C. Amalia Dolores García Medina: - Dolores Ibarruri, "La Pasionaria", diputada de la República Española y figura central de la resistencia ante el fascismo murió esta semana.
Su lucha cotidiana contra las injurias y por la libertad siguen vivas, así como la esperanza de un mundo mejor. Ella regresó al parlamento como diputada por Vizcaya al restaurarse la democracia en España, después de la muerte del dictador Francisco Franco.
Por esa lucha propia y por los lazos que han unido a nuestros pueblos, diversos diputados, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, proponemos a esta plenaria el envío de un mensaje de pésame al gobierno español y al partido al que perteneció toda su vida, el comunista español, a través de la Comisión de Relaciones Exteriores de esta LIV Legislatura. Firman: diputados Ignacio Castillo Mena, Gonzalo Martínez Corbalá, José Murat C. Amalia Dolores García Medina, María Elena Chapa Hernández, Samuel Osiris Cantú Ramírez, Norberto Corella Gil Samaniego, Juan Manuel Rodríguez González, y José Jaime Enríquez Félix.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra del ciudadano diputados Vicente Fuentes Díaz.
El C. Vicente Fuentes Díaz: - Señoras y señores diputados: Desde los años treinta, el nombre y la figura de Dolores Ibarruri, popularmente conocida como "La Pasionaria", empezó a ser familiar a todos aquellos que en México seguían el curso de las luchas políticas en todo el mundo.
A raíz concretamente de la insurrección de los mineros de la región de Asturias, movimiento severamente reprimido por el gobierno conservador de Primo de Rivera, el nombre de Dolores Ibarruri traspasó las fronteras de España para ser plenamente conocido en todo el mundo, como una luchadora esforzada, valerosa, fiel a sus principios y a su militancia política.
Conoció la persecución y la cárcel.
Cuando la República Española fue agredida y abolida por las fuerzas del nazifacismo, aliadas al franquismo, el nombre de Dolores Ibarruri, fue todavía más conocido y creció la admiración y el respecto de todos los batalladores antifascistas.
Recordamos cuando a principios de noviembre de 1936, las tropas nazisfascistas fueron detenidas en las puertas de Madrid y surgió entonces el lema, la consigna, el grito de guerra de "no pasarán", al que se sumó en primer término " La Pasionaria".
Derrocada la República Española, entre otros factores por la traición de las llamadas entonces democracias occidentales, "La Pasionaria" tuvo que exiliarse en la Unión Soviética.
Ahí vivió varios años.
Nunca renunció a sus convicciones.
Derrocado el franquismo, regresó a España a ocupar nuevamente su sitio de lucha en el partido al que perteneció toda su vida: al Partido Comunista. Y fue diputada a cortes españolas.
En México, donde apreciamos como en pocos países el valor de las mujeres que se han unido y han militado en las grandes luchas de nuestro pueblo, la figura de Dolores Ibarruri, es por ello respetada y admirada.
Por tal motivo, con base en estas circunstancias y en nombre de la fracción priísta, nos unimos a las propuestas hechas por las diputadas Celia Torres y Amalia García, en el sentido de enviar un mensaje al gobierno español, al Partido Comunista Presidencia del ciudadano Ismael Orozco Loreto
El C. Presidente: - De acuerdo a la ley y al reglamento, corresponde a esta Presidencia hacer la comunicación a la que hizo referencia la diputada Amalia García, a nombre de un grupo de diputados por lo que la misma procederá a hacerlo en los términos señalados.
Consulte la secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba guardar el minuto de silencio a que hicieron referencia, la solicitud a que hicieron referencia la diputada Celia Torres y el diputado Vicente Fuentes Díaz.
El C. secretario Gustavo Rosario Torres: - En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite, si se acepta la propuesta que han hecho los diputados Celia Torres y Vicente Fuentes Díaz.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Aprobado, señor Presidente.
El C. Presidente: - En consecuencia proceda la asamblea a guardar el minuto de silencio.
(Minuto de silencio.)
El C. Presidente: - Muchas gracias.
DEL ESTADO DE SINALOA
El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Rafael Núnez Pellegrín.
El C. Rafael Núnez Pellegrín: - Señoras y señores diputados: Es para mí penoso el tener que hacer uso de esta máxima tribuna de la nación para denunciar hechos que denigran a cualquier mexicano y aún más a aquellos que todavía tenemos fe en las autoridades y en aquellos que pretenden gobernarnos. Señores diputados, en Sinaloa se está viviendo la represión que desde la década de los sesenta no se vivía, y vaya que hemos tenido gobernadores que no han ido a la universidad, pero lo que sí han demostrado, por lo menos es que son personas y que poseen educación.
Desde la administración del tristemente célebre Leopoldo Sánchez Celis...
(Voces): - ¡Más respecto!
El C. Rafael Núnez Pellegrín: - A medida, a mediados de la década de los sesenta, no se
había presentado este tipo de represión en contra de la ciudadanía que exige respecto al sufragio, esto ha sido el pecado de muchos sinaloenses y en especial de "Los culiches", que no están dispuestos a que se les sigan imponiendo autoridades productos de fraudes electorales, autoridades espurias como las de 1983, y el propio presidente municipal actual.
Estoy seguro, también exactamente, también labastida es espurio es ilegítimo de origen. Estoy seguro que no ha de faltar quién venga a a decirme que esto es falso, ya lo escuché y estoy seguro que van a venir a decir que esto es falso.
En este momento, en Sinaloa se lleva a cabo la represión y esto es motivo de reflexión, se discute que hay un proceso electoral que se llevó a cabo en forma limpia, transparente, apegado a derecho y que debe de ser ejemplo en los tiempos actuales.
