Legislatura LIV - Año II - Período Ordinario - Fecha 19900508 - Número de Diario 7
(L54A2P1oN007F19900508.xml)Núm. Diario:7ENCABEZADO
LIV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Dip. Javier López Moreno
RECINTO LEGISLATIVO
CENTRO MEDICO NACIONAL
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Lic. Héctor de Antuñano y Lara
Año II México, D.F., 8 de mayo de 1990 No. 7
SUMARIO
ASISTENCIA
La secretaría informa que hay quórum.
APERTURA
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión, se aprueba.
INICIATIVAS DE CIUDADANOS DIPUTADOS
ARTICULO 28 CONSTITUCIONAL
Presentada por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para reformar el párrafo quinto de dicho artículo. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
MINUTAS
CONDECORACIONES
Con proyecto de decreto, por el que se concede permiso a varios ciudadanos mexicanos para que puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el Reino de España. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano César Antonio Méndez Baeza, para que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Francia, en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Con proyecto de decreto, por el que se concede permiso al ciudadano José Luis Ramírez Cerro, para prestar sus servicios en la embajada de los Estados Unidos de América, en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
REFORMAS CONSTITUCIONALES
De las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Hacienda y Crédito Público, relativo a la iniciativa de reformas y adiciones a los artículos 28 y 123 constitucionales.
La diputada Carmen Mercado Téllez, presenta voto particular.
VISITA PAPAL
Declaraciones de la diputada Gloria Rodríguez Aceves.
Interviene el diputado Rodolfo Duarte Rivas sobre el mismo tema.
CCXXXVII ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE DON MIGUEL HIDALGO
Toma la palabra, el diputado Rubén García Farías.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión.
PROPUESTA
De la Presidencia sobre la inasistencia de algunos diputados, habla el diputado Javier López Moreno.
Sobre la propuesta debaten los legisladores: Juan Manuel Rodríguez González.
Osiris Samuel Cantú Ramírez.
Trinidad Lanz Cárdenas.
José de Jesús Sánchez.
Trinidad Lanz Cárdenas.
Enrique Rojas Bernal.
Jesús Antonio Carlos Hernández.
La Presidencia deja en suspenso la propuesta. Se levanta la sesión y se cita para el próximo 9 de mayo del año en curso, a las 10.00 horas.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO JUAN DÍAZ AGUIRRE
(Asistencia de doscientos cincuenta y cuatro diputados)
ASISTENCIA
La secretaria diputada Hilda Anderson Nevárez de Rojas: -Señor Presidente, la secretaría informa que hay una asistencia de 254 ciudadanos diputados. Hay quórum, señor Presidente.
APERTURA
El Presidente (a las 11.23 horas): -Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El secretario diputado Gustavo Rosario Torres:
«Segundo Período Ordinario de Sesiones.- Segundo Año.- LIV Legislatura. Orden del día
8 de mayo de 1990.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Iniciativas de ciudadanos diputados
Del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, de reformas al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Minutas
Con proyecto de decreto, por el que se concede permiso a varios ciudadanos mexicanos para que puedan aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes órdenes y grados les confiere el Reino de España.
Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano César Antonio Méndez Baeza, para que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Francia en México.
Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José Luis Ramírez Cerro, para que pueda prestar sus servicios como empleado de beneficios federales en la embajada de los Estados Unidos de América en México.
Dictamen de primera lectura
De las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Hacienda y Crédito Público, relativo a la iniciativa de reformas y adiciones a los artículos 28 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Toma de posiciones, comentarios y declaraciones
Del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, de declaración sobre la visita de Juan Pablo II.
Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el CCXXXVII aniversario del natalicio de don Miguel Hidalgo y Costilla.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El secretario diputado Salvador Sánchez Vázquez:
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, celebrada el día tres de mayo de mil novecientos noventa, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de ejercicio de la Quincuagésima Cuarta Legislatura.
Presidencia del Diputado Javier López Moreno
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con dieciséis minutos del día tres de mayo de mil novecientos noventa, con una asistencia de doscientos cincuenta y tres diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que, sin discusión, se aprueba en sus términos, en votación económica.
Se da cuenta con una invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del centésimo vigésimo octavo aniversario de la Batalla de Puebla. Se designa comisión.
Otra invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo de la Batalla del Cinco de Mayo en Puebla, que se llevara a cabo en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Se designa comisión.
Se da lectura a una invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del doscientos treinta y siete aniversario del natalicio de don Miguel Hidalgo y Costilla. Se designa comisión.
La secretaría da cuenta con un oficio del Poder Legislativo del estado libre y soberano de Durango, por el que informa la apertura del segundo período ordinario de sesiones de la Quincuagésima Octava Legislatura y la elección de mesa directiva. De enterado.
Se da cuenta con una iniciativa del Ejecutivo Federal, que reforma y adiciona los artículos veintiocho y ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público.
Se concede el uso de la palabra al diputado Manuel González Díaz de León, del Partido Revolucionario Institucional, quien a nombre de su partido presenta iniciativa de Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El Presidente, con base en el artículo cincuenta y dos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, designa a las diputadas Luz Lajous y Rosario Guerra Díaz, para que visiten a la diputada Celia Torres, quien se encuentra delicada de salud.
Se concede el uso de la palabra a un diputado del Partido Popular Socialista para hacer una declaratoria en relación con la visita de Juan Pablo II y no encontrándose nadie de ese partido en el salón, la secretaría da cuenta con una proposición de la Gran Comisión respecto a la integración de las comisiones legislativas, misma que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.
La secretaría da cuenta con una comunicación del Comité Ejecutivo Nacional de la comisión organizadora del Partido Amplio de Izquierda Socialista. De enterado.
Se concede el uso de la palabra al diputado Carlos Grajales Salas, del Partido Revolucionario Institucional, quien se refiere al centésimo vigésimo octavo aniversario de la Batalla de Puebla.
El Presidente concede el uso de la palabra a un diputado del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a violaciones al artículo ciento treinta constitucional y no habiendo nadie de ese grupo parlamentario en el salón de sesiones y habiéndose agotado los asuntos en cartera, la secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente, a las trece horas con cinco minutos, clausura la de hoy, citando para la que tendrá lugar el próximo martes ocho de mayo de mil novecientos noventa, a las diez horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
INICIATIVA DE CIUDADANOS DIPUTADOS
ARTICULO 28 CONSTITUCIONAL
La secretaria diputada Guadalupe Gómez Maganda de Anaya:
«Iniciativa de reforma al párrafo quinto del artículo 28 constitucional.
Los que suscriben, diputados a la LIV Legislatura al Congreso de la Unión e integrantes de la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base en el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, proponen la siguiente iniciativa de reforma al párrafo quinto del artículo 28 de la Constitución, conforme a la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Durante todo el período pos revolucionario, la naturaleza del servicio de la banca y del crédito ha tenido la peculiaridad de ser un servicio público. Antes del 1o. de septiembre de 1982, además de las instituciones nacionales de crédito, la actividad bancaria estaba concesionada por el Estado a sociedades anónimas de índole privada. No obstante que una parte del servicio se concesionaba, éste no perdía su connotación pública.
La reforma al párrafo quinto del artículo 28 constitucional propuesta por el Ejecutivo el 2 de mayo de 1990, en diferentes partes de la exposición de motivos reitera el afán de volver al "espíritu original de la Constitución de 1917" y en "restablecer el régimen mixto de banca como lo consideró el Constituyente por más de 65 años", sin embargo, la propuesta de derogación completa del párrafo quinto del artículo 28 constitucional no corresponde a tales propósitos. Para la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, las actividades bancarias y de crédito deben tener definición expresa en la Constitución, de servicio público.
Fue, entre otras razones, el abuso de las concesiones por los particulares del servicio de la banca y del crédito lo que propició la estatización bancaria de 1982, de tal proceso se habló con amplitud por la mayor parte de las fuerzas políticas del país, mismas que apoyaron tal medida.
Al poco tiempo de la nacionalización bancaria, el entonces presidente Miguel de la Madrid introdujo reformas a las leyes reglamentarias, tendientes a estimular la participación del capital privado en un 34% en las sociedades nacionales de crédito. Recientemente, en diciembre de 1989, se introdujeron reformas al sistema bancario en el denominado "paquete financiero", que entre uno de sus propósitos básicos se encontraba de nueva cuenta la intención de darle una mayor participación al capital privado en los servicios financieros; por ejemplo la autorización de una nueva emisión de certificados de aportación patrimonial serie "C" (CAP's).
Se tocaban los ordenamientos legales reglamentarios en materia bancaria y financiera, sin proponerse modificaciones al precepto constitucional. Ahora, con la nueva propuesta del Ejecutivo y con el discutible argumento de estimular la participación del capital privado, se intenta reformar la Constitución. En favor de tal propuesta se aluden cambios similares que se suscitan en otras latitudes y para responder a los retos de modernización.
Un eventual retorno de los particulares al servicio de la banca debería realizarse bajo las siguientes bases:
a) Respetando el carácter de servicio público;
b) Mediante la figura de la concesión;
c) Bajo una política estatal regulatoria que fomente el sano desarrollo de una política financiera, monetaria y crediticia.
En la Constitución debe salvaguardarse el riesgo de una monopolización privada del servicio bancario y de crédito. En las readecuaciones posteriores deberían asegurarse el cumplimiento de los propósitos arriba mencionados.
Una mayor participación del capital privado en la actividad bancaria, sería bienvenida bajo las siguientes condiciones:
I. Si contribuyera al desarrollo de un sistema más eficaz de financiamiento para el desarrollo productivo de la nación;
II. Revirtiera las tendencias especulativas en beneficio de las actividades propiamente productivas;
III. Coadyuvara a salir de la crisis fortaleciendo la actividad productiva y la generación de empleos, y
IV. No se convierta en un mecanismo de estímulo a la monopolización privada de los servicios financieros.
Desde la Ley Fundamental deben protegerse los intereses del público en todas las actividades bancarias, por ningún motivo conviene al interés del país que el funcionamiento de las distintas entidades que proporcionan el servicio de banca y crédito dejen de apoyar las políticas de desarrollo nacional.
Nuestra fracción parlamentaria considera positiva la propuesta del Ejecutivo de incorporar en el apartado "A" del artículo 123 constitucional, el régimen de relaciones laborales de los trabajadores bancarios, avance que debería extenderse al resto de los trabajadores al servicio del Estado.
Tomando en cuenta las consideraciones expuestas anteriormente, la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional propone la siguiente modificación al párrafo quinto del artículo 28 constitucional:
"Se exceptúa también de lo previsto en la primera parte del primer párrafo de este artículo, la prestación del servicio público de banca y de crédito. Este servicio ser prestado por el Estado a través de instituciones y por los particulares previa concesión, en los términos que establezca la correspondiente ley reglamentaria, la que también determinar las garantías que protejan los intereses del público y el funcionamiento de aquellas en apoyo de las políticas de desarrollo nacional."
TRANSITORIOS
Artículo único. La presente reforma entrara en vigor a los 30 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo, recinto alterno, a 3 de mayo de 1990.- Diputados: Rafael Aguilar Talamantes, coordinador; Roberto Jaramillo Flores, subcoordinador; Armando Duarte Móller, José Miguel Pelayo Lepe, Mariano Leyva Domínguez, Paula Vargas Florencio, Carlos E. Sánchez Mendoza, José Nelson Madrigal Gómez, Rommel Contreras Flores, Juan Manuel Rodríguez González, Juana García Palomares, Catalino Mendoza Vázquez, José Antonio Montes Vargas, Jesús Fernández Gardea, Alexander Santos Alvarez, Armando Herrera Guzmán, Tomás Pedroza Esparza y Francisco Navarro Montenegro.''
El Presidente: -Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para la atención que proceda.
Presidencia del diputado Javier López Moreno
MINUTAS
CONDECORACIONES
La secretaria diputada Guadalupe Gómez Maganda de Anaya:
''Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D. F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados.- Presentes.
Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Pedro Aspe Armella, Jaime Serra Puche, Patricio Chirinos Calero, Manuel Camacho Solís, Arturo Cardona Marino, Jesús Reyes Heroles, Alfredo Delgado Valdés, Pedro Joaquín Coldwell, José Córdoba Montoya, Andrés Massieu Berlanga, Otto Granados Roldán, Francisco Rojas Gutiérrez, Enrique González Pedrero, Andrés Rozental, Javier Barros Valero, José Caballero Bazán, Lorenzo Vignal, Daniel Dultzin, Pedro Bautista Pérez, Guillermo Playán Cuéllar, Agustín Gutiérrez Canet, María N. de la Luz Oñate Muñoz y Víctor Hugo Gómez Cabrera, para que puedan aceptar y
usar las condecoraciones que en diferentes órdenes y grados les fueron conferidas por el Reino de España.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 2 de mayo de 1990.- Senadores: Hugo Domenzain Guzmán y José Joaquín González Castro.''
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano doctor Pedro Aspe Armella, Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Reino de España.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano doctor Jaime Serra Puche, Secretario de Comercio y Fomento Industrial, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Reino de España.
Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano licenciado Patricio Chirinos Calero, Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Reino de España.
Artículo cuarto. Se concede permiso al ciudadano licenciado Manuel Camacho Solís, Jefe del Departamento del Distrito Federal, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Reino de España.
Artículo quinto. Se concede permiso al ciudadano general de división, diplomado de estado mayor, Arturo Cardona Marino, jefe del Estado Mayor Presidencial, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Reino de España.
Artículo sexto. Se concede permiso al ciudadano licenciado Jesús Reyes Heroles, coordinador de asesores del Secretario de Relaciones Exteriores, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Isabel la Católica, en Grado de Encomienda de Número, que le confiere el Reino de España.
Artículo séptimo. Se concede permiso al ciudadano general de brigada diplomado de estado mayor, Alfredo Delgado Valdés, subjefe administrativo del Estado Mayor Presidencial, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Isabel la Católica, en grado de Encomienda de Número, que le confiere el Reino de España.
Artículo octavo. Se concede permiso al ciudadano licenciado Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Turismo, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Mérito Civil, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Reino de España.
Artículo noveno. Se concede permiso al ciudadano doctor José Córdoba Montoya, jefe de la oficina de coordinación de la Presidencia de la República, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Mérito Civil, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Reino de España.
Artículo décimo. Se concede permiso al ciudadano licenciado Andrés Massieu Berlanga, secretario particular del señor Presidente de la República, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Mérito Civil, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Reino de España.
Artículo decimoprimero. Se concede permiso al ciudadano licenciado Otto Granados Roldán, director general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Mérito Civil, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Reino de España.
Artículo decimosegundo. Se concede permiso al ciudadano contador público Francisco Rojas Gutiérrez, director general de Petróleos Mexicanos, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Mérito Civil, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Reino de España.
Artículo decimotercero. Se concede permiso al ciudadano licenciado Enrique González Pedrero, embajador de México en España, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Mérito Civil, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Reino de España.
