Legislatura LIV - Año II - Período Ordinario - Fecha 19900511 - Número de Diario 9

ENCABEZADO

LIV LEGISLATURA

PODER LEGISLATIVO FEDERAL

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Dip. Javier López Moreno

RECINTO LEGISLATIVO

CENTRO MEDICO NACIONAL

DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES

Lic. Héctor de Antuñano y Lora

Año II México, D, F., viernes 11 de mayo de 1990 No. 9

SUMARIO

ASISTENCIA

La secretaría notifica que hay quórum

APERTURA

Se abre la sesión

DEL ESTADO DE SALUD

DEL DIPUTADO JAIME SABINES

Se forma comisión para visitarlo e informar a esta soberanía.

ORDEN DEL DÍA

Se da lectura.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Sin discusión, se aprueba.

OFICIO DE LA HONORABLE

CÁMARA DE SENADORES

Para notificar sobre la integración de la mesa directiva para el segundo mes del Segundo Período Ordinario. De enterado.

DENUNCIA

Por la violencia contra ciudadanos del municipio de Aguililla en Michoacán y del diputado Leonel Godoy Rangel, habla el diputado Rafael Melgoza Radillo.

Sobre el mismo asunto toman la palabra los diputados:

Alfredo Reyes Contreras.

Israel Félix Galán Baños.

Juan Nicasio Guerra Ochoa.

Eugenio Ortíz Walls.

Manuel Marcué Pardiñas.

Rafael Aguilar Talamantes.

Fernando Córdoba Lobo.

La Presidencia turna la denuncia a la Comisión de Justicia.

INICIATIVA DE REFORMAS AL CÓDIGO FEDERAL ELECTORAL, ADICIONES AL CÓDIGO PENAL Y MODIFICACIONES A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La secretaria diputada Hilda Anderson Nevárez de Rojas: - Se va a dar lectura a la iniciativa de reformas y adiciones al Código Federal Electoral, adiciones al Código Penal para el Distrito Federal y modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Fracción Parlamentaria Independiente.

«México, D. F., a 10 de mayo de 1990.

Licenciado Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, oficial mayor de la honorable Cámara de Diputados.- Presentes.

El diputado Pedro René Etienne Llano (desde su curul): - Señor presidente.

El Presidente: - Permítame la secretaría. ¿Sí, diputado?

El diputado Pedro René Etienne Llano (desde su curul): Hemos pedido que en obvio de

tiempo y por el interés de la discusión de la banca, se reciba y se turne a la comisión correspondiente.

El Presidente: - Diputado, si usted me permite nada más, hay en la iniciativa de reformas y adiciones de ustedes tres cuerpos de leyes que son muy importantes, yo le sugeriría en todo caso una fórmula intermedia, que se leyera nada más todo lo que es la primera parte, que es, supongo, la que condensa lo que sigue y que después de eso se le dé el turno respectivo, ¿aceptado?

El diputado Pedro René Etienne Llano (desde su curul): - Esta bien, señor Presidente.

El Presidente: - Aceptado. Adelante.

La secretaria diputada Hilda Anderson Nevárez de Rojas:

«Fracción Parlamentaria Independiente.- México, Distrito Federal, a 10 de mayo de 1990.

Licenciado Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, oficial mayor de la honorable Cámara de Diputados.- Presente.

Por este conducto, los diputados federales a la LIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Alfonso Alcocer Velázquez, Alberto Anaya Gutiérrez, Victor Manuel Ávalos Limón, Marcos Carlos Cruz Martínez, Francisco Chávez Alfaro, José Jaime Enríquez Félix, Pedro René Etienne Llano, Mario Galicia Vargas, Israel Félix Galán Baños, Manuel López Zorrilla, José Enrique Rojas Bernal y Rubén Venadero Valenzuela, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la iniciativa de reformas y adiciones al Código Federal Electoral, adición al Código Penal para el Distrito Federal y modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Solicitamos dé cuenta la mesa directiva...

El Presidente: - A la secretaría se le recuerda, que solamente la exposición de motivos va a ser materia de lectura, continúe.

La secretaria diputada Hilda Anderson Nevárez de Rojas: - Solicitamos dé cuenta a la mesa directiva de la honorable Cámara de Diputados para los efectos legales a que haya lugar, así como para lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento Interior.

Atentamente.

Diputado Pedro René Etienne Llano, coordinador.»

«Iniciativa de reforma al Código Federal Electoral

Fracción Parlamentaria Independiente.

Honorable Cámara de Diputados: Los que suscribimos, diputados de la LIV Legislatura al Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario independiente, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, a efecto que se turne de inmediato para dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, las siguientes reformas y adiciones al Código Federal Electoral, y la adición de un Capítulo XXIV, para que se incorpore al Código Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal, así como modificaciones al artículo 24 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con objeto de que sean turnados para dictamen a la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados, a fin de que se despache en el inmediato período de sesiones.

La presente iniciativa se presenta con arreglo a la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En todo Estado que aspire a la democracia, las elecciones son el momento que origina, recrea y convalida un determinado régimen político; legalidad y legitimidad de un régimen se juegan en ellas.

En el Código Federal Electoral, aún vigente, las elecciones, en cuanto a su preparación, desarrollo y vigilancia, se entendían como una corresponsabilidad entre gobierno, partidos y ciudadanos. Con las modificaciones electorales constitucionales últimas, el conjunto del proceso electoral sufre una centralización estatal mayor, al grado de definirse a las elecciones como una función de orden público, con lo cual se limita aún más la participación de ciudadanos y partidos.

Las elecciones libres requieren de una competencia electoral efectiva y, para ello, es indispensable una emisión no coactiva del voto; un ejercicio equitativo de derecho de los actores políticos que disputan el poder; resultados oficiales que correspondan a los sufragios emitidos y, finalmente, la aceptación responsable de la alternancia en el poder, si a ello conduce el resultado del escrutinio.

Por el contrario, elecciones que transgredan las condiciones anteriores, convierten el acto electivo en una mera investidura plebiscitaría, sin consenso ni legitimación.

En México se denegó la ocasión espléndida de instituir el poder sobre una base de credibilidad favorecida por la contundente actividad ciudadana en las pasadas elecciones federales; la prevalencia gubernamental, que controló y movió en su interés y criterio el proceso electoral, lo impidió. En las elecciones de 1988, el pueblo de México dejó planteada la necesidad de un nuevo tipo de legitimación de sus gobernantes, resultado del respeto al voto ciudadano.

La Fracción Parlamentaria Independiente, ha considerado de una gran responsabilidad ir más allá de la mera denuncia, participando en la reglamentación de estos cambios constitucionales con el propósito de que, junto con la oposición democrática, se mantenga la lucha por lograr que en la reglamentación de la nueva Ley o Código Electoral queden establecidos los anhelos democráticos del pueblo de México.

Para ello, proponemos una reglamentación electoral que parta desde abajo, o sea, desde la casilla, la cual debe estar integrada por ciudadanos a propuesta de los partidos políticos; el Presidente, secretario y escrutadores de casilla serán electos por insaculación a propuesta de los partidos y nombrados por el órgano superior inmediato, en este caso, el Consejo Electoral Distrital; los resultados electorales que arroje la casilla, serán dados a conocer de inmediato y tendrán el carácter de definitivos.

La comisión local electoral estará presidida por un presidente y un secretario, que serán nombrados por el órgano superior del organismo electoral, a partir de propuestas que manden los partidos políticos y mediante el procedimiento de insaculación; el comité distrital electoral estará presidido por un presidente y un secretario, que serán nombrados por el órgano superior del organismo electoral a partir de las propuestas que manden los partidos políticos y mediante el procedimiento de insaculación.

Para procesar y dar a conocer los escrutinios se instalarán centros de cómputo distritales, locales y uno nacional; a ellos tendrán acceso, con pleno derecho, representantes de partidos y candidatos registrados por suscripción popular.

Para que la nueva reglamentación electoral abra la posibilidad de que la sociedad civil participe en los procesos políticos de un modo más amplio y directo, es necesario que en los procesos electorales intervengan, además de los partidos, los propios ciudadanos, con la posibilidad de registrar candidatos por suscripción popular.

Para la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se propone: que sea por voto universal, directo y secreto y por el principio de mayoría relativa a dos vueltas; si ninguno de los candidatos registrados obtienen más de la mitad del total de los votos emitidos, se irán a una segunda vuelta en la cual participarán los dos candidatos que hayan obtenido la votación más alta.

Para garantizar campañas electorales justas a los diversos actores políticos contendientes, es necesario la participación equitativa de los mismos en los medios de difusión: los diarios, la televisión y la radio, lo cual implica constituir una Comisión de Difusión y Propaganda para las campañas electorales, integrada por representantes de los partidos políticos y que contará con una coordinación formada y nombrada de igual manera que la Comisión de Fiscalización de los Recursos Económicos.

El propósito central de esta comisión, es el de dotar de tiempos y espacios iguales a los diversos contendientes, tanto en los medios de difusión privados como oficiales.

Con la más sana intención de evitar suspicacias e irregularidades sobre la transparencia y objetividad de los procesos electorales en México, resulta indispensable instituir el Registro Nacional Ciudadano y la cédula de identidad ciudadana; para ello se requiere, en el caso del registro, de una dirección colegiada integrada por representantes de los partidos y un Presidente y secretario nombrados por el órgano superior electoral a propuesta de los partidos que, asimismo, se someterán a insaculación.

En cuanto a la cédula de identidad ciudadana, se propone: además de los requisitos contenidos en la ley, que en la cédula aparezca la foto, la firma del presidente del comité distrital y que se suprima la firma del director general del Registro Nacional Ciudadano.

Los ciudadanos mexicanos que residan en el extranjero pero que conserven su ciudadanía, podrán votar en los consulados y embajadas de México.

DECRETO

Artículo primero. Se reforman los siguientes artículos del Código Federal Electoral.

ADICIONES Y REFORMAS AL CÓDIGO

FEDERAL ELECTORAL

TITULO SEGUNDO

De los derechos y obligaciones político - electorales de los ciudadanos

CAPITULO I

De los derechos

Artículo 5o. Podrán ejercer el derecho del sufragio, en los términos de este código, los ciudadanos mexicanos varones y mujeres que hayan cumplido 18 años, se encuentren inscritos en el Registro Nacional Ciudadano y se identifiquen con la cédula de identidad ciudadana, y aún los que viviendo en el extranjero, conserven la ciudadanía mexicana y no se encuentren comprendidos dentro de los impedimentos siguientes:

I a VI........................................................................

. VII. Quienes estando sujetos a proceso criminal, o purguen sentencia ejecutoria por delitos electorales y por ello sean privados legítimamente de sus derechos a votar y ser votados para los puestos de elección popular.

CAPITULO II

De las obligaciones

Artículo 7o. Son obligaciones de los ciudadanos mexicanos:

I. Inscribirse en el Registro Nacional Ciudadano, en los términos que señala la ley; los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, deberán inscribirse en la embajada o consulado correspondiente, y conservar su cédula ciudadana;

II y III......................................................................

. IV. Desempeñar en forma gratuita las funciones electorales para las que sean requeridos, pero serán retribuidas aquéllas que se realicen profesionalmente conforme a la Constitución.

CAPITULO III

De la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 18. La elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, será directa y por el principio de mayoría en toda la República; si ninguno de los candidatos registrados obtiene más de la mitad del total de la votación nacional efectiva, se celebrará una segunda vuelta de elecciones en la que participarán los dos candidatos que hubieren obtenido la votación más alta.

El Presidente entrará a ejercer su cargo el 1o. de diciembre y durará en él seis años.

TITULO SEGUNDO

De los partidos políticos nacionales y su función

CAPITULO II

De su constitución y registro

Artículo 35. Los partidos políticos y las asociaciones, podrán optar por el registro condicionado o definitivo:

Registro condicionado: el órgano superior convocará oportunamente a quienes pretendan obtener su registro condicionado al resultado de las elecciones, el cual se podrá efectuar seis meses antes de la fecha fijada para las elecciones. Para obtener el registro condicionado al resultado de las elecciones, el solicitante deberá acreditar:

I. Que cuenta con declaración de principios, programa de acción y estatutos en los términos comprendidos del artículo 22 al 26 de esta ley;

II. Que representa una corriente de opinión, expresión de la ideología política característica de alguna de las fuerzas sociales que componen la colectividad nacional; para tal efecto, servirán como documentos probatorios, las publicaciones periódicas, manifiestos, folletos u otros elementos de similar naturaleza, y

III. Dentro del plazo máximo de 15 días naturales, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro, al órgano superior, resolverá lo conducente; cuando proceda, expedirá certificado haciendo constar el registro. En caso de negativa, expresará las causas que la motiven y lo comunicará al interesado; su resolución será definitiva, no admitirá recurso alguno y deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

El partido político con registro condicionado al resultado de las elecciones, obtendrá el registro definitivo cuando haya logrado por lo menos el 1.5% del total en alguna de las votaciones de la elección para la que se le otorgó el registro condicionado. El partido político que no obtenga el 1.5%, perderá todos los derechos y prerrogativas que establece esta ley.

El hecho de que un partido político no obtenga el registro definitivo, no tiene efecto en relación con los triunfos que sus candidatos hayan obtenido en las elecciones, según el principio de mayoría relativa.

Los partidos políticos podrán fusionarse entre sí, y con ellos las asociaciones políticas nacionales.

La fusión tendrá por objeto, en los términos del convenio que se celebre, la formación de un nuevo partido político, en cuyo caso deberá solicitar al órgano superior el registro respectivo; el convenio podrá establecer que uno de los partidos políticos fusionados conserve su personalidad jurídica y la validez de su registro, acordándose la disolución del otro u otros partidos que participen en la fusión.

El convenio de fusión deberá registrarse en el órgano superior, el que resolverá dentro del término de los 30 días siguientes a su presentación.

Para fines electorales, el convenio de fusión deberá registrarse ante el órgano superior, por lo menos 180 días antes de la elección.

Del registro definitivo: para solicitar su registro definitivo como partido político nacional, las organizaciones interesadas deberán haber satisfecho los requisitos a que se refieren los artículos del 29 al 34 de esta ley.

CAPITULO II

De sus obligaciones

Artículo 45. Son obligaciones de los partidos políticos:

I al XIII......................................................................

XIV. Los partidos políticos propiciarán los debates públicos de los diversos candidatos que aspiran a los puestos de representación popular, tanto del Poder Ejecutivo, estatal o Federal como del Poder Legislativo local o nacional; los debates serán transmitidos en directo a través de la radio y la televisión privada o pública, con cobertura nacional y/o local;

XV. Los partidos políticos están obligados a respetar a los miembros de las organizaciones sindicales, pues éstos tienen libertad de afiliación política e ideológica y su voto será libre; toda afiliación será individual, y

XVI. Las demás que establece este código.

TITULO CUARTO

De las prerrogativas de los partidos políticos nacionales y candidatos por suscripción popular

Artículo 48. Son prerrogativas de los partidos políticos nacionales y de los candidatos por suscripción popular:

I. Tener acceso en forma permanente, libre y en igualdad de condiciones respecto a los demás partidos, a la radio y a la televisión pública y privada;

II.............................................................................

III. Disfrutar de las franquicias postales, telegráficas y los servicios modernos de comunicación electrónica, tanto en los locales partidarios como en los comités estatales;

IV.............................................................................

V. Derecho a una cuarta parte de página semanal en los periódicos de mayor circulación nacional y local, y a un suplemento dominical en época de elecciones.

Artículo 50. La Comisión de Difusión y Propaganda para las campañas electorales, debe ser un organismo autónomo colegiado integrado por representantes de los partidos políticos y uno por cada candidato por suscripción popular; los coordinadores de esta comisión se nombrarán por el órgano electoral superior inmediato a propuesta de los partidos. Dichas propuestas serán sometidas a insaculación.

Artículo 51. Cada uno de los partidos políticos tendrá derecho de acreditar ante la Comisión de Difusión y Propaganda para las campañas electorales, un representante con facultades de decisión sobre la elaboración de los programas de la comisión en su conjunto.

TITULO CUARTO

De las prerrogativas de los partidos políticos nacionales

Artículo 54. Los partidos políticos harán uso de su tiempo gratuito mensual en dos programas semanales; el orden de presentación de los programas tendrá un horario fijo.

Artículo 56. Los partidos políticos deberán presentar con la debida oportunidad a la Comisión de Difusión y Propaganda para las campañas electorales, los guiones técnicos para la producción

de sus programas, mismos que se realizarán en los lugares que para tal efecto acuerden ambos; esta comisión contará con los elementos humanos, técnicos y la ayuda económica del Estado para la producción de los programas.

TITULO QUINTO

Del régimen financiero de los partidos políticos nacionales

CAPITULO I

Del financiamiento público

Artículo 61. Los partidos políticos, en complemento de los ingresos que perciban por las aportaciones de sus afiliados y organizaciones, tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en este código, conforme a las disposiciones siguientes:

I a VIII.......................................................................

IX. El Consejo Federal Electoral, (organismo público), fijará el límite permisible de financiamiento privado; asimismo, tendrá facultades para investigar y dictaminar si los partidos o candidatos por suscripción popular han incurrido en delitos al respecto.

TITULO SÉPTIMO

De los frentes, coaliciones y fusiones

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 79 - bis. Los partidos políticos, las asociaciones políticas y los candidatos por suscripción popular podrán confederarse, aliarse o unirse para postular candidatos a una segunda vuelta para la elección presidencial.

Una vez que el Consejo Federal Electoral dictamine que ha lugar a una segunda vuelta en la elección presidencial, se publicará en el Diario Oficial la convocatoria y empezará a contar el plazo de 45 días efectivos para la celebración de la elección en segunda vuelta para Presidente de la República.

De las coaliciones

Artículo 83. Los partidos políticos, asociaciones y candidatos por suscripción popular podrá celebrar convenios de coalición para las elecciones de Presidente de los Estado Unidos Mexicanos y senadores, así como para la de diputados de mayoría relativa y de representación proporcional; asimismo, en caso de celebrarse una segunda vuelta de elección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, los partidos políticos, asociaciones y candidatos por suscripción popular, podrán celebrar convenios de coalición.

En todos los casos, los candidatos de las coaliciones se presentarán bajo el registro y emblema o emblemas del partido o partidos políticos o asociaciones

. Artículo 87. La coalición se formará con dos o más partidos políticos nacionales, con asociaciones y con candidatos por suscripción popular y postularán sus propios candidatos en las elecciones federales en la elección de Presidente de la República.

Para las elecciones de diputados y senadores, la coalición se formará con dos o más partidos políticos nacionales, asociaciones y candidatos por suscripción popular.

Artículo 89. El convenio de coalición...

El convenio de coalición para celebrar una segunda vuelta de elección para Presidente, deberá registrarse a más tardar una semana antes del día de la elección.

Una vez registrado un convenio de...

En el caso del convenio de coalición para la segunda vuelta en la elección presidencial, se publicará en el Diario Oficial un día después.

Artículo 92. Dos o más partidos políticos...

Los votos...

En el caso de la segunda vuelta para la elección presidencial, los votos se computarán a favor de cada uno de los candidatos que hayan obtenido y se sumarán a favor del candidato.

LIBRO TERCERO

Del Registro Nacional Ciudadano

TITULO PRIMERO

Disposiciones generales

CAPITULO I

De su integración

Artículo 99. El Registro Nacional Ciudadano en el órgano autónomo colegiado encargado de

supervisar y vigilar la inscripción de los ciudadanos en el padrón electoral, de mantenerlo depurado y actualizado y de supervisar la elaboración de las listas municipales, distritales y estatales.

Artículo 100. El Registro Nacional Ciudadano, se integrará por un presidente y un secretario, nombrados por el órgano superior electoral a propuesta de los partidos y sometidos a insaculación, y por un representante de cada uno de los partidos políticos registrados.

Artículo 101. En cada una de las oficinas estatales, municipales o distritales, se formará una comisión estructurada y nombrada de igual manera que el Registro Nacional Ciudadano. En las secciones electorales, la responsabilidad de depurar y actualizar el padrón ciudadano recaerá en la mesa directiva de casilla.

CAPITULO III

De sus atribuciones

Artículo 104. Son atribuciones del Registro Nacional Ciudadano:

I. Vigilar que cada delegación distrital del Registro Nacional Ciudadano, identifique y expida la credencial ciudadana;

II. Recopilar y procesar la información a través de los medios modernos de comunicación de las listas de ciudadanos a los que se les expida la credencial ciudadana en las delegaciones distritales del Registro Nacional Ciudadano;

III. Supervisar y mantener actualizado el padrón electoral, así como las listas nominales, municipales, distritales y estatales, de acuerdo con las disposiciones del código.

El Registro Nacional Ciudadano, con la participación de los partido políticos y el órgano superior, integrados de manera colegiada, revisará semestralmente el grado de depuración y actualización del padrón ciudadano, y aplicará las medidas necesarias para preservar su máxima confiabilidad;

IV. Se deroga.

V. Proporcionar para su revisión, a los partidos políticos nacionales, las listas nominales básicas y las complementarias a través de las delegaciones municipales, distritales y estatales, seis meses antes de las elecciones, para que después de revisadas las listas sean firmadas por los representantes de cada partido en el comité de vigilancia, que para tal efecto se creará, a saber: municipal, distrital y estatal, con objeto de que se realice tres o cuatro meses antes de las elecciones.

CAPITULO IV

De la inscripción de los ciudadanos en el padrón electoral

Artículo 108. Todos los mexicanos que hubieren alcanzado la ciudadanía, están obligados a inscribirse en el Registro Nacional del Ciudadano.

En las elecciones para Presidente de la República, aquellos ciudadanos que residan en el extranjero y conserven su ciudadanía mexicana deberán inscribirse en la embajada o consulado donde residan.

La falta...

Es obligación del Registro Nacional Ciudadano tramitar a través de sus delegaciones la inscripción en el Padrón Electoral único de todos los ciudadanos mexicanos que lo soliciten, y entregar la constancia correspondiente.

Artículo 109. Es obligación de los ciudadanos mexicanos acudir a la delegación del Registro Nacional Ciudadano, correspondiente a su domicilio, a efecto de solicitar su inscripción en el padrón electoral. Los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, deberán acudir a solicitar su inscripción al Registro Nacional Ciudadano en la embajada o consulado correspondiente.

CAPITULO V

De la credencial de elector

Artículo 117. Todo ciudadano que se inscriba en un comité municipal, distrital o estatal, tiene derecho a que se le entregue su credencial para la elección que corresponda, mediante la cual acreditará su carácter de elector. Los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, que se inscriban en la embajada o en el consulado, recibirán por el mismo conducto su respectiva credencial.

Artículo 118. La credencial de elector deberá contener la información relativa a: entidad, municipio, localidad, distrito electoral uninominal y sección electoral correspondiente al domicilio del ciudadano inscrito; la clave de elector; apellido paterno, apellido materno y nombre, domicilio, sexo, edad, huella digital, foto, firma del ciudadano; año de registro; espacios necesarios para anotar año y elecciones de que se trate y la firma del presidente del comité distrital.

La credencial de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, será expedida por el

Registro Nacional Ciudadano, de acuerdo con los datos que le sean enviados.

CAPITULO VI

De las listas nominales de electores

Artículo 122. Las listas nominales...

Cada embajada o consulado de México, notificará al registro Nacional Ciudadano la lista de empadronados para la votación de Presidente de la República.

Artículo 124. El número de casillas y su ubicación, se decidirá seis meses antes de las elecciones en el pleno del comité distrital con un quórum mínimo de 60% de sus miembros, con el fin de que los partidos supervisen los lugares donde serán instaladas, conozcan a los funcionarios, firmen la lista de casillas y de funcionarios en caso de aprobarla, actualicen el padrón y lo remitan para su rectificación y lo fijen en lugar visible.

Por cada 500 empadronados, como máximo, se establecerá una casilla y en el caso de poblaciones con menor número, se instalará con los que hubiere.

Artículo 125. El registro Nacional Ciudadano entregará a la mesa directiva de casilla cinco meses antes de la elección el padrón electoral, el cual será remitido en 30 días con las depuraciones y actualizaciones correspondientes; el Registro Nacional Ciudadano lo devolverá dos meses antes de la elección, la que será fijada en el domicilio de la casilla en lugar visible.

La lista nominal del padrón se deberá dividir por casilla en orden alfabético, (de la letra "A" a la "D", de la "E" a la "M", etcétera). No deberá repetirse en cada casilla.

La lista de ubicación de las casillas y los nombres de sus integrantes, se publicarán en la prensa local seis meses antes de la elección.

TITULO TERCERO

CAPITULO ÚNICO

De los comités y de las comisiones de vigilancia del Registro Nacional Ciudadano

Artículo 148. El comité técnico y de vigilancia del Registro Nacional Ciudadano, tanto distrital como estatal, se integrará por un coordinador y un secretario técnico nombrados por el órgano superior electoral, a propuesta de los partidos políticos registrados por el procedimiento de insaculación, más un representante por cada uno de los partidos registrados; la facultad de vigilancia a nivel de secciones, será ejercida por los representantes de los partidos políticos registrados.

Artículo 149. El comité técnico y de vigilancia del Registro Nacional Ciudadano, tiene las siguientes atribuciones:

I..............................................................................

II. Vigilar que el empadronamiento de los ciudadanos se lleve a cabo en los términos establecidos en este código, y conforme a los acuerdos que sobre la materia dicte el Consejo Federal Electoral;

III. Vigilar que se entregue oportunamente a los ciudadanos la credencial de elector;

IV. Solicitar por conducto de la coordinación del Registro Nacional Ciudadano, la colaboración de los servidores públicos en los términos de este código;

V. Solicitar al Consejo Federal Electoral, por conducto de la dirección general del Registro Nacional Ciudadano, que se utilicen las técnicas censales electorales para la depuración y actualización del padrón único, en forma total o parcial, toda vez que los juzgue conveniente;

VI. Recibir las solicitudes que formulen los partidos políticos para la depuración y actualización del padrón electoral único; manejará su padrón con los medios electrónicos que sean fácilmente convertibles a las grandes cintas;

VII. Transmitir a los partidos políticos los informes que presente la coordinación del Registro Nacional "Ciudadano, acerca de los actos de depuración y actualización del padrón electoral único;

VIII. Desahogar las consultas que le formule la coordinación del Registro Nacional Ciudadano;

IX. Vigilar que cada delegación distrital, municipal y estatal del Registro Nacional Ciudadano, identifique y dé credencial a cada empadronado;

X. Vigilar que las listas revisadas y firmadas por los representantes de cada partido político, sean las mismas que se usarán el día de la elección; una copia de éstas deberá ser fijada en un lugar visible, como lo estipula el artículo 125 de este ordenamiento, y

XI. Las demás que le confiere la ley.

TITULO TERCERO

Consejo Federal Electoral

CAPITULO ÚNICO

Disposiciones generales

Artículo 164. El Consejo Federal Electoral, Organismo Público, es un organismo autónomo en sus decisiones, de carácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propios; será autoridad en la materia y profesional en su desempeño, lo que no implica que el personal que lo integre, tenga que ser necesariamente licenciado en derecho o abogado. La certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, serán sus principios rectores.

Artículo 165. El Consejo Federal Electoral, órgano superior de dirección, se integrará por los siguientes miembros:

I. El Secretario de Gobernación, quien fungirá como presidente;

II. Cinco consejeros magistrados electos por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, de los integrantes de la lista que para el efecto mandará el Ejecutivo;

III. Dos consejeros designados por la Cámara de Diputados;

IV. Dos consejeros designados por la Cámara de Senadores, y

V. Un representante de cada uno de los partidos políticos que en las elecciones federales pasadas hayan obtenido el 1.5% de la votación emitida.

Artículo 165 - bis. Los integrantes de los órganos de dirección, ejecutivos y técnicos de la vigilancia del organismo público, serán nombrados por el órgano superior mediante el procedimiento de insaculación y a propuesta de los partidos políticos.

Artículo 170. Son funciones del órgano superior:

I a XXIX

XXX. En caso de efectuarse una segunda vuelta a la elección presidencial, dictaminar si ha lugar cuatro horas después de efectuado el cómputo total, para que a partir de este plazo se compute el término de 45 días para llevar a cabo la segunda vuelta de votación para la elección presidencial, y

XXXI. Fijar el límite permisible de financiamiento privado a los partidos políticos o candidatos por suscripción popular; asimismo, tendrá facultades para investigar y dictaminar si los partidos o candidatos por suscripción popular han incurrido en delitos al respecto.

Artículo 178. Las comisiones locales electorales se integrarán con un presidente y un secretario, designados por el órgano superior de dirección mediante el procedimiento de insaculación y a propuesta de los partidos políticos y un representante de cada uno de los partidos políticos.

CAPITULO II

De su integración y atribuciones

Artículo 179. Para ser miembro de una comisión local electoral, se requiere: ser ciudadano en ejercicio de sus derechos políticos, residir en la entidad acreditando su residencia cuando menos de un año antes de su designación, tener modo honesto de vivir, no desempeñar cargo o empleo público de confianza y ser ciudadano de reconocida probidad.

Artículo 180. Para que las comisiones locales electorales puedan sesionar, basta que los convoque cualquier partido político que logre en consenso del 50% de los integrantes del organismo, a condición de que lo haga por escrito; toda resolución se tomará por mayoría de votos, y en caso de empate, el voto será de calidad del presidente.

Podrá concurrir...

CAPITULO II

De su integración y funciones

Artículo 190. Los consejos distritales electorales, se integrarán con los siguientes miembros:

Un presidente y un secretario designados por el consejo superior de dirección, mediante el procedimiento de insaculación y a propuesta de los partidos políticos, y un representante de cada uno de los partidos políticos.

TITULO SEXTO

De las mesas directivas de casilla

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 196. Son atribuciones de la mesa directiva de casilla:

I. Verificar y actualizar el padrón electoral;

II. Remitirlo al Registro Nacional Ciudadano, para que proceda a la rectificación;

III. Rectificado el padrón electoral, fijarlo en el domicilio de la casilla en lugar público y visible y

IV La recepción, escrutinio y computación del sufragio de las secciones en que se dividen los 300 distritos electorales uninominales de la República.

Por cada 500 empadronados, como máximo, se establecerá una casilla y en el caso de poblaciones con menor número, se instalará con los que hubiere.

Artículo 197. Sólo podrán formar parte de las mesas directivas de casilla, los ciudadanos que residan en la sección electoral respectiva o en el municipio o distrito electoral correspondiente; en el caso del Distrito Federal, estén en el ejercicio de sus derechos políticos, sean de reconocida probabilidad, tengan modo honesto de vivir y posean los conocimientos suficientes para el desempeño de sus funciones.

Las mesas directivas de casilla se integrarán con un presidente, un secretario y dos escrutadores y sus respectivos suplentes, designados por el consejo distrital, mediante el procedimiento de insaculación y a propuesta de los partidos políticos.

Los consejos distritales electorales tomarán las medidas necesarias, a fin de que los ciudadanos designados para integrar las mesas directivas de casillas reciban, con la anticipación debida al día de la elección, la capacitación necesaria para el desempeño de sus tareas.

CAPITULO II

De su integración y funciones

Artículo 198. Los funcionarios de las mesas directivas de casilla y los representantes de los partidos políticos y los comunes de candidatos, tienen las atribuciones siguientes:

a) De la mesa directiva de casilla:

I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I - bis. Verificar y actualizar el padrón ciudadano, remitiéndolo al Registro Nacional Ciudadano para su corrección.

Fijar en el domicilio de la casilla en lugar visible el padrón definitivo, dos meses antes de la elección;

II a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI. Pegar en el lugar público y visible los resultados de la votación, y

VII. Las demás que le confiere este código y disposiciones relativas.

b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I a VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII. Una vez concluidas las labores de la casilla, entregar el consejo distrital electoral, con la participación de los representantes de los partidos políticos y comunes de candidatos que deseen acompañarlo, los expedientes y los paquetes electorales y las copias de la documentación respectiva.

En el caso...

c)...

I a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d) De los escrutadores...

I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e) De los representantes...

CAPITULO II

Del registro de candidatos

Artículo 217. Correspondiente a los partidos políticos y a los ciudadanos sin afiliación partidista, el derecho de registrar candidatos a los cargos de elección popular; el único requisito para que un ciudadano se postule por el método de suscripción popular será el de reunir, certificar y presentar las firmas correspondientes al 1% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral correspondiente.

Artículo 217 - bis. Para iniciar el proceso de presentación de candidatos por suscripción popular, los ciudadanos asociados al efecto deberán presentar ante el comité distrital respectivo, lo siguiente: 1o. La solicitud escrita firmada por un mínimo del 1% de ciudadanos inscritos en el padrón de ciudadanos respectivo y correspondiente a las últimas elecciones, con sus nombres y generales de ley;

2o. La denominación, siglas, emblemas y colores con que desean ser identificados;

3o. El nombre de su representante legal y de su respectivo suplente, la identificación de la elección o elecciones en que participarán y las listas de candidatos con el domicilio, lugar y fecha de nacimientos; y

4o. La lista de candidatos y los cargos para los cuales se proponen; además, deberán cumplir con todas las demás disposiciones que para el efecto señala el Código Federal Electoral.

TITULO TERCERO

De la jornada electoral

CAPITULO I

De la instalación y apertura de casilla

Artículo 252. El primer miércoles de septiembre del año de la elección...

En el acta deberá hacerse constar que las urnas se armaron...

Al inicio de la votación, cada mesa directiva de casilla integrará una cifra al azar por un dígito dado por cada miembro de la mesa directiva, y a partir de esa cifra, se numerarán las boletas electorales secuencialmente.

Artículo 271.

I a III.

IV. Serán válidos y contarán para el candidato registrado por suscripción popular, todos aquellos votos que se emitan para éste, y

V. Los votos emitidos en forma distinta a la descrita en las cuatro fracciones anteriores, serán nulos.

TITULO CUARTO

De la recepción de los paquetes electorales y de la información preliminar de los resultados

Artículo 293. La recepción de los paquetes...

I a IV.....

V. Con objeto de tener resultados electorales objetivos, oportunos y confiables, se establecerán centros de cómputo a nivel distrital y estatal, conectados al Centro de Cómputo Nacional.

Artículo 294. A la información pública de los resultados que aparezcan en los actos de escrutinio y computación, entregados con los paquetes electorales al comité distrital, tendrán acceso los representantes acreditados de los partidos políticos y candidatos por suscripción popular, para conocer la información e impugnar en caso de alteración.

La información se deberá dar a conocer a los representantes de los partidos, a los candidatos, a la prensa y a la opinión pública, con un máximo de cuatro horas de concluido el cómputo.

LIBRO SEXTO

De los resultados electorales

TITULO PRIMERO

De los cómputos distritales

CAPITULO ÚNICO

De los procedimientos de cómputo

Artículo 299. El cómputo distrital de la votación para diputados, se sujetará al procedimiento siguiente:

I a VI...

Y lo que previene el artículo 300 en sus incisos de la letra a, a la letra g.

Artículo 300. El cómputo distrital de la votación para senadores, se sujetará al procedimiento siguiente:

a) El cómputo deberá realizarse en el comité distrital, conforme vayan llegando los paquetes electorales y concluirá al llegar el último de los paquetes, después de haber terminado las 24 horas del día de la elección; solamente en aquellos distritos en los que no haya posibilidad de llegar a la cabecera desde la casilla más lejana, los partidos de común acuerdo, sea por unanimidad o mayoría calificada, decidirán ampliar el plazo de entrega de los paquetes electorales. El problema se analizará y resolverá dos meses antes de las elecciones, al establecer el lugar donde deberán ubicarse las casillas; en caso de no haber acuerdo, el tribunal electoral lo resolverá;

b) Cada paquete será examinado por el pleno del consejo distrital con los representantes de los partidos y candidatos por suscripción, todos ellos revisarán las actas en el paquete y la copia anexa, y tomarán nota del resultado de la votación en una hoja diseñada para el cómputo;

c) Cada comité distrital deberá tener una terminal de computadora, con el fin de capturar su información, verificar su exactitud y entregar copia grabada del resultado del cómputo a cada partido y representante de candidato por suscripción popular;

d) Los paquetes alterados serán analizados y, en su caso, desechados en ese momento, por el pleno del consejo distrital;

e) Si se desechan los paquetes electorales de más del 20% del total de secciones, se deberán anular las elecciones en ese distrito;

f) Al concluir el proceso de cómputo distrital, se deberá totalizar la hoja de cómputo, similar a la actual sábana y la firmarán de común acuerdo o bajo protesta todos los representantes de los partidos, otorgándosele una copia a cada partido y representante de candidato por suscripción popular, y

g) Se hará un acta aparte para registrar irregularidades, la cual también deberá ser firmada de acuerdo y bajo protesta por todos los representantes de partidos y, asimismo, se dotará de una copia a cada representante.

II a IV....

Artículo 301. El cómputo distrital de la votación para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se sujetará al procedimiento siguiente:

I. Deberá realizarse en el comité distrital, conforme vayan llegando los paquetes electorales y concluirá al llegar el último de los paquetes, después de haber terminado las 24 horas del día de la elección; solamente en aquellos distritos en los que no haya posibilidad de llegar a la cabecera desde la casilla más lejana, los partidos, de común acuerdo, sea por unanimidad o mayoría calificada, decidirán ampliar el plazo de entrega de los paquetes electorales. El problema se analizará y resolverá dos meses antes de las elecciones, al establecer el lugar donde deberán ubicarse las casillas; en caso de no haber acuerdo, el Tribunal Electoral lo resolverá.

a) Cada paquete será examinado al llegar por el pleno del consejo distrital con los representantes de los partidos y candidatos por suscripción popular, todos ellos revisarán las actas en el paquete y anexa, y tomarán nota del resultado de la votación en una hoja diseñada para el cómputo;

b) Cada comité distrital deberá tener una terminal de computadora con el fin de capturar su información, verificar su exactitud y entregar copia grabada del resultado del cómputo a cada partido y representante de candidato por suscripción popular;

c) Los paquetes alterados serán analizados y, en su caso, desechados en ese momento, por el pleno del consejo distrital;

d) Si se desechan los paquetes electorales de más del 20% del total de secciones, se deberán anular las elecciones en ese distrito, y

e) Al concluir el proceso de cómputo distrital, se deberá totalizar la hoja de cómputo, asimilar a la actual sábana, y la firmarán de común acuerdo o bajo protesta, todos los representantes de los partidos, otorgándosele una copia a cada partido y representante de candidato de suscripción popular.

Se hará un acta aparte para registrar irregularidades, la cual también deberá ser firmada de acuerdo o bajo protesta por todos los representantes de partidos y, asimismo, se dotará de un copia a cada representante;

II a IV....

IV - bis. El cómputo de los resultados electorales de las embajadas y consulados de México, se hará llegar al organismo público telefax, de manera inmediata, al término de las votaciones; los paquetes electorales se mandarán al término del cómputo y escrutinio al mismo órgano.

Se deroga del Título Tercero, de las sanciones, capítulo único.

Artículo segundo. Se adiciona un Capítulo XXIV al Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.

TITULO VIGÉSIMO CUARTO

Delitos electorales

CAPITULO ÚNICO

Funcionarios electorales

Artículo 401. Se impondrá multa por el equivalente de hasta 50 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento de cometer el delito, o prisión hasta de tres años, o ambas sanciones a juicio del juez, y destitución del cargo o empleo en su caso, o suspensión de derechos políticos hasta por tres años, a los funcionarios electorales que:

I. No hagan constar oportunamente las violaciones de que hayan tenido conocimiento en el desarrollo del proceso electoral;

II. Siendo servidores públicos del Registro Nacional de Electores, no admitan la solicitud de inscripción de alguna persona cuando sea procedente o se nieguen a inscribirla; alteren, oculten, o sustraigan documentación relativa al padrón único; expidan credencial de elector a quien no le corresponda, no la expidan oportunamente, o la entreguen en blanco a quienes no les corresponda tenerla en su poder;

III. No proporcionen oportunamente la documentación electoral correspondiente a los presidentes de las mesas directivas de casilla;

IV. Siendo funcionarios de mesas directivas de casilla, consientan que la votación se lleve a cabo en forma ilegal, rehusen admitir el voto sin razón justificada a quien, conforme a este código, tenga derecho al sufragio;

V. Sin causa justificada, se nieguen a reconocer la personalidad de los representantes de los partidos políticos o de los candidatos, o bien, se niegue o retarde la tramitación de los recursos interpuestos por éstos;

VI. Que retengan o no entreguen al organismo electoral correspondiente, el paquete electoral, o estando obligados no rindan los informes o expidan las constancias oportunamente; no levanten oportunamente las actas correspondientes, o no hagan entrega de las copias de ellas a los representantes de los partidos o candidatos;

VII. Teniendo la obligación de hacerlo, se nieguen, sin causa justificada, a registrar los nombramientos de los representantes de los partidos políticos o de los candidatos, dentro del plazo establecido en la fracción III del artículo 238 de este código;

VIII. Al que permita la presencia en la casilla de cualquier persona ajena al proceso;

IX. Al que dolosamente permita o participe en la instalación de una casilla en lugar distinto al legalmente designado;

X. Haga mal uso de la documentación electoral, entregue documentos electorales;

XI. Al que altere los registros o actas electorales, y

XII. Al que cierre una casilla antes de la hora prevista por la ley, salvo las previstas por el Código Federal Electoral.

Artículo 402. Se impondrá multa por el equivalente de 100 a 250 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento de cometerse el delito, o prisión hasta de tres años y destitución en su caso, del cargo o empleo que desempeñe e inhabilitación para obtener algún cargo público hasta por tres años, al servidor público federal que:

I. Abusando de sus funciones o mediante violencia, amenaza o soborno, impida a otro votar libremente por un partido o candidato determinado, viole el secreto del voto, induzca u obligue a lo electores a votar en favor o en contra de un candidato;

II. Prive de la libertad a los candidatos, a sus representantes, a representantes de los partidos políticos, o a los funcionarios electorales, bajo pretexto de comisión de delitos inexistentes y sin existir orden de aprehensión para ello, y

III. Impida indebidamente la reunión de una asamblea o manifestación pública, o cualquier acto legal de propaganda electoral.

Artículo 403. A los notarios públicos que sin causa justificada dejen de realizar las actividades señaladas por el artículo 292 de este código, se les revocará la patente para el ejercicio notarial.

Artículo 404. Se impondrá multa hasta de un mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a los ministros de cultos religiosos, que por cualquier medio induzcan al electorado a votar en favor o en contra de un candidato o partido político, o a la abstención, en los edificios destinados al culto o en cualquier otro lugar.

Artículo 405. A todo aquel extranjero que se inmiscuya en los asuntos políticos del país, se le revocará su calidad migratoria, cualquiera que ésta fuera, y se le aplicará lo dispuesto por la Ley General de Población.

Artículo 406. Se impondrá sanción de suspensión de sus derechos políticos, hasta por tres años, a los presuntos diputados y senadores que, debiendo integrar el Colegio Electoral en los términos del artículo 60 de la Constitución, no se presenten a desempeñar las funciones que les correspondan en esos cuerpos colegiados.

Artículo 407. Se impondrá sanción de suspensión de sus derechos políticos hasta por seis años a quienes, habiendo sido electos diputados o senadores, no se presenten sin causa justificada a juicio de la Cámara respectiva, a desempeñar el cargo dentro del plazo señalado en el primer párrafo del artículo 63 de la Constitución.

Artículo 408. Se procederá a la cancelación del registro, a juicio de la Comisión Federal Electoral, de todos aquellos partidos políticos que:

I. Acuerden la no participación de sus candidatos electos en el Colegio Electoral;

II. No acrediten comisionados ante la propia Comisión Federal Electoral en los términos de este código, o bien, queden sin representación durante dos sesiones consecutivas, previa notificación de la primera ausencia, y

III. Cuando reciban financiamiento de personas o agrupaciones extranjeras y ministros de algún culto, asociaciones o agrupaciones religiosas.

Artículo 409. Ninguna suspensión de derechos políticos o suspensión o cancelación de registro de que tratan los artículos anteriores podrá acordarse, sin que previamente se oiga en defensa al interesado, para lo cual deberá ser citado, a fin de que conteste los cargos y presente las pruebas tendientes a su justificación.

Artículo 410. En todos los casos de cancelación del registro, la resolución que la determine deberá publicarse en la misma forma que el otorgamiento del registro.

Artículo 411. Cuando algunos de los actos señalados en el presente Título suponga la comisión de cualquiera de los delitos previstos en las leyes penales, independientemente de las sanciones indicadas en este código, la Comisión Federal Electoral deberá formular denuncia o querella ante la autoridad competente, a fin de que ésta ejercite la acción penal correspondiente.

Artículo 412. Cuando por motivo de un procedimiento electoral o en relación a éste, un individuo realice una conducta que no sea de las previstas en el presente Título, pero sí de las mencionadas en la Ley Penal como delito, las autoridades competentes deberán intervenir en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 413. Al que abusando de sus funciones, disponga del presupuesto federal para financiar campañas para los puestos de elección popular o partidos, asociaciones políticas o candidatos por suscripción popular.

Artículo 414. Se sancionará con prisión de uno a tres años, al que:

Se inscriba en el Registro Nacional Ciudadano, sin tener derecho;

Al que sufragie estando privado de su derecho;

Impida a otro que cumpla con sus funciones electorales;

Vote más de una vez en una elección;

Al que proporcione datos falsos para su inscripción en el Registro Nacional Ciudadano.

Altere gravemente el orden en algún acto electoral;

Al que fabrique, deteriore o destruya propaganda electoral;

Al que realice actos de propaganda una vez terminado el plazo de la campaña, y

A quienes por medio de recompensas, dádivas, remuneraciones o promesas de las mismas, soliciten directa o indirectamente el voto de algún elector.

Artículo 415. Se impondrá prisión de tres a ocho años, al que:

Estando obligado a dar aviso al Registro Nacional Ciudadano de altas y bajas temporales o permanentes, omita hacerlo;

Utilice cédula de persona ajena para votar;

Participe o influya en la afiliación de alguna agrupación a un partido político;

Altere o destruya una credencial de elector;

Destruya, oculte o altere un expediente, paquete electoral o algún documento contenido en éstos;

Al que dolosamente destruya una credencial de elector ajena;

Al que ordene ilegalmente la fabricación de boletas electorales;

El que amenazare o agrediera físicamente a los funcionarios del proceso electoral;

Al que altere la inscripción en las listas de electores, destruya material electoral o agregue fraudulentamente boletas electorales, con el fin de variar los resultados de la votación o sustraiga urnas electorales;

Al que induzca a un candidato inscrito legalmente a retirar su candidatura, y

A los que perturben gravemente el orden en cualquier acto electoral o penetren en los locales donde éstos se celebren, portando armas u otros

instrumentos susceptibles de ser usados como tales.

Artículo 416. Se sancionará con prisión de dos a seis años, a los candidatos que cometieren los delitos establecidos en este capítulo; si fueren cometidos por candidatos inscritos y éstos resultaren electos, se les aplicará, además de las penas señaladas, la inhabilitación absoluta para ejercer el cargo.

Artículo 417. El inicio del proceso suspenderá el derecho de los representantes electos, a tomar posesión de su cargo.

Artículo tercero. Se aprueban las modificaciones al artículo 24 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 24. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, calificará y hará el cómputo total de los votos emitidos en todo el país en las elecciones para Presidente de la República, para lo cual se erigirá en Colegio Electoral a fin de declarar electo Presidente de los Estados Unidos Mexicanos al ciudadano que hubiese obtenido en primera vuelta de elección más de la mitad del total de la votación nacional ejecutiva; asimismo, en caso de efectuarse una segunda vuelta para la elección presidencial, se erigirá, de igual manera, en Colegio Electoral a fin de declarar electo Presidente al ciudadano que hubiese obtenido la mayoría de los votos.

La declaración deberá emitirse dentro de los dos meses siguientes...

La resolución de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.. Palacio Legislativo, al 8o. día del mes de mayo de 1990.- Diputados: Alfonso Alcocer Velázquez, Alberto Anaya Gutiérrez, Victor Manuel Ávalos Limón, Marcos Carlos Cruz Martínez, Francisco Chávez Alfaro, José Jaime Enríquez Félix, Pedro René Etienne Llano, Mario Galicia Vargas, Israel Félix Galán Baños, Manuel López Zorrilla, José Enrique Rojas Bernal y Rubén Venadero Valenzuela.»

Trámite: - Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para la gestión que proceda y, como pidieron los ciudadanos representantes de la Fracción Parlamentario Independiente, va a ser inscrito en el Diario de los Debates.

MINUTA DE LA HONORABLE

CÁMARA DE SENADORES

La secretaria diputada Guadalupe Gómez Maganda de Anaya:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D.F.

Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de diputados.- Presentes.

Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Esther G. de González Terán, para que pueda aceptar y usar la condecoración Cruz de Caballero de la Orden de la Rosa Blanca de Finlandia en grado de Primera Clase.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a 9 de mayo de 1990.- Senadores secretarios: Oscar Ramírez Mijares, María Cristina Sangri A.»

«MINUTA PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. se concede permiso a la ciudadana Esther G. González Terán, para que pueda aceptar y usar la condecoración Cruz de Caballero de la Orden de la Rosa Blanca de Finlandia en grado de Primera Clase.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, Distrito Federal, a 9 de mayo de 1990.- Senadores: Saúl González Herrera, presidente; secretarios: Oscar Ramírez Mijares, María Cristina Sangri A.»

Trámite: - Recibo, y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para la atención que proceda.

RECESO

El Presidente (a las 15.25 horas): - Esta Presidencia decreta un receso de dos horas para comer y continuar la sesión.

(Receso.)

DICTAMEN DE SEGUNDA LECTURA

CON PROYECTO DE DECRETO QUE

REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS

28 Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente (a las 24.05 horas): - Honorable asamblea, antes de pasar al desahogo del punto

relativo a la segunda lectura del dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 28 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha pedido hacer uso de la palabra el diputado Rogelio Montemayor, quien hará un informe a esta asamblea sobre el mismo punto.

Tiene la palabra el diputado Rogelio Montemayor.

El diputado Rogelio Montemayor Seguy: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores: A nombre de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Hacienda y Crédito Público, he solicitado el uso de la palabra para solicitar se agreguen unos párrafos en la parte considerativa de la exposición de motivos del dictamen que vamos a pasar a discutir en unos momentos más.

Los párrafos de referencia, dicen lo siguiente: "Después de la primera lectura de este dictamen, diversos integrantes de varios grupos parlamentarios solicitaron de las comisiones unidas se agregasen al dictamen los párrafos siguientes, que recogen elementos de las deliberaciones realizadas en las comisiones y posteriormente:

Primero. El servicio de banca y crédito se prestará indistintamente por instituciones oficiales, instituciones de participación estatal e instituciones de particulares, que se establecerán mediante autorizaciones en los términos que prevenga la ley.

Segundo. La democratización de las instituciones de banca y crédito controladas por particulares, se definirá en su constitución, tenencia accionaria y funcionamiento.

Tercero. Las autorizaciones se otorgarán atendiendo a los requerimientos de crédito y fomento de ahorro en todos los sectores y regiones del país.

Cuarto. El servicio de banca y crédito será instrumento eficaz para la creación de riqueza, en beneficio de la población.

Quinto. Se limitará y reglamentará la participación accionaria de estas instituciones en empresas comerciales e industriales.

Sexto. La banca deberá ajustar su operación a las disposiciones aplicables a las sanas prácticas y usos bancarios, evitando el otorgamiento de créditos preferentes, injustificados o de complacencia."

A nombre de la comisión, quiero señalarles que estas comisiones unidas hacen propia esta propuesta y ruego a la secretaría que al dar lectura al dictamen que habremos de pasar a discutir y a debatir en unos momentos, incluya estos párrafos en la página 10, después del segundo párrafo de dicha página. Muchas gracias.

El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - ¡Señor Presidente, una pregunta!

El Presidente: - Le quieren formular una pregunta, diputado Montemayor.

El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - ¿Señor diputado, me la autoriza?

(Voces.)

El Presidente: - Silencio en la asamblea, van a formular una pregunta.

Adelante, diputado Ortíz Mendoza.

El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Señor diputado Montemayor: usted dice que "a petición de varias fracciones". ¿Quiere decirme, por favor, qué fracciones?

El diputado Rogelio Montemayor Seguy: - Señor diputado Ortíz Mendoza: Le voy a volver a leer lo que dije. Dice: "Después de la primera lectura de este dictamen, diversos diputados integrantes de varios grupos parlamentarios solicitaron..."

El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - ¿Quiénes?

El diputado Rogelio Montemayor Seguy: - Son varios grupos, varios diputados...

El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - ¿Quiénes?

El diputado Rogelio Montemayor Seguy: - Si quieren les doy la lista con mucho gusto posteriormente.

El Presidente: - Tome nota la secretaría...

El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - ¡Públicamente que diga y que conste en actas, de qué grupos! ¡No, que me lo diga a mí!

El Presidente: - Está registrada su pregunta, señor diputado.

¿Va a continuar en el uso de la palabra el orador?

El diputado Rogelio Montemayor Seguy: - Sí.

El Presidente: - Adelante.

El diputado Rogelio Montemayor Seguy: - Diputado Ortíz Mendoza: Los diputados que han solicitado esta incorporación, son diputados pertenecientes a la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional. (Aplausos.)

El diputado Jesús Ortega Martínez (desde su curul): - ¡Pido la palabra!

El diputado Pedro René Etienne Llano (desde su curul): - Señor Presidente, una pregunta, porque no entendemos. Bueno, yo no entiendo. ¿Qué se está modificando?

El Presidente: - Enseguida se le dará lectura, sólo que ha solicitado el uso de la palabra el diputado Jesús Ortega y con mucho gusto diputado. Jesús Ortega. Diga usted, diputado Etienne.

El diputado Pedro René Etienne Llano (desde su curul): - No entiendo bien lo que acepta la comisión, o sea que se modifican los considerandos nada más o si esos considerandos se reflejan también en el articulado.

El Presidente: - Ruego que tomen nota las comisiones unidas, para que en su momento den respuesta. Por favor, diputado Jesús Ortega.

El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - ¡Qué vergüenza, Vicencio!

El diputado Jesús Ortega Martínez: - Gracias, señor Presidente. Solamente con el propósito, compañeras y compañeros, de rectificar hechos.

Creo que a nadie le quedó duda y todos, me parece, que oímos perfectamente que el diputado Montemayor Seguy vino a hablar a la tribuna a nombre de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y Hacienda y, a nombre, supuestamente, de estas comisiones, sugiere o propone que se incluya en la exposición de motivos los que nos leyó.

Pero resulta, y aquí habrá muchos compañeros de las comisiones mencionadas, que nunca fuimos citados los integrantes de esas comisiones a ninguna reunión para evaluar la posibilidad de incluir esto en la exposición de motivos. Aquí no estamos discutiendo la exposición de motivos; se supone que éste fue tema precisamente de las comisiones, para sustentar y fundamentar los artículos del proyecto de decreto y en consecuencia, como no hubo reunión de las comisiones unidas, o si hubo no fuimos convocados y eso me parece bastante grave, no se puede poner a consideración de la asamblea ni el Presidente, simplemente, le puede dar trámite de que se incluya esto en la exposición de motivos; eso es absolutamente irregular y no puede pasar.

En el último de los casos, pues sean totalmente francos y digan que esto es un acuerdo entre dos grupos parlamentarios, el del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional, pero no lo pongan en la exposición de motivos; simplemente si creen que esto es justo y esto es válido, pues, asúmanlo como tal; pero no vamos a asumir todos, los grupos parlamentarios restantes, algo que es simplemente un acuerdo de dos grupos parlamentarios y que nunca se discutió para poder incluirlo en la exposición de motivos.

Entonces, señor Presidente, me parece que se ve irregular que simplemente se le diera trámite, que se tomara nota y más irregular todavía que se pusiera a consideración de la asamblea algo que ni siquiera fue discutido en las comisiones unidas. Gracias por su atención.

El C. Presidente: - Gracias, diputado.

