Legislatura LIV - Año II - Período Ordinario - Fecha 19900619 - Número de Diario 19
(L54A2P1oN019F19900619.xml)Núm. Diario:19ENCABEZADO
LIV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Dip. Humberto Roque Villanueva
RECINTO LEGISLATIVO
CENTRO MEDICO NACIONAL
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Lic. Héctor de Antuñano y Lora
AÑO II México, D. F. martes 19 de junio de 1990 No. 19
SUMARIO
ASISTENCIA
La secretaría informa que hay quórum.
APERTURA
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR
Sin discusión, se aprueba.
OFICIO DE LA HONORABLE
CAMARA DE SENADORES
Por el que se comunica la integración de la mesa directiva para el tercer mes. De enterado.
INFORME
De los ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. De enterado.
INICIATIVAS DEL EJECUTIVO
LEY QUE ESTABLECE BASES
PARA LA EJECUCIÓN
EN MÉXICO POR EL PODER
EJECUTIVO FEDERAL
DEL CONVENIO CONSTITUTIVO
DE LA ASOCIACIÓN
INTERNACIONAL DE FOMENTO
Oficio e iniciativa de reformas. Se recibe y turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
MONEDA CONMEMORATIVA
DE LA CONVENCIÓN
SOBRE LOS DERECHOS
DEL NIÑO
Oficio e iniciativa de decreto que establece sus características. Se recibe y turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
INICIATIVAS CIUDADANOS
DE DIPUTADOS
ARTICULO 115
CONSTITUCIONAL
Reformas presentadas por el diputado Jesús Antonio Carlos
Hernández. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
Reformas presentadas por el diputado José Herrera Reyes. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
LEY GENERAL DE SALUD
Reformas y adiciones presentadas por el diputado Vicente Luis Coca Alvarez. Se turna a la Comisión de Salubridad y Asistencia.
COMUNICACIÓN
De los grupos parlamentarios para abstenerse de fumar en el salón. Da lectura la Presidencia. Se aprueba.
MINUTAS
CONDECORACIONES
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Miguel Mancera Aguayo, para aceptar y usar la que le confiere el gobierno de Francia. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Jacinto Romero Arredondo, para aceptar y usar la que le confiere el gobierno de Portugal. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Tomás Ortega Bertrand, para aceptar y usar la que le confiere el gobierno de Noruega. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano José Concepción González Leyva, para que pueda trabajar en la Embajada de la República Francesa en esta ciudad.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
CONDECORACIONES
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Jesús Puente Leyva, para que pueda aceptar y usar la que le confiere el gobierno de Perú.
NOMBRAMIENTO
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Guido Gaspare Ramella Osuna, para que pueda aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Italiana en Guadalajara, Jalisco.
PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Maricela Alvarez Arroyo, para prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Se aprueba los proyectos de decreto. Pasan al Ejecutivo y al Senado para sus efectos Constitucionales.
PROPOSICIONES
SOBRE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
Del incremento en las tarifas, habla el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala.
Debaten los diputados: Jaime Guillermo Aviña Zepeda.
Manuel González Díaz de León.
Juan Nicasio Guerra Ochoa.
Se turnan las propuestas a las comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Autotransporte Federal.
PROPUESTA
Sobre la existencia del grupo del Pentágono en México, presentada
por el diputado Jesús Ortega Martínez.
Debaten los diputados: Miguel Martínez Castro
Jesús Ortega Martínez, para rectificar hechos.
Se turna la petición del diputado Ortega a la Comisión de Relaciones Exteriores.
SOLICITUD DE EXCITATIVA
Expuesta por el diputado Vicente Luis Coca Alvarez, dirigida a la Comisión de Relaciones Exteriores. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
SOBRE DERECHOS HUMANOS
Sobre amenazas contra el doctor Jorge Castañeda, debaten los diputados: Rubén Venadero Valezuela.
Jorge Martínez y Almaraz.
Bernardo Bátiz Vázquez.
Graciela Patricia Gómez de Ibarra.
DEL ESTADO DE PUEBLA
Sobre el problema de la Universidad, intervienen los diputados:
Israel Félix Galán Baños.
Rosalío Wences Reza, para rectificar hechos.
Miguel A. Quiroz Pérez.
DEL ESTADO DE MÉXICO
Sobre la aplicación de la técnica censal en dicho estado, habla el diputado Reynaldo Rosas Domínguez.
UNIVERSIDAD
DE GUADALAJARA
Sobre el paro de labores en esta casa de estudios, presenta punto de acuerdo el diputado, Gerardo Ávalos Lemus.
Interviene el diputado Héctor Alfredo Ixtláhuac Gaspar.
Se aprueba el punto de acuerdo.
DENUNCIAS
DEL ESTADO DE SINALOA
Sobre el problema de la reforma agraria habla el diputado Tomás Gutiérrez Narváez. Se turna a la Comisión de Gestoría y Quejas.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HUMBERTO ROQUE VILLANUEVA
(Asistencia de trescientos cuarenta y tres diputados)
ASISTENCIA
El secretario diputado Rubén García Farías: - Señor Presidente, hay una asistencia de 343 diputados. Hay quórum.
APERTURA
El Presidente (a las 11.15 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El secretario diputado Fernando Antonio Lozano Gracia:
«Segundo Período Ordinario de Sesiones. - Segundo Año. - LIV Legislatura.
Orden del día.
19 de junio de 1990.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Oficio de la honorable Cámara de Senadores, por el que se comunica la integración de la mesa directiva para el tercer mes.
De conformidad con el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, la secretaría
presenta el informe que manifiesta el número de expedientes tramitados en el segundo mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año.
Iniciativas del Ejecutivo
De decreto que reforma la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento.
De decreto que establece las características de la Moneda de Plata Conmemorativa de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Iniciativas de diputados
Del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, de reformas al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de reformas al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, de reformas y adiciones a la Ley General de Salud.
Minutas
Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano licenciado Miguel Mancera Aguayo, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de Francia.
Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano general brigadier intendente diplomado de estado mayor, Jacinto Romero Arredondo, para que pueda aceptar y usar la condecoración de Mérito Militar de Primera Clase, que le confiere el gobierno de Portugal.
Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano almirante Tomás Ortega Bertrand, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Gran Cruz de San Olav, que le confiere el gobierno de Noruega.
Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José Concepción González Leyva, para que pueda prestar servicios en la embajada de la República Francesa en México.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano licenciado Jesús Puente Leyva, para aceptar y usar la condecoración de la Orden El Sol del Perú, en grado de Gran Cruz que le confiere el gobierno de Perú.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Guido Gaspare Ramella Osuna, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Italiana en Guadalajara, Jalisco.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Maricela Alvarez Arroyo y Erika Fabiola Aguilera Gálvez, para prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de América en México.
PROPOSICIONES
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre comunicaciones y transportes en la República Mexicana.
Toma de posiciones, comentarios y declaraciones
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la existencia de un grupo del Pentágono en México.
De los grupos parlamentarios de los partidos Auténtico de la Revolución Mexicana y Popular Socialista, sobre el libre comercio.
De los grupos Independiente y del Partido de la Revolución Democrática, sobre derechos humanos.
Del grupo Parlamentario Independiente, sobre el problema del autoritarismo del gobierno del estado de Puebla.
De los grupos parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática y Auténtico de la Revolución Mexicana, ante la aplicación de la técnica censal en el estado de México.
Opinión del diputado Gerardo Ávalos Lemus, sobre el conflicto de la Universidad de Guadalajara.
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, solicitud de excitativa a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Denuncias
Del grupo Parlamentario Independiente, sobre la privatización de la industria azucarera.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el aumento a las tarifas de Caminos y Puentes Federales.
Del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre problemas en la Secretaría de la Reforma Agraria en el estado de Sinaloa.
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre las elecciones en Nayarit.
Del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre agresiones a obreros de la fábrica "La Constancia Mexicana", en Puebla, Puebla.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
La secretaria diputada Guadalupe Gómez Maganda de Ayala:
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, celebrada el día catorce de junio de mil novecientos noventa, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de ejercicio de la Quincuagésima Cuarta Legislatura.
Presidencia del diputado José Murat
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con veintiséis minutos del día catorce de junio de mil novecientos noventa, con una asistencia de trescientos treinta y cuatro diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
A las once horas con veintiocho minutos, se declara un receso.
Receso
A las once horas con cuarenta y seis minutos, se reanuda la sesión y la secretaría da lectura al orden del día y al acta de la sesión anterior, misma que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.
Presidencia del diputado
Leopoldo Salinas Gaytán
Hace uso de la palabra el diputado César Coll Carabias, del Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativas de reforma a los artículos ochenta y ciento cuarenta y uno de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El Presidente concede el uso de la palabra a la diputada Teresa Cortés Cervantes, del Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativa de reformas al artículo setenta y siete de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, hace uso de la palabra para presentar iniciativa de reformas al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Presidencia del diputado Hiram Rivera Teja
Se concede el uso de la palabra a la diputada Marcela Lombardo Otero, del Partido Popular Socialista, quien presenta iniciativa de reformas al artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Presidencia del diputado José Murat
La secretaría da cuenta con dos oficios de la Secretaría de Gobernación, por lo que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y la señora Cecilia Occelli de Salinas, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de Japón.
La Presidencia considera los asuntos con los que se acaba de dar cuenta, como de urgente resolución y la asamblea, en votación económica, les dispensa todos los trámites y se ponen a discusión de inmediato.
Para debatir sobre estos asuntos, hacen uso de la palabra los diputados Santiago Rodríguez del Valle, del Partido Acción Nacional, en contra; Guadalupe Gómez Maganda, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Oscar Mauro Ramírez Ayala, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en pro; Albertina Barbosa de Meraz, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Teresa Cortés Cervantes, del Partido Acción Nacional, para contestar alusiones personales e Ismael Yáñez Centeno, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos.
Suficientemente discutido, se reserva para su votación en conjunto y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la secretaría toma la votación de ambos proyectos de decreto en un solo acto. Se aprueba por doscientos cincuenta y cinco votos y pasan al Senado para sus efectos constitucionales.
Se da primera lectura a un dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Guido Gaspare Ramella Osuna, pueda aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Italiana en Guadalajara, Jalisco.
Se da segunda lectura y se someten a discusión tres dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para un número igual de ciudadanos mexicanos, puedan prestar sus servicios en la embajada de la República Democrática Alemana en México. No habiendo quien haga uso de la palabra, se toma la votación de los tres proyectos de decreto en un solo acto y la asamblea los aprueba por doscientos setenta y cinco votos. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Presidencia del diputado
Juan Manuel Verdugo Rosas
Hace uso de la palabra el diputado Humberto Esqueda Negrete, del Partido Auténtica de la Revolución Mexicana, quien hace diversas recomendaciones respecto a la llamada Miscelánea Fiscal y para referirse al mismo tema hace uso de la palabra el diputado Javier Bonilla Chávez, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta una interpelación del diputado Noé Aguilar Tinajero.
Para referir a los precios al consumidor, hace uso de la palabra el diputado David Ramírez Márquez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Se turnan sus propuestas a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas. Se concede el uso de la palabra para que el diputado Pedro Gama Medina, se refiera, a título personal, a la reconstrucción comercial de México en el ámbito mundial.
Presidencia del diputado
José Murat
Para referirse al mismo asunto, se concede el uso de la palabra a los diputados Demetrio Sodi de la Tijera, del Partido Revolucionario Institucional; Carlos Navarrete Ruíz, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos, responde a una interpelación del diputado Cuauhtémoc Anda Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, y de Patricio Estévez Nenninger, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Para referirse a los trabajadores de la mesa directiva, hacen uso de la palabra los diputados Juan Jaime Hernández, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y Ricardo Monreal Ávila, del Partido Revolucionario Institucional.
Para solicitar una excitativa a la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, hace uso de la palabra el diputado Francisco Melo Torres, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. La Presidencia hace la excitativa.
Para continuar con el orden del día, se realiza la elección de la mesa directiva para el tercer mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima cuarta Legislatura. Realizado el cómputo, son electos los diputados Humberto Roque Villanueva, como presidente y como vicepresidente: María Elena Chapa Hernández, Antonio Alvarez Esparza, Noé Aguilar Tinajero, Juan Nicasio Guerra Ochoa y Horacio Treviño Valdez, por doscientos ocho votos. El Presidente hace la declaratoria respectiva.
Agotados los asuntos en cartera, la secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las diecisiete horas con cincuenta y tres minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo martes diecinueve de junio de mil novecientos noventa, a las diez horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor Presidente.
OFICIO DE LA HONORABLE CÁMARA
DE SENADORES
El secretario diputado Fernando Antonio Lozano Gracia:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México, D. F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. - Presentes.
Nos permitimos hacer de su conocimiento que esta Cámara, en sesión celebrada el día de hoy, eligió la siguiente mesa directiva que funcionará durante el tercer mes, correspondiente al segundo período ordinario del segundo año de su ejercicio.
Senadores: Enrique Burgos García, presidente; vicepresidente: Bulmaro Pacheco Moreno y César Moreno Martínez de Escobar.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 14 de junio de 1990. - Senadores secretarios: Hugo Domenzáin Guzmán y María Cristina Sangri Aguilar.»
Trámite: - De enterado.
INFORME
El secretario diputado Rubén García Farías:
«La secretaría, de conformidad con el artículo 25, fracción VI del reglamento, manifiesta el número de expedientes manejados por las comisiones durante el segundo mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año.
Dar doble click con el ratón para ver imagen
México, Distrito Federal, a 14 de junio de 1990.»
INICIATIVAS DEL EJECUTIVO
LEY QUE ESTABLECE BASES PARA LA EJECUCIÓN EN MÉXICO, POR EL PODER
EJECUTIVO FEDERAL, DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FOMENTO
La secretaria diputada Guadalupe Gómez Maganda de Anaya:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Trámite: - De enterado.
Anexo al presente, envío a ustedes, por instrucciones del ciudadano Presidente de la República y para los efectos constitucionales, iniciativa de decreto que reforma la Ley que establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 15 de junio de 1990. - El secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Presidencia de la República.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
La Asociación Internacional de Fomento es un organismo financiero internacional creado en 1960 como filial del Banco Mundial, con el propósito de ayudar a elevar el nivel de vida de los países miembros de menor desarrollo, a través del otorgamiento de asistencia financiera y técnica en términos concesionales.
México ha sido miembro de dicha asociación desde su establecimiento y sus relaciones con la misma quedaron señaladas en la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de dicha asociación de fecha 30 de diciembre de 1960, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del mismo año.
La suscripción inicial de México fue de 8.740,000 (ocho millones setecientos cuarenta mil) dólares de los Estados Unidos de América, del peso y ley vigente al 1o. de enero de 1960, quedado abierta la posibilidad de aumentarse por acuerdo de la Asamblea de Gobernadores de este organismo.
A la fecha se han realizado ocho reposiciones de recursos. Para la primera y segunda sólo se solicitó la aportación de los países desarrollados. En la tercera y cuarta se invitó a países en desarrollo, miembros de la asociación, para efectuasen contribuciones adicionales de capital. En estas ocasiones México no consideró pertinente participar
Fue a partir de la quinta reposición que México ha participado en las siguientes reposiciones autorizadas por el Congreso de la Unión por decretos del 27 de diciembre de 1980, 21 de diciembre de 1981, 11 de octubre de 1983, 21 de noviembre de 1984, 17 de diciembre de 1985 y 22 de diciembre de 1987 publicados en el Diario Oficial de la Federación el 8 de enero de 1981, 28 de diciembre de 1981, 4 de noviembre de 1983, 24 de diciembre de 1984, 13 de enero de 1986 y 19 de enero de 1988, respectivamente.
Ante la necesidad de recursos adicionales para su financiamiento, la Asociación Internacional de Fomento ha propuesto, mediante la Resolución 150 de fecha 8 de mayo de 1990, la novena reposición de recursos cuyo monto será de 11,680.000,000 (once mil seiscientos ochenta millones) de derechos especiales de giro, para cubrir sus compromisos durante el período del 1o. de julio de 1990 al 30 de junio de 1993. La participación de México sería en los términos que la anterior, esto es, el 0.17% del total lo cual asciende a 20.000,000 (veinte millones) de derechos especiales de giro.
A partir de la sexta reposición, la Asociación Internacional de Fomento otorga sus créditos en derechos especiales de giro, en tanto que las aportaciones de los países, en su mayoría se denominan en moneda nacional; circunstancia que origina la erosión del valor real de las reposiciones, debido a las fluctuaciones cambiarias de las monedas de los países aportantes. Por ello, la Asociación Internacional de Fomento solicitó el apoyo de estos países para que denominaran sus contribuciones en derechos especiales de giro
. Es importante señalar que la aportación de nuestro país a la novena reposición de recursos de este organismo, no sólo constituye un elemento importante dentro de las relaciones globales de México con el Banco Mundial, sino que además significa una medida concreta de apoyo a la posición de México en el sentido de que el fortalecimiento de las instituciones financieras multilaterales es un factor determinante en la generación de una corriente de recursos financieros concesionales que favorecen el proceso de desarrollo de los países.
La participación de nuestro país en la Asociación Internacional de Fomento es una muestra de solidaridad con los países de menor desarrollo económico y contribuye a poder lograr una mayor interrelación y cooperación entre los países. Sin embargo, se hace hincapié en que las aportaciones de algunos países en desarrollo como es el caso de México, nunca serán sustituto de las aportaciones de los países desarrollados.
Por las razones anteriores y con fundamento en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión por el digno conducto de ustedes, la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA
EL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY
QUE ESTABLECE BASES PARA
LA EJECUCIÓN EN MÉXICO,
POR EL PODER EJECUTIVO FEDERAL,
DEL CONVENIO CONSTITUTIVO
DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL
DE FOMENTO
Artículo primero. Se reforma el artículo 2o. de la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento, de 30 de diciembre de 1960,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1960, modificada por decretos del 27 de diciembre de 1980, 21 de diciembre de 1981, 11 de octubre de 1983, 21 de noviembre de 1984, 17 de diciembre de 1985 y 22 de diciembre de 1987 publicados en el Diario Oficial de la Federación el 8 de enero de 1981, 28 de diciembre de 1981, 4 de noviembre de 1983, 24 de diciembre de 1984, 13 de enero de 1986 y 19 de enero de 1988, respectivamente, para quedar como sigue:
"Artículo 2o. El Banco de México hará la aportación de México, correspondiente a la novena reposición de capital de la Asociación Internacional de Fomento, hasta por 20 millones de derechos especiales de giro (DEG), equivalente a 25 millones 200 mil dólares de Estados Unidos de América, al tipo de cambio promedio entre el 1o. de mayo y el 31 de octubre de 1989, la cual se adicionará a las suscripciones anteriores efectuadas por nuestro país, para hacer un total equivalente a 95 millones 289 mil 291 dólares de los Estados Unidos de América, considerados a los distintos tipos de cambio autorizados."
Artículo segundo. Se autoriza al Ejecutivo Federal para actualizar las aportaciones a que se refiere la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento, para cumplimentar lo dispuesto en el artículo anterior.
