Legislatura LIV - Año II - Período Ordinario - Fecha 19900621 - Número de Diario 20
(L54A2P1oN020F19900621.xml)Núm. Diario:20ENCABEZADO
LIV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Dip. Humberto Roque Villanueva
RECINTO LEGISLATIVO
CENTRO MEDICO NACIONAL
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Lic. Héctor de Antuñano y Lora
Año II México, D.F., jueves 21 de junio de 1990 No. 20
SUMARIO
ASISTENCIA
La secretaría informa que hay quórum.
APERTURA
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión, se aprueba.
INVITACIÓN
Del Departamento del Distrito Federal, para asistir al acto cívico conmemorativo del CXXIX aniversario luctuoso del general Leandro Valle Martínez. Se designa comisión.
INICIATIVA DE CIUDADANOS
DIPUTADOS
ARTÍCULOS 55 Y 59
CONSTITUCIONALES
Reformas presentadas por el diputado Belisario Aguilar Olvera. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
ARTÍCULOS 63 Y 74
CONSTITUCIONALES
Reformas presentadas por el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
MINUTAS
CONDECORACIÓN
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Manuel Antonio Maraboto Gornes, para que pueda aceptar y usar la que le confiere el gobierno de Finlandia.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana María del Carmen Roxana Herrero Martínez, para trabajar en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Georgina Zubillaga Lio, José Manuel Leyva Mejía, Jorge Elorza Gómez, Rebeca Lomelí Morales y Judith Ramos Martínez de Chatron, para trabajar en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana María Soledad Ortíz Yáñez, para trabajar en el Consulado de los Estados Unidos de América de Monterrey, Nuevo León, en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Arnulfo Velázquez Robles, Amador Guillén Escobedo, Juan Valenzuela Limones, Roberto Jiménez León, Marcos Rosales Covarrubias y Francis Quijada Sabori, para trabajar en el Consulado de Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Bertha Patricia Hernández Ugarte, Lucía Yolanda de la Parra Pérez y José de Jesús de la Torre Franco, para trabajar en el Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano José Antonio Urbina Parra, para trabajar en el Consulado de Estados Unidos de América de Ciudad Juárez, Chihuahua en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
ALTOS HORNOS DE MÉXICO
Y SICARTSA
La diputada Judith Murguía Corral da lectura a la opinión de la Comisión de Programación y Presupuesto sobre la desincorporación de dichas empresas.
Para fijar su posición, debaten los legisladores:
José Jaime Enríquez Félix.
Alberto Pérez Fontecha.
Carmen Mercado Téllez.
Rafael Melgoza Radillo.
Francisco Javier Pavlovich Robles.
Javier Culebro Siles.
Rogelio Montemayor Seguy.
Francisco Ortíz Mendoza
Se comunica al Ejecutivo Federal, la opinión de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y los de los grupos parlamentarios.
PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO
Representando la opinión de su grupo parlamentario, intervienen los diputados:
Sami David David.
Ana Rosa Payán Cervera.
Ciro Mayén Mayén.
José Marín Rebollo.
Vicente Luis Coca Alvarez.
Armando Duarte Móller.
Israel Galán Baños.
Artemio Iglesias Miramontes.
Israel Galán Baños, para rectificar hechos.
Miguel Aroche Parra, para rectificar hechos.
Vicente Fuentes Díaz, para contestar alusiones personales.
Blas Vergara Aguilar, para rectificar hechos.
Se comunican al Ejecutivo la opiniones sustentadas.
DICTÁMENES DE PRIMERA
LECTURA
ARTÍCULOS 28 Y 123
CONSTITUCIONAL
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, dictamen de la declaratoria que reforma dichos artículos.
CONDECORACIÓN
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Jacinto Romero Arredondo, para aceptar y usar la que le confiere el Gobierno de Portugal.
PROPOSICIÓN DE LA GRAN
COMISIÓN
Para sustituir al diputado Artemio Iglesias Miramontes por la diputada Rebeca Anchondo Fernández, en la III Reunión Interparlamentaria México - Canadá. Se aprueba.
ANIVERSARIO LUCTUOSO
DEL GENERAL LEANDRO
VALLE
Sobre el tema interviene el diputado Salvador Revueltas Olvera.
DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA NORTE
Sobre la violencia fronteriza en la zona de Tijuana - San Diego toma la palabra el diputado Enrique Martínez Martínez.
SOBRE LA SITUACIÓN EN IRÁN
Toma la palabra el diputado Alberto Ling Altamirano.
SOLICITUDES DE EXCITATIVA
Presentadas por el diputado Leopoldo Salinas Gaytán, dirigidas a las comisiones de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social.
Presentada por el diputado José Antonio Ríos Rojo, dirigida a la Comisión de Justicia.
DENUNCIA
Sobre problemas laborales en la Cooperativa Minera "Santa Fe", intervienen los diputados:
Carlos Navarrete Ruíz.
Napoleón Gómez Sada.
Carlos Navarrete Ruíz, para contestar alusiones personales.
Se turna la denuncia a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas y de Fomento Cooperativo.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HUMBERTO ROQUE VILANUEVA
(Asistencia de doscientos noventa y seis diputados)
ASISTENCIA
El secretario diputado Gustavo Rosario Torres: - Señor Presidente, hay una asistencia de 296 diputados. Hay quórum.
APERTURA
El Presidente (a las 11.08 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El secretario diputado Rubén García Farías: - Se dará lectura al orden del día.
«Segundo Período Ordinario de Sesiones. - Segundo Año. - LIV Legislatura. Orden del día.
21 de junio de 1990.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CXXIX aniversario luctuoso del general Leandro Valle Martínez, tendrá lugar el 23 de junio.
Iniciativas de ciudadanos diputados.
Del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, de reformas al artículo 51 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, de reformas a los artículos 63 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Minutas
Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Manuel Antonio Maraboto Gornes, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del León de Finlandia, en grado de Caballero, Primera Clase, que le confiere el gobierno de Finlandia.
Seis, con proyectos de decreto que conceden permiso a los ciudadanos María del Carmen Roxana Herrero Martínez, Georgina Zubillaga Lio, José Manuel Leyva Mejía, Jorge Elorza Gómez, Rebeca Lomelí Morales, Judith Ramos Martínez de Chatron, María Soledad Ortíz Yáñez, Arnulfo Velázquez Robles, Amador Guillén Escobedo, Juan Valenzuela Limones, Roberto Jiménez León, Marcos Rosales Covarrubias, Francisco Quijada Sabori, Bertha Patricia Hernández Ugarte, Lucía Yolanda de la Parra Pérez, José de Jesús de la Torre Franco y José Antonio Urbina Parra, para que puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en los consulados de Monterrey, Nuevo León; Hermosillo, Sonora; Guadalajara, Jalisco y Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.
Opinión de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre la desincorporación de Altos Hornos de México, S.A. y Siderúrgica Lázaro Cárdenas las Truchas.
Opinión de los grupos parlamentarios, sobre el Plan Nacional de Desarrollo.
Dictámenes de primera lectura.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de declaratoria que reforma los artículos 28 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano general brigadier intendente diplomado de estado mayor, Jacinto Romero Arredondo, para que pueda aceptar y usar la condecoración de Mérito Militar de Primera Clase, que le confiere el gobierno de Portugal.
Proposiciones
Una de la Gran Comisión.
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre la actuación de la Comisión de Asentamientos Humanos.
Toma de posiciones, comentarios y declaraciones
Del ciudadano general Salvador Revueltas Olvera, sobre el aniversario luctuoso del general Leandro Valle Martínez.
De diputadas de los grupos parlamentarios, sobre actos de violación.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre las elecciones de Nayarit.
De la Comisión de Asuntos Fronterizos, sobre el problema de la violencia fronteriza, en la zona Tijuana - San Diego.
De los grupos parlamentarios que integran la LIV Legislatura, sobre la tragedia en Irán.
Del grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, solicitud de excitativa a las comisiones de Seguridad Social y Trabajo y Previsión Social.
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicitud de excitativa a la Comisión de Justicia.
Denuncias.
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre las condiciones laborales de la Cooperativa Minera Santa Fe.
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre la aplicación del Programa Nacional de Solidaridad en San Luis Potosí.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El secretario diputado Gustavo Rosario Torres: - Se dará lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, celebrada el día diecinueve de junio de mil novecientos noventa, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de ejercicio de la Quincuagésima Cuarta Legislatura.
Presidencia del diputado
Humberto Roque Villanueva
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con dieciséis minutos del día diecinueve de junio de mil novecientos noventa, con una asistencia de trescientos cuarenta y tres diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.
Se da cuenta con un oficio de la honorable Cámara de Senadores, por el que comunica la elección de la mesa directiva para el tercer mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año del ejercicio de la Quincuagésima Cuarta Legislatura. De enterado.
La secretaría, de conformidad con el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el informe que manifiesta el número de expedientes tramitados en el segundo mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de ejercicio de la presente Legislatura. De enterado.
Se da cuenta con una iniciativa del Poder Ejecutivo, por la que se reforma la Ley que Establece las Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Otra iniciativa del Ejecutivo, por la que se establecen las características de la moneda de plata conmemorativa de la Convención de los Derechos del Niño. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Hacen uso de la palabra los diputados Jesús Antonio Carlos Hernández, del Partido Popular Socialista y José Herrera Reyes del Partido Acción Nacional, quienes a nombre de sus respectivos grupos parlamentarios, presentan sendas iniciativas de reformas al artículo ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan ambas a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Para presentar iniciativa de reformas y adiciones a la Ley General de Salud, hace uso de la palabra el diputado Vicente Luis Coca Alvarez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Se turna a la Comisión de Salubridad y Asistencia.
El Presidente da cuenta con un acuerdo firmado por los coordinadores de todos los grupos parlamentarios integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura de la Cámara de Diputados, por el que se establece la restricción de fumar en el salón de sesiones.
Se da cuenta con una minuta del Senado de la República, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Miguel Mancera y Aguayo, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Francia. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Dos minutas más, con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Jacinto Romero Arredondo y Tomás Ortega Bertrand, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de Portugal y Noruega, respectivamente. Se turnan a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La secretaría da cuenta con una minuta del Senado de la República, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Concepción González Leyva, pueda prestar sus servicios en la Embajada de la República Francesa, en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Se da segunda lectura y se somete a discusión un dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decretro por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jesús Puente Leyva, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Perú. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Otro dictamen de la misma comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Guido Gaspare Ramella Osuna, pueda aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Italiana en Guadalajara, Jalisco. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto. Es de segunda lectura.
Se da segunda lectura y se somete a discusión otro dictamen de la misma comisión, con
proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Maricela Alvarez Arroyo y Erika Fabiola Aguilera Gálvez, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México. No habiendo quien haga uso de la palabra, la secretaría toma la votación nominal de este dictamen y los anteriormente reservados, mismos que la asamblea aprueba por trescientos veinticuatro votos. Pasan al Senado y al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Para referirse al aumento de precios de los servicios de Caminos y Puentes de Ingresos, hacen uso de la palabra los diputados Oscar Mauro Ramírez Ayala, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien propone la comparecencia del director de ese organismo ante las comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Vialidad y Autotransporte; Jaime Aviña Zepeda, del Partido Acción Nacional; Manuel González Díaz de León, del Partido Revolucionario Institucional y Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a las comisiones solicitadas.
El Presidente, con fundamento con lo que marca el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, designa una comisión para visitar a los diputados que se encuentran enfermos. Y posteriormente informa que por acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios, el tiempo de tribuna para los diputados, en los aspectos de toma de posiciones, comentarios, declaraciones y denuncias, será de diez minutos.
Para comentar la supuesta existencia de un grupo de El Pentágono en México, se concede el uso de la palabra a los diputados Jesús Ortega Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, quien propone que tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores, como la Procuraduría General de la República, informen sobre los acuerdos que México tenga a ese respecto con otras naciones; Miguel Martínez Castro, del Partido Revolucionario Institucional y nuevamente Jesús Ortega Martínez, para rectificar hechos. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Se concede el uso de la palabra al diputado Vicente Luis Coca Alvarez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien por segunda ocasión pide que la Comisión de Relaciones Exteriores dictamine sobre los asuntos presentados por su partido. El Presidente hace la excitativa y fija un plazo de quince días para que la comisión presente los dictámenes respectivos.
Para referirse a constantes violaciones a los derechos humanos, fundamentalmente en el caso del doctor Jorge Castañeda, hacen uso de la palabra los diputados Rubén Venadero Valenzuela; Jorge Martínez y Almaraz, del Partido de la Revolución Democrática; Bernardo Bátiz Vázquez, del Partido Acción Nacional; Graciela Gómez de Ibarra, del Partido Revolucionario Institucional.
Para referirse a problemas en la Universidad Autónoma de Puebla y el gobierno del mismo estado, hacen uso de la palabra los diputados Israel Galán Baños; Rosalío Wences Reza, del Partido de la Revolución Democrática y Miguel Quiroz Pérez, del Partido Revolucionario Institucional.
Para referirse a la aplicación de la técnica censal en el estado de México, hace uso de la palabra el diputado Reynaldo Domínguez, del Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente informa que habiéndose cumplido las cuatro horas que marca el reglamento para una sesión ordinaria, prorroga la misma hasta la conclusión del orden del día.
