Legislatura LIV - Año II - Período Ordinario - Fecha 19900517 - Número de Diario 10
(L54A2P1oN010F19900517.xml)Núm. Diario:10ENCABEZADO
LIV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Dip. Javier López Moreno
RECINTO LEGISLATIVO
CENTRO MEDICO NACIONAL
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Lic. Héctor de Antuñano y Lora
Año II México, D.F., jueves 17 de mayo de 1990 No. 10
SUMARIO
ASISTENCIA
La secretaría informa que hay quórum
APERTURA
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión, se aprueba.
RECESO
Se reanuda la sesión.
SOBRE LA REPRIVATIZACIÓN
DE LA BANCA
En torno a la iniciativa del Poder Ejecutivo y el rompimiento del orden del día. Debaten los diputados:
Alfredo Reyes Contreras.
Bernardo Bátiz Vázquez.
COMUNICACIÓN
Del diputado José Murat, para notificar su ausencia en los trabajos de comisiones. De enterado.
INVITACIONES
Del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico que con motivo del XCV aniversario del natalicio del general Lázaro Cárdenas, tendrá lugar el 21 de mayo. Se nombra comisión representante.
Del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico que con motivo del LXX aniversario luctuoso de don Venustiano Carranza, tendrá lugar el próximo 21 de mayo. Se designa comisión representante.
COMUNICACIÓN
Del Congreso del Estado de Nayarit, pata notificar la elección de Presidente y Vicepresidente de la mesa directiva para el período del 18 de abril al 17 de mayo de 1990. De enterado.
INFORME
Que presenta la secretaría sobre el número de expedientes tramitados en el primer mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones del segundo año. De enterado.
OFICIOS
Del director general del Banco de México, para remitir el informe sobre financiamiento interno del banco y la cuenta general de la Tesorería de la Federación. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
De las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto, con el que remiten Informe Sobre la Situación Económica y las Finanzas Públicas del primer trimestre del ejercicio fiscal de 1990. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que se remite Informe de la Deuda Pública. Se turna a las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público.
INICIATIVAS DE DIPUTADOS
CÓDIGO PENAL
Reformas y adiciones al Código Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero Común, y para toda la República en materia de Fuero federal.
Intervienen las diputados:
Juana García Palomares.
María Teresa Dorantes Jaramillo.
Amalia García Medina.
Patricia Garduño Morales.
Guadalupe Gómez Maganda de Anaya.
LEY DE HACIENDA
DEL DEPARTAMENTO
DEL DISTRITO FEDERAL
Con reformas y adiciones presentadas por el diputado David Ramírez Márquez. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.
LEY DE AMPARO
Presenta reforma el diputado José Ángel Luna Mijares. Se turna a la Comisión de Justicia.
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO
Con reformas presentadas por el diputado Alejandro Díaz Pérez Duarte. Se turna a la Comisión de Hacienda.
OFICIO DE LA CÁMARA
DE SENADORES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Del ciudadano Jorge Humberto Camacho Domínguez. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
SOLICITUD DE JUICIO
POLÍTICO
presentada por el diputado Erasmo López Villarreal, en contra de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La Presidencia informa del trámite.
SOLICITUD DE EXCITATIVA
El diputado Luis Gambino Heredia solicita el dictamen de diversas iniciativas. La Presidencia turna la solicitud a comisiones.
DEL PLAZO
DE LAS COMISIONES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Hace uso de la palabra el diputado Noé Aguilar Tinajero.
MISCELÁNEA FISCAL
Hacen uso de la palabra los diputados:
Jesús Ortega Martínez.
Dionisio Pérez J come.
Jesús Ortega Martínez.
Noé Aguilar Tinajero.
Dionisio Pérez J come, para alusiones.
Ernesto Jiménez Mendoza.
VISITA PAPAL
Hacen uso de la palabra los diputados:
Alexandro Martínez Camberos.
Gerardo Medina Valdez.
Alexandro Martínez Camberos.
Manuel Marcué Pardiñas.
NARCOTRÁFICO EN EL ISTMO
El diputado Teodoro Altamirano Robles denuncia hechos. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
OFICIO DE LA CÁMARA
DE SENADORES
En que solicita consentimiento para interrumpir sus sesiones. Se aprueba.
AGRESIONES A PARMISTAS
EN CHIAPAS
El diputado Alberto Bernal González solicita una investigación. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
DÍA DEL MAESTRO
El diputado Francisco Melo Torres conmemora el día y hace proposición. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamento y Práctica Parlamentaria.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO JOSÉ MURAT
(Asistencia de doscientos noventa y seis diputados).)
ASISTENCIA
El secretario diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar: - Hay una asistencia de 296 diputados. Hay quórum, señor Presidente.
APERTURA
El Presidente ( a las 11.16 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El secretario diputado Rubén García Farías: - Se va a proceder a dar lectura al orden del día.
«Segundo Período Ordinario de Sesiones.- Segundo año.- LIV Legislatura. Orden del día
17 de mayo de 1990.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del XCV aniversario del natalicio del general Lázaro Cárdenas, tendrá lugar el 21 de mayo.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del LXX aniversario luctuoso de don Venustiano Carranza, tendrá lugar el 21 de mayo.
Comunicación del Congreso del Estado de Nayarit.
De conformidad con el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, la secretaría presenta el informe que manifiesta el número de expedientes tramitados en el primer mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año.
Oficio del ciudadano director general del Banco de México.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Orgánica del Banco de México,
se remite el informe correspondiente al movimiento diario que durante el primer trimestre de 1990, tuvieron el financiamiento interno del Banco de México y la cuenta general de la Tesorería de la Federación.
Oficios de los ciudadanos secretarios de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público
Con el que se remite el informe sobre la situación económica y las finanzas públicas, correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal de 1990. Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito público Con el que se remite el informe de la deuda pública, correspondiente al primer trimestre de 1990.
Iniciativas de diputados.
De los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Popular Socialista, Auténtico de la Revolución Mexicana y Frente cardenista de Reconstrucción Nacional, de reformas y adiciones al Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fueron Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.
De los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Popular Socialista, Auténtico de la Revolución Mexicana y Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, de reformas y adiciones al Código de procedimientos Penales para el Distrito Federal.
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, de reformas y adiciones a la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de reformas y adiciones a la Ley de Amparo.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de reformas a la ley del Impuesto al Valor Agregado.
Minuta
Con Proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jorge Humberto Camacho Domínguez, para que pueda prestar servicios como mensajero del Departamento Económico Comercial, en la embajada de la República Oriental de Uruguay, en México.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre la vida interna de la Cámara.
Toma de posiciones, comentarios y declaraciones
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre la denuncia presentada en contra del Secretario de Comunicaciones y Transportes.
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, solicitud para que se dictaminen sus iniciativas.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para que la Comisión de Hacienda y Crédito Público dictamine sus iniciativas.
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el reglamento de la Miscelánea Fiscal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 1990.
Denuncias
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Democrática, sobre violaciones al artículo 130 constitucional.
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, de agresiones físicas al diputado Teodoro Altamirano R.
Del grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la intervención de la Cámara en la Parlamentaria Europea.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El secretario diputado Rubén García Farías: - Se va a proceder a dar lectura al acta de la sesión anterior
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, celebrada el día once de mayo de mil novecientos noventa, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de ejercicio de la Quincuagésima Cuarta Legislatura.
Presidencia del diputado
Javier López Moreno
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las trece horas con cuarenta y cinco minutos del
día once de mayo de mil novecientos noventa, con una asistencia de cuatrocientos dieciocho diputados, el Presidente declara abierta la sesión e informa, respetuosamente, que el diputado Jaime Sabines, poeta nacional, se encuentra en estado crítico de salud. Designa, para que visiten al diputado Sabines, a los diputados Gonzalo Martínez Corbal , Augusto Gómez Villanueva, Antonio Pariente Algarín, Jaime Castrejón Díez, Carlos Castillo Peraza, Manuel Marcué Pardiñas, Pablo Gómez Alvarez, Juan Jaime Hernández, Pedro López Díaz, Jesús Luján Gutiérrez e Israel Galán Baños.
La secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que sin motivar discusión, se aprueba en sus términos en votación económica.
Se da lectura a un oficio de la Cámara de Senadores, por el que comunica la elección de mesa directiva para el segundo mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones, del Segundo Año de ejercicio de la Quincuagésima Cuarta Legislatura. De enterado.
El Presidente concede el uso de la palabra al diputado Rafael Melgoza Radillo, del Partido de la Revolución Democrática, quien denuncia hechos violentos en el municipio de Aguililla, Michoacán, y en contra del diputado Leonel Godoy Rangel.
Para expresar sus comentarios sobre el mismo asunto, hacen uso de la palabra los diputados Alfredo Reyes Contreras, del Partido Popular Socialista; Israel Galán Baños; Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática, quien pide la comparecencia del Procurador General de la República. Desde su curul, el diputado Francisco Ortíz Mendoza, hace una moción de orden. Continúan en los comentarios sobre el mismo asunto, los diputados Eugenio Ortíz Walls, del Partido Acción Nacional; Manuel Marcué Pardiñas; del Partido de la Revolución Democrática; Rafael Aguilar Talamantes, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y Fernando Córdoba Lobo, del Partido Revolucionario Institucional.
Se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para los fines procedentes.
El Presidente declara que no sólo lamenta los hechos denunciados, que agraviaron al diputado Leonel Godoy Rangel, sino que los reprueba y condena. Se da cuenta con una iniciativa del grupo de diputados independientes, que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones del Código Federal Electoral, del Código Penal para el Distrito Federal y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para la atención que proceda. La secretaría da cuenta con una minuta del Senado de la República, con proyecto de decreto, por el que se concede el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Esther G. González de Terán, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Finlandia. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El Presidente, a las quince horas con veintidós minutos, declara un receso. Receso.
A las cero horas con cinco minutos del día doce de mayo de mil novecientos noventa, el Presidente reanuda la sesión y concede el uso de la palabra al diputado Rogelio Montemayor Seguy, quien solicita que se agreguen algunos párrafos a la exposición de motivos del dictamen de la comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos veintiocho y ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El orador acepta interpelaciones de los diputados Francisco Ortíz Mendoza y Pedro René Etienne Llano.
Se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Ortega Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos y el Presidente hace aclaraciones sobre la intervención del diputado Rogelio Montemayor Seguy. Para referirse al mismo asunto, se concede el uso de la palabra a los diputados Francisco Ortíz Mendoza, del Partido Popular Socialista; Juan Miguel Alcántara Soria, del Partido Acción Nacional; Carlos Navarrete Ruíz, del Partido de la Revolución Democrática; Miguel Montes García, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta interpelaciones del diputado Juan Antonio García Villa; Rubén Venadero Valenzuela, para rectificar hechos; desde su curul, el diputado Francisco Ortíz Mendoza, para pedir explicaciones al diputado Abel Vicencio Tovar; Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática, quien propone un receso y el Presidente le solicita que lo haga conforme al reglamento.
Por instrucciones de la Presidencia, la secretaría da lectura al dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos veintiocho y ciento veintitrés, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es de segunda lectura.
Para leer sendos votos particulares en contra, se concede el uso de la palabra a los diputados Carmen Mercado Téllez, del Partido Popular Socialista; Isidro Aguilera Ortíz, del Partido de la Revolución Democrática y Jaime Enríquez Félix, a nombre del grupo de diputados independientes.
Se pone a discusión el dictamen y se da lectura a una solicitud de receso del diputado Pablo Gómez Alvarez, que no es aceptada por la Presidencia, por no ajustarse al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Para fundamentar el dictamen, se concede el uso de la palabra al diputado Manuel Cavazos Lerma, del Partido Revolucionario Institucional.
Para expresar sus puntos de vista sobre el dictamen, en lo general, se concede el uso de la palabra a los diputados Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Rogelio Montemayor Seguy, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Francisco Ortíz Mendoza, del Partido Popular Socialista, en contra; Abel Vicencio Tovar, del Partido Acción Nacional, para fundamentar el voto de su partido en pro, acepta una interpelación del diputado Francisco Ortíz Mendoza; Pedro René Etienne Llano, en contra; Bernardo Bátiz Vázquez, del Partido Acción Nacional, en pro, acepta una interpelación del diputado Francisco Ortíz Mendoza.
Continúa el debate en lo general y el Presidente concede el uso de la palabra a los diputados Ciro Mayén Mayén del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Cuauhtémoc Anda Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Modesto Cárdenas García, del Partido Popular Socialista, en contra; Armando Duarte Móller, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en pro; Marcos Cruz Martínez, en contra; Rosario Guerra Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Ignacio Castillo Mena, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Osiris Cantú Ramírez, en contra y Jaime Castrejón Díez, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.
Por instrucciones de la Presidencia, la secretaría consulta a la asamblea si considera suficientemente discutido el dictamen y se produce desorden en el salón de sesiones, por lo que el Presidente concede el uso de la palabra al diputado Jesús Luján Gutiérrez, del Partido Popular Socialista, para rectificar hechos.
La asamblea, en votación económica, considera suficientemente discutido el dictamen en lo general y nuevamente se produce desorden en la sala de sesiones. Se concede el uso de la palabra al diputado Francisco Ortíz Mendoza, del Partido Popular Socialista, para rectificar hechos; diputados de diversos partidos políticos, reservan para discusión todos los artículos del proyecto de decreto, excepto el primero transitorio.
La secretaría toma la votación nominal en lo general de los artículos no impugnados y el proyecto de decreto se aprueba en lo general por trescientos treinta y nueve votos en pro.
La secretaría da lectura al artículo primero del proyecto de decreto y para debatirlo, el Presidente concede el uso de la palabra a los diputados Antonio Ríos Rojo, del Partido de la Revolución Democrática, en contra y propone reformas y adiciones a los artículos veinticinco, veintiocho y setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se reserva para después de la votación del artículo impugnado. Continúan en el debate los diputados Ricardo Monreal Ávila, del Partido Revolucionario Institucional, en pro y acepta una interpelación del diputado Francisco Ortíz Mendoza; Belisario Aguilar Olvera, del Partido Popular Socialista, en contra; Carlos Castillo Peraza, del Partido Acción Nacional, en pro; Manuel López Zorrilla, quien acepta una interpelación del diputado Ricardo Olivares Pineda; Miguel Aroche Parra, del Partido de la Revolución Democrática, en contra.
A solicitud del diputado Pablo Gómez Alvarez, se verifica el quórum y el Presidente hace la declaratoria de su existencia.
Continúan en el debate del artículo primero del dictamen, los diputados Jesús Luján Gutiérrez, del Partido Popular Socialista, en contra; Reynaldo Rosas Domínguez, del Partido de la Revolución Democrática; Armando Ibarra Garza, del Partido Popular Socialista y Alfredo Reyes Contreras, del mismo partido, ambos en contra.
Suficientemente discutido, la secretaría recoge la votación nominal respectiva y la asamblea lo aprueba por doscientos setenta y cuatro votos. En sendas votaciones económicas se desechan las proposiciones de los partidos de la Revolución Democrática y Popular Socialista.
Para referirse a los artículos segundo del dictamen y segundo transitorio, hacen uso de la palabra los diputados Alejandro Martínez Camberos, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Israel Galán Baños, en contra, hace una proposición respecto al artículo ciento veintitrés constitucional; Crescencio Morales Orozco, del Partido Popular Socialista y Jesús Antonio Carlos Hernández, del mismo partido, ambos en contra. No habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la asamblea considera suficientemente discutidos los artículos a debate y la secretaría recoge la votación nominal respectiva. Aprobados por doscientos sesenta y seis votos.
En votación económica se desecha la proposición del diputado Israel Galán Baños.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos veintiocho y ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Para continuar con el orden del día, se procede a la elección de mesa directiva para el segundo mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones, del segundo año de ejercicio de la Quincuagésima Cuarta Legislatura.
Realizado el cómputo respectivo, el Presidente hace la declaratoria, quedando electa por doscientos setenta y nueve votos, la planilla integrada por los diputados José Murat Casab, como Presidente y, como vicepresidentes , los diputados Juan Manuel Verdugo Rosas, Cupertino Alejo Domínguez, Leopoldo Salinas Gaytán, Hiram Rivera Teja y José Miguel Pelayo Lepe.
Agotados los asuntos en cartera, la secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las quince horas con cincuenta y cinco minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo jueves diecisiete de mayo de mil novecientos noventa, a las diez horas.»
Est a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
El diputado Alfredo Reyes Contreras (desde su curul): - Señor Presidente, pido la palabra para hechos.
El Presidente: - Señor diputado Alfredo Reyes Contreras: Hay un acuerdo, no escrito, de los distintos grupos parlamentarios para sesionar un día antes de cada asamblea de esta Cámara, precisamente para acordar el orden del día. Yo quisiera pedirle a usted que permita a esta mesa directiva, a pesar de que hay un acuerdo no escrito, de los distintos grupos parlamentarios, yo pediría a los coordinadores y a los diputados presentes en esta asamblea, a la insistencia del diputado Reyes Contreras de hacer uso de la palabra por cinco minutos, para hechos, la comprensión de los diputados presentes en esta asamblea y de los coordinadores de los grupos parlamentarios para darle la palabra, por cinco minutos, para hechos, al diputado Reyes Contreras. Señor diputado Bátiz, le hemos dicho al diputado Reyes Contreras de que hay un acuerdo no escrito, y que est consignado en el orden del día el planteamiento del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista sobre una intervención en relación a la vida interna de la Cámara.
Yo quisiera, señor diputado Reyes Contreras, que nos ajustáramos, como lo consigna el reglamento y la propia Ley Orgánica, en base a los acuerdos, insisto, no escritos, precisamente en las reuniones que realizamos para llevar a cabo el orden del día...
(Desorden.)
Esta Presidencia pide orden en la asamblea. Por otro lado, esta Presidencia también ha solicitado la comprensión de los diputados presentes y de los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios para que haga uso de la palabra a insistencia del diputado Reyes Contreras, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista. Solicita la comprensión esta mesa directiva...
(Desorden.)
Entonces, diputado Reyes Contreras, le solicito que en base a los acuerdos no escritos, de los distintos grupos parlamentarios para reunirnos y elaborar el orden del día, continúe la secretaría...
(Desorden.)
El diputado Alfredo Reyes Contreras (desde su curul): - Solicito hacer uso de la palabra, para hechos.
(Voces.): - ¡No!, ¡no!
El Presidente: - Pide esta Presidencia a la secretaría consulte a la asamblea si se le autoriza...
(Desorden.)
Orden, diputados, orden en la asamblea. Esta Presidencia quiere volver a aclarar en forma puntual lo siguiente: est considerado, previo acuerdo, 24 horas antes de cada reunión, la junta con los representantes de los distintos grupos parlamentarios para elaborar el orden de día.
El día de hoy tuvimos una reunión por la mañana y est n las consideraciones de la revisión con los distintos grupos parlamentarios, reunión a la que asistió el ciudadano diputado Reyes Contreras, e hicimos una serie de revisiones.
El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Señor Presidente: Le suplico no complique aun más el problema.
(Desorden.)
El Presidente: - Orden en la asamblea. Esta Presidencia solicita orden en la asamblea. Solicito la comprensión. Esta Presidencia se dirige a los coordinadores de los grupos parlamentarios, a los diputados presentes en esta asamblea, su comprensión y su ayuda para desarrollar en orden y en base al reglamento, las acciones que habremos de desempeñar en la sesión del día de hoy. Solicita su comprensión a los diputados para que haga uso de la palabra, y por cinco minutos, el diputado Reyes Contreras....
(Desorden.)
Para cinco minutos, para cinco minutos...
(Desorden.)
El diputado Alfredo Reyes Contreras: - Señor Presidente; honorable asamblea: El hecho que quiero comentar es lo que se vio el viernes pasado...
El Presidente: - Orden, diputados...
(Desorden.)
El diputado Alfredo Reyes Contreras: - El proceso de análisis, discusión y aprobación de la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados...
El Presidente: - Esta Presidencia solicita a los diputados comprensión para poder desarrollar en forma plural. Diputado Reyes Contreras, diputado Reyes Contreras...
El diputado Alfredo Reyes Contreras: - Esperaré a que guarden silencio.
El Presidente: Diputado Reyes Contreras...
El diputado Alfredo Reyes Contreras: - Tengo derecho a hacer uso de la palabra. El Presidente: - ¡Orden por favor!, ¡orden por favor!
(Desorden.)
Diputado Reyes Contreras: en el orden del día est enlistado en el punto...
El diputado Alfredo Reyes Contreras: - Tengo derecho a hacer uso de la palabra.
(Desorden.)
RECESO
El Presidente: - Esta Presidencia hace un receso de cinco minutos, para que los coordinadores de los grupos parlamentarios se pongan de acuerdo sobre este punto y sobre el orden del día. Muchas gracias.
Receso.
El Presidente (a las 12.40 horas): - Se reanuda la sesión.
SOBRE LA REPRIVATIZACIÓN DE LA BANCA
El Presidente: - Esta Presidencia agradece la comprensión de los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios y, en consecuencia, para cinco minutos le da el uso de la palabra al diputado Reyes Contreras.
El diputado Alfredo Reyes Contreras: - Honorable asamblea: El proceso de análisis, discusión y aprobación de la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados por el Poder Ejecutivo relativa a la banca nacionalizada, puso de manifiesto una serie de hechos graves que afectan la vida normal de esta Cámara de Diputados y del Poder Legislativo en su conjunto, y que en bien de la salud parlamentaria de la nación debe ser motivo de preocupación por parte de las fuerzas democráticas y patrióticas.
En efecto, la iniciativa que el Ejecutivo Federal, envió a la Cámara de Diputados para reprivatizar el servicio de banca y crédito, ha puesto de relieve el desprecio que la derecha, tanto la que gobierna como la que se encuentra fuera del gobierno, tiene por el Poder Legislativo, de manera especial hacia la representación nacional.
En un tiempo muy breve, posterior a la fecha en que la Cámara de Diputados recibió la iniciativa y recurriendo a lo que bien podría calificarse como ilegítimo apresuramiento parlamentario, el grupo de derecha del partido de la mayoría en esta Cámara, de acuerdo con el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, forzó todos los procedimientos, tanto en el seno de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Hacienda, como en las sesiones plenarias de esta honorable asamblea, para sacar adelante, casi por la fuerza, esa iniciativa, que regresa a los especuladores de la llamada iniciativa privada el servicio de la banca y crédito.
Como antecedentes resulta conveniente recordar que un hecho semejante ocurrió, aun cuando de menor gravedad, en el período extraordinario de sesiones, al que fue convocada la LIV Legislatura, para conocer la iniciativa de reformas a la Constitución en materia político - electoral.
En esa ocasión, la derecha que gobierna y el Partido Acción Nacional, haciendo a un lado el resultado de los foros, tanto de la Cámara de Diputados como de la Comisión Federal Electoral, acordaron un convenio para modificar la Constitución, dándole a la Cámara de Diputados el carácter de una simple oficina de trámite que se sujetaría al acuerdo del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional.
Es claro que esas modificaciones fueron el resultado de las amplias coincidencias que existen entre la derecha del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional.
Ahora nuevamente ocurre lo mismo, cinco minutos antes de reiniciarse la sesión del viernes 11 de mayo, después del receso de más de ocho horas, los respectivos coordinadores de los grupos del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional firmaron un convenio, por el cual el Partido Acción Nacional aceptó votar a favor de la iniciativa del Ejecutivo Federal para derogar el párrafo quinto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Tanto lo que ocurrió con la contrarreforma electoral como ahora con la reprivatización bancaria lograda por la alianza del Partido Acción Nacional y la derecha del Partido Revolucionario Institucional, pone de relieve el carácter demagógico del Partido Acción Nacional, que en anteriores ocasiones hizo reclamos para legislar sin ningún apresuramiento. En el pasado el Partido Acción Nacional reclamó, "que no se legislara al vapor", ahora justifica que se legisle de esa manera que abiertamente pone el peso de los votos de sus 101 diputados para apoyar al Ejecutivo y al grupo parlamentario de la mayoría, con objeto de consumar las contrarreformas a la Constitución General de la República.
También en el pasado, el Partido Acción Nacional reclamó, ahora se sabe que de manera demagógica, que el Ejecutivo respetara al Poder Legislativo y además reclamó " el derecho de los representantes populares para modificar las iniciativas del Ejecutivo".
Hoy, se pone de acuerdo con el grupo mayoritario, para lograr que el Ejecutivo atropelle a la Cámara de Diputados, urgido aquél de que la representación nacional apruebe inmediatamente sus iniciativas. Toma acuerdos y firma documentos para que la iniciativa del Ejecutivo se apruebe tal y como éste la envía, sin modificarle siquiera una coma, y lo que es más aún, hipotecando leyes que no est n en el debate y pretendiendo eliminar la discusión parlamentaria sobre el tema que se aborda, por lo que prácticamente se maniata al Senado de la República que se ve obligado a cumplir lo pactado sin su más ligera intervención, asumiendo así las funciones del Ejecutivo que intervinieron en estos compromisos, como fue el caso de las secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público y los coordinadores del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional el papel de legisladores supremos que deforman la vida incipiente de carácter parlamentario que tanta falta le hace al pueblo mexicano.
Es evidente que la firma de esta convenio entre las fracciones parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional con el exclusivo objeto de sumar los votos necesarios de las dos terceras partes de los diputados presentes en la asamblea, y complacer así al Poder Ejecutivo de aprobar sin discusión ni modificación alguna su iniciativa, para eliminar de un sólo plumazo el párrafo de la Constitución de la República, convenio que deja de lado uno de esos grupos, el de Acción Nacional, todos los argumentos en contrario que había expuesto unas horas antes, lo que obliga a suponer que atrás de la firma otorgada existen otro tipo de compromisos. Ese método, señoras y señores diputados, nada tiene que ver con el que hasta ahora se había impuesto desde el inicio de esta LIV Legislatura
por el Presidente de la gran comisión de esta Cámara, de buscar en constantes y prolongados debates con los dirigentes de todos los grupos parlamentarios, la concertación sobre métodos y formas de trabajo, e incluso el acuerdo casuístico con todos o a veces con unos u otros de los grupos parlamentarios sobre el articulado de leyes o temas a discusión.
Tampoco se discute el derecho que tienen dos o más de las fracciones de llegar a compromisos o acuerdos sobre cuestiones que se debaten en esta Cámara, ya que eso lo pueden hacer de acuerdo con sus intereses y responsabilidades; lo que no se puede aceptar, y esto es por lo que protesta la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, es que se llegue a esos acuerdos de carácter cerrado, sin dar la cara a las fuerzas aquí representadas y pretendiendo cerrar el debate de las ideas, considerando que ése es ya innecesario, puesto que sumado el lote de los votos respectivos lo hacen absolutamente inútil. Esta actitud de prosperar, señoras y señores diputados, puede conducir seguramente a lo que desean el Partido Acción Nacional y las fuerzas de derecha del gobierno, a que desaparezca la vida parlamentaria de nuestro país y sólo legisle en la cúspide un breve grupo de parlamentarios de carácter altamente reaccionario, en unión de representantes del Poder Ejecutivo, en algún despacho de una Secretaría de Estado, y sólo se traslade la decisión firmada a este recinto, ausente de diputados y de debates, con el solo fin de protocolizar el número de los votos de las fracciones que las adoptan, máximo sueño de un gobierno de carácter fascista.
Voy a concluir, por la preocupación de lo acontecido en el caso de la iniciativa enviada por el Ejecutivo y aprobada por esta Cámara con ese procedimiento para reprivatizar la banca, puede convertirse en un precedente. El grupo parlamentario del Partido Popular Socialista llama a la dirección de esta Cámara a no volver a aceptar el método de cartas de intención impuesto por el Partido Acción Nacional para chantajear con sus votos, y por el contrario se retorne al democrático y parlamentario método que se había seguido hasta hoy, de concertar con todos los grupos para dar fuerza y vigor a una Cámara plural, que con muchas dificultades est dando sus primeros pasos en la nueva vida parlamentaria de México. Muchas gracias.
El diputado Bernardo Bátiz Vázquez (desde su curul): - Señor Presidente, pido la palabra para hechos.
El Presidente: - Señor diputado Bernardo Bátiz, para rectificar hechos tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos.
El diputado Bernardo Bátiz Vázquez: - Señor Presidente; señores diputados: En nombre de la diputación del Partido Acción Nacional, dejo una protesta por el rompimiento del orden del día, sin fundamento alguno, porque se han violado el artículo 30 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que establece en qué orden se deben de tratar los asuntos y el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso, que establece que el orden del día deber de cumplirse por el Presidente, tomando en consideración las propuestas de la Gran Comisión y de los grupos parlamentarios.
Quedamos en la reunión de grupos parlamentarios con la Presidencia de esta Cámara, en un orden del día en el que el punto que se acaba de tratar ocupaba su lugar en el número 15.
Caprichosamente, sin razón alguna y para hacernos escuchar el eterno discurso del que ya estamos cansados, el mismo discurso que no cambia y que no varía, aquí, de hecho y por la actitud obsecuente del señor Presidente, se tomó la palabra sin derecho y se violó y rompió el orden establecido.
