Legislatura LIV - Año II - Período Ordinario - Fecha 19891221 - Número de Diario 20
(L54A2P1oN020F19891221.xml)Núm. Diario:20ENCABEZADO
LVI LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO de los DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Dip. José Luis Lamadrid Sauza
RECINTO LEGISLATIVO
CENTRO MEDICO NACIONAL
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Lic. Héctor de Antuñano y Lora
Año II México, D.F., jueves 21 de diciembre de 1989 No. 20
SUMARIO
ASISTENCIA
La secretaría notifica que hay quórum.
APERTURA
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión, se aprueba.
INVITACIÓN
Del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico que con motivo de CLXXIV Aniversario luctuoso del generalísimo José María Morelos y Pavón, el día 22 de diciembre. Se designa comisión.
ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL
A nombre del Partido Acción Nacional, el diputado Leopoldo Salinas Gaytán, presenta iniciativa de reformaras. Se turna a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona esta ley. Se dispensa la primera lectura.
EGRESOS DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
De la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de Presupuesto de
Egresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1990. Se dispensan la primera y segunda lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN
De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1990. Se dispensa su lectura.
A discusión en lo general de este dictamen, intervienen los diputados María Elena Martínez Carranza, por parte de la comisión, para proponer modificaciones y su aprobación; Pedro Etienne Llano, en contra; Francisco Navarro Montenegro, en contra, con propuesta; Patricio Estévez Nenninger, para razonar su voto y José Marín Rebollo, en contra.
Continúan con la discusión los diputados Rafael Melgoza Radillo, en contra; María Teresa Ortuño Gurza y Oscar Navarro Gárate, a favor del dictamen.
Se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no impugnados de este presupuesto.
ARTÍCULOS 2o. Y 6o.
A discusión en lo particular, intervienen los diputados Israel Galán Baños y Francisco Melo Torres, en contra; Alfredo Pliego Aldana, con propuesta de modificación para el artículo 6o.; Eduardo Arias Aparicio, con propuesta de modificación al artículo 2o.; Javier Pavlovich Robles, con propuesta de modificación a estos artículos; Humberto Roque Villanueva, en pro y Eduardo Arias Aparicio, para hechos.
ARTÍCULO 3o.
Intervienen los diputados Juan Guerra Ochoa y Federico Ruíz López, en contra; Alberto Amador Leal, en pro.
ARTÍCULO 7o.
Intervienen los diputados Francisco Melo Torres y Jaime Enríquez Félix, en contra; Juan José Moreno Sada, en pro.
ARTÍCULOS 14 Y 39
Interviene el diputado Rogelio Montemayor Seguy, por parte de la comisión, para proponer una adición al artículo 39.
Continúan en la discusión los diputados Francisco Melo Torres, en contra; Rafael Campos López y Juan Antonio García Villa, presentan propuestas de modificación al artículo 14; Miguel Quiroz Pérez, en pro; Antonio García Villa y Modesto Cárdenas García, para hechos.
Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1990. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Se desechan las propuestas de modificación presentadas por los diputados Eduardo Arias Aparicio, Alfredo Pliego Aldana, Francisco Javier Pavlovich Robles, Rafael Campos López, y Juan Antonio García Villa.
EGRESOS DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
A discusión en lo general, intervienen los diputados Sara Villalpando Núñez, por parte de la comisión; Eleazar Cervantes Medina, Jorge Martínez Almaraz, Alberto Ortíz Medina y Luis Miranda Reséndiz, en contra; Nelson Madrigal Gómez, a favor; Rubén Venadero Valenzuela, en contra y Rosario Guerra Díaz, a favor.
Se aprueba en lo general y en lo particular el Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de
1990. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
LEY DE PESCA
De la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de esta ley. Se dispensa su lectura.
SOBRE EL RESPETO A LAS CREENCIAS RELIGIOSAS
El ciudadano Juan Jaime Hernández interviene para hacer una declaratoria en relación a las creencias religiosas.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL CIUDADANO MARIO RUÍZ DE CHÁVEZ
(Asistencia de trescientos noventa y nueve ciudadanos diputados)
ASISTENCIA
El C. secretario Rubén García Farías: - Hay una asistencia de 399 ciudadanos diputados. Hay quórum.
APERTURA
El C. Presidente (a las 12.35 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
La C. secretaria Hilda Anderson Nevárez de Rojas: - Se dará lectura al orden del día.
«Primer Período Ordinario de Sesiones. - Segundo Año. - LIV Legislatura.
Orden del día
21 de diciembre de 1989.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Invitación
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CLXXIV Aniversario luctuoso del generalísimo José María Morelos y Pavón, que tendrá lugar el próximo 22 de diciembre.
Iniciativa
De diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para reformar la fracción XXIX del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
De la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1990.
Dictamen a discusión
De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1990.
Fijación de posiciones
Sobre las elecciones en el estado de Michoacán, de los grupos parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática, Diputados Independientes y Revolucionario Institucional.
Sobre las elecciones en el estado de Guerrero, de los grupos parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional.
Declaraciones
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el valor del bien común.
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre el respeto a las creencias religiosas.
Del grupo parlamentario Acción Nacional, sobre la creación de la reserva de la biosfera en el Río Colorado.
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la lucha contra el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida.
Del ciudadano diputado Gustavo Rosario Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el fallecimiento del señor José Pagés Llergo.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
La C. secretaria Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: - Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, celebrada el día veinte de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de ejercicio constitucional de la Quincuagésima Cuarta Legislatura.
Presidencia del diputado José Luis Lamadrid Sauza
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con cincuenta y siete minutos y con una asistencia de cuatrocientos treinta y tres diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que sin motivar discusión se aprueba en sus términos en votación económica.
El Presidente informa que motivados por los acontecimientos en la República de Panamá, los coordinadores de los diversos grupos parlamentarios han decidido que un orador de cada uno de ellos aborde la tribuna para fijar la posición de sus partidos respecto a dichos acontecimientos.
Hacen uso de la palabra, los diputados Gonzalo Martínez Corbalá, del Partido Revolucionario Institucional; Enrique Rojas Bernal y Carlos Castillo Peraza, del Partido Acción Nacional; Osiris Cantú Rosas, del Partido de la Revolución Democrática; Marcela Lombardo Otero, del Partido Popular Socialista; Patricio Estévez Neninnger, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y Mariano Leyva Domínguez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Nuevamente hace uso de la palabra el diputado Gonzalo Martínez Corbalá, del Partido Revolucionario Institucional, quien propone a la asamblea un punto de acuerdo en el que la Cámara de Diputados se solidariza con la Asamblea de Corregimientos y al pueblo de Panamá.
Se concede el uso de la palabra al diputado José Luis Alonso Sandoval, del Partido de la Revolución Democrática, quien sugiere que solamente se excluyan de firmar el documento, los diputados que así lo manifiesten.
Para solidarizarse con esa solicitud, hace uso de la palabra el diputado Manuel Marcué Pardiñas.
En votación económica, la asamblea aprueba por unanimidad, en votación económica, el punto de acuerdo.
Se concede el uso de la palabra a la diputada Amalia García Medina, del Partido de la Revolución Democrática, quien propone un agregado al punto de acuerdo y el diputado Francisco Ortíz Mendoza, desde su curul, solicita que se considere de urgente resolución, por lo que aborda la tribuna el diputado José Murat, del Partido Revolucionario Institucional, quien coincide con la proposición y apoya el trámite de urgente y obvia resolución, mismo que es aprobado por la asamblea en votación económica.
La secretaría da lectura a una comunicación del diputado Eleazar Ruíz Cerda, quien solicita licencia temporal por encontrarse enfermo. También da lectura al punto de acuerdo por el que se concede la licencia y el Presidente informa que a las puertas del salón de sesiones se encuentra el ciudadano Arturo Guzmán Zamora, suplente del diputado Ruíz Cerda. Se designa a la comisión que acompaña al ciudadano Guzmán Zamora en el acto de rendir su protesta de ley como diputado federal.
Se da cuenta con una comunicación del diputado Pablo Ávalos Castro, quien informa que habiéndose concluido la licencia que le fue concedida, se reintegra a sus labores legislativas. De enterado.
Hace uso de la palabra la diputada Guadalupe Rodríguez Carrera, del Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativa de reformas al artículo ochenta y siete de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Para presentar iniciativa de Reglamento Particular Interno y de Debates de la Cámara de Diputados, se concede el uso de la palabra al diputado Juan Ugarte Cortés, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias.
Se concede el uso de la palabra al diputado Pedro César Acosta Palomino, del Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativa de reformas al artículo setenta y siete de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y se corre traslado a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para que exprese su opinión al respecto.
Hace uso de la palabra el diputado Luis Gambino Heredia, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien presenta iniciativa de reformas a diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
En atención a que el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que modifica las características de las monedas de un cuarto, una media y una onza troy de oro puro; de una onza troy de plata pura y de un cuarto, una media y una onza troy de platino puro, ha sido impreso y distribuido entre los diputados, la asamblea, en votación económica, dispensa la segunda lectura y se somete a discusión de inmediato.
Hace uso de la palabra los diputados Francisco Chávez Alfaro, en contra y Antonio Pariente Algarín, del Partido Revolucionario Institucional, a favor.
La asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, ni artículo para ser discutidos en lo particular, la secretaría toma la votación nominal respectiva y el dictamen se aprueba por trescientos siete votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Por las mismas consideraciones que el dictamen que acaba de ser aprobado, la asamblea dispensa la segunda lectura al dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma la Ley que Establece las Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo.
Para referirse a este dictamen, hacen uso de la palabra los diputados José Antonio Enríquez, en contra; Cuauhtémoc Anda Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, en pro y nuevamente el diputado Enríquez Félix, para rectificar hechos.
Suficientemente discutido el dictamen y no habiendo reserva de artículos para ser discutidos en lo particular, la secretaría toma la votación nominal respectiva y el dictamen se aprueba por trescientos treinta y siete votos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente informa de que en virtud de que el dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, solicita que la secretaría consulte si se le dispensa la primera lectura. En votación económica, se dispensa la primera lectura.
Para referirse a los procesos electorales en el estado de Michoacán, hacen uso de la palabra los diputados Humberto Urquiza Marín, del Partido de la Revolución Democrática; Benigno Gil de los Santos, del Partido Revolucionario Institucional y Gerardo Ávalos Lemus, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos.
Para expresar sus opiniones respecto al valor de la democracia, hacen uso de la palabra los diputados Carmen Segura Rangel, del Partido Acción Nacional y Horacio Labastida Muñoz, del Partido Revolucionario Institucional.
Presidencia del diputado Mario Ruíz de Chávez y García
Para fijar la posición de los diversos grupos parlamentarios, en relación con el aumento en el precio de productos básicos, hacen uso de la palabra los diputados Ramiro Pedro Torres, del Partido Acción Nacional; Ernesto Rivera Herrera, del Partido Popular Socialista; Francisco Melo Torres, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Celia Torres Chavarría, del Partido de la Revolución Democrática; Manuel López Zorrilla y Rubén Calderón Cecilio, del Partido Revolucionario Institucional.
Presidencia del diputado José Luis Lamadrid Sauza
Para referirse a los acontecimientos en Rumania, hacen uso de la palabra los diputados Alberto Ling Altamirano, del Partido Acción Nacional y Sergio Quiroz Miranda, del Partido Popular Socialista.
Para rectificar hechos y contestar alusiones personales, respecto al mismo tema, se concede el uso de la palabra a los diputados Jesús Sánchez Ochoa, del Partido Acción Nacional; Sergio Quiroz Miranda, del Partido Popular Socialista; Eugenio Ortíz Walls, del Partido Acción Nacional; Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática, quien fija la posición de su partido al respecto; Francisco Ortíz Mendoza,
del Partido Popular Socialista; Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática, quien contesta a una interpelación del diputado Ortíz Mendoza y Gerardo Medina Valdés, del Partido Acción Nacional.
Agotados los asuntos en cartera, la secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente levanta la de hoy a las veinte horas con cincuenta minutos, citando para la que tendrá lugar mañana, veintiuno de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, a las diez horas.»
Está a discusión el acta...No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado, señor Presidente.
INVITACIÓN
La C. secretaria Hilda Anderson Nevárez de Rojas: - Se dará lectura a la invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico que con motivo del CLXXIV Aniversario luctuoso del generalísimo José María Morelos y Pavón, que tendrá lugar el próximo 22 de diciembre.
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Departamento del Distrito Federal.
Diputado licenciado José Luis Lamadrid, ciudadano Presidente de la honorable Cámara de Diputados. - Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CLXXIV Aniversario luctuoso del generalísimo José María Morelos y Pavón, que tendrá lugar el próximo viernes 22 de diciembre a las 11.00 horas, en el monumento erigido a su memoria, en la Plaza de la Ciudadela, delegación política Cuauhtémoc.
Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien dictar sus respetables indicaciones, a efecto de que un representante de esa honorable Cámara de Diputados que usted preside, asista a la ceremonia de referencia suplicándole presentarse con 15 minutos de anticipación con el suscrito o con el ciudadano ingeniero Luis González Sosa, subdirector de Acción Cívica, para efectos de coordinación respectiva.
Reitero a usted, con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 28 de noviembre de 1989. - El director de Acción Cívica, licenciado Roberto A. Ochoa Morales.»
El C. Presidente: - Para asistir a este acto en representación de la honorable Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Javier Gaeta Vázquez, María del Rosario Elena Guerra Díaz y Ruth Olvera Nieto.
ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL
El C. Presidente: - Procedemos a desahogar el punto tercero del orden del día; para tal efecto, tiene la palabra el ciudadano diputado Leopoldo Salinas Gaytán, quien presentará una iniciativa de reformas a la fracción XXIX del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El C. Leopoldo Homero Salinas Gaytán: - Con la venia del señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
«Ciudadano diputado José Luis Lamadrid Sauza, Presidente de la Cámara de Diputados. - Presente.
Los suscritos diputados, miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, pertenecientes a la LIV Legislatura del Congreso de la Unión, con las facultades que nos confieren los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso, presentamos iniciativa de decreto relativa a la reforma del artículo 123, fracción XXIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Entre los principios que orientan al Partido Acción Nacional, uno de los capítulos importantes lo constituye el relativo al trabajo, y especialmente resalta lo concerniente a la seguridad social; un gran interés de proteger los derechos del trabajador, a su familia, inspiran y alientan en esta materia los documentos fundamentales de Acción Nacional; en lo conducente señalan nuestros principios: "... quienes hayan cumplido su deber de trabajo y tengan mermada o
agotada por cualquier causa su capacidad de trabajar, deben seguir contando con los recursos necesarios para vivir dignamente y no dejar en desamparo a los suyos, el Estado tiene el deber de urgir las actividades y de crear o fomentar las instituciones necesarias para garantizar el cumplimiento de estos principios".
Los principios de referencia, del año de 1939, son concientes con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1948, suscrita por México, que señala en su artículo 25 lo siguiente:
"Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene, asimismo, derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad..."
Díaz Rivadeneyra y Polo Bernal establecen un concepto similar de seguridad social en su obra "El Seguro Social y su Problemática", al indicar: "La seguridad social es un derecho público, de observancia obligatoria y aplicación universal, para el logro solidario de una economía auténtica y racional de los recursos y valores humanos, que asegura a toda la población una vida mejor, con ingresos o medios económicos suficientes para una subsistencia decorosa, libre de miseria, temor, enfermedad, ignorancia y desocupación, con el fin de que en todos los países se establezca, mantenga y acreciente el valor intelectual, moral y filosófico de su población activa, se prepare el cambio a las generaciones venideras y se sustente a los incapacitados eliminados de la vida productiva."
Para cumplir con la seguridad social, en protección de los derechos de la población laborante, se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social en 1943, advirtiendo que con antelación el Partido Acción Nacional participó de una iniciativa que proponía la creación de un organismo similar que no prosperó.
Al crearse aquélla, le valió una consideración en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social en 1942, que manifestó en su considerando quinto, al conocer el proyecto de ley que se presentaba, el siguiente acuerdo:
"La iniciativa mexicana del seguro social obligatorio merece su aprobación y aliento, porque constituye un código de seguridad científicamente elaborado, con todas las perspectivas de viabilidad en su realización, al par que representa una firme garantía técnica para establecer en México el seguro social, en beneficio de las clases productoras y de la prosperidad de la nación mexicana."
Ahora bien, los seguros consignados correspondían a las necesidades de la época en la institución que se creaba y, a medida del avance laboral fue necesario abrir más el campo de la seguridad social. Hoy, consideramos que es el momento social para reclamar la inclusión de un nuevo seguro para la protección de la clase laborante: el seguro a la jubilación.
El derecho de jubilación se adquiere por los trabajadores en atención a los años de servicio, ya sea en provecho de uno o de varios patrones a la vez, y aun cuando el trabajador hubiere prestado sus servicios en forma sucesiva para varios patrones o empresas, acumulándose en tal caso su antigüedad efectiva, que hubiese adquirido el propio trabajador en sus relaciones de trabajo.
En diversas contrataciones colectivas se ha incluido en sus cláusulas la jubilación como prestación; como referencia, en el contrato colectivo entre la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S. A. y sus asociados (en liquidación) con el Sindicato Mexicano de Electricistas, se pactó lo siguiente:
"Jubilaciones. Los trabajadores que cuenten un cierto tiempo de servicio a las compañías tendrán derecho, en los casos en que se separen o sean separados de ellos, a una cuota de jubilación consistente en un porcentaje de su salario base que les será pagado bisemanalmente hasta que mueran. Dicha cuota es independiente de cualesquiera otras cantidades a que el trabajador tenga derecho conforme a este contrato, y se hará efectivo en los casos y condiciones que se establecen en las siguientes fracciones, en la inteligencia de que, para preferencia en los pagos, las partes convienen en asimilar esta cuota a salarios..."
La Ley del Seguro Social deberá determinar la forma, términos y condiciones que deban regir en relación con el régimen de jubilación.
Cuando se haya instituido el derecho de jubilación en los contratos individuales o colectivos de trabajo o bien en los contratos ley, éste no podrá concertarse en condiciones menos favorables que las que se señalen por la Ley del Seguro Social, salvo que se haya implantado en forma complementaria de la jubilación derivada de este
último ordenamiento y otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social.
El derecho de jubilación es irrenunciable e imprescriptible, el término de prescripción que señale la ley, lo será exclusivamente en relación con las pensiones jubilatorias ya causadas y no respecto al derecho futuro a disfrutar de ellas.
La jubilación deberá otorgarse conforme al último salario percibido por el trabajador en los 30 días anteriores al nacimiento de ese derecho, considerándose como salario no sólo el percibido por concepto de cuota diaria, sino también el integrado con todas las ventajas económicas que reciba el trabajador, en la inteligencia de que las pensiones jubilatorias tendrán el carácter de dinámicas, puesto que se incrementarán con el mismo porcentaje de aumento a los salarios mínimos generales y profesionales, y sin que en ningún caso pueda ser inferior el monto de la jubilación al importe del salario mínimo general o profesional correspondiente al área geográfica en que rija.
El derecho de jubilación es preferente sobre cualquier otro crédito, en los casos de concurso o quiebra y aún fuera de tales procedimientos, los trabajadores jubilados podrán solicitar de las juntas de conciliación y arbitraje que prevengan a los jueces que tengan bajo su jurisdicción el conocimiento de cualquier procedimiento civil o mercantil, incluyendo los juicios de quiebra, concurso o sucesión que obligue al patrón a constituir las reservas financieras necesarias para garantizar el pago de las pensiones jubilatorias de que sean titulares los trabajadores, ya sea a través de la institución de fideicomiso o de cualquier otra forma legal.
El derecho de jubilación se extingue por la muerte del trabajador o bien en los casos que establezca la Ley del Seguro Social.
Las pensiones jubilatorias no serán embargables, salvo cuando se trate de asegurar las pensiones alimenticias en favor del cónyuge, hijos, nietos o ascendientes.
El derecho de jubilación constituye una prolongación de los efectos de la relación de trabajo, por lo que goza de los mismos privilegios que el salario.
Por lo anterior expuesto, en razón de existir la necesidad social para cumplir en plenitud con la seguridad social en la protección de la clase laborante, así como el cumplir con el sentido que originó el artículo 123 constitucional, se propone el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se reforma el artículo 123, fracción XXIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 123
XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de jubilación, de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.
TRANSITORIOS
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, una vez que se hubiere cumplido con lo previsto por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Recinto alterno de la Cámara de Diputados, 21 de diciembre de 1989. - Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, diputados: Pedro César Acosta Palomino, Jaime Guillermo Aviña Zepeda, César Coll Carabias, Eleazar Guadalupe Cobos Borrego, Guillermo Islas Olguín, José Ángel Luna Mijares, Alfredo Oropeza García, Manuel de Jesús A. Ponce González, María Guadalupe Rodríguez Carrera, José de Jesús Sánchez Ochoa, Leopoldo Homero Salinas Gaytán y Sergio Alfonso Rueda Montoya.»
Trámite: - Túrnese a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
El C. Presidente: - El punto del día correspondiente a la primera lectura del dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se distribuye entre los ciudadanos diputados, sírvase la secretaría consultar a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La C. secretaria Hilda Anderson Nevárez de Rojas; - Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo..
Se dispensa la lectura al dictamen, señor Presidente.
«Comisión de Justicia.
Honorable asamblea: A la Comisión de Justicia que suscribe le fue turnada la minuta proyecto de decreto que envió la Cámara de Senadores, en relación con la iniciativa que presentó ante aquélla el ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Carlos Salinas de Gortari, por medio de la cual propone se reforme y adicione el artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
En la exposición de motivos de la iniciativa se hace referencia a las reformas hechas a los artículos 73, 94, 97, 101, 104 y 107 de la Constitución General de la República que tuvieron como finalidad reservar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el control de la constitucionalidad, encomendándoles al mismo tiempo a los tribunales colegiados de circuito el conocimiento de los juicios de amparo sobre la legalidad de los actos de autoridad.
Se otorgó a los propios tribunales colegiados la facultad de conocer del recurso de revisión contra las resoluciones dictadas por los tribunales de lo contencioso administrativo del fuero federal y del Distrito Federal.
Las mencionadas reformas motivaron la necesaria adecuación de las leyes secundarias a las normas constitucionales, entre ellas, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
La amplitud competencial de los tribunales colegiados de circuito y su mayor número para cubrir las diversas regiones de la República, hizo necesaria la creación de normas para la unificación de criterios mediante procedimientos adecuados para resolver las contradicciones que pudieran darse entre esos tribunales, a fin de preservar la seguridad jurídica y conjurar los riesgos que la diversidad interpretativa pudiese causar.
Como se desprende de las consideraciones del inicialista, en la Ley Orgánica del Poder Judicial se omitió tomar en cuenta las discrepancias que pudieran producirse al conocer de los recursos de revisión contra resoluciones de los tribunales de lo contencioso administrativo, por lo cual el fenómeno de la diversidad interpretativa ya se ha dado sin que se cuente con un medio legal adecuado para decidir el criterio que debe prevalecer, creándose situaciones de incertidumbre que es indispensable superar.
De allí que la iniciativa, con sobrada razón, pretenda corregir ese defecto, atribuyéndole a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia la competencia necesaria para conocer de las contradicciones entre las tesis sostenidas por dos o más tribunales colegiados, sujetándose a las reglas ya existentes del artículo 197 - A y relativos de la Ley de Amparo.
Huelga decir que las razones de esta modificación por las que el iniciador propone adicionar una fracción al artículo 25 de la ley, reordenando las fracciones XII, XIII y XIV, son las mismas que el honorable Congreso tomó en cuenta en su momento para aprobar el texto actual de la fracción XI, es decir, la conveniencia de que no prevalezcan en el ámbito nacional tesis diversas o irreconciliables con grave afectación de la certeza jurídica.
Sólo por razones de forma, las comisiones dictaminadoras de la Cámara de origen, sugirieron en su dictamen que "el proyecto de decreto se refiera a reformas y adiciones en las fracciones correspondientes al artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en vez de a una adición y subsecuente recorrido de sus fracciones", sugerencia que fue aceptada por el pleno de la honorable Cámara colegisladora, por lo que se incorporó a la minuta que ahora se dictamina. Los integrantes de la Comisión de Justicia estamos de acuerdo con la modificación formal que hizo el Senado y que forma parte del proyecto de decreto.
Por los anteriores motivos, la comisión que suscribe encuentra del todo pertinente la reforma y adición del artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en tal virtud se propone a la asamblea general el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Artículo único. Se reforman las fracciones XII, XIII, XIV y se adiciona una fracción XV al artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar en los términos siguientes:
Artículo 25. Corresponde conocer a la segunda sala:
I a XI
XII. De la resolución de contradicciones entre tesis que, al resolver los recursos de revisión previstos en la fracción I - B del artículo 104 constitucional, sustenten dos o más tribunales colegiados de circuito.
La denuncia, la substanciación y la resolución de las contradicciones deberán sujetarse a lo dispuesto en el artículo 197 - A y demás disposiciones aplicables de la Ley de Amparo;
XIII. De los juicios cuyo conocimiento corresponde a la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo con la Ley Federal de Reforma Agraria, en relación con lo dispuesto por la fracción VII del artículo 27 constitucional;
XIV. De los asuntos que sean competencia de las otras salas, cuando pro acuerdos generales así lo determine el pleno de la Suprema Corte de Justicia, en ejercicio de la facultad que el concede el sexto párrafo del artículo 94 de la Constitución, y
XV. De los demás asuntos que la ley le encargue expresamente.
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 18 de diciembre de 1989 . - Presidente, Miguel Montes García; secretario, Napoleón Cantú Cerna; Donaciano Ambrosio Velasco, Gerardo de Jesús Arellano Aguilar, Arturo Armendáriz Delgado, Heberto Barrera Velázquez, Bernardo Bátiz Vázquez, Raúl Bolaños Cacho Guzmán, Ignacio Castillo Mena, Fernando Córdoba Lobo, María Teresa Chagoya Méndez, Francisco Chávez Alfaro, Miguel Díaz Muñoz, Socorro Díaz Palacios, Hiram Escudero Alvarez, José Zeferino Esquerra Corpus, Jaime Fernández Sánchez, Yolanda Minerva García Treviño, Patricia Garduño Morales, Benigno Gil de los Santos, Leonel Godoy Rangel, Margarita Gómez Juárez, Graciela Patricia Gómez Rodríguez, Jesús Armando Hernández Montaño, Enrique Ibarra Pedroza, Luis Jacobo García, Juan Jaime Hernández, Ernesto Aureliano Jiménez Mendoza, José Natividad Jiménez Moreno, José Trinidad Lanz Cárdenas, José Nelson Madrigal Gómez, Antonio Martínez Báez, Alexandro Martínez Camberos, Miguel Martínez Castro, Enrique Martínez y Martínez, Edmundo Martínez Zaleta, Gilberto Ortíz Medina, Fernando Palacios Vela, Dionisio E. Pérez Jácome, Humberto Pulido García, Miguel Ángel Quiroz Pérez, Oscar Mauro Ramírez Ayala, Estela Rojas de Soto, Sergio Alfonso Rueda Montoya, Romeo Ruíz Armento, Pedro Alberto Salazar Muciño, José Luis Salcedo Solís, Leopoldo Homero Salinas Gaytán, Reyes Antonio Silva Beltrán, Alvaro Uribe Salas, Silvano Urzúa Ochoa, Carlos Javier Vega Memije, Gaudencio Vera Vera y César Humberto Vieyra Salgado.»
Trámite: - Primera lectura.
EGRESOS DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
El C. Presidente: - El punto quinto del orden del día corresponde a la primera lectura del dictamen relativo al proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1990.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados sírvase la secretaría consultar a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La C. secretaria Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen relativo al proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamentos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1990.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo..
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Comisión del Distrito Federal.
Honorable asamblea: En los términos previstos en los artículos 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por acuerdo de esta soberanía, fue turnado a la Comisión del Distrito Federal, para estudio y dictamen, el proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1990, que el Ejecutivo Federal envió a esta honorable Cámara de Diputados, en cumplimiento a lo señalado en la fracción IV del artículo 74 constitucional.
Después de examinar la iniciativa de referencia y como resultado de su estudio, esta comisión somete a la consideración de esa honorable asamblea el siguiente
DICTAMEN
El proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para 1990, cumple con lo estipulado por el artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con lo establecido por la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, en sus artículos 19, 20 y 23.
El proyecto de presupuesto presenta cambios formales al traducir los 21 programas que existían en 1989, en 42 programas para 1990, para hacer congruente la estructura del gasto del Departamento del Distrito Federal con la de la Federación y facilitar de esta forma el análisis e integración de la información para el Sistema de Cuentas Nacionales.
El proyecto guarda congruencia, en términos generales, con la política financiera y de gasto público del Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994, al perseguir el objetivo central de mejorar la calidad de vida de los habitantes del Distrito Federal, mediante la ejecución de 12 programas prioritarios, en combinación con 12 líneas de acción fundamentales.
Al respecto, esta soberanía recomienda que las acciones de gasto aseguren eficiencia y honestidad en su ejercicio, atendiendo las áreas prioritarias y cubriendo las necesidades más apremiantes. El gobierno del Distrito Federal requiere dar respuesta a las demandas de la población y, al mismo tiempo, mantener e incrementar una infraestructura de servicios cada vez más adecuada, reto que debe ser enfrentado con recursos escasos, lo que obliga a evitar el dispendio y seleccionar las acciones de gasto en base a una cuidadosa evaluación de su impacto social acompañada de una cabal disciplina presupuestal.
Por ello, la atención a las demandas de la población debe conjugarse con estrategias concertadas, para complementar las erogaciones públicas con aportaciones de beneficiarios mediante proyectos de coinversión o contribuciones de trabajo.
El reto de nuestros tiempos es la atención a las demandas sociales de salud, vivienda, empleo, protección ecológica, seguridad pública, educación y servicios, reclamos que son prioritarios ante el rezago que existe en el Distrito Federal. El presupuesto para 1990, busca disminuir los contrastes socioeconómicos al beneficiar a los menos favorecidos.
Los legisladores que integran esta comisión reconocen que el proyecto de presupuesto en estudio no tiene la suficiente magnitud para cubrir la totalidad de las necesidades que demanda la población, por lo que en caso de que existan ingresos excedentes o remanentes presupuestales de ejercicios anteriores deberán aplicarse a los programas prioritarios a fin de mejorar la prestación de servicios básicos.
En el proyecto de presupuesto para 1990 se asignan recursos para el Departamento del Distrito Federal por 7 billones 585 mil 635 millones 700 mil pesos, que significan un crecimiento de 31.5% en términos nominales con respecto a 1989. Su estructura de financiamiento muestra la siguiente composición:
Ingresos propios del Departamento del Distrito Federal, 6 billones 354 mil 916 millones 900 mil pesos; ingresos propios de los organismos descentralizados, 612 mil 154 millones de pesos; y transferencias del gobierno federal a los organismos descentralizados por 618 mil 564 millones 800 mil pesos, cifra que representa el 8.1% del total, que es el monto más bajo en los últimos años.
En cuanto a la estructura económica del gasto, cabe destacar que en términos nominales se observa un incremento en el gasto de inversión del 55.9%, en tanto que el gasto corriente representa un crecimiento del orden de 24.7% respecto del presupuesto original de 1989. Esta variación apunta a una política de gasto del Departamento que destina mayores recursos a la inversión.
El presupuesto destina un monto de 4 billones 233 mil 831 millones 800 mil pesos a los programas prioritarios, suma que representa el 55.8% del total. De este monto se asignan para los servicios de transporte urbano y seguridad pública, respectivamente, el 19.4% y 12.7% del total.
En lo que concierne al programa FA, considerado prioritario en el proyecto de Presupuesto de Egresos, esta comisión dictamina que solamente el subprograma 02 "silvicultura" se considere prioritario. Asimismo, la comisión dictamina que el programa EC "construcción y adecuación para agua potable" sea considerado prioritario.
El gasto corriente dentro de la estructura económica, representa el 63.5% y el gasto de inversión llega al 35.2%. La diferencia del 1.3% es
lo asignado al servicio de la deuda. Se observa el esfuerzo, aún insuficiente, para orientar mayores recursos a la inversión, los que en el presupuesto original de 1989 representaron el 29.6%.
Los recursos previstos para inversión están destinados fundamentalmente al fortalecimiento y ampliación de la infraestructura de servicios básicos.
La presentación muestra que el presupuesto del Departamento del Distrito Federal para 1990 tiene un sentido social, en la medida que se propone enfocar la atención a la problemática cotidiana de la mayoría de la población.
Para efectos expositivos, se agruparon en siete "ámbitos" los 42 programas, con los cuales se ejecutarán las acciones del Departamento del Distrito Federal durante 1990. Sin embargo, esta comisión observa que, independientemente del propósito que persigue tal agrupamiento de ámbitos, se debe analizar el presupuesto en función de sus programas, toda vez que al agruparse por ámbitos expositivos, se corre el riesgo de perder de vista las prioridades programáticas, representativas del verdadero destino y orientación que tiene el gasto.
De esta manera, la presentación del proyecto de presupuesto se complica, pues establece 12 "propósitos fundamentales" de gasto, además de tener que discriminar 12 prioridades, siete ámbitos y 42 programas.
La comisión recomienda que en los cuatro informes trimestrales de avance así como en la cuenta pública correspondiente que se presenta ante esta Cámara, se especifiquen en forma clara y precisa los resultados en las metas y objetivos señalados en el proyecto de presupuesto. Para 1991, deberá adoptarse una exposición temática más clara, que permita identificar las estrategias, programas y metas en forma integral.
La comisión dictaminadora modifica el artículo 21 del proyecto en consideración eliminando la referencia al programa operativo anual por tratarse de un documento administrativo interno del Departamento. Asimismo, se corrige la redacción de la fracción VI de ese mismo artículo para mayor claridad.
En la estructura del proyecto de presupuesto se observa el propósito de dar un orden más preciso al manejo de sus finanzas y a la consecución de las metas previstas, para cada programa, a través del fortalecimiento y saneamiento de las finanzas públicas, por la vía de la ampliación de las recaudaciones fiscales y de la disciplina presupuestal.
El sentido social del presupuesto se hace evidente con el incremento de los recursos que se destinarán a proporcionar bienestar a los grupos menos favorecidos, buscando elevar el nivel de vida de la población en su conjunto. Así, el gasto previsto para este concepto representa el 23.2% del total, con 1 billón 760 mil 355 millones de pesos.
Con respecto a la salud, se realizarán acciones encaminadas a la prevención de enfermedades mediante 125 mil consultas, aplicación de 135 mil dosis de vacunas y la impartición de 75 mil pláticas de educación para la salud. Con la finalidad de combatir las enfermedades detectadas se realizarán alrededor de 2 millones de consultas generales y especializadas, así como 94 mil servicios de hospitalización. Se proporcionarán servicios médicos de urgencia, de auxilio y rescate. Se tiene previsto, en apoyo a estas acciones, la construcción de un hospital general con 72 camas en Tláhuac y la remodelación de los hospitales pediátricos de la Villa y Legaria, así como equipar 248 consultorios instalados en las delegaciones políticas y diversas unidades hospitalarias.
En el proyecto de presupuesto se asignan 9 mil 559 millones 400 mil pesos a la Procuraduría Social; en razón de que esta comisión considera que, en los términos de la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, las funciones relativas a la procuración social corresponden al jefe de dicho Departamento y que la Procuraduría Social es sólo el conducto por el cual se realizan, se reasignan los recursos señalados a la jefatura del Departamento del Distrito Federal.
En lo que concierne a la asistencia social que se brindará en 1990, cuyo propósito fundamental es contribuir al bienestar integral de los habitantes de nuestra ciudad, se prevé proporcionar atención a 671 mil 386 adultos indigentes y menores desvalidos; atender a la población interna en los centros de reclusión; impartir educación básica a internos, así como cursos de capacitación para el trabajo; efectuar eventos culturales, deportivos y recreativos, en los mismos centros; y operar 36 ramas fabriles en las citadas instituciones.
A fin de fomentar el desarrollo integral de los habitantes del Distrito Federal se promoverán, organizarán y celebrarán eventos deportivos, recreativos y sociales; se realizarán eventos turísticos, culturales, de recreación y esparcimiento, cívicos y artístico - culturales.
En materia de regularización territorial se asignan recursos que representan un incremento del 221% respecto al presupuesto original de 1989; esto permitirá la regularización de más de 86 mil
inmuebles mediante la expedición de igual número de escrituras. Las acciones se llevarán a cabo principalmente en las delegaciones de Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Alvaro Obregón, Coyoacán y Tláhuac.
El gobierno del Distrito Federal debe orientar el adecuado uso del suelo urbano y preservar las zonas de reservas territoriales, ampliándolas en la medida de lo posible. A este efecto, el Departamento deberá instrumentar los mecanismos que permitan a los ciudadanos regularizar predios, proporcionándoles la seguridad jurídica que reclaman, simplificando trámites. A fin de evitar nuevos asentamientos irregulares se deberán adoptar medidas que desalienten la invasión de tierras sin posibilidades de servicios, por la problemática social y económica que genera.
Esta comisión dictamina que se deben llevar a cabo, durante 1990, acciones inductivas y de concertación para poner en práctica cuatro líneas de acción:
Constituir nuevas reservas territoriales y frenar la mancha urbana.
Continuar con la descentralización y simplificación de trámites de regularización de la tenencia de la tierra.
Promover políticas encaminadas a utilizar terrenos baldíos y ociosos que tengan vocación urbana para construir vivienda popular.
Coordinar las acciones de regularización de la tenencia de la tierra con la dotación de servicios y vivienda.
Con el fin de contribuir a solucionar el problema del déficit de vivienda, se tiene previsto construir y adquirir 3 mil 770 viviendas en el área metropolitana mediante el otorgamiento de crédito a beneficiarios y se proporcionará apoyo a 26 mil acciones de autoconstrucción. La comisión recomienda que los recursos aplicados a vivienda sean amortizados y no se consideren estas acciones como obra pública.
En lo que concierne al suministro de agua potable, a fin de continuar brindando este servicio se han asignado recursos para la captación de 559 millones de metros cúbicos de agua en bloque; la operación del programa uso eficiente del agua; la distribución de 2 millones 437 mil 600 metros cúbicos de agua potable en pipas; la instalación y cambio de 200 mil medidores; y una campaña de concientización para inducir a los usuarios a hacer un uso adecuado del líquido. La estrategia busca racionalizar el consumo y fomentar el reuso, lo que permitirá diferir la necesidad de construir nuevos acueductos, con los altos costos económicos y sociales que ello implicaría.
Esta comisión recomienda que debido a la importancia del programa de uso eficiente del agua y del rescate de las zonas lacustres de Xochimilco, Tláhuac y Mixquic, se informe a esta Cámara de los logros que se obtengan en los informes trimestrales. Asimismo, sugiere que se intensifique el programa de lectura de consumos y se dé prioridad a la instalación de medidores a los grandes consumidores.
En el programa de ampliación y mejoramiento de la planta física educativa, se tiene estimado construir 39 planteles de educación preescolar; 65 planteles de educación primaria y 60 planteles de educación secundaria; también se proporcionará mantenimiento y conservación a 1 mil 865 planteles del nivel básico. Al respecto y para evaluar la suficiencia presupuestal en éste y posteriores ejercicios, esta comisión dictamina que el Departamento del Distrito Federal deberá entregar un diagnóstico del estado físico de las instalaciones educativas, a más tardar el 1o. de febrero a esta Cámara, con especial mención en los dispositivos de seguridad, con énfasis en escaleras de emergencia.
El proyecto que se dictamina pretende ampliar y mantener en buen estado la infraestructura para la cultura y el deporte, a fin de propiciar y fomentar su difusión y práctica. Para cumplir este objetivo se construirán, ampliarán y restaurarán 241 bibliotecas, museos y sitios históricos; se construirán y ampliarán 12 centros culturales; se conservarán y rehabilitarán 130 centros culturales y se construirá una ciudad deportiva en la delegación Gustavo A. Madero.
Asimismo, se preservará la infraestructura social que tiene la ciudad: se le dará mantenimiento y conservación a 106 casas de protección social, 87 panteones y siete centros de reclusión; se iniciará en 1990 la construcción de una nueva penitenciaría en el Distrito Federal.
Otro de los principales problemas que afronta el Departamento del Distrito Federal es el de proporcionar a la población un medio de transporte para desplazarse conforme a sus necesidades. Este, además de cubrir las características de ser seguro y confiable, no debe contaminar. No obstante, se observa que casi la totalidad de acciones y recursos que se presentan en el proyecto de presupuesto están encaminados al mantenimiento y operación de la infraestructura actual, para lo que se han asignado 1 billón 493 mil 854 millones 300 mil pesos, que representan el 19.7% del total del proyecto.
En este presupuesto no se observa que las asignaciones influyan en el crecimiento del servicio, por lo cual esta comisión recomienda las siguientes líneas de orientación al gasto del trasporte:
Establecer nuevas formas complementarias de financiamiento para la ampliación de la infraestructura del transporte, como es el caso del planteamiento que efectuó esta comisión en el dictamen de Ley de Ingresos, recomendando la aplicación de un sobreprecio a las gasolinas en la zona metropolitana de la ciudad de México, y de un ajuste moderado de las tarifas del transporte, en un marco de equidad.
Destinar los recursos que se obtengan por estos conceptos al fortalecimiento de la infraestructura del transporte, particularmente a la línea del Metro Zaragoza y a la rehabilitación del servicio de Ruta - 100, así como al combate a la contaminación.
Impulsar programas concertados con los sectores social y privado para la conservación, construcción y modernización de la vialidad y de la infraestructura de transporte urbano.
Orientar rutas de transporte público del Departamento del Distrito Federal a las zonas urbanas marginadas.
Considerar al transporte público en un enfoque metropolitano e integral.
Enfatizar la inducción de acciones para ampliar y eficientar el servicio público de transporte.
Establecer programas y estrategias para desalentar el uso del automóvil particular.
Deberán las autoridades del Departamento del Distrito Federal informar a esta Cámara el monto de los recursos adicionales obtenidos y su aplicación en los programas específicos señalados, así como el grado de avance del proceso de reestructuración de Ruta - 100.
Por otro lado, se observa que existe discrepancia en las estadísticas en cuanto al número de pasajeros que utilizan los diversos medios de transporte, dependiendo del criterio en que se basa para clasificarlos. Por esta razón, se sugiere que el Departamento del Distrito Federal adopte una metodología homogénea, que refleje los ingresos que realmente percibe, eliminando viajes que se estiman por procedimientos indirectos y que presente las metas reformuladas en el primer informe de avance registrando las cifras reales.
Uno de los problemas más importantes a que se enfrenta la ciudad de México es el deterioro ecológico. Es necesario ponderar que este rubro es de esencial significación para el desarrollo y es impostergable redoblar esfuerzos para mejorar el medio ambiente. No es posible hablar de bienestar social, ni tampoco de un crecimiento equilibrado, si los recursos naturales del entorno ecológico se están degradando.
Esta comisión dictaminadora está consciente de que la preservación del medio ambiente es responsabilidad compartida del pueblo y gobierno, por lo que, para la salvaguarda de los ecosistemas, es indispensable que el gobierno del Distrito Federal coordine acciones con otras entidades federativas y de la administración pública federal, a fin de contribuir a la resolución de este problema. Igualmente, deberá impulsar programas que involucren a los sectores social y privado en la ardua tarea de restablecer y preservar la calidad del medio ambiente.
Aun cuando las soluciones para resolver esta problemática son a largo plazo, en este proyecto de presupuesto destacan las acciones que son responsabilidad del Departamento del Distrito Federal y que se realizarán para proteger el medio ambiente.
En la celebración del convenio de colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México para apoyar los estudios en esta materia, la comisión dictamina que en tal instrumento se acuerde con las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y del Departamento del Distrito Federal, del establecimiento de un índice adicional al IMECA, que sea idóneo a las condiciones de la ciudad de México y área metropolitana.
En este renglón, el Departamento prevé verificar y diagnosticar 3 millones de vehículos automotores; realizar campañas de concientización para la protección del medio ambiente; efectuar estudios para la prevención y control de la contaminación ambiental. En el dictamen del decreto que reforma y adiciona la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, esta comisión recomendó realizar dos revisiones anuales a todos los vehículos, incluyendo los que consumen diesel y las motocicletas.
Entre las acciones a desarrollar para la prevención y restauración de los ecosistemas, se tiene previsto reproducir y plantar más de 12 millones de árboles y plantas; tratar en forma integral las subcuencas, mediante la construcción de 4 mil 300 metros cúbicos de presas filtrantes de mampostería; la atención de 1 mil 529 hectáreas en el
Desierto de los Leones y el cuidado de 1 mil 300 hectáreas de conservación especial.
De relevante importancia es la prevención de la contaminación del agua, para lo cual se continuará operando el sistema de drenaje del Distrito Federal, con sus 66 plantas de bombeo y tratamiento y se efectuarán 60 mil muestras para el control de la calidad del agua. Destaca también el programa de rescate de las zonas lacustres de Xochimilco, Tláhuac y Mixquic.
Un aspecto esencial para mejorar los niveles de sanidad en la ciudad de México es el control de residuos sólidos; para ello se recomienda se diseñen políticas que conduzcan a la modificación de la conducta de los habitantes de la ciudad en lo que concierne a la producción de basura. Si bien es necesario se continúe con las acciones de recolección y transferencia de desechos sólidos, la magnitud del problema en esta ciudad requiere de nuevos enfoques y estrategias integrales.
Los recursos que han sido proyectados para la ejecución de las acciones citadas son de 465 mil 68 millones 500 mil pesos y representan el 6.1% del total del presupuesto. No obstante, esta comisión considera que dicha cantidad es insuficiente para enfrentar los graves problemas del Distrito Federal, por lo que recomienda se considere la posibilidad de obtener recursos financieros adicionales con cargo a las industrias y a otros grandes contaminadores, a fin de combatir a fondo las causas de la contaminación que ponen en riesgo la salud de sus habitantes.
El Departamento del Distrito Federal prevé acciones para establecer las políticas que llevará a cabo en materia de planeación, gobierno, desarrollo social, finanzas, obras públicas, jurídicas y de coordinación de los organismos paraestatales integrados en el sector, con una estimación de 1 billón 114 mil 909 millones 200 mil pesos, 14.7% del total del presupuesto para 1990.
La magnitud de esta asignación nos lleva a reiterar la necesidad de acelerar el proceso de desconcentración hacia las delegaciones políticas.
Esta comisión recomienda que el Departamento del Distrito Federal revise y racionalice sus estructuras administrativas, a fin de asegurar que los recursos se ejerzan con estricto orden jerárquico de prioridades; que los programas se ejecuten con el más alto rendimiento de los recursos asignados; que se propicie la participación social; y que se aliente, dentro del marco del Presupuesto de Egresos, la inversión y la actividad de particulares a fin de optimizar el ejercicio de los recursos de inversión.
Es igualmente necesario fortalecer la tarea de coordinación y planeación del sector, mediante la participación más activa del Comité de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, así como através de los mecanismos establecidos de coordinación y concertación con los estados y los sectores social y privado, para avanzar en la descentralización de la vida nacional.
En materia de justicia y seguridad social pública, el Departamento del Distrito Federal tiene como propósito para 1993 continuar su esfuerzo de garantizar los derechos y salvaguardar los intereses de quienes habitan en esta ciudad. Se estima un gasto en estas acciones por 1 billón 121 mil 242 millones de pesos, que representa el 14.8% del total del presupuesto.
Con esta asignación el Departamento del Distrito Federal propone elevar la calidad del sistema de administración de justicia en la tramitación de asuntos del orden civil, concursal, familiar, penal y laboral; ejecutar diligencias policiales; iniciar averiguaciones previas derivadas de ilícitos; practicar y emitir peritajes técnico - científico de hechos delictivos; y realizar intervenciones en juicios familiares y civiles, entre otras acciones. Asimismo, se tiene previsto continuar promoviendo la seguridad industrial vigilando la aplicación de normas de seguridad e higiene en el trabajo.
En lo que respecta a la seguridad pública, se observa que los recursos asignados ascienden a 823 mil 707 millones 100 mil pesos que representan el 10.9% del presupuesto. La comisión recomienda que en caso de cumplir sus metas, con ahorro de recursos, se transfieran los excedentes a otros programas prioritarios.
Por lo que respecta al abasto, esta comisión recomienda un replanteamiento de las acciones que conforman los programas de abasto y comercialización; considera que es necesario un estudio para elaborar un programa de medio plazo, con estrategias y acciones definidas, que permitan atender en forma integral el abasto, especialmente en las áreas de asentamiento de los grupos económicamente más débiles.
Igualmente se recomienda se establezcan mejores mecanismos para promover la eficiencia de los sistemas de comercialización; se establezcan sistemas de información que apoyen los programas de protección al consumidor y se fomente, mediante campañas, una cultura adecuada para mejorar los hábitos alimenticios.
Es preocupación de esta comisión la problemática del comercio ambulante en la ciudad, por lo que
propone se realicen estudios, se promueva la construcción de mercados y se reoriente la regulación del comercio en la vía pública mediante acciones y estratégicas que le den solución, a corto plazo.
Para 1990, el Departamento del Distrito Federal deberá prestar especial atención en regular el crecimiento urbano para cubrir en forma oportuna y con calidad el funcionamiento de la infraestructura básica. Se deberá cuidar el uso y destino del suelo con un enfoque integral metropolitano de reordenamiento urbano y protección ecológica.
Se prevé en este rubro la construcción de un parque ecológico en el Ajusco; la rehabilitación del Bosque de Chapultepec; la construcción de 10 kilómetros de los ejes viales 5 y 6 Sur al Oriente, la ampliación de un puente vehicular en el Periférico - Las Flores y la construcción de dos pasos vehiculares a desnivel en Tlalpan - Municipio Libre y Tlalpan - Emiliano Zapata; el mantenimiento de las áreas verdes, de la carpeta esfáltica, de los puentes peatonales y vehiculares, así como de los señalamientos viales.
Respecto a la planta de asfalto, se dictamina se realicen los estudios necesarios para que se constituya como entidad paraestatal en el corto plazo, a fin de facilitar su operación.
Es importante señalar los compromisos que asume el Departamento en cuanto a la ampliación de la infraestructura de agua potable: se construirán 7.49 kilómetros de red primaria y 135.5 kilómetros de red secundaria; se continuará la segunda etapa del Acueducto Perimetral, mediante la excavación de 2.2 kilómetros; el revestimiento de 3.6 kilómetros y la reposición de ocho pozos en los valles de México y Lerma.
La infraestructura del sistema de drenaje se ampliará con la construcción de: 3 kilómetros de drenaje profundo, 3.1 kilómetros del colector semiprofundo del Canal Nacional - Canal de Chalco, cuatro plantas de bombeo y dos de tratamiento.
Dentro del programa de zonas lacustres, en materia de drenaje, destacan la construcción de nueve plantas de bombeo, tres lagunas de regulación, una unidad de filtración y remoción de detergentes en la plantas de tratamiento Cerro de la Estrella, así como un canal y 10 presas de control en la zona de Xochimilco.
Para estas acciones se han asignado recursos por 1 billón 491 mil 139 millones 800 mil pesos, que representan el 19.7% del total del presupuesto.
Con base en las consideraciones antes apuntadas, la Comisión del Distrito Federal, propone a esta representación nacional la aprobación del siguiente
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 1990
CAPÍTULO 1
Disposiciones generales
Artículo 1o. El ejercicio presupuestal y control de las erogaciones del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el año de 1990, se sujetará a las disposiciones de este decreto y a las que resulten aplicables en la materia.
Artículo 2o. Las erogaciones previstas en el presente presupuesto para las unidades administrativas del Departamento del Distrito Federal, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria coordinadas sectorialmente, y demás asignaciones que a continuación se indican, importan la cantidad de $6.226,094.600,000.00 (seis billones doscientos veintiseís mil noventa y cuatro millones seiscientos mil pesos 00/100 moneda nacional), y se distribuyen en la forma siguiente)
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Presupuesto de Egresos de los organismos descentralizados y empresas de participación mayoritaria
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Artículo 3o. El Presupuesto de Egresos para el año de 1990 de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, importa la cantidad de $27.645.000,000.00 (veintisiete mil seiscientos cuarenta y cinco millones 00,100 moneda nacional).
Artículo 4o. Las asignaciones a la deuda pública del Departamento del Distrito Federal para el año de 1990, ascienden a $ 101,177.300,000.00 (ciento un mil ciento setenta y siete millones trescientos mil pesos 00/100 moneda nacional), de acuerdo a la siguiente distribución:
Servicio de la deuda $ 51,177.300,000.00 Adeudos anteriores 50,000.000,000.00
El servicio de la deuda correspondiente a las entidades coordinadas cuyos programas están incluidos en este presupuesto, asciende a 1,385.800.000.00 (mil trescientos ochenta y cinco millones ochocientos mil pesos 00/100 moneda nacional). El Ejecutivo Federal estará facultado para realizar erogaciones por concepto de amortizaciones de deuda pública hasta por un monto equivalente al financiamiento derivado de la colocación de la deuda, por ser estas operaciones compensadas que no afectan el saldo neto de la deuda pública anual. El Ejecutivo Federal informará de estos movimientos compensados.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a las entidades y dependencias del Departamento del Distrito Federal, a que se refiere este decreto.
Artículo 5o. Las asignaciones anteriores se ejercerán con base en los objetivos, metas, costos, que en el mismo se consignan, integrando los programas y subprogramas que arrojan los totales del gasto de las unidades administrativas, órganos desconcentrados, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, coordinados sectorialmente por el Departamento del Distrito Federal.
De acuerdo a la apertura programática, las asignaciones para cada uno de los programas que se indican son las siguientes:
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Artículo 6o. Los titulares de las unidades administrativas y entidades coordinadas del sector Departamento del Distrito Federal, así como los órganos de gobierno correspondientes en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, serán responsables de que ejecuten con oportunidad y eficiencia las acciones previstas en sus respectivos programas, a fin de coadyuvar a la adecuada consecución de las estrategias y objetivos fijados en el Plan Nacional de Desarrollo y en los demás programas que se formulen con base en la Ley de Planeación.
La secretaría de Programación y Presupuesto y la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, en el ámbito de sus respectivas competencias, verificarán periódicamente los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos del Departamento del Distrito Federal y entidades del sector, en relación con las estrategias y objetivos del plan, los programas de desarrollo y de los proyectos de modernización del aparato productivo, en el contexto de la recuperación económica y la estabilidad, a fin de que se adopten las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas.
Igual obligación y para los mismos fines, tendrá el Departamento del Distrito Federal respecto de las entidades paraestatales agrupadas en el sector que coordina el Departamento.
Artículo 7o. En el ejercicio del presente presupuesto, las entidades administrativas y entidades coordinadas del sector se sujetarán estrictamente a los calendarios de gastos que les apruebe la Secretaría de Programación y Presupuesto a través del Departamento del Distrito Federal.
Salvo lo previsto en los artículos 9o. y 26 de este decreto, no se autorizarán adecuaciones a los calendarios de gastos que tengan como objeto anticipar la disponibilidad de recursos; en consecuencia, las unidades administrativas y entidades del sector deberán observar un cuidadoso registro y control de su ejercicio presupuestal, sujetándose a los compromisos reales de pago.
Artículo 8o. Para que el Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas sectorialmente puedan ejercer créditos externos destinados a financiar proyectos o programas específicos, será necesario que la totalidad de los recursos a ejercer se encuentren incluidos en sus respectivos presupuestos aprobados o se cuente con la autorización previa y expresa de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Los recursos que se prevean ejercer por este concepto, serán intransferibles y sólo podrán aplicarse en los proyecto para los cuales fueron contratados.
En los créditos externos que contraten las entidades paraestatales, se deberá establecer la responsabilidad de éstas para que cubran el servicio de la deuda que los créditos generen.
Cuando la contratación de estos créditos, tratándose de fideicomisos públicos pueda redundar en incrementos de los patrimonios fideicomitidos, se requerirá de la autorización previa de la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Artículo 9o. La Secretaría de Programación y Presupuesto podrá resolverse la autorización de ministraciones de fondos federales del Departamento del Distrito Federal, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria coordinados sectorialmente por el propio Departamento en los siguientes casos:
I. Cuando no envíen la información que les sea requerida en relación con el ejercicio de sus programas y presupuestos, con base al Sistema Integral de Información del Ingreso y Gasto Públicos;
II. Cuando del análisis del ejercicio de sus presupuestos, resulte que no cumplan con las metas de los programas aprobados;
III. Cuando en el desarrollo de los programas se capten desviaciones que entorpezcan su ejecución y constituyan distracciones en los recursos asignados a los mismos, y
IV. En general, cuando no ejerzan sus presupuestos con base en las normas que al efecto se dicten.
Artículo 10. El Departamento del Distrito Federal, en el ejercicio del presupuesto, vigilará que no se adquieran compromisos que rebasen el monto del gasto que se haya autorizado y no reconocerá adeudos ni pagos por cantidades reclamadas o erogaciones efectuadas en contravención a los dispuesto en este artículo.
Será causa de responsabilidad del Jefe del Departamento del Distrito Federal, así como de los directores, vocales ejecutivos, administradores o gerentes de los organismos descentralizados u órganos de gobierno de las empresas de participación estatal mayoritaria del mencionado Departamento, contraer compromisos que rebasen los montos presupuestales autorizados para las unidades administrativas a su cargo; aprobar erogaciones que no permitan la atención de los servicios públicos y el cumplimiento de las metas durante el ejercicio presupuestal.
Artículo 11. En caso de que los ingresos obtenidos por los conceptos a que se refiere el artículo 1o. de la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1990 excedan del monto del presupuesto aprobado, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto y a solicitud del Jefe del Departamento del Distrito Federal, podrá autorizar erogaciones adicionales hasta por el importe de dichos excedentes, en la forma siguiente:
I. Los ingreso ordinarios excedentes a que se refiere el artículo 1o. de la citada Ley de Ingresos del Departamento, únicamente serán aplicados a los programas señalados como prioritarios en el artículo 15 del Capítulo II de este decreto;
II. Los excedentes sobre los ingresos ordinarios presupuestados de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria del sector Departamento del Distrito Federal, se aplicarán para el desarrollo de programas prioritarios, y
III. Los ingresos extraordinarios que obtengan el Departamento del Distrito Federal, sus organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria por concepto de empréstitos y financiamientos diversos, se destinarán a los programas específicos para los que hubieran sido contratados.
El Ejecutivo Federal, al dar cuenta a la Cámara de Diputados de las erogaciones que se efectúen con base en esta disposición, hará trimestralmente el análisis de la procedencia y aplicación de los excedentes a los conceptos a que se refieren las tres fracciones de este artículo, independientemente de la obligación de informar al respecto en la presentación de la cuenta pública correspondiente.
Artículo 12. Todas las cantidades que se recauden por cualesquiera de las unidades administrativas y órganos desconcentrados del Departamento del Distrito Federal no podrán destinarse a fines específicos, y deberán ser enterados a la Tesorería del Departamento del Distrito Federal, salvo los casos que expresamente determinen las leyes y hasta por los montos que establezca la Secretaría de Programación y Presupuesto, en función de las necesidades de los servicios a los cuales estén destinados.
Artículo 13. El Ejecutivo Federal efectuará las reducciones o ajustes de los importes de los presupuestos aprobados al Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas, en los supuestos y términos que establece el artículo 14 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1990, con excepción a lo dispuesto por el artículo 15 de este decreto.
CAPÍTULO II
Disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales
Artículo 14. Sin perjuicio de lo que establecen el presente decreto y las demás disposiciones aplicables en la materia, el titular del Departamento del Distrito Federal y los de las entidades coordinadas sectorialmente por éste, así como los órganos de gobierno respectivos serán responsables, en los términos de este capítulo, de la estricta observancia de las siguientes normas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales. Su inobservancia o incumplimiento motivará el fincamiento de las responsabilidades a que haya lugar conforme a la ley.
Artículo 15. De acuerdo a las necesidades planteadas por la población del Distrito Federal, el gobierno de la ciudad establece para la atención de las mismas, los siguientes programas prioritarios.
CO Seguridad pública.
CK Promoción de la justicia.
3Z Regulación y preservación ecológica.
FA - 02 Silvicultura.
5I Edificios para servicios de salud y seguridad social.
DJ Atención preventiva.
DK Atención curativa.
5F Ampliación y mejoramiento de la planta física para la educación y la
capacitación.
5E Vivienda.
FQ Servicio de transporte urbano e interurbano.
EI Transporte colectivo, Metro y tren ligero.
EC Construcción y adecuación para agua potable.
ED Drenaje y tratamiento de aguas negras.
Los programas prioritarios aquí señalados no podrán ser afectados presupuestalmente a la baja, excepto cuando se hubiesen cumplido las metas originalmente presupuestadas y siempre y cuando las transferencias se asignen a otros programas también denominados como prioritarios.
La Secretaría de Programación y Presupuesto, por sí o a propuesta del Departamento del Distrito Federal, con objeto de fomentar el ahorro presupuestal o de canalizar recursos a los programas prioritarios o emergentes, podrá determinar la eliminación de renglones de gasto y la liberación de recursos asignados a los programas no prioritarios. Todo excedente presupuestal, independientemente de sus causas, deberá transferirse a programas prioritarios.
Artículo 16. Los titulares de las unidades administrativas y entidades coordinadas del sector Departamento del Distrito Federal no podrán crear nuevas plazas, debiendo promover, en su caso, el traspaso interno de las mismas. La Secretaría de Programación y Presupuesto, a solicitud del titular del Departamento del Distrito Federal, podrá autorizar la creación de las que sean indispensables para los programas de salud, administración de justicia, seguridad pública y transporte urbano, así como aquéllas requeridas para la planta productiva que entre en operación. Asimismo, no podrán llevar a cabo conversiones de sus plazas, puestos y categorías autorizadas, salvo cuando se trate de casos debidamente justificados, para lo cual se deberá recabar la autorización de los órganos de gobierno correspondientes y de la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Los órganos de gobierno de las entidades paraestatales podrán autorizar la creación de plazas, cuando ello garantice el incremento de su productividad; se establezcan metas específicas a este respecto; se cuente con los recursos propios que se requieran y tales circunstancias hayan quedado previa y debidamente acreditadas por el propio órgano de gobierno, debiendo informar de lo anterior a la Secretaría de Programación y Presupuesto y a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación.
A la designación o contratación de personal para ocupar las plazas a que se refieren los párrafos anteriores, en ningún caso podrá dárseles efectos retroactivos a la fecha de la autorización correspondiente.
Artículo 17. Las unidades administrativas y entidades del sector Departamento del Distrito Federal, en el ejercicio de sus erogaciones por concepto de servicios personales, deberán:
I. En las asignaciones de las remuneraciones a los trabajadores del sector Departamento del Distrito Federal, apegarse estrictamente a los niveles establecidos en los tabuladores de sueldos, cuotas, tarifas y demás asignaciones autorizadas, conforme a las normas y lineamientos que expida la Secretaría de Programación y Presupuesto y en el caso de las entidades del sector, por el órgano de gobierno respectivo, conforme a los lineamientos que se emitan de acuerdo a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Las remuneraciones adicionales por horas extraordinarias y los estímulos por eficiencia en la actuación, se regularán por las disposiciones que establezca la Secretaría de Programación y Presupuesto y el órgano de gobierno respectivo, con base en los lineamientos a que se refiere el párrafo anterior. Tratándose de las remuneraciones por jornadas ordinarias o por horas extraordinarias, y otras prestaciones del personal que labora en los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, que se rijan por contratos colectivos de trabajo, los pagos se efectuarán de acuerdo con las estipulaciones contractuales respectivas;
II. Abstenerse de cubrir gastos por concepto de honorarios y salarios al personal eventual que rebasen los montos autorizados por la Secretaría de Programación y Presupuesto, o bien, que en cualquier forma supongan el incremento del número de los contratos relativos celebrados en el ejercicio de 1989.
Estos contratos sólo podrán celebrarse para la prestación de servicios profesionales, por lo que no podrá incorporarse, por esta vía, personal para el desempeño de labores iguales o similares a las que realiza el personal que forma la planta de la dependencia o de la entidad de que se trate.
La celebración de contratos por honorarios sólo procederá en casos debidamente justificados y siempre que la dependencia o entidad no pueda satisface las necesidades de estos servicios con el personal y los recursos técnicos con que cuenta. Invariablemente estos contratos deberán ser autorizados por el titular de la dependencia o por el órgano de gobierno de la entidad de que se trate;
III. Observar la normatividad que emita la Secretaría de Programación y Presupuesto en materia de remuneraciones a título de consejeros en órganos de gobierno o sus equivalentes de entidades paraestatales. Sujetarse a los lineamientos que se expidan para la autorización de los gastos de representación y de las erogaciones necesarias para el desempeño de comisiones especiales, y
IV. Abstenerse de realizar traspasos de recursos que en cualquier forma afecten las asignaciones para el capítulo 1000 "servicios personales", excepto los casos que autorice el coordinador del sector.
Artículo 18. En el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal y de sus entidades coordinadas sectorialmente para el año de 1990, no se podrán efectuar:
I. Adquisiciones o nuevos arrendamientos de:
a) Bienes inmuebles para oficinas públicas y mobiliario, equipo y servicios destinados a programas administrativos, con excepción de las erogaciones estrictamente indispensables que para su operación en forma específica y previamente autorice la Secretaría de Programación y Presupuesto; en consecuencia, se deberá mejorar la utilización de los espacios físicos disponibles y el aprovechamiento de los bienes y servicios de que disponga, y
b) Vehículos terrestres, aéreos y marítimos, con excepción de aquéllos necesarios para salvaguardar la seguridad pública, así como para la procuración de justicia, los servicios de salud y para el desarrollo de programas productivos prioritarios y de servicios básicos, que específica y previamente al ejercicio del gasto correspondiente autorice la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Artículo 19. Las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican, deberán reducirse al mínimo indispensable, su uso se sujetará a los criterios de racionalidad y selectividad y se efectuarán siempre y cuando se cuente con la autorización expresa del titular del Departamento del Distrito Federal o del órgano de gobierno de la entidad coordinada correspondiente.
