Legislatura LIV - Año II - Período Ordinario - Fecha 19900424 - Número de Diario 5
(L54A2P1oN005F19900424.xml)Núm. Diario:5ENCABEZADO
LIV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Dip. Javier López Moreno
RECINTO LEGISLATIVO
CENTRO MEDICO NACIONAL
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Lic. Héctor de Antuñano y Lora
Año II México, D. F., 24 y 26 de abril de 1990 No. 5
SUMARIO
ASISTENCIA
La secretaría informa que hay quórum.
APERTURA
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura. Debaten los legisladores:
Alfredo Reyes Contreras.
José Enrique Rojas Bernal.
Dionisio Pérez Jácome.
Alfredo Reyes Contreras.
Gerardo Medina Valdez.
Pablo Gómez Alvarez.
Bernardo Bátiz Vázquez.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión, se aprueba.
COMUNICACIONES
Del Congreso del Estado de Aguascalientes, para informar el inicio del Primer Período Extraordinario de Sesiones.
De enterado.
Del Congreso del Estado de Campeche, para informar la elección de la mesa directiva. De enterado.
Del Congreso del Estado de Guanajuato, para informar la formación de la mesa directiva. De enterado.
INICIATIVAS DE DIPUTADOS
LEY EN MATERIA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
Presentada por el diputado Alberto Pérez Fontecha. Se turna a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y Seguridad Social.
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Presentada por el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala. Se turna a la
Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias.
ARTICULO 61 CONSTITUCIONAL
Presentada por el diputado Vicente Luis Coca Alvarez, para hacer reformas y adiciones. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Presentada por el diputado Miguel Ángel Almaguer. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
LEY DE PESCA
Da lectura a esta iniciativa el diputado Alfredo Arenas Rodríguez. Se turna a la Comisión de Pesca.
LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO
Presentada por el diputado Alejandro Díaz Pérez Duarte. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
ARTICULO 93 CONSTITUCIONAL
Para reformas a este artículo, da lectura el diputado Mario Vázquez Martínez. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
El diputado Francisco Melo Torres da lectura a esta iniciativa. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.
REFORMAS Y ADICIONES A DIVERSAS DISPOSICIONES FISCALES
Presentada por el diputado Jorge Martínez y Almaraz. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DEL BANCO NACIONAL PESQUERO Y PORTUARIO
Se da lectura a los acuerdos para el examen del informe de la comisión investigadora del Banco Nacional Pesquero y Portuario.
La lectura del documento es interrumpida por los legisladores:
Pedro César Acosta Palomino.
Abel Vicencio Tovar.
Dionisio Pérez Jácome.
Alberto Pérez Fontecha.
Pablo Gómez Alvarez.
Alfredo Reyes Contreras.
José Antonio Montes.
Rubén Venadero Valenzuela.
Sobre el informe y sus conclusiones debaten los
legisladores:
Juan Nicasio Guerra Ochoa, presenta documento.
Mario Ruíz de Chávez y García.
Juan Jaime Hernández.
Mario Ruíz de Chávez y García contesta alusiones personales.
Lectura de la propuesta del diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa.
Continúan con el debate los legisladores:
Juan Nicasio Guerra Ochoa.
Francisco Ortíz Mendoza.
Rogelio Montemayor Seguy, para hechos. Se da lectura al acuerdo parlamentario de la comisión especial del Banco Nacional Pesquero y Portuario.
Miguel Montes García.
Pablo Gómez Alvarez, para rectificación de hechos.
Enrique Rojas Bernal.
Miguel Montes García, para alusiones personales.
Abel Vicencio Tovar.
Jesús Ortega Martínez.
Napoleón Cantú Cerna.
Francisco Ortíz Mendoza.
Alberto Pérez Fontecha.
Carlos Javier Vega Memije.
Francisco Ortíz Mendoza, para rectificar hechos.
Armando Duarte Móller.
José Jaime Enríquez Félix.
Dionisio Pérez Jácome.
RECESO
La secretaría informa que no hay quórum.
La Presidencia (a las 21.10 horas) suspende la sesión para el día 26 de abril.
ASISTENCIA La secretaría notifica que hay quórum.
APERTURA
La Presidencia (a las 11.05 horas) reanuda la sesión del día 24 de abril.
Toma la palabra el diputado Rodolfo Elizondo Torres.
SOBRE LA SITUACIÓN EN CUBA
Toma la palabra el diputado Héctor Colio Galindo, para presentar punto de acuerdo sobre agresiones a esta nación. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
DETENCIONES Y TRASLADOS ILEGALES A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
En ausencia del diputado Pablo Gómez Alvarez, la secretaría da lectura al punto de acuerdo firmado por diversos grupos parlamentarios y el adoptado en la Comisión Permanente anterior. Se aprueba por unanimidad.
DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA
Para fijar la posición de su partido respecto al tema, toma la palabra la diputada Paloma Hernández Oliva.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO JAVIER LÓPEZ MORENO
(Asistencia de trescientos cincuenta y cinco diputados)
ASISTENCIA
EL secretario diputado Fernando Antonio Lozano Gracia: - Hay una asistencia de 355 diputados. Hay quórum, señor Presidente.
APERTURA
El Presidente (a las 11.07 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria diputada Hilda Anderson Nevárez de Rojas:
«Segundo Período Ordinario de Sesiones. - Segundo Año. - LIV Legislatura.
Orden del día
24 de abril de 1990.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Aguascalientes, Campeche y Guanajuato.
Iniciativas de ciudadanos diputados
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, de ley en materia de jubilados y pensionados.
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, de reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que reforma y adiciona el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de reformas a la Ley de Pesca.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de reformas a la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas.
Del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, de reformas al artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, de reformas y adiciones a la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal.
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de reformas y adiciones a diversas disposiciones fiscales.
Informe de la Comisión Investigadora del Banco Nacional Pesquero y Portuario.
Proposiciones
Del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre agresiones a Cuba.
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre personas detenidas en México, entregadas a los tribunales de los Estados Unidos de América.
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre el problema del 9.2% de los salarios de los trabajadores ferrocarrileros.
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para que se solicite a las comisiones se dictaminen las iniciativas.
Del Grupo Independiente, frente a las relaciones comerciales de México con el exterior.
Toma de posiciones, comentarios y declaraciones
De los grupos parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática y Grupo Independiente, sobre conflictos laborales de la Modelo y de la Ford.
Del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre el Día Mundial de la Tierra.
Denuncias
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre la contaminación de Petróleos Mexicanos.
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre la desaparición de poderes en Tamaulipas.»
El diputado Alfredo Reyes Contreras (desde su curul): - Señor Presidente, ruego a la Presidencia tenga en cuenta el reglamento, porque el punto número tres debe ir posteriormente a las iniciativas que se presentan por los diputados.
El Presidente: - Se ruega a la secretaría dar lectura al artículo 30 del reglamento, para ilustración de esta asamblea.
El secretario diputado Salvador Sánchez Vázquez: - "Artículo 30. En las sesiones se dará cuenta con los negocios en el orden siguiente:
I. Acta de la sesión anterior para su aprobación. Si ocurriese discusión sobre alguno de los puntos del acta deberá informar la secretaría y podrán hacer uso de la palabra dos individuos en pro y dos en contra, después de lo cual se consultará la aprobación de la Cámara;
II. Comunicaciones de la otra Cámara, del Ejecutivo de la Unión, de la Suprema Corte de Justicia, de las legislaturas y de los gobernadores;
III. Iniciativas del Ejecutivo, de las legislaturas y de los individuos de la Cámara;
IV. Dictámenes que consulten proyectos de ley o decreto y que deben sufrir una lectura antes del día señalado para su discusión;
V. Memoriales de los particulares;
VI. Dictámenes señalados para discutirse, y
VII. Minutas de ley."
El Presidente: - Adelante. Dígame diputado.
El diputado Alfredo Reyes Contreras (desde su curul): - No es una comunicación de las que señala el reglamento, es un informe de una comisión de la Cámara, en consecuencia, debe ir posteriormente a las iniciativas.
El Presidente: - Mire usted, diputado, si me permite solamente una consideración para ilustración de la asamblea y además, con mucho gusto, si usted lo quiere, escucharemos algunos otros fundamentos o apoyos que tengan su punto de vista.
Esta mesa directiva se reunió ayer con los representantes de los grupos parlamentarios para establecer, como es usual, el orden del día. Hoy, hace unos cuantos minutos, otra vez con los representantes de los grupos parlamentarios, para saber si lo preliminar ganaba definitividad; si se suprimía o adicionaba algún otro punto de orden del día. En esta reunión, ninguno de los representantes de los grupos parlamentarios, incluido el señor representante del Partido Popular Socialista, cuestionó, puso en tela de juicio u objetó el orden del día como se había convenido con todos los representantes.
Por eso mismo, es un poco sorpresivo para esta Presidencia su punto de vista, pero la asamblea tiene derecho a escuchar sus razonamientos y usted a fundar su proposición.
En consecuencia, invito al ciudadano diputado, a que haga uso de la palabra aquí en la tribuna.
El diputado Alfredo Reyes Contreras (desde su curul): - Únicamente pido que la constitución del orden del día se sujete a lo que establece al reglamento que es nuestra norma interna.
El Presidente: - Muy bien, diputado. Esta presidencia quiere informar a la asamblea que para constituir el orden del día resultó que en ninguno de estos siete puntos encaja el informe de la Comisión Investigadora del Banco Nacional Pesquero y Portuario.
El artículo 30 dice que en las sesiones se dará cuenta con los negocios en el orden siguiente:
I. Acta de la sesión anterior. No lo es. II. Comunicaciones de la otra Cámara del Ejecutivo, de la Corte, de las legislaturas y de los gobernadores. No lo es III. Iniciativas del Ejecutivo, de las legislaturas y de los individuos de la Cámara. No lo es. IV. Dictámenes que consulten proyecto de ley o decreto y que deban sufrir una lectura. No lo es. V. Memoriales de los particulares. No lo es. VI. Dictámenes señalados para discutirse. No lo es. VII. Minutas de ley. Tampoco lo es.
Es un informe de la Comisión Investigadora del Banco Nacional Pesquero y Portuario, por eso mismo es que seguramente el propio representante del Partido Popular Socialista en las reuniones previas, la que concluimos hace uno minutos incluida, jamás objetó este orden del día, señor diputado. Estas son las razones que a grandes rasgos la Presidencia pone a consideración de esta asamblea y de usted mismo, señor diputado.
El diputado José Enrique Rojas Bernal (desde su curul): - Pido la palabra, señor Presidente, sobre el mismo tema.
El Presidente: - Adelante, diputado.
El diputado José Enrique Rojas Bernal: - Gracias, señor Presidente; señores diputados: La práctica que se ha venido empleando para tratar de darle orden a la discusión en esta Cámara, no puede en ningún momento ignorar ni pasar por encima de las disposiciones vigentes reglamentarias. En ese sentido intervengo en esta tribuna, para pedirle a la Presidencia, y desde luego al conjunto de las fracciones, que se acate la disposición reglamentaria que norma nuestro desempeño en la sesión plenaria y se modifique esta propuesta del orden del día en el sentido en que lo presenta el ciudadano diputado Alfredo Reyes, del Partido Popular Socialista.
En este aspecto concreto pedimos que en el punto número tres entren las iniciativas de los ciudadanos diputados y el informe respecto de la Comisión Especial Investigadora del Banco Nacional Pesquero y Portuario ocupe el lugar que el propio reglamento le da, de acuerdo al carácter de este informe de comisión. Gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Dionisio Pérez Jácome.
El diputado Dionisio E. Pérez Jácome: - Señor Presidente; compañeros diputados: Curiosamente es coincidente el criterio emitido por
el compañero del Partido Popular Socialista y por la Presidencia de esta Cámara. En efecto, el tema no est comprendido expresamente en el artículo 30 del reglamento, que menciona los siete materiales, objetos de estudio, análisis, de discusión y en su momento de votación por esta Cámara. En estricto sentido, ninguno de ellos corresponde, como la Presidencia ha apuntado, a la naturaleza y característica del documento que la Comisión Especial Investigadora del Banco Nacional Pesquero y Portuario presentará hoy al pleno de la Cámara.
Estamos ante la necesidad de integrar reglamentariamente, una norma, pero no integrarla a nuestro capricho, no integrarla definitivamente en términos del muy subjetivo juicio u opinión de algún diputado o inclusive de la directiva de la Cámara; tenemos que integrarlo por mayoría de razón y el criterio que en este caso ha sustentado la Presidencia de la Cámara, es precisamente el hacer extensivo el espíritu de la disposición reglamentaria que habla de conocer en un momento dado de la sesión en el segundo paso de la misma, de las comunicaciones que se han recibido.
Es cierto, ésta no es una comunicación de otro poder, es una comunicación con una característica y condición especial que una comisión investigadora dirige al pleno, en función de un acuerdo parlamentario.
Pero para integrar en tal sentido la interpretación de esta disposición reglamentaria de que estamos ayunos, la disposición aplicable es la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, que tiene, como todos ustedes saben, un rango superior a nuestro reglamento.
Al conferir el artículo 34 de la ley orgánica una serie de atribuciones a la Presidencia, le encomienda en el inciso d, cumplimentar el orden del día para las sesiones, tomando en consideración las proposiciones de la Gran Comisión y de los grupos parlamentarios.
Independientemente de que esos grupos parlamentarios representados en la sesión previa de directiva hayan estado de acuerdo con esta decisión, con esta inclusión en esta parte del orden del día, si el pleno tuviera una opinión discrepante, diferente o desautorizante de la opinión de la directiva, la propia Ley Orgánica del Congreso y el reglamento, establecen la posibilidad de que el pleno objete o elimine, cancele, tome una decisión distinta a la de la directiva.
Por tanto propongo a este pleno, en obvio naturalmente de evitar retardos que ninguno de nosotros desea, que la directiva consulte al pleno si esa decisión, apoyada en la sugerencia de los grupos parlamentarios y en las atribuciones que le compete la ley, repito, si esa decisión el pleno la hace suya también y consideramos en este apartado en el que se ha indicado como tal, en función de la mayoría de razón que asiste tal criterio y de la ausencia de la disposición expresa de reglamento, el informe que la comisión da al pleno y si por tanto se procede a darle lectura. Muchas gracias.
El diputado Alfredo Reyes Contreras (desde su curul): - Señor Presidente, pido la palabra.
El Presidente: - Adelante, diputado Reyes.
El diputado Alfredo Reyes Contreras: - Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados: El Partido Popular Socialista en esta discusión que no hubiéramos deseado, est exigiendo a la Presidencia nos sujetemos en el orden del día, al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos.
Efectivamente, como lo dijo el diputado Pérez Jácome, ese orden del día no puede elaborarse a capricho de nadie y sobre todo porque estamos defendiendo la preferencia que corresponde a las iniciativas de ley. El reglamento, en su artículo 30, muy claramente lo señala, primero corresponde la lectura del acta de la sesión anterior, en segundo lugar las comunicaciones de la otra Cámara, se refiere a la Cámara de Senadores, del Ejecutivo de la Unión, de la Suprema Corte de Justicia, de las legislaturas y de los gobernadores.
Aquí, con la intención de colocar un informe que debe rendir la comisión especial que investiga el caso del Banco Nacional Pesquero y Portuario, se le da el nombre de comunicación.
El día de ayer cuando se estuvo elaborando el orden del día no aparecía como comunicación, sino como informe de la comisión especial y hoy, sorpresivamente, aparece como comunicación; pero no se trata de comunicación del Senado, ni del Ejecutivo de la Unión, ni de la Suprema Corte de Justicia, ni de las legislaturas, ni de los gobernadores, es un informe que en todo caso debe ubicarse en otro lugar, pero no en este segundo punto del orden del día. El tercer punto del orden del día, por reglamento, se refiere a las iniciativas del Ejecutivo, de las legislaturas y de los individuos de la Cámara.
En consecuencia, nosotros estamos reclamando que se respete el reglamento para que tenga el lugar que corresponde a las iniciativas que diferentes grupos parlamentarios van a presentar en
esta sesión y que el informe de la comisión especial se ubique en otro lugar.
Pero por otra parte, le quiero señalar al diputado Pérez Jácome, y a la Presidencia, que la elaboración del orden del día no fue un acuerdo de los coordinadores, precisamente se estaba discutiendo esta situación y nosotros, el Partido Popular Socialista, como lo plantea al plenario, exige el respeto al reglamento y que ajustemos nuestros trabajos al Reglamento Interior que norma nuestra actividad. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Gerardo Medina.
El diputado Gerardo Medina Valdez: - Señor Presidente; señoras y señores diputados: Como lo acaba de señalar el diputado del Partido Popular Socialista, los asuntos en la Cámara tienen una jerarquía reconocida expresamente: hay de iniciativas de ley hasta el final.
No es posible que se cometa, a esta pleno, la injuria de ignorar las disposiciones que rigen su funcionamiento. No es posible que este pleno "se trague" la maniobra de transformar lo que es un informe de una comisión especial, a una simple y burocrática comunicación. Si se acudió a este recurso para introducirlo con una prioridad superior a la de la iniciativa de ley, es una maniobra que debe ser desechada por este pleno.
Con esa misma arbitrariedad, si el señor Pérez Jácome comunica a esta Cámara que se retira tres meses del ejercicio de su función, va a tener prioridad sobre cualquier otro asunto en el orden de día de esta Cámara. La comunicación, en última instancia, si no est reconocida dentro de un reglamento que hay que modificar, en eso estamos todos de acuerdo, debe ir hasta el último lugar.
Respetar el orden jerárquico de asuntos que debe abordar el pleno de la Cámara de Diputados, y dejar lo que no est contemplado con sentido de prioridad, en el lugar que le corresponde. Si es a las 12 de la noche, aquí estaremos para tratar esa comunicación de la comisión especial, pero no hay derecho a injuriar a este pleno, introduciendo por la puerta trasera un asunto, con simplemente llamarlo comunicación. (Aplausos.)
El Presidente: - Consulte la secretaría al pleno de esta asamblea si aprueba o no el orden del día, en los términos en que se ha presentado.
La secretaria diputada Hilda Anderson Nevárez de Rojas: - Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, la secretaría pregunta la asamblea si est de acuerdo con el orden del día...
(Voces): - ¡Moción de orden!
El Presidente: - Permítame tantito antes de desahogar este punto, diputada.
¿Quiere usted hacer uso de la palabra?
El diputado Jesús Ortega Martínez (desde su curul): - ¡Si!
El Presidente: - Adelante.
El diputado Jesús Ortega Martínez (desde su curul): - ¡No se puede poner a consideración del pleno, porque se viola el reglamento!
El Presidente: - Jesús Ortega, hemos escuchado argumentos de uno y otro signo en esta tribuna. Se esgrimieron las razones, no de la Presidencia, porque la Presidencia no formuló este orden del día, sino de los representantes de los grupos parlamentarios para llevarlo a cabo. Hicimos también alusión a la reunión que hoy por la mañana, con este documento que se est presentando aquí, se tuvo con los señores representantes de los grupos parlamentarios.
Hasta el último momento ha surgido una impugnación, que ha sido ya discutida por quienes lo han querido hacer.
En consecuencia, no hay ninguna violación de carácter reglamentario, ni en la proposición ni mucho menos en el desahogo de este punto de orden del día.
Proceda la secretaría...
El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): ¡Señor Presidente!
El Presidente: - Diga usted.
El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): - Lo que se ha resuelto es que no se lean las 75 cuartillas del informe, sino que se repartan. Eso sería lo correcto.
El Presidente: - Diputado Pablo Gómez, es preferible que pase usted a la tribuna a dar a conocer su punto de vista.
El diputado Pablo Gómez Alvarez: - Ciudadano Presidente de la Cámara: Lo que se resolvió en la reunión de los representantes de los grupos parlamentarios que se encarga de elaborar el orden del día, fue que el informe que ha presentado
la mayoría de la comisión investigadora y que consta, me parece que de más de 40 cuartillas, no se leyera con el propósito de que los diputados se concentraran en la discusión del contenido y no en escuchar la historia, entre otras cosas, de la formación del banco, que viene en el dictamen o en el informe. Pero considerando que el informe de la mayoría priísta de la comisión no se ha repartido entre los ciudadanos diputados, es absolutamente lógico que para conocerlo y debatirlo nos esperemos a que se hagan las suficientes copias y se repartan entre los ciudadanos diputados con el propósito de que éstos puedan darle lectura y saber, por lo menos, cuál es el contenido de la exposición de motivos del informe y no solamente sus resolutivos.
En otro orden de ideas, en efecto, no se trata de una comunicación sino de la presentación de un informe y de acuerdo con el reglamento las iniciativas de ley van antes, eso también es un hecho que no fue tomado en cuenta, nadie lo planteó en la reunión de los representantes de los grupos a fin de hacer el orden del día, pero que en este momento se puede considerar, aunque sea por primera vez.
Yo le agradecería a usted, señor Presidente, que atendiera la necesidad indiscutible de que el informe sea debidamente entregado a los ciudadanos diputados, porque a todos ellos compete el resultado de esta investigación. Muchas gracias.
El Presidente: - Diputado Bernardo Bátiz, en el uso de la palabra.
El diputado Bernardo Bátiz Vázquez: - Señor Presidente; señores: Aquí se ha manejado como un argumento para presentar esta comunicación, como se le llama, de la Comisión Especial Investigadora del Banco Nacional Pesquero y Portuario, que los coordinadores en la reunión de ayer estuvimos de acuerdo con este orden del día, tal como se presenta ahora.
Quiero simplemente aclarar que en un acuerdo anterior para poner orden a los asuntos que se tratan en la Cámara, se acordó abrir varios capítulos, uno de ellos es iniciativas de ley, otro proposiciones, otro toma de posiciones, comentarios y declaraciones y otro de denuncias, que no están contemplados en el reglamento. Esta que se ha llamado comunicación y que ayer se mencionaba como informe, efectivamente, fue registrada ayer junto con los demás asuntos que cada fracción parlamentaria, cada grupo parlamentario registra, pero no se determinó desde ayer cuál era el número que le correspondería en el orden. Esto se hace posteriormente de acuerdo con la naturaleza de cada uno de los puntos, las iniciativas de ley en su capítulo; las proposiciones en el de proposiciones, etcétera.
Yo propondría al señor Presidente, para evitar esta discusión que es de puro trámite, que se cumpla estrictamente con el reglamento, que se le dé a las iniciativas de los señores diputados la jerarquía que les corresponde conforme al artículo 30 del reglamento y que una vez que se hayan presentado las iniciativas, que son los puntos del cuatro al 12 del orden del día, en seguida se ponga a consideración este informe o comunicación de la comisión especial, estaremos entonces cumpliendo con el reglamento y también dándole una importancia que debe tener este informe, al que est , sin duda, atenta la opinión pública.
El Presidente: - La secretaría es instruida en este momento para que dé lectura a los artículos 18 y 19 del reglamento.
El secretario diputado Salvador Sánchez Vázquez: - "Artículo 18. El Presidente, en sus resoluciones, estará subordinado al voto de su respectiva Cámara".
"Artículo 19. Este voto será consultado cuando algún miembro de la Cámara reclame la resolución o trámite del Presidente, previa una discusión en que podrán hablar dos individuos en pro y dos en contra, lo cual se podrá hacer siempre que no haya mediado votación en el mismo negocio y se adhieran a la reclamación, por lo menos, dos de los individuos presentes."
El Presidente: - Señores diputados: Realmente la situación se ha complicado considerablemente, porque en primer término creíamos que solamente el señor diputado del Partido Popular Socialista objetaría este orden del día, tal y como se había presentado, cuando menos el día de hoy por la mañana, en reunión preliminar con los representantes de los grupos parlamentarios.
Sin embargo, tanto el Partido de la Revolución Democrática, a través de su vocero, como el Partido Acción Nacional, a través del mismo y otros señores diputados, incluido el Grupo Independiente, han impugnado el orden del día que estaba aprobado.
Esta Presidencia convoca a los señores de los grupos parlamentarios para que en lo sucesivo los órdenes del día que hayamos aprobado se respeten escrupulosamente, pero en atención a las impugnaciones plurales que aquí se han manifestado, no hay ningún inconveniente de esta Presidencia para dar cabida a lo que se ha reclamado como punto medular de la discusión: que se presenten primero las iniciativas de ley e
inmediatamente después lo relativo a este punto del orden del día.
En consecuencia, la secretaría siga con el trámite, haciendo esta alteración convenida en el orden del día.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El secretario diputado Fernando Antonio Lozano Gracia: - Se dará lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, celebrada el día diecinueve de abril de mil novecientos noventa, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones de la Quincuagésima Cuarta Legislatura.
Presidencia del diputado Javier López Moreno
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con dieciocho minutos del día diecinueve de abril de mil novecientos noventa, con una asistencia de trescientos ochenta y cinco diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La secretaría da lectura al orden de día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que, sin discusión, se aprueba en sus términos en votación económica.
Se concede el uso de la palabra a la diputada Carmen Segura Rangel, del Partido Acción Nacional, quien honra la memoria del diputado Donaciano Ambrosio Velasco, recientemente fallecido.
Para honrar la memoria del diputado Arturo Armendáriz Delgado, se concede el uso de la palabra a la diputada Rebeca Anchondo Fernández, del Partido Revolucionario Institucional.
Por instrucciones de la Presidencia, la asamblea guarda un minuto de silencio en memoria de los diputados fallecidos.
Se da cuenta con una invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del centésimo trigésimo sexto aniversario luctuoso del general Nicolás Bravo. Para asistir a ese acto en representación de la Cámara de Diputados, el Presidente designa a los diputados Alberto Bernal González y Blas Vergara Aguilar.
A nombre del Partido Acción Nacional, hace uso de la palabra el diputado Jorge Galván Moreno, quien presenta una iniciativa de reformas a la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.
Se concede el uso de la palabra al diputado Noé Aguilar Tinajero, del Partido Acción Nacional, quien presenta una iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Aborda la tribuna el diputado Jesús Arellano Aguilar, del Partido Acción Nacional, quien presenta una iniciativa de reformas a la Ley del Servicio de Banca y Crédito. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentra el ciudadano Jaime García Martínez, electo como diputado suplente en la quinta circunscripción y designa, para que lo introduzcan en el recinto y lo acompañen en el acto de rendir su protesta de ley, a los diputados Eduardo Arias Aparicio, Blanca Leticia Escoto y Albertina Barbosa de Meraz.
Cumplido el acto protocolario, el diputado García Martínez entra en funciones de inmediato.
Hace uso de la palabra el diputado Patricio Estévez Nenninger, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien propone que se prorrogue hasta el día veinticinco de mayo, el plazo para que la Comisión Especial Investigadora del Banco Nacional Pesquero y Portuario concluya sus trabajos. Se turna a la misma comisión.
Se concede el uso de la palabra al diputado Francisco Melo Torres, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien comenta la llamada Miscelánea Fiscal y solicita que se cite a diversos funcionarios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Para honrar la memoria del general Emiliano Zapata, en el septuagésimo primer aniversario luctuoso, hacen uso de la palabra los diputados Horacio Labastida Muñoz, del Partido Revolucionario Institucional; Pablo Ávalos Castro, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Félix Mercado Téllez, del Partido Popular Socialista; Manuela Sánchez López, del Partido de la Revolución Democrática, quien solicita que se guarde un minuto de silencio, a lo que la asamblea accede; Zeferino Esquerra Corpus, del Partido Acción Nacional; Mariano Leyva Domínguez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y Francisco Chávez Alfaro.
Para referirse al aniversario de la invasión norteamericana al puerto de Veracruz, hacen uso de la palabra los diputados Belisario Aguilar Olvera, del Partido Popular Socialista y Américo Flores Nava, del Partido Revolucionario Institucional.
Para comentar la comparecencia del Jefe del Departamento del Distrito Federal ante la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, hacen uso de la palabra los diputados Miguel Aroche Parra, del Partido de la Revolución Democrática.
Presidencia del diputado Juan Díaz Aguirre
Juana García Palomares, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y Esther Kolteniuk de Césarman, del Partido Revolucionario Institucional.
Presidencia del diputado Javier López Moreno
Se concede el uso de la palabra al diputado Armando Duarte Móller, presidente de la Comisión de Pesca, quien se refiere al problema de la protección de las especies marinas y los problemas de comercialización con los Estados Unidos de América. Presenta un pronunciamiento que se turna a las comisiones correspondientes.
Para denunciar actos de supuestos narcotraficantes en el Itsmo de Tehuantepec, hace uso de la palabra el diputado Teodoro Altamirano Robles, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
Se concede el uso de la palabra al diputado Israel Galán Baños, quien comenta las relaciones comerciales de México con el exterior.
Para referirse al problema de los jubilados y pensionistas, hacen uso de la palabra los diputados Mario Rojas Alba, del Partido de la Revolución Democrática; Leopoldo Salinas Gaytán, del Partido Acción Nacional, quien es interrumpido por el diputado Melo Torres, quien desde su curul reclama el quórum.
El Presidente hace las explicaciones correspondientes y continúan debatiendo sobre el mismo tema los diputados Víctor Ávalos Limón; Alberto Pérez Fontecha, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Manuel Ponce González, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos; Víctor Manuel Sarabia Luna, del Partido Revolucionario Institucional y Mario Rojas Alba, del Partido de la Revolución Democrática, para contestar alusiones personales.
Para denunciar problemas de su partido en el estado de Chiapas, hace uso de la palabra el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Se turna a las comisiones de Derechos Humanos y de Información, Gestoría y Quejas.
Hace uso de la palabra el diputado Gerardo Ávalos Lemus, del Partido de la Revolución Democrática, para denunciar conflictos agrarios en los estados de Jalisco, Chiapas, Michoacán y en La Laguna.
Para expresar sus opiniones sobre el mismo asunto, hace uso de la palabra el diputado Ramiro Hernández García, del Partido Revolucionario Institucional.
Para denunciar arbitrariedades en las tarifas de Teléfonos de México, se concede el uso de la palabra al diputado Lorenzo Treviño Santos. Se turna a las comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Información, Gestoría y Quejas.
Sube a la tribuna el diputado José Antonio Ríos Rojo, del Partido de la Revolución Democrática, para denunciar el problema ecológico de la Bahía de Ceuta, en el estado de Sinaloa. Se turna conforme lo solicita en su escrito.
Agotados los asuntos en cartera, la secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las diecisiete horas con veintitrés minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo martes veinticuatro de abril de mil novecientos noventa, a las diez horas.»
Est a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor Presidente.
COMUNICACIONES
El secretario diputado Rubén García Farías:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Gobierno del estado libre y soberano de Aguascalientes. - Poder Legislativo. - Honorable LIV Legislatura.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados. - Honorable Congreso de la Unión. - Avenida Congreso de la Unión sin número, México, D.F.
Nos permitimos hacer de su conocimiento que la honorable LIV Legislatura del estado libre y
soberano de Aguascalientes, con esta fecha inició su Primer Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de ejercicio constitucional, habiéndose elegido la mesa directiva que presidirá los trabajos relativos en la forma siguiente:
Diputados: presidenta, Alicia Ibarra Rodríguez; vicepresidente, Sergio Jiménez Muñoz; secretarios: Antonio Sánchez Gómez e Ignacio Campos Jiménez y prosecretario, Gilberto Carlos Ornelas.
Al hacer de su conocimiento lo anterior, nos es grato reiterarle las muestras de nuestra consideración distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Diputados: Alicia Ibarra Rodríguez, presidenta; secretarios: Antonio Sánchez Gómez e Ignacio Campos Jiménez.»
Trámite: - De enterado.
El mismo Secretario diputado:
«Escudo. - Poder Legislativo. - Campeche. - LIII Legislatura.
Honorable Congreso de la Unión. - Ciudad de México, D.F.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 21 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del estado en Campeche, me permito comunicarle que el día 19 de febrero del presente año, se eligió la directiva que fungirá durante el presente mes, quedando integrada por:
Diputados: presidente, Ermilo Sandoval López; vicepresidente, Armado Brown del Rivero; secretarios: Enrique Negroe Pawling y Efraín Xool Uc.
Asimismo, le comunico que el día 1o. del actual, la LIII Legislatura abrió el Segundo Período de Sesiones Ordinarias de su Primer Año de ejercicio constitucional.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Campeche, Campeche, marzo 2 de 1990. - El presidente de la directiva, diputado Ermilo Sandoval López.»
Trámite: - De enterado.
La secretaria diputada Hilda Anderson Nevárez de Rojas:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Honorable Congreso del estado de Guanajuato.
Honorable Cámara de Diputados al Congreso de la Unión. - México, D.F.
El honorable Quincuagésimo Cuarto Congreso Constitucional del estado libre y soberano de Guanajuato, en sesión de esta fecha, abrió y clausuró su Primer Período Extraordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de su ejercicio constitucional; designando la mesa directiva de la forma siguiente:
Diputados: presidente, Néstor Raúl Luna Hernández; vicepresidente, Nicolás Rangel Jiménez; primer secretario, Wolstano Franco Franco; segundo secretario, Luis González Espinosa, y prosecretario, José Xerman Vázquez Alba.
Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos a que haya lugar.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guanajuato, Guanajuato, 9 de marzo de 1990. - Diputados suplentes: Wolstano Franco Franco y Luis González Espinosa.»
Trámite: - De enterado.
INICIATIVAS DE DIPUTADOS
LEY EN MATERIA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
El Presidente: - Señores diputados, de acuerdo con la corrección que se introdujo en el orden del día, pasamos ahora al capítulo de iniciativas de los ciudadanos diputados.
En el uso de la palabra, por el grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el señor diputado Alberto Pérez Fontecha, presentará una iniciativa relativa a la ley en materia de jubilados y pensionados, y en turno, para hablar sobre una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el señor coordinador del mismo grupo parlamentario.
El diputado Alberto Pérez Fontecha: - «Con el permiso de la Presidencia;
compañeros diputados; amigos jubilados y pensionados que hoy nuevamente nos acompañan: En la pasada sesión y ante la problemática por la que atraviesan los jubilados y pensionados y las viudas de éstos, hicimos mención que en la LIII Legislatura, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, a través del entonces diputado parmista licenciado Carlos Enrique Cantú Rosas, presentó iniciativa de adiciones y reformas a la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos y a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, que protegieran a los jubilados y pensionados; iniciativa que por unanimidad fue turnada a las comisiones respectivas para su estudio, dictamen y aprobación en su caso.
Pero qué sucedió con esa iniciativa presentada ante la legislatura pasada, lo mismo que est sucediendo en esta Legislatura, que las comisiones sólo tramitan los asuntos que por consigna le son encargados, no importando para ello violar el anacrónico Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 87 señala que toda comisión deberá presentar su dictamen dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que los haya recibido, y cuando alguna comisión juzgue necesario o conveniente demorar o suspender el despacho de algún asunto, el artículo 91 del mencionado anacrónico reglamento señala que deberá manifestarlo al pleno de la Cámara en sesión secreta antes de que expire el plazo de cinco días, así es como dentro del anacrónico reglamento, compañeros diputados, deben funcionar las comisiones que designamos, desgraciadamente esto no se cumple, y no se cumple porque en la mayoría de los casos los presidentes de comisión tienen que pedirle permiso al pastor del rebaño sagrado para que los autorice.
Al inicio de los trabajos de esta Legislatura, nuevamente mi partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana, presentó adiciones y reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social para proteger a los jubilados y pensionados, y las presentó porque fuimos informados que lo presentado en la LIII Legislatura por Cantú Rosas había desaparecido de los archivos de las comisiones encargadas, pero más aún otros partidos políticos también presentaron iniciativas de adiciones y reformas y tampoco han sido estudiadas y dictaminadas.
El 26 de diciembre de 1988, hace más de 15 meses, el pleno de esta Cámara, ante una serie de consideraciones, aprobó adiciones y reformas a la Ley del Seguro Social, que en principio abrían una puerta de esperanza a este sector de jubilados y pensionados, mismos que se encontraban y encuentran como hoy en una situación crítica, sin embargo poco les duró el gusto y poco les duraría esta esperanza a los jubilados y pensionados, ya que los aumentos de precios en los alimentos , con todo y pacto, los incrementos en las rentas de las casas habitación, el aumento en el transporte, el incremento en el pago del impuesto predial y en los derechos de agua, no tan solo hacían mínimo lo logrado, sino que en algunos casos el aumento a su pensión resultaba insuficiente para pagar los incrementos de que eran objeto.
Para mi partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana, no son válidos los argumentos del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando su director general declara y manifiesta que cualquier incremento a las pensiones y jubilaciones requiere de elevar las cuotas obrero - patronales, para nosotros declaraciones y manifestaciones como ésta, sólo pretenden desviar la responsabilidad institucional del Seguro Social, ya que la actual dirección, si es institucional es responsable de administraciones anteriores por solapar irregularidades en el funcionamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Tanta culpa tiene el que mata la vaca, como el que le ata la pata, no hay, ni hubo, ni habrá justificación al haber utilizado, posiblemente con fines lícitos, el dinero del fondo para pensiones y jubilaciones, la ley es clara y el concepto de la recaudación de esta cuota es específica. Los diputados federales de todos los partidos políticos no podemos ahora justificar que el Instituto Mexicano del Seguro Social no tenga dinero en ese fondo, o que no sea suficiente y no podemos justificarlo, porque tampoco en su tiempo se informó a este Poder Legislativo que se usaría ese fondo y para qué se usaría el ahorro que estaban aportando los que a la larga serían jubilados y pensionados. Este es un problema del Poder Ejecutivo y será el Poder Ejecutivo el que tendrá que resolverlo.
El Poder Ejecutivo sabe por qué y para qué se tomó el fondo que era de pensionados y jubilados, él será el que encuentre la solución a este problema. El Poder Legislativo tiene la responsabilidad de actualizar el marco jurídico, y en este caso específico no so trata de que el fondo creado no alcance a satisfacer las necesidades mínimas de los jubilados y pensionados, se trata de que el fondo fue utilizado.
Además, debemos estar conscientes, compañeros diputados, que este grupo de honorables conciudadanos, como son los jubilados y pensionados, que habiendo entregado todo su esfuerzo en beneficio de la sociedad mexicana, se ven mutilados en su esperanza, porque han expuesto
sistemáticamente sus necesidades y legítimos reclamos en forma desesperada a las distintas instancias del sector público, y no tan sólo no han sido atendidos, sino que en muchas ocasiones ni siquiera escuchados.
Mucho podríamos decir en cuanto a cifras estadísticas, pero lo que es urgente, compañeros diputados, es que en un acto reflexivo, de conciencia, nos preguntemos si es justo que quienes han entregado la mayor parte de su vida a la producción y al beneficio de la nación, simplemente al llegar a la tercera edad sean ignorados.
Esta acción debe provocar y provoca serias inquietudes entre los jóvenes trabajadores que hoy se esfuerzan en sus labores, al preguntarse si es de justicia que cuando el vigor y la fortaleza hayan terminado, sean tratados injustamente como ciudadanos de segunda o de tercera como hoy acontece lamentablemente.
No podemos exigir que nuestros jóvenes vuelen, cuando permitimos que los mayores se arrastren.
Los jubilados y pensionados, hombres y mujeres que han alcanzado la tercera edad, no son ajenos a los fenómenos de crisis e inflación y por lo mismo con un raquítico pago se está condenando a muchos miles de mexicanos a morir de inanición, cuando sólo se arguye falta de presupuesto, sin haber tenido siquiera la atención, por el más elemental sentido de humanismo, de efectuar estudios o dejar de construir obras verdaderamente amenazantes como Laguna Verde, o bien aplicar a este noble y justo objetivo los altos costos de las campañas publicitarias en televisión de las instituciones de banca y crédito que se suponen todavía son del gobierno, o los cuantiosos subsidios a empresas paraestatales que están quebradas técnica, física y moralmente, con tan sólo estos recursos se podrían resolver los problemas de los jubilados y pensionados.
También podríamos hablar del derecho comparado en la protección integral de los ancianos, pero todo lo que mencionáramos al respecto de los jubilados y pensionados se reduciría a una sola interrogante: ¿existe voluntad política de rescatar de la pobreza extrema a los jubilados y pensionados?
Para nosotros la contestación es muy sencilla, y los jubilados y pensionados que hoy nos acompañan serán testigos de quiénes se oponen a resolver, aunque sea mínimamente, su problema económico.
Por ello, señor Presidente, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 55, fracción II; 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, el grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana presenta iniciativa de decreto que reforma y adiciona el primer párrafo del artículo 168 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:
Artículo 168. El monto de la pensión de invalidez, de vejez, o de cesantía en edad avanzada, y de las viudas o viudos no podrán ser inferior al salario mínimo general que rija para el Distrito Federal, al monto de la pensión que reciba el beneficiario se le agregarán las asignaciones familiares y ayudas asistenciales que en su caso corresponda.
Palacio Legislativo, a 24 de abril de 1990. - Por el grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Diputados: Alberto Pérez Fontecha, Oscar Mauro Ramírez Ayala, Juan Jaime Hernández, Vicente Luis Coca Alvarez, Marco Antonio Castellanos López, José Francisco Melo Torres, Pablo Ávalos Castro, Teodoro Altamirano Robles, Ernesto Aureliano Jiménez Mendoza y Gilberto Ortíz Medina.''
El Presidente: - Túrnese a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social para la atención que proceda.
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO
GENERAL DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS
El Presidente: - En uso de la palabra el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, coordinador del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, dará lectura a una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala: - Señor Presidente: compañeras y compañeros diputados:
''EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En pasadas reformas y adiciones constitucionales, se fijaron nuevos lineamientos normativos para regir tanto la organización como la actividad del Congreso de la Unión, habiéndose elevado a rango constitucional los procedimientos y la agrupación que los diputados deben realizar según su afiliación de partido y la corriente política que representan en el Congreso.
Al incrementarse el número de diputados que conformarán la Cámara y al dejar de existir la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, es imprescindible modificar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que esté acorde a la nueva realidad constitucional que impera en el país, resultando necesario eliminar de esta ley reglamentaria el recurso de reclamación, que si bien es cierto tiene sustento constitucional, todavía en la actualidad, por lo que respecta a la obligación que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual está facultada para practicar de oficio la averiguación de algún hecho o hechos que constituyan la violación al voto público.
También es imprescindible actualizar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ya que las normas vigentes señalan que la Cámara de Diputados se integrará con 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa y hasta por 100 diputados electos según el principio de representación proporcional, cuando la realidad y la Constitución establecen que la composición de este cuerpo legislativo será por 500 legisladores, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional.
La norma constitucional que se encontraba vigente hasta hace unos meses, señalaba que el Colegio Electoral debería estar integrado por todos los presuntos diputados que la fueran a integrar, lo que indudablemente ocasionó que en el pasado Colegio Electoral se vivieran agotadoras sesiones y debates que por su carácter fueron históricas, pero que en la práctica resultaron del todo inoperantes, por ello, al modificarse de nuevo el artículo 60 constitucional, permitirá la existencia de un Colegio Electoral ágil y expedito, siempre y cuando el mismo quede conformado de forma plural por 70 diputados de elección uninominal que hubiesen obtenido el mayor número de votos en su distrito y por 30 plurinominales que designen los partidos políticos; por 100 presuntos diputados que representen a todas las corrientes políticas existentes en el país y que también formen parte de la mesa directiva y de las comisiones, que en su oportunidad lleguen a dictaminar la legitimidad de las elecciones, resultando que tanto la directiva como las comisiones, por ley deberán ser conformadas por los presuntos diputados de todos los partidos políticos que llegasen a tomar parte de la Cámara de Diputados.
También es urgente actualizar las fechas de instalación de la Cámara de Diputados, acorde a las modificaciones constitucionales vigentes y reglamentar de manera precisa tanto la integración de la mesa directiva como las obligaciones que deba cumplir la directiva de la Cámara de Diputados. Por otro lado, darle participación a los grupos parlamentarios en las decisiones y proposiciones que formule la Comisión Permanente, permitirá que sus actos sean legitimados o cuando menos lleguen a un consenso entre todos los grupos parlamentarios que formen parte del órgano legislativo.
De igual forma, es necesario que se reglamente el tiempo que deben utilizar los oradores en tribuna, ya que el número de los integrantes de la Cámara de Diputados es alto y no todos podrían intervenir en una sesión. También es necesario reglamentar el voto de los legisladores de manera que sea secreto y expedito, ya que consideramos que no hay libertad para algunos legisladores en la forma en que quieren emitir su voto.
Por último, reglamentar la existencia de los comités y comisiones que laboran en la Cámara de Diputados es una demanda que no se debe de desestimar en razón de que de ello dependerá una eficiente labor legislativa.
Porque la nueva era legislativa del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana aspira a que todos los actos del Poder Legislativo se apeguen al mandato constitucional, es imprescindible modificar y adicionar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos en los términos que a continuación se expresan.
De conformidad en lo ordenado por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II; 56, 57 y relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos proponer a esta soberanía, iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos siguientes:
TITULO PRIMERO
Del Congreso General
Artículo 1o. El poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General que se divide en dos cámaras, una de Diputados y otra de Senadores.
Artículo 2o. La Cámara de Diputados se integrará con 300 diputados electos, según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales y hasta 200 diputados electos, según el
principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales.
Integrarán la Cámara de Senadores dos miembros por cada estado de la Federación y dos por el Distrito Federal, electos como lo dispone el artículo 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El ejercicio de las funciones de los diputados y los senadores durante tres años constituye una legislatura.
Artículo 3o. El Congreso y las cámaras que lo componen tendrán la organización y funcionamiento que establecen la Constitución General de la República, esta ley y los reglamentos que se deriven de la misma.
Esta ley y sus reformas y adiciones no necesitarán de promulgación del Presidente de la República ni podrán ser objeto de veto.
Artículo 4o. El primer período anual de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión se abre del 1o. de noviembre de cada año y no podrá prolongarse más que hasta el 31 de diciembre; el segundo se abre del 15 de abril y no podrá prolongarse más que hasta el 15 de julio de cada año.
El Congreso o una de sus cámaras podrán ser convocados a periodos extraordinarios de sesiones en los términos que establece el artículo 67 de la Constitución.
Artículo 5o. El Congreso se reunirá en sesión conjunta de las cámaras para tratar los asuntos que previenen los artículos 69, 84,85, 86 y 87 de la Constitución, así como para el acto de clausura de los periodos de sesiones ordinarias y extraordinarias y para celebrar sesiones solemnes.
Artículo 6o. Cuando el Congreso sesione conjuntamente lo hará en el recinto que ocupe la Cámara de Diputados o en el que se habilite para tal efecto y el Presidente de ésta lo será de aquél.
Artículo 7o. El día 1o. de noviembre de cada año, el Congreso se reunirá en sesión conjunta en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados para inaugurar su período de sesiones ordinarias y antes de que se presente el Presidente de la República, el Presidente de la mesa directiva en voz alta declarará: "el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos abre (fecha) el primer (segundo o tercer) período de sesiones ordinarias de la (número) Legislatura".
Artículo 8o. El Presidente de la República acudirá a la apertura de sesiones ordinarias del Congreso y rendirá un informe de conformidad con el artículo 69 de la Constitución.
El Presidente del Congreso contestará el informe en términos concisos y generales y con las formalidades que correspondan al acto.
El informe será analizado por las cámaras en sesiones subsecuentes.
Artículo 9o. El Congreso sesionará con la concurrencia de más de la mitad de sus integrantes, excepto cuando en los términos del primer párrafo del artículo 84 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, constituido en Colegio Electoral y en sesión conjunta, nombre Presidente interino de la República, en que deberán concurrir por lo menos dos terceras partes del total de sus miembros. El nombramiento se otorgará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos de los miembros presentes.
Artículo 10. En el caso de elección presidencial, previsto en el primer párrafo del artículo 84 constitucional, el Congreso convocará a elecciones en un plazo no mayor de 10 días naturales, contados a partir del siguiente al del nombramiento del Presidente interino.
Esta convocatoria no podrá ser vetada por el Presidente interino.
Artículo 11. Los diputados y senadores gozan del fuero que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos o enjuiciados por ellas.
Los diputados y senadores son responsables por los delitos que cometan durante el tiempo de su encargo y por los delitos, faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de ese mismo cargo, pero no podrán ser detenidos ni ejercitarse en su contra en la acción penal hasta que seguido el procedimiento constitucional, se decida la separación del cargo y la sujeción a la acción de los tribunales comunes.
Artículo 12. Los recintos del Congreso y de sus cámaras son inviolables. Toda fuerza pública está impedida de tener acceso a los mismos, salvo con permiso del Presidente del Congreso, de la Cámara respectiva o de la Comisión Permanente, según corresponda, bajo cuyo mando quedará en este caso.
El presidente del Congreso, de cada una de las cámaras o de la Comisión Permanente, en su caso, podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública para salvaguardar el fuero constitucional de los diputados y los senadores y la inviolabilidad de los recintos parlamentarios; cuando sin mediar autorización se hiciere presente la fuerza pública, el Presidente podrá decretar la suspensión de la sesión hasta que dicha fuerza hubiere abandonado el recinto.
Artículo 13. Ninguna autoridad podrá ejecutar mandamientos judiciales o administrativos sobre los bienes del Congreso o de sus cámaras, ni sobre las personas o bienes de los diputados o senadores en el interior de los recintos parlamentarios.
TITULO SEGUNDO
De la Cámara de Diputados
CAPITULO I
Del Colegio Electoral
SECCIÓN PRIMERA
De la calificación de las elecciones
Artículo 14. La Cámara de Diputados antes de la clausura del último período de sesiones de cada legislatura, nombrará de entre sus miembros una comisión plural, de entre los grupos parlamentarios, para instalar el Colegio Electoral que calificará la elección de los integrantes de la legislatura que deba sucederla.
Los miembros de la comisión serán 10 y fungirán uno como Presidente, dos vicepresidentes y otros dos como secretarios y otros cinco como suplentes, que entrarán en funciones sólo cuando falte cualquiera de los propietarios.
La Cámara de Diputados comunicará al organismo electoral federal la integración de la comisión instaladora del Colegio Electoral.
Artículo 15. La comisión instaladora del Colegio Electoral tendrá a su cargo:
I. Recibir las constancias de mayoría de los presuntos diputados que remita el organismo federal electoral, así como las listas e informes del partido que obtuvo el mayor número de dichas constancias en los distritos electorales uninominales e igualmente el porcentaje de la votación obtenida por cada uno de los partidos políticos en las circunscripciones plurinominales.
También recibirá la documentación tanto de las elecciones por el sistema de mayoría relativa, como de las elecciones según el principio de representación proporcional, enviados a la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados por los comités distritales electorales.
II. Requerir a los partidos políticos para que antes del día 12 de octubre correspondiente remitan a la comisión instaladora las listas de los presuntos diputados que en su representación integrarán el Colegio Electoral, previniéndolos que en el caso de no hacerlo, la comisión instaladora citará para integrar dicho colegio a los presuntos diputados de la siguiente manera:
a) Uninominales, a los que hubieren obtenido mayor número de votos conforme a las constancias de mayoría que registre el organismo federal electoral, y
b) Plurinominales, a los presuntos diputados electos en las circunscripciones, conforme a los porcentajes obtenidos y el orden de las listas, hasta completar el número establecido en el artículo 60 constitucional.
III. Entregar las credenciales respectivas a los 100 presuntos diputados que compondrán el Colegio Electoral.
IV. Entregar por inventario a la mesa directiva del Colegio Electoral, las constancias y paquetes mencionados en la fracción I de este artículo.
Artículo 16. La comisión instaladora, al entregar las credenciales a los presuntos diputados que integrarán el Colegio Electoral, los citará para que estén presentes a las 10.00 horas del día 15 de octubre, exigiéndoles constancia de enterados, con el apercibimiento de que si no concurren se harán acreedores a las sanciones previstas por la ley electoral.
Artículo 17. El día y hora indicados en el artículo anterior, presentes en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, la comisión instaladora y los miembros del Colegio Electoral, se procederá a la constitución formal de éste al efecto:
a) La comisión instaladora, por conducto de uno de sus secretarios, dará lectura a la lista e informe recibidos del organismo federal electoral a que se refiere el artículo 15, fracción I de esta ley;
b) Acto continuo, el Presidente de la mesa directiva de la comisión instaladora exhortará a los presuntos diputados a que en escrutinio secreto y por mayoría de votos elijan la mesa directiva del
Colegio Electoral, que se integrará con un Presidente, un vicepresidente, dos secretarios y dos prosecretarios;
c) Hecha la elección de la mesa directiva del Colegio electoral y anunciados los resultados por comisión instaladora, el Presidente de ésta invitará a los integrantes de aquélla a tomar su lugar en el presidium; hará la entrega por inventario de los paquetes electorales, informes y constancias en su poder y dará por concluidas las funciones de la comisión, y
d) El Presidente de la mesa directiva del Colegio Electoral rendirá la protesta de ley y se le tomará a los presuntos diputados miembros del mismo.
Artículo 18. El Colegio Electoral de la Cámara de Diputados calificará la elección de los presuntos diputados y al efecto:
a) Resolverá la de aquéllos que hubieren obtenido mayoría relativa en cada uno de los distritos uninominales, y
b) Asignará a cada partido político nacional siguiendo el principio de representación proporcional de conformidad con el artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las disposiciones relativas de la ley electoral, el número de diputados de su lista regional que corresponda en cada una de las circunscripciones plurinominales. En la asignación se seguirá el orden que tengan los candidatos en la lista respectiva.
En los casos en que así lo resuelva, declarará la nulidad de la elección de que se trate en los términos previstos por la ley electoral.
Artículo 19. El Colegio Electoral no puede abrir sus sesiones ni ejercer sus funciones sin la concurrencia de más de la mitad del número total de sus miembros.
Artículo 20. Para el estudio y dictamen de los expedientes se formarán tres comisiones pluripartidistas en el seno del Colegio Electoral, que contará con un presidente, un secretario y un vocal, el que podrá suplir a uno u otro. Será presidente el primer nombrado, secretario y vocal quienes lo sean en segundo y tercer lugares.
Artículo 21. Las comisiones dictaminadoras procederán en los términos siguientes:
I. La primera, compuesta por 20 miembros para integrar cuatro secciones, dictaminará sobre la elección de los presuntos diputados electos por la mayoría relativa en los distritos electorales uninominales, dando preferencia a los casos que no ameriten discusión;
II. La segunda, compuesta de cinco miembros, dictaminará sobre la elección de los presuntos diputados miembros de la primera comisión y de aquellos casos en los que el organismo federal electoral no hubiere registrado la constancia de mayoría.
III. La tercera, compuesta de cinco miembros, dictaminará sobre las elecciones llevadas a cabo en las circunscripciones plurinominales, según el principio de representación proporcional.
El Presidente del Colegio Electoral distribuirá los expedientes electorales que correspondan a cada una de las comisiones.
Artículo 22. El Presidente de la mesa directiva del Colegio Electoral, hecha la distribución de los expedientes, exhortará a los miembros de todas y cada una de las comisiones para que trabajen con imparcialidad y eficacia, cuidando de que los casos sometidos a su consideración sean dictaminados con celeridad.
Artículo 23. El Colegio Electoral fijará en lugar visible a la entrada del salón de sesiones un aviso firmado por el secretario de la mesa directiva, en que se de noticia, con 24 horas de anticipación cuando menos, de los casos que van a ser tratados en sesión plenaria y pública.
El conocimiento y la calificación de la elección de los diputados deberán estar concluidos el 29 de octubre.
Al cabo de cada sesión y no más de una hora después de su conclusión se publicará por igual medio las resoluciones dictadas. La mesa directiva del Colegio Electoral, durante las 24 horas siguientes, entregará a los diputados cuyos casos fueron aprobados, una tarjeta que les dará acceso al acta de instalación de la Cámara.
Artículo 24. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión calificará y hará el cómputo total de los votos emitidos en todo el país en las elecciones para Presidente de la República, para lo cual, se erigirá en Colegio Electoral a fin de declarar electo Presidente de los Estados Unidos Mexicanos al ciudadano que hubiese obtenido mayoría de votos en las elecciones que al efecto se hubiesen celebrado.
La declaratoria deberá emitirse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se inició el período de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, el año de la elección.
La resolución de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión erigida en Colegio Electoral es definitiva e inatacable.
SECCIÓN SEGUNDA
De la instalación de la Cámara
Artículo 25. Para la instalación de la Cámara, los diputados electos se reunirán el día 31 de octubre a partir de las 10.00 horas. Este acto será presidido por la mesa directiva del Colegio Electoral y se desarrollará conforme al siguiente procedimiento:
a) El secretario del Colegio Electoral dará lectura a la lista de los diputados que hayan resultado electos y comprobando que se tiene la concurrencia que prescribe el artículo 63 de la Constitución, dará la palabra al presidente del colegio;
b) El Presidente pedirá a los diputados asistentes que se pongan de pie y dirá: "Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y si así no lo hiciere que la nación me lo demande";
c) El Presidente tomará a los demás miembros integrantes de la Cámara igual protesta. Acto seguido declarará que el Colegio Electoral ha concluido sus funciones, e invitará a los diputados que elijan la mesa directiva de la Cámara en escrutinio secreto y por mayoría de votos, de acuerdo con las disposiciones de esta ley;
d) Dado a conocer el resultado del escrutinio por el secretario, los integrantes de la mesa directiva pasarán a ocupar su sitio en el recinto y el Presidente de la Cámara dirá en voz alta: "la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos se declara totalmente constituida", y
e) La mesa directiva de la Cámara nombrará enseguida seis comisiones de cortesía, cuya integración y procedimientos se regirán por las disposiciones reglamentarias.
SECCIÓN TERCERA
De las nulidades de elección
Artículo 26. En los términos a que se refiere el artículo 60 de la Constitución General de la República, cada Cámara calificará las elecciones de sus miembros por conducto del Colegio Electoral y éste resolverá en forma definitiva e inatacable todos los recursos de nulidad que se interpongan, las resoluciones de los tribunales electorales sólo podrán ser modificadas por el Colegio Electoral.
Artículo 27. La nulidad de elecciones es procedente cuando los candidatos o los partidos políticos demuestren documentalmente que el candidato es inelegible, que se dieron y probaron las causales de nulidad a que se refiere la ley electoral. En tal caso, la Cámara convocará a elecciones extraordinarias al emitir el dictamen de nulidad; en los casos en que la nulidad afecte a un candidato plurinominal, los partidos políticos propondrán al candidato que debe sustituir al impugnado, pero sólo podrán proponer una fórmula de las que integraron su lista de representación proporcional.
Cuando la elección sea declarada procedente sobre un candidato uninominal, se expedirá convocatoria para nuevas elecciones dentro del propio dictamen.
CAPITULO II
De la mesa directiva
SECCIÓN PRIMERA
De la integración
Artículo 28. La mesa directiva de la Cámara de Diputados se integrará con un Presidente, cinco vicepresidentes, cuatro secretarios y cuatro prosecretarios y será electa por mayoría y en votación por cédula, de entre los integrantes de los diversos grupos parlamentarios, que representen la Cámara de los distintos partidos políticos nacionales.
El nombramiento de los integrantes de la mesa directiva de la Cámara de Diputados se comunicará de inmediato a la colegisladora, al titular del Poder Ejecutivo Federal y al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los secretarios y prosecretarios se elegirán por el período de un año.
Artículo 29. El Presidente y los vicepresidentes durarán en sus cargos un mes y no podrán ser reelectos para esos cargos en el mismo período ordinario de sesiones.
Artículo 30. En la última sesión de cada mes, la Cámara elegirá para el siguiente mes, al Presidente y a los vicepresidentes, quienes asumirán sus cargos en la sesión siguiente a aquélla en que hubieren sido elegidos.
Diez días antes de la apertura del segundo y tercer período ordinario de sesiones de cada legislatura, los diputados elegirán en sesión previa al Presidente y a los cinco vicepresidentes para el mes de noviembre correspondiente. En la misma sesión serán electos los secretarios y los prosecretarios para el segundo y tercer período ordinario de cada legislatura.
Artículo 31. Cuando se hubiere convocado a período extraordinario, la Cámara designará en la primera sesión al Presidente y a los vicepresidentes de la mesa directiva, quienes fungirán por dicho período.
Artículo 32. Los integrantes de la mesa directiva sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causas y en la forma prevista en las disposiciones reglamentarias.
Artículo 33. Corresponde a la mesa directiva, bajo la autoridad de su Presidente, preservar la libertad de las deliberaciones, cuidar de la efectividad del trabajo legislativo y aplicar con imparcialidad las disposiciones de esta ley de reglamentos y los acuerdos que apruebe la Cámara.
En los debates en la Cámara de Diputados podrán intervenir todos sus miembros, las participaciones tendrán una duración máxima de 15 minutos por orador.
El Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos reglamentará las sesiones, los debates y establecerá como norma para la votación, el voto secreto.
SECCIÓN SEGUNDA
De la Presidencia
Artículo 34. El Presidente de la mesa directiva hará respetar el fuero constitucional de los miembros de la Cámara y velará por la inviolabilidad del recinto donde despachen los legisladores y de aquél en que se reúnan a sesionar.
Son atribuciones del Presidente:
a) Respetar y hacer que se cumpla esta ley y los reglamentos que de ella emanen;
b) Dar curso reglamentario a los negocios y determinar los trámites que deban recaer en los asuntos con que se de cuenta a la Cámara, requiriendo a las comisiones que emitan sus dictámenes dentro de los siguientes 15 días en que les fue turnada la iniciativa de ley o proposición;
c) Conducir los debates y las deliberaciones del pleno, respetando el orden en que se inscriban los oradores;
d) Cumplimentar el orden del día para las sesiones, tomando en consideración las proposiciones de la Gran Comisión y de los grupos parlamentarios;
e) Requerir a los diputados faltistas a concurrir a las sesiones de la Cámara y proponer, en su caso, las medidas de sanciones que correspondan con base en el artículo 63 constitucional;
f) Exigir orden y respeto a los legisladores, al público asistente a las sesiones e imponerlo cuando hubiere motivo para ello;
g) Solicitar el auxilio de la fuerza pública en los términos que establece el artículo 12 de esta ley;
h) Firmar con los secretarios y en su caso el Presidente de la Cámara colegisladora, las leyes, decretos y reglamentos que expida la Cámara o el Congreso;
i) Firmar la correspondencia y demás comunicaciones de la Cámara;
j) Presidir las sesiones conjuntas del Congreso General;
k) Representar a la Cámara ante la colegisladora y en las ceremonias a las que concurran los titulares de los otros poderes de la Federación, y
l) Las demás que se deriven de esta ley, del Reglamento Interior y de Debates y de las disposiciones o acuerdos que emita la Cámara.
Artículo 35. Los vicepresidentes auxiliarán al Presidente en el desempeño de sus funciones. El Presidente será suplido en sus ausencias e impedimentos temporales por el vicepresidente que corresponda, de acuerdo con el orden en que hayan sido nombrados.
SECCIÓN TERCERA
De la secretaría
Artículo 36. Son obligaciones de los secretarios y de los prosecretarios cuando suplan a aquéllos:
a) Auxiliar al Presidente en el desempeño de sus funciones;
b) Comprobar al inicio de las sesiones la existencia del quórum requerido, verificándolo cuando
así lo ordene el Presidente a solicitud de un miembro de la Cámara;
c) Extender las actas de las sesiones, firmarlas después de ser aprobadas por la Cámara y asentarlas bajo su firma en el libro respectivo. Las actas cumplirán las formalidades que precise el reglamento;
d) Rubricar las leyes, acuerdos y demás disposiciones o documentos que expida la Cámara o el Congreso;
e) Leer los documentos listados en el orden del día;
f) Cuidar que las iniciativas y los dictámenes que vayan a ser objeto de debate se impriman y circulen con toda oportunidad entre los diputados;
g) Recoger y computar las votaciones y proclamar sus resultados cuando así lo disponga el presidente de la mesa directiva;
h) Abrir, integrar y actualizar los expedientes para los asuntos recibidos por la Cámara y firmar las resoluciones que sobre los mismos asuntos se dicten;
i) Cuidar de que las actas de las sesiones queden escritas y firmadas en el libro correspondiente;
j) Dar cuenta, previo acuerdo del Presidente de la Cámara, con los asuntos en cartera, en el orden que prescriban las disposiciones reglamentarias;
k) Asentar y firmar en todos los expedientes los trámites que se dieren a las resoluciones que sobre ello se tomen;
l) Llevar un libro en que se asienten por orden cronológico y textualmente, las leyes y decretos que expida el Congreso de la Unión o cualquiera de sus cámaras;
m) Coordinar sus labores con las que realice la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados;
n) Vigilar la impresión y distribución del Diario de los Debates de la Cámara de Diputados;
ñ) Expedir, previa autorización del Presidente, las certificaciones que soliciten los diputados, y
o) Las demás que les confiere esta ley o se deriven del Reglamento Interior y de Debates o de otras disposiciones emanadas de la Cámara.
Artículo 37. Las disposiciones reglamentarias señalarán la distribución del trabajo entre los secretarios y los prosecretarios.
CAPITULO III
De los grupos parlamentarios
SECCIÓN PRIMERA
De la integración de los grupos parlamentarios
Artículo 38. Los grupos parlamentarios son las formas de organización que podrán adoptar los diputados con igual afiliación de partido para realizar tareas específicas en la Cámara; su fundamento legal aparece establecido en el artículo 70 constitucional.
Artículo 39. Los grupos parlamentarios coadyuvan al mejor desarrollo del proceso legislativo y facilitan la participación de los diputados en las tareas camerales; además contribuyen, orientan y estimulan la formación de criterios comunes en las discusiones y deliberaciones en que participan sus integrantes.