Todos los diputados tenemos derecho a hablar; todos los diputados tenemos derecho a hacer uso de la tribuna, pero no en el momento en que se nos ocurra. Para que no haya una anarquía en esta Cámara de Diputados, es que se establece un orden, que hay una ley, un reglamento que debemos de cumplir.
Si los 500 diputados quisiéramos al mismo tiempo pedir la palabra, haciendo como hizo el diputado Reyes Contreras uso de ella, simplemente porque alza la mano y la pide, simplemente haríamos imposible la vida de este Congreso.
Quiero hacer un llamado para que de ahora en adelante se cumplan estrictamente las reglas y los acuerdos parlamentarios.
Por lo que toca al discurso eterno que tenemos ya muchos años de escuchar, simplemente menciono que no vale la pena ni siquiera contestarlo en este momento. (Aplausos.)
COMUNICACIÓN
El Presidente: - Continúe la secretaría con los asuntos en cartera.
El secretario Rubén García Farías:
«Ciudadanos secretarios: La asamblea de nuestra Cámara, me ha conferido el alto honor y la responsabilidad de conducir sus trabajos durante el presente mes.
Por tal motivo, en los términos del artículo 84 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, expresó a ustedes que no participaré en los trabajos de ninguna comisión de dictamen legislativo, durante el tiempo que dure en el cargo de Presidente de la mesa directiva.
Mayo 17 de 1990.
Atentamente.
Diputado José Murat C.»
Trámite: - De enterado.
INVITACIONES
El secretario Salvador Sánchez Vázquez: - Se va a dar lectura a dos invitaciones.
«Diputado José Murat, presidente de la honorable Cámara de Diputados.- Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del XCV aniversario del natalicio del general Lázaro Cárdenas del Río, que tendrá lugar el próximo lunes 21 del presente a las 10.00 horas, en el monumento a la Revolución Mexicana.
Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle a usted tenga a bien girar sus respetables indicaciones, a efecto de que un representante de esa honorable Cámara de Diputados que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Reitero a usted con mi reconocimiento, las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 16 de mayo de 1990.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Director de Acción Cívica, licenciado Roberto A. Ochoa Morales.»
El Presidente: - Para asistir a este acto en representación de la honorable Cámara de Diputados, se designa a los siguientes diputados: Javier Culebro Siles, E. David Gómez Reyes, Alberto Bernal González, Sara Villalpando Núñez y Crescencio Morales Orozco.
El secretario diputado Rubén García Farías:
«Diputado José Murat, presidente de la honorable Cámara de Diputados.- Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del LXX aniversario luctuoso del Varón de Cuatro Ciénegas, don Venustiano Carranza, que tendrá lugar el próximo lunes 21 del presente a las 12.00 horas, ante la estatua erigida a su memoria en la plaza "Constituyentes de 1916- 1917" de la delegación que lleva su nombre, ubicada en Fray Servando Teresa de Mier y Francisco del Paso y Troncoso.
Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle a usted tenga a bien girar sus respetables indicaciones, a efecto de que un representante de esa honorable Cámara de Diputados que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Reitero a usted con mi reconocimiento, las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 16 de mayo de 1990.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Director de Acción Cívica, licenciado Roberto A. Ochoa Morales.»
El Presidente: - Para asistir a este acto en representación de esta honorable Cámara de Diputados, se designa a los siguientes diputados: Rogelio Montemayor Seguy, Enrique Martínez y Martínez, Noé Fernando Garza Flores, Benigno Gil de los Santos y Rafael Yudico Colín.
COMUNICACIÓN
El secretario diputado Salvador Sánchez Vázquez:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo.- Nayarit. Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal.
El honorable Congreso del Estado libre y soberano de Nayarit, por este conducto tiene el elevado honor de comunicar a ustedes que en la sesión pública ordinaria celebrada en esta fecha y de conformidad con lo que establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, se procedió a elegir a los diputados Presidente y vicepresidente de la mesa directiva que asumir n funciones durante el próximo mes de sesiones (abril 18 a mayo 17 de 1990), resultando electos por unanimidad:
Como presidente, diputado Manuel Medina Luna; como vicepresidente, diputado José Bayardo Vidal.
Lo que nos permitimos comunicar a ustedes para los fines y efectos correspondientes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
"Año de la solidaridad."
Tepic, Nayarit, abril 17 de 1990. El oficial mayor, licenciado Juan Fernando Cayeros Ávila.»
Trámite: - De enterado.
INFORME
El secretario diputado Gustavo Rosario Torres:
«La secretaría, de conformidad con el artículo 25 del reglamento, fracción VI, manifiesta el número de expedientes manejados por las comisiones durante el primer mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año.
Dar doble click con el ratón para ver imagen
México, Distrito Federal, a 14 de mayo de 1990.»
Trámite: - De enterado.
OFICIOS
El secretario diputado Gustavo Rosario Torres:
«Banco de México.- Dirección General,- México, Distrito Federal, a 15 de mayo de 1990.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- Presentes.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Banco de México, esta institución presenta a ustedes el informe referente al movimiento diario del financiamiento interno del propio Banco de México y de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación, correspondiente al primer trimestre de 1990.
Con fecha 15 de febrero de 1990, esta institución informó a ustedes el acuerdo adoptado por su junta de gobierno respecto al saldo máximo que podrá alcanzar el financiamiento interno del próximo Banco de México en el ejercicio de 1990.
Las cifras relevantes de esta determinación son las siguientes:
Billones de pesos
a) Saldo del financiamiento interno del Banco de México al 31 de diciembre de 1989. 42.945
b) Flujo total en 1990. 8.918
c) Saldo máximo que podrá alcanzar el financiamiento interno del Banco de México durante 1990. 51.863
En la consideración de las cifras de este informe, es necesario distinguir los saldos del financiamiento interno otorgado por el Banco de México, de los incrementos que experimentan dichos saldos en periodos determinados. Los saldos expresan el importe total de los financiamientos otorgados por el Banco de México desde su constitución, menos las amortizaciones efectuadas por los deudores y menos las sesiones de activos representativos de dichos financiamientos, en tanto que los incrementos de esos saldos, reflejan el financiamiento adicional otorgado por el banco durante el período al cual están referidos.
A continuación les damos a conocer los movimientos diarios del financiamiento interno del Banco de México, correspondientes al primer trimestre de 1990, en los cuales se distingue el saldo e incrementos nominales de éste, del saldo sin el efecto del tipo de cambio y el flujo efectivo, entendiéndose por estos dos últimos aquéllos que no toman en cuenta el aumento del
*Según el referido acuerdo de la junta de gobierno, el saldo que se reporte durante el año podrá exceder esta cifra, sin que ello implique violar el límite establecido, por el efecto de la valuación en pesos de la deuda en moneda extranjera a favor del Banco de México y a cargo del gobierno federal y por el monto de los créditos para cobertura cambiaría a los fondos de fomento y bancos de desarrollo.
valor en pesos de la deuda denominada en moneda extranjera, consecuencia de la variación del tipo de cambio. Ello en virtud de que tal aumento del valor en pesos de la deuda en moneda extranjera no constituye financiamiento efectivo adicional y, por tanto, tampoco debe tomarse en cuenta para considerar si el financiamiento interno del Banco de México se encuentra o no dentro de los límites establecidos por su junta de gobierno, según se explica en lo conducente en la nota de la página anterior de este informe.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, para la atención que proceda.
El secretario diputado Salvador Sánchez Vázquez:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - secretaria de Programación y Presupuesto. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Ciudadano diputado José Murat Casab, Presidente de la honorable Cámara de Diputados. - Presente.
Por instrucciones del Presidente de la República y a efecto de dar cumplimiento con lo señalado en el decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1990, nos es grato anexar al presente el informe sobre la situación económica y las finanzas públicas, correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal de 1990.
En caso de requerir información adicional, nos ponemos a sus órdenes para satisfacer su petición de manera oportuna.
Le reiteramos nuestra especial consideración.
Palacio Nacional, 15 de mayo de 1990.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El secretario de Hacienda y Crédito Público, Pedro Aspe Armella; el secretario de Programación y Presupuesto, Ernesto Zedillo Ponce de León.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y córrase traslado a la Cámara de Senadores, para la atención que proceda.
El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): - Señor Presidente, usted dio instrucciones para que se les diera copia a los grupos
parlamentarios, ya lo tiene la Prensa y a nosotros no nos lo han mandado.
El Presidente: - ¿Usted solicita a la Presidencia que dé instrucciones a la secretaría para que se mande copia a los distintos grupos parlamentarios?
El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): - Si ya lo tiene la Prensa, a nosotros no nos han dado nada.
El Presidente: - Tome nota la secretaría y cúmplase por instrucciones de la Presidencia, la petición del diputado Pablo Gómez Alvarez.
El secretario diputado Salvador Sánchez Vázquez:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Ciudadanos secretarios de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Por instrucciones del Presidente de la República y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 9o. de la Ley General de Deuda Pública, me permito remitir a ustedes el informe de la deuda pública correspondiente al primer trimestre de 1990.
En ese sentido, ruego a ustedes se sirvan dar cuenta del documento anexo a la honorable Cámara de Diputados y en su oportunidad remitirlo a la honorable Cámara de Senadores para los efectos legales correspondientes.
Palacio Nacional, 14 de mayo de 1990.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Atentamente.
El secretario, Pedro Aspe Armella.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público y córrase traslado a la honorable Cámara de Senadores, para la atención que proceda.
INICIATIVA DE DIPUTADOS
CÓDIGO PENAL
La diputada secretaria Hilda Anderson Nevárez de Rojas:
Propuesta de reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero Común, y para toda la República en materia de Fuero Federal.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Para integrar este documento, se recorrió un largo camino de lucha y sensibilización en todos los sectores, a través del trabajo cotidiano de mujeres y grupos de la sociedad civil, que desde hace más de 10 años dan apoyo a víctimas de delitos sexuales, quienes en este proceso se han enfrentado a un discurso jurídico, que acarreaba graves consecuencias en la investigación criminal de estos actos delictivos.
La denuncia del discurso jurídico, comenzó en nuestro país desde 1976, iniciándose la construcción de alternativas conceptuales que dieron origen a diversos proyectos jurídicos.
Asimismo, en la labor de concientización, se enfrentaron a la desarticulación entre su labor y las estrategias gubernamentales que guiaban las prácticas judiciales.
Este panorama se está transformando ya, con las reformas y adiciones al Código Penal para el Distrito Federal de 1984 y 1989 y a través de prácticas judiciales concretas, especializadas para este tipo de delitos, lo cual ha creado un ambiente propicio para proponer una reforma integral adecuada a la realidad social.
Entre las estrategias prioritarias de política criminal, en el último decenio, estuvieron aquellos mecanismos que propiciaron el respeto a los derechos humanos del hombre delincuente; por ello, el gobierno mexicano invirtió esfuerzos para la creación de la Ley de Ejecución de Sanciones del Distrito Federal de 1971, y similares en toda la República, promoviendo la implantación de establecimientos penitenciarios nuevos, así como el apoyo a todas las actividades que aseguraran las garantías, que deben respetarse a los que han infringido la ley. Pero es necesario reconocer que este marco conceptual, no puede concebirse sin hacer consideraciones precisas sobre las víctimas que han sufrido los delitos.
Por esto, en 1985, la Organización de las Naciones Unidas, a través del Séptimo Congreso de Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, redacta la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, la cual esboza medidas concretas para crear la infraestructura humana y técnica, que permita la atención oportuna a las personas que sufren la consecuencia de una conducta criminal.
Todas las víctimas deben ser tratadas con respeto y dignidad, y tienen derecho a los mecanismos de justicia y a una pronta reparación del daño.
Por lo anterior, es necesario que la legislación penal recepte la jerarquización axiológica, impuesta por la consagración internacional, para garantizar, en primer término, un resarcimiento del daño; pero cuando por diversas causas esto no sea posible, el Estado como garante de las seguridad pública deberá responder de manera subsidiaria.
Con este nuevo enfoque, se da un giro al derecho penal, involucrando al Estado en los procesos de indemnización y asistencia; es por ello que se estructura el fondo de reparación del daño, por medio del cual se podrán implantar servicios asistenciales sociales entre otros, tanto para los sujetos pasivos del delito, como para sus familiares o personas a su cargo, dirigidos básicamente a las personas con menos recursos económicos y que no cuentan con apoyo alguno.
Por ello, en esta reforma, se adecúan las disposiciones que se refieren a la pena pública de reparación del daño, para que el juzgador o el órgano ejecutor de sanciones, aseguren su pago o exijan garantía, antes de otorgar los sustitutivos a la pena de prisión o los beneficios que otorga el sistema progresivo técnico, a nivel penitenciario; fijando que los plazos para el pago de la reparación del daño, no excedan en su conjunto de un año.
Considerando que es un hecho determinante el que el sujeto activo reconozca su culpabilidad, ya que con ello se ahorra tiempo y esfuerzo por parte de todos los que intervienen en el proceso penal, además de ser un acontecimiento indispensable para la readaptación de las víctimas y respondiendo al principio de economía procesal, se incluye la disposición que permite, en su caso, la oportunidad de ser sometido a un juicio sumario, disminuyéndole hasta en una cuarta parte, la pena que corresponda al delito de que se trate.
Además de estos cambios relevantes, con espíritu eminentemente social, la iniciativa tiene como fundamental objetivo, en un genuino ejercicio de la democracia, unificar las voluntades de mujeres mexicanas para proponer una estructura integral de protección a la libertad y al normal desarrollo psicosexual, que pueda disminuir la cifra negra de los delitos que inciden en estas áreas, evitándose la impunidad y estableciendo medidas prácticas que conlleven a la prevención de los mismos, la adecuada atención de la víctima y el surgimiento de modelos de ejecución penal especializados, para readaptar a los victimarios, cuando esto sea posible.
Por otro lado, reconociendo la existencia de personas que de forma irresponsable tienen relaciones sexuales, sin importarles las enfermedades venéreas infectantes que poseen, se consideró preciso controlarlas a través de alternativas a la pena de prisión, propiciando que la Secretaría de Salud intervenga de inmediato con el fin de prevenir un cuadro epidémico.
Las modificaciones al artículo 200, tienen como fin primordial controlar la proliferación de materiales criminógenos, que contienen violencia sexual, ya que desensibilizan a la población utilizando la figura femenina como un objeto de comercialización, originando estereotipos sexuales. Se optó, porque además de que el juez imponga una multa, se le faculte para disolver la sociedad o empresa, clausurar el establecimiento o decomisar la producción.
En el Código Penal vigente, se utiliza la denominación "delitos sexuales", que no corresponden adecuadamente a los bienes jurídicamente protegidos en este capítulo. La persona que los realiza no busca exclusivamente satisfacer una necesidad sexual, y no sólo se afecta con los mismos a la sexualidad de la víctima; por el contrario, la denigra, humilla y somete, causándole daños, en ocasiones irreversibles, con consecuencias biopsicosociales severas.
En el nuevo capítulo de delitos contra la libertad y normal desarrollo psicosexual, se consideró de suma importancia incluir el tipo de hostigamiento sexual, tipo preventivo que limite el acoso sexual a que se ven sometidas muchas personas en sus ámbitos laborales, escolares y otros, por superiores jerárquicos como medida de presión, lo que les impide un desarrollo interpersonal en un ambiente de cordialidad y respeto.
En el tipo de atentados al pudor, se realiza un cambio de su denominación, ya que la palabra pudor origina errores de interpretación, prefiriéndose en la propuesta la denominación alemana de abuso sexual. El bien jurídicamente protegido en el tipo no es el pudor, sino la libertad y el normal desarrollo psicosexual de la víctima.
El delito de estupro se reestructura, eliminando las características que se exigían al sujeto pasivo (mujer), de ser casta y honesta, ya que originaban en la práctica el cuestionamiento de la vida y costumbres de la víctima, cuando lo relevante es realizar una cópula, engañando a la menor, o en el caso del nuevo tipo, según la presente reforma, aprovechar es abusar de la autoridad que sobre la persona se ejerce.
El tipo deja de tener un carácter sexista, protegiendo, tanto al varón como a la mujer, a partir de los 12 y hasta los 16 años de edad.
Se rompe además, con la tradición que otorgaba al activo la posibilidad de casarse con la ofendida, no recibiendo por ello pena alguna, considerando que propicia una presión de los padres sobre la menor, sacrificándola; so pretexto de recobrar el "honor familiar" mancillando, a un matrimonio que meses después originará una mujer maltratada.
Para asegurar en primer lugar qué la voluntad de la víctima sea escuchada y respetada, se agregó el párrafo que dice: "para efecto del perdón, se deberá tomar en forma prioritaria, la decisión del ofendido".
En el delito de violación, por la diversidad de interpretaciones que se hacen del vocablo cópula, se creyó indispensable definirlo en el tipo estableciendo que dicho ayuntamiento carnal por cualquier vía es penalizado.
No queremos hacer distinciones sexológicas entre cópula y coito, ya que para efectos penales, ambos comportamientos tienen la misma relevancia punitiva.
Se ajusta en el artículo 265, segundo párrafo, la punibilidad relacionada con la introducción por vía anal o vaginal de cualquier elemento o instrumento distinto del miembro viril, ejecutada con violencia física o moral, ya que en la reforma de 1989, se estableció que sería de uno a cinco años de prisión, lo cual resulta incongruente con la afectación del bien jurídico.
Se sistematizan las circunstancias agravantes de los tipos de abuso sexual y violación, tomando en consideración, para ello, la frecuencia con la que los sujetos ahí mencionados, las realizan.
Consideramos que en varios de los casos señalados, precisamente se trata de sujetos que son garantes de la seguridad y libertad de las víctimas, por lo cual, resulta ignominioso que aprovechen dichas circunstancias para realizar su conducta ilícita.
De acuerdo con la nueva sistematización de los delitos contra la libertad y normal desarrollo psicosexual, resultaba irrelevante criminalizar el delito de incesto, ya que no se encuadra en esta clase de delitos por ser otro el bien jurídicamente tutelado.
En el delito de incesto, el cual requiere que exista el consentimiento tanto del ascendiente como del descendiente y que se realice entre adultos, hemos considerado irrelevante la intervención del aparato judicial, ya que los mismos no se perciben como víctimas o victimarios, siendo la sociedad la que los estigmatiza. Sin considerar adecuado el ayuntamiento carnal entre ascendientes, descendientes o hermanos, deben buscarse caminos de orientación familiar, utilizando al derecho penal como medio de control.
Se propone en esta iniciativa una individualización de la reparación del daño, que se adecúe mejor a lo que específicamente necesita una víctima de estos ilícitos, propiciando modelos de atención inmediata psicoterapéutica, tanto para el sujeto pasivo, como para los familiares que lo requieran.
El delito de rapto, es en realidad un tipo penal que protege la libertad de desarrollo de la víctima, el cual se lleva a cabo con móviles sexuales; por esta razón, reubicamos el tipo en el capítulo correspondiente.
Consideramos que los medios típicos que exigía el tipo, como eran violencia física o moral y engaño, son irrelevantes para comprobar que hay privación de la libertad, por lo cual se sistematiza el tipo en forma similar al de privación ilegal de la libertad, no dando opción para excluir la responsabilidad del sujeto el hecho de que se case con ella; sino el que le restituya la libertad o la coloque en un lugar seguro a disposición de su familia, antes de tres días, sin haberle causado daño alguno, caso en el cual, la sanción se disminuye según lo establecido en el artículo 364.
Por otra parte, al permitir el legislador el otorgamiento del perdón en cualquier momento del proceso, inclusive en la ejecución de la pena, se utiliza la instancia penal como un medio de presión, para posteriormente pedir que se suspenda lo actuado, por convenirle a la ofendida, el externamiento de su cónyuge.
En el artículo 310 se busca eliminar cualquier permisión jurídica que autorice la violencia intrafamiliar, ya que el anterior texto establecía una punibilidad de tres días a tres años de prisión, al que matara o lesionara al cónyuge en las condiciones que en el tipo se establecían. De esta manera, originando un cambio radical, se busca criminalizar como agravantes, tanto las lesiones como el homicidio, cuando el agresor sea el cónyuge, ex cónyuge o concubino además de incrementar en una mitad más la pena, si se realiza en presencia de los hijos, ya que esto origina la introducción de modelos agresivos, propiciando una afectación de los derechos humanos en el seno familiar.
Todas las propuestas son parte de una unidad y deben ser analizadas integralmente; si no, se corre el riesgo de realizar reformas que originen contradicciones.
Tomando en cuenta las múltiples opiniones que se virtieron en el Foro sobre Delitos Sexuales que organizó la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Justicia, con la aportación de integrantes de organizaciones civiles y atendiendo a un reclamo de la ciudadanía en general, quienes suscriben esta iniciativa de reformas, adiciones y derogaciones a varias disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal, manifiestan que la misma adopta resoluciones tomadas por representantes de las cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que les conceden los artículos 71 fracción II y 73 fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
PROPONEN REFORMAS, ADICIONES
Y DEROGACIONES A DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL
PARA EL DISTRITO FEDERAL
EN MATERIA DE FUERO COMÚN,
Y PARA TODA LA REPÚBLICA
EN MATERIA DE FUERO
FEDERAL
Artículo Primero. Se reforman los artículos: fracciones II y III del artículo 30, 35; primer párrafo del artículo 39; último párrafo del artículo 70; 76; primer párrafo de la fracción III del artículo 84; segundo párrafo del artículo 85; inciso e, de la fracción II del artículo 90; primer párrafo, quedando el segundo como tercero del artículo 199- bis; primer párrafo, fracciones II y III del artículo 200; 260; primero y segundo párrafos, quedando éste último como tercero del artículo 261; 262 segundo párrafo quedando como tercero del artículo 265; 266- bis; 267; 310; 311 y 321 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal.
Artículo Segundo. Se adicionan los artículos: 30- bis; 32- bis; 57- bis; inciso d, fracción I del artículo 90; segundo párrafo del artículo 199- bis; último párrafo del artículo 200; 259- bis; segundo párrafo del artículo 261; segundo párrafo del artículo 265; 268- bis y 365- bis del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal.
Artículo Tercero. Se derogan los artículos: inciso e, fracción I y último párrafo de la fracción II del artículo 90; fracción III del artículo 200; 263; 268; 270; 271; 272; del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal.
Artículo Cuarto. Se reforman denominaciones del Capítulo III, Título Cuarto, Libro Primero; del Título Decimoquinto, Libro Segundo y del Capítulo I, Título Decimoquinto, Libro Segundo del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal, para quedar como sigue:
CAPITULO III
Libertad preparatoria
TITULO DECIMOQUINTO
Delitos contra la libertad
y el normal desarrollo psicosexual
CAPITULO I
Hostigamiento sexual, abuso sexual,
estupro y violación
Artículo Quinto. Se derogan denominaciones del Capítulo II, Título Decimoquinto, Libro Segundo; del Capítulo III, Título Decimoquinto, Libro Segundo; del Capítulo IV, Título Decimoquinto, Libro Segundo y del Capítulo V, Título Decimoquinto, Libro Segundo del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal.
Artículo Sexto. Se adicionan denominaciones del Capítulo II, Título Decimoquinto, Libro Segundo; y del Capítulo III, Título Decimoquinto, Libro Segundo del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal, para quedar como sigue:
CAPITULO II
Reglas comunes para abuso sexual y violación
CAPITULO III
Disposiciones generales
Para quedar como sigue:
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL EN MATERIA DE FUERO
COMÚN, Y PARA TODA LA REPÚBLICA
EN MATERIA DE FUERO FEDERAL.
Artículo 30....................
I. La devolución de los bienes o pagos por los daños y pérdidas sufridas;
II...................................
III. Tratándose de los delitos comprendidos en el Título Décimo, la reparación del daño abarcará además de lo establecido en la fracción anterior, hasta dos tantos el valor de los bienes obtenidos por el delito.
Artículo 30 - bis. Los reos o los terceros obligados a reparar el daño, lo harán a prorrata entre los ofendidos, sus familiares o las personas a su cargo.
Artículo 32 - bis. El Estado será subsidiario en la reparación del daño:
I. En caso de extrema urgencia, siempre y cuando el victimario sea insolvente, desconocido o haya muerto, tomando en cuenta la situación económica del reclamante y no sea posible el mismo obtener en forma lícita y adecuada, auxilio de otra parte;
II. En caso de que el responsable de un daño corporal grave, causado por vehículo motorizado, sea desconocido;
III. En los casos en que las víctimas que hayan sufrido importantes lesiones corporales o serio menoscabo de su salud física o mental como consecuencia de delitos graves;
IV. Con la familia, en particular con personas que tienen a su cargo hijos de víctimas que hayan muerto o quedado físicamente incapacitados como consecuencia de la victimización.
Artículo 35. Para que sea posible financiar la ayuda a las víctimas que establece el artículo 32- bis, de este Código, se creará un fondo de reparación del daño, que podrá adoptar la forma legal más conveniente a juicio del Ejecutivo, que se integrará con las siguientes percepciones:
I. La cantidad recibida por concepto de cauciones, que se hagan efectivas en los casos de incumplimiento de obligaciones inherentes a la libertad bajo caución, la suspensión condicional de condena y la libertad condicional, según lo previsto en las leyes respectivas, y
II. La cantidad que se recaude por las multas impuestas como pena por las autoridades judiciales;
III. La cantidad que por concepto de reparación del daño deban cubrir los reos sentenciados a tal pena, cuando el particular beneficiado se abstenga de reclamar en tiempo dicha reparación o renuncie a ella, y
IV. Las aportaciones que para este fin hagan el propio Estado y los particulares.
El Ejecutivo de la Unión reglamentará las medidas administrativas conducentes, para que la víctima pueda hacer efectivo su derecho de reparación.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se coordinará con las autoridades correspondientes a efecto de supervisar el fondo de reparación del daño.
Artículo 39. El juzgador, teniendo en cuenta el monto del daño y la situación económica del obligado, podrá fijar plazos para el pago de la reparación de aquél, los que en su conjunto no excederán de un año, debiendo para ello exigir garantía conforme a lo señalado en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles, si lo considera conveniente.
Artículo 57. Cuando el sujeto que cometió el ilícito, reconozca su culpabilidad, aparte de poder optar por el juicio sumario, se le disminuirá hasta en una cuarta parte la pena que corresponda al delito de que se trate.
Artículo 70.........................
I y II...............................
Para los efectos de la sustitución se requerirá que el reo satisfaga los requisitos señalados en la fracción I incisos b, y c del artículo 90 y lo establecido en el artículo 39.
Artículo 76. Para la procedencia de la sustitución y la conmutación se exigirá al condenado la reparación del daño o la garantía que señale el juez para asegurar su pago, de acuerdo a lo que establece el artículo 39.
CAPITULO III
Libertad preparatoria
Artículo 84..........................
I y II................................
III. Que haya reparado el daño conforme lo establece el artículo 39.
...............................................................................
a) a d)...............................
Artículo 85............................
Tratándose de los delitos comprendidos en el título décimo, la libertad preparatoria sólo se concederá cuando se satisfaga la reparación del daño a que se refiere la fracción III del artículo 30 ó se otorgue caución que garantice el pago en un término no mayor de un año.
Artículo 90........................
I...................................
a) a c).............................
d) En el caso de los delitos previstos en el título décimo de este Código, para que proceda el beneficio de la condena condicional, se requiere que el sentenciado satisfaga el daño causado en los términos de la fracción III del artículo 30, u otorgue caución para satisfacerla en un plazo que no exceda de un año.
e) (Derogado.)
II...................................
a) a d)..............................
e) Reparar el daño causado o garantizar su pago de acuerdo a lo establecido en el artículo 39.
(Derogado.)
III a X..............................
Artículo 199- bis. El que sabiendo que está enfermo de un mal venéreo en un período infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro por medio de relaciones sexuales, será sancionado con tratamiento en libertad y 20 días de multa, sin perjuicio de la pena que corresponda, si se acusa el contagio. El Ministerio Público deberá informar de inmediato a las autoridades, en los términos que establece la Ley General de Salud.
...............................................................................
Artículo 200. Se aplicará de 300 a 500 días de multa al que:
I. Fabrique, reproduzca, publique libros, cuentos, imágenes u objetos que contengan violencia sexual; al que los exponga, distribuya o haga circular;
II. Publique por cualquier medio, ejecute o haga ejecutar por otro, exhibiciones que contengan violencia sexual;
III. (Derogada.)
Además de las penas impuestas por el presente artículo, a juicio del juez se podrá disolver la sociedad o empresa, clausurar el establecimiento o decomisar la producción.
TITULO DECIMOQUINTO
Delitos contra la libertad y el normal
desarrollo psicosexual
CAPITULO I
Hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro y violación
Artículo 259- bis. A quien abusando de su jerarquía y/o poder ya sea en el ámbito laboral, religioso, escolar o doméstico, provoque un daño o perjuicio a la persona que no acepte su asedio reiterado con móviles erótico sexuales, se le impondrá una sanción equivalente a 40 días de multa. Si además el que asedia es servidor público, se le destituirá de su puesto.