TRANSITORIO
Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Reitero a ustedes, ciudadanos secretarios, las seguridades de mi consideración.
México, Distrito Federal, a 14 de junio de 1990.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para la atención que proceda.
MONEDA CONMEMORATIVA
DE LA CONVENCIÓN
DE LOS DERECHOS DEL NIÑO
El secretario diputado Fernando Antonio Lozano Gracia:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Por instrucciones del ciudadano Presidente de la República y para los efectos constitucionales, con el presente envío a ustedes iniciativa de decreto que establece las características de la moneda de plata conmemorativa de la Convención sobre los Derechos del Niño, documento que el propio primer magistrado de la nación propone por el digno conducto de ustedes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 15 de junio de 1990. - El secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Presidencia de la República.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, a propuesta de un grupo de países miembros entre los que se encuentra México, aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, con fecha 20 de noviembre de 1989, la que aboga por el mejoramiento continuo de la infancia en todo el mundo, así como por su desarrollo y educación en condiciones de paz y seguridad.
Por este motivo y a fin de resaltar la importancia de esa convención, esta iniciativa tiene por objeto se autorice a acuñar una moneda de plata conmemorativa que presente en su diseño una actividad recreativa desarrollada por niños mexicanos.
Las monedas conmemorativas de acontecimientos de importancia para la vida nacional forman parte del sistema monetario mexicano y, por tanto, corresponde al Congreso de la Unión señalar sus diámetros, leyes, composición metálica, cuños y demás características según lo prescribe el artículo 2o., inciso c, de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.
Los cuños de la moneda que se propone describirán en su anverso, el Escudo Nacional y en el reverso, una escena mostrando a dos niñas y un niño rompiendo una piñata con la leyenda impresa "Salve a los Niños".
Por lo expuesto, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción I de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión, por el digno conducto de ustedes, la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO
QUE ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS
DE LA MONEDA DE PLATA
CONMEMORATIVA DE LA CONVENCIÓN
SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
Artículo único. Se autoriza la emisión de monedas de plata, conmemorativas de la Convención sobre los Derechos del Niño, de acuerdo con el artículo 2o., inciso c, de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:
a) Valor nominal: Cien pesos.
b) Diámetro: 38.0 mm. (treinta y ocho milímetros).
c) Ley: 0.925 (novecientos veinticinco milésimos) de plata.
d) Metal de liga: 0.075 (setenta y cinco milésimos) de cobre.
e) Peso: 33.625 g. (treinta y tres gramos, seiscientos veinticinco miligramos)
. f) Contenido: 1 (una) onza troy de plata pura.
g) Tolerancia en ley: 0.005 (cinco milésimos en más o en menos).
h) Tolerancia en peso: Por unidad: 0.263 g (doscientos sesenta y tres miligramos); por conjunto de mil piezas: 5.181 g. (cinco gramos, ciento ochenta y un miligramos), ambas en más o en menos.
Cuños:
Anverso: Al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico circundado con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos". El marco liso con gráfila en forma de puntos.
Reverso: Una escena mostrando a dos niñas y un niño rompiendo una piñata. En la parte derecha, la leyenda $100; debajo de ésta, el año de acuñación; debajo de éste, el símbolo de la Casa de Moneda de México (M); del lado izquierdo, la leyenda "1 Onza de Plata Ley. 925", exergo, la leyenda "Salve a los Niños".
Canto: Estriado.
TRANSITORIOS
Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Ruego a ustedes, ciudadanos secretarios, dar cuenta de esta iniciativa a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales correspondientes.
México, Distrito Federal, 14 de junio de 1990.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para la atención que proceda.
INICIATIVAS DE DIPUTADOS
ARTICULO 115 CONSTITUCIONAL
El Presidente: - Entramos al capítulo de iniciativas de diputados.
Tiene la palabra el diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para dar lectura a una iniciativa de reformas al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Jesús Antonio Carlos Hernández:
«Iniciativa del Partido Popular Socialista para reformar el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Honorable asamblea: En ejercicio del derecho que nos otorga el artículo 71 de la Constitución General de la República, los diputados del Partido Popular Socialista presentamos ante esta soberanía la siguiente iniciativa de ley que reforma el texto del artículo 115 constitucional de la propia Constitución, relativa al municipio libre, en base a la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El tema del municipio sigue siendo de gran importancia para todos los mexicanos, como fue para el Constituyente de Querétaro.
El movimiento revolucionario que se inició en 1910, al lado de la demanda principal de respetar
el voto de los ciudadanos y prohibir la reelección del Presidente de la República y de los gobernadores, exigió la supresión de los jefes políticos y la restauración del municipio libre, como institución primordial de la estructura política del país. A estas consignas iniciales habrían de sumarse la lucha contra los latifundios, la reforma agraria, el reconocimiento de los derechos de la clase obrera y la reivindicación para la nación de las riquezas naturales de su territorio.
Dentro de este marco, la Revolución Mexicana se propuso dotar al municipio de vida democrática, con el fin de encontrar el camino de asegurar a los ayuntamientos su autonomía respecto de los poderes de los estados y del gobierno federal.
También se propuso darle fortaleza económica al municipio, como célula de nuestra organización política, impidiendo que los poderes estatales intervinieran en la vida económica municipal.
Sin embargo, a 73 años de haber sido promulgada la Constitución de 1917 y con ella desde luego el artículo 115 constitucional, no se ha logrado los objetivos en el sentido de dar plena autonomía al municipio, ni en el sentido de consolidar su vida democrática, ni en el fortalecimiento de su economía, sino incluso se ha retrocedido, pues se ha limitado sensiblemente la vida municipal en perjuicio de la población que habita dentro del territorio municipal, por lo que es plenamente vigente la exigencia de instaurar el municipio libre.
Consideramos que cuando el municipio se convierta en promotor de desarrollo económico, habrá muchas fuentes de trabajo e ingresos de cuantía considerable para dar atención a las necesidades de los habitantes del municipio.
Mediante la intervención directa del ayuntamiento, con el desarrollo económico creando empresas municipales, tanto de producción como de servicios en las que el gobierno del estado podrá participar como accionista, quedando excluidos expresamente los intereses privados, se desarrollará económica, social y culturalmente el municipio y por lo tanto se logrará la autonomía económica del mismo y una mejor prestación de los servicios públicos municipales que tiene encomendados, de acuerdo a lo señalado en la fracción III del artículo 115 constitucional.
El gobierno municipal logrará también el fortalecimiento de su economía, mediante el respeto al artículo 115 constitucional, que le otorga el derecho de manejar libremente su hacienda, evitando que el estado y las legislaturas locales decidan sus leyes de ingresos y revisión de sus cuentas públicas, como indebidamente se expresa en el inciso c, párrafo tercero, pues de seguir así, se le seguirá tratando como a menores de edad, como lo planteó el diputado constituyente Heriberto Jara, teniendo las legislaturas locales una intervención indebida en las cuestiones hacendarias del municipio.
En cuanto a la vida democrática de los municipios, ésta se ha dado en términos generales, en forma muy incipiente.
La experiencia ha demostrado que las contiendas políticas para la elección de los miembros de los ayuntamientos provoca mayor interés que la elección de los gobernadores de los estados y esto es porque las autoridades municipales dependen en mucho la tranquilidad de los pueblos, el establecimiento y ampliación de los servicios públicos y las perspectivas del mejoramiento del nivel de vida de sus habitantes, tanto en las pequeñas poblaciones como en las grandes ciudades.
Sin embargo, un examen rápido a las constituciones políticas de las entidades del país, demuestra que las legislaturas o bien los gobernadores, apenas a 10 años de iniciarse el Siglo XXI, califican las elecciones municipales o intervienen en ellas, de tal modo que, finalmente imponen su criterio, anulado la vida democrática de las comunidades que sirven de fundamento a la estructura política de la República, por eso, es necesario que las autoridades superiores de los estados no intervengan en las elecciones, para que haya un amplio régimen democrático que abarque a todas las formas de la convivencia social, pues el proceso democrático debe partir de abajo hacia arriba y no sólo de arriba hacia abajo.
Esto exige una lucha firme, el respeto absoluto a las disposiciones avanzadas del artículo 115 constitucional, que ordena elegir los ayuntamientos aplicando estrictamente el principio de representación proporcional, principio que en la mayoría de los casos se soslaya, violentando el contenido del mandato constitucional.
Esto debe ser así para que haya una verdadera vida democrática municipal y se corresponda, de una manera directa, consciente y activa una vida democrática nacional.
Ha llegado el momento de hacer innovaciones en la vida municipal, para que sus autoridades se sientan ligadas al conjunto de la población y ésta tenga siempre el derecho de sustituir a los mandatarios que no cumplan con sus deberes. Por eso proponemos el derecho de iniciativa y el derecho de revocación del mandato, así como la obligación del ayuntamiento de someter a su aprobación, en referendum el plan de la administración municipal.
Por las consideraciones anteriores, proponemos las siguientes
REFORMAS Y ADICIONES AL TEXTO
VIGENTE DEL ARTÍCULO 115
CONSTITUCIONAL
Primero. El párrafo segundo de la fracción I, se modifica para quedar como sigue: Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, no podrán ser reelectos para el período inmediato con el carácter de suplentes, pero los que tengan el carácter de suplentes, siempre que no hayan entrado en funciones, sí podrán ser electos para el período inmediato, como propietarios.
Segundo. Los párrafos tercero, cuarto y quinto de la fracción I, se sustituyen para quedar en los siguientes términos:
Se reconoce a los ciudadanos de los municipios el derecho de presentar iniciativas al ayuntamiento para mejorar la administración y los servicios públicos, debiendo recaer un acuerdo sobre cada petición que será pública. Se les reconoce también el derecho de revocar el mandato del presidente municipal y de uno o de varios regidores o de todo el ayuntamiento, por el incumplimiento evidente de sus obligaciones, su incapacidad notoria o su falta de probidad. Este derecho corresponderá a la mayoría de los ciudadanos inscritos en el padrón, comprobada que sea, la comisión electoral municipal declarará revocado el mandato de los funcionarios señalados en la demanda y convocará a elecciones para los puestos vacantes.
Tercero. Para la fracción II se plantea la siguiente redacción:
Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán libremente su patrimonio. Los ayuntamientos poseerán facultades para expedir sus propios bandos municipales, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas competencias territoriales.
Cuarto. La fracción III deberá tener la siguiente redacción:
a) Agua potable y alcantarillado;
b) Alumbrado público;
c) Limpia;
d) Mercados y centrales de abastos;
c) Panteones;
f) Rastros;
g) Calles, parques y jardines, y
h) Seguridad pública y tránsito y/o los demás servicios que no estén reservados a la Federación y a los estados.
Quinto. Para la fracción IV planteamos la siguiente redacción:
Los municipios administrarán libremente su hacienda municipal, la cual se formará con:
a) El total del Impuesto Predial que se obtenga en su territorio, los que se obtengan por fraccionamiento, división, consolidación y traslación de la propiedad e inmuebles en su jurisdicción. Los municipios podrán celebrar, si lo consideran adecuado, convenios con el estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la recaudación de esas contribuciones;
b) Las participaciones federales que serán cubiertas por la Federación a los municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen;
c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo, y
d) Los rendimientos por la explotación de sus propios bienes.
Se agrega un párrafo en los siguientes términos:
Los ayuntamientos crearán las empresas propias municipales que requiera el desarrollo de la comunidad, donde participará el gobierno del estado como accionista, pero la intervención de la iniciativa privada nunca será mayor del 25% de las acciones correspondientes.
Sexto. El párrafo tercero de la fracción IV (que de hecho se convierte en el cuarto párrafo), se propone quede en los siguientes términos:
Los ayuntamientos elaborarán y aprobarán su presupuesto de ingresos y de egresos en base al contenido de la fracción IV.
Séptimo. La fracción IX quedará con la siguiente redacción:
Las relaciones de trabajo entre el ayuntamiento y sus trabajadores, se regirán en base a lo dispuesto en el artículo 123 constitucional y sus disposiciones reglamentarias.
La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, diputados: Belisario Aguilar Olvera,
Lucio Bermúdez Aristeo, Rafael Campos López, Modesto Cárdenas García, Jesús Antonio Carlos Hernández, Héctor Colio Galindo, Abigaíl Cruz Lázaro, Tomás Gutiérrez Narváez, Paloma Hernández Oliva, Armando Ibarra Garza, Luis Jacobo García, Julio Jácome López, Heray Lescieur Molina, Marcela Lombardo Otero, Gregorio Lorenzo Domínguez, Jesús Luján Gutiérrez, José Marín Rebollo, Herón Maya Anguiano, Carmen Mercado Téllez, Félix Mercado Téllez Magdaleno Luis Miranda Reséndiz, Crescencio Morales Orozco, Francisco Ortíz Mendoza, Sergio Quiroz Miranda, Román Ramírez Contreras, Alfredo Reyes Contreras, Ernesto Rivera Herrera, Gustavo Ríos Morales, Gloria Rodríguez Aceves y Mario Vázquez Martínez.»
Trámite: - Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para la atención que proceda.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado José Herrera Reyes.
El diputado José Herrera Reyes:
«Iniciativa de adición al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión: Los que enseguida firman, diputados de la LIV Legislatura del Congreso de la Unión, todos miembros del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 135 y demás aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General, ponemos a la consideración de esta honorable Cámara la presente iniciativa de adición de un párrafo a la fracción IV, inciso b, del artículo 115 constitucional, en base a la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Partido Acción Nacional ha pugnado desde su fundación para que el municipio sea libre y eficaz, definiendo y organizando sus propios servicios, fortaleciendo la hacienda municipal en forma autónoma, a base del aprovechamiento de sus propios bienes, de derechos por prestación de servicios, de la atribución al municipio del Impuesto Predial, con participación para el gobierno de estado y participación del municipio en los impuestos especiales del estado y la Federación, que provengan de las fuentes ubicadas dentro de la municipalidad; regular la autonomía del municipio para la administración de su hacienda y la rendición pública y comprobada de cuentas por el manejo de los servicios, de los bienes y fondos municipales.
El municipio, se ha dicho en Acción Nacional, es base de la organización política nacional, debe ser comunidad de vida, fuente y apoyo de la libertad, de eficacia en el gobierno y de limpieza en la vida pública.
Para conseguir tal objetivo, nos hemos propuesto en el Partido Acción Nacional modificar la legislación actual, con el propósito de conceder a los municipios la posibilidad legal de impugnar aquellas leyes o actos de autoridad estatales o federales que lesionen su autonomía o les nieguen o escatimen los medios indispensables para cumplir con la función de su cargo.
Es por ello que nos interesa en esta iniciativa la fuente más grande de ingresos: la de las participaciones que reciben los municipios, previstas en la fracción IV, inciso b, del artículo 115 de la Constitución Federal, que con arreglo a las bases, montos y plazos anualmente se determinan por las legislaturas de los estados.
De las participaciones se ocupan también las constituciones locales al hablar de la hacienda municipal, que la forman, entre otras fuentes de ingresos, las participaciones federales, que serán cubiertas a los municipios y sus leyes orgánicas las contemplan, precisando que las participaciones serán entregadas a los municipios por conducto del gobierno de los estados.
En el caso las secretarías de finanzas o como se llamen de cada entidad federativa, tienen a su cargo la recepción de las participaciones federales, ante quien acuden sólo dos o cuatro personas: el presidente municipal, el síndico municipal, regidor de Hacienda y el tesorero municipal, para recibir lo que tal dependencia considera darles por ese concepto, sin saber si eso en verdad les corresponde o no y son las que guardan el secreto. Y de ellas solamente hablan excepcionalmente presidentes municipales honestos de los poblados más pequeños, declarando que lo que reciben del gobierno de los estados son cantidades irrisorias, firmando por tal concepto una serie de documentos e ignorando si eso corresponde a la comunidad que representan.
De tales manejos los demás miembros del ayuntamiento no saben nada, porque no se les informa, pues aparte de que en la mayoría de los ayuntamientos no sesionan, en las que se debería tratar la existencia de ingresos y egresos son siempre dos o cuatro personas los que conocen el erario y que conservan como secreto de Estado.
En la Secretaría de Finanzas de los estados nada informan al respecto o si dan datos, son escuetos éstos, sin corresponder a la realidad y lo mismo hacen las contadurías mayores de Hacienda de las legislaturas estatales, negando toda información respecto a los montos que reciben totalmente de la Federación para los municipios.
Y lo que es más: ningún presidente municipal informa anualmente de lo que recibe por concepto de participaciones federales, salvo excepciones, por lo regular todo lo condimentan en secreto o por medio de funcionarios del gobierno de los estados, que los asesoran y de ahí que el pueblo ignore de lo que ingresa a las arcas de los ayuntamientos y de lo que se gastan durante el período que dura la administración. En algunos estados como Oaxaca, en 1986 hubo solicitudes de particulares para practicar auditorías a más de 40 ayuntamientos, por ignorar el manejo de los fondos públicos, mismas que el órgano competente omitió realizar por cuestiones partidistas.
En ese trabajo, si insistimos sobre las participaciones federales, es porque éstas son en mayor cantidad que las que arrojan los impuestos, derechos, aprovechamientos, productos, contribuciones, etcétera, cuyos ejemplos son muchos a lo largo y ancho del país y de ahí precisamente las sospechas que se propagan en el público de malversación de fondos, de peculados, de abusos de autoridad, y de enriquecimientos ilícitos, que la autoridad correspondiente omite perseguir y que los gobiernos de los estados siempre tratan de encubrir.
Lo anterior se debe a la falta de información honesta respecto a lo que recaudan y manejan como ingresos y egresos en cada estado y en cada municipio, que incluye las participaciones federales, que cada año son materia de discusión y de críticas muy severas, que siempre se aprueban por los congresos locales, sin variar puntos y comas y con ligeros cambios en los que incumben a los ayuntamientos y cuando se llega al rubro participaciones federales, simplemente se asienta: "que son aquellas que se recaudan con arreglo a las disposiciones y cuotas de las leyes o convenios que las establecen, que ingresarán a las secretarías de finanzas" y cuando informan ni siquiera mencionan los montos recibidos o recaudados y por ende tampoco precisan qué cantidad se entrega a cada municipio por este concepto y de ahí la duda y las sospechas por lo que se refiere a este ingreso.
Atento a las consideraciones anteriores, sometemos a esta honorable asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Para adicionar la fracción IV, inciso b, del artículo 115 de la Constitución Federal, con un quinto párrafo que será como sigue:
Para que los municipios tengan conocimiento de cuánto reciben o recaudan anualmente los gobiernos de los estados por concepto de participaciones federales y qué cantidad les corresponden a ellos de ese ingreso, también anualmente, estas cantidades o montos y plazos se publicarán tanto en el Diario Oficial de la Federación como en el periódico oficial del gobierno de los estados.
TRANSITORIOS
Artículo primero. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el contenido de este decreto.
Artículo segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados. - México, Distrito Federal, 19 de junio de 1990. - Diputados: Enrique Martínez Hinojosa, Jaime García Martínez y José Herrera Reyes.»
Trámite: - Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para la atención que proceda.