Artículo 40. Los diputados de la misma afiliación de partido podrán constituir un solo grupo parlamentario y será requisito esencial que lo integren cuando menos cinco diputados.
Los grupos parlamentarios se tendrán por constituidos cuando presenten los siguientes documentos a la mesa directiva de la Cámara:
a) Acta en la que conste la decisión de sus miembros de constituirse en grupo, deberá contener especificación del partido al que pertenece, nombre del mismo y lista de los integrantes, y
b) Nombre del diputado que haya sido electo líder del grupo parlamentario.
Artículo 41. Los grupos parlamentarios deberán entregar la documentación requerida en el artículo precedente, en la sesión inicial del primer período ordinario de sesiones de cada legislatura.
Examinada por el Presidente la documentación referida, en sesión ordinaria de Cámara hará, en su caso, la declaratoria de constitución de los grupos parlamentarios; a partir de ese momento ejercerán las atribuciones previstas por esta ley.
Artículo 42. El funcionamiento, las actividades y los procedimientos para la designación de los líderes de los grupos parlamentarios, serán regulados por las normas estatutarias y los lineamientos de los respectivos partidos políticos, en el marco de las disposiciones de esta ley.
Artículo 43. Los líderes de los grupos parlamentarios serán sus conductos para realizar las
tareas de coordinación con la mesa directiva, las comisiones y los comités de la Cámara de Diputados.
El líder del grupo parlamentario mayoritario podrá reunirse con los demás líderes para considerar, conjuntamente, las acciones específicas que propicien el mejor desarrollo de las labores camerales.
Artículo 44. Los diputados tomarán asiento en las curules que correspondan al grupo parlamentario del que formen parte.
Artículo 45. Los grupos parlamentarios dispondrán de locales adecuados en las instalaciones de la Cámara, así como de los asesores, personal y los elementos materiales necesarios para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con las posibilidades y el presupuesto de la propia Cámara.
SECCIÓN SEGUNDA
De las diputaciones y la Gran Comisión
Artículo 46. Cuando al inicio de una legislatura se hubiese formado una mayoría absoluta de diputados pertenecientes a un mismo partido político, cuya elección se originase en la generalidad de las entidades federativas, el grupo parlamentario que ostente esa mayoría deberá, además de cumplir con lo que dispongan sus normas estatutarias conforme lo dispone el artículo 42 de esta ley, organizarse de acuerdo con las siguientes normas:
I. Los diputados de una entidad federativa integran la diputación estatal y del Distrito Federal;
II. Los coordinadores de cada una de esas diputaciones pasan a formar parte de la Gran Comisión de la Cámara;
III. Constituida la Gran Comisión, sus integrantes designarán una mesa directiva que estará compuesta de un Presidente, dos secretarios y dos vocales, y
IV. El líder del grupo parlamentario mayoritario, será el Presidente de la Gran Comisión.
Artículo 47. La Gran Comisión tendrá a su cargo las siguientes funciones:
I. Dictaminar, formular opiniones y presentar iniciativas sobre los asuntos concernientes a las entidades federativas y a las regiones del país, tomando en consideración las propuestas de las diputaciones;
II. Tramitar y presentar proyectos de resolución, en los casos relativos a la facultad que otorga al Congreso el artículo 116 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos;
III. Proponer a la Cámara la designación del Oficial Mayor y del Tesorero, previa consulta con los líderes de los grupos parlamentarios que integran la Cámara;
IV. Proponer a los integrantes de las comisiones y de los comités, escuchando las proposiciones de los líderes de los grupos parlamentarios;
V. Proponer el proyecto de presupuesto anual de la Cámara de Diputados, una vez que se analicen las necesidades que formulen los líderes de los grupos parlamentarios;
VI. Coadyuvar en la realización de las funciones de las comisiones y de los comités, y
VII. Las demás que le confieran esta ley y las disposiciones reglamentarias.
Artículo 48. La Gran Comisión deberá quedar instalada dentro de los primeros 15 días del mes de septiembre, en términos del artículo 46 de esta ley.
Artículo 49. La Gran Comisión dispondrá de un local adecuado en las instalaciones de la Cámara de Diputados y contará con el personal y los elementos necesarios para el desempeño de sus funciones, con arreglo a lo que determine el presupuesto.
CAPITULO IV
De las comisiones y comités
Artículo 50. La Cámara de Diputados contará con el número y tipo de comisiones que requiera para el cumplimiento de sus atribuciones.
Las comisiones podrán ser:
1. De dictamen legislativo.
2. De vigilancia.
3. De investigación.
4. Jurisdiccionales.
Artículo 51. Las comisiones de dictamen legislativo y la vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, se constituyen con carácter definitivo y funcionan para toda una legislatura; sus integrantes durarán en el cargo tres años. Para los efectos de esta ley se denominan "ordinarias".
Artículo 52. Las comisiones de investigación y las jurisdiccionales se constituyen con carácter transitorio, funcionan en los términos constitucionales y legales y, cuando así lo acuerde la Cámara, conocerán específicamente de los hechos que hayan motivado su integración.
Funciones de las comisiones de investigación y las jurisdiccionales:
Estas comisiones deberán recibir del Poder Ejecutivo Judicial toda la documentación e información que requieran para el cumplimiento de investigación; en ningún caso, se alegará secreto o de otra índole para negar la documentación e información demandados.
Artículo 53. Las comisiones ordinarias se integrarán durante la primera quincena del mes de septiembre del año en que se inicie la legislatura.
Artículo 54. Las comisiones ordinarias serán las siguientes:
Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Comisión de Artesanías.
Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.
Comisión de Asuntos Fronterizos.
Comisión de Asuntos Indígenas.
Comisión de Ciencia y Tecnología.
Comisión de Comercio.
Comisión de Comunicaciones y Transportes.
Comisión de Corrección y Estilo.
Comisión de Cultura.
Comisión de Defensa Nacional.
Comisión del Deporte.
Comisión de Derechos Humanos.
Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios.
Comisión del Distrito Federal.
Comisión de Ecología y Medio Ambiente.
Comisión de Educación Pública.
Comisión de Energéticos.
Comisión de Fomento Cooperativo.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
Comisión Jurisdiccional.
Comisión de Justicia.
Comisión de Marina.
Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial.
Comisión de Pesca.
Comisión de Población y Desarrollo.
Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
Comisión de Reforma Agraria.
Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias.
Comisión de Relaciones Exteriores.
Comisión de Salubridad y Asistencia.
Comisión de Seguridad Social.
Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Comisión de Turismo.
Comisión de Vialidad y Autotransporte.
Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Artículo 55. Las comisiones ordinarias se integran por regla general con un mínimo de 17 diputados electos por el pleno de la Cámara a propuesta de la Gran Comisión, procurando que en ellas se encuentren representados los diferentes grupos parlamentarios.
Todas las comisiones deberán emitir su dictamen dentro de un plazo de 15 días, contando a partir de la fecha en que les fue turnado el asunto, bajo la pena de ser remitido a su directiva cuando concluya el Período Ordinario de Sesiones; al iniciarse, se deberán presentar los dictámenes.
Los diputados podrán formar parte de un máximo de cinco comisiones ordinarias.
Artículo 56. La competencia de las comisiones ordinarias, es la que se deriva de su denominación, en correspondencia a las respectivas áreas de la administración pública federal.
Las comisiones ordinarias de dictamen legislativo ejercerán, en el área de su competencia, las funciones de estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas de ley y de decreto, y de participar en las deliberaciones y discusiones de la asamblea, de acuerdo con las disposiciones del Reglamento Interior y de Debates.
Artículo 57. La Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública actuará de acuerdo con lo dispuesto por las leyes de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, en lo conducente.
Artículo 58. La Comisión de Reglamento, Régimen y Prácticas parlamentarias, se integra con 20 miembros de entre los diputados de mayor experiencia parlamentaria.
Todos los grupos parlamentarios estarán representados en dicha comisión, a la que corresponde:
I. Preparar los proyectos de ley o decreto, para adecuar y perfeccionar las normas de las actividades camerales;
II. Impulsar y realizar los estudios que versen sobre disposiciones normativas, regímenes y prácticas parlamentarias, y
III. Desahogar las consultas respecto de la aplicación e interpretación de esta ley, reglamentos y prácticas y usos parlamentarios.
Artículo 59. La comisión ordinaria de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, ejercerá sus funciones conforme a la Ley Orgánica de la propia Contaduría, en lo que corresponda.
Artículo 60. Son comisiones de investigación las que se integran para tratar los asuntos a que se refiere el párrafo final del artículo 93 constitucional.
Artículo 61. Son comisiones jurisdiccionales las que se integran en los términos de ley para los efectos de las responsabilidades de los funcionarios públicos.
Artículo 62. Las reuniones de las comisiones ordinarias de dictamen legislativo no serán públicas, sin embargo, cuando así lo acuerden, podrán celebrar reuniones de información y audiencia a las que podrán asistir, a invitación expresa, representantes de grupos de interés, peritos u otras personas que puedan informar sobre determinado asunto.
Artículo 63. Las reuniones de las comisiones investigadoras, se atendrán a las disposiciones reglamentarias relativas y las de las comisiones jurisdiccionales se llevarán a cabo en los términos de las disposiciones legales aplicables.
Artículo 64. Las comisiones tomarán sus decisiones por mayoría de votos de sus miembros. Sus presidentes tendrán voto de calidad en caso de empate.
Cuando alguno de los miembros de una comisión disienta de la resolución adoptada, podrá expresar su parecer por escrito firmado como voto particular y dirigido al líder de su grupo parlamentario con copia para el presidente de la comisión, para que aquél, si lo estima conveniente, lo remita al Presidente de la mesa directiva de la Cámara, a fin de que ésta decida si se pone a consideración de la asamblea.
Artículo 65. La Cámara de Diputados contará para su funcionamiento administrativo, con los siguientes comités:
a) De administración;
b) De biblioteca, y
c) De asuntos editoriales.
Los miembros de estos comités, serán designados por el pleno a propuesta de la Gran Comisión. Su integración, actividad y funcionamiento se atendrá a lo dispuesto por las disposiciones reglamentarias.
El Comité de Administración dará cuenta normalmente a la Cámara del ejercicio del presupuesto.
Artículo 66. El Reglamento Interior y de Debates de la Cámara de Diputados regulará, con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución, todo lo relativo a sesiones, debates y votaciones.
La comprobación del quórum y las votaciones, podrán llevarse a cabo por medios eléctricos o electrónicos.
TITULO TERCERO
De la Cámara de Senadores
CAPITULO I
Del Colegio Electoral
Artículo 67. La Cámara de Senadores, antes de clausurar su último período de sesiones, nombrará
de entre sus miembros una comisión para instalar el Colegio Electoral que calificará la elección de los integrantes de la Cámara que deba sucederla.
La comisión se integrará de cinco personas que fungirán: el primero como Presidente, el segundo y tercero como secretarios y los dos últimos como suplentes primero y segundo, quienes entrarán en funciones únicamente cuando falte cualquiera de los miembros propietarios.
Artículo 68. La comisión instaladora de la Cámara de Senadores, tendrá a su cargo:
a) Recibir las declaratorias de las legislaturas de los estados y de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respecto de los presuntos senadores;
b) Firmar las tarjetas de admisión de los presuntos senadores, para que asistan a las sesiones del Colegio Electoral;
c) Instalar el Colegio Electoral, recibiendo la protesta de ley que rinda su mesa directiva, y
d) Entregar por inventario al Colegio Electoral, los expedientes relativos a los presuntos senadores.
Artículo 69. En el año de la renovación del Poder Legislativo los presuntos senadores, sin necesidad de citación, se reunirán en el salón de sesiones de la Cámara a las 10.00 horas del día 15 de agosto.
La comisión instaladora del Colegio Electoral, comprobará si están presentes las dos terceras partes de los presuntos senadores.
Si existe ese quórum se elegirá en escrutinio secreto y por mayoría de votos, la mesa directiva del Colegio Electoral que se compondrá de un Presidente, un vicepresidente y dos secretarios, quienes rendirán la protesta de ley.
Si no existe quórum, la comisión instaladora convocará a los presentes y a los ausentes, señalando día y hora a una nueva junta en la que se declarará legalmente constituido el Colegio Electoral, cualquiera que sea el número de los presentes.
Los miembros de la mesa directiva del Colegio Electoral, una vez rendida la protesta, ocuparán sus lugares en el presidium y recibirán de la comisión instaladora los expedientes, documentos e informes referentes a los presuntos senadores cuya elección vaya a ser calificada.
Artículo 70. El Colegio Electoral de la Cámara de Senadores, se integrará con los presuntos senadores que obtuvieron declaratoria de senador electo de la legislatura o de la entidad federativa correspondiente, y de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el caso de los electos en el Distrito Federal.
Artículo 71. El Colegio Electoral de la Cámara de Senadores llevará a cabo sus trabajos, de acuerdo con el siguiente procedimiento:
I. Se nombrarán por mayoría de votos, dos comisiones dictaminadoras. La primera se integrará con cinco presuntos senadores y la segunda con tres. La primera dictaminará sobre la legitimidad de la elección de todos los miembros de la Cámara, con excepción de los integrantes de la propia comisión, y la segunda dictaminará sobre elección de los presuntos senadores componentes de la primera;
II. Después de nombradas las comisiones, uno de los secretarios dará lectura al inventario de los expedientes electorales recibidos, los que de inmediato se entregarán a las comisiones correspondientes, en la siguiente forma:
A la primera comisión, los expedientes conforme al orden en que fueron recibidos, y a la segunda los relativos a los integrantes de la primera. El presidente de cada comisión firmará por recibido en el libro de control.
III. Dentro de los tres primeros días siguientes a la primera junta preparatoria se celebrará la segunda, en la que las comisiones primera y segunda iniciarán la presentación de sus dictámenes. Darán preferencia a los casos que a su juicio no ameriten discusión.
Artículo 72. En las sesiones del Colegio Electoral, la calificación de los casos se hará por mayoría de votos, y se resolverán las dudas que ocurran en esta materia.
Los dictámenes serán elaborados unitariamente.
Contra las resoluciones del Colegio Electoral de la Cámara de Senadores, no procederá juicio ni recurso alguno.
Artículo 73. El Colegio Electoral sesionará con la periodicidad necesaria para resolver sobre el dictamen de sus comisiones, de tal modo que la calificación quede concluida a más tardar el día 29 de agosto.
Los casos que por cualquier circunstancia no puedan ser resueltos dentro de dicho término, lo serán posteriormente por la Cámara de Senadores.
CAPITULO II
De la constitución de la Cámara de Senadores
Artículo 74. El día 31 de agosto, puestos de pie los senadores electos y los asistentes a las galerías, el Presidente dirá: Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de senador que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, la nación me lo demande.
En seguida, el Presidente tomará asiento y preguntará a los demás miembros de su Cámara, que permanecerán de pie: ¿protestáis y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de senador que el pueblo os ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?. Los interrogados contestarán: Sí protesto. El Presidente dirá entonces: Sí así no lo hicieres, la nación os lo demande.
Igual protesta rendirán los senadores que por cualquier circunstancia, se presentaren después de dicha ocasión.
Artículo 75. Rendida la protesta de ley, los senadores procederán a nombrar la mesa directiva de su Cámara. El Presidente expresará en voz alta: "La Cámara de Senadores de los Estados Unidos Mexicanos, se declara legítimamente constituida".
La mesa directiva de la Cámara nombrará en los términos de las disposiciones reglamentarias a los miembros de las comisiones de cortesía, para participar la instalación de la Cámara.
Artículo 76. En los periodos ordinarios de sesiones siguientes al de la instalación de la Cámara de Senadores, la primera junta se verificará 10 días antes de la apertura de sesiones, para elegir al Presidente, a los vicepresidentes, a los secretarios y prosecretarios.
CAPITULO III
De la mesa directiva
Artículo 77. La mesa directiva de la Cámara de Senadores se integra con un Presidente y dos vicepresidentes, cuatro secretarios y cuatro prosecretarios electos por mayoría y en votación por cédula.
El Presidente y los vicepresidentes durarán en su ejercicio un mes, y no podrán ser reelectos para esos cargos en el mismo período ordinario de sesiones.
Los secretarios y prosecretarios durarán un año en su ejercicio.
Los nombramientos de Presidente y vicepresidentes se comunicarán a la otra Cámara, al titular del Poder Ejecutivo Federal y al presidente de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Artículo 78. La mesa directiva del Senado presidirá los debates y determinará el trámite de los asuntos, conforme a esta ley y el Reglamento Interior y de Debates.
Artículo 79. El Presidente será suplido en sus ausencias y faltas temporales, por el vicepresidente que corresponda, de acuerdo con el orden en que hayan sido nombrados.
En caso de falta absoluta del Presidente o vicepresidente, la Cámara elegirá sustituto en la misma sesión en que ocurra la falta, para que ocupe inmediatamente su cargo.
Artículo 80. Cuando el Presidente hubiere de tomar la palabra en ejercicio de sus funciones permanecerá sentado, pero si deseara intervenir en la discusión de algún negocio, pedirá en voz alta la palabra y usará de ella conforme a las reglas prescritas para los demás miembros de la Cámara y entre tanto, ejercerá sus funciones un vicepresidente.
Artículo 81. Cuando se hubiere convocado a período extraordinario de sesiones, la Cámara designará en la primera sesión al Presidente y a los vicepresidentes de la mesa directiva, quienes fungirán hasta la terminación de este período.
Artículo 82. Los integrantes de la mesa directiva sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causas y en la forma prevista en las disposiciones reglamentarias.
Artículo 83. El Presidente de la mesa directiva hará respetar el fuero constitucional de los miembros de la Cámara y velará por la inviolabilidad del recinto parlamentario.
Son atribuciones del Presidente de la mesa directiva:
a) Abrir, prorrogar, suspender y clausurar las sesiones del pleno;
b) Dar curso a los asuntos y determinar los trámites que deban recaer en aquéllos con que se dé cuenta a la Cámara;
c) Conducir los debates y las deliberaciones de la Cámara;
d) Cumplimentar el orden del día para las sesiones, tomando en consideración las proposiciones de la Gran Comisión;
e) Requerir a los senadores faltistas a concurrir a las sesiones de la Cámara y proponer, en su caso, las medidas y sanciones conforme a lo dispuesto por el artículo 63 constitucional;
f) Exigir e imponer orden al público asistente a las sesiones, cuando hubiere motivo para ello;
g) Solicitar el auxilio de la fuerza pública en los términos que establece el artículo 12 de esta ley;
h) Firmar con los secretarios y, en su caso, con el Presidente de la Cámara colegisladora, las leyes, decretos y reglamentos que expidan la Cámara o el Congreso;
i) Firmar la correspondencia y demás comunicaciones de la Cámara;
j) Representar a la Cámara ante la colegisladora y en las ceremonias a las que concurran los titulares de los otros poderes de la Federación, y
k) Las demás que se deriven de esta ley, del Reglamento Interior y de Debates y de las disposiciones o acuerdos que emita la Cámara.
Artículo 84. Son obligaciones de los secretarios y de los prosecretarios cuando suplan a aquéllos:
a) Auxiliar al Presidente en el desempeño de sus funciones;
b) Pasar lista a los senadores al inicio de las sesiones para comprobar el quórum;
c) Extender las actas de las sesiones, firmarlas después de ser aprobadas por el pleno y asentarlas bajo su firma en el libro respectivo. Las actas cumplirán las formalidades que precise el reglamento;
d) Rubricar las leyes, acuerdos y demás disposiciones o documentos que expidan la Cámara o el Congreso;
e) Leer los documentos listados en el orden del día;
f) Cuidar que las iniciativas y los dictámenes que vayan a ser objeto de debate, se impriman y circulen con toda oportunidad entre los senadores;
g) Recoger y computar las votaciones y proclamar sus resultados, cuando así lo disponga el Presidente de la mesa directiva;
h) Abrir, integrar y actualizar los expedientes para los asuntos recibidos por la Cámara, y firmar las resoluciones que sobre los mismos asuntos se dicten;
i) Cuidar de que las actas de las sesiones queden escritas y firmadas en el libro correspondiente;
j) Dar cuenta, previo acuerdo del Presidente de la Cámara, con los asuntos en cartera, en el orden que prescriban las disposiciones reglamentarias;
k) Asentar en todos los expedientes los trámites que se les dieron a las resoluciones que sobre ellos se tomaron.
l) Llevar un libro en que se registren por orden cronológico y textualmente, los decretos y acuerdos que expida el Congreso o la Cámara;
m) Coordinar sus labores con las que realice la Oficialía Mayor de la Cámara de Senadores;
n) Vigilar la impresión y distribución del Diario de los Debates de la Cámara de Senadores;
ñ) Expedir, previa autorización del Presidente, las certificaciones que soliciten los senadores, y
o) Las demás que les confiera esta ley, o se deriven del Reglamento Interior y de Debates o de otras disposiciones emanadas de la Cámara.
Artículo 85. La Oficialía Mayor, la Tesorería y demás dependencias de la Cámara de Senadores, tendrán las facultades y obligaciones que señalan las normas reglamentarias o que les asigne la Gran Comisión.
CAPITULO IV
De las comisiones
Artículo 86. La Cámara de Senadores contará con el número de comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones.
Las comisiones se elegirán en la primera sesión que verifique la Cámara en el primer período ordinario de sesiones. Los integrantes de las comisiones ordinarias durarán toda una legislatura.
Los miembros de las comisiones especiales se renovarán anualmente.
Artículo 87. Las comisiones ordinarias tendrán a su cargo las cuestiones relacionadas con la materia propia de su denominación y, conjuntamente con la Comisión de Estudios Legislativos, el análisis y dictamen de las iniciativas de leyes y decretos de su competencia.
Artículo 88. Cuando lo determine la Cámara de Senadores, se nombrarán comisiones con carácter transitorio para conocer exclusivamente de la materia para cuyo objeto hayan sido designadas, o desempeñar un encargo específico.
Artículo 89. Las comisiones ordinarias de la Cámara de Senadores, serán:
1. Agricultura, Ganadería y Recursos Hidráulicos.
2. Aranceles y Comercio Exterior.
3. Asistencia Pública.
4. Asuntos Indígenas.
5. Colonización.
6. Comercio Interior.
7. Corrección y Estilo.
8. Correos y Telégrafos.
9. Crédito, Moneda e Instituciones de Crédito.
10. Defensa Nacional.
11. Departamento del Distrito Federal.
12. Economía.
13. Editorial.
14. Educación Pública.
15. Ferrocarriles Nacionales.
16. Fomento Agropecuario.
17. Fomento Cooperativo.
18. Fomento Industrial.
19. Gobernación.
20. Hacienda.
21. Industria Eléctrica.
22. Insaculación de Jurados.
23. Justicia.
24. Justicia Militar.
25. Marina.
26. Medalla "Belisario Domínguez".
27. Migración.
28. Minas.
29. Obras Públicas.
30. Patrimonio y Recursos Nacionales.
31. Pesca.
32. Petróleo.
33. Planeación del Desarrollo Económico y Social.
34. Previsión Social.
35. Puntos Constitucionales.
36. Reforma Agraria.
37. Reglamentos.
38. Relaciones.
39. Salubridad.
40. Sanidad Militar.
41. Seguros.
42. Servicio Consular y Diplomático.
43. Tierras Nacionales.
44. Trabajo.
45. Turismo.
46. Vías de Comunicación.
Artículo 90. Serán comisiones especiales la de Estudios Legislativos, la de Administración y la de Biblioteca.
Artículo 91. La Comisión de Estudios Legislativos, conjuntamente con las comisiones ordinarias, hará el análisis de las iniciativas de leyes o decretos y formulará los dictámenes correspondientes. Se podrá dividir en las secciones o ramas que se estimen convenientes.
Artículo 92. La Comisión de Administración, tendrá a su cargo las siguientes atribuciones:
a) Presentar a la Cámara para su aprobación, el presupuesto para cubrir las dietas de los senadores
b) Presentar de igual manera el presupuesto de sueldos de los empleados de la Cámara;
c) Dar cuenta mensualmente del ejercicio del presupuesto, y
d) Presentar durante los recesos del Congreso, a la Comisión Permanente, para su examen y
aprobación los presupuestos a que se refieren los incisos anteriores.
Artículo 93. La Comisión de Biblioteca, tendrá a su cargo la atención de la Biblioteca del Senado de la República y todo lo que se relacione con actividades de esa naturaleza.
Artículo 94. De acuerdo con el decreto que crea la "Medalla de Honor Belisario Domínguez del Senado de la República" y su Reglamento, la Cámara de Senadores celebrará sesión solemne en el mes de octubre de cada año, para imponer la susodicha "Medalla de Honor Belisario Domínguez del Senado de la República", y otorgar el diploma al ciudadano que haya sido seleccionado.
A la sesión solemne se invitará al titular del Poder Ejecutivo Federal, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Presidente de la Cámara de Diputados y a los demás funcionarios y personalidades que la mesa directiva determine.
Artículo 95. Las comisiones contarán con un presidente, un secretario y los vocales que autorice la Cámara.
Artículo 96. Durante su encargo el Presidente, los vicepresidentes y los secretarios de la Cámara, no actuarán en ninguna comisión ordinaria o especial.
Artículo 97. Las reuniones de las comisiones ordinarias no serán públicas; cuando así lo acuerden sus miembros, podrán celebrar sesiones de información y audiencia a las que asistirán, a invitación de ellas, representantes de grupo de interés, asesores, peritos, o las personas que las comisiones consideren que puedan aportar conocimientos y experiencias sobre el asunto de que se trate.
Artículo 98. Las comisiones tomarán sus decisiones por mayoría de votos de sus miembros. Su presidente tendrá voto de calidad en caso de empate.
Cuando alguno de los miembros de una comisión disienta de la resolución adoptada, podrá expresar su parecer por escrito, firmado como voto particular y dirigido al presidente de la Comisión, para que éste, si lo estima conveniente, lo remita al Presidente de la mesa directiva de la Cámara a fin de que decida si se pone a consideración de la asamblea.
Artículo 99. La Cámara podrá aumentar o disminuir el número de las comisiones o subdividirlas en los ramos necesarios, según lo crea conveniente o lo exija el despacho de los negocios.
Artículo 100. Las comisiones seguirán funcionando, durante el receso del Congreso, en el despacho de los asuntos a su cargo.
Coordinará el trabajo de los miembros de cada comisión su presidente, cuando sea necesario, para el despacho de los asuntos pendientes los citará en los recesos.
Artículo 101. Las comisiones podrán pedir por conducto de su presidente, a los archivos y oficinas de la nación, las informaciones y copias de documentos que requieran para el despacho de sus negocios, los que deberán ser proporcionados en términos de ley. La negativa a entregarlas en los plazos pertinentes, autorizará a la comisión para dirigirse en queja al titular de la dependencia o al Presidente de la República.
Artículo 102. Pueden las comisiones, para ilustrar su juicio en el despacho de los negocios que se les encomienden, entrevistarse con los funcionarios públicos, quienes están obligados a guardar a los senadores las consideraciones debidas.
Las comisiones pueden reunirse con las de la Cámara de Diputados, para expeditar el despacho de los asuntos.
CAPITULO V
De la Gran Comisión.
Artículo 103. La Gran Comisión del Senado se integrará con un senador de cada estado y del Distrito Federal, cuya selección se hará por sorteo entre los dos senadores que estuvieren presentes.
Si en la ocasión de celebrarse el sorteo sólo estuviere presente por un estado un senador, éste formará parte de la Gran Comisión, y sin ningún estuviere, será miembro el primero que se presente.
Artículo 104. La Gran Comisión, de entre sus miembros, en escrutinio secreto y a mayoría de votos, nombrará un Presidente y un secretario que durarán en su cargo tanto como la misma comisión, la que sesionará con la mayoría de los miembros que deban componerla.
Artículo 105. Son facultades de la Gran Comisión:
I. Proponer a la Cámara el personal de las comisiones ordinarias y especiales;
II. Proponer a la Cámara la designación de los comisionados ante la Comisión Federal Electoral;
III. Proponer el nombramiento del Oficial Mayor y del Tesorero de la Cámara;
IV. Someter los nombramientos y remociones de los empleados de la Cámara a la consideración de la misma;
V. Prestar cooperación a la mesa directiva y a su Presidente en la conducción de los asuntos, y para el mejor desahogo de las atribuciones administrativas;
VI. Proponer a la Cámara el programa legislativo. A este efecto, jerarquizará las iniciativas de ley o decreto observando las disposiciones del artículo 71 constitucional, y tomará las providencias necesarias para asegurar el estudio, análisis y debate de las iniciativas;
VII. Vigilar las funciones de la Oficialía Mayor;
VIII. Proveer a través de la Oficialía Mayor, lo necesario para el trabajo de las comisiones;
IX. Dirigir y vigilar los servicios internos necesarios para el eficaz cumplimiento de las funciones de la Cámara, y
X. Las demás que se deriven de esta ley y de las disposiciones reglamentarias. Artículo 106. El Reglamento Interior y de Debates de la Cámara de Senadores, establecerá todo lo relativo a sesiones, debates y votaciones.
TITULO CUARTO
De la Comisión Permanente
Artículo 107. La Comisión Permanente, es el órgano del Congreso de la Unión que, durante los recesos de éste, desempeña las funciones que le señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 108. La Comisión Permanente se compone de 29 miembros, de los que 15 son diputados y 14 senadores.
Artículo 109. En el mismo día de la clausura de las sesiones ordinarias del Congreso General e inmediatamente después de esta ceremonia, los diputados y senadores que hubieren sido nombrados como miembros de la Comisión Permanente, se reunirán en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, bajo la Presidencia de la persona a quien corresponda el primer lugar por orden alfabético de apellidos, o de éstos y de nombres si hubiere dos o más apellidos iguales, con auxilio de dos secretarios de su elección, a fin de integrar la mesa directiva de la Comisión Permanente, para la cual se nombrará por mayoría de votos un Presidente, un vicepresidente y cuatro secretarios; de estos últimos, dos deberán ser diputados y dos senadores.
Artículo 110. El Presidente y el vicepresidente serán elegidos para un período de receso, entre los diputados, y para el período siguiente, entre los senadores.
Artículo 111. Llevada a cabo la elección de la mesa directiva, los electos tomarán desde luego posesión de sus cargos, y el Presidente declarará instalada la Comisión Permanente, comunicándolo así a quien corresponda.
Artículo 112. Las sesiones de la Comisión Permanente tendrán lugar una vez por semana en los días y a las horas que el Presidente de la misma indique formalmente. Si hubiere necesidad de celebrar algunas otras sesiones fuera de los días estipulados, se llevará a cabo previa convocatoria por parte del Presidente.
Artículo 113. Los asuntos cuya resolución corresponda al Congreso o a una de las Cámaras y que durante el receso se presenten a la Comisión Permanente, se turnará a las comisiones relativas de la Cámara que corresponda.
Cuando se trate de iniciativas de ley o decretos, se imprimirán y se ordenará su inserción en el Diario de los Debates; se remitirán para su conocimiento a los diputados o senadores, según el caso, y se turnarán a las comisiones de la Cámara a que vayan dirigidos.
Artículo 114. La Comisión Permanente adoptará sus resoluciones por mayoría de votos de sus miembros presentes.
Artículo 115. La Comisión Permanente no suspenderá sus trabajos durante los periodos extraordinarios de sesiones que se convoquen, salvo en aquello que se refiera al asunto para el que se haya convocado el período extraordinario respectivo.
Artículo 116. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión designará al Presidente provisional, en los casos de falta absoluta o temporal del Presidente de la República durante el receso de las cámaras. En las misma sesión,
resolverá convocar al Congreso General a un período extraordinario de sesiones, para el efecto de que se designe Presidente interino o substituto. La convocatoria no podrá ser vetada por el Presidente provisional.
Artículo 117. Si el Congreso de la Unión se haya reunido en un período extraordinario de sesiones y ocurre la falta absoluta o temporal del Presidente de la República, la Comisión Permanente, de inmediato, ampliará el objeto de la convocatoria a fin de que el Congreso esté en aptitud de nombrar al Presidente interino o substituto, según procesa.
Artículo 118. La Comisión Permanente podrá formar hasta tres comisiones para el despacho de los negocios de su competencia.
El número de integrantes, la forma de su designación y los procedimientos de trabajo de las comisiones mencionadas en el párrafo anterior, serán fijados por las disposiciones reglamentarias.
Artículo 119. Durante los recesos del Congreso, el Comité y la comisión de Administración presentarán a la Comisión Permanente, para su examen y su aprobación, los presupuestos de dietas, sueldos y gastos de su respectiva Cámara.
Artículo 120. La Comisión Permanente, el último día de su ejercicio en cada período, deberá tener formados dos inventarios: uno para la Cámara de Diputados y otro para la de Senadores; dichos inventarios se turnarán a las secretarías de las respectivas cámaras y contendrán las memorias, oficios, comunicaciones y otros documentos que hubiere recibido durante el receso del Congreso.
TRANSITORIOS
Artículo primero. Esta ley entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Mientras se expiden las disposiciones reglamentarias de esta ley y el Reglamento Interior y Debates, serán aplicables, en lo que no se oponga a esta ley, las disposiciones relativas del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Atentamente.
México, Distrito Federal, a 24 de abril de 1990. - Por la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, diputados: Oscar Mauro Ramírez Ayala, Alberto Pérez Fontecha, Teodoro Altamirano Robles, Pablo Ávalos Castro, Alberto Bernal González, Héctor Beltrán Manríquez, Francisco Castañeda Ortíz, Marco Antonio Castellanos López, Vicente Luis Coca Alvarez, Humberto Esqueda Negrete, Manuel Patricio Estévez Nenninger, Luis Gambino Heredia, Ramón Garza Rodríguez, Jesús González Bastién, Juan Jaime Hernández, Ernesto Aureliano Jiménez Mendoza, Erasmo López Villarreal, José Francisco Melo Torres, J. Alfredo Monsreal Waslkinshaw, Gilberto Ortíz Medina, David Ramírez Márquez, José Lorenzo Ruíz Gómez, María Teresa Dorantes Jaramillo, Rafael Yudico Colín, Lorenzo Treviño Santos y Horacio Treviño Valdez."
Entrego a usted, señor Presidente, la iniciativa de ley correspondiente. Muchas gracias.
El Presidente: - Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias.
ARTICULO 61 CONSTITUCIONAL
El Presidente: - En uso de la palabra el diputado Vicente Luis Coca Alvarez, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, dará lectura a una iniciativa que reforma y adiciona el artículo 61 de la Constitución General de la República. En turno, el diputado Alfredo Arenas Rodríguez.
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez: - «Señor Presidente; honorable asamblea: Los que suscribimos, integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 79, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 59, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, a efecto de que se turne de inmediato para dictamen a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, la siguiente iniciativa de reforma y adición al artículo 61 de la Constitución General de la República, la que se presenta en base a la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Siendo nuestra Constitución mexicana una de las primeras en el mundo en declarar y proteger lo que hoy conocemos como las llamadas garantías sociales, es decir, el derecho que tienen todos los hombres para llevar una existencia digna y el
deber del Estado de asegurar que esto se cumpla, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana considera necesario dar una continuidad al proceso democrático, de tal suerte que todos y cada uno de los representantes populares tengamos por mandato constitucional la obligación de rendir cuenta de nuestras actuaciones a la ciudadanía, legitimando con ello la confianza que éstos depositaron en nosotros al emitir los sufragios que nos llevaron a ocupar un puesto de tan importante responsabilidad.
La razón que nos impulsa a sostener este planteamiento, es que a través de la praxis política nos hemos percatado de la urgente necesidad que tenemos como representantes populares de comprometernos con la ciudadanía en su conjunto; sin embargo, no obstante la protesta de ley que todos y cada uno de nosotros hacemos al integrarnos al cuerpo legislativo, es evidente que además del compromiso moral que adquirimos, se hace necesaria la fundamentación jurídica sobre la cual se pueda apoyar el compromiso que como legisladores tenemos frente a la ciudadanía.
Hemos advertido también que como representantes populares, tenemos la responsabilidad de buscar la solución de las demandas de la comunidad, sin embargo, en un gran número de casos esta obligación no se cumple, dando la espalda a tantas y tantas promesas hechas durante la campaña, degenerando en un populismo cuyos beneficios inmediatos van dirigidos exclusivamente a un solo individuo, defraudando de esta manera los intereses del pueblo.
Es tiempo ya de que todos los mexicanos gobernantes y gobernados, tengamos un cambio de actitud que nos lleve a convivir en la verdadera democracia; hemos visto cómo el mundo entero se está convulsionando en busca de tan preciado fin, no podemos aislarnos de esta realidad; no debemos actuar ya con la cotidiana cerrazón política; aquéllos que continúen dando la callada por respuesta, quedarán rezagados, quedarán marginados incluso dentro de sus propias organizaciones políticas.
Es por ello que mi partido, en busca de la auténtica vía a la democracia, pretende con esta iniciativa de reforma comprometer a los legisladores con el pueblo para que éste sea escuchado, para que se le abran las puertas de nuestros "sagrados recintos", para que les sean resueltos sus problemas y no como hasta ahora ha venido sucediendo en la mayoría de los casos, haciendo oídos sordos a las demandas populares; es necesario borrar la imagen del diputado o del senador prepotente, intocable, corrupto e irresponsable, por el contrario, debemos distinguirnos como personas con vocación de servicio, es necesario dejar atrás la idea de estos cargos como un botín político, no olvidemos ante todo, que debemos respeto para aquéllos que creyeron en nosotros.
Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo 61. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.
Los diputados, como representantes populares, serán gestores de la ciudadanía, y en su representación demandarán de las autoridades administrativas la solución de los problemas que les demande la comunidad.
Los diputados uninominales recorrerán una vez cada trimestre el distrito por el que fueron electos; los diputados electos por el principio de representación proporcional, visitarán su circunscripción cada semestre.
Todos los diputados tienen la obligación de rendir un informe por escrito ante el pleno de la Cámara, mismo con el que se dará cuenta en la segunda y tercera sesión de cada período ordinario.
El Presidente de la Cámara de Diputados formulará las peticiones que acuerde el pleno de la asamblea, a las autoridades administrativas competentes, para la solución de los problemas que gestionen sus miembros.
El Presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma, y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.
Los integrantes del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, diputados: Vicente Luis Coca Alvarez, Manuel Patricio Estévez Nenninger, Ramón Garza Rodríguez, Juan Jaime Hernández, Erasmo López Villarreal, J. Alfredo Monsreal Waslkinshaw, David Ramírez Márquez, María Teresa Dorantes Jaramillo, Lorenzo Treviño Santos, Luis Gambino Heredia, Jesús González Bastién, Ernesto Aureliano Jiménez Mendoza, José Francisco Melo Torres, Gilberto Ortíz Medina, José Lorenzo Ruíz Gómez, Rafael Yudico Colín, Horacio Treviño Valdez, Alberto Pérez Fontecha, Oscar Mauro Ramírez Ayala, Pablo Ávalos Castro, Francisco Castañeda Ortíz,
Humberto Esqueda Negrete, Marco Antonio Castellanos López y Teodoro Altamirano Robles.»
Señor Presidente, ruego a usted darle el turno reglamentario correspondiente a la presente iniciativa que formulamos.
El Presidente: - Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para la atención procedente.
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
El Presidente: - Introducimos una leve variante en el orden de los oradores, a solicitud del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Hablará, en consecuencia, por este grupo parlamentario, el señor diputado Miguel Ángel Almaguer, que presentará una iniciativa de Ley del Impuesto al Valor Agregado.
El diputado Miguel Ángel Almaguer Zárate:
«Honorable asamblea: Los suscritos, diputados a la LIV legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara la presente iniciativa de reformas a los artículos 35 y 36 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En Acción Nacional hemos trabajado por lograr un trato justo en la carga fiscal al contribuyente, venimos luchando por establecer en nuestro país un desarrollo nacional justo y equilibrado, que comprometa a la política fiscal con su finalidad redistributiva del ingreso, con el objeto de que las desigualdades sociales se atemperen mediante la adecuada prestación de los servicios públicos, considerando que por razones de justicia y de soporte de la dinámica de desarrollo, deben atender prioritariamente, al objeto de elevación del nivel de vida de los grupos marginados con un sentido social.
Nosotros, señores legisladores, tenemos el ineludible deber de legislar para el beneficio de todos, tenemos obligación de darle al pueblo de México leyes justas, leyes que satisfagan las más elementales necesidades y que le permitan a los ciudadanos cumplir cabalmente con las cargas fiscales.
Las modificaciones que ahora proponemos pretenden darle a los contribuyentes denominados menores, mejor trato fiscal dada su poca capacidad económica y administrativa, pretenden, de ser aprobadas por esta honorable asamblea, facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en lo que se refiere al impuesto al valor agregado, y para ser congruente con los cambios que hemos propuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Los cambios que proponemos en el artículo 35 es dar otra opción al contribuyente para poder crear un porcentaje de acreditamiento y evitar realizar los cálculos que aunque sencillos para un contador son difíciles para muchas personas, sobre todo, en una sociedad cuyo promedio de educación es del cuarto año de primaria.
También proponemos que los pagos bimestrales realizados sean considerados como definitivos y así evitar presentar declaraciones anuales. Estos pagos se harán en la misma fecha que el impuesto sobre la renta.
Muy importante es resaltar, el proponer que estos contribuyentes expidan comprobantes con los requisitos fiscales, ya que se ha limitado sobremanera y al no poder ofrecer facturación con el desglose del impuesto al valor agregado, dejan de ofrecer sus productos o servicios a empresas mayores y quedan condenados a permanecer siempre como contribuyentes menores sin la más remota posibilidad de crecimiento. Por tal razón, proponemos también la derogación del artículo 36 por considerar que no debe limitarse a ningún contribuyente a la expedición de documentos.
Por lo anteriormente expuesto, ponemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Se reforma el artículo 35 en sus fracciones II y III, se adiciona el mismo artículo con una fracción VI y se deroga el artículo 36 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:
Artículo 35...................................................................
I..............................................................................
II. Dichas personas no tendrán obligación de calcular ni declarar mensualmente el monto de las contraprestaciones que correspondan a sus actividades por las que deban pagar impuesto. Las autoridades fiscales les estimarán el valor de los actos o actividades por las que están sujetos a
pagar el impuesto; a esta estimación las autoridades aplicarán la tasa del impuesto que corresponda, según sea el caso, obteniéndose así el impuesto a cargo estimado, pudiendo acreditar una cantidad equivalente al impuesto pagado en la adquisición de bienes y servicios conforme a las siguientes opciones:
a) Del impuesto a cargo estimado se restará el impuesto acreditable a que se refiere el artículo 4o. de esta ley. La diferencia entre el impuesto a cargo estimado y el impuesto acreditable será el monto del impuesto a pagar, y
b) Del impuesto a cargo estimado se podrá acreditar una cantidad equivalente al 60% de dicho impuesto.
III. Efectuar pagos bimestrales a más tardar el día 20 del mes siguiente al bimestre de que se trate. Dichos pagos se considerarán como definitivos;
IV y V.........................................................................
VI. Expedir comprobantes de sus operaciones que reúnan los requisitos que señala el Código Fiscal de la Federación.
Artículo 36. Se deroga.
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor 15 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Los pagos efectuados durante el período comprendido del 1o. de enero a la fecha de entrada en vigor de estas disposiciones, serán considerados como pagos definitivos.
Recinto alterno de la honorable Cámara de Diputados, 24 de abril de 1990. - Por la diputación del Partido Acción Nacional, diputados: Miguel Ángel Almaguer Zárate, Noé Aguilar Tinajero, Alejandro Díaz Pérez Duarte, José Ramón Medina Padilla, Alfonso Méndez Ramírez, Pedro Rigoberto López Alarid, César Coll Carabias y Ramón Martín Huerta.»
El Presidente: - Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para la atención que proceda.
LEY DE PESCA
El Presidente: - Tiene la palabra Alfredo Arenas Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, quien dará lectura a una iniciativa de reformas a la Ley de Pesca; después de él, también del mismo grupo parlamentario, el señor diputado Alejandro Díaz Pérez Duarte.
El diputado Alfredo Manuel Arenas Rodríguez: - «Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: la tortuga marina ha estado en nuestro planeta desde antes, durante y después de los dinosaurios, muchas especies ya han desaparecido de la faz de la tierra, sólo ocho especies han logrado sobrevivir a la depredación del hombre; de esas ocho especies que aún quedan, siete, año con año, vienen a desovar a playas y costas mexicanas, dando a México la grave responsabilidad de su cuidado y preservación para su supervivencia.
Seis de esas tortugas están gravemente amenazadas y una de ellas se encuentra en peligro de extinción, la tortuga lora; seis tienen, en papel y buenos deseos, veda total y la golfina veda parcial que no se respeta. Como ejemplo de esto me permito señalar algunos puntos de Homero Aridis, escritor mexicano.
En rastros legales y clandestinos de las costas del Pacífico y la del Atlántico se les sacrifica masivamente: la golfina, la ridley del Pacífico, la lora, la ridley de kemp's, la de carey, la tortuga pico halcón, la de caparacho de vaqueta, la negra o prieta, la verde del Pacífico, la verde del Atlántico, la caguama entre otras.
De la tortuga de carey las zonas de mayor captura son también las de mayor demanda: Isla Mujeres y Cozumel en Quintana Roo, Mérida y Puerto Progreso en Yucatán y Campeche. En estos tres estados de la península está prohibida la venta de productos de tortuga marina, crudos o manufacturados, y aunque las especies protegidas por leyes y reglamentos de ecología, la venta de carey ilegal continúa, pero no hay ningún problema.
En esta zona, de cada tortuga adulta sacan alrededor de 2 mil 500 gramos de concha útil, en la ciudad de Mérida se encuentra el mayor número de tiendas vendiendo artesanías, caparachos y tortugas disecadas.
Nada más en el mes de julio pasado, México exportó al Japón 259 kilos de carey, en el mes de agosto 265 kilos fueron exportados con un valor de 10 mil 585 dólares, compitiendo con Jamaica, Haití, las Islas Salomón y las Islas Fidji en este vergonzoso negocio. Como información adicional me permito informarles que para sacar estos kilos de carey unas 175 tortugas fueron sacrificadas y todo a pesar que la captura y comercialización de la carey está prohibida por la ley en México.
Rancho Nuevo, Tamaulipas, es una zona de suma importancia para la anidación y desove de la tortuga lora, que está en peligro de extinción, porque Rancho Nuevo es la única playa principal conocida donde se reproduce este quelonio, la más rara del mundo. Las otras especies tienen otros lugares alternativos para el desove, pero la lora no cuenta con esta ventaja. De esta especie quedan menos de mil ejemplares en edad reproductiva, en 1947 se contaban en la playa de Rancho Nuevo, Tamaulipas, más de 40 mil ejemplares en un solo día. Hoy en día existen convenios de colaboración para su protección entre México y los Estados Unidos, pero en 1987 cuando los conservacionistas mexicanos y norteamericanos fueron a Rancho Nuevo para instalar un campamento de protección, se encontraron con un edificio perteneciente a pescadores de huachinango con lanchas y motores en las playas donde desova la tortuga lora y para empeorar las cosas la capturaban también.
En el golfo de México la captura incidental en las redes de los barcos camaroneros y escameros amenaza no sólo la tortuga lora, sino además la carey y otras especies.
En días pasados apareció en la prensa nacional como en la de Estados Unidos, que el Senado norteamericano había aprobado una acta que estipula que el país que no proteja debidamente a la tortuga marina de muerte incidental durante la pesca comercial del camarón, será sancionado con un embargo de camarón a partir del 1o. de mayo de 1991. La Secretaría de Industria y Comercio de Estados Unidos ha hecho suyo este acuerdo.
La tortuga laud, la gigante de su especie, ya que es la más grande que existe y cuyo peso excede los 200 kilos está siendo irreversiblemente afectada por el saqueo de sus nidos y la matanza de sus hembras en las playas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca. La población de la tortuga laud ha ido disminuyendo peligrosamente en los últimos años y su renovación poblacional será imposible a causa del saqueo de sus huevos. Seguramente esta será la última generación de mexicanos que vea viva a este gigante de las tortugas laud.
La piratería que existe en Michoacán es de tortugas laud, golfina y negra. Hace unos tres años se descubrieron corrales con tortugas vivas, a los que acudían compradores de Sonora y Sinaloa para venderlas en sus estados.
En Oaxaca, en la playa de Escobilla la más importante para la tortuga golfina porque es allí donde se presentan el mayor número de arribazones en el Pacífico, además es donde más crías se producen.
En 1989, la primera arribazón de tortugas golfinas se presentó en la playa de Escobilla las noches de los días 30 y 31 de julio con unas 8 mil anidaciones. La segunda arribada sucedió las noches de los días 23 y 24 de agosto y esta fue mucho más grande, con unas 40 mil anidaciones aproximadamente. Aunque el comercio de huevos de tortuga marina de todas las especies está prohibido en México por decreto presidencial, hay un saqueo irresponsable de huevos en todos los estados, desde Sinaloa a Chiapas, desde Quintana Roo a Tamaulipas. Se estima que anualmente 10 millones de huevos de tortuga se venden en el país, además de la matanza legal e ilegal de las hembras.
Grupos ecologistas nacionales tales como el Grupo de los Cien, han pedido al gobierno de México se cancelen las cuotas de pesca de tortuga golfina concedidas a las cooperativas pesqueras, ya que estos permisos legitiman la matanza masiva de estos quelonios. Es de hacer notar que se afecta a las tortugas, no sólo para comercio de su carne y huevo, sino de su caparacho, pieles, aceites que está extinguiendo gravemente estas especies. Y es por esto, compañeras y compañeros diputados, que con fundamento en el artículo 73, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Federal de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados integrantes de esta LIV Legislatura y miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO E INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY FEDERAL DE PESCA EN SU ARTÍCULO 55
Artículo único. Se declara veda total, permanente e indefinida para la caza, captura, de las distintas especies de tortugas marinas, así como la prohibición total de la recolección y comercialización, caparachos, carnes, pieles y demás productos y subproductos de las mismas, en todo el territorio y aguas de jurisdicción nacional.
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 30 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Quedan sin efecto las disposiciones legales y administrativas que se opongan al presente.
En correspondencia con lo anterior, se presenta la siguiente
Iniciativa de reforma que deroga a la Ley Federal de Pesca en su artículo 55, para quedar como sigue:
Artículo 55. Se declaran especies reservadas para su captura por las sociedades cooperativas de producción pesquera, incluida las comunales y ejidales, las siguientes: Abulón, almeja pismo, cabrilla, camarón, langosta de mar, ostión y totuaba.
TRANSITORIOS
Único. El presente entrará en vigor a los 30 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones del recinto alterno de la honorable Cámara de Diputados, 24 de abril de 1990. - Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, diputados: Alfredo Manuel Arenas Rodríguez, José Natividad Jiménez Moreno, Ambrosio Montellano Bustos y Santiago de Jesús Rodríguez del Valle.»
El Presidente: Túrnese a la Comisión de Pesca, para la atención que proceda.
LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Alejandro Díaz Pérez Duarte, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, dará lectura a una iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto al Activo; después de él, el diputado Mario Vázquez Martínez.
El diputado Alejandro Díaz Pérez Duarte: - Con su permiso, señor Presidente:
«Honorable asamblea: Los suscritos, diputados a la LIV Legislatura del Congreso de la Unión, e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara la presente iniciativa de reformas a los artículos 6o. y 7o. de la Ley del Impuesto al Activo, de conformidad con la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El impuesto al activo fue la respuesta de la presente administración federal a lo que a su juicio era elusión del impuesto sobre la renta, y así obligar a un pago mínimo a aquellos causantes con capacidad contributiva que aprovechando los resquicios legales y las excepciones que dicha ley permite, lograban presentar legalmente una declaración en ceros, a pesar de tener utilidades reales que reinvertían para crecer.
Es posible que se aduzca que el hacer excepciones puede hacer inconstitucional una ley, pero si las empresas del sistema financiero están exceptuadas, con mucha más razón deben exceptuarse conciudadanos de poca capacidad administrativa, quienes deberán continuar sujetos a cuota fija en el impuesto sobre la renta, pero exentos del pago del impuesto al activo.
Sin considerar el efecto benéfico que la ley vigente pudiera tener al obligar a aquellos contribuyentes que por su capacidad económica o administrativa pudieran eludir el pago de sus contribuciones, y sin siquiera discutir la inconstitucionalidad de esta ley, que ha sido aducida en varios juicios de amparo, ponemos a su consideración un problema de estricta justicia social, debemos recordar que los contribuyentes menores estaban exentos de este impuesto y que en la exposición de motivos que contenía el proyecto de creación, en 1988, se especificaba que el mencionado impuesto era acreditable contra el impuesto sobre la renta. Por tal motivo no vemos la razón por la cual ahora se pretende que, independientemente de pagar el impuesto sobre la renta, se pretenda gravarlos también con el impuesto al activo. Por otro lado, si la idea era que los contribuyentes pagaran un impuesto mínimo, por estar presentando declaraciones en ceros, no es el caso de los contribuyentes menores, quienes ya pagan una cuota fija.
Consideramos que el cobrar este impuesto no le da montos importantes de ingresos al gobierno, pero sí provoca irritación de grupos de escasos recursos al dejar en manos de autoridades administrativas la decisión de exentar del impuesto a grupos o a individuos, como si la solución fuera hacer leyes injustas, para darle la facultad a los funcionarios, de hacer concesiones violando la ley.
Para corregir este grave error que afecta a un buen número de mexicanos de recursos limitados, nos permitimos presentar el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se modifica la Ley del Impuesto al Activo con su artículo 6o. y se deroga el sexto párrafo del artículo 7o. para quedar como sigue:
Artículo 6o. No pagarán el impuesto al activo quienes no sean contribuyentes del impuesto sobre la renta, los contribuyentes menores, así como las empresas que componen el sistema financiero.
Artículo 7o.
Sexto párrafo. Se deroga.
TRANSITORIOS
El presente decreto entrará en vigor 15 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Recinto alterno de la honorable Cámara de Diputados, 24 de abril de 1990. - Por la diputación del Partido Acción Nacional, diputados: Miguel Ángel Almaguer Zárate, Noé Aguilar Tinajero. Alejandro Díaz Pérez Duarte, José Ramón Medina Padilla, Alfonso Méndez Ramírez, Pedro Rigoberto López Alarid, César Coll Carabias y Ramón Martín Huerta.»
El Presidente: - Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, también para la atención que proceda.
ARTICULO 93 CONSTITUCIONAL
EL Presidente: - Hace uso de la palabra, señores diputados, el diputado Mario Vázquez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, leerá una iniciativa de reformas al artículo 93 de la Constitución General de la República y en turno el señor diputado Francisco Melo Torres.
El diputado Mario Vázquez Martínez:
«Honorable asamblea: En el año de 1977, el Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión una amplia iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que comprendía 17 artículos de la misma, entre los que se encontró el artículo 93.
Aprobada la adición de un tercer párrafo a esta norma constitucional, cada Cámara del Congreso de la Unión quedó facultada para integrar comisiones investigadoras sobre el funcionamiento de las empresas del sector estatal de la economía.
En la exposición de motivos del Ejecutivo se afirma que esta adición se justifica por el importante crecimiento experimentado por las empresas del Estado, lo que a su vez requiere mayor atención y vigilancia de sus actividades.
El Congreso de la Unión, sostiene el Ejecutivo, debe coadyuvar de manera efectiva en las tareas de supervisión y control que realiza el Poder Ejecutivo sobre las empresas del Estado.
A juicio del Partido Popular Socialista, la adición al artículo constitucional 93 constitucional representa un paso importante, porque la creación de comisiones investigadoras por la Cámara de Diputados o de Senadores, significa ampliar las facultades del Congreso de la Unión y la intervención directa de la representación popular en el campo del desarrollo económico, aunque de manera incipiente a través de tareas de vigilancia y control de empresas del sector público, pues esa nueva facultad de las cámaras del Congreso de la Unión no transforma ni convierte al Poder Legislativo en un simple órgano auxiliar del Ejecutivo. No se trató tampoco de una facultad concedida a una minoría de cualquiera de las cámaras, sino de ampliar la participación del Congreso de la Unión en la administración pública.
Sin embargo, esa facultad investigadora que la Constitución General de la República reconoce a las cámaras que integran el Poder Legislativo, corre el riesgo de convertirse en letra muerta, de mantenerse el texto del párrafo tercero como está actualmente.
La realidad ha puesto de relieve, sobre todo con el trabajo de la comisión para investigar la quiebra del Banco Nacional Pesquero y Portuario, las limitaciones que de hecho y de derecho tiene y tendrá cualquier comisión investigadora que se integre con base en el párrafo tercero del artículo 93 de la Constitución General de la República. Todas esas limitaciones, algunas de ellas derivadas de verdaderas maniobras dilatorias de funcionarios públicos, impiden que las cámaras del Congreso de la Unión ejerzan a plenitud, en defensa del patrimonio de la nación, las facultades de investigación que les otorga el texto constitucional varias veces invocado.
Sobre todo ahora que desde la más alta dirección política del país se aplica una política desmanteladora de las empresas estatales, se requiere que esa facultad investigadora del Congreso de la Unión, por mandato expreso de la Constitución Nacional, se fortalezca y amplíe, precisando sus facultades en la respectiva ley reglamentaria, por lo que se requiere, para que no haya lugar a dudas, que así lo ordeno el texto constitucional.
Por las consideraciones anteriores, y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el grupo parlamentario del Partido
Popular Socialista somete a la consideración de esta soberanía, la INICIATIVA DE DECRETO
Que reforma el párrafo tercero del artículo 93 de la propia Constitución, para que quede en los siguientes términos:
Artículo 93...................................................................
Tercer párrafo. Las cámaras, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar del funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación mayoritaria. Dichas comisiones quedarán investidas de las facultades judiciales que les asigne la ley. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal, quien les dará valor, en su caso, de formal denuncia.
Sala de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 24 de abril de 1990.- El grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, diputados: Belisario Aguilar Olvera, Lucio Bermúdez Aristeo, Rafael Campos López, Modesto Cárdenas García, Jesús Antonio Carlos Hernández, Héctor Colio Galindo, Abigaíl Cruz Lázaro, Tomás Gutiérrez Narváez, Paloma Hernández Oliva, Armando Ibarra Garza, Luis Jacobo García, Julio Jácome López, Heray Lescieur Molina, Marcela Lombardo Otero, Gregorio Lorenzo Domínguez, Jesús Luján Gutiérrez, José Marín Rebollo, Herón Maya Anguiano, Carmen Mercado Téllez, Félix Mercado Téllez, Magdaleno Luis Miranda Reséndiz, Crescensio Morales Orozco, Francisco Ortíz Mendoza, Sergio Quiroz Miranda, Román Ramírez Contreras, Alfredo Reyes Contreras, Ernesto Rivera Herrera, Gustavo Ríos Morales, Gloria Rodríguez Aceves y Mario Vázquez Martínez.»
El Presidente: -Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para la atención que proceda.
LEY DE HACIENDA
DEL DEPARTAMENTO
DEL DISTRITO FEDERAL
El Presidente: -En seguida, señores legisladores, hace uso de la palabra el diputado Francisco Melo Torres, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, dará lectura a una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal; después de él, el ciudadano diputado Jorge Martínez y Almaraz.
El diputado José Francisco Melo Torres:
«Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Palacio Legislativo.- Presente.
Los que suscribimos, diputados de la LIV Legislatura al Congreso de la Unión e integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 79, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, a efecto que se turne de inmediato para dictamen a la Comisión de Hacienda, las siguientes reformas a la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, la que se presenta en base a la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El impuesto predial ha sido normalmente un gravamen de naturaleza local, que pagan los propietarios inmobiliarios y cuyo monto se destina a cierto servicios públicos municipales.
Actualmente, la gran mayoría de los ocupantes formales de la ciudad pagan el impuesto predial, los propietarios de la tierra y de sus construcciones en forma directa, y los arrendatarios en forma indirecta, ya que el monto de dicho impuesto forma parte de los costos de los arrendadores.
Durante la campaña electoral el actual Presidente de la República, licenciado Carlos Salinas de Gortari, refiriéndose a este tema expresamente señaló:
"Para que el impuesto predial recobre una dinámica acorde con la evolución del mercado inmobiliario urbano, propongo avanzar en la ampliación de la base gravable efectiva y reducir las tarifas impositivas. La ampliación de bases gravables del predial es congruente con los objetivos de equidad. La reducción de tasas, a su vez, promueve el cumplimiento de las obligaciones y desestimula la evasión fiscal".
"Paralelamente, promoveremos la actualización de los padrones, a través de un censo fidedigno de la tenencia predial de la ciudad y un registro adecuado de los valores que el mercado determina."
No obstante los atinados señalamientos anteriores, la legislación aprobada se basó en un concepto técnicamente equivocado y contrario a lo indicado por el titular del Ejecutivo, ya que en forma concreta señala:
"La corrección de esta situación (desequilibrio en la distribución de las cargas fiscales) puede lograrse modificando sólo la base, modificando la base y la tarifa, o bien solamente la tarifa, ya que son estos elementos los que dan el impuesto a pagar. En la propuesta se ha optado por modificar únicamente la tarifa, por resultar la forma más clara y directa de actualizar la carga fiscal"; lo cual resulta evidentemente incorrecto cuando una parte de los inmuebles no obtienen su valor catastral, o sea la base del impuesto, mediante el procedimiento de valuación con valores unitarios.
Lo anterior se reconoce claramente en la exposición de motivos de las últimas reformas a la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, que señala: "Baste señalar que, tomando como referencia el mes de agosto de 1989, el valor catastral promedio de los inmuebles correspondían sólo a un 6.5% de su valor comercial".
Y en el tercer párrafo de la fracción II del artículo 18 de la mencionada ley, que consistentemente establece como factor de corrección el de 0.42%, debiendo en todo caso utilizar el 0.065%.
Como consecuencia de dicho error se viola uno de los principios básicos de los impuestos, que es el de la equidad, citando como ejemplo un departamento que valuado por metros de terreno y construcción pagaría bimestralmente la suma de 10 mil 569 pesos y valuado mediante el procedimiento de capitalización de rentas, la cantidad de 728 mil 715 pesos bimestrales, lo cual más que inequitativo resulta evidentemente absurdo.
Por otra parte, esta situación grava, como ya lo dijimos anteriormente, a los inquilinos, a los cuales se les repercute este impuesto como parte de los costos de operación del arrendador, el cual a la vez está sujeto al pago del impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes del arrendamiento.
Indudablemente que tal situación amerita una reforma a fondo del impuesto predial y nuestro Partido se compromete desde ahora a presentar la iniciativa correspondiente en su oportunidad; mientras tanto existe la necesidad inmediata de hacer la corrección que impida un desajuste del mercado del arrendamiento y un incremento de las presiones inflacionarias, en perjuicio de los inquilinos en especial y de la población en general.
Considerando los razonamientos anteriormente expuestos, se somete a la consideración de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se reforma el tercer párrafo de la fracción II del artículo 18 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, para quedar en los siguientes términos:
"La cantidad que resulte conforme al párrafo anterior, se multiplicará por el factor 0.265% y el resultado será el impuesto a pagar."
TRANSITORIO
Artículo único. Este decreto entrará en vigor a partir del tercer bimestre de 1990.
Palacio Legislativo, 19 de abril de 1990.- Los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, diputados: Vicente Luis Coca Alvarez, Pablo Ávalos Castro, Alberto Bernal González, Francisco Castañeda Ortíz, María Teresa Dorantes Jaramillo, Humberto Esqueda Negrete, Manuel Patricio Estévez Nenninger, Luis Gambino Heredia, Ramón Garza Rodríguez, Horacio Treviño Valdez, José Francisco Melo Torres, Gilberto Ortíz Medina, Alberto Pérez Fontecha, Oscar Mauro Ramírez Ayala, Lorenzo Ruíz Gómez, Lorenzo Treviño Santos, Rafael Yudico Colín, Ernesto Aureliano Jiménez Mendoza, Juan Jaime Hernández, Jesús González Bastién, Erasmo López Villarreal, Marco Antonio Castellanos López, Teodoro Altamirano Robles, David Ramírez Márquez, José Alfredo Monsreal Walkinshaw y Héctor Beltrán Manríquez.»
El Presidente: -Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para la atención que proceda.
REFORMAS Y ADICIONES A DIVERSAS
DISPOSICIONES FISCALES
El Presidente: -En el uso de la palabra el diputado Jorge Martínez y Almaraz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, dará lectura a una iniciativa de reformas y adiciones a diversas disposiciones fiscales, después de él, ahora sí, el asunto del Banco Nacional Pesquero y Portuario.
El diputado Jorge Martínez y Almaraz:
"Honorable asamblea: Los diputados a la LIV Legislatura del Congreso General de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo que establecen los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 55 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones fiscales contenidas en las leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto al Activo de las Empresas.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La mala política fiscal aplicada en el país desde tiempo atrás, ha sido incapaz de integrar un sistema impositivo que cumpla a la vez con el doble propósito de proporcionar los ingresos públicos necesarios para financiar el gasto público, y servir de medio eficaz para la distribución del ingreso a favor de los sectores con más bajo nivel de vida.
Como resultado de ello, el sistema impositivo del país descansa en mayor medida en impuestos indirectos, que por su propia naturaleza son regresivos al no considerar las condiciones sociales y económicas de quienes han de pagarlos y sólo en una proporción menor, se sustenta en los impuestos que se relacionan con el nivel de ingresos y la propiedad.