Sólo es punible el hostigamiento sexual consumado.
No se procederá contra el hostigador, sino a petición de parte ofendida o de su legítimo representante.
Artículo 260. Al que sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual o la obligue a ejecutarlo en sí misma, en el pasivo o en un tercero, se le impondrá una pena de uno a cinco años de prisión, tratamiento en libertad o semilibertad hasta por un año.
Si se hiciere uso de la violencia física o moral, la pena se incrementará en una cuarta parte.
Artículo 261. Al que sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute un acto sexual en una persona menor de 12 años de edad, o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo, se le aplicará una pena de tres a seis años de prisión, o tratamiento en libertad o semilibertad hasta por un año.
Las mismas penas se aplicarán si el agente, en su caso, obligara a ejecutar el acto sexual sobre el mismo pasivo, en la persona del agente o en la de un tercero.
Si se hiciere uso de la violencia física o moral, la pena se incrementará en una cuarta parte.
Artículo 262. Al que obtenga cópula con persona de 12 años y menor de 16, empleando abuso de autoridad o engaño, se impondrá prisión de tres a siete años. Este delito sólo será perseguido a petición de la parte ofendida o de su legítimo representante, debiéndose tomar, para efecto del perdón, en forma prioritaria la decisión del ofendido.
Artículo 263. (Derogado.)
Artículo 265.........................
Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula, cualquier forma de ayuntamiento carnal, realizado por una persona, independientemente de su sexo, en el cuerpo de la víctima, sea ésta por vía oral, anal o vaginal.
Se considera asimismo como violación, la introducción por vía anal o vaginal de cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril, por medio de la violencia física o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido.
Artículo 266. Se equipara a la violación y se sancionará con las mismas penas:
I. Al que sin violencia realice cópula con persona menor de 12 años de edad, y
II. Al que realice la actividad típica con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo.
Si se ejerciera violencia física o moral, la pena se aumentará en una mitad.
CAPITULO II
Reglas comunes para abuso sexual y violación
Artículo 266 - bis. El abuso sexual y la violación serán agravados, cuando:
I. El delito fuere cometido con intervención directa o inmediata de dos o más personas. A los demás partícipes se les aplicarán las reglas contenidas en el artículo 13 de este código;
II. Fueren cometidos por un ascendiente contra su descendiente, éste contra aquél, el hermano contra su colateral, el tutor contra su pupilo, o por el padrastro o amasio de la madre del ofendido en contra del hijastro. En los casos en que la ejerciera, el culpable perderá la patria potestad, así como el derecho de administrar los bienes de la víctima;
III. Los delitos fueren cometidos por quien desempeñe un cargo o empleo público o ejerza su profesión, utilizando los medios o circunstancias que ellos le proporcionen;
IV. Los delitos fueren cometidos por la persona que tiene al ofendido bajo su custodia, guarda o educación o aproveche la confianza en él depositada, y
V. Con motivo de la realización de estos delitos resultare un grave daño a la salud de la víctima o pusiere en peligro su vida.
Cuando los delitos a que se refiere este artículo, fueren cometidos conforme a lo que establecen las fracciones anteriores, la pena correspondiente se aumentará en una cuarta parte.
Si los delitos se realizarán conforme a lo que establece la fracción III de este artículo, además de la pena de prisión correspondiente, el condenado será destituido del cargo o empleo o suspendido por el término de cinco años en el ejercicio de dicha profesión.
CAPITULO III
Disposiciones Generales
Artículo 267. La reparación del daño como consecuencia de los delitos que establecen los artículos 262, 265 y 266 comprenderá a petición de parte, el pago de alimentos a la víctima y a los hijos producto del ilícito, si los hubiere; en los términos que establece el Código Civil para el caso de divorcio.
Artículo 268. (Derogado.)
Artículo 268- bis. La reparación del daño como consecuencia de la comisión de alguno de los delitos previstos en este título, comprenderá, además de lo que establece el artículo 30 de este código, el pago de los gastos médicos originados por el ilícito, incluyendo el pago del tratamiento psicoterapéutico para el sujeto pasivo y los familiares que lo requieran.
Artículo 270. (Derogado.)
Artículo 271. (Derogado.)
Artículo 272. (Derogado.)
Artículo 310. Al que infiera lesiones o prive de la vida a su cónyuge, ex cónyuge o concubino, se le aumentará la sanción que le corresponda conforme a las reglas contenidas en este capítulo en una cuarta parte; si lo anterior se realiza en
presencia de los hijos, la pena relativa se incrementará en una mitad.
Artículo 311. Se impondrán de uno a tres años de prisión, al ascendiente que mate o lesione al corruptor del descendiente que esté bajo su potestad; si lo hiciere en el momento de hallarlos en el acto carnal o en uno próximo a él, si no hubiere procurado la corrupción de su descendiente con quien lo sorprenda, ni con otro.
Artículo 321. Los casos punibles a que se refiere el artículo 311 no se castigarán como calificados, sino cuando se ejecuten con premeditación.
Artículo 365 - bis. Al que prive ilegalmente a otro de su libertad con el propósito de realizar un acto sexual, se le impondrá pena de tres a cinco años de prisión. Si el autor del delito, sin haber practicado con la víctima acto sexual alguno, le restituye la libertad o la coloca en un lugar seguro a disposición de su familia, antes de tres días y sin causarle ningún perjuicio, se le aplicará la sanción que establece el artículo 364.
Si el autor al cometer la privación ilegal de la libertad ejecuta otro delito, se aplicarán las reglas de la acumulación.
No se procederá contra el sujeto activo al que se refiere este artículo, sino por querella de la parte ofendida o de su legítimo representante.
TRANSITORIOS
Artículo Primero. Las presentes reformas entrarán en vigor a los 90 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. El Ejecutivo de la Unión dictará las disposiciones reglamentarias para la constitución del Fondo de Reparación del Daño que establece el artículo 35.
Artículo Tercero. Mientras se constituye el Fondo de Reparación del Daño, de acuerdo a lo señalado en el artículo 35, los incidentes de ésta que estén desarrollando al iniciarse la vigencia de las presentes reformas, se resolverán de acuerdo a las disposiciones previstas por las mismas.
Artículo Cuarto. Se derogan las disposiciones que contravengan lo dispuesto en las presentes reformas.
México, D.F., a 16 de mayo de 1990.
Trámite: - Túrnese a la Comisión de Justicia, para la atención que proceda. (Aplausos.)
El Presidente: - Esta mesa directiva da la más cordial bienvenida y saluda con respeto a todas las mujeres mexicanas que nos acompañan este día en el recinto parlamentario. Entre ellas, la profesora Griselda Alvarez, ex gobernadora del estado de Colima; a la licenciada María Lavalle Urbina, medalla Belisario Domínguez, del Senado de la República; a la doctora María de la Luz Lima, secretaria técnica de la Procuraduría del Distrito Federal; a la licenciada Guadalupe Aguirre y a la actriz Aurora Clavel.
Asimismo, saluda la presencia de compañeras del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Popular Socialista, del Partido del Frente Cardenista y del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; asimismo, saluda a las diputadas locales presentes, y en los mismos términos, a los grupos de destacadas mujeres de organizaciones feministas. (Aplausos.)
Han solicitado el uso de la palabra, para apoyar las iniciativas a las que se dio turno, las siguientes diputadas: Juana García Palomares, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Teresa Dorantes Jaramillo, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Paloma Hernández Oliva, del Partido Popular Socialista; Amalia García Medina, del Partido de la Revolución Democrática; Patricia Garduño Morales, del Partido Acción Nacional y Guadalupe Gómez Maganda, del Partido Revolucionario Institucional. (Aplausos.)
Tiene la palabra la diputada Juana García Palomares, del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, y en turno la diputada Teresa Dorantes.
La diputada Juana García Palomares: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: La denuncia del discurso jurídico dominante en materia de delitos sexuales se inició en nuestro país desde 1976, con la Coalición de Mujeres Feministas. Desde entonces la lucha de las mujeres planteó que el terreno legal es un frente importante, cuyo descuido comporta graves consecuencias en la salvaguarda de los derechos humanos y en la construcción de la sociedad democrática que todos deseamos.
Aquéllas, fueron las primeras voces que dieron cuenta a la sociedad de la corrupción en la investigación del ilícito, del maltrato que sufre la víctima en el Ministerio Público, de la discriminación de la mujer en las instancias encargadas de administrar justicia y en consecuencia, de la impunidad del autor del delito.
Más adelante, diversos centros de apoyo a las víctimas de la violencia sexual que surgieron en el país, continuaron con la tarea de denuncia y concientización.
Si fuere posible hacer una radiografía a la ley penal en materia de delitos sexuales, el resultado sería de utilidad para desmontar la ideología subyacente en el texto legal y además para ver cómo el trato que recibe la mujer en el Ministerio Público y en la presencia judicial, corresponde a la escasa o nula importancia que a los delitos de referencia otorga la ley sustantiva, el Código Penal, y la adjetiva, el Código de Procedimientos Penales, que son, a su vez, fiel reflejo del imaginario social respecto a los delitos sexuales.
El delito que se presenta a discusión, es el resultado de largos años de lucha de las mujeres por romper el cerco patriarcal de la legislación nacional.
En efecto, una constante dentro de la legislación penal mexicana, en el marco de la tipificación de delitos de corte sexual, ha sido la tendencia a convertir a la víctima en agente provocador del delito y al victimario en el sujeto pasivo que reacciona frente a la provocación. De modo tal que en el curso del proceso penal, la parte acusadora aparecía como la parte acusada y el acusado quedaba apriósticamente fuera de sospecha, o bien, con una excusa generalizada por parte del discurso jurídico; reflejo fiel, en este caso, de la reacción del imaginario social frente a este tipo de acciones punibles.
Es destacable el hecho de que en le proyecto de reformas que se nos presentan exista un espíritu de defensa de la integridad física y moral de las potenciales víctimas de los abusos sexuales. Esto es, que en el discurso jurídico se tome como prioridad el respeto y defensa irrestricto a la libertad de los individuos y a su buen desarrollo psicosexual. De este modo, el discurso jurídico se permea para efectos del proceso penal de la disposición de la víctima, destacando sus derechos frente al acusado.
Eliminar los prerrequisitos de castidad y honestidad que se exigían al sujeto pasivo, es decir, a la mujer, frente al delito de estupro, permite eliminar el cuestionamiento de la vida y costumbres de la víctima. Proceso mediante los cuales la legislación penal mantenía la posibilidad de atenuar la pena del victimario.
Sumado a lo anterior, se destaca el delito en sí, la cópula mediante engaño a la menor o por abuso de autoridad y se eliminan las posibilidades de que mediante la averiguación del modo de vida de la víctima, se atenuaran las penas.
Este tipo de reformas permite precisar con mucha mayor claridad las características de los actos considerados punibles. Además de incorporar nuevos a los ya existentes. De entre estos últimos, vale la pena destacar aquél que se refiere al delito de estupro, cometido por abuso de poder o de una posición de autoridad subordinante, en relación a la víctima.
La incorporación de este delito calificado redundará indudablemente en la ampliación de redes de protección legal para las mujeres y menores en todos los ámbitos de la vida cotidiana: la laboral, escolar y familiar.
En relación a la inclusión del hostigamiento sexual como delito contra la libertad y normal desarrollo psicosexual, consideramos que es un paso importante en la protección de la dignidad, respeto y desarrollo sano de relaciones interpersonales en áreas laborales, escolares y otras.
Normar el hostigamiento sexual, implica garantizar los derechos humanos de las personas subordinadas a superiores jerárquicos que utilizan el hostigamiento sexual como mecanismo de presión.
Antes de las reformas de 1984 se puso en evidencia que en relación a la reparación del daño, en materia de violación, había una grave carencia en su prevención legislativa y en su tratamiento práctico, es decir, la ley penal no contenía ninguna disposición específica al respecto y en la práctica judicial las disposiciones generales que para reparación del daño contiene el artículo 30 del Código Penal, rara vez se aplica.
Por ello, cobra relevancias en el proyecto presentado a esta soberanía, se especifica un mucho más las modalidades de reparación del daño a las víctimas de los delitos sexuales, y la obligatoriedad de que el Ministerio Público argumente en el proceso penal la reparación del daño, mismo que no circunscribe a la manutención de la víctima o del producto del delito sexual; sino que atiende también a la atención psicoterapeútica tanto del sujeto pasivo como de los familiares que lo requieran.
Esta inclusión de la atención psicoterapeútica del sujeto pasivo del delito sexual y sus familiares, está orientado a garantizar la recuperación psicosexual de la víctima y su desarrollo psicoafectivo.
Resalta que en materia de reparación del daño en los procesos de indemnización y asistencia se involucre la participación del Estado como garante en el supuesto de que el autor del delito no cuente
con las condiciones necesarias de realizarlas por cuenta propia o por su ausencia, esta reforma introducida asegura que la víctima contará con los elementos necesarios para su recuperación o manutención, independientemente de la acción penal que corresponda a seguir al sujeto activo; por medio de esta reforma se abre la posibilidad de implementar el servicio sanitario; sociales, de orientación y otros que apoyen a las personas con menos recursos económicos en la etapa posdelictual.
El aborto. En los casos en que el embarazo es causado por una violación ha sido considerado como una causa de inculpabilidad por no exigibilidad de otra conducta, es decir, el Estado en esta hipótesis no puede portar a la mujer a aceptar el hijo que le fue impuesto por medio de la violencia. (Aplausos.)
Se considera, igualmente , que la hipótesis implica el reconocimiento del derecho a una maternidad libre y consciente, independientemente de la naturaleza jurídica de la exención penal contenida en el artículo 333 del Código Penal del Distrito Federal.
Es interesante destacar la situación fáctica, producto de la miopía legislativa en un problema cuyas graves repercusiones afectan únicamente a la mujer, teóricamente hay una exención de punibilidad que comprende a la mujer y a cualquier persona que ejecute o coopere en el aborto, la condición es que el embarazo sea resuelto, sea resuelto de una violación.
Sin embargo, en la práctica sucede que es difícil la obtención de la autorización judicial para tal efecto, en virtud de que la ley no señala una instancia decisoria que otorgue la autorización correspondiente, ello ha traído como resultado que la víctima del delito de violación que queda embarazada recurra a abortos clandestinos, poniendo en peligro su vida y además constituyéndose desde el punto de vista del imaginario social y de las propias leyes en un transgresor de la ley.
En virtud de esta problemática señalada resulta importante la reforma que se propone al Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en donde se señala un lapso no mayor de 90 días para que la mujer denuncie y se compruebe el cuerpo del delito y paralelamente el Ministerio Público haga el pedimento al juez para que en un plazo perentorio se señala tres días hábiles, se informe a los hospitales del sector salud, para que sea practicado el aborto.
Con estas reformas creemos que se garantiza la salud de la mujer y se crean las condiciones para un control sanitario sobre el aborto.
Compañeras y compañeros diputados: Consideramos importante felicitar la enorme sensibilidad, que no solamente las compañeras diputadas integrantes de esta LIV Legislatura, sino nuestro propios compañeros de nuestras fracciones parlamentarias han tenido para que pueda darse entrada a esta iniciativa de modificación del Código Penal que sin duda alguna va a redundar en abatir un problema que ha venido constituyendo un problema bastante fuerte para nuestra sociedad.
Por ello, hemos querido destacar estos aspectos del proyecto de reforma que fue presentado ante esta legislatura para significar la importancia que tiene en el marco del fortalecimiento de las libertades de los individuos, de la protección al desarrollo normal psicosexual y afectivo de las mujeres y niños, quienes mayoritariamente son víctimas de los delitos sexuales.
Consideramos que el proyecto de reformas en su conjunto, permite robustecer los derechos de los individuos de actos que atenta contra la integridad física y emocional.
En virtud de lo anterior, nos pronunciamos porque esta honorable legislatura apruebe el proyecto de reformas propuestas. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra la diputada Teresa Dorantes, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. (Aplausos.)
Se encuentra en turno la diputada Paloma Hernández Oliva.
La diputada María Teresa Dorantes Jaramillo: - Muchas gracias, señor Presidente; compañeros legisladores; señoras presentes, invitadas, señoras de las tribunas bienvenidos y muchas gracias por su atención: Vamos a hacer un panorama muy general de lo que pensamos en el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana en su nueva era, se apoya en el principio constitucional que consagra la igualdad del varón y la mujer, porque ésta constituye más de la mitad de la población mexicana que, desgraciadamente, en la práctica no existe el cumplimiento de la garantía de igualdad.
Esta población femenina se encuentra expuesta a la explotación en el trabajo y en el hogar, en una relación familiar que se ha deformado en su perjuicio.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en sus documentos básicos se ha comprometido a
otorgar las oportunidades políticas a que la militancia y el trabajo hagan merecedora.
Al eliminar perjuicio de sexo en la evaluación de sus merecimientos y a reconocer expresamente la igualdad entre los sexos, promoverla y respetarla, de tal forma que el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana considera indispensable que para proteger a la mujer se debe hacer esta reforma a la legislación penal, a fin de ampliar drásticamente las sanciones contra los violadores y garantizando la reparación del daño físico y moral.
La iniciativa que hoy se presenta, apoyada por todas las fracciones parlamentarias y suscrita por las compañeras diputadas, coincide ampliamente con los documentos básicos de nuestro partido porque en ellas se rompen tradiciones y se reestructuran los tipos delictivos y se eliminan términos anquilosados, como son la castidad y honestidad, que originaban un cuestionamiento en la vida y costumbres de la víctima, cuando lo esencial quedaba a un lado dejando en estado de indefensión tanto a los menores ofendidos como a la mujer.
Se abre una perspectiva en el camino más amplio tanto para la aplicación de la ley como para la protección de la rehabilitación del sujeto pasivo, señalado que el bien jurídicamente protegido no es el pudor, ni el honor de la familia; sino la libertad y el desarrollo psíquico- sexual de la víctima.
Esta iniciativa considera que para que la víctima otorgue el perdón, se requiere tomar prioritariamente la voluntad de la víctima, que sea escuchada y respetada y que esta decisión no sea inducida por alguna otra clase de concepto como religioso o familiar y, desde luego, sin que en ella intervenga una voluntad política o amañada de las autoridades, que en muchas ocasiones por corruptela o por presiones de altos funcionarios obligan a la víctima a señalar un perdón no con sentido; sino presionado que deja secuelas emocionales en la víctima.
Consideramos que la sistematización que se hace en la iniciativa de reformas al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales se adecua ampliamente a las necesidades actuales y al México que en su estructura socio- económica demanda una protección de la libertad de todos los ciudadanos menores, mujeres, ancianos y minusválidos o simplemente ciudadanos que por desgracia han caído en las garras de la policía, en especial la que dirige Coello Trejo con su reciente grupo de guardaespaldas, violadores, y cuya protección ha impedido que sean legalmente sancionados a criminales que se escudan tras una placa de policía antinarcóticos y metralletas de alto poder, para violar a cuantas personas le parece adecuadas y a sus turbios intereses, mancillando a ciudadanos de México y a su integridad física y moral. (Aplausos.)
Quiero aprovechar compañeros, la oportunidad para hacer un llamado al Procurador General de la República, al Procurador del Distrito Federal, y a todos los procuradores de justicia de todos los estados, para que en apoyo irrestricto de la ley penal y de sus leyes orgánicas internas, entreguen a los jueces correspondientes a todos aquellos policías que valiéndose de su cargo, han cometido actos que lesionan gravemente la libertad sexual de todos los individuos; y en especial a don Enrique Alvarez del Castillo, para que destituya a Coello Trejo y a su grupo de violadores que tanto están dañando al país con el pretexto de combatir el narcotráfico y lo único que hacen, en muchas ocasiones, es proteger a quienes lo practican con resultados nefastos; como los que golpearon a uno de nuestro diputados de la fracción, al compañero diputado Teodoro Altamirano, cuyo narcotraficante denunciado es un distinguido dirigente del Partido Revolucionario Institucional en Oaxaca que goza con la protección de Colosio y de Coello Trejo.
Por tanto, mi partido, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana en su nueva era, congruente con las demandas populares, la declaración de principios, programa de acción de nuestro instituto, político, apoyemos ampliamente en todas y en cada una de sus partes, las iniciativas que reforman y adicionan al Código Penal para el Distrito Federal en Materia Común, y para toda la República en el Fuero Federal, así como el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra la diputada Amalia García del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y se encuentra en turno la diputada Patricia Garduño.
La diputada Amalia Dolores García Medina: - Amigas y compañeras que están aquí presentes; compañeras diputadas; compañeros diputados; señor Presidente: Hemos insistido, no solamente el Partido de la Revolución Democrática sino múltiples sectores en la sociedad mexicana, en que es necesaria una profunda reforma del Estado y de la sociedad, que se traduzca principalmente en el respeto a las diferencias políticas y también a la diversidad que existe en la sociedad humana.
En relación con las mujeres, todos conocemos cómo la diferencia, la diversidad se ha traducido en
opresión, no solamente en relación con las mujeres, por supuesto; sino que los distintos sectores oprimidos, en otras sociedades, los negros o los grupos étnicos o los jóvenes viven una situación de subordinación.
Por eso concebimos esta lucha que estamos dando por transforar la legislación mexicana, como parte de una lucha más general por reformar el Estado y por reformar la sociedad y para que haya una sociedad en la cual exista el respeto a la diversidad y creemos además que no se puede hablar de democracia cuando existe la violencia.
En relación con esta iniciativa que hemos presentado, yo quiero resaltar varios aspectos que me parecen fundamentales; vivimos en México un sistema político en el cual prácticamente todas las iniciativas que son aprobadas en la Cámara de Diputados provienen del Ejecutivo y en la Cámara de Diputados se renuncia a legislar y cuando la oposición ha presentando diversas propuestas, éstas quedan marginadas y quedan congeladas.
Sin embargo, más allá de diferencias políticas e ideológicas, todas las mujeres diputadas de los distintos grupos parlamentarios hemos considerado que nuestra obligación es cumplir con nuestra tarea de legisladoras y por eso nos hemos reunidos y hemos decidido elaborar esta propuesta.
Consideramos fundamental el hecho de que mujeres que vinimos de distintos partidos políticos hayamos llegado a un consenso y creo que es necesario resaltar que es posible que se den acuerdos y que se puede llegar a consenso y que es posible el diálogo cuando éste se realiza sin el intento de subordinar ni aplastar; sino en base al respeto y creo también que es posible llegar a acuerdos y plantearse el diálogo cuando se pone en el centro el interés de la sociedad.
En relación con las propuestas que hoy se presentan a esta Cámara de Diputados con el proyecto de reformas al Código de Procedimientos Penales y al Código Penal, yo quiero hacer algunos comentarios; quiero, en primer lugar, hacer un reconocimiento al trabajo que realizaron desde hace casi 15 ó más años los grupos feministas en nuestro país, cuando empezaron a señalar que hechos de este tipo no podían ser considerados como un asunto secundario y que la sociedad no podía permitir atropellos de esta naturaleza, por eso, considero que el hecho de que hoy estemos presentando una iniciativa que reforma el Código de Procedimientos Penales y el Código Penal tiene importancia.
Quiero subrayar que en mi opinión y en la de mis compañeras y amigas de los grupos feministas, no creemos que las medidas punitivas sean el camino principal para enfrentar este tipo de agresiones, no estamos por un Estado autoritario, no estamos por un Estado persecutor, no estamos por un Estado policiaco; creemos sin embargo que el hecho de que delitos de este tipo como el de hostigamiento sexual y el de violación se castiguen; significan que la sociedad mexicana en su conjunto ha llegado al reconocimiento de que no son hechos menores y que tienen que ser castigados; sin embargo, estamos interesadas las feministas y en esta caso el Partido de la Revolución Democrática, en poner el acento en la defensa de la víctima.
Creemos, por otro lado, que lo que hoy corresponde hacer en la sociedad mexicana es emprender un trabajo para que haya transformaciones culturales de fondo, como lo hemos comentado en múltiples ocasiones. En una sociedad donde se fomenta la violencia, donde los héroes de nuestros hijos son "Rambo", en una sociedad en la cual el libre mercado, la competencia, el que el pez grande se coma al chico, son los valores predominantes, no se puede desarrollar el respeto y la defensa de los débiles, por eso creemos que esta reforma del Estado y esta reforma de la sociedad, para que sean democráticas y para que beneficien a todos, no se pueden referir exclusivamente a los aspectos del gobierno o de las instituciones estrictamente; sino que tienen que abarcar las relaciones entre los ciudadanos y entre las personas, desde la familia hasta el poder público.
Es por ello que creemos que lo que urge en nuestra sociedad es emprender un trabajo profundo por esos cambios culturales y porque la cultura de la violencia quede eliminada de nuestro trato cotidiano y también por ello, proponemos no solamente medidas para prevenirlo; sino que ponemos el acento en la reparación del daño; nos interesa más que el castigo, puesto que ése es el resultado después de un hecho de agresión, nos interesa que la víctima se reincorpore a la sociedad.
Como todos sabemos, en el actual Código Penal, para el caso de delitos de violación no existe reparación del daño y cuando hemos discutido este asunto se nos ha dicho que, ¿cómo se puede reparar esto?
Nosotras y nosotros, aquéllos que hemos discutido esto durante años, hemos considerado que lo que se lesiona no es solamente la libertad sexual, como considera el actual Código Penal, lo que se lesiona no es el derecho para decidir si se tiene o no relaciones, se está lesionando a la víctima en su integridad personal y por eso proponemos en la reparación del daño que haya una participación del Estado y de la sociedad y, por supuesto
también del agresor, para que haya atención médica y sicológica a la víctima y a los familiares que lo requieran.
Y en el Código de Procedimientos Penales consideramos que la víctima en un hecho que ya es un hecho difícil de tratar en una sociedad en la cual se intenta culpabilizar a la víctima, la denuncia debe ser posible presentarla en otras condiciones en las cuales las víctimas no tengan que pasar por una situación de agresión, en la cual, como se señala en la propuesta que hacemos, no se les haga preguntas ofensivas y no se intente hacerlas responsables de este delito.
Por ello ponemos énfasis especial en el Código de Procedimientos Penales y después en el Código Penal, en el apoyo a aquéllos que han sido agredidos.
En relación con el hostigamiento sexual, tengo interés en hacer algunos comentarios, porque aunque de manera amistosa un número grande de compañeros diputados de los distintos partidos políticos nos han dicho que seguramente no podrán volver a voltear a ver a una muchacha o que no podrán volver a dirigirle la palabra, creo que lo que se expresa en estas bromas es el desconocimiento de lo que estamos planteando y me parece que es necesario que aclaremos a qué nos estamos refiriendo.
Nos estamos refiriendo específicamente al hostigamiento que se da utilizando jerarquía y poder y de manera reiterada y que constituye un trato ofensivo para quien es hostigado; todos y todas conocemos cómo en los sindicatos, en los empleos, en las escuelas, puede alguien que tiene jerarquía o poder, abusar de esa jerarquía o poder de manera reiterada para hostigar a una persona, especialmente mujeres, es el caso mayoritario y para hacerle la vida imposible.
Por eso creemos que en el caso de hostigamiento, que es una figura que no existía en el Código Penal, es necesario que aquellas personas en nuestra sociedad que son hostigadas y que se les hace la vida intolerable, incluso se les pueden negar ascensos o se les puede negar una calificación en los centros de educación, tengan un apoyo en la legislación para poder enfrentar este tipo de situaciones.
Yo quiero terminar señalando nuevamente y subrayando que lo que nos anima principalmente es una sociedad en la que rija el respeto entre los seres humanos, entre las personas; creemos además, que esta diversidad en la sociedad entre hombres y mujeres, no puede ni debe significar subordinación, no puede significar humillación, ni puede significar violencia y creemos que la diversidad en el terreno de los géneros, igual que en el político, esta diversidad o pluralidad puede ser asumida con respecto y con igualdad.
Compañeras y compañeros: las diputadas qué hemos estas propuestas de reformas y adiciones al Código de Procedimientos Penales y al Código Penal, queremos hacerles una invitación para que antes de que termine el actual período de sesiones, que culmina el 15 de julio, la Comisión de Justicia haya discutido con seriedad esta propuestas; que todas aquellas compañeras y compañeros, no sólo diputados; sino de la sociedad civil, puedan aportar sus puntos de vista y que la Comisión de Justicia se abra a escuchar y a recibir estos puntos de vista y que podamos tener un dictamen positivo que permita empezar a enfrentar a este tipo de agresiones, por supuesto, no sólo con medidas punitivas ni carcelerías, pero que sea el inicio para que enfrentemos transformaciones de fondo en la cultura de nuestra sociedad y para que nunca más, ojalá llegue el día en que digamos eso, pueda darse una agresión de este tipo, que cuando se da nos humilla a todos, independientemente de que no se realice en nuestra persona. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra la diputada Patricia Garduño, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se encuentra en turno la diputada Guadalupe Gómez Maganda.