No me extrañaría en lo más mínimo, pues tal parece que es la grabación que traen en el cerebro y si no que se acuerde el diputado López Monroy, que expresó en esta tribuna el día que vino a dar un informe sobre el estado de salud de Rafael Morgan Ríos, nuestro candidato a la presidencia municipal de Culiacán.
Y los acontecimientos del día 6 y 7 del actual, es la muestra clara de que no hay tal proceso limpio ¡Qué poca seriedad señor diputado López Monroy, cuando usted haciendo uso de un dictamen médico el cual obtiene en la clínica, haciéndose pasar por panista a alguna de su gente, bajo el pretexto de darle a conocer a los panistas el estado de salud de nuestro candidato y para tranquilizarlos era necesario esa información!, ¡qué manera tan ruin de hacer este tipo de trabajo!, y debo decirle al diputado su actitud, de esto ha vivido, lo conozco lo suficiente al igual que a algunos de sus compañeros de Culiacán, lo anterior lo afirman parte y gran parte de los miembros del sindicato de maestros de la sección 53, a quienes utilizó también para orquestar los fraudes de 1983 y 1986, precisamente en las principales ciudades del estado de Sinaloa.
Debo decirle también que después de 24 horas de expedido el certificado, se encontró de que Morgan Ríos tenía una delicada lesión en la vértebra superior, a raíz de los fuertes jaloneos de que fue objeto; razón por la cual va a tener que ser intervenido quirúrgicamente, próximamente.
Ha afirmado el diputado López Monroy, y los que le dieron instrucciones, que "en Sinaloa hubo elecciones, claras y transparentes y apegadas a derecho.
Y que las elecciones, ha afirmado, se ganan en las urnas."
Elegante afirmación, señor diputado.
Debo decirle que éste es precisamente el problema: que las elecciones se deben de ganar en las urnas y no rellenándolas de basura...
(Aplausos.)
Es precisamente el problema de Culiacán y Mazatlán.
¡Pues claro que las elecciones deben de ganarse en las urnas! ¡Eso no está en discusión! Yo le pregunto: ¿Si los votos que nos han presentado planchados y a favor de su partido, pasaron introduciéndose en la urna? ¡Claro que no! ¡Si éstos hubieran sido emitidos por el pueblo, estoy seguro que por lo menos un doblez les hubieran hecho!
No nos engañemos. En Culiacán me consta que hubo las siguientes irregularidades: casillas ubicadas en lugares diferentes a los publicados; paquetes entregados fuera de tiempo; paquetes entregados por personas ajenas al proceso; paquetes entregados sin actas, con excepción las de su partido.
Todo esto es motivo de nulidad y, además con la evidencia de los votos "planchados". Este es el motivo de las protestas de la mayor parte de los ciudadanos de Culiacán y Mazatlán.
Esto no se los contaron a los ciudadanos de esas plazas lo vieron y lo vivieron, y en un alto porcentaje de ciudadanos. Por lo tanto su protesta es justa y ha recibido el respaldo del pueblo sinaloense.
También es importante que conozcan, compañeros diputados, que el partido oficial en Sinaloa ha reconocido que el promedio de votación en la zona rural fue del 31%.
Desde luego aquí se incluyen también las urnas rellenadas con votos "planchados Y estas urnas fueron rellenadas por los famosos auxiliares o célebres auxiliares de la Comisión Estatal Electoral, de los comités distritales y municipales.
Y además, en muchos de los casos, por los líderes ejidales.
Y es sorprendente que en las casillas impugnadas por los motivos antes expuestos, hayan votado del 77% al 68%.
Si están reconociendo que el promedio en la zona rural fue del 31% pues entonces cómo se explica que hayan habido tanta votación y en exclusiva en las urnas atrapadas por los delincuentes electorales.
Y en las que no hubo irregularidades, el porcentaje varió del 10 al 18% ¿Estas son las elecciones limpias señores?
No obstante las protestas y quejas presentadas, las autoridades no se apegaron a la ley y únicamente
se concretaron a votarla.
Hay grabaciones suficientes para demostrar lo anterior, tenemos videos para demostrarles también que no fue el desalojo pacífico que ha pregonado entre ellos el procurador del estado, Manuel Lazcano Ochoa.
El día de mañana a la hora en que ustedes gusten podemos pasar a la sala de Prensa para que observen la forma tan ruin en que actuaron todos los jefes de los cuerpos policiacos ahí en Culiacán. Por lo que respecta a las acciones de desalojo realizadas por los diferentes cuerpos policiacos y autorizados por el gobernador del estado, me permito expresar lo siguiente: estas acciones las fundan las autoridades en base a que los panistas estábamos infringiendo el reglamento de tránsito, el bando de policía y buen gobierno, ¿Pues cuál buen gobierno?., ¿de dónde acá?., algo que no tiene ni siquiera categoría de ley que esté por encima del orden constitucional, esto me parece odioso y falta de seriedad de las autoridades. (Aplausos.)
Y no reconocen las garantías individuales contempladas en nuestra Carta Magna en concreto expresado en el artículo 6o. y 9o., de nuestra Constitución.
Por otra parte, tampoco se respetó el fuero de los diputados que nos encontrábamos por la avenida Obregón, a un costado de la casa de gobierno; lo cual viola también las garantías que nos expresa el artículo 61 constitucional; razón por la cual me veo en la necesidad de expresar mi más enérgica protesta, no porque se me haya humillado, retenido y llevado en calidad de detenido a la orilla sur de la ciudad de Culiacán, eso es lo de menos.
Estoy protestando porque en México se le dé vigencia a las garantías a las cuales tenemos derecho todos los mexicanos y no es posible que sigamos tolerando esta práctica común y abuso de poder y hoy me tocó a mí y a varios ciudadanos de Culiacán.
Si seguimos así estoy seguro que el día de mañana les tocará a ustedes y a sus familias también.
(Aplausos.)