Para expresar su opinión personal respecto a los conflictos que afectan a la Universidad de Guadalajara, hace uso de la palabra el diputado Gerardo Ávalos Lemus, quien propone un punto de acuerdo firmado por representantes de todos los grupos parlamentarios de la Quincuagésima Cuarta Legislatura.
Presidencia de la diputada
María Elena Chapa Hernández
Para referirse al mismo asunto, la Presidenta concede el uso de la palabra al diputado Héctor Ixtláhuac Gaspar, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se aprueba el punto de acuerdo presentado por el diputado Ávalos Lemus.
Se concede el uso de la palabra al diputado Tomás Gutiérrez Narváez, quien presenta denuncia de problemas con la Secretaría de la Reforma Agraria en el estado de Sinaloa. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas
. Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las quince horas con cuarenta y cinco minutos, citando para la que tendrá el próximo jueves veintiuno de junio de mil novecientos noventa, a las diez horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.. Aprobada, señor Presidente.
INVITACIÓN
El secretario diputado Salvador Sánchez Vázquez: - Se va a dar lectura a una invitación.
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Departamento del Distrito Federal.
Ciudadano diputado licenciado Humberto Roque Villanueva, Presidente de la honorable Cámara de Diputados. - Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CXXIX aniversario luctuoso del general Leandro Valle Martínez, que tendrá lugar el próximo sábado 23 del actual, a las 11.00 horas, en la Rotonda de los Hombres Ilustres del Panteón Civil de Dolores, delegación política Miguel Hidalgo.
Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tanga a bien girar sus respetables indicaciones, a efecto de que un representante de esa honorable Cámara de Diputados que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración. Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 13 de junio de 1990. - El director de Acción Cívica, licenciado Roberto A. Ochoa Morales.»
El Presidente: - Para asistir a este acto en representación de la honorable Cámara, se designa a los siguientes diputados: Salvador Revueltas Olvera, Alberto Bernal González, Carlos Navarrete Ruíz y Enrique Martínez Hinojosa.
INICIATIVAS DE CIUDADANOS
DIPUTADOS
ARTICULO 55 Y 59 CONSTITUCIONAL
El Presidente: Tiene la palabra el diputado Belisario Aguilar Olvera, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para dar lectura a una iniciativa de reformas a los artículos 55 y 59 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Belisario Aguilar Olvera: - Señor Presidente; honorable asamblea:
«Reelección de diputados al Congreso de la Unión.
Con fundamento en el derecho que nos concede el artículo 71, fracción II de la Constitución General de la República, proponemos la reforma al artículo 59 del cuerpo de leyes de referencia, a fin de que los miembros de la Cámara de Diputados puedan ser reelectos tantas veces como los partidos políticos lo decidan y obtengan del pueblo los votos necesarios, de acuerdo con el sistema electoral en vigor, ya sea por mayoría relativa o bien como diputados de representación proporcional. Para el efecto fundamos nuestra iniciativa en las siguientes
CONSIDERACIONES
Primera. El principio de no reelección, que en otros países del mundo no tiene sentido, porque las características de su desarrollo histórico son diferentes a las del nuestro, ha sido considerado por el pueblo mexicano durante casi un siglo como una de las condiciones para la existencia del régimen democrático y como garantía para la paz interior de la nación. Este hecho se debe a la amarga experiencia de los resultados de la presencia prolongada en el poder de los mismos individuos que lo detentan.
Segunda. El Partido Popular Socialista, desde que nació al escenario político nacional en el año de 1948, ha luchado de manera permanente por perfeccionar la vida democrática. El desarrollo económico y social, el acrecentamiento de la conciencia política, las influencias ideológicas externas y la práctica histórica y la política reciente, han influido en el fortalecimiento de la vida democrática, lo que desde luego es natural, si se toma en cuenta, además, que la etapa de los caudillos militares concluyó hace mucho tiempo. Por otra parte, la complejidad de la vida internacional y nacional nos permite concluir que sólo la lucha organizada y sistemática de las clases sociales, a través de los partidos políticos, puede permitir la transformación de la sociedad.
Hace ya algunas décadas que el Partido Popular Socialista señaló que nuestro país superaba definitivamente la etapa de las contradicciones políticas entre grupos sociales circunstanciales, para pasar a la lucha franca de los partidos políticos, con ideología y programas distintos y con una existencia orgánica permanente. Las reformas de
1963 que introdujeron el sistema de diputados de partido en la Cámara de Diputados, reconocieron el carácter de sujetos de derecho público y electoral a los partidos políticos, les permitieron disponer de algunos de los elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades y establecieron el principio de que los ciudadanos, al votar por los emblemas electorales, lo hacían automáticamente por los intereses, el programa y la ideología de un determinado partido político.
El individualismo en materia económica y en los asuntos públicos fue históricamente superado en un proceso que culmina con las reformas a la Constitución General de la República, entre las que se señala que los partidos políticos son instituciones de interés público y que su finalidad consiste en organizar a los ciudadanos en torno a sus principios y programas para integrar el poder público. Es decir, se eleva a rango constitucional la existencia de los partidos políticos y se les reconoce el derecho de contar con una serie de elementos y recursos públicos para el cumplimiento exitoso de sus actividades y fines, como factores propios de integración social e instrumentos idóneos para asumir y mantener el poder político.
Tercera. El diputado Vicente Lombardo Toledano, en nombre de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, el día 13 de octubre de 1964, presentó una iniciativa de reformas a la Constitución General de la República, que fue aprobada con algunas modificaciones en la XLVI Legislatura, consiste en que los diputados podrían ser electos por dos periodos consecutivos, solamente, pero que fue rechazada después por la colegisladora. A la luz de la experiencia adquirida en la vida parlamentaria de nuestro país y de la práctica que sobre esta materia se observa en otros países del mundo, ratificamos el contenido esencial de la exposición de motivos de aquella iniciativa.
En este período y en el transcurso del debate político de nuestro país ha quedado demostrado que no existen razones de carácter histórico, jurídico o político, que impida la reelección de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Los impugnadores de la proposición del Partido Popular Socialista sostienen los siguientes argumentos: que la reelección de los diputados sería el inicio del proceso que la sustitución del principio de la no reelección para el Ejecutivo Federal o que dicha práctica formaría minorías políticas que impedirían la sana renovación del Poder Legislativo y que los partidos políticos impondrían una dictadura contra los intereses del pueblo.
La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista considera que el principio de la no reelección del Poder Ejecutivo está profundamente arraigado en la conciencia del pueblo y es fruto de nuestra experiencia histórica reciente: la imposición del régimen de Porfirio Díaz durante un período de 30 años, que fue un factor político importante entre los que generaron la Revolución de 1910, la primera gran revolución social triunfante del presente siglo. Ni en el pasado ni el presente existen condiciones objetivas tales para incurrir en la vieja práctica del continuismo. Quienes lo intentaron en el pasado reciente, produjeron trágicas contradicciones políticas y recibieron el repudio general del pueblo.
La proposición para la reelección de los diputados escandaliza a quienes consideran que los principios políticos son eternos e inmutables, a quienes formulan una interpretación unilateral y subjetiva de los fenómenos de la sociedad, a quienes pretenden encontrar designios ominosos en dicha propuesta y, finalmente, a quienes han acumulado enormes intereses económicos y políticos durante más de 60 años. Nunca en la historia de México la Constitución de la República ha prohibido la reelección de los diputados.
Fue en 1933 que el PNR introdujo la restricción, con dos finalidades de carácter político inmediato y concreto: ejercer mayor control sobre la Cámara de Diputados, con el propósito de evitar la formación de grupos disidentes en su seno y asegurar, durante la etapa de la sucesión presidencial, el apoyo de los integrantes de dicha Cámara al Presidente de la República.
Es evidente que un período de tres años no es suficiente para que un legislador pueda incrementar sus conocimientos sobre los problemas nacionales e internacionales y su capacidad para legislar en beneficio del pueblo, con lo que se limita su posibilidad para ser un auténtico y eficaz representante del propio pueblo. Es menester instituir, como en el caso del Poder Judicial y el servicio diplomático, lo que podríamos llamar la carrera parlamentaria.
Cuarta. Esta representación nacional no sólo tiene funciones de carácter legislativo, sino atribuciones de naturaleza política. La Cámara de Diputados necesita examinar acuciosamente la legislación vigente en los diversos órdenes de la vida nacional y proponer oportunamente las enmiendas necesarias. Requiere, además estudiar profundamente los grandes problemas nacionales e internacionales, como base sólida para su función legislativa. La capacidad y la autoridad de un representante del pueblo no puede provenir únicamente de las facultades que la ley le señale, sino de su espíritu crítico, de su afán por la investigación y el estudio y de su convicción
patriótica para luchar por las mejores causas del pueblo.
Cada partido político responsable del desarrollo de sus actividades ante sus propios militantes y miembros y ante el pueblo en su conjunto. Naturalmente que en el interés de responder a los intereses del pueblo y competir frente a las otras opciones políticas, tienen la necesidad de seleccionar para la reelección legislativa a los cuadros parlamentarios que hayan probado mayor interés y disposición para el estudio y el combate y más lealtad, firmeza y claridad en la defensa de los principios ideológicos que sustenta su propio partido. En los países capitalistas desarrollados, en donde las normas de democracia burguesa han llegado a la mayor plenitud, rige el principio de la reelección de los legisladores. Ello ha permitido, entre otros factores, que se forme una sólida tradición parlamentaria, en la que los integrantes de los cuerpos colegiados de elección popular, alcanzan alta capacidad personal y colectiva.
Con la reforma que proponemos, se reelegirán los representantes populares más aptos y consecuentes en la defensa de los intereses de sus partidos y del pueblo, y ello de ninguna manera obstaculizará la renovación democrática del Poder Legislativo. Los partidos políticos se integran por los ciudadanos que forman el pueblo. Resulta lógico que el rango constitucional que se reconoce a los partidos políticos, que eleva sustancialmente su categoría jurídica y política, no se traduzca en hechos que mejoren cualitativamente la vida parlamentaria, que es por ahora el único ámbito institucional de poder estatal con representación de todos los partidos políticos nacionales.
Por todo lo anterior, presentamos a su consideración la siguiente
INICIATIVA DE REFORMAS
A LA CONSTITUCIÓN GENERAL
DE LA REPÚBLICA
Artículo primero. Se reforma la fracción VII del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Los diputados al Congreso de la Unión podrán ser reelectos para el período inmediato.
Artículo segundo. Se reforma el artículo 59 de la propia Carta Magna, para quedar como sigue:
Los diputados suplentes que estuvieren en ejercicio, podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de propietarios.
TRANSITORIO
Unico. La presente reforma entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los veintiún días del mes de junio de 1990. - La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, diputados: Belisario Aguilar Olvera, Lucio Bermúdez Aristeo, Rafael Campos López, Modesto Cárdenas García, Jesús Antonio Carlos Hernández, Héctor Colio Galindo, Abigail Cruz Lázaro, Tomás Gutiérrez Narváez, Paloma Hernández Oliva, Armando Ibarra Garza, Luis Jacobo García, Julio Jácome López, Heray Lescieur Molina, Marcela Lombardo Otero, Gregorio Lorenzo Domínguez, Jesús Luján Gutiérrez, José Marín Rebollo, Herón Maya Anguiano, Carmen Mercado Téllez, Félix Mercado Téllez, Magdaleno Luis Miranda Reséndiz, Crescencio Morales Orozco, Francisco Ortíz Mendoza, Sergio Quiroz Miranda, Román Ramírez Contreras, Alfredo Reyes Contreras, Ernesto Rivera Herrera, Gustavo Ríos Morales, Gloria Rodríguez Aceves y Mario Vázquez Martínez.
El Presidente: - Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para la atención que proceda.
ARTICULO 63 Y 74 CONSTITUCIONALES
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para dar lectura a una iniciativa de reformas a los artículos 63 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala: - «Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: La historia de México, desde la revolución de independencia, es también la historia de una lucha tenaz y permanente por la democracia. Lucha ancestral por la justicia, por la igualdad y por la libertad. También, lucha por el sufragio, desde la Constitución de Apatzingán, que establece el sufragio universal y elimina los requisitos de capacidad económica o fiscal para los representantes populares, hasta la ley de Francisco I. Madero, del 19 de diciembre de 1911, y su reforma del 22 de mayo de 1912, que otorga personalidad a los partidos políticos, organiza el registro de electores y establece la elección directa.
Es ya común, recordar que el "sufragio efectivo" fue el primer llamado de nuestro movimiento
revolucionario y sin embargo el reiterarlo hoy ante esta soberanía, debemos recordar, que esta proclama tuvo su origen en las manipulaciones, fraudes y atropellos a la voluntad popular de la dictadura porfirista. En estos momentos, es oportuno recordarlo, como es oportuno también recordar el esmero con el que Francisco I. Madero y Venustiano Carranza, abordaron la problemática electoral.
Hemos mencionado ya la ley maderista y recordaremos que la ley electoral para la formación del Congreso Constituyente del 20 de septiembre de 1916 y la Ley Electoral para la formación del Congreso Ordinario del 6 de febrero de 1917, mantienen los avances de la ley maderista y complementa el sistema de elección directa, establecido por Madero en 1912. En 1918, la ley para las elecciones de los poderes federales, representa otro de los grandes avances en materia electoral.
