Legislatura LIV - Año II - Período Ordinario - Fecha 19891228 - Número de Diario 23
(L54A2P1oN023F19891228.xml)Núm. Diario:23ENCABEZADO
LIV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Dip. José Luis Lamadrid Sauza
RECINTO LEGISLATIVO
CENTRO MEDICO NACIONAL
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Lic. Héctor de Antuñano y Lora
Año II México, D. F., jueves 28 de diciembre de 1989 No. 23
SUMARIO
ASISTENCIA
La secretaría notifica que hay quórum.
APERTURA
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión, se aprueba.
DE LAS COMISIONES DE PATRIMONIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
El diputado Enrique Riva Palacio Galicia informa sobre la invitación al Secretario de Comunicaciones y Transportes, para que informe sobre los planes de Teléfonos de México.
En contra el diputado Modesto Cárdenas García.
DEL COMITÉ
DE BIBLIOTECAS
El diputado Eugenio Ortíz Walls informa sobre sus actividades.
ARTICULO 123
CONSTITUCIONAL
El diputado Guillermo Islas Olguín, a nombre de su partido, presenta una iniciativa de reformas al artículo 123, apartado A, fracciones V y XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
DE LA REPÚBLICA
DE PANAMÁ
El diputado Jesús Luján Gutiérrez, a nombre de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, hace una declaratoria sobre la situación que vive este país
hermano, con una propuesta para el retiro inmediato de las fuerzas invasoras y el respeto a la vida.
Intervienen para razonar su voto los diputados, Israel Galán Baños, Patricio Estévez Nenninger, Manuel Marcué Pardiñas, Alexandro Martínez Camberos, Gerardo Medina Valdés y Gonzalo Martínez Corbalá. Se aprueba la propuesta presentada.
La Presidencia tiene la propuesta del diputado Patricio Estévez, en relación a esta declaratoria a la Comisión de Relaciones Exteriores.
El diputado José Antonio Carlos Hernández presenta una propuesta. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
El diputado Francisco Curi Pérez Fernández propone no asistir a la reunión México-Estados Unidos de América.
Debaten sobre esta propuesta los diputados Rubén Venadero Valenzuela, Osiris Cantú Ramírez, Israel Félix Galán Baños y Carlos Navarrete Ruíz. Se turna a la Gran Comisión y a la Comisión de Relaciones Exteriores.
DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA
Proposición del diputado Alfredo Arenas Rodríguez para constituir una reserva de la biosfera, en el estado de Baja California. Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
ABROGACIÓN DE LA LEY
QUE CREA EL FONDO
DE GARANTÍA Y FOMENTO
A LA INDUSTRIA
MEDIANA Y PEQUEÑA
De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto que abroga esta ley. Se le dispensa la segunda lectura al dictamen.
A discusión en lo general, intervienen los diputados Tomás Gutiérrez Narváez, en contra; Rafael Melgoza Radillo, en contra; Humberto Esqueda Negrete, en contra; Jaime Enríquez Félix, en contra; José Moreno Sada, en pro y Mario Leal Campos, para rectificar hechos.
Se aprueba en lo general y en lo particular el decreto que abroga la Ley que Crea el Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
ABROGACIÓN DE LA LEY
DEL BANCO NACIONAL
PESQUERO Y PORTUARIO
De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto que abroga esta ley. Se dispensa la segunda lectura al dictamen.
A discusión en lo general intervienen los diputados Jesús Ramón Rojo Gutiérrez, en contra; Miguel Montes García, Jesús Arellano Aguilar y Pablo Gómez Alvarez, para rectificar hechos; nuevamente Miguel Montes García, para alusiones personales; Juan Miguel Alcántara Soria, Juan Jaime Hernández y José Trinidad Lanz Cárdenas, para rectificar hechos.
Continúan la discusión del dictamen los diputados Juan Miguel Alcántara Soria, para alusiones personales; Leonel Godoy Rangel, Dionisio Pérez Jácome, Gerardo de Jesús Arellano Aguilar y Federico Ruíz López, para hechos y Bernardo Bátiz Vázquez, para hacer una proposición.
Se aprueba la proposición presentada por el diputado Bernardo Bátiz Vázquez.
Nuevamente debaten en lo general para la abrogación de esta Ley los diputados Alberto Pérez Fontecha, Heray Lescieur Molina y Jesús Ortega Martínez, en contra; Ricardo Olivares Pineda, en pro; Jesús
Ramón Rojo Gutiérrez, para alusiones personales; Israel Félix Galán Baños y Armando Duarte Móller, en contra; Raúl García Leal, para aclaraciones y Rogelio Montemayor Seguy, para rectificar hechos.
Se aprueba en lo general y en lo particular el decreto que abroga la Ley Orgánica del Banco Nacional Pesquero y Portuario. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
SOBRE LOS JUBILADOS
Y PENSIONADOS
El diputado Juan Francisco Díaz Aguirre, a nombre de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, informa en relación a las iniciativas de las reformas a la Ley del Seguro Social.
Intervienen en el mismo tema los diputados Mario Rojas Alba, para argumentar estas reformas; Leopoldo H. Salinas Gaytán, para razonar su voto; nuevamente Mario Rojas Alba y Jorge Federico Schiaffino Isunza, para alusiones personales; Pedro César Acosta, José del Carmen Enríquez Rosado y Napoleón Gómez Sada, para rectificar hechos.
SOBRE LA INCINERACIÓN
DE BASURA
EN COATZACOALCOS,
VERACRUZ
El diputado Alfredo Monsreal Walkinshaw denuncia este problema y solicita se informen las medidas de protección. Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología.
SOBRE EL INSTITUTO
MEXICANO
DEL SEGURO
SOCIAL
El diputado Félix Bueno Carrera presenta una denuncia en relación al pésimo servicio recibido por los derechohabientes y solicita se investigue. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
DEL ESTADO
DE DURANGO
El diputado Salvador Fernández Gavaldón denuncia la represión militar y policiaca en varias ciudades de este estado.
Intervienen sobre este asunto los diputados Rubén Hernández Higuera y nuevamente Salvador Fernández Gavaldón, para alusiones. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
Continúan el debate los diputados Rodolfo Elizondo Torres, para rectificar hechos y Rubén Hernández Higuera, para aclaraciones.
ELECCIÓN
DE MIEMBROS
DE LA COMISIÓN
PERMANENTE
Proposición de la Gran Comisión.
Resultado de la elección.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL CIUDADANO DIPUTADO JOSÉ LUIS LAMADRID SAUZA
(Asistencia de cuatrocientos veintiocho ciudadanos diputados)
ASISTENCIA
El C. secretario Salvador Sánchez Vázquez: - Señor Presidente, hay una asistencia de 428 ciudadanos diputados. Hay quórum.
APERTURA
El C. Presidente (a las 14.15 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario Salvador Sánchez Vázquez: - Se va a proceder a dar lectura al orden del día.
«Primer Período Ordinario de Sesiones.- Segundo Año.- LIV Legislatura.
Orden del día
28 de diciembre de 1989.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
Informe de las comisiones unidas de Patrimonio y Fomento Industrial, y de Comunicaciones y Transportes.
Informe del comité de bibliotecas.
Iniciativa
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de reformas al artículo 123 apartado A, fracciones V y XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Proposiciones
Del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre Panamá.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la creación de la reserva de la biosfera en el Río Colorado.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto que abroga la Ley que crea el Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña.
De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto que abroga la Ley Orgánica del Banco Nacional Pesquero y Portuario.
Opinión sobre el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, que presenta la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Declaraciones
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre los jubilados.
Denuncias
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre incineración de basura en Veracruz.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre servicios de salud.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre detenciones en Durango.
Proposiciones de la Gran Comisión.
Elección de miembros de la Comisión Permanente.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El C. secretario Salvador Sánchez Vázquez: - Se va a proceder a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, celebrada el día veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, correspondiente al primer período ordinario de sesiones del segundo año del ejercicio constitucional de la Quincuagésima Cuarta Legislatura.
Presidencia del diputado José Luis Lamadrid Sauza
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos del día veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, con una asistencia de cuatrocientos siete diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.
Se da lectura a una comunicación del diputado Alvaro Garza Cantú, por la que informa que opta por el cargo de elección popular como presidente municipal del puerto de Tampico, Tamaulipas. De enterado.
La secretaría da lectura a un oficio por el que, en cumplimiento de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos remite el informe sobre la operación de las sociedades de crédito, correspondiente a mil novecientos ochenta y nueve. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se concede el uso de la palabra al diputado Eduardo Arias Aparicio, del Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativa de reformas a los artículos cinco, veintiuno, veintinueve y treinta y uno de la Ley General de Planeación. Se turna a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Habiéndose impreso y distribuido entre los señores diputados los dictámenes de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente al proyecto de decreto que abroga la Ley Orgánica del Banco Nacional Pesquero y Portuario, así como la Ley que crea el Fondo de garantía y Fomento de la Industria Mediana y Pequeña, la asamblea en sendas votaciones económicas dispensa la primera lectura. Son de primera lectura.
También en votación económica y por las mismas razones que las anteriores, la asamblea dispensa la segunda lectura al dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo veinticinco de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. No habiendo quien haga uso de la palabra, la secretaría toma la votación nominal respectiva y el proyecto de decreto se aprueba por trescientos cuarenta y nueve votos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Se concede el uso de la palabra al diputado Eraclio Soberanis Sosa, del Partido Revolucionario Institucional, quien a nombre de la Comisión de Pesca, informa a la asamblea de algunas propuestas de modificación presentadas por los grupos parlamentarios en relación con el dictamen de la misma comisión que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Pesca, y que la comisión hace suyas. El Presidente ordena que se integren al expediente, se impriman y se distribuyan entre los diputados.
Habiéndose impreso y distribuido el dictamen de referencia, así como las reformas propuestas y aceptadas por la comisión, la asamblea dispensa la segunda lectura en votación económica.
Por instrucciones de la Presidencia, la secretaría da lectura al artículo ciento diez del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, e inmediatamente después hace uso de la palabra el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien propone una moción suspensiva.
Se concede el uso de la palabra a los diputados Gregorio Urías Germán, del Partido de la Revolución Democrática, en apoyo a la moción suspensiva: Ricardo Olivares Pineda, del Partido Revolucionario Institucional, a nombre de la Comisión de Pesca, en contra y Patricio Estévez Nenninger, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para rectificar hechos.
En votación económica, la asamblea desecha la moción suspensiva.
Puesto a discusión el dictamen en lo general, se concede el uso de la palabra al diputado Patricio Estévez Nenninger, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien expresa su opinión en contra del dictamen.
Se produce desorden en las galerías y el Presidente informa a quienes ahí se encuentran que las autoridades correspondientes han acordado resolver favorablemente sus peticiones.
Continúa la discusión del dictamen de la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Pesca y se concede el uso de la palabra a los diputados Armando Duarte Móller, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quien a nombre de la comisión en su carácter de Presidente de la misma, expresa sus razonamientos en pro; Alfonso Garzón Santibáñez, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos; Víctor Ávalos Limón, en contra; Armando Duarte Móller, para rectificar hechos, acepta una interpelación del diputado Jaime Enríquez Félix; Ignacio Martínez Tadeo, del Partido Revolucionario Institucional,a favor; nuevamente el diputado Alfonso Garzón Santibáñez, para rectificar hechos; Crecencio Morales Orozco, del Partido Popular Socialista, en contra; Gregorio Urías Germán, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Antonio Manríquez Guluarte, del Partido Revolucionario Institucional y Jesús Ramón Rojo Gutiérrez, para fundamentar el voto del Partido Acción Nacional, en pro.
Se concede el uso de la palabra para rectificar hechos, al diputado Alfonso Garzón Santibáñez, del Partido Revolucionario Institucional e inmediatamente después, en votación económica, la asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general, por lo que, para los efectos del artículo ciento treinta y cuatro del reglamento, se reservan los artículos dieciséis, veinticuatro, cincuenta y cinco, ochenta y uno y noventa, para ser discutidos en particular.
La secretaría toma la votación nominal en lo general y de los artículos no impugnados en un solo acto, y se aprueban por trescientos cuarenta y nueve votos.
Para referirse a los artículos reservados del proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Pesca, se concede el uso de la palabra a los diputados Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática, en contra de los artículos veinticuatro y noventa; Jesús Ramón Rojo Reyes, del Partido Acción Nacional, Armando Duarte Móller, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática, para contestar alusiones personales; Armando Duarte Móller, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, a nombre de la comisión; Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Partido de la Reconstrucción Democrática, para rectificar hechos; Ramón Alejo, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Gregorio Uriás Germán, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; Ramón Alejo Valdez López, del Partido Revolucionario Institucional, para contestar alusiones personales y Gregorio Urías Germán, del Partido de la Revolución Democrática, también para contestar alusiones personales.
Se concede el uso de la palabra al diputado Patricio Estévez Nenninger, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien expresa sus opiniones en contra de los artículos dieciséis, fracciones vigésima, decimanovena y trigésima; veinticuatro, cincuenta y cinco, ochenta y ochenta y nueve.
A nombre de la comisión, hace uso de la palabra el diputado Eraclio Soberanis Sosa, del Partido Revolucionario Institucional, a favor de los artículos impugnados.
La asamblea considera suficientemente discutidos los artículos impugnados y la secretaría toma la votación nominal respectiva.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Pesca, por trescientos treinta y nueve votos.
Para orientar a la asamblea, la secretaría da lectura a los artículos ciento veinticinco del reglamento e inmediatamente después se someten a la consideración de la asamblea las proposiciones de reformas propuestas por los diputados Juan Nicasio Guerra Ochoa y Patricio Estévez Nenninger, mismas que se desechan en sendas votaciones económicas.
El Presidente declara aprobado el proyecto de decreto; pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Presidencia del diputado Mario Ruíz de Chávez
Para referirse al ciento setenta y cuatro aniversario luctuoso del Siervo de la Nación, generalísimo José María Morelos y Pavón, hacen uso de la palabra los diputados Javier Gaeta Vázquez, del Partido Revolucionario Institucional y José de Jesús Sánchez Ochoa, del Partido Acción Nacional.
Presidencia del diputado José Luis Lamadrid Sauza
Para fijar la posición de sus respectivos partidos, respecto a la trágica muerte de la periodista Elvira Marcelo Esquivel, hacen uso de la palabra los diputados Socorro Díaz Palacios, del Partido Revolucionario Institucional; Antonio Lozano Gracia, del Partido Acción Nacional; Alberto Pérez Fontecha, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien propone la comparecencia del jefe del Departamento del Distrito Federal, propuesta que se turna a las comisiones de Derechos Humanos y del Distrito Federal; Gloria Rodríguez Aceves, del Partido Popular Socialista.
Presidencia del diputado Mario Ruíz de Chávez
Continúan con el mismo tema, los diputados Miguel Aroche Parra, del Partido de la Revolución Democrática, Manuela Sánchez López, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional e Israel Galán Baños.
Presidencia del diputado José Luis Lamadrid Sauza
Para referirse al valor del bien común, hace uso de la palabra el diputado José Ceferino Esquerra, del Partido Acción Nacional, quien hace diversas proposiciones que se turnan a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Para referirse a la lucha contra el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida, hacen uso de la palabra los diputados Amalia García Medina y Bernardo Bátiz Vázquez.
Sus documentos se turnan a la comisión de salud.
Para referirse a miembros de su partido detenidos en Sinaloa, hace uso de la palabra el diputado Jorge del Rincón Bernal, del Partido Acción Nacional.
Se concede el uso de la palabra, para rectificar hechos, a los diputados Benito Juárez Camacho,
del Partido Revolucionario Institucional y Jaime Aviña Zepeda, del Partido Acción Nacional, quien propone la integración de una comisión de diputados para investigar los hechos en Sinaloa. Se turna a la proposición a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
Hace uso de la palabra el diputado Francisco Melo Torres, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien se refiere a la suspensión de las actividades pesqueras en las costas del estado de Oaxaca, por supuesta contaminación de los productos pesqueros. Se turna a su denuncia a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
Para apoyar el mismo asunto, hace uso de la palabra el diputado Israel Galán Baños.
Agotados los asuntos en cartera, la secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a la una de la mañana con veintiún minutos del día veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, citando para la que tendrá lugar hoy mismo a las doce horas.»
Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba... Aprobada, ciudadano Presidente.
DE LAS COMISIONES DE PATRIMONIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
El C. Presidente: - Para desahogar el punto dos del orden del día, tiene la palabra el diputado Enrique Riva Palacio Galicia, a nombre de las comisiones de Patrimonio y y Fomento Industrial, y de Comunicaciones y Transportes.
El C. Enrique Riva Palacio Galicia: - «Ciudadano Presidente; compañeras y compañeros diputados: Las comisiones unidas de Patrimonio y Fomento Industrial, y de Comunicaciones y Transportes, informan a esta honorable asamblea que en virtud de que la sesión celebrada el día 13 de septiembre de 1989, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión acordó turnar a las comisiones unidas de Patrimonio y Fomento Industrial, y de Comunicaciones y Transportes, la propuesta presentada ante la asamblea de ese órgano por los ciudadanos diputados: Modesto Cárdenas García, Jesús Ortega Martínez y Oscar Mauro Ramírez Ayala, de los grupos parlamentarios Popular Socialista, Revolución Democrática y Auténtico de la Revolución Mexicana, respectivamente, a fin de que comparezca el Secretario de Comunicaciones y Transportes ante estas comisiones para informar sobre la situación y planes de la empresa paraestatal Teléfonos de México, respecto de la cual se recibió excitativa de la mesa directiva de ese mes y
CONSIDERANDO
1o. Que las comisiones unidas que suscriben, se reunieron el pasado 9 del mes en curso para tratar asuntos que en común le competen;
2o. Que estiman conveniente tener conocimiento de la situación y planes de la empresa mencionada cuyo funcionamiento es de interés público;
3o. Que conforme a lo que dispone el artículo 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, las comisiones de las cámaras que integran el propio Congreso para ilustrar su juicio en el despacho de los negocios que se les encomiendan, pueden tener conferencias con los funcionarios a que se refiere el artículo 53 de dicho reglamento, y
4o. Que corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como dependencia cabeza de sector, coordinar y supervisar las actividades de la paraestatal Teléfonos de México, estas comisiones unidas dictaminan la propuesta citada tomando el siguiente
ACUERDO
Primero. En cumplimiento del punto de acuerdo tomado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el pasado 13 de septiembre, así como de la excitativa formulada por la Presidencia de la mesa directiva de este mes para ilustrar el juicio de las comisiones unidas de Patrimonio y Fomento Industrial, y de Comunicaciones y Transportes respecto de la situación y planes de la empresa paraestatal Teléfonos de México.
Segundo. Con fundamento en los artículos 90 y 53 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, formúlese por los conductos legales correspondientes, atenta invitación al ciudadano Secretario de Comunicaciones y Transportes, licenciado Andrés Caso Lombardo, para que asista el próximo 18 de enero a una conferencia al seno de estas comisiones unidas en relación al tema señalado en la propuesta que se dictamina.
Firman este dictamen, diputados integrantes de las diferentes fracciones parlamentarias de esta Cámara de Diputados por 79 votos a favor y dos en contra.»
Es todo lo que tengo que informar, señor Presidente. Muchas gracias.
El C. Modesto Cárdenas García (desde su curul): - Pido la palabra, señor Presidente.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Modesto Cárdenas.
El C. Modesto Cárdenas García: - Muchas gracias, señor Presidente; honorable asamblea: La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista ha tomado la decisión de expresar, desde esta tribuna, su más profundo desacuerdo respecto del informe que acaba de ser proporcionado a esta honorable asamblea, por parte de las comisiones unidas de Patrimonio y Fomento Industrial, y de Comunicaciones y Transportes.
Estamos profundamente en desacuerdo porque este informe llega de manera tardía, porque no responde a la esencia del planteamiento del Partido Popular Socialista, así como del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y del Partido de la Revolución Democrática, que demandaron desde hace meses la presencia en esta plenaria del Secretario de Comunicaciones y Transportes, y por que además, y quizá de mucho mayor importancia impide al Poder Legislativo tomar parte activa en cuestiones de alto interés nacional, como lo es la destrucción y reestructuración del sector estatal de la economía.
En efecto, para todos ustedes es conocido que este planteamiento se hizo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que ahí se tomó la decisión de turnarlo a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados; que desde esta tribuna en reiteradas ocasiones demandamos de esas comisiones se reunieran para que dictaminaran sobre la proposición; que tuvimos que recurrir a todos los pasos reglamentarios, desde la excitativa hasta el emplazamiento, a fin de lograr obtener el dictamen correspondiente, y lamentablemente, se produce precisamente en la última plenaria del actual período de sesiones.
Por esa razón, no estamos de acuerdo con la forma en que se ha conducido el análisis de este problema que consideramos de la mayor importancia, porque de esa manera el pleno de la Cámara de Diputados no podrá conocer de los argumentos del Poder Ejecutivo para planear la desincorporación de esta empresa de enorme importancia presente y futura para el desarrollo económico del país.
Además, tampoco estamos de acuerdo porque precisamente cuando se está llevando a cabo un cambio cualitativo de la mayor importancia como lo es la transformación de las relaciones de producción; es decir, de las relaciones de propiedad en nuestro país, con toda sus consecuencias en el desarrollo económico, en el desarrollo social y en el desarrollo cultural de nuestro país.
En forma concreta, porque el Poder Legislativo no está opinando como debe ser, cuando transforman las empresas del Estado, de su carácter paraestatal, para pasar a control de a iniciativa privada, cambiándole de esa manera su esencia; es decir, de su carácter de empresas de carácter social, a empresas que tienen por objeto fundamental la acumulación de capital para apropiación privada, con todas las demás consecuencias que eso trae consigo como las nuevas relaciones entre la empresa y sus trabajadores, como el nuevo contrato colectivo, como el hecho de que las altas utilidades por todos reconocidas de esta empresa ya no irán a caer a manos del Estado para que sean empleadas para el desarrollo de las telecomunicaciones o para desarrollo general del país.
Por estas razones no estamos de acuerdo con el dictamen; sin embargo, se da precisamente cuando se ha aprobado una cuestión también de la mayor importancia que el Partido Popular Socialista valora justamente en todo su significado; es decir, cuando en el presupuesto de egresos se ha aprobado el artículo 39 con un nuevo inciso que le da facultad al Poder Legislativo de opinar previamente a la desincorporación de cualquier empresa paraestatal; es decir, este artículo establece precisamente la exigencia de que el Poder Ejecutivo debe informar a la Cámara de Diputados de las razones por las cuales plantea la desincorporación de una empresa en particular y que la Cámara de Diputados debe opinar previamente y hasta entonces el Poder Ejecutivo debe tomar una decisión al respecto.
Este es un logro de la mayor importancia que tiene como antecedente el artículo correspondiente aprobado el año pasado, pero que tenía la limitante de que se trataba solamente de empresas creadas por ley o por decreto del Congreso de la Unión, pero en este caso abarca a todas las empresas de carácter paraestatal.
En esas circunstancias, el Partido Popular Socialista demanda de la Cámara de Diputados y en particular de las comisiones de Patrimonio y Fomento Industrial, y de Comunicaciones y Transportes apliquen rigurosamente el espíritu de este inciso c, del artículo 39, para que el proceso de desincorporación planteado por el Ejecutivo, de Teléfonos de México, se sujete estrictamente a lo ahí establecido en el artículo 39, es decir, que el Secretario de Comunicaciones y Transportes debe
informar al Poder Legislativo, es decir, a la Cámara de Diputados, de las razones para producir la desincorporación o para plantearla.
Si la Cámara de Diputados a través de sus comisiones de Patrimonio y Fomento Industrial, y de Comunicaciones y Transportes, debe analizar este informe y después dar una opinión sobre este planteamiento, y solamente después de eso el Ejecutivo debe tomar la decisión final.
Entonces, el Partido Popular Socialista espera que las comisiones que hemos señalado apliquen el espíritu de este artículo 39 al caso de Teléfonos de México, lo cual sentaría un precedente de enorme importancia, porque de esa manera el Poder Legislativo sí que empezaría a actuar en esta cuestión de la mayor importancia como lo que significa, como lo que es, precisamente el cambio de la orientación y la reestructuración del sector estatal de la economía.
Señores diputados, por esa razón, el Partido Popular Socialista rechaza el dictamen, pero al mismo tiempo solicita que esas comisiones apliquen con el mayor interés patriótico y nacionalista el espíritu del artículo 39 del Presupuesto de Egresos de la Federación. Muchas gracias.
DEL COMITÉ DE BIBLIOTECA
El C. Presidente: - Con la intervención del diputado Cárdenas queda desahogado el punto segundo del orden del día.
Pasamos al punto tercero que corresponde a un informe del comité de biblioteca. Para el efecto tiene la palabra el diputado Eugenio Ortíz Walls, presidente del Comité de Biblioteca.
El C. Eugenio Ortíz Walls: - Con el permiso del señor Presidente; honorable asamblea: Conforme a lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta honorable LIV Legislatura de la Cámara de Diputados designó a su Comité de Biblioteca.
El 28 de septiembre de 1988, el Comité de Biblioteca, integrado por 15 miembros, quedó formalmente instalado en los términos de ley y de las disposiciones reglamentarias, iniciando desde luego sus trabajos de acuerdo a las siguientes atribuciones:
Vigilar el estricto cumplimiento del decreto que dispone la obligación de los editores del país de remitir a la biblioteca del honorable Congreso de la Unión dos ejemplares de cada una de las ediciones que publiquen.
Elaborar planes e instrumentarlos mediante la ejecución de proyectos para el cumplimiento de los objetivos de la biblioteca del honorable Congreso de la Unión.
Proponer medidas para el funcionamiento de la biblioteca en la prestación de sus servicios a los ciudadanos legisladores y al público en general.
Coadyuvar en la eficiencia técnica y administrativa de la dirección de biblioteca.
Interrelacionarse con las bibliotecas del país y del extranjero, prestando especial interés a las bibliotecas dependientes de los congresos y legislaturas del país.
Quiero informar que se levantó por primera vez en 35 años, el inventario del acervo de la biblioteca. (Aplausos.)
Encontramos 88 mil ejemplares útiles y 35 mil mutilados que obran en las bodegas del Palacio Legislativo para ver qué se hace, qué se dispone de ellos.
Está por terminarse la clasificación y catalogación de los 88 mil ejemplares útiles. En este contexto se establecieron los nuevos proyectos del Comité de Biblioteca.
Sistema para al cumplimiento que obliga a los editores a enviar a la biblioteca del Congreso de la Unión y a la Biblioteca Nacional dos ejemplares de sus publicaciones. Con este propósito celebramos una entrevista con el Secretario de Educación Pública y tres reuniones con el director de derechos de autor, y dos representantes de la Cámara Nacional de la Industria Editorial.
Está por firmarse el nuevo convenio con la dirección de derechos de autor para el riguroso control de la recepción del depósito legal.
A septiembre de 1989, la dirección de biblioteca del Congreso reportó a este comité un 50% más de los ejemplares recibidos en todo el año de 1988.
Restauración del edificio que ocupa la biblioteca del Congreso de la Unión. Sobre el avance de este proyecto informamos:
La realización del peritaje técnico para determinar la estabilidad que guarda el inmueble por los sismos de 1985, y la vibración permanente que le afecta del sistema del Metro. Este peritaje lo realizó la Secretaría de Obras del Distrito Federal.
Elaboración de planos del inmueble y la concertación con el Departamento del Distrito Federal
del establecimiento de un fideicomiso para la obtención de los recursos financieros para las obras de restauración. Contamos ya con tres cotizaciones de proyectos arquitectónicos ejecutivos que nos dan la base para concursar la ejecución de la obra conforme a las disposiciones legales en la materia. En estos trabajos tendrá que intervenir la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, el Instituto Mexicano de Antropología e Historia y el Departamento del Distrito Federal, a través del Centro Histórico y de la delegación Cuauhtémoc.
Construcción de la unidad de San Lázaro. De acuerdo con los planos originales del Palacio Legislativo, se localizó en el edificio G del mismo espacio destinado a albergar a la biblioteca legislativa, al Sistema de Información Legislativa, Comité de Asuntos Editoriales e Instituto de Investigaciones Legislativas que integrarán la unidad de apoyo a los trabajos de los ciudadanos diputados, banco de datos y resguardo de la memoria del proceso legislativo federal. Las obras estarán a cargo de la Secretaría y Desarrollo Urbano y Ecología conforme a lo establecido en el decreto correspondiente.
Para la organización y funcionamiento de la biblioteca pública del honorable Congreso de la Unión y de la biblioteca legislativa de la Cámara de Diputados, se cuanta ya con la asesoría del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Congreso Nacional de Bibliotecarios.
Celebración del Primer Congreso Nacional de Bibliotecas Legislativas: el Comité de Biblioteca presentó un proyecto para realizar en la ciudad de México, los días 15, 16 y 17 de marzo de 1990, el Primer Congreso de Bibliotecas Legislativas de la República. Estos son los objetivos:
Analizar la problemática de las bibliotecas legislativas que funcionan en el país.
Coadyuvar al establecimiento o reorganización de bibliotecas legislativas en las entidades federativas.
Determinar la metodología aplicable a las bibliotecas.
Establecer criterios generales para la elaboración de los reglamentos internos de las bibliotecas legislativas.
Establecer sistemas de intercomunicación y procedimientos de intercambio.
Integrar la Agrupación Nacional de Bibliotecas Legislativas.
Proponer programas de capacitación continua y de actualización para el personal de esas mismas bibliotecas.
Redefinir y ampliar el sistema del depósito legal en la República.
Para ese objeto, hemos celebrado tres reuniones preparatorias: dos en Guadalajara, y la tercera en Villahermosa, a la que han asistido representantes de los congresos locales de 23 entidades y de la asamblea de representantes del Distrito Federal. Se integró un comité organizador en el que participan 10 entidades de la República y cuya presidencia recayó en el Comité de Biblioteca de esta Cámara y las presidencias honorarias en los presidentes de la Gran Comisión también de esta Cámara y del Senado de la República.
Se avanza en la elaboración de las cuatro potencias que se expondrán en el Congreso, y se cuenta con la asesoría externa para atender la logística de la celebración del evento.
Celebración del Primer Encuentro Latinoamericano de Bibliotecas Parlamentarias. Atendiendo a la oportunidad que nos brinda la ya próxima celebración del V centenario del encuentro de los dos mundos, y para fortalecer los lazos históricos y culturales de nuestros países latinoamericanos, esperemos celebrar este primer encuentro al que esperamos asistan también nuestras bibliotecas madrinas: La Biblioteca Británica, la Biblioteca Nacional de París, la Biblioteca Nacional de Madrid, la Biblioteca del Instituto de Cultura Iberoamericana de Berlín, y la Biblioteca del Congreso de Washington. Se busca también la posibilidad de que asistan obras bibliotecas, entre ellas la Biblioteca del Congreso de Moscú.
Señores diputados, para que nuestra biblioteca pueda cumplir con sus objetivos primordiales, de servicio público y apoyo a la labor legislativa, es indispensable velar por su decoro y eficiencia. Este compromiso no es solamente tarea del comité, es tarea de todos los integrantes de esta Cámara del Poder Legislativo, senadores y diputados. Para tal efecto, estamos celebrando pláticas con la Comisión de Biblioteca del Senado para crear una comisión mixta que propicie la sociedad de amigos de la biblioteca del honorable Congreso de la Unión. Bajo el lema de "Done y Adopte un Libro", se procurará que el acervo que sufre los efectos del tiempo y el uso constante se preserve.
El Presidente de la Gran Comisión y el Presidente de este comité de bibliotecas, han determinado
acreditarles a ustedes como miembros honorarios fundadores de la sociedad amigos de la biblioteca del honorable Congreso de la Unión. (Aplausos.)
Legislación en materia de biblioteca. Estamos revisando los decretos vigentes para su reforma y ampliación, de acuerdo con las exigencias que impone la realidad que vive el desarrollo de la tecnología. Necesitamos pensar que la biblioteca debe estar adecuada a un concepto moderno; no es solamente un depósito de libros sino ciertamente un lugar donde sea posible contar con toda la memoria cultural, y sobre todo legislativa del país. Para eso vamos ampliar el decreto a disquetes y a todo lo que se produce por medios electrónicos. Esperamos presentarlos en el próximo período ordinario de sesiones.
También vamos a revisar la Ley General de Bibliotecas y la Ley de Derechos de Autor, para tener todos los elementos y hacer posible que el depósito legal y los derechos de autor sean preservados en nuestro país, y evitar también la fuga del patrimonio cultural, sobre todo bibliográfico, de nuestro país al extranjero.
Actividades editoriales. Hemos publicado solamente un tríptico sobre depósito legal, que oportunamente fue distribuido entre ustedes, y una publicación conjunta con el Comité de Asuntos Editoriales que preside el diputado don Horacio Labastida Muñoz, de la versión bilingüe de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, en ocasión a la conmemoración del bicentenario de la Revolución Francesa de 1779.
Actividades culturales del comité de biblioteca de la Cámara de Diputados. La biblioteca del Congreso de la Unión debe representar el espacio y el puente de contactos culturales entre el pueblo y sus representantes. Esperamos que una vez que podamos ver restaurado el edificio de Tacuba, se programen actos culturales de alta realidad que cumplan con el mencionado objetivo.
Quiero agradecer, en mi carácter de Presidente de este comité, la participación y el apoyo de los miembros del mismo, que están integrados por diputados de las diferentes corrientes políticas representadas en esta asamblea.
Quiero exhortarlos a que cuidemos nuestro acervo de la biblioteca. Si no sentimos nuestra la biblioteca del Congreso de la Unión, va a seguir sufriendo el abandono y deterioro a que había estado sometida. Creo que éste es un grano de arena, es un principio, y esperamos que las posteriores legislaturas continúen trabajando por nuestra biblioteca para que sea realmente un ejemplo y una imagen digna del Congreso mexicano. Muchas gracias. (Aplausos.)
ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL
El C. Presidente: - Para desahogar el punto cuarto del orden del día, inscrito en el rubro de iniciativas, tiene la palabra el diputado Guillermo Islas Olguín, que dará lectura a una iniciativa de reformas al artículo 123, apartado "A", fracciones V y XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El C. Guillermo Islas Olguín:
«Los suscritos, diputados a la LIV Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a la asamblea de esta honorable Cámara la presente iniciativa de reformas al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Es convencimiento pleno de la sociedad, y en particular de Acción Nacional, el derecho que asiste a todo ser humano para el trabajo. Se ha reconocido al trabajo como un valor fundamental del desarrollo y como factor esencial de integración social.
Dentro de la doctrina partidista se sostiene que "...es obligación de la comunidad, Estado y particulares, promover la creación de fuentes de trabajo para hacer posible en la realidad, el ejercicio del derecho y el cumplimiento de la obligación de trabajar...".
Este reconocimiento y valor atribuido al trabajo, ha sido establecido en nuestra Carta Magna en el artículo 123, primer párrafo, al estatuir: "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley...", lo que es a todas luces correcto; sin embargo, no se ha establecido constitucionalmente que recíprocamente al derecho al trabajo exista el deber de realizarlo.
A este respecto, creemos que es necesario y de equidad que junto al derecho al trabajo exista su correlativo deber social al mismo, toda vez que al vivir los individuos en el seno de una sociedad y participar en ella del desarrollo y progreso que la fraternidad y convivencia humana permiten, corresponde al individuo, considerado como parte del organismo social, manifestarse positivamente y
coadyuvar al engrandecimiento de la comunidad a la que pertenece.
Es de elemental justicia que quien hace uso de un derecho y se beneficia del mismo, aporte también el correlativo deber a éste. No se habla, en este caso, de realizar un trabajo sin su justa retribución o sin el pleno consentimiento de quien lo prestará, salvo el trabajo como pena; se habla de la participación de todos los individuos en la producción de la riqueza y bienestar para la sociedad en su conjunto, del aprovechamiento de las facultades y capacidades de sus integrantes en beneficio de la misma comunidad, que les permite, finalmente, lograr su plena realización.
Por otra parte, este hecho ha sido considerado y establecido ya por el legislador en la ley secundaria, al estipular en la primera parte del artículo 3o. de la Ley Federal del Trabajo que "...El trabajo es un derecho y un deber sociales...", por lo que consideramos que esta idea y concepto de "deber social" debe elevarse a rango constitucional por su misma naturaleza e importancia.
Desde la perspectiva de esa correlación entre derecho y deber, la fracción XIII del artículo 123 constitucional amerita a nuestro juicio una adecuación de equidad. Establece que las empresas, cualquiera que sea su actividad, están obligadas a proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores, lo cual es loable y redunda en beneficio directo de los mismos y desde luego, de la propia empresa. Creemos que el ideal que inspiró este precepto buscó que a través de la adecuada y constante capacitación de los individuos para el trabajo, éstos lograrían, además de la obvia superación personal, mayores opciones de ascenso y mejoría en sus categorías y puestos, conjuntamente con una mayor retribución de su actividad al resultar ésta mayormente calificada.
Nos parece también que el capacitar a los trabajadores es de elemental necesidad, sobre todo en la época actual que requiere de mayores esfuerzos para lograr un mínimo de bienestar. Y decimos que es de elemental necesidad, ya que en la medida que los trabajadores estén más y mejor preparados para desarrollar su labor, necesariamente la calidad en los resultados será mucho mayor, y al ser más hábil el trabajador desde luego que la productividad se incrementa.
No creemos, por otra parte, que el espíritu de la capacitación establecida en nuestra Constitución Política esté reñido con la calidad y productividad en las empresas, pues bajo la premisa de que éstas son una comunidad de vida y de trabajo, es benéfico para todos sus integrantes el funcionamiento óptimo de las mismas, sin olvidar que la ciencia y tecnología aportan cada vez más y mejores técnicas y conocimientos para el trabajo, cuestión que es fundamental que conozcan los trabajadores para el debido aprovechamiento del avance científico.
En esta virtud, es de observarse la necesidad de que conjuntamente a la obligación de dar capacitación o adiestramiento, exista el correlativo deber de recibirlos, pues como se ha mencionado, a todos los que participan de una comunidad, ésta les impone derechos y obligaciones que permitan una armónica y equitativa convivencia, siendo además de elemental justicia asumir la participación que a cada uno corresponda.
Pensamos que el esfuerzo que la nación hace por lograr un desarrollo con justicia, no permite que un aspecto tan determinante en la vida económica y social del país como lo son la capacitación y el adiestramiento, pueda ser sujeto de interpretación o uso indebido de alguno de sus sectores, por lo que debe establecerse a rango constitucional el deber de capacitarse para cumplir adecuadamente con el trabajo, que es a final de cuentas lo que dignifica y permite realizarse al individuo.
Debe considerarse, por otra parte, que el espíritu del legislador al redactar el artículo 123, fue siempre con carácter tutelador y en beneficio de los trabajadores y también que sus aspiraciones y fines se plantearon con base en la realidad que se vivía y que era factible valorar. En el caso específico de la fracción V del artículo 123, parte final, se reconoce y protege la necesidad y el derecho de las madres trabajadoras para que durante el período de lactancia gocen de descanso extraordinario para alimentar a sus hijos.
Este derecho se encuentra también plasmado en la doctrina de Acción Nacional, al establecer que "...con paridad de derechos y obligaciones con el hombre, la mujer tiene derecho a condiciones de trabajo conforme con las exigencias de su sexo y con sus deberes de esposa y de madre...".
Es incuestionable el espíritu protector que inspiró la redacción constitucional, toda vez que establece normativamente una cuestión inherente a la propia naturaleza humana y que consiste en la necesidad de alimentación que la madre debe cubrir en su menor hijo, principalmente durante la época de lactancia. Ante tal circunstancia, el legislador previó dos descansos extraordinarios al día, de media hora cada uno, para que la madre pudiera cumplir esta tarea.
Desafortunadamente, la época moderna con sus enormes distancias, o mejor dicho, con enorme dificultad de cubrir cualquier distancia ha hecho
que en múltiples casos resulta impráctico el beneficio así establecido, pues no siempre una madre trabajadora puede en tan sólo media hora salir del centro de trabajo, llegar a su domicilio, alimentar a su hijo y regresar a reanudar sus labores en la empresa. Existe también el inconveniente de que en muy pocos centros de trabajo existen guarderías lo suficientemente cercanas para poder auxiliares en esta tarea. Por otra parte, tampoco las industrias cuentan como debiera ser, con un lugar adecuado, higiénico y propicio para que las madres puedan dignamente alimentar a sus hijos.
Consideramos que para efecto de que dicho descanso extraordinario tenga utilidad práctica, debe quedar a criterio de las madres trabajadores la utilización del tiempo del que disfrutarán para alimentar a sus hijos, y sean ellas, de común acuerdo con la empresa, quienes lo distribuyan de manera que pueda redundar en beneficio de los fines para los que se estableció dicho descanso.
Por lo expuesto y fundado, ponemos a consideración de la asamblea de esta honorable Cámara el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Unico. Se reforma el artículo 123, primer párrafo, y sus fracciones V y XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, así como el correlativo deber de realizarlo; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo conforme a la Ley.
A.
V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia, tendrán descanso extraordinario de una hora por día, para alimentar a sus hijos.
XIII. Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores, y éstos a recibir, capacitación y adiestramiento para el trabajo. La ley reglamentaria determinará los sistemas, métodos y procedimientos conforme a los cuales los patrones y trabajadores deberán cumplir con dicha obligación.
TRANSITORIOS
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, una vez que se hubiere cumplido con lo previsto por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
México, Distrito Federal, a 28 de diciembre de 1989.
Por el grupo parlamentario de Acción Nacional.- Diputados: Pedro César Acosta Palomino, Jaime Guillermo Aviña Zepeda, Eleazar Guadalupe Cobos Borrego, César Coll Carabias, Guillermo Islas Olguín, José Ángel Luna Mijares, Alfredo Oropeza García, Manuel de Jesús A. Ponce González, María Guadalupe Rodríguez Carrera y Leopoldo Homero Salinas Gaytán.»
El C. Presidente: - Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
El C. Presidente: - En el rubro de proposiciones, está inscrito el punto quinto del orden del día y que consiste en una proposición del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre Panamá.
Para el efecto, tiene la palabra el diputado Jesús Luján Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista.
El C. Jesús Luján Gutiérrez: - Señor Presidente; señoras y señores diputados: El pasado 20 de diciembre, los diputados a la LIV Legislatura de todos los partidos representados en esta honorable Cámara, expresamos nuestra más firme y enérgica condena a la intervención militar realizada en la hermana República de Panamá, así como el uso de la fuerza por cualquier Estado en contra de la soberanía de otro, por ser violatoria de la soberanía nacional y de los principios de autodeterminación de los pueblos, de la no intervención, de la solución pacífica de las controversias y de la igualdad jurídica de los estados.
Asimismo, se señalo el grave daño que se ha hecho con el uso de la fuerza armada en Panamá a
la seguridad internacional, que pone además en serio riesgo la paz en Centroamérica y se agregan tensiones internacionales que alteran esencialmente la relación armónica por la que luchamos en América Latina.
Al clausurar este período ordinario de sesiones, consideramos oportuno señalar que no obstante el tiempo transcurrido, las condiciones de seguridad internacional y de tensiones producidas por la invasión militar, han producido numerosas víctimas entre el pueblo panameño y la situación interna en este país hermano, lejos de normalizarse, como sin nuestros deseos.
Se ha deteriorado y prevalece la inseguridad y la zozobra, y las violaciones a los derechos humanos se dan con una frecuencia alarmante.
Por otra parte, en el ambiente internacional a pesar de los pronunciamientos de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, la situación producida en Panamá provoca serias tensiones en la región centroamericana.
Ante la gravedad de esta situación a la que se enfrenta el hermano pueblo de Panamá y la región centroamericana, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
«DECLARA
1o. Reitera la exigencia del cese inmediato de las acciones militares y el retiro de las fuerzas invasoras de la República de Panamá. (Aplausos.)
2o. Exige cese toda persecución a dirigentes políticos y sindicales panameños y el respeto a su vida y a su libertad. (Aplausos.)
3o. Demanda la restauración inmediata del régimen de derecho que garantice la vida, el respeto a los derechos humanos y la libertad de todos los panameños. Sala de sesiones de la Cámara de Diputados, a 28 de diciembre de 1989. - Por el Partido Revolucionario Institucional: Guillermo Jiménez Morales, Gonzalo Martínez Corbalá, Guadalupe Gómez Maganda y María Elena Chapa Hernández; por el Partido Acción Nacional: Abel Vicencio Tovar, Bernardo Bátiz Vázquez; por el Partido de la Revolución Democrática: Ignacio Castillo Mena y Pablo Gómez Alvarez; por el Partido Popular Socialista: Francisco Ortíz Mendoza y Jesús Luján Gutiérrez; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana: Oscar Mauro Ramírez Ayala; por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional: Rafael Talamantes y Roberto Jaramillo Flores, y por el grupo independiente: Pedro Etienne Llano.» (Aplausos.)
El C. Presidente: - No habiéndose inscrito oradores en contra y de conformidad con el acuerdo parlamentario, la regla para estos casos es que antes de someterla a votación de la asamblea, quien a nombre de los grupos parlamentarios desee razonar su voto, tenga la intervención en la tribuna para ese efecto.
Por consiguiente, están inscritos para razonar su voto los siguientes diputados: Israel Félix Galán Baños, fracción independiente; Manuel Patricio Estévez Nenninger, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Manuel Marcué Pardiñas, Partido de la Revolución de Democrática; Gerardo Medina Valdés, Partido Acción Nacional y Gonzalo Martínez Corbalá, Partido Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra para razonar su voto el diputado Israel Galán.
El C. Israel Félix Galán Baños: - Vengo aquí a razonar el voto a favor de la propuesta del Partido Popular Socialista, sobre el asunto de Panamá por las siguientes consideraciones:
Es un hecho conocido seguramente por todos los compañeros diputados, el origen colonial que tuvo Panamá como país; en aquel entonces, a principios de siglo, al imperialismo, al naciente imperialismo, al imperialismo de Roosevelt, del gran garrote, convino cercenar a Colombia una de sus provincias y convertirlo en lo que hoy conocemos como Panamá.
A través del tratado de Bouneaud - Barila, se sancionó la concesión para que el Canal de Panamá fuera usufructuado a perpetuidad por Estados Unidos de América. Esta aberración histórica, esta violación de la soberanía panameña quiso ser corregida hace 10 años precisamente a través del Tratado Torrijos - Carter, que trataba de rescatar el ejercicio de la soberanía panameña para los panameños, éste fue el sentido de la lucha del general Omar Torrijos, a la que en su momento accedió el entonces presidente Carter, precisamente en el momento en que estaba por entrar en vigor la administración del canal que debía pasar a manos de un ciudadano panameño, designado por el gobierno panameño, es que se produce la invasión de Estados Unidos de América; éste es el trasfondo de la campaña propagandística emprendida desde 1985 contra el gobierno panameño, independientemente del juicio que nos merezca el general Manuel Antonio Noriega, no se puede ocultar el sol con un dedo y no se puede negar que el fondo de la belicosa y de la intervención norteamericana es garantizarse el Canal de Panamá
como una vía interoceánica - estratégica para los norteamericanos, como un centro de espionaje y su subversión, en donde se han entrenado a la mayoría de los generales golpista en América Latina, en la Escuela de las Américas, ubicada en la zona del Canal de Panamá.
Estados Unidos ha creído que las convulsiones sociales y políticas que se suceden en Europa del Este, en los países del llamado socialismo real, les permite, en estos momentos, cometer atrocidades, tropelías e invasiones contra pequeños países, como alguien ha dicho, que estén abajo de los cinco millones de habitantes, si se recuerda Granada y hoy Panamá.
Han creído que lo que es una revolución democrática en Europa se convierte para ellos en la carta blanca para imponer su dictatus, para imponer sus intereses en esta zona geográfica del mundo que es América Latina y en esta zona estratégica que lo es Panamá y la zona del Canal.
Representa, sin duda, la invasión a Panamá una amenaza al nacionalismo y a los procesos democráticos en América Latina. La importancia comercial y militar, y la importancia que como centro estratégico tiene para las tareas de inteligencia y de contrainsurgencia Panamá, es lo que ha impulsado a enviar a la Brigada 82, de triste memoria en Vietnam, a invadir el país centroamericano.