La secretaría dé lectura por segunda vez al dictamen relativo, ya incorporando lo que se acaba de hacer.

La secretaria diputada Hilda Anderson Nevárez de Rojas; - Se dará lectura al dictamen relativo al proyecto.

El Presidente: - Permítame la secretaría. El diputado Jesús Ortega Martínez señalo en su intervención que esta Presidencia había indicado que a nombre de las comisiones unidas, es decir la de Gobernación y la de Hacienda; esta Presidencia dijo textualmente que el diputado Rogelio Montemayor informaría a la asamblea sobre ese dictamen. En consecuencia, no ha dado esta Presidencia ningún trámite violatorio a ninguna disposición reglamentaria.

Continúe la secretaría.

El diputado Pablo Gómez Alvarez(desde su curul): - Señor Presidente, una pregunta.

El Presidente: - Cómo no.

El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): - ¿Usted cómo sabe que el diputado

Montemayor fue nombrado en comisiones unidas para venir a hablar aquí en su nombre, si las comisiones unidas no se han reunido?, para con posterioridad lograr la aprobación del dictamen que está puesto a discusión. Si comisiones unidas no se han reunido, no hay ni decisión de comisiones unidas ni tampoco representante.

El Presidente: - Le voy a dar dos razones, diputado Pablo Gómez, para que se vea la procedencia de la participación de la Presidencia.

Primera. Esta es una proposición que se va a poner a consideración de la asamblea y se necesita escuchar el dictamen con esta adición, para que se entienda cabalmente, y

Segunda. Es absolutamente lógico que solamente cuando se tenga la lectura completa del dictamen se pueda poner a consideración de la asamblea.

Además hay una práctica parlamentaria en esta materia, registrada aquí, en otros asuntos de diversa naturaleza, sobre el particular. De tal manera que le ruego...

El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Señor Presidente, pido la palabra para hechos.

El Presidente: - La secretaría aguarde, que el diputado Ortíz Mendoza quiere hacer uso de la palabra para hechos. ¿Diga usted, diputado?

El diputado Juan Miguel Alcántara Soria (desde su curul): - Pido la palabra para hechos.

El Presidente: - El diputado Alcántara también. Aguarde la secretaría.

El diputado Francisco Ortíz Mendoza: - Señor Presidente; honorable asamblea: Hace 15 minutos el diputado Vicencio Tovar firmó un convenio con el diputado Jiménez Morales. Hace 15 minutos lo firmaron y ya dan por hecho lo que acaba de suceder. Esa es una burla a la Cámara de Diputados.

¿Quién autorizó al señor Cavazos Lerma a venir a nombre de la comisión? No se han reunido, y yo reto, reto a Vicencio Tovar, a que venga a desmentirme que hace 15 minutos firmó y lo reto a que venga aquí a desmentirme. Hace 15 minutos firmó, el convenio ése que acaba de leer este señor, con Jiménez Morales. ¿En qué momento se reunió la comisión?, ¿en qué momento los designaron?, ¿en qué momento los llamaron? ¡No puede llegar a tal extremo la ignominia en esta Cámara.

El Presidente: - El diputado Alcántara tiene la palabra.

El diputado Juan Miguel Alcántara Soria: - Señores vicepresidentes; compañeras y compañeros diputados: Tiene toda la razón el diputado Jesús Ortega; creo que no tenía ningún derecho el diputado Rogelio Montemayor a venir a hablar en nombre de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Hacienda. Creo que la coordinación de su grupo parlamentario ha equivocado el procedimiento para presentar un acuerdo entre dos grupos parlamentarios.

Lo que el diputado Rogelio Montemayor debió haber presentado a esta asamblea es una proposición que hace un grupo de diputados de esta asamblea y que la asamblea en su oportunidad discutirá, debatirá y en su caso aprobará o reprobará, pero tiene toda la razón el diputado Jesús Ortega, no era la manera de presentar una coincidencia entre los grupos parlamentarios como un acuerdo de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Vengo pues a rectificar ese hecho y a solicitar a la Presidencia que obre en consecuencia.

El Presidente: - El diputado Navarrete y después el diputado Miguel Montes.

El diputado Carlos Navarrete Ruiz: - Todos los diputados integrantes de esta Cámara que durante muchas horas estuvimos al pendiente de las negociaciones de los dos grupos parlamentarios, que finalmente llegaron a la conclusión de acordar una carta de intención que ya circula en esta Cámara, el nombre está por definirse, pero es claramente una carta de intención que aquí está por escrito.

Yo quiero llamar la atención solamente, qué bueno que el compañero de Acción Nacional hizo uso de la palabra antes, porque me parece de la mayor gravedad el que el cinismo pudiera apoderarse del conjunto de los miembros de esta Cámara y que pretendiéramos engañarnos a nosotros mismos frente a nosotros mismos aquí. El compañero Ortíz Mendoza tiene razón, este texto se terminó de afinar hace 15 minutos, se acaba de acordar, quizá 20 o 10, pero hace unos minutos y entonces nadie puede avalar ni nadie puede aceptar, no los compañeros del Partido Revolucionario Institucional, si tienen dignidad, pueden aceptar que se pretenda pasar frente a esta asamblea este acuerdo largamente discutido durante muchas horas como una propuesta de las comisiones unidas, independientemente de que sería también muy grave que las comisiones

unidas y sus miembros de los diversos partidos políticos, aceptaran la propuesta del diputado Montemayor de incluir en el texto de la exposición de motivos, un acuerdo del que no participaron más que dos grupos parlamentarios; evidentemente que es muy grave.

Esta carta de intención puede ser publicada de mil maneras, hasta en un desplegado público mañana o pasado, firmado por los dos partidos y creo que sería sano que asumieran ese compromiso público los dos. El contenido de esta carta de intención se discutirá largamente en el debate que tendremos cuando discutamos el dictamen. Quienes piensen por una parte que los términos de esta Carta, garantizan sus propuestas originales, tendrán oportunidad de razonarlo y de tratar de convencer o convencerlos a quienes no lo compartimos, de que fue conveniente lo que hicieron.

De la otra parte tendrá sus argumentos pero eso se discutirá en el marco del debate público. Por esas razones creo indispensable que el Presidente no acepte la sugerencia, la propuesta, le llama el diputado Rogelio Montemayor, de incluir sin más ni más ese texto en el cuerpo de la exposición de motivos, ni tampoco ponerlo a votación para que aquí simplemente se decida que se incluya sin más ni más. Tiene que discutirse en todo caso en el lugar correspondiente, que son las comisiones unidas y, finalmente, una sugerencia muy respetuosa a la mesa directiva de esta Cámara, por elemental respeto a todos los miembros que hemos estado aquí, y dado que no hemos escuchado ni siquiera un explicación ni menos una disculpa que merecemos, estuvimos demasiadas horas, no dos como se dio de plazo por la mañana, antes de salir al receso y que sería no solamente absurdo sino un abuso pretender que a las 0.30 horas iniciáramos o continuáramos la sesión.

Si la carta de intención está y hay acuerdo de los dos grupos principales de esta Cámara, entonces no hay ninguna razón para que no decretemos un receso y continuemos mañana a horas convenientes la discusión que, sin duda alguna, será muy conveniente. Muchas gracias.

El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Miguel Montes García, del grupo parlamentario del partido de la Revolución Institucional.

El diputado Miguel Montes García: - Respetable señor Presidente; compañeros diputados: Es indudable que en esta Cámara frecuentemente en cuanto se realiza un período de sesiones, vivimos circunstancias inéditas y algunas aunque quieren repetirse con soluciones que esta misma Cámara ha adoptado, resultan impugnadas por quienes ahora no tienen interés en que esas soluciones se den.

Lo que el compañero Rogelio Montemayor vino a proponer, no es un mecanismo que la Cámara esté poniendo en funcionamiento ahora por primera ocasión. Esta misma Cámara, en el mes de diciembre próximo pasado, con el mismo mecanismo, agregó distintos párrafos a los dictámenes de varias leyes; por ejemplo, que yo recuerde, se agregó el artículo 39 del presupuesto, hecho con este mismo mecanismo, pero en ese momento mediante un acuerdo que se había tenido con el Partido Popular Socialista, que ahora impugna a éste tan vigorosamente.

En consecuencia, la intención de resolver estas circunstancias inéditas en la Cámara con este tipo de mecanismos, no representa de ninguna manera mala fe de ningún grupo parlamentario, son mecanismos a que aquí, ante vacíos o faltas de regulación expresa, se ha acudido en muy diversas ocasiones.

Debemos entonces preguntarnos con objetividad, con serenidad, ¿qué es lo que realmente ocurre?, ¡qué está verdaderamente en el fondo de estos incidentes con los que ahora se principia la discusión?, está el interés legítimo, desde su punto de vista...

El diputado Juan Antonio García Villa (desde su curul): - Señor Presidente, ¿me permite el señor diputado Montes, una interpelación?

El Presidente: - Señor diputado Montes, ¿acepta usted una interpelación?

El diputado Miguel Montes García: - Adelante, señor diputado.

El diputado Juan Antonio García Villa (desde su curul): - ¿Podía usted informarnos cuáles fueron los términos del acuerdo que previamente tuvieron con el grupo parlamentario del Partido Popular Socialista?

El diputado Miguel Montes García: - ¿En esa fecha?

El diputado Juan Antonio García Villa (desde su curul): - Sí.

El diputado Miguel Montes García: - Convenio generalizado para que se empleara este mecanismo para proponer unas reformas; convenio que no solamente fue en esa ley, sino en otras. Aquí en esta tribuna y todos ustedes lo vivieron, en muchas ocasiones cuando las leyes llamadas paquete financiero, las leyes fiscales, en

múltiples ocasiones en la segunda lectura se venía a decir: se han modificado tales y tales párrafos; fueron múltiples veces que se utilizó este mecanismo.

Yo no creo que eso sea motivo, ni es noticia, ni hay ningún asombro; lo empleamos todos, recuerdo ese caso concreto, pero hubo otros muchos; entonces así hay que aceptarlo. Y si está respondida su pregunta, señor diputado, quisiera yo continuar conversando con usted qué hay en el fondo de estos incidentes, si hay el interés legítimo, desde el punto de vista de quien lo esgrime, de dilatar, de hacer notorio, que este tema tan importante para la República mantiene en relación con él una postura determinada, me parece perfectamente válido. Lo han hecho y lo han logrado.

Pero también me parece válido que quienes tienen interés en el avance del tema y una postura diversa a los primeros a los que me he referido, también hagan notar su interés y su postura y lo estamos haciendo y lo vamos a hacer en el curso del debate.

Ahora bien, si esto es así, ¿cuántas vías podríamos tener para lograr esto? En primer lugar se está discutiendo el detalle de si éste es el camino adecuado para incorporar estos párrafos al dictamen. Si no es éste el camino, ¿cuál otro podría ser?, ¿una adición posterior? Si así se prefiere, pues se puede hacer una adición posterior, pero quedan incluidos en el dictamen.

A final de cuentas si cualquier trámite es impugnado y en el fondo de todo lo aquí expresado hay una impugnación de trámite, las impugnaciones de trámite se resuelven poniendo la Presidencia a consideración de la asamblea, por que la Presidencia está sujeta al voto de la asamblea, si ratifica o no ratifica el trámite que se está señalando.

Si superamos este incidente así, creo que sería muy conveniente para todos entrar desde luego a discutir el fondo, la materia del dictamen, que es lo que verdaderamente interesa a la República, a la nación, a la opinión pública, más allá de cosas anecdóticas en el debate parlamentario. Muchas gracias, señores.

El Presidente: - Para los mismos hechos, el diputado Rubén Venadero.

El diputado Rubén Venadero Valenzuela: - Con permiso, compañeros diputados. Y aquéllos que seguramente incapaces de razonar prefirieron emitir ruidos, ojalá y pudieran alcanzar otra etapa en su desarrollo político.

Con una actitud muy respetuosa con respecto al diputado Montes, quisiera decirle que seguramente en él menos que en nadie se puede aceptar, porque es un hombre con conocimientos jurídicos fundados, que existen vacíos jurídicos y que hay que recorrer caminos inéditos para encontrar soluciones a hechos que están bastante claros en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General.

Me parece que el artículo 125 nos señala con toda claridad que para este tipo de adiciones se debe de haber reunido la comisión respectiva, cosa que todo mundo ha reconocido, incluyendo a los compañeros de Acción Nacional, que así no ha ocurrido.

Entonces creo que no necesitamos inventar, cuando así conviene a nuestro interés político, que existen lagunas jurídicas. Existe un reglamento preciso, existe un trámite claro; lo único que exigimos es, que hemos tenido paciencia, sobre todo la oposición, de esperar, por interés de la República, esta discusión. Pero sobre todo que vamos a ser muy celosos de que se haga de acuerdo a las normas jurídicas establecidas y que sobre todo gente que es estudiosa del derecho y que esperemos que también lo sean respetuosas del mismo, no traten de manera atropellada de inventar lagunas jurídicas que no existen, y, yo le pido a la Presidencia, que en este caso, a los planteamientos del diputado Montemayor, se les dé el trámite correspondiente. Muchas gracias.

El Presidente: - Diputado Ortíz Mendoza, ¿quiere usted formular una pregunta al orador?

El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - No, al orador no; quiero hacer una pregunta al señor Vicencio Tovar.

El Presidente: - Hágala usted, señor diputado.

El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul ): - El Partido Popular Socialista se conforma nada más con que el señor Vicencio Tovar, nos explique públicamente cómo se echó para atrás de lo que dijo en la Comisión de Gobernación a este convenio; si me lo explica, con eso me doy por satisfecho.

El Presidente: - Si no hay reclamo del trámite de esta Presidencia, continúe la secretaría. El artículo 125 y el 124 del reglamento disponen lo siguiente, deles lectura la secretaría.

La secretaria diputada Guadalupe Gómez Maganda de Anaya:

"Artículo 124. En las sesiones en que definitivamente se vote una proposición o proyecto de

ley, podrán presentarse por escrito adiciones o modificaciones a los artículos aprobados.

El Presidente: - Repita la última expresión, por favor, la secretaría.

La secretaria diputada Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: - "Podrán presentarse por escrito adiciones o modificaciones a los artículos aprobados".

El Presidente: - Continúe la secretaría.

La secretaria diputada Guadalupe Gómez Maganda de Anaya:

"Artículo 125. Leída por primera vez una adición y oídos los fundamentos que quiera exponer su autor, se preguntará inmediatamente si se admite o no a discusión, admitida, se pasará a la comisión respectiva, en caso contrario, se tendrá por desechada.

El Presidente: - Gracias a la secretaría.

La Presidencia solicitó que se diera lectura a estos artículos o a uno de ellos, que fue el invocado por el anterior orador, para que la asamblea se ilustrara respecto del sentido de la literalidad y, en consecuencia, de la interpretación de ambas disposiciones.

Diputado Pablo Gómez, ¿quiere Usted hacer uso de la palabra?

El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): - Sí, señor Presidente.

El Presidente: - Adelante.

El diputado Pablo Gómez Alvarez: - Señoras diputadas; señores diputados: La interpretación que le ha dado el diputado Montes al artículo 124 en ocasiones anteriores, ha sido, para usar sus propias palabras, completamente letrística; he tenido la oportunidad de conversar este asunto con el diputado Montes, y él me ha hecho ver ya en un par de ocasiones por lo menos, que como dice el artículo 124 adiciones o modificaciones a los artículos aprobados, se debe entender que después de que éstos han sido aprobados y nos ha exhortado en ese par de ocasiones a que cumplamos con el sentido del 124 y que presentemos las proposiciones de modificación de los artículos después de la votación.

Nosotros hemos aceptado la letrística de interpretación, porque no nos deja salida, en la inteligencia de que la aplicación del 125 desde hace muchas legislaturas en esta Cámara se ha hecho de manera más flexible, es decir, cuando hay suficiente mayoría en la asamblea se ha obviado el trámite de pasarla a comisión, eso también es cierto, ha ocurrido y todos en algún momento hemos tomado parte de este mecanismo de brincarnos la aplicación estricta y rígida del 125, pero hubo reclamo hace poco de la aplicación rígida y letrística del 124, entonces, yo creo que en este caso, como ya en esta legislatura el Partido Revolucionario Institucional ha reclamado la aplicación estricta del 124 a la letra, pues hay que ser congruentes, siendo flexibles quizá en cuanto al hecho de que el artículo 124 se refiere a modificaciones a los artículos y aquí estamos hablando de exposición de motivos.

La lucha que se dio en esta hora, porque ese texto fuera a un articulado y quedó en una simple exposición de motivos, bueno, complica el asunto, sin embargo se podría homologar la cuestión; si se refiere a los artículos, bueno, puede ser también un párrafo de la exposición de motivos, pero lo que se ha criticado aquí, señores legisladores, pues es que se venga a hablar a nombre de comisiones unidas, cuando comisiones unidas no se ha reunido ni ha resuelto nada.

Yo creo que la crítica es completamente correcta, no solamente en este caso, sino para el futuro; yo creo que en el pasado ha habido determinado tipo de acuerdos y se ha venido a la tribuna a proponer que se apruebe una modificación a un artículo, siempre han nacido artículos y siempre la asamblea posteriormente ha votado la modificación, en todos los casos de acuerdo al 124 y 125, pero este caso, me parece que no se había presentado igual, me parece, no de esa manera.

Yo creo que la crítica es correcta, simplemente, pues para poner un punto de orden, de atención en el sentido de que las comisiones reunidas, resolviendo el asunto con la participación de sus integrantes previamente citados, pues debe ser la norma del funcionamiento de dichas comisiones simplemente.

Ahora, éste es un punto, yo creo que lo que se debe hacer es en algún momento votar lo que se desea que se vote y que se incorpore; no incorporarlo desde ahora simplemente por decisión de alguien y, en segundo lugar, yo quisiera subrayar una petición que se ha hecho aquí y que quisiera que se diera trámite de inmediato y que la asamblea se pronunciara en ese sentido:

A la una de la mañana iniciar un debate sobre la Constitución, pudiendo no ser así, para poder

hacer un verdadero debate en horas en que la asamblea pueda poner atención, los oradores puedan tomar parte sin la carga del cansancio que hay a esta hora, es evidentemente lo más conveniente.

Yo quisiera en ese sentido que la asamblea reflexionara, no existe, si existe, que se diga, una prisa, alguna situación de eminente catástrofe que requiera que la Cámara se pronuncie esta misma madrugada, no es éste el tema, no es ésta la situación. Forzar un debate de toda la madrugada me parece que es absolutamente inconveniente y nosotros solicitamos que se abra un receso con el propósito de que la asamblea considere tan importante cuestión de trascendencia nacional y de modificación constitucional que tendrá transcendencia en los años por venir, cuando la Cámara esté en condiciones normales de funcionamiento, que evidentemente no pueden ser durante toda la madrugada, en momentos en que no hay emergencia.

Por tanto, pedimos atentamente que si se quiere tener un debate a la altura de un Congreso, se tenga a otra hora, porque evidentemente que hoy no sería posible y solicitamos atentamente por lo tanto que no se soslaye esta petición, sino que si el Presidente no está de acuerdo, lo ponga a consideración de la asamblea.

El Presidente: - Señores diputados: Como una propuesta de los dos grupos parlamentarios invocados, la secretaría debe dar la segunda lectura al dictamen y si alguno de los señores diputados estima que su petición, como la que acaba de formular el señor diputado Pablo Gómez, es procedente, están los canales previstos por el propio reglamento en su artículo 109.

Esta Presidencia, desde luego no tiene ningún óbice, ni ningún inconveniente que oponer a una propuesta, si es que llega a ser formulada en tales términos. Continúe la secretaría.

La secretaria diputada Hilda Anderson Nevárez de Rojas:

"Honorable asamblea: A las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público, se turnó para su estudio y dictamen, la iniciativa de decreto que modifica los artículos 28 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada a través de la Cámara de Diputados al honorable Congreso de la Unión, por el ciudadano Presidente de la República con fundamento en lo previsto en la fracción I del artículo 71 de la propia Constitución.

Recibida la iniciativa por las comisiones de referencia, éstas tomaron el acuerdo de integrar una subcomisión encargada de redactar un proyecto de dictamen, compuesta por 17 diputados miembros de esas comisiones, militantes de los diversos grupos parlamentarios que conforman el cuerpo cameral algunos de ellos, el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el Grupo Independiente, declinaron su participación. Las comisiones unidas acordaron también invitar al ciudadano Pedro Aspe Armella, Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que ante ellas ampliara la explicación que contiene la exposición de motivos y diera respuesta a los diversos cuestionamientos que le hiciesen los diputados. En cumplimiento de ese acuerdo, el viernes 4 mayo del presente año se celebró sesión plenaria de las comisiones unidas dictaminadoras a la que asistió el Secretario de Hacienda.

La subcomisión redactora del anteproyecto se declaró instalada el día 4 de los corrientes, realizando sesiones de trabajo matutinas y vespertinas los días 5 y 6 de mayo y matutina el día 7. Las discusiones tuvieron una duración aproximada de 20 horas.

La iniciativa propone la derogación del párrafo quinto del artículo 28 constitucional, a fin de posibilitar que la ley de la materia pueda regular que los servicios de banca y crédito sean prestados, tanto por el gobierno federal, como por particulares.

Propone también la modificación del artículo 123 constitucional en el apartado A, a cuya fracción XXXI, inciso a, se le agrega la frase: "... y servicios" y se le añade el inciso 22 con el texto: "Servicios de banca y crédito". Se modifica el texto del inciso XIII- bis del apartado B, del mismo artículo 123, para establecer que: "Las entidades de la administración pública federal que formen parte del sistema bancario mexicano regirán sus relaciones laborales con sus trabajadores por lo dispuesto en el presente apartado".

Desde el principio de la discusión en la subcomisión, el grupo parlamentario del Partido Popular Socialista estableció su postura en contra de la iniciativa en el análisis, por considerar que su contenido contradice las tesis que ha sostenido ese partido, que son concordantes con el texto vigente y porque además se ignora el contenido de la ley sustantiva que contenga las regulaciones sobre el servicio de banca y crédito.

Por su parte, el grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional anunció que había entregado a la Oficialía Mayor de la honorable Cámara de Diputados, con fecha 3 de los corrientes, una iniciativa de modificación al texto del párrafo quinto del artículo 28 constitucional y que a manera de proposición incorporó a la discusión de la subcomisión bajo el siguiente texto: "...Se exceptúa también de lo previsto en la primera parte del primer párrafo de este artículo la prestación del servicio público de banca y crédito. Este servicio será prestado por el Estado a través de instituciones y por los particulares previa concesión, en los términos que establezca la correspondiente ley reglamentaria, la que también determinará las garantías que protejan los intereses del público y el funcionamiento de aquéllas en apoyo de las políticas de desarrollo nacional".

Por las razones que en el cuerpo de este dictamen se expresan, no fue posible considerar para el proyecto de decreto el texto antes propuesto, a pesar de que expresa la coincidencia del grupo parlamentario indicado con la intención de la iniciativa presidencial, a fin de que el servicio de banca y crédito sea prestado por el gobierno y por particulares.

Además, la subcomisión analizó los aspectos relativos al objeto de la iniciativa, su procedencia, su justificación; la naturaleza del servicio de banca y crédito; la liberación de recursos y su canalización al bienestar social, la estabilización económica y la ampliación de las posibilidades de desarrollo; la necesidad de una nueva regulación legal sobre la actividad bancaria y el marco constitucional de la relación laboral en el sistema bancario.

ANTECEDENTES

Los servicios de banca y crédito constituyen una actividad de gran importancia en cualquier sistema económico. Su función primordial consiste en facilitar la movilización de los recursos de la sociedad entre los agentes económicos que generan excedentes financieros y las personas o empresas que tienen necesidad de obtener recursos para financiar sus proyectos de gasto de diversa índole.

Este hecho, es lo que da origen a los servicios, genéricamente denominados de banca y crédito, que vienen a satisfacer la necesidad de movilizar recursos entre grupos o personas; de ahí el nombre de intermediarios financieros con que usualmente se designa a las instituciones que brindan este tipo de servicios.

La función de intermediación financiera reviste características especiales. Por un lado, quienes generan excedentes financieros y tienen la necesidad de poner en manos de alguien, persona o institución, estos excedentes o ahorros, sean estos personales, familiares, o de una empresa, exigen un alto grado de certeza y confiabilidad en este tipo de instituciones. Por otra parte, quienes solicitan los recursos, también requieren confianza y la garantía de disponer de dichos recursos con la calidad y oportunidad necesarias para los fines del proyecto de que se trate.

En suma, tanto los ahorradores como los usuarios de ahorro demandan calidades especiales a quienes proporcionan estos servicios de banca y crédito. La naturaleza especial de estos servicios constituye la razón fundamental por la que, en México y en todos los países, el orden jurídico siempre ha otorgado una especial atención a la regulación de la organización, funcionamiento, tipo de operaciones, contabilidad y vigilancia de las empresas o instituciones que prestan los servicios de banca y crédito.

En México los antecedentes sobre el tema parten desde la época colonial. En los siglos XVIII y XIX se fundan las primeras instituciones de crédito, cuyo marco jurídico está vinculado a la actividad mineral colonial y que da origen a la banca comercial.

La Constitución de 1917 estableció que la función de emisión de billetes se realice por un banco único, lo que dio origen a la creación del Banco de México y reservó para el Estado la acuñación de moneda. Los servicios de banca y crédito fueron considerados jurídicamente como actividad mixta. El funcionamiento y las operaciones de las empresas o instituciones de banca y crédito regularán por leyes ordinarias, mismas que evolucionaron a la par del desarrollo de la actividad financiera.

Este es el marco que prevalece hasta 1982 cuando el servicio de banca y crédito pasa a ser actividad exclusiva del Estado, mediante la reforma del artículo 28 de la Constitución. En los términos de la exposición de motivos de la iniciativa que nos ocupa, no fue casualidad que esta reforma constitucional haya ocurrido en este momento, fue una acción que se explica en el contexto de la crisis financiera del país de dicho año. La urgencia no podía ser mayor. El momento no podía ser más difícil: era la etapa final de una estrategia de desarrollo basada en la protección comercial y en la expansión propietaria y empresarial del Estado, todo ocurría en medio de una aguda crisis económica.

A lo largo de su existencia, la banca ha sido objeto de cambios importantes: fue banca comercial de fomento, luego de fomento y de emisión, de manera simultánea, después banca especializada, posteriormente se incluyó en el servicio integrado de banca múltiple y finalmente se transformó en banca estatal.

CONSIDERANDOS

A casi ocho años de distancia de la decisión que estableció la exclusividad estatal en la prestación de los servicios de banca y crédito, el titular del Ejecutivo propone a la consideración de la Cámara de Diputados, una iniciativa de reforma constitucional que tiene como propósito modificar el régimen de la prestación del servicio de banca y crédito para que éste deje de ser exclusivamente brindado por el Estado y pueda, en consecuencia, ser prestado por los particulares.

Esta propuesta, se sustenta en tres motivos fundamentales:

Primero, la impostergable necesidad de concentrar la atención del Estado en el cumplimiento de sus objetivos básicos: dar respuesta a las necesidades sociales de la población y elevar su bienestar sobre bases productivas y duraderas.

Segundo, el cambio profundo en el país de las realidades sociales, de las estructuras económicas, del papel del Estado y del sistema financiero mismo, modifica de raíz las circunstancias que explicaron la estabilización de la banca.

Tercero, el propósito de ampliar el acceso y mejorar la calidad de los servicios de banca y crédito en beneficio colectivo, evitando subsidios, privilegios y abusos.

El primer motivo pone de manifiesto que esta iniciativa se inscribe dentro de la estrategia de modernización que ha postulado el titular del Ejecutivo Federal. Esta estrategia de cambio, incluye la reforma del Estado para que éste, a la luz de la profunda transformación mundial y los cambios que se han producido en la economía y la sociedad nacionales pueda cumplir de la mejor manera posible los fines que le son propios. Los valores políticos que orientan esta reforma están expresados en la Constitución General de la República y obligan al Estado a fortalecer la soberanía y la justicia social, reconociendo una estrecha vinculación entre estos fines a mayor justicia social mayor soberanía. Es decir, se puede vitalizar la soberanía por la vía de la ampliación de la justicia social.

Con el propósito de enfrentar con decisión sus desafíos, superar insuficiencias, alcanzar un mayor bienestar y preservar su soberanía, la nación entera está empeñada en auténticas y profundas transformaciones.

Hoy, los mexicanos refrendamos el apego a nuestros principios y el arraigo a nuestras vocaciones. Coincidimos en el afán de autodeterminación, de convivencia democrática y de una vida digna para todos.

La conformación de la estructura económica y social, los dinámicos procesos que protagoniza la comunidad de las naciones y las respuestas y actitudes de la sociedad política, están fijando el ritmo de la concreción de los acuerdos nacionales para la ampliación de la vida democrática, la recuperación económica y el mejoramiento productivo del nivel de vida. Su plena ejecución y arraigo hacen inevitable la reforma del Estado.

Es por tanto consecuente que la iniciativa de reforma constitucional materia de este dictamen se inscriba en la necesaria reflexión sobre la evolución del Estado mexicano. Es aún más pertinente cuando el Ejecutivo Federal en sus considerandos alude al dilema que enfrenta el Estado: "Atender crecientemente todas las propiedades nacionales o responder eficazmente a las necesidades populares para los mexicanos. El dilema sólo puede resolverse a favor de la justicia, razón colectiva de nuestra historia".

El Constituyente de 1917 expresó las bases para el establecimiento de un régimen de economía mixta, aportando una nueva concepción de los fines del Estado mexicano.

La desincorporación de empresas públicas no estratégicas, ni prioritarias, responde a la necesidad de liberar recursos y potencialidades del Estado y la sociedad para avanzar en el proyecto nacional. Este proceso, que hoy incluye al cambio en la estructura del capital de la banca múltiple, no significa renunciar a la rectoría estatal, ya que ésta no se circunscribe a la propiedad pública, sino a los instrumentos que permitan orientar, regular y conducir el desarrollo nacional. Es decir, la rectoría se ejerce en el ámbito instrumental en base a los principios categóricamente establecidos en el artículo 25 constitucional. Se concreta así el ejercicio de la autoridad en beneficio del pueblo.

El segundo motivo exige profundizar en la situación prevaleciente en 1982 y en los cambios subsecuentes: en 1982, el país padecía una severa crisis económica, después de un período de rápido crecimiento. La caída en los precios del petróleo y el aumento en las tasas internacionales de interés, frente a una expansión del gasto interno,

trajeron como consecuencia un considerable desequilibrio fiscal y financiero. El elevado monto de la deuda externa acumulada, la contracción de los flujos crediticios internacionales, las salidas de capital y el desplome de los precios de los productos de exportación, propiciaron un agudo desequilibrio en la balanza de pagos. El ambiente que prevalecía se veía afectado, además, por una fuerte contracción económica y una aceleración de la inflación. Los mercados financieros reflejaban la incertidumbre de las devaluaciones ocurridas y de los pagos de divisas extranjeras realizados en moneda nacional. Todo esto exacerbó una crisis de proporciones indeterminadas.

Tal fue el contexto en que se tomó la decisión de reservar en exclusiva para el Estado el servicio de banca y crédito.

La crisis financiera se prolongó durante los años ochenta y como la iniciativa del Ejecutivo señala, marcó, al mismo tiempo, el agotamiento de una estrategia de política económica que había mostrado resultados positivos en épocas anteriores. Motor de la actividad económica, el Estado construyó la infraestructura productiva que sentó las bases para la expansión industrial del país. Sin embargo, al ir adquiriendo compromisos adicionales, asociados a una mayor participación directa en la actividad económica, el Estado fue reduciendo su propia capacidad de acción para atender las demandas sociales de una población creciente. También disminuyó la eficacia del Estado para impulsar, de manera directa, el crecimiento de una economía que permanecía cerrada frente a una tendencia internacional de mayor apertura y competitividad.

Las condiciones económicas del presente han variado gracias al esfuerzo de los mexicanos. En este sentido se ha avanzado en la renegociación de la deuda externa, en la repatriación de capitales, en el combate a la inflación y en la estabilización del tipo de cambio. La inflación alcanzó una cifra de 20% en 1989, y el crecimiento ascendió 2.9% en el mismo año. Las políticas de cambio estructural han sentado las bases para lograr un crecimiento estable, sostenido y justo. La economía se encuentra abierta a la competencia externa y el aparato productivo tiende a ser más eficiente y diversificado.

Las finanzas públicas se encuentran en proceso de saneamiento. Los desequilibrios fiscales, financieros y de balanzas de pagos tratan de ser compatibles con las metas de estabilidad de precios y crecimiento económico. Después de más de siete años de esfuerzo, hoy se requiere consolidar los avances logrados.

A nivel internacional, entre 1982 y 1990, se ha acelerado el proceso de cambio en virtud del desarrollo de nuevas tecnologías en prácticamente todos los campos. La incorporación de estas tecnologías a la esfera económica provoca transformaciones en los patrones de producción y comercio, modifica la estructura de la demanda de materias primas y mano de obra, acelera la integración de la economía mundial y aumenta las presiones del mercado y la competencia entre empresas. Además, los centros generadores de recursos y de la dinámica de crecimiento se han desplazado.

Esta profunda transformación económica se está dando junto con una transformación política mundial. Los estados nacionales están cambiando, y no lo hacen por moda o mera imitación, lo hacen para sobrevivir a la competencia y poder enfrentar una nueva división del trabajo. Buscan en el cambio, la clave para resolver sus problemas.

En este marco de cambios profundos en la economía mundial, casi todos los estados revisan hoy su tamaño y depuran el ámbito de su participación económica independientemente de su ideología, sistema político, nivel de desarrollo o ubicación geográfica.

El tercer motivo es el propósito de aumentar la cantidad y la calidad de los servicios financieros que demanda una economía en crecimiento y abierta a la competencia internacional sin que se debilite la autoridad del Estado en el sistema. Para ello se requiere capitalizar y modernizar la banca al tiempo que se consolida la rectoría del Estado en la materia.

Debe reconocerse que el Estado es un administrador eficaz de la banca, y que ha conseguido avanzar en su proceso de modernización. La propuesta de retornar a un régimen mixto en propiedad de los bancos, ciertamente no obedece a que el Estado haya tenido un mal desempeño. Por el contrario, su buena gestión ha permitido acumular cuantiosos recursos que, sin embargo, por las características propias del sistema bancario y sus necesidades de inversión, permanecen inmovilizados, lo que no es congruente con las prioridades de un Estado moderno en un país con enormes carencias.

El sistema bancario se encuentra ahora más sólido y capitalizado, después de haber reinvertido prácticamente la totalidad de las utilidades durante siete años. En las circunstancias actuales, considerando el crecimiento proyectado, se espera un aumento importante en la demanda de crédito. Por consiguiente, de mantenerse el régimen

jurídico vigente en el sistema bancario nacional, el sector público estaría obligado a incrementar su capitalización, ello implicaría una gran cantidad de recursos públicos inmovilizados, sin obtener dividendos en efectivo. Tales recursos son demandados por la población para satisfacer sus crecientes necesidades básicas.

La iniciativa plantea con claridad un orden de prioridades: hoy, ante las grandes necesidades que enfrentamos, los limitados recursos existentes y la seguridad de que los instrumentos jurídicos y administrativos a disposición del Estado, son suficientes para ejercer la rectoría en materia económica, no es necesario mantenerle la exclusividad de la prestación del servicio de banca y crédito.

Al efecto, es de destacarse que el restablecimiento del concurso de particulares y Estado en el régimen de propiedad en la banca no debe significar ni el retorno de privilegios, ni el abandono de la rectoría del Estado, ni una renuncia a su participación directa en la actividad financiera. La profundización de los mercados de dinero y capitales, la diversificación de instrumentos e intermediarios, la mayor competencia entre ellos y la actual existencia de un marco normativo de reciente adecuación, impedirán que se formen monopolios de asignación de recursos o que se canalicen éstos de manera preferencial en favor de intereses de grupos particulares, como pudo ocurrir en el pasado.

Los tres motivos que fundamentan la propuesta de la iniciativa sirven de marco para dar respuesta a una preocupación que ha estado presente en las deliberaciones suscitadas en el seno de las comisiones unidas dictaminadoras: el destino de los recursos que se obtendrán de la enajenación de la participación estatal en el capital de la banca. Estas comisiones reiteran que los diputados vigilarán, en los términos de su competencia, que tales recursos se orienten a satisfacer las demandas más urgentes de quienes menos tienen, a fortalecer la estabilidad económica del país y a engrandecer las perspectivas de desarrollo de largo plazo de la nación.

En este orden de ideas, esta comisión estima procedente la propuesta del Ejecutivo consistente en derogar el quinto párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de que el Estado ya no sea el accionista mayoritario de todas y cada una de las instituciones bancarias. Empero, podrá conservar una participación en la banca comercial y seguir impulsando además, aquellas instituciones orientadas al fomento de actividades prioritarias específicas.

Como resultado de las discusiones a que ha sido sometida la iniciativa de decreto, así como los planteamientos presentados en la comparecencia del ciudadano Secretario de Hacienda y Crédito Público, estas comisiones encuentran conveniente precisar en este dictamen, que la legislación secundaria que regule el servicio de banca y crédito que sea objeto de análisis, revisión y discusión por parte de esta soberanía, deberá entre otras cuestiones, dedicarse, en su oportunidad, a precisar el régimen relativo a la actividad de banca y crédito, considerando la figura jurídica precisa en términos del derecho administrativo; de igual forma, los diputados participantes expresaron su preocupación porque la ley secundaria establezca las garantías que protejan el interés del público usuario de los servicios de banca y crédito y la forma como éstos deberán contribuir a los programas nacionales de desarrollo e igualmente el establecimiento de disposiciones relativas a la exclusividad de los mexicanos en el control de los bancos comerciales nacionales; la fijación de límites en las tenencias accionarias que impidan que la banca sea controlada por unos cuantos.

Por otro lado, y en relación con el proceso de enajenación de las partes sociales propiedad del gobierno federal, esta Cámara deberá estar atenta a que el citado proceso se oriente y sujete a los principios de democratización del capital, de transparencia en su ejecución, de obtención de las mejores condiciones en su enajenación y de la aplicación de los recursos que se obtengan en los términos que plantea la propia iniciativa del Ejecutivo Federal, este dictamen y la legislación de la materia.

En virtud de los considerandos anteriores, estimamos procedente la derogación del párrafo quinto del artículo 28 constitucional. Con ello, el Estado tendrá la posibilidad de sustraer parcialmente de su ámbito económico a la actividad de banca y crédito que en los términos del artículo 25 constitucional y del párrafo cuarto del 28 no se define como área estratégica.

Asimismo, en la iniciativa se propone la modificación al inciso A, de la fracción XXXI del apartado A del artículo 123 constitucional, a fin de que corresponda a las autoridades federales del trabajo la aplicación del propio apartado A y sus leyes reglamentarias, no sólo en las ramas industriales que al presente se enuncian en los numerales del uno al 21 de ese inciso, sino también a servicios y, en congruencia con este agregado, añade el numeral 22 del propio inciso, determinando que por lo que hace a los servicios de banca y crédito corresponderá también a las autoridades federales la aplicación de la normatividad laboral. Las comisiones unidas

consideran conveniente que la autoridad federal sea la responsable de aplicar las normas del apartado A del artículo 123 constitucional y las de sus leyes reglamentarias en las relaciones laborales que se den entre las empresas que prestan servicios de banca y crédito y sus trabajadores, pues la naturaleza de esos servicios justifica su federalización en materia de trabajo.

La reforma que se propone a la fracción XIII-bis del apartado B del artículo 123 constitucional, implica una excepción en la aplicabilidad de las normas del trabajo contenidas en el apartado A, pues para regir las relaciones laborales entre las entidades de la administración pública federal que forman parte del sistema bancario mexicano, serán aplicables las reglas del apartado B del artículo 123 y no las del apartado A.

La ley que regule la actividad bancaria deberá precisar cuáles son las entidades de la administración pública federal que formen parte del sistema bancario mexicano, para los efectos de la fracción XIII-bis del apartado B del artículo 123 de la Carta Magna.

En cualquiera de las hipótesis antes indicadas, los derechos de los trabajadores deberán permanecer inalterados y su preservación, aunque es de por si evidente, habrá de ratificarse en la ley ya mencionada.

Por lo antes expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público, someten a la consideración y aprobación, en su caso, de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 28 Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo primero. Se deroga el párrafo quinto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo segundo. Se modifica y adiciona el inciso A de la fracción XXXI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 123.................................................................

. A.............................................................................

. XXXI..........................................................................

. a) Ramas industriales y servicios.

21............................................................................

. 22. Servicios de banca y crédito.

Artículo tercero. Se reforma la fracción XIII-bis del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 123.................................................................

. B.............................................................................

. XIII-bis. Las entidades de la administración pública federal que formen parte del sistema bancario mexicano regirán sus relaciones laborales con sus trabajadores por lo dispuesto en el presente apartado.

TRANSITORIOS

Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo segundo. En tanto se expiden las nuevas normas aplicables, las instituciones de banca y crédito y las sucursales en México de bancos extranjeros que cuenten con concesión del gobierno federal continuarán rigiéndose por las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

Recinto oficial de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 7 de mayo de 1990.»

Trámite:- Segunda lectura.

El Presidente:- Señores diputados: En seguida harán uso de la palabra para leer su voto particular, el cual ya obra en poder de la Presidencia de esta Cámara, representantes de los grupos parlamentarios del Partido Popular Socialista y del Partido de la Revolución Democrática.

Tiene la palabra la diputada Carmen Mercado Téllez, del Partido Popular Socialista; después de ella hablará el diputado Isidro Aguilera, del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Carmen Mercado Téllez:- Gracias, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:

«Voto particular del Partido Popular Socialista.

El pueblo mexicano ha tenido a través de su historia tres grandes objetivos: lograr y ejercer

cabalmente su independencia, ampliar permanentemente y mejorar de manera sustancial su vida democrática y elevar el nivel de vida de los mexicanos...

(Voces.)

El Presidente:- Reclamo de la asamblea atención a la oradora.

La diputada Carmen Mercado Téllez:- Se trata de objetivos...

Bueno, yo les pediría que los que no quieran escuchar de este lado, pueden retirarse.

Se trata de objetivos que han estado en la conciencia de nuestro pueblo de manera más clara y lúcida en los momentos estelares de la historia nacional y ellos han guiado la lucha de los hombres que en el pasado y en el presente, de manera individual o asociados con otros mexicanos han dado su tiempo y su vida para lograrlos cabalmente; esos objetivos explican la lucha de Hidalgo, de Morelos, de Juárez, de Villa, de Zapata, de Lázaro Cárdenas, y otros héroes del pueblo mexicano; esos objetivos han estado en el centro del combate que han sostenido los insurgentes y los liberales del siglo pasado, los revolucionarios de principios de siglo y de las fuerzas progresistas, patrióticas y revolucionarias de nuestros días.

Si quisiéramos sintetizar la lucha permanente e inacabada del pueblo mexicano, podríamos decir que se trata de la lucha entre dos conjuntos de fuerza: las que luchan por avanzar y las que luchan por retroceder; las que han peleado siempre por acabar con los privilegios económicos, políticos y sociales de las breves minorías en cada época y los que tratan de mantener esos privilegios, esas fuerzas minoritarias nunca han luchado por la independencia nacional, al contrario, se mantuvieron y se mantienen contra ellas; esas fuerzas reaccionarias han insistido y se mantienen contra cualquier medida que amplíe la vida democrática de la nación y en defensa de sus insultantes privilegios que no dudaron nunca ni dudan ahora en llevar a la miseria, al hambre y a la muerte a cientos y miles de compatriotas.

Señor Presidente, yo le rogaría que pidiera a esta asamblea mayor silencio.

El Presidente:- Se solicita de los asistentes silencio para escuchar el voto particular del Partido Popular Socialista.

La diputada Carmen Mercado Téllez:- El grado en que un gobierno del país cumpla los objetivos históricos del pueblo o realice los de las minorías es lo que nos permite calificarlo de popular o de revolucionario o de contrarrevolucionario, antipopular y antinacional.

El Partido Popular Socialista considera que tenemos que recurrir en todo momento a la historia de nuestra nación para cumplir con su mandato, que es al mismo tiempo el mandato del pueblo, muy a pesar de lo que piensen los desnacionalizados que repudian en la teoría y en la práctica la historia nacional y se atreven a calificarla despectivamente como simple nostalgia, por eso hemos invocado los grandes objetivos del pueblo mexicano y ellos sirven de sustento al presente voto particular del Partido Popular Socialista.

El papel del estado en México, el Estado como organización política no siempre ha existido ni siempre existirá, el Estado es un producto de la sociedad y no será eterno, la organización por tribus o confederación de tribus que existía antes de la conquista española no es una organización estatal, el Estado e Iglesia fue la organización jurídica y política durante los 300 años de la Colonia.

La nación mexicana que se fue formando durante tres siglos, ya madura inició la lucha por su independencia, la organización política que lograron los insurgentes y los liberales, cuyo triunfo definitivo se obtuvo con la República, fue la característica de ser un Estado anticolonial en materia económica, política y social; es un Estado liberal, anticolonial y no liberal en el sentido europeo, no pretende dejar hacer y dejar pasar, su objetivo central fue acabar con todas las trabas impuestas por la estructura colonial y no convertirse en Estado policía.

Por eso la República Federal de 1824 y la Constitución de ese año, pero sobre todo las leyes que fueron resultado de la Revolución de Ayutla, las Leyes de Reforma y la Constitución de 1857 son liberales en el sentido de ser anticoloniales; fueron el sustento de un Estado mexicano que nacía, no de un Estado que estuviera construyendo el capitalismo, con es el caso del Estado liberal de Europa, aquí la tarea era acabar con las prohibiciones impuestas por la Colonia, promover el desarrollo de las fuerzas productivas y hacer frente a las enormes necesidades públicas.

El Estado liberal mexicano del Siglo XIX, orientado contra las trabas de la vida colonial continúo su desarrollo con el Estado surgido de la Constitución de 1917, después de destruir el régimen feudal y semiesclavista del porfiriato; se trata de un Estado interventor, de un Estado productor y prestador de servicios, de un Estado

protector de las grandes masas de la población, el pueblo mexicano se propuso y logró un Estado económicamente poderoso, pilar fundamental de la independencia nacional.

Rescató para la nación el petróleo, los ferrocarriles, la electricidad, la industria textil, la minería, el comercio; el Estado en ninguno de estos casos suplantó a la iniciativa privada que no existía y que se desarrolló gracias al sector estatal de la economía, no fueron los integrantes de la libre empresa quienes rescataron el suelo, el subsuelo y los recursos naturales, fue el Estado el que volviéndose empresario tomó en sus manos el petróleo, la petroquímica, la electricidad, el carbón mineral, el hierro, el acero y las actividades de banca y crédito.

El Constituyente de Querétaro previó, en términos generales, el desarrollo del país, pero era natural que no pudiera prever todo; pretender, como lo hace la iniciativa del Ejecutivo para desnacionalizar la banca y el crédito, encontrar en el Constituyente de Querétaro el sustento político de las reprivatizaciones es irresponsable y demagógico. La asamblea Constituyente que redactó la Constitución de 1917 estuvo integrada por revolucionarios , no por contrarrevolucionarios.

Esta iniciativa del gobierno federal, como todas las decisiones orientadas a rematar el patrimonio nacional mediante el desmantelamiento del sector estatal de la economía, tiene su base en los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, se hace eco de la ola reprivatizadora impuesta por el imperialismo yanqui y ejecutada aquí eficazmente por el gobierno actual.

Afirmar, como lo sostiene el grupo neoliberal en el poder, que vendiendo el patrimonio nacional, poniéndolo a remate a favor de los intereses privados, se van a remediar las necesidades sociales del pueblo, es faltar a la verdad, es un argumento falso y engañoso, lo cierto es que gobiernan en México, desde 1982, o por lo menos controlan los puestos clave del gobierno, los enemigos declarados de la intervención del Estado en el desarrollo económico y ahora ya sin rubor venden a su capricho empresas fundamentales del país.

Se dice también que se reprivatizan empresas y en este caso la banca y el crédito, para defender con mayor eficacia la soberanía nacional, nosotros preguntamos: con un Estado débil económicamente, con un Estado vigilante, con una burguesía privada fuerte, ¿se garantiza mejor la soberanía de la nación? El grupo en el poder ha recogido y ahora expresa como suya la tesis de los sinarquistas del país, que sostienen que el Estado no debe ser propietario sino rector, sólo que los neoliberales van más allá, a sostener que el Estado propietario es un Estado injusto.

Comparen si los niveles de vida del pueblo en toda la etapa de creciente intervención estatal con los del sexenio pasado y lo que va del actual, compárense los salarios que alcanzaron los trabajadores hasta 1982 con los que tienen actualmente, compárense los derechos de la clase obrera con la práctica, con los que se les respetan ahora; compárese el volumen de la inversión extranjera con el existente en los últimos ocho años.

La aplicación de tesis neoliberales reaccionarias han hecho al país más dependiente desde el punto de vista económico, han generado más pobreza, más injusticia, han provocado hambre y miseria a miles y miles de compatriotas, la soberanía del país ahora está en grave peligro por las medidas desnacionalizadoras, el Ejecutivo Federal, realizando una intensa campaña para justificar la desnacionalización de la banca, sostiene que el propósito es restablecer el régimen mixto en la prestación de la banca y crédito; se trata de otra falsedad.

Ya Miguel de la Madrid, a los pocos días de tomar posesión como Presidente regresó a los particulares el 34% de acciones de la banca nacionalizada, restableciendo el régimen mixto, posteriormente implementó la banca paralela y ahora pretende consumarse la entrega total.

Se dice también que la nacionalización de la banca se justificó en 1982, pero que las circunstancias han cambiado y que ahora lo que se justifica es su desnacionalización. La actual iniciativa del Ejecutivo sostiene que fueron circunstancias coyunturales las que obligaron a la nacionalización, como la baja del precio del petróleo, la carencia de recursos del exterior, el déficit en las finanzas públicas y la cerrazón comercial a la competencia externa.

El Partido Popular Socialista quisiera recordar parte del contenido del dictamen que se produjo en la Cámara de Diputados en 1982, presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales firmado por algunos diputados que se encuentran en esta Cámara como representantes populares, dice el dictamen textualmente: "la nacionalización de la banca constituye una decisión histórica que tiene su raíz en el movimiento revolucionario y en la Constitución de 1917".

Toda la argumentación de la iniciativa enviada a esta soberanía por Carlos Salinas de Gortari, es diametralmente opuesta a esta consideración, es más, la iniciativa actual trata de buscar en la Revolución Mexicana, en la obra del Constituyente

de Querétaro y aún en la propia Constitución de 1917, justificación para continuar su proyecto desnacionalizador.

El dictamen continúa: "por ser la Constitución el instrumento del que emana el sistema de nuestro Estado social de derecho, resulta consecuente que se establezca ahora como una decisión fundamental para el robustecimiento de dicho proyecto, el rescate integral para la nación de una actividad que en manos de particulares demostró propiciar distorsiones serias en la economía y en la vida social del país", como lo refiere con claridad y amplitud la iniciativa del Ejecutivo.

Los particulares utilizaron la concesión que el Estado les dio de otorgar el servicio de banca y crédito para especular con el dinero de los mexicanos, amasar enormes fortunas y saquear al país, casi hasta llevarlo a la quiebra; esto no lo refiere la iniciativa del Ejecutivo porque se trata de ocultar la actividad criminal de esos tiburones de las finanzas, es más, el gobierno sostiene que el servicio de banca y crédito se modernizará reprivatizándolo, cuando ya se demostró hasta la saciedad el carácter voraz de los banqueros particulares, ¿o es que en ocho años los banqueros, siguiendo las transformaciones que ha experimentado el país, se habrán convertido en damas de la caridad?

El gobierno que encabeza Salinas de Gortari sostiene con insistencia que el desarrollo económico sólo se logrará si se entrega el patrimonio de los mexicanos a los negociantes particulares; si se lleva esta tesis hasta el extremo, como ya está ocurriendo con la contrarreforma electoral, primer paso para desplazar a los partidos de la vida política nacional, pronto se planteará la reprivatización del Estado mexicano.

Más adelante el dictamen dice: "frente al ejercicio abusivo de las libertades económicas que propicia sólo el interés particular, es deber insoslayable del Estado salir en defensa de los intereses de la sociedad, adoptando con la energía y el rigor que sean necesarios las medidas adecuadas para preservar dichos intereses, tanto más cuanto el desorden en este campo venía repercutiendo en perjuicio de la mayoría nacional, bajo cuyo mandato y sólo por él deben actuar los poderes instituidos y legitimados por la Constitución del país".

La nacionalización de la banca fue una medida para beneficio de la nación, el Ejecutivo Federal y la representación nacional en 1982 así lo entendieron y actuaron con elevada responsabilidad, en tanto que la actual iniciativa enviada por Salinas de Gortari responde a los intereses de la minoría, sin duda alguna.

En la medida en que el Estado mexicano tenga mayor capacidad y mayor intervención en la vida económica, podrá garantizar la defensa de la soberanía y tomar medidas para elevar el nivel de vida del pueblo; la desnacionalización de la banca y el crédito que propone el Ejecutivo Federal llevará, como llevó antes de 1982, a la concentración excesiva en pocas manos, conducirá el ejercicio monopólico de esta actividad económica, que es verdaderamente una actividad estratégica y no secundaria como lo pretenden los autores de la iniciativa.

El servicio de banca y crédito prestado de manera exclusiva por el Estado con exclusión de los particulares, como lo señala el párrafo quinto del artículo 28 constitucional, es la mejor garantía de su manejo democrático, porque se pone al servicio de la nación. No será una medida democrática, sino claramente antidemocrática la reprivatización de ese servicio, porque se le entrega a la minoría acaudalada, voraz y antipatriótica, un área estratégica y cuantiosos recursos que siempre deberían de estar al servicio de la mayoría de los mexicanos.

El actual gobierno casi abandona la mayoría de los argumentos que inicialmente utilizó para rematar el patrimonio nacional y ahora se concentra en uno cuyo manejo nos parece perverso: dice que hay que vender bienes para remediar males.

La iniciativa del Ejecutivo machaconamente insiste en esta idea ya manejada con anterioridad, para pretender justificar el desmantelamiento del sector estatal de la economía, pero ahora haciendo de ella el centro de su argumentación; si viviera Antonio López de Santa Anna, no dudaría en sostener lo mismo y no están lejos los vendedores del patrimonio de los mexicanos, de asumir una conducta similar a la de este personaje nefasto del siglo pasado.

Esa idea se maneja con verdadera mala fe, porque nunca podrá demostrar el gobierno que vendiendo el patrimonio nacional se mejore la vida de los mexicanos, la venta de empresas no se ha traducido ni se va a traducir en beneficio del pueblo.

Estas son las consideraciones históricas, políticas, económicas, constitucionales, legales y de carácter social que dan sustento al voto particular del Partido Popular Socialista.

Por lo anterior, el Partido Popular Socialista plantea la siguiente proposición del dictamen:

"Único. Dése por desechada la proposición del Ejecutivo de derogar el párrafo quinto del artículo

28 de la Constitución General de la República y la modificación de la fracción XXXI del apartado A, del artículo 123, y la fracción XIII-bis del apartado B del mismo artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Archívese el expediente.»

Muchas gracias. (Aplausos.)

El Presidente:- Por el Partido de la Revolución Democrática, para dar lectura a su voto particular, el señor diputado Isidro Aguilera, y también a esta Presidencia se ha hecho llegar el voto particular del Grupo Parlamentario Independiente, que será leído por el señor diputado Jaime Enríquez.

El diputado Isidro Aguilera Ortiz:

«Voto particular de los diputados del Partido de la Revolución Democrática, ante el proyecto de reprivatización y transnacionalización de la banca.