El procedimiento se depura, desaparece la mayoría absoluta, se garantiza el secreto del voto, se otorga al padrón electoral el carácter permanente y se perfila ya la futura credencial permanente de elector.
Todo ello nos ilustra de la preocupación fundamental de estos próceres por ligar el desarrollo de nuestra democracia a procedimientos cada vez más claros para la emisión del sufragio, buscando siempre que los resultados electorales reflejen la voluntad popular, fuente primigenia de la soberanía.
Con la Ley Electoral Federal de 1946, se estructura en buena medida el aparato orgánico y administrativo que se encargará en lo sucesivo de la preparación, vigilancia y desarrollo de los procesos electorales, creando las bases de casi todos los organismos que hoy existen.
En etapas más recientes, hemos visto ampliarse el universo electoral con la incorporación, primero de las mujeres y posteriormente de los jóvenes de 18 años en adelante, a la responsabilidad del sufragio. Hemos observado cómo en 1973 la reforma política reconoció a todos los partidos el derecho equitativo a participar en los organismos electorales, con voz y voto, que garantizan mantener el principio de igualdad jurídica para estas organizaciones.
Como podemos observar, tanto la personalidad jurídica de los partidos políticos, como su derecho a participar en igualdad de circunstancias en la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, no es una concesión reciente, producto de coyunturas o caprichos de alguna administración, sino que constituye parte fundamental de las conquistas de la historia electoral de la Revolución Mexicana.
Las reformas de 1977, trajeron un marco jurídico que consolida la representación proporcional de los institutos políticos, y que en estos debates tenemos la obligación ineludible de revisar, enriquecer y modernizar, como respuesta al reclamo popular que hoy hace también en todo el país del "sufragio efectivo" para los partidos, como una bandera, una aspiración que no podemos defraudar.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, participó intensamente en los trabajos de la consulta para la renovación política electoral y la participación ciudadana en el Distrito Federal, a los que convocó el Ejecutivo.
Participamos en dicha consulta convencidos de que el perfeccionamiento de nuestra democracia, es una tarea que nos compete a todos por igual: autoridades, partidos políticos y ciudadanos.
Participamos también, porque estamos convencidos que es urgente establecer procedimientos y normas más claros, sencillos y seguros para la realización de las elecciones en nuestro país.
Durante la consulta, expusimos con amplitud la propuesta de nuestro partido para el perfeccionamiento de la democracia mexicana, incluyendo los aspectos fundamentales relativos a la integración de la representación política, al sistema de partidos.
Consideramos importante la propuesta de modificación de la fracción IV del artículo 77 de la Constitución, porque aclara, como lo señala la iniciativa, la forma en que serán cubiertas las vacantes de los diputados electos por el principio de representación proporcional y sólo quisiéramos agregar, que sobre esta materia consideramos los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que las diputaciones de representación proporcional, son por su esencia las formas más claras de representación de los partidos políticos en la voluntad nacional, y que por ello, deben ser éstos los que en todo momento señalen de entre sus candidatos a aquellos que han de ocupar dichas posiciones.
Particularmente, en los casos en que un diputado electo según el principio de representación proporcional, abjura de las banderas y los ideales por los que llegó a esta Cámara y en esos casos, deben tener los partidos absoluta libertad para designar al que ha de sustituirlo.
Hemos venido a esta tribuna, a transmitir las voces y opiniones de los parmistas, de los ciudadanos de los distritos que nos confiaron su representación, y de muchos otros mexicanos que con profundo interés, han sido testigos y actores de episodios importantes en la lucha por la ampliación de la democracia. Por ello, tal vez nuestras opiniones no coincidan con las de algunos analistas y teóricos, que detrás de un escritorio, con instrumentos tecnológicos sofisticados, estudian y prevén el comportamiento electoral del pueblo de México; la nuestra no es ni pretende ser otra cosa en esta tribuna, que la voz del pueblo.
En la década de los setentas los partidos políticos tienen acceso a la representación popular por medio de los diputados de partido, lo que implica que dentro del sistema político mexicano las corrientes políticas que sustentan a los partidos, acuden a defender por conducto de sus representantes su posición ideológica.
Las reformas constitucionales que permitieron el equilibrio de las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados por medio de 300 diputados de mayoría, electos en distritos uninominales y 200 diputados que se eligen, según el principio de representación proporcional y bajo el sistema de listas regionales, el voto nacional se define en el primer caso; vota por una fórmula de diputados y también por un plan de trabajo legislativo; en cambio, en la elección de diputados que se eligen bajo el sistema de listas regionales, el electorado nacional no está votando por un individuo en lo particular, sino por un partido político que propone al electorado una lista de candidatos que forman parte de su militancia y dirigencia, mismos que por su origen, están comprometidos fundamentalmente a luchar por los principios ideológicos del partido que están representando en la Cámara de Diputados.
Los diputados de representación proporcional, representan los votos emitidos en favor del partido que los postula y consecuentemente, esta representación sólo será válida y vigente cuando se mantenga en la lucha política y estratégica que señale el partido que los postula, ya que la representación proporcional permite, de manera clara y precisa, la presencia de los partidos minoritarios en la Cámara de Diputados y su presencia es la fuerza o peso de los partidos, ya que su permanencia en la Cámara, es producto del porcentaje de votos que se obtienen en las circunscripciones plurinominales.
En consecuencia, ningún grupo parlamentario que represente a algún partido político, puede estar sobrerrepresentado en la Cámara de Diputados, puesto que las posiciones son producto de votación del partido minoritario y cuando algún diputado se integre a un grupo parlamentario distinto, provoca una distorsión en el porcentaje y sus curules no son producto de la voluntad del electorado nacional.
Bajo tales circunstancias, debemos evitar que en la Cámara de Diputados exista una inadecuada representación, producto de los diputados que renuncian a su partido y a su fracción parlamentaria.
Bajo estos conceptos y a fin de mantener el equilibrio político, producto de la voluntad popular, a los partidos políticos que se encuentren en el supuesto de una deserción de sus diputados, les asiste el legítimo derecho de solicitar de la Cámara, que ante la renuncia del propietario, se mande llamar al suplente, para que éste continúe manteniendo la lucha política acorde a los principios ideológicos, a los cuales se debe su presencia en la Cámara; asimismo, en el supuesto caso de que también el suplente renunciara a mantenerse en línea política que le establece el partido político, éste podrá solicitar de la Cámara de Diputados, que se llame a la fórmula de diputados que contendieron y que siguen en el orden de la lista y por lo cual, los ciudadanos emitieron su voto.
El Código Federal Electoral ya sustenta en su artículo 21, el criterio de que las vacantes de los miembros de la Cámara de Diputados electos, según el principio de representación proporcional, deberán ser cubiertos con los candidatos del mismo partido que sigan en el orden de la lista regional respectivamente, después de que se le hubiese asignado los diputados que le hubieron correspondido. Lo que debe ser debidamente reglamentado, es el caso de las renuncias de los diputados, los cuales en un momento determinado, hemos constatado que con su separación e integración a una nueva fracción parlamentaria, lo único que provocan con su actitud, es la sobrerrepresentación de algún partido político, lo que resulta ilegítimo y está en desacuerdo con los porcentajes en votación que a cada instituto político le correspondieron en la elección.
En consecuencia, nos permitimos proponer al Constituyente Permanente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente
INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIONES
A LOS ARTÍCULOS 63 Y 77
CONSTITUCIONALES
Artículo 63. Las cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia,
en el Senado, de las dos terceras partes, y en la de Diputados de más de la mitad del número total de sus miembros; pero los presentes de una y otra, deberán reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los 30 días siguientes, con la advertencia de que si no lo hicieren, se entenderá por ese solo hecho, que no aceptan su cargo, llamándose luego a los suplentes, los que deberán presentarse en un plazo igual, y si tampoco lo hicieren, se declarará vacante el puesto y se convocará a nuevas elecciones.
Se entiende también, que los diputados o senadores, que falten 10 días consecutivos, sin causa justificada o sin previa licencia del Presidente de su respectiva Cámara, con la cual se dará conocimientos a ésta, renuncian a concurrir hasta el período inmediato, llamándose desde luego, a los suplentes
. Cuando un diputado de representación proporcional renuncie al partido que representa, el coordinador del grupo parlamentario del partido al que se renunció, solicitará de la Cámara de Diputados que se llame suplente. En caso de que no asista el suplente a cubrir la vacante, se llamará a la fórmula de diputados que sigan en el orden de la lista regional respectiva, a fin de mantener la representación popular en los términos de los porcentajes que a cada partido le hubiese correspondido en la elección.
Los dos siguientes párrafos quedan en los mismos términos.
Artículo 77. Cada una de las Cámaras puede, sin la intervención de la otra:
I a III........................................................................................
IV. Expedir convocatoria para elecciones extraordinarias con el fin de cubrir las vacantes de sus respectivos miembros, en el caso de la Cámara de Diputados, las vacantes de sus miembros electos por el principio de representación proporcional, deberán ser cubiertas por aquellos candidatos del mismo partido que sigan en el orden de la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubiesen correspondido; lo anterior también se observará en el caso de que los diputados renuncien al partido que los postuló.
TRANSITORIOS
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente.
Por la fracción parlamentaria del partido Auténtico de la Revolución Mexicana, diputados: Oscar Mauro Ramírez Ayala, Alberto Pérez Fontecha, Teodoro Altamirano Robles, Pablo Ávalos Castro, Francisco Castañeda Ortíz, Vicente Luis Coca Alvarez, Humberto Esqueda Negrete, Luis Gambino Heredia, Jesús González Bastién, Juan Jaime Hernández, Erasmo López Villarreal, J. Alfredo Monsreal Walkinshaw, Gilberto Ortíz Medina, Lorenzo Treviño Santos, Ernesto Aureliano Jiménez Mendoza, María Teresa Dorantes Jaramillo, Horacio Treviño Valdez, Rafael Yudico Colín, José Francisco Melo Torres y Héctor Beltrán Manríquez.»
El Presidente: - Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para la atención que proceda.
MINUTAS
CONDECORACIÓN
El secretario diputado Salvador Sánchez Vázquez:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México, D.F.
Diputados secretarios de la honorable Cámara de diputados. - Presentes.
Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes, el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Manuel Antonio Maraboto Gornes, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del León de Finlandia, en grado de Caballero, Primera Clase, que le confiere el gobierno de Finlandia.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 19 de junio de 1990. - Senadores secretarios: José Joaquín González Castro y Oscar Ramírez Mijares.»
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Manuel Antonio Maraboto Gornes, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del León de Finlandia, en grado de Caballero Primera Clase, que le confiere el gobierno de Finlandia.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. - México, Distrito Federal, a 19 de
junio de 1990. - Senadores Enrique Burgos García, Presidente; secretarios: José Joaquín González Castro y Oscar Ramírez Mijares.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para la atención que proceda.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El secretario diputado Salvador Sánchez Vázquez:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México, D. F.
Diputados secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes.
Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes, el expediente que tiene la minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana María del Carmen Roxana Herrero Martínez, para que pueda prestar sus servicios como secretaria ayudante de seguridad en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 19 de junio de 1990. - Senadores secretarios: José Joaquín González Castro y Oscar Ramírez Mijares.»
MINUTA DE PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana María del Carmen Roxana Herrero Martínez, para que pueda prestar sus servicios como secretaria ayudante de seguridad de la embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. - México, Distrito Federal, a 19 de junio de 1990. - Senadores: Enrique Burgos García, Presidente secretarios; José Joaquín González Castro y Oscar Ramírez Mijares.»
Trámite: - Recibo túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para la atención que proceda.
El mismo secretario diputado:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México, D. F.
Diputados secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes.
Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes, el expediente que contiene la minuta del proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Georgina Zubillaga Lio, José Manuel Leyva Mejía, Jorge Elorza Gómez, Rebeca Lomelí Morales y Judith Ramos Martínez de Chatron, para que puedan prestar sus servicios en la embajada de los Estados Unidos de América, en México como: los dos primeros como operadores de computadoras y los tres últimos como auxiliares de contabilidad, capturista y secretaria, respectivamente.
Reiteramos a ustedes la seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 19 de junio de 1990. - Senadores secretarios: José Joaquín González Castro y Oscar Ramírez Mijares.»
MINUTA DE PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Georgina Zubillaga Lio, para que pueda prestar sus servicios a la embajada de los Estados Unidos de América, en México, como operadora de computadora.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano José Manuel Leyva Mejía, para que pueda prestar sus servicios a la embajada de Estados Unidos de América, en México, como operador de computadora.
Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano Jorge Elorza Gómez, para que pueda prestar sus servicios a la embajada de los Estados Unidos de América, como auxiliar de contabilidad.
Artículo cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Rebeca Lomelí Morales, para que pueda prestar sus servicios a la embajada de los Estados Unidos de América, en México, como capturista.
Artículo quinto. Se concede permiso a la ciudadana Judith Ramos Martínez de Chatron, para que pueda prestar sus servicios a la embajada de los Estados Unidos de América, en México, como secretaria.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. - México, Distrito Federal a 19 de junio de 1990. - Senadores: Enrique Burgos García; Presidente; secretarios: José Joaquín González Castro y Oscar Ramírez Mijares.»