Artículo decimocuarto. Se concede permiso al ciudadano embajador Andrés Rozental, subsecretario de Relaciones Exteriores, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Mérito Civil, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Reino de España.
Artículo decimoquinto. Se concede permiso al ciudadano licenciado Javier Barros Valero, subsecretario de Relaciones Exteriores para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden
Mérito Civil, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Reino de España.
Artículo decimosexto. Se concede permiso al ciudadano embajador José Caballero Bazán, director general del Protocolo, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Mérito Civil, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Reino de España.
Artículo decimoséptimo. Se concede permiso al ciudadano ministro Lorenzo Vignal, director general para Europa, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Mérito Civil, en grado de Encomienda de Número, que le confiere el Reino de España.
Artículo decimoctavo. Se concede permiso al ciudadano ministro Daniel Dultzin, director general de Relaciones Económicas Multilaterales, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Mérito Civil, en Grado de Encomienda de Número, que le confiere el Reino de España.
Artículo decimonoveno. Se concede permiso al ciudadano coronel de infantería diplomado de estado mayor Pedro Bautista Pérez, subjefe operativo del Estado Mayor Presidencial, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Mérito Civil, en grado de Encomienda de Número, que le confiere el Reino de España.
Artículo vigésimo. Se concede permiso al ciudadano capitán de fragata cuerpo general Guillermo Playán Cuéllar, jefe de la sección III del Estado Mayor Presidencial, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Mérito Civil, en grado de Encomienda de Número, que le confiere el Reino de España.
Artículo vigesimoprimero. Se concede permiso al ciudadano licenciado Agustín Gutiérrez Canet, ministro de la embajada de México en España, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Mérito Civil, en grado de Encomienda de Número, que le confiere el Reino de España.
Artículo vigesimosegundo. se concede permiso a la ciudadana licenciada María N. de la Luz Oñate Muñoz, jefe del departamento de ceremonias y condecoraciones, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Mérito Civil, en grado de Oficial, que le confiere el Reino de España.
Artículo vigesimotercero. Se concede permiso al ciudadano licenciado Víctor Hugo Gómez Cabrera, jefe del Departamento de Visitas de Estado y de Gobierno, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Mérito Civil, en grado de Oficial, que le confiere el Reino de España.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, Distrito Federal, a 2 de mayo de 1990.- Senadores: Saúl González Herrera, Presidente; secretarios: Hugo Domenzain Guzmán y José Joaquín González Castro.''
Trámite:- Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para la atención que proceda.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
La secretaria diputada Guadalupe Gómez Maganda de Anaya:
''Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D. F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados.- Presentes.
Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes, el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano César Antonio Méndez Baeza, para que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Francia en México.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 2 de mayo de 1990.- Senadores: Hugo Domenzain Guzmán y José Joaquín González Castro.''
''MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano César Antonio Méndez Baeza, para que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Francia en México.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, Distrito Federal, a 2 de mayo de 1990.- Senadores: Saúl González Herrera, Presidente; secretarios: Hugo Domenzain Guzmán y José Joaquín González Castro.''
Trámite: - Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para la atención que proceda.
El secretario diputado Gustavo Rosario Torres:
''Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D. F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados.- Presentes.
Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes, el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José Luis Ramírez Cerro, para que pueda prestar sus servicios como empleado de beneficios federales en la embajada de los Estados Unidos de América en México.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 2 de mayo de 1990.- Senadores: Hugo Domenzain Guzmán y José Joaquín González Castro.''
''MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano José Luis Ramírez Cerro, para que pueda prestar sus servicios como empleado de beneficios federales en la embajada de los Estados Unidos de América en México.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, Distrito Federal, a 2 de mayo de 1990.- Senadores: Saúl González Herrera, Presidente; secretarios: Hugo Domenzain Guzmán y José Joaquín González Castro.''
Trámite: - Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para la atención que proceda.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
REFORMAS CONSTITUCIONALES
La secretaria diputada Hilda Anderson Nevárez de Rojas:
''Honorable asamblea: A las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público, se turnó para su estudio y dictamen, la iniciativa de decreto que modifica los artículos 28 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada a través de la Cámara de Diputados al honorable Congreso de la Unión, por el ciudadano Presidente de la República con fundamento en lo previsto en la fracción I del artículo 71 de la propia Constitución.
Recibida la iniciativa por las comisiones de referencia, éstas tomaron el acuerdo de integrar una subcomisión encargada de redactar un proyecto de dictamen, compuesta por 17 diputados miembros de esas comisiones, militantes de los diversos grupos parlamentarios que conforman el cuerpo cameral algunos de ellos, el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el Grupo Independiente, declinaron su participación. Las comisiones unidas acordaron también invitar al ciudadano Pedro Aspe Armella, Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que ante ellas ampliara la explicación que contiene la exposición de motivos y diera respuesta a los diversos cuestionamientos que le hiciesen los diputados. En cumplimiento de ese acuerdo, el viernes 4 de mayo del presente año se celebró sesión plenaria de las comisiones unidas dictaminadoras a la que asistió el Secretario de Hacienda.
La subcomisión redactora del anteproyecto se declaró instalada el día 4 de los corrientes, realizando sesiones de trabajo matutinas y vespertinas los días 5 y 6 de mayo y matutina el día 7. Las discusiones tuvieron una duración aproximada de 20 horas.
La iniciativa propone la derogación del párrafo quinto del artículo 28 constitucional, a fin de posibilitar que la ley de la materia pueda regular que los servicios de banca y crédito sean prestados tanto por el gobierno federal, como por particulares.
Propone también la modificación del artículo 123 constitucional en el apartado A, a cuya fracción XXXI, inciso a, se le agrega la frase: "...y servicios'' y se le añade el inciso 22 con el texto: ''Servicios de banca y crédito''. Se modifica el texto del inciso XIII - bis del apartado B, del mismo artículo 123, para establecer que: ''Las entidades de la administración pública federal que formen parte del sistema bancario mexicano regir n sus relaciones laborales con sus trabajadores por lo dispuesto en el presente apartado''.
Desde el principio de la discusión en la subcomisión, el grupo parlamentario del Partido Popular Socialista estableció su postura en contra de la iniciativa en análisis, por considerar que su contenido contradice las tesis que ha sostenido ese partido, que son concordantes con el texto vigente y porque además se ignora el contenido de la ley sustantiva que contenga las regulaciones sobre el servicio de banca y crédito.
Por su parte, el grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional anunció que había entregado a la Oficialía Mayor de la honorable Cámara de Diputados, con fecha 3 de los corrientes, una iniciativa de modificación al texto del Párrafo quinto del artículo 28 constitucional y que a manera de proposición incorporó a la discusión de la subcomisión bajo el siguiente texto: ''...Se exceptúa también de lo previsto en la primera parte del primer párrafo de este artículo la prestación del servicio público de banca y crédito. Este servicio ser prestado por el Estado a través de instituciones y por los particulares previa concesión, en los términos que establezca la correspondiente ley reglamentaria, la que también determinar las garantías que protejan los intereses del público y el funcionamiento de aquéllas en apoyo de las políticas de desarrollo nacional''.
Por las razones que en cuerpo de este dictamen se expresan, no fue posible considerar para el proyecto de decreto el texto antes propuesto, a pesar de que expresa la coincidencia del grupo parlamentario indicado con la intención de la iniciativa presidencial, a fin de que el servicio de banca y crédito sea prestado por el gobierno y por particulares.
Además, la subcomisión analizó los aspectos relativos al objeto de la iniciativa, su procedencia, su justificación; la naturaleza del servicio de banca y crédito; la liberación de recursos y su canalización al bienestar social, la estabilización económica y la ampliación de las posibilidades de desarrollo; la necesidad de una nueva regulación legal sobre la actividad bancaria y el marco constitucional de la relación laboral en el sistema bancario.
ANTECEDENTES
Los servicios de banca y crédito constituyen una actividad de gran importancia en cualquier sistema económico. Su función primordial consiste en facilitar la movilización de los recursos de la sociedad entre los agentes económicos que generan excedentes financieros y las personas o empresas que tienen necesidad de obtener recursos para financiar sus proyectos de gasto de diversa índole.
Este hecho, es lo que da origen a los servicios, genéricamente denominados de banca y crédito, que vienen a satisfacer la necesidad de movilizar recursos entre grupos o personas; de ahí el nombre de intermediarios financieros con que usualmente se designa a las instituciones que brindan este tipo de servicios.
La función de intermediación financiera reviste características especiales. Por un lado, quienes generan excedentes financieros y tienen la necesidad de poner en manos de alguien, persona o institución, estos excedentes o ahorros, sean estos personales, familiares, o de una empresa, exigen un alto grado de certeza y confiabilidad en este tipo de instituciones. Por otra parte, quienes solicitan los recursos, también requieren confianza y la garantía de disponer de dichos recursos con la calidad y oportunidad necesarias para los fines del proyecto de que se trate.
En suma, tanto los ahorradores como los usuarios de ahorro demandan calidades especiales a quienes proporcionan estos servicios de banca y crédito. La naturaleza especial de estos servicios constituye la razón fundamental por la que, en México y en todos los países, el orden jurídico siempre ha otorgado una especial atención a la regulación de la organización, funcionamiento, tipo de operaciones, contabilidad y vigilancia de las empresas o instituciones que prestan los servicios de banca y crédito.
En México los antecedentes sobre el tema parten desde la época colonial. En los siglos XVIII y XIX se fundan las primeras instituciones de crédito, cuyo marco jurídico est vinculado a la actividad mineral colonial y que da origen a la banca comercial.
La Constitución de 1917 estableció que la función de emisión de billetes se realice por un banco único, lo que dio origen a la creación del Banco de México y reservó para el Estado la acuñación de moneda. Los servicios de banca y crédito fueron considerados jurídicamente como actividad mixta. El funcionamiento y las operaciones de las empresas o instituciones de banca y crédito se regularon por leyes ordinarias, mismas que evolucionaron a la par del desarrollo de la actividad financiera.
Este es el marco que prevalece hasta 1982 cuando el servicio de banca y crédito pasa a ser actividad exclusiva del Estado, mediante la reforma del artículo 28 de la Constitución. En los términos de la exposición de motivos de la iniciativa que nos ocupa, no fue casualidad que esta reforma constitucional haya ocurrido en este momento, fue una acción que se explica en el contexto de la crisis financiera del país de dicho año. La urgencia no podía ser mayor. El momento no podía ser más difícil: era la etapa final de una estrategia de desarrollo basada en la protección comercial y en la expansión propietaria y empresarial del Estado, todo ocurría en medio de una aguda crisis económica.
A lo largo de su existencia, la banca ha sido objeto de cambios importantes: fue banca comercial de fomento, luego de fomento y de emisión, de manera simultánea, después banca especializada, posteriormente se incluyó en el servicio integrado de banca múltiple y finalmente se transformó en banca estatal.
CONSIDERANDOS
A casi ocho años de distancia de la decisión que estableció la exclusividad estatal en la prestación de los servicios de banca y crédito, el titular del Ejecutivo propone a la consideración de la Cámara de Diputados, una iniciativa de reforma constitucional que tiene como propósito modificar el régimen de la prestación del servicio de banca y crédito para que éste deje de ser exclusivamente brindado por el Estado y pueda, en consecuencia ser prestado por particulares.
Esta propuesta, se sustenta en tres motivos fundamentales:
Primero, la impostergable necesidad de concentrar la atención del Estado en el cumplimiento de sus objetivos básicos: dar respuesta a las necesidades sociales de la población y elevar su bienestar sobre bases productivas y duraderas.
Segundo, el cambio profundo en el país de las realidades sociales, de las estructuras económicas, del papel del Estado y del sistema financiero mismo, se modifica de raíz las circunstancias que explicaron la estatización de la banca.
Tercero, el propósito de ampliar el acceso y mejorar la calidad de los servicios de banca y crédito en beneficio colectivo, evitando subsidios, privilegios y abusos.
El primer motivo pone de manifiesto que esta iniciativa se inscribe dentro de la estrategia de modernización que ha postulado el titular del Ejecutivo Federal. Esta estrategia de cambio, incluye la reforma del Estado para que éste, a la luz de la profunda transformación mundial y los cambios que se han producido en la economía y la sociedad nacionales pueda cumplir de la mejor manera posible los fines que le son propios. Los valores políticos que orientan esta reforma están expresados en la Constitución General de la República y obligan al Estado a fortalecer la soberanía y la justicia social, reconociendo una estrecha vinculación entre estos fines a mayor justicia social mayor soberanía. Es decir, se puede vitalizar la soberanía por la vía de la ampliación de la justicia social.
Con el propósito de enfrentar con decisión sus desafíos, superar insuficiencias, alcanzar un mayor bienestar y preservar su soberanía, la nación entera est empeñada en auténticas y profundas transformaciones.
Hoy, los mexicanos refrendamos el apego a nuestros principios y el arraigo a nuestras vocaciones. Coincidimos en el afán de autodeterminación, de convivencia Democrática y de una vida digna pata todos.
La conformación de la estructura económica y social, los din micos procesos que protagoniza la comunidad de las naciones y las respuestas y actitudes de la sociedad política, están fijando el ritmo de la concreción de los acuerdos nacionales para la ampliación de la vida Democrática, la recuperación económica y el mejoramiento productivo del nivel de vida. Su plena ejecución y arraigo hacen inevitable la reforma del Estado.
Es por tanto consecuente que la iniciativa de reforma constitucional materia de este dictamen se inscriba en la necesaria reflexión sobre la evolución del Estado mexicano. Es aún más pertinente cuando el Ejecutivo Federal en sus considerandos alude al dilema que enfrenta el Estado: "Atender crecientemente todas las propiedades nacionales o responder eficazmente a las necesidades populares para los mexicanos. El dilema sólo puede resolverse a favor de la justicia, razón colectiva de nuestra historia".
El Constituyente de 1917 expresó las bases para el establecimiento de un régimen de economía mixta, aportando una nueva concepción de los fines del Estado mexicano.
La desincorporación de empresas públicas no estratégicas, ni prioritarias, responde a la necesidad de liberar recursos y potencialidades del Estado y la sociedad para avanzar en el proyecto nacional. Este proceso, que hoy incluye al cambio en la estructura del capital de la banca múltiple, no significa renunciar a la rectoría estatal, ya que ésta no se circunscribe a la propiedad pública, sino a los instrumentos que permitan orientar, regular y conducir el desarrollo nacional. Es decir, la rectoría se ejerce en el ámbito instrumental en base a los principios categóricamente establecidos en el artículo 25 constitucional. Se concreta así el ejercicio de la autoridad en beneficio del pueblo.