LEY GENERAL DE SALUD
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Vicente Luis Coca Alvarez.
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez: - Señor Presidente; honorable asamblea: En ejercicio de las facultades que nos otorga la fracción II del artículo 71 y la fracción VI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados de la LIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, proponemos iniciativa de reformas y adiciones a la Ley General de Salud y a la Ley de Salud del Distrito Federal, a efecto de que se turne de inmediato para dictamen de la Comisión de Salubridad y Asistencia misma que se sustenta en base a la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Como sabemos, el tabaquismo es un grave problema de salud pública tanto en los países
desarrollados como en los subdesarrollados, siendo la principal causa de enfermedades que generalmente terminan con la muerte, algunos estudios señalan que por cada cigarrillo que se fuma, se pierden cinco minutos y medio de vida, lo que en términos de promedio de vida en los fumadores les resta de cinco a ocho años, se sabe también que el cigarrillo provoca dependencia física y psicológica; en el caso de las madres embarazadas fumadoras, se sabe que por cada golpe o fumada, el producto recibe hasta 10 dosis de nicotina que van directamente al cerebro de éste y que, en los fumadores se llegan a desarrollar en el cerebro las llamadas células de nicotina; es decir, que éste se convierte sin darse cuenta en un adicto, dado que éstas células requieren ser alimentadas y necesitan de la nicotina para subsistir, además, los hijos de madres fumadoras son más propensos al asma, bronquitis y otitis media, registran también un menor peso al nacer y tienen más probabilidades de anormalidades congénitas, así como un menor desarrollo físico e intelectual.
Los daños que el fumar provoca al aparato respiratorio son graves y van desde infecciones en las vías respiratorias hasta daños en los pulmones; originan bronquitis crónica y enfisema pulmonar, por eso, del 80% al 90% de las muertes por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se deben al tabaquismo.
Todo esto sin descartar desde luego la fuerte asociación estadística entre ciertos tipos de cáncer y el hábito del tabaquismo. El fumar trae consigo también complicaciones cardiovasculares; arteriosclerosis, alteraciones en el aparato digestivo y complicaciones del embarazo; por ello el tabaquismo está entre las primeras 10 causas de mortalidad en el país. La ciudad de México, es la urbe que ocupa el primer lugar nacional en cuanto al tabaquismo, que por otra parte contribuye a contaminar el aire que respiramos y a perjudicar directamente en su salud a todo aquellos fumadores pasivos; es decir, aquellos individuos no fumadores que están expuestos a la inhalación de productos de la combustión del tabaco en un ambiente cerrado.
Entre los 12 y 65 años, tres de cada 10 capitalinos fuman; otros tres son exfumadores y sólo cuatro nunca han fumado, el 90% de los fumadores del sexo masculino están laboralmente activos, mientras siete de cada 10 fumadores son inactivos.
En suma, todos estamos conscientes de los graves daños que provoca el tabaquismo a la salud, no sólo de fumadores, sino del conjunto de la sociedad; del alto costo derivado de la adicción, pero por otra parte requerimos también garantizar el derecho a la salud de los fumadores pasivos que constantemente están expuestos involuntariamente al humo del tabaco en lugares públicos cerrados, restaurantes, medios de transporte, lugares de trabajo, y áreas de esparcimiento.
En virtud de lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
DECRETO
De reformas y adiciones a la Ley General de Salud y a la Ley de Salud para el Distrito Federal, para quedar como sigue:
Artículo primero. Se reforman y adicionan los artículos 88, 93 y 97 de la Ley de Salud para el Distrito Federal, para quedar como sigue:
Artículo 88. (Se adiciona la fracción XII y la anterior pasa a ser la XIII) XII. La prohibición de fumar en los siguientes lugares públicos:
a) Vehículos de servicio público y terminales de transporte, aéreo, marítimo y terrestre;
b) Salas cerradas y abiertas de espectáculos públicos;
c) Salones de clase y de conferencias, incluyendo todo tipo de salas y áreas de trabajo;
d) Tiendas, almacenes, centros comerciales y establecimientos de servicios;
e) Hospitales, clínicas y centro de salud;
f) Oficinas públicas y privadas, y
g) Restaurantes, fondas y similares.
En los dos últimos incisos, los reglamentos correspondientes establecerán las normas para la existencia de áreas destinadas a los fumadores activos, las cuales en ningún caso deberán superar el 20% de la superficie cubierta total, del establecimiento, debiendo señalar claramente las áreas de fumadores y la prohibición de fumar en las demás.
Artículo 93. Se sancionará con multa de 20 a 100 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 46, 47, 48, 53, 55, 57, 67, 84, y 88 fracción XII de esta ley.
Artículo 97. (Se adiciona la fracción VI) El departamento ordenará la clausura temporal o
definitiva, parcial o total según la gravedad de la infracción y característica de la actividad o establecimiento en los siguientes casos:
I. a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. VI. Cuando estando obligado en los términos del último párrafo de la fracción XII del artículo 88, un establecimiento carezca del área destinada a los fumadores activos o ésta no esté debidamente señalizada.
TRANSITORIOS
Artículo primero. Se derogan todas las sanciones establecidas en los reglamentos relacionados con la fracción XII del artículo 88 y en todo caso se aplicarán las señaladas por la presente ley.
Artículo segundo. Esta iniciativa entrará en vigor a los 15 días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Se reforma y adiciona a la Ley General de Salud, con un artículo 190 - bis, para quedar como sigue:
Artículo 190 - Bis. Queda prohibido fumar en los siguientes lugares públicos:
a) Vehículos de servicio público y terminales de transporte, aéreo, marítimo y terrestre;
b) Salas cerradas y abiertas de espectáculos públicos;
c) Salones de clase y de conferencias, incluyendo todo tipo de salas y áreas de trabajo;
d) Tiendas, almacenes, centros comerciales y establecimientos de servicios;
e) Hospitales, clínicas y centros de salud;
f) Oficinas públicas y privadas, y
g) Restaurantes, fondas y similares.
En los dos últimos incisos, los reglamentos correspondientes establecerán las normas para la existencia de áreas destinadas a los fumadores activos las cuales en ningún caso deberán superar el 20% de la superficie total del establecimiento, debiendo señalar claramente las áreas de fumadores y la prohibición de fumar en las demás.
De igual forma queda terminantemente prohibida la difusión de anuncios publicitarios en: a) Radio, b) Cine, y c) Televisión, y anuncios espectaculares de propaganda que particularmente insinúen o inciten al tabaquismo, que se realice tanto en las áreas metropolitanas como a lo largo de las carreteras del país.
Se sancionará con multa de 20 a 100 veces el salario mínimo general diario vigente de la zona económica que corresponda, la violación de las disposiciones contenidas en este capítulo.
Palacio legislativo, a 19 de junio de 1990. - Los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, diputados: Vicente Luis Coca Alvarez, Alberto Bernal González, Pablo Ávalos Castro, José Francisco Melo Torres, María Teresa Dorantes Jaramillo, Humberto Esqueda Negrete, Manuel Patricio Estévez Nenninger, Luis Gambino Heredia, Ramón Rodríguez Garza, Horacio Treviño Valdez, Gilberto Ortíz Medina, Alberto Pérez Fontecha, Oscar Mauro Ramírez Ayala, Lorenzo Ruíz Gómez, Lorenzo Treviño Santos, Rafael Yudico Colín, Ernesto Aureliano Jiménez Mendoza, Juan Jaime Hernández, Jesús González Bastién, Erasmo López Villarreal, Marco Antonio Castellanos López, Teodoro Altamirano Robles, David Ramírez Márquez, José Alfredo Monsreal Walkinshaw, Héctor Beltrán Manríquez y Francisco Casteñeda Ortíz.»
Trámite: Túrnese a la Comisión de Salubridad y Asistencia, para la atención que proceda.
COMUNICACIÓN
El Presidente: - Por cierto, a esta Presidencia ha llegado una comunicación de los grupos parlamentarios que me voy a permitir dar lectura:
«Los suscritos ruego su atención por favor diputados, coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios integrantes de esta LIV Legislatura, considerando que es necesario salvaguardar la salud personal de los asistentes al salón de sesiones, a petición de un gran número de diputados que solicitan el mejoramiento del ambiente, para el desarrollo de las tareas legislativas,
PROPONEMOS
Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 208 del Reglamento Interior del Congreso General, la Presidencia de la Cámara amplíe las medidas pertinentes para que los asistentes al salón del pleno se abstengan de fumar en su interior. (Aplausos.)
Firman: los diputados: Guillermo Jiménez Morales, por el grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional; Abel Carlos Vicencio Tovar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Ignacio Castillo Mena, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Francisco Ortíz Mendoza, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista; Oscar Mauro Ramírez Ayala, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Rafael Aguilar Talamantes, del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, y Pedro Etienne Llano, del grupo Parlamentario Independiente.»
Esta presidencia, al escuchar la reacción que provocó esta comunicación, evidentemente actuará en consecuencia e informa que la Presidencia de la gran Comisión tiene concluidos los estudios para el cambio del sistema de aire lavado a aire acondicionado integral, que también contribuirá a beneficiar el medio ambiente en el que se desenvuelven los trabajos legislativos.
Continúe la secretaría con los asuntos.
MINUTAS
CONDECORACIONES
El secretario diputado Fernando Antonio Lozano Gracia:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes. Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano licenciado Miguel Mancera Aguayo, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de Francia.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 14 de junio de 1990. - Senadores secretarios: Hugo Domenzáin Guzmán y María Cristina Sangri Aguilar.»
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano licenciado Miguel Mancera Aguayo, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de Francia. Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores, México, Distrito Federal, a 14 de junio de 1990. - Senadores: Maximiliano Silerio Esparza, presidente; secretarios: Hugo Domenzáin Guzmán y María Cristina Sangri Aguilar.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para la atención que proceda.
El secretario diputado Rubén García Farías:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México, Distrito Federal.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes.
Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano general brigadier intendente diplomado de estado mayor, Jacinto Romero Arredondo, para que pueda aceptar y usar la condecoración de Mérito Militar de Primera Clase, que le confiere el gobierno de Portugal.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 14 de junio de 1990. - Senadores secretarios: Hugo Domenzáin Guzmán y María Cristina Sangri Aguilar.»
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano general brigadier intendente diplomado de estado mayor, Jacinto Romero Arredondo, para que pueda aceptar y usar la condecoración de Mérito Militar de Primera Clase, que le confiere el gobierno de Portugal.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores, México, Distrito Federal, a 14 de junio de 1990. - Senadores: Maximiliano Silerio Esparza, presidente; secretarios: Hugo Domenzáin Guzmán y María Cristina Sangri Aguilar.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para la atención que proceda.
El secretario diputado Gustavo Rosario Torres:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes. Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano almirante Tomás Ortega Bertrand, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Gran Cruz de San Olav, que le confiere el gobierno de Noruega.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 14 de junio de 1990. - Senadores secretarios: Hugo Domenzáin Guzmán y María Cristina Sangri Aguilar.»
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano almirante Tomás Ortega Bertrand, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Gran Cruz de San Olav, que le confiere el gobierno de Noruega.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores, México, Distrito Federal, a 14 de junio de 1990. - Senadores: Maximiliano Silerio Esparza, presidente; secretarios: Hugo Domenzáin Guzmán y María Cristina Sangri Aguilar.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para la atención que proceda.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El secretario diputado Salvador Sánchez Vázquez:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes.
Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José Concepción González Leyva, para que pueda prestar sus servicios como chofer del agregado de defensa en la Embajada de la República Francesa, en esta ciudad.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 14 de junio de 1990. - Senadores secretarios: Hugo Domenzáin Guzmán y María Cristina Sangri Aguilar.»
MINUTA DE PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano José Concepción González Leyva, para que pueda prestar sus servicios como chofer del agregado de defensa en la embajada de la República Francesa, en esta ciudad.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores, México, Distrito Federal, a 14 de junio de 1990. - Senadores: Maximiliano Silerio Esparza, presidente; secretarios: Hugo Domenzáin Guzmán y María Cristina Sangri Aguilar.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para la atención que proceda.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
CONDECORACIONES
El secretario diputado Rubén García Farías:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 31 de mayo del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano licenciado Jesús Puente Leyva, para aceptar y usar la condecoración de la Orden El Sol del Perú, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de Perú.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 5 de junio, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano licenciado Jesús Puente Leyva, para que
pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden El Sol del Perú, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de Perú.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 5 de junio de 1990. - Diputados: Guillermo Jiménez Morales, presidente; José Luis Lamadrid Sauza, secretario; Rafael Aguilar Talamantes, Juan Miguel Alcántara Soria, José Luis Alonso Sandoval, Jesús Anlen López, Bernardo Bátiz Vázquez, Napoleón Cantú Cerna, Ignacio Castillo Mena, Manuel Cavazos Lerma, Víctor Hugo Celaya Celaya, Vicente Luis Coca Alvarez, Fernando Córdoba Lobo, Sami David David, Rodolfo Duarte Rivas, Hiram Escudero Alvarez, Pedro René Etienne Llano, Vicente Fuentes Díaz, Juan Antonio García Villa, Leonel Godoy Rangel, Pablo Gómez Alvarez, Gildardo Gómez Verónica, Augusto Gómez Villanueva, Artemio Iglesias Miramontes, Roberto Jaramillo Flores, José Trinidad Lanz Cárdenas, Fructuoso López Cárdenas, Armando López Nogales, Jesús Luján Gutiérrez, Gonzalo Martínez Corbalá, Enrique Martínez y Martínez, Juan José Medrano Castillo, Ricardo Monreal Ávila, Rogelio Montemayor Seguy, Miguel Montes García, J. Oscar Navarro Gárate, Francisco Ortíz Mendoza, Eugenio Ortíz Walls, Alberto Pérez Fontecha, Dionisio E. Pérez Jácome, Oscar Mauro Ramírez Ayala, Américo Alejandro Ramírez Rodríguez, Alfredo Reyes Contreras, José Manuel Ríos Núñez, Jaime Rodríguez Inurrigarro, Enrique Rojas Bernal, Reynaldo Rosas Domínguez, Mario Ruíz de Chávez y García, Pedro Alberto Salazar Muciño, Alvaro Uribe Salas, Mario Vargas Saldaña y Abel Carlos Vicencio Tovar.»
Trámite: - Segunda Lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
NOMBRAMIENTO
El secretario diputado Gustavo Rosario Torres:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: En escrito fechado el 28 de mayo del año en curso, el ciudadano ingeniero civil y arquitecto Guido Gaspare Ramella Osuna, solicita el permiso constitucional necesario para poder aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Italiana en Guadalajara, Jalisco. En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 12 de junio se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad con la copia certificada del acta de nacimiento y certificado de nacionalidad mexicana número 1415, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores;
b) Que los servicios que el propio solicitante prestará al gobierno de la República Italiana, serán de carácter estrictamente consular, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano ingeniero civil y arquitecto Guido Gaspare Ramella Osuna, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Italiana en Guadalajara, Jalisco.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 13 de junio de 1990. - Diputados: Guillermo Jiménez Morales, presidente; José Luis Lamadrid Sauza, secretario; Rafael Aguilar Talamantes, Juan Miguel Alcántara Soria, José Luis Alonso Sandoval, Jesús Anlen López, Bernardo Bátiz Vázquez, Napoleón Cantú Cerna, Ignacio Castillo Mena, Manuel Cavazos Lerma, Víctor Hugo Celaya Celaya, Vicente Luis Coca Alvarez, Fernando Córdoba Lobo, Sami David David, Rodolfo Duarte Rivas, Hiram Escudero Alvarez, Pedro René Etienne Llano, Vicente Fuentes Díaz, Juan Antonio García Villa, Leonel Godoy Rangel, Pablo Gómez Alvarez, Gildardo Gómez Verónica, Augusto Gómez Villanueva, Artemio Iglesias Miramontes, Roberto Jaramillo Flores, José Trinidad Lanz Cárdenas, Fructuoso López Cárdenas, Armando López Nogales, Jesús Luján Gutiérrez, Gonzalo Martínez Corbalá, Enrique Martínez y Martínez, Juan José Medrano Castillo, Ricardo Monreal Ávila, Rogelio Montemayor Seguy, Miguel Montes García, J. Oscar Navarro Gárate, Francisco Ortíz Mendoza, Eugenio Ortíz Walls, Alberto Pérez Fontecha, Dionisio E. Pérez Jácome, Oscar Mauro Ramírez Ayala, Américo Alejandro Ramírez Rodríguez,
Alfredo Reyes Contreras, José Manuel Ríos Núñez, Jaime Rodríguez Inurrigarro, Enrique Rojas Bernal, Reynaldo Rosas Domínguez, Mario Ruíz de Chávez y García, Pedro Alberto Salazar Muciño, Alvaro Uribe Salas, Mario Vargas Saldaña y Abel Carlos Vicencio Tovar.»
Trámite: - Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El secretario diputado Salvador Sánchez Vázquez:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 31 de mayo del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Maricela Alvarez Arroyo y Erika Fabiola Aguilera Gálvez, para que puedan prestar servicios como operadora de conmutador y técnico laboratorista, respectivamente, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 5 de junio, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que las peticionarias acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que las propias interesadas prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, serán como operadora de conmutador y técnico laboratorista, respectivamente, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Maricela Alvarez Arroyo, para que pueda prestar sus servicios como operadora de conmutador en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Erika Fabiola Aguilera Gálvez, para que pueda prestar sus servicios como técnico laboratorista en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 6 de junio de 1990. - Diputados: Guillermo Jiménez Morales, presidente; José Luis Lamadrid Sauza, secretario; Rafael Aguilar Talamantes, Juan Miguel Alcántara Soria, José Luis Alonso Sandoval, Jesús Anlen López, Bernardo Bátiz Vázquez, Napoleón Cantú Cerna, Ignacio Castillo Mena, Manuel Cavazos Lerma, Víctor Hugo Celaya Celaya, Vicente Luis Coca Alvarez, Fernando Córdoba Lobo, Sami David David, Rodolfo Duarte Rivas, Hiram Escudero Alvarez, Pedro René Etienne Llano, Vicente Fuentes Díaz, Juan Antonio García Villa, Leonel Godoy Rangel, Pablo Gómez Alvarez, Gildardo Gómez Verónica, Augusto Gómez Villanueva, Artemio Iglesias Miramontes, Roberto Jaramillo Flores, José Trinidad Lanz Cárdenas, Fructuoso López Cárdenas, Armando López Nogales, Jesús Luján Gutiérrez, Gonzalo Martínez Corbalá, Enrique Martínez y Martínez, Juan José Medrano Castillo, Ricardo Monreal Ávila, Rogelio Montemayor Seguy, Miguel Montes García, J. Oscar Navarro Gárate, Francisco Ortíz Mendoza, Eugenio Ortíz Walls, Alberto Pérez Fontecha, Dionisio E. Pérez Jácome, Oscar Mauro Ramírez Ayala, Américo Alejandro Ramírez Rodríguez, Alfredo Reyes Contreras, José Manuel Ríos Núñez, Jaime Rodríguez Inurrigarro, Enrique Rojas Bernal, Reynaldo Rosas Domínguez, Mario Ruíz de Chávez y García, Pedro Alberto Salazar Muciño, Alvaro Uribe Salas, Mario Vargas Saldaña y Abel Carlos Vicencio Tovar.»