Trámite: - Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para la atención que proceda.
El mismo secretario diputado:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México, D. F.
Diputados secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes. Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes, el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana María Soledad Ortíz Yañez, para que pueda prestar sus servicios al gobierno de los Estados Unidos de América, en México, como telefonista en el consulado de Monterrey, Nuevo León.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 19 de junio de 1990. - Senadores secretarios: José Joaquín González Castro y Oscar Ramírez Mijares.»
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único: Se concede permiso a la ciudadana María Soledad Ortíz Yañez para que pueda prestar sus servicios al gobierno de los Estados Unidos de América, en México, como telefonista en el consulado de Monterrey, Nuevo León.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. - México, Distrito Federal, a 19 de junio de 1990. Senadores: Enrique Burgos García, presidente; secretarios: José Joaquín González Castro y Oscar Ramírez Mijares.» Trámite. - Recibo, y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para la atención que proceda.
El mismo secretario diputado:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México, Distrito Federal.
Diputados secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes.
Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes, el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Arnulfo Velázquez Robles, Amador Guillén Escobedo, Juan Valenzuela Limones, Roberto Jiménez León, Marcos Rosales Covarrubias, Francisco Quijada Sabori, para que puedan prestar sus servicios al gobierno de los Estados Unidos de América, en México como técnicos de campo en el consulado de Hermosillo, Sonora.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 19 de junio de 1990. - Senadores; secretarios: José Joaquín González Castro y Oscar Ramírez Mijares.»
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Arnulfo Velázquez Robles, para que pueda prestar sus servicios al gobierno de los Estados Unidos de América, como técnico del campo en el consulado de Hermosillo, Sonora.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Amador Guillén Escobedo, para que pueda prestar sus servicios al gobierno de los Estados Unidos de América, como técnico de campo en el consulado de Hermosillo, Sonora. Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano Juan Valenzuela Limones, para que pueda prestar sus servicios al gobierno de los Estados Unidos de América, como técnico de campo en el consulado de Hermosillo, Sonora.
Artículo cuarto. Se concede permiso al ciudadano Roberto Jiménez León, para que pueda prestar sus servicios al gobierno de los Estados Unidos de América, como técnico de campo en el consulado de Hermosillo, Sonora.
Artículo quinto. Se concede permiso al ciudadano Marcos Rosales Covarrubias, para que pueda prestar sus servicios al gobierno de los Estados Unidos de América, como técnico de campo en el consulado de Hermosillo, Sonora.
Artículo sexto. Se concede permiso al ciudadano Francisco Quijada Sabori, para que pueda prestar sus servicios al gobierno de los Estados Unidos de América, como técnico de campo en el consulado de Hermosillo, Sonora. Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. - México, Distrito Federal, a 19 de junio de 1990. - Senadores: Enrique Burgos García, Presidente, secretarios; José Joaquín González Castro y Oscar Ramírez Mijares.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para la atención que proceda.
El mismo secretario diputado:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México, Distrito Federal.
Diputados secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes.
Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes, el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Bertha Patricia Hernández Ugarte, Lucía Yolanda de la Parra Pérez José de Jesús de la Torre Franco, para que puedan prestar sus servicios al gobierno de los Estados Unidos de América, en México, como empleados de beneficios Federales en el consulado en Guadalajara, Jalisco.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 19 de junio de 1990. - Senadores secretarios: José Joaquín González Castro y Oscar Ramírez Mijares.»
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Bertha Patricia Hernández Ugarte, para que pueda prestar sus servicios al gobierno de los Estados Unidos de América, como empleada de beneficios del consulado en Guadalajara, Jalisco. Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Lucía Yolanda de la Parra Pérez para que pueda prestar sus servicios al gobierno de los Estados Unidos de América, como empleada de beneficios en el consulado en Guadalajara, Jalisco.
Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano José de Jesús de la Torre Franco, para que pueda prestar sus servicios al gobierno de los Estados Unidos de América, como empleado de beneficios en el consulado en Guadalajara, Jalisco.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. - México, Distrito Federal, a 19 de junio de 1990. - Senadores Enrique Burgos García, Presidente; secretarios: José Joaquín González Castro y Oscar Ramírez Mijares.»
Trámite: - Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para la atención que proceda.
El mismo secretario diputado:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México, D. F.
Diputados secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes.
Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes, el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José Antonio Urbina Parra, para que pueda prestar sus servicios al gobierno de los Estados Unidos de América, como empleado consular en el consulado de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 19 de junio de 1990. - Senadores secretarios; José Joaquín González Castro y Oscar Ramírez Mijares.»
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano José Antonio Urbina Parra, para que pueda prestar sus servicios al gobierno de los Estados Unidos de América, como empleado consular en el consulado de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. - México, Distrito Federal, a 19 de junio de 1990. - Senadores Enrique Burgos García, Presidente; secretarios: José Joaquín González Castro y Oscar Ramírez Mijares.»
Trámite: - Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para la atención que proceda.
ALTOS HORNOS DE MÉXICO Y SICARTSA
El Presidente: - Diputados, al inicio del punto número siete, esta Presidencia quiere informar a la asamblea que por acuerdo parlamentario de los distintos grupos que integran esta Cámara, conscientes de que el supremo valor de la fluidez legislativa junto con su eficiencia impone que aquellos asuntos que interesan a la nación se privilegien del tema, tiempo y la atención de los ciudadanos diputados, tomó los siguientes acuerdos:
Primero: En el asunto relacionado con la desincorporación de Altos Hornos de México y Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas tendrán derecho los oradores a 20 minutos. Se hará una sola
ronda de oradores y tenemos ya la lista de los mismos. En consecuencia, tiene la palabra la diputada Judith Murguía Corral, para dar lectura a la opinión de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre la desincorporación de Altos Hornos de México y Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas.
La diputada Judith Murguía Corral:
- Con su permiso, señor Presidente; honorable asamblea: A nombre de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, me he permitido hacer uso de la tribuna para dar a conocer a ustedes la opinión que ha emitido esta comisión referente a la desincorporación de Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas y Altos Hornos de México.
Quiero resaltar la importancia del trabajo de esta comisión, dado que ha sido la primera vez que en este orden se da la opinión ante el Ejecutivo Federal, para asuntos de tan trascendente importancia. Y quisiera iniciar, compañeros diputados, haciendo reflexiones respecto a los antecedentes.
En primer término y cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo, inciso b, del artículo 39 del decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1990, el Ejecutivo Federal, a tráves del ciudadano Secretario de Programación y Presupuesto, con fecha 7 de marzo de 1990, envió a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la unión, el informe previo con las razones y criterios específicos para llevar acabo la desincorporación de las empresas públicas denominadas Altos Hornos de México, S.A. de C.V. y Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas, S.A.
La determinación de la venta de estas empresas se realiza con fundamento en las atribuciones que le conceden al Ejecutivo Federal los artículos 32 y 68 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; el Artículo 39 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1990 y las disposiciones del artículo 5to. del Reglamento de La Ley Federal de Entidades Paraestatales.
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 39, último párrafo, del decreto aprobatorio del presupuesto Federal para 1990, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión remitió el documento referido a la Comisión de Programación y Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de diputados para su examen y, en su caso, opinión, opinión misma que en este momento se está transmitiendo.
En dicho documento el Ejecutivo Federal explícita las razones en que fundamenta su decisión para desincorporación del sector paraestatal a las empresas referidas, así como los criterios que se propone establecer para la venta de la participación pública en tales empresas.
Las razones que se aducen para esta desincorporación, en síntesis, son las siguientes:
Primera. Asegurar las inversiones que demanda la modernización del sector siderúrgico;
Segunda. Incrementar la capacidad del Estado para atender las demandas sociales prioritarias;
Tercera. Ejercer una rectoría económica del Estado eficaz y congruente con los propósitos nacionales , y
Cuarta. Promover eficazmente el desarrollo del sector siderúrgico nacional acorde con los propósitos y condiciones del país.
La metodología fijada por la Comisión de Programación y Presupuesto de esta Cámara para emitir su opinión, compañeros diputados, fue la siguiente:
A fin de dar cumplimiento a los dispuesto en el citado último párrafo del artículo 39 del decreto presupuestal para este año, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta pública, determinó solicitar mayor información sobre los elementos de juicio que hubiera sido considerados para adoptar la decisión de venta, así como los aspectos relevantes que fundamentaron el análisis de cada una de las razones expuestas por el Ejecutivo Federal en torno a este asunto.
Con objeto de analizar la primera razón, relativa a asegurar las inversiones que demanda la modernización del sector siderúrgico, se solicitó y recibió información sobre los siguientes aspectos:
En principio, el análisis económico de las empresas a fin de evaluar su situación actual, su rentabilidad y posibilidades de financiar con sus propios recursos sus programas de inversión, en particular, se solicitó información básica sobre datos principales sobre funcionarios y datos laborales, respecto a la comercialización por producto y sector de 1986 a 1989 y el pronóstico de ventas de 1991 a 1994 con sus precios comparativos; la situación de finanzas, el análisis de la situación financiera y flujo detectivo de 1986 a 1988.
El programa de inversiones requerido por la industria siderúrgica paraestatal para los próximos años, con propósito de modernización o para terminar proyectos en marcha de estas empresas, incluyendo capacidades de producción, sean las
capacidades actuales con proceso e incremento en capacidad con proyectos de inversión.
Proyectos de inversión, presupuesto y su análisis económico, inversión física y financiera de 1986 a 1988;
Inversiones autorizadas para 1990;
Análisis del proyecto de modernización de Altos Hornos de México;
Análisis del proyecto de Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas II;
Resumen de requerimientos por empresa de 1990 a 1994;
Fuentes de financiamientos previstos y estimación de recursos fiscales y crediticios requeridos en esto, el apoyo al gobierno Federal de 1986 a 1990, y estimación de apoyos del gobierno Federal requeridos para el período de 1990 a 1993.
La información recibida fue revisada por los integrantes del grupo de trabajo que la comisión estableció para tal propósito. En ello, desde luego, participaron los diputados de todas las fracciones parlamentarias.
Del análisis de la información se puede derivar ciertas conclusiones en relación con la primera razón que establece el documento bajo el siguiente examen: Las dos empresas, Altos Hornos de México, y Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las truchas han experimentado en los últimos años una cierta mejoría en alguno de sus indicadores de su situación productiva tecnológica que se refleja en los cuadros que aquí en este momento están también integrados ante esta opinión.
En los últimos años, salvo 1989, estas empresas sin considerar el proyecto Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas II, han reportado utilidades entre 1987 y 1989; tales utilidades ascendieron a 159 millones 200 mil dólares. Para los mismo años el monto de inversiones realizadas por tales empresas ascendió a 211 millones 600 mil dólares; la diferencia entre esas utilidades e inversiones fue financiada con transferencias del gobierno Federal, las cuales fueron 52 millones 100 mil dólares para el mismo período.
Los índices de rentabilidad de estas empresas, medido contra el monto de activos totales o ventas son aún más bajos.
La baja rentabilidad, aunada al hecho de que en un caso como Altos Hornos de México existen instalaciones nuevas y antiguas, y en el otro, en el Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas II, aunque no está concluido el proyecto, hace inevitable que se mantenga un programa de inversiones que permita a estas empresas elevar su rentabilidad productividad y competitividad, para enfrentar las condiciones actuales del mercado internacional y nacional.
Sin un programa de inversiones, las empresas perderían su viabilidad futura, El programa de modernización de Altos Hornos de México y la continuación del proyecto de siderúrgica lázaro cárdenas - Las Truchas II, conforman un programa de inversiones para el período de 1990 a 1994 del orden de 1 mil millones 200 mil dólares. se incluye la inversión requerida para proyectos relacionados en las empresas y en el suministro de materias primas. La inversión asciende a 1 mil millones 700 mil dólares, de tal manera los proyectos de inversión programados pueden ser rentables; su financiamiento de realizaría tanto con recursos propios como con transferencias del gobierno Federal o aportaciones a capital y crédito. Estos dos últimos conceptos se estima ascenderían a 873 millones 700 mil dólares: es decir el 62.4% del total requerido para modernizar Altos Hornos de México y para Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas II.
Siendo potencialmente los proyectos, es válido suponer que existen fuentes de financiamiento accesibles para atender los requerimientos de fondos; sin embargo como se señalo, los proyectos requieren de un monto importante de transferencia o de aportación de capital del orden de 450 millones de dólares cuyo financiamiento no podría ser crédito con cargo a las mismas empresas; tendría que ser crédito a cargo de la capacidad global del endeudamiento del gobierno Federal.
En resumen, de lo anterior se desprende que la situación de las empresas acerares mejoradas en años recientes, exige un programa de inversión importante en los últimos años, cuya realización, si las empresas se mantienen como de participación estatal, demandarán recursos públicos de consideración. sin duda este uso de recursos tendría que competir con otros destinos de gasto público, dado por un lado la necesidad macroeconómica de mantener los próximos años una situación de finanzas públicas sana y equilibrada y por otro las limitaciones al endeudamiento externo que se derivan de la reciente negociación de la deuda externa y las propias restricciones que ha impuesto este Congreso, esta Cámara de Diputados, en la Ley de Ingresos.