El segundo motivo exige profundizar en la situación prevaleciente en 1982 y en los cambios subsecuentes: 1982, el país padecía una severa crisis económica, después de un período de r pido crecimiento. La caída en los precios del petróleo y el aumento en las tasas internacionales de interés, frente a una expansión del gasto interno
trajeron como consecuencia un considerable desequilibrio fiscal y financiero. El elevado monto de la deuda externa acumulada, la contracción de los flujos crediticios internacionales, las salidas de capital y el desplome de los precios de los productos de exportación, propiciaron un agudo desequilibrio en la balanza de pagos. El ambiente que prevalecía se veía afectado, además, por una fuerte contracción económica y una aceleración de la inflación. Los mercados financieros reflejaban la incertidumbre de las devaluaciones ocurridas y de los pagos de divisas extranjeras realizados en moneda nacional. Todo esto exacerbó una crisis de proporciones indeterminadas.
Tal fue el contexto en que se tomó la decisión de reservar en exclusiva para el Estado el servicio de banca y crédito.
La crisis financiera se prolongó durante los años ochenta y como la iniciativa del Ejecutivo señala, Marcó, al mismo tiempo, el agotamiento de un estrategia de política económica que había mostrado resultados positivos en épocas anteriores. Motor de la actividad económica, el Estado construyó la infraestructura productiva que sentó las bases para le expansión industrial del país. Sin embargo, al ir adquiriendo compromisos adicionales, asociados, a una mayor participación directa en la actividad económica, el Estado fue reduciendo su propia capacidad de acción para atender las demandas sociales de una población creciente. También disminuyó la eficacia del Estado para impulsar, de manera directa, el crecimiento de una economía que permanecía cerrada frente a una tendencia internacional de mayor apertura y competitividad.
Las condiciones económicas del presente han variado gracias al esfuerzo de los mexicanos. En este sentido se ha avanzado en la renegociación de la deuda externa, en la repartición de capitales, en el combate a la inflación y la estabilización del tipo de cambio. La inflación alcanzó una cifra de 20% en 1989, y el crecimiento ascendió 2.9% en el mismo año. Las políticas de cambio estructural han sentado las bases para lograr un crecimiento estable, sostenido y justo. La economía se encuentra abierta a la competencia externa y el aparato productivo tiende a ser más eficiente y diversificado.
Las finanzas públicas se encuentran en proceso de saneamiento. Los desequilibrios fiscales, financieros y de balanzas de pagos tratan de ser compatibles con las metas de estabilidad de precios y crecimiento económico. Después de más de siete años de esfuerzo, hoy se requiere consolidar los avances logrados.
A nivel internacional, entre 1982 y 1990, se ha acelerado el proceso de cambio en virtud del desarrollo de nuevas tecnologías en prácticamente todos los campos. La incorporación de estas tecnologías a la esfera económica provoca transformaciones en los patrones de producción y comercio, modifica la estructura de la demanda de materias primas y mano de obra, acelera la integración de la economía mundial y aumenta las presiones del mercado y la competencia entre empresas. Además, los centros generadores de recursos y de la din mica de crecimiento se han desplazado.
Esta profunda transformación económica se est dando junto con una transformación política mundial. Los estados nacionales están cambiando, y no lo hacen por moda o por mera imitación, lo hacen para sobrevivir a la competencia y poder enfrentar una nueva división del trabajo. Buscan en el cambio, la clave para resolver sus problemas.
En este marco de cambios profundos en la economía mundial, casi todos los estados revisan hoy su tamaño y depuran el ámbito de su participación económica independientemente de su ideología, sistema político, nivel de desarrollo o ubicación geográfica.
El tercer motivo es el propósito de aumentar la cantidad y la calidad de los servicios financieros que demanda una economía en crecimiento y abierta a la competencia internacional sin que se debilite la autoridad del Estado en el sistema. Para ello se requiere capitalizar y modernizar la banca al tiempo que se consolida la rectoría del Estado en la materia.
Debe reconocerse que el Estado es un administrador eficaz de la banca, y que ha conseguido avanzar en su proceso de modernización. La propuesta de retornar a un régimen mixto en propiedad de los bancos, ciertamente no obedece a que el Estado haya tenido un mal desempeño. Por el contrario, su buena gestión ha permitido acumular cuantiosos recursos que, sin embargo, por las características propias del sistema bancario y sus necesidades de inversión, permanecen inmovilizados, lo que no es congruente con las prioridades de un Estado moderno en un país con enormes carencias.
El sistema bancario se encuentra ahora más sólido y capitalizado, después de haber reinvertido prácticamente la totalidad de las utilidades durante siete años. En las circunstancias actuales, considerando el crecimiento proyectado, se espera un aumento importante en la demanda de crédito. Por consiguiente, de mantenerse el régimen
jurídico vigente en el sistema bancario nacional, el sector público estaría obligado a incrementar su capitalización, ello implicaría una gran cantidad de recursos públicos inmovilizados, sin obtener dividendos en efectivo. Tales recursos son demandados por la población para satisfacer sus crecientes necesidades básicas.
La iniciativa plantea con claridad un orden de prioridades: hoy, ante las grandes necesidades que enfrentamos, los limitados recursos existentes y la seguridad de que los instrumentos jurídicos y administrativos a disposición del Estado, son suficientes para ejercer la rectoría en materia económica, no es necesario mantenerle la exclusividad de la prestación del servicio de banca y crédito.
Al efecto, es de destacarse que el restablecimiento del concurso de particulares y Estado en el régimen de propiedad en la banca no debe significar ni el retorno de privilegios, ni el abandono de la rectoría del Estado, ni una renuncia a su participación directa en la actividad financiera. La profundización de los mercados de dinero y capitales, la diversificación de instrumentos e intermediarios, la mayor competencia entre ellos y la actual existencia de un marco normativo de reciente adecuación, impedir n que se formen monopolios de asignación de recursos o que se canalicen éstos de manera preferencial en favor de intereses de grupos particulares, como pudo ocurrir en el pasado.
Los tres motivos que fundamentan la propuesta de la iniciativa sirven de marco para dar respuesta a una preocupación que ha estado presente en las deliberaciones suscitadas en el seno de las comisiones unidas dictaminadoras: el destino de los recursos que se obtendrán de la enajenación de la participación estatal en el capital de la banca. Estas comisiones reiteran que los diputados vigilar n, en los términos de su competencia, que tales recursos se orienten a satisfacer las demandas más urgentes de quienes menos tienen, a fortalecer la estabilidad económica del país y a engrandecer las perspectivas de desarrollo de largo plazo en la nación.
En este orden de ideas, esta comisión estima procedente la propuesta del Ejecutivo consistente en derogar el quinto párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de que el Estado ya no sea el accionista mayoritario de todas y cada una de las instituciones bancarias. Empero, podrá conservar una participación en la banca comercial y seguir impulsando además, aquellas instituciones orientadas al fomento de actividades prioritarias específicas.
Como resultado de las discusiones a que ha sido sometida la iniciativa de decreto, así como los planteamientos presentados en la comparecencia del ciudadano Secretario de Hacienda y Crédito Público, estas comisiones encuentran conveniente precisar en este dictamen, que la legislación secundaria que regule el servicio de banca y crédito que sea objeto de análisis revisión y discusión por parte de esta soberanía, deber entre otras cuestiones, dedicarse, en su oportunidad, a precisar el régimen relativo a la actividad de banca y crédito, considerando la figura jurídica precisa en términos del derecho administrativo; de igual forma, los diputados participantes expresaron su preocupación porque la ley secundaria establezca las garantías que protejan el interés del público usuario de los servicios de banca y crédito y la forma como éstos deberán contribuir a los programas nacionales de desarrollo e igualmente el establecimiento de disposiciones relativas a la exclusividad de los mexicanos en el control de los bancos comerciales nacionales; la fijación de límites en las tenencias accionarias que impidan que la banca sea controlada por unos cuantos.
Por otro lado, y en relación con el proceso de enajenación de las partes sociales propiedad del gobierno federal, esta Cámara deber estar atenta a que el citado proceso se oriente y sujete a los principios de democratización del capital, de transparencia en su ejecución, de obtención de las mejores condiciones en su enajenación y de la aplicación de los recursos que se obtengan en los términos que plantea la propia iniciativa del Ejecutivo Federal, este dictamen y la legislación de la materia.
En virtud de los considerandos anteriores, estimamos procedente la derogación del párrafo quinto del artículo 28 constitucional. Con ello, el Estado tendrá la posibilidad de sustraer parcialmente de su ámbito económico a la actividad de banca y crédito que en los términos del artículo 25 constitucional y del párrafo cuarto del 28 no se define como rea estratégica.
Asimismo, en la iniciativa se propone la modificación al inciso a, de la fracción XXXI del apartado A del artículo 123 constitucional, a fin de que corresponda a las autoridades federales del trabajo la aplicación del propio apartado A y sus leyes reglamentarias, no sólo en las ramas industriales que al presente se enuncian en los numerales del uno al 21 de ese inciso, sino también a servicios y, en congruencia con este agregado, añade el numeral 22 del propio inciso, determinando que por lo que hace a los servicios de banca y crédito corresponder también a las autoridades federales la aplicación de la normatividad laboral. Las comisiones unidas
consideran conveniente que la autoridad federal sea la responsable de aplicar las normas del apartado A. del artículo 123 constitucional y las de sus leyes reglamentarias en las relaciones laborales que se den entre las empresas que presten servicios de banca y crédito y sus trabajadores, pues la naturaleza de esos servicios justifica su federalización en materia de trabajo.
La reforma que se propone a la fracción XIII - bis del apartado B del artículo 123 constitucional, implica una excepción en la aplicabilidad de las normas del trabajo contenidas en el apartado A, pues para regir las relaciones laborales entre las entidades de la administración pública federal que forman parte del sistema bancario mexicano, serán aplicables las reglas del apartado B del artículo 123 y no las del apartado A.
La ley que regule la actividad bancaria deberá precisar cuáles son las entidades de la administración pública federal que formen parte del sistema bancario mexicano, para los efectos de la fracción XIII - bis del apartado B del artículo 123 de la Carta Magna.
En cualquiera de las hipótesis antes indicadas, los derechos de los trabajadores deberán permanecer inalterados y su preservación, aunque es de por si evidente, habrá de ratificarse en la ley ya mencionada.
Por lo antes expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público, someten a la consideración y aprobación, en su caso, de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 28 Y 123
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS
Artículo primero. Se deroga el párrafo quinto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo segundo. Se modifica y adiciona el inciso a, de la fracción XXXI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 123..................................................................
A..............................................................................
XXXI...........................................................................
a) Ramas industriales y servicios.
21.............................................................................
22. Servicios de banca y crédito.
Artículo tercero. Se reforma la fracción XIII - bis del apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 123..................................................................
B..............................................................................
XIII - bis. Las entidades de la administración pública federal que formen parte del sistema bancario mexicano regirán sus relaciones laborales con sus trabajadores por lo dispuesto en el presente apartado.
TRANSITORIOS
Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. En tanto se expiden las nuevas normas aplicables, las instituciones de banca y crédito y las sucursales en México de bancos extranjeros que cuenten con concesión del gobierno federal continuarán rigiéndose por las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
Recinto oficial de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 7 de mayo de 1990."
Trámite: - Primera lectura.
El Presidente: - Señores diputados, vamos a conceder el uso de la palabra a la diputada Carmen mercado Téllez, del Partido Popular Socialista, miembro de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público, quien presentó voto particular respecto a la iniciativa de reformas y adiciones a los artículos referidos de la Constitución General de la República.
La diputada Carmen Mercado Téllez:
«Voto particular del Partido Popular Socialista.
Honorable asamblea: El pueblo mexicano ha tenido a través de su historia tres grandes objetivos: lograr y ejercer cabalmente su independencia, ampliar permanentemente y mejorar de manera sustancial su vida democrática y elevar el nivel de vida de los mexicanos.
Se trata de objetivos que han estado en la conciencia de nuestro pueblo, de manera más clara y lúcida en los momentos estelares de la historia nacional, y ellos han guiado la lucha de los hombres que, en el pasado y en el presente, de manera individual o asociados con otros mexicanos, han dado su tiempo y su vida para lograrlos cabalmente. Esos objetivos explica la lucha de Hidalgo, de Morelos, de Juárez, de Villa, de Zapata, de Lázaro Cárdenas y otros héroes del pueblo mexicano; esos objetivos han estado en el centro del combate que han sostenido los insurgentes y liberales del siglo pasado, los revolucionarios de principios de siglo y de las fuerzas progresistas, patrióticas y revolucionarias de nuestros días.
Si quisiéramos sintetizar la lucha permanente e inacabada del pueblo mexicano, podríamos decir que se trata de la lucha entre dos conjuntos de fuerzas: las que luchan por avanzar y las que luchan por retroceder; las que han peleado siempre por acabar con los privilegios económicos, políticos y sociales de las breves minorías, en cada época y los que tratan de mantener esos privilegios. Estas fuerzas minoritarias nunca han luchado por la independencia nacional, al contrario, se mantuvieron y se mantienen contra ella; esas fuerzas reaccionarias han resistido y se mantienen contra cualquier medida que amplíe la vida democrática de la nación, y en defensa de sus insultantes privilegios no dudaron nunca ni duda ahora en llevar a la miseria, al hambre y ala muerte a cientos y miles de compatriotas.
El grado en que un gobierno del país cumpla los objetivos históricos del pueblo o realice los de la minoría, es lo que nos permite calificarlo de popular y revolucionario o de contrarrevolucionario, antipopular y antinacional.
El Partido Popular Socialista considera que tenemos que recurrir, en todo momento a la historia de nuestra nación para cumplir con su mandato, que es, al mismo tiempo, el mandato del pueblo, muy a pesar de lo que piensen los desnacionalizados, que repudian en la teoría y en la práctica la historia nacional y se atreven a calificarla despectivamente como simple nostalgia.
Por eso hemos invocado los grandes objetivos del pueblo mexicano y ellos sirven de sustento al presente voto particular del Partido Popular Socialista.
El papel del Estado en México
El Estado, como organización política, no siempre ha existido, ni siempre existirá. El Estado es un producto de la sociedad; no será eterno. La organización por tribus o confederación de tribus que existía antes de la conquista española, no es una organización estatal. El Estado - iglesia fue la organización jurídica y política durante los 300 años de la colonia.
La nación mexicana que se fue formando durante tres siglos, ya madura, inició la lucha por su independencia. La organización política que lograron los insurgentes y los liberales, cuyo triunfo definitivo se obtuvo con la República, tiene la característica de ser un Estado anticolonial en materia económica, política y social; es un Estado liberal, anticolonial y no liberal en el sentido europeo; no pretende dejar hacer y dejar pasar; su objetivo central fue acabar con todas las trabas impuestas por la estructura colonial y no convertirse en estado policía.
Por eso la república federal de 1824 y la Constitución de ese año, pero sobre todo las leyes que fueron resultado de la revolución de Ayutla, las Leyes de Reforma y la Constitución de 1857, son liberales en el sentido de ser anticoloniales; fueron el sustento del Estado mexicano que nacía, no de un estado que estuviera construyendo el capitalismo como es el caso del estado liberal de Europa. Aquí la tarea era acabar las prohibiciones impuestas por la colonia, promover el desarrollo de las fuerzas productivas y hacer frente a las enormes necesidades públicas.