Trámite: - Segunda lectura.
El Presidente: - Está a discusión el dictamen en lo general.
No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para su discusión en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, proceda la secretaría a recoger la votación en lo general y en lo particular de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados, en un solo acto.
El secretario diputado Salvador Sánchez Vázquez: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de éste y los anteriormente reservados en un solo acto. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron 324 votos en pro, 28 en contra del tercero, nueve en contra del primero y el segundo, cuatro abstenciones respecto de la totalidad de los tres, y uno respecto del tercero.
El Presidente: - Aprobados los proyectos de decreto por 324 votos.
El secretario diputado Salvador Sánchez Vázquez: - Pasan al Ejecutivo y al Senado para sus efectos constitucionales.
PROPOSICIONES
SOBRE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
El Presidente: - Entramos al rubro de proposiciones.
Tiene la palabra el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre comunicaciones y transportes en la República Mexicana.
El diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: El día de ayer, los mexicanos que tienen recursos para desayunar recibieron la no muy grata noticia de la Dirección General de Caminos y Puentes Federales de Ingresos que supuestamente dirige con eficiencia el administrador y el gobernador de Michoacán, Luis Martínez Villicaña, en el sentido de que esta institución había acordado el aumento de las tarifas de las carreteras de puentes federales de cuota en una proporción del 87% en relación con la cuota anterior.
La fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana se comprometió con el electorado nacional en ser su defensor y no su verdugo; por ello repudiamos la práctica gubernamental de estar utilizando la estrategia de la modernización para incrementar los precios. La acción que realizó caminos y puentes federales es del todo contraria a los compromisos establecidos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico, que se prorrogó el pasado domingo 27 de mayo del año en curso.
Las agresiones que está sufriendo el pueblo no sólo quedaron en los incrementos de las gasolinas, diesel y otros energéticos, sino que ahora se suma el peaje en el incremento de las cuotas a las carreteras y puentes de ingresos. Esta actitud gubernamental sólo está provocando que los eternos especuladores y los explotadores del pueblo tengan elementos fundados para iniciar una desmedida escalada de aumentos de precios que sólo vendría a repercutir en las clases económicamente débiles, las cuales de por sí viven la más angustiosa de las crisis económicas que se registran en la historia de nuestro país.
El argumento de caminos y puentes federales para el incremento de las cuotas de peajes es que ha llegado la modernización a las carreteras y que a partir de este incremento, México contará con 4 mil kilómetros de carreteras, con mejoramiento de las autopistas y con un servicio eficiente de comunicación y auxilio para los usuarios de las carreteras de cuotas, el cual sólo existe en el papel y en los gastos del presupuesto de la Comisión de Caminos y Puentes Federales de Ingresos. ¿Qué será posible que el director o los auxiliares de Caminos y Puentes Federales de Ingresos no verifiquen los radios de auxilio, los cuales no funcionan en ninguna de las carreteras de cuota? ¿Qué acaso a ellos no se les ha descompuesto un automóvil y han requerido de este servicio y ni siquiera ha funcionado? ¿A caso quieren engañar al pueblo con servicios que no brinda esta dependencia?
Se argumenta por otro lado que los usuarios de las carreteras de cuota tendrán el beneficio de contar con un seguro de daños por 400 u 800 millones de pesos, pero no se considera que quienes se accidentan en las carreteras de cuota se debe principalmente a que no respetan las señales, a la irresponsabilidad de los conductores y en segundo término, a las fallas mecánicas. Ahora por esta razón los ciudadanos responsables van a subsidiar a los irresponsables con un seguro en su beneficio. No se consideró al tomar esta medida el incremento de las cuotas de peaje a los transportistas de mercancías, de alimentos, pasaje y otros, también se verán precisados a elevar sus costos a los usuarios y a fin de cuentas como siempre ocurre, los bolsillos de las mayorías serán los que deban soportar estos incrementos de los que malamente se ha llamado la modernización.
Se entiende que todos los servicios públicos tienen un costo; también se entiende que a mayor pago deben darse mayores servicios, pero esto por
desgracia para los mexicanos nunca ha ocurrido, mientras nos mantengamos de rodillas ante los funcionarios del Ejecutivo, que imponen su voluntad sin considerar la opinión de esta soberanía ni la del pueblo.
Compañeros diputados, es imprescindible que asumamos nuestra responsabilidad como representantes de la nación; es necesario que el Ejecutivo tenga el respeto que se requiere con el Poder Legislativo, que de manera directa aprueba las partidas que debe de ejercer, y en el caso de caminos y puentes federales, ahora con este incremento se están excediendo los recursos que autorizó esta soberanía para que operara esta dependencia.
Por lo tanto, la dirección general de Caminos y Puentes Federales de Ingresos, debe de explicar ante esta soberanía, las modificaciones que se originan en sus ingresos con este incremento a la cuota del peaje en las carreteras y en los puentes.
En consecuencia y en razón de lo manifestado y con fundamento en el artículo 93, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos proponer ante esta soberanía el siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Que las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes y la de Autotransporte Federal, citen a comparecer ante las citadas comisiones al director general de Caminos y Puentes Federales de Ingresos, para que explique, de manera justificada y amplia, los fundamentos jurídicos y programáticos en los que se sustenta el aumento de las tarifas de peaje de las carreteras y puentes de cuota que existen en el país y que han puesto en vigor a partir del 18 de julio del año en curso.
Atentamente, por la diputación del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Oscar Mauro Ramírez Ayala, Juan Jaime Hernández, Gilberto Ortíz Medina, Francisco Castañeda, Luis Gambino Heredia, Alberto Bernal González y Horacio Treviño Valdez.»
Dejo la proposición al señor Presidente, para que le dé el curso reglamentario.
El Presidente: - Para el mismo tema, tiene la palabra el diputado Jaime Aviña Zepeda, del Partido Acción Nacional.
El diputado Jaime Guillermo Aviña Zepeda: - Señor Presidente; compañeros diputados: Si no estuviéramos en México y las cosas no sucedieran como suelen suceder aquí, probablemente el repudio general de la sociedad al pacto que se acaba de firmar y a estas violaciones que el gobierno ha hecho del pacto, pudieran haber generado ya un cambio de gobierno en una nación con gobierno parlamentario.
Viene a mi memoria que en los años de 1958 y 1959, muchos de los aquí presentes, y yo entre otros, conocimos la cárcel porque nos subieron, siendo estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, las cuotas de los pasajes, de 30 a 35 centavos, a los estudiantes entonces. La protesta estudiantil y la protesta de la sociedad, creó un movimiento entonces que hizo sentir el repudio de la sociedad al gobierno.
Sin embargo, el día de hoy se nos plantea un aumento de 87% a las tarifas de peaje en las autopistas y puentes y parece que no pasa nada en México, sólo que recientemente se acaba de firmar un pacto y el gobierno es signatario de este pacto, para todos está prohibido aumentar los precios en nombre del pacto, el sagrado pacto nos impide aumentar; solamente Caminos y Puentes Federales de Ingresos, parte del gobierno federal, aumenta en 87% sus cuotas, pero eso no es violación al pacto, eso es simplemente ajuste.
Lo inoportuno de los aumentos hace que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional venga, por mi conducto, a denunciar esta situación en la tribuna, porque si alguien cree que estos aumentos no van a incidir en los precios de los insumos básicos, si alguien cree que esos aumentos como parte de este Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico, que para nosotros está sepultado y enterrado desde hace mucho, y si alguien dudara de esto me parece que tendría que cantar el réquiem por el pacto con un aumento del 87% que se está dando hoy en caminos y puentes, pues, oigan esto es una manera no de combatir la inflación sino de generar inflación.
Porque a este aumento se suman los anteriores a luz, teléfono, gasolina, etcétera, y en la ciudad de México al predial, al agua y a otros servicios. Simultáneamente se ha dado a conocer el aumento del dinero en circulación, es decir, el aumento del circulante, que aumenta peligrosamente poniendo en tela de juicio la política gubernamental de control de la inflación, que al igual que el pacto parece haber también con esto llegado a su fin.
Todos estos problemas nos explicarían el por qué del financiamiento externo del gobierno de México, porque finalmente el gobierno ha aumentado sus precios para poder seguir gastando, pero en
ningún momento se ha decidido a reducir su gasto corriente en forma sustancial y cuando lo hace, lo hace exactamente en los rubros que más golpean a los mexicanos, en los rubros de seguridad social, en los rubros de servicios médicos, en los rubros de atención a los más necesitados, pero no en aquéllos en los que realmente debería prescindirse del gasto que no es realmente necesario, que es puramente gasto superfluo y que hace que permanezca el déficit de gasto corriente.
Entre los fundamentos para extender el pacto se habla del esfuerzo para reducir el déficit financiero del sector público, que baja de 16% en 1987, se dice en los términos del pacto, al 5.8% en 1989, pero lo que no se dice es que dicho déficit se está cubriendo con un aumento grande en la recaudación fiscal, especialmente de los causantes cautivos, con un aumento enorme en los servicios públicos en el Distrito Federal, especialmente agua, predial. Pero ahora en todos estos servicios que hace que los gastos aumenten, que aumente por lo tanto la inflación y que golpee a los que menos tienen.
Como ejemplo de éstos, nada más por señalar alguno, el puente de Autlán de Juárez, en Jalisco, aumenta al doble, prácticamente a 18 mil pesos la cuota en el puente de Autlán. En el puente internacional de Santa Fe, en Ciudad Juárez, los costos aumentan por persona y por vehículo, pero, además, y esto es lo más grave, cuando va un taxi cargado de personas que van a cruzar dicho puente, se baja a las personas para que paguen su cuota personal y además el taxi paga la suya, según denuncias aparecidas en un diario de hoy de Ciudad Juárez.
Trabajadores, burócratas y otros sectores, con salarios congelados, pagan el precio de mantener ese gasto corriente excesivo, mientras que se deteriora el gasto de inversión y el gasto social.
Este último aumento en caminos y puentes si alguien tenía duda del final del pacto, insisto, ahora tiene que echar la primera pala de tierra sobre este pacto que solamente existe para aquellos sectores de la pequeña y mediana industria, para el pequeño y mediano comercio, pero que el gran comercio, la gran industria y el gobierno, siguen violando a ciencia y paciencia de esta Cámara y de todos los mexicanos.
En cuanto al gobierno, yo creo que es hora de que deje de enseñarse a sí mismo, pretendiendo que el pueblo no se da cuenta de la farsa al que lo está sometiendo. No hay tal pacto, el pacto ha muerto, los aumentos son continuos y constantes, inciden en los que menos tienen, deterioran los servicios públicos y la calidad de estos servicios.
Cualquiera que circule por una de las autopistas de peaje, sabe muy bien que no está exento de que de repente aparezca un rebaño de cualquier tipo de ganado, porque no está aislado y está en riesgo de que va confiado en que pagó una cuota y esta cuota no sirve para que realmente se tenga el mantenimiento adecuado a esto.
Los mexicanos estamos madurando, los que antes no opinaban empiezan a opinar; los que oímos las opiniones del pueblo en los mercados, en los estanquillos, en el Metro, los que solemos viajar ahí y darnos cuenta de lo que sienten nuestros hermanos, lo que sienten los mexicanos que viajan ahí, nos damos cuenta que están despertando, y ese despertar no siempre es de buen humor; el que despierta no siempre despierta de buenas, porque a veces está despertando de una pesadilla, y esa pesadilla es precisamente este pacto al que nos está llevando el gobierno, y del cual nosotros, en Acción Nacional, estamos denunciando que una vez más el gobierno lo está violando.
El pacto ha servido ciertamente para frenar un poco la inflación, pero el costo de frenar esa inflación lo están pagando los que menos tienen, porque ha dejado al pueblo pobre más pobre de lo que era, porque además es una respuesta al repudio que el pueblo mexicano dio al gobierno en 1988, en julio de 1988, y está planteando un nuevo engaño para el pueblo cuando se mantiene un pacto que ya no existe.
Por esa razón, me sumo a la propuesta que ha hecho el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, y propongo que comparezca el responsable de Caminos y Puentes Federales o las autoridades competentes ante esta Cámara, para que expliquen esto que definitivamente no puede decirse que sea un beneficio de los mexicanos, porque ni se están manteniendo nuestras autopistas en las condiciones que deberían ser dados los costos que éstas tienen, y que expliquen además en qué se van estos fondos que se recaudan día a día, y que inciden e impactan en el precio de lo que todos consumimos.
Por su atención, compañeros, muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Sobre el mismo tema, tiene la palabra el diputado Manuel González Díaz de León, del Partido Revolucionario Institucional, y en turno el diputado Juan Guerra.
El diputado Manuel González Díaz de León: - Señor Presidente; compañeras y compañeros: He escuchado con atención la intervención de los compañeros del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y del compañero del Partido Acción Nacional que me antecedió.
Estamos de acuerdo totalmente en sus planteamientos, y vemos que es un asunto complejo, un asunto que debe de estudiarse más a profundidad, y que en su momento las comisiones unidas de Vialidad y Transporte y Comunicaciones y Transportes, citen al director de Caminos y Puentes Federales para que dé una amplia y satisfactoria explicación sobre el aumento en las tarifas que hay en las supercarreteras y en los puentes. Muchas gracias, compañeros. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Juan Guerra, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: - Señor Presidente; compañeros diputados: Una vez que se prevé un acuerdo de todos los grupos parlamentarios para que comparezca en comisiones el titular; es poco realmente lo que resta por agregar y es lo siguiente:
Tenemos la sospecha de que el incremento éste a las tarifas en Caminos y Puentes Federales es ilegal y no debería de proceder. Es ilegal por la siguiente razón: Ustedes saben que es derecho exclusivo del Congreso establecer todas las contribuciones; entre ellas los impuestos y los derechos. Estas tarifas están dentro del rango de los derechos. Lo que dice la Miscelánea Fiscal sobre los derechos, es que éstos tendrían que revisarse tres veces en este año, en el mes de febrero, en el mes de julio y en el mes de octubre. Y deberían revisarse en el mes de febrero, tomando en cuenta el índice nacional de precios al consumidor de mayo del año pasado, a enero de este año. Y deberían revisarse no en junio sino en julio, tomando en cuenta también el índice nacional de precios al consumidor de febrero a junio. Y de igual manera deberían revisarse en octubre, tomando en cuenta el índice nacional de precios al consumidor en los meses que abarca también este lapso.
Sólo que internamente se esté manejando que hay una inflación aquí del 87%, se podría justificar un incremento del 87%. Pero si el incremento que se maneja en esto del índice nacional de precios al consumidor no llega ni al 20%, no hay ninguna razón legal válida, para que se decrete este incremento. Es ilegal y en efecto el titular por lo menos tiene que explicar esta irregularidad y esta usurpación de funciones que corresponden exclusivamente al Congreso.
Nos sumamos así a la propuesta ya expuesta por los otros grupos, para que en comisiones se pueda dar ampliamente la explicación que corresponde. Gracias. El Presidente: - Túrnense las propuestas a las comisiones de Comunicaciones y Transportes y del Autotransporte Federal, para la atención que proceda.
Estando por entrar en el capítulo de toma de posiciones, comentarios y declaraciones, de conformidad con lo que establece el artículo 52 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se designa en comisión para que visiten a los diputados Rebeca Guevara de Terán, Manuel Marcué Pardiñas, David Gómez Reyes y Marco Antonio Castellanos López, e informen sobre su estado de salud a esta asamblea, a los siguientes diputados: Esther Kolteniuk de Césarman, Patricia Garduño Morales, Amalia García Medina y Margarita Sánchez Gavito.
Antes de dar la palabra al diputado Jesús Ortega Martínez, esta Presidencia desea hacer del conocimiento del pleno, que por acuerdo de los grupos parlamentarios y de alguna manera vinculado a todos estos problemas de salud y fluidez legislativa que se han venido comentando, hay consenso para que el tiempo de duración en el uso de la palabra, cuando entremos al capítulo toma de posiciones, comentarios y declaraciones , y el propio de denuncias, el tiempo sea de 10 minutos, en vez de los 15 acordados anteriormente.
PROPUESTA
El Presidente: - Hecha esta aclaración, tiene la palabra el diputado Jesús Ortega Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la existencia del grupo del Pentágono en México.
El diputado Jesús Ortega Martínez: - Compañero Presidente; compañeras y compañeros diputados: Me parece que este asunto que como ustedes ven en el orden del día, establece la necesidad de que la Cámara de Diputados se informe acerca de las actividades de fuerzas militares en territorio nacional.
Es un asunto que a juicio de mi partido, y supongo que a juicio de todos ustedes, merece la mayor importancia.
Durante muchos años, durante muchas décadas, el imperialismo estadounidense utilizó como pretexto para violar soberanías y para intervenir en los asuntos internos de los estados autónomos, el fantasma del comunismo; a raíz de la iniciativa de la Unión Soviética y de los cambios en Europa del Este, que significaron un golpe mortal a la guerra fría, al fantasma de la lucha contra el
comunismo, los gobiernos estadounidenses y particularmente los dos anteriores y el presente, asumieron el pretexto de la lucha antinarcóticos, para seguir violando la soberanía de los países y seguir violando los derechos de los ciudadanos de esas naciones.
El mejor ejemplo es el caso de Panamá, en donde se le invade militarmente con el pretexto de perseguir a un hombre que desde su juicio, había violado las leyes estadounidenses.
A pesar de que ha terminado la guerra fría, los estadounidenses siguen actuando como policías del mundo y siguen imponiendo sus tribunales como tribunales de todos los países.
Nuestro país no ha quedado al margen de esa agresión y todo mundo conocemos que agentes estadounidenses y policías mexicanos pagados por estos primeros, actuaron en nuestro territorio, utilizaron nuestros aeropuertos, alquilaron aviones mexicanos, para secuestrar a un ciudadano mexicano y de esta manera pudiera ser juzgado por jueces y por tribunales estadounidenses.
La exigencia del gobierno mexicano de que sea repatriado el doctor Alvarez Machain, ha sido simplemente con soberbia, desoída por el gobierno estadounidense. Hasta hoy, cuando menos no conocemos de una respuesta formal del Departamento de Estado estadounidense, a la exigencia mexicana de que sea devuelto al territorio nacional Alvarez Machain.
Pero la agresión continúa y adquiere cada vez grados más insoportables para los mexicanos.
Ustedes conocen que hace unos días un periódico estadounidense, Los Angeles Times, informó que un comando de militares estadounidenses estaba actuando en territorio nacional en las oficinas de la embajada estadounidense, para efectos de combate al narcotráfico.
La opinión pública nacional, periodistas, personajes intelectuales, protestaron, exigieron información sobre este asunto, y lo único que contestó el Departamento de Estado, fue que la Procuraduría General de la República, estaba enterada y contaba con el aval de la procuraduría para que este grupo de militares estadounidenses actuara en terrenos de la embajada estadounidense.