La segunda razón aducida en el documento del Ejecutivo Federal, se refiere a que la desincorporación permitirá incrementar la capacidad del
Estado para atender las demandas sociales. El análisis de esta razón parte de la consideración que la capacidad del gobierno Federal para atender las demandas sociales, depende entre otros factores, de su capacidad de gasto y que si está condicionada por los ingresos propios y de financiamiento, ¿qué puede allegarse el propio gobierno?
En consecuencia, se solicitó la información que permitiera determinar la contribución de estas empresas a las finanzas públicas, en particular sobre estimación, sobre el impacto que tendrá a la venta en el déficit público, estimación del impacto que tendrá a la venta en el total de los pasivos del sector público y por tanto, en la magnitud del servicio de la deuda.
De la información recibida se pueden desprender las siguientes conclusiones, compañeros diputados: estas empresas en el pasado y presumiblemente en los próximos años, han mostrado cuentas financieras globales dificitarias, ya que las utilidades de generan son inferiores a los montos de inversión que demandan; es decir, en términos presupuestales estas empresas son generadoras de déficit, y en consecuencia es de esperar que su desincorporación permitirá disminuir el déficit si su desincorporación se efectuara este año.
El déficit del sector público después de transferencias, disminuirá en alrededor de 203 millones de dólares para este año. Para el período de 1990 y 1993, tal disminución del déficit público será del orden de 519 millones 400 mil dólares, y como se señaló antes, este déficit se financia en parte con recursos de crédito, en parte con transferencias del gobierno Federal a estas empresas, particularmente en Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas II.
Las transferencias de recursos fiscales destinados a Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas por el gobierno Federal, o sea 906 mil millones de pesos durante 1990, son recursos susceptibles de orientación a otros gastos y prioridades.
En resumen, la información muestra que en principio la desincorporación de estas empresas aumentaría la capacidad de gasto del gobierno Federal, misma que podría ser destinada a otras prioridades.
En el documento se alude como tercera razón que motivó la decisión de la desincorporación, el propósito de ejercer la responsabilidad de rectoría económica del Estado con mayor eficacia.
Y como cuarta razón, la promoción eficaz del desarrollo siderúrgico nacional. Estas razones están vinculadas entre sí y por lo tanto, se analizarán conjuntamente.
La rectoría del desarrollo económico que consagra la Constitución General de la República, se ejerce de varias formas, debiendo siempre hacerse en función a los principios que marca la propia Constitución en su artículo 25. El ejercicio de esta responsabilidad de rectoría puede realizarse mediante actos de autoridad o por la vía de la coordinación, la concentración o la regulación y el fomento. Puede ser en forma directa como es el caso de las empresas públicas.
La participación directa del Estado se produce cuando así lo ordena la Constitución; es decir, cuando se trata de las áreas estratégicas que define la Carta Magna; puede darse también cuando las condiciones del mercado o del desarrollo económico son tales, que para un determinado bien o lo produce el Estado o no será producido eficazmente por los particulares.
También es deseable la participación directa cuando es necesario romper prácticas comerciales de naturaleza monopólica que no pueden ser evitadas eficazmente y mediante la regulación de los mercados respectivos.
En el caso de las empresas acerares, considerando que no se trata de áreas estratégicas, en el sentido que define el artículo 28 constitucional, para analizar las razones aludidas en los puntos tres y cuatro, se solicitó información que permita conocer las condiciones actuales del mercado del acero tanto a nivel nacional como internacional; la competitividad de las empresas acerares del Estado y la disponibilidad internacional del producto, principalmente, en particular, se solicitó información referente al mercado nacional de ventas, exportaciones, importaciones y precios; información sobre comercio exterior del acero, la oferta mundial del acero; información del mercado internacional y la oferta y la demanda mundial, la capacidad instalada y precios internacionales.
Del análisis de la información solicitada, se desprende lo siguiente: las empresas del Estado producen alrededor del 50% de las necesidades nacionales del acero. El resto es producido por empresas mexicanas propiedad de particulares e importaciones.
La industria nacional en general, es competitiva, ya que hay un volumen de exportación significativa de determinados productos siderúrgicos.
El volumen del comercio internacional en el acero, ha crecido en forma considerable en estos últimos 20 años. Actualmente, alrededor del 25%
de la producción, es comercializada internacionalmente.
Lo interior, aunado al hecho de una gran capacidad instalada mundialmente, permite afirmar que la disponibilidad de los productos siderúrgicos, es razonablemente amplia.
En consecuencia, de la información analizada se desprende que el ejercicio de rectoría económica y el desarrollo de la industria del acero, en las condiciones actuales, dependerá más de políticas adecuadas de fomento y promoción, de estímulos efectivos a las exportaciones, que de otros factores.
Es conveniente destacar también que estos aspectos de política de fomento, son áreas que deben recibir en el futuro, una atención y cuidado especial, por parte del gobierno.
En otro orden de ideas, también se solicitó información sobre los precios y condiciones de venta. Se consideró, sin embargo, que dada la etapa en que se encuentra el proceso de venta, aún no es posible disponer de tal información, ello sin menoscabo de las consideraciones o sugerencias que puedan surgir referidas a las condiciones generales, mismas de la propia venta.
Considerando los elementos anteriores, esta Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, emite la siguiente opinión:
Se reconoce que en el momento actual, el gobierno Federal ha tenido que elegir entre dos opciones:
a) No vender las empresas siderúrgicas, lo cual implica, para el gobierno Federal, el tener que realizar las inversiones requeridas por estas empresas para los próximos años. Para la industria, el correr el riesgo de que los programas de modernización y de desarrollo se retrasen, dado que ante la relativa escasez de fondos del Estado y la competencia por recursos para proyectos prioritarios, en otras áreas, sobre todo de orden social, podrían posponerse las inversiones en la siderúrgica pública, con los consecuentes efectos negativos en materia de elevación de costos y disminución de la rentabilidad y competitividad de las empresas y de la economía en general.
Vender las empresas siderúrgicas implica: aumentar la posibilidad de que las inversiones que demanda la modernización y competitividad de Altos Hornos de México y Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas, sean llevadas a cabo al abrirse este sector a la participación de inversión privada o social nacional o extranjera, liberar recursos públicos para incrementar la capacidad del Estado para atender las demandas sociales prioritarias, al reducir el déficit.
Por lo anterior, se considera que la decisión adoptada apegada a derecho, no pone en riesgo el desarrollo económico nacional y sí puede contribuir a una mejor asignación del gasto público y al cumplimiento más eficaz de las responsabilidades del Estado en materia de bienestar y de justicia social.
La Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública propone, se consideren las siguientes recomendaciones en el proceso de venta: aplicar la metodología apropiada para alcanzar el mejor precio de venta de estas empresas y lograr las condiciones más favorables para el Estado.
Establecer en el contrato de venta las condiciones que garanticen el proceso de modernización ya iniciado, a fin de contar con la competitividad internacional que requieren las empresas.
Establecer bases de licitación que permitan la conformación de un grupo de inversionistas integrado preferentemente por nacionales.
Dar oportunidad a los trabajadores de participar en el capital. Garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos en los contratos laborales.
Cuidar que el proceso de desincorporación no incida en un deterioro de la operación y rentabilidad de las empresas, ni afecte las de las cadenas productivas existentes.
Establecer un programa en base a los recursos provenientes de la venta, que fortalezcan gastos de inversión destinados a elevar el bienestar social de la población, particularmente de las zonas de influencia de estas empresas, así como buscar, mecanismos para que la operación posterior de estas empresas permita mayores beneficios para las ciudades donde operan las mismas y sus respectivas zonas de influencia.
Se considera necesario sugerir que en la venta se establezca el compromiso de los adquirientes, de conservar como domicilio fiscal las ciudades donde actualmente operan.
Finalmente, esta comisión, compañeros diputados, considera conveniente que para un mayor aprovechamiento de estos beneficios potenciales, se promueva por el Ejecutivo Federal, en coordinación con los respectivos gobiernos locales, un programa de desarrollo para las regiones de Lázaro Cárdenas, Michoacán y la región centro y
carbonífera de Coahuila, zonas de influencia de Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas y Altos Hornos de México, respectivamente. Muchas gracias, compañeros diputados, por su atención. (Aplausos.)
"Opinión de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre la desincorporación de Altos Hornos de México, S.A. de C.V. y de Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas, S.A.
1. Antecedentes
1.1 En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo, inciso b, del artículo 39 del decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 1990, el Ejecutivo Federal, a través del ciudadano Secretario de Programación y Presupuesto, con fecha 7 de marzo de 1990, envió a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el informe previo con las razones y criterios específicos para llevar a cabo la desincorporación de las empresas públicas denominadas Altos Hornos de México, S.A. de C.V. y Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas, S.A.
La determinación de la venta de estas empresas se realiza con fundamento en las atribuciones que le conceden al Ejecutivo Federal los artículos 32 y 68 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, el artículo 39 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 1990 y las disposiciones del artículo 5o. del Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.
1.2. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 39, último párrafo del decreto aprobatorio del Presupuesto Federal de 1990, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión remitió el documento referido a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, para su examen y, en su caso, opinión.
1.3 En dicho documento, el Ejecutivo Federal explícita las razones en que fundamenta su decisión para desincorporar del sector paraestatal a las empresas referidas, así como los criterios que se propone establecer para la venta de la participación pública en tales empresas.
Las razones que se aducen para esta desincorporación, en síntesis, son las siguientes:
I. Asegurar las inversiones que demanda la modernización del sector siderúrgico;
II. Incrementar la capacidad del Estado para atender las demandas sociales y prioritarias;
III. Ejercer una rectoría económica del Estado eficaz y congruente con los propósitos nacionales, y
IV. Promover eficazmente el desarrollo del sector siderúrgico nacional, acorde con los propósitos y condiciones del país.
2. Metodología fijada por la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, para emitir su opinión.
2.1 A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el citado último párrafo del artículo 39 de decreto presupuestal para el presente año, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública determinó solicitar mayor información sobre los elementos de juicio que hubieran sido considerados para adoptar la decisión de venta, así como los aspectos relevantes que fundamentaron el análisis de cada una de las razones expuestas por el Ejecutivo Federal en torno a este asunto.
2.2 Con objeto de analizar la primera razón, relativa a asegurar las inversiones que demanda la modernización del sector siderúrgico, se solicitó y recibió información sobre:
Análisis económico de las empresas, a fin de evaluar su situación actual, su rentabilidad y posibilidades de financiar con sus propios recursos sus programas de inversión. En particular, se solicitó información sobre: Información básica (datos básicos, principales funcionarios, datos laborales);
Comercialización (resumen por producto y sector 1986 - 1989; pronóstico de ventas 1991 - 1994; precios comparativos), y
Situación de finanzas (análisis de la situación financiera y flujo de efectivo 1986 - 1988).
El programa de inversiones requerido por la industria siderúrgica paraestatal para los próximos años con propósito de modernización o para terminar proyectos en marcha de estas empresas, incluyendo:
Capacidades de producción (capacidades actuales por proceso e incremento en capacidad con proyectos de inversión);
Proyectos de inversión, presupuestos y su análisis económico (inversión física y financiera 1986 - 1988; inversiones autorizadas para 1990; análisis del proyecto de modernización de Altos Hornos de México; Análisis del proyecto Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas II y resumen de requerimientos por empresa de 1990 - 1994, y)
Fuentes de financiamiento previstas, y estimación de recursos fiscales y crediticios requeridos (apoyos del gobierno Federal 1986 - 1990 y estimación de apoyos del gobierno Federal requeridos para el período 1990 - 1993).
La información recibida fue revisada por los integrantes del grupo de trabajo que la comisión estableció para tal propósito.
Del análisis de la información se pueden derivar ciertas conclusiones en relación con la primera razón que establece el documento, bajo examen:
Las dos empresas, Altos Hornos de México y Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas han experimentado en los últimos años una cierta mejoría en algunos de sus indicadores de su situación productiva y tecnológica, que se refleja en los cuadros del anexo uno;
En los últimos años, salvo 1989, estas empresas (sin considerar el proyecto Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas II) han reportado utilidades. Entre 1987 y 1989, las utilidades ascendieron a 159 millones 200 mil dólares. Para los mismos años el monto de inversiones realizadas por tales empresas ascendió a 211 millones 600 mil dólares; la diferencia entre utilidades e inversiones fue financiada con transferencias del gobierno Federal, las cuales fueron de 52 millones 100 mil dólares para el mismo período;
Los índices de rentabilidad de estas empresas, medido contra el monto de activos totales o ventas son aún bajos;
La baja rentabilidad, aunada al hecho de que en un caso (Altos Hornos de México) coexisten instalaciones nuevas y antiguas y en el otro (Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas II) aunque no está concluido el proyecto, hace inevitable que se mantenga un programa de inversiones que permita a estas empresas elevar su rentabilidad, productividad y competitividad para enfrentar las condiciones actuales del mercado internacional y nacional. Sin un programa de inversiones, las empresas perderían su viabilidad futura;
El programa de modernización de Altos Hornos de México y la continuación del proyecto Siderúrgico Lázaro Cárdenas - Las Truchas II conforman un programa de inversiones para el período 1990 - 1994 el orden de 1 mil millones 200 mil dólares. Se incluye la inversión requerida para proyectos relacionados en las empresas y en el suministro de materias primas, la inversión asciende a 1 mil millones 700 mil dólares;
Los proyectos de inversión programados pueden ser rentables. Su financiamiento se realizaría tanto con recursos propios como con transferencias del gobierno Federal (o aportaciones a capital) y crédito. Estos dos últimos conceptos se estima, ascenderían a 873 millones 700 mil dólares; es decir, el 62.4% del total requerido para modernizar Altos Hornos de México y para Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas II; y
Siendo potencialmente rentables los proyectos, es válido suponer que existen fuentes de financiamiento accesibles para atender los requerimientos de fondos. Sin embargo, como se señaló arriba, los proyectos requieren de un monto importante de transferencias o de aportación de capital, del orden de 450 millones de dólares, cuyo financiamiento no podría ser crédito con cargo a las mismas empresas: Tendría que ser crédito a cargo de la capacidad global de endeudamiento del gobierno Federal.