I. Gastos de ceremonial y de orden social;
II. Comisiones de personal al extranjero;
III. Contrataciones de asesorías, estudios e investigaciones;
IV. Publicidad, propaganda, publicaciones oficiales y en general los relacionados con actividades de comunicación social. En estos casos las unidades administrativas y entidades del sector, deberán utilizar preferentemente los medios de difusión del sector público y el tiempo que por ley otorgan al gobierno federal las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal. Las erogaciones por estos conceptos con cargo al Presupuesto de Egresos 1990 del Departamento del Distrito Federal, deberán ser autorizadas previamente por las secretarías de Gobernación y de Programación y Presupuesto o, las que efectúen las entidades coordinadas, por el sector o por el órgano de gobierno con base en los lineamientos que establezcan dichas secretarías;
V. Gastos por concepto de erogaciones imprevistas;
VI. Gastos relativos a congresos, convenciones, ferias y exposiciones;
VII. Servicios bancarios;
VIII. Otorgamiento de becas, y
IX. Donativos Asimismo, las unidades administrativas y entidades del sector serán responsables de que las
erogaciones por concepto de correos, telégrafos, teléfonos, energía eléctrica y agua potable, obedezcan a una utilización racional de dichos servicios, directamente vinculadas al desempeño de las actividades y funciones que tengan encomendadas.
Artículo 20. En el ejercicio del gasto de inversiones públicas, comprendido en el Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para 1990, se observarán las siguientes medidas:
I. Se otorgará prioridad a los proyectos y obras de modernización de la infraestructura básica, así como aquéllos que presenten un mayor avance relativo, y estén orientados a incrementar la oferta de bienes y servicios socialmente necesarios y que reporten los mayores beneficios para la población; el Departamento del Distrito Federal y entidades sólo podrán iniciar proyectos cuando tengan garantizada la disponibilidad de recursos financieros para su terminación, puesta en operación y mantenimiento, y en ningún caso cuando existan otros proyectos similares que puedan ser concluidos con los recursos disponibles;
II. Se deberá estimular el cambio estructural así como los proyectos de coinversión con los sectores social y privado en la zona metropolitana de la ciudad de México;
III. Se aprovechará la mano de obra local y se empleará al máximo la capacidad instalada productiva y de servicios para abatir costos, y
IV. Los proyectos de inversión que sean financieros con créditos externos, deberán estar contemplados en los presupuestos de las dependencias y entidades. El sector Departamento del Distrito Federal, deberá sujetarse a los términos de las autorizaciones que para cada uno de dichos proyectos otorguen las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público conforme a sus respectivas atribuciones.
Artículo 21. Las erogaciones por concepto de transferencias con cargo al Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, se sujetarán a las estrategias y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y se apegarán a los siguientes criterios;
I. El otorgamiento se hará con base en criterios de selectividad, temporalidad y transparencia en su asignación, considerando su contribución efectiva a la oferta de bienes, servicios e insumos estratégicos o prioritarios;
II. Los subsidios destinados a cubrir desequilibrios financieros en la operación, se deberán ajustar en función de la política de precios y tarifas de los bienes y servicios públicos;
III. Los subsidios a los precios de los bienes se mantendrán en niveles que estimulen a los productores y que al mismo tiempo eviten el deterioro del poder adquisitivo de los consumidores;
IV. Los subsidios para las actividades productivas de los sectores privado y social, serán congruentes con los fines de la estrategia de crecimiento económico y estarán condicionados a procurar el mayor uso de la mano de obra y a incrementar el nivel de vida de la población de escasos recursos;
V. Las transferencias destinadas al apoyo de las entidades paraestatales del sector Departamento del Distrito Federal, se deberán orientar selectivamente hacia las actividades estratégicas y prioritarias, así como a fortalecer el cambio estructural, a efecto de incrementar la oferta real de bienes y servicios, de insumos estratégicos para la producción y generar empleo permanente y productivo.
VI. Se requerirá la autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto para destinar recursos de la Federación, vía transferencias, a inversiones financieras;
VII. Las entidades paraestatales del sector Departamento del Distrito Federal beneficiarias de transferencias, deberán buscar fuentes alternativas de financiamiento a fin de lograr, en el mediano plazo, una mayor autosuficiencia financiera y una disminución correlativa de los apoyos con cargo a recursos presupuestales, y
VIII. No se deberán otorgar transferencias cuando no se hallen claramente especificados los objetivos, metas, beneficiarios, destino, temporalidad y condiciones de los mismos.
Artículo 22. Para la autorización de transferencias a los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos con cargo al presente Presupuesto de Egresos, corresponderá al Departamento del Distrito Federal, en su carácter de coordinador sectorial, verificar previamente;
I. Que se justifique la necesidad de los recursos solicitados en función del estado de liquidez de la entidad beneficiaria, así como la aplicación de dichos recursos;
II. Que las entidades no cuenten con recursos ociosos o aplicados en operaciones que originen rendimientos de cualquier clase, y
III.El avance físico - financiero de sus programas y proyectos, con el propósito de regular el ritmo de la ejecución con base en lo programado.
El Departamento del Distrito Federal suspenderá la ministración de fondos, cuando las entidades
beneficiarias no remitan la información físico - financiera en la forma y términos establecidos en las disposiciones aplicables.
Artículo 23. Cuando se deban diferir ministraciones de fondos, la Secretaría de Programación y Presupuesto conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determinarán el orden a que se sujetará la ministración de transferencia autorizadas por el Departamento del Distrito Federal, en su carácter de coordinador de sector, a fin de asegurar la disposición oportuna de recursos para el desarrollo de los programas prioritarios.
Artículo 24. Las unidades administrativas del Departamento del Distrito Federal, los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, sólo podrán conceder subsidios, ministrar donativos, otorgar gratificaciones y obsequios, o dar ayuda de cualquier clase, con autorización previa por escrito del titular del Departamento del Distrito Federal.
Artículo 25. El titular del Departamento del Distrito Federal se abstendrá de autorizar subsidios, donativos o ayudas que no contribuyan a la consecución de los objetivos de los programas aprobados o que no se consideren de beneficio social, así como aquéllos a favor de beneficiarios que dependan económicamente del Presupuesto de Egresos del sector Departamento del Distrito Federal, o cuyos principales ingresos provengan de éste.
Artículo 26. Las unidades administrativas y entidades del sector Departamento del Distrito Federal, proporcionarán a la Secretaría de Programación y Presupuesto la información sobre las transferencias que hubiesen recibido durante el ejercicio presupuestal, a efecto de que dicha Secretaría la analice e integre al Registro Único de Transferencias. Asimismo, los titulares de las unidades administrativas y entidades del sector, serán los responsables de llevar el registro contable anual de la aplicación de recursos que hagan por los conceptos de gasto mencionados.
Artículo 27. Las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, determinarán conjuntamente los lineamientos a que deberá sujetarse el sector Departamento del Distrito Federal respecto de las disponibilidades financieras con que cuente durante el ejercicio presupuestal, las que no deberán invertirse a través de mecanismos bursátiles, salvo el caso de valores emitidos por el sector público.
Para tal efecto, el Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas sectorialmente proporcionarán la información financiera que requiera el Sistema Integral de Información del Ingreso y Gasto Públicos.
Asimismo, deberán informar a las citadas secretarías, de sus depósitos en dinero, valores u otro tipo de operaciones financieras y bancarias, a fin de identificar los niveles de liquidez y para operar la compensación de créditos o adeudos.
El Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas sectorialmente, sin exceder sus presupuestos autorizados, responderán de las cargas financieras que causen por no cubrir oportunamente sus respectivos adeudos, las que se calcularán a la tasa equivalente al rendimiento promedio de las emisiones de los Certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días, del mes inmediato anterior a la fecha del corte compensatorio. La aplicación de ésta, se efectuará sobre los adeudos reportados por el Sistema de Compensación de Adeudos del Sector Público, desde la fecha en que debieron liquidarse tales adeudos.
Artículo 28. Las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Programación y Presupuesto y de la Contraloría General de la Federación, en el seno de la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento, así como el Departamento del Distrito Federal, celebrarán en su caso con las entidades paraestatales convenios para:
I. El establecimiento de metas de déficit o, en su caso, superávit financiero mensual y trimestral, a nivel devengado, y
II. El saneamiento financiero, mediante la asunción de pasivos de entidades paraestatales, estratégicas o prioritarias, cuyas funciones estén asociadas a la prestación de servicios públicos de acuerdo a los fines para los que fueron creados y siempre que la entidad de que se trate, cuente con un programa de cambio estructural que se presente a más tardar el 31 de agosto de 1990 a la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento y sea aprobado por ésta, el cual será evaluado periódicamente por la propia comisión.
Las dependencias que integran esta comisión, establecerán los lineamientos con base en los cuales se llevará a cabo la formulación de los convenios a que se refiere este artículo, y harán la determinación de las entidades paraestatales con las que habrán de celebrarse los mismos. Los órganos de gobierno serán responsables de vigilar que se cumpla con las metas de déficit o superávit de las entidades con las que no se celebren los correspondientes convenios a que se refiere este artículo.
Artículo 29. El Banco de México, en función del monto de divisas comprendido en el Presupuesto de Egresos del sector Departamento del Distrito Federal y de conformidad con las disposiciones aplicables, proporcionará a petición del propio Departamento y entidades coordinadas
sectorialmente, las divisas que requieran para el cumplimiento de sus compromisos en moneda extranjera.
Artículo 30. La Secretaría de Programación y Presupuesto conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito y de acuerdo con los flujos reales de divisas y de moneda nacional, así como las variaciones que se produzcan por las diferencias en tipo de cambio en el financiamiento de los programas; efectuarán las adecuaciones necesarias a los calendarios de gastos en función de los requerimientos y disponibilidades, así como de las alternativas de financiamiento que se presenten.
Artículo 31. El Departamento del Distrito Federal y entidades incluidas en este Presupuesto de Egresos, quedan obligadas a informar a las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, en la forma y periodicidad que éstas determinen, los movimientos presupuestales que efectúen en divisas de acuerdo con los flujos reales establecidos, los que darán a conocer trimestralmente a la Cámara de Diputados.
Artículo 32. Para los efectos del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas, los montos máximos de contratación directa y los de adjudicación mediante convocatoria a cuando menos tres personas, de las obras que podrán realizar el Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas sectorialmente durante el año de 1990, serán los siguientes:
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El Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas sectorialmente se abstendrán de formalizar o modificar contratos de obras públicas y de servicios relacionados con ellas, cuando no hubiere saldo disponible en la correspondiente partida presupuestal.
Artículo 33. Para los efectos del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes Muebles, los montos máximos de adjudicación directa y los de adjudicación habiendo convocado, en su caso, por lo menos a tres u ocho proveedores según el caso, de las adquisiciones, arrendamientos o servicios que podrán realizar el Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas sectorialmente durante el año de 1990, serán los siguientes:
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Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.
El Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas sectorialmente se abstendrán de formalizar o modificar contratos y pedidos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, cuando no hubiere saldo disponible en la correspondiente partida presupuestal.
Artículo 34. La Secretaría de Programación y Presupuesto realizará periódicamente la evaluación del ejercicio del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, en función de los objetivos y metas de los programas aprobados.
El Departamento del Distrito Federal presentará un informe trimestral a la Cámara de Diputados sobre la ejecución de su Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para 1990. En igual forma presentará un informe trimestral sobre los avances de la consecución de las metas de los principales programas contenidos en su Presupuesto de Egresos, correlacionándolos con los recursos aplicados, en forma desagregada por subprogramas y su correspondiente desglose por proyectos de ejecución del presente presupuesto, así como la ejecución del gasto programático asignado a cada una de sus entidades administrativas.
Los cuatro informes trimestrales mencionados en este artículo, se presentarán dentro de los 45 días siguientes al trimestre que correspondan y se harán las aclaraciones que requiera la Cámara de Diputados.
Artículo 35. La Secretaría de Programación y Presupuesto vigilará la exacta observancia de las normas contenidas en este decreto, así como la estricta ejecución del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal.
Para estos efectos, podrá requerir de las unidades administrativas y entidades del citado sector, la información que resulte necesaria y comunicará a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación las irregularidades y desviaciones de que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones.
Artículo 36. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación, en el ejercicio de las atribuciones que en materia de inspección, control y vigilancia le confiere la ley, comprobará el cumplimiento, por parte de las unidades administrativas y entidades del sector Departamento del Distrito Federal, de las obligaciones derivadas de este decreto. Con tal fin, dispondrá lo conducente para que se lleven a cabo las inspecciones y auditorías que se requieran, así como para que se finquen las responsabilidades y se apliquen las sanciones que procedan con motivo del incumplimiento de las mencionadas obligaciones.
Artículo 37. La Secretaría de Programación y Presupuesto, estará facultada para interpretar las disposiciones del presente decreto para efectos administrativos, así como para establecer las medidas conducentes a su correcta aplicación.
TRANSITORIO
Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 1990.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 20 de diciembre de 1989.»
Trámite: - Primera lectura.
El C. Presidente: - Ciudadanos diputados, en cumplimiento del acuerdo de los grupos parlamentarios, el dictamen de la Comisión del Distrito Federal sobre el Presupuesto de Egresos para 1990, que se le ha dispensado la lectura, se le va a someter a un segundo trámite, para el efecto de que pueda ser discutido por la asamblea en esta misma sesión.
En consecuencia, sírvase la secretaría consultar a la asamblea si al dictamen sobre el Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación inmediatamente después de terminada la discusión y votación del dictamen de Egresos de la Federación para 1990.
La C. secretaria Hilda Anderson Nevárez de Rojas: - Por instrucciones de la Presidencia y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación inmediatamente después de la discusión y votación del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Dispensada la segunda lectura, señor Presidente.
El C. Presidente: - En consecuencia, se discutirá después de agotado el punto sexto del orden del día, con el número 6 - A.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN
El C. Presidente: - El punto sexto del orden del día corresponde a la segunda lectura del dictamen relativo al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1990.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, sírvase la secretaría consultar a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La C. secretaria Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: - Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen relativo al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1990.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Honorable asamblea: De conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo Federal presentó en tiempo y forma, a esta honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1990, con las previsiones presupuestales asignadas a los poderes y a las entidades señaladas en las fracciones I a IV y VI a VIII del artículo 2o. de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y los Criterios Generales de Política Económica para la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Egresos de la Federación para 1990, que el propio Ejecutivo también envió, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 7o. y 27 de la ley de Planeación.
De acuerdo a lo previsto en los artículos 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la documentación recibida fue turnada para su estudio a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Esta comisión se abocó a analizar la documentación referida, así como la proporcionada al comparecer el ciudadano Secretario de Programación y Presupuesto, ante esta representación nacional, en los términos del artículo 74 constitucional y la solicitada y recibida con posterioridad. La comisión procedió también a analizar y deliberar sobre cada artículo del referido proyecto de decreto remitido por el Ejecutivo Federal.
Como resultado de esos trabajos y los análisis realizados, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
DICTAMEN
La política de gasto público propuesta para 1990, inserta en los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994, busca contribuir al propósito de recuperación económica con estabilidad de precios y coadyuvar al mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos, a través de tres objetivos particulares:
a) Contribuir al equilibrio fiscal en apoyo de la estabilidad de los precios;
b) Modificar la estructura del gasto público para atender más decididamente las responsabilidades prioritarias del Estado, como son las de promover el bienestar social y asegurar la infraestructura económica y social que exige un crecimiento sobre bases sostenidas y de mayor equidad, y
c) Apoyar a la población de más bajos ingresos en su esfuerzo por superar sus condiciones de pobreza.
En este contexto, en el cuadro 1 adjunto se presentan los principales conceptos globales que integran el proyecto de presupuesto para 1990 y su comparación con lo previsto para 1989.
El proyecto de presupuesto propuesto para 1990 asciende a 194.4 billones de pesos, 13.2% superior, en términos nominales, al esperado para 1989. Este monto de gasto neto, dada la previsión de ingresos contenida en la Ley de Ingresos de la Federación, implica un superávit económico primario del orden de 39.4 billones, equivalente al 6.5% del producto interno bruto estimado para 1990 y un déficit presupuestal de 24.2 billones, que representará 4.0% del producto interno bruto, cifra que es inferior a la estimada para este año, de 5.8% del producto.
La corrección del resultado de las finanzas públicas que se propone para 1990 es de hecho mayor por el efecto que, sobre las finanzas públicas, tendrá la reducción en los saldos de la deuda externa
pública, negociada con la banca comercial internacional. Las cifras ajustadas por tal hecho arrojan un superávit económico primario de 62.0 billones y un déficit presupuestal de 1.6 billones.
Estos montos representan 10.2% y 0.3% del producto interno bruto respectivamente y constituyen los mejores resultados observados en más de una década.
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El gasto neto propuesto para el próximo año incluye una previsión de 62.5 billones de pesos para el pago de intereses y comisiones de la deuda pública. Tal monto, en relación al total de gasto neto, representa una proporción de 32.2%. Esta cifra en relación al monto comparable en el presupuesto autorizado para el año en curso, implica una reducción del 16.4%. La menor carga relativa del servicio de la deuda en 1990, posible gracias a la negociación de la deuda externa y a la disminución observada en las tasas reales internas de interés, permiten presupuestar un volumen de gasto programable, y en general de gasto no financiero, mayor. Así, se propone un monto de gasto programable de 110.8 billones, lo que representa un crecimiento real de 4.7%. Esta modificación en la composición del gasto público permite, por una parte, impulsar la necesaria recuperación de la economía nacional y, a la vez, reducir el déficit del sector público. De esta manera, se prevé que el manejo presupuestal global contribuya al propósito de recuperación económica con estabilidad de precios.
El presupuesto que se examina y discute no sólo significa un volumen de gasto programable mayor, sino que propone una importante modificación en su estructura, con el propósito de reflejar con mayor claridad y de atender más adecuadamente las prioridades de gasto que se derivan de las responsabilidades constitucionales del Estado en materia de bienestar social, así como para promover la ampliación de la infraestructura social y económica, necesaria para que la recuperación de la economía pueda ser sostenible a mayor plazo. En este sentido, el presupuesto que se analiza incorpora aumentos significativos, si bien a partir de bases deprimidas, en los siguientes rubros prioritarios: educación, salud, abasto, agua, vivienda, agricultura, procuración e impartición de justicia, e infraestructura económica.
Finalmente y con el propósito de atender a los grupos que viven en condiciones más precarias, el presupuesto a consideración de esta honorable asamblea prevé un aumento importante en los recursos asignados a los programas de solidaridad.
Como líneas básicas de la política de gasto público se establece en el proyecto de decreto que su ejercicio debe ajustarse a normas estrictas de selectividad, austeridad y racionalidad, que en conjunto buscan propiciar una mayor efectividad del gasto público.
Sector central
En el cuadro 2 adjunto, se presentan las principales cifras propuestas para los principales rubros del gasto de la administración pública central.
CUADRO 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
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El gasto programable propuesto para la administración pública central para el ejercicio 1990 asciende a 56.3 billones de pesos, lo que representa un incremento de 4.2% en términos reales. El monto que se propone para ser ejercido directamente por las dependencias de gobierno alcanza una cifra de 28.8 billones. De esta cifra, se plantea destinar 23.5 billones al gasto de administración y 5.3 billones para inversión directa de estas dependencias.
Se contempla adicionalmente un monto de 27.4 billones para transferencias.
Dentro de los 23.5 billones destinados al denominado gasto de administración, los rubros con mayor crecimiento son los relativos a servicios personales, materiales y suministros. En ambos conceptos se propone un aumento importante con el propósito de elevar la cantidad y la calidad de los servicios públicos, fundamentalmente los de salud, educación, procuración de justicia y seguridad nacional, además de buscar mejorar los ingresos de los empleados públicos.
La inversión física directa del sector central que asciende a 5.3 billones de pesos, se incrementará en términos reales en 10.7%. Dentro de este monto, el mayor aumento que se propone es para la obra pública, de 19.4% en términos reales.
Transferencias
Se propone erogar un monto de 27.4 billones por concepto de transferencias lo cual representa un aumento de 20.2% nominal en relación a lo que se prevé ejercer en el presente año. Como se observa en el cuadro 3, las que se destinan a tres rubros: desarrollo social, comercio, abasto y desarrollo rural, representan el 76.2% del monto total de transferencias propuesto.
CUADRO 3
RESÚMEN SECTORIAL DE LAS TRANSFERENCIAS
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El rubro de mayor importancia lo constituye el monto dedicado a educación que asciende a 7.0 billones de pesos y representa el 25.6% del total. Siguen en importancia las transferencias al Sistema de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares. Se propone que los recursos destinados para apoyar el abasto popular eleven su participación de 20.5%, en 1989 a 23.5% en el presupuesto de 1990, como respuesta a la necesidad de elevar los niveles de nutrición de los grupos de bajos ingresos.
El presupuesto para 1990 contempla apoyos al sector desarrollo rural por un monto de 4.0 billones de pesos, equivalentes al 14.5% de total. Las instituciones que otorgan créditos a la producción agropecuaria, junto con la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera S. A., recibirán transferencias por 1.6 billones de pesos, mientras que para la Comisión Nacional de Agua se presupuesta 1.4 billones de pesos. Esta última cifra representa un incremento de 64.0% en términos reales sobre lo asignado en 1989.
Los apoyos para el sector salud y laboral ascienden a 2.6 billones de pesos, en donde destacan las transferencias que por estatuto se canalizan al Instituto Mexicano del Seguro Social, las destinadas a los servicios coordinados de salud y a los distintos institutos nacionales de atención médica especializada, así como las destinadas para la capacitación de la mano de obra.
En el sector desarrollo urbano, sobresale el crecimiento en las transferencias para apoyar la inversión en vivienda a través del fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares y el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda, que en conjunto se elevan en 51.0% en términos reales.
La reducción en las transferencias al Sector Comunicaciones y Transportes obedece a la desincorporación de algunas entidades, como servicio de transbordadores y servicio de telerreservaciones, pero sobre todo el cambio estructural y saneamiento financiero en las entidades que permanecen en el sector. Estos mismos factores también explican la baja absoluta y relativa en los sectores industrial y energético.
Sector paraestatal
Para 1990 continúan los programas de modernización y saneamiento financiero en las entidades del sector paraestatal, junto con el esfuerzo para complementar sus actividades mediante la inversión de los sectores privado y social.
El proyecto de gasto programable de la administración pública paraestatal en presupuesto asciende a 66.3 billones de pesos, lo que significa
un incremento de 23.8% nominal y 4.2% en términos reales. Dentro de este promedio, sin embargo, hay diferencias sustanciales, dependiendo de las prioridades, las situaciones concretas de mercados y los programas de reestructuración, como se puede observar en el cuadro 4 adjunto.
El sector paraestatal en presupuesto invertirá 14 billones 112 mil 300 millones de pesos en obras públicas y bienes muebles e inmuebles, un aumento nominal con respecto a 1989 de 36.2% y 14.6% real. En particular, el renglón de obras públicas, que suma 10 billones 845 mil 500 millones, crece en términos nominal y real 67.2% y 40.6%, respectivamente. Por entidad, destacan los aumentos reales en la inversión física en Altos Hornos de México S. A. (82.0%), el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (60.9%), Caminos y Puentes Federales (43.6%), Fertilizantes Mexicanos S. A. (26.8%), Comisión Federal de Electricidad y Compañía de Luz y Fuerza del Centro (15.4%), Ferrocarriles Nacionales de México (8.0%) y Petróleos Mexicanos (7.3%.)
CUADRO 4
GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PARAESTATAL
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
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Inversión pública
El programa de inversión física presupuestal para 1990 asciende a 23.0 billones de pesos, superior en 14.4% en términos reales, respecto al nivel esperado para 1989.
La inversión pública está encaminada a modernizar la infraestructura económica y social, por lo que se da mayor importancia a los sectores de desarrollo rural con 11.8%, desarrollo social con 23.2%, comunicaciones y transportes con 10.2% y energético con 43.5%; estos sectores muestran la mayor participación dentro de la inversión total y conjuntamente con turismo, comercio y abasto, con los que tienen un mayor crecimiento real.
Aunque la inversión en el Sector Energético continúa siendo la de mayor cuantía, su participación en el total se reduce de 45.0% a 43.5% entre 1989 y 1990. La inversión pública en el sector Comunicaciones y Transportes, representa el 10.2% de la inversión total, su tasa de crecimiento es de 5.9% en términos reales, inferior a la promedio debido a la respuesta que se ha recibido del sector privado para invertir en obras complementarias que amplíen la infraestructura actual. La inversión en el Sector Desarrollo Rural es de 55.2% superior en términos reales a la de 1989, destacando las obras de la Comisión Nacional del Agua para aumentar el abastecimiento de agua potable a las zonas urbanas y para expandir y rehabilitar los distritos de riego. En el Sector Desarrollo Social se consideran las erogaciones de inversión destinadas a educación,
salud, laboral y desarrollo urbano, en su conjunto. El presupuesto para todos estos rubros para inversión física aumenta en 31.2% en términos reales. Su participación en el total se eleva de 20.2% en 1989 a 23.2% en 1990.
CUADRO 5
INVERSIÓN FÍSICA PRESUPUESTAL
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Poderes
Las acciones que en 1990 llevarán a acabo la honorable Cámara de Diputados y la honorable Cámara de Senadores, estarán encaminadas al perfeccionamiento del marco jurídico y político para fortalecer al estado de derecho y mantener vigente la libertad individual y colectiva, en condiciones de igualdad y justicia.
De acuerdo al proyecto de gasto que el Poder Legislativo, en ejercicio de su autonomía, envió para su incorporación al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1990, se le asigna un presupuesto que asciende a 200 millones 814 mil 300 pesos. En materia de inversiones, se reacondicionará el recinto parlamentario del Senado de la República; se realizará el proyecto de ingeniería integral para la reconstrucción del Palacio Legislativo de San Lázaro y se contempla iniciar esta obra.
La función del Poder Judicial, ante una sociedad en permanente transformación, es preservar la libertad y la paz social, mediante la aplicación del orden jurídico emanado de la Constitución General de la República. En 1990, se busca continuar en las tareas de modernización de la administración de justicia. Para dar cumplimiento a estos objetivos, el proyecto de presupuesto enviado por el Poder Judicial, en ejercicio de su autonomía, asciende a 257.0 mil millones de pesos.
Análisis del gasto
Las erogaciones del sector público se orientarán a dar atención prioritaria a las demandas en materia de agua potable, salud, educación, alimentación, vivienda y medio ambiente.
En el sector Educación, las acciones se encaminarán a mejorar la calidad del sistema educativo de acuerdo con los propósitos del desarrollo nacional, lo que implica elevar la escolaridad de la población; descentralizar la educación y fortalecer la participación de la sociedad en el quehacer educativo. La asignación para inversión suma 1 billón 100 mil millones de pesos, lo que significa un incremento real de 39.5% respecto al año anterior.
En el sector Salud y Seguridad Social se elevará la cobertura de los servicios de salud, llevándolos a los mexicanos del medio rural que no los tienen, mejorar su calidad y, en general, elevar la calidad del sistema de salud y seguridad
social y consolidar su operación en todo el país. Las erogaciones por inversión ascienden a 1 billón 900 mil millones de pesos, lo que significa un incremento real de 31.1%. Entre las obras a realizar destacan las de terminar 14 hospitales generales y 55 centros de salud rural.
En lo correspondiente a Trabajo y Previsión Social, se dará prioridad a procurar el equilibrio de los factores de la producción, promover el aumento de oportunidades de empleo fortaleciendo la capacitación y el adiestramiento, y canalizar recursos financieros a los trabajadores.
En lo que corresponde a Desarrollo Urbano y Vivienda, se propone apoyar y diversificar la estructura de los sistemas urbanos regionales del país e impulsar la dotación de equipamiento urbano a las principales ciudades medias y centros de integración rural. En lo que corresponde a vivienda, el gasto se convertirá en un factor fundamental para el ordenamiento racional de los asentamientos humanos, propiciando la participación social y la inversión financiera en la producción de vivienda y en programas de autoconstrucción.
En el aspecto ecológico, se dará continuidad a las tareas de protección, preservación y recuperación de su equilibrio en las principales zonas críticas del país, procurando además la actualización de los ordenamientos legales en la materia.
En lo que respecta a desarrollo rural, el propósito fundamental es aumentar la producción y productividad del campo, para lo cual resulta indispensable impulsar la modernización del sector. La inversión de este sector asciende a 2 billones 700 mil millones de pesos, 55.2% superior en términos reales a la de 1989. Casi 50% de este monto será ejercicio por la Comisión Nacional del Agua, con el fin de aumentar el abastecimiento de agua potable en las ciudades y expandir y rehabilitar los distritos de riego.
El sector Pesca tiene como objetivo fundamental elevar la eficiencia en el aprovechamiento y desarrollo de los recursos e infraestructura de la pesca, con el fin de fortalecer y satisfacer al mercado interno y de apoyar una inserción ventajosa del país en el ámbito internacional.
La inversión del sector Pesca para 1990 asciende a 58 mil 600 millones de pesos, la cual representa un incremento nominal de 128.9% respecto a 1989, y que casi se duplica en términos reales.
En el sector Comunicaciones y Transportes se busca mejorar la infraestructura e incrementar su capacidad de proveer los diversos medios de transporte y los servicios de comunicaciones necesarios para apoyar el crecimiento gradual de la economía. La inversión pública en este sector asciende a 2 billones 400 mil millones de pesos, 10.2% de la inversión total. Dentro de las principales obras del subsector carretero destaca el proceso de construcción de Hermosillo Nogales y Monterrey Tampico, y el libramiento de Manzanillo. En el subsector ferroviario, se atenderán especialmente los trabajos de rehabilitación de vías en 481 kilómetros en los tramos más transitados.
Por lo que corresponde al subsector marítimo, se ampliarán y mejorarán instalaciones en los puertos de Progreso, Altamira, Lázaro Cárdenas y Pichilingue. En el subsector aéreo, se concluirán las obras de los aeropuertos de Colima, Colima; Culiacán, Sinaloa; el Bajío, Guanajuato, y Zacatecas, Zacatecas. Asimismo, se ampliarán los edificios terminales y plataformas de los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta, Jalisco y el de la ciudad de México. En el subsector comunicaciones, los esfuerzos estarán encaminados prioritariamente a conservar las instalaciones actuales.
En el sector Comercio y Abasto se promoverá la reestructuración del mismo, con el fin de fortalecer la competitividad del país; alentar la inversión privada, nacional y extranjera; promover las exportaciones; simplificar los procesos administrativos y propiciar la modernización tecnológica.
Con el propósito de fortalecer la producción, abasto y comercialización de productos básicos, el proyecto de presupuesto para inversión física del sector comercio asciende a 332 mil 400 millones de pesos, que representa un incremento nominal del 509.9% respecto a 1989. Dicha inversión se destinará a la ampliación y diversificación de la infraestructura básica de acopio y comercialización, así como a la conservación y rehabilitación de la ya existente.
El sector Industrial seguirá concretando medidas tendientes a redimensionar la administración pública, desconcentrar funciones, simplificar la administración, optimizar la gestión financiera y poner en ejecución programas para elevar la productividad.
La inversión del sector Industrial asciende a un monto de 1 billón 500 mil millones de pesos, que representa una participación del 6.5% del total, superior en 33.1% en términos reales, en relación a 1989. Estos recursos serán canalizados a la modernización y mantenimiento de la planta industrial para fomentar el desarrollo económico del país.
El sector Energético orientará sus acciones a la conclusión de obras en proceso, especialmente
las que se encuentran en las fases finales de construcción, antes que iniciar nuevos proyectos. Se favorecen, asimismo, los proyectos que consolidan la infraestructura existente y el aprovechamiento de la capacidad instalada, sobre los proyectos dirigidos a la expansión.
Aunque la inversión en el sector Energético continúa siendo la de mayor cuantía, su participación en el total se reduce de 45.0% a 43.5% entre 1989 y 1990. Con los recursos presupuestales de 10 mil 006.5 millones de pesos, es decir el 10.7% mayor en términos reales a los de 1989, se garantiza la oferta creciente y oportuna de energéticos.
El sector Turismo, en 1990 busca consolidar su papel en el desarrollo económico del país y orientar la política de gasto a elevar la captación de divisas, la generación de empleos, el desarrollo regional y el fortalecimiento de la identidad nacional, así como mantener alternativas sociales de recreación para la población.
El programa de inversión de 1990, del sector Turismo, se integra por los desarrollos turísticos con horizontes de planeación en el mediano y largo plazos, de Cancún y Cozumel, Quintana Roo; Ixtapa, Guerrero; Los Cabos y Loreto Nopoló Puerto Escondido, Baja California Sur y Bahías de Huatulco, Oaxaca.
Resultado presupuestal
Como consecuencia de la estabilidad económica alcanzada en este año y la renegociación de la deuda externa, es factible aumentar a un ritmo moderado el gasto público programable, al mismo tiempo que se reduce el uso total de recursos por parte del sector público y se incrementa el financiamiento disponible para el resto de la economía. Como resultado de la disciplina presupuestal el superávit económico primario en 1990 alcanzará el nivel más elevado hasta ahora, el llegar a 10.2% del producto. El gobierno federal generará un superávit primario de 57 billones 400 mil millones de pesos, comparado con 32 billones 400 mil millones en 1989, lo que representa un aumento de 49.2% en términos reales.
En cuanto a los organismos y empresas del sector paraestatal en presupuesto, su superávit primario disminuye de 5 billones 400 mil millones a 3 billones 500 mil millones de pesos, lo que significa una reducción real de 45.7%.
Programa nacional de solidaridad
El Programa Nacional de Solidaridad tiene dos vertientes fundamentales de ejecución: la atención en materia de bienestar social y el impulso a las actividades productivas y su infraestructura de apoyo.
Para canalizar los fondos públicos de apoyo a la solidaridad social, el gobierno federal ha fortalecido el Convenio Único de Desarrollo como instrumento de coordinación entre niveles de gobierno y de concertación conjunta, con comunidades y organizaciones.
Para proseguir con las obras y acciones que permitan alcanzar el propósito del Programa Nacional de Solidaridad, el Poder Ejecutivo Federal presentó, para su aprobación, a esta soberanía, un presupuesto por 2 billones de pesos, inscritos en el ramo XXVI: Solidaridad y Desarrollo Regional, que constituyen los recursos directos que se destinarán al programa. Adicionales a este monto son los recursos que la distintas dependencias del gobierno federal destinarán al programa, dentro de sus presupuestos que esta Cámara aprueba. El presupuesto del proyecto asciende a 2 mil 629.2 millones de pesos, a ejercer por distintas dependencias.
Parte fundamental de los recursos que se ejercen mediante el Programa Nacional de Solidaridad son las aportaciones de los gobiernos estatales y municipales. A los recursos fiscales del ramo XXVI y a los propios de las dependencias se agregan los de esos dos niveles de gobierno, de acuerdo a una estructura de aportaciones mediante la cual se busca que los estados que presenten mayores rezagos sociales reciban una cantidad superior de recursos federales.
Sin embargo, lo esencial de los recursos que se ejerzan reside en las aportaciones de las propias organizaciones y comunidades. Los participantes aportan recursos monetarios, materiales y, sobre todo, su trabajo, que es el elemento primordial que permitirá lograr el propósito de mejorar sus condiciones de vida.
Política de deuda
El abatimiento de la inflación interna y los resultados favorables en la renegociación de la deuda externa se reflejan de manera significativa en el proyecto de Presupuesto de la Federación para 1990; los intereses a pagar por parte del sector público presupuestal reducen su participación, dentro del gasto neto total, de 38.5% a 32.2%.
En total, el proyecto de presupuesto de gasto por servicio de la deuda pública asciende a 62 billones 500 mil millones de pesos, lo que representa una caída en términos nominales del 5.4% y en términos reales del 20.5%.
El mayor ahorro se registra en el renglón del pago de intereses, comisiones y gastos de la deuda del gobierno federal. En términos reales, éstos se reducen 24.3% al pasar de 58 billones 600 mil millones de pesos en 1989, a un monto de 52 billones 700 mil millones de pesos en 1990.
Los organismos y empresas en presupuesto pagarán intereses por un total de 9 billones 800 mil millones de pesos, frente a 7 billones 500 mil millones de pesos en 1989, lo que representa un aumento real del 9.4%, debido básicamente al mayor financiamiento que se propone para Petróleos Mexicanos en el mercado doméstico.
La Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, en sus deliberaciones ha manifestado su gran preocupación por la insuficiencia de recursos destinados a promover la Ciencia y la Tecnología.
La investigación científica y tecnológica es determinante en el desarrollo de una sociedad; sin embargo, en nuestro país el gasto público en esta área es bajo, y su monto se ha deteriorado mientras que el de los particulares, a diferencia de otros países, es insignificante. Asimismo, ha habido poca o nula vinculación entre las acciones de política tecnológica y las necesidades del aparato productivo. Parte de estos problemas se debe a que las responsabilidades de la política científica y tecnológica, incluyendo la del ejercicio del gasto público, están dispersas en varias secretarías: Educación, Salud, Agricultura, Programación y Presupuesto, Desarrollo Urbano y Ecología, y otras, sin que existan definiciones y parámetros generales claros para encauzarlos en una dirección más adecuada para las necesidades del país.
La comunidad científica, en repetidas ocasiones, ha manifestado que los recursos, públicos y privados, no son suficientes siquiera para mantener vivos los grupos de investigación y desarrollo.
Se sugiere que, en el próximo presupuesto, se considere a la Ciencia y a la Tecnología como un insumo de la economía nacional, que sean tratadas como un todo, para que pueda hacerse una planeación adecuada. Que se determine claramente el presupuesto general de Ciencia y Tecnología, considerando el gasto que en este rubro se hace en todas las dependencias públicas, y que éste sea parte de una política general de desarrollo científico y tecnológico, que sirva de detonador del esfuerzo de los demás sectores, en especial de la planta productiva. Que su ejercicio se autorice y vigile con la colaboración de organismos que tienen como finalidad específica la investigación y el desarrollo, así como de los productores. Que como tareas, en el ejercicio de 1990 se consideren acciones inmediatas que permitan a las instituciones allegarse recursos adicionales a los presupuestados mediante la venta de servicios, coproyectos con los sectores social y privado, se depure la asignación del gasto para lograr mejores resultados, y se promueva la participación de la sociedad en esta fundamental tarea. Todo ello con el propósito de que no se haga más crítica la situación de esta actividad. Similares consideraciones realizó la comisión en relación a la situación de las artesanías.
Los integrantes de la comisión manifiestan el propósito de que la Cámara de Diputados, en el ejercicio de sus atribuciones, incida en mayor medida en la definición de la magnitud y orientación del presupuesto, para lo cual acuerdan establecer un sistema de trabajo interno de la propia comisión, que le permita allegarse la información para hacer un análisis más de fondo de los principales programas.
Este análisis debe permitir que la comisión, durante el proceso de estudio y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos para 1991, en su caso, proponga al pleno de la honorable Cámara de Diputados modificaciones en las asignaciones presupuestales a fin de privilegiar programas prioritarios y reducir en paralelo erogaciones que no tengan un efecto tangible en el bienestar social y en el desarrollo nacional.
Modificaciones que se proponen
al decreto de Presupuesto de Egresos
de la Federación 1990
Durante el proceso de revisión y aprobación del presupuesto correspondiente a 1989, la Cámara de Diputados introdujo importantes modificaciones a la iniciativa de decreto que le fuera presentada por el Ejecutivo. Estas modificaciones se referían fundamentalmente al establecimiento de lineamientos de política presupuestal a que debería quedar sujeto el ejercicio del gasto, especialmente en los casos de ajuste debido a contingencias económicas, generación de ahorro por parte de las dependencias y entidades, desincorporación de entidades públicas e información que debería proporcionar el Ejecutivo a esta representación nacional.
En la iniciativa correspondiente a 1990, se ha recogido el espíritu y los propósitos de dichas modificaciones, por lo que esta comisión se ha orientado a precisarlas y perfeccionarlas. Adicionalmente, en el curso de las reuniones celebradas por la comisión para revisar la iniciativa de decreto de presupuesto de 1990, se han presentado nuevas sugerencias y propuestas que contribuyen,
entre otras cosas, a mejorar la eficiencia en el ejercicio del gasto.
En virtud de la integración plural de la comisión, al realizar el examen y discusión de la iniciativa de decreto correspondiente, surgieron diversas observaciones y propuesta, mismas que fueron planteadas en múltiples sesiones de trabajo, o bien por escrito. Los integrantes de la comisión analizaron con seriedad y detenimiento cada una de las propuestas, contrastando razones, hechos, cifras y explorando alternativas de solución diversas. Como producto de este trabajo conjunto, la comisión que suscribe estima conveniente efectuar adiciones y modificaciones en diversos artículos de la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1990, las cuales se señalan a continuación:
1o. La comisión consideró necesario establecer una previsión presupuestal para la reconstrucción del Palacio Legislativo de San Lázaro; de 10 mil millones de pesos. Con el propósito de no alterar el equilibrio presupuestal contemplado, se propone reducir dicho monto de la previsión establecida para erogaciones no sectorizables. En consecuencia, se propone modificar el artículo 2o. para quedar como sigue:
Artículo 2o. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para la Presidencia de la República, las dependencias del Ejecutivo Federal y los ramos de aportaciones a seguridad social y erogaciones no sectorizables para el año de 1990, importan la cantidad de $ 54.561,470.100,000.00 (cincuenta y cuatro billones quinientos sesenta y un mil cuatrocientos setenta millones cien mil pesos, moneda nacional) y se distribuyen de la siguiente manera:
00002.
00004 al 00021.
00023 Erogaciones no sectorizables $9.354,340.300.
00025.
00027.
2o. La comisión consideró necesario establecer una previsión presupuestal para la reconstrucción del Palacio Legislativo de San Lázaro, no considerada en el proyecto inicial del presupuesto, por 10 mil millones de pesos. En consecuencia, se propone modificar el artículo 4o., para quedar como sigue:
Artículo 4o. El Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo para el año de 1990, importa la cantidad de $ 200,814.300,000 (doscientos mil ochocientos catorce millones trescientos mil pesos, moneda nacional).
3o. Se modifican el penúltimo y último párrafo del artículo 7o. para precisar la forma y tiempo en qué el Ejecutivo informará a esta honorable representación nacional sobre el supuesto previsto en el texto del artículo de referencia. Por lo que se propone que quede como sigue:
Artículo 7o.
00024.
00029.
El Ejecutivo Federal estará facultado para realizar erogaciones por concepto de amortizaciones de deuda pública hasta por un monto equivalente al financiamiento derivado de colocaciones de deuda, en términos nominales, por ser estas operaciones compensadas, que no afectan el saldo neto de la deuda pública. El Ejecutivo Federal informará de estos movimientos compensados a la Cámara de Diputados, al rendir la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable también, a las entidades a que se refiere el artículo 6o. de este decreto.
4o. Se modifica el segundo párrafo del artículo 9o. con el fin de completar la lista de documentos donde se plasman los objetivos, estrategias y prioridades de desarrollo económico y social que constituyen el marco contra el cual se deben verificar los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos de gasto de las dependencias y entidades comprendidas en este decreto. En consecuencia, se propone que dicho artículo quede como sigue:
Artículo 9o.
Las secretarías de Programación y Presupuesto y de la Contraloría General de la Federación, en el ámbito de sus respectivas competencias, verificarán periódicamente los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, en relación con las estrategias, prioridades y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, de los criterios de política económica, de los programas de desarrollo, del Programa Nacional de Solidaridad y de los proyectos de modernización del aparato productivo, en el contexto de la recuperación económica y la estabilidad, a fin de que se adopten las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas. Igual obligación y para los mismos fines, tendrán las dependencias de la administración pública federal, respecto de las entidades paraestatales agrupadas en el sector que coordinan.
5o. La comisión considera necesario adicionar el primer párrafo del artículo 10, que se refiere a la
obligación de sujetar el ejercicio del gasto a los calendarios aprobados por la Secretaría de Programación y Presupuesto. La adición propuesta establece tiempos precisos para el cumplimiento de estas obligaciones, con objeto de dar a las entidades y dependencias ejecutoras del gasto público, mayor certidumbre en el ejercicio presupuestal. Se considera que normas más claras y precisas son un factor necesario para aumentar la eficiencia en el ejercicio del presupuesto. Se propone que quede como sigue:
Artículo 10. En el ejercicio de sus presupuestos, las dependencias y entidades comprendidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1990, se sujetarán estrictamente a los calendarios de gasto que les apruebe la Secretaría de Programación y Presupuesto. La aprobación de los calendarios de gasto deberá quedar concluida, a más tardar, en los primeros 20 días del ejercicio.
I al VI.
6o. Con el propósito de mejorar la situación financiera del sector Público la comisión propone una adición al artículo 13, con el fin de que los excedentes relativos de los ingresos ordinarios presupuestarios sean canalizados, aparte de proyectos de inversión productiva, a fortalecer la situación financiera del sector Público. En consecuencia se adiciona un párrafo al final del apartado IV de este artículo, quedando como sigue:
Artículo 13.
I al IV.
En el caso de excedentes relativos a ingresos ordinarios presupuestarios de las entidades paraestatales a que se refiere este decreto, serán canalizados para fortalecer, cuando así lo amerite, su propia situación financiera.
7o. La comisión considera necesario modificar el artículo 14, de la iniciativa que establece las bases y criterios para adecuar el presupuesto en caso de que se presente una reducción de ingresos imprevista. Con el fin de precisar el sentido de la restricción y proteger lo que es prioritario al interior de las dependencias, la comisión propone modificar el tercer párrafo del artículo. Además, se propone otra modificación para establecer, que en el caso de una contingencia que signifique una reducción considerable de los ingresos, sin perjuicio de la flexibilidad que el Ejecutivo debe tener para responder con rapidez ante dicha situación y pueda evitarse un daño mayor a la economía nacional, esta representación esté debida y oportunamente informada de las acciones que afecten al presupuesto, sin necesidad de esperar hasta los informes trimestrales ya contemplados en este decreto. En atención a ello, se propone agregar un párrafo al final al artículo 14, para quedar como sigue:
Artículo 14.
Los ajustes y reducciones que efectúe el Ejecutivo Federal en observancia de lo anterior, deberán realizarse en forma selectiva, sin afectar los programas prioritarios del gasto social, y en general, los programas estratégicos y prioritarios, optando preferentemente en los casos de programas de inversión, por aquellos de menor productividad e impacto social y económico.
En el caso de que la contingencia sea de tal magnitud que signifique una reducción de los ingresos presupuestarios superior al 15%, el Ejecutivo Federal, en el contexto de los párrafos anteriores, procederá de inmediato a adoptar las medidas a que hubiere lugar e informará, también de inmediato, a la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
8o. La comisión considera necesario modificar el artículo 16 adicionándole un párrafo, cuyo propósito es estimular la productividad en el manejo de los recursos previstos en este artículo. Para ello se establece que en el supuesto del artículo, los recursos que se generen como economías, puedan ser utilizados para ampliar los recursos destinados a proyectos prioritarios de las mismas dependencias y entidades que generen estas economías. Con esto, en adición al propósito ya señalado, se establece simetría con la modificación que esta comisión propuso hace un año para el actual artículo 31, para los rubros de gasto a que se refiere dicho artículo. En consecuencia, se propone que el artículo 16 quede como sigue:
Artículo 16. Los importes no devengados en el pago de servicios personales, así como las diferencias en cambios, quedarán definitivamente como economías del presupuesto.
En el caso de servicios personales, las economías podrán aplicarse a programas prioritarios de las propias dependencias y entidades que las generen sujetándose a los lineamientos administrativos que al efecto expida la Secretaría de Programación y Presupuesto.
9o. La comisión propone modificar la redacción del tercero y cuarto párrafos del artículo 19 para aclarar su significado y alcance:
Artículo 19.
La designación o contratación de personal para ocupar las plazas a que se refieren los párrafos anteriores surtirá efectos a partir de la fecha de la autorización correspondiente, sin que en ningún caso pueda dárseles efectos retroactivos.
En el caso de las estructuras de las dependencias y entidades ya autorizadas, no podrán llevarse a cabo conversiones de plazas, puestos y categorías en ellas comprendidos, salvo cuando se trate de casos debidamente justificados, para lo cual deberá recabarse la autorización previa de la Secretaría de Programación y Presupuesto, para el caso de las dependencias, y del órgano de gobierno respectivo, tratándose de las entidades paraestatales.
10. La comisión considera necesario incorporar como prioridad para el ejercicio del gasto de inversión, adicionando a las que establece el artículo 24, la producción de alimentos. Para ello se propone modificar el primer párrafo del apartado I de este artículo. También se propone modificar la fracción IV del mismo artículo, para aclarar su significado, suprimiendo la expresión "cambio estructural". Se propone así, que dicho artículo quede como sigue:
Artículo 24.
I. Se otorgará prioridad a la terminación de los proyectos y obras vinculadas a la prestación de los servicios de educación, salud, vivienda, equipamiento urbano, producción y abasto de alimentos, seguridad e impartición de justicia, con especial atención de aquellos que se orienten a satisfacer las necesidades de la población de bajos ingresos; así como para la modernización de la infraestructura básica de comunicaciones y transportes, hidráulica, energía eléctrica y abasto de combustibles; a los que estén orientados a incrementar la oferta de bienes y servicios socialmente necesarios y los que presenten un mayor grado de avance físico.
II y III.
IV. Se deberán estimular los proyectos de conversión con los sectores social y privado y con los gobiernos locales para la ejecución de obras y proyectos de infraestructura y de producción, comprendidos en la estrategia de modernización económica y social de Plan Nacional de Desarrollo, de los programas de mediano plazo y demás programas formulados con base en la Ley de Planeación.
V y VI.
a) y b).
VII.
11. La comisión considera pertinente modificar las fracciones IV, VI y VIII del artículo 25. La modificación que se propone para la fracción IV, busca establecer la prioridad que habrán de tener las actividades productivas del sector social como destinatarios de los subsidios a que se refiere esta fracción. La modificación a la fracción VI se realiza a efecto de hacerla congruente con la realizada en la fracción IV del artículo 24. La modificación a la fracción VIII recoge la preocupación de la comisión de incorporar como prioridad la investigación que se realice en instituciones públicas. También se propone suprimir la fracción IX de este artículo, debido a que los supuestos a que se refiere ya no son aplicables. En consecuencia, se propone que este artículo quede como sigue:
Artículo 25.
I al III.
IV. Los subsidios para las actividades productivas serán congruentes con los fines de la estrategia económica del Plan Nacional de Desarrollo, dando prioridad a las actividades del sector social, y estarán condicionados a procurar el mayor uso de la mano de obra, a incrementar el nivel de vida de la población de escasos recursos y a promover la capacidad de exportación y la generación de divisas;
V.
VI. Las transferencias destinadas al apoyo de entidades paraestatales se deberán orientar selectivamente hacia actividades estratégicas y prioritarias, a efecto de incrementar la oferta real de bienes y servicios, de insumos estratégicos para la producción y a generar empleo permanente y productivo;
VII.
VIII. Se considerarán preferenciales las transferencias destinadas al desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, a la investigación en instituciones públicas, a la capitalización de las empresas públicas, a la formación de capital en ramas y sectores básicos de la economía y al financiamiento de actividades definidas como estratégicas, que en el mediano plazo propicien la generación de recursos propios;
IX. Se suprime.
X y XI.
12. La comisión propone modificar la redacción del artículo 28, para precisar la periodicidad con que se informará a esta representación sobre los supuestos de dicho artículo; asimismo, se propone modificar el primer párrafo de la fracción II sustituyendo el concepto de programa de cambio estructural, por programa de saneamiento financiero, por lo que se propone que este artículo quede como sigue:
Artículo 28.
I.
II. El saneamiento financiero, mediante la asunción de pasivos de entidades paraestatales estratégicas o prioritarias, cuyas funciones estén asociadas a la prestación de servicios públicos o a la producción de bienes social y nacionalmente necesarios, de acuerdo a los fines para los que fueron creadas y siempre que la entidad de que se trate cuente con un programa de saneamiento financiero que se presente a más tardar el 31 de agosto de 1990 a la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento y sea aprobado por ésta.
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, con base en las evaluaciones de la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento, informará anualmente a la Cámara de Diputados sobre la ejecución de los convenios de saneamiento financiero, así como de las medidas adoptadas para su debido cumplimiento.
13. Esta comisión considera necesario modificar la redacción del primer párrafo del artículo 29, para aclarar su alcance y significado, así como suprimir el segundo párrafo de este artículo, para reafirmar el espíritu de respeto y cooperación entre distintos órdenes de gobierno que es consustancial al federalismo. En consecuencia, se propone a este artículo quede como sigue:
Artículo 29. La Secretaría de Programación y Presupuesto no podrá autorizar subsidios, ni las dependencias y entidades otorgar donativos y ayudas que no contribuyan a la consecución de los objetivos de los programas aprobados o que no se consideren de beneficio social. Tampoco se otorgarán a favor de beneficiarios que dependan económicamente del Presupuesto de Egresos de la Federación y cuyos principales ingresos provengan de éste.
14. La comisión considera necesario modificar el segundo párrafo del artículo 31, con el fin de establecer con mayor claridad un incentivo a la eficiencia en el ejercicio del gasto. Se propone que dicho artículo quede como sigue:
Artículo 31.
Para la aplicación de los remanentes que se generen con tal motivo, el Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, resolverá lo conducente, debiendo dar prioridad a las dependencias y entidades que hubiesen generado dichos ahorros, para estimular así la creatividad y productividad de las mismas.
15. La comisión consideró necesario adicionarle al artículo 34, un párrafo para precisar que, en el caso de los supuestos de este artículo, se deberá cuidar no afectar los programas de inversión prioritarios. En consecuencia, se propone que su redacción quede como sigue:
Artículo 34.
En estos casos, se cuidará no afectar los programas de inversiones prioritarios.
16. Con el propósito de facilitar el cumplimiento de las normas de información a que están sujetas las dependencias y entidades para el ejercicio del presupuesto, la comisión consideró necesario modificar el primer párrafo del artículo 37, para quedar como sigue:
Artículo 37. Las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Programación y Presupuesto, de la Contraloría General de la Federación y el Banco de México, operarán el Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Públicos. Las propias dependencias establecerán las normas y lineamientos relativos a la organización, funcionamiento y requerimientos de dicho sistema, los cuales deberán ser conocidos por las dependencias y entidades, a más tardar dentro de los primeros 30 días del ejercicio.
17. La comisión estima necesario modificar el artículo 39 de la iniciativa. La modificación propuesta se basa en la redacción del artículo respectivo, contenida en el decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1989 actualmente en vigor. La redacción que
ahora se propone establece con mayor claridad los alcances del precepto en cuanto a la enajenación de empresas paraestatales comprendidas en este decreto. En consecuencia, se propone que este artículo quede como sigue:
Artículo 39. Para la desincorporación de entidades paraestatales creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión, se requerirá autorización previa del mismo.
En los términos de los artículos 15, 16 y 32 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y los respectivos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, el Ejecutivo podrá proceder a la desincorporación de entidades paraestatales comprendidos en este decreto, sujetándose a las siguientes bases:
a) Las propuestas que formule la Secretaría de Programación y Presupuesto para disolver, liquidar, extinguir, transferir a los estados y municipios; enajenar la participación estatal y fusionar entidades paraestatales, se basarán en dictámenes que al efecto deberá emitir la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento, los cuales deberán considerar el efecto social y productivo de estas medidas incorporando los puntos de vista de los sectores interesados, y
b) Enviar previamente informe escrito, a la Cámara de Diputados, de las razones y criterios específicos para llevar a cabo el ejercicio de estas atribuciones.
18. La comisión considera necesario modificar el párrafo segundo del artículo 41, para precisar los términos de la coordinación entre el órgano técnico de la Cámara y al que se refiere el artículo. En consecuencia, se propone quede como sigue:
Artículo 41.
Con tal fin, dispondrán lo conducente para que se lleven a cabo las inspecciones y auditorías que se requieran, así como para que se finquen las responsabilidades y se apliquen las sanciones que procedan con motivo del incumplimiento de las mencionadas obligaciones. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación, pondrá en conocimiento de tales hechos a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, en los términos de la coordinación que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
19. Tomando en consideración que se encuentran en proceso de aprobación por las legislaturas de los estados las reformas constitucionales en materia electoral, y que de aprobarse éstas en los términos del artículo 135 de la Carta Magna, se derivarán transformaciones institucionales, tales como el organismo público que será la autoridad en materia electoral, el Tribunal Electoral, el Registro Nacional de Ciudadanos, la cédula de identidad o documento que acredite la ciudadanía y los demás que se requieran para la aplicación de la reforma electoral, transformaciones que requerirán de recursos presupuestales, se faculta al Ejecutivo Federal en el artículo segundo transitorio para que se provea de los mismos en el ejercicio del gasto público para 1990. En consecuencia, el artículo transitorio único pasaría a ser el artículo transitorio primero y el segundo quedaría en los términos siguientes:
Segundo. El Ejecutivo Federal queda facultado para que conforme a los programas y dentro de los montos del presupuesto de egresos aprobado por el presente decreto, se provea de los recursos necesarios para atender las transformaciones que, en su caso, deriven de las reformas en materia electoral.
De conformidad con lo establecido en los artículos 65, 74 fracción IV, 75, 126 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública somete a la consideración de esta honorable asamblea, para su aprobación, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 1990
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1o. El ejercicio y control del gasto público federal y de las erogaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 1990, se sujetarán a las disposiciones de este decreto y a las aplicables a la materia.
Artículo 2o. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para la Presidencia de la República, las dependencias del Ejecutivo Federal y los ramos de aportaciones a seguridad social y erogaciones no sectorizables para el año de 1990, importan la cantidad de $ 54.561,470.100.000.00 (cincuenta y cuatro billones quinientos sesenta y un mil cuatrocientos setenta millones cien mil pesos, moneda nacional) y se distribuyen de la siguiente manera:
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Estos recursos se ejercerán conforme a los programas respectivos.
Artículo 3o. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para solidaridad y desarrollo regional y participaciones a estados y municipios para el año de 1990, importan la cantidad de 20.200,000.000,000 (veinte billones doscientos mil millones de pesos, moneda nacional) y se distribuyen de la siguiente manera:
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Las erogaciones por concepto de participaciones a estados y municipios se ejercerán en los términos de la Ley de Coordinación fiscal.
Artículo 4o. El Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo para el año de 1990, importa la cantidad de 200,814.300,000.00 (doscientos mil ochocientos catorce millones trescientos mil pesos, moneda nacional).
Artículo 5o. El Presupuesto de Egresos del Poder Judicial para el año de 1990, importa la cantidad de 257,000.000,000.00 (doscientos cincuenta y siete mil millones de pesos, moneda nacional)
Artículo 6o. Las erogaciones previstas para el año de 1990 correspondientes a las entidades paraestatales, cuyos programas están incluidos en este presupuesto se distribuyen de la siguiente manera:
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Artículo 7o. Las asignaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para el pago del servicio de la deuda del gobierno federal para el año de 1990, importan la cantidad de $52.714,600.000,000.00 (cincuenta y dos billones setecientos catorce mil seiscientos millones de pesos, moneda nacional) y se distribuye de la siguiente manera:
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Los intereses y comisiones correspondientes a las entidades paraestatales cuyos programas están incluidos en este presupuesto, ascienden a la cantidad de 9.804,113.600,000.00 (nueve billones ochocientos cuatro mil ciento trece millones seiscientos mil pesos, moneda nacional).
Las asignaciones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores del gobierno federal importan la cantidad de 2.619,700.000,000.00 (dos billones seiscientos diecinueve mil setecientos millones de pesos, moneda nacional).
El ejercicio de los recursos a que se refiere este artículo estará vinculado a la evolución de las condiciones económicas y sociales y, en su caso, se ajustará a los requerimientos que demande el desarrollo nacional.
El Ejecutivo Federal estará facultado para realizar erogaciones por concepto de amortizaciones de deuda pública hasta por un monto equivalente al financiamiento derivado de colocaciones de deuda, en términos nominales, por ser estas operaciones compensadas que no afectan el saldo neto de la deuda pública. El Ejecutivo Federal informará de estos movimientos compensados a la Cámara de Diputados, al rendir la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable también, a las entidades a que se refiere el artículo 6o. de este decreto.
Artículo 8o. Dentro de las previsiones señaladas en los artículos anteriores, las erogaciones para el Programa Nacional de Solidaridad importan la cantidad de 2.629,200.000,000.00 (dos billones seiscientos veintinueve mil doscientos millones de pesos, moneda nacional) y se integra de los recursos asignados de manera específica en los siguientes ramos:
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Estas previsiones se orientarán a obras y proyectos de inversión de vivienda, educación, agua potable, salud, electrificación, infraestructura agropecuaria y preservación de los recursos naturales, que atiendan la demanda directa de las comunidades indígenas, campesinas y grupos populares urbanos.
Los recursos por este concepto serán intransferibles.
Artículo 9o. Los titulares de las dependencias así como los órganos de gobierno y los directores o sus equivalentes de las entidades de la administración pública federal, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, serán responsables de que se ejecuten con oportunidad y eficiencia las acciones previstas en sus respectivos programas, a fin de coadyuvar a la adecuada consecución de las estrategias y objetivos fijados en el Plan Nacional de Desarrollo, en los programas sectoriales
de mediano plazo y demás programas formulados con base en la ley de planeación.
Las secretarías de Programación y Presupuesto y de la Contraloría General de la Federación, en el ámbito de sus respectivas competencias, verificarán periódicamente los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, en relación con las estrategias, prioridades y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, de los criterios de política económica, de los programas de desarrollo del Programa Nacional de Solidaridad y de los proyectos de modernización del aparato productivo, en el contexto de la recuperación económica y la estabilidad, a fin de que se adopten las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas. Igual obligación y para los mismos fines, tendrán las dependencias de la administración pública federal, respecto de las entidades paraestatales agrupadas en el sector que coordinan.
Artículo 10. En el ejercicio de sus presupuestos, las dependencias y entidades comprendidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1990, se sujetarán estrictamente a los calendarios de gasto que les apruebe la Secretaría de Programación y Presupuesto. La aprobación de los calendarios de gasto deberá quedar concluida, a más tardar, en los primeros 20 días del ejercicio.
Las ministraciones de fondos a las dependencias serán autorizadas por la Secretaría de Programación y Presupuesto, de acuerdo con los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y, en su caso, podrá reservarse dicha autorización y solicitar a los coordinadores de sector la revocación de las autorizaciones que hayan otorgado a sus entidades coordinadas, en los siguientes casos:
I. Cuando no envíen la información que les sea requerida en relación con el ejercicio de sus programas y presupuestos con base en lo dispuesto por el artículo 37 de este decreto;
II. Cuando del análisis del ejercicio de sus presupuestos y en el desarrollo de sus programas resulte que no cumplen con las metas de los programas aprobados o se capten desviaciones que entorpezcan su ejecución y constituyan distracciones en los recursos asignados a los mismos;
III. En el caso de subsidios, el incumplimiento de la cuenta comprobada motivará, en su caso, la inmediata suspensión de las subsecuentes ministraciones de fondos que por el mismo concepto se hubieren autorizado, así como el reintegro de lo que se haya suministrado;
IV. Cuando en el manejo de sus disponibilidades financieras no cumplan con los lineamientos que emitan las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público;
V. Cuando en los términos del artículo 28 del presente decreto, se hayan celebrado convenios de asunción de pasivos y no se cumpla con las obligaciones pactadas y los programas de saneamiento respectivos o con los compromisos de déficit superávit, y
VI. En general, cuando no ejerzan sus presupuestos con base en las normas que al efecto se dicten.
Salvo lo previsto en los artículos 13 y 34 no se autorizarán adecuaciones a los calendarios de gasto que tengan por objeto anticipar la disponibilidad de recursos así como ampliaciones líquidas a los presupuestos; en consecuencia, las dependencias y entidades deberán observar un cuidadoso registro y control de su ejercicio presupuestal, sujetándose a los compromisos reales de pago.
Las entidades no comprendidas en el presupuesto, se sujetarán a los calendarios de gasto que aprueben sus respectivos órganos de gobierno, con base en los lineamientos generales que emita la propia secretaría.
Artículo 11. Para que las dependencias y entidades puedan ejercer créditos externos destinados a financiar proyectos o programas específicos, será necesario que la totalidad de los recursos correspondientes se encuentren incluidos en sus respectivos presupuestos autorizados y se cuente con la aprobación previa y expresa de la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Los recursos que se prevean ejercer por este concepto serán intransferibles y sólo podrán aplicarse a los proyectos para los cuales fueron contratados los créditos.
En los créditos externos que contraten las entidades paraestatales, se deberá establecer la responsabilidad de éstas para que cubran el servicio de deuda que los créditos generen.
Cuando la contratación de estos créditos, tratándose de fideicomisos públicos, pueda redundar en incrementos de los patrimonios fideicomitidos, se requerirá de la autorización previa de la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Asimismo, y sin perjuicio de la observancia de las disposiciones que resulten aplicables, las dependencias y entidades dentro de sus presupuestos
autorizados, deberán utilizar los recursos ex-ternos disponibles en las instituciones financieras, para la adquisición de los bienes y servicios de procedencia extranjera que requieran.
Las dependencias y entidades sólo podrán cubrir el costo de los bienes y servicios a que se refiere el párrafo anterior sin utilizar recursos externos, en casos excepcionales debidamente justificados y de acuerdo con la normatividad vigente.
Artículo 12. La Secretaría de Programación y Presupuesto en el ejercicio del presupuesto vigilará que no se adquieran compromisos que rebasen el monto del gasto que se haya autorizado y no reconocerá adeudos ni pagos por cantidades reclamadas o erogaciones efectuadas en contravención a lo dispuesto en este artículo.
Será causa de responsabilidad de los titulares de las dependencias, así como de los órganos de gobierno y directores o sus equivalentes de las entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias contraer compromisos fuera de las limitaciones de los presupuestos aprobados para las mismas; acordar erogaciones que no permitan la atención de los servicios públicos y el cumplimiento de sus metas durante el ejercicio presupuestal; así como del titular de la Secretaría de Programación y Presupuesto autorizar dichos compromisos, salvo en lo previsto en el artículo siguiente.