Ciudadanos diputados: El gobierno federal propone la entrega de gran parte de la banca nacional a los grupos financieros mexicanos y la apertura de los servicios de captación de ahorro interno y crédito a las grandes instituciones financieras extranjeras.

El eje de la política económica y social del gobierno de Salinas de Gortari, es la privatización y la transnacionalización de la economía mexicana. Se trata, en efecto, de la imposición de un programa que parte de la idea dogmática de que la salida de los problemas nacionales estriba en un desmesurado incremento del poder económico de un reducidísimo sector de la sociedad mexicana, los grupos financieros, y la concurrencia cada vez mayor y decisiva del capital transnacional.

En nombre de la justicia se pretende llevar al país por un camino que no ha sido aceptado por el pueblo mexicano, que ni siquiera conoce en su plenitud el programa gubernamental.

Los diputados del Partido de la Revolución Democrática consideran que no es ésa la vía para que México supere sus graves problemas socioeconómicos. Es preciso rechazar ese dogmatismo que absolutiza un cierto tipo de presuntas soluciones y descarta de plano todas las demás propuestas. Como ayer ocurrió con el estatismo, que se suponía asimismo capaz de garantizar un crecimiento sostenido de la economía pero que no logró la superación de la pobreza, el atraso, la dependencia, impedir la formación de una oligarquía económica y mucho menos alcanzar la democracia, hoy, el neoconservadurismo gubernamental se proclama el único camino, aun a costa del sacrificio de la soberanía nacional, que es un bien que no tiene precio para una nación que quiere seguir siendo ella misma.

El camino de la privatización casi indiscriminada y de la transnacionalización de la economía mexicana, sólo agudizará dentro de un cierto tiempo la transferencia neta de recursos al exterior, que es una de las mayores causas reconocidas del estancamiento económico y de los grandes desequilibrios financieros que aún padece nuestro país.

Las continuas concesiones al capital financiero mexicano y transnacional no obligan a los inversionistas a crear nuevas empresas, sino que les otorgan simplemente la posibilidad de utilizar las ya existentes para su propio provecho. La modernización efectiva de la planta productiva, de los servicios y de la agricultura, no podrá conseguirse sólo ni principalmente con las inversiones de origen externo, que pronto empezarán a exportar sus utilidades, sino con la plena utilización productiva del ahorro interno, gran parte del cual se sigue ubicando en los circuitos especulativos improductivos y erogando para el pago de la deuda pública.

La línea de la privatización y de la transnacionalización de la economía se presenta como parte medular de una reforma de Estado. El gobierno pretende soslayar que toda reforma estatal requiere, en primer término, una transformación política y la más grande que es posible hacer hoy en México, es la desaparición del partido-Estado y el funcionamiento constitucional de los órganos de gobierno y de la República toda.

En materia económica, sería contraproducente una reforma que no tomara en cuenta a las diversas fuerzas económicas, a los obreros, campesinos, productores del campo y la ciudad, empresarios de todos los tamaños y actividades, y no solamente la concertación por arriba que se hace con los líderes de las organizaciones de cúpula de los llamados sectores, incluido entre ellos el empresarial.

El gobierno federal expone falsos motivos para pretender sostener su proyecto de reprivatización bancaria, que forma parte de un programa más general. Olvida así que la nacionalización de la banca de 1982 fue determinada por una crisis financiera a la que contribuyen los anteriores directivos de los bancos comerciales del país, que propiciaron, con todos los instrumentos a su alcance, una mayor exportación de divisas. No podría decirse ahora que en posibles tropiezos en el futuro los financieros privados y transnacionales se comportarían con sentido nacional, ya que

en el pasado los primeros no demostraron tenerlo en absoluto y los segundos no se encuentran obligados a ello.

El carácter especulativo de los dueños del capital financiero está fuera de toda duda, como lo testimonia el manejo que han dado al mercado de valores bajo su control.

El argumento de que son necesarios los recursos que ahora invierte la banca en su propio desarrollo con el fin de impulsar la inversión en satisfactores sociales, es completamente falso. El Estado no ha requerido invertir en la banca comercial y, en cambio, ha recibido utilidades. El producto de la venta de numerosos bancos no significaría más de lo que el propio Estado pudiera obtener en algunos años por concepto de ganancias, aun considerando las necesidades de reinversión.

Es aún más falso que la reprivatización obedezca al supuesto planteamiento gubernamental de fortalecer la sociedad. Los posibles compradores de las acciones de la banca no son la sociedad, sino un pequeñísimo grupo oligárquico de especuladores financieros y unos selectos bancos internacionales que, además, con la reforma que se pretende, podrían establecer sus propias sucursales en el país.

No existe en el planteamiento reprivatizador ningún elemento de organización de productores y empresarios para la formación o el manejo de bancos que respalden sus propias actividades. No existe tampoco ninguna garantía para que el gobierno maneje la política bancaria con un mínimo sentido nacional. Por el contrario, el Ejecutivo plantea claramente en su iniciativa que la banca y el crédito deben dejar de ser considerados como un servicio público y, por tanto, no se requerirá concesión de parte de las autoridades, como lo señala el artículo 28 de la Constitución.

Es sencillamente inadmisible que el manejo del dinero ajeno, de los depositantes de sus ahorros, no sea considerado como un servicio público y se deje la libérrima discreción de los directivos bancarios que, como ya se ha visto, pueden actuar en determinados momentos con absoluta irresponsabilidad. Con un régimen de concurrencia bancaria indiscriminada, lo que podrá suceder es la completa discrecionalidad de unos nuevos dueños de la banca.

Así, el Estado cedería poder económico, pero no a la sociedad, sino a los grupos oligárquicos y a las transnacionales financieras que son, en gran medida, nuestros acreedores. A este respecto, los voceros oficiales no han aclarado en absoluto nada sobre si su propuesta de transnacionalización de la banca y el crédito en México forma parte del paquete económico-político de la reciente renegociación de la deuda externa del país.

Para dar cobertura al planteamiento del gobierno, en la iniciativa para derogar el párrafo quinto del artículo 28 de la Constitución, se afirma que la banca no es una actividad estratégica. Sin embargo, en diciembre pasado, cuando envió a la Cámara de Diputados una propuesta para reformar la Ley de Banca y Crédito, Salinas de Gortari decía: "el servicio público de banca y crédito es una actividad estratégica en la economía nacional...". Desde entonces han pasado solamente unos cinco meses, que, según parece, fueron necesarios para que cambiara radicalmente de posición al respecto. Lo mismo podrá ocurrir con otras aseveraciones que se encuentran contenidas en la exposición de motivos del proyecto de reprivatización bancaria. Se trata, evidentemente, de un gobierno con muy poca seriedad.

Esto se hace más relevante cuando, la iniciativa del Ejecutivo se reduce a la derogación del párrafo quinto del artículo 28 de la Constitución, pero sin adelantar ningún otro proyecto de ordenamiento constitucional o reglamentario que permitiera una discusión más amplia del futuro de la banca en México. Así, el gobierno reclama manos libres para decidirlo todo a partir de la eliminación de lo que él mismo considera como un obstáculo a su política.

En este mismo sentido, asoma una vez más el profundo desprecio del actual grupo gobernante por el Congreso mexicano. La directiva del grupo priísta ha aplicado por instrucciones "superiores" un inexplicado apresuramiento en el debate sobre la iniciativa del Ejecutivo. La única participación programada fue la del Secretario de Hacienda para defender el proyecto, mientras que se ha negado expresamente la participación de voceros de otros medios interesados en el problema. De esa misma forma, la discusión original del proyecto se realizó en una subcomisión y no en el pleno de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de hacienda de la Cámara, a donde fue turnada la iniciativa. El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática rechazó por ello participar en un grupo cerrado. Lo mismo hicieron otros dos grupos parlamentarios.

En esta misma dirección, el Partido Revolucionario Institucional y el gobierno han impedido que el debate aparezca en los medios de comunicación electrónicos, en los que sólo se ha escuchado la voz prepotente y definitoria de los voceros gubernamentales. ¡Esa es la reforma del Estado que procura el régimen salinista!

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ha exigido un debate serio, en el que todos los legisladores expresen sin cortapisas sus puntos de vista de frente a la nación, en un problema de la mayor importancia para el país. Ha exigido también la participación de representantes de organizaciones sociales y profesionales de diverso que tenga interés en debatir la propuesta gubernamental y las posibles alternativas sobre el tema de la banca:

El contenido del dictamen redactado exclusivamente por el grupo priísta no difiere absolutamente en nada de la iniciativa del Ejecutivo y solamente se limita a repetir los falsos argumentos de los voceros gubernamentales. Esa misma mayoría del Partido Revolucionario Institucional ha rechazado las propuestas alternativas que se presentaron en comisiones unidas de Gobernación y puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público, con el propósito de encontrar una nueva redacción al párrafo quinto del artículo 28 Constitucional a pesar de que éstas admitían un régimen mixto de la banca, pero con normas generales. En realidad, es gobierno busca las manos libres para imponer la totalidad de su proyecto a través de una legislación Secundaria sobre la banca y el crédito.

Nuestro objetivo fundamental es impedir a tiempo que se otorgue, por mandato estatal, mayor poder a los minúsculos grupos financieros del país y se avance en la transnacionalización de la economía mexicana. La democracia y la soberanía de México se juegan seriamente en el momento actual.

En tal situación, los abajo Suscritos, diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que forman parte de las comisiones unidas dictaminadoras, presentan el presente voto particular.

México Distrito Federal, a 8 de mayo de 1990.- Diputados: Ignacio Castillo Mena, Pablo Gómez Alvarez, Leonel Godoy Rangel, Reynaldo Rosas Domínguez, José Luis Alonso Sampayo, Ciro Mayén Mayén, Jorge Martínez y Almaraz, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Jesús Ortega Martínez y Carlos Navarrete Ruíz.

El Presidente:- En el uso de la palabra el diputado Jaime Enríquez, para presentar el voto particular del grupo independiente.

El Diputado José Jaime Enríquez Félix:- Gracias, señor Presidente; compañeras; compañeros:

«Salinización de la banca

No han pasado aún 10 años de que José López Portillo, siendo Presidente de la República, escribiera en sus papeles de trabajo, que hoy ha publicado bajo el título de Mis tiempos, Biografía y Testimonio Político": "Miguel de la Madrid me pide y acepte, que el secretario técnico del gabinete económico sea Carlos Salinas de Gortari, que reemplazará a Antonio Ugarte. Le entrego así al Secretario de Programación y a su equipo, toda la responsabilidad relativa...". 26 de julio de 1979, página 864.

Poco duró sin embargo el nombramiento, pues en las mismas memorias, el día tres de noviembre de 1981, José López Portillo expresaba: "...he tenido que tomar medidas en materia de precios y tarifas, para mi descontento con un nuevo secretario técnico en el gabinete económico, Rogelio Montemayor, que sustituyó a Carlos Salinas. Resulta que Hacienda tenía razón en las cifras del déficit ...".Estas palabras de López Portillo muestra a Miguel de la Madrid en franca y estrecha colaboración con Carlos Salinas, engañando ambos al entonces Presidente de México, al manipular la información de que se disponían, hecho que quedó de manifiesto al ingresar Montemayor como secretario técnico del gabinete por aquellos días.

Que diferentes son ahora los tiempos aquéllos en que aquel hombre, entonces Secretario Técnico del gabinete y hoy Ejecutivo Federal, estuvo actuando de una u otra manera para destruir la obra máxima de uno de los políticos más controvertidos que ha tenido México. Habría que ver si no el reporte de José López Portillo correspondiente al 31 de agosto de 1982, esgrimido como exposición de motivos para la nacionalización de la banca:

"Que el desarrollo firme y sostenido que requiere el país y que se basa en gran medida en la planeación nacional, democrática y participativa, requiere el financiamiento del desarrollo, tanto por lo que se refiere a gasto e inversión pública, como al crédito, sean servidos o administrados por el Estado, por ser de interés social y orden público, para que se manejen en una estrategia de asignación y orientación de los recursos productivos del país en favor de las grandes mayorías..."

Cómo contrastan esas palabras con los argumentos que Carlos Salinas Plantea hoy para revertir todo el proceso: "la razón de la propuesta es sencilla: los mexicanos no podemos admitir un Estado tan propietario, con tan considerables

recursos invertidos en la banca, en un país con nuestras carencias y necesidades, con urgencias sociales básicas. Al ampliar la esfera de acción de los sectores privado y social en la prestación del servicio de banca y crédito, no será necesario canalizar fondos públicos adicionales en la aún necesaria capitalización e indispensable modernización podrá aprovechar sus activos y liberar sus recursos para atender la infraestructura y los servicios que son objeto de reclamo social y propósito esencial del Estado..."

Las razones de un Presidente en un momento histórico para México, que justifican una medida tan trascendente como es la nacionalización, lo son exactamente en el sentido opuesto para otro, en su urgencia por volver a un régimen mixto para la banca y el crédito. De nada valen las cavilaciones López Portillistas para detener una decisión tan en contrario, tomada apenas un poco más de siete años después. Las reflexiones de un Presidente el 31 de agosto de 1982 hoy parecen Volverse sólo anécdotas, dejando aun lado la angustia de una elección cargada entonces de tanta emotividad y complejidad: "México ha sido saqueado. Al ir reuniendo los datos para el informe, me fui dando cuenta al fondo, de la gravedad del problema. Por lo menos 14 mil millones de dólares en cuentas de mexicanos en Estados Unidos de América; 30 mil millones en predios de los cuales ya han pagado 9 mil millones en enganches y servicios; 12 mil millones de mex dólares.

He acordado y lo anunciaré mañana, nacionalizar la banca y un control total de cambios. Es increíble: toda la inversión extranjera, desde el origen de nuestra historia, llega a 11 mil millones de dólares, de los cuales 8 mil son norteamericanos. Cinco veces es más alta la inversión mexicana en el exterior. ¡Qué vergüenza!, ¡qué asco! Voy actuar, tope en lo que tope...".

Las diferencias de pensamientos y decisiones no podría ser más abismales, y eso que no estamos hablando de la alternancia en el poder de los partidos, ni de una gran distancia en años, sino del mismo partido en el poder, de la misma familia revolucionaria. ¿ Será acaso que tan pronto, apenas en un poco más de un sexenio, han mudado radicalmente de opinión algunos de los líderes partidarios que hoy han aplaudido públicamente la medida? ¿Dónde estaban hace siete años los actuales dirigentes gubernamentales? ¿Qué hacían hace tan poco tiempo? Ellos ya entonces vivían y comían del sistema, aplaudían ostensiblemente sus decisiones. ¿Qué les pasó ahora para cambiar radicalmente su opinión?

Tal pareciera que los gobiernos priístas pueden fácilmente oscilar entre vender o comprar, como quien juega a la tiendita, sin por ello escandalizarse o sentarse al menos a reflexionar. El empresario Jorge Larrea, por citar a alguno, sabe muy bien de los beneficios de estas mudanzas de opinión y acción: vendo mi empresa quebrada al gobierno para que me la sanee, luego la vuelvo a comprar a precio de remate. Negocio redondo. Igual se pretende hacer con la banca, a pesar del alto costo de la nacionalización, de las fuertes indemnizaciones que se han tenido que pagar y del inmenso trabajo invertido para aprender en pocos años y adquirir la experiencia necesaria para la administración de un servicio tan complejo y dinámico como el de banca y crédito. De un plumazo se cambia la historia de México con el mínimo respeto, con el mayor cinismo.

Habría que preguntarles a los secretarios que firmaron el acuerdo de la nacionalización, qué piensan de esta regresión de 1990. Particularmente sería importante conocer la opinión de los hombres que entonces lo rubricaron y que hoy tendrán que volver a firmar, nada más que en el sentido opuesto.

¿Dónde quedan entonces los principios? Mientras tanto sólo uno de cada cinco jóvenes que se integran a la población económicamente activa en México, encuentran trabajo, y un estimado de entre 10 y 15 millones de niños viven en la calle drogándose, lavando parabrisas o actuando como payasos en las esquinas Los principios sociales que dieron origen al partido en el poder han caído en desuso, son cosa del pasado.

Hacer un poco de historia vale la pena, sobre todo porque pretendemos remontarnos a hechos no demasiado lejanos que todos los legisladores vivimos apenas hace ocho años, algunos incluso dentro del mismo congreso de la Unión, aunque miembros de otra Legislatura. Los tiempos aquellos eran de zozobra, de especulación galopante, de inestabilidad. La permanente flotación del peso o sus bruscos deslizamientos parecían ser la mala noticia que nos despertaba cada día, mientras la inflación se descontrolaba y los banqueros parecían reírse de nuestra mala suerte en tanto acumulaban inmensos recursos para pagarse lujos imperdonables o sencillamente, invertirlos en el extranjero.

La situación no podía ser más caótica: los banqueros provenían insensiblemente entre los inversionistas desde las mismas ventanillas de cada sucursal, la compra de moneda extranjera, particularmente dólares, que el 11 de mayo de 1982 había hecho exclamar públicamente a López Portillo que el país estaba en riesgo de descapitalizarse.

Los banqueros estaban ensoberbecidos. Su posición clave en la intermediación y el tráfico de divisas les hacía suponer que eran invulnerables, y de ello se valían para aumentar sus ganancias entre otros trucos, a través de incrementar el diferencial en la compra y venta de dólares. Ni siquiera el daño que hacían al país y las constantes recriminaciones del gobierno y de la sociedad parecían detenerlos. Se convirtieron en los principales promotores de las devaluaciones y en líderes de los sacadólares, a través de operaciones de transferencias a Estados Unidos de América principalmente, que eran continuamente detectadas por el Banco de México y la propia Secretaría de Hacienda, sin que hicieran nada al respecto, dejando pasar impunemente todo este tráfico de dineros que ya para 1982, ascendía a 25 mil millones de dólares solamente en inversiones en Estados Unidos.

Mientras tanto, el pueblo sufría las consecuencias de la especulación y el desorden y de una economía caótica, donde predominaba la ley del más fuerte: los intereses de los poderosos banqueros que lucraban a costa del desarrollo y la seguridad del pueblo mexicano. Es a ellos a quienes quiere devolverse hoy la banca, a quienes nunca comprendieron que el manejo de los recursos financieros debían darles ganancias lícitas, pero nunca extremas, sacrificando el futuro de una nación entera.

¿Es que acaso han reflexionado en este tiempo? ¿Sabrán comportarse con más tino y promover solidariamente el bien común? Realmente dudamos de ellos, sobre todo después de la buena prueba que nos pusieron hace muy poco tiempo con el famoso "crack bursátil", en que defraudaron a tantos pequeños inversionistas a los que antes habían engatusado con el espejismo de las enormes riquezas que nunca llegaron. Es en manos de esos hombres moralistas y preocupados por México, en quienes pretende dejarse el poder financiero y consecuentemente, muchas de las decisiones trascendentales del país? ¿Es en manos de quienes tan sólo en el primer semestre de 1982 habían recibido de sus cuentahabientes dólares por más de 4 mil millones de pesos, 30% más de lo que captaron en todo el año de 1981?

Las ganancias que obtuvieron antes de la nacionalización no fueron nada despreciables: si en 1977 habían alcanzado utilidades por 2 mil 800 millones de pesos, para 1980 sus ganancias habían crecido casi cinco veces, para convertirse en 10 mil millones de pesos y un año después, en 1981, ya eran de 15 mil millones de pesos, 50% más que el año anterior. La tendencia obvia ante tal competencia por el poder y los recursos fue la concentración en cuatro bancos básicamente, que acapararon el dinero del bum petrolero.

Bancomer, Banamex, Comermex y Serfin, se llevaron juntos el 75% de las utilidades del primer semestre de 1982 y para ese año, la banca privada tenía ya casi 4 mil 500 oficinas, más de 150 mil empleados a sus órdenes, dos millones de cuentahabientes, 25 millones de ahorradores y 4 millones 500 mil depositantes a plazo. Sus tentáculos eran gigantescos y prácticamente regían la economía en su totalidad. Hoy están ávidos de recuperar ese poder que en realidad sólo han perdido formalmente, pues, ante la tolerancia del gobierno, han creado una fuerte e influyente banca paralela: casas de bolsa, casas de cambio, sociedades de inversión, que desvían muchos de los recursos que en sentido estricto corresponderían al sistema formal bancario.

Quien quiera volver la vista atrás por un momento, podrá recordar con nitidez lo que era la banca privada previa a septiembre de 1982: hacía exactamente lo que quería, prestaba a sus empresas, ya que se había convertido en poderoso accionista en todas las armas económicas estratégicas y, prácticamente podía decirse que ningún grupo empresarial que se respetara dejaba de tener su banco propio; encarecía el dinero y desarticulaba el crédito de las prioridades nacionales para canalizarlo hacia los más rentables modos de inversión, aunque nada tuvieran que ver con el dolor y los justos reclamos del pueblo. La banca no cumplió, por el contrario hizo del país un botín. Baste decir que para 1982 había acumulado activos por 3 billones de pesos, cifra igual al gasto público de ese año. Su participación en la economía había aumentado excesivamente, pues, si para 1962 participaba con el 33% de la canalización de los ahorros como porcentaje del producto nacional, en 1977 ya absorbía el 51% y el 56% para 1976.

Las prioridades de inversión de la banca privada no fueron nunca las que la sociedad mexicana demandaba. Por el contrario, como buenos negociantes preferían el dinero y las ganancias seguras. Por eso escogía prestar al comercio, pues las retribuciones de la especulación en los precios por ejemplo, podían sostener el nivel de exigencias en las tasas de interés. Así, en 1981 la banca privada y mixta cubrió el 97% de las necesidades de dinero de los comerciantes. Mientras tanto, aunque anunciaban pomposamente que "el campo también era su campo", en 1981 la banca privada y mixta aportó apenas 120 mil millones de pesos, equivalentes al 49% de las necesidades de créditos de ese sector. Y no puede decirse que esto se hubiera debido a que la banca privada no tenía dinero.

Un dato es suficientemente revelador a este respecto: en el primer semestre de 1982, la banca

recibió dinero de la sociedad por casi 2 billones de pesos, pero apenas prestó 900 mil millones de pesos e incluso muchos de esos recursos a través de un mercado negro de créditos, fomentado por los mismos banqueros que prestaban a quienes pagaran más intereses. Es a ellos a quienes se regresará el poder formal del sistema financiero mexicano: a los que traficaron con el dinero fraudalentamente, a los que prefirieron la ganancia segura al desarrollo de sectores tan desprotegidos como el campo y que tanto han perdido por el desinterés y la corrupción de los exbanqueros a lo largo de muchos años. Es a ellos, a quienes se deben tantos de nuestros obstáculos para el desarrollo, a los que el gobierno pretende hoy favorecer de nuevo, usando los argumentos de la modernidad, que más bien parecen pasos hacia atrás, hacia esferas ya superadas en la historia.

El papel de la banca en el pasado, no ha sido honesto precisamente. Cuantos recuerdan aún la falta de solidaridad de los banqueros con el pueblo chileno en tiempos de Pinochet, aquel abril de 1982 en que el Financial Times de Londres publicó una emisión de 50 millones de dólares en bonos por el Banco de Chile, con aval entre otros, del Banco Nacional de México, en momentos en que el país ni siquiera sostenía relaciones diplomáticas con Chile y cuando se vivía la tensión con Inglaterra frente a los conflictos de las Islas Malvinas. Como también muchos recordarán la internacionalización del poder de los banqueros de México y lo mucho que nos costó a los mexicanos pagarles intereses de los dineros que ellos nos prestaban en dólares a través de otros bancos. De los créditos que obtuvo el régimen lopezportillista en sus primeros años, dinero procedente de los euromercados, el 26% provino de grupos en que participaban bancos mexicanos. Y de 1970 a 1979 la propia banca privada de nuestro país participó en créditos por casi 8 mil millones de dólares a México.

Esa ha sido la banca privada, la capaz de cobrarnos intereses por dineros que a la nación corresponden y gracias a los cuales, obtenía la fuente de su ilimitado poder. Ellos serán los dueños, porque así lo quiere el gobierno, no el pueblo, de los recursos y los decisores de las inversiones que se harán en el país en adelante. Más que modernización se llama claudicación, olvido del gobierno de sus responsabilidades más intrínsecas que son las de guiar y promover el desarrollo para todos. Se les olvida desgraciadamente lo que un día dijera Lombardo Toledano: "nacionalizar es descolonizar", y hoy quieren renacer la época del colonialismo ancestral de la oligarquía bancaria.

Hoy está en marcha la decisión gubernamental de salinización de la banca. Se pretenden revertir los artículos 28 y 123 constitucionales, justo en el sentido contrario en que se hizo apenas hace ocho años. Los banqueros, felices. El pueblo, desesperanzado. Todavía recordamos los grandes desplegados y peticiones al Ejecutivo en 1982 pidiendo la retoma de la rectoría del Estado, la nacionalización de la banca. Hoy oímos a un grupo tecnoburócrata, más preocupado por parecerse a Estados Unidos de América, de quien todo han aprendido y a quien todo admiran, ciegos ante las demandas sociales largamente expresadas y anheladas.

La decisión parece irrevocable. La iniciativa legal para el cambio nos ha sido ya enviada. Resulta incomprensible imaginar cómo hemos podido llegar a este momento, a no ser que se trate desde luego, de presiones externas a las que el Ejecutivo está obedeciendo, a no ser que George Bush, y el Fondo Monetario Internacional estén dirigiendo la batuta con sus siempre oscuras intenciones.

De lo contrario no podemos explicarnos la venta de un grupo de instituciones que están obteniendo utilidades que, para 1989 sumaron cerca de 2 billones de pesos y que en el primer trimestre de 1990 habían superado los 400 mil millones de pesos según la Asociación Mexicana de Bancos. ¿Cómo puede pensarse en vender una institución que es satisfactoriamente rentable y que además, resulta de tan vital importancia para las necesidades insatisfechas de un país pobre? No hay explicación que justifique esta decisión.

Sin embargo, la alegría de los exbanqueros y futuros inversionistas de esta nueva era de salinización bancaria no se ha hecho esperar. Ha quedado grabada en los anales de la Bolsa Mexicana de Valores, la histórica sesión del miércoles dos de mayo pasado, que los corredores del salón de remates calificaron de "auténtico bum", en que el índice de precios y cotizaciones registró una elevación de más de 24 mil puntos en una sola jornada. Pero hoy es alza incontenible despierta sospechas una vez más, sobre todo porque en buena medida tuvo que ver con el nunca visto incremento en el valor de los Certificados de Aportación Patrimonial, los llamados Caps, cuyos afortunados poseedores se negaban a deshacerse de ellos ante la presión de los compradores potenciales de adquirirlos a cualquier precio, ocasionando que la negociación de todas sus emisiones fuera suspendida por una hora por lo menos. Finalmente, su valor en el mercado aumentó en 5 billones 800 mil millones de pesos a lo largo de la sesión, cantidad equivalente a poco más de 2 mil millones de dólares, hecho que puede empezar a oler a fraude y a información confidencial cocinada en los altos círculos de banqueros y autoridades que ya quieren empezar a sentir el rancio olor de la reprivatización.

Si la decisión de volver a la banca mixta es finalmente aprobada, a pesar de la negativa ciudadana, habrá que revisar a fondo la estructura de los Caps, que en su tiempo fueron expedidos como parte de la indemnización a que se comprometió el gobierno de Miguel de la Madrid, ahora vende libros, en 1982, dentro del decreto de nacionalización de la banca y que finalmente han resultado tan buen negocio. Es el pueblo el que reclama una indemnización ante tanto perjuicio y los banqueros se la deben en justicia a todos los depositantes de aquel legendario Fondo Nacional de Solidaridad con el que se pretendió reunir el recurso suficiente para proceder a la citada indemnización. ¿Van a regresar ese dinero?

Muchas cosas quedan inconclusas con esta arbitraria decisión del Ejecutivo, muchas cosas quedan mal hechas, perjudicando realmente la elección soberana del pueblo que en ningún momento se ha manifestado políticamente en favor de una privatización. Un referendum, una consulta, jamás aprobarían esta determinación.

Porque el pueblo conoce el pasado y no lo olvida. Porque el pueblo, aún en su pobreza, se respeta a sí mismo, respeta su historia y a sus héroes. Porque sabe que Lázaro Cárdenas, Benito Juárez y tantos héroes jamás hubieran tomado una decisión tan antinatural e irracional. Porque el propio Venustiano Carranza en su memorable discurso de Hermosillo, postuló por el contrario, el establecimiento del banco único controlado por el estado y ocho meses después de promulgar la Constitución expidió la Ley Orgánica de esa institución, porque Heriberto Jara y Francisco Mújica, abogaron en su tiempo por un nuevo sistema bancario también controlado por el Estado, porque Luis Cabrera propuso la nacionalización de la banca y Lázaro Cárdenas hizo lo propio en 1970. El pueblo podrá no conocer su pasado con detalle, pero tiene corazón, esa sensibilidad que les falta a los tecnócratas de hoy que sólo piensan en números y en Estados Unidos de América como país ideal.

A los mexicanos no se les cambia el parecer con frases de más o de menos, porque tienen claro su rumbo y saben lo que desean para su porvenir: una patria fuerte, realmente soberana, capaz de elegir consciente y libremente su destino, amparada en un proyecto verdaderamente nacionalista, que no venda los recursos de la nación amparada en falsas premisas, sino que cohesione las fuerzas en un verdadero ideal de justicia, democracia y solidaridad."

Por las razones antes expuestas, el voto de la Fracción Parlamentaria Independiente será en contra del dictamen. (Aplausos.)

El Presidente:- Está el dictamen a discusión en lo general.

El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul):- Solicito que la secretaría lea la propuesta.

El Presidente:- ¿Esta es la propuesta de que habla usted, diputado Pablo Gómez? Lea la secretaría la propuesta presentada por el diputado Pablo Gómez.

La secretaria diputada Guadalupe Gómez Maganda de Anaya:- Solicito receso para mañana. Atentamente. Pablo Gómez.

El Presidente:- No acepta la Presidencia la propuesta de receso. Hay un trámite reglamentario para en caso de que se quiera suspender una discusión, el artículo 109 lo establece con toda nitidez. Así lo hicimos del conocimiento de la asamblea y así lo saben los señores diputados.

Ha solicitado el uso de la palabra para fundamentar, para dar a conocer los fundamentos del dictamen, el diputado Manuel Cavazos Lerma, y ya tenemos las listas de oradores registrados con oportunidad por los grupos parlamentarios.

En el uso de la palabra para los propósitos señalados, el diputado Manuel Cavazos Lerma.

El diputado Manuel Cavazos Lerma:- Con su venia, señor Presidente; honorable asamblea: El establecimiento del sistema mixto de la prestación del servicio de banca y de crédito objeto del dictamen que hoy se discute, no es una decisión aislada, errática o en el vacío; se inscribe dentro de una estrategia de modernización cuyos límites están determinados por la soberanía, la libertad, la democracia y la justicia social, que son los valores políticos fundamentales que definen nuestro proyecto nacional. Estos valores políticos son permanentes, inmutables, pero las estrategias, los instrumentos y las políticas que se han utilizado para defenderlos y alcanzarlos se han modificado, se han rectificado se han ajustado al ritmo de los tiempos.

En la inflexibilidad de los fines y en la flexibilidad de los medios ha radicado la capacidad de actualizarnos sin deformarnos; por eso a lo largo de la historia hemos cambiado estrategias pero no valores. La consolidación y fortalecimiento de la soberanía, de la libertad, de la democracia y de la justicia social, son los objetivos básicos del Estado mexicano. Para lograrlos tiene que reformarse, tiene que adaptarse sus instrumentos a las demandas de los tiempos, tiene que modernizarse.

En el pasado, un Estado crecientemente propietario pudo cumplir con sus propósitos básicos; hoy la historia exige rectificaciones, los cambios internos y externos obligan a redefinir el tamaño del Estado, al margen de mitos y fatalidades que oscurezcan el horizonte.

Las circunstancias demandan un Estado menos propietario y más eficiente en el cumplimiento de sus deberes básicos. Para el Estado mexicano la propiedad de la banca múltiple es un medio, no es un fin; es un instrumento, no un objetivo; por lo tanto, la venta de una parte de las acciones de la banca múltiple no implica el abandono del proyecto nacional ni la renuncia a los valores políticos que lo definen ni la cesión de espacios que sólo competen al Estado. Se están cambiando instrumentos, pero no principios.

La venta de las acciones del gobierno de la banca múltiple tampoco significan una reversión, ni una vuelta al pasado, ni el retroceso a situaciones indeseada porque son otros los tiempos, porque son otras las circunstancias, porque la economía es diferente, porque el sistema financiero es otro, porque la banca es distinta y porque se ha fortalecido la rectoría del Estado en materia bancaria mediante el perfeccionamiento de sus instrumentos de control.

Además, la mayoría de los diputados de esta Cámara nos hemos comprometido a que la nueva ley bancaria favorezca la democratización de las acciones de la banca múltiple, proteja el interés y la seguridad de los usuarios, prevea que el control de la banca múltiple mexicana quede en manos de mexicanos, fortalezca aún más la rectoría del Estado en el sistema bancario y aliente su regionalización. Asimismo, respaldamos la decisión de que la venta de las acciones de la banca múltiple se realice de manera transparente, en las mejores condiciones para el Estado y cuidando que la administración de las instituciones quede en manos competentes y responsables.

Esas medidas, aunadas a los cambios registrados, tales como la mayor apertura económica, la liberalización de las tasas de interés, el crecimiento de otros intermediarios financieros, etcétera, minimizarán la posibilidad de un monopolio bancario, de los autopréstamos subsidiados, de la concentración accionaria, de la integración ineficiente de bancos con empresas y de otras prácticas del pasado que la sociedad no desea.

El Estado ha decidido vender sus acciones de la banca múltiple porque está redefiniendo su tamaño para cumplir mejor con sus tareas básicas, porque las circunstancias han cambiado y porque no desea, para el futuro, una economía lisiada, minusválida, con una banca que le quede chica. Si la banca no se moderniza al paso de los demás sectores, tendríamos una economía desbalanceada, desequilibrada, con muletas; una economía que no podría correr al ritmo y a la velocidad que reclama el porvenir.

Si bien, la banca múltiple se ha fortalecido, se ha capitalizado gracias a que el Estado ha reinvertido todas las utilidades obtenidas, el creciente progreso tecnológico en el sector y el aumento de la demanda de sus servicios exige cuantiosas inversiones adicionales a fin de no quedarse rezagada o mutilada.

Por ello, no sólo no es posible destinar sus utilidades a la satisfacción de las necesidades básicas, sino que además, se requieren recursos adicionales para continuar fomentando su modernización.

La venta de las acciones de la banca múltiple es un acto de realismo leal y de congruencia con la estrategia de modernización, pues si esa venta no se realiza entonces el Estado o distrae recursos que debe destinar a las tareas básicas o la banca estará condenada a retrasarse y entorpecer el proceso de modernización del resto de los sectores.

Por otra parte, si dicha venta se lleva a cabo, se facilitará la inyección de inversiones, para que la banca eleve su eficiencia y su competitividad y el Estado podrá tener recursos para destinarlos a la satisfacción de las enormes e impostergables demandas sociales, a la consolidación del crecimiento económico con estabilidad y al engrandecimiento de las expectativas de desarrollo.

Es decir, el Estado dejará de invertir en cosas para invertir en el bienestar de las personas, de manera que no se trata de cambiar una inversión en bienes por un gasto en consumo. Lo que se busca es un cambio de inversión física por inversión en capital humano.

Invertir en bienestar social, no soló significa más escuelas, más hospitales, más casas, más alimentos, más servicios, sino también más eficiencia, más productividad y más desarrollo.

Por otro lado, la venta de las acciones de la banca múltiple no significa el abandono del sistema bancario, porque el Estado participará en la banca comercial, fortalecerá los fondos y bancos de fomento que siguen estando en manos del Estado y perfeccionará sus instrumentos de rectoría económica, para seguir siendo el conductor y promotor del desarrollo nacional.

Resumiendo, la necesidad de que el Estado se concentre en el cumplimiento de sus objetivos

básicos, los cambios profundos registrados en el ámbito nacional e internacional y la necesidad de mejorar la cantidad y la calidad de los servicios bancarios, justifican el establecimiento del régimen de banca mixta.

Compañeras y compañeros diputados: después de una década sombría, después de la fatiga de las estrategias tradicionales de desarrollo, después de una década de cancelación de oportunidades y de frustración de expectativas, ahora que a los rezagos de antaño se suman nuevas y crecientes demandas, México y el mundo exploran estrategias diferentes, derribando muros, mitos, dogmas y prejuicios.

Estamos en los umbrales de la década del cambio y de la esperanza. El dilema es claro: o nos modernizamos o nos marginamos. Todos los países quieren modernizarse y todos tienen prisa por hacerlo, no hay cabida para la vacilación, el titubeo o la desidia.

La decisión de establecer el régimen mixto de la banca, es un acto de congruencia con nuestros valores políticos y con los nuevos signos que están definiendo el perfil del Siglo XXI.

Hemos decidido marchar hacia adelante con lo nuevo, en lugar de quedarnos atrás anclados en lo viejo. Hemos decidido conducir el cambio conforme a nuestros valores antes de que el cambio nos arrolle y nos margine. Muchas gracias.

El Presidente:- Para hablar en contra, por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Pablo Gómez.

Y hablará en seguida de él, en pro del dictamen, un diputado del Partido Acción Nacional.

Señor diputado Pablo Gómez, en el uso de la palabra en contra.

El diputado Pablo Gómez Alvarez:- Señoras diputadas y señores diputados: Es lamentable que entremos a un debate prácticamente en las más difíciles condiciones. No se busca el debate en la realidad, sino la aprobación de un dictamen legislativo para extirpar el texto constitucional, el párrafo quinto del artículo 28.

Y para esa operación no se considera por los patrocinadores del dictamen que exista en verdad una necesidad de debatir. Esta es la razón quizá por la cual se ha insistido en que durante la madrugada se examine un tema constitucional muy importante y no sólo ese tema, sino algo más que eso. El Ejecutivo Federal propone la derogación del párrafo quinto del artículo 28 constitucional, que señala que el servicio público de banca y crédito es exclusivo del Estado, pero al mismo tiempo los patrocinadores del dictamen, en el sentido ya apuntado por el autor de la iniciativa, señala que los activos de la banca comercial en poder del gobierno federal, son activos excedentes y se venderán.

Pero la derogación del párrafo quinto del 28 constitucional, no obliga por sí mismo a vender esos activos, considerados por el señor Aspe como activos excedentes. No obliga a entregar la banca, no obliga a venderla de ninguna forma. Y sin embargo, tal parece que al votar por la supresión del párrafo quinto del artículo 28, se está votando en el mismo acto, por la venta total de los certificados de aportación patrimonial serie "A" de la banca comercial, que están actualmente en manos del gobierno federal. Se trata de una operación reprivatizadora, y no solamente de la búsqueda de un nuevo régimen para la banca mexicana.

No está en la propuesta del Ejecutivo, el diseño completo de las bases a través de las cuales se puede integrar un sistema bancario mexicano, sino sólo la decisión unilateral del Ejecutivo, de vender los certificados de aportación patrimonial serie "A" en manos del gobierno federal, para lo cual se hace indispensable la extirpación del párrafo quinto del artículo 28.

En una decisión para eliminar el monopolio estatal de carácter constitucional sobre la banca, se está haciendo implícita otra decisión que es la venta de las acciones gubernamentales de los bancos comerciales.

Pero podrían ambas discusiones separarse, podrían ser dos cosas distintas. Podría suprimirse el monopolio estatal de la banca del párrafo quinto del 28 constitucional, por un lado, y paralelamente, por el otro, discutir la organización o reorganización del sistema bancario y el fin que deben tener las acciones en poder del gobierno federal.

Digo esto porque nosotros hemos afirmado que la iniciativa del Ejecutivo tiene como propósito darle cobertura a una decisión ya tomada, que se quiere llevar a cabo sin obstáculos de ningún género y tampoco, y también, mejor dicho, sin el concurso del Congreso.

Nosotros hemos dicho que se trata sencillamente de un proyecto reprivatizador que tiende también a la transnacionalización de los servicios financieros y de la economía del país.

No hay en realidad una respuesta al planteamiento hecho por nosotros, en el sentido de que el

gobierno busca otorgar a los servicios financieros extranjeros, el derecho de establecimiento que han demandado en la ronda de Uruguay, a esto no me respondió el Secretario de Hacienda y Crédito Público, no se refirió en lo absoluto al asunto.

Se trata en realidad de una iniciativa sin compromisos serios, sin poner a discusión ya no digamos de frente a la opinión pública, cosa que este gobierno no es capaz de hacer, pero con el concurso de las fuerzas políticas el futuro del sistema bancario; nosotros hemos dicho que se trata de pasar de una posición cerrada, de que toda la banca, absolutamente debe estar bajo el control del Estado, a otra en la que toda la banca comercial debe estar bajo control de los grupos financieros, de los dueños del dinero, es el bandazo de una posición dogmática a otra, de una posición que no acepta medios perfiles o búsqueda de otro tipo de soluciones, sino que se va en el otro extremo a imponer también un concepto absoluto; la banca ya es mixta aunque no se haya respetado para ello el texto exacto de la fracción V del artículo 28.

El Estado en nuestra opinión puede hacerse cargo de la actividad bancaria, puede hacerse cargo de una parte de la actividad bancaria, eso depende de un sinnúmero de situaciones; nosotros también pensamos que un sector social desarrollado podría generar capacidad para establecer instituciones con capacidad de captar ahorro público y canalizar crédito, actividades, justamente de un sector social, que es débil en nuestro país y que es, por desgracia, cada vez más débil.

No tenemos, por lo tanto, una posición de que forzosamente toda la banca debería se propiedad exclusiva del Estado, pero rechazamos absolutamente la política reprivatizadora y transnacionalizadora, porque nos parece que es una entrega de poder económico a los grupos oligárquicos del país y a las transnacionales extranjeras.

El primer argumento del gobierno es completamente falso y cae por sí mismo, necesitamos invertir, acaba de decir aquí el diputado Cavazos, esos activos excedentes en cuestiones que la sociedad está reclamando, y mencionó entre ellos servicios, hospitales.

Por otro lado, el Secretario de Hacienda y Crédito Público dijo en la comparecencia, estando de acuerdo con el diputado Ciro Mayén, que hizo un cuestionamiento a este respecto, que sería una equivocación utilizar recursos de una sola vez para invertirlos allí donde se va a seguir necesitando gasto; los servicios, los hospitales una vez construidos requieren de un gasto permanente, de donde se sigue con esa idea la venta de esos activos que el Secretario de Hacienda y Crédito Público considera excedentes, no pueden servir con ese criterio para la inversión en servicios, entre ellos médicos, escolares, etcétera, porque una vez abiertos esos hospitales, esas escuelas, se requiere mantener un gasto efectivo en esas instalaciones.

Se cae, repito, por sí mismo, el argumento del señor Aspe, no es que el gobierno en este momento requiera urgentemente de 6 billones de pesos, que es lo que podría obtener en un período de aproximadamente dos años, de la venta de esos activos considerados excedentes; no está ahí la urgencia ni la mayor necesidad de un país para tomar una decisión como ésta, hacer una banca productiva, dice el diputado Cavazos.

Este año la banca tiene programado obtener 3 billones de pesos de utilidades netas, o sea, 3 millones de pesos. No es poca esa utilidad. A pesar de que sigue gastando en publicidad alrededor de 500 mil millones de pesos al año, buena parte de la cual va a dar, lo sabemos, a la televisión privada.

Una banca, bajo régimen estatal o régimen mixto, en nuestro país puede modernizarse y ponerse a la altura del momento actual, sobre la base de la aplicación de una política bancaria correcta.

La banca que se nacionalizó en 1982, empezó inmediatamente a tener tropiezos o a no desarrollar toda su potencialidad, porque el gobierno apoyó el proyecto de la creación de una banca paralela; que captó una buena parte de los recursos que antes captaba la banca en manos privadas.

Se trataba de continuar concediendo a los grupos oligárquicos que antes controlaban la banca privada, ahora ubicados en la esfera del mercado de valores, con las casas de bolsa y con todo ese mercado, que lo han manipulado durante años con inmensas ganancias, escandalosas ganancias, que han recibido de carácter específicamente especulativo.

Una banca usurera, es lo que se busca en realidad. Una banca que complemente un sistema financiero, en manos de especuladores profesionales, que no trabajan en pos del desarrollo económico del país, y eso está comprobado. Y los hechos han señalado claramente el sentido con el cual manejan instituciones financieras; es decir, manejan el dinero de otros, para el enriquecimiento a través de la especulación de pequeños, ínfimos grupos manipuladores.

¡Este es el sentido de la reprivatización! ¡No es la necesidad de crear un régimen mixto en el servicio de banca y el crédito, porque entonces la cuestión

se hubiera planteado de otra forma! ¡Se hubiera presentado un proyecto completo de reorganización del sistema bancario y no la oferta de rematar en el mercado las acciones gubernamentales de la banca!

Eso se llama una entrega. ¡Qué barata es la banca, visto esto desde Nueva York por el capital extranjero o por los grupos de sacadólares! ¿Cuánto puede costarles la banca comercial mexicana? En realidad, para las cantidades de dinero que ellos han concentrado, una bagatela. ¡Más todavía, si las operaciones se hacen sobre la base de crédito! ¡Como es lo que ocurrirá al final!

¡Más todavía, si se manipula la venta de esas acciones y se da preferencia a quienes tiene capacidad de...

El Presidente:- Permítame, diputado. Permítame un segundo. Señores que están en el fondo del salón: guarden silencio o desalojen la sala. Adelante, diputado.

El diputado Pablo Gómez Alvarez:- Más todavía, si se da preferencia como tendrá que ser, y ya lo anunció Aspe, a aquellos grupos que, según él le tienen que dar estabilidad y coherencia y que constituyen la dirección, el núcleo fuerte, de los bancos comerciales que van a vender de esa manera.

Son tan pobres los argumentos gubernamentales que luego salta a la vista un argumento que no han dado, pero que han aceptado a través del silencio. Nosotros hemos hablado del establecimiento de los bancos extranjeros a través de sucursales en nuestro país y ha habido silencio, eso es lo que se busca; antes de que las negociaciones en relación con un pacto alrededor de los servicios realmente se lleven a cabo, México a través de su gobierno ofrece el derecho de establecimiento. ¿Ha sido suficientemente pensado, razonado, argumentado, estudiado, el dar derecho de establecimiento a la banca extranjera? O nos va a ocurrir lo mismo con esa política que dejó el arancel promedio mexicano en el 10%, uno de los más bajos del mundo, sin discusión, sin consulta abierta, sin análisis público, sin la concurrencia de quienes tienen que ver con comercio exterior y de las fuerzas políticas.

Aquí hay un problema muy serio, porque un sistema bancario podría establecerse sobre la base, incluso, de concurrencia privada en la ampliación del capital social de los bancos; no se requeriría una venta y un remate de esta naturaleza, no es indispensable, no es forzoso. Confianza dice el gobierno.

Requerimos confianza para promover la inversión ¿Que clase de inversión es la compra de activos considerados excedentes, señores economistas del Partido Revolucionario Institucional? ¿Invertir en cosas ya hechas? De 2 mil o 2 mil 500 millones de dólares, ¿qué porcentaje se ha invertido en cosas ya hechas? El próximo año puede ser mucho más, sobre todo si a través de una operación Swap llevan a cabo sus planes de entregar la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, Sociedad Anónima, al capital usurero japonés; casi generaciones trabajaron en hacer Siderúrgica Lázaro Cárdenas-La Truchas, Sociedad Anónima, como un proyecto nacional, que se consideró muy importante. ¿Dónde está el balance de Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, Sociedad Anónima? ¿Fracasó como proyecto nacional? ¿Debemos entregar al capital japonés, al que le debemos, en una operación Swap? ¿Se prepara ya el señor Aspe?

Lo mismo ocurrirá con el derecho de establecimiento para la banca extranjera, porque no se requiere de un gran capital para abrir un banco, sobre todo si es sucursal de un banco extranjero, es cualquier cantidad para captar ahorro público, establecer una competencia con la banca comercial mexicana, para no hablar de la banca de fomento, y tratar de estabilizar la moneda nacional sobre la base de vincularla estrechamente a las divisas duras, aunque no tengamos maíz para comer y aunque tengamos que seguir comprando gran parte de la leche para nuestra población.

La utilización del ahorro interno es deficiente en México. Dice el señor Aspe que el deficiente es el ahorro interno; pues puede ser que también lo sea, pero ¿de qué nos sirve llegar a esa conclusión si gran parte del ahorro interno de nuestro país no se utiliza en las necesidades productivas? Para eso sirve la banca, señores diputados, justamente para eso; ésa es una de sus principales funciones, la canalización del ahorro interno hacia las actividades productivas que requiere un país.

¿Quiénes van a tomar las decisiones?; el Estado regulará, dice el gobierno, la actividad bancaria. Podrá regular a través de la ley, determinado tipo de parámetro, pero no podrá regular la obligación que debe tener la banca de apoyar proyectos productivos necesarios para el país.

¿Cómo hace un gobierno para obligar a un banquero a que dé determinados créditos a determinadas actividades? Es imposible sencillamente; no hay ley que pueda lograr eso; no hay carta de intención que pueda lograr eso, a pesar de que diga que los recursos de la banca deben servir para el desarrollo del país.

Una vez la banca en manos de quienes estarán al frente de los bancos, ¿cómo hacer valer esa noble intención? Es absurdo pensar que se puede hacer efectiva. Y lo que menos pueden hacer las fuerzas políticas responsables en un país, es ser ingenuas; no tienen autorización social para hacerlo sencillamente.

Entonces, el asunto está suficientemente claro desde ese punto de vista. Es simplemente una reprivatización y una apertura a la inversión extranjera en materia de banca y crédito.

Yo quisiera brevemente, para pasar al final, hacer referencia a una cuestión política que está aquí detrás. Salinas envía a la Cámara un proyecto para reprivatizar, para abrir la concurrencia al capital extranjero en el servicio de banca y crédito, y Acción Nacional se encuentra contra la pared.

¿En qué aspecto?, tiene que apoyar una reprivatización; yo entiendo que esencialmente por razones ideológicas. Y la plataforma que el Partido Acción Nacional elabora para distinguirse del planteamiento de Aspe, va como siempre de más a menos. Primero, servicio público, límites al capital extranjero, regionalización, pero no regionalización del crédito sino de la banca, que son dos cosas distintas, y también atomización del capital social de los bancos. Pero un elemento fundamental, sustituir el texto actual en la Constitución por otro texto que señale esos principios sobre los cuales se tiene que organizar la banca.

Tiempo vendrá que discutiremos la ley reglamentaria. lo que se nos presenta hoy es la democratización de las instituciones de banca y crédito, controladas por particulares.

Otra, las autorizaciones se otorgarán atendiendo los requerimientos de crédito y fomento del ahorro en todos los sectores y regiones. El servicio de banca y crédito será instrumento eficaz para la creación de riqueza en beneficio de la población. Se limitará y reglamentará la participación accionaria de estas instituciones en empresas comerciales e industriales, ¿cuál es el tope? Si se va a poner un tope, el tope puede ser del 50%, un banco puede tener el capital social de un grupo industrial en 50%, en 20%, 30%, ¿cuánto es?, ¿cuánto debe ser el límite para evitar que la banca controle grupos industriales y dé crédito preferente con tasas preferentes? Las tasas se establecen en el mercado, las tasas de interés, y nunca son exactamente iguales para todos los clientes, ningún banco aplica esa política; por lo tanto hay discrecionalidad en alto grado de las instituciones bancarias para decidir todo eso.

Yo, bueno, que después de analizar todo lo que va a pasar en un período ordinario de sesiones se puede meter algo en la Constitución, yo creo que hay un elemento aquí común, es lo que ha operado, que es la privatización de la banca. Quizá por razones distintas pero a final de cuentas el prurito de que en la banca hay cierto espíritu revanchista también en esto, tiene que volver a ser privada como lo fue antes.

Dice el diputado Cavazos que ésta es una rectificación porque la situación ha cambiado; nunca el gobierno se ha esforzado mucho en explicar en qué ha cambiado la situación, sólo un elemento mencionó, la crisis financiera de 1982, pero la crisis financiera no fue el motivo de la nacionalización de la banca, señores diputados, sino el papel que jugó la banca privada en la crisis financiera, es diferente. Este fue el problema que se planteó entonces y que aquí también defendió el diputado Cavazos. No vendrá nunca otra crisis financiera en este país, ya se acabó para siempre. ¿Es tanto el triunfalismo del grupo en el poder, lo podrán todo a través de una ley reglamentaria, decisiones que se toman todos los días y a todas horas en las grandes instituciones bancarias? Quiero decir una cuestión aquí muy importante; si antes había 50 bancos, hoy hay 18, 19. El gobierno de De la Madrid se encargó de concentrar el capital bancario, de reducir el número de instituciones y van a entregar una banca que tiene menor cantidad de instituciones; o sea han impulsado, mucho más rápidamente que lo hizo el capital privado a través de sus formas, la concentración y centralización del capital bancario.

Todo está puesto ahí para el desarrollo de los monopolios bancarios privados y está tendido completamente el plan para lograr eso, porque ésa es la forma de hacer, dicen, que los dueños del dinero inviertan y que los extranjeros vengan a invertir aquí. Claro, ya vendrá también el tiempo en que los extranjeros se lleven sus regalías allá, porque nadie en el mundo de los negocios es samaritano, todos vienen a buscar una ganancia y hacer que esa ganancia sea permanente y sea sistemática.

Claro, eso no lo acepta el señor Aspe; a veces me da la impresión de que él ve las cosas desde allá, tiene tiempo quizá viéndolas desde allá. Desde luego que el capital extranjero es necesario, pero no la apertura total, casi indiscriminada, al capital extranjero, porque eso es el derecho de establecimiento de todo capital extranjero. Esto tiene que ser estrictamente regulado si se quiere que el país tenga un desarrollo independiente.

Dice el diputado Cavazos, lo acabamos de oír, en la idea ésta de no confundir los medios con los

fines, dice: cambiamos estrategia, pero mantenemos nuestro principio de soberanía. Está muy equivocado. Para ejercer la soberanía se requiere de instrumentos a través de los cuales ésta se pueda ejercer y la ausencia de esos instrumentos no es el reforzamiento de la soberanía, de ninguna manera lo es.

Y no estamos hablando aquí nada más del Estado, sino especialmente de la sociedad, porque no se está planteando la formación de nuevas instituciones de carácter social, con autonomía del Estado, promovidas y ayudadas por el Estado, pero regidas por segmentos y partes de la sociedad. Aquí está nuestro llamado sector social en una lamentable crisis a la cual también el gobierno pone mucho de su parte y fomenta y paga, incluso, porque se haga la crítica con razón y sin ella, de los instrumentos del llamado sector social. Y lo que sigue en la lista es el ejido, y lo sabemos.

Ya no hablarán del Estado gordo, sino del campo improductivo, toda la letanía que perfectamente se les tiene que achacar a los que han gobernado este país y que han hecho posible que el excedente agrario venga a financiar el desarrollo de los industriales y el funcionamiento de las ciudades. Y también, es cierto, a los extranjeros.

Pues este asunto tiene un mar profundo de fondo. ¿Cuál era la prisa?, preguntamos; les preguntamos a los diputados del Partido Acción Nacional. Si compartían la prisa, dijeron que no; pero son las 3.30 horas de la mañana y ya me estoy dando cuenta que en algo compartían esa prisa.

¿De dónde viene esta prisa?, ¿de dónde viene la prisa por la aprobación de este decreto, para extirpar de la Constitución la fracción V del artículo 28? ¿De dónde viene esa prisa?

Tienen, además de ese estilo pernicioso, desde cuando dicen que en un día se va a aprobar aquí algo, tiene que ser ese día, porque si no se puede, entonces empiezan las especulaciones, y qué pueden decir, lo cual es infantil, sencillamente, es propio de políticos menores de edad.