Las reformas fiscales aprobadas sólo por la diputación priísta en diciembre de 1989, en la denominada Miscelánea Fiscal, profundizan el espíritu inequitativo del sistema impositivo mexicano: mientras que a los sectores de ingresos más altos de la población se les reducen las tarifas impositivas y se les desregula, a los causantes con ingresos menores se les obliga a mayores y más onerosas obligaciones fiscales, y se les imponen mayores regulaciones.
Como resultado de esas reformas, los causantes menores prácticamente desaparecen del escenario fiscal en el país, y a los pocos que prevalecen, se les obliga a pagar el Impuesto al Activo de las Empresas. Las propuestas que presentamos en esta iniciativa de decreto restituyen, con ligeras modificaciones, las características de los causantes menores vigentes hasta 1989 al proponer la reforma del artículo 115 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y la adición del artículo 155-A.
Asimismo, se propone la reforma al artículo 6to. de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas, con el objeto de exentar de su pago a los causantes menores.
Con las reformas fiscales de diciembre, la tarifa del Impuesto sobre la Renta a los causantes de ingresos más altos continuó su descenso para alcanzar un máximo de 35%, cuando en 1989 fue del 40%, y unos años atrás era superior al 50%.
Los sectores causantes de ingresos fijos más bajos, y los sectores de ingresos medios, en cambio, no han sido beneficiados con desgravación alguna; por el contrario, si tomamos en cuenta el efecto de la inflación en la capacidad real de los ingresos de los causantes de menores ingresos, medida por el número de salarios mínimos reales percibidos al año, es evidente que la carga fiscal que los afecta ha aumentado. Por ello, la diputación del Partido de la Revolución Democrática propone una reforma a la estructura de la tarifa al Impuesto sobre la Renta, que reduce la carga fiscal a los sectores de ingresos bajos y medios con la reforma de los artículos 80 y 141 del Impuesto sobre la Renta.
La reforma propuesta reduce la tarifa de quienes pagan un poco más de un salario mínimo de 3% a 1.5%. En general, se propone el aumento del número de grupos de ingresos de seis actualmente existentes a nueve, y reduce la carga fiscal de los estratos medios.
La tasa general del Impuesto al Valor Agregado vigente en México es de las más altas en el mundo y representa una onerosa carga para las familias, especialmente las de medianos y bajos ingresos, y en general, el consumo en el país.
Este impuesto no toma en consideración el nivel socioeconómico de los causantes por lo que constituye un impuesto de carácter regresivo. En resumen, los objetivos de la iniciativa de decreto que presentamos son los siguientes:
1ro. Restituir para los llamados "causantes menores", los pequeños productores, prestadores de servicios y comerciantes, las condiciones fiscales que éstos requieren para subsistir económicamente;
2o. Reducir la gravitación sobre la economía mexicana de un impuesto indirecto y regresivo, como lo es el Impuesto al Valor Agregado que alcanza tasas muy superiores al promedio internacional, y
3. Mejorar el perfil redistributivo del Impuesto sobre la Renta, sobre la base de gravar menos a quienes menores ingresos perciben.
La reducción de ingresos públicos que resulta de las reformas y adiciones contenidas en esta propuesta será absorbida por el irracional y cuantioso superávit primario en que ha derivado la política económica aplicada por el Ejecutivo.
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se reforma el artículo 115 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se
adiciona el artículo 115-A de la misma ley, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 115.................................................................. Las personas físicas que realicen actividades empresariales y no se encuentren en algunos de los supuestos a que se refiere el artículo 115-A de esta ley, podrán optar por pagar el impuesto que corresponda a dicha actividad, conforme al régimen de contribuyentes menores, siempre que reúnan los siguientes requisitos:
I. Que en el año calendario anterior hubieran obtenido ingresos de los señalados en este capítulo, que no hubieran excedido de 32 veces el salario mínimo general del área geográfica correspondiente;
II. Que para explorar la negociación no empleen a más de tres personas o que cuando se emplee a un número mayor, en conjunto, cubran como máximo el equivalente a tres jornadas individuales de ocho horas de trabajo;
III. Que la negociación esté establecida en una superficie que no exceda de cincuenta metros cuadrados cuando el inmueble no sea propiedad del contribuyente o de 100 metros cuadrados cuando sea de su propiedad. Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable cuando la negociación esté establecida en una población de hasta 300 mil habitantes, y
IV. Que no tenga más de un establecimiento fijo, salvo que estén ubicados en mercados públicos o se trate de puesto semifijos. Se podrán considerar contribuyentes menores por el año en que inicien la realización de actividades empresariales, las personas que manifiesten estimar que en dicho año obtendrán ingresos de los comprendidos en este capítulo que no excederán de las cantidades señaladas en la fracción I, o bien que las autoridades fiscales les estimen ingresos que no excedan a las cantidades de referencia.
Cuando en el año citado realicen operaciones por un período menor de 12 meses, para determinar el monto de ingresos, se dividirá el manifestado o estimado entre el número de días que comprende el período y se multiplicará por 365. Dichas personas deberán declarar bajo protesta de decir verdad si obtienen ingresos diversos a los señalados en este capítulo, por los que efectúen la deducción del salario mínimo general que les corresponda.
Los copropietarios que realicen actividades empresariales y las personas que participen de la utilidad de una asociación en participación, podrán optar por ser contribuyentes menores siempre que la negociación reúna las condiciones señaladas en este artículo y los contribuyentes no realicen otras actividades empresariales.
Se podrá optar porque las sucesiones sean contribuyentes menores, solamente cuando el autor de la sucesión lo haya sido y éste se encuentre en los supuestos señalados en este artículo.
Quienes anteriormente no reunieron las condiciones para ser contribuyentes menores no podrán optar por considerarse como tales aun cuando posteriormente sí las reúnan.
Artículo 115-A................................................................
No podrán optar por ser contribuyentes menores en los términos del artículo 115 de esta ley, quienes obtengan la mayor parte de sus ingresos por las siguientes actividades:
I. Enajenación de:
a) Aparatos científicos o fotográficos, incluyendo sus accesorios y componentes;
b) Artículos deportivos;
c) Maquinaria;
d) Muebles metálicos, de mimbre, de bambú o ratán, así como equipos para oficina, y
e) Televisores, videocaseteras, equipos de sonido y telecomunicaciones, juguetería electrónica, aunque enajenen en puestos fijos o semifijos;
II. La prestación de servicios en:
a) Laboratorio de análisis clínicos, radiológicos, dentales, de ultrasonido, así como hospitales, clínicas o sanatorios;
b) Boliches, frontones o salones de patinaje;
c) Centros nocturnos o salones de baile, y
d) Agencia de viajes, hoteles, moteles o balnearios, a excepción de casas de huéspedes.
Tampoco podrán ser considerados contribuyentes menores las personas que realicen actividades empresariales consistentes en producción y venta de pan; espectáculos públicos con establecimiento fijo; arrendamiento de vehículos; del autotransporte de carga; o la construcción, enajenación u otorgamiento del uso o goce temporal de inmuebles; distribución autorizada de llantas nuevas; de cemento o varilla, así como los que se
dediquen en establecimiento fijo a la comercialización de vehículos, y
III. Quienes en el año de calendario anterior obtuvieron más de 25% de los ingresos a que se refiere este capítulo por concepto de comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación, distribución u otorgamiento del uso o goce temporal de bienes muebles.
Artículo segundo. Se reforma el artículo 6to. de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas para quedar como sigue:
Artículo 6to..................................................................
No pagarán el impuesto al activo:
a) quienes no sean contribuyentes del Impuesto sobre la Renta;
b) Quienes sean causantes menores;
c) Las sociedades cooperativas, y
d) Las empresas que componen el sistema financiero.
No se pagará el impuesto por el período preoperativo, ni por los ejercicios de actividades, el siguiente y el de liquidación.
Lo dispuesto en éste párrafo no es aplicable a los ejercicios posteriores a fusión, transformación de sociedades o traspaso de negociaciones. Artículo tercero. Se reforma el artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en su segundo párrafo, para quedar como sigue:
...............................................................................
El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta ley, la tasa del 10%. El Impuesto al Valor Agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores.
...............................................................................
Artículo cuarto. Se reforman la tarifa que aparece en el artículo 80 y la tarifa que aparece en el artículo 141.
Artículo 80...................................................................
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INFORME DE LA COMISIÓN
ESPECIAL INVESTIGADORA
DEL BANCO NACIONAL DE CRÉDITO
PESQUERO Y PORTUARIO
El Presidente: -Honorable asamblea, esta mesa directiva en la reunión preliminar con los señores representantes de los grupos parlamentarios y para el caso del examen del informe de la Comisión Investigadora del Banco Nacional Pesquero y Portuario llegó a tres acuerdos que comunico:
1ero. El tiempo límite de los oradores en el punto de la discusión en vez de ser de 10 como normalmente en toda propuesta o intervención, será de 15, en atención al significado del evento.
2do. El número de oradores se dejó libremente a la consideración de cada grupo parlamentario.
Están inscritos en el debate por todos los grupos parlamentarios 26 oradores, voy a leer la relación para que se sepa el turno de cada uno de ellos, para esos efectos voy a obviar el grupo parlamentario al cual pertenecen, para que esto se deje para después y finalmente informaré a ustedes del tercer punto. Abel Carlos Vicencio Tovar, Jesús Ortega Martínez, Napoleón Cantú Cerna, Francisco Ortíz Mendoza, Jesús González Bastién, Raúl Bolaños Cacho Guzmán, Armando Duarte Móller, José Jaime Enríquez Félix, Carlos Javier Vega Memije, Noé Aguilar Tinajero, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Javier Bonilla Chávez, Sergio Quiroz Miranda, Alberto Pérez Fontecha, Rogelio Montemayor Seguy, Enrique Rojas Bernal, Rafael Núñez Pellegrín, Leonel Godoy Rangel, Dionisio E. Pérez Jácome, Astolfo Vicencio Tovar, Pablo Ávalos Castro, Ricardo Olivares Pineda, Jesús Ramón Rojo Gutiérrez, Yolanda García de Vargas, Pedro César Acosta Palomino y Miguel A. Quiroz Pérez.
Se pueden introducir absolutamente todos los correctivos que se quieran hacer. Permítanme, nada más voy a dar a conocer los tres puntos, ahorita retornamos si es que efectivamente hay algunas enmiendas.
Entonces, respecto del tiempo límite, les ruego a los señores coordinadores de los grupos parlamentarios que ordenen a sus diputados que efectivamente haya respeto a esta norma que ya se estableció.
En cuanto al número de oradores ahorita volvemos para precisar los turnos. Y número tres, se había acordado que se diera lectura solamente a la última parte del informe, la relativa a las conclusiones de la investigación, sin embargo, algunos señores diputados, como el diputado Pablo Gómez, solicitaron a esta Presidencia que quedara eso sin efecto.
Vamos a pedir entonces la versión estenográfica para que advierta esa parte. Otros diputados, fuera de tribuna, solicitaron que quedara eso sin efecto, en atención a la importancia del documento.
Esta Presidencia no tiene ningún inconveniente y ordenará en consecuencia a la secretaría que dé lectura a la comunicación que la comisión le hace a la Presidencia y que dé lectura puntual a este informe en toda su integridad. Mientras aprovecharemos para que se hagan los ajustes convenientes al número y turno de los señores oradores. Proceda la secretaría al desahogo.
La secretaria diputada Guadalupe Gómez Maganda de Anaya:
ANTECEDENTES
Existencia legal y funcionamiento de la comisión investigadora.
1. Investigación sobre el significado del término quiebra técnica, entre lo que se considera, desde luego, el análisis de la cartera vencida.
1. Origen y antecedentes históricos de la institución.
2. Contexto general de operación del Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito.
2.1 Marco legal.
2.2 Naturaleza de la banca de desarrollo.
2.3 Principales características de la evolución del sector pesquero.
3. Principales características de la evolución operativa y financiera.
3.1 Principales indicadores financieros.
3.2 Principales programas.
3.3 Medidas correctivas.
4. Factores o causas que originaron la situación de "quiebra técnica".
4.1 Significado del concepto "quiebra técnica".
4.2 Causa de la "quiebra técnica".
II. Aclaraciones procedentes sobre algunas denuncias respecto a la operación del Banco Nacional Pesquero y Portuario
1. Señalamientos y cuestionamientos sobre el Banco Nacional Pesquero y Portuario, hechos por los ciudadanos diputados en tribuna, durante las sesiones del pleno de la Cámara antes de la constitución de esta comisión.
2. Cuestionamientos posteriores.
3. Preguntas formuladas por los grupos parlamentarios representados en esta comisión y sus respuestas por las autoridades competentes.
4. El secreto bancario y su procedencia.
4.1 Trayectoria del secreto bancario en la legislación mexicana.
4.2 Fundamentación constitucional del secreto bancario.
4.3 Concepto del secreto bancario.
4.4 Finalidades del secreto bancario.
4.5 Marco legal del secreto bancario.
4.6 Personas obligadas a guardar el secreto bancario.
4.7 Responsabilidades.
4.8 Personas facultadas para solicitar informes de las instituciones de crédito.
4.9 Derecho comparado.
4.10 Resumen considerativo de esta materia.
4.11 Fundamentación del criterio sustentado por la Comisión Nacional
Bancaria.
III. Informe de la investigación sobre si el banco cumplió con las disposiciones legales aplicables, en cuanto a su disolución y liquidación. IV. Consideraciones finales.
V. Conclusiones de la investigación.
ANEXOS
Anexo I. Acuerdo parlamentario del 22 de febrero de 1990.
Anexo II. Información recibida y solicitada del Banco Nacional Pesquero y Portuario y autoridades.
Anexo III. Cuadros estadísticos.
Anexo IV. Bibliografía adicional.
Anexo V. Información sobre crédito otorgado por el Banco Nacional Pesquero y Portuario, a Flota Petrolera Mexicana, S.A. de C. V.
Anexo VI. Información sobre crédito otorgado por el Banco Nacional Pesquero y Portuario, a Compañía Naviera y Pesquera Lérida, S.A. de C. V.
Anexo VII. Denuncia del diputado Benito Fernando Rossell Isaac, sobre la "Congeladora y Empacadora Pescadores de Chuburna Puerto, S. C. L."
Anexo VIII. Estados financieros del Banco Nacional Pesquero y Portuario al 31 de diciembre de 1987 y de 1988; oficios sobre ellos de la Comisión Nacional Bancaria y estados financieros al 31 de agosto de 1989.
Anexo IX. Oficio número 601- II- 14801 de fecha 23 de abril de 1990 de la Comisión Nacional Bancaria.
INFORME QUE RINDE LA COMISIÓN
ESPECIAL INVESTIGADORA DEL BANCO
NACIONAL PESQUERO Y PORTUARIO
Antecedentes
En el curso del Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de la LIV Legislatura, el Ejecutivo Federal sometió a consideración del honorable Congreso de la Unión, una iniciativa de decreto para abrogar la Ley Orgánica del Banco Nacional Pesquero y Portuario. Esta iniciativa fue aprobada inicialmente por el honorable Senado de la República, como Cámara de origen y posteriormente, como Cámara revisora, por la honorable Cámara de Diputados, el día 28 de diciembre de 1989, turnándose al Ejecutivo para los efectos constitucionales correspondientes.
En la mencionada sesión de la honorable Cámara de Diputados, diversos legisladores hicieron en la tribuna señalamientos sobre ciertos aspectos de la operación del banco, así como cuestionamientos sobre las razones que generaron las dificultades financieras de esa institución bancaria, que la llevaron a una situación que se denominó "quiebra técnica".
En esa misma sesión, y por decisión del pleno de la honorable Cámara de Diputados, se acordó
constituir una comisión investigadora y se delegó en los coordinadores de los grupos parlamentarios las decisiones acerca del número y legisladores que la integrarían, así como la materia, procedimientos y alcances de tal investigación, lo cual quedó definido mediante acuerdo que suscribieron el 22 de febrero de 1990. (Anexo I.)
Dicho acuerdo establece que la comisión, integrada de manera pluripartidista, "se instalará e iniciará sus funciones el día 22 de febrero y concluirá sus actividades dentro de los 60 días siguientes, sin menoscabo de los demás derechos que les correspondan a los diputados y a sus grupos parlamentarios". También se establece que "la comisión se ocupará de los señalamientos y cuestionamientos sobre el Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito, hechos por los ciudadanos diputados en tribuna durante las sesiones del pleno de la Cámara de Diputados de la actual LIV Legislatura, y particularmente en la sesión que celebró la Cámara de Diputados el pasado 28 de diciembre".
En particular, se establecieron tres temas o aspectos básicos a investigar: "1. Significado del término quiebra técnica y sus causas, entre los que se considera, desde luego el análisis de la cartera vencida.
2. Aclaraciones sobre los casos y operaciones que han sido denunciados en las sesiones del pleno de la Cámara de Diputados de la LIV Legislatura.
3. Verificar si el Banco Nacional Pesquero y Portuario, cumplió con las disposiciones legales, en cuanto a su disolución y liquidación". Se acordó también que "los resultados de la investigación se comunicarán al pleno de la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 93 constitucional".
Existencia legal y funcionamiento de la comisión investigadora Esta comisión tiene como fundamento de su existencia, el tercer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual fue incluido mediante reforma de fecha 6 de diciembre de 1977, y a la letra dice:
"Las cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados y de la mitad, si se trata de los senadores, tiene la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal." La comisión es un órgano de derecho público, por consecuencia, sólo puede hacer aquéllo que de manera expresa sea consignado en las leyes correspondientes.
No existe ley secundaria que establezca las normas específicas a las que deban sujetarse este tipo de comisiones, y que les confieran las facultades que permitan su adecuado y eficaz funcionamiento; en tal virtud, sólo queda apoyarse en la Ley Orgánica y el Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
En el capítulo correspondiente de este informe, se precisan los preceptos de dichos ordenamientos que regulan el procedimiento de las comisiones, en general, y de las comisiones investigadoras de la Cámara, en lo particular; el marco legal aplicable en toda materia y las limitaciones que se advirtieron para cumplimentar plenamente esta investigación.
Dentro de este marco jurídico y haciendo uso de las facultades que se le confieren, tanto para solicitar información como para celebrar conferencias de trabajo con funcionarios, la comisión procedió a desarrollar su labor de investigación, aplicando a ello su mejor esfuerzo.
En este contexto, la comisión investigadora, con el objeto de dar cumplimiento a los propósitos para los que fue creada, procedió a solicitar información referida a aspectos financieros, jurídicos, sobre cuestionamientos específicos que fueron formulados por los integrantes de la comisión (anexo II), estados financieros, dictámenes, actas de consejo y en general, se requirió información económica así como aquélla que permitiera conocer el cumplimiento por parte de la institución de los propósitos de promoción y financiamiento económico nacional y regional de la actividad pesquera, portuaria y naviera, y datos sobre sus principales programas operativos.
Para proceder a desahogar sus tareas, la comisión decidió integrar tres grupos de trabajo; cada grupo se responsabilizó de investigar sobre uno de los tres temas básicos referidos antes.
Así, el primer grupo centró su investigación sobre los aspectos generales de la operación del banco, así como sobre las razones o causas que motivaron sus dificultades financieras, que posteriormente llevaron al Ejecutivo a proponer su disolución y liquidación. A este grupo también se
le encomendó precisar el significado de "quiebra técnica", concepto aplicado a la situación de este banco en los considerandos de la iniciativa de decreto. Al segundo grupo se le encargó la verificación de que el Banco Nacional Pesquero y Portuario hubiese cumplido con las disposiciones legales, en cuanto a su disolución y liquidación.
Al tercer grupo se le encomendó el estudio concreto de los casos y operaciones que habían sido denunciados en las sesiones del pleno de la honorable Cámara de Diputados de la LIV Legislatura y los cuestionamientos concretos que formularon los grupos parlamentarios en esta comisión.
La comisión celebró seis sesiones de trabajo incluyendo la de hoy y la del pasado 20 de abril, a la que asistieron funcionarios del Banco Nacional Pesquero y Portuario y de diversas dependencias, con el fin de responder de manera directa y personal a los planteamientos que les formularon varios diputados.
Los grupos de trabajo también tuvieron diversas reuniones en que trataron los aspectos específicos que la comisión les encomendó. La información proporcionada por el Banco Nacional Pesquero y Portuario y otras dependencias, después de haberse distribuido entre todos los diputados integrantes, fue sometida a la consideración particular de cada uno de los referidos grupos de la comisión, y posteriormente al pleno de la misma.
I. Investigación sobre el significado del término "quiebra técnica" y sus causas, entre los que se considera, desde luego, el análisis de la cartera vencida
Para cumplir con el primer tema a investigar, es decir, las causas que explican la "quiebra técnica", se planteó la necesidad de realizar un análisis que permita conocer los antecedentes y las principales características del contexto en que operó la institución.
Ello se consideró necesario para establecer un marco de referencia apropiado y lo más completo posible de las circunstancias de diversa índole que incidieron sobre la operación del banco.
Una vez realizado este análisis, se acordó estudiar la operación concreta del banco, su evolución financiera, sus principales programas y las medidas específicas que se fueron adoptando para corregir los problemas financieros en distintos momentos, previo a la decisión de proponer su disolución y liquidación en diciembre de 1989.
A partir de estos elementos, que permitan ubicar las circunstancias en que surgió y se desenvolvió la institución, se procedió a analizar los distintos factores que ocasionaron la situación de insolvencia del banco.
1. Origen y antecedentes históricos de la institución El Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito, es una institución que a lo largo de su existencia experimentó múltiples transformaciones en naturaleza, fines y formas de operación. Esta institución tiene su primer antecedente en el Fondo de Fomento Industrial, cuya constitución data del 30 de diciembre de 1935.
Dicho fondo, como su nombre lo indica, tenía por objeto impulsar el desarrollo industrial del país y constituyó la base sobre la cual se crearía más adelante, en 1937, el Banco Nacional Obrero de Fomento Industrial; este banco tenía por objeto efectuar operaciones de crédito con sociedades cooperativas y con uniones de crédito popular, organizar, intervenir y administrar empresas industriales de participación obrera y organizar y administrar empresas para la industrialización de los productos ejidales. Su ley constitutiva fue promulgada el 22 de julio de ese año.
Posteriormente, el 30 de abril de 1941, se abrogó la ley que creó al Banco Obrero de Fomento Industrial, y se expidió la que creó al Banco Nacional de Fomento Cooperativo. Esta ley amplió en forma importante al ámbito de operaciones financieras de la nueva institución.
El objeto social del Banco Nacional de Fomento Cooperativo se modificó con el propósito de atender de mejor manera al sector cooperativo y poder efectuar operaciones de descuento, aval, préstamos de habilitación y avío, refaccionarios, hipotecarios y en general, toda clase de operaciones activas de crédito con las sociedades cooperativas.
El 30 de diciembre de 1979 se promulgó la Ley Orgánica que creó el Banco Nacional Pesquero y Portuario, sustituyendo al Banco Nacional de Fomento Cooperativo; con esta nueva ley se amplía el objeto social; señalándose como tal la promoción y financiamiento de las actividades pesqueras, portuarias y navieras y las relacionadas con ellas, mediante operaciones celebradas directamente con particulares dedicados a dichas ramas o con intervención de otras sociedades nacionales de crédito, así como con organizaciones y sociedades cooperativas de la industria pesquera.
Las razones que motivaron esta transformación obedecieron a la mayor prioridad que se le asignó a las actividades pesqueras, portuarias y navieras y las conectadas con ellas, con el propósito de mejorar la alimentación de la población y fortalecer y diversificar el comercio exterior, aumentar el empleo y mejorar la distribución del ingreso.
La mayor relevancia que adquirieron estas actividades en esos años, está la vinculada con la ratificación de los documentos de la Convención del Mar, por parte del honorable Senado de la República, con lo cual culminaron los esfuerzos que desde el período 1970-1976 se venían llevando a cabo por el Ejecutivo Federal para establecer los derechos del Estado mexicano sobre la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 200 millas.
Para cumplir el objeto social del Banco Nacional Pesquero y Portuario, S.A., se optó por otorgarle una naturaleza del tipo de banca múltiple que le permitiera tener mayor flexibilidad de acción para financiar el desarrollo de las actividades citadas en forma integral, es decir, desde la captura, industrialización, transporte de los productos hasta su comercio, así como las acciones de compra, construcción y reparación de embarcaciones de todo tipo, las obras y servicios que fomenten la navegación y el comercio marítimo, en especial las inversiones de infraestructura y equipamiento destinados a la prestación de servicios de maniobras y transportes portuarios a cargo del Estado o de particulares y a las industrias y actividades auxiliares o conexas, tanto con las actividades pesqueras como de construcción naval y portuaria. Finalmente, el 12 de julio de 1985, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de transformación del Banco Nacional Pesquero y Portuario, para convertir al banco, de sociedad anónima en sociedad nacional de crédito, como institución de banca de desarrollo, para dar cumplimiento a lo ordenado en la vigente Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, que se modificó a raíz de la nacionalización bancaria; posteriormente, en el mes de diciembre de 1985, se aprueba la nueva ley orgánica de la institución, como sociedad nacional de crédito, institución de banca de desarrollo.
Esta nueva sociedad nacional de crédito quedó así legalmente vinculada, en su carácter de banca de desarrollo, al Sistema Nacional de Planeación Democrática, al Plan Nacional de Desarrollo y, en especial, al Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo. Su objetivo fundamental se orientó a apoyar a los sectores conformados por las actividades de las ramas pesqueras, portuaria y naval y actividades conexas.
La ley anterior buscó dar respuesta al hecho de que las actividades pesqueras y portuarias, por sus características particulares estructurales y de operación han sido de difícil financiamiento, en ello incide lo elevado de los precios de los buques, de los implementos que se utilizan para la pesca, de la maquinaria requerida para la industrialización de los productos pesqueros y para las actividades portuarias y navieras; el marco legal aplicable a estas actividades, situación que se complica por la escasa capacidad de industrialización de estos productos del mar, lo que ha hecho más riesgosa la inversión privada y social en estos rubros.
Esta modificación a la naturaleza y fines del banco, buscó adecuar la institución a la nueva realidad e importancia que adquieren estas actividades, como resultado de la nueva Zona Económica Exclusiva mexicana.
Con esta última modificación, el banco adquiere la naturaleza y fines que conserva hasta su disolución; su objeto social lo establece el artículo 3ro. de la Ley Orgánica del Banco Nacional Pesquero y Portuario, al decir: "El Banco Nacional Pesquero y Portuario, como institución de banca de desarrollo, tendrá por objeto la promoción y financiamiento del desarrollo económico nacional y regional de las actividades pesqueras, portuarias y navieras." En conclusión, la institución Banco Nacional Pesquero y Portuario, es producto de las sucesivas transformaciones que sufrieron distintas instituciones bancarias; estas instituciones tuvieron objetos sociales, formas de operación, procedimientos administrativos, clientelas a atender, y problemática que varió en el tiempo que fueron acumulándose hasta llegar a constituir el Banco Nacional Pesquero y Portuario, objeto de la presente investigación.
2. Contexto general de operación del Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito
El segundo paso en la investigación del primer gran tema básico, que se consideró necesario realizar, fue el examen del contexto general en que operó el banco.
Para caracterizar este contexto general, se analizaron tres conjuntos de circunstancias:
El primero, dado por las normas que rigen la vida de la institución, es decir, su marco legal.
El segundo conjunto preferido al significado del concepto de banca de desarrollo, se consideró necesario explorar las características, de este tipo de instituciones, dado que la banca de desarrollo, de la que formó parte el Banco Nacional Pesquero y Portuario, es un concepto peculiar en la tradición institucional de México.
El tercer aspecto, necesario para caracterizar el contexto general de operación de la institución, fue el relativo a los principales elementos de la evolución de los sectores de actividad, objeto de atención por parte de la institución de referencia, es decir, del sector de la actividad pesquera. 2.1 Marco legal
El Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito, sustenta su condición de sociedad nacional de crédito, como banco público de desarrollo, en el artículo 28 constitucional, que exceptúa del principio general de prohibición de los monopolios, la prestación del servicio público de banca y de crédito, que "será prestado exclusivamente por el Estado a través de instituciones, en los términos que establezca la correspondiente ley Reglamentaria, la que también determinará las garantías que protejan los intereses del público y el funcionamiento de aquellas instituciones en apoyo de las políticas de desarrollo nacional".
La Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, tiene por objeto regular los términos en que el Estado presta ese servicio público; las características de las instituciones a través de las cuales lo hace; su organización, su funcionamiento en apoyo de las políticas de desarrollo nacional, las actividades y operaciones que puedan realizar y las garantías que protejan los intereses del público, así como los mecanismos de vigilancia de estas instituciones.
La Ley Orgánica de Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito, después de señalar la naturaleza jurídica de la sociedad, establece su objeto, mismo que se refiere a la promoción y financiamiento del desarrollo económico nacional y regional de las actividades pesqueras, portuarias y navieras.
Dicha Ley Orgánica y la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito conformaban el marco legal fundamental del banco; se complementa este marco con la Ley de Planeación, que fija las bases del Sistema Nacional de Planeación Democrática y norma los planes nacionales que orientan las vidas de estas sociedades, ello sin menoscabo de las facultades que la misma le confiere a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para expedir las disposiciones complementarias que se requieran para su aplicación, y que le sirven a la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público de base para dictar el reglamento orgánico de la ley fundamental del banco, así como diversos tipos de lineamientos de carácter general dentro de su esfera de competencia.
El Diario Oficial de la Federación del 13 de enero de 1986, publicó la Ley Orgánica del Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en lo que previene la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito y la propia Ley Orgánica, expidió el reglamento del Banco Nacional Pesquero Portuario, Sociedad Nacional de Crédito, en el que establecía las bases conforme a las cuales se regiría su organización y funcionamiento. Su reglamento se expidió el día 9 de julio de 1986, para entrar en vigor el día 14 del mismo mes.
El reglamento orgánico precisa con mayor detalle la base de su organización y las funciones y atribuciones de la administración que se refieren al director general y al consejo directivo, contemplando las comisiones que dependerán de este último y las funciones que a cada una de ellas corresponde.
Las leyes señaladas que se soportan en los artículos 25, 26 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituyen el marco jurídico fundamental; éstas sin embargo, no representan la totalidad de los ordenamientos legales a los que está sujeta la institución, ya que formando parte del sector paraestatal de la Administración Pública Federal, queda también sometida a lo establecido por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
reglamentaria del artículo 90 de la Constitución Política del país, que señala las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de banca y crédito, que se ejercitan por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la cual con base en dicha ley se sujeta a un reglamento interior, que viene a definir las facultades de la propia Secretaría, frente a las sociedades nacionales de crédito.
Pero además, la referida Ley Orgánica de la Administración Pública Federal confiere a otras secretarías de Estado la responsabilidad de encontrar apoyo e intervenir en diversos aspectos de funcionamiento de la propia institución crediticia; dicha intervención se justifica por la naturaleza e importancia de los intereses que la Ley Orgánica tutela.
Asimismo, en lo que respecta a la inspección y vigilancia de la institución, es aplicable el Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros del 28 de octubre de 1986 y sus disposiciones supletorias, como es el caso del Reglamento de Inspección, Vigilancia y Contabilidad de las Instituciones de Crédito del 4 de febrero de 1935.
En conclusión podemos decir, que el marco jurídico fundamental o básico del Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito, en lo que toca al desempeño del servicio público de banca y crédito, está regido por las siguientes normas en orden jerárquico:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 25,26,28 y
Leyes Reglamentarias de dichos preceptos: Ley de Planeación; Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito; Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley Federal de Entidades Paraestatales.
Leyes y disposiciones secundarias: Ley Orgánica del Banco Nacional Pesquero y Portuario y su reglamento; Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, que a partir de este año de 1990 se denomina Comisión Nacional Bancaria.
2.2 Naturaleza de la banca de desarrollo El concepto de banca de desarrollo, en su forma presente, se plasma en la nueva legislación bancaria y crediticia derivada de la nacionalización de la banca, en 1982.
Debe aclararse que el concepto de banca de desarrollo, incorporado en la legislación actual, surge de conceptos de bancos gubernamentales organizados como instituciones nacionales de crédito.
En efecto, el antecedente directo de la banca de desarrollo en México está constituido por las instituciones nacionales de crédito; la primera ley sobre la materia fue emitida en 1932, es la Ley General de Instituciones de Crédito de la Banca Privada. Sin embargo, el inicio de la regulación del sistema bancario posrevolucionario data de 1925, al establecerse la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios. El principio que sirve de base a esta ley, es el de la especialización de las instituciones bancarias. De ese año es también la creación del Banco de México, el cual con el tiempo evolucionó hasta consolidarse como el banco central. En 1926 se establece el Banco Nacional de Crédito Agrícola, institución del Estado destinada a financiar a ejidatarios y pequeños propietarios beneficiarios de la Reforma Agraria. En 1933 se establece el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, que con el tiempo se transformaría en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. En 1934, se establece la Nacional Financiera. El presidente Ávila Camacho, en su último informe de gobierno se refirió a las instituciones nacionales de crédito, hoy banca de desarrollo, como instituciones destinadas a financiar empresas en aquellas áreas que no atraían a la iniciativa privada, por lo costoso de su financiamiento, la incertidumbre o lentitud de sus resultados.
En cuanto al surgimiento de otros bancos e instituciones financieras gubernamentales, cabe referir que en 1935 se constituye el Fondo de Crédito Popular para otorgar apoyo financiero a los obreros artesanos, profesionistas y pequeños industriales, promoviendo su organización en uniones de crédito. En 1937 se crea el Banco Nacional Obrero de Fomento Industrial; en ese mismo año, se funda el Banco Nacional de Comercio Exterior.
En 1943, se creó el Banco del Pequeño Comercio; en 1947, el Banco Nacional del Ejército y la Armada, y en ese año también se estableció el Banco Nacional Cinematográfico, ya desaparecido. En 1950, se crea el Patronato del Ahorro Nacional; en 1935, la Financiera Nacional Azucarera y en 1965, se reorganiza nuevamente el aparato administrativo de financiamiento al campo. En 1975, se integró el sistema del Banco Nacional de Crédito Rural. Así, las instituciones nacionales de crédito, hoy banca de desarrollo, surgen como instrumentos del sector público para atender las necesidades de crédito de sectores prioritarios, cuyo desarrollo se consideró como básico para el país y que, generalmente, no eran atendidos adecuadamente por la banca privada.
Varias son las características particulares de este tipo de instituciones denominadas comúnmente "bancos de desarrollo":
Se distinguen por el hecho de que financian la mayor parte de sus actividades vía endeudamiento y/o recursos fiscales, y no con captación bancaria directa del público (ver cuadro 10, anexo estadístico).
Otro rasgo característico de la banca de desarrollo, es que se trata de intermediarios financieros
especializados; también se distinguen de la banca comercial por el plazo de los créditos que otorgan y por los criterios que utilizan en la evaluación de proyectos, tratando de valorar fundamentalmente las características operativas del proyecto, más que las subjetivas del usuario o las garantías que éste aporte.
Es conveniente profundizar sobre varios de estos puntos característicos de la banca de desarrollo; así, el hecho de que la banca de desarrollo sea un "intermediario financiero especializado", tiene algunas implicaciones importantes. Por un lado, puede ser la respuesta para apoyar a un sector de características especiales, que de otra manera podría no ser atendido en sus necesidades financieras, pero por el otro, implica el riesgo de una excesiva especialización de la banca. Ello conlleva que la institución corra, en gran medida, la misma suerte del subsector o de la actividad que apoya. Otra característica que también diferencia este tipo de bancos, de la banca comercial, radica en el plazo de los créditos que otorgan; usualmente los bancos de desarrollo apoyan proyectos de larga maduración. Es importante mencionar que los largos plazos de sus operaciones implica que en ocasiones estos bancos mantengan inmovilizados sus recursos por periodos de tiempo considerables, y más aun cuando a su vez son socios del proyecto. Otra característica importante de la banca de desarrollo, es su inclinación a valorar más las características objetivas del proyecto que las subjetivas del usuario; esto último es la tendencia general de la banca comercial. Para la banca de desarrollo, es determinante evaluar el impacto social y económico de los proyectos que apoya y financia; esta característica si bien se explica por consideraciones y necesidades generales de la estrategia del desarrollo, implica una tendencia a tasas menores de utilidad de este tipo de instituciones.
También es característica de la banca de desarrollo que dentro de los servicios financieros que ofrece se comprenda, además del otorgamiento de crédito, la inversión de capital de riesgo, la garantía de préstamos, en algunos bancos, y la colocación de emisiones de bonos.
Otro aspecto distintivo de la banca de desarrollo, es que participa en actividades de promoción como: sugerir, mejoras a los proyectos que se someten a su consideración; ayudar a encontrar socios técnicos y empresariales; realizar estudios de viabilidad para proyectos específicos; generar, financiar e iniciar nuevos proyectos, los cuales, una vez consolidados deberán ser traspasados a otros inversionistas o eventualmente a la banca comercial; en suma, la banca de desarrollo maneja toda la gama de servicios ubicados en el ámbito del extensionismo y la asistencia técnica en una actividad específica. Por un lado, puede ser el instrumento para apoyar el inicio de un proyecto o sector de características especiales, que de otra manera no podría ser atendido, pero por el otro, tenemos que el banco absorbe la mayor parte de los costos de la asistencia técnica especializada, lo que implica una tendencia a tener a algunos costos de operación. Otra característica relevante de la banca de desarrollo, es que concede créditos con tasas de interés preferenciales respecto a los niveles de mercado, como instrumento para canalizar inversiones hacia determinados sectores o actividades prioritarias o trascendentes para el desarrollo del país, esto es conocido como subsidio bancario (ver cuadro nueve, anexo estadístico).
De no existir el subsidio bancario otorgado por la banca de desarrollo y el sujetar siempre las tasas de las operaciones crediticias al mercado, impediría u obstaculizaría el financiamiento de proyectos con un largo período de maduración, o que siendo importante para el desarrollo, son de baja rentabilidad en forma directa e inmediata. Además, de no existir el subsidio bancario, se obstaculizaría la atención a usuarios del crédito de fomento, como productores de bajos ingresos.
Esto implica que la banca de desarrollo, para poder tener una operación sana requiera de recursos frescos de bajo costo para financiar los proyectos. La banca de desarrollo funge también como agente financiero, dentro y fuera del país, sirviendo como catalizador de la inversión.
El concepto de banca de desarrollo se resume en:
La banca de desarrollo es un intermediario financiero que tiene por objeto la asignación de recursos financieros y técnicos para el apoyo de áreas o sectores de la economía, que el Estado considera estratégicos o prioritarios en el proceso de desarrollo integral del país, que por diversas razones no son atractivas para la banca comercial; la banca de desarrollo tiene un alto grado de especialización y presta a plazos más amplios que la banca comercial; con frecuencia, canaliza subsidios de tipo financiero y sus actividades dependen de recursos de deuda o fiscales, debido a su escasa capacidad de captar recursos directamente del público.
En suma, por sus características de operación, la salud financiera de la banca de desarrollo depende
críticamente, de contar con recursos de bajo costo y de largo plazo.
2.3 Principales características
de la evolución del sector pesquero
Al Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito, le correspondió, de acuerdo a su ley orgánica, brindar el apoyo para el fortalecimiento de las actividades pesquera, portuaria y naval a través de la promoción, el financiamiento y la asistencia técnica requerida por los sectores institucionales público, privado y social, acorde con las bases jurídicas que regulaban su actividad, así como de conformidad con los objetivos, lineamientos y estrategias de los programas nacionales de Financiamiento al Desarrollo y de Pesca y Recursos del Mar.
En función de lo anterior, se consideró necesario analizar algunos de los elementos o eventos que caracterizaron la evolución de las actividades pesqueras durante los años de existencia del Banco Nacional Pesquero y Portuario. En alguna medida, estos eventos configuraron los retos que hubo de enfrentar esta institución.
Tres son los principales elementos a considerar:
El primero, se refiere al hecho de que afines de los setenta, la actividad pesquera presentaba un escaso desarrollo, el volumen de captura en 1979 fue de 1 millón de toneladas, el consumo percápita de 14.47 kilogramos, la flota era del orden de 30 mil embarcaciones de diversos tipos; en suma, un desarrollo pobre en relación al potencial que brindan los casi 3 millones de kilómetros cuadrados de la Zona Económica Exclusiva. En contraste, en 1988 el volumen de captura fue 40% superior; el consumo percápita 1.5% superior y la flota casi se duplicó.
Un segundo evento de gran trascendencia para la actividad pesquera, lo constituyó la ratificación de los convenios de la Convención del Mar por parte del honorable Senado de la República en 1979; esta ratificación significó la culminación de los esfuerzos realizados por establecer los derechos del Estado mexicano sobre su Zona Económica Exclusiva.
La adopción de la Zona Económica Exclusiva, con el consecuente ejercicio de los derechos de soberanía sobre los recursos pesqueros, implicó para México la obligación de aprovechar los recursos existentes dentro de las 200 millas, o en caso de no poder hacerlo, permitir el acceso a flotas extranjeras.
En consecuencia, en los planes de desarrollo pesquero adoptados por el gobierno federal en el inmediato período posterior a 1979, se incluyó con alta prioridad la creación de una flota pesquera de altura, que asegurara la explotación a los niveles máximos permisibles en la Zona Económica Exclusiva y evitara tener que conceder permisos de pesca a barcos extranjeros.
En consecuencia, al Banco Nacional Pesquero y Portuario se le asignó durante el trienio 1980-1982 la responsabilidad de participar de manera activa en el proyecto de desarrollo de la flota nacional auspiciada por el gobierno federal; en este contexto, fue significativo el esfuerzo por desarrollar la flota atunera financiando en forma directa, o bien otorgando su aval a instituciones de crédito del exterior para respaldar a los diversos armadores privados y Cooperativas pesqueras en la adquisición o construcción de 54 barcos atuneros en Estados Unidos de América, España, Noruega e Italia, primordial mente, debido a la imposibilidad de adquirir tales barcos en México.
Un tercer aspecto que incidió en el sector, lo constituye los problemas con Estados Unidos, relacionados con la pesca del Atún.
Antes de 1976, México sólo tenía jurisdicción sobre los recursos ubicados dentro de las 12 millas de mar territorial; fuera de esta área y en todo el Pacífico Oriental, la captura de Atún se realizaba conforme a las regulaciones de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), creada en 1949 por Costa Rica y Estados Unidos con el objeto de explotar y conservar las especies de túnidos.
En 1964, México se incorporó a la Comisión Interamericana de Atún Tropical, a la que previamente se habían sumado Panamá y Ecuador, y en la que posteriormente participaron Canadá, Francia, Nicaragua y Japón.
A partir de 1966, la Comisión Interamericana del Atún Tropical estableció un límite anual de captura en el área regulada por la Comisión para el Atún Aleta Amarilla (ARCAA), bajo el sistema de libre competencia, hasta que se alcanzaba este límite; obviamente ello significaba una notoria desventaja para los países con reducidas y obsoletas embarcaciones . En 1969, se adoptó un nuevo mecanismo consistente en la asignación de cuotas, en donde los países ribereños negociaban, año con año, la cuota que se les asignaba en función de sus capacidad de captura; el crecimiento de la flota norteamericana minimizaba las posibilidades de los países ribereños de acceder a mayores asignaciones.
Independientemente de lo anterior, la Comisión Interamericana del Atún Tropical estableció un
sistema de temporadas abierta y cerrada; en la primera, podrían participar las flotas de todos los países, y en la segunda, sólo las de los países ribereños. La competencia libre en la temporada abierta representaba una seria desventaja para las embarcaciones de países como México, cuyas flotas eran reducidas y anticuadas, ello propiciaba que en esa temporada los países ribereños se abstuvieran de operar y que iniciaran sus operaciones hasta que la flota de Estados Unidos disminuía su actividad.
Al adoptarse la Zona Económica Exclusiva, con el consecuente ejercicio de los derechos de soberanía sobre los recursos pesqueros, México estaba, como ya se señaló, en la obligación de aprovechar los recursos atuneros existentes dentro de las 200 millas, y en caso de no hacerlo, permitir el acceso a flotas extranjeras. En atención a ello, el gobierno de México decidió impulsar la creación de una flota atunera.
Por otra parte, aun cuando los Estados Unidos reconocieron la Zona Económica Exclusiva de México, no aceptaron los derechos que el país ejerce sobre especies altamente migratorias como el Atún.
Con base en lo antes expuesto, México denunció a la Comisión Interamericana del Atún Tropical, en noviembre de 1977, entrando en vigor su retiro un año después.
En 1981, en forma casi simultánea a la puesta en operación de buena parte de la flota financiada o avalada por el Banco Nacional Pesquero y Portuario, algunos bancos aún se encontraban en construcción, los Estados Unidos decretaron un embargo atunero en contra de México, lo cual ocasionó una crisis en la pesquería del Atún, al volcarse todas las capturas hacia la infraestructura portuaria nacional, provocando una interrupción de los ciclos de pesca, alargando las estadías en puerto y saturando la capacidad de proceso industrial ante la falta de mercado interno y externo del producto enlatado, ya que en ese entonces, el 60% de la producción nacional de Atún era entregado a las empacadoras de San Diego y de los Ángeles, California, o era enlatado en Ensenada, Baja California, como maquila de marcas americanas.
El impacto de este embargo se reflejó claramente en los precios de exportación del Atún, como se muestra en el cuadro uno; así, mientras que el precio de exportación al inicio del embargo fue de 1 mil 259 dólares por tonelada, después del embargo apenas alcanzó los 600 dólares por tonelada en 1984, y fluctuó en 800 dólares por tonelada hasta 1987, año en que concluyó el embargo. En 1988 se recupera el precio pero sigue siendo inferior en 20% al precio logrado en 1982.
Esta evolución de los precios de exportación refleja que mientras el volumen de captura crecía, al incrementarse la flota de México y otros países, no había posibilidad de colocarlo en los mercados de Europa y Asia, que se plantearon como alternativa al mercado estadounidense, cerrado por el embargo. El mercado nacional tampoco era alternativa para absorber los volúmenes crecientes de captura, pues el consumo era apenas de 40 mil toneladas anuales; en consecuencia, a finales de 1982, se encontraban ya saturadas las bodegas de las enlatadoras y los frigoríficos nacionales y el precio se desplomó.
En este contexto, hace erupción la crisis económica de 1982, lo que acabó por deprimir aún más a la industria pesquera en general, y en particular a la atunera; así al iniciar 1983, la industria sufría un estancamiento casi total. Por un lado, había una gran cantidad de barcos inactivos y por el otro, los armadores no querían retirar los barcos que estaban en construcción en los astilleros, ya que resultaba incosteable operarlos.
En suma, el Banco Nacional Pesquero y Portuario se vio enfrentado a un reto significativo. A partir de un pobre desarrollo de la infraestructura y actividad pesquera, se enfrentó al reto de financiar la creación de una flota adecuada, y la infraestructura de industrialización y comercialización necesaria para el aprovechamiento de una riqueza, que se incrementó de forma significativa por el aumento de la Zona Económica Exclusiva, y hubo de internarlo en condiciones de mercado sumamente adversas.
Lo anterior como se analiza más adelante, no fue ajeno a la problemática del banco.
3. Principales características de la evolución operativa y financiera Una vez concluido el examen de los antecedentes históricos y del contexto general en que operó este banco, se procedió a analizar la evolución de la situación operativa y financiera del Banco Nacional Pesquero y Portuario, a fin de establecer los factores que incidieron en su situación de "quiebra técnica".
Se acordó que el análisis de la evolución financiera comprendiera los años de 1987 a 1989.
3.1 Principales indicadores financieros Canalización de recursos Durante este período, la institución canalizó recursos por poco más de 237 mil millones de
pesos, de los cuales 119 mil millones de pesos corresponden a 1987, 95 mil millones de pesos a 1988 y 23 mil millones de pesos a 1989; como puede observarse en el cuadro dos, la canalización del crédito disminuyó constantemente, y si se ajustaran las cifras para eliminar el efecto de la inflación, la disminución sería aún mayor, ello fue reflejo de las dificultades financieras que enfrentó la institución en estos años.
Visto por actividades, el banco canalizó el mayor volumen de crédito al sector pesquero; así, en el período de referencia, 203.2 mil millones de pesos se destinaron a dicho sector, sólo 2.4 mil de millones de pesos al sector naval, a las actividades conexas 7.6 mil millones de pesos y 23.9 mil millones de pesos como agente financiero del gobierno federal para los proyectos de Pescado de Chiapas y Pescado de Colima.
En lo que se refiere a crédito ejercido por concepto, se observa que el 62.3% de lo canalizado se destinó a dos rubros: camarón y Atún; otro rubro importante que fue apoyado por el banco, fue el referente a proyectos de industrialización de productos del mar, que recibió el 18.9%; sigue en importancia lo canalizado a la pesca de escama y sardina con el 7.2% y las actividades de comercialización con el 16.8%; el resto, 4.7%, fue para acuacultura, marina mercante y actividades conexas.
Por tipo de crédito, 67.7 mil millones de pesos fue destinado a préstamos refaccionarios, 131.1 mil millones de pesos a préstamos de avío, 22.5 mil millones de pesos a créditos simples y 15.6 mil millones de pesos a préstamos quirografarios y otros.
En lo que respecta a la clasificación por sectores, se puede observar que en el período de referencia el banco canalizó 88.1 mil millones de pesos al sector social, 29.7 mil millones de pesos al sector público y 119.3 mil millones de pesos al sector privado; la menor participación del sector social en el destino del crédito, obedece a que a partir de 1988 el financiamiento a la pesca del camarón, actividad fundamentalmente del sector social, fue realizado por el Fideicomiso de Apoyo a las Actividades Relacionadas con la Agricultura a través de la banca comercial, por las dificultades que presentaba ya el Banco Nacional Pesquero y Portuario así, mientras que en 1987 esa actividad recibió por parte del Banco Nacional Pesquero y Portuario casi 54.0 mil millones de pesos, en 1988 recibe sólo 12.0 mil millones de pesos y en 1989 la institución destinó solamente 1.2 mil millones de pesos.
Situación de cartera El saldo de la cartera total de la banca por los distintos préstamos otorgados ascendió a 849.3 mil millones de pesos en 1987, 568.2 mil millones de pesos en 1988 y 689.5 mil millones de pesos en 1989. Ver cuadro tres.
Al analizar la cartera, resultan los bajos niveles de recuperación que presenta la institución; así, en 1987 sólo se recuperó el 14.4%, en 1988 la tasa de recuperación se mejoró al 16.6% y en 1989 disminuye al 7.8%; sin embargo, la baja recuperación de la cartera no se reflejó en elevados porcentajes de cartera vencida, ésta representó el 3% en 1987, el 12% en 1988 y el 4% en 1989, de la cartera total de cada uno de los años. Como se observa, salvo para 1988, los porcentajes de cartera vencida no estuvieron fuera de línea, en relación a lo que es usual en ese tipo de instituciones.
En el cuadro siete se muestra la situación de la cartera vencida al 31 de agosto de 1989, del cuadro se desprende que su monto ascendió a 28.9 mil millones de pesos, de los cuales el 32% correspondió a cartera atunera, 24.2% a la camaronera, 16.5% a la pesquería de escama y 18.9% a la industria de transformación. Visto por sectores, el 57% de la cartera vencida correspondió al sector social y el 46% al sector privado.
El relativamente bajo nivel de cartera vencida, obedece a que las operaciones que no eran cubiertas por los acreditados, en un alto grado se redocumentaban. La difícil situación de los productores pesqueros a partir de 1981-1982, derivada de las devaluaciones y el incrementó de la inflación, explica las dificultades que tuvieron para cumplir los compromisos de pago en los plazos establecidos inicialmente en sus adeudos con el banco.
En el caso de los atuneros, las dificultades se asociaron tanto a los problemas derivados del embargo atunero, como al notable incrementó en los costos de operación anuales; así, ya para 1987 eran 52.9 veces superiores a los de 1981, en embarcaciones de 900 a 1 mil 200 toneladas; incrementos mayores se dan en relación a 1988.
Destacan por su importancia los incrementos ocurridos en los siguientes conceptos:
Los gastos de helicóptero aumentaron 294 veces, al pasar de 1.0 millones de pesos por año en 1981 a 294 millones por año en 1987, como consecuencia de las devaluaciones, lo cual afecta
tanto el monto de la renta como el costo de operación y reparación.
Los costos de combustible aumentaron 148.8 veces, pasando de 6 millones de pesos por año en 1981 a 518 millones por año en 1987, ya que el diesel se incrementó en 1.0 peso por litro en 1981, a 248.0 pesos en 1987 y la gasolina de 2.40 por litro en 1981 a 267.0 pesos por litro en 1987.
Las reparaciones aumentaron de 11 millones de pesos por año en 1981 a 574 millones de pesos por año en 1987.
La mano de obra se incrementó 3.8 veces, al pasar de 22 millones de pesos por año a 84 millones de pesos.
La carga financiera pasó de ser el 55% de los ingresos en 1981, a representar el 375% de los mismos en 1987, incrementándose en casi 270 veces de su nivel original de 1981.
Aunado a lo anterior, el precio del Atún en 1987 fue 34% inferior al de 1981. De la misma forma, en el caso de otras pesquerías, los fuertes incrementos experimentados en sus costos de operación, tales como el costo del diesel, pago de seguros, tripulación, así como los costos de las reparaciones, tampoco fueron correspondidos por incrementos similares en el precio del producto, que en la sardina, escama y Atún se encuentran controlados en el mercado nacional; esta evolución diferencial entre precios de los insumos y precios de venta, impidió que se generaran los remanentes de operación suficientes para cubrir sus adeudos.
Frente a las dificultades financieras de los productores, el banco optó por la redocumentación para mantener en operación la flota, considerando que ello era indispensable para explotar la Zona Económica Exclusiva del mar, ya que en el caso de no hacerlo, México tenía la obligación de permitir a otros la explotación de dicha zona.
Situación de los ingresos Los ingresos de la institución muestran una estructura especial, hasta cierto punto propia de una banca de desarrollo, que capta pocos recursos en forma directa del público y obtiene los mismos por la vía del endeudamiento o de recursos fiscales, tal es el caso del Banco Nacional Pesquero y Portuario. Sin embargo, sus cifras muestran que sus fuentes de ingresos dependieron en forma excesiva de la contratación de crédito. Como se muestra en el cuadro nueve, este concepto significó alrededor del 70% de los ingresos del banco.
Una de las características de la banca de desarrollo, mencionada antes, es que usualmente el monto de recursos que captan directamente del público representa un bajo porcentaje del total de sus ingresos; en el caso del Banco Nacional Pesquero y Portuario, esta situación fue particularmente grave, pues en 1988 y 1989, los recursos captados del público disminuyeron, en forma absoluta, en relación a 1987, es decir, la captación de recursos del público dejó de ser fuente de ingresos para la institución. Adicionalmente, la institución no recibió recursos fiscales durante estos años.
La recuperación de créditos por las causas señaladas antes también representó un porcentaje sumamente bajo del total de ingresos, su propia operación tampoco le generó un monto de ingresos importante; en consecuencia, para mantener sus operaciones, fue necesario un constante endeudamiento en el mercado de dinero.
Como consecuencia del excesivo endeudamiento que el Banco Nacional Pesquero y Portuario reflejaba, el gobierno federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica del propio banco, decidió celebrar con la institución un convenio de saneamiento financiero en los términos del artículo 32 del decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación de 1988, mediante el cual el primero asumió adeudos con fecha 14 de diciembre de ese año por un valor de 2.75 billones de pesos y el Banco Nacional Pesquero y Portuario se comprometió a llevar a cabo un programa de cambio estructural, tendiente a hacer más eficiente su operación y servir de mejor manera a las necesidades del desarrollo pesquero nacional. Conviene señalar que la asunción no implicó la entrega física de dicha cantidad por parte del gobierno federal al banco, esto es, la operación no se llevó a cabo con recursos frescos, ya que el gobierno federal se sustituyó en deudor frente a las fuentes acreditantes del banco, ante las cuales irá amortizando dichos pasivos conforme a los plazos con que fueron contratados originalmente.
Por otra parte, es importante resaltar que la aplicación que dentro de la contabilidad del Banco Nacional Pesquero y Portuario se dio a los 2.75 billones de pesos asumidos, consistió en aplicar el 49% para absorber las pérdidas de operación que tenía acumuladas el banco hasta diciembre de 1988 con monto de 1.35 billones; el otro 51%, se destinó a absorber parte de los propios pasivos asumidos.
Con esta asunción de pasivos se logró dotar al banco de un capital contable positivo, ya que al 31 de diciembre de 1988, según cifras de balance, el mismo representaba el monto de 4 mil millones de pesos, compuesto por los 650 millones de pesos de capital social y 3 mil 400 millones de pesos de la reserva legal.
Resultados de operación
El banco registró pérdidas netas en el período 1987-1989, por un monto de 1.45 billones de pesos.
Del análisis de los estados financieros a disposición de la comisión, se detecta que estas pérdidas de operación se originaron por tres factores principales:
a) Diferencial creciente entre intereses totales cobrados e intereses pagados.
b) Castigos y quebrantos, y
c) Gastos de operación.
a) Diferencial de intereses. La diferencia entre intereses cobrados e intereses pagados, como se muestran en el cuadro 10, ascendió a 1.26 billones de pesos, este factor explica el 86.6% de la pérdida acumulada en el período de referencia.
Conviene ahondar sobre las causas de este diferencial, que gravitó en forma tan importante sobre las finanzas de la institución, dos son los ámbitos en donde hay que buscar la respuesta.
El primero se refiere a la diferencia que existió entre la tasa que el banco cobraba a sus acreditados y la tasa que el banco pagaba sobre su propia deuda es decir, sobre los recursos que el banco solicitaba en préstamo a distintas fuentes.
La primera tasa se fijaba en función a una política de fomento y era menor a la del mercado; la segunda tasa era establecida estrictamente por el mercado, ver cuadro 11. Es evidente, que dadas las condiciones económicas de los años de referencia, este diferencial que usualmente existe en bancos de desarrollo, se incrementó significativamente al dispararse el costo del dinero en el mercado.
El segundo ámbito a analizar para buscar la explicación de esta situación, es el referido al tamaño relativo del saldo sobre el que se cobran intereses, cartera, y el saldo sobre el que se pagan intereses, deuda del banco. La información disponible muestra que el segundo saldo fue muy superior al primero.
En consecuencia, El impacto del diferencial de tasas se agrava por este diferencial de saldos; la razón de este diferencial de saldos está en el hecho de que, como se vio antes, los ingresos del banco dependieron básicamente del endeudamiento, alrededor del 70%. Esta excesiva dependencia de operaciones de deuda para obtener recursos, en condiciones de costos financieros crecientes, implicaba de hecho que el banco no sólo se endeudaba para financiar su operación, sino incluso para pagar los intereses de su deuda, es decir, la operación del banco ya no generaba recursos para liquidar sus pasivos y en consecuencia se hizo necesario recurrir a mayor endeudamiento, así, el problema se fue haciendo cada vez mayor.
Lo anterior se agravó por el hecho de que la recuperación de cartera, como ya se vio, era muy baja y generaba menos del 10% de sus necesidades de ingresos. b) Castigos y quebrantos. El segundo rubro en importancia que explica las pérdidas que acumuló el banco, está en el concepto de castigos y quebrantos de cartera; el monto de los castigos y quebrantos en estos años fue de 150 mil millones de pesos, que significaron el 10.3% de las pérdidas netas obtenidas en el período. Estos quebrantos están vinculados también al bajo de recuperación de cartera de la institución.
Como ya se señaló, era práctica usual la redocumentación de cartera, sin embargo, también en ocasiones el Banco Nacional Pesquero y Portuario se vio en la necesidad de adjudicarse un número importante de activos, principalmente embarcaciones y bienes inmuebles que constituían garantías adicionales; estas adjudicaciones se dieron tanto por la vía de la dación en pago, como mediante el establecimiento de litigios en contra de sus acreditados, esto le significó al Banco Nacional Pesquero y Portuario el desembolso de recursos adicionales para el mantenimiento y custodia de los bienes, además de que en la mayoría de ellos no podían realizar la venta debido a la situación litigiosa en que se encontraba.
Las adjudicaciones implicaron para el Banco Nacional Pesquero y Portuario recibir los bienes con un valor equivalente al monto de los adeudos a cargo de sus acreditados, y puesto que dichos adeudos llegaron a ser superiores al valor comercial de estos bienes, debido a las cargas financieras, los gastos de mantenimiento y los gastos de los juicios entablados, el Banco Nacional Pesquero y Portuario registró quebrantos.
Debe señalarse que la Comisión Nacional Bancaria ha establecido las normas y procedimientos que todas las entidades nacionales de crédito
deben cumplir para que esa comisión analice y en su caso autorice los quebrantos que somete a su consideración la banca, es decir, la aplicación de los castigos y quebrantos no se pudo realizar hasta contar con la respectiva autorización expresa de dicha comisión.
En resumen, el impacto de los dos factores antes mencionados, constituye el 96.9% de las pérdidas sufridas por el Banco Nacional Pesquero y Portuario en los tres últimos años de su operación.
c) Gastos de operación. El tercer elemento para explicar las pérdidas está dado por los gastos de operación, sin embargo, este concepto es poco relevante para la magnitud del problema. Como se observa en los estados de resultados, los gastos de operación que son distintos de los quebrantos,
ascendieron a poco más de 100 mil millones de pesos en el período, esta suma,si bien no es significativa para el monto de las pérdidas del banco, en cuanto a su influencia en las pérdidas, sí refleja un alto costo de operación al compararse con el volumen de crédito otorgado; por otra parte, la plantilla de personas de la institución en 1988, la integraban 1 mil 334 empleados distribuidos en 21 sucursales cuatro centros financieros y una oficina central. Para el mes de enero de 1989, dicha plantilla era de 910 trabajadores y para julio de ese mismo año se ubicó en 506 empleados, en función de los requerimientos y avance de la reestructuración.
En síntesis, como se puede observar en el análisis de los indicadores, la institución acumuló una pérdida de 1 mil 458 billones de pesos en estos años, estas pérdidas fueron causadas por tres zonas, principalmente: Diferencias entre intereses totales cobrados y pagados, que explica 1.26 billones de pérdida;
Quebrantos de cartera que explica 150 mil millones de pesos de la pérdida acumulada, y
Gastos de operación altos.
3.2 Principales Programas
Para entender la difícil situación del banco, es conveniente analizar en mayor detalle los principales proyectos y programas; cuatro son los más importantes:
El Programa Atunero.
El Programa de Desarrollo Pesquero México- Banco Internacional de Desarrollo Proyectos "Chiapas y Colima".
Programa Camaronero.
Estos programas, significan el 95% de las operaciones del banco.
Programa Atunero
Como ya se señaló, uno de los retos que planteó la ratificación de la convención de Mar y la afirmación de la Zona Económica Exclusiva, fue la creación de la flota que permitiera aprovechar esa riqueza incrementada. Una de las pesquerías de altura que requería un mayor impulso para el ejercicio pleno de la soberanía sobre la Zona Económica Exclusiva, era la del Atún, con ese propósito, el Banco Nacional Pesquero y Portuario tuvo en el trienio 1980-1982 una participación muy activa en el proyecto de desarrollo de la flota atunera nacional auspiciada por el gobierno federal; la acción del banco fue financiar en forma directa o bien otorgando su aval a instituciones de crédito del exterior, para respaldar a diversos armadores privados y Cooperativas pesqueras en la adquisición o construcción de barcos atuneros.
En total, se financiaron 54 barcos, adquirieron por los acreditados del banco en Estados Unidos, España, Noruega e Italia, principalmente.
Debido a la imposibilidad de construir los barcos atuneros en México, fue necesario acudir al mercado internacional, y dado que otros países decidieron hacer lo mismo, los precios mundiales de construcción de barcos se incrementaron considerablemente. El costo promedio de construcción y adquisición de cada barco fue del orden de 10 millones de dólares, costo variable en función del equipo con que se dotaban. En virtud de lo anterior, los apoyos otorgados al Banco Nacional Pesquero y Portuario fueron denominados en moneda extranjera.
En forma casi simultánea a la puesta en operación de la mayor parte de la flota financiada o avalada por el Banco Nacional Pesquero y Portuario, los Estados Unidos decretaron en 1981 el embargo atunero en contra de México, lo cual ocasionó como ya se dijo, una crisis en la pesquería del Atún. Asimismo, se comentó también anteriormente las circunstancias en que se dio la crisis de 1982, lo que acabó por deprimir aún más a la industria atunera; así, al iniciar 1983, la industria sufría un estancamiento casi total, a raíz del proceso devaluatorio y la creciente inflación, los proyectos atuneros, en que su momento habían
resultado viables, entraron en una etapa crítica que no les permitió cubrir sus adeudos, ante tal situación, fue necesario en 1984 reestructurar la cartera bajo una esquema similar al del Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios, para protegerla del riesgo cambiario.
Aun cuando la captura de la flota atunera mexicana es superior a los estándares internacionales, trabajaban a más del 85% de su capacidad de acarreo por viaje y el 100% de la misma fue cedida al Banco Nacional Pesquero y Portuario, las empresas no generaron los remanentes de operación suficiente para hacer frente de manera cabal a sus compromisos crediticios, debido a los fuertes incrementos en los costos de operación, derivados de la creciente inflación; la contracción de los precios internacionales del Atún; el incremento en las tasas de interés y las consecuencias del embargo atunero que se levantó hasta 1987.
En apoyo a lo anterior, es importante mencionar que la captura de túnidos se incrementó de 46 mil 981 toneladas en 1982 a 148 mil 45 toneladas en 1989, mientras que las exportaciones variaron de 12 mil 634 a 78 mil 464 toneladas en los mismos años; por otra parte, los precios promedio del Atún tuvieron una caída hasta del 50% en 1986, con relación a 1982, como se puede apreciar en el cuadro uno.