El Estado liberal mexicano del siglo XIX, orientado contra las trabas de la vida colonia, continúo su desarrollo con el Estado surgido de la Constitución de 1917, después de destruir al régimen feudal y semiesclavista del porfiriato.
Se trata de un Estado interventor, de un Estado productor y prestador de servicios, de un Estado protector de las grandes masas de la población.
El pueblo mexicano se propuso y logró un Estado económicamente poderoso, pilar fundamental de la independencia nacional. Rescató para la nación el petróleo, los ferrocarriles, la electricidad, la industria textil, la minería el comercio El Estado en ninguna de esas cosan suplantó a la iniciativa privada, que no existía y que se desarrolló gracias al sector estatal de la economía.
No fueron los integrantes de la libre empresa quienes rescataron el suelo, el subsuelo y los recursos naturales, fue el Estado, el que volviéndose empresario tomó en sus manos el petróleo, la petroquímica, la electricidad, el carbón mineral, el hierro, el acero y las actividades de banca y crédito. El Constituyente de Querétaro
previó, en términos generales, el desarrollo del país, pero era natural que no pudiera prever todo. Pretender, como lo hace la iniciativa del Ejecutivo para desnacionalizar la banca y el crédito, encontrar en el Constituyente de Querétaro el sustento político de las reprivatizaciones es irresponsable y demagógico. La asamblea constituyente que redactó la Constitución de 1917 estuvo integrada por revolucionarios, no por contrarrevolucionarios. Esa iniciativa del gobierno federal, como todas las decisiones orientadas a rematar el patrimonio nacional, mediante el desmantelamiento del sector estatal de la economía, tiene su base en los compromisos con el Fondo Monetario Internacional; se hace eco de la ola reprivatizadora impuesta por el imperialismo yanqui y ejecutada aquí eficazmente por el gobierno actual.
Afirmar, como lo sostiene el grupo neoliberal en el poder, que vendiendo el patrimonio nacional, poniéndolo a remate, a favor de los intereses privados, se van a remediar las necesidades sociales del pueblo, es faltar a la verdad; es un argumento falso y engañoso. Lo cierto, es que gobiernan en México, desde 1982, o por lo menos controlan los puestos claves del gobierno, los enemigos declarados de la intervención del Estado en el desarrollo económico, ahora ya sin rubor venden, a su capricho, empresas fundamentales del país.
Se dice también que se reprivatizan empresas, y en este caso la banca y el crédito, para defender, con mayor eficacia, la soberanía nacional. Nosotros preguntamos: ¿con un Estado débil económicamente, con un Estado vigilante, con una burguesía privada fuerte se garantiza mejor la soberanía de la nación?
El grupo en el poder ha recogido y ahora expresa como suya la tesis de los sinarquistas del país que sostienen que el Estado no debe ser propietario, sino rector; sólo que los neoliberales van más allá; al sostener que el Estado propietario es un Estado injusto. ¡Compárense los niveles de vida del pueblo en toda la etapa de creciente intervención estatal con los del sexenio pasado y lo que va del actual!; ¡compárense los salarios que alcanzaron los trabajadores hasta 1982 con los que tienen actualmente!; ¡compárense los derechos de la clase obrera, en la práctica, con los que se le respetan ahora!; ¡compárense el volumen de la inversión extranjera con el existente en los últimos ocho años!
La aplicación de las tesis neoliberales, reaccionarias han hecho al país más dependiente, desde el punto de vista económico; han generado más pobreza, más injusticia, han provocado hambre y miseria a miles y miles de compatriotas. La soberanía del país ahora está en grave peligro por las medidas desnacionalizadoras.
El Ejecutivo Federal, realizando una intensa campaña para justificar la desnacionalización de la banca, sostiene que el propósito es restablecer el régimen mixto en la prestación de la banca y crédito. Se trata de otra falsedad. Ya Miguel de la Madrid, a los pocos días de tomar posesión como Presidente regresó a los particulares el 34% de acciones de la banca nacionalizada, restableciendo el régimen mixto, posteriormente implementó la banca paralela y ahora pretende consumarse la entrega total.
Se dice también que la nacionalización de la banca se justificó en 1982, pero que las circunstancias han cambiado y que ahora lo que se justifica en su desnacionalización. La actual iniciativa del Ejecutivo sostiene que fueron sustancias coyunturales las que obligaron a la nacionalización, como la baja del precio del petróleo, la carencia de recursos del exterior, el déficit en las finanzas públicas y la cerrazón comercial a la competencia externa.
El Partido Popular Socialista quisiera recordar parte del contenido del dictamen que se produjo en la Cámara de Diputados, en 1982, presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, firmada por algunos diputados que se encuentran en esta Cámara como representantes populares.
Dice el dictamen textualmente: "La nacionalización de la banca constituye una decisión histórica que tiene su raíz en nuestros movimientos revolucionarios y en la Constitución de 1917".
Toda la argumentación de la iniciativa enviada a esta soberanía por Carlos Salinas de Gortari es diametralmente opuesta a esta consideración. Es más, la iniciativa actual trata de buscar en la Revolución Mexicana, en la obra del Constituyente de Querétaro y aún en la propia Constitución de 1917, justificación para continuar su proyecto desnacionalizador.
El dictamen continúa: "Por ser la Constitución el instrumento del que emana el sistema de nuestro estado social de derecho, resulta consecuente que se establezca ahora como una decisión fundamental para el robustecimiento de dicho proyecto, el rescate integral para la nación de una actividad que en manos del particulares demostró propiciar distorsiones serias en la economía y en la vida social del país, como lo refiere con claridad y amplitud, la iniciativa del Ejecutivo".
Los particulares utilizaron la concesión que el Estado les dio de otorgar el servicio de banca y crédito, para especular con el dinero de los mexicanos, amasar enormes fortunas y saquear al país, casi hasta llevarlo a la quiebra. Esto no lo refiere la iniciativa del Ejecutivo, porque trata de ocultar la actividad criminal de estos tiburones de las finanzas. Es más, el gobierno sostiene que el servicio de banca y crédito se modernizará reprivatizándolo, cuando ya se demostró hasta la saciedad el carácter voraz de los banqueros, particulares ¿o en ocho años los banqueros, siguiendo las "transformaciones" que ha experimentado el país, se habrán convertido en damas de la caridad?
El gobierno que encabeza Salinas de Gortari sostiene con insistencia que el desarrollo económico sólo se logrará si se entrega el patrimonio de los mexicanos a los negociantes particulares. Si se lleva esta tesis, hasta el extremo, como ya está ocurriendo con las contrarreformas electorales, primer paso para desplazar a los partidos de la vida política nacional, pronto se planteará la privatización del Estado mexicano.
Más adelante el dictamen dice: "Frente al ejercicio abusivo de las libertades económicas, que propician sólo el interés particular, es deber insoslayable del Estado salir en defensa de los intereses de la sociedad, adoptando, con la energía y el rigor que sean necesarias, las medidas adecuadas para preservar dichos intereses, tanto más cuanto el desorden en este campo venía repercutiendo en perjuicio de la mayoría nacional, bajo cuyo mandato y sólo por él deben actuar los poderes instituidos y legitimados por la Constitución del país".
La nacionalización de la banca, fue una medida para beneficio de la nación. El Ejecutivo Federal y la representación nacional, en 1982, así lo entendieron y actuaron con elevada responsabilidad; en tanto que la actual iniciativa enviada por Salinas de Gortari responde a los intereses de la minoría, sin duda alguna. En la medida en que el Estado mexicano tenga mayor capacidad y mayor intervención en la vida económica, podrá garantizar la defensa de la soberanía y tomar medidas para elevar el nivel de vida del pueblo.
La desnacionalización de la banca y el crédito que propone el Ejecutivo Federal llevará, como llevó antes de 1982, a la concentración excesiva en pocas manos, conducirá al ejercicio monopólico de esa actividad económica que es verdaderamente una actividad estratégica y no secundaria como lo pretenden los autores de la iniciativa. El servicio de banca y crédito prestado de manera exclusiva por el Estado con exclusión de los particulares, como lo señala el párrafo quinto del artículo 28 constitucional, es la mejor garantía de su manejo democrático, porque se pone al servicio de la nación. No será una medida democrática, sino claramente antidemocrática la reprivatización de ese servicio, porque se le entrega a la minoría acaudalada, voraz y antipatriótica, un área estratégica y cuantiosos recursos que siempre deben estar al servicio de la mayoría de los mexicanos.
El actual gobierno casi abandona la mayoría de los argumentos que inicialmente utilizó para rematar el patrimonio nacional y ahora se concentra en uno cuyo manejo nos parece perverso; dice que hay que "vender bienes para remediar males". La iniciativa del Ejecutivo machaconamente insiste en esta idea ya manejada con anterioridad para pretender justificar el desmantelamiento del sector estatal de la economía, pero ahora, haciendo de ella el centro de su argumentación. Si viviera Antonio López de Santana no dudaría en sostener lo mismo, y no están lejos de vendedores del patrimonio de los mexicanos de asumir una conducta similar a la de ese personaje nefasto del siglo pasado.
Esa idea se maneja con verdadera mala fe, porque nunca podrá demostrar el gobierno que, vendiendo el patrimonio nacional, se mejore la vida de los mexicanos. La venta de empresas no se ha traducido, ni se va a traducir en beneficio del pueblo.
Señor Presidente; señores diputados: Estas son las consideraciones históricas, políticas, económicas, constitucionales, legales y de carácter social que dan sustento al voto particular del Partido Popular Socialista, que es en contra.
Por lo anterior, el Partido Popular Socialista plantea la siguiente
PROPOSICIÓN DE DICTAMEN
Único. Dese por desechada la proposición del Ejecutivo, que propone derogar el párrafo quinto del artículo 28 de la Constitución General de la República y la modificación de la fracción XXXI del apartado "A" del artículo 123 y la fracción XIII bis del apartado "B" del mismo artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.»
Archívese al expediente.
VISITA PAPAL
El Presidente: - Para el rubro de toma de posiciones, comentarios y declaraciones, también
por el grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, hará uso de la palabra la diputada Gloria Rodríguez Aceves. Declaración del Partido Popular Socialista sobre la visita a México del Papa Juan Pablo II.
La diputada Gloria Rodríguez Aceves: - Señor Presidente; honorable asamblea: Ante la actual visita a México del jefe político del Vaticano, Karol Wojtyla, el Partido Popular Socialista se dirige al pueblo de México y declara:
El Partido Popular Socialista es un partido profundamente respetuoso de las creencias religiosas de los mexicanos, cuyo ejercicio está plenamente garantizado en el artículo 24 de la Constitución del país. Nuestro partido jamás ha utilizado ni utilizará a la religión con fines políticos y rechaza, con la mayor energía, el manejo tendencioso e interesado que diversas fuerzas políticas y sociales están haciendo de la visita del señor Karol Wojtyla.
La visita del Papa Wojtyla se inscribe dentro del marco general de una violenta ofensiva de las fuerzas del imperialismo mundial en contra de las justas aspiraciones de libertad, independencia, soberanía plena y justicia de nuestros pueblos.
En la historia de México no se ha dado solo caso en que la iglesia católica, institución que encabeza el Papa, haya contribuido a resolver los problemas del pueblo o a enfrentar a los poderosos enemigos que nos han agredido en distintos épocas. La propia historia demuestra que esa institución se convirtió en pilar fundamental de la conquista española, consumada a sangre y fuego; durante los 300 años de la colonia apuntaló con todo su poder e influencia al gobierno opresor confundiéndose con él, gozando de fueros y privilegios e implantando un régimen de intolerancia y dogmatismo que ocasionó graves daños al pueblo.
La iglesia católica luchó al lado de los españoles y en contra de las aspiraciones de independencia nacional de los mexicanos, condenó a los insurgentes, excomulgó y anatomizó al Padre de la Patria, el cura Miguel Hidalgo, en términos jamás conocidos ni antes ni después en la historia nacional; combatió hasta el último momento y se mantiene contra la obra revolucionaria de Benito Juárez, por las medidas patrióticas que tomó en el siglo pasado que hicieron posible el nacimiento y fortaleza de la República; ha rechazado con espíritu faccioso la Constitución liberal de 1857 y la de 1917; no ha superado el revanchismo que anima su conducta y jamás ha podido abandonar su actitud agresiva y sediciosa contra el Estado mexicano y la Carta Magna, que le niega, por mandato popular e histórico, personalidad de cualquier carácter.
El pueblo mexicano conoce bien su historia y guarda clara memoria de ella, por eso, siendo católico en su mayoría, sabe que el Estado mexicano, surgido de los movimientos sociales revolucionarios, nunca le ha limitado o conculcado sus derechos en materia religiosa y además está enterado que por decisión popular se han incorporado a la Constitución que nos rige, disposiciones que prohiben la intolerancia y el dogmatismo, así como la existencia de fueros y privilegios para una institución, que en su afán de confundir al pueblo, ha calificado como antirreligiosas las decisiones trascendentales en la historia de la nación.
De ahí que al lado de la libertad de creencias, como una garantía individual, la Constitución vigente reconozca al Estado mexicano como el único y exclusivo titular del poder civil.
El Papa viene a México a realizar una intensa campaña eminentemente política y no una visita pastoral como pudieran pensar los católicos de buena fe.
Se han aliado para lograrla y promoverla, diversas fuerzas, como el grupo contrarrevolucionario en el poder, que busca afanosamente en la alianza antihistórica con el Vaticano, para apuntalar su política desnacionalizadora. La derecha tradicional panista, el clero político, los sinarquistas, el gran poder económico de la industria, la agricultura, el comercio y las finanzas, para lograr dividendos políticos.
Ante la inminente visita del Papa, el clero político y la derecha han echado las campanas al vuelo y su afán de aprovechar al máximo la presencia del jefe político del Vaticano, han arreciado su campaña contra la Constitución General de la República, particularmente contra los artículos 3o., 5o., 24, 27 y 130. Legítima aspiración que en sucesivas ocasiones el pueblo y sus fuerzas democráticas han resuelto derrotando a quienes promueven volver al pasado.
A juicio del Partido Popular Socialista, el legado de Benito Juárez, el mandato de la historia nacional y las disposiciones de nuestra Constitución en materia religiosa, mantienen plena vigencia.
La modernidad en las relaciones Estado - iglesia, no pueden justificarse con una vergonzante claudicación histórica y un intencionado olvido del pasado.
La verdadera modernidad que responde a la historia y al interés nacional, se manifiesta en la sujeción del poder eclesiástico, al poder del Estado mexicano, se expresa, no en la separación del Estado y la iglesia, sino en la preponderancia indiscutible del poder civil y en la existencia jurídica y política de las iglesias, tal y como lo expresa la Constitución mexicana.
El Partido Popular Socialista rechaza, con la mayor energía, los intentos del clero políticos de modificar la Constitución, para reconquistar fueros y privilegios. Condena la convocatoria que abierta o veladamente ha hecho la alta jerarquía eclesiástica para promover una lucha fratricida entre los mexicanos, sólo para saciar su sed de revancha histórica, siempre y con el apoyo declarado del Vaticano y ahora del Papa visitante, pero también condena y rechaza la conducta complaciente y tolerante de los gobernantes, que intencionalmente permiten que se violen las normas que los mexicanos nos hemos dado en materia religiosa.