Las partidas a que se refiere el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 74 constitucional, sólo serán las comprendidas en el concepto 8100 del ramo XXIII del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Artículo 13. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, autorizará erogaciones adicionales para aplicarlas a proyectos de inversión de carácter social o programas y proyectos prioritarios y estratégicos del gobierno federal, con cargo a:
I. Excedentes que resulten de los ingresos ordinarios a que se refiere el artículo I de la Ley de Ingresos de la Federación, con excepción de los incisos 1, 2, 3 y 4 de su fracción II "aportaciones y abonos retenidos a los trabajadores por patrones para el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores", "cuotas para el Seguro Social a cargo de patrones y trabajadores", "cuotas para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cargo de los citados trabajadores" y "cuotas para el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas a cargo de los militares".
De estos ingresos, se asignarán a la Cámara de Diputados los recursos necesarios para el sostenimiento del Instituto de Estudios Legislativos, en un monto que no exceda del 5% del gasto corriente presupuestado para el Poder Legislativo, los que serán ejercidos por conducto de la propia Cámara de Diputados;
II. Excedentes relativos a ingresos ordinarios presupuestarios de las entidades paraestatales a que se refiere este decreto;
III. Remanentes que tengan las entidades paraestatales, entre sus ingresos y gastos netos, que se consiguen como erogaciones recuperables dentro de sus presupuestos, y
IV. Ingresos que obtenga el gobierno federal como consecuencia de la liquidación o extinción de las entidades paraestatales que se determine o del retiro de la participación estatal en aquéllas que no sean estratégicas o prioritarias, o de la enajenación de otros bienes muebles o inmuebles que no le sean útiles o no cumplan con los fines para los que fueron creados o adquiridos, así como de los provenientes de la recuperación de seguros.
El monto de los ingresos adicionales que resulten de las operaciones señaladas en el párrafo anterior, se destinará a financiar proyectos de inversión productiva de entidades estratégicas y prioritarias existentes o para la constitución de nuevas entidades paraestatales que se justifiquen, de acuerdo a los requerimientos de desarrollo del país.
En el caso de excedentes relativos a ingresos ordinarios presupuestarios de las entidades paraestatales a que se refiere este decreto, serán canalizados para fortalecer, cuando así lo amerite, su propia situación financiera.
Asimismo, se podrán autorizar erogaciones adicionales con cargo a los ingresos extraordinarios que obtenga el gobierno federal por concepto de empréstitos y financiamientos diversos, los que se destinarán a los programas y proyectos específicos para los que hubieren sido contratados.
El Ejecutivo Federal al presentar a la Cámara de Diputados la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a 1990, dará cuenta de las erogaciones que se efectúen con base en esta disposición y hará el análisis de su aplicación.
Artículo 14. El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto efectuará las reducciones a los montos de los presupuestos aprobados a las dependencias y
repercuten en una disminución de los ingresos presupuestados.
Para los efectos del párrafo anterior, deberán tomarse en cuenta las circunstancias económicas y sociales que priven en el país, los alcances de los conceptos de gasto y, en su caso, la naturaleza y características particulares de operación de las entidades de que se trate, escuchando la opinión de los órganos de gobierno de las propias entidades.
Los ajustes y reducciones que efectúe el Ejecutivo Federal en observancia de lo anterior, deberán realizarse en forma selectiva, sin afectar los programas prioritarios del gasto social y, en general, los programas estratégicos y prioritarios, optando preferentemente en los casos de programas de inversión por aquéllos de menor productividad e impacto social y económico.
En el caso de que la contingencia sea de tal magnitud que signifique una reducción de los ingresos presupuestarios superior al 15%, el Ejecutivo Federal, en el contexto de los párrafos anteriores, procederá de inmediato a adoptar las medidas a que hubiere lugar e informará, también de inmediato, a la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Artículo 15. Todas las cantidades que se recauden por cualesquiera de las dependencias federales, no podrán destinarse a fines específicos y deberán ser concentradas en la Tesorería de la Federación, salvo los casos que expresamente determinen las leyes y hasta por los montos que establezca la Secretaría de Programación y Presupuesto, en función de las necesidades de los servicios a los cuales estén destinados.
Artículo 16. Los importes no devengados en el pago de servicios personales, así como las diferencias en cambios, quedarán definitivamente como economías del presupuesto.
En el caso de servicios personales las economías definitivas podrán aplicarse a programas prioritarios de las propias dependencias y entidades que las generen, sujetándose a los lineamientos administrativos que al efecto expida la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Artículo 17. La administración, control y ejercicio de los ramos de erogaciones no sectorizables, de aportaciones a seguridad social y de solidaridad y desarrollo regional a que se refiere el presente decreto, se encomienda a la Secretaría de Programación y Presupuesto. La administración, control y ejercicio de los ramos de deuda publierogaciones para saneamiento financiero será responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
CAPÍTULO II
Disposiciones de racionalidad, austeridad
y disciplina presupuestales
Artículo 18. Sin perjuicio de los que establece el presente decreto y las demás disposiciones aplicables a la materia, los titulares de las dependencias, así como los órganos de gobierno y directores o sus equivalentes de las entidades de la Administración Pública Federal, serán responsables de la estricta observancia de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales contenidas en el presente capítulo. Su inobservancia o incumplimiento motivará el fincamiento de las responsabilidades a que haya lugar conforme a la ley.
Artículo 19. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal no podrán crear nuevas plazas, debiendo promover, en su caso, el traspaso interno de las mismas. La Secretaría de Programación y Presupuesto, a solicitud expresa del titular de la dependencia respectiva, podrá autorizar, conforme a los programas y recursos en este presupuesto, la creación de las plazas sean indispensables para los programas de educación, salud, procuración de justicia y seguridad nacional.
Los órganos de gobierno de las entidades paraestatales podrán autorizar la creación de plazas cuando ello garantice el incremento de su productividad, se establezcan metas específicas a este respecto, cuenten con los recursos propios que se requieran y tales circunstancias hayan quedado previa y debidamente acreditadas para el propio órgano de gobierno, debiendo informar de lo anterior a las secretarías de Programación y Presupuesto y de la Contraloría General de la Federación.
La designación o contratación de personal para ocupar las plazas a que se refieren los párrafos anteriores surtirá efecto a partir de la fecha de la autorización correspondiente, sin que en ningún caso pueda dárseles efecto retroactivos.
En el caso de las estructuras de las dependencias y entidades ya autorizadas, no podrán llevarse a cabo conversiones de plazas, puestos y categorías en ellas comprendidos, salvo cuando se trate de casos debidamente justificados, para lo cual deberá recabarse la autorización previa de la Secretaría de
dependencias y del órgano de gobierno respectivo, tratándose de las entidades paraestatales.
Las dependencias y entidades no podrán modificar su estructura orgánica básica y ocupación aprobada en el ejercicio de 1989, debiendo ser éstas acordes con las normas emitidas por la Secretaría de Programación y Presupuesto, por lo que cualquier adecuación sólo podrán hacerlas las dependencias, previa autorización de dicha secretaría y las entidades paraestatales por su órgano de gobierno, conforme a los lineamientos que se dicten para tal efecto, de acuerdo a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Tales adecuaciones no podrán implicar traspaso o ampliación a las previsiones presupuestales por las dependencias y entidades por concepto de servicios personales, ni incremento en el número de plazas.
Artículo 20. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el ejercicio de sus presupuestos por concepto de servicios personales deberán:
I. En las acciones de descentralización, dar prioridad a los traspasos de plazas y de recursos asignados a sus presupuestos, entre sus unidades responsables y programas, sin que ello implique la creación de nuevas plazas;
II. En las asignaciones de las remuneraciones a los trabajadores apegarse estrictamente a los niveles establecidos en los tabuladores de sueldos, cuotas, tarifas y demás asignaciones autorizadas por la Secretaría de Programación y Presupuesto para las dependencias y en el caso de las entidades, por el órgano de gobierno respectivo, conforme a los lineamientos que se emitan de acuerdo a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Las remuneraciones adicionales por jornadas u horas extraordinarias, los estímulos por eficiencia en la actuación y otras prestaciones, se regularán por las disposiciones que establezcan la Secretaría de Programación y Presupuesto y el órgano de gobierno respectivo, con base en los lineamientos a que se refiere el párrafo anterior.
Tratándose de remuneraciones adicionales por jornadas y por horas extraordinarias y otras prestaciones del personal que labora en las entidades paraestatales, que se rijan por contratos colectivos de trabajo, los pagos se efectuarán de acuerdo con las estipulaciones contractuales respectivas;
III. Abstenerse de cubrir gastos por concepto de honorarios que rebasen los montos autorizados por la Secretaría de Programación y Presupuesto o bien, que en cualquier forma suponga el incremento del número de los contratos relativos celebrados en el ejercicio de 1989.
Estos contratos sólo podrán celebrarse para la prestación de servicios profesionales, por lo que no podrá incorporarse por esta vía, personal para el desempeño de labores iguales o similares a las que realiza el personal que forma la planta de la dependencia o entidad de que se trate.
La celebración de contratos por honorarios sólo procederá en casos debidamente justificados y siempre que la dependencia o entidad no pueda satisfacer las necesidades de estos servicios con el personal y los recursos técnicos con que cuente. Invariablemente estos contratos deberán ser autorizados por el titular de la dependencia o por el órgano de gobierno de la entidad de que se trate;
IV. Observar la normatividad que emita la Secretaría de Programación y Presupuesto, en materia de remuneraciones a título de consejeros en órganos de gobierno, o sus equivalentes de entidades paraestatales.
V. Sujetarse a los lineamientos que se expidan para la autorización de los gastos de representación y de las erogaciones necesarias para el desempeño de comisiones oficiales, y
VI. Abstenerse de realizar cualquier transferencia de recursos de otros capítulos presupuestales al capítulo de servicios personales.
Artículo 21. Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades, serán responsables de reducir selectiva y eficientemente los gastos de administración, sin detrimento de la realización oportuna y eficiente de los programas a su cargo y la adecuada prestación de los bienes y servicios de su competencia, así como de cubrir con la debida oportunidad sus compromisos reales de pago, con estricto apego a las demás disposiciones de este decreto y las que resulten aplicables a la materia.
Las dependencias y entidades en el ejercicio de sus presupuestos sólo podrán efectuar erogaciones en el exterior, para las representaciones, delegaciones u oficinas autorizadas y aportar cuotas a organismos internacionales cuando dichas erogaciones se encuentren expresamente previstas en sus presupuestos autorizados. Asimismo, continuarán en coordinación con las secretarías de Relaciones Exteriores y de Programación y Presupuesto revisando dichas cuotas en relación con los fines de los organismos y sus propias atribuciones, a fin de avanzar en su disminución o cancelación cuando en el contexto de las prioridades nacionales no se justifiquen.
Durante el ejercicio de 1990, el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, oyendo la opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la coordinadora de sector, en función de las disponibilidades de recursos adoptarán medidas de racionalización de los presupuestos, calendarios autorizados, utilización de los bienes muebles e inmuebles, estructuras y tabuladores asignados a las representaciones, delegaciones u oficinas de las dependencias y entidades en el exterior.
Artículo 22. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el ejercicio de sus presupuestos para el año de 1990, no podrán efectuar adquisiciones o nuevos arrendamientos de:
I. Bienes inmuebles para oficinas públicas y mobiliario, equipo y servicios destinados a programas administrativos, con excepción de las erogaciones estrictamente indispensables para la operación. En consecuencia, se deberá optimizar la utilización de los espacios físicos disponibles y el aprovechamiento de los bienes y servicios de que dispongan;
II. Vehículos terrestres y marítimos con excepción de aquellos necesarios para salvaguardar la seguridad y soberanía nacional, así como para la procuración de justicia, los servicios de salud y del desarrollo de programas productivos prioritarios y de servicios básicos, y
III. Vehículos aéreos, con excepción de aquellos necesarios para salvaguardar la seguridad y la soberanía, así como la procuración de justicia.
Cualquier erogación que realicen las dependencias por los conceptos previstos en las fracciones anteriores, requerirá de la autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto en forma específica y previa al ejercicio del gasto correspondiente.
Tratándose de entidades paraestatales, se requerirá de la autorización especifica y previa de su órgano de gobierno, la cual deberá sujetarse a la normatividad vigente.
Artículo 23. Las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican, deberán reducirse al mínimo indispensable, su uso se sujetará a los criterios de racionalidad y selectividad y se efectuarán siempre y cuando se cuente con la autorización expresa del titular de la dependencia o del órgano de gobierno de la entidad correspondiente:
I. Gastos menores, de ceremonial y de orden social; comisiones de personal al extranjero; congresos, convenciones, ferias, festivales y exposiciones; erogaciones por concepto de servicios bancarios, correos, telégrafos, teléfonos, energía eléctrica y agua potable, y donativos en los términos del artículo 29 de este decreto;
II. Contratación de asesorías, estudios e investigaciones, y
II. Publicidad, propaganda, publicaciones oficiales y, en general, los relacionados con actividades de comunicación social. En estos casos las dependencias y entidades deberán utilizar preferentemente los medios de difusión del sector público y el tiempo que por ley otorgan al gobierno federal las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal.
Las erogaciones a que se refiere esta fracción, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación para 1990, deberán ser autorizadas previamente por las secretarías de Gobernación y de Programación y Presupuesto y las que efectúen las entidades se autorizarán por el órgano de gobierno con base en los lineamientos que establezcan dichas secretarías.
Artículo 24. En el ejercicio del gasto de inversiones públicas para 1990:
I. Se otorgará prioridad a la terminación de los proyectos y obras vinculadas a la prestación de los servicios de educación, salud, vivienda, equipamiento urbano, producción y abasto de alimentos, seguridad e impartición de justicia, con especial atención de aquéllos que se orienten a satisfacer las necesidades de la población de bajos ingresos; así como para la modernización de la infraestructura básica de comunicaciones y transportes, hidráulica, energía eléctrica y abasto de combustibles; a los que estén orientados a incrementar la oferta de bienes y servicios socialmente necesarios y los que presenten un mayor grado de avance físico.
Las dependencias y entidades sólo podrán iniciar proyectos nuevos, cuando tengan garantizada la disponibilidad de recursos financieros para su terminación, puesta en operación y mantenimiento y en ningún caso, cuando existan otros proyectos similares que puedan ser concluidos con los recursos disponibles;
II. Se deberá aprovechar la mano de obra e insumos locales y emplear al máximo la capacidad instalada productiva para abatir costos;
III. Se considerará preferente la adquisición de productos y la utilización de tecnologías nacionales, con uso intensivo de mano de obra;
IV. Se deberán estimular los proyectos de coinversión con los sectores social y privado y con los gobiernos locales para la ejecución de obras y proyectos de infraestructura y de producción, comprendidos en la estrategia de modernización económica y social del Plan Nacional de Desarrollo, de los programas de mediano plazo y demás programas formulados con base en la Ley de Planeación.
En el caso de proyectos y de obras de beneficio social se concertará, con arreglo a la ley, la participación activa de las comunidades locales;
V. Los proyectos de inversión financiados con créditos externos, deberán estar contemplados en los presupuestos de las dependencias y entidades y sujetarse a los términos de las autorizaciones que otorguen las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, conforme a sus respectivas atribuciones; asimismo, los ejecutores de gasto y los agentes financieros del gobierno federal informarán a las citadas secretarías, del ejercicio de los créditos con base en los recursos autorizados en sus respectivos presupuestos;
VI. Las inversiones financieras con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación para 1990, serán aquéllas estrictamente necesarias y se realizarán previa autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto y se orientarán:
a) A fomentar y desarrollar selectivamente las actividades y ramas de producción consideradas como fundamentales para el desarrollo del país, y
b) Al financiamiento de empresas públicas que promuevan la producción y comercialización de productos básicos, así como de bienes de capital.
Las inversiones financieras deberán estar vinculadas a programas de saneamiento financiero, productividad y eficiencia, y responder a las orientaciones de los programas sectoriales de mediano plazo. Tratándose de erogaciones para saneamiento financiero, deberán sujetarse además a lo que dispone el artículo 28 de este decreto, y
VII. Las entidades paraestatales deberán ajustar sus programas de expansión productiva con los programas de mediano plazo correspondientes, con las prioridades de la estrategia de modernización económica y social del Plan Nacional de Desarrollo y con las previsiones de recursos disponibles.
Artículo 25. Las erogaciones por concepto de transferencias con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, se sujetarán a las estrategias y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, de los programas de mediano plazo y de los demás programas formulados conforme a la ley de la materia y se apegarán a lo siguientes criterios:
I. El otorgamiento se hará con base en criterios de selectividad, temporalidad y transparencia en su asignación, considerando su contribución efectiva a la oferta de bienes, servicios e insumos estratégicos o prioritarios;
II. Los subsidios destinados a cubrir desequilibrios financieros en la operación se deberán ajustar en función de la política de precios y tarifas de los bienes y servicios públicos;
III. Los subsidios a los precios de los bienes se mantendrán en niveles que estimulen a los productores y que al mismo tiempo eviten el deterioro del poder adquisitivo de los consumidores;
IV. Los subsidios para las actividades productivas serán congruentes con los fines de la estrategia económica del Plan Nacional de Desarrollo, dando prioridad a las actividades del sector social, y estarán condicionados a procurar el mayor uso de la mano de obra, a incrementar el nivel de vida de la población de escasos recursos y a promover la capacidad de exportación y la generación de divisas;
V. Los subsidios a los bienes y servicios de consumo popular se circunscribirán a los productos agropecuarios ubicados dentro del régimen de precios de garantía y del paquete básico de consumo popular, regulándose conforme a las necesidades sociales y con el objeto de preservar el nivel de ingreso de los productores. Estos subsidios se orientarán a la protección del consumo y del poder adquisitivo de la población;
VI. Las transferencias destinadas al apoyo de entidades paraestatales se deberán orientar selectivamente hacia actividades estratégicas y prioritarias, a efecto de incrementar la oferta real de bienes y servicios, de insumos estratégicos para la producción y a generar empleo permanente y productivo;
VII. Se requerirá la autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto para otorgar transferencias que se pretendan destinar a inversiones financieras;
VIII. Se considerarán preferenciales las transferencias destinadas al desarrollo de la ciencia y
tecnología, a la investigación en instituciones públicas, a la capitalización de las empresas públicas, a la formación de capital en ramas y sectores básicos de la economía y al financiamiento de actividades definidas como estratégicas, que en el mediano plazo propicien la generación de recursos propios;
IX. Las entidades paraestatales beneficiarias de transferencias deberán buscar fuentes alternativas de financiamiento a fin de lograr, en el mediano plazo, una mayor autosuficiencia y una disminución correlativa de los apoyos con cargo a recursos presupuestales, y
X. No se deberá otorgar transferencias cuando no se hallen claramente especificados los objetivos, metas, beneficiarios, destino, temporalidad y condiciones de los mismos.
Artículo 26. La Secretaría de Programación y Presupuesto autorizará las transferencias con cargo al presupuesto de egresos a las dependencias coordinadoras de sector, quienes procederán a la asignación de los recursos a las entidades paraestatales bajo su coordinación, verificando previamente:
I. Que se justifique la necesidad de los recursos solicitados en función del estado de liquidez de la entidad beneficiaria, así como la aplicación de dichos recursos;
II. Que las entidades no cuenten con recursos ociosos o aplicados en operaciones que originen rendimientos de cualquier clase, y
III. El avance físico financiera de sus programas y proyectos, con el propósito de regular el ritmo de la ejecución con base en lo programado.
Las dependencias coordinadoras de sector podrán suspender las ministraciones de fondos, cuando las entidades beneficiarias no remitan la información físico financiera en los términos y plazos establecidos en las disposiciones aplicables, informando de inmediato a la Secretaría de Programación y Presupuesto; dicha información deberá ser proporcionada en los términos del artículo 37 de este decreto.
Artículo 27. Cuando se deban diferir ministraciones de fondos, la Secretaría de Programación y Presupuesto conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determinarán el orden a que se sujetará la ministración de transferencias autorizadas por las dependencias coordinadoras de sector, a fin de asegurar la disposición oportuna de recursos para el desarrollo de los programas prioritarios.
Artículo 28. Las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Programación y Presupuesto y de la Contraloría General de la Federación en el seno de la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento, así como la respectiva dependencia coordinadora del sector, celebrarán con las entidades paraestatales convenios para:
I. El establecimiento de metas de déficit o, en su caso, superávit financiero mensual y trimestral, a nivel devengado, y
II. El saneamiento financiero, mediante la asunción de pasivos de entidades paraestatales estratégicas o prioritarias, cuyas funciones estén asociadas a la prestación de servicios públicos o a la producción de bienes social y nacionalmente necesarios, de acuerdo a los fines para los que fueron creadas y siempre que la entidad de que se trate cuente con un programa de saneamiento financiero que se presente a más tardar el 31 de agosto de 1990 a la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento y sea aprobado por ésta.
La comisión evaluará periódicamente el cumplimiento de los convenios respecto de las metas establecidas en dichos instrumentos. Si de las evaluaciones mencionadas se observan hechos que contravengan las estipulaciones concertadas, las dependencias que integran la comisión en los términos de las disposiciones legales aplicables, propondrán a la dependencia coordinadora de sector y a la entidad de que se trate, las medidas conducentes para corregir las desviaciones detectadas.
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, con base en las evaluaciones de la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento, informará anualmente a la Cámara de Diputados sobre la ejecución de los convenios de saneamiento financiero, así como de las medidas adoptadas para su debido cumplimiento.
Las dependencias que integran la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento, establecerán los lineamientos con base en los cuales se llevará a cabo la formulación de los convenios a que se refiere este artículo y harán la determinación de las entidades paraestatales con las que habrán de celebrarse los mismos. Los órganos de gobierno serán responsables de vigilar que se cumpla con las metas de déficit o superávit de las entidades
con las que no se celebren los correspondientes convenios.
Artículo 29. La Secretaría de Programación y Presupuesto no podrá autorizar subsidios, ni las dependencias y entidades otorgar donativos y ayudas que no contribuyan a la consecución de los objetivos de los programas aprobados o que no se consideren de beneficio social. Tampoco se otorgarán a favor de beneficiarios que dependan económicamente del Presupuesto de Egresos de la Federación o cuyos principales ingresos provengan de éste.
Artículo 30. Las dependencias y entidades proporcionarán a la Secretaría de Programación y Presupuesto la información sobre las transferencias que hubiesen otorgado durante el ejercicio presupuestal, a efecto de que dicha secretaría la analice e integre al Registro Único de Transferencias; dicha información deberá ser proporcionada en los términos del artículo 37 del presente decreto.
Artículo 31. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de programas y conceptos de gasto de las dependencias y entidades que no les resulten indispensables para su operación, cuando ello represente la posibilidad de obtener ahorros en función de la productividad y eficiencia de las propias dependencias y entidades. En todo momento, se respetará el presupuesto destinado a los programas prioritarios y en especial, los destinados al bienestar social.
Para la aplicación de los remanentes que se generen con tal motivo, el Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, resolverá lo conducente, debiendo dar prioridad a las dependencias y entidades que hubiesen generado dichos ahorros, para estimularse así la creatividad y productividad de las mismas.
Artículo 32. Las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, determinarán conjuntamente los lineamientos a que deberán sujetarse las dependencias y entidades respecto de las disponibilidades financieras con que cuenten durante el ejercicio presupuestal, las que no deberán invertirse a través de mecanismos bursátiles salvo en el caso de valores emitidos por el sector público. Para tal efecto, las dependencias y entidades proporcionarán la información financiera que requiera el Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Públicos a que se refiere el artículo 37 de este decreto.
A fin de identificar los niveles de liquidez, así como para operar la compensación de crédito o adeudos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal informarán de sus depósitos en dinero o valores u otro tipo de operaciones financieras y bancarias, en los términos que se establezcan con base en lo dispuesto por el artículo 37 del presente decreto.
Las dependencias y entidades, sin exceder sus presupuestos autorizados, responderán de las cargas financieras que causen por no cubrir oportunamente sus respectivos adeudos, las que se calcularán a la tasa equivalente al rendimiento promedio de las emisiones de los Certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días del mes inmediato anterior a la fecha del corte compensatorio. La aplicación de esta tasa se efectuará sobre los adeudos reportados por el Sistema de Compensación de Adeudos del Sector Público, desde la fecha en que debieron liquidarse tales adeudos.
Artículo 33. El Banco de México en función del monto de divisas requerido para el Presupuesto de Egresos de la Federación y de conformidad con las disposiciones aplicables, proporcionará, a petición de las dependencias y entidades, las divisas necesarias para el cumplimiento de sus compromisos en moneda extranjera, debiendo las mismas informar a las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, en la forma y periodicidad que éstas determinen, los movimientos presupuestales que efectúen al respecto, de acuerdo con los flujos reales establecidos.
Artículo 34. La Secretaría de Programación y Presupuesto conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tomando en cuenta los flujos reales de divisas y de moneda nacional, así como las variaciones que se produzcan por las diferencias en tipos de cambio en el financiamiento de los programas, efectuarán las adecuaciones necesarias a los calendarios de gasto en función de los requerimientos, las disponibilidades presupuestales y de las alternativas de financiamiento que se presenten. En estos casos se cuidará no afectar los programas de inversiones prioritarios.
Artículo 35. Para los efectos del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas, los montos máximos de contratación directa y los de adjudicación mediante convocatoria a cuando menos tres personas que reúnan los requisitos a que dicha disposición se refiere, de las obras que podrán realizar las dependencias y entidades durante el año de 1990, serán los siguientes:
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Las dependencias y entidades se abstendrán de formalizar o modificar contratos de obras públicas y de servicios relacionados con ellas, cuando no hubiere saldo disponible en la correspondiente partida presupuestal.
Artículo 36. Para los efectos del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles, los montos máximos de adjudicación directa y los de adjudicación habiendo convocado, en su caso, por lo menos a tres u ocho proveedores, según el caso, de las adquisiciones, arrendamientos o servicios que podrán realizar las dependencias y entidades, durante el año de 1990, serán los siguientes:
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Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.
Las dependencias y entidades se abstendrán de formalizar o modificar contratos y pedidos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, cuando no hubiere saldo disponible en la correspondiente partida presupuestal.
Artículo 37. Las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Programación y Presupuesto, de la Contraloría General de la Federación y el Banco de México, operarán el Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público. Las propias dependencias establecerán las normas y lineamientos relativos a la organización, funcionamiento y requerimientos de dicho sistema, los cuales deberán ser conocidos por las dependencias y entidades, a más tardar dentro de los primeros 30 días del ejercicio.
Las dependencias y entidades deberán cumplir con los requerimientos de información que demande el sistema. Para tal efecto, las dependencias a que se refiere el párrafo anterior conjuntamente con la coordinadora de sector, harán compatibles los requerimientos de información que demande el sistema racionalizando los flujos de información.
Artículo 38. La Secretaría de Programación y Presupuesto realizará periódicamente a evaluación del ejercicio de Presupuesto de Egresos de la Federación en función de los objetivos y metas de los programas aprobados.
El Ejecutivo Federal, a través de las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, informará trimestralmente a la Cámara de Diputados sobre la situación económica y las finanzas públicas del ejercicio, incluyendo las de las entidades paraestatales que celebren convenios de déficit o, en su caso, superávit financiero y hará asimismo, las aclaraciones que ésta le solicite, a través de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, sobre la detección de irregularidades y el fincamiento de las responsabilidades correspondientes.
Los informes trimestrales deberán ser presentados a más tardar 45 días después de terminado el trimestre de que se trate.
Artículo 39. Para la desincorporación de entidades paraestatales creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión, se requerirá autorización previa del mismo.
En los términos de los artículos 15, 16 y 32 de la Ley Federal de las entidades paraestatales y los respectivos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, el Ejecutivo podrá proceder a la desincorporación de entidades paraestatales, comprendidas en este decreto, sujetándose a las siguientes bases:
a) Las propuestas que formule la Secretaría de Programación y Presupuesto para disolver, liquidar, extinguir, transferir a los estados y municipios; enajenar la participación estatal y fusionar entidades paraestatales, se basarán en dictámenes que al efecto deberá emitir la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento, los cuales deberán considerar el efecto social y productivo de estas medidas incorporando los puntos de vista de los sectores interesados, y
b) Enviar previamente informe escrito, a la Cámara de Diputados, de las razones y criterios específicos para llevar a cabo el ejercicio de estas atribuciones.
Artículo 40. La Secretaría de Programación y Presupuesto vigilará la exacta observancia de las normas contenidas en este decreto, así como la estricta ejecución del Presupuesto de Egresos de la Federación, para tales efectos dictará las medidas pertinentes de acuerdo con las leyes que resulten aplicables y el presente decreto, señalando los plazos y términos a que deberán ajustarse las dependencias y entidades coordinadas y no coordinadas, en el cumplimiento de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplinas presupuestales y podrá requerir de las propias dependencias y entidades la información que resulte necesaria, comunicando a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, las irregularidades y desviaciones de que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones para los efectos del artículo 41 de este decreto.
Del cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, se dará cuenta la Cámara de Diputados en los informes trimestrales a que se refiere el artículo 38 de este decreto y en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
Artículo 41. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación y los órganos internos de control de las dependencias y entidades, en el ejercicio de las atribuciones que en materia de inspección, control y vigilancia les confiere la ley, comprobarán el cumplimiento, por parte de las propias dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las obligaciones derivadas de este decreto.
Con tal fin, dispondrán lo conducente para que se lleven a cabo las inspecciones y auditorías que se requieran, así como para que se finquen las
responsabilidades y se apliquen las sanciones que procedan con motivo del incumplimiento de las mencionadas obligaciones. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación, pondrá en conocimiento de tales hechos a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, en los términos de la coordinación que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Artículo 42. La Secretaría de Programación y Presupuesto estará facultada para interpretar las disposiciones del presente decreto para efectos administrativos y establecer las medidas conducentes a su correcta aplicación.
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 1990.
Segundo. El Ejecutivo Federal queda facultado para que conforme a los programas y dentro de los montos del Presupuesto de Egresos aprobado por el presente decreto, se provea de los recursos necesarios para atender las transformaciones, que en su caso, deriven de las reformas en materia electoral.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- - México, Distrito Federal, a 19 de diciembre de 1989.»
Trámite: Primera lectura.
El C. Presidente: - En consecuencia está a discusión en lo general, y para el efecto se han inscrito los oradores siguientes: En primer término, previo a los turnos de un orador por grupo parlamentario, hará uso de la palabra, en nombre de la comisión, la diputada María Elena Martínez Carranza, y posteriormente el diputado independiente Pedro Etienne Llano; por el grupo parlamentario del Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el diputado Francisco Navarro Montenegro; por el grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el diputado Patricio Estévez; por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Rafael Melgoza; por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la diputada Teresa Ortuño y por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Oscar Navarro Gárate.
Tiene la palabra, por la comisión, la diputada María Elena Martínez Carranza.
Diputada, un momento.
Con disculpas para el grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, que se omitió en la lista, después del orador del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, tendrá la palabra por el grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, el diputado Marín Rebollo.
Puede hacer uso de la palabra, ciudadana diputada.
La C. María Elena Martínez Carranza: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: De conformidad con lo dispuesto por los artículos 65, 74, fracción IV, 75, 126 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las disposiciones aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública somete a consideración de esta honorable asamblea el proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1990.
En la elaboración del dictamen, la comisión llevó a cabo un intenso proceso de examen y discusión de la iniciativa que nos fue remitida por el Ejecutivo, con objeto de proceder a un análisis minucioso de todos y cada uno de los artículos del proyecto de decreto, la comisión se reunió en múltiples sesiones.
Como resultado de este esfuerzo de las deliberaciones llevadas a cabo en cada sesión, la comisión propone a esta asamblea 19 modificaciones de fondo al proyecto de decreto y acordó, adicionalmente, manifestar su preocupación, primero por la insuficiencia de recursos destinados a promover la ciencia y la tecnología. El gasto público en esta área es bajo, su monto se ha deteriorado. ha habido poca o nula vinculación entre las acciones de política tecnológica y las necesidades del aparato productivo. Las responsabilidades del ejercicio del gasto público y la política científica y tecnológica, está dispersa en varias secretarías. Por ello, se sugiere que en un futuro próximo se considere a la ciencia y a la tecnología como un insumo de la economía nacional y se traten como un todo para hacer una planeación adecuada.
Similares consideraciones realizó la comisión, en relación a la situación de las artesanías. Consignó, además, la comisión, la intención de profundizar en el análisis del presupuesto en el futuro.
Hago mención que todas estas aportaciones fueron formuladas por los grupos parlamentarios que integran la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, habiéndose analizado
las propuestas, a fin de alcanzar puntos de consejo interpartidista. Algunos no procedieron principalmente porque se contraponían con disposiciones legales vigentes en la materia.
A continuación, haré mención de las principales características del presupuesto que se somete a su consideración, para comentar después el sentido de las modificaciones que se propone se realicen al decreto aprobatorio. Se trata de un presupuesto que establece una nueva orientación de la política del gasto público.
Después de varios años que se caracterizaron por una gran limitación de recursos, en lo que se refiere a programas productivos y de bienestar social, tanto de gasto corriente como de inversión, se propone para 1990 el inicio de su recuperación. Esto es debido a que por primera vez en lo que va de la década, se habrá de registrar una importante caída en el pago de intereses. Esto nos da un espacio más amplio para atender los rezagos que se agravaron durante los años de crisis.
Consistente con lo anterior, se produce una importante modificación en la estructura y a la orientación del gasto. Los sectores, principalmente de educación, salud y vivienda, registrarán incrementos importantes en términos reales. En igual sentido, la inversión pública e infraestructura básica y la relativa a los sectores productivos, empieza a recuperarse.
Se debe mencionar que los rubros del gasto programable, y en especial de transferencias que se ven reducidos, son principalmente los que tienen que ver con actividades en las que el Estado ha disminuido su participación.
Como consecuencia de todo lo anterior, los diputados miembros de la comisión han manifestado un mayor grado de acuerdo en lo relativo a orientación del gasto. Si bien subsisten discrepancias en lo que se refiere a su magnitud; prácticamente todos los miembros de la comisión manifestamos, en las reuniones de análisis, diversas preocupaciones con respecto a la cuantía de los recursos que se asignan a la atención de las prioridades nacionales; de manera especial, en relación a salud, educación y desarrollo rural. Dado que son estos sectores precisamente aquéllos que se ven privilegiados en este presupuesto, es evidente que estamos más de acuerdo en hacia donde encaminar el esfuerzo presupuestal, que en relación a los montos precisos que se asignan; a diversos rubros.
Procedo ahora a mencionar el sentido de las principales modificaciones que realizó la comisión a la iniciativa de decreto que le fuera remitida. Antes de hacerlo...
El C. Francisco Javier Santillán Oceguera (desde su curul): - ¡Señor Presidente, moción de orden!, los presentes no le están poniendo atención al orador.
El C. Presidente: - La mejor fórmula para atender la moción procedente del diputado Santillán, es que permanezca usted sin hacer uso de la palabra, hasta en tanto los ciudadanos de todos los grupos parlamentarios nos manifiesten su deseo de poner atención y seguir su intervención.
La C. María Elena Martínez Carranza: - Procedo ahora a mencionar el sentido de las principales modificaciones que realizó la comisión a la iniciativa de decreto que le fuera remitida. Antes de hacerlo, primero conviene señalar que en el proceso de revisión y aprobación del presupuesto que hizo esta Cámara a finales del año pasado, la iniciativa correspondiente sufrió también importantes modificaciones, éstas versaron sobre el establecimiento de lineamientos más precisos de política presupuestal en los casos de ajuste, debido a contingencias económicas, generación y uso del ahorro presupuestal por parte de las dependencias y entidades, desincorporación de entidades públicas y obligaciones que esta representación le fijó al Ejecutivo en materia de información sobre el ejercicio del gasto.
Las modificaciones que la comisión propone realizar al proyecto de decreto, en esta ocasión se pueden agrupar de la siguiente forma:
Información
Con objeto de precisar la forma y tiempos en que el Ejecutivo debe informar a esta representación, se modifican los artículos 7o., 28, 39 y 41 del decreto. Cabe destacar, entre estas modificaciones, la relativa a que la Cámara de Diputados reciba un informe previo por escrito en los casos en que el Ejecutivo, en ejercicio de sus propias atribuciones, determine la desincorporación de alguna entidad pública.
Criterios y orientación
en el ejercicio del presupuesto
En el proyecto de decreto se modifican los artículos 9o., 14, 16, 24, 25, 29, 31 y 34; de ellos hago mención especial al artículo 14 que mantiene la limitación de que el Ejecutivo reduzca el gasto de los programas prioritarios y estratégicos en el caso de una contingencia que signifique una reducción de ingresos públicos, pero le adiciona la obligación de informar a esta
representación nacional de inmediato sobre las medidas que haya adoptado en el caso de una reducción de los ingresos presupuestales mayor al 15%.
Menciono el artículo 16 que permite que los ahorros en los pagos de servicios personales sean asignados a los programas prioritarios de las propias dependencias y entidades que los generen.
El artículo 24 incorpora como prioridad presupuestal la producción de alimentos.
El artículo 25 establece la prioridad que tienen las actividades productivas del sector social.
El artículo 31 establece un incentivo para que las dependencias y entidades mejoren su eficiencia en el ejercicio del gasto.
Modificaciones sobre asignaciones
presupuestales diversas
Se modifican los artículos 2o. y 4o. del decreto para establecer una previsión presupuestal para la reconstrucción del Palacio Legislativo y el artículo segundo transitorio otorga facultades al Ejecutivo para proveer de los recursos que requieran las instituciones surgidas de las reformas político electoral.
Los miembros de la comisión hemos realizado una importante labor de análisis y revisión de la iniciativa que nos fue recomendada. Reconocemos los avances a que permitió llegar el trabajo por la cooperación de los diputados que la integramos. Sabemos, sin embargo, que nuestra labor de análisis puede profundizar en algunos aspectos aún más en el futuro.
Por esa misma razón establecimos en la parte considerativa un compromiso en ese sentido.
Sometemos a su consideración un proyecto de decreto que estamos seguros mejora de manera importante las previsiones que estaban contenidas en la iniciativa. Representa una respuesta adecuada a las necesidades actuales a las que debe responder el gasto público y que dentro de las restricciones que impone la situación interna y externa, representa un esfuerzo importante en la consecución de objetivos y propósitos en los que estamos de acuerdo; crecer con estabilidad de precios y mejorar el nivel de vida de todos los mexicanos.
Por todo ello, esperamos que el debate tome en consideración estos antecedentes y, al final de la discusión, merezca la aprobación del pleno. Gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Pedro Etienne Llano.
El C. Pedro René Etienne Llano: - Con su venia, señor Presidente; compañeros diputados: Nos encontramos en el debate del Presupuesto de Egresos para 1990, planteando fundamentalmente objeciones de fondo, porque consideramos que el presupuesto que se somete a la consideración de esta asamblea, es expresión de una política económica equivocada y, por otra parte, porque tenemos también diferencias de fondo sobre cuál debe ser el papel de esta representación popular en la orientación y definición de la política económica del gobierno.
En cuanto a las primeras objeciones, nuevamente se presenta un presupuesto de gasto público que algunos han considerado moderado, pero que para nosotros es insuficiente para atender las necesidades del desarrollo nacional. Bastaría señalar que el pequeño incremento en términos nominales del 13%, se convierte en realidad en un decremento en términos reales, si nos atenemos a una inflación proyectada para 1990 del 15.3%. Aún siendo optimistas y tomando como válida esta proyección de los economistas oficiales, estaríamos ante la presencia de un presupuesto que sigue disminuyendo en términos reales.
Una prueba más del carácter moderado, e insistimos nosotros, del carácter insuficiente de este presupuesto, lo de la proporción del gasto neto en relación al producto interno bruto del país.
No recupera el nivel que tuvo en 1982 el gasto público, se queda muy por debajo del nivel que se tuvo al inicio de la crisis económica y eso en las condiciones de nuestro país significa que el Estado dejará de atender necesidades sociales rezagadas en materia de salud, en materia de educación, en materia de vivienda y, lo más grave, que el Estado y el gobierno sigue abdicando de su responsabilidad como promotor del desarrollo económico del país, apostando nuestro futuro a la inversión extranjera y a la inversión de los grandes monopolios en nuestro país.
Sin embargo, habría que tratar de explicarnos cuáles son las razones de presentar un presupuesto moderado e insuficiente. Salta a la vista, en primer lugar, que este presupuesto sigue siendo condicionado por el enorme peso del pago de la deuda, tanto externa como interna. El triunfalismo de la renegociación de la deuda se ha estrellado con la realidad del país, lo cierto es que la magnitud de los recursos destinados al gasto público siguen siendo determinados por el peso de una deuda que agobia al país y que le impide recuperar nuevamente el ritmo de su actividad económica.
En el actual presupuesto se destinan 52 billones de pesos al pago del servicio de la deuda, casi una cantidad igual al conjunto de recursos que se destinan al sector paraestatal. Más aún, valdría la pena señalar que el aumento en el rubro del Programa de Solidaridad, es una pequeñísima parte de lo que nuevamente se destina al pago de la deuda. Bastaría señalar que este rubro del pago del servicio, este 1,400% más grande que todos los recursos que se destinan al Programa Nacional de Solidaridad.
Aparte de esta carga de la deuda que ahora su renegociación se evidencia como un pequeño suspiro para las finanzas públicas y evidencian que siguen condicionando y determinando la actividad económica del país, hay otras razones para este presupuesto limitado.
La principal se deriva de una ley de ingresos que a pesar de su desesperado afán recaudatorio ha dejado sin tocar las ganancias del gran capital. Cierto es que ha aumentado la recaudación fiscal, pero aquí también se evidenció, al discutir la ley de ingresos, que este aumento, nuevamente, se ha fincado sobre la base de gravar a la mayoría de los mexicanos para mantener una excepción de paraíso fiscal a los inversionistas y a los especuladores.
Y esta situación, compañeros diputados, no es casual, se trata de mantener una tasa de ganancia atractiva para el inversionista extranjero, y es por eso que se siguen dando en la actual política económica, exenciones y privilegios a las ganancias del capital, recargando el peso de los gastos del gobierno en las ganancias del trabajo. Esa es una razón más de por qué con ingresos limitados se tiene que presentar a la consideración de esta asamblea un presupuesto de gasto también limitado.
Habría que precisar como los pequeños aumentos en el gasto social, que también es cierto se contemplan en este proyecto de presupuesto, son insuficientes para atender demandas rezagadas durante más de ocho años. El gasto social en proporción al producto interno bruto no alcanza todavía los niveles que se obtuvieron en 1982. Bastaría señalar, el gasto de salud se encuentra por debajo, se le destina tan sólo un 3.3% y que el gasto en educación también está por debajo del nivel de 1982 y se le destina tan sólo 3.1% del producto interno bruto.
Pero en el fondo hay un problema también de concepción política y de carácter ideológico, podríamos pensar que este presupuesto restringido responde a la concepción llamada moderna del papel del gobierno; pero esta concepción es la que no tiene respuesta a las necesidades del país, porque con este presupuesto limitado, el gobierno deja de ser un efectivo promotor del desarrollo económico y sigue apostando a que sea una inversión extranjera atraída por altas tasas de ganancia la que se convierta en el motor del desarrollo económico.
Por otra parte, este presupuesto raquítico también impide que el gobierno funcione como un agente eficaz de redistribución del ingreso y, por lo tanto, condenamos a la mayoría nacional a un pleito de antemano perdido entre las ganancias del capital frente a los recursos que se destinan a los trabajadores.
En una economía neoliberal siempre los monopolios tendrán mayores capacidades para imponer sus reglas y para imponer sus condiciones frente a los trabajadores, aun frente a los trabajadores organizados.
Y, finalmente, este presupuesto moderado e insuficiente tampoco puede atender a las necesidades sociales que el gobierno tiene la responsabilidad de atender.
Por otro lado, en el fondo de esta concepción del gobierno, en el fondo de esta concepción, de una actividad económica en la que lo determinante son los grandes grupos financieros, hay una discusión subyacente sobre cuál debe ser el papel de esta representación popular, en la definición de la política del gobierno.
A veces esta discusión se ha disfrazado como una discusión entre las facultades del Ejecutivo frente a las facultades del Legislativo; pero en el fondo y en la realidad esto se traduce en una discusión sobre si debe prevalecer el criterio de los tecnócratas frente al criterio de la representación popular. Bastarían dos casos contenidos en el actual presupuesto para establecer con toda claridad el problema de fondo.
Nos ha dicho la comisión, en el artículo 14 se establece como una atribución del Ejecutivo la reducción del presupuesto. Y se nos ha dicho que efectivamente hay un avance frente a lo que aprobamos el año pasado, para que si se trata de una disminución mayor al 15%, se tenga que recabar el acuerdo del Poder Legislativo, pero nosotros nos preguntamos: ¿si es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados establecer el presupuesto con todas y cada una de sus partidas, no debe ser también facultad del Legislativo autorizar las reducciones?
Se ha argumentado que eso implicaría paralizar al Poder Ejecutivo; pero en los tiempos actuales y
con los dos periodos ordinarios de sesiones establecidos, no habría razón para argumentar que una reducción en el presupuesto no debería ser también atribución del Poder Legislativo.
Por otra parte, en el artículo 39 aparece nuevamente esta discusión de fondo; nuevamente nos ha dicho la comisión que en la venta o desincorporación de empresas paraestatales se tendrá que recabar la opinión favorable del Legislativo, pero limitada sólo a las entidades que hayan sido establecidas por ley o decreto del Poder Legislativo.
Y aquí nuevamente surge la realidad del desarrollo económico moderno. Hay muchas discusiones sobre el tamaño que debe tener el sector paraestatal, pero nadie discute la función en el logro de los objetivos de política económica que hoy en día tiene el sector paraestatal. Tan importante y tan es fundamental, que en el Presupuesto de Egresos hay un capítulo destinado a las entidades paraestatales sujetas al control presupuestal, y nuevamente nos preguntamos nosotros: ¿no es fundamental, considerando el papel que juega el sector paraestatal, que cualquier desincorporación o cualquier liquidación de las entidades sujetas a control presupuestal tuvieran que pasar por la opinión y por el debate en el Poder Legislativo? A nosotros nos parece que hay que ir más allá de lo planteado por la comisión en el artículo 39.
Lo acaba de demostrar la famosa reestructuración de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, ha jugado un papel y el presupuesto aprobado por esta Cámara durante todos los años para la Compañía Nacional de Subsistencias Populares es expresión de los objetivos de política económica que el Poder Legislativo le asigna a esa entidad paraestatal. Aún a pesar de la opinión de diputados de todas las fracciones parlamentarias, incluyendo diputados del Partido Revolucionario Institucional, el Poder Ejecutivo inició una reestructuración de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares que modificó substancialmente el carácter de esta entidad y los objetivos de política económica que estaban implícitos en la asignación presupuestal aprobada por el Poder Legislativo.
Nuevamente se dio la discusión entre el criterio de tecnócratas y el criterio de la representación popular, y nosotros pensamos que en esta materia las facultades son del Poder Legislativo y que además, viendo la historia reciente del país, en buena hora esas atribuciones se recuperen para el Poder Legislativo y dejen de ser ejercidas a discreción por tecnócratas en turno.
Pensamos que éste es el problema de fondo del actual presupuesto; es un problema estructural. La definición de política económica con criterios tecnocráticos no es avalada por la mayoría de esta representación popular. En algunos casos podrá operar la disciplina de partido, pero los que en conciencia estén atendiendo a la representación popular, al interés de la representación popular, no podemos avalar un presupuesto que implica concepciones con las que no estamos de acuerdo, un presupuesto en donde el desarrollo económico se deja en manos de la inversión privada y en particular de la inversión extranjera; un gobierno en donde la redistribución del ingreso se hace a un lado porque hay necesidad de privilegiar las ganancias del capital y mantener una tasa atractiva para atraer a los capitales que pueden, según ellos, recuperar el ritmo de crecimiento económico, y finalmente una concepción de un gobierno que no atiende a las necesidades sociales rezagadas porque argumenta la falta de recursos para atender sus responsabilidades.
Es hora de que el país recupere la dinámica del crecimiento sobre la base de atender al sector productivo en el campo y en la ciudad. Es hora de que la redistribución del ingreso pueda ser asumida por el gobierno, sobre la base de afectar a los que más tienen para poder atender las necesidades sociales de la mayoría de los mexicanos.
La diferencia de fondo entre el criterio tecnócrata y el criterio de la representación popular, es el de un proyecto que sirve a las necesidades de una minoría privilegiada o el de un proyecto que atienda los reclamos de la mayoría de los mexicanos.
En el momento de decidir por estas concepciones, la Fracción Parlamentaria Independiente expresa con toda firmeza que optamos por un proyecto que atienda las necesidades de la mayoría de los mexicanos. Esta es nuestra responsabilidad como diputados, ésta es nuestra convicción como representantes populares.
Por estas razones votaremos en contra del proyecto de presupuesto para 1990. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Francisco Navarro Montenegro.
El C. Francisco Navarro Montenegro: - Honorable señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: A nombre de la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, queremos proponer, hacer una propuesta alternativa sobre el Presupuesto de Egresos para la Federación para el año 1990.
Previo a esta propuesta, quisiera aprovechar algunos minutos para hacer un comentario que me parece, así lo siento yo, por lo menos es importante para mí.
Mucho se ha hablado en esta tribuna y hemos, los diputados de todas las fracciones, la mayoría de los diputados de todas las fracciones, tolerado todo lo que aquí se dice tenga o no tenga importancia. Hemos sido tolerantes, respetuosos, lo fuimos cuando el Partido Acción Nacional decidió, de acuerdo a su propia ideología, a su táctica y estrategia, a su decisión interna y a su autonomía como partido político nacional, entablar pláticas para sacar adelante lo que el resto de la oposición nos pareció, y lo seguimos sosteniendo, fue una contrarreforma electoral.
Compartimos con los del Partido de la Revolución Democrática algunos otros proyectos anteriores. Lo que no se vale es que cuando el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en uso de su derecho de autodecisión, como decía aquí un diputado, porque decide internamente una acción muy concreta, sobre todo muy legítima y además porque es nuestra responsabilidad, participamos en el debate de la Miscelánea Fiscal y fijamos con mucha claridad nuestra posición.
Si nosotros pensáramos como los del Partido Acción Nacional, estuviéramos en el Partido Acción Nacional; si nosotros pensáramos como los del Partido de la Revolución Democrática, estuviéramos en el Partido de la Revolución Democrática, o viceversa. El problema es que cuando el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional decide participar, entonces el partido es traidor, el partido es vendido; pero cuando el Partido Acción Nacional decide participar, el Partido Acción Nacional no es traidor, el Partido Acción Nacional no es vendido; cuando el Partido de la Revolución Democrática sostiene pláticas, el Partido de la Revolución Democrática no es traidor, ni el Partido de la Revolución Democrática es vendido.
Nada más, previo a eso, quiero hacer la exposición, compañeras y compañeros diputados, sobre la propuesta del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, pero, lo último, frente a las ideas, se combate con las ideas; frente a una propuesta del Partido del Frente Cardenista y a una decisión política interna, no se valen las actitudes intolerantes de aquéllos que exigen tolerancia del gobierno. ¡Dios nos libre si estuvieran en el gobierno, porque son más intolerantes que el gobierno!
De esa manera, si exigimos tolerancia del gobierno, debemos ser tolerantes entre nosotros mismos. Si exigimos respeto del gobierno, debemos ser respetuosos de las decisiones autónomas de los partidos políticos. La línea está a discusión. Nuestra línea, compañeros, la hemos ejecutado con decisión, con valentía y dando la cara.
"Posición de la fracción parlamentaria del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, respecto al dictamen del decreto de Ley de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio de 1990.
1o. Para el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el ámbito de la política fiscal es el conjunto de medidas relativas al régimen tributario, al gasto público, al endeudamiento interno y externo del Estado, a las operaciones y la situación financiera de las entidades y los organismos autónomos o paraestatales, por medio de los cuales se determina el monto, la distribución de la inversión y el consumo públicos como componentes del gasto nacional, y se influye, directa o indirectamente, en el monto y la composición de la inversión y el consumo privados.
2o. Por lo anterior, afirmamos que en la medida que se acepte, que el Estado debe asumir la responsabilidad de crear la infraestructura de desarrollo mediante inversiones básicas directas, en diversos campos económicos y sociales, y aún de emprender algunas actividades agrícolas, industriales y fundamentalmente distributivas, la influencia directa de la política fiscal, y dentro de ésta la política de gasto público en la conducción del desarrollo económico nacional, es fundamental.
3o. La política fiscal es una categoría de la política económica que, dirigida o espontáneamente, ha desempeñado un papel significativo en la evolución económica registrada en los últimos cuatro decenios en nuestro país. Sobre ésta, sabemos de la influencia ejercida por el enfoque compensatorio o anticíclico, muy frecuentemente utilizado en las economías industrializadas, dicho enfoque se plantea en el contexto de una economía altamente capitalizada que no muestra desequilibrios internos. Esto hace que se ponga interés en los aspectos cuantitativos de la acción fiscal y, particularmente, en el manejo con fines anticíclicos de los déficit y superávit de los presupuestos gubernamentales.
4o. Este tipo de política fiscal tiene una aplicación bastante limitada, dadas las características de nuestra economía. Por lo que resulta necesario que la política fiscal asuma un papel más activo en la aceleración y promoción del desarrollo económico y social de nuestro país, debiendo
tener como objetivo básico, suprimir los desequilibrios de nuestra estructura económica y reducir los amplios márgenes que existen en deuda social.
5o. El monto, asignación, financiamiento y aplicación del gasto fiscal, representa una de las bases fundamentales de la política económica. El hecho de que la Cámara de Diputados sancione, conforme a principios constitucionales, su aprobación y vigile su correcto ejercicio, contribuye al equilibrio de poderes y al desarrollo democrático de la nación, que tradicionalmente nuestro partido ha defendido. De ahí la trascendencia de asignar al presupuesto propósitos y dimensiones adecuadas a fin de corresponder a la magnitud de los problemas del país.
6o. Para la política de gasto de 1990 se marcan como objetivos particulares: contribuir al equilibrio fiscal en apoyo a la estabilidad de precios, modificar la estructura de las erogaciones para atender más decididamente las responsabilidades prioritarias del Estado y apoyar a la población de más bajos ingresos en un esfuerzo por superar las condiciones de extrema pobreza. Ante esto, consideramos que los objetivos planteados no corresponden a los lineamientos y estrategias de política económica, ya que se encuentra supeditada a una deliberada contracción del gasto público en algunos sectores, entre ellos, el desarrollo urbano (+17.5%); industrial (+0.2%); administración central (+37.4%); comunicaciones y transportes (+5.6%): y las erogaciones del gasto de operación de las entidades paraestatales (+36%).
7o. En la estructura del gasto programable, si bien se presentan modificaciones, éstas no son sustantivas, pese a que la tendencia del gasto social y de inversión varía con respecto a años anteriores. Sin embargo, los recursos que se destinan para estos rubros, si bien implican un avance, no son suficientes para abatir los rezagos dejados por una política económica que ha restringido el gasto, en especial, en inversión pública en los últimos nueve años en 70% en términos reales.
8o. En la propuesta del gasto público, el programable aumenta un 4.7% en términos reales y se destina, según la política de gasto, para atender graves carencias y a contribuir a la recuperación sostenida del crecimiento mediante el apoyo a la infraestructura que el mismo crecimiento requiere. Contradictoriamente, al gasto corriente, el cual constituye una de las variables que provocan presiones inflacionarias, se le incrementa 9.9% en términos reales, lo que induce a tener limitaciones en el financiamiento del desarrollo económico.
9o. Algunas de las contradicciones que se presentan en el dictamen del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1990, tienen que ver con la aplicación de los recursos para "superar" los rezagos en infraestructura económica acumulados durante varios años, y al mismo tiempo, la aceptación oficial de que seguirán existiendo restricciones presupuestales importantes en varios sectores, por lo cual se abre la posibilidad de que el gobierno recurra nuevamente a ajustes del gasto público, impactando negativamente en los diferentes sectores de la economía.
10. Conforme al dictamen del decreto de Egresos de la Federación, se presenta una reducción en el pago del servicio de la deuda pública de seis puntos porcentuales, ya que pasa de 38.5% en 1989, al 32.5% para 1990, esto implica un relativo alivio a la política de gasto, sin embargo, esta reducción no se manifiesta en un incremento en el gasto programable, sino que se canaliza hacia el llamado gasto "compensado", por lo que nos encontramos ante un presupuesto similar al presentado en años anteriores.
11. La asignación presupuestal que el Ejecutivo Federal propone, por concepto del pago del servicio de la deuda pública es del orden de 62 billones 500 mil millones de pesos, cantidad demasiado elevada que debilita la hacienda pública, presiona las tasas de interés, distorsiona la asignación de recursos, limita el saneamiento de las finanzas públicas y, por ende, induce frenos a la aplicación del gasto público en las áreas prioritarias y estratégicas de la economía nacional.
12. La nueva estructuración del presupuesto público, propuesta por el Ejecutivo, no representa un sistema de contabilidad pública moderna como se pretende hacer creer, sino que en el fondo se trata de darle una connotación diferente a conceptos tales como las amortizaciones, que generalmente se refieren a pagos del servicio de la deuda interna, donde se propone que sus variaciones no se sujeten a una cantidad determinada que debe ser autorizada por la Cámara de Diputados, como sucedía en presupuestos anteriores, en donde se imponían topes al gasto destinado a cubrir la deuda pública interna. Estas amortizaciones compensadas pueden disminuir o crecer a lo largo del ejercicio fiscal, dependiendo de las tasas de interés y los plazos de revolvencia de ésta, por lo que se corre el riesgo de un desmedido gasto por el pago del servicio de la deuda interna. El gobierno justifica esta situación
con el simple argumento de que sólo se trata de un "gasto compensado".
13. Debemos reconocer que al interior de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, se ha dado eco a algunas de las propuestas de las diferentes fracciones parlamentarias, en un esfuerzo por llegar a un consenso en la asignación, aplicación y vigilancia del gasto público, mismas que se encuentran asentadas en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1990, que entre otras toma en cuenta las siguientes propuestas:
a) En cuanto a las amortizaciones de deuda pública, se establece que el Ejecutivo informará de los movimientos compensados a la Cámara de Diputados;
b) La Secretaría de Programación y Presupuesto y la Secretaría General de la Contraloría de la Federación verificarán los resultados de la ejecución de los programas y presupuesto de gasto de las dependencias y entidades paraestatales;
c) La Secretaría de Programación y Presupuesto aprobará los calendarios de gasto en los primeros 20 días del ejercicio;
d) Se considera como propósito mejorar la situación financiera del sector público, determinando que los excedentes sean canalizados para fortalecer la propia situación financiera del mismo;
e) Se limita al Ejecutivo Federal para que en caso de contingencia no reduzca el presupuesto más allá del 15% de los ingresos presupuestarios, y en caso de ser necesario una mayor reducción, informará a la Cámara de Diputados;
f) En el caso de las economías originadas por pagos de servicios personales no devengados, podrán aplicarse a programas prioritarios de las propias dependencias y entidades que las generen;
g) Se dará tratamiento preferencial a las transferencias destinadas al desarrollo de la ciencia, tecnología e investigación en las instituciones públicas, y
h) En caso de presentarse reducciones del presupuesto no se afectarán los programas de inversión prioritarios.
14. Ante estas consideraciones, la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional estima conveniente presentar una propuesta de gasto público alternativo, que apoye una política de crecimiento que propicie mejores condiciones para incrementar y fomentar la inversión productiva, elimine desequilibrios económicos y propicie un mejor nivel de vida de la población de escasos recursos.
15. La base de nuestra propuesta se centra en que únicamente se deben de pagar por intereses de la deuda externa lo equivalente al 10% de las deportaciones y no el 25% que se tiene asignado originalmente. Conforme a este criterio se tendrían que pagar solamente 6 billones 100 mil millones de pesos en lugar de los 15 billones proyectados, es decir, 8 billones 900 mil millones de pesos menos, lo cual representa un 59% con respecto a la propuesta del proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1990. La afectación de este rubro impactaría el pago del servicio de la deuda externa del gobierno federal en 7 billones 500 mil millones de pesos menos y en la de organismos y empresas en 1 billón 400 mil millones de pesos.
16. Los 8 billones 900 mil millones de pesos que proponemos que no se utilicen para cubrir el pago del servicio de la deuda externa, se deben de destinar para incrementar el gasto programable en desarrollo rural, desarrollo social y en comercio y abasto. Este monto se canalizaría plenamente al gasto de inversión, con lo que se fortalecerían los montos propuestos por el Ejecutivo Federal. Así, el gasto programable se vería incrementado en un 8%, en lugar del 4.7% que se contempla en el proyecto original.
17. De la cantidad de referencia, 7 billones 500 mil millones de pesos, se canalizarían al gasto del gobierno federal, impactando positivamente en agricultura y recursos hidráulicos en 33.6%; comercio y fomento industrial 20.1%; educación pública 19.5%; salud 123.5%; y aportaciones a seguridad social 22.7%. Este monto preferencialmente se debe de destinar a incrementar aún más el gasto social y de inversión en estos sectores, con lo cual, sino se abaten los rezagos totalmente se darán los primeros pasos hacia la superación de éstos.
18. La justificación en la que se basa nuestra propuesta al dar un mayor presupuesto al ramo agricultura y recursos hidráulicos, respecto a la propuesta del Ejecutivo, se sustenta en la necesidad básica de recuperar la soberanía alimentaria, así como resarcir los rezagos en infraestructura básica e hidráulica a fin de poder incorporar y habilitar superficies de temporal a sistemas de riego y con esto propiciar mejores condiciones de producción que incidan en la elevación del nivel de vida de los campesinos.
19. Con respecto a comercio y fomento industrial consideramos recomendable este incremento debido a que este ramo debe de incidir sustancialmente en el apoyo al fomento y crecimiento
de las sociedades cooperativas, la micro, pequeña y mediana industria que son las que en última instancia proporcionan la mayor cantidad de fuentes de trabajo, así como también garantizan el abasto de bienes de consumo básico para la población de bajos ingresos.
20. En el caso de los sectores salud y educación pública, los incrementos que nuestro partido propone no satisfacen las crecientes necesidades de la población, pero estamos convencidos que representan un acercamiento a los niveles de gasto sugeridos tanto por las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, como por la Organización Mundial de la Salud, mismos que deben representar para ambos rubros, el 4% del producto interno bruto. En el rubro de educación, por considerarlo prioritario, sugerimos la asignación de mayores recursos para el desarrollo de la ciencia y tecnología.
21. El gasto propuesto para seguridad social implica otorgar una mayor cobertura a las clases desprotegidas y marginadas del país, apoyando con esto al Programa Nacional de Solidaridad.
22. Los restantes 1 billón 400 mil millones de pesos, se asignarían al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, Instituto Mexicano del Seguro Social y Compañía Nacional de Subsistencias Populares, para darles mayores posibilidades de ampliar su cobertura, prestar mejores servicios y atender a la población de bajos ingresos. Es conveniente aclarar que este gasto debe de provenir de transferencias del gobierno federal, por lo tanto, los recursos deben de cargarse en el presupuesto que se autorice al mismo, en sus ramos de salud y comercio y fomento industrial.
23. La propuesta integral de alternativa de gasto del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, se puede apreciar en los cuadros siguientes; viene un conjunto de cuadros donde hacemos una comparación entre lo que propone el Ejecutivo y que nos trae aquí la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y también tiene la propuesta que nosotros hacemos y que finalmente se sintetiza en lo siguiente.
Presupuesto de Egresos del gobierno federal, miles de millones de pesos; concepto Presidencia de la República. El proyecto que nos presenta la comisión de 142 mil 800 millones de pesos, nosotros proponemos 142 mil millones 800 millones de pesos; Gobernación 404 mil 800 millones de pesos, nosotros proponemos la misma cantidad; Relaciones Exteriores 366 mil 500 millones de pesos, nosotros proponemos exactamente la misma cantidad; Hacienda y Crédito Público 2 billones 603 mil 800 millones de pesos, nosotros proponemos la misma cantidad; Agricultura y Recursos Hidráulicos, aquí es donde estamos planteando un incremento de 3 billones 472 mil 800 millones de pesos que propone el Ejecutivo, nosotros planteamos la necesidad de apoyar a la agricultura a fin de lograr una autonomía y una independencia alimentaria de la cantidad de 4 billones 639 mil 300 millones de pesos, lo que representaría un incremento del 33.6%; en comunicaciones y transportes el Ejecutivo propone 2 billones 589 mil 800 millones de pesos y nosotros proponemos 2 billones 589 mil 800 millones de pesos, es decir, la misma cantidad; Comercio y Fomento Industrial, también proponemos un incremento, el Ejecutivo propone 5 billones 644 mil 400 millones de pesos y nosotros proponemos 6 billones 779 mil 900 millones de pesos, es decir, un incremento para Comercio y Fomento Industrial del 20.1%; educación pública, se propone, por parte del Ejecutivo; 15 billones 836 mil 300 millones de pesos, nosotros proponemos 18 billones 922 mil 100 millones de pesos, es decir, un incremento de 19.5%; Salud, la propuesta del Ejecutivo es de 2 billones 306 mil 800 millones de pesos, nosotros proponemos 5 billones 156 mil 100 millones de pesos, es decir, un incremento para Salud de 123.5%; Marina 700 mil 500 millones de pesos, nosotros proponemos la misma cantidad y así sucesivamente, en todo caso en aportaciones a seguridad social es donde también proponemos un incremento; el Ejecutivo 2 billones 975 mil 800 millones de pesos y la propuesta de la fracción parlamentaria del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional es de 3 billones 653 mil 200 millones de pesos, es decir un incremento de 22.7%.
Compañeros diputados, es cierto y lo hemos señalado, no solamente hemos señalado las sombras de la propuesta del Ejecutivo y la propuesta que nos hace la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, sino también hemos aquí expresado las luces, es decir, los aciertos que fueron consenso de todas las fracciones parlamentarias y las cuales en forma muy madura apoyó la comisión respectiva; sin embargo, como en lo sustancial y como en lo global la política económica del actual régimen no tiene modificaciones transcendentales se sigue sacrificando al país y a su clase trabajadora, se pasa por alto que está primero la deuda con el pueblo que la deuda con el extranjero, el voto del partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, de su fracción parlamentaria, será en contra de la propuesta que nos hacen. Muchas gracias, señores diputados. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Patricio Estévez.