En resumen, de lo anterior se desprende que la situación de las empresas acerares, mejorada en años recientes, exige un programa de inversiones importante en los próximos años, cuya realización, si las empresas se mantienen como de participación estatal, demandarían recursos públicos de consideración. sin duda, este uso de recursos tendría que competir con otros destinos de gasto público, dado por un lado, la necesidad macroeconómica de mantener en los próximos años una situación de finanzas públicas sana y equilibrada y por otro, las limitaciones al endeudamiento externo que se derivan de la reciente negociación de la deuda externa y las propias restricciones que ha impuesto el Congreso de la Unión, en la Ley de Ingresos.
2.3. La segunda razón aducida en el documento del Ejecutivo Federal, se refiere a que la desincorporación permitirá: incrementar la capacidad del Estado atender las demandas sociales. El análisis de esta razón parte de la consideración que la capacidad del gobierno Federal para atender las demandas sociales depende, entre otros factores, de su capacidad de gasto y que ésta está condicionada por los ingresos propios y de financiamiento que pueda allegarse el propio gobierno. En consecuencia, se solicitó la información que permitiera determinar la contribución de estas empresas a las finanzas públicas, en particular, sobre:
Estimación sobre el impacto que tendrá la venta en el déficit público, y Estimación del impacto que tendrá la venta en el total de los pasivos del sector público, y por tanto, en la magnitud del servicio de la deuda.
De la información recibida se pueden desprender las siguientes conclusiones:
Estas empresas, en el pasado, y presumiblemente en los próximos años, han mostrado cuentas financieras globales deficitarias, ya que las utilidades que generan son inferiores a los montos de inversión que demandan; es decir, en términos presupuestales estas empresas son generadoras de déficit.
En consecuencia, es de esperar que su desincorporación permitirá disminuir el déficit. Si su desincorporación se efectuara este año, el déficit del sector público, después de transferencias, disminuiría en alrededor de 203 millones de dólares para este año; para el período 1990 - 1993 tal disminución del déficit público sería del orden de 519 millones 400 mil dólares (ver cuadros tres y cuatro).
Como se señalo antes, este déficit se financia en parte con recursos de crédito y en parte con transferencias del gobierno Federal a estas empresas, particularmente Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas II.
Las transferencias de recursos fiscales destinados a Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas por el gobierno Federal, 906 mil 600 millones de pesos durante 1990, son recursos susceptibles de reorientación a otros gastos y prioridades.
En resumen, la información muestra que en principio, la desincorporación de estas empresas aumentaría la capacidad de gasto del gobierno Federal, misma que podría ser destinada a otras prioridades.
2.4. En el documento se alude como tercera razón que motivó la decisión de desincorporación, el propósito de ejercer la responsabilidad de rectoría económica del Estado con mayor eficacia, y como cuarta razón, la promoción eficaz del desarrollo siderúrgico nacional. Estas razones están vinculadas entre sí, y por lo tanto, se analizarán conjuntamente.
La rectoría del desarrollo económico, que consagra la Constitución General de la República se ejerce de varias formas, debiendo siempre hacerse en función a los propósitos que marca la propia Constitución en su artículo 25. El ejercicio de esta responsabilidad de rectoría puede realizarse mediante actos de autoridad o por la vía de la coordinación, la concentración o la regulación y el fomento; puede ser en forma directa, como es el caso de las empresas públicas.
La participación directa del Estado se produce cuando así lo ordena la Constitución, es decir, cuando se trata de las áreas estratégicas que define la Carta Magna. Puede darse también cuando las condiciones del mercado o del desarrollo económico son tales, que para un determinado bien, o lo produce el Estado o no será producido eficazmente por los particulares; también es deseable la participación directa cuando es necesario romper prácticas comerciales de naturaleza monopólica, que no pueden ser evitadas eficazmente mediante la regulación de los mercados respectivos.
En el caso de las empresas acerares, considerando que no se trata de áreas estratégicas en el sentido que define el artículo 28 constitucional, para analizar las razones aludidas en los puntos tres y cuatro, se solicitó información que permita conocer las condiciones actuales del mercado del acero, tanto a nivel nacional como internacional, la competitividad de las empresas acerares del Estado y, la disponibilidad internacional del producto, principalmente. En particular se solicitó:
Información de mercado nacional (ventas, exportaciones, importaciones y precios);
Información sobre comercio exterior del acero (oferta mundial de acero), e Información del mercado internacional (oferta, demanda mundial, capacidad instalada y precios internacionales).
Del análisis de la información solicitada, se desprende lo siguiente:
Las empresas del Estado producen alrededor del 50% de las necesidades nacionales del acero. El resto es producido por empresas mexicanas propiedad de particulares e importaciones;
La industria nacional en general es competitiva, ya que hay un volumen de exportación significativo de determinados productos siderúrgicos;
El volumen del comercio internacional en el acero ha crecido en forma considerable en estos últimos 20 años; actualmente alrededor del 25% de la producción mundial, es comercializada internacionalmente, y
Lo anterior, aunado al hecho de una gran capacidad instalada mundialmente, permite afirmar que la disponibilidad de los productos siderúrgicos es razonablemente amplia.
En consecuencia, de la información analizada se desprende que el ejercicio de rectoría económica y el desarrollo de la industria del acero, en las condiciones actuales, dependerá más de políticas adecuadas de fomento y promoción, de estímulos
efectivos a las exportaciones, que de otros factores. Es conveniente destacar también que estos aspectos de política de fomento son áreas que deben recibir en el futuro una atención y cuidado especial por parte del gobierno.
3. En otro orden de ideas, también se solicitó información sobre los precios y condiciones de venta; se consideró sin embargo, que dada la etapa en que se encuentra el proceso de venta, aún no es posible disponer de tal información. Ello sin menoscabo de las consideraciones o sugerencias que puedan surgir referidas a las condiciones generales mismas de la venta.
4. Considerando los elementos anteriores, esta Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, emite la siguiente opinión:
4.1. Se reconoce que en el momento actual, el gobierno Federal ha tenido que elegir entre dos opciones:
a) No vender las empresas siderúrgicas, lo cual implica:
Para el gobierno Federal, el tener que realizar las inversiones requeridas por estas empresas para los próximos años.
Para la industria, el correr el riesgo de que los programas de modernización y de desarrollo se retrasen, dado que ante la relativa escasez de fondos del Estado y la competencia por recursos para proyectos prioritarios en otras áreas, sobre todo de orden social, podrían posponerse las inversiones en las siderúrgicas públicas, con los consecuentes efectos negativos en materia de elevación de costos y disminución de la rentabilidad y competitividad de las empresas y de la economía en general.
b) Vender las empresas siderúrgicas, lo cual implica:
Aumentar la posibilidad de que las inversiones que demanda la modernización y competitividad de Altos Hornos de México y de Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas, sean llevadas a cabo, al abrirse este sector a la participación de inversión privada o social, nacional o extranjera.
Liberar recursos públicos para incrementar la capacidad del Estado, para atender las demandas sociales prioritarias al reducir el déficit
Por lo anterior, se considera que la decisión adoptada, apegada a derecho, no pone en riesgo el desarrollo económico nacional y sí puede contribuir a una mejor asignación del gasto público y al cumplimiento más eficaz de las responsabilidades del Estado en materia de bienestar y justicia social.
4.2. La Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública propone se consideren las siguientes recomendaciones en el proceso de venta:
Aplicar la metodología apropiada para alcanzar el mejor precio de venta de estas empresas y lograr las condiciones más favorables para el Estado;
Establecer en el contrato de venta, las condiciones que garanticen el proceso de modernización, ya iniciado, a fin de contar con la competitividad internacional que requieren las empresas.
Establecer bases de licitación que permitan la conformidad de un grupo de inversionistas integrado perfectamente por nacionales. Dar oportunidad a los trabajadores de participar en el capital;
Garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos en los contratos laborales;
Cuidar que el proceso de desincorporación no incida en el deterioro de la operación y rentabilidad de las empresas, ni afecte las de las cadenas productivas existentes.
Establecer un programa, en base a los recursos provenientes de la venta, que fortalezca gastos de inversión destinados a elevar el bienestar social de la población, particularmente de la de las zonas de influencia de estas empresas, así como buscar mecanismos para que la operación posterior de estas empresas permita mayores beneficios para las ciudades donde operan las mismas y sus respectivas zonas de influencia, y
Se considera necesario sugerir que en la venta, se establezca el compromiso de los adquirientes de conservar como domicilio fiscal las ciudades donde actualmente operan.
Finalmente, esta comisión considera conveniente que para que un mayor aprovechamiento de estos beneficios potenciales, se promueva por el Ejecutivo Federal, en coordinación con los respectivos gobiernos locales, un programa de desarrollo para las regiones de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y la región centro y carbonífera de Coahuila, zonas de influencia de Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas y Altos Hornos de México, respectivamente.
Palacio Legislativo, 20 de junio de 1990. - Diputados: Rogelio Montemayor Seguy, presidente; Raúl Bolaños Cacho Guzmán y Humberto Roque Villanueva, secretarios; Pedro César
Acosta Palomino, Belisario Aguilar Olvera, Alberto Amador Leal, Alberto Anaya Gutiérrez, Eduardo Arias Aparicio, Adolfo Barrientos Parra, Javier Bonilla Chávez, Jaime Castrejón Díez, Víctor Hugo Celaya Celaya, Héctor Colio Galindo, Elina Elfi Coral Castilla de Corona, Javier Culebro Siles, Sami David David, Melchor de los Santos Ordóñez, Jorge del Rincón Bernal, María Teresa Dorantes Jaramillo, José del Carmen Enríquez Rosado, José Jaime Enríquez Félix, Manuel Patricio Estévez Nenninger, Pedro René Etienne Llano, Eloy Argos García Aguilar, Yolanda M. García Treviño, Juan Antonio García Villa, Noé Fernando Garza Flores, Agustín Gasca Pliego, Martín Gavica Garduño, Pablo Gómez Alvarez, Magdaleno Gutiérrez Herrera, Ramiro Hernández García, Jesús Armando Hernández Montaño, Armando Ibarra Garza, Juan Enrique Ibarra Pedroza, Artemio Iglesias Miramontes, Rosario Guerra Díaz, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Pedro Manuel Cruz López Díaz, José Marín Rebollo, María Elena Martínez Carranza, Ciro Mayén Mayén, Rafael Melgoza Radillo, Carmen Mercado Téllez, Juan José Moreno Sada, José Murat Casab, Judith Murguía Corral, Jesús Oscar Navarro Gárate, Alfonso Neri Ávila, María Teresa Ortuño Gurza, Antonio Pariente Algarín, Francisco Javier Pavlovich Robles, Ana Rosa Payán Cervera, Humberto Peña Reyes, Alberto Pérez Fontecha, Dionisio E. Pérez Jácome, Sergio Quiroz Miranda, Miguel Ángel Quiroz Pérez, Jaime Rodríguez Inurrigarro, Jesús Ramón Rojo Gutiérrez, Eric Luis Rubio Barthell, Salvador Sánchez Vázquez, Francisco Javier Santillán Oceguera, Jorge Federico Schiaffino Isunza, Sergio Jesús Torres Serrano, Juan Ugarte Cortés, Juan Manuel Verdugo Rosas, Astolfo Vicencio Tovar, Oscar Villalobos Chávez y Elías Villegas Torres.»
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Dar doble click con el ratón para ver imagen
El Presidente: - Para fijar su posición sobre este tema, se han inscrito los siguientes diputados: Jaime Enríquez Félix, Alberto Pérez Fontecha, Carmen Mercado Téllez, Rafael Melgoza Radillo, Francisco Javier Pavlovich Robles y Javier Culebro Siles.
Tiene el uso de la palabra Jaime Enríquez Félix, del grupo Parlamentario Independiente.
El diputado José Jaime Enríquez Félix: - Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros: Por mi conducto, la Fracción Parlamentaria Independiente quiere mostrar su postura ante la propuesta del Ejecutivo Federal, sobre la desincorporación de altos Hornos de México y la Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas.
Espíritu de la privatización. El pueblo espera, con razón, verse representado íntegramente y escuchar su propia voz en esta tribuna nacional, a través de los legisladores que él mismo ha elegido, por eso es que no podemos permanecer indiferentes, ni mudos, frente a hechos como el que ahora nos ocupa y que constituye una flagrante violación al espíritu de la Patria, contenido en nuestra Carta Magna.