Pero hoy también se descubren los intentos y los peligros que significa la invasión de Estados Unidos de América a Panamá. Existe ya un peligro real, un peligro latente sobre Nicaragua y sobre Cuba. Estados Unidos ha creído que la experiencia de Vietnam está olvidada, pretende cavar su tumba con una invasión a Nicaragua y aun están tentados a atreverse a amenazar a la revolución y al proceso cubano.
Esto es una cosa real. Estados Unidos de América preparó las condiciones cuando la Cámara de Representantes y el Congreso Norteamericano derogó la ley que prohibe a la Agencia Central de Inteligencia el asesinato y la captura de dirigentes extranjeros en el extranjero. Preparaban el camino para la captura del general Noriega y hoy sienten que tienen despejado el camino para hacer asesinatos, capturas e invasiones.
El antiguo director de la Agencia Central de Inteligencia, que como tal sigue ejerciendo al frente de la Presidencia de Estados Unidos, no ha olvidado sus hábitos de gendarme y de policía del mundo. El señor Bush ha creído que sus estimaciones de inteligencia, las duras y las blandas, como llaman ellos al espionaje por satélites y de aviación, y de sus agentes en tierra, le permite efectuar este tipo de operaciones.
Creo que como ellos mismos, el célebre Constantino Ménges en la Agencia Central de Inteligencia y otros personeros de la llamada comunidad de inteligencia, se preparan también para controlar el istmo centroamericano, golpear a Cuba y amenazar directamente a México para estabilizar su frontera norte.
Este es el significado profundo y real, éste es el significado que tiene la invasión a Panamá: ¡La osadía imperialista de invadir a un pequeño país y la amenaza a nosotros, porque ellos lo han escrito, porque ellos lo han calculado, porque ellos creen que la mayor amenaza para Estados Unidos de América es incluso la desestabilización de México! ¿Ese es el peligro, compañeros diputados, y por eso nosotros hemos apoyado esta moción!
No han parado mientes, ni han parado en nada también los norteamericanos, para advertir y aterrorizar a los pueblos de América Latina, destruyendo el cuartel general de las Fuerzas de Defensa Panameñas, el barrio del Chorrito, el barrio de San Miguelito y han efectuado bombardeos de saturación de manera indiscriminada sobre zonas residenciales del pueblo de Panamá.
Es una advertencia, es una amenaza y es la creación de un clima de terror sobre otros pueblos, concretamente sobre Managua, sobre Nicaragua en general y sobre Cuba. Nosotros debemos entenderlo, debemos leer las amenazas de los norteamericanos, en ese sentido: "creemos que es necesario hacer explícito nuestro rechazo al gobierno que han impuesto los norteamericanos y que encabeza Guillermo Endara.
Debemos exigir que bajo ninguna circunstancia el gobierno mexicano reconozca al gobierno impuesto por las tropas invasoras de Panamá. Debemos exigir asimismo el retiro de las tropas y el respeto de los tratados Carter-Torrijos, asimismo debemos plantear una condena firme y decidida contra la osadía imperialista a través de la cual han invadido Panamá y con todo descaro y cinismo ha refrendado yéndose de vacaciones, de cacería y pesca".
Nos parece que esto representa una amenaza grave para los pueblos del mundo, en particular para los pueblos de América Latina y Centroamérica, pero especialmente para nuestro país, para México. Muchas gracias, compañeros diputados. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Patricio Estévez, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El C. Manuel Patricio Estévez Nenninger: - Gracias, señor Presidente; compañeros diputados; compañeras diputadas: La situación en Panamá se ha venido agravando en favor de la barbarie desatada por la invasión del decadente imperio del norte en contra del respeto de la moral y de la autonomía de los pueblos de latinoamérica y de los pueblos del mundo.
Como resultado de esta sangrienta invasión, miles de civiles panameños han sido muertos en nombre de una artificial moral invocada por el gobierno del carnicero Bush. El gobierno títere de Guillermo Endara no se podrá sostener por el pueblo mayoritario de Panamá ni deberá ser reconocido por nuestro gobierno; de nuevo en este asunto formulamos, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, formulamos un llamado al pueblo entero de México y al presidente Salinas de Gortari, para que se asuma una más decidida, poderosa y vigorosa serie de acciones en defensa del nacionalismo de la región centro y sudamericana frente a los crímenes del carnicero que gobierna al imperio del norte.
El gobierno de México está apoyado, está obligado a apoyarse en el rico potencial hereditario del nacionalismo heroico de nuestra historia patriótica. México no puede menos que avanzar en la dirección del progreso que ha marcado nuestra historia.
A Morelos e Hidalgo los asesinó la Santa Inquisición, previa campaña de calumnias que los acusaba de herejes, engendros del demonio, asesinos y enemigos de la moral.
A Juárez lo calumniaron con los mismos vituperios monstruosos que hoy el imperio le adjudica a Noriega, exceptuando quizá el de narcotráfico. Después los imperios los invadieron, después de la calumnia a Juárez vino la invasión sangrienta y después de la lucha de defensa heroica, logramos fusilar a Maximiliano en el Cerro de las Campanas y expulsar a los invasores.
Después de la masacre de los héroes cadetes de Chapultepec, a manos del ejército invasor, después de la heroica defensa del pueblo de México, ante la opresión del fascismo en España y en Europa, y de la valentía y gallarda actitud del general Lázaro Cárdenas, a los mexicanos de esta generación nos corresponde defender la soberanía del pueblo de Panamá ante esta criminal invasión.
Al licenciado Salinas le corresponde asumir una redefinición de su política y actitud diplomática frente al gobierno de Bush. La "luna de miel" que se inició en la reunión de Houston cuando ambos, Bush y Salinas, eran candidatos electos, está llegando a la necesidad de un profundo viraje.
Por honor a la memoria de Morelos, de Hidalgo, de Juárez y de Cárdenas, nuestro gobierno no puede ni debe moral e históricamente otorgar su reconocimiento al "títere" del imperio del norte, el señor Guillermo Endara.
Nosotros, como diputados, estamos comprometidos además a estudiar en el seno de la Comisión de Relaciones Exteriores, la posible redefinición de nuestra participación como Cámara de Diputados, en la proyectada reunión interparlamentaria México-Estados Unidos, y condicionar la participación de México si para ese entonces no se da el retiro del oprobioso ejército invasor del territorio panameño y en respeto al legítimo gobierno, encabezado por el señor Francisco Rodríguez y Manuel Antonio Noriega.
Compañeros diputados: Por todo lo anterior, la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, por mi conducto, propone a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo como un añadido, como una adición a los puntos que fueron leídos hace un momento por el compañero del Partido Popular Socialista, diputado Luján, en la cual se estampa la firma de mi fracción parlamentaria, y que se dé, desde luego, incorporación a lo que en el documento original era el párrafo segundo, en el cual se establecía demandar al Poder Ejecutivo Federal el no establecimiento de relaciones con el gobierno nombrado, en la situación de ocupación militar en Panamá.
El punto de acuerdo, tiene, desde luego, algunos considerandos:
"En consideración a que el presidente Bush dijo el 20 de diciembre que Estados Unidos emprendió esta acción para proteger la integridad del tratado del Canal de Panamá, y en consideración a que Marlín Fist Whater, portavoz de la Casa Blanca, dijo que estaba en juego la integridad de los tratados del Canal de Panamá y de que el secretario James Baker declaró a la prensa el 20 de diciembre que uno de los objetivos de la invasión estadounidense era defender la integridad de los derechos de Estados Unidos, según los tratados del Canal; Baker defendió la invasión invocando el artículo 4o., del tratado sobre el Canal de Panamá. Y en consideración a que la realidad es que la única amenaza a los tratados proviene de Estados Unidos y no del gobierno de Panamá, porque cuando los reporteros le pidieron al señor Bush una explicación y lo mismo al señor Baker, no tuvieron una respuesta clara en cuáles eran los preceptos violados en relación al artículo invocado, al 4o., del tratado del Canal de Panamá.
Sólo dijo que en los últimos años, más o menos en el último, recordaba él el ritmo constante de hostigamiento que ha venido sufriendo Estados Unidos contra los estadounidenses que habitan en Panamá, como un símbolo de impotencia del señor Bush.
Además, como otro considerando importante, el señor Bush, en sus iniciales declaraciones, no dio ninguna referencia legal cuando, como base de la invasión estadounidense a Panamá y luego de que el señor Secretario de Estado, James Baker le dijo a la prensa, después del hecho que las acciones que hemos emprendido son, en nuestro juicio, completamente acordes con el derecho internacional.
"Por derecho internacional los Estados Unidos, - dijo-, tienen un derecho inherente de defensa propia, como lo reconoce, invocó el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, y como lo reconoce, invocó el artículo 21 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos." Y en consideración a que en realidad, según el derecho internacional, cualquier pretendida defensa propia debe de consistir de una respuesta, tanto proporcional a la amenaza, como necesaria para el gobierno amenazado; una invasión aplastante para eliminar las fuerzas armadas de otra, y de poner su gobierno e instalar uno espurio, es completamente desproporcionado a la presunta causa invocada, que fue la muerte de un militar estadounidense.
La interpretación estadounidense del derecho internacional, compara y pone en igualdad de circunstancias, un ataque supuesto a algunos ciudadanos estadounidense en territorio extranjero, con una invasión al propio territorio de Estados Unidos.
El artículo 18 de la carta de la Organización de Estados Americanos, no deja la menor duda al respecto. Baker cita el artículo 21, que le prohibe a los países miembros recurrir a la fuerza militar, salvo en casos de defensa propia, de acuerdo con los tratados existentes. Pero no hay nada en el artículo 21, que desconocer el artículo 18, que es primordial y que a la letra dice: "Ningún Estado o grupo de estados, tiene el derecho de intervenir directa o indirectamente por ninguna razón en absoluto, en los asuntos internos o externos de otros estados".
En los últimos 21 meses, hemos visto que Estados Unidos sí ha intervenido repetidamente de hecho, y en gran escala con maniobras militares y otras demostraciones, en los asuntos internos de Panamá, culminando con la invasión del miércoles, que es una forma de intervención bastante, dramática. El secretario Baker, tampoco invocó el artículo 4o., del tratado del Canal de Panamá, que de hecho refuta la posición que anteriormente expusimos.
En consideración a estos dos aspectos, y en consideración a un oficio de fecha 26 de diciembre de 1989, en la cual la misión permanente de Panamá ante la Organización de Estados Unidos Americanos, se dirige al señor Joao Clemente Baena Soarez, Secretario General de la Organización de Estados Americanos, en la cual le solicita a través de su gobierno legítimamente constituido y reconocido en una sesión extraordinaria realizada por ese organismo, el acatamiento de la resolución CPRS534800/89, del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, principalmente en relación al retiro inmediato de las fuerzas invasoras extranjeras del territorio nacional, el cese de las acciones de persecución y las ejecuciones sumarias de los dirigentes políticos y sindicales del pueblo panameño por dichas tropas extranjeras, y que permitan que el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, pueda realizar in situ, las gestiones que le fueron encomendadas por el párrafo noveno resolutivo de la antes mencionada resolución del Consejo Permanente.
Por todos estos considerandos, compañeros diputados, por escrito y en cumplimiento de lo establecido en nuestro reglamento, me permito proponer ante ustedes el siguiente punto de acuerdo, para que se anexe a los ya propuestos por el compañero Luján, y que además se turne a la Comisión de Relaciones Exteriores, para que proceda en consecuencia.
«PUNTO DE ACUERDO
Unico. Por medio de la Comisión de Relaciones Exteriores y de nuestro embajador ante la Organización de Estados Americanos, se dé cumplimiento a las resoluciones CPRES534800/89, del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, principalmente en torno al inmediato retiro de las fuerzas invasoras extranjeras del territorio panameño, al cese de la persecución y a las ejecuciones sumarias de dirigentes políticos y sindicales, y que se permita al Secretario General de la Organización de Estados Americanos, llevar a cabo in situ, las gestiones acordadas en el párrafo noveno resolutivo de la resolución mencionada, que no reconoce al gobierno de Guillermo Endara, y reconoce al gobierno legítimo de Francisco Rodríguez Podeda.
Atentamente.
Firman varios; 12 diputados pertenecientes a la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.»
Por su atención, compañeros diputados, muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Resérvese la secretaría la propuesta del diputado Estévez, para darle trámite una vez que se haya tramitado la declaración a que dio lectura el diputado Luján, firmada por los grupos parlamentarios.
Continuamos con el trámite de la propuesta del diputado Luján.
Para razonar su voto, tiene la palabra el diputado Manuel Marcué, del grupo parlamentario de la Revolución Democrática.
El C. Manuel Marcué Pardiñas: - Señores diputados: Pido encarecidamente a los compañeros del Partido Revolucionario Institucional, pongan atención a mi intervención, pido respeto para mi intervención como yo me he comprometido con ustedes para tener respeto a todas las intervenciones de los compañeros del Partido Revolucionario Institucional.
El C. Presidente: - Señores diputados, la petición que les formula el señor diputado Marcué es procedente, por lo que ruego silencio y atención a su intervención.
El C. Manuel Marcué Pardiñas: - Señores, ayer apenas protestábamos por la muerte de una joven periodista del periódico El Día. Ahora, señores diputados, voy a solicitar de ustedes que hagamos un minuto de silencio por la muerte de un mexicano distinguido, un gran periodista, el señor Pagés Llergo de la revista Siempre, que durante toda su vida actuó a favor de los grandes problemas nacionales a favor del pueblo de México.
Pido al señor Presidente que mi solicitud la haga a esta asamblea.
El C. Presidente: - Sírvanse la secretaría consultar a la asamblea si decide guardar el minuto de silencio en recuerdo del señor José Pagés Llergo.
La C. secretaria Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: - Por instrucciones de la Presidencia, y en votación económica, se pregunta a la asamblea si se acepta la proposición del ciudadano diputado Marcué Pardiñas para dar un minuto de silencio a la memoria del señor José Pagés Llergo.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente.
El C. Presidente: - Ruego a los diputados ponerse de pie.
(Se guarda un minuto de silencio.)
Prosiga su intervención, diputado Marcué.
El C. Manuel Marcué Pardiñas: - Señores, lo que le sucede al pueblo hermano de Panamá nos tiene consternados.
En la revista de ese gran periodista que fue Pagés Llergo, viene un artículo que hace análisis de lo que ha sucedido en Panamá. Señores, yo les pido atención y silencio. En ese artículo se expresa la verdad sobre la conducta del gobierno norteamericano; dice así, señores, el artículo es de un periodista inteligente y sereno, es del señor Luis Suárez, y dice así:
"El año pasado entrevisté al general Noriega cuando era sólo comandante de las fuerzas de defensa de Panamá. Del aeropuerto Neil Castro, eminente sociólogo, dirigente del Partido Revolucionario Democrático, me llevó en automóvil a un restaurante campestre en las afueras de la capital panameña, donde la colonia china, compuesta por ricos comerciantes, seguramente nada maoístas, ofrecían una cena al entonces ya llamado por los medios periodísticos y algunos políticos norteamericanos, el hombre fuerte de Panamá.
El rostro del general Noriega presenta algunos rasgos orientales, pero dentro de una condensación de sangres mezcladas en el crisol americano del istmo mestizo posterior al matiz europeo e indígena precolombino. Cara de piña le dicen unos, con intención despectiva, pero otros en populachera confianza. Incluso se afirmaba que era de la religión budista. No sobraría tampoco que lo hubieran llamado algo así como brujo, por su astucia y sagacidad, todo ello con la firmeza que ya mostraba ante las presiones norteamericanas.
En aquella ocasión me dijo en síntesis: Panamá no es Granada y Estados Unidos no nos va a encontrar de rodillas."
Esa previsión, nacida de una vigorosa voluntad antiimperialista, producto de una convicción patriótica que fue creciendo en semejante proceso al que vivió su jefe Omar Torrijos, se ha cumplido en mayor proporción que la que hizo Bush, al disponer su indignante invasión de Panamá, poco después de la media noche del 20 de diciembre.
Efectivamente, dignificando la historia latinoamericana, una vez más, sobre las oprobiosas páginas escritas por el imperio del norte, no encontraron a Noriega y a sus tropas, ni a la mayoría del pueblo
panameño, no a los desnacionalizados en comercio y alma proyanqui de la calle 50, no los encontraron de rodillas, sino ofreciendo resistencia, a pesar de la desproporcionada relación de fuerzas y de fuego.
No fue el de los emisarios armados de Bush un paseo militar, como la resistencia continuaba días después y anunciaba continuar hasta el morir, como afirmó en su dramático y conciso mensaje el propio Noriega desde el punto desconocido de donde dirigía el combate patriótico.
Panamá comenzó a parecerse más a Vietnam que a Granada, un país isla de sólo 240 mil habitantes, donde la 88 división pudo cumplir su misión no menos ignominiosa en unas cuantas horas.
Ignoramos en estos momentos cuál será el resultado inmediato de esta desigual lucha en suelo panameño, o quizá más allá de sus fronteras. Pero es evidente que de no haberse alcanzado enseguida o en 24 horas los objetivos señalados por el Presidente norteamericano ello constituye un fracaso militar y una derrota moral y diplomática.
Por que Noriega se había convertido en una obsesión, en un punto de honor y orgullo para el poderío de la administración norteamericana. Lo era en la de Reagan y Bush aceptó esa herencia. No hay que olvidar quizá para explicar mejor el resentimiento del actual mandatario, que éste fue antes director de la Agencia Central de Inteligencia, y que Noriega como jefe de la Inteligencia de las Fuerzas Armadas Panameñas trató con esa compañía, lo consideraban equivocadamente colaborador.
Pero se les fue yendo para cumplir estrictamente como militar panameño independientemente de la relación de ejército y poder con la gran potencia, es forzoso tener como sobrevivencia en los estados latinoamericanos. La cuestión es cómo se tienen esas relaciones y hasta cuándo soportarla en condiciones sumisas una conciencia militar hostil latinoamericana.
En la ocasión en qué entrevisté a Noriega tuve acceso al expediente derivado desde un tribunal norteamericano que le había abierto en Florida para acusarlo de narcotraficante. El Tribunal Superior de Justicia de Panamá tenía entre aquellos papeles pruebas que rechazaban las acusaciones y había ahí más de una comunicación de la Agencia de Lucha Contra las Drogas, donde se felicitaba al mismo Noriega por su enérgica y eficaz lucha contra el narcotráfico en Panamá.
Pero al afirmar que la actitud de Noriega en posiciones patrióticas las instancias norteamericanas lo trocaron de amigo en enemigo. El fondo de las cuestiones no estaba en un problema de droga sino en que Noriega, heredero de Torrijos, reclamaba el cumplimiento de los tratados sobre el canal firmados por Torrijos con el Presidente Carter."
Señores diputados, esto hay que tomarlo muy en cuenta, acercándose el final de este siglo, del canal y de toda el área adyacente que lo protege, deben desaparecer administradores y bases norteamericanas.
En el Senado estadounidense se había acordado, en el pasado, que se introdujeran modificaciones a los tratados para que, si bien el canal pasara a manos panameñas, no desaparecieran las cuatro bases militares yanquis que ahora lo resguardan. Y de donde han partido, en despliegues, los invasores reforzados por más tropas, sobre 13 mil que había, enviadas desde California, para destruir y dominar a un pequeño país con un pequeño ejército, pero un ejército patriótico.
Y esto, esto se explica porque la retención de tales bases no sólo tiene un significado para Panamá y el canal, sino para toda América Latina, señores diputados; en contra de lo estipulado en los convenios sobre el canal, en ese mismo territorio Estados Unidos instaló el comando sur de su ejército para mantener controles, comunicaciones de uso militar y base de apoyo a cualquier acción bélica sobre Centroamérica, El Caribe y el resto de nuestra América Latina.
No conocemos la vida privada del general Noriega, cuánto tiene de arcángel y cuánto tiene de demonio o de Buda; pero todo lo dicho anteriormente y no las vinculaciones que les atribuyen con el narcotráfico, es lo que determina el enorme despliegue militar para capturarlo.
Paradójicamente, Estados Unidos lo declara un fugitivo de la justicia estadounidense, cuando Noriega está en tierra propia, está en su patria y además la defiende con dignidad, con valor y con grave riesgo de su propia vida.
Como en los tiempos románticos del oeste, al menos románticos en las películas, el presidente Bush se erige en good boy justiciero y ofrece un millón de dólares para quien entregue o dé información de lo que haga posible la cabeza de Noriega.
Pero como de todos modos vivimos en otros tiempos, donde una división de caballería no va a caballo, como iban los cowboys, sino sobre
tanques blindados, Bush, señores diputados, no manda poner carteles para que le den vivo o muerto, sino que manda, primero, una división, como no lo encuentran, pues la capacidad de Noriega o su buena información o ambas cosas lo mantuvieron prevenido, envía otra división y más fuerzas; más de 20 mil hombres terriblemente pertrechados con armas que por medio de láser generan claridad en la noche a la casa de uno solo, como si se tratara de una acción judicial encargada a unos cuantos policías con una orden de arresto.
Para lograr la captura de Noriega, pisotean el derecho internacional. Nada raro en las tradiciones e interpretaciones monroístas de Estados Unidos. México ha sufrido eso; todos los países de América Latina han sufrido eso; se falta al respeto no sólo a Panamá, en cuanto a su derecho soberano de designar autoridades civiles y militares que esa nación quiera y no impuestas desde las bases bajo bandera yanqui. Se le falta al respeto a toda América Latina; casi unánimementec indignada, muy indignada hoy, y a las instituciones internacionales como la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas; se bombardea, se cañonea y ametralla a la ciudad y al campo; se causan grandes destrucciones y se derrama mucha sangre de un pueblo débil pero con un gran espíritu patriótico.
Se derrama la sangre tanto de combatientes como de la población civil inerme. Todo, señores diputados, porque Noriega debe ser detenido y llevado a un tribunal ajeno a la ley, a su patria panameña. No podía imaginarse, quien haya conocido la evolución del general Noriega, que éste aparezca un día esposado, careacontecido, humillado, es decir vivo como la expresión personal de la humillación a que se quiere someter a toda una nación por pequeña y débil que sea.
Los días transcurridos entre la negra noche del 20 de diciembre y los que siguieron, sin que el rastreo limpieza le llamaran a una abierta invasión diera con Noriega ni agotara la resistencia, se volvieron contra el alarde de fuerza de Estados Unidos que quiere someter a todos los pueblos de América Latina.
Señores, a ver si los señores que silban, silban ahora al oír lo que voy a decir: ¿Cuál ha sido la conducta de México señores? ¿Cuál ha sido la conducta de México en tiempo pasado? Todos la recordamos, todos la sabemos; aquí hay historiadores distinguidos como Fuentes Mares y como otros que saben de la historia de América Latina en relación con Estados Unidos.
El C. Presidente: - Diputado Marcué, es el diputado Fuentes Díaz.
El C. Manuel Marcué Pardiñas: - Fuentes Díaz, perdón, Fuentes Díaz. Guatemala con Arévalo, Brasil, Chile han sido testigos, y ¿cuál ha sido la actitud de México frente a la agresión que han sufrido esos países? A Guatemala México le dio su solidaridad y las puertas de la embajada estaban abiertas para que entraran todos los guatemaltecos perseguidos por el ejército yanqui; Brasil, México, su gobierno patriota en ese sentido, alquiló edificios para meter dentro de esos edificios que era la casa de México, a los brasileños perseguidos; Chile, ustedes lo conocen y uno de sus miembros sabe la defensa que hizo de la República de Chile.
¿Pero qué ha hecho, señores, qué ha hecho el gobierno mexicano? ¿Qué ha hecho el gobierno mexicano ahora? Cerraron las puertas de la embajada de México en Panamá para que no entraran los panameños patriotas que defendían a su patria. Se dice que cerraron las puertas y que no encontraron las llaves. Eso es vergüenza para el gobierno mexicano y debe de ser vergüenza para esta asamblea legislativa.
México nunca negó asilo y ahora lo clausura. Cómo es posible que el canciller panameño esté preso en cárceles norteamericanas.
Yo pregunto una cosa, me pregunto: ¿Por qué el señor presidente Salinas de Gortari no le ha dicho al pueblo mexicano qué hablo con Bush, qué le pidió Bush y qué le contestó el Presidente?
Señores: cuidemos la política internacional de nuestro país, defendamos a nuestros hermanos latinoamericanos; señores: ¿qué vamos a hacer, pregunto yo, cuando el activo y prepotente Presidente de Estados Unidos le exija al gobierno mexicano que le entregue a Zorrilla, que le entregue al general Durazo, que le entregue a Gallardo, que el entregue algunos gobernadores del estado de Sinaloa y de otros estados, que le entregue a militares de alta graduación, que según ellos, están implicados en el narcotráfico? Nos van a poner plazo de 15 ó 20 días para que se los entreguemos y si no se los entregamos van a venir con sus aviones, sus soldados y sus armas a obligarnos a entregarlos y a ensangrentar el suelo mexicano, con la sangre de los mexicanos.
El C. Presidente: - También para razonar su voto, tiene la palabra el diputado Martínez Camberos.
El C. Alexandro Martínez Camberos: - Honorable asamblea: Cada quien tiene su manera de decir las cosas, de reaccionar y de expresarse frente a los acontecimiento como el que estamos tratando.
Permítanme ustedes que lea algo que escribí por Panamá, pero va implícito que lo hago por México:
¡Ah, engreídos robots traganíqueles, bebedores de Coca-Cola, héroes a la Paramount que pretenden hacer de la historia, una historieta del Far West, en que toda, toda la tierra sea una Texas robada; con la Colt en la diestra, la Biblia en la siniestra y unas frases vacías, como son: Democracia, libertad, en vuestra boca de chicle, tabaco y alcohol.
Pero es tu hora, romano que turistas por el mundo como fantoche, que estudias y mides con afán fenicio, intentas "protegerlo" cual centurión e "iluminarlo", como Nerón...
Y porque abriste el canal, eres el duelo del banano, amo de la hacienda, voz del ferrocarril, patrón del barco, capitán del puerto, quieres ser también propietario del quetzal, del cóndor, de la llama, del caballo y del águila heráldicos de América. De ahí tus ligas y cepos, halcones y mastines, tus mercenarios cazadores y ojeadores con libreas de Presidente, general o embajador.
¡ Ah, Calígula, qué buen cónsul has nombrado; caracolea las alfarerías de Occidente y cocea las puertas del Oriente a nombre de Washington, Lincoln y la Cruz, para él sólo asiento del Pentágono, una marca de automóviles de lujo y el signo aritmético de más.
Aprovechad, pues, la hora, romanos, pregonadla como vuestra porque no tendréis otra, porque se está acabando en este mismo instante en que lo estoy diciendo, pues la rueda gira movida por las grandes corrientes humanas y muele la blanca harina del mañana.
Ah, ésta es la hora del terror y la furia, del cinismo, de la injuria, de la perfidia, la provocación y la calumnia, ésta es la hora sexta y la hora nona, la hora del madero y los clavos, la lanzada y la esponja de vinagre, es la hora de jugar a los dados, la túnica y el cuerpo del ajusticiado; y suben las acciones de la United Fruit cada vez que un comunista es liquidado; es la hora del vinablo, la daga y el hacha, del dólar y la atómica, la niebla y la tiniebla, es la hora del simún y el alud, del pantano y la cloaca, la meada y la ponzoña, hora de alimañas, hora de la emboscada, del abordaje y la trampa, igual que la hora del jaguar, la hiena, el vampiro y el chacal, es la hora del pulpo y el escualo, la serpiente, la rata, el escorpión, porque es la hora de Caín, la hora de sodoma, la hora del becerro, la hora de Barrabás, la hora de llamar "asamblea" a la manada, consejo a la jauría y consulta a los ecos del aullido.
Es pues, la hora del águila calva, es la hora fría en entenebrida que precede al alba.
El clásico cantaba: "Aprisa cantan los gallos y quieren quebrar albores".
Pueden matar millones de esos bermejos heraldos de alborada, mas no detener el fuego del mañana. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Gerardo Medina, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El C. Gerardo Medina Valdez. - Señor Presidente; señoras y señores diputados: Después de escuchar a los diputados que nos antecedieron y al periodista Luis Suárez, permítasenos fundar nuestro voto en pro de la proposición que hizo el Partido Popular Socialista.
En mi involuntaria réplica a quienes juzgan las coincidencias entre dos partidos como vergonzosos maridajes, esta declaración en torno a los sucesos de Panamá, conjunta las firmas de todos los partidos representados en esta Cámara plural, plural hasta la angustia de la precaria mayoría y a nadie se le ocurrirá, eso esperamos, descalificar este consenso como una escandalosa unión entre dispares.
Con la autoridad de este consenso para el cual nadie ha tenido qué renunciar a sus principios doctrinarios, cada uno de nuestros partidos fundamenta su forma a los considerandos y a los tres puntos de la resolución, de los cuales el primero, consideramos, es el fundamental; el retiro inmediato de las tropas norteamericanas del territorio panameño, sin caer en el fácil y oportunista antiyankismo visceral, los diputados de Acción Nacional a la LIV Legislatura del Congreso de la Unión demandamos, junto con los demás, el cese inmediato de la ocupación militar de Panamá por Estados Unidos. (Aplausos.)
No hay una sola razón válida que pueda justificar este asalto. Es cierto que en las elecciones de mayo los candidatos del hombre fuerte fueron derrotados. Es cierto que el hombre fuerte reprimió todos los intentos civiles y civilizados por hacer respetar la voluntad política del pueblo panameño. Pero ni los panameños, ni nadie, otorgó ni podría otorgar jamás a Estados Unidos el título de defensor de la democracia en ningún territorio que no sea el suyo propio.
Para nosotros los mexicanos, para nosotros los latinoamericanos, la democracia, nuestras democracias, deben ser y deberán ser siempre obras en nosotros mismos. Sólo en otras áreas del mundo
algunos países aceptaron, forzadamente, sangrientamente muchas veces, que otros decidieran qué dimensiones debería tener el ejercicio de sus derechos naturales. Y aún esos países se han rebelado y están rescatando su dignidad.
No hay hombre fuerte que dure 100 años, ni hay Rumania, ni hay Cuba, ni hay Panamá que los resista. (Aplausos.)
Como entre los hombres, en todas partes, también entre naciones; como entre los hombres, el abuso de la fuerza merece la condena general. Y ese principio vale igual en Europa Central que en África, en el extremo Oriente que en Latinoamérica. Estados Unidos, primera potencia del mundo, debe madurar como pueblo. ¡Ya no puede ser, los latinoamericanos no podemos permitir que se siga creyendo el gendarme universal!
Como pueblo, Estados Unidos debe rebasar aquel estadio que Rubén Darío describió, dirigiéndose a Teodoro Roosevelt: Ahí donde pones la bala, pones el corazón.
Estados Unidos debe entender que pasó el tiempo de la colonización, en la que como pensaban de los indios: no hay mejor latinoamericano que el latinoamericano muerto.
Es el consejo de un vecino sensato que pone por encima de sus intereses bilaterales su conciencia latinoamericana: Estados Unidos cuida tu casa y deja la ajena. Saca a tus soldados del suelo panameño y sácalos ya. No debes olvidar que, como te lo dijo el gran poeta nicaragüense, "En nuestras tierras iberoamericanas hay sueltos mil cachorros de león español".
Aún es tiempo, Estados Unidos, de que te limpies el rostro manchado con la sangre del pueblo panameño. ¡Llévate a tus tropas y déjanos en paz! Te lo decimos, sin la menor sombra de odio, pero sí con el valor de la solidaridad latinoamericana, desde México: ¡Manos y botas yanquis, fuera de Panamá! (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Gonzalo Martínez Corbalá, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El C. Gonzalo Martínez Corbalá: - Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Han sido pocas las veces en las que se ha manifestado la unanimidad completa de todos los partidos aquí representados en esta Cámara y una de estas ocasiones ha sido precisamente la que estamos comentando ahora, en ocasión de la propuesta del Partido Popular Socialista, es decir, la invasión de las tropas norteamericanas a la República hermana de Panamá.
Es alentador el que la política exterior mexicana, que fundamentalmente se ocupa en la escena internacional de la defensa de la soberanía de nuestro país, de la soberanía nacional, tenga este apoyo de la representación nacional de esta Cámara.
El consenso aquí expresado le da contenido a esta vertiente exterior de la defensa de la soberanía nacional en una vertiente interior hacia dentro de nuestro país, en la realización concreta de la soberanía popular, base y sustento de la soberanía nacional en la comunidad internacional.
Los principios contenidos en la Constitución, en nuestra Carta Magna en el artículo 89, párrafo décimo, se hacen así una realidad, una difícil realidad, esta lucha que América Latina ha sostenido secularmente por consolidar la soberanía nacional de cada uno de los países que la integran; ha sido una lucha verdaderamente áspera, difícil y en ocasiones, como la que ahora estamos comentando, es una lucha sangrienta también.
La presencia de tropas de invasión en Panamá, produce ominosas turbulencias internas, dentro del propio país hermano, tanto como internacionales en la región centroamericana.
Algunos países vecinos se sienten amenazados justamente por la presencia física de las tropas militares en sitios tan cercanos, las distancias en Centroamérica son cortas y realmente no les falta razón para esta angustia, para esta preocupación; la atmósfera que se genera con esta invasión es una atmósfera peligrosa en el ámbito internacional y hay otros países de la región centroamericana que se sienten justamente amenazados en este momento y también a ellos les debemos nuestra solidaridad y en buena hora que se ha producido este consenso alrededor de la República de Panamá, porque también en alguna medida indica lo que pensamos acerca de la amenaza que se cierne sobre otros países de la región centroamericana.
Los mexicanos no podemos pasar por alto este hecho y el peligro que representa para nuestro propio país la posibilidad de una extensión del conflicto sobre Centroamérica, es algo que también debe ser motivo de nuestra preocupación, también de nuestra atención.
El desbordamiento de las hostilidades podría llegar muy cerca de nuestras fronteras, por lo menos de la frontera sur, por remota que sea esta posibilidad, que pudiera ser considerada así, tenemos que tomarla realmente muy en cuenta; nuestra
frontera sur está en peligro también en este momento.
La invasión armada, cualquiera que sea, y concretamente así sucede ahora en Panamá, tiene desde luego efectos internos dentro del propio país muy lamentables. La inseguridad a que se ve sujeta la población panameña, la sociedad civil, persecuciones de las tropas invasoras, muertes, asesinatos, diría yo, de gente inocente que no estaba ni siquiera involucrada directamente con las fuerzas armadas panameñas ni tampoco con quien ha sido perseguido de esta manera, hasta el punto de poner en peligro a un país completo por un hombre.
Y tiene también efectos internacionales porque provoca turbulencias no solamente en la región, ya nos hemos referido a lo que sucede en estos momentos de la subregión centroamericana.
También en los foros multilaterales, en Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos, tiene esto consecuencias y el difícil equilibrio internacional se rompe ese balance que hasta ahora pareciera prometedor en las gestiones en la cumbre de las dos grandes superpotencias por el desarme, se hecha por tierra ante conflictos de esta naturaleza.
Se ha dicho, con mucha razón, que la distensión regional, en ocasiones, puede aflojar las tensiones globales mundiales y esto es cierto; sin embargo, estamos comprobando que el aflojamiento de las tensiones globales mundiales no siempre se produce en la distensión regional. En este caso, mientras hay una aparente distensión a nivel global, mundial, estamos viendo cómo se acrecientan al máximo las tensiones regionales en Centroamérica que era ya de suyo en región en graves problemas de conflictos armados internos que han amenazado muchas ocasiones por desbordar las fronteras de los países en donde se dan, en los que México ha jugado un papel importante para detener este desbordamiento de la violencia en Centroamérica y ahora estas tensiones que ya eran graves de la inversión, se agravan todavía más con esta invasión militar y la situación se torna sumamente peligrosa, diría yo, para todo el mundo.
Es natural que México tenga una preocupación fundamental por esta situación, porque, como he dicho, nuestra frontera sur está, en este momento, en peligro.
Las tropas nacionales panameñas están en juego en este incidente, desafortunado y violento, en el que han llegado tropas norteamericanas a invadir el país.
Yo he tenido la desgracia de haber tenido que presenciar lo que en un país latinoamericano significa la suspensión de garantías individuales y el que las tropas de ese propio país tomen el poder violentamente y por la fuerzas y que maten en las calles a compatriotas de los soldados, inermes y sin orden ni autorización siquiera de los superiores.
Y si esto es muy grave, es muy grave el hecho de que las tropas nacionales de cualquier país tomen el poder por la violencia y por la fuerza, es más grave, podría decirse todavía, el que vengan tropas invasoras de otro país a tomar el poder y a perturbar, de tal manera, la vida institucional, social, política, y aún económica de un país, como es el caso de Panamá.
¿Qué va a pasar con Panamá, con su economía, con su infraestructura?, ¿cuantos años va a tardar este pequeño país, en reponerse de los daños que le están causando los bombardeos, los cañones y las matanzas en las calles, un pequeño país, con una precaria economía que de esta manera se ve absolutamente perturbada y destruida?
¿Qué va a pasar con la vida económica y las instituciones del país, que han sido violentadas de tal manera en esta ocasión, y las turbulencias sociales, las persecuciones, la cancelación de libertades, la suspensión de garantías?
En un esfuerzo de congruencia clara de nuestro gobierno con la política exterior consagrada en la Constitución General de la República, nos hemos pronunciado por el retiro de las fuerzas armadas y por el cese de las hostilidades, para que posteriormente se pueda proceder al desahogo de los conflictos que necesariamente se van a presentar en ese país, y que como mencionamos, han de ser de diversas índoles y muy complejos, pero todos castigarán profundamente al pueblo panameño.
En este esfuerzo de congruencia, no fácil por cierto, del gobierno mexicano, ha coincidido plenamente esta representación nacional y se ha expresado por unanimidad en el mismo sentido.
Exigimos nuevamente en esta ocasión, al término de este período ordinario de sesiones, el retiro inmediato de las tropas invasoras, exigimos el cese de las hostilidades, exigimos el respeto al estado de derecho y a los derechos humanos, políticos y sociales del hermano pueblo panameño. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Corresponde proceder a dar trámite reglamentario a la propuesta que formulada por el diputado Jesús Luján, ha obtenido el consenso de todos los grupos
parlamentarios. Para el efecto, sírvase la secretaría dar lectura a los resolutivos de la declaración propuesta por el diputado Luján.
La C. secretaria Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: - Por instrucciones de la Presidencia, se dará lectura a los puntos resolutivos de la propuesta del diputado Jesús Luján:
"Primero. Reitera la exigencia del cese inmediato de las acciones militares y el retiro de las fuerzas invasoras de la República de Panamá.
Segundo. Exige cese toda persecución a dirigentes políticos y sindicales y el respeto a su vida y su libertad.
Tercero. Demanda la restauración inmediata del régimen de derecho que garantice la vida, el respeto a los derechos humanos y la libertad de todos los panameños".
El C. Presidente: - Sírvase la secretaría consultar a la asamblea si aprueba el texto de la declaración a la que se le ha dado lectura.
La C. secretaria Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el texto de la declaración a que se ha dado lectura.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
El C. Presidente: - Aprobado por unanimidad. Procede enseguida dar trámite a la propuesta del diputado Estévez; respecto a esta propuesta, la Presidencia tiene en términos reglamentarios dos opciones: seguir el procedimiento previsto en los artículos 124 y 125 aplicándolo por analogía a la propuesta, o bien hacer uso de las facultades que el artículo 21 del reglamento confiere a esta Presidencia en la fracción III que dice:
"III. Dar curso reglamentario a los negocios y dictar los trámites que deban recaer en los asuntos con que se de cuenta a la Cámara".
Habiendo obtenido la declaración propuesta por el diputado Luján el apoyo de todos los grupos parlamentarios, habiendo obtenido una votación unánime para la propuesta del diputado Estévez, esta Presidencia opta por hacer uso de las facultades que le otorga la fracción III a que he dado lectura, en consecuencia, la propuesta del diputado Estévez recibe el trámite siguiente:
Trámite: - Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.
(Aplausos.)
Para referirse en los términos de una cuestión que en términos parlamentarios se denomina cuestiones incidentales, conectado con la materia y la cuestión de la que se ha ocupado la asamblea y ha votado, concedo la palabra por cinco minutos al diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, del Partido Popular Socialista.
El C. Jesús Antonio Carlos Hernández: - Ciudadano Presidente; compañeras y compañeros diputados: Estamos enterados de las lamentables condiciones en que se encuentran 4 mil 600 personas, ciudadanos panameños arrestados por las tropas norteamericanas de ocupación, se encuentran hacinados en un lugar a campo abierto en las peores condiciones higiénicas, sin recibir alimentación adecuada y con un tratamiento vejatorio de parte de las tropas norteamericanas.
En estas circunstancias, estamos enterados también que el día de ayer, lamentablemente fue detenido el Presidente de la Asamblea Legislativa de Panamá, el compañero Celso Gustavo Carrizo, por lo que se desconoce además su paradero concreto y se teme por la vida y la seguridad del Presidente de la Asamblea Legislativa.
En esa virtud, compañeros diputados y para los efectos de que se le dé el trámite correspondiente, turnándose a la comisión respectiva, me permito hacer la siguiente propuesta:
«Enterados los diputados mexicanos de la detención del diputado Celso Gustavo Carrizo M., expresidente de la Asamblea Legislativa de la República de Panamá efectuada ayer 27 de diciembre por las fuerzas militares de ocupación en este país hermano cuando los órganos de gobierno de Panamá habían ordenado 24 horas antes la suspensión de la resistencia para evitar mayores sacrificios del pueblo, siendo conducido a la base militar norteamericana en la zona del Canal, desconociéndose hasta el momento su situación real y tomando en cuenta que peligran la seguridad y la vida misma de este alto representante popular, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acuerda:
Primero. Exigir al gobierno de los Estados Unidos de América, el respeto a la vida y la liberación inmediata del diputado Celso Gustavo Carrizo M., expresidente de la Asamblea Legislativa de Panamá.
Segundo. Demandar a la Organización de Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos, que interponga sus oficios a fin de garantizar la vida y lograr la liberación del diputado Celso Gustavo Carrizo M.
Sala de sesiones de la Cámara de Diputados, a 28 de diciembre de 1989.- Firman los ciudadanos diputados: Francisco Ortíz Mendoza, Modesto Cárdenas García, Jesús Luján Gutiérrez y Jesús Antonio Carlos Hernández.» Muchas gracias.
El C. Presidente: - Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.
También como cuestión incidental relacionado con la cuestión panameña, ha solicitado el uso de la palabra el diputado Curi. Tiene la palabra el diputado Francisco Curi Pérez Fernández.
El C. Francisco Curi Pérez Fernández: - Señor Presidente: compañeras y compañeros diputados: Se ha dicho mucho sobre el tema de Panamá, creo que bien poco podría agregarse después de las interesantes palabras que hemos venido a escuchar aquí de los diferentes grupos parlamentarios, sin embargo, es importante hacer un esfuerzo de congruencia entre lo que se dice, entre lo que se propone y entre lo que se hace.
Creo yo y, a través mío están las palabras de un grupo de diputados del Partido de la Revolución Democrática, que es muy importante el papel que puede jugar México en este conflicto, no es, como muchos lo sabemos, la primera ocasión en la que nuestro país juega un papel fundamental y que este papel ha permitido indudablemente, que muchos conflictos en diferentes partes del orbe pudieran tener un tratamiento diferente al de los que han querido darles fundamentalmente los países que pretenden tener una hegemonía sobre diferentes regiones en el mundo.
Por esa razón, creemos pues, el Partido de la Revolución Democrática, que es importante pasar a consideración de todos ustedes un punto de acuerdo en relación a este problema y que realmente ponga en forma activa a esta Legislatura, en este conflicto tan trascendente para la vida de Latinoamérica y tan difícil para un país hermano como Panamá.
Me voy a permitir leer este punto de acuerdo que proponemos a ustedes:
«Considerando que la sesión plenaria de la Cámara de Diputados se pronunció en forma unánime el pasado 20 de diciembre del año en curso, por el inmediato retiro de las tropas norteamericanas que invadieron el territorio panameño, esta invasión lesiona no sólo a la soberanía panameña, sino a la soberanía y dignidad de todos los pueblos latinoamericanos, la permanencia de las tropas de ocupación norteamericana en el territorio de la nación istmeña altera gravemente la normalidad de las relaciones entre las naciones americanas, que solo se restablecerá hasta que las fuerzas de ocupación se retiren del territorio soberano de Panamá.
En virtud de que durante el año de 1990 debería celebrarse la Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, pero que la normalidad de las relaciones interamericanas está gravemente alterada por la ocupación, no resulta congruente para esta honorable Cámara de Diputados asistir a dichas reuniones en tanto la invasión se mantenga.
Tomando en cuenta que está por cerrarse el Segundo Período Ordinario de Sesiones de esta Legislatura del Congreso de la Unión y que esta honorable Cámara de Diputados se ha pronunciado unánimemente en favor de la desocupación inmediata de las tropas estadounidenses del territorio de Panamá, en los términos de los artículos 59, 60 y 159 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Cámara considera de urgente resolución el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se pronuncia por no asistir a las reuniones interparlamentarias México-Estados Unidos, hasta en tanto las tropas norteamericanas desocupen el territorio invadido de Panamá."
Ojalá que seamos congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos; entrego al señor secretario este punto de acuerdo. Muchas gracias.
El C. Presidente: - ¿Va a rectificar usted hechos?, ¿quiere usted hacer uso de la palabra respecto al tema? Se le conceden cinco minutos al diputado Rubén Venadero Valenzuela.
El C. Rubén Venadero Valenzuela: - Gracias, señor Presidente; compañeros diputados: En este caso específico, en nombre de la fracción parlamentaria independiente queremos plantear nuestro desacuerdo con el planteamiento aquí sugerido por los compañeros de la Revolución Democrática.
A nosotros nos parece exactamente lo contrario, aun cuando en el contenido estamos de acuerdo, es decir, para nosotros es ahora más importante que nunca asistir a las interparlamentarias a defender una de las pocas tradiciones positivas que todavía no han sido borradas, que es la política de no intervención que forma parte de nuestra política exterior.
Es decir, debemos de aprovechar al máximo este foro para ir a plantear la opinión unánime del
Congreso mexicano en contra de la intervención norteamericana en Panamá, de otro modo, nosotros mismos nos aislamos; hay que hacer uso de los foros creo que no es necesario recordarles a los compañeros del Partido de la Revolución Democrática que en los Estados Unidos hay una gran cantidad de medios de comunicación, etcétera, internacionales, de peso internacional que nosotros tenemos que aprovechar con la presencia y la política digna de esta Cámara frente a la agresión norteamericana. Gracias, compañeros.
El C. Osiris Samuel Cantú Ramírez (desde su curul): - Señor Presidente, solicito la palabra para rectificar hechos.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Osiris Cantú Ramírez.
El C. Osiris Samuel Cantú Ramírez: - Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: He firmado la propuesta que presentó el compañero Curi y quisiera explicar porqué me parece que el razonamiento que hace en su contra de esta propuesta el compañero diputado del grupo parlamentario independiente que me antecedió en el uso de la palabra, no es suficientemente sólido para fundamentar la asistencia a la reunión interparlamentaria o la realización misma, mejor dicho, de la Reunión Interparlamentaria México- Estados Unidos.
Me parece, compañeras y compañeros, que siendo válido, siendo correcto que hay que aprovechar, que hay que utilizar cualquier foro en el que se escuche la voz de México en contra de la invasión norteamericana contra Panamá, siendo válido que no hay que desaprovechar ninguna instancia para exigir el retiro de las tropas norteamericanas invasoras en Panamá, el caso particular de la reunión interparlamentaria establece, compañeras y compañeros, una situación de desigualdad entre las dos partes inaceptable; asistiría la delegación mexicana a la reunión con la presencia, con la violación de la soberanía del territorio latinoamericano, con un Congreso, en este caso el de los Estados Unidos, que ha avalado, que ha justificado la presencia de la fuerza armada de este país en territorio latinoamericano.
Me parece a mí que es más eficaz, que es más enérgico, que es más efectivo la protesta mexicana, el reclamo de retiro de las tropas norteamericanas planteando el problema en sus justos términos; no se trata en este caso de ninguna manera, de un planteamiento que lleve a ninguna clase de ruptura de relaciones entre los dos países, pero sí se trata de una medida similar a la tan loable tomada por Perú, como el retiro de su embajador en Estados Unidos.