La diputada Patricia Garduño Morales: - Gracia , señor Presidente; compañeras y compañeros diputados; personas que nos acompañan: Antes de iniciar a platicar con ustedes acerca de la postura de mi partido, nada más quisiera comentar que si tuvieron la atención de seguir la lectura de la iniciativa, se habrán podido dar cuenta que no contempla el tema del aborto; lo digo por muchas inquietudes que han estado surgiendo y por algunas notas en los periódicos, esto será motivo de plática en cada grupo parlamentario y de que de acuerdo a la postura de cada grupo se presente lo relativo a este tema.
La presentación de esta iniciativa de reformas al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, demuestra lo que el Poder Legislativo y sus integrantes pueden realizar cuando superando diferencias nos ponemos a trabajar en torno a un objetivo común.
Ciertamente muchos errores se podrán encontrar y mucho podrán aportar los integrantes de la Comisión de Justicia cuando esta iniciativa sea discutida y ése es precisamente uno de los principales objetivos: que todos podamos colaborar elaborando leyes que reflejen el sentir y la preocupación de la sociedad en su conjunto.
Cuando se convocó al foro sobre delitos sexuales el mes de febrero del año pasado, en la Comisión de Justicia pudimos constatar una vez más la enorme preocupación que gira en torno a la comisión de este tipo de ilícitos.
Participaron diversos grupos de la sociedad civil, con más de 100 ponencias que se presentaron y que fueron tomadas en cuenta para formar parte de la iniciativa que hoy se presenta, por eso, esta iniciativa es el resultado del trabajo no sólo de las diputadas; sino de las autoridades y de diversas agrupaciones.
El hecho de que seamos mujeres quienes suscribimos estas iniciativas presentadas ante esta Cámara, tiene varias implicaciones: no quiere decir que seamos solamente las mujeres víctimas de este tipo de delitos, ni que pensemos que sólo las mujeres debemos defendernos de ellos; estamos consientes de que es la sociedad entera y, al decir esto me refiero a gobierno y sociedad civil, quien debe buscar las formas cada vez más efectivas de erradicar la violencia que encierra la comisión de no sólo este tipo de delitos; sino de cualquier otro, pero es ciertamente la mujer por su naturaleza misma quien primero sufre esos delitos, en si o en los miembros de su familia y por la especial sensibilidad que la caracteriza, quien mejor preparada está, desde todos los puntos de vista, para defender su integridad y la de los suyos.
La mujer tiene un mayor sentido de defensa de la vida, por estar tan cerca del origen de ésta y porque en el fondo es la vida misma y una fuente documental muy importante para el examen de la situación de la mujer en cada país, la constituyen sus propias leyes. Es por eso que hemos realizado en conjunto con muchas de nuestras compañeras diputadas el esfuerzo que representan las iniciativas que hoy presentamos.
En Acción Nacional estamos convencidos que no es con una ley o decreto como se solucionarán los problemas causados por la comisión de los llamados delitos sexuales. También sostenemos que para que se puedan dar las bases de una aplicación adecuada de la justicia, es necesario hacer una revisión integral de todos los aspectos implicados en la comisión de este tipo de delitos, que consideramos son los que más denigran a quién los comete, porque al atentar contra la dignidad de otro atentan contra la suya propia y en cuántas ocasiones la comisión de este delito es en parte producto de la pérdida voluntaria o no de la propia dignidad.
La persona humana tiene una eminente dignidad y un destino espiritual y material que cumplir, por lo que la colectividad y sus órganos deben asegurarle el conjunto de libertades y de medios necesarios para cumplir dignamente este destino.
En concordia con este principio, la familia, comunidad de padres e hijos y unidad social natural básica, tienen influjo determinante en la sociedad entera y es en el seno familiar donde se aprende a vivir en armonía, donde se denomina los impulsos y se les canaliza para el beneficio individual y colectivo y es en la familia donde se transmiten de manera más natural los valores que son base de la cultura y por lo mismo de la convivencia social. La grandeza y la responsabilidad de la familia está en ser la primera comunidad de vida y amor, el primer ambiente donde el hombre aprende a amar y a sentirse amado y es donde los jóvenes deben ser educados, no sólo en lo cultural y social, ella ha de ser la primera escuela de vida para los hijos preparándolos para la responsabilidad personal en todos los aspectos, incluidos los que se refieren a los problemas de la sexualidad.
La educación para del amor es premisa indispensable para una educación sexual clara y delicada. Un factor determinante en la comisión de delitos es la pornografía en todas sus manifestaciones; siendo una de las causas que más directamente fomentan la delincuencia juvenil, pues estimula las bajas pasiones, crea un mundo imaginario y fácil de placer, sin vincularlo con la responsabilidad del ejercicio sexual ni con las consecuencias que acarrea el violar las normas penales que tutelan valores.
En este sentido, es también importante que la escuela y la familia estén unidas para educar en todos sentidos, incluido el sexual, por la influencia que ejercen en la sociedad por su carácter de medios informativos y también como generadores de parte importante de la educación informal, los medios de comunicación tienen en sus manos la posibilidad de ayudar decisivamente para lograr que la prevención de los delitos sea efectiva.
México puede avanzar en el camino de ser un país próspero con una población pujante y valiosa o también retroceder hacia la proliferación del vicio, la violencia y la degradación generalizada de su juventud, en gran medida por la influencia decisiva que en los jóvenes ejercen los medios de comunicación y que por esto precisamente tienen una mayor responsabilidad.
Por lo que respecta al ámbito de responsabilidad del Poder Ejecutivo, debe procurase una vigilancia efectiva, honesta y responsable por parte de los cuerpos de policías, cuya obligación es
responder a la demanda de seguridad de los ciudadanos, proporcionando la protección y ayuda necesarias, sin encubrir al delincuente ni aprovechar su posición para cometer estos mismos delitos, como por desgracia ha sucedido. Se requiere, por tanto, de una moralización y de una revaloración del papel del policía.
Es asimismo responsabilidad del gobierno la vigilancia constante de los medios de comunicación, castigando toda invitación a la violencia, al consumismo basado en el uso de la mujer como estímulo sexual, relacionado con los productos que exhiben; el fomento del alcoholismo y el consumo de productos nocivos para la salud.
La difusión por los medios de comunicación de campañas que favorezcan la integración familiar, el aprecio a la persona y a la dignidad, a los valores de la sociedad mexicana, como son el respeto a la vida, a la integridad física y moral de sus miembros, la honestidad, el respeto a los derechos humanos, el valor e igualdad de la mujer respecto al varón, resultan algo que la sociedad reclama y merece.
La protección de la víctima y la seguridad de que los medios para comprobar la verdad de tales delitos contra su persona no le perjudicarán aun más ni física ni psicológicamente, es otro de los propósitos de la iniciativa; además, es indispensable el ejercicio de la acción penal ejemplar contra los responsables, para evitar reincidencias y proliferaciones.
Sería interminable pretender enumerar la responsabilidad de todos los componentes de la sociedad. El Poder Legislativo debe proveer de los instrumentos legales adecuados para que cada quien cumpla su papel en esa tarea que es de todos.
En Acción Nacional estamos convencidos de que estas iniciativas no agotan la demanda de instrumentos adecuados para luchar contra este tipo de delitos; consideramos, sin embargo, como un grave deber, esforzarnos como representantes populares en plasmar en leyes la demanda ciudadana de protección contra el crimen.
Para que una sociedad y por tanto una nación, crezca sana y fuerte, es necesario que se respire un ambiente de libertad y de armonía; es indispensable que existan cauces para desarrollar las potencialidades adecuadamente y también que se prevengan y sancionan las conductas contrarias a la moral social y a los valores de la comunidad.
El instrumento que ahora presentamos a esta Cámara de Diputados, en combinación con el esfuerzo de todos los mexicanos, para vivir los valores del respecto, la solidaridad, la justicia, nos llevará a plasmar en nuestras leyes y en nuestra vida cotidiana el anhelo de bien común que a todos nos anima.
No queremos que esta iniciativa refleje la pretensión de formar un bloque femenino en contra de los hombres en esta Cámara; sino por el contrario, que todos aportemos, hombres y mujeres, medios de comunicación e instituciones educativas, autoridades y sociedad civil; pretendemos solamente que sea el inicio de un trabajo conjunto en donde se atienda el problema en forma integral, no queremos las cárceles llenas de delincuentes; sino que éstos sean cada vez menos, porque hayamos entre todos logrado tener una sociedad mejor. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra la diputada Guadalupe Gómez Maganda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: - Honorable asamblea: compañeras legisladoras de los congresos locales del país que hoy nos distinguen con su presencia; mujeres de México que avalan este proyecto; señoras y señores: Acudo a esta tribuna como diputada y militante del Partido Revolucionario Institucional, para exponer las razones por las cuales apoyamos y demandamos el apoyo decidido de los integrantes de la LIV Legislatura, para que en este mismo período de sesiones se apruebe la iniciativa de reformas y adiciones al Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal, así como el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, relacionados con la reparación del daño, aplicación de sanciones, delitos contra la libertad en la experiencia sexual, delitos contra la vida e integridad corporal y la privación ilegal de la libertad, entre otras garantías.
Esta iniciativa es el resultado del consenso logrado entre las diputadas de las diversas fracciones parlamentarias que integramos esta Cámara y expresa nuestra coincidencia en el propósito de establecer mejores garantías jurídicas para la defensa y el respecto de la integridad física y moral, no sólo de la mujer; sino de aquellos miembros de la sociedad cuya indefensión los hace objeto de agresiones y delitos sexuales.
El arduo trabajo de las diputadas, la solidez y justeza de sus argumentos, la solidaridad natural con las víctimas, la indignación ante el aumento de estos ilícitos, el compromiso que tenemos con
nuestras compañeras de militancia y las mujeres de México; el que el hostigamiento, la agresión y la violencia sexual se cometa sobre todo contra la mujer, independiente de su edad, condición social y preferencias políticas, son razones suficientes para la elaboración y defensa de esta iniciativa común que se refiere a la seguridad, la integridad y la libertad de más de la mitad de nuestro ser social.
Su aprobación significará sin duda en avance sustancial en nuestra lucha por edificar una sociedad de iguales, en la que prevalezca la justicia y la mujer reciba el trato digno y respetuoso que merece.
La iniciativa de reformas y adiciones a los códigos citados profundiza y enriquece los cambios que en esta materia promovió el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Carlos Salinas de Gortari, que en diciembre de 1988, como uno de sus primeros actos de gobierno y en respuesta a un compromiso asumido durante su campaña electoral, ante el reclamo de hombres y mujeres de todo el país y en especial de la capital de la República, de mayor seguridad y justicia para garantizar con eficacia la paz pública y para defender a la sociedad de la violencia.
Las mujeres que militamos en el Partido Revolucionario Institucional reconocemos esa importante iniciativa del Ejecutivo Federal, porque nos alentó en nuestro reclamo y porque dio el espacio propicio para debatir sin restricciones, una problemática que en particular nos atañe.
Asimismo, porque dichos cambios y adiciones propiciaron la creación en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y en algunas entidades del país, de las primeras agencias investigadoras especializadas en la atención de mujeres víctimas de la violencia sexual, agencias atendidas por mujeres, así como programas de apoyo del sector salud.
Las últimas modificaciones que contemplan penas más severas para quienes cometen este tipo de delitos, no han sido lo ejemplares que debieran, pues la incidencia de la violencia sexual va en aumento, prueba de ello son las agresiones de que han sido víctimas no hace mucho, mujeres del sur de esta ciudad, además de innumerables casos en los que las víctimas prefieren callar, porque saben que serán señaladas por su comunidad y porque temen, asimismo sufrir nuevas agresiones, abiertas o veladas, al presentar su denuncia o durante el proceso judicial.
La violencia sexual forma parte del conjunto de conductas que derivan de la desigualdad de géneros y del sometimiento de la mujer en todas las esferas de la vida social; a ella se le escatiman sus derechos, hasta el mas íntimo y personal, como es la disposición de su propio cuerpo; la ideología patriarcal dominante forja en los varones una conciencia de poder y beligerancia, y en la mujer de sumisión, y de culpa, por ello nos presentan como un ser frágil, dependiente e inmaduro, y por tanto como presa fácil para el asedio y los ataques sexuales.
La violación como acto extremo pero cotidiano, expresa en el campo de la sexualidad la imposición. el dominio y el poder que el varón ejerce en las otras esferas de la convivencia social; la ideología patriarcal que justifica y sustenta esta relación desigual llega a afirmar que la mujer encuentra halago en el asedio y en ser violada.
No existe un sexo débil o un segundo sexo, éstas son concepciones de una cultura que da el predominio al hombre que se va a sí mismo como eje hacedor y conductor que una historia y una sociedad que construimos todos.
Los juicios de valor sobre la mujer se traducen en normas jurídicas que nos colocan en desventaja cuando se trata de la defensa de nuestra integridad y se materializan en procedimientos que impiden a la víctima la salvaguarda de su intimidad y que la colocan en situaciones que hieren y renuevan ofensas, cuando acude a la autoridad en busca de justicia.
En general, la víctima queda desamparada y debe hacer frente sola a los daños secuelas materiales y psicológicas que provoca la violencia padecida. Es obligación de la sociedad y del Estado compartir esta violencia, realizar acciones de prevención, terminar con la impunidad con que se cometen estos ilícitos, desterrar actos de brutalidad y deseos de domino que se realizan sin importar que para ello se provoquen lesiones de por vida.
Es imprescindible romper la conciencia de sumisión y culpabilidad impuesta a la mujer para que calle ofensas y agresiones; es impostergable que la legislación otorgue a la víctima la atención que merece en justicia.
Todos estos plantamientos y denuncias expusimos las mujeres en las conferencias y en el foro de consulta popular sobre delitos sexuales a la que convocó la Comisión de Justicia de esta LIV Legislatura, foro en el que legisladores, ciudadanos, académicos, representantes de instituciones asociaciones colegios y especialistas en materia relacionada con la problemática jurídica y social de los delitos sexuales, demandamos una legislación más severa y que corresponda al reclamo de
seguridad pública y a la moral de la nueva sociedad.
El foro fue ocasión para expresar nuevamente una vieja demanda de las mujeres obreras de mi partido, el Revolucionario Institucional; la diputada Hilda Anderson Nevárez de Rojas, a nombre de las integrantes de la LIV Legislatura, demandó la inclusión en ese foro como ilícito el hostigamiento sexual al que se ven sometidas las trabajadoras por quienes se aprovechan de su nivel jerárquico.
Este reclamo, así como las demandas esenciales expuestas en el foro, están incluidas en la iniciativa que hoy presentamos todas las diputadas federales. Este constituye un avance fundamental en el proceso de modernización jurídica y una respuesta inaplazable a la justa demanda de las mujeres de México que exigen normas y mecanismos eficaces que las protejan de las agresiones sexuales y de sus consecuencias, así como a los menores y demás sujetos pasivos de las mismas.
Como se señala en la exposición de motivos, el aporte jurídico esencial lo constituye la atención a la víctima, que no se había contemplado. Por ello, las reforma y adiciones establecen soluciones concretas y eficaces para que se auxilie, se proteja y se atienda con prontitud a la víctima; también procedimientos que impidan la inhibición de la demanda, que resguarden a las víctimas, que supriman hasta donde sea posible su comparecencia en los careos, para evitar el enfrentamiento entre víctima y victimario, así como cuestionamientos innecesarios que muchas veces no tienen relación con el ilícito y que acarrean molestos y dolorosos recuerdos.
El trauma de la violación o de cualquier agresión sexual es una herida que la víctima lleva durante toda su vida; la humillación y degradación a la que se ve sometida deja secuelas imborrables que afectan también a su familia. Tal vez en ningún otro delito sea tan difícil reparar el daño y sin embargo, no es de justicia dejar a la víctima a su suerte, por eso, un aspecto fundamental en la iniciativa es el relativo a la reparación del daño por parte del delincuente y en forma subsidiaria por el Estado.
Hasta ahora la ley ha subrayado el castigo a los culpables y no prevé para la víctima la atención que requiere para hacer frente a los perjuicios y superar las lamentables consecuencias que provocan este tipo de agresiones, por ello, proponemos la creación de un fondo público de reparación del daño, que apoye a la víctima material y psicológicamente, para hacer frente y superar las secuelas del ilícito.
La iniciativa elimina juicios de valor y en ella se precisan y amplían conceptos haciéndose referencia a la violencia como determinante del ilícito, al atentado contra la libertad y la inexperiencia sexuales como origen del delito y se redefine el concepto de cópula como cualquier ayuntamiento carnal, para que se sancionen graves conductas ilícitas hasta ahora no penalizadas.
La incorporación del hostigamiento sexual como conducta delictiva, permitirá salvaguardar la integridad no sólo de las trabajadoras; sino de aquellas personas que en cualquier ámbito de sus relaciones sean asediadas por quienes ejercen jerarquía material o espiritual sobre ellas, ocasionándoles daño y perjuicios.
Preocupa a la mujer en lo esencial el sano desarrollo de los hijos. Su desenvolvimiento sicológico sin traumas o experiencias que atenten de manera vital en contra de la armonía, la solidaridad, el efecto y el respeto que debe observar la familia y la pareja. Por ello se regulan agravantes de lesiones y homicidio, cuando se cometen entre cónyuges, ex cónyuges o concubinos, en presencia de sus hijos.
La sociedad ha establecido como su cédula básica la familia, porque en ella se preservan la armonía social, los valores, las tradiciones y se prepara a las nuevas generaciones para incorporarse positivamente al desarrollo y a la vida de la nación.
Todos los delitos que atentan contra la libertad sexual atenta contra la familia, que es el modelo de convivencia primaria, fuente de riqueza, formación efectiva y organismo básico en el funcionamiento y progreso de la sociedad.
La violencia propicia otro tipo de violencias de carácter social e inseguridad pública y en la violencia, la sociedad y la nación carecen de futuro; el Consejo para la Integración de la mujer de mi partido, el Revolucionario Institucional, que ha venido pugnando por desterrar todo acto discriminatorio contra la mujer, que lucha por la plena vigencia de la igualdad jurídica y política consagrada en la Constitución para todos los mexicanos, sin distinción de sexo, que exigen bajo cualquier circunstancia, el trato digno y justo que merecen las mujeres de México y que invariablemente han recogido en sus diferentes instancias y organizaciones femeniles el reclamo de protección y respeto a nuestra integridad física y moral, demanda congruente, compañeros legisladores, su decidido apoyo para que las reformas y adiciones que proponemos, juntas, las diputadas federales de todos los grupos parlamentarios, queden asentadas en los códigos penales y de procedimientos penales para el Distrito Federal.
Terminemos con conductas brutales que amenazan la dignidad de las persona; compartamos la indignación frente a este tipo de delitos; promovamos medidas de prevención y no sólo de sanción de conductas delictivas; terminemos con el silencio de las víctimas no permitamos atropellos; sólo así avanzaremos firmemente en la construcción de una sociedad fundada en la justicia y el respeto. Muchas gracias. (Aplausos.)
LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado David Ramírez Márquez, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para dar lectura a una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal.
El diputado David Ramírez Márquez:
«Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: El pasado 15 de abril, la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, presentó fundadamente ante el pleno de esta Cámara, remoción del Presidente de la directiva para el período del 15 de abril al 15 de mayo, las razones fueron: que ilegitimamente, Javier López Moreno violó el Reglamento del Congreso General de la Ley Orgánica del mismo, posteriormente, se sometió a esta soberanía la discusión y debate del informe que los priístas a espaldas de las demás fracciones parlamentarias, elaboraron en torno a la investigación del Banco Nacional Pesquero y Portuario, mismo que, ocasionó un deterioro económico para la nación por más de tres y medio billones de pesos.
De nueva cuenta y al estar en debate el informe, se inscribieron para fijar sus razones de inconformidad con el mismo, oradores de todas las fracciones parlamentarias, pero el temor a la verdad, la complicidad con la corrupción que impera en el país de parte de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, manipularon la sesión del día 26 de abril, en la cual inconstitucionalmente el Presidente de la Cámara coartó el derecho constitucional de los diputados de expresar sus opiniones en torno a este escandaloso fraude en el cual se involucran funcionarios, ex funcionarios y particulares.
En esta ocasión, se presentó una segunda moción de remoción del Presidente de la directiva, avalada por tres fracciones parlamentarias partidistas: Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Auténtico de la Revolución de la Revolución Mexicana y el Grupo Parlamentario Independiente. No obstante que existían graves violaciones al marco constitucional del país, la mayoría priísta, una vez más, pisoteó la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento, y se mantuvo en la presidencia a un hombre, que más que obedecer la ley, obedecía la consigna.
Estos hechos que se suscitaron en la LIV Legislatura, provocaron que más de 200 diputados de oposición decretáramos una inconformidad y repudio al Presidente de la directiva, al grado de firmarse un pacto, que a nivel de opinión pública se conoce como "huelga parlamentaria", para repudiar todas las acciones de ilegitimidad en que su ubicó esta honorable Cámara de Diputados.
Ante esa realidad, el presidente de las curules vacías, Javier López Moreno, sin el quórum, legal correspondiente, celebró las posteriores sesiones del mes que le correspondía, ya que en ninguna de ellas, el Partido Revolucionario Institucional y su fracción parlamentaria, contó con la presencia de más de 250 diputados.
Es justo reconocer, que un importante número de legisladores del Partido Revolucionario Institucional, también estaban en contra de la ilegitimidad e ilegalidad en la que actuó Javier López Moreno; la prensa nacional y nuestra secretaria de la directiva, diputada María Teresa Dorantes Jaramillo, constatarón que nunca el partido en el poder pudo dar el quórum que reglamentariamente se requería.
Los diputados integrantes de las fracciones parlamentarias del Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y el Grupo Parlamentario Independiente, continuamos nuestras labores como legisladores, acudiendo al debate y discusión ante las comisiones reglamentarias; en ese lapso de tiempo en que se repudió la Presidencia de López Moreno, el país vivió dos acontecimientos de gran importancia para la vida política y moral del pueblo mexicano:
La llegada por segunda ocasión a este país de Juan Pablo II, el cual concentró la atención y concentración de más del 90% de los mexicanos. Su presencia en este país fue del todo importante, ya que fustigó a los falsos líderes, que en este país abundan, los que dicen pertenecer a las filas de la Revolución; arremetió contra los empresarios explotadores, pugnó por el respeto a los derechos humanos cuando visitó un centro penitenciario de este país; se pronunció en contra del criminal aborto, y en suma, durante una semana atrajo la atención de todos los mexicanos que ya sentíamos que estaban perdiendo la fe y la esperanza en los valores morales.
Aunado a este importante acontecimiento, la Cámara de Diputados conoció entre penumbras y en la madrugada, como si se tratara de algo vergonzoso, el debate sobre las reformas y adiciones a la Constitución para reprivatizar la banca y reencauzar al país por la vía de la economía mixta, postulado y principio que el Constituyente de Querétaro reglamentó al aprobar el Pacto Federal de 1917.
Ante esta realidad, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, y su fracción parlamentaria, intervenimos en las discusiones de las comisiones unidas de Gobernación y Hacienda, debatimos nuestros puntos de vista en torno a este importante tema, fijamos como condición para entrar al pleno de la Cámara dos demandas; la primera, que se aclararan las siguientes preguntas:
1o. Si aceptamos la premisa de que el servicio público de la banca y crédito no será más un área estratégica, porque el gobierno no puede dejar de atender las necesidades y demandas públicas, por atender las de la administración de áreas que le desvían recursos, entonces con ese mismo argumento, tampoco es estratégico para el gobierno la generación de energía a través de Petróleos Mexicanos o la Comisión Federal de Electricidad.
2o. ¿Cómo se va a regular la actividad especulativa, la contabilidad alterada, la obtención de utilidades, la discriminación en el otorgamiento del crédito, los adeudos irrecuperables, el otorgamiento preferencial del crédito, las rentas y actividades paralelas en beneficio de los socios mayoritarios?
3o. ¿Cuáles son las utilidades obtenidas por el sistema de las sociedades nacionales bancarias desde la nacionalización de 1982 a este momento?, ¿por qué renunciar a su utilización para la expansión del sistema bancario y para atender las demandas nacionales?
4o. ¿Cuáles son las proyecciones para los próximos cinco años de las utilidades a obtener del sistema bancario nacional?
5o. ¿Cuál ha sido la respuesta fiscal del sistema bancario nacional desde la nacionalización hasta la fecha?
6o. ¿Cuáles son las proyecciones para los próximos cinco años del comportamiento fiscal del sistema bancario nacional?
7o. ¿Cómo se va a desarrollar la Banca de Fomento y Desarrollo en apoyo al sector social?
8o. ¿Cómo y a qué plazos se proyecta el regreso del ahorro de México que se encuentra depositado en el extranjero?
9o. Dado que el producto de la venta de las acciones del gobierno se recibirán una sola vez, ¿a qué plazo se pagarán dichos montos y cuál es la cifra exacta total?
10. Se piensa con dichos recursos, saldar la deuda interna, que para 1990 significarán al gobierno pagos superiores a los 45 billones de pesos, ¿sólo de intereses?
11. Dado que la estrategia de recuperación económica del gobierno está fundada en las expectativas del sector externo, ¿cuáles peligros se ven en las recetas neoliberales ante el contexto de especulación financiera, recesión generalizada que priva en los países que promueven el "alivio" consistente en las reformas estructurales, liberación comercial, apertura del sistema bancario, integración de libre comercio y la apertura de la inversión extranjera?
También que se consideraran en el dictamen las siguientes reformas constitucionales:
Primero. Que la Banca de Fomento y Desarrollo se considerara como área estratégica.
Segundo. Que en los términos que establezca la correspondiente Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, determinara las garantías que protejan los intereses del público, evitando la concentración de capital social.
Tercero. Que el funcionamiento del servicio público de banca y crédito deberá apoyar las políticas de desarrollo nacional, y ser factor de redistribución de la riqueza.
Cuarto. Las concesiones se otorgarán dando su preferencia a las instituciones que garanticen la regionalización del crédito.
Quinto. El capital extranjero en las instituciones de banca y crédito, será completario del nacional.
La segunda condicionante para entrar al debate, fue que se removiera a Javier López Moreno, o bien como es tradicional en el sistema, se le declarara enfermo, como muchos funcionarios que renuncian por tal razón, no obstante que gozan de cabal salud. Al no aceptar ninguna de nuestras dos proposiciones, decidimos mantener ajenos al debate y establecimos el compromiso con los compañeros coordinadores del Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, y Grupo Parlamentario de la Independiente, ya que sus intervenciones se dirigirían a los vicepresidentes y no así a quien ilegítimamente presidió los trabajos anteriores.
Hoy, que se ha restablecido el orden constitucional y reglamentario en esta LIV Legislatura, la diputación del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, está presente para seguir defendiendo los postulados originales de la Constitución y la línea ortodoxa de la Revolución; para ser la voz del pueblo de México que ve cómo sus míseros salarios apenas alcanzan para mal comer, cómo en distintas regiones del país, el reloj de la historia se ha detenido y los beneficios de la Revolución siguen siendo sueños irrealizables; los trabajadores y los campesinos de este país, permanecen unos, viviendo de salarios de hambre y otros comiendo raíces y tortillas de maíz importado, porque hasta la fecha continúan esperando que "Superhank González" haga llegar los créditos que tanto ha pregonado a lo largo y ancho del país.
Así es, compañeros diputados, hoy reinicia sus trabajos en el pleno la fracción parlamentaria del Parido Auténtico de la Revolución Mexicana, para cumplir con responsabilidad cívica y patriota el compromiso que nos confirió el pueblo de México, el cual aceptamos con toda responsabilidad al rendir la protesta como legisladores, en la que dijimos que "protestamos cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen"; aquí estamos para seguir sosteniendo nuestros ideales, para que algunos seudolíderes obreros y campesinos, en lugar de usar la tribuna silben con cinco tonos diferentes a los legisladores de oposición, cuando no se tiene la responsabilidad y en valor civil de expresar en esta tribuna el compromiso que establecieron con el electorado nacional.
Por esta razón, reiniciamos nuestros trabajos en el pleno de la Cámara, presentando a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Hacienda del Distrito Federal.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Es innegable que las delegaciones políticas del Departamento del Distrito Federal, no han acatado en estricto apego lo que señala el artículo 50 al 62, del actual Reglamento de Mercados Públicos del Distrito Federal, pues se pretende que en base a las reformas al artículo 112 de la Ley de Hacienda del Distrito Federal, las cuotas que se fijan en el precepto antes mencionado, se apliquen al resello anual de cédulas de empadronamiento de los locatarios de mercados, por los que debe aclararse a fin de que, no se explote ilegítimamente a los explotados comerciantes de los mercados públicos del Distrito Federal.
A mayor abundamiento, debemos de proteger a los locatarios de las manipulaciones que en ellos pretenden hacer los delegados políticos y los directivos del Partido Revolucionario Institucional, quienes con falsas afirmaciones de firmas de convenio con la Secretaría de Hacienda y la Regencia de la ciudad, tratan de desorientar a la ciudadanía para llevarlos de manera obligada o por conveniencia afiliarse al Partido Revolucionario Institucional, lo que también resulta violatorio a la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal.