Pero, la prisa de fondo, la que tiene el gobierno para esta sorpresiva propuesta de reprivatización de la banca tiene que ver con los ritmos de la aplicación de un programa económico cuya integridad no es conocida todavía, más que en los más selectos círculos gubernamentales. Esta es la razón.

Y vendrá una cosa tras la otra. Algunos diputados del Partido Revolucionario institucional me decían que no esperaban, por lo menos en este momento, la iniciativa de reprivatización de la banca y algunos otros diputados del Partido Revolucionario Institucional tampoco están esperando otras cosas que el gobierno va a emprender en los próximos meses; cosas que no están en el Plan Nacional de Desarrollo, en ningún discurso de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional en las últimas elecciones, que no están en planes escritos divulgados, puestos mínimamente a discusión o reflexión de otros. Este es el gobierno de cuerpo cerrado más oscuro que ha tenido el país desde la revolución, y yo digo que también desde antes de la Revolución, porque ni los científicos aplicaban su programa de esta manera, y lo podemos ver en muchos autores de la historia de México.

Todo en la oscuridad, todo en círculo cerrado, para la aplicación de un programa elaborado que no es más que la copia de lo que otros han hecho en el extranjero. No hemos visto una sola proposición que no sea tomada de lo que se está haciendo en los países capitalistas desarrollados que están ahora en auge.

Una sola, yo quiero que los priístas nos digan aquí, cuál iniciativa económica de este gobierno no es una copia; sistema fiscal, esta cuestión bancaria, las cuestiones que tienen que ver con los seguros, las fianzas, el factoraje financiero, todo ese desarrollo, las nuevas cosas del mercado de valores, todo lo que están haciendo, lo han hecho ya en otros países y se está aplicando aquí años después, y están copiando como si hubieran agarrado un manual y lo estuvieran sencillamente reproduciendo.

Todavía el gobierno no ha propuesto una sola reforma social, una sola creación de alguna institución en la que la sociedad tome parte y rija. Ahora hablan de adelgazar al Estado, mañana empezarán, seguirán porque ya han hecho bastante de este asunto adelgazando a la sociedad. Lo único que está engordando aquí es el capital financiero, lo único que está engordando es el capital extranjero. No engorda otra cosa más que eso, no va a engordar más que eso.

Y esos pequeños productores y pequeños empresarios que creen que van a seguir la misma suerte que los especuladores del dinero, están muy equivocados, porque la especulación monetaria, porque la oligarquía financiera se puede desarrollar sin que se desarrollen impetuosamente el mercado interno, se mantengan 20 millones en el margen de él y sus productos llegan vendiéndose en pequeña escala, que de pequeños seguirán siendo pequeños y tendrán que pagar la tasa de interés que les pongan los bancos.

El problema está aquí...

Estoy terminando, señor Presidente, por favor.

El proyecto Aspe no tiene ni más horizontes ni más repercusión que una réplica mal hecha, grotesca, en un país que no se lo merece, de un programa de realizaciones hechas ya fuera del país, en otras realidades, con otra economía, con mercados internos muy integrados, muy conquistados, muy desarrollados, cuestión que los regímenes priístas no fueron capaces de conquistar para nuestro país y que para poderlo conquistar hace falta superarlos, eliminar mucho de eso.

El Presidente:- El diputado Rogelio Montemayor, por el Partido Revolucionario Institucional, diputados, la atención y la consideración elemental a los oradores.

El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul):- Señor Presidente, dijo usted que seguía el Partido Acción Nacional.

El Presidente:- En el curso del debate ha habido frecuentemente cambios y ajustes de todo tipo.

El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul):- Me doy por enterado.

El diputado Ismael Yáñez Centeno (desde su curul):- ¿Podría ajustarse a lo dictado por el artículo 109 del reglamento?, porque que yo sepa, en ningún momento ha solicitado usted la prórroga de esta asamblea.

El Presidente: En los términos del artículo 28 del reglamento, esta Presidencia prorroga la asamblea. Empiece el orador.

El diputado Rogelio Montemayor Seguy:- Gracias, señor Presidente; compañeros legisladores: Estamos discutiendo sobre un asunto que sin duda reviste gran importancia para todos, independientemente de que estemos a favor o en contra de la propuesta que está siendo discutida, es una propuesta de una gran trascendencia que ha generado en la sociedad múltiples y variadas opiniones.

Si uno revisa la prensa de los últimos días, se encuentra con que representantes de los sectores empresariales se han manifestado a favor de esta medida; representantes de los trabajadores también en forma mayoritaria se han pronunciado a favor de la medida.

(Desorden.)

El Presidente:- A todos los señores diputados, respetuosamente los exhorto una vez más a escuchar con atención al orador, a todos los señores diputados.

El diputado Rogelio Montemayor Seguy:- Representantes e intelectuales han mostrado una posición mixta, y con las reservas del caso, porque desconozco las metodologías utilizadas, los sondeos de opinión muestran también en el público en general una reacción favorable; los partidos políticos también se han manifestado, unos han dicho no: esta medida representa un retroceso histórico, esta medida significa entreguismo, otros han dicho sí y han mostrado reservas al decir que sí; otros más han dicho no, pero sin embargo han apoyado propuestas de quienes dicen que sí, con reservas.

Aparte del hecho que en sí es grave de que múltiples partidos están planeando posiciones radicalmente distintas a las que los representantes sociales estamos expresando, hecho grave que será tema de otro debate, hay dos puntos que resaltan en esta discusión: la variedad de las posiciones y la pasión, la pasión con que se están definiendo las posiciones y vemos muchos argumentos, argumentos que clasifican, que califican, pero pocos argumentos que aclaren, que expliquen.

Creo que nuestra responsabilidad no solamente como hombres políticos sino como representantes populares, es también orientar, explicar, ello requiere que nos hagamos algunas preguntas, la primera y la más obvia, frente a este tema que estamos discutiendo, frente a esta iniciativa cuyo dictamen está a discusión y, en su caso, aprobación por esta asamblea, que nos preguntemos qué propone y qué significa la propuesta y, una segunda pregunta también obligada, es que exploremos y debatamos sus razones.

¿Qué propone la iniciativa? Propone esencialmente la eliminación del párrafo quinto del artículo 28 de la Constitución y si ustedes me lo permiten lo voy a leer, dice: "Se exceptúa también de lo previsto en la primera parte del primer párrafo de este artículo, la prestación del servicio público de banca y crédito, este servicio será prestado exclusivamente por el Estado a través de instituciones, en los términos que establezca la correspondiente ley reglamentaria, la que también determinará las garantías que protejan los intereses del público y el funcionamiento de aquellas en apoyo de las políticas del desarrollo nacional. El servicio público de banca y crédito no será objeto de concesión a particulares".

Bien, si la propuesta, la iniciativa propone la eliminación de este párrafo al que acabo de dar

lectura, ¿qué significa?, ¿qué consecuencia tendría la eliminación de este párrafo?

Hay una primera que es evidente, obvia y sería que al eliminar este párrafo que establece a la banca como un servicio exclusivo del Estado, en consecuencia se estaría eliminando la exclusividad en la prestación del servicio, es decir, la iniciativa lo que busca es establecer un régimen mixto de banca y crédito; significa también, dado que estaríamos eliminando una excepción del artículo 28 que expresamente prohibe los monopolios, entonces la eliminación de esta excepción significa que de ser aprobada esta iniciativa, el servicio de banca y crédito no podrá, bajo ninguna circunstancia, ser monopolio ni público ni de los particulares.

Pero hay un significado adicional: la propuesta significa que no se está disminuyendo, por un lado la responsabilidad de la rectoría económica que la Constitución le asigna al Estado y tampoco se está disminuyendo la capacidad de éste para cumplir con tal responsabilidad y vamos a ver por qué:

En cuanto a la responsabilidad económica, es claro que si está definida en otros artículos de la Constitución: el 25, el 27 y 28, el propio 3o. constitucional, es claro que si la iniciativa no está tocando esos artículos, en consecuencia, no disminuye en forma absoluta la responsabilidad del Estado como rector del desarrollo nacional y tampoco disminuye la capacidad del Estado para cumplir esta obligación, porque, veamos de qué depende la capacidad del gobierno de cumplir este papel rector.

Depende, en primera instancia, del marco de atribuciones que las leyes le establezcan, en claro que en la propuesta no se está tocando ninguna de las atribuciones económicas del Estado.

En segundo lugar, depende de su capacidad de regulación, de su capacidad de fomento y es claro también que no se está afectando de ninguna manera y no se afectará la capacidad regulatoria y de fomento como consecuencia de la aprobación de la iniciativa, pero aún más y ya en el campo específico de los servicios de banca y crédito, en la medida en que los órganos y los instrumentos de acción y de control sobre la operación del sistema bancario nacional como son la propia Secretaría de Hacienda, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y otros, no se afectan por la propuesta, en consecuencia, tampoco estaríamos afectando la capacidad de rectoría estatal en este campo.

Un elemento adicional: la propuesta implica mantener la propiedad de la banca de desarrollo, que es uno de los instrumentos más importantes de la acción financiera del Estado, dado que propone mantenerlos como propiedad estatal.

Finalmente, en el ámbito de la banca comercial, de la banca múltiple, la iniciativa propone, o mas bien permite dejar abierta la posibilidad al Estado de participar o no en la propiedad de estas instituciones, cabría preguntar en este último punto qué es más efectivo como instrumento de rectoría, si las atribuciones regulatorias o la propiedad directa de los bancos; en este momento dejo en suspenso la pregunta y voy a regresar sobre este punto más adelante.

Sin embargo, es claro de los elementos que he señalado que no se afecta ni la responsabilidad de rectoría ni la capacidad para cumplir con esta responsabilidad por parte del Estado. A lo que me he referido son los hechos que han sido cuestionados, que han sido apoyados en estos días y que han tenido múltiples reacciones frente a ellos.

Para ubicar nuestra posición, como militante del Partido Revolucionario Institucional, quiero pasar ahora a la segunda pregunta, las razones de la medida y el por qué de la misma, quisiera en este punto hacer una primera consideración ya que señalaba el diputado Cavazos, de que no estamos frente a una medida aislada ni interna ni externamente. En lo interno, es claro que en nuestro país está en marcha un proceso de cambio profundo, amplio; se puede estar o no de acuerdo con él, pero lo que es innegable es que estamos viviendo profundas transformaciones y en esta medida, la iniciativa objeto de nuestra discusión del día de hoy es parte de este proceso de cambio, es consecuente con esta estrategia, pero este proceso de cambio no se está dando sólo en México, se está dando en todo el mundo, múltiples países con sistemas políticos y económicos distintos están viviendo procesos similares, múltiples sociedades y gobiernos se están enfrentando a una problemática determinada y están buscando dar nuevas respuestas.

Me parece que ante esta evidencia, donde sociedades y gobiernos están en movimiento, en búsqueda de nuevas respuestas, en búsqueda de nuevas soluciones, no es posible, no es serio asumir posiciones calificatorias como las que ciertas posiciones aquí han asumido; calificar de entreguista, de retroceso, etcétera no nos ayuda a entender el problema y menos a precisar si la solución propuesta es adecuada o no.

El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul):- Ahorita se lo voy a demostrar.

El diputado Rogelio Montemayor Seguy:- Señor diputado Ortíz Mendoza, tenemos que asumir la realidad.

El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul):- Se lo voy a demostrar.

El diputado Rogelio Montemayor Seguy:- Tenemos que aprender de ella, tenemos que intentar entenderla para poder transformarla, negar la realidad, negar que el mundo está cambiando, negar las lecciones de la experiencia sólo conducen a aferrarnos al pasado, pero con ánimos de buscar en él fuerza para enfrentar el futuro, sino por temor, por miedo al presente y al futuro y cuando uno se aferra al pasado como refugio o como excusa, se pierde la capacidad de transformar la realidad, que es la esencia de la actividad política y una política sin capacidad de transformación no merece tal nombre, a lo más sería una mala demagogia.

El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul):- Muy pocos te aplauden, Montemayor.

(Voces.)

El diputado Rogelio Montemayor Seguy:- Ahora bien, ¿qué nos dice la realidad?, ¿qué está pasando?, ¿qué están exigiendo a las sociedades?, ¿qué está exigiendo a los gobiernos a lo largo y ancho del mundo? Nuevas respuestas y nuevas soluciones; no voy a entrar en un análisis exhaustivo de toda la experiencia internacional.

El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul):- Incapacidad.

El diputado Rogelio Montemayor Seguy:- Me sobra, señor ingeniero.

Solamente quiero señalar algunos aspectos que considero importantes para hacernos explicar...

El Diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul):- Tiene tiempo.

El diputado Rogelio Montemayor Seguy:- Un primer elemento que caracteriza la escena internacional, es el hecho de que hay un creciente número de actores en la escena internacional, no solamente es el hecho de que ya no es uno o dos países los que dominan la escena internacional, sino que hay muchos nuevos actores: están las empresas, los grupos como ecologistas o pro-desarme, la opinión pública, los medios de información, en síntesis, una multiplicidad de actores.

El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul):- ¿Multici qué?

El diputado Rogelio Montemayor Seguy:- Múltiples actores, señor ingeniero.

Otro elemento que caracteriza también el contexto internacional es el hecho que se ha denominado como la globalización de los mercados; tenemos que han surgido centros de producción, empresas de carácter multinacional que están viendo al mundo como una unidad, que están tomando decisiones de todo tipo, al margen y por encima de las soberanías nacionales, que tienen una lógica distinta y que rebasa el ámbito del concepto de la soberanía nacional.

Tenemos también otra característica nacional y es el hecho de que sin duda la economía mundial tiene un menor crecimiento de lo que fue posible en décadas anteriores y junto a ese menor crecimiento general tenemos una mayor competencia por los mercados y tenemos la aparición y formación de bloques con características nuevas, tenemos un proceso de cambios tecnológicos que están alterando formas de producción, modos de vida, incluso patrones culturales, hay cambios en las relaciones tradicionales que se observaban en la economía internacional, una relación que fue muy estable entre la demanda de materias primas y sus precios y las tasas de crecimiento de la economía mundial se ha roto, ya no se sostiene esta relación y creo que en México hemos vivido amargamente esta experiencia con el caso concreto del petróleo; las relaciones que existían entre el crecimiento económico y el empleo industrial también se ha diluido, el crecimiento al empleo se está generando en otras áreas.

Yo quisiera solicitar a la asamblea, dado que me han pasado el anuncio de que mi tiempo se está agotando y todavía me falta, si me permite que continúe.

El Presidente:- Permítame, diputado Montemayor, para introducir orden.

El orador ha solicitado a la asamblea autorización expresa; la Presidencia, efectivamente consulta a la asamblea si le da autorización expresa para continuar en el uso de la palabra.

(Voces.)

Adelante, diputado.

El diputado Rogelio Montemayor Seguy:- Hay un aspecto adicional en donde también se ha generado un cambio muy importante: en el pasado, en el comercio internacional predominaban los intercambios de mercancías y servicios, ahora el volumen de transacciones que se da en los mercados financieros en uno o dos días puede superar el volumen de transacciones que se observa en todo un año, de bienes y servicios en la economía internacional.

Es evidente que todos estos cambios tienen implicaciones, la primera implicación es que no podemos aislarnos, no podemos ignorar estos cambios ni negarlos, debemos intentar entenderlos para poder aprovechar la dinámica y las oportunidades que estos cambios generan en beneficio de México y es claro que estos cambios plantean a nuestro país la urgencia de dar una respuesta muy importante en términos de productividad, en términos de eficiencia y de flexibilidad para poder enfrentar la competencia y para poder resolver nuestras necesidades internas; elevar la productividad nos exige muchas cosas, nos exige que revisemos la regulación porque es necesario desatar la creatividad y el potencial que la sociedad encierra.

Necesitamos generar mayores niveles de competencia para asegurarnos que el uso de los recursos tenga el menor desperdicio posible y en el ámbito del sector público nos exige revisar su papel y sus formas de intervención en la economía, porque es claro que en este esfuerzo de productividad, en este esfuerzo de eficiencia del sector público, parte importante de la economía no puede quedarse al margen.

Entonces, si tenemos que revisar el papel del Estado en la economía, vale la pena que nos preguntemos ¿qué significa ésto?, ¿que significa la rectoría del Estado? ¿qué se propone y cuáles son sus medios? El significado es claro: rectoría del Estado significa conducir, orientar, ordenar el desarrollo nacional, armonizar las decisiones de los diferente agentes económicos en aras de una serie de objetivos, ¿cuáles son estos objetivos? Están claramente plasmados en el artículo 25 de la Constitución, que define los objetivos en términos de soberanía, de democracia, de justicia, de libertad.

Y para lograr esos objetivos ¿con qué instrumentos dotó la Constitución al Estado? En general lo ha dotado con dos grandes tipos de instrumentos: la intervención directa, que es el gasto público y las empresas públicas y la regularización y el fomento y todo el ámbito de las políticas de desarrollo.

Ahora bien, cuando hablamos de revisar el papel del Estado, ¿de qué estamos hablando? Ciertamente no estamos hablando de revisar los objetivos, estamos hablando de revisar sus instrumentos, de revisar sus funciones, por una razón muy simple: por que la realidad ha cambiado y, ¿qué es lo que a cambiado de la realidad? En lo internacional, ya lo dijimos, en lo interno también, hemos tenido grandes cambios en la economía y en la sociedad, hemos vivido una profunda crisis que ha significado acumulación de rezagos sociales, pero que también ha significado acumulación de experiencias y de enseñanzas.

La crisis nos ha enseñado que no se puede distribuir más allá de lo que se produce, nos ha enseñado que un empleo, para ser permanente tiene que ser productivo, nos ha enseñado que la inflación afecta más a los que menos tienen y que con una gran facilidad quita lo que la generosidad de algún momento otorgó; también nos ha enseñado que la iniciativa individual no está reñida necesariamente con el interés colectivo, si somos capaces de diseñar políticas fiscales y de gasto adecuadas.

La crisis nos ha enseñado que la empresa pública, siendo pública sigue siendo empresa y que no puede ni debe quitarle a la sociedad más de lo que le da a la sociedad en los bienes y servicios que produce; nos ha enseñado que la economía mixta, con todas sus imperfecciones y parafraseando a una gran estadista, es preferible que cualquiera de las dos opciones; hemos aprendido que la realidad se impone y que no puede ser ignorada en aras de voluntarismos.

Se ha cuestionado aquí que hace ocho años se propuso y se instrumentó una decisión, que es la que ahora de revierte y se cuestiona ¿por qué hemos cambiado ? Se ha cambiado porque hemos aprendido, y creo que hacemos bien al reconocer estas enseñanzas de la realidad y actuar en consecuencia.

Una consideración final: la propuesta, en síntesis nos plantea una pregunta básica: ¿debe seguir siendo la banca una función exclusiva del Estado o no? Me parece que la respuesta tiene que partir de un análisis que nos permita determinar que es lo mejor para la sociedad en el momento presente y podemos plantear esta pregunta en términos de ¿qué es mejor?, ¿el mercado o la intervención del Estado?

Es claro que la respuesta a esta pregunta no es absoluta y no es absoluta porque la acción pública no se da en el vacío, se da en una realidad que busca transformar, en consecuencia, hay momentos en que en la intervención del Estado la acción de la ley es lo mejor, un ejemplo de ello es la expropiación petrolera; otro ejemplo de ello es la respuesta pública a un problema como el de la contaminación de la ciudad de México, que no puede ser resuelto por otro medio más que por la acción directa del Estado.

Hay una frase célebre que refleja la problemática, que dice: "Entre el fuerte y el débil, es la ley la que protege, la libertad es la que oprime", pero sin embargo, hay otros momentos en que el

Estado debe recordar que no es su función básica ser productor y ello no en función a posturas entreguistas ni de retroceso, sino en aras de promover los mejores intereses de la nación.

¿Por qué a veces sí y por qué a veces no?, reitero, la acción pública no se da en el vacío, se da en una realidad y ¿y qué es lo que nos dice la realidad actual? La realidad actual nos dice que hay grandes rezagos y nos dice que el mundo está cambiando muy rápidamente y que tenemos que actuar en consecuencia si queremos conservarnos como naciones, como nación soberana.

Ambos elementos de esta realidad le está exigiendo al Estado concentrarse en atender las demandas de bienestar, en crear las condiciones para que haya mejores niveles de bienestar; le está exigiendo al Estado también concentrarse en el largo plazo. En un mundo en transformación, el Estado, en la medida que deje de estar preocupado por cuestiones de rentabilidad debe cuestionarse sobre el porvenir a largo plazo para poder ejercer su función rectora con eficacia; la política no debe limitarse a la táctica y a la maniobra, ni al corto plazo y, finalmente, porque ahora se a preguntado aquí, ¿por qué ahora?, ahora por dos razones: porque la economía está en proceso de consolidación y porque la banca está en buenas condiciones y quiero reiterarles que no hay prisa, hay voluntad de acción, hay voluntad de enfrentar nuestros problemas, porque eso es lo que está exigiendo el pueblo de México y ése es nuestro compromiso. Muchas gracias.

(Aplausos.)

El Presidente:- En el uso de la palabra el señor coordinador del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, diputado Francisco Ortíz Mendoza.

El diputado Francisco Ortíz Mendoza:- Señor Presidente; honorable asamblea: la realidad es que no tenía tema para hoy, pero me lo acaba de dar el diputado Cavazos o Montemayor, son lo mismo, los dos son los ojos y orejas del Ejecutivo en el Palacio Legislativo.

¡Qué fácil es luchar así, diputado Montemayor!, la tiene toda ganada, y vamos al debate libre y abierto, si lo tiene ya ganado, ¿a quién va a convencer?; aunque nada convenza ya tiene el voto del Partido Acción Nacional en la bolsa, ¿qué objeto tiene el debate?; ¿de qué sirve que argumentemos horas y horas si el negocio está en la bolsa?, me gustaría verlo a usted en igualdad de circunstancias y convencer, a ver si era posible; pero teniendo los votos forzados de sus compañeros y teniendo los votos del Partido Acción Nacional, es muy fácil ser audaz. Pero le voy a contestar sus preguntas, con mucho gusto.

Dice que no tenemos argumentos a proposiciones, y como al Partido Popular Socialista le gusta siempre manejar cartas abiertas, voy a decir lo que pasó hace cuatro horas en el despacho de la Presidencia. Fuimos con proposiciones, ustedes proponen que desaparezca la fracción V y que desaparezca el Estado como rector y como manejador de la banca.

(Desorden.)

¿Cómo?, ¿Qué no desaparezca el V ?, ¿o qué? Eso proponen. El Partido Popular Socialista, el Partido de la Revolución Democrática y el Grupo Parlamentario Independiente nos presentamos, a petición nuestra y aceptación del Presidente de la Cámara, para irle a hacer una proposición.

Previamente el Partido Popular Socialista había platicado con muchos del Partido Revolucionario Institucional, por fortuna, muy valiosos elementos y recogimos sus juicios y los divulgamos en un boletín de prensa, y planteamos...

(Voces.)

Nombres. eso quisieran para que les cortaran la cabeza. (Aplausos.)

Y recogimos sus opiniones valiosas y encontramos una solución que era la de ellos: que se sustituyera la fracción V por una cuestión muy sencilla, que hubiera el compromiso en la Constitución que la banca fuera un servicio público; que fijaran en el punto quinto que sus funciones, fueron todas las que dijo el licenciado Montemayor, desarrollar las fuerzas productivas del país, con independencia; que se fortaleciera y ampliara el capital nacional, sector privado, señor Montemayor, y que se evitara, nada más, que el capital extranjero controlara o dirigiera este capital nacional.

¿Dónde está la exageración del Partido Popular Socialista? ¿Dónde está el no ver la realidad? Eso es patriótico, democrático y revolucionario, y que lo piden diputados del Partido Revolucionario Institucional, y que nosotros, los grupos democráticos, lo aceptamos.

Cuando fuimos con el licenciado Jiménez Morales, le hicimos la propuesta, y le dijimos: se pone eso, en lugar del que ustedes quitan y el voto es a favor; el diputado Jiménez Morales nos dijo: ¿en todo?, en todo, le dijimos. Hubo una confusión ahí, y la precisamos: él dijo: ¿en todo?, y nosotros dijimos en todo y él dijo: vamos a verlo.

Nada más que nosotros tuvimos un error, porque decíamos en todo en la parte, en el voto particular y él entendido que era en todo el voto, en lo general y en lo particular. Y con esa idea se fue.

Cuando salieron las dos aves negras: Montemayor y Cavazos, dijimos: ya no se hizo nada, y así fue. Todavía más, después de largas discusiones, durante varias horas, discutimos el Partido de la Revolución Democrática, el Grupo Parlamentario Independiente y el Partido Popular Socialista, porque la proposición de Jiménez Morales consideramos que salvaba el problema, y les mandamos el mensaje, nada más que quiero precisar, estábamos en diferentes toriles, en un toril estaba con el Partido Acción Nacional y en otro toril estaba con nosotros. Y es justo, pues era la mayoría, tiene que estar buscando la votación.

Y en un momento dado dijimos: de acuerdo, votamos todo a favor, pero negocien con las fuerzas democráticas y no con la derecha; pero no sé si le llegó el mensaje a Jiménez Morales, pero lo que sí sé es que dijeron: no aceptamos, y media hora después firmaba el Partido Acción Nacional. Negocio. ¿Quien presionó?, yo ya sé quien presionó.

(Voces.)

Montemayor y Cavazos. Entonces sí había propuestas, diputado Montemayor y muy claras. Si ustedes hubieran aceptado negociar con las fuerzas democráticas, el debate sería otro, pero se fueron con la derecha, mejor. Pero que quede claro, y sabemos bien que muchos diputados del Partido Revolucionario Institucional no está de acuerdo y muchos del Partido Acción Nacional tampoco están de acuerdo que su coordinador diga una cosa en una reunión y diga otra en otra, no están de acuerdo tampoco. Y por desgracia en nuestro boletín dijimos que había en el Partido Acción Nacional diputados democráticos y patrióticos que no estaban dispuestos a aceptar esto, pues fallé. ¿Para qué los quieren?, para degollarlos; entonces sí tenemos argumentos, pero todavía vamos por más.

Al Partido Popular Socialista es al único que no le pueden acusar de que vea al pasado. Montemayor nos acusa, que vemos al pasado. Si algún partido ha propuesto cosas del futuro ha sido siempre el Partido Popular Socialista e inicialmente su ideólogo, Vicente Lombardo Toledano, y ahora ya vamos a lo que quiere Montemayor, con mucho gusto.

Dice él que las teorías modernas: tecnología, la globalización; la coincidencia de ideas generales son modernas; son de 1870, señor. La teoría de la globalización la empezaron a desarrollar en 1860, pero todo por encima de la soberanía, como la convergencia por encima de las clases, ése es el debate. Y dice: ¿por qué países modernos están nacionalizando, Francia, España, Portugal? por una razón simple, y usted lo sabe mucho mejor porque era economista, para que haya fluidez financiera, para la integración de Europa, por eso lo están haciendo y por eso quieren que lo hagamos nosotros para integración con Estados Unidos de América.

Por eso lo quieren para la Rueda de Montevideo. No es modernización, son conveniencias. Si usted ve el propio modelo que nos ponen, como Corea del Sur, planteó nacionalizar la banca para que quisiera poder hacer lo que ustedes quieren y lo hizo, para poder desarrollar las maquiladoras. No es cierto que sea la modernidad. Ahorita les voy a mostrar lo que es la modernidad, y los voy a poner alerta para ver si como es patriota que dice, lo hace, al ratito se lo digo.

Pero vamos hacer un poquito de historia, tengo tiempo, lo han otorgado, ¿por qué no yo? Voy a hacer un poquito de historia en aras de los limpios diputados con los que hemos estado hablando del Partido Revolucionario Institucional, que hablamos todos estos días con ellos.

Uno de los problemas más grandes que tienen los pueblos en desarrollo, es uno, un problema muy grande y eso lo saben los economistas: crear su capital nacional; si no crean su capital nacional, en manos de mexicanos en nuestro caso, no logran la independencia ni el desarrollo y sólo se logra de una manera en todos los países históricamente: con el trabajo productivo y con el ahorro, nada más. No hay otra posibilidad de capitalizar; trabajo productivo y ahorro, ¿no es cierto, señor Montemayor?, ¿o hay otra? Nada más hay ésa.

En consecuencia, si no desarrollamos nuestro producto, lo que ustedes llaman productividad también pero con justa distribución, y no buscamos la manera de capitalizar ahorrando, no crecemos con independencia. Y esto lo planteó Lombardo Toledano desde hace mucho tiempo e insistió en eso.

Por eso en México, los mexicanos revolucionarios plantearon ese camino, pero ahora no, y es en todos los países del mundo, Estados Unidos de América también, Inglaterra, todos ésos, se los pongo como modelo, eso hicieron: la productividad y el ahorro, y para lograrlo tuvieron que tomar medidas proteccionistas, para evitar que vinieran "manotas" de afuera y se llevaran el producto del trabajo.

Si hubo alguien protector de su propio desarrollo, fue Estados Unidos de América y ustedes lo saben. Cuando los colonos que llegaron de Inglaterra, no los soldados españoles que llegaran para acá que era otra cosa, los que iban de la revolución industrial que llegaron a Estados Unidos de América, se protegieron en extremo para evitar que les llevaran sus utilidades. Inglaterra, la defensora de la libertad de los mares ahora o después, fue cerradamente proteccionista, hasta que se fortaleció, hasta que tuvo capital hasta que tuvo industria, y ya que estuvo poderosa, eso es elemental y no es pegarse al pasado ni ideas rancias, es la realidad, cuando estuvieron fuertes, cuando tuvieron dinero suficiente y ya no tenían que invertir o querían negociar afuera, sustituyeron el dominar a los países militarmente por el lado de la economía y del dinero, y entonces nos empezaron a exigir a nosotros: ábranse, no sean nacionalistas, no sean antiguos, rancios, la teoría de Montemayor, abran las puertas, hombre.

Por eso se los llevan a Estados Unidos de América, los preparan, los educan y luego nos los mandan, para que abramos acá las puertas.

(Aplausos.)

Pero en México tenemos experiencias. Estudie la historia de México, no de Estados Unidos de América; lea los discursos de los revolucionarios de 1910 de 1917, en la Constitución.

Aquí en la Cámara por iniciativa de la XLVI Legislatura, aquí hay varios que estuvimos en la XLVI Legislatura, hicimos aquel libro magnífico que ojalá hiciéramos una nueva edición, los derechos del pueblo mexicano. Léalo usted verá ahí y cómo todos los revolucionarios siguieron este camino, no fue por ideas sectarias de ninguna parte.

La burguesía mexicana cuando la revolución, como siempre los burgueses o los ricos o enterraron su dinero en los patios o se fueron de México mientras los mexicanos se agarraban aquí, y cuando terminó la revolución todo estaba destruido; eso lo hemos dicho mil veces y no fue capricho de nadie, y el Estado por necesidad, puesto que no había recursos, se puso a construir carreteras y presas, y por eso un magnífico paso en el campo de la banca en lo que nos toca, hizo en el Banco de México, perfecto. ¿por qué? Por que empezó el Estado a buscar caminos par esos objetivos, trabajo y capital, y luego vinieron muchos bancos, ¿para qué hacemos tanto recuerdo? Pero el Estado, y claro también los bancos privados, el viejo Banco Nacional de México, el viejo Banco de Londres y México también se desarrollaron, pero el Estado empezó a desarrollar la banca, a desarrollar las fuerzas productivas y no fueron los Montemayor los que lo hicieron.

Lombardo Toledano en 1933 plantea todo lo que debe ser el México del futuro, no habló del pasado, del futuro, y ahí planteó la expropiación de la industria petrolera, en 1933, no en 1938, y Lombardo Toledano fue el que dirigió la huelga de los petroleros y fue la estrategia de la nacionalización del petróleo, no fue nadie más, fue Lombardo Toledano con estas teorías y ahí empezó el desarrollo de las fuerzas productivas. (Aplausos.)

Y cuando terminó la guerra, Lombardo Toledano, a nombre de la Confederación de Trabajadores de México, le recomiendo que lo lea y verá como sí se aprende un poco, léalo usted; en 1944 en Bellas Artes, a nombre, y escúchelo bien, de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares a la que usted pertenece, de la Confederación Nacional Campesina a la que pertenece Augusto Gómez Villanueva y de la Confederación de Trabajadores de México que dirige el compañero Juan José Osorio, a nombre de los tres, Lombardo Toledano presentó un nuevo programa del sector revolucionario de México, y ahí explicó a los empresarios, a los obreros, a todos: señores, terminó la guerra o va a terminar la guerra, el imperialismo históricamente sale derrotado, pero Estados Unidos de América sale poderoso, y todos ustedes, industriales, Domingo Lavín, todos los viejos industriales les dijo, ustedes hicieron industria, eran ensambladores, empaquetadores, pero con la guerra Estados Unidos de América paró su producción industrial doméstica y se dedicó a la producción industrial bélica; abandonó lo domestico y ustedes se pudieron convertir en industriales, y tuvieron el mercado de América Latina y de México, casi limpio.

Pero terminando la guerra, se va a parar la industria bélica y se va a desbordar el imperialismo en toda América y si no nos protegemos, nos quitan sus industrias.

Y por eso Lombardo propuso el pacto obrero-industrial. Fue Lombardo el que les propuso a los industriales, no que se acabara la lucha de clases, que protegiéramos a los industriales mexicanos, de la voracidad de los que venían de afuera, y aquellos industriales, sí lo entendieron. pero lamentablemente llegó Miguel Alemán a la Presidencia; el cachorro, era cachorro y lo calificó Lombardo Toledano como el cachorro; pero le salieron garras al cachorro.

Y entonces cambió el rumbo, porque el plan que presentó Lombardo Toledano, era desarrollar la agricultura, fundamentalmente una industria nacional, no acumulación de fábricas, sino un desarrollo, ahí léanlo en el plan, desarrollo armónico de la agricultura, de la industria, de la educación. Todo eso desarrollaba ahí, y lo explicó.

Nosotros nunca hemos sido enemigos de las inversiones extranjeras; pero con norma, señores, no de regalo, con normas. Y le voy a decir para que las sepa:

De 1944, primer lugar: Que inviertan en lugares donde no esté el capital mexicano. ¿Está bien o mal?

(Desde una curul):- Está bien.

Que se limiten sus utilidades y reinviertan en México. ¿Está bien o mal?

(Desde una curul):- Bien.

Que desarrollen la tecnología de México y que no vengan técnicos que duren toda la vida y nos saqueen. ¿Está bien o mal?

(Desde una curul):- Bien.

Pues ahí está, ¿por qué no fueron lombardistas?

Y eso fue en 1944; no estamos inventando el hilo negro.

Y planteó Lombardo Toledano ahí, la nacionalización de la industria eléctrica, la nacionalización de los bosques, todo un programa de nacionalización y ¿Por qué? Porque dijo una cosa muy simple: el sector privado mexicano, el capital mexicano todavía es débil y no se puede enfrentar al capital extranjero. La única manera en que podemos defender la industria nacional, es que el Estado se alíe con el capital nacional y la clase obrera y los fortalezca a ambos. Por eso es la alianza, compañeros, de la clase obrera, por eso es la alianza, desde entonces, para fortalecer a la economía nacional. Y no había más camino.

Y desgraciadamente Miguel Alemán sacó la teoría modernísima que ahora nos saca a cabo este Montemayor, que no se puede repartir lo que no se produce, la teoría de Miguel Alemán. Primero hay que producir para poder repartir. ¿Y por qué no las dos cosas al mismo tiempo: producir y repartir? Porque con ese pretexto a acumular riqueza y a no repartirla. Y entonces se la daban todos al capital extranjero.

¿Y qué pasó? Cayó en manos del capital extranjero, por debilidad de Miguel Alemán, la industria hulera, porque tenemos industria mexicana, ¿dónde está ahora? Desapareció. Los laboratorios químico-farmaceúticos mexicanos ¿dónde están ahora? Desaparecieron. Todo, la industria textil, la industria de todo carácter, era nacional y claro, pues no pudieron resistir.

Y le voy a decir a usted una cosa que me dijo un industrial del Partido Revolucionario Institucional. Nos dice: nosotros entendemos su proposición de nacionalizar la banca, sabemos que ustedes no quieren. Y sépalo usted, lea las obras de Lombardo Toledano. Lombardo Toledano nunca dijo que la banca, los edificios, las máquinas, fueran del Estado. Nunca lo dijo, nunca lo planteó. Nunca dijo que el Estado manejara la banca. Dijo textualmente y si lo sabe, léalo usted en un nuevo capítulo de la Constitución mexicana, propuesto por Lombardo en 1964, dijo: "La nacionalización de la banca consiste en que la banca sirva a la nación, que el dinero que está en los bancos, se entienda que no pertenece a los banqueros, es ahorro de los mexicanos, del trabajo de los mexicanos y consecuentemente nacionalizar la banca consiste en que este dinero se utilice para desarrollar las fuerzas productivas de México, de México con independencia y que se fortalezca el capital nacional", lo mismo que proponen ahora los del Partido Revolucionario Institucional, pero que usted no lo aceptó, ésa es la diferencia, eso es nacionalizar la banca y lo propuso Lombardo Toledano hace 50 años; entonces no nos estamos oponiendo, le estoy diciendo a usted que se lo propusimos al Presidente suyo para que votáremos a favor, y Cavazos y Montemayor se opusieron, entonces no nos oponemos nosotros.

Entonces el problema es muy simple, hay un plan completo y gracias a que se siguió la política de nacionalizaciones, México creció y seguramente por eso usted pudo estudiar, usted también como todos los otros, porque la educación en México es gratuita, gracias al desarrollo de la difusión de la riqueza que dan las empresas nacionalizadas y una situación fiscal adecuada; ése es todo el problema, pero no, Estados Unidos de América lo que quiere es que abramos las puertas, que todo se lo entreguemos y no estamos de acuerdo; la tarea de ustedes dos, encabezando otro grupo y por instrucciones directas del Presidente, es que nos ablandemos todos; ablándense ustedes pero no nosotros.

(Voces):--Tiempo.

Y vamos más adelante...¿No tengo tiempo?...

¿Me da tiempo, señor Presidente?

EL Presidente:-- Se consulta a la asamblea si se autoriza a que siga en el uso de la palabra el orador. Creo que está dividida la asamblea, señor.

El diputado Francisco Ortíz Mendoza:- -¿Tengo tiempo?

El Presidente:- Sí, señor.

El diputado Francisco Ortíz Mendoza:- -Ahora les voy a explicar lo que pasa en realidad.

(Desde una curul):--¡No!

¿No, no le gusta, verdad?, se hacen ilusiones, ustedes, creen que el capitalismo ya ganó y que el socialismo ya está bocabajeando, usted es mucho más joven que yo, pero lo va a ver usted con mis compañeros de partido, cinco años le doy de plazo máximo, cinco años y va a ver usted los cambios en el mundo socialista, los va a ver usted; pero se los quiero advertir ahorita para que no se embarque.

Hace mucho tiempo acompañé al maestro Lombardo, con quien tuve la oportunidad extraordinaria de tratar desde que tuve 15 años de edad, lo acompañé a una conferencia, hace mucho tiempo, 1936, tenía yo 15 años, la primera vez que lo oía yo hablar, ojalá y hubiera oído Montemayor, a lo mejor estuviera conmigo. Lo acompañe con los industriales de Monterrey, porque ésos sí eran inteligentes, oían a Lombardo Toledano, le pagaban el transporte, pues Lombardo Toledano, no tenía dinero, lo de los 300 trajes no es cierto, no se lo vaya a creer, le pagaron el transporte, yo lo acompañé y ahí estaban los industriales y el maestro les explicó todo lo que iba a suceder, eso fue en 1950 y lo que venía en el mundo socialista todavía en ascenso, no ahora que está bocabajeando, cuando estaba en ascenso y les explicó lo que era el sistema socialista, etcétera, y les dijo el maestro Lombardo todo lo que estaba sucediendo en el mundo, y le dice uno ya en la sobremesa, un industrial: oiga señor, yo le tengo mucha admiración a usted o como nos dicen a muchos de nosotros, a nuestro nivel, usted a pesar de todo está defendiendo sus principios. ¡Se necesita mucho valor!

Y le dice el maestro Lombardo: No, hombre, usted es el que tiene mucho valor. Yo en contra de todo voy en una cascarita de nuez que va a llegar a puerto. Tenemos perspectiva en el mundo. Pero usted va en un trasatlántico con un boquete de este tamaño, que se va hundir. ! Se necesita mucho valor para ir en un barco que se va hundir! !Y más valor se necesita y además es criminal, educar a sus hijos a que lo manejen, con un futuro que no tienen!

Y este industrial no le hizo caso. Pero fue a Alemania y conoció la Alemania Democrática. Ahora tan bocabajeada, pero van a ver los cambios dentro de poquito. Por eso va a haber problemas en Alemania y por eso va a haber problemas con la Organización de Tratados del Atlántico Norte y con la otra. Van a ver cómo van a cambiar muchas cosas.

Cuando vieron que los deportistas, la cultura, el arte, cómo se desarrollaban. Para los que no han observado, en un país de ese tamaño, de 16 millones de hombres; frente a la República Federal Alemana que son 60 millones. Y la República Democrática Alemana es una zona agrícola, no industrial. La otra Alemania se quedó con toda la zona industrial.

Pues cuando vieron lo que hacía la República Democrática Alemana, vino ese señor y fue a ver al maestro Lombardo. Y le dice: Oiga usted, necesito platicar con usted. Porque efectivamente el mundo va a cambiar. Pero va a cambiar para donde nosotros decimos, no para donde usted cree.

La realidad entonces, ahora se la vamos a plantear. Le voy a explicar a usted si me permite, si me lo permite, porque usted me preguntó, por eso le estoy diciendo a usted. Observe un "detallito" que se le está escapando. Usted nos dijo aquí que la banca se va a vender, y así lo dice Salinas de Gortari, porque se necesita mucho dinero para modernizarla. ¿No es así? Sí-, ¿verdad? Para modernizarla.

Y dijeron, ahí están todos los que usted dice: empresarios que están a favor, se tiene que modernizar para meter computadoras, para meter todo un sistema de intercomunicación, efectivamente, para hacer negociaciones en medio minuto. Entre México y Hong-Kong, y todas partes. Es cierto eso, ¿verdad? No hay dinero para eso.

Entonces, la banca se va a modernizar, perfecto. Pero se le está olvidando un "detallito": que tantito antes nos pidieron que vendiéramos teléfonos. ¿Y teléfonos qué es? La larga distancia. O sea, lo que se necesita para que la banca opere. No nada más son las computadoras, sino lo que comunica a una banca con otra banca. Ese aparatito es lo que necesita el imperialismo. Por eso nos quieren comprar las dos cosas: ¡Teléfonos y la banca!

Pero todo esto requiere un tercer paso más. Es la modernización real. Que no le platiquen. Para eso se necesita tecnología y ciencia. Y ni usted ni ustedes han planteado este problema. El Partido Popular Socialista lo planteó desde 1974, hace 16 años: la necesidad de que se desarrolle la ciencia y la tecnología en este país, intensamente.

Pero me voy más atrás. En el momento del desarrollo industrial, de que le hablaba, se plantearon dos cosas. Y Lombardo Toledano se lo planteo a Cárdenas en 1936: ¡la creación de la educación técnica! Pero, ahí están los discursos, previamente, en 1924, en Ciudad Juárez, el 23 de julio, en la Tercera Conferencia de Educación de

la Confederación Revolucionaria Obrera de México, el maestro Lombardo desarrolló toda la teoría de la educación técnica. Lo que debía hacerse en México para tener independencia, en 1924. En 1936 le planteó la educación técnica y en 1937 surgió el Politécnico.

Eso fue Lombardo Toledano y su partido. Y nosotros, discípulos, viendo todo esto, planteamos nacionalizar teléfonos y desarrollar la ciencia y la tecnología.

¡Trabajo nos costó teléfonos! ¡Hablamos con tres presidentes! ¡A usted no le costó, a nosotros sí! ¡Por eso los defendemos! ¡Tres presidentes! Hasta que Luis Echeverría nos hizo caso y se nacionalizó y está en nuestro poder.

Y ahora ustedes lo quieren vender, para regalárselos y que ellos sí formen toda la estructura: Teléfonos, la banca y que no tengamos tecnología y le voy a demostrar por qué no.

Si siguen como van, que van a tener muchas dificultades, pero si siguen como van no hay posibilidad de desarrollo científico en México. El sector privado mexicano está totalmente penetrado, la enorme mayoría, de capital extranjero y vea usted y lo invito a que me demuestre lo contrario, ¿cuánto gasta en ciencia y tecnología el sector privado? El 4%; el 96% lo hace el Estado, pero bueno, parte se lo lleva la universidad, investigan el número de callos que tiene la pata izquierda de una rata; eso no tiene importancia.

Nosotros demandamos y en 1964 lo planteó Lombardo, la creación de la Academia de Ciencias de México, para desarrollar el Plan Nacional de Producción, propuesto por el Partido Popular Socialista, que sus presidentes lo han venido aplicando.

(Desde un curul)--Tema.

El tema, ése es el tema, ¿porque? Porque en 1946-1964 Lombardo lo planteó, un plan nacional, un capítulo a la Constitución, económico y De la Madrid lo hizo en 1982, pero mutilado, pero lo hizo y desde entonces hay un Plan Nacional de Desarrollo, pero no lo cumplen y no sientan las bases para desarrollarlo.

Si ustedes siguen como van, entregarán la banca, entregarán las telecomunicaciones y entregan la tecnología y no seremos ni una estrella ni una barra de la bandera sino un país asociado, triste país asociado. Esta nos la ganaron, bonito debate, ¿a quién estoy convenciendo? Pues, a los compañeros del partido Popular Socialista, pues, ustedes ya están requeteconvencidos con el Partido Acción Nacional, pero sé bien que me estoy dirigiendo a diputados del Partido Revolucionario Institucional, con los que hablamos todas estas semanas y que estuvieron de acuerdo con nosotros, ustedes y nosotros más temprano que tarde nos vamos a morir, por eso el Partido Popular Socialista no está obcecado ni está caprichoso, simplemente dimos una batalla, la perdimos, pero no estamos históricamente perdidos.

Le extendemos la mano a los diputados del Partido Revolucionario Institucional, con los que hablamos y saben bien con quienes hablamos, con ustedes estoy convencido como revolucionario y participo ante los obreros y los campesinos reales, que están aquí y revolucionarios que están en la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, intelectuales valiosos, que juntos vamos a impedir que se entregue México a Estados Unidos de América.

El Presidente:- En el uso de la palabra, el señor diputado Abel Vicencio Tovar, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Abel Carlos Vicencio Tovar:- -Señoras y señores diputados: En ocasión de un debate como éste, que nos congrega a pesar de que estamos ya en la madrugada y que probablemente no podamos expresar claramente muchas de nuestras ideas, es necesario fijar también claramente, las posiciones y las motivaciones que nos han llevado a anunciar el otorgamiento de nuestro voto en determinado sentido.

Aquí se han manejado y seguirán manejando ideas que fijan posiciones. Vamos a transitar desde una posición de un protagonismo interesante que se queja de mi partido o señala que mi partido va de más a menos y olvida que algunos van de menos a nada.

Y también se llega a las posiciones de un partido que curiosamente es tan leal a sus convicciones, tan profundo en ellas, tan persistente, que lo mismo que le oí yo al diputado Ortíz Mendoza en 1964, ¿se acuerda usted, señor diputado?, exactamente lo mismo está usted diciendo ahora; porque entonces, como muchas veces, la amaba desesperadamente por la unión de las fuerzas democráticas progresistas y revolucionarias con el gobierno. Y tantas veces insistió , que varias veces tuvieron que decirle: "no queremos esa alianza que usted tantas veces nos ha pedido".

Y curiosamente, ahora viene a quejarse exactamente de lo mismo. Estaba en un toril con el

señor Jiménez Morales, haciendo la misma petición que inició allá en la XLVI Legislatura, y está muy enojado porque otra vez le dijeron que no . (Aplausos.)

Creo que sería muy deseable que hubiera cierta evolución en el pensamiento y que fueran encontrando ya otros árboles a donde acogerse y que encontrarán, en las ideas del licenciado Lombardo, proposiciones para ahora no ancladas en un pasado ya un poco rancio. Nos estamos refiriendo, señores, concretamente al problema que tiene este país y que desgraciadamente va a seguir teniendo con los recursos que se generan con el trabajo de los ciudadanos, de los hombres, que en alguna forma se convierten en posibilidades de crédito y que desde hace muchos años no llegan al pueblo que puede producir.

¿Qué es lo que ha pasado? Allá, cuando empieza la banca y queda en manos de franceses y de ingleses, y de unos cuantos elegantes miembros del gobierno mexicano, pronto viene el caos, no para los banqueros por supuesto, sí para un pueblo que del crédito sólo conocía el monte de piedad.

Entonces, fue necesario enfrentar al Estado con su propia responsabilidad, ¿cuál era?, la que se ha reclamado y se sigue reclamando ahora, la rectoría en esta materia tan importante como es la regulación del crédito. Y Manuel Gómez Morín, en 1925, organiza el banco de México, por primera vez, el banco oficial del Estado y toda la estructura de las finanzas nacionales. (Aplausos).

¿De dónde salen entonces aquellas acusaciones de que mi partido está aliado a los banqueros privados y que no quiere la intervención del Estado?, si antes de que muchos de ustedes pudieran hablar de eso, el fundador de mi partido había señalado con toda claridad la obligación del Estado de ser rector en esta materia y es precisamente la diferencia que tenemos con el Partido Revolucionario Institucional y tal vez con otros grupos. Cuando se anuncia lisa y llenamente para alborozo de muchos, que se reforma la Constitución y se retira la fracción V o el párrafo quinto del artículo 28 constitucional, nos lo dijeron varios funcionarios, bueno pues creíamos que el Partido Acción Nacional iba a aplaudir rabiosamente y que se iba a sumar sin más condiciones a la iniciativa y se sorprendieron, porque no fue así, se sorprendieron porque durante muchos días, no en los toriles en que estaba Ortíz Mendoza, sino hablando con la gente en donde ésta se encuentra y hablando con la gente del pueblo y hablando con intelectuales y con mucha gente, fuimos llevando una corriente de opinión para obligar prácticamente a los autores de la iniciativa a aceptar que a pesar de la efervescencia bancaria privada que se demuestra en la exposición de motivos, el Estado a pesar de todo sigue teniendo y debe tener un papel rector principalísimo, ésa es una diferencia esencial con los autores de la iniciativa.

Y cosa curiosa, si leyéramos lo que dijeron los señores del Partido Revolucionario Institucional en 1982, no sé cómo le van hacer o como le van a seguir haciendo para llegar ahora con argumentos tan convincentes, una vuelta de 180 grados lamentable, pero qué bueno que se rectifique, es bueno para la nación, es bueno para el país que los que forman parte de la clase gobernante al fin reconozcan sus errores y vayan rectificando aunque sea poco a poco, puede ser para bien.

¿Porqué, además de otras razones que conocemos en el mercado internacional, por qué da esta vuelta de 180 grados el gobierno mexicano? Hace un momento se decía aquí que era muy buena la alianza del gobierno con los capitales privados y que eso pedían; bueno, pues vino esa alianza que se vino a recomendar aquí por la persona que me antecedió en el uso de la tribuna, se forma una oligarquía poderosa y ¿qué pasa?, el crédito para el pueblo rara vez se dio, hubo un gran enriquecimiento para pocos y sin embargo se dijo: ¿cuál es la solución? Que el señor Estado venga a hacerse cargo de todo y se prometieron algunas cosas, por ejemplo se prometió que habría crédito para todos y aplaudieron rabiosamente y felicitaron al señor Presidente por su patriótica actitud; crédito para todos, si antes de entonces ni siquiera el 20% de las necesidades del campo estaban atendidas, baja totalmente la inversión en el campo y México entra en una terrible crisis alimentaria que nos lleva cerca del hambre definitiva. ¿Crédito para todos?, cuando las pequeñas y medias industrias fueron cerrando poco a poco por falta de crédito precisamente, ¿crédito para todos?, cuando sólo las grandes empresas estatales se llevaban el que había y solamente los grandes señores emparentados con la burocracia dorada tenían crédito y a manos llenas, ¿de dónde sacaron el crédito los señores del Banco Nacional Pesquero y Portuario?, ¿a dónde fueron a dar más de 4 billones de pesos, esto era lo que quería la estatización?, ?así cumplió el Presidente de la República y del partido oficial y el gobierno? Ese fue el crédito para todos. Y se dijo también: vamos a bajar los intereses para que todo el mundo, ahora sí, pueda tener financiamiento.

¿Y que, ya se nos olvidó que precisamente en este lapso que se da después de la estatización, los intereses llegaron a subir hasta el 155% anual? Así se cumplió la promesa presidencial y la iniciativa que muchos de ustedes, señores diputados, aprobaron entonces.

Crecimiento económico se dijo también. Ahora sí, el país va a prosperar, ya el Estado, como dueño de la banca, va a regar los recursos y apoyar las industrias y México va a crecer. Y es el caso que éstos fueron los años de menor crecimiento, como ustedes saben, por lo menos dos de ellos: el aumento en el Producto Interno Bruto fue de menos cero; sí se cumplió.

Naturalmente que razones abundaban para una rectificación que ahora se dio y, sin embargo, tal como lo presenta la iniciativa, un simple retiro del párrafo V del artículo 28, y ahora sí: auge para los banqueros privados sin ningunos principios no es ciertamente la solución.

Yo no sé cuales hayan sido las razones que hayan tenido los autores de la iniciativa, aunque nos han dicho algunas y pueden no justificarse; pero sí explicarse. Y sin embargo, la única forma de evitar que vuelva a ocurrir lo que en alguna forma ocurrió en otro tiempo, es que el Estado, como representante político, como estructura política de la nación, ejerza una rectoría honrada, severa y seria, sobre la formación de estos capitales y el uso de ellos y la regulación del crédito.

Y por eso, precisamente señalamos, desde el principio, la necesidad de ciertos condicionamientos para que funcionara este nuevo intento de mejorar la economía en México. Y así consideramos que es indispensable que en la tenencia y manejo de las acciones haya un mínimo de pluralidad y de democratización para evitar el crecimiento de los grandes monopolios bancarios.

Y así consideramos que era necesario que se establecieran, en todas las formas, garantías para que el crédito generado llegara a todas las regiones del país. Se necesita regionalizar el crédito para que éste llegue a aquellos lugares en donde realmente hace falta y que son fundamentalmente las zonas rurales.

Que es difícil crear una banca regionalizada, nos dicen los banqueros; que cuesta mucho dinero y que pocas instituciones podrían tener la capacidad de crear bancas regionalizadas.

Se puede buscar, que de las mismas bancas nacionales surjan y lleguen los recursos a donde precisamente hacen falta, que es como digo, en los sectores rurales. Se necesitan establecer ciertos principios para que se respete el destino del crédito.

Créditos de complacencia, créditos de compadrazgo, créditos que se dan y que difícilmente se recuperan todos esos créditos que se multiplicaron en la época de la estatización. Tampoco pueden quedar al libre albedrío de mucha gente que por muy privada que sea no es lo suficientemente honrada.

Y así podríamos seguir diciendo. Por ejemplo, propusimos que el capital extranjero fuera complementario del nacional, que se respetaran las prioridades nacionales, que la inversión por este conducto generara empleos, que se reinviertan las utilidades y otras muchas cosas, que si la iniciativa queda como está van a ser simplemente buenas intenciones.

Que vamos de más a menos, Pues posiblemente. Por un lado, el deseo de un gobierno de mantener inmaculadas las decisiones presidenciales, ni un punto, ni una coma, podemos ponerle a la palabra escrita del Presidente de la República. Y ante la posibilidad de que esto se llevara adelante, obtuvimos lo que para nosotros es simplemente un principio que habremos de pelear y se los advierto, no los vamos a dejar en paz.