México ahora, compañeras y compañeros, necesita parte de la declaración tan positiva que hoy reiteramos todos los grupos parlamentarios, que fue base del punto de acuerdo, de una acción más enérgica, así lo planteamos en la primera ocasión que este asunto fue examinado en esta Cámara de Diputados.
Por tanto, me parece, compañeras y compañeros, que habría una clase de ingenuidad de nuestra parte al asistir o al dar lugar a la realización de la interparlamentaria en una situación en la que en el mejor de los casos, nuestra voz será de peticionarios y no de aquéllos que exigen desde una posición más de lucha, más digna, el retiro de las tropas norteamericanas de Panamá. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Por la importancia que la cuestión panameña implica, voy a conceder el uso de la palabra al diputado Galán y será el último orador al que le conceda la palabra sobre esta cuestión incidental, a fin de que la Presidencia esté en posibilidad de dictar el trámite correspondiente.
Diputado Galán, antes de hacer uso de la palabra, escuché un rumor en las curules; ¿dígame, diputado?
(Desde una curul): - Pido la palabra antes de votar la propuesta para dar a conocer el argumento alternativo a la asamblea.
El C. Presidente: - Si de la intervención del diputado Galán se deriva la necesidad de que se escuche el argumento alternativo, se le concederá la palabra, si de la argumentación del diputado Galán no hay motivo para el contradictorio, no se concederá.
Tiene la palabra el diputado Israel Galán Baños.
El C. Israel Félix Galán Baños: - Gracias, señor Presidente; compañeros diputados: Nuestra posición como miembros de la fracción parlamentaria independiente respecto a este punto de abstenerse de participar en la interparlamentaria con los Estados Unidos, nos parece que no es correcto porque precisamente hay elementos que hacen indispensable la participación del Poder Legislativo que ha votado unánimemente la condena de la intervención imperialista en Panamá y ha exigido el retiro de las tropas y esto debe hacerse, como se ha reiterado nuevamente, a propuesta del Partido Popular Socialista, del Partido de la Revolución Mexicana, en lo inmediato.
Nosotros no venimos aquí solamente a avalar la política exterior mexicana, sino que venimos a
poner una posición de lo que debe hacer el Poder Legislativo con respecto a este grave acontecimiento, debemos exigir que por los canales diplomáticos, el gobierno mexicano exija la inmediata salida de las tropas, que cese la represión y el hostigamiento contra el pueblo de Panamá y además por vías del Poder Ejecutivo dar toda clase de asistencia al pueblo panameño que resiste a la invasión de los Estados Unidos, ayuda humanitaria, asilo a los compañeros perseguidos en Panamá y toda clase de ayuda que sostenga la lucha del pueblo panameño contra la intervención imperialista en lo inmediato, pero en lo mediato seguramente la reunión interparlamentaria se celebrará en el mes de febrero del año próximo.
Una de las cuestiones graves es que el Poder Legislativo en los Estados Unidos ha avalado y el pueblo norteamericano según las encuestas ha avalado en un 77% la intervención imperialista en Panamá; nosotros debemos pugnar por todos los medios y en todos los foros dar a conocer al pueblo de los Estados Unidos, compuesto en una gran proporción por ciudadanos de origen mexicano y mexicanos residentes en los Estados Unidos, cuál es nuestro punto de vista respecto a la agresión imperialista en Panamá.
Creo que tenemos no sólo el derecho sino la obligación de concurrir a la reunión interparlamentaria para hacer saber a los legisladores intervencionistas cuál es la posición de nuestro órgano de poder, el Poder Legislativo mexicano, por eso nos parece incorrecto.
El C. Manuel Marcué Pardiñas (desde su curul): - Nosotros no debemos pedir, debemos exigir.
El C. Israel Félix Galán Baños: - Nosotros no estamos pidiendo, vamos en calidad de poder autónomo a la reunión interparlamentaria.
El C. Presidente: - Un momento, diputado Galán; antes de continuar su intervención, le recuerdo al diputado Marcué que en el curso de su intervención, cuando fue interrumpido llamé a los ciudadanos diputados que guardaran el respeto y escucharan su intervención. En los mismos términos conmino al diputado Marcué respete y no interrumpa la intervención del diputado Galán. Continúe, diputado Galán.
El C. Israel Félix Galán Baños: - No hemos planteado nosotros irnos a postrar frente a la representación del Congreso de los Estados Unidos, para nada; hemos nosotros planteado ir a exigir y a desenmascarar la actitud intervencionistas y el apoyo que ha recibido del cuerpo legislativo la actitud del Presidente Bush, eso es lo que estamos planteando, estamos en el derecho y estamos en la obligación de hacerlo por todos los medios y en todos los foros, ésa es nuestra posición.
El C. Presidente: - Es obvio que el punto de vista expresado por el diputado Galán es diferente del fundamento de la propuesta del diputado Curi, por lo cual, como último orador en esta cuestión se le concede la palabra...
El C. José Jaime Enríquez Félix (desde su curul): - Señor Presidente.
El C. Presidente: - Diputado Enríquez, dígame.
El C. José Jaime Enríquez Félix (desde su curul): - Quisiera que me permitiera hacer uso de la palabra.
El C. Presidente: - Señor diputado Enríquez, han hablado el diputado independiente Venadero, el diputado independiente Galán; considero que los argumentos de los diputados independientes se han expresado con amplitud en la asamblea, por lo que se concede la palabra al diputado Navarrete y después de escuchar al diputado Navarrete, esta Presidencia dictará el trámite correspondiente.
El C. Carlos Navarrete Ruiz: - Muchas gracias, compañero diputado; compañeras y compañeros: Creo que todos entendemos que lo que estamos discutiendo aquí tiene un antecedente que apenas hace unos minutos acabamos de confirmar, un antecedente sumamente importante por la posición expresada por la Cámara de Diputados de México desde que se trató el caso hace unos días y a unas horas de que los diputados mexicanos conocimos de la invasión norteamericana a ese país.
La Cámara de Diputados ha adoptado una actitud de mucha energía, una actitud digna, una actitud de defensa de la soberanía de ese país hermano, porque así lo hemos entendido todos, salir en defensa de la soberanía panameña es también plantear la defensa de la soberanía de México y de otros países de Latinoamerica.
Este hecho ha unificado a las fracciones parlamentarias, no podemos olvidarlo, evidente que en la propuesta del diputado Curi Pérez se plantea una modalidad de cómo expresar aún con un paso más allá la posición ya aprobada por esta Cámara en defensa de ese país y se da el caso particularmente de que el año próximo que está a unos días de llegar está programada una reunión, una más de las que se hacen cada año entre el Congreso mexicano y el Congreso de los Estados Unidos: las reuniones interparlamentarias.
Y aquí, evidentemente que hay una diferencia, simplemente de cómo expresar con más claridad la posición en que todos hemos coincidido, aquí no hay ninguna discrepancia de fondo, entiendo, entre la posición expresada por los compañeros diputados del grupo independiente y la propuesta del Partido de la Revolución Democrática, como no la hay, entiendo también, por el conjunto de las fracciones parlamentarias, más aun después de escuchar los discursos de los diputados hace unos minutos.
Pero nosotros quisiéramos argumentar, compañeros diputados, por qué consideramos importante la utilización, la modalidad que estamos proponiendo, no de suspender la reunión interparlamentaria, no estamos proponiendo eso, no de suspenderla ni de dar por terminadas esas reuniones bilaterales anuales que llevamos a cabo con el Congreso norteamericano, sino la propuesta concreta de que de manera pública y como un señalamiento y como una posición del Congreso mexicano, impulsemos, junto con el Senado de la República, el de que el Congreso mexicano no se reunirá con el Congreso norteamericano, en tanto su ejército se encuentre en territorio panameño, sólo en tanto esto esté así.
¿Por qué razones?, lo que dijo el diputado Galán es cierto, efectivamente, lamentablemente el Congreso norteamericano ha avalado por voz de dos de sus partidos políticos y sus dirigentes camerales, la intervención norteamericana y ha respaldado la acción del Ejecutivo de los Estados Unidos, es decir, compañeros, estamos planteándonos no reunirnos con uno de los poderes de la Unión Americana, que ha avalado la presencia de sus tropas en Panamá, no consideramos conveniente el de reunirnos ahí y decirles que no estamos de acuerdo, eso ya lo saben, eso lo saben porque saben la resolución del Congreso mexicano, de la Cámara de Diputados, lo que se trata es de no convalidar con nuestra reunión el aval que el Congreso norteamericano ha hecho de la invasión, el Congreso norteamericano es corresponsable de la invasión a Panamá, ha avalado la presencia de sus tropas y nosotros no podemos reunirnos con los invasores en este momento como Congreso mexicano.
El C. José Jaime Enríquez Félix (desde su curul): - Pido la palabra.
El C. Presidente: - Señor diputado, se ha escuchado los argumentos en términos sobrados de lo que ve y prevé el reglamento para las proposiciones; para las proposiciones, el reglamento prevé que se escuche al autor, a otro orador que quiera fundarla, en el caso de la proposición del diputado Curi han hablado en pro de la proposición el diputado Osiris Cantú y el diputado Navarrete; el reglamento prevé que se escuche por lo menos a un orador en contra y se ha escuchado a dos oradores en contra, al diputado Venadero y al diputado Galán, por lo que no procede concederle la palabra, diputado Enríquez y le ruego pasar a su curul.
A la vista de los considerandos que se han expuesto en tribuna, es evidente para esta Presidencia que el contenido de la proposición leída por el diputado Curi requiere el examen bajo el procedimiento que el reglamento y el derecho parlamentario prevé, esto es, examen y estudio en comisión, siendo competente para el punto que entraña la proposición, siendo competente la Gran Comisión de la Cámara de Diputados, en ejercicio de las facultades que me confiere la fracción III del artículo 21, que dice: "que es facultad de la Presidencia dictar el trámite de los asuntos con los que se den cuenta".
Esta Presidencia, en ejercicio de esa atribución, acuerda que la propuesta del diputado Curi se turne de inmediato a la Gran Comisión, a efecto de que ella realice las consultas con los grupos parlamentarios, con el Senado de la República y que cuente con la opinión de la Comisión de Relaciones Exteriores, por lo cual, también, se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Con esto hemos desahogado el punto quinto del orden del día y pasamos al desahogo del punto sexto en el rubro de proposiciones.
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
El C. Presidente: - Para desahogar el punto sexto, tiene la palabra el diputado del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Alfredo Arenas Rodríguez.
El C. Alfredo Manuel Arenas Rodríguez: - Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados; México está enfermo de gravedad, el diagnóstico es una parasitosis aguda que lo mata lento pero seguro...
El C. Presidente: - Permítame, diputado: Es propio de las asambleas, después de tratar una cuestión que provoca tensión, venir el momento del desahogo, por lo que le ruego a usted no dé inicio a su intervención hasta que perciba que se ha desahogado la asamblea y están en disposición de escucharlo. (Aplausos.)
El C. Alfredo Manuel Arenas Rodríguez: - El homo sapiens que la parásita ha perdido su habilidad de convivencia con su medio
ambiente ha perdido su habilidad de convivencia con su medio ambiente, ha perdido su capacidad de respeto hacia la naturaleza que tanto y tan pródigamente y sin costo alguno nos ha dado.
Hemos dejado en el olvido lo que en el pasado heredamos de nuestros ancestros; perforamos el subsuelo extrayendo sus recursos sin misericordia, talamos, incendiamos, explotamos el suelo, selvas y bosques, desiertos, sin siquiera evaluar lo que estos ecosistemas contienen o contenían para el futuro de nuestros hijos.
¿Cuántas especies endémicas de nuestro país han desaparecido sin saber siquiera que existían?, o el uso que podríamos haber aprovechado de ellas en la medicina, la ciencia o la agricultura, por mencionar algunas, sin siquiera haber tenido la oportunidad de crear los bancos genéticos para la posteridad, explotamos todo, explotamos todo sin regresar nada a cambio, ríos, lagos, mantos acuíferos, costas están moribundos y muchos ya han perdido su capacidad de regeneración, considerándolos muertos, como el río Coatzacoalcos en Veracruz.
No trato de proponer dentro de este caos, por más lógico que parezca, se fumigue la patria para acabar con el homo sapiens que la parásita, ni tampoco reconocer los esfuerzos que se han realizado en el pasado, no, lo que deseamos es fincar que ha llegado el momento de recapacitar, de reaprender lo que hemos olvidado: que la naturaleza y el hombre pueden vivir y coexistir juntos, que el desarrollo tecnológico y científico en todas las ramas pueden realizarse de mano con la naturaleza.
No sólo se debe de proteger a la naturaleza mediante medidas prohibitivas y punitivas, sino principalmente mediante acciones educativas que induzcan a un aprovechamiento racional de todos estos recursos, afirmamos que se debe educar al hombre para enseñarlo a convivir con la naturaleza mediante el aprovechamiento para el uso de ésta mas no su abuso y concientizar a la sociedad para que siga el camino de la reconciliación.
Nos pronunciamos y convocamos al pueblo de México desde esta tribuna a iniciar desde este momento un programa nacional de reconciliación del hombre con la naturaleza, para que el hombre sea capaz de entender que sólo él y únicamente él y nadie más puede y debe de preocuparse por preservar el medio ambiente.
Este sistema bioecológico de nuestra propuesta debe de ser integrado al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), debido a que por falta de atención y programas de protección y aprovechamiento racional de sus recursos ha sido víctima del saqueo, del mal uso y poco aprovechamiento de su flora y fauna silvestre y demás recursos, toda vez que el desarrollo inarticulado en las actividades humanas y la dinámica del crecimiento demográfico constituyen una amenaza; en poco tiempo de no tomarse la presente y otras medidas tendrá un importante impacto dentro del área en cuestión.
Afectaron gravemente esta región que es el último refugio natural que ha sobrevivido a la explotación irracional en el Valle de Mexicali que durante mucho tiempo ha sido importante santuario de la fauna y la flora silvestre, área de refugio para la crianza y reproducción y alimentación de millares de aves migratorias que conforman aún una importante fuente de recursos bióticos en dicha región.
Se trata pues, en nuestra propuesta, de armonizar la utilización, el aprovechamiento y la explotación racional de tales recursos con su preservación y la reintroducción de aquellas especies que se encuentran minadas; el objetivo de nuestra iniciativa es armonizar el aprovechamiento racional de los recursos naturales de la zona y la implantación de planes, programas y estrategias de protección y preservación ecológicas de dicho lugar, para que la misma sea un factor de desarrollo y progreso no sólo para las comunidades rurales colindantes, sino para todo el país.
Particularmente nuestra propuesta busca los siguientes objetivos:
Primero. Inclusión del área al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Segundo. Orientar la explotación nacional de los recursos de acuerdo con modelos de desarrollo adecuados dependientes de las características de su condición natural y el uso del suelo del área.
Tercero. Orientar la explotación nacional de los recursos de acuerdo con modelos de codesarrollo adecuados, dependientes de las características de su condición natural y el uso del suelo del área.
Cuarto. Se conozca y aproveche y preserve la gran variedad de especies de flora y fauna silvestre.
Quinto. Proponer acciones de protección, preservación y aprovechamiento integral de las relaciones ecológicas del área.
Sexto. Determinar las especies factibles de explotación cinegética con el fin de normar su aprovechamiento de acuerdo a los criterios ecológicos.
Séptimo. Zonificar los recursos naturales del área para orientar el aprovechamiento y el nivel de protección más adecuados que asegure la preservación de los mismos.
Octavo. Promover acciones de protección para la preservación de las especies silvestres más impactadas y/o en peligro de extinción.
Señores diputados: Requerimos de un gran esfuerzo de reconciliación con la naturaleza, de continuar esperando que las acciones de iniciativas provengan sólo del gobierno, nos rebasará este caos de manera irreversible; hacer a un lado nuestra responsabilidad colectiva nos llevaría a perder los recursos y áreas que aún quedan por rescatar y proteger, todos podemos aportar mucho y esta propuesta es nuestra participación modesta a ese esfuerzo solidario nacional de reconciliación con la naturaleza, mismo espíritu que se encuentra plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, emitido por el Ejecutivo y que considera el rubro de la protección ecológica como un principio ordenador de la política de desarrollo.
Se anexa a la presente copia del estudio original de factibilidad para la declaración a que se hace referencia realizado en el presente año por el biólogo Sergio Martínez Ranfla con auxilio de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del estado de Baja California.
Dicho estudio contiene un análisis integral de la flora, fauna, suelo, medio ambiente, demografía, geología, topografía e hidráulica de las actividades socioeconómicas, problemática, ecología y perspectivas de aprovechamiento, preservación, regeneración ecológica y social integrales.
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Por lo anteriormente razonado, los suscritos diputados federales integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional de esta Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos concede el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO
«Primero. Se declare área natural protegida para constituir la reserva de la biosfera, la región del Delta del Río Colorado en el Valle de Mexicali, municipio de Mexicali, del estado de Baja California, con una superficie aproximada de 38 mil hectáreas.
Segundo. El área en cuestión tiene una superficie aproximada, como ya mencioné, de 38 mil hectáreas y suyas colindancias son las siguientes, las cuales, por cuestiones de tiempo me omito leerlas pero solicito a la Presidencia se integren en el Diario de los Debates y por lo tanto, presentamos el siguiente artículo
TRANSITORIO
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Recinto alterno, a los 28 días del mes de diciembre de 1989.- Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, diputados: el de la voz, Alfredo Arenas Rodríguez, José Natividad Jiménez, Ambrosio Montellano Bustos, Espiridión Sánchez López, Ramiro Pedroza, Alberto Ling Altamirano, Gerardo Arellano Aguilar, Raúl Espinoza Martínez, Gregorio Curiel Díaz, Sergio Ruega Montoya y Jesús Sánchez Ochoa.»
(Aplausos.)
El C. Presidente: - Sírvase la secretaría insertar en el Diario de los Debates la parte de la intervención que fue omitida en lectura por el diputado Arenas.
Segundo. El área en cuestión, tiene una superficie aproximada de 38,000 hectáreas y cuyas colindancias son las siguientes:
"Al norte con la colonia Leona Vicario, al noroeste con la colonia Zacatecas, al noroeste con el Campo Mosqueda de la colonia Independencia y la colonia Venustiano Carranza, hasta el cruce del Borde de Defensa con el camino al poblado del Sombrerete; colinda al este con la carretera Mexicali San Felipe y la Sierra del Mayor; al este con la colonia Zacatecas, al sur con terrenos federales y al sureste con el Ejido Obiedo Mota (indiviso) y el límite estatal con el estado de Sonora. Esta superficie se encuentra limitada en su lado noroeste, norte, noreste, oeste y sureste, por el Bordo de Defensa que protege el lado sur del Valle de Mexicali, de las avenidas periódicas de aguas residuales abundantes del Río Colorado y asimismo de la entrada de aguasmarinas del Golfo de California o Mar de Cortés."
Trámite: - Túrnese a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN LEY QUE CREA EL FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO A LA INDUSTRIA MEDIANA Y PEQUEÑA
El C. Presidente: - Procede pasar al desahogo de los puntos del orden del día comprendidos en el rubro de dictámenes a discusión.
El punto séptimo del orden del día es el relativo a la segunda lectura del dictamen del proyecto de decreto que abroga la Ley que crea el Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña.
En atención a que ese dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, consulte la secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El C. secretario Salvador Sánchez Vázquez: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe fue turnada para su estudio y dictamen, el proyecto de iniciativa de decreto que abroga la Ley que crea el Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña, remitido a la Cámara de Diputados por la Cámara de Senadores.
El proyecto de referencia fue turnado a esta comisión para su estudio, por lo que con fundamento en los artículos 54, 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esta soberanía el presente
DICTAMEN
De conformidad con los propósitos expresados en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, entre los que se ha planteado la modernización financiera, el Ejecutivo de la Unión ha presentado ante la colegisladora, la iniciativa de decreto que abroga la Ley que crea el Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña, con el objeto de extinguirlo y transferir la asignación de las funciones que realiza dicho fondo a Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca y desarrollo, misma que cuenta con la infraestructura y experiencia suficientes para continuar desarrollando y mejorando como programa institucional los objetivos actualmente encomendados al Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña.
La Ley del Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña, fue promulgada el 28 de diciembre de 1953 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 30 del mismo mes y año. Su creación tuvo como finalidad la atención de las necesidades crediticias de la industria mediana y pequeña que no tenían acceso al sistema bancario. De esta manera, el Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña ha coadyuvado de manera decisiva a la consecución de los logros alcanzados en las áreas estratégicas y prioritarias del país, destacando el apoyo financiero al sector industrial.
El grado de desarrollo industrial alcanzado por nuestro país reside en buena medida en el avance y consolidación de un importante número de industrias medianas y pequeñas, que significan un elemento sustancial en la conformación del aparato productivo. La participación del Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña, ha representado una pieza central dentro del esquema del sistema financiero de fomento, al impulsar y desarrollar la planta industrial nacional, llevando a cabo sus operaciones a través de programas consistentes en proporcionar financiamiento en forma expedita, suficiente y oportuna; lo que ha propiciado el sano desarrollo de la micro, pequeña y mediana industria, contribuyendo así al mejoramiento de su productividad, eficiencia y posibilitando una mayor integración y equilibrio económico entre las diversas regiones del país, por lo que con ello es viable considerar que el Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña ha cumplido con su propósito como mecanismo crediticio.
Asimismo, se observa que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha venido autorizando complementariamente la ejecución de nuevos programas crediticios diseñados específicamente a los requerimientos de la micro, pequeña y mediana industria, como son los relativos a la desconcentración industrial, de talleres artesanales, así como la atención especial por su trascendencia, en proyectos enfocados a la modernización industrial y al otorgamiento de garantías.
La comisión dictaminadora considera que es conveniente para la economía nacional que dentro del esquema de modernización de las instituciones de banca de desarrollo, se integren a éstas los mecanismos de fomento, como es el caso del Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña, con el objeto de que aquéllas sigan otorgando el financiamiento de manera selectiva para apoyar con sus recursos la expansión de la infraestructura productiva del país. Por tal motivo, es conveniente la extinción del Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña, así como la asignación de las funciones que realiza dicho fondo a otra entidad del mismo sector, específicamente a Nacional Financiera, Sociedad
Nacional de Crédito, institución de banca y desarrollo, la cual cuenta con la infraestructura y experiencia suficiente para continuar desarrollando y mejorando como programa institucional los objetivos actualmente encomendados al Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña.
La comisión estima que el proyecto de decreto abroga la Ley que Crea el Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña es congruente con la modernización financiera, ya que sus programas y objetivos se ubicarán en Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, misma que en forma integral continuará desarrollando los programas que ha venido realizando el Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña.
Por las anteriores consideraciones, las comisiones que suscriben se permiten someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA LA LEY QUE CREA EL FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO A LA INDUSTRIA MEDIANA Y PEQUEÑA
Artículo primero. Se abroga la Ley que crea el Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña, del 28 de diciembre de 1953, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1953.
Artículo segundo. Las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Programación y Presupuesto y de la Contraloría General de la Federación, en la esfera de sus respectivas atribuciones vigilarán que la extinción del Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña, se lleve a efecto con apego a la legislación aplicable.
Artículo tercero. Las funciones de apoyo financiero que realiza el Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña, serán integradas en un programa específico que lleve a cabo Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, en apoyo al sector correspondiente.
Las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto, en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, determinarán el destino de los bienes, recursos y créditos del Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña, y promoverán los actos necesarios al efecto.
Los remanentes líquidos que resultaren en este proceso serán enterados a la Tesorería de la Federación.
Artículo cuarto. Los derechos laborales de los trabajadores del fondo serán respetados conforme a la ley.
TRANSITORIO
Artículo único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 26 de diciembre de 1989.»
Trámite: Segunda lectura.
El C. Presidente: - En consecuencia está el dictamen a discusión en lo general.
Para efecto de la discusión en lo general, se han inscrito en el turno en contra los diputados siguientes: Tomás Gutiérrez Narváez, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista; Rafael Melgoza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Humberto Esqueda, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y Jaime Enríquez Félix, del grupo parlamentario independiente.
En el turno en pro, está inscrito por la comisión el diputado Juan José Moreno Sada.
Tiene la palabra para hablar en contra, el diputado Tomás Gutiérrez Narváez.
El C. Tomás Gutiérrez Narváez: - Señor Presidente; señoras y señores diputados: Vengo a esta tribuna en representación del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para expresar nuestros puntos de vista en relación a la iniciativa de ley que presenta el Ejecutivo Federal, por tal motivo, la posición del Partido Popular Socialista es la siguiente:
La política aplicada por el gobierno en los últimos siete años no sólo desmanteló al sector estatal de la economía como pilar fundamental para nuestro desarrollo económico independiente, sino que al retirar a éste y profundizar por el camino de la reprivatización de nuestra economía se dejó el espacio libre para que la intervención extranjera empezara a desplazar al capital nacional, emprendiéndose un giro sustancial en la orientación de la producción nacional, que consistió en producir para la exportación.
Esta política antipopular y desnacionalizadora que tiende en convertir a nuestra industria nacional en complementaria del capital extranjero, se reforzó con el ingreso de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que puso en una situación muy seria a la industria nacional frente a las grandes empresas transnacionales que se vieron favorecidas con una serie de medidas que el gobierno llevó a cabo, como la liberalización de nuestro comercio y la desregulación.
Por otro lado, mientras que la inversión del Estado se redujo a porcentajes muy inferiores que le imposibilitaron sostener y profundizar la intervención del Estado en la economía, la inversión extranjera se incrementó en más del 100% en el último sexenio y el apoyo a la pequeña y mediana industria también decreció, por lo tanto, es inadmisible que si uno de los objetivos del gobierno es fortalecer a la pequeña industria, se presente hoy el dictamen para la desaparición del Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña que ha jugado un papel importante en el desarrollo de la industria nacional, pues hay que recordar que desde diciembre de 1953, en que por ley fue creado el Fondo a la Industria Mediana y Pequeña, con el objeto de apoyar con créditos preferenciales a la pequeña y mediana industria que carecía o no tenía acceso al sistema bancario comercial, ha cumplido, ya que durante 36 años ha coadyuvado al desarrollo industrial del país.
En nuestro país, la pequeña y mediana industria ha sido pivote de la producción, se puede decir que cerca del 70% de la planta industrial está constituida por pequeña y mediana industria y que genera alrededor del 90% del empleo, de ahí la importancia del apoyo decidido a este tipo de industrias; el capital de la pequeña y mediana industria, hasta hace ocho años era 100% mexicano; durante los últimos años se ha permitido capital extranjero, lo que le ha ocasionado serios problemas, al propiciar competencia desleal y quiebra de muchas de ellas.
La importancia de la pequeña y mediana industria en la producción se manifiesta por su participación en la industria manufacturera en ramas como la siderúrgica, la minera, la alimentaria, las textiles y prendas de vestir, la del calzado y el cuero, en la de caucho, maderas y muebles, la de celulosa, papel e industria editorial, la de productos químicos, la de productos metálicos, eléctricos y maquinaria y la de equipo de transporte, entre otras.
El Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña ha venido proporcionando apoyo financiero preferencial a la pequeña y mediana industria principalmente en los estados de Jalisco, Guanajuato, León, Sonora, Estado de México, Distrito Federal, Puebla y Baja California; y se calcula que para 1989 este apoyo trascenderá a poco más de 500 mil millones de pesos; se dice que Nacional Financiera presentó y autorizó la estrategia y transformación institucional como banca de desarrollo de segundo piso e incorporación de fondos de fomento de las que se desprende la directriz de que para fortalecer el patrimonio industrial se incorpora el patrimonio del Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña y de otros programas de fomento.
Con ese mismo propósito se dice, las actividades del Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña y de otros programas de fomento serán realizadas por personal especializado de Nacional Financiera, con lo que se cierran cerca de 1 mil 500 fuentes de trabajo.
El artículo 4o. del proyecto de decreto que abroga la Ley que Crea Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña establece que los derechos laborales de los trabajadores del mismo serán respetados conforme a la ley, esto quiere decir que no será respetado el contrato colectivo de trabajo en el que después de 36 años se han conquistado mejores prestaciones que las que marca la ley que pretenden aplicar.
El artículo 3o. el mismo proyecto de decreto señala que las funciones de apoyo financiero que realiza el Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña serán integrados a un programa específico de Nacional Financiera, sin embargo, no existe seguridad que los crecientes recursos con que ya contaba el fondo de referencia serán respetados e incrementados para continuar con esta importante ayuda a la pequeña y mediana industria.
En administraciones anteriores se tomó la determinación de apoyar decididamente a este sector industrial a través del Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña por considerar de la mayor importancia esta actividad para el desarrollo industrial del país, de esta forma la asignación de recursos se fue acrecentando con el objeto principal de continuar proporcionando este apoyo sobre todo en los años más agudos de la crisis económica.
La falta de apoyo crediticio y financiero a la pequeña y mediana industria, la conducirá inevitablemente a la quiebra o a la absorción por parte de los grandes grupos industriales monopólicos tanto nacionales como extranjeros, lo que a su vez traería como consecuencia un serio problema de desempleo, ya que como se indicó en un principio, este sector es generador de casi el 90% del
mismo, además de la desaparición de una importante y considerable parte de la planta nacional industrial.
Por las anteriores consideraciones, el Partido Popular Socialista, con la verticalidad, con la serenidad y la responsabilidad que le caracteriza, votará en contra de este proyecto que lesiona los más amplios intereses de la patria mexicana. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - También en el turno en contra, tiene la palabra el diputado Rafael Melgoza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El C. Rafael Melgoza Radillo: - Gracias, señor Presidente; compañeros legisladores: Yo vengo a mencionar algunos de los aspectos por los cuales mi partido vota en contra del dictamen que la Comisión de Programación y Presupuesto ha puesto a la consideración de esta asamblea.
Aunque no existe, no conocimos por lo menos una evaluación objetiva del desarrollo de las actividades concretas que el Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y pequeña ha efectuado en este país durante 36 años de vida, que por cierto hoy precisamente se cumplen.
La comisión reconoce en el cuerpo del dictamen que el grado de desarrollo industrial alcanzado por nuestro país reside en buena medida, esto es entre comillas, está en el dictamen, en el avance y consolidación de un importante número de industrias medianas y pequeñas que significan un elemento sustancial en la conformación del aparato productivo.
Sigue diciendo la comisión: la participación del Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña, ha representado una pieza central dentro del esquema del sistema financiero de fomento, al impulsar y desarrollar la planta industrial nacional llevando a cabo sus operaciones a través de programas consistentes en proporcionar financiamiento en forma expedita, suficiente y oportuna, lo que ha propiciado el sano desarrollo de la micro, pequeña y mediana industria, contribuyendo así al mejoramiento de su productividad y eficiencia y posibilitando, siguen diciendo, una mayor integración y equilibrio económico entre las diversas regiones del país.
Tal pareciera que con estas consideraciones, que con esta consideración específica, no fuera posible llegar a concluir que un organismo tan importante para el desarrollo de la micro, mediana y pequeña industria en el país fuera extinguido, desaparecía.
Sin embargo, concluyen este párrafo diciendo: por lo que con ello es viable considerar que el Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña ha cumplido con su propósito como mecanismo crediticio.
Sinceramente, compañeros, nosotros no creemos que esté realmente consolidada la micro, pequeña y mediana industria en este país y aun cuando aquí se establece claramente que las funciones del Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña trasladan a Nacional Financiera a efecto de que bajo programa siga, continúe apoyando el desarrollo de la industria nacional, en el cuerpo del decreto, específicamente en el artículo que establece esa obligación para el gobierno en este caso. Para Nacional Financiera en este caso no se precisa la fecha en que deberá iniciar Nacional Financiera cubriendo las actividades que en este caso deja de efectuar, las actividades de fomento crediticio y de fomento de la pequeña y mediana industria, deja de efectuar el Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña.
En el artículo 3o. del decreto se dice que las funciones de apoyo financiero que realiza el Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña, serán integradas en un programa específico que lleve a cabo Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, en apoyo al sector correspondiente, pero no se dice cuándo; se quita un puntual importante, un organismo que es exclusivamente y se creó exclusivamente para el desarrollo de la pequeña y mediana industria en el país, se quita ese puntual, se traslada a Nacional Financiera, pero no se dice cuándo Nacional Financiera sustituye esas actividades, ¿cuánto tiempo transcurrirá para que Nacional Financiera sustituya las actividades que el Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña, aparentemente en forma muy importante, según aquí se dice, ha estado desarrollando en el país?
Yo he visto en algunas regiones del país, particularmente en Michoacán, en especial en Lázaro Cárdenas, que, en efecto, en esa región, en esta zona el Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña ha estado respaldando en forma importante la pequeña y la mediana industria y nos preocupa, sinceramente nos preocupa que esto solamente sea la salida para desaparecer un organismo de esa importancia, en todo caso y que después no se cubran las funciones, aunque el decreto lo diga, porque el decreto no precisa esa obligación, no establece la fecha en que esa función Nacional Financiera debe reanudarla sustituyendo al Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña, ésa es
una de las razones importantes por las que nuestro partido vota en contra de este dictamen.
En una de las consideraciones también del dictamen, se dice que con el objeto de que aquéllas, es decir, las funciones del Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña sigan otorgando el financiamiento de manera selectiva, repito, de manera selectiva para apoyar con sus recursos la expansión de la infraestructura productiva del país y concluye que por tal motivo es conveniente la extinción del Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña.
Nosotros creemos, compañeros, que la extinción de este organismo de fomento crediticio para la pequeña y mediana industria no tiene más que el objetivo de crear, de establecer las condiciones como se está haciendo en muchas ramas de la economía de este país, para que los dueños del dinero, para que las grandes industrias, los grandes industriales tanto nacionales como extranjeros puedan ir abarcando como pulpos toda la actividad de carácter económico en las distintas regiones del país.
Un pequeño y mediano industrial al que el gobierno le mete el hombro con su apoyo crediticio, es evidente que va a desaparecer y es evidente también que los que tengan interés en constituirse, en crearse, no van a poder hacerlo porque no van a tener el respaldo adecuado, en este caso el Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña, que en distintas regiones del país, insisto, ha estado proporcionando.
Y también nosotros coincidimos con la apreciación que el Partido Popular Socialista ha hecho a través de uno de sus diputados en la tribuna, en el sentido de que aun cuando se dice que los derechos de los trabajadores quedaran protegidos de acuerdo a las disposiciones de la ley, nosotros creemos que debe precisarse más claramente esta protección, en todos lados y más como en este caso, después de 36 años que ha estado operando este organismo, las condiciones, los salarios, las prestaciones de los trabajadores ahí son obviamente superiores a las que se establecen en la Ley Federal del Trabajo.
Se nos ha dicho cuando hemos comentado esto en el seno de la comisión, que al decir "de acuerdo con la ley", se entiende que son todas las leyes y que incluso ahí están consideradas condiciones generales de trabajo o contratos colectivos, según el caso, pero hay experiencias claras y recientes donde cuando no se precisan estas cuestiones los trabajadores enfrentan serios conflictos para poder indemnizarse para poder recibir los derechos que la ley les consagra y que han estado logrando a través de la lucha, a través de los años en que han estado trabajando en las empresas.
Por estas razones fundamentales, nuestro partido emite su voto en contra de este dictamen. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra en el turno en contra, el diputado Humberto Esqueda, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El C. Humberto Esqueda Negrete: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores; señoras y señores: El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, depositario de la ideología de la Revolución de 1910 y fiel guardián del contenido histórico, político de la Constitución de 1917, ha encontrado ahora que las leyes que ha presentado el Ejecutivo de la nación a esta soberanía, en su contenido hay un alto grado de injusticia y de marginación a los desposeídos, así como la manipulación de obreros y campesinos.
Esto, aunado al incumplimiento de sus palabras y promesas para abatir el fraude electoral, ha impedido que la democracia sea una realidad que beneficie al pueblo de México, motivo por el cual al examinar la presente ley tendremos que remontarnos a los inicios del Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña.
En ellos encontraremos que invariablemente el crédito de dicho organismo financiero no es ni fue siempre oportuno, debido a la burocracia para autorizar las líneas crediticias se retrasaban en su otorgamiento por la irresponsabilidad de Nacional Financiera; la estructura para el otorgamiento de créditos en el Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña se hizo en forma regional creando un laberíntico proceso, de tal forma que el pedimento crediticio se veía reflejado en el típico problema estructural del burocratismo y centralización.
Como consecuencia de lo mismo y para pena del productor, muchas veces se lograban pasar todos los trámites, pero la disponibilidad de crédito era nula o menor a lo solicitado, causa que no permitiría desarrollar sus planes. Esta falta de suficiencia no era necesariamente por falta de dinero del Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña, sino que en algunos aspectos técnicos de explotación y lejos de hacer recomendaciones de cambio, cancelaban el financiamiento al productor o hacían cambios con criterio de escritorio, muy científicos, pero con desconocimiento de la realidad regional.
Así, el tercer problema que se agrega es el de un distorsionado criterio técnico que afectaba los montos crediticios o modificaba los proyectos del productor, sin embargo, pese a los problemas anteriores que fundamentarían la opinión de aprobar la extinción del susodicho fondo, habría que remarcar los siguientes aspectos:
Uno de los más importantes rubros en materia de desarrollo industrial nacional descansa en el fomento a la mediana y pequeña industria, que constituye el 90% del aparato productivo nacional, así lo contempla el Plan Nacional de Desarrollo; la eliminación de un fondo específico para tal tipo de fomento contradice las políticas plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo y los criterios económicos que conllevarían al apoyo con mayor énfasis a este sector productivo y a la existencia de un organismo de servicios financieros y técnicos a la productividad.
La política de extinción del Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña sólo es una expresión más de la presente política sexenal de reducir al Estado a su mínima expresión, desatendiendo la problemática social que en este caso afectará al sector productivo nacional en beneficio del gran capital y la transnacionalización de la economía nacional.
En lugar de descentralizar, la medida concentra las funciones en Nacional Financiera, quien, según enuncia el dictamen, tomará cargo de las acciones que tendría el fondo, aunque dudamos que se logre la eficiencia requerida, dado los antecedentes descritos y que simplemente por la propia estructura administrativa y física de la entidad mencionada carecerá del alcance necesario para cumplir con las necesidades reales de capitales de trabajo en las zonas desarrolladas y por desarrollar económicamente.
En tal virtud, consideramos que se hace necesario la reintegración de organismos que realmente beneficien a los mexicanos, por estas razones y dentro del seno de nuestra fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, atento a nuestro lema: "Justicia para gobernar y honradez para administrar", nuestro voto razonado es que nos abstengamos al dictamen de proyecto de decreto que abroga la Ley que crea el Fondo de Garantía y Fomento de la Industria Mediana y Pequeña.
Lo firma la fracción parlamentaria, diputados: Marcos Antonio Castellanos López, Erasmo López Villarreal, José Francisco Melo Torres, Lorenzo Ruíz Gómez, Juan Jaime Hernández, Patricio Estévez Nenninger, y el de la voz, Humberto Esqueda Negrete.» Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado independiente Jaime Enríquez Félix, en turno en contra.
El C. Jaime Enríquez Félix: - Muchas gracias; compañeras, compañeros: Hace algunos meses, empresarios canadienses protestaban de manera severa porque la economía de ese país se preparaba para participar en el mercomún norteamericano, proyecto viejo, proyecto del imperio: el norte de América conjuntado con un solo propósito; a pesar de las diferencias, a pesar de las estructuras políticas diversas se buscaba el sueño de los estadounidenses: formar el mercado común norteamericano.
El gobierno canadiense había dado ya los primeros pasos, habían permitido prácticamente y ahora viven ese momento, la cancelación de la frontera industrial, sin embargo, a pesar de que el recurso y el desarrollo del pueblo canadiense es muy importante, la protesta del empresario mediano y casi grande protestaba por esa apertura comercial, ya que reconocían que la tecnología, los niveles de control de calidad de los estadounidenses eran mejor que los de ellos.
Estamos hablando de pueblos que han rebasado ya en mucho nuestra estructura nacional, estamos hablando de pueblos que han logrado prácticamente ya una reconversión industrial; en estas condiciones, esta integración permitiría a México solamente la exportación de mano de obra barata, mano de obra barata que oscila entre 88 centavos de dólar la hora y 1.50. El esquema era completo, nuestro país, según esquemas de los empresarios, en virtud de que la inflación y la tecnología ha variado demasiado en los últimos, determinaban hace algunos años cifras para tipificar cuál era la gran empresa, la mediana empresa y la pequeña empresa.
Se hablaba hace algunos años, pero el indicador es válido, que en la proporción y en el porcentaje que teníamos en México, 77 mil 700 empresas como número cerrado, de las cuales 70 mil eran empresas pequeñas, 7 mil empresas medianas y 77 empresas grandes, sin que esta cifra en lo numérico sea exacta, si corresponde a la proporción actual es para que tengamos la relación entre lo que es la gran empresa y lo que es la pequeña y mediana empresa.
Estamos pues hablando de una relación de 77 mil contra 70 empresas grandes; la empresa mediana y pequeña prácticamente suministraban sus recursos con atención priorizada por parte del Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña; al cancelarse este organismo, obviamente las posibilidades de crédito se reducen altamente, no es igual un organismo responsable, con todos
los esquemas propios, que una ventanilla más en la banca o en Nacional Financiera, de esa forma se diluye la responsabilidad y no existe pues la toma de decisión que permita de manera eficiente y eficaz otorgar los créditos al empresario indefenso, al empresario que carece de la gran relación política o comercial.
Hay otros indicadores para mostrarnos que en nuestra nación hay intenciones planeadas para cancelar a la pequeña y mediana industria, hace también poco tiempo se da la apertura comercial en nuestro país, se ingresa al Acuerdo General sobre Aranceles Aduanales y Comercio, en condiciones muy desfavorables, todos sabemos que nuestro país tuvo un desarrollo industrial muy significativo de los cuarentas a los sesentas, provocando en gran medida por la Segunda Guerra Mundial, por importantes abastos que México otorgó al mundo desarrollado y de una u otra manera nuestra industria surge bajo ese contexto de condiciones favorables.
Así, encontramos que la tecnología mexicana de los años setentas, como consecuencia de los años cuarentas y los cincuentas, es significativa, prácticamente toda la industria eléctrica mexicana, las fábricas de transformadores, las fábricas de motores, todo lo que era tecnología eléctrica fue generada por ingenieros politécnicos o por ingenieros universitarios, bajo esas condiciones fue posible un desarrollo industrial, sin embargo fue también la empresa muy cortejada, muy protegida por el Estado, lo que no provocó, provocó un desarrollismo, pero no provocó altos controles de calidad y en esas condiciones se abren los mercados internacionales y una industria, protegida en estos momentos tiene que competir con las grandes transnacionales, lo que ha provocado nuevamente el ingreso de mercancías extranjeras a nuestra nación y la quiebra de la industria pequeña y mediana nacional podría ser otro indicador de la orientación del gobierno para cancelar la pequeña y mediana empresa.
Otro indicador importante sería la Miscelánea Fiscal: cómo de una manera u otra grava a los pequeños negocios, a las pequeñas empresas y permite a la gran empresa, a la gran empresa transnacional, que a través de mecanismos fiscales sofisticados puedan evadir; hay por ahí ejemplos que pudieran ser discutibles: a partir de enero no es posible la deducción de las comidas de los ejecutivos como gastos de representación, sin embargo se están creando ya mecanismos para que estos pasen: vía hoteles es posible que un restaurante de un hotel pudiera deducirse como un gasto de representación, o sea, para los grandes empresarios hay siempre posibilidades, posibilidades técnicas, posibilidades políticas, para el pequeño y mediano empresario nunca las hay.
Entonces, creemos también que la Miscelánea orienta sus recursos, orienta sus políticas para ahogar más al pequeño y mediano empresario, además de esto, de cancelarle algunas posibilidades de desarrollo, también agrava de manera más agresiva.
Por eso, creemos que la existencia del Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña representa un centro de toma de decisiones, de apoyo al pequeño y mediano industrial, que de una u otra forma no va a poder ser atendido ni en la banca de segundo piso, ni en la banca de primer piso, en esas consideraciones, creemos que lo oportuno es que el Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña persista, que esa política orientada y planeada del gobierno mexicano hacia la cancelación de la pequeña y mediana empresa se cancele.
Creemos que un pueblo, creemos que una nación donde el empresario, el que emprende y arriesga en pequeña escala genera fuentes inmediatas de trabajo, la gran empresa internacional sólo genera alta tecnología no generada en el país y que implica la salida de divisas; creemos que la pequeña y mediana empresa mexicana sí ha sido ejemplo en cuanto al reclutamiento de trabajadores; en esas consideraciones, creemos que el Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña no solamente cumplía la función de financiamiento, sino también la de estímulo al pequeño inversionista para que de manera conjunta se tomaran los riesgos.
Bajo estas consideraciones, estamos en contra de la desaparición de este organismo. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - En el turno en pro, tiene la palabra el diputado Juan José Moreno Sada.
El C. Juan José Moreno Sada: - Compañeras y compañeros diputados: Quiero referirme en forma breve al proyecto de decreto que abroga la ley que crea el fondo de garantía de la pequeña y mediana industria.
Se ha mencionado por el diputado Enríquez que en este decreto que abroga este fondo, dentro de los objetivos fundamentales está el de cancelar los apoyos a este sector industrial tan importante en el país, y quiero mencionar los cuatro puntos fundamentales en los que se basan los objetivos de esta incorporación de este fondo, a la estructura de la Sociedad Nacional de Crédito, Nacional Financiera; cuatro son los puntos a saber:
En primer lugar, evitar la duplicidad de estructuras, recursos humanos y materiales para un mismo fin.
En segundo lugar, establecer la ventanilla única de redescuento como base del crédito institucional.
En tercer lugar, mejorar los incrementos en cuanto al monto operado y en cuanto a carácter cualitativo, mediante la simplificación de procedimientos y nuevas modalidades.
En cuarto lugar, dar una mayor productividad a los recursos crediticios del país, eliminando estas duplicidades y consolidando un sistema funcional operativo. Esto es, ya que Nacional Financiera desde el año pasado, dentro de sus estrategias, se ha dedicado a la banca de desarrollo. Anteriormente Nacional Financiera tenía las dos funciones: la de banca de primer piso, como puede ser cualquier banco comercial, y la de banca de desarrollo. Para esto se están llevando a cabo cinco estrategias fundamentales:
En primer lugar, garantizar durante el proceso y después de él, la continuidad de los aspectos positivos de operación crediticia del Fondo de Garantía y Fomento a la Mediana y Pequeña Industria. No podemos dejar de reconocer que este fondo fue un elemento fundamental para el desarrollo de este sector.
En segundo lugar, capitalizar las innovaciones, logros y experiencias que se habían acumulado en Nacional Financiera, como banco de segundo piso, y dentro del fideicomiso. En este caso, Nacional Financiera era la institución que en alguna forma, a través de la Secretaría de Hacienda, era la responsable de obtener los recursos del exterior, sobre todo los recursos del Banco Mundial, que son recursos a muy bajas tasas de interés, etiquetados específicamente para este sector de la pequeña y la mediana industria;
En tercer lugar, no afectar cumplimiento de las metas aprobadas al Fondo de Garantía y Fomento a la Mediana y Pequeña Industria y a Nacional Financiera para 1989;
Dentro del presupuesto que se aprueba aproximadamente en el mes de octubre, se planteó en el programa para este proyecto. Entonces no se afectarán los programas de apoyo a este fondo.
En cuarto lugar, mantener la identidad de los beneficios del programa y asegurar a los distintos usuarios que, a través de un esquema de ventanilla única, sigan recibiendo un respaldo especializado que atienda a sus necesidades, y
En quinto lugar, aprovechar la capacidad técnica de análisis y evaluación de proyectos de los funcionarios técnicos del Fondo de Garantía y Fomento a la Mediana y Pequeña Industria.
Quiero dar una idea de los resultados alcanzados y de los programas de 1989, que están por concluir, y los de 1990.
En este caso se han realizado operaciones de descuento a los programas de fomento de Nacional Financiera, en donde ya también se incluyó el programa del Fondo de Equipamiento Industrial, por la cantidad de un billón 500 mil pesos. Lo que refleja un incremento de 79%. El total acumulado de este programa, 938 mil millones de pesos, fueron para específicamente la etiqueta del Fondo de Garantía de la Pequeña y Mediana Industria.
Aquí se mencionó por el compañero del Partido Popular Socialista de un apoyo de 500 mil millones. Es un poco más, casi el doble y llega a 938 mil.