¿Acaso eso es lo que fomenta Carlos Salinas y los gobernadores de los diferentes estados? Y me pregunto también, ¿por qué el silencio de este Congreso ante tan graves hechos?, ¿o acaso quiere vivir otra vez de nuevo en Tlatelolco para intervenir y fijar su postura?
No señores la honorabilidad de este Congreso se dará en la medida que nos dé el respeto que merecemos; aclaro, nadie puede exigir respecto si no está dispuesto a otorgarlo.
Pero la autoridad no podrá exigir si está dispuesta a poner el ejemplo y ésa es la exigencia nuestra.
(Aplausos.)
Por todo lo anterior y dado que hasta la fecha no se ha tenido respuesta lo suficientemente seria con relación a la denuncia que oportunamente el grupo parlamentario de mi partido presentó aquí en esta tribuna, quiero ratificar tal petición y solicito de la manera más atenta, la intervención de esta honorable Cámara de Diputados, así como la intervención del licenciado Guillermo Jiménez Morales, presidente de la gran Comisión, para que se dé una respuesta seria a este atropello.
Se nos ha pasado aquí la lista de una serie de personas que fueron cesadas a raíz de estos acontecimientos: por parte del grupo de la seguridad pública, están dando de baja a un señor comandante Arnoldo Olea Benítez, a tres agentes más de la judicial a otro comandante y a dos agentes más.
Les quiero decir que esto no es lo que estamos pidiendo, ellos actuaron bajo consigna bajo órdenes de sus superiores, ahí los tenemos grabados y que no se escondan porque los grabamos debidamente el día del desalojo en el cual ellos estaban dando órdenes para que a todos los panistas jóvenes, ancianos niños ahí no importaba sexo, ni edad, fueran arrastrados y llevados como basura a las orillas de la ciudad de Culiacán.
Por lo tanto, estamos pidiendo el cese, la destitución de sus cargos del licenciado José Carlos de Saracho Calderón, coordinador estatal de Seguridad Pública y orquestador de los desalojos del día 6 y del día 7; de Lorenzo Gorostiza, también jefe de la Judicial del estado, también dirigentes del movimiento y desalojo; Carlos René Juárez Balduin, director de Seguridad Pública en el municipio de Culiacán; Fortunato Alvarez Castro, también delegado de tránsito en el estado; del licenciado Manuel Lazcano Ochoa, procurador de justicia del estado, éste de una manera altanera a pesar de los acontecimientos que se habían llevado a cabo, tuvo el cinismo de publicar en todos los medios de difusión de que había sido un desalojo pacífico y que no había ningún problema.
Que manera tan torpe y deshonesta de actuar de aquella persona que se dice dirigir la justicia en el estado de Sinaloa.
Estamos pidiendo además que se proceda penalmente en contra de todas aquellas personas que resulten responsables ya que estos funcionarios no actuaron por cuenta propia; por lo tanto es importante determinar la responsabilidad en la que haya incurrido el gobernador del estado de Sinaloa. (Aplausos.) Asimismo, solicito a la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara, investigue y se castiguen los hechos violatorios a los derechos
humanos y políticos de los sinaloenses y le hacemos extensiva también esta petición a Carlos Salinas de Gortari, y esperamos su respuesta y que dé, digamos, ejemplo de " esa modernidad y pluralismo de que tanto cacarea".
Muchas gracias.
(Aplausos.)
EL C. Presidente: - Esta Presidencia, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, debe velar por el respeto del fuero constitucional, de que se encuentran investidos los diputados como representantes de la nación, inclusive solicitando el auxilio de la fuerza pública, si fuere necesario.
Ahora bien, en la sesión celebrada en esta Cámara el viernes 10 de los corrientes, por denuncia presentada por uno de los diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se tuvo conocimiento de que el diputado de ese partido, señor Rafael Nuñez Pellegrín, por el Distrito VIII del estado de Sinaloa, con cabecera en Culiacán, había sido agredido y vejado por fuerzas públicas de dicha entidad.
En esa virtud, en cumplimiento de la obligación constitucional y legal, esta Presidencia gestionó de inmediato ante el gobernador de Sinaloa que se practicara la investigación del caso y se procediera a hacer respetar y salvaguardar el fuero del diputado Nuñez Pelligrín. Como resultados de tales gestiones, que fueron reiteradas posteriormente en los días siguientes, el día de hoy se hicieron nuevas gestiones, y hace unos minutos el gobernador del estado y el procurador de justicia del mismo, como consecuencia de las investigaciones practicadas, deslindaron las responsabilidades del atentado y, según boletín de la citada procuraduría, se acaba de hacer del conocimiento público, como de esta Presidencia, que fueron dados de baja un comandante y tres agentes de la Dirección de Seguridad Pública, y un comandante y dos agentes de la Dirección de la Policía Judicial, ambas dependencias del estado de Sinaloa.
Esta Presidencia considera haber cumplido así el deber constitucional que le corresponde, ve - lando porque se respete el fuero del diputado por esta LIV Legislatura, Rafael Nuñez Pellegrín. (Aplausos.)
Tiene uso de la palabra el diputado Pablo Moreno Cota.
EL C. Pablo Moreno Cota: - Señor Presidente; señores diputados: Considero que la situación que se presenta en Sinaloa, en relación con el proceso electoral vigente, y en relación a los hechos comentados aquí por Acción Nacional, creo debemos dividirlos en dos aspectos para puntualizarlos. Uno el relativo a la violación o a la situación que vivió, que dice vivió, el diputado Nuñez Pellegrín. Ciertamente es lamentable que a un diputado se le ultraje o que se viole su fuero consideramos, y lo puntualizamos que el fuero garantiza la libertad de expresión en toda su magnitud y en toda su extensión, y lo defendemos. Sin embargo, eso no significa, y esto lo digo, no significa que sea sinónimo de impunidad; este hecho es ajeno al proceso electoral, producto de la estrategia de este partido que en lugar de presentar los recursos legales para discutir o fundamentar los señalamientos en relación con el fraude electoral, han utilizado otras estrategias, y se han apropiado, durante más de 15 días, de la principal calle de Culiacán. La sociedad exigió el cumplimiento de la Ley. Y quiero referirme a algunas aseveraciones que hace el señor diputado Nuñez Pellegrín, en relación a que no fue pacífico el desalojo.