Hay una serie de principios que son indispensables. No estamos en contra precisamente porque el resultado de la participación del gobierno no puede ser mas desastrosa; yo no he encontrado todavía en los planteamientos de la izquierda cómo va a ser posible que un gobierno, no un gobierno hipotético, sino el gobierno mexicano como es y como se comporta, puedan sacar al país de una crisis con los resultados de estos años de banca estatizada que hemos visto: más pobreza, más desastre en todos los órdenes...

Con mucho gusto.

El Presidente:- Adelante, diputado Ortíz Mendoza.

El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul):- Una pregunta: Cuando usted propuso en la Comisión de Gobernación que en la Constitución quedaran esos puntos, yo le mandé decir a usted que quería hablar; usted me mando decir, ¿cuándo? Posteriormente hablé con Bernardo Bátiz. ¿Por qué si estábamos de acuerdo en que se quitara el párrafo quinto y quedara lo que usted proponía, por qué se echó para atrás?

El diputado Abel Carlos Vicencio Tovar:- No me eché para atrás. No está pero no es culpa mía, es culpa del Partido Revolucionario Institucional. Otra vez, ustedes prefieren la nada, la nada.

(Desorden.)

Es, se repite la historia, compañeros...

El Presidente:- Convoco al orden a la asamblea; les recuerdo que están prohibidos los diálogos personales.

El diputado Abel Carlos Vicencio Tovar:- Pues realmente estoy impresionado con lo que obtuvo Ortíz Mendoza y el Partido de la Revolución Democrática, ése sí fue un triunfo muy grande. Los felicito, señores, los felicito por lo que obtuvieron.

(Desorden.)

Súbanse acá, súbanse acá.

En concreto, señores el Partido Acción Nacional considera...

(Desde una curul):- Están prohibidos los diálogos.

Son gritos, no diálogos. El Partido Acción Nacional considera que el resultado del trabajo del hombre y del pueblo debe llegar a él. Consideramos que el Estado reiteradamente ha demostrado ser mal productor de riqueza, mal distribuidor de ella y mal administrador. A pesar de esto, es indispensable que teniendo la posibilidad de manejar los dineros que están generados en el trabajo de los ciudadanos en México. lleguen a donde se van a necesitar; queremos vigilar y hacer responsable al Estado en contra de la posición de quienes quieren que el Estado deje de participar en esta labor y se irresponsabilice; tenemos que responsabilizar al Estado de que sepa cuidar y administrar los dineros del pueblo.

¿Por qué no dejamos el dinero en manos del Estado? ¿Se les hacen pocos estos años de fracasos, de crisis; se les hace poco lo que ocurrió en estos bancos donde se unió, según lo pide Ortíz Mendoza, el gobierno con los capitales privados creando las peores de las oligarquías que han azotado a este pueblo y que han causado la crisis que nos tienen en esas condiciones?, porque a nosotros no se nos hace poco, porque es necesario aprovechar el trabajo del hombre, porque es necesario cuidar sus frutos y sus resultados, porque tenemos que esforzarnos en llevar el crédito a donde hace falta, por eso votaremos a favor del dictamen, pero seguiremos peleando, en las condiciones del mismo dictamen, lo que hemos venido pidiendo y que vamos a obtener.

(Aplausos.)

El Presidente:- El diputado Pedro Etienne Llano, del Grupo Parlamentario Independiente, hace uso de la palabra en contra del dictamen.

(Desorden.)

Reclamo seriedad y orden de la asamblea y respeto al orador.

El diputado Pedro René Etienne Llano:- Compañeras y compañeros diputados: Después de un largo día de espera para iniciar este debate y a las cinco de la mañana que nos toca el turno para intervenir, es difícil mantener el ejercicio del análisis y de la lógica, pero creo que ante los hechos y sobre todo ante este dictamen, vale más utilizar simplemente el sentido común.

Habría que empezar por señalar con toda claridad que nunca una iniciativa de tanta trascendencia había tenido que ser reforzada con tantos apoyos externos, demostrando que es una iniciativa que no pasa esta prueba del debate por sus propios méritos, por sí misma.

Se ha tenido que recurrir a imponer un debate en condiciones prácticamente difíciles como las que estamos realizando ahorita; se ha acelerado la aprobación coincidiendo con la visita papal, cuando núcleos importantes de la población están atendiendo el desarrollo de esta visita.

Y tal parece que se quiere cubrir con esta coincidencia para poder colar, ante la opinión pública nacional, una iniciativa de esta magnitud.

Quedan dudas fundadas por la forma en que se han acelerado los tiempos de la discusión en la Cámara y por la coincidencia de presentarla durante la visita papal, como si la iniciativa no tuviera fuerza en sí misma.

Sin embargo, lo más grave de esta iniciativa es que nuevamente viene a ser expresión de presidencialismo, y pienso que es grave que el presidencialismo defina el rumbo económico del país; porque cuántas equivocaciones ha tenido que sufrir el pueblo por los excesos del presidencialismo y ahora sobre todo en el terreno económico. Y creo que es fundada esta crítica de que es una expresión de presidencialismo.

Un Presidente nacionaliza la banca en 1982; otro Presidente la privatiza parcialmente en 1983, y ahora otro Presidente privatiza el control de la banca en 1990.

Y nuevamente se vuelve a utilizar el argumento de autoridad; de que son los más conocedores, de que son lo más o mejor informados, pero bastaría ver la situación económica que vive el país, bastaría ver las políticas económicas implantadas en los últimos ocho años, para que este argumento de autoridad cayera por su propio peso. Incluso bastaría recordar hechos recientes, como la famosa Miscelánea Fiscal, para conocer que los expertos,

que los tecnócratas, cuando les falla el sentido común, cometen grandes errores que afectan directamente al pueblo en su situación económica.

Por eso es importante precisar que esta iniciativa no busca privatizar la banca, que esa privatización está en marcha, vigente de hecho y de derecho, desde 1983.

Esta iniciativa busca privatizar el control y por eso nos hemos preguntado varias ocasiones en muchas discusiones e intercambios con diputados, si se trata de privatizar el control de la banca, ¿por qué no definir y acotar este proceso en la Constitución?

Y con todo respeto al diputado Abel Vicencio, el discurso de la nada, el discurso del vacío que quedaría en la Constitución, lo planteó él en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. No fue un discurso de la izquierda, el de la nada.

Y en esa ocasión, planteó con toda claridad una diferencia de fondo con la iniciativa presidencial: Sí a la reprivatización, pero acotada y definida en los marcos de la Constitución.

Y se mencionó ahí el concepto de servicio público, y se mencionó el concepto de democratización del capital y se planteó también el concepto de la inversión extranjera como complementaria. Y efectivamente, hay que hablar también con absoluta responsabilidad.

Aun los que no estábamos de acuerdo en la privatización del control de la banca, consideramos que acotar y definir este proceso en la Constitución, traería ventajas para el país . Y por eso, a pesar de diferencias fundadas de tipo político, ideológico, no sólo el diputado Ortíz Mendoza, no sólo diputados del Partido de la Revolución Democrática, sino nosotros mismos, apoyamos ese esfuerzo para que hubiera una privatización atemperada y una privatización acotada en el marco de la Constitución.

Incluso cuando alguno de los principales impulsores de esta iniciativa dentro de la Cámara, mencionaban que era importante no atemorizar a los capitales, siempre argumentamos y coincidimos también con diputados del Partido Acción Nacional, que la definición de estos temas en la Constitución, daba mayor garantía y mayor certeza, porque no sería posible que una fuerza de manera unilateral reformara la Constitución, lo que sí podría hacerse con una ley secundaria; y, nuevamente compañeros, en problemas de definición de rumbo, como lo fue la reforma electoral y como lo es ahora esta reforma en el corazón de los servicios financieros, seguimos considerando que es importante que estas definiciones queden en la Constitución, y nuevamente hay que decirlo, a pesar de que públicamente el Partido Acción Nacional planteó acotar en la Constitución esta apertura, nuevamente el Partido Revolucionario Institucional impone una posición para que se vaya a la ley secundaria y por lo tanto a la posibilidad de reformarse en forma unilateral por una sola de las fuerzas de esta Cámara, y éste es el problema de fondo que estamos discutiendo.

Se ha dicho ahora nuevamente que hay un compromiso para que en la ley secundaria se tomen todas las medidas y las precauciones, pero hay que utilizar el sentido común, vamos a ver si a estas alturas es posible todavía argumentar con base en el sentido común, ¿cuál es esa ley reglamentaria ?, ¿cuál es la materia que regula e incluso cómo se denomina?, es la Ley Reglamentaria del servicio Público de Banca y Crédito. Entonces la pregunta obligada es: ¿Por qué ni siquiera este concepto de servicio público se incorpora en la Constitución?, porque ya no se habla de un servicio público que estaría sujeto a concesión, ahora se habla de una autorización para compatibilizar nuestro sistema jurídico con el existe en Estados Unidos de América, allá también se habla de autorización para que funcionen los bancos.

Pero yo no encuentro razón y sentido común de establecer compromisos, incluso ahora incorporados en la exposición de motivos y rehuir a incorporar en la Constitución, la propia definición de materia que ahorita tenemos en nuestra ley que regula el servicio de banca y crédito; entonces sí hay dudas fundadas de los compromisos para que se reflejen estos controles y candados en la ley secundaria que no satisfacen a la mayoría de los diputados en esta Cámara; y, cuando vemos tanta cerrazón para que se consideraran estas propuestas incorporándolas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cobra base la duda que también ha sido planteada de que ésta es una reforma impuesta desde afuera, ya no sólo desde afuera de la Cámara, porque sabemos que las principales negociaciones se han dado fuera de la Cámara, con el Secretario de Hacienda, con el Secretario de Gobernación, yo diría con los dos secretarios de Gobernación, con el secretario oficial y con el secretario de la sombra, porque sabemos también el papel lamentable que ha jugado un personaje como Diego Fernández de Ceballos, para romper las posiciones más definidas en esta materia. y ahora resulta que no sólo se impone desde afuera de la Cámara, sino que se impone desde fuera del país, respondiendo a una necesidad de la

integración internacional para liberalizar también el servicio de la banca.

Por eso pues, la posición de nuestra fracción parlamentaria en este asunto, pero además porque la iniciativa está plagada de falsedades que también es importante plantear ante la opinión pública nacional, y muchos de nosotros, en este debate, nos estamos dirigiendo precisamente a la opinión pública nacional. Hay una primera falsedad, que es un aberrante falsedad histórica, cuando se dice que esta reprivatización se fundamenta en el espíritu del constituyente.

¡Como es posible que se llegue a esta tergiversación de nuestra historia, y que una medida que beneficia la concentración de capital, que una medida que no favorece al desarrollo económico de la nación, se fundamente en el espíritu del constituyente! ¿Una reprivatización, tratando de "colarla", basándose en el espíritu del constituyente? ¡Es absurda esta falsedad histórica!

¡Yo pienso que sólo a un francés, que pretenda pasar como mexicano, se le puede ocurrir esta interpretación de nuestra historia! (Aplausos.)

Pero hay también una gran falsedad ideológica, cuando se plantea que privatizar el control de los bancos traerá beneficios económicos y sociales. Bastaría tan sólo que pudiéramos conocer la monstruosa concentración que la llamada banca paralela ha tenido de 1982 a la fecha, para demostrar que ésta también es una gran falsedad. El 10% de los clientes de las casas de bolsa concentran el 90% de los negocios. Y esta concentración volverá a surgir nuevamente en la banca, aunque se diga ahorita lo contrario.

Pero sobre todo también hay una gran falsedad política en los planteamientos de esta iniciativa. Se nos ha dicho, desde la propia exposición de motivos de la iniciativa presidencial, que "esta medida responde al proyecto de modernización".

Y hace unas horas escuchamos aquí, que se planteó por el diputado Cavazos, "que no era una medida aislada ni errática, sino que respondía a un proyecto".

Y bueno, a pesar de estas horas, las 5.30 horas del sábado 12 de mayo, creo que la Cámara debe de mantener su memoria, ya no histórica, sino reciente. ¿Cómo se puede plantear que es parte de un proyecto, cuando en esta misma Cámara el 26 de diciembre se aprobaron iniciativas del ejecutivo para reformar la ley bancaria y en ningún momento se planteó el control de la misma?

¿Qué entonces hace cuatro meses esta medida no formaba parte del mismo proyecto? ¿O ha cambiado el proyecto del 26 de diciembre para ahora?

Yo quisiera recordar lo que la mayoría aprobó el 26 de diciembre: "El servicio de banca y crédito es una actividad estratégica en la economía nacional".

Pero ahora, por arte y magia de los cambios, ha dejado de ser "estratégica" y según la iniciativa presidencial el servicio de banca y crédito "es, apenas, una muy importante actividad". ¡Pero no es un área estratégica!

Creo que en lugar de perder tanto tiempo y tanto esfuerzo en hablar de los cambios que ha habido, bastaría que se reconociera que el principal cambio ha sido un cambio de la línea presidencial. Y que por eso ahora se encuentran argumentos diferentes, explicaciones diferentes, pretextos diferentes, pero que no responden a cambios en la realidad, sino simplemente a cambios en la línea presidencial. Y más aun, esto por lo que respecta a lo que acordó la mayoría aquí en diciembre de 1989.

Pero veamos lo que dice el propio Poder Ejecutivo, más reciente aún que estos cuatro meses a los que me he referido. En marzo se aprobó el Programa Nacional de Modernización de la empresa Pública 1990-1994. Y hace por lo tanto, escasamente un mes y medio el titular del Ejecutivo sostenía: "El Estado mantendrá la propiedad y control de las áreas estratégicas a que refiere el artículo 28 de la Constitución". Las cuales son... entre las que se incluye, la prestación de servicios de banca y crédito.

En relación con las sociedades nacionales de crédito se preservará el régimen mixto de inversión pública y privada, eso se sostenía hace escasamente un mes y medio; entonces, ¿a qué proyecto se refieren? Y más aún, por eso digo que también se trata de una falsedad política, ¿acaso en la plataforma electoral el Partido Revolucionario Institucional que contuvo también este compromiso de reprivatización del control de la banca?

No se puede con seriedad y sobre todo ante una Cámara de Diputados que se respete a sí misma, plantear hace cuatro meses una cuestión y hoy la contraria y decir que ambas son parte del mismo proyecto de modernización.

Se está evidenciando que esta medida responde a otra lógica, a otra dinámica, a otros intereses y creo que también hay una gran falsedad económica en la iniciativa, cuando se dice que se venden

bienes para remediar males; no se necesita mucha ciencia económica. Un campesino michoacano le decía al compañero Chávez Alfaro: ¿Cuál es el verdadero sentir frente a este tipo de manipulación de los planteamientos ? Le decía con razón: si vendo mi yunta , si vendo mi tierra, comeré hoy, pero ¿con qué voy a comer mañana ? (Aplausos.)

Y yo me quedo con esta explicación de sentido común, pero profunda, de alguien de nuestro pueblo, para demostrar la gran falsedad económica, también, que anima a esta iniciativa.

Pero más aún, una falsedad que es inadmisible, es la falsedad en la réplica o en la crítica en nuestros planteamientos y es falso cuando dicen que sólo estamos viendo al pasado, porque tiene razón Ortíz Mendoza; cuando queremos que el Estado mantenga el control de la banca, es porque estamos viendo el futuro, es porque estamos viendo el papel que puede jugar esta banca con un gobierno diferente, con una política económica diferente, de 1982 a 1988 la banca nacionalizada ha tenido utilidades cuantiosas y utilidades importantes, pero ¿Cuál es el papel que no ha jugado la banca nacionalizada? No ha apoyado el esfuerzo productivo de los mexicanos. Pero yo me pregunto y le pregunto también a la opinión pública nacional ¿si esta limitación es propia de la banca nacionalizada o es propia de la política económica?, porque no ha podido apoyar el esfuerzo productivo de los mexicanos, porque sus recursos o se destinan a cubrir el déficit gubernamental o se destinan a la especulación, porque es ahí en la especulación, en donde se pueden obtener las utilidades para cubrir las altas tasas de interés que ha mantenido esta banca nacionalizada.

La crítica por lo tanto, es más a la política económica que a la intervención del Estado en la banca nacionalizada. Y porque vemos al futuro, podemos ver una banca no para servir a 300 notables, encabezados por el señor Legorreta, sino una banca para servir a 80 millones de mexicanos; ésa sí es la diferencia de proyecto entre lo que ustedes están planteando, de una iniciativa que viene a resolver las exigencias de un grupo muy pequeño y reducido de mexicanos frente a la posición de las fuerzas democráticas que quieren un gobierno y un proyecto y una política para la mayoría de los mexicanos.

Y como me siento aludido, le tengo que responder a Abel Vicencio. ¿Cómo va a sacar al país un gobierno de izquierda? Yo creo que habría una receta muy sencilla: actuar a contrario sensu de como ha actuado el gobierno priísta de los últimos ocho años. ( Aplausos.)

Es decir, actuar en función de servir al esfuerzo productivo y no alentar la especulación; es decir, atender al mercado nacional antes que andar afuera preocupados por cómo insertar a unos cuantos en el mercado internacional; es decir, utilizar todos los recursos del gobierno para una política que reactive la producción y que reactive por lo tanto también nuestro mercado interno. Porque cuando observamos que la política económica de los últimos ocho años ha lesionado el salario de los trabajadores en más de la mitad del poder adquisitivo, también estamos viendo la contraparte para el empresario que está en la producción. Esta política económica le ha reducido el mercado nacional a la mitad, y por lo tanto, solo aquéllos que puedan realizar sus ganancias en el mercado exterior han sido beneficiarios de esta política económica.

Yo creo, y más que teorías habría una alternancia del poder con las fuerzas progresistas, democráticas y nacionalistas. Una alternancia del poder con las fuerzas nacionalistas y patrióticas sería la mejor respuesta a la pregunta que hacía Abel Vicencio Tovar. Pero esa alternancia no la vamos a conseguir con un discurso en la Cámara, sino con la votación de la mayoría en 1994. Allí hay que emplazar la respuesta, en 1994.

La última llamada de este siglo para lograr cambios profundos en el país, cambios que van a requerir firmeza de las fuerzas políticas, cambios que van a requerir definición de las fuerzas políticas, pero nosotros en la Fracción Parlamentaria Independiente somos optimistas y estamos viendo hacia el futuro por una razón, por más que se quiere encubrir el Talón de Aquiles del proyecto del actual gobierno, es que sólo sirve, representa y define los intereses de una minoría de mexicanos. Esa es la gran debilidad y ésa es la razón por la que estamos seguros que a pesar de todas estas concesiones, que a pesar de todas estas entregas, en 1994 la minoría a la que le han servido no los podrá sostener en el poder, la victoria será de las mayorías del pueblo, de las fuerzas democráticas y progresistas. Muchas gracias.(Aplausos.)

El Presidente:- Señor diputado Bernardo Bátiz, su turno para el uso de la palabra.

El diputado Bernardo Bátiz Vázquez: Señores vicepresidentes, señoras y señores diputados: Hace siete años y ocho meses y ya no sé si 11 ó 12 días en forma intempestiva sin que mediara ni una discusión previa, ni un aviso, sin que formara parte del programa del gobierno del partido oficial y sin que estuvieran enterados previamente como ha salido ahora a la luz pública, ni el Presidente electo entonces ni el

Secretario de Hacienda , en su informe de gobierno del primero de septiembre de 1982, el frívolo presidente José López Portillo, mediante un acto unilateral y autoritario, pasando por encima de cualquier consideración de carácter legal, atropellando preceptos constitucionales y sin medir las consecuencias económicas y sociales que pudiera tener la medida, decretó la estatización de la banca y expropió los bienes de los bancos privados con excepción de los del Banco Obrero, el Banco de Ejército y la Armada y de un banco extranjero.

Como se señaló desde entonces, la intención de su autor fue tan sólo la de salvar su propia imagen deteriorada por sus errores políticos y por los de sus colaboradores y distraer la atención pública hacia un acto con visos de teatral y publicitario hiciera menos notable el fracaso de su gobierno y la quiebra económica del país.

Posteriormente ante hechos consumados, el Ejecutivo envió un proyecto de reformas constitucionales que fue aprobada por esta misma Cámara de Diputados el miércoles cinco de octubre del mismo año de 1982. En esa ocasión tan sólo 21 oradores debatimos el proyecto que creaba el párrafo 5o. del artículo 28 constitucional, siete en contra , 14 en favor. Desde entonces el Partido Acción Nacional , que se opuso al proyecto con variados argumentos, dejó bien claro y cito textualmente lo que dijimos entonces: "el partido no defiende banqueros, sino principios. Queremos, se dijo entonces, una banca democrática que no sea ni el monopolio del Estado ni el monopolio de unas cuantas familias".

Las objeciones que se hicieron entonces al proyecto de estatización de la banca sobre su oportunidad, su falta de consistencia y su carencia , tanto de estudios previos como de análisis de efectos y consecuencias, fueron contestadas con una catarata de elogios tanto a la iniciativa como a su autor y con predicciones de los grandes beneficios que según sus defensores de entonces, traería la medida al pueblo de México, especialmente se dijo, al pueblo pobre.

Se afirmó entonces, por quienes hablaron en pro, que la nacionalización de la banca privada representaba para el país tomar en sus manos , en forma soberana, la dirección de los intereses nacionales.

Se afirmó que con la nacionalización de la banca se acrecentarían las fuerzas productivas y se abatiría la dependencia . Se exageró , afirmando, que más de un millón de mexicanos acudieron al Zócalo espontáneamente a expresar su apoyo y que el primero de septiembre de 1982, pasaría a la historia como otro 18 de marzo de 1938.

Posteriormente, a partir de la relativa regulación de la situación de la banca, se contaba que entre los economistas del gobierno se preguntaban unos a otros, qué banco le habría tocado a cada uno. Y en efecto, se improvisaron banqueros entre los inagotables burócratas siempre dispuestos, lo mismo para un regado que para un barrido.

Se cambió al director del Banco de México por el señor Carlos Tello, hoy funcionario de un gobierno liberal y se iniciaron aumentos en las tasas de interés y aumentos también en las nominas de los bancos, en especial en las áreas cercanas a los flamantes directores. Se izaron banderas en todas las oficinas y donde no fue posible hacerlo se pintaron en las paredes.

Los soldados, que desde la madrugada del día primero se apoderaron de todas las oficinas sin permitir a los antiguos banqueros sacar ni sus objetos personales, se retiraron después de haber cumplido su cometido de demostrar que era la fuerza y no el derecho quien tomaba la palabra por voz del Presidente, famoso por estar dispuesto a defender el peso.

Durante siete años ocho meses y varios días, prevaleció la nueva situación y no faltaron ni las críticas ni tampoco los elogios a la nueva banca. Entre las primeras, estuvo siempre la tendencia, ésa sí, irreversible, a la burocratización y al encarecimiento de los servicios bancarios.

Los rumores de corrupción confirmados por los cientos de denuncias penales que el secretario Aspe aseguró que se han presentado, corrían de boca en boca y era un secreto a voces que en más de una institución, el Banco Aboumrad, entre otros, la ineptitud y los vicios tradicionales prevalecían.

La inflación galopante, la devaluación del peso, la desconfianza, la deuda interna, se presentaron como secuela inevitable de la inoportuna nacionalización. La quiebra escandalosa del Banco Nacional Pesquero y Portuario, denunciada insistentemente en esta misma Cámara , puede bien ser sólo un ejemplo, entre otros muchos, de cómo se están manejando por el sector oficial las instituciones de crédito.

Por nuestra parte, por parte de Acción Nacional, nos opusimos a la medida desde el primer momento sin desconocer nunca que subsidiariamente el gobierno con sus propios recursos, tiene la facultad y la obligación de suplir un servicio tan importante como el de la banca, para el caso de que los particulares no puedan o no quieran prestarlo. Pero aquí cabe hacer una aclaración:

Efectivamente en la legislación vigente todavía se menciona al servicio de la banca como un servicio público. De acuerdo con las teorías del derecho administrativo, un servicio público es aquél que tiene el Estado la obligación de prestar en exclusividad y que puede excepcionalmente concesionarlo a los particulares; un servicio al público es en cambio el que puede prestar cualquier ciudadano y que por lo tanto requiere tan sólo no de una concesión, sino de una autorización.

Reconocimos desde entonces y lo hacemos ahora, que el Estado debe ser el rector de la economía, sin que eso por supuesto signifique que deba de adueñarse de los bienes productivos y de acaparar las áreas económicas y monopolizar los servicios.

Nunca Acción Nacional se ha opuesto a una sana económica mixta, no ha considerado negativo el que el Estado use los medios necesarios para dar agilidad, eficacia y orientación a la economía. Y así lo sostuvo desde sus principios de doctrina en 1939 al manifestar que para esas finalidades el Estado está obligado a crear y a manejar honradamente los medios y las instituciones públicas indispensables.

Posteriormente en la proyección de los principios de doctrina de 1965 el partido sostuvo que el estado tiene el deber porque los frutos de la iniciativa privada tengan carácter social y de hacer que esa iniciativa concurra siempre en el interés nacional y esté subordinada al bien común.

En 1980, con anterioridad a la expropiación de la banca, el Partido Acción Nacional propuso el aumento de las tasas de interés a los pequeños ahorradores, que recibían un simbólico 4.5% sobre sus depósitos, mientras que los bancos privados cobraban en los créditos que concedían tasas de varias veces más sobre este porcentaje.

Por otra parte, en el documento denominado un plan para el cambio en 1988, en el capítulo III llamado reconstrucción de la economía, propusimos en materia de banca y crédito, entre otras medidas, éstas: la descentralización de la banca a través de la constitución de bancos regionales en cada uno de los estados de la República, con el mayor número posible de inversionistas locales, y que el único tipo de servicios bancario, además de la emisión de monedas, que quedará exclusivamente a cargo del gobierno, será el manejo de la banca de promoción para redescuentos operados en primera instancia en la banca regional.

En la misma plataforma, en el capítulo denominado desarrollo armónico, propusimos el reconocimiento al crédito popular a través de las denominadas cajas populares, que no son sino instituciones de ahorro y crédito, sin ánimo de lucro y manejadas directamente en forma de cooperativas por los mismos interesados.

Por todo lo que hemos sostenido a través de los años, por los documentos que el Partido Acción Nacional ha defendido a través de varios lustros de presencia pública y de insistencia en la búsqueda de mejorar las instituciones que sirven a la sociedad, en esta ocasión insistimos, desde que se presentó la iniciativa ante las comisiones, en la necesidad de buscar fórmulas para que el paso que daba el gobierno, rectificando su error de 1982 se complementará con disposiciones que garantizan y aseguran una forma distinta al sistema liberal que parecía que estaban dispuestos a implementar, simplemente con la anulación, con el borrón y cuenta nueva del párrafo quinto del artículo 28 de la Constitución.

Y para ser congruentes con nuestra posición de 1982, para responder a una historia de congruencia que ha tenido el Partido Acción Nacional a través de su vida, es que estamos votando, vamos a votar, estamos defendiendo la posición, la propuesta que ahora se discute.

Aquí en esta tribuna se ha tachado al Partido Revolucionario Institucional de incongruente; nosotros mismos hemos estado reiterando ese señalamiento ; no podemos caer en lo mismo que a otros les criticamos, somos congruentes y vamos a apoyar la propuesta porque consideramos que el hecho de abolir el monopolio que el Estado tenía en el manejo de la banca, coincide con los principios que hemos sostenido a través de nuestros diversos documentos y a través de diversas posiciones que hemos sostenido.

Hay seguramente algunos maliciosos...

El Presidente:- Permítame, señor diputado; quiere formularle una pregunta el diputado Ortíz Mendoza, ¿la acepta ?

El diputado Bernardo Bátiz Vázquez:- Sí , sí la acepto, señor.

El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): Es la misma pregunta: ¿Por qué retiraron su propuesta centrada en la Constitución y que todos apoyamos? ¿Por qué la retiraron ?

El diputado Bernardo Bátiz Vázquez:- Nuestra propuesta no la retiramos; se presentó en las comisiones, fue rechazada en las comisiones y posteriormente insistimos en que se llegara a alguna posición aceptable hasta donde fue posible , estiramos el hilo hasta un momento

antes de que se reventara, y decía yo en mi discurso, ingeniero, que quizá para algunos maliciosos pudiera pensar que nosotros negociamos por posiciones políticas y no es así.

Tenemos un documento firmado por nuestro coordinador, el licenciado Abel Vicencio, y por el coordinador del grupo mayoritario, en el que se contienen los puntos fundamentales que fueron objeto de nuestra disposición, que motivaron nuestra disposición a votar en favor de la propuesta tal como está.

El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul):- ¿Y es la misma que se leyó por parte del licenciado Cavazos o es otra ?

El diputado Bernardo Bátiz Vázquez:- Ahorita lo sabrá , ingeniero, si gusta sentarse ya . Miren, les decía yo, señores, que quizá algunos maliciosos pudieran estar pensando como se dijo por ahí, que estábamos negociando posiciones ideológicas a cambio de posiciones políticas, y por supuesto quienes conocen la trayectoria de Acción Nacional, quienes saben quienes somos los militantes de Acción Nacional, pueden tener la certeza de que de ninguna manera tal cosa sucedió.

(Aplausos.)

No cambiamos nuestro voto por ninguna gubernatura, pero tampoco por ninguna senaduría.

Los principios que presentamos desde el inicio de la discusión, quedaron plasmados en este documento. Algunos de ellos ya los conocen ustedes. Les voy a dar lectura para que quede en el Diario de los Debates constancia de la razón por la cual aceptamos y preferimos un avance , aunque sea modesto, aunque sea pequeño, aparentemente, pero que como en otras muchas materias, va abriendo camino, porque Acción Nacional ha ido abriendo camino por el que después algunos otros han transitado.

En primer lugar, se dice que existe un compromiso para incorporar a la legislación secundaria , a la ley común, el servicio de banca y los siguientes puntos.

El servicio de banca y crédito se presentará indistintamente por instituciones oficiales de participación estatal e instituciones de particulares que se establecerán mediante autorizaciones en los términos que prevenga la ley.

En segundo lugar, que la democratización de las instituciones de banca y crédito controladas por particulares, se definirá en su constitución, tenencia accionaria y funcionamiento.

Tercero. Las autorizaciones se otorgarán atendiendo a los requerimientos de crédito y fomento del ahorro en todos los sectores y regiones del país.

Cuarto. El servicio de banca y crédito será instrumento eficaz para la creación de riqueza en beneficio de la población .

Quinto. Se limitará y reglamentará la participación de estas instituciones en empresas comerciales e industriales.

Como ven ustedes, este punto quinto no solamente dice se limitará, como aquí alguien lo leyó, sino también se reglamentará. No solamente Habrá un tope; una ley secundaria establecerá los lineamientos de este tope.

Sexto. La banca deberá ajustar su operación a las disposiciones aplicables a las sanas prácticas y usos bancarios, evitando el otorgamiento de créditos preferentes injustificados o de complacencia.

Y finalmente, un párrafo que se refiere a la obligación , al compromiso que contraen los partidos Revolucionarios Institucional y Acción Nacional, para elevar a rango constitucional, los principios básicos de la Ley Bancaria.

Dice dicho párrafo lo siguiente: "finalmente, ambos grupos consideran necesario destacar su acuerdo en el sentido de examinar en un futuro los resultados y los efectos de la nueva ley de la materia, para llevar, en su caso, a rango constitucional, los principios básicos que deberán regular en forma permanente a las instituciones que proporcionen los servicios en banca y crédito, para que sea el instrumento eficaz en la obtención de democracia económica y cumplan cabalmente con los fines nacionales a los que está destinado".

Y este párrafo final, al que ruego pongan atención: "ello se realizará antes que termine el Segundo Período Ordinario de Sesiones del presente año". Estamos en el Segundo Período Ordinario de Sesiones del presente año. Existe un compromiso firme de que antes de que termine este período de sesiones, se darán los pasos necesarios para elevar a rango constitucional los principios que deban regir la banca.

Están las firmas del diputado Guillermo Jiménez Morales, y del diputado Abel Vicencio Tovar.

Hemos tenido que aceptar , para ser congruentes con nuestra posición anterior, un convenio como el que acabo de leer. En política, seguramente,

para ser congruentes , para ser consistentes en una posición, para no variar y mantenernos en la línea que fijan nuestros principios, probablemente caigamos en el adjetivo de ingenuos que aquí se nos dijo; preferimos ser ingenuos, preferimos seguir confiando en la palabra y en la firma de los mexicanos y estamos dispuestos a seguir insistiendo en que esa palabra y esa firma se cumpla cabalmente. (Aplausos.)

El Presidente - Señor diputado Ciro Mayén, es su turno en el uso de la palabra.

El diputado Ciro Mayén Mayén:- Gracias , señor presidente; compañeras y compañeros: Son muchos y de muy distinta especie los factores que deben tomarse en cuenta para determinar en qué medida es posible el diseño de una política que aliente el crecimiento económico y lo conviene con la justicia social; en cualquier caso se debe tener presente que en los años por venir es poco probable que el crecimiento de la economía mexicana se acelere.

En México, como lo han señalado los señores priístas, ciertamente se ha agotado el modelo de desarrollo que durante casi 50 años produjo un proceso de expansión económica, pero que en lo que toca al bienestar popular , arroja un saldo desfavorable para las mayorías nacionales; es precisamente éste punto más de fondo que hoy está a debate, alrededor de esta iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo; lo que en verdad se dirime es el sentido que debe tener el modelo de desarrollo de nuestra economía.

La iniciativa que discutimos hoy es quizá el paso más decisivo dado hasta ahora en el desmantelamiento del aparato económico del Estado por el actual grupo gobernante; ese proceso iniciado en el sexenio pasado es llevado a cabo sobre el actual gobierno, este grupo en el poder se empeña en decir que no hay otro camino para el crecimiento de la economía nacional , que aquél que consiste en impulsar la inversión extranjera

La privatización como principal medio para impulsar la inversión privada nacional y extranjera, hay que señalar que ha sido el Partido Revolucionario Institucional, quien se ha negado a debatir abiertamente y a fondo el contenido y el sentido que debe de adquirir la reforma que debe sufrir el Estado mexicano.

La privatización de la banca forma parte de una reforma salinista al Estado, la cual pensamos que además de parcial es una visión muy pobre sobre lo que debe ser una verdadera reforma de fondo, pues en realidad la reduce a una simple reprivatización de la economía y subestima lo que debería de ser una reforma que abarque, en primer término , una democratización del régimen político y de las relaciones entre el Estado y la sociedad.

Junto con esto, pensamos que es también importante o tan importante como la democratización política, un replanteamiento de lo que debemos entender como economía mixta, ese replanteamiento tendría que ser algo muy distinto a la simple entrega del sector paraestatal de la economía al gran capital financiero, tal como lo propone el actual grupo gobernante...

(Desorden.)

El Presidente:- Orden en la asamblea, atención al orador.

El diputado Ciro Mayén Mayén :- En la reformulación de la economía mixta, nosotros pensamos que deben ser consideradas, entre otras cosas, la necesidad de construir lo que se podría dar en llamar un nuevo orden económico interno, que propicie y estimule un proceso distinto de acumulación de capital, en el que participen activamente los sectores público y privado que atiendan conforme al mandato constitucional los intereses de las clases populares, estimulen y fortalezcan el mercado interno.

Se debe considerar a las más diversas fuerzas económicas y sociales del país, en primer término, y no sólo apostar a la concertación del actual grupo gobernante en el poder con el gran capital financiero.

De hecho desde su nacimiento el sistema bancario mexicano registra altos grados de concentración; sin embargo, es a partir de 1980, y en especial durante la década de los setenta, que el proceso de concentración monopólico del servicio público de la banca y del crédito ha sido más notable en nuestro país.

En las consideraciones que hace la iniciativa presidencial , no se nos explica de qué manera vamos a evitar que lo bancos vuelvan a actuar como en el pasado. Es decir, para que no devengan nuevamente en un fortalecimiento de un reducido grupo de banqueros y perjudicados la mayoría de los medianos y pequeños empresarios de nuestro país.

Los bancos son empresas altamente lucrativas, sobre todo en los últimos años esto ha quedado demostrado. En consecuencia, nosotros pensamos que se trata de empresas muy rentables, capaces de financiar su desarrollo y de impulsar la captación de recursos para financiar la modernización de la

industria nacional, del sector agropecuario de nuestro país.

Nosotros insistimos en que es un error vender sus acciones mayoritarias de estos bancos, pues el gobierno ciertamente va a recibir cuantiosos recursos financieros, que bien podrían canalizarse a algunos proyectos que tienen que ver con una serie de compromisos de carácter social; pero a cambio de esos recursos el gobierno va a entregar esas fuentes de ganancias que podrían darle continuidad y en forma duradera a proyectos de mediano y largo plazos para cumplir con esos compromisos de carácter social.

Así, el gobierno, nosotros pensamos, tendrá cuantiosos recursos por una sola vez y quizá en forma paulatina , en lugar de contar con una fuente permanente y creciente de ingresos que también podrían canalizarse a ese tipo de proyectos de carácter social.

No dudamos en que la venta de los bienes puedan servir para remediar los grandes problemas nacionales, pero no menos cierto es también que la correcta administración de los bienes productivos y rentables sirva por más tiempo también para remediar esos males.

¿Por qué se empeña el Partido Revolucionario Institucional en presentar como excluyentes la atención a los compromisos sociales, con la participación mayoritaria del Estado en la banca ? ¿Es acaso imprescindible regresar la mayor parte de las acciones de la banca a los particulares? ¿Por qué no pensar en todo caso en una ampliación de la proporción con la que ya participan en ella esos particulares ?

Aún con esto continuaría siendo mixto el sistema bancario ; sin embargo, a mí me parece que la banca , sin tener que privatizarse necesariamente, puede apoyar ahora en forma más amplia el proceso de modernización nacional y realizar un financiamiento más amplio en el proceso productivo.

Nosotros consideramos que es posible organizar el funcionamiento de la banca a partir de los requerimientos sociales, introducir cambios en los criterios tradicionales para el otorgamiento del crédito, señalar que ya no es posible en estos tiempos que la banca sólo preste a los que tienen para pagar y no a quienes necesitan para invertir en la producción y comprometerse seriamente con nuestro país para impulsar su crecimiento económico.

La banca nacionalizada sólo tiene sentido cuando el Estado es portador de un auténtico proyecto de desarrollo nacional, por eso pensamos que la banca debe jugar realmente el papel de hacer crecer el ahorro, repartir con eficiencia y equidad en las ramas económicas ese ahorro y otorgar créditos a los grupos de menores ingresos, para que puedan incorporarse a esas tareas del desarrollo nacional.

El Partido de la Revolución Democrática , compañeros diputados, no defiende el monopolio estatal de la banca como principio inamovible, sino la rectoría del Estado en la banca y el sistema financiero. La reprivatización de la banca no es para favorecer a la sociedad; en realidad su verdadero objetivo es entregar una formidable fuente de ganancias al pequeño número de dueños del gran capital financiero. Por eso en la exposición de motivos de la iniciativa presidencial se afirma que la banca no es un área estratégica de la economía nacional y efectivamente no lo es para un gobierno que carece de un verdadero proyecto de desarrollo nacional, pero para nosotros el sistema bancario debe ser considerado un instrumento de gran utilidad en la estrategia que conduzca a un desarrollo sostenido, estable y equitativo, que fortalezca la soberanía nacional. Debe ser un instrumento insustituible para una política de asignación de recursos que ayude a modernizar nuestro aparato productivo, con un mayor grado de integración nacional, de los distintos sectores productivos y regiones.

Debe ser también el sistema bancario un instrumento para una mejor distribución del ahorro nacional, que ayude a quienes más lo necesitan , a esos pequeños y medianos industriales, productores agropecuarios y medianos comerciantes.

Si hasta la fecha el Estado no ha utilizado para esos fines a las sociedades nacionales de crédito, que actualmente administra, es porque el grupo dominante, que es el mismo que gobierna desde el sexenio pasado, nunca estuvo de acuerdo con la nacionalización bancaria, porque su proyecto ha sido entregar la economía de nuestro país al gran capital financiero; por eso nosotros reiteramos aquí, si defendemos la banca nacionalizada es porque consideramos que el proyecto de modernización en marcha no es la única opción variable para el país.

Consideramos que hoy en día es posible y necesario enfrentar esta opción con una alternativa de desarrollo que contemple la defensa de la soberanía nacional, que contemple los criterios de equidad y de justicia para el pueblo trabajador.

Quiero decir por último , que por lo que respecta a la participación que han hecho los compañeros del Partido Acción Nacional en esta tribuna , han señalado que la incongruencia al defender esta

iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo está de parte del Partido Revolucionario Institucional y no de ellos y es cierto, desde 1982, cuando se debatió en esta Cámara de Diputados la nacionalización de la banca , ellos se opusieron firmemente a esta iniciativa .

No criticamos la incongruencia del Partido Acción Nacional ; lo que criticamos es lo que ellos no han señalado, que han obligado a los autores de la iniciativa a defender la rectoría del Estado. ¿No es acaso esto contradictorio ? ¿No es precisamente esto a lo que se oponían en 1982 ?

( Desde una curul):- ¡ No !

Pues yo creo que sí, compañeros; porque plantear la regionalización de la banca en un país en donde existe una alta concentración del capital , precisamente para eso se requiere la rectoría, y esta rectoría sólo puede mantenerse con la participación mayoritaria del capital estatal en este sector de los servicios, fundamental para constituirse en una palanca de impulso al desarrollo nacional. Justamente en eso consiste la incongruencia de ustedes y ésa es la crítica que nuestro partido hace.

Y quisiéramos decir que el Partido Acción Nacional de lo que se preocupa es de cuidar una imagen electoral, de cuidar su imagen frente a los electores; está tratando de cuidarse las espaldas. Pero, compañeros, hay un proverbio popular que les queda como anillo al dedo: "el camino del infierno está empedrado de cartas de intención" , y recuerden que ésta es la segunda carta de intención en la que ustedes se comprometen con un partido , como el Partido Revolucionario Institucional , que ha dado prueba de incongruencia a su falta de voluntad política y de compromiso con el pueblo y con la nación. Gracias.

El Presidente:- Señor diputado Cuauhtémoc Anda Gutiérrez, es su turno en el uso de la palabra.

El diputado Cuauhtémoc Anda Gutiérrez:- Con su venia , señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Algunos breves comentarios por lo avanzado de la hora.

Hay algunas imprecisiones que quisiera abordar aquí en la tribuna . El año de 1982 y el año de 1990 son, sin la menor duda, dos escenarios completamente diferentes de lo que es la economía nacional y lo que es la economía internacional. No podemos, pues, de manera simplista y lineal, tratar de asimilar conceptos o circunstancias que se dieron hace ocho años a las que estamos viviendo en este momento.

En el año de 1982, después de una crisis en medio de la cual estaba la economía nacional, se optó por la estatización de la banca, en virtud de que la rectoría del Estado en tan importante materia se estaba perdiendo. No había solidaridad, como todos ustedes saben, de los banqueros, para el régimen en aquel momento, y esa medida fue sana y además el administrador público ha sido eficiente y tiene utilidades y están con números negros los bancos.

Por lo que hace a las autorizaciones, yo quisiera recordar que la fracción quinta del artículo 27 constitucional , dice textualmente: "los bancos debidamente autorizados", y éste es un precepto constitucional que está desde 1917 y habla de autorización ; fracción V, artículo 27.

Por lo que hace a los aspectos estratégicos , el artículo 25 de la Constitución, dice que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, y en su párrafo cuarto, señala que el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto. En ese párrafo, como ustedes lo pueden constatar en la Constitución, no se incluye el servicio de banca y crédito.

Ahora, algunos comentarios en los que coincido con el señor diputado que estaba hace unos minutos aquí en la tribuna, el diputado Ciro Mayén. Antes de Ciro Mayén uno de los compañeros nos hablaba que había una deficiente captación de ahorro interno y por eso la banca debe modernizarse. Yo creo que esto que aquí se dijo es rigurosamente cierto y vale la pena analizarlo. Lo que se dirime es el sentido del desarrollo económico; en efecto , eso es lo que se está dirimiendo con este tipo de medidas. También se señala que debe haber un aliento al crecimiento económico con justicia social; yo suscribo totalmente esta sentencia también .

Se habla de que impulsar la inversión extranjera y la inversión privada no es suficiente; yo lo que creo es que debemos movilizar todas las fuerzas económicas del país para impulsar la inversión productiva y la inversión productiva debe de contemplar la inversión privada, la inversión extranjera y la inversión pública, creo yo que es uno de los grandes retos esta movilización. Precisamente por eso la banca , el sistema bancario mexicano, sistema comercial, ha empezado a quedar chico y antes de que sea insuficiente es conveniente la desincorporación que se propone la iniciativa que se comenta.

Nos dice el diputado Ciro Mayén que es difícil un crecimiento económico rápido, él es economista y sabe que es muy difícil ; sin embargo, el año

pasado crecimos al 2.9% de acuerdo con lo que tenemos estimado para este año creceremos a más del 3.5%; probablemente el año entrante andemos en 4% y 5%. La banca con el tamaño y la dimensión que tiene nos va a quedar chica. Si reinvertimos las utilidades, los 3 billones de pesos de utilidades que se estima habrá este año, de todas maneras será insuficiente para poder modernizar la banca.

Si queremos una banca que cumpla cabalmente su función de intermediario financiero, que movilice los recursos a lo largo y a lo ancho de la República, el tamaño y la dimensión que tiene nuestro país, entonces se requiere una banca más moderna, más eficiente y para ello se requiere no solamente reinvertir las utilidades, sino distraer recursos de otras fuentes para poder hacerle frente a este nuevo reto.

Hay un replanteamiento, nos hablaba el compañero, relacionado con la economía mixta. Bueno, hay uno que está muy claro en la Constitución de 1917, y es interesante que sí se analice. Yo creo que es bueno hacer un análisis sobre este particular para que no nada más sea mixto , sino en qué medida y en qué áreas esta mixtura puede ser y en qué proporciones. Yo creo que eso es bueno .

Hay otra parte más en la que yo creo que coincidimos también y es: ¿cómo haremos para que no se vuelva a un escenario de antes de septiembre de 1982 ? , que pues a muchos de nosotros no nos gusta, a los que nos acordamos, o no nos gustaron. Yo creo que expresamente debemos de prohibir en la ley, en la ley que corresponda, aquí los técnicos juristas sabrán, prohibir expresamente los autopréstamos en la ley secundaria o en la ley sustantiva, como lo quieran decir.

Yo creo que es además una práctica que se sigue en otros países del mundo, no se vale que el dueño de un banco se preste a sus propias empresas y menos a tasas ridículas de interés. Eso nadie lo quiere volver a ver. Estemos cuidadosos todos en que no nos vuelva a suceder. ¿Y cómo hacerlo?, prohibirlo expresamente en la ley.

Hay que pensar también en la transparencia de la desincorporación de estas empresas; la transparencia en el proceso de venta. Creo que los diputados tenemos ahí una responsabilidad de ser cuidadosos para que esto se lleve a la práctica de manera adecuada.

Hay otras ideas que ustedes han plasmado y que creo que debemos de ser nuevamente vigilantes para que queden en la ley correspondiente, porque nadie aspira a volver a épocas que ya hemos superado.

Finalmente, una reflexión, compañeras y compañeros: estamos en un mundo cambiante, a una velocidad vertiginosa . Este proyecto que hoy discutimos tiene que ver con la forma en que los mexicanos estamos pensando que podamos ajustar el reloj de México al nuevo tiempo de nuestro mundo . Muchas gracias.

El Presidente:- El señor diputado Modesto Cárdenas, en el uso de la palabra .

El diputado Modesto Cárdenas García:- Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados: Para el Partido Popular Socialista no hay ninguna duda de que la iniciativa que estamos discutiendo y el dictamen correspondiente , sólo tienen como propósito la entrega del sistema bancario nacional al capital extranjero.

Por eso los argumentos que lo apoyan han expresado, desde esta tribuna, que carecen de fundamento histórico, carecen de fundamento económico e incluso, cierran la posibilidad del desarrollo independiente de nuestro país.

Para demostrar lo que se afirma, bastaría analizar punto a punto los conceptos contenidos tanto en la exposición de motivos de la iniciativa, como en el dictamen a discusión. Sin embargo, solamente vamos a tocar algunos puntos para que sirva como ejemplo de que la iniciativa no tiene ningún fundamento de ningún carácter.

Por ejemplo, se afirma que el Constituyente de 1917 consiguió la prosperidad nacional en la economía mixta y la consecuencia es que, por lo tanto, el Estado debe deshacerse de la exclusividad en la actividad bancaria y el crédito para que ésta quede en manos de los particulares nacionales o extranjeros.

Quienes esto afirman, se olvidan del proceso histórico que tiene que ver con la economía mixta de nuestro país. Se olvidan de que la tierra estaba concentrada en todo el territorio nacional en menos del 1% de la población. Se olvidan de que la industria nacional más importante estaba en manos extranjeras, se olvidan de que el comercio era apenas regional. Es decir, se olvidan de que no había posibilidad precisamente de desarrollo, ni del comercio, ni de la industria, ni de ninguna otra actividad, y por eso estalla la Revolución.

Y hay que recordarlo, porque algunos al parecer no lo recuerdan, y al estallar la Revolución se proyecta ésa en leyes, siendo la fundamental de ellas el artículo 27 constitucional que daba precisamente no a la economía mixta en abstracto, sino al proceso de intervención del Estado.

Por esta razón, no tiene ninguna validez esta afirmación; de lo que se trata es de volver al espíritu original de la Revolución Mexicana. Simple y sencillamente quienes esto escribieron no conocen la historia nacional, por eso es tan importante recordarla en este momento.

Otra afirmación es que la rectoría del Estado sólo se puede lograr con normatividad sin la necesidad de la propiedad estatal. También en este sentido queremos recordar que la experiencia de la Revolución Mexicana indica otra cosa totalmente distinta.

Una vez elaboradas las leyes, la Constitución de la República y algunas leyes secundarias, la propia realidad hizo ver que era necesario que el Estado interviniera en el proceso directo en forma directa, porque de otra manera no era posible precisamente el desarrollo del país, el desarrollo de sus fuerzas productivas, porque tiene una característica especial que a muchos también se les olvida, y que es la que en nuestro país se desarrolla en condiciones de existencia y de influencia del imperialismo, particularmente del imperialismo norteamericano, por esa razón sólo se proyecta en leyes la necesidad de orientar el desarrollo económico nacional y no tiene ningún efecto, porque el imperialismo es un fenómeno económico y por lo tanto para combatirlo hay que tomar medidas de carácter económico; no hay otra forma de regir el desarrollo de nuestro país en función de los intereses de la nación y del pueblo, a no ser con fuerza económica suficiente y con capital propio para enfrentarlo...

(Desorden.)

El Presidente:- Honorable asamblea, los convoco a la atención y al silencio por favor. Adelante, señor diputado Modesto Cárdenas.

El diputado Modesto Cárdenas García:- Por eso es necesaria la intervención económica del Estado, decimos, para que sea efectiva la rectoría económica; de otra manera es prácticamente imposible. Así lo demuestra nuestra experiencia y la de muchos otros países en las mismas condiciones de desarrollo que el nuestro, por eso es totalmente falsa la afirmación de que la rectoría sólo es suficiente lograrla con normas en leyes secundarias o reglamentos o de cualquier otro carácter.

Otra cuestión que manejan quienes apoyan la iniciativa y que la reiteran constantemente, es que se toman esas medidas para que nuestro país entre a la modernidad. La modernidad exige la transformación del Estado; la modernidad exige la venta de las empresas, exige la venta de la empresas siderúrgicas, Teléfonos de México, ahora la banca nacionalizada, todo el sistema económico.

¿Y cómo conciben la modernidad? Ya el diputado Seguy nos daba aquí algunos aspectos de lo que considera que es la modernidad, una serie de puntos que tienen que ver con las manifestaciones de este fenómeno: la globalización de la economía, la revolución tecnológica, la apertura de los mercados, etcétera, y por lo tanto si eso es lo que está ocurriendo en el mundo, para que nuestro país se incorpore a la modernidad entonces tiene que deshacerse de todas sus empresas.

(Desorden.)

Disculpen, compañeros diputados, pero quienes pidieron el debate a estas horas de la mañana son precisamente la mayoría parlamentaria, entonces estamos dispuestos solamente a seguir el debate en las condiciones que ustedes han impuesto.

El Presidente:- Está dentro del tiempo, señor diputado, así que continúe.

El diputado Modesto Cárdenas García:- El problema, compañeros diputados, es que esas manifestaciones que ha enumerado del diputado Seguy desde esta tribuna, son solamente algunos aspectos, y sólo secundarios; no son los aspectos fundamentales.

El avance de todos estos cambios, efectivamente están los cambios científicos y tecnológicos y eso, efectivamente, independientemente del sistema social que prevalece en un país determinado, está afectando a los países socialistas, a los países capitalistas y a los en vías de desarrollo, como ya lo mencionó él. Sus efectos sobre las materias primas, desvalorización, sustitución por materia prima sintética, etcétera.

Pero lo que importa observar es la esencia de los cambios económicos y la esencia de los cambios científicos y tecnológicos y ver si efectivamente deshaciéndose de las empresas estatales, el país se está modernizando.

Nosotros nos preguntamos: ¿el imperialismo ha dejado de existir? Si la estrategia que siguió la Revolución Mexicana durante muchos años ya no sirve y ésta se diseñó en función de la lucha contra el imperialismo y ya no es válida y por lo tanto eso quiere decir que el imperialismo ha dejado de existir. Para nosotros es claro que es todo lo contrario. El imperialismo se ha fortalecido más y está actuando de nueva forma, con nuevos métodos o con más brutalidad que antes.

Desde el punto de vista económico, lo que no explicó el diputado Seguy, es que se están

formando los bloques tanto en Europa, como en Asia, como en América del Norte, se están formando los bloques económicos en función de los intereses de los monopolios, de los monopolios de la República Federal de Alemania, de los monopolios de Estados Unidos de América o de los monopolios japoneses.

Esa es la esencia de la formación de los bloques y no solamente eso, sino que los bloques no han hecho lo que nuestro país ha llevado a cabo. Siguen con restricciones de todo tipo y ése es uno de los problemas más graves que enfrentamos, precisamente en este momento, los países como el nuestro.

Y desde el punto de vista político, preguntamos nosotros: ¿el imperialismo norteamericano ha dejado de existir?

Hay que preguntárselo a Panamá, hay que preguntárselo a Cuba, hay que preguntárselo a Colombia.

Es decir, la modernidad en el campo capitalista, no está significando más que agrupamiento de los monopolios en bloques económicos. ¿Para qué? Para una nueva división internacional del trabajo que sí señala, pero lo que no señala, es que esos bloques han dejado o están tratando de dejar a nuestros países, el papel...

(Desorden.)

El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul):- Cállelos; que se vayan o que dejen de beber.

(Desorden.)

El Presidente:- Adelante, señor diputado Modesto Cárdenas.

El diputado Modesto Cárdenas García:- Se les están acabando las ganas, al parecer, de debatir.

El Presidente:- Continúe, señor diputado Modesto Cárdenas.

El diputado Modesto Cárdenas García:- Gracias, señor Presidente. El otro aspecto que queremos señalar aparte del carácter de los bloques que se han formado, es la cuestión científica y tecnológica.

¿Por qué los monopolios se han agrupado? Precisamente por el desarrollo de la ciencia y la técnica, que ha elevado su productividad, que ha mejorado la calidad de sus productos, que ha buscado nuevos procesos de producción y que está produciendo nuevos productos y todo ello requiere mercados, mercados tanto de materia prima, como de mano de obra, como para la venta de sus productos, y repito, la base de eso es el desarrollo científico y tecnológico que han alcanzado y que están constantemente impulsando estos países y nosotros nos preguntamos: ¿si ésa es la experiencia internacional para lo fundamental de la modernidad a que se hace referencia, con la venta de las empresas del Estado?, ¿nosotros nos estamos acercando a la modernidad?, nos preguntamos nosotros, los del Partido Popular Socialista: ¿podemos desarrollar tecnología propia sin empresas nacionales?