Quiero también mencionar que el número de empresas apoyadas en 1989, por este programa específico Nacional Financiero-Fondo de Garantía y Fomento a la Mediana y Pequeña Industria, llegó a 8 mil contra, esto es muy importante, 5 mil 610 apoyadas por el fondo. Esto quiere decir que Nacional Financiera ya estaba apoyando a este sector en forma más importante y más directa que lo que lo hacía el mismo fondo de fomento.
En este caso, quiero informarles, compañeras y compañeros diputados, que específicamente se han apoyado, el 52% de estos apoyos correspondieron a la microindustria. Este es un sector muy importante, ya que en la legislatura pasada se apoyó y sacó el decreto para la ley que fomenta y que integra a la microindustria. Este es un sector específico importante y dentro de los parámetros para ubicar a este sector es que no pueden tener arriba de 15 obreros y máximo 50 millones de ventas al año. Se está ajustando, porque se ha quedado rezagada.
El otro 44% fue a la pequeña industria y el 4% a la mediana industria. Este incremento ha sido respaldado sobre todo a empresas ubicadas en la zona uno de prioridad nacional, con respecto del registrado en el mismo período del año anterior.
En el caso concreto del Fondo de Garantía y Fomento a la Mediana y Pequeña Industria, prácticamente tenía oficinas en tres ciudades, en forma estructural. Nacional Financiera a través de su estructura está conformándose en grandes ubicaciones regionales y esto va a permitir que la banca comercial de primer piso y Nacional Financiera como segundo piso, tengan la agilidad suficiente para que se apoye a todos los lugares, por alejados que sean, como se mencionó en el caso de la parte de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán,
en el estado de Oaxaca, es donde se están orientando los esfuerzos más importantes para que este fondo cumpla sus funciones, ya que como todos ustedes saben en el área metropolitana es una área en donde este fondo prácticamente se ha alejado de apoyar a las empresas, por razones obvias, se quiere descentralizar, ya hace rato se comentaba que esto centralizaba las operaciones de las actividades de crédito. Es todo lo contrario.
Lo que se trata es de descentralizar las funciones de una estructura que era en pequeño y muy parecida a la de Nacional Financiera.
Consideramos, la Comisión de Programación y Presupuesto, después de haber hecho un análisis al respecto y también de haber llevado algunas consultas con algunos grupos de industriales que la absorción de las funciones del Fondo de Garantía y Fomento a la Mediana y Pequeña Industria están plenamente garantizadas dentro de la estructura de Nacional Financiera.
Por lo tanto, compañeras y compañeros diputados, solicito su voto a favor de este proyecto de decreto que abroga la Ley del Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra por cinco minutos, para rectificar hechos, el diputado Mario Leal Campos.
El C. Mario Leal Campos: - Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Cuando se nos pasó la copia del dictamen de la Comisión de Programación y Presupuesto, relativa a la abrogación de esta ley que creó el Fondo de Garantía para el Fomento de la Mediana y Pequeña Industria, estuvimos analizándola concuidado, los compañeros de Acción Nacional y consideramos, aun cuando no habíamos pedido que se nos permitiera hablar sobre este asunto, que es importante mencionar algunos puntos.
Entre otros, el decir que, coincidimos con algunos compañeros de otros partidos que menciona la gran importancia que tiene la pequeña y mediana industria dentro del sector productivo del país. No cabe la menor duda de que esto es cierto y por lo tanto debe buscarse medios ágiles, medios expeditos para apoyar su desarrollo, su desenvolvimiento, puesto que de esa manera se dará pie a que se creen fuentes de trabajo en cantidad suficiente y en todo el país, que tanta falta hacen.
Nosotros consideramos que todas la empresas y principalmente éstas de tamaño pequeño y mediano tienen necesidad de crédito para su desarrollo, es muy difícil que las empresas pequeñas y medianas tengan por sí, recursos suficientes para poderse desarrollar, y ahí es donde entre la importancia que ha tenido, como ya señalaba, ese famoso Fondo de Garantía y Fomento a la Mediana y Pequeña Industria.
Con lo que no estamos de acuerdo y que se menciona en la exposición de motivos de ese dictamen de decreto para abrogar ese fondo, es en que el Fondo de Garantía y Fomento a la Mediana y Pequeña Industria haya así, de una manera general, otorgado los créditos con la agilidad y con la oportunidad suficiente que requieren las industrias pequeñas y medianas. Esto es lo único realmente que no nos parece correcto.
Por lo demás, sí consideramos que es conveniente la medida que se ha tomado, que de hecho ya está aplicada desde hace varios meses, no es algo que apenas se vaya a hacer, como señaló ahorita el compañero diputado Juan José Moreno, el binomio Fondo de Garantía y Fomento a la Mediana y Pequeña Industria y Nacional Financiera ya ha estado funcionando, ya ha dado buenos resultados. Entonces sí estamos de acuerdo en esa medida.
Consideramos que la intermediación que existía entre los organismos Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña y los bancos de primer piso, era algo que lastimaba los intereses de las industrias pequeñas y medianas y sí queremos expresar ante ustedes que haremos todo lo posible por coadyuvar a que efectivamente ahora haya agilidad en esa tramitación de los créditos.
Creo que ése es el punto más importante, que no se lleven a cabo procesos tan burocratizados, como normalmente se han estado llevando a cabo y que a veces hacen que los procesos de otorgamiento de crédito se alarguen hasta por varios meses, y esto lo digo por experiencia personal, no estoy imaginando cosas sino por experiencia personal, o sea, que a veces pasan varios meses en que un pequeño o mediano industrial solicita un crédito y en el momento en que se le otorga finalmente esos recursos solicitados.
Por otro lado, consideramos que donde hay que poner un gran énfasis es en la autonomía que debe de otorgársele a los comités regionales de Nacional Financiera para que esto que mencionábamos se logre, para que no haya que esperar a consultar a las oficinas centrales, ahora en este caso Nacional Financiera, para saber si se debe o no entregar un crédito o para aprobarlo.
Si esto se logra, y creo que ahí todos debemos de contribuir a que se haga, entonces podrá darse la agilidad y la oportunidad en estos trámites y sí se
logrará un beneficio con esta medida que llegue a todos los rincones del país y no nada más a la industria que está localizada en las zonas industriales conocidas en nuestro país.
Algo en lo que esto se reflejará, y creo que es de gran importancia también, es en la descentralización de la industria mexicana, principalmente de esos tamaños pequeño y mediano.
En San Luis Potosí, por ejemplo, por citar un caso, donde me consta, hay lugares que tienen mucha necesidad de apoyo crediticio y esta medida podría ser de gran beneficio para lugares como esos, me refiero a: Ciudad Valle, Río Verde, Mateguala, y a otros muchos lugares de nuestro estado.
Por lo tanto, sí consideramos nosotros que debe apoyarse esta medida de descentralización, de desburocratización, de desregulación, pero sí pido que estemos al pendiente para que efectivamente así funcione y que la industria pequeña y mediana reciba el apoyo que merece y que no siga requiriéndose tanto tiempo para la tramitación de los créditos. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Cumplidos los turnos de oradores en contra y en pro, consulte la secretaría si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La C. secretaria Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: - Por instrucciones de la Presidente y en votación económica, se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El C. Presidente: - Para los efectos del artículo 134 del reglamento, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
No habiendo reserva de artículos, proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La secretaria diputada Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.
Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del reglamento interior.
(Votación.)
Señor Presidente, esta secretaría informa que se emitieron 318 votos en pro, 65 votos en contra y dos abstenciones.
El C. Presidente: - Aprobados en lo general y en lo particular por 318 votos.
En consecuencia, esta Presidencia declara: Aprobado en lo general y en lo particular el decreto que abroga la Ley que Crea el Fondo de Garantía y Fomento a la Mediana y Pequeña Industria.
La C. secretaria Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
ABROGACIÓN DE LA LEY DEL BANCO NACIONAL PESQUERO Y PORTUARIO
El C. Presidente: - Ciudadanos diputados: Antes de dar trámite al punto octavo del orden del día y que corresponde a la discusión del dictamen que abroga la Ley Orgánica del Banco Nacional Pesquero y Portuario; la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, responsable de este dictamen, ha solicitado que detengamos el trámite por cinco minutos hasta en tanto resuelve un punto.
Ha resuelto la cuestión la comisión, y en tal virtud se procede al desahogo del punto octavo del orden del día y que corresponde a la segunda lectura del dictamen relativo al proyecto de decreto que abroga la Ley Orgánica del Banco Nacional Pesquero y Portuario.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, consulte la secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La C. secretaria Hilda Anderson Nevárez de Rojas: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen señor Presidente.
«Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe fue turnado, para su estudio, el decreto que abroga la Ley Orgánica del Banco Nacional Pesquero y Portuario, mismo que fue remitido a ésta por la Cámara de Senadores.
Esta comisión de acuerdo con lo establecido por los artículos 54, 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ha procedido al análisis del citado proyecto y somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
DICTAMEN
La Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, que constituye el marco jurídico del sistema bancario mexicano, es el ordenamiento que prevé el establecimiento de las Sociedades Nacionales de Crédito como instituciones de banca de desarrollo, mismas que sujetarán su operación a las modalidades que al efecto se determine en las leyes orgánicas respectivas.
Dentro de las instituciones con funciones de banca de desarrollo, con fecha 18 de diciembre de 1985, este honorable Congreso promulgó la Ley Orgánica del Banco Nacional Pesquero y Portuario que abrogó el ordenamiento de la misma naturaleza que dio origen a esta institución bancaria.
Conociendo los antecedentes históricos de esta institución, la comisión considera que ésta ha propiciado el desarrollo, vía el financiamiento y asistencia técnica de los sectores y actividades que le fueron encomendadas por este honorable Congreso de la Unión. Ahora, por las razones que se expresan en la iniciativa , al titular del Poder Ejecutivo Federal propone la abrogación de su Ley Orgánica y la consecuente disolución y liquidación de la Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo.
Esta comisión estima que existe una gran coincidencia entre el criterio que sostienen la comisión y lo que expresa la colegisladora sobre esta institución que si bien es cierto que el Banco Nacional Pesquero y Portuario ha promovido el desarrollo tecnológico, la captación, la asistencia técnica, el incremento de la productividad y el apoyo financiero para las actividades portuarias y de pesca, su situación actual es la de una "quiebra técnica", pues sus pérdidas han consumido íntegramente su capital social e incluso otros recursos que el gobierno federal ha venido reasignando para apoyar las tareas de financiamiento de dicha entidad bancaria, a tal grado que la rehabilitación financiera del banco ha orillado al gobierno federal a la asunción de pasivos que a fecha valor de 14 de diciembre de 1988, ascendió a 2.75 billones de pesos, correspondiendo 1.24 billones a su deuda interna y 1.51 billones a su deuda externa.
En ese contexto, y no obstante su participación importante en las operaciones de compra de insumos de las cooperativas pesqueras, de las sociedades de la industria pesquera y de la acuacultura que requieren un financiamiento sustantivo, la recuperación de los créditos concedidos ha sido raquítica y generalmente por la vía de la adjudicación de activos, que no es una práctica sana para el banco; es por ello que el Banco Nacional Pesquero y Portuario enfrenta graves problemas de liquidez que le impiden continuar con el cumplimiento de los objetivos para los que fue creado.
Por ello, y con la firme convicción de seguir atendiendo los requerimientos financieros de los sectores pesquero, portuario y naviero, es oportuno proceder a la abrogación de la ley que rige su operatividad, disolver a la institución en los términos de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito y, en consecuencia, liquidar su funcionamiento.
Asimismo, es conveniente resaltar que ante la necesidad imperiosa de diversificar las fuentes de financiamiento de los sectores encomendados al Banco Nacional Pesquero y Portuario, el gobierno federal con la debida oportunidad ha efectuado algunas previsiones para seguir cumpliendo con los objetivos de desarrollo de los sectores pesquero, portuario y naviero, creando diversos canales de acceso al financiamiento adecuado para estos sectores.
Es así que el Poder Ejecutivo creó en el Banco de México el Fondo de Garantía y Fomento para las actividades Pesqueras, con el fin de contar y garantizar a la banca múltiple los financiamientos que ésta opera en favor del sector, así como de reembolsar el costo de la asistencia técnica que se preste a los productores. Cabe también señalar que dicho fondo opera bajo el ámbito de los Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura, a fin de aprovechar su infraestructura técnica, física y humana.
Con estas bases, las instituciones de banca múltiple apoyadas con el descuento del fondo y de un sistema especial de garantías, están atendiendo las demandas crediticias de los pescadores y actividades conexas de bajos ingresos con alto potencial productivo. Por otro lado a través del Banco Nacional de Comercio Exterior se ha diseñado un programa de apoyo para financiar la captura de camarón y de atún y desarrollar la acuacultura de productos de exportación.
En este orden, Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, ha dado cauce a las demandas crediticias de la industria enlatadora y naval, mientras que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, ha
atendido los requerimientos financieros del sector portuario; destacando además, la acción del Banco Nacional del Pequeño Comercio, Sociedad Nacional de Crédito, y del Fondo para el Desarrollo Comercial, en el financiamiento de la comercialización de productos pesqueros en el mercado nacional.
Compartiendo las razones de la colegisladora, el término de la vida jurídica y de las actividades del Banco Nacional Pesquero y Portuario debe acordarlo necesariamente el honorable Congreso de la Unión. Por una parte, toda vez que el Poder Legislativo Federal aprobó la Ley Orgánica de dicha institución, conforme al inciso f), del artículo 72 constitucional compete que la derogación de las leyes de haga mediante el mismo trámite establecido para su formación. Además, de acuerdo a lo establecido por el artículo 9o. de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, "las instituciones de banca de desarrollo contarán con leyes orgánicas, debiendo sujetarse los decretos correspondientes del Ejecutivo Federal a lo que el Congreso de la Unión disponga en dichos ordenamientos".
En el caso que nos ocupa, la propia colegisladora señala que conforme al artículo 2o. de la iniciativa de decreto en cuestión, la disolución del Banco Nacional Pesquero y Portuario se hará conforme a lo ordenado tanto en el propio decreto de abrogación de su Ley Orgánica, como en lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 5o. de la señalada Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, mismo en el que se indica la prelación de ordenamientos jurídicos aplicables al funcionamiento de la banca y que, en este caso particular, habrá de apreciarse sobre todo en materia de disolución y liquidación.
La comisión que suscribe observa que en los términos de los artículos 3o. y 4o. de la iniciativa objeto del presente dictamen, la disolución del Banco Nacional Pesquero y Portuario se verificará en la forma y términos que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que se encargará de sentar las bases para la misma y designar al servidor público encargado de su ejecución, quien estará facultado para transferir dichas operaciones a otra u otras sociedades nacionales de crédito o fideicomisos públicos. Dicha responsabilidad, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es congruente con la atribución que le señala la fracción VII del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el sentido de "planear, coordinar, evadir y vigilar el sistema bancario del país, que comprende al Banco Central, a la Banca Nacional de Desarrollo y las demás instituciones encargadas de prestar el servicio público de banca y crédito".
Por otro lado, se señala que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuidará en todo tiempo la adecuada protección de los intereses del público y de los titulares de los certificados de aportación patrimonial de la serie "B", a que se refiere el artículo 11 de la Ley Orgánica del Banco Nacional Pesquero y Portuario, en concordancia con los artículos 11 y 15 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
En ese sentido, para lograr una mayor certidumbre jurídica, el decreto hace referencia a que la disolución del Banco Nacional Pesquero y Portuario, deberá inscribirse en el Registro Público de Comercio, y garantizando que los derechos laborales de los trabajadores serán respetados conforme a la ley.
La comisión que suscribe, subraya que en virtud de que se seguirán atendiendo con oportunidad y eficacia, los requerimientos de los sectores pesquero, portuario y naviero del país, que la conjunción de estos esfuerzos permitirá al sistema financiero reducir los costos de canalización crediticia y productiva del ahorro y aumentar la cantidad de recursos financieros destinados a estos sectores y hacerlo con la oportunidad requerida, se propone a esta honorable asamblea la aprobación del siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA LA LEY ORGÁNICA DEL BANCO NACIONAL PESQUERO Y PORTUARIO
Artículo primero. Se abroga la Ley Orgánica del Banco Nacional Pesquero y Portuario, promulgada el 18 de diciembre de 1985 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 1986.
Artículo segundo. El Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito, se disolverá con arreglo a lo dispuesto en este decreto y en el artículo 5o., segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, debiendo inscribirse dicha disolución en el Registro Público de Comercio.
Artículo tercero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, señalará la forma y términos en que deberá llevarse a cabo la liquidación del Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito, cuidando en todo tiempo la adecuada protección de los intereses del público y de los titulares de los certificados de aportación patrimonial de la serie "B", en lo que corresponda a sus derechos. Los derechos laborales de los trabajadores del banco serán respetados conforme a la ley.
Artículo cuarto. La propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público designará al liquidador, el que se encargará de concluir las operaciones pendientes, pudiendo transferirlas a otra u otras sociedades nacionales de crédito o fideicomisos públicos, previa su aceptación.
TRANSITORIO
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados.- México, Distrito Federal, a 26 de diciembre de 1989.»
Trámite: -Segunda lectura.
El C. Presidente: - En consecuencia, está a discusión en lo general.
Para la discusión en lo general se han inscrito los siguientes diputados: En turno en contra, el diputado Ernesto Rivera, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista; el diputado Jesús Ramón Rojo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; y el diputado Alberto Pérez Fontecha, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Asimismo, el diputado Gregorio Urías, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; el diputado Armando Duarte Móller, del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, y el diputado independiente Israel Galán Baños.
En el turno en pro, el diputado Ricardo Olivares y el diputado Raúl García Leal. También por la comisión, el diputado Raúl Bolaños Cacho.
Tiene la palabra, en el turno en contra, el diputado Ernesto Rivera.
El C. Presidente: - No estando en el salón el orador, pasará a ocupar el último lugar de este turno.
Tiene la palabra el diputado Jesús Ramón Rojo.
El C. Jesús Ramón Rojo Gutiérrez: - Gracias, señor Presidente; compañeras diputadas y diputados: Estamos en contra de este dictamen en lo general y en lo particular, en el artículo 3o. del proyecto de decreto.
El Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito, se constituye por decreto del Congreso de la Unión del 18 de diciembre de 1985, y también por decreto del organismo que lo constituyó, lo formó. Debe de tener los cambios como en el caso que nos ocupa, que es su disolución y liquidación.
Cuando se constituyó el Banco, en el decreto correspondiente se le pusieron sus apellidos, que es una sociedad nacional de crédito. En toda la exposición de motivos de este dictamen no se hace mención a que estemos derogando al Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito; debe de señalarse completo, con sus nombres y apellidos a esta institución.
Pero también queremos hacer notar que la liquidación de hecho de este banco se llevó a cabo por el Ejecutivo, con anterioridad a que esta Cámara tuviera conocimiento que eso era lo que procedía; sin las atribuciones correspondientes, el Ejecutivo procedió a liquidar en forma anticipada y a espalda del Congreso de la Unión esta institución.
También hay una gran incongruencia en este dictamen, en el cual se acepta y se reconoce la existencia de una quiebra técnica que llevó a que el banco haya perdido la totalidad de su capital social y que además el gobierno tuvo necesidad de invertir 2.75 billones de pesos para hacer frente a los pasivos que había contraído este banco.
De acuerdo con nuestro sistema bancario, en México no pueden quebrar los bancos, porque siempre contarán con el respaldo del gobierno para evitar que los intereses del público ahorrador queden debidamente garantizados. O sea, que peso que recibe una institución bancaria, si ésta por motivos de superación perdió totalmente el capital tal como es el caso que nos ocupa, el gobierno apoya o cubre ese peso en forma íntegra.
Pero se debe diferenciar precisamente y en forma clara los intereses de los que forman parte del capital social de un banco que son los tenedores de la serie "A" de los certificados de aportación patrimonial que corresponden únicamente al gobierno federal y los tenedores de los certificados de aportaciones serie "B" que pueden ser suscritos por mexicanos, ya sean personas físicas o morales.
Es muy distinto proteger al cien por ciento el interés del público ahorrador, como los derechos de los trabajadores, a tratar de superar derechos inexistentes para los tenedores de certificados de serie 'B' como se pretende hacer de acuerdo con el artículo 3o. del decreto que estamos discutiendo.
Veo también que por parte de la comisión hay una confusión en cuanto al término "disolución"
con liquidación, que son dos sucesos totalmente distintos, la disolución implica que se concluye con el vínculo social de los que participaban como aportantes del capital social del banco, y la disolución es una etapa previa a la liquidación.
Y en la página octava, parte final, se dice: "La comisión que suscribe observa que en los términos de los artículos 3o. y 4o. de la iniciativa objeto del presente dictamen, la disolución del Banco Nacional Pesquero y Portuario se verificará en la forma y términos que determine la Secretaría de Hacienda". Y si nos vamos al proyecto de decreto encontraremos que el artículo 3o. y 4o. está hablando de liquidación, que es muy distinto de disolución. La liquidación es el acto mediante el cual se hacen efectivos todos los activos para determinar a cuanto llegan y utilizar esos activos en la liquidación hasta donde alcance de los pasivos. Y cuando hay un remanente es cuando los participantes en la capital social del banco tienen derecho a que se les reintegre una parte proporcional de ese remanente de acuerdo con lo que señala la ley.
Sin embargo, veamos esto. Si en la misma iniciativa se dice que el banco está en quiebra técnica y que perdió la totalidad del capital social y, además, fue necesario que el gobierno invirtiera hasta diciembre de 1988, 2.75 billones de pesos para hacer frente a los pasivos, quiere decir que los tenedores de certificados de la serie B no tienen la menor posibilidad de que al hacer la liquidación exista un remanente al cual ellos tengan derecho. Y voy a señalar el artículo 13 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito que dice en su primer párrafo:
"Artículo 13. Los certificados de aportación patrimonial darán a sus titulares el derecho de participar en las utilidades de la sociedad emisora y, en su caso, en la cuota de liquidación."
Aquí no hay ninguna posibilidad de que quede remanente para cuota de liquidación.
El artículo 18 de la misma Ley Reglamentaria. "La distribución de las utilidades se hará en proporción a las aportaciones, lo cual es muy correcto, las pérdidas serán distribuidas en igual forma y hasta el límite de las aportaciones". Lo que quiere decir con esto que los tenedores de la serie B, por un lado, de acuerdo con el artículo 13 no tienen ningún derecho, a un remanente en la liquidación y, por otro lado, de acuerdo con el 18, no tienen ninguna obligación más que de perder el importe de sus aportaciones en estos certificados.
Sin embargo, el artículo 3o. del decreto que se pone a discusión, señala: "La Secretaría de Hacienda y Crédito Público señalará la forma y términos en que deberá llevarse a cabo la liquidación del Banco Nacional Pesquero, deben de agregarle y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito, cuidando en todo tiempo la adecuada protección de los intereses del público", correcto, porque en México no quiebran los bancos, "y de los titulares de los certificados de aportación patrimonial de la serie 'B' en lo que corresponda a sus derechos".
Vemos que no tienen ningún derecho ya los tenedores de certificación de la serie B, por lo cual no podemos tutelar derechos inexistentes, por lo que en este caso deberá de eliminarse toda esta parte de querer tutelar derechos inexistentes.
En esas condiciones, nosotros nos permitimos presentar a esta honorable asamblea, lo siguiente:
"Con la facultad que nos confiere el párrafo III del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículo 50, numeral 13, 52, de la Ley Orgánica del Congreso General, así como los artículos 65, 70, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, los que suscriben, diputados federales de la LIV Legislatura del Congreso de la Unión, miembros de distintas fracciones parlamentarias, presentamos a esta soberanía la solicitud para integrar una comisión para investigar el funcionamiento del Banco Nacional Pesquero y Portuario, en base a los siguientes argumentos:
1o. Mediante decreto del 18 de diciembre de 1985, se constituyó el Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito, como banca de desarrollo y se le señaló como objeto la promoción y financiamiento económico nacional y regional de las actividades pesqueras, portuarias y navieras.
La operación y funcionamiento de la institución se realizará con apego al marco legal aplicable y a las sanas prácticas y usos bancarios.
2o. Durante los foros celebrados por la Comisión de Pesca, se recibieron denuncias del sector social pesquero en el sentido de que el Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito, ya no estaba atendiendo las solicitudes de crédito de los pescadores, sino que la actuación de los funcionamiento de dicha institución les estaban exigiendo el pago de crédito, ya liquidados, y presionando con el embargo de bienes de las cooperativas.
Por tal motivo, solicitaban la intervención de la Comisión de Pesca a fin de lograr la depuración y aclaración de los adeudos a cargo de las cooperativas, que según el banco, existían.
3o. Denunciaron también que el banco estaba en liquidación y quebrado, debido a desviaciones de recursos a actividades distintas de las que se les habían encomendado, otorgando créditos al margen de la ley de las sanas prácticas bancarias, lo cual ha originado su quiebra.
4o. En esta Cámara, se recibió la denuncia de un grupo de diputados, en la que se mencionaban créditos otorgados por el banco a Isidoro Rodríguez y socios por montos de varios cientos de millones de pesos, sin que la estructura financiera de la sociedad acreditara, justificara tales créditos, y menos por esa cuantía, pues era una sociedad anónima de reciente creación y su capital social de una cuantía mínima.
5o. Por otra parte, se señala que se otorgaron créditos al sector privado para la compra de la flota atunera por cantidades multimillonarias, que no fueron recuperadas en forma y términos, lo que orilló al banco a reesctructurar dichos créditos como si se hubiera tratado de simple arrendamiento a precios bajos de la flota adquirida con los préstamos otorgados.
6o. Una demostración de que el banco se procedió a liquidarlo sin que el Congreso de la Unión lo haya aprobado, como le corresponde, es la minuta de la reunión celebrada a las diez horas del día 22 de junio de 1988, referente a la tercera sesión del Comité para la Incorporación del Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito, a la política general de racionalización y cambio estructural, en la cual asistió el contador público Rogelio Carballo Millán por el fideicomiso liquidador, y como director general del banco, tratándose los siguientes asuntos:
1o. Diagnóstico del funcionamiento del Banco.
2o. Relaciones con las diversas autoridades.
3o. Cumplimiento de instrucciones superiores que están como sigue:
a) Reestructuración atunera de los créditos del sistema Banco Nacional Pesquero y Portuario-Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios.
b) Traspaso de cartera de clientes, una actividad de liquidación que se señala en el proyecto de decreto;
c) Traspaso de cartera y de clientes en el Golfo;
d) Desincorporación accionaria, ahí se trató;
e) Sustitución de fiduciaria, y
f) Reorganización y reducción de personal, también una actividad de esa naturaleza.
4o. Traspaso de los activos del banco, propio de una liquidación.
5o. Rescate, rehabilitación y venta de 14 embarcaciones atuneras.
6o. Inventarios de cartera liticiosa.
En el desarrollo de esta reunión se tomaron decisiones propias y exclusivas de una liquidación llevada a cabo a espaldas del Congreso de la Unión.
7o. En la exposición de motivos de la iniciativa del proyecto de decreto que abroga la Ley Orgánica del Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito, señala que la baja recuperación de los créditos otorgados, las reestructuraciones y redocumentaciones efectuadas a sus acreditados, así como la adjudicación de activos por falta de pagos de las mismas, originaron severos problemas de liquidación, lo que incapacitó al banco para seguir cumpliendo con sus objetivos institucionales.
Esta situación originó que el Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito, se encuentre en estado de quiebra técnica al consumir íntegramente su capital social, así como otros recursos adicionales.
8o. El capital social que se constituyó el banco fue de 650 millones de pesos, y los recursos adicionales aportados por el gobierno para asumir las pérdidas, fue de 2.75 billones de pesos.
9o. La Comisión de Pesca turnó a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de esta Cámara, solicitud para que la Contaduría Mayor de Hacienda practique auditoría al Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito, para que se determinen las causas de la quiebra del mismo y en su caso, se finquen responsabilidades.
No se ha definido si las prácticas de auditorías al sector bancario público, queda dentro de las facultades de la Contaduría Mayor de Hacienda, señalándose que la vigilancia y fiscalización de los bancos, corresponde a la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros.
10. La LIV Legislatura, debe de recuperar la totalidad de sus facultades de rescisión y fiscalización que le otorga la Constitución.
Por lo antes expuesto, y en virtud de que el número de diputados que suscriben, es mayor que
el que prevé el párrafo III del artículo 93 de la Constitución General de la República que a la letra señala, artículo 93:
"Las Cámaras, a pedido de una parte de sus miembros, tratándose de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados y de la mitad, si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones, se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal."
Solicitamos a la Presidencia de esta Cámara de Diputados, dé cumplimiento a los siguientes
«PUNTOS DE ACUERDO
Primero. La Cámara de Diputados de la LIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que le confiere el III párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acuerda el nombramiento de una comisión para investigar el funcionamiento del Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito.
Segundo. La Comisión a que se refiere el numeral anterior, quedará integrado por los siguientes ciudadanos diputados:
Jesús Ramón Rojo Gutiérrez, Melchor de los Santos Ordóñez, Ernesto Rivera Herrera, Ciro Mayén, Patricio Estévez Nenninger, Armando Duarte Móller y Enrique Rojas Bernal.
Tercero. La presidencia de la honorable Cámara de diputados informará oportunamente a las autoridades de la Secretaría de Pesca y a los directivos del Banco Nacional Pesquero y Portuario, para que otorguen las mayores facilidades para que la comisión designada cumpla con su cometido.
Cuarto. La comisión deberá rendir un informe de las conclusiones que se deriven de su investigación al pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la cual la turnará al Ejecutivo Federal.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 28 de diciembre de 1989. Son más de 175 firmas de los ciudadanos diputados que hacemos esta solicitud.» (Aplausos.)
El C. Presidente: - Con la finalidad de proseguir el trámite de la discusión en lo general, esta Presidencia, en ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 21 fracción III, desde luego, turna el requerimiento formulado por el diputado Rojas, a las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y a la de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Tiene la palabra...
El C. Jesús Ramón Rojo Gutiérrez: - Señor Presidente: considero de que es a esta asamblea a la que le corresponde decidir, en función estricta del artículo 93, tercer párrafo de la Constitución, porque no corresponde a las comisiones la facultad de nombrar comisiones especiales, como en este caso, y es muy claro el artículo 93 en su tercer párrafo, que señala: "que a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de diputados, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria". O sea, que si somos más de la cuarta parte de los ciudadanos diputados, tenemos la facultad de integrar esta comisión especial, por lo que suplico a usted se cumpla con lo solicitado para que esta comisión especial empiece a funcionar de inmediato. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Miguel Montes García, para rectificación de hechos.
El C. Miguel Montes García: - Muchas gracias, señor Presidente; ciudadanos diputados: Simplemente para aclarar hechos, en relación con lo narrado en la última parte de su intervención, por el señor diputado del grupo parlamentario de Acción Nacional, en relación con la integración de la comisión investigadora a que se refiere el artículo 93 constitucional en su último párrafo.
Como ustedes saben, este párrafo al artículo 93 constitucional se agrega a la Constitución en la reforma de 1977; efectivamente, establece la facultad de la Cámara de integrar las comisiones investigadoras, cuando éstas son propuestas en la Cámara de Diputados por el 25% de sus integrantes como mínimo, y en la Cámara de Senadores por la mitad como mínimo.
Sin embargo, desde el instante en que se plantea este debate y el alcance de la reforma en 1977, de ahí lo que queremos informar y se puede corroborar en el Diario de los Debates, se discutió el alcance de la reforma y qué es lo que se pretendía con ella; con toda objetividad hubo dos opiniones, una expuesta por el entonces diputado del Partido de Acción Nacional, Jorge Garavito, en el sentido de que hecha la solicitud por el porciento de diputados que el propio artículo constitucional señala, la integración de la comisión era automática.
Otra expuesta por los miembros del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en el sentido de que esta facultad de la Cámara, como todas las otras que tiene, en cumplimiento, incluso, de mandatos de Ley Orgánica reglamentaria, para ejercerla en principio, salvo casos de urgente u obvia resolución, como en todos, aprobados por las dos terceras partes de la Cámara, debe turnarse a comisiones y que la comisión no se integrase automáticamente a la sola solicitud, sino que es la Cámara la que como en todos los casos determina la conveniencia o no conveniencia de integrar la comisión.
Una reflexión más, este tipo de comisiones importantes, convenientes, se refieren a casos extremos en donde el Poder Legislativo nota, se da cuenta del inadecuado funcionamiento de un organismo descentralizado de una empresa paraestatal, tan inadecuado que requiere de esta investigación, que tal vez en su consecuencia, en este momento resulte poca la consecuencia, porque no tiene otra consecuencia que informar al Ejecutivo del resultado de la investigación.
Para, con toda lealtad, establecer los términos del alcance del último párrafo del 93, queremos decir que desde entonces la mayoría de quienes aprobaron la reforma sostuvieron que este tipo de comisiones no son de integración automática y que como requisito para que procediese la solicitud, y ruego con toda atención que nos ubiquemos en el momento en que se hizo esta reforma constitucional, fue la reforma política de 1977, momento muy distinto al que vivimos, se establecía como requisito de procedencia inicial de solicitud para poder hacerla, la solicitud, que fuese hecha por el 25% de los diputados y más de la mitad de los senadores.
Estos son los términos en que se planteó la reforma, éste es el debate que se dio en su origen y que consta en el Diario de Debates de 1977 y que yo quise traer a colación en virtud de la solicitud del señor diputado. Muchas gracias, señor Presidente.
El C. Gerardo de Jesús Arellano Aguilar (desde su curul): - Señor Presidente, para hechos.
El C. Presidente: - Sí, la pidió el diputado Pablo Gómez y el diputado Arellano.
Entonces voy a conceder la palabra al diputado Arellano, en seguida el diputado Pablo Gómez, después el diputado Alcántara y el diputado Juan Jaime y el diputado Lanz.
Cuenta con cinco minutos, porque la han solicitado para rectificar hechos. El C. Gerardo de Jesús Arellano Aguilar: - Gracias, señor Presidente.
La interpretación que hace el diputado Montes del artículo 93, lógicamente tiene que se la que favorece a su partido. El artículo 93 de la Constitución faculta al 25% de esta Cámara a pedir que se investigue el funcionamiento de las empresas paraestatales.
El dice que el trámite que se le ha dado normalmente es mandarlo a una comisión. Nosotros, de conformidad con el artículo 50 y 52 de la Ley Orgánica, que me voy a permitir leerlo muy rápidamente, nos especifica en primer lugar cuales son las comisiones que forman esta Cámara, nos habla de las comisiones de dictamen legislativo, de vigilancia, de investigación y jurisdiccionales.
En este caso, la que plantea el artículo 93 constitucional es una comisión de investigación; por lo tanto, no se puede mandar el pedimento que estamos haciendo más de 170 diputados, a una comisión de dictamen legislativo que no tiene esa facultad. Y apoyo este razonamiento en lo que dice también el artículo 52 de la Ley Orgánica. El artículo 52 nos habla de las comisiones de investigación y las jurisdiccionales, y nos dice que serán transitorias. Esto nos lleva a pensar que cuando un grupo de diputados, en términos del artículo 93, tercer párrafo, solicita que se investigue a una empresa paraestatal, se debe de formar una comisión transitoria, y no mandarse a una comisión que no tiene ese carácter de poder solucionar el caso, que solamente está constituida para hacer un trámite de dictamen legislativo.
Por otra parte, el artículo 60 de la misma Ley Orgánica, nos habla de que son comisiones de investigación las que se integrarán para tratar los asuntos a los que se refiere el párrafo final del artículo 93 constitucional.
Ahí se desvirtúa claramente la idea de que tiene que pasar a una comisión; lo que procede es lo que estamos solicitando los diputados de diferentes grupos parlamentarios: estamos solicitando que se forme una comisión pluripartidista y que la Presidencia tiene que dar cumplimiento a lo que señala tanto la Constitución como los artículos que he invocado. (Aplausos.)
Para finalizar, creo que aquí debo de tocar un tema que se me hace muy difícil como abogado. La ley no se vota, la ley se aplica, y nosotros somos los primero que debemos de aplicarla. Si ustedes quieren, la mayoría de esta Cámara, votar la Constitución, eso se me hace a mí inadmisible y se me hace que iría en demérito de esta Cámara y no podemos permitirlo los grupos parlamentarios
que firmaron esta proposición, Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra, para rectificar hechos, cinco minutos, el diputado Pablo Gómez.
El C. Pablo Gómez Alvarez: - Señores diputados; señoras diputadas: El asunto planteado en esta tribuna por el señor Montes, es de importancia, especialmente política y es de importancia también, dentro del derecho parlamentario. En las reformas constitucionales a las que se les denominó "reforma política" la idea era dar, otorgar una serie derechos adicionales a las minorías; ésta era una de las columnas vertebrales de la reforma política de aquel entonces.
Ampliar la participación plural y la representación política en el Congreso y dar a las minorías mayores derechos, prerrogativas y capacidad para influir en la vida política nacional. Dentro de la reforma política figuraba, entonces, este párrafo del artículo 93 de la Constitución, en el cual se le otorgaba a una minoría de la Cámara de Diputados, no así el de la Cámara de Senadores, que fue, en ese entonces, considerada que iba a seguir siendo una Cámara unipartidista.
La capacidad de poder emprender a través de la formación de comisiones de investigación, investigaciones a las empresas paraestatales y a los organismos públicos, llamados "organismos descentralizados". Esta era la idea, la idea en el conjunto, el Presidente de la asamblea podría dar testimonio, porque fue uno de los funcionarios públicos que coadyuvaron a la elaboración de este proyecto, llamado "reforma política", de que la idea era que las minorías pudieran lograr esa capacidad.
Esto tiene que ver con la integración de la Cámara; se pensó en una Cámara de 400 diputados, 300 uninominales y 100 de representación proporcional; se pensó, por lo tanto, que una cuarta parte, 100 diputados, podían representar la totalidad de los diputados de oposición y que las minorías en su conjunto pudieran tener ese derecho, ésa era la idea y pongo la testimonial del diputado Lamadrid.
El diputado Montes, en el debate en la L Legislatura, expuso la tesis contraria y dijo que no, que se requería la aprobación de la Cámara, el asunto pasó, la reforma se aprobó por el Congreso y las legislaturas de los estados, se convirtió en parte de la Constitución.
En la siguiente Legislatura, la LI, yo inicié la formación de una comisión investigadora de Teléfonos de México, amparado en la fracción III del artículo 93, con el propósito de que la Cámara averiguara las continuas interferencias indebidas e ilegales que se hacen a los teléfonos de muchas personas, especialmente por razones políticas.
Y aunque no todos los diputados de la oposición estuvieron de acuerdo, algunos diputados de la bancada oficialista firmaron el pedimento, se juntaron las 100 firmas y el Presidente de la Cámara le dio inmediato trámite y se formó la comisión investigadora sin necesidad de que hubiera dictamen y que la plenaria aprobara, más que los nombre de quienes integraron la comisión, pero no la integración de la comisión.
Existe, por lo tanto, precedente a este respecto. Ya la Cámara ejerció la confirmación de estas comisiones investigadoras en una ocasión, y pongo aquí también la testimonial del diputado Hiram Escudero que formó parte de esa comisión investigadora.
Estos son los hechos, hay en efecto, el discurso del diputado Montes en la L Legislatura y el trámite que se le dio en la LI Legislatura. ¿Por qué?, ¿por qué este trámite? Y esto es lo fundamental y con esto quiero concluir: sería absurdo, totalmente absurdo que teniendo los diputados capacidad para iniciar leyes de cualquier género, requieran la cuarta parte de la Cámara para hacer la propuesta de que se integre una comisión investigadora. Cualquier diputado lo podría hacer, existiendo la figura de comisión investigadora sin que existiera este párrafo tercero del artículo 93, cualquier diputado podría como inicia una ley o incluso una reforma constitucional, venir a la tribuna y plantear a la asamblea que propone la integración de una comisión investigadora, sin necesidad de juntar la cuarta parte de los diputados de la Cámara.
Es ilógico que la Constitución le pida a los ciudadanos diputados que para hacer la propuesta de integración de una comisión investigadora se requiera la cuarta parte y para proponer las modificaciones más a fondo en la Constitución no se requiera más que la iniciativa de un ciudadano diputado. No guarda sentido esto, sería un contrasentido.
¿Por qué, éste es otro punto relacionado con esto, se le pide al Senado la mitad? Cuando se le pide a una Cámara que para llevar a cabo una determinada acción se requiera como requisito indispensable el patrocinio de la mitad de los individuos, se está hablando prácticamente de una mayoría.
La diferenciación que hace la Constitución entre la Cámara y el Senado, es directamente
compatible con la idea de que había que abrir la Cámara a la participación plural y darle a las minorías, en la Cámara de Diputados justamente, una serie de derechos que antes no tenían.
¿De dónde se sigue que basta con que haya la petición de la cuarta parte de la Cámara para que la comisión investigadora se integre?
Y el asunto en efecto, no puede ser estrictamente jurídico, porque detrás de esto hay una carga jurídica y además un precedente que tenemos que tomar en cuenta. Atropellar un derecho a minorías, que se anunció con bombo y platillo durante la reforma política, porque hubo un discurso en la Cámara del ciudadano Montes, aún, ¡bueno! El dijo que hablaba a nombre de la comisión, como aquí siempre se hace normalmente cuando un diputado del Partido Revolucionario Institucional dice hablar a nombre de la comisión, en realidad está hablando a nombre de su bancada, estrictamente hablando, haya dado, en ese momento, esa interpretación, que yo sostengo que es estrictamente personal y que sigue siendo estrictamente personal.
Entonces, lo conducente aquí, con honestidad, incluso, y consecuente con lo que fue el texto mismo de la reforma política y el espíritu que la animó, tomando en cuenta el precedente a que yo me referí en la LI Legislatura y considerando esto como un derecho de minorías, yo pido que la petición de integración de la comisión investigadora se haga inmediatamente, se integre la comisión, la asamblea apruebe la lista de los integrantes de la comisión y se respete eso, que me parece que por lo demás, es una institución democrática.
Cuando para investigarse a sí mismo, para investigar una entidad se requiere el acuerdo de sí mismo, pues no hay derecho ninguno. ¿Qué sentido tendría? Para investigar el gobierno se requiere el acuerdo del gobierno. Se trata de que la oposición pueda investigar al gobierno en algunas áreas, empresas descentralizadas y de participación estatal, por sí misma; como un derecho de esa minoría.
Eso a mí me parece que es una institución, democrática en cualquier parte, que se quiere hacer absolutamente nugatoria, con un espíritu ya no conservador, sino francamente reaccionario, porque esto es ir para atrás. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Para alusiones personales, tiene la palabra el diputado Miguel Montes.
El C. Miguel Montes García: - Señor Presidente; compañeros diputados: En primer lugar, quiero reconocer lo expuesto por el señor diputado Pablo Gómez, de que este tema tiene un importante fondo político; efectivamente, así es, no sólo es un tema que trasciende el trato concreto, para poder señalar el comportamiento y las facultades de la Cámara.
No es positivo que de manera ligera, simplemente para impulsar lo que los gritos anónimos que todos profieren se diga, como lo he escuchado al venir a la tribuna, ¿qué hay detrás? No, no hay detrás nada. Cuando el señor diputado del grupo de Acción Nacional, platicando unos momentos antes con el Presidente de la Comisión, el señor Rogelio Montemayor, informó, hizo su planteamiento, quiero comentar con ustedes que se vio con simpatía; a todos los diputados les interesa que si hay algo ilícito, ilegal o que sea un fenómeno de corrupción en un organismo descentralizado, en una paraestatal, se investigue, se sancione, se corrija y se lleva hasta sus últimas consecuencias.
Pero la interpretación que da el diputado Gómez, que me mencionó; yo no quise señalar que habíamos participado en ese debate de origen del artículo, pero él lo mencionó, y efectivamente así fue; el debate que se dio fue precisamente para, no sólo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sino de la comisión que hizo el dictamen, porque hay que agregar algunas cosas que el diputado Gómez no dijo: quien presidía esa Comisión de Estudios Legislativos, era también el que habla, y varios diputados del Partido Acción Nacional, como Hernández Labastida, fueron miembros de esa Cámara de Diputados. Y en la Comisión de Estudios Legislativos, participó además de Garavito, el diputado Peniche Bolio.
Desde el seno de las comisiones, se planteó el alcance de la reforma. No tengo, como Pablo, la certeza absoluta, ni he comprado la totalidad de la razón universal, como él sí la ha adquirido desde hace mucho tiempo, para señalar, para asegurar que la intención era ésta. Lo que sí digo es que el debate se dio para fijar precisamente el alcance del contenido de la reforma constitucional, y que el debate del seno de la Comisión de Estudios Legislativos, se trasladó a la tribuna de la Cámara, y el debate por lo que se ve, sigue en pie.
Desconocía, y agradezco la información, del comportamiento que haya tenido la LI Legislatura; pero veamos qué consecuencias tendría para la Cámara de Diputados, aceptar que de manera automática, porque el diputado Gómez va más allá de la solicitud del diputado que la hizo del Partido Acción Nacional. El diputado de Acción Nacional quiere, según entendí, y ojalá haya
entendido correctamente, que en este momento la Cámara resuelva, que en este momento la Cámara decida si se integra la comisión o no se integra la comisión, Pablo va más allá, Pablo dice, hecha la solicitud la comisión tiene que integrarse forzosamente, ésa es la interpretación que da Pablo Gómez; planteados lo términos así, veamos por qué discrepamos de esa opinión, y ruego con toda atención que hagamos el esfuerzo de un análisis subjetivo y de una interpretación jurídica.
Los que estudiamos estas materias sabemos que se interpreta una ley cuando la ley es oscura, sabemos que los mandatos claros no requieren más interpretación que la derivada la necesaria para su aplicación. Veamos entonces si el último párrafo del artículo 93 de la Constitución es en realidad un mandato obscuro y si es un mandato que requiera interpretación. Yo rogaría a la Presidencia pida a la secretaría, sea tan amable de leer el párrafo final del artículo 93 constitucional.
El C. Presidente: - Proceda la secretaría a dar lectura al párrafo final del artículo 93.
El C. secretario Gustavo Rosario Torres: - "Artículo 93. Las cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros tratándose de los diputados y de la mitad si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal". (Aplausos.)
El C. Miguel Montes García: - Hago notar entonces, compañeros diputados, de que habla de que las cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros tratándose de la de diputados, tienen la facultad, no la obligación, la facultad de integrar...
(Desorden.)
El C. Presidente: - Dígame, señor diputado.
El C. Miguel Montes García: - Que me permitan desarrollar mi argumentación.
El C. Presidente: - Permítame, señor diputado. Esta Presidencia ha abierto más allá de las reglas de nuestro reglamento y de nuestra ley orgánica, este debate conexo al debate en lo general del proyecto de decreto.
Se les llama a todos los diputados de todos los partidos, que si es posible desarrollar este debate conexo, debe realizarse en el respeto a todos los oradores. En consecuencia, es mi último llamado a que se respete el uso de la palabra a los oradores que esta Presidencia les concede el uso de la palabra; de no hacerse así, la Presidencia en términos del reglamento pedirá a la secretaría que consulta a la asamblea para que decida si esta suficientemente discutido.
Continúe en el uso de la palabra.
El C. Miguel Montes García: - Señores diputados en esta Cámara, muy rica en lo político y hasta el presente tal vez por fortuna o por falta de fortuna pobre en lo legislativo, es muy difícil por las reacciones de los compañeros, dar un debate en el que pretendamos con seriedad no discutir la aplicación de una norma jurídica; estoy de acuerdo que las normas jurídicas se cumplen y no se votan, pero sí analizar el alcance de las normas jurídicas y el esfuerzo que yo quiero hacer es de analizar el alcance de la norma jurídica, no de discutir su aplicación.
Las facultades, y aquí se emplea la palabra facultad, jurídicamente en cualquier rama del derecho la facultad implica la decisión del órgano para ejercerla o no ejercerla. Sería absurdo que una facultad resultase de ejercicio obligatorio y ésta sigue siendo una facultad de la Cámara y la Cámara de Diputados ejerce sus facultades por decisión de la asamblea, decisión que se manifiesta por el número de sus votos normalmente en México por una mayoría simple y en algunos casos de excepción por una votación calificada y esto sigue siendo una facultad de la Cámara de Diputados.