Para hacer frente al embargo atunero se impulsó la diversificación de las exportaciones, principalmente a España e Italia; esta estrategia si bien tomó tiempo, ha tenido éxito y tales países en los últimos años adquieren ya alrededor del 80% del Atún mexicano, eliminándose prácticamente la dependencia del mercado norteamericano, cuyo gobierno actualmente está promoviendo el establecimiento de un nuevo embargo, con motivo de la captura incidental de delfines.
La flota atunera no ha podido consolidarse desde un punto de vista financiero, aun cuando en términos de producción haya cumplido con eficiencia los objetivos para los que fue creada; por esa razón, actualmente se están buscando alternativas para solucionar el problema financiero de las pesquerías del Atún, con el propósito de que alcance su autosuficiencia financiera.
Programa de Desarrollo Pesquero
México - Banco Interamericano
de Desarrollo
Este programa, es un programa desarrollado por el Banco Nacional Pesquero y Portuario como agente financiero del gobierno federal, con un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo por 80 millones de dólares; su propósito fue financiar parcialmente un programa integral de desarrollo pesquero y Portuario, cuyo costo total se estimó en 200 millones de dólares, por lo que el gobierno mexicano aportó como contrapartida local 120 millones de dólares. El préstamo se suscribió el 11 de febrero de 1981.
Este programa se dividió en dos subprogramas, el subprograma "A" de crédito global, cuya ejecución estuvo a cargo del Banco Nacional Pesquero y Portuario y el subprograma "B" que estuvo a cargo de la Secretaría de Pesca, consistente en la construcción de obras de infraestructura pesquera y portuaria, como complemento a las inversiones que se realizaron con el subprograma "A". Los recursos del subprograma "A" ascendieron originalmente a 166 millones de dólares, de los cuales, el Banco Interamericano de Desarrollo aportaría 68 millones; la totalidad de los recursos del Banco Interamericano de Desarrollo se destinaron para créditos refaccionarios y el 99% del aporte local para capital de trabajo.
El desembolso se concluyó el 11 de febrero de 1988, después de algunas prórrogas; los recursos del subprograma "B" tanto de aporte del Banco Interamericano de Desarrollo como aporte local fueron totalmente desembolsados, concluyendo las erogaciones en septiembre de 1987.
Con los recursos del subprograma "A" se financiaron 680 proyectos en todo el país, predominando los destinados para la construcción y adquisición de embarcaciones, y en
segundo término, los del sector industrial pesquero. Entre los proyectos importantes, cabe destacar: Pescados Mexicanos, Complejo Pesquero Industrial del Mayab, Tiburonera del Caribe en el Sureste, Pescados Industrializados (Pinsa), en Mazatlán; Pescados de Chiapas, en Tapachula y Pescado de Colima, en Manzanillo y diversos proyectos de acuacultura; dentro de la actividad comercial se financió el centro de distribución (FriJalisco), en la ciudad de Guadalajara.
A este respecto, cabe señalar que la contribución del Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito, al financiamiento, del desarrollo pesquero, logró mantener una fuente generadora de ocupación de alrededor de 54 mil empleos vinculados directa e indirectamente a esta actividad, de los cuales poco mas del 50% se mantuvieron en la fase de captura, 24% en acuacultura, 10% en industrialización y el restante 16% en las fases de comercialización e industrias conexas.
Proyecto "Chiapas y Colima"
En lo referente a la conformación de la planta industrial pesquera, destacan los proyectos
"Pescados de Chiapas" y "Pescado de Colima", que se concibieron como instrumentos para impulsar el desarrollo pesquero de la zona Pacífico Centro - Sur, utilizando la fase industrial como detonador de la producción primaria y de la comercialización, ya que en dicha zona existe un amplio potencial pesquero estimado en alrededor de los 2.4 millones de toneladas, de las que sólo se explotan alrededor del 10% y en las zonas de la región desde Chiapas hasta Nayarit, únicamente se descargan 140 mil toneladas.
En dicha región existen tanto subexplotación de los recursos, como escasez de instalaciones para aprovecharlos, incluso parte de las capturas que se obtienen en el área tienen que trasladarse al noroeste, en donde se concentra la industria; paradójicamente, cantidades importantes de ciertos productos regresan ya procesados a ciudades del centro y sur de la República. El Atún es quizás el caso más representativo de este fenómeno.
Esto dos proyectos fueron objeto de múltiples estudios de factibilidad técnico económica previos y posteriores a la decisión de llevarlo a cabo; también fueron sometidos a diversas revisiones y análisis de sensibilidad por la coordinadora del sector y las dependencias globalizadoras, los financiadores Banco Nacional Pesquero y Portuario y el Banco Interamericano de Desarrollo; los accionistas del Banco Nacional Pesquero y Portuario, Productos Pesqueros Mexicanos, Alsthom y Den Norske Creditbank.
Pescado de Chiapas, Puerto Madero, se constituyó en junio de 1982 con 52% de capital privado, suscrito por el Banco de Comercio y dos firmas danesas, así como el Banco Nacional Pesquero y Portuario y Productos Pesqueros Mexicanos; en 1983, este proyecto estuvo a punto de frustrarse, porque los accionistas daneses optaron por retirarse, dejando si efecto los compromisos financieros y técnicos que tenían a su cargo, mismo que la parte mexicana no estaba en condiciones e cubrir.
Dada la ubicación e importancia del proyecto el gobierno federal ratificó la decisión de llevarlo a cabo y de promover la incorporación de otro inversionista externo; se definió que el Banco Nacional Pesquero y Portuario Pesquero Mexicanos sustentarían temporalmente los requisitos del proyecto, en tanto las condiciones permitieran incorporar una estructura de mayoría privada. A pesar del adverso contexto general, fue posible captar el interés de varias sociedades europeas, entre las cuales se optó por el grupo francés Alsthom, quien, con el apoyo de su gobierno presentó la respuesta más conveniente, incluyendo 25% del capital de riesgo, suministro de equipos avanzados y competitivos, financiamiento preferencial para adquirirlos, respaldos tecnológicos y acceso a un canal comercial acreditado en Europa. Con estas nuevas bases, se procedió a reestructurar la empresa y se reconfiguró, el proyecto, permitió que a principios de 1984 se iniciara la etapa de ejecución en Puerto Madero.
En 1984, Alsthom, el Banco Nacional Pesquero y Portuario y Productos Pesqueros Mexicanos, realizaron los estudios de factibilidad tendientes a llevar a cabo en el estado de Colima un proyecto similar al de Chiapas, utilizando los mismos principios y elementos que habían sido reunidos, lo cual representaba importantes beneficios en tiempo y costo del proyecto, así como futuras ventajas operativas al duplicar la escala productiva. Considerando los positivos resultados de los estudios las autoridades federales y estatales apoyaron la propuesta, comenzaron los trabajos de diseño y las gestiones necesarias; en 1985 se constituyó la empresa, iniciando a principios de 1986 la etapa de ejecución.
Siendo Manzanillo un punto estratégico para la actividad atunera, resultaba especialmente importante crear condiciones que atentaran la concurrencia de inversiones, a fin de convertirlo en puerto atunero, objetivo previsto en el Plan Colima y el programa sectorial; aunque había interés de invertir por parte de diversos empresarios pesqueros y para los armadores representaba un punto atractivo, era necesario el impuesto inicial del gobierno, para la cautela que asumía el sector privado para tomar esas iniciativas.
Para financiar las construcciones y equipos de las plantas, el Banco Nacional Pesquero y Portuario otorgó a las empresas créditos con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo y recursos, propios así como créditos, en su carácter de agente financiero del gobierno federal, en francos franceses provenientes del tesoro y bancos franceses.
A los créditos dispuestos en moneda nacional, se agregaron los intereses generados, mismos que fueron capitalizados, el capital vencido y las comisiones para supervisión; de la misma forma, los créditos externos devengaron sumas importantes de intereses y de comisiones.
En todo momento, los financiamientos otorgados por el Banco Nacional Pesquero y Portuario a las dos empresas han estado garantizados contractualmente con los equipos, maquinaria,
construcciones, materiales e instalaciones que obran en las plantas industriales, y cuyo importe supera al monto de dichos adeudos, que parte de ellos están representados en capital accionario.
En la elección de los proyectos, estaban considerados todos los elementos necesarios para un desarrollo normal, sin embargo, el comportamiento de las variables macroeconómicas rebasó drásticamente todas las proyecciones de inflación, devaluación, disponibilidad crediticia y tasas de interés, entre otras, que se relacionan directamente con los costos, tiempos, medios, programas y facilidades de proyecto como éstos, con altos requerimientos de inversión y periodos largos de maduración; por otra parte, tuvieron que modificarse presupuestos, estímulos fiscales y financieros, etcétera. El costo de los proyectos aumentó significativamente y con ello los requerimientos de crédito y capital; fue necesario gestionar varios aumentos de créditos, aportaciones y otros apoyos, ante fuentes que tenían dificultades para otorgarlos y no siempre pudieron hacerlo en forma suficiente y oportuna; como consecuencia, las empresas se descapitalizaron y tuvieron que trabajar con medios muy reducidos e inconsistentes, además de que tuvieron que asumir nuevas tareas, lo cual se reflejó el ritmo y la continuidad de los proyectos aún así, se decidió continuar los proyectos hasta ser inminente su culminación, lo cual fue positivo, ya que pararlos incluso sólo temporalmente mientras se aclaraba el panorama económico, hubiera tenido mayores consecuencias en tiempo, costo y posibilidades. El caso extremo de cancelarlos, hubiera sido aún más grave sectorial y regionalmente, además de que se sufrirían quebrantos al venderse los componentes aisladamente.
Los proyectos, incluyendo todo el conjunto de elementos que los conforman:
plantas procesadoras, maquinaria, equipos, servicios y refacciones; tecnología, sistemas productivos y administrativos; marcas y otros elementos, están prácticamente terminados; pueden iniciar operaciones en varias líneas e incorporar gradualmente las demás en pocos meses, son dos de la mejores unidades industriales en su género, que producirán importantes beneficios a la pesca y las entidades en donde se ubican.
Las plantas tienen una capacidad conjunta para procesar 48 mil toneladas de Atún, especies de escama y tiburón, con las cuales pueden obtener 21 mil toneladas de alimentos finales en variadas presentaciones, tales como conservas en envases de hojalata, vidrio y plástico; frescos, congelados, seco - salados, embutidos,
ahumados y aglomerados, además de 6 mil toneladas de subproductos: harinas, aceites, pieles, aletas, etcétera y 74 mil toneladas de hielo.
Como efecto de las reestructuración y capitalización analizada y acordada a fines de 1989 través de la presencia mayoritaria y temporal del Banco Nacional de Comercio Exterior, que cuenta con lo medios, cobertura y estructura necesarias, Pescado de Chiapas y Pescado de Colima, están concluyendo los trabajos complementarios de sus plantas e integrando el capital de trabajo con que iniciarán operaciones. Este conjunto de medidas y recursos permite retomar con bases más sólidas los objetivos sectoriales y regionales que justificaron su creación.
Contrariamente a lo ocurrido al comenzar los proyectos, se considera que ahora entrarán en operación en un contexto favorable.
Programa Camaronero
En apoyo a la decisión del gobierno federal de transferir la flota camaronera del
sector privado al sector social, en enero de 1981 se constituyó el Fideicomiso para el Fomento y Apoyo del Desarrollo Pesquero (Fadep) en el Banco Nacional Pesquero y Portuario; dicho fideicomiso tenía por objeto otorgar los financiamientos necesarios a las sociedades Cooperativas para adquirir las embarcaciones camaroneras, en las que hasta esa fecha los cooperativistas se desempeñaban como empleados.
Con esta decisión, se corroboró la voluntad del gobierno federal para constituir a las Cooperativas en sociedad productivas, al dotarles de los medios de producción, reforzándose de esta manera el privilegio que tienen para realizar la captura de camarón, de acuerdo con lo previsto en la Ley Federal de Pesca.
Para realizar la transferencia, se otorgaron créditos refaccionarios a 162 sociedades Cooperativas, para adquirir el total de la flota camaronera que estaba integrada por 1 mil 567 embarcaciones; adicionalmente, se concedieron 101 créditos de habilitación o avío, para que iniciaran operaciones de inmediato. El principal beneficio de esta transferencia , fue la consolidación del sector social pesquero, que se convirtió en propietario de las embarcaciones.
Paralelamente, existía en el Banco Nacional Pesquero y Portuario el Fideicomiso para el Otorgamiento de Créditos a favor de Cooperativas Pesqueras para la Adquisición de Barcos Camaroneros (Fipesco), cuyo objetivo primordial era otorgar créditos a Cooperativas integradas con
egresados de las escuelas secundarias técnicas pesqueras, ademas de las ya constituidas.
A través del Fideicomiso para el Otorgamiento de Créditos a favor de Cooperativas Pesqueras para la Adquisición de Barcos Camaroneros, se construyeron 192 embarcaciones y se adquirieron otras 15, que fueron entregadas a Cooperativas mediante el otorgamiento de créditos refaccionarios. Desde 1984, al extinguirse el Fideicomiso para el Fomento y Apoyo del Desarrollo Pesquero y modificarse el Fideicomiso para el Otorgamiento de Créditos a favor de Cooperativas Pesqueras para la Adquisición de Barcos Camaroneros, para dar origen al actual Fondo Nacional para el Desarrollo Pesquero, el Banco Nacional Pesquero y Portuario se encargó de otorgar los financiamientos que requerían las Cooperativas para reparar y avituallar las embarcaciones camaroneras; posteriormente, a partir de 1988, el financiamiento de avío flota a esta se otorga por el Fideicomiso de Apoyo a las Actividades Relacionadas con la Agricultura y el Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras, a través de la banca comercial.
En forma similar que el de otras pesquerías apoyadas por el Banco Nacional Pesquero y Portuario, la actividad camaronera se vio afectada por la crisis económica de nuestro país, al incrementarse sustancialmente los costos de operación y las tasas de interés; ello se tradujo en bajas recuperaciones para el banco, que tuvo la necesidad de efectuar constantes redocumentaciones, que generalmente eran acompañadas con condonaciones de intereses moratorios.
3.3 Medidas correctivas
Durante la existencia del Banco Nacional Pesquero y Portuario, el gobierno federal, través de sus distintas dependencias representadas ente su órgano de gobierno, tomó diversas decisiones buscando dar solución a la problemática operativa y financiera de dicha institución.
Dentro de éstas destacan por su importancia y trascendencia, las siguientes: En 1983, el gobierno federal mediante convenio celebrado con el Banco Nacional Pesquero y Portuario, se comprometió a cubrir los pasivos en dólares que excedían a los activos en dólares, posición corta en divisas, que tenía contraidas el citado banco al 31 de diciembre de 1983, misma que ascendió a 214 millones de dólares; a partir de esa fecha, el gobierno federal no sólo se hizo cargo de dicha posición, sino también de los intereses que se generaron.
Esta medida que reconoció los efectos negativos de la crisis económica del país, tanto en la operativa del Banco Nacional Pesquero y Portuario como en la de sus acreditados, tuvo como propósito el permitir a dicha institución mejorar su perfil de deuda externa y atenuar su problema de liquidez, con lo cual estuvo en posibilidad de continuar apoyando de manera especializada al desarrollo pesquero del país.
Durante 1984, ante las presiones que ejercían sobre la liquidez del Banco Nacional Pesquero y Portuario las inversiones que éste tenía en el rubro de embarcaciones, el gobierno federal decidió transferir al Fondo Nacional para el Desarrollo Pesquero (Fondepesca) tales barcos, cubriéndole al banco el importe correspondiente que fue de 14 mil 152 millones de pesos, 34 embarcaciones.
Para enfrentar sus necesidades y problemas de fondeo, el gobierno federal intentó corregirla aún, ofreciéndole al Banco Nacional Pesquero y Portuario instrumentos de fondeo menos onerosos y volátiles, tales como el régimen de inversión obligatoria que otorgara la banca múltiple a la banca de desarrollo y los recursos
del Fondo de Financiamiento al Sector Público (Fofisep); para 1987, éste representó el 34.1% de los pasivos totales del banco, habiendo crecido su participación al 56.9% y 89.9% respectivamente en los dos años subsecuentes.
En virtud de que aún con los esfuerzos realizados la situación del Banco Nacional Pesquero y Portuario no mejoraba, el gobierno federal en marzo de 1988 decidió incorporar a esta institución a la política generalizada de racionalización y cambio estructural del sector público y buscar en corto plazo la modificación de sus formas de operación, la depuración de su situación financiera, la racionalización de los subsidios y el uso selectivo del crédito que culminó con el
Convenio de Asunción de Pasivos en diciembre de 1988 por 2.75 billones de pesos; paralelamente y con objeto de no afectar a los apoyos crediticios que requería el
proceso productivo pesquero, el gobierno federal promovió la participación de la banca múltiple, Fideicomiso de Apoyo a las Actividades Relacionadas con la Agricultura, Fideicomiso para el Otorgamiento de Créditos a Favor de Cooperativas Pesqueras para la Adquisición de Barcos Camaroneros y el Banco Nacionales de Comercio Exterior.
4. Factores o causas que originaron las situaciones de " quiebra técnica".
En los apartados anteriores se ha informado sobre los antecedentes históricos de la institución,
sobre los elementos que caracterizan el contexto general en que surge y opera el banco; asimismo, se analizó su evolución financiera y operativa. Con los elementos de análisis desarrollados en los apartados anteriores, esta comisión en condiciones de analizar las causas generales de la "quiebra técnica", a la que se hace mención en los considerandos de la iniciativa de decreto para abrogar la Ley Orgánica del Banco.
4.1 Significado del concepto "quiebra técnica"
Antes de pasar a analizar las causas de la "quiebra técnica" del banco, es necesario explicar el significado del término, dado que ha generado confusiones, tanto al analizar y debatir el proyecto de dictamen para abrogar la Ley del Banco Nacional Pesquero y Portuario como en los propios trabajos de la comisión.
En primer lugar, debe señalarse que tal expresión es un concepto que no está definido, ni tiene sustento en la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos (LQSP).
Es un término que se emplea para describir una situación financiera difícil de instituciones del tipo de banca de desarrollo, que por ley no son sujetas de declaratoria de quiebra en ninguna de las clases de quiebra que tipifica la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos.
Por lo anterior, dicho término no debe interpretarse en la connotación jurídica que la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, en su Título Primero da al estado de "quiebra", que en resumen manifiesta, que para que ésta se produzca, debe mediar declaración de juez competente en ese sentido. Estas instituciones no son sujetos de quiebra en el sentido de la ley, dado que por lo general, como en el caso del Banco Nacional Pesquero y Portuario, sus leyes orgánicas establecen que en cualquier circunstancia el gobierno federal hará frente a las obligaciones que el banco no pueda cubrir.
En síntesis, en los términos de la ley respectiva, el Banco Nacional Pesquero y Portuario nunca quebró ni se encontró en posición de suspender el pago de sus obligaciones, en virtud a los establecido en el artículo 10 de su Ley Orgánica; no obstante, el Banco Nacional Pesquero y Portuario sí mostró una situación financiera problemática, incurriendo en pérdidas importantes en los últimos años, que como se señaló antes, ascendieron a 1.458 billones de pesos entre 1987 y 1989. Es a esta situación del banco, a lo que se ha denominado como "quiebra técnica" del Banco Nacional Pesquero y Portuario.
4.2 Causas de la "quiebra técnica"
Entendida la "quiebra técnica" en el sentido expresado en los párrafos anteriores, hablar de las causas de la quiebra significa hablar de las causas que motivaron las fuertes pérdidas que acumuló la institución hasta 1989; al respecto, ya ha sido establecido , a partir del análisis de la información de sus estados de resultados, que el monto de las pérdidas ascendió a 1.458 billones de pesos entre 1987 y agosto de 1989.
¿Que factores originaron este monto de pérdidas?
El análisis de la situación financiera del Banco Nacional Pesquero y Portuario durante el período de referencia, aporta una razonable explicación. Las pérdidas acumuladas en estos años, como se analizó con detalle en el apartado 3.1, se originan por tres causas principales:
Los pagos de intereses sobre la deuda del banco excedieron a sus ingresos por intereses sobre su cartera, en un monto superior a 1.2 billones de pesos. Este monto equivale al 86.6% de la pérdida acumulada.
Los quebrantos y castigos de cartera que ascendieron a 150 mil millones de pesos equivalentes al 10.3%, y Gastos de operación, que si bien no son significativos para el monto de las pérdidas en relación al volumen de crédito operado, son altos.
Los dos primeros elementos explican el 96.9% del total de pérdidas acumuladas en los tres últimos años de operación del banco.
Ahora bien, conviene analizar qué o cuáles fueron los factores que incidieron sobre los elementos anteriores que generaron pérdidas tan significativas al Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito. Un primer elemento de explicación está vinculado con el problema del origen de los recursos
del banco, al explicar las características de la banca de desarrollo, se concluyó que la salud financiera de una institución de esta naturaleza depende críticamente de que pueda contar con recursos de bajo costo y amplio plazo. Es evidente que un banco que presta a sus acreditados a tasas preferenciales, de fomento, inferiores a las del mercado, debe contar con fuentes de recursos
que le impliquen un costo inferior a estas tasas preferenciales.
En el caso del Banco Nacional Pesquero y Portuario, esto no sucedió así; la institución obtenía una parte muy grande de sus recursos, del orden del 70%, por la vía de contratar crédito y deuda, a tasas y condiciones de mercado. Es claro que en esta circunstancia, el banco se vio imposibilitado a mantener una situación financiera sana.
Las fuentes de recursos de bajo costo no estuvieron disponibles para la institución, tanto porque carecía de una infraestructura adecuada para captar recursos del público, como porque su naturaleza le impedía ofrecer instrumentos atractivos para competir con otros intermediarios financieros, bancarios y no bancarios, por el ahorro del público.
Al analizar la situación de la cartera del banco, se destacaron los bajos niveles de recuperación de cartera. ¿A qué de debió lo anterior?, ¿fue producto de malos análisis de crédito, o más bien fue producto de la situación productiva y financiera de los acreditados?
También cuando se analizaron las características genéricas de la banca de desarrollo, se estableció que uno de los aspectos característicos de esta institución, es precisamente el ser intermediarios financieros especializados que buscan satisfacer las necesidades financieras de un sector de actividad determinada, y que en consecuencia tienden a correr la suerte y riesgos del sector de referencia; por ello, un segundo elemento explicativo de la acumulación de quiebra, se desprende del análisis de la situación de los acreditados del banco, es decir, la situación productiva y financiera de los productores pesqueros, tanto del sector social como del privado.
Al respecto, se han descrito los problemas de los diversos grupos de acreditados y de los principales programas operativos del banco, que ilustran con amplitud la situación de los productores pesqueros; cabe destacar sin embargo, lo siguiente:
En el caso de los productores atuneros, su situación productiva se caracterizó por resultados razonablemente positivos: se creó una flota de altura, se elevó sustancialmente la eficiencia y la producción, se aumentó significativamente la captura y se tuvo un éxito razonable en la diversificación de las exportaciones, y sin embargo, en el ámbito financiero su situación fue precaria y no se logró consolidar. A pesar de mayores niveles de actividades, fueron incapaces de generar los flujos suficientes para liquidar los adeudos con el banco. Las causas, según se pudo analizar, son el crecimiento más rápido de los costos que de sus precios de venta; en la evolución de los precios de venta, es elocuente el hecho de que los precios actuales en dólares son significativamente menores a los que prevalecían en los años de 1981-1982, cuando se adquirió la flota.
En el caso de los camaroneros, la situación es menos favorable en cuanto a niveles de eficiencia y productividad, y si bien los precios de exportación han tenido un comportamiento más favorable, tampoco a los productores han logrado la generación de excedentes suficientes, lo que ha afectado la situación del banco.
Una situación similar a la observada con los productores atuneros, es la que se presenta en el caso de otros productores pesqueros como los de las pescaderías de sardina, escameros y otros.
Las consideraciones anteriores muestran con claridad el origen de las fuertes pérdidas de recursos en que incurrió la institución durante los últimos tres años, y la naturaleza de los principales factores que incidieron sobre tales fuentes de quebranto.
Contrasta esta información y razones con las afirmaciones que se han expresado sobre el supuesto carácter fraudulento de la "quiebra técnica" del Banco Nacional Pesquero y Portuario.
La naturaleza de los factores que incidieron sobre las pérdidas de las institución, es claramente ajena a la propia institución, y en consecuencia, no es posible afirmar que tengan un origen o implicación fraudulenta; esta apreciación no implica sin embargo, exoneración alguna, ni la afirmación de que no hayan existido operaciones específicas donde se haya incurrido en alguna violación a los preceptos legales o se hubiere cometido algún fraude (s) por funcionario (s) de la institución o particulares, sólo implica que las pérdidas acumuladas, en su gran mayoría, están asociadas a factores cuya naturaleza fue ajena al propio banco.
Las denuncias realizadas sobre supuestas irregularidades en operaciones específicas del banco es la materia del próximo capítulo que constituyó el segundo gran tema a investigar.
II. Aclaraciones procedentes sobre
algunas denuncias respecto
a la operación del Banco Nacional
Pesquero y Portuario
1. Señalamiento y cuestionamientos sobre el Banco Nacional Pesquero y Portuario, hecho
por lo ciudadanos diputados en tribuna, durante las sesiones del pleno de la Cámara, antes de la constitución de esta comisión.
1.1 El diputado Patricio Estévez, en la sesión del 27 de octubre de 1988, preguntó por qué se había hecho desaparecer a la institución antes de que el Congreso de la Unión acordara lo conducente; este cuestiona miento se aclara de manera expresa en el apartado siguiente de este informe. Es innecesario referirnos a los otros comentarios que el aludido señor diputado formuló, dado que no tienen referencia con el Banco Nacional Pesquero y Portuario, sino que corresponden a otros temas, como el abasto de alimentos pesqueros para el consumo nacional y el mercado exterior, la actuación de la Federación Regional de Sociedades Cooperativas Pesqueras del Sur de Sonora, la violación a la veda del camarón, o la implicación de Ocean Garden en otras actividades supuestamente delictuosas.
1.2 El diputado Armando Duarte Móller, en la sesión del 16 de noviembre de 1989, expresó que en su concepto la quiebra del Banco Nacional Pesquero y Portuario la había creado el propio gobierno, al destinar sus recursos a otros renglones ajenos a la pesca. En el apartado 3.1 del capítulo anterior, quedó establecido que el banco canalizó sus recursos a la realización de los fines que le señala su Ley Orgánica; adicionalmente, el señor diputado Duarte hizo dos cuestionamientos al Banco Nacional Pesquero y Portuario, en función de haber condonado la deuda a los industriales del atún y haberse perdido siete embarcaciones atuneras por negligencia oficial en el Puerto de Ensenada, estas denuncias fueron aclaradas de la siguiente forma:
a) El financiamiento del Banco Nacional Pesquero y Portuario a la industria atunera constituyó uno de los renglones más importantes de la operación del banco, y en forma alguna existió la práctica de condonar sus adeudos a los beneficiarios de este programa de apoyo crediticio, lo que se refleja en los estados financieros de la institución.
Quedó también establecido que el Banco Nacional Pesquero y Portuario no intervino en la concertación de los precios de compra de las embarcaciones, los que convinieron los armadores directamente con los astilleros, limitándose el banco a conceder su apoyo mediante financiamientos o avales, con base en los respectivos avalúos y los dictámenes legales, técnicos y financieros que son usuales en las instituciones de crédito para la concesión de estos apoyos. En su caso, y de igual forma que con las restantes pesquerías, el Banco Nacional Pesquero y Portuario concedió a la industria atunera la redocumentación de aquellas operaciones crediticias no cubiertas en término, y eventualmente procedió a plantear litigios y adjudicaciones de activos ante el incumplimiento de sus deudores.
b) Por lo que hace a la pérdida de las embarcaciones atuneras en el Puerto de Ensenada, ésta ocurrió el 18 de enero de 1988, resultando afectadas total y parcialmente 14 embarcaciones, mismas que estaban aseguradas ante la Compañía Aseguradora Mexicana, S.A., la que liquidó el monto de la responsabilidad resultante.
Es evidente que las compañías de seguro y reaseguro no hubiesen pagado los daños ocasionados a la flota con motivo de este siniestro, en el caso de que los buques hubieran carecido de las condiciones de seguridad exigibles por instituciones de ese tipo; tal circunstancia la verificaron los inspectores de la compañía aseguradora y reaseguradora, las cuales no formularon ninguna observación o reclamación a este respecto.
1.3 El diputado Jesús Ramón Rojo, durante la sesión celebrada el 28 de diciembre de 1989, hizo diversos cuestionamientos sobre la institución, que merecen ser comentadas en forma específica:
a) Expresó que en el documento se reconocía la existencia de una quiebra, siendo que en nuestro sistema bancario las instituciones de crédito no pueden quebrar; esta inquietud ha quedado plenamente contestada con anterioridad, al explicarse el concepto de "quiebra técnica", la concepción jurídica de una quiebra y las causas reales que dieron origen al quebranto financieros del Banco Nacional Pesquero y Portuario.
b) El propio legislador afirmó que la liquidación el Banco Nacional Pesquero y Portuario se había llevado a cabo con anterioridad a que la Cámara tuviese conocimiento y resolviera la disolución del banco y que el dictamen contenía datos confusos en cuanto a los términos "disolución" y "liquidación", que corresponden a sucesos totalmente distintos. En un apartado posterior, relativo a la verificación de si el Banco Nacional Pesquero y Portuario cumplió con las disposiciones legales en cuanto a su disolución y liquidación, se aclaran expresamente estos temas.
c) El diputado Ramón Rojo cuestionó también el hecho de que existen denuncias de que el Banco Nacional Pesquero y Portuario ya no estaba atendiendo solicitudes de Crédito de los pescaderos en 1989; a este respecto y con base en la investigación llevada a cabo por esta comisión, puede informarse que el banco continuó operado
en ese ejercicio, aun cuando limitado por una disponibilidad menor de recursos y el hecho de que se canalizara el apoyo financiero al sector a través de otras instituciones de primer y segundo piso. En todo caso y como ya se indicó en un capítulo anterior, en 1989 el banco financió la actividad pesquera nacional por un monto aproximado de 23 mil millones de pesos.
d) Finalmente, el propio diputado Jesús Ramón Rojo afirmó se habían recibido denuncias de que funcionarios del Banco Nacional Pesquero y Portuario estaban exigiendo el pago de créditos ya liquidados y presionando con el embargo de bienes a los cooperativistas. En las respuestas proporcionales por las autoridades a preguntas concretas de los grupos parlamentarios sobre los procedimientos operativos y de administración del banco, se informó que se ajustaron a las prácticas usuales de la banca de desarrollo.
1.4 El diputado Alberto Pérez Fontecha, en la reunión del 28 de diciembre pasado, entre otros comentarios al quebranto financiero del Banco Nacional Pesquero y Portuario, apuntó la incongruencia de que el banco tuviese pérdidas por la adjudicación de activos de sus deudores. A este respecto y en un apartado anterior de este informe, se explicaron las prácticas seguidas por el banco en esta materia y su efecto en el quebranto financiero de la propia institución, por lo que es innecesario agregar mayores comentarios.
Asimismo, el diputado Pérez Fontecha agregó que, en su concepto, era inexplicable el otorgamiento por el Banco Nacional Pesquero y Portuario de un crédito al señor Isidoro Rodríguez para la adquisición de "barcos cisterna"; a
este respecto, y con base en la autorización otorgada por los representantes de Flota Petrolera Mexicana, S.A. al Banco Nacional Pesquero y Portuario, en términos de la exigencia prevista en el artículo 93 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, se cuenta con todo un informe pormenorizado de las características de dicha operación financiera, el que se acompaña como anexo V de este informe, en la inteligencia de que del mismo se desprende la legalidad de la operación, la que no significó en forma alguna perjuicio para el Banco Nacional Pesquero y Portuario, sino al contrario, la generación de utilidades, y la circunstancia de que este tema fue ya examinado con toda amplitud y cuidado, tanto por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación como por la propia Cámara de Diputados, a través de sus Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, en ocasión de un planteamiento que se hizo de juicio político en el año de 1988 en contra del ex director de Petróleos Mexicanos, y en esa época gobernador constitucional del Estado de México, licenciado Mario Ramón Beteta.
1.5 El diputado Heray Lescieur Molina, en la propia sesión del 28 de diciembre de 1989, cuestionó al Poder Ejecutivo por plantear hechos ya consumados al momento de presentar el proyecto para liquidar al Banco Nacional Pesquero y Portuario. Este tema comentado ya renglones atrás, representa una confusión entre el proceso interno de reestructuración que tuvo lugar en el banco, particularmente en los años 1988 y 1989, y el proceso legal de su disolución, que correspondió integralmente al Congreso de la Unión, al momento de resolver la abrogación de la Ley Orgánica del banco.
1.6 El diputado Jesús Ortega Martínez, en la citada sesión del 28 de diciembre, formuló diversos cuestionamientos, algunos de ellos coincidentes con los previamente relacionados y de lo que ya se ha hecho comentario expreso. En otra parte de su intervención, se refirió a algunas cuestiones distintas que a continuación se responden:
a) ¿Por qué el entonces director general del Banco Nacional Pesquero y Portuario firmaba la documentación oficial como "Director Liquidador del Banco Nacional Pesquero y Portuario? a este respecto e independientemente de que en el siguiente apartado de ese informe se da contestación amplia y detallada a esta inquietud, es menester desde ahora dejar aclarado que en forma alguna el señor contador público Rogelio Carballo se atribuyó la designación de referencia.
b) Hay funcionarios de "primer nivel" y en puestos de gran responsabilidad en el actual gobierno que, en concepto del diputado Ortega, se encuentran involucrados en negocios a través del Banco Nacional Pesquero y Portuario, pretendiendo justificar dicha afirmación el referido representante, citando el caso del "Grupo Mar", sociedad constituida por diversas empresas pesqueras; en este grupo, el diputado Ortega indicó participaban, entre otros accionistas, los señores Javier y Arsenio Farell Campa y afirmó también que las propias compañías privadas o sociedades anónimas mencionadas se constituyeron en una cooperativa, que obtuvo el registro correspondiente en término excepcionalmente breve de parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
A este respecto y dentro de lo previsto por el artículo 93 de la Ley Reglamentaría del Servicio Público de Banca y Crédito, previa solicitud y autorización expresa del señor doctor Javier
Farell, el Banco Nacional Pesquero y Portuario le proporcionó una constancia, que él nos hizo llegar a esta comisión, y en la que se esclarecen plenamente los créditos que le concedió el Banco Nacional Pesquero y Portuario, el monto histórico de sus adeudos y el hecho de que en su oportunidad fueron liquidados en su integridad, comprendiendo capital y accesorios. Dicha documentación se acompaña como anexo VI.
c) El diputado Ortega afirmó, asimismo, que de la composición de la cartera vencida del Banco Nacional Pesquero y Portuario se desprende el hecho de que el 92% corresponde a atuneros privados y solamente el 8% a cooperativas; esta afirmación no fue acreditada por el denunciante durante dicha intervención ni posteriormente en los trabajos de esta comisión. La información a disposición de esta comisión, sustentada en los documentos e informes oficiales del banco, muestran que para 1989 la cartera vencida total se integraba en un 57% por deudas del sector social y en un 43% con deudas del sector privado.
1.7 El diputado Israel Galán, durante la propia sesión del 28 de diciembre de 1989, hizo referencias diversas a cuestionamientos ya mencionados por otros señores diputados, sin formular nuevas denuncias que requiriesen un análisis distinto, por lo que las aclaraciones respectivas ya han sido formuladas en este mismo apartado.
1.8 El diputado Armando Duarte Móller, en la propia sesión del 28 de diciembre pasado, cuestionó el hecho de que el Banco Nacional Pesquero y Portuario, para ese entonces hubiera ya dejado de operar y cumplir con la función para la que fue creado, afirmando que había dejado de otorgar créditos en fomento del desarrollo pesquero.
A este respecto y con los documentos oficiales que se presentaron ante esta comisión por las autoridades, quedó acreditado que, independientemente de que el gobierno federal hubiese distribuido importantes responsabilidades financieras a otras instituciones de crédito de primer y segundo piso, dentro del proceso de reestructuración de los apoyos finacieros al sector pesquero, en los años 1987, 1988 y 1989 canalizó directamente recursos a esta actividad a través del Banco Nacional Pesquero y Portuario, por un monto aproximado de 236 mil millones de pesos.
El diputado Duarte Móller hizo también referencia a la supuesta actuación del director general del Banco Nacional Pesquero y Portuario, como liquidador de dicha institución antes de acordarse la disolución de la misma, lo cual ya se explicó y se desarrolla en el siguiente apartado de este informe. El señor diputado Duarte, planteó además algunas otras inquietudes en los términos siguientes:
a) La cooperativa Virgilio Uribe de Ensenada, Baja California, se encuentra en litigio con el Banco Nacional Pesquero y Portuario, en virtud de supuestas irregularidades cometidas por dicha institución y por Aseguradora Mexicana. Este tema reiterado posteriormente en una de las preguntas específicas formuladas por el grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, mereció una respuesta del director general del banco, mediante la cual se aclara la participación de dicha institución en la compra-venta del barco "Maranatha", propiedad de la referida cooperativa Virgilio Uribe. De los elementos de información que se nos proporcionaron, se desprende que los funcionarios del Banco Nacional Pesquero y Portuario no tuvieron nada que ver en esa operación, y tal hecho fue confirmado por la propia sociedad cooperativa mediante escrito que también se nos hizo llegar anexo a la respuesta del Banco Nacional Pesquero y Portuario, sin embargo, y en atención a que el señor diputado Duarte ha insistido en que existió en este caso la comisión de un delito, lo procedente resulta sugerirle aporte a la autoridad competente las pruebas con que cuenta para acreditar ese hecho. b) El diputado Duarte Móller cuestionó asimismo el que hubiese cooperativas que habiendo pagado íntegramente sus embarcaciones al Banco Nacional Pesquero y Portuario, no hubiesen recibido aún los documentos que los acreditaran como legítimos propietarios de las mismas; a este respecto, debe también mencionarse que en función de una pregunta similar turnada a esta comisión por los grupos parlamentarios de esta Cámara, las autoridades mostraron la inexactitud de esa afirmación, de la que no se dieron elementos de prueba por el denunciante.
c) Agregó Duarte Móller, que en acuerdo con al información de la Cuenta Pública de 1987 y 1988, los gastos de administración o gastos propios de la institución, ascendieron al 50% en relación al monto de los créditos otorgados por el banco y los recursos que la propia institución obtuvo durante el periodo; este tema ha sido ya considerado en un apartado anterior de este informe. Con base en los datos proporcionados a este comisión, se puede establecer que el porcentaje del gasto administrativo en el período señalado fue de un 34% aproximadamente respecto al crédito otorgado, lo cual como ya se advirtió es alto, aunque explicable en parte por la política de racionalización de los recursos humanos del banco, puesta en práctica dentro del proceso de reestructuración del Banco Nacional
Pesquero y Portuario, que implicó la liquidación del personal innecesario por la transferencia acordada en la operativa y en la cartera del propio banco. d) Finalmente, el diputado Duarte Móller, al manifestarse sabedor de la existencia de otras instituciones financieras que en lo sucesivo tendrán a su cargo la tarea de impulsar el fomento de la industria pesquera, se preguntó si dichos fondos o fideicomisos podrán satisfacer la necesidades en esta materia. A este respecto, al
contestar una pregunta concreta de los grupos parlamentarios representados en esta comisión, coincidente del todo con la citada preocupación, las autoridades ilustraron a la comisión de diputados en torno al hecho de que en lugar de disminuir el monto global de recursos destinados a financiar la operativa del sector, éste aumentará para 1990.
1.9 El diputado Rafael Núñez Pellegrín, en la propia sesión del 28 de diciembre pasado, expresó que tenía en su poder una minuta elaborada el 22 de junio de 1988 y en la que el director del banco afirmaba una serie de trabajos llevados a efecto, con el fin de reestructurar el banco, recomendando que en tanto no se definieron dichas acciones sería conveniente mantener discreción, lo que en concepto del diputado Núñez Pellegrín evidenciaba la maniobra del sector oficial para quebrar el Banco Nacional Pesquero y Portuario.
Este cuestiona miento se
contesta en el capítulo siguiente de este informe, en el que se detalla el proceso de reorganización y reestructuración seguido por el banco con anterioridad a que se determinase la procedencia de su disolución. 2. Cuestionamientos posteriores
2.1 En las sesiones del pleno de la Cámara de Diputados del 17 y 19 de este mes de abril, diversos legisladores utilizaron la tribuna para plantear algunas inquietudes en torno a la operación del Banco Nacional Pesquero y Portuario, y al curso que venían siguiendo los trabajos de la comisión investigadora, así como respuestas proporcionadas por diversas autoridades. La mayor parte de sus consideraciones encuentran solución en el texto de este documento y en las contestaciones que en su oportunidad las dependencias dieron a las preguntas de los diversos grupos parlamentarios; tal puede sostener en términos generales, con excepción de tres situaciones que por introducir nuevos planteamientos sobre el particular, requieren reflexión especial de parte de esta comisión.
a) El señor diputado Rafael Núñez Pellegrín en su intervención del pasado día 17 de este mes, mencionó su inquietud en cuanto a la existencia de un crédito otorgado por el Banco Nacional Pesquero y Portuario, al Instituto Nicaragüense de la Pesca, por lo que esta comisión consideró su responsabilidad esclarecer el hecho, y y en su caso, la justificación del mismo: En el mes de febrero de 1981, el Fondo Fomento a las Exportaciones de Productos Manufacturados (Fomex), organismo que tenía como objetivo otorgar financiamientos para fomentar las exportaciones mexicanas, estableció en favor del Banco Nacional Pesquero y Portuario, una línea de crédito de 7.5 millones de dólares, para el redescuento de los títulos del crédito que fue autorizado al gobierno de la República de Nicaragua y ejercido a través del Instituto Nicaragüenses de la Pesca, al amparo del convenio recíproco entre los bancos centrales de Nicaragua y México.
El destino específico del crédito fue la compra de cinco embarcaciones nuevas y tres usadas para la pesca múltiple, así como refaccionarios y avíos, estableciéndose como garantía de préstamo el aval del Banco Central de Nicaragua y del gobierno federal mexicano. Debe mencionarse que el pago de este crédito se ha efectuado con toda oportunidad.
En razón de lo comentado anteriormente, se puede advertir que el Banco Nacional Pesquero y Portuario actuó sólo como intermediario financiero en esta operación crediticia, utilizando recursos de un fondo, cuyo objetivo era promocionar las exportaciones y que además fue un proyecto debidamente garantizado.
b) El propio diputado Núñez Pellegrín, en su ya mencionada intervención, expresó el hecho de que, según su información, la sucursal Los Mochis del Banco Nacional Pesquero y Portuario había otorgado cuantiosos créditos con meras promesas de garantía, lo que contravenía las disposiciones internas de dicho banco. Independientemente de que la conducta referida, de haberse realmente realizado, podría afectar en cierta medida las finanzas y los resultados de la institución, constituiría eventualmente un hecho delictivo, por lo que se sugiere que de contarse con pruebas que respalden tal afirmación, se haga del conocimiento de las autoridades competentes para la investigación que corresponda.
c) Finalmente, el diputado Núñez Pellegrín manifestó su sorpresa ante el hecho de que la sucursal del banco en Colima tuviese registrado en cartera vencida adeudos a cargo del Partido Revolucionario Institucional. Con base en los informes que los representantes de dicho partido político hicieron llegar a esta comisión, resulta
claro y evidente que se trata de una imputación falsa, que al parecer obedece exclusivamente a la confusión de las siglas con las que se identifica a la agrupación política de referencia.
El Banco Nacional Pesquero y Portuario en ningún momento otorgó créditos al Partido Revolucionario Institucional, sin embargo, conviene señalar que existe una sociedad cooperativa de producción pesquera constituida el 17 de agosto de 1956, con registro en la Secretaría del Trabajo número 2017P, denominada "PRI", que recibió créditos del Banco Nacional Pesquero y Portuario para la compra de las embarcaciones camaroneras denominadas "Kaiser" y "Tepeyac". Es importante aclarar que los barcos mencionados, según se pudo averiguar, sufrieron siniestros por pérdida total, "Tepeyac" en mayo de 1985 y "Kaiser" en octubre de 1988, habiéndose aplicado el importe de las indemnizaciones del seguro a los adeudos de la sociedad.
2.2 En las sesiones del pleno de la comisión, algunos señores diputados plantearon sus inquietudes respecto al Banco Nacional Pesquero y Portuario, pero sin agregar algún nuevo elemento de información que pudiese analizarse para determinar su procedencia, para el caso de que constituyese una nueva denuncia sobre este particular; podría decirse, como únicas excepciones a esto, el que durante la reunión celebrada el pasado día 18 de abril, el señor diputado Núñez Pellegrín planteó el hecho de que en las sucursales de Los Mochis, Nayarit y Mazatlán se habían dado irregularidades administrativas que evidenciaban supuestas acciones fraudulentas. Al no proporcionar ningún documento justificativo de su imputación, el señor diputado Núñez Pellegrín no permitió que la comisión pudiera estudiar con mayor conocimiento y fundamento el tema, por lo que como en el caso precedente, resta únicamente sugerir la denuncia de las conductas que se supongan delictivas, de conformidad con lo que las leyes penales y de procedimiento en la materia preceptuán.
2.3 En la sesión del pleno de la Cámara del 17 de abril, el señor diputado Jaime Enríquez Félix planteó una serie de cuestionamientos a los estados financieros del Banco Nacional Pesquero y Portuario. Independientemente de que el citado legislador no haya reiterado su inquietud en el foro adecuado para su consideración y estudio, o sea, en el seno de esta propia comisión investigadora, se está en posibilidad de advertir que en el apartado de este informe relativo a la consideración de la "quiebra técnica" del Banco Nacional Pesquero y Portuario, se analiza la situación financiera del banco. 2.4 Por comunicación del 6 de los corrientes, el diputado Benito Fernando Rosell Isaac, miembro de esta comisión, planteó a la misma una denuncia, que con sus documentos adjuntos se acompaña como anexo VII, relativa al hecho de que la planta denominada Congeladora y Empacadora Pescadores de Chuburna Puerto, S. C. L., a juicio del diputado Rosell está a cargo de un grupo de directivos y funcionarios, quienes exclusivamente han obtenido un provecho personal de sus activos, omitiendo el pago de los créditos al Banco Nacional Pesquero y Portuario y otras instituciones, y eludiendo asimismo el impuesto al valor agregado. La naturaleza de la denuncia es muy clara, no corresponde a una responsabilidad imputable a la administración del banco como tal, en su caso, es procedente sugerir al denunciante su presentación ante las autoridades judiciales y fiscales para la instrucción de los procedimientos legales conducentes.
2.5 Nos fue turnada por la secretaría de la honorable Cámara de Diputados la petición del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que se planteó ante el pleno de la Cámara durante la sesión del 19 de los corrientes, en el sentido de ampliar el término de los trabajos de esta comisión hasta el día 25 de mayo y de invitar a una conferencia a diversos funcionarios y ex funcionarios del gobierno federal; ambos planteamientos fueron puestos a consideración de esta comisión en su sesión del 20 de abril y en ambos casos se acordó que, dado el avance de los trabajos de investigación que se venían realizando, no eran atendibles.
En la propia solicitud del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana a que se hace alusión, se mencionaron otros cuestionamientos concretos sobre la administración y operación del banco, que encuentran respuestas en el texto de este informe, particularmente en el capítulo en que se consideran las denuncias específicas formuladas en torno al funcionamiento del banco.
3. Preguntas formuladas por los grupos
parlamentarios representados en esta
comisión y sus respuestas por las
autoridades competentes.
De conformidad con el procedimiento de trabajo aprobado por esta comisión investigadora, se formularon 52 diferentes preguntas a las dependencias y entidades que se consideró tenían competencia y responsabilidad directa en el control y administración del Banco Nacional Pesquero y Portuario. El Partido Revolucionario Institucional formuló 22 de ellas, de las que la cuatro, cinco seis, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21 y 22 corresponden a cuestionamientos
específicos o referidos a la materia de este capítulo del informe; el Partido del Frente Cárdenista de Reconstrucción Nacional a su vez, presentó cuatro preguntas, los dos primeras relativas a esta materia; el Partido de la Revolución Democrática nueve y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana 17, en ambos casos, todas referidas a materias concretas que son tratadas dentro de este apartado.
Por su extensión, este importante material de trabajo de la comisión se presenta en el anexo II de este informe, advirtiéndose sin embargo desde ahora que las respuestas proporcionadas satisfacieron plenamente el requerimiento de información de la comisión, salvo en dos casos, cuando la autoridad no respondió la pregunta formulada explicando que no correspondía al tema de la investigación, o bien, cuando manifestó su imposibilidad de contestar, dada la existencia de una limitación legal en términos de lo dispuesto por el artículo 93 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, es decir, por lo que en la doctrina se conoce como exigencia de respeto al secreto bancario.
En la primera hipótesis, esta comisión estima que en efecto y en término del acuerdo de los coordinadores parlamentarios del 22 de febrero pasado, son materia de la investigación los señalamientos y cuestionamientos sobre el Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito, no así los referidos a otras entidades del sector pesca o a la política general y los programas correspondientes, instrumentados por el gobierno federal a través de este sector o de otras dependencias de la administración pública. Durante los trabajos de la comisión, se advirtió que dichas inquietudes, y particularmente las relativas a Productos Pesqueros Mexicanos y sus filiales, podrían tener respuesta a través del examen de la Cuenta Pública y de los informes de la Contaduría Mayor de Hacienda, que pueden ser requeridos a través de la Comisión de Vigilancia de esta Cámara de Diputados, por lo que no resulta procedente mayor consideración a este respecto.
En cambio, y tratándose del secreto bancario, que constituyó una materia ampliamente debatida en el seno de esta comisión y de sus tres grupos de trabajo, en razón de ello y la importancia del tema, se estima necesario profundizar en el análisis de su naturaleza, fundamentación y alcances. 4. El secreto bancario y su procedencia
4.1 Trayectoria del secreto bancario en las legislación mexicana. En la legislación mexicana el secreto bancario se reguló a partir de 1897 en el artículo 115 de la Ley General de Instituciones de Crédito; más tarde, queda establecido en el artículo 71 de la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios de 1925; en esta última, se prohibe dar información sobre los depósitos bancarios llevados a cabo por los clientes de la misma institución.
En la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios de 1926, en sus artículos 152 y 260 se amplía dicha prohibición a las instituciones de fideicomiso; igual tratamiento le dio la Ley General de Instituciones de Crédito de 1932, en su artículo 43.
La Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares de 1941, regula en sus artículos 45, fracción X, el secreto fiduciario en particular y en el 105 el secreto bancario en general.
En la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito de 1983, se establece en el artículo 39 el secreto bancario, casi en idénticos términos al establecido en el anterior ordenamiento legal; actualmente, con algunas variaciones se regula en el artículo 93 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito de 1985.
Como se observa, desde la primera ley bancaria hasta la actual, ha existido la prevención general de exigir a la banca, discreción total en las operaciones y servicios convenidos.
4.2 Fundamentación constitucional del secreto bancario. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentran los normas básicas para el ejercicio de la banca, para la protección de la esfera particular de intereses y para que las autoridades puedan dictar normas y manejar el ejercicio de la banca en el país.
En efecto, el artículo 28 constitucional establece en su párrafo quinto, que el servicio público de banca y crédito será prestado exclusivamente por el Estado a través de instituciones, en los términos que establezca la correspondiente ley reglamentaria, la que también determinará las garantías que protejan los intereses del público; por tanto, podemos decir que el marco constitucional que establece la Ley Fundamental respecto del ejercicio de la banca, es que ésta sólo podrá ser ejercida por las instituciones de crédito que cumplan con los requerimientos que establece la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, y que cumplan con las garantías que protejan los intereses del público.
Por otra parte, la Constitución provee de un marco de referencia al secreto bancario, al establecer en
sus artículos 14 y 16 la protección que la esfera privada de la vida y pertenencias tienen en el sistema jurídico mexicano; además de esta remisión, basta hacer el comentario de que a través de todos los artículos que tratan las garantías individuales, aparece frecuentemente una protección a esa área particular privada de todo ser individual, área en donde se ubica el conocimiento del manejo económico de los bienes y que debe confiarse al banco.
Por último, el artículo 73, al fijar las facultades del Congreso de la Unión, declara como materia federal la legislación sobre instituciones de crédito, fracción X.
4.3 Concepto de secreto bancario. Jorge Labanca considera que el secreto bancario es: "un deber de silencio a cargo de los bancos respecto de hechos vinculados a las personas con que mantienen relaciones comerciales" 1/; en el mismo sentido se pronuncia el doctor Octavio A. Hernández, al definirlo como "el deber jurídico que tienen las instituciones de crédito y las organizaciones auxiliares y sus empleados de no revelar ni directa ni indirectamente los datos que lleguen a su conocimiento, por razón o con motivo de la actividad a la que están dedicados" 2/.
Por su parte, Juan Carlos Malagarriaga lo define como: "la obligación impuesta a los bancos de no revelar a terceros, sin causa justificada, los datos referentes a sus clientes que lleguen a sus conocimientos, como consecuencias de las relaciones jurídicas que los vinculan" 3/.
Alfonso de la Espriella Ossio señala: "el secreto bancario está fundamentado en la obligación profesional que tiene tanto la persona jurídica en su calidad de órgano colectivo, como la dirección, la administración y los empleados individualmente, de no revelar ni indirectamente las informaciones y datos que lleguen a su conocimiento en virtud de la actividad a que están dedicados" 4/.
En conclusión, podemos decir que el secreto bancario es el deber que tienen las sociedades nacionales de crédito de no proporcionar información de los depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones, salvo cuando así lo dispone la ley o lo faculte el mismo cliente.
1/ Labanca Jorge. El secreto bancario y otros estudios. Editorial Abeledo - Perrot. Buenos Aires, 1968, página 9.
2/ Hernández, Octavio A. Derecho bancario mexicano. Tomo I. Ediciones, de la Asociación Mexicana de Investigaciones Administrativas.
México, 1958, página 130.
3/ Malagarriaga, Juan Carlos. El secreto bancario. Editorial Abeledo - Perrot. Buenos Aires, 1970, página 15.
4/ De la Espriella Ossio, Alfonso. El secreto bancario. Editorial Temis Librería. Bogotá, Colombia, 1979, página 80.
4.4 Finalidades del secreto bancario. Las razones que tuvo el legislador para obligar a las instituciones de crédito a guardar el secreto bancario, son fundamentalmente:
a) Preservar la confianza del público en el sistema financiero;
b) Reforzar la protección de la esfera privada y de la vida interna de las personas, en razón de la confianza que éstas tienen en las instituciones de crédito para proporcionarles ciertos datos de sumo cuidado, que deriva en la seguridad de que los mismos, por ser confidenciales, no serán divulgados por aquéllas;
c) La confianza en que descansa el secreto bancario, permite asimismo la estabilidad y desarrollo del sistema bancario, pues de no haber aquélla, el público tendrá prevenciones para proporcionar datos o informes a los bancos, y en consecuencia, muchos de los asuntos o negocios no se realizarían o no tendrían la debida garantía, a los clientes utilizarían los servicios que prestan otros intermediarios no bancarios;
d) El secreto bancario ha sido utilizado como un medio eficaz para mantener y atraer capitales, y como parte de los instrumentos de política económica dirigida fundamentalmente a dar garantía a los depósitos bancarios, y
e) En algunos países se le toma como una estrategia de captación que garantiza la solidez de un determinado sistema bancario.
4.5 Marco legal del secreto bancario. La Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, publicada en el Diario Oficial del 14 de enero de 1985, ratifica en su artículo 93 el secreto bancario en los mismos términos que lo hacía la Ley Bancaria en su artículo 105, y que a la letra dice: "Artículo 93. Las instituciones de crédito en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones, sino al depositante, deudor, titular o beneficiario que corresponda, a sus representantes legales o a quienes tenga otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio, salvo cuando las pidieren la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular sea parte o acusado y las autoridades hacendarias federales, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria, para fines fiscales. Los servidores públicos de las instituciones de crédito serán responsables, en los términos de las disposiciones aplicables, por violación del secreto que se establece y las
instituciones estarán obligadas en caso de revelación del secreto, a reparar los daños y perjuicios que se causen.
Lo anterior, en forma alguna afecta la obligación que tienen las instituciones de crédito de proporcionar a la Comisión Nacional Bancaria toda clase de información y documentos que, en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, les solicite en relación con las operaciones que celebren los servicios que presten."
4.6 Personas obligadas a guardar el secreto bancario. Los sujetos primeramente obligados a observar el secreto bancario son las instituciones de crédito de banca múltiple y de banca de desarrollo, conforme a lo dispuesto por el artículo 2o. de la Ley Reglamentaria vigente, así como las dependencias y entidades responsables de su supervisión y control.
En segundo término, están obligadas a la reserva todas aquellas personas físicas que de alguna manera forman parte de la organización bancaria, siendo asimismo aplicable lo dispuesto por los ordenamientos penales vigentes. 4.7 Responsabilidades. Por lo que se refiere a los tipos de responsabilidades de los empleados bancarios con motivo de la violación del secreto bancario, se contemplan los siguientes:
a) Penal, tipificada en los artículos 210 y 211 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, con el título de la revelación de secretos, cuya sanción es de dos meses a un año para el caso de empleados públicos, que es el caso de nos ocupa;
b) Civil, deriva del artículo 93 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, por lo que hace a la reparación de daños y perjuicios, aplicándose supletoriamente los artículos 2108, 2109 y 2110 del Código Civil para el Distrito Federal;
c) Laboral, en los términos de la fracción VIII del artículo 20 de la Ley Laboral Bancaria, la violación al secreto bancario tiene como sanción el cese del nombramiento del empleado, y
d) Administrativa, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece en su artículo 47, fracciones IV y XXI, las obligaciones de los servidores públicos de custodiar y cuidar toda la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión conserven bajo su cuidado, por lo que la violación a estos preceptos es sancionada conforme a lo establecido en el artículo 55 de la misma ley.
4.8 Personas facultadas para solicitar informes de las instituciones de crédito. El secreto bancario no debe ser obstáculo para la persecución de delitos y la determinación de responsabilidades fiscales, por lo que se han establecido en la propia Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, limitadas excepciones que permiten a ciertas autoridades recabar informes amparados por el secreto bancario, como es el caso ya apuntado de las autoridades fiscales, las autoridades judiciales y la Comisión Nacional Bancaria.
4.9 Derecho comparado. En la mayoría de los países del Viejo Continente, así como de América Latina y en Estados Unidos de América, el secreto bancario es de observancia generalizado. En efecto, en la República Federal Alemana, lo consideran como uno de los derechos humanos; en Suiza, precursora de esta institución jurídica, la violación del secreto bancario está considerada como una ofensa criminal.
A continuación, mencionaremos algunos países que cuentan con esta institución jurídica dentro de sus ordenamientos legales:
a) Francia. En este país se reglamentó por primera vez en el artículo 378 del Código Penal de 1810, la revelación del secreto profesional;
b) Italia. En el artículo 10 de la Ley Bancaria, se prevé el secreto bancario en los siguientes términos:
"En todos los avisos, las informaciones o los datos concernientes a las instituciones de crédito sujetas al control del banco de Italia, se observará el secreto bancario..."
c) Suiza. Los suizos consideran el secreto de sus asuntos privados como un aspecto de la libertad personal que ellos desean.
En la Confederación Helvética, el fundamento legal de la reserva bancaria lo encontramos en el artículo 47 de la Ley Federal sobre Bancos y las Cajas de Ahorro, dicho artículo a la letra dice:
"Articulo 47. 1. Aquél que, en su calidad de miembro de un órgano, de empleado, de mandatario, de liquidador o de comisario de un banco, de observador de la Comisión de Bancos, o incluso de un miembro de un órgano o de empleado de una institución de revisión autorizada, hubiere revelado un secreto que se le hubiere confiado o que se hubiera incitado a otro, a violar el secreto profesional, será castigado con prisión de seis
meses como máximo o con multa por un monto hasta de 50 mil francos. 2. Si el delincuente actuó por negligencia, hasta por un monto de 30 mil francos..."
d) Estado Unidos de América. En este país, el secreto bancario forma parte de los derechos fundamentales del ciudadano, como elemento que es de la esfera individual.
El Capítulo XX de la California Financial Privacy Act, en sus artículos 1o. y 3o. establece:
"Artículo 1o. a) Los procedimientos y las políticas que gobiernan las relaciones entre las instituciones financieras y las agencias del gobierno, en algunos casos se han desarrollado sin observar los derechos constitucionales de los ciudadanos.
b) Las relaciones confidenciales entre las instituciones financieras y sus clientes, están basadas sobre la confianza y deberán preservarse y protegerse..."
"Artículo 3o. A excepción de lo estipulado en la sección 74, 80, ningún oficial, empleado o agente de un estado o agente local o departamental, en relación con la investigación civil o criminal de su cliente, sea o no que dicha investigación se maneje de acuerdo a procedimientos judiciales o administrativos, puede pedir o recibir copias ni información contenida en los registros de ningún cliente de una institución financiera, a menos que dichos datos sean individualmente especificados y sean compatibles con el marco y requerimiento de la investigación que ha dado origen a tal pedido."
4.10 Resumen considerativo de esta materia
El secreto bancario se conoce en México a partir de 1897, en el artículo 115 de la Ley General de Instituciones de Crédito.
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentran las normas básicas para el ejercicio de la banca y para la protección de los intereses del público, en donde se incluye al secreto bancario.
El secreto bancario es un deber jurídico que deben observar las instituciones de crédito, de no proporcionar información de los depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones, salvo cuando así lo dispone la ley o lo faculte el mismo cliente.
La finalidad fundamental del secreto bancario, es preservar la confianza del público en el sistema financiero.
El marco legal vigente del secreto bancario, lo encontramos en el artículo 93 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
El secreto bancario es una norma imperativa que no está sujeta a la voluntad de las instituciones de crédito.
Las instituciones de crédito son las obligadas primordialmente a observar el secreto bancario, pero dicha limitación se extiende también a todas las autoridades que en el ejercicio de sus atribuciones de control y vigilancia de los bancos, tomen conocimiento de las operaciones protegidas por el propio secreto.
Los empleados bancarios que violen el secreto bancario incurren en responsabilidades: penales, civiles, laborales y administrativas. Las personas facultadas para solicitar informes de las instituciones de crédito, son: depositantes, deudor de la institución, titular, beneficiarios, representantes legales y personas autorizadas por el titular para intervenir en la operación.
Las autoridades que pueden solicitar directamente informes de las instituciones de crédito, son: la Comisión Nacional Bancaria y las autoridades judiciales. Las autoridades fiscales federales podrán solicitar informes de las instituciones de crédito, a través de la Comisión Nacional Bancaria y únicamente para efectos fiscales.
La Comisión Nacional Bancaria está obligada a vigilar que se cumpla el secreto bancario, en virtud de lo establecido en el artículo 97 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
Los datos e informes que pueden proporcionar las instituciones de crédito sin violar el secreto bancario, son los que por disposición legal deben de ser publicados conforme al artículo 80 de la Ley Reglamentaria, como es el caso de los estados finacieros.
En la mayoría de los países del mundo, se protege el secreto bancario. 4.11 Fundamentación del criterio sustentado por la Comisión Nacional Bancaria. Al responder a la consulta formulada por el coordinador de esta comisión investigadora, el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria, a través del oficio número 601-11-14254 de 3 de los corrientes,
hizo de nuestro conocimiento que el Banco Nacional Pesquero y Portuario no estaría en la posibilidad de contestar tratándose de aquellos puntos en que existiera la indicada limitación del secreto bancario; independientemente de referirse de manera concreta a la pregunta del caso, advirtió el citado funcionario que en términos de los dispuesto por el ya referido artículo 93 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, las instituciones de crédito en ningún caso podrían dar noticias o información de sus operaciones a persona distinta del deudor, su representante legal o quien tenga otorgado poder para intervenir en la operación de crédito de que se trate, salvo en los casos de excepción mencionados en el propio precepto legal de referencia.
Dicho criterio, que el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria extiende en el penúltimo párrafo de su comunicación a cualquier tipo de documento propio del banco, como dictámenes, actas o informes que contengan información específica de sus operaciones crediticias y de sus acreditados, salvo aquéllos que por disposición legal deben ser publicados, como es el caso de los estados financieros, constituye un argumento válido a juicio de esta comisión y plenamente respaldado por el marco jurídico vigente, la doctrina y los antecedentes históricos y de derecho comparado, que han sido objeto de previo y detallado comentario renglones atrás.
En función de lo anterior y tratándose exclusivamente de aquellos requerimientos de información o denuncias que no pudieron ser respondidos o esclarecidos en virtud de la limitación legal citada, cabría únicamente a esta comisión proponer, tanto al Ejecutivo Federal, como a quienes les motivara insatisfacción este hecho, promover la práctica de las auditorías e investigaciones procedentes, las que en términos de los preceptos ampliamente comentados, serían a cargo de la propia Comisión Nacional Bancaria y el Poder Judicial, éste último, dentro de la esfera de su competencia tratándose de juicios en que el titular de la protección dispuesta a través de esta institución del derecho bancario sea parte o acusado, hipótesis ésta última en que sería menester formular la denuncia correspondiente ante el ministerio público, a efecto de que éste procediera el ejercicio de la acción penal.