ANEXO ESTADÍSTICO
PROYECTO DE PRESUPUESTO
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 1990
El C. Manuel Patricio Estévez Nenninger: - Gracias, señor Presidente; compañeros diputados: Para razonar nuestro voto en relación al dictamen de Presupuesto de Egresos para el 1990, en primer lugar desarrollaremos algunos criterios fundamentales de orientación que a nuestro juicio deberán de replantearse en el actual dictamen.
En primer lugar, el gasto debe de reorientarse hacia un mayor crecimiento y más acelerado desarrollo del sector productivo agropecuario, pesquero y energético de la economía; en segundo lugar, se debe de acelerar la construcción y la terminación de toda la infraestructura de tipo hidráulico, portuario y de suministro energético en el país, con el objeto de elevar la productividad por peso invertido y por hora - hombre utilizada dentro de los parámetros del producto interno bruto, y romper algunos de los cuellos de botella que en materia alimenticia y en materia energética se siguen agudizando y que prevemos nosotros que estos cuellos de botella en suministración de electricidad, gasolinas y alimentos, se agudizarán en 1990.
Por otro lado, el crédito productivo debe de incrementarse para que se fomente la recuperación de todos los sectores que hoy se han venido retrayendo; estimular la producción y el empleo, elevando el nivel de vida de la mayoría de los mexicanos, dentro de programas que transformen prioritariamente la industrialización de todas las materias primas que se generan en el área de producción básica.
La iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos promete como uno de sus objetivos centrales, que las acciones del gobierno buscan como propósito central el mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos en todos los órdenes, buscando el mejoramiento de quienes menos tienen.
Hay muchas frases en los criterios y en la fundamentación de motivos, en las cuales se pretende mejorar de manera directa las situaciones que se han llamado de pobreza extrema; sin embargo, se desprende del presupuesto que no habrá en el corto plazo ningún incremento generalizado en los niveles de vida y bienestar, al no establecerse los incrementos salariales que demanda la población trabajadora del campo y de la ciudad, ni tampoco incrementos sustanciales en la generación del número de empleos, además de que es previsible que con la tasa inflacionaria prevista para el año próximo de 20% y la carga fiscal de la miscelánea, se agravará la disminución del poder adquisitivo real del salario.
La población no sabe, con todo y las promesas que se han venido haciendo por los economistas del gobierno, cuándo podrá llevar más alimentos a la mesa de sus hogares.
En los últimos seis años, el Programa Nacional de Alimentos informó que la población de bajos ingresos, de 1982 a 1988, disminuyó su consumo nutricional diario promedio, de 2 mil 240 a 2 mil 180 calorías per capita, y descendió su consumo de proteínas totales de 55.7, a 54 gramos de proteínas por habitante, y dentro de ellas, las proteínas de origen animal también se vinieron abajo, de 12.8 a 11.16 gramos per capita. Solamente el pequeño segmento de la población de ingresos medios y altos elevó su consumo de proteínas de origen animal pasando de 40.9 gramos a 46.2 gramos y de calorías totales la población de ingresos medios altos pasó de 3 mil 240 a 3 mil 254, cifras oficiales del programa que ya se liquidó que se llama Pronal o Programa Nacional de Alimentos, que dirigió el señor De la Vega Domínguez.
En standard internacional de consumo de proteínas totales es de 70, hago esta observación porque a una población de ingresos medios y altos promediada solamente ascendió de 40 a 46.2 gramos, muy por debajo del standard básico aceptado internacionalmente como una nutrición adecuada propia del Siglo XX.
En este sentido, estos elementos nos muestran la necesidad de replantear la estrategia económica del gobierno, se requiere dar verdaderamente un impulso a la política salarial en la que los aumentos de las percepciones reales estén por arriba del crecimiento de la productividad de la economía y no por debajo como ha venido siendo en estos últimos siete años, que según el Plan Nacional de Desarrollo el crecimiento promedio que se espera para el próximo año será del 4% anual del producto como promedio de todo el sexenio. Y que se reoriente también la inversión hacia la creación de suficientes empleos productivos.
Así, la mejor vía para recuperar los niveles de vida y combatir la pobreza extrema, la única forma real es recuperando el renglón empleos y salarios, porque si proyectamos que en promedio el actual sexenio pretende crecer al 4% anual el promedio y que la población económicamente activa crecerá 3% anualmente también el promedio, entonces el diferencial es nada más de un crecimiento real del 1% y la población crece al 2.5%, la población total. Esto significa que si el salario real creciera a esta tasa, recuperará el mexicano el nivel del salario que teníamos en 1982 dentro de 70 años, aun si se estableciera un
crecimiento real del 5% y no del 4%, el salario recuperaría su nivel de 1982 para el año 2004.
El reto es grande, pero el rezago lo es más. Es necesario crear mínimo 1 millón 600 mil empleos al año remunerados para lograr llegar al año 2000 sin la existencia del insultante desempleo abierto y el subempleo que vemos crecer todos los días en las principales ciudades que arrojan campesinos del campo en búsqueda de cualquier empleo.
Es conveniente destacar también en este renglón que el producto interno bruto en la presente década, por persona, disminuyó 14%, además de que la caída en el ingreso fue muy desigual, como lo hemos establecido.
Así, mientras la población total del país pasó de 71 millones 400 mil en 1981 a poco más de 85 millones en 1989, los pobres, la pobreza extrema lo hicieron de 32 millones 100 mil a 41 millones 300 mil más.
En este breve lapso de tiempo, en esta década, nueve de cada 10 mexicanos que se incorporaron a la población en el crecimiento total, pasaron a formar parte del ejército de los hogares pobres.
En cuanto al servicio de la deuda externa e interna, consideramos que los 62 billones 500 mil millones de pesos de gasto por servicio a la deuda que se proyectan para 1990 todavía representan un fuerte lastre para el crecimiento a la economía del país, no obstante que comparando con los 76 billones 100 mil millones que se pagaran en 1989, sí representan una disminución del 20.5% en términos reales.
La verdad es que esta disminución, producto de la renegociación de la deuda externa, dista mucho de ser un triunfo para nuestro país sobre la banca acreedora, consideramos es un pírrico logro.
Desde que nuestro país manifestó su pretensión de efectuar una renegociación multianual, se buscaba desde el principio que la banca acreedora ajustara el principal a su verdadero valor del mercado secundario, es decir, lo redujera en un 55% que era su cotización en ese mercado; y no sólo por esta razón, sino porque el crecimiento de la deuda externa fue producto de una serie de condiciones ilegítimas que se hicieron retroactivas, de las que ya hemos hablado en otros momentos.
Además, a causa de esta elevada e ilegítima transferencia al exterior, el gobierno federal se ha visto ante la imperiosa necesidad de recurrir al gigantesco financiamiento interno sobre la base del cual proyecta pagar para 1990, solamente de intereses, 47 billones 500 mil millones de pesos que sumados a los 15 billones por servicio de la deuda externa, representan prácticamente la tercer parte del gasto público neto de 1990.
Esto, sin contar con los vencimientos de las amortizaciones que ocurrirán en 1990 que serán compensadas con emisión de nueva deuda, y que hasta ahora la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha dado claramente a conocer en cuanto a su monto para el próximo año.
Insistimos en lo que hemos comentado en otras ocasiones, de que el Poder Ejecutivo necesita cambiar la mentalidad monetarista que ha venido guiando este tipo de decisiones para diseñar una nueva estrategia que obviamente, contando con el apoyo de la mayoría de la población trabajadora y subemplada, obligue a la banca acreedora a ceder a una rebaja aún mayor en el saldo de la deuda externa.
Solicito a la Presidencia que incluya tres cuartillas en las cuales desarrollo con más precisión todavía, cuáles son las proyecciones para los próximos cinco años en cuanto al problema del empleo y de las percepciones reales salariales, que no pretendo dar lectura sino que se incorporen en el Diario de los Debates, para pasar al desarrollo final de cinco aspectos fundamentales que hasta este momento, a juicio de mi partido, no han quedado suficientemente claros en la fundamentación de motivos del decreto de Presupuesto de Egresos que hoy estamos debatiendo por parte de la Comisión de Programación y Presupuesto.
Déficit
Desde los Criterios Generales de Política Económica, se establece que el déficit financiero del sector público para 1990 será de un 1.6% del producto, equivalente aproximadamente a 9 billones 700 mil millones de pesos; dicho cálculo se efectúa desde una manera absolutamente objetable, pues dentro de los ingresos presupuestales, se incluyen 22 billones 560 mil millones de pesos dentro del renglón de los aprovechamientos, los que se supone, serán recuperaciones de capital, obtenidas en virtud del acuerdo del gobierno mexicano con la banca acreedora extranjera.
Dicha cantidad no puede ser considerada como una recuperación de capital de manera similar a la venta de activos físicos, pues la reducción del saldo de la deuda no proporcionará directamente ningún flujo líquido en efectivo al gobierno.
Si hubiese, dentro de la cuenta del gasto neto, un renglón de ajuste en el que se considerara un
desembolso por 22 billones 560 mil millones, con el objeto de saldar las cifras, podría considerarse este manejo como un mero asiento contable que no altera los resultados financieros del sector público, pero al no existir ningún renglón de esa naturaleza dentro de la cuenta de gasto, se altera gravemente la estimación del déficit financiero del gobierno y no se definen explícitamente las fuentes de financiamiento reales correspondientes.
En la cuenta doble de ingresos de la administración pública central, se puede entender mejor este hecho. Si la cuenta de ingresos se depura, de los inexistentes 22 billones 560 mil millones, resulta un ingreso presupuestal de 106 billones 150 mil millones de pesos. El gasto presupuestal, por su parte, suma 130 billones 553 mil millones, lo que resulta en un déficit presupuestal de la administración pública central de 24 billones 538 mil millones de pesos.
Para financiar esta brecha, el gobierno federal deberá contar con deuda nueva por esa suma.
Al considerar la reducción esperada de 22 billones 500 mil millones en la deuda externa, se asume que sólo se requiere que el saldo de la deuda crezca en 1 billón 972 mil millones de pesos; sin embargo, se usa el concepto de "variación neta del saldo de la deuda" en lugar de entender el endeudamiento como un proceso jurídico y constitucional de contratación del débito; se entiende el endeudamiento como un asunto de contabilidad y no como un contrato jurídico constitucional y legal.
Si se desecha la maniobra contable que permite la reducción del déficit a 1.6% del producto, se observa que se ubicaría en realidad en 5.3% el déficit con respecto al producto interno, cifra inferior en sólo un punto a la de 1989 y no en 4.7 puntos como se pretende hacer creer.
El servicio de la deuda
El servicio neto de la deuda pública interna representa en 1990 el 33.3% del gasto presupuestal de la administración pública central. Si bien se reduce la proporción respecto al nivel de 1989, permanece aún sumamente alto. El motivo se encuentra desde los Criterios Generales de Política Económica.
De acuerdo a este documento que marca la línea de todo lo demás, el costo porcentual promedio que indica el costo del dinero, tendrá un promedio de 35.1% en 1990, en tanto que la inflación media se ubicará aproximadamente en 17% y tal vez hasta el 20%.
Esto significa que en promedio las tasas reales mensuales que el gobierno tendrá que pagar por la obtención de deuda interna serán de 1.46%, lo que resulta en una tasa real anualizada cercana al 20%, superior cuatro veces a los promedios internacionales.
Una tercera parte de cada peso que gaste el gobierno se canalizará hacia sus acreedores internos, que seguirán siendo fuertemente premiados por el simple hecho de no colocar su dinero en dólares. Las altas tasas reales internas que de acuerdo a los criterios generales continuarán durante 1990, son una forma demasiado costosa y peligrosa para el gobierno y para la sociedad en general de impedir como objetivo central la fuga de capitales o incentivar mediante el llamado al retorno de éstos.
Contingencias para el aumento previsible en los ingresos
Si bien es cierto que se incluyó en el proyecto de dictamen que leyó hace un momento la compañera diputada a nombre de la Comisión de Programación, en el cual se modificó el artículo 14 de la Ley de Egresos, con el objeto de que ante una reducción considerable de los ingresos el Ejecutivo informe a la Cámara respecto a las medidas correspondientes, debería también contemplarse algo semejante para las contingencias resultantes del incremento de los ingresos más allá de la proporción esperada.
En la medida en que una de las principales fuentes de recursos del sector público continúa siendo la venta del petróleo y que se encuentran éstas sujetas a fluctuaciones imprevisibles hacia arriba o hacia abajo, y que el acuerdo con los acreedores compromete recursos petroleros después de 1996, el Congreso de la Unión debería exigir que el Ejecutivo informe del uso de los ingresos excedentes, ya que en 1989, un precio del petróleo superior en cinco dólares al esperado, cuando se elaboraron las leyes de Ingresos y Egresos, permitió al gobierno obtener ingresos adicionales por concepto de exportaciones de crudo por un monto casi equivalente a 2 mil 400 millones de dólares, de los cuales no tuvo conocimiento este Congreso.
Por esa razón, es procedente establecer también una cláusula que asegure la participación de la Cámara de Diputados en la reasignación del gasto en caso de que los ingresos superen a los esperados dentro de las proporciones ya establecidas.
Proporciones generales de la asignación
Si bien se producirá efectivamente un incremento del gasto programable en términos reales y un
crecimiento considerable de la inversión pública, deben ponderarse las proporciones del incremento, con el objeto de que tenga una imagen precisa del esfuerzo que se tendrá que realizar hacia el futuro. Por ejemplo: la inversión pública total de la administración central sumará 5 billones 300 mil millones de pesos a lo largo de 1990 y es equivalente a un solo mes. Todo lo que se invertirá en la administración pública central, es el equivalente a sólo un mes en el pago de intereses y comisiones de la deuda pública.
La inversión pública presupuestal realizada por Petróleos Mexicanos, ascenderá a 5 billones 600 mil millones de pesos, es decir, una cantidad equivalente apenas a las tres cuartas partes del pago de intereses que tendrá que realizar dicha empresa paraestatal.
Los salarios y sueldos de la totalidad de empleados y funcionarios del sector público, todo lo que se les pagará será equivalente apenas al 53% de los intereses de la deuda pública.
En términos generales, la asignación del gasto continúa privilegiando el pago de los intereses de la deuda pública en lugar de privilegiar a la inversión productiva física o a la creación de empleos.
Si bien deben reconocerse incrementos sustanciales en algunos rubros del gasto social, éstos apenas cambian ligeramente las proporciones generales de la asignación, debido al nivel tan deprimido del que parten dichos incrementos.
La falta de inversión en el sector energético
En Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza, se invertirá en 1990, en conjunto, 10 billones de pesos, cifra que resulta totalmente insuficiente respecto a la urgencia derivada de las necesidades de este sector.
A pesar de que la reducción de las reservas probadas del petróleo, debido a la falta de exploración, ya se ha convertido en uno de los problemas más críticos del sector que puede poner en riesgo la posibilidad de crecimiento en el Siglo XXI. No se fija ninguna meta de recuperación de un cierto nivel en las reservas, sino que se limitan los lineamientos sectoriales al fijar solamente metas de producción.
En el caso de la electricidad, sólo se contempla en 1990, la generación de 1 mil megawatts adicionales en 1990; 560 en 1991 y 700 en 1992. Lo que querrá decir que en los próximos tres años sólo se adicionará la capacidad eléctrica en 2 mil 330 megawatts, lo que significará un crecimiento promedio anual de poco más del 3% en la capacidad actual de generación, lo cual es totalmente insuficiente para las necesidades del país. Este hecho podrá representar una limitante real que impida el crecimiento buscado y deseado. Para impedirlo, y tampoco desviar recursos que se destinarán al gasto social, sería conveniente que se redujese aún más el monto del pago de los intereses que tendrá que pagar el sector público ya para 1990 y que impide, y no nos cansaremos de repetirlo, destinar recursos adicionales que están haciendo urgentemente falta en todos los sectores proletarios de nuestra economía, para acelerar la terminación de los grandes proyectos nacionales por los cuales existe nuestra Constitución y nuestra Revolución Mexicana. Muchas gracias.
Y pretendo dejar el texto completo a la secretaría, insistiendo en la súplica ya formulada de que se integre por completo en el Diario de los Debates.
El C. Presidente: - Intégrese en el Diario de los Debates.
«Diciembre de 1989.
Fundamentación sobre el voto razonado, contra el Presupuesto de Egresos para 1990, por el diputado Manuel Patricio Estévez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
1o. En primer lugar, el gasto se debe reorientar hacia un crecimiento más acelerado del sector productivo agropecuario, agroindustrial, pesquero, minero, manufacturero y energético de la economía.
2o. Se debe rehabilitar y terminar de construir toda la infraestructura de comunicación, hidráulica, portuaria, energética, con el fin de poder elevar la productividad por peso invertido y por hora - hombre utilizada, dentro del crecimiento del producto interno bruto, y romper los cuellos de botella que ya se presentaron en estas áreas.
3o. El crédito productivo no inflacionario que requiere la economía para la recuperación, tiene que colocarse a menores tasas de interés que las actuales tasas activas, en cantidad y oportunidad suficientes, para estimular la producción, el empleo y elevar el nivel de vida de la mayoría de los trabajadores dentro de los programas que transformen industrialmente las materias primas en el área de su producción primaria y, por otra parte, desestimular la inversión especulativa que alimenta la inflación.
4o. La iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos promete que las acciones del gobierno
pretenden como propósito central el mejoramiento de la calidad de la vida de los mexicanos en todos los órdenes, buscando sobre todo el mejoramiento de quienes menos tienen.
"El crecimiento económico es un objetivo supeditado al ascenso productivo del bienestar social", se afirma. Asimismo, dice que "las erogaciones asignadas para 1990 buscan otorgar la máxima prioridad al gasto social reorientándolo para aliviar de manera más intensa y directa las situaciones de pobreza extrema". Sin embargo, según se desprende del presupuesto, no habrá en el corto plazo ningún incremento generalizado en los niveles de bienestar al no establecerse incrementos salariales y del empleo de importancia. Además de la inflación y la carga fiscal que se agravarán.
La población no sabe por ello cuando, con todo y las promesas de la política actual, llevará más comida a las mesas de sus hogares, comida que ha disminuido en los últimos seis años: el Programa Nacional de Alimentos informó que la población de bajos ingresos de 1982 a 1988, disminuyó su consumo nutricional diario promedio de 2 mil 240 a 2 mil 180 calorías per capita, y descendió su consumo de proteínas totales de 55.7 a 54 gramos por habitante, y las proteínas de origen animal también se vinieron abajo de 12.8 a 11.6 gramos. Solamente la población de ingresos medios y altos elevó su consumo de proteínas de origen animal, de 40.9 a 46.2 gramos y de calorías totales de 3 mil 240 a 3 mil 254. Cifras de pobreza del Programa Nacional de Alimentos. "Financiero".
El salario
Por ello, es urgente un cambio en la estrategia económica, que implemente una política salarial en la que los aumentos de las percepciones reales estén por arriba del crecimiento de la productividad de la economía, que según el Plan Nacional de Desarrollo será del 4% anual en promedio en el actual sexenio, y se reoriente también la inversión hacia la creación de suficientes empleos productivos.
Así, la mejor vía para recuperar los niveles de vida adecuados, es recuperando en forma acelerada el renglón empleo - salario, pues si proyectamos que en promedio en el actual sexenio se crecerá 4% anual, y que la población económicamente activa crecerá 3% anualmente en promedio, entonces la productividad global crecerá solo 1%, esto significa que si el salario real creciera a esa tasa, recuperaría su nivel de 1982 en 70 años; aún si se estableciera un crecimiento real del 5% anual, el salario recuperaría su nivel de 1982 en el año 2004.
El reto es grande, pero el rezago lo es más, pues es necesario crear 1 millón 600 mil empleos por año para llegar al año 2000 sin desempleo abierto ni subempleo.
Para lograr lo anterior, se requiere que aún disminuya sustancialmente el porcentaje que se propone para el pago del servicio de la deuda.
El servicio de la deuda externa e interna
Los 62 billones 500 mil millones de gasto por servicio de la deuda pública proyectado para 1990, representa todavía un fuerte lastre para el crecimiento de la economía del país, no obstante que comparado con los 66 billones 100 mil millones pagados en 1989, representa una disminución del 20.5% en términos reales, la verdad es que la actual renegociación de la deuda externa dista mucho de ser un triunfo para nuestro país sobre la banca acreedora, fue tan sólo un pírrico logro.
Desde que nuestro país manifestó su pretensión de efectuar una renegociación multianual, se buscaba que la banca acreedora ajustara el principal a su verdadero valor, es decir, lo redujera en un 55%, que era su cotización en el mercado secundario, y no sólo por esta razón, sino que el crecimiento de la deuda externa fue algo ilegítimo y representa un nuevo saqueo a la nación.
Con el monto de los intereses que México ha pagado durante los últimos años sobre un saldo fraudulentamente inflado como se puntualiza arriba, más la amortizaciones de capital, nuestro país prácticamente ya pagó gran parte de la deuda externa, por lo que conseguir que nos rebajen sólo el 35% en el principal, más que un triunfo es un premio de consolación, pues en realidad la rebaja debió haber sido de cerca del 60%.
Además, a causa de esta elevada e ilegítima "transferencia de recursos al exterior", el gobierno federal se ha visto en la imperiosa necesidad de recurrir a un gigantesco financiamiento interno, sobre el cual proyecta pagar para 1990, 47 billones 500 mil millones de pesos de intereses, que sumados a los 15 billones por servicio a la deuda externa, representan prácticamente la tercera parte del gasto público neto de 1990, esto sin constar con los vencimientos de las amortizaciones que ocurrirán en 1990 que serán compensadas con emisión de nueva deuda, y que hasta ahora, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha dado a conocer su monto proyectado en este renglón para el próximo año.
Es necesario que esta representación nacional cambie la mentalidad del Poder Ejecutivo para diseñar una nueva estrategia, que obviamente
deberá contar con el apoyo popular, a fin de obligar a la banca acreedora a acceder a una rebaja mucho mayor en el saldo de la deuda externa superior al 60%.
En la presente renegociación, la reducción del principal será de aproximadamente 22 billones 600 mil millones de pesos, (8 mil millones de dólares). La iniciativa registra como un ingreso nuevo esta cancelación de deuda, e incluso la refleja en la iniciativa de decreto de egresos para 1990 para ser invertida en el gasto proyectado.
El método de registro de esta operación es incorrecto porque no se trata de un ingreso físico de dinero fresco susceptible de ser invertido, sino una cancelación de deuda, o al menos que el gobierno proceda a emitir papel moneda adicional por la cantidad similar a la cancelación del pasivo, es decir, por 22 billones 600 mil millones de pesos, si ése es el caso, esto debe ser informado claramente a esta Cámara de Diputados.
Es necesario pues rebajar 22 billones 600 mil millones de pesos al monto del ingreso proyectado y del gasto, lo que elevaría el déficit financiero al 5.3% con respecto al producto interno bruto, y no el 1.6% como se nos pretende hacer creer, sólo restará que la Secretaría de Programación y Presupuesto nos aclare en qué renglón del gasto se disminuirá como contrapartida, que esperamos sea en el renglón de intereses de la deuda externa e interna, y no en el gasto programable que afecte la inversión.
Ante el fracaso del Plan Brady, ha llegado la hora de que las condiciones las pongamos nosotros, los países latinoamericanos a los bancos. Por ello, México de intensificar sus relaciones con los principales deudores para estudiar y negociar conjuntamente nuevas rondas de pláticas con los acreedores.
Los años de crisis, 1982 - 1989, además de ser inequitativos han sido empobrecedores. En la actualidad, cerca de la mitad de la población mexicana, 41 millones, no satisface sus necesidades esenciales, de la cual 17 millones viven en condiciones de "extrema pobreza".
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Programación y Presupuesto y del Programa Nacional de Solidaridad, en las zonas rurales se concentra el grueso de la población cuyos habitantes pertenecen a hogares en pobreza.
De lograrse en México una tasa sostenida de crecimiento de la economía del orden de 3% por habitante al año, la pregunta sería: ¿cuántos años son necesarios para que los hogares que están por debajo de la línea de pobreza alcancen a satisfacer sus necesidades esenciales?
De no efectuarse una política deliberada de redistribución del ingreso, el 10% de los hogares más pobres; es decir, los más pobres de los pobres, tendrían que esperar 64 años.
El siguiente 10% de los hogares; es decir, los que están en una situación relativa mejor que los primeros, pero lejos de ser satisfactoria, tardaría 33 años para satisfacer sus necesidades esenciales.
El siguiente 10% esperaría 21 años y el siguiente 10% tendrán que esperar 10 años, esto sin introducir ningún cambio en la distribución del ingreso, para el 40% de los hogares, que son los que se encuentran en situación de extrema pobreza, la espera sería de una o varias generaciones.
En cambio, en el otro extremo, si el ingreso real del 60% de los hogares, en mejor situación relativa, se mantuviera constante y todo el incremento a un ritmo de 3% anual del producto por habitante se distribuyera entre el 40% de los hogares más pobres, la espera para satisfacer sus necesidades esenciales sería sólo de cuatro a cinco años.
Muy poco tiempo, destaca el Programa Nacional de Solidaridad Social, sobre cuando se considera que el costo máximo para el 60% de los hogares relativamente más ricos sería quedarse por ese breve lapso como están en la actualidad, para después de esos cinco años volver a mejorar.
Durante la presente década, el producto interno bruto por persona disminuyó 14%, además de que la caída en el ingreso fue muy desigual. Así, mientras la población total del país pasó de 71 millones 400 mil en 1981, a poco más de 85 millones en 1989, los pobres lo hicieron de 32 millones 100 mil a 41 millones 300 mil.
En este breve lapso de tiempo, nueve de cada 10 mexicanos que se incorporaron a la población, pasaron a formar parte de los hogares pobres.
Comentarios relativos al Presupuesto de Egresos de la Federación para 1990, artículos 2o., 6o., 7o. y 14
Los siguientes comentarios corresponden a diferentes aspectos que pueden ser sujetos a discusión en la asamblea debido a que, o no quedan claros en el presupuesto o en el dictamen correspondiente, o son claramente objetables en cualquiera de los dos documentos.
1. El tema del déficit
En los Criterios Generales de Política Económica se establece que el déficit financiero del sector
público para 1990 será de 1.6% del producto interno bruto, equivalente aproximadamente a 9 billones 700 mil millones de pesos. Dicho cálculo se efectúa de una manera absolutamente objetable, pues dentro de los ingresos presupuestales se incluyen 22 billones 565 mil millones de pesos dentro del renglón de los aprovechamientos, los que se supone serán "recuperaciones del capital" obtenidas en virtud del acuerdo de gobierno mexicano con la banca extranjera.
Dicha cantidad no puede ser considerada como una "recuperación de capital" similar a la venta de activos físicos, pues la reducción del saldo de la deuda no proporcionará directamente ningún flujo de efectivo al gobierno.
Si hubiese dentro de la cuenta del gasto neto un renglón de ajuste en el que se considerara un desembolso por 22 billones 565 mil millones, con el objeto de saldar las cifras, podría considerarse este manejo como un mero asiento contable que no altera los resultados financieros del sector público, pero al no existir ningún renglón de esa naturaleza dentro de la cuenta de gasto, se altera gravemente la estimación del déficit financiero del gobierno y no se definen explícitamente las fuentes de financiamiento correspondientes.
En la cuenta doble de ingresos de la administración pública central se puede entender mejor este hecho. Si la cuenta de ingresos se depura, de los inexistentes 22 billones 500 mil millones, resulta un ingreso presupuestal de 106 billones 15 mil millones de pesos. El gasto presupuestal, por su parte, suma 130 billones 553 mil millones, lo que resulta en déficit presupuestal de la administración pública central de 24 billones 538 mil millones de pesos. Para financiar esta brecha, el gobierno federal deberá contraer deuda nueva por esa suma.
Al considerar la reducción esperada de 22 billones 500 mil millones en la deuda externa, se asume que sólo se requiere que el saldo de la deuda crezca en 1 billón 972 mil millones de pesos. Sin embargo, se usa el concepto "variación neta del saldo de la deuda" en lugar de entender el endeudamiento como un proceso jurídico de contratación de débito. Se entiende el endeudamiento como un asunto contable y no como un contrato legal.
Si se desecha la maniobra contable que permite la reducción del déficit a 1.6% del producto interno bruto, se observa que se ubicaría en 5.3% del producto interno bruto, cifra inferior en sólo un punto a la de 1989 y no en 4.7 puntos, como se pretende.
2. El servicio de la deuda
El servicio neto de la deuda pública interna representa en 1990 el 33.3% del gasto presupuestal de la administración pública central. Si bien se reduce la proporción respecto al nivel de 1989, permanece sumamente alto. El motivo se encuentra en los Criterios Generales de Política Económica. De acuerdo a este documento, el costo porcentual promedio, el indicador del costo del dinero, tendrá un promedio de 35.1% en 1990, en tanto que la inflación media se ubicará aproximadamente en 17%.
Esto significa que, en promedio, las tasas reales mensuales que el gobierno tendrá que pagar por la obtención de deuda interna serán de 1.46%, lo que resulta en una tasa real anualizada cercana al 20%, superior cuatro veces a los promedios internacionales. Una tercera parte de cada peso que gaste el gobierno se canalizará hacia sus acreedores internos, que seguirán siendo fuertemente premiados por el simple hecho de no colocar su dinero en dólares. Las altas tasas reales internas, que de acuerdo a los criterios generales, continuarán durante 1990, son una forma demasiado costosa para el gobierno y para la sociedad en general, de impedir la fuga de capitales o proporcionar el retorno de éstos.
3. Contingencias para el aumento
de los ingresos
Si bien en el proyecto de dictamen se sugiere modificar el artículo 14 de la Ley de Egresos con el objeto de que ante una reducción considerable de los ingresos, el Ejecutivo informe a la Cámara respecto a las medidas correspondientes debería contemplarse algo semejante para las contingencias resultantes del incremento de los ingresos más allá de cierta proporción.
En la medida que una de las principales fuentes de recursos del sector público, las ventas externas de petróleo, se encuentran sujetas a fluctuaciones imprevisibles, hacia arriba o hacia abajo, y que el acuerdo con los acreedores compromete recursos petroleros después de 1996, el Congreso debería exigir que el Ejecutivo informe del uso de ingresos excedentes. Por ejemplo, en 1989, un precio del petróleo superior en cinco dólares al esperado cuando se elaboraron las leyes de Ingresos y Egresos, permitió al gobierno obtener ingresos adicionales por concepto de exportaciones de crudo por un monto de casi 2 mil 400 millones de dólares, de los que no tuvo conocimiento el Congreso. Por esa razón, es conveniente establecer también una cláusula que asegure la participación de la Cámara de Diputados en la reasignación del gasto en caso de que
los ingresos superen a los esperados en cierta proporción.
4. Proporciones generales
de la asignación
Si bien se producirá efectivamente un incremento del gasto programable en términos reales y un crecimiento considerable de la inversión pública, deben ponderarse las proporciones del incremento con el objeto de que tenga una imagen precisa del esfuerzo que se tendrá que realizar.
Por ejemplo, la inversión pública total de la administración central sumará 5 billones 300 mil millones de pesos a lo largo de 1990 y es equivalente a un solo mes de pago de intereses y comisiones de la deuda pública.
La inversión física presupuestal realizada por Petróleos Mexicanos ascenderá a 5 billones 600 mil millones de pesos, es decir, una cantidad equivalente apenas a las tres cuartas partes del pago de intereses que tendrá que realizar dicha empresa paraestatal.
Los salarios y sueldos de la totalidad de empleados y funcionarios del sector público son equivalentes apenas al 53% de los intereses de la deuda pública.
En términos generales, la asignación del gasto sigue privilegiado el pago de los intereses de la deuda pública en lugar de la inversión física o la creación de empleos. Si bien deben reconocerse incrementos sustanciales en algunos rubros del gasto social, éstos apenas cambian ligeramente las proporciones generales de la asignación, debido al nivel tan deprimido del que parten los incrementos.
5. La falta de inversión
en el sector energético.
En Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza se invertirán en 1990, 10 billones de pesos, cifra que resulta totalmente insuficiente respecto a la urgencia derivada de las necesidades de este sector.
A pesar de que la reducción de las reservas probadas de petróleo debido a la falta de exploración se ha convertido en uno de los problemas más críticos del sector que puede poner en riesgo la posibilidad de crecimiento en el Siglo XXI, no se fija ninguna meta de recuperación de un cierto nivel de reservas, sino que se limitan los lineamientos sectoriales a fijar metas de producción.
En el caso de la electricidad, sólo se contempla en 1990 la generación de 1 mil megawatts adicionales en 1990; 560 en 1991 y 700 en 1992, lo que quiere decir que en los próximos tres años sólo se adicionará la capacidad eléctrica en 2 mil 330 megawatts, lo que significa un crecimiento promedio anual de poco más de 3% en la capacidad de generación, totalmente insuficiente para las necesidades del país. Este hecho puede representar una limitante inmediata para el crecimiento.
Para impedirlo y tampoco desviar recursos que se destinarán al gasto social, sería necesario que se redujese aún más el monto de los intereses que tendrá que pagar el sector público en 1990 y que impide destinar recursos adicionales para acelerar la terminación de proyectos de generación eléctrica e iniciar otros que garanticen la oferta en la segunda mitad de los noventa.»
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Marín Rebollo.
El C. José Marín Rebollo: - Gracias, señor Presidente; honorable asamblea: El grupo parlamentario del Partido Popular Socialista expresa su voto en contra del dictamen a discusión, por las consideraciones que a continuación me permito expresar y que solicito se inserten en el Diario de los Debates.
El proyecto de Presupuesto de Egresos para 1990 carece de un verdadero propósito revolucionario que dé un fuerte impulso al desarrollo económico nacional y permita proseguir por el camino correcto para, además de mantener un crecimiento sostenido, hacer más justa y equitativa la distribución de la riqueza, consolidar y cohesionar a la nación para que esté en posibilidades de enfrentar los intereses neocoloniales de los países capitalistas desarrollados, quienes ven en las precarias economías de las naciones dependientes y subdesarrolladas el terreno propicio para reproducir aceleradamente sus capitales, elevar sustancialmente sus ya cuantiosas utilidades, imponer el ritmo, la forma y la calidad de la producción, ensayar nuevos esquemas de financiamiento y en consecuencia absorbernos definitivamente a sus mercados y así profundizar el papel que se nos asigna en la división internacional del trabajo, de ser países exclusiva y definitivamente exportadores de materias primas y capitales.
La política económica contrarrevolucionaria aplicada, se concreta en la falta de un gasto público federal audaz, democrático y antiimperialista que como nación soberana nos aleje cada día más de estructurarnos en lo económico como un país
definitivamente dependiente de Estados Unidos de América, pues tanto en las cifras como en la orientación del gasto, se refleja un programa de gobierno antipopular y neoliberal que sólo pretende favorecer a la pequeña minoría de grandes empresarios especuladores y extranjerizantes que forman la cúpula dirigente de la iniciativa privada.
Un gasto público que trata de encubrir y reforzar el papel real de la inversión extranjera directa, que es el de saquear nuestros recursos y desplazar al capital nacional para apoderarse cada vez más de nuestro mercado y como nación convertirnos en país neocolonial.
El uso del antipopular expediente de la reducción del gasto, ha sido parte toral en la política económica del sexenio anterior y del actual régimen, pues a partir de 1983, el gasto público se ha reducido en casi el 10% del producto interno bruto, afectando fundamentalmente al gasto programable, con resultados desastrosos para la economía y el bienestar del pueblo.
Estos son los hechos: Entre 1983 y 1989, el gasto neto devengado en términos reales reporta un tasa media anual de crecimiento del 3.8%, siendo el sector paraestatal uno de los más afectados con un promedio anual de menos 7.1%; en cambio, el servicio de la deuda presentó un crecimiento promedio anual de 7.9%; asimismo, la inversión física pasó del 5.3% al 2.8% del producto interno bruto, reduciéndose globalmente en más del 5%.
Los sectores más afectados con la reducción del gasto son: pesca, con una tasa anual decreciente del 35.5%; turismo con menos 13% anual; desarrollo rural con menos 12.9%; comercio y abasto con menos 9.7% y en menor grado de afectación están comunicaciones y transportes con menos 8.2%; industria con menos 5.5% y desarrollo regional con menos 4.1%.
Por eso plantear en los objetivos del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1990, los mismos criterios de ajuste y austeridad en el gasto, no sólo conlleva a cometer los mismos errores y daños a nuestra economía y soberanía, sino que se insiste en imponer, cueste lo que cueste, según se dice, un modelo económico neoliberal que cancela la intervención del Estado en la economía a través de un presupuesto más restringido en la inversión estatal.
La vieja demanda de reducir el gasto público ha sido sostenida permanentemente por las fuerzas de la derecha, por los enemigos de la intervención del Estado en la economía, por el imperialismo y hoy por el grupo gobernante. Su objetivo es eliminar la presencia del Estado en la vida económica de nuestra nación y para lograr tal objetivo, sostienen tesis absurdas, como la señalada por el licenciado Carlos Salinas de Gortari, al afirmar que: " un Estado no propietario puede garantizar la defensa de la soberanía y otorgar justicia a los mexicanos". Esta falsedad que no resiste el más ligero análisis, se derrumba ante la experiencia histórica de los últimos 70 años que nos han demostrado que sin la intervención del Estado en la economía, no existen las bases para garantizar la independencia y soberanía de la nación, sobre todo en una etapa de fuerte injerencia imperialista, como es la etapa actual.
De la misma forma, el Estado revolucionario no hubiera tenido la posibilidad real de mejorar las condiciones de vida del pueblo mexicano durante casi 65 años, de no ser por la base económica que generó la intervención del Estado en la economía.
Ahora bien, el Presupuesto de Egresos de 1990 se encuadra en las líneas estratégicas de política económica del Plan Nacional de Desarrollo, cuyo eje central es la "modernización" en todos los aspectos de la vida nacional.
A nuestro juicio y conociendo el sustento teórico de quienes le dan esta interpretación a la modernización, dicha estrategia corresponde a los lineamientos que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han trazado para los países en vías de desarrollo, como México, para profundizar no en el desarrollo independiente de los pueblos, sino para hacerlos cada día más dependientes.
El Partido Popular Socialista combatirá este propósito del imperialismo y sus amanuentes internos sin tregua.
Veamos estas líneas de estrategia del Plan Nacional de Desarrollo: "Estabilidad continua de la economía; ampliación de la disponibilidad de recursos para la inversión productiva y modernización económica".
No se puede sostener que tengamos estabilidad de la economía cuando se tiene un Estado débil, cuyo gasto programable para 1990 sólo se incrementa respecto del año anterior en un 0.2% del producto interno bruto, mientras que al pago de intereses de la deuda se le destina una tercera parte del presupuesto, es decir, el equivalente al 10.3% del producto interno bruto.
Las transferencias a las paraestatales controladas presupuestalmente, tan sólo aumentan el 0.4%,
cuando precisamente han sido las empresas del Estado el motor del desarrollo económico y una vía para lograr una distribución más equitativa de la riqueza.
Por el contrario, se reconvierte el aparato productivo nacional con una orientación exportadora, dejando de lado la peligrosa contracción del mercado interno, siendo los sectores más beneficiados los transnacionales de la industria automotriz, productos químicos y tecnologías de punta, como la electrónica.
Tampoco se puede afirmar que la política económica aplicada ha fortalecido nuestra economía, cuando por acuerdo de las cúpulas empresariales y dirigentes sindicales, se han impuesto a los trabajadores "pactos" que no cumplen los grandes empresarios especuladores y que cada vez más muestran su fracaso.
Tal es el caso más reciente que se firmó en una tercera etapa, cuando todavía faltaban cuatro meses para terminar la segunda. A través de estos "pactos", se imponen a las clases más desprotegidas sacrificios para reducir la inflación cuando los salarios durante el período señalado han perdido el 56% de su capacidad de compra y hoy se encuentran los trabajadores percibiendo salarios más bajos que hace dos décadas.
La política económica así aplicada crea un nuevo patrón de desarrollo que en lo esencial se apoya en bajos salarios y en el gran volumen de desempleo. La tasa de desempleo se calcula hoy aproximadamente en 18.5% de la población económicamente activa.
¿A qué ha conducido el pacto, y en sí, todas las medidas de choque que han impulsado los tecnócratas del gobierno para estabilizar nuestra economía? A una mayor concentración de la riqueza, pues tan sólo el 10% de la población detenta el 70% del producto interno bruto, a un debilitamiento del Estado en su intervención en la economía, mediante la venta de sus empresas y a una acelerada apertura al capital extranjero en más del 100%, lo que en consecuencia, nos ha hecho más dependientes de la economía de Estados Unidos de América y de otros países imperialistas.
A contrapunto, se requiere llevar adelante lo que ha demandado el Partido Popular Socialista y las fuerzas del campo progresista: Impulsar la política de nacionalizaciones, elevar las condiciones de vida del pueblo mediante un mejor reparto de la riqueza, implementando la escala móvil de salarios y diversificar nuestro comercio en todos los países, entre otras medidas.
En otro punto de la estrategia de política económica a que se refiere el Plan Nacional de Desarrollo, la supuesta ampliación de la disponibilidad de recursos para la inversión productiva, se advierte que en el gasto público para 1990 se otorga la máxima prioridad al gasto social y en cambio se considera a la inversión privada nacional y extranjera como impulsores básicos de nuestro desarrollo económico, además de que el Estado orientará su inversión a la creación de infraestructura para la industria privada y la dotará de los medios para su desarrollo, como electricidad y energéticos, es decir, la llamada modernización económica consiste en privatizar la economía, asignándole al Estado un papel pasivo en la actividad económica.
Las cifras son contundentes e indican que hasta el momento la inversión pública ha disminuido en aproximadamente 50% durante el período 1982-1989, desincorporando ya no sólo empresas que se argumentaba eran innecesarias, sino también empresas importantes que producen bienes de capital, insumos y servicios que requiere la planta industrial en expansión, como Dina, Concarril, Aeroméxico, Mexicana de Aviación, Teléfonos de México, Tubos de Acero, Nacional Hotelera, Fundidora Monterrey, Compañía Minera Cananea, etcétera.
A lo anterior, hay que sumar la reducción en el gasto de inversión que se da para Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Fertilizantes Mexicanos, Azúcar, S.A., Instituto Mexicano del Café, Productos Forestales Mexicanos, etcétera. Por eso, resulta condenable la política desnacionalizadora del actual y anterior régimen que, con el afán de la llamada reordenación económica, ha retirado la intervención del Estado en las empresas estratégicas y prioritarias.
De esta forma, la inversión pública en los últimos años ha dejado de ser un mecanismo reactivador del financiamiento que coadyuve al fortalecimiento de la capacidad productiva con un sentido nacionalista. Se plantea en el proyecto del presupuesto, fomentar la inversión privada, ya no sólo en la producción, sino también en los servicios, muchos de ellos designados a la exclusividad del Estado. En la construcción y operación de carreteras, se asigna al sector comunicaciones y transportes un presupuesto inferior al de 1989, en un porcentaje de 5.6%; pero en cambio, se impulsará la inversión privada en este terreno.
Otro aspecto de la política económica que ha incidido negativamente, es el pago del servicio de
la deuda externa, pues solamente durante los últimos siete años se pagaron 95 mil millones de dólares, que es igual al 8.5% del producto interno bruto en ese período, y al 65.3% de las exportaciones totales acumuladas. Ello ha ocasionado que los recursos que pudieron servir para el crecimiento de nuestra economía, han sido transferidos al exterior, poniendo hoy en grave riesgo nuestra supervivencia como nación soberana, pues a pesar de que dentro de la estrategia de la política económica está la de reducir la transferencia de recursos al exterior, el gobierno se propone destinar el 32.2% del presupuesto de 1990, tan solo para el pago de los intereses de la deuda.
En sí, la estrategia de la modernización de nuestra economía, sustentada por el Plan Nacional de Desarrollo, se concreta en el gasto público de la Federación para 1990, sintetizado en los siguientes lineamientos: mayor apertura a la inversión extranjera; maquilización de nuestro país; apertura indiscriminada al comercio exterior; privatización del aparato económico; privatización de servicios como los financieros, la banca, la educación, la salud, etcétera y el impulso a la privatización del campo. Si bien es cierto que el presupuesto para el desarrollo social crece en un 12.6% respecto al de 1989, también es cierto que resulta insuficiente frente a los grandes rezagos sociales, agudizados desde 1983 a 1989.
En educación, el panorama es sumamente preocupante, pues 1 millón 500 mil niños de cuatro a cinco años carecen de enseñanza preescolar; 300 mil alumnos que egresan de preprimaria no ingresan a primaria, por la incapacidad para cubrir la demanda; más de 6 millones 500 mil alumnos de primaria no concluyen sus estudios; 500 mil desertan sin haber terminado el tercer grado, y 380 mil lo hacen antes de terminar los seis grados.
Por lo que corresponde a la enseñanza secundaria, aproximadamente 300 mil no tienen acceso a ella. Por otra parte, 1 millón 700 mil niños de entre 10 y 14 años no están inscritos en ningún tipo de servicio educativo y de la demanda de educación especial únicamente es atendido un 10%, por lo cual 1 millón 900 mil niños no reciben este servicio.
En lo que respecta a la educación media superior, sólo el 56% de los alumnos concluyen sus estudios en el tiempo respectivo oficial; de ellos, el 42% no continúan sus estudios de educación superior.
Referente a la educación superior, a los grados objetivos de atención cuantitativa de la demanda, deben sumarse metas cualitativas. El acelerado crecimiento de la matrícula en este nivel y las insuficiencias para atenderlas, han provocado el deterioro académico, por lo que el desarrollo cualitativo es prioritario.
En lo correspondiente a ciencia y tecnología, este gasto depende casi exclusivamente de recursos fiscales; tradicionalmente se había manejado que la iniciativa privada participara con el 10% ó 15% del gasto total nacional; actualmente, el sector público participa con el 97%, por lo que la aportación del sector privado cayó a solamente un 3%. En los mejores años este gasto representó casi el 0.6% del producto interno bruto, hoy se calcula en sólo el 0.24%.
Debe preocuparnos lo anterior, ya que nuestro país produce alrededor del 0.2% de la ciencia mundial y en su conjunto las naciones en vías de desarrollo participan con alrededor del 3% del gasto mundial. Además, si consideramos que lo que proporciona desarrollo e independencia económica a un país son los avances en la ciencia y la tecnología, y que se nos ha argumentado que la inversión extranjera traerá tecnología para apuntalar el desarrollo, entonces preguntamos, ¿cómo absorberá nuestro país esa tecnología si no tenemos una base creada para ello? Entonces nunca acabará nuestra dependencia tecnológica y por ende tampoco nuestra dependencia tecnológica respecto de las potencias imperialistas.
De ahí la importancia, compañeros diputados, de incrementar y garantizar de manera real y decidida la investigación nacional, científica y tecnológica con recursos suficientes que desde luego no lo son los que se proponen en este presupuesto.
Por otra parte, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial ha informado que del total de patentes registradas en México, el 5% son nacionales y el 95% restante extranjeras; de las cuales sólo el 5% de las patentes nacionales se utilizan. Se estima que la compra y transferencia de tecnología ha contribuido en forma importante al abultado débito externo, pues en los pasados ocho años, el país ha adquirido equipos y maquinaria extranjera por más de 50 mil millones de dólares.
Es lamentable que nuestro país, teniendo una gran potencialidad agropecuaria, actualmente importe del exterior el 20% de alimentos; solamente el año pasado México gastó 3 mil 500 millones de dólares en ello, por lo menos el 80% del presupuesto de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares está destinado a compras en el extranjero.
Recientemente nuestro país pidió 500 millones de dólares en créditos agrícolas de Estados
Unidos, aportó sólo 135 millones de dólares, obligándonos a obtener el resto de otras fuentes con tasas menos favorables. Actualmente 30 millones de mexicanos tienen problemas de nutrición. El consumo per capita de alimentos ha disminuido en 20% desde 1981, el 59% de la población rural padece de desnutrición; el consumo de carne bajó 45% de 1982 a 1988 y el consumo de frijol cayó en un 4%
En 1988, la producción de los 10 cultivos básicos fue de 22 millones 400 mil de toneladas, cifra inferior en 13.2% a la del año anterior. En 1989, en el primer semestre también fue negativa, porque de los cultivos básicos: arroz, frijol, maíz y trigo, se perdieron 2 millones 135 mil hectáreas.
En la última década, México se ha convertido en el primer importador de leche en polvo en el mundo, al requerir 240 mil toneladas anuales. El programa de la producción pecuaria del gobierno para 1989 - 1994, se enfocará a superar los rezagos existentes, principalmente en la producción de leche. Se estima que este proyecto alcanzará un crecimiento anual de 2.4%. Así mismo, se dice que se fomentará la producción de carne, proyectándose tasas de crecimiento del 4.2% y 4% respectivamente. La producción moderable crecerá 4.5% y la no moderable 6.1%; el arroz 3.8% y queso 3.5%.
De 1980 a 1989, se han importado 60 millones de toneladas de alimentos. La inversión pública en el campo ha disminuido del 19% del total, al 5% y la participación del crédito bancario descendió del 14% a menos 6%.
Lamentablemente esta situación tiende a agravarse, pues aunque para 1990 se destinarán 6 billones 200 mil millones de pesos para fomentar el desarrollo rural, en la práctica equivale al 0.2% del incremento real respecto al asignado el año anterior y mantiene, al igual que ese año, una proporción del 1% de producto interno bruto.
Sin embargo, para 1990, el ejercicio del presupuesto vendrá acompañado de una serie de medidas "modernizadoras", tendientes a privatizar para los grandes agricultores el campo y su producción y autorizar, ahora sí, atractivos precios de garantía que serán aprovechados por los grandes acaparadores. Para aplicar este presupuesto, el Ejecutivo solicita le sea aprobado el considerar como erogaciones afectivas totales lo que ha denominado gasto público neto, que excluye, según se dice, las amortizaciones que tienen como contraparte una colocación equivalente y que por lo tanto no afectan el saldo neto de la deuda pública del país.
Además, se dice que lo anterior es una práctica común que ya se sigue en otras naciones con sistemas de contabilidad pública modernizados. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1990 no reporta, dentro de sus 194 billones 400 mil millones de gasto neto total, un solo centavo para amortización de la deuda externa que no fue renegociada, ni tampoco para pago de amortización de la deuda interna. ¿Quiere esto decir que para 1990, nuestros acreedores nacionales y extranjeros no nos exigirán un solo centavo por concepto de amortizaciones? O quizá que por este concepto se pagarán cantidades superiores a los 21 billones de pesos que sumados a los 62 billones 500 mil millones que se reportan para el pago de intereses, equivaldrían a destinar más del 43% del Presupuesto de Egresos al pago del servicio de la deuda, porcentaje 13% menor al destinado a ese concepto el año pasado y que por ello se resisten a presentar como tal, ya que revelaría de manera clara, tanto al interior como al exterior del país, que la renegociación de la deuda que el gobierno de México realizó al amparo del Plan Brady fue un rotundo fracaso en nada alivió la transferencia neta de recursos financieros al exterior, que no obstante haber cumplido fielmente y hasta con exceso los dictados del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del Club de París, nuestra situación económica no mejora, que de nada han servido ni el sacrificio del pueblo de México, ni de su clase trabajadora, ni la pérdida de independencia económica, y que por el contrario nos encontramos peor que cuando se inició la renegociación.
Compañeras y compañeros diputados, necesitamos cuentas claras y no malabarismos contables, que se nos hable con la verdad y que no escondan mañosamente estos resultados. ¿Cuánto vamos a pagar en 1990 por concepto de amortización de la deuda pública y externa?
Por otra parte, se nos pide en el decreto del presupuesto que estamos analizando, se autorice al Ejecutivo a reducir el presupuesto que nos pide aprobar en caso de que se presenten contingencias que repercutan en la disminución de los ingresos presupuestales.
Esto quiere decir que un gasto público exiguo orientado hacia el desarrollo social, en el que a la inversión pública se le resta toda importancia, será sometido a recortes durante su ejecución, debido a que la Miscelánea Fiscal que aprobó la fracción del partido del gobierno, tiene más de 300 parches y no será posible recaudar por esta vía los 70 billones de pesos que se proyectan.
Esto, compañeros diputados, es verdaderamente inaceptable. ¿Cuál es pues la división de poderes
de la que habla la Carta Magna nuestra?, ¿de qué manera la está cumpliendo esta LIV Legislatura?
El Partido Popular Socialista se opone rotundamente a esta práctica anticonstitucional, por ello, votará el Partido Popular Socialista en contra del dictamen. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Rafael Melgoza.
El C. Rafael Melgoza Radillo: - Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros: La posición que por mi conducto el Partido de la Revolución Democrática manifiesta es en contra del dictamen aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1990.
En el proyecto de Presupuesto de Egresos para 1990, formulado por el Ejecutivo, observamos un movimiento positivo del gasto público, pero aun no se presenta el cambio que la mayoría nacional necesita de la orientación de la política económica estabilizadora practicada por el actual grupo gobernante desde hace siete años.
El programa de gasto público, a pesar de los pequeños incrementos anunciados, se inscribe en las mismas líneas estratégicas de política económica que han determinado que el costo de la larga crisis de la economía mexicana recaiga sobre los trabajadores.
Esa política económica ha condicionado la viabilidad de una nueva etapa de crecimiento a la implantación de una nueva hegemonía económica: la del capital financiero nacional y/o transnacional. Esa política económica ha concedido prioridad al pago de la deuda pública, ha castigado el gasto productivo y social, ha favorecido la concentración del ingreso aumentando la participación del capital monopólico y financiero, y disminuido la de los trabajadores del campo y la ciudad y de los pequeños y medianos empresarios orientados a producir para el mercado interno.
Ha frenado el crecimiento económico mediante el instrumento de un superávit primario de las finanzas públicas, ha provocado que los desequilibrios de la estructura económica se acentúen mediante el deterioro y la ampliación del rezago de algunos sectores productivos.
Finalmente, esa línea de política económica practicada desde hace siete años y ratificada en el Presupuesto de Egresos para 1990 ha profundizado la dependencia financiera y tecnológica del país.
El gasto público es un instrumento fundamental de la política económica que nosotros consideramos debe contribuir al desarrollo nacional en tres aspectos fundamentales: uno, el impulso del crecimiento económico; dos, la superación de los rezagos que se presentan en algunos sectores productivos, cuyos rezagos producen desequilibrios en la estructura económica; y, tres, una mejor distribución social del ingreso y de la riqueza.
Consideramos que al prevalecer la orientación fundamental de la política económica practicada desde hace siete años, aunque hay un leve incremento del gasto social y productivo, el programa de gasto contenido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1990 no conduce al logro de los tres propósitos anteriormente señalados.
Persiste, mediante el gran superávit primario, la política de austeridad que retrae el crecimiento. El pago del servicio de la deuda, aunque disminuye en el presupuesto de 1990, sigue siendo el renglón más cuantioso del gasto público, por lo cual consideramos que sigue siendo también excesivo.
Los incrementos anunciados para la inversión y la infraestructura productiva y en los sectores industrial y energético, son insuficientes ante los enormes rezagos acumulados. En algunos sectores, como el rural, ni siquiera se podrá impedir que el deterioro siga avanzando.
Tampoco encontramos en el presupuesto, el anuncio de una política firme para mejorar la distribución del ingreso, ni siquiera se anuncia una clara y significativa mejoría en el salario de los empleados públicos.
Como resultado de la última renegociación de la deuda externa, el titular del Ejecutivo ha informado al pueblo de México que el problema del endeudamiento excesivo ha sido finalmente resuelto.
Para 1990, es evidente que se programa un servicio de la deuda menor, tanto en lo que se refiere a intereses a los acreedores foráneos como amortización. Es claro, también, que la transferencia de recursos financieros va a respecto del pasado inmediato. Sin embargo, estamos aún lejos de poder decir con seriedad que el endeudamiento del sector público ha sido resuelto, ni el endeudamiento externo ni el interno.
La reducción del pago de intereses en 1990 respecto a 1989 será de un 22% en términos reales; sin embargo, el pago de intereses sigue representando un porcentaje muy alto del gasto neto: el 32%
El pago de intereses equivale, en el presupuesto de 1990, al 56% del gasto programable, porcentaje que no alcanza ningún sector en que se distribuye ese gasto.
En relación con el producto interno bruto, el pago de intereses representará en 1990 el 11%, dividido en 7% a interno y 4% al externo, lo cual sigue siendo un tributo excesivo, similar al que se le impuso a Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Casi igual, en términos porcentuales, al que se pagó en 1984, 11.1% del producto interno bruto, y en 1985, 12.2%. Con la aclaración de que en esos años el producto interno bruto fue menor en términos reales en 7% y 5% al proyectado para 1990.
A ningún sector en que se clasifica la distribución del gasto público se destina un monto mayor que el destinado al pago de intereses. Según el presupuesto, por cada peso que se destina al sector de desarrollo social en 1990, se destinarán un peso 60 centavos al pago de intereses; por cada peso destinado a salud se destinarán tres pesos 15 centavos a intereses; por cada peso que se gaste en educación irán tres pesos 33 centavos al pago de intereses; por cada peso destinado al sector de desarrollo rural se pagarán 10 pesos 14 centavos de intereses.
Hay otras razones por las que pensamos que el asunto de la deuda excesiva no ha sido resuelto: la disminución de la transferencia de recursos financieros al exterior parcialmente se basa en la contratación de nuevos créditos, esto es una parte considerable de la amortización de deuda vieja se logrará mediante la contratación de deuda nueva; así seguimos comprometiendo el futuro del país.
Con la reclasificación del gasto público que eliminó el concepto de gasto total, poniendo a cambio el de gasto neto, se oculta lo que el gobierno federal destina a la amortización de deuda con el pretexto de que ese gasto en amortización se compensa con otras entradas financieras.
Si la compensación es al 100%, como se deduce del presupuesto de 1990, y si el factor compensación son nuevos créditos, entonces lo que sucede es que el monto de la deuda pública sólo disminuirá en 1990 por las rebajas al principal que se deriven de la última renegociación de la deuda externa.
La compensación de 100% de lo que se paga como amortización significa que si bien la deuda neta no aumenta, tampoco disminuye, excepto por el efecto de las quitas al principal negociadas.
Tampoco el excesivo endeudamiento interno ha sido superado. El gobierno pide prestado a los representantes domésticos del capital financiero sólo para pagar los altos intereses de la deuda interna; las tasas internas de interés continúan siendo excesivamente altas; la deuda pública sigue siendo una carga demasiado pesada que repercute en forma negativa en las condiciones de vida de la mayoría de la población.
Cuando más del 10% del producto del país se entrega como tributo a la usura nacional e internacional, como sucederá todavía en 1990, no podemos hablar de asunto resuelto, la deuda sigue siendo un condicionante fundamental de la economía nacional, obliga al sacrificio del mercado interno para dar prioridad a las exportaciones y así captar las divisas que se entregan a la banca internacional. Eso no cambiará en 1990, obliga al gobierno a entregar más del 30% de sus intereses, de sus ingresos al capital financiero nacional y transnacional, postergando, por ese motivo, la solución de urgentes rezagos sociales y productivos de la nación.
El Presupuesto de Egresos de 1990, nos muestra que sigue siendo válida la propuesta que ha hecho el Partido de la Revolución Democrática de un cambio de táctica en la negociación de la deuda externa. El gobierno de México no debe descartar la adopción de medidas unilaterales ni la concertación con otros países deudores, particularmente los latinoamericanos, para exigir conjuntamente una verdadera solución a este problema.
La mayor disponibilidad de recursos por la disminución del servicio de la deuda, no se trata en un incremento proporcional del gasto programable y la participación a estados y municipios; si disminuye el pago para el servicio de la deuda, entonces puede disminuir también el superávit primaria sin que ello repercuta en un mayor déficit financiero del gobierno; sin embargo, en el Presupuesto de Egresos de 1990 el Ejecutivo prefirió, ante una disminución del pago del servicio de la deuda, aumentar el superávit primario. Esto significa que el aumento en la disponibilidad de recursos del sector público será mayor que el incremento en el gasto del mismo en sueldos, salarios, bienes y servicios. Este es un sacrificio por vía fiscal que el gobierno pretende imponer a la sociedad; significa que el gobierno regresa a la sociedad en bienes y servicios una cantidad de dinero menor de la que le quita.
En el Presupuesto de Egresos de 1990, se pone énfasis en que habrá un superávit superior al 10% del producto interno bruto, casi igual a los intereses de la deuda; para eso se destina el superávit, con lo cual se reduce significativamente el déficit financiero.
En la presentación que hizo, del presupuesto de 1990, el ciudadano Secretario de Programación y Presupuesto, afirmó con satisfacción: "el superávit primario, esto es, el balance fiscal antes de intereses, se situará en el 10.2% del producto, su máximo valor en nuestra historia".
El Ejecutivo pretende justificar el incremento del superávit primario como una necesidad de la política antiinflacionaria. El argumento oficial establece una relación causal entre el superávit primario y la inflación; un mayor superávit determina una menor tasa de inflación. Esta aseveración choca con lo que ha sucedido en el largo proceso inflacionario que padece la economía mexicana.
De 1983 a 1987, creciente superávit del sector público, no determinaron menores tasas de inflación, al contrario, éstas fueron siempre hacia arriba hasta que en diciembre de 1987, después de estar al filo de la hiperinflación, el gobierno decide, mediante el llamado Pacto de Solidaridad, controlar los precios de los bienes más importantes, al tiempo que continuaba el rígido control de los salarios; sólo así se frenó la inflación, no mediante la reducción del gasto público en relación con el ingreso.
Es más, en la Cuenta Pública de 1988, el Ejecutivo explica que pudo reducir el gasto público respecto de lo programado incrementando así el superávit primario, gracias a la reducción de la tasa inflacionaria. De ese modo se presentó el argumento al revés; no fue el superávit el que determinó una baja en la inflación, sino es la baja, lo que permitió un mayor superávit primario en las finanzas públicas.
La experiencia reciente de la economía mexicana nos enseña que no fueron las políticas recesivas las que permitieron frenar la inflación. Por eso cuestionamos la alabanza que el gobierno hace de un superávit que para 1990 será el más alto de la historia.
Nosotros no proponemos que el gobierno practique una política de incremento irresponsable de su gasto deficitario, pero tampoco justificamos un sacrificio fiscal que ya lleva demasiados años, consistente en que el gobierno gaste en bienes y servicios una cantidad proporcionalmente cada vez menor de sus ingresos.
EL impacto del gasto público sobre el crecimiento económico, se nulifica cuando por cada peso de gasto corriente o de inversión, el gobierno le cobra a la sociedad un peso 10 centavos o más. Eso conduce al estancamiento económico que se manifiesta, por ejemplo, en que para 1990 el producto por persona será 1.7% mayor al de 1989. Después de toda una década de retroceso, en 1980 el producto por habitante en términos reales fue 7% mayor que el proyectado para 1990.
Tampoco ayuda esta política de sacrificio fiscal al revertir el gran deterioro de la estructura productiva del país, por ejemplo, el deterioro del sector agropecuario, el rezago en ciencia y tecnología y el retroceso en la producción nacional de bienes de capital y de energéticos, no podrán revertirse en el mediano plazo mientras persista la política de austeridad que se expresa en crecientes superávit primarios.
La inversión pública bien orientada, debe de ser un instrumento eficaz para superar obstáculos que se presentan en algunos sectores o ramas productivas y que afectan al funcionamiento de la economía en su conjunto. En este renglón, durante los últimos siete años ha habido un profundo retroceso que en el presupuesto de 1990 no se supera con los insuficientes aumentos que se programan.
Para 1990, se programa un incremento en el gasto de inversión del gobierno federal en términos reales, de un 17% pero aún así, en 1987 la inversión del gobierno fue mayor que la programada para 1990 en un 25%.
La de 1983, fue mayor a la programada en el presupuesto de 1990 en un 96%. En lo que se refiere a los organismos y empresas del sector público, el incremento programado para 1990 es de un 18%, pero aún es menor al de 1987 en un 3% y al de 1983 en un 26% en términos reales.
Todavía en 1990, el incremento en la inversión no alcanza para crear capacidad productiva, apenas servirá para una reposición parcial, reparación y terminación de activos fijos.
En las fallas de la estructura del aparato productivo se ubican las presiones inflacionarias básicas. La inversión pública puede y debe contribuir a la superación de esos cuellos de botella que producen presiones inflacionarias. La política de austeridad que determina el superávit primario, al frenar el gasto en inversión, contribuye a reproducir y agravar esos factores inflacionarios.
A pesar de que se pretenda justificar por un supuesto efecto antiinflacionario la política de gastar menos en consumo e inversión por cada peso de ingreso público, sirve más bien para reproducir en forma ampliada las causas estructurales de la inflación.
Tampoco el propósito de mejorar significativamente la distribución de ingresos se cumple en el Presupuesto de Egresos de 1990. Se mantiene la vieja línea de austeridad que golpea fundamentalmente a los sectores populares.
Un programa como el Programa Nacional de Solidaridad, con un presupuesto de 2 billones 500 mil millones de pesos, que representa el 1.8% del gasto programable y el 0.33% del producto interno bruto, por muy positivo que sea, no sólo no revierte, ni siquiera puede impedir este programa que siga profundizándose la concentración del ingreso en unos cuantos poderosos en detrimento de la mayoría de la población.
Estamos de acuerdo en que se ataque la pobreza extrema, pero la política de ataque a la pobreza extrema no debe servir de "pantalla" al proceso de empobrecimiento general de los trabajadores del campo y la ciudad, que avanza en todo el país y que afecta desde los profesionistas de alta especialización hasta a los obreros de salario mínimo. Se debe atacar la pobreza extrema, pero al mismo tiempo que se ataque el proceso de empobrecimiento general de la nación, no se vale que el gobierno con una mano impulse un modelo de desarrollo desnacionalizador, socialmente excluyente, que reproduce en forma ampliada en empobrecimiento de la mayoría nacional, y con la otra mano intente mitigar la pobreza extrema que ese mismo modelo genera.