Fue pacífico señor diputado, y si hubo algunas alteraciones fue porque las provocaron. Sin embargo, y quiero reiterarlo también, Sinaloa vive...
(Desorden.)
EL C. Presidente: - Silencio en la sala por favor. Orden y atención al orador.
El C. Pablo Moreno Cota: - Sinaloa vive en un estado de derecho, con respeto a la ciudadanía y a las garantías individuales, con respeto a la manifestación pública, con respeto a las expresiones de protesta. Prueba de ello es que el gobernador de Sinaloa ordenó una investigación exhaustiva de los hechos, y conforme a sus instrucciones se ha procedido por parte de la procuraduría, a los hechos que aquí ya se refirió...
(Desorden.)
EL C. Presidente: - Permítame diputado. Le suplico atentamente a los ciudadanos diputados guarden silencio y escuchen al orador.
EL C. Pablo Moreno Cota: - Ya se refirió el señor Presidente de la Cámara, conforme a...
La C. María Teresa Cortés Cervantes (desde su curul): - Señor Presidente.
EL C. Presidente: - Dígame diputada. Permítame diputado, permítame.
Dígame diputada.
La C. María Teresa Cortés Cervantes (desde su curul): - ¿Señor Presidente, quisiera
preguntarle al diputado si acepta una interpelación?
El C. Presidente: - ¿Acepta usted una interpelación?
El C. Pablo Moreno Cota: - No señor, quiero terminar mis comentarios y posteriormente aquí tiene la tribuna usted, si la necesita.
Conforme a sus instrucciones, ya la Presidencia de la cámara ha extendido una información; información que ratificamos y que proceden y prosiguen las investigaciones en torno al caso.
Esto, queremos también referirnos, porque consideramos que hay algunas informaciones que se dan, y que más que tratar de clarificar las cosas tienden a confundirlas y apoyarse en ellas para llegar a presentar una situación que en Sinaloa no existe.
En relación con el dictamen médico, no fueron afirmaciones del diputado López Monroy, fue dar a conocer un dictamen médico del doctor que atendió a su candidato; información que más tarde también el señor diputado Rincón reafirmó en esta tribuna. Por ello, yo siento que en hechos indudablemente puedan afectar a estados de ánimo, a veces se producen también elucubraciones fuera de la realidad. El desalojo, repito, no hay ni hubo la intención de caer en una provocación, pese que a veces parecía que la intención era llevarnos a un estado caótico.
Para algunos, y voy a referirme también a un aspecto, la ley tiene vigencia para todos, para algunos llaman vacío de autoridad cuando no se aplica de acuerdo con sus intereses particulares, y represión, cuando se les aplica porque la transgreden. En este caso sentimos y lo afirmamos también categóricamente que el gobierno de Sinaloa no ha hecho más que acatar el cumplimiento de los preceptos legales, pero abierto al diálogo, porque prueba de ello es que el gobierno del estado ha mantenido el llamado para dialogar y para clarificar las dudas que tengan en relación con estos hechos.
El voto o los votos que se dieron en las urnas son los votos que se respetan, son los votos que se defienden y si el diputado Núñez Pellegrín, habla de que se tienen pruebas, que las aporte que ése es el llamado que se hace. El Partido Revolucionario Institucional ha estado también invocando a que de manera pública se confronten actas para revisar todo el proceso, y de manera pública también, se esclarezca quién ganó las elecciones. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Rafael Núñez Pellegrín (desde su curul): - Pido la palabra, para alusiones personales.
El C. Presidente: - Tiene la palabra, para alusiones, el diputado Núñez Pellegrín.
El C. Rafael Núñez Pellegrín: - Tal pareciera que el compañero Cota viene de otro planeta, ¿será porque no lo conocen en su distrito y no lo conoce también la gente de Culiacán? Debo decirle que la hebra se revienta por la parte más delgada; aquí los principales actores de este tipo de actos o de hechos no son éstos, aunque sean unos infelices, no son ellos los culpables.
Yo los quiero invitar para que mañana a las 9 horas de la mañana, en la sala de Prensa de este Congreso, veamos el casette y vean ustedes quiénes andan dirigiendo estos hechos bochornosos: Carlos René Juárez Darwin, director de la policía del municipio de Culiacán y Lorenzo Gorostiza, jefe de la judicial del estado de Sinaloa, y además confesado por el propio José Carlos del estado de Sinaloa, y además confesado por el propio José Carlos de Saracho, que el día 6 me habló por teléfono a la casa de Ustedes lamentándose, pero dijo que había atendido instrucciones de arriba y que estaba en juego su puesto y además su carrera Política. ¡Que manera de disculparse!
Con relación a lo que decía Pablo Moreno le quiero decir lo siguiente: agotaron los recursos legales y también están en los videos, cuando de una manera primitiva el presidente del comité municipal de su partido, el presidente del comité municipal electoral también y sus comisionados y vocales, también, no quisieron hacer caso de todas aquellas urnas que llegaban violadas, sin actas, con votos planchados y por personas ajenas entregadas ahí en el comité. Y está grabado donde dice el presidente del comité municipal electoral, que se va a hacer un acta circunstanciada para indicar la forma en que fueron llevadas esas urnas. Después que se terminaron de concentrar las urnas, el señor pedía documentales públicas para poder hacer caso a la petición, que no nada más los panistas habían visto, sino los funcionarios que estaban ahí y los representantes de los partidos. Y eso, también no lo vengo a inventar, está grabado y dicho por el propio presidente del comité municipal electoral, que él se comprometía a hacer un acta donde se subsanaran todas la irregularidades que se estaban presentando en ese momento.