Reiterando este criterio y en respuesta a petición expresa del coordinador de esta comisión investigadora, la Comisión Nacional Bancaria extendió con fecha 23 de abril la comunicación que se adjunta como anexo II, en la que se confirma la validez de las consideraciones anteriores.
III. Informe de la investigación
sobre si el banco cumplió
con las disposiciones legales
aplicables en cuanto a su disolución
y liquidación.
En cumplimiento al acuerdo parlamentario, también se procedió a verificar si el Banco Nacional Pesquero y Portuario cumplió con las disposiciones legales, en cuanto a disolución y liquidación; para tal efecto, se realizó la investigación, análisis y revisión de los cuestionamientos solicitados por conductos legales a las diversas dependencias, tales como explicar el por qué las medidas administrativas del cambio estructural del Banco Nacional Pesquero y Portuario no significaron la disolución y liquidación del mismo; se inquirió sobre la situación que guardarían los derechos de los trabajadores, los derechos de sus acreedores y ahorradores y los derechos de los titulares de certificados de aportación patrimonial de la serie "B"; así como la información y justificación de las diversas situaciones tratadas en la reunión del Comité Adhoc, celebrada el 22 de junio de 1988; se solicitó también información sobre la razón por la cual el contador público Rogelio Carballo Millán aparece con la denominación de liquidador, desde antes que se autorizara la disolución y liquidación por parte del Poder Legislativo; por último, se solicitó información sobre la transferencia de clientes y de cartera a la banca comercial, para determinar si ello no implicó alguna maniobra para eludir operaciones irregulares o responsabilidades de funcionarios.
A fin de sustanciar esta investigación, se actuó en dos vertientes:
Se compiló y analizó el marco jurídico correspondiente a los procesos de cambio estructural y de disolución y liquidación; por otro lado y como elementos adicionales se obtuvieron de la entidad sujeta a la investigación, por conducto de la dependencia coordinadora sectorial, informes concretos sobre cuestionamientos específicos formulados en el seno de la comisión investigadora.
Del estudio y análisis del marco jurídico en el que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se apoyó para dictar las medidas administrativas del cambio estructural del Banco Nacional Pesquero y Portuario, se desprende que, efectivamente, dichas medidas no implicaron la decisión de llevar a cabo la disolución y liquidación de la institución de crédito sujeta a investigación.
En efecto, conforme a las atribuciones que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dicha dependencia tiene facultades para planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país integrada por el Banco de México, la banca de desarrollo, donde se localiza el Banco Nacional Pesquero y Portuario y las instituciones de banca múltiple.
Asimismo, diversos artículos de las leyes Orgánicas del Banco Nacional Pesquero y Portuario y Reglamentario del Servicio Público de Banca y Crédito, otorgan facultades al Ejecutivo Federal para establecer por conducto de la propia Secretaría de Hacienda, las políticas, lineamientos y prioridades a los cuales deberá apegarse el consejo directivo de la Sociedad Nacional de Crédito, en la inteligencia de también poder expedir las disposiciones complementarias que se requieran para la aplicación de la leyes antes mencionadas.
Bajo este contexto jurídico, se aprecia que el Ejecutivo Federal puede, previa evaluación financiera en la entidad, determinar acciones concretas para mejorar la situación financiera de la misma; su rehabilitación, por encontrarse en situaciones deficitarias en el aspecto económico, organizacional y administrativo; su reestructuración legal con motivo de modificaciones orgánico-funcionales a través del correspondiente proyecto de iniciativa de reformas a su Ley Orgánica; y la conveniencia de su disolución o liquidación, en caso de estimarse que las condiciones de la entidad ya no son propicias para continuar con el desempeño de su objeto social y, paralelamente, seguir atendiendo la actividad a través de otras entidades de la administración pública.
En ese orden, el Ejecutivo Federal, por conducto de la dependencia coordinadora el sector bancario califica permanentemente la marcha de las entidades considerando el contexto de la economía en su conjunto y los fenómenos de influencia internacionales que impartan decisivamente su situación financiera. Así las cosas, los resultados de la investigación indican que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Comisión Intersecretarial Gasto - Financiamiento, dictó instrucciones al Banco Nacional Pesquero y Portuario para que éste adoptara las medidas necesarias para no seguir presentando pérdidas. Fue así que los órganos de administración del banco, la coordinadora sectorial y las dependencias globalizadoras especializadas y fiscalizadoras y la Comisión Intersecretarial Gasto - Financiamiento, llegaron a la determinación de proponer el cambio estructural en la institución, incorporándola en consecuencia a la política generalizada de racionalización y cambio estructural del sector público, buscando de inmediato la modificación de las formas de operación, la depuración de su situación financiera, la racionalización de los subsidios del gobierno federal y el uso selectivo del crédito.
En razón de lo expuesto y no obstante los esfuerzos realizados a través de la aplicación del cambio estructural en el Banco Nacional Pesquero y Portuario y ante la imposibilidad de que siguiera operando la institución de manera deficitaria, el Ejecutivo Federal apareció la conveniencia de someter a la aprobación del Congreso Federal su proyecto de abrogación de la Ley Orgánica del Banco Nacional Pesquero y Portuario.
En lo sucesivo, las actividades pesqueras, portuaria y naval serán atendidas y apoyadas financieramente a través del Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras (Fopesca), con funciones de segundo piso; el Banco Nacional de Comercio Exterior, Nacional Financiera y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, con naturaleza de bancos de desarrollo; y la totalidad de las instituciones de banca múltiple del país que, mediante el descuento de los créditos ante el Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras, están en aptitud de financiar los sectores y actividades productivos, que con la abrogación de su Ley Orgánica dejaría de apoyar el Banco Nacional Pesquero y Portuario.
En el decreto que abrogó la Ley Orgánica del Banco Nacional Pesquero y Portuario, destaca el artículo 3o. que, en armonía con lo que dispone el diverso artículo 39 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, facultó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para señalar la forma y términos en que deberá llevarse a cabo la liquidación del banco, cuidando en todo tiempo la protección de los intereses del público, de los titulares de los certificados de aportación patrimonial de la serie "B", y respetando los derechos que conforme a la ley, corresponden a los trabajadores.
En este marco, la comisión fue enterada de que el Banco Nacional Pesquero y Portuario procedió a revocar los nombramientos de su personal, mediante el pago de las indemnizaciones ordenadas por la ley y las condiciones generales de trabajo de sus empleados, y que asimismo, ha respetado y está otorgando las prestaciones que les corresponden ahora como ex trabajadores, sin que existan noticias sobre reclamos o demandas en contra del Banco Nacional Pesquero y Portuario por este concepto.
Por lo que se refiere al derecho de los acreedores del Banco Nacional Pesquero y Portuario, el
gobierno federal nos informó que ha venido cumpliendo con los compromisos de la institución, obligación ésta que es señalada expresamente en el artículo 10 de la ahora abrogada Ley Orgánica del Banco Nacional Pesquero y Portuario.
Los intereses del público usuario, ahorrador e inversionista ante el Banco Nacional Pesquero y Portuario, han sido protegidos mediante convenios de corresponsalía que celebró la institución con diversas instituciones del sistema bancario, como el Banco Nacional del Pequeño Comercio, Banco Nacional del Ejército y la Armada y el Banco Nacional de Comercio, mediante los cuales estos bancos harán frente a los compromisos contraídos con el público, tanto en lo relativo a operaciones pasivas, ahorro, inversiones, cuentas de cheques, como a diversos servicios bancarios, giros y órdenes de pago, proveyéndoles de los recursos financieros correspondientes.
Los certificados de aportación patrimonial derivan para sus titulares derechos corporativos y patrimoniales; entre los primeros, se considera el derecho de los titulares de la serie "B", distintos al gobierno federal, de integrar la comisión consultiva prevista en el artículo 27 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito. Por cuanto a los derechos patrimoniales, en forma similar a los derechos de los accionistas en las sociedades mercantiles, en caso de disolución y liquidación de las sociedades nacionales de crédito, correspondería a los tenedores de los certificados un derecho a la cuota de liquidación, la cual se entiende como el remanente que pudiese quedar después de conocer el resultado del balance final de liquidación.
Tomando en cuenta las razones que motivaron al Ejecutivo Federal para someter al Banco Nacional Pesquero y Portuario a un proceso de cambio estructural, y posteriormente proponer al Legislativo la abrogación de su Ley Orgánica, y su consecuente disolución y liquidación, podría no haber remanente alguno a favor de dichos tenedores por concepto de cuota de liquidación.
El avance en la transformación estructural para la incorporación del Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito, a la política general de racionalización y cambio estructural del sector público, se presentó en la tercera sesión del Comité Adhoc el 22 de junio de 1988, el que comprende los siguientes puntos:
1. Diagnóstico del funcionamiento del banco;
2. Relación con las diversas autoridades;
3. Cumplimiento de instrucciones superiores;
4. Traspaso de los activos del banco;
5. Rescate, rehabilitación y venta de 14 embarcaciones atuneras siniestradas;
6. Créditos a las empresas del sector pesca;
7. Créditos a las empresas de la industria pesquera;
8. Información a los usuarios y al público, y
9. Inventario de cartera litigiosa.
Para el proceso de transformación estructural del banco, de acuerdo a las instrucciones giradas por las dependencias se realizaron diversas actividades, como:
El diagnóstico funcional del banco, que permitió presentar el documento propuesto para la transformación estructural del Banco Nacional Pesquero y Portuario.
De conformidad a las instrucciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se estableció contacto con instituciones financieras como el Banco Nacional de México, el Banco del Noroeste y los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura en el Banco de México, con el objeto de señalar la mecánica para el traspaso de la cartera crediticia del Banco Nacional Pesquero y Portuario, a cargo de aquellos sujetos que ya estaban aptos para ser atendidos por la Banca Múltiple-Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura en el Banco de México.
Para el traspaso de la cartera camaronera del Litoral del Pacífico, se propusieron tres alternativas:
Venta de cartera.
Traspaso de cartera en administración "salvo buen cobro". Retención de la cartera, sólo en los casos no aceptados por la banca múltiple.
El traspaso de la cartera sería manejado directamente en cada una de las plazas y negociado con el Banco Nacional de México; se destacó que se presentaba solamente la cartera camaronera por tratarse de la que demandaba crédito más urgente.
Se manifestó que el Banco Nacional de México, el Banco Nacional de Comercio y el Banco del Noroeste, aceptaron analizar y estudiar las necesidades de crédito de las cooperativas camaroneras para las temporadas 1988-1989, siendo una demanda global de 157 mil millones de pesos.
Las características y problemática que presentaba la operación crediticia en el litoral del Golfo, del Caribe y del Pacífico, en pesquerías diferentes al camarón y atún, requería para su solución de la aplicación de estrategias específicas para el traspaso de la cartera a la banca comercial, estableciéndose las siguientes reglas de operación:
Se promovería la toma de operaciones activas por parte de la banca múltiple, con el apoyo técnico y financiero de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura en el Banco de México.
La fuente de recursos para atender al sector, provendría únicamente de las recuperaciones de cartera del banco.
Se atenderían únicamente aquellas solicitudes de crédito, cuyo estudio reflejara un proyecto rentable, y que el sujeto de crédito demostrara solvencia moral y económica, ofreciendo garantías suficientes para el pago de los recursos solicitados, y que además participara con una aportación mínima de recursos propios del 20% sobre el costo total del proyecto. Esta aportación también podría ser considerada en especie.
Se observarán las políticas y normas establecidas en el manual de crédito de la institución.
Se presentó la situación del capital accionario y crediticio de las empresas del sector público, en las cuales el banco tenía participación y se solicitó autorización para otorgar financiamiento a:
Pesca Industrial Corporativa, S.A.
Pescado de Colima. S.A. de C. V.
Pescado de Chiapas, S.A. de C. V.
Productos Pesqueros Mexicanos, S.A. de C. V.
Se opinó que era vital que se contara con apoyo financiero para estas empresas, sobre todo en los proyectos en proceso de terminación, siendo posible que en el otorgamiento de los recursos para la obra civil y el capital de trabajo, participara la banca múltiple, habiéndose presentado los proyectos a la banca para su análisis, así como a Nacional Financiera, para que se definieran cuál sería su participación en el apoyo de los mismos.
Se autorizó al banco para que cubriera sus aportaciones pendientes respecto del capital suscrito de las empresas en las que era accionista temporal. Asimismo, se autorizó al banco para que continuara con las administraciones de los créditos concedidos a Pescado de Colima, S.A. de C. V. y a Pescado de Chiapas, S.A. de C. V.
En relación a la adjudición de bienes muebles e inmuebles, como consecuencia de sus gestiones de cobro judicial y extrajudicial, y la dificultad de vender sólo en efectivo estos activos, se establecieron reglas de operación para la movilización de éstos, integrándose un comité que coadyuvara con el director general en las ventas de manera más ágil, en este comité se autorizarían ventas hasta por 1 mil millones de pesos.
Por lo que se refiere a las embarcaciones atuneras siniestradas, se mencionó que su rescate y rehabilitación eran fundamentales para el futuro de esa actividad, siendo importante también se precisara la dimensión de la flota atunera y que los créditos se mantuvieren dentro de los límites de número y peso señalados por el gabinete económico.
En cuanto al crédito a las empresas del sector pesca, considerando que el momento de transición obligaba a un cambio en el esquema del crédito y de la actividad pesquera en general, se recomendó propiciar una participación más activa de Ocean Garden, los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura en el Banco de México y la banca múltiple, en la subcomisión de asuntos pesqueros, de tal forma que se atendieran con oportunidad los requerimientos de crédito hasta el cumplimiento de las etapas de reestructuración del banco.
Punto fundamental en la reunión, fue la autorización para el establecimiento de las reglas de operación para reestructuraciones financieras, las cuales parten de un análisis de las características operativas del usuario que permitan una efectiva aplicación en la quita de sobretasa de intereses moratorios y el otorgamiento de créditos transitorios, en tanto pasa a la banca múltiple, siempre y cuando del análisis financero se desprenda que en el mediano plazo podrán sanear su situación financiera.
Se redocumentaría únicamente el capital vencido, y una vez cumplidos los requisitos previos exigidos por el banco.
En virtud de los puntos tratados en la reunión del Comité Adhoc, celebrada el 22 de junio de 1988, se puede observar que éstos corresponden sólo a aspectos relativos al programa de cambio estructural de la institución.
En lo referente al por qué el contador público Rogelio Carballo Millán aparece con la denominación de liquidador desde antes de que se
autorizara la disolución y liquidación por parte del Poder Legislativo, ello se explica, en razón de que el servidor público de referencia es director general del Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito, organismo que entre sus facultades tiene la de apoyar la operación de instituciones de crédito y organizaciones auxiliares, desde el punto de vista financiero y organizacional, cuando aún desempeñaba dicho cargo fue designado director general del Banco Nacional Pesquero y Portuario, en el mes de abril de 1988.
Este razonamiento nos lleva a concluir que dicho funcionario no fungió como director liquidador del Banco Nacional Pesquero y Portuario, sino como director general del citado fideicomiso, y dentro del Banco Nacional Pesquero y Portuario su desempeño fue exclusivamente como director general, con las atribuciones establecidas por la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito y el Reglamento Orgánico del propio banco.
El Banco Nacional Pesquero y Portuario, en el marco de sus competencias, llevó a cabo transferencia de su cartera, por medio de un contrato de mandato, con el objeto de que la banca comercial o banca múltiple se hiciera cargo de la misma, haciendo efectivos los créditos en la vía administrativa o judicial.
Esta cartera fue transferida en forma integral a la banca múltiple, para que la misma pueda realizar en forma eficiente el cobro por cuenta del Banco Nacional Pesquero y Portuario.
En este sentido, la transferencia de cartera se realizó con el fin de hacer efectivos los créditos, y no para eludir operaciones irregulares o evadir alguna responsabilidad para con un funcionario de la institución. IV. Consideraciones finales.
El artículo 93, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluido en el texto de nuestro máximo ordenamiento por adición aprobada el 6 de diciembre de 1977, establece la posibilidad de que, mediante el acuerdo de las cámaras puedan crearse, en el Senado de la República o en la de Diputados, comisiones que investiguen el funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria.
Esta reforma constitucional se dio en virtud del gran crecimiento de la administración pública federal paraestatal, como un medio de coadyuvancia del Poder Legislativo en torno a estos organismos numerosos, complejos e importantes. Desde luego, debe de atenderse el significado propio del término funcionamiento; esto quiere decir, examinar si la empresa o el organismo de que se trate, está cumpliendo con sus fines, objetos y propósitos. Se trata de una macroinvestigación, de manera esencial, sin que ello excluya la posibilidad coyuntural de que surjan y puedan detectarse irregularidades que pudieran ser materia de sanción administrativa e inclusive, que pudieran configurar y tipificar hechos delictuosos.
Esta atribución reviste tal importancia que para llegar a darse, se fija una condición o requisito de procedibilidad consistente en que este trámite parlamentario únicamente pueda iniciarse si la solicitud la hacen cuando menos la cuarta parte de los miembros de la Cámara de Diputados y cuando esto ocurra en el Senado de la República que así lo soliciten, cuando menos, la mitad de sus miembros. Cumpliendo este requisito, el asunto puede ser tratado, discutido y en su caso aprobado, por la mayoría de quienes asistan a la sesión correspondiente de la Cámara legislativa de que se trate.
Es menester recordar que en nuestro sistema constitucional rige el principio de la existencia y división de los tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial; dentro de esta estructura, se dan y existen relaciones formales de colaboración y coparticipación en el ejercicio de la función pública. Esta intervención del órgano legislativo en la investigación de entidades de la administración pública federal paraestatal, es de naturaleza y alcance limitados. En el propio texto constitucional se expresa que el resultado de la investigación se hará del conocimiento del titular del Poder Ejecutivo Federal; sin embargo, quedará a criterio de éste tomar las decisiones y proceder en la forma que juzgue pertinente. El resultado de la investigación, de ninguna manera obliga y su contenido no puede ser de naturaleza absolutoria o condenatoria.
Por otra parte, si bien es cierto hay el fundamento constitucional para la creación de comisiones de investigación por parte de las cámaras legislativas, hasta el momento no ha sido promulgada la ley secundaria que establezca la estructura, atribuciones, alcances, forma de operación, plazos, trámites y demás elementos indispensables para reglamentar el debido y eficiente funcionamiento de una comisión como la que se analiza. Ante dicha insuficiencia legal, le corresponde a la comisión investigadora sujetarse a lo
dispuesto en la Ley Orgánica y el Reglamento General del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.
De acuerdo con la Ley Orgánica, en su artículo 52, las comisiones de investigación se constituyen con carácter transitorio, funcionan en los términos constitucionales y legales y, cuando así lo acuerde la Cámara, conocerán específicamente de los hechos que hayan motivado su integración.
Mediante resolución de los diputados integrantes de todos los grupos parlamentarios, tomada por el pleno de la Cámara de Diputados en su sesión del día 28 de diciembre de 1989, se estableció la formación de una Comisión Especial de Investigación en relación con los planteamientos hechos en la tribuna de la propia Cámara en torno a diversos aspectos del funcionamiento del Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito. La resolución también estableció que fueran los coordinadores de los diversos grupos parlamentarios los que determinarán la integración, materia, procedimientos y alcances de la investigación; esto quedó definido mediante un acuerdo parlamentario que suscribieron precisamente los coordinadores de los diversos grupos, con fecha 22 de febrero de 1990.
En el acuerdo se precisa, que dentro de la materia de la investigación, se podrá realizar aquello que fuere necesario, conducente y legalmente posible. Dentro del precario marco jurídico que resulta aplicable a la comisión, existen desde luego las normas derivadas de la ya citada Ley Orgánica y el Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; aunque no hay disposiciones específicas aplicables al funcionamiento de las comisiones de investigación, sí existen normas genéricas comprendidas en los artículos 89 y 90 del reglamento, que establecen lo siguiente:
"Artículo 89. Las comisiones, por medio de su presidente, podrán pedir a cualesquiera archivo y oficinas de la nación, todas las informaciones y copias de documentos que estimen convenientes para el despacho de los negocios, y esas constancias les serán proporcionadas, siempre que el asunto a que se refieran no sea de los deban conservarse en secreto; en la
inteligencia de que la lenidad o negativa a proporcionar dichas copias en plazos pertinentes, autorizará a las mencionadas comisiones para dirigirse oficialmente en queja al ciudadano Presidente de la República.
Artículo 90. Pueden también las comisiones, para ilustrar su juicio en el despacho de los negocios que se les encomienden, tener conferencias con los funcionarios a que se refiere el artículo 53 de este reglamento, quienes están obligados a guardar a cualesquiera de los miembros de las comisiones las atenciones y consideraciones necesarias al cumplimiento de su misión. En el caso de que las comisiones tuvieren alguna dificultad u obstrucción en el disfrute de esta prerrogativa, están autorizadas para obrar en la forma indicada en el artículo anterior. Las comisiones de ambas cámaras pueden también tener conferencias entre sí, para expeditar el despacho de alguna ley u otro asunto importante."
Con fundamento en el transcrito artículo 89, la comisión pidió información a las diversas entidades y dependencias del Ejecutivo Federal, que también fueron precisadas en el acuerdo parlamentario. Se formularon inclusive cuestionarios específicos por parte de varios de los grupos parlamentarios. Al acordarse por parte de la comisión que dicho procedimiento sería factible precisar los puntos cuestionados, informando así las dependencias y entidades en forma razonada y fundada sobre el cumplimiento de sus respectivas atribuciones legales en cuanto a la matería de la investigación.
Se recibió amplia información, la cual fue analizada y estudiada por los tres grupos de trabajo que se integraron y por la comisión en pleno; sobre el particular, se presentaron dos situaciones: algunas preguntas no pudieron ser contestadas, aduciéndose que ello significaría la violación del secreto bancario que establece el artículo 93 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca de Crédito; otras preguntas no fueron contestadas por referirse a temas ajenos a lo que es la materia de la investigación, según quedó precisada ésta en el acuerdo parlamentario, debiendo agregarse además que el artículo 52 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos es claro, al decir: "las comisiones...
conocerán específicamente de los hechos que hayan motivado su integración".
Es evidente que, por la división de poderes y el respeto que entre ellos debe existir, no es posible que una comisión de investigación, saliéndose de lo que es la materia que se le ha encomendado, pretenda que alguna dependencia del Ejecutivo le proporcione información sobre otros temas.
Con apoyo en el artículo 90 del reglamento, la comisión especial celebró una sesión el día 20 de abril del año en curso, contando con la presencia de funcionarios del Banco Nacional Pesquero y Portuario y de diversas dependencias del gobierno federal, quienes respondieron a los planteamientos y preguntas que se les
formularon, contribuyendo así a la mejor ilustración de los miembros de la comisión.
La falta de una ley secundaria que reglamente su funcionamiento y las restricciones derivadas del secreto bancario protegido y preservado jurídicamente, la Comisión Especial Investigadora del Banco Nacional Pesquero y Portuario, tuvo limitado su marco legal de acción.
Es necesario recordar que esta comisión, como órgano de autoridad y ajustándose a uno de los principios fundamentales del derecho público, sólo puede hacer aquello de que manera precisa y expresa le sea autorizado en una norma jurídica vigente; tal es el criterio que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los siguientes términos:
Autoridades: Las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permita.
Quinta época, tomo XII, página 928. Compañía de Luz y Fuerza de Puebla, S.A.
Tomo XIII, página 44, Velasco W. María Félix.
Tomo XII, página 514. Carabeo Guadalupe.
Tomo XIV, página 505. Parra Corenzo y coagraviados.
Tomo XI, página 249. Cárdenas Francisco V.
Semanario Judicial de la Federación, Jurisprudencia común al pleno y a salas, número 47, página 106.
La comisión desde su creación, durante su funcionamiento y hasta la conclusión de sus trabajos, se ajustó invariablemente al marco jurídico que la rige. Sería muy lamentable que fueran los propios legisladores los violadores de las normas de observancia general que ellos mismos elaboran. Nada puede justificar la violación del derecho; infringir los ordenamientos legales, provocaría el caos, la anarquía y el rompimiento del orden constitucional.
Es menester también la correcta ubicación del problema. El hecho de que la Comisión Especial Investigadora carezca de atribuciones para profundizar más en su trabajo, no quiere decir que no existan otras instancias que sí tengan la competencia y las facultades legales necesarias para ahondar en el análisis, examen e investigación que corresponda, tomar las acciones que procedan, para corregir irregularidades que pudiere haber y en su caso, para proceder conforme a derechos, en contar de quienes tuviesen alguna responsabilidad. Lo anterior tampoco significa, en forma alguna, que el resultado de la investigación practicada carezca de relevancia, el informe es amplio, responde de manera directa a la misión que se asignó a la comisión y al espíritu del artículo 93 constitucional.
V. Conclusiones de la investigación
1. La Comisión Investigadora del Banco Nacional Pesquero y Portuario, funcionó con
fundamento en el artículo 93 constitucional, la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y su Reglamento Interior; se constituyó de conformidad al acuerdo de los coordinadores parlamentarios del pasado 22 de febrero y sus trabajos se ajustaron a la materia, procedimientos y alcances de la investigación que se le fijaron en ese mismo acuerdo. La conclusión de sus actividades se efectuó dentro del término autorizado y los resultados de la investigación contenidos en el informe se comunican al pleno de la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 93 constitucional.
2. La investigación abarcó los tres temas básicos asignados a la comisión, y los trabajos de la misma permiten establecer lo siguiente:
a) La problemática de la institución y sus resultados operativos y financieros, sólo pueden comprenderse si se analiza el origen y los antecedentes históricos del banco, el contexto general de su funcionamiento, que incluye el marco legal que le rigió; la naturaleza de la banca de desarrollo y la evolución acaecida en los últimos años en el sector pesquero a nivel nacional e internacional.
b) La operación del banco fue estudiada con amplitud, tanto en lo que respectan a sus principales indicadores financieros, como su canalización de recursos, situación de cartera, ingresos y resultados de operación, como tratándose de los más importantes proyectos y programas que se le encomendó realizar. De ambos escenarios se desprenden el conocimiento de que su quebranto financiero fue determinado básicamente por la exigencia que se le planteó de atender cabalmente su objeto social, en un entorno económico muy desfavorable para la actividad pesquera en su conjunto y dentro de una situación financiera del país y particularmente del sector público, agravada por la crisis sufrida a partir de 1982.
c) Las pérdidas o quebrantos financieros del Banco Nacional Pesquero y Portuario, se originaron fundamentalmente por tres factores: el diferencial creciente entre los intereses cobrados y los intereses pagados; los castigos y quebrantos de cartera vinculados a su bajo nivel de recuperación y los gastos de operación del banco. Tan sólo los
dos primeros elementos explican en un 96.9% la pérdida sufrida de 1987 a 1989. d) Ante las situaciones advertidas y el constante deterioro de las finanzas del banco, la pasada administración federal determinó una serie de medidas correctivas, operativas y financieras, pero al no lograrse ni con ello superar el problema, el Ejecutivo Federal procedió a proponer al Congreso de la Unión la derogación de la Ley Orgánica del Banco Nacional Pesquero y Portuario, su consecuente disolución y liquidación y la sustitución del mismo por otros mecanismos alternativos de financiamiento y apoyo al sector pesquero.
3. Las circunstancias anteriores fueron en su conjunto las causas que originaron la situación que se denominó "quiebra técnica" del Banco Nacional Pesquero y Portuario, expresión que no pretende sustituir las connotaciones legales de ese concepto propio del derecho mercantil, máxime que la quiebra no se da tratándose de las instituciones nacionales de crédito, en función de las disposiciones legales vigentes en nuestro país.
4. Los casos y operaciones relacionadas con el Banco Nacional Pesquero y Portuario y denunciados en las sesiones del pleno de la Cámara de Diputados en esta LIV Legislatura, fueron estudiados con toda acuciosidad, con base en los cuestionamientos formulados y los informes proporcionados por las dependencias oficiales que contestaron las preguntas de los diferentes grupos parlamentarios representados en esta comisión. Por acuerdo de la misma, su estudio se extendió a otras cuestiones planteadas posteriormente en la tribuna cameral o en el seno de la propia comisión y al contenido de las preguntas formuladas por los señores diputados; sobre este punto, debe concluirse en lo siguiente:
a) No se acreditó de manera fehaciente la procedencia de ninguna de las denuncias formuladas; las respuestas de las autoridades con los documentos que les acompañaron, bastó en muchos casos para desvanecer las dudas que pudiesen existir, a lo que también contribuyó el análisis de cada caso realizado por los miembros de esta comisión. En otras situaciones denunciadas sin mayores elementos de precisión, se carece de pruebas o no se aportaron a fin de acreditar las irregularidades que se atribuyen al banco o a sus autoridades.
b) Es de reconocerse que tratándose de algunos requerimientos de información de los grupos parlamentarios o de los miembros de esta comisión, no fue factible contar con las repuestas que les satisfacieran en su integridad, por la limitación establecida en términos de las disposiciones legales que protegen y garantizan al secreto bancario; en estos casos y en razón a las limitaciones legales de esta comisión investigadora, ésta misma considera que debe ser el Poder Ejecutivo quien determine, en la práctica, la ejecución de las auditorías e investigaciones conducentes, dentro de las facultades de control y supervisión conferidas a la Comisión Nacional Bancaria, para que en caso de ser procedente se consignen las conductas irregulares detectadas a las autoridades competentes, según la naturaleza de la responsabilidad resultante. En los mismos términos y tratándose de la supuesta comisión de delitos, se advierte la conveniencia de que quienes estimen la existencia de dichas conductas las denuncien ante el ministerio público, para hacer factible la intervención consecuente del Poder Judicial.
c) Por lo que hace a la información que se ha requerido respecto de entidades distintas al Banco Nacional Pesquero y Portuario, que es el sujeto de esta investigación, se sugiere también a los denunciantes plantear sus inquietudes ante la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, para que se aboque al estudio de las mismas dentro de las atribuciones que le competen en materia de revisión de la Cuenta Pública del Ejecutivo Federal, Independientemente de que sea factible también plantear los hechos que se supongan delictivos al ministerio público.
5. Con base en los elementos de información que le fueron aportados, esta comisión advierte que el Banco Nacional Pesquero y Portuario cumplió con las disposiciones legales, en cuanto a los procedimientos requeridos para su disolución y liquidación, y que ha quedado establecida también la procedencia y legalidad de las acciones previas realizadas por el Ejecutivo Federal en procuración de la reestructuración y saneamiento financiero del banco.
6. La comisión advierte la pertinencia de que la Cámara de Diputados estudie en su oportunidad las propuestas hechas en la última sesión del pleno de la Cámara, en torno a la modificación de las disposiciones vigentes en materia del secreto bancario. Sin pronunciarse por ahora, en ningún sentido, respecto a las mismas, es evidente el interés y la conveniencia de realizar un análisis cuidadoso del tema.
7. Finalmente, se recomienda que asimismo, la Cámara de Diputados considere legislar en materia de las facultades investigatorias concedidas al Congreso de la Unión por el artículo 93 constitucional, a fin de contar con las disposiciones reglamentarias de que hoy se carece en esta
materia y que facilitarían los trabajos de futuras comisiones que llegasen a constituirse con finalidades similares a las de esta ocasión.
Palacio Legislativo, a 23 de abril de 1990.- La Comisión Especial Investigadora del Banco Nacional Pesquero y Portuario." (*) El diputado Pedro César Acosta Palomino (desde su curul): - La lectura tan rápido es totalmente incomprensible y no guarda relación con el acuerdo de los grupos parlamentarios respecto al procedimiento de trámite que se iba a dar, yo quiero plantear esta moción y hacerla valer, en el sentido de que sean los grupos parlamentarios los que resuelvan el procedimiento que debe hacerse. El Presidente:- Le ruego a la secretaría que continúe con voz audible y pausada la lectura del documento respectivo; así habíamos quedado, señor diputado.
Perdón, señor secretario, hay dos diputados que quieren hacer uso de la palabra del mismo grupo parlamentario, ¿quién de los dos, por favor? El diputado Abel Carlos Vicencio Tovar (desde su curul): - Creo que es indispensable que en este momento se atienda la moción de orden y en todo caso se lean las conclusiones del documento y realmente agradecemos mucho la atención de la señorita secretaria, pero no sirve para ilustrar el conocimiento de la asamblea, en estas condiciones, pedimos que se cumpla con el acuerdo parlamentario que se había hecho, de leer sólo las conclusiones y anuncio que los grupos parlamentarios tenemos una contraproposición a este respecto, porque no estamos de acuerdo en los términos de las conclusiones que se van a leer.
El Presidente: - Diputado: La segunda parte de su intervención, dicho respetuosamente, no guarda estricta relación con la primera de sus propuestas, en tal virtud, solicito que los señores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional den a conocer su punto de vista respecto de la propuesta que ha hecho el grupo parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Dionisio E. Pérez Jácome (desde su curul): - En la misma forma que el Partido Acción Nacional, no fue proposición nuestra que se leyera el total, se hizo esta solicitud por un respetable compañero de otro partido, nosotros la respaldamos porque consideramos que sí es importante el que la asamblea se entere del contenido del texto íntegro del informe; siento muy plausible la moción formulada por el compañero de Acción Nacional y por lo tanto encarezco a los compañeros de mi fracción parlamentaria para que pongamos toda atención al orador y podamos aprovecharnos de su lectura y de la información que contiene.
(*)Nota: La lectura de este documento fue interrumpida al iniciarse la lectura del párrafo "4.1 trayectora del secreto bancario" pero se pública íntegro. La Dirección.
El Presidente: - Del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, tiene la palabra el diputado Alberto Pérez Fontecha.
El Diputado Alberto Pérez Fontecha (desde su curul): - En la mañana, cuando se dio lectura al oren del día, fue precisamente una propuesta del Partido Revolucionario Institucional y se puso a consideración del resto de los grupos parlamentarios para que únicamente se diera lectura a las tres hojas de las conclusiones. Hoy en la mañana estaba usted presente en esta reunión y el acuerdo fue que únicamente se leyeran las tres hojas finales, yo no se por qué el señor diputado del Partido Revolucionario Institucional en este momento dice que un compañero de la oposición, sin dar su nombre, cambió la propuesta del acuerdo que se tomó en la mañana con usted.
Si se van a seguir cambiando los acuerdos, yo pediría que no hubiera reuniones porque no tiene caso que se acuerde una cosa y que se haga otra.
El Presidente: - Ilustro a la asamblea con la siguiente obligada información:
No solamente o no nada más fue una propuesta del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sino que la propia mesa directiva de la Cámara de Diputados puso a consideración y consultó de uno por uno a los grupos parlamentarios, sin embargo, al inicio de la sesión, al término de la lectura del orden del día, un diputado del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista objetó la inserción del capítulo en el que aparecía esto, como la Presidencia creyó entender y así lo dijo públicamente, además que había habido una objeción, porque se había dicho que se iba a repartir el documento y todavía no se repartía en ese momento, entonces tampoco parecía procedente que se respetara el otro punto de acuerdo de dar a conocer la parte final de conclusiones.
De tal modo que al hacer una breve recapitulación, esta Presidencia señaló de una manera muy clara ante la asamblea, los tres puntos son: El tiempo que va a durar cada orador; dos, el número de oradores y tres, el hecho de que se lea completo el documento para que no haya ni sombra de dudas de que lo que se quiere es escamoteo
y no hubo ninguna protesta, ninguna reconvención, ni siquiera alguna salvedad plantaeada por los grupos parlamentarios aquí.
Es cierto que el diputado Pablo Gómez dijo que él no había manifestado eso y esta Presidencia ordenó que se trajera la versión estenográfica y efectivamente, en sentido literal no hubo ese planteamiento del diputado Pablo Gómez, aunque había habido esa queja de que no se repartía todavía ese documento.
Sin embargo continuó la lectura del documento, ahorita volvemos a plantearnos la cuestión de si sigue o no la lectura, lo que quiero que quede claro es que: primero, no ha habido violaciones a lo que se pactó; segundo, sí hay mociones en el sentido de que se suspenda la lectura por estimar que la lectura se hace mal o apresuradamente, la lectura puede hacerse bien y pausadamente, pero si lo que no se quiere es que haya lectura para que se pase a leer nada más la parte final relativa, si ése, lo pregunto así, es el planteamiento del Partido Acción Nacional, quiero escuchar los puntos de vista de los otros señores miembros de los grupos parlamentarios.
Dígame, diputado Pablo Gómez.
El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): - Señor Presidente: No se vale que una propuesta, la propuesta del partido Popular Socialista, fue que se bajara en el orden del día el punto, eso no tiene nada que ver con la lectura.
La propuesta del Partido de la Revolución Democrática fue que bajara en el orden del día, habida cuenta de que no se había iniciado el reparto del documento, pero no se pidió que en función de que no había reparto del documento, que leyera, como se menciona, que se repartiera; después de que se repartiera se sometiera a la discusión.
En la lectura del dictamen de la mañana, a propuesta de usted, fue que se obviara la lectura, excepto en la parte conclusoria; todos los grupos parlamentarios la aceptaron, ningún grupo parlamentario todavía, hasta este momento, formalmente ha solicitado que se modifique ese acuerdo, que se procediera a leer íntegramente el documento, sin embargo, la Presidencia dio instrucciones de que se procediera a leer integralmente el documento.
Como está demasiado aburrido y ya tenemos el documento en nuestras manos, lo tenemos nosotros, ustedes con mayor razón, son los que lo elaboraron, sabemos cómo están las cosas, no han tenido cambio alguno, nos parece que la parte relevante son las conclusiones, en ese sentido, la propuesta de usted de la mañana sigue siendo la más correcta; leer las conclusiones y pasar, desde luego, a la discusión.
El Presidente: -Gracias, diputado. La Presidencia pregunta por último al grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, al Grupo Independiente y al Partido del Frente Cardenista, su punto de vista; lo pueden hacer como lo están haciendo los demás diputados, desde su curul.
El diputado Alfredo Reyes Contreras (desde su curul); -No es importante para nosotros la lectura del documento y así lo expresamos desde la reunión con los coordinadores, por lo tanto, simplemente porque fueron instrucciones de la Presidencia nosotros la hemos acatado, pero no es el caso.
El Presidente: -¿Del Partido del Frente Cardenista?
El diputado José Antonio Montes Vargas (desde su curul): -En los mismos términos, nosotros consideramos que debe obviarse la lectura del documento, salvo las partes de las conclusiones, que es lo que realmente es importante y ustedes lo tienen debidamente.
El Presidente: -¿Del Grupo Independiente?
El diputado Rubén Venadero Valenzuela (desde su curul): -Lo que nosotros consideramos es que debe obviarse el conjunto del documento.
El Presidente: -Señores diputados: A la luz de los planteamientos que todos los grupos parlamentarios han hecho, proceda la secretaría a leer la parte relativa a las conclusiones de la investigación.
El secretario diputado Fernando Antonio Lozano Gracia: -Conclusiones de la investigación. (*)
El diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala (desde su curul): -¡Señor Presidente! El Presidente: -Permítame, diputado Oscar Mauro. Adelante.
El diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala (desde su curul): -Quiero hacer una aclaración en torno a lo que dijo el diputado. Al leer mi nombre y también al estar leyendo el dictamen, está haciendo alusión a todos los suplentes y esto también es ilegítimo, porque los suplentes no pueden firmar los dictámenes.
(*) Son las mismas que se incluyen en el informe que se pública íntegro.
El Presidente: -¿Cuál es su aclaración en el primer caso?, ¿usted no firmó? El diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala (desde su curul): -Que yo no firmé ese documento.
El Presidente: -Se toma nota, diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala. Estaba previsto para hacer uso de la palabra, por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado Elizondo.
El diputado Rodolfo Elizondo Torres (desde su curul): -Declino.
El Presidente: -Declina el diputado Elizondo. En favor del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Juan Guerra. Adelante, diputado.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: -Gracias, señor Presidente; ciudadanos diputados: Tengo aquí en mis manos un acuerdo firmado por la mayoría de los grupos parlamentarios que representan a esta Cámara de Diputados, a efecto de que se prorrogue el plazo para que la comisión pueda realmente realizar la investigación que hasta ahora no ha hecho, me voy a permitir darle lectura a este documento:
"Honorable asamblea: Considerando que el informe de la Comisión Especial Investigadora del Banco Nacional Pesquero y Portuario no cumple con lo acordado por los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios en su acuerdo del 22 de febrero pasado, y con fundamento en la resolución de esta honorable Cámara de Diputados el día 28 de diciembre de 1989, que dio origen a la comisión investigadora, cuyo objeto primordial es la de investigar exhaustivamente la llamada "quiebra técnica" del Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito, los abajo firmantes, coordinadores de los grupos parlamentarios: Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y Grupo Parlamentario Independiente, consideramos que no se han cubierto los alcances de dicha investigación, toda vez que el plazo de su encargo fue acuerdo de los diferentes grupos parlamentarios representados por su coordinadores, se realice de inmediato una reunión de los mismos a efectos de que se estudie y decida la posibilidad de una prórroga para que la citada comisión investigadora realice su cometido para el cual fue creada.
Firman, por los grupos parlamentarios: Acción Nacional, Abel Carlos Vicencio Tovar; por el Partido de la Revolución Democrática, Pablo Gómez Alvarez; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala; por el Partido del Frente Cardenista de reconstrucción Nacional, diputado Roberto Jaramillo Flores; por el Grupo Independiente, diputado Enrique Rojas Bernal."
Esta es la propuesta cumplió a mayoría de los grupos parlamentarios de esta Cámara.
En abono a la misma habría que señalar como muy justa la consideración de que no se diera la lectura aquí al documento que supuestamente presenta conclusiones de la investigación sobre el banco pesquero, porque no tenía ningún sentido que a estas alturas se leyera y porque además ya se nos había entregado; donde si se debería de haber leído justamente era en la comisión y no se leyó, ahí se votó sin que siquiera por parte de los diputados se conociera el contenido, justamente, de dicho informe.
Toda la prisa para hacerlo se quiso justificar porque había un acuerdo de los grupos parlamentarios respecto a que la investigación concluyera el día de ayer, es decir, 60 días después de que se tomó el acuerdo, pero hay que aclamar que esta Cámara de Diputados, jamás le puso fecha o plazo para que concluyera la investigación, la razón es por demás obvia: lo que a esta Cámara le interesa y le interesó cuando tomó el acuerdo, es que se realice la investigación, para eso fue creada la comisión, para eso se tomó el acuerdo, para realmente desarrollar la investigación y hacernos cargo de las consecuencias que ello implica, era necesario que los grupos parlamentarios y particularmente los coordinadores fijaran un plazo tentativo, porque no podría estar jamás este plazo por encima del fundamento de la comisión, que es realizar la investigación.
Por eso mismo, si el plazo fue fijado por los coordinadores, los coordinadores lo pueden modificar y en ese sentido tenemos aquí la propuesta de los coordinadores, para que se cite de inmediato a todos y el caso se pueda analizar, esta propuesta; por lo mismo solicito a la Presidencia tenga a bien, con fundamento en este escrito, suspender la discusión de este punto; que se reúna a los coordinadores para que se analice la posibilidad de que se amplíe el plazo y pueda la comisión investigadora, realmente cumplir con sus propósitos. Es todo y mucha gracias. (Aplausos.)
El Presidente: -Quiere hacer uso de la palabra el señor diputado Mario Ruíz de Chávez, para referirse a estos hechos. Adelante, diputado Mario Ruíz de Chávez.
El diputado Mario Ruíz de Chávez y García: -Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Yo vengo a esta tribuna con objeto de oponerme a la propuesta presentada por el señor diputado que me antecedió en el uso de la palabra, pero como hombre bien nacido debo fundar y motivar mi oposición.
En prime lugar, deseo manifestar mi extrañeza por una propuesta del señor legislador que siempre insiste en esta tribuna en que los asuntos se discutan y ahora viene a proponer lo contrario; no se ha discutido aún si en el informe cumple o no con los requisitos del acuerdo parlamentario que motivó la aplicación del artículo 93 constitucional, consistente en designar una comisión investigadora y no está a discusión el artículo 93 sino, al parecer, si se cumplió o no con un trámite que se inició y que ahora debe concluirse antes de pasar a la siguiente etapa, voy a tratar de explicarme de mejor manera. Se ha dado lectura y si no completamente, a petición de diferentes diputados de diversas fracciones parlamentarias, a un documento que debe ponerse a discusión de esta Legislatura, a mí me parece, y de ahí mi oposición, infundada e inmotivada en la razón y en el derecho, suspender un trámite que no debe quedar inconcluso, por tanto, yo propongo que primero de discuta el contenido del informe y posteriormente se prolongan a esta Legislatura los acuerdos que hayan de tomarse, con las reservas de que precisemos la materia de esta discusión.
No es el contenido del artículo 93, sino el informe que la comisión está poniendo a la consideración de esta asamblea, por tanto, señor Presidente, deseo presentar la siguiente
« PROPUESTA
Que se abra la discusión del informe presentado por la comisión y que una vez agotado el trámite, de acuerdo con los artículo 30, fracción IV y 105 de nuestro Reglamento Interior, decida esta Legislatura, esta Cámara de Diputados qué es lo que debe proceder a hacer, apegado a los términos del artículo 93 constitucional. Es todo, señor Presidente.
El Presidente: -Diputado Ruíz de Chávez, le quieren formular una interpelación, ¿está usted de acuerdo con ella?
El diputado Mario Ruíz de Chávez y García: -Sí, señor, a sus órdenes.
El presidente: -Adelante, diputado Rafael Núñez Pellegrín.
El diputado Rafael Núñez Pellegrín (desde su curul): -Diputado Ruíz De Chávez: ¿Cómo es que quieren hacer la discusión a esta investigación si no tuvimos en las manos, no tuvimos todos la documentación que pudo haber dado un resultado más real?
El diputado Mario Ruíz de Chávez y García: -Señor diputado, con todo respeto, yo quisiera insistir en la propuesta que estoy presentado. Todos estos argumentos como seguramente habrán otros, habrán de ser motivo de la discusión; pedimos precisamente hablar desde la tribuna para parlamentar, para parlar, para exponer nuestras objeciones y en general las razones de nuestro dicho en favor o en contra.
Yo quisiera simplemente suplicar a esta Presidencia que continuara con el trámite reglamentario. Es todo, señor Presidente.
El Presidente: -La secretaría proceda a dar lectura a los artículos 109 y 110 del reglamento...
¿Quiere usted hacer uso de la palabra antes de que den lectura a eso? El diputado Juan Jaime Hernández (desde su curul): -Si, señor Presidente. El Presidente: -Adelante, diputado Juan Jaime Hernández, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Juan Jaime Hernández: -Señor Presidente; ciudadanos legisladores: Non ti veri fatimeri nocturno (¿a qué le tienen miedo?) Si esta soberanía dio facultades para que los coordinadores señalarán los términos, los pasos, integrantes de la comisión investigadora del Banco Nacional Pesquero y Portuario, ¿por qué en este momento se tiene que violentar a esta soberanía y no tomar en cuenta a los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios? Porque el señor Mario Ruíz de Chávez, bien nacido, viene a decir que no.
Nosotros consideramos que no es porque Mario Ruíz de Chávez diga no; es porque tienen miedo a que realmente con una verdadera y real investigación salgan a la luz pública y se prueben los hechos de los delitos inmersos en esa quiebra altamente fraudulenta y que los directivos de la comisión, porque no la comisión, los directivos de la comisión han calificado de quiebra fraudulenta y de quiebra técnica, la quiebra técnica que no existe dentro del derecho mercantil, ¿o acaso tienen miedo que los involucrados resulten ser honorables ciudadanos que fungen o fungieron como funcionarios del sexenio de la
renovación moral o el de la modernidad o el de la modernización, cuyos resultados han sido los pesqueiras, los betetas y otros?, ¿a eso le tienen miedo?, ¿eso es ser ciudadano bien nacido?
El partido Auténtico de la Revolución Mexicana, plenamente consciente de nuestro papel como representante del pueblo de México, queremos que se respete el acuerdo de los coordinadores y ahora, en esta proposición, lo han firmado cinco de los seis coordinadores, en consecuencia, a ese mandato de la soberanía de esta asamblea, hay una mayoría que está pidiendo que se suspenda esta discusión, que no tiene razón de ser, porque no tenemos los documentos necesarios para argumentar en esta tribuna.
Por eso, nosotros, los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Auténtico, apoyamos la moción que ha sido presentada por los coordinadores de las fracciones parlamentarias, porque yo considero que esa bien nacida proposición del diputado Ruíz de Chávez, no es más que Altera asina in triticum (otra vez la burra al trigo). (Aplausos.)
El diputado Mario Ruíz de Chávez y García (desde su curul): -Señor Presidente, pido la palabra para contestar alusiones personales.
El Presidente: -Para los mismos hechos, por cinco minutos, diputado Mario Ruíz de Chávez...
(Voces.)
Va a responder el orador a alusiones personales, a nadie le he pegado ni se le va a negar el derecho para plantear este tipo de asuntos. Le ruego, por favor...
(Desorden.)
El diputado Mario Ruíz de Chávez y García: -Tengo derecho, señor diputado, a venir a contestar alusiones personales y a expresar mi punto de vista y que nace de mi verdad de hombre bien nacido, como respeto el derecho de usted para venir a decir sus graciosadas que mucho nos divierten, señor diputado, muchas gracias. (Aplausos.)
No está, señor gracioso, a discusión el artículo 93, ni la ley orgánica, ni el reglamento; el señor duda de la eficacia de una investigación que yo opino concluida en los términos del artículo 93, pero naturalmente, la opinión de usted y la mía siempre serán divergentes porque, obviamente yo no tuve la fortuna de recibir una formación de seminario, yo me formé en las escuelas de la Revolución Mexicana.
(Aplausos.)
(Desorden.)
El Presidente: -Permítame. ¿Diputado Alfredo Arenas, diga usted? El diputado Alfredo Arenas Rodríguez (desde su curul): -Se corrió el trámite de los oradores en pro y en contra...
El Presidente: -Permítame, por favor. Diputado Fox, le ruego serenidad por favor, esta Presidencia está desahogando con plena sujeción reglamentaria los planteamientos que aquí se han hecho, solamente, insisto, esta presidencia ha recogido dos planteamientos contradictorios: uno, el de quienes demandaron y lo dijeron así textualmente, una moción suspensiva y los de quienes se apoyaron, como lo acaba de hacer desde su curul el último orador, el trámite del artículo 58.
Todavía no hay plena claridad y por eso no se ha dado el trámite consiguiente, por eso, porque no hay claridad en estos planteamientos como lo acaba de aceptar; ¿diputado Montemayor, diga usted?
El diputado Rogelio Montemayor Seguy (desde su curul): -Señor Presidente:
Nadie ha hecho moción suspensiva, fue una proposición, la que fue hecha en el sentido de que se prorroguen los plazos.
El Presidente: -Bien, la propuesta es que se prorrogue el plazo, bien de acuerdo. Entonces, pongamos de acuerdo cuál es el tipo de propuesta, por eso le sugerí a los señores que hubiera claridad, le ruego por favor orden para que nos podamos entender.
Tiene la secretaría ante sí la propuesta presentada por el orador del Partido Acción Nacional, léala, por favor.
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez (desde su curul): -Señor Presidente, ¿se podría leer el artículo 58?
El Presidente: -Se puede proceder de distinto modo, diputado Coca, se puede leer el artículo 58, en esos términos instruyo a la secretaría para que lo haga.
El secretario diputado Rubén García Farías: -Por instrucciones de la Presidencia, se dará lectura a la propuesta presentada por el diputado Juan Guerra.
"Honorable asamblea: Considerando que el informe de la Comisión Especial Investigadora del Banco Nacional Pesquero y Portuario no cumple con lo acordado por los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios en su acuerdo del 22 de febrero pasado y con fundamento en la resolución de esta honorable Cámara de Diputados el día 28 de diciembre de 1989, se dio origen a la comisión investigadora, cuyo objeto primordial es la de investigar exhaustivamente la llamada quiebra técnica del Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito.
Los abajo firmantes coordinadores de los grupos parlamentarios; Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y Grupo Independiente, consideramos que no se han cubierto los alcances de dicha investigación, por lo que proponemos se amplíe el plazo para presentar los resultados de la misma por la propia comisión investigadora, toda vez que el plazo de su encargo fue acuerdo de los diferentes grupos parlamentarios representados por sus coordinadores, se realice de inmediato una reunión de los mismos a efecto de que se estudie y decida la posibilidad de una prórroga para que la citada comisión investigadora realice su cometido para el cual fue creada.
Por los grupos parlamentarios: Partido Acción Nacional, diputado Abel Carlos Vicencio Tovar; Partido de la Revolución Democrática, diputado Pablo Gómez Alvarez; Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, diputado Roberto Jaramillo Flores; Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala; Grupo Independiente, diputado Enrique Rojas Bernal.- Recinto alterno de la Cámara de Diputados, 24 de abril de 1990."
El Presidente: -Proceda la secretaría a dar lectura al artículo 58 del reglamento, como se había indicado.
El secretario diputado Rubén García Farías:
"Artículo 58. Las proposiciones que no sean iniciativas de ley, presentadas por uno o más individuos de la Cámara sin formar los que los suscriben mayoría de diputación, se sujetarán a los trámites siguientes:
I. Se presentarán por escrito y firmadas por sus autores al Presidente de la Cámara y serán leídas una sola vez en la sesión en que sean presentadas. Podrá su autor o uno de ellos, si fueren varios, exponer los fundamentos y razones de su proposición o proyecto;
II. Hablarán una sola vez dos miembros de la Cámara, uno en pro y otro en contra, prefiriéndose al autor del proyecto o proposición, y III. Inmediatamente se preguntará a la Cámara si admite o no a discusión la proposición, en el primer caso se pasará a la comisión o comisiones a quienes corresponda y, en segundo, se tendrá por desechada."
El Presidente: -Agotado este punto de la lectura del artículo 58 y con el consenso de todos los aquí presentes, proceda la secretaría a desahogar el trámite.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde su curul): -Señor Presidente, pido la palabra.
El Presidente: -Quiere usted todavía hablar, señor diputado? Pase usted, diputado.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: -Evidentemente un trámite que se le puede dar a esta propuesta es que se ponga a consideración del pleno y tal vez no haya otra salida, no existe otra salida; sin embargo, hay que aclarar lo siguiente:
Este pleno jamás se fijó un plazo para hacer la investigación; este pleno lo que dijo es: "hágase la investigación", no se puso ningún plazo, por lo tanto este pleno no está en una actitud de que forzosamente tiene que discutir hoy el punto, sino que lo que importa, en términos del acuerdo de la Cámara de Diputados, es que en efecto se realice la investigación, éste es el caso. Votar por lo mismo, si este pleno amplía el plazo, es ya algo irregular, porque este pleno ni siquiera acordó el plazo o lo ratificó, que firmaron los coordinadores, lo que procede, cuando son los coordinadores los que fijaron el plazo, es que estos mismos deliberen si amplían el plazo, eso es lo que procede y lo que procede para la Presidencia entonces es que dejen en suspenso este punto, y hasta en tanto los coordinadores no se reúnan y deliberen si es conveniente ampliar el plazo que ellos mismos fijaron.
Este es el asunto y lo que debería en lo inmediato hacer la Presidencia es justamente invitar a los coordinadores para que deliberen este punto, reitero, dejando en suspenso la discusión del mismo porque, si el plazo lo fijaron los coordinadores, los coordinadores lo pueden cambiar y la solicitud procede, toda vez que está firmando por la mayoría de los coordinadores que fueron los que firmaron el plazo, así es que en lo inmediato lo que debería hacerse, de conformidad como está el acuerdo de la Cámara de Diputados y el acuerdo
firmado por los coordinadores parlamentarios, es que éstos se reúnan porque hay una solicitud de la mayoría de los mismos, para considerar justamente la ampliación del plazo.
El Presidente: -Diputado Guerra, ¿quiere usted responder a esa interpelación? Adelante, diputada.
La diputada Yolanda García de Vargas (desde su curul): -Una observación, Diputado Guerra, yo le pregunto: si está usted convencido de que ese acuerdo tenía que hacerse a nivel de los coordinadores parlamentarios, ¿por qué llevar al pleno de la Cámara una petición solicitando prórroga de plazo? El Diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: -Por la sencilla razón de que la comisión abocada a esto, la mayoría, en lugar de ponerse a realizar la investigación que se le demandaba, se apresuró, votó justamente el informe sin siquiera conocerlo, la mayoría sin siquiera conocerlo y todo por el plazo que se decía habían fijado los coordinadores.
Este es el asunto, por eso es que nosotros recurrimos aquí al pleno, algo que no tendríamos necesidad, porque, en efecto, tiene usted razón, bastaría que la mayoría de los coordinadores estén de acuerdo, se lo comuniquen al coordinador de su grupo parlamentario y proceda en el acto, pero toda vez que hay esta resistencia, estamos planteando para que la Presidencia desahogue por el cauce que debe tomar justamente este problema.
El Presidente: -Pregunte la secretaría a la asamblea... ¿Perdón?, Diputado Ortíz Mendoza, primero el Diputado Ortíz Mendoza que pidió la palabra y después usted.
El Diputado Francisco Ortíz Mendoza: -Señor Presidente; honorable asamblea: Es bueno que no se juegue tanto con el reglamento, está bien que no opera, pero no es correcto que se esté jugando así con el reglamento.
Se están diciendo muchas falsedades, cada quien tiene su propia maniobra, ya el Partido Acción Nacional ayer mismo hizo una conferencia de Prensa diciendo que esto no vale nada y ellos se fueron por el lado de la procuraduría y ahora vienen a pedirnos que ahora se suspenda el debate o que lo prolonguemos. Cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera, nadie se los impide, pero, por favor, seamos honestos con nosotros mismos, ¿qué queremos en realidad? Nosotros los del Partido Popular Socialista, desde el primer día dijimos que no hacíamos preguntas en la comisión porque no teníamos facultades, no tenemos facultades para nada, esta comisión no tiene fijadas sus facultades, sin embargo, en varias sesiones estuvimos insistiendo que se estaba perdiendo el tiempo, que estaba pasando el tiempo y no íbamos a tener ninguna respuesta, ni de las autoridades ni de la banca.
Siguieron haciendo declaraciones, acusando a medio mundo unos y otros, defendiéndose todos; a cinco días escasos se vinieron aquí a la tribuna a pedir que hubiera una prórroga indebida, porque el plazo lo fijamos los coordinadores, les avisamos, compañeros, eso no procede, nosotros los coordinadores debemos reunirnos para fijar las condiciones, no nos hicieron caso.
Ayer se leyó un dictamen, le decían dictamen, es un informe, fuimos el único partido que votó en contra, porque sabemos bien que no resuelve esta comisión el problema, ahorita estamos ya en el informe, ya se leyó el informe y ahora vienen a pedir una prórroga que nosotros no firmamos por eso; se dice que se aplique el 58, imaginemos que se cumple el 58, pasa a comisiones y aquí nos estamos esperando a que resuelvan las comisiones, ¿cuanto tiempo vamos a estar?, ¿cómo lo va a resolver?, ¿con base en el 58?
Aquí nada más hay dos posibilidades y ya estamos en la Cámara, ya no somos los coordinadores, estamos en Cámara y está operando la Cámara: o una moción suspensiva o seguimos con el debate, no hay otra cuestión. El Presidente: -Diputado Rogelio Montemayor Seguy, para hechos, cinco minutos. El Diputado Rogelio Montemayor Seguy: -Con su permiso, señor Presidente: Yo creo que el Diputado Ortíz Mendoza ha sido muy claro en sus planteamientos y creo que tiene razón, estamos en medio de un trámite, donde una comisión que fue creada indirectamente por un acuerdo de este pleno, se le estableció una materia, un objetivo y se le estableció un plazo.
En medio de este trámite se viene y se hace otra proposición. Yo quisiera pedirle, señor Presidente, a algunos de los secretarios, que diera lectura al acuerdo parlamentario que dio origen a esta comisión.
El Presidente: -Procede la petición, la secretaría lea el acuerdo parlamentario.
El secretario Diputado Rubén García Farías:
«Comisión Especial del Banco Nacional Pesquero y Portuario.
ACUERDO PARLAMENTARIO
Los suscritos, coordinadores de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Popular Socialista, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y del Grupo Independiente, que representan a la totalidad de los integrantes de la Cámara de Diputados de la LIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, expresamos lo siguiente ANTECEDENTES
1o. En la sesión de la Cámara de Diputados del 28 de diciembre de 1989, diversos legisladores hicieron en la tribuna algunos señalamientos y cuestionamientos sobre ciertos aspectos del Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito, al discutirse una iniciativa del titular del Poder Ejecutivo Federal para abrogar la Ley Orgánica de dicho banco.
2o. En dicha sesión de la Cámara de Diputados y por decisión unánime de los diputados, se acordó constituir, para tal efecto, una comisión investigadora y se delegó en los coordinadores de los grupos parlamentarios las decisiones acerca del número y legisladores que la integren, materia, procedimientos y alcance de su investigación.
Con base en lo anterior y después de haber hecho el estudio y las deliberaciones del caso, los suscritos coordinadores de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, hemos llegado al siguiente
ACUERDO PARLAMENTARIO
Primero. Integración de la comisión:
La comisión se integrará por los siguientes diputados: propietarios; Partido Revolucionario Institucional: Napoleón Cantú Cerna, Yolanda García de Vargas, Rogelio Montemayor Seguy, Luis René Martínez Souverville, Dionisio Pérez Jácome, Javier Bonilla Chávez, Ricardo Olivares, Martín Gavica, Miguel Quiroz Pérez, Alvaro Uribe Salas, Raúl Bolaños Cacho, Juan José Moreno Sada, Carlos Vega Memije y Esquipulas David Gómez Reyes. Partido Acción Nacional: Rafael Núñez Pellegrín, José Ramón Rojo Gutiérrez, Benito Rosell Isaac y Astolfo Vicencio Tovar.
Partido de la Revolución Democrática: Juan Guerra Ochoa y Gregorio Urias Germán.
Partido Popular Socialista: Francisco Ortíz Mendoza.
Partido Auténtico de la Revolución Mexicana: Oscar Mauro Ramírez Ayala.
Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional: Armando Duarte Móller.
Grupo Independiente: Jaime Enríquez Félix.
Suplentes: Partido Revolucionario Institucional: Benigno Gil de los Santos, Agustín Gasca Pliego, Mario Ruíz de Chávez, Eric Rubio Barthell, Ricardo Monreal Ávila, Judith Murguía Corral, Antonio Silva Beltrán, Javier Santillán Oceguera, María Esther Valiente Govea, Oscar Navarro Gárate, Juan Ugarte Cortés, Francisco Salas Hernández, Artemio Meixueiro Sigüenza y César Vieyra Salgado.
Partido Acción Nacional: Noé Aguilar Tinajero, Espiridión Sánchez, Francisco Javier Pavlovich y César Coll Carabias.
Partido de la Revolución Democrática: Ismael Yáñez Centeno y Patricia Olamendi Torres.
Partido Popular Socialista: Ernesto Rivera Herrera.
Partido Auténtico de la Revolución Mexicana: Manuel Patricio Estévez Nenninger.
Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional: Jesús Hernández Gardea.
Grupo Independiente: Francisco Chávez Alfaro.
Los suplentes podrán sustituir, indistintamente, a cualquiera de los propietarios de su mismo grupo parlamentario.
La comisión se instalará e iniciará sus funciones el día 22 de febrero de 1990 y concluirá sus actividades dentro de los sesenta días siguientes, sin menoscabo de los demás derechos que les correspondan a los diputados y a sus grupos parlamentarios.
Segundo. Materia:
La comisión se ocupará de los señalamientos y cuestionamientos sobre el Banco Nacional
Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito, hechos por los ciudadanos diputados en tribuna durante las sesiones del pleno de la Cámara de Diputados de la actual LIV Legislatura y particularmente en la sesión que celebró la Cámara de Diputados el pasado 28 de diciembre. Dichos señalamientos y cuestionamientos pueden clasificarse en los siguientes temas:
1o. Significado del término quiebra técnica y sus causas, entre lo que se considera, desde luego, el análisis de la cartera vencida.
2o. Aclaraciones sobre los casos y operaciones que han sido denunciados en las sesiones del pleno de la Cámara de Diputados de la LIV Legislatura.
3o. Verificar si el Banco Nacional Pesquero y Portuario cumplió con las disposiciones legales, en cuanto a su disolución y liquidación.
Tercero. Procedimiento:
Se enviarán por conducto de la Presidencia de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados y a través de la Secretaría de Gobernación, copias de las versiones estenográficas de las intervenciones de los ciudadanos diputados sobre el asunto del Banco Nacional Pesquero y Portuario en la sesión de la Cámara celebrada el 28 de diciembre de 1989 y las que sobre el mismo tema se hubiesen producido durante las sesiones del pleno de la Cámara de Diputados de la LIV Legislatura y se solicitarán informes razonados y fundados a las siguientes dependencias en lo que a cada una le corresponde de acuerdo a sus atribuciones legales: Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito, Comisión Nacional Bancaria, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de la Contraloría General de la Federación, Secretaría de Pesca y Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
Hecha la evaluación de la información, se realizarán los análisis, conferencias e investigaciones necesarios, conducentes y legalmente posibles. Cuarto. Alcances de la Investigación:
Los resultados de la investigación se comunicarán al pleno de la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 93 constitucional.
Palacio Legislativo, a 22 de febrero de 1990.- Guillermo Jiménez Morales, Abel Carlos Vicencio Tovar, Ignacio Castillo Mena, Francisco Ortíz Mendoza, Oscar Mauro Ramírez Ayala, Rafael Aguilar Talamantes y Pedro René Etienne Llano.»