También es conveniente que se reglamente y se fijen cuotas adecuadas a los derechos que deben pagar los locatarios por el uso y aprovechamiento de los locales, las cuales tradicionalmente se han pagado conforme al metro lineal, ya que es el lugar en el cual exhiben los productos que venden dentro del mercado; cambiarle el criterio a metro cuadrado, implica cobrarle al comerciante por pisar o transitar dentro del mercado, ya que en todos los locales comerciales, única y exclusivamente se usa el metro lineal del frente y no así el metro lineal del puesto, ni mucho menos el metro cuadrado de la superficie que ocupa el local comercial, ya que aplicar un criterio distinto para el pago de estos derechos, significa obligar a los comerciantes y locatarios de mercados públicos, a pagar cuotas muy por encima no sólo de los ingresos mensuales que tengan los comerciantes, sino del valor de la propia mercancía que expenden, la cual en la mayoría de los casos son productos perecederos que ocasionan pérdidas.
En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, 56 y relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito proponer reformas y adiciones a la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, en los siguientes términos:
Artículo 112. Por el otorgamiento de las concesiones para el uso o goce de inmuebles de dominio público del Departamento del Distrito Federal, se pagará por una sola vez y de forma anual, el derecho de concesión de inmuebles, conforme a una cuota de 100 mil pesos.
Tratándose de inmuebles que se destinen a uso agrícola, ganadero, pesquero o silvícola, la cuota a que se refiere el párrafo anterior reducirá en un 50%.
Este derecho se pagará independientemente del que corresponda conforme al Capítulo II de este Título.
Los refrendos y resellos de concesiones ya otorgadas con anterioridad, no causarán algún impuesto o derecho.
Artículo 124. Están obligados al pago de los derechos establecidos en este artículo...
II. El monto de derechos se determinará de acuerdo a las siguientes cuotas:
Tipo del local Cuota mensual de acuerdo a las
características locales y a las áreas de comercialización en que se ubiquen los mercados, por metro lineal
Baja Regular
Local cubierto $ 5,000 $ 6,000
Local descubierto 3,500 5,000
Áreas comunes 1,000 1,500
Tipo del local Cuota por metro cúbico por volumen
del local por mes
Baja Regular
Frigoríficos $ 5,000 $ 6,000
III. El derecho a que se refiere este artículo, se pagará mensualmente dentro de los 10 primeros días del mes, y
IV. Los gastos relativos al consumo de energía eléctrica, agua, limpieza y vigilancia de los mercados, serán a cargo del Departamento del Distrito Federal a un 50% y de los propios locatarios en el otro 50%. Los locatarios prorratearían el porcentaje que les corresponda en los términos y conforme el uso que hagan de los citados servicios.
Atentamente.
Por la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.- Diputados: David Ramírez Márquez, Oscar Mauro Ramírez Ayala, Alberto Pérez Fontecha, Teodoro Altamirano Robles, Pablo Ávalos Castro, Alberto Bernal González, Héctor Beltrán Manríquez, Marco Antonio Castellanos López, Juan Jaime Hernández, Manuel Patricio Estévez Nenninger y Luis Gambino Heredia.»
El Presidente: - Túrnese a la Comisión del Distrito Federal, para la atención que proceda.
LEY DE AMPARO
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado José Ángel Luna Mijares, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para dar lectura a una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Amparo.
El diputado José Ángel Luna Mijares: - Señor Presidente: Los que suscriben, diputados a la LIV Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la asamblea de esta honorable Cámara la presente iniciativa de reforma al artículo 155 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en base a la siguiente
«EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 155 de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, en su primer párrafo establece, como regla general, que las partes formularán sus alegatos por escrito en la audiencia constitucional; por otra parte, el segundo párrafo del precitado artículo, sustrae a la regla general una serie de casos en que las partes podrán alegar verbalmente, asentándose en autos extractos de sus alegaciones, si lo pidieren. De este modo, entre los párrafos primero y segundo, se contemplan todos los casos posibles.
En el segundo párrafo se prevé cuándo se puede alegar verbalmente, esto es, en los casos de privación de la vida, ataques a la libertad, deportación, destierro y prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; en los demás casos previstos en el primer párrafo, los alegatos se formulan por escrito.
Sin embargo, el párrafo tercero introduce una confusión, cuando determina que "en los demás casos, la partes podrán alegar verbalmente"; esta expresión de "en los demás casos", parece que se refiere a los no mencionados en el segundo párrafo, esto es, a los previstos por el primer párrafo, en él se establece que, se formulen por escrito. De esta manera, el tercer párrafo anula la regla general de que "deban" y no sólo "puedan" formularse por escrito los alegatos a que alude el mismo artículo en su párrafo primero; esto amerita una reforma para dar al artículo mayor claridad y precisión, mediante una nueva redacción que especifique sin lugar a dudas los dos casos posibles y termine con la actual ambigüedad y la aparente contradicción entre los párrafos primero y tercero del artículo.
En mérito de lo expuesto, nos permitimos presentar, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se reforma el artículo 155 de la Ley Reglamentaria de los artículo 103 y 107
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que quede redactando en los siguientes términos:
Artículo 155. Abierta la audiencia, se procederá a recibir por su orden las pruebas, los alegatos que podrán hacerse por escrito o verbalmente a juicio de las partes y, en su caso, el pedimento del monasterio público; acto continuo, se dictará el fallo que corresponda.
Cuando los alegatos se formulen verbalmente, se asentará en autos extracto de los mismos, si así lo solicitan las partes.
TRANSITORIO
Artículo único. El presente decreto entrará en vigor a los 10 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México, Distrito Federal, a 17 de mayo de 1990.- Diputados: Leopoldo Homero Salinas Gaytán, Bernardo Bátiz Vázquez, José Ángel Luna Mijares, José Félix Bueno Carrera, Matías Salvador Fernández Gavaldón, Juan José Medrano Castillo, Gerardo Arellano Aguilar, José de Jesús Sánchez Ochoa y José Zeferino Esquerra Corpus.»
El Presidente: - Túrnese a la Comisión de Justicia, para la atención que proceda.
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Alejandro Díaz Pérez Duarte, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para dar lectura a una iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
El diputado Alejandro Pérez Duarte: - Señor Presidente; compañeros diputados: Los suscritos, diputados a la LIV Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Padrón Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara la siguiente iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con la siguiente
«EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Cuando inicialmente fue presentada ante esta soberanía en 1978 la Ley del Impuesto al Valor Agregado en sustitución al impuesto a la Ley de Ingresos Mercantiles, se propuso la tasa general del 10% como equivalente técnico a la tasa "en cascada" del 4%, tasa que estuvo en vigencia de 1980 a 1982; sin embargo, en diciembre de 1982 el Ejecutivo Federal propuso el incremento de la tasa general al 15%, aduciendo una mayor necesidad de recursos para enfrentar la crisis económica causada por la escasez de divisas y las subsiguientes devaluaciones del peso en el segundo semestre de 1982; este problema ya fue separado, según lo entendimos en las palabras del actual Ejecutivo Federal, cuando anunció la renegociación de la deuda externa. Si hemos de ser congruentes con la exposición de motivos de la modificación de diciembre de 1982, debemos volver a la tasa general existente antes de dicha modificación.
Entendemos que las dos ocasiones en que el actual régimen ha modificado la Miscelánea Fiscal no haya planteado la reducción de la tasa general del impuesto al valor agregado, puesto que aún no se terminaba el proceso de renegociación de la deuda externa, pero ahora, superado el obstáculo, procede reducir la tasa general.
Los tiempos han cambiado y el reto a vencer, otra vez en palabras del Ejecutivo Federal, es volver a crecer; la mejor ayuda que la Cámara de Diputados puede darle a la nación para volver a crecer es disminuir el impuesto al consumo, la tasa general del impuesto al valor agregado y así coadyuvar a la reactivación de la economía nacional.
Por supuesto, al reducir la tasa general del impuesto al valor agregado se logrará contribuir en la lucha contra la inflación, que no es un mal erradicado, sino uno que persiste agazapado y que frecuentemente recurre ya creíamos ganada la batalla; no debemos olvidar el efecto demoledor en la economía, al implantarse la tasa del 15% del impuesto al valor agregado. Es tiempo de rectificar, se requiere y las condiciones de la economía lo permiten.
Otra razón importante para reducir la tasa del impuesto es el aumento de la recaudación, ya que una tasa alta como la de 15% provoca evasión y elusión del pago de impuestos, puesto que muchos comerciantes y prestadores de servicios como los talleres mecánicos, por evitar el pago del 15%, expenden bienes y servicios sin factura, con lo que la evasión también afecta la recaudación del impuesto sobre la renta. Las amenazas de auditorías y el endurecimiento del código fiscal no han logrado aumentar la recaudación por el impuesto al valor agregado, más bien ésta se ha reducido año con año.
Debemos recordar el ejemplo de la reducción de la tasa máxima del impuesto sobre la renta: cuando para 1988 se redujo la tasa máxima del 55% al 40%, la recaudación aumentó un 23% en términos reales. Estamos seguros que una reducción del 15% al 10% en la tasa general del impuesto al valor agregado, va a provocar un aumento en la recaudación del impuesto al valor agregado y del impuesto sobre la renta, por la simple reducción de la evasión y la elusión, pero adicionalmente por el mayor volumen de negocios que generará tal medida.
Algunas opiniones expresadas en esta Cámara tanto en reuniones privadas como de comisiones, sobre de que el impuesto al valor agregado debe reducirse a la mitad, pero en una tasa única, general, que abarque a todos los productos y servicios, no pueden ser compartida por su iniquidad social, que haría que las economías con menores ingresos pagaran más de lo que hacen actualmente y que los contribuyentes de mayores ingresos pagarán menos. Se anexa un ejemplo que muestra qué economías de salario mínimo pagarían el triple de lo que actualmente pagan, mientras que economías con ingreso equivalente a 10 salarios mínimos pagarían un 25% menos.
Esta iniciativa contempla la reducción de la tasa general del 15% al 10%, manteniendo los actuales grupos de tasa 20% y de tasa 0%, incorporando a esta última categoría, en forma permanente, las disposiciones actuales de vigencia anual, esto es, que tanto las medicinas como la mayoría del los alimentos, queden a tasa cero indefinidamente.
Asimismo, con objeto de reducir el número de tasas vigentes en el territorio nacional, se propone eliminar la rasa del 6% vigente para la enajenación de algunos bienes en las zonas fronterizas, ya que la mayoría de los bienes enajenados y los servicios están a la tasa general del 15% o a tasa cero y la tasa de los impuestos de ventas, sales tax, de los estados norteamericanos fronterizos más importantes. California y Texas, tienen tasas superiores a las nuestras actuales del 6%; esta homologación de tasas en todo el país, reducirá o eliminará las devoluciones del pago del impuesto al valor agregado en la zona fronteriza y los abusos que se han suscitado con este pretexto.
Finalmente, también se plantea la vuelta a la transparencia del impuesto como estaba originalmente en 1978, esto es, que en todas las operaciones comerciales se anote expresamente y por separado el monto del impuesto, que al perderse en una reforma posterior, ha provocado que el impuesto al valor agregado en muchos casos se haya vuelto "impuestos en cascada" contribuyendo importantemente a la inflación, ya que muchos comerciantes e industriales toman al impuesto como pago definitivo sin derecho a acreditación.
Por lo anteriormente expuesto, ponemos a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se modifica el artículo 1o., tercer párrafo; artículo 2- A, artículo 2- B y se deroga el artículo 2o., último párrafo del artículo 4o., párrafos segundo y tercero del inciso II del artículo 32 y el artículo Transitorio décimo octavo, de vigilancia anual.
Artículo 1o, tercer párrafo. El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta ley, la tasa del 10%
El impuesto...
Artículo 2o. (Se deroga.)
Artículo 2- A. El impuesto se calculará aplicando la tasa 0% a los valores a que se refiere esta ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:
I. La enajenación de:
a) Animales y vegetales que no estén industrializados, y
b) Los siguientes bienes:
Todos los productos destinados a la alimentación, a excepción de los que les sea aplicable la tasa del 20%.
2. Las medicinas de patente.
c) Agua no gaseosa ni compuesta y hielo.
d) Ixtle, palma y lechuguilla.
e) (Texto vigente).
f) (Texto vigente).
Artículo 2 - B. El consumo de los alimentos a que se refiere el artículo 2 - A en el mismo lugar o establecimiento a que se enajenen, se considerará prestación de servicios sujeta al pago del impuesto establecido en esta ley.
Artículo 4o, último párrafo. (Se deroga.)
Artículo 32, segundo y tercer párrafos del inciso II. (Se deroga.)
Artículo decimoctavo transitorio. Disposición de vigencia anual para 1990 (se deroga.)
TRANSITORIO
Artículo único. Este artículo entrará en vigor a los 30 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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OFICIO DE LA CÁMARA DE SENADORES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El secretario diputado Rubén García Farías:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Salón de Sesiones, a 17 de mayo de 1990.- Diputados: Noé Aguilar Tinajero, César Coll Carabias, Miguel Ángel Almaguer Zárate, Ramón Martín Huerta, Miguel Hernández Labastida, Juan Antonio García Villa, Alfonso Méndez Ramírez, Alejandro Díaz Pérez Duarte, José Luis Luege Tamargo, José Ramón Medina Padilla, Ceferino Ramos Nuño y Pedro Rigoberto López Alarid.»
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados.- Presentes.
Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jorge Humberto Camacho Domínguez, para que pueda prestar sus servicios como mensajero del Departamento Económico Comercial en la embajada de la República Oriental de Uruguay, en México.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 9 de mayo de 1990.- Secretarios senadores: Hugo Domenzáin Guzmán y José Joaquín González Castro.»
«MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano José Humberto Camacho Domínguez, para que pueda prestar sus servicios como mensajero del Departamento Económico Comercial en la embajada de la República Oriental de Uruguay, en México.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, Distrito Federal, a 9 de mayo de 1990.- Senadores: Saúl González Herrera, presidente; Hugo Domenzáin Guzmán, secretario y José Joaquín González Castro, secretario.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para la atención que proceda.
SOLICITUD DE JUICIO POLÍTICO
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Erasmo López VillareaL, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre la denuncia presentada en contra del Secretario de Comunicaciones y Transportes.
El diputado Erasmo López Villareal: - Señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: "Ciudadano Presidente de la honorable Cámara de Diputados de la LIV Legislatura.- Presente. Erasmo López Villareal, diputado federal del honorable Congreso de la Unión, señalando como domicilio para recibir toda clase de notificaciones el edificio 286 de las calles de Puebla de la colonia Roma, en esta ciudad, ante usted con el debido respeto comparezco a denunciar:
Que con fundamento en lo dispuesto por el Título Cuarto, artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o., 3o., 7o., fracciones VIII, IX y XII, 46 y demás relativos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, vengo a presentar formal denuncia de juicio político en contra del oficial mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, licenciada María Eugenia de León García; del director general de Recursos Humanos, contador público René Ortega San Vicente; del subdirector administrativo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, contador público Raymundo Carrillo Rojas y del director general de Fomento de las Comunicaciones e Informática, ingeniero Francisco J. Jauffred Mercado, en razón de que los citados funcionarios han actuado con negligencia y no han cumplido con el otorgamiento de compensaciones, complementos y vales para los empleados de la Dirección General de Fomento de las Comunicaciones e Informática, de la Secretaría antes mencionada; asimismo, de que no se aplicaran oportunamente las partidas presupuestales, acordadas por la Secretaría de Programación y Presupuesto. Se funda esta denuncia en los siguientes hechos:
Primero. El secretario general de la sección que corresponde a la Dirección General de Fomento de las Comunicaciones e Informática, con fecha 27 de marzo de 1990 denunció ante el licenciado Héctor Valdez Romo, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Comunicaciones y Transportes, los siguientes puntos:
a) Que por parte de la dirección general de Fomento de las Comunicaciones e Informática y, concretamente del subdirector administrativo, no ha cumplido con la entrega a los trabajadores de 50 mil pesos como complemento de los vales que deberían entregarse desde el mes de diciembre de 1989, y cuyo monto original era de 200 mil pesos; asimismo, que la entrega de ese dinero a los trabajadores se manipuló a través de regalos y un brindis a los empleados de la dependencia, gastos que a fin de cuentas fueron pagados por los mandos medios de la dirección, por presión del contador público Raymundo Carrillo Rojas, subdirector administrativo de la multicitada dependencia de Comunicaciones y Transportes;
b) También en 1988, el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Comunicaciones y Transportes, acordó que los comedores fueran administrados por las secciones sindicales, pero en el caso del comedor que corresponde a la dirección general de Fomento de las Comunicaciones e Informática, el contador público Raymundo Carrillo Rojas, se encargó de manipular las decisiones para que este servicio no fuera entregado a los trabajadores, y fijó de manera arbitraria el pago de una cuota de 5 mil pesos por comida, lo que daña a los trabajadores, ya que los salarios que perciben no les permiten erogar la cantidad antes citada, puesto que significaría un daño a su economía casi del 50% de su salario, y
c) También es innegable que el contador público Raymundo Carrillo Rojas, ha incurrido en las violaciones a que se refiere el artículo 46 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como el director de la
dependencia y el director general de Recursos Humanos de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues no se ha concedido la recategorización que legalmente les corresponde a los empleados, dados los obstáculos y el entorpecimiento al proceso en que ha incurrido el contador Raymundo Carrillo Rojas.
Los propios trabajadores denuncian que este individuo ha actuado de manera parcial y unilateral, otorgándoles códigos a técnicos y empleados con los que tiene preferencia, por razones obvias, entre los que destaca la señorita María Elena Valdez López, quien es secretaria del contador público Raymundo Carrillo Rojas; el pasado 31 de mayo de 1988, era secretaria de la oficina del Director General, asignándole el citado Carrillo Rojas el nuevo cargo de jefa de oficina; según la constancia de promoción o transferencia de 21 de abril de 1989, se le cambia de jefa de oficina a coordinadora comercial de Telecomunicaciones, incrementando el sueldo y las prestaciones a 675 mil 811 pesos; posteriormente, se le asciende a la misma persona el cargo de jefa de departamento, con un sueldo de 886 mil 314 pesos, mas bonos y vales de gasolina, todo con el apoyo y la complacencia del director general de Fomento de las Telecomunicaciones de la multicitada Secretaría.
También este fenómeno de favoritismo se observa con Inés Valdez, quien funge como secretaria y cobra como jefa de sistemas, con un sueldo superior al autorizado; de igual forma, el director general de Fomento de las Telecomunicaciones e Informática, utiliza al personal de la dependencia para trabajos personales en su hogar, por lo que no se está utilizando al personal para el servicio del Estado, dejando fuera a los trabajadores que realizan las labores correspondientes en el área de Informática.
También se acusa, por parte de los trabajadores, al contador público Raymundo Carrillo Rojas, de desacatar las instrucciones que formuló la Dirección General de Recursos Humanos, alegando que el sólo recibe instrucciones de la oficialía mayor del ramo, por lo que también resulta involucrado en la responsabilidad oficial el propio oficial mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Segundo. Otra violación en que incurren los funcionarios que se citan en este escrito, es la no aplicación de fondos acordada por la Secretaría de Programación y Presupuesto, que surtirá efectos a partir del 1o. de septiembre de 1989 y que consiste en desviar o no aplicar los recursos de la nación en los términos en que previamente fueron autorizados por la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Tercero. Las compensaciones y recursos federales que no se aplicaron son las que deberían recibir las secretarias de director general, que ascendía a 200 mil pesos; los choferes de director general, que ascendían a 200 mil pesos y las de secretaria de director de área, que ascendían a 150 mil pesos; tales compensaciones se deberían cubrir con cargo a la partida 1507 bajo el rubro "otras prestaciones".
Cuarto. Como de los hechos que se mencionan con anterioridad se desprende responsabilidad para el oficial mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del director general de Recursos Humanos, del director general de Fomento de las Comunicaciones e Informática, del subdirector administrativo de la citada dependencia, es procedente que dada la negligencia y la no aplicación de fondos en que han incurrido algunos de los funcionarios antes mencionados, se proceda a sancionarlos en los términos que establece el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los preceptos que regula la Ley Federal de Responsabilidades de los servidores públicos.
En consecuencia, solicito se proceda a la investigación, destitución y sanción de los funcionarios públicos que proceda, en los términos de la presente denuncia, anexando al documento siete fojas útiles que sirven como prueba documental pública a la presente denuncia.
Atentamente.
México, Distrito Federal, a 8 de mayo de 1990.- Rúbrica de un servidor, diputado federal Erasmo López Villareal." Muchas gracias.
El Presidente: - Sobre el asunto que acaba de tratar el diputado Erasmo López Villareal, esta Presidencia solicitó a la oficialía mayor información, y entonces queremos informarle al pleno que la denuncia se recibió en la oficialía mayor el 9 de marzo y fue ratificada en la misma fecha; el 11 de mayo se dio turno a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia.
SOLICITUD DE EXCITATIVA
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Luis Gambino Heredia, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Luis Gambino Heredia: - Gracias, señor presidente; honorable Cámara de Diputados; compañeras y compañeros de este recinto parlamentario: La fracción parlamentaria del
Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, viene a exigir se estudien las iniciativas que se han presentado en esta Cámara de Diputados mismas que existen archivadas sin tramitación alguna.
1o. El día 3 de octubre de 1988, se presentó iniciativa proponiendo reformas al artículo 27 constitucional, mismas que fueron turnadas a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
2o. Iniciativa entregada a la Comisión de Asentamientos Humanos el día 3 de febrero de 1989, misma que existe en la comisión del mismo nombre.
3o. Iniciativa presentada el 5 de octubre de 1988, relacionada con las islas del archipiélago del norte, ubicadas en la Alta California; a esta iniciativa se le hizo un estudio, se emitió el primer proyecto de dictamen, con toda honestidad y sinceridad digo que fue hecho con los pies, porque en vez de estar haciendo un estudio reconociendo que esas islas son de nuestro país, están diciendo que pertenecen a los Estados Unidos de América.
El segundo proyecto de dictamen, más o menos salió patriótico, pero el tercero no tiene nombre, y es lamentable que los diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores tengan todo el corazón puesto en los Estados Unidos de América, y no en los intereses de nuestra nación.
4o. Iniciativa presentada directamente a la Comisión de Agricultura y Recurso Hidráulicos, relacionada a los desiertos de Sonora y Baja California. Esta iniciativa la tratamos con el compañero Augusto Gómez Villanueva como presidente de esa comisión, pero no le tomó importancia.
5o. El 20 de septiembre de 1989, presentamos iniciativa de ley directamente a Comisión de Reforma Agraria, proponiendo modificaciones a 25 artículos de la Ley Federal de Reforma Agraria, turnada a la Comisión del mismo nombre. Aquí sí estamos en pláticas con el Presidente de esta comisión, parece que se va a hacer el estudio correspondiente.
6o. El día 6 de diciembre de 1989, presentamos iniciativa de ley proponiendo modificaciones a cinco artículos de la Constitución General de la República, turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 7o. El día 11 de diciembre de 1989, presentamos iniciativa con relación a la deuda externa, turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Hasta el momento estas iniciativas siguen archivadas sin estudio alguno en sus respectivas comisiones, y esto menosprecia el ánimo de legislar de los diputados de esta LIV Legislatura.
Estamos sumamente de acuerdo en que se debe de dar prioridad a las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, pero en forma secundaria deben de estudiarse las iniciativas presentadas por ambas fracciones parlamentarias, para que el pueblo sepa que se legisla en esta Cámara de Diputados, y que no sólo estamos aquí como instrumentos para aprobar únicamente las iniciativas del Ejecutivo Federal.
Pido al Presidente de esta Cámara de Diputados haga una excitativa a las comisiones que ya mencioné, para que presenten los estudios de las mismas en este segundo período de sesiones. Muchas gracias.
El Presidente: - De conformidad con lo que establece el artículo 21, en su fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, túrnese la solicitud a las comisiones correspondientes.
DEL PLAZO A LAS COMISIONES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Noé Aguilar Tinajero, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Noé Aguilar Tinajero: - Señor Presidente; señoras y señores diputados: Los que suscribimos, diputados del Partido Acción Nacional, solicitamos que el presidente de esta Cámara haga una excitativa con fundamento en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a la Comisión legislativa de Hacienda y Crédito Público, para que presente los dictámenes de las iniciativas que en este período de sesiones le han sido turnadas con bastante anticipación.
Asimismo, para que a través de su Presidente, explique el por qué de la violación al artículo 87 del mismo ordenamiento, cuyo texto establece que las comisiones deberán presentar su dictamen de los negocios de su competencia, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de su presentación.
Queremos hacer notar que los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda no hemos sido convocados para sesionar al respecto en lo
que va del presente año, y tal parece que al Presidente de esta comisión no le interesa en absoluto las iniciativas de ley, cuando éstas proceden de la oposición, ignorando tal vez que no solamente el Ejecutivo Federal tiene tales facultades, sino que también nosotros las tenemos conforme al artículo 71 fracción II de la Constitución y también conforme al artículo 55, fracción II del Reglamento Interior de esta Cámara.
Acción Nacional hasta antes de hoy presentó cuatro iniciativas, cuyo dictamen ya debió haber emitido la comisión referida, o por lo menos debió haber emitido la comisión una explicación de por qué se ha demorado y por qué ha desobedecido las instrucciones del Presidente de la Cámara en su momento. Nos gustaría conocer el estado que guardan los asuntos que no han sido debidamente atendidos.
Dichas iniciativas pretenden modificar las siguientes leyes:
Número uno. Ley de Impuesto Sobre la Renta en sus artículos 115, 115- b y 115 - c, presentada el 19 de abril de este año, para otorgarle a los contribuyentes menores un trato más justo y equitativo en aspectos fiscales, sobre todo a aquellos pequeños comerciantes establecidos, locatarios en mercados públicos, puestos fijos y semifijos en la vía pública, vendedores ambulantes y prestadores de servicio en general, a quienes se les considera en la ley actual bajo un régimen que les dificulta cumplir con sus obligaciones y contribuir conforme a su capacidad económica real.
A este respecto, queremos hacer notar que el día 15 de este mes, el Ejecutivo emitió una serie de reglamentos a diversos ordenamientos fiscales, que se excede en las funciones precisamente del Ejecutivo, porque un reglamento es precisamente para regular, para aclarar lo que no está claro en la ley correspondiente o para referirse a las omisiones de una ley, pero no puede legislar.
El artículo 115 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente a partir del primero de enero de 1990, se supone que derogó al que estaba vigente al 31 de diciembre de 1989; sin embargo el Ejecutivo, vía reglamento, establece que los vendedores ambulantes de puestos fijos, semifijos y locatarios de mercados públicos, pueden acatarse a las disposiciones vigentes en 1989. ¿Qué no estaba derogado ya el artículo 115 correspondiente a 1989?
Número dos: Ley del Impuesto al Valor Agregado en sus artículos 35 y 36, presentada también el 24 de abril de 1990, con el objetivo de adecuar las disposiciones de esta ley con las del Impuesto sobre la Renta que también propusimos, para darles a los contribuyentes menores mejor trato fiscal, dada su poca capacidad económica y administrativa.
En este aspecto queremos manifestar y en relación a los mismos reglamentos, que hay una disposición emitida por la propia Secretaría de Hacienda y publicada en los periódicos nacionales el 15 de mayo; esta disposición excede todavía más las funciones del Ejecutivo, porque los contribuyentes menores según la ley para poder determinar el Impuesto al Valor Agregado, tendrán que tomar en cuenta los ingresos y los gastos o costos que vayan derogando sobre el impuesto de los ingresos le restan el impuesto acreditable y el resultado es el impuesto a pagar, esto es lo que establece la ley.
Sin embargo, en esta publicación hecha el 15 de mayo, la Secretaría de Hacienda les dice a los contribuyentes menores que el procedimiento para calcular el Impuesto al Valor Agregado será el siguiente: el importe correspondiente a la cuota fija que tenían en 1989, dice la Secretaría de Hacienda, divídelo entre 0.40, y si nosotros hacemos una operación aritmética y dividimos, por ejemplo, 200 mil pesos, suponiendo que ésa es la cuota fija que tenía en 1989 en un bimestre, dividimos entre 0.40 y nos da nada menos que 500 mil pesos.
Quiere decir que le está incrementando el Impuesto al Valor Agregado a los contribuyentes menores en un 250%, pese a que aquí en la Cámara de Diputados el 15 de diciembre pasado, se aprobó que el incremento en las cuotas fijas de contribuyentes menores era del 21%. ¿Con qué facultades la Secretaría de Hacienda emite una publicación que va totalmente en contra de lo aprobado en esta Cámara?
La tercera iniciativa que presentamos fue a la Ley del Impuesto al Activo, para reformar sus artículos 6o. y 7o., presentada el 24 de abril de 1990, para dejar a estos contribuyentes bajo las mismas reglas que estaban vigentes en 1989.
La cuarta ley fue la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito que debido a las modificaciones a la Constitución, entendemos por qué no se ha elaborado el dictamen. Sin embargo, sí merece una explicación.