Una política de mejorar la distribución del ingreso implica una política salarial y de precios al sector agropecuario, lo mismo que de mejoramiento sustancial en cantidad y calidad de los servicios públicos, principalmente educación y salud, que en el Presupuesto de Egresos no se observa.
Respecto de los salarios, la administración central en su calidad de principal empleador nacional; muy bien podría empezar a marcar una pauta diferente de lo que ha sido un proceso de deterioro real del salario en los últimos siete años, de un 50%. Por ejemplo, podría empezar con los médicos y los maestros, que constituyen la mayor parte de los empleados públicos y que prestan un servicio directo a los sectores sociales de menores recursos.
Este propósito no se observa en el presupuesto, en cambio se expresa ahí la repetida tesis de la actual administración de que para mejorar los salarios se requiere antes que haya crecimiento sostenido y una mayor productividad del trabajo.
Al adoptar esa tesis, el gobierno olvida que en ningún momento la drástica caída de los salarios reales fue causada por una correspondiente reducción en la productividad. Desestima también que no habrá crecimiento sostenido sin una sostenida ampliación del mercado interno, para lo cual el aumento del poder adquisitivo del salario es una condición necesaria.
El rezago de los precios agrícolas, llámense de garantía o de concertación, ha sido decidido por criterios de política antiinflacionaria elaborados por la misma dependencia que formula el Presupuesto de Egresos, la Secretaría de Programación y Presupuesto, que tiene una participación dominante en el gabinete agropecuario.
Esos criterios de política económica los consideramos profundamente equivocados, ya que con el pretexto de que los precios agrícolas están más bajos en ciertos momentos en Estados Unidos de América, se prefiere gastar en financiar la importación de granos, que en fomentar la producción nacional. El resultado de la aplicación de ese criterio, ha sido una creciente y peligrosa dependencia alimentaria. Por esos criterios, se ha pretendido justificar tanto las reducción de los precios agrícolas en términos reales, como el abandono presupuestario del sector de desarrollo rural.
En el presupuesto, se indica un aumento en el gasto programable de 1990, respecto al de 1989. Este aumento se significa porque se presenta la mayor tasa de crecimiento anual de los últimos nueve años. Durante toda la década de los ochentas, el gasto programable sólo tuvo un crecimiento en términos reales en tres ocasiones anteriores: en 1981, con un incremento del 23%, en 1988, con un incremento del 5% y en 1989, con un incremento del 1.6%.
El aumento de 1990 es de un 8% en relación con el año anterior; consideramos insuficiente este aumento, principalmente por los siguientes motivos: este aumento es menor a la tan festejada reducción de transferencias al exterior obtenida en la última renegociación de la deuda, es menor al incremento de los ingresos del sector público y sobre todo sigue siendo menor al gasto programable de principios de la década, después de que en este período de tiempo la población nacional ha aumentado en más de 16 millones de habitantes.
A lo largo de la década, los rezagos sociales y productivos se han acumulado, presentándose procesos de deterioro que requieren de cuantiosos recursos, sólo para ser detenidos.
En relación con el de 1990, el gasto programable en 1984 fue mayor en términos reales en 14.5%, el de 1982 fue superior en 29% y el de 1981
superior en un 41%. El gasto programable por habitante será en 1990 inferior al de principios de la década en un 35%, el de 1983 fue mayor al programado para 1990 en un 36%.
Como porcentaje el producto interno bruto, el gasto programable tampoco rebasa las cifras de principios del sexenio anterior.
En 1983, el gasto programable representó el 23.7% del producto interno bruto, para 1990 se estima un porcentaje de participación de 19.7%, en 1982 la participación del gasto programable en el producto interno bruto fue de un 27%.
El gasto en desarrollo social, que incluye los renglones de educación, salud y laboral, solidaridad y desarrollo regional y desarrollo urbano, se incrementa en términos reales en el presupuesto de 1990 en un 17% respecto al de 1989. Hasta antes de 1989, en el sector de desarrollo social sólo se incluían los renglones de educación, salud y laboral; a partir de este año, se le incorporan los renglones de solidaridad y de desarrollo regional y desarrollo urbano; estos dos últimos renglones antes constituían el sector denominado "desarrollo regional y urbano", ese cambio en la clasificación produce la impresión de un incremento en el gasto destinado al sector de desarrollo social mayor que el realmente efectuado.
El cambio en la clasificación encubre el hecho de que existe una disminución en los renglones solidaridad y desarrollo regional y desarrollo urbano, respecto de lo que antes era el sector de desarrollo regional y urbano. En 1989, cuando se da el cambio en la clasificación, hay una disminución real de un 13% incluyendo ya al Programa Nacional de Solidaridad en el renglón de solidaridad y desarrollo regional; para 1990, se registra un incremento para estos renglones de 5%, que resulta insuficiente para ubicar el gasto en el nivel que tenía en 1988 el sector de desarrollo regional y urbano.
En comparación con lo programado para 1990, en los renglones desarrollo regional y solidaridad, Programa Nacional de Solidaridad y desarrollo urbano, en 1982 se destinó un gasto mayor en un 71% en el sector desarrollo regional y urbano.
Para 1990, se programa un gasto en desarrollo social ligeramente inferior al de 1982, en términos reales; pero de 1982 a 1990, habrá crecido la población nacional en más de 12 millones 500 mil habitantes; esto significa que el gasto social por persona ha sufrido una drástica reducción. Señor Presidente: el documento que mi partido presenta, respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación para 1990, es, incluye algunos sectores más que nuestro partido analiza.
Me permito muy atentamente solicitarle autorice se incluyan varias hojas más, que no han sido leídas por quien habla, se incluyan para que formen parte del documento en el Diario de los Debates. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - En los términos solicitados por el señor diputado Rafael Melgoza, se instruye a la secretaría con objeto de que sean incluidos los documentos adicionales que alude en su petición el señor diputado, representante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.
El C. Presidente: - Tiene la palabra la diputada Teresa Ortuño, por parte de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.
La C. María Teresa Ortuño Gurza: -Muy buenas tardes a todos, ¡bueno, a los que están!, no a todos, ¿verdad?
Vengo a definir la posición del Partido Acción Nacional respecto al dictamen en lo general del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 1990.
Vengo a nombre de mi partido a razonar un voto en pro en lo general y señalar específicamente también los puntos específicos que no nos satisfacen de este presupuesto y la comparación que con la Miscelánea Fiscal es necesario hacer y por qué, una vez analizado este balance, hemos decidido este voto en pro, que no es un voto ciego.
Y primero señalaré que no es, este voto en pro, no es un aval a la política económica de Carlos Salinas, porque este Partido Revolucionario Institucional, "camaleón", que ahora recoge algunas tesis de Acción Nacional...
(Desorden.)
En realidad busca fortalecer el corporativismo, por ejemplo, el Pacto de Solidaridad que se trató, que ahora se llama Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico, que es un pacto típicamente corporativo y que hoy se rompe precisamente por parte del gobierno, pero es un ejemplo del modelo corporativo que busca este tipo de política "salinista".
Y si bien es cierto el Presupuesto de la Federación es parte de la política económica, no lo
es todo, también hay que señalar que no es, este voto en pro en lo general, no es un voto a favor de todo el presupuesto.
Hay algunas consideraciones, como por ejemplo: la mínima asignación que al campo se destina, el tratamiento que se de a las empresas paraestatales, a la deuda pública y el artículo 14 del proyecto de decreto que habla de las "contingencias" en caso de cambios en el ejercicio del gasto, no nos satisfacen. Pero vamos a explicar más adelante qué es aquello que por su peso, por su valor nos hizo inclinarnos en este voto en pro.
Vamos a poner algunos ejemplos de los consideramos insuficiente o equivocado, específicamente el presupuesto al campo.
Miren ustedes. Hay una bajísima inversión en el campo, se destinan solamente 2 billones 700 mil millones de pesos a la inversión del campo; pero de esos 2 billones 700 mil millones de pesos, todavía hay que descontar 500 mil millones de pesos que se destinan a la Comisión Nacional del Agua a ciudades, es decir, de esta mínima parte que le toca al campo, todavía un pedazo corresponde al agua que se va a suministrar a las ciudades, no es al campo este presupuesto, con lo cual viene reduciéndose a 2 billones 200 mil millones de pesos la inversión en el campo.
Otra cosa que no nos gusta del presupuesto, es el tema de los precios de garantía, que nuestros compañeros, especialmente de Chihuahua, el diputado Horacio González de las Casas, el diputado Pavlovich de Sinaloa, han venido aquí a defender y que no vemos cambios sustanciales porque ni siquiera se menciona.
Otra cosa que no nos agrada, después haremos el balance, es el famoso Programa Nacional de Solidaridad, que lo presentan como una panacea y la verdad que no llega ni a "mejoral", porque no haría falta ningún Programa Nacional de Solidaridad si hubiera en México una estructura política, jurídica, democrática, educativa, artística, cultural, de sociedades intermedias tal que no rigiera ese tipo de programas, sino que la sociedad con un buen gobierno, la sociedad fuera capaz de brindarse esa solidaridad y lo decíamos en alguna otra ocasión "que el gobierno no se sienta el dispensador de los favores", sino que se pueda fomentar la solidaridad directa de personas a personas.
Un ejemplo más también, es que en el gasto de la administración pública central hay solamente 5 billones 300 mil millones a la inversión física, y el resto no es gasto de inversión, es decir, apenas es un 4% del gasto total, lo que la administración pública central destina a la inversión física. Y nosotros consideramos que ésta tan pequeña parte del presupuesto a la inversión no es suficiente; cualquier empresa pequeña, mediana o grande que fuera, que sólo destine un 4% de sus ingresos a la inversión, no va vivir muchos años. ¡Bueno!, eso nos ayuda, porque el Partido Revolucionario Institucional tampoco va a vivir muchos años, ¿no?
Bueno, estos elementos que estamos señalando nos colocaron a los miembros del Partido Acción Nacional en un debate interno de análisis muy serio, sobre el sentido del voto, y en algunas ocasiones estuvimos también a punto de considerar, más bien el voto en contra, ¿pero qué fue lo que ocurrió?, y que ahora quiero pasar a explicar, por qué decidimos llegar a este voto en pro.
Acción Nacional siempre ha tenido estos planteamientos respecto del presupuesto; Acción Nacional siempre ha sostenido que se debe otorgar prioridad al gasto social; Acción Nacional siempre ha sostenido que debe disminuir el déficit presupuestal, que debe haber un saneamiento de las finanzas; Acción Nacional siempre ha sostenido que se deben eliminar los subsidios indiscriminados; es decir, que deben solamente permanecer aquellos subsidios que verdaderamente beneficien a quien los necesita y no a quien los distribuye, y que no produzcan mercados negros de especulación o corrientes inadecuadas de un mercado a otro y que los favorecidos no sean los más necesitados, sino los más listos.
Estas tesis de Acción Nacional: prioridad al gasto social, disminuir el déficit presupuestal, eliminar subsidios indiscriminados; hoy el Partido Revolucionario Institucional "camaleón" recoge parcialmente estas tesis, pero porque la realidad, por su propio peso, presentó como evidente y necesario asumir estos criterios, y lo que queremos aquí puntualizar es que nosotros al ahora votar en pro no estamos cambiando, es el Partido Revolucionario Institucional el que parcialmente está cambiando. Acción Nacional, me refiero en materia económica, no en lo demás, Acción Nacional sí ha sido congruente con sus tesis en materia económica, y por esa congruencia es por la que sostenemos hoy esta posición. El con-gruente pues, es el Partido Acción Nacional.
Pero sin embargo, el hecho de que parcialmente estas tesis se introduzcan o se perciban en el presupuesto que estamos considerando, no es razón suficiente para un voto en pro. Lo que nos hizo considerar con más peso esto, es la diferencia que se nota, sustancial, entre el mecanismo por medio del cual se llegó a la Miscelánea Fiscal y
el mecanismo por medio del cual estamos ahora debatiendo este presupuesto.
¿Qué ocurrió en la Miscelánea Fiscal?, y tenemos que mencionarlo, porque la política de un gobierno tiene dos caras, una son los ingresos y otra son los egresos, y todos sabemos, de todos los partidos políticos con tantita preparación mínima para estos debates, que son dos caras de la misma moneda y que no se pueden desarticular por completo. ¿Qué ocurrió en la Miscelánea Fiscal? El terrorismo fiscal existe porque no convence el gobierno de que paguemos impuestos y por lo tanto recurre a la intimidación.
No estamos, ¡por favor!, no estamos favoreciendo a la evasión fiscal, no consideramos que sea buena; lo que sucede es que queremos que la ley se haga del conocimiento del contribuyente, sea clara y además sea legal; que no se anden inventando quórums y cosas de esas, ¿no?
En segundo término, queremos señalar, respecto de la Miscelánea Fiscal, que equivocaron los tecnócratas economistas, convertidos en inquisidores fiscales, la solución del problema de México, del problema fiscal. ¿Por qué?, porque 60 años de ignorancia y miseria, divisas del voto cuantivo, no pueden redituar ahora contribuyentes cumplidos.
Por otra parte, la oposición agradece al gobierno semejantes arbitrariedades, porque cada vez hay menos votantes para el Partido Revolucionario Institucional, pero eso de todos modos no es algo que ayude mucho a la construcción de la democracia; todos los partidos deberíamos preocuparnos, especialmente el que gobierna, de que los votos sean razonados y que no sean nada más producto de un enojo por una materia fiscal, que finalmente como votos todos cuentan; pero todos quisiéramos que los votos, para cualquier partido, sean realmente razonados.
Bien, ¿qué más pasó en materia de la Miscelánea Fiscal? En tercer lugar, el documento que aquí presentó el diputado David Gómez Reyes, de Chihuahua, no lo conocía ni la Comisión de Hacienda, lo cual es una violación al Reglamento, a la Ley del Congreso y hasta a la simple educación; pero si esto fuera poco, el hecho de que no se hayan discutido en el seno de la Comisión de Hacienda las proposiciones de cambios que trajo el diputado Gómez Reyes; una cosa que consideramos también digna de denunciarse en esta tribuna, es que este mismo jueves 14 de la semana pasada, el doctor Pedro Aspe, Secretario de Hacienda y Crédito Público, invitó a desayunar a los coordinadores de los grupos parlamentarios para intercambiar con ellos opiniones y defender la miscelánea como la había enviado el Ejecutivo y en ningún momento mencionó los cambios que esta tarde se iban a producir.
Yo nada más quiero señalar, que ya no digamos para pensar la redacción de ese documento, simplemente para dictarla y mecanografiarla media una distancia de tiempo mucho mayor que la que hay entre ese desayuno y el momento en que el diputado vino aquí a leerla, lo cual significa que tanto los miembros del Partido Revolucionario Institucional, de la Comisión de Hacienda, como el doctor Aspe y como otras personas, conocían de estas proposiciones, que ni siquiera ya no digamos por cumplimiento a la ley, ni siquiera por cortesía, se tuvo la caballerosidad de hacer del conocimiento de los miembros de la Comisión de Hacienda, del resto de los partidos políticos y eso es grave, porque representa con todo esto que la Miscelánea Fiscal pasó por un proceso totalmente calificable de una falta de respeto al Poder Legislativo y sin embargo algo distinto ocurrió en la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, ¿qué fue lo que ocurrió?
En primer término, en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se admitieron prácticamente todas las proposiciones del Partido Acción Nacional y muchas, no sé si todas, creo que no todas, de otros partidos políticos en lo referente a control y disciplina presupuestal.
También ocurrió en la comisión que se logró que el Ejecutivo informe previamente a la Cámara cuando trate de vender cualquiera de las paraestatales.
En tercer lugar, la Comisión de Programación y Presupuesto, a partir de 1990, la Cámara tendrá mayor seguimiento y revisión de las partidas presupuestales y podrá tener mayor intervención en la elaboración o en la opinión sobre el presupuesto de 1991.
En cuarto lugar se faculta en el dictamen, se faculta al Ejecutivo para la implementación del Registro Nacional Ciudadano, de la cédula de identidad y de todo lo requerido para llevar a cabo lo aprobado en la reforma electoral, que ésta es una partida que consideramos que para todos nosotros era importante que se consiguiera.
En quinto lugar, el presupuesto se presenta en parte como Acción Nacional lo ha exigido durante años, repito, nosotros hemos seguido congruentes con las tesis que ahora nos extraña que algunos diputados del Partido Revolucionario Institucional vienen a afirmar aquí cosas que hace unos cuantos años combatían, hay otros que parece que no
tienen tanta incongruencia pero estaban calladitos antes y ahora sí hablan, en fin.
En sexto lugar, se realizó un trabajo parlamentario en el seno de la comisión como Acción Nacional siempre lo ha exigido. ¿Por qué? Porque no basta sesionar, fíjense que no deja de ser un poco desagradable cuando vienen aquí algunos miembros del Partido Revolucionario Institucional a sacar la lista de cuántas personas fueron y cuántos asistieron y cuántos no, yo les puedo afirmar y creo que ningún diputado ni el Presidente de la comisión podrá refutar el hecho de que en todas las sesiones estuvimos los miembros del Partido Acción Nacional de la comisión, y lo reconocen a una sesión reciente de muchos partidos pero específicamente del Partido Acción Nacional, participamos, propusimos y asumimos con responsabilidad este compromiso en esa comisión que debe trabajar como debe trabajar y lo que queremos señalar como muy importante que pesó en este balance para decidir nuestro voto razonado en pro, es que cuando en las comisiones se puede realmente intervenir por parte de los diputados de diferentes partidos, e incorporar cambios importantes, se está dando vigencia al principio de la división de los poderes.
No quiero con esto decir que esto ocurrió en la total medida que nos hubiera gustado a los de Acción Nacional, hubo muchas proposiciones también que no se aceptaron, pero si bien es cierto que no ocurrió en la medida en que lo hubiéramos deseado, es necesario reconocer que ha habido avances, y estamos en el voto razonado en pro porque nos interesa distinguir la manera en que se faltó al respeto a México con la Miscelánea Fiscal y que lo que debería ser la regla, hacer las cosas bien como se hicieron en esta comisión, que eso debería ser la regla, en esta Comisión de Programación fue la excepción y se trabajó bien, y esto también hay que señalarlo y no perdemos nada ni dejamos de ser de oposición cuando señalamos que las comisiones trabajan y que se atienden algunas de las cosas que señalamos.
Además, porque el presupuesto coincide con algunos planteamientos importantes sobre lo que Acción Nacional considera que debe ser este ejercicio del gobierno para estimular a la sociedad, para estimular a la economía y para favorecer algunas condiciones necesarias con que, repito, no existen todas las que quisiéramos.
A pesar de lo que falta por avanzar y como un acto de buena voluntad del Partido Acción Nacional, que conoce y reconoce el valor del trabajo respetuoso en la comisión y porque hubo voluntad política para atender a los partidos, estamos razonando nuestro voto en pro, principalmente por la parte de dignidad que para el Poder Legislativo se rescata con esta manera de trabajar. Nos reservaremos en lo particular algunos aspectos que consideramos importantes y contra los cuales seguimos estando, pero estas consideraciones aquí presentadas han clarificado, al menos eso espero, nuestra posición al respecto del voto del Partido Acción Nacional. Muy buenas tardes. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el señor diputado Oscar Navarro Gárate, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.(Aplausos.)
El C. J. Oscar Navarro Gárate: - Diputado Presidente; compañeros, diputadas y diputados: Cuando la acción de gobierno se concreta en la definición de la asignación de recursos y el Poder Legislativo tiene que cumplir con una responsabilidad constitucional, se crea un espacio político donde se ponen en juego las diversas concepciones de política económica, los intereses y necesidades de los diferentes grupos y sectores de la sociedad, así como la variedad de instrumentos que también inciden y orientan el destino de los recursos.
Este espacio, hoy día, se ha convertido en una oportunidad para que los diputados pongamos en la mesa de los debates nuestros mejores argumentos y, con respeto, reflexionemos las divergencias y apoyemos conjuntamente las coincidencias. Por ello, hemos optado por dialogar, no sólo como medio de comunicación política, también con el ánimo de crear mecanismos que permitan que la pluralidad de nuestra Cámara se refleje en bien de la sociedad.
Si bien es temprano todavía para considerar los avances como algo deseable y acabado, lo que sí se ha logrado es sentar las bases para seguir explorando los comos, los matices, los tiempos, para hacer del debate presupuestal una verdadera y fructífera confrontación de ideas propositivas.
Conscientes de que un documento de naturaleza eminentemente cuantitativa, pero que contribuye a la solución de las demandas y necesidades sociales, no debe centrarse en un mero análisis numérico, el análisis del presupuesto debe partir de la nueva realidad que hoy vivimos los mexicanos. Por ello, son necesarios esquemas teóricos que permitan una interpretación correcta y objetiva de la realidad y así poder actuar en consecuencia para transformar el entorno y propiciar el desarrollo de las fuerzas productivas.
Quiero reconocer el interés, el esfuerzo, la honradez profesional, la voluntad política de mis
compañeros diputados de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, de las diversas fracciones parlamentarias. El trabajo realizado por los miembros de la comisión en las múltiples reuniones con funcionarios de gobierno, las llevadas a cabo por el pleno de la comisión, los intercambios de opinión, los datos complementarios que nos fueron proporcionados y este mismo debate que estamos llevando a cabo, así como las importantes modificaciones que sufrió el proyecto original, ponen de manifiesto el cumplimiento de la responsabilidad de esta LIV Legislatura.
Independientemente de los acuerdos y las diferencias a las que hemos llegado en el presente dictamen, la presencia de las fracciones parlamentarias y su participación, han enriquecido el Presupuesto de Egresos para 1990, y como un instrumento de política económica contiene en alguna medida los puntos de vista y las posiciones políticas que representan a toda la sociedad de nuestro país.
En cuanto a los argumentos específicos que han hecho quienes me han antecedido en la tribuna, quiero señalar que mis compañeros de partido habrán de precisar los alcances y las posiciones respecto al contenido del dictamen. El presupuesto que se somete a la consideración de esta Cámara tiene, desde mi punto de vista, un significado muy importante: por primera vez en varios años los montos asignados a rubros prioritarios, que son preocupación de mi partido y de todas las fuerzas políticas aquí representadas, reciben importantes incrementos como es el caso de educación, salud, desarrollo regional, abasto y , por qué no, el desarrollo rural.
Ha sido claro en este debate que las diversas fracciones parlamentarias coincidimos en la orientación del gasto; diferimos en los tiempos, en los ritmos y en la intensidad.
Otro aspecto es la modificación en la estructura del presupuesto. También, por primera vez en años, el gasto financiero disminuye sensiblemente su participación, lo que hace posible incrementar la inversión que más directamente tiene que ver con el desarrollo social.
Coincidimos en que el Presupuesto de Egresos para 1990, contenido en el proyecto de dictamen sometido a la consideración de esta honorable asamblea, no es el ideal financiero que todos quisiéramos que fuera, aún los recursos siguen siendo escasos y las necesidades continúan siendo muchas, pero no por ello hemos de dejar de reconocer que tiene otra orientación que persigue atender de manera fundamental a los que menos tienen, que busca y propicia la iniciativa ciudadana que conlleva implícitamente una rectoría moderna del Estado para hacer corresponsables a la sociedad y al gobierno.
Solamente en áreas donde por su naturaleza no obedece a las responsabilidades del Estado, éste abre el espacio para que los sectores de la sociedad participen en el desarrollo nacional. Por ello, el Estado se esfuerza en cumplir verdaderas responsabilidades que le atribuye la sociedad para cumplir en su propio beneficio.
Mi partido, el Partido Revolucionario Institucional, reconoce la magnitud del esfuerzo que Estado y sociedad están realizando para alcanzar el proyecto nacional contenido en el Plan Nacional de Desarrollo. Sabemos que aún no satisface las aspiraciones, anhelos y conceptos de todas las fracciones parlamentarias, pero también reconocemos y avalamos que en éste se manifiesta certeza, continuidad y congruencia en la estrategia que el Ejecutivo Federal ha propuesto a la nación para vencer los retos económicos, políticos y sociales que se enfrentan en la actualidad y, fundamentalmente, para avanzar, gradual, pero firmemente hacia la modernidad.
La orientación del gasto dará respuesta a las condiciones y características del México que vivimos hoy día. Las transformaciones políticas y sociales han dado origen a una sociedad donde los intereses de los ciudadanos son más nítidos y a veces encontrados. Mediante la inversión y el gasto público en su conjunto, se busca que la sociedad plural, compleja y diferenciada, cuente con las condiciones materiales y culturales que amplíen las oportunidades y mejoren las condiciones de vida.
Hay que destacar que la liberación de los recursos y la liberación de las fuerzas sociales, así como su participación en la solución corresponsable de sus necesidades, son un capital que, sumado a la inversión pública, habrán de contribuir al desarrollo nacional en forma más justa y más equilibrada.
El compromiso no sólo es del Estado, es de la sociedad en su conjunto, con quien menos tienen, por ello, el gasto social que representa el 21% del presupuesto, aunado a lo que ya hemos construido los mexicanos y a nuestro potencial, hacen que podamos seguir caminando hacia un país equilibrado en lo económico y en lo social.
Por otra parte, en materia de infraestructura carretera, en 1989 se hicieron más y mejores caminos y carreteras con menos recursos. Así, en 1990, se continuará incrementando la construcción
de esta infraestructura. En la construcción y financiamiento ya no se requiere tan sólo del gobierno federal, ahora, participa también la sociedad que finalmente es quien la demanda y la utiliza.
En otras áreas de este mismo sector, se aplica el mismo procedimiento para poder abatir los rezagos existentes.
En lo que se refiere a la infraestructura educativa, hay que subrayar que se contará con la participación de la sociedad, a través de los padres de familia, de los maestros, los ayuntamientos y las autoridades educativas.
Se continuará dejando de financiar lo superfluo para atender lo sustantivo, esto es, el crecimiento equilibrado con estabilidad de precios para poder radicar más recursos a la salud, a la educación, a la infraestructura urbana en colonias populares; para iniciar la necesaria e indispensable capitalización del agro, para atender a campesinos de bajos ingresos del semidesierto, de la montaña de Guerrero, del trópico húmedo, de la selva lacandona, de la mixteca oaxaqueña y poblana; a los productores de tierra caliente de Guerrero y Michoacán; a los habitantes de la sierra de Puebla, Sinaloa y Sonora, y en sí, para satisfacer los anhelos y las necesidades de los grupos indígenas.
El presupuesto para 1990, busca el mejoramiento productivo y persigue también elevar el nivel de vida, así como aumentar las oportunidades de empleos. Por ello, el Presupuesto de Egresos contenido en el presente dictamen, tiene una clara orientación social, plantea nuevos instrumentos de participación y financiamiento, atiende las prioridades definidas en el Plan Nacional, vence inercias burocráticas y busca la participación conjunta y decidida de todos los grupos sociales organizados, sin distingos de ideología política, porque persigue atender de una u otra forma a todos los que nos ha tocado aquí vivir. Compañeros diputados: el gasto público y la actividad gubernamental desempeñan un papel importante en el proceso del desarrollo nacional. Sin embargo, las restricciones financieras, la agudeza de los rezagos sociales acumulados durante los periodos de crisis y ajuste de la economía, han obligado a realizar serios esfuerzos para reorientar los recursos públicos y jerarquizar su aplicación.
La política que sustenta el proyecto de Presupuesto de Egresos, cuya aprobación debatimos, es congruente con las prioridades nacionales de consolidar el control de la inflación, apoyar el crecimiento gradual de la economía y de promover la elevación del bienestar. Muestra de ello son los incrementos, en términos nominales y reales, que presentan las asignaciones a educación solidaridad, desarrollo social y salud.
Es claro, compañeros diputados, que estos incrementos no son producto de una gran disponibilidad de recursos para 1990, más bien, se deben a resultados de las medidas antiinflacionarias y al menor pago de intereses, los cuales se reducen en un 20.4% en términos reales. Con ello se está contribuyendo a disminuir la presión sobre el costo del dinero, y así a la inflación.
Respecto a la propuesta de un menor pago de intereses que aquí se ha hecho para canalizarlo a los mismos sectores que se aumentan en el presente documento, coincidimos una vez más en la orientación; sin embargo, ya hemos debatido los por qué debemos cumplir nuestros compromisos.
Este debate da cuenta de la preocupación que todos los ciudadanos diputados tenemos porque seamos nosotros, los representantes populares, quienes en respuesta al compromiso político y moral con nuestros electores, busquemos la mejor asignación de los recursos públicos; nos tocará a nosotros, junto con la sociedad y en el marco de nuestros partidos políticos, el asegurarnos que se cumplan las metas y que los números se traduzcan en obras de calidad y se construyan oportunamente. Seremos vigilantes de la acción del gobierno, y habremos de profundizar en el análisis de programas que sirven y son útiles a la sociedad, y por el contrario señalaremos aquéllos que no corresponden a los propósitos y objetivos del México que todos queremos.
Por lo anterior, compañeros diputados, yo los llamo para que votemos en favor del presente dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1990. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Concluido el turno de oradores, consulte la secretaría si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La C. secretaria Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: -Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Suficientemente discutido, señor Presidente.
El C. Presidente: - Para los efectos del artículo 134 del Reglamento, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular. Ante esta mesa se ha comunicado que se reservan los artículos 2o., 3o., 6., 7o., 14 y 39 del decreto. ¿Tomó nota la secretaría?
La C. secretaria Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: -Sí, señor.
El C. Presidente: - Proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados, en un solo acto.
La C. secretaria Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: -Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados, en un solo acto.
Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 61 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señor Presidente, esta secretaría informa que se emitieron 327 votos en pro y 61 en contra.
El C. Presidente: - Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 327 votos.
Han sido reservados para su discusión en lo particular, los artículos 2o., 3o., 6o., 7o., 14 y 39 del decreto.
La discusión de los artículos se hará en los siguientes términos: en un turno en contra y un turno en pro, se discutirán unidos los artículos 2o,. y 6o.; en seguida el artículo 3o., el artículo 7o. y también en conjunto los artículos 14 y 39.
La votación de los artículos se hará en un solo acto para los artículos 2o., 3o., 6o., 7o. y 14 y se votará solamente el artículo 39.
ARTÍCULOS 2o. Y 6o.
El C. Presidente: - Para discutir en lo particular los artículos 2o. y 6o., están inscritos en el turno en contra, los siguientes diputados: Israel Galán y Patricio Estévez, que discutirán los artículos 2o. y 6o.
El artículo 6o., el diputado Alfredo Pliego Aldana; el artículo 2o., el diputado Eduardo Arias Aparicio y el artículo 6o., el diputado Francisco Javier Pavlovich Robles.
En pro, en los artículos 2o., y 6o., el diputado Humberto Roque Villanueva. Tiene la palabra para discutir los artículos 2o y 6o. en contra, el diputado Israel Galán.
El C. Israel Félix Galán Baños: - Señor Presidente; compañeros diputados:
Una vez que el diputado Pedro Etienne ha fijado nuestra posición en lo general respecto a este Presupuesto de Egresos para 1990, nos queremos referir a este artículo 2o., en lo que se refiere a la asignación de las partidas presupuestales para el Programa Nacional de Solidaridad, para la política de ciencia y tecnología y para el presupuesto asignado, perdón, estaba revisando aquí unas notas por lo que se refiere, decía yo, a las asignaciones presupuestales en el artículo 6o., digo, 2o., al Programa Nacional de Solidaridad en lo que se refiere a la asignación para la educación superior y en lo que se refiere al capítulo de ciencia y tecnología.
Nosotros creemos que la cantidad equivalente a dos billones de pesos correspondientes al Programa Nacional de Solidaridad, más los 600 y fracción que se refieren a ese mismo programa, asignados a través de diversas dependencias, en realidad están en una relación desproporcionada, si tomamos en cuenta la cantidad asignada para el pago de la deuda externa e interna y que de ninguna manera corresponde a un concepto cabal, de un combate real contra la pobreza extrema.
Nosotros pensaríamos que en lo que se refiere a este Programa Nacional de Solidaridad, por lo menos tendría que sufrir un incremento sustancial que cubriera las necesidades de las entidades más rezagadas, para cubrir el combate contra la pobreza extrema, para cubrir las necesidades en construcción de caminos, aulas para los educandos, inversiones productivas en la agricultura, etcétera. Nosotros creemos que esta cantidad de equivalencia de 1 millón de dólares no es suficiente para el combate a la pobreza extrema, por lo que habría que elevar sustancialmente la cantidad asignada al Programa Nacional de Solidaridad.
En esto también, según lo presenta el presupuesto, habría que decir que la forma de asignación permite, como ya lo habíamos señalado en la presentación de este proyecto de presupuesto en la comparecencia del Secretario de Programación y Presupuesto, habíamos señalado, decíamos, que permite en el método, como aquí se plantea en el dictamen, una asignación
discrecional por parte del Ejecutivo y más aún, del Ejecutivo Federal, y más aún, por parte de los ejecutivos estatales, dado que el método para asignación de estos recursos del Programa Nacional de Solidaridad, se derivan por medio del Convenio Único de Desarrollo y por las secretarías de planeación o sus correspondientes en los estados de la República.
De tal manera habría aquí que señalar también, que no hubiera ninguna discriminación como lo señalaba el propio Secretario de Programación y Presupuesto, para aquellos programas de desarrollo que se presentaran en torno o por medio del Programa Nacional de Solidaridad y que debería de quedar enfáticamente señalado, como así lo aceptó el propio Secretario de Programación y Presupuesto, que en torno a esto bastaría con presentar los programas y los proyectos de desarrollo para que así se atendieran por parte de los gobiernos estatales y no constituyeran, ni al Convenio Único de Desarrollo, ni la atención a estos proyectos, un embudo y un filtro según preferencias políticas, es decir, abatir aquí la asignación discrecional por parte del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Programación y Presupuesto y de los ejecutivos de los estados, esto tendría que quedar sentado aquí en el dictamen.
Por lo que se refiere a la partida asignada a la educación, cabría señalar como lo manifiestan los trabajadores de la educación superior, que en realidad el aumento para el ramo de educación superior y de investigación científica, humanística y tecnológica, sólo sufre un incremento porcentual de 1%, uno y fracción según lo han comunicado ellos en su desplegado aparecido el miércoles 20 de diciembre y que habría que atender la demanda en el sentido de incrementar, para las tareas de la educación superior, la investigación científica, humanística y tecnológica, el reclamo de un 20% superior al que se está asignando a esta partida presupuestal en este dictamen referente al presupuesto para 1990.
Todos comprendemos que la educación superior, la investigación científica, humanística y tecnológica en realidad debe ser considerada no como un gasto, sino como una inversión que tiene qué ver prioritariamente con la formación de los recursos humanos que necesita el tan traído y tan llevado programa de modernización. Como es claro también, y así ha sido expuesto por el propio Secretario de Programación y Presupuesto, sin la preparación de los recursos humanos, sin la creación de la tecnología, sin la adopción de patentes convenientes al desarrollo productivo material y al desarrollo social, no podrá hablarse netamente de un programa, de un desarrollo, de una modernización como la que se está reclamando.
Por eso creemos que es razonable lo que los sindicatos y los trabajadores de la educación superior han planteado, lo han planteado directamente al propio Presidente de la República, plantean a las comisiones respectivas, lo plantean los diputados y lo plantean a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, específicamente.
Es necesario incrementar en un 20% el presupuesto asignado al ramo de la educación, sobre todo educación superior, investigación científica y tecnológica, si en realidad habrá de atenderse a un programa de modernización integral no solamente de la planta productiva y del desarrollo material, sino del desarrollo social, científico y tecnológico.
Por lo que se refiere a la ciencia y a la tecnología, nosotros creemos que en el dictamen hay un avance al plantear que es necesario que se agrupen las partidas destinadas a la ciencia y la tecnología en una sola, ya que están desperdigadas en diversos rubros y partidas que corresponden a secretarías de Estado o a instituciones diversas. Es un avance, nos parece, que así se considere en el dictamen respecto al presupuesto para 1990.
Pero nos parece que la consideración recogida por el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, planteada a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, nos parece muy laxo el término, en el sentido de que está planteado que esto sea hasta 1991. Debiera exigirse la agrupación de este presupuesto y su elevación para el propio año de 1990.
Nos parece que también ha sido atendido en este dictamen, aunque no de manera suficiente, el hecho de que las instituciones de investigación puedan racionalizar su gasto, sanear su presupuesto y que esto debiera impulsarse y quedar de manera clara, de tal manera que las instituciones de investigación del sector público, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Petróleo, investigaciones eléctricas, investigaciones nucleares, puedan dedicar una partida presupuestal mayor directamente a la investigación y a sus proyectos, y no a gastos de administración que encubren, protegidos del Ejecutivo, en sus diversas ramas.
Por eso, nosotros creemos que esto debe quedar claramente establecido que es un punto de partida, como lo dice aquí en la página 18 del dictamen sobre el presupuesto que presenta la comisión, para que las secretarías respectivas, las cabezas de
sector y la propia Secretaría de Programación y Presupuesto puedan autorizar la racionalización de este gasto y también, si fuere necesario, efectuar las transferencias de partidas que así se requieran, según los proyectos de trabajo en cada una de las instituciones de investigación del sector público.
Por nuestra parte eso es lo que queríamos observar respecto a los artículos que nos hemos reservado. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra, en el turno en contra, el diputado Francisco Melo Torres, que se referirá a los artículos 2o. y 6o. del decreto.
El C. José Francisco Melo Torres: -Señor Presidente; compañeras y compañeros: la posición del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en esta materia, ha sido fijada por nuestro compañero Patricio Estévez; y en esta ocasión a mí me toca fijar lo siguiente con relación al artículo 2o.
En este renglón proponemos reducir en un 50% lo asignado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y asignarlo en partes proporcionales a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Pesca, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad; es decir, que el 100% de dicho monto, de 1 billón 301 mil 976 millones, sea dividido proporcionalmente de la siguiente forma: un 30% a Agricultura, un 10% para Pesca, un 30% para Petróleos Mexicanos y el 30% para la Comisión Federal de Electricidad.
En esta forma estamos, pues, fijando nuestra posición en relación al artículo 2o.
Consecuente y con relación al artículo 6o., el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana propone que la erogación destinada a Petróleos Mexicanos se incremente en correlación con lo planteado con el artículo 2o. reformado, para recuperar el nivel de oferta generado por la economía nacional.
Asimismo, proponemos que la erogación destinada a la Comisión Federal de Electricidad y Compañía de Luz y Fuerza, se incremente en correlación con lo planteado en el artículo 2o. reformado. Con esta exposición dejamos clara nuestra posición con relación a los artículos 2o. y 6o. que hemos manejado. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - En el turno en contra, tiene la palabra para referirse al artículo 6o., el diputado Alfredo Pliego Aldana.
El C. Alfredo Pliego Aldana: - Compañeras y compañeros diputados: Un largo proceso de medio siglo de esfuerzos de todos los mexicanos, ha dado como resultado la integración nacional de nuestra industria petrolera.
Sin embargo, se ha iniciado un proceso de desmantelamiento propiciado por raquíticas asignaciones presupuestales desde hace siete años, además de la creación de empresas como PM Internacional para comercializar los productos petroleros en el mercado internacional.
También se ha creado la empresa Mexpetrol, para realizar proyectos de ingeniería y construcción, con la participación minoritaria de Petróleos Mexicanos y del Instituto Mexicano del Petróleo en un 35% y con la participación mayoritaria de la iniciativa privada con un 65%, entre los que se encuentra Protexa, Lanza Gorta, Ingenieros Civiles Asociados, Equipos Petroleros Nacionales y Bufete Industrial, además.
Y por si esto fuera poco, se ha entregado el 70% de la petroquímica básica a manos extranjeras, dejando únicamente el 30% para Petróleos Mexicanos. Estas reclasificaciones arbitrarias de los productos petroquímicos, como secundarios, obedece a dictados desde el exterior del Fondo Monetario Internacional y de la banca acreedora.
Asimismo, se le ha quitado la materia de trabajo que le correspondió desde siempre a los trabajadores petroleros, como es, sin lugar a dudas, el mantenimiento de las instalaciones y la perforación.
Esto se llevó a cabo por la destrucción de las relaciones laborales entre Petróleos Mexicanos y el sindicato petrolero, a partir del 1o. de agosto pasado, mediante la ilegal revisión del contrato colectivo de trabajo que dejara en la indefensión a los trabajadores petroleros.
El gobierno, de facto, no se cansa de declarar que el derecho de los trabajadores se respetará en todas las revisiones de contrato. No concuerda lo que dice con lo que hace, ya que en la revisión del contrato de trabajadores petroleros se violó el derecho de los trabajadores, se suprimieron 17 cláusulas y se modificaron 86, en la mayoría de éstas fueron regresivas a los trabajadores petroleros.
La aplicación del proyecto modernizador de Salinas de Gortari en Petróleos Mexicanos, se lleva adelante una política de hechos consumados, con clara violación al artículo 27 constitucional, y su ley reglamentaria respectiva en el ramo del petróleo, que atribuye, en el artículo 4o., a
Petróleos Mexicanos ser la entidad a través de la cual la nación lleve a cabo la exploración y explotación y demás actividades de la industria petrolera enlistadas en el artículo 3o.
El programa de gastos, a pesar de tener pequeños incrementos, se inscribe en la misma línea de estrategia económica que ha determinado una grave crisis permanente en nuestra economía, en donde sin lugar a dudas el rico se hace más poderoso y el pobre más miserable.
Este dictamen ha cedido prioridad al paso de la deuda pública castigando el gasto productivo y social. Desde hace siete años ha aumentado la dependencia financiera y tecnológica de México. En el pago de la deuda, aunque disminuye en el presupuesto de 1990, sigue siendo excesivo; los incrementos anunciados para la inversión en el área productiva, en el sector industrial y especialmente en el energético, son insuficientes ante los enormes rezagos acumulados.
Petróleos Mexicanos casi siempre ha trabajado con números negros, y ha sido el pilar de la economía desde la misma expropiación petrolera.
Del anuario estadístico de Petróleos Mexicanos podemos tomar el porcentaje que Petróleos Mexicanos ha pagado de impuestos directos al gobierno federal, después de descontar los gastos propios de la industria, que es autosuficiente. En 1981 pagó el 53%, o sea 244.9 del total de los ingresos que fue de 4 a 65.7; estos datos son en miles de millones de pesos.
Otro ejemplo, en 1983 pagó de impuestos federales el 39% de esos ingresos totales; en 1985 pagó de impuestos federales el 50% de los ingresos totales, y en 1986 pagó de impuestos federales el 48%. Según los datos de la Cuenta de la Hacienda Pública, en 1988, en el tomo de resultados generales del total recaudado por la Federación, que fue en total de 71 billones 500 mil millones, 22 billones 300 mil millones los proporcionó Petróleos Mexicanos, vía impuestos directos e indirectos, que corresponden al 30%; en el año de 1987, del total recaudado por la Federación, que fue de 34 billones 900 mil millones, Petróleos Mexicanos aportó 14 billones 300 mil millones que corresponde también al 30%. Las utilidades de Petróleos Mexicanos debían de haber servido para llevar a cabo la justicia social, por lo que es indispensable tener un estado autónomo independiente, y no depender de los dictados, los intereses ajenos a México.
En el año de 1989, de enero a septiembre, Petróleos Mexicanos ha contribuido con 23 billones a la Federación, lo que lo reivindica como el primer contribuyente de México; de esos 23 billones, 13 billones 100 mil millones entró vía impuestos directos, y 9 billones 900 mil millones entró vía impuestos indirectos, causados por terceros, en los renglones del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto Especial Sobre la Producción y Servicios. Se espera, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, que la aportación de Petróleos Mexicanos este año de 1989, sea superior a los 28 billones por concepto de impuestos directos e indirectos, cifra 22% superior a la del año pasado.
La inversión pública del sector en Petróleos Mexicanos, fue el año pasado de 1988, de 4 mil 175 millones de pesos, y en el año de 1989, 4 mil 410 millones y para el año de 1990 se programa 5 mil 628 millones. La inversión real ha venido bajando sin césar desde 1981, al grado que en 1988 era sólo del 22.2% de 1981.
Si bien es cierto que en 1990 tiene un ligero aumento, con respecto a lo estimado en 1989, es totalmente insuficiente y representa una quinta parte de lo invertido una década antes. El descuido desde hace siete años en la inversión, en el área de exploración, ha hecho que en los últimos cinco años hayan bajado 7.5% las reservas. Para el año de 1988, la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal dice que tenemos 67 mil 600 millones de barriles de reserva. Petróleos Mexicanos, por otro lado, en su anuario estadístico establece 53 mil 12 millones de barriles. Nosotros creemos que las reservas no van más allá de 48 mil millones de barriles, es decir, que nuestro horizonte energético no pasa de 50 años, porque consumimos más o menos 1 mil millones de barriles por año. Es indispensable poner especial atención en este concepto.
El programa de Petróleos Mexicanos que se presenta al dictamen en su cuadro 42, que arroja un total de 16 billones 98 mil millones; nos permitimos hacer las siguientes recomendaciones en un aumento de 1 billón 67 mil millones más y proponemos su financiamiento a partir de una reasignación en la partida 00024 que se denomina "intereses y comisiones de la deuda pública" por un monto de 1 billón 67 mil millones al ramo 18572 que corresponde a Petróleos Mexicanos.
Además, proponemos las modificaciones siguientes al programa propuesto. En el programa AA, de administración, que se reduzca, ya que de los 70 mil 600 trabajadores y personal de la empresa, empleados a principio del año, se redujo en 73% al pasar sólo a 19 mil 207, es decir, salieron de Petróleos Mexicanos 50 mil trabajadores,
de estos 14 mil 133 eran empleados transitorios y 5 mil 74 de contratistas.
Esta reducción puede aplicarse a la eliminación de los cheques acostumbrados en Petróleos Mexicanos denominados "confidenciales" al personal de confianza que por cierto, y eso es muy importante, no pagan impuestos, se da un cheque confidencial mensual y otro trimestral de diferentes cantidades dependiendo de la opinión del jefe respectivo y mientras más se preste a los intereses de éste, se le autoriza o no, discriminando al personal sindicalizado que tiene el mismo derecho de acuerdo con la ley, pero estamos seguros que el líder petrolero que tenemos, nunca reclamará este derecho porque es un títere del gobierno al servicio de la empresa.
En el programa EN, de infraestructura marítima portuaria, recomendamos subir este rubro en un 80% para mejorar la comercialización de los productos petroleros vía terminales marítimas en Salina Cruz, Pajaritos, Ciudad Madero y Tuxpan, Veracruz; así como terminar con la construcción de tres tanques de 200 mil barriles para el tratamiento de agua de deslastre de barcos y crudos.
En el programa EY, plantas de refinación y petroquímica, recomendamos que se incremente en un 50%, especialmente para darle prioridad al mantenimiento y compra de herramienta, ya que ha sido descuidado por el escaso apoyo de los presupuestos, así como la terminación de la construcción de 17 obras de la refinería de Salina Cruz, de las cuales 11 son de las plantas de proceso, seis de integración y servicios auxiliares y otras cuatro en la refinería de Cadereyta. Continuar con la construcción de las obras del complejo petroquímico Morelos, programa EZ, en ductos que aumenten un 45% para incrementar hasta su terminación cinco obras pendientes en oleoductos y siete en gaseoductos.
Programa SD, almacenamiento, recomendamos un aumento del 60% para terminar de construir tres obras para aceite crudo, cinco para destilado, tres para gas licuado y tres para recolección de plantas, así como siete almacenes de concentración para la protección de equipo y materiales.
Programa de viviendas, recomendamos un aumento del 70% para la terminación de los conjuntos habitacionales que se encuentran en proceso de construcción , especialmente en el sur del país.
Programa FS, en exploración, aquí queremos hacer énfasis y recomendamos un 45% para aumentar las reservas probadas de hidrocarburos y poder aumentar el horizonte energético que más o menos es de 50 años.
El programa FX, industrialización del petróleo y sus derivados, recomendamos un 20% para cumplir con las metas del año.
En el programa FT, de transporte marítimos, recomendamos que suban un 40% para darle el debido mantenimiento a los buques - tanque, remolcadores, lanchas y chalanes que han reducido su número de operación, de 1987, a 1988, de 243 a 203, por falta de mantenimiento apropiado, dando origen a que se renten transporte marítimos a empresas privadas.
Por lo anteriormente expuesto, señor Presidente, de conformidad con el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General, presento a usted, proponiendo a la consideración y en su caso aprobación de esta Cámara, los dos siguientes
«PUNTOS DE ACUERDO
Primero. Modificar la iniciativa de la Ley de Egresos de la Federación, aumentando en 1 billón 67 mil millones de pesos, más el presupuesto destinado a los programas de Petróleos Mexicanos para el ejercicio de 1990. Dicho aumento será financiado reduciendo la partida destinada al pago de intereses de la deuda externa.
Segundo. Reconsiderar, en base a un estudio, la reclasificación hecha por la Comisión Nacional Química a los productos de la petroquímica básica, el pasado 15 de agosto.
a) Proponer la desaparición de PM Internacional, porque hace funciones propias de la industria, duplicando sus funciones;
b) Proponer la desaparición de Mexpetrol, porque hace funciones que corresponden a la Subdirección de Proyectos y Construcción de Obras, en Petróleos Mexicanos;
c) Proponer que el mantenimiento y la perforación regresen a ser tareas del Estado mexicano, en cumplimiento a los dispuesto en el artículo 27 constitucional, y
d) Prohibir la venta de los complejos petroquímicos La Cangrejera y Morelos. Atentamente.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 21 de diciembre de 1989.- Diputados: Ignacio Castillo Mena, coordinador del Partido de la Revolución Democrática; Pablo Gómez Alvarez, subcoordinador del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Martínez y
Almaraz, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Alfredo Pliego Aldana, Rafael Melgoza Radillo, Ciro Mayén Mayén, José Antonio Ríos Rojo, Ismael Yáñez Centeno, Isidro Aguilera Ortíz y Leonel Godoy Rangel.» Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Recoja la secretaría las propuestas de modificaciones leídas por el diputado Pliego Aldana. Resérvese para cuando, una vez que hayan sido votados los artículos del decreto, sean sometidas las propuestas a los términos marcados por los artículos 124 y 125.
En el turno en contra y para referirse al artículo 2o. tiene la palabra el diputado Eduardo Arias Aparicio.
El C. Eduardo Arias Aparicio: - Señor Presidente; compañeros diputados: No estamos de acuerdo con el artículo 2o. de este decreto, por lo siguiente.
a) El artículo 74, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que: "Es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que a su juicio deben dictarse para cubrirlos".
De todos es conocida la cuestionada legalidad con que la mayoría mecánica de esta Cámara aprobó una Miscelánea Fiscal... (Desorden.)
Los chiflidos no dejan de ser una muestra patente de ser una mayoría mecánica. Y con esta Miscelánea Fiscal estamos en desacuerdo porque no es proporcional ni equitativa tal como lo marca el artículo 31 de nuestra Constitución.
Y siendo lógico nuestro desacuerdo con la política de ingresos, ha de llevarnos consecuentemente al rechazo de la forma como se plantea la distribución de estos ingresos.
b) El verbo examinar, de acuerdo con el Diccionario Porrúa de la Lengua Española, quiere decir inquerir, investigar con cuidado y diligencia, indagar acerca de las cualidades y circunstancias de una cosa o de un hecho.
La Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública sí realizó este trabajo, sí examinó los artículos relacionados con el aspecto del seguimiento y control del presupuesto, esto es, de los artículos que van del 9o. al 42 inclusive. Sin embargo, en los artículos restantes relativos a la distribución de los egresos no se realizó este examen.
Esto lo reconoce la propia comisión en su exposición de motivos, y hace el compromiso para formular este análisis para el presupuesto de 1991, al respecto nos dice en la página 19 del dictamen lo siguiente: "los integrantes de la comisión manifiestan el propósito de que la Cámara de Diputados, en el ejercicio de sus atribuciones, incida en mayor medida en la definición de la magnitud y orientación del presupuesto, para lo cual acuerdan establecer un sistema de trabajo interno de la propia comisión que le permita allegarse la información para hacer un análisis más a fondo de los principales programas".
Y continúa diciendo el dictamen: "ese análisis debe permitir que la comisión, durante el proceso de estudio y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos para 1991, en su caso proponga al pleno de la Cámara modificaciones en las asignaciones presupuestales, a fin de privilegiar programas prioritarios y renuncie en paralelo erogaciones que no tengan un efecto tangible en el bienestar social y en el desarrollo nacional".
Esto es una confesión de parte de la comisión de que no se pudo hacer un examen detallado de las partidas y de los... (Desorden.)
Señor Presidente, ¿me puede decir a qué horas puedo continuar después de estas manifestaciones?
El C. Presidente: - Continúe el orador en uso de la palabra. Se ruega a los señores diputados guardar respeto para el orador.
El C. Eduardo Arias Aparicio: - Y ante esta confesión de parte de la comisión de que no se pudo hacer un análisis y un examen concienzudo, de tal manera que la comisión pudiera proponer a esta Cámara modificaciones a lo que manda el Ejecutivo, ¿cómo podemos pensar en aprobar estos artículos referentes a la distribución de los ingresos? No estamos cumpliendo con lo que marca la Constitución.
Los miembros de Acción Nacional que trabajamos en esta comisión, dentro de las limitaciones de la información y tiempo que tuvimos, hicimos un análisis de cómo están distribuidos los ingresos en el presupuesto y concluimos que hay serias dudas de que lo propuesto cumpla con los objetivos de coadyuvar al mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos, que es el
propósito fundamental que viene en la exposición de motivos que mandó el Ejecutivo.
Y veamos algunas, dentro de la brevedad del tiempo que tenemos, veamos algunas razones para manifestar lo anterior.
Primero, se establece en el proyecto de decreto que el ejercicio del gasto público debe ajustarse a normas estrictas de selectividad, de austeridad y de racionalidad; sin embargo, crece el porcentaje de participación del gasto de administración en lugar de disminuir. A la inversión física se le asignan 5 mil 300 millones de pesos e indica, dentro del proyecto, que crecerá 31.7 % con respecto a lo esperado en 1989. Sin embargo, si lo comparamos con la inversión que esta Cámara autorizó hace un año para gastarse en 1989, de 5 mil 47 millones de pesos, sólo se incrementa en 5%; pero sí, presentan los datos contra lo esperado en 1989, porque están gastando más en administración y menos en inversión física y esto hace que los porcentajes se vean distorsionados. Dicen que se va a gastar un 31 % en gasto de administración y un 30% en gasto de inversión física, cuando la realidad que van a gastar 33% en administración y únicamente un 5% adicional, a lo aprobado por esta Cámara en 1989. Estas son las medidas de selectividad, austeridad y racionalidad.
Y aunado a esto, hay programas administrativos en sectores no prioritarios que tienen un crecimiento desorbitado con respecto a 1989. Veamos tres ejemplos. En la oficina del Ejecutivo, que se llama el programa AO5, gestión del Ejecutivo, en 1989 aprobamos 42 mil 181 millones de pesos, en este año se está proponiendo 76 mil 434 millones de pesos que implica un crecimiento de 81%.
En la administración central de Hacienda, en el programa AO8, en 1989 se aprobaron 108 mil 419 millones de pesos y este año se está proponiendo un gasto de 190 mil 746 millones de pesos que representa un 76% adicional.
Y un ejemplo más. En la administración central de Relaciones Exteriores, se aprobó el año pasado 39 mil 133 millones y este año, únicamente se está proponiendo que se gasten 188 mil 748 millones, es decir, solamente un 382% adicional a 1989, en áreas que no son prioritarias, que son administrativas y que desmienten categóricamente los principios relativos a la austeridad y a la efectividad del gasto.
Segundo, se indica con respecto a desarrollo rural, el propósito fundamental de aumentar la producción y productividad del campo, y esto suena muy bonito; sin embargo, no se refleja en programas concretos. Veamos también tres ejemplos.
En el subprograma 3F01, de la Secretaría de Agricultura, que se titula fomento agrícola, se disminuye en un 7% en lugar de aumentar. En 1987 se propusieron 367 mil millones y ahora se están proponiendo 342 mil millones de pesos, 7% menos.
En el subprograma 3F04, relacionado con el fomento agroindustrial, se disminuye de 11 mil 148 millones a 6 mil 766 millones de pesos, un 39% menos. Y en el programa 3B, fomento y regulación del Programa Nacional de Capacitación para los Trabajadores del Sector Agropecuario y Forestal, se reduce de 29 mil 686 millones de pesos en 1989 a 25 mil 776 millones de pesos en 1990, es decir, un 13% menos; y, sin embargo, al Instituto Mexicano de la Radio se le aumenta el subsidio de 5 mil 262 millones de pesos a 14 mil 978 millones, lo que equivale a casi 3 veces más de lo aprobado en 1989, y para Notimex se asignan de 6 mil 788 millones de pesos en 1989, 17 mil 149 millones de pesos, esto implica que son más de dos veces y medio a este ramo de Notimex.
Estamos frontalmente en desacuerdo de esta inversión de valores que da la prioridad al aparato de difusión parlamentaria propagandista del gobierno, porque debe evitarse que el gobierno controle los medios de información. El Estado tiene una obligación fundamental en la crisis alimentaria, que no se resolverá sin una prioritaria atención al campo, y los ejemplos indicados anteriormente, en donde se están disminuyendo programas relativos al campo y se están aumentando programas destinados a la difusión del aparato propagandista del Ejecutivo, desmienten categóricamente esa atención prioritaria que se dice que se va a dar al campo.
Tercero, se indica que la procuración e impartición de justicia será un rubro prioritario, y parece ser que lo que pretenden es una actividad represiva contra la ciudadanía. Veamos dos ejemplos.
En el programa de Gobernación CA0203, que se titula Vigilar e Investigar hechos relacionados con la seguridad de la nación, se incrementa en un 94%, pasa de 23 mil 450 a 45 mil 442 millones, y en la Procuraduría General de la República el programa CM, persecución de delitos federales, que no se refiere a narcotráfico, ahí hay un programa aparte que también se incrementa fundamentalmente, en este programa de persecución a delitos federales se incrementa de 34 mil 924
millones a 51 mil 62 millones, esto es más de un 46%.
¿Qué está temiendo el Ejecutivo para el próximo año que está reforzando estas medidas? Y esto viene también en una demostración: el martes 5 de diciembre de 1989, en el periódico El Norte, sale una publicación, una noticia que está relacionada tanto con la selectividad y austeridad del gasto como estas posibles actitudes que previene el Ejecutivo para el año de 1990, dice: "ponen en Los Pinos portones antibalas. Por instrucciones del Estado Mayor Presidencial puertas construidas con acero especial antibalas serán instaladas para controlar todos los accesos a la residencia oficial de los Pinos". Y el ingeniero encargado de esa construcción dice. "tan solo en esta puerta, en el sur, faltan la norte y algunas otras, informaron los responsables de la construcción costará entre 150 y 200 millones de pesos, dependiendo de la mano de obra".
Esto viene a demostrar ese gasto austero que está previniendo el Ejecutivo en puros gastos administrativos y nada de gastos de inversión, y quién sabe qué espere para 1990.
Además, existen partidas que no tienen explicaciones como las dos siguientes: el Centro Sindical de Estudios Superiores de la Confederación de Trabajadores de México, en el presupuesto de la Secretaría del Trabajo se le asignan 4 mil 803 millones, y para el mismo destino, o sea para el Centro Sindical de Estudios Superiores de la Confederación de Trabajadores de México, en el rubro 23, de participaciones no sectoriales, se destinan 1 mil 500 millones adicionales.
¿Qué tiene que andar haciendo el Ejecutivo destinando partidas a un sindicatos? Estos gastos a favor de la Confederación de Trabajadores de México es un insulto frente a un proletariado que se muere de hambre y de enfermedades. En vez de apoyo de organizaciones fantasmas o reumáticas, hay que dar apoyo a los miles de niños que tienen un presente de miseria y un futuro sin esperanza, porque los recursos se destinan a mausoleos de ineficiencia y de obsolescencia. (Aplausos.)
Por todo lo anterior, la fracción parlamentaria de Acción Nacional votará en contra de este artículo, porque debido a que esta Cámara no puede cumplir con rigor con las responsabilidades que nos marca la Constitución al no hacer un examen detallado y a fondo de los rubros en que se está destinando el gasto público y considerando que la distribución del gasto no va encaminado al beneficio preferente a la comunidad, sino al beneficio del Ejecutivo, votaremos en contra. (Aplausos.)
Antes de terminar, quiero dar lectura a una inquietud que me fue pasada por los miembros de la Comisión de Seguridad Social, en la cual aparentemente todos los partidos tienen esa inquietud, y dice lo siguiente:
En relación con el rubro número 19 del artículo 2o. del dictamen, relativo al Instituto Mexicano del Seguro Social, hay un problema social que exige de esta Cámara una solución de elemental justicia: elevar siquiera a nivel de salario mínimo el límite inferior de las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Podrá alegarse que se trata de un problema específico cuya inclusión en este debate resulta improcedente, pero no es así, porque el presupuesto al discutirse, puede, y en este caso debe, admitir una reorientación de asignaciones con objeto de acudir mediante medidas efectivas a dar respuesta adecuada a esa exigencia de justicia social. Por cuanto al monto de esa reorientación presupuestaria es considerable, ya que se estima del orden de 2 billones de pesos, proponemos el ajuste respectivo aceptando las partidas no prioritarias de las transferencias en el porcentaje necesario para el fin propuesto."
Con esto doy cumplimiento a esa inquietud manifestada por los miembros de la Comisión de Seguridad e indico nuevamente lo manifestado anteriormente, de que el grupo parlamentario de Acción Nacional votará en contra del artículo 2o. de este decreto. (Aplausos.)
El C. Presidente: - En el turno en contra, tiene la palabra, para referirse al artículo 6o. el diputado Javier Pavlovich Robles.
El C. diputado Francisco Javier Pavlovich Robles: - Muchas gracias. Nada más una aclaración: Necesariamente el tema se refiere no sólo al 6o. sino también al 2o. artículo, sin embargo seré muy breve.
Compañeras diputadas; compañeros diputados: Es de todos sabido que México enfrenta una grave y creciente disminución de su producción agropecuaria y lo conforman la importación, en 1989, de más de 10 millones de toneladas de granos básicos y la vergonzosa primacía mundial en la importación de leche en nuestro país.
El licenciado Salinas también lo sabe y ha dicho que el principal reto de la modernidad es el campo mexicano. Sin embargo, la incongruencia ancestral entre el decir y el hacer, persiste. Veamos por qué decimos esto.
En concordancia precisa entre el Plan Nacional de Desarrollo, los Criterios Generales de Política Económica y el Presupuesto de Egresos, establecen, por ejemplo, los siguientes objetivos agropecuarios, entre otros.
Primero. Obtener la soberanía alimentaria y asegurar los requerimientos de materia prima para la industria. Eso aparece en el tomo II, volumen A, página dos de cinco del ramo octavo.
Segundo. Logro de la suficiencia alimentaria, particularmente de granos básicos, tomo I, página 53.
La soberanía alimenticia, tercer objetivo, es propósito esencial de la estrategia agropecuaria. Otra vez el Plan Nacional de Desarrollo, página 72.
Y es loable, desde luego, el lograr la suficiencia alimentaria y muy especialmente en el área de granos básicos, pero ello, compañeros, no se logra con palabras demagógicas o buenos deseos establecidos en planes o en presupuestos, se requiere, entre otras, las siguientes acciones reales.
Primero. Un verdadero apoyo de inversión física, especialmente en la infraestructura hidráulica.
Segundo. Crédito accesible, suficiente y oportuno.
Tercero. Seguridad jurídica y de hecho en la tenencia de la tierra.
Cuarto. Precios remuneradores fijados oportunamente.
Los compañeros del Partido Revolucionario institucional quizá podrían agregar un quinto recurso, la demagogia, pero nos parece que los hechos hablan de su fracaso histórico en ésta y otras áreas. (Aplausos.)
Sin embargo, el Ejecutivo, a través de su proyecto de presupuesto y otros documentos, en cambio, ofrece lo siguiente, voy en el mismo orden.
Primero, una inversión miserable de sólo 2 billones 700 mil millones de pesos, que incluyen además 500 mil millones de pesos que no se destinan propiamente al agro, sino a abastecer de agua potable a algunas ciudades y que al incluirse en el rumbo de inversión agrícola, inflan la cifra distorsionando a la realidad.
El verdadero resultado y de acuerdo al presupuesto, consiste en que solamente se dedican 783 mil millones de pesos al desarrollo de áreas de riego y únicamente 73 mil millones al renglón de infraestructura agrícola, por lo que consecuentemente solamente se incrementa la frontera agrícola en 84 mil 700 hectáreas, cifras del proyecto de presupuesto; mismas que siendo muy optimistas, aportarían únicamente alrededor de 500 mil toneladas de granos básicos; la pregunta obvia sería: ¿dónde se producirán las faltantes 10, 12 ó más millones de toneladas que habremos de consumir?, y quizá la aceptación tácita, más clara por parte del Ejecutivo, de que los objetivos no se lograrán, la constituye el hecho de incluir en el mismo proyecto de presupuesto una enorme partida para importar 3 millones 900 mil toneladas de básicos, adicionales, desde luego a las que habrán de importar los particulares.
Y resalta aquí otra incongruencia presupuestal, ya que mientras se destina a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos un gasto total de 3 billones 400 mil millones de pesos para ayudar a la producción de alimentos, se destinan al sector comercio y abasto más de 9 billones 700 mil millones de pesos.
Debo reconocer, inclusive, que algunos compañeros del Partido Revolucionario Institucional, miembros de la Comisión de Programación, han aceptado el hecho de que la inversión es insuficiente y que el objetivo no se logrará, aunque no sé si lo pueden repetir en esta tribuna.
El Plan Nacional de Desarrollo es muy claro a este respecto, dice textualmente en su página 73: "la expansión sostenida de la producción agropecuaria requerirá necesariamente de una recuperación significativa de la inversión en el sector, la asignación correspondiente, continúa, a la agricultura y ganadería, ocupará un lugar preponderante dentro de la inversión pública".