La Procuraduría General de la República aceptó que el Departamento de Estado o funcionarios del Departamento de Estado, le habían informado de la existencia de este comando de militares en la embajada estadounidense.
Posteriormente, y esto es lo verdaderamente lamentable, la Secretaría de Relaciones Exteriores solicita al Departamento de Estado, fíjense bien, la Secretaría de Relaciones Exteriores solicita al Departamento de Estado, que se le informe el número, funciones y naturaleza de este grupo táctico de militares en la embajada estadounidense, cuando se supone y así lo establecen las leyes internacionales y las convenciones, que todo personal de una embajada debe contar con el aval y la autorización del gobierno mexicano, pues tenían, tenían semanas funcionando esos militares en la embajada estadounidense y hasta que Los Angeles Times informa de este hecho, la Secretaría de Relaciones Exteriores solicita información a los estadounidenses sobre el número, función y naturaleza de este cuerpo.
De tal manera, que es evidente tan sólo por este hecho, ya veíamos el del doctor Alvarez Machain, que a las autoridades y al gobierno estadounidenses les importa un comino las leyes mexicanas y van a seguirlas violando al margen de notas de protesta o de reclamos del gobierno mexicano.
Esto, a mi juicio, la existencia de este cuerpo de militares, es francamente, debe ser francamente intolerable, no solamente para el gobierno actual, sino para el pueblo de México.
Y no inventamos, simplemente voy a leer lo que acaba de decir el día de ayer el director de operaciones de la Drug Enforcement Administration en México y que es ahora encargando de asuntos del narcotráfico del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, Richard Cañas. Dice Richard Cañas, respecto a la presencia de una unidad del Departamento de Defensa de Estados Unidos de América en México: "Cañas mencionó que se trata solamente de un equipo de técnicos del Pentágono, esto es del Departamento de Defensa de Estados Unidos de América, expertos en el manejo de comunicaciones y que no son militares en activo". Esto es lo que dice Richard Cañas, encargado de las actividades de la Drug Enforcement Administration en territorio de México.
Si fuera insuficiente para convencernos de que impunemente se viola nuestra soberanía con el pretexto del tráfico de las drogas, simplemente reflexionemos que los diplomáticos solamente pueden informarse de las actividades económicas o políticas que suceden en nuestro país, pero no tienen ninguna facultad para actuar en el territorio nacional.
Con la Drug Enforcement Administration seguramente hay un acuerdo para que en México exista un grupo de policías de este departamento antidrogas estadounidense, pero estoy seguro y, si
no, que se nos informara por el gobierno mexicano, si existe un convenio o hay algo que autorice a un grupo de técnicos del Pentágono del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América, no solamente para observar lo que sucede en el país, sino para actuar en nuestro territorio, aunque lo sea contra el tráfico de las drogas.
De tal manera, que en este país y ya no solamente en esta República, ya no solamente hay tres poderes, sino que podríamos añadir el Poder de la Procuraduría General de la República, que prácticamente está actuando en función de establecer relaciones de intercambio o de relaciones políticas con los Estados Unidos de América; el Pentágono o el Departamento de Estado no le informa al Ejecutivo sobre este grupo de militares; le está informando a la Procuraduría General de la República de que viene este grupo de militares y van a actuar en nuestro país.
Se me acaba el tiempo y en función de ello es que solamente quiero poner a su consideración, la siguiente
«PROPUESTA
1o. Que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República se sirvan informar a esta soberanía acerca de los acuerdos establecidos por el gobierno mexicano con gobiernos extranjeros, con motivo del combate al narcotráfico, y
2o. Se sirvan informar a esta soberanía acerca de la presencia en México de fuerzas policiacas o militares de otros países que actúan en territorio nacional para el combate al tráfico de drogas.
Atentamente. Jesús Ortega Martínez.» Gracias por su atención.
El Presidente: - Sobre el mismo tema, tiene la palabra el diputado Miguel Martínez Castro, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Miguel Martínez Castro: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: La posición de México respecto a la campaña antidrogas, fue fijada hace ya mucho tiempo, en ella se ha establecido, siempre que la colaboración de los Estados Unidos de América deberá ajustarse a los tratados en la materia y no se permitirá la violación de nuestra soberanía. La campaña antidrogas es realizada exclusivamente por mexicanos.
Hemos leído con atención las publicaciones que se han venido reproduciendo en diversos diarios de esta capital, del contenido de artículos publicados en periódicos extranjeros. Al respecto, cabe hacer notar que dichas informaciones no han señalado objetivamente las fuentes que alimentan sus versiones, lo cual, desde luego, lleva a la necesidad de interpretar tales informaciones como faltos de sustentación.
No podemos, compañeros, establecer como hechos ciertos, versiones oscuras que sólo buscan establecer un ambiente de desconcierto y malestar, con la finalidad de crear conflictos internos y externos, que tanto daño hacen al avance sostenido que nuestro país ha consolidado bajo el gobierno del presidente Salinas de Gortari.
Han sido claramente fijadas las posiciones de nuestro gobierno sobre este tema. Y ya la Secretaría de Relaciones Exteriores, el mismo día que se dio a la luz pública dicha información, anunció haber presentado una solicitud a la embajada estadounidense para que informe sobre los supuestos publicados en el reporte periodístico.
Por otra parte, el presidente Salinas de Gortari, al ser consultado al respecto, también fijó la posición de su gobierno al advertir categóricamente y sin lugar a dudas que "ninguna unidad militar estadounidense intervendrá en el combate al narcotráfico en México".
Es evidente entonces que las autoridades de nuestro país, a través de sus órganos competentes, han desmentido tal versión, que debemos de calificar como irresponsable y tendenciosa, puesto que sería incongruente y sin sentido alguno que una instancia como la de la Procuraduría General de la República tomara bajo su responsabilidad la decisión de celebrar convenios internacionales y de seguridad nacional que no son de su competencia.
Debe quedar establecido, entonces, que ninguna de las autoridades citadas han actuado al margen de la ley, que la soberanía de nuestro país está, garantizada con la actitud firme y decidida del pueblo mexicano y del presidente Salinas de Gortari, en ejercicio de sus responsabilidades que al respecto establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Debemos precisar, finalmente, que tanto el Presidente como el pueblo de México jamás permitiremos que con especulaciones e informaciones infundadas se procure desde el exterior poner en duda la vocación histórica de los mexicanos de luchar día a día por consolidar su posición firme y nacionalista y defender, aun a costa de su vida, la soberanía de nuestro país.
Los mexicanos tenemos capacidad, doctrina y la autoridad suficiente para emprender todas las
tareas que nos asigne el pueblo mexicano. La campaña antidrogas la estamos haciendo todos los mexicanos. Considero y quiero dejar en ésta, la más alta tribuna nacional, nuestra condena absoluta a estas aviesas imputaciones y nuestro apoyo irrestricto a la política nacionalista de Carlos Salinas de Gortari.
La denuncia que hace el compañero Jesús Ortega Martínez debe ser turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara de Diputados. Muchas gracias. (Aplausos.)
El diputado Jesús Ortega Martínez (desde su curul): - Solicito la palabra.
El Presidente: - Perdón, diputado Ortega. ¿Quería hacer usted uso de la palabra?
El diputado Jesús Ortega Martínez (desde su curul): - Sí.
El Presidente: - Sí. Adelante, cinco minutos pasa rectificación de hechos.
El diputado Jesús Ortega Martínez: - Simplemente para decir que no estoy de acuerdo en que estas informaciones que hemos dado, ciertamente algunas retomadas de la Prensa nacional e internacional, sean informaciones aviesas, tan no es así, insisto, que el día de ayer o antier, no estoy seguro, la Secretaría de Relaciones Exteriores le entregó, citó al embajador de los Estados Unidos de América en México, Negroponte para entregarle una nota relacionada con la actividad de los agentes de la Drug Enforcement Administration en México y en segundo lugar relacionada con la presencia de este grupo táctico en la embajada estadounidense en nuestro país.
Se acaba de entregar esta nota por el subsecretario de Relaciones Exteriores al señor Negroponte. La respuesta de Negroponte, vean la Prensa el día de hoy, es que lo que plantea la Secretaría de Relaciones Exteriores y el propio Presidente de la República, son leyes o determinaciones que se aplican exclusivamente para los mexicanos, pero no para los estadounidenses y no para la actuación de la Drug Enforcement Administration o del ejército estadounidense en nuestro país.
Francamente ésa es una actitud insolente de Negroponte, que ningún ciudadano mexicano debería de permitir y mucho menos el gobierno de este país. Entonces simplemente para rechazar de la mejor manera que no son informaciones aviesas, sino que el propio gobierno mexicano lo está reconociendo de esa manera. Gracias por su atención. (Aplausos.)
El Presidente: - Túrnese a la petición del diputado Ortega a la Comisión de Relaciones Exteriores, para la atención que proceda.
SOLICITUD DE EXCITATIVA
El Presidente: - Con el mismo sentido de buscar fluidez en el orden del día y supuesto que vamos a sustituir únicamente los lugares que le corresponden al mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el diputado Vicente Luis Coca Alvarez, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre solicitud de excitativa a la Comisión de Relaciones Exteriores.
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez: - Con su permiso, señor Presidente, compañeros diputados: El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana viene a hacer una segunda excitativa ante el pleno de esta Cámara, con especial atención a la presidencia de Relaciones Exteriores, para que a la brevedad posible se presente ante el pleno de dicha comisión el dictamen correspondiente a las Islas del Archipiélago del Norte, asunto que fuese turnado a esa comisión desde el 6 de octubre de 1988 y que a la fecha carece de dictamen no obstante los estudios encomendados al diputado Liborio Pérez Elurriaga, iniciados a partir de enero de 1989.
Cabe señalar que en la última reunión que tuvimos los miembros de esta comisión, la presidencia propuso contar con la opinión del prestigiado tratadista de derecho internacional, doctor Víctor Carlos García Moreno. Sabemos que hasta el día de hoy, el citado catedrático no ha sido invitado formal y expresamente por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores para tratar el asunto que nos ocupa.
Toda vez que como en su oportunidad lo expresamos los partidos de oposición, no estamos de acuerdo con el último resultado del estudio encomendado al diputado Liborio Pérez Elurriaga. Sin embargo, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, junto con los demás partidos de oposición, no cesaremos en nuestra lucha hasta obtener el dictamen correspondiente que por supuesto beneficie a los intereses de México.
Conocemos de sobra los intereses del partido oficial para ocultar la realidad jurídica de este asunto, pues sobre todo en los últimos días hemos sido testigos de la descarada actitud entreguista con el vecino país del norte. Como mexicanos que somos, debemos dejar a un lado los intereses partidistas, sobre todo cuando se trata de salvaguardar los más altos intereses de la nación.
De lo anterior se desprende que la denuncia presentada por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en torno al despojo de las nueve Islas del Archipiélago del Norte por parte del gobierno estadounidense, lleva un año ocho meses, a partir de que turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores y por lo que se aprecia existe la marcada intención por parte de esta comisión de retrasar su dictamen, de ser posible hasta la culminación de los trabajos de esta LIV Legislatura y como es costumbre del partido oficial darle el consabido "carpetazo" al asunto.
Por ello, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, solicita por mi conducto, que nos informe por escrito las razones que han provocado este retraso en la presentación del dictamen a que hemos hecho alusión. Asimismo y por tratarse de un asunto de interés nacional, solicito a esta Presidencia que dé lectura y cumplimiento a los artículo 21, fracción XVI y 87, ambos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que emplace a la Comisión de Relaciones Exteriores a presentar el dictamen correspondiente en un día determinado dentro de este Segundo Período de Sesiones.
Ruego, señor Presidente, dar lectura a los artículos que he citado.
El Presidente: - Ruego a la secretaría complemente el punto de vista del diputado Coca.
El secretario diputado Rubén García Farías: - Artículo 21. Son obligaciones del Presidente:
Fracción XVI, Excitar a cualquiera de las comisiones, a nombre de la Cámara, a que presenten dictamen si han transcurrido cinco días después de aquél en que se les turne un asunto y, si no fuere suficiente, la emplazará para día determinado, y si ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que se pase a otra comisión.
Artículo 87. Toda comisión deberá presentar su dictamen, en los negocios de su competencia, dentro de los cinco días siguientes al de la fecha en que los hayan recibido.
Todo dictamen deberá contener una parte expositiva de las razones en que se funde y concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación.
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez: - Muchas gracias, señor Presidente.
Firman esta excitativa el grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, de modo que ruego a la Presidencia la excitativa correspondiente.
El Presidente: - De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, túrnese a la solicitud a la Comisión de Relaciones Exteriores, con el añadido de que por tratarse de una segunda excitación, se observe el plazo de 15 días para lo que dispone el propio artículo.
SOBRE DERECHOS HUMANOS
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Rubén Venadero, del Grupo Parlamentario Independiente, sobre derechos humanos.
El diputado Rubén Venadero Valenzuela: - Gracias, señor Presidente; compañeras diputados, compañeros diputados: El Grupo Parlamentario Independiente quiere expresar, a través de mi conducto, su posición frente a una violación, a una violación más para ser precisos, de las garantías individuales que consagra nuestro texto constitucional y que desgraciadamente con frecuencia ocurren en nuestro país, nos referimos a las amenazas contra el doctor Jorge Castañeda, que hace unos días se le hicieron.
Nos parece, compañeros diputados, que la preocupación del Grupo Parlamentario Independiente no es sólo por la cuestión particular del ciudadano Jorge Castañeda, que por supuesto como un ciudadano más como cualquiera de nosotros, debiera de interesarnos el goce completo de sus derechos constitucionales, sino porque aquí, compañeros diputados, nosotros observamos algo mucho más general.
En nuestro país, la disyuntiva que hoy se enfrenta es la de ampliar su régimen democrático, pero nosotros consideramos que ampliar su régimen democrático implica por supuesto, mejorar sus procesos electorales, pero también implica respetar las garantías más elementales a las que tiene derecho cualquier ciudadano, y en este caso, pensamos que en la situación del doctor Jorge Castañeda ha habido una violación a las garantías individuales que consagra nuestro texto constitucional.
Pensamos, compañeros, que frente a este tenemos que expresar un repudio, que yo espero sea homogéneo en esta Cámara de Diputados, para detener este tipo de actos que ponen en peligro nuestra convivencia pacífica y democrática. También frente a esa situación, incluso ha habido manifestaciones del propio Presidente de la
República, que ha señalado que en México se respeta el derecho que todo ciudadano tiene para manifestar libremente sus ideas y que no hay ni habrá impunidad para quienes atenten contra ese derecho, e incluso concluye su carta con este motivo diciendo que el atentado contra un periodista es también un acto contra la sociedad y contra el propio gobierno y señala su condena.
Compañeros diputados, me parece que esto no es una cuestión trivial, creo yo que en efecto lo que ocurrió a Castañeda simplemente como una muestra de un periodista crítico, en efecto es una cosa que atenta contra la sociedad y contra la propia seguridad nacional y contra la convivencia democrática. Pero aquí también nosotros queremos plantear los siguiente: exigimos de parte del gobierno no sólo una condena enérgica, sino una acción para poner un punto final a este tipo de acciones que no sólo le han ocurrido al doctor Castañeda, sino que incluso en este país le han costado la vida a otro tipo de periodistas o a otro tipo de gente que desempeña una actividad pública en nuestro país.
Compañeros diputados, no es válido que en nuestro país se cree una Comisión de Derechos Humanos, se exprese en el "Día de la Libertad de Prensa" que se manifiesta abiertamente, por parte del gobierno, el respeto a todos los periodistas y a la libertad de prensa y expresión, y que junto con éstos se presenten actos como los que sufrió el doctor Castañeda. No se puede, por un lado, crear una Comisión de Derechos Humanos, expresar el respeto a la libertad de prensa y tolerar la impunidad de no sabemos quiénes, agentes policiacos o no, que se dedican a intimidar a quienes ejercen esta profesión tan importante para la vida democrática del país. Exigimos no sólo una condena enérgica, sino una congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. No es posible sólo condenar enérgicamente, sino se quiere encontrar y sancionar a quienes se atreven a poner en peligro libertades garantizadas por nuestra propia Constitución. Exigimos por parte del gobierno federal no sólo declaraciones, sino acciones que pongan final a este tipo de acciones que debilitan nuestro pacto constitucional.
También por parte del regente se señala, que quienes seguramente desarrollan este tipo de actos apuntan desde una perspectiva autoritaria y no a construir una sociedad democrática. También por esta razón nosotros consideramos que se debe de pasar de las palabras a los hechos y también planteamos con toda energía que aquí estamos frente a una cuestión vital para nuestra nación: ¿de qué se trata, compañeros diputados? Se trata de desarrollar dos lógicas estatales; por un lado, un Estado que formalmente crea comisiones, que exigimos (que no sean elefantes blancos), aquí hay oportunidad desgraciadamente, pero la hay para que la recién creada Comisión de Derechos Humanos intervenga; es más, desde esta tribuna exigimos que esa comisión intervenga en este asunto específico y también planteamos cuando hablamos de dos lógicas, que no se vale, por un lado, vestirse de respeto a los derechos constitucionales y tolerar en nuestro país que alguien de manera impune desarrolle acciones que demeritan e incluso falsean tal espíritu.
Nosotros consideramos que nuestro país requiere de un Estado más respetuoso del derecho, de un Estado que respete y acepte las expresiones políticas y no de un Estado que desarrolle la lógica del autoritarismo. Compañeros diputados, concluyo con el siguiente planteamiento: miren ustedes, en los últimos tiempos frente a los problemas económicos del país se han desarrollado luchas sociales y políticas intensas. Nosotros pensamos que estas luchas sociales y políticas intensas requieren de canales políticos y en este sentido creemos que es un grave error, y lo hemos señalado una y otra vez desde esta tribuna, acudir al expediente policiaco, acudir a la represión; pensamos, compañeros, que eso es peligroso para el propio Estado mexicano, pero es sobre todo peligroso para nuestro país y para la sociedad democrática que queremos contribuir a fundar. Pensamos que si deveras se está apuntando en una perspectiva democrática y deveras se condenan enérgicamente incidentes como los que sufrió el doctor Castañeda y deveras se tiene claro de quiénes pueden provenir esas acciones, como señala el regente Camacho, de aquellos que apuntan hacia una visión autoritaria, yo creo que eso implica rectificar radicalmente el rumbo, eso implica poner coto, responsabilizar y encontrar a los culpables de aquellos que atentan contra nuestro pacto constitucional, encontrar a los responsables de estas amenazas y de acciones hechas con anterioridad que atentan contra las libertades constitucionales.