Así que no venga a decir que no se agotaron los recursos legales. Nos fuimos al cómputo. Quiero decirle que ahí no hubo ley; ahí se votaba la ley. Todos los motivos de nulidad que les leí ahí se cuestionaron en el cómputo. No se nos hizo caso. Simplemente decían, está debidamente discutido
se somete a votación. Claro, la mayoría de su partido. Esa es la ley que hicieron ustedes. ¿Cuáles recursos? Lo único que han dejado es la violencia.
Y no vengan a hablar aquí cínicamente de que los panistas somos incongruentes.
Y qué poca vergüenza también cuando viene a decir aquí, a sostener, que fue un desalojo pacífico. Aquí están los periódicos donde llevan ancianitas en sus sillas, llevan señoras mayores arrastrando también, los policías. Esta es la posición pacífica que usted pregona. Aquí están las fotos. Se las dejo para que las vea si gusta. Aquí están varias fotografías también donde se expresan tal y como son, unos viles chacales. Esta es la realidad. Pero no importa, lo espero mañana a las 9, para que usted se dé cuenta y pueda discutir después con sus amistades si fue cierto o no.
(Desorden.)
Yo no me referí, escúchelo bien, yo creo que agarró mal, se le cruzaron los alambres. No me referí yo a la discusión del dictamen médico. Me referí a la forma tan poco honesta como fue obtenido este dictamen y cómo fue utilizado sobre todo, ahí está Morgan, no se ha muerto todavía. Ahí está todavía incapacitado, trae un collarín que le adaptaron y va a tener que ser operado, entonces no venga aquí a darse "baños de pureza", y a criticarnos que no entendemos lo que es un proceso electoral.
Y para demostrarle cómo se portan los de su partido, quiero decirle...
(Desorden.)
Permítame, quiero decirle que los dos días finales del cómputo municipal, un grupo de borrachos de su partido, encabezados por Amadeo Zazueta Lagarga, perdedor de su partido en el XIII distrito, y también acompañado por el profesor Guillermo Castro Ugalde, rata de las colonias de Culiacán, ésos son los que acompañaban a su ilustre personaje, y el día del desalojo también fueron atropellando a la policía, Amadeo Zazueta. Me tocó ver dos policías en el piso cuando los empujó de una manera prepotente. Esos son los de su partido. Quiero decirle que gracias a los panistas, que hemos recibido educación de resistencia pacífica, no se las hemos partido. Pero muy bien merecido lo tienen.
El C. Presidente: - Tiene la palabra la diputada Blanca Leticia Escoto. La C. Blanca Leticia Escoto González: - Compañeros diputados: Les voy a leer el mensaje del licenciado Salinas, el día primero de diciembre en la toma de posesión.
(Desorden.)
"El estado moderno es aquel que garantiza la seguridad de la nación y a la vez da seguridad a sus ciudadanos, aquel que respeta y hace respetar la ley, reconoce la pluralidad política y recoge la crítica, alienta a la sociedad civil, evita que se exacerben los conflictos entre grupos, mantiene transparencia y moderniza su relación con los partidos políticos."
El licenciado Salinas hizo un llamado a todos los partidos políticos para invitarlos al diálogo para la reconciliación nacional, durante los 10 meses discutimos y finalmente aprobamos una reforma insuficiente, esta reforma tiene por objeto evitar que se repita la triste situación que se presentó en julio de 1988, un fraude generalizado en todo el país, la reforma es para evitar el fraude, ¿de qué sirve la reforma a la ley si no hay voluntad de respeto al voto? Esto es lo que está sucediendo en Mazatlán y en Culiacán; en Culiacán con 30 casillas rurales, cinco de ellas "zapatos" y 25 de ellas con votaciones absurdas, hasta el 109% pretendiendo cambiar el sentido de los resultados.
En Mazatlán, con el resultado de seis casillas instaladas fuera del domicilio registrado, con escrutinios hechos en forma totalmente ilegal en, el comité municipal, pretenden darle el triunfo a quien no lo tuvo en las urnas.
En el caso de Sinaloa está de por medio la palabra de Salinas de Gortari, no es posible que funcionarios menores o estructuras locales del Partido Revolucionario Institucional, echen a perder lo poco que se ha ganado en credibilidad, porque todo lo que ha hecho Salinas de Gortari, ha sido para tratar de recuperar el prestigio que han perdido regímenes federales anteriores, y me pregunto: ¿el gobernador Labastida es el autor de los fraudes, o solamente cómplice de ellos? Me pregunto si la línea modernizadora que traza la Presidencia, acepta contradictores en los estados o es incapaz de sujetar la modernización a los dinosaurios del poder que niegan en la práctica la reforma democrática en la que México podrá avanzar en paz hacia la justicia.
Por otra parte, le quería contestar a mi compañero, si fue pacífico el desalojo, ¿por qué cesaron entonces a los policías? Hay que ser congruentes.
(Aplausos.)
Estamos en épocas de cambios, gobiernos totalitarios aceptan dejar espacio a la democracia, el muro de Berlín se derrumba, todo indica que el mundo se hace más libre, sólo en México parece que no se quiere reconocer que el fraude y la represión deben quedar en el pasado; como diputados, como representantes del pueblo debemos derribar el muro de fraude. Muchas gracias.
SOBRE EL SALVADOR
El C. Presidente: - Tiene la palabra la ciudadana diputada María Elena Chapa Hernández.