Excelentes palabras y mejores deseos aún, pero la realidad es otra muy diferente. El monto total de la inversión en este sector representa solamente el 1.1% del amañado gasto neto real, y únicamente el .36% del producto interno bruto estimado para 1990, lo cual francamente no nos parece una asignación muy preponderante.
Segundo. En cuanto al crédito y de acuerdo a los funcionarios informantes de la Secretaría de Programación y Presupuesto, el Banco de Crédito Rural reducirá la superficie habilitada de 6 millones 500 mil hectáreas estimadas para el presente año, a sólo 4 millones 500 mil hectáreas en 1990. Dejando por fuera a millones pequeños productores que no podrán acudir a la banca nacionalizada, por dos razones fundamentales: sus antecedentes, por eso los desecha el Banco de Crédito Rural, y lo oneroso del crédito de las sociedades nacionales de crédito.
Habrá quien argumente, del Partido Revolucionario Institucional desde luego, que los apoyarán con el famoso crédito a la palabra del Programa Nacional de Solidaridad, pero suponiendo, sin conceder, que el 50%, la mitad de todos los recursos del famoso Programa Nacional de Solidaridad, se aplicarán a este tipo de créditos, sólo cubrirán 1 millón adicional de hectáreas, elevando el total a 5 millones 500 mil hectáreas. Digamos apoyadas por ambos: el Banco de Crédito Rural y el Programa Nacional de Solidaridad.
Ahora la pregunta sería: ¿qué sucederá con los otros 15 millones de hectáreas que se necesitan sembrar, para estar apenas al mismo nivel de hectáreaje que en 1980, 10 años antes? Es decir, por el lado del crédito no será tampoco el apoyo.
Tercero. En relación a la tenencia de la tierra, dice el Plan Nacional de Desarrollo, página 72: "es indispensable afirmar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra. Las tierras de ejidos y comunidades se han visto sujetas al comercio y al rentismo en una proporción importante, violándose las disposiciones legales en la materia".
Continúa diciendo: "reconocer esta realidad, es el inicio para encontrar nuevas soluciones de fondo que den garantía plena de seguridad, permanencia e incentivos en la tenencia de la tierra; asimismo, continúa, evitar el minifundio disperso e improductivo, es uno de los requisitos indispensables para impulsar e incrementar el empleo de la técnica moderna y la productividad en el campo".
Sabias palabras, decimos nosotros, pero sólo en el discurso. En la práctica podríamos resumirlas a entregar la tierra en propiedad a los ejidatarios que lo deseen, permitirles que se agrupen y organicen como quieran para que la unidad ejidal sea al menos de suficiencia familiar en producción y en productividad. Saben los conceptos, pero no los llevan a la práctica.
Pero claro, el partido en el gobierno perdería el control sobre ese sector y los votos que de esa manera obtiene actualmente. Por lo tanto, otra vez incongruencia entre discurso y realidad.
Cuarto. El renglón de precios, que si bien ha sido ampliamente discutido en estas y otras ocasiones, en materia obligada en este tema. Dice nuestra "novela de planeación", textualmente: "particular atención se dará a los mecanismos de fijación de los precios de garantía".
En realidad sí es un mecanismo muy particular. Verán ustedes, el gobierno dice que va a fijar los precios pero no los fija o los fija muy bajos, crea desabasto y así importa productos caros, subsidiando al extranjero en perjuicio de los productores nacionales y quizá a favor de unos cuantos acaparadores mexicanos, y lo que les permite a su vez a algunos pequeños productores nacionales, tomar una importante decisión en base a esto, ¿cuál es? Abandonar su parcela e irse de bracero. Eso hay que agradecerle al Partido Revolucionario Institucional-gobierno.
Desde luego, para consuelo nuestro, este mecanismo no se aplica a todos los granos básicos, solamente a los más importantes, como el frijol y el arroz actualmente, por ejemplo.
¿Qué más dice nuestra novela? Dice textualmente: "en consulta con los productores, industriales y consumidores, se buscará definir una fórmula de aplicación clara, el presupuesto dice, "transparentemente, automática y justa", y agrega, se seguirá una política de precios remunerados flexibles, bla,bla, bla etcétera".
La realidad está a la vista de todos, es otra muy diferente y no amerita mayor comentario; en fin, se alega que los recursos son insuficientes para dar la debida importancia a cada sector. Nosotros insistimos en que principalmente los recursos están mal empleados y daré sólo algunos cuantos ejemplos en beneficio de la brevedad: el solo renglón de transferencias del sector Gobernación, 77 mil 900 millones de pesos, que se destina, lo decía al compañero Arias, a difundir las noticias convenientemente, supera lo destinado al renglón de infraestructura agrícola, que solamente tiene 73 mil 600 millones de pesos.
En este mismo orden de ideas, Productora e Importadora de Papel S.A., gastará 640 mil millones de pesos, es decir, nueve veces más que lo destinado a infraestructura agrícola.
Segundo. El monto destinado a administración de la Secretaría de la Defensa Nacional, concretamente, 1 billón 900 mil millones de pesos, es 2.4 veces superior que todo lo que se destina a desarrollo de áreas de riego.
Tercero. Una de las principales fuentes de corrupción en el campo, que todos conocemos, que se llama Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera S.A., recibirá sólo por el concepto de transferencias 383 mil 700 millones de pesos, otra vez 5.2 veces mayor que lo que se destina a infraestructura agrícola.
Finalmente, entre Siderúrgica Lázaro Cárdenas. "Las Truchas". S.A., Altos Hornos de México S.A., y Fertilizantes Mexicanos, acumulan más de 25 billones de pesos en activos, pésimamente empleados, es sabido de todos, a tal grado que
sería difícil establecer cuál de ellas ha causado mayores daños al país.
Sería interminable una lista de esta naturaleza, pero creo que lo expuesto explica nuestro voto en contra de los artículos 6o. y 2o., obviamente.
Queremos sólo concluir con una doble proposición simplificada, atendiendo a los razonamientos de los compañeros del oficial, que de alguna manera controlan y dirigen la comisión, en el sentido de que es muy difícil y toma tiempo el realizar enajenaciones de entidades paraestatales. Proponemos entonces, de conformidad con el artículo 124 de nuestro Reglamento Interior, lo siguiente:
"Primero. Que del numeral 23 del proyecto de Presupuesto de Egresos, cuyo rubro es erogaciones no sectorizables y para el cual se destinan 9 billones 36 mil millones de pesos, se disponga de una partida de 2 billones de pesos, asignando esta cantidad al numeral tres denominado Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Segundo. Que de conformidad con el artículo 22 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, se aumente la partida ocho en el monto que resulte de la colocación de capital de la entidad paraestatal Fertilizantes Mexicanos, a fin de transformarla en una empresa tripartita, donde el gobierno, los trabajadores e inversionistas privados nacionales sean propietarios por partes iguales de dicha empresa.
Cabe mencionar, para terminar, que dicha empresa tiene activos totales superiores a 8 billones 700 mil millones de pesos, monto superior a todo lo destinado al sector desarrollo rural y tiene un capital contable cercano a los 6 billones de pesos y que su enajenación también liberaría recursos por más de 2 billones 37 mil millones de pesos que actualmente están contemplados en el renglón 18-296 del propio presupuesto y que podrían parcial o totalmente, dependiendo del tiempo de realización, destinarse al mencionado rubro ocho por el bien de la patria.
Atentamente, por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, diputados: Alfonso Méndez Ramírez, Eduardo Arias Aparicio, Carlos Aguilar Camargo, Astolfo Vicencio Tovar, Horacio González de las Casas y el de la voz." Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Se reserva para su trámite en los términos del 124 y 125.
Tiene la palabra, en el turno en pro, el diputado Humberto Roque Villanueva.
El C. Humberto Roque Villanueva: - Señor Presidente; honorable asamblea:
En obsequio a la brevedad y a la precisión de los argumentos omitiré las referencias valorativas que pueden ser muy justificadas, desde el punto de vista partidista, pero que no necesariamente responden a la objetividad de lo que aquí incluso con un diccionario se calificó de examinar.
Se ha dicho aquí la importancia que debe tener en el Presupuesto de Egresos de la Federación el concepto de ciencia y tecnología, difícilmente un miembro de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública puede diferir con este punto de vista, puesto que fue consenso de esta comisión el de que se incluyera prácticamente una cuartilla, tocando precisamente esta problemática, y en la que se describe el problema específico de como al estar desagregados los conceptos, a través de diferentes órganos, no se pueda implementar una política más orgánica en torno al tema de la ciencia y la tecnología.
De tal suerte, pues, que el propio dictamen contempla lo que hay que hacer en esta materia e incluso sugiere algo que es, en mi opinión, suficientemente pertinente. Esto es lo que se refiere a la posibilidad de que los institutos de investigación científica y tecnológica puedan y deban participar en proyectos conjuntos con distintas entidades de los sectores públicos, social y privado.
Esto tendrá la gran trascendencia de darle a la investigación científica y tecnológica un contenido de realismo y de participación social, que mucho le está haciendo falta, para que los recursos destinados a este renglón cumplan con su mayor productividad social.
Pero se señaló también que había la preocupación sobre el apoyo a la educación superior, y creo que en esto no estamos de acuerdo, no porque no estemos también preocupados en que se apoye al sector educativo superior, decimos que no estamos de acuerdo con la apreciación de quien lo señalara, porque precisamente, y creo que vale la pena registrar el dato con toda puntualidad, el mayor renglón transferencia que contempla este proyecto de presupuesto es precisamente el que está dedicado a la educación, y si muchos de nuestros colegas diputados recuerdan, es precisamente en el renglón de educación superior donde se da precisamente la aportación de esta transferencia. Recuérdese todo lo que significó el apoyo a los respectivos presupuestos de las distintas unidades y centros de educación superior, de tal suerte que estamos hablando de la mayoría que proyectó al presupuesto, estamos hablando de 7 billones de pesos.
Por otro lado, se ha propuesto en esta tribuna la posibilidad de reducir el presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de incrementar el de Petróleos Mexicanos. Al respecto vale la pena señalar lo siguiente: primero, el presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 1990, ya de por sí contempla una reducción real de 5.6%, esto a pesar de que está calculada una recaudación mayor; luego no nos parece pertinente, sabiendo que existe una relación necesaria e indispensable entre la recaudación y lo que se invierte o gasta para recaudar, el que cambiemos este binomio solamente en aras de decir que logramos reducir el presupuesto de una entidad que probablemente pudieran no resultarnos simpática, porque es la que cobra los impuestos, pero impuestos sin los cuales no podríamos estar discutiendo el Presupuesto de Egresos.
Por lo que se refiere, y para abordar el tema de Petróleos Mexicanos, y en sí de los energéticos, vale la pena hacer los siguientes señalamientos.
Así como dijimos que en el caso de la educación, la mayor presupuestación de transferencias se daba en ese renglón, vale la pena señalar que en lo que se refiere a la inversión del sector paraestatal, que por cierto vale la pena recordar también que estamos hablando de un incremento de 14.4% en la inversión real para 1990, y esto significa simple y sencillamente la tasa más alta de los últimos nueve años; pero en el sector energético, que tiene 10 billones presupuestados, estamos hablando del 43.5% del total de toda la inversión del sector paraestatal, y para que no se nos diga que estamos atendiendo únicamente al criterio de la proporción que representa este monto con respecto a las paraestatales, recordemos que también como tasa de crecimiento significa un 10% real, mayor que para 1989.
Pero además, en el caso de Petróleos Mexicanos, también vale la pena destacar el siguiente dato: su gasto programable crece tan sólo el 1.3% real, pero lo abocado a la parte de la inversión crece en 7.3%, esto es, no solamente hay la racionalidad administrativa y de operación y de inversión que se estaba solicitando, sino que está reflejada clara y puntualmente en la forma en que está desglosado el presupuesto.
Por lo que se refiere también a Petróleos Mexicanos, vale la pena destacar que es una de las entidades que va a poder, en 1990, darle un grado de avance cercano al 90% en promedio, a todos sus proyectos de inversión. Este dato no sería tal relevante, si no agregamos la observación de que esos proyectos en su mayoría fueron iniciados entre 1980 y 1985. Así pues, me parece que el presupuesto asignado a Petróleos Mexicanos, y en general al renglón de energéticos, guarda la congruencia solicitada ante esta asamblea, agregando simplemente que con este presupuesto para 1990, estamos rompiendo la tendencia negativa en la inversión que se mantuvo durante siete años, y que además los renglones de inversión contemplan en un porcentaje superior al 55% precisamente la explotación, la exploración y la producción primaria, en segundo término la transformación industrial y hasta el final, con tal sólo 5%, la comercialización.
Se ha señalado también por aquí, que no se examinó suficientemente la parte cuantitativa del presupuesto. Seamos objetivos. Es cierto que no, en el pleno de la Comisión de Programación, tuvimos la oportunidad, todas las fracciones en conjunto, de discutir las partes cuantitativas de este presupuesto pero por dos razones: primera, porque muchos de nosotros solicitamos información adicional y, segundo, porque cada fracción parlamentaria finalmente se reservó el derecho mismo que ha sido ejercido en esta tribuna sobre esa relación cuantitativa.
Hay que señalar también respecto a esas apreciaciones sobre si la inversión realmente está subiendo o tan solo estamos haciendo un maquillaje de cifras, dos elementos de la mayor importancia y que cualquiera podrá consultar en el presupuesto. El primero, la tendencia del gasto en la administración pública central, define lo siguiente:
Para la inversión física es 7% de incremento, para los gastos de administración 8.9%, esto viene en el dictamen; para el sector paraestatal la tendencia del gasto programable, inversión física 14.6% gastos de operación 4.1%...
El C. Presidente: - Señor diputado Roque Villanueva, el señor diputado quiere formularle una pregunta.
El C. Humberto Roque Villanueva: - No, no la acepto, señor Presidente.
Continuando con las proporcionalidades y sobre todo con el tema que indudablemente nos preocupa a todos y que no tendría sentido manejarlo ni fragmentariamente ni por fracciones políticamente. Yo creo que este tema en ocasiones muchos diputados han dado muestras de su interés y de su solidaridad, me refiero obviamente al tema de desarrollo rural.
Aquí para decir las cifras y luego irlas acotando en su dimensión real, que estamos hablando del mayor incremento de la inversión.
que registra todo el presupuesto, estamos hablando de más del 55%. Acepto, en honor a la objetividad, que a veces los porcentajes evidentemente...
El C. Presidente: - Señor diputado Roque Villanueva, el señor diputado Pavlovich desea formularle una pregunta.
El C. Humberto Roque Villanueva: - No la acepto, señor Presidente.
Decíamos que el 5% tiene efectivamente un elementos distorsionador, aceptémoslo tal cual es, en este renglón está contemplado el abasto al agua potable, pero vamos a dimensionarlo, si vamos a ponerlo en el contexto real, aquí lo dijeron diputadas y diputados de Acción Nacional, que esto representa aproximadamente 500 mil millones de pesos. 5 billones de un presupuesto de inversión en desarrollo rural cercano a 2 billones 700 mil millones de pesos, yo estoy totalmente de acuerdo que debe reducirse en 20% lo que estamos hablando en relación a la inversión real respecto al desarrollo rural.
Ahora bien, ¿qué sucede con la coherencia del presupuesto para redondear el tema de si estamos o no solicitando la aprobación de dos artículo fundamentales y que guardan una coherencia interna con respecto al presupuesto y a la política económica que lo respalda? Veamos cuáles son los tres aspectos fundamentales de la presupuestación; por un lado tenemos el gasto programable que incluye las transferencias, pero vale la pena observar estas transferencias en lo individual y, por otro lado, tenemos la inversión física. Yo creo que todos estamos de acuerdo o cuando menos los oradores que han intervenido en torno a este tema de desarrollo rural, desarrollo social y energéticos requieren la máxima prioridad. Bien, gasto programable, incremento real en desarrollo rural 8.7%, el gasto programable en este caso está sumando las transferencias más el gasto directo del sector central.
Transferencias, crecen en 3.5% y la inversión física, acotado el asunto del agua, 55.2%; desarrollo social, gasto programable 12.6%; transferencias 9.9% de crecimiento e inversión física crece 31.2%; pero energéticos que, efectivamente, no tiene la espectacularidad de los otros dos renglones, crece; sin embargo, en el gasto programable 4.6%, en la inversión física 10.7% y aclaro, también en honor a la objetividad, que las transferencias se reducen en 0.9%. Con este añadido que en el caso del sector energéticos, es mejor basarse en las tarifas que en las transferencias de recursos.
Por lo que se refiere, finalmente, a sobre cómo se visualiza la problemática del desarrollo rural y si es suficiente una aprobación presupuestal que contemple los incrementos de la inversión descritos, evidentemente estamos de acuerdo con que la política al campo tiene que ser integral, que efectivamente requiere un componente basado en la infraestructura hidráulica y en otro tipo de infraestructura, que se tiene que ver el aspecto de la tenencia de la tierra y que desde luego que se debe contemplar la cuestión de los precios de garantía.
Yo señalo, tan sólo para diferenciar la situación de la infraestructura hidráulica, que está contemplado en la diferencia que se le da al tratamiento en la Comisión Nacional del Agua, de, quitándole el .5 de billón, para dejarlo cercano a 800 mil millones de pesos, señalar que también para área de temporal existe un 88% de incremento en los programas específicos para el área temporalera.
Respecto a los precios de garantía, al financiamiento y en general a todos los elementos que le dan sustancia y redondean una política de desarrollo rural, tan sólo quiero señalar lo siguiente: el presupuesto de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, sea que aborde el tema de precios de garantía, o que lo aborde desde el ángulo de comercialización, no solamente no sufre merma alguna, sino que registra un incremento suficiente para mantener el mismo nivel de compras, pero a precios obviamente incrementados.
Por último, lo que se refiere a que efectivamente se reduce la parte correspondiente al Banco de Crédito Rural, en lo que se refiere a la atención de cierto tipo de clientela, que por problemas de siniestralidad o de marginación productiva, no tiene sentido que le sigamos llamando crédito a lo que es en muchas ocasiones un subsidio. Efectivamente, aunque ya se señaló en esta tribuna que lo mencionaríamos, no por ello lo vamos a dejar de hacer, efectivamente, existe dentro del Programa Nacional de Solidaridad la posibilidad, y más que la posibilidad, el hecho de un programa específico que tiene que ver con la atención a este tipo de productores.
Yo quiero, pues, concluir únicamente con una observación: qué bueno que en el debate hagamos uso del mayor número de reflexiones; qué bueno que los partidos políticos le pongan su valoración específica a sus reflexiones, pero lo que no podemos negar es que este presupuesto para 1990 revierte una tendencia que lamentablemente en los pasados siete años se había manifestado como decreciente en los términos de inversión y que ahora elocuente, positivamente, y esperamos que en esto exista una solidaridad plena, se
muestra positiva en el renglón de inversión, con lo que eso significa para el desarrollo del país. Muchas gracias.
El C. Eduardo Arias Aparicio (desde su curul): - Para hechos.
El C. Presidente: - Tiene la palabra para rectificar hechos, diputado Arias, por cinco minutos.
El C. Eduardo Arias Aparicio: - Señor Presidente, compañeros diputados: Dos aspectos quiero aclarar sobre la intervención del compañero Humberto Roque Villanueva; el primero de ellos es que definitivamente, y él lo afirmó, en el seno de la comisión no se hizo un examen detallado de estos artículos y tampoco se ha hecho un examen detallado en esta tribuna, para avalar el por qué se está proponiendo y avalando lo que manda el Ejecutivo, puesto que por confesión que está en la misma comisión, no se han tenido los recursos y el tiempo necesario para hacerlo. Y es cierto, existe dentro de los integrantes de la comisión, el propósito, y que quede bien claro, es el propósito de que el año próximo empecemos a interiorizarnos en el proceso de programación desde principio de año, para que no empiece la comisión a trabajar sobre esos aspectos hasta que llegue el presupuesto en noviembre 15.
Esperamos que ese propósito, que este compromiso que ha hecho la comisión esté refrendado por las actividades que se realicen a partir del próximo año y que dentro de 12 meses podamos decirles a ustedes: la comisión ahora sí hizo un examen y estamos proponiendo esto con suficientes razones objetivas.
Segundo, mencionó el aspecto de la inversión física de la administración pública central y nuevamente lo requirió a lo esperado en este año e indica que el crecimiento va a ser de un 10.7%. Efectivamente, eso es lo que viene en la página 148 de la exposición de motivos que nos mandó el Ejecutivo, pero también es cierto que se está refiriendo a lo esperado, ¿y qué es lo esperado? Lo esperado es que se va a gastar en inversión física 1 millón de pesos menos que lo que esta Cámara autorizó a gastar al Ejecutivo, y que esa cantidad se va a gastar de más en gastos administrativos, por consecuencia, se disminuye la cantidad contra la cual se está comparando, definitivamente el incremento en la inversión física es de únicamente un 5% y no de 31.7% como se está diciendo en esto que está mandando el Ejecutivo.
Y si quieren referencias, esta información viene en la página 192 del proyecto de Egresos de la Federación para 1989 que nos mandó el Ejecutivo.
Si las cifras con que se comparan los porcentajes en lugar de ser lo que se aprobó aquí en la Cámara, diga: fíjense que vamos a gastar mucho porque este año gasté menos de lo autorizado. Esas cifras para mí son maquilladas y dan una pobre idea de lo que realmente se está gastando y de que se trata de decir: que ahora sí la inversión va a ser más alta.
Ese mismo argumento nos lo dieron el año pasado al decir que la inversión iba a ser de 5 mil 47 millones y únicamente va a ser de 4 mil 41 millones de pesos. Ese argumento está gastado y no representa la realidad de lo que acontece. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Concluido el turno de oradores en contra y el turno de oradores en pro, enseguida iniciaremos la discusión del 3o. Consulte la secretaría a la asamblea si los artículos 2o. y 6o. se encuentran suficientemente discutidos.
La C. secretaria Hilda Anderson Nevárez de Rojas: - Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta si están suficientemente discutidos los artículos 2o. y 6o.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El C. Presidente: - Se reservan para su votación nominal en conjunto con los artículos 3o., 7o. y 14.
ARTICULO 3o.
El C. Presidente: - Vamos a iniciar la discusión del artículo 3o., cuya materia objeto de su regulación se refiere a desarrollo regional, programa de solidaridad y desarrollo regional, así como la participación de estados y municipios.
Se han inscrito en el turno en contra de los diputados Juan Guerra y Federico Ruíz López, y en el turno en pro el diputado Alberto Amador Leal.
Tiene la palabra, en el turno en contra, el diputado Juan Guerra.
El C. Juan Nicasio Guerra Ochoa: - Muchas gracias, ciudadano Presidente de esta Cámara; compañeras y compañeras diputados: Por el ambiente que se ha prevalecido el día de hoy en esta Cámara de Diputados, podría fácilmente decirse que asistimos pues a una especie de ritual o algo que se ha hecho costumbre, pero que en
realidad es deber constitucional aprobar el presupuesto de gastos de la Federación cada año.
Tal vez sea porque constitucionalmente nos obligamos a hacer cada año, que puede agarrar el carácter de una rutina; sin embargo, independientemente del trato y la evaluación que tengamos sobre esto, la verdad es que el presupuesto influye y determina en mucho las condiciones de desarrollo de este país, las condiciones de vida y existencia de millones de mexicanos.
Tan es así, que de refilón, siempre que se discute el presupuesto, implícitamente se aprueban los planes que el Ejecutivo en turno ha considerado viables. Hoy, no es casual que los objetivos que se proponen o se buscan lograr con el Presupuesto de Egresos, están conectados con el Plan Nacional de Desarrollo. No lo discutimos nosotros el Plan Nacional de Desarrollo, no lo aprobamos nosotros; pero de refilón, en cuanto que corresponde la política de egresos a ese plan, se nos hace también aprobarlo.
Y bueno es decir que el presupuesto de gastos en sí es, por decirlo de alguna manera, redondo, clásico, se podría decir; amarrado de muchas formas, cuidando muchos detalles, de esos planes que se pueden trabajar en un escritorio, que ajustan las partes correctamente, pero que uno al discutirlos, y sólo quedan en eso, pues puede caer también en la lógica misma de tal plan, de tal presupuesto, sea el caso, y sin embargo, cuando uno coteja las expectativas que se fijan en esta política de presupuestos con la realidad, me parece que sugiere, por lo menos, otras reflexiones.
Se presume y tal es la carta de fuerza de la diputación del Partido Revolucionario Institucional, que hay una mejoría, que esto marca una nueva tendencia. En efecto, se rompe en una serie de siete años, con reducciones al presupuesto. Esto es así. ¿Será realmente una tendencia?, tendría, para hacerlo, tendríamos que estar de acuerdo en que la estrategia económica del gobierno asegura de antemano que ese crecimiento va a seguir y que en efecto se va a recuperar la economía.
Pero si nosotros vemos el crecimiento leve que tiene el gasto programable y lo comparamos con el superávit primario que se logra, no podríamos, de entrada, sentirnos satisfechos. Los ahorros que se tienen no son para gastar más en la sociedad, en la proporción que se podría hacer.
Se presume, incluso, el incremento, el aumento de este superávit primario; pero no puede ser racional en una sociedad, que se ingrese más, que se recaude más, se le quite más a la sociedad y se le regrese menos; no puede ése ser motivo de orgullo, ni mucho menos propósito para el desarrollo de una sociedad.
Si el aumento, ése tan leve, se coteja con esto, me parece que por lo menos ya había que poner en duda algunas cosas, porque aun cuando ha bajado el gasto al pago de la deuda, aun cuando esto ha bajado, sigue siendo la parte esencial, la tajada del león de todo el presupuesto.
Los problemas, sin embargo, en que se ha venido metiendo esta sociedad, no podrán ser superados con esos pequeños incrementos que se presumen.
Tenemos rezagos que interesante sería discutir en este marco, cómo los vamos a superar, particularmente en el consumo y la producción de alimentos habría que ver la situación en que hemos caído.
¿Qué podríamos desprender nosotros de esto, para por ejemplo atacar el hecho de que somos el país número uno en importación de leche, que el 50% la tenemos que importar, que dejamos caer la producción de leche en este país, que recientemente acaba casi de duplicarse el precio que nos dan cuando importamos leche?, ¿de qué manera el presupuesto podría responder a otras inquietudes que existen en esto de los alimentos?
Somos una país que importa frijol, pero aquí hay una situación muy rara: nosotros compramos frijol a países como Canadá, como Argentina y lo hacemos a precios mucho, pero mucho más altos, dos, tres veces de los precios que pagamos en este país. Se dirá: pues si es que no hay producción suficiente hay que importarla y a los precios que estén.
Lo paradójico de esto es que esos países producen prácticamente por encargo, producen porque saben que nosotros les vamos a comprar, producen la demanda nuestra, a encargo nuestro, y nosotros que no estamos dispuestos aquí a tomar medidas en ese sentido ni el Ejecutivo para asegurar mejores precios a los campesinos, sí en cambio se otorgan éstos cuando se tiene que importar.
La lógica en este caso es la misma que rifa en materia económica. Se dice que hay que guiarnos por ciertas ventajas comparativas, hay que ver los precios internacionales y luego, cuando éstos se mueven, cuando nos cuesta más importar que lo que pagábamos aquí, simple y sencillamente ya no hay explicaciones válidas para estos fenómenos que se presentan.
El punto en que he escrito mi participación que tiene que ver con el Programa Nacional de Solidaridad, pues sin duda alguna está ligada con toda esta situación, porque las medidas del
Programa Nacional de Solidaridad buscan atenuarse, dice, la miseria extrema, pero este pueblo en general, el pueblo de México, se hunde cada vez más en la miseria.
Se ha tocado aquí y sólo habría que recordarlo, si vemos como ha bajado el consumo de proteínas de la mayoría de la población, como tenemos mucho más desnutridos hoy en nuestro país, como el empleo no crece que es fuente evidentemente para los trabajadores de aquellas mercancías que pueden adquirir con su salario; hemos visto también como los precios de garantía no aumentan. Estamos entonces queriendo tomar paliativos para la pobreza extrema cuando la gran mayoría de esta población se hunde cada vez más en la miseria y no hay medidas concretas en el presupuesto ni en el plan que atiendan con la fuerza que las circunstancias merecen a resolver esta situación.
Discúlpenme los que estaban durmiendo que los pueda despertar de esta manera. (Aplausos.)
Este es el problema; el problema no es detenernos sólo en la estructura y en la coherencia que puede tener el presupuesto; el problema para nosotros es que es el instrumento en política económica al cual deberíamos analizar más concienzudamente para tratar de incidir el mejorar los niveles de ingreso de la población de México. Y yo quisiera sobre eso que discutiéramos verdaderamente. Es cierto que el incremento de por sí puede traer mejorías, pero no se ve claramente con estas mejorías se van a sostener ni mucho menos que correspondan a la circunstancia de los hechos.
Pero si hablamos ya más en lo particular, en lo que es el Programa Nacional de Solidaridad, hay que decir también cuál ha sido su comportamiento el año anterior. Sí se aumentan los recursos, pero el año anterior también el Programa Nacional de Solidaridad está integrado a esa deformación que tenemos en México de partido de Estado, a través del Programa Nacional de Solidaridad Social, por ejemplo, en mi estado, donde hubo elecciones y se inyectaron 400 mil millones, se utilizaron a través de ese programa, es decir, como una especie de dependencia electoral a beneficio del Partido Revolucionario Institucional y del gobierno.
No hay, en este caso, ni siquiera en el problema de medidas concretas como el Programa Nacional de Solidaridad para atacar la miseria extrema, por lo menos la garantía de que esto se utiliza con un criterio de imparcialidad, con un criterio de justicia no exento no de criterios políticos pero sí de política partidista; no hay ni siquiera esa garantía. El Programa Nacional de Solidaridad más bien se integra como un elemento más de política electorera de parte del partido en el gobierno, y evidentemente del propio gobierno.
Habría aquí, como en otras cosas, que pensar en qué medidas, de qué medidas, dispone la Cámara de Diputados para vigilar que por lo menos aquellos recursos que se destinan como en estos casos, estuvieran no solamente a partir del análisis posterior ya de la cuenta pública, sino cuando se ejercen, pudiera la Cámara intervenir para asegurar que cuando menos esos destinos se les den el mejor uso, exentos evidentemente de los criterios con que se han aplicado.
Habría que tratar de modificar en esto o de establecer en esto una vigilancia de parte de la Cámara, pero qué tan eficaz podría ser, me pregunto yo, una medida de esta naturaleza? El año pasado, por ejemplo, nosotros acordamos que habría que consultar si a la Cámara, cuando el Estado decidiera fusionar desincorporar o vender empresas paraestatales, esto está todavía en el presupuesto, en el dictamen, en el artículo 39, y sin embargo ocurre, por ejemplo, que Productos Pesqueros Mexicanos, al igual que las modificaciones que hay en la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, no pasan realmente por la Cámara de Diputados.
Tal vez se diga que informar es avisar cuando ya se hizo esto y que la Cámara en cuanto que diputados y ciudadanos pueden leer estas disposiciones.
No hubo por parte de la Cámara una actitud para hacer valer eso que se había ganado; lo que es más, cuando se buscó que compareciera aquí el director de la Compañía de Subsistencias Populares, simplemente se ha negado, simplemente no viene y no hay en la Cámara una disposición para exigir que ni siquiera medidas de vigilancia que se pueden establecer como contra peso a las disposiciones del Ejecutivo funcionen.
De la misma manera hoy, por ejemplo, se pueden establecer artículos que en caso de contingencia o de extrema gravedad y se altere el presupuesto, pues debería intervenir la Cámara en cuanto que tendría que realizarse otro presupuesto. Se establece, por ejemplo, para el caso que sólo cuando se altere o tenga una reducción del 15%. Con una reducción del 5%, evidentemente habría que hacer ya otro presupuesto, habría que ajustarlo, y sin embargo, la Cámara se niega a establecer medidas más atinadas al respecto.
Podríamos, evidentemente en este marco de discusión de los recursos para la extrema pobreza,
detenernos en otros aspectos que hoy también son vigentes y son parte de la política económica. Habría que señalar, pero habrá más tiempo para hacerlo, lo que ocurre hoy en toda el área pesquera, de cómo se ha venido castigando a este sector año tras año hasta llegar hoy a darle la puntilla; a darle la puntilla con medidas como será la liquidación del Banco Nacional de Pesquero y Portuario, como será la modificación de la Ley Pesca, como es ya la liquidación justamente de Productores Pesqueros Mexicanos, particularmente de Tepepan, que era quien regulaba el abasto del mercado interno.
Así podrían sumarse muchos casos, así podríamos ver que en el marco o de cara al presupuesto, a la política de egresos, a pesar de lo que se diga, a pesar de que se señala que hay mejorías, la población, el grueso de la población que se ha venido empobreciendo más, no ve esas mejorías, no ve que mejore su ingreso, no ve que mejore la alimentación.
Por eso, compañeros diputadas y diputados, para nosotros puede ser un ejercicio más, puede ser una obligación constitucional discutir justamente el presupuesto, pero para nuestro pueblo que se ha empobrecido más y que no se ve cómo se va a detener esa tendencia que se empobrezca más, de los asalariados, de los productores del campo es justamente otra cosa, son instrumentos que a pesar de todo los siguen golpeando. Es todo y muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra, en el turno en contra, el diputado Federico Ruíz López.
El C. Federico Ruíz López: - Con la venia de la Presidencia; compañeros diputados; amigos: El municipio libre, base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los estados en una república democrática, es exigencia planteada en el artículo 115 de nuestra Ley Fundamental.
Desde la doctrina constitucional, nuestro régimen político, atento a lo planteado, ordena no un presidencialismo centralista y omnímodo, sino un sistema de descentralización política y administrativa.
El artículo 3o. del presupuesto establece que se distribuirán 18 billones 200 mil millones de pesos a estados y municipios, cuyas erogaciones se ejercerán en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal.
Estamos objetando en forma y fondo este artículo por las siguientes razones que esperamos compartan ustedes, para lograr que la modernización anunciada se plasme en una actualización administrativa y política, que optimice en un futuro inmediato la ruda realidad que padece el pueblo de México.
Estamos en contra del sistema centralista que es causa eficiente del atraso político y administrativo de la República; es menester retomar los argumentos esgrimidos por Mújica y Jara, entre otros, en el Constituyente de Querétaro, para hacer una realidad el municipio libre en México; cuando en promedio hay ayuntamientos cuyo ingreso vía presupuesto federal, repartido por las tesorerías de los estados, llega a un 70% de lo que ejercen, cuando hay estados donde su ingreso se constituye hasta por más de un 90% de lo que les es asignado en el presupuesto federal, tenemos que concluir necesariamente que no se ha dado respuesta afirmativa al funcionamiento económico que se formuló para aterrizar el principio del municipio libre en el Congreso Constituyente de Querétaro.
Suena a poco eficiente y a centralización limitante de la libertad, la decisión y operación subordinada de los ayuntamientos municipales a las tesorerías de los estados y de éstos a la Secretaría de Programación y Presupuesto.
La libertad del municipio debe buscarse sobre la exigencia insatisfecha planteada por Mújica, autonomía económica real. El esquema mismo del presupuesto nos parece contrario a el sentido que fue exigencia de quienes hicieron la revolución; no quisiera entrar aquí a la discusión sobre el Poder Ejecutivo y sus facultades y metas constitucionales. Es obvio que el Congreso debe recuperar su función para que los poderes no se desvirtúen, y en esto es evidente que sin ignorar el peso específico del Ejecutivo, la modernización no podemos entenderla como una simple recuperación de fuerza y de capacidad de decisión del Ejecutivo.
Nosotros hacemos votos porque este régimen sea efectivamente el de la transición democrática, en ello somos y queremos ser protagonistas y testigos, pero el reto es que la Cámara de Diputados asuma también responsabilidades que han sido abandonadas. No es el mismo país, ni es la misma Cámara de Diputados ésta que las anteriores. Sí creo que ahora hay más trabajo en comisiones, pero mucho me temo que no respondamos con una actitud crítica, rigurosa y con congruencia entre lo que pensamos y lo que hacemos, al reclamo que México nos hace de soluciones radicales.
Estamos en contra de este artículo porque es la síntesis de un centralismo que se traduce en
caciquismo, miseria, mugre e injusticia en las comunidades más alejadas y en los municipios más pobres. (Aplausos.)
Ya en la crítica a la cuenta 1989 descubríamos cómo no sólo no se ejerció lo presupuestado hace un año en los ayuntamientos y en los estados más pobres, vimos como se excedieron en lo presupuestado dependencias del Ejecutivo. Esto va contra el sentido de la justicia y contra lo establecido en la Constitución. En términos porcentuales, la participación a los estados y municipios adolece de varias fallas, por una parte no se establecen criterios objetivos de distribución y en términos absolutos son inferiores las erogaciones a las asignadas a los municipios en la última etapa del porfirismo.
Pensamos que debiera de haber no esta indebida limitante a los municipios en lo económico, en lo ecológico, en lo político; sino municipio libre simplemente. Y tal vez al apuntar una solución por el camino de la concurrencia jurisdiccional de los ayuntamientos en áreas hasta ahora exclusivas del Ejecutivo Federal, pudieran sugerirse salidas a los problemas que plantea nuestro desarrollo.
No parece de todas formas insuficientes lo asignado si consideramos que siguiendo la tendencia que en todo el mundo se observa, la descentralización debe conllevar disminución en las injerencias del poder central, con aumento del mismo en las comunidades periféricas, desarrollo regional, reducción de las pretendidas soberanías nacionales, se encuentran como tendencia mundial y como exigencia insatisfecha en nuestra patria.
Descentralizar no es simplemente desconcentrar. "El que parte y reparte se queda con la mayor parte" y esto se aplica en materia presupuestal, pero no sólo eso, también o no pone la pequeña parte para que su destinatario la aproveche o se aprovecha indebidamente de ella.
La ley debiera establecer obligación para que los distribuidores del presupuesto no se conviertan en fuente otorgadora de todo bien, sino en servidores obligados a servir a los que están más cerca de los ciudadanos, esto es: a los gobiernos de los estados y a los ayuntamientos municipales.
Por todas las razones antes dichas, estamos en contra del artículo 3o. del presupuesto para 1990, y esperamos su solidaridad por las razones apuntadas. Muchas gracias por su atención. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra, en el turno en pro, el diputado Alberto Amador Leal.
El C. Alberto Amador Leal: - Ciudadanos diputados: Me refiero a los argumentos en contra, respecto a lo estipulado en el artículo 3o. del decreto que se discute.
En primer término, desde luego que coincidimos con el planteamiento aquí formulado en relación a la necesidad, al imperativo de profundizar la descentralización, a ello obedeció justamente el espíritu que anima a las justificaciones que en su momento se realizaron al 115 constitucional y que desde luego han venido acreditando su bondad. A ello ha obedecido también el esfuerzo de transferencia de facultades y recursos a estados y municipios y a dependencias federales, en sus oficinas en los estados de la República.
A ello ha obedecido el ejercicio de lo estipulado en la planeación democrática de acuerdo a la ley correspondiente para perfeccionar el acuerdo único de desarrollo, para fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno con instrumentos concretos, con acuerdos precisos que justamente responden a esta necesidad; y a ello también, desde luego, responde la iniciativa que aquí se presenta y que en correspondencia con la Ley de Coordinación Fiscal y sus modificaciones aprobadas, avanza en el perfeccionamiento de la distribución de los recursos, de las participaciones a los estados y municipios.
Hay mucho que hacer en esta materia compleja y vital, ciertamente, para alentar y recuperar los recursos y las potencialidades de todas las regiones, municipios y estados del país. En ese camino estamos y habremos de profundizar en los años futuros.
Me refiero al planteamiento se hizo aquí, respecto al Programa Nacional de Solidaridad. En efecto, el problema de la justicia ha sido y sigue siendo una preocupación universal no resuelta, en circunstancias diversas y en la especificidad de cada sociedad, con diferentes grados, el tramo entre riqueza y pobreza aviva la discusión y la participación políticas, como la que aquí se ha dado en esta deliberación.
El desiderátum de la igualdad, hoy como ayer, provoca el rompimiento de mitos, de inercias, de formas de organización, que induce a una reflexión profunda de los sistemas y de las ideologías, en eso estamos.
En México, la desigual distribución de la riqueza, junto con los desequilibrios sectoriales y regionales, los bajos niveles de productividad global de la economía y el insuficiente ahorro interno, forman parte de los problemas estructurales inherentes al desarrollo. Es por esta razón que la
cuestión social se constituye del objetivo fundamental de la política puesta en marcha por el gobierno de la República.
La recuperación económica con estabilidad de precios tiene entre sus efectos sociales directos, la generación de empleos para un mayor número de mexicanos y el aumento de los salarios reales de quienes ya gozan de un trabajo. Estas condiciones, sin embargo, dan a la estructura y heterogenidad del bienestar social dos vías suficientes. Por ello, el gasto público, como instrumento básico de política económica, tiene un componente marcadamente social en el presupuesto programable, es decir, contiene las partidas, aquí ya explicadas, para solventar los servicios sociales básicos, y es en este conjunto de recursos para programas y proyectos sociales que se inserta, con énfasis, el Programa Nacional de Solidaridad.
¿Cuál es, en este contexto, la real dimensión y alcance del programa de solidaridad?
En primer término, el destino de los recursos, éstos van dirigidos a nuestros compatriotas que por razones de las deformaciones estructurales del desarrollo tienen los menores ingresos y niveles de bienestar, los asalariados y campesinos de baja productividad, las comunidades étnicas y la población de colonias populares en donde el hacinamiento social se ha agravado y el nivel de vida ha descendido. Forman parte también como destinatarios los jóvenes y las mujeres.
Segundo, se expresa un aumento cuantitativamente importante por las siguientes razones: el ramo 26, a que se refiere el artículo 3o., considera un presupuesto de 2 billones de pesos; además, el artículo 8o. condiciona el ejercicio de 629 mil 200 millones de pesos, con cargo a diversas dependencias, a su aplicación dentro del programa de solidaridad, es decir, de un monto aproximado de 1 billón 600 mil millones de pesos en 1989, se pasará a 2 billones 600 mil millones de pesos durante 1990.
Y cabe aclarar aquí alguna intervención sobre el destino de las transferencias al transporte urbano del Distrito Federal. En efecto, al reagrupar diversas formas de inversión existente en otros años, se elimina del ramo 26 las transferencias al transporte urbano del Distrito Federal, que en 1989 ascendieron aproximadamente a 800 mil millones de pesos.
Esto quiere decir que el ramo 26, durante 1990, será destinado, en efecto, para el desarrollo regional y para la solidaridad en el programa nacional propuesto.
Otro elemento también importante, se refiere a que los recursos del programa de solidaridad son destinados a la inversión; es decir, a obras sociales de infraestructura o proyectos productivos, lo que significa el 10% de la inversión física total de la administración pública central y paraestatal, el 20% de la inversión total de la administración central y el 50% aproximadamente de la inversión para cuestiones sociales. Este, compañeros diputados, es un dato interesante que hay que acotar.
Por otra parte, el programa se acrecentará con aportaciones de las comunidades, los ayuntamientos y los gobiernos de los estados, como en efecto se ha hecho durante 1989, no sólo en Sinaloa, como aquí de dijo, también en Oaxaca y en Durango, en donde hay participación de partidos de oposición.
Cabe también destacar en este punto que la supuesta discrecionalidad en el ejercicio de este presupuesto, es aparente por cuanto hay criterios, hay estrategias y hay condiciones de evaluación y control que la propia iniciativa establece, pero además el propio espíritu del programa haría inviable que en esta Legislatura definiésemos montos concretos para cada municipio, comunidad, comité o estado justamente porque queda a la iniciativa de la sociedad, a la iniciativa de los municipios y de los gobiernos de los estados su participación al ritmo, en la forma y bajo las condiciones que su autonomía lo determine.
El tercer aspecto es que el programa de solidaridad justamente acredita el carácter democrático y popular de la modernización nacional, se constituye en un instrumento para acortar las diferencias sociales, los extremos de la pobreza y la riqueza que laceran la conciencia nacional y cuya persistencia haría ideable el proyecto nacional de modernización que nos hemos propuesto.
Se fortalece el desarrollo nacional, la descentralización y el pacto federal, porque en el marco de los ordenamientos de la Ley de Planeación se da sustento económico a la coordinación, repito, entre los tres niveles de gobierno, cada vez más plurales por cierto, para enfrentar así con racionalidad y eficiencia las prioridades sociales y de infraestructura.
El programa, compañeros diputados, alienta la democracia participativa, ya que la demanda y ejecución de las obras es animada por la organización social. Se da cauce a la gestión directa y al control social de la inversión, porque los recursos son administrados directamente por los comités de obras.
Compañeros diputados, en toda la nación, el ciudadano Presidente de la República está sumando a la fuerza del pueblo, su decisión y pasión de servir a México. En pequeñas comunidades, en zonas rurales deprimidas, en ejidos, en las colonias populares, compatriotas dignos, hombres y mujeres decididos a construir el bienestar generalizado y perdurable, ha iniciado un proceso esperanzador de movilización social. Sería lamentable que por enfatizar oposiciones partidistas, se apueste al fracaso de la lucha contra la marginación y la pobreza. Sumemos hoy, en esta deliberación legislativa y después en cada distrito, a esa enorme tarea plural y democrática que nos concierne a todos, sumemos nuestro esfuerzo y nuestra pasión por el cambio. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Concluidos los turnos en contra y en pro, consulte la secretaría a la asamblea si el artículo 3o. se encuentra suficientemente discutido.
La C. secretaria Hilda Anderson Nevárez de Rojas: Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta si está suficientemente discutido el artículo 3o.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo ... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El C. Presidente: - Se reserva para su votación nominal en conjunto, con los artículos 2o., 6o., 7o. y 14.
ARTÍCULO 7o.
El C. Presidente: - Está a discusión el artículo 7o., su materia es deuda pública.
Se han inscrito en el turno en contra, los diputados Jaime Enríquez y Francisco Melo, y en pro, el diputado Juan José Moreno Sada.
Tiene la palabra el diputado Jaime Enríquez... No estando presente, se concede uso de la palabra al diputado Francisco Melo Torres. El C. José Francisco Melo Torres: -Con su venia, señor Presidente; compañeros de la LIV Legislatura: Retornar nuevamente a esta tribuna para hacer un análisis en relación al artículo 7o. del dictamen que nos presentan relacionado con la deuda pública, la comisión de nuestra fracción hizo algunos análisis y es precisamente no solamente una discusión la que nos llevaría tiempo aquí, sino proponer algunas alternativas para la solución que mi partido propone a través de estos conceptos que vamos a manejar. Todos los diversos grupos parlamentarios han dejado su posición con relación a este tema.
Sabemos de antemano que la deuda pública, los pagos a la misma, nos dejan al país muy pocas alternativas para poder incrementar el desarrollo social y económico de nuestra patria, por ello hacemos el siguiente considerando.
Con relación al artículo 7o., las asignaciones por concepto de deuda pública las consideramos elevadas, en particular porque los 52 billones 700 mil millones de gasto por servicio de la deuda, representan todavía una pesada carga que inhibe el crecimiento de las áreas prioritarias del país, lo cual obliga a la economía nacional a elevar el endeudamiento interno de manera monstruosa y a tal grado, que para 1990 planea pagar 47 billones 500 mil millones de pesos solamente de intereses, que sumados a los 15 billones por servicio de la deuda externa, representan la tercera parte del gasto proyectado neto.
Ante esta situación, mi partido propone reformar el artículo 7o. y reducir el pago de erogaciones en un 5.5% y el pago de intereses y comisiones reducirlo en un 10.5%. Estos recursos, además, proponemos que estos recursos serán reasignados a las secretarías y paraestatales involucradas en la producción de alimentos y energéticos, es decir, a estas secretarías como la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, como Petróleos Mexicanos podríamos decir, como la Comisión Federal de Electricidad, porque de esta forma podríamos estimular el crecimiento y además salir un poco del problema que en el cuello de botella nos hemos metido en estos renglones, sobre todo porque son facultades de esta Cámara, como lo dispone el artículo 73 de la Constitución, que dice con toda claridad "que el honorable Congreso de la Unión deberá mandar pagar la deuda pública así como orientar el destino de los empréstitos a la generación de la riqueza pública".
Sobre estos conceptos volvemos nosotros a reconsiderar que no es posible, si no tratamos por lo menos de cerrar la sangría de este país en materia económica, no podremos nosotros los mexicanos ver como una esperanza la satisfacción de nuestras necesidades más prioritarias como son la alimentación y además proveer al país de los más importantes elementos que son producto de los energéticos.
Entonces la propuesta que hacemos al artículo 7o., consideramos que debe de ser apoyada por las demás fracciones y que además de no ser así, nosotros estaremos votando en contra. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - De conformidad con lo que dispone el artículo 99 del Reglamento, tiene el uso de la palabra el diputado Jaime Enríquez.
El C. José Jaime Enríquez Félix: - Muchas gracias, señor Presidente; compañeras, compañeros: A partir de hace algunos años, no ha habido tema más importante de discusión y análisis que el de la deuda pública del gobierno mexicano. Hay indicadores que reflejan que la deuda privada ha disminuido de manera radical para las empresas que han solicitado este servicio; sin embargo, a pesar de que los gobiernos de la República han pagado con insistencia, hoy en día México vive una situación de pagos agresivos hacia el exterior.
En los años sesentas y en los setentas, la riqueza, el progreso o la explotación de los países desarrollados generó en ellos gran cantidad de recursos que requerían canalizar de una u otra manera. Encontraron en los países pobres, en los países en desarrollo, el sujeto donde invertir sus grandes ahorros.
En esas condiciones, América toda se endeudó hasta llegar a niveles de compromisos de más de 430 mil millones de dólares. México, no se quedó atrás de esta ilusión, de esta fantasía del endeudamiento. México hoy en día es el segundo deudor de América Latina, segundo deudor después de Brasil; Brasil adeuda un 28% del total de la deuda de América Latina y México un adeudo del 26% del total de América Latina. Sin embargo, durante el sexenio pasado, México se convirtió en el campeón del pago; a pesar de ser el segundo deudor de América Latina, se convirtió en el primer pagador de América Latina. México llegó a pagar, por concepto de la deuda, el 72% del total de sus exportaciones; México en el sexenio pasado llegó a pagar el 85% del total de su deuda, y a pesar de ello se incrementó el monto de la misma.
Así, bajo esas condiciones adversas, a pesar de que los deudólogos oficiales nos señalen lo contrario, México tuvo ese comportamiento, cumplió con el extranjero pero no con su pueblo.
Informaciones periodísticas emitidas por Hacienda y el Banco de México, señalan que en este año que está por terminar, se debió pagar por concepto de deuda externa, aproximadamente 14 mil millones de dólares. Al parecer la tendencia y el compromiso internacional sigue el mismo rumbo que el gobierno de Miguel de la Madrid.
Bajo estas consideraciones que pudieran parecer lógicas en virtud de que esta Cámara tuvo proyectos presupuestales del anterior gobierno y que lo que vivimos, los 14 mil millones de dólares que pagamos este año fueron compromisos del anterior gobierno, pudieran ser lógicos, pero al parecer las tendencias continúan por el mismo rumbo que no conviene a la nación.
Hace unos meses fue planteada ante la nación entera por los medios de difusión masivos el señalamiento por un acuerdo que el Ejecutivo mostró a la nación. Revivieron las esperanzas, renacieron los espíritus nacionales, el pueblo tuvo fe nuevamente, pero la fe y la esperanza se canceló en muy pocos meses. La realidad es cruda y la realidad dicta lo siguiente: los acuerdos de la banca mundial son de apenas 8 mil millones de dólares de consideración para la deuda externa.
Se habla también de 900 millones de dólares de ahorro de intereses, yo me pregunto, ¿cuánto implica esto de un endeudamiento de casi 100 mil millones de dólares compañeros? Mucho para los banqueros, quizá, pero poco para la nación entera.
El nuevo presupuesto nos habla de un nivel de endeudamiento dramático también, México tendrá que pagar por su deuda pública más de 23 mil millones de dólares, 23 mil millones de dólares tan importantes para la nación en escuelas, en universidades, en gasto público preferencial para los de extrema pobreza. Sin embargo, México tendrá que pagar el tributo para el capital rentista extranjero y para el capital rentista nacional en esos términos. 23 mil millones de dólares son muchos para una nación desesperada.
En esas consideraciones, la Secretaría de Programación y Presupuesto nos presentó un proyecto de Presupuesto de Egresos muy diferente, si el año pasado calculábamos, porque era obvio que de cada peso, el Presupuesto de Egresos de la Federación, 60 centavos eran para el pago de la deuda y 40 para el resto, ahora no es tan fácil esa evaluación. La Secretaría de Programación y Presupuesto cambió la forma, cambió los mecanismos de presupuesto para que la diputación de oposición, para que la nación entera tuviera con dificultades que enterarse de lo que hoy acontece.
Pero seguimientos específicos y cálculos específicos indican que, si bien se ha bajado un poco el concepto del pago, éste no es más que hasta un 50% de lo que ingresa para su pago, o sea, de 60 centavos de cada peso, ahora disminuye a 50 centavos de cada peso. Esto compañeros, es angustiante para un país que ya no resiste circunstancias tan difíciles. Se cumple con el extranjero, compañeros, pero no se cumple con la nación.
El Ejecutivo distrae
recursos para sus secretarías, pero no distrae recursos para nuestra Cámara, compañeros. Nosotros, todos, fuimos testigos del siniestro no investigado claramente de la Cámara de Diputados, nuestro recinto de buena o mala fe fue dañado, compañeros, y el presupuesto que se canaliza para hacer remodelación es realmente miserable.
En entrevistas con el Secretario de Programación y Presupuesto señaló que los presupuestos generales se integran a través de presupuestos particulares y que en esta ocasión el presupuesto de la Cámara de Diputados propuesto por la Presidencia no incorporaba más que de manera mínima un presupuesto para estudios en la reconstrucción de esta Cámara.
Bajo esas consideraciones, el compromiso de esta LIV Legislatura es exigir que el Ejecutivo repare el daño o que se repare de una u otra forma la Cámara dañada en el siniestro.
En estas consideraciones exigimos que esa paupérrima cantidad asignada originalmente, que ahora en comisiones incrementada de manera también paupérrima, se incremente de manera significativa.
En un principio se estimó que la reconstrucción de la Cámara implicaría 200 mil millones de pesos, y ahora se hablan de cantidades como son un 10% ó 5% para solamente estudios. En esa situación, exigimos que esta Cámara incorpore un presupuesto significativo para que permita que el siguiente año sea reconstruido o en su totalidad o de acuerdo a la capacidad técnica de los ingenieros.
También creemos que mientras que la Cámara no se remoza, hay partidas importantes para remozar el Palacio Nacional, hay partidas especiales para remozar la Catedral; compañeros, se remoza la Catedral para bien recibir al Papa, se remoza el Palacio Nacional para bien recibir a los funcionarios del Ejecutivo; pero no se remoza nuestra Cámara de Diputados, compañeros. Nuestra obligación moral, nuestro compromiso histórico es que restablezcamos las condiciones de la Cámara de Diputados y que esta condición "de cine de segunda", no sea insistente. Que volvamos a nuestro recinto, el recinto que la nación preparó para nosotros y para el resto de las legislaturas. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra, en el turno en pro, el diputado Juan José Moreno Sada.
El C. Juan José Moreno Sada: - Con su permiso, señor Presidente; ciudadanas y ciudadanos diputados: Indudablemente que el tema de la deuda externa es un tema que ha merecido la atención durante todo este año, en cuanto a su discusión se refiere.
En el caso concreto de la Comisión de Programación y Presupuesto, a partir del mes de junio se iniciaron más de 15 reuniones con diferentes entidades, diferentes personas, intelectuales, profesionistas, en donde precisamente el tema toral fue el de la renegociación de la deuda externa.
Esto nos ha llevado a considerar y así lo consideró la Comisión de Programación y Presupuesto, el que analizáramos, a fondo, todas las posiciones y todas las situaciones técnicas que merecía el tema de la deuda externa. Enumerarlas en este momento sería un poco largo y en obvio de tiempo me voy a permitir dar algunos elementos de lo que ha significado y lo que significa para nuestro país la renegociación de la deuda externa.
En 1989, como se mencionó, se inició y se pactó la renegociación de la deuda externa en el mes de julio, a partir de este mes, se inicia todo un proceso que se ha estado informando en los medios de comunicación sobre las negociaciones, sobre todo, con la banca comercial que representa un poco más del 70% de la deuda externa total pública del país.
Esto, aunado a la firma del convenio con el Fondo Monetario Internacional, nos ha dado las bases para que en 1990, las transferencias netas al exterior de nuestra deuda externa representen solamente entre el 2.5% ó 3% del producto interno bruto; cifra bastante menor, prácticamente la mitad, un poco más de la mitad, de lo que en promedio significó en los últimos seis años, que en algunas ocasiones representaba un poco más del 6%.
Esto nos ha llevado a que dentro del presupuesto de 1990 se tenga una reducción significativa en el renglón del pago de intereses de comisiones y gastos de la deuda, pasando de 52 billones 700 mil millones de pesos en 1989, con respecto a 1988 de 58 billones 600 mil millones, representa una reducción total neta de 24.3%. Esto nos lleva a que dentro del paquete total de la renegociación de la deuda externa las transferencias netas al exterior se reduzcan en forma significativa, y nos va a permitir el ahorro de julio a diciembre de 1989 más el ahorro que se va a tener en cuanto a las tasas de interés negociadas y en cuanto a la participación de la renegociación en sí, un ahorro aproximado de 8 mil millones de dólares.
Desde luego esta cifra es estimada, ya
que no se puede tener exactamente cuál es la participación específica de la renegociación de toda la banca comercial.
En los periódicos del día de hoy se anuncia precisamente por la Secretaría de Hacienda que ya se tiene el acuerdo con más de 95% de la banca comercial que es, como decía anteriormente, es la principal acreedora de nuestro país.
Por tal motivo, yo les pido a todos mis compañeros que este tema que ha estado muy discutido durante los últimos cuatro meses, se apruebe el artículo 7o., ya que el esfuerzo que se hizo por parte de toda la sociedad, no sólo del gobierno federal, para poder llevar a feliz término la deuda externa, nos permite para 1990 y para los años que siguen, porque la renegociación no se nos olvide es a largo plazo, de 20 hasta 30 años, nos permite tener en el caso concreto de la deuda externa, la certidumbre para planear la estabilidad económica de nuestro país. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Concluidos los turnos de oradores en contra y en pro, consulte la secretaría a la asamblea si el artículo 7o. se encuentra suficientemente discutido.
La C. secretaria Hilda Anderson Nevárez de Rojas: - Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a la asamblea si está suficientemente discutido el artículo 7o.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El C. Presidente: - Se reserva para su votación nominal en conjunto 1 con los artículos 2o., 3o., 6o. y 14.
ARTÍCULO 14 Y 39
El C. Presidente: - Previo al inicio de la discusión en conjunto de los artículos 14 y 39, ha solicitado el uso de la palabra el diputado Rogelio Montemayor, presidente de la Comisión de Programación y Presupuesto y Cuenta Pública. Tiene la palabra el diputado Rogelio Montemayor.
El C. Rogelio Montemayor : - Con su permiso señor Presidente; compañeros diputados: Hago uso de la palabra para referirme al artículo 39 del dictamen que está a discusión.
El artículo 39 es sin duda uno de los que más recibió la atención de la comisión y después de un intenso trabajo a nivel de la comisión, su redacción actual propuesta dice lo siguiente: "Para la desincorporación de entidades paraestatales creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión, se requerirá autorización previa del mismo. En los términos de los artículos 15, 16 y 32 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y los respectivos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, el Ejecutivo podrá proceder a la desincorporación de entidades paraestatales comprendidas en este decreto, sujetándose a las siguientes bases:
a) Las propuestas que formula la Secretaría de Programación y Presupuesto para disolver, liquidar, extinguir, transferir a los estados y municipios, enajenar las participación estatal y fusionar entidades paraestatales, se basarán en dictámenes que al efecto deberá emitir la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento, los cuales deberán considerar el efecto social y productivo de estas medidas incorporando los puntos de vista de los sectores interesados, y
b) Enviar previamente informe escrito a la Cámara de Diputados de las razones y criterios específicos para llevar a cabo el ejercicio de estas atribuciones."
Han sido planteadas por diversos partidos, una adición, la adición de un párrafo adicional a este artículo, que iría al final, que se propone adicionar al final del actual artículo 39 que dice:
"La Cámara de Diputados, vía la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, analizará la información a que se refiere el inciso b, del párrafo anterior y en su caso dará su opinión."
Esta comisión hace suya esta propuesta planteada por diversos partidos y en consecuencia solicita a esta representación nacional que al aprobar y discutir el artículo 39 se apruebe con la adición que se ha señalado. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Adjunte el expediente el texto de la adición que ha hecho suya la Comisión de Programación y Presupuesto y téngase en cuenta el artículo modificado en esos términos para su discusión.
En el turno en contra, y para discutir los artículos 14 y 39, están inscritos el diputado José Francisco Melo Torres, el diputado Rafael Campos López, el diputado Ciro Mayén Mayén y el diputado Juan Antonio García Villa, artículo 14; en pro, el diputado Miguel A. Quiroz Pérez.
Tiene la palabra, en contra, el diputado Francisco Melo Torres.
El C. José Francisco Melo Torres: - Señor Presidente: Ante la insistencia de nuestros compañeros diputados en declinar el uso de la palabra, yo lo haría con todo gusto si la comisión aceptara las modificaciones que estamos proponiendo.
Pero trataremos de ser breves en atención a que el cansancio se ha apoderado de todos ustedes, y por qué no decirlo, también de su servidor; más sin embargo es nuestra obligación dejar nuestra posición en cuanto a lo relacionado al artículo 14.
En este artículo 14 nosotros estamos haciendo dos modificaciones, proponemos, mejor dicho; en el cuarto párrafo proponemos que en la eventual reducción del ingreso proyectado, será para implementar las medidas de contingencias previstas en dicho artículo, que esto sea del 10% y no del 15% que nos propone el dictamen. Esta es la primera modificación que nosotros pretendemos que se tome en consideración.
Además, en un apartado B nos estamos refiriendo que se propone añadir un nuevo y último párrafo al mismo artículo 14, estableciendo lo siguiente: El Congreso deberá exigir al Ejecutivo informes sobre el uso de ingresos excedentes que provengan de las ventas externas de petróleo y otros productos, en caso de que éstas registren fluctuaciones hacia arriba respecto de lo proyectado. En tal caso, la reasignación de dichos recursos dependerá de la decisión que al respecto tome la Cámara de Diputados, en atención a los renglones prioritarios de alimentación y energéticos.
Nosotros, como verán, seguimos insistiendo en estos dos elementos prioritarios, ya que un gobierno que se preocupe por alimentar y vestir a su pueblo, podría decirse que es un gobierno revolucionario. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Rafael Campos López, en contra.
El C. Rafael Campos López: - Señor Presidente; honorable asamblea: En relación al artículo 14 del dictamen en cuestión que ha sido presentado a esta soberanía, me permito hacer las siguientes consideraciones.
Desde hace varios años los distintos gobiernos del país, cumpliendo con las exigencias y condiciones de la derecha y de las instituciones bancarias del exterior, han aplicado una política de recorte presupuestal con el aparente propósito de sanear las finanzas y como se dice ahora, de tener mayor disciplina en su manejo, pero todos recorte presupuestal ha ido a recaer fundamentalmente como una pesada carga a las espaldas de los sectores más necesitados del país.
El recorte ha conducido a una mayor injusticia en la distribución de la riqueza y han resultado afectados diferentes sectores de la producción nacional; un solo ejemplo nos permitirá comprender los efectos negativos de la política de recortes presupuestarios y es el caso del sector agrícola que durante 1988 sufrió un recorte del 18% que obligó a suspender diversos programas de carácter regional y nacional. Esta fue una de las causas y desde luego, la no menos importante de que la producción haya caído hasta en un 50% en 10 de los cultivos de granos básicos.
En consecuencia, la reducción del presupuesto en el sector agrícola se tradujo en un aumento considerable de importaciones agrícolas y en el aumento preocupante, desde luego, por la dependencia alimentaria; por lo tanto, el Partido Popular Socialista considera que la reducción del gasto público es una medida que afecta al desarrollo económico, pero sobre todo que se traduce, como en el ejemplo señalado, en un grave riesgo para la soberanía de la nación, también en caso de darse la reducción en el gasto, que afectaría el nivel de vida de muchos mexicanos.
Por otro lado, nos parece que si es el Poder Legislativo el que aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación, que es esta soberanía popular la que autoriza al Ejecutivo para ejercer un determinado presupuesto, debe ser el mismo Congreso de la Unión el que autorice cualquier recorte, previo debate y examen a fondo de la situación económica del país, es decir, a juicio del Partido Popular Socialista ya no debe ser el Ejecutivo Federal el que quede facultado para decidir el monto de los recortes, sobre todo cuando éstos representan un elevado porcentaje en el gasto programable.
Por lo menos a partir de un determinado porcentaje, es necesaria la intervención de esta honorable Cámara de Diputados, como en el caso en que las reducciones que se proponga el Ejecutivo Federal sean superiores al 2% del total de egresos de la Federación.
(Desorden.)
El C. Presidente: - Se ruega silencio a los señores diputados.
El C. Rafael Campos López: - Si consideramos que el proyecto que estamos discutiendo presenta un presupuesto de 194 billones 300 mil
millones de pesos, se requerirá el consentimiento de esta soberanía popular para recortar el gasto cuando la cantidad sea cercana a los 4 billones de pesos.
Teniendo en cuenta lo expuesto, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista hace la siguiente consideración.
"Por lo expuesto anteriormente y en uso de las facultades que nos otorga el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados que suscribimos, miembros del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, ante esta soberanía hacemos la siguiente
PROPOSICIÓN
Se sustituye el párrafo quinto del artículo 14 del proyecto de dictamen a discusión, para quedar como sigue:
"Las reducciones que efectúe el Ejecutivo Federal, en atención a lo anterior y que sean superiores al 2% del total del Presupuesto de Egresos de la Federación, deberán contar con la previa aprobación de la honorable Cámara de Diputados."