Frente a la conducta de la jerarquía eclesiástica y ante la visita del Papa, el Partido Popular Socialista llama a las fuerzas democráticas para exigir al gobierno federal y a los gobiernos estatales, cumplan la obligación que tienen de respetar y hacer respetar las normas constitucionales y legales en materia de culto religioso, normas cuya observancia no está sujeta a transacciones vergonzantes.
En su caso, y ante los órganos populares de la República, el Partido Popular Socialista exigirá la responsabilidad de los funcionarios que incumplan sus obligaciones en este aspecto.
Sin embargo, hoy recae sobre el gobierno de Salinas de Gortari una grave responsabilidad jurídica, política e histórica.
Será el patriotismo, el nacionalismo del pueblo, su apego a la historia nacional y el respeto a su Constitución, lo que finalmente prevalecerá, para garantizar el camino soberano de la nación mexicana. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - El diputado Rodolfo Duarte Rivas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hará comentarios sobre este mismo tema.
El diputado Rodolfo Duarte Rivas: - Señor Presidente; señoras diputadas; señores diputados: Antes que todo, quiero expresar que esta intervención refleja mi opinión y mi punto de vista sobre el tema que se acaba de abordar en esta tribuna, no refleja necesariamente la posición del grupo parlamentario al que pertenezco.
Es cierto que el Partido Revolucionario Institucional cuenta en su declaración de principios con definiciones muy precisas respecto de la libertad religiosa y de la condición de las iglesias, sin embargo, estoy convencido de que en la hora presente, lo que vale son las opiniones individuales provenientes del dictado de la propia conciencia.
Todos en esta asamblea tenemos una visión muy clara de lo que significa en nuestra historia la polaridad de Estado e iglesia y la forma como fueron resueltos los conflictos para que al final prevaleciera la independencia y la soberanía de la nación.
Todos sabemos bien las razones que animaron e impulsaron la expedición de las Leyes de Reforma, el contenido de la Constitución de 1857 y la de 1917, destinados a salvaguardar la libertad de creencias y a construir un marco de derecho para su ejercicio.
Tenemos muy clara la noción de lo que animó al Constituyente de Querétaro, para plasmar en diversos artículos de nuestra Ley Fundamental, un estatuto destinado a normar la condición y el ejercicio de las corporaciones eclesiásticas. Se trata de soluciones que corresponden y se explican a la luz de las peculiares circunstancias de nuestra historia.
Hoy que está en el tema del debate la posibilidad de fijar nuevos términos a la relación del Estado con la iglesia, nos corresponde reflexionar si las razones y los móviles del Constituyente de 1917 siguen siendo válidos.
Mi opinión personal es que los contenidos que se establecen fundamentalmente en los artículos 3o., 24, 27 y 130 de nuestra Constitución son viables y deben persistir; no fueron ideados para regir una circunstancia ya rebasada, sino que al expedirse tuvieron el valor de ser considerados a la luz del futuro del desarrollo del país. Por otra parte, no se alcanza a percibir una presión de nuestra sociedad para variar los términos de esa relación asegurada por la Constitución y por las leyes; lo que es posible captar es que existen otras prioridades que a los mexicanos interesa desde ahora abordar, como son las relativas al mantenimiento de la soberanía nacional y acometer problemas relacionados con la marginación social que todavía no ha podido superar.
Las disposiciones constitucionales y legales deben ser entendidas en el conjunto de lo que
significan; su vigencia y positividad parten de una comprensión sistemática, total, de su contenido. El juicio sobre la validez del orden normativo que rige la relación con las iglesias tendrá que referirse a su conjunto y no recurrir al expediente de entresacar disposiciones aisladas o meramente instrumentales para condenarlas, por resultar supuestamente ajenas a las vivencias del México de ahora.
El nuestro es un país cuya solidez institucional no puede conmoverse ni resultar afectado por la presencia de un dignatario eclesiástico que se ha conducido, además, respetuoso de nuestras leyes y de nuestra condición soberana. Se ha dicho, y eso lo tenemos claro, que la visita del jefe de la iglesia católica no tiene otro objetivo que el meramente pastoral. Así lo percibimos, así se está desarrollando en su tránsito por estas tierras, pero si alguien pretendiera aprovechar este acontecimiento y quisiera conducirlo para producir consecuencias políticas en un determinado sentido, estamos seguros que los mexicanos saben bien distinguir aquello que corresponde sólo al ámbito de sus creencias personales, de lo que es propio del medio temporal en que se ejerce la política.
Se ha dado al jefe de la iglesia católica el trato que le corresponde con su calidad de visitante distinguido. Ello de ninguna manera vulnera nuestra Ley Fundamental, ni modifica el estatuto que determina la sujeción de la iglesia al poder del Estado.
Si la visita del jefe de la iglesia católica está movida por una finalidad evangelizadora, recordemos que en México está garantizada la libertad de creencia y la tolerancia religiosa.
Por otra parte, es importante aprovechar, en las circunstancias en las que el país se desarrolla, la evidente implantación social de la iglesia, para que ésta, dentro de su ejercicio pastoral, se sume al esfuerzo de los mexicanos para superar rezagos sociales y múltiples carencias.
Una iglesia moderna, a la altura de lo que demanda el país en este fin del siglo XX, será la que asumiendo su carácter de súbdita del Estado y reconociendo su limitación absoluta para intervenir en la disputa por el poder, sea factor que contribuya a la unidad de los mexicanos.
Por lo demás, el debate sobre la circunstancias de la iglesia en la hora presente, debe ser abordado con el pleno conocimiento de lo que ella ha significado en nuestra historia, y, también, con la voluntad de impedir que se restauren privilegios o posiciones que no deriven del mandato del pueblo mexicano. Pero también debemos abordarlo con imaginación y con plena confianza en lo que somos, alejados por igual del dogmatismo que de la intolerancia. Gracias. (Aplausos.)
CCXXXVII ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE DON MIGUEL HIDALGO
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Rubén García Farías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hablará sobre el CCXXXVII aniversario del natalicio de don Miguel Hidalgo. Después de esta intervención, la Presidencia hará una propuesta a esta asamblea.
El diputado Rubén García Farías: - Ciudadano Presidente; ciudadanos diputados; ciudadanas diputadas: Hoy se cumplen 237 años del nacimiento de don Miguel Hidalgo, el forjador de la Independencia y la libertad de México.
Originario de las llanuras de Pénjamo, aquel hombre de mediana estatura, cargado de espaldas, de color moreno y ojos verdes vivos, se había educado en colegios donde su espíritu crítico, por naturaleza, lo llevó a calar en las conciencias de su tiempo tan hondo y tan fuerte, que gracias a él se cierra un ciclo y se inaugura otro en nuestro historia.
Dotado de una cultura humanista que volcaba sobre todo en favor de los indígenas que mayoritariamente poblaban el entorno geográfico en el que se desenvolvió, don Miguel Hidalgo, como lo ha afirmado Agustín Cué Canovas, no fue un producto accidental de su tiempo, sino uno de los representantes más distinguidos de una generación formada en una atmósfera de renovación espiritual.
En esta hora en que está a debate nacional toda una serie de cuestiones que conciernen de un modo o de otro a los mexicanos, invito a mis compañeros legisladores, a todos mis compatriotas, para que junto a las voces del presente se escuche y revalore la palabra y la acción de quienes precisamente quisieron una patria libre, soberana y respetada y entre ellos, en primer lugar el mensaje en muchos aspectos actual y lúcido, del caudillo penjamense.
Porque Hidalgo fue un hombre que, como alguien sostuvo, levantó su voz para despertar la conciencia de todos los pueblos subyugados, a fin de hacer posible la independencia y la libertad de que gozamos.
Desde esta perspectiva, su personalidad se proyecta al porvenir con el aliento y la grandeza de
un Simón Bolívar y de un Jorge Washington, fundadores asimismo de naciones y que supieron erigirse en dignos dirigentes de sus pueblos al interpretar con fidelidad sus sentimientos.
Uno de nuestros historiadores guanajuatenses, don Fulgencio Vargas, comentó hace años que "aún faltaba que la historia severa, desapasionada, estudiase a los forjadores de nuestra nacionalidad conforme a los dictados de las más recta justicia", en su opinión, todavía seguíamos guiándonos por don Lucas Alamán y sus partidarios o por don Carlos María de Bustamante y sus adeptos.
El primero deprime de tal suerte la obra de nuestros libertadores, que éstos aparecen maculados con cieno de abominación el segundo los eleva de tal modo que aparecen a nuestras miradas atónitas cual si fuesen semidioses de los panteones griegos y romanos.
Y la verdad, es que aquellos adalides, a semejanza de los de todos los pueblos fueron, lisa y llanamente, hombre de carne y hueso, mezcla de exaltaciones y miserias, de vicios y virtudes, de tiniebla y de claridad. Entre la historia y el mito, a menudo se establecen diferencias imperceptibles, particularmente cuando los partidarios de una u otra concepción de la historia se dogmatizan al extremo de cegarse ante las evidencias que les pueden ser adversas.
Algo semejante ha ocurrido con relación a los principales protagonistas de nuestra gesta libertaria, por ejemplo, los reconcomios que suscitó Hidalgo con su grito incendiario en los techos privilegiados de entonces no se apaciguan del todo.
Con el sentido de la solidaridad atrofiado, los herederos ideológicos del virreinato preservan la nostalgia por el yugo colonial y se niegan de plano a reconocer las cualidades del principal, primer benefactor de la nación mexicana.
Contra el avieso maniqueísmo que contamina auténticos valores con mezquina visión regateadora, aparecen los estudios serenos y objetivos de modernos analistas, quienes examinan el fenómeno de la guerra de Independencia a partir del contexto internacional que promovía un nuevo orden social, económico y político.
Recordemos que México ya desde hacía tiempo daba muestra de intentar sacudirse una noche de 300 años que significaba sometimiento al exterior, subordinación política en el interior crónica de pauperización entre las capas más amplias de la sociedad, por la vigencia de un sistema jurídico fraguado en el extranjero, que ningún motivo tomaba en cuenta las opiniones domésticas.
En suma, se había diseñado desde la metrópoli imperial un aparato de dominación basado en la arbitrariedad, sin la consulta de nuestros intereses, con una arbitrariedad que se condensaba en la frase autoritaria de callar y obedecer. Frente a esta situación, el espíritu crítico y reivindicador de un selecto grupo de criollos y mestizos no podía desvanecerse en el mutismo, entre éstos sobresalía el sacerdote de la Congregación de Dolores, quien veía a diario las restricciones de un egoísta proteccionismo español que constreñía, como en camisa de fuerza, el potencial productivo de nuestro país.
Estaba prohibido cultivar la vid para no competir con el vino que debía importarse por fuerza de la península; estaba prohibido cultivar el gusano de seda, para no obstaculizar el desarrollo de la industria textil de la metrópoli; las prohibiciones a granel hacían de la Nueva España una especie de menor edad condenado a tutela eterna.
La conciencia revolucionaria de Hidalgo lo condujo a rebatir aquel terreno sembrado de injusticia que convalidaban leyes elaboradas con criterio unilateral, en rotundo desafío a los poderes imperantes que desde más allá del océano dictaban sus ordenanzas opresoras, Hidalgo concibió con sencillez sus objetivos.
Ha señalado un publicista: "quería una patria próspera en la que se fomentaran las artes, se avivaran la industria y el comercio se incrementara la variedad de los cultivos agrícolas y ganadores y se mejorasen los procedimientos técnicos, a fin de alcanzar más altos niveles de producción en bien de todos los individuos y quería una patria justa, equitativa, en la que no hubiesen los indios y mestizos paupérrimos, a quienes el abandono y la explotación convertían en seres inferiores, ni esclavos más abajo de la condición humana, una patria en la que el bienestar se canalizase y se comunicase fácilmente a todas las clases sociales".
Sin embargo, esta gama de proyecto que concurrían a un propósito de solidaridad social resultaban inviables frente al aspecto político dominante, era imprescindible ensayar nuevas formas de convivencia que sustituyeran las caducas reglas semifeudales y de despotismo tributario que sólo aprovechaba una reducida casta de funcionarios y propietarios orgullosos de su pureza de sangre y de su procedencia ultramarina.
Por sus propias virtudes de educador, por su innata rebeldía ante la injusticia y la prepotencia que le merecieran el calificativo de "individuo inficionado de heterodoxia", por su carisma que convocaba a multitudes, Hidalgo devino
naturalmente alma de la conspiración por la independencia al conjunto de los frescos tiempos liberales que cruzaron el Atlántico desde la Francia de Dantón y Robespierre, que significaban la simiente de la igualdad, la libertad, la fraternidad que alimentaría al mundo en lo futuro.
Bajo la premisa de que los habitantes de este país debían de disfrutar de los bienes y riquezas que aquí mismo se producían, Hidalgo abanderó el movimiento de insurgencias al que se incorporaron gruesos núcleos de nuestra población, ya directamente con las armas en la mano, o bien abasteciendo y sosteniendo a los ejércitos insurgentes, una verdadera tempestad revolucionaria sacudió a vastas regiones del antiguo reino de la Nueva España, al tiempo que modificaba la conciencia de los hombres y los lazos que los unían.
Fue así como la epopeya emancipadora contribuyó en pocos años a modelar el perfil de la nación mexicana; en los contados meses en que Hidalgo acaudilló al ejército libertad, su acción y su palabra se conjugaron para declarar la abolición de la esclavitud de las castas y de las ejecutorias de envilecimiento, suprimió los tributos de todos los matices proclamando la libertad en el trabajo, canceló las exacciones a los indios, se preocupó por la mejor distribución de la tierra, creó un gobierno provisional, proclamó la entrega de la tierra e indujo a la formación de un Congreso compuesto de representantes de todas las ciudades, villas y lugares que se dedicara a dictar leyes justas y sabias, decía Hidalgo, "benéficas y acomodadas a las circunstancias de cada pueblo con objeto de echar los fundamentos de nuestra libertad e independencia".
La participación de Hidalgo en el teatro de la historia del siglo XIX se inserta dentro de un plan global de transformaciones al amparo del liberalismo que prohijó una revolución democrático - burguesa de trascendencia universal; a cerca de dos siglos de distancia, hoy vemos que esta revolución liquidó una era histórica e inició otra.
Como lo admitiera en memorable discurso Vicente Lombardo Toledano, con la lucha de la independencia se dio el remplazo del monopolio medieval por el libre mercado, ruptura de los gremios, del monopolio del trabajo, ruptura de estancos, del control por parte del Estado de la producción y de la venta; la libertad de comprar y vender, que era esencialmente la necesidad ingente para los pueblos europeos, produjo de manera inevitable y lógica la libertad en todos los aspectos de la conducta de los hombres: libertad para transitar libremente de una región a otra, de un país a otro y, en el seno mismo de cada país libertad para pensar, libertad para expresar el pensamiento, libertad de conciencia, libertad de creer o de no creer.