Nos referimos, desde luego, a la propuesta del Ejecutivo Federal que ahora se discute y que pretende la desincorporación de uno más de los sectores que hasta muy poco han pertenecido al Estado mexicano, por disposición explícita y consciente de su pueblo.
Hoy se pretende privatizar la siderurgia nacional, usando para ello burdos y repetidos pretextos que a nadie convence, sobre todo porque se trata de argumentos largamente probados a través de otras desincorporaciones, que no han significado un aporte sustancial a las finanzas públicas, y ya que los ingresos obtenidos por este concepto hasta fines del año anterior, ascendieron a 1 billón 584 mil millones de pesos, y representaron apenas el 2% de los intereses totales de la deuda pagados en 1988 y el 3% de los ingresos presupuestales del sector público del mismo año; sin embargo, las consecuencias del proceso de desincorporación son graves, pues han propiciado alteraciones en las distintas áreas de intervención estatal, modificándose tanto niveles de producción como generación de empleos en el propio sector público.
A pesar de todo lo que se sostenga en las palabras, en los hechos esos cambios no han contribuido al fortalecimiento de la rectoría estatal, ni a salvaguardar el proyecto histórico de la nación.
México ha invertido buena parte de su historia contemporánea en capitalizar sus ahorros, en convertir el esfuerzo de un grupo de generaciones de sus hombres y mujeres para forjar una nación que ha pretendido la igualdad para sus miembros y la implantación, si no de ensueños y de riqueza, sí de posesión social de bienes importantes para promover el desarrollo armónico de los ciudadanos; fueron años de posposición de satisfacciones presentes, ante la promesa de brindar a los hijos un futuro mejor. Hoy sin embargo, el gobierno da marcha atrás, aceleradamente, pretende
deshacerse de ese patrimonio, vendiéndolo al mejor postor, con el pretexto de que le estorba para cumplir mejor sus funciones de justicia social.
El burdo argumento le ha válido para vender, entre 1983 y 1987, 700 entidades públicas y retirar al Estado de 22 ramas económicas; los ingresos obtenidos por concepto de las ventas y liquidaciones no han respondido, por su escaso monto, al objetivo fundamental de coadyuvar a sanear las finanzas públicas y sí han significado una reducción nacional del gasto productivo y de la inversión de las entidades públicas, que en 1989 representó apenas las dos quintas partes del ejercicio de 1982.
Artículo 25 constitucional. Hoy se pretende dar una interpretación libre a las letras claramente expresadas en el artículo 25 constitucional, que fijó al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste esa integral, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución de la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.
No podía ser más clara la disposición de nuestra máxima ley en el sentido, por ejemplo, de promover la mejor distribución de la riqueza, el proceso de privatización de empresas paraestatales es contrario al espíritu de esta norma, pues favorece la concentración de la riqueza y la acumulación del capital en pocas manos e imposibilita al ciudadano común a acceder a la propiedad de los bienes que un día le correspondieron por pertenecer al Estado mexicano.
También la reprivatización contradice el fomento al empleo y al justo crecimiento económico, premisa contenida en el artículo 25 constitucional al implicar, por lo menos en el corto plazo, una retracción en los niveles de empleo y al dejar al libre juego de la oferta y la demanda el desarrollo de áreas económicas importantes para la sociedad, que ante el abandono por parte del Ejecutivo Federal no garantiza, en modo alguno, su supervivencia ni buen desempeño.
La privatización de la siderurgia nacional. Estamos aquí para oír la voz del pueblo a través nuestro, respecto de uno de los temas más importantes que tiene que ver con el proyecto antinacionalista de desincorporación de entidades públicas; se discute nada menos, que la privatización de la siderurgia nacional y se pone sobre la mesa un informe poco congruente, que propone una venta basándose en argumentos nada convincentes ni legítimos, contra las razones del Ejecutivo, podemos esgrimir las siguientes consideraciones:
Se pretende sostener que el sector es altamente dinámico y su obsolescencia muy rápida, lo que según se afirma demandará cuantiosas inversiones subsecuentes para asegurar en todo tiempo que se contará con una industria competitiva internacionalmente, capaz de fortalecer además la necesidades crecientes del mercado nacional.
Quienes esto piensan, se olvidan que un área como ésta. netamente dentro del grupo de los llamados bienes del capital, industria pesada, no puede vivir en continuas transformaciones, pues, aunque la tecnología que se descubriera para su obligación en el área evolucionara constantemente, las inversiones que México o cualquier otro país del mundo tendría que realizar para ponerse al día en esa tecnología de punta serían tan altamente cuantiosas y poco rentables, que pocos se aventurarían a intentarlo siquiera. Este tipo de sectores por su propia naturaleza, tienden a permanecer sin grandes cambios tecnológicos durante periodos más o menos largos y aceptar modificaciones paulatinas en sus procesos productivos.
Por otro lado, la tecnología que México está usando, no es obsoleta en ningún sentido sino capaz de competir satisfactoriamente en el concierto mundial, Altos Hornos de México, por ejemplo, ha mezclado en sus procesos técnicas procedentes de Japón, Italia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos de América, Holanda y Francia, entre otros países, sin por ello enfrentarse a un problema, sino habiendo aprovechado convenientemente las mejores experiencias de cada una usando siempre en cada caso lo más avanzado en su momento.
Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas S. A., por su parte, se considera una planta de gran modernidad tecnológica, y es tan sólo en su primera etapa indiscutiblemente la planta más grande del mundo con el proceso de reducción directa; por ello, aunque de ningún modo pueda terminarse ahí su proceso de inversión continuada, no estamos ante un problema real de obsolescencia o de incapacidad tecnológica que se convierta en motivador real para su venta. Además, las más cuantiosas erogaciones de los programas de inversión para la Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas S. A., hasta el final de la presente administración prácticamente ya se han hecho.
Por ejemplo, si el primer segmento del proyecto significativo significó una inversión total de 1 mil 427 millones de dólares, para diciembre de 1989 se habían ejercido 1 mil 356 millones de
dólares para lograr un avance físico real de más del 97% de esta obra.
El segundo segmento, contempla una inversión total de más de 1 mil 200 millones de dólares de los que faltan por ser erogados apenas el 40% mientras que el tercer segmento, el que concluye el proyecto, tan sólo requiere 223 millones de dólares, cantidad relativamente pequeña, si se compra con la magnitud de lo alcanzado que llega casi al 50% de esta última parte del proyecto, que incluye la preparación de mineral de fierro y la dotación de servicios a la planta y a la comunidad. Por otro lado, se reconoce oficialmente que la industria nacional del sector es competitiva y que hay un volumen de exportación significativo en determinados productos siderúrgicos.
Altos Hornos de México S. A., por ejemplo, entre 1985 y 1990 aumentó en 400% sus exportaciones de productos planos; la venta al extranjero de la lámina rolada en caliente, se incrementó en casi 14 veces, en tanto que la de placa lo hizo en más del 400%. Por lo que respecta a sus exportaciones de productos no planos, como la varilla corrugada, el alambre o la tubería, éstas crecieron más de 32 veces en los cinco años de referencia.
En cuanto a la Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas S.A., aunque su operación está prácticamente iniciando, se ha convertido en especialista en la exportación de ciertos productos como el planchón, del que en 1988 aún no vendía nada al extranjero, y al que ahora exporta 700 mil toneladas. Sus ventas de varilla corrugada, que en 1985 apenas alcanzaron las 600 toneladas, hoy ascienden a 242 mil toneladas que exportan al mundo.
Los precios comparativos que ofrece la siderurgia nacional, en relación a los mercados externos, dan una buena idea de la competitividad de México, pues algo en varilla corrugada y alambrón, que opera un 15.7% y 5.9% por arriba de los internacionales, en planchón, por ejemplo, Siderúrgica Mexicana vende un 15.8% por abajo de lo que el mundo lo hace en promedio y nuestros precios de productos estructurales están abajo de los del mundo en más del 26%. También competimos con ganancia en productos como placa y lámina rolada en lo frío o en caliente.
En relación a la situación financiera de la industria siderúrgica nacional, nada puede argumentarse, como no sea el aceptar que en sus proyectos y su estado actual son rentables y satisfactorios.
Hoy el sector hace más con menos, pues si bien sus cuotas de producción en 1989 apenas alcanzaron los montos de 1986, por lo menos en Altos Hornos de México S. A., también debe señalarse que lo hizo con una plantilla de personal reducida, pues si en 1986 contaba con 24 mil 700 trabajadores, en 1989 sólo se encontraban laborando en la industria 19 mil hombres. Todo iba significando un interesante incremento en la productividad de la mano de obra medida en toneladas producidas por trabajador...
(Desde una curul): - ¡Señor Presidente!
El Presidente: - Permítame, señor diputado, ruego a los diputados, como en ocasiones anteriores, que dada la trascendencia de este debate, que pretendemos de alguna manera forme parte de la conciencia en esta materia, pongan atención al orador.
El diputado José Jaime Enríquez Félix: - La producida por trabajador que en 1986 era de 136 y para 1989 alcanzó las 150. En Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas S.A., la situación es similar, pues el descenso en la planta laboral, en el período considerado, alcanza el 12%.
Mucho se ha usado además como explicación para la desincorporación de ambas empresas, la utilización de su capacidad instalada, sin embargo, mucho puede hablarse a favor de ella, ya que es muy alta, no sólo en términos absolutos, 100% prácticamente en Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas S.A., desde hace tres años y 70% en Monclova, dados algunos cuellos de botella que la merman, sino también términos relativos.
Datos de 1988 sobre la utilización de la capacidad nominal instalada en los Estados Unidos de América hablan de un 77% en la producción de perfiles estructurales, por ejemplo, y de casi un 90% en lo laminado en caliente, en tanto que la Comunidad Económica Europea alcanza índices generales que promedian el 70%, justo como la vieja Altos Hornos de México S.A., por tanto, los niveles mexicanos de utilización de los recursos invertidos tampoco constituyen justificación alguna para la venta de esas rentables paraestatales.
Sobre la situación financiera de la siderúrgica nacional pueden hacerse también muchas consideraciones favorables, que son prueba de los frutos que puede dar el sacrificio de un pueblo, invertido a lo largo de muchos años. La liquidez de Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas S.A., por ejemplo, se ha duplicado en tan sólo tres años, pasando de una razón activo circulante a pasivo circulante de 1.30 en 1987 a 3.72 en 1989, mientras que su endeudamiento analizado, relacionando el pasivo y el activo total ha disminuido, pues esta relación era del 44% en 1987 y ha bajado a sólo el 15% en 1989.
El proyecto empieza a caminar, lo que también prueba la relación de ventas netas a capital contable, que si en 1987 era de 1.2 veces, para 1989 ascendió a 9.32 veces; se trata sin duda de un proyecto rentable, hecho realidad y en su primera etapa, que parece haberlo soportado todo, desde malas administraciones hasta bruscas devaluaciones que han deslizado el tipo de cambio en más de 100% en tan sólo los últimos cuatro años.
A pesar de los inconvenientes, la Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas S.A., proyecta elevar consistentemente su utilidad neta para hacerla llegar a los 30 millones de dólares en 1993, desde una de 26 millones de dólares alcanzada en 1989.
Si el Estado mexicano continuara en posesión de tan importante empresa, el ahorro del pueblo se vería beneficiado y se garantizaría la dotación de un recurso estratégico como el acero a la economía nacional, evitando dependencia del extranjero o de los sectores privados que merman soberanía e independencia.
La situación financiera de Altos Hornos de México S.A., es envidiable, prácticamente está libre de pasivos, pues su relación de pasivos activos total indican un apalancamiento de 18%, muy inferior al que manejan el común denominador de las empresas mexicanas. Altos Hornos de México S.A., es una institución madura que maneja procesos que conoce muy bien y que hoy cosecha los esfuerzos que se invirtieron antes en ella; su papel debiera ser el de seguir generando técnicos con experiencia de apoyar el proyecto de expansión y modernización de Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas S.A.
Todo lo anterior hace pensar en motivos políticos más que en verdadera justificación financiera o social, los que orillan a los tecnoburócratas modernos a deshacerse de Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas, de nuestra industria siderúrgica mexicana.
Palabras como las de Rolando Vega, Luis Carcova, Alfredo Jarge Elub, pronunciadas apenas el pasado jueves 8 de marzo, aquí parecen confirmarlo; hoy todos andan pensando en la mejor manera de repartirse el pastel y por ejemplo Jarge Elub advierte: "quisiéramos que en cualquier desincorporación de esta naturaleza, el mercado de valores tenga una participación importante"; Carcova por su parte, está ya interesado en que la privatización pueda concertarse empleando el mecanismo de la sustitución de deuda externa por inversión, que resulta un gran negocio para los afortunados que accesan a ellos, pues compran deuda barata en los mercados secundarios para cambiarla por inversión mexicana tomada al 100 por ciento.
Eso en otras partes se llamaría vender al país, y se calificaría hasta de competencia desleal; en México, sin embargo, se llama dejar libre al Estado para atender prioridades sociales. Estamos sin duda en un momento histórico de la vida nacional, uno que puede definir no sólo la estrategia de unos cuantos años de gobierno, sino la idiosincrasia y la soberanía del país.