Conviene aclarar también de una vez que el argumento esgrimido en otra comisión, en la Comisión del Departamento del Distrito Federal, para rechazar una iniciativa nuestra, fue el de que no se pueden modificar las leyes fiscales durante
el ejercicio, porque habría que modificar, dicen ellos, la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos correspondiente a ese ejercicio, por que así lo establece el artículo 74 en su fracción IV de la Constitución. Es decir, están argumentando que conforme a este artículo no se pueden hacer modificaciones fiscales intermedias.
Al respecto consideramos que se trata de un argumento muy pobre, porque las facultades establecidas en este precepto no son limitativas, y además de que como dice la norma anualmente, después de examinar y discutir se aprobará el Presupuesto de Egresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal, discutiendo primero las contribuciones que a su juicio deben decretarse para cubrirlos, también podrán hacerse modificaciones en otro tiempo. Porque si tal regla se aplicara de manera limitativa, llegaríamos al absurdo de no poder establecer o eliminar ciertas contribuciones, y el Ejecutivo tendría necesariamente que ajustarse a recaudar los impuestos, derechos y aportaciones de seguridad social establecidos en la Ley de Ingresos, sin variaciones.
Existen antecedente de que inclusive en periodos extraordinarios se han aprobado modificaciones a varios ordenamientos fiscales, sin haber reformado ni el Presupuesto de Egresos ni la Ley de Ingresos de la Federación.
También ha sucedido en varias ocasiones, algo que consideramos aun más grave.
(Desorden.)
El Presidente: - Se solicita a los diputados orden y atención al orador. Continúe, señor diputado.
El diputado Noé Aguilar Tinajero: - El Ejecutivo, a través de decretos exime parcialmente del pago de impuestos a ciertos contribuyentes, ignorando las leyes aprobadas por esta soberanía, y un ejemplo concreto de que el Ejecutivo ha asumido funciones de legislador, lo tenemos en la iniciativa de reformas fiscales aprobadas por esta Cámara en diciembre de 1988, en donde se fija un factor del 1.22 a los créditos a los que se refieren los artículos 3 y 12 de la Ley del Impuestos Sobre la Renta, y el Ejecutivo, a través de una fe de erratas, publicadas en el Diario Oficial del 17 de enero de 1989, fija en lugar del factor 1.22 el factor del 0.22 aun cuando la iniciativa que presentó el Ejecutivo a esta Cámara, y el Diario de los Debates del 22 de diciembre de 1988, y además la publicación que hizo el Ejecutivo en el Diario Oficial del 31 de diciembre, todos ellos hablan del factor del 1.22
Aquí la pregunta obligada sería: ¿Con qué facultades el director del Diario Oficial, porque no fue ni siquiera la Secretaría de Hacienda, se arroga funciones de legislador, y a través de una fe de erratas dice que el factor es del 0.22?
Es urgente realizar las modificaciones que hemos propuesto, porque no es válido que algunos pseudo líderes de alguna organización en proceso de liquidación, se estén aprovechando de lo confuso de las leyes y engañen a los comerciantes asegurándoles que el Secretario de Hacienda, "atinadamente", y demostrando su capacidad, dio el visto bueno a las gestiones hechas por ellos, y en favor de aquellos.
Otros no menos vivos han solicitado dinero a sus forzados agremiados para conseguirles amparos federales, todo con el fin de llevar agua a su ya bastante desprestigiado molino, ignorando todos estos también desprestigiados líderes, que las leyes son de aplicación estricta y general, y que no pueden dar beneficio a uno y afectar a otros.
Queremos también, señores diputados, alertar a esta Cámara del agravio que hemos sufrido por parte de la Secretaría de Hacienda, quien a través de la expedición de los reglamentos respectivos, en no pocos casos ha cambiado sustancialmente el sentido de la norma establecida por el Congreso de la Unión. Conviene aclararle al titular de Hacienda, al diputado número 501, que un reglamento no puede modificar las disposiciones contenidas en una ley.
Por todo lo anterior, los diputados del Partido Acción Nacional consideramos urgente hacer las reformas a los ordenamientos materia de nuestra competencia, para darle al pueblo de México las leyes que merece, porque de otra manera nuestra presencia aquí no se justifica, y el pueblo votó para que sean los diputados los que legislen y no los funcionarios del Ejecutivo.
Señor Presidente, solicitamos que cumpla usted con sus atribuciones establecidas en el artículo 21, fracción XVI del Reglamento Interior. Muchas Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, túrnese la solicitud a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
MISCELÁNEA FISCAL
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jesús Ortega, del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, sobre el reglamento de la Miscelánea Fiscal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 1990.
El diputado Jesús Ortega Martínez: - Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros: Es, con sinceridad se los planteo, verdaderamente deprimente y desalentador, subir a la tribuna y tratar un asunto que cuando menos de manera particular consideramos importante, y tratarlo a una asamblea como lo que se encuentra ante nosotros en estos momentos.
Una parte importante de los compañeros diputados, comiendo; otros, durmiendo; otros, sin un mínimo grado de atención a lo que los oradores plantean y otros...
(Desorden.)
El Presidente: - ¡Orden! ¡Orden en la asamblea! Esta Presidencia solicita a los presentes, su ayuda para mantener el orden en la sesión y respeto. Señores diputados: el medio más valioso del que disponemos para realizar nuestros trabajos legislativos y que dispone esta Presidencia, es la ayuda y la comprensión de ustedes, cumpliendo las disposiciones reglamentarias.
Continué, señor diputado Ortega.
El diputado Jesús Ortega Martínez: - Y otros días, decía, no se retiran del salón de sesiones, porque seguramente temen castigos de carácter pecuniario.
(Desorden.)
Pero en fin, a través de la insistencia de compañeros, es que a pesar de las condiciones de la asamblea, planteo el asunto que ustedes van a oír ahora. Efectivamente, el compañero de Acción Nacional que anteriormente utilizó la tribuna, se refirió a un asunto que cuando menos me parece, por dignidad del Congreso, deberíamos de atender. El compañero se refiere, y en ello también consiste mi intervención, de que ya se está haciendo una lamentable costumbre, que el depositario del Poder Ejecutivo supla las funciones del Congreso de la Unión y se arrogue facultades de legislar.
Así pasó, seguramente lo tienen en la memoria, con el Reglamento para Regular la Inversión Extranjera y fomentar la inversión nacional, en donde el reglamento que expide el Ejecutivo, no solamente está en contra de la ley referida, sino que la rebasa y por ello, insisto, el Ejecutivo asume tareas de legislador.
No sé las razones, pero tal parece que no quiere poner, el Ejecutivo, a consideración del Poder Legislativo, sus propuestas e ideas y mejor prefiere pasar por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, y de hecho, por decretos, gobernar en este país al margen del Poder Legislativo.
Así sucedió con el caso de la ley, repito, del Reglamento de la Ley para Regular la Inversión Extranjera y fomentar la inversión nacional.
Y así ha sucedido en otras ocasiones, pero ahora recientemente, lo hace en un asunto delicado y de importancia.
En diciembre del año pasado, como ustedes lo saben, esta Cámara de Diputados aprobó un proyecto del Ejecutivo para modificar la Miscelánea Fiscal. A pesar de que hubo una serie de críticas de diputados no solamente de mi partido, sino de todos los grupos parlamentarios presentes en esta Cámara, en lo esencial, el Ejecutivo sacó adelante sus proyectos, muchos de los cuales lo dijimos a tiempo, eran lesivos para la economía de los sectores más pobres y más marginados y que iba a traer consecuencias no solamente de carácter económico y de carácter político. Pasaron unos meses y lo que advertíamos en esa ocasión lo observamos de manera plástica prácticamente; a lo largo y ancho del país empezaron a surgir movilizaciones y movimientos de ciudadanos mexicanos, que indignados protestaban por las disposiciones del Ejecutivo en materia fiscal; particularmente con aquella que tiene relación en desaparecer de manera práctica a lo que se consideraba antes como causantes menores, y que ahora por una serie de condiciones establecidas en la propia Miscelánea Fiscal, pasan a ser causantes mayores con todo lo que implica.
Este solo hecho, repito, motivó una gran inconformidad y protesta de diversos sectores, e incluso, de sectores o de ciudadanos afiliados políticamente al del gobierno.
Pero tal parece que en este país no significa nada para el grupo gobernante actual, porque simplemente a través de un acuerdo eminentemente de carácter político, el Secretario de Hacienda o funcionarios de la Secretaría de Hacienda llegan a un acuerdo con la dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares para que no se les apliquen a determinados ciudadanos afiliados a esa organización política, las normas aprobadas por el Congreso de la Unión y particularmente por la Cámara de Diputados.
La señora Silvia Hernández, después de haber establecido ese acuerdo con funcionarios de la Secretaría de Hacienda, inmediatamente difunde un boletín a organizaciones de comerciantes en pequeño, a locatarios de mercados, a pequeños comerciantes, a ciudadanos que se ganan la vida con pequeñas industrias, diciéndoles que por gestiones de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares estaban exentos del pago al físico y seguían siendo considerados como causantes menores, insisto, al margen de las disposiciones fiscales aprobadas por este Congreso.
Un funcionario de menor jerarquía de la Secretaría de Hacienda es capaz de pasar por alto, sobre las leyes, para llegar a acuerdos políticos con la dirigente de un partido político, concretamente con Silvia Hernández, dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares.
Pero eso no fue suficiente para parar la inquietud y la indignación de esos mexicanos afectados por las disposiciones hacendarias de Salinas de Gortari, y entonces hay que buscar la otra forma de eludir la ley y hay que buscar otra forma de propiciar que la gente deje de protestar y hay que buscar otra forma, sin guardar formas para lograr aminorar la protesta y la inquietud social, y entonces eso hay que hacerlo a través del reglamento, y a través del reglamento el Presidente legisla, el encargado del Ejecutivo legisla y decreta un reglamento que rebasa y está en contra de las leyes fiscales aprobadas en diciembre pasado, y el ejemplo más claro es el del artículo 137 de las reformas que se hicieron al reglamento que ahora comentamos, en donde por disposiciones del Secretario de Hacienda o del Ejecutivo, todos los locatarios de los mercados siguen siendo considerados causantes menores conforme las condiciones establecidas hasta 1989.
¿Quién le dio facultades al señor Secretario de Hacienda o al responsable del Ejecutivo, para tomar este tipo de determinaciones claramente en contra de las leyes aprobadas por este Congreso?, evidentemente que nadie, pero como parte importante de los locatarios de los mercados están controlados de manera corporativa por el Partido Revolucionario Institucional había que satisfacer una exigencia de estos mismos ciudadanos, pero no hacerla institucionalmente través de un reglamento inconstitucional, para satisfacer solamente las demandas de aquellos ciudadanos afiliados al Partido Revolucionario Institucional; no a los ciudadanos que no tienen partido, no a los ciudadanos que militan en otros partidos, exclusivamente a los que militan en el Partido Revolucionario Institucional. Ello, insisto, a través de la dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares.
Pero más grave aun en el caso del artículo 137 c), donde el Ejecutivo, al margen de toda facultad, establece un nuevo impuesto. Y entonces a partir de este artículo, los ciudadanos que se dediquen al comercio al menudeo, en puestos fijos y semifijos, pagarán el 10% de sus compras, y se lo pagarán al proveedor, y de esa manera cubrirán su responsabilidad o una parte de sus responsabilidades fiscales.
Creo que no es necesario profundizar en ello, porque para todos ustedes, si actuamos con honestidad, éste es un nuevo impuesto que se aplica al consumo; porque los ciudadanos van a comprar sus productos, que posteriormente venden, y sobre el monto de estos productos el proveedor va a cobrarles el 10% correspondiente. Y ello por supuesto está totalmente en contra de las disposiciones que aprobamos en diciembre del año pasado.
Yo insisto: ¿Tiene facultades el Ejecutivo para imponer este tipo de impuestos? ¡Evidentemente que no! Y por lo tanto está suplantando facultades del Congreso y está asumiendo facultades que no le corresponden. La Constitución es muy clara: las leyes establecerán únicamente los montos y las formas para cubrir las responsabilidades fiscales de los ciudadanos. Y el reglamento para facilitar este cobro, debe sujetarse estrictamente al texto y al espíritu de la ley y no se puede suplantar éste con argucias y con maniobras de esta naturaleza.
Compañeras y compañeros: Ojalá, aunque el pesimismo es muy grande, pero ojalá y tomáramos en consideración este tipo de actitudes del Ejecutivo, y con la dignidad que debe de normar los trabajos de este Congreso, pudiéramos oponernos a este tipo de maniobras, que no sólo afectan a la dignidad del Congreso, sino afectan los intereses del pueblo y de la nación. Gracias por su atención.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Dionisio Pérez Jácome, del Partido Revolucionario Institucional, sobre el mismo tema.
El diputado Dionisio E. Pérez Jácome: - Con la venia del señor Presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados: Sí va a ser necesario hacer una serie, un conjunto, diversas puntualizaciones sobre un tema que, no lo creía así, ha demostrado plenamente el profundo desconocimiento que en algunos legisladores existe, sobre una materia tan importante para la vida de la República.
En primer lugar, no es o no ha sido o no pretende ser, lo publicado en el Diario Oficial el 15 de
mayo, la reforma o reformas al Reglamento de la Miscelánea Fiscal. Se trata, en cuanto a la materia, de un conjunto de adiciones, de supresiones o derogaciones y de reformas, pero a cuerpos legales específicos, a los reglamentos del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor agregado, de la Ley del Impuesto sobre Producciones y Servicios, del Impuesto al Activo y finalmente reformas, también, a un conjunto de reglas generales que fueron emitidas por la Secretaría de Hacienda en uso de las facultades que le concede el artículo 33, fracción VII del Código Fiscal de la Federación.
En la exposición previa del diputado Aguilar Tinajero, se decía y es inexacto, por ello me siento en la obligación de contestarle, que la Comisión de Hacienda no se había reunido en el curso de este año; por lo menos yo he asistido a dos de las reuniones de la Comisión de Hacienda, por cierto, también, en una de ellas estuvo el diputado Aguilar Tinajero, fueron el 21 de febrero y el 6 de marzo, en ella estuvo y para el día de mañana tenemos una reunión en la que estará con nosotros, precisamente, el señor subsecretario de Ingresos don Francisco Gil Díaz.
En segundo lugar, sí considero y es principio de eminente justicia que tras de las preocupaciones de Aguilar y de Jesús Ortega, hay una preocupación de buena fe, tanto por proteger los intereses de sus representados, como por procurar un margen más equitativo y justo de la tributación en México, pero lo que ocurre es que en ambos, siendo profesionales de esta materia, al parecer, sí ha existido o una ligera exploración de lo que los reglamentos contienen o un desinterés por estudiar, por profundizar, en un tema que contiene en sí el principio mismo de su justificación, en el tema de la facultad reglamentaria que el Ejecutivo tiene en ésta y en otras muchas materias de la legislación vigente.
Más que como diputado, más que como representante de mi fracción, parafraseando un poco al maestro Lamadrid en una reciente intervención en la Cámara, en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en la comisiones unidas, siento mi deber de modesto estudiante de derecho fiscal, siento la obligación de disertar un tanto, de explicar, de profundizar en esto que me demuestra hasta qué punto se desconoce por algunos compañeros legisladores.
La facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo está contenida en un artículo constitucional, en el artículo 89 fracción I de la Constitución, bajo una fórmula, ciertamente difícil de comprender, porque no se ha estudiado previamente el tema, o porque no se han escuchado los comentarios que de sobra, en esta misma tribuna, se han hecho.
Es facultad y obligación del Presidente promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia y en esta fórmula, casi mística, viene del siglo pasado y viene inclusive de un limbo el que a los estudiosos del derecho constitucional no nos ha podido arrojar muchas luces, se encuentra el fundamento y justificación de la facultad reglamentaria, facultad que es común a todas las legislaciones del mundo y que por tanto, tomó carta de naturalización en nuestro derecho constitucional, desde mucho antes de tener la fórmula, quizá poco feliz, de su expresión actual.
Si se remonta cualquiera de ustedes a la Constitución de Cádiz de 1812 o a la Constitución de 1824 o de 1836 en nuestro derecho, verán cómo el Constituyente claramente decía: "El Ejecutivo tiene la facultad de reglamentar las disposiciones legales". Todavía fue más precisa la Constitución de 1843, cuando limitó esa facultad reglamentaria a las leyes mismas y no a la Constitución, como hasta esa época tenía el Poder Ejecutivo. Pero lo curioso es que sí, al surgir el proyecto en esa época era el artículo 83, en el proyecto del Congreso Constituyente de 1856; se olvidaron de contener la mención expresa de reglamentar y buscaron esa frase que aparentemente dice poco o dice demasiado.
Cuando intentamos explorar por qué había surgido esa disposición, advertimos algo que es una coincidencia desafortunada para quienes no han podido en este sentido abrevar en esas fuentes. Ni la comisión dictaminadora del Congreso Constituyente ni el propio Zarco tienen la menor mención al por qué se busca esa frase tan general de "proveyendo" en la esfera administrativa a la exacta observancia.
Hay inclusive un constitucionalista, que ya ha sido citado aquí por algún distinguido compañero del Partido Acción Nacional, Montiel y Duarte, "El derecho público mexicano", que expresa equivocadamente, inclusive tratándose del debate y tomando como fuente una crónica posterior del propio Zarco, que hubo un voto negativo a la disposición constitucional que desde entonces viene, mismo que atribuye a Villagrán.
No fue definitivamente Villagrán, fue Barbachano, y no tenía absolutamente nada que ver el voto negativo con la disposición existente.
Lo cierto está que en la disposición desde entonces existe y tanto la jurisprudencia del Tribunal
Fiscal de la Federación como de la Suprema Corte de Justicia, y prácticamente toda la doctrina constitucionalista mexicana, principalmente Burgo o Tena Ramírez, por citar dos de los más conocidos y que más fácilmente pueden consultarse, concluyen en que bajo esta fórmula se encuentra la disposición que autoriza al Ejecutivo a reglamentar la ley.
Dice inclusive uno citado ya por algunos de ustedes en esta Cámara, Gabino Fraga, que no es culpa del que quiere interpretar la Constitución, que el constituyente no haya sabido siempre aplicar el mejor castellano posible.
Hacía referencia alguna vez a esa discusión entre Rabasa y Vallarta, en que Rabasa le reprochaba a Vallarta precisamente el creer que tenía que ser siempre una interpretación apegada al concepto de que el Constituyente manejaba con toda precisión nuestro idioma, nuestro lenguaje.
Pues bien, en todos ellos, en constitucionalistas, en tratadistas, en la doctrina, en la jurisprudencia, se concluye que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de reglamentar. Y en este caso la facultad, es una facultad formalmente ejecutiva, pero materialmente legislativa.
Por razón natural o por exclusión del hecho de que en esa misma fracción I de 1989, se encuentra la facultad del Ejecutivo de aplicar la ley en la misma expresión, tampoco muy feliz de ejecutar la ley, que como alguien constituyente decía: debería precisamente haberse dicho hacer ejecutar o ejecutar excepcionalmente la ley.
Pues bien, creí necesarias esas disquisiciones para centrar el tema en lo siguiente: El Ejecutivo puede reglamentar, pero no necesariamente todos los reglamentos son reglamentos heterónomos. Es decir, no todo reglamento consiste en el intento del Ejecutivo de hacer aplicable, de proveer a la esfera administrativa la observancia de una ley, porque la ley así lo requiera o porque derive de la naturaleza misma de la ley, sino que hay reglamentos autónomos que la Constitución o la ley expresamente atribuyen al Ejecutivo la facultad de emitirlos.
Por ejemplo, el 21 Constitucional habla de los reglamentos para la extracción de agua del subsuelo; y el Código Fiscal de la Federación, y éste es el meollo del problema, y lo que me demostró el desconocimiento que del mismo tenían quienes preopinaron previamente, el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, precisamente concede al Ejecutivo la facultad expresa de reglamentar, y lo hace de una manera tan amplia, que yo les propondría llevarse a su casa el texto y estudiarlo para poder precisar sus alcances y evitar esas equivocaciones, esos errores, esas imprecisiones que hemos escuchado.
El 39, lo cito textualmente, dice lo siguiente: "El Ejecutivo Federal, mediante resoluciones de carácter general y los reglamentos son precisamente los reglamentos autónomos, como en este caso disposiciones de carácter general, podrá:
I. Condonar o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios; autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, de una rama de actividad, la producción o venta de productos o la realización de una actividad, así como en casos, ya de excepción, de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias".
Y dice en la fracción II: "II. El Ejecutivo podrá, podrá por disposición de la ley que emitió el Congreso de la Unión dictar las medidas relacionadas con la administración, control, forma de pago y procedimiento señalados en las leyes fiscales, sin variar las disposiciones relacionadas con el sujeto, el objeto, la base, la cuota, la tasa o la tarifa de los gravámenes; las infracciones o las sanciones de las mismas, a fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes".
La limitación es sin variar; el Ejecutivo, cuando abre en su marco opciones alternativas y no varía la disposición del régimen general que obliga a los contribuyentes, está precisamente haciendo aplicación estricta de esta facultad reglamentaria que le concede el artículo 39, fracción II del Código Fiscal.
El resto del contenido del 39, podría ser interesante también conocerlo, pero creo que en este caso baste ya con lo expuesto, para recordar cómo desde 1938 y en 1943 y en 1953 y en las sucesivas modificaciones al Código Fiscal, hasta el actualmente vigente, se ha reconocido expresamente esa facultad que en derecho fiscal tiene el Ejecutivo y que no tiene, claro, más límite que el texto señalado y el de que no afecte los intereses legítimos de los particulares.
Porque aquí sí existe un mecanismo de protección encomendado al Poder Judicial de la Federación, el control de la constitucionalidad de los actos por el que cualquier contribuyente puede acudir a los tribunales y decirle: "Vía reglamento, el Ejecutivo ha ido más allá de lo que podía, ha afectado base, tarifa, tasa, ha extendido los sujetos se está
convirtiendo en legislador". Cuando en cambio, el Ejecutivo, simplemente establece opciones de determinación, concede facilidades administrativas, opera ductilizando, haciendo práctica la legislación tributaria, sin lesionar los intereses de los contribuyentes; seguramente que ningún contribuyente va a recurrir al amparo contra esa disposición.
Se citaron algunos casos que se quisieron representar o hacer significativos o representativos de esta violación. Se olvidaron inclusive algunos, que a través de la prensa he escuchado, ya que a algunos diputados, que a algunos compañeros representantes les preocupan. Pero ya que se citó el 137 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cabe aclarar: la disposición que se emite por el Ejecutivo no es para los miembros del Partido Revolucionario Institucional, aunque miembros del Partido Revolucionario Institucional sean la mayoría de los mexicanos, es para todos los mexicanos, independientemente de su filiación, independientemente del partido que les agrupe; en ningún momento y obviamente sería ilegítima la pretensión del Ejecutivo de beneficiar exclusivamente con esta disposición a miembros de su partido o de alguna agrupación política determinada. Este artículo 137 amplía a los locatarios de mercados públicos un régimen optativo; no los obliga, no establece en excedencia de la ley, no exime la disposición ya efectivamente derogada de la Ley del Impuesto sobre la Renta anterior; presenta la alternativa, la opción, la facilidad...
Acepto encantado las interpelaciones.
El Presidente: - Señor diputado Pérez Jácome, no se permiten los diálogos.
El señor diputado Alejandro Díaz quisiera hacer una interpelación, ¿la acepta usted?
El diputado Dionisio E. Pérez Jácome: - La espero verdaderamente con interés, pero posteriormente a mi intervención, señor Presidente.
El Presidente: - Gracias; continúe con su intervención, diputado Pérez Jácome.
El diputado Dionisio E. Pérez Jácome: - El régimen es totalmente optativo y así lo dispone expresamente, pueden leerlo si no han tenido oportunidad de hacerlo hasta la fecha, en el decreto publicado el pasado 15 de mayo. Lo mismo ocurre tratándose del 137- C cuando establece en favor de tianguistas y ambulantes un régimen optativo, una facilidad administrativa para determinar su impuesto bajo una base no inventada, no descubierta, no creada por primera vez, sino ya aplicada para otros casos. Les recuerdo y también les invito a la lectura de 136, tratándose de comisionistas en el que este mecanismo del 10% opera como un sistema, como una forma, como un medio de facilitar el cumplimiento de una obligación.
El 142 establece un mecanismo de pago especial, el quinto transitorio que tanto se ha mencionado ya en la prensa, establece un sistema también especial y optativo para quienes quieran traer recursos ubicados en el extranjero a nuestro país; en fin, una serie de disposiciones que en ninguna medida vulneran, registren o afectan a los particulares.
¿Que se trasluce a través de las preocupaciones de mis compañeros Aguilar Tinajero y de Jesús Ortega? Por una parte, sí su preocupación y por otra su desconocimiento del marco constitucional o legal, pero lo que me preocupa más que pudiera estar traduciendo, es una molestia de que haya precisamente provenido del Partido Revolucionario Institucional, primero el reclamo de estas medidas administrativas, hecho inicialmente en la sesión en la que no quisieron estar, en que efectivamente aprobamos una Miscelánea Fiscal que juntos todos habíamos estudiado en la Comisión de Hacienda. Desde esa reunión propusimos que el Ejecutivo, vía reglamentos y dentro de esas etapas de transición que decretamos, pudiera hacer factible la aplicación de la ley.
En segundo lugar, si lo pidió la Confederación Nacional de las Organizaciones Populares o lo pidió Silvia Hernández y eso probablemente también causó escozor; pero la petición es justa como justa puede ser la reclamación de otros partidos porque esas medidas se tomen; preocupa que se hayan tomado después de que el Partido Revolucionario Institucional la solicitara, definitivamente se hablaría muy mal del principio de solidaridad nacional que creo que tanto nuestros compañeros del Partido Acción Nacional como nuestros compañeros del Partido de la Revolución Democrática pregonan y practican.
Los más importantes para mí y para todos nosotros, cuando menos así lo creo yo, es que ante la reforma más importantes a la legislación fiscal de México de los últimos años, ante una reforma que sí fue audaz, ante una reforma que contó con un foro de discusión nacional, hay también la disposición del Ejecutivo para aplicar, para fecundar, para respaldar la acción del Legislativo con actitudes, con acciones, con actos autorizados por la ley, con reglamentaciones generales que la ley le permite hacer, para que no existan sujetos afectados injustamente, en tanto todo este procedimiento de sustitución del marco tributario
nacional puede llegar a adquirir una auténtica carta de naturalización en nuestro derecho tributario. Esa es la preocupación.
Mañana hay un foro en el que seguiremos comentando este tema con especialistas de la Secretaría de Hacienda; pero por supuesto, diputado, no rehuyo en este momento la interpelación, sino que al contrario me interesa conocerla y en su caso, contestarla.
El Presidente: - El diputado Alejandro Díaz quiere hacerle una interpelación y en los mismos términos el diputado Juan José Medrano. ¿Acepta usted la interpelación?
El diputado Dionisio E. Pérez Jácome: - Todas, señor Presidente.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Alejandro Díaz.
El diputado Alejandro Díaz Pérez Duarte (desde su curul): - ¿Quisiera usted precisar o ampliar lo que dice la ley? Porque si los causantes menores han restringido, los causantes menores tienen un puesto de equis metros cuadrados y un sólo empleado, un límite muy bajo de ingresos en que todo mundo estuvimos en contra, incluidos algunos diputados de su partido, y si se aprobó fue por su regalada gana...
(Desorden.)
El Ejecutivo corrige mediante un decreto que no pasa por el Legislativo, viendo los ingresos para los causantes menores, siendo restringido el número de metros cuadrados, un solo empleado, entonces, ¿para qué se toma la molestia de pasar el decreto por el Legislativo?
El diputado Dionisio E. Pérez Jácome: - Voy a tomarme la molestia de tratar de explicárselo, diputado. El régimen de menores es en sí, diputado, y le invito también a leer la ley, un régimen opcional y optativo. Todos los contribuyentes están obligados, en términos generales, a cumplir sus disposiciones de la manera estricta, de la manera precisa que la ley señala.
Hay sí, alternativas y opciones, primero, como la de los causantes menores, cuyo mínimo se conservó en esa disposición aprobada en la Miscelánea Fiscal de 1989 para regir en 1990, y alternativas también, no obligatorias, opcionales, como ésta, que el Ejecutivo, en respuesta a petición importante de la ciudadanía hace y presenta, no porque quiera inventar, ni rebasar, ni pisotear la soberanía de este Congreso, sino porque tiene, como intenté explicarlo y como lo dice muy claramente el artículo 39 que leí, porque tiene facultades en aquellos casos en que exista el temor de que se haya afectado una rama de actividad, la producción o venta de servicios. Este es el fundamento de la actividad; de ninguna manera los menores, es una categoría específica invariable, constituye siempre y para todos los casos, simplemente una alternativa u opción a la que el causante puede acogerse o puede rechazarla.
El Presidente: - Señor diputado Pérez Jácome; el diputado Medrano hace la misma solicitud.
Tiene la palabra el diputado Medrano.