La C. María Elena Chapa Hernández: - Para otros hechos, con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores: Dados los violentos acontecimientos que se manifestaron el sábado 11 del presente y continuados hasta la fecha en la república de El Salvador, entre grupos militares y miembros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que han afectado seriamente a la población y han paralizado prácticamente las actividades de diversas zonas del norte y sur de la ciudad capital, provocando centenares de pérdidas de vidas humanas y dada la posición de México que siempre ha confiado en el camino del diálogo y la concertación e incluso cuando se ha solicitado ha ofrecido su territorio para encuentros conducentes al acuerdo y la negociación entre las partes de este país hermano, los legisladores de las fracciones parlamentarias de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, presentan a su consideración el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
«Unico. Expresamos nuestra preocupación por la gravedad de la situación que ha conducido a la violencia y al derramamiento de sangre, lamentamos que el proceso de diálogo se haya visto interrumpido ya que es la única vía para encontrar soluciones pacíficas para el pueblo salvadoreño; hacemos un llamado para que se retome el camino del acuerdo y la negociación política; asimismo, exhortamos a evitar cualquier tipo de intervención de otros países que agravaría ese serio problema interno de la república de El Salvador.
Firman el presente acuerdo, los ciudadanos diputados: Marcela Lombardo Otero, Amalia García Medina, Norberto Corella Gil Samaniego, Oscar Mauro Ramírez Ayala, Osiris Cantú Ramírez, Jaime Enríquez Félix, Gonzalo Martínez Corbalá, José Murat C., Guadalupe Gómez Maganda, Augusto Gómez Villanueva y María Elena Chapa Hernández.»
El C. Presidente: - Esta presidencia, en nombre de la Cámara de Diputados, hará la declaración y exhortación correspondiente.
DE LOS ARTÍCULOS
DEL 80 AL 93 DE LA CONSTITUCIÓN
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Jaime Hernández.
El C. Juan Jaime Hernández: - Señor Presidente; ciudadanas diputadas y diputados: Vade retro fraude factor, "Rechazamos a los autores del fraude".
Y ahora que el presidente Salinas transita por los lugares y entidades donde están próximos los comicios electorales, en donde el Partido Revolucionario Institucional en forma encubierta lo enarbola como bandera promotora del voto a favor de dicho instituto político, como es de todos sabido, venimos ante esta soberanía a denunciar la flagrante violación a la Constitución General de la República en su capítulo III, de los artículos del 80 al 93 de la referida Constitución, que está cometiendo el Ejecutivo de la nación.
El Presidente de la República ha realizado, so pretexto de giras gubernamentales, visitas que han constituido verdaderas campañas políticas a los estados de Tamaulipas, Guerrero y el día de ayer a Michoacán, en donde en forma aparente realiza actos de gobierno pero que constituyen verdaderas campañas políticas a favor de su partido, siguiendo la vieja costumbre de las promesas de las entregas de vivienda, de la presunta solución del problema agrario e indigenista y haciendo pronunciamientos sobre la justicia, la unidad, la concordia, la concertación y el diálogo.
Muy a pesar de lo que el Presidente dice en su discurso en forma abierta y en forma encubierta, prepara los terrenos para que el partido en el poder realice nuevamente el fraude electoral, muy a pesar de lo dicho por el propio Ejecutivo de la nación en su informe y por lo señalado en el diálogo habido entre el presidente Salinas y el licenciado Carlos Cantú Rosas, presidente de nuestro Comité Ejecutivo Nacional de nuestro instituto político, el 19 de septiembre anterior y que en esa ocasión se instruyó al Secretario de Gobernación para que, dentro del contexto de la soberanía de los estados de la República, se acordara limpieza en todos los comicios por realizarse en las entidades de la República.
En ese diálogo se acordó con el presidente Salinas, 11 puntos consistentes en la depuración del padrón electoral, la distribución de las credenciales de elector, certificación de boletas para diversas elecciones, el que los comisionados contaran y firmaran las boletas electorales, la instalación de urnas transparentes, el empleo de tinta indeleble, la instalación de cubículos que garanticen el secreto de voto, la supresión de casillas bis, supresión de auxiliares e información oportuna y eficiente el día de las elecciones.
Aun cuando la voluntad política del Presidente quedó de manifiesto al instruir frente a nosotros,
los parmistas, al Secretario de Gobernación, sin embargo, la cerrazón política de autoridades electorales sigue dejando sin respuesta los 11 puntos requeridos y sin solución, las múltiples denuncias que conforme a derecho hemos presentado, esto, anuado a la táctica del Partido Revolucionario Institucional de tomar al Presidente de México como el promotor de votos y hacedor de campañas de ese instituto político; tal vez, me supongo, con la buena fe que presumimos y consideramos que dirigentes y colaboradores que las campañas realizadas por el Presidente es un engaño más, que dirigentes y colaboradores lo obliguen a realizar sin su consentimiento, por eso decimos: que non decipio domine presidi, "que no lo engañen, señor Presidente".
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Octavio Moreno Toscano.
El C. Octavio Moreno Toscano: - Con la venia del señor Presidente; honorable asamblea: Cuando las cosas cambian, irremediablemente se van volviendo distintas, los estilos, las actitudes, las conductas políticas se van volviendo distintas y en México han cambiado muchas cosas, a pesar de quienes no hubieran querido que cambiara nada o de quienes hubieran querido que cambiaran muchas cosas en forma, para que no cambiara nada en esencia.
De alguna manera el Congreso tendrá que volverse Congreso y asumir su papel de Poder Legislativo frente al Ejecutivo y de alguna manera el Ejecutivo tendrá que dejar de comportarse como el patrón de los individuos que conforman el Poder Legislativo.
Y así, los cambios ocurren por todo este país de ciudadanos que están rebelados y decididos a que haya una reforma política verdadera y no simplemente un retroceso institucionalizado como el que aquí hace unos días se empezó por aprobar.