De otra manera, compañeros, quienes hoy tienen y conducen la dirección del Estado mexicano, pueden crearse un verdadero problema y sobre todo se lo pueden crear a este país. ¿Cuál es ese problema que para nosotros se puede crear, compañeros diputados? Que es, al hacer uso excesivo de los cuerpos de seguridad, públicos o no, lo único que se está sembrando es la posibilidad de la autonomización de esos cuerpos de seguridad, el que se sientan dueños de la calle, el que puedan intimidar y abusar y hacer uso excesivo de un poder que no es legal, que no es jurídico, que no está garantizado por nuestra Constitución; es decir, pervertir a esos instrumentos, de instrumentos que deben de asegurar la paz, la estabilidad
democrática de nuestra nación, en instrumentos que pongan en peligro nuestra paz y nuestra conveniencia nacional. Queremos nuestras calles tranquilas, compañeros, para ello existe una norma: el respeto de todos a la Constitución. No es necesario, es más pone en peligro este respeto a la Constitución, la presencia de este tipo de individuos, independientemente de su origen o de quien los mande.
Compañeros diputados, no es posible que después de que se asesinan personas, como fue el caso de la doctora Norma Corona, en Culiacán, todavía sobre de ella, muerta ella, sobre su memoria, se siembre la calumnia y el desconcierto y se le ubique ahora como una mujer cuya trayectoria, conocida por la sociedad sinaloense, es de respeto, como vinculada a la mafia. ¿De qué se trata, compañeros?, eso es lo que el Grupo Parlamentario Independiente pregunta al señor Presidente y al regente.
Condenamos enérgicamente a aquellos que haciendo uso perverso, excesivo y autoritario de su poder, impiden las libertades públicas, violentan la vida civil, o estamos dando lugar a una lógica dual, a una lógica que nos va a crear un gran problema, que es la autonomización de los cuerpos de seguridad.
Compañeros, pensamos que la Comisión de Derechos Humanos tiene hoy la posibilidad de intervenir enérgicamente, si se crean instancias que no sean elefantes blancos, que cumplan con la responsabilidad que asumen frente a la sociedad. Esa Comisión de Derechos Humanos debe de intervenir en el caso del doctor Jorge Castañeda, esta Comisión de Derechos Humanos debe de servir para poner y contribuir desde su punto de vista y desde su función, a poner un límite a estos excesos y a esta violentación de la vida pública de nuestro país. Gracias.
El Presidente: - Sobre el mismo tema, tiene la palabra el diputado Jorge Martínez y Almaraz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Jorge Martínez y Almaraz: - Con la venia del señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: en innumerables ocasiones esta tribuna ha sido ocupada con el fin de denunciar delitos que por sus características caen dentro de lo que se puede catalogar como violatorios de los derechos humanos; hemos escuchado una y otra vez relatos sobre los casos en que las corporaciones encargadas de cuidar, vigilar y salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, son señaladas como los responsables de la comisión de estos delitos; una y otra vez son denunciados hechos como violaciones a mujeres, robos o despojos a obreros el día de su raya, allanamientos sin orden de cateo, detenciones sin orden de aprehensión y otros muchos más de este tipo; también hemos venido escuchando otra clase de delitos que no pueden señalarse como simples delitos de nota roja, delitos que van más allá de un hecho en donde se beneficia el delincuente y se perjudique la víctima, delitos que cuestionan el estado de seguridad y el ejercicio de los derechos de ciudadano en todo un país.
Cuando la supresión de estos derechos pasa a ser de un hecho aislado a una sistemática costumbre, no debe de tomarse como una simple jugada de posiciones políticas, esto nos afecta a todos; cuando la supresión de estos derechos se justifica, el que lo hace se convierte en cómplice.
No basta hacer declaraciones, no basta con hacer discursos donde se usan florituras de oratoria, no basta con falsas amabilidades, es necesario ir al fondo del problema; quienes atacan los derechos políticos y ciudadanos de una persona, atacan los derechos de todos, incuban el huevo de la serpiente. Quienes están usando posiciones privilegiadas por el ejercicio de su cargo e incitan estos actos, no sólo son cómplices o encubridores, sino son autores intelectuales de estos delitos.
Bien, que los que deben de preocuparse por la aclaración de los delitos inicien los trabajos necesarios para encontrar a los responsables, pero sólo habrán cumplido cuando encuentren a los autores, a los verdaderos autores, a los autores materiales e intelectuales y cuando éstos reciban la pena que les corresponde.
Estamos hartos de chivos expiatorios que en ocasiones resultan ser las propias víctimas, de falsos culpables, de falsos móviles; ya no lo creemos, ni nadie lo va a creer. Quienes piensen que así pueden acallar las voces que protestan se equivocan, quienes piensan, como el usurpador Huerta, que asesinando a una persona acaba el problema de la inconformidad de todo un pueblo, que recuerde bien la historia.
Los responsables, los autores intelectuales del atentado a La Jornada han quedado impunes, ¿esto es incapacidad o tolerancia? Los autores de la amenazas sufridas por Cuauhtémoc Cárdenas Batel han quedado impunes, ¿esto es incapacidad o tolerancia?
Hace unas cuantas semanas fue asesinada la doctora Norma Corona, una destacada defensora de los derechos humanos, ella fue amenazada por sus
actividades en defensa de estos derechos. En esa ocasión las protestas y denuncias no fueron suficientes como para impedir su asesinato; cabe decir que no ha sido suficiente ahora la indignación de todos los sectores para atrapar a los autores intelectuales de este crimen, parece que se ha creado un ambiente propicio para cometer estos delitos de intolerancia, parece que hay impunidad para sus autores intelectuales, ésta es la única razón para que se repitan con tanta frecuencia.
El día 15 de junio otra vez estas fuerzas, corporaciones, agrupaciones, cuerpos o lo que sea, cometieron con un mismo patrón, otro de estos atentados condenables por todo aquél que se tenga por ser civilizado; esta vez la víctima, en persona de su secretaria, Jorge G. Castañeda, miembro de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, fue amenazada. Todos, quienes consideramos inalienables estos derechos, protestamos sin reservas, sin condiciones; esta vez un periodista dedicado a temas nacionales, Jorge G. Castañeda, editorialista de El Norte y de Proceso, entre otros, es la víctima. Todos, quienes consideramos necesaria la libertad de expresión, protestamos sin reservas, sin condiciones.
Esta vez un mexicano que trasciende por su trabajo intelectual las fronteras de nuestro país, es amenazado; todos los que estamos porque México se inserte en un mundo como un país que pueda aportar algo más que mano de obra barata, protestamos sin reservas, sin condiciones.
Esta vez un profesor universitario, con alto grado de calificación y reconocido prestigio académico dentro y fuera del país es la víctima. Los que estamos porque la educación en México sea algo más que la calificación de la mano de obra, protestamos sin reservas y sin condiciones.
Esta vez, y aún a tiempo condenamos a todos aquéllos que han propiciado este ambiente de macartismo, este ambiente en que no se admite la disidencia, este ambiente de país donde se deja de lado la ley y sólo opera la voluntad de quien detenta la fuerza.
El señor Salinas ha señalado también como condenables estos actos de terrorismo; vaya el mensaje para quien debe ir; tal vez sea de buena voluntad. Hacer es la mejor manera de decir.
Sólo los resultados de las investigaciones cuando conduzcan a los autores materiales e intelectuales y a sus penas correspondientes, nos mostrarán la consecuencia entre su carta publicada en la Jornada y su intención; sin embargo, nos extraña sobremanera que en esta ocasión y sólo en ésta, una carta del Jefe del Ejecutivo haya tenido tan poca difusión; en este país famoso ya por el control que el Estado ejerce sobre los medios de difusión, sólo con un medio ha tenido acceso a su carta. ¿Acaso es un mensaje restringido?, ¿acaso es sólo para los lectores de un periódico?
Por lo pronto, el periódico El Nacional, el mismo del Estado, no entendió lo que dice la carta del señor Salinas y continúa con sus editoriales propiciando este clima de intolerancia y de acusaciones frenéticas a quienes no comparten sus posiciones; o no se entendió, o es que hay tanta división en el partido de Estado que ahí cada quien hace lo que desea, o es que no tomaron en serio esa carta del señor Salinas. Actitudes como las de quien escribe esta editorial del domingo pasado y no lo firma, pueden también señalarse como provocadoras de esta situación, donde se considera el ejercicio de la libertad de expresión como justificante para recibir atentados.
Hay muchas formas de volver hacerle al "avestruz", diciendo por ejemplo que esta denuncia no procede, que esta Cámara no es un "muro de las lamentaciones" o tal vez suba algún otro diputado a decir nada y con sofismas trate de salir del paso. Tales respuestas a esta denuncia las hemos previsto, pero aún estamos a tiempo de desterrar estas prácticas antidemocráticas.
Los ojos de otros países están volviendo hacia México, ya sea para invertir como lo han pedido unos, o ya sea para advertir como lo están pidiendo otros. Hagamos que México viva un estado de derecho pero en serio, no se crean ustedes mismos sus propios cuentos.
En 1968 en la Universidad había una pinta que se leía así: "el que se resigna a ser gusano, pierde el derecho de protestar cuando lo pisan". Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra, para hechos, el diputado Bernardo Bátiz.
El diputado Bernardo Bátiz Vázquez: - Señor Presidente; señores diputados: El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se solidariza plenamente con la denuncia hecha en esta tribuna por los diputados Venadero Martínez y Almaraz.
En otras ocasiones hemos denunciado hechos y actitudes similares por parte de las autoridades o por parte de los grupos no identificados, pero que presumiblemente actúan apoyados o protegidos por funcionarios públicos; parte de la doctrina de Acción Nacional, es el defender y el anteponer a los actos de gobierno los principios de respeto a
la dignidad de la persona humana. Dentro de estos principios defendemos del derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la libre expresión de las ideas.
Con actitudes como las que sufrió el politólogo y periodista Jorge G. Castañeda, se atenta contra todos estos derechos fundamentales que mantienen a la persona en plenitud de su dignidad.
Hemos hecho también, lo hicimos recientemente en la Comisión Permanente, un llamado en contra de la proliferación de los cuerpos armados no controlados abiertamente por la ley, clandestinos o semiclandestinos, que están proliferando en nuestra patria; recordamos entonces que los emperadores romanos empezaron apoyándose en sus mercenarios y acabaron siendo puestos y quitados por los hombres de armas. Estamos en contra de que en este país se arme a lo peor de la sociedad; hemos entregado placas, elementos para eliminar de la vida a seres humanos, a personas que no tienen ni la capacidad ni la preparación ética, ni la preparación técnica para usarlas; hemos estado cayendo en un proceso en el que cada vez más se le da preponderancia a la violencia para resolver los problemas.
Hace algunos años, quizá los más jóvenes ya no lo recuerden, los policías en las ciudad de México apenas si andaban armados de una pequeña macana de goma de caucho; posteriormente fueron dándoseles más armas, cada vez más mortíferas y finalmente aparecieron aquellos famosos y detestables halcones, y junto con ellos, otros grupos paramilitares que actuaron protegidos por la sombra del poder, pero siempre al margen de la ley y de manera clandestina.
Es muy distinto que las Fuerzas Armadas, los soldados que tienen al fin y al cabo un apego y una vida entrenada para la disciplina y que sus oficiales son educados bajo principios del honor, que sean los que tienen las armas y el poder de represión del Estado cuando éste es necesario por las violaciones a los derechos o por riesgos de nuestra nación, pero no es aceptable, condenamos terminantemente que sigan propiciándose y protegiéndose a los grupos paramilitares, policías, servicios de seguridad, pistoleros, choferes armados, que en las calles se les ve y se les identifica por su catadura y por su actitud prepotente, son los que se instrumentan y se usan para estos tipos de atentados como el que sufrió Jorge Castañeda y como los que estamos todos expuestos a sufrir.
El Partido Acción Nacional, por tanto, se solidariza con esta denuncia y protesta enérgicamente también, porque sigue proliferando en nuestra patria la violencia, la intimidación, como medios políticos.
El Presidente: - Sobre el mismo tema, tiene la palabra la diputada Graciela Patricia Gómez de Ibarra, del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Graciela Patricia Gómez de Ibarra: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados: Acudimos a esta tribuna en nombre del Partido Revolucionario Institucional, a solidarizarnos con lo manifestado por nuestros compañeros de otras fracciones parlamentarias; sin embargo, queremos dejar asentado también nuestros puntos de vista al respecto.
México, por tradición histórica, ha sido una nación preocupada porque en sus ordenamientos jurídicos se garanticen los derechos fundamentales del hombre; nuestras constituciones recogen a través de su historia, de las cartas magnas que nos han regido, todas las expresiones internacionales y nacionales de libertad y las enriquecen buscando el equilibrio del individuo con la sociedad, agregando al capítulo de garantías individuales, las llamadas garantías sociales.
Son principios básicos que alientan nuestro capítulo de garantías individuales.
Primero. Que el individuo, por el simple hecho de ser persona humana, la Constitución le conceda un mínimo de derechos y se los garantice.
Segundo. Que los derechos que nuestra propia Constitución establece, pertenecen a todos los seres humanos, sin distinción de raza, de credo, de nacionalidad o de creencia.
Tercero. Que estos derechos sólo pueden ser restringidos o suspendidos en los casos y en las condiciones que nuestra propia Constitución lo establece.
Por lo que desde esta tribuna, nuestro partido, el Revolucionario Institucional, reprueba cualquier atentado, limitación o privación de los derechos fundamentales de cualquier ciudadano, como puede ser la libertad, su seguridad y en general todo aquello que conlleve a que los hombres y mujeres podamos desarrollarnos y convivir en un plano de absoluto respeto a nuestra dignidad como seres humanos y a lo que ellos nos asiste.
No es justificable, y no lo justificamos, que en aras de garantizar la paz y la tranquilidad, se transgreda el orden jurídico y se violenten los derechos fundamentales de los mexicanos; no sería ético que en aras de garantizar un orden democrático, se acalle la libertad de expresión y de ideología; no es jurídico que en aras de perseguir y de castigar la ilicitud en que incurren los individuos que viven en una sociedad, se caiga en la
ilegalidad y prepotencia, basada en la autoridad que confiere una ley o el pueblo mismo.
Reconocer los derechos fundamentales de los ciudadanos, creemos en mi partido, que no es cuestión ideológica; es un compromiso que como miembros de una sociedad tenemos todos los que en ella convivimos, de ahí la preocupación que ha asumido esta administración, de crear una nueva instancia encargada de hacer respetar estos derechos fundamentales de los mexicanos, pues como todos sabemos, se ha creado a instancias del Ejecutivo de nuestra nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuya encomienda también fue de nuestro conocimiento, fue de que recabaran todas las quejas de la ciudadanía, pero fundamentalmente que garanticen los derechos de los ciudadanos. Por eso el requerimiento de nuestro compañero Venadero, creemos y estamos seguros que tendrá un eco aprobatorio dentro de la comisión recientemente creada.
En relación al caso que nos ocupa en este momento, ha sido preocupación del presidente de la República, licenciado Carlos Salinas, atender cada uno de esos requerimientos, y en forma personal, el del compañero Jorge Castañeda, pues en forma personal, repito, le ha manifestado su interés en hacer respetar la integridad personal y garantizar su libertad de expresión, reconociendo su trabajo intelectual y periodístico y cuyas amenazas en contra de su persona, lo ha manifestado el propio Presidente, van en contra de lo que él ha sostenido como norma invariable y de su administración que es la de garantizar la libertad y los derechos de los mexicanos, por eso no aceptamos los señalamientos hechos por nuestro compañero Almaraz, de que sean actos de intolerancia. Pudieran atribuirse a cualquier otra situación, pero sabemos que el gobierno no está dispuesto a tolerar ningún acto que ponga en peligro la seguridad y la libertad de los mexicanos.
Como miembro del Partido Revolucionario Institucional, reprobamos cualquier acto de autoridad que limite al ser humano en su accionar como miembro de esta sociedad, pero también queremos y pedimos que estemos atentos para no confundir los actos personales que caerían dentro del campo de la ilicitud, contra los actos de una autoridad que se enclavarían fundamentalmente dentro de la violación de los derechos humanos.
Afirmamos que ningún proyecto económico, democrático o social puede darse por encima de la legalidad, y aún más, como lo ha establecido el propio Presidente, no podremos ni aceptaríamos combatir la ilegalidad con la propia ilegalidad; por ello, nuestro partido y nuestra fracción parlamentaria se suman a lo manifestado por nuestros compañeros y asumen el compromiso de luchar en la palabra y en los hechos abiertamente contra todo atentado a los derechos de los ciudadanos, pues estamos conscientes que los derechos fundamentales del hombre en sociedad no tienen ideología, pero sí un marco jurídico que todos, todos, incluyendo a aquéllos que detenten la esfera de poder dentro de la administración pública, están obligados a respetar, y en este caso, mi partido, repito, se solidariza con lo manifestado por nuestros compañeros. Muchas gracias. (Aplausos.)
DEL ESTADO DE PUEBLA
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Israel Galán Baños, del Grupo Parlamentario Independiente, sobre el problema del autoritarismo del gobierno del estado de Puebla.
El diputado Israel Félix Galán Baños: - Gracias, señor Presidente; compañeras, compañeros diputados: En realidad, y ligado a los oradores que me antecedieron en el uso de la palabra, nosotros debemos de decir, reflexionar en torno a una situación que se vive en el país.
En realidad, con los últimos acontecimientos de los que se habló con anterioridad y otros reseñados por el diputado Venadero, el diputado Almaraz, uno se pregunta cuál es la realidad que existe en México, ¿vivimos bajo la equidad de un estado de derecho o vivimos bajo las normas de un estado de seguridad nacional?, esto, que como bien señala Jorge Castañeda en su último capítulo en la revista Proceso, es lo que hay que responder.
Citando el informe de Américas Watch, concluye Castañeda en su artículo de esta semana, en el Proceso, preguntándose: ¿qué va a contestar el presidente Salinas a los inversionistas extranjeros cuando éstos le pregunten sobre las violaciones a los derechos humanos?, ¿es que el gobierno tolera esta situación o es que el gobierno ha perdido el control de sus aparatos de seguridad?, ¿o es que sucede, como yo preguntaba, que no vivimos en realidad bajo un estado de derecho, sino que vivimos bajo esto que los estadounidenses entienden bien, en el concepto de guerras de baja intensidad y el estado de seguridad nacional?, en donde la represión selectiva a todos los niveles, el uso intensivo de los medios de comunicación para confundir, para denigrar, como es el caso que citaba el diputado Venadero, a propósito de Norma Corona, esto es lo que uno se pregunta.
Todos estos elementos juntos, podría uno preguntarse, ¿en realidad conforman un estado de derecho o vivimos aquí bajo un estado de guerra
de baja intensidad?; las violaciones a los derechos humanos de los mexicanos y las prácticas de racismo en los Estados Unidos de América es un hecho cotidiano.
Esto es lo preocupante y he hecho esta introducción, que ustedes preguntarán; ¿qué tiene que ver con el punto inscrito aquí, respecto a los hechos de autoritarismo en el estado de Puebla?
Tiene que ver por una simple razón, compañeras y compañeros diputados, una de las instituciones más golpeadas en este país, claro, no ahora, cuando menos 22 años atrás o aún más atrás, son las universidades públicas en México, las instituciones de educación superior; no hay día, no hay semana en que no nos enteremos que en tal institución actuaron los porros; que en tal institución asesinaron a un profesor, a un estudiante, a un trabajador; que en tal institución las autoridades están felices porque aquello no condujo a nada; que un congreso no condujo a lo que debía ser esencial, ¡están felices con el inmovilismo!