Segundo. Para fijar el alcance de este artículo desde su origen, cada participante en el debate señaló su postura, e insisto en que esto va más allá del caso concreto que analizamos. ¿Por qué sostenemos, por qué sostengo que es una facultad de la Cámara? Sería difícil conservar uno de los principios fundamentales de nuestro régimen constitucional, uno de los principios que lo informan y lo sostienen, principio que se puede debatir pero que hasta el momento está consagrado constitucionalmente, que es el respeto a las atribuciones de los poderes, sería difícil conservarlo, se dañaría este principio de división de poderes entendiéndolo como distribución de funciones y de atribuciones, si a la petición de un porcentaje de legisladores de una de las cámaras, automáticamente, sin la expresión cameral sino con la sola expresión de ese porcentaje, independientemente del que éste sea, se ejerciera una atribución.
Estoy seguro, lo digo de buena fe: solicito con atención, con respeto a la opinión de todos, el que
el debate que se está dando es de buena fe, no estoy inmiscuyendo, es más, en lo personal; creo que la comisión propuesta debe integrarse con la seriedad que el caso amerita, señalando no sólo quienes van a formar parte de ella sino la materia de la investigación.
No se puede investigar sobre todo y que por lo tanto, desde analizarse cuidadosamente el fijar la materia de la investigación, y esto es un criterio personal sobre el tema que originó el debate colateral. Pero sostengo que la facultad de la Cámara para mantener el principio de división de poderes para mantener la necesidad y la conveniencia que hace que el sistema continúe, del respeto entre poderes, debe ser ejercitada la facultad precisamente por decisión de la Cámara, en los términos en que la Cámara toma las decisiones. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Alcántara.
El C. Juan Miguel Alcántara Soria: - Señor Presidente; señores diputados; señoras diputadas: Creo que es necesario que en el momento de interpretar el último párrafo del artículo 93 que nos ocupa y que es el que nos sirve de fundamento a la petición que han hecho más de la cuarta parte de los miembros de la Cámara de Diputados, recojamos el sentido de todo el artículo y no solamente del último párrafo de dicho artículo.
El artículo 93 es uno de los artículos que tienen que analizarse con mayor rigor jurídico constitucional, porque entra a una de las materias más delicadas que definen nuestro sistema constitucional y que es precisamente el de la división de poderes y el de la cooperación entre poderes.
Si analizamos el primer párrafo de este artículo, que algunos han llamado trasunto de gobierno parlamentario, comprobaremos que en él se obliga a los secretarios de Estado y a los jefes de departamentos administrativos, a dar cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.
Sabemos todos que en un sistema presidencialista como el nuestro, los secretarios de Estado, los jefes de departamento y los directores de organismos descentralizados, no son responsables ante el Congreso; responde directamente ante el titular del Poder Ejecutivo.
Pero aquí en el segundo y el tercer párrafo de este artículo, se establece con mucho cuidado en qué medida funciones propias del Poder Legislativo, como son las de fiscalización de las actividades y de las funciones de las entidades de la administración pública centralizada y descentralizada, para ejercer estas funciones propias del Poder Legislativo, se establecen, cierto y en esto tiene razón el diputado Montes, se establecen facultades del Congreso, de fiscalización, de investigación.
Pero entiéndase bien esto, la facultad del Congreso en lo general de que le rindan cuentas los ex secretarios de Estado y los jefes de departamento y la facultad específica para la Cámara de Diputados o para la Cámara de Senadores de que se nombren comisiones que investiguen a organismos descentralizados o a empresas de participación estatal mayoritaria, está usada en el sentido de facultar atribución o competencia frente al Poder Ejecutivo, de tal manera que el Poder Ejecutivo no puede decir; tú, Poder Legislativo, no tienes ninguna facultad en vigilar, en inspeccionar las entidades o departamentos propios de la administración pública federal.
En esta primera parte como facultad del Poder Legislativo frente al Poder Ejecutivo, tiene razón el diputado Montes.
Pero, entremos ahora al último párrafo del artículo en comento. Si lo leemos con cuidado está dando legitimación, legitimación procesal activa a cuando menos una cuarta parte de los miembros de la Cámara de Diputados y la mitad cuando menos de la de Senadores. Ese porcentaje, ese conjunto de miembros de cada una de estas cámaras se les está dando la legitimación para requerir la formación de una comisión que investigue el funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de participación estatal.
Como estamos en un tema muy delicado de división de poderes, evidentemente que en lo único que puede desembocar el ejercicio de esta facultad de la Cámara en su conjunto, pero que puede ser iniciada sólo por la cuarta parte de sus miembros, ello desemboca exclusivamente en hacer del conocimiento del titular del Poder Ejecutivo el resultado de su investigación, esto es lógico porque no estamos en un régimen parlamentario sino en un sistema presidencialista.
Pero antes de llegar a que las conclusiones de esta comisión especial se hagan del conocimiento del titular del Ejecutivo que es ante quien sí son responsables los directores de los organismos descentralizados y de las empresas de participación estatal mayoritaria, antes de esa conclusión, evidentemente lo que la Constitución está haciendo es al decir: "Las cámaras tienen la facultad de integrar comisiones para investigar"; es: "Las cámaras tienen facultad frente al
Ejecutivo", facultad que puede iniciarse, ejercitarse, con la simple suma de voluntades de la cuarta parte de los miembros de la Cámara de Diputados.
Dice el diputado Montes que la expresión "facultad" excluye el concepto "obligación". Esto es muy delicado y es muy grave que se sostenga en materia constitucional, que no es materia de derecho privado, derecho civil o derecho mercantil, que se sostenga cuando la Constitución en el artículo 74 establece las facultades de la Cámara de Diputados, habla de facultades, o en el 76, hable de la Cámara de Senadores, la interpretación del diputado Montes nos llevaría que si analizamos todas y cada una de las fracciones del artículo 74, que habla de facultades, pues todas ellas, si la Cámara no las quiere ejercitar, no las ejercita y no hay ninguna responsabilidad, lo que significaría, en la interpretación del diputado Montes, que si la Cámara de Diputados no quiere ejercer ninguna de esas facultades y, por lo tanto, dejar de sesionar y dejar de trabajar, no habría ninguna repercusión jurídica y política para el sistema constitucional nuestro.
La expresión "facultad" en materia constitucional, no puede usarse en el mismo sentido que en derecho privado. (Aplausos.)
En este orden de ideas, y considerando el tiempo, solicitamos atentamente a la Presidencia que se atenga escrupulosamente a su obligación, determinada en el artículo 34, inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General, para dar el curso reglamentario a la petición de más de la cuarta parte de los miembros de esta Cámara, petición que evidentemente debe ser turnada, tramitada por la Presidencia, además porque nos ayuda, nos ilustra también la Ley Orgánica del Congreso General, que es posterior a la reforma de 1977.
La Ley orgánica, en su artículo 52, se refiere a las comisiones de investigación y jurisdiccionales. En esa disposición se establece que estas comisiones funcionarán en los términos constitucionales y legales, las que son comisiones de investigación constitucional, y habrá otras, y en esto evidentemente el argumento de Pablo Gómez es impecable.
Qué sentido tiene dale legitimación procesal activa a la cuarta parte de la Cámara de Diputados si bastaba con que un solo diputado la solicitara, porque ya está legitimado para solicitar una comisión de investigación. (Aplausos.)
En consecuencia, con fundamento en el artículo 34 y en los que ya han sido señalados en la petición formulada por los que legítimamente la pueden formular, solicito a la Presidencia se dé el trámite requerido, recordando a todos ustedes que si bien los diputados han sido, en ocasiones, considerados como normaturgos, como legitimados para poner nombres a las instituciones y a las cosas, que no se entienda esto que los diputados de una fracción o de otra somos dueños del sentido de las palabras y mucho menos dueños de cumplir o no con nuestras atribuciones. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Juan Jaime Hernández. Leí los que habían solicitado hacer uso de la palabra por vía de rectificación de hechos.
El C. Juan Jaime Hernández: - Señor Presidente; ciudadanos diputados y diputadas: Salus populix sopremalex (La suprema ley es lo más saludable al pueblo.)
(Desorden.)
El C. Presidente: - Permítame, diputado. Les recuerdo a todos los diputados la advertencia que formulé hace unos momentos. Están obligados a guardar respeto y atención a los oradores y a abstenerse de hacer manifestaciones que salgan de los límites propios de una asamblea. Prosiga usted, diputado Juan Jaime Hernández.
El C. Juan Jaime Hernández: - Es saludable para el pueblo de México, la aplicación, en sus términos del párrafo tercero del artículo 93 de la Constitución, en el que se establece que las cámaras pueden integrar Comisiones para investigación. Este precepto es claro y establece el punto de equilibrio de los Poderes de la Unión. Este criterio es beneficioso porque sólo por este medio resultan útiles, para que a través de los diputados el pueblo pueda juzgar la real actuación de esos organismos.
Esto es un mandato constitucional que debe cumplirse y no discutirse, ni mucho menos es valedero atribuir interpretaciones al respecto constitucional cuando éste es claro y es preciso. Lo que acontece es que algunas cuestiones que se encuentran en dicho organismo, las han tomado ya como un secreto de Estado, puesto que pueden ser consideradas como vergonzantes las actuaciones y los manejos económicos realizados por algún alto funcionario que quiere ocultar a la luz del pueblo.
Yo quiero recordar que en todas las leyes, y menos en la Constitución, existen actos automáticos, puesto que éstos, es decir los preceptos legales, solamente establecen los que debemos hacer o lo que no debemos hacer, pero la palabra "automático" no tiene cabida de ningún precepto jurídico.
Yo pregunto ¿a qué se le teme, a que se destape algo que pueda perjudicar al algún funcionario de esta administración?
Nosotros, los integrantes de la fracción parlamentaria del Pueblo Auténtico pedimos que se cumpla con la ley y se proceda a que la comisión, en sus términos, realice lo que el mandato constitucional señala, por eso diremos: Non timebis a timore nocturno (No teman a las oscuridades de la noche). Gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Lanz.
El C. José Trinidad Lanz Cárdenas: - Con la venia de la Presidencia; señores diputados: Es indudable que aun ante la expresión chusca que se oyó por el lado derecho de los Santos Inocentes, estamos cayendo precisamente en una interpretación bizantina. Efectivamente ha habido preopinantes y se ha hablado de cosas verdaderamente interesantes que elevan, a mi juicio, en mi opinión personal, el nivel de esta Cámara.
El preopinante del Partido Acción Nacional, persona sumamente respetable y muy querida en lo personal para mí, mi miembro de la Comisión de Vigilancia, ha planteado algo que ha suscitado esta ya enconada polémica. No participo de sus enfoques sobre las diferencias entre lo que es la disolución y la liquidación, pero esto será materia de la discusión en otro momento y en otro lugar, cuando se defina, a mi modo de ver, el resultado de este cuestionamiento.
Particularmente aquí la discusión gira en derredor de la interpretación del 93 constitucional. El 93, que es como se ha dicho con cierto sentido de propiedad, algún resabio del parlamentarismo, establece una serie de facultades y creo que en ninguno de sus párrafos en incongruente uno con el otro. Habla de las facultades de las cámaras, está hablando de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.
Las cámaras son cuerpos colegiados y sus decisiones se toman por mayorías o simples o calificadas, pero de ninguna manera una decisión de un cuerpo colegiado puede tomarse por una minoría. Esto en sí mismo es antidemocrático y no lo puede consagrar el 93 constitucional. Se ha mencionado algo que en sí es tratar de revivir una discusión del pasado, es cierto que en el año de 1977, y para ello basta acudir al Diario de los Debates, se habló de los derechos de las minorías, pero también lo es que ésa fue una propuesta y una posición que sujeta al ámbito de la discusión del constituyente permanente de aquella ocasión, fue superada.
Se dice que la cultura es vida humana objetivizada. Esta es una posición filosófica, pero desde luego está contemplada y si en algún renglón tiene razón de ser, es precisamente en la legislación.
La legislación es cultura, es producto humano y cuando se encuentra en el texto de la norma, adquiere una objetividad plena. Y para el caso, no importa lo que se propuso o lo que se discutió, sino lo que importa fue lo que se aprobó y lo que existe en el mandato de la norma.
Se ha hablado de que cualquiera puede pedir la integración de una comisión investigadora. Creo que es aventurado afirmar lo que no esta de acuerdo ni con la ley, ni con el reglamento, ni con la Constitución.
Las comisiones investigadoras, en los términos del mandato del 93 constitucional, de Ley Orgánica y del obsoleto reglamento, en este caso tiene que ser de una interpretación subsidiaria porque surgió antes de la reforma de 1977, aun cuando la ley es posterior a la reforma de 1977; las comisiones investigadoras se integran por acuerdo de la Cámara, no por acuerdo o por el simple deseo de una minoría.
Los acuerdos de esta Cámara, compañeros, los hemos vivido de manera inveterada; son consecuencia de la voluntad que se integra por una decisión democrática.
Los términos de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos en este sentido, son claros. Las comisiones investigadoras se integran para los términos del artículo 93 Constitucional. No basta que se pidan, sino es necesario que se acuerde que se integre.
En este caso se ha hablado por alguno de los que me han precedido, de una interpretación respetable; pero a mi modo de ver, equivocada. Una cosa es legitimación y otra cosa es requisito de procedibilidad.
Se ha sostenido en esta tribuna que el párrafo tercero del artículo 93 constitucional, legitima la integración de una comisión investigadora, por la petición de la cuarta parte de los diputados o la mitad de los senadores. Muy respetable esa interpretación, pero creo que no es correcta.
Una cosa es que la Constitución condicione la formación y constitución de una comisión investigadora a una petición de un determinado número
de legisladores, como es el caso del 93 constitucional, y otra cosa es que basta la petición para que la comisión quede integrada.
Sería subvertir las condiciones democráticas en donde una minoría, que es el caso, tratara de imponer su deseo, su petición a la voluntad de una mayoría.
El 93 constitucional, si ustedes me permiten hacer un poquito de hermenéutica...
El C. Oscar Mauro Ramírez Ayala (desde su curul): - Señor Presidente...
El C. José Trinidad Lanz Cárdenas: - Señor Presidente, sé por donde va y por principio de congruencia ni he aceptado ni acepto ni aceptaré jamás una interpelación.
El C. Presidente: - Un momento, diputado Lanz, diga diputado Oscar.
El C. Oscar Mauro Ramírez Ayala (desde su curul): - Señor Presidente, ¿sería tan amable en informarnos por qué pidió la palabra el diputado Lanz Cárdena?, en razón del tiempo que lleva.
El C. José Trinidad Lanz Cárdenas: - Para la misma en que la pidió.
El C. Presidente: - La pregunta, diputado Lanz, fue a la Presidencia.
El C. José Trinidad Lanz Cárdenas: - Perdón, señor Presidente.
El C. Presidente: - Y al diputado Mauro le contesto. El diputado Lanz está haciendo uso de la palabra porque esta Presidencia le concedió el uso de la palabra por las mismas razones, por los mismos motivos que se le he concedido al diputado Rojo cuando Término su investigación al diputado Arellano, al diputado Gómez, al diputado Montes, al diputado Alcántara, al diputado Jaime Hernández y ahora al diputado Lanz, y me la ha solicitado el diputado Godoy, que se la voy a conceder.
En uso del desconocimiento..
El C. Israel Félix Galán Baños (desde su curul): - Señor Presidente, una moción de orden, en el turno de los oradores anteriores no abusaron del tiempo.
El C. Presidente: - El tiempo está, es una materia de que la ley y el reglamento conceden a la Presidencia.
Por vía de hechos se pide en esta asamblea la palabra, para quedar muy definido, porque todavía me ha solicitado, y se la voy a conceder, al diputado Godoy. Esta Presidencia ha perseguido la discusión de esta cuestión, en relación a la propuesta del diputado Rojo; el diputado Rojo hizo una propuesta y yo le di trámite, él me solicitó la palabra y reclamó el trámite de la Presidencia; la discusión, el debate se ha desarrollado en concepto de la Presidencia por esta reclamación de trámite, y en la reclamación del trámite estamos, y en consecuencia, prosiga el diputado Lanz en el uso de la palabra.
El C. José Trinidad Lanz Cárdenas: - Gracias, señor Presidente: El 93 constitucional en su tercer párrafo, establece cuatro requisitos:
Primero. Son las cámaras las que designan a las comisiones; no son los que piden y así lo dice categóricamente, las cámaras a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados o de la mitad tratándose de los senadores, lo cual que está queriendo establecer, desde luego, que no basta una petición, sino que es una facultad del cuerpo colegiado.
Segundo. Requisito de procedibilidad a que nos referíamos anteriormente, tiene que ser pedido, en el caso de los diputados, por un mínimo de la cuarta parte de sus miembros, en el caso de los senadores, por un mínimo de la mitad de sus miembros.
Tercero. La facultad de integrar comisiones a fin de no repetir argumentos sobre el particular, me remito a los ya explicados con amplitud por el diputado Montes sobre la diferencia entre una facultad y una obligación, y
Cuarto. Qué sucede sobre el particular con los resultados de las investigaciones.
Creo que no puede en un deseo de interpretación ir más allá de la objetividad de la norma. La norma es evidentemente clara, está establecido que es facultad de la cámara no de la petición, y esto, compañeros diputados, ya se discutió con toda la amplitud del caso en el año de 1977, cuando se reformó la Constitución.
No podemos, a través de una interpretación, ir más allá de un mandato objetivo y claro de la norma constitucional. La facultad de integrar las comisiones investigadoras no es de los que lo piden, es del cuerpo colegiado que integra la cámara y en este caso son 500 diputados y en otros son 64 senadores.
Quisiera nada más ilustrar un poco el antecedente de este problema, porque es un problema que ya
ha sido planteado por algunos diputados miembros de la Comisión de Pesca. En una de las sesiones anteriores pidieron que se practicara una auditoria y una investigación sobre la cual ahora se insiste. Esto fue visto en el seno de la discusión de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, a la cual fue turnada esta solicitud por acuerdo de la Presidencia.
Si lo que ahora se pretende es efectivamente practicar una auditoría, la auditoría se ha pedido como momento de antecedente para que la Comisión de Vigilancia pueda determinar, toda vez que el momento en que se dio cuenta con esta petición no había ni los antecedentes ni el quórum respectivo, quedó pospuesto para la inmediata reunión de la Comisión de Vigilancia. Y lo esto puede ratificar el diputado de Acción Nacional que planteó aquí esta situación.
No se trata de integrar comisiones de investigación a rajatabla. Las comisiones de investigación, en los términos del párrafo tercero del 93 constitucional, son facultad del cuerpo colegiado que constituye esta Cámara. Y el requisito de procedibilidad es que lo pidan la cuarta parte como un mínimo, pero independientemente de esto ya se había solicitado, no a nivel de comisión de investigación ni de integración de ésta, sino tal como lo disponible la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda en su artículo 10, se presentó una petición ante el pleno de esta Cámara que fue turnada a la Comisión de Vigilancia, puesto que es facultad de la Comisión de Vigilancia ordenar la práctica de auditorías cuando se considere prudente y necesario.
Como rúbrica de esta ya prolongada intervención, que implica la interpretación del 93 y la información a esta asamblea del antecedente sobre el particular, quisiera informar que en la inmediata reunión de la Comisión de Vigilancia se discutirá si procede o no ordenar a la Contaduría Mayor de Hacienda la práctica de la auditoría respectiva al Banco Nacional de Pesca. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra, para contestar alusiones personales, el diputado Alcántara. En turno el señor diputado Godoy.
El C. Juan Miguel Alcántara Soria: - Señor Presidente; señoras y señores legisladores: El diputado Lanz me aludió cuando sostuvo que confundo la legitimación procesal activa, con un requisito de procedibilidad y como considero que no tengo esa confusión, me veo en la necesidad de responder a esta alusión.
Yo quisiera recordar al diputado Lanz, que él como director de la Secretaría de la Contraloría, que lo fue, existen criterios, existen principios lógicos, jurídicos, para reglamentar las facultades de fiscalización, de vigilancia propias de una contraloría y que quiero referirme, precisamente, a los principios lógicos, jurídicos, que nutren la actuación de órganos de vigilancia, de órganos fiscalizadores y en su caso de órganos que pueden exigir la definición de responsabilidades, sobre todo en el manejo de dinero, para que podamos encontrar, a su vez, criterios que nos permitan resolver el cuestionamiento que está haciendo al último párrafo del artículo 93.
Sostuve, en mi primera intervención, que no hay que confundir los principios del derecho privado con los principios del derecho público. Hecha esa aclaración, con esta segunda, la facultad, efectivamente, es de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores. Eso no está a discusión.
Pero vamos, compañero Lanz, a recordar los principios lógicos, jurídicos, que tanto en el derecho privado, como en el derecho público rigen la actuación de órganos de vigilancia, de órganos de fiscalización. Si nos vamos, por ejemplo, al derecho privado, ahí existen derechos de las minorías; todos lo que son abogados que han estudiado la Ley de Sociedades Mercantiles, que conocen la figura del comisario, que es precisamente el órgano de vigilancia de los consejos de administración o del administrador único en las sociedades mercantiles, recordarán que el 33% de los titulares de las acciones correspondientes, siendo minoría, tienen ciertos derechos frente al comisario, frente al consejo de administración e incluso, frente al 67% restante de los accionistas y esto se da, específicamente, en el punto de fiscalización, de vigilancia, de control, del manejo, fundamentalmente, de los recursos aportados por los socios.
Esto, que lo estoy usando como analogía, que evidentemente implica coincidencias en algunos principios, pero también discrepancia, porque insisto, hay que analizarlo, desde el punto de vista del derecho público, no significa que se trata en la Ley de Sociedades Mercantiles de una disposición antidemocrática; lo que pasa es que cuando menos un porcentaje, en algunos casos la ley se refiere al 33% en otros casos se refiere al 20% de los miembros de un órgano.
Tiene derecho a exigirle al comisario de las sociedades mercantiles que convoquen a asambleas de accionistas si el presidente del consejo se niega a convocarlas, que rinda cuentas si el consejo de administración se niega a rendir cuentas, una minoría está legitimada en nuestra legislación para exigir ciertas actuaciones en orden a conocer de la veracidad del funcionamiento de
determinados órganos dentro de una sociedad mercantil.
Eso existe en el derecho privado y nadie ha dicho que eso sea antidemocrático, simple y sencillamente que es el mínimo respeto que se debe dar a las minorías de que no sean vulnerados sus derechos, aun por la mayoría, cuando la mayoría no se ha decidido, por ejemplo, a que exista una asamblea de accionistas que conozca el informe del consejo de administración.
Esa es una analogía y quiero tratarla a colección, porque ahora aquí se trata de algo más trascendente, mucho más importante para la vida del país. En la reforma de 1977 también se está dando legitimación a una minoría, cierto, como existe en el derecho privado, no para decidir el funcionamiento de una empresa paraestatal u organismos descentralizados, no se le de facultades a esa minoría.
La única facultad que tiene la Cámara es que con una minoría legitimada para ello solicite se nombre una comisión de investigación y que el resultado de esa investigación se le entregue al titular del Poder Ejecutivo. Eso es lo limitado del ejercicio de esa facultad de la Cámara, a partir de la legitimación que tiene la cuarta parte de los miembros de la Cámara.
Entendemos pues que no es una disposición antidemocrática la interpretación que estamos sosteniendo, es todo lo contrario. Que también las minorías, en un número suficiente, estén calificadas para solicitar una comisión investigadora que finalmente los resultados los conocen ante quien sí son responsables los funcionarios a que se ha aludido.
En consecuencia, compañero Lanz, que quede claro: no hay una confusión entre legitimación y requisito de procedibilidad, simplemente que desde el derecho romano las minorías, respecto a facultades de investigación, de fiscalización propias de comisarios o de contralores, sí tienen ciertos derechos y en el caso, por analogía y por salud pública, que debemos respetar la facultad de la Cámara, legitimada a través de más de la cuarta parte de sus miembros. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Godoy Y en turno el diputado Dionisio Pérez Jácome. (Voces)
El C. Leonel Godoy Rangel: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados: Resulta del todo trascendente este debate por las consecuencias políticas y jurídicas en materia constitucional que acarreará.
Las reformas políticas de 1977 a la Constitución, se ubican contemporáneamente con la nueva Ley Orgánica del Congreso de la Unión de 1979, pero fueron primero estas reformas, entre ellas el párrafo último del artículo 93 constitucional, que es la materia en la que nos ubica el debate, con los artículos 50 y otros de la Ley Orgánica, que también forman parte interesante de este debate. No debemos de olvidarlo y debemos de ubicar jurídicamente y políticamente en ese sentido la discusión.
Evidentemente nosotros estamos convencidos, y nos es un problema de razón universal o de verdad absoluta, sino de claridad del texto constitucional con la interpretación que aquí, compañeros diputados del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, hemos sostenido. Lo que está en juego es una interpretación política que insistió puede traer terribles consecuencias negativas para la vida democrática de esta Cámara.
El derecho a las minorías a poder existir, el derecho de las minorías a poder subsistir, a poder excitar la toma de decisiones de órganos colegiados, como es el caso de esta honorable Cámara, incluso como los dio los ejemplos el diputado Alcántara, aún sin ser plurales o pluralistas, es una figura jurídica reconocida; es de explorado derecho su reconocimiento.
Ya lo dijo el diputado Alcántara, existe en materia mercantil, pero también existe en materia agraria, existe en materia laboral, en varias ramas del derecho existe este derecho de minoría a excitar al órgano colegiado a trabajar, a tomar decisiones. Ese es el punto del debate. No estamos obligando a este órgano colegiado a que tome una decisión previa, sino lo estamos excitando a que tome decisión en el sentido del resultado de la investigación.
No es posible, no podemos aceptar que esto sea una decisión que se vote, y se resuelva por mayoría; eso no podemos aceptarlo. Sino que conforme a lo dispuesto en el artículo 93, el término facultad es un término análogo al término atribución, como también ya lo dijeron los compañeros diputados, lo refiere la propia Constitución, en relación a las facultades de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y del propio Congreso de la Unión; esto es muy importante por la intervención de los diputados priístas, que no es el término facultad análogo al término potestad, porque se está, de tal suerte que si así lo
hubiera interpretado el legislador, hubiera utilizado el término podrá, que jurídicamente es reconocido como un término potestativo; aquí evidentemente que el concepto de la figura jurídica de facultad, se refiere a la atribución.
Pero quiero señalar en este sentido, que el artículo 93 constitucional, en mi opinión, no nada más tiene la condición para excitar el órgano colegiado, que en este caso es la Cámara, esa condición, el condicionante de la cuarta parte, sino todo el texto del artículo 93, a eso se refiere.
Esta atribución, el uso de esta atribución, al igual que las otras atribuciones del 93 en su conjunto, son condiciones requisitadas, y yo voy a decir una por una:
El párrafo primero, señala una condición, un requisito que es: que haya previa apertura del período ordinario; ése es el requisito, ésa es la condición; y no se vota, simplemente el Secretario de Estado debe de dar cuenta, y punto. Esa es la condición; previa apertura del período ordinario. Y no se va a votar si el Secretario de Estado o el jefe del departamento viene o no a esta Cámara a informar, evidentemente que tiene que venir, eso no se vota.
El párrafo segundo señala otra condición requisitada, que es la que se refiere que la condición es: cuando se discuta una ley o un negocio; ésa es la condición para que informe, no se vota, tampoco, simplemente debe de estar en discusión una ley o un negocio de la materia, del titular que se ha citado. El deberá de venir a informar, incluso el término no es podrá, no es potestativo, es obligatorio, para que informe.
En este mismo contexto, el tercero, la condición, el requisito que refiere es la cuarta parte de la Cámara, que haga la petición, para que pueda operar esa facultad de integrar la comisión investigadora, y es la única decisión que debe de tomar la Cámara por mayoría, resolver su integración, mas no la facultad, la atribución que debe de hacerla, en virtud de que se cumplió con la condición previa de la cuarta parte de los diputados que integran esta honorable Cámara.
Y por cierto nadie está pidiendo que se integre esa comisión automáticamente, estamos pidiendo se integre y eso debe de resolverse por votación efectivamente. También por cierto no estamos pidiendo una auditoría, estamos pidiendo una investigación y esta investigación será esta comisión delegada a la soberanía de esta Cámara en la misma la que resolverá el sentido de la investigación si es todo caso también auditoría, pero el término, el concepto investigación que utiliza la Constitución es más amplio que el de auditoría, la auditoría puede formar parte o no de la investigación. Quede claro que estamos pidiendo la integración de la comisión; está cumplido el requisito de la cuarta parte.
En materia de interpretación de leyes es principio de derecho que su primera interpretación es gramatical del artículo en su conjunto como lo leímos del 93 o de la ley globalmente como sería en este caso la Constitución.
En segundo lugar para la interpretación, cuando así fuera necesario una vez cubierto o no el requisito de la interpretación gramatical, se tienen que tomar en cuenta los precedentes; en otras materias se les llama tesis o jurisprudencia; en este caso en nuestra opinión, el texto constitucional es claro, primer requisito cubierto para la interpretación supuesta de una ley. En segundo lugar hay un procedente evidente que fue la investigación a Teléfonos de México, Sociedad Anónima.
Una decisión que se tomaría aquí por votación sería absurda y antijurídica, sería una decisión partidista y en nuestra opinión de intereses oscuros para defender a altos funcionarios con los cuales esta honorable Cámara no debe de tener ninguna incumbencia. Además sería un precedente castrante al derecho de las minorías, que todo régimen democrático debe de preservar el derecho de las minorías a excitar a un órgano colegiado, no a obligarlo a tomar decisiones partidistas de él, en el sentido de que quieran esas minorías; no es ésa la intención de la petición.
Y por lo tanto la conclusión sería terrible, dejaría obsoleto el artículo 93 constitucional en su último párrafo. Pero hay más, señores, en mi opinión habría que diferenciar entre comisiones ordinarias y comisiones investigadoras conforme a la Ley Orgánica que insisto, fue promulgada con posterioridad a esta reforma del artículo 93 constitucional.
El artículo 50 dice con claridad, diferencia lo que es una comisión definitiva y ordinaria con una comisión investigadora.
El artículo 60 señala expresamente con claridad textual, claridad gramatical que las comisiones investigadoras serán en relación a lo dispuesto al artículo 93 último párrafo, de la Constitución.
Una interpretación en otro sentido yo creo que sería anticonstitucional y totalitaria porque además enviar una comisión definitiva y ordinaria una facultad expresa a una comisión investigadora como así lo dispone prioritariamente y con
claridad la Constitución en su artículo 93 y los artículos 50 y 60 de la Ley Orgánica, sería una aberración, sería un precedente reaccionario, no puede permitirse por esta honorable asamblea. Los invito a la reflexión. Los invito a que hagamos una interpretación constitucional
(Desorden.)
El C. Presidente: - Prosiga, diputado.
El C. Leonel Godoy Rangel: - Los invito a que hagan una reflexión constitucional, textual de la Ley Reglamentaria y democrática, democrática porque reconocería el derecho de las minorías a excitar órganos colegiados como es en este caso la Cámara de Diputados.
Debe nombrarse la Comisión conforme a lo dispuesto en el artículo 93 constitucional y no debe de votarse. Debe resolverse su integración, no estamos pidiendo que ya se dé por integrada automáticamente. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Dionisio Pérez Jácome.
El C. Dionisio E. Pérez Jácome: - Con la venia de la Presidencia; compañeras diputadas y compañeros diputados: En principio quiero también congratularme y congratularme ante ustedes, por la altura que ha tenido este debate; altura ciertamente jurídica pero también altura política.
Hemos estado debatiendo por cerca de una hora un tema con argumentos, con argumentos sólidos, bien expuestos, que han convencido a quienes nos los han presentado, y además que nos han convencido a todos nosotros de la buena fe, de la ilustración, de la competencia profesional y es este caso acudo al término profesional, considerando el parlamentismo, la ocupación de un parlamentario, como una de las más dignas profesiones a que también legítimamente se puede aspirar en México y en cualquier parte del mundo.
Pero creo que nos hemos perdido un tanto en la exposición misma de conceptos, definitivamente de mucho peso en lo jurídico y en lo político, y hemos involuntariamente tal vez dejado al lado, dejado sin tocar, una materia que aún con lo que aquí se ha dicho sobre su obsolencia, sobre su limitación en tiempo frente a disposiciones que posteriormente se emitieron o se legislaron, conserva su vigencia en todo aquello que no haya sido superado, variado o sustituido por otra disposición; me refiero a ése tan calumniado, tan vituperado y sin embargo tan presente y tan actual en tanto no lo sustituyamos Reglamento Interior de debates de esta Cámara de Diputados.
En efecto, después de las explicaciones de mis compañeros Lanz y Montes, creo ya innecesario bordar sobre un tema en todo caso debatible en otro foro y acepto en su momento la oportunidad de hacerlo, sobre si una facultad o una atribución, como también correctamente se le llamó, constituye algo similar, idéntico a lo que en derecho, también privado o público, se conoce con el nombre de una obligación, inclusive de una autoridad.
Ya en otro foro, en la Comisión Permanente, tuvimos con alguno de los compañeros aquí presentes, una creo interesante discusión sobre este tema y en mi concepto también convenimos, examinando inclusive exhaustivamente las disposiciones de nuestra Constitución, en que sería absurdo suponer que todo lo que cuerpo colegiado, sea el Congreso, de la Cámara de Diputados, la de Senadores o la Permanente, tienen la facultad de hacer, necesariamente lo que tienen que hacer. Fuimos inclusive discutiendo varios casos y convenimos que quizá con todo lo importante que el tema puede o debe tener, no es una materia en la que quizá pudiéramos ponernos de acuerdo todo los ilustrados juristas y el modesto expositor en este caso, servidor de ustedes.
Sin embargo, decía el señor diputado Alcántara, al que en con todo respeto y admiración aludo en este caso, que debía invocarse, e inclusive leyó, lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión.
Efectivamente, el 52 expresa que las comisiones de investigación se constituyen con carácter transitorio, funcionan en los términos constitucionales y legales, expresamente así lo dice, y aunque no aludió el señor diputado Alcántara a otro precepto de la ley, es evidentemente artículo legal y al tal artículo debemos estar o debemos seguir también su mandato.
El artículo 63 de la propia ley nos expresa, nos indica que las reuniones de las comisiones investigadoras se atendrán a las disposiciones reglamentarias relativas y las de las comisiones jurisdiccionales se llevarán a cabo en los términos de las disposiciones legales aplicables.
O sea, que la ley, si bien establece como una categoría especial de comisiones, las comisiones investigadoras y estaríamos en el caso frente a una comisión de esta naturaleza, de ninguna manera las atribuye un régimen de funcionamiento que pudiera desde su constitución hasta la emisión de su dictamen escapar del mandato reglamentario, al que en todo caso y en lo que no se opone a la ley estamos sujetos.
Bien, ¿qué es lo que a este respecto nos dice el reglamento? Con mucha propiedad y con
servidumbre, por cierto que convengo plenamente en ello, se afirmaba hace un momento por el diputado Montes y en un diálogo informal se reconocía por algunos de los compañeros preopinantes, que en ningún momento se pensó atribuir la facultad de integración de la comisión a la minoría, para este caso, minoría calificada, que como requisito de procedibilidad la Constitución en el 93, tercer párrafo, establece en un 25% de los miembros de la Cámara.
Al contrario, se dijo, ciertamente, es función o es atribución de la Cámara el designar, el integrar esa comisión. Lo ha pedido la minoría, ergo, luego debe consumarse el acto formal de designario.
Y a este respecto, por eso hacía la alusión obligatoria al reglamento interior de nuestra Cámara, nos bastaría consultar los artículos 58, 59 y 60 para ubicar con toda propiedad y sin los extremos tan importantes pero innecesarios quizá de debatir cuando menos en esta primera instancia de nivel constitucional y legal dónde estamos y lo que debemos hacer.
El artículo 58 se refiere a un caso, como evidentemente es éste. Se ha presentado ante la Cámara una proposición, una proposición sustentada, aprobada por esa minoría calificada a que el artículo 93 hace referencia. Pero una proposición es y como tal y la Cámara debe examinarla, discutida y decidir sobre ella.
El artículo 58 menciona expresamente que aquella proposición que no sea iniciativa, o sea, en este caso, presentada por uno o más individuos de la Cámara sin formar los que suscriben mayoría de diputación, se sujetarán a ciertos trámites. Esos trámites los conocen y los hemos muchas veces seguido ya, se presentan por escritas, son leídas, y puede el autor de la proposición exponer los fundamentos y razones que la respaldan.
A su vez, dos miembros de la Cámara, uno en pro y otro en contra, pueden defenderla y en su caso atacarla y se pregunta a la Cámara si la proposición se somete a discusión.
Pero curiosamente y en la muy justa interpretación del Presidente de esta Cámara que dio el turno adecuado a la proposición que se presentaba, se está ante un caso singular, efectivamente la proposición respaldada por esta minoría calificada y si examináramos el tema en su exhaustividad, dentro de esa minoría calificada probablemente encontraríamos la mayoría de una diputación, de la diputación de un estado, que haría innecesario el consultar a la Cámara si se discutía o no la proposición.
Sin embargo...
El C. Presidente: - Un momento, diputado. Dígame, diputado Ramírez.
El C. Américo Alejandro Ramírez Rodríguez (desde su curul): - ¿Puedo hacerle una pregunta?
El C. Dionisio E. Pérez Jácome: - Es justa, pero la acepto terminada mi intervención con mucho gusto, señor Presidente.
El C. Presidente: - Prosiga en su intervención, diputado Pérez Jácome.
El C. Dionisio E. Pérez Jácome: - Muchas gracias, señor Presidente: Decía, explicaba o pretendía explicar ante ustedes que en este caso y por la muy justa interpretación que al reglamento dio el señor Presidente de la Cámara, considerando que se cumplía seguramente esa disposición de constituir mayoría de una diputación, la que estaba incluida dentro de los ciento y pico de diputados que habían suscrito esta proposición, consideró que no era necesario consultar a la Cámara si el asunto se aceptaba o no a discusión.
Dado ese caso, y confirmada de tal forma hasta por la opinión exhaustivamente expresada por los compañeros priístas que me han antecedido en el uso de la palabra, la importancia del tema y el hecho de que el tema amerita evidentemente discusión, no hay en nuestro marco reglamentario, sino un precepto aplicable entera, integral, totalmente.
Tal es el artículo 60 del reglamento que dispone expresamente, lo reitero así que ninguna proposición o proyecto podrá discutirse, y hasta ahora no lo hemos discutido, sin que primero pase a la comisión o comisiones correspondientes y éstas hayan dictaminado.
Y el propio precepto establece su regla de excepción, y dice así: "sólo podrá dispensarse este requisito en los asuntos que por acuerdo expreso de la Cámara se calificaren de urgente o de obvia resolución".
Con los antecedentes expuestos, con el conocimiento previo que ya del tema tiene la Comisión de Vigilancia, con la necesidad evidente de considerar con todo cuidado y definitivamente con las argumentaciones que los diferentes partidos representados en esta comisión puedan hacer, en mi concepto, no estamos en el caso de proponer a la Cámara como asunto de urgente de obvia resolución el tema.
Podría, en su caso, si algún diputado así lo considerarse oportuno, consultar a la Cámara si sustenta mi misma opinión o si difiere, y en este caso, sí, con base en el mismo artículo 60. estaríamos en posibilidad de salvar la intervención reglamentaria de la comisión, que en este caso tiene que dictaminar esa proposición presentada con tanto sustento, evidentemente jurídico, como se ha hecho, y repito, sólo en ese caso esta Cámara, sin previo dictamen de la comisión, podría decidir en este acto la integración de la comisión.
Desde ahora, lo expreso así, y comprometo mi juicio ante ustedes, no estoy de ninguna manera en contra de que se constituya para éste o para los casos que fuese menester una comisión, ordenada por la Constitución, como es la que en este caso se propone.
Lo que sí pido, lo que exijo, con el texto reglamentario en la mano, es que se cumpla la secuela de actos que mientras nos rijan, mientras tengan vigencia, mientras nos obliguen, estamos necesariamente obligados a acatar.
El tema ha sido brillantemente expuesto en otras implicaciones jurídicas, ojalá tenga en su oportunidad, en su momento, la posibilidad de participar en un debate que prestigia evidentemente a nuestra Cámara; pero siento decirles a ustedes que el tema, en mi concepto, pues se reduce estrictamente a una cuestión reglamentaria. Y como tal, señor Presidente, confirmo en mi concepto lo acertado de su turno, de su turno decidido en principio y pido a mis compañeros de Cámara que la respalden y como tal que pase a la Comisión de Vigilancia para que, con una exhortación que desde ahora, creo, podríamos hacerlo, la Comisión de Vigilancia lo dictamine y nos lo presente a decisión.
El C. Presidente: - El señor diputado Américo Ramírez Rodríguez va a formular su pregunta.
El C. Américo Alejandro Ramírez Rodríguez (desde su curul): - Diputado Dionisio Pérez Jácome: ¿pretende usted desconocer que la norma específica excluye la aplicación de la norma general, y que el artículo 93 es una norma específica que está por encima del artículo 60 del reglamento?
El C. Dionisio E. Pérez Jácome: - Señor diputado, el artículo 93 en ningún momento se refiere a un procedimiento o a un trámite. Señala expresamente una condición previa para que la Cámara pueda, en su momento y dentro de lo que es su trámite legal y reglamentario, resolver la constitución de una comisión específica. La Constitución tiene un rango evidentemente superior a toda ley en lo que a la ley, en este caso, pudiera oponerse; no hay ninguna oposición conceptual señor diputado, sino al contrario, del mandato constitucional deriva la función legal de esta Cámara que en su caso debe ajustarse a lo que su Ley Orgánica y su reglamento expresamente estatuyen. (Aplausos.)
El C. Leonel Godoy Rangel (desde su curul): - Señor Presidente, quisiera hacerle una pregunta al orador.
El C. Presidente: - Si el diputado Pérez Jácome accede a contestar la pregunta, usted podrá formularla. ¿Accede usted a contestar la pregunta que le formularía el diputado Godoy?
El C. Dionisio E. Pérez Jácome: - Con mucho gusto, y más viniendo de mi gran amigo, el señor diputado Godoy.
El C. Leonel Godoy Rangel (desde sus curul: - La pregunta sería, señor diputado Dionisio Pérez Jácome, si usted considera que es lo mismo una comisión ordinaria, definitiva, como lo señala con claridad la Ley Orgánica del Congreso, con una comisión investigadora que también lo señala con claridad la Ley Orgánica del Congreso, y si por lo tanto a la comisión investigadora a que se refiere el artículo 93 y en relación con la ley reglamentaria que es la Ley Orgánica del Congreso en su artículo 60, esta comisión investigadora deberá ser supeditada a que previamente una comisión ordinaria definitiva, que es la que señaló el señor Presidente, debe ser a su vez instalada contrariando lo dispuesto en el artículo 93, párrafo último que reglamenta a la Ley Orgánica.
El C. Dionisio E. Pérez Jácome: - Con mucho gusto, señor diputado. En efecto, no confundo una y otra comisión, como evidentemente tampoco las confunde usted. En lo que tal vez no fui claro o no me di a entender para usted es en lo siguiente: para que la comisión investigadora se constituya, es menester un acto de decisión de la Cámara. La Cámara toma sus decisiones no de una manera arbitraria o no de una manera tumultuaria, sino que las toma con base y en estricto apego a las disposiciones de procedimiento de la ley y del reglamento.
A lo que debe someterse en la ley y en el reglamento la comisión ordinaria en su caso, en este caso la comisión a la que usted también alude, podríamos discutir inclusive su naturaleza desde muchos otros puntos de vista, pero ese trámite al que la comisión tendrá que sujetarse es una vez que el asunto le ha sido turnado por la Cámara.
De ninguna manera la comisión investigadora que pudiera constituirse, si el dictamen y posteriormente la decisión de la Cámara es en tal sentido, en ningún momento he dicho, que tenga que someterse a los procedimientos habituales de una comisión ordinaria. Para lo que pido y exijo que nos sometamos a los procedimientos legales es precisamente, acto previo pero fundamental, acto, condición previa para ello, para la constitución misma de esa comisión, se tiene que constituir seguramente por la proposición de ustedes, esta comisión investigadora.
Esa es una materia que decidirá, con base en la facultad que le atribuye la constitución, la Cámara en pleno; para que la Cámara en pleno pueda conocer y resolver sobre esa petición, es necesario que primero la misma sea, en términos de lo dispuesto por el 60, dictaminada por la comisión competente, y en este caso, la comisión competente, es la Comisión de Vigilancia de la propia Cámara. Muchas gracias, señor Presidente.
El C. Presidente: - Previo a dar la palabra al diputado Ortega y al diputado Arellano, que están en turno. Tiene la palabra el diputado Ortega.
El C. José Ortega Martínez (desde su curul): - Hace comentarios referentes al receso.
El C. Presidente: - La Presidencia ha recibido solicitudes para declarar el receso, la Presidencia no ha decidido ni materialmente ni en la mente, si declara el receso.
He recibido la solicitud y he estado escuchando las opiniones, los argumentos, puesto que la cuestión que se debate, es una cuestión en relación al trámite dictado por la Presidencia.
Una decisión de la Presidencia, la que está sujeta a debate, la Presidencia Presidencia se toma su tiempo para decretar los trámites a seguir.
Tiene la palabra y está en su derecho el diputado Ortega.
El C. Jesús Ortega Martínez (desde su curul): - Señor Presidente: Entonces deseo decirle que espero a su decisión sobre el receso.
El C. Presidente: - Señor diputado Arellano, tiene la palabra, en turno el diputado Ruíz.
Ruego a los diputados ocupar su curul y atender la exposición del diputado Arellano.
El C. Gerardo de Jesús Arellano Aguilar: - Gracias, señor Presidente: Coincido Plenamente con lo que ha expresado aquí el diputado Alcántara y el diputado Leonel Godoy. Pero creo que con la intervención del diputado Dionisio Pérez Jácome, se desvió en mucho el gran debate que teníamos aquí, de altura.
Creo que el diputado Dionisio Pérez Jácome, a partir de supuestas interpretaciones que hace tanto de la Ley Orgánica como del reglamento, saca una verdad muy personal y a mi manera de ver, muy torcida.
Nosotros, cuando propusimos en esta tribuna, propusimos que se le diera el procedimiento al pedimento que constitucionalmente tenemos la cuarta parte de esta Cámara, de pedir que se investiguen a las empresas paraestatales, no apoyamos en los artículos 50, 52 y 60, y voy a tratar de ser lo más breve que se pueda para explicar estos artículos.
El 50 nos habla de las comisiones que forman parte de esta Cámara y nos dice que hay cuatro tipos de comisiones: las comisiones de dictamen legislativo, de vigilancia, de investigación y jurisdiccionales.
En el caso en que nos encontramos, nosotros estamos pidiendo que se forme la comisión de investigación. Y pedíamos también que el turno que le iba a dar la Presidencia al pedimento no fuera una comisión de dictamen legislativo, que no tiene las atribuciones sobre esta materia.
El artículo 52 nos refuerza en nuestra solicitud al señalar que las comisiones de investigación serán transitorias y tendrán un carácter especial, y el artículo 60 nos refiere y nos dice textualmente que son comisiones de investigación las que se integran para tratar los asuntos a que se refiere el párrafo final del artículo 93 constitucional, ahí está lo que nosotros pedíamos, pero a partir de eso el diputado Dionisio Pérez Jácome nos sacó a relucir el artículo 63 de la Ley Orgánica y dijo que teníamos que ir, para deveras, llevar este caso al final, teníamos que recurrir al reglamento, pero lo que no dijo el diputado Dionisio Pérez Jácome, es que el artículo 63 se refiere a la forma de trabajo que va a tener las comisiones investigadoras, y para eso le pido al señor Presidente, le pida a la secretaría que lea el artículo 63 de la ley Orgánica.
El C. Presidente: - Sí, y la Presidencia agrega para ilustrar la discusión, dése lectura íntegra al artículo 52 de la Ley Orgánica y después al artículo 63.
La C. secretaria Hilda Anderson Nevárez de Rojas: - "Artículo 52. Las comisiones de investigación y las jurisdiccionales se
constituyen con carácter transitorio, funcionan en los términos constitucionales y legales y, cuando así lo acuerde la Cámara, conocerán específicamente de los hechos que hayan motivado su integración".