Dentro de esto, el diálogo entre las distintas instancias va tomando una continua forma en el intercambio de opiniones que se emiten en las distintas instancias políticas, querámoslo o no, estamos todos inmersos en un debate hacia lo que será el México del próximo siglo; querámoslo o no, estamos todos inmersos en un diálogo sobre lo que va a ser este país hacia adelante, pero el diálogo que implica respeto y que implica acuerdo para dialogar ya no puede darse tampoco en las antiguas formas ni puede darse en los antiguos estilos.
Si se va a un diálogo, es prudente establecer de qué se va a hablar, para qué se va a hablar y sobre qué asunto se va a tratar, no tiene caso seguir diciendo que unos aceptamos el diálogo y que otros lo rechazan, el diálogo está, la forma del diálogo únicamente es la que debe definirse y en esto nosotros hemos ya propuesto la forma como aceptaríamos este diálogo que reiteradamente y con una insistencia cotidiana viene pidiendo esa persona que ustedes, algunos de ustedes dicen es el Presidente de México.
Pero en tanto que él pide un diálogo, en tanto que reconoce que de la diversidad y la pluralidad siempre habrá un hilo que pueda hacer conectar a las distintas fuerzas políticas cuando en defensa del país se trate, él reconoce esto, pero inmediatamente los que no reconocen que las cosas cambien, los que trabajan para que nada cambie, funcionarios menores que antes fueron muy importantes en el fracaso de la Revolución Mexicana, hablan de las tácticas de agitación, hablan de las pretensiones que se atribuyen a nuestro partido de tomar el poder mediante el golpe, mediante recibir fondos del extranjero y mediante otras cosas por el estilo; hablan de una mano extendida como aquella que se extendió en esta tribuna el primero de septiembre de 1968 y que todos lamentan, hasta los que la defendieron entonces.
Los partidos políticos son instituciones hechas y formadas por sus miembros para buscar la participación política y acceder también al poder; en ese sentido, es innegable que cualquier partido que vive en la vida política nacional busque acceso al poder, esto no sucedía en el panorama político de hace apenas algunos años, la posibilidad de que otros partidos accedan al poder es una de esas novedades que no quieren aceptar aquellos que no quieren que nada cambie.
No tenemos por qué no decir que buscamos el poder de la nación, sabemos que teniéndolo gobernaríamos mejor que lo que lo están haciendo, sabemos también que la soberanía de este país estaría verdaderamente defendida y no se hablaría de soberanía mientras se entrega por debajo de la mesa.
Hablan de violencia y de albazo, pero la provocación continua está en las respuestas o está en las palabras del partido oficial, no es sólo la violencia verbal, es la acción cotidiana en contra de los ciudadanos en todo el país a los cuales se les siguen imponiendo contra su voluntad los triunfos electorales.
La lucha política moderna se da en cualquier terreno civilizado, se da por medios de comunicación, a través de la Prensa escrita, a través también de giras dentro del país o fuera de él, no tiene ninguna novedad no hay nada extraordinario en que se vaya a hablar acerca de los objetivos de
un partido fuera de México, ni tampoco que se acepte que los mexicanos desterrados, gracias a la fracasante política económica que aquí se tiene, luchen y defiendan sus derechos políticos, nosotros defendemos los derechos políticos de los ciudadanos mexicanos que se han visto obligados a salir al extranjero en busca de sustento y de un mejor nivel de vida. No creemos justo que se les niegue la participación política y no consideramos que por el hecho de vivir fuera estén privados de contribuir, si así es su deseo, a la causa en la que ellos creen y en ese sentido muchos mexicanos, indocumentados mexicanos, trabajadores mexicanos, han mandado con frecuencia su contribución de unos cuantos dólares que ganan allá, para la lucha política que llevamos adelante, nosotros no estamos recibiendo los fondos del Fondo Monetario Internacional ni del City Bank, los recibimos de los indocumentados.
Entonces, existen nuevas situaciones y en ellas hay que plantear el diálogo, si es que de verdad se tiene la voluntad del diálogo, no puede ser el diálogo de la diatriba, no puede ser el de la amenaza ni el que invita a la represión, a nosotros, el tono del lenguaje en sí mismo no nos afecta, sabemos perfectamente cómo están las cosas allá afuera y sabemos perfectamente que si este país mantiene su paz y su tranquilidad, es de gran medida porque hemos invocado a una revolución democrática que tome el poder por la vía pacífica y por la vía electoral y no precisamente por la violencia.
Así que estas cuestiones que no tienen importancia, en las declaraciones de un funcionario de un partido, deben verse simplemente como un empañamiento y un enturbamiento a las posibles intenciones de Salinas, si es que éstas existen, a que este diálogo se lleve adelante.
Se pude seguir haciendo política y se seguirá haciendo política, dentro de nuevas formas, le pese a quien le pese, las cosas ya cambiaron y van a cambiar más, no entiendo todo lo que gritan, pero aquí está la tribuna, inclusive si quieren continuar con los insultos, la ocasión es de ustedes; nosotros no vamos a responder a ese tipo de provocaciones pero sí vamos a seguir trabajando por todo el país para llevar adelante todo este proceso democrático, el cual está basado en el ejercicio de nuestros derechos constitucionales, para ejercer los cuales no necesitamos ni tenemos que pedir el permiso de nadie.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Javier López Moreno.