Sala de sesiones de la Cámara de Diputados, a 21 de diciembre de 1989. - Por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, diputados:
Heray Lescieur Molina, Herón Maya Anguiano y el de la voz. Muchas gracias."
El C. Presidente: - Se someterá a lo previsto por los artículos 124 y 125.
Tiene la palabra el diputado Ciro Mayén, en el turno en contra.
Tiene la palabra, en el turno en contra, el diputado Juan Antonio García Villa.
El C. Juan Antonio García Villa: - Señor Presidente; señoras y señores diputados: Nos hemos inscrito en contra del artículo 14 del proyecto de presupuesto, porque consideramos que el que propone la comisión es francamente inconstitucional. Ocurre, señores diputados, que este artículo 14 contempla la hipótesis de lo que va a ocurrir en el caso de que por cualquier contingencia se reduzcan los ingresos previstos para el ejercicio de 1990, y la solución que da este artículo 14, consiste en facultar al Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, para hacer las reducciones y los ajustes que considere pertinentes.
Independientemente del monto que signifique una disminución en los ingresos y que de ellos se derive una modificación al presupuesto; y de la solución que encontró la comisión, en cuanto a que simplemente el Ejecutivo informará a la Cámara de Diputados, nosotros estamos en contra de este artículo, porque evidentemente se le está quitando a la Cámara de Diputados la facultad constitucional que tiene de aprobar el presupuesto.
Y no estamos hablando de una eventualidad que es remoto pueda suceder; ustedes recordarán, señores diputados que en los últimos años, en varias ocasiones, el presupuesto se ha reducido y en estas ocasiones, salvo una que vale la pena analizar, el Presidente de la República por sí y ante sí redujo el presupuesto que previamente había aprobado la Cámara de Diputados, ocurrió en 1985, ocurrió en 1986, y en 1987, para el presupuesto del año siguiente de 1988, ocurrió algo francamente que debe tomarse en cuenta, ¿que hubiera sucedido, en la hipótesis, de que la Cámara de Diputados ya hubiera aprobado el presupuesto?
Ustedes recordarán que de acuerdo con la Constitución, el 15 de noviembre el Presidente de la República debe enviar el proyecto de presupuesto, en 1987 lo envió y ocho días después compareció ante la Cámara de Diputados el Secretario entonces, de Programación y Presupuesto, Pedro Aspe, y el 23 de noviembre vino a apoyar ese proyecto de presupuesto. Cuatro días antes del 23 de noviembre se suscitó una tremenda devaluación que alimentó la inflación e hizo que se tomaran medidas especiales; el 15 de diciembre de ese año se celebra, si es que hubo tal concertación, el famoso Pacto de Solidaridad Económico y justo antes de que la Cámara de Diputados aprobara el Presupuesto para 1988, el propio Ejecutivo propuso diversas modificaciones que básicamente significaron reducciones y ajustes al presupuesto.
Nosotros consideramos que una reducción a un presupuesto de egresos necesariamente significa que no haber menores disponibilidades en ingresos, va a ser difícil que se obtengan, que se cumplan los objetivos, las metas y las asignaciones que con carácter de prioritarias contempla un presupuesto.
Y el sentido común pregunta, por qué, si a propuesta del propio Ejecutivo, la Cámara de Diputados, sin intervención del Senado, porque se trata de una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y por eso mismo deberíamos pelearla para reivindicar sus atribuciones y para reivindicar su categoría de integrante de un verdadero poder, ¿por qué una modificación sensible al presupuesto, que va a implicar cambios en las metas
y en los objetivos previstos, sólo el Presidente de la República va a hacer las modificaciones, sin tomar en cuenta a la Cámara de Diputados?
Voy a avanzar que el diputado del Partido Revolucionario Institucional que venga a hablar, va a decir que "el texto constitucional que reconoce esta facultad para la Cámara de Diputados, literalmente dice que la facultad de ésta es aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos". Y quisiera subrayar lo de anualmente, porque ya en el seno de la comisión nos explicaron que esto de anualmente se entiende que es sólo por única ocasión durante un año; y ésta, señores diputados, es una interpretación ilógica, torcida y tramposa del texto constitucional.
Simplemente hay que recordar que esta facultad, tal como quedó consagrada en la Constitución por el Constituyente de 1917, decía originalmente que "la facultad de la Cámara de Diputados es la de aprobar el presupuesto anual de gastos". Y en 1977, cuando se reformo este artículo 74, se utilizó el vocablo "anualmente", que es lo que se ha tomado como pretexto para darle esta indebida interpretación a la disposición constitucional.
Y tan es indebida, ilógica y fuera de sentido común esta interpretación, señores diputados, que la Presidencia de la Gran Comisión editó, no sé si ustedes lo habrán solicitado, este folleto que se llama "Proceso Legislativo. Presupuesto de Egresos de la Federación", donde se dice claramente, donde se sostiene con toda claridad una hipótesis exactamente contraria a la que seguramente va a venir aquí a aducir el orador del Partido Revolucionario Institucional, dice este folleto, en la página 44:" ya aprobado y durante su ejecución el Presupuesto de Egresos puede tener reformas, porque el Ejecutivo las solicite o porque actos del Poder Legislativo lo hagan imperativo".
Así, por ejemplo en el caso de que el Congreso expida leyes cuya aplicación requiera del desembolso de fondos públicos, una vez que el presupuesto esté aprobado, ello motiva a que se hagan modificaciones necesarias al presupuesto. En esos casos, el Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, debe preparar las iniciativas de reforma correspondientes en la misma forma que el presupuesto general.
Luego trae una opinión en el mismo sentido del tratadista de la Constitución, don Felipe Tena Ramírez y al final dice: "en la realidad la Cámara de Diputados sólo aprueba los proyectos de reforma al presupuesto que les somete el Ejecutivo, en eso estamos de acuerdo, si procede una reforma al presupuesto, por una disminución en la previsión de los ingresos, el Ejecutivo tiene el monopolio de la facultad de presentar la propuesta, pero no de aprobarla por si mismo." En consecuencia, señores diputados, el problema está en saber cuándo una disminución en los ingresos previstos va a afectar de tal manera el ejercicio del presupuesto, que el propio presupuesto, se deba reformar. La comisión ya da una respuesta, en la que hubo consenso en el seno de la propia comisión, cuando sea esa reducción en los ingresos del 15% o más, entonces se presume que existe la necesidad de ajustar el propio presupuesto. Y la lógica, el sentido común, la correcta interpretación de la Constitución, lo que dice este folleto, lo que han opinado los tratadistas, es que la facultad de aprobar eventualmente esa reforma al presupuesto, corresponde, incluso en exclusividad, a la Cámara de Diputados. (Aplausos.)
Y aunque ahora, señores diputados, no vivimos con plenitud el ejercicio de nuestras facultades, ya vendrán tiempos mejores en los cuales impere en nuestro país una efectiva división de poderes, y como precedente sano para esos tiempos futuros, los miembros de esta Cámara de Diputados tenemos, en lo personal y como integrantes de grupos parlamentarios, la mínima obligación moral de reivindicar el ejercicio de facultades, la dignidad de la Cámara, el decoro de esta Cámara popular y no aprobar este texto del artículo 14 que atenta contra el Poder Legislativo, en especial contra la Cámara y es en su afán presidencialista, un texto francamente inconstitucional.
En consecuencia, señores diputados, nos permitimos proponer un texto diferente para el artículo 14, que simplemente recoge la propuesta hecha por la comisión, en el sentido de cuando se advierta una disminución del 15% o más en los ingresos, entonces el Presidente haga llegar a la Cámara de Diputados, sin perjuicio de las medidas que con carácter de urgentes pueda él tomar e informar a la Cámara, ese proyecto de reformas al presupuesto para que la Cámara lo apruebe, lo conozca previamente y decida sobre él, porque es su derecho reconocido por la Constitución. Ojalá, señores diputados, que estemos ahora a la altura de lo que el México actual requiere y de lo que en el futuro será una auténtica necesidad democrática, la vigencia de los poderes. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Resérvese para darle el trámite una vez votados los artículos del decreto, en los términos de los artículos 124 y 125.
En el turno en pro, tiene la palabra el diputado Miguel Quiroz.
El C. Miguel A. Quiroz Pérez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: El artículo 14 de la iniciativa objeto del dictamen que se somete a la consideración de esta asamblea, contempla la posibilidad de que por condiciones o circunstancias económicas imprevisibles, el gobierno vea reducidos sus ingresos en forma considerable, y en consecuencia se vea obligado a reducir o ajustar los montos de las asignaciones aprobadas por esta honorable Cámara de Diputados.
Desde el ejercicio 1986, se ha venido, al aprobar el Presupuesto de Egresos, autorizando al Ejecutivo Federal para que por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto se operen tales disminuciones o ajustes, protegiendo algunos rubros vitales que por su importancia social con la obligación de dar cuenta a la Cámara de Diputados trimestralmente y al rendir la cuenta pública del año del ejercicio de dicha facultad.
La redacción del artículo 14 que se discute atiende a diversas opiniones de los grupos parlamentarios representados en la Comisión de Programación y Presupuesto, imponiendo al Ejecutivo la obligación de informar a la Cámara de Diputados los ajustes o reducciones que efectúe cuando la baja de ingresos sea superior al 15% del total de las revisiones de ingresos. Al mismo tiempo, el dictamen que se discute incorpora otro criterio al cual el Ejecutivo Federal debe apegarse cuando realice tales ajustes, tratándose de los programas prioritarios, gasto social y de los programas estratégicos, optando preferentemente en los casos de programas de inversión, por aquellos de menos productividad e impacto social y económico.
Ahora bien, pretenden algunos respetables diputados que se modifique la redacción del citado artículo 14, para que cuando el Ejecutivo por la disminución de los ingresos tenga que efectuar reducciones o ajustes en el monto del presupuesto aprobado, consulte previamente a la honorable Cámara de Diputados y ésta apruebe tales reducciones, tal pretensión es improcedente legal y prácticamente por las razones siguientes.
Como ya se ha dicho en esta tribuna, en nuestro orden constitucional el Poder Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados tienen en el proceso presupuestario atribuciones muy bien definidas.
De conformidad con la fracción IV del artículo 74 constitucional, es facultad del Ejecutivo Federal hacer llegar a la Cámara de Diputados las correspondientes iniciativas de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos; la facultad de integrar dicho proyecto es por tanto exclusiva del Ejecutivo.
A la honorable Cámara de Diputados, según esa disposición constitucional, corresponde examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que a su juicio deben decretarse para cubrirlos, así como revisar la cuenta pública del año anterior.
Cerrando el ciclo de presentación, examen, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos, la fracción IV del artículo 74 constitucional determina una importante función a la honorable Cámara de Diputados: la revisión de la cuenta pública, que tiene por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados en el presupuesto y si se han cumplido los objetivos contenidos en los programas.
Durante la aplicación del presupuesto aprobado, esa gestión financiera corresponde únicamente al Ejecutivo Federal, transformando así el concepto tradicional de aplicación y ejercicio del gasto. El esquema de atribuciones que así plantea el artículo 74 constitucional, no asume que esta gestión financiera anual deba sujetarse a consulta previa o a control periódico de la Cámara de Diputados, sino que dicho control lo refiere a la conclusión del ejercicio mediante la revisión de la cuenta pública.
No hacerlo así, señores diputados, implica no sólo una ilegal intervención en una función privativa del Ejecutivo por parte de la Cámara de Diputados; también equivaldría a una seria extralimitación y ruptura del principio de equilibrio de poderes que consigna el artículo 49 constitucional, y en la práctica, a obstruir o paralizar una función que por su naturaleza y por las condiciones económicas y sociales en que se desenvuelve el país, requiere de certidumbre, agilidad, efectividad y eficiencia en la toma de decisiones.
Por lo antes dicho, compañeros diputados, solicito a nombre de la fracción parlamentaria de mi partido, el voto favorable de esta asamblea para el dictamen que le ha sido sometido a su consideración. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Antonio García Villa, cuenta para su intervención con cinco minutos.
El C. Juan Antonio García Villa: - Señor Presidente; señores diputados: Insisto en estos cinco minutos en la necesidad de que al margen de criterios y posiciones partidistas, consideremos lo que vamos a aprobar de artículo 14, francamente inconstitucional.
Yo lamento mucho que el señor diputado Quiroz no haya entrado al fondo del asunto, como lamento mucho que algunos distinguidos tratadistas de la Constitución que están aquí, como don Antonio Martínez Báez, por ejemplo, no nos exponga su punto de vista sobre el particular.
Para poner gráficamente lo absurdo de aprobar este artículo 14 y de interpretar de manera torcida la expresión anualmente, como dando a entender que el ejercicio de aprobar sólo se va a ejercer una vez en el año, cuando la anualidad se refiere a la vigencia del presupuesto y quienes conocen la materia presupuestal saben que uno de los principios en esta materia es justamente el principio de la anualidad, porque los presupuestos se elaboran, se aprueban y se ejercen por un período de 12 meses o una anualidad y no significa que la aprobación sea única en esos 12 meses, quiero plantearles a ustedes lo que hubiera ocurrido en el año de 1987, si la Cámara de Diputados hubiera aprobado el presupuesto para 1988, en los días previos o en la víspera del 15 de diciembre de 1987.
Imaginen ustedes que el Presidente hubiera enviado su proyecto de presupuesto en noviembre, que el secretario Aspe hubiera estado aquí el día 23 de noviembre y que la Cámara hubiera aprobado ese proyecto de presupuesto el día 14 de diciembre, el 15 se hubiera firmado el Pacto de Solidaridad y el 16 habría habido necesidad de reformar ese presupuesto ya aprobado.
El Presidente entonces envió una propuesta de modificación al presupuesto ya aprobado supuestamente en la hipótesis, y nadie con un mínimo de sentido común, por no decir que de inteligencia, hubiera salido con el argumento de que como ya se ejerció una facultad que sólo una vez por año se puede ejercer, ese presupuesto se iba así y que en todo caso el Presidente lo aprobada con la famosa facultad del artículo 14, que dice el orador, está ahí desde hace muchos años. Aunque esté ahí desde hace muchos años, señor diputado, es una disposición que viola de manera palmaria la letra, el espíritu y la doctrina de la Constitución que reconoce a la Cámara de Diputados como facultad exclusiva la de aprobar el presupuesto.
Y un presupuesto que se reforma de manera significativa, ya no es lógicamente el mismo que aprobó la Cámara, y en ese caso, el órgano que tiene la facultad de aprobarlo es el órgano que tiene también la facultad de modificarlo, así sea a propuesta del propio Presidente de la República.
Apelo, señores diputados, a que de veras, señores del Partido Revolucionario Institucional, si quieren entrar a la modernidad, voten en contra de este artículo 14 del proyecto de presupuesto y nos pongamos a tono de veras con los tiempos modernos. No lo entiendan como una agresión al Presidente Salinas, sino como una agresión a lo que la Constitución establece y que todos el día de nuestra toma de protesta justamente hicimos eso, protestar cumplirla y no violarla de manera tan flagrante. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra, para rectificar hechos, el diputado Cárdenas, cuenta para su intervención con cinco minutos.
El C. Modesto Cárdenas García: - Gracias, señor Presidente: Hemos subido a esta tribuna para ponderar de la manera más conveniente, positiva, el hecho de que se haya recogido la preocupación del Partido Popular Socialista de proteger a las empresas del Estado que no fueran creadas por ley o decreto con opinión de la Cámara antes de ser desincorporadas.
Es un avance de la mayor importancia, así lo considera la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, porque se empieza a tomar en cuenta la opinión del Congreso y particularmente la Cámara de Diputados en cuestiones de enorme importancia para el futuro del país y en respuesta a demandas concretas en sectores de la clase obrera o del pueblo mexicano.
En ese mismo sentido ubicamos otra base que también consideramos de la mayor importancia y es el que se refiere a la cuestión de la ciencia y la técnica, que fue motivo de un agregado en el considerando del dictamen a debate que se proyectó en el artículo 25, fracción VIII.
El Partido Popular Socialista no puede dejar de observar y valorar este hecho como un paso orientado a desarrollar a nuestro país por el camino y el desarrollo independiente. Es un avance, porque además de aceptar que la insuficiencia, que así se exprese claramente, de los recursos destinados a promover a la ciencia y a la técnica, de observar que esto se ha deteriorado en los últimos años y de reconocer que no existe vinculación entre la política tecnológica y las necesidades productivas del país, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, sugiere que en próximo presupuesto se considere a la ciencia y a la técnica como un insumo de la economía nacional.
Que se determine claramente el presupuesto general asignado a estas actividades, que el gasto dedicado a éstas sea parte de una política general de desarrollo científico y tecnológico, y además, de que en el ejercicio de este gasto, éste sea
autorizado y vigilado con la colaboración de organismos que tienen por finalidad específica la investigación y el desarrollo, cuestión esta última que de llevarse a la práctica abriría las puertas a la participación de la comunidad científica en la aplicación de la política científica y técnica de la nación que tanto han demandado ellos por diversos caminos y mediante diversas formas.
Estas opiniones y sugerencias contenidas en el dictamen, muestran que en esta ocasión se han interpretado adecuadamente las reiteradas demandas y planteamientos de la comunidad científica del país.
Asimismo, consideramos que con ello se responde positivamente a la tesis expuesta reiteradamente por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, cada vez que se discute el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, de que una de las tareas fundamentales que debe proponerse el proceso revolucionario en esta etapa, es el desarrollo científico y técnico, como elemento estratégico principal para impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas del país, ya que en las condiciones actuales de la revolución científico - técnica, de no hacerlo así, conllevaría a la dependencia definitiva del país respecto de las fuerzas del imperialismo, y ninguna modernización de la industria y de los servicios sería posible, a no ser que se oriente al país definitivamente a la situación de un nuevo colonialismo.
El esfuerzo de los representantes más notables de la comunidad científica que fueron recibidos por la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados en el mes de noviembre para escuchar sus ideas, sus proposiciones, sus planteamientos, preocupaciones, se concreta en este avance alentador del que estamos hablando.
La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista espera que este compromiso se concrete en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1991, incluido un aumento real del presupuesto correspondiente; sin embargo, hemos de agregar que todavía faltan por clarificar cuestiones esenciales que confiamos se lograrán llevar a cabo por la Comisión de Ciencia y Tecnología, durante el año de 1990, en un trabajo de amplia consulta con la misma comunidad científica.
Pero la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista expresa una vez más su firme convicción de que es necesario ya revisar a profundidad la legislación sobre ciencia y tecnología para hacer efectivo lo que en el dictamen se plantea, así como sus instituciones y formas de organización.
Por otra parte, reiteramos nuestra tesis de que el elemento clave para desarrollar la tecnología nacional es la política concreta de las empresas estatales hacia el desarrollo tecnológico, es decir, su decisión como política de crear los laboratorios industriales correspondientes, asignarles los recursos que sean necesarios para sus actividades, alentar a los investigadores que se incorporen a los mismo, y darles tareas precisas a estos laboratorios para modernizar las empresas del Estado.
Esta es la forma acertada y la única que la experiencia internacional y la propia indican que debe seguir el país. En este marco, damos la bienvenida a la modificación del inciso octavo del artículo 25, para considerar como preferenciales las transferencias destinadas al desarrollo de la ciencia y la tecnología y a la investigación de las instituciones públicas.
Como una primera medida concreta para aumentar las asignaciones a las actividades científicas y tecnológicas, no sin dejar de señalar una vez más que a juicio de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, es una pérdida de tiempo seguir hablando de que los mismos resultados se pueden alcanzar mediante coproyectos de las instituciones de investigación y el sector privado nacional, pues la experiencia muestra que ésta es una tarea infructuosa sin perspectivas que plantean algunos diputados desde esta tribuna, ya sea por desconocimiento de las formas de fomento de la investigación científica o por ser enemigos del sector estatal de la economía. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Concluidos los turnos en contra y en pro, consulte la secretaría a la asamblea, si los artículos 14 y 39 se encuentran suficientemente discutidos.
La C. secretaria Hilda Anderson Nevárez de Rojas: Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a la asamblea si están suficientemente discutidos los artículos 14 y 39.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo..
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutidos, señor Presidente.
El C. Presidente: - Ciudadanos diputados: Tengo el informe de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y que la causa o motivo para dividir la votación de los artículos reservados, dejando para votar sólo al
artículo 39, fue la diferencia en torno a la adición con el que fue discutido el artículo 39, esto es, la adicción de un párrafo que la comisión hizo suyo y que forma ya parte del artículo 39 en su texto.
Por consiguiente, desaparecido el motivo por el que se proponía tomar dos votaciones, una para los artículos 2o., 3o., 6o., 7o. y 14, y otra votación nominal para el 39, sírvanse la secretaría consultar a la asamblea en votación económica, si aprueba que la votación se haga en conjunto de los artículos 2o., 3o., 6o., 7o., 14 y 39.
La C. secretaria Hilda Anderson Nevárez de Rojas: - Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba que la votación se haga en conjunto de los artículos 2o., 3o., 6o., 7o., 14 y 39, en un solo acto.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo ... Aceptado, señor Presidente.
El C. Presidente: Proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo particular de todos los artículos reservados, en un solo acto.
La C. secretaria Hilda Anderson Nevárez del Rojas: - Se va a proceder a recoger la votación nominal, en lo particular, de los artículos 2o., 3o., 6o., 7o., 14 y 39, discutidos y reservados, en un solo acto.
(Votación.)
Señor Presidente, la secretaría informa que se emitieron en favor de los artículos 2o., 3o., 6o., 7o. y 14, 268 votos y 123 en contra
Se emitieron 391 votos a favor del artículo 39 y una abstención del mismo, y dos votos en contra de todos los artículos y una reserva, aprobado por 268 votos.
El C. Presidente: - Ruego a la secretaría el resultado de la votación , para poder hacer la declaración, traerlo a la Presidencia.
Aprobados los artículos 2o., 3o., 6o., 7o., y 14 por 268 votos; el artículo 39 por 391 votos.
En consecuencia, la Presidencia declara: está aprobado en lo general y en lo particular el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1990. (Aplausos.)
La C. secretaria Hilda Anderson Nevárez del Rojas: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
EL. C. Presidente: - A fin de dar el trámite reglamentario a las modificaciones propuestas en el curso de la discusión en lo particular, sírvase la secretaría dar lectura a los artículo 124 y 125 del Reglamento.
La C. secretaria Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: - "Artículo 124. En la sesión en que definitivamente se vote una proposición o proyecto de ley, podrán presentarse por escrito adiciones o modificaciones a los artículos aprobados.
Artículo 125. Leída por primera vez una adición y oídos los fundamentos que quiera exponer su autor, se preguntará inmediatamente si se admite o no a discusión. Admitida, se pasará a la comisión respectiva, en caso contrario, se tendrá por desechada."
El C. Presidente: - Como en el curso de la discusión fueron expuestos los fundamentos en pro y los fundamentos en contra, consulte la secretaría a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta por el ciudadano diputado Eduardo Arias, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, al artículo 2o. del decreto.
La C. secretaria Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: - Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se admite o se desecha la propuesta del ciudadano diputado Arias Aparicio, del Partido Acción Nacional, en relación al artículo 2o.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El C. Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta por el ciudadano diputado Alfredo Pliego Aldana, al artículo 6o. del decreto.
La C. secretaria Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se admite o se desecha la
modificación propuesta por el diputado Alfredo Pliego Aldana, en relación al artículo 6o.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El C. Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta por el ciudadano diputado Rafael Campos, al artículo 14 del decreto.
La C. secretaria Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: - Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se admite o se desecha la modificación propuesta por el ciudadano Francisco Javier Pavlovich, en relación al artículo 2o.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
(Desde una curul): - ¡Que se lea!
La C. secretaria Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: - Si la Presidencia lo autoriza se dará lectura a la proposición que entregaron.
«PROPOSICIÓN
Primero. Que del numeral 00023 del proyecto de Presupuesto de Egresos, cuyo rubro es erogaciones no sectorizables y para el cual se asignan 9 billones 36 mil millones de pesos, se disponga de una partida de 2 billones de pesos asignando esta cantidad al numeral 00008 denominado Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Segundo. Que de conformidad con el artículo 22 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, se aumente la partida 00008 en el monto y que resulte de la colocación de capital de la entidad paraestatal Fertilizantes Mexicanos, S. A., a fin de transformarla en una empresa tripartida, donde el gobierno, los trabajadores e inversionistas privados nacionales, sean propietarios por partes iguales de dicha empresa.
Cabe mencionar que dicha empresa tiene activos totales superiores a 8 billones 700 mil millones de pesos, monto superior a todo lo destinado al sector desarrollo rural, si tiene un capital contable cercano a los 6 billones de pesos.
Que su enajenación también liberaría recursos por más de 2 billones 37 mil millones de pesos, actualmente contemplados en el renglón 18296 del proyecto en cuestión, que podrían parcial o totalmente, dependiendo del tiempo de realización, destinarse al mencionado rubro 00008 por el bien de la patria.
Atentamente.
Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, diputados: Alfonso Méndez Ramírez, Astolfo Vicencio Tovar, Eduardo Arias Aparicio, Horacio González de las Casas, Carlos Mauricio Aguilar Camargo y Francisco Javier Pavlovich Robles.»
El C. Presidente: - Consulte la modificación al artículo 2o., toma la votación y luego la del artículo 6o., la modificación al artículo 6o.
Consulte la secretaría a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta por el ciudadano diputado Pavlovich al artículo 2o. del decreto.
La C. secretaria Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: - Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se consulta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta por el diputado Francisco Javier Pavlovich, en relación al artículo 2o.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El C. Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si se admite o se desecha la modificación al artículo 6o., propuesta por el ciudadano diputado Francisco Pavlovich.
La C. secretaria Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite o se desecha la proposición propuesta por el ciudadano diputado Francisco Pavlovich al artículo 6o.
Los ciudadanos diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Desechada, señor Presidente.
El C. Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta por el diputado Rafael Campos, al artículo 14.
La C. secretaria Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a
la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta por el diputado Rafael Campos, en relación al artículo 14.
Los ciudadanos diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El C. Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta por el ciudadano diputado Juan Antonio García Villa, al artículo 14.
La C. secretaria Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea, si se admite o se desecha la modificación propuesta por el diputado Juan Antonio García Villa, del Partido Acción Nacional. Los ciudadanos diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL
El C. Presidente: - Pasamos a desahogar el punto 16 - A del orden del día, que corresponde al dictamen relativo al Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el año fiscal de 1990.
Está a discusión en lo general el dictamen...Se han registrado para la discusión en lo general del dictamen, los siguientes ciudadanos diputados: Eleazar Felipe Cervantes Medina, por el Partido Acción Nacional; Jorge Martínez y Almaraz, por el Partido de la Revolución Democrática; Magdaleno Luis Miranda Reséndiz, por el Partido Popular Socialista; Gilberto Ortíz Medina, por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Nelson Madrigal Gómez, por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Rubén Venadero Valenzuela, por la Fracción Independiente y María del Rosario Guerra Díaz, por el Partido Revolucionario Institucional.
Antes de conceder la palabra a los oradores inscritos en lo general, tiene la palabra, por la comisión, la diputada Sara Villalpando Núñez.
La C. Sara Villalpando Núñez: - Señor Presidente; compañeros diputados: La problemática de la ciudad de México se acrecenta cada día más, por lo tanto se requiere encontrar nuevos mecanismos para su atención, entre ellos está la participación decidida de los sectores social y privado, con un enfoque de cambio y con una visión metropolitana.
Es esencial que se logre que el gasto de operación sea financiado con recursos propios, en virtud de que la tarea de hacerse de recursos es especialmente ardua debido al deterioro económico que ha venido sufriendo nuestro país y por ende nuestra ciudad.
Se propone ejercer un presupuesto de 7 billones 500 mil millones de pesos durante el ejercicio fiscal de 1990. Esta cifra representa un incremento del 31.5% en términos nominales, respecto a 1989.
Los objetivos del gasto público son: mantener los servicios públicos, ampliar la cobertura en las colonias populares, hacer frente a los problemas de fondo de nuestra ciudad.
Con este marco, para 1990 el quehacer del gobierno capitalino se enmarca en una apertura programática que comprende 42 programas, de éstos, tenemos 12 programas prioritarios: justicia y seguridad pública, promoción de la justicia, regularización y preservación ecológica, silvicultura, edificios para servicios de salud y seguridad social, atención preventiva, atención curativa, ampliación y mejoramiento de la planta física de la educación y la capacitación, vivienda, servicio de transporte urbano e interurbano, servicio colectivo Metro y tren ligero, drenaje y tratamiento de aguas negras.
En seguridad pública e impartición de justicia se prevé organizar a los ciudadanos a través de comités delegacionales y de los consejos creados para el control y combate a la corrupción. Para el cumplimiento de estos fines se canalizarán 1 billón 100 mil millones de pesos, los cuales se ejercerán a través de las siguientes acciones:
En materia de impartición de justicia se proseguirá con las medidas de ampliación y reestructuración funcional y orgánica de las instituciones jurídicas, a efecto de mejorar los niveles de atención y solución de las demandas capitalinas con una aplicación estricta de las leyes.
En regulación, preservación ecológica y silvicultura, es de gran importancia para los que habitamos ésta, nuestra ciudad, seguir procurando la mejoría de la calidad del aire. Hemos constatado este invierno la extraordinaria respuesta de nuestra ciudadanía con la implantación del programa "Hoy no Circula", así como beneficios que resultan de la producción de gasolina oxigenada y de la sustitución de motores en la Ruta - 100.
Es por ello que ahora, ya con la prueba hecha y la reacción positiva de nuestros habitantes, se dará prioridad a la restauración del ecosistema y se
seguirá teniendo especial atención al mejoramiento de la calidad del aire, suelo y agua.
Se impartirán programas de concientización a la ciudadanía, para que tenga una visión clara de que debemos conservar las zonas ecológicas; de que debemos cuidar el uso del agua y de cómo disponer de los desechos sólidos, dando con ello oportunidad a que se regenere nuestro medio ambiente.
Para el cumplimiento de estos objetivos se canalizarán 465 mil 68 millones de pesos.
En cuanto a silvicultura, se fortalecerá el desarrollo de los ecosistemas, reforestando los bosques. Se otorgará un tratamiento especial a las cuencas y se intensificarán las tareas de vigilancia en cuanto a la conservación ecológica.
Se continuará la operación de la infraestructura para el desalojo de aguas residuales, así como para su tratamiento secundario y terciario. Se mejorarán los niveles de sanidad e imagen de la ciudad mediante la recolección, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos y las tareas de eliminación y rehabilitación de sitios para su transformación en áreas verdes y parques recreativos.
Concerniente a servicios de salud y seguridad social, se incrementarán los programas de prevención de enfermedades y el fomento de la salud a nivel individual, familiar y colectivo.
Se realizarán campañas contra la farmacodependencia y se diseñarán mecanismos de readaptación y rehabilitación de compatriotas. Desde 1970, se cuenta en el Distrito Federal con 29 unidades hospitalarias; por ello, es importante destacar la construcción de un nuevo hospital en Tláhuac, la remodelación de los hospitales pediátricos de Legaria y la Villa, para alcanzar estas metas se destinarán 226 mil 326 millones 900 mil pesos.
Para el programa de ampliación y mejoramiento de la planta física educativa, se destinarán 300 mil 952 millones 500 mil pesos; para evaluar la suficiencia presupuestal de este programa, esta comisión dictamina que el Departamento del Distrito Federal, deberá entregar un diagnóstico del estado físico de las instalaciones educativas a esta Cámara a más tardar el 1o. de febrero, con especial mención en los dispositivos de seguridad, con énfasis en escaleras de emergencia.
En vivienda, para 1990 se pondrá en marcha un programa de regeneración de vecindades y de regularización en colonias populares, acompañadas de instalaciones de servicios para que la comunidad pueda paulatinamente ir mejorando su vivienda.
Otro de los objetivos es que la población que carece de salarios remunerados permanentes, pueda adquirir una vivienda digna y decorosa, mediante las modalidades de construcción y autoconstrucción. En este programa se erogarán 145 mil 952 millones de pesos.
Servicios de transporte urbano, uno de los principales objetivos es ampliar el transporte colectivo no contaminante, un gran número de acciones a realizar en el año 1990, tienen como objeto mejorar sustancialmente el mantenimiento y la operación de los transportes de la ciudad de México; por ello, el sistema de transporte urbano absorbe un 19.6% del presupuesto, recursos que se ejercen a través de los siguientes programas: regulación y organización de los transportes, transporte colectivo metro y tren ligero, servicio de transporte urbano e interurbano.
En drenaje y tratamiento de aguas negras, se intensificarán los esfuerzos para efectuar la recolección, conducción y desalojo de aguas negras y pluviales, se construirá la primer etapa del proyecto hidrológico del sur del Valle, que permitirá salvar a Xochimilco e introducir drenaje para una población de 300 mil habitantes en Tláhuac, Iztapalapa, Xochimilco, Milpa Alta y Mixquic. Asimismo, se construirá la laguna de regulación Tláhuac - Chalco, que es indispensable para iniciar la solución del problema de esa zona.
Por lo anteriormente expuesto, esta comisión recomienda:
1o. Que dentro de los programas prioritarios se incorpore el programa construcción y adecuación para agua potable;
2o. En cuanto al uso del suelo urbano, constituir nuevas reservas territoriales y frenar la mancha urbana, avanzar en la descentralización y simplificación de trámites de la regularización de la tenencia de la tierra; promover estrategias para utilizar terrenos baldíos y ociosos en condiciones para construir viviendas populares; coordinar las acciones de regularización de la tenencia de la tierra con la dotación de servicio y vivienda;
3o. En relación al transporte, establecer nuevas reformas complementarias de financiamiento para su infraestructura, como lo recomendado en el dictamen de la Ley de Ingresos, es decir, un sobreprecio a las gasolinas en la zona metropolitana de la ciudad de México; destinar los recursos que se obtengan al fortalecimiento del
transporte, particularmente a la línea del Metro Zaragoza y a la rehabilitación del servicio de Ruta - 100; impulsar programas concertados con los sectores social y privado para apoyar la inversión e infraestructura de transporte urbano; orientar rutas de transporte público del Departamento del Distrito Federal a las zonas urbanas marginadas; considerar el transporte público con un enfoque metropolitano e integral; establecer programas y estrategias para desalentar el uso del automóvil particular;
4o. Acelerar un convenio de colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, para que, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y el Departamento del Distrito Federal, establezcan un índice nacional a Imeca, que sea idóneo a la ciudad de México y zona metropolitana;
5o. Que se realice un estudio para elaborar un programa a mediano plazo, con estrategias que asciendan en forma integral el abasto, fundamentalmente en los asentamientos de las zonas marginadas;
6o. Instrumentar mejores mecanismos para promover la eficiencia de los sistemas de comercialización; se establezcan sistemas de información, apoyen los programas de protección al consumidor y se fomente, mediante campañas, una cultura adecuada para mejorar los hábitos alimenticios, y
7o. Preocupada por la problemática del comercio ambulante, se propone se realice un estudio para promover la construcción de mercados y la regulación del comercio en la vía pública.
Compañeros diputados, el proyecto de la Ley de Egresos del Departamento del Distrito Federal que aquí estamos presentando, no son sólo hojas de papel, es un gran esfuerzo que se pretende llevar a efecto, en virtud del proceso de deterioro que ha sufrido nuestra ciudad, la cual, a través de su historia, se ha ido transformando hasta llegar a ser lo que hoy se reconoce como un fenómeno sin precedentes.
Desde su fundación como capital del imperio azteca, hasta su designación como capital de la República Mexicana, la ciudad de México ha enfrentado serios y grandes retos.
La problemática que enfrenta en la actualidad, es compleja; su resolución dependerá, en gran medida, de la habilidad e imaginación con que se enfrente y de los mecanismos que sean puestos en práctica para su eficaz solución.
Pero estamos ciertos que la habilidad y la imaginación la tiene nuestro Presidente de la República, el licenciado Carlos Salinas de Gortari, lo cual pone en práctica.
Y, por consiguiente, compañeros diputados, pido se apruebe este decreto que estamos analizando y que entrará en vigor a partir del 1o. de enero de 1990. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Eleazar Cervantes, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El C. Eleazar Felipe Cervantes Medina: - Señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados: Estamos nuevamente en esta máxima tribuna para participar en el debate, respectivo al proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el año de 1990.
El marco de planeación presupuestaria en el Distrito Federal, supuestamente está configurada en los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994, del cual el objetivo central es mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de México, al abocarse a disminuir las desigualdades existentes entre las zonas del Distrito Federal que cuentan con todos los servicios, y de las que carecen de los más elementales, como son las zonas irregulares sin la infraestructura o planeación, creando ciudades perdidas carentes de los servicios básicos, produciendo hacinamientos infrahumanos, con todos sus problemas colaterales de delincuencia, drogadicción y promiscuidad.
Este presupuesto no difiere mucho de los anteriores, como el de 1989, 1988, en el que hoy tratamos con siete ámbitos en 42 programas, de los cuales 12 son prioritarios, que son copia de los anteriores, pero desglosados con un incremento del 31% de egresos, con relación al de 1989, con el doble de programas y dos ámbitos más, de los cuales no contempla nuevamente este año el problema del crecimiento anárquico de la ciudad de México, en un desarrollo desproporcionado y acelerado, y que no proyecta programa alguno de desconcentración y descentralización.
Otro de los programas prioritarios en la ciudad de México, es la distribución de agua potable y a la cual se le destina una cantidad de 154 mil 441 millones de pesos, que consideramos no es lo suficiente, ya que la demanda de este vital líquido por la ciudadanía, es enorme; y que actualmente deja mucho que desear la pureza de agua que se suministra en el Distrito Federal, lo cual es reclamo de la ciudadanía. Consideramos que es uno
de los programas prioritarios, por lo que debería asignársele un mayor presupuesto.
Como muestra de algunos programas y subprogramas que se nos presentaron y que no tienen prioridad alguna, sumar algunos de ellos ascienden a más de 1 billón de pesos, por ejemplo: brindar atención a 26 mil clientes en almacenes para trabajadores del Departamento del Distrito Federal, el cual tiene asignado 4 mil 659 millones; regulación y promoción de la actividad turística, con 3 mil 700 millones de pesos; educación para adultos 10 mil millones de pesos; producción de substancias químicas y productos de caucho y plástico, 14 mil 838 millones de pesos, y así sucesivamente. Estos programas podrían asimilarse a otros que se adecúan a los ya establecidos.
Los motivos por los cuales votaremos en contra del dictamen, son los siguientes: no se cambia la estructura fundamental del gasto, que permita una verdadera planeación que optimase el aprovechamiento de los recursos. Uno de los principales problemas en materia del gasto, es que se desvíen los fondos en mal uso, en dispendio, por lo que deben establecerse mecánicas en ese sentido para mejorarlo. Los datos que se proporcionan en relación con las cantidades asignadas a cada partida, son insuficientes. Por ejemplo en el programa DN, su programa 06, relativo a previsión y readaptación social concretamente en la meta 10, se presupuesta realizar 300 inspecciones a los sistemas de seguridad de centros de reclusión, asignando para ello la cantidad de 11 mil 334 millones de pesos, lo que dividido nos da la cantidad de 38 millones por cada visita, cantidad evidentemente absurda.
Queremos hacer constar nuestra inconformidad de que con un afán irracional se equipararen los programas en el ámbito federal y local, siendo fundamentalmente diferentes, creando programas que no tienen razón de ser, ni contenido. (Aplausos.)
Asimismo, llamamos la atención de que en varios artículos del decreto se transfieren facultades que debería ejercer el Departamento al sector federal, es decir, que se deja la puerta abierta para que en última instancia decida la Secretaría de Programación y Presupuesto sin consultar al Congreso.
Consideramos adecuadas casi todas las recomendaciones efectuadas por la Comisión del Distrito Federal de esta Cámara que seguiremos con toda atención; asimismo, apoyamos el que se rindan los cuatro informes trimestrales, toda vez que permitan un seguimiento mayor del cumplimiento de los criterios para egreso, que permitirá por ejemplo que los representantes a la Asamblea del Distrito Federal tengan también elementos de juicio respecto de tan importante renglón.
Reconocemos el trabajo de la Comisión del Distrito Federal de esta Cámara que atendió varias de las sugerencias de modificación al decreto; consideramos impostergable el que haya un actitud respetuosa de las esferas de competencia pero escrupulosa en la vigilancia de la utilización de los fondos públicos, a pesar de las mejoras al proyecto del dictamen, pero que son insuficientes para cambiar la estructura de desarrollo de la ciudad, en un modelo más justo, más equitativo y más lleno de posibilidades. Por lo anteriormente expuesto, nuestro voto será en contra. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Jorge Martínez y Almaraz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El C. Jorge Martínez y Almaraz: - Con la venia, señor Presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados: Quisiera solicitar de la Presidencia que incluya en el Diario de los Debates una parte del trabajo que vamos a exponer; por otra parte, sí quisiera dar lectura para exponer nuestros puntos de vista sobre el dictamen que se ha puesto a consideración de esta Cámara.
El dictamen presentado por la Comisión del Distrito Federal para fundamentar el decreto correspondiente al Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el año de 1990, es sintomático en muchos sentidos del papel secundario que oficialmente se le ha asignado al Congreso por debajo de sus funciones constitucionales.
No es posible limitar un dictamen a una simple exposición del contenido de la iniciativa a debate, máxime cuando en una buena parte esta presentación la da el mismo promovente en la exposición de motivos correspondiente. En cambio, a esta exposición, prácticamente sin análisis en cuestiones que esta Cámara tiene facultades para decidir, a lo más se limita a recomendaciones. Un ejemplo lo representa el que se recomiende seleccionar las acciones de gasto en base a una cuidadosa evaluación de su impacto social.
La relativa a establecer nuevas formas complementarias de financiamiento para el transporte, la de considerar las posibilidades de obtener recursos financieros adicionales con cargo a la industria
para dedicarlos al combate a la contaminación o el de que los ahorros que se tengan en seguridad pública se destinen a otros programas prioritarios.
Si esta Cámara tiene la facultad de aprobación del presupuesto, lo menos que puede hacer para cumplir de manera responsable con esta atribución, es asegurar que éste, los programas y metas que lo integran, tengan un cierto impacto social, y el quedarse sólo en recomendaciones, lo menos que demuestra es que pese a todas las tareas realizadas por la comisión, sus reuniones, etcétera, no han posibilitado establecer qué impacto tendrá el proyecto a debate.
De la misma manera, siendo el Legislativo el responsable de establecer gravámenes tanto de nivel federal como para el Distrito Federal, así como para otras formas de financiamiento, el quedarse a nivel de recomendaciones para que el Ejecutivo considere otras fuentes de financiamiento, es no querer asumir las funciones y las facultades que tiene.
¿Qué acaso al aprobarse la Ley de Ingresos del Distrito Federal o las modificaciones a la correspondiente Ley de Hacienda, no pudo considerarse algún gravamen con cargo a las industrias, que permitieran aumentar los ingresos del Departamento del Distrito Federal para posteriormente aprobar nuevos recursos en los programas de ámbito ecológico?, ¿acaso esta Cámara debe de limitar su labor legislativa a lo que desde el Ejecutivo se propone? De la misma manera y no sólo en el caso de ahorros de seguridad pública sino en cualquier otro programa en que se logren establecer; ¿por qué en el decreto que acompaña al presupuesto no puede introducirse una disposición para que estos recursos se canalicen a otros programas prioritarios?, ¿o acaso nuestra obligación es dejar a discreción del Departamento qué hacer en estos casos, para que como sucedió en el ejercicio en curso, existan los recursos sobrantes no utilizados, pese a evidentes carencias y rezagos en diversos servicios?
Todo esto es sintomático de la necesidad por modificar los mecanismos con que de manera tradicional esta Cámara aborda lo relativo al presupuesto. No es posible mantener una situación tal en que prácticamente estemos a expensas de la buena fe del Ejecutivo, pues de ninguna manera la Cámara está realizando un análisis exhaustivo de lo que es el presupuesto y su posible impacto.
Por otra parte, es preocupante el que en el dictamen no dé una mínima opinión sobre el hecho de que el presupuesto de 1990 no contemple algunos programas anunciados por el titular del Departamento del Distrito Federal durante su comparecencia en la Cámara.
Sin embargo, y volviendo a necesidad de usar plenamente las facultades constitucionales del Legislativo, tal parece que a la comisión le preocupa más el no exponer a la autoridad a la crítica antes que asumir sus responsabilidades plenas.
En este sentido, para el Partido de la Revolución Democrática es motivo de alarma el que se presenten dictámenes que, como el que debatimos, es tan pobre en análisis, parco en posiciones, limitativo en cuanto a las atribuciones de esta soberanía y que soslaye carencias del proyecto, pues con documentos de esta naturaleza sólo se logra agudizar la situación que representa una gran centralización política por el Ejecutivo y una prácticamente nula división de poderes.
Los puntos expuestos y hasta algunas aseveraciones del proyecto de presupuesto, en que se acepta que el mismo es insuficiente, nos llevan a concluir que siguen sin promoverse, desde el gobierno, las verdaderas condiciones para solucionar el deterioro de la vida en nuestra ciudad. En muchos terrenos, lo más que puede esperarse es que se mantengan los niveles actuales de prestaciones de los servicios, lo que significa que persistirán los rezagos existentes y en algunos casos, mientras que en otros podrán acrecentarse, ya que sus requerimientos van más allá de sólo mantener los niveles de operación actuales.
Por otra parte, y además de las carencias de presupuesto, en la medida en que la línea que sigue el Departamento del Distrito Federal para la ciudad, del cual son objetivos del presupuesto y metas que contiene, son parte importante, y que tienden a conformar zonas de alta rentabilidad, en base a proyectos exclusionistas que afectan amplios sectores de capitalinos y a sus posibilidades de ver cubiertas las necesidades y requerimientos básicos, hacen que también desde esta perspectiva no podamos compartir el proyecto que se nos presenta.
Nuestra ciudad capital requiere con urgencia de acciones a fondo para remontar la situación en que se encuentra, acciones que para su mayor eficacia requieren de un alto componente de participación ciudadana, y este componente de participación ciudadana se exige al pueblo; sin embargo, se les niegan sus derechos ciudadanos más elementales como el de elegir a sus propios gobernantes. (Aplausos.)
Por eso creemos que no existe la voluntad del gobierno para abrir espacios para esta
participación real y verdadera ni de promover acciones de la profundidad que requiere la ciudad capital del Distrito Federal.
Por todos estos motivos, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución democrática en esta Cámara, manifiesta su voto en contra al proyecto de presupuesto para el Departamento del Distrito Federal sometido a la consideración de esta Cámara. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Se instruye a la secretaría para que en los términos de la solicitud del señor diputado Martínez y Almaraz se inserte el texto que solicitó.
En turno el señor diputado Luis Miranda, representante de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista.
En turno el señor diputado Gilberto Ortíz Medina, representante del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El C. Gilberto Ortíz Medina: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Como se señala de manera indirecta en el proyecto de dictamen de la Comisión del Distrito Federal, el proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para 1990 posiblemente guarde congruencia en términos generales con el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno federal, pero no guarda ninguna congruencia con las necesidades reales de la ciudad más poblada del mundo.
En principio, la asignación de recursos por poco más de 7 y medio millones de pesos es sólo un incremento nominal del 31.5%, el cual se pierde si consideramos que para 1989 se tuvo una inflación de más del 20% y para 1990 se tiene una inflación esperada de más del 17%.
Por esta razón se señala que el presupuesto global no tiene la suficiente magnitud para cubrir la totalidad de las necesidades que demanda la población capitalina.
Reconociendo esto en el proyecto de dictamen, para el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana es absurdo que en el articulado para la ejecución de los egresos se establezca en el artículo 15, la Secretaría de Programación y Presupuesto por sí o a propuesta del Departamento del Distrito Federal, con el objeto de fomentar el ahorro presupuestal o de canalizar recursos o programas prioritarios o emergentes, podrá determinar la eliminación de renglones del gasto y la liberación de recursos asignados a los programas no pri - ritarios.
Para el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana en la ejecución gubernamental no existen las acciones superfluas, todas la acciones de gobierno son necesarias y se clasifican entre prioritarias y necesarias; estas últimas se ordenan de acuerdo a las primeras, pero eso no quiere decir que se puedan eliminar, máxime cuando se reconoce que el presupuesto global no es suficiente.
Para nosotros el pecado original de este insuficiente presupuesto se dio en la política de ingresos. Con la Ley de Ingresos y las leyes fiscalistas aprobadas sólo por la mayoría automática, que no quiso escuchar las propuestas de las otras fracciones parlamentarias, convirtiendo a nuestra ciudad capital en una élite generadora de ingresos.
Por otro lado, se habla de incrementos reales en el gasto de inversión, pero este supuesto incremento se diluye en la reestructuración administrativa de que se ha hecho base a una absurda idea de nueva contabilidad en las cuentas nacionales.
Los 42 programas de gobierno permanente del Departamento del Distrito Federal se han agrupado en siete ámbitos que si bien en una computadora se pueden ver muy bonitos, en la realidad hace imposible la aplicación de dichos programas. En la realidad, estos siete ámbitos son un embudo que restringe la inversión y diluye la ejecución de los 12 programas prioritarios, los que en el desglose de la asignación de recursos, por renglón, no reciben los incrementos reales de los que se habla de la manera general.
El ejemplo más claro de esto, es el publicitado programa para el mejoramiento del medio ambiente. El poco menos de medio billón de pesos asignado, sólo para alcanzar para las costosas campañas de publicidad, que no tienen ningún efecto real; más sin embargo, en este renglón, se contempla la realización de cinco acciones que son: un nuevo índice Imeca, verificación y diagnóstico de millones de automóviles, reproducción y plantación de millones de árboles, y construcción de presas filtrantes, además, de atender miles de hectáreas para su recuperación.
Es bastante obvio que los recursos para tales acciones son insuficientes, pero el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana rechaza que aún se pretenda extraer más recursos financieros de la población del Distrito Federal.
Rechazamos que en el dictamen, puesto a consideración por la Comisión del Distrito Federal, se recomiende que se considere la posibilidad de
obtener recursos adicionales, con cargo a las industrias y a otros grandes contaminadores.
Haciendo a un lado la demagogia, encontramos que uno de los más grandes contaminadores ha sido la política económica y la ejecución presupuestal por parte del gobierno.
Es de sentido común, para el buen gobierno de una ciudad grande o pequeña, el manejo de los desechos que se producen por el simple hecho de habitarla. La expulsión de sus aguas negras, la basura y otros desperdicios es prioritaria, y este renglón del presupuesto sistemáticamente ha sido incumplido a lo largo de siete años por el gobierno distrital, a instancias del manejo presupuestal federal.
Esta es la principal fuente de polución de la ciudad y la consecuente generación de enfermedades respiratorias y digestivas de sus habitantes.
El hecho de que en el dictamen de la comisión y el proyecto de egresos no se considere una política seria al respecto, indica que de nuevo no habrá un lucha real contra la contaminación, y los programas que ya están en operación se han convertido en meras acciones recaudatorias con el fin de obtener recursos adicionales.
Dado que este proyecto de presupuesto de egresos depende en su esencia de la Ley de Ingresos y esta ley está viciada tanto en lo económico como en lo político, incluso en su procedimiento constitucional para su aprobación, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana lo rechaza en su conjunto, y de nuevo propone a todos los partidos representados en esta Cámara y en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, que nos aboquemos a la elaboración de un verdadero programa de rescate de la ciudad de México. Gracias, señor Presidente.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Luis Miranda Reséndiz, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista.
El C. Magdaleno Luis Miranda Reséndiz: - Gracias, señor Presidente; honorable asamblea: El Presupuesto de Egresos del Distrito Federal no resolverá los problemas fundamentales de la población capitalina.
El Partido Popular Socialista considera que el dictamen sobre el proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal que se debate, es contradictorio desde su presentación, porque por una parte expresa, se abre cita: "que el objetivo central de las acciones que se derivan de este presupuesto, es mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de México", y en el siguiente párrafo expresa que el "presupuesto que se presenta, no tiene la magnitud que se requeriría para cubrir integralmente las múltiples necesidades de la ciudad".
Asimismo, en el texto del dictamen se reitera la continuidad de las disposiciones sobre racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales, las que al aplicarse de manera indiscriminada, imposibilitan al Estado para incrementar la eficiencia y ampliar la cobertura de los servicios que presta el Departamento necesarios e indispensables para elevar el nivel de vida de la creciente población que habita en el Distrito Federal.
Es necesario señalar que el presupuesto que se somete a nuestra consideración es reducido, ya que sólo se incrementa en términos nominales en un 23.1% con respecto al del año anterior, y en términos reales sólo crecerá en un 3.3%, mismo que será nulificado durante los primeros meses de 1990, tanto por la dinamita de la actividad económica de la entidad como por la cifra de 10 millones 335 mil habitantes que demandan más y mejores servicios urbanos. Se trata de un presupuesto que de ninguna manera cubre mínimamente los requisitos de la creciente demanda de la ciudadanía que aquí habita, porque está orientado básicamente hacia el mantenimiento, conservación y operación de la infraestructura de los servicios públicos que ofrece el Departamento del Distrito Federal y no atiende el crecimiento y desarrollo de las actividades económicas en la proporción en que lo demandan las actuales condiciones de vida de la población capitalina, no obstante que ella contribuye con más del 25% del producto interno bruto nacional.
En la Ley de Ingresos aprobada para 1990, el gobierno de la ciudad pretende ampliar el universo de contribuciones, por lo que podría suponer que la cobertura de servicios registraría un importante incremento; sin embargo esto no es así. Del proyecto de presupuesto de egresos se desprende que a pesar de que el gasto de capital registra un incremento nominal de 41.6%, su participación en el gasto programable representa sólo un 37.6%, lo que muestra claramente la insuficiencia de recursos para atender los ámbitos prioritarios de bienestar social, ecología y transporte, que reporta como los más elevados por su monto, y que dan la impresión de tener como sustento una preocupación social. Lo cierto es que sólo se podrá mantener, conservar y operar la planta existente con una reducida ampliación frente a la creciente demanda de los servicios fundamentales.
El ramo de justicia y seguridad pública continúa representando parte importante del Presupuesto; asciende al 18.0% del subsector administrativo. Dentro de este rubro, el programa al que se le asigna la mayor cantidad de recursos es el de la seguridad pública, con el 73.5%. Este renglón contempla cubrir 13 mil 290 plazas vacantes de nueva creación, lo que revela una tendencia a continuar con la política de atacar los efectos y no las causas, manteniendo la tendencia de aumentar las acciones represivas.
Los hechos delictivos, lo hemos dicho, no se resuelven multiplicando las fuerzas policiacas, ya que muchos de éstos tienen origen en el sistema social injusto y falta de oportunidades de educación y empleo en que vivimos. Estamos muy lejos de mejorar la impartición de justicia y su promoción, sobre todo porque el presupuesto para este rubro no sabe diferenciar entre la delincuencia de origen social y las bandas organizadas, la delincuencia profesional.
En cuanto al problema ecológico, considerado como ámbito prioritario, el presupuesto es francamente insuficiente, ya que es evidente que el 21.6% del gasto programable no alcanzará para estructurar los programas necesarios para combatir a fondo la contaminación ambiental.
También podemos afirmar, después de analizar el proyecto de presupuesto, que los recursos para el fomento, promoción, productividad primaria y de la agroindustria, son verdaderamente insuficientes, ya que representan apenas el 0.7% del total presupuestado.
Nos parece un error muy grave que no se comprenda la importancia que tiene para la preservación y mejoramiento del medio ambiente y que no se contemple mantener y ampliar las áreas de cultivo, y que si se tuviese un programa con la orientación correcta, éste podría contribuir a incrementar la producción de alimentos y al mismo tiempo frenar el crecimiento urbano.
Es verdaderamente preocupante observar que en el proyecto de presupuesto, al transporte colectivo sólo se le destine el 19.7% del total, cuando en 1989 se destinó el 24% del presupuesto en ese año.
Es evidente que el gobierno, por la orientación del proyecto de presupuesto, está empeñado solamente en conservar el equipo existente, sin tener una política de inversión que permita no sólo conservar, sino ampliar el transporte colectivo, que es esencial para la población de escasos recursos.
Este presupuesto que es reducido para proporcionar el servicio eficiente que demanda la ciudadanía, requiere mayores recursos financieros y es fácil deducir que el Ejecutivo propiciará y alentará a la iniciativa privada para que invierta en este rubro, a pretexto de la insuficiencia de recursos, ofreciéndole un negocio muy productivo como se sabe que es el transporte.
Hace poco se informó que se prepara el programa integral del transporte. Nos parece no solamente saludable, sino indispensable que se realicen estudios serios para planificar y coordinar los servicios de transporte no sólo de la ciudad de México, sino también para la zona conurbada del estado de México. Nos parece correcta la incorporación de nuevas unidades de Ruta - 100 reconstruidas en talleres del Departamento del Distrito Federal, pero se requiere incorporar a la circulación, una cantidad de unidades similar a la que hoy transita: 3 mil 100, para que el gobierno de la ciudad recupere la rectoría del transporte público, hoy perdida, ante el crecimiento del transporte concesionario que él mismo ha fomentado.
No compartimos la decisión unilateral de aumentar la tarifa del pasaje anunciada por el gobierno del Distrito Federal a 500 pesos. Los trabajadores y el pueblo en su conjunto no deben cargar con todo el peso del aumento de la tarifa.
Con el actual subsidio al transporte, los directamente beneficiados son los grandes empresarios y comerciantes, por lo que éstos deben contribuir obligatoriamante a su financiamiento para que junto con el Estado y los usuarios, éstos en menor cuantía, participen económicamente en el sostenimiento y mantenimiento de este vital servicio para su ampliación en la vasta zona conurbada.
El monopolio del llamado "pulpo verde" tiene que liquidarse en el menor tiempo posible, pero para ello es necesario el impulso al transporte que presenta el Departamento del Distrito Federal.
El propio gobierno capitalino ya sabe, con cifras y con cuadros estadísticos, que este tipo de servicio, además de malo, caro y contaminante, es objeto de explotación, de tarifas sin control, que propicia una verdadera anarquía vial e inseguridad para los usuarios, por lo que cada vez se hace más necesaria la puesta en marcha del Instituto Metropolitano del Transporte para planificar, dirigir y administrar el servicio de transporte colectivo que en reiteradas ocasiones hemos propuesto.
En lo que se refiere al problema de la vivienda, observamos que se destina un presupuesto tan escaso, que no servirá para resolver el elevado déficit existente, calculado por lo menos en 1 millón de acciones de vivienda. Según el proyecto de fideicomiso de Vivienda y Desarrollo Social y Urbano, se construirán 3 mil 333 casas y apoyarán 26 mil acciones de autoconstrucción, más 356 viviendas para trabajadores del Distrito Federal.
Salta a la vista la insuficiencia de este programa que sólo contará con 2% del presupuesto del total del Departamento del Distrito Federal.
A la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista le preocupa de una manera fundamental la orientación que se le ha dado al programa de recuperación de la zona lacustre de Xochimilco. Coincidimos con el propósito de salvar o rehabilitar esa región, así como los mantos acuíferos de los cuales se abastece la ciudad de México. También es importante el encauzamiento de las aguas para destinar una parte de ellas a la irrigación de las chinampas.
Nadie podrá oponerse a la rehabilitación de Xochimilco y San Gregorio, porque de ese programa depende en gran parte la subsistencia de la capital, ya que en el caso de no realizarse, el faltante requerido tendría que traerse de sitios más distantes y a un costo muy elevado, lo que ocasionaría una mayor erogación de recursos, así como graves daños a la ecología del Valle de México.
En lo que no coincidimos, es en el tipo de medidas que se pretenden aplicar para alcanzar ese fin; no aceptamos, estamos en contra de los intentos por desplazar a los ejidatarios, comuneros y chinampero que ancestralmente han vivido ahí y que le han dado a Xochimilco fama internacional, como zona turística y de recreación y que siguen aportando buena parte de los alimentos que consume la población del Distrito Federal.
Se deben rehabilitar la zona canalera y chinampera, los arroyos y los ríos, para lograr los propósitos hidrológicos y ecológicos que propone este programa, pero además la región de Xochimilco y San Gregorio debe ser considerada como una zona agropecuaria y, por la tanto, pensar en la necesidad de ampliar la superficie cultivable, aumentar y diversificar la producción de alimentos e impulsar a los ejidos para que se transformen en centros de abasto directos, sin la participación de intermediarios, que sean los ejidatarios quienes directamente canalicen sus productos en los mercados capitalinos.
Por lo tanto, es necesario revocar la declaratoria de expropiación de chinampas, ya que si se quiere ayudar realmente a los ejidatarios de Xochimilco no debe expropiárseles su patrimonio; los importantes recursos que se destinan a esa delegación política para el pago de las expropiaciones deben ser aplicados a la región para apoyar a los ejidatarios e impulsar su actividad agrícola.
El Partido Popular Socialista considera que no debe ni puede transformarse la propiedad ejidal en propiedad privada, porque esto sería un grave atento contra uno de los grandes logros de la Revolución Mexicana y una de sus consecuencias sería el abandono de las actividades agrícolas y la venta de tierra en forma de lotes para fines distintos al cultivo.
Se debe impedir que la mancha urbana absorba esta zona agrícola, ya que esto causaría un grave daño a sus pobladores y a todos los habitantes de la ciudad
. En la opinión del Partido Popular Socialista no puede aprobarse un presupuesto de egresos insuficiente, no se puede aceptar un proyecto de ley que no contemple un programa que desarrolle las fuerzas productivas para generar empleos y mejorar la vida de los capitalinos.
Por las razones expuestas, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista votará en contra del dictamen.
El C. Presidente: - Tiene la Palabra el diputado Nelson Madrigal, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El C. José Nelson Madrigal Gómez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Para la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, la magnitud de los problemas por los que atraviesa la ciudad capital de la nación, no está en duda, incluso si se le observa desde diversas perspectivas analíticas y políticas; una prueba de ello se constata en el reciente informe presidencial que en su anexo señala: la complejidad que enfrenta la ciudad de México pone de manifiesto que en algunos aspectos ya se alcanzaron límites; la disponibilidad de agua puede decidir su viabilidad como gran urbe, libre de severos problemas y restricciones de este vital líquido.
La contaminación está estrechamente ligada a su tamaño, a la concentración de la actividad económica y a la cobertura de las necesidades de transporte que demanda la población; se enfrentan dificultades para ampliar los servicios sociales y
elevar el nivel de bienestar y existe un enorme rezago y preocupantes índices de inseguridad.
La crisis económica ha afectado la realidad del Distrito Federal, a ello han contribuido las diversas políticas gubernamentales, a los viejos problemas se adicionaron las secuelas devastadoras del deterioro social, ecológico y cultural.
Por la crisis y las acciones insuficientes u omisas del gobierno, nuestra ciudad se tornó en los últimos tiempos inhabitable. Por ello nos preocupa que las propuestas presupuestales del Ejecutivo Federal Para 1990 no representen una variación sustancial respecto a la situación preexistente a la crisis. Veamos.
No obstante que la captación de ingresos y el gasto aumentan en términos reales para 1990, en 7.1% respecto a 1989, medirlo en términos reales ambos conceptos son similares a los observados en 1982.
En contrapartida se dio un crecimiento demográfico significativo que agudizó los problemas de la ciudad, cuestión que nos permite afirmar con seguridad que para el próximo ejercicio fiscal los habitantes del Distrito Federal no se beneficiarán de cambios favorables en sus niveles de bienestar.
Durante la década de los ochenta, la población del Distrito Federal se incrementó en 12.6% sin considerar al resto del área metropolitana que, como se sabe, ha tenido un crecimiento mayor.
De acuerdo a las cifras contempladas en el anexo estadístico del primer informe de gobierno del Presidente Salinas, los rezagos del bienestar como derivación de la política restrictiva del gasto público en los años de 1982, a 1989, son:
a) En cuanto a los niveles de capacitación de agua, ésta sólo ha crecido 3.4 metros cúbicos por segundo y en los últimos cuatro años se ha mantenido constante en 36.7 metros cúbicos;
b) La construcción de red primaria de agua potable tan sólo ha crecido 46.9 kilómetros y la secundaria 64.5;
c) En cuanto a plantas potabilizadoras, con todo y la disminución de los costos en la construcción de red de agua potable que ello implica, sólo existen cuatro y no se ha construido una sola más;
d) El volumen de agua potabilizada no ha crecido desde 1982 un solo metro cúbico, estancándose en 12 millones de metros cúbicos;
e) En cuanto a los pozos de abastecimiento, su número no ha variado desde 1985;
f) La red primaria de drenaje apenas se incrementó en 4.6% y el tratamiento de aguas negras descendió un 62%, de 11 mil 722 metros cúbicos por hora a 4 mil 500;
g) La construcción de viviendas en 1989 cayó respecto al año anterior en 7.2%, beneficiándose 1 mil 796 personas menos;
h) La población asentada en las llamadas zonas irregulares ha crecido en 113.8%;
i) Con respecto a los servicios delegaciones, el reparto gratuito de agua potable disminuyó de 391 mil metros cúbicos por mes a 187 mil, pero surrealistamente el número de habitantes beneficiados se elevó de 364 mil a 1 millón 573;
j) La inversión en áreas verdes aumentó de 21 millones a 5 mil 715 millones de pesos. Sin embargo el número de árboles plantados cayó de 18 millones 750 mil a sólo 1 millón 300 mil;
k) La flota de autobuses del transporte urbano disminuyó en 10.6% de 1988 a 1989 en el mismo lapso. El servicio de trolebuses se redujo en 10.7%, en contrapartida se ha elevado el número de automóviles de alquiler en 8.2%;
l) El número de unidades hospitalarias se ha estancado en 1979, en 29 unidades. En la misma situación se encuentra hospitales infantiles 12, servicio médico penitenciario cinco, hospitales de urgencia con 12, desde 1980. El número de camas descendió de 2 mil 732 en el año de 1982 a 2 mil 127 en el de 1989, y
m) Desde 1982, sólo se han creado 47 guarderías infantiles.