El diputado Juan José Medrano Castillo (desde su curul): - El artículo 31 de la Constitución General de la República establece que son obligaciones de los mexicanos, en su fracción IV: "Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del estado y municipio en que residen, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes".
Entiendo yo que el Constituyente de 1917, hizo esta disposición expresa, de que fuera una norma jurídica que emergiera del Poder Legislativo, previo su debate y análisis.
¿No considera usted que el Ejecutivo está rebasando las facultades que la Constitución en su artículo 89, fracción I, no está dando, exclusivamente para reglamentar, pero no para invadir las funciones del Legislativo, creando la norma jurídica en materia de obligaciones tributarias?
El diputado Dionisio E. Pérez Jácome: - De ninguna manera, señor diputado. Es una ley, una ley emitida por el Congreso de la Unión, una ley que es el Código Fiscal de la Federación, un precepto que es el 39, una primera fracción de ese artículo 39, el que en términos expresos y directos autoriza esa acción del Ejecutivo.
Sé de su formación jurídica, mi querido abogado, le invito a explorar en un campo que podría no ser afín a sus previstas aficiones, el derecho fiscal, que contiene, a través de ese reglamento autónomo, el principio que confirma la validez de lo que usted expresa; el sistema tributario mexicano está entre otros aspectos garantizado por el principio de legalidad. Esta es una acción amparada, apoyada, fundamentada, respaldada y proyectada en una ley que es el Código Fiscal de la Federación. (Aplausos.)
El Presidente: - Con fundamento en el artículo 102 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitan la palabra el diputado Jesús Ortega y en
turno para los mismos términos de alusiones, el diputado Noé Aguilar. Tiene la palabra el diputado Jesús Ortega.
El C. Jesús Ortega Martínez: - Efectivamente, no soy ni mucho menos docto y especialista en cuestiones fiscales, pero para estos propósitos utilizo algo en lo que tengo ventaja sobre algunos compañeros y particularmente en quien me antecedió en el uso de la palabra y esa ventaja la aplico sin misericordia; tengo sentido común. (Aplausos.)
Yo insisto que el Ejecutivo está suplantado funciones del Legislativo, a través de las modificaciones al reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, particularmente porque éste es especialmente significativo, es el artículo 137 y el 137- C. Me voy a permitir, son muy breves, leerlos. Dice el artículo 137: "Los locatarios de mercados públicos podrán optar por pagar el impuesto correspondiente a sus actividades empresariales, conforme al régimen de contribuyentes menores, siempre que reúnan los requisitos que establecía el artículo 115 de la ley vigente hasta el 31 de diciembre de 1989.
Aquí el reglamento ya hace una excepción con los locatarios de los mercados; éstos podrán seguir contribuyendo conforme al régimen de contribuyentes menores, establecido en la ley vigente hasta el 31 de diciembre de 1989. El reglamento hace una excepción a una ley que se supone debe ser general.
Pero y, ¿por qué los locatarios de los mercados? Y el compañero Pérez Jácome nos dice, no nos dice por qué a los locatarios de los mercados, sino nos dice que el Ejecutivo tiene facultades para condonar o eximir del pago de impuestos. En primer lugar, a los locatarios no se les esta condonando ni eximiendo del pago de ningún impuesto; arbitrariamente se les está colocando en un régimen diferente al que aprobamos en el Congreso.
Pero supongamos que la cuota que va a pagarse es menor y de hecho por ello los está eximiendo de pagos de impuestos, y las facultades que establece el Código Fiscal de la Federación, las facultades del Ejecutivo, dicen lo leyó el propio Pérez Jácome, que se podrá eximir y condonar cuando se haya afectado o trate de impedir que se efectúe la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos o la realización de una actividad, así como los casos de catastro.
En primer lugar, con lo que argumentó el diputado Pérez Jácome está reconociendo de hecho que la iniciativa de Salinas de Gortari afectaba la actividad, la producción o la venta de determinados productos, porqué después de que la aplicamos, ahora se ve lo lesivo de tal iniciativa y por lo tanto hay que cambiarla a través del reglamento.
¿Pero por qué solamente a los locatarios de los mercados? No son los únicos pequeños comerciantes o medianos comerciantes de este país. Yo le insisto, se facilita o se exime de pago a los locatarios de los mercados, por esa razón política que no quiero repetir, la mayoría de ellos están controlados corporativamente por el gobierno.
El C. Presidente: - Permítame, señor diputado Jesús Ortega.
El diputado Abel Carlos Vicencio Tovar (desde se curul): - Es obvio que cuando habla un diputado de la oposición, baja la intensidad del sonido. No se oye al diputado Ortega y se oía muy bien al diputado Pérez Jácome.
El C. Presidente: - Esta presidencia le pide a la secretaría plantee la solicitud que acaba de hacer el ciudadano diputado Vicencio Tovar a la oficialía mayor y que se proceda en consecuencia. Continúe, diputado Jesús Ortega.
El diputado Jesús Ortega Martínez: - Gracias. Pero veamos el artículo 137- C, del reglamento.
El diputado Abel Carlos Vicencio Tovar (desde su curul): - Que se regule la intensidad del micrófono.
El Presidente: - Esta Presidencia, permítame, diputado Ortega, ya dio instrucciones.
Les queremos pedir a los diputados que tengan atención y respeto a la intervención del diputado Jesús Ortega.
El diputado Jesús Ortega Martínez: - Bien, pero veamos el artículo 137- C. Las personas físicas, dice, que realicen actividades empresariales. Es que usted...
El Presidente: - Diputado Ortega, permítame. Señor diputado Pablo Gómez y diputado José Luis Lamadrid, tengan respeto a esta asamblea. Esta Presidencia acaba de dar instrucciones a la secretaría para que en sus términos se dirija a la oficialía mayor; estamos repitiendo las mismas instrucciones para que se proceda en consecuencia con respeto al sonido. Pedimos que permitan a la secretaría que cumpla con esta misión y en los mismos términos guardar orden y respeto a esta asamblea. Continúe, diputado Jesús Ortega.
El diputado Jesús Ortega Martínez: - Bien, decía que el artículo 137 - C del reglamento dice: "Las personas físicas que realicen actividades empresariales al menudeo en puestos fijos y semifijos en la vía pública o como vendedores ambulantes, podrán optar por pagar el Impuesto sobre la Renta en los términos de este artículo. El impuesto se pagará mediante recaudación que podrá efectuar la persona física o moral que les enajene las mercancías con las que desarrollan su actividad empresarial a petición del contribuyente. La recaudación será del 10% del monto total de las adquisiciones que efectúen, mismas que deberán anotarse por separado en el comprobante respectivo y que tendrán el carácter de pago definitivo".
Yo insisto que esto es un nuevo impuesto, que no está contemplado en las reformas que hicimos a la Ley del Impuesto Sobre la Renta en diciembre pasado o que hizo el Partido Revolucionario Institucional...
El C. Presidente: - Diputado, me permite; la diputada Rosario Guerra plantea hacerle una interpelación, ¿acepta usted?
El C. diputado Jesús Ortega Martínez: - Con todo gusto.
El C. Presidente: - Tiene la palabra la diputada Guerra.
La diputada María del Rosario Elena Guerra Díaz (desde su curul): - En obvio del planteamiento que usted quiere hacer,, ¿cuál sería su planteamiento o el de su partido? Porque, ¿cuál sería la propuesta que usted hace en relación a esto?
El diputado Jesús Ortega Martínez: - Sí lo que yo digo es que esta opción pues no está contemplada en la Ley del Impuesto Sobre la Renta y por lo tanto ni el Secretario de Hacienda ni ningún funcionario pueda plantearla, y en eso es muy claro precisamente el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 39 su fracción II, que dice: "Dictar, del Ejecutivo, las medidas relacionadas con la administración, control, forma de pago y procedimientos señalados en las leyes fiscales, sin variar, - diputado Pérez Jácome- las disposiciones relacionadas con el sujeto, el objeto, la base, la cuota, la tasa o la tarifa de los gravámenes, las infracciones o las sanciones".
Evidentemente que este impuesto del 10% al consumo rebasa la base, la cuota establecida en la Ley del Impuesto Sobre la Renta aprobada aquí en el Congreso en diciembre. El Ejecutivo no puede pasar por alto esta fracción II del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación.
Entonces me parece, por ello decimos...
El Presidente: - Diputado Jesús Ortega, ¿me permite?, la diputada Rosario Guerra quisiera plantearle otra pregunta, ¿está usted de acuerdo?
El diputado Jesús Ortega Martínez: - Sí señor.
El Presidente: - Tiene la palabra la diputada Rosario Guerra.
La diputada María del Rosario Elena Guerra Díaz (desde curul): - ¿Cuál sería la idea de su partido, que esto sí se aplicara o no se aplicara, o cuál sería la idea?
El diputado Jesús Ortega Martínez: - Yo respeto su opinión, compañera diputada, pero me parece que la opción es en primer lugar que se respeten las leyes, y en segundo lugar si hay una posición de determinados grupos parlamentarios respecto a lo que aquí estamos planteando, simplemente lo que planteo es que se discuta en este Congreso; que legislemos, y que impedimos que el Ejecutivo legisle por nosotros; ésa es la opción que yo planteo. (Aplausos.)
Simplemente diría lo siguiente, para que vean lo lesivo de este nuevo impuesto para terminar: si un comerciante en pequeño, al menudeo, de un puesto fijo y semifijo compra un millón de pesos de mercancía, y el proveedor automáticamente recauda o le cobra el 10%, de ese millón de pesos va a pagar 100 mil; si ese pequeño comerciante tienen una ganancia aproximada de 100 mil pesos por esa compra de un millón, imaginen lo que está pagando ese comerciante, el 100% de sus ingresos. Esta es la disposición que plantea el Ejecutivo, ilegal en el reglamento. Gracias por su atención. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra, en primer término para alusiones, en base al 102 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado Noé Aguilar, y en turno, también para alusiones personales, el diputado Dionisio Pérez Jácome.
El diputado Noé Aguilar Tinajero: - Está bien así, porque también lo voy a aludir, señor.
Viene el diputado Dionisio Pérez Jácome a esta tribuna a defender casi casi lo indefendible, tal y como lo hizo en el caso del Banco Nacional Pesquero y Portuario, igualito, y probablemente el diputado Dionisio Pérez Jácome no me haya perdonado algo que sucedió allá en Jalapa: el Señor llegó, hablando con comerciantes, reunió a todos los presidentes municipales,
probablemente del estado, y después llegué yo, un humilde ignorante, el resultado fue mejor para un servidor que para él.
Debido a esta situación, su partido o el gobierno, no se quién sería, exactamente al otro día de que un servidor estuvo ahí, publicaron una plana pagada con todas las intervenciones del diputado en varias partes del estado, con el dinero de los contribuyentes, desde luego.
Tal vez no escuchó él la razón por la cual yo subí a la tribuna, y la razón señores legisladores, fue para solicitar al presidente que lanzara una excitativa al presidente de la Comisión de Hacienda y que ya nos pagamos a trabajar, precisamente en la elaboración de los dictámenes, positivos o negativos, pero en la elaboración de los mismos, y las varias sesiones que él menciona que hemos tenido, en ninguna se ha tratado lo referente a la reforma fiscal de 1990. Hemos tenido reuniones informales con comerciantes en auditorios de este recinto, en donde le han reclamado acremente al Partido Revolucionario Institucional, por qué aprobó una reforma lesiva para la mayoría de los contribuyentes, sobre todo, para los de más escasos recursos.
Esta reforma vino a beneficiar a los grandes empresarios, porque si ustedes ven las tasas del Impuesto sobre la Renta, en el artículo 10, por si quiere checar el diputado Dionisio Pérez Jácome, se han venido disminuyendo año con año, desde 1987. En 1989 fue una tasa del 37%, y para 1990 se baja al 36%, pero repito, para las grandes empresas, para los empresarios; con la promesa ya desde 1987, que para 1991, va a quedar en el 35%. Eso es un beneficio a ellos.
Otro beneficio que les están dando, y que en la reforma de 1990, aprobada en 1989, se eliminó prácticamente del artículo 25 y 136 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta en la fracción V de los dos, el que fueran deducibles los gastos de restaurantes o bares. Una protesta general, aparentemente pues de los grandes empresarios, los que tienen grandes restaurantes, porque iban a tener menos utilidades con esta reforma; tal vez ésa fue la presión que recibió el Secretario de Hacienda, decidió vía reglamento, dar marcha atrás a esta disposición.
Y como no me sé de memoria el texto, el artículo 25 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, dice: Gastos no deducibles. Y dice: "No serán deducibles..." Y su fracción V dice: "Los gastos de representación, incluyendo los gastos de restaurantes o bares". Esto es lo que dice la ley.
Esto es a mi juicio lo considero definitivo: no se pueden deducir los gastos de restaurantes o bares. Vienen las prestaciones y en el artículo 27 "A" del reglamento, legisla el diputado Aspe, y dice, o a lo mejor fue Gil Díaz: "no se considerarán gastos de representación", o sea, los gastos de restaurantes o bares del artículo 25; aquí dice: "no son gastos de representación, para los efectos de la fracción V del artículo 125 de la ley, los que se efectúen en restaurantes con motivo de seminarios, convenciones o cursos de capacitación a los trabajadores".
Creen que nos estamos chupando el dedo, creen que no sabemos que con esta medida todos los gastos de restaurantes o bares van a ser deducibles, porque yo puedo inventar, ¿por qué no?, que estuve en un restaurante impartiendo una conferencia y es deducible. Y una conferencia puede ser entre dos. ¿A quién beneficia esta reforma?
Esta reforma beneficia a los grandes empresarios, a los ejecutivos de las empresas, ¿sí? Por eso dice una organización de ejecutivos por ahí, que qué buena está la Miscelánea Fiscal. ¡Claro!
En cuanto al artículo 89 constitucional, aquí no venimos a discutir si el Ejecutivo tiene facultades o no para reglamentar, es obvio que las tiene, pero una reglamentación no puede estar por encima de la ley, eso es lo que venimos a expresar aquí, no nos entienden eso para ellos, dicen que desde 1938 se vienen dando estas prácticas, pues señores, desde 1938 vienen violando la Constitución.
El diputado Pérez Jácome, se refiere al artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, en donde en la fracción primera dice: "que el Ejecutivo Federal tiene facultades para condonar o eximir total o parcial el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazos o diferido en parcialidades", y luego viene la siguiente parte que es la importante, dice: "cuando se haya efectuado o trate de impedir que se efectúe la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos o la realización de una actividad, así como en el caso de catástrofes sufridas por fenómenos metereológicos, plagas o epidemias"... a lo mejor se refiere a que la Confederación Nacional de Organizaciones Populares ya está plagada, ya tiene epidemia y eso es un motivo precisamente para ayudarles a ciertos contribuyentes.
Habla el diputado de que el Partido Revolucionario Institucional es mayoritario Ustedes saben que no, y tan lo saben, que todas las maniobras que están haciendo es precisamente para recuperar credibilidad o por lo menos quedar bien ante toda esa gente a la que están manipulando definitivamente.
Hablan aquí de un régimen opcional, de contribuyentes que hasta 1989 eran menores..., me marcan aquí que falta un minuto..., bueno...
El régimen opcional se estableció, yo lo tengo entendido así, para todos aquellos contribuyentes que en 1989 eran menores, cuyas bases estaban contenidas en la ley de 1989; al desaparecer el artículo 115 de la ley y poner otro en su lugar y con otras características, ¿cómo es posible que ahora el Ejecutivo les diga a ciertos contribuyentes que se pueden regir por el artículo 115 vigente en 1989?, ¿qué no quedó derogado?, ¿que no quedó derogado con el nuevo que ahora está en la Ley del Impuesto sobre la Renta?, ¡yo entiendo que sí!... y todos esos contribuyentes pasaban a un régimen especial en donde el artículo 119- A de la Ley de Impuesto sobre la Renta dice tajantemente, que ahí podrán estar, efectivamente dice, podrán estar todos los contribuyentes que no rebasen 500 millones de pesos en un año y ahora, o sea, yo entiendo que esto es, si me estoy ahí en ese régimen opcional tengo que obedecer las normas contenidas en ese capítulo, que son del artículo 119- A al 119- H; tengo que acatar estrictamente los ocho artículos, ¿Cuál es la opción?, irme a contribuyente mayor, pagar más impuestos, etcétera, pero dentro del régimen opcional, ahora la Secretaria de Hacienda dice que me excedí en las imposiciones que te puse ahí, entonces ahora vámonos a hacer dos periodos o dos requisitos, te vamos a poner dos requisitos generales en este régimen y te voy a dar unas bases que no están en ese capítulo, sino en reglamento, dice: "te voy a dar unas bases si tienes ingresos hasta 200 millones de pesos, y si tienes de 200 a 500, rígete por las bases del artículo 119".
Si esto no es violación, pues no sé a que le llama violación el diputado Pérez Jácome.
Voces: - ¡Es hostigamiento oficial!
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Pérez Jácome. Y en turno también cinco minutos, para alusiones, el diputado Ernesto Jiménez.
El diputado Dionisio E. Pérez Jácome: - Voy a intentar ser rápido, señor Presidente: En primer lugar, mi querido Noé, no, no, no hay de nada actitud de rencor en mi caso. Le confieso a usted que ni me enteré de que había estado en Jalapa. ¡Qué bueno que se enteró usted de que yo estuve y de que hablé sobre el tema! Desafortunadamente creo que no le dieron la proyección necesaria a su intervención, porque es el primer informe que tengo y ojalá y lo hubiera sabido antes, para poder invitarle a mi pueblo y tomarnos un café. (Aplausos.)
En segundo lugar, lo que hice en referencia de las actitudes en la Comisión de Hacienda por parte de su partido, tampoco implica o quiere implicar ninguna critica. Al contrario, hemos contado con su aportación muy valiosa en muchísimos aspectos. Ojalá, como ya se le solicitó, nos informaran quienes participarían en el grupo dictaminador de la iniciativas pendientes, para que ese grupo dictaminador pueda funcionar también enriquecido por sus aportaciones.
No es marcha atrás la que se da en materia de gastos de representación por restaurantes. Al contrario, es confirmación precisamente de un criterio legal. No están autorizados porque constituían un principio de estimulación a los gastos hechos a manera de consumos en restaurantes y bares, con apariencia de gastos de representación.
Lo que quedó en la ley y que por mayoría de razones y simplificación administrativa se extiende, es la autorización para los trabajadores de las empresas cuando concurren a comedores comunes, etcétera. En la hipótesis que el reglamento introduce, precisamente lo que hace es reconocer que los trabajadores en su conjunto, si van a reuniones de capacitación, si van a seminarios o conferencias, pues seguramente harán consumos que no es justo que a ellos les cuesten, sino que les cuesten en la parte proporcional correspondiente.
Y no es una apertura sin límites, puesto que el propio reglamento señala: a) Siempre que corresponda y responda a necesidades de la actividad, y b) Que haya sido previamente autorizado.
Por último, explorar sobre lo opcional. Creo que ahí existe todavía una confusión de conceptos. Podríamos, encantado, platicarlos después, para evitar mayor disquisición.
Por lo que toca en cambio a lo que el señor diputado Ortega explicaba, tal vez si merece un comentario especial. El sentido común es muy importante, pero las leyes se hacen con sentido jurídico y con sentido jurídico se interpretan. Y el sentido jurídico, por desgracia no siempre es común, señor diputado. (Aplausos.)
Los locatarios del mercado reciben una alternativa, una opción, bajo este mecanismo de facilidad en algún sentido, extendiendo en favor de ellos el régimen del artículo 115 anterior, porque en alguna medida y como tiene fijación en un puesto llamémosle así, del mercado mismo, que están condicionados o cautivos a la supervisión y vigilancia de la autoridad.
En cambio los otros, para los que usted reclama un tratamiento similar dentro de esta alternativa, son los ambulantes, señor diputado; los ambulantes y los tianguistas. Ellos no tienen una fijación así. Se trata de darles una opción también, no de imponérselas arbitrariamente. Está a su gusto aceptarla o no. Para ello se sigue el mecanismo, ya muy explorado en la práctica fiscal, que se siguió para los comisionistas a los que de manera práctica se les identificaba con asalariados y se les decía: si quieres tú; si deseas tú optar por este mecanismo, pide que te retengan un 10% a aquél que te pague tu comisión, en este caso el proveedor de los bienes, puede ser, señor diputado, que no les atraiga este mecanismo, en este caso será una opción que no se ejerza dentro de las mismas disposiciones fiscales.
La iniciativa de Salinas de Gortari, la iniciativa nuestra, puesto que tuvo 340 modificaciones en la Comisión de Hacienda y seguramente muchos de ustedes, no es que se anticipe que acepta a una determinada actividad, sino que puede afectar que se ha planteado precisamente por muchos, inclusive por los comerciantes agrupados en la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, que podría en esta primera etapa y en lo que la transición transcurre afectarle, por eso se está ofreciendo esta disposición, esta disposición alternativa, no se varían las disposiciones de la ley, lo repito una vez más, no se varían ni se afecta; estrictamente se cumple la fracción II del artículo 39, lo que se hace es, sin variar ese régimen general, presentar una opción o una alternativa para todo aquel que la quiera seguir. Muchísimas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra para alusiones el diputado Ernesto Jiménez.
El diputado Ernesto Aurelio Jiménez Mendoza: - Señores diputados: Quiero aclarar que pedí la palabra para hechos y sobre todo recordar en esta tribuna algunas reglas de derecho que efectivamente conocemos se aplica a todo tipo de norma jurídica y su aplicación. Se ha hablado aquí del derecho tributario y tiene dos aspectos fundamentales que son los sujetos que van a hacer el pago de los impuestos y la determinación del impuesto, es decir, el monto que va a ser el pago de los impuestos, son dos aspectos, quién los va pagar y cuánto va a pagar.
En cuanto al sujeto, nuevamente quiero advertir y quiero suplicar me escuchen, son las personas que están determinadas por la ley para hacer el pago, y es el monto también, de tal manera que la cuestión opcional y la manera de pagarlo, efectivamente, se le deja al reglamento y en pocas palabras al Ejecutivo de la Unión.
Pero el mismo diputado Pérez Jácome nos leyó, aquí, el contenido del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, y en ese artículo 39 la ley prohibe expresamente variar los sujetos del impuesto y es exactamente lo que se varió, se cambió a las personas, se favoreció a determinado grupo y también la determinación del impuesto, porque el monto de lo que se va a pagar, es decir, aquí se ha dicho que no paga exactamente lo mismo, sino un monto diferente. Entonces, efectivamente se varió lo que dijo la ley.
Por otro lado, si el diputado Pérez Jácome me demuestra que efectivamente esos comerciantes no son sujetos del impuesto y que no son a los que la ley se refiere pues, entonces sí tendrá razón, pero mientras no pueda decirlo y lo mismo la determinación del impuesto.
Pero por otra parte se ha dicho aquí, también, que si queremos o no que se excluya a estas personas del pago de impuestos, claro que esto es lo que queremos, hacer las cosas lo mejor que se pueda para beneficio de la gente, pero hay que hacerlas como ordena la ley, de tal manera que si hay aquí en la Cámara técnicos jurídicos, es decir, abogados, pues tenemos que actuar como abogados, no como albañiles o como obreros, y si hablamos como abogados tenemos que hablar con reglas de derecho y darle la forma a las leyes que requiere la Constitución, porque aquí juramos cumplir con la Constitución.
Entonces, no podemos aquí, si en México se ha atropellado el sistema de derechos, si no se cumple la ley, si todos sale como quieran, pues entonces realmente nos estamos apartando y entonces entramos al campo del caos y el despilfarro de preceptos y de cosas jurídicas que realmente si no nos ponemos orden en lo que vamos a hacer, pues realmente, ¿qué estamos haciendo aquí? Les agradezco mucho su atención. (Aplausos.)
VISITA PAPAL
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Alexandro Martínez Camberos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre violaciones al artículo 130 constitucional.
El diputado Alexandro Martínez Camberos: - Es obvio para todos que hay ya un gran cansancio.
Mi intervención, por lo tanto, tiene como fundamental propósito reducirla a sentar la posición del Partido de la Revolución Democrática, respecto de la vista del jefe de la iglesia católica y de la Santa Sede.
El Partido de la Revolución Democrática es un partido laico, abierto a todo pensamiento positivo. Podría demostrarles a ustedes, por demás de que en algunos periódicos y revistas se ha publicado, que en nuestro seno existen muchos católicos, muchos de otras creencias religiosas e inclusive podemos señalar publicaciones dando la bienvenida a Karol Wojtyla.
No han sido ni objeto de censura, ni han significado un rompimiento interno, sino por el contrario, creemos que ha mostrado la gran amplitud de lo que tratamos de ser como movimiento democrático.
Nos hemos opuesto en ningún momento a la visita de este personaje, como no nos hemos opuesto a la visita del Presidente chino o de algún otro representativo de gobiernos lo mismo que entidades de tipo ideológico, ni mucho menos.
Lo que queremos nosotros dejar asentado es que no creemos que aceptarse la oficialización de esta visita, por obvia desde el momento de su propalación, desde el momento en particular en que se le recibe como jefe de Estado, un Estado que no está reconocido por el gobierno mexicano.
Al Presidente de la República Popular de China lo recibe el secretario de Relaciones Exteriores.
Por lo visto, ya pesa más la Santa Sede que los 1 mil millones de chinos que están en esa República. Habrá quienes lo piensen así, y yo inclusive respeto su opinión. Pero el señor Salinas, en lugar de una ceremonial recepción, se avienta todo un discurso político y naturalmente a él responde con un discurso político, el Papa.
Si se quiere releer la recepción dada en el aeropuerto, se verá la gran diferencia que existe entre considerarlo un personaje distinguido y considerarlo jefe de Estado. Inclusive se había anunciado que le iban a hacer una salva de 21 cañonazos.
Esta oficialización, entiéndaseme bien, es lo que nosotros objetamos...
(Voces.)
Lo que usted leyó seguramente...
El Presidente: - No se permiten los diálogos, señor diputado.
El diputado Alexandro Martínez Camberos: - Que no me lo susciten. Léalo usted, señora. Esta oficialización, en particular, nos parece grave por el derroche de ese dinero que tanto dicen que se está necesitando para lo que menos tienen. No solamente es la recepción oficial u oficialista; sino los tremendos gastos que se han hecho en diferentes partes de la República.
Una información muy escueta, dice: si el obispado de Zacatecas no junta los mil 500 millones de pesos que costará la visita de cuatro horas del Papa a esa ciudad, el gobierno del estado pondrá lo que falte.
Si en San Juan de los Lagos se necesita remozar la catedral y la plaza central los trabajadores de los sindicatos y organizaciones del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Jalisco, se pondrán a hacerlo.
Si el aeropuerto de Villahermosa, Tabasco no está en condiciones de recibir al Papa, el Gobierno Federal aportará 1 mil 800 millones de pesos para reacondicionarlo.
Si para la ceremonia que habrá en Monterrey, estorba el lecho del Río Santa Catarina, el gobierno estatal habrá que hacer obras para rellenarlo.
No queremos hacer de esto una discusión sobre la significación papal, o la significación de la visita papal a México. Lo que nos parece es que el gobierno federal, los gobiernos de los estados y sus apéndices, las organizaciones que están sujetas a su férula, han hecho gasto excesivos, distendiosos, han tirado el dinero a las atarjeas en hacer obras que nada más sirvieron durante unas cuantas horas; podrían citarse los casos concretos pero reitero, que no es nuestro propósito ni cansarlos ni más entrar en disquisiciones que puedan parecer justificadas porque se ofenda la personalidad del Papa; muy lejos de nosotros está eso. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, lo dijo muy claramente, así responden a la pregunta que me hacen aquí...
(Desorden.)
El Presidente: - Orden, diputados.
El diputado Alexandro Martínez Camberos: - Nosotros somos respetuosos de las creencia de todas las personas. Nuestra oposición no es de ahora si quisiera ejemplarizar en lo personal, creo que no sería por demás decir que en Durango mantengo dos amigos; uno de ellos es gran comendador de la Orden de los Caballeros de Colón; desde que estábamos en la preprimaria pero...
(Desorden.)
¿Por qué se extrañan?
El Presidente: - Esta presidencia pide a los diputados atención y respeto al orador. Continúe, señor diputado.
El Diputado Alexandro Martínez Camberos: - Nuestra amistad que a los jóvenes les parecerá exorbitante o difícil de creer, es de más de 65 años; él siguió un camino, yo seguí por otro, pero cuando nos encontramos es como si nos acabáramos de despedir porque tiene calidad humana y porque él me hace el honor al considerar que yo también la tengo y esta calidad humana se refleja en que nunca hablamos ni de religión ni de política, ésa es nuestra tesis, el respeto mutuo, pero el hecho de que se hayan extendido enormes plataformas, pirámides que recuerdo a ustedes como las vimos en la televisión, hasta era difícil para este hombre bueno subir tantos peldaños, eran obras faraónicas para una hora o dos cuando más, eran plataformas y grandes alfombras rojas que se tienden para la realeza, para que pasaran por ahí los pavo reales y la palabra pavo reales no la digo en sentido peyorativo o despectivo. El señor Alamilla dice que allí se vieron los pavo reales y que vamos a gritar pues los zopilotes a las cornejas; está bien que nos consideren así y qué bien que él se considere uno de tantos pavo reales; lo que insisto, debe tomar esta Cámara es: nuestro respeto a las creencias, el sentar nuestra posición de que somos un partido laico y respetuoso de nuestros militantes con convicciones religiosas, de cualquier religión o secta de que se trate.