El C. Javier López Moreno: - Con su permiso, señor presidente; señoras y señores diputados: Tiene razón el diputado Moreno Toscano, al afirmar que muchas cosas cambian en este país y yo agregaría que algunas cambian de modo tan radical y tan evidente, como las sacudidas de un 19 de septiembre y, otras tan de manera inexorable, pero silenciosa, como el pasto que crece, es cierto, pero ese cambio no nada más compromete a unos cuantos, sino al conjunto de las fuerzas políticas aquí presentadas. Voy a dar dos ejemplos de actitudes que parecieran no reflejar o no asimilar suficientemente bien este cambio que se provoca en todos los órdenes de la vida nacional:
El primer ejemplo es el de considerar que la diputación priísta pudiera, con tal de obtener un certificado de autonomía o de independencia política a cargo de las otras partes, decía, que pudiera desprenderse de lo que está en la naturaleza, de las cosas que defiendan, hay una identidad en la causa política que defendemos como diputados priístas con el Presidente de la República, y esta lealtad irrevocable, esta afinidad ideológica y esta congruencia política no puede ser rota ni puesta en entredicho por quienes pretendieran que ésa sería la única manera de demostración de independencia del Poder Legislativo respecto del Ejecutivo o más todavía, de separación y bifurcación de caminos entre las pretensiones del Ejecutivo Federal y de los Diputados que pertenecen a la misma causa en esta Cámara de Diputados.
El segundo ejemplo es más sencillo, aquí nos pasamos hace unas noches un larguísimo rato debatiendo en torno a la procedencia de levantar foros para examinar las reformas del Estado, como si el foro no fuera éste y la nación no hablara por nosotros.
Queremos decir que no tenemos ninguna duda, no sólo de la sinceridad que es atributo personal, sino de la sensatez, que es una cualidad política, del exhorto del Presidente de la República al diálogo a todas las fuerzas políticas de la nación y nos parece que sin establecer condiciones que traben a los participantes o que los haga anteponer sus banderas y sus actitudes legítimas, no puede, de ningún modo establecerse una especie de prerrequisito
en el sentido de que el otro no existe; sí existe, la Presidencia de la República existe y éste si es, desde luego, un condicionamiento natural derivado de los hechos consumados con legalidad, con legitimidad para que se entre a este diálogo.
Quisiéramos nosotros que todos, absolutamente todos pudiéramos abandonar actitudes ancladas en un pasado que ya no nos sirve para nada para entender los cambios que ahora ocurren y los que del porvenir se cuelan ya entre nosotros, se pregunta aquí: ¿es válida la disputa por el poder a cargo de los partidos?
No solamente válida, sino imperiosa, encajada por antonomasia en lo que
los partidos quieren y pueden hacer, independientemente del número de sus adeptos o de lo menguado o exaltado de sus ideologías, todos los partidos políticos y no por gracia gubernamental, sino por reconocimiento constitucional que a este país le ha costado mucho, gozan de las garantías, de los resguardos necesarios para acceder a una contienda de equidad en condiciones por la disputa por el poder de la nación.
Pero también por otro lado, se ha dicho aquí que no se quiere la violencia y en eso estamos de acuerdo, no hay que hacer la apología de la paz pública ni quedarse nada más con ella, para entender que, en efecto, la concordia entre todos es el elemento primordial para que este país no vaya de regreso, pero sí quiero decir también lo siguiente:
Las palabras comprometen y comprometen a fondo; en ocasiones, se usan, es cierto, para llenar de ambigüedad algunos espacios que debieran estar ocupados por la reflexión, pero aquí en la Cámara de Diputados se ha ido abriendo paulatinamente un debate que intenta alumbrar lo que va a ser el debate de la nación en los próximos años y que tiene que ver centralmente con lo que es la reforma del Estado nacional.
La propuesta del Presidente de la República, para convocar un diálogo a todas las fuerzas políticas no podemos empobrecerla pensando que se trata de obtener la oportunidad menor, además de simplemente recabar una fotografía, hacer las risas fingidas o emitir un boletín de plácemes, no se trata de eso, sería irrelevante, absurdo, el que se albergara esa idea respecto de lo que está presente en estos momentos en la vida de la República.
Este país necesita encontrar inmensos consensos mínimos respecto de lo que aquí se acaba de llamar "regresión institucionalizada", y que yo rechazo categóricamente; la reforma electoral, si bien es insuficiente, en algunos aspectos condensa y representa avances que van a favorecernos a todos, pero no podemos quedarnos en la condena verbal de la reforma electoral, nos toca otro lapso y otro plazo para enriquecerla en la reglamentación ordinaria, no hay actitudes intimidatorias, no existen intenciones de represalia, de difundir miedo, de llevar a un callejón sin salida a ninguno de los partidos políticos; rechazamos que exista espíritu macarthista en la declaración del Partido Revolucionario Institucional, y sostenemos, por último, que como nadie del partido Revolucionario Institucional
con responsabilidad, con seriedad,
seguirá contribuyendo con los demás partidos políticos para que este diálogo se dé, se siga dando aquí entre nosotros y se concrete con la Presidencia de la República a cargo de Carlos Salinas de Gortari. Muchas gracias.
(Aplausos.)
El C. Presidente: - Continúe la secretaría con los asuntos en cartera,
ORDEN DEL DÍA
La C. Secretaria Hilda Anderson Nevárez de Rojas: - señor presidente, la secretaría informa que se han agotado los asuntos en cartera de esta sesión, se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer período ordinario de sesiones del segundo año de la LIV Legislatura. Orden del día
15 de noviembre de 1989.
Lectura del acta de sesión anterior.
Presentación de iniciativas del Ejecutivo.
Por el ciudadano doctor Pedro Aspe Armella, secretario de Hacienda y Crédito Público.
Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1990.
Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal de 1990.
Por el ciudadano licenciado Ernesto Zedillo Ponce de León, secretario de Programación y Presupuesto.
Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal de 1990. Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal de 1990.
Y los demás asuntos con los que la secretaría dé cuenta.»
El C. Presidente (a las 16.25 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana 15 de noviembre, a las 12.00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA
Y DIARIO DE LOS DEBATES