En el marco de estas mutaciones auspiciadas por una pujante clase burguesa que estaba desplazando el paternalismo de la decadente aristocracia, se inscribe la presencia de hidalgo como un líder popular, que contribuyó con sus homólogos del Norte y de Sudamérica a redibujar el mapa del Hemisferio Occidental y asentar los pilares de una nación para la libertad, y para la independencia.
Por eso, en esta hora de debate nacional, en que se ventila el porvenir del México del siglo XXI, conviene reflexionar en las aportaciones que nuestro próceres hicieran a la causa por la que lucharon y por la cual frecuentemente ofrendaron la existencia con generosidad a ejemplo de don Miguel Hidalgo.
Cuando en los horizontes de la humanidad se vislumbran sólidos y potentes bloques económicos, que desde luego aspiran a convertirse en columnas hegemónicas, considero que todos los mexicanos debemos escuchar con especial atención las voces de nuestro antepasados, más visionarios por la validez que aún ostentan.
Miguel Hidalgo nos enseño que es repudiable toda sumisión o subordinación a cualquier imperio, ostente o no corona, que en la interdependencia obligada que la tecnología y los procesos económicos han impuestos, debemos evitar recaer en un despotismo tributario de dimensiones acaso más funestas que las que Hidalgo combatió.
Ni en la condición de neocolonia, quedando cautivos de otros mercados económicos exclusivistas o excluyentes en la práctica, aunque en teoría se antojen tentadores, si queremos colaboración internacional con dinámicos intercambios comerciales recíprocamente provechosos, pero siempre y ante todo defensa permanente de la soberanía nacional que rechace la expansión de un lado y la contracción del otro.
Hoy pues, adquieren cabal actualidad las ideas del que fuera rector del Colegio de San Nicolás, seguimos viviendo bajo el signo de Miguel Hidalgo, seguimos viviendo bajo el signo de los principios de libertad que armaron su brazo como resultado de haber armado previamente su conciencia de hombres superior.
Baluarte de nuestra liberación, identificado con los oprimidos, enemigo irreconciliable de la pobreza extrema, primer ministro de la cultura nacional, maestro de su tiempo y del porvenir, Miguel Hidalgo fue un revolucionario que cumplió con
creces su deber: hizo la revolución de Independencia.
En este día en que se cumplen 237 años del nacimiento de don Miguel Hidalgo, seamos dignos de su herencia, sigamos su camino en la autonomía y en la justicia. Muchas gracias.
ORDEN DEL DÍA
El Presidente: - Después de que la secretaría de lectura al orden del día de la próxima sesión y antes de levantar ésta, la Presidencia formulará una propuesta a esta asamblea.
La secretaria diputada Hilda Anderson Nevárez de Rojas:
«Segundo Período Ordinario de Sesiones. - Segundo Año. - LIV Legislatura.
Orden del día
9 de mayo de 1990.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del VII aniversario luctuoso de don Miguel Alemán Valdés, que tendrá lugar el 14 de mayo de 1990.
Dictamen a discusión
De las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 28 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Elección de la mesa directiva.
Y los demás asuntos con lo que la secretaría dé cuenta.»
PROPUESTA
El Presidente: - Señores diputados: antes de formular oficialmente que la sesión ha concluido y de citarlos a todos para la que tendrá lugar el día de mañana miércoles 9 de mayo a las 10.00 de la mañana, esta Presidencia quiere respetuosamente someter a ustedes las siguientes consideraciones:
La primera es pedirle a la secretaría que dé lectura al artículo 21 del reglamento, fracción XVII.
La secretaria diputada Hilda Anderson Nevárez de Rojas:
«Artículo 21. Son obligaciones del Presidente:
XVII. Obligar a los representantes ausentes a concurrir a la sesiones, por los medios que juzgue más convenientes, en los casos en que se trate de asuntos de interés nacional.»
El Presidente: - Dé la secretaría lectura al artículo 34 de la ley orgánica, inciso e.
La secretaria diputada Hilda Anderson Nevárez de Rojas:
"Artículo 34. El Presidente de la mesa directiva hará respetar el fuero constitucional de los miembros de la Cámara y velara por la inviolabilidad del recinto parlamentario. Son atribuciones del Presidente.
e) Requerir a los diputados faltistas a concurrir a las sesiones de la Cámara y proponer, en su caso, las medidas o sanciones que correspondan, con base en el artículo 63 constitucional."
El Presidente: - Lea la secretaría el artículo 63 constitucional.
La secretaria diputada Hilda Anderson Nevárez de Rojas:
"Artículo 63. Las cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, en la de Senadores, de las dos terceras partes y en la de Diputados de más de la mitad del número total de sus miembros, pero los presentes de una y otra deberán reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los 30 días siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá, por ese solo hecho, que no aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes, los que deberán presentarse en un plazo igual y si tampoco lo hiciesen, se declarará vacante el puesto y se convocará a nuevas elecciones.
Se entiende también que los diputados o senadores que faltan 10 días consecutivos sin causa justificada o sin previa licencia del Presidente de su respectiva Cámara, por la cual se dará conocimiento a ésta, renuncian a concurrir hasta el período inmediato, llamándose desde luego a los suplentes.
Si no hubiese quórum para instalar cualquiera de las cámaras o para que ejerzan sus funciones una vez instaladas, se convocará inmediatamente a los suplentes para que se presenten a la mayor
brevedad a desempeñar su cargo, entre tanto transcurren los 30 días de que antes se habla.
Incurrirán en responsabilidad y se harán acreedores a las sanciones que la ley señale, quienes habiendo sido electos diputados o senadores, no se presenten sin causa justificada, a juicio de la Cámara respectiva, a desempeñar el cargo dentro del plazo señalado en el primer párrafo de este artículo. También incurrirán en responsabilidad que la misma ley sancionará, los partidos políticos nacionales que habiendo postulado candidatos en una elección para diputados o senadores, acuerden que sus miembros que resultaren electos, no se presenten a desempeñar sus funciones."
El Presidente: - Honorable asamblea: Un valor de la más alta jerarquía es el funcionamiento de la Cámara de Diputados, ella integra, con la de Senadores, el Poder Legislativo Federal, su trabajo es, por ende, de interés nacional, más allá de partidarismos o de diferentes ideológicas.
Hemos visto, sin embargo, que dicho funcionamiento ha peligrado por la actitud de diputados que no han asistido a algunas sesiones; somos respetuosos de las determinaciones que los diputados adopten y entendemos que en ocasiones, legisladores de todos los partidos políticos aquí representados pueden tener o argüir razones para su inasistencia, sin embargo, es deber de esta Presidencia reguardar la eficacia del quehacer parlamentario, en consecuencia, la Presidencia propone a los presentes lo siguiente:
"Que se llame a los suplentes para proteger el quórum y garantizar el funcionamiento de la Cámara de Diputados."
Está a su consideración esta propuesta.
Diputado Juan Manuel Rodríguez González, del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, tiene la palabra.
El diputado Juan Manuel Rodríguez González: - Señor Presidente; compañeros diputados: Efectivamente, como lo señala del Presidente de la Cámara, el funcionamiento de esta Cámara se ha visto debilitado e incluso, las pretensiones de algunos señores diputados ha sido el de poner en duda lo que aquí se discute y lo que aquí se aprueba. Por esta razón, el presidente de nuestro partido, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, como coordinador de nuestra fracción parlamentaria, había propuesto que en los términos de los párrafos tercero y cuarto del artículo 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deberían llamarse a los suplentes de los diputados que han dejado de asistir a las sesiones sin causa justificada.
Es obvio que el cargo de diputado se obtiene como un derecho ciudadano, desde luego en virtud del voto del pueblo, que hace posible ejercer ese derecho; también es cierto que una vez electo para el cargo designado, el cargo se convierte en una obligación constitucional y como tal, como obligación, se debe de cumplir.
Jurídicamente las obligaciones, como su definición lo establece, son para cumplirse y, sobre todo, se llegó a reiterar y confirmar que todo lo que nos mandaron del Poder Ejecutivo estaba más que perfecto y que no había que hacer nada, las obligaciones son para cumplirse y sobre todo la obligación que se adquiere como un compromiso hecho con el pueblo.
Las razones, pensamos nosotros, de la propuesta que hace la Presidencia de la Cámara para que se llame a los suplentes que han dejado de cumplir con la obligación constitucional de desempeñar el cargo de diputado, se desprende fundamentalmente, pensamos nosotros, de hechos anteriores que fundamentan esta propuesta.
Podemos recordar nosotros que la sesión del 15 de diciembre del año pasado fue suspendida por falta de quorum; las sesiones del 24 y 26 de abril de este año fueron suspendidas también por falta de quórum. Esto desde luego afecta, ha efectuado al buen funcionamiento de este órgano constitucional, ahora mismo se está afectando seriamente el buen funcionamiento de esta Cámara, sobre todo por la holganza en que están incurriendo algunos compañeros diputados que han sido seducidos por la reacción.
Para nosotros, del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, pensamos y señalamos la conducta desleal, irresponsable, violatoria de la Constitución que han asumido quienes fueron propuestos para diputados federales por el partido al que pertenezco durante las elecciones de 1988, que resultaron electos y no obstante haber adquirido un compromiso con los electores que votaron por nuestro partido y que votaron por ellos confiándose en que iban a cumplir con su obligación, no están aquí.
Creo que las razones y fundamentos legales son muy obvias y han sido dadas a conocer por la Presidencia a través de la secretaría, al darse lectura al artículo 63, pero fundamentalmente son claros los párrafos segundo y tercero, que establecen que cuando hubiera motivos para instalar
el quórum, debe convocarse inmediatamente a los suplentes y también cuando algunos partidos políticos acuerden que sus miembros no asistan a las sesiones para cumplir con sus funciones de diputados.
Creo, por esto, que el fundamento legal es muy claro y no hay lugar a dudas; también pensamos nosotros, que el pueblo con su voto nos mandó a la Cámara para defender sus derechos, para debatir sobre todo en las iniciativas a los intereses, dando la espalda a la discusión, no presentándose a las sesiones, alegando violaciones inexistente para no asistir a cumplir con sus obligaciones, pensamos que es traicionar los intereses que fueron depositados en quienes estamos aquí en la Cámara.
Por esta razón, compañeros diputados, mi partido, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, apoya la propuesta de la Presidencia de la Cámara. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Ha pedido también el uso de la palabra el diputado Osiris Cantú Ramírez.
El diputado Osiris Samuel Cantú Ramírez: - Señor Presidente, con su permiso: Llama la atención que se presente a esta sesión una propuesta de la Presidencia para ejercer funciones que tiene y que están señaladas tanto en la Constitución como en el reglamento.
Considero que es impropia la proposición, que no procede ser considerada y puesta a votación, una función constitucional o reglamentaria que el Presidente tiene simple y sencillamente que aplicar el reglamento y por esa razón es que mi voto será en contra de la propuesta presentada por el Presidente.
Me parece a mí que sin entrar al fondo de las causas que hubieran llevado a la inasistencia de varias fracciones parlamentarias, no será con el método propuesto, esto es, la aplicación para el día de mañana, se entiende, de esta facultad, que tiene que ser cumplida en términos estrictos del reglamento y la Presidencia no solicitara a esta plenaria la facultad para aplicar discrecionalmente funciones que están perfectamente bien reglamentadas. Gracias.
El Presidente: - El ciudadano diputado José Trinidad Lanz Cárdenas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado José Trinidad Lanz Cárdenas: - Con la venia de la Presidencia: señores diputados: Sostenía en algunas ocasiones el ilustre ideólogo y político, don Jesús Reyes Heroles, lo siguiente: "Problemas que se soslayan, estallan; problemas diferidos, se agravan; contradicciones latentes, se agudizan. Insistimos a abordar los problemas y no a deferirlos."
Creo que en este sentido esta frase tiene plenitud de aplicación a la propuesta atingente del Presidente de esta Cámara, no es posible que el cumplimiento de los imperativos de la Constitución deba estar supeditado a intereses individuales o de grupo, la propia Carta Fundamental de la República, dentro de la concepción sabia de los Contribuyentes, previó normativamente organismos de defensa para garantizar la vigencia y la aplicación del orden jurídico y el funcionamiento necesario e indispensable de los órganos de autoridad y con mayor razón, en lo tocante al delicadísimo órgano del Poder Legislativo.
Se ha invocado aquí por la Presidencia y por el primero de los oradores que ha hecho uso de la palabra, apoyando la propuesta , los diversos preceptos de la Constitución que fundamentan y apoyan el funcionamiento eficaz de las cámaras legislativas.
Se ha dicho y cabe la pena enfatizarlo,, que la Constitución no deja la interpretación unilateral del legislador, el cumplimiento de su delicado encargo, la Constitución lo impone como una obligación, el artículo 36 de la Constitución es categórico en este sentido, dentro de las obligaciones del ciudadano están de manera preponderante y categórica el mandato de la norma, el cumplimiento y el ejercicio de los cargos de elección popular y este ejercicio debe hacerse dentro de la normalidad que se prevé en el orden jurídico y dentro de la eficacia que debe corresponder al ejercicio de su mandato.
Probablemente ofenda en mi exposición, primero, porque sostengo tesis y, segundo, porque doy razones para fundamentarla y apoyarla: el cumplimiento del mandato constitucional, el ejercicio del cargo, en este caso de diputado o representante de la nación, es obligatorio y cuando no se ejerce tiene sanción en el propio texto de la norma constitucional, cuando el artículo 38 establece como causa de suspensión de las prerrogativas de los ciudadanos, el no cumplimiento de las obligaciones constitucionales establecidas en el artículo 36.
Todos sabemos y la opinión pública también, que sin juzgar el fondo de sus razones se ha propiciado un acto de indisciplina en esta Cámara, el cual graciosamente ha querido ser cobijado en las nobles instituciones del derecho laboral, queriendo ser calificado como huelga parlamentaria.
No puede haber huelga parlamentaria en este país, y no porque un diputado arriesgándose a sufrir las sanciones del orden jurídico nacional pueda, dentro de su propia conveniencia, negarse a ejercer su mandato, sino porque la huelga es un movimiento colectivo y para que pueda existir no solamente requiere ser permitida, sino apoyada por el texto de la legislación.
¡El derecho intocable de los trabajadores, no puede ser ni debe ser un pretexto para que diputados indisciplinados se nieguen a cumplir su mandato!
Más aún, no solamente no está permitido, está sancionado, está prohibido. Ya se leyó el texto completo del 63 constitucional y me permito rubricar el último de sus párrafos, que tal vez valga la pena enfatizar de nuevo. Dice así, de manera categórica, este contenido de la Carta Fundamental de la República:
"Incurrirán en responsabilidad y se harán acreedores a las sanciones que la ley señale, quienes habiendo sido electos diputados o senadores no se presenten sin causa justificada, a juicio de la Cámara respectiva a desempeñar el cargo, lo enfatizo, a desempeñar el cargo dentro del plazo señalado en el primer párrafo de este artículo".