El Presidente: -Continúe el orador.
El Diputado Rogelio Montemayor Seguy: -Gracias, señor Presidente: Hemos escuchado los términos del acuerdo y hemos escuchado también una proposición que afirma que considerando que el informe que hoy se ha presentado a este pleno, no cumple con los términos de ese acuerdo, en consecuencia se solicita que se pida una prórroga del plazo.
Señores, el documento, el informe que está a su consideración cumple con los plazos, cuando menos ésa es mi opinión. Primero, se concluye en el plazo establecido; segundo, como podrán ustedes ver, del índice de ese documento de investigación de la comisión, se va refiriendo a cada uno de los temas, materia de la investigación, se explica cuál es el significado de la quiebra técnica y se dan las razones, una explicación de qué fue lo que llevó al banco a la situación de pérdida, se cuantifica esta, se hace una cuantificación de cada una de las causas, de los factores que incidieron en estas pérdidas, se hace un análisis de las razones que subyacen en esos distintos factores, creo yo que se explica con una gran claridad el primer punto, pueden o no estar de acuerdo, pero y el documento presenta una investigación del significado de la quiebra y presenta una explicación de las causas de esa quiebra técnica.
El segundo tema eran las aclaraciones sobre los casos y las operaciones que fueron denunciadas en este pleno y posteriormente en el documento también se hace un análisis, una por una de las denuncias que fueron hechas. Se analiza la información que fue proporcionada por el denunciante, que desafortunadamente en ninguno de los casos proporcionó ninguna información, para al menos presumir algo, simplemente una denuncia y para ver lo absurdo en ocasiones de estas denuncias, basta recordar una que se hizo aquí en este pleno, donde se acusa que se le dio un financiamiento al Partido Revolucionario Institucional; hecha la investigación resulta que en 1956 se creó una cooperativa que se llamaba Pescadores Rivereños del Istmo; el señor Diputado que hizo esa denuncia por ahí leyó alguna relación de cartera del banco y vino a hacer una denuncia, pues es realmente ridículo.
El tercer tema que se pidió fue verificar si el Banco Nacional Pesquero y Portuario cumplió o no cumplió, se hace un análisis, se explican las razones de lo que significa el procedimiento de la disolución de las razones que tomaron, las decisiones, la explicación de las distintas decisiones administrativas que se fueron tomando en el curso del año pasado y 1988, y queda claramente establecido que no se violó la ley. Entonces, si
cumple o no cumple, a final de cuentas es motivo...
El Presidente: -Señor Diputado Montemayor, concluya, está dentro ya de los límites.
El Diputado Rogelio Montemayor Seguy: -Señores, yo creo que aquí lo único que procede, es dar el debate, efectivamente para ver si el informe es de calidad o no es de calidad, si cumple o no cumple con el acuerdo parlamentario que le dio origen...
El Presidente: -Señor Diputado, le quieren hacer una interpelación, ¿la acepta?
El Diputado Rogelio Montemayor Seguy: -Siempre y cuando me la descuente de mi tiempo, sí.
El Presidente: -Adelante, señor Diputado.
El Diputado Horacio González de las Casas (desde su curul): -¿Considera usted que la investigación que se hizo reúne las características de la pregonada modernidad como irá a salvar al país?
El Diputado Rogelio Montemayor Seguy: -Señor Diputado, por absurda no le voy a contestar su pregunta, pero le voy a decir una cosa. Yo le ruego primero que lea el documento y una vez leído lo discutamos y me diga, ¿en qué no cumple con lo que se nos encargó?
¿O a qué le tienen miedo, señores diputados? Primero se oponen a que se lea el documento; segundo, se oponen a que se discuta. ¿Quién es el que tiene miedo¿ (Aplausos.)
El Diputado Gerardo Medina Valdez (desde su curul): -Interpelación al orador...
(Desorden.)
El Presidente: -Diputado Rogelio Montemayor, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Gerardo Medina Valdez, quiere formular una interpelación, ¿la acepta?
El Diputado Rogelio Montemayor Seguy: -No la acepto.
El Presidente: -No la acepta, pero va a hablar el Diputado Gerardo Medina Valdez.
El Diputado Gerardo Medina Valdez: -Señor Presidente: A propósito de leer el documento, Diputado Montemayor, en el artículo 93...
(Desorden.)
Dice en la parte final de la fracción sobre la cual se apoyó constitucionalmente la creación de una comisión investigadora, cuyo informe, que no comunicación, estamos conociendo. En la parte final, dice: "los resultados de las investigaciones, Diputado Montemayor, se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal".
Mi interpelación, señor Diputado, es la siguiente: ¿Lo que se le va a comunicar al Ejecutivo, es que la comisión investigadora no investigó nada? (Aplausos.)
El Presidente:- Adelante, Diputado.
Para contestar a la interpelación y después el Diputado Ortega.
El Diputado Jesús Ortega Martínez (desde su curul): -Una moción.
El Presidente: -Haga su moción, Diputado.
El Diputado Jesús Ortega Martínez (desde su curul): -¿Se da cuenta el pleno de que las intervenciones de los señores diputados ya son referidas al informe?
Entonces yo le sugeriría, señor Presidente, que se abocara al trámite de la propuesta, para que pudiéramos entrar en consecuencia al trámite de la propuesta.
El Presidente: -El trámite de la propuesta se va a agotar, si es que el orador no es interpelado.
Sobre todo si las interpelaciones vienen del mismo grupo parlamentario que junto con ustedes presentó esta propuesta. Adelante, señor Diputado Montemayor.
El Diputado Rogelio Montemayor Seguy: -Señor Diputado Medina: No voy a pedir que lean otra vez el informe para que sepa que es lo que sí dice. Voy a tratar de comentarle.
Primero, el informe llega precisar qué la quiebra, en el conexo de una institución bancaria como lo es o lo fue más bien el Banco Nacional Pesquero y Portuario, llegó a experimentar una
situación financiera difícil, que le significó que en los últimos tres años perdió 1.5 billones de pesos. Ese es el primer punto a aclarar, porque se han manejado muchas cifras.
Segundo. Que estas pérdidas, que es lo que significado el término "quiebra técnica", el haber acumulado esas pérdidas, que esas pérdidas, esos 1.5 billones, se originó debido a varios factores, entre los cuales tres son los más importantes:
El primero, que la diferencia entre los ingresos que el banco obtenía como producto de los
créditos que realizaba y los pagos que hacía de intereses sobre las cantidades que obtenía de deuda, fue mostrando un creciente diferencial. Y se llega ahí a cuantificar, que esa diferencia, en los últimos tres años, fue de casi 1.3 billones de pesos. Ello explica una parte muy importante de la quiebra o de la pérdida acumulada.
Se llega también a cuantificar otro factor, que es lo referente a los castigos y quebrantos. Se llega también a analizar la situación de sus gastos de operación que resultaron altos en función al volumen de crédito que operaban.
Entonces, se establece el significado, se establecen lo montos de las pérdidas se establecen sus causas y no sólo eso, sino que se va más profundo a analizar cuáles fueron las razones que motivaron esos diferenciales entre intereses, esos quebrantos y esos gastos administrativos altos, eso en cuanto hace el primer tema, se hace una amplia y detallada explicación del significado de la quiebra y de sus causas.
En el otro tema que es de interés también, es lo relativo a las denuncias, ahí se llegan a establecer tres tipos de situaciones. La primera, aquellas denuncias, como a la que hacía ahorita referencia, que son absurdas y son producto del afán protagónico de algunos diputados, otro tipo de denuncias,en donde los denunciantes jamás pudieron producir un documento que hiciera pensar que se había cometido un tipo de ilícito y en consecuencia lo único que pudimos decir los miembros de la comisión es: señores, si ustedes tienen esas pruebas, procedan por los conductos apropiados, o sea, el Poder Judicial. Y tercero. Aquellas situaciones que fueron denunciadas, que eran materia de secreto bancario, pero donde los afectados accedieron a que se abriera el secreto bancario y que se aclara y que fueron quizá la de más escándalo y notoriedad en esta Cámara.
Señor Diputado, con esto le contesto a su pregunta, esto es lo que habríamos de comunicar y le comunicamos también al pleno de la Cámara que reconociendo las limitaciones que tienen este tipo de comisiones, por el hecho de que no están precisados en ninguna ley, toda una serie de aspectos que habrá que precisar en materia de estas comisiones.
Simplemente el hecho, señor Diputado, de que quien denuncia no puede ser parte de esta comisión investigadora, porque si vamos a tener algún tipo de función judicial, pues lo menos que debemos hacer es respetar, el no ser juez y parte, como muchos de los compañeros de oposición que fueron parte de la comisión y fueron los mismos denunciantes. Y también señalamos que hay una materia...
El Presidente: -Se ha terminado su tiempo, señor Diputado, concluya. El Diputado Rogelio Montemayor Seguy: -Ya voy a concluir, señor Presidente. Y también señor Diputado Medina, se concluye y se le señala a este pleno que hay un aspecto, lo referente al secreto bancario que es un aspecto importante que merece una meditación profunda, una discusión, un análisis y que en consecuencia
hay que hacerlo. Eso sería lo que
comunicaríamos, parte al titular del Ejecutivo y parte a este pleno de las cuestiones que averiguamos en el curso de la investigación.
El Presidente: -No, ya no se aceptan más interpelaciones. Pregunte la secretaría a la Cámara si admite o no a discusión la proposición.
El secretario Diputado Rubén García Farías: -En votación económica se... El Presidente: -Moción de orden.
El Diputado Dionisio E. Pérez Jácome (desde su curul): -No se ha cumplido aún el trámite al que usted aludió, independientemente de que no se esté de acuerdo con la obligatoriedad del mismo, pero el trámite establece la procedencia de un orador en contra y uno a favor, y es lo que no se ha hecho. El Diputado Montemayor exclusivamente se refirió, y para esos efectos pidió la palabra a cuestiones de hechos.
El Presidente: -Esta Presidencia responde al Diputado Dionisio Pérez Jácome que entendió la participación del señor Diputado Mario Ruíz de Chávez, para hacer el turno correspondiente y después, hubo la otra participación, el señor Diputado Ortíz Mendoza.
El Diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): -Señor, no procede el artículo 58. Un debate no se puede suspender más que por cinco razones y la última de ellas es una moción suspensiva. No puede aceptarse bajo ningún concepto.
Yo pido a los compañeros que firmaron esto, que lo retiren y presenten una moción suspensiva, que es lo reglamentario; lo otro, es violar el reglamento conscientemente.
El Presidente: -Diputado Miguel Montes, para una moción de orden.
El Diputado Miguel Montes García (desde su curul): -Moción de orden en apoyo de lo precisado por el señor Diputado Ortíz Mendoza y su autorización para subir a la tribuna.
El Diputado Pedro René Etienne Llano (desde su curul): -Señor Presidente, estamos pidiendo la palabra para fijar nuestra posición.
El Presidente: -Señor Diputado, estábamos desde hace rato preguntando quién quería hacer uso de la palabra y con los planteamientos de los señores diputados esto se extendió considerablemente. Vamos a escuchar la fundamentación del Diputado Miguel Montes.
Si usted insiste en hablar, no le pondremos obstáculos, pero entonces no habrá orden suficiente para concluir las deliberaciones. Adelante, Diputado. El Diputado Miguel Montes García: -Muchas gracias, señor Presidente; compañeros diputados; señoras y señores: El artículo 105 establece la posibilidad de proponer a la asamblea mociones de orden y, a su vez, el artículo 109 señala textualmente que ninguna
discusión se podrá suspender sino por estas causas: primera: por ser la hora en que el reglamento fije para hacerlo, el Presidente podrá habilitar un horario diferente al estricto; segunda: porque la Cámara acuerde dar preferencia
a otro negocio de mayor urgencia o gravedad; tercera: por graves desórdenes en la misma Cámara; cuarta: por falta de quórum; quinta: por proposición suspensiva que presente algún o algunos de los miembros de la Cámara. Y el artículo 110 reglamenta el trámite de la moción suspensiva.
Estos dos artículos, desde mi punto de vista, establecen la importancia de no suspender un debate cameral si no es por un asunto de mayor gravedad o por las razones que se expresen en la moción suspensiva.
Sería absurdo que quisiera aplicarse el artículo 58 con una proposición diferente a la materia que ya está en discusión, porque entonces de esa manera se podría suspender cualquier discusión simplemente porque los diputados establecieran proposiciones diversas.
No se debe dar un trámite distinto hasta que se agote el asunto que se está tratando.
Las proposiciones de los diputados las contempla el reglamento cuando no se tratan de iniciativas ley; si se trata de iniciativas de ley hay un trámite obligado en el propio reglamento. Estas proposiciones que no sean iniciativas de ley son las que tienen el trámite del artículo 58, y éstas no se presentan caprichosamente en cualquier momento, deben presentarse cuando esté agotado el asunto que en este caso se listó en el orden del día, lo aprobó la asamblea cuando escuchó el orden del día, se empezó a leer el informe que rinde la comisión que se estableció conforme al artículo 93 y de hecho, se ha empezado a discutir.
Y en esa proposición que presentaron los coordinadores de los grupos parlamentarios, se entra, a querer o no, a la discusión de fondo del asunto, porque se dice que ese informe no cumple con los requisitos que establecieron y los propósitos que señalaron los señores coordinadores de los grupos parlamentarios. Si se cumple o no se cumple con estos propósitos, sólo hay una manera de averiguarlo, sabiendo el contenido del informe y oyendo la discusión de los compañeros que participaron en estos trabajos. ¿Por qué dilatar más esto, si hasta oradores de cada grupo parlamentario
había inscritos para que participaran en la discusión y así lo informó la Presidencia?
Mi moción a la Presidencia, con toda atención y respeto, consiste en que no se puede intercalar dentro de un asunto que ya se está tratando, una proposición diversa al mismo asunto y mi moción es que continúe con el trámite correcto que la Presidencia había establecido, de que se discuta el informe que fue leído y luego dispensada parte de su lectura.
Por último, señores diputados, de manera clara quiero reconocer públicamente la seriedad con que en Esta sesión está actuando el señor Diputado Francisco Ortíz Mendoza. (Aplausos.)
El Diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): -Señor Presidente, pido la palabra para rectificación de hechos.
El Presidente: -Para rectificación de hechos relativos a este punto, tiene la palabra el Diputado Pablo Gómez.
El Diputado Enrique Rojas Bernal (desde su curul): -Señor Presidente, anote usted por favor que estoy solicitando el uso de la palabra.
El Presidente: -La secretaría anote el turno del Diputado del Grupo Independiente.
El Diputado Pablo Gómez Alvarez: -Señoras y señores diputados: Me parece que se ha dado una interpretación incorrecta de la petición que han hecho la mayoría de los coordinadores de la Cámara.
En primer término debemos considerar que las disposiciones reglamentarias a las que ha hecho referencia el señor Diputado Montes, se refieren esencialmente al momento en el que se están discutiendo proyectos legislativos, como se desprende de todo articulado, en cuyo caso en efecto, una vez que un
dictamen o sea un proyecto de ley está puesto a consideración del pleno, no debe suspenderse su discusión más que por las causas señaladas en el reglamento.
En este caso, en el caso que nos ocupa, la mayoría de los coordinadores han expuesto una razón que tiene que ver con el informe, que no es un dictamen y no pretende ser tampoco una resolución, sino un informe de una investigación. El punto es que, en opinión de la mayoría de los coordinadores, se requiere más tiempo para continuar la investigación, y por lo tanto, ampliar el plazo que ellos mismos pusieron estando de común acuerdo, o sea por unanimidad. Este asunto se ha discutido en reunión de coordinadores, yo diría que ligeramente y sin llegar a crear las posibilidades de un arreglo, de un acuerdo. Por tal motivo, cuando la mayoría de los coordinadores propone que en junta de coordinadores se considere la ampliación del plazo, o sea que continúe la investigación, no tiene sentido que habiéndose sometido esto, habiéndose propuesto esto, en este momento se discuta el informe de la comisión. Pero porque, además, la mayoría de los grupos parlamentarios representados en la comisión no consideran que este informe sea producto de la comisión en su conjunto. Este es el punto que está ahí también planteándose.
Entonces, no se presentó una moción suspensiva, pudiéndose haber hecho, por la simple y sencilla razón de que estamos tratando aquí un asunto de fondo, porque no se trata de un dictamen, de un proyecto de ley y porque la propuesta de la mayoría de los coordinadores, que leyó aquí el Diputado Guerra, tiene como objeto simplemente que los coordinadores, todos ellos, se reúnan y consideren la posibilidad de la ampliación del plazo para concluir la investigación, por las razones que ya se han expuesto.
Entonces, en Esta circunstancia hemos entrado a un debate con el propósito de generar las condiciones de una mayor presencia de ciudadanos diputados en este recinto, que en realidad no está reflejando el contenido de la propuesta de la mayoría de los coordinadores, sino el contenido del documento en el que los diputados del Partido Revolucionario Institucional consideran que ha culminado la investigación. Pero estas dos son cosas diferentes.
Me parece que la objeción del Diputado Montes, en el sentido de que Esta propuesta de la mayoría de los coordinadores debe tener carácter de moción suspensiva, en este caso es irrelevante. Evidentemente haría las veces de una moción suspensiva, evidentemente suspendería el debate con el propósito de que haya una negociación entre los coordinadores, de que haya una discusión sobre este problema en reunión de coordinadores. Por lo tanto, me parece intrascendente la objeción.
Yo creo que la asamblea puede pronunciarse en relación con la propuesta de si la ampliación del plazo debe ser considerada por los coordinadores inmediatamente, y por lo tanto pasarse al siguiente punto del orden del día con plena conciencia de lo que se está tratando, que es lo fundamental en el trámite parlamentario, el que la forma en que se aborden las cuestiones sea absolutamente clara, no se atropelle el derecho de nadie y exista la plena conciencia del significado de lo que se está tratando que me parece que en este momento existe, y por lo tanto yo pido a la Presidencia que habiendo una solicitud de la mayoría de los grupos parlamentarios presentes en la Cámara, para que este asunto sea trasladado desde luego a una reunión de coordinadores y se considere la situación planteada, lo ponga a consideración de la Cámara y resuelva el mismo, de acuerdo con la consulta que haga a la asamblea. Así de sencillo es el asunto. Muchas gracias.
El Presidente: -El Diputado Enrique Rojas Bernal, para alusiones personales; después el Diputado Miguel Montes.
El Diputado Enrique Rojas Bernal: -Gracias, señor Presidente; diputados: Hay cuestiones que no pueden explicarse de una manera llana sino que intervienen una serie de argumentos y de opiniones para cambiar el sentido de las propuestas originales. Tal está sucediendo con este punto de acuerdo que han presentado los coordinadores con relación al informe de la comisión especial del caso del Banco Nacional Pesquero y Portuario.
Aquí no estamos pidiendo que no se discuta el asunto del Banco Nacional Pesquero y Portuario, estamos exigiendo de cara a la nación, que se discuta en los términos correctos, que se allegue
toda la información y que se exija complementar todas y cada una de las cuestiones que ahora aparecen como verdaderamente omisas en este informe que se presenta.
¿Cómo es posible que pretendan algunos diputados del Partido Revolucionario Institucional, venir a recetarnos aquí el argumento de que no queremos pasar a la discusión? Sí queremos la discusión y hemos estado propiciando la discusión en torno a este problema, y Esta discusión exigimos que se haga en los términos en que nos faculta el 93 constitucional.
Ahora resulta que en la propia comisión especial, se argumenta por alguno de sus integrantes priístas que habiendo sido el que redactó o propició este párrafo constitucional, la interpretación que le da es en el sentido restrictivo, en el sentido de que no tenemos facultades para exigir la comparecencia de todos estos funcionarios implicados en este caso oscuro, en este caso lesivo a los intereses de la patria mexicana, como es el caso del Banco Nacional Pesquero y Portuario. ¿En qué se funda Esta interpretación, Esta supuesta exégesis del asunto relacionado con el Banco Nacional Pesquero y Portuario? A mí más bien me pareciera, y lo quiero afirmar, que se trata de darle carpetazo inmediatamente a este asunto que apesta, a este asunto que no hemos tenido el valor de afrontar y de exigir una investigación hasta sus últimas consecuencias.
Lo que plantea el punto de acuerdo, diputados, no obedece a una artimaña legaloide, ni que se va a resolver por la vía de la discusión de si es aplicable uno u otro artículo reglamentario. Estamos exigiendo que este supuesto informe de la comisión, que no reúne las características de claridad ni de investigación, entre de lleno a ejercer las facultades que Esta Cámara tiene para pedir y solicitar que todos lo funcionarios implicados en el caso que comparezcan ante la comisión, y la comisión presente a este plenario un dictamen, un informe que verdaderamente satisfaga a la Cámara, y la opinión pública nacional.
La diputada Rosario Guerra Díaz: -Señor Presidente, ¿acepta el Diputado una interpelación?
El Presidente: -Señor Diputado, ¿acepta usted una interpelación?
El Diputado Enrique Rojas Bernal: -Sí, la acepto.
La diputada Rosario Guerra Díaz: -Señor Diputado, si usted está a favor de que se aclaren los hechos en la relación al Banco Nacional Pesquero y Portuario, ¿cuál sería el problema, entonces, en no entrar a la discusión del tema en el pleno?
El Diputado Enrique Rojas Bernal: -No hay absolutamente problema en ese sentido, lo estoy diciendo. Lo que hay es insuficiencia de argumentos, lo que hay es un informe inocuo y ese informe, si se va a discutir aquí, no va a tener ningún significado, porque lo que conlleva precisamente es taparse con la misma cobija todos aquéllos que han defraudado a México y que continúan propiciando la corrupción y el deterioro de las empresas paraestatales.
El Presidente: -Para alusiones personales, el Diputado Miguel Montes.
El Diputado Miguel Montes García: -Muchas gracias, señor Presidente: El señor Diputado Pablo Gómez Alvarez cuando se refirió a la moción que yo presenté en Esta tribuna, dice que como es notorio, el artículo 109 se refiere a las discusiones de dictámenes
legislativos. Ahora me aclara desde su curul, aclaración que le agradezco, o reitera que no es exacta mi afirmación, que él dijo "el capítulo".
Efectivamente, el capítulo a que el Diputado Pablo Gómez se refiere, seguramente sí se refiere sólo a dictámenes legislativos, pero se llama "de las discusiones", ése es el nombre del capítulo, no se llama "de las discusiones de dictámenes legislativos", nada más "de las discusiones". Y el artículo 109 tiene una palabra inicial que tal vez nos pueda ayudar a atender el sentido cabal de lo que pretende. Dice: "ninguna discusión se podrá suspender", y "ninguna", hasta donde se puede averiguar, quiere decir ninguna. En consecuencia se trata de todas las discusiones de la Cámara.
Y así se había iniciado ya el trámite de un asunto, el informe de la Comisión Investigadora sobre Banco Nacional Pesquero y Portuario, y tan se había iniciado, que la Presidencia informó a la asamblea de una lista de oradores de todos los grupos parlamentarios. Yo sostengo entonces el sentido de mi moción.
Por otra parte, con honestidad que le reconozco, el Diputado Pablo Gómez dijo: "se refieren esencialmente". Aquí le concedo la razón, puede ser que este capítulo esencialmente se refiere a esas discusiones, pero esencialmente no es la totalidad, suprimamos la palabra y aunque no sea esencialmente, también tenemos que acoger en este capítulo a las otras discusiones, porque no hay ningún otro capítulo en donde enclavar eso.
Se dijo también que toda Esta discusión se ha realizado para generar mayor presencia de los diputados en Esta sala. Desde luego yo rechazo
Esta afirmación. Se ha generado Esta discusión no necesariamente porque la hayan propiciado los diputados del grupo parlamentario al que pertenezco, la proposición la hicieron los señores, algunos, porque el Diputado Ortíz Mendoza aclaró que su grupo parlamentario no, la hicieron algunos de los coordinadores de los grupos parlamentarios minoritarios. (Aplausos.) Aquí se ha acuñado hoy un nuevo término: "la mayoría de los coordinadores", pero no le aclaramos a los compañeros diputados y a los medios de comunicación social, que la mayoría de los coordinadores no representa a la mayoría de los diputados y que aunque merece respeto la función de cada coordinador de grupo parlamentario y son coadyuvantes necesarios en la tarea de desarrollo de las sesiones con la Presidencia, los grupos parlamentarios siguen teniendo, para efectos de toma de decisiones en el pleno de la Cámara, la importancia de su número, independientemente de que así se resuelve en cualquier sistema y cuerpo colegiado democrático, por votación y por número, los asuntos que ante él se plantean, salvo cuando se trata de aplicación de ley.
Volvamos a un aspecto: el señor Diputado Rojas, con vehemencia señala que la propuesta tiene que ver con el contenido del informe, y en eso estoy de acuerdo.
La propuesta de ampliación de plazo tiene que ver con el contenido del informe, tan tiene que ver con el contenido del informe que el principal argumento que en Esta propuesta se esgrime, es que el informe no reúne las finalidades, los propósitos que se señalaron en el acuerdo de los señores coordinadores parlamentarios después del 28 de diciembre.
Eso es lo que tenemos que analizar, si se reúnen o no se reúnen esas finalidades, no veo entonces nada de malo en que se discuta este informe, independientemente del trámite final que la Presidencia de Esta Cámara tome, una vez que sea discutido tal y como se anunció este informe.
Por otra cosa creo que la propuesta de moción suspensiva yo no la hago, yo dije que la moción suspensiva era la única manera de suspender una discusión y que hasta este momento con claridad no se ha presentado. Si alguien desea presentar la moción suspensiva, puede hacerlo y tiene un trámite específico y se resuelve finalmente mediante una votación de los miembros de este pleno.
A las otras alusiones también vehementes que se hacen al contenido del informe que no se ha discutido, si se llega a la discusión tengo la seguridad que los compañeros del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional que participarán en ella darán cumplida respuesta. Muchas gracias.
El Presidente: -¿Una interpelación? Diputado Miguel Montes, ¿acepta usted la interpelación?
El Diputado Miguel Montes García: -Con mucho gusto señor Presidente. El Diputado Rafael Núñez Pellegrín (desde su curul): -¿Qué validez tiene una investigación cuando se funda en la respuesta que dio el propio infractor, que como dice el informe está basado en las contestaciones que hizo el Banco Nacional Pesquero y Portuario?
El Diputado Miguel Montes García: -Señor Diputado, qué bueno que me hace usted Esta interpelación,
verdaderamente se lo agradezco, porque el contenido de ella es el contenido del informe y el contenido de la discusión que aquí debe darse y que ustedes no quieren que se de. No somos los del partido Revolucionario Institucional, los que la eludimos son otros grupos parlamentarios. Yo lo que pido es que esa discusión se de.
El Presidente: -Señores diputados, han hablado suficientemente sin que incluso se pudieran alegar razones reglamentarias o de carácter legal, de interferencia o de limitación de todos aquéllos que han querido hacer uso de la palabra.
La Presidencia tiene una obligación fundamental que es la de ordenar el debate en el doble sentido del término, darle orden, cauce, rumbo, de acuerdo con las disposiciones legales y determinar el trámite respectivo de los negocios. Sólo que como ocurre en muchas ocasiones, hay una variedad de interpretaciones respecto de las normas reglamentarias.
Ya no voy a incurrir en apreciaciones respecto de ellas, pero al final aquí en este debate ha quedado algo muy claro, hay dos posturas encontradas, la de quienes sostienen que para poder suspender la discusión se debe seguir el camino de la moción suspensiva y la de quienes de una manera aunque sea indirecta pudieran lograr eso o más mediante una propuesta que busca la prórroga para la comisión respectiva.
Yo les pido a los señores que presentaron Esta proposición, no moción suspensiva, Esta proposición, que por favor consulten entre ustedes, grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y grupo parlamentario del Partido Revolución Democrática, y que podamos llegar a un
acuerdo que permita eficacia en el trabajo de la Cámara.
El acuerdo sería, que si ustedes insistieran en cinco minutos o en dos horas, en promover la moción suspensiva le damos trámite con mucho gusto. ¿Están ustedes de acuerdo en que así sea? Muy bien, entonces pasamos a la discusión de este asunto.
El Diputado Bernardo Bátiz Vázquez (desde su curul): -Señor Presidente, usted ya estaba dando el trámite conforme al artículo 58, termine ese trámite por favor.
El Presidente: -Permítanme; la Presidencia está indicando cuál es el trámite. Dígame usted.
El Diputado Bernardo Bátiz Vázquez (desde su curul): -Que si el trámite es conforme al 58 como usted dijo.
El Presidente: -Así le estaba dando trámite y les pregunté si estarían de acuerdo en lo otro; asintieron, por eso seguimos.
(Desorden.)
La Presidencia manifiesta entonces, con toda claridad el sentido de su propuesta: si el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Acción Nacional el Partido Auténtico de
la Revolución Mexicana y otros grupos parlamentarios, no los tengo aquí enfrente, por eso no los cito, decidieran presentar la moción suspensiva, en el momento que lo deseen le daremos trámite, pero en atención a que hay un grupo importante de diputados que estiman que no es procedente la otra propuesta que se hizo, la del 58, que no es procedente la del 58, como de todas maneras no se afecta el interés o el objetivo original buscado con aquella proposición, la Presidencia les sugiere: primero. Que desde luego queda viva esa posibilidad para el momento en que la quieran ejercer y segundo, en consecuencia entramos a la discusión del asunto. Esa es la proposición. Bien, están enlistados, por el Partido Acción Nacional Abel Vicencio Tovar, tiene la palabra; después por el Partido de la Revolución Democrática, Jesús Ortega.
En términos generales recuerdo a la asamblea que son 15 minutos en promedio por orador. Adelante, señor Diputado Vicencio Tovar.
El Diputado Abel Carlos Vicencio Tovar: -Señor Presidente; señores diputados: Mucho más allá de los resultados de un debate cameral, mucho más allá de las palabras que los oradores en Esta tribuna pudieran emitir, mucho más allá, pero mucho más arriba se encuentra el interés de un pueblo escarnecido, burlado y robado por mucho tiempo.
Si no tuviéramos antecedentes del comportamiento de los gobiernos que han manejado a México desde 1929; si el pueblo de México no estuviera plenamente convencido de la necesidad de dar un movimiento de más de 180 grados en la administración pública, si no estuviéramos recibiendo constantemente de las autoridades disculpas o explicaciones: "esto no se puede hacer porque no hay dinero, no podemos aumentar los desayunos escolares porque no nos alcanza, no podemos limpiar los ríos porque no hay presupuesto no se puede hacer un padrón como ustedes quieren, un nuevo registro de electores, porque de dónde vamos a sacar 200 mil ó 300 mil millones de pesos..."
(Desde una curul): -¡Tema!
Si no fuera por esto, señores, a quienes les duelen estas palabras, estoy en el tema, precisamente y el tema es decir a ustedes que la historia habrá de recoger la responsabilidad de los diputados del partido oficial o de los oficialistas, si es que hay alguno, cuando
se opongan a la necesidad y a la urgencia que el pueblo de México tiene para que se llegue a fondo en este asunto.
Se dice, por ejemplo, en el dictamen, más bien en las conclusiones del dictamen, que la operación del banco fue estudiada con amplitud, el mismo Secretario de Hacienda, y los compañeros integrantes de la comisión, para llegar a este documento, nos dicen: no es posible llegar a una investigación a fondo porque hay muchas razones, entre otras, por ejemplo, el del "secreto bancario" ¡El "secreto bancario", señores!
Qué fácil es escudarse en un artículo que ciertamente se pensó, para evitar que los depósitos de particulares se multiplicaran para evitar el deterioro de la confianza que los particulares deben tener en las instituciones de crédito públicas y aplicarlo a algo tan distinto y tan distante, como es el último párrafo del artículo 93 de la Constitución General de la República.
A este respecto, qué mezquinos tienen que resultar los argumentos de la Secretaría de Hacienda o de los diputados de este Congreso, cuando al artículo 93 de la Constitución de la República, independientemente de que se atribuya el patrocinio de las letras con que fue escrito, responde ciertamente a una necesidad ingente de los
congresos que representan al pueblo, para investigar a las instituciones públicas que son precisamente las que manejan mayores cantidades de dinero y establecer la certidumbre de la honradez de sus manejos.
¡Que vengan a decir aquí la verdad, señores del partido oficial! ¿Por qué tantas vueltas y tantos saltos, diría el pueblo, estando el suelo tan parejo? (Aplausos.)
¿Por qué no quieren que se pase a la investigación de un manejo billonario, billonario? Vean ustedes, por ejemplo, lo que podría significar, en orden de servicios y de bienes, el manejo de alrededor de tres billones de pesos: se podrían elaborar 10 nuevos padrones electorales, aunque costaran 300 mil millones, no hay para eso, pero se podrían elaborar 10, simplemente; se podrían construir más de 400 hospitales medios, con todas las camas atendidas; se podría dotar del servicio telefónico a más de 350 mil poblaciones; se podrían construir más de 12 mil kilómetros de caminos rurales, se podrían crear más de 35 mil empleos directos permanentes, con una generación
entre directos e indirectos de 150 mil empleos,
ese programa del Programa Nacional de Solidaridad Social, se podría incrementar simplemente en un 70% puesto que se habla de un costo de 2 billones.
Frente a estas cuestiones, la Secretaría de Hacienda y los diputados que vienen a defender Esta posición, dicen: "no podemos ir más allá porque se trata del secreto bancario..." Qué mezquinos, señores, reducir a los intereses de un depositante en una cuenta bancaria, que se requiere que tenga fe en la institución donde deja su dinero, para aplicar esa disposición a la facultad que el artículo 93 en su último párrafo da al Congreso de la Unión.
Yo creo que muchos diputados y si pudiéramos votar y expresarnos con autenticidad, yo estaría seguro que sería la mayoría de Esta Cámara los que no estarían dispuestos a empequeñecer su figura de diputados y de representantes de la nación, tratando de impedir que el Congreso investigue un movimiento de más de 3 billones de pesos, con todas sus consecuencias y qué mejor, que si no hubo nada malo se aclarara, aquella insistencia de que no se pase a la investigación. Esto es en el fondo de lo que se trata.
Se dice por ejemplo, en este dictamen: "las pérdidas o quebrantos financieros del Banco Nacional Pesquero y Portuario, se originaron fundamentalmente por tres
factores: el diferencial creciente entre los intereses cobrados y los intereses pagados..." Si hubo ciertamente este diferencial, pero hubo quienes aprobaron Esta clase de operaciones ruinosas. Se va a decir, "servicio a los pescadores" y yo les recuerdo señores, el servicio que se prestó a un intermediario que obtuvo crédito en el Banco Nacional pesquero y Portuario compró barcos y se los vendió muy aumentado su precio a Petróleos Mexicanos. Así se busca, así se maneja el dinero del pueblo; entre el Banco Nacional Pesquero y Portuario y Petróleos Mexicanos, un señor que se hace billonario manejando estos créditos, que ahora se dicen son la causa de eso que se está llamando quiebra técnica.
Dice también que las razones de esas pérdidas o quebrantos financieros son los castigos y quebrantos de cartera, vinculados a su bajo nivel de recuperación; y los diputados, por lo menos los diputados del grupo parlamentario en el que yo me encuentro, han pedido reiteradamente que se presenten esos estados financieros; que se deje ver a los diputados la cartera vencida donde se encuentra seguramente la explicación de estos terribles quebrantos y el Secretario de Hacienda y los diputados del Partido Revolucionario Institucional nos dicen: "jamás, eso no se puede tocar", porque como por ahí hay nombres propios en el manejo de la cartera vencida, se pueden expresar ciertos nombres y eso sería en contra del sagrado secreto bancario y yo les pregunto a ustedes: ¿no es más sagrado el interés del pueblo en este caso?
Y se dice también, los gastos de recuperación del banco han sido otras de las causas del quebranto, yo les digo: es cierto, ¿pero quién tuvo la culpa en la escasa documentación? Escasa en relación con el monto de esos manejos, escasa que hemos manejado, ya decíamos y ahora lo repito: hay muchísimos renglones de crédito cuantiosísimos, otorgados a personas y empresas con una anotación que dice simplemente y llanamente, y califíquenla ustedes, señores diputados, "sin garantía". Y sumen ustedes esas cantidades y verán que es una suma también billonaria.
¡Préstamos o créditos concedidos "sin garantía"!
¿Y quién ordenó que se le prestara a un comerciante de la Laguna, para aumentar el monto de sus inversiones en otras operaciones que nada tienen qué ver con la pesca y que no se le haya pedido una garantía?, ¿y quién fue el causante de que por falta de garantía el Banco Nacional Pesquero y Portuario no haya recuperado la mayor parte de sus créditos?, ¿y quién es en última instancia el que va a resentir el verdadero quebranto, de estos quebrantos financieros, si no es el pueblo de México que deja de recibir servicios por este manejo que ahora se trata de ocultar?
Señores, no estoy dispuesto, ni los diputados debemos estar dispuestos a que no se investigue.
Se ha pedido aquí que haya más tiempo para la investigación y se nos dirá: "hemos agotado el tiempo que un sagrado acuerdo parlamentario entre coordinadores estableció", y hace un momento un Diputado del partido oficial vino a decir aquí que "lo que cuentan, son la mayorías".
Si entonces los acuerdos entre coordinadores no se cumplen, ¿para qué los tomamos?, yo me preguntaría. Hay un acuerdo de que se investigue. La investigación no se hizo, simplemente porque no había los documentos suficientes para hacerla y reiteradamente la Secretaría de Hacienda negó la información, y cuando se pide: "pídele a la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros que haga Esta investigación o te proporcione estos elementos". Nos dice la Comisión Bancaria y de Seguros: "no es posible, el secreto bancario, etcétera".
¡Pero vean ustedes en qué trampa se encuentra el pueblo de México! De acuerdo con las disposiciones vigentes, el Secretario de Hacienda es el presidente del consejo de administración de la banca nacionalizada, de cada uno de los bancos, es decir del Banco Nacional Pesquero y Portuario, y si ustedes, señores diputados, ven un organigrama de la Secretaría de Hacienda, se encontrarán con que la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros está en tercer rango, después del Secretario de Hacienda y el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros por tanto es subordinado del Secretario de Hacienda.
¿Ustedes creen que siguiendo el lineamiento de este razonamiento, de estas disposiciones legales y de este esquema del organigrama, sería posible alguna vez siquiera pensar en que a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros se llegara al conocimiento real de estos manejos que ahora estamos tratando de investigar?
¡Por supuesto que no! Es como si al empleado de una empresa, de tercera categoría, después de su jefe, se le dijera: "tú, empleado, eres el encargado de vigilar que ese consejo de administración donde está el jefe, del cual depende tu empleo y todo lo demás, se porte bien".
¡Pues naturalmente que hará las auditorías o pedirá los informes o establecerá la documentación que su jefe le indique!
Y no estoy precisando en este momento quién, no estoy precisando si en este momento se reitera o no una conducta que en el pasado quedó evidenciada como una conducta, por lo menos inadecuada, por lo menos falta de responsabilidad. Estoy presentando las cosas como son, para un futuro inmediato.
Señores, si seguimos leyendo estas conclusiones, llegaremos a la conclusión superior de que no concluyen con nada. ¡La Cámara de Diputados no pudo investigar! ¡Allá te va, señor Presidente de la República, nuevamente como en la época de Tlatoani, como en la época del virrey y como en la época de Profirió Díaz, arregla todo lo que puedes, y todo lo que puedas, porque todo lo puedes, porque aquí lo humildes diputados de este Congreso no podemos; no nos permiten llegar al conocimiento del asunto: por el secreto bancario! No señores, esa mezquindad no la espera de nosotros el pueblo de México; las facultades de la Constitución General de la República, son facultades que tienen que ejercer y si alguno me viene aquí a decir en la tribuna que falta reglamentación para el artículo 93 de la Constitución, yo le diría que sí falta reglamentación de un artículo constitucional, el constitutivo del derecho de quien está protegido por la Constitución, tiene que ejercitarlo.
Una ley secundaria, una ley orgánica, una ley reglamentaria de la Constitución no tiene más instrumento que facilitar la defensa de los derechos que la Constitución establece, pero de ninguna manera tenemos que esperar el auxilio de una ley secundaria para que el derecho que está establecido en la Constitución se sienta como vigente y haya que emprender una defensa cerrada de los derechos personales de las instituciones y sobre todo del pueblo de México.
A un lado mezquinidades y a un lado máscaras, vengan a decir aquí, señores, que están defendiendo esto que no es dictamen, si esto que están ustedes llamando quiebra técnica la pueden enfrentar frente a sus electores, así con la cara en alto y pueden decirles a ellos y atrévanse, atrévanse a informarles, que aquí ustedes en cumplimiento del mandato que les dio el voto del pueblo vinieron a oponerse con todo su esfuerzo, con todo lo que les dio su inteligencia para evitar que el pueblo conociera la verdad de esto que ya es una ominosa sospecha en contra de sus intereses. (Aplausos.)
El Presidente: -Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el Diputado Jesús Ortega; en turno el Diputado Napoleón Cantú Cerna.
El diputado Jesús Ortega Martínez: - Gracias, señor Presidente: compañeras y compañeros diputados: Yo pienso que de principio deberíamos de sentar las cosas con mucha claridad y como en otras ocasiones no tratar de autoengañarnos o tratar de engañarnos mutuamente y en ese sentido yo estoy convencido, como creo que lo están todos ustedes, y particularmente los diputados que representan al Partido Revolucionario Institucional, de que en este debate, más que interpretaciones de la Constitución o de las leyes, por sobre eso está planteado una decisión de carácter político y esa decisión de carácter político va, así parece, a impedir que la Cámara de Diputados cumpla con sus responsabilidades y ejerza sus facultades.
Alguien, y seguramente todos ustedes lo saben perfectamente, decidió que no se investigara el manejo del Banco Nacional Pesquero y Portuario y, por lo tanto, los miembros de su partido, los que se sujetan a ese tipo de determinaciones, también asumieron que no se investigue lo relacionado con el Banco Nacional Pesquero y Portuario.
Por eso, el problema es de carácter político y si hacemos uso de la tribuna, será con el propósito, a lo mejor muy distante, de convencer a algunos de que eso atenta contra la República o cuando menos hacer evidente de que esa decisión política es una aberración y es también atentoria contra los intereses del pueblo y los intereses de la nación.
Algún compañero diputado me recomendaba que cuando subiera a la tribuna o cuando subiéramos a la tribuna, tratáramos de mostrarnos ecuánimes y que no manifestaremos enojo, pero en circunstancias como ésta, en hechos como éste, difícilmente puede uno evitar el enojo, por dos razones: en primer lugar, porque algunos diputados priístas nos creen ingenuos y, en segundo lugar, porque algunos diputados priístas piensan que no vamos a reclamar procedimientos totalmente absurdos y equivocados y creo que deberíamos, efectivamente, enojarnos, irritarnos frente a lo que aquí se plantea sacar adelante. ¿Qué nos presentan los compañeros miembros del Partido Revolucionario Institucional, de la Comisión Especial Investigadora? Un supuesto informe, y dicen los compañeros que la investigación para obtener este informe ocupó los tres temas básicos. Que la operación del banco, reiteran en ese documento que presentaron aquí, fue estudiada con amplitud y esto francamente lo que pretende es burlarse del resto de los diputados y burlarse de la Cámara en su conjunto.
¿Por qué, compañeras y compañeros? Porque nunca, pero absolutamente nunca en los trabajos de la comisión investigadora se ocupó de los tres temas básicos y cuando se ocupó de alguno, fue hecho de manera superficial y de manera tendenciosa y menos todavía la Comisión Especial Investigadora estudió con amplitud el manejo de los recursos en el banco, nunca absolutamente. Para hechos, los siguientes: si nos reunimos tres o cuatro veces, o cinco, no recuerdo el número, en el pleno de la Comisión Especial Investigadora, cuatro de estas reuniones las dedicamos a discutir problemas de procedimiento y nunca entramos al fondo del asunto.
Las subcomisiones que se formaron para elaborar proyectos de dictamen parcial, se reunieron, cuando así sucedió, para, simplemente, tratar asuntos de procedimiento y tampoco para entrarle de fondo al problema.
¿Qué pasó, compañeras y compañeros? Que el día de ayer, cuando se vencía el plazo fijado por los coordinadores, el día de ayer, en una reunión convocada se nos entrega a las 8.00 de la noche un proyecto de informe elaborado exclusivamente por diputados priístas, para que diéramos una opinión, a las 8.00 de la noche, cuatro horas antes de que se venciera el plazo, una opinión sobre si estábamos de acuerdo o no con el proyecto de informe presentado por estos diputados priístas.
¿Esto no es, compañeros, una burla a la Cámara de Diputados? En el informe se plantea, "esta conclusión está sostenida en un anexo que se incluye en el informe" que presentan los diputados priístas, en eso que suponen informe los diputados priístas y nunca se nos entregó, cuando menos hasta el día de ayer, los anexos a que se refiere el famoso informe.
Hoy a las 11.00 de la mañana, una secretaria me entregó los anexos a que hace referencia este informe y quieren de esa manera que los diputados hagamos un balance y un análisis serio de que lo que sucede, de lo que sucedió en el Banco Nacional Pesquero y Portuario, y particularmente en la Comisión Investigadora Especial de esta Cámara de Diputados. Por eso digo que los compañeros diputados priístas nos creen ingenuos y piensan que una barbaridad de esta naturaleza no vamos a impugnarla con irritación y con enojo.
Dice el diputado Montemayor, que la comisión estudió los tres temas específicos: la causa de la quiebra del Banco Nacional Pesquero y Portuario, si procedió legalmente su disolución y en tercer lugar el estudio de los casos específicos
planteados aquí en la Cámara de Diputados. Ya dije que nunca, pero absolutamente nunca le entramos a profundidad a discutir esos casos, ni siquiera de manera superficial, los tres temas para los que estaba formada la Comisión Especial Investigadora.
Y para demostrar que esto es un absurdo, este supuesto informe que nos presentan, yo hice una denuncia aquí de manejos irregulares por parte de las autoridades del Banco Nacional Pesquero y Portuario, al otorgar créditos a hijos de un alto funcionario de la administración pública, particularmente a hijos del Secretario del Trabajo.
¿Ustedes creen que esta denuncia fue discutida en la comisión formada exprofeso para ello? Si piensan eso están totalmente equivocados, porque nunca discutimos este caso planteado por un servidor.
Y voy a demostrar, porque en el anexo con el que supuestamente se pretende exculpar a estos hijos del Secretario del Trabajo, establece que para el mes de marzo de 1990, los hijos de Farell pagaron todos sus créditos con el banco, como si eso fuese el contenido de la denuncia que aquí planteamos. Lo que aquí planteamos fue totalmente diferente, lo que aquí dijimos fue que los hijos de Farell son dueños de cinco sociedades anónimas, que a través de estas sociedades anónimas estas personas consiguieron créditos en el Banco Nacional Pesquero y Portuario, que no pagaron en los plazos y tiempos establecidos, que ilegalmente se les reestructuró su cartera, pero lo más grave, de que estos capitalistas privados, miembros de sociedades anónimas, son capaces de formar cooperativas sin que haya algún funcionario de la Secretaría del Trabajo, que les diga que eso es ilegal y particularmente el Secretario que es su padre.
Funcionarios de sociedades anónimas son capaces de recurrir a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que les de permiso de constituir cooperativa, sin pensar estos funcionarios que están actuando de manera ilegal. Aquí tengo el dictamen en mis manos y no conseguido por la comisión, sino conseguido por compañeros trabajadores del Banco Nacional Pesquero y Portuario que tuvieron a bien entregarnos esto y que dice el dictamen mediante el cual el Banco Nacional Pesquero y Portuario le dio crédito a los hijos de Farell constituidos en cooperativa; dice:
"Con base a los resultados de operación de las dos embarcaciones y a la subexplotación de los recursos pesqueros, principalmente camaronero, en la zona del Pacífico Nororiental, la empresa, y cuando dice la empresa se refiere al grupo Mar, las cinco sociedades anónimas en donde son socios los hijos de Farell, la empresa consideró conveniente constituir una sociedad cooperativa de producción pesquera, pero para que sea más cínico, integrándola con algunos socios de las empresas del grupo Mar, S.A., así como por empleados que se han destacado en las embarcaciones del mismo grupo. ¿Qué dice la Ley de Cooperativas?
"Artículo 1o. Son sociedades cooperativas aquéllas que reúnen las siguientes condiciones: 1) Estar integradas por individuos de la clase trabajadora que aporten a la sociedad su trabajo personal cuando se trate de cooperativas de productores o se aprovisionen a través de la sociedad o utilicen los servicios que ésta distribuye cuando se trate de cooperativas de consumo."
Y en la exposición de motivos para aprobar la Ley General de Sociedades Cooperativas, los legisladores establecieron lo siguiente: sucedió en algunos casos que las sociedades cooperativas de productores no fuesen sino el disfraz de empresas capitalistas de explotación. Esto que se planteaba en la exposición de motivos para aprobar la Ley General de Cooperativas, precisamente se cumplió con las sociedades anónimas, los capitalistas hijos de Farell, para constituir cooperativas y a través de ello enriquecerse a costa de los recursos nacionales y de los recursos del pueblo de México.
¿Estó, que difícilmente acepta cuestionamiento se discutió en la Comisión Investigadora, compañeras y compañeros diputados? Nunca y nos presentan un anexo supuestamente exculpando a los hijos de Farell por esta acción ilegal, ilegal de ellos e ilegal de los funcionarios que consiguieron el permiso de la cooperativa y que registraron tal cooperativa con un anexo que no tiene nada que ver con esta situación.
El diputado Dionisio E. Pérez Jácome (desde su curul): - ¿Puedo hacerle, señor Presidente, una interpelación al señor diputado Ortega Martínez?
El diputado Jesús Ortega Martínez: - Con todo gusto, diputado.
El Presidente: - Formúlela, señor diputado.
El diputado Dionisio E. Pérez Jácome (desde su curul): - Señor diputado, ¿por qué ese documento, que desde ahora califico apócrifo, no lo presentó en ningún momento, ni en la comisión, ni en el grupo de trabajo, precisamente constituido para conocer denuncias y por qué,
señor diputado, en las dos sesiones de la comisión plenaria en que se llegó a la base de considerar denuncia, usted se salió expresamente y abandonó el local dejando a la comisión sin su valiosa presencia?
El diputado Jesús Ortega Martínez: - Bien, primera pregunta; no se si usted no estuvo, pero el día que hice la denuncia a la compañera diputada secretaria le entregué ese mismo documento y si no, la Oficialía Mayor puede dar dato de eso. Este mismo documento, el dictamen sobre el crédito concedido a los hijos... Permítame tantito...
El Presidente: - Continúe el diputado Ortega.
El diputado Jesús Ortega Martínez: - Lo que pasa y usted lo hace evidente, es que ni usted revisó los documentos aquí aportados y por ello vean ustedes el trabajo de la comisión.
Tengo aquí entregado, lo hice a través de la secretaría a la comisión especial por supuesto cuando se formó, el permiso concedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores a la Cooperativa Mar de la Corriente de California, que insisto, está formada por los socios de las sociedades anónimas de las cuales son parte los hijos de Farell ¿saben qué?, lo firma el director para propósitos del artículo 27 constitucional de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero abajo tiene una nota: por orden del Secretario, de Relaciones Exteriores, y este documento fue entregado a la secretaría y a la Oficialía Mayor puede dar datos de esto, señor diputado.
No, no revisó nada, no solamente él, sino ningún miembro de la comisión, porque se impidió.
Bueno, pues a esto señores se les da crédito como sociedades anónimas y se les da crédito como cooperativas pero, además, la tesorera de la famosa cooperativa se llama Vianey Alvarez Schulemburg, y el dictamen, para darles el crédito, se base precisamente en una investigación elaborada con base en el estudio Pescados de California y éste está elaborado nada más y nada menos que por Vianey Alvarez Suchlemburg, y esta señora es investigadora de la Universidad de California. Es investigadora de la Universidad de California y, al mismo tiempo, es tesorera de la sociedad Cooperativa Mar de la Corriente de California.
¿Ustedes creen que en una investigación elemental, esto no habría salido a la luz pública? El problema es que en la comisión no hizo ninguna investigación.
Segundo caso, ya se ha hablado mucho de ello, pero sigue siendo importante porque tampoco fue materia de investigación y fue una denuncia hecha en esta tribuna. El famoso crédito concedido por el Banco Nacional Pesquero y Portuario a Isidoro Rodríguez y socios, donde por problemas del secreto bancario no podemos descubrir que, casi, con toda seguridad, uno de estos socios es el que fue el gobernador del Estado de México y antes director de Petróleos.
La exposición de motivos para constituir el Banco Nacional Pesquero y Portuario, voy a leer algunos párrafos, porque es conveniente: "importa destacar, dice la exposición de motivos en el renglón del financiamiento social, la altísima prioridad del sector pesquero en la economía nacional, cuyo financiamiento debe asegurarse ininterrumpidamente, para eso se crea el Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito".
Después, otro párrafo: "la resolución del problema de la alimentación es meta preferencial en los programas de gobierno, el financiamiento a este sector para trabajadores no asalariados es objetivo del que hacer de la institución. Por otro lado, se contemplan las medidas viables para que la institución alcance los objetivos financieros de apoyo y fortalecimiento a las actividades pesqueras..."
En el dictamen presentado por las comisiones unidas, el dictamen lo presentaron para que fuera aprobado por la Cámara de Diputados las Comisiones Unidas de Hacienda y Pesca y, en el caso de la Cámara de Senadores, el dictamen fue presentado exactamente por las mismas comisiones. Yo me pregunto, ¿están perfectamente claros los propósitos de este banco, del Banco Nacional Pesquero y Portuario, para qué fue creado? y como yo, seguramente ustedes se preguntan. ¿tiene qué ver algo con lo que aquí leído de los propósitos del Banco Nacional Pesquero y Portuario el que éste considera un crédito a Isidoro Rodríguez para el alquiler y posteriormente compra de dos barcos petroleros? Absolutamente nada, lean la exposición de motivos y, sin embargo, a través del Banco Nacional Pesquero y Portuario, Isidoro Rodríguez, y socios hicieron el negocio de su vida, consiguieron el crédito, pagan el adelanto del alquiler y compra de los barcos, los barcos se los rentan a Petróleos Mexicanos, Petróleos Mexicanos les paga la renta de los barcos y con la renta de los barcos Isidoro Rodríguez paga un parte del crédito al Banco Nacional Pesquero y Portuario. ¿Qué invirtió el señor Isidoro Rodríguez?
¿Saben con cuánto capital se constituyó Flota Petrolera Mexicana? Con 5 mil pesos, sin embargo, consiguió créditos millonarios por parte del Banco Nacional Pesquero y Portuario.
El Presidente: - Diputado Ortega, la Presidencia le habla. ¿Acepta usted una interpelación?
El diputado Jesús Ortega Martínez: - Sí, por supuesto.
El Presidente: - Diputado Montemayor, adelante.
El diputado Rogelio Montemayor Seguy (desde su curul): - Señor diputado, ¿está usted afirmando que el Banco Nacional Pesquero y Portuario sólo podía prestar actividades pesqueras?
El diputado Jesús Ortega Martínez: - Para eso fue creado.
El diputado Rogelio Montemayor Seguy (desde su curul): - ¿Aceptaría usted que se leyera el artículo 3o. de la Ley Orgánica del banco? Está en la página ocho del informe.
El Presidente: - Proceda la secretaría a dar lectura al artículo que se invoca.
La secretaria diputada Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: - ¿La página ocho del dictamen?
El Presidente: - Diputado Ortega, La Presidencia le pregunta más o menos cuánto tiempo piensa usted que falta para que concluya su intervención. Se lo digo respetuosamente por lo siguiente; si usted estima que faltan unos 10 ó 15 minutos, ponemos a consideración de la asamblea si usted lo puede hacer, de otro modo, le rogamos sujetarse al tiempo, como usted lo quiera.
La secretaria diputada Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: - ¿Decía el diputado Montemayor, la lectura del artículo 3o., que está en la página ocho del dictamen? Sí, disculpen, del informe. "el Banco Nacional Pesquero y Portuario, como institución de banca de desarrollo, tendrá por objeto la promoción y financiamiento del desarrollo económico nacional y regional de las actividades pesqueras, portuarias y navieras".
El diputado Jesús Ortega Martínez: - Sí, pero, compañero diputado, por favor, nadie va a creer que cuando se refiere a puertos se refiere a puertos para exportar petróleo, por favor, le acabo de leer la exposición de motivos con la cual se aprobó la creación del banco y para ser más explícito le voy a leer una parte de la Cámara de Senadores cuando aprobó la ley, para que vea que no tiene nada qué ver y francamente ofende nuestra inteligencia cuando cree que vamos a confundirnos con tan inocente pregunta.
El Presidente: - Diputado Ortega, esta Presidencia le había formulando la siguiente pregunta que usted no escuchó: si usted estima que está por concluir le daríamos cinco minutos, pero si todavía había pensado en una exposición más larga, de acuerdo con lo que habíamos comentado en la mañana, ponemos a consideración de la asamblea para que tome otro tiempo similar.
El diputado Jesús Ortega Martínez: - Lo que voy a hacer, señor Presidente, si usted está de acuerdo...
El Presidente: - A ver diga, sí, continúe, ¿qué va a hacer? Me va a responder la pregunta primero, por favor.
El diputado Jesús Ortega Martínez: - Que termino lo más rápidamente posible esta primera intervención y después de las intervenciones de los compañeros priístas me reservo el derecho.
El Presidente: - Adelante. Permítame, diputado Ortega.
El diputado José de Jesús Sánchez Ochoa (desde su curul): - Señor Presidente, quisiera solicitar, le pregunte al diputado orador si me permite una interpelación y aclaración brevísima.
El Presidente: - ¿Después de que él le de lectura a lo que le quiere dar?
El diputado Jesús Ortega Martínez: - Yo le autorizo.
El Presidente: - ¿Acepta usted? Adelante, con voz fuerte, por favor.
El diputado José de Jesús Sánchez Ochoa (desde su curul): Señor diputado, yo creo que la respuesta a la interpelación del diputado Montemayor está perfectamente clara en el penúltimo párrafo de la página siete, donde dice el informe que aquí nos han entregado: "la ley anterior buscó dar respuesta al hecho de que las actividades pesqueras y portuarias, por sus características particulares, estructurales y de operación, ha sido de difícil financiamiento, en ello incide lo elevado de los precios de los buques, de los implementos que se utilizan para la pesca", no para
la transportación de la maquinaria requerida para la industrialización de los productos pesqueros, no para la transportación de petróleo...
El Presidente: - Gracias, gracias diputado. Diputado Pérez Jácome, por favor. Continúe el diputado Ortega.
El diputado Jesús Ortega Martínez: - Me parece que lo que acabo de leer que es parte del dictamen elaborado por la Cámara de Senadores para propósitos de crear el banco, está perfectamente claro y no deja lugar a dudas, de hacia qué estaba orientada la creación del banco.
Permítame terminar, porque si no el señor Presidente me reclama tiempo.
El Presidente: - Permítame diputado, no le han dicho todavía si el orador acepta o no la interpelación, ¿es una moción de orden?
El diputado Javier Bonilla Chávez (desde su curul): - Es una moción de orden.
Es respecto a lo que leyó el compañero diputado.
El Presidente: - No, no, no se acepta esa moción de orden. No, no está aceptada. Continúe diputado Ortega. No, no, diputado, tome su lugar por favor
. El diputado Jesús Ortega Martínez: - Sí, gracias. El diputado Pérez Jácome dijo aquí tratando de sorprender, que algunos diputados nos habíamos salido de algunas sesiones de la Comisión Especial Investigadora, voy a explicar por qué, lo dijimos allí.
Lo hicimos como protesta, y espero que no se ofendan los compañeros, por lo que considerábamos maniobras para tratar de evitar la investigación. ¿A qué llamo maniobras? En una de las primeras sesiones de la Comisión Especial Investigadora, los diputados hicieron solicitud al coordinador o a los coordinadores de qué era lo que requeríamos para proceder a la investigación y ubicamos a la Comisión Nacional Bancaria, al Banco Nacional Pesquero y Portuario, a la Secretaría de Hacienda, al Banco de México, etcétera, y fuimos muy precisos en lo que requeríamos.
Dijimos, primero, los estados financieros auditados y el dictamen de las auditorías externas practicadas que se suponía la Comisión Nacional Bancaria tenia en sus manos, porque es obligación que anualmente haga esas auditorías para ver cómo va el desarrollo del banco.
Pedíamos la cartera vencida, particularmente en el caso de nuestro partido, la cartera vencida del sector atunero, porque ahí había a nuestro juicio causas fundamentales de la quiebra del Banco Nacional Pesquero y Portuario y manejos irregulares, y los coordinadores de la Comisión Especial Investigadora, en vez, en lugar, de dirigirse a los funcionarios o a los empleados del Ejecutivo, con la responsabilidad y la representatividad de un poder de la Federación, se dirigen, de la siguiente manera, por ello fue la protesta y la salida en consecuencia. Le contesta el vicepresidente o presidente de la Comisión Nacional Bancaria, el diputado Napoleón Cantú Cerna, coordinador de la Comisión Especial Investigadora del Banco Nacional Pesquero y Portuario: "en su comunicación del 12 de marzo en curso, relacionada con la investigación que está realizando la comisión integrada para el afecto por la Cámara de Diputados de la LIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, me consulta sobre si una pregunta planeada dentro de su cuestionario por uno de los grupos parlamentarios puede ser contestada. Me consulta a mí, el Poder Legislativo, a un empleado de la Comisión Nacional Bancaria si una pregunta hecha por los diputados puede ser contestada, en lugar de que un diputado, representante de una comisión planteara con firmeza que necesitamos esa información.
¿Cuál creen que fue la respuesta de este hombre? Pues que si es consulta le digo que no le puedo dar ese informe y además, cuando hicimos con mucha precisión el contenido de las preguntas, los diputados del Partido Revolucionario Institucional se dirigieron a los empleados del Ejecutivo, de la Comisión Nacional Bancaria en estos términos. Evidentemente de lo que se trataba era que contestaran de manera negativa y ¿saben qué argumento dijeron los compañeros diputados cuando les reclamamos?: "es que no queríamos exhibirnos, no queremos exhibirnos porque tenemos el riesgo de que nos contestaran de manera negativa, por eso solamente consultamos".
Esta es una burla que no podíamos soportar y por ello en protesta nos salimos en una primera ocasión de la Comisión Especial Investigadora.
El Presidente: - Ha terminado su tiempo diputado Ortega.
El diputado Jesús Ortega Martínez: - Me faltan varias cosas, pero insisto, voy a oír a los diputados priístas y voy a reservarme la oportunidad en una próxima ocasión, así me da tiempo de ordenar mis apuntes, señores diputados. (Aplausos.)
El Presidente: - Señores diputados, esta Presidencia les quiere hacer el siguiente
señalamiento: cuando se trate de la lectura de documentos, se hará desde la tribuna de la secretaría, por una simple razón: los señores diputados que lo hacen desde sus curules, por ejemplo el diputado que hizo uso de la palabra desde allá, en las antípodas de los estenógrafos, ellos no alcanzan a escuchar y en consecuencia la versión estenográfica no contiene eso, por eso también le pedí al diputado Javier Bonilla que, como además no se trataba de una interpelación, se reservara en el uso de la palabra, de tal manera que les pido que así procedamos en el desahogo de esta discusión tan importante.
Está enseguida para el uso de la palabra por parte de la Presidencia de la comisión investigadora, el diputado Napoleón Cantú Cerna, después de él vendrán en turno por el Partido Popular Socialista, su coordinador, Francisco Ortíz Mendoza y después, por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el señor diputado Alberto Pérez Fontecha.
Tiene la palabra, señor diputado Napoleón Cantú Cerna.
El diputado Napoleón Cantú Cerna: - Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Los compañeros Abel Vicencio Tovar y Jesús Ortega, merecen para mí todo el respeto porque considero que se conducen con honestidad en su actuación como legisladores, sin embargo, debo decir que en esta ocasión o posiblemente por este tema, está prevaleciendo la pasión sobre la razón y me voy a referir primero a la intervención del diputado Abel Vicencio Tovar y sobre los diversos aspectos que en ella tocó.
El señor diputado Vicencio Tovar, fundamentalmente dice que estas pérdidas del Banco Nacional Pesquero y Portuario, que ciertamente son cuantiosas, representan recursos que pudieron haberse utilizado de muchas otras maneras, para beneficio del pueblo mexicano y dice también que con argumentos mezquinos, y es reiterativo en este calificativo, se trata de ocultar malos manejos o irregularidades en el Banco Nacional Pesquero y Portuario, ya que se esgrime que el secreto bancario impide que se conozca mucha de la información. Yo considero que no es válido y no acepto, rechazo categóricamente el calificativo de mezquino, porque el secreto bancario es una realidad legal vigente al que estamos sujetos y debemos de respetar todos los ciudadanos; no es una modalidad del sistema financiero mexicano, es algo que existe prácticamente en todos los países del mundo, inclusive hay países como la República Federal Alemana que lo elevan al rango de derecho humano y, ciertamente, el secreto bancario existe y se estableció, no para protección de los bancos, sino para protección de los usuarios de la banca, eso es lo que está protegido, y no está protegido, ni sirve ni debe servir para encubrir o proteger a delincuentes.