(Desde una curul):- ¡No!

¿Puede desarrollarse la ciencia nacional si no hay desarrollo tecnológico del país?

(Desde una curul):- ¡No!

Es verdad, porque ¿solamente se desarrolla la tecnología?

(Desde una curul):- ¡Sí!

¿Cuando lo exige la industria nacional?

(Desde una curul):- ¡No!

El Presidente:- Demando de la asamblea respeto al orador. Continúe, diputado Modesto Cárdenas.

El diputado Modesto Cárdenas García:- Hasta que se callen los del Partido Acción Nacional, señor Presidente.

En términos generales, decimos, que con la venta de las empresas del Estado se está alejando toda posibilidad de desarrollo científico y técnico del país y por lo tanto se está alejando la posibilidad de que el país se modernice, efectivamente, sobre bases seguras y en beneficio del desarrollo económico de todo el pueblo mexicano.

En forma concreta, con la venta de la empresa Siderúrgica Lázaro Cárdenas- Las Truchas S.A. o de los Altos Hornos de México, ¿qué cosa dejamos como posibilidad de desarrollar en nuestro país?, dejamos la posibilidad de desarrollar la tecnología de los materiales, que es una de las tecnologías fundamentales sobre las que están sustentando el subdesarrollo los monopolios transnacionales.

Con la venta de Teléfonos de México vamos a dejar las posibilidades de desarrollar en nuestro país la tecnología digital, las de fibras ópticas y

toda la que tiene que ver con las telecomunicaciones.

Y con la venta de la banca nacionalizada vamos a dejar la posibilidad de desarrollar en nuestro país la tecnología de la informática.

Precisamente cuando se habla de modernizar el sistema bancario, en realidad lo que se quiere decir es que hay que introducir la informática más moderna en el sistema bancario nacional, que es todo el sistema de crédito, para que éste funcione como lo exige la economía moderna; pero entonces si el país se deshace del sistema bancario nacional y éste queda en manos extranjeras, entonces para el país no habrá ninguna posibilidad de desarrollar la tecnología de la computación, porque no hay ninguna base económica para que así sea posible. Porque no hay ninguna industria que lo exija, ninguna empresa con el suficiente poder económico para que pueda impulsar y desarrollar a esta tecnología tan importante.

(Desde una curul):- ¡Tiempo!

Por esta razón, es totalmente inválida la tesis de que el país se moderniza y el sistema bancario nacional se moderniza para desarrollar al país, para beneficio del pueblo, para impulsar la economía nacional y ésta queda en manos de las empresas transnacionales.

(Desde una curul):- ¡Tiempo!

Por esta razón, afirmamos que los autores de la iniciativa que estamos discutiendo y otro tipo de iniciativas semejantes, no ven al futuro ni del mundo ni de nuestro país; al contrario, ven al pasado.

(Desde una curul):- ¡Tiempo!

En la iniciativa, en los fundamentos de la iniciativa y en los fundamentos del dictamen se afirma que el Estado había perdido capacidad para desarrollar al país. Esta también es una falsedad. Porque si uno de los factores fundamentales para desarrollar al país y ubicarlo como un Estado moderno es el desarrollo científico y tecnológico, nos preguntamos nosotros: ¿el nivel alcanzado por México a estas fechas a quién se debe: al sector privado o al Estado?

Tenemos un sistema científico cuyo trabajo es reconocido en muchas partes del mundo. Tenemos un sistema tecnológico que es incipiente, pero que son las bases para un futuro desarrollo del país. Ahí están los laboratorios industriales que tanto requiere el país, creados por las empresas del Estado.

Pero ese camino se está cerrando, señoras y señores diputados, con este proceso de privatización que en este momento está adquiriendo una nueva calidad al tocar la Constitución de la República.

(Desde una curul):- ¡Tiempo! ¡Tiempo!

El Presidente:- Señor diputado Modesto Cárdenas: Le ruego que concluya, porque ya está en los límites del tiempo.

El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul):- ¡No hay límite!

El Presidente:- Si el orador quiere solicitar autorización, como lo hicimos en otros casos, de la asamblea, para continuar, lo puede decir. Si escuchamos a la asamblea.

(Desde una curul):- ¡Qué ya no siga!

El diputado Modesto Cárdenas García:- Señor Presidente.

El Presidente:- Sí, diga usted, señor diputado.

El diputado Modesto Cárdenas García:- Sólo unos minutos más.

(Desde una curul):- ¡Nooo!

El Presidente:- Concluya usted en unos cinco minutos, señor diputado, por favor.

El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul):- ¡Señor Presidente!

El Presidente:- Diga usted.

El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul):- ¡Yo argumento y todos los oradores del Partido Popular Socialista le darán argumentos!

(Voces.)

El Presidente:- Es procedente la moción de orden. Pido a la asamblea atención y silencio. Es absolutamente procedente. Continúe usted, diputado Cárdenas.

El diputado Modesto Cárdenas García:- Señor Presidente: Si a algunos diputados se les está acabando la paciencia a las 6.45 horas del sábado 12 de mayo, no es culpa nuestra. Así se ha planteado el debate y para ningún orador ha habido limitación alguna y estamos dando argumentos.

(Desde una curul):- ¡Que se calle!

Lo que nosotros queremos hacer ver con esta argumentación es que no es verdad que el Partido Popular Socialista no vea hacia el futuro; al contrario, la iniciativa o los autores de la iniciativa son los que ven al pasado y eso es lo que queríamos poner de relieve. (Aplausos.)

Por esa razón, cuando el diputado Montemayor afirma que no se cambian los principios sino sólo instrumentos o estrategias, esa afirmación no es válida, porque lo que está haciendo en esencia es cambiar la estrategia que ha servido para desarrollar al país para avanzar en su independencia económica, para ubicarlo en este nivel en que nos encontramos, incluso para que se haya fortalecido esa burguesía reaccionaria que está demandando y exigiendo la desnacionalización de la banca.

Por esa razón, compañeras, compañeros diputados, el Partido Popular Socialista está plenamente convencido de que el grupo neoliberal, del Partido Revolucionario Institucional, con la ayuda de su partido satélite, Acción Nacional, dentro de algunos momentos más con impaciencia logrará sacar adelante un voto favorable para este dictamen.

El número de votos lo tiene asegurado con la derecha reaccionaria, pero lo que es verdaderamente imposible es que puedan afirmar que lo hacen en función de las banderas de la Revolución Mexicana, no lo pueden demostrar. Muchas gracias. (Aplausos.)

El Presidente:- Señor diputado Armando Duarte Móller, es su turno para el uso de la palabra.

El diputado Armando Duarte Móller:- Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: El tema que nos ocupa el día de hoy, constituye sin duda alguna, una de las decisiones más importantes que habremos de adoptar y que tendrá profundas repercusiones, no solamente en lo económico, sino sobre todo en lo político. Quiero destacar esto, sobre todo en el aspecto político.

Hemos escuchado a lo largo de ésta ya larga sesión, una serie de argumentos tanto en pro como en contra de esta propuesta hecha por el Presidente de la República a esta Cámara de Diputados, y en su gran mayoría han sido argumentos que se han referido a las repercusiones en el terreno económico de esta medida.

Desde luego, es una medida que tiene un carácter, un aspecto económico muy importante, y se han dado aquí elementos que así lo demuestran. Sin embargo, creo que hay aspectos de carácter político, muy importantes también, que requieren ser destacados en este debate.

Quisiera iniciar planteando que el antecedente inmediato o la referencia histórica más importante, que es la nacionalización de la banca decretada en 1982, a finales del sexenio del presidente López Portillo, fue no producto de un exabrupto, como algunos aquí han pretendido hacer creer. La nacionalización de la banca fue desde nuestro punto de vista, una medida de defensa de la soberanía nacional, una medida para restituirle al desarrollo nacional un instrumento que había sido escamoteado indebidamente por una oligarquía financiera que utilizó a la banca como instrumento para enriquecerse, para desviar recursos que bien pudieran haber permitido un desarrollo económico con independencia y con justicia social, en momentos en que los precios del petróleo alcanzaban sus más elevados niveles y en momentos en que nuestro país realizaba grandes exportaciones petroleras.

Tuvimos una oportunidad histórica, en el sexenio que concluyó en 1982, una oportunidad histórica de utilizar esos inmensos recursos provenientes de las exportaciones petroleras, para financiar un desarrollo con independencia y con justicia social; una oportunidad histórica que fue frustrada por una oligarquía financiera, que teniendo a los bancos como instrumentos, lograron que esos recursos provenientes de las exportaciones petroleras y pertenecientes al pueblo de México, fueran a parar a sus cuentas particulares en el extranjero.

Fue pues, la nacionalización de la banca, un acto de soberanía nacional, un acto congruente con el interés nacional en el momento histórico concreto en que éste se generó. Por ello recibió el apoyo de las fuerzas nacionalistas y revolucionarias de este país, no fue un acto de demagogia, nosotros rechazamos esta tesis porque nos parece tendenciosa y sin ningún fundamento en la realidad.

En los años subsecuentes, la banca nacionalizada jugó un papel muy importante; yo me pregunto ¿qué hubiera pasado en las condiciones de crisis económicas de los últimos años si la banca hubiera estado en manos de la iniciativa privada?; de los mismos que utilizando recursos fraudulentos como el prestarse a sus propias empresas a tasas cero, utilizando los recursos de los ahorradores, de los ciudadanos mexicanos para enriquecerse, para obtener beneficios personales, ¿qué hubiera pasado en este país si la banca hubiera seguido siendo manejada por los mismos que llevaron al país a esta crisis? Seguramente que hubiéramos tenido más dificultades y no

estaríamos en este momento apenas saliendo de esta crisis económica. En esta ocasión estamos ante una propuesta con la que se pretende eliminar la exclusividad del Estado en la prestación del servicio de banca y crédito. Si nosotros nos atuviéramos a los argumentos señalados hace un momento, podríamos decir incluso que ésta es una medida innecesaria, que no había razón para que la banca dejara de ser un servicio prestado en exclusiva por el Estado; hasta podríamos decir que esta medida es una medida reaccionaria; sin embargo los actos deben de analizarse en el momento concreto en que esto se realiza.

La situación de 1982 no es la situación de 1990, la crisis económica de la década de los ochenta ha tenido profundas repercusiones no solamente en los niveles de vida de la población, en la situación económica del país, sino que ha tenido profundas repercusiones también en la correlación de fuerzas de nuestro país.

Hemos podido observar en los últimos años, cómo la derecha, esa fuerza que representa los intereses precisamente de quienes haciendo uso de la banca, descapitalizaron al país y frustraron la oportunidad histórica de lograr un desarrollo con independencia y con justicia. Hemos podido ver cómo la derecha se ha venido fortaleciendo y se ha convertido en estos momentos en una opción real de poder frente al grupo gobernante.

De ello tenemos innumerables pruebas, una de ellas, muy clara, la tenemos aquí en la Cámara de Diputados. Hemos visto cómo la fracción parlamentaria de Acción Nacional ha tenido la habilidad y la capacidad de llevar consigo a otras fracciones parlamentarias, de signo ideológico distinto, y de utilizarlas para sus propósitos.

Y aunque duela decirlo, hemos visto también cómo en estos últimos años, con excepción de ese extraordinario movimiento popular de 1988, hemos visto cómo la izquierda no ha logrado convertirse en una opción real de poder frente al actual grupo gobernante.

En estas condiciones, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional sostiene que una eventual recaída de la economía nacional en una crisis económica, derivaría en una crisis política inmanejable y que solamente le abriría el camino al poder, a la fuerza, que en estos momentos, insisto, ha sabido convertirse en una opción real de poder frente al actual grupo gobernante: la derecha. Una crisis económica, una recaída, no convienen al pueblo de México, y en ese sentido, consideramos nosotros que lo que el interés nacional demanda ahora es precisamente lograr salir de la crisis y consolidar el crecimiento económico.

Lograr esto, evitaría que la situación económica pudiera contribuir a que la situación política se volviera inmanejable e, insisto, a abrirle el paso a la derecha para la toma del poder.

Creo que la situación económica de nuestro país en este momento, independientemente de lo que pudieran afirmar quienes la defienden, porque proviene de los programas de su partido, la situación económica de nuestro país y el programa económico del gobierno de la República, se encuentran en una situación aún de precario equilibrio. Los riesgos de la recaída son enormes y una de las razones o una de las necesidades más urgentes para el gobierno, para su proyecto económico, es contar con recursos para poder financiar su programa.

En este sentido, tomando en cuenta que la renegociación de la deuda externa, si bien es cierto aligeró las presiones no generó recursos frescos. Tomando en cuenta que los recursos frescos obtenidos en el exterior están muy por debajo de los requerimientos de la economía nacional, tomando en cuenta el gran peso que todavía tiene la deuda interna, las amenazas sobre la estabilidad económica del déficit fiscal, que no ha logrado superarse, plantean como una necesidad urgente la obtención de recursos para consolidar el crecimiento económico.

Nosotros afirmamos que en estos momentos, aún con la banca nacionalizada, el gobierno no tiene garantía de poder mantener la rectoría económica, precisamente por la falta de recursos, recursos que las ganancias que obtiene la banca nacionalizada no le pueden proporcionar en cantidades suficientes.

De tal manera, compañeros diputados, que es necesario entender que en estos momentos resulta fundamental que se pueda estabilizar el crecimiento económico a través de la inyección de recursos frescos. Y aunque parezca paradójico, desde nuestro punto de vista, lo que el interés nacional demanda es la obtención de esos recursos y ello justifica la medida que se ha propuesto a esta Cámara de Diputados.

Para nosotros, el regreso al régimen mixto de la banca, como se le ha llamado o como preferimos llamarle nosotros, eliminar la exclusividad de la prestación del servicio de banca y crédito en manos del Estado, constituye una medida necesaria para lograr la consolidación del desarrollo económico.

Constituye una medida que tiene, no solamente repercusiones en este terreno, sino fundamentalmente repercusiones en el terreno político. Por que al ser una medida encaminada a evitar la crisis económica y , por lo tanto a evitar la crisis política y a abrirle el paso a la derecha, es una medida que requiere ser apoyada por las fuerzas progresistas de este país.

Es una medida, desde nuestro punto de vista, que está encaminada a recuperar y a fortalecer la rectoría económica. Un Estado, un gobierno que no es capaz de controlar la situación económica del país, un gobierno que no tiene capacidad de rectoría económica, un gobierno que no tiene posibilidad de llevar adelante su programa para lograr el desarrollo económico, es un gobierno que no mantiene rectoría económica.

Sin embargo, el hecho de que nosotros respaldemos en esta ocasión la propuesta del Presidente de la República, no significa que le programa económico que el gobierno de la República instrumenta sea el programa económico que nosotros proponemos como parte de nuestro programa de lucha, de nuestro programa de acción.

Constituye, insisto, una medida que se justifica en este momento en términos de que contribuye a la estabilidad política y que nos da el tiempo necesario a las organizaciones de izquierda para adquirir la fuerza, para desarrollar nuestro trabajo en condiciones favorables que nos permitan convertirnos posteriormente en una opción real de poder.

Creemos que una verdadera actitud revolucionaria no se mide por las declaraciones o por el radicalismo de nuestros discursos, sino por la consecuencia de los actos que generen condiciones favorables para que los trabajadores hagan política, para que desarrollen sus organizaciones de vanguardia y puedan estar en condiciones de acceder al poder.

Por estas razones, la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional votará a favor de esta propuesta y participará con todas aquellas fuerzas que en la elaboración de la ley reglamentaria correspondiente planteemos las medidas necesarias para garantizar que esta medida no se revierta en contra del interés nacional. Muchas gracias.

(Aplausos.)

El Presidente:- Señor diputado Marcos Cruz, es su turno para hacer uso de la palabra.

El diputado Marcos Cruz Martínez:- Compañeras y compañeros diputados: Ciertamente nacionalizar, poner en manos del Estado algunas industrias o empresas de servicios, no ha sido en todos los casos una medida progresista o que responda a los anhelos populares; al contrario, en muchas ocasiones las empresas estatales se han caracterizado por librar un combate decidido contra los derechos de los trabajadores y han pretendido liquidar las conquistas plasmadas en los contratos colectivos de trabajo. Ejemplo de ello lo tenemos en la industria siderúrgica, en los ingenios azucareros, en el antiguo Aeroméxico y en Teléfono de México, para mencionar sólo algunos casos.

Otro tanto sucede en el medio rural, donde al banco manejado por el gobierno sólo le falta la tienda de raya para igualar la situación de los peones porfiristas con la de los millones de ejidatarios que mantienen sometidos a su control.

El manejo de las empresas estatales se han hecho en función de los intereses capitalistas privados y de los intereses de la burocracia estatal; el capitalismo de Estado que hoy se encuentra en franca quiebra en México, ha beneficiado a la burocracia política, ha creado centenares de millonarios y ha beneficiado durante décadas y mediante billonarios subsidios a la industria privada que hoy se muestra ineficaz, de baja calidad e improductiva.

Bajo la desdichada guía del capitalismo de Estado, manejado por el Partido Revolucionario Institucional, nuestro país se encuentra sumido en la crisis más delicada y espinosa que ha vivido desde la Revolución Mexicana; sobre los hombros del capitalismo estatal se ha construido un sistema político antidemocrático en el cual el presidencialismo que en 1982 ordenó estatisar la banca, hoy indica a los medios aplaudidores de esta medida en el pasado a que la devuelvan.

Es indudable que la nacionalización de la banca respondió a un conflicto real entre la oligarquía financiera y la burocracia política, provocando por la crisis del modelo de desarrollo que había prevalecido hasta entonces. Con esta medida la burocracia estatal pretendió frenar la especulación, el rentismo, la desinversión y la fuga de capitales que ella misma había propiciado.

Enfrentar el cambio de modelo de desarrollo, va con su dirección, y controlar el principal circuito financiero para regular la crisis y estabilizar la economía. En este conflicto, los intereses populares tenían un papel secundario al margen del pueblo y de sus luchas en medio de secreto palaciego, se nacionalizó la banca.

En manos del Estado, los bancos fueron manejados con criterios empresariales,

no se respondió a las limitadas expectativas que la nacionalización despertó. En realidad esta medida no sirvió para impulsar el desarrollo industrial, agrícola, ni siquiera financiero.

Los ahorros captados por las instituciones bancarias y el crédito del que disponían, no fueron canalizados en beneficio popular ni han promovido la inversión productiva, ya que las tasas de interés que cobra la banca nacionalizada, se hallan entre las más altas del mundo.

En resumen, la banca en manos estatales ha servido para regular algunos efectos de la crisis e intentar estabilizar la economía.

A partir de 1982, el proyecto capitalista en México se ha transformado, ha triunfado el proyecto neoliberal, que pretende insertar a México en el mercado mundial y convertido en un exportador de productos industriales.

La ineficacia tradicional de la industria privada, se ha convertido en un obstáculo para ello. También lo es la ineficiencia de las empresas paraestatales.

En aras del neoliberalismo, el Estado se ha replegado y ha abandonado muchas esferas económicas de las, en las que antes influía y ha abierto las fronteras para que la competencia de los productos extranjeros obligue a las empresas nacionales a renovarse o morir.

Los costos de esta reestructuración del capitalismo, los paga todos los días el pueblo mexicano, que ha visto deteriorarse, como nunca, sus salarios, disminuir su nivel de vida e incrementarse el desempleo.

Con la adopción del neoliberalismo, el conflicto ante la burocracia política y la oligarquía financiera, se está superando. El bloque en el poder experimenta un profundo proceso de reestructuración. Las heridas están restañándose y la unidad a la oligarquía financiera y la burocracia política, avanza a pasos acelerados.

El triunfo de neoliberalismo, significa la hegemonía de los financieros en la alianza con la tecnocracia priísta.

En el campo político, se ha dado también una creciente identificación entre el proyecto del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional.

El Partido Revolucionario Institucional ha hecho suyas muchas de las banderas programáticas panistas. A cambio, el Partido Acción Nacional se ha convertido en el principal aliado del partido oficial.

Hoy, ante la propuesta de reprivatización bancaria, el Partido Acción Nacional volverá a darle el apoyo que necesita el gobierno para reformar la Constitución.

El año pasado, a cambio de promesas incumplidas hasta ahora, le brindó el respaldo que el Partido Revolucionario Institucional requería para realizar su contrarreforma electoral. Ahora , lo apoyará para favorecer a los banqueros.

Finalmente, queda demostrado que defienden intereses de clases similares, aunque entre ambos partidos existan discrepancias en otros aspectos de la vida política nacional.

Así como la nacionalización de la banca no tenía en su momento un claro contenido social, ni respondía a la movilización del pueblo, ahora la reprivatización de la misma banca tampoco responde a ningún interés popular ni beneficia a la mayoría de la población. Al contrario, existe un grave riesgo de que al entregar los bancos a los principales financieros, éstos vuelvan otra vez a adentrarse por los oscuros callejones de la especulación y el gobierno se encuentre privado de los organismos para regular los circuitos financieros.

Consideramos nuestro deber señalar que a pesar de las limitaciones del capitalismo estatal, la banca nacionalizada ha sido un instrumento para regular los efectos de la crisis y restringir parcialmente la especulación; no es posible entregar este importante instrumento a los especuladores.

Es transcendental el punto que se trata, está en juego la perceptiva del desarrollo del país, el destino de una banca cuyo valor asciende, según el secretario de Hacienda, Pedro Aspe, a 18 billones de pesos.

Sin pretender que la banca nacionalizada sea un elemento fundamental para superar la actual crisis económica, ofrecer la solución a los problemas de México, nos oponemos a correr el riesgo de que nos vuelvan a saquear los especuladores y a fortalecer la burguesía financiera que jamás ha demostrado tener un compromiso con el pueblo de México.

El Presidente:- Diputada Rosario Guerra, es su turno en el uso de la palabra.

La diputada María del Rosario Elena Guerra Díaz:- Honorable asamblea: A lo largo de todas estas horas que hemos estado en el debate, se ha centrado una serie de temas en torno a las consecuencias que en la medida de la derogación del párrafo quinto del 28 y de las reformas al 123 podrían traer.

Si bien es cierto que la iniciativa y el dictamen que se han presentado por las comisiones unidas, se refiere a este tema específico, a través de él se ha dado aquí un debate de diversas magnitudes, en relación a cuáles serían las consecuencias para la conducción del proyecto nacional y del modelo de desarrollo del país.

Se ha hablado aquí de cómo podría o no operar la rectoría del Estado en el sistema financiero nacional bancario y no bancario; se han dado una serie de debates en torno a la naturaleza del servicio y en torno a una serie de situaciones que todos los legisladores hemos conversado y hemos debatido en diversos foros y en diversas formas de trabajo.

Yo quiero aquí resaltar que el Estado por decisión política fundamental e irrevocable contenida en la propia Constitución, es el rector del desarrollo en una democracia plural y de economía mixta, en la cual se combina la propiedad nacional de los medios estratégicos de producción con la propiedad pública, social y privada, subordinadas al interés general.

En este sentido, quiero recalcar que la rectoría del Estado tiene sus fundamentos constitucionales en una serie de artículos, como el 3o., el 5o., el 27, el 28, el 73, el 115, el 123, que ya en comisiones unidas, a través de la exposición que el licenciado diputado Lamadrid hizo, fundamentan y explican que la rectoría estatal sobre el sistema financiero no necesariamente debe guiarse a través del párrafo quinto del 28 constitucional.

Entendemos que la propuesta que se ha hecho al país de reforma al Estado, implica un redimensionamiento del propio aparato estatal, pero de ninguna manera significa una renuncia a los principios fundamentales que nos cuestionan como mexicanos. La rectoría del Estado tiene principios doctrinarios y necesita de instrumentos que le permitan avanzar.

En el texto constitucional no se regulan todas las actividades sobre las cuales el Estado emite normas y regulaciones, tan es así que en diciembre pasado esta Cámara legisló sobre instituciones auxiliares de crédito, fianzas, seguros y otra serie de intermediarios y no bancarios, que sin estar contenidos en la Constitución están sujetos por su propia naturaleza de interés general, a una reglamentación al respecto.

En este sentido, yo quisiera ubicar los puntos del debate y las circunstancias que aquí se han dado. Si bien es cierto que no se ha debatido aquí sobre el contenido específico del decreto, lo cierto es que hay una serie de compromisos y de preguntas que han quedado en el aire y que es necesario clarificar en cuanto a la postura de los compañeros del Partido Revolucionario Institucional. Nosotros creemos, en primer lugar, que la banca nacional, a través de todo el sistema vigente, ha sido altamente eficiente; es decir, rechazamos las cuestiones que involucran aspectos subjetivos, de corrupción y de errores en su manejo; por el contrario, como ya se ha afirmado, no hay ningún grupo de sociedades que tengan múltiplos de precios de utilidad o que tengan razones de precio a valor contable más favorables que los que tiene la banca.

Lo cierto es que las condiciones han cambiado de 1982 a 1990, y a reserva de hacer una reflexión más extensa sobre este punto, yo sí quiero recalcar aquí que los elementos de la rectoría del Estado sobre el sistema financiero nacional existen en materia de regulación, de normatividad, de supervisión y vigilancia y que éstos fueron ampliados por esta Legislatura en diciembre pasado, a través del fortalecimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de la Comisión Nacional de Valores, que como priístas nosotros estamos en una posición en la cual nos hemos comprometido a legislar en la materia de acuerdo a criterios muy específicos de preservar la banca de fomento en propiedad estatal y fomentar la participación de los particulares en la banca múltiple, conservando la participación del Estado.

Que en este proceso de desincorporación queremos un gradualismo con las mejores condiciones de venta para el mercado, que a la vez este proceso de enajenación esté sujeto a la transparencia necesaria para garantizar que no se favorezcan a grupos en este tipo de transacciones; que una de las necesidades imperiosas de la democratización del capital deberá darse a través de la tenencia accionaria de sus límites, frente a tendencias que solían privilegiar a grupos coligados de banca y empresas, con figuras como el autopréstamo, que la democratización del capital también debe darse sobre bases de regionalización del crédito y que el control de los bancos deberá estar en manos de mexicanos, que los recursos obtenidos de la enajenación de los bienes y de los activos de la banca deben ubicarse y deben encausarse hacia proyectos productivos de bienestar colectivo; que se deben preservar los derechos laborales de los trabajadores, que se debe garantizar la protección del interés y de la seguridad del usuario y procurar el mejoramiento de los servicios de la banca y el otorgamiento del crédito.

Estos criterios se han dado a lo largo de una serie de discusiones y éste es el compromiso que los priístas hemos asumido frente a la nación.

Yo creo que en cuanto a la situación que hoy estamos comentando, el cambio mundial que vivimos, no se refiere a problemas subjetivos en relación a percepciones distintas; más aún, me atrevo a afirmar que la magnitud de los cambios es tan difícil de percibir y analizar en toda su significación, que hoy es una realidad la formulación y formación de un nuevo sistema de relaciones internacionales, más multipolar, pero a la vez más global y con una mayor integración regional en la cual la competencia estará dada por la propia calidad de bienes y servicios y por una nueva revolución tecnológica que está ya transformando las relaciones sociales de producción en el mundo.

En cuanto a las situaciones con respecto a 1982, debemos ubicar que la crisis financiera en la medida que se ha logrado ya una mayor estabilidad económica, se ha ido superando. Ningún otro país en Latinoamérica ni en el mundo entero, ha logrado, con tanto éxito, controlar la inflación, fenómeno concentrador del ingreso y de la riqueza que afecta a quien menos tiene.

En estos años se ha logrado abatir el déficit fiscal y se ha realizado un saneamiento de las finanzas públicas que hoy permite en la estabilización económica.

Los costos sociales han sido muy altos. Se reflejan sobre todo en la caída de los niveles de bienestar; pero frente a las realidades de otros países hoy estamos en nuevas condiciones de fortaleza económica, menos vulnerables en nuestras relaciones con el exterior y con perspectivas reales de iniciar un crecimiento económico sano, sostenido y más equilibrado.

Es un momento en el que necesitamos mayores recursos para financiar el desarrollo y éstos no pueden provenir de medidas inflacionarias como la emisión de circulante. En esto radica la importancia de la necesidad de una mayor capitalización de nuestras instituciones, que a la par afianzan condiciones generales de mayor certidumbre, de viabilidad al crédito oportuno, el cual no entiende de etiquetas ideológicas, sino de realidades económicas.

En este sentido, yo quiero comentar que es obvio que las cosas están cambiando. En lo que difiero de lo que algunos expositores han planteado en la tribuna, es que México cambie en función de intereses externos, sino que cambia fundamentalmente en función de los intereses de los mexicanos.

Debemos replantearnos las necesidades de inversión hacia actividades productivas de beneficio colectivo. Sólo así y sólo mediante este medio podrá darse un crecimiento económico con mayor distribución de la riqueza. Y en esas circunstancias México debe adecuarse, precisamente, para no ser avasallado por el cambio mundial.

Si coincidimos en que queremos una nación con destino, éste no puede ser el empobrecimiento de su pueblo y el de la marginación del mundo. La autarquía es una utopía en el mundo moderno.

El hecho de que en México no haya sucursales de bancos extranjeros, no quiere decir, de ninguna manera, que nuestra banca no compita ya desde hace tiempo con la banca internacional en la captación del ahorro de los mexicanos. Son muchas, es cierto, las cifras que se manejan. Y aunque no tenemos datos ciertos, lo que sí es una realidad es que muchos compatriotas tienen una gran capacidad de ahorro y que lo realizan a través de instituciones bancarias del exterior.

Existen ya mecanismos de transferencias de fondos, a través de los sistemas de telecomunicaciones que hoy son práctica usual en la mayoría de los países del mundo. De ahí que lo que buscamos es mantener el saneamiento de las finanzas públicas y encontrar mecanismos, no inflacionarios, de financiamiento del desarrollo.

Con todas sus imperfecciones, hemos dado un primer paso con una reforma fiscal que hoy grava más, al que más tiene.

Quiero comentar, por último, que es correcta la preocupación que compartimos de cómo los recursos obtenidos en la enajenación de la banca, se deben gastar, que deben ser gastados para ampliar la infraestructura productiva que requiere el bienestar social y contribuir a la estabilidad financiera y al abatimiento del déficit fiscal. Sólo así tendremos bases productivas duraderas y más equitativas, donde efectivamente se concatenen ahorro e inversión y que reviertan la concentración del ingreso.

México tiene ante sí el reto de lograr nuevas formas de redistribución del ingreso, pero lo que realmente es cierto es que mientras no se solucionen problemas económicos generales, que permitan hacer más eficiente y competitivo nuestro aparato productivo, es difícil lograr elevar el nivel de ingreso de la mayoría de la población.

Por lo tanto, y por los temas expuestos, y por los compromisos que de frente los priístas hacemos ante la nación, no tenemos problemas de conciencia en el análisis y en la votación que emitiremos en favor de este dictamen. México no se vende ni está en remate. Por lo tanto,

pido a esta asamblea la aprobación al dictamen elaborado por las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias. (Aplausos.)

El presidente:- El señor diputado Ignacio Castillo Mena, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en el uso de la palabra.

El diputado Ignacio Castillo Mena:- Compañeras diputadas; compañeros diputados: Como se ha dicho en esta tribuna por el compañero Pedro Etienne, tratamos de llegar a un arreglo con el Partido Revolucionario Institucional para lograr inclusiones en la Constitución Política de tal manera que quedaran asegurados los intereses nacionales con motivo de la reprivatización de la banca.

El Partido Revolucionario Institucional en principio aceptó y no nos dejarán mentir ninguno de los miembros del grupo cercano a la Gran Comisión, porque cuando pensamos en el diálogo nos dijeron que estaban de acuerdo, pensamos que estábamos logrando una posición y una oportunidad para el país y para México, que estábamos evitando que la banca nacional se volviera el 12 de mayo la banca apátrida que será desde el día de hoy.

Considero que no es tan grave en sí la reprivatización, si quedara en manos nacionales; pero éste es un compromiso contraído seguramente con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial, no nos explicamos, no nos explicamos de otra manera cómo puede haberse realizado la privatización de la banca con un partido que ha enarbolado las banderas de la nacionalización y fusionándose en el propósito con el que pregona la privatización de tiempo atrás.

Esta santa alianza se repite, pero ya deja de ser la santa alianza para ser la alianza perversa de México. (Aplausos.)

No es explicable, no es justificable, ¿por qué el partido del gobierno no acepta que en lugar del párrafo quinto del artículo 28 de la Constitución, se incluya otro en el que se prevean y se resguarden los intereses nacionales?, no es explicable que no acepte, que en otra disposición constitucional, en el 25 como lo sugerimos, se pueda prever la regulación de la banca y del crédito; no es justificable si en el tercero, en el cuarto y en el quinto, en el veintisiete, en el ciento veintitrés existen premisas para la reglamentación y existen leyes secundarias revolucionarias. Aquí no puede existir una premisa revolucionaria, porque no habrá una ley revolucionaria; habría una ley para los intereses de los extranjeros o para los intereses de las derechas que representan el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional unidos en esta época. (Aplausos.)

El dictamen en sí, se dijo en las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Hacienda, no contiene coherencia, no hay congruencia en lo que se afirma en el dictamen, no lo existe en la iniciativa presidencial. Se dice en la iniciativa presidencial que vivimos una época, la última década de 1980 a 1990, de estancamiento político, económico y social. Se afirma también que se pretende buscar una economía mixta, lo dice el encargado del Ejecutivo, para evitar que se sigan otorgando subsidios y prebendas. Pero se le olvida decir quiénes han ocupado el poder y quiénes han manejado la banca nacional en la década de 1980 a 1990. No fue López Portillo en dos años, pero sí en seis Miguel de la Madrid, que creó la banca paralela y reprivatizó la banca al otorgar el 34% de las acciones a los particulares.

El más nefasto de los presidentes de México, al fin y al cabo, como Miramón y como Alemán, Miguel de la Madrid reprivatizó la banca desde entonces, y ahora como obligación de haberlo puesto en el poder al actual presidente, consuma la reprivatización de la banca, tal vez para entregársela al extranjero, seguramente que al extranjero. (Aplausos.)

No hay coincidencias cuando se dice que para evitar que se sigan otorgando subsidios y prebendas, que reconozca el gobierno a quiénes se otorgan los subsidios y las prebendas con la banca nacional, si es propiedad del propio Estado. El gobierno tiene frases para justificar sus documentos de trabajo, tiene frases para engañar al pueblo, elabora dictámenes con magníficas expresiones, elocuentes a veces, pero llenas de falsedad y de mentiras.

El pueblo se ha cansado de creer en el Partido Revolucionario Institucional , y ahora menos creerá con el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional unidos. Las derechas están unidas, ¿para qué? Para llevar al conservadurismo de lo más que puedan en el poder, porque tienen metas fijas, tienen la meta de entregar el país al extranjero; estamos cediendo soberanía todos los días, estamos vendiendo el patrimonio de la nación, estamos entregando los bienes del pueblo y por un gobierno al que el pueblo no le ha confiado, no digamos la venta ni la entrega, no le ha confiado su representación y nunca le ha entrado su mandato. (Aplausos.)

Afirmaba al iniciar, voy a ser breve, que se pidió nada más esto, que quedara incluido en la

Constitución la seguridad de que sería un servicio público, que el capital extranjero sería minoritario y que el capital de la banca se destinaría preferentemente al desarrollo económico del país.

Yo quiero preguntarme, si hay una buena intención, ¿por qué negarse a esto?, si es una concesión; será servicio público y no vale lo que dijo aquí Cavazos, que porque en el 27 se dice qué autorización, no vale ese argumento. ¿Por qué si no hay el propósito de entregarlo al extranjero, no se incluyó ese pequeño renglón en donde minimizara el capital extranjero frente al privado?, y ¿por qué no se quiso poner en la Constitución que se destinara en forma preferente y en forma mayoritaria al desarrollo económico del país?

Señores, la encrucijada es muy difícil para México, el destino no es claro para nosotros; todos los días se oscurece el panorama; todos los días nos encontramos con una novedad que no agrada a los mexicanos; todos los días hay noticias alarmantes. Decía aquí hace unos momentos el diputado Bernardo Bátiz, que cuando se llevó a cabo la nacionalización de la banca, se inició, mejor dicho anunció en la tribuna de la Cámara de Diputados el entonces presidente, el 1o. de septiembre de 1982, casi se consideraba como el 18 de marzo de 1938.

Yo quiero pensar, señores, que el 12 de mayo de 1990 no se parezca a ningún día del actual sexenio, ni de los que estén por venir, en una expropiación, en una reprivatización de la industria petrolera, porque eso los mexicanos con conciencia revolucionaria no lo permitiremos jamás y es una alerta al gobierno y a las fuerzas retrógradas de México. Gracias. (Aplausos.)

El Presidente:- El diputado Osiris Cantú, en el turno para el uso de la palabra. En el turno alternativo la presidencia ha dado a conocer que el turno que estaba previsto en favor declina y que en consecuencia es el turno del diputado Osiris Cantú. Hable usted, diputado.

El diputado Osiris Samuel Cantú Ramírez:- Compañeras y compañeros diputados; con su venia, señor Presidente: Se hace indispensable y necesario para fijar nuestra posición frente a la iniciativa que discutimos ahora, esto es, se hace indispensable, decíamos, necesario, al fijar nuestra posición frente a la iniciativa que discutimos ahora, esto es, la iniciativa del Ejecutivo para derogar la fracción V del artículo 28 constitucional, a fin de restablecer el régimen mixto en la banca, en primer término, fijar o volver a fijar la apreciación que tuvimos frente a la nacionalización bancaria de 1982. La iniciativa la hace desde tres puntos de vista en los que busca sustentarse y que forman parte del modelo de desarrollo que implementa el gobierno de la República desde que inició su gestión, pero expuesto de manera más amplia en el primer informe de gobierno, donde se apuntan con más claridad las características de tal modelo, así como la ideología en que se apoya.

Es por tanto la ubicación de la nacionalización de la banca, de su dimensión y trascendencia, una cuestión de tal importancia para enfocar adecuadamente la iniciativa para su reprivatización porque toca, tiene que ver esencialmente con la cuestión de la concepción de las distintas fuerzas políticas nacionales acerca del debate, acerca de las vías del desarrollo nacional que es asunto fundamental que está en el centro de este debate.

Es, al mismo tiempo por ello, ocasión y momento particularmente álgido de la confrontación ideológica y política en curso. Comenzaré por decir que la nacionalización de la banca, si efectivamente fue una medida que se justificó como consecuencia de la grave crisis financiera que ocurrió en 1982, no fue, como se afirma en la iniciativa, consecuencia de que se viviera la etapa final del modelo de estrategia de desarrollo basada en una economía cerrada y en la expansión propietaria del Estado.

Por aquellos años, más bien se practicaba una política de concesiones crecientes al gran capital, basadas en la alianza para la producción, que era, nada menos que la política de acuerdos con el gran capital; aunque persistían formas ciertamente de regulación estatal basadas en un importante sector público de la economía.

La crisis del modelo seguido en las últimas décadas, se significó por la agudización de las desigualdades sociales, y en una dependencia mayor de la nación. La nacionalización de la banca fue la expresión más importante de ruptura con ese modelo, obligada por la crisis del desarrollo compartido, y constituyó una acción de justicia social, radical, de independencia y ejercicio pleno de soberanía frente a los centros financieros internacionales y a la gran burguesía especuladora y antinacional.

Desató la nacionalización de la banca la acción de masas en apoyo de esta medida histórica y planteó con toda su fuerza, a nivel nacional, la necesidad del cambio social democrático.

Nosotros, en esta ocasión, reivindicamos plenamente la nacionalización de la banca de 1982. Por esta razón, se puede explicar que de inmediato se buscó contener los efectos políticos mediante el acuerdo con los ex banqueros,

nulificando de manera importante su sentido nacional reivindicativo y manteniendo en lo fundamental la orientación de la banca nacionalizada en favor de los grandes negocios.

Más allá de las primeras medidas que mostraron la viabilidad de la banca nacionalizada y la posibilidad de funcionamiento de la economía con banca nacionalizada, el hecho es que se fue volviendo a la situación anterior al desarrollarse en la práctica la banca paralela y las casas de bolsa.

Las medidas que debían seguir a la nacionalización bancaria no sólo no se tomaron, pues constituían parte del programa de la izquierda y del movimiento obrero democrático y revolucionario de México, del nuevo modelo progresista y de corte avanzado, nacional, revolucionario y antiimperialista, y requerían, indispensablemente tales medidas, del cambio en el poder político, sino que por el contrario, con todo y las heridas por momentos aparentemente mortales a la oligarquía, ésta fue restableciendo sus pactos con el gobierno, recuperando paulatinamente posiciones en el poder y en el conjunto de la vida económica y social, a base de nuevas concesiones.

No hubo en modo alguno, en este curso, modificación mínima a la conducta especuladora de los ex banqueros, ni renuncia a seguir medrando con los recursos del pueblo y de los pequeños ahorradores, provocaron el escándalo de 1987.

Hoy al argumentarse la propuesta para privatizar la banca, se busca contraponer justicia social con la forma de la propiedad estatal de la banca, pretendiendo desconocer, al menos en la iniciativa no se dice nada al respecto, la conducta antisocial y fraudulenta, que caracteriza el comportamiento de los grupos financieros, verdaderas mafias, dueñas del dinero, ni por supuesto se señala nada acerca del papel que han jugado y siguen jugando estructural en las relaciones sociales injustas actuales, de las fortunas amasadas por unos cuantos y la miseria a la que llevan a la mayoría de los mexicanos, del papel de estos grupos en la corrupción tanto privada como gubernamental.

Y ésta es una cuestión toral de la iniciativa presidencial y con relación a la cual surge la discrepancia fundamental y nuestra oposición a la medida propuesta, ¿va a representar como se afirma una mejoría de los niveles de vida del pueblo? ¿Aumentará concretamente el salario de los trabajadores en términos reales? ¿De cuándo acá los banqueros son benefactores sociales¿

Se dice, se afirma, que los fondos por concepto de la venta de las acciones de los bancos irán al Programa de Solidaridad. Ese ha sido también el argumento para la venta de la mayoría de las empresas paraestatales, al Programa de Solidaridad para atender necesidades urgentes de la población, necesidades y carencias, consecuencia de más de 10 años de estancamiento económico, pero en lo fundamental no sirven para ampliar la infraestructura productiva sustancialmente.

No dudamos de la importancia y de la necesidad de estos programas de solidaridad, pero en lo fundamental no sirven para ampliar la infraestructura productiva sustancialmente, sino para atenuar las manifestaciones más graves del problema social, aunque de manera muy parcial y temporal.

La pregunta que surge, se la hace todo mundo, una vez agotados los ingresos por concepto de la venta de paraestatales y de la banca, ¿qué pasará cuando no haya recursos a los que acudir cuando no haya sustento sólido para garantizar la continuidad de programas como éste?

La lógica del capitalismo bajo la reprivatización no puede ser otra que la de una mayor concentración de la riqueza en cada vez más pocas manos y en el agravamiento de la situación de los trabajadores. Y frente a ello el Estado contará con menores posibilidades e instrumentos de regulación para al menos incluir mecanismos económicos, moderar ganancias y proteger a los sectores más golpeados.

Se cierra con la privatización un capítulo de la lucha de nuestro pueblo, pero se abre otro en el que se plantean de manera candente las cuestiones de la participación que deberán tener las fuerzas políticas, los trabajadores, en el control y en la vigilancia de la propia banca privada. En la memoria de nuestro pueblo está la nacionalización de la banca como un factor que pesa y que seguirá pesando en la lucha general por un cambio sustancial en la dirección y en los destinos del país.

Es lamentable que no se haya logrado un acuerdo para lograr incorporar en el artículo 28 en la fracción V un texto que hubiera garantizado que este servicio fuera una concesión de parte del Estado, tanto a los grupos privados como al sector social de la economía; sin embargo, nosotros consideramos que aun en esas condiciones, la izquierda levantará su programa de transformación democrática para influir de manera decisiva en los cambios y en la dirección de los cambios que están abiertos para México.

Por estas razones, votaremos en contra de la propuesta del Ejecutivo. Gracias.

(Aplausos.)

El presidente:- El turno para el uso de la palabra es del diputado Jaime Castrejón Díez.

El diputado Jaime Castrejón Díez:- Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Tenemos varias horas de estar en un debate en que se repite constantemente la misma argumentación, dos momentos de nuestra historia reciente: la nacionalización de la banca y la desestatización de la banca.

Vivimos en una época en que las consideraciones económicas trascienden las políticas; yo me pregunto, si en Francia, Francois Miterrand, que hizo una promesa de campaña: la de nacionalizar la banca y la cumplió y unos años después la desestatizó, ¿es Miterrand un mal socialista, o es simplemente un estadista de su tiempo?

No todas las acciones políticas pueden ser permanentes, las circunstancias cambian y el proceso se hace lento por aspectos mal previstos y aquellas políticas, al llegar a la fase de disminución de resultados requieren cambios y adecuaciones. Es muy claro que no hay nuevos argumentos sobre el fondo del dictamen y se siguen reviviendo los mismos temas, por lo que me permito, con todo respeto, sugerir a la Presidencia consulte a la asamblea si el dictamen está suficientemente discutido en lo general.

El Presidente:- Consulte la secretaría a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

(Voces.)

Permítame la secretaría. Solamente, señores del Partido Popular Socialista, para hechos; uno de los ciudadanos diputados de ese grupo parlamentario y después pasa la secretaría a dar lectura a uno de los artículos del reglamento.

Tiene usted la palabra, diputado Jesús Luján Gutiérrez.

El diputado Jesús Luján Gutiérrez:- Señor Presidente; señoras y señores diputados; señoritas: A través de la historia de la existencia de nuestros partidos, el Partido Popular Socialista y el Partido Acción Nacional, ha quedado evidenciado, sobre todo de 1948 para acá, que nuestras tesis han sido diametralmente opuestas.

Yo recuerdo que en la XLVIII Legislatura, cuando estábamos discutiendo la Ley de Reforma Agraria, el grupo en el poder, para contestarnos...

La diputada Carmen Mercado Téllez (desde su curul):- Señor Presidente, le pido por favor a su vez pida a la honorable asamblea guarde silencio para poder escuchar al orador.

El Presidente:- Es procedente su solicitud. La Presidencia reclama de la asamblea silencio y atención al orador.

El diputado Jesús Luján Gutiérrez:- En esa ocasión, el grupo en el poder, para contestar los argumentos del Partido Popular Socialista utilizaba los argumentos del Partido Acción Nacional y a su vez, para dar respuesta al Partido Acción Nacional utilizaba nuestros argumentos, eso es lo que sucedió en aquella época.

Pero a medida que pasa el tiempo, hemos venido observando una coincidencia entre el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional y hoy se acaba de manifestar esa coincidencia.

Nosotros coincidimos en la propuesta que hizo Pablo Gómez, de que se pospusiera en tiempo este debate para que se diera en mejores condiciones. El argumento que manejó la directiva del Partido Revolucionario Institucional en esta Cámara es que estaban muy deseosos del debate, que estaban calientes para el debate...

(Desorden.)

Pues qué poco les dura la calentura, ya están fríos.

Argumentos hay, no es cierto lo que vino a decir el orador que me antecedió en el uso de la palabra, que son los mismos argumentos los que venimos a manejar, es falso, simplemente manifiesta el Partido Revolucionario Institucional, concretamente, el diputado Cavazos y la diputada Guerra, que no se podría establecer en el artículo 28 como servicio público el de la banca y crédito porque encontraría contradicciones con la propia Constitución.

Y cierto es que en los mismos artículos y yo les menciono el artículo 27 constitucional tiene fracciones contradictorias, la fracción X y la fracción XIV, en una dice que el Estado debe proporcionar la tierra de donde se encuentre para los grupos solicitantes y en otra establece el amparo agrario a los terratenientes.

En consecuencia, compañeros, no es que se haya agotado el debate, simplemente, como lo denunció el compañero Ortíz Mendoza, ya tiene amarrada la mayoría el Partido Revolucionario Institucional, estaban muy deseosos...

(Desde una curul):- Ya bájate.

Ven, bájame.

Este mecanismo que pretende implantarnos la Presidencia, de aplicar rigurosamente el reglamento, desde ese punto de vista es válido, pero es inmoral por la forma en que hemos conducido los trabajos durante esta legislatura; hemos tratado de suplir con acuerdos parlamentarios las lagunas que establece la propia legislación y hoy que llaman al debate, cuando éste apenas se inicia pretenden abandonarlo, sabemos perfectamente que vamos a perder la votación, eso es obvio, simplemente lo que nosotros demandamos es que con base en los acuerdos parlamentarios, con base en el respeto que nos merecemos para exponer nuestros puntos de vista con amplitud, simplemente se dejen de lado cuestiones de carácter reglamentario y se dé el tiempo necesario para que expongamos nuestros puntos de vista.

El Presidente: Haga la secretaría la consulta indicada.

(Desorden.)

La secretaria diputada Guadalupe Gómez Maganda de Anaya:- Por instrucciones de la Presidencia, y en votación económica, se consulta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen en lo general.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.

El Presidente:- Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, pregunta esta Presidencia a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

(Desorden.)

Proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, de los artículos no impugnados en un solo acto.

Hay una disposición reglamentaria, les pido su atención, donde muy explícitamente se consideran las hipótesis en las cuales se puede suspender o no una discusión, nunca se planteó esto. Esta Presidencia también indica que se cumplió de manera escrupulosa lo dispuesto por el artículo 114 del reglamento; no solamente eso, se excedió el número de seis oradores en favor y seis oradores en contra.

Además, hubo incluso en varios casos, oradores que excedieron la media hora reglamentaria porque así se acordó; finalmente digo a ustedes que se dio lectura a los votos particulares. Yo conmino a los señores coordinadores de los grupos parlamentarios que de acuerdo con la ley orgánica que norma el Congreso General, dispone lo siguiente:

"Artículo 38. Los grupos parlamentarios son las formas de organización que podrán adoptar los diputados con igual afiliación de partido para realizar tareas específicas en la Cámara, su fundamento legal aparece establecido en el artículo 70 constitucional.

Artículo 39. Los grupos parlamentarios coadyuvan al mejor desarrollo del proceso legislativo y facilitan la participación -les pido atención a los señores diputados-, en las tareas camerales, además contribuyen, orientan y estimulan la formación de criterios comunes en las discusiones y deliberaciones en las que participan sus integrantes.

Artículo 43. Los líderes de los grupos parlamentarios serán sus conductos para realizar las tareas de coordinación con la mesa directiva, las comisiones y los comités de la Cámara de Diputados. El líder del grupo parlamentario mayoritario podrá reunirse, dice este artículo 43, con los demás líderes para considerar conjuntamente las acciones específicas que propicien el mejor desarrollo de las labores camerales."

Como hay una circunstancia evidente, aunque transitoria de imposibilidad material para continuar en estos momentos con el desarrollo normal, reglamentado del trabajo de la Cámara, ruego a los señores coordinadores de los grupos parlamentarios que se reúnan, porque en este momento hay imposibilidad material para continuar con el desarrollo de esta sesión.

(Voces.)

En consecuencia, señores, conmino a los señores de los grupos parlamentarios para que se reúnan en este momento.

(Desorden.)

La Presidencia de la Cámara debe tener la suficiente ecuanimidad para asumir sus responsabilidades y entender cómo se encuentran en este momento las circunstancias y condiciones de la Cámara. Mi exhorto a los señores coordinadores es absolutamente procedente, de esta manera, como están aquí aglomerados en la parte superior de esta tribuna no es posible continuar con el desarrollo normal de los trabajos.

Insisto, durante unos minutos esta Presidencia aguardará a que los señores coordinadores de los grupos parlamentarios resuelvan lo relativo a esto.

(Voces.)

Es procedente por lo que atañe a los señores que no son diputados, sino en general a todos los que constitucional, legal, reglamentaria, no deben de estar en esta parte, de tal manera que convoco a los señores a que hagan el desalojo de esta parte superior.

(Desde una curul):- Señor Presidente, propongo que se dé un receso de cinco minutos.

Vamos a aguardar un tiempo prudente, razonable, para que nos hagan favor de desalojar. Hay una imposibilidad material mientras estén ustedes aquí.

(Voces.)

Les ruego que efectivamente atiendan las indicaciones de esta Presidencia.

(Los diputados abandonan la tribuna.)

Gracias a los diputados que atendieron las indicaciones de esta Presidencia.

El diputado Francisco Ortíz Mendoza:- Señor Presidente; honorable asamblea...

El Presidente:- Permítame, diputado Ortíz Mendoza, déjeme solicitar a los señores diputados que tomen sus lugares y que se restablezca el orden, permítame nada más unos segundos.

Les ruego a los señores diputados tomar su lugar y guardar silencio.

Diputado Ortíz Mendoza.

El diputado Francisco Ortíz Mendoza:- El Partido Popular Socialista está de acuerdo que nos reunamos los coordinadores de acuerdo con su propuesta.

(Voces.)

La propuso el Presidente y el Partido Popular Socialista la acepta.

(Voces.)

Ustedes no, pero el Partido Popular Socialista sí.

(Desorden.)

Entonces, hasta a eso "le sacan", hasta eso "le sacan".

(Voces.)

Bien, señor Montemayor, usted pidió argumentos: el Partido Popular Socialista dividió sus argumentos en seis oradores; unos sobre ciencia y tecnología, no lo quisieron escuchar; otro que va a hablarle a usted lo que es el papel del Estado en México; otro que le va a explicar a usted lo que es la rectoría del Estado.

Son seis temas que usted pidió y cuando apenas va el segundo, le da miedo y ya no quiere oír, ésa es su democracia y así le digo al diputado Jiménez Morales, dijeron que era "hasta morir", porque ustedes estaban ansiosos de debate y ya se cansaron, porque están citados en Los Pinos a las 9:00 de la mañana, pero no van a llegar, el Partido Popular Socialista se encarga.

(Voces.)

¡De Acción Nacional, tengo años escuchándolos de que pedían democracia, que los escucharan en la Cámara, que la mayoría no los oprimiera! Y en la primera vez que salían éste es el resultado, el fascismo. Cuando la derecha se alía al poder es fascismo y están aliados para que se pare el debate, eso nos espera, señores, en México; aliado el gobierno con la derecha, el fascismo es el que nos espera, la violencia para acallar las ideas.

¿Por qué suspenden el debate si hay 16 oradores inscritos?, ¿por qué?, ¿por miedo?, ¿por incapacidad?, ¿por cansancio?, ¿ése es el método que van a usar, amarrar los votos con el Partido Acción Nacional e imponernos a su voluntad lo que quieran en esta Cámara? Eso es fascismo, diputado Jiménez Morales, que no queremos verle el rostro en la Cámara de Diputados.

¡Está bien buscar la mayoría!, pero, ¿aliarse para acallar las ideas cuando las pide Montemayor?, ¿por qué?, ¿tienen miedo? Nosotros estamos tan cansados como ustedes y somos menos, ustedes son 250, nosotros 30 y así, con eso y con sus aliados otros 100. Para todos tenemos.

(Voces.)

Pues sí, porque se quieren aprovechar del cansancio o de su número, ¿por qué por la fuerza?, ¿por qué por la fuerza?, ¡no tienen ideas, no tienen argumentos, hasta miedo tienen de que se reúnan los coordinadores! Ese es el fascismo puro y a eso es a donde vamos.

El Presidente:- Restablecido el orden en la asamblea, proceda la secretaría, para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, a preguntar a la asamblea si se va a reservar algún artículo para ser discutido en lo particular.

El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul):- Reservo todos los artículos del decreto y todos los transitorios, excepto el primero.

El Presidente:- Anote la secretaría que se reservan todos los artículos del decreto, incluso los dos transitorios, excepto el primero.

El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul):- Artículos primero y segundo.