Las instituciones de educación superior, por las características que tienen en el país, más aún aquéllas que han desarrollado procesos de democratización y a través de esto de elevación del nivel académico de las mismas, se han visto conminadas, agredidas, asediadas, como alguien preguntaba hoy en La Prensa: "es hora de levantar el castigo a las universidades públicas con el presupuesto".
Por ahí empiezan las agresiones y continúan de otra manera, como es el caso de la Universidad Autónoma de Puebla; decimos que ahí quien se haya prestado, quien haya empujado el proceso de división inicial de la comunidad universitaria en Puebla, ha cometido un grave error; estoy hablando porque además he sido profesor en esa universidad.
Hace 22 años empezó también un proceso de democratización, se asesino a dirigentes, profesores, estudiantes y trabajadores, en la triste época de Bautista O'Farril, que era gobernador, y de otras personas como Nava Castillo, etcétera.
Superó la universidad esta situación y se encaminó, se enrumbó a niveles de superación académica; eso que tanto preocupa aquí a algunos diputados y a algunos miembros de la comunidad: a la elevación del nivel académico y conquistar niveles de excelencia.
Esto era lo que había venido pasando en la Universidad Autónoma de Puebla, en rectorado del ingeniero Rivera Terrazas, de Vélez Pliego y en los inicios del actual rector Samuel Malpica Uribe.
Había ahí condiciones para que en la Universidad de Puebla se combinaran también otros elementos como es la masificación con la elevación del nivel académico; eso que tanto preocupa a algunos diputados, a algunos miembros de la llamada comunidad científica, a algunos que quieren hacer dicotomía entre el proceso de masificación y el proceso de la excelencia académica.
En la Universidad de Puebla, en el ICUAP, el Instituto de Ciencias de la Universidad Autónoma de Puebla, en la Escuela de Físico - Matemáticas, en la Escuela de Medicina, en diversas escuelas, se había logrado este proceso de superación académica.
Pero hay gobernantes, a los que yo francamente, yo en lo personal solamente he visto retratados en las páginas de sociales, luciendo el esplendor de sus casas y de sus riquezas, como es el gobernador del estado de Puebla, el gobernador Piña Olaya. A la mejor yo soy muy ignorante, no estoy informado, pero a este gobernador yo nada más lo he visto en las páginas de sociales de revistas y periódicos. ¡Y ahora, por la agresión que ha perpetrado contra la Universidad de Puebla!
No queremos decir nosotros que tomamos partido por uno de los dos grupos que hoy se enfrentan en la Universidad Autónoma de Puebla, nada más decimos que es un grave error que se impulse a uno de ellos atentando contra la legalidad y legitimidad con que el rector Samuel Malpica Uribe llegó ahí
¿Por qué no se le quitó de otra manera y por qué se acude a la división?, porque se alienta aún en el entendido de que son facciones de un mismo partido; ¿por qué el gobernador alienta una de ellas transfiriendo incluso legalmente, como lo demuestran los documentos presentados que avalan la demanda de juicio político contra el gobernador de Puebla?, y que son documentos provenientes de una institución reconocida, como es el Banco Mexicano Somex, donde no reconocen a Juvencio Monroy, rector interino, para transferirle el presupuesto.
La actitud del grupo que encabeza Juvencio Monroy ha llegado a niveles temerarios, ha presentado una iniciativa de ley para que sea modificada la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Puebla, esto ha colmado el vaso de los universitarios poblanos, quienes para bien han adoptado una política de unidad frente a las actitudes de Juvencio Monroy, quien actuando con el apoyo del gobernador Piña Olaya, ha pretendido vulnerar la legalidad de la Universidad Autónoma de Puebla y echar abajo la situación, el desarrollo académico de la
Universidad Autónoma de Puebla, como un desarrollo académico basado en métodos democráticos y de superación académica.
Nosotros creemos, pues, que los métodos autoritarios que han incluido toda clase de arbitrariedades y violencias, incluso el asesinato en la Universidad de Puebla, deben ser condenados y el gobernador Piña Olaya ser llamado a cuentas; asimismo impulsar el proceso de la unidad de los universitarios poblanos, para defender la universidad frente a los ataques que está cometiendo el gobernador Piña Olaya.
La unidad es indispensable, qué bueno que el Consejo Universitario Unido ha tomado medidas en este sentido y ha aprobado que se erija un gobierno provisional en la Universidad Autónoma de Puebla...
El Presidente: - Señor diputado Israel Galán, disculpe usted, pero estamos tratando de cumplir el acuerdo parlamentario.
El diputado Israel Félix Galán Baños: - Bueno, creo que en lo esencial he planteado la situación y he pedido apoyo para la demanda de la Universidad Autónoma de Puebla, para que se ejerza juicio político contra el gobernador Piña Olaya, sea turnada a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia que proceda, dada la arbitrariedad contra el proceso democrático de la Universidad de Puebla. Muchas gracias, compañeros.
El Presidente: - Para hechos, tiene la palabra el diputado Miguel Quiroz Pérez, cinco minutos; antes del diputado Miguel Quiroz, el diputado Wences.
El diputado Rosalío Wences Reza: - Sobre el caso de la Universidad Autónoma de Puebla, creo que todos lamentamos las consecuencias que la división trajo al seno de esa universidad; pero desde esta tribuna, lo que yo quisiera recalcar es que, sobre todo en esa situación y en otras similares, debe prevalecer la letra y el espíritu del artículo 3o. constitucional, que recoge el afán de autonomía por la que han luchado generación tras generación los universitarios mexicanos y de toda la América Latina.
En estos momentos, hay al seno de la Universidad Autónoma de Puebla, una gran unidad tanto del Consejo Universitario como de toda la comunidad, precisamente en defensa de su autonomía, que corre el riesgo de ser anulada, si es que no prevalece la sensatez y el gobierno de Piña Olaya se sale con la suya.
Nosotros como legisladores, repito, debemos velar porque se acate el artículo 3o. constitucional y que los universitarios poblanos, sobre todo en estos momentos en que prevalece la unidad, puedan recuperar el tiempo perdido y como lo han demostrado en años anteriores, demostrarle al país y a las demás universidades que pueden, como lo han hecho, trabajar intensamente en bien de la educación superior y el desarrollo de la ciencia mexicana; por lo demás, en cuanto al carácter del gobierno de la universidad mexicana, pues es conocido de todos nosotros que prevalece una gran diversidad, del carácter del gobierno de la universidad mexicana.
En los 300 años que funcionó la Real y Pontificia Universidad de México, habrá que decir que era el claustro de profesores en su conjunto el que elegía una y otra vez al rector de aquella universidad, pero soplaron los vientos de liberalismo y aquella inquietud de que no debería de haber un Estado dentro del Estado y se acabó la democracia por algunas décadas al seno de las universidades, no solamente mexicanas, sino de la América Latina y del mundo latino en Europa.
Con el movimiento de reforma universitaria que se iniciara en Argentina en 1918, se retoman algunas de las ideas ya antiguas acerca del gobierno y de la democracia en las universidades, pero repito, que cada universidad de acuerdo a su historia, de acuerdo a sus tradiciones, camine por el camino que se ha trazado; si la Universidad Autónoma de Puebla se ha trazado un camino que combina la autonomía con la superación académica, ¡brindémosle a la Universidad Autónoma de Puebla todo el apoyo, para que dentro de la autonomía y de acuerdo con el artículo 3o. constitucional, y empeñados, como lo han estado y sin duda lo seguirán estando, nos enseñen los caminos de la superación de la educación superior y el avance de la ciencia en nuestro país! Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente: - Para el mismo tema, tiene la palabra el diputado Miguel Quiroz Pérez, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Miguel Ángel Quiroz Pérez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados: He escuchado con atención lo expresado aquí por los compañeros diputados Israel Galán y el diputado Wences Reza, y he solicitado el uso de la palabra para rectificar hechos que ellos, a nombre de sus distintas fracciones parlamentarias, han referido y que por inexactos la diputación poblana rechaza. Me siento obligado a refutar lo aquí aseverado, partiendo de las consideraciones siguientes:
Desde el inicio de su mandato, y refiriéndose concretamente a la importancia que para la vida del país tienen los centros de educación superior y concretamente la Universidad Autónoma de Puebla, el titular del Poder Ejecutivo del estado de Puebla prometió respetar escrupulosamente la facultad y prerrogativa de dicha institución para ser autónoma en el orden técnico, académico y administrativo y garantizar la libertad de cátedra, la investigación y el libre examen y discusión de las ideas.
Durante el término de su encargo ha venido promoviendo ante el gobierno federal y ha decidido, en los asuntos de su competencia, apoyos de orden económico y de carácter institucional que propiciaron un notable mejoramiento en el nivel académico de la propia universidad; sin embargo, compañeros diputados, apartir de los últimos meses del año pasado los grupos que tienen, han tenido y seguramente tendrán una influencia determinante en los destinos de la universidad, entraron en conflicto, dando por resultado alteraciones en la vida y en las funciones administrativas y académicas de la propia institución.
No obstante que durante los últimos seis meses, universitarios de distintos grupos cuestionan la legitimidad de las autoridades que representan a nuestra institución, el gobierno del estado ha permanecido siempre al margen de esas disputas y sólo ha intervenido cuando al desbordarse los intereses al conflicto, se han atacado el orden y la tranquilidad públicos, como en el caso del sensible fallecimiento del maestro Miguel Antonio Cuéllar, asesinado precisamente frente al edificio central de nuestra universidad.
Rechazo las afirmaciones, en el sentido de que el gobierno del estado de Puebla ha pretendido inmiscuirse también en las relaciones de carácter laboral que la propia institución sostiene con el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla.
No obstante los exhortos que el propio Mariano Piña Olaya ha hecho a todos los grupos involucrados en este grave conflicto y a su disposición de mediar, si así lo aceptan los propios universitarios, los problemas, compañeros diputados, han trascendido el ámbito de la misma universidad y no tienen para cuando concluir, no obstante, y es digno señalarlo, los esfuerzos que tanto uno como otro grupo han estado realizando para regularizar la vida académica y administrativa de la universidad.
Durante los años de 1987 y 1988, el rector, maestro en ciencias, Oscar Samuel Malpica, manejó atinadamente una política externa de respeto mutuo con el gobierno del estado y los sectores de la sociedad poblana; sin embargo, la política interna de la Universidad de Puebla en 1989 fue creando contradicciones que pronto habrían de revertirse con gran fuerza a sus autoridades, no sólo para perjuicio de un grupo, sino en detrimento lamentable de toda la comunidad y la vida institucional universitaria.
Ha sostenido y sostiene el gobierno del estado, que los problemas de la universidad deberán ser resueltos por los propios universitarios, no sólo por ser éstos los principales interesados, sino por ser poseedores de todas las cualidades para autogobernarse y garantizar el más alto nivel de civilidad, de cultura y de expresión democrática.
Ciertamente, compañeros diputados, la plenaria de esta Cámara no es la competente para conocer en esta instancia de la solicitud de juicio político contra Mariano Piña Olaya; en el seno de las comisiones competentes, habrá de tomarse la resolución que en derecho corresponda. Muchas gracias. (Aplausos.)
DEL ESTADO DE MÉXICO
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Reynaldo Rosas Domínguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la aplicación de la técnica censal en el estado de México.
El diputado Reynaldo Rosas Domínguez: - Compañeras y compañeros diputados: Creo que las elecciones del 11 de noviembre en el estado de México para renovar ayuntamientos y legislatura local, deben ser objeto de atención a todas la fuerzas políticas de esta alta instancia, sobre todo porque nos encontramos discutiendo planteamientos de reforma electoral.
El respeto a la voluntad popular, es una firme exigencia de la sociedad mexicana; podemos decir que México en el mundo, su sistema electoral se observa con curiosidad, prácticamente pudiéramos decir que se ve como una cosa de museo; procesos electorales van y vienen en el mundo y sus resultados no se ponen en duda por ninguna fuerza; los adversarios reconocen sus derrotas y en general no hay mayores problemas.
No es así desgraciadamente en nuestra Patria y creo que la Cámara de Diputados, que tiene la obligación de observar y de vigilar que efectivamente se respeten los preceptos constitucionales, que efectivamente el poder público dimane del pueblo como lo establece el artículo 39 constitucional, es una de las funciones de esta Cámara
de Diputados, y desde luego aquí no se trata de prejuzgar, desde luego no se trata de venir a decirse defraudado antes de que se produzca una elección; sin embargo, el Partido de la Revolución Democrática le preocupa mucho cómo se está preparando el proceso electoral en el estado de México.
No es cualquier estado, prácticamente es entre el 15% y el 20% de la ciudadanía nacional, es una masa muy importante de votos, es un proceso que tiene repercusión, de manera particular en la capital de la República, y es aquí, en los procesos concretos donde se mide la voluntad política, donde se comprueba la voluntad política de cambio en un sentido democrático, por eso tenemos que ser muy escrupulosos, por eso la opinión pública, desde luego la Cámara de Diputados, que constituye la representación del pueblo, tiene que estar atenta y vigilante en cada paso que se da en el sentido señalado.
En el estado de México, se ha decidido aplicar la técnica censal para depurar el padrón electoral; nosotros en un principio hemos estado de acuerdo. Actualmente, las condiciones en que se encuentra el padrón electoral del estado de México, es un instrumento inservible si estamos hablando de una elección limpia, de una elección democrática, por eso somos partidarios de que efectivamente se haga una revisión a fondo.
Pero, ¿qué es lo que nos preocupa?, nos preocupa en primer lugar que ya hay una experiencia concreta, con resultados nefastos, en el caso de Uruapan, que efectivamente la aplicación de la técnica censal sirvió para rasurar el padrón electoral y para inflarlo en otros casos, por eso tenemos que tener un especial cuidado en la aplicación de este tipo de mecanismos.
¿Y qué es lo que está sucediendo actualmente?, lo que sucede es que los partidos políticos no están participando en las decisiones para aplicar la técnica censal.
¿Quién va a tomar las decisiones respecto del camino para llevar a cabo este mecanismo?, se están tomando unilateralmente.
¿Quién va a decir las altas y las bajas en le padrón del estado de México?, el Registro Estatal de Electores.
Pero lo más grave es lo que ha pasado en los últimos días; se han hecho dos encuestas prácticamente casa por casa, una encuesta para levantar el padrón de afiliados del Partido Revolucionario Institucional, que desde luego tienen derecho a hacerlo, y otra encuesta supuestamente llevada a cabo por una empresa privada, utilizando a los alumnos de secundaria, a los maestros; desde luego aquí se me va a decir que están llenos de fervor priísta, ¿verdad?, que lo hacen de manera voluntaria, pero no es así, no es de manera voluntaria. Se ha impuesto esta tarea de levantar un padrón en el cual se está preguntando a los ciudadanos casa por casa que cuál es el partido de su preferencia; prácticamente se está haciendo un chequeo, se está haciendo un inventario de los miembros de toda la oposición y los miembros del Partido Revolucionario Institucional.
Y en estas condiciones, nosotros consideramos que aplicar en estos momentos esa técnica censal en las condiciones en que está pensando aplicarla, en las condiciones en que lo está decidiendo el gobierno, es prácticamente preparar el camino para que ese padrón esté viciado, esté viciado y sea objeto, tal y como lo ha sido en Uruapan, de que efectivamente salgan de ese padrón los miembros, los militantes, los ciudadanos que han declarado su inclinación por partidos de oposición y que por otro lado ese padrón se robustezca con el levantamiento de las afiliaciones del Partido Revolucionario Institucional.
Por eso, nosotros queremos manifestar que en este momento no hay las condiciones para hacer una auténtica depuración del padrón el estado de México, que en estos momentos si se llevan a cabo los planes tal y como han sido hechos públicos por parte del gobierno , lo que vamos a tener es un padrón viciado y eso puede viciar las elecciones en el estado de México.
Por eso nuestra propuesta, y yo creo que este asunto le interesa a la Cámara de Diputados, nuestra propuesta es que este asunto sea discutido entre el gobierno del estado, el Registro Estatal y Nacional de Electores y las fuerzas políticas interesadas, porque efectivamente al menos nosotros no estamos interesados en crear problemas artificiales, pero tampoco estamos dispuestos a legitimar un proceso electoral que desde sus etapas preparatorias tienda a violentar, a negar la voluntad popular, por eso nosotros estamos haciendo un llamado a tiempo y lo queremos hacer ante esta alta soberanía.
El estado de México es una ocasión muy importante para demostrar que en México se pueden hacer elecciones limpias, se pueden hacer contiendas civilizadas, pero para eso se debe entrar efectivamente a la búsqueda de los mecanismos que eviten cualquier vicio en este proceso y ésa es la posición del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Antes de dar la palabra al diputado Juan Ugarte Cortés, tomando en
consideración que han transcurrido las cuatro horas reglamentarias de esta sesión, la Presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a fin de concluir los asuntos pendientes en cartera, acuerda prorrogar el lapso correspondiente hasta la conclusión del orden del día, haciendo la observación que ésta se encuentra suficientemente avanzada.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Juan Ugarte Cortés, sobre el mismo tema...¿Declina, diputado? Bien.
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Gerardo Ávalos Lemus, sobre el conflicto de la Universidad de Guadalajara.
El diputado Gerardo Ávalos Lemus: - Con permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores: El lunes 4 de junio los trabajadores del Sindicato Único de la Universidad de Guadalajara, iniciaron un paro de labores después de haber agotado todas las vías de negociación y diálogo posibles, en demanda de la firma del convenio que regule sus condiciones colectivas de trabajo, ya que después de 15 años de vida sindical no cuentan con este instrumento jurídico fundamental en todo centro laboral; los trabajadores también reclaman la igualación de sus salarios con otras universidades del país, tomando en cuenta que la Universidad de Guadalajara es una de las universidades con más bajos salarios a nivel nacional, aproximadamente de un promedio de 320 mil pesos mensuales.
Frente a estas legítimas demandas, la rectoría de la universidad ha respondido con amenazas y presiones, utilizando los recursos de la universidad para crear una imagen distorsionada y confusa de la realidad que vive la universidad.
El pasado viernes, nos habíamos dado cita cuatro diputados federales para realizar una conferencia de prensa en la ciudad de Guadalajara sobre el particular; todos sabemos que las participaciones de los grupos en los senos de las universidades contemplan posiciones políticas de fondo, pero nunca, jamás, los intereses del grupo deberán estar por encima de los intereses de la misma institución y de sus objetivos, y cuando los intereses de la mayoría y los derechos humanos sufren atentados por las acciones de alguna de las partes, y la violencia es la actitud que se pone en el centro para querer dirimir las contradicciones, nosotros, estos cuatro legisladores habíamos coincidido en poder manifestar nuestro reclamo para que las partes se ajustaran al apego estricto al derecho y resolver por la vía pacífica el conflicto de esta universidad.