El propio artículo 93 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito establece con precisión que el secreto bancario puede dejarse de respetar cuando así lo requiera la autoridad judicial, en los casos de que el usuario de la banca sea demandado o sea acusado, ahí está precisamente el camino y la posibilidad para intentar las acciones que procedan en contra de quienes actúen irregularmente o bien actúen ilícitamente.
Dice también el diputado Vicencio Tovar que es una mezquinidad apoyarse en el artículo 93, yo quisiera entonces pedirle al diputado Vicencio Tovar que fuera congruente, porque por otra parte, la misma fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional está proponiendo una reforma precisamente al artículo 93 de la Ley Reglamentaria de la Banca y Crédito.
Obviamente con ello reconoce tácitamente que existe esta disposición, es válida, tiene derecho de hacer la propuesta de reformas, pero, por favor, que no venga a decir que es mezquino esgrimir el secreto bancario, cuando es algo que real y positivamente existe.
Por otra parte, también dice el diputado Vicencio Tovar, con palabras de alta retórica, que el pueblo de México nos va a juzgar; yo acepto la responsabilidad que asumimos en esta comisión y en el propio informe, hemos actuado y seguiremos haciéndolo siempre conforme a derecho, no se vale decir con un argumento, que desde luego no puede sostenerse, que pueda haber algo por encima de la ley, el pueblo sí está por encima de la ley, pero una vez que el pueblo a través de sus representantes que somos nosotros, le demos vigencia a aquello que el pueblo quiere que sea su norma jurídica, pero antes de eso no es posible violar el derecho bajo ningún pretexto, porque entonces sí estaríamos frente a una seria responsabilidad ante el pueblo de México y frente a la historia, que nos colocaría en una situación sumamente delicada y grave y que traería consecuencias muy serias para el desarrollo pacífico y armónico de México.
También dice el diputado Vicencio Tovar que los estados financieros no se presentaron. Yo quiero aclarar que los estados financieros sí se presentaron, sí se distribuyeron entre todos los integrantes de la comisión, si bien es cierto que aunque están auditados, los estados financieros
no fueron proporcionados los dictámenes de auditores externos, porque existe para ello una respuesta expresa por parte de la Comisión Nacional Bancaria, a la que luego me referiré para darle respuesta al compañero Jesús Ortega. Dice también el diputado Vicencio Tovar que muchos créditos se dieron sin garantía, pero durante la existencia de la comisión, en las sesiones de trabajo, durante los 60 días de su funcionamiento, los compañeros diputados que así lo manifestaron en la comisión, pero nunca presentaron pruebas sobre el particular, salvo una denuncia que presentó el diputado Benito Rosell Isaac, que forma parte de los anexos de este informe y que se refiere a una situación particular de la Cooperativa de Chuburna.
La comisión siempre estuvo dispuesta y realizó sus labores dentro del marco jurídico que la rige, saben muy bien los que conocen de derecho, que el artículo 93 constitucional en su tercer párrafo, efectivamente establece la posibilidad de crear una comisión especial para investigar el funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de participación estatal, ésa es una realidad y conforme a ella válidamente fue creada esta comisión, según el acuerdo que se tomó en el pleno de la Cámara de Diputados el pasado 28 de diciembre.
Sin embargo, se sabe también que esta reforma constitucional introducida en 1977, hasta la fecha no ha tenido la ley secundaria o reglamentaria que establezca la forma, el procedimiento, los términos en que debe de practicar sus investigaciones, no se trata de establecer derechos constitutivos, sino simplemente de establecer la mecánica de operación que es indispensable, como lo es por ejemplo el hecho de que la Constitución misma establece, después de señalar las facultades que le corresponden al Congreso de la Unión, que la ley orgánica, "como lo establece ahora", y el reglamento también dispondrán precisamente la mecánica con la que estamos operando en esta Cámara de Diputados.
Entonces, no teníamos más recurso que acudir a la disposición legal que hubiera vigente, que no era otra que la propia Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y, fundamentalmente éste último a través de sus artículos 89 y 90, de acuerdo con ellos ejercimos esos derechos y pedimos la información que se nos solicitó por parte de los señores diputados y también hicimos del conocimiento de ellos y pedimos respuestas a los planteamientos que les hicimos.
El artículo 89 establece también que se dará esa información por parte de las dependencias del Ejecutivo, a menos que se trate de información que esté protegida por algún secreto, como es el caso precisamente del artículo 93, que ya comentamos y que vino a ser una limitante más que tuvimos en el desempeño de esta comisión que se nos confirió.
Por otro lado, ejercimos el derecho que nos da el artículo 90 y tuvimos conferencias con funcionarios para recibir información de acuerdo con los planteamientos que ahí se hicieron, desgraciadamente no contamos con la asistencia y mucho menos la participación de algunos diputados de diversos grupos parlamentarios que optaron por retirarse de aquella reunión.
En cuanto a lo planteado por el diputado Jesús Ortega, le quiero decir que no estoy de acuerdo en lo que afirma, que se trata de una decisión política la que mueve a la comisión para el desempeño de sus labores. Sinceramente, diputado, procedimos conforme a nuestro recto criterio y leal saber y entender; pensamos nosotros que la investigación se hizo hasta donde fue posible hacerla, creo que las aportaciones que hemos dado a través del informe puedan ser de utilidad.
Quisiera decirle también que esa investigación fue concienzuda, seria y responsable, tenemos aquí bibliografía, por ejemplo, que viene también en el informe, que hubimos de consultar para poder formarnos un criterio sobre este tema tanto financiero como económico y también pesquero, además, por supuesto, de la parte jurídica.
Los tres temas básicos sí fueron tocados en la comisión, diputado, y fueron también tratados dentro del informe.
Por otro lado, también quiero aclarar que sobre los anexos sí hubo la entrega oportuna de la mayor parte de ellos, si ustedes ven el informe se darán cuenta que el anexo uno se refiere al acuerdo parlamentario, que ya lo tenían; el anexo dos son las respuestas de las autoridades, que ya la tenían; el anexo tres son cuadros estadísticos que preparamos nosotros en la comisión y que les entregamos, la bibliografía también se las entregamos.
En fin, es información, diputado, que sí se les entregó, se les quiso entregar otra copia más al final, como ya se les entregó ahora y, por otra parte, existe también el antecedente de que, y me voy a referir, ya me están señalando que el tiempo se agota, a lo que decía de la supuesta maniobra por parte de la coordinación de la comisión, que desde luego yo rechazo, no acepto porque está totalmente fuera de la verdad y no tiene ningún fundamento para hacerlo.
Yo quisiera leerle, diputado, o pedirle a la secretaría que lea el oficio de la Comisión Nacional Bancaria que recibamos y que es el número 601 - II - 14801, si lo permite la Presidencia, le pido que lo lea la secretaria.
El Presidente: - Adelante.
La secretaria diputada Guadalupe Gómez Maganda de Anaya:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Hacienda y
Crédito Público. - Comisión Nacional Bancaria.
Ciudadano diputado federal Napoleón Cantú Cerna, coordinador de la Comisión Especial Investigadora del Banco Nacional Pesquero y Portuario de la Cámara de Diputados. - Presente.
En su comunicación del 18 de abril en curso, relacionada con la investigación que está realizando la comisión integrada para el afecto por la Cámara de Diputados de la LIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, me solicita les proporcione ejemplares de los dictámenes de los auditores del banco nacional pesquero y portuario, sociedad nacional de crédito en liquidación, por los ejercicios de 1987 y 1988. Asimismo, me solicita los dictámenes de los comisarios, las actas de los órganos de gobierno y los informes o actas de las funciones de inspección y vigilancia llevados a cabo por esta comisión.
Sobre el particular, me permito reiterar a usted el criterio que le expresé en mi anterior oficio número 601 - II - 14254 del 3 de abril del presente año, en el sentido de que tanto el Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito, en liquidación, como esta Comisión Nacional Bancaria, están imposibilitados para proporcionar cualquier tipo de documento en el que se contenga información particularizada sobre los depósitos, servicios o cualquier tipo de operación, por no permitirlo así el artículo 93 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, salvo cuando esa documentación la soliciten a la institución de crédito los propios interesados, su representante legal o quien tenga otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio; la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular sea parte o acusado; y las autoridades hacendarías federales por conducto de esta Comisión Nacional Bancaria para fines fiscales.
Además, preciso a usted que la información y documentos que las instituciones de crédito proporcionan a esta Comisión Nacional Bancaria como lo permite el segundo párrafo del artículo 93 de la ley reglamentaria ya citada, es exclusivamente para que dicha comisión pueda ejercer sus funciones de inspección y vigilancia que le confía el artículo 97 de la misma ley, por lo que en ningún momento y con ninguna excepción, la comisión a mi cargo estaría en la posibilidad de proporcionar esa información o esos documentos que para el exclusivo ejercicio de sus funciones le son proporcionados, máxime si se toma en consideración que las autoridades administrativas sólo pueden hacer lo que la ley específicamente les permite.
Aprovecho la oportunidad para comentar a usted que le día 20 del presente mes, en una reunión de trabajo que se celebró en el seno de la comisión investigadora que usted preside y a la que asistió junto con otros funcionarios el señor vicepresidente de esta comisión, licenciado Enrique Araujo Nuñez, 11 diputados federales diciendo fundarse en los artículos 93 de la Constitución, 93 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de la Banca y Crédito y 89 del Reglamento Interior del Congreso de la Unión y en base al acuerdo parlamentario del 22 de febrero de 1990, presentan escrito en el que solicitan oficialmente a esta Comisión Nacional Bancaria información documentada sobre las actividades financieras del Banco Nacional Pesquero y Portuario consistente en los estados financieros dictaminados con sus anexos analíticos 1986, 1987, 1988 y 1989; la cartera vencida del Banco Nacional Pesquero y Portuario, conforme al acuerdo parlamentario y los informes de las revisiones que la Comisión Nacional Bancaria realizó al Banco Nacional Pesquero y Portuario, incluyendo el sustento legal para la cancelación de cuentas incobrables.
Atendiendo dicha petición en cumplimiento del artículo 8o. constitucional, comunico a usted:
Las copias fotostáticas certificadas de los balances generales al 31 de diciembre de 1987 y de 1988, y los estados de resultados correspondientes, así como de los estados de contabilidad con números al 30 de noviembre de 1988 y al 31 de agosto de 1989, ya obran en poder de esa comisión junto con las copias de los oficios números: 601 - II - 2311 y 2317, ambos del 7 de febrero de 1990, enviados por esta Comisión Nacional Bancaria al Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito.
Respecto de la cartera vencida, ésta aparece en los balances generales y en los estados de contabilidad ya mencionados, como información global bajo el rubro de "amortizaciones y créditos vencidos (neto)".
Los informes de las revisiones que esta Comisión Nacional Bancaria realizó al Banco Nacional Pesquero y Portuario, así como los anexos analíticos de los balances generales, su contenido queda protegido por el artículo 93 de la ley reglamentaria ya citada, en los términos del párrafo segundo de este oficio.
En cuanto al sustento legal del castigo para efectos fiscales, no cancelación, de los crédito incobrables, lo fue el artículo 52 - A de la Ley del Impuesto sobre la Renta entonces vigente.
Por lo que respecta a la posibilidad de que esa información documentada sea proporcionada directamente por la Comisión Nacional Bancaria, reproduzco a usted lo que ya se expresó al respecto en el cuerpo de este oficio.
Reciba usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. México, Distrito Federal, 23 de abril de 1990. - El Presidente, licenciado Guillermo Prieto Fortún.»
El diputado Noé Aguilar Tinajero (desde su curul): - Señor Presidente, una interpelación.
El Presidente: - Diputado Cantú, ¿acepta usted una interpelación?
El diputado Napoleón Cantú Cerna: - Sí, señor.
El Presidente: - Señor diputado, adelante.
El diputado Noé Aguilar Tinajero (desde su curul): - En el documento que acaban de leer, en primer lugar, ¿podría decir la fecha en que recibimos éste en la Cámara?
Segundo, dice la Comisión Nacional Bancaria que está imposibilitada para mandar la información sobre los informes de auditoría; ésta es la pregunta: ¿usted considera que los informes de auditoría son documentación particularizada?
Los balances de 1987, 1988 y parte de 1989 contienen datos generales, y el director de la Comisión Nacional Bancaria, el licenciado Guillermo Prieto Fortún, dice que la cartera vencida se encuentra... ¿Qué entiende usted por duplicados?
Efectivamente, hay una cantidad global, eso significa para él, para usted que registró la cartera vencida...
El Presidente: - ¿Escuchó, diputado Cantú?
El diputado Napoleón Cantú Cerna: - Con mucho gusto, diputado Aguilar Tinajero. Empezaré por la última, para rechazar lo de defensor. Yo simplemente estoy sosteniendo un informe que, como ya dije, se hizo con toda seriedad y objetividad.
En cuanto a los estados, y voy a irme en orden regresivo. En cuanto a los estados financieros certificados, efectivamente se recibieron certificados notarialmente y obran en poder de la comisión y ahora de la Cámara esos certificados. Usted comprenderá que no era posible certificar todos y cada uno de los ejemplares que fueron distribuidos entre los diputados. Ahí aparece en su ejemplar la nota de "notarial", donde precisamente certifica que coincide con el original y la certificación original estuvo a disposición de ustedes para consulta en las oficinas nuestras.
En cuanto a las auditorías, los dictámenes de auditor y usted lo sabe como contador, pueden contener referencias específicas a casos concretos, por consecuencia eso queda cubierto y comprendido dentro del secreto bancario. Por otra parte, usted sabe también que, porque esto también se comentó en la comisión, el hecho de tratar de elaborar o de expedir un documento de manera parcial, pues no tiene valor y puede ser, con razón o sin ella, completamente descalificado, porque quedaría entonces a criterio del que lo emite, poner lo que quiera o podría pensarse que pondría lo que quisiera y no pondría lo que no quisiera.
Finalmente, la primera pregunta, le respondo que ese oficio se recibió con fecha 23 de abril. Muchas gracias.
El diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán (desde su curul): - Señor Presidente, deseo hacer otra interpelación al diputado.
El Presidente: - Diputado, ¿acepta usted otra interpelación del diputado Leopoldo Salinas?
El diputado Napoleón Cantú Cerna: - Sí, señor Presidente.
El Presidente: - Si la acepta, adelante.
El diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán (desde su curul): - Señor diputado, usted como Procurador de Justicia que fue del estado de Nuevo león, conoce ampliamente la materia de la consecución y de la persecución de los delitos, por lo tanto la indagatoria, usted es un profesional en la materia.
De acuerdo con su leal saber y entender ha manifestado que como presidente de esta
subcomisión, este informe que se presenta es una indagatoria formal, honesta y creo que, como también se quiere, debe estar ajustada a justicia. ¿Considera usted que si este trámite se va por la vía de la procuración de justicia tendrá mejores resultados que las limitantes que tuvo la subcomisión que presidió?
El diputado Napoleón Cantú Cerna: - Yo pienso, diputado y usted lo sabe muy bien como abogado, que cada caso tiene sus instancias propias y cada autoridad tiene su competencia.
El ejercicio de la acción penal es monopolio, es exclusividad del ministerio público, de acuerdo con el 21 constitucional y no podemos nosotros, diputado y usted lo sabe muy bien, convertirnos en ministerio público; entonces, aquellos casos que se considere que son delictuosos, deben de encausarse a través del ministerio público, para que tengan realmente efectividad concreta, práctica y verdadera y no solamente exhibicionismo periodístico. Muchas gracias. (Aplausos.)
El diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán (Desde su curul): - Señor
Presidente, deseo hacer otra interpelación al diputado.
El Presidente: - ¿Otra interpelación, diputado Salinas?
El diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán (desde su curul): - Sí. De acuerdo con su respuesta, ¿entonces considera usted que el Poder Legislativo Federal es limitante de la nación para las facultades que nos otorga el 93 constitucional?
El diputado Napoleón Cantú Cerna: - Perdón, me repite la pregunta, no la capto.
El diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán (desde su curul): - De acuerdo con su respuesta que ha mencionado, en relación digamos a algunos efectos del ministerio público, ¿el Poder Legislativo, con la atribución que tiene del 93 constitucional, es limitante?
El diputado Napoleón Cantú Cerna: - El Poder Legislativo, ya lo dije, con la posibilidad que señala el párrafo tercero del 93 constitucional, efectivamente puede formarse la comisión investigadora, pero no tenemos, diputado, la ley secundaria o reglamentaria que venga a precisar la forma o cómo puede la comisión investigadora llevar a cabo su función; solamente nos queda y tenemos exclusivamente, y eso es precario, la ley orgánica y el reglamento que fue a lo que nos sujetamos, fue lo que observamos en el cumplimiento de nuestro trabajo. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Para hacer uso de la palabra, por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, su coordinador, el señor diputado Francisco Ortíz Mendoza; después en turno los señores diputados Alberto Pérez Fontecha, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y por el Partido Revolucionario Institucional, el señor diputado Carlos Vega Memije.
El diputado Francisco Ortíz Mendoza: - Señor Presidente; señoras y señores diputados: Para el Partido Popular Socialista este debate adquiere relieves excepcionales y aun de carácter histórico.
Es la primera ocasión que se pone en práctica una medida que nos da la Constitución, nos otorga la Constitución del Poder Legislativo de integrar comisiones para investigar la conducta y la acción de las Empresas del Estado y de Participación estatal Mayoritaria.
Hemos de precisar para muchos que afirman lo contrario, que esta conquista de integrar comisiones no la logramos los partidos de la oposición, fue propuesta del presidente José López Portillo, es decir, vino del Ejecutivo, incluso en el debate sólo participó uno de la oposición de esta época, del Partido Acción Nacional, el licenciado Garavito y dos del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Ifigenia Martínez de Navarrete entonces y el diputado Armando Labra y fue para discutir cuestiones de procedimiento nada más importante por cierto, pero cuestiones de procedimiento, pero no el fondo de la cuestión.
Este artículo 93 ha tenido una historia muy importante, muy interesante; la primera parte del artículo 93, su primer párrafo establece la facultad que tiene el Poder Legislativo y la obligación que da a los secretarios de Estado y a los jefes de departamento para que informen al Poder Legislativo. En su segunda modificación, parece que del año de 1974, se amplió hacia los directores y demás de las centrales estatales y en 1977 la llamada política se le otorga al Poder Legislativo la facultad de integrar estas comisiones y hasta este día no se había medido la importancia y la trascendencia de esta comisión y, por ese motivo, ahora que la ponemos en práctica nos encontramos con una montaña de problemas para poder poner en práctica esta facultad, ejercer este poder.
Yo no me quiero referir a los compañeros de Acción Nacional porque me parece que no lo
están haciendo de muy buena fe; es decir por principios de la clase social a la que nosotros pertenecemos y de la que no renegamos, es la clase obrera. Sabemos bien que los empresarios y su fuerza política, su brazo político el Partido Acción Nacional no está muy atinado al tratar de defender los intereses del pueblo.
Cuando denunciamos a los sacadólares, uno del Partido Acción Nacional vino a decir aquí que no los podíamos culpar, porque lo único barato que había entonces eran los dólares y ellos se aprovechaban y sacaban utilidades. Esta es la realidad de cómo piensa el Partido Acción Nacional, o no sé si su campaña tan fuerte en este problema sea un tanto para echar una columna de humo a la acusación que hemos hecho de que se aclare cómo recibe dinero del exterior o cómo manejan sus fondos.
Por eso, para nosotros, no tiene mucho valor lo que viene a decir Acción Nacional, no podemos dejarles a ellos la bandera de que son los defensores de los intereses del pueblo, en el fondo, están regocijándose de que se trate de una empresa estatal, están felices de que está en la picota una empresa estatal, ellos son enemigos de las empresas del estado.
Es más, nosotros recorrimos toda la región del Pacífico con este motivo, y los compañeros pescadores de Ensenada, de Guaymas, de Topolobampo nos decían que muchos de Acción Nacional estaban metidos en el negocio de la pesca y no lo dudo, porque también les gusta la pesca. Entonces, sus argumentos no son válidos y no pueden ser defensores de los intereses del pueblo, los que salen en defensa de las empresas del Estado y todo lo que aquí se ha venido ha decir.
Pero si hay otros problemas muy serios y este problema es muy serio, y las fuerzas democráticas, no las de derecha, las fuerzas democráticas tenemos la obligación de que esto se califique y los que defendemos a las empresas del Estado y los que defendemos la nacionalización de la banca, porque esto de esta banca es un problema, pero la otra banca, cuando era privada, los compañeros no decían nada; con el famoso fraude de la bolsa de valores de la noche de octubre de 1987, ellos no dijeron nada y eran los de ellos. Ahora se trata de una empresa del Estado, no importan las empresas del Estado.
El problema es entonces qué vamos a hacer con esta dificultad que tenemos enfrente de que evidente hubo un recurso del pueblo, del Estado, de la nación que manejo el Banco Nacional Pesquero y Portuario y que no está claro dónde anda ese dinero.
El Partido Popular Socialista no tiene espíritu de ministerio público y no va a estar investigando si fue Juan, Pedro o Luis, hay un hecho concreto, varios billones, dicen que uno y medio, unos y otros dicen que tres, bueno, nos interesa saber cómo se gastó ese dinero y estoy convencido que las fuerzas democráticas del Partido Revolucionario Institucional y de afuera del Partido Revolucionario Institucional, todos, estamos resueltos a que esto se aclare, se aclare, todos estamos resueltos a eso. (Aplausos.)
No para echarle lodo al sector estatal de la economía, no para sentar las base bases. Ahora lo verán, no tarda mucho, en que digan: "que pase la banca al sector privado, porque ahí tenemos el ejemplo del Banco Nacional Pesquero y Portuario, etcétera", eso es lo que está sentado ahorita, de base, Acción Nacional y por eso no le aceptamos el juego, pero las fuerzas democráticas sí, los que sí queremos que se aclare.
Desde el primer día supimos, cuando no se había utilizado nunca esta facultad, que la comisión no podía ahondar, ahora resulta que los quisquillosos quisquillosos en la aplicación de la ley, y reconozco que hay muchos muy valiosos en el seno del Partido Acción Nacional, eso es cierto y yo pido que no se molesten varios de ellos a los que les tengo afecto por tantos años que tenemos en la vida parlamentaria, pues es una realidad que no podemos soslayar, que ahora digan que no tiene valor una ley reglamentaria, que ya está en la Constitución la facultad. No lo creo, hay algunas cosas que sí, tengo entendido que los juristas saben muy bien que surge el derecho, no sé cómo le llaman, hay los derechos humanos, los derechos sociales, decían unos, esos sí son automáticos sin discusión, pero hay otros que no, que necesitan una ley para aplicarla.
Les voy a poner un ejemplo: la ley y la Constitución dicen que nosotros tenemos fuero, que tenemos poder, pero ante un policía que nos detiene, con todo y fuero va para el bote y punto, y dónde estuvo la facultad.
El otro día un compañero diputado le llevaron su coche al corralón, injustamente según él, a lo mejor sí, a lo mejor no. Fue, se presentó:
"señor, soy diputado, ahí estaba mi credencial, por qué recogieron mi coche, no sean así". "Pague la multa y sale". "Pero no es legítimo por ésta y ésta". "Usted pague la multa o hay otra forma, hable a la Asamblea de Representantes y si ellos nos dicen, pues tiene usted el coche". El quiso ir hasta lo último y fue a hablarle a un asambleísta que no estaba, pero contesto un empleado y le dice: "señor, aquí está un empleado porque no hay representante". "A ver, páselo". "Oiga
señor, denle el coche al diputado". "Con mucho gusto, señor". Y le dieron el coche al diputado. (Aplausos.)
Este es nuestro poder, ésta es la fuerza del Poder Legislativo. (Aplausos.)
Otro compañero fue con su credencial a cobrar un cheque. "Identifíquese".
Credencial de diputado. "No vale, señor, permítame su licencia de manejar".
Es el Poder del Poder Legislativo y de los diputados. (Aplausos.)
Entonces tenemos que agarrarnos de la ley o esperar que el otro poder, por no poder nosotros, sea el que lo haga y el otro poder es el que lo puede hacer, ése sí, es el ejecutivo, ése sí tiene fuerza y lo puede hacer. (Voces.)
Pues quizá, quizá, yo no he tenido la oportunidad, ojalá y tenga. Pero en está comisión, y si somos honestos y hacemos un examen crítico, consciente de la realidad, no tenemos autoridad, ni para llamar a un funcionario; ya no digamos llamar, ya quisiera el Poder Legislativo en su conjunto, podemos hablarle a un ciudadano.
El juez sí, el Poder Judicial sí tiene. Llama a un ciudadano y lo llamo a que comparezca, no se presenta, ahí le va la policía y lo trae. ¿A ver nosotros? Que venga para acá. "Pues de cual fumó usted, hombre" (risas) y no viene, por más cartas del Presidente de la Cámara, no viene.
Yo pido a los abogados que saben, que me digan dónde ésta nuestra facultad para traer a alguien aquí, no hay, se bromean de nosotros, ni siquiera a un funcionario. Yo he consultado todos estos días a los que saben y he aprendido mucho en estos días, porque les he preguntado y me dicen: "mire, cuando un juez pregunta, le dicen, bajo protesta de decir verdad, y si no dice la verdad, para el bote". Y aquí nosotros viene un secretario de Estado, le preguntamos y nos tira de a leones y no nos contesta, ni tenemos la facultad de decir bueno, no me contestó. "No tienes derecho a réplica, siéntese". Y no podemos contestar y no nos contesta el señor o nos contesta lo que le da la gana.
yo pido que me digan dónde está una ley o una forma que nos autorice a nosotros a meter a la cárcel a un funcionario que nos diga una mentira. No tenemos facultades de ningún carácter. Por eso cuando nos dijeron: pregunte al Partido Popular Socialista, pues, ¿para qué pregunto señores? Si yo sé, por lo menos estoy enterado que cuando hay un muerto, hay un poder que va, hace investigaciones, deduce, aprende gente, les aprieta las tuercas, a veces se pasan y le sacan la verdad y le manda al juez, el muerto y el acusado y el cúmulo de pruebas. A nosotros nos mandaron al muerto, que era el banco. Y ahora, pregunten. ¿Para qué preguntamos? Lo que quiero saber la cartera vencida, "caliente, caliente" o "frío, frío", está fallando, entonces para qué, ¿para qué preguntábamos?
Y les decimos: está pasando el tiempo, ya llevamos 30 días y no nos responde nadie nada. Hasta los 55 días contestaron. Resulta que: "oiga señor, queremos la bitácora del avión, las órdenes de vuelo". Respuesta: "eso no le importa porque no es de su incumbencia". Pero, ¿con qué derecho nos contesta esto?, ¿qué le importa a él si yo quería saberlo? ¿Y por qué lo quería saber? Por que tenía datos de la esposa del señor se iba de compras todos los sábados a Houston y la única manera de saberlo era sabiendo la bitácora del avión. Pero no nos contestaron, por que no les da la gana.
Yo quiero que me digan, aparte de la presión, el disgusto y todo, ¿en donde está la autoridad para traer a ese señor y obligarlo a que me conteste? No tengo poder para eso. Yo creo que eso nos lo puede dar la ley, por eso hace unas horas presentamos una iniciativa, primero, para que las comisiones se integren con el número de diputados que se quiera, porque ahora se trata de defender al sector estatal y debemos de investigar todo para que esas empresas las defendamos de la ambición del sector privado.
Segundo, que se nos dote de facultades, nosotros dijimos judiciales, a lo mejor nos van a decir: "invasión de poderes" y va para atrás. Bueno, pero pedimos eso siquiera para poder citar a la gente y, tercero, obligar al Ejecutivo a que nos haga caso, porque le informamos al Ejecutivo. "¡ha, muchas gracias!" y ya, ¿y qué pasó? Pues ya lo pasamos el informe, señor. Si, gracias, que les vaya bien, espero a la otra legislatura para que no haya problemas y ya. No tenemos poder de ningún carácter, ni siquiera instruyéndole le escribo: señor, ya le di el informe y ahora usted, en su caso, persiga las cosas, pero ni eso dice el constitucional, por eso lo proponemos.
Entonces a los 55 días nos llega el cúmulo y ahora sí nos dio coraje el secreto bancario, pero los del Partido Acción Nacional siempre lo han defendido. Nosotros hemos demandado desde hace 30 años tres cosas: que se nacionalice la banca, ya se nacionalizó; que se establezca el control de cambios, se estableció, después le apretaron las
tuercas al gobierno y va para atrás el control de cambios y se anula el secreto bancario. ¡Ah!, pero ahora como se trataba de una empresa del Estado, ahora sí, que se rompa el secreto bancario.
Ahí está el secreto bancario, el purrúm mayor del que hablábamos otra vez y no podemos tener información, pero se deduce, donde hay humo, hubo fuego. Ahí hay humo, entonces ahí hay fuego o hubo fuego. En el gobierno se dio dinero al Banco Nacional Pesquero y Portuario y se perdieron de uno y medio a tres billones y hay que resolverlo.
Pero resulta otra cuestión que también se nos hace muy sospechosa, que atrás de esto está lo más grave, compañeros y lo dijimos desde el primer día, nos están entreteniendo con el Banco Nacional Pesquero y Portuario, mientras están desintegrando toda la industria pesquera. Y eso es lo grave, ¿por qué? Porque si se desintegra la industria pesquera, que es la bandera nacional en todo el mar patrimonial, vamos en breves meses o pocos años a ver que toda la pesca en nuestro mar patrimonial será hecha por barcos extranjeros, de Estados Unidos, de Japón, de Noruega, de todos lados y nosotros nada más los veremos pasar y se acabó la industria pesquera.
Resulta que de todos los barcos atuneros, el 30% eran del Estado, digo eran; teníamos un gran poderío de barcos atuneros, centenares, centenares de barcos camaroneros y de barcos de escama. Unos están hundidos, otros están parados en los puertos, otros están usados al 10% y luego vendiendo todas las empresas. Acaban de vender, hace poco tiempo, productos pesqueros de Guaymas, la planta más importante de América Latina, la planta empacadora y productora de harina, la más importante se vendió ya. Era del Estado. ¿Y en cuánto la vendieron? Una empresa que vale más de 100 mil millones de pesos, en 22 mil millones, pero previamente le habían echado productos fiscales, parece que les dicen, dinero del gobierno para ponerla en condiciones y se gastaron 11 mil millones, la mitad, y ya que estaba en condiciones la vendieron en 22 mil.
¡Ah!, pero ¿cómo? Con 5 mil millones de anticipo y en tres pagos, uno a 10, otro a 14 y otro a 18 meses, sin intereses. ¡Bonitos negocios hacemos! Pero ahora sí, ya la tiene una empresa privada, de las de los compañeros.
Eso es lo grave. Y así están Productos Pesqueros Topolobampo, Productos Pesqueros de Madero, de Salina Cruz, de Alvarado, todos haciendo negocios con la pesca. Ahí en Alvarado cuando fuimos a Veracruz, claro, nosotros no tratamos con los banqueros ni con los directores, vamos con los que manejan las cosas que son nuestros compañeros: pescadores, capitanes de barcos, los que están en los barcos. Dicen: "mire compañero, venga, yo acabo de desembarcar, venga a ver dónde está la pesca; aquí está la pesca". El de Productos Pesqueros de Alvarado, en lugar de entregar la pesca en Alvarado, vendiéndola en un puestecito en el Puerto de Veracruz, el producto de la pesca tratando de sacar nada más la plantilla de los empleados y vamos para adelante, mientras se puede vender.
No tenemos inventarios de nuestros barcos. ¿Dónde están, cuántos son? Resulta que nos llevaron a una bodega: mire, acaban de comprar alambre de quién sabe qué, de pesca, un rollo porque no había y la bodega de Tepepan o de Productos Pesqueros Mexicanos está llena, con 500 rollos y se compraron rollos nuevos porque no había. No tenemos inventario de nada. Eso sí tenemos que investigarlo, ir a la Secretaría de Pesca, ir al Banco Nacional Pesquero y Portuario, ir con todos los que puedan informarnos qué tenemos en realidad, cuál en nuestra riqueza real, cuántos barcos sirven, cuántos barcos no sirven, dónde están los dirigentes de los barcos capaces de competir con el extranjero. No hay compañeros.
Mientras nuestros pescadores andan a tientas, los internacionales nada más con el satélite, vete para allá, allá está la planta, y entran y purrúm, se llevan toda la pesca, y los nuestros andan a ver qué nos toca. No es posible, pero aquí entretenidos en este problema.
El Partido Popular Socialista, compañeros, los llama a todos, a las fuerzas democráticas, yo he hablado hoy con muchos del Partido Revolucionario Institucional de cómo ven el problema, están interesados que se resuelva, interesados; tienen que encontrarse caminos. Les hicimos la proposición de un punto de acuerdo en el dictamen, que la Cámara de Diputados considera, es lo más que podemos hacer, consideramos que el Ejecutivo debe intervenir, debe intervenir.
Y sabemos bien que la fuerza del propio Partido Revolucionario Institucional, de sus elementos democráticos, puede hacer que intervenga, y sí los hay.
Hemos dicho aquí muchas veces que sí los hay, por esa razón, compañeros diputados, yo pido a la secretaría, ya para concluir, sea tan amable de dar lectura a nuestra proposición. No queremos, ahí lo decimos, que se interrumpa el debate; que siga, pero antes de tomar la votación les pedimos que se tome en cuenta nuestra propuesta.
El Presidente: - Lea la propuesta la secretaría.
La secretaria Hilda Anderson Nevárez de Rojas: - Con todo gusto.
"En virtud de todos estos nuevos elementos de juicio que no conocíamos cuando se integró la comisión investigadora, cuyas conclusiones hoy se informan a este pleno, pero con la convicción de que todos los diputados democráticos tenemos el más elevado interés de preservar y cuidar el patrimonio de la nación; así como para que el pueblo mexicano quede plenamente informado, me permito proponer las siguientes conclusiones:
Primero. No aceptar el informe de la Comisión Especial Investigadora sobre el caso del Banco Nacional Pesquero y Portuario.
Segundo. Que se convoque a los coordinadores de las fracciones parlamentarias para que integren una nueva comisión que con base en los múltiples antecedentes similares como lo es el caso de la comisión para esclarecer lo relativo al incendio del Palacio Legislativo, en coordinación con las dependencias competentes del Ejecutivo Federal, realicen todas las investigaciones y averiguaciones necesarias, que esclarezcan a plenitud los hechos que llevaron a la quiebra del Banco Nacional Pesquero y Portuario.
Para el efecto de que esta proposición no interrumpa el presente debate, solicito que en el momento en que la asamblea lo considere pertinente, pero antes de que se tome la votación, se le dé el trámite que establece el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión".
El diputado Francisco Ortíz Mendoza: - Esa es nuestra propuesta y muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Para continuar la discusión, hace uso de la palabra el ciudadano diputado Alberto Pérez Fontecha, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
En turno los ciudadanos diputados Carlos Vega Memije y Armando Duarte Móller.
El diputado Alberto Pérez Fontecha: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados: Sentimos que es necesario hacer algunas observaciones a la contestación que vino a dar a algunos diputados que lo habían antecedido en el uso de la palabra, el diputado Cantú Cerna.
Decía el diputado Cantú Cerna, que cuando hablamos algunos diputados de créditos sin garantía, los diputados nunca presentaron pruebas. La realidad es que ya se ha demostrado que se presentaron muchas de las denuncias a través de la secretaría de esta Cámara.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, desde la pasada sesión, solicitó se ampliara el plazo de esta comisión, precisamente porque estábamos por recibir documentación que efectivamente iba a demostrar el dicho del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Atendiendo las indicaciones del señor Presidente, le vamos a pedir a la secretaría de esta Cámara, que por favor lea la documentación y de esta relación del Banco Nacional Pesquero y Portuario, sucursal Tepic, Nayarit, las garantías y los montos de las operaciones celebradas.
El Presidente: - Proceda, señor secretario.
El secretario diputado Salvador Sánchez Vázquez: - Cooperativa Única de Pescadores Adolfo López Mateos; importe del crédito total 823.4 millones, descripción de garantías, bienes adquiridos con el importe del crédito y los frutos producto que obtengan de su producción pesquera.
Cooperativas de Altamar; algunas cantidades aquí de un crédito refaccionario, total 37.8, en la descripción de garantías, dice aquí, ninguna.
De la Cooperativa Isla Isabel, S.C.L., tipo de crédito simple, total 170.1 millones, valor de garantía, dice aquí, 416.7 y descripción de garantías B - M Vanguardia y Aliot.
Financiero, Reyna Real Sánchez, crédito quirografario por un total de 210 mil 405 millones, descripción de garantías, dice aquí, no tiene.
El Presidente: - A la secretaría. ¿Quién suscribe o quién respalda esa documentación de que se está dando cuenta y de qué fecha son?
El secretario diputado Salvador Sánchez Vázquez: - En esta copia que tengo a la vista dice: Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito, es una copia fotostática.
El Presidente: - ¿Tiene fecha?
El secretario diputado Salvador Sánchez Vázquez: - Después dice Tepic, Nayarit, dice: responsabilidades y acreditados y garantías de la sucursal Tepic, Nayarit, a 31 de mayo de 1988,
esto es en la hoja carátula. ¿Algún otro dato, señor Presidente?
El Presidente: - No, ya no, Prosiga el orador.
El diputado Alberto Pérez Fontecha: - Yo quisiera nada más para obviar un poquito el tiempo, que el señor secretario diera fe de cuántas hojas estamos presentando y cuántos créditos no tiene, es decir, si la mayoría tiene garantía o no tiene garantía, para no aburrirlos a ustedes.
El Presidente: - Verifique la secretaría lo que se le demanda.
El secretario diputado Salvador Sánchez Vázquez: - Aquí encuentro algunas hojas que no tienen qué ver con la sucursal Tepic.
El diputado Alberto Pérez Fontecha: - Pero es de Los Mochis.
El secretario diputado Salvador Sánchez Vázquez: - Y entre todas estas hojas hay otras...
El Presidente: - Haga usted una descripción muy sucinta.
El secretario diputado Salvador Sánchez Vázquez: - Hay otras de la sucursal Mazatlán; algunas que no tiene en referencia a qué sucursal bancaria se refieren; de éstas, cuatro...
(Desorden.)
El Presidente: - ¡Por favor!
El secretario diputado Salvador Sánchez Vázquez: - Hay algunas en las que están establecidas garantías y efectivamente hay otras en las que no están establecidas garantías, según estos documentos.
El Presidente: - Gracias a la secretaría.
Hay una interpelación, diputado Pérez Fontecha.
El diputado Alberto Pérez Fontecha: - Yo quisiera terminar, porque ya parece una táctica para que se nos agote el tiempo.
El Presidente: - Va a concluir y después la interpelación.
El diputado Alberto Pérez Fontecha: - Para agilizar esta situación, compañeros, no es posible que existan créditos del total de 4 mil 139 millones, en donde se da como garantía y dice textualmente: "en poder del abogado. Crédito irrecuperable".
Hay créditos con promesa; la descripción de la garantía dice: "promesa de hipoteca naval sobre equis número de embarcaciones". Promesa.
Un crédito a nombre de Anacleto Alvarado Guardado, coincide el apellido Guardado, donde otorga como garantía una finca urbana de su propiedad, ubicada en Zacatecas, sin domicilio, sin municipio, sin población.
Otro crédito a Yolanda Huerta Esparza, en donde se deja como garantía artículos varios del hogar y oficina.
Por eso pedíamos, compañeros diputados, que tuviéramos un poco más de plazo, para que esta documentación que hoy recibimos se le pudiera entregar precisamente a la Comisión Nacional Bancaria y fuera ella la que determinara la validez tanto de la prueba, como de la situación en la que se encuentran estas garantías.
Sentimos que está de por medio precisamente el Poder Legislativo, e independientemente de que consideremos o no consideremos si tenemos o no tenemos facultades, precisamente lo que señalaba el compañero diputado del Partido Popular Socialista en cuanto a la validez que tiene nuestra credencial como diputados federales, no nos extrañemos a qué se debe. Se le ha perdido el respeto al Poder Legislativo, porque nosotros nos hemos perdido el respeto entre nosotros mismos; no hemos sabido responder a la confianza que el pueblo nos entregó, para al menos haciendo a un lado las ideologías y los partidos políticos, en casos como éste, que son de interés nacional, en donde se ha abusado del dinero del pueblo de México, responsablemente los diputados presentaremos un informe que al menos satisfaciera, precisamente, lo que el pueblo ya sabe.
Mucho se ha dicho sobre la iniciativa de decreto que presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados para que se abrogara la Ley Orgánica del Banco Nacional Pesquero y Portuario. Tampoco debe escapar a nuestra memoria y si así es, ahí están los Diarios de Debates, que el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, por mi conducto, propuso se adicionara a la iniciativa de decreto de disolución, que se puso a discusión el 28 de diciembre, un artículo 4o. que a la letra decía: "Las autoridades correspondientes efectuarán auditoría para determinar si existe alguna responsabilidad".
Esa propuesta fue desechada por los diputados del Partido Revolucionario Institucional, sin siquiera medir los alcances de la propuesta que estábamos presentando y que creemos que ahora deben de arrepentirse.
La negativa y la cerrazón provocó que se constituyera una comisión investigadora, que para unos tiene facultades y para otros no, pero que al final vendría a darle la razón a la propuesta presentada por mi partido el 28 de diciembre pasado.
¡Qué lástima, compañeros diputados, del tiempo que se ha desperdiciado!
Primero para lograr que se autorizara esta comisión de investigación, después para analizar y discutir y al final para concluir en nada, esto es verdaderamente lo desesperante, hoy nuestra participación no es para demostrar totalmente la serie de anomalías que para el grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana cometió la administración del Banco Nacional Pesquero y Portuario, las pruebas las hemos presentado, los nombres los hemos dado, las faltas de garantía a los créditos se han comprobado y la conclusión que hoy se nos presenta la denunciamos con toda anticipación, existía la consigna de que pasara lo que pasara el asunto del Banco Nacional Pesquero y Portuario se debía ocultar.
¡Qué triste, compañeros diputados, que esto acontezca en nuestro país! Cuando en otros países se están produciendo cambios verdaderamente democráticos, en donde la voz de los representantes populares y del pueblo están derribando muros y creando conciencias.
El día de hoy no podemos pasar por alto la falta de respeto al Poder Legislativo por funcionarios menores, que investidos de prepotencia y ungidos de protección gubernamental, se burlan de los diputados federales aduciendo falta de competencia en una comisión investigadora y que incurre con todo cinismo en el secreto bancario.
El día de ayer, compañeros diputados, fuimos citados por el compañero diputado Cantú Cerna a una reunión de la comisión investigadora, el objeto del citatorio fue para entregarnos el informe que ustedes acaban de oír y dicho informe se nos entregó a las siete de la noche, solicitándonos que si había algún comentario al respecto, se le pidió al señor diputado Cantú Cerna nos diera al menos la oportunidad de leer el documento que se nos entregaba sin menospreciar la ardua labor que significaba su elaboración. A tres minutos de habernos entregado un documento que consta de 78 páginas, el compañero diputado Cantú, muy displicente, pidió votación sobre el mismo. Esto, compañeros diputados, no tan sólo es ofensivo, sino que agrede además los programas de la Secretaría de Educación Pública, por no prepararnos para que podamos leer en tres minutos 78 páginas; posiblemente los programas de Harvard sean más efectivos, pero no tuvimos la oportunidad de pertenecer a su partido y tener la posibilidad económica de que nos enviaran a estudiar al extranjero.
Ante la insistencia de que tenía que aprobarse el informe que ustedes han escuchado y ante la desventaja de los que hicieron el documento, logramos detectar que en varias de las hojas se cita que se acompañan anexos y cuadros al documento, sin embargo, ya hay constancia en la comisión, dichos anexos, milagrosamente, no venían en el documento que se nos estaba entregando, por lo que solicitamos un plazo de 24 horas para revisarlos y tener la oportunidad de rectificar o ratificar nuestra posición, el plazo fue negado, no sirvieron argumentos, la consigna estaba dada y había que cumplirla; algún compañero diputado echó en cara que muchos no habíamos colaborado, pero que él conocía perfectamente bien el informe, sin embargo, cuando se le preguntó cuál era el cuadro 10 que se anexaba, poco faltó para que nos contestara que el cuadro 10 es el que se encuentra entre el nueve y 11. Así no es posible, compañeros diputados, cambiar la forma de pensar dentro de nuestro pueblo, de que los diputados siguen siendo cómplices y no copartícipes de la problemática nacional.
Sin embargo, y fíjense cómo se maniobra, y no solamente se maniobra sino que maromean, quiero manifestarles, compañeros diputados, que la comisión investigadora se autorizó por el pleno de esta Cámara el 28 de diciembre, el acuerdo para la integración el 22 de febrero. Ojalá pudieran tener estas fechas en mente, compañeros diputados: se autoriza la creación el 28 de diciembre y se concreta el acuerdo de integración y de los asuntos a tratar hasta el 22 de febrero de 1990.
Ahora todos sabemos que en fechas posteriores al 22 de febrero, se realiza una serie de reuniones entre los integrantes de esta comisión investigadora y entre otros puntos, se acuerda que cada partido realice una serie de preguntas que serán contestadas por diversas autoridades e instituciones, es decir, este acuerdo es posterior al 22 de febrero de 1990.
En las preguntas que hace el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, a través del diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, nunca se plantea la intervención del Banco Nacional Pesquero y Portuario en el caso tan sonado de Flota Petrolera Mexicana y mi partido no hace la pregunta porque bastante había sido exhibido en Banco Nacional Pesquero y Portuario con la denuncia de los compañeros priístas del grupo petrolero.
Sin embargo, yo quisiera que observaran que en la hoja 43 del excelente trabajo de los diputados priístas, correspondiente al informe de la comisión investigadora, verán que en el punto 1.4 mencionan un comentario que el 28 de diciembre de 1989, es decir, el día que se autorizó la creación de la comisión investigadora, hiciera su servidor con relación al quebranto financiero del Banco Nacional Pesquero y Portuario; pero más aún, en el último párrafo se señala que se acompaña el anexo número cinco, que nadie se los pidió, pero además, como se dan cuenta que han roto el secreto bancario por querer defender a quien ya no tiene defensa, aparece un oficio dirigido al diputado Napoleón Cantú Cerna, firmado por el contador público Rogelio Carballo Millán, director del fideicomiso liquidador, manifestándole "que a solicitud del representante legal, no da ningún nombre, de Flota Petrolera Mexicana y en términos del 93 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, acompaña la nota informativa sobre el crédito que otorgó el Banco Nacional Pesquero y Portuario a Flota Petrolera Mexicana" y la fecha de este oficio, compañeros diputados, es de hace cuatro días, es decir, del 20 de abril del presente año.
¿Es posible, compañeros diputados, que esté tan preocupado el representante legal de Flota Petrolera Mexicana, que no sabemos quién es, sobre el comentario que hice hace cinco meses?
No quiero pasar la oportunidad para comentarles que el día de ayer quedó debidamente fundamentado con un alto funcionario de Hacienda, que le consultamos si el solicitar a la Comisión Nacional Bancaria que nos informara sobre el sustento legal que utilizó para autorizar se dieran de baja cuentas incobrables era secreto bancario. Este alto funcionario nos contestó que esto no es secreto bancario. Es el doctor Pedro Aspe, que creo que hasta ahora sigue siendo Secretario de Hacienda.
Las contestaciones a las preguntas que hicieron los partidos, también ha quedado demostrado en la pasada sesión y en ésta, que no quedaron debidamente contestadas y tenemos a su disposición todas las que le hicieron al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Ante este contexto general, sí queremos dejar constancia ante ustedes que el día de ayer mi partido se abstuvo de votar el informe que hoy nos presenta la comisión investigadora, no por el texto mismo que, como repito, no pudimos en tres minutos leer, sino además por la falta de los anexos a que se hace mención en el documento de referencia y que fueron entregados hoy a las 11 de la mañana en este recinto.
Sí sentimos la necesidad, compañeros diputados, de comentar al menos con ustedes, y además es la única instancia que nos dejó la comisión investigadora ante la posición de que: "éste es el documento y ustedes hagan lo que quieran", así nos respondió ayer el presidente de esta comisión. Decíamos que sentimos la necesidad de comentar con ustedes algunas de las conclusiones, porque éstas resultan verdaderamente ofensivas a la misma dignidad humana.
Quisiéramos dejar establecido que el artículo 93 constitucional es muy claro y establece que deberemos informar al Poder Ejecutivo o, mejor dicho, hacer del conocimiento del Ejecutivo los resultados de las investigaciones y no tratar de justificar una serie de incongruencias que además sólo nos exhiben ante otro poder de la Unión.
Razonaríamos con ustedes, compañeros diputados, ¿qué tiene que ver la problemática de la institución Banco Nacional Pesquero y Portuario y sus resultados operativos y financieros, con el origen y los antecedentes históricos del banco?, ¿qué no sabrá el Ejecutivo Federal que el Banco Nacional Pesquero y Portuario tiene su primer antecedente en el Fondo de Fomento Industrial, cuya constitución data del 30 de diciembre de 1935? Cómo es posible, compañeros diputados, que en el inciso b, se señale que la operación del banco fue estudiada con amplitud, tanto en lo que respecta a sus principales indicadores financieros, como su canalización de recursos, la situación de la cartera, cuando se nos ha contestado que estos indicadores son secreto bancario, nunca se señaló cuál era la cartera ni su situación, ni mucho menos cómo se integra. Entonces, ¿Cómo es posible haber estudiado con amplitud estos indicadores?
Es ofensivo, compañeros diputados, señalar en el inciso c, que el diferencial creciente entre los intereses cobrados y los intereses pagados explican un 96.9% la pérdida sufrida de 1987 a 1989, cuando en la hoja 24, y véanla ustedes compañeros, cita que la diferencia por este concepto, como muestra en el cuadro número 10, explica que fue del 86.8%. ¿Por fin, compañeros, es del 96.9% o del 86.8%? Uno lo señala la hoja 75 y el otro lo señala la hoja 24. ¿Qué será tanta nuestra inflación para que en el paso de 50 ó 51 hojas se alteren estos porcentajes?
El inciso d, es maravilloso, dice que ante las situaciones advertidas y el constante deterioro de las finanzas del banco, las pasadas administraciones federales determinaron una serie de medidas correctivas, operativas y financieras que no lograron con ello superar el problema.
¡Por favor, compañeros que elaboraron el informe!, ¿cuándo conocieron de la administración
anterior estas medidas y además no funcionaron?, ¿o será que este inciso se los dictó algún ex subsecretario, compañero nuestro ahora, o ya resultó que Merlín, el mago Merlín ahora es un niño de pecho junto a ustedes?
El punto tres lo dejaríamos de tarea porque ya nos pasaron la tarjeta roja.
El punto siete hace una recomendación a la Cámara de Diputados para legislar en materia de facultades investigatorias, ya que en la actualidad se carece de ellas, para que facilitara los trabajos de futuras comisiones, lamentablemente el comentario, porque éste corresponde al Poder Legislativo y no al Ejecutivo, y si no hay facultades para investigar no se pudieron llegar a estas conclusiones.
El punto seis también es una recomendación al Poder Legislativo, no al Ejecutivo, porque señala que en el torno a las modificaciones en materia de secreto bancario, la comisión no se pronuncia ni a favor ni en contra, todo lo contrario; pero se enredaron tanto que para hacer este informe histórico, social y político, que los traicionó el subconsciente, en el inciso b, del punto cuatro dice y lo leo textualmente: "esta comisión sugiere al titular del Poder Ejecutivo practicar las auditorías e investigaciones conducentes dentro de las facultades de control y supervisión conferidas a la Comisión Nacional Bancaria, para que en caso de ser procedentes se consignen las conductas irregulares detectadas", aquí, compañeros diputados, es este texto que lo tienen ustedes en su poder, está encerrado el meollo del asunto y quedarían muchas preguntas que deberían de contestarnos.
¿Por qué se señala que se consignen, de ser procedentes, las conductas irregulares detectadas?, ¿cuáles fueron las conductas irregulares detectadas?, ¿quién las detectó y en qué consisten?, ¿qué se trata de encubrir, compañeros diputados, cuando se menciona esto en el texto del informe puesto a nuestra consideración en las conclusiones y no se señala cuáles fueron las conductas irregulares detectadas por la comisión?
Para terminar, compañeros diputados, y para el grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, queda claro que efectivamente tendría razón la comisión en este punto que señala y que debería ser el único que se le comunicara al Ejecutivo Federal, en el sentido de que la comisión investigadora concluye en la existencia de conductas irregulares que deberán ser investigadas a partir de prácticas de auditorías efectuadas por la autoridad competente que fincará las responsabilidades resultantes. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - En el uso de la palabra, por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el ciudadano diputado Carlos Vega Memije; están en turno los señores diputados Armando Duarte Móller y Jaime Enríquez Félix.
El diputado Carlos Javier Vega Memije: - Ciudadano Presidente; honorable asamblea: Como integrante de la Comisión Especial Investigadora del Banco Nacional Pesquero y Portuario que por acuerdo de este pleno investigó de conformidad con la denuncia presentada, como se ha reiterado aquí, el 28 de diciembre del año pasado y que se constituyó el 22 de febrero por el acuerdo de los diversos coordinadores de las fracciones parlamentarias, paso a hacer mención y dar a conocer a ustedes lo que sucedió tanto en los plenos de la comisión como en los diversos grupos o subgrupos de trabajo que se implementaron para llevar adelante esta encomienda del pleno.
El diputado del Partido Popular Socialista, don Francisco Ortíz Mendoza, después de señalar que estamos ante un debate histórico, que lo creemos cierto, con base a una comisión que se crea para investigar por primera vez alguna dependencia del Ejecutivo y con fundamento en el artículo 93 constitucional y menciona sus dos reformas de 1934 y de 1977, para referirnos al tema que nos ocupa, señaló que él quisiera saber en dónde quedó el dinero del pueblo que el Banco Nacional Pesquero y Portuario tuvo que manejar y que él no siente que quedó claro en este manejo.
Yo quiero recordarle al señor ingeniero, que por otra parte siempre estuvo muy preciso en sus intervenciones tanto en el seno de esa comisión plenaria como en el subgrupo de trabajo y efectivamente se pronunció como lo expresó aquí, sólo que allá dio la razón e incluso agradeció a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda por las respuestas que, con base en el derecho, le estaban aclarando las dudas que tenía y paso eso, ahí están las versiones, ahí está, afortunadamente todo fue grabado.
La comisión, y aquí quisiera rápidamente referir que no es nuevo, y ustedes ciudadanos diputados ya lo conocen, lo vivimos hoy en la mañana nuevamente, no sé cuántas veces lo tendremos que padecer aún más, se expresó aquí que una gran parte del tiempo se nos fue en ver cuáles iban a ser los métodos de procedimiento; pero ustedes conocen cuáles son esas tácticas, cómo se trata de evitar que entremos, porque si pretendemos dar una respuesta y resolver, se nos tacha de cuál es el interés, por qué tenemos predeterminada una fecha; si no lo hacemos, porque no existe interés.
Por eso, quiero señalar que en la comisión, con base en ese acuerdo de los coordinadores,
atendimos y nos ajustamos a la materia, al procedimiento y a los alcances que se determinaron en el acuerdo y para esto tuvimos también como soporte el artículo 52 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que en la parte conducente ustedes conocen y señala que las comisiones de investigación conocerán específicamente de los hechos que haya sido motivo de su integración, pero además, también en el artículo 63 de ese mismo ordenamiento: las reuniones de las comisiones investigadoras se atendrán a las disposiciones reglamentarias relativas. Y todavía más, en el artículo 89 del reglamento que rige el Gobierno Interior de este Congreso y que ustedes conocen también y que refiere: las comisiones podrán pedir información que estimen conveniente, siempre que el asunto que se refiera no sea de aquéllos que deben conservarse en secreto.
Decía el representante del Popular Socialista, no conoció, no le queda claro a dónde se fueron los destinos de este capital que debió manejar el Banco Nacional Pesquero y Portuario y habló de la pérdida de 1.5 billones. Yo quiero precisar que esta institución, en primer lugar, como todos conocimos y analizamos en la comisión, es una institución de banca de desarrollo, es decir, es un organismo que está dedicado a promover, a fomentar, ya se señaló aquí, tanto el desarrollo pesquero, portuario y que precisamente una de las razones que analizamos en el seno de la comisión es, de estas cantidades, cuál fue el gasto y por qué se llegó a esta situación que se denominó quiebra técnica.
Y revisamos los tres factores fundamentales, y aquí le contestamos al Partido Popular Socialista: ese manejo, en virtud de los intereses al ser banca de desarrollo, que presta a un interés muy blando pero le cobran como banca de desarrollo con una tasa que rige al mercado, resiente graves problemas la institución. En este sentido simplemente como ya se apunta en el informe, va alrededor del 83% del déficit que tiene esta institución; pero además aparece también aquí el otro punto que se refiere al castigo y quebranto que sufre la cartera. En este punto equivale al 10.3% o sea un poco más allá de 150 mil millones de pesos. Y además el tercer factor son los gastos de operación, pero simplemente los dos primeros rubros nos dan cerca del 96.9% del déficit que ha sufrido el Banco Nacional Pesquero y Portuario en los tres últimos años de su operación.
Esto es lo que analizamos en la comisión, esto es, después de ver lo que los diversos diputados señalaron en la sesión del día 28, de las preguntas que cada uno de los partidos quiso formular a las instituciones, porque ése fue el sistema de trabajo, después de sobrepasar muchas trabas para poder entrar de lleno en la materia, se acordó hacer ese tipo de preguntas por cada una de estas fracciones parlamentarias para ver qué es lo que les interesaba. Es decir, ir delimitando el campo de acción y así el Revolucionario Institucional presentó 22 preguntas; el de la Revolución Democrática nueve, el Frente Cardenista cuatro y el del Auténtico de la Revolución 17.
Allí, entre esas respuestas, está lo que acabo de comentar de los tres elementos o de los tres factores, que nos dan respuesta a este primer comentario del señor ingeniero Francisco Ortíz Mendoza. El señala que siempre supo que la comisión no podía ahondar en la investigación, y lo mismo que señalo aquí nos lo refirió también en el seno de las comisiones, es decir, el Legislativo, señaló, no tiene fuerza, no es un poder.
Yo aquí, como también lo comentamos en aquella ocasión, vuelvo a reiterar con todo respeto, señores, debemos recordar que estamos en un sistema presidencialista, que no vivimos en un sistema parlamentario, que no podemos llamar aquí a los encargados de despacho y manejar, gobernar, dirigir, a través de esta Cámara. Esto es, el Legislativo, en un sistema presidencialista, en un sistema de división de poderes, en donde tenemos muy delimitadas nuestras funciones, muy demarcadas, que no quiere decir restringidas, y que no viene al caso hablar ni ahondar sobre lo qué es el sistema presidencialista sino simplemente para el caso que nos compete, de ninguna manera estamos facultados para llamar aquí a quien se nos antoje, sin ton ni son, como si fuéramos un sistema parlamentario y que queramos dirigir los destinos del país desde esta Cámara.
El Presidente: - Concluya usted, diputado.
El diputado Carlos Javier Vega Memije: - Señaló también que pidió una información y el caso específico de la bitácora del avión y que no le fue señalado. Aquí también debemos de insistir, fue muy preciso y por eso comenté los artículos que soportan la actuación de esta comisión, los artículos de la Ley Orgánica y del reglamento, donde nos están señalando que debemos ser precisos en la materia en que se nos encomienda.
Y para ello no quiere decir que en las diversas fracciones parlamentarias no tienen a dónde acudir. Hay instancias, está, por ejemplo, la propia Secretaría de la Contraloría General de la Federación que le puede dar una respuesta, está la propia Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, donde puede acudir a ver estos
datos. Es decir, no podemos ir y salirnos del tema que es origen de esta comisión para atender otras cosas desconociendo, insisto, el sistema presidencialista en el que vivimos.
No podemos obligar al Ejecutivo, es cierto. Vuelvo a insistir, están muy delimitadas nuestras funciones y es un sistema presidencial el que nos rige. A propósito sería ver qué otras naciones están buscando o ya llegaron también a este sistema con algunos matices presidenciales que estamos aquí comentando.
Quisiera repetir, nada más, rápidamente, a lo que dijo el representante del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y le diría que él mismo lo señala, está pidiendo las garantías en un préstamo quirografario. Por favor, diputado, precisamente en un préstamo quirografario, es la firma la que está dando esas garantías.
Volver a repetir, en esas sesiones de trabajo se les insistió repetidamente, ustedes en tribuna señalaron: aquí tenemos las pruebas, aquí están los elementos; como ahora se están señalando; sin embargo, como usted ha dicho aquí, pasaron más de 50 ó 50 y tantos días y nunca hubo ese documento que avalara lo que han estado repite y repite. Por eso no es nuevo, conocemos cuales son esas tácticas de alguna posición, no de todas, para estar reparando en ello.
A ellos mismos, al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, le comentamos, dicen que tienen elementos, tienen la vía, no necesitamos decirlo para que procedan ante las autoridades competentes. Hay aquí una autoridad, lo marca el artículo 21 de la Constitución que da la exclusividad de la función persecutoria, de la función investigadora, éste es el ministerio público y no la Cámara de Diputados.
Si existen esos elementos, por eso los señalamos en el informe que damos; están todas las fracciones, todos los diputados libres para hacer y proceder conforme a derecho proceda, sin ninguna limitación.
Ha dicho que presentaron pruebas y que dieron nombres. Esto es totalmente falso. Quienes estuvimos en la comisión sabemos que en las dos o tres últimas reuniones las oposiciones, en este caso el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, al que me estoy refiriendo, abandonó la sesión y no se quedó a la conclusión, ni supo cuáles son esos acuerdos que ahora viene a impugnar y que aquí falsamente señalan que presentaron pruebas, que presentaron nombres.
Nuevamente, antes de salirse, como es costumbre, pidieron un plazo de 24 horas nada más para leer, decían ellos, y ahora nos dicen que no se les atendió y yo pregunto, ¿quién es el que presenta estas tácticas dilatorias que ahora nos presentan aquí una documentación y que señalan también que acaba de llegar?, ¿con base en qué, con sustento en qué?
También se nos refiere que por qué ahora nosotros estamos violando el secreto bancario, porque aportamos pruebas que nadie nos pidió, y yo le comento, señor diputado, la comisión, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, los que estuvimos trabajando, y en ocasiones también asistiendo algunos representantes de la oposición, sí investigamos. Aquí está nada más alguna de las muestras de los tantos documentos que dan más de 10 mil páginas, y pedimos las pruebas, y cuando hubo autorización de quienes podrían legalmente darla, como es el caso que él menciona de los bancos pesqueros y al que se refirió el diputado del Partido de la Revolución Democrática, en cuanto al caso de los familiares del Secretario del Trabajo, también, todo esto se investigó; la comisión pidió, solicitó; no tenemos la culpa de que hayan abandonado su responsabilidad y no se hayan dado cuenta de cómo este grupo de trabajo trató de cumplir lo que el pleno de la asamblea les encomendó.
No hay ruptura de secreto bancario, hay autorización expresa, y el artículo 93 de esa Ley Reglamentaria del Servicio Público de la Banca y Crédito, ustedes saben, los abogados, los conocedores del derecho saben que está autorizado, no solamente para la autoridad judicial, sino para la propia Comisión Nacional Bancaria, o bien para ese propio interesado cuando él pueda darlo.
Señalaron, finalmente, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que iba a hacer repreguntas; se pidieron que quedaran por escrito para que las palabras no las volara el tiempo. Nunca presentaron esas repreguntas que iban a hacer; señalaron que no fue suficiente la respuesta que dieron las autoridades; sin embargo, tampoco hicieron esas preguntas para ir dando claridad a las respuestas que decían no estaban claras.
Tampoco quisieron estar presentes ante la comparecencia de veintitantos funcionarios de la Secretaría de Hacienda, hubo que ser el Partido Revolucionario Institucional, con dos representantes, o con representantes de otras dos fracciones parlamentarias, los que desahogaran este tipo de repreguntas y pudieran aclararle a la comisión, por ello es que esta comisión da a conocer este informe.
Y finalmente, nos referimos a lo último que expresó el diputado Pérez Fontecha, donde dice
que cuáles son esas irregularidades que detectó la comisión, y que entonces sí la hay. Nosotros le expresamos que lea bien ese dictamen, porque ahí se señala que estamos recomendando que se hagan auditorías, y si de esas auditorías hay alguna irregularidad, que procedan como legalmente corresponde, que están en su derecho. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Está solicitando la palabra para rectificación de hechos, y procede, el señor diputado Francisco Ortíz Mendoza, del Partido Popular Socialista.
El diputado Francisco Ortíz Mendoza: - Señor Presidente; honorable asamblea: Realmente no debería volver a intervenir, pero, porque el llamamiento que hicimos, se lo hicimos a las fuerzas democráticas y es evidente que el que me precedió en el uso de la palabra, no pertenece a esas fuerzas, porque las fuerzas democráticas no acostumbran ni calumniar ni deformar los hechos. (Aplausos.)
Dice que yo les agradecí a los representantes de Hacienda la Información que nos dieron. Yo le pido que si tiene los documentos en la mano, los lea y recuerde cuándo fue la audiencia.
Fue una audiencia que yo reprobé, porque dijo: por lo menos yo no pedí que vinieran estos señores y según me enteré, ni los del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, ni los del Partido Acción Nacional, ni ningún partido pidió que fueran. Pero yo les dije: ya que están aquí, los hubiera querido mejor tener como asesores, no como funcionarios, porque lo que nos digan, pues se los tenemos que creer. Entonces yo les pido que sean tan amables de ilustrarme en algo que yo ignoro, que es el secreto bancario. Y me hablaron más de media hora y se los agradezco mucho y públicamente lo reitero; cuando terminaron su cortesía de informarme sobre lo que era el secreto bancario, yo con mucho gusto les agradecí su información. Y se los dije: me hubiera gustado que hubieran sido como asesores.