Los datos esbozados con anterioridad nos llevan a la conclusión de que la presentación de servicios a la comunidad por parte del Departamento del Distrito Federal ha sido restringida y en algunos casos estancada en niveles insuficientes para atender la creciente demanda de la población. Bajo estas premisas es evidente que las actividades de servicio social que desarrolla el Departamento del Distrito Federal serán, de no revertirse la tendencia regresiva en la prestación de servicios, prácticamente nulas frente al crecimiento acelerado de los problemas de la ciudad: devastación ecológica, elevada violencia social, crecimiento amorfo de la mancha urbana, falta de viviendas, falta de una regulación inquilinaria, inseguridad en la tenencia del suelo, transporte insuficiente y poco funcional, entre otros.
Pese a que en el dictamen se pone de manifiesto la intención de incrementar el gasto en renglones de bienestar social y de administración de justicia, que representan en conjunto un 38% del presupuesto de egresos, el incremento del gasto en esos renglones y las metas propuestas para alcanzar en 1999, son realmente poco significativos.
El programa de bienestar social con un 23% del gasto proyectado se convierte en el renglón más significativo, sin que ello quiera decir que por ese hecho es al que se le brindará una atención prioritaria, a corto plazo, a la población solicitante.
En el dictamen se establece que con el fin de solucionar el problema del déficit de vivienda se tiene previsto construir y adquirir 3 mil 770 viviendas en el área metropolitana; consideramos que esto es un esfuerzo, pero que resulta insuficiente ante la creciente población del área metropolitana, lo cual nulifica de antemano esta meta fijada, sobre todo si tomamos en cuenta de que aún existen campamentos de damnificados por los sucesos del año de 1985 y que no se les ha solucionado su problema.
El sistema de transporte urbano absorbe un 20% del gasto proyectado, sin que por el momento esté especificado el modo en que se va a distribuir el presupuesto en cada uno de sus rubros. Podemos asumir en lo general que ese 20% seguirá siendo insuficiente para resolver el problema de transporte público, agudizado por la regulación ecológica que compele a muchos ciudadanos a hacer uso de este servicio por lo menos un día a la semana.
Mientras se asigna un egreso del 20% al transporte público, el transporte privado se fortalece en la figura de peceras y minibuses.
Esperamos que la propuesta del Sistema de Transporte Integral para el Valle de México, permita una operación eficiente en este servicio, que garantice el control de rutas y tarifas al gobierno capitalino y que sobre todo apoye a la ciudadanía tanto en su economía como en la funcionalidad, eficiencia y limpieza del servicio que se presta.
El problema más grave y atentatorio contra la calidad de vida de los habitantes del Distrito Federal, es el de la contaminación; por ello llama la atención que en el renglón de ecología sólo se destine un 6.1% del gasto proyectado por el Departamento del Distrito Federal.
Nosotros consideramos que ese porcentaje es insuficiente para contrarrestar los efectos negativos que sobre la calidad del aire y la salud de la población provoca la contaminación. Acciones como la restricción en la circulación de vehículos un día a la semana, el cierre de zona de la ciudad al tránsito vehícular, no son suficientes para eliminar el alto índice de polución en la ciudad, sobre todo si se soslaya el factor contaminante principal: la alta concentración de industrias en el Valle de México, el cual por sus características geográficas no permite la dispersión de los contaminantes emitidos por éstas.
Otro problema significativo en la ciudad de México y el área metropolitana es el referente al abasto y la comercialización de productos. La asignación de un presupuesto de egresos del 2%, nos lleva a pensar que los organismos encargados de garantizar abasto suficiente y barato de productos a la ciudad de México, empezarán, como en el caso de transporte público, a marginarse frente a los intermediarios particulares, con el consecuente aumento en el precio de algunos artículos de consumo básico y la merma de la economía familiar.
Una de las contradicciones del presupuesto del Distrito Federal, es que mientras se dice que el reto de nuestro tiempo es la atención a los servicios de salud, vivienda, transporte, protección ecológica, seguridad pública, educación y servicios, por el rezago que experimenta, se plantea por otro lado la iniciación de la construcción de un nuevo centro penitenciario. Consideramos que este gasto que se va a destinar para esta obra debe de orientarse para avanzar en la solución de los grandes problemas sociales mencionados, toda vez que no resulta necesario un reclusorio cuando en los existentes se encuentran consignadas personas que sólo han cometido delitos menores y que son en gran parte los que provocan la sobrepoblación en las cárceles del Distrito Federal.
Por estos razonamientos y con las observaciones críticas hechas, nuestro partido votará a favor del dictamen. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Rubén Venadero.
El C. Rubén Venadero Valenzuela: - Compañeras diputadas; compañeros diputados: Es evidente el ambiente de frivolidad existente en esta Cámara, supongo que está justificado por las fechas. Seguramente algunos de ustedes ya han empezado a departir desde temprano.
Pero en realidad el problema del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, es
bastante más serio que la actitud de más de un diputado aquí presente...
(Desde una curul): - ¡Nombres!
Por supuesto, ustedes saben perfectamente bien que vendrá el voto mayoritario de los diputados priístas. El problema no es que sea mayoritario, es que es profundamente irreflexible, con el cual dejarán, por supuesto, velada cualquier posibilidad crítica de pensar: la ciudad de México y de pensarse como ciudadanos de esta ciudad, aquellos diputados que la habitan.
Pero no es de extrañar su comportamiento, es una norma, una conducta en ustedes...
(Desde una curul): - ¡Tema! Claro, el tema es éste, compañero. Es penoso el nivel con que se afronta
el problema del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, y todavía más, y creo que esto contribuye mucho el que ustedes saben, en efecto, de manera mecánica pueden aprobar el presupuesto sin necesidad de pensarlo críticamente. (Aplausos.)
El eje central del presupuesto, tal y como se nos presenta, es un planteamiento que ojalá fuera cierto, que es, se dice ahí, la intención de elevar el nivel de vida de los habitantes de la ciudad de México; la calidad incluso se llega a hablar.
Bueno, pues los compañeros diputados que conocen el dictamen, los que lo trabajaron, ojalá y todos los diputados aquí presentes lo hubieran visto, lo hubieran leído, lo hubieran analizado, se darán cuenta que está muy lejos de ser un presupuesto cuya intención sea mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de México. Es un presupuesto cuyo único interés es administrar la crisis, compañeros. Cuyo único interés es expoliar a través de una política de tarifas, de recaudación fiscal para contener la crisis en la ciudad de México.
Vamos, no solamente no encontramos en ese presupuesto un planteamiento para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de México, sino que este presupuesto, como lo han dicho los compañeros del Partido Acción Nacional, incluso el compañero Nelson Madrigal, aunque votó a favor, hasta el compañero Nelson Madrigal cómo ese presupuesto, ni siquiera reúne los requisitos mínimos para satisfacer las necesidades más elementales de los habitantes de la ciudad de México.
Por ejemplo, en el presupuesto se plantea la construcción de 3 mil viviendas, para un conglomerado de millones y millones de habitantes, francamente es verdaderamente risoria la propuesta, y evidentemente no existe una política de vivienda en este presupuesto compañeros. Pero no solamente no hay una política de vivienda, hay problemas más graves; para la delegación más grande de la ciudad de México, con un número infinito de miles y miles de estudiantes, perdón, de jóvenes mexicanos que no tienen empleo, se ofrece la construcción de una ciudad deportiva, pero también se plantea la construcción de una cárcel donde se instalarán creo que 36 factorías o empresas fabriles. Pues qué bueno que a los reclusos se les instruya, se les dote de una forma de trabajo, pero ojalá que primero se crearan los empleos en la libertad, para después no se les dé empleos en la cárcel a los jóvenes y a los habitantes de esta ciudad. Yo creo que sería mucho más efectivo, en lugar de construir una cárcel y después construir un número determinado de empresas fabriles, con trabajo y seguramente esclavo, buscar empleo a esos jóvenes antes de que incurran, o para esos habitantes, antes de que incurran en delitos producto de la crisis económica que vivimos.
Compañeros diputados, en el presupuesto hay algo que francamente para cualquiera de ustedes, debería de preocupar. Existe un énfasis exagerado para los renglones de seguridad, de justicia y de policía. Yo me pregunto: ¿esto es un presupuesto para elevar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de México?, esto es un presupuesto represivo compañeros. Lejos de estar pensando en atender los problemas, las carencias económicas, sociales, culturales y recreativas de los habitantes de la ciudad de México, este presupuesto está pensando cómo reprimirlo ante la incapacidad de dar verdaderas alternativas; porque además, técnica, económica, política y metodológicamente, está mal hecho compañeros. Yo no sé cómo puede hacerse un Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, sin tomarlo en cuenta dentro del rubro de la problemática nacional. Es decir, me parece que verdaderamente ésta es una absoluta torpeza teórica, metodológica, política, económica y social; pero no sólo, sino aquí están, en este presupuesto está, hay uno también, de elementos tan importantes como los siguientes: ¿ustedes creen que la basura, que la educación, la salud, e incluso la propia seguridad se van a dar como producto simplemente de cifras y de cuentas? Aquí de nuevo nos encontramos con un problema que sabemos que ustedes no quieren escuchar, que es el problema de la democracia.
Yo me pregunto: ¿tendremos de veras posibilidades de tener una policía honesta, de tener una ciudad limpia, ordenada, transparente, sin
democracia en la ciudad de México? Compañeros, resulta que el mundo entero, y aquí los modernistas de este régimen, que seguido nos invocan el mundo de nuestros días para el caso de las finanzas, se olvidan que el mundo también se moderniza en lo político, y que democracia no es solamente una entelequia, ni una idea abstracta; es un modo de vida, y eso sí significaría elevar la calidad de vida. Por supuesto de la manear en como se plantea distribuir, asignar, vigilar, ordenar y, garantizar ese presupuesto, nada tiene que ver con la democracia, sino con la Secretaría de Programación y Presupuesto y con la Contraloría General de la Federación. Es decir, compañeros diputados, nada tiene que ver la democracia, nada tienen que ver los ciudadanos, con el problema de organizar la vida de la ciudad. En este sentido, nos parece que el presupuesto no puede estar planteado de una manera ajena a la democratización de la ciudad de México.
Se habla, en efecto, de desconcentrar las actividades, pero yo me pregunto: ¿los delegados, en efecto, tendrán interés en localizar cuáles son sus problemas, en vincularse con sus comunidades?, ¿o ser delegado en la ciudad de México no es más que un trampolín para hacer carrera política?, ¿en qué está pensando el delegado, en los problemas de las delegaciones, de sus habitantes, de los ciudadanos?, no, compañeros diputados, ese delegado está pensando en cómo quedar bien con el regente, y el regente está pensando en cómo ver los problemas de la ciudad de México, para seguir haciendo carrera política y aspirar seguramente, en su momento, a la Presidencia de la República, pero no a solucionar los problemas de la ciudad de México.
Por esta razón es que nosotros insistimos en que el presupuesto y la organización de la ciudad debe de estar en manos de los ciudadanos y que justamente este presupuesto en nada apunta ni siquiera plantea una perspectiva en este sentido.
Pero claro, es triunfalismo y además también me parece absurdo, no tiene caso decir el presupuesto ha crecido nominalmente y no sé cuántas cosas, cuando a todos nos costa que el presupuesto real está absolutamente rezagado con respecto a las necesidades de crecimiento de la ciudad de México. ¿A qué ese triunfalismo?, ¿para qué ese triunfalismo?, ¿es o no un presupuesto político? Claro que sí, pero un presupuesto político mal entendido, con un propósito de futurismo y no de servicio ciudadano.
No es posible pensar que se atenderá la salud creándose un hospital con 72 camas y remodelando dos hospitales pediátricos, el de La Villa y el de otro lugar; pero tampoco es posible pensar en una política cultural para la ciudad de México cuando se hacen extremos o se hacen eventos para las minorías, o se hacen eventos para las masas en su peor sentido; es decir, el mariachi, la Alameda, el cantante para la masa anónima, desorganizada, pero no hay una política cultural de desarrollo para la población de la ciudad de México.
Es más compañeros, fíjense, estamos pasando de una ciudad corporativa, aquí dice en el presupuesto los días cívicos, también forman parte de la cultura, bueno pues estamos pasando de los días cívicos de la ciudad corporativa en la que muchos de nosotros crecimos, ustedes mismos, no a la ciudad democrática desgraciadamente sino a la ciudad en donde incluso los días cívicos más sagrados, ahora resulta días cívico - policiacos como El Grito, el 20 de noviembre, Día del Trabajo, etcétera; aquí hago un reclamo desde esta tribuna muy serio. Pues resulta que las masas en este país su presencia en el gran Zócalo de nuestra ciudad era una presencia corporativa, iban a traerse métodos que el Partido Revolucionario Institucional tradicional conocía muy bien, ya no le funcionan pero entonces ahora usan a los perros, a los ganaderos e incluso convierten los desfiles cívicos en desfiles policiacos y desde esta tribuna manifiesto, en nombre de nuestra fracción...
(Desde una curul): - ¡Tema!
Este es el tema compañeros, éste es el tema, el modo en cómo queremos vivir en esta ciudad, éste es el tema, la ciudad la habitan ciudadanos con derecho a...
El C. Presidente: - Ciudadano diputado, pido que se restablezca el orden en la sala.
El C. Rubén Vendare Valenzuela: - Sí, señores diputados, la ciudad la habitaban ciudadanos y los ciudadanos tienen derecho y en esta ciudad los ciudadanos todavía no tenemos ese grado ni tenemos esos derechos; claro que tenemos derecho a protestar y claro que vamos a luchar por tener una ciudad de ciudadanos y no de menores políticos.
Vamos a terminar con la intervención, con una cuestión muy elemental; está de moda, también es política por supuesto, desafortunadamente es más política que realidad, está de moda el problema de combatir la contaminación, moda porque no hay medidas en serio, son medidas muy parciales, nosotros decimos cómo combatir la contaminación, simplemente planteando que habrá dos revisiones de autos y motocicletas, y las
industrias y el parque industrial, ¿cuándo se van a descentralizar compañeros?
Nosotros concluimos con lo siguiente, en nombre de la Fracción Parlamentaria Independiente; primero, el presupuesto no puede ser hecho de manera aislada sin el contexto nacional; segundo, el presupuesto debe ser administrado, organizado dirigido por sus habitantes, por sus ciudadanos y no debe de estar en manos de un grupo de personas cuyo único objetivo es hacer carrera política y no servir a la ciudad y, por último compañeros, nosotros insistimos en que esta ciudad se podrá pensar y tendrá soluciones en la medida en que realmente se descentralice geográfica, social y económicamente y en la medida en que también se democratice. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra la diputada Rosario Guerra Díaz.
La C. María del Rosario Elena Guerra Díaz: - Con su venia, señor Presidente: honorable asamblea: Antes de entrar a fondo a este debate, yo sí quisiera hacer hincapié en que deferimos de algunos puntos de vista aquí expresados. Creemos que el presupuesto de egresos para 1990 sí difiere de los anteriores, en cuanto plantea nuevas estrategias y nuevas visiones de enfoque metropolitano integral en cuanto a la solución de los problemas. Por lo tanto, rechazamos que no se haya cambiado la estructura y la propuesta de desarrollo para la ciudad en este presupuesto, ya que simplemente con el hecho de darle una ojeada, se nota inmediatamente que existen diferencias de forma y de fondo con anteriores presupuestos.
También queríamos comentar que la Comisión del Distrito Federal estuvo realizando una intensa labor de trabajo entre los diversos compañeros que la integran. Las propuestas que han hecho aquí compañeros del Partido de la Revolución Democrática, no se reflejaron en el trabajo de la comisión en el sentido que aquí fueron expresados. Nosotros sí queremos señalar que esta situación quizá era desconocida por el que me antecedió en el uso de la palabra, en virtud de que él no pertenece ni a la comisión ni ha asistido nunca a una sesión de la misma. (Aplausos.)
Tenemos como una de las principales impugnaciones al Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, el hecho de que existe una insuficiencia en el presupuesto para atender las demandas de la población. Este es un hecho que el dictamen retoma y recoge de la opinión de los diputados de los diversos partidos que formularon ese dictamen.
Sin embargo, a nosotros sí se nos hace un poco extraño que aquí venga el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana a plantear que rechaza extraer mayores recursos de los habitantes del Distrito Federal, y sin embargo insiste en la insuficiencia del propio presupuesto: ¿cómo se podría pues financiar este tipo de acciones del gobierno en la ciudad de México?
En cuanto a otro compañeros, nos señalan que hay una incongruencia entre lo que es el objetivo del presupuesto, que es mejorar la calidad de vida de los habitantes, y lo que es el presupuesto, que no tiene la magnitud suficiente para hacerlo. Y aquí creemos que hay una confusión entre medios y fines que en política es importante. El fin sigue siendo el mismo, si bien los recursos tienen que ser aplicados de manera muy estricta y rigurosa para continuar adelante; se critica una serie de circunstancias y sin embargo no se dice lo que sí pudimos y lo que sí está presente.
El presupuesto, nos dice, sólo plantea la operación de sus programas. Nosotros queremos aquí resaltar como un hecho importante en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, que la estructura económica destaca un incremento en el gasto de inversión del 55.9%, a diferencia del gasto corriente que tiene crecimiento de sólo el 24.7%, tendencia que ya refleja un esfuerzo realizado y apunta en la dirección correcta. Por tanto, el dictamen nunca dice que el presupuesto resolverá los problemas de la ciudad, lo que dice es que pese a lo restringido, por las circunstancias económicas reales, atenderá los problemas que más afecta a las clases más desprotegidas, compromisos de todos los diputados aquí presentes.
Se ha tocado también el problema de la democratización. Yo creo que el problema de la democratización en el Distrito Federal es un problema de fondo y de forma, pero más allá de fórmulas o regímenes de gobierno, lo que realmente hace posible la democracia son las prácticas, y en el Distrito Federal tenemos prácticas de participación social y ciudadana, tenemos libertades y vamos creando nuevos espacios de coexistencia y de convivencia dentro de la diversidad. Tenemos ya expresiones en este sentido como es la Asamblea de Representantes, los derechos a la manifestación, las libertades en prensa para la expresión de diversos puntos de vista, la organización vecinal, etcétera, que hacen posible la coexistencia y la convivencia en la diversidad.
La democratización, pues, implica nuevas prácticas políticas más allá del problema de régimen de gobierno, prácticas que respondan efectiva y
adecuadamente a la participación social en la toma de decisiones que afectan a las comunidades.
Cierto que es responsabilidad del gobierno avanzar en esta dirección, pero también es una corresponsabilidad de los partidos políticos el encontrar y el desarrollar estas nuevas fórmulas frente a la dimensión y complejidad del Distrito Federal que no tiene antecedentes históricos en la historia de toda la humanidad. Vamos y seguiremos siendo una ciudad con características muy específicas y que tendrá por tanto que ir abriendo nuevos y mejores caminos en esta perspectiva de participación y de democratización.
Queremos pues cambios estructurales que ataquen el fondo de los problemas y no se circunscriba tan sólo a la operación y mantenimiento de los servicios de la ciudad y así lo hemos plasmado y expresado en el dictamen con todas las recomendaciones que ya la comisión fundamentó.
Reconocemos los esfuerzos de la actual administración para operar esta ciudad, pues con escasos recursos, en base al diálogo y a los consensos, se ha logrado un ejercicio democrático de la autoridad, lo cual permite su funcionamiento.
El presupuesto de 1990 contiene ya programas sectoriales con estrategias definidas para poder evaluar resultados, tal es el caso en materia de agua, de transporte, de tenencia de la tierra y de servicios.
Nos falta profundizar y para ello también hacemos la recomendación en el dictamen, en los programas de basura, ecología, abasto popular. Es decir, necesitamos una mayor rectoría del Estado que realmente pueda conducir el cambio en esta ciudad. Ese es el programa que la ciudad necesita.
Queremos firmeza y claridad en una rectoría del Estado que parta de equidad en el esfuerzo y replantee el desarrollo de la ciudad. Queremos para esto un diálogo siempre abierto a la discusión en todos los temas. Queremos nuevos espacios y campos de colaboración a quien nadie se rehuse, que sume voluntades para resolver en el derecho y la democracia las diferencias.
La ciudad rechaza la parálisis...
El C. Sergio Quiroz Miranda (desde su curul): - Moción de orden, señor Presidente.
El C. Presidente: - Es procedente la moción de orden. Se ruega a los diputados mantener el respeto a las tareas de legisladores. Prosiga diputada con su intervención.
La C. María del Rosario Elena Guerra Díaz: - Señalaba yo que queremos nuevos espacios y campos de colaboración en la ciudad a los que nadie se rehuse, que se sumen las voluntades para resolver dentro del derecho y la democracia las diferencias. La ciudad nos lo ha demostrado, rechazado la parálisis y la degradación, debe cambiar para ser más justa y eso es lo que los diputados hemos propuesto en los dictámenes de ingresos y en los dictámenes relativos a la Ley de Hacienda.
Y requiere de nuevas inversiones de los sectores privado y social, de la participación comunitaria y de nuevos mecanismos de financiamiento del desarrollo que es precisamente lo que los diputados de la comisión estamos planteando en el presupuesto de egresos que está hoy a discusión en el dictamen que ya ha sido analizado.
Son necesarios recursos adicionales y éstos no pueden provenir sólo de impuestos, derechos y otro tipo de contribuciones, pues éstos no serían suficientes y además implicarían una situación de desequilibrio en torno al esfuerzo de los diversos grupos sociales.
Por ello en el dictamen se ha sugerido buscar fuentes alternativas de financiamiento que no necesariamente se concentren en el gobierno de la ciudad para infraestructura de transporte, específicamente para el Metro Zaragoza y la reestructuración de Ruta - 100 y el combate a la contaminación con cargo a quienes más contaminan.
Yo creo que debemos valorar el presupuesto de egresos en un esfuerzo que vale la pena y que debemos concentrarnos en lo que reclaman los ciudadanos. En este sentido, nosotros somos prácticos y realistas, al reconocer que el presupuesto de egresos puede hacer frente al ser y al deber ser. Esto es, no confundimos fines con medios, si tenemos muy claro que a pesar de que todas las discusiones que se han dado el Distrito Federal tiene una circunscripción específica en su régimen político de gobierno y a ello nos acatamos y a ello estamos también dispuestos a dialogar cuando se dé la circunstancia.
Lo que sí es cierto es que los problemas cotidianos que padecemos los capitalinos me hacen reflexionar, creo que a todos nosotros en igual forma, sobre el pasado, el presente y el futuro de la ciudad de México. Al buscar referencias sobre los problemas urbanos en el mundo, lo único que yo logro constatar es que vivimos una
situación que no tiene precedentes en la historia de la humanidad.
La complejidad del gigantismo de esta conurbación, la gravedad de la contaminación, la insuficiencia del transporte público, los enormes costos para bombear agua y desalojarla a través de obras como el drenaje profundo, con repercusiones de deterioro en otras regiones del país; la falta de servicios y vivienda digna, el desempleo, la comisión de delitos son sólo algunos de los aspectos que ha deteriorado el antiguo esplendor de lo que fuera la región más transparente o de lo que fuera llamada la Ciudad de los Palacios.
Cierto, nuestra ciudad ha recibido la emigración de todos los estados de la República por varias décadas y este mosaico ha creado costumbres y tradiciones que han enriquecido y forjado una cultura propia de la ciudad; sin embargo, a todas las calamidades que enfrentamos, hoy debemos agregar una más: los devastadores efectos de una de las más prolongadas crisis económicas. A raíz de estos factores, la emigración ha cambiado cualitativamente y quienes llegan a demandar empleo y servicios, han hecho crecer los asentamientos irregulares y en su lucha por la subsistencia se hace evidente otro efecto de la crisis.
La ciudad también alberga a los estratos sociales de gran poder económico, muchos de éstos beneficiarios de esquemas de desarrollo injusto, de una inflación desbordada, que aunque a todos afecta, ha contribuido a enriquecer más a los que más poseían.
Los indigentes se ven por todo el Centro Histórico de la ciudad, confundidos entre vendedores ambulantes, payasitos o tragafuegos en los cruceros o avenidas.
Hoy, el reto de la ciudad de México es de proporciones enormes y haría vacilar a muchos de los grandes hombres de este país; sin embargo, no podemos enfrentarlo sólo con lamentaciones, requerimientos de una nueva estrategia de desarrollo que resuelva el fondo los problemas, que abandone simulaciones y con claridad exponga alternativas de solución para convocar y movilizar el gran potencial social, solidario de la ciudad y que ésta ha demostrado tener, y éste es, quizá, la parte más importante de lo que es la filosofía y la sustentación del presupuesto de egresos para 1990.
Requerimos, es cierto, un nuevo perfil del servidor público, capaz de convocar a estas comunidades para enfrentar, sin temor, los cambios con un principio de equidad y de realismo.
Todo esfuerzo social se da, ahora, en un marco de empobrecimiento general que, desde luego, implica la escasez de los recursos públicos y requiere, por tanto, hoy más que nunca, de gran imaginación, de voluntad y vocación de servicio y, sobre todo, de una gran solidaridad social, que son los temas que aborda el presupuesto de egresos, y es la orientación social del gasto público, su principal objetivo.
Por ello, este presupuesto de egresos de 1990, ha causado tantas expectativas y tantas cuestiones en torno a su discusión en el Distrito Federal.
Las iniciativas tanto de Ingresos, Hacienda, como el Presupuesto de Egresos, guardan congruencia y apunta ya un cambio importante. Por una parte, en Ingresos y en Hacienda, se dieron modificaciones para que pague más el que más ha recibido y se plantea un esfuerzo de sanear las finanzas públicas mediante mayores recursos propios.
En Egresos, el gasto público se orienta a proteger grupos de menores ingresos mediante inversiones en transporte, seguridad pública, ecológica, salud, educación, abasto popular, servicios urbanos básicos y vivienda, siendo todos estos programas superiores al 55% del total del presupuesto.
El monto del presupuesto de egresos asciende a más de 7 billones de pesos, y a pesar de esta magnitud tan grande para muchos de nuestros compañeros que provienen de estados de la República, lo cierto es que resulta insuficiente para cubrir rezagos y al mismo tiempo, abarcar el ritmo de crecimiento de la ciudad, es decir, de viejas y nuevas demandas sociales válidas que buscan elevar la calidad de la vida.
Sin embargo, este presupuesto permite la operación y el mantenimiento de los servicios en este enorme Distrito Federal, y pese a sus limitaciones, su orientación ratifica y reafirma el pacto con las grandes mayorías; por su concentración y su sesgo, apunta a una nueva estrategia de desarrollo, a un enfoque metropolitano integral que se complementa con fuertes alternativas de financiamiento, con nuevos mecanismos de concentración y de consensos con los sectores privado y social, y en base a una nueva visión de lo que es la coordinación con las entidades federativas vecinas a este Distrito Federal y conurbadas con él.
Con imaginación, voluntad política y participación social, empezamos ya a recorrer el camino para recuperar el esplendor que tuvo la capital de todos los mexicanos; falta aún mucho por hacer, pero resulta alentadores los hechos; la respuesta
solidaria al programa "Hoy no Circula", la instrumentación concertada del rescate de Xochimilco, que por cierto, coincidimos con lo aquí expresado por el Partido Popular Socialista, debe darse en función del rescate de las tradiciones agrícolas de la zona y con pleno respeto a los derechos ejidales; la iniciación de nuevas obras como el Metro Zaragoza y la tramitación de la Federación de apoyos financieros para combatir la contaminación, entre muchos otros hechos.
Lo que los capitalinos haremos en los próximos años para salvar a la ciudad, será sin duda una página histórica en el mundo moderno. Los mecanismos de gobierno, las nuevas fórmulas de participación social y ciudadana, irán más allá del falso debate de que sin elecciones directas es imposible solucionar los problemas del Distrito Federal. Falso debate no por la que se refiere a la necesidad de democratizar las formas de gobierno de la ciudad, sino porque el problema no se reduce a la creación de una nueva entidad federativa y sus municipios, y esto se constata lo mismo en Naucalpan, Ecatepec o Chalco, lo cierto es que hoy avanzamos en un futuro sin duda distinto al del pasado, pero que vamos forjando e innovando en el presente.
Es el tiempo de la solidaridad; hoy es el tiempo del cambio y así lo recoge el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para 1990; es un presupuesto que asume y que responde a las necesidades sociales que han planteado la mayor parte de los ciudadanos del Distrito Federal, por lo cual pido a esta asamblea su voto a favor del dictamen puesto a su consideración. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Cumplido el turno de oradores, consulte la secretaría si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La C. secretaria Hilda Anderson Nevárez de Rojas: - Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El C. Presidente: - Para los efectos del artículo 134 del Reglamento, se pregunta a la asamblea si se va a reserva algún artículo para discutirlo en lo particular.
No habiendo reserva de artículos, procede la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
La C. secretaría Hilda Anderson Nevárez de Rojas: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señor Presidente, la secretaría informa que se emitieron 262 votos en pro y 116 en contra.
El C. Presidente: - Aprobados los artículos en lo general y en lo particular por 262 votos.
Esta Presidencia declara: aprobado en lo general y en lo particular el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 1990.
La C. secretaria Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
LEY DE PESCA
El C. Presidente: - En el transcurso de la sesión, la Comisión de Pesca entregó a esta Presidencia el dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Pesca.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, sírvase la secretaría consultar a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La C. secretaría Hilda Anderson Nevárez de Rojas: - Por instrucciones de la presidencia y votación económica, se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.. . Se dispensa la lectura al dictamen, señor Presidente.
«Comisión de Pesca.
Honorable asamblea: El titular del Ejecutivo Federal, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a consideración de este cuerpo legislativo iniciativa de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Pesca,
misma que se turnó para su estudio, discusión y dictamen a esta Comisión de Pesca, en cumplimiento a los dispuesto por los artículos 54, 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso.
La iniciativa de referencia fue oportunamente distribuida entre los diputados integrados de la comisión que emite el presente dictamen la que celebró múltiples reuniones de trabajo con la participación de representantes de las sociedades cooperativas de producción pesquera, del sector agrario, de servidores públicos de la Secretaría de Pesca, así como de diversos organismos que intervienen en dicha actividad.
Consideramos pertinente señalar que esta comisión, durante el presente año convocó a un foro de consulta popular en la materia que se desarrolló en seis reuniones verificadas en el Palacio Legislativo, con una destacada participación de los sectores público, social y privado. Asimismo, realizó giras de trabajo por diversas entidades costeras y, los planteamientos formulados fueron procesados por una subcomisión creada al efecto.
Tanto en el foro de consulta popular como en las reuniones de análisis de la iniciativa, la comisión recibió una amplia y valiosa información verbal y documentada, que le permite una valoración puntual de los argumentos vertidos en pro y en contra de la iniciativa precitada, todos los cuales constituyen la base del presente
DICTAMEN
En materia pesquera nuestro país dispone de cuantiosos recursos: 11 mil 500 kilómetros de litoral; 3 millones de kilómetros cuadrados de aguas jurisdiccionales mexicanas, más de medio millón de kilómetros cuadrados de plataforma continental y más de 2 millones 500 mil hectáreas de cuerpos de agua interiores. También cuenta con una ubicación geográfica estratégica , así como con diversos fenómenos oceanográficos que permiten una gran densidad y diversidad de especies marinas y de agua interiores.
No obstante el importante crecimiento de la producción pesquera registrado en los últimos años a un promedio anual de 5.5% entre 1978 y 1988, México cuenta con un gran potencial en la materia, especialmente en acuacultura, cuyo desarrollo es preciso impulsar de manera firme y sostenida.
En acuacultura tenemos un rezago indeseable pese a la riqueza y posibilidad de nuestros recursos naturales.
En efecto, disponemos de alrededor de 1 millón 300 mil hectáreas de aguas en grandes embalses y de 1 millón 600 mil hectáreas de aguas costeras protegidas.
De esta superficie debe destacarse aproximadamente 750 mil hectáreas corresponden a terrenos con vocación para el cultivo de peces, camarón y otros crustáceos, cuyo aprovechamiento es mínimo, del orden de 2.4% en particular del camarón con sólo 8 mil hectáreas.
Esta situación y la competencia en el mercado internacional, como consecuencia del desarrollo acelerado de la acuacultura en otros países, ha provocado el desplazamiento de nuestros productos en el mercado exterior.
El gobierno de la República ha trazado un ambicioso programa de impulso a actividades acuícolas, con la pretensión de lograr un crecimiento de más del 26% anual promedio en los próximos cinco años, a partir del impulso a una gran variedad de especies acuáticas, con lo que se duplicaría la ingestión de proteína de ese origen, de la población mexicana; se crearían 130 mil nuevo empleados, especialmente en el medio rural; se fortalecería la economía campesina y de los pescadores ribereños y se obtendrían divisas por un monto cercano a 1 mil 500 millones de dólares en el período.
Es importante destacar, que el crecimiento del mercado de productos acuícolas a nivel mundial es una realidad insoslayable y se dará con o sin la concurrencia de nuestro país. Debemos sumar esfuerzos para insertarnos en el nivel competitivo internacional, aprovechando las ventajas comparativas de que disponemos.
En ese contexto, y para la consecuencia de tales propósitos, se plantean reformas al marco jurídico que regula la actividad pesquera.
A fin de apoyar y promover su desarrollo integral en un ambiente de concertación entre los sectores público, social y privado, que además de promover su participación en la actividad, su regulación genere seguridad y confianza.
Para precisar la facultad de la Secretaría de Pesca en materia sanitaria de organismos vivos, esta comisión considera procedente la modificación a la fracción IX del artículo 16, a efecto de dejar establecido de manera expresa que es a dicha Secretaría , en coordinación con las dependencias.
competentes de la administración pública federal, a quien corresponde dictar las normas técnicas sanitarias a que debe sujetarse el manejo de las especies de la flora y fauna acuática y evitar que en las actividades acuícolas se produzcan epizootinas y con ello garantizar un sano desarrollo de la actividad pesquera, dada la importancia que habrá de tener la acuacultura en los próximos años, debido a la alta capacidad para producir alimentos de alto valor proteínico y como fuente generadoras de empleos.
Asimismo, en el artículo 17 esta comisión juzgó pertinente modificar las fracciones II y V, para dejar expresamente establecida la atribución de la Secretaría de Pesca de determinar qué explotaciones acuícolas, de acuerdo con las condiciones técnicas y naturales, deberán abastecerse de postlarvas, crías y semillas procedentes de laboratorio, así como la de fijar las zonas de su producción, lo cual dará mayor seguridad al desarrollo de la actividad pesquera, sin perjuicio de la preservación de los recursos.
La importancia de la acuacultura es innegable, de suerte que resulta impostergable fortalecer y apoyar el desarrollo de esta actividad, considerando el gran potencial del país en la materia, por tanto, como ya quedó citado con anterioridad, se impone la necesidad de dotar a la actividad acuícola de un marco jurídico adecuado que permite alentar la participación de los sectores económicamente activos, para aumentar la oferta de productos, especialmente los destinados al mercado nacional, y de este modo cumplir cabalmente con las metas que se establecen en el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994.
Por las razones anteriores, esta Comisión de Pesca llegó a la conclusión de que es necesario reformar el artículo 24 de la Ley Federal de Pesca en vigor, para permitir a ejidos y comunidades, así como personas físicas y morales de nacionalidad mexicana, participar en el proceso del cultivo de las especies reservadas a las sociedades cooperativas de producción pesquera, incluidas las ejidales y comunales.
Esta comisión, ante las inquietudes manifestadas por las representaciones nacionales del cooperativismo pesquero en relación con sus posibilidades reales de participar en el desarrollo de la acuacultura, consideró necesario adicionar una fracción al artículo 16 en la que se hace expresa la facultad de la Secretaría de Pesca para que en coordinación con otras dependencias del Ejecutivo Federal y mediante las acciones que fueron necesarias, tales como financiamiento, apoyo técnico y de infraestructura, garantice dicha participación.
De igual manera, y con el propósito de fortalecer las medidas de protección y conservación de los recursos pesqueros, esta comisión consideró necesario hacer expresa la obligación de los titulares de las concesiones de acuacultura de apoyar los programas de la Secretaría de Pesca en materia de repoblamiento del medio natural en los términos y condiciones que ésta señala, para lo cual, se modifica el artículo 34 en su fracción VII.
Otra vertiente de la propuesta consiste en liberar también a los ejidos y comunidades de la obligación de organizarse en sociedades cooperativas para dedicarse al cultivo de especies reservadas, lo cual resulta congruente con la legislación agraria que reglamenta a dichas organizaciones del sector social, y constituye además una modificación que se traduce en un apoyo de la mayor importancia para este sector, al evitarle múltiples trámites que era necesario satisfacer para constituir las cooperativas acuícolas. Por otra parte, la reforma a la fracción IV del artículo 36 tiene como finalidad el dejar claro que sólo se requiere permiso de la Secretaría de pesca para introducir especies vivas en cuerpos de agua de jurisdicción federal, en congruencia con lo previsto en el artículo 27 de la Constitución Federal.
En lo que toca a la derogación de la fracción II del artículo 44, que prevé el requisito de obtener autorización de la Secretaría de Pesca para adquirir de primera mano las especies reservadas, esta comisión estima que la misma obedece a un criterio de desregulación económica - administrativa que facilite tanto a los productores como a los compradores las actividades comerciales y evitar así el intermediarismo innecesario que lo único que provoca es repercutir el costo de los productos que finalmente pagan los consumidores.
Congruente con la derogación apuntada, se hizo necesario suprimir la referencia a esa fracción II en el párrafo último de dicho dispositivo legal, para que la obligación de informar periódicamente a la Secretaría Pesca sólo subsista respecto de los actos comerciales que tengan por objeto destinar los productos y subproductos de la flora y fauna acuática a fines distintos al de la alimentación humana directa a que se refiere la fracción III del mismo artículo 44. En razón de esto último, se determinó la conveniencia de que el aludido párrafo último del 44 pase a ser el segundo párrafo de la fracción III de dicho precepto legal.
La reforma al artículo 55, en opinión de esta comisión, no es más que la consecuencia de las reformas al artículo 24, toda vez que el espíritu de esta modificación es el de mantener el régimen de especies reservadas, en favor de las sociedades
Cooperativas de producción pesqueras, incluidas las ejidales y comunales, sólo en lo que toca a la captura de las mismas.
El artículo 71 fue también contemplado en la iniciativa de reformas, puesto que en este caso, según lo advirtió la comisión se propone establecer con mayor claridad el concepto de acuacultura, precisando que en el cultivo de la flora y fauna acuática habrá de intervenir el empleo de métodos y técnicas para su siembra y desarrollo controlado, y aunque la propia iniciativa no lo aclara, esta misma comisión considera que tal disposición habrá de ser objeto de la reglamentación pertinente por parte del Ejecutivo Federal.
El artículo 80 de la ley en vigor prevé la expedición de guías que amparen el traslado de productos provenientes de la pesca en estado fresco, enhielado o congelado. A este respecto se propone su derogación atendiendo a la política de actualizar las normas de regulación de la actividad productiva para simplificar trámites, propiciar el abatimiento de costos y hacer más dinámico el proceso de la comercialización de los productos pesqueros.
En la iniciativa que se analizó, se propone igualmente la adición a la fracción V del artículo 90, lo que en opinión de esta dictaminadora resulta indispensable para precisar que también es motivo de infracción facturar o amparar productos que no se hubieren obtenido en los términos no sólo de la concesión, sino también del permiso o autorización.
Otro aspecto que ocupó nuestro análisis, es aquel al que alude el artículo 94, primer párrafo, que prevé el destino de los productos y objetos decomisados, así como el de las capturas incidentales de especies reservadas no son objeto de decomiso porque la captura incidental no constituye infracción a la Ley Federal de Pesca, y consecuentemente el Estado no tiene porqué intervenir en el destino de este producto.
Así también la modificación que se propone a la fracción IV del citado artículo 94, resulta lógica en lo concerniente al decomiso de productos en veda, respecto de los cuales actualmente se impone la obligación de proceder a su destrucción, puesto que pueden ser aprovechados en la alimentación humana, motivo por el que se ha aprobado por esta comisión dicha reforma, para dar estos productos una aplicación más útil en beneficio de la colectividad.
Como resultado de derogar el artículo 80, que establece la obligación de contar con el documento denominado guía de pesca para trasladar productos pesqueros en estado natural, enhielados o congelados, se requiere igualmente derogar la fracción XX del artículo 16. De igual manera, se hace necesario a juicio de esta comisión modificar el artículo 81 para establecer que será la factura correspondiente el documento que amparará la transportación de los productos pesqueros en sustitución de la guía de pesca. Como consecuencia de la eliminación de las guías de pesca y de las autorizaciones de adquisición en venta de primera mano, procede derogar las infracciones y sanciones previstas en los artículos 90, fracciones XXXIV y XLII y 93, fracciones XXXIV, XLII, respectivamente, dado que las mismas se vinculan con los citados documentos.
Otro aspecto de la actividad pesquera que esta comisión consideró necesario revisar, con independencia de las propuestas de la iniciativa preferencial como resultado de las insistentes demandas de los diversos sectores vinculados a las actividades pesqueras; es el relacionado con las infracciones y sanciones que corresponden a los capítulos XV y XVI de la Ley Federal de Pesca. Al efecto se propone actualizar las sanciones correspondientes a las infracciones previstas en las fracciones V, XXI, XXII, XXXIII y XL del artículo 93 de dicho ordenamiento jurídico, de acuerdo con su gravedad y conforme a las consideraciones que fueron estimadas como válidas por esta comisión.
Esta comisión estima procedente aumentar la sanción prevista en el artículo 90, fracción V, de la Ley Federal de Pesca, que se refiere a facturar productos que no hubieren sido obtenidos en los términos del permiso, concesión o autorización, con el objeto de desalentar la pesca ilegal.
Se estimó necesario incrementar la sanción prevista en la fracción XXI del artículo 90, que se refiere a la destrucción, recolección y comercialización de nidos o huevos de las especies pesqueras, que a nuestro juicio tienen una sanción demasiado leve para los infractores, no obstante la gravedad de la falta, puesto que en la mayoría de los casos se incluye el huevo de tortuga, especie que actualmente requiere de mayor protección, en virtud de que algunas de estas especies corren el grave peligro de extinción.
La fracción XXII del propio artículo 90, señala como infracción extraer o capturar especies declaradas en veda. A este respecto debe señalarse que el propósito de proteger las especies declaradas en veda, es el de evitar que se ponga en peligro la actividad pesquera, de donde esta
comisión concluye que la sanción resulta leve en relación con la gravedad de la falta, puesto que la conducta constituye una actividad depredadora de los recursos naturales, que el Estado tiene el deber de proteger en beneficio de la colectividad, por lo que se considera un imperativo incrementar la sanción.
Por otra parte, la fracción XXXIII del artículo 90 establece como infracción el capturar especies reservadas por pescadores que no estén organizados en sociedades cooperativas de producción pesquera. Sobre este particular ha habido un reclamo constante del sector social cooperativo, para que se proteja con energía por parte del Estado de reserva de las especies que en favor de las cooperativas prevé la Ley Federal de Pesca.
Atendiendo esta comisión a tal reclamo y considerando que es necesario fortalecer a las organizaciones sociales para el trabajo, se ha estimado conveniente la medida de aumentar la sanción, para evitar en lo posible el menoscabo de los intereses del sector social.
Otro planteamiento que ante esa comisión hizo con energía el sector pesquero en general, ha sido el de que se busque por todos los medios combatir la pesca furtiva, así como a quienes comercian con especies obtenidas ilegalmente, por lo que se propone, a efecto de inhibir estas conductas ilegales, incrementar la sanción a la infracción prevista en la fracción XL del artículo 90 que se refiere a la obligación de demostrar documentales la legal procedencia de los productos de flora y fauna acuáticas por parte de quienes comercian con ellos.
Finalmente, por lo que se refiere al plazo de entrada en vigor del decreto correspondiente, la iniciativa propone que el mismo surta efectos a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo, esta comisión, considerando los planteamientos de los sectores interesados en el desarrollo del sector pesquero, particularmente de la representación de las sociedades cooperativas de producción pesquera, estima que deberá ampliarse dicho plazo a 120 días naturales para la derogación de los preceptos relacionados con las guías de pesca y permisos para venta de primera mano y de 90 días naturales para el resto de los preceptos, con posterioridad respectiva, a fin de dar lugar a que concluya la temporada de camarón en el próximo mes de mayo, evitando así posibles conflictos sobre la regularización del traslado y comercialización del producto, con motivo de la eliminación de la guía de pesca y los permisos de venta de primera mano de especies reservadas.
Asimismo, este lapso permitiría a la Secretaría de Pesca instrumentar y operar el sistema de sanidad, así como establecer la normatividad sobre la participación del sector privado y de ejidos y comunidades en el cultivo de especies reservadas, y en general las medidas administrativas procedentes relacionadas con los preceptos que se reforman, adicionan o derogan de la Ley Federal de Pesca.
Por los razonamientos y juicios expuestos en el presente dictamen, la Comisión de Pesca somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PESCA
Artículo único. Se reforman los artículos 16, fracción IX y fracción XXIX, esta última para pasar a ser la fracción XXX sin modificación al texto; 17, fracción II; 24, 34, fracción VII; 36, fracción IV, 44, último párrafo que pasa a ser parte de la fracción III; 55, 71, 81, 90, fracción V: 93 en sus fracciones V, XXI, XXII, XXXIII y XL; y 94, primer párrafo y fracción IV; se adiciona el artículo 16 con una fracción, la XXIX, y se derogan los artículos 16, en su fracción XX; 44, en su fracción II; 80, 90, en sus fracciones XXXIV y XLII; y 93, en sus fracciones XXXIV y XLII, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 16.
I a VIII.
IX. Regular la introducción, en cuerpos de agua de jurisdicción federal, de especies ajenas a la flora y fauna acuáticas locales; definir las normas técnicas sanitarias a que deberán sujetarse las especies acuáticas vivas para garantizar su sano desarrollo y comprobar las medidas de prevención y control en materia de sanidad acuícola, en coordinación con las dependencias competentes de la administración pública federal;
X a XIX.
XX. (Derogada.)
XXI a XXVIII.
XXIX. Realizar en coordinación con otras dependencias del Ejecutivo Federal, las acciones necesarias para garantizar la participación del sector social en el desarrollo de la acuacultura, y
XXX. Las demás que se desprendan de esta ley o le recomienden expresamente otras leyes y reglamentos.
Artículo 17.
I.
II. Determinará las épocas y zonas de veda de las especies acuáticas, así como las zonas de reserva en aguas interiores y frentes de playa exclusivas para la producción de postlarvas, crías y semillas, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología;
III a IV.
V. Fijará los métodos y medidas aplicables o indispensables para la conservación, cultivo o repoblación de los recursos pesqueros y participará en la determinación de las especies en peligro de extinción, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
Determinará de acuerdo con las condiciones técnicas y naturales, las explotaciones acuícolas que deberán abastecerse de postlarvas, huevos, semillas y alevines, procedentes de laboratorio;
VI a X.
Artículo 24. La Secretaría de Pesca sólo expedirá concesiones para la captura de especies reservadas a que se refiere el artículo 55 de esta ley, a las sociedades cooperativas de producción pesquera y a las sociedades cooperativas pesqueras, ejidales y comunales.
La Secretaría de Pesca podrá otorgar concesiones para el cultivo de las especies reservadas en aguas de jurisdicción federal, a las sociedades cooperativas de producción pesquera, incluidas las ejidales y comunales, a ejidos y comunidades, a personas físicas y a personas morales de nacionalidad mexicana. El cultivo de especies reservadas en tierras ejidales y comunales será realizada de conformidad con lo dispuesto por esta ley y su reglamento y la Ley Federal de Reforma Agraria.
La Secretaría de Pesca podrá, asimismo, otorgar permisos a los centros oficiales de enseñanza, investigación y desarrollo pesquero, para la pesca de fomento, así como autorizaciones para realizar actividades didácticas sobre especies reservadas. Igualmente podrá expedir permisos a las sociedades cooperativas de producción pesquera, incluidas las ejidales y comunales, y a ejidos y comunidades, para recolectar del medio natural postlarvas, crías, huevos y semillas para el cultivo de dichas especies.
Artículo 34.
I A VI.
VII. Coadyuvar con el gobierno federal en la preservación del medio ecológico y la conservación y reproducción de especies. En el caso de la acuacultura deberán apoyar los programas de repoblamiento del medio natural en los términos y condiciones que fije la Secretaría de Pesca;
VIII a XVI.
Artículo 36.
I a III.
IV. La introducción de especies vivas en cuerpos de agua de jurisdicción federal;
V a VIII.
Artículo 44.
I.
II. (Derogada.)
III. Destinar los subproductos de la flora y fauna a fines distintos al de la alimentación humana directa.
La autorización faculta a estas personas para realizar todos los actos de comercio relativos a la compraventa de productos pesqueros e implica la obligación de informar periódicamente a la Secretaría de Pesca en la forma que los señale el reglamento de esta ley.
IV y V.
Artículo 55. Se declaran especies reservadas para su captura por las sociedades cooperativas de producción pesquera, incluidas las ejidales y comunales, las siguientes: abulón, almeja pismo, cabrilla, camarón, langosta de mar, ostión, tortuga marina y totoaba.
Artículo 71. Para los efectos de esta ley, por acuacultura se entiende el cultivo de la flora y fauna acuática, mediante el empleo de métodos y técnicas para su desarrollo controlado en aguas continentales, interiores, el mar territorial, la zona económica exclusiva y los cuerpos de agua que se construyan.
Artículo 80. (Derogado.)
Artículo 81. La transportación de los productos pesqueros en territorio nacional deberá efectuarse en vehículos mexicanos, al amparo de la factura correspondiente.
Artículo 90.
I a IV.
V. Facturar o amparar productos pesqueros que no hubieran sido obtenidos en los términos de su concesión, permiso o autorización;
VI a XXXIII.
XXXIV. (Derogada.)
XXXV a XLI.
XLII. (Derogada.)
Artículo 93.
Por cometer la infracción Se aplicará En su caso la multa prevista en el artículo sanción correspondiente 90 Inciso conforme al se aplicará de acuerdo artículo 91de la con el tabulador del presente ley con la artículo 92 de la categoría de la: presente
I a IV.
V. 4 C
VI a XX.
XXI. 4 B
XXII. 4 C
XXIII a XXXII.
XXXIII. 4 C
XXXIV. (Derogada.)
XXXV a XXXIX.
XL. 4 B
XLI........................................................................................................................
XLII. (Derogada.)
Artículo 94. A los productos y bienes decomisados, se les dará el destino que disponga la Secretaría de Pesca, conforme a las siguientes alternativas:
I a III.
IV. Su destrucción, en el caso de artes de pesca prohibidas o productos en estado de descomposición.
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 90 días naturales, contando a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo en los casos de los artículos 16, fracción XX; 44, fracción II; 80, 81, 90, fracciones XXXIV y XLII; y 93, fracciones XXXIV y XLII, cuya derogación o modificación surtirá efectos, a los 120 días naturales de dicha publicación.
Segundo. La Secretaría de Pesca a la entrada en vigor del presente decreto pondrá en ejecución las medidas administrativas que procedan en relación con los preceptos que en el mismo se reforman, adicionan y derogan.
Tercero. Las sociedades cooperativas de producción pesquera, incluidas las ejidales y comunales, titulares de las concesiones otorgadas hasta la fecha para el cultivo de especies reservadas, podrán continuar en el ejercicio de las actividades que amparen las mismas, hasta la extinción de las concesiones.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, diciembre 21, 1989. - Diputados: Armando Duarte Móller, Antonio Benjamín Manríquez Guluarte, Ricardo Olivares Pineda, Rafael Aguilar Talamantes, Juan Albarrán Castañeda, Jaime Almazán Delgado, Héctor Beltrán Manríquez, Francisco de Jesús Cabrera González, Jorge Camacho Cabrera, Marco Antonio Castellanos López, Constantino Cirilo Palacios, Antonio Cruz Sánchez, Jesús Alfredo Fernández Gardea, Américo Javier Flores Nava, Raúl García Leal, Luis González Ruíz, Graciela Patricia Gómez Rodríguez de Ibarra, Ignacio González Barragán, Benito Juárez Camacho, Juan Rodolfo López Monroy, José Manuel Martínez Aguirre, José Ignacio Martínez Tadeo, Isidoro Mendoza de la Cruz, Juan Mesina Alatorre, Jorge Enrique Minet Ortíz, Crescencio Morales Orozco, Ambrosio Montellano Bustos, Pablo Moreno Cota, Rafael Núñez Pellegrín, José Luis Parra Rubio, David Ramírez Márquez, Salvador Revueltas Olvera, Ernesto Rivera Herrera, Neftalí Rojas Hidalgo, Jesús Ramón Rojo Gutiérrez, Benito Fernando Rosell Isaac, Espiridión Sánchez López, Salvador Sánchez Vázquez, Eraclio Soberanis Sosa, Horacio Treviño Valdez, Ramón Alejo Valdez López, María Esther Valiente Govea y María Eduwiges Vega Padilla.»
Trámite: - Primera lectura.
SOBRE EL RESPETO A LAS CREENCIAS RELIGIOSAS
El C. Presidente: - Tiene la palabra para una declaración en relación al respeto a las creencias religiosas, el ciudadano diputado Juan Jaime Hernández, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El C. Juan Jaime Hernández: - Ciudadano Presidente; ciudadanos diputadas y diputados: El
El día de ayer en esta tribuna el pueblo creyente de México fue objeto de una agresión a sus sentimientos de su religiosidad por parte del diputado Francisco Ortíz Mendoza, del Partido Popular Socialista, al mofarse e interpretar a su manera el libro del "Génesis", parte esencial de los libros religiosos de los católicos mexicanos; por ello, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana plantea la necesidad de que al margen de las ideologías políticas que se debatieron ayer se desagravie a los mexicanos que practican la religión católica en nuestro país y por ende con todo respeto le diremos al diputado Ortíz Mendoza que el "Génesis" es un libro sagrado que debe respetar, así como nosotros respetamos sus creencias, religiosas políticas y sociales y que el contenido del "Génesis" es el siguiente:
In principio creavit Deus caelum, et terram. Terra autem erat inanis, et vacua, el tenebrae erant super faciem abyssi: et spiritus dei ferebatur super aquas. Dixitque Deus: fiat lux. Et facta est lux. Et vidit Deus lucem quod esset bona: et divisit lucem a tenebris. Appellavit que lucem diem, et tenebras noctem: factumque est vespere, et mane, dies unos. Dixit quoque Deus: fiat firmamentum in medio aquarum: et dividat aquas ab aquis. Et fecit Deus firmamentum, divisitque aquas, queae erant sub firmamento, ab his, quae erant super firmamentum. Et factum est ita. Vocavitque Deus firmamentum caelum: et factum est vespere, et mane, dies secundus. Dixit vero Deus: congregentur quae, aquae sub caelo sunt, in locum unum: et appereat arida. Et factum est ita. Et vocavit Deus aridam, terram: congregationnes que aquarum appellavit María. Et vidit Deus quod esset bonum. Et ait: germinet terra herbam virentem, et facientem semen, et lignum pomiferum faciens fructum juxta genus suum, cujus semen in semetipso sit super terram. Et factum est ita. Et protulit terra herbam virentem, et facientem semen juxta genus suum, lignumque faciens fructum, et habens unumquodque smentem secundum speciem suam. Et vidit Deus quod esset bonum. Et factum est vespere, et mane, dies tertius. Dixit autem Deus: fiant luminaria in firmamento caeli, et dividant diem, ac noctem, et sint in signa, et tempora, et dies, et annos: ul luceant in firmamento caeli, et illuminent terram. Et factum est ita. Fecitque Deus duo luminaria magna: luminare majus, ut praeesset diei: et luminare minus, ut praeesset nocti: et stellas. Et posuit eas in firmamento caeli, ut lucerent super terram, et praeessent diei ac nocti, et dividerent lucem, ac tenebras. Et vidit Deus quod esset bonum. Et factum est vespere, et mane, dies quartus. Dixitetiam Deus: producant aquae reptile animae viventis, et volatile super terram sub firmamento caeli. Creavitque Deus cete grandia, et omnem animam viventem atque motabilem, quam produxerant aquae in species suas, et omne volatile secundum genus suum. Et vidit Deus quod esset bonum. Benedixitque eis, dicens: crescite, et multiplicamini, et replete aquas maris: avesque multiplicentur super terram. Et factum est vespere, et mane, dies quintus. Dixit quoque Deus: producant terra animam viventem in genere suo: jumenta et repitilia, et bestias terrae secundum species suas. Factumque est ita. Et fecit Deus bestias terrae juxta species suas, et jumenta, et omne reptile terrae in genere suo. Et vidit Deus quod esset bonum, et ait: faciamus hominem ad imaginem, et similitudinem nostram: et praesit piscibus maris, et volatilibus caeli, et bestiis, universaeque terrae, omnique repitili, quod moventur in terra. Et creavit Deus hominem ad imaginem suam: ad imaginem dei creavit illum, masculum et feminam creavit eos. Benedixitque illis Deus, et ait: crescite, et multiplicamini, et replete terram, et subjicite eam, et dominamini piscibus maris, et volatilibus caeli, et universis animantibus, quae moventur super terram. Dixitque Deus: ecce dedi vobis omnem herbam afferentem semen super terram, et universa ligna, quae habent in semetipsis sementen generis sui, ut sint vobis in escam: et cunctis animantibus terrae, omnique volucri caeli, et universis, quae moventur in terra, et in quibus est anima vivens, ut habeant ad vescendum. Et factum est ita. Viditque Deus cuncta, quae fecerat: et erant valde bona. Et factum est vespere, et mane, dies sextus. Igitur perfecti sunt caeli, et terra, et omnis ornatus eorum. Complevitque Deus die séptimo opus suum, quod fecerat: et requievit die séptimo ab universo opere quod patrarat.
(En el principio creo Dios el cielo y la Tierra. La Tierra empero estaba informe y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo; y el espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dijo, pues, Dios: hágase la luz. Y la luz quedó hecha. Y vio Dios que la luz era buena y dividió la luz de las tinieblas: a la luz la llamó día y a las tinieblas noche, y así de la tarde aquélla y de la mañana siguiente resultó el primer día. Dijo asimismo Dios: haya un firmamento en medio de las aguas, que separe unas aguas de otras. E hizo Dios el firmamento, y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de aquellas que estaban sobre el firmamento. Y quedó hecho así. Y al firmamento llamóle Dios cielo. Con lo que de tarde y de mañana, se cumplió el día segundo. Dijo también Dios: reúnanse en un lugar las aguas que están debajo del cielo y aparezca lo árido. Y así se hizo. Y al elemento árido diole Dios el nombre de tierra, y a las aguas reunidas las llamó mares. Y vio Dios que lo hecho era bueno. Dijo asimismo: produzca la tierra hierba verde y que dé simiente, y plantas fructíferas que den fruto conforme a su especie y contengan en sí
mismas su simiente sobre la tierra. Y así se hizo. Con lo que produjo la tierra hierba verde y que da simiente según su especie, y árboles que dan fruto, de los cuales cada uno tiene su propia semilla según la especie suya. Y vio Dios que la cosa era buena. Y la tarde y mañana resultó el día tercero. Dijo después Dios: haya lumbreras en el firmamento del cielo, que distingan el día y la noche, y señalen los tiempos, los días y los años; a fin de que brillen en el firmamento del cielo y alumbren la Tierra. Y fue hecho así. Hizo, pues, Dios, dos grandes lumbreras: la lumbrera mayor, para que presidiese al día, y la lumbrera menor, para presidir a la noche; y las estrellas, y colocadas en el firmamento del cielo, para que resplandeciesen la Tierra y presidiesen al día y a la noche y separasen la luz de las tinieblas. Y vio Dios que la cosa era buena. Con lo que de tarde y mañana resultó el día cuatro. Dijo también Dios: produzcan las aguas reptiles animados que vivan en el agua, y aves que vuelen sobre la tierra debajo del firmamento del cielo. Creó, pues, Dios, los grandes peces y todos los animales que viven y se mueven, producidos por las aguas según sus especies, y asimismo todo volátil según su género. Y vio Dios que lo hecho era bueno. Y bendíjolos, diciendo: creced y multiplicaos y henchid las aguas del mar; y multiplíquense las aves sobre la tierra. Con lo que de la tarde y mañana, resultó el día quinto. Dijo todavía Dios; produzca la tierra animales vivientes en cada género, animales domésticos, reptiles y bestias silvestres de la tierra según sus especies. Y fue hecho así. Hizo, pues, Dios, las bestias silvestres de la tierra según sus especies, y los animales domésticos y todo reptil terrestre según su especie. Y vio Dios que los hecho era bueno y por fin dijo: hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra; y domine a los peces del mar, y a las aves del cielo y a las bestias, y a toda la tierra y a todo reptil que se mueve sobre la tierra. Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya; a imagen de Dios lo creó, creólos varón y hembra. Y echóles Dios su bendición y dijo: creced y multiplicaos y henchid la tierra, y enseñoreaos de ella y dominar a los peces del mar, y a las aves del cielo y a todos los animales que se mueven sobre la tierra. Y añadió Dios: ved que os he dado todas las hierbas que producen simiente sobre la tierra, y todos los árboles que tienen en sí mismos simiente de su especie, para que os sirvan de alimento a vosotros y a todos los animales de la tierra, y a todas las aves del cielo y a todos cuantos animales vivientes se mueven sobre la tierra, a fin de que tengan que comer. Y así se hizo. Y vio Dios todas las cosas que había hecho, y eran en gran manera buenas. Con lo que de la tarde y de la mañana se formó el día sexto. Quedaron pues, acabados los cielos y la Tierra y todo el ornato de ellos. Y completó Dios al séptimo día la obra que había hecho; y en el día séptimo reposó de todas las obras que había acabado.)
En consecuencia, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana en cuya declaración de principios, programas de acción y estatutos, se proclama el respeto pleno a la Constitución emanada de la ideología de la Revolución de 1910, y que en cuando a la libertad de creencias religiosas, de práctica de las mismas, las ceremonias, devociones y actos de culto se consagran en el artículo 24 de nuestra Carta Magna, que establece la libertad de profesar alguna creencia religiosa, como también la de no tener ninguna, respetando la libertad de conciencia y protegiéndola al señalar que el Congreso no está facultado para dictar leyes que establezcan o prohiban religión alguna.
La libertad de conciencia y la de cultos en unión con la de pensamiento y de imprenta, demuestra una actitud de máximo respeto a la dignidad de la persona, así como el reconocimiento de que sólo los hombres libres pueden ser dueños de su futuro y realizar con plena responsabilidad la propia vida y la de sus pueblos.
Y ahora, sólo me resta decirles que la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución mexicana, desea a todos los señores diputados que: Lux fulgebit hodie superno (Que la felicidad resplandezca hoy entre nosotros).
El C. Presidente: - El diputado Gustavo Rosario Torres, ha depositado en la secretaría su intervención pidiendo se inserte en el Diario de los Debates.
«Compañeros diputados: El día de hoy, el pueblo de México ha recibido la noticia del fallecimiento del maestro de varias generaciones de periodistas, don José Pagés Llergo.
La suya, fue una larga y fructífera existencia, que ha dejado profunda huella en la historia del periodismo nacional y en la conformación de una opinión pública que durante varias décadas, pudo encontrar semana a semana un foro de expresión libre del pensamiento mexicano y universal en la revista Siempre.
En efecto, a lo largo de más de 1 mil números de la revista, el pueblo de México ha leído a las mejores plumas de este país, lo mismo en la política, que en la cultura o la historia, porque Siempre ha sido reflejo fiel del acontecer de la nación y en ella ha encontrado cabida la reflexión serena, el juicio certero, la vehemente colaboración, la profundidad filosófica y los elocuentes
cartones que a modo de editoriales, dieron una presencia singular a ese producto magistral del profesionalismo del maestro Pagés.
Varias son las notas distintas que la vida de don Pepe Pagés, dedicada por entero al periodismo, dejó como legado imperecedero: su amor a la libertad, el enorme respeto que en todo tiempo tuvo por las ideas ajenas, su pleno dominio del oficio, su objetividad traducida en ese pluralismo que siempre alentó en sus colaboradores, y si en algo pudiera resumir todo esto, simplemente le llamaría congruencia, y así fue José Pagés Llergo, congruente siempre, además de tenaz y valiente.
Estas son, compañeros, algunas de las muchas razones por las que los diputados electos por el pueblo de Tabasco para representarlos en esta honorable Cámara, hemos considerado importante expresar desde esta tribuna que en José Pagés Llergo, Tabasco ha perdido a uno de sus más ilustres hijos, sólido pilar del periodismo nacional y, México, ha perdido uno de los mejores exponentes del periodismo limpio y veraz, don Pepe Pagés fue un tabasqueño que honró a la tierra que lo vio nacer y un mexicano que supo imprimir vitalidad y talento al México contemporáneo.
México, Distrito Federal, a 22 de diciembre de 1989. - Diputado Gustavo Rosario Torres, coordinador de la diputación de Tabasco.»
Continúe la secretaría con el trámite.
ORDEN DEL DÍA
La C. secretaria Hilda Anderson Nevárez de Rojas: - Señor Presidente, la secretaría informa que se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Período Ordinario de Sesiones. - Segundo Año. - LIV Legislatura.
ORDEN DEL DÍA
26 de diciembre de 1989.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Dictámenes de primera lectura
De la comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto que abroga la Ley Orgánica del Banco Nacional Pesquero y Portuario.
De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto que abroga la Ley que crea el Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones de Seguros.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga disposiciones de la Ley de Sociedades de Inversión.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga disposiciones de la Ley del Mercado de Valores.
Declaraciones
Del ciudadano diputado Javier Gaeta Vázquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el CLXXIV aniversario luctuoso del generalísimo José María Morelos y Pavón.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el valor del bien común.
Y los demás asuntos con los que la secretaría dé cuenta.»
El C. Presidente (a las 0.30 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 26 de diciembre a las 16.00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA
Y DIARIO DE LOS DEBATES