El Presidente:- Artículos primero y segundo del decreto.

Grupo Parlamentario Independiente, Rubén Venadero. ¿Alguien más?

Artículo primero y segundo del decreto, por el grupo parlamentario del Partido Popular Socialista. ¿Alguien más?, ¿algún otro grupo parlamentario o diputados a título particular desea reserva para impugnar alguno de los artículos?, ¿ninguno más?

Proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, de los artículos no impugnados, en un solo acto.

Agradezco la cordura de esta asamblea.

La secretaria diputada Hilda Anderson Nevárez de Rojas:- Se va a proceder a tomar la votación del dictamen en lo general.

(Votación.)

La secretaría informa que hubo la siguiente votación: 12 abstenciones, 54 votos en contra y 339 votos a favor.

El Presidente:- Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no impugnados del dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Hacienda, que modifican los artículos 28 y 123 de la Constitución General de la República, por 339 votos.

ARTICULO PRIMERO

El Presidente:- La Presidencia de la Cámara informa que han sido reservados para su discusión los siguientes artículos: primero, segundo y tercero del decreto, y segundo transitorio.

La Presidencia informa que de acuerdo con las solicitudes de los grupos parlamentarios, el turno de oradores, por lo que ve a la discusión en lo particular del artículo primero, será el siguiente: Antonio Ríos Rojo, del Partido de la Revolución Democrática; Ricardo Monreal, del Partido Revolucionario Institucional; Jesús Luján, del Partido Popular Socialista; Carlos Castillo Peraza, del Partido Acción Nacional; Juan Guerra, del Partido de la Revolución Democrática; Armando Ibarra, del Partido Popular Socialista; Reynaldo Rosas, del Partido de la Revolución Democrática; Alfredo Reyes Contreras, del Partido Popular Socialista; Belisario Aguilar, del Partido Popular Socialista, y Manuel López Zorrilla, del Grupo Parlamentario Independiente.

¿Están de acuerdo los grupos parlamentarios? Sí, diputado.

El diputado Rubén Venadero Valenzuela (desde su curul):- Nada más una aclaración.

El Presidente:- Diga usted, diputado Venadero.

El diputado Rubén Venadero Valenzuela (desde su curul):- En la lista de oradores que usted acaba de leer, no entendemos por qué se nos deja hasta el último, después de dos o más oradores.

El Presidente:- Mire usted, diputado, no hay obviamente ninguna razón más que la distribución ordenada, de acuerdo con lo que pidieron algunos diputados que habían quedado en el turno, eso es todo.

El diputado Rubén Venadero Valenzuela (desde su curul):- Entonces pedimos que el primer orador sea inmediatamente después del primer orador.

El Presidente:- ¿Está de acuerdo el Partido Popular Socialista en que así sea? Bien, diputado, tome nota de esto, haga estas dos precisiones: el primer orador del Partido Popular Socialista en este turno va a ser el diputado Belisario Aguilar y después de él va el diputado del Grupo Parlamentario Independiente, Manuel López Zorrilla; también tome nota de que en lugar del diputado Juan Guerra, por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Miguel Aroche Parra.

Bien, vamos a continuar con el trámite, le ruego a la secretaría, para ilustrar a esta asamblea de qué se trata, dé lectura al artículo primero del proyecto de decreto.

La secretaria diputada Guadalupe Gómez Maganda de Anaya:

"Artículo primero. Se deroga el párrafo quinto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

El Presidente:- Hace uso de la palabra el ciudadano diputado Antonio Ríos Rojo.

El diputado Antonio Ríos Rojo:- Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Hace un momento un compañero diputado del Partido Revolucionario Institucional, el compañero Castrejón Díez expresaba que en el gobierno de Miterrand, primero la banca fue estatizada o nacionalizada y uno o dos años después se tuvo que desestatizar la banca o desnacionalizar.

Tiene razón en parte, es una verdad a medias la expresada por el diputado Castrejón Díez, lo que el diputado Castrejón Díez no informó es que en la Comunidad Económica Europea integrada por 12 países, hay todo un proceso de unificación, un proceso de unificación que busca que los instrumentos financieros sean homologados y se han planteado algunas metas para 1992, como es la que los 12 países que actualmente integran la Comunidad Económica Europea, incluso puedan llegar a tener una misma moneda; en la Comunidad Económica Europea los parlamentos de cada uno de los países, el pueblo de cada uno de los países discute el proyecto de nación, discuten qué rumbo va a tomar ese país y qué rumbo es el que va a tomar todo ese bloque de países que actualmente están integrando la Comunidad Económica Europea.

Aquí en México eso no se está haciendo, aquí en México nos piden que deroguemos una parte, el párrafo quinto del artículo 28, pero sin haber tenido en nuestro país una discusión a fondo de cuál es el rumbo del país que estamos tomando, que si vamos hacia una integración con Canadá y Estados Unidos de América, eso aquí en México no se discute, esto aquí en México no es punto de debate, de discusión en este parlamento, ni tampoco es un punto que esté discutiendo la sociedad mexicana.

¿Cuál es el proyecto de Estado que hoy se está implementando en este país? Esta es una discusión que en nuestro país no se está dando y que en la Comunidad Económica Europea, en cada uno de los países es una discusión que se da e incluso hay un parlamento donde también se está discutiendo eso, ésas son las cosas que al diputado Castrejón Díez se le olvidó mencionar y por eso digo que en parte tiene razón en lo que él expresó; expresó una parte de la verdad, pero hubo otra parte que él ocultó.

En la Comunidad Económica Europea hay una homologación de los instrumentos financieros y que creo que eso es lo mismo que hoy se pretende hacer aquí en nuestro país para integrarnos con Estados Unidos de América y con Canadá, pero que el gobierno de Salinas de Gortari le oculta esa realidad a nuestra nación.

Sin duda alguna uno de los diputados de esta legislatura, con una excelente oratoria, es el compañero Abel Vicencio Tovar, con el cual en muchas cosas estoy de acuerdo y en otras no, creo que es una de las personas que maneja un discurso filosófico y moral que en muchas ocasiones llega a la fibra de nosotros, pero un discurso de cualquier ciudadano tiene fuerza, ese discurso tiene validez, es un discurso contundente cuando lo que decimos nosotros lo llevamos a la práctica, no cuando nos doblamos a la primera, cuando eso sucede el discurso pierde fuerza, la personalidad de ese orador se dobla y en mi tierra a esas personas que en el discurso sostienen una cosa y a la hora de la verdad dicen otra, en mi tierra les llamamos "rajones", pero yo aquí, compañeros, por el respeto que le tengo al compañero Abel Vicencio no le voy a llamar "rajón".

Decía el compañero Abel Vicencio, y es bueno que todos sepamos qué es lo que decimos y qué es lo que hacemos, decía el compañero Abel Vicencio en las reuniones de las comisiones unidad, que el Poder Legislativo nuevamente es arrastrado por el Poder Ejecutivo y es cierto, lo acabamos de ver.

Para modificar nosotros los artículos constitucionales en materia electoral tardamos meses, meses discutiendo en la Cámara y meses discutiendo también en la Comisión Federal Electoral y la sociedad participó en este debate, pero ahora no, compañeros, ahora este poder es arrastrado por el Poder Ejecutivo, pero también es arrastrado por la posición endeble que asumió en esta discusión el Partido Acción Nacional.

Mencionaba el compañero Abel Vicencio en la reunión de las comisiones unidas, que las condiciones de la banca no han cambiado radicalmente, lo que ha cambiado es la percepción del Ejecutivo, textualmente eso es lo que expresaba.

En lugar, decía el mismo compañero, del párrafo quinto, queda la nada; ¿qué garantía hay?....

El Presidente:- Permítame, señor diputado Ríos Rojo.

El diputado Jorge Schiaffino Isunza (desde su curul):- No se ha referido, en los cinco minutos que lleva en la tribuna, al tema.

El diputado José Antonio Ríos Rojo:- No hay que desesperarse, compañeros, tenemos todo el día para discutir.

El Presidente:- Orden en la asamblea.

El diputado José Antonio Ríos Rojo:- ¿Qué garantías hay cuando se legisla en la nada?, ¿cómo es posible que un servicio tan importante no tenga rango jurídico constitucional? Eso expresaba el compañero Abel Vicencio Tovar y hoy nos propone que desaparezca ese párrafo; ¿cuál es la congruencia, compañeros?, ¿por qué cambiamos en unas cuantas horas, de parecer?, ¿por qué decimos que en forma constitucional nosotros debemos de expresar por lo menos algunos principios rectores para que funcione de buena manera la banca mixta y de repente nos dicen: no es necesario, nosotros hemos firmado una carta de intención y vamos a seguir luchando por eso?

Compañeros, para luchar por el buen funcionamiento de la banca mixta no hace falta firmar ninguna carta de intenciones, lo que hace falta es simple y sencillamente ser consecuente como nuestros principios y no hace falta nada, no es necesario firmar nada. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Nosotros proponemos lo siguiente:

"Artículo primero, para los compañeros del Partido Revolucionario Institucional que están desesperados, se adicione un noveno párrafo al artículo 25; un penúltimo párrafo al artículo 28; un segundo párrafo a la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

La ley regulará los servicios públicos de banca y crédito, seguros, fianzas y factoraje financiero. En las instituciones y empresas que se dediquen a estas actividades, ningún particular podrá poseer más del 1% del capital social total y la inversión extranjera sólo podrá ser minoritaria y sin derecho a voz ni voto. Las instituciones que brinden el servicio público de banca y crédito se orientarán a la promoción del desarrollo económico y social, se establecerán en forma nacional y por regiones y en sus consejos directivos participarán con derecho de voz y voto, representantes selectivos en forma directa de sus propios trabajadores. El Estado tendrá bajo su control directo la banca de fomento y desarrollo, podrá participar en todas las actividades bancarias y promoverá la participación del sector social. Ningún banco comercial podrá poseer más del 5% del capital social de cualquier otra empresa."

Como se podrá observar, algunos de los principios rectores que nosotros proponemos deben de quedar en la Constitución, algunos de ellos fueron propuestos, inicialmente fueron propuestos por el partido Acción Nacional, nosotros retomamos algunos de ellos y agregamos los otros. Muchísimas gracias, compañeros.

El Presidente:- En los términos de los artículos 124 y 125 del Reglamento, tal y como se hizo cuando la reforma constitucional electoral, esta propuesta del ciudadano diputado Ríos Rojo será sometida a consideración de la asamblea, una vez que se conozca el resultado de la votación sobre este primer artículo impugnado.

A continuación, hace uso de la palabra el ciudadano diputado Ricardo Monreal Ávila.

El diputado Ricardo Monreal Avila:- Con el permiso de la Presidencia; señores diputados: No obstante que el orador que hizo uso de la palabra hace unos momentos, se inscribió en lo particular para hablar sobre el artículo primero que deroga el párrafo quinto del artículo 28 constitucional, en realidad se refirió a otras conjeturas y a una propuesta que evidentemente se le dará el trámite reglamentario que corresponde a esta propuesta.

Sin embargo, quisiera referirme a que en su propia expresión de propuesta, expresa textualmente: "La ley regulará", y obviamente sin quitarle su importancia, no es materia de este debate en lo particular. Con los argumentos y los elementos que él describe en su propuesta, podrán coincidir algunos diputados en materia de la ley reglamentaria, y él retoma algunas expresiones de algunos otros diputados que se sostuvieron en el debate de las comisiones unidas con motivo de la aprobación del dictamen, y también fueron argumentos que al menos en lo particular han quedado debidamente superados y aclarados, como es el caso de esa expresión tan sencilla de que con la derogación del párrafo quinto del artículo 28 constitucional se deja a la nada jurídica o se tiene un vacío que no podrá llenarse sino con una modificación a este párrafo.

Y digo que esta argumentación ha sido ampliamente debatida y comentada, tanto en las comisiones como en la prolongada sesión de este día, por eso no quisiera cansarlos y repetir la misma argumentación que incluso en una intervención brillante expusiera el diputado Lamadrid, algunos de los fundamentos jurídicos que nos llevan a sostener que no existe tal vació jurídico con la derogación de este párrafo.

Y sólo me voy a referir para su lectura, a los artículos que regulan esta materia: el artículo quinto, el artículo 25 constitucional, el artículo 28 constitucional, el 27, el 73 fracción X y el 131.

Eso es para que aquellos diputados que tuviesen dudas respecto de todavía este argumento de la "nada jurídica" pidieran releerlo y de esta forma

se darían cuenta que este argumento es totalmente inexistente y no tiene razón de discutirse en esta tribuna.

Ahora bien, no creo conveniente, porque en realidad el debate, repito, tiene otras características a las que el orador anterior no hizo referencia y, repito, sólo se refirió a premisas y argumentaciones que él considera válidas y que respeto en este momento.

Sin embargo, no quisiera desapercibir el momento y no obstante que sé que la asamblea a estas horas se encuentra agotada por lo extenso de la jornada, voy a tratar de argumentar algunas consideraciones que refuerzan el proyecto de decreto y particularmente el artículo primero que deroga el párrafo quinto del artículo 28 constitucional.

Se ha preguntado con insistencia a lo largo de esta sesión que por qué se abandona el concepto de "servicio público" y el de "concesión". Y la respuesta la podemos encontrar en los siguientes razonamientos:

Primero. Cambia la naturaleza jurídica del servicio, porque el Estado ya no se reserva su exclusividad.

La atención ha sido clara desde un principio y se cifra precisamente en el régimen de economía mixta y en la desincorporación de la banca comercial, reservándose el Estado la banca de fomento o las acciones que considere pertinentes incluso en la banca comercial.

Segundo. El párrafo quinto del artículo 28 constitucional, cuya derogación se propone, define al servicio de banca y crédito como una actividad de importancia, pero la misma no es considerada como estratégica.

La Constitución en su artículo 25 párrafo cuarto, que a su vez remite al párrafo cuarto del 28 constitucional, expresa categóricamente y con precisión, que se considera área estratégica.

Tercero. De aprobarse la reforma constitucional propuesta, la banca comercial se desincorporará, arrojando como consecuencia que la mayoría accionaria de estas entidades bancarias sean de particulares, con sus excepciones como ya lo establecí; esto supone que sus relaciones y sus funciones serán reguladas por normas de derecho común, norma de derecho civil y es donde cambia la naturaleza, de ser una entidad de derecho público a ser una entidad regulada por normas de derecho común, de derecho privado, y quizá aquí esté la confusión de algunos señores diputados, porque debemos de establecer las diferencias entre dos momentos fundamentales: el primero es el que actualmente tiene el párrafo quinto, el segundo es la derogación del párrafo quinto del 28 constitucional y si no entendemos estos dos momentos, difícilmente podríamos ubicarnos en el contexto de la discusión, pero analicemos más adelante....

El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul):- Señor Presidente, ¿me permite una pregunta?, porque no le entendí. Según entendí yo, dice usted que no puede ser servicio público, porque ya no lo ejercerá el Estado solamente.

El diputado Ricardo Monreal Avila:- Sostengo que el Estado, que con la derogación del párrafo quinto del artículo 28 constitucional, el Estado dejará de prestar el servicio de la banca y crédito con exclusividad y que como consecuencia ya no es servicio público, y le voy a decir con todo respeto, señor diputado: me sostengo en tesis doctrinarias, pero además en un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el más alto tribunal de justicia en nuestro país y le voy a dar lectura a este criterio que sostiene respecto del servicio público, si me permite, iba más adelante la discusión, pero sin embargo, por la oportunidad de su pregunta le voy a dar respuesta.

Esto está publicado para su consulta, si alguno lo quisiera hacer, en el Boletín Judicial de la Federación, quinta época, tomo 15, página 1252, cito textualmente: "en derecho administrativo, se entiende por servicio público un servicio técnico prestado al público de una manera regular y continua para la satisfacción del orden público y por la organización pública. Es indispensable para que un servicio se considere público, que la administración pública lo haya centralizado y que lo atienda directamente y de por sí con el carácter de dueño, para satisfacer intereses generales y que, consiguientemente los funcionarios y empleados respectivos sean nombrados por el poder público y formen parte de la administración pública"

. Aquí existe el razonamiento jurídico que sostengo, señor diputado.

Realmente no amerita, creo que di algunos de los elementos fundamentales de la discusión de este artículo, para lo que fui inscrito en lo particular.

Muchas gracias.

El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Belisario Aguilar Olvera.

El diputado Belisario Aguilar Olvera:- Señor Presidente; honorable asamblea:

El

proceso histórico que ha recorrido nuestro pueblo, ha sido un proceso difícil, preñado de agresiones del exterior. Tan pronto se declara la independencia política de México respecto del imperio español, las agresiones se dejan sentir sobre nuestro país. Las agresiones norteamericanas van a culminar con la pérdida de más de la mitad del territorio nacional.

Vendría posteriormente una agresión francesa a nuestro país, que tuvo una feliz culminación en el Cerro de las Campañas. Lugar reservado....

El Presidente:- Permítame un momento señor diputado Belisario.

El diputado Belisario Aguilar Olvera:- Con mucho gusto.

El Presidente:- ¿Diga usted, diputado?

El diputado Isidro Aguilera Ortíz (desde su curul):- ¿Me podría informar si hay quorum?

(Voces.)

El Presidente:- Para la Presidencia es evidente el quórum.

Continúe, diputado Belisario.

El diputado Belisario Aguilar Olvera:- Cuando nuestro país conquista su independencia política, las estructuras económicas no se ven afectadas, tarea inmediata es la lucha por conquistar la independencia económica, que junto con la independencia política, son dos partes de un todo: la soberanía plena de la nación mexicana.

Habrán de pasar los años y habrá de darse una lucha intensa en el seno del país, para llegar a conclusiones válidas. En 1910-1917 nuestro pueblo logra precisar el camino a seguir para alcanzar su independencia económica, asegurar su independencia política y convertir a nuestro país en una nación soberana plenamente.

¿Qué camino encontró el pueblo de México para avanzar hacia la independencia económica? Muy sencillo, crear un sector estatal de la economía por ser el Estado la única fuerza que puede oponerse a las ambiciones, a la penetración del capital extranjero. Para formar este sector estatal se procede a la aplicación de una ley de desarrollo social para los países dependientes. Esta ley, descubierta por el fundador e ideólogo de mi partido, el maestro Vicente Lombardo Toledano, es nacionalizar, es descolonizar.

Duro ha sido el proceso de nacionalizaciones, no fue fácil crear el Banco de México, no fue fácil nacionalizar los ferrocarriles, no fue fácil nacionalizar la minería, no fue fácil, mucho menos fácil que todas las demás, la expropiación petrolera; por una razón, porque el imperialismo ha tenido siempre como forma de existencia el saqueo de las riquezas naturales, la explotación de los pueblos dependientes subdesarrollados y este carácter del imperialismo no ha variado.

En el debate que ha transcurrido desde el día de ayer hasta esta mañana, los argumentos que han venido de la parte que sostiene el dictamen, han recaído única y exclusivamente en argumentaciones de carácter técnico, olvidándose del factor histórico. Si nosotros recurrimos al factor histórico, es porque nuestro pueblo con su sangre ha creado todo un camino para alcanzar sus metas más anheladas y estas metas más anheladas se pueden resumir en tres:

Plena independencia económica del país, pero no una independencia económica para que vaya a dar a un grupo de privilegiados, sino plena independencia económica y aquí viene el segundo gran objetivo, para elevar el nivel de vida del pueblo, pero no basta elevar el nivel de vida del pueblo; es necesaria la participación del pueblo en las pequeñas y grandes decisiones que han de tomarse sobre el futuro de este país y esto se llama ampliar el régimen democrático que viene a ser el tercer gran objetivo de nuestro pueblo.

Por eso, sólo por eso, las nacionalizaciones tienen un carácter democrático y miren ustedes, jamás ha habido tanta democracia en este país, como cuando se aplico una política que independizara a nuestro país del extranjero, en el período de Lázaro Cárdenas, independientemente de que las leyes electorales de esa época fueran más atrasadas que las de ahora. (Aplausos.)

No puede haber democracia en un país, en donde el pueblo trabaja, riega el surco y las máquinas con su sudor y su sangre para satisfacer las ambiciones del extranjero, siendo esclavo del extranjero; habrá leyes aquí aparentemente muy democráticas, pero seremos esclavos del extranjero y eso no es vida democrática ni hay libertades, por eso la reprivatización de la banca es entre otras cosas un acto extremadamente antidemocrático, antidemocrático.

¿Qué fue la banca?, ¿qué fue la banca antes de su nacionalización?, un instrumento de especulación, un instrumento de agio, un instrumento que formó el apoyo la oligarquía, que formó un grupo desnacionalizador, un grupo antinacional y antipatriótico.

La nacionalización, por desgracia, no fue lo efectiva que debió haber sido, porque como lo afirmó brillantemente en esta tribuna el diputado Pedro Etienne, la política económica implementada por el pasado gobierno, fue una política desnacionalizadora y una política contraria a los intereses populares.

(Aplausos.)

El Presidente:- Silencio en la asamblea

El diputado Belisario Aguilar Olvera:- Cuan gritan esos tipos, pero malhaya que terminando este discurso dejarán de gritar.

Esa banca agiotista y esa banca especuladora no dejó de serlo con la nacionalización, pero no por efecto de la nacionalización, sino por efecto de la política antipatriótica de Miguel de la Madrid Hurtado.

Pero bien, ¿qué banca se requiere en este país? Se requiere una banca que capte el ahorro interno, pero que canalice ese ahorro interno hacia las actividades productivas.

¿Alguna vez esa banca privada acudió a refaccionar a los campesinos?, no. ¿Alguna vez esa banca privada acudió a fortalecer económicamente a la pequeña y mediana industrias?, no. Pero tampoco la hizo la nacionalizada, por los motivos que yo explicaba.

Necesitamos una banca que vaya y refuerce la actividad productiva en el campo y en la industria; necesitamos una banca que contribuya a impulsar el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país y necesitamos una banca que promueva el desarrollo de las fuerzas productivas para independizar a nuestro país.

En ese sentido, queremos proponer una modificación, dice así:

"Señor Presidente; honorable asamblea: Con fundamento en los artículos 124 y 125 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos, presentamos la siguiente modificación al párrafo quinto del artículo 28 constitucional. Se sustituye el actual texto y en su lugar se propone:

La banca y el crédito son un servicio de interés público. Por tanto, toda su actividad estará dirigida a impulsar el desarrollo independiente de las fuerzas productivas, a consolidar el capital nacional, a alentar el ahorro interno y a impedir que sea absorbida o dominada por el capital extranjero. Firman los diputados Francisco Ortíz Mendoza, Alfredo Reyes Contreras y Belisario Aguilar Olvera."

Y finalmente entrego la proposición a la secretaría. Debo decirles y es una convicción de mi partido, que los anhelos del pueblo mexicano van a alcanzarse tarde o temprano. Este país, a pesar de todo esto será independiente, a pesar de todo esto alcanzará su plena independencia, a pesar de todo esto el pueblo de México será libre de sus opresores extranjeros y de sus opresores internos nacionales. Hoy hemos perdido una batalla, la guerra no la va a ganar el Partido Popular Socialista, la va a ganar el pueblo de México. Gracias. (Aplausos.)

El Presidente:- En turno para hacer uso de la palabra el ciudadano diputado Carlos Castillo Peraza.

El diputado Carlos Enrique Castillo Peraza:- Señoras y señores diputados: En 1982 no hubo consulta, no hubo debate, hubo apoyo legislativo e incluso una manifestación de apoyo. Pero además , nosotros sostuvimos en este momento, después del debate interno, que lo que entonces se llamó nacionalización era una estatización y así lo reconoce en la exposición de motivos que mandó la iniciativa. No nos puede disgustar que nos dé la razón ni tampoco nos disgusta que hayan apoyado la medida entonces quienes la consideraron adecuada.

Opinamos que la medida no era conveniente y la exposición de motivos dice que esa medida se basó en un error de análisis, tampoco nos disgusta que nos den la razón. Asimismo dijimos que era anticonstitucional y dijimos que era anticonstitucional porque suprimía del derecho mexicano una garantía individual consagrada en la Carta Magna que prohibía al Estado hacerse de más monopolios de los que la propia Constitución le asignaba, a más de suprimir también las garantías individuales y sociales que tienen que ver con la libertad de industria y de comercio.

Fundábamos esto ciertamente en nuestra propia visión de estos asuntos, en el derecho constitucional vigente y también en la opinión autorizada de constitucionalistas mexicanos que no fueron precisamente del pacto, como Gabino Fraga, como Octavio Hernández, como el doctor Mario de la Cueva, quien en su "Teoría de la Constitución", obra póstuma editada en 1982, afirma que el poder reformador de la Constitución no puede ser ilimitado, porque aniquilaría el principio de seguridad jurídica y el sistema de control de la constitucionalidad de los actos del poder público. El poder reformador, decía el doctor De la Cueva, no puede nulificar los derechos individuales y sociales bajo pretexto de adiciones y reformas.

En este mismo sentido, Acción Nacional criticó al Poder Judicial, que se negó a frenar los actos anticonstitucionales y que acudió a brindarle su apoyo al Presidente de la República cuando la situación todavía estaba sub judice, y lo hizo con tanta facilidad como algún otro miembro del Poder Judicial se prestó a avalar el doctorado honoris causa en derecho, de un jefe de la policía que hoy está en la cárcel.

Señalamos que estos actos iban en contra de la voluntad expresada por el Constituyente de 1917, también lo reconoce la exposición de motivos, y no nos puede disgustar que nos dé la razón.

Señalamos, además, que el Estado incapaz de exigir a las instituciones de banca y crédito servir al interés nacional, cómplice de estas instituciones y de sus beneficiarios, y luego verdugo de ellos, menos podía cumplir sus funciones propias si asumía el doble papel de rector y regidor, de juez y parte, como lo saben muchos empleados del Estado, que no pueden hacer una huelga.

Añadimos, además, que de los defectos, fallas y de todo lo que se acusó entonces a quienes se culpó de todo, el Estado y el gobierno eran corresponsables y cómplices. Y señalamos, asimismo, que nuestros pronunciamientos eran acordes con nuestro punto de vista acerca de la intervención del Estado en la economía.

Nosotros afirmamos desde 1939, que la misión del Estado en economía es subsidiaria y supletoria, y no íbamos a ser incongruentes con algo que habíamos sostenido desde entonces.

Afirmamos que su función es de rectoría y no de propiedad, y si ahora se nos da la razón, tampoco nos puede disgustar.

Señalamos que su función es de exigencia y promoción, de responsabilidades y de ningún modo de sustitución de los responsables. Señalamos que no se puede identificar lo estatal con lo público. Señalamos, pues, que el Estado debe ser rector, no propietario.

Y por eso, en nuestra plataforma política de 1985, no engañamos a nadie, afirmamos que nos esforzaríamos y trabajaríamos por lograr reformar el artículo 28 constitucional para que, en consonancia con el texto de la Constitución de 1917, se actualizara y modificara en las áreas concretas que nosotros pensamos que corresponden al Estado y a los particulares en materia económica.

Estamos siendo exactamente congruentes con todo lo que hemos dicho. Más adelante con nuestra plataforma política de 1988 también nos presentamos ante el pueblo de México a pedirle su voto, diciéndole expresamente en nuestra plataforma: el único tipo de servicio bancario además del de emisión de moneda que quedará exclusivamente a cargo del gobierno, será el manejo de la banca de promoción, para redescuentos superados en primera instancia en banca regional. Y sostenemos ahora lo mismo.

Si hoy se rectifica en el sentido que propusimos antes y que reiteramos ahora independientemente de las limitaciones que ya hemos expresado que a nuestro juicio tiene esta reforma, no se nos puede reclamar que engañamos a nadie, porque exigimos desde antes la derogación de este párrafo por las razones que ya expresamos.

No nos preocupa el juicio de quienes se atribuyen a sí mismo la capacidad de definir qué es revolucionario o qué es progresista. Nosotros somos congruentes con nuestros principios de ayer y de hoy. Y, señores, por estas razones estamos apoyando la derogación de este quinto párrafo, ha sido por tesis doctrinal, por afirmación ideológica, por juicio jurídico, por juicio de conveniencia por el interés nacional y porque nosotros creemos que el Estado tiene que ser el ámbito desde el que se exijan responsabilidades a las personas y a la sociedad civil, pero el Estado no puede ser el sustituto de ellas en la actividad y porque creemos que la Constitución es para ponerle límites al Estado y no a las personas y a la sociedad y porque creemos que la Constitución es un instrumento de la sociedad y no en esa monstruosa tesis, sí verdaderamente totalitaria y sí verdaderamente fascista, de que la Constitución es una herramienta del Estado contra los hombres y contra la sociedad.

El Presidente:- En el uso de la palabra el diputado Manuel López Zorrilla.

El diputado Manuel López Zorrilla:- Con su permiso, compañero Presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados: Quiero aprovechar la ocasión para aplaudir el valor con que algunos diputados del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional se abstuvieron de votar en contra de nuestra nación. Los diputados integrantes de la Fracción Parlamentaria Independiente hemos acordado asumir con responsabilidad este debate, ya que como pocas veces se ha dado, todas las fracciones parlamentarias, en principio, coincidimos circunstancialmente en algunos aspectos con el propósito de impedir se apruebe íntegramente la iniciativa de decreto enviada por el Ejecutivo sobre la reprivatización del servicio de banca y crédito, y sobre todo contra la idea porfirista de crear los monopolios y de restringir los derechos laborales de los

trabajadores al servicio de las instituciones de seguros y servicios bancarios.

En mi última intervención ante esta tribuna hice una explicación ligera de las incongruencias en las que el sistema ha caído en estos últimos tres sexenios y destaco la nacionalización de la banca, como otra congruencia sexenal que hoy se pretende reprivatizar.

Hoy toca a los voceros del partido oficial en el poder, decir que la reprivatización es lo más saludable para el país. Bien lo dijo un paisano, político por cierto, veracruzano, que en política no existen traidores; existen desmemoriados. Por eso invito a todos los priístas presentes a que al igual que lo hizo el compañero presidente López Moreno cuando nos invitó, por el bien de nuestra nación, a concurrir a este recinto, a debatir sobre la iniciativa enviada por el Ejecutivo de privatizar la banca nacionalizada en 1982, a que no incurran en el mismo error que el que les hizo pensar a sus pastores, perdón, a sus coordinadores, que mucho saben de esto y que sobre todo son los responsables del deterioro de nuestra nación; los invito a que reflexionen sobre la iniciativa y actúen como mexicanos, que no se dejan influenciar por grupúsculos sexenales, que defiendan sus principios y su representatividad de legisladores, y sobre todo de representantes populares.

Primero creo que el Estado optó por una banca pura después de la nacionalización de la banca en 1982, pero la banca pura es un concepto teórico, no la hay. No tiene nada que ver en la realidad la integración de los grupos financieros, no es algo que se dio espontáneamente, sino algo que el mismo Estado impulsó, y hoy nos encontramos en la situación opuesta, usando el Estado los argumentos que antes defendió, pero ahora en su contra. Lo que justificó su unión, ahora justifica su desintegración.

El Presidente:- Diputado, permítame un momento. Quiere formularle el diputado Olivares una interpelación, ¿la acepta usted?

El diputado Manuel López Zorrilla:- Que venga. No como veracruzano.

El diputado Ricardo Olivares Pineda (desde su curul):- ¿Nos puede decir en qué los afecta en pasar del apartado "B" al apartado "A"?

El diputado Manuel López Zorrilla:- Usted los sabe, porque representa en Veracruz a una organización que está precisamente en un sindicato blanco que es la Confederación Nacional de Organizaciones Populares y que usted sabe que no tiene ninguna defensa. Lo mismo que hoy están sin derechos, tan pronto se deroguen los artículos mencionados, definitivamente los van a correr.

La banca nacional jugó el papel activo en el desarrollo financiero de México; prestaba pero no captaba recursos y todo parece indicar que la banca nacional seguirá participando limitadamente, seguirán sin captar recursos y su única actividad posible será la de prestar.

Sus posibilidades financieras actualmente las determinan dos elementos: la cartera es una y los recursos de apoyo que el gobierno federal les entregue, es la otra.

La cartera es la recuperación de los préstamos que se otorguen, pero se cancelan sus posibilidades de crecimiento, porque la banca de desarrollo tiene un porcentaje muy alto en su cartera congelada.

Los préstamos a instituciones del sector público, no tienen movimiento. Los recursos de apoyo que el gobierno federal les entregue, como en el caso del Banco de Crédito Rural, se limitarán también, y limitadas serán también las posibilidades de expansión de la banca del fomento y desarrollo.

Por lo anteriormente expuesto, es grave la propuesta que señala la iniciativa en lo que se refiere a la derogación del párrafo quinto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde señala la excepción de que el servicio público de banca y crédito, será prestado exclusivamente por el Estado y de que no será motivo de concesión de particulares.

Cancelan prácticamente el espíritu del artículo 28 en su parte medular, que permitía la participación exclusiva del Estado en la presentación del servicio público de banca y de crédito.

Pienso que modificar la Constitución para favorecer a los ex banqueros corruptos y sacadólares, es traición a la patria.

Nuestra Constitución sólo debería de modificarse favorablemente para servir más y mejor al desarrollo del pueblo mexicano.

Pienso y lo advierto, a nombre propio y de la Fracción Parlamentaria Independiente, sobre todo, para recordar a los diputados del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, que cuando voten a favor de esta derogación, se acuerden de la gente que votó por ustedes en 1988; pero sobre todo, se acuerden de sus hijos, que deben de estar muy orgullosos de ustedes, porque esto, compañeros diputados,

significa traición a la patria, significa vender la soberanía de México.

¡Los diputados de la Fracción Parlamentaria Independiente, no estamos de acuerdo! ¡Votaremos en contra! Gracias.

El Presidente:- Ciudadano diputado Miguel Aroche Parra. tiene usted el uso de la palabra.

El diputado Miguel Aroche Parra:- Gracias, señor Presidente y gracias a quienes todavía permanecen en esta sala vacía, pero el Presidente dice que todavía hay quórum, hay poquito quórum.

En verdad que yo inscrito para intervenir en el debate general no me voy a referir específicamente y en detalle a tal o cual artículo o inciso de los que se plantean a partir del quinto párrafo que se plantea en la iniciativa suprimida; leeré brevemente las cosas que he anotado, esperando, pues que digamos, toda una noche y lo que va de este día para poder abordar la tribuna.

Me habría gustado intervenir antes del amanecer de hoy, porque acaso hubiese así contribuido a que más de uno de los diputados en pleno sueño hubiesen podido despertar con mis gritos. Hay que decir que participamos en este debate sin el propósito de entrar en cuestiones técnicas y teóricas contenidas en la iniciativa para la supresión de la fracción V del artículo 28 constitucional; me referiré apenas, enunciándolos, a algunos aspectos políticos de esta interesante y trascendente cuestión.

¿Por qué la urgencia con que se ha pretendido hacer aprobar la iniciativa que hoy se debate?, porque se busca cumplir con un compromiso impuesto al gobierno de Carlos Salinas, por el fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que reclaman ir más allá de los compromisos de la deuda externa, más allá de la venta y destrucción del sector paraestatal de la economía, mas allá de la incapacidad de producir los granos básicos para el sustento de este pueblo.

Los círculos financieros mundiales reclaman la banca; resulta sobrado que se diga en el proyecto, que se diga en el dictamen, que los bancos serán vendidos a mexicanos; sabemos bien qué larga y qué completa es la escuela de prestanombres que tienen muchos banqueros y muchos bolseadores que serán los que compren los bancos.

Los círculos financieros mundiales están reclamando ya, para integrarlos en una zona de libre comercio, toda la faja, todos los estados fronterizos del norte y junto con esto también el control, no importa que no sea por la vía de la venta precisamente, por la vía de la enajenación, el control del gas y del petróleo. Estados Unidos de América ve a México como su más seguro centro de abasto de gas y de petróleo y de los subproductos, de los derivados del petróleo. Cuando además tienen ya en sus manos empresas particulares, tienen en sus manos una buena parte de los derivados del petróleo, integrados en la petroquímica básica.

Estas son algunas de las cosas que redondean la perspectiva ante la cual se está promoviendo y se ha prácticamente aprobado ya la desnacionalización de la banca. A estos propósitos sirve este paso de desnacionalización.

Lo curioso en esta situación es que esta iniciativa ha sido planteada en esta euforia, resultado de la manipulación de la visita de Karol Wojtyla, mejor conocido como el Papa de Roma. En estas circunstancias y a pretexto de la desnacionalización de la banca, el gobierno y la fracción mayoritaria priísta coinciden con el Partido Acción Nacional, en este punto que, como aquí se ha dicho, ha mantenido el Partido Acción Nacional, ha mantenido como un punto de su plataforma y como una actividad permanente su oposición a una banca nacionalizada o estatizada , como aquí se ha dicho, entrando en una serie de circunstanciaciones que demuestran que esta lucha del Partido Acción Nacional ha sido, ahora, coronada con el más completo de los éxitos.

No, hay que decirlo, porque el Partido Acción Nacional haya salido de su terreno, sino por quienes se han encumbrado en este poder de facto, que se ejerce hoy en México y desde el gobierno de Miguel de la Madrid, avanzando por la vía de la contrarrevolución hacia las posiciones del Partido Acción Nacional. Y ahí es donde se dan la mano y ahí es donde se han encontrado y se integran en un propósito en el cual todavía la mayoría de la Cámara, en esta institución, en este recinto, todavía puede maniobrar.

De tal manera que los diputados del Partido Acción Nacional, la fracción panista, no entiendo yo todavía por qué su premura ha tenido que entrar "a varas", como luego se dice en el léxico taurófilo, para aceptar prácticamente todas las condiciones que la fracción mayoritaria exigía e imponía.

¿Acaso fue porque le hicieron notar, Aspe o quien, que de no aceptar que se fuera la iniciativa como prácticamente está, siendo aprobada sin alteraciones de ninguna especie, porque los puntos leídos aquí, que bosquejan una especie de carta de intención y "la carabina de Ambrosio" es lo mismo o será lo mismo? ¿Porqué les dijeron

que si no se plegaban a esta circunstancia no habría desnacionalización?

Yo no me atrevo a especular más allá de estos apuntamientos, pero, repito, la verdad es que el gobierno y su fracción mayoritaria priísta, aquí sin principios, sin respeto de sí mismos, nadie de los diputados, sin cuidar sus deberes para con el país, todo esto les ha llevado a coincidir con el Partido Acción Nacional y esto no puede considerarse sino como una actitud absolutamente falta de principios, falta de ideología.

(Desorden.)

El Presidente:- Continúe el orador.

El diputado Miguel Aroche Parra:- Finalmente, hay que decir que esta actitud del gobierno está recibiendo el apoyo de los priístas dentro de esta Cámara, porque no han tenido, no tienen ahora, repito, ningún principio ideológico político, ninguna norma de autorrespeto y dignidad, ningún compromiso nacional patriótico; sólo de este modo puede explicarse que ayer apenas más de 50 actuales diputados aplaudieron la nacionalización de la banca y ahora rompen lanzas apoyando este paso de desnacionalización de la banca misma, para entregarla en manos de la cofradía de iniciativos, bolseadores, especuladores, entre los que destacan los 300 legorretos.

Que el país demande de ustedes, diputados de la mayoría, su responsabilidad por esta actitud sin principios al servicio de este gobierno de facto, lo que explica también su urgencia por imponer la desnacionalización. Muchas gracias. (Aplausos.)

El Presidente:- Están en turno para el desahogo de este punto... ¿diga usted, diputado?.

El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul):- Como es evidente la falta de quórum solicito la verificación del mismo.

El Presidente:- ¿Solicita usted la verificación del quorum?

Cómo no, adelante, proceda la solicitud del ciudadano diputado Pablo Gómez.

La secretaría avise a la Oficialía Mayor para el efecto de que en los términos del 161 y demás del reglamento, se llame a los ciudadanos diputados, de tal manera que se haga una verificación escrupulosa del quórum.

La secretaria diputada Guadalupe Gómez Maganda de Anaya:- Se va a proceder a pasar lista de asistencia a fin de verificar el quórum, por instrucciones de la Presidencia.

El Presidente:- Le solicito al diputado Pablo Gómez que tome en consideración esta propuesta de la Presidencia, si quiere usted o alguno de sus compañeros del grupo parlamentario pasar aquí al frente para hacer un conteo de los que estén aquí en el salón, con mucho gusto lo haremos, para que se cuente nada más.

Solicita la secretaría y es procedente su lugar a efecto de que se pueda hacer un conteo riguroso. Procedan.

El diputado Ismael Yáñez Centeno:- Se ha solicitado que se sienten, señor Presidente, para poder llevar a cabo el conteo debidamente.

Por favor, pido a usted nuevamente ordene esa petición para poder llevar a cabo el conteo debidamente.

(Desorden.)

El Presidente:- Diputado, es evidente para la Presidencia, como para usted, que hay quórum. Señor diputado, lo conmino a la responsabilidad, le ruego que observe con imparcialidad, desde el lugar donde usted está, si estima que hay o no quórum. Desde el lugar donde está esta Presidencia es más que evidente la presencia del quórum.

El diputado Ismael Yáñez Centeno:- Señor Presidente, creo que en este caso, como se ha solicitado, procede el conteo. Así, desde un principio, usted pidió se sentaran los señores diputados para llevar a cabo dicho conteo.

(Desorden.)

El Presidente:- Mire, diputado le sugiero una solución intermedia, que se haga el conteo desde ahí de inmediato, porque de otro modo tendré que aplicar el criterio de la Presidencia de que es más que evidente.

(Desorden.)

Permítanme, señores diputados. Tenemos que proceder... Vamos a aguardar unos segundos.

El diputado Ismael Yáñez Centeno:- Con los que han penetrado a esta sala, sí parece que hay quórum.

El Presidente:- Gracias, diputado.

Esta presidencia convoca al ciudadano diputado Armando Ibarra para que continúe la discusión sobre el artículo primero del proyecto de decreto.

El diputado Reyes Luján (desde su curul):- Pido la palabra antes que el diputado Armando Ibarra.

El Presidente:- Yo solicité, cuando se puso a consideración de ustedes tal y como estaba la lista de oradores.

(Desorden.)

Pase usted diputado Luján.

Solicito a los señores diputados que tomen su lugar para que prosiga la discusión. Adelante, diputado Reyes Luján.

El diputado Reyes Luján:- Señor Presidente; señoras y señores diputados: En 1982, cuando se planteó en la LII Legislatura la nacionalización de la banca, nosotros estuvimos a favor de la misma, porque a nuestro juicio debe nacionalizarse el crédito, en el sentido en que lo explicó el compañero Ortíz Mendoza.

Es decir, para nosotros esta medida de la nacionalización del crédito, significa que todo el crédito disponible de nuestro país, tanto el público como el privado...

Pido a la Presidencia que descuente de mi tiempo las interrupciones que motivan los comentarios de los diputados entre sí.

El Presidente:- Adelante, diputado.

El diputado Reyes Luján:- Gracias. Es decir, todos estos recursos deben canalizarse a nuestro juicio, obligatoriamente y de una manera eficaz hacia la producción económica, principalmente a la agricultura y a la industria, ya que los comerciantes y los agiotistas siempre tendrán posibilidades para obtenerlos por los medios a su alcance, sin necesidad del apoyo del Estado. Nosotros denunciamos en 1981 y vale la pena recordar, que la banca privada por ese tiempo se convertía en un monopolio de gran poder económico y político y que ya representaba un peligro para el desarrollo democrático de nuestro país y su lucha por la independencia. Publicamos una serie de datos que hoy los recuerdo, porque van a encontrar ustedes una serie de nombres ligados a la banca privada en ese tiempo y que hoy todavía son usufructuarios en gran medida por la injusta distribución de la riqueza que se da en nuestro país.

Por ejemplo, el activo de la banca privada creció de 1974 a 1979, de 255 mil 556 millones de pesos a 919 mil 135 millones de pesos.

Los sistemas bancarios: Bancomer, Banamex, Banca Serfín y Comermex, controlaban en 1981 el 65% de los recursos bancarios nacionales; en 1979 sus recursos eran de 592 mil millones de pesos y ya a finales de 1980 llegaron a 700 mil millones de pesos. De estos, el 73% correspondía a dos sistemas bancarios: Bancomer y Banamex.

Para dar una idea de cómo estos sistemas bancarios utilizaban y manipulaban los recursos de los usuarios, sin exponer los accionistas grandes aportaciones, hay que recordar estos datos. Las aportaciones directas de los accionistas en Bancomer en 1979 fueron de 3.8% de los recursos. En el consejo de administración participaban entre otros, Alberto Bailleres, Pedro Domecq, Eugenio Garza Lagüera, del grupo Visa; Bernardo Garza Sada, del grupo Alfa; Juan Sánchez Navarro, del grupo de la Cervecería Modelo.

En Banamex los accionistas aportaban en 1979 el 4.1% de los fondos totales. Este grupo bancario contaba con la casa de bolsa más importante del país. En el consejo directivo participan, entre otros Alejandro Albert Solís, del Banco Hispano de Madrid; Crescencio Ballesteros, de la Compañía Mexicana de Aviación; Enrique Robinson Bours, gran terrateniente del sur de Sonora; Antonio Fernández, de la Cervecería Modelo; Bernardo Garza Sada, del grupo Alfa; Emilio Carrillo Gamboa, de Teléfonos de México; Antonio Ruíz Galindo y Manuel Zenderos, prominente miembro del Opus Dei.

La Banca Serfín tenía estrechos contactos con el grupo Visa...

(Voces.)

Es el tema, compañeros, por eso nos oponemos nosotros a que se derogue la fracción V del artículo 28 constitucional.

Los consejeros principales eran Javier Robinson Bours, Eduardo Elizondo, ex gobernador de Nuevo León; Fernando Garza Roel, del Instituto Tecnológico de Monterrey; Eugenio Garza Lagüera, del grupo Visa; Armando Garza Sada, del grupo Alfa; Jorge María Ortega, Eloy Vallina Lagüera, de la banca Comermex.

En la banca Comermex, los accionistas participaban del capital total sólo con el 2.74% de los recursos. Los principales consejeros eran: Eloy Vallina, de Celulosa de Chihuahua; Eugenio Garza Lagüera, del grupo Visa y Alberto Ballesteros.

Estos particulares utilizaron la concesión que el Estado les otorgó del servicio de banca y crédito,

especularon con el dinero de los mexicanos, amasaron enormes fortunas y saquearon al país. Por eso nosotros aplaudimos con entusiasmo la nacionalización de la banca.

Ahora bien, el compañero Belisario Aguilar vino a hacer una propuesta de reformas al párrafo quinto del artículo 28 constitucional, y se inscribió el diputado Castillo Peraza, del Partido Acción Nacional para hablar en contra. Estuve atento a sus argumentos y no los tuvo para su oposición a la propuesta nuestra. Es más, él habló de congruencia, y al menos por lo que se ha visto en este debate, yo en lo personal encuentro discrepancias serias, a mi juicio, entre lo expuesto por el diputado Abel Vicencio Tovar en la reunión de las comisiones unidas de Gobernación, Puntos Constituciones y de Hacienda y Crédito Público y las expuestas por el diputado Bernardo Bátiz.

Como se ha mencionado mucho estas intervenciones, y deseo que quede precisa nuestra argumentación, voy a leer textualmente lo dicho por el diputado Abel Vicencio Tovar, en algunos párrafos que a mi juicio aclaran la situación.

Dijo el diputado Abel Vicencio: "yo siento que nuevamente se reitera la historia de un Poder Legislativo que corre arrastrado por las decisiones del Poder Ejecutivo, y cuyos miembros: ustedes, nosotros, pero concretamente los que obsequian tal cual las peticiones del Ejecutivo, no han sido capaces de preservar su dignidad".

Más adelante, el diputado Vicencio expone: "se propone como solución al fracaso absoluto de la medida tomada hace ocho años, simplemente la supresión del párrafo quinto del artículo 28 constitucional, y en lugar de éste, queda la nada, queda el hueco, queda la libertad que fácilmente puede convertirse en libertinaje, y se nos dice que para la ley secundaria, que para la ley del servicio de banca y de crédito, quedan para expresarse en ella los buenos propósitos, a veces hasta conmovedores, que se expresan en el dictamen que ahora nos ocupa".

Más delante expresa: "¿cómo es posible que un servicio de la importancia y de la naturaleza que tiene la banca y el crédito, queden simplemente abiertos? ¿A ver qué pasa? Y se me va a contestar seguramente: ¿es que no has leído lo que se dice en la exposición de motivos? ¿Qué no has visto que ahí dice que se va a democratizar la banca y que se va a defender a la nación y que será para prestar crédito, etcétera, etcétera? Y yo les digo -dice el diputado Vicencio-: sí, señores, pero cuando los propósitos se limitan a la exposición de motivos y no existe la decisión de expresarlos en una ley, y en este caso la Constitución, que para ese caso estamos aquí, habría que pensar si la exposición de motivos simplemente oculta propósitos superiores o no se tiene la suficiente claridad de visión para decir: esto es lo que quiere la nación en este momento".

Podríamos suscribir muy buenas voluntades expresadas en el capítulo de la exposición de motivos. ¿Y por qué no se traducen en unos cuantos principios constitucionales concretos rectores definitivos? ¡Ah!, se nos dice, porque no es papel de la Constitución reglamentaria llegar a minucias. Ni reglamentación ni minucias es lo que estamos pidiendo.

Es indispensable en los días en que estamos viviendo, que el renacimiento de la banca en poder de los particulares, sea garantizado plenamente con principios que deben estar en la Constitución, con pena de ser burlados fácilmente en la ley secundaria. Y no estoy hablando de reglamentaciones y de minucias. Cuando una Constitución no es capaz de marcar los grandes lineamientos de las grandes cuestiones y de los grandes problemas, ¿para qué está?, ¿nada más para dividir la República en estados y en la Federación? ¿Nada más para hablar de garantías individuales? ¿Qué las necesidades sociales se podrían también, o que deben ser garantías tan defendidas como las individuales, no cuentan ya en esta nación? ¿Qué vamos a estar colgados de las enseñanzas de Adam Smith del siglo XVII? ¿Qué vamos a estar repitiendo los principios liberales manchesterianos que dieron motivo a un crecimiento cierto de la economía pero a grandes desastres en la distribución y en la enajenación de la planta de desarrollo social en todos los países?

Y luego hace la propuesta, que ya reiteró aquí el diputado Bátiz y algunos diputados de Acción Nacional en intervenciones, que están plasmadas además lagunas en la exposición de motivos.

¿Por qué tuve interés en leer esto? Porque el diputado Castillo Peraza, a mi juicio, no precisó si está de acuerdo en que el crédito sea un servicio de interés público, debe servir para desarrollar las fuerzas productivas de nuestro país, con sentido independentista; si está de acuerdo en que se consolide el capital nacional y si está de acuerdo en que se pongan limitaciones al capital extranjero, porque todo eso al menos lo han planteado desde esta tribuna algunos diputados de Acción Nacional.

Y porqué además era necesario leer este texto porque el compañero Vicencio en su intervención habló de giros de 180 grados y yo en lo personal encuentro un abismo en la posición del diputado

Bátiz que reiteró algunos aspectos que planteó el diputado Abel Vicencio en las comisiones unidas, con lo que ahora plantean o con lo que hasta ahora apoyan el voto a favor del dictamen presentado por Ejecutivo y hecho suyo por parte de la mayoría de esta Cámara.

Se habla de un giro de 180 grados entre 1982 y 1990, y yo considero que hay un giro de 180 grados del día 7 al 12 de mayo por parte de la diputación de Acción Nacional.

Estas consideraciones, compañeros, consideramos necesarias plantearlas, porque se han venido manejando en términos de congruencia, y ahora es lógico si el Partido Acción Nacional, como efectivamente se mencionó, en su plataforma de 1985, y en el proyecto de constitución que edificó el DIAC, con miras a poner lo en práctica a partir de 1985 si obtenían la mayoría.

Hay efectivamente un proyecto de nación que en mucho se identifica con el proyecto de nación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, del proyecto de nación de los empresarios, del proyecto de nación que se ha empezado a aplicar desde 1982 que llego al gobierno Miguel de la Madrid y que este gobierno los impulsa.

Desde ese punto de vista, Acción Nacional es consecuente, no es un partido de oposición y no nos estrecha a nosotros que en este momento, como en la reforma política, vote precisamente con el Partido Revolucionario Institucional, en virtud de que sus planes de gobierno, proyecto de nación, son coincidentes.

Por eso nosotros, también siendo consecuentes, no podemos estar de acuerdo con el proyecto de nación que tiene ahora el Partido Revolucionario Institucional, porque coinciden con el Partido Acción Nacional.

Muchas gracias.

El Presidente:- El diputado Reynaldo Rosas para hacer uso de la palabra.

El diputado Reynaldo Rosas Domínguez:- Compañeras diputadas y diputados: Yo creo que francamente sería una gran irresponsabilidad de esta Cámara de Diputados, sería un baldón para todos nosotros, si procediéramos con ligereza en la aprobación de este primer artículo del dictamen que se nos propone.

Se quieren borrar de un plumazo los elementos que en la fracción V del artículo 28 constitucional definen un sistema de banca y crédito completamente claro, un sistema que obedeció a circunstancias de la historia de nuestro país, un sistema que efectivamente fue adoptado en un momento de crisis aguda, crisis que tenía responsables, crisis que significó entre otras cosas privar al pueblo mexicano de recursos vitales para su desarrollo, y ese sistema establecido en esa fracción, hoy se pretende simplemente, yo digo, no dejar un vació jurídico efectivamente, pero sí dejar al pueblo mexicano completamente en las tinieblas respecto de cuál va a ser el sistema bancario que en lo sucesivo va a determinar una actividad tan fundamental, una actividad que debería ser servicio público por excelencia, porque la cuestión de captar el ahorro interno de los mexicanos, la cuestión de prestar el servicio de banca y crédito, es un servicio público por excelencia y yo creo que esta Cámara de Diputados procedería con suma ligereza al aprobar este primer artículo; por eso nosotros proponemos que de manera resuelta se rechace, porque las consecuencias son que la banca y el crédito dejan de ser un servicio público, estén sujetos al régimen de concesiones.

Se habla de que la intención es sustituir lo actual por un sistema mixto, pero eso no se dice en ninguna parte de la Constitución, por eso y como ya conocemos cuál es el destino que le da el partido oficial a las cartas de intención que firma, porque efectivamente en el cuerpo de la disposición constitucional y en ningún cuerpo de alguna disposición legal se define que se le está proponiendo claramente como sistema bancario y de crédito sustituto al pueblo mexicano, y eso es querer llevar al pueblo mexicano en aspecto tan importante a una verdadera aventura, a un experimento que no sabemos a dónde conduzca.

Ya sabemos que parte de la banca nacionalizada estaba quebrada, estaba en muy malas condiciones, precisamente si examinamos casos como el de Comermex, en donde el señor Vallina manejando este sistema de bancos, prácticamente se había autoprestado enormes cantidades para sus empresas, e hizo quebrar este banco, y cómo esos casos fueron objeto de chantaje político.

Sin aclarar esas cuestiones, esas cuestiones que todavía están muy frescas, esas cuestiones que no le dan ninguna garantía a los ahorradores de que su dinero se maneje de manera honesta y realmente sirviendo al interés nacional, de ninguna manera se puede estar de acuerdo en aprobar la derogación de este artículo primero.

Realmente el procedimiento que parece a forciori, hoy quieren que llegue a su fin, ha sido un procedimiento sumamente tortuoso, sumamente oscuro, de espalda al pueblo mexicano. Ni siquiera se admitió que el debate en las comisiones unidas, fuera un debate en plenaria.

Se habla aquí a nombre de una subcomisión, que la plenaria de comisiones unidas no nombró. Se

viene aquí a presentar una enmienda al dictamen, hablando falsamente a nombre de esas comisiones unidas.

Prácticamente se procede queriendo dar un albazo al pueblo mexicano, sin escuchar la opinión de muchos de los interesados; únicamente la opinión del señor Aspe.