El C. Presidente: - Ahora el artículo 63 que solicitó el diputado Arellano.
La C. secretaria Hilda Anderson Nevárez de Rojas: - "Artículo 63. Las reuniones de las comisiones investigadoras se atendrán a las disposiciones reglamentarias relativas a las de las comisiones jurisdiccionales, se llevarán a cabo en los términos de las disposiciones legales aplicables."
El C. Presidente: - Continúa con su intervención, señor diputado.
El C. Gerardo de Jesús Arellano Aguilar: - Señor Presidente, como una moción de orden. Si usted quiere hacer una interpretación o quiere argumentar sobre el tema, le solicito que se sujete a lo que marca el reglamento y pida su turno y con todo gusto lo oiremos, con mucho gusto; además quiero que me permita contestarle a lo que usted estaba pidiendo, que me dé esa oportunidad.
El C. Presidente: - Tiene usted el tiempo para su exposición y cuando la Presidencia pretenda intervenir en el debate, cumplirá con el reglamento.
El C. Gerardo de Jesús Arellano Aguilar: - Eso espero. El Artículo 63 que acaba de leer la secretaría nos habla solamente sobre las reuniones que van a tener esas comisiones investigadoras, entonces nos es válido venir aquí a argumentar que debemos de recurrir al artículo 58 del reglamento para hablar de proposiciones, nosotros no propusimos nada, nosotros exigimos el cumplimiento del artículo 93 en su último párrafo y esto ha motivado este debate.
Por otra parte, y para concluir los cinco minutos que me otorgaron...
El C. Presidente: - Puede usted contar con el tiempo que esta Presidencia ha concedido a todos lo oradores, cuando considere la Presidencia que el discurso está fuera de tema, recurre al mecanismo del tiempo para cerrar la intervención; usted está en el tema, diputado Arellano, y puede usted continuar su exposición, cuando la Presidencia estime que el tiempo está por agotarse se le hará saber.
Continúe, diputado Arellano...
El C. Gerardo de Jesús Arellano Aguilar: - Gracias, señor Presidente. No es válido lo que argumenta la Presidencia de estar dando a conocer nada más una parte parcial sobre las comisiones que se pueden formar de vigilancia o de investigación, más bien.
En forma errónea se lee nada más el artículo 52 y no se leen los demás artículos que yo he invocado aquí.
Creo que el problema radica, y siendo muy honesto, radica en que no hay una reglamentación específica para esto. Y al no haberla, tenemos que sujetarnos a la máxima, que es la Constitución. Y la Constitución nos da la facultad a la cuarta parte de esta Cámara, de obligar al Poder Ejecutivo a que rinda un informe sobre alguna paraestatal.
Nosotros sentimos que no estamos fuera de tono con nuestro pedimento, sentimos que este debate se ha estado evadiendo por parte del gobierno y su partido, durante muchas legislaturas.
Venir a decir aquí la interpretación jurídica que nos parezca, no creo que sea un argumento válido. Aquí lo que debe de sobresalir. lo que debe de llevarnos a una conclusión es el cumplimiento cabal y total de la Constitución. No podemos, y lo decía yo hace rato, evadir la responsabilidad como legisladores. No podemos saltar nuestra responsabilidad, al ser elegido por el pueblo, de violar la ley y máxime la Constitución.
Por eso, pido a esta soberanía que se cumpla, y en especial a la Presidencia de esta Cámara, con los trámites que marca el artículo 93 de la Constitución, así como los que marca la Ley Orgánica del Congreso. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Diputado Arellano: Puede por escrito señalarme los artículos que usted estime pertinente que lea la secretaría.
El C. Gerardo de Jesús Arellano Aguilar: - No, no, no. Los que yo pedí fueron otorgados. Usted aparte pidió los suyos, también fueron otorgados.
El C. Presidente: - Tiene la Palabra el diputado Federico Ruíz.
El C. Federico Ruíz López: - Con la venida de la Presidencia; señores diputados: Es obvio que la historia va haciendo que los hechos mismos modifiquen criterios y modifiquen conductas. Los tiempo en los que era admitida la esclavitud nos resultan ahora tiempos demasiado lejanos y si
contemplamos la historia de la humanidad son tiempos todavía recientes.
Los criterios sobre intolerancia han sido criterios con los que se ha gobernado durante largos siglos y prácticamente en todas partes. Necesitamos, cuando estamos pensando en el artículo 93, no recurrir a una hermenéutica de juridicismo estricto que omita que la ley antes que una precisión matemática es una ordenación de razón que tiene como propósito la búsqueda de la justicia, la búsqueda de la libertad, y que estos conceptos justicia, libertad, dignidad humana, son conceptos sujetos a axiología, a variación, si analizamos el desarrollo de la historia.
Yo creo que si pensamos en que la reglamentación que ha habido, la legislación que se ha votado, se ha dado sobre condiciones completamente distintas a las que hoy vive el país. Si olvidamos los cambios y nos quedamos en una aplicación estática de la ley, en vez de hacer la ordenación de la razón, la hacemos aplicación de literalidad. Y es cierto que en este sentido la letra mata y es el espíritu lo que puede vivificar, es la historia y el concepto dinámico de la libertad y de la dignidad de los hombres. (Aplausos.)
El tema es ése, precisamente, que estamos sujetos a un tiempo y dentro de este tiempo estamos sujetos a un dinamismo. No es posible estar sobre tema o sobre tiempo omitiendo, precisamente, que en el momento en que se reflexiona, reflexionándose en el tiempo, se trasciende al tiempo en tanto se llega a la libertad, se llega a la verdad y se llega al respeto a la dignidad de los hombres. (Aplausos.)
Lo que está sujeto hoy a juicio es algo muy sencillo, la Cámara de Diputados, en la aplicación literal del artículo 93, puede asumir una función que le corresponde como fiscalizadora en cuanto a actos de órganos de la administración pública.
Yo pienso, sinceramente, que dentro del movimiento en el que estamos todos, históricamente, tenemos que pensar en que estamos frente a una disyuntiva. La aplicación literal del artículo 93 no deja lugar a dudas.
La interpretación primaria de la ley para lograr la justicia es por supuesto el sentido literal de la ley. Aquí no hay contradicción con el sentido literal de la ley en tanto se forme una comisión a petición de una cuarta parte de la Cámara de Diputados, no hay contradicción a lo que ordena expresamente el precepto.
En lo que estamos es en que, mientras antes se pensaba que podía con toda tranquilidad suponerse que el Ejecutivo funcionara sin que hubiese esta actitud vigilante y fiscalizadora del Congreso, ahora la opinión pública, la exigencia, incluso, planteada por el Ejecutivo es que el Presidente de la República pueda quedar, efectivamente, auxiliado por el Congreso en la fiscalización de sus órganos de administración, a través de la Cámara de Diputados. Este es el tema de la discusión.
¿Cómo vamos a lograr el avance histórico?, ¿Cómo vamos a lograr que la Cámara recupere, efectivamente, funciones? No podemos entender que el proceso de democratización radique simplemente en búsqueda de procesos transparentes y democráticos. El efecto de la democracia tiene que ser, por supuesto, en el equilibrio entre los tres Poderes de la Unión, por supuesto, que es asumir la dignidad del Congreso en esta serie de facultades, que es digno de intolerancia cuando a título de un legalismo que no puede aceptarse, se pretende que no pueda una minoría de la cuarta parte del Congreso solicitar la fiscalización del Ejecutivo.
Yo creo que es por decoro, la mayoría adicta e incondicional al Ejecutivo, debe pensar que por pudor es facultad de la minoría también entrar a fiscalizar al Ejecutivo. (Aplausos.)
Debemos, compañeros diputados, entrar en el proceso de actualización democrática. Nuestra función es la de ser representante de la nación; si hay la duda y ha estado más que fundada la duda de los malos manejos en la institución que se pide fiscalizar, yo les pido, compañeros diputados de la mayoría, den apoyo precisamente a la pulcritud con que debe funcionar el Ejecutivo, se admita que el Congreso, a través de la Cámara de Diputados , reasuma esta función de fiscalización.
Yo le pido a ustedes que consideramos el momento histórico en el que estamos viviendo. No son los tiempos de la intolerancia, no son los tiempos de suponer que el ejercicio del poder pueda conducir al país a través de un solo hombre sin la crítica de un cuerpo plural que es expresión de la República plural.
Yo pido a ustedes que consideren que en el ejercicio de la palabra en este Congreso, se exige también congruencia de todos entre las palabras y los hechos. Asumir la responsabilidad del Congreso implica una visión sobre lo que es la justicia y lo que es la ley. Por pundonor la Cámara de Diputados debe votar a favor de integrar la comisión, para que quede claro que el Presidente de la República está dispuesto a llevar a sus últimas consecuencias lo que el Congreso le presente para que haga efectiva su autoridad, como primer mandatario.
Esta es nuestra solicitud fincada en razones y por supuesto solamente quien suponga un estadismo de inmovilidad propia de cadáveres, podrá suponer que es posible seguir en el rumbo de la historia hacia el futuro que todos queremos de dignidad, suficiencia, libertad a la justicia por los caminos de negar los atributos que el Congreso debe reasumir para bien de la República. Muchas gracias. (Aplausos.)
(Desorden.)
La C. María Teresa Ortuño Gurza (desde su curul): - Señor Presidente, ¿de qué se trata esto?, de be continuar la sesión.
El C. Presidente (a las 22.00 horas): - Un momento, un momento. No hay el orden y el silencio necesarios en el salón para poder proseguir la discusión.
(Voces.)
Ruego a los señores diputados tomar sus lugares para poder proseguir el trámite.
Sírvase los diputados tomar sus asientos para poder proseguir el trámite.
A fin de proseguir el trámite, después de haber escuchado los argumentos en la tribuna, así como opiniones que personalmente se me han vertido, esta Presidencia declara un proceso de cinco minutos.
(Receso.)
A fin de poder reanudar la sesión, sírvase la Oficialía Mayor hacer los avisos, tanto los mecánicos como personales, para que los diputados de todos los grupos estén presentes en el salón.
(A las 22.47 horas): - Se reanuda la sesión.
Previo a la declaración del receso, el diputado Bátiz solicitó hacer uso de la palabra para una propuesta. A fin de poder conceder el uso de la palabra al diputado Bátiz, y para que la asamblea esté en condiciones de discernir con el contenido de la proposición, esta Presidencia deja sin efecto el trámite de turno a comisiones.
En estas condiciones, tiene la palabra el diputado Bátiz.
El C. Bernardo Bátiz Vázquez: - Señor Presidente; señores diputados: No cabe duda que hemos sido testigos de un importante debate, que ciertamente no si inició en esta sesión, que ha venido repitiéndose en varias ocasiones alrededor de la interpretación del párrafo tercero del artículo 93 constitucional.
Es indudable también que las opinión polarizadas, acerca de la interpretación de este párrafo tercero, han sido sostenidas por ambas partes, con argumentos jurídicos y con argumentos de indudable serenidad. Sin embargo, es cierto también que ninguna de las partes en conflicto ha convencido a la otra parte.
Por tanto, yo quisiera que reflexionáramos en la posibilidad de dejar en suspenso esta discusión, relativa al procedimiento, a la fórmula, y que pensaramos en la posibilidad de que se integre una comisión en los términos solicitados, a partir de que existe una opinión generalizada de que el Banco Nacional Pesquero y Portuario, que va a entrar en proceso de liquidación, sea objeto de una investigación que se adentre en las causas de la situación económica a la que llegó, de la pérdida de su capital social y de la pérdida también de cuantiosos subsidios, de que fue beneficiario.
No estamos disputando si es o no conveniente esta investigación, estamos disputando sobre la forma en que deba de integrarse la comisión solicitada por un grupo de más de 180 compañeros legisladores. No estamos tampoco discutiendo si la Cámara tiene o no facultades para integrar la comisión solicitada; el punto que ha sido motivo del debate fue si esta comisión debe integrarse automáticamente porque lo solicite el 25% de la Cámara o más diputados o bien, si es una facultad de la Cámara ante la propuesta de este número de diputados el decir sobre la integración.
Este debate sobre si es un decreto de la minorías o si es una facultad de la Cámara en su totalidad como cuerpo colegiado la que debe de tomar la decisión, es en la que hemos estado en posiciones encontradas.
Mi propuesta concreta es que solicito al señor Presidente que ponga a votación de esta honorable Cámara, primero, que el debate sobre la interpretación del párrafo tercero del artículo 93 constitucional se deje en suspenso y no se tome ninguna resolución al respeto para que no quede ningún procedente en un sentido o en otro.
Y, segundo que la asamblea acuerde la integración de una comisión investigadora de diputados pluripartidistas en la que estén representados legisladores de todas las corrientes políticas que conformamos este cuerpo colegiado y que se deje la integración de esta comisión a los coordinadores de los grupos parlamentarios para el efecto
de que decidan qué personas de sus grupos son los más adecuadas, las que tengan los conocimientos necesarios para llevar a cabo la investigación solicitada por los 182 diputados y que también precisen, tomando como base la propuesta a que me he referido, que precisen también los señores coordinadores los puntos sobre los que debe versar la investigación que se propuso.
Con esta proposición concreta creo que zanjaremos una cuestión que queda pendiente, que ya seguiremos debatiendo en las comisiones, en el pleno seguramente, a nivel académico, a nivel teórico pero que en este momento no podemos determinar y también se cumple la exigencia de justicia de respuesta al pueblo de México que exige una investigación en esta institución de crédito manejada con dinero del pueblo, para que se lleve a cabo la investigación solicitada. Solicito al señor Presidente que ponga a votación esta propuesta.
El C. Presidente: -Sírvase la secretaría dar lectura al artículo 60 del reglamento.
La C. secretaria Guadalupe Gómez Magda de Anaya: - "Artículo 60. Ninguna proposición o proyecto podrá discutirse sin que primero pase a la comisión correspondientes y éstas hayan dictaminado. Sólo podrá dispensarse este requisito en los asuntos que por acuerdo expreso de la Cámara se calificaren de urgente o de obvia resolución.
Cuando la Cámara conozca de los permisos a que se refiere..."
El C. Presidente: - Es suficiente, el párrafo primero. La propuesta del diputado Bátiz Primero. La propuesta del diputado Bátiz va a ser sometida a los términos del artículo 60 y el artículo 59, relativos a esta cuestión.
Sírvase la secretaría consultar a la asamblea si considera urgente, urgente exclusivamente, no de obvia resolución sino urgente, la propuesta del diputado Bátiz.
La C. secretaria Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: - Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se considera urgente la propuesta del ciudadano diputado Bernardo Bátiz Vázquez.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Sí se considera urgente, señor presidente. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Está a discusión de la asamblea la propuesta del diputado Bátiz. ¿Desea algún diputado, en términos de los artículos 58 y 59, desea hacer uso de la palabra en pro de la proposición?
(Voces.)
No existe diputado que desee hacer uso de la palabra en pro.
Pregunto a la asamblea: ¿hay un diputado que desde hacer uso de la palabra en contra?
(Voces.)
No habiendo orador ni en pro ni en contra, sírvase la secretaría preguntar a la asamblea si vota afirmativamente o negativamente la propuesta del diputado Bátiz.
La C. secretaria Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: - Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea manifieste quiénes votan afirmativamente la propuesta del ciudadano Bernardo Bátiz. Muchas gracias. (Aplausos.)
Asimismo, por instrucciones de la Presidencia, se consulta a los señores diputados sírvanse manifestar quienes votan por la negativa, a la propuesta del ciudadano diputado Bernardo Bátiz. Por la afirmativa únicamente, señor Presidente.
El C. Presidente: - Aprobada la proposición del diputado Bátiz, que contiene esencialmente dos puntos: el debate sobre el párrafo tercero del artículo 93 constitucional queda en suspenso, y cuanto entraña esta decisión, no constituye antecedente o precedente de interpretación del párrafo tercero del artículo 93.
Segundo. Se constituirá por decisión de la asamblea, una comisión investigadora, y se delega en el grupo de coordinadores de los grupos parlamentarios, las decisiones acerca del número y personas que la integren, materia, procedimientos y alcance de su investigación. (Aplausos.)
Desahogada esta cuestión incidental, continúa el debate en lo general.
Tiene la palabra, en el turno en contra, en el debate en lo general del decreto que abroga la ley que creó el Banco Nacional Pesquero y Portuario, el diputado alberto Pérez Fontecha.
El C. Alberto Pérez Fontecha: - Con su permiso, señor presidente; compañeros diputados: Hemos solicitado la participación del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana ante esta máxima tribuna de la nación, para impugnar el texto del dictamen a discusión
que abroga la Ley Orgánica del Banco Nacional pesquero y Portuario, mejor conocido como Banpesca.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, desde 1985 se pronunció en contra de la promulgación de la Ley Orgánica del Banco Nacional Pesquero y Portuario, que abrogó el ordenamiento de la misma naturaleza que dio origen a esta institución bancaria. En aquella ocasión, ya esta institución era motivo de fuertes criticas por el manejo desordenado y su dudoso funcionamiento.
También hemos venido denunciando las anomalías de Aseguradoras Nacional Agrícola y Ganadera, Sociedad Anónima, y Banco Nacional de Crédito Rural, solicitando su desaparición, por ser instituciones que denigran al pueblo de México.
Hoy vemos que al fin no tan solo nosotros, sino otras organizaciones y la ciudadanía han sido escuchadas, para dar término al funcionamiento del Banco Nacional Pesquero y Portuario, y acabar con una de las instituciones más nefastas con las que contaban nuestro país. Tenemos confianza de que pronto seguirán el mismo camino Banco Nacional de Crédito Rural y Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, Sociedad Anónima.
Sin embargo, el hecho de que desaparezcan estas instituciones, no viene a resolver el problema de falta de crédito que tienen los campesinos, los pescadores de ribera y de altura, así como los pequeños propietarios. Es necesario que hagamos énfasis para que a estos sectores que no tan sólo son prioritarios sino indispensables tengan acceso a las fuentes crediticias con tasas preferenciales evitando dejar en mano de los intermediarios nacional y extranjeros el financiamiento usurero a estas actividades.
El Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras, conocido como Fopesca así como Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura, deberán verdaderamente ser supervisadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que no por indolencia de esta Secretaría vaya a pasar lo mismo que ha pasado con el Banco Nacional Pesquero y Portuario.
Deberán revisarse también cómo se aplican los fondos que se destinen para estas actividades de carácter social. Es necesario señalar que debe existir un estricto control para evitar que estos fondos solamente beneficien a los acaparadores. Necesitamos que los créditos fluyan de manera satisfactoria y oportuna a bajas tasas de intereses para activar la producción en el sector agrícola y pesquero que se encuentra descapitalizado y semiparalizado.
Parecería contradictorio el oponernos a que se abrogue la ley orgánica que dio origen a Banco Nacional Pesquero y Portuario, pero la impugnación la hacemos al texto del dictamen presentado el día de hoy a consideración de esta máxima representación nacional.
Sin embargo, compañeros diputados, muchos son los motivos que no nos permiten avalar el dictamen a discusión porque el texto del mismo no es congruente con la realidad política social y económica de esta institución.
Al analizar el texto del dictamen tal parece que hemos regresado a la época del ni nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario. No es posible, compañeros diputados, que una buena medida del Ejecutivo nacional, al solicitar la abrogación de la Ley Orgánica de Banco Nacional Pesquero y Portuario, se manipule y aparezca en el texto del dictamen que la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara, coincide con lo que expresa la colegisladora sobre la institución.
Que Banco Nacional Pesquero y Portuario ha promovido el desarrollo tecnológico, la captación, la asistencia técnica, el incremento de la productividad y el apoyo financiero para las actividades portuarias y de pesca. Y después de todas estas virtudes de la institución, se señala que la situación actual de la misma es la de una quiebra técnica. Y la misma comisión "quiebra técnica", es decir, que ni los que hicieron el dictamen se creen eso de quiebra técnica que además se ha puesto de moda con el problema de Minera Cananea.
¿Cómo es posible, compañeros diputados, que se hable de quiebra técnica, cuando a renglón seguido en el texto del dictamen, se señala que sus pérdidas han consumido íntegramente su capital social e incluso otros recursos que el gobierno federal ha venido reasignando a Banco Nacional Pesquero y Portuario? A tal grado que la rehabilitación financiera del banco ha orillado al gobierno federal a la asunción de pasivos que a valores de 1988 ascendió a 2 billones 750 millones de pesos.
No podemos, compañeros diputados, aceptar en este texto que a esta situación se le denomine como quiebra técnica. Esto tiene otro nombre y por respeto a este recinto no lo podremos decir.
La verdad, compañeros diputados, es que esta institución presenta desde hace muchos años, una quiebra fraudulenta, porque su pésima operación ha perjudicado a terceros, que son los miles de mexicanos que con el pago de sus impuestos
permitieron que el gobierno federal subsidiara y absorbiera pasivos de la magnitud que hoy nos enteramos.
No quisiéramos entrar en una polémica estéril y que algunos compañeros diputados que serán enviados, con consigna, por la Comisión de Programación y Presupuesto, quieran defender lo indefendible, porque lo que hoy se señala de que el Banco Nacional Pesquero y Portuario, se consumió íntegramente su capital social, significa simple y sencillamente que acabaron con las aportaciones sociales, con las reservas de ley, con todos los activos; pero además, le entregan al gobierno federal, a valor de 1988, más de 2 billones y medio de pesos de deudas que deberá liquidar el pueblo de México.
El dictamen, en su texto a discusión, también menciona la importante participación del Banco Nacional Pesquero y Portuario, en la acuacultura para la cual se requirió de un financiamiento sustantivo. Ojalá que los que hoy nos proponen este dictamen, visitaran las obras que realizó el gobernador Alfredo del Mazo en el Estado de México para crear la acuacultura en esa entidad, y que a dos años de haberse hecho una pequeña inversión, produjo y produce más pescado que muchos estados de la República que cuentan con litorales.
En esa visita, se darían cuenta que el financiamiento en las obras fue mínimo, que fue financiado por el gobierno del Estado de México y que nunca intervino ni se contó con el apoyo del Banco Nacional Pesquero y Portuario.
Se señala también que la recuperación de créditos que concedió Banco Nacional Pesquero y Portuario ha sido raquítica y generalmente en activos.
Primero, compañeros diputados, se tendrán que valuar esos activos y examinar si no existió mala fe en la adjudicación de los mismos. No es congruente aceptar que los bancos, cuando se adjudican activos de los deudores, es por un valor menor al crédito concedido. Siempre los bancos se adjudican bienes por dos o tres veces el valor del crédito concedido, más los accesorios. Al menos, y hay que decirlo, que existan acuerdos previos bajo el agua, y esto no sería raro porque los funcionario del Banco Nacional Pesquero y Portuario, siempre anduvieron en el agua y bajo el agua.
Esta es la realidad del funcionamiento del Banco Nacional Pesquero y Portuario y los resultados avalan esta realidad. Por ello, no es posible aceptar, compañeros diputados, un texto de dictamen que distorsiona el motivo para justificar la abrogación de la Ley Orgánica del Banco Nacional Pesquero y Portuario. Sentimos que lo menos que podría haber hecho la Comisión de Programación y Presupuesto, sería la de reconocer que las metas que se fijaron en 1985 para esta institución, no correspondieron a la realidad; que no se pudieron alcanzar y que el costo de su funcionamiento no justifica que esta institución siga operando. Esto seria verdaderamente justificar ante el pueblo de México la desaparición del Banco Nacional Pesquero y Portuario.
Pero no se puede justificar que en el texto de un dictamen señalemos las supuestas virtudes de esta institución y se decida determinar con su operación. No es posible, compañeros diputados, que a menos de un año se nos haya olvidado la denuncia que hicieran los diputados del Partido Revolucionario Institucional, del sector petrolero en contra de Mario Ramón Beteta, Isidoro Rodríguez y demás "damas de la caridad", por la supuesta compra fraudulenta de los barcos cisterna.
Debemos recordar, compañeros diputados, que cuando revisamos los expedientes que esos compañeros diputados nos entregaron a todos, apareció inmiscuido y con una participación inexplicable el apoyo del Banco Nacional Pesquero y Portuario, otorgando un crédito a Isidoro Rodríguez para la adquisición de aquellos famosos barcos. ¿Ya se nos olvidó, compañeros diputados, la intervención del Banco Nacional Pesquero y Portuario con los bancos extranjeros para lograr que Isidoro Rodríguez lograra los créditos que requería?
En esa ocasión, todos coincidimos que podía existir una responsabilidad para el Banco Nacional Pesquero y Portuario, pero que la denuncia presentada era contra Mario Ramón Beteta, Isidoro Rodríguez y otros, y que no era motivo para que solicitáramos la intervención de las autoridades competentes para aclarar cuál había sido el interés del Banco Nacional Pesquero y Portuario en esta operación.
Si así fueron todas las operaciones que realizaba el Banco Nacional Pesquero y Portuario, ahora es explicable la situación financiera de esta institución. Pero no podemos, compañeros diputados, permitir que los malos funcionarios que pasaron por el Banco Nacional Pesquero y Portuario queden sin responsabilidad y que en menos de cinco años de funcionamiento hayan saqueado la institución en beneficio propio, de recomendados y de sus allegados.
Hoy no podemos solamente abrogar la ley y dejar a esos irresponsables e ineptos, sin fincarles responsabilidades. Asimismo, es reprochable la
actitud de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la pasada administración, que incurrieron en responsabilidades al permitir que la situación del Banco Nacional Pesquero y Portuario llegara a consumir su capital social y dejara pasivos de la magnitud que se señalan en el texto del dictamen del día de hoy.
La fracción VII del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, concede atribuciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país, que comprende al Banco Central, a la Banca Nacional de Desarrollo y las demás instituciones encargadas de prestar el servicio público de banca y crédito, por ello reprochamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque se hizo de la vista gorda de lo que pasaba en el Banco Nacional Pesquero y Portuario.
Ante estas consideraciones, compañeros diputados, el grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana impugna el texto del dictamen puesto a consideración el día de hoy, por no apegarse a la verdadera situación del Banco Nacional Pesquero y Portuario. Repetimos que estamos de acuerdo en que se abrogue la Ley Orgánica del Banco Nacional Pesquero y Portuario, pero no podemos dejar que queden impunes los actos de malos funcionarios.
Creemos que cuando hay voluntad sí se puede, y la mejor prueba es que apenas hace unas horas aprobamos se turnara a la Comisión del Distrito Federal la proposición de llamar al Regente del Distrito Federal, el licenciado Camacho Solís, para tratar de aclarar los hechos denunciados en contra de los periodistas que aparecieron agredidos. Hoy, a unas horas también, ¡qué bueno que ya aparece en los periódicos que el asesino ha sido capturado! Entonces, compañeros diputados, cuando hay voluntad, haciendo a un lado la ideología y estando convencidos que representamos todos juntos al pueblo de México, sí se puede. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - En turno en contra tiene la palabra el diputado Heray Lescieur.
El C. Heray Lescieur Molina: - Señor Presidente; honorable asamblea: He solicitado hacer uso de la palabra a nombre del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para protestar con la mayor energía por el trato ofensivo e irrespetuoso del Poder Ejecutivo para la Cámara de Diputados, al plantear hechos consumados, cuando se presenta el proyecto para liquidar al Banco Nacional Pesquero y Portuario, siendo que hace tiempo ha sido liquidado por parte del Ejecutivo.
Ante esta situación, el Partido Popular Socialista votará en contra del proyecto del dictamen, y en cambio exigimos que sea la Comisión que acabamos de aprobar la que haga una investigación a fondo con relación a la quiebra del Banco Nacional Pesquero y Portuario. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - También en el turno en contra tiene la palabra el diputado Jesús Ortega.
El C. Jesús Ortega Martínez: - Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Realmente, parte importante de lo que cuando menos el Partido de la Revolución Democrática planteaba, ha sido satisfecho con la comisión investigadora que ha decidido formar este pleno de la Cámara de Diputados, porque estamos seguros que si actúa esta comisión, de manera responsable, de manera acuciosa, podrá destapar la cloaca en que muchos funcionarios convirtieron al Banco Nacional Pesquero y Portuario, precisamente. De tal manera que, insisto, parte importante de lo que íbamos a plantear, ha sido resuelto.
Y me referiré, en consecuencia, a dos asuntos que creo que son de importancia para todos nosotros.
En primer lugar, ya lo planteaba de alguna manera el compañero diputado representante del Partido Popular Socialista.
Compañeras y compañeros: el actual director del Banco Nacional Pesquero y Portuario, firma sus oficios como "director liquidador" de esta institución de crédito. Este director tiene casi un año que entró en funciones y desde ese tiempo, insisto, firma la documentación oficial como "director liquidador" del Banco Nacional Pesquero y Portuario.
Cuando durante prácticamente un año el director, por órdenes del Ejecutivo inició el proceso de liquidación del Banco Nacional Pesquero y Portuario, cuando ahora está prácticamente terminada la tarea de liquidar al Banco Nacional Pesquero y Portuario, el Ejecutivo nos manda, al Congreso de la Unión, un proyecto de decreto para que autoricemos la liquidación del Banco Nacional Pesquero y Portuario. ¿Cómo se le puede llamar a esto? Simple y llanamente que el Ejecutivo se está burlando de los diputados y de los senadores; con el cinismo y el descaro más grande se está burlando del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo de la Federación.
Y yo creo, compañeras y compañeros, que si queremos recuperar dignidad, para que seamos tomados en serio por el pueblo, deberíamos, en esta
discusión, protestar de manera enérgica, contra el Ejecutivo por esta burla que hace a nuestra integridad como representantes populares. No debería pasar un hecho un grave como el que estamos mencionando.
Por ello, creo que debería esta Cámara de Diputados, al margen de que decida por mayoría formalizar el proceso de liquidación del Banco Nacional Pesquero y Portuario, elaborar un documento de protesta ante el Comité Ejecutivo, ante este hecho que hemos mencionado. Posteriormente haremos la propuesta formal para que se proceda en consecuencia.
El Banco Pesquero, (Banco Nacional Pesquero y Portuario).
En segundo lugar, ¿por qué el Ejecutivo sin la autorización obligada del Congreso, inició hace casi un año la liquidación del Banco Nacional Pesquero y Portuario? Seguramente porque hay extrema urgencia de terminar con el problema financiero, pero sobre todo, de terminar con el problema político que ya significa el Banco Nacional Pesquero y Portuario para el actual grupo gobernante.
¿Y por qué digo que es un problema el Banco Nacional Pesquero y Portuario?, ¿por qué digo que es un problema, incluso, de carácter político? Porque a pesar de los esfuerzos de funcionarios corruptos que se aprovecharon del Banco Nacional Pesquero y Portuario para enriquecerse ilegal, ilegítimamente, a pesar de ello está brotando la podredumbre de esta cloaca y están surgiendo hechos verdaderamente graves, ustedes ya conocen el multimencionado caso de que el ex gobernador del Estado de México, Mario Ramón Beteta y ex también director de Petróleos Mexicanos, amasiado con el zar del transporte, Isidoro Rodríguez, utilizaron al Banco Nacional Pesquero y Portuario para realizar un extraordinario negocio de centenas de millones de dólares, cuando el Banco Nacional Pesquero y Portuario tiene claramente establecido por su Ley Orgánica funciones sin posibilidad de confundirse, resulta que se utiliza al Banco Nacional Pesquero y Portuario para financiar dos barcos petroleros a una empresa particular de Isidoro Rodríguez, y por supuesto, con el aval del entonces director de Petróleos Mexicanos.
Esta Cámara conoció de todo el procedimiento mediante el cual se hizo el descarado fraude, pero esta Cámara no conoció de cómo instrumentaron estos funcionarios corruptos, amasiados con Isidoro Rodríguez, cómo instrumentaron la utilización del Banco Nacional Pesquero y Portuario, para que éste con los recursos que deberían de ser destinados al fomento pesquero, se utilizaran para financiar la compra de dos barcos petroleros; ya lo conocemos y seguramente que ello será también motivo de la investigación que haga la comisión, ahora formada con esos propósitos.
Pero no solamente Mario Ramón Beteta está involucrado en la utilización y en los negocios a través del Banco Nacional Pesquero y Portuario, sino que hay otros funcionarios de primer nivel ahora en puestos de gran responsabilidad en el actual gobierno y en el actual grupo gobernante, solamente me voy a referir a uno que está surgiendo y que nosotros particularmente tenemos documentación suficiente para certificar nuestros dichos.
Resulta que existió el Grupo Mar, Sociedad Anónima de Capital Variable, que como ya menciono, es una sociedad constituida, sociedad anónima, constituida por Pesquera Balboa, del cual los principales accionistas son el ingeniero Guillermo Alvarez y el doctor Javier Farell Campa.
El Grupo Mar, aparte de Pesquera Balboa, también está integrada por pesquero Moro de Cumpas, y sus principales accionistas son el ingeniero Guillermo Alvarez y el señor Fernando Alvarez.
Una tercera empresa es Pesquero As de Oros, Sociedad Anónima, y los accionistas principales son el ingeniero Guillermo Alvarez y la señora Guadalupe Shoulenberg.
Una cuarta compañía, es la Compañía Pesquera y Naviera Lérida, y sus principales son el doctor Javier Farell Campa y el señor Arsenio Farell Campa.
Y una quinta compañía que forma el Grupo Mar, está constituida por Motopesqueros y Acuacultores Reunidos, Sociedad Anónima y sus principales accionistas son el ingeniero Guillermo Alvarez y el doctor Javier Farell Campa.
Estas cinco compañías están constituidas cada una con un capital social de cinco mil pesos, pero resulta que estas compañías consiguieron un crédito del Banco Pesquero, del Banco Nacional Pesquero y Portuario, por... con ese capital social cada una, consiguieron créditos refaccionarios por 246 millones de pesos. Estoy hablando de diciembre de 1981.
Para julio de 1988, estas cinco empresas que constituyen el Grupo Mar se declaran insolventes y se declaran imposibilitados para pagar su crédito al Banco Nacional Pesquero y Portuario. Con este crédito compraron barcos, porque eran compañías navieras, con un capital de cinco mil pesos, que no tenían barcos. Y con este crédito compraron en Astilleros Mexicanos cinco barcos.
Pues se declaran insolventes. Y resulta que argumentan que para poder pagar lo que debían, pero además para que el Banco Nacional Pesquero y Portuario les diera un nuevo crédito, las cinco compañías privadas, sociedades mercantiles, sociedades anónimas que constituyen el Grupo Mar, ¡fíjense nada más!, éstas se constituyen en una cooperativa. ¡Se constituyen en una cooperativa! ¡Cuando todo mundo de aquí sabemos que según la ley de cooperativas, éstas solamente pueden formarse, y lo dice el artículo 1o. por individuos de la clase trabajadora! ¡Una cooperativa no puede constituirse por capitalistas!
Bueno, pues estos capitalistas, todos hijos del licenciado Arsenio Farell, se constituyen en cooperativa para que el Banco Nacional Pesquero y Portuario les dé un nuevo crédito y para que negocien el crédito anterior que no habían podido pagar.
Y resulta que el registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se da el día 16 de octubre de 1987 y la Constitución es el 20 de octubre de 1987. O sea, la Secretaría del Trabajo les da antes el registro de que se constituya la cooperativa de los hijos de Farell Cubillas; para que constituyan una cooperativa y consigan un nuevo crédito del Banco Nacional Pesquero y Portuario.
Pero además, lo más extraordinario, Banco Nacional Pesquero y Portuario les da el crédito a la cooperativa Mar de la corriente de California, constituida por las empresas del Grupo Mar, Sociedad Anónima, de Capital Variable.
¿Cuál es la causa de la quiebra del Banco Nacional Pesquero y Portuario? Nosotros no podemos decir: "vamos a desaparecer al Banco Nacional Pesquero y Portuario porque quebró". ¿Pero quién es el responsable de que haya quebrado el Banco Nacional Pesquero y Portuario?
Con estos dos ejemplos hay evidencias de que funcionarios del propio régimen, con altos puestos de responsabilidad como Farell o como el ex director de Petróleos Mexicanos y ex gobernador del Estado de México, son los principales responsables de la quiebra del Banco Nacional Pesquero y Portuario. Y los representantes populares no podemos simplemente avalar la minuta que nos manda el senado, me refiero a los diputados, sin investigar y sin darnos cuenta de estas cosas que francamente son muy graves y que deben de llamarnos la atención. ¡Por la corrupción de funcionarios quiebra el Banco Nacional Pesquero y Portuario!
Si vemos la cartera vencida del Banco Nacional Pesquero y Portuario, compañeras y compañeros, a enero de 1989, veremos que el 92% de las carteras vencidas corresponden a los atuneros privados. Estos también son los responsables de la quiebra del Banco Nacional Pesquero y Portuario, que no han cubierto sus adeudos frente a una institución de crédito público de la nación. El 92% de la cartera vencida corresponde a los atuneros privados y solamente el 8% de la cartera vencida corresponde a las instituciones de propiedad social, como son las cooperativas.
Y los representantes populares, vuelvo a lo mismo, no podemos mantenernos impasibles frente a esta situación, cuando se hace quebrar a una institución pública, que de interesarnos a nosotros, por la corrupción de funcionarios, como ya he hecho evidencia y por la irresponsabilidad de los grandes capitalistas privados, y se deja finalmente al sector social pesquero, indefenso y ahora, francamente, con enormes dificultades para poder trabajar.
Y yo veo con toda claridad que la desaparición, también del Banco Nacional Pesquero y Portuario tiende a eliminar al sector social de la economía, particularmente en el área pesquera. Esa es finalmente la verdadera intención.
De tal manera, compañeras y compañeros, que si tuviéramos la intención de recuperar dignidad como Poder de la República de la Federación, no deberíamos de decretar la liquidación del Banco Nacional Pesquero y Portuario hasta que todo este tipo, toda esta situación quedara perfectamente esclarecida. Es más, esto sería parte de un proceso serio de liquidación del Banco Nacional Pesquero y Portuario, pero no podemos liquidar al Banco Nacional Pesquero y Portuario, y después investigar, esto es parte del proceso de liquidación del Banco Nacional Pesquero y Portuario.
Y si se formó ya la comisión investigadora de lo del Banco Nacional Pesquero y Portuario, debería de ser parte de su análisis y de su estudio todo el proceso de hace un año, en donde el Ejecutivo nombró a un director liquidador, eso ya es una cuestión ilegal, que la Cámara de Diputados no puede permitirse dejar pasar.
Los fraudes de Beteta, y los fraudes, como el que he mencionado de altos funcionarios de la Federación, compañeros, son los responsables de la quiebra del Banco Nacional Pesquero y Portuario.
La indolencia de los grandes capitalistas privados son los responsables de la quiebra del Banco Nacional Pesquero y Portuario. Investiguémoslo, compañeros, y así seriamente cumpliríamos con nuestra responsabilidad, como diputados y representantes del pueblo. Gracias por su atención. (Aplausos.)
Estos documentos se los voy a entregar a la comisión investigadora, y para ello le solicito que la secretaría los tenga en custodia y cuando se integre la comisión nos haga el favor de integrar estos documentos. Nosotros tenemos copia de ellos.
El C. Presidente: - Proceda la secretaría. Tiene la palabra, en pro, el diputado Ricardo Olivares.
El C. Ricardo Olivares Pineda: - Señor Presidente; señoras y señores diputados: Hago uso de la palabra para hablar en pro del proyecto de decreto para abrogar la Ley del Banco Pesquero y Portuario, "Banpesca".
El desarrollo pesquero en México fue atendido, principalmente, en su inicio por el Banco Nacional de Fomento Cooperativo, conocido como "Banfoco", y sus apoyos fueron dirigidos, primordialmente, hacia las cooperativas pesqueras, es decir, al sector social, a las cuales el gobierno les concesionó en forma exclusiva la captura de las especies de alto valor comercial, tales como camarón, langosta, abulón, ostión y otros. En este período, la actividad pesquera se desarrolló, llegando a convertirse en sector estratégico para la economía del país, pues en estos cinco años, de 1975 a 1980, la producción pesquera se incrementó en más de 120%.
Ya en 1979 el Banco Nacional de Fomento Cooperativo se transformó en el Banco Nacional Pesquero y Portuario. Como respuesta a las exigencias de financiamiento de la estrategia de crecimiento pesquero, instrumentada por el gobierno federal, debido al establecimiento de las 200 millas de zona económica exclusiva; es decir, a partir de 1980, el Banco Nacional Pesquero y Portuario orienta sus acciones para hacer valer los derechos de soberanía sobre aguas nacionales.
La nueva legislación otorgó al Banco Nacional Pesquero y Portuario, facultades de banca múltiple y estableció normas que se reflejaron en su especialización para la promoción y financiamiento de los diversos sectores social y privado, así como a actividades pesqueras, portuarias y navales acordes con el Plan Nacional de Desarrollo.
Uno de los hechos más relevantes relacionados con la actividad pesquera, es la decisión tomada por el gobierno de transferir las embarcaciones camaroneras a las cooperativas, que eran propiedad de armadores privados.
La canalización de recursos financieros para la construcción y operación de la flota de altura mexicana y la transferencia de la flota a las cooperativas, se realizó en plena crisis financiera en el año de 1982.
Banco Nacional Pesquero y Portuario se encontraba en plena operación de los créditos a que hemos hecho referencia, lo que propició, desde ese año, que la estabilidad financiera del banco se viera afectada seriamente.
Para finales del sexenio 1982 - 1988, el Banco Nacional Pesquero y Portuario había cumplido con uno de los objetivos para los cuales fue creado, claro, descuidando otros, aquí estamos de acuerdo: el objetivo del fomento al sector pesquero. Pero cumplió con los créditos refaccionarios al financiar la adquisición de la flota por las cooperativas camaroneras como lo dije, cumplió con el crédito refaccionario para el mantenimiento y reparación para conservar la flota en condiciones apropiadas para su operación, y también funcionó otorgando el crédito de avío en el avituallamiento de temporada para que la flota pudiera salir, vía la pesca, manteniendo así la captura y exportación del camarón como una de las más importantes proveedores de divisas para la economía nacional.
Durante este período de 1982 - 1988, Banco Nacional Pesquero y Portuario otorgó créditos por un total de 392 mil millones de pesos. De estos créditos el 90% se destinaron en forma exclusiva al sector pesquero, por lo que las actividades portuarias y navales absorbieron sólo el 3% del financiamiento global y la acuacultura, actividad tan importante sólo el 2.3%.
Del 90% del crédito canalizado por el Banco Nacional Pesquero y Portuario, se destino el 80% a dos pesquerías que fueron el camarón y el atún, por lo que desatendió de manera relevante el resto de las pesquerías. Estas dos pesquerías, compañeros, han sido las que tradicionalmente se han explotado en México y que en su momento se planteó como meta estratégica la consolidación de sus flotas.
Sí podemos decir aquí, compañeros, que México ocupa el tercer lugar en modernización de este tipo de flota en cuanto a la explotación atunera, pero el Banco Nacional Pesquero y Portuario, como dije anteriormente, tenía otros objetivos más amplios que cubrir, como la promoción integral del sector pesca mediante el apoyo financiero y la asistencia técnica, misma que no cumplió, desviándose su propósito de fomento y ante tal situación, Banco Nacional Pesquero y Portuario ha venido operando bajo excesivo costo financiero, originando un déficit creciente y endeudamiento.
Podemos deducir por todo lo anterior, las deficiencias operativas del Banco Nacional Pesquero y Portuario, sumadas a la situación tan difícil que tuvo que afrontar la institución en los créditos otorgados para la integración de la flota pesquera, la ejecución de un programa ambicioso, como ya se explicó, de la construcción de embarcaciones de difícil venta, en la adquisición de otros activos que por cambios en el mercado se tornaron improductivos y al diferencial negativo entre las tasas de interés activa y pasivas, provocaron que el Banco Nacional Pesquero y Portuario acumulara a lo largo de su historia pérdidas sustanciales; esto es independiente del embargo atunero que se dio por los Estados Unidos y por las devaluaciones y algunos fenómenos naturales que están expuestos en esta actividad pesquera.
Esta situación originó que el banco se encuentre en quiebra técnica y las pérdidas han tenido que ser asumidas por el Gobierno Federal, lo que hace que su financiamiento ya no es conveniente para la economía nacional.
La deuda que tenía el Banco Nacional Pesquero y Portuario hasta diciembre de 1988, era de 3.48 billones de pesos, de los cuales el Gobierno Federal asumió pasivos por 2.75 billones de pesos, esto ha significado para el gobierno un alto costo económico que va en detrimento de otras necesidades y aún así, señores, persiste un elevado nivel de endeudamiento del banco, por tal situación, el Gobierno Federal decidió el cambio estructural del Banco Nacional Pesquero y Portuario, creando instrumentos alternos y sustitutos de apoyo financiero, ante el panorama de una actividad pesquera creciente y diversificada.
A partir de mayo de 1988 se transfirió una parte de su clientela a la banca múltiple y cabe señalar que en la pasada temporada camaronera fue quien atendió la totalidad de los créditos, Banco Nacional Pesquero y Portuario de hecho sólo funcionó atendiendo a los damnificados del huracán Gilberto y a reestructurar y recuperar la multitud de créditos a su favor, paralelamente a esto, compañeros, se creó dentro del Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura, el Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras, donde es un fondo de garantía y fomento para las actividades pesqueras, iniciando sus funciones descontando los créditos que fueron otorgados por la banca múltiple en la temporada camaronera 1988 - 1989.
Siguiendo el cambio estructural del Banco Nacional Pesquero y Portuario, en abril del presente año se trasladó una parte de su cartera pesquera al Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras mediante un contrato de mandato; el apoyo financiero está enfocado este año de 1989, a las pesquerías de consumo nacional y a las de exportación, de cuyo financiamiento se está encargando el Banco de Comercio Exterior.
Estas medidas han permitido que el sector pesquero cuente con más posibilidades de financiamiento en el futuro, sirviéndose de una amplia red de sucursales que abarcarán toda la región del país y como resultado de esta medida el Banco Nacional Pesquero y Portuario prácticamente dejó de realizar operaciones activas de crédito, manteniéndose en funciones que demanda el resto de sus actividades a partir del 15 de septiembre, es decir, estuvo y está actuando para recobrar su cartera litigiosa.
Respecto a lo que aquí han señalado algunos diputados, de que el Banco Nacional Pesquero y Portuario ya se disolvió y que fue una acción unilateral del Ejecutivo Federal, esto es inexacto hasta que no se abrogue la ley orgánica del banco; lo que se ha dado en este año de 1989 ha sido una reestructuración administrativa fundamentada en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banco y Crédito, en donde se le otorgan facultades al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar los planes de operación, es decir, el Banco Nacional Pesquero y Portuario no se ha disuelto porque tiene personalidad jurídica y patrimonio propio hasta que no se abrogue la ley por esta Cámara.
Hasta el momento sigue funcionando con cuatro centros financieros y la matriz que se encuentra aquí en México, sus activos crediticios que representan más de un billón de pesos están siendo cobrados directamente por la institución y también y a través de, con lo que ahora cuenta el Gobierno Federal como es el Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras, la banca comercial y la banca de desarrollo, es inexacto entonces afirmar que el Banco Nacional Pesquero y Portuario ya se disolvió.
El C. Presidente: - El diputado Rafael Núñez Pellegrín pretende formularle una pregunta, diputado Olivares, ¿está usted dispuesto a contestarla?
El C. Ricardo Olivares Pineda: - No la acepto, señor Presidente, por el tiempo.
El C. Presidente: - No la acepta, diputado. Prosiga su intervención, diputado Olivares.
El C. Ricardo Olivares Pineda: - Se ha mencionado aquí también que en el proyecto de decreto parece ser que se está hablando de dos bancos, en donde se dice que se habla y se minifiesta ahí al Banco Nacional Pesquero y Portuario y que no se le agrega la Sociedad Nacional de Crédito (S.N.C.).
Quiero decirles que la ley vigente del Servicio Público de Banca y Crédito no establece la obligación al hacer referencia a las instituciones de crédito de denominarlo como Sociedad Nacional de Crédito; asimismo, conviene mencionar que la ley orgánica tanto del Banco Nacional Pesquero y Portuario, como de las otras instituciones de banca de desarrollo que fueron aprobadas por el honorable Congreso de la Unión el 17 de diciembre de 1985, no hacen mención expresa en su título como Sociedad Nacional de Crédito, quiere decir que entonces en el proyecto estamos hablando del mismo banco.