Todavía más, si usted lo recuerda y si lee el acta, les dije: y qué opinarían ustedes de lo siguiente: según su información, el secreto bancario data de 1894, cuando el capitalismo estaba en pleno crecimiento, cuando el imperialismo empezaba a desarrollarse y era necesario proteger a los que ahorraban, porque era el negocio de los banqueros, mientras más ahorren, más dinero tengo y más negocio hago yo y entonces no los denuncio, aunque sea dinero mal habido. Y con eso, el secreto bancario se impuso.
Y estuve de acuerdo, pero les pregunté, nada más que ahora... ¡ah! y ustedes establecieron, los banqueros, que sólo se rompía el secreto si lo autorizaba el de la cuenta o si lo ordenaba un juez o por problemas fiscales, Hacienda lo demandaba.
Bueno, pero aquí es otro caso, el de la lana es el gobierno, el pueblo y los representantes del pueblo somos nosotros. Entonces nosotros somos los del dinero, podemos pedir autorización, porque cuando se estableció el secreto, no había la Banca de Desarrollo no había el dinero del Estado para que se pudiera impulsar el desarrollo.
Todo eso les pregunté y no tengo empacho en reconocerles lo que me informaron, pero de eso, por favor. No actúe usted de mala fe, haciendo suponer que yo agradezco toda la información que nos mandaron por escrito. ¡Jamás! Fue la información que me dieron personal y reitero mi reconocimiento.
Uno de ellos había sido diputado conmigo en la LII Legislatura y contestó con mucha cortesía y se lo agradecí.
Yo le pregunto a usted, aunque no se valga la interpelación de aquí para allá: ¿es cierto o no es cierto?
El diputado Carlos Javier Vega Memije (desde su curul): - Sí, es cierto.
El diputado Francisco Ortíz Mendoza: - ¡Ah! entonces por qué nos quiere deformar los hechos. Esa es la primera cuestión. (Aplausos.)
La segunda, que yo pongo en duda, que cómo se manejó el dinero etcétera, pues no yo, millones de mexicanos lo tienen en duda, yo simplemente de lo que se planteó ahí deduzco, la banca nacional de desarrollo es para desarrollar las fuerzas productivas, pero se ponen para los que no tienen recursos o modo de participar con la banca privada y toda la banca de desarrollo surgió cuando la banca era privada, y los ejidatarios, los pescadores, los pequeños agricultores no tenían forma de pedir dinero, entonces se creó la banca de desarrollo para impulsar las fuerzas productivas, en parte a los pequeños propietarios y en parte a los grupos de carácter social en los que yo no creo mucho ni el Partido Popular Socialista, pero de todas maneras, así surgieron.
En el informe, en la página 20 parece, mis compañeros tienen los datos con precisión, dice que los préstamos quirografarios, parece que así les llaman, quirografarios, fueron el 6%, no debió haber sido ni 1%, porque cómo el dinero del Estado se presta sin garantías, ahí dice que el 6%, pero los informes del banco dicen que el 42% eran quirografarios, ¿eso es correcto?, ahora hay que
ver a quién le prestaron, es lo que quisiéramos pero no lo van a decir, ¿a quién le prestaron ese dinero que no era de ellos?, que presten de su bolsa sin garantías, ¿Pero por qué dinero del pueblo y por qué para préstamos que no sabemos?, y de ahí dice, ahí en sus informes, que el 52% fue para el sector privado, ¿eso es Banca Nacional de Desarrollo, es el dinero del pueblo para impulsar al sector privado?, y el 25% de esos son los que están en la carta ésa donde están todos los que deben, no me acuerdo cómo se llama, esa cartera vencida, eran puros privados esos préstamos.
Yo le pregunto a usted como representante del pueblo: ¿qué no sería bueno que nos informaran para poder estar contentos?, yo no estoy contento de que una enorme cantidad de millones de pesos se los presten no sabemos a quien, no sabemos para qué y sin ninguna garantía, usted está convencido de que estuvo bien, yo no, y como no estoy convencido por eso demandamos que el Ejecutivo investigue y no estamos pidiendo más.
Entonces, el otro problema, de que los préstamos que están haciendo y todo este dinero que se gastó realmente está oculto, no está a la luz, y si el Ejecutivo quiere actuar con limpieza con el pueblo, que lo ponga en claro con su poder no con el nuestro; cuando yo digo que no tenemos poder y que usted argumenta del Poder Legislativo y el equilibrio de poderes y que el respeto de los poderes, eso fue hace 200 años, como dijo el maestro Lombardo, cuando pidió la desaparición del Senado, cuando había las leyes de Newton, de frenos y contrafrenos, métodos de hace dos siglos, no están hablando de modernidad, entonces vamos a modernizar el Legislativo sin llegar a ser un régimen parlamentario, nosotros por lo pronto pedimos que desaparezca el Senado por inútil y por inoperante y pedimos una nueva Cámara con más facultades, lo pedimos con la mano tendida, no nos la dan, pues vamos a ver si la próxima, pero renuévense, no siga pensando como hace 200 años, compañero. (Aplausos.)
El Presidente: - Del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y en el uso de la palabra Armando Duarte Móller. Informo a esta asamblea que han pasado seis oradores y están enlistados 22 más.
El diputado Armando Duarte Móller: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Antes de darle lectura a la posición del Partido de Frente Cardenista en relación con este asunto, quisiera dejar constancia en el Diario de los Debates de que un servidor no firmó el informe que se presentó por parte de la comisión investigadora del Banco Nacional Pesquero y Portuario y que en el momento de dar a conocer los nombres de los diputados que lo firmaron, seguramente por equivocación se mencionó mi nombre. Quiero dejar claro que no lo firmé.
"De antecedentes conocidos por este pleno y como consecuencia de la propuesta formulada en la sesión del día 28 de diciembre del año anterior, se integró una comisión investigadora compuesta por todas las representaciones políticas a fin de examinar las causas de la quiebra técnica de esa institución bancarias, lo concerniente a la cartera vencida y el cumplimiento de las normas legales en cuanto a la disolución y liquidación de la misma.
La comisión de referencia, en términos generales adoptó el acuerdo de requerir los informes correspondientes al Banco Nacional Pesquero y Portuario, a la Comisión Nacional Bancaria, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, a la Secretaría de Pesca y a la Secretaría del Trabajo, como primer paso para contar con los elementos necesarios para cumplir su comisión y obtener los datos de responsabilidad en los posibles e inadecuados manejos de los recursos del banco.
Tal investigación quedó truncada, como se desprende del informe presentado a esta soberanía por la fracción mayoritaria de la Comisión Especial Investigadora, ante la imposibilidad legal de conocer información que resulta indispensable para ir al fondo de las causas que provocan la llamada quiebra técnica del Banco Nacional Pesquero y Portuario.
El Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional rechaza el informe de la Comisión Especial Investigadora, por las siguientes
CONSIDERACIONES
I. Se ha infringido por la comisión el acuerdo del pleno de la Cámara, porque en el mismo se ordenó investigar las causas de la quiebra técnica del Banco Nacional Pesquero y Portuario, emitiéndose un dictamen sobre el fondo de la cuestión denunciada, las causas de esa quiebra y sus consecuencias, tomando en cuenta la cartera vencida y la observancia de las formalidades legales para llegar a la declaración.
Lo que significa que independientemente de que se disponga o no de competencia para adoptar decisiones en torno a este asunto...
El Presidente: - Hay una moción de orden que es absolutamente procedente. Convoco a la asamblea a guardar compostura.
Continúe, diputado Duarte Móller.
El diputado Armando Duarte Móller: - Gracias, señor Presidente: Lo que significa que independientemente de que se disponga o no de competencia para adoptar decisiones en torno a este asunto, debió presentarse el dictamen, ajustándose a los puntos del acuerdo parlamentario y no soslayando, como se ha hecho, invocándose la competencia o carencia de facultades para conocer y decidir este problema.
Se ha escudado la mayoría de los componentes de esa comisión, en el aspecto formal para no ir al fondo de la cuestión, con lo que se ha hecho una defensa tácita de los responsables de la quiebra, entrando propiamente en colusión con los responsables de la quiebra, por razones de afinidad política, entre otras, lo que constituye propiamente un acto de traición al pueblo, parte de cuyos recursos han ido a parar a las cuentas privadas de algunas administraciones del banco fallido. Aun cuando se dispuso de los balances de resultados que reflejan el estado financiero, no fue posible disponer de la voluminosa documentación que los respalda, para que esta Cámara hubiese tenido noticias más o menos exactas de las causas de la quiebra. Sin embargo, con base en las denuncias que se hicieron del dominio público, es posible colegir algunas causas del fracaso financiero de ese banco.
a) administraciones negligentes, como en el caso del hundimiento o pérdida total o parcial de 14 embarcaciones atuneras en el Puerto de Ensenada, en enero de 1988, a causa de que las medidas de seguridad que de acuerdo con el testimonio de quienes pudieron observarlo, eran totalmente insuficientes. Medidas que el Banco Nacional Pesquero y Portuario debió tomar, ya que dichas embarcaciones se encontraban bajo su custodia.
b) Inobservancia de las reglas mínimas para garantizar los créditos como lo demuestra el que sólo en la sucursal de Mazatlán al 31 de mayo de 1988, se otorgaron por lo menos 73 créditos sin garantías, tan solo uno de ellos por un monto de casi 80 millones de pesos. Esta es solamente una de las sucursales del Banco Nacional Pesquero y Portuario y se refiere a 73 créditos sin garantías, uno de los cuales asciende a un monto de casi 80 millones de pesos. Nos podemos dar una idea de lo que esta situación pudo haber sido en todo el país.
c) Irregularidades en el otorgamiento de los créditos, como en el caso del otorgado a los parientes de un alto funcionamiento del gobierno federal y denunciado en esta tribuna.
d) Simulaciones y colusión de funcionarios con particulares para hacer uso indebido de los recursos del banco, como en el caso de la participación del Banco Nacional Pesquero y Portuario en la compra - venta fraudulenta del barco para pesca de atún "Maranatha", que estando valuado en casi un millón de dólares, fue adquirido por una empresa particular en 50 millones de pesos, con un crédito otorgado de manera, por lo demás, expedita, por el banco para tal efecto.
Esto es solamente un caso y que de haber tenido acceso a documentación que se negó, alegando el secreto bancario, seguramente se hubieran encontrado muchos más.
Si alguien posteriormente nos reclama el no haber aportado pruebas, quisiéramos nosotros señalar que no es posible presentar pruebas que pudieran considerarse válidas, porque la información de la que disponemos a lo sumo, son fotocopias de documentos que de ninguna manera tendrían o podría alegarse que tuvieran una validez, como pruebas en relación a las cuestiones que se denuncian.
Sin embargo, precisamente la comisión investigadora tenía el encargo de allegarse de estas pruebas, las pruebas que obran en poder tanto del Banco Nacional Pesquero y Portuario, como de la Secretaría de Hacienda a través de la Comisión Nacional Bancaria para respaldar estas denuncias que aquí se hicieron públicas y que por haberse hecho por señores diputados, por lo menos por esa razón, debieron de haber sido consideradas como denuncias fundadas.
Ahora bien, no obstante la incompetencia jurisdiccional de esta Cámara, ello no impide el examen de la situación financiera de una institución social, como fue el Banco Nacional Pesquero y Portuario, porque una ley emanada del gobierno federal la constituyó y otro decreto, el abrogatorio, la hace desaparecer, porque en nuestra condición de representantes populares tenemos el deber de vigilar, de alguna manera, la aplicación correcta de los recursos de la nación y coadyuvar ante las autoridades competentes para que se aplique la ley y se resarzan los daños ocasionados con conductas, como las asumidas por funcionarios de ese banco.
Pero además, considerando que esta Cámara es un foro nacional, debe de hacer del conocimiento público situaciones tan graves como es la quiebra de referencia, aun cuando no disponga de competencia o facultad legal para proceder en contra de los presuntos responsables intelectuales y materiales que efectuaron ese saqueo al patrimonio de la nación. Por lo que puede estimarse que el acuerdo de esta Cámara tuvo un fin político más que judicial y al no cumplirse se ha incurrido en
desacato, en falta de responsabilidad y patriotismo fomentándose con ello este tipo de prácticas tan altamente nocivas para la economía del país.
Como puede advertirse, del acuerdo de la Cámara no se determinó averiguar para castigar ya que en ningún momento se dijo que se procediera en contra de quien o quienes resultan responsables, sino determinar claramente las causas de la quiebra del Banco Nacional Pesquero y Portuario, por lo que la declaración emitida por la comisión investigadora resulta absolutamente insuficiente con ese acuerdo. De ahí la procedencia de este voto de censura en contra de ese informe, cuyo obvio propósito es acallar a la opinión pública y darle carpetazo a este asunto.
La inmoralidad pública de que hacen gala algunos funcionarios que manejan recursos públicos, continúan dañando seriamente a la economía de la nación y cuando ésta se encuentra sumida en la más grave crisis de su historia, la solidaridad y la vigencia de la ley tiene que ser un hecho y no sólo una palabra para evitar el derrumbe político, así como el choque social.
II. Podemos estimar que en el presente caso no se dio la voluntad política para determinar la presunta responsabilidad de funcionarios del banco en su situación de quiebra técnica, faltó sensibilidad política a la mayoría parlamentaria, al aprobar que se integrara una comisión investigadora, cuando parece evidente que este asunto ya estaba previamente definido, pero para darle visos democráticos a la cuestión se accedió a esta propuesta.
Si hablamos de modernización, debemos actuar con mayor responsabilidad o esta Cámara tendrá crisis de credibilidad resultando un mero ornato constitucional para llevar la formalidad pero inoperante en el fondo.
III. El partido que represento se permite proponer a esta asamblea parlamentaria que se apoyen las denuncias concretas presentadas ante el ministerio público, haciendo llegar al titular de ese organismo el acuerdo en tal sentido, a fin de reforzar a tales denuncias, independientemente de que los ilícitos de fraude y peculado se persiguen de oficio e independientemente también de cualesquier excitativa que provenga de persona física o moral.
Por lo que si bien es de toda certeza el que carecemos ahora de facultades para decidir sobre la quiebra si ésta resultó fraudulenta o no, no estamos impedidos para denunciarla como hecho del que pudieran desprenderse hechos delictivos y del que hemos tenido conocimiento mediante la denuncia política presentada en esta Cámara el día 28 de diciembre del año de 1989, y teniendo competencia la Procuraduría General de la República para determinar mediante dictamen, sobre la presunta responsabilidad de los funcionarios de alto y bajo nivel del Banco Nacional Pesquero y Portuario.
De quedar impune este hecho, que no puede pasarse por alto cuando el país requiere de todos sus recursos para afrontar el estado económico - crítico que se está viviendo, nos estaremos solidarizando de alguna manera con los delincuentes nacionales de esta patria y esto, además de vergonzoso, es cobarde.
Y firman por la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista, siete diputados." (Aplausos.)
El Presidente: - Para hacer uso de la palabra el ciudadano diputado Jaime Enríquez Félix, del Grupo Independiente. En turno, del Partido Revolucionario Institucional, Ricardo Olivares, y del Partido Acción Nacional, Noé Aguilar Tinajero.
El diputado José Jaime Enríquez Félix: - Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros: Es triste que algunos de los compañeros de la mayoría, que siguiendo la lógica que hace unos momentos dejara aquí un diputado, esa mayoría en esta Cámara sólo representa la minoría en el electorado; es triste que asuman posturas de meros ventrílocuos del Ejecutivo; es triste que los hombres no se ubiquen en su historia y en su momento; es triste que cuando representan a un poder, como es el Poder Legislativo, defiendan la corrupción y los malos manejos del Ejecutivo.
El fraude del Banco Nacional Pesquero y Portuario hoy en día representa el ejemplo de lo que durante seis años quisieron vivir o mencionar como el sexenio de la moralidad, hombres de gobierno que expresaban la moral revolucionaria y que hoy nos damos cuenta de la corrupción en que el sexenio se vio vinculada.
La estimación del fraude del Banco Nacional Pesquero y Portuario es una estimación que solamente es comparable a lo que en este año se asignó en el presupuesto de egresos destinado al programa Nacional de Solidaridad Social. No es posible que unos cuantos hombres del sistema hayan usufructuado y se hayan apoderado de recursos tales que correspondan casi a la totalidad de lo que este año se destinará al Programa Nacional de Solidaridad Social, o sea, un programa de reinvindicación política del partido en el poder para lograr votos en el año siguiente.
Es absurdo que una segunda comisión constitucional que emana del pleno de la Cámara de Diputados, no tenga la fuerza que nosotros los diputados debamos de darle. De nada sirve la insistencia de la oposición, más vale el compadrazgo, la protección que la mayoría priísta quiere darle al Ejecutivo.
En encubrir el fraude compañeros, es participar en él. México vive tiempos nuevos, México vive momentos diferentes; no compartimos la tesis de los diputados del partido al que pertenezcan donde minimizan la fusión de esta Cámara. Esta Cámara es digna desde sus orígenes, sus diputados tienen la dignidad de este poder; no lo compartimos.
No se vale ironizar sobre un poder que en este momento está dando equilibrio a la nación. Por eso, compañeros, el Banco Nacional Pesquero y Portuario nos afecta a todos, afecta al pueblo de México, afecta al actual gobierno, afecta al Poder Legislativo, y en esas condiciones no podemos continuar, la oposición, planteando información y la mayoría negándola. No se vale que se oculte información con argumentos legaloides; no se vale que presenten a funcionarios menores para que a su vez esta comisión los cuestione; no se vale que se encuadre una investigación en preguntas y que a su vez tengan respuestas muy limitativas, compañeros; eso no se vale.
El tiempo de justicia y a mayor tiempo que se investiga más información surge; la opinión pública presiona, pero tampoco es posible que una mayoría minimizada en su lucha política, insista o intente cancelar una investigación que al pueblo de México le afecta y le hace falta conocer lo que en los ayeres y en los presentes ha pasado con los dineros del pueblo, existen muchos indicadores de actitudes negativas del partido del poder. Los que participamos en esta comisión investigadora desde la denuncia en esta Cámara de Diputados en diciembre se observó cómo se intentó dar carpetazo al asunto; si no, hasta que luchamos con insistencia logramos que la mayoría aceptara la creación de la comisión; después se crea la comisión y como un acto de madrúguete la mayoría intenta nombrar un coordinador y secretario; se les cuestiona, se les señala que los tiempos son diferentes, que en las comisiones se investiga, se busca la verdad y no se busca mayoritear para poder tener los controles.
Después se nos da información que se consigue entre amigos, información que poco sirve para un análisis fundamentado; después de ello se convoca a reuniones para decir la información aún no llega y casi a los 45 días se nos da información parcializada, información que muestra el interés de los funcionarios presentes de proteger a los funcionarios del pasado y muestra también una actitud de encubrimiento de los compañeros que participan en la comisión de la mayoría. Después de ello integrado el documento se hacen reuniones relámpago donde se convoca con 24 horas de premura para reunirlos, buscando generalmente el fin de semana o el inicio de semana.
Compañeros priístas: creemos que no es así como podemos responderle al pueblo de México. El interés de todos y la defensa de la soberanía y la defensa de la verdad y la responsabilidad de esta comisión es de todos. En estas condiciones, señor Presidente, queremos hacer la siguiente proposición que signan los coordinadores de las fracciones parlamentarias, que señala lo siguiente:
"Honorable asamblea: Considerando que el informe de la Comisión Especial Investigadora del Banco Nacional Pesquero y Portuario no cumple con lo acordado por los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios, en su acuerdo del 22 de febrero pasado y con fundamento en la resolución de esta honorable Cámara de Diputados del día 28 de diciembre de 1989, que dio origen a la comisión investigadora, cuyo objeto primordial es la de investigar exhaustivamente la llamada quiebra técnica del Banco Nacional Pesquero y Portuario.
Los abajo firmantes, coordinadores de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y Grupo Independiente, consideramos que no se han cubierto los alcances de dicha investigación, por lo que proponemos se amplíe el plazo para presentar los resultados de la misma por la propia comisión investigadora, toda vez que el plazo de su encargo fue acuerdo de los diferentes grupos parlamentarios representados por sus coordinadores, se realice de inmediato una reunión de los mismos, a efecto de que se estudie y se decida la posibilidad de una prórroga para que la citada comisión investigadora realice su cometido para la cual fue creada, con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentamos en este asunto, una moción suspensiva, por los grupos parlamentarios, el diputado Abel Vicencio Tovar, del Partido Acción Nacional; el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; el diputado Ignacio Castillo Mena, por el Partido de la Revolución Democrática y el diputado Enrique Rojas Bernal, del Grupo Independiente. Recinto alterno de la Cámara de Diputados a 24 de abril de 1990."
Señor Presidente, le ruego proceda al trámite correspondiente. Muchas gracias.
El Presidente: - Se instruye a la secretaría para que dé lectura al artículo 110 del reglamento, a fin de sustanciarlo.
La secretaria diputada Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: - "Artículo 110. En el caso de moción suspensiva, se leerá la proposición y sin otro requisito que oír a su autor si la quiere fundar y algún impugnador, si lo hubiere, se preguntará a la Cámara si se toma en consideración inmediatamente, en caso afirmativo, se discutirá y votará en el acto, pudiendo hablar al efecto tres individuos en pro y tres en contra; pero si la resolución de la Cámara fuese negativa, la proposición se tendrá por desechada."
El Presidente: - Como lo hizo del conocimiento de esta asamblea en otra oportunidad un presidente de la misma, se trata de trámites muy sumarios, ¿si hay algún impugnador a la propuesta de moción suspensiva?
Tiene la palabra el diputado Dionisio Pérez Jácome.
El diputado Dionisio E. Pérez Jácome: - Señor Presidente; compañeros diputados: Tal parece, utilizando una expresión común, que en absoluto intenta referirse a nuestros compañeros diputados, que la burra vuelve constantemente al trigo.
La actitud que ha tenido la oposición, la muy respetable oposición en esta comisión que nos ha tocado compartir con ella, ha sido reiteradamente de un aparente o real doble juego: nos han propuesto trabajar y en el momento que lo hemos hecho con toda acuciosidad, con toda dedicación, con el mayor de nuestros esfuerzos, han eludido el trabajo y han abandonado nuestras sesiones. Nos han reclamado también o han pretendido hacerlo, que debatamos, inclusive se ha dicho aquí en esta tribuna, en una pasada reunión de pleno que eludíamos al debate.
Apuntamos que los queríamos, en su momento, que había foros, el de la comisión y, finalmente en el que se conociera el informe en que podríamos hacerlo, y ahora que llegamos al que reglamentariamente es el foro adecuado, después de plantear, iniciar tímida o estratégicamente una actitud parecida, aceptan parcialmente el debate hasta el momento en que estiman que el debate no les conviene, que el debate está poniendo en claro que el informe está plenamente justificado.
Frente a esa actitud de doble juego, frente a esa actitud, válida quizá políticamente pero definitivamente de la que tengo muchas dudas respecto a su valor histórico, la oposición plantea como única estrategia el escándalo; las declaraciones de pasillo o las declaraciones de prensa, sustituyen las denuncias, los aportes de documentos que se nos hacen. Se nos dice que se presentan elementos de conocimientos y nunca llegan a nuestras manos; se afirma que se van a entregar a la secretaría y se entregan páginas de periódicos o páginas de revistas, muy respetables por cierto, pero que definitivamente no agregan ningún elemento de información al que podríamos requerir.
Frente a eso, el Partido Revolucionario Institucional lo afirma y por eso reitera su deseo de proseguir este debate. No queremos solapar a nadie, no estamos encubriendo a nadie y nuestro mismo...
(Desorden.)
Y nuestro mismo informe, como habrán podido confirmarlo quienes lo hayan leído o escuchado en la lectura que del mismo se hizo, propone que toda conducta con perfil delictivo, que toda denuncia que tengan elementos probatorios, sea presentada ante las autoridades y nos convertiremos, junto con nuestros compañeros de la oposición, celosos vigilantes de que la autoridad cumpla con su deber...
(Desorden.)
Pero es muy fácil en cambio el escándalo. Igual que decía con la sabiduría que siempre le reconozco y le aprecio al maestro Ortíz Mendoza, lo mismo que es fácil calumniar a un organismo simplemente porque es un organismo público, es muy fácil pretender un escándalo o aludir nuevamente a funcionarios públicos respetables, cuya conducta ha quedado plenamente considerada por las comisiones unidas de esta Cámara, por todos los elementos de información que tuvimos, como fue el caso del señor licenciado Mario Ramón Beteta, para volver a traerlo a colación, para decir: no se enterró el asunto y vive, y podemos seguir diciendo que todo aquel haber constituye un elemento de prueba en contra del Banco Nacional Pesquero y Portuario.
Lo mismo en el caso de Farell. El señor secretario don Arsenio Farell, que nos merece todo nuestro respeto y que independientemente de tener en su familia dos hijos que se han dedicado a las actividades pesqueras, no tiene absolutamente ninguna responsabilidad en este asunto, y sin embargo se maneja su nombre por el único propósito de calumniar y de hacer un escándalo, no de intentar una investigación seria y sensata de las cosas.(Aplausos.)
Pero aún así se aportan elementos, se presentan constancias, pedidas sí por ellos, para poder acreditar, renunciando al secreto bancario que les protege, que están en el caso previsto por la ley y que se ha liberado plenamente su adeudo y se afirma que gratuitamente, que con un propósito disfrazado de encubrirlos, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional presentamos esos elementos de información por la puerta falsa. Sigue el escándalo desde ese punto de vista.
Aceptamos, señores, el debate y estamos en él. Creemos que los señores denunciantes tiene todo el derecho, como parlamentarios y como ciudadanos, de formular sus denuncias; lo que no podemos admitir es que un parlamentario, de nuestro grupo o de cualquier otro grupo, crea que en nuestro derecho y al margen de la ley, puede ser a la vez ministerio público, miembro inspector de la Comisión Nacional Bancaria e inclusive juez, con la pretensión que han tenido algunos de juzgar, imagínese lo absurdo, antes de que la investigación concluya, no denunciando hechos, calificándolos, diciendo que son configurativos con los elementos misteriosos que sólo ellos poseen, de los peores delitos de esa humanidad.
Por eso estamos en contra de esta moción, porque tenemos un deber, un deber todos de opinión pública. Creamos una expectativa de atención nacional, cierto, nos interesa más que a ustedes, a los priístas, que la opinión pública tenga la información cabal y adecuada y que se concluya, por quienes tienen capacidad y competencia para hacerlo, todas las investigaciones. Se nos ha llamado mezquinos, ruines, cómplices, maniobreros, maromeros, cobardes, ventrílocuos, otra vez parece que se impone el adjetivo al concepto, parece que la pasión, como lo temía y lo dije en una reunión anterior, se ha desbordado y en ese aspecto si hubiera podido contaminarnos a nosotros, desde esta tribuna, señor Presidente, yo si pido una excusa a mis compañeros de mi partido o de otros partidos, si involuntariamente les he podido, en este caso, faltar al respeto.
Pero exijo también de ellos una actitud sensata, una actitud de comprensión y una actitud por la que escuchen. Si se explica un quebranto en función de una banca de desarrollo, en función de un subsidio, si se plantea la forma en que se cumplieron los pasos legales y si se advierte que en el caso de las denuncias o no se nos probaron o no nos compete por disposiciones bancarias, que no calificamos pero que ahí están en nuestro marco de derecho, por el secreto bancario. Y advertimos, es conveniente que la Cámara reflexione de ellos, y en ese sentido suscribimos, si no la propuesta sí la preocupación de los grupos parlamentarios que plantean, como el Partido Popular Socialista, la necesidad de reglamentar el artículo 93 constitucional, como el Partido Acción Nacional, la necesidad de analizar la validez actual del secreto bancario.
Si tenemos una actitud de apertura de esa naturaleza, es ,señores, no sólo por nuestra responsabilidad como legisladores sino por las de ustedes. Porque creemos que la opinión pública merece, más que pasión, razón, y más que sentimiento, conocimiento por el tema.
Ese es el tema, el tema que se debate, como se anunció por muchos de ustedes y es histórico. Pero no sólo por el caso del Banco Nacional Pesquero y Portuario, no sólo por uno de los bancos de desarrollo que puede, como en todos los países del mundo, tener quebrantos. Los americanos se preocupaban mucho hace dos años de que el sistema savings and loans de los bancos de crédito y ahorro, tenían un quebranto, no de mil millones de dólares, como pudiera en este caso ser eventualmente el del Banco Nacional Pesquero y Portuario de 236 mil millones de dólares...
El Presidente: - Permítame, diputado. Me están haciendo señas de la bancada del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quiero decirles que el orador aún está en tiempo. Habíamos quedado que para sustanciar todo lo relativo al Banco Nacional Pesquero y Portuario eran 15 minutos. Adelante, orador.
El diputado Dionisio E. Pérez Jácome: - Señor, ni monopolizo la verdad, aunque pueda encontrarme en ella, ni quiero monopolizar una tribuna que otros compañeros parlamentarios me han enseñado, a veces a respetar y a veces en sentido contrario con su abuso a aludir prácticas de esa naturaleza.
Estoy planteando a ustedes el rechazo de mi partido a esta moción, no porque en ello esté lesionándose, ni nuestro prestigio como legisladores, que creo que puede aquilatarse con nuestros actos, ni la investigación que realizamos. Lo pido por esa opinión pública, por esos comunicadores que han dedicado tantas horas de esfuerzo, de preocupación e indagar sobre la materia. Porque ellos tienen legítimo derecho a saber cuál es la verdad y en cambio qué se ha dicho exclusivamente con una finalidad, válida o no, meramente política.
Señor Presidente, desde ese exclusivo punto de vista, es en el que se contacta la preocupación anteriormente expresada por mis compañeros de otras bancadas con la nuestra. Ellos querían debatir el tema, ellos querían conocer la verdad, México entero seguramente lo espera, el Partido
Revolucionario Institucional lo reclama, y como tal pide a esta asamblea, continuemos debatiendo lo que evidentemente a todo México interesa. Muchas gracias.
El Presidente: - En los términos del artículo 110 del reglamento, sin pérdida de tiempo y en votación económica, se instruye a la secretaría para que pregunte a la Cámara si se toma en consideración inmediatamente la moción suspensiva que se ha presentado.
La secretaria diputada Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: - Por instrucciones de la Presidencia, y en votación económica, se pregunta a la asamblea si se toma en consideración inmediatamente la moción suspensiva presentada por ciudadanos diputados de diferentes partidos.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Los que están por la negativa han sido mayoría, señor Presidente.
El Presidente: - Desechada la moción suspensiva. Señores diputados, les ruego orden en la sala.
El diputado Miguel Hernández Labastida (desde su curul): - Con fundamento en el artículo 15 del reglamento, solicito que se cuenten los votos.
El Presidente: - Es procedente la solicitud del ciudadano diputado, Proceda la secretaría a contar los votos.
(Desorden.)
En este momento se va a proceder a darle curso a la práctica parlamentaria. Dos de los ciudadanos diputados que votaron en favor van a pasar acá para ayudar al conteo, lo mismo que otros dos de los que votaron en contra. La Presidencia procede a nombrar a los ciudadanos diputados. El ciudadano diputado que está al frente, que siempre nos ha acompañado en este tipo de tareas, Eloy Argos, diputado Martínez Almaraz, la diputada Ortuño y además un diputado más, el diputado Alvaro Uribe. Dos y dos de acuerdo con nuestras prácticas parlamentarias, para retroceder al conteo de votos.
Empezamos como siempre con la misma tranquilidad, con mucha franqueza, proceder con absoluto respeto a la asamblea a hacer el conteo de los votos. Anoten por favor respectivamente en los términos de la práctica parlamentaria. Adelante.
La secretaria diputada Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: - Vamos a proceder a leer el artículo 151 del reglamento.
"Artículo 151. Si al dar la secretaría cuenta del resultado de la votación económica algún miembro de la Cámara pidiere que se cuenten los votos, se contarán efectivamente. A este fin se mantendrán todos, incluso el Presidente y los secretarios, en pie o sentados, según el sentido en que hubieren dado su voto: dos miembros que hayan votado, uno en pro y otro en contra, contarán a los que aprueban, y otros dos de la misma clase a los que reprueban; estos cuatro individuos, que nombrará el Presidente, darán razón al mismo en presencia de los secretarios del resultado de su cuenta, y hallándose conformes se publicará la votación.
Se va a proceder a tomar la votación de aquellos ciudadanos diputados que estén en pro de la moción suspensiva.
(Desorden.)
El Presidente: - Ciudadanos diputados, ruego a todos a ocupar sus curules habituales. Necesitamos que no haya ni sobra de dudas del resultado de este conteo; en consecuencia, convoco una vez más a los señores legisladores para que ocupen sus lugares. Proceda la secretaría al desahogo de este punto.
La secretaria diputada Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: - Se va a proceder a recoger la votación de aquellos que estén a favor.
(Desorden.)
El Presidente: - No es votación nominal; nada más como lo indica el artículo 151 del reglamento.
La secretaria diputada Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: - Los ciudadanos diputados de la primera fila que estén a favor, sírvanse ponerse de pie.
(Desorden.)
Se va a iniciar el procedimiento de votación.
Esta secretaría reitera que aquellos ciudadanos diputados que estén a favor, se pongan de pie y que permanezcan sentados los que estén en contra, para hacer el conteo respectivo.
Se ruega a aquellos ciudadanos que no sean diputados, se retiren del salón.
El Presidente: - Solamente a efecto de lograr claridad en este conteo y como hay todavía varias personas que no son diputados ocupando algunas curules, se les exige que se retiren del salón de sesiones.
Vamos a esperar unos segundos. Los que no son diputados, estén de pie o sentados en el salón de sesiones, desalójenlos para efecto de este conteo. Por última vez, a los que no son diputados y que están en el salón de sesiones, se ruega desalojar la sala.
La secretaría dé cuenta con el trámite; haga el conteo.
(Desorden.)
Señores, la Presidencia le indica a la secretaría: concluya el trámite. Se le preguntó si no habrá lugar a confusiones, la secretaría unánimemente dijo que no habría lugar a confusiones.
Ruego a la asamblea que continúe ocupando sus lugares, ¿tenía algún problema la secretaría para recoger la votación de la última fila?
La secretaria Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: - Señor Presidente: Informa esta secretaría que estamos tomando la votación en la fila 16. En virtud de que son irregulares las hileras de las filas, hemos solicitado simplemente que levanten la mano para ver dónde se inicia la fila. Pero desde luego que estamos tomando la votación de igual manera que las primeras filas.
El Presidente: - Sí procede absolutamente esa solicitud de la secretaría. Levante la mano el primero de la fila, el del extremo.
El diputado Eloy Argos García Aguilar: - Señor Presidente: La secretaría informa por conducto de un servidor de ustedes, que a favor se registraron 121 votos.
Las secretaria diputada Hilda Anderson Nevárez de Rojas: - Y en contra 212. (Aplausos.)
El Presidente: - Continúe la discusión de este asunto, ya que se da por desechada la moción.
Está en el uso de la palabra el ciudadano diputado del Partido Revolucionario Institucional, Ricardo Olivares.
Esta Presidencia de entrada al informe respectivo y ordena que se dé el trámite para el conocimiento del Ejecutivo Federal, del resultado de la investigación. (Aplausos.)
RECESO
El Presidente: - La secretaría con el rubro de proposiciones. Está enlistado, en primer término, por el grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, a fin de hablar sobre agresiones a Cuba, el ciudadano diputado Héctor Colio Galindo. Pero antes, parece que la diputada quiere hacer uso de la palabra.
(Desorden.)
La diputada Patricia Garduño Morales (desde su curul): - Solicito que se verifique el quórum.
El Presidente: - Una vez que se ha dado el turno respectivo, esta Presidencia ordena a la secretaría que se dé el trámite respectivo para verificar el quórum.
La secretaria Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: - Se va a proceder a pasar lista de ciudadanos diputados.
Señor Presidente, la secretaría informa a la asamblea que no hay quórum.
El diputado Miguel Montes García (desde su curul): - ¿Cuántos diputados hay?
La secretaria Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: - Hay 247 diputados.
El Presidente (a las 21.10 horas): - En consecuencia, la presidencia declara un receso para reanudar pasado mañana, jueves 26, a las 10.00 horas.
ASISTENCIA
El secretario diputado Rubén García Farías: - Ciudadano Presidente, hay una asistencia de 313 ciudadanos diputados. Hay quórum.
(Desorden.)
APERTURA
El Presidente (a las 11.05 horas): - Se reanuda la sesión.
En el turno de proposiciones tiene la palabra el ciudadano diputado Héctor Colio Galindo, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista.
Un diputado (desde su curul): - ¡Que se verifique el quorum! (Aplausos.)
El Presidente: - Es procedente la solicitud del ciudadano diputado.
El diputado Rodolfo Elizondo Torres (desde su curul): - ¡Pido la palabra!
El Presidente: - En el uso de la palabra el ciudadano diputado Elizondo.
El diputado Rodolfo Elizondo Torres: - Señor Presidente; señoras y señores: Quiero expresar a nombre de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y Grupo Independiente, que dichos grupos no estamos de acuerdo en convalidar, desde ningún punto de vista, la violación flagrante al reglamento interno de esta Legislatura, tratando a toda luz de poner en ridículo a esta Legislatura ante los ojos de nuestros electores, que es el pueblo de México.
Si bien es cierto que fue elaborado un informe parcial del caso del Banco Nacional Pesquero y Portuario y que violatoriamente fue turnado al Ejecutivo, también es cierto que ése no representa los puntos de vista de la oposición, que representa los intereses reales de nuestra nación.
Por lo tanto, hemos decidido desalojar esta sala y no estar presentes hasta que no sea considerado realmente y seriamente lo que representa este recinto para el pueblo de México. (Aplausos.)
El Presidente: - Proceda la secretaría a dar lectura al artículo 112 del reglamento.
(Desorden.)
Proceda la secretaría a dar lectura al artículo 112 del reglamento. El secretario diputado Rubén García Farías: - "Artículo 112. La falta de quórum se establece, cuando es verdaderamente notoria, por una simple declaración del Presidente de la Cámara y, cuando es dudosa, por la lista que pasará la secretaría, por acuerdo de la Presidencia o a petición de un miembro de la asamblea."
El Presidente: - La Presidencia instruye a la secretaría para que pase lista de presentes, de acuerdo con la siguiente instrucción: los señores diputados dirán presente y se levantarán de su curul.
Además, esta Presidencia instruye a la Oficialía Mayor para que todas las personas que están en este recinto y que no sean legisladores, hagan favor de abandonarlo.
La Presidencia desea que haya un trámite absolutamente legal.
Proceda la secretaría a pasar lista de presentes, para verificar el quórum reclamado.
El secretario diputado Rubén García Farías: - Por instrucciones de la Presidencia, se va a proceder a pasar lista de asistencia para la verificación del quórum.
El secretario diputado Rubén García Farías: - Señor Presidente, hay una asistencia de 266 ciudadanos diputados. Hay quórum.
SOBRE LA SITUACIÓN EN CUBA
El Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Héctor Colio Galindo, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, Para hablar sobre agresiones a Cuba.
El diputado Héctor Colio Galindo: - Honorable asamblea: El día 7 de marzo del año en curso...
El Presidente: - A la asamblea se le ordena guardar compostura y orden.
El diputado Héctor Colio Galindo: - Por decisión unilateral y al margen del derecho y los acuerdos internacionales de la materia, el gobierno de los Estados Unidos de América inició las transmisiones de la denominada "T.V. Martí", programada para agredir al gobierno y al pueblo cubano.
Por ese motivo, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en su sesión del día 4 de abril del presente año, aprobó por unanimidad los siguientes puntos de acuerdo:
"Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión rechaza enérgicamente la puesta en operación del proyecto denominado "T.V. Martí" por parte de gobierno de los Estados Unidos de América, por considerar que viola el espacio aéreo y soberano de la República de Cuba, que constituye una grave decisión unilateral al margen de las convenciones y acuerdos que rigen la materia.
Segundo. Demanda que cesen las acciones de intimidación y las operaciones militares de supuesta vigilancia unilateral de los mares que tienden a agravar la tensión entre las relaciones entre los Estados Unidos de América y la República de Cuba, haciendo un llamado para que se respeten los principios de soberanía,
autodeterminación y no intervención en que se funda el derecho internacional. Tercero. Exhorta a las partes para que utilicen alguno de los medios de solución pacífica de controversias a su alcance, a fin de asegurar la pronta solución del problema y se les invita a cuidar el equilibrio y la seguridad en la región."
Los acuerdos del parlamento mexicano en relación con estas nuevas agresiones contra la hermana República de Cuba, reflejan las más nobles tradiciones de solidaridad con los pueblos y la defensa de los principios de soberanía, autodeterminación y no intervención, históricamente enarbolados por nuestra nación.
En el mismo sentido se han expresado la mayoría de los pueblos y gobiernos de la comunidad mundial, sin embargo, la obcecación e intenciones de dominio hegemónico del gobierno norteamericano lo ha llevado no sólo a mantener la agresión electrónica contra Cuba, sino que ha incrementado en este país...
El Presidente: - Se reclama la atención de la asamblea para el señor diputado Colio Adelante diputado.
El diputado Héctor Colio Galindo: - Sino que han incrementado en este país la presencia de sus barcos de guerra, que suman hoy más de 16 de ellos, anclados en la base militar de Guantánamo, establecida en territorio cubano.
Ante esta nueva escalada de agresiones que amenazan no sólo la soberanía de la República de Cuba, sino que ponen en peligro la seguridad internacional y en particular la de los países de América Latina y el Caribe, los diputados signantes nos permitimos proponer a esta asamblea la aprobación de los siguientes
«PUNTOS DE ACUERDO
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión ratifica la resolución unánime de la Comisión Permanente del Propio Congreso manifestada el día 4 del mes en curso, en relación con las agresiones electrónicas y las amenazas militares contra Cuba por parte del gobierno de los Estados Unidos de América.
Segundo. Demanda el cese inmediato de las operaciones del llamado proyecto "T.V. Martí", así como de las acciones de intimidación y operaciones militares de supuesta vigilancia unilateral de los océanos, por lo que exige el retiro inmediato de esos barcos de guerra, anclados en la base militar de Guantánamo, ubicada en territorio cubano.
Tercero. Exhorta a los parlamentos del mundo y a los organismos internacionales a que contribuyan activamente para que este difiriendo se resuelva por los medios pacíficos previstos en el derecho internacional y se preserve la seguridad, la soberanía y la independencia de las naciones de la región.
Sala de sesiones de la honorable Cámara de Diputados del Congreso General de México, a los 26 días del mes de abril de 1990.- Firman: Por la fracción parlamentaria del Partido popular Socialista, ingeniero Francisco Ortíz Mendoza; por la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Diputado Alberto Pérez Fontecha; por la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Roberto Jaramillo Flores; por la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, Pablo Gómez Alvarez; por la Fracción Independiente en esta Cámara, el diputado Rubén Venadero Valenzuela.»
Señor Presidente, rogamos a usted que se turne este punto de acuerdo a la Comisión de Relaciones Exteriores.
El Presidente: - Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores, para la atención que proceda.
DETENCIONES Y TRASLADOS ILEGALES
A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
El Presidente: - En uso de la palabra el ciudadano Pablo Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Asunto: personas detenidas en México, entregadas a los tribunales de los Estados Unidos de América.
(Desde una curul): - ¡No está!
Esta Presidencia instruye a la secretaría para que dé lectura al punto de acuerdo firmado por diversos diputados de grupos parlamentarios sobre el particular, así como el punto de acuerdo que en la Comisión Permanente, sobre el mismo tema, se había adoptado.
Proceda, en consecuencia, la secretaría a dar lectura a estos documentos.
La secretaria diputada Hilda Anderson Nevárez de Rojas:
«Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Los diputados abajo firmantes proponemos a la asamblea que se tome el siguiente punto de
acuerdo, con base en las consideraciones que en el mismo texto se indican, considerándolo de obvia resolución.
PROPOSICIÓN
En el mes de enero de 1986, el ciudadano mexicano René Martín Verdugo Urquides fue ilegalmente detenido en territorio mexicano e ilegalmente trasladado a los Estados Unidos de América, donde fue sometido a un proceso penal.
El 28 de febrero de 1990, la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, a través de su noveno circuito de apelaciones, emitió resolución en contra del recurso por ilegalidad en la detención, interpuesta por el mencionado Verdugo Urquides, en el sentido de que la cuarta enmienda constitucional estadounidense no le era aplicable, ya que había sido detenido fuera del territorio de los Estados Unidos de América.
La interpretación jurídica de la corte norteamericana se base en un pretendido derecho de los Estados Unidos de América de intervenir en cualquier país, lo que fue inmediatamente rechazado mediante resolución por la Comisión Permanente del Congreso, en su sesión del 7 de marzo del presente año.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México declaró que es inadmisible el criterio jurídico y político de la mencionada corte estadounidense.
El 3 de abril de este año, fue detenido en forma ilegal el ciudadano mexicano Humberto Alvarez Machain, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y transladado ilegalmente a los Estados Unidos de América, donde se le sigue una causa penal y se encuentra encarcelado.
Las condiciones de la detención ilegal de esta persona no han sido aclaradas hasta el momento, sin que los diputados que integran esta honorable Cámara hayamos sido informados y se ha determinado de manera completa la identidad de los autores materiales e intelectuales de estos hechos ilegales.
Ante la gravedad y la trascendencia de estos hechos, sin prejuzgar la presunta responsabilidad jurídica y penal de ambos ciudadanos, imputable por la supuesta comisión de ilícitos, la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos resuelve los siguientes
PUNTOS DE ACUERDO
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, rechaza categóricamente la práctica de detenidos ilegales de ciudadanos mexicanos en nuestro territorio y su ilegal traslado a territorio extranjero, para ser presentados y sometidos a la jurisdicción de los tribunales de justicia de los Estados Unidos de América.
Considera que esos hechos violan la soberanía de nuestro país, los principios elementales del derecho internacional, los derechos esenciales, así como las disposiciones contenidas en el Tratado de Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América sobre Asistencia Jurídica Mutua, de fecha 9 de diciembre de 1987, aprobada el 29 del propio mes y año por el Senado de la República, y el Tratado de Cooperación para Combatir el Narcotráfico y la Farmacodependencia, de fecha 23 de febrero de 1989, aprobado el 30 de noviembre por el propio Senado de la República.
Segundo. México es respetuoso del derecho internacional que consagra la soberanía de los estados y considera que éste es un principio fundamental de convivencia entre las naciones independientes. De esa misma manera, defiende su propia soberanía y no admite que otros estados decidan sobre sus asuntos internos, ni tomen parte en ellos de cualquier forma.
Nuestro país es igualmente respetuoso de los tratados y convenios internacionales en materia de extradición de reos y persecución de presuntos delincuentes, pactados de conformidad con la Constitución General y las leyes.
Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, exhorta a las autoridades estadounidenses a respetar los convenios internacionales que ambos países han celebrado en materia de cooperación en la persecución de delitos y extradición de reos y a reparar los agravios ocasionados.
Exhorta a las autoridades mexicanas competentes a realizar la investigación sobre los dos casos mencionados y en su oportunidad proceder conforme a nuestras leyes a la persecución de los delitos, si éstos fueron cometidos, e informar a la brevedad a la cámara.
Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos hace suya la declaración que sobre este mismo problema aprobó el día 7 de marzo del año en curso la Comisión Permanente del propio Congreso de la Unión.
Salón de sesiones.- México, Distrito Federal, a 24 de abril de 1990.- Diputados: por el Partido
Revolucionario Institucional, Gonzalo Martínez Corbalá y José Murat C.; por el Partido de la Revolución Democrática, Ignacio Castillo Mena, Pablo Gómez Alvarez y Jorge Martínez y Almaraz; por el Partido Revolucionario Institucional, Napoleón Cantú Cerna y José Trinidad Lanz Cárdenas; por el Partido Acción Nacional, Rodolfo Elizondo Torres, dos Firmas ilegibles y Abel Carlos Vicencio Tovar; por el Partido Revolucionario Institucional, Mario Vargas Saldaña y María Elena Chapa Hernández; Oscar Mauro Ramírez Ayala, por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, así como Gilberto Ortíz Medina y Vicente Luis Coca Alvarez y una firma ilegible; por el Partido Acción Nacional, Bernardo Bátiz Vázquez; Roberto Jaramillo Flores y Rafael Aguilar Talamantes, por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; por el Grupo Independiente, Rubén Venadero Valenzuela, Víctor Manuel Ávalos Limón; por el Partido Popular Socialista, Alfredo Reyes Contreras, Marcela Lombardo Otero y Héctor Colio Galindo.»
El secretario Rubén García Farías:
«PUNTO DE ACUERDO
La Comisión Permanente del honorable Congreso de los Estados Unidos Mexicanos expresa su desacuerdo con los alcances jurídicos y políticos que contiene el fallo dictado por la Suprema Corte de los Estados Unidos de América en la causa número 88/1853 que siguió contra el ciudadano mexicano René Martín Verdugo Urquides, acusado por y ante autoridades de aquel país de actividades ligadas al narcotráfico.
Reitera la voluntad del pueblo mexicano de respetar y hacer respetar los derechos esenciales que rigen su sistema jurídico, cuyas garantías no pueden restringirse ni suspenderse en perjuicio de ninguna persona por mandato constitucional, sino en los casos y son las condiciones que ella misma establece, así como mantener inalterables los principios de derecho internacional que rigen la convivencia pacífica de las naciones civilizadas del mundo.
Por tanto reprueba desde ahora todo abuso de fuerza o toda intromisión o violación que al amparo del citado fallo de la corte pretendan llevar a cabo en nuestro territorio autoridades o agentes estadounidenses pertenecientes a la DEA, agencia Federal contra el Narcotráfico.
Por último, rechazamos los alcances que el mencionado fallo pudiese tener lesionando de manera considerable la respetuosa relación bilateral que hoy día mantenemos, por lo que nos pronunciamos por el cumplimiento cabal y en sus términos de lo preceptuado en el acuerdo firmado el 23 de febrero de 1989 entre ambos estados sobre cooperación para combatir el narcotráfico y la farmacodependencia y en el que se estipula que los signatarios se conducirán con apego a los principios de autodeterminación, no intervención en asuntos internos de otro estado, igualdad soberana de las naciones y respeto a la integridad territorial de los estados.
En este acuerdo se prohibe a las autoridades de las partes signatarias el ejercicio o desempeño en la jurisdicción territorial de la contraparte, que las funciones que competan exclusivamente a dicha contraparte, con lo que disponga su legislación nacional. El no corresponder la acción de los firmantes de este acuerdo así como de los miembros de la convención de Viena de 1988 sobre la materia, en concordancia con lo dispuesto en dichos instrumentos internacionales, estaríamos ante una flagrante violación del derecho internacional, lo que significaría un grave retroceso en la cabal operación internacional contra este delito de la humanidad.
México, Distrito Federal, a 7 de marzo de 1990.- Senador Humberto Lugo Gil, diputado Miguel Montes García, senador José de Jesús Padilla Padilla, por el Partido Revolucionario Institucional; por los grupos parlamentarios, Partido Acción Nacional, Pedro César Acosta Palomino, una firma ilegible; Partido de la Revolución Democrática, Leonel Godoy Rangel; Partido Popular Socialista, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández; Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, diputado Juan Jaime Hernández; Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, diputado Roberto Jaramillo Flores.»
El Presidente:- Consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si aprueba este punto de acuerdo.
La secretaria diputada Hilda Anderson Nevárez de Rojas: - Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se pregunta a la asamblea si están de acuerdo con este punto de acuerdo.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aprobado el punto de acuerdo, por unanimidad, señor Presidente.
DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA
El Presidente: - Pasamos al siguiente punto del orden de del día. Tiene la palabra el diputado
Juan Jaime Hernández, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre el problema de salarios de los trabajadores ferrocarrileros.
En el caso precedente y por no encontrarse en este salón de sesiones el ciudadano legislador, continuamos con el orden del día.
Tiene la palabra el diputado Luis Gambino Heredia, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien solicitará a las comisiones se dictaminen las iniciativas.
En vista de que tampoco se encuentra el señor diputado Gambino Heredia, tiene la palabra el ciudadano diputado Enrique Rojas Bernal, del Grupo Independiente, para hablar sobre la posición frente a las relaciones comerciales de México con el exterior.
Como tampoco se encuentra el diputado Rojas Bernal, pasamos el rubro de toma de posiciones, comentarios y declaraciones. El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, había solicitado hacer uso de la palabra para hablar sobre conflictos laborales de la Modelo y de la Ford.
Como no está presente tampoco al igual que los demás casos el orador respectivo, esta Presidencia continúa con el desahogo de los puntos del orden del día.
Tiene la palabra el ciudadano diputado Víctor Manuel Ávalos, del Grupo Independiente, sobre el mismo tema.
Tampoco se encuentra.
Tiene la palabra la ciudadana diputada Paloma Hernández Oliva, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, hablará sobre el Día Mundial de la Tierra.
La diputada Paloma Hernández Oliva: - Hace justamente 20 años, en Palo Alto, California, Estados Unidos, se realizó una jornada que terminaría con la instauración del Día de la Tierra. Esta primera jornada constituyó la manifestación de la preocupación por el deterioro creciente de nuestro planeta, lo cual denotó una posición visionaria y de vanguardia de quienes en aquellos años la organizaron y llevaron a cabo.
Hoy, a 20 años de distancia, a pesar de que se han pretendido apoderar de este evento diversos grupos políticos vergonzantes que tratan de encubrir sus verdaderos objetivos, vulgarizando la verdadera profundidad y alcances de la ecología, este Día de la Tierra ha cobrado dimensión planetaria tal como corresponde al problema del grave deterioro integral y progresivo que sufre nuestro planeta en todo sus distintos ámbitos: aire, agua y tierra, lo cual se refleja sobre el fenómeno más grandioso que ocurriera en él, la materia viva, la que en su enorme y rica diversidad de manifestaciones se ve directamente afectada con cualquier desequilibrio ecológico, por pequeño que éste sea.
Son los elementos ambiciosos de grupos sociales que ponen sus interés propios por encima de los de la humanidad, los responsables del actual estado de la tierra, lo que está vinculado de manera muy estrecha, tanto con el proceso de industrialización de la sociedad, como con la forma de explotación irracional de los recursos naturales de la tierra con fines de enriquecimiento no sólo ilícito, sino criminal de ese breve grupo de individuos que debería pertenecer a otra especie y no el homo creator.
El Partido Popular Socialista afirma que todavía estamos a tiempo de evitar una catástrofe ecológica si comprendemos, todos los seres humanos, que aún podemos encauzar la gran capacidad de recuperación de la naturaleza, para restaurarla en todos aquellos casos en los cuales el daño no sea todavía irreversible y podamos devolverle a todos los ámbitos de nuestro entorno ecológico la capacidad de fecundar, preservar y cobijar a los seres vivos que de éste dependen, recurriendo los magníficos a avances de la ciencia y la tecnología alcanzados hasta hoy por el propio ser humano.
Es alentador el hecho de que cada día, más individuos y organizaciones cobren conciencia del grave deterioro de nuestro hogar único y común y por ello, el Partido Popular Socialista tiene confianza en que actuando de manera racional, podremos hacer que nuestro planeta se recupere de manera creciente aun cuando sea paulatinamente.
Por lo que toca a México, ha sido preocupación permanente de sus científicos, entre ellos de manera tenaz aquéllos que militan y simpatizan con el Partido Popular Socialista, el deterioro del entorno ecológico. Y por ello, el Partido Popular Socialista recibió con entusiasmo, en 1987, la iniciativa de reformas y adiciones respectivamente, de los artículos 27 y 73 constitucionales, a fin de otorgarle al Congreso de la Unión la competencia en materia ecológica que le permitió, en 1988, después de numerosas discusiones que facilitaron su enriquecimiento, aprobar de manera unánime la Ley del Equilibrio Ecológico.
Los daños causados al entorno ecológico natural en nuestro territorio y en toda América Latina,
empezaron a producirse de manera intensa, aun cuando todavía no alarmante, en el primer tercio de este nuestro siglo, durante el período de desbocada invasión masiva del capital extranjero, a través de monopolios, trosts y consorcios internacionales que ilimitadamente, sin control técnico alguno, saquearon nuestro suelo, nuestro subsuelo, talaron nuestros bosques y destruyeron nuestras selvas tropicales al amparo de leoninas concesiones que no les ponían obstáculo alguno para alcanzar su objetivo.
En el caso de México, concluida la Segunda Guerra Mundial, sin leyes que pudieran impedirlo y contando con la complicidad de empresarios mexicanos que no supieron serlo y que prestaron sus nombres para los monopolios extranjeros lograran su devastadora meta, éstos cubrieron nuestro territorio de factorías, particularmente en las grandes capitales y en los puertos de nuestro país, los mercados naturales de consumo, iniciándose la etapa de la macrocefalia desmedida y el irrefrenable éxodo de los trabajadores del campo hacia las grandes ciudades, impulsando desmesuradamente una explosiva utilización de vehículos automotores que contaminaron la atmósfera de las grandes ciudades, hasta hacerla prácticamente irrespirable.
Finalmente, y sin que se pusiera reparo en el enorme daño que se estaba causando al delicado equilibrio de los ríos, de las lagunas, de los mares, del suelo y de los bosques, y de todas las especies de seres vivos que en ellos se desarrollan, así como las riquezas arquitectónicas de todas nuestras ciudades, a partir de los años setentas se entró al período mundial del brusco incremento del usufructo intensivo y extensivo del potencial de sus recursos naturales, bajo la influencia de la revolución científico- técnica y los avances sustanciales de la economía mundial.
En su momento, saludamos la preocupación, aun cuando relativamente tardía, del Ejecutivo y de todas las fuerzas del país, por legislar en materia ecológica para tratar de detener ese proceso destructivo que de nuestras fundamentales riquezas hace el profundo daño ecológico, toda vez que si en el pasado las alteraciones del equilibrio ecológico tenían carácter local, en la actualidad han cobrado dimensión de crisis regionales y globales.
Es por ello que es necesario que el pueblo de México advierta con claridad, que en la solución de este problema, como en todos los otros de tipo social, el mayor obstáculo lo presentan los grupos económicamente fuertes, que se resisten a aceptar que se aplique cualquier medida que pueda disminuir, aunque sea en parte, las enormes utilidades que obtienen en sus negocios de carácter privado, sin importarles que vaya en ello la salud y el bienestar de las grandes mayorías desprotegidas.
El Partido Popular Socialista, el 12 de noviembre de 1987, durante la comparecencia del entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y en relación al problema de la inversión térmica que padecemos en los últimos días de cada año, propusimos se retiren de la circulación una vez a la semana la quinta parte de los tres millones de vehículos que circulan en ella, con los consecuentes alivios en cuanto a contaminación y tránsito que estas medidas traerían consigo para todos los habitantes del Distrito Federal, éstas no pudieron aplicarse, sino hasta 1989, porque pesó más la protesta de los comerciantes y de los propietarios de automóviles que no estaban dispuestos a prescindir de ellos ni siquiera por una vez a la semana.
Ante el deterioro de la estabilidad ecológica de la tierra, uno de los principales problemas de carácter planetario a los que haya enfrentado la humanidad ya que amenaza seriamente la existencia de las nuevas generaciones y pone en riesgo las futuras, el Partido Popular Socialista ha propuesto y propone nuevamente a nivel nacional, las medidas necesarias y urgentes que se orienten a combatir las causas que han originado este deterioro del entorno ecológico de nuestro país.
1o. Propone que el derecho del pueblo mexicano a que se conserve el equilibrio de su entorno ecológico se incluya en la Constitución.
2o. Propone que esta nueva tesis se presente en la Organización de las Naciones Unidas a fin de que se incorpore en la Carta de Deberes y Derechos de los Estados.
3o. El Partido Popular Socialista opina que únicamente con la administración y planificación ambiental, es posible el aprovechamiento óptimo, racional de los recursos naturales, detener el agotamiento de las tierras productivas y de los caudales de agua, la extinción de diversas especies animales y vegetales, con las negativas consecuencias que esto trae consigo, disminuir de manera gradual la acumulación de desechos tóxicos; modificar la composición y concentración demográfica, así como promover los necesarios cambios en la forma y hábitos de consumo de las diversas comunidades.
4o. La práctica en algunos países demuestra que la tarea de mantener limpio el medio ambiente, es algo inseparable del desarrollo económico - social y
también que las medidas preventivas son mucho más eficaces a largo plazo y a la vez, estimulan las soluciones técnicas para este acuciante problema.
5o. Las empresas transnacionales son una fuente importante de la contaminación y han provocado grandes daños al equilibrio ecológico, sin la reparación de los mismos, además de que a través de sus fumigaciones masivas han contaminado los productos vegetales que sirven de alimentación tanto para los animales como para la especie humana. Por tanto, deben ser obligadas por ley no sólo a conservar el delicado equilibrio ecológico, sino contribuir a devolverle su estabilidad para que sea plenamente disfrutado por el hombre.
6o. Impedir que el Golfo de México se convierta en cementerio radiactivo y en basurero de residuos peligrosos producidos por la gran industria norteamericana, mismos que deben ser confinados y recibir el tratamiento apropiado.
7o. La transformación del actual laboratorio central de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en un gran laboratorio nacional para la investigación de los problemas de contaminación ambiental, para el desarrollo de instrumentos y medios para controlarla y para la formulación de normas relativas a la prevención de la contaminación. Este laboratorio nacional tendría filiales en las regiones del territorio nacional que las necesidades de conservación del medio ambiente así lo requirieran, como es el caso de la preservación de las selvas tropicales y los grandes y caudalosos ríos del sureste de nuestro país.
8o. La medida, "un día sin auto" debe ser permanente, sin atender a quienes por intereses oscuros pretenden que esta sana medida sea levantada.
9o. Demanda que se realicen estudios acerca de los alcances del daño que a todo ser vivo provoca el ruido creciente y se le catalogue como factor contaminante.
10. México debe participar con mayor intensidad en las reuniones internacionales abocadas al estudio de medidas para la prevención del deterioro de la capa de ozono que protege a la tierra de la radiación ultravioleta. En nuestro país, se deben aplicar las normas correspondientes para disminuir en el menor tiempo posible el uso de los compuestos clorofluorcarbonados en la industria, causantes de este deterioro.
11. Proponer a la Organización de Naciones Unidas la creación de un organismo técnico- científico, dotado de recursos suficientes, para ayudar a los países en vías de desarrollo a transformar, entre otros temas, sus procesos industriales que contribuyen al efecto invernadero de la tierra.
Sirva pues la celebración del Día de la Tierra, para que todas las fuerzas políticas y sociales y particularmente la de los gobiernos de todos y cada uno de los países, comprendan que el fenómeno de la contaminación ambiental, desafortunadamente no es un problema local, sino global y se presenta en todos los países del mundo en proporción que obedece tanto a su nivel de desarrollo como al sistema social que prevalece en ellos. Sin embargo, debido a que no respeta fronteras geográficas, y por tanto su combate ha adquirido dimensión universal, el problema de la contaminación ambiental se le ubica, en el orden de prioridades a encarar como peligro destructivo del ser humano y su civilización, después, claro está, de la amenaza de guerra nuclear.
El Partido Popular Socialista cumple su tarea, fija su posición en esta y lucha y levanta las banderas y demandas que han de sostener en ella.
ORDEN DEL DÍA
El Presidente: - Ultima parte del orden del día: Denuncias.
Tiene la palabra el ciudadano diputado Marco Antonio Castellanos, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre contaminación de Petróleos Mexicanos.
El diputado Marco Antonio Castellanos, no se encuentra en el salón.
Tiene la palabra el ciudadano diputado Juan Jaime Hernández, del mismo grupo parlamentario, sobre desaparición de poderes en Tamaulipas.
No se encuentra tampoco en la sala.
Prosiga la secretaría, en consecuencia, con el despacho de los negocios.
La secretaria diputada Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: - Señor Presidente, la secretaría informa que se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Segundo Período Ordinario de Sesiones.- Segundo Año.- LIV Legislatura.
Orden del día
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CXXVIII aniversario de la Batalla de Puebla, se llevará a cabo el 5 de mayo, en la estatua ecuestre del general Ignacio Zaragoza.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CXXVIII aniversario de la Batalla de Puebla, se llevará a cabo el 5 de mayo, en la tumba del general Miguel Negrete en la Rotonda de los Hombres Ilustres del Panteón Civil de Dolores.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CCXXXVII aniversario del natalicio de don Miguel Hidalgo y Costilla, tendrá lugar el próximo 8 de mayo.
Comunicación del Congreso del estado de Durango.
Iniciativa
del Ejecutivo
De reformas y adiciones a los artículos 28 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Iniciativas de ciudadanos
diputados
Del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, de reformas al artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Proposiciones
Del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, de declaración sobre la visita de Juan Pablo II.
Proposición de la Gran Comisión.
Comunicación de particular
Del Comité Ejecutivo Nacional de la Comisión Nacional Organizadora del Partido Amplio de Izquierda Socialista.
Toma de posiciones, comentarios y declaraciones.
Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el CXXVIII aniversario de la Batalla de Puebla.
Denuncias
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre violaciones al artículo 130 constitucional.
Sesión secreta.»
El Presidente (a las 12.45 horas): -Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 3 de mayo, a las 10.00 de la mañana.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA
Y DIARIO DE LOS DEBATES