Nosotros proponíamos simplemente, que se abriera un lapso en el cual esta Cámara de Diputados, cuando menos sus comisiones unidas, pudieran escuchar diversas opiniones. Que no se procediera con esa celeridad, con esa rapidez vertiginosa que prácticamente no ha dejado tiempo, a meditar sobre asunto tan importante.

Y sin embargo, prácticamente cuando era del dominio de la opinión pública, cuando era a conciencia de todos nosotros, de que este período de sesiones iba a empezar discutiendo otro asunto fundamental: el problema del sistema electoral mexicano, el problema de la reforma a partir de los cambios constitucionales, resulta que de repente, yo digo como una auténtica cuestión de albazo, como una auténtica conducta de sorpresa, se presenta este tema que se llama tratando de esconder la verdad, de paso a un régimen de banca y crédito mixto y que no es otra cosa que la reprivatización.

Esta manera de proceder a la que afortunadamente no se han sometido ni se han subordinado la mayoría de los grupos parlamentarios que han protestado, nos lleva también a rechazar y a solicitar el rechazo a este artículo primero del dictamen.

Consideramos que el pueblo mexicano tiene derecho a dar su opinión, no en encuestas amañadas, no que las entrevistas que difunde la televisión oficial, en las que todo mundo está de acuerdo.

Los representantes populares, los sectores interesados, deben recibir la oportunidad de opinar sobre tan trascendental asunto para el futuro del desarrollo económico de nuestro país.

Por eso, el Partido de la Revolución Democrática, está completamente en contra de este artículo primero y solicita de ustedes, que demostrando su calidad de patriotas, rechacen este primer artículo. Muchas gracias.

El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Armando Ibarra.

El diputado Armando Ibarra Garza: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: El Partido Popular Socialista afirmó cuando fue nominado a la Presidencia de la República el licenciado Carlos Salinas de Gortari, que si esta persona llegaba a la Presidencia estaríamos corriendo el riesgo de tener, tal vez, las últimas elecciones de carácter democrático, que corríamos el riesgo de enrumbarnos a un gobierno de una inclinación profundamente empresarial, ligado a los grandes capitales transnacionales, y hoy con esta acción en la que se está dando marcha atrás a uno de los aspectos fundamentales para hacernos avanzar con independencia, para mantener a una fuerza progresista dentro del aparato del gobierno, esta medida indiscutiblemente, señoras y señores diputados, tiende a transformarse no solamente en una medida de carácter contrarrevolucionario, desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista político; esta acción si la lleva a cabo saldremos derrotados no solamente el Partido Popular Socialista, sino todas las fuerzas democráticas de dentro y fuera del Poder Público, porque quien hoy despacha desde Palacio Nacional, es completamente ajeno, ajeno a la esencia, al contenido filosófico de la Revolución Mexicana; es éste el problema que está en el fondo de esta discusión, señoras y señores diputados.

Los argumentos que esgrimen los partidarios de la entrega de la banca a la iniciativa privada son los mismos que han planteado los enemigos del desarrollo económico independiente, en esencia son coincidentes con estas teorías modernizadoras - neoliberales, con el propósito, con los fines, los planes trazados por el Fondo Monetario y queremos reiterarlo una y mil veces, éste es un proyecto transnacional, que indiscutiblemente tiende a lo más avanzado de la Revolución Mexicana; esas tesis que maneja la derecha de dentro del Partido Revolucionario Institucional y esta derecha tradicional son las mismas viejas tesis de los empresarios privados, que han manejado desde hace muchos años atrás, o de los teóricos defensores del capital transnacional que insisten en que vengan a nuestro país como motor de nuestro desarrollo económico.

Y así, en la práctica descalifican la intervención del Estado en la economía en los países débiles o en los países en vías de desarrollo, Sostienen que a medida que la Sociedad sea más activa, su función debe crecer y ser más preponderante y el Estado podrá ocuparse de sus funciones propias, o sea, un Estado gendarme.

Afirman que el aparato estatal será tanto más eficaz, cuando más se dedique a las labores específicas y cuando menos tenga que sustituir la apatía de aquellos a quienes sirve. Olvidan estos señores que añoran en el pasado, olvidan que ha sido precisamente la intervención del Estado en la

economía lo que nos ha dado más soberanía y lo que ha hecho que la riqueza se distribuya más cuando las empresas del Estado han sido manejadas con sentido nacionalista.

Ninguna de las dos cosas, ninguna de las tesis que sustenta el grupo en el poder para excusarse y sostener su proposición de reprivatizar la banca, ninguna de ellas puede considerarse que están con un sentido en favor del país, en favor de nuestra nación.

Ellos sostienen la tesis de la doctrina de la libertad económica. Esta tesis favorece únicamente a los grandes países capitalistas desarrollados, que necesitan destruir las restricciones que en algunos de ellos existen para poder controlarlos mejor en la nueva división internacional del trabajo. El imperialismo nos quiere asignar en la llamada economía de mercado. Este es el objetivo fundamental que hay detrás de este retroceso para reprivatizar la banca.

En la propuesta del Ejecutivo se afirma que hoy es conveniente modificar la propiedad estatal exclusiva de la banca, porque han cambiado las circunstancias que la motivaron y el proyecto en que se sustentaba; nos quieren ubicar en desarrollos distintos a los que están atravesando otros países, quieren argumentar con falsas tesis que México debe seguir el ejemplo privatizador de otros países, quieren mecánicamente encajonarnos en un modernismo cuyo objetivo es destruir toda la resistencias de nuestro país para abrirle las puertas al capital transnacional.

Pretende este grupo tecnocrático en el poder, soslayar que las contradicciones se han agudizado entre el imperialismo y los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, por la inmisericorde explotación a que han sido sometidos por el problema de la deuda externa y por la transnacionalización de las economías de los países en vías de desarrollo, quieren borrar de un plumazo el objetivo fundamental que movió a las fuerzas patrióticas de dentro del gobierno de aquel momento...

(Voces.)

De aquel momento que promovió la nacionalización de la banca, cuyo objetivo fue utilizar los instrumentos financiero del país para acelerar el desarrollo de las fuerzas productivas con independencia del exterior, ése y no otros argumentos que han esgrimido aquí los defensores de la intervención del capital extranjero en nuestro país.

Nada más falso y absurdo el pretender y hacer creer que privatización es sinónimo de bienestar social, jamás sucederá eso en ningún país basado en una economía privatizada o transnacionalizada, pues el bienestar de unos cuantos es a costa del sacrificio de la mayoría en esos pueblos; que no nos vengan a decir aquí que es necesario remediar males vendiendo bienes, esta tesis demagógica y falaz esconde el verdadero propósito de permitir el desmantelamiento del sector estatal en la economía y entregar en bandeja de plata nuestro patrimonio, nuestra soberanía.

Se han olvidado estas fuerzas que la nacionalización consiste en establecer el dominio y el manejo de la propiedad por parte del Estado, olvidan estos reaccionarios que silban a esto que les duele porque tocaba a lo más valioso de la Constitución, olvidan que las nacionalizaciones es un caso progresivo muy valioso, porque transforma el carácter originario del régimen capitalista que engendra la acumulación y después la concentración del capital para el provecho de un pequeño grupo de individuos, por eso no nos extraña que Acción Nacional y la derecha de dentro del Partido Revolucionario Institucional coincidan en este propósito de privatizar la banca, hay hechos, compañeros diputados, hechos, que demuestran que privatización es un camino, en un proceso de un profundo empobrecimiento del pueblo.

De las 31 casas de bolsa existentes hasta 1982, donde Acciones Bursátiles Somex, con participación estatal mayoritaria, ninguna tuvo un desarrollo favorable y, ¿saben por qué?, porque nunca se manejaron de una manera independiente de los bancos que en aquella época tenía en sus manos la iniciativa privada. Con la banca nacionalizada, con la indemnización a los ex banqueros se creó y las contrarreformas a la Constitución, se creó la banca paralela, las inversiones que obtuvo este pequeño grupo oligárquico obtuvieron ganancias superiores al 136%. Por ejemplo, los Certificados de Aportación Patrimonial Caps proporcionaron ganancias del 290% a estos angelitos, a estas damas de la caridad.

A estos señores a los que ha defendido la derecha de dentro del poder público y esto, señores de Acción Nacional, mientras, señores diputados, que en un solo año, mientras que las utilidades aumentaban en una forma insultante para ese pequeño grupo oligárquico, en un solo año los salarios se han deteriorado alrededor de un 55%.

¿Cuál es la situación en el campo? Una pobreza extrema, una pobreza extrema por el abandono al desarrollo del campo desde el poder público y la falta de interés, porque no deja utilidades a los capitostes de los capitales privados nacionales y transnacionales.

¿Cuál es la situación a la que ha llevado este proceso de privatización en el que hoy se plantea entregar la banca a los particulares? Respecto al Magisterio, por poner otro caso, se ha orillado al Magisterio a una desprofesionalización que los ha convertido en verdaderos ruleteros de la educación, donde la educación ha sufrido un deterioro enorme por los miserables salarios que se le otorgan al Magisterio.

Por eso, que no vengan aquí a quererse levantar como defensores del pueblo planteando que es necesario dar este paso para poder resolver los problemas sociales de la nación, la solución es otra, compañeros diputados, es la política profundamente equivocada, antipopular de este gobierno y del gobierno anterior.

Por esos motivos, el Partido Popular Socialista no puede estar a favor de este artículo donde se le entrega la banca a los particulares nacionales y extranjeros; si esto se lleva adelante, compañeras y compañeros diputados, no solamente entraremos en un retroceso económico desde el punto de vista de nuestro camino independiente, sino habrán cambiado las condiciones políticas, donde las fuerzas todavía democráticas, progresistas en el poder, serán derrotadas para instaurar una dictadura empresarial. Por esa razón, el voto del Partido Popular Socialista será en contra. (Aplausos.)

El Presidente: - Señores diputados, concluye el turno de oradores para discutir este artículo primero, con la participación del diputado Alfredo Reyes Contreras.

El diputado Alfredo Reyes Contreras: - Primero una petición respetuosa a los diputados que se encuentran en la parte posterior y fundamentalmente a la diputada Lajous, para que no chiflen y respeten el recinto parlamentario.

La diputada Luz Lajous Vargas (desde su curul): - Señor Presidente , ¿me permite el señor diputado una pregunta?

El diputado Alfredo Reyes Contreras: - Después de que termine, señora diputada.

Esta soberanía está discutiendo una cuestión de enorme importancia para el presente. y futuro de los mexicanos. Los panistas se van porque van a misa, por favor retírense, ¿o van a ver al Papa por televisión?

(Desorden.)

Así como en el siglo pasado unos mexicanos dizque mexicanos se arrodillaron ante Maximiliano, ustedes se arrodillan ante Wojtyla, porque les faltan héroes nacionales...

(Desorden.)

A lo largo del debate se han expresado las opiniones de las fuerzas políticas aquí representadas, sin embargo, todas quedan encuadradas en dos posiciones: una, coincidiendo con la iniciativa del Ejecutivo Federal, está de acuerdo en la reprivatización y desnacionalización de la banca y, la otra, sostiene que la banca debe continuar como un servicio que preste el Estado de manera exclusiva, como lo señala el párrafo quinto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que pretende derogarse.

El dictamen, que recayó a la iniciativa presidencial, contiene una gran pobreza ideológica y política y no hace más que repetir los argumentos invocados por el Ejecutivo para justificar la desnacionalización de una actividad económica que, como se ha recordado, los autores de la iniciativa en el pasado reciente calificaron de estratégica, como efectivamente lo es, porque a nadie escapa la gran importancia que tiene desde el punto de vista económico la actividad bancaria.

Si tenemos en cuenta los elevados intereses de la nación y los intereses del pueblo mexicano, es difícil entender que varios diputados aquí presentes hayan apoyado, defendido y aplaudido en 1982 la trascendental propuesta en ese año del titular del Ejecutivo Federal y hoy, de manera vergonzante, retorciendo todos loa argumentos que se invocaron entonces, estén de acuerdo en retroceder en esa conquista histórica, que fue un verdadero logro popular.

Yo recuerdo, señoras y señores diputados, porque formé parte de la LII Legislatura, que en el momento en que el entonces presidente José López Portillo anunció desde la máxima tribuna de la nación la nacionalización y expropiación de la banca, se levantaron como un resorte y aplaudieron rabiosamente a López Portillo en ese momento.

(Voces): - ¡Tema!

Este es el tema, estamos analizando el párrafo quinto del artículo 28 de la Constitución.

Y en ese momento, señoras y señores diputados, no tuvieron la responsabilidad personal de levantarse y oponerse a la iniciativa del Ejecutivo, la aplaudieron, la apoyaron, la aprobaron y ahora precisamente, en una actitud vergonzante, como decía, en un giro de 180 grados, se pronuncian exactamente por la medida contraria.

Pero, señoras y señores diputados cada uno de los aquí presentes tendrá que asumir su responsabilidad histórica, tanto por su actitud asumida en 1982, como la que nos corresponde hacer frente, de cara a la nación, en estos momentos difíciles.

En el centro del debate, se quiera o no, se enfrentan dos tesis diametralmente opuestas sobre el papel del Estado en un país profundamente penetrado por el capital extranjero y por lo tanto de carácter semicolonial como el nuestro. Quienes sostienen que hay que disminuir la presencia del Estado en la vida económica, son partidarios de entregarle a los intereses particulares los principales renglones de la vida económica de la nación, son partidarios de una creciente presencia de la inversión extranjera en nuestro país y, en consecuencia, aunque no lo digan abiertamente, se inclinan por acrecentar la dependencia económica de nuestro país respecto del exterior.

Históricamente son los herederos de las fuerzas más negativas que en diferentes épocas han combatido las legítimas aspiraciones del pueblo mexicano de ser un país plenamente independiente desde el punto de vista económico y por lo tanto, desde el punto de vista político, la iniciativa presidencial se inscribe en este campo.

Quienes en oposición o en posición opuesta al anterior plantean una mayor y creciente intervención del Estado en la vida económica, consideran que debe ser el sector estatal de la economía el que maneje directamente los renglones fundamentales del desarrollo económico, porque la experiencia ha demostrado que el sector público de la economía ha sido un escudo poderoso y pilar principal del desarrollo independiente de la nación mexicana.

La historia de México nos demuestra que cuando han prevalecido los intereses particulares nuestra economía ha sido dominada totalmente por los intereses económicos extranjeros, en tanto que con la intervención del Estado se logró el mejoramiento de la vida de los mexicanos y se pudo hacer frente con éxito a las presiones de los poderosos intereses del exterior.

En este campo y en defensa del desarrollo soberano de la nación mexicana se inscriben las fuerzas democráticas de México, su clase obrera, sus campesinos y amplios sectores de las capas medias, es decir en defensa de un país independiente y de una nación soberana, han estado y están la inmensa mayoría de los mexicanos.

El Partido Popular Socialista sostiene que la intervención del Estado en el desarrollo económico ha salvado a nuestro país y que esta intervención ha impedido que seamos o nos convirtamos en una colonia de los monopolios norteamericanos.

Con la intervención estatal, que ha confirmado su plena validez en el pasado reciente y hoy frente a la voracidad que se advierte entre los monopolios de Estados Unidos de América, de Japón, de la República Federal Alemana, de Inglaterra, de Francia y de otros países capitalistas desarrollados, con mayor razón se justifica la necesidad del poder económico del Estado para hacer frente a la agresividad del poder monopólico del extranjero, porque sabemos que en el pasado y en el presente, la llamada iniciativa privada en nuestro país siempre ha sido una pantalla detrás de la cual se encuentran siempre los capitalistas foráneos.

¿Qué vamos a hacer, señoras y señores diputados, frente a la violenta agresividad de los monopolios yanquis, japoneses, Franceses, ingleses, alemanes? Los que defienden la desaparición del párrafo quinto del artículo 28 de la Constitución, ya lo hemos dicho, son partidarios de que les abramos las puertas de par en par, dejando al Estado como simple vigilante, para que esos monopolios hagan con el dinero del pueblo mexicano los negocios que quieran.

Los que impugnamos la iniciativa y concretamente la desaparición del párrafo quinto, queremos un desarrollo con independencia y nos pronunciamos porque el Estado siga teniendo una participación directa en el desarrollo económico como productor y prestador de servicios, como un factor que consolide y multiplique a las fuerzas productivas y que multiplique instituciones en el campo de la producción y de los servicios.

La inmensa mayoría de los mexicanos y nosotros no queremos tener ninguna metrópoli económica, sea quien sea, porque un país que depende de otro país es un país sometido y explotado, sin libertades de ninguna naturaleza, seguimos teniendo el problema que fue agudo en el pasado, sobre la formación de capitales nacionales para promover un desarrollo económico con menos injusticias.

En 1982 se tomaron dos medidas fundamentales: la expropiación y nacionalización de la banca privada y el establecimiento del control generalizado de cambios, que en cierto sentido fueron medidas defensivas frente al extranjero, pero cuando asume el poder Miguel de la Madrid, una de las primeras medidas de su gobierno fue suprimir el control de cambio y desnacionalizar parcialmente la banca.

Ahora, una de las exigencias que plantean los países capitalistas desarrollados, es que se acaben todas las medidas que de una o de otra manera promuevan la capitalización interna y el aumento de la producción económica nacional; exige que se abran las frontera y se acabe el proteccionismo y en este sentido ha tomado medidas muy peligrosas el gobierno de nuestro país, a grado tal que cualquier medida de corte nacionalista ha sido repudiada, porque, según se dice, representa un obstáculo para la modernidad.

Pero hay que recordar que los países que hoy nos exigen el libre comercio, el libre cambio, la no restricción para sus capitales sobrantes, facilidades para sus inversiones y que nos imponen préstamos atados, fueron en su etapa de ascenso profundamente nacionalistas, porque ejercieron controles severos y medidas restrictivas.

Uno de los mayores peligros que se abren para nuestro país, de aprobarse esta modificación que nosotros combatimos, es que se dé cabida dentro de la banca al capital extranjero, situación que se presentó ya con las reformas que se aprobaron en diciembre del año pasado, en lo que se llamó el paquete financiero; si esto ocurriera, señoras y señores diputados, la soberanía del país y su desarrollo independiente estarían en grave peligro, porque como se ha demostrado, siempre el capital foráneo en el servicio de intermediación bancaria generaría mayores distorsiones económicas.

Al Partido Popular Socialista le parece que el servicio de banca y crédito debe mantenerse en manos exclusivas del Estado, para que efectivamente contribuya al desarrollo de la producción y al mismo tiempo contribuya a la formación del capital nacional.

Consideramos también que la banca en México debe operar con capital nacional, recogiendo fundamentalmente el ahorro público, sin la intervención del exterior, pues así como ningún país no se puede industrializar sin la industria energética principalmente, tampoco puede crecer ni impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas con la presencia del capital foráneo.

El Presidente: - Ya se ha concluido su tiempo, le ruego que ponga punto final a su intervención.

El diputado Alfredo Reyes Contreras: - Gracias, señor Presidente: Otro peligro que de reprivatizarse el servicio de banca y crédito se dará inevitablemente, será la fusión del capital bancario con el capital industrial privado, tanto nacional como extranjero, fenómeno que se estaba dando aceleradamente en los años previos a 1982; precisamente fueron esos grandes intereses bancarios y financieros los que promovieron el saqueo económico del país y la desestabilización del gobierno.

De darse este fenómeno, las aspiraciones golpistas de la gran burguesía estarían a la orden del día y el pueblo mexicano se enfrentaría a situaciones graves no previsibles en este momento.

La banca privada, quedó plenamente demostrado en el pasado, nunca tuvo interés en fortalecer el desarrollo independiente y menos lo tendrá ahora, de manera que para las fuerzas democráticas de México ni siquiera se plantea la disyuntiva de que sea el Estado o los particulares quienes manejen la banca.

La única garantía para un desarrollo económico con sentido nacional y popular, también demostrado en la experiencia, en mantener vigente la conquista histórica de 1982, que si no logró plenamente sus objetivos, fue por las maniobras que el gobierno realizó para impedir la consolidación de la banca nacionalizada que el Partido Popular Socialista defenderá hasta el último minuto, Muchas gracias.

El Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si el artículo primero se encuentra suficientemente discutido.

La secretaria diputada Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: - Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se pregunta a la asamblea si está suficientemente discutido el artículo primero.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.

Se va a proceder a recoger la votación nominal del artículo primero, en sus términos. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a los que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(Votación.)

Señor Presidente, esta secretaría informa que se emitieron 274 votos en pro, 55 en contra y cuatro abstenciones.

El Presidente: - Aprobado el artículo primero por 274 votos en sus términos.

Conforme a lo dispuesto por los artículos 124 y 125 del reglamento, en votación económica ponga la secretaría a consideración de la asamblea, para saber si admite o desecha la propuesta de

adición y modificación presentada por el ciudadano diputado José Antonio Ríos Rojo.

El secretario diputado Rubén García Farías: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite o no a discusión la propuesta formulada por el diputado José Antonio Ríos Rojo.

Los diputados que estén porque se admita, sírvanse manifestarlo... Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.

El Presidente: - En los mismos términos, fundamentos y con las mismas finalidades, haga lo mismo la secretaría, con la modificación propuesta por el diputado Belisario Aguilar.

El secretario diputado Rubén García Farías: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite o no a discusión la propuesta formulada por el diputado Belisario Aguilar Olvera.

Los diputados que estén porque se admita, sírvanse manifestarlo... Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.

ARTICULO SEGUNDO

El Presidente: - Abierto que ha sido el registro de oradores para la discusión del artículo segundo, esta Presidencia hace del conocimiento del pleno lo siguiente: Han declinado su participación los oradores que se habían enlistado en pro, solamente está en lista un diputado del Partido de la Revolución Democrática, Alexandro Martínez Camberos y también el diputado Israel Galán, del Grupo Parlamentario Independiente.

Adelante, Alexandro Martínez Camberos.

El diputado Alexandro Martínez Camberos: - El Partido de la Revolución Democrática tiene especial interés en dejar sentada su posición respecto de este punto.

Para nosotros ésta era la oportunidad de que todos los trabajadores, todos los trabajadores pasen o queden en el inciso "A".

Al dejar una vez más a los trabajadores de la banca que llaman estatal, pero que es realmente una banca mixta, en el inciso "B", se comete nuevamente una injusticia social.

Los trabajadores del inciso "B", no tienen todos los derechos que pueden ejercitar los trabajadores en general, incluidos en el inciso "A". Por eso venimos a votar en contra de esta punto del dictamen.

Pero además, permítanme ustedes, ya que se ha visto cómo obtuvieron ustedes también la votación sobre el punto anterior, que les recuerde dos o tres hechos importantes.

Se habla de que de 1972 a la fecha, han cambiado las circunstancias y de ahí que se explique y se justifique esa variación de que se ha hablado aquí, a 180 grados, de parte del gobierno nacional.

Pero recuerden ustedes, particularmente recuérdenlo los compañeros diputados que presenciaron la campaña electoral de Carlos Salinas, Santa Anna, que defendió durante su campaña la propiedad estatal de la banca; que el Instituto de Estudios Políticos Económicos y Sociales, en una serie de sesiones y de proclamaciones estableció la necesidad de que la banca fundamental fuera lo que se llamaba estatal, que ya propiamente no era totalmente estatal.

Se ha tratado de confundir y algunos compañeros han confundido el llamar a la banca como está, una banca estatizada. No es una banca estatizada, puesto que el 34% de las acciones pertenecen a la iniciativa privada.

El instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales publicó un folleto que dice: "la banca nacionalizada debe ser el apoyo primordial de los sectores social y privado, mientras que la intermediación no bancaria: casas de bolsa, y demás, deben evitar prácticas especulativas". Eso fue a principios de 1988.

En su discurso de toma de posesión, el licenciado Carlos Salinas prometió fortalecer y modernizar el sistema bancario, bajo el control del Estado, pero no hizo la mínima alusión al devolver la banca a la iniciativa privada.

en el Plan Nacional de Desarrollo, del último de mayo de 1989, el Presidente señaló el fortalecimiento de instituciones formales de crédito y la mayor eficiencia de la banca, que se ha traducido en beneficio, tanto de ahorradores como de usuarios de crédito.

En la quinta sesión o reunión de la banca celebrada en Monterrey el 3 de agosto de 1989, Salinas de Gortari tampoco se refirió a reprivatización alguna, sino para fortalecer las responsabilidades de los consejeros y que aseguren una información pública correspondiente.

También dijo: la banca nacional tiene un papel esencial en la atención de las necesidades de los

industriales, de los campesinos, obreros, grupos populares, etcétera, nunca en ningún momento hablo de la posibilidad o promoción de reprivatizar la banca nacional.

En su primer informe del 1o. de noviembre, habló de que la banca está recuperando el terreno perdido, En los criterios generales de política económica que fue presentado a la Cámara de Diputados el 15 de noviembre anterior y aprobado a fines de diciembre, Salinas informa de lo que se hará con los bancos, en el marco de la propuesta de modernización financiera; se les dotará de mayor eficiencia operativa y financiera y seguirán eliminándose restricciones que limiten su desarrollo, pero nada más. El decreto de diciembre es explícito, el servicio público de banca y crédito, fijarse bien, fijarse bien, compañeros, fijarse bien, señores del Partido Revolucionario Institucional, es una actividad estratégica en la economía nacional que debe alcanzar los siguientes objetivos, etcétera.

Este carácter de estratégico es lo que le quiere quitar ahora, o sea que este cambio de 180 grados no es como consecuencia del cambio de las condiciones de hace siete años y medio; es un cambio de impromptu, un cambio que proviene quién sabe de dónde, pero que tiene su origen ya en este año, que se gestó, se desarrolló y se presentó en forma intempestiva, "mexicano, ésta es tu Constitución", publicada por la Gran Comisión de la Cámara de Diputados en 1988 y en éste dice: la nacionalización de la banca es definitiva e irreversible; este párrafo está convalidado por el diputado y licenciado, Nicolás Reynés Berezaluce.

Entonces, lo que queremos dejar claro es que este cambio imprevisto, este cambio sacado de la faltriquera, de modo un tanto cuanto de prestidigitador, proviene a nuestro juicio de presiones del Banco Mundial o del fondo Monetario Internacional, que no quedaron conformes con lo que obtuvieron en la renegociación de la deuda.

Queda asentada, pues, la protesta del Partido de la Revolución Democrática en dos aspectos: uno, sobre el que se siga dejando a los trabajadores de la banca en el apartado "B". Y segundo, que se haya obrado sin preparación al público, al pueblo mexicano, sin una orientación previa. De tal manera que el Congreso hubiera tenido la oportunidad del discutir, de debatir real y ampliamente este problema trascendental para la vida económica y política del país.

El Presidente: - En el uso de la palabra el diputado Israel Galán Baños.

El diputado Israel Félix Galán Baños: - Unos 45 minutos y nos vamos.

Ya se nota aquí la euforia de la asamblea, de lo que consideran una cuestión de trámite, ¿no?

(Voces): - ¡Tema!

Pero tenemos que desahogar los puntos y yo creo que es conveniente pues que escuchemos...

(Voces.)

Un momento, están muy alebrestados, señor Presidente, "esta excitada la caballería".

Pido orden, por favor. Dicen que ésta ha sido la iniciativa más debatida de los últimos tiempos, la iniciativa presidencial más debatida. Pues yo diría que no ha sido debatida, tal vez ha sido la más comentada. Hay un debate cuando hay diálogo, cuando hay intercambio entre las partes, cesión de una y otra parte para tomar un acuerdo. Aquí ha habido muchos comentarios de prensa, muchos oradores en la tribuna, pero al final se impuso férreamente, casi sin modificación, la iniciativa presidencial, o se está imponiendo.

Daremos nuestro criterio sobre el artículo segundo de la iniciativa presidencial y por qué nosotros consideramos que no debe ser aprobada así.

En la proposición que se hace de acuerdo con lo que dijo el diputado Cavazos Lerma, que ya no está por aquí, ya no nos acompaña...

El diputado Manuel Cabazos Lerma (desde su curul): - ¡Cómo no! (Aplausos.)

El Presidente: - Orden en la sala.

El diputado Israel Félix Galán Baños: - Perdón, sí está por aquí.

El diputado Cavazos Lerma nos decía, igual que el diputado Montemayor nos conmina al dilema de modernizarnos a perecer. Y en el caso del sistema bancario nos dice en su intervención, nos dijo en su intervención el diputado Cavazos, que es necesario que ese sector bancario, el sector de la intermediación financiera, se modernice. A ello deben dedicarse, dice, enormes cantidades de recursos para modernizar el sistema bancario.

Yo creo que en estas palabras hay algunas promesas ominosas para los trabajadores del sistema bancario y que se reflejan directamente en la iniciativa que manda el Presidente. Mientras que los grupos monopólicos, varios: tres, cuatro, cinco, que se consoliden en el sistema bancario, en lo que respecta a los trabajadores, de inicio se pretende una fragmentación que solamente será la

inicial, nosotros podemos después esperar otro tipo de divisiones de los trabajadores en su organización y en sus relaciones laborales con los bancos. Aquí simplemente se enuncia una y se propone una primera división de los trabajadores, argumentando que los trabajadores deben estar separados por los apartados A y B, por lo que respecta al régimen de propiedad al que están incorporando con quienes mantienen sus relaciones laborales. Este es un viejo debate desde que se instituyó el aparato B.

Si hay una misma materia de trabajo que debería de ser el criterio, los trabajadores no tienen por qué estar separados, aunque el régimen de propiedad de distinto puesto que realizan funciones iguales, deben tener salarios iguales, deben estar sujetos a una organización de proceso de trabajo igual, son bancos, bajo un régimen de propiedad distintos.

Entonces, cuando el diputado Cavazos Lerma nos dice que este sector es inminente que se modernice, nosotros también debemos de leer que la banca en manos de sus dueños o de sus directivos tenderá a sufrir una reconversión tecnológica por un lado; es decir, habrá la introducción de computadoras y sistemas automáticos de control de la circulación financiera y la sustitución del trabajo humano directamente por aparatos o por máquinas de diverso tipo.

Así nosotros tememos, según informes de la Comisión Nacional Bancaria, que los empleados hasta noviembre de 1989 en el sistema bancario, no de la banca de desarrollo, sino los otros grupos, son 125 mil más 27 mil de los trabajadores de la banca de desarrollo y por otro lado nosotros tenemos un número de funcionarios, 34 mil en el sistema de banca múltiple y 3 mil 787 en la banca de desarrollo.

Nosotros creemos que esta proporción se va a invertir, que la tendencia de la patronal aquí va a incorporar una mayor cantidad de funciones, según la define la Ley Federal del Trabajo, como desfiscalización, vigilancia, supervisión, para convertirlos en empleados de confianza.

Entonces, llevamos dos elementos ya, la reconversión tecnológica, el régimen jurídico que tenderá a alterarse por pasar los empleados, como les llaman aquí, a su calidad de funcionarios y un tercer elemento que sería abrir un abanico salarial mucho más amplio tratando de separar también las funciones y a los trabajadores del sistema bancario.

Entonces, nosotros creemos que aquí hay una intencionalidad ya de entrada de separar a los trabajadores bancarios que no tiene razón de ser no creo que respecto a las relaciones laborales lo fundamental sea el régimen de propiedad, sino la materia de trabajo a que ambos están sujetos.

Además, creemos que con esta propuesta del Ejecutivo está violándose el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, respecto a la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, así como el convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva también. de la Organización Internacional del Trabajo; ambos suscritos y por lo tanto obligatorios para el caso de México.

Nosotros no encontramos la razón entonces, por la cual los trabajadores deban ser fragmentados ya de inicio y todavía sin concretarse, el tipo de desarrollo que tendrá; podrán también desarrollar otro tipo de modalidades que impliquen la supresión de los derechos, la afectación de los derechos, por ejemplo el derecho al trabajo, la supresión de las prestaciones, la disminución de la planta de empleados, el pase de funciones de base a funciones de confianza. Y por lo tanto, nosotros creemos que en este caso los trabajadores deben contar de manera irrestricta, como lo señalan estos convenios que el gobierno mexicano ha suscrito y que no quiere respetar la libre sindicación, respeto irrestricto a la contratación colectiva, que en el apartado B tiene un carácter restrictivo, puesto que no existe el derecho a la contratación colectiva, dado que están sujetos a un instrumento unilateral emitido por la autoridad, y tampoco pueden ejercitar en los hechos, en la práctica el derecho de huelga dado que el apartado B lo define como aquel que puede darse en caso de una violación general y reiterada de las condiciones generales de trabajo que existen en la institución gubernamental.

Nos parece pues que de entrada, esta proposición del Ejecutivo, por lo que respecta al 123 constitucional, todos los trabajadores bancarios, independientemente del régimen de propiedad a que estén sujetos los bancos, debieran quedar comprendidos en el apartado A, dado que la matería de trabajo a que se refieren es la misma y no es distinta, y van a estar sujetos ellos, según las palabras del propio diputado Cabazos , a una reconversión tecnológica impuesta por la modernización del sistema bancario.

Por lo tanto, la Fracción Parlamentaria Independiente, propone, en lo que respecta a la iniciativa presidencial sobre el artículo 123 constitucional, que los trabajadores bancarios queden comprendidos dentro del apartado A del citado artículo, pues las relaciones laborales no dependen del régimen de propiedad de los bancos, sino de la

materia de trabajo que determina dichas relaciones, que en ambos casos son iguales.

Proponemos que se suprima el artículo 3o. de la iniciativa presidencial. Hago entrega a la secretaría para que se tome en cuenta nuestra proposición. (Aplausos.)

El Presidente: - Diputado Israel Galán, una pregunta ¿Esta propuesta de ustedes, con relación al artículo 3o. acaba de decir, no del artículo 2o.?

El diputado Israel Félix Galán Baños: - Es que el artículo 2o., es decir, queden comprendidos los trabajadores en el artículo segundo y se suprime el artículo tercero.

El Presidente: - Está bien, gracias.

Para hacer uso de la palabra, está inscrito el diputado Crescencio Morales Orozco.

El diputado Crescencio Morales Orozco: - Señor Presidente, yo aparté para examinar los artículos segundo y tercero de esta iniciativa y pido a usted con todo respeto consulte a la asamblea si se me permite examinarlo en un solo acto.

El Presidente: - Sí, como no. Se consulta a la asamblea si en un solo acto se le permite que haga sus consideraciones respecto de ambos artículos...

De acuerdo, diputado; adelante.

El diputado Crescencio Morales Orozco: - Señor Presidente, señoras y señores diputados: La Constitución que nos rige, producto de la revolución que se inició al principio del presente siglo, tiene entre otras la importancia fundamental, el hecho de haber terminado con la tragedia histórica de México, el dramático divorcio entre la ley y la realidad social.

Precisamente por estas razones, el grupo parlamentario del Partido Popular Socialista impugnó con razones de carácter histórico, político y económico, primero la reforma propuesta por el Ejecutivo Federal al artículo 28 constitucional y ahora las reformas al artículo 123 de la Constitución General de la República.

Aquí se han tratado de impugnar los razonamientos de las fuerzas democráticas y patrióticas representadas en esta Cámara, por representantes de la fuerza neoliberal que conduce los destinos del país. Se ha afirmado que con decisión, con coraje, pondrán las reformas que está exigiendo la modernización en este país de acuerdo a lo que se está realizando en el mundo para no quedar rezagados.

Que se está en contra de los mitos y de los dogmas; bien, sólo que en la acción modernizadora que se inició en le año de 1982, inmediatamente después de la nacionalización de la banca, producto de una resolución patriótica, han sucedido cuestiones en primer lugar, que afectaron la nacionalización de la banca y, en segundo lugar, que originaron el empobrecimiento dramático de la clase trabajadora de este país.

Y esto era natural, la nacionalización de la banca la hizo un Presidente ubicado dentro del campo patriótico y progresista; lo entregó a un antipatriota desnacionalizado, con profundos compromisos con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial.

Precisamente por estas razones, las fuerzas de derecha, de dentro y fuera del gobierno, cuestionaron el funcionamiento de la banca nacionalizada y pusieron en entredicho la capacidad que tiene y que ha tenido el Estado mexicano, producto de la Revolución Mexicana de 1910, para conducir las empresas en favor de los intereses del pueblo mexicano.

Al mes o dos meses de haber nacionalizado la banca el Presidente López Portillo, Miguel de la Madrid, de espaldas al pueblo, estableció la banca paralela. A los pocos días y adelantándose al compromiso que se estableció en el decreto expropiatorio, indemniza a los banqueros afectados, pagándoles sus indemnizaciones a precios de oro. Esta fue una cuestión que desde luego afectó el buen funcionamiento de la banca que impidió canalizar sus recursos a la solución de los problemas agropecuarios, al fortalecimiento de la industria mediana y pequeña.

Precisamente en le ejercicio del gobierno de Miguel de la Madrid se empieza a hablar de lo robusto del Estado, se empieza a hablar de acciones antipopulares, dolorosas pero necesarias; se empieza a solicitar a la clase obrera y a los campesinos apretarse el cinturón para enfrentar la crisis.

Esto, desde luego, que originó el más fuerte atrancón para el eficaz funcionamiento de la banca nacionalizada.

Asume el poder otro representante de los intereses ajenos a los intereses del pueblo mexicano, y sus primeros actos son de quebrar los derechos constitucionales que están establecidos en la carta fundamental y que protegen los intereses de la clase obrera. Se cancela, de hecho, el derecho de huelga que tienen los trabajadores.

Se hace un llamado a la modernidad, modernidad en la educación, modernidad en el ejido, modernidad en las relaciones laborales. Acuérdense ustedes, sobre todo los diputados representantes de la clase obrera, el famoso proyecto presentado por la clase patronal, la Confederación Patronal de la República Mexicana a esta Cámara, en donde piden, de hecho, la pulverización del contenido del artículo 123 constitucional y, de hecho, la desaparición de la Ley Federal del Trabajo. Se quiere evitar el aspecto tutelar del Estado en tratándose de la aplicación de la justicia laboral.

Precisamente por estas razones y cuando nosotros examinamos el contenido de la iniciativa, en donde se reforma el artículo 123 constitucional y se ubica a una parte de los trabajadores bancarios en el apartado A y a otra parte en el apartado B, pensamos que es el primer aviso que tienen las fuerzas democráticas y patrióticas representadas en la Cámara, porque en un futuro, posiblemente próximo, recibiremos una iniciativa presidencial en donde se cancelan definitivamente los derechos de la clase obrera.

Nos opondremos en consecuencia a estas reformas, porque el Partido Popular Socialista ha considerado que en este país no puede haber trabajadores de primera y trabajadores de segunda.

Presentaremos próximamente una iniciativa de ley en donde todos los trabajadores bancarios sean protegidos por el artículo 123 constitucional, dentro del apartado A y no dentro del apartado B.

Esta situación que ahora se examina en el Congreso, deber ser motivo de alerta para las fuerzas democráticas y patrióticas de la Cámara de Diputados.

La alianza vengonzante que hoy se dio entre la derecha del partido del gobierno y Acción Nacional, en un estigma de carácter histórico que difícilmente se lo pueden quitar quienes tienen el privilegio de estar en esta Cámara de Diputados en este momento. Muchas gracias. (Aplausos.)

El Presidente: - El diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, hace uso de la palabra.

El diputado Jesús Antonio Carlos Hernández: - Señor Presidente; señores legisladores: Como atinadamente lo mencionó el compañero Francisco Ortíz Mendoza en su intervención, así como otros oradores, la prisa y el sumo interés de los señores legisladores del Partido Revolucionario Institucional por discutir en estas últimas horas el dictamen que nos envía el Ejecutivo de la nación para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, era precisamente por la necesidad, por la importancia que reconocía el Partido Revolucionario Institucional a este asunto y que quería que lo debatiéramos a fondo, manejando argumentos, manejando ideas que clarificaran este asunto tan importante para la vida política de la nación mexicana.

Lamentablemente, los personeros principales de este pequeño grupo minoritario pero poderoso, que se ha enseñoreado el gobierno de la República, han abandonado vergonzosamente el debate, me refiero a las aves negras, Rogelio Montemayor Seguy, creo que sí se pronuncia y Manuel Cavazos Lerma; sus adláteres del Partido Acción Nacional han abandonado también, temerosos, el recinto.

Me voy a permitir, compañeros diputados, dar lectura a algunos textos para ilustrar este debate, que son muy importantes y que vienen a colación de lo que hoy discutimos, dice así este primer texto:

"A partir de la Revolución, se ha consolidado en México un sistema de organización social mixto en lo económico y plural en lo político, cuyo fundamento ha sido una división de responsabilidades entre los distintos grupos que conforman la sociedad, que garantice la conservación de la soberanía nacional y evite que intereses particulares lesionen los intereses generales de la nación. En este esquema de economía mixta, corresponde al Estado la responsabilidad de orientar el proceso de desarrollo y la administración de los recursos nacionales, siendo en última instancia el que finalmente debe rendir cuentas a la población y a quien corresponde cuidar y garantizar que no se lesione el bienestar común; para que el Estado responda a los intereses de las mayorías sin que sus acciones se vean impedidas o limitadas por intereses particulares, es imprescindible que cuente con capacidad de decisión sobre los aspectos esenciales de la vida económica de la nación, lo que implica necesariamente su participación exclusiva o asociado con particulares en aquellos renglones que son estratégicos para la marcha económica general del país."

Lo anterior enmarca la existencia de las empresas del Estado, ya que las responsabilidades que éste enfrenta en la sociedad moderna no podrían haberse cumplido solamente a través de los instrumentos tradicionales de política económica y servicios, a fin de garantizar el suministro de insumos públicos, la disponibilidad de energéticos, la creación de economías externas, la competencia en los mercados domésticos e internacional, el avance técnico y la correcta distribución de los beneficios.

La evolución socioeconómica del país, ha sido en gran medida determinada por el importante crecimiento de la participación del Estado, principalmente a través de su sector de empresas y organismos, cuyos orígenes responden a diversas situaciones.

Nosotros podríamos signar en el Partido Popular Socialista estos juicios, que hoy el Partido Revolucionario Institucional extrañamente, abruptamente olvida, porque dentro de un momento puede decir quién es el autor de estos textos.

Otros grupos de empresas se crearon para regular o contrarrestar el poder monopólico - oligopólico de grupos privados, con frecuencia de capital extranjero y para participar en renglones estratégicos de apoyo general a la actividad económica; tal es el caso del abastecimiento de insumos básicos para la agricultura y la industria nacional, que realizan Altos Hornos de México, S. A. y Fertilizantes Mexicanos.

Destacan asimismo aquellos organismos, empresas que cumplen determinados fines de la actividad pública que es más conveniente desarrollar en forma descentralizada, como es el caso de la prestación de servicios sociales, como la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, el Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; otros más como la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, que sirven como instrumentos reguladores del sistema del mercado y permiten al Estado intervenir en los procesos de distribución y comercialización, garantizando el abasto de productos básicos a precios accesibles, a cada vez mayores grupos de población.

Como se ha señalado anteriormente, el Estado orienta y conduce el proceso de desarrollo mediante la utilización de diversos instrumentos de política económica de que dispone; estos instrumentos, dentro de los que destacan el gasto público, la política tributaria, la monetaria, la crediticia y la comercial, distinguiéndose por su importancia la de las empresas públicas, que si bien podrían ubicarse dentro de una definición amplia de política fiscal, su carácter justifica su clasificación aparte, es decir, mediante las empresas públicas. La intervención del Estado no sólo es con carácter normativo o de creador para infraestructura, sino que pasa a intervenir directamente en la producción de bienes y servicios: Carlos Salinas de Gortari.

Y continúa el señor Salinas: "además de estimular el proceso de crecimiento, las empresas públicas le permiten al Estado apoyo y direccionalidad, es decir, mediante estas entidades, el sector público puede transformar el mero crecimiento del desarrollo económico en beneficio de las mayorías; asimismo, por lo que se refiere al Seguro Social, paulatinamente tendrá que orientarse más a la prevención masiva de enfermedades, que al aspecto excesivamente especializado y atención gradual, que en un país con las características demográficas del nuestro y con deficiencias ancestrales acumuladas, no puede justificarse.

La política de empresas públicas persigue entonces, como propósito no sólo aumentar y mejorar su eficiencia buscando que operen con criterios de racionalidad, sino que dentro del marco de congruencia de la política económica, y cumpliendo su función como uno de los instrumentos principales, coadyuven al logro de los grandes objetivos nacionales.

El papel que el Estado asume como gestor del desarrollo en el esquema de economía mixta de nuestro país, y la influencia que su actividad tiene sobre la evolución de las variables económicas fundamentales, hace imprescindible que se fortalezca su eficiencia, a fin de que cumpla en mejores términos dicha función de orientación y rectoría del desarrollo y atienda los procesos económicos y sociales que garanticen la independencia nacional y la justicia social.

Las empresas públicas tienen gran importancia en la función del Estado como orientador y conductor del desarrollo, ya que es el único instrumento con el que interviene directamente en la producción de bienes y servicios; así, y a través de ellas, se puede imprimir una nueva direccionalidad al proceso de crecimiento, para convertirlo en un desarrollo armónico, equilibrado y justo. Destaca en esto la intervención de la producción en insumos, regulación y servicios públicos, seguridad social y vivienda."

Pero continúa más el señor Carlos Salinas de Gortari: "si el libre funcionamiento de los mecanismos económicos implicara el logro de los objetivos nacionales, la inducción del Estado sería innecesaria"; sin embargo, tal situación no se ha observado, ni siquiera en aquellos países que hicieron de Lecefire la doctrina que nutriera sus políticas, sobre todo durante el Siglo XIX.

Los hechos, señor Montemayor, que son la realidad, los hechos se encargaron de probar la inexistencia de los equilibrios automáticos y de la armonía social espontánea.

Las crisis recurrentes y la creciente pauperización de las masas, fueron sólo dos de los acontecimientos que pusieron de manifiesto la necesidad de reorientar las actividades socioeconómicas,

buscando la corrección de los resultados indeseables y el fomento de los esfuerzos compatibles con los objetivos nacionales, y en tal consecuencia, la planeación se tornó entonces en una necesidad insoslayable bajo la responsabilidad del Estado.

En ambos casos, refiriéndose a la planeación, parte del reconocimiento de que el mero crecimiento económico no es suficiente para acceder a mayores niveles de bienestar social y de que se requiere la acción conductora, promotora y racionalizadora del Estado, en los procesos de producción y distribución para imprimir al proceso de crecimiento la orientación deseada.

En este contexto se reconoce, el Estado debe tener una función dinamizadora y reguladora del crecimiento, para que éste sea lo más acelerado y permanente posible, y sobre todo, para que vaya acompañado de un proceso de redistribución equitativa de sus frutos y de un cambio estructural compatible en este propósito.

A estos poderes normativos del Estado se suma su participación directa en la economía, a través de los organismos y las empresas públicas, lo que incrementa la magnitud y el carácter estratégico de su participación. Estos elementos le permiten tener influencia sobre el proceso de desarrollo de dos maneras importantes, aunque no exclusivas: el poder normativo que le permite delimitar el comportamiento de otros agentes y la orientación económica que le permite dirigir la actividad económica y social hacia las metas planteadas."

Y refiriéndose concretamente al crédito, al servicio de banca y crédito, he aquí lo que dice Carlos Salinas de Gortari: "asimismo, la política crediticia puede utilizarse para aumentar la disponibilidad de recursos financieros en sectores que se desee impulsar, mediante los mecanismos legales del Banco Central. Esta reasignación de recursos hacia los sectores más productivos, fomenta la eficiencia y el crecimiento económico, es decir, se trata de una actividad estratégica, insoslayable.

Para ejercer su responsabilidad, se refiere al Estado, es menester mantener respeto del exterior y conservar la armonía interna; el Estado tiene que obtener recursos de la economía.

Si bien no crea a la sociedad, el Estado influye en su desarrollo y en su dinámica, proceso por el cual un Estado toma forma, produce hábitos, necesidades y concepciones en la sociedad, creando entre dirigentes y población, una disposición específica que favorece las particularidades del desarrollo social."

Estos conceptos ustedes los pueden consultar en este pequeño libro que fue editado el 15 de octubre de 1987, en los Talleres de Publicaciones Mexicanas, que está ubicado en Insurgentes Centro número 123, en México, Distrito Federal; estos conceptos del señor Carlos Salinas de Gortari, son ahora traicionados por él y por su partido y le entregan a los monopolios privados nacionales, pero particularmente al extranjero, por mandato del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, le entregan una función estatal de servicio público estratégico, como es la banca nacionalizada.

Esta contrarreforma constitucional entrega a manos extranjeras lo que desde todos los tiempos de la historia de México fue requerida como una función que debería corresponder a los mexicanos y estar controlada por la nación mexicana, como lo expresara abiertamente el primer jefe del Ejército Constitucionalista, en su histórico discurso ante el Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, en 1913.

Con estas consideraciones, señores diputados de la mayoría del Partido Revolucionario Institucional, se están ustedes traicionando a sí mismos y olvidando el patrimonio revolucionario de su propio partido, queda en ustedes esta responsabilidad.

El Partido Popular Socialista, él sí congruente con sus principios y representantes legítimo de los mejores intereses de la patria mexicana, expresa aquí su convicción, su decisión de que esta iniciativa del Ejecutivo sea plenamente rechazada. Muchas gracias.

El presidente: - Honorable asamblea, en vista de que ya no hay oradores en contra ni en éste ni en los demás artículos que originalmente se habían reservado, y previa consulta y de acuerdo con todos los grupos parlamentarios, la Presidencia instruye a la secretaría para que pregunte si se consideran suficientemente discutidos los artículos segundo y tercero, así como el segundo transitorio del proyecto de dictamen, en un solo acto, para que en caso afirmativo, también en un solo acto se proceda a recoger la votación nominal.

La secretaría diputada Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si están suficientemente discutidos los artículos segundo y tercero y segundo transitorio del proyecto de dictamen.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.

Se va a proceder a recoger la votación nominal de los artículos segundo y tercero, así como segundo transitorio del proyecto del dictamen, en un solo acto.

Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(Votación.)

Señor Presidente, esta secretaría informa que se emitieron 266 votos en pro, cuatro a favor del segundo y segundo transitorio, tres abstenciones respecto al artículo tercero, una abstención total y 61 votos en contra.

El Presidente: - Aprobados los artículos segundo y tercero, así como el segundo transitorio del proyecto de decreto por 266 votos, en sus términos.

Y ahora para desahogar, según lo disponen los artículos 124 y 125 del Reglamento, someta la secretaría a consideración del pleno si acepta o desecha la propuesta de modificación presentada por el diputado Israel Galán Baños.

El secretario diputado Rubén García Farías: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite o no a discusión la protesta formulada por el diputado Israel Galán Baños.

Los diputados que estén porque se admita, sírvanse manifestarlo... Los diputados que estén porque se desecha, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.

El Presidente: - Señores diputados aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 28 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Aplausos.)

La secretaria diputada Hilda Anderson Nevárez de Rojas: - Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El Presidente: - Continúe la secretaría con el desahogo de los asuntos.

ELECCIÓN DE MESA DIRECTIVA

La secretaria diputada Hilda Anderson Nevárez de Rojas: - Se va a proceder a la elección de la mesa directiva.

Se ruega a los señores diputados, pasen a dejar su cédula correspondiente al escuchar su nombre.

El secretario diputado Gustavo Rosario Torres: - Señor Presidente, la secretaría informa que se recibió la siguiente votación:

Presidente, un voto a Guadalupe Gómez Maganda; vicepresidentes: Ignacio López Tarso, Sofía Valencia, Armando Duarte Móller y Miguel Martínez.

Presidente, un voto a Luz Lajous; vicepresidentes: Celia Torres, Miguel Montes, José Luis Lamadrid y Trinidad Lanz Cárdenas.

Presidente, un voto a favor de Guadalupe Gómez Maganda; vicepresidentes: Juan Manuel Verdugo Rosas, Cupertino Alejo Domínguez, Leopoldo Salinas Gaytán, Hiram Rivera Teja y José Miguel Pelayo Lepe.

Presidente, un voto a favor de Hilda Anderson; vicepresidentes: Juan Manuel Verdugo Rosas, Cupertino Alejo Domínguez, Leopoldo Salinas Gaytán, Hiram Rivera Teja y José Miguel Pelayo Lepe.

Presidente, un voto a favor de Manuel Marcué Pardiñas; vicepresidentes: Antonio Cruz Sánchez, Aquiles López Sosa, Pablo Gómez, Rosa Elena Guízar y Carmen Moreno de Almanza.

Presidente, un voto a favor de Andrés Henestrosa; vicepresidentes: Juan Manuel Verdugo Rosas, Cupertino Alejo Domínguez, Leopoldo Salinas Gaytán, Hiram Rivera Teja y José Miguel Pelayo Lepe.

Presidente, un voto a favor de José Murat; vicepresidentes: Noé Peniche, Demetrio Sodi, Francisco Salas, Javier Santillán y María Esther Valiente.

Presidente, un voto a favor de José Murat; vicepresidentes: Julián Orozco González, Ramiro Hernández, Noé Peniche, Javier Santillán y Leyber Martínez.

Un voto, presidente, Juan Manuel Verdugo Rosas; vicepresidentes: Cupertino Alejo Domínguez, Leopoldo Salinas Gaytán, Hiram Rivera Teja y José Miguel Pelayo Lepe.

Un voto a favor de: presidente, Sami David David; vicepresidentes: Juan Manuel Verdugo Rosas, Cupertino Alejo Domínguez, Leopoldo Salinas Gaytán, Hiram Rivera Teja y José Miguel Pelayo Lepe.

Un voto a favor de: presidente, Juan Manuel Verdugo Rosas; vicepresidentes: Cupertino Alejo Domínguez, Leopoldo Salinas Gaytán, Hiram Rivera Teja y José Miguel Pelayo Lepe.

Catorce votos a favor de: presidente, Leopoldo Homero Salinas; vicepresidentes: José Manuel Martínez Aguirre, Ana Rosa Payán Cervera, Ramón Medina Padilla, Jaime Fernández Sánchez y Gerardo Arellano.

Y doscientos sesenta y nueve votos a favor de: presidente, José Murat; vicepresidentes: Juan Manuel Verdugo Rosas, Cupertino Alejo Domínguez, Leopoldo Salinas Gaytán, Hiram Rivera Teja y José Miguel Pelayo Lepe. (Aplausos.)

El Presidente: - Electos para integrar la mesa directiva que funcionará del 15 de mayo al 14 de junio, los ciudadanos diputados: Presidente, José Murat; vicepresidentes: Juan Manuel verdugo Rosas, Cupertino Alejo Domínguez, Leopoldo Salinas Gaytán, Hiram Rivera Teja y José Miguel Pelayo Lepe.

A diferencia de otras ocasiones, hoy la Presidencia no tiene ningún discurso que pronunciar, y simplemente a nombre de quienes estamos acá arriba transitoriamente, "gracias a la vida". (Aplausos.)

¿Hay más asuntos? La secretaría, ¿hay otros asuntos o ya no?

La secretaria diputada Hilda Anderson Nevárez de Rojas: - Señor Presidente, la secretaría informa que se han agotado los asuntos en cartera. (Aplausos.)

ORDEN DEL DÍA

El Presidente: - Dé lectura al orden del día de la próxima sesión.

La secretaria diputada Hilda Anderson Nevárez de Rojas: - Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

«Segundo Período Ordinario de Sesiones.- Segundo Año.- LIV Legislatura.

Orden del día

17 de mayo de 1990

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicación del Congreso del Estado de Nayarit.

Minuta

Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jorge Humberto Camacho Domínguez, para que pueda prestar servicios como mensajero del Departamento Económico Comercial en la embajada de la República Oriental de Uruguay en México.

Y los demás asuntos con los que la secretaría dé cuenta.»

El Presidente (a las 14.00 horas): - Se levanta la sesión y se cita para el próximo jueves 17 de mayo a las 10.00 de la mañana.

TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA

Y DIARIO DE LOS DEBATES