Referente a lo que vinieron a expresar aquí también un diputado de que el señor director del Banco Nacional Pesquero y Portuario, Rogelio Carballo Millán firma como director liquidador, creo que le han informado mal, es inexacto, aquí tengo un oficio de fecha diciembre 19 de 1989 con la firma del director, Rogelio Carballo Millán, director general y lo muestro aquí a la Presidencia y a ustedes que esto es una mentira que ha venido aquí a exponer algún compañero diputado.
Nuestro partido, todos los diputados, al igual que ustedes, estamos preocupados porque si hay algún fraude, si hay algo turbio como aquí se ha manifestado, somos los primeros también y por eso apoyamos a la comisión que se integrara, para que investigue; el Ejecutivo Federal es también el principal preocupado y en las acciones lo ha demostrado, compañeros, ustedes lo saben, por ello, también nosotros apoyamos esta comisión y estamos de acuerdo también en que el Banco Nacional Pesquero y Portuario no tiene ya razón de existir porque se abren nuevas perspectivas para la pesca en México y que requiere de una banca más dinámica, con mayores ventanillas y con mayores facilidades.
Por eso pido a esta honorable Cámara de Diputados que se apruebe el proyecto de decreto a favor. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Diga usted, señor diputado.
El C. Jesús Ramón Rojo Gutiérrez (desde su curul): - Pido la palabra para alusiones personales.
El C. Presidente: - Para alusiones personales, tiene la palabra el señor diputado Jesús Ramón Rojo Gutiérrez, por cinco minutos.
El C. Jesús Ramón Rojo Gutiérrez: - Señor Presidente; compañeros diputados: He venido nuevamente a esta tribuna, para referirme a situaciones que marcó el diputado Ventura, en el cual quiere justificar los actos de liquidación llevados por el Ejecutivo diciendo que el Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito, no se ha disuelto ni se ha liquidado, porque además tiene su patrimonio propio; no me puedo imaginar cómo este banco pueda tener un patrimonio propio, después de la pérdida total de su capital y de recursos del Gobierno Federal por cantidades billonarias, el patrimonio no lo puede formar, yo creo, por arte de magia, el diputado Ventura.
También señaló que no era obligación usar lo de Sociedad Nacional de Crédito, quiero decirle que en este dictamen que se está discutiendo se abroga la Ley Orgánica del Banco Nacional Pesquero y Portuario, que en el decreto que lo constituyó, en su capítulo I habla de la sociedad, denominación, objeto y domicilio y en el artículo 1o. señala: "La presente ley rige al Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Créditos, institución de banca de desarrollo con personalidad jurídica y patrimonios propios", así que esta ley le llama Sociedad Nacional de Crédito.
Yo también tengo a la mano la minuta de la junta celebrada el día 22 de junio de 1988, donde dentro de otras personalidades que asisten a esta reunión se dice que el contador público Rogelio Carballo Millán, comparece por el fideicomiso liquidador y como director general del banco; quiero precisar estas tres situaciones. Muchas gracias.
El C. Presidente: - En el turno en contra, tiene el uso de la palabra el señor diputado Israel Galán Baños, del grupo parlamentario independiente.
El C. Israel Félix Galán Baños: - Yo creo que el asunto amerita que le dediquemos toda la consideración necesaria y por ende el tiempo suficiente; parece, por el silencio que se hizo cuando el diputado Jesús Ortega aportó tan contundentes pruebas, que este asunto merece nuestra consideración y por lo tanto dedicarle el tiempo suficiente y necesario a la cuestión.
Creo que es evidente, tanto por el debate que se dio anteriormente en torno al 93 y la formación de la comisión que se aprobó aquí, que existen, para decirlo de la mejor manera, cosas poco claras en el fundamento o en el fondo de la denominada quiebra técnica del Banco Nacional Pesquero y Portuario.
Me preocupa ante esa situación que este período que está por terminar, la diputación mayoritaria persista en avalar los estropicios del grupo gobernante y si lo pudieran hacer sin la menor discusión esto sería un beneplácito para ellos, yo creo que lo que está aquí en cuestión son dos lógicas distintas: en efecto, el diputado Olivares nos
dice que el banco no se ha extinguido puesto que en el mismo dictamen, en la página siete se nos señala claramente lo siguiente de una manera muy clara: "el término de la vida jurídica y de las actividades del Banco Nacional Pesquero y Portuario debe acordarlo necesariamente el honorable Congreso de la Unión". "Necesariamente" dice así el proyecto de dictamen que estamos analizando.
Sin embargo, ha sido consumado el hecho denominado quiebra técnica y la desaparición del banco en los hechos, como dijera comentándolo personalmente un diputado del Partido Revolucionario Institucional, no desaparece la función, ésta se dispersa, se ocultan las huellas del delito y es necesario que ustedes los diputados aprueben "necesariamente" la desaparición del banco.
Las dos lógicas son: una, la de hechos consumados y traer a esta soberanía este proyecto de decreto, este dictamen sobre el decreto de la desaparición del Banco Nacional Pesquero y Portuario para que nosotros lo avalemos, pero yo creo que han sido tan contundentes las pruebas que se han dado aquí para que se investigue cuál es la razón de la llamada quiebra técnica y que se esclarezca esta situación y no desaparecer el banco, dispersar sus funciones en diversas instituciones nacionales de crédito para ocultar lo que ha sido reiteradamente reclamado desde esta tribuna: ¿cuál es la razón?, y también en la petición para formar la comisión, los diputados que firmamos este documento, se presentan algunos elementos que han sido complementados con las pruebas presentadas en esta tribuna por el diputado Jesús Ortega.
De tal manera pues, que a mí lo que se me ocurre, lo que pienso que es conveniente que deba acontecer aparte de la formación de la comisión investigadora, es que como lo señala el dictamen en la página número nueve: "la disolución del Banco Nacional Pesquero y Portuario se verificará en la forma y términos que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que se encargará de sentar las bases para la misma y designar el servidor público encargado de su ejecución, quien estará facultado para transferir dichas operaciones a otra u otras sociedades nacionales de crédito o fideicomisos públicos".
Del tal manera que aquí aparece directamente como responsable el Secretario de Hacienda, por lo que me parecería correcto también que esta Cámara llamara a comparecer al Secretario de Hacienda, para que explique e informe a esta soberanía de las razones de la quiebra técnica, aparte de las pruebas en las que se ha abundado en esta tribuna.
A mi me parece pues, que es una responsabilidad de los diputados de la mayoría priísta el que aprueben este decreto que implica la disolución formal y legal del Banco Nacional Pesquero y Portuario, yo creo que no deberían de prestarse a esta maniobra que endereza el grupo gobernante hoy en el poder, que lo correcto es rechazar este dictamen y esperar a la resolución producto de las investigaciones que lleve a cabo la comisión investigadora aprobada por esta Cámara. Muchas gracias.
El C. Presidente: - En turno, el señor diputado Armando Duarte Móller, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El C. Armando Duarte Móller: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: En primer lugar, quiero dejar constancia del beneplácito de la fracción de mi partido por el acuerdo de esta Cámara de integrar una Comisión investigadora para analizar y determinar las causas reales de la situación en la que se encuentra el Banco Nacional Pesquero y Portuario y que ha dado como resultado que se proponga la abrogación de la ley que lo creó.
Me parece que esta comisión, efectivamente tiene la oportunidad de poder dilucidar una serie de cuestionamientos y de críticas que se han venido haciendo en torno a la forma como ha operado el Banco Nacional Pesquero y Portuario, críticas que han sido hechas, denuncias que han sido hechas fundamentalmente por los pescadores pertenecientes al sector social pesquero.
Nosotros no vamos a cuestionar las razones de carácter técnico-financiero que han llevado a la situación en que se encuentra actualmente el Banco Nacional Pesquero y Portuario; me parece que resulta evidente que esta institución se encuentra en este momento totalmente imposibilitada para poder seguir cumpliendo con las funciones para las que fue creada, nosotros, lo que queremos señalar aquí, compañeros diputados, es que precisamente esta Cámara tiene que conocer a fondo las causas que han llevado a la situación en que actualmente se encuentra el Banco Nacional Pesquero y Portuario.
Efectivamente, como ya lo mencionaron aquí algunos compañeros diputados, nos encontramos ante un hechos consumado; es del dominio de la mayor parte de todos ustedes y desde luego del dominio de los cooperativistas pesqueros, que el Banco Nacional Pesquero y Portuario tiene ya tiempo que no opera y que no cumple con la función para la que fue creado, se ha convertido prácticamente en un cobrador de cuentas pendientes; el Banco Nacional Pesquero y Portuario no ha otorgado prácticamente créditos y ha dejado de jugar el papel de fomentar el desarrollo pesquero.
Nosotros queremos señalar que las irregularidades en el manejo de esta institución abundan; aquí se han dado ejemplos de ello e incluso se planteó con un documento como prueba, que el director del banco no era director liquidador, pero yo quiero decirles a ustedes que en el archivo de la Comisión de Pesca obra un documento en el que el director del banco, contador Carballo Millán, aparece con esa denominación, la denominación de director liquidador, representante del organismo liquidador del Banco Nacional Pesquero y Portuario y este documento no es de hace unos días o de hace unas semanas, es un documento que tiene una fecha de bastantes meses atrás.
Está la palabra del director del banco contra lo que aquí algunos compañeros y yo mismo hemos señalado, creo que precisamente la comisión investigadora tendrá la oportunidad de dilucidar esta situación, ¿quién tiene la razón?, si efectivamente la liquidación del banco se ha venido desarrollando desde hace tiempo, o como aquí se ha venido a señalar, es un procedimiento que se inicia con la abrogación de esta ley.
Por otro lado, compañeros diputados, tenemos nosotros constancia y esperamos en su oportunidad proporcionar a la comisión investigadora las pruebas de que no solamente en el otorgamiento de créditos a empresas privadas ha habido irregularidades, sino que también en el otorgamiento de los créditos al sector social pesquero; yo mencionaría, para dar algunos ejemplos, el caso de la Cooperativa Virgilio Uribe, cooperativa de Ensenada que en estos momentos se encuentra en litigio con el Banco Nacional Pesquero y Portuario en virtud precisamente de irregularidades que los compañeros cooperativistas han denunciado a la Comisión de Pesca y no solamente del Banco Nacional Pesquero y Portuario, sino de otras instituciones como Aseguradora Mexicana.
Quiero decirles a ustedes que tenemos nosotros manera de aportar elementos para demostrar que en una ocasión, en el caso de esa cooperativa, la Aseguradora Mexicana pagó dos veces la póliza correspondiente al siniestro de una embarcación y que este pago doble se hizo porque el primer pago no llegó a donde tenía que llegar, a manos de los cooperativistas y éstos reclamaron y Aseguradora Mexicana tuvo que volver a pagar esta póliza que ya había desembolsado para calmar, para apaciguar las denuncias de los cooperativistas de esta cooperativa que menciono, fueron más de 600 millones de pesos los que se pagaron dos veces.
Pero además, compañeros diputados, nada menos el día de hoy que estuvimos con los pescadores de Mazatlán realizando una gestión en la Secretaría de Pesca, pudimos escuchar que todavía hay cooperativas que no tienen los papeles que los acreditan como legítimos propietarios de las embarcaciones que poseen y las cuales fueron pagadas al Banco Nacional Pesquero y Portuario desde hace mucho tiempo, ¿por qué el banco no ha liberado estas escrituras que mantenía como garantía?, ¿por qué estos barcos habían sido obtenidos, habían sido adquiridos a crédito por las cooperativas y pertenecían al Banco Nacional Pesquero y Portuario? Es decir, las cooperativas pagaron las embarcaciones, pasaron meses y en algunos casos años y el Banco Nacional Pesquero y Portuario nunca liberó las escrituras, esto en perjuicio de los propios cooperativistas, porque sin esas escrituras los cooperativistas no tienen manera de demostrar que son propietarios de las embarcaciones y por lo tanto no tienen acceso a los créditos de la banca comercial.
Pero además, compañeros, quiero yo mencionar una situación que nos puede dar una idea de cómo estuvo operando esta institución en los últimos años: de acuerdo con la información de la Cuenta Pública de 1987 y 1988, los gastos de administración o gastos propios de la institución, comparados con el monto de los créditos otorgados, ascendieron al 50%, al 50% y comparados con los recursos obtenidos por el banco en esos años, ascienden también a poco más del 50%.
Lógicamente el banco tenía que hacer estos desembolsos tan grandes en gastos propios, en gastos de administración, porque estaba liquidando a trabajadores, pero sobre todo liquidando a directores con, yo no sé como llamarles, si gratificaciones, lotería o llamarle indemnización de varias decenas de millones de pesos; evidentemente tenía que dedicar muchos recursos para poder liquidar a sus principales funcionarios y llegar a la situación en la que se encuentra actualmente reducido a unas cuantas oficinas burocráticas cuyo propósito es solamente llevar a cabo la liquidación de esta institución.
Creo pues, compañeros, que existen suficientes elementos como para poder justificar la integración de esta comisión que, repito, nosotros aplaudimos se haya constituido el día de hoy por voluntad mayoritaria de esta asamblea y el voto de nuestra fracción parlamentaria en relación con el dictamen será un voto en contra, porque nos parece que el procedimiento que se ha seguido para la liquidación de esta institución no ha sido el adecuado.
Coincidimos con quienes señalan que el Poder Legislativo no ha sido o no se le ha dado el papel que le corresponde en este asunto; consideramos que este procedimiento ha sido un procedimiento
incorrecto y que por lo tanto no es posible que los legisladores pertenecientes a esta Cámara podamos aprobar la abrogación de esta ley en estas condiciones.
Finalmente, queremos nosotros establecer aquí que la desaparición del Banco Nacional Pesquero y Portuario no debe implicar de ninguna manera la desaparición de los fondos de fomento para la pesca, sabemos que existen instituciones, fideicomisos que se van a hacer cargo de impulsar el fomento de la pesca, como es el Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras, como son otras organizaciones: el Banco de Comercio Exterior, que va a financiar fundamentalmente la pesca de exportación.
Pero habría que ver, compañeros, si estos fondos satisfacen realmente las necesidades de esta actividad tan importante para garantizar que su desarrollo se convierta en un renglón importante de la economía nacional, sabemos que la Secretaría de Pesca tiene un programa ambicioso y el día de ayer, cuando hicimos uso de la tribuna señalábamos que las pretensiones son de incrementar la producción pesquera a tasas de entre el 20% y el 25% en los próximos cinco años.
Nosotros quisiéramos que esta legislatura tuviera un conocimiento preciso de a cuánto ascienden los fondos que estos fideicomisos que van a sustituir al Banco Nacional Pesquero y Portuario en el desarrollo y en el fomento de esta actividad, a cuánto ascienden y si efectivamente coinciden, son congruentes con estas expectativas que el propio gobierno está planteando, porque de ninguna manera la desaparición de esta institución, insistimos, debe de significar la desaparición del fomento para la pesca.
Por estas razones que hemos mencionado, la fracción parlamentaria del Frente Cardenista votará en contra de este dictamen. Muchas gracias.
Presidencia del ciudadano Mario Ruíz de Chávez
El C. Presidente: - En el turno en pro, tiene el uso de la palabra el señor diputado Raúl García Leal, del Partido Revolucionario Institucional.
El C. Raúl García Leal: - En relación a los comentarios hechos en esta tribuna por uno de los compañeros que me antecedieron en la palabra, relativo a la denominación del decreto, se ha mencionado que el proyecto no señala la naturaleza de Sociedad Nacional de Crédito, pretendiendo con ello apuntar irregularidades al texto del proyecto.
Debo señalar que conforme el texto del artículo 1o. del proyecto, está redactado con tal precisión que no existe lugar a dudas de la ley que se propone abrogar y, en consecuencia, de la institución que desaparece.
Por otra parte, quiero mencionar a esta soberanía que en el proceso de cambio estructural han intervenido las entidades responsables del sector pesquero, las dependencias globalizadoras, el órgano de auditoría interna; asimismo implementó y está ejecutando programas de revisión específica no sólo en las operaciones y acciones normales, sino para las encomiendas del gobierno federal.
Los comisarios de la institución han intervenido cabalmente y de acuerdo a sus atribuciones y facultades; la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros ha venido participando para vigilar el cumplimiento de las diversas normatividades, el auditor externo permanentemente designado por la Secretaría de la Contraloría de la Federación.
Con esto, compañeras y compañeros diputados, se patentiza el interés del Ejecutivo en aclarar las operaciones del banco sin que exista ánimo de ocultar cualquier ilícito que pudiera resultar; adicionalmente podemos decir que en el dictamen se especifica que la comisión, recogiendo el sentir de sus integrantes, estima procedente que las autoridades competentes realicen las auditorías necesarias al Banco Nacional Pesquero y Portuario, todo esto para la completa transparencia del proceso de su liquidación y las causas y razones que la llevaron a la quiebra de facto.
Señores diputados: tengamos claro que estamos discutiendo y que vamos a votar, vamos a votar la abrogación de una ley que dio origen a una institución que ya no cumple su razón de ser y en consecuencia se propone que se disuelva y se liquide conforme a las leyes aplicables.
Por todo esto y reiterando que no se trata de ocultar nada, solicito su voto aprobatorio para el dictamen. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Rafael Núñez Pellegrín.
El C. Rafael Núñez Pellegrín: - Gracias, señor Presidente; señoras y señores diputados: No tenía pensado intervenir, pero ante la expresión del compañero que me antecedió, pues me vi obligado en hacerlo.
El menciona que el Ejecutivo no pretende ocultar ningún ilícito en la liquidación del Banco Nacional Pesquero y Portuario; aquí tengo en mi poder una minuta, como ya lo decía el compañero Rojo, elaborada el 22 de junio de 1988 y voy a aclararle algunos puntos, porque en ella se
establece, según expresiones del director general del Banco Nacional Pesquero y Portuario y liquidador del mismo, el contador público Rogelio Carballo Millán expresa que "en cumplimiento a instrucciones que me dio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público", ha realizado una serie de trabajos con el fin de reestructurar el banco ése.
Y dice: "se han implementado una serie de capítulos", no los voy a leer porque el compañero Rojo ya lo mencionó, pero es muy clara la intención de ocultar la quiebra no técnica, sino fraudulenta del Banco Nacional Pesquero y Portuario; manifiesta también este señor que "en virtud de la importancia de algunos créditos otorgados al sector pesca y en su relación con algunas acciones, de las mismas operaciones realizadas por el banco, expresa él lo siguiente: que por la naturaleza del proceso de transformación estructural de la institución sometía a la consideración del comité este documento"; como si se tratara de los órganos de gobierno, pues en su opinión y aquí va lo siguiente, lo importante: "hasta en tanto no se defina su conjunto de acciones de atención crediticia es conveniente mantener la discreción que hasta ahora ha prevalecido", esto lo decía Rogelio Carballo Millán.
Y de acuerdo con esta propia minuta, se ve claramente que el Banco Nacional Pesquero y Portuario fue quebrado y también fue utilizada la maniobra en algunas empresas del sector paraestatal y voy a citar algunas: en sus páginas 10 y 11 aparecen los acuerdos que tomaron; dada la hora en que estamos discutiendo esto, las 0:30 horas, voy a sintetizar:
Primero, en la hoja 10 se toma el acuerdo de autorizar al banco el otorgamiento de créditos revolventes a la pesquería atunera y por otro lado toma la palabra un señor que pertenecía al comité de liquidación, licenciado Ángel Salinas Flores y presentó la siguiente propuesta:
"El capital accionario y crediticio de las empresas del sector público en las cuales tiene participación el Banco Nacional Pesquero y Portuario, como es Pescado Industrial Corporativo, S.A., la participación del banco es de un 29% y tenía suscrito 1 mil 020 millones de pesos, de los cuales había pagado 784", pues se autoriza también, en su hoja número 12, a que se pague la aportación a esa empresa...
(Voces.)
Yo no tengo prisa.
En la hoja 12 dice en otro acuerdo: "se autoriza al banco para que cubra sus aportaciones pendientes del capital suscrito, a Pescado Industrial Corporativo, de 236 millones de pesos; Pescado de Colima, Sociedad Anónima, de 131 millones"; esto parece insignificante, pero además, por otra parte se autoriza al banco para que continúe con administraciones de los créditos concedidos a Pescados de Colima, Sociedad Anónima, hasta por 5 mil 135 Millones y a Pescados de Chiapas, Sociedad Anónima, Capital Variable hasta por 440 millones.
¿Cómo es posible de que una empresa totalmente quebrada se le obligara o se le autorizara a cubrir aportaciones pendientes en empresas filiales y además que ministrara créditos alrededor de 6 mil millones de pesos y ésa es empresa paraestatal? yo quisiera saber qué papel juega Pescados de Colima en Manzanillo y Tecomán, y Pescado de Chiapas también, que sería muy interesante quiénes son los accionistas de estas empresas; tengo conocimiento de que Pescados de Colima está ahí metida la mano de Miguel de la Madrid. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra, para rectificar hechos, el Presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
El C. Rogelio Montemayor Seguy: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: He solicitado el uso de la palabra, porque quiero hacer algunas precisiones, de qué es lo que estamos discutiendo y qué es lo que está a debate y qué es lo que vamos a votar.
Aquí se ha hablado de varios temas, sin duda muchos de ellos muy importantes, pero no debemos perder de vista que lo que está en estos momentos a discusión es la abrogación de una ley, de una ley que en su momento dio origen a una institución, que se llama Banco Nacional Pesquero y Portuario o Banco Nacional y todo lo demás, creo que es claro a qué banco nos estamos refiriendo y que es claro, porque así lo han señalado todos, que ese banco o esa institución no cumple las funciones para las que fue creado y en consecuencia se nos....
El Ejecutivo ha sometido a la consideración del Congreso, en este momento de esta Cámara, la abrogación de la ley de dicho banco. Se está arguyendo que porque hay supuestos fraudes, porque mientras no se prueben, debemos mantenerlos en esa calidad, supuestos, no somos quienes para juzgar.
Se resiste el voto o se va a dar el voto en contra, pero lo más grave, lo que sí debe quedar muy claro es que se esté acusando al Ejecutivo de querer ocultar estas situaciones o de impedir que se aclaren a esta Cámara y a la sociedad y al
pueblo de México las razones por los que la institución de referencia llegó a esa situación.
Señores, al abrogar la ley no significa, de ninguna manera, borrón y cuenta nueva; tan no lo significa que el Ejecutivo ha ordenado en este año de 1989, diversas auditorías que están en marcha a esta institución, porque siente su obligación de dar a conocer al pueblo de México las razones que llevaron a esta institución a la situación en que se encuentra.
Tan no nos interesa a los priístas ocultar absolutamente nada, que del dictamen que está a consideración se incorporó una petición similar, en el sentido de que se hagan todas la auditorías necesarias y las investigaciones que sean necesarias para que se aclare la situación y haya completa transparencia; y tan no nos interesa ocultar absolutamente nada que con el voto mayoritario de la fracción priísta esta asamblea acaba de acordar que se integre una comisión investigadora sobre el mismo asunto.
Señores, tengamos claro lo que estamos votando. Estamos votando porque se abrogue una ley, que desaparezca una institución que no cumple sus funciones; y estamos votando y pedimos su voto, porque consideramos que hay formas y mecanismos más adecuados para cumplir los propósitos que dieron origen a esa institución, propósitos que siguen siendo válidos, pero de ninguna manera estamos pidiendo que se vote por un borrón y cuenta nueva.
Por favor, no confundamos y no achaquemos ni al Ejecutivo, ni a los priístas, ni a esta Cámara ninguna intención mas que lo que se está planteando en el dictamen: que se abrogue una ley, que se disuelva en los términos que en las leyes aprobadas por este Congreso mexicano señala que se disuelva y se liquide también en los mismos términos.
En todo caso, en ningún momento se está pidiendo, y que quede claro por favor, que se oculte absolutamente nada. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Concluidos los turnos de oradores en contra y en pro, consulte la secretaría si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La C. secretaria Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: - Por instrucciones de la Presidencia, y en votación económica, se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo ... Suficientemente discutido, señor Presidente
El C. Presidente: - Para los efectos del artículo 134 del reglamento, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
El C. Jesús Ramón Rojo Gutiérrez (desde su curul): - Ya reservé el artículo 3o.
El C. Presidente: - El artículo tercero fue impugnado en la intervención en lo general del diputado Rojo.
En Consecuencia, técnicamente no hay artículo reservado.
Como no hay artículo reservado, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
La C. secretaria Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señor Presidente, esta secretaría informa que se emitieron 257 votos en pro y 138 en contra, así como 143 en contra del artículo 3o.
El C. Presidente: - Aprobados en lo general y en lo particular, salvo el artículo 3o. por 258 votos a favor y 138 en contra. El artículo 3o. por 252 votos a favor y 143 en contra.
En consecuencia, la Presidencia declara: Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto que abroga la Ley Orgánica del Banco Nacional Pesquero y Portuario.
La C. secretaria Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. (Aplausos.)
El C. Presidente: - El punto nueve del orden del día, por acuerdo de la Comisión de Programación y con el consenso de los coordinadores de los grupos parlamentarios, ha sido retirado de este orden del día, para incluirse en futuro orden del día. (Aplausos.)
SOBRE LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS
El C. Presidente: - En consecuencia, se procede a desahogar el punto décimo del orden del día. Antes de conceder la palabra al diputado Mario Rojas, se ha solicitado por las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, hacer uso de la palabra a nombre de las comisiones para un breve informe, al diputado Juan Díaz. Tiene la palabra el diputado Juan Díaz.
El C. Juan Francisco Díaz Aguirre: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y Seguridad Social, han celebrado reuniones para analizar iniciativas de las reformas a la Ley del Seguro Social, en relación a jubilados y pensionados, propuesta por las fracciones parlamentarias de los Partidos de la Revolución Democrática, respaldada ésta por el Popular Socialista, Auténtico de la Revolución Mexicana, el Grupo Independiente, así como las presentadas por los Partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, llegando al siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Considerando que independientemente que en el dictamen aprobado por esta soberanía en el anterior período ordinario de sesiones, en forma unánime y en el que se menciona que el Instituto Mexicano del Seguro Social debe incrementar las reservas actuariales en tal forma, que permita que en un lapso que no exceda de cuatro años de la fecha de publicación de ese decreto, esta soberanía pudiera modificar la ley, para incrementar las pensiones a que se refiere la misma, al 100% del salario mínimo.
El acuerdo, las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y Seguridad Social, al tenor de los presentes antecedentes y considerandos, se allegarán durante el siguiente receso de la Cámara de Diputados, toda la información que considere necesaria, a efecto de superar las serias dificultades que ha enfrentado el propósito por todos compartida, de mejorar la situación económica de jubilados y pensionados y una vez cubiertos los trámites camarales presentarán al pleno de la Cámara de Diputados en el período ordinario de sesiones que se inicia en el mes de abril, el dictamen relativo a la posibilidad de elevar el monto de la cuantía al 100% de los salarios mínimos generales de las pensiones y jubilaciones otorgadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada.
Lo firman las comisiones de Trabajo y Previsión Social y Seguridad Social, en total 120 firmas.» Muchas gracias por su atención. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra, sobre la cuestión de los jubilados, el diputado Mario Rojas Alba y en turno el diputado Leopoldo Salinas.
El C. Mario Rojas Alba: - Compañeros diputados, entiendo perfectamente que todos ya estamos cansados, sin embargo...
El C. Presidente: - Permítame, diputado: estamos cansados o están muchos cansados, pero también es su obligación de los diputados cumplir con su deber.
(Voces.)
Por lo que hace a la Presidencia no está cansada y resiste dos sesiones más. Adelante, diputado. (Aplausos.)
El C. Mario Rojas Alba: - Esta Presidencia que manifiesta no tener cansancio, los jubilados también han demostrado paciencia y tienen un año esperando alguna respuesta de nosotros, en base a eso es que vamos nosotros a tocar este asunto.
Sobre las modificaciones que se hicieron a la Ley del Seguro Social el año pasado todas las fracciones logramos que se incrementaran al 70% del salario mínimo vigente en el Distrito Federal, incluyendo ahí las asignaciones familiares; el 16 de noviembre los compañeros de Acción Nacional presentaron otra propuesta de modificación al artículo 168 de la Ley del Seguro Social, en ésta se planteaba aumentar las pensiones al 100%, incluyendo las asignaciones familiares, este esfuerzo de Acción Nacional venía a justificarse después de un compromiso que habíamos adquirido en el año pasado, en la Navidad del año pasado para que todas las fracciones hiciéramos lo necesario para lograr el 100% de las pensiones para los jubilados, el 100% del salario mínimo para las pensiones de los jubilados.
Este compromiso todos lo asumimos, yo he escuchado algunas opiniones de los compañeros del Partido Revolucionario Institucional que tratan de eludir esta responsabilidad, son compromisos que todos adquirimos, que no signamos, que no preparamos un documento firmado por todas las fracciones pero que sí, definitivamente con la palabra de nosotros, comprometimos a nuestras fracciones para hacer posible esta solución para los jubilados en este período de sesiones.
El 30 de noviembre, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Popular Socialista, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y la fracción independiente hicimos una propuesta también de modificación al artículo 168 de la Ley del
Seguro Social; nosotros proponíamos que las pensiones se elevaran al 100% del salario mínimo vigente en el Distrito Federal, pero que dejáramos en libertad de que las asignaciones familiares pudieran también ser recuperadas por los jubilados y pensionados.
Posteriormente el Partido Revolucionario Institucional el 4 de diciembre nos presentó en las comisiones una propuesta de reforma a la Ley del Seguro Social, esta propuesta dice lo siguiente, nada más en el aspecto concreto de la modificación, en el artículo 168 dice lo siguiente: "el monto de la pensión de invalidez, de vejez o cesantía en edad avanzada no será inferior al salario mínimo general que rija para el Distrito Federal" y se pone un párrafo adicional: "el monto de la pensión señalada en el párrafo anterior será independiente a las percepciones por concepto de asignaciones familiares y ayudas asistenciales".
Si comparamos las tres propuestas que se plantearon aquí en el Congreso, encontramos que la propuesta que hace el Partido Revolucionario Institucional es la más avanzada, es la que logra pues el 100% del salario mínimo a las pensiones, según el salario mínimo vigente en el Distrito Federal y además las asignaciones familiares.
Todo parecía ir por buen camino, hay que reconocer el esfuerzo que hicieron los compañeros Juan José Osorio, Juan Díaz Aguirre, José de Jesús, el compañero Víctor M. Carreto para plantearnos este proyecto en la Comisión de Trabajo y en la de Seguridad Social; pero ¿qué es lo que sucede posteriormente?, empieza a haber dos planteamientos centrales: ¿de dónde se va a obtener los recursos para hacer posible el 100% de la pensión mínima?, se llegaron a manejar algunas opiniones, unas en el sentido de que pudiera buscarse alguna posibilidad de incremento en las cuotas patronales y otras, que hubiera alguna partida especial del Gobierno Federal y otras más que trataban de conciliar con una solución utilizando las dos posibilidades.
Esto dificultó enormemente la solución pero en el fondo lo que sucedió después de la visita de García Saenz al Congreso, donde se señalan algunas dificultades presupuestales para poder hacer factible la pensión mínima, a través de esta visita yo creo que hay una intervención directa del Poder Ejecutivo, de Salinas de Gortari a través de García Saenz para no dar luz verde en la solución a la que todos los diputados nos comprometimos desde el año pasado.
Yo no encuentro otra razón por la que la fracción del Partido Revolucionario Institucional haya llevado atrás una propuesta que ya se había planteado, que le reconocimos su notable avance y que hoy se trata de eludir una responsabilidad que todos adquirimos desde el año pasado, se trata de postergar la solución urgente que nos están demandando los jubilados y pensionados en el país.
Quiero hacer también un llamado a los compañeros de Acción Nacional, porque fueron en este caso, en lugar de un estímulo para la solución del problema, también plantearon una serie de deficiencias en sus planteamientos que dificultaron enormemente la solución; se quiere argumentar ahora como pretexto, que los proyectos de reformas al artículo 168 no tenían una solidez en su análisis sectorial, esto es del todo falso, los mismos compañeros de Acción Nacional el día de ayer defendían que su propuesta tenía una fundamentación muy seria en análisis sectorial.
En la propuesta que planteamos las diferentes fracciones de modificación al 168 también habíamos hecho un estudio serio, incluso ya habíamos señalado que iba a ser necesario una partida aproximadamente de 1 billón 500 mil millones de pesos para hacer posible la jubilación y la pensión mínima.
Y señalamos la solución: nosotros planteábamos la necesidad de que hubiera alguna partida presupuestal del gobierno federal, pero a la vez ver el incremento para las cuotas patronales en el 2%, este incremento que nosotros planteamos de las cuotas patronales del 2%, los compañeros de Acción Nacional y algunos diputados del Revolucionario Institucional se opusieron y dificultaron la solución a la que todos nos habíamos comprometido desde el año pasado.
No hay ninguna razón para decir que es necesario estudiar más, creo que todas las propuestas, la del Revolucionario Institucional, la de Acción Nacional y la de nosotros tenía una fundamentación seria, García Saenz no nos va a venir a enseñar lo que tenemos que hacer o no hacer en relación a los presupuestos y a las soluciones que nosotros podríamos plantear para los jubilados y pensionados, mucho menos cuando ha demostrado su incapacidad para administrar con eficiencia las cuotas que los obreros han venido dando desde hace mucho tiempo en relación a las pensiones y jubilaciones, es una solución que nosotros debíamos de haber planteado.
Tampoco es correcto que en un sentido de gradualismo que yo considero muy reaccionario, se postergue la solución para los pensionados y jubilados, hoy, en lugar de dar una solución, el Congreso está eludiendo su responsabilidad y lo único que estamos ofreciendo a los jubilados y pensionados es una promesa, una nueva promesa para resolverlo en el mes de abril.
Creo, compañeros, que ésta no es una actitud madura del Congreso, es una actitud reprobable desde todos los ángulos que podamos ver, porque todos empeñamos nuestra palabra y deberíamos de dar una solución a la altura de las necesidades de los jubilados y pensionados, sin estar viendo intereses de cuál o qué grupo se pudiera afectar, en este caso de las cuotas patronales. Muchas gracias, compañeros.
El C. Presidente: -Tiene la palabra, sobre esta cuestión, el diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán.
El C. Leopoldo Homero Salinas Gaytán: -Con la venia del señor Presidente: Antes de hacer la exposición del voto razonado que se presenta a nombre de los miembros del grupo parlamentario de Acción Nacional que estamos en las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, quiero hacer mención que niego totalmente lo aseverado por el compañero diputado Mario Rojas.
Es falso lo que vino a mencionar en esta tribuna, porque si bien nuestro grupo parlamentario representado en las dos comisiones ha estado atento en los reclamos de los pensionados del Seguro Social y cuando se viene a esta tribuna a decir falsedades es justo el recriminar tales falsedades y para esto voy a dar lectura del escrito con el cual damos nuestro razonamiento sobre el acuerdo presentado por el presidente de la Comisión de Seguridad Social acordado el día de ayer.
"Los suscritos, en nuestro carácter de integrantes de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, el grupo parlamentario de Acción Nacional razonamos nuestro voto sobre el acuerdo relativo a la reforma del artículo 168 de Ley del Seguro Social propuesto por dichas comisiones en la forma siguiente:
Con toda oportunidad se insistió en las sesiones de las comisiones que en el corriente año entráramos al estudio correspondiente para lograr hacer llegar las pensiones del Seguro Social al 100% del salario mínimo general del Distrito Federal, esto originó iniciativa en noviembre pasado, a la que se sumaron dos más de los grupos parlamentarios: del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional, coincidentes en la pensión, con la variante sobre las asignaciones y ayudas familiares, con la que fuimos solidarios.
En comparecencia ante comisiones, el director el Instituto Mexicano del Seguro Social la semana pasada, presentó éste un cuadro patético que hizo desestimar la posibilidad del otorgamiento del 100%, a sabiendas que en diciembre de 1988 se estableció la obligación de crear el Fondo de Reserva para el seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada, debido a que la institución no lo preservó con antelación.
A estro se suma la deficiente e inequitativa cuota del gobierno federal, al guardar incongruencia con la que cubren los sectores obrero y patronal; sobre la cuota del gobierno federal, conviene explicar: cuando se promulgó la Ley del Seguro Social en 1942 se estableció, en acuerdo a los análisis actuariales, una cuota patronal así como una cuota obrera que consistía en la mitad de lo que pagarían los patrones y una aportación del gobierno federal que también sería la mitad que pagarían los patrones, que se cubrirían en forma anual mediante anticipos mensuales.
La primer reforma significativa se llevó a cabo en diciembre de 1948, modificándose la tabla que contenía los artículos 63 y 96 para efecto del pago de cuotas obrero-patronales, donde se desprendió el aumento de cuotas y se diferenció el costo de las ramas del seguro, elevándose la rama de enfermedad y crear maternidad; con respecto a la de invalidez y vejez, cesantía y muerte, adoptándose la simbología abecedario para la determinación de los grupos y agregándose el factor del salario promedio, la aportación del gobierno se modificó para hacer los anticipos en forma bimestral y no mensual.
En 1973 se reformó nuevamente incrementándose la cuota patronal, reduciéndose la cuota de los trabajadores, pues del 50% que aportaban de las cuotas pagadas por los patrones quedó en un 40%, reduciéndose además considerablemente la aportación del Gobierno Federal, es decir, un 20% en lugar del 50% de lo que aportaban los patrones.
En 1986 se reformó de nueva cuenta, incrementándose otra vez la cuota patronal, quedando sin movimiento alguno la cuota obrera y en cambio la cuota del gobierno federal se redujo del 20% al 7.143% sobre la cuota pagada por los patrones; en enero de 1989 se reformó nuevamente para incrementar, por cuarta ocasión la cuota patronal, así como la de los patrones en las ramas de enfermedad general y maternidad, asimismo, en la rama de guarderías, que es exclusivamente del patrón, se incrementó al tomarse como base para cotización el salario diario integrado; la aportación del gobierno federal permaneció sin modificación alguna.
El derecho a la salud tiene su apoyo legal en la fracción XXIX del artículo 123 constitucional, donde se consagra la garantía individual que los trabajadores tienen para su protección y bienestar.
mediante la creación de los seguros de invalidez, vejez, vida, cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería, así como cualquier otro encaminado a dichos fines.
De los anterior se deriva la obligación de otorgar tales prestaciones para las partes involucradas en ello, es decir, patrones, trabajadores y gobierno federal, pues cada uno de los tres sectores es responsable de la comunidad, de la seguridad social y del trabajo; la obligación que tiene en forma exclusiva el gobierno federal para otorgar bienestar a las clases sociales marginadas y a la población en general, derivan del tercer párrafo del artículo 4o. y la fracción XVI del artículo 73 de nuestra Carta Magna y dichos beneficios deberán otorgarse a través del Instituto Mexicano del Seguro Social derivado del trabajo en que los obreros se involucran.
Las necesidades que tiene la población carente de un trabajo, es decir, las clases marginadas tanto de la ciudad como del campo, deben ser proveídas en forma exclusiva por el Gobierno Federal a través de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos y proporcionarse el bienestar a través del Seguro Social.
A nuestro juicio, las cuotas que debería aportar el gobierno al Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo menos deben ser como se establecieron en la ley de 1942, es decir, al 50% de lo que los patrones aporten, porque de no ser así, es injusta e inequitativa la distribución entre los otros dos sectores.
Para conocimiento de este pleno, hubo una reducción de cerca del 84% de la cuota que originalmente pagaba el Gobierno Federal desde el inicio de la ley en 1942 a la fecha; tal vez el gobierno federal tiene la facultad de la administración con el nombramiento del director general y asimismo tiene la falta de información que no se da el destino a las reservas, a las reservas que en materia de este seguro se estuvo haciendo desde 1942 y nunca ha dado a conocer el destino que de esas reservas se llevaron a efecto.
Conviene señalar que si bien estamos apoyando el acuerdo, propusimos al dictaminar aumentar las pensiones con 10 puntos porcentuales, o sea, que llegaran al 80% del mínimo salarial, lo cual sería a partir de enero hasta 1990.
El C. Presidente: -Diputado Salinas, el diputado Mario Rojas desea formularle una pregunta.
El C. Leopoldo Homero Salinas Gaytán: - Yo le agradezco al señor Presidente y le quiero manifestar al diputado Mario Rojas, si me permite terminar y con todo gusto le doy respuesta a su pregunta.
El C. Presidente: -En los términos expresados por el diputado Rojas, debe esperar a que concluya su intervención y solicitar hacer la pregunta. Continué con su intervención, diputado Salinas.
El C. Leopoldo Homero Salinas Gaytán: - Gracias. Conviene señalar que si bien estamos apoyando el acuerdo, propusimos se dictaminara aumentar las pensiones con 10 puntos porcentuales, o sea que llegaran al 80% del mínimo salarial, lo cual sería, a partir de enero hasta abril de 1990, teniendo como apoyo financiero la existente reserva acumulada en el presente año y con transferencias que hiciera el instituto de otros renglones, o un subsidio especial del Gobierno Federal, cuya posibilidad se había considerado factible, entre otras razones, por comentarios que al respecto intercambiaron miembros de estas comisiones con el Presidente de la Comisión de Programación Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara, esto, con el fin de ayudar en algo en las condiciones de los pensionados, pero lamentablemente no encontró el apoyo deseado.
Por lo anterior, señores, razonamos nuestro voto otorgando al acuerdo propuesto por las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y la Seguridad Social y firman todos los integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional en las dos comisiones en las que está incluido el suscrito. Gracias.
El C. Presidente: - Señor diputado Rojas, puede usted formular la pregunta desde su curul.
el C. Mario Rojas Alba (desde su curul): - La intención de la pregunta es que antes de hacer uso de la palabra para alusiones personales, quería saber yo ¿cuál es la falsedad a que usted se refiere?, estuve muy atento escuchando y usted menciona falsedad, pero no encontré la situación a la que llama usted así.
El C. Leopoldo Homero Salinas Gaytán: -Cuando usted se refirió a que nosotros habíamos cuestionado los cálculos actuariales y por tal razón no habíamos centrado en relación a la propuesta que nosotros habíamos formulado y que estuvimos de acuerdo, creo es falso; nos interesó la propuesta formulada por la comisión para este acuerdo en relación a participar en el estudio de los cálculos actuariales para estar en condiciones de saber la forma en que se va a hacer la aportación oportuna para llegar y en la cual
estuvimos todos de acuerdo de que fuera el 100% la participación de las pensiones.
El C. Presidente: - Para alusiones personales, tiene la palabra el diputado Mario Rojas Alba.
El C. Mario Rojas Alba: - Los compañeros de Acción Nacional han sido con bastante frecuencia críticos de la ideología o de los planteamientos de lucha de clases, sin embargo, en este caso fueron los primeros que inmediatamente tomaron una posición contraria a los intereses de los jubilados y pensionados.
Y lo que dije yo aquí no es precisamente lo que estaba mencionando el compañero, lo que yo señalé aquí es que en la cerrazón de aceptar un incremento del 2% de la cuota patronal por parte de Acción Nacional, ése fue uno de los principales obstáculos para una solución ahora, para los jubilados y pensionados; éste es el punto central de la discusión y es el punto crítico que yo estaba haciendo a los compañeros de Acción Nacional, porque inmediatamente que se planteó o que se vislumbró la posibilidad de incrementar en el 2% la cuota obrero patronal, inmediatamente hubo una actitud en contra del Partido Acción Nacional, que también en ese momento se dio una alianza con los grupos más reaccionarios, con los diputados más reaccionarios, entre ellos considero que la posición del compañero Schiaffino, coincidió en una posición reaccionaria en la solución del problema de los jubilados y pensionados, eso es lo que señalé y lo sostengo.
Ojalá que si los compañeros de Acción Nacional lo quieren revisar a fondo lo plantearan en ese sentido, ¿cuál es la razón, cuál es el motivo por lo que ustedes se negaron a apoyar un incremento del 2% a la cuota obrero patronal?, perdón, a la cuota patronal, específicamente a la cuota patronal. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jorge Schiaffino Isunza, para alusiones personales.
El C. Jorge Federico Schiaffino Isunza: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: En efecto, como aquí lo ha mencionado el diputado Rojas, en diciembre del año pasado, la primer ley, la primer iniciativa de reforma de ley que se tomó por acuerdo unánime, de las pocas que se han tomado, fue la de modificación a la Ley del Seguro Social, con respecto a los salarios de los jubilados y pensionados.
En aquella ocasión, después de serios estudios realizados únicamente por dos fracciones parlamentarias, llegamos a la conclusión de aumentar hasta en un 70% el salario de los trabajadores con relación al salario mínimo.
El decreto de aquella ocasión fue firmado por todos los integrantes de la Comisión de Seguridad Social y la Comisión de Trabajo.
Voy a permitirme leer un párrafo de ese decreto, para desmentir con ello el hecho de que hayamos hecho un compromiso que desde entonces consideramos irresponsable, de aumentar al 100%, aunque lo consideramos justo, las pensiones para este diciembre. Y dice así: "se solicita a dicho organismo, el Seguro Social público descentralizado, que incremente las reservas actuariales en tal forma que permita que en un lapso que no exceda de cuatro años a la fecha de publicación del decreto que se propone, se pueda modificar la ley para incrementar las pensiones a que se refiere la misma y sea equivalente al 100% del salario mínimo que rija en el Distrito Federal y el correspondiente aumento cada vez que se modifique el mismo. La comisión que suscribe, comparte ese propósito".
No obstante este apuntamiento de incrementar la reserva técnica en los próximos cuatro años, consideramos, como los demás partidos, que es de urgente solución el incrementar los salarios de los jubilados. De ahí que como también atinadamente dice el diputado Rojas, nuestra solicitud, nuestra proposición a las comisiones, haya sido de las más ambiciosas.
Quiero aclarar aquí, primero, que no se compare reaccionarismo, al decirme reaccionarios, con responsabilidad.
El día de ayer, en efecto, después de varias horas de platicar con los diversos integrantes de todas las fracciones parlamentarias, su servidor tuvo una intervención, que voy a intentar con la misma sensatez ahora referir.
Después de las ideas de que se gravara a los patrones, de que el gobierno aportara, de que fuera tripartita, de una serie de ideas, estoy seguro, encaminadas a buscar que el Seguro Social incremente su presupuesto para atender esta demanda, yo mencioné que en efecto, es una demanda de justicia, pero que lamentablemente los legisladores no podemos tomar decisiones únicamente porque son de justicia, sino que tenemos que tomar decisiones responsables, que no por el hecho de arrancar un aplauso de un grupo que merece que se le atienda, pongamos en serio peligro al Instituto Mexicano del Seguro Social, si ser responsable es ser reaccionario, yo no lo entiendo, ésa fue la posición de ayer de un servidor, que por fortuna, con
sensatez, los miembros de mi partido y de todas las fracciones parlamentarias coincidieron y digo de todas e incluyo al Partido de la Revolución Democrática.
Cuando bajamos a la votación y posteriormente acudimos a leer el punto de acuerdo, como se viene haciendo costumbre, el Partido de la Revolución Democrática ya se había rajado, ¿cuál fue el acuerdo?, el acuerdo es que sabiendo que es una imperiosa necesidad de justicia, todas las fracciones parlamentarias busquemos en este receso la forma de resolver económicamente este problema, ya que el elevar las jubilaciones y pensiones al 100% de los salarios mínimos vigentes sin considerar asignaciones, representa 1 billón 111 mil millones de pesos con los que no cuenta el Seguro Social; parte de nuestra responsabilidad es escuchar de los funcionarios los puntos de vista de la institución que tienen las responsabilidad de dirigir.
García Saenz ha acudido con su equipo de trabajo a todas las citas que le hemos dado, en la penúltima no estuvo el Partido de la Revolución Democrática, no creo que exista autoridad moral para venir a hablar aquí de García Saenz y el Presidente Salinas, no quieren dar respuesta a esto, lo mismo ocurrió con diversos compañeros a quienes no haré alusión por no estar presentes, que estando frente a su jefe, García Saenz, no expresaron más que complacencia y en nuestra reunión, demagógicamente, nos dijeron que no estábamos cumpliendo con nuestra responsabilidad; no se vale que cuando está el responsable no se hable porque es su jefe y después demagógicamente se nos quiera decir que no cumplimos con nuestra responsabilidad.