Continúo la cita: "También incurrirán en responsabilidad que la misma ley sancionará, los partidos políticos nacionales que habiendo postulado candidatos en una elección para diputados o senadores, acuerden que sus miembros que resultaron electos, no se presenten a desempeñar sus funciones". ¡No se presenten a desempeñar sus funciones!
Luego al tenor de estas ideas, compañeros diputados, ¿podemos concebir en el orden jurídico nacional la existencia de huelgas parlamentarias?
¡No lo podemos concebir ni lo debemos tolerar!
El 63 constitucional hace énfasis en algo a lo que hacía alusión el Presidente de este augusto órgano legislativo: la protección que debe tener el órgano para que, independientemente de las indisciplinas, pueda cumplir de manera eficaz sus funciones, una vez instalado.
El Constituyente o los constituyentes de este país, puesto que es una norma que viene desde la Constitución de 1857, prevén que cuando no se presenten a cumplir sus funciones se debe llamar a los suplentes, para que no se entorpezcan las funciones delicadas y necesarias del cuerpo legislativo.
Vuelvo a repetirlo: ¡No pueden prevalecer ni los intereses ni los deseos de individuos o grupos por encima de la majestad de la Constitución General de la República!
Haré referencia también a las sanciones que sobre el particular están previstas en el Código Federal Electoral.
"Artículo 345. Se impondrá sanción de suspensión de derechos políticos hasta por tres años, a los presuntos diputados o senadores, que debiendo integrar el Colegio Electoral, en los términos del artículo 60 de la Constitución, no se presenten a desempeñar las funciones que les correspondan.
Artículo 346. Se impondrá sanción de suspensión de sus derechos políticos hasta por seis años, a quienes habiendo sido electos diputados o senadores no se presenten sin causa justificada, a juicio de la Cámara respectiva, a desempeñar el cargo, en los términos del primer párrafo del 63 constitucional.
Artículo 347. Se procederá a la cancelación del registro, a juicio de la Comisión Federal Electoral, de todos aquellos partidos políticos que acuerden la no participación de sus candidatos electos en el Colegio Electoral.
Sanciones administrativas que se refieren al funcionamiento del Colegio Electoral y que por mayoría de razón son aplicables en los términos de las reglas de la analogía, tratándose de sanciones administrativas al no cumplimiento de las funciones extraordinarias que les ha confiado el pueblo mexicano, a través de su voto.
Haré referencia también a la oposición manifestada por el preopinante. Decía que daría su voto en contra, porque consideraba impropia la propuesta del Presidente, ya que el Presidente tiene a su cargo aplicar con exactitud el reglamento, pero por encima de lo que pueda establecerse en el obsoleto reglamento, en el vejestorio, como lo calificaba el diputado Lamadrid el día de ayer, está la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, la cual de una manera categórica en su artículo 34, inciso e, establece lo siguiente:
"Son atribuciones del Presidente de la mesa directiva:
e) Requerir a los diputados faltistas a concurrir a las sesiones de la Cámara y, lo enfatizo. proponer, en su caso, las medidas o sanciones que corresponda con base en el artículo 63 constitucional."
Esto, desde mi juicio personal, es lo que ha hecho con respecto fiel a la Constitución General de la
República y a la ley Orgánica del congreso general de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de esta Cámara, por lo cual me uno a su decisión y pido el aplauso generalizado para ello. Creo que las razones jurídicas, constitucionales y legales han quedado claras y precisas.
La propuesta del señor Presidente de la Cámara, que ha sujetado a la consideración de estos diputados presentes que por hoy constituyen esta asamblea, es una propuesta constitucional y legal que debe ser apoyada.
El señor presidente pide que se llame a los ausentes, que se requiera y consecuentemente por una medida de eficacia, se llame de inmediato a los suplentes para que pueda este órgano, sin obedecer a instrumentos, prepotencias, arbitrariedades o ilegalidades, continuar desempeñando la augusta función que se le ha encomendado, que es representar al pueblo.
No es a través de indisciplinas o de huelgas como se cumple la actividad parlamentaria. La actividad parlamentaria se cumple hablando, discutiendo, con razones, con criterios y no con actitudes inmaduras que entorpecen y desprestigian a las instituciones de este país.
En este sentido, quisiera concluir con unas frases galanas del gran pensador español, don José Ortega y Gasst: diputado no debe ser el arrogante y pretenciosos que se crea superior a los demás, con privilegios personales e inmunidad absoluta, con más derechos y con menos obligaciones, sino el que se exige más que los demás. Muchas Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Ciudadano diputado, ¿quiere usted hacer uso de la palabra?
El diputado José de Jesús Sánchez Ochoa (desde su curul): - Sí, señor Presidente.
El presidente: - Adelante diputado.
(Desorden.)
Señores diputados, esta Presidencia no tiene por qué fijar diques o límites a la participación de los señores diputados. Si el ciudadano diputado desea hacer uso de la palabra, está en su pleno derecho de hacerlo.
(Desorden.)
Tiene la palabra el diputado Jesús Sánchez del Partido Acción Nacional.
El diputado José de Jesús Sánchez Ochoa: - Señor Presidente; señoras y señores diputados: Empezando con un brevísimo comentario a esa alegre recepción que han tributado, se ve en su misma reacción, en su misma manera de recibir a su servidor, que no les ha agradado en manera alguna la búsqueda que los diputados de oposición estamos realizando con el afán, precisamente, de que funcione, sometida a las disposiciones jurídicas, esta Cámara de Diputados.
Ciertamente la ausencia de los diputados de diversos grupos parlamentarios: del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, del Grupo Independiente no obedece a no aceptar nuestras funciones; no estamos ausentes de la sala porque nosotros no queramos cumplir con nuestro deber, estamos precisamente porque queremos radicalmente cumplir nuestro deber, porque queremos someter al imperio del derecho la actividad de esta Cámara, porque el Presidente de esta Cámara no respetó el reglamento no respetó las disposiciones jurídicas y nosotros no podemos estar de acuerdo con esa imposición por parte de quienes ejercen la autoridad.
Dice el diputado Lanz Cárdenas que la Constitución, el reglamento, que la Ley Orgánica dan mecanismos de defensa a la Cámara para someter a quienes no respetan sus normas internas. Es cierto que parcialmente de esos mecanismos pero cuando los viola el mismo Presidente de la Cámara, cuando los viola el grupo dominante en esta Cámara, la oposición no ha encontrado caminos, mecanismos que, dentro de los cauces del derecho, permitan llevar la actividad de esta Cámara a realizarse a través de los cauces de ese derecho y por eso estamos afuera exigiendo con toda energía que el señor Presidente, que todos los presidentes y la autoridad de esta Cámara se sometan siempre en el ejercicio de sus funciones a lo dispuesto por la Constitución, a lo dispuesto por la Ley Orgánica, a lo dispuesto por el reglamento.
La llama "vejestorio", qué hermosa manera de venir a tratar a una norma que viejita, antigua, sobrepasada y todo, es la que guía ciertamente nuestras actividades y qué triste que un hombre que se precia de ser doctor en derecho, de ser hombre conocedor de las instituciones jurídicas haya venido aquí a tratar en forma tan despectiva el reglamento, pero es que ese trato que él le da al reglamento él nos lo da a todos los diputados cuando no nos sometemos al capricho de quienes constituyen el exclusivo grupo dominante en esta Cámara.
El quisiera que todos estuviésemos sometidos a sus arbitrariedades, a su manera de interpretar la ley y ciertamente nos corresponde a nosotros como hombres que queremos buscar un futuro mejor, encontrar mecanismos justos, mecanismos donde seamos respetados los diputados de todas las corrientes políticas, donde no la prepotencia se imponga como se ha impuesto durante estas dos semanas.
Por otra parte, Lanz Cárdenas habla de supuestos jurídicos que no se dan en este caso, porque los supuestos que prevé la Constitución para castigar a los partidos políticos es para aquellos diputados, para aquellos partidos que al inicio del Congreso de Legislatura, no acepten formar parte de la misma y nosotros aceptamos formar parte de la misma y formaremos parte de esta LIV Legislatura a pesar de las caducas, arbitrarias y prepotentes interpretaciones de Lanz Cárdenas y de todos los qué, como él, hacen de la Ley un, diría yo, resorte para adecuarlo a la manera de su ambiciones, a la medida de su prepotencia, a la medida de su arbitrariedad que es mucha...
El Presidente: - Señor diputado Jesús Sánchez, permítame, le quieren hacer una interpelación, uno de los señores diputados que está aquí presente.
El diputado José de Jesús Sánchez Ochoa: - Por hoy ejerzo mi derecho y no acepto que se me interpele.
(Desorden.)
El Presidente: - No acepta, señor diputado Sergio Quiroz.
El diputado José de Jesús Sánchez Ochoa: - Evidentemente que él no le dio lectura al párrafo segundo del artículo 63 constitucional: Se entiende también que los diputados que falten 10 días consecutivos sin causa justificada... Ciertamente ni hemos faltado los 10 días y tenemos causa justificada para no someternos a la arbitrariedad de un pequeño grupo en la coordinación , en la dirección de esta Cámara. Tenemos causa justificada, porque queremos un orden jurídico que responda y esté a la altura de nuestra dignidad de diputados, de representantes del pueblo mexicano; queremos un orden jurídico que no se pisotee cuando se siente y se dice tener la mayoría por simple razón numérica, sino que también se tenga la razón y entonces se respete a todos y cada uno de los diputados de los grupos parlamentarios y por supuesto, al grupo que se dice grupo de mayoría.
Entonces, como diputado que casualmente me encontraba aquí...
(Desorden.)
El Presidente: - Orden en la asamblea, por favor, orden en la asamblea. Continúe diputado.
El diputado José de Jesús Sánchez Ochoa: - Que ciertamente vine al salón a recoger unas iniciativas y me enteré de la proposición arbitraria y sin justificación que propone el Presidente; él sabe cuál es la solución y si él quisiera y tuviese la nobleza para encontrar la solución ya se habría encontrado a muchos días pero ciertamente este camino que busca, no es el camino ni de la razón ni del derecho ni ciertamente de una convivencia justa entre los diputados de las diversas fracciones parlamentarias.
Pero, si el grupo dirigente de esta Cámara de Diputados o de grupo mayoritario de esta Cámara de Diputados decide dar un golpe de estado parlamentario, tiene el número y tiene los mecanismos para tratar e intentar de darlo, pero ciertamente tendrá que atenerse a las consecuencias jurídicas, políticas que de ello se deriven.
Yo convoco e invito al grupo dirigente de esta Cámara para que dialogue en serio por sobre sus propias arbitrariedades y busque la concordancia con los diversos grupos parlamentarios para que podamos realizar nuestra trascendente función de diputados en armonía y todos dentro del cause del derecho y todos concurriendo a promover el bien común de nuestra patria.
Ciertamente este camino, esto que hemos hecho los diputados de diversos grupos parlamentarios no les agrada, pero es un afán de encontrar una mejor manera para legislar, es con el afán de servir a nuestro país, no lo vamos a servir a la medida de sus intenciones, de sus anhelos y de sus caprichos, lo tenemos que servir a la medida de sus necesidades, de sus reclamos y de nuestro compromiso político. Muchas gracias.
El Presidente: - Diputado, ¿concluyó usted?
El diputado José de Jesús Sánchez Ochoa: - Sí.
El Presidente: - ¿Quiere formular una pregunta? Adelante.
El diputado J. Oscar Navarro Gárate (desde su curul): - Señor diputado, usted que por casualidad apareció aquí como fantasma, yo quisiera
preguntarle realmente cuáles son sus argumentos, porque además de venir a insultar y a ofender a este recinto y a la asamblea, no ha dado usted ningún argumento.
El Presidente: - Responda, diputado, si usted quiere. Permítame, ¿todavía no termina, diputado Oscar Navarro? No se le escucha.
El diputado J. Oscar Navarro Gárate (desde su curul): - ¿ Cuáles son las razones, diputado? Porque creo que es muy importante que la opinión pública conozca realmente si existen o no argumentos.
El Presidente: - Si usted quiere, diputado, contestar eso.
El diputado José de Jesús Sánchez Ochoa: - Bueno, mis argumentos en torno a lo que expresó fundamentalmente el diputado Lanz Cárdenas son: los supuestos que él alega no se dan en este caso de la ausencia justificada de varios grupos parlamentarios, por lo tanto, lo que el Presidente propone está fuera de lugar y no tiene base jurídica.
El artículo 63 constitucional, además, prevé que los diputados que falten 10 días consecutivos sin causa justificada, tampoco se da ese supuesto jurídico, pero si a pesar de que no se dan los supuestos jurídicos, decía yo, el grupo parlamentario dirigente y su grupo que coordina quiere dar un golpe de estado jurídico, podrá hacerlo.
No se si, así de breve para que...
El Presidente: - Permítame, diputado Jesús Sánchez, creo que el diputado Lanz Cárdenas quiere. Cuando termine. Diputado Quiroz, ¿usted quiere formular alguna interpelación? Adelante, por favor.
El diputado Sergio Quiroz Miranda (desde su curul): - Diputado, ¿su partido político está a favor o en contra de la reprivatización de la banca?
El diputado José de Jesús Sánchez Ochoa: - Cuando venga el debate lo estableceremos con toda claridad, de tal manera que no le quede duda, aunque se encuentre medio dormido.
El Presidente: - Diputado Lanz, para alusiones personales. Para alusiones personales el diputado Lanz, después usted.
El diputado José Trinidad Lanz Cárdenas: - Con la venia de la Presidencia; señores diputados: ¿Aún está nuestro visitante distinguido por aquí?
No quisiera entrar al análisis y al debate de cosas ajenas a lo que se está discutiendo, que son principios puros de derecho constitucional, sólo me permito recordarle de primera intención al señor preopinante, que la democracia es la voluntad de las mayorías y que solamente las minorías mandan dictaduras, señor.
(Aplausos.)
Como varias veces lo repitió, tal parece que el señor preopinante no entendió, o no quiso hacerlo, respecto del planteamiento hecho por el Presidente y de las explicaciones que me permití hacer en esta tribuna.
Es cierto que el artículo 63 de la Constitución contempla cuatro supuestos, los cuales ya fueron analizados de una manera breve como corresponde a una intervención tribunicia, pero también lo es que la propuesta del señor Presidente no se cobija en el párrafo segundo, señor diputado, sino en el párrafo tercero, y el párrafo tercero es una norma que tiende a proteger y tutelar la eficacia del órgano legislativo, lo de menos es que tengan una, dos, 10 o más faltas. El caso del segundo párrafo al que hizo tanta insistencia el preopinante, es el que se refiere a la aplicación de una sanción, cuando se deja de asistir por más de 10 veces consecutivas y sin causa justificada o con licencia de la Cámara, es despedido el titular durante ese período de sesiones de la Cámara y se llama a su suplente.