Creo que ya es bastante para el cansancio en que ya se encuentra la mayoría de nosotros. (Aplausos.)
El Presidente: - De conformidad con el artículo 102 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, tiene la palabra para hechos y por cinco minutos el diputado Gerardo Medina, y en turno el diputado Manuel Marcué.
El diputado Gerardo Medina Valdés: - Señor presidente, ¿sería posible que se me concediera cuando menos, el mismo tiempo que al diputado Martínez Camberos? puesto que voy a tratar el mismo asunto.
(Desorden.)
Señores diputados: en el orden del día figuraba esta intervención por parte del representante del Partido de la Revolución Democrática, como violaciones al artículo 130 constitucional. En realidad, esto no se dio a lo largo de toda la intervención, tranquila, serena, del diputado Martínez Camberos. El se refirió a algo que considera un despilfarro de fondos públicos, destinados a la recepción de su santidad Juan Pablo II.
Es bueno que haya venido también a darnos aquí una explicación a la diferencia que hay entre algunos del Partido de la Revolución Democrática y otros, cuando menos, en dos grandes ramas: los no cristianos y los cristianos; los cristianos, que publicaron un desplegado a nombre del Partido de la Revolución Democrática y como responsable don Samuel I. del Villar, uno de los intelectuales cúpulas del Partido de la Revolución Democrática, quienes, con la seguridad que da la propia convicción, dijeron que: "quienes tenemos ésta la convicción de que el Partido de la Revolución Democrática es un medio para la realización de los principios morales de la fe cristiana y los valores históricos del culto guadalupano en México". Bueno, eso dice el Partido de la Revolución Democrática, hay que respetar las creencias de todos.
(Desorden.)
El diputado Alexandro Martínez Camberos (desde su curul): - Señor diputado.
El Presidente: - Permítame, diputado Martínez Camberos. ¿Quiere hacer usted una interpelación, diputado Martínez Camberos?
El diputado Alexandro Martínez Camberos: - No.
El diputado Jesús Ortega Martínez (desde su curul): - Señor presidente...
El Presidente: - Permítame, diputado Jesús Ortega. Diputado Gerardo Medina, ¿acepta usted la interpelación que le va a hacer al diputado Jesús Ortega?
El diputado Gerardo Medina Valdés: - Señor diputado Ortega: usted sabe que a mí me cuesta mucho trabajo decir unas frases aquí, pero a pesar de eso, pregunte lo que quiera.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jesús Ortega.
El diputado Jesús Ortega Martínez (desde su curul): - Una aclaración nada más. Usted habla de un desplegado a nombre del Partido de la Revolución Democrática, es falso; es exclusivamente a nombre de algunos cristianos del Partido de la Revolución Democrática.
(Desorden.)
El diputado Gerardo Medina Valdés: - Acepto la aclaración del diputado Jesús Ortega,
con un pequeñisimo matiz, firman, no algunos cristianos del Partido de la Revolución Democrática, firman escuetamente cristianos del Partido de la Revolución Democrática, ¿cuántos sean?, quién sabe.
Nosotros consideramos que es bueno que se hagan ese tipo de observaciones y de objeciones, porque nos permite contrastar ciertas actitudes respecto a despilfarros de fondos públicos.
¿Quién de los diputados aquí presentes, salvo los de Acción Nacional, objetaron los tronos levantados cada seis años para que el señor candidato oficial a la Presidencia de la República pueda ver a las multitudes que les acarrean? ¿No ha habido tronos de esto que critica el diputado Martínez Camberos respecto a la recepción al Papa, que o son ocupados por el candidato oficial a la presidencia 10 o 15 minutos y que costaron millones y millones, sin contar los millones para el acarreo de gente? ¿Por qué nadie dice nada?
El diputado José Luis Alonso Sandoval (desde su curul): - Lo dice la reforma electoral... (No se oyó.)
El diputado Gerardo Medina Valdés: - Nos vemos donde quiera, señor.
El Presidente: - Permítame: no se permiten los diálogos, diputado.
El Diputado Gerardo Medina Valdés: - Si quiere, nos vemos afuera, señor.
El Presidente: - Diputado Gerardo Medina: el diputado José Luis Alonso quiere hacerle algún planteamiento, una interpelación. ¿La acepta usted?
El diputado Gerardo Medina Valdés: - Claro, señor.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado José Luis Alonso.
El diputado José Luis Alonso Sandoval (desde su curul): - Encantados por parte de algunos compañeros del Partido de la Revolución Democrática de escuchar las afirmaciones que está haciendo el señor diputado Gerardo Medina.
Mi interpelación de hace un momento, por la cual ofrezco disculpas, debido a que no se desenvolvió conforme a los establecimiento reglamentarios de esta Cámara, es en el sentido que ojalá esta argumentación que está haciendo, pudiésemos trasladarla a las discusiones que se van a presentar con motivo de la legislación electoral, para que esta argumentación pueda traducirse en una serie de disposiciones jurídicas que impidan y pongan fin de una manera definitiva a la utilización de recursos públicos para las campañas a los diferentes puestos de elección popular, a la utilización de recursos públicos, para que no se contemple únicamente como delincuentes a los candidatos; sino también a los funcionarios y a los ciudadanos que se aprovechan de este tipo de recursos materiales, económicos y humanos, para llevar al grupo, al partido...
(Desorden.)
El Presidente: - Diputados, orden; diputado Marcué, por favor. Continúe con el uso de la palabra.
El diputado Gerardo Medina Valdés: - Permítame, señor presidente, no conteste usted por mí.
Diputado José Luis Alonso, ex dirigente del Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal: todos nosotros compartimos sus buenos deseos y mucho antes de que usted utilizara fondos públicos para campañas del Partido Revolucionario Institucional. los del Partido Acción Nacional habíamos condenado ese despilfarro. Que bueno que nos vayamos a encontrar desde el otro lado.
Cuando los ahora perredistas eran priístas, jamás les pasó por aquí censurar el despilfarro público.
(Desorden.)
El Presidente: - Orden en la asamblea. Continúe, señor diputado Gerardo Medina.
El diputado Gerardo Medina Valdés: - Señor presidente, descuénteme por favor mi tiempo.
El Presidente: - Permítame, diputado Gerardo Medina, si me permite. Cuando termine la intervención del diputado Gerardo Medina para hechos...
El diputado Gerardo Medina Valdés: - A la hora que quiera, señor, a la hora que quiera.
El Presidente: - Continúe con su intervención, diputado Gerardo Medina.
El diputado Gerardo Medina Valdés: - Dice el diputado Martínez Camberos, a propósito de este despilfarro, habla de obras efímeras. Es probable que en algunas partes haya habido obras efímeras, para crear un marco decoroso para
recibir no tanto al Papa; sino a los millares y millones de católicos mexicanos que acudieron a verlo, a aplaudirlo y a aclamarlo. Es probable que algunas de esas obras no hayan sido tan efímeras, cito en abono de esta afirmación al señor gobernador de Jalisco, Cosío Vidaurri, quien a propósito de las obras en San Juan de Los Lagos dijo que en 15 días se habían hecho más obras para el pueblo que en 15 años.
En cuanto a la oficialización de la recepción a Juan Pablo II, yo quisiera simplemente competir el efecto de una ambigüedad. Es probable que Carlos Salinas haya querido capitalizar priístamente la recepción a su Santidad, es probable, cada quien utiliza las circunstancias de acuerdo con sus criterios y de acuerdo a sus finalidades...
(Voces.)- ¡Fraude!
Fraude la existencia de algunos aquí. La ambigüedad consiste en eso, licenciado Martínez Camberos y ojalá usted nos estuviera ilustrando, hay un representante personal en Roma del licenciado Carlos Salinas; lo que no está claro es si es de Carlos Salinas, a secas, vecino del Distrito Federal, oriundo por padres allá de Nuevo León, economista, o es del Ejecutivo de la Unión. El Papa, a su vez, designa un representante personal, que es, el que ya conocen todos ustedes, a don Jerónimo Prigione.
La ambigüedad de esta situación se podría concretar en este planteamiento, diputado Martínez Camberos, cuando el licenciado Carlos Salinas deje la Presidencia de la República, ¿quitará a su representante personal, pagado con fondos públicos aparte? Porque ya el licenciado Carlos Salinas no tiene derecho, o quién sabe, ¿quién sabe cómo salga?, a seguir manteniendo un representante personal, ¿aunque ya no sea Presidente? Esa es la ambigüedad.
Nosotros consideramos la recepción, independientemente de interpretaciones, de Carlos Salinas a su Santidad, como un acto de cortesía y básicamente un homenaje a un pueblo que es mayoritariamente católico.
Admitimos la pluralidad de los partidos, porque es plural el pueblo mexicano. Y repito, es bueno que se planteen estas cosas porque llevamos muchos años de hipocresía institucional. Nosotros creemos que es más conveniente que se apliquen rigurosamente las leyes para que el pueblo confirme o reaccione y exija su derogación, a seguir haciendo, simulando que no existen leyes persecutorias, por ejemplo.
Qué bueno que vengan y aquí se hagan denuncias, creo que será más benéfico hacer una denuncia, incluso demandar que se lleve hasta las últimas consecuencias, porque entonces podríamos ver una reacción, una definición de los mexicanos en esta materia que sigue siendo indebidamente de nuestra parte un tabú político que nadie se atreve a tocar de frente.
Que venga la denuncia y se hagan las investigaciones y si es necesario que se apliquen las leyes. Eso será más útil, repito, que sostener en esta materia una hipocresía institucional.
En buena hora, diputados del Partido de la Revolución Democrática, diputados del Partido Popular Socialista, que se demande estas investigaciones y el pueblo finalmente será el que diga la última palabra, no nosotros; nosotros aquí vamos a opinar, vamos a defender posiciones, pero será el pueblo de México, cuando se toque esta materia, el que diga quién tiene la razón. (Aplausos.)
El Presidente: - Ha solicitado la palabra en base al artículo 102, el diputado Marcué Pardiñas; en turno para el mismo tema el diputado José Luis Alonso, y para los mismo hechos, alusiones en este caso, solicita el uso de la palabra el diputado Martínez Camberos. Tiene la palabra pues el diputado Martínez Camberos.
El diputado Alexandro Martínez Camberos: - Lo dije desde el principio, que iba a tratar de sujetarme en lo más posible a sentar la posición del partido que en estos momentos represento.
Hay mucho que decir al respecto, entre otras cosas que no podemos tampoco nosotros convalidar lo que han hecho los regímenes anteriores, y también estamos de acuerdo, como dijo el compañero hace un momento, convalidar los despilfarros que se han hecho para las campañas electorales oficiales.
Se pregunta en primer lugar dónde quedó el artículo 130, ¿por qué se puso ese rubro a mi intervención? Yo pensé señor licenciado, que salía sobrando decir que con esa oficialización, con esos gastos excesivos o no excesivos para obras suntuarias o para obras útiles, simplemente que se había violado el artículo 130 constitucional, artículo que está vigente pero no es positivo.
En efecto, el gobierno ha seguido una política, y no de ahora, sinuosa y ficticia en el manejo de los problemas de la Iglesia y del Estado. Estoy inclusive de acuerdo en que es preferible claridad en nuestra legislación al respecto. Permítanme que
les diga que para el 20 y 21 de marzo fui honrado por la Universidad Juárez del estado de Durango, con el discurso, llamémoslo así, oficial y ahí declaré y está registrado en cintas magnetofónica, que dije: "el artículo 130 no sólo es discutible, sino que tiene algunas partes que realmente no tienen por qué prevalecer todavía". No es una posición de esta momento.
Lo cierto es que se habría de preguntar: ¿se considera vigente o no el artículo 130? ¿Es positivo o no? Es vigente de acuerdo con la teoría jurídica, pero no es positivo.
La cúpula eclesiástica ha dicho que no le interesa mucho la reforma al artículo 130 y yo digo: ¿para qué quieren la reforma si ya tienen, de hecho, el reconocimiento a la Santa Sede?
Usted ha dicho: representante personal. Bien, yo digo que un representante personal de un Presidente de la República, no puede deslindarse del cargo que ocupa ahora Salinas de Gortari. No puede dejar de pensarse que es el representante, llámenle personal o íntimo, como sea, es el representante del Presidente de la República y yo creo que no se atreverá un particular, a seguir teniendo un representante personal ante el Vaticano, en primer lugar, porque no lo necesita, ni creo que se lo admitieran en la Santa Sede. ¿Qué importancia tiene un representante personal de un Carlos Salinas que ya no es presidente de la República?
Se planteó la violación al artículo 130, porque no sólo estamos de acuerdo en que está vigente; sino que debe respetarse mientras no sea modificado. Para su modificación, entraremos en otra discusión. Veremos qué es lo que realmente el artículo 130 viola la declaración internacional de los derechos humanos.
Hay partes, y yo en lo particular creo que sí las viola, pero la mayor parte del artículo 130 no viola la declaración de los derechos humanos; la declaración de los derechos humanos es, como su nombre lo indica, una simple declaración.
Pero además hay convenios internacionales sobre cuestiones sociales y sobre cuestiones políticas. Recuerden ustedes, aquí tengo el texto de esas declaraciones. ¿Por qué se separó? Porque no es lo mismo una declaración que un convenio internacional en que los estados se comprometen a determinadas, a otorgar determinadas libertades, por el solo hecho de que un persona tenga ese carácter de ser humano.
Reitero, pues, creí que era claro, sobre todo para los juristas, sobre todo para la gente que entiende el fondo de los problemas, que no era necesario hablar de violación al artículo 130, porque por lógica, por congruencia, habría tenido que plantear el juicio político al Presidente de la República. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Manuel Marcué Pardiñas, por cinco minutos.
El diputado Manuel Marcué Pardiñas: - Señores, Ningún diputado consciente o responsable que se encuentre en esta sala, porque también hay diputados, particularmente en el Partido Revolucionario Institucional, que son irresponsables, bravucones, frívolos, borrachines, que nunca ha subido a esta tribuna, pero de que por ahí, por ahí gritan a todos los oradores, digan lo que digan.
Es una vergüenza que nunca suban a la tribuna y que el pueblo les esté pagando lo que les paga. Es un desprestigio para el partido Revolucionario Institucional. Hasta ahí lo del Partido Revolucionario Institucional.
Señores: debemos ser responsables; saber y gritar que la gran mayoría del pueblo mexicano es católico. Eso lo conscientizamos la gente responsable de los diferentes partidos. Y por eso debemos respetar la religión que tiene el pueblo.
Yo diré con firmeza, que al principio me pareció que no era buena la visita del Papa..., que sin discusión es una gran personalidad política en el mundo, pero después que observé atentamente todo lo que dijo, me pareció buena su presencia por todos los caminos de este país. ¿Por qué digo eso, señores?, digo eso porque el señor jefe de la Iglesia Católica, vino a afirmar, vino a recordarles a la mayoría de los mexicanos, de los mexicanos que pensamos en México y queremos esta tierra, vino a reafirmar y recordar, y ayudarnos a los que hemos protestado por lo que pasa en esta tierra, nos vino a ayudar a recordarle a todos los mexicanos lo que sucede. ¿Por qué digo eso?, digo eso señores porque recuerdo palabras sencillas del Papa, hablándole a los católicos y a los mexicanos en Chalco, ¿qué les dijo el señor Papa?, veo en su rostro tristeza por la corrupción que hay, ¿qué les dijo?, veo en su rostro preocupación por la represión que hay, veo en su rostro tristeza por la corrupción que hay y habló del narcotráfico, habló también de la vida de los mexicanos, nos recordó los asesinatos, sin decirlo, pero al buen entendedor pocas palabras, y yo le pregunto a estos señores diputados del Partido Revolucionario Institucional, ¿a quién se refería el Papa al recordar a los mexicanos esas cosas?
(Voces.)- ¿A quién?
¿A quién se refería? ¿Se refería a los señores de Acción Nacional?
(Voces.) - ¡Sí!, ¡sí!
¿No, señores! ¿Se refería a los señores del Partido Popular Socialista?
(Voces.) - ¿Sí!, ¡sí!
¿Tampoco, señores! ¿Se refería a los señores del Partido de la Revolución Democrática que han perdido más de 100 diputados, asesinados por las huestes priístas?
(Voces.) - ¿Ah!
¿A quién se refería cuando recordaba que aquí en México hay narcotráfico? (Voces.) - ¿A Marcué!
¿Señores, por favor! ¿Señores del Partido Revolucionario Institucional! ¿Me dio mucho gusto que viniera el Papa! ¿Pero mucho gusto, porque el Papa vino a decirles lo que ustedes en 60 años han hecho de este país!
¿Señores, me duele... Enfermo del corazón, me duele más el corazón al tener que recordarles a los señores del Partido Revolucionario Institucional lo que están haciendo!
¡Señores! ¡No se sonrojan esos que gritan! ¡Unos, "rotitos"! ¡Y otros con cara de gente del campo! ¡Pero que son unos pobres diablos! Que cuando se habla de los líderes de los diferentes partidos, gritan y se burlan; pero no tienen dignidad ni valor para venir a esta tribuna y, con alegatos, contestarnos.
Yo he sido respetuoso con mi amigo Carlos Salinas y seguiré siendo respetuoso. ¡Pero de lo que pueden tener ustedes seguridad, es que nunca venderé mi manera de pensar...!
(Voces.) - ¡No!, ¡no!
Mi ideología, mi actitud política, por la amistad o por cualquier ayuda que los del gobierno puedan dar!
¡Señores del Partido Revolucionario Institucional, tengan dignidad! ¿Qué ejemplo le dan ustedes a gente joven que hay aquí, particularmente a las damas?
¿Es cierto o no que son los del Partido Revolucionario Institucional los que están metidos en el narcotráfico?
(Voces.) ¡No!, ¡no!
¿Quieren que les dé nombres?
(Voces.) - ¡Sí!
¡Pobrecitos! ¡No tienen vergüenza, señores!
NARCOTRÁFICO EN EL ISTMO
El Presidente: El diputado José Luis Alonso, declina el uso de la palabra.
Tiene la palabra el diputado Teodoro Altamirano, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para hacer una denuncia.
El diputado Teodoro Altamirano Robles: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: El 19 de abril próximo pasado, la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana presentó una denuncia contra el narcotráfico en la región del Istmo. Turnamos nuestro oficio a las Comisión de Información, Gestoría y Quejas y a la Comisión de Justicia de esta honorable Cámara de Diputados, y hasta hoy no hemos obtenido respuesta.
El 20 del mismo mes, la fracción parlamentaria parmista solicitó audiencia con el subprocurador de narcóticos, ciudadano Javier Coello Trejo, y tampoco hemos tenido respuesta. A pesar de que tenemos en nuestro poder una serie de averiguaciones previas, en donde demostramos que un grupo de narcotraficantes, portando armas de alto poder, sin licencia alguna expedida por autoridad federal competente y sin pertenecer a corporación policiaca alguna, conforme lo dispone la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en su reglamento, se pasean impunemente, amenazado y golpeando a ciudadanos inermes, quemando y destruyendo viviendas de humildes juchitecos que habitan en la colonia "Mártires del 31 de Julio", por instrucciones del narcotraficante Ricardo Dorantes Morteo, quien el día 11 del presente, a las 11.00 de la mañana, estando reunidos en un local de la citada colonia, mandó a su lugarteniente, Ignacio Vázquez Banda, alias "El Alma Grande", a golpear a su servidor, por el hecho de haberlos denunciado en ésta Cámara.
La fracción parmista, ya no pedimos que se respete el fuero, sino cuando menos que se respete la vida de los ciudadanos.
Este lugarteniente, originario de Reynosa, Tamaulipas, es un asesino consumado. Huyó de su lugar de origen y se fue a refugiar a Juchitlán. Ahí hizo migas con Ricardo Dorantes, porque como los dos se dedican al narcotráfico, se entienden a la perfección.
Anoche, en la audiencia que el ciudadano Presidente de la República, licenciado Carlos Salinas de Gortari, concedió a la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, entre otros puntos, fue tratado el del narcotráfico en la región del Istmo y tuvimos la promesa de que a la mayor brevedad posible este problema será resuelto con la intervención del ciudadano procurador General de la República.
Esperamos que con la intervención del ciudadano Presidente de la República este asunto quede liquidado; los narcotraficantes deben ser huéspedes del reclusorio porque es la voluntad de los ciudadanos del Istmo. Ricardo Dorantes, Ignacio Vázquez Banda y demás pistoleros deben pagar sus culpas para tranquilidad del Istmo de tehuantepec, para tranquilidad de la ciudadanía Oaxaqueña y para tranquilidad del pueblo de México, que hoy más que nunca, tiene confianza en su Presidente, porque está demostrando que antes que nada está la salud de los mexicanos.
La fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, se dirige al ciudadano Procurador General de la República para que se aboque a este delicado problema, que beneficia a toda la ciudadanía que trata de detener el narcotráfico en la región del Istmo y porque creemos que es obligación que esta Presidencia, conforme al reglamento y a la Ley Orgánica del Congreso, exigir al Procurador de la República y en especial a Coello Trejo, que inmediatamente cumpla y proceda a detener a tan torvos sujetos y no dedicarse él y su grupito a violar indefensas jovencitas.
Porque si la Procuraduría no ha actuado en este momento en contra de este dirigente priísta, nos da entender Coello Trejo o que hay contubernio o que están mandando a narcotraficantes incrustados en su partido o desobedecer la política del señor presidente Carlos Salinas de Gortari, de combate total al narcotráfico.
Quiero informarles que un grupo de militantes parmistas del Istmo de Tehuantepec, se están organizando para realizar un plantón permanente frente a este recinto del honorable Congreso de la Unión si antes de 15 días no hubiera respuesta ante tantas agresiones sufridas por este sujeto que ha llenado de terror la región del Istmo.
Pido a mis compañeros diputados de todas las fracciones políticas su solidaridad, ya que no únicamente se agredió al diputado Rojo Altamirano; sino a toda esta representación nacional que integra la LIV Legislatura nacional. Muchas gracias.
El Presidente - Túrnese la denuncia a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
OFICIO DE LA CÁMARA DE SENADORES
El Presidente: - Esta Presidencia acaba de recibir una comunicación de la honorable Cámara de Senadores. Se ruega a la secretaría dar cuenta con ella.
El diputado secretario Salvador Sánchez Vázquez:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Senado de la República.- Oficialía Mayor.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
En virtud del programa establecido para la celebración de la trigésima reunión interparlamentaria México - Estados Unidos de América, que habrá de llevarse a cabo a partir del 24 del actual y de que la misma asistirá un número de 12 ciudadano senadores, nos permitimos solicitar a esta honorable colegisladora el consentimiento a que se refiere la última parte del artículo 68 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que este Senado de la República celebre sesión política ordinaria el día 21 del actual y vuelva a hacerlo hasta el día 29 del presente.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta consideración.
México, Distrito Federal, a 17 de mayo de 1990. - Senadores Hugo Domenzáin Guzmán secretario y José Joaquín González Castro secretario.»
En votación económica, se consulta a la asamblea si se otorga el consentimiento a que se refiere el último párrafo del artículo 68 constitucional.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.. Aprobada, señor Presidente.
AGRESIONES
A PARMISTAS
EN CHIAPAS
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Alberto Bernal, para hacer una denuncia sobre agresiones a parmistas en el estado de Chiapas.
El diputado Alberto Bernal González: - Señor Presidente; señores diputados: El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, a través de
la fracción parlamentaria y por este conducto, viene a denunciar las agresiones habidas por el gobernador de Chiapas, Patricio González Garrido, quien como consecuencia de que nuestro instituto político luchó para denunciar en las pasadas elecciones el fraude electoral propiciado y auspiciado por el referido gobernante, ahora se ha dedicado a privar de la libertad a nuestros dirigentes, a expulsarlos del estado o, en su caso, a ordenar su asesinato, convirtiéndose dicho gobernante en cómplice de homicidio en grado de tentativa en perjuicio de nuestro compañero, el Secretario General del Comité Ejecutivo de esa entidad, Alonso Rodríguez Gamboa, quien afortunadamente salió bien librado de la agresión homicida perpetrada por Rafael Oswaldo Castrejón Benítez (alias " el Negro"), cuya conexión con el narcotráfico es ampliamente conocida e incluso el referido maleante presume de impunidad por ser matón a sueldo del Ejecutivo de Campeche, amén de ser protegido de las guardias especiales y soplón, o comúnmente conocido como "madrina" del señor Procurador General de la República para el combate del narcotráfico, el señor licenciado Javier Coello Trejo.
Tal agresión aconteció un día anterior a la celebración del día 10 de mayo día de las madres, eso es el 9 de mayo, con las consecuencias que se han asentado.
Como esto está siendo ya parte integrante de la conducta de ambos funcionarios, esto es del señor Patrocinio González Garrido y de Javier Coello Trejo, solicitamos de esta soberanía se turne la presente a las Comisiones de Información, Gestoría y Quejas y de Derechos Humanos, para su investigación y trámite correspondiente. Se anexa documento. Muchas gracias. (Aplausos.)
EL Presidente: - Túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
DÍA DEL MAESTRO
EL Presidente: - Solicita el uso de la palabra el diputado Francisco Melo.
EL diputado José Francisco Melo Torres: - Gracias, señor Presidente; muchas gracias a nuestros compañeros legisladores, que en lo arduo de esta jornada de trabajo nos dan la oportunidad de escuchar, gracias a los muy pocos compañeros mexicanos en la tribuna y que están también allá atrás en la sala de invitados: Quiero, en nombre del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, rendir un homenaje a quienes bien nacidos en esta patria nuestra, desde la Anáhuac hicieron posible la grandeza de sus hombres, de sus mujeres, para heredarnos esta tierra pródiga de mexicanos.
Quiero fielmente, en nombre de este instituto político, el Auténtico de la Revolución Mexicana, rendir ese homenaje a aquellos hombres y mujeres que en las diversas épocas sociales, políticas, consolidaron la patria que hoy vivimos, y me refiero al benemérito maestro de México, al que un 15 de mayo le han dedicado el día para recordarlo, pero que en su peregrinar ha dejado una historia y una brecha como ejemplo que debemos seguir los mexicanos de estos días.
Por ello, he venido a esta tribuna, la más grande de México, para escuchar el sentir de los mexicanos y rendirle el tributo al maestro de México, al maestro que hizo en la época náhuatl al Cuauhtémoc que nos heredó esta patria; al maestro que en la independencia impulsara la lucha para gozar de esta libertad; al maestro de México, hombre o mujer que en la Revolución nos diera un camino a seguir; al maestro que en aquellos legisladores mártires de 1913, estoy seguro que allí, estuvieron, porque eran los maestros de México, a los maestros que intervinieron en la lucha para guardar con letras de oro a los vencedores en Querétaro en 1867; a los maestros que tuvieron que impulsar con su sangre y con su vida a los heroicos defensores de Cuautla en 1812, y a los defensores de Puebla de Zaragoza en 1862 y en 1863; a esos maestros, mi partido en nombre de México viene a rendirles tributo.
A estos maestros que enseñaron a los maestros de hoy a querer a su México, a esos maestros olvidados, a esos maestros que el gobierno en su modernidad debe de reiterarles su dignidad; a los maestros, hombres y mujeres, que hoy piden y claman justicia; a los maestros; al maestro oaxaqueño de América, José Vasconcelos, le rendimos tributo. A la gran maestra contemporánea que luchó por lo que hoy mujeres feministas y en todos los grupos, hicieron una campaña de dignidad a la mujer, a la maestra Consuelo Martínez Bolaños, también le rendimos tributo; a la maestra que cayó en la lucha por una dignidad sindical, le rendimos tributo.
Compañeros legisladores, vengo con esta breve exposición a proponer y dejar para ustedes lo que la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, a través de este documento, entregará a la mesa directiva para que lo turne a comisiones y se haga justicia al maestro. Sólo queremos en esta propuesta, como un reconocimiento a la lucha de los mentores nacionales,
sea quien sea, que se quede plasmada en letras áureas el nombre de los maestros de México.
¡Vivan los maestros de México! (Aplausos.)
EL Presidente: - Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamento y Práctica Parlamentaria.
Continúe la secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
EL secretario Salvador Sánchez Vázquez: - Señor Presidente, se han agotado Los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
« Segundo Período Ordinario de Sesiones. - Segundo Año de la LIV Legislatura.
Orden del día
22 de mayo de 1990.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Por el que se comunica que el ciudadano Alejandro Mendoza Santana, dejó de prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América, en México.
Y los demás asuntos con los que la secretaría dé cuenta.»
EL Presidente ( a las 18.45 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 22 de mayo a las 10.00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA
Y DIARIO DE LOS DEBATES