Para finalizar, agradeciendo a la Presidencia el que me haya concedido el uso de la palabra para aclarar la posición de las comisiones unidas, que no es de rechazo, de ninguna manera, sino de estudio responsable, para que en el segundo período del segundo año de ejercicio de esta Cámara, podamos haber encontrado con la participación de todos soluciones para dar respuesta a este numeroso grupo de mexicanos que lo merece.
Quiero hacer un comentario: creo que lo ocurrido en estas comisiones es lo que ha venido ocurriendo en la Cámara de Diputados; habemos por fortuna una mayoría que tenemos la responsabilidad no únicamente de legislar de las puertas para acá, sino que tomar decisiones serias y responsables, para poder seguir siendo los que mantengamos la paz social y el progreso de este país y no únicamente tomar decisiones demagógicas que vengan aquí a poner en peligro la paz social y todo el orden constitucional. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Osiris Samuel Cantú Ramírez (desde su curul): - ¿No tiene en su opinión, la responsabilidad principal su partido por la situación de 1 millón de jubilados y pensionados que se encuentran en la peor de las miserias? ¿Por qué no les dan una solución a este problema, que en medida decisiva ha estado originado por la política económica aplicada por el gobierno en contra de esos trabajadores?
El C. Jorge Federico Schiaffino Isunza: - Con mucho gusto le voy a responder su pregunta que me da oportunidad, además de hacer un comentario.
Aquí tenemos la responsabilidad, porque inclusive quienes cotizamos, unos antes que otros, pero ojalá todos lleguemos, vamos a ser jubilados.
Si tenemos la responsabilidad, ese millón de jubilados que usted menciona, por fortuna, no están todos en ese 70%. Pero lo mismo que tenemos la responsabilidad de ver por ellos y su mejoría, tenemos la responsabilidad de ver por más de 36 millones de mexicanos que tienen derecho en el Seguro Social. ¡Y no por una actitud irresponsable, vamos a acabar con los servicios médicos que ahora tienen para resolver un problema que sí es cierto, es urgente, pero minoritario! Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Pedro César Acosta. En turno el diputado Carmelo Enríquez y en seguida el diputado Napoleón Gómez Sada.
El C. Pedro César Acosta Palomino: - Con la venia de la Presidencia; compañeros diputados: Quiero referirme a un hecho muy reciente, o mejor dicho a dos, el relativo a la reunión conjunta el día de ayer de las comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, en la que sí estuvo presente el diputado Rojas y la reunión con el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, en días pasados, en la que no estuvo presente el diputado Rojas.
Yo lamento que las vastas ocupaciones legislativas del diputado Rojas le impidan estar presente en un problema o en las reuniones relativas a un problema, que él mismo señala como de extrema importancia. Lamento también que en la búsqueda de soluciones objetivas, también por desgracia no hayamos contado con su valioso consejo.
Por ejemplo, cuando se trató, en fecha reciente, de encontrar en la operabilidad de las transferencias, antes de aprobar el presupuesto para 1990, y al efecto sostuvimos con el presidente de la
Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, aquí presente, una serie de conversaciones, todas ellas encaminadas a examinar las posibilidades prácticas de carácter inmediato que fuera dable implementar para conseguir el objetivo de llegar como las tres propuestas de los diferentes grupos parlamentarios a nivel de iniciativa se han presentado en esta tribuna, lo indicaba. Es decir, de equilibrar a nivel de salario mínimo el límite inferior de las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Debo reconocer, porque me tocó instrumentar estas reuniones, la apertura del presidente de la comisión. Pero también su señalamiento específico de que si bien se encontraba aquello factible, no era posible en un día o dos establecer los datos objetivos y señalar con precisión los programas que habría de afectarse o los subsidios que habrían de tocarse para conseguir el objetivo perseguido por las tres fracciones parlamentarias, acerca de conseguir el equilibrio de estas pensiones.
Había pues el problema del calendario y del reloj. Y ya les digo después vino el director del Instituto Mexicano del Seguro Social y en términos similares pero abundando en cifras, en proyecciones económicas y en consideraciones de efecto social acerca de cuestiones tan técnicas como el hecho de operar el salario mínimo del Distrito Federal, en zonas "B" y "C", que son inferiores en su monto respecto a ese salario, las cuestiones relativas, pues, a la integración de esas pensiones en un nivel determinado ameritaban también previo examen de la cuestiones a ellas ligadas.
En esas circunstancias nos sorprendió el día de ayer cuando disponíamos de unas cuantas horas para llegar a una conclusión y en esa junta, aquí cabe señalar el hecho que conviene rectificar, cada grupo expresó su opinión respecto a la forma de llegar a un punto de acuerdo.
En lo que corresponde a Acción Nacional, debo señalar, específicamente, que no compartimos criterios populistas, al contrario, lo hemos denunciado categóricamente desde distintos foros y no por quedar bien o por quedar mal con determinados grupos, lo hemos denunciado como un mal social, lo hemos denunciado como una repercusión económica que afecta precisamente a las personas de menores ingresos en el país; por eso es malo el populismo y por eso lo hemos denunciado también.
En esas circunstancias el día de ayer se trataba de arribar a una conclusión y teníamos que aterrizar en un punto de acuerdo. Nosotros habíamos expuesto, previamente, las consideraciones que el diputado Salinas vino a exponer hace un momento aquí. El hecho incontrovertible de que el gobierno ha ido renunciando, desde hace muchos años, a su responsabilidad económica respecto a la integración de los fondos de reserva y a la aportación de cuotas.
El hecho de que el año pasado se hizo un esfuerzo bastante considerable y que Acción Nacional apoyó y que entonces la solución, que también fue implementada por circunstancias apremiantes, fue sin embargo, operable a nivel de aumento de cuota.
El día de ayer Acción Nacional precisó, por mi conducto en el seno de la reunión, la necesidad de explorar otras posibilidades y presentamos la de aumentar la responsabilidad de cuota del gobierno como una de ellas. No hicimos ningún comentario específico y mucho menos establecimos un rechazo formal y categórico al aumento de las cuotas patronales, fueron otros diputados de diferentes sectores, los que señalaron el peligro inflacionario que repercutiría en perjuicio del ingreso de los trabajadores si se adoptara una decisión de esta naturaleza.
Nosotros, incluso, llegamos a señalar como vía de exploración la posibilidad de un reparto entre la cuota patronal y la cuota del gobierno, pero sí sostuvimos y lo sostenemos aún que siendo el gobierno el principal responsable de esta situación debe ahora asumir la carga de responsabilidad que le toca y no salirse por el camino fácil del populismo, de establecer cuotas a diferentes sectores o a un sector determinado, siempre y cuando éstas, a la larga, tengan que repercutir en perjuicio de los que supuestamente vamos a beneficiar.
En esas circunstancias nos volvimos a enfrentar al dilema de siempre, todo o nada, y ya sabemos que este dilema en las circunstancias específicas de nuestra realidad social, cuando frente a quien tiene los controles de la economía, la posición es todo o nada; casi siempre quien exige eso obtiene la nada por respuesta. Y nosotros no nos chupamos el dedo.
Vamos a procurar y conseguimos un acuerdo, que si bien no es el ideal, no resuelve el problema de inmediato, establece, sin embargo, un compromiso formal. El compromiso de tener un dictamen para el mes de abril. Dictamen, es decir, ya una resolución colegiada, específica que tiene que contener la solución concreta a este problema que se nos está presentando.
Como también no ignoramos el carácter de cierta emergencia que existe en estas consideraciones, propusimos que como vía de solución práctica e inmediata, aplicable cuanto antes, afectando las reservas que ya ha creado el Instituto Mexicano del Seguro Social en 1989 por concepto de
cuotas, se estableciese un aumento de 10 puntos porcentuales en el límite inferior de esas pensiones. Desgraciadamente ese acuerdo también formó parte de los que se rechazaron.
En esas circunstancias pues, creo que se puede entender que precisamente por pensar en una solución integral y objetiva, nosotros presentamos aquí que leyó hace un momento el diputado Salinas y que está conforme a lo establecido por la iniciativa, que desde el 16 de noviembre presentó el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, también por mi conducto, para comenzar, desde esa fecha a explorar las posibilidades de este apremiante problema con fines específicamente benéficos y no demagógicos. Gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: -Tiene la palabra el diputado José del Carmen Enríquez.
El C. José del Carmen Enríquez Rosado: - Gracias, señor Presidente:
Es claro que en estas cuestiones influyen intereses. Y estos intereses se reflejan cuando se presentan cuestiones de interés, como es el caso de los jubilados y sobre los que hay que tomar decisiones.
Era claro para estas legislaturas, para esta Cámara que en este período ordinario de sesiones tenía que tomarse una decisión respecto de los jubilados y, sin embargo, lo que aquí se presenta no es más que un compromiso para que el siguiente período ordinario de sesiones se tome un acuerdo como el que aquí se ha referido.
Para nosotros no sería ningún obstáculo reconocer aceptar la propuesta que aquí se ha hecho, si no fuera porque ya una vez, como fue en esta ocasión, se burló un primer acuerdo; y es claro también, cuando decimos que hay intereses, que efectivamente, como lo ha expuesto el anterior diputado que intervino aquí, pero además como lo hizo el primer diputado del Partido Acción Nacional que subió a la tribuna, su preocupación fundamental es de que no se cargue la cuota patronal.
Y la posición de conjunto, la posición de la diputación obrera, la posición de la diputación del Partido de la Revolución Democrática y de los demás partidos de oposición, era en el consenso de que la cuota patronal debía ser la que recibiera y fuera la que complementaba al 100% el aumento que piden los jubilados.
Es aquí donde influyen los intereses y es aquí donde por más vueltas que se le dé, fue uno de los obstáculos que impidieron que se tomara esta decisión. Puede explicarse cualesquiera otra consideración, pero el hecho es ése. Efectivamente García Saenz estuvo en la reunión de la comisión y emitió, como él dijo, su opinión comprometida. Y su opinión comprometida, compañeros diputados, era de que no era conveniente en este momento tomar un acuerdo al respecto, toda vez que se había aprobado la Miscelánea Fiscal, toda vez que se había aprobado el paquete financiero y que en ese sentido una nueva carga a la cuota patronal, según su opinión, no era oportuna para este momento.
¿Cuál es entonces la posición que debía tomar el conjunto de la diputación obrera y el conjunto de los diputados de oposición? Si no era mantener firmeza y emitir un dictamen que aun cuando tuviera errores, pudiera ser respuesta a este grupo de jubilados que están en este momento exigiendo respuesta a las demandas que han planteado.
¿Cuántos jubilados morirán en abril? Algunos compañeros gritarán allá atrás: "¡eso es demagogia!". No, ellos están en espera de una demanda que durante tantos años han estado planteando y que se ha presentado la oportunidad, en estos momentos, de resolverla de manera satisfactoria, tal vez no completamente, pero sí con la esperanza de que pudieran ellos entender que esta legislatura respondería a esos intereses, como representantes populares que estaban aquí. Los intereses que están en juego, la de si irá a encontrar un consenso entonces, está aquí en juego.
Por eso la propuesta y la posición de nuestro partido era de oponerse a que en este acuerdo no estuviera más que una nueva buena intención, y que nos volvamos a encontrar en el período ordinario de abril, con la idea de que se aprobará un dictamen, pero veremos entonces en qué momento se podrá poner en marzo.
Por esa razón, compañeras y compañeros, nos hemos opuesto y condenamos, criticamos, la forma en como se resolvió esta cuestión. Y por eso también, sostenemos y reafirmamos que la posición del Partido Acción Nacional, correcta en un principio, posteriormente se trasladó a su preocupación, porque la cuota patronal fuera la que pudiera resolver en este momento, el problema.
El C. Pedro César Acosta Palomino (desde su curul): - Señor Presidente, me permite hacerle una interpelación.
El C. Presidente: - Diputado, ¿acepta usted la pregunta que el diputado Acosta pretende formularle?
El C. José del Carmen Enríquez Rosado: - Sí, cómo no.
El C. Presidente: - Proceda, diputado Acosta
El C. Pedro César Acosta Palomino (desde su curul): - Con todo respeto señor diputado, ¿en qué lugar del Recinto, en qué lugar de esta ciudad, en qué ciudad de este planeta o en qué lugar del lado oscuro de la luna estaba usted, para venir a decir ahora que cambiamos de opinión?
El C. José del Carmen Enríquez Rosado: - Estuve en la reunión de las comisiones conjuntas que se celebró el día de ayer, y estuve también en la reunión que estuvo García Saenz.
Si usted quiere el número de auditorio, fue el salón 6 en el que se hizo la reunión de comisiones unidas. Gracias, señor Presidente.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Napoleón Gómez Sada.
El C. Napoleón Gómez Sada: - Con la venia señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Todos sabemos, no traigo ningún documento como los que saben leer, pues a la mejor solamente la cuchara es la que sabe como menear el atole.
Quiero decir esto: todos sabemos, todos los ciudadanos sabemos la situación difícil por la que atraviesan nuestros compañeros pensionados; todos lo sabemos, muy difícil. Anoche lo comentamos antes de venir a la votación y después de estar en la votación también; algunos que no estuvieron, no es culpa nuestra. Sin embargo, ante esa situación no debemos de olvidar esto.
El año pasado, acuérdense también, le dimos un ligero aumento a sus pensiones, que no se había hecho ya hacía muchos años. Sin embargo, sigue la situación igual o peor todavía. Ahora bien, ahora nos hemos interesado, y ¡que bueno!, todos los partidos, porque formamos parte de esas dos comisiones, seguridad social y trabajo, por eso nos interesa a todos.
Qué mejor que si estamos en posibilidad en un alto foro como éstos, poder ayudar a nuestra propia carne, porqué no hacerlo, con todo gusto lo hemos de hacer, sin embargo, anoche después de azarosas reuniones y en ellas mismas, discutimos las proposiciones que aquí mencionaban los compañeros del Partidos de la Revolución Democrática, que incluyendo a mi compañero Melgoza también de Lázaro Cárdenas, que quería que a fuercitas se hiciera desde hoy la aprobación de un dictamen ya definido, para tener que acarrear ese aumento del 100%, como si fuera a decir yo voy a comparar un chicle, no, dijimos nosotros no es fácil eso, es fácil que lo aprobemos porque en realidad nos conviene. ¿Quién lo va a pagar?, el compañero diputado Salinas, quien está aquí, de Acción Nacional, refirió, y lo menciono ahorita, quería que buscáramos la forma de adelantar de aquí a abril un 10%, estos meses, enero, febrero, y marzo, y que aseguráramos que ya en abril ya teníamos el documento completo. Ahí lo discutimos, ¿y quién lo va a pagar?; ése es el problema ¿Quien va a pagar eso?
Nosotros sabemos lo que la misma Ley del Seguro Social establece, quien debe de pagarlo, muy claro, es el patrón, el gobierno que ya paga muy poquito y los trabajadores. Nosotros no estamos de acuerdo como trabajadores en que carguemos un centavo más, un porcentaje más a los trabajadores porque sus salarios son muy raquíticos, e inclusive voy a hacer una aclaración que les debe de interesar a todos, les dije anoche sin menoscabar la prerrogativa de nadie, de ninguna organización porque todos estábamos ahí, dije: el sindicato de mineros que represento, por cosas del destino, por lo que sea, tenemos convenidos nuestros contratos colectivos, la cuota de los trabajadores no pagamos un centavo. ¿Cómo le haremos?
Pues allá quédense con la duda pero no pagamos ni un centavo, lo pagan los señores patronales ¿Por qué no decirlo? Esa es la verdad, entonces ante esa situación compañeros, mucho habría que hablar del Seguro Social, porque sabemos quienes están pensionados, quienes no están, máxime el ramo que represento tenemos mucha gente pensionada, hasta les hicimos mención, al rato ya lo dijo Schiaffino también no iremos pensionando todos pero queremos saber entonces ante toda esa situación que se presentó anoche que discutimos todos los que estábamos ahí en esa reunión de todas las fracciones parlamentarias, se llegó a la conclusión de hacer el documento que el compañero Schiaffino traía.
El compañero Mario Vargas que ha mencionado que está traicionando lo que ahí se acordó, yo le diría: compañero Vargas perdóneme pero está mintiendo. Ahí se puso a votación, como ponerlo a votación aquí y ahí se acordó lo que el documento ya dimos a conocer, ese documento nosotros los trabajadores lo apoyamos y vamos a tener compromiso moral, todos, las comisiones, esas dos de aquí a marzo o abril formular ese documento para obtener que nuestros compañeros pensionados disfruten de un salario más justo que es lo que queremos, el 100% para ellos en la zona en que se encuentren. Queremos que así sea y esto es lo que vamos a apoyar y quedamos ya comprometidos e interesados en tener que hacer la
lucha para eso y ustedes tendrán que decirnos aquí la última palabra para ver dónde vamos a gestionar ese pago. Esto es todo lo que tengo que decirles. (Aplausos.)
SOBRE LA INCINERACIÓN DE BASURA EN COATZACOALCOS, VERACRUZ
El C. Presidente: - Para desahogar el punto correspondiente al rubro de denuncias, tiene la palabra el diputado Alfredo Monsreal.
El C. J. Alfredo Monsreal Walkinshaw: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: He solicitado el uso de la expresión para reflexionar ante esta soberanía el problema que enfrentan los ciudadanos de la ciudad y puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, y otras circunstancias a la misma.
El día 23 de septiembre del presente año, en el diario alemán con el nombre Deizedzun, donde se da esta alarmante información de que en el territorio que comprende el municipio de Coatzacoalcos, colindante con el de Minatitlán, se instalará una planta incineradora de productos, de desechos industriales tóxicos. Ello viene a aunar la alarmante situación que vivimos los ciudadanos del Golfo de México, ya que tenemos como trauma mental la erección de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde.
Esto, aunado a lo que se pretende realizar, nos pone realmente en una situación en que solicitamos la solidaridad de esta soberanía para que, a través de nuestra intervención ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, podamos tener conocimiento completo de lo que se esté haciendo para preservar la vida humana de los seres que habitamos en esa región.
Por ello, conciudadanos diputados, me he permitido hacer del conocimiento de esta honorable representación popular, para que hagamos los planteamientos ante la autoridad correspondiente, a fin de que podamos tener claridad en lo que se va a realizar.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 60 y demás del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos que la presente sea turnada a la Comisión de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, para que en forma urgente haga comparecer al Secretario de la misma, para que informe en forma amplia y suficiente y dé a conocer las medidas de protección para con los vivientes de esta región.
Firman esta solicitud los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y el de la voz.
Señor Presidente; señores diputados: quiero aprovechar el uso de esta tribuna para decir a ustedes que el día de mañana, o mejor dicho horas más tarde, concluirá el primer período del segundo año constitucional de sesiones ordinarias, lo cual en nombre de la fracción que represento y en el mío propio, me permito desear a todos los integrantes de este Poder Legislativo y a sus apreciables familiares, de quienes auxilian en todo lo concerniente a la buena marcha de esta honorable Cámara, que preserve la salud en todos los hogares de ustedes. Muchas gracias, buenas noches.
El C. Presidente: - Túrnese a la Comisión de Desarrollo y de Ecología.
SOBRE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
El C. Presidente: - Para desahogar el siguiente punto del orden del día, tiene la palabra el diputado Félix Buero Carrera.
El C. José Félix Bueno Carrera: - Con el permiso del señor Presidente; compañeros legisladores: La política económica y social dictada por el Ejecutivo Federal enmarcada en las líneas generales del Plan Nacional de Desarrollo ha sido el marco de sustentación de las actividades del Instituto Mexicano del Seguro Social.
En el plan se estableció como prioridad fundamental la satisfacción de las necesidades básicas del pueblo: alimentación, vivienda, educación, salud, cultura, recreación y deportes. Con este marco el instituto se fijó los siguientes objetivos: incrementar la calidad, cantidad, oportunidad y sentido humano de los servicios y prestaciones, ampliar la capacidad instalada e incorporar nuevos municipios o grupos sociales, preservando el equilibrio financiero de la institución no como fin en sí mismo, sino como medio de garantizar su permanencia.
Como resultado de esas acciones, la población derechohabiente del instituto registró un incremento porcentual del 3% entre 1987 y 1988, y al mismo tiempo el número de asegurados permanentes se incrementó un 7%, o sea, que la población derechohabiente del instituto para 1988 fue de 35 millones 548 mil personas que representan aproximadamente un 43% del total de habitantes de México.
Aparentemente es loable lo que se ha avanzado en la extensión del régimen de seguridad social, como la descentralización de servicios a población abierta y abatir la tasa de incidencia del riesgo de trabajos por 100 asegurados, al pasar del 10% a 8% los casos.
Se reconocieron también los programas de prevención como la aplicación de dosis de vacuna antipoliomelítica, antisarampión, donoides tetánica, antitifoídica.
La medicina familiar, miles de consultas en especialidades, la atención de 25 mil niños diarios en la guardería del instituto.
Sin embargo, la calidad de los servicios ha disminuido en forma alarmante, porque en la práctica y por las quejas continuas de la población, nos lo confirman, en muchos de los servicios que recibe el derechohabiente se nota que padece por doquier mucho retroceso.
La ineficacia y la falta de calidad de los mismos, pues sabemos por ejemplo lo que batalla una persona para que se le suministre una debida atención médica por el congestionamiento y las demandas en unidades médicas, cuando un paciente para hacerle análisis, estudio, radiografías lo citan a las seis de la mañana con sus familias y niños para que en muchas ocasiones se les indique que regresen o le señalan otra fecha por alguna falla muy común, ejemplo: "no vino el químico", "no ha llegado el doctor, se reportó enfermo", "tiene mucho trabajo", "los aparatos o instrumentos..." Y así, los ciudadanos se desesperan.
(Desorden.)
Yo creo que ustedes no padecen esto, por eso están inconformándose, para los que logran recibir el servicio se tiene un cuadro básico muy limitado de medicamentos y sólo se les receta sobre una línea marcada por la dirección y que muchas veces son medicamentos no muy apropiados y otras veces recetan una cantidad enorme de medicamentos para que los pacientes tengan con qué entretenerse y no vuelvan por algún tiempo.
Un ejemplo puedo citar, que es muy próximo a mí, y además ustedes ya lo conocen que es el siguiente: mi suplente está enfermo y recientemente ocurrió al Seguro Social para que le atendieran un padecimiento gripal, y por esta atención le hicieron dar varias vueltas y cuando lo atendieron recibió una bolsa descomunal de medicinas, y después de tantas medicinas que le dieron, cuando alguna persona cercana a nuestro domicilio, se enfermaba, yo le decía: "ve con mi suplente, a ver si tiene algo de las medicinas que a tí te sirven".
Yo pienso que si llegado el momento el instituto tiene en farmacia o almacén demasiados medicamentos que no pueden echar fuera, los mande al campo, pero a lugares lejanos que están desprotegidos de la asistencia médica, como la serranía, el desierto o las selvas, que allá son muchos muy necesarios.
Normalmente, el número de derechohabientes sobrepasa la capacidad de las instalaciones y del personal médico y paramédico, como son enfermería, personal de laboratorio, rayos "X". Un ejemplo, la programación en quirófano, sala de operaciones para una persona que amerita intervenirse quirúrgicamente, es programada hasta cuatro meses después.
Otras carencias, como las que ya citó la diputada Ortuño Gurza aquí, que ni siquiera podemos decir cuántas camas hay en un hospital por cada mil habitantes, sino cuando menos una cama por cada mil pacientes, o sea, el 0.77 de camas por mil hospitalizados.
Los recursos también frecuentemente se agotan, no siendo restablecidos con prioridad adecuada. Pero no sólo las carencias y la calidad de los servicios para los derechohabientes es lo que se cuestiona aquí, no señores diputados, hay un sector del instituto del que nunca se ha hablado, por lo menos, no se ha tratado en toda su magnitud: es la de los médicos internos, médicos residentes en las distintas especialidades y médicos especialistas que prestan sus servicios profesionalmente, y todos ellos reciben actualmente un trato en cuanto a percepciones que no va de acuerdo a la modernidad que el país debe dar a todos por igual, en justicia social.
Los médicos internos ganan 28 mil pesos al mes por un año de internado rotativo de pregrado y trabajan en las clínicas de 80 a 100 horas por semana; los médicos residentes que reciben enseñanza en las distintas especialidades ganan, por mes 545 mil pesos hasta por 100 horas de trabajo a la semana. En muchos casos estos profesionistas especialistas ya son casados y tienen obligaciones de familia. ¿Cuántos de ellos que por este trato se frustran y malogran y no pueden sostenerse para seguir en su profesión?
Ahora bien, respecto a los trámites de selección para los médicos esencialmente, es un trato centralista que impide tener varios viajes a la ciudad de México para los médicos pasantes que después de hacer su examen, tiene que ir a llenar un montón de requisitos para poder entrar a las clínicas de especialidades.
Los médicos especialistas que trabajan al servicio del Seguro Social, y que estudiaron tres o cuatro años, reciben un sueldo base de 1 millón 200 mil pesos promedio, trabajan ocho horas diarias con un gran volumen de cargo, pues cuando menos dan consulta a 15 ó 20 personas en dos horas de promedio; además del trabajo del hospital que incluye cirugías, con estos sueldos de hambre, la motivación que pueden tener es mínima o casi nula.
El C. Presidente: - Señor diputado Bueno, ha hecho uso de la palabra por 12 minutos; tiene usted un minuto para concluir su intervención.
El C. José Félix Bueno Carrera: - Señor Presidente, le ruego a usted darme el trato que les dio a otras personas para concluir. No se apuren que ya voy a terminar.
Miren amigos, los especialistas aun con la revisión del contrato colectivo que les acaban de aumentar de un 14%, siguen teniendo mucha inconformidad y esto se traduce en una inadecuada atención médica al paciente, pues debido a los bajos sueldos y a la carga excesiva de trabajo y responsabilidad que implica la profesión médica, gran número de estos especialistas solicitan frecuentemente licencias o permisos temporales, y en muchas ocasiones no existe personal de sustitución para realizar en las clínicas estas actividades, y por ello hay falta de atención, de eficiencia y prontitud.
Ya voy a concluir. Por estas cuantas razones, por las injusticias cometidas contra el personal médico y por el pésimo servicio recibido por los derechohabientes, presento esta denuncia con la exhortación a las comisiones de Salud y Trabajo y Previsión Social para que investiguen minuciosamente y proponga soluciones sobre la operación del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Recinto Alterno de la Cámara de Diputados, 29 de diciembre de 1989. - Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, su servidor, diputado José Félix Bueno Carrera.
Yo ruego al señor Presidente que corra copia de esta denuncia a la Comisión de Salud y a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social para su conocimiento y para sus efectos. Gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Túrnese a la Comisión de Información Gestoría y Quejas.
¿Quiere usted hacer una pregunta diputado? El diputado González desea formularle una pregunta, al diputado Bueno.
El C. José Félix Bueno Carrera: -Yo no rehuyo las preguntas como los compañeros del Partido Revolucionario Institucional.
El C. Presidente: - Puede formular su pregunta, diputado López González.
El C. Francisco Javier López González (desde su curul): - Una pregunta al compañero diputado: en la última parte de su exposición usted menciona un porcentaje de aumento. Yo quisiera saber si usted conoce cuál fue la revisión real que se dio dentro del Seguro Social.
El C. José Félix Bueno Carrera: - Señor diputado: Es común que la empresa, que es el Seguro Social y el sindicato frecuentemente con cierta periodicidad de tiempo, hacer revisión del contrato de trabajo, precisamente para ver estos detalles. El último, señor, tuvo un incremento del 14%, pero no satisfizo a los inconformes, a quienes todavía se sienten que no están bien pagados y por eso han ocurrido, para que estas denuncias se presenten ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
El C. Presidente: - Ha respondido la pregunta, diputado.
DEL ESTADO DE DURANGO
El C. Presidente: - Para desahogar el punto siguiente del orden del día, tiene la palabra el diputado Salvador Fernández Gavaldón.
El C. Salvador Fernández Gavaldón: - Voy a ser muy breve. (Aplausos.)
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Venimos ante esta soberanía a denunciar la represión militar y policiaca de que es objeto la población civil...
El C. Presidente: - Permítame, diputado, permítame.
El C. Salvador Fernández Gavaldón: - De Tepehuanes, Santiago Papasquiario y especialmente Otares, Durango.
Desde el 31 de octubre se vive un estado de sitio; se ha suspendido el libre tránsito. En estos lugares, los pobladores han sido objeto de innumerables vejaciones, de insultos, de golpes, amenazas y demás actos que van contra la dignidad humana.
Este operativo, fue implantado a raíz de que fueron asesinados siete elementos del ejército. Desde
el tres de noviembre fueron detenidos por elementos del ejército, en el poblado de San José de la Laguna, los señores: José Herrera Martínez, José Gutiérrez, Cleofas Nevárez Falván y Valentín Fortín Morales, sin que se sepa su paradero.
A la fecha no existe acusación formal ante autoridades competentes de algún delito, por lo que consideramos injusta su detención. Suponiendo, sin conceder, que estas cuatro personas fueron responsables de algún delito, solicitamos, de la manera más atenta, de conformidad con lo previsto por los artículos 14 y 16 de la Constitución, con el fin de que sean puestos a disposición de autoridades competentes para conocer de su situación jurídica; en caso contrario, demandamos inmediatamente presentación para que se integren a la vida civil.
El 29 de diciembre entregamos denuncia de estos hechos en la secretaría del ciudadano Procurador General de la República, licenciado Enrique Alvarez del Castillo y personalmente al director general de Averiguaciones Previas, ciudadano licenciado César Agusto Osorio Nieto; nos dijeron que iban a investigar y desde entonces hemos estado preguntando cada tercer día a la Procuraduría General de la República y la respuesta ha sido que están investigando.
Es pues, de derecho y de justicia, que esta soberanía designe una comisión pluripartidista para que entreviste al Procurador General de la República y al Secretario de la Defensa Nacional y rinda un informe de los resultados de esta entrevista, proposición que en este momento venimos a elevar ante ustedes.
Recinto alterno, 29 de diciembre de 1989. - Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, diputado José Ángel Luna Mijares; diputado Rodolfo Elizondo Torres, el de la voz, diputado Salvador Fernández Gavaldón.
(Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra sobre esta cuestión el diputado Rubén Higuera.
El C. Rubén Hernández Higuera: -Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Yo también voy a ser breve; en el municipio de Otares, del estado de Durango, específicamente en la Mesa de Tortugas, parece que se encuentra en lo más recóndito e intrincado de la Sierra Madre Occidental del estado de Durango, hace unos días, como es de todos sabido; una emboscada, una gavilla de narcotraficantes dio muerte cobardemente a siete miembros del ejército y aun civil, miembro de la Unión de Ejidos de la zona de de Santiago Papasquiario.
A raíz de este suceso, el ejército mexicano y la Procuraduría General de la República, iniciaron una investigación y dada la peligrosos de los delincuentes montaron un operativo que fue dirigido personalmente por el comandante de la décima zona militar y por elementos de la Procuraduría General de la República, que culminó con la detención de peligrosidad narcotraficantes.
Es obvio que los delincuentes, que no eran habitantes del municipio de Otares, ya que hasta algún extranjero pertenecía a dicha banda, no conocían la región y tenían algunos cómplices oriundos de dicho lugar que por consecuencia conocieran la región.
Esto trae, viene arrastrando problemas ideológicos. En meses pasados, en el proceso electoral a la presidencia municipal de Otares, un miembro de Acción Nacional, en aquel entonces diputado local, de nombre Víctor Hugo Castañeda, se convirtió en defensor de personas no deseables, propiciando hechos de sangre, que culminaron con la muerte de un campesino y dos heridos.
Yo no sé que relación tenga esta denuncia con el compañero Salvador Fernández Gavaldón; el compañero Fernández Gavaldón no conoce esta zona, ni ningún compañero del Partido Acción Nacional, de los que son diputados federales.
El C. Rodolfo Elizondo Torres (desde su curul):- ¡ Una pregunta!
El C. Rubén Hernández Higuera: - No conocen el paraje de tortugas ni en el mapa, porque no aparece.
El C. Presidente: - Un momento, diputado , un momento diputado Hernández Higuera, un momento; a ver diputado, dígame.
El C. Rodolfo Elizondo Torres (desde su curul): - Deseo hacerle una pregunta.
El C. Presidente: - El diputado Elizondo pretende formularle una pregunta, diputado Hernández Higuera, ¿desea usted contestarla?
El C. Rubén Hernández Higuera: - ¡No la acepto!
El C. Presidente: -Prosiga su intervención, diputado Hernández Higuera.
El C. Rubén Hernández Higuera: - Quiero decirles que en estos lugares hay quienes se ausentan y no se comunican ni con sus familiares.
El caso es que ahora el diputado Fernández Gavaldón se ha convertido en abogado de personas que no conoce ni tampoco sabe si son delincuentes o no. Yo quiero decirle al compañero diputado Fernández Gavaldón que reconozco sus reales fines en este asunto, en el narcotraficantes fueron detenidos y se encuentran sujetos a proceso conforme a la ley.
El diputado habla de gente humilde y en su conocimiento de este asunto..
La C. María Teresa Ortuño Gurza (desde su curul): - Quiero decirle..
El C. Presidente: - Dígame diputada.
La C. María Teresa Ortuño Gurza (desde su curul): -Quiero decirles al orador que no hable de lo que no conoce.
El C. Presidente: - Prosiga su intervención.
El C. Rubén Higuera: - El diputado habla de gente humilde y su conocimiento en este asunto lo obtiene por una copia de una denuncia presentada por una señora, quien ha sido asesorada por un abogado, cuyos servicios tengo la seguridad que le costearon.
Quiero decirle que hay instancias judiciales, tribunales establecidos, conforme a las leyes. Pero por lo que veo este asunto no quiere sujetarse a dichos tribunales ni instancias, sino que por algún interés, que de seguro tiene, trata de entorpecer la acción de la justicia.
Yo lo invito a que conozca estos alejados lugares de donde yo soy diputado, para que vea la realidad de cómo viven, ya que efectivamente y tenemos que reconocerlo es una de las zonas más marginadas del estado de Durango.
Y ahora que se está extirpando el cáncer del narcotráfico, podemos ayudar a la gente que verdaderamente trabaja en el campo y que viven en estos lugares y les podemos dar una mejor forma de vida, y que no se dediquen, engañados, a otras actividades para delinquir.
La denuncia que hace el señor diputado, en la que manifiesta supuestas desapariciones de detenidos por el ejército, se sostienen en informaciones de supuestos. No están detenidos esos compañeros que el compañero dice.
Hace unos días, cuando masacraron a siete miembros del ejército, cuando masacraron a unos miembro del ejército...
(Desorden.)
El C. Presidente: - Espere, diputado a que se restablezca el orden.
El C. Rubén Hernández Higuera: - Hace unos días, cuando masacraron a siete miembros del ejército y a un civil, no hicieron...
(Voces.)
El C. Presidente: - Espere, espere.
El C. Rubén Hernández Higuera: - Hace unos días, cuando masacraron a siete miembros del ejército y a un civil, no hicieron ninguna denuncia, tal parece que lo festinaran.
En Durango y específicamente en el municipio de Otares hay muchos problemas de narcotráfico, esto trae como consecuencia que tanto la comunidad como el ejército estén en un constante peligro, pero es necesario que se estirpe este cáncer y darle a la gente la tranquilidad que necesita. muy importante y es la primera vez que yo hago uso de esta tribuna y lo hago porque siento la necesidad de manifestarles a ustedes...
(Voces.)
El C. Presidente: - Un momento, diputado; diputado Higuera, esta Presidencia se ha preocupado porque los diputados que hacen de la palabra puedan hacerlo en términos de respeto de la asamblea.
Sírvanse los diputados guardar el orden y respeto al orador, como se garantizó a todos los oradores.
¿Diga, diputado?, ¿a quién es la pregunta?, ¿al diputado Higuera?, ¿dígame usted?
(Desde su curul): - Señor Presidente, ¿por qué con el anterior orador no puso en orden a todos los que gritaban?
El C. Presidente: - De la actitud de la Presidencia por el mantenimiento del respeto y la dignidad ustedes son testigos, puedo exhortar, llamar a los ciudadanos diputados, pero no tengo los medios materiales para impedir las manifestaciones de los diputados de todos los grupos parlamentarios que se salen del orden, respeto y dignidad que se debe guardar. Continúe, diputado Higuera, para concluir su intervención.
El C. Rubén Hernández Higuera: - Para concluir, señor Presidente; compañeros diputados:
Quiero decirles que aquella zona sí requiere de una mayor atención del gobierno federal y del gobierno estatal, pero no con denuncias, no con denuncias, por supuesto, vamos a lograr que se establezca la paz en aquella región, no estamos seguros, no está seguro el compañero diputado Galvaldón que estén detenidas las personas que dice.
Yo los invito a ustedes, compañeros, para que vayan, para que vayamos en una comisión...
El C. Rafael Nuñez Pellegrín (desde su curul): - ¿Me permite hacerle una pregunta?
El C. Presidente: - El diputado Nuñez desea hacerle una pregunta, ¿está dispuesto a contestarla?
El C. Rubén Hernández Higuera: - No la acepto.
El C. Presidente: - No la acepta. Continúe, para concluir su intervención, diputado Higuera.
El C. Rubén Hernández Higuera: - Compañeros diputados: Yo no estoy de acuerdo en sus manifestaciones en las que lo hacen a veces con mucho folklor y con muchas cosas que son características en ustedes; nosotros hemos tenido, el compañero Fernández Gavaldón y yo, muchos encuentros, somos enemigos políticos pero somos amigos personales.
Pero quiero decirles a ustedes que no por esto vamos a aceptar cualquier denuncia, ni que sea el compañero Fernández Galvaldón un diputado que venga a hacer denuncias porque tiene que hacerlas nada más, quiero manifestarle que, con todo el respeto que me merece su persona, él tiene que hacer todo lo posible y tratar de que para ayudar a esa gente, lo vamos a hacer, posiblemente lo hagamos juntos, pero no haciendo denuncias en las que no están seguros de lo que están haciendo. (Aplausos.)
Es todo, señor Presidente.
El C. Presidente: - Tiene la palabra, diputado Gavaldón.
El C. Matías Salvador Fernández Gavaldón: - Hasta ahora en la mañana se enteró el diputado Rubén Hernández de estos cuatro desaparecidos, porque él y otro compañero me preguntaron sobre qué iba a ser la denuncia.
Les voy a leer el artículo 116 de la Constitución...
(Desorden.)
El C. Presidente: - Ciudadanos diputados, en los mismos términos que pedí respeto para el orador anterior, pido respeto para el orador que hace uso de la tribuna.
El C. Matías Salvador Fernández Gavaldón: - "Artículo 116. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posiciones sino en virtud de mandamiento estricto de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.
Artículo 128. En tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más función que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar ."
(Aplausos.)
El diputado Hernández Higuera no habló sobre el atropello de los derechos humanos en las poblaciones que hemos mencionado.
Dice que "no conozco la región." Es testigo de que en las campañas políticas, él por su lado y yo por el mío, he recorrido la "barranca en mulas y tú, y él sabe bien que la barranca es inmensamente grande."
Ciertamente esos lugares están incomunicados, no hay otra forma de entrar por allí. Además la Procuraduría General de la República nunca nos dijo que las personas detenidas por el ejército habían huido.
Los familiares de estas cuatro personas estuvieron aquí en la ciudad de México la semana pasada buscando la intervención de las autoridades, para resolver los hechos denunciados aquí.
Ayer nos habló una de esas personas, de los familiares de estos cuatro detenidos. De haber huido estas personas, los primeros que lo habrían sabido eran su familia, y son personas de escasos recursos económicos, que un viaje a México, pues los deja casi sin comer. Aquí está la denuncia presentada en la Procuraduría General de la República, aquí están los sellos de la Secretaría del Procurador y de averiguaciones previas. Gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Túrnese a la Comisión de información, Gestoría y Quejas. Se ha dado el turno...
El C. Rodolfo Elizondo Torres (desde su currul): - Señor Presidente, pido la palabra.
El C. Presidente: - ¿Desea usted hacer uso de la palabra sobre esta cuestión?
El C. Rodolfo Elizondo Torres (desde su curul):- Sí.
El C. Presidente: - Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Elizondo.
El C. Rodolfo Elizondo Torres: - Señor Presidente; señores diputados:
Voy a ser muy breve, nada más quiero dejar en claro lo siguiente:
Desde hace varios días hemos tratado, inclusive con los diputados del Partido Revolucionario Institucional que pertenecen a nuestro estado, de formular una denuncia ante esta tribuna, no solamente de los hechos de Otares, Tepehuanis y Santiago, sino de Ceballos, porque la Procuraduría General de la República, después de casi ya hace un mes de estos hechos, no ha dado respuesta favorable, ni siquiera satisfactoria para los mismos familiares que exigen saber dónde están sus parientes.
Ahora en la mañana, el diputado Hernández, conoció con antelación el escrito que leyó mi compañero, diputado Salvador Fernández Gavaldón.
Quiero nada más dejar en claro, que en base a ese escrito, vino cobardemente a hacer uso de la honestidad de don Salvador Fernández Gavaldón...
(Desorden.)
y que me desmienta si estoy diciendo lo contrario, si no conoció el escrito con anterioridad, de la denuncia que formuló aquí el diputado Salvador Fernández Gavaldón. ¡Que sea hombre en reconocerlo! Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Hernández Higuera.
Llamo al diputado Hernández Higuera, al diputado Elizondo y demás diputados de Durango, a que guarden la serenidad que permitirá el respeto a este recinto.
El C. Rubén Hernández Higuera: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Nada más para contestar al diputado Elizondo. Yo no conocía, a lo último lo conocí, cuando lo habló, lo que leyó el compañero Fernández Gavaldón, y él sabe perfectamente y me puede desmentir, yo soy tan hombre como cualquiera y se lo puedo comprobar en lo que ustedes digan.
(Desorden.)
En lo que estamos diciendo, es un problema diferente a la denuncia que hizo el compañero de Ceballos; y esto quiero aclararlo, quiero aclararlo. El municipio de Páez es completamente diferente. Yo creo que no debemos de resolver nuestros problemas ideológicos con los problemas que se están suscitando en el municipio de Otares.
Cuando tengan la seguridad, el compañero Salvador Fernández, no solamente hay esas cuatro personas que desaparecieron, sino hay más gente.
(Desorden.)
Hay más personas que huyeron, cuando se hizo el dispositivo con la lucha del narcotráfico. Yo no estoy de acuerdo si hacen mal las acciones del Ejército o la Procuraduría General de la República. Yo lo único que quiero decirles, que no vengan a hacer denuncias de las que no están seguros, que son supuestos.
Para ustedes es muy bonito, para ustedes es muy bonito. Y si quiero aquí decirles que don Salvador y yo estuvimos platicando una hora antes de esto, donde leyó, le comentaba a él que para la gente es más conveniente que los dos vayamos a ver en qué podemos ayudarles.
Señor Presidente, quiero decirles y quiero que quede asentado en el acta del Diario de los Debates que es necesario que para hacer una denuncia no se haga nada más porque les llega un escrito, nosotros tenemos que participar y esto compañeros diputados es muy importante, esta zona del estado de Durango es una zona con muchos problemas en los que todos debemos estar unidos y realmente tratar de sacar a esa gente, de ayudarle para que pueda salir del atraso en que está y pueda trabajar con la seguridad a la que tiene derecho. Muchas gracias. (Aplausos.)
ELECCIONES DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMANENTE
El C. Presidente: - Pasamos a desahogar el último punto del orden del día.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución General de la República, se va a proceder a la elección de los ciudadanos diputados que formaran parte, en su calidad de titulares y sustitutos, de la Comisión Permanente.
Se ruega a los ciudadanos diputados pasen a depositar su cédula al escuchar su nombre.
La C. secretaria Hilda Anderson Nevárez de Rojas: - Señor Presidente, la secretaría informa que hecho el escrutinio y el cómputo de la votación, ésta da el siguente resultado: por la planilla integrada, una boleta incompleta encabezada por el compañero Bátiz Vázquez, otra boleta encabezada por el compañero Marcué, dos boletas en las que varían los nombres de los sustitutos: Eduardo Arias y José Luis Luege por Juan José Medrano y Alberto Ling Altamirano. Diferentes también en los sustitutos, Eduardo Arias
Aparicio, en lugar de él está Calderón Hinojosa, Luisa María; otra más donde el sustituto del Presidente, que es Gonzalo Martínez Corbalá, está sustituido por Francisco Ortíz Mendoza; 11 boletas en blanco; otra más encabezada como Presidente por Abigaíl Cruz Lázaro, y 330 boletas que son de la siguiente planilla:
Diputados: Guillermo Jiménez Morales, Juan José Osorio Palacios, José Lamadrid Sauza, Miguel Montes García, Socorro Díaz Palacios, Rogelio Montemayor Seguy, Ismael Orozco Loreto, Arturo Armendáriz Delgado, José Trinidad Lanz Cárdenas, Humberto Roque Villanueva, Bernardo Bátiz Vázquez, Pedro César Acosta Palomino, Juan José Medrano Castillo, Jorge Alberto Ling Altamirano, Leonel Godoy Rangel, Pablo Gómez Alvarez, Juan Jaime Hernández, Roberto Jaramillo Flores y Jesús Antonio Carlos Hernández.
Sustituto: Gonzalo Martínez Corbalá, Augusto Gómez Villanueva, Ricardo Monreal Ávila, Onofre Hernández Rivera, María Elena Martínez Carranza, Alberto Amador Leal, Mauricio Valdez Rodríguez, Rodolfo Duarte Rivas, Sofía Valencia Abundis, Antonio Alvarez Esparza, Eduardo Arias Aparicio, José Luis Luege Tamargo, Mario Leal Campos, Jaime Guillermo Aviña Zepeda, Octavio F. S. Moreno Toscano, Ismael Yañez Centeno, Alberto Pérez Fontecha, Armando Duarte Móller y Sergio Quiroz Miranda.
El C. Presidente: - En consecuencia, esta Presidencia declara que forman aparte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que funcionará durante el segundo receso de la LIV Legislatura, los siguientes ciudadanos diputados:
Guillermo Jiménez Morales, Juan José Osorio Palacios, José Luis Lamadrid Sauza, Miguel Montes García, Socorro Díaz Palacios, Rogelio Montemayor Seguy, Ismael Orozco Loreto, Arturo Armendáriz Delgado, José Trinidad Lanz Cárdenas, Humberto Roque Villanueva, Bernardo Bátiz Vázquez, Pedro César Acosta Palomino, Juan José Medrano Castillo, Jorge Alberto Ling Altamirano, Leonel Godoy Rangel, Pablo Gómez Alvarez, Juan Jaime Hernández, Roberto Jaramillo Flores Y Jesús Antonio Calos Hernández.
Sustitutos: Gonzalo Martínez Corbalá, Augusto Gómez Villanueva, Ricardo Monreal Ávila, Onofre Hernández Rivera, María Elena Martínez Carranza, Alberto Amador Leal, Mauricio Valdez Rodríguez, Rodolfo Duarte Rivas, Sofía Valencia Abundis, Antonio Alvarez Esparza, Eduardo Arias Aparicio, José Luis Luege Tamargo, Mario Leal Campos, Jaime Guillermo Aviña Zepeda, Octavio F. S. Moreno Toscano, Ismael Yañez Centeno, Alberto Pérez Fontecha, Armando Duarte Móller y Sergio Quiroz Miranda.
Continúe con el trámite, la secretaría.
La C. secretaria Hilda Anderson Nevárez de Rojas: - Señor Presidente: La secretaría informa que se han agotado los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA La C. secretaria Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: -Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Período. - Segundo Año. - LIV Legislatura.
Orden del día
29 de diciembre de 1989.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Proposiciones de la Gran Comisión .
Oficios de la honorable Cámara de Senadores
Por el que se comunica los nombres de los senadores que en unión de los diputados integrarán la delegación mexicana a la XXX Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos de América.
Por el que se comunica los nombres de los senadores que fueron electos para integrar la Comisión Permanente del primer receso del Segundo Año de la LIV Legislatura.
Comisiones de cortesía.
Intervención de los coordinadores de las fracciones parlamentarias que integran la Cámara de Diputados.
Declaratoria de clausura de labores de la honorable Cámara de Diputados del Primer Período ordinario de Sesiones del Segundo Año.»
El C. Presidente (a las 04.00 horas del día 29 de diciembre): -Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día de hoy, 29 de diciembre, a las 11.00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y DIARIO DE LOS DEBATES