Pero, como decíamos, por un principio de congruencia gramatical y auditiva, hay que oír para escuchar y hay que escuchar para entender. Estábamos haciendo referencia al párrafo tercero y el párrafo tercero se contrae a la protección del órgano para su funcionamiento en dos supuestos que la propia norma categóricamente así lo establece, una, para el "quórum" y otra, para el eficaz funcionamiento, en cuyo caso el segundo párrafo de manera terminante, de manera categórica, que no requiere ni siquiera un estudioso del doctorado sino un simple lector bien intencionado, establece que se llamará inmediatamente a los suplentes y que empezará a correr el plazo de 30 días a que se contrae el primer párrafo.
La interpretación correcta de esto, señor visitante fugaz, es que tal vez las razones lo abrumaron o su conciencia lo reprochó, de venir a decir falsedades y mentiras.
Y en lo que toca a que dijo que soy doctor en derecho y estudioso de la ciencia del derecho, le
contestaría con una frase evangélica: Tú lo has dicho. Gracias.
El Presidente: - Diputados Enrique Rojas Bernal, ¿quiere hacer uso de la palabra?
Señores diputado, los exhorto al orden.
El diputado Enrique Rojas Bernal: - Señores diputados, en la reunión que tuvimos anoche para discutir en comisiones unidas la cuestión de la reprivatización de la banca, el argumento principal, el diputado del Partido Revolucionario Institucional, José Luis Lamadrid, fue recomendar la lectura de la Constitución y de las leyes a quienes integramos el Poder Legislativo.
Pido al ciudadano Presidente le instruya a la secretaría a fin de que de la lectura completa, completa del artículo 63 constitucional y del artículo 50 del reglamento, tan vilipendiado, tan destruido, tan obstaculizado pero vigente y que norma y que reglamenta el funcionamiento de esta Cámara.
Mi solicitud, dé usted instrucciones, señor Presidente, a la secretaría, en obsequio a mi petición.
El Presidente: - Proceda la secretaría. Es absolutamente procedente la solicitud del diputado. Ruego a los señores diputados atención y un poco más de sonido. Adelante la secretaría.
La secretaria diputada Hilda Anderson Nevárez de Rojas:
"Artículo 73. Las cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, en la de Senadores de las dos terceras partes, y en la de Diputados, de más de la mitad del número total de sus miembros, pero los presentes de una y otra deberán reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los 30 días siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá, por ese solo hecho, que no aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes, los que deberán presentarse en un plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se declarará vacante el puesto y se convocará a nuevas elecciones.
Se entiende también que los diputados o senadores que falten 10 días consecutivos sin causa justificada o sin previa licencia del Presidente de su respectiva Cámara, con la cual se dará conocimiento a ésta, renuncian a concurrir hasta el período inmediato, llamándose desde luego a los suplentes.
Si no hubiese quórum para instalar cualquiera de las cámaras o para que ejerzan sus funciones una vez instaladas, se convocará inmediatamente a los suplentes para que se presenten a la mayor brevedad a desempeñar su cargo, entre tanto transcurren los 30 días de que antes se habla.
Incurrirán en responsabilidad y se harán acreedores a las sanciones que la ley señala, quienes habiendo sido electos diputados o senadores no se presenten sin causa justificada a juicio de la Cámara respectiva a desempeñar el cargo, dentro del plazo señalado en el primer párrafo de este artículo.
También incurrirán en responsabilidad que la misma ley sancionará, los partidos políticos nacionales que habiendo postulado candidatos en una elección para diputados o senadores, acuerden que sus miembros que resulten electos no se presenten a desempeñar sus funciones."
La secretaria diputada Guadalupe Gómez Maganda de Anaya:
"Artículo 50 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Cuando un miembro de la Cámara deje de asistir a las sesiones durante 10 días consecutivos, sin causa justificada, la secretaría hará que se publique el nombre del faltista en el Diario Oficial, y esta publicación seguirá haciéndose mientras continuare la falta."
El diputado Enrique Rojas Bernal: - Gracias. Señores, ha habido... ¿Quiere usted preguntar algo compañero?
El Presidente: - Quiere hacer alguna interpelación usted, señor diputado. ¿La acepta diputado Rojas Bernal?
El diputado Enrique Rojas Bernal: - Desde luego que sí.
El diputado Rommel Contreras Flores: - Señor diputado Rojas Bernal, en declaraciones de Prensa usted ha dicho que está en huelga parlamentaria; hace rato lo vi colocar una bandera roji - negra. ¿Es mentira?
El diputado Enrique Rojas Bernal: - Estoy dispuesto a contestarle a usted con puntualidad.
En primer término, compañero diputado Romel, no he hecho ninguna declaración a la Prensa. Quisiera desde luego decirle a usted que tampoco asumo la provocación de que estamos impedidos de poder estar presentes en esta sesión,
siendo designado por mi fracción parlamentaria para concurrir a este debate y poner a juicio y poner a discusión la arbitrariedad reglamentaria y la torcida interpretación letrística que quieren hacer los juristas que dicen ser doctores de la ley y, en ese sentidos y por esa razón, es que estoy aquí compañero Rommel.
El Presidente: - Diputado Rojas Bernal: El diputado Iglesias quiere formularle una pregunta, ¿la acepta usted?
El diputado Enrique Rojas Bernal: - Desde luego, las que sean necesarias.
El diputado Artemio Iglesias Miramontes (desde su curul): - De acuerdo con la respuesta que da usted al diputado Rommel entonces dice usted que todo lo que ha escrito la Prensa, con ese término "terminajo", que no sé de dónde lo pusieron, ¿ha dicho mentiras? Dígaselo a ellos.
El diputado Enrique Rojas Bernal: - Lo que afirmé hace un momento, fue muy claro: El diputado Enrique Rojas Bernal, interpelado, a quien han interpelado, no a formulado ninguna declaración en ese sentido.
Pero la cuestión es mucho más importante que las preguntas. Las preguntas que se han formulado tienen la intención de ilegitimar la presencia y la voz de las fracciones parlamentarias que estamos exigiendo que se aplique estrictamente el reglamento y que en función de eso, se tomen las decisiones en esta Cámara de Diputados.
El presidente: - Diputado, el diputado Aguilar Talamantes desea hacerle una interpelación.
El diputado Enrique Rojas Bernal: - Desde luego.
El diputado Rafael Aguilar Talamantes (desde su curul): - Compañero, la pregunta es muy sencilla: ¿ Está usted dispuesto a regresar por lo tanto mañana a la sesión de la Cámara como le corresponde al cumplimiento de su deber constitucional?
El diputado Enrique Rojas Bernal ( continúa): - Mi deber constitucional, está claramente establecido en el artículo 63, que pedí lectura completa. Mi deber y mi obligación, como lo señala el 63, ha estado perfectamente cumplimentada. Usted lo sabe, compañero Rafael Aguilar Talamantes. Anoche a las 12.00 terminamos de pasar revisión a un dictamen por demás históricamente oprobioso para diputación del Partido Revolucionario Institucional y más para el Partido del Frente Cardenista. Y a la hora de presentar una discusión, usted argumentó con muy buenas palabras y con mejores decisiones, la necesidad de que el Estado conservara la facultad que le concede la Constitución, en cuanto a la propiedad originaria de la nación, sin embargo, a la hora de votar, votó usted a favor del Partido Revolucionario Institucional y eso es inconsecuente. Eso es una gran inconsecuencia.
El diputado Rafael Aguilar Talamantes (desde su curul): - Por amistad nada más le pregunto si va a venir a la sesión de mañana.
El diputado Enrique Rojas Bernal: - Yo le pregunto a su vez a usted:
¿Estará usted mañana en la sesión?
El diputado Rafael Aguilar Talamantes (desde su curul): - Por supuesto.
El diputado Enrique Rojas Bernal: - Entonces, cómo podría usted asegurar que tal, si al salir lo atropella a usted un carro.
El problema fundamental, señores, el problema fundamental...
El Presidente: - Señores, orden en la sala. Ruego a los señores diputados tomar sus lugares. No ha concluido la sesión ordinaria del día de hoy.
Señores diputados: Esta Presidencia los exhorta cordialmente a que ocupen sus curules, sobre todo a los señores diputados que están en la parte de atrás y en los pasillos, por favor, ocupen sus lugares. El orador no ha concluido su intervención. Adelante, diputado.
El diputado Enrique Rojas Bernal: - Señores, la cuestión central que ha sido el problema en esta LIV Legislatura; ha sido fundamentalmente la irresponsabilidad de la fracción mayoritaria priísta, que no atendiendo a las convocatorias, que no atendieron a las convocatorias a sesiones son los primeros faltistas, son los primeros que no asisten, son los primeros ausentes dentro de la sala en diferentes momentos de sesiones importantes y no sólo son faltistas a la asamblea, son faltistas también en las comisiones, donde en diferentes e importantes asuntos no han asistido y si no me remito a las versiones de pase de lista, que se traigan aquí las listas para comprobar quienes son los faltistas, quiénes son los que han faltado durante todos estos meses en que hemos tomado la función de diputados...
El Presidente: - Señor diputado Rojas Bernal, hay un diputado que está al fondo, que quiere hacer una moción de orden o una interpelación.
El diputado Elías Zúñiga Gutiérrez (desde su curul): - Diputado Rojas, lo que usted sugirió, lo cual ocasionó el debate, ni siquiera lo ha tocado y ya ha abusado del micrófono e insisto, está fuera de tema, por lo que le pedimos que abandone la tribuna.
El Presidente: - Yo le ruego a usted, diputado Rojas Bernal, que redondee, concluya su intervención, pero sí está dentro del tema al que se ha convocado.
El diputado Enrique Rojas Bernal: - Con mucho gusto, pero tómese en cuenta que han sido las diferentes preguntas las que me han obligado a entrar en disquisiciones.
Señores, la capacidad de convocatoria de la mesa directiva de la Cámara y particularmente la no asistencia y desde luego, el no cumplimiento a la obligación legislativa por parte de la mayoría, es lo que ha ocasionado este problema, eso es lo que ocasionan los problemas de quórum.
Y ahora quiero decirle de manera muy clara: la huelga parlamentaria que decidimos las cuatro fracciones, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y Grupo Independiente, está directamente relacionada con la misma cuestión que ahora nos tiene aquí, la cuestión del cumplimiento estricto del reglamento y no las interpretaciones legaloides que se le pretenden imponer a esta asamblea para evitar que concurramos a expresar nuestros puntos de vista y que esto sean con estricto apego ala cuestión reglamentaria.
Lo que falla, por un lado, es la capacidad de convocatoria del Partido Revolucionario Institucional y después la capacidad de concertación, la capacidad de negociar, la capacidad de entender que esta Cámara será fuerte y será seria en la medida misma que sepa integrar las diferentes opiniones políticas, plurales, disidentes que tienen, sin embargo, el sustento de la razón popular e histórica, lo que requiere esta Cámara es tener capacidad de concertación, capacidad de negociación y, desde luego, capacidad de convocatoria. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jesús Antonio Carlos Hernández.
El diputado Jesús Antonio Carlos Hernández: - Señor Presidente; ciudadanos legisladores: La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista con todo respeto expresa que no puede ponerse a votación la aplicación de la Constitución, de la ley orgánica y del reglamento de este Congreso.
En consecuencia, se abstendrá de votar en un sentido o en otro. Muchas gracias.
El Presidente: - Señores diputados: Hemos escuchado con mucho interés y mucho respeto las intervenciones de quienes han querido hablar para debatir y aprobar o reprobar la propuesta que formuló con entera la Presidencia de esta Cámara de Diputados.
En el curso del debate y un poco antes del debate, yo intercambié apreciaciones con algunos otros señores diputados de diversos grupos parlamentarios, incluso le pedí al señor Jesús Sánchez , del Partido Acción Nacional, que viniera aquí a platicar conmigo, aunque fuera unos minutos, para darle a conocer mis puntos de vista.
Es siempre difícil, retador, un cargo como el de Presidente de la Cámara de Diputados, más en estos tiempos en que cuando el agua todavía no acaba de calmarse por alguna tempestad, viene otra y otra y otra. Estamos pues en el tiempo de lo inédito en materia política. Las fuerzas no acaban de entenderse suficientemente bien y en consecuencia se generan problemas, absolutamente inesperados.
Sin embargo, el deber del Presidente de la Cámara, si está atento al interés central de la eficacia del funcionamiento de esta institución vital para el país, es, hacer tres tipos de consideraciones:
La primera. ¿Qué es lo que dicen los textos legales sobre el particular? Cuando hice la propuesta se leyeron aquí los fundamentos legales que, a juicio de la Presidencia, debieran ser sometidos a consideración del pleno. Solamente ésos, no otros.
Número dos. ¿Cómo recibe este cuerpo colegiado esta propuesta, que goza de fundamento jurídico irrecusable, no obstante que algunos textos se nos hayan envejecido o ya no sirvan suficientemente, pero son los que tenemos y en ellos hay que apoyarnos?
La respuesta de esta Cámara de Diputados, por lo que se advierte, tuvo también dos efectos que no eran esperados: Uno de un grupo parlamentario, de 101 diputados aquí, Acción Nacional, que desde luego rechaza de manera radical el planteamiento de la Presidencia; otro, el del grupo
parlamentario del Partido Popular Socialista, que dice que se va a obtener en torno a esta cuestión; lo cual para la Presidencia también es motivo de preocupación, de reflexión y de consideración, porque cuentan mucho en política las respuestas que se provocan en un órgano colegiado como éste, cuando se trata de asuntos de tan alta monta como esta.
Y número tres. A parte del examen de las leyes y de la recepción de las consecuencias que provoca esto, hay que atender también el otro interés, al que sigue. ¿Qué es lo que sigue aquí? Lo que sigue aquí es: mañana, la discusión y la aprobación, en su caso, de una iniciativa presidencial que tiene interés eminente.
En consecuencia, esta Presidencia estima que es su imperativo moral y político a un riesgo de que genere comentarios negativos, el tomar en cuenta este tipo de consecuencias, después, cuando vayamos al examen de las nuevas reglas del juego electoral, nos seguirá acompañando una especie de clima de hostilidad, de enardecimiento y de antagonismo. ¿Será eso lo que necesita la Cámara de Diputados para cumplir satisfactoriamente sus funciones?
Con base pues en todo esto, señoras y señores diputados, esta Presidencia declara lo siguiente: Más allá de supuestos autoritarismos, con ánimo de concordia, por el bien de la nación, exhortamos a todos los grupos parlamentarios a concurrir mañana a la sesión convocada para discutir el dictamen en materia de iniciativa presidencial sobre banca y crédito, ya que es un asunto medular para la nación. Con espíritu de humanidad, que también debe caber en los políticos, dejo en suspenso la propuesta, levanto la sesión y convoco para mañana a las 10.00 de la mañana.
(A las 14.45 horas, se levanta la sesión.)
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA
Y DIARIO DE LOS DEBATES