Creemos que de ninguna manera adoptar una conducta fuera de la Carta Magna, y adoptar una conducta que no respeta lo constituido en la Ley Federal del Trabajo, sería la vía para poder resolver, y en esa conferencia de prensa, desgraciadamente sólo concurrimos dos diputados federales, uno del Grupo Parlamentario Independiente y su servidor, en el que hicimos votos y un llamado a las autoridades y a los dirigentes de las partes en el conflicto, para que se ajustaran en la observancia al diálogo y al derecho para resolver, poniendo al centro los intereses de nuestra universidad en aquel estado, de los que allá vivimos.
Quiero mencionar a esta soberanía como antecedentes, que el día 5 de marzo, en un acto, así lo debo y quiero entender, en un acto de voluntad política y de apertura al diálogo y a la concordia, el señor rector de la universidad signó un convenio con la Federación de Profesores Universitarios, organismo aquél que no está reconocido legalmente ante ningún tribunal; el 5 de marzo firman estas condiciones generales de relación para establecer la responsabilidad de los profesores con la institución y con la responsabilidad de la institución con los profesores en el cumplimiento de su función.
Lo tengo que señalar como antecedente porque hoy es preocupante, que después de haber signado la rectoría, el 27 de este mismo año, estas condiciones generales de trabajo con el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, en el que la comisión que representó a la rectoría y a la comisión que representó al sindicato habían llegado a puntos de concordia, habían llegado a los puntos claros de establecer la relación entre el sindicato y la autoridad, los compromisos de los trabajadores administrativos y manuales para con la institución, y los compromisos de la institución para con los trabajadores.
Y lo digo que lo tengo que señalar porque es preocupante de que hoy, a más de 13 días de paro laboral, que ha repercutido en la vida política y social del estado de Jalisco, nos encontramos con que a punto de concluir el período de estudios de más de 200 mil estudiantes, se ven lesionados los intereses de estos mismos y el cumplimiento exacto de las metas estudiantiles en cuanto a sus programas de estudio se refieren.
La rectoría en este tiempo, nosotros, como lo comentábamos en el pasillo con algunos diputados, no somos la autoridad para calificar o para criticar; podremos estar de acuerdo total o en
desacuerdo total con el papel que actualmente la rectoría ha venido manejando; sin embargo, nos ha preocupado más de fondo el respeto irrestricto a los preceptos consagrados en la Ley Federal del Trabajo.
Se ha manejado por grupos universitarios el que el señor gobernador intervenga con la fuerza pública para dirimir este conflicto; se ha manejado por representantes de la rectoría. Yo no diría que es plenamente la voz del señor rector, de que sea la fuerza pública quien desaloje a los trabajadores sindicalistas que están en el paro.
Se ha utilizado a grupos estudiantiles de presión para desalojar a los trabajadores universitarios de las instalaciones, pero lo que sí es claro, que tan preocupados hemos estado estos cuatro diputados que intercambiamos puntos de vista, como lo está hoy el señor gobernador, que el día de ayer el señor gobernador en la conferencia de prensa que dio el representante de comunicación social del gobierno del estado al Canal 4, propuso que las partes en conflicto, de una vez y para siempre, pudieran darse cita en la mesa de negociaciones para resolver este problema. Conminó a la secretaría general y a toda la directiva del sindicato, a que se sentaran en la mesa de negociaciones y con todo el respeto y altura como universitarios que son, resuelvan el fondo del problema en una sola negociación.
El sindicato comunicó esta mañana, a través de los medios noticiosos de la radio, que estaba en completo acuerdo y retomaba la solicitud del señor gobernador de que por la vía pacífica conciliatoria y con apego a la ley, se resolviera el conflicto que existe en aquella universidad; en tanto nos acaban de llamar esta mañana, que el director de la Escuela de Contaduría, acompañado con alrededor de 27 personas fuertemente armadas, irrumpieron en las instalaciones de Belenes, rompiendo candados, rompiendo banderas y provocando un conato de violencia en aquel lugar, Afortunadamente, hasta la una de la tarde que nos volvieron a llamar, las cosas no habían pasado a mayores.
Ocurre de igual manera en la Facultad de Biología y Medicina, donde el director de Odontología y a la directora de Enfermería, acompañados por un grupo también armado, rompieron las puertas, rompieron cristales de las instalaciones y se apoderaron de un edificio interno de esa unidad médico - biológica.
Nos parece grave que ante el llamado del señor gobernador al diálogo, a la concordia, al apego estricto al derecho y a la concertación, la actitud con que ciertos grupos de la universidad han actuado.
Nosotros, nuestro partido, nuestro grupo parlamentario apela a la actitud madura con que deben los universitarios de concurrir ante conflictos como éste; esperamos del señor rector llevarse las palmas y signar hoy por primera vez un documento completo de condiciones generales de trabajo, que establezca claramente, de una vez y para siempre, las relaciones entre los trabajadores manuales y administrativos, de aquella universidad y la rectoría, puesto que en muchos años jamás se había signado un documento completo que estableciera la responsabilidad de los trabajadores y sus obligaciones, y la responsabilidad y las obligaciones de la institución.
Creo que es un momento histórico para la Universidad de Guadalajara, en que por primera vez se gesta un movimiento autogestionario de un sindicato al margen de los conflictos de los grupos, para exigir la observancia irrestricta al derecho consagrado en el artículo 123 de nuestra Constitución General de la República y en la Ley Federal del Trabajo.
Creemos que debemos exigirle y apelamos también a su actitud madura a la dirección sindical, para que con observancia estricta y apego al derecho, se conduzca de la manera más pacífica para resolver el mismo conflicto, porque tanta responsabilidad haya para el sindicato, como la hay de la autoridad, que es en este caso el señor rector.
Hacemos votos, nuestro partido hace votos porque hoy en las negociaciones que han de reanudarse después de las 9.00 de la noche, al término de la marcha de este sindicato que iniciará hoy a las 5.00 de la tarde, de la glorieta de la normal a palacio de gobierno y a la torre de rectoría, que estas pláticas que se inician a las 9.00 de la noche, sean como lo solicitó y conminó el señor gobernador, en presencia de la diligencia y de la comisión autorizada en este sindicato y del propio señor rector, dirimir cuanto antes este conflicto, se reanuden las clases en esta universidad, donde ojalá se signe de manera simultánea de parte del sindicato, el levantamiento del paro y de parte de la rectoría, la firma de las condiciones generales de trabajo, de acuerdo al estatuto y a la Ley de Servidores Públicos que establece la relación en aquella universidad, entre la rectoría y el sindicato.
Queremos por tanto manifestar aquí que las pruebas que tenemos de la actuación de algunos directores, de enviar sus cheques mutilados a los trabajadores sin expresar por qué razón han sido devengadas algunas deducciones, sin señalar por qué les llegan en cero los cheques. Nosotros quisiéramos que esto no volviera a suceder, que no se atente de esta manera contra el derecho de
los trabajadores; que no sean las cartas de los directores de escuelas, presionando a los profesores, la forma en como pretendan que se rompa un paro que han iniciado los trabajadores, pidiendo no en realidad un aumento salarial, sino se equipare su salario, en un 65% que está desfasado de los salarios de otras universidades, porque si la Constitución General de la República y la Ley Federal del Trabajo lo establecen "a trabajo igual, salario igual", y esperamos y demandamos de los trabajadores que librando este conflicto, también responsabilidad igual para lograr dignidad en esta institución.
Quiero por último mencionar que el sindicato, hoy en su marcha, espera el respeto irrestricto a su derecho a manifestarse; se había anunciado por algunos grupos estudiantiles de la Corriente Estudiantil Democrática, que iban a boicotear esta marcha, era algo así como un llamado a la provocación; nosotros esperamos que en observancia madura de estos universitarios, realicen pacíficamente sus acciones y que cumplan cada uno su cometido histórico en la universidad: los trabajadores recibiendo su remuneración que la ley les permite exigir, cumpliendo también su responsabilidad. De igual manera, demandamos de la rectoría de la universidad, el cumplimiento a su papel y cumplir oportunamente su responsabilidad como rectores.
Quiero dar lectura, señor Presidente, a la propuesta del siguiente punto de acuerdo que han signado los coordinadores y representantes de los distintos grupos parlamentarios, dice así:
"Punto de acuerdo del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, sobre el conflicto laboral de la Universidad de Guadalajara:
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los grupos parlamentarios abajo firmantes proponen el siguiente.
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Reconocer el legítimo derecho de los trabajadores del Sindicato Único de la Universidad de Guadalajara respecto a su exigencia de equiparación salarial con las demás universidades del país, en cumplimiento estricto a la Constitución General de la República y a la Ley Federal del Trabajo, que establece "a trabajo igual, salario igual", ya que estos trabajadores reciben en promedio 260 mil pesos mensuales.
Segundo. Esta soberanía hace votos porque la solución al conflicto aquí planteado, se resuelva con el apego estricto a derecho, en un marco de concordia y desechando cualquier vía que signifique el uso de la violencia por cualquiera de las partes.
Dada en el palacio legislativo, a los 19 días de el mes de junio de 1990. - Recinto Alterno. - Firman los diputados: Ignacio Castillo Mena, Coordinador del partido de la Revolución Democrática; Rubén Venadero Valenzuela, subcoodinador del Grupo Parlamentario Independiente; Oscar Mauro Ramírez Ayala, coordinador del partido auténtico de la Revolución Mexicana; Rodolfo Elizondo Torres, de la coordinación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Armando Duarte Móller, por el partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y por el Partido Revolucionario Institucional, está ilegible la firma.»...
(Desde una curul): - ¡El nombre!
Perdón, es Héctor Alfredo Ixtláhuac Gaspar, del Partido Revolucionario Institucional, disculpen. Gracias.
El Presidente: - Se pide a la secretaría que dé el trámite conforme al artículo 58. Para el mismo asunto, tiene la palabra el diputado Héctor Ixtláhuac, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Héctor Alfredo Ixtláhuac Gaspar: - Con su venia, diputado Presidente; compañeros diputados: Es muy loable la preocupación del compañero Gerardo Ávalos, respecto de la situación que guardan los trabajadores y las autoridades de la Universidad de Guadalajara, en el estado de Jalisco; compartimos con él y no tuvimos ningún empacho en firmar el punto de acuerdo, porque en nuestro partido, el Revolucionario Institucional, siempre estaremos del lado de los trabajadores y que las cosas se apliquen en un marco de cordialidad y buena voluntad.
Pero yo quiero informar a la asamblea algunas cosas particulares sobre este asunto, y repito las palabras de nuestro compañero Trinidad Lanz Cárdenas: "la Cámara de diputados no es un órgano de Estado de competencia universal", y se están tratando de nuevo asuntos que no competen a la Cámara y que son al mismo tiempo, asuntos que lesionan la soberanía de las autoridades establecidas en el estado de Jalisco.
La Universidad de Guadalajara no es una universidad autónoma, es una universidad de Estado, sujeta a la Ley Orgánica del poder Ejecutivo del Estado.
El problema que se plantea es un problema entre sindicato de empleados y las autoridades de la universidad, demanda de mejores salarios contra limitaciones presupuestales, y repito que invadimos la soberanía del estado al plantear asuntos que competen a los órganos referentes; si se trata de conflicto laboral, a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y al Departamento del Trabajo, y por otro lado, a las autoridades de la universidad y al gobierno del estado.
Los planteamientos del compañero Gerardo Ávalos, repito, son aceptables, pero volvemos al punto, debemos respetar la soberanía de los estados; para esto, me voy a permitir solicitar a la presidencia, sea tan amable de pedirle a la secretaría, dé lectura al artículo 41 constitucional, para que quede más clara mi exposición.
El Presidente: - Haga la secretaría el favor de dar lectura al artículo 41 constitucional.
La secretaria diputada Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: - "Articulo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos y por los de los estados de estos en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente constitución federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.
Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinara las formas específicas de su intervención en el proceso electoral."
El diputado Héctor Alfredo Ixtláhuac Gaspar - Como se ve, es muy claro, muy preciso el artículo 41 constitucional; ahora, la preocupación que tiene el compañero Gerardo Ávalos, de que la manifestación se pueda expresar con voluntad. La buena voluntad existe porque del gobierno del estado, él lo mencionó en esta tribuna.
El gobernador, el licenciado Guillermo Cossío Vidaurri, llamó a las partes para que se condujeran con la mejor voluntad y llegaran lo antes posible a un acuerdo. La manifestación fue autorizada y se va a realizar en los términos más cordiales y en las mejores condiciones.
Muchas gracias, es todo lo que tengo que decir al respecto. Muchas gracias a la asamblea. (Aplausos.)
El Presidente: - El documento que presentó el diputado Gerardo Ávalos Lemus, fue un punto de acuerdo firmado por todos los diputados de todas las fracciones parlamentarias. Ruego a la secretaría que, en votación económica, pregunte a la asamblea si se aprueba este punto de acuerdo.
La secretaria diputada Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo propuesto por el diputado Ávalos.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, diputado Presidente.
El Presidente: - Muchas gracias.
DENUNCIAS
DEL ESTADO DE SINALOA
El Presidente: - Siguiendo con el orden del día, en el orden de las denuncias, con el asunto de denuncias, tiene la palabra el diputado Tomás Gutiérrez Narváez, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre problemas en la secretaría de la Reforma Agraria en el estado de Sinaloa.
El diputado Tomás Gutiérrez Narváez: - Diputado Presidente; honorable asamblea: Este punto, que a nombre de fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista voy hacer del conocimiento de esta soberanía, considero que merece la atención de los integrantes de este cuerpo colegiado, en virtud de lo que voy a decir en este momento, obedece a causas permanentes, cotidianas ,en todo lo ancho y largo del país, y que esto que sucede en Sinaloa solamente es una muestra de lo que acontece, repito, en todo el territorio nacional.
"En la primera reunión de la comisión de Reforma Agraria de esta Legislatura, cuando se dijo que estábamos reunidos en este momento todos los que queremos que el problema agrario de nuestro país se resuelva, nosotros insistimos en que esa afirmación no era exacta, ya que mientras la Reforma Agraria sea frenada por los enemigos de la Revolución Mexicana, protejan a los latifundistas desde las gobernaturas de los estados y en el papel se maneje una cantidad de tierras y en la práctica se mantengan los latifundios simulados, se estaría mintiendo a los campesinos al decirles que su problema se está resolviendo.
En el caso que vamos a exponer ante esta soberanía, ya se le envió al gobernador del estado de Sinaloa un telegrama solicitando justicia para los campesinos, pero hasta la fecha no ha tenido
respuesta el mismo; asimismo, se envió un telegrama al Secretario de la reforma Agraria y aún no hay respuesta en favor de los campesinos. De los dos telegramas anexamos copias, para que esta Presidencia se sirva turnar el documento a la comisión que se menciona al final de la presente denuncia.
Se ha venido afirmando por la Secretaría de la Reforma Agraria, que en México el reparto agrario está por concluir; esta afirmación, los campesinos de México la desmienten categóricamente. ¡Sí hay latifundios, fundamentalmente en los distritos de riego del norte!; en Sinaloa, los campesinos del norte de la entidad han iniciado, a partir del día 17 de este mes, una caravana por la carretera internacional que, acompañados de sus mujeres y de sus hijos, recorren 280 kilómetros, en un clima de 40 grados a la sombra, para exigir a la Secretaría de la Reforma Agraria desaparezca el acaparamiento de tierras que tiene en el valle del Carrizo el conocido sonorense Reynaldo Ramos Marcor, esto es para aquéllos que han dicho que nosotros manejamos la presencia de latifundios dizque para hacer proceso electoral, para hacer campaña electoral
. Les queremos decir desde esta tribuna, que el problema agrario, el problema de los campesinos, no es de partidos políticos; el problema de los campesinos es responsabilidad de todos aquéllos que creemos y que hacemos lo posible porque se apliquen los términos de la revolución Mexicana.(Aplausos)
Este rico agricultor no sólo acapara tierras en su estado natal, Sonora sino También en Sinaloa y Nayarit. desde el gobierno de Echeverría, se instauró el expediente para cancelar certificados de inafectabilidad que amparan 700 mil hectáreas de riego en el valle del Carrizo, esto es la parte colindante de Sinaloa y Sonora, sin que hasta la fecha se le dé la cancelación de dicho certificado; más de 200 familias campesinas viven exigiendo su desaparición, su coraje y su decisión de exigir a la Reforma Agraria que las tierras de Reynaldo Ramos se les entreguen, exigen también los que viene marchando por la carretera internacional, que el gobernador de aquella entidad, Francisco Labastida Ochoa, intervenga ante la Secretaría de la Reforma Agraria para que este latifundista deje de explotar la tierra del Valle de Carrizo y a los campesinos que explota con miserables salarios.
¿Cómo se puede hablar de justicia social, de solidaridad, cuando ese grupo de mexicanos con sus mujeres y sus niños viene arrastrando por la carretera de Sinaloa su desnudez, su miseria y su desencanto, a este gobierno de tecnócratas que con su política económica está enriqueciendo más a los que ya lo tienen todo y empobreciendo hasta límites increíbles a los que nada tienen? Esta caravana de campesinos combatientes, de mujeres decididas a afrontar los riesgos que significa caminar a pie, desde el poblado de Villa Adolfo López Mateos, antes La Jaguara, El Municipio de El Fuerte, hasta la ciudad de Culiacán, debe sacudir la conciencia de los diputados revolucionarios de esta LIV Legislatura.
Por lo anterior, solicitamos a esta Presidencia se sirva turnar la presente denuncia para que se proceda en consecuencia en favor de los pobres del campo a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, la cual consideramos más ágil en éste y en muchos otros aspectos.
Firman el presente documento los compañeros integrantes del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista: Gloria Rodríguez Aceves, Rafael Campos López, Abigaíl Cruz Lázaro, Julio Jácome López, Mario Vázquez Martínez, Gregorio Lorenzo Domínguez, y un servidor de ustedes." Mucha gracias por su atención. (Aplausos.)
El Presidente: - Se turna la denuncia a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, para la atención que proceda.
Continúe con el orden del día, señor secretario.
ORDEN DEL DÍA
El secretario diputado Salvador Sánchez Vázquez: - Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Segundo Período Ordinario de Sesiones. - Segundo Año. - LIV Legislatura.
Orden del día
21 de junio de 1990.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal invita al acto cívico que con motivo del CXXIX aniversario luctuosos del general Leandro Valle Martínez, tendrá lugar el 23 de junio.
Dictámenes de la primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano licenciado Miguel Mancera
Aguayo, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de Francia.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano general brigadier intendente diplomado de estado mayor, Jacinto Romero Arredondo, para que pueda aceptar y usar la condecoración de Mérito Militar de Primera Clase, que le confiere el gobierno de Portugal.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano almirante Tomás Ortega y Bertrand, para que pueda aceptar y usar de la condecoración de la Gran Cruz de San Olav, que le confiere el gobierno de Noruega.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Concepción González Leyva, para que pueda prestar servicios en la embajada de la República Francesa en México.
Y los demás asuntos con los que la secretaría dé cuenta.»
El Presidente (a las 15.45 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 21 de junio a las 10.00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA
Y DIARIO DE LOS DEBATES