Los argumentos son claros y contundentes, nuestra obligación ahora es velar por los intereses del pueblo, impedir que una vez más sea mancillada su voluntad y preservar su patrimonio, que es el de nuestros hijos, por ello, decimos ¡no! rotundamente a la reprivatización de la industria siderúrgica nacional. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Alberto Pérez Fontecha.
El diputado Alberto Pérez Fontecha: - Con permiso de la Presidencia; compañeros diputados: El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana sostiene que en la perspectiva de la historia nuestra revolución es continuación y síntesis de los movimientos de independencia y reforma, cuyos principios se asimilan en su ideario fundamental. En el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana afirmamos que la Constitución de la República contiene el diario fundamental de nuestra revolución y constituye el andamiaje jurídico de nuestra sociedad y nuestra Constitución es vigente.
Nadie podría sustentar en estos momentos que Altos Hornos de México S.A., y la Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas S.A., no son empresas estratégicas y prioritarias, que además explotan recursos no renovables, recursos que son de todos los mexicanos. Debemos partir de la base que este tipo de empresas no deben ser vendidas y si aprobamos su venta estamos vendiendo e hipotecando el futuro de nuestros hijos.
Estamos conscientes que esas empresas no han sido lo rentable que se esperaba, pero también hay que decir y reconocer que esas empresas, como muchas otras del Estado, han servido para poner en los puestos de dirección a incapaces y así pagar compromisos políticos. Esa situación siempre la ha denunciado el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; sin embargo compañeros, el daño ya se ha hecho y ahora debemos encontrar soluciones que nos permitan clarificar aunque sea poco a poco nuestra dañada economía. Para nosotros, estas empresas acereras son estratégicas y necesarias para el desarrollo económico nacional y son de los mexicanos y consecuentemente sí deberá buscarse el apoyo económico que permita irlas modernizando y sobre todo
poner al frente de ellas a personas capaces, honestas, que entiendan la gran responsabilidad que tienen con México.
Los resultados de estas empresas se pueden prever en el mismo texto de la opinión que han sido puestas a consideración por la Comisión de Programación y Presupuesto. La misma comisión presenta en el sentido de que estas empresas están generando utilidades, utilidades que son inferiores a los montos de inversión y esto es lógico, hay miles de empresas que sus utilidades son menores a los montos de inversión.
Sentimos que éste no es un problema, lo que sí es un problema es que sigamos vendiendo empresas de este tipo que son estratégicas, prioritarias, que además explotan recursos no renovables y que el importe de las ventas se aplique al gasto corriente del Estado, como ya se ha sucedido con la venta de más de 800 paraestatales y de participación estatal y que el dinero se ha utilizado para cubrir el gasto público del gobierno.
Volvemos a señalar que mientras no se ajuste el gasto corriente del gobierno y se siga gastando más de lo debido, no podremos salir del bache económico en el que nos han metido. No coincidimos con los que señalan y piden una mejor asignación del gasto corriente; insistimos que el gobierno, al igual que ya lo hizo el pueblo de México, debe apretarse el cinturón y bajar el gasto público. No se puede seguir con demagogias ni engaños al pueblo de México.
La misma Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, propone en sus recomendaciones en el proceso de ventas, establecer un programa que fortalezca los gastos de inversión destinados a elevar el bienestar social de la población, particularmente en las zonas de influencia de estas empresas.
La misma comisión, sintiendo la importancia que tienen esas empresas en el contexto nacional y regional, recomienda que se establezca con los adquirientes, el compromiso de conservar como domicilio fiscal las ciudades donde actualmente operan.
Y aquí podríamos recapacitar. ¿Por qué estas recomendaciones de la misma comisión de querer que se establezca el compromiso con los posibles compradores para que el domicilio fiscal siga siendo en los lugares en donde se encuentran ahora estas empresas? Muy sencillo, compañeros, la misma comisión sabe y esto no se podría establecer como compromiso, que los compradores permitan que siga ese domicilio fiscal, y que al cambiar el domicilio fiscal, los impuestos que se tengan que pagar posiblemente se pagarían en otras entidades federativas, y aquí vendría un retroceso económico en la vida, precisamente de la entidad de Michoacán y precisamente de la entidad de Coahuila. Por ello la misma comisión está reconociendo la importancia que tienen estas empresas en el desenvolvimiento de la vida económica de los habitantes de estas dos entidades federativas.
Para el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el entregar hoy nuevamente empresas que son estratégicas y prioritarias, insistimos, es seguir hipotecando un futuro que no nos corresponde a nosotros decidir, es el futuro de nuestros hijos.
Por ello, los diputados del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, no podemos ser cómplices de estas atrocidades económicas que se están cometiendo y hacemos pública nuestra oposición para que Altos Hornos de México S.A., y la Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas S.A., sean vendidas a la iniciativa privada nacional o extranjera, por considerarlas necesarias para el crecimiento económico de nuestro país, además de que explotan los recursos no renovables que son del futuro de los mexicanos. ¡No podemos permitir que se siga vendiendo a nuestro país! (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra la diputada Carmen Mercado Téllez.
La diputada Carmen Mercado Téllez: - Gracias señor Presidente; honorable asamblea: El grupo parlamentario del Partido Popular Socialista viene a expresar su opinión respecto a la desincorporación de Altos Hornos de México S.A., y de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas S.A., que es contraria a la opinión emitida por la diputada Judith Murguía, pues ella lo hizo a nombre de la mayoría de la Comisión de Programación y Presupuesto, que no expresa por lo tanto la opinión de la totalidad de la comisión.
El gobierno mexicano sigue empeñado en aplicar su política modernizadora y cumplir cabalmente con los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional dentro del marco del Convenio de Facilidad Ampliada, firmado con este organismo internacional, pero además respondiendo a las posiciones de las cúpulas empresariales, como la Confederación Patronal de la República Mexicana, que insisten en que el proceso de desincorporación y reprivatización es todavía insuficiente.
En nuestro país se ha aplicado con prontitud la estrategia del imperialismo y de las fuerzas de
derecha, para reprivatizar nuestra economía y se ha establecido todo un proceso que abarca desde el desprestigio de las empresas paraestatales, calificándolas de ineficientes e ineficaces, hasta una política para ahogarlas económicamente reduciendo sus presupuestos e inversión.
Esta estrategia del imperialismo para toda América Latina, aplicada con firmeza por el gobierno mexicano, tiende a favorecer al gran capital, asegurar así temporalmente su predominio en el mundo, pues lo que pretende es imponernos una nueva división internacional del trabajo, mediante la cual los países subdesarrollados como México sólo podrían aspirar, en el mejor de los casos, a convertirse en un país maquilador.
Puede y sigue siendo la tesis de la derecha de dentro y fuera del gobierno del Estado obeso, la que sirve de base para aplicar el programa neoliberal favorable a los intereses del capital transnacional.
En el mercado de esta política neoliberal y devastadora para el pueblo y la nación, las fuerzas revolucionarias de México, nos encontramos el 7 de marzo con la desagradable noticia de la desincorporación de Altos Hornos de México S.A., así como la Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas S.A., que son de las 100 empresas públicas que han despertado un gran interés de los inversionistas extranjeros.
El Partido Popular Socialista pregunta ante esta honorable asamblea: ¿desde cuándo y por qué para el gobierno federal ya no son prioritarias y estratégicas estas dos industrias del acero de las que dependen tantas cadenas de producción?
El Partido Popular Socialista también se responde: consideramos nosotros que la industria del acero sigue siendo estratégica porque, como la electrónica, la automotriz, la industria de la construcción y otras más, requieren de acero para elaborar sus productos, o ¿es que nosotros somos grandes productores en este momento de sustitutos del acero? Se vuelve a repetir que se venden bienes para remediar males.
Para el Partido Popular Socialista es importante y necesario que el gobierno dé atención a las necesidades sociales de nuestro pueblo, como educación, salud, vivienda, porque de esa manera se elevan y se amplían las condiciones de vida de la población. Pero no es definitivamente a través del desmantelamiento de las empresas públicas como se logrará una distribución más equitativa de la riqueza. Esta es demagogia pura del gobierno federal...
El Presidente: - Ruego a la asamblea prestar la atención debida a la oradora.
La diputada Carmen Mercado Téllez: - Sin duda alguna a esta asamblea no le interesa este debate, que es un debate de interés nacional, porque interesa a todo el pueblo de México.
La desincorporación de estas dos empresas ha despertado el interés voraz del gran capital foráneo, porque se trata de dos empresas rentables y están viendo la posibilidad de obtener cuantiosas ganancias al convertirse en propietario de ellas, pues estas dos empresas controlan el 60% de la producción de acero nacional, con un mercado interno garantizado para sus productos, y con un avanzado proceso de modernización de su industria de bienes de capital. Además, realizan exportaciones sustanciales, sólo limitadas por las cuotas que se les fijan.
Sin duda alguna, señores diputados, cuando el gobierno de Salinas de Gortari, en uno de sus viajes a Estados Unidos de América logró que se ampliara a 900 mil toneladas los permisos para la exportación de acero, ya tenía convenios para su privatización, acrecentando así las ganancias de sus nuevos propietarios privados.
Nosotros manifestamos que estos hechos constituyen un verdadero despojo al patrimonio nacional. El Estado, por incapacidad financiera de los particulares, incorporó, en el pasado al sector público empresas como la de Altos Hornos de México S.A., que se convirtió, en manos del Estado, en una empresa eficiente, autofinanciable, que no representa ninguna carga onerosa para la nación, que ha demostrado plena superioridad sobre las empresas privadas; sin embargo, ahora se les entrega a los particulares en charola de plata, porque dicen que ya son eficientes.
Se dice también que son necesarios 6 billones 300 mil millones de pesos para modernizar las plantas en los próximos años. De ser correctas las siguientes cifras, los ingresos programados para Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas S.A., y Altos Hornos de México S.A., durante el sexenio, serán de 19 billones de pesos; es decir, alrededor de 3 billones 200 mil millones de pesos por año, de los cuales alrededor de 2 billones 80 mil millones de pesos se canalizarían a Altos Hornos de México S.A., y 1 billón 120 mil millones a Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas S.A.
Los datos anteriores nos muestran claramente que las dos empresas mencionadas pueden utilizar sus recursos para capitalizarse y modernizarse, pero entendiendo estos dos términos no como privatización, sino como modernización en beneficio del pueblo y de la nación mexicana.
Se plantea en el documento de criterios y razones de desincorporación, que los 6 billones 300 mil
millones son "equivalentes a la cantidad necesaria para construir 315 grandes hospitales, más de 300 mil espacios educativos, casi 160 mil viviendas de interés social, 6% de capacidad de generación eléctrica, o más de 6 mil kilómetros de carreteras".
Señor Presidente, a pesar de que tengo la voz fuerte, creo que hay mucho ruido en esta sala. Yo le suplicaría fuera tan amable de llamar al orden.
El Presidente: - Coincide, diputada, que en este momento hay movimiento en las galerías; sin embargo es totalmente atendible su petición, y esta Presidencia la hace suya. Continúe por favor.
La diputada Carmen Mercado Téllez: - Gracias, señor Presidente. Nosotros preguntamos, ¿cuánto y qué se pudo construir en beneficio del pueblo con los más de 50 mil millones de dólares jugados en el sexenio pasado, y con los intereses cuantiosos, aproximadamente 65 mil millones de dólares del sexenio pasado, remitido a las instituciones financieras del exterior, por concepto de la deuda externa que no contrajo el pueblo, y cuántos servicios se pueden otorgar al pueblo con las utilidades reales obtenidas de empresas estatales eficientes, concretamente con las utilidades obtenidas por Altos Hornos de México S.A., y Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas S.A., pues se ha probado que Altos Hornos de México, S.A., si se mantiene como empresa paraestatal, podría generar ingresos en números redondos de 12 billones y medio de pesos, en tanto que Siderúrgica Lázaro Cárdenas - las Truchas S.A., obtendría casi 7 billones de pesos en el período 1989 - 1994, con lo cual se podrían construir, si de atender las necesidades sociales se trata, 945 grandes hospitales, casi 1 millón de espacios educativos, cerca de medio millón de viviendas de interés social y más de 18 mil kilómetros de carreteras. Ahí está que se demuestra que el gobierno utiliza la demagogia, cuando una de sus funciones es atender los problemas sociales de la población.
En los últimos días se ha hablado en forma insistente de la renegociación de la deuda externa, una renegociación que sólo garantiza a las instituciones financieras, mantener a México como un país tributario de manera permanente e indefinida. Pero ahora junto con estos canales de saqueo, se tienen otros como las inversiones extranjeras que ya existen en nuestro país y que el gobierno pretende presentar con la venta de estas dos empresas, consolidándose así un riesgo en el abasto de importantes y potenciales consumidores de acero y sus derivados, como es el caso de Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Fertilizantes Mexicanos S.A., la industria de la construcción en general y la industria automotriz.
Por otro lado, se plantea que con la venta de la empresa siderúrgica, se abrirá la participación del sector social. ¿Desde cuándo los trabajadores con los constantes topes salariales, impuestos por el Fondo Monetario Internacional, pueden adquirir las acciones de las empresas que el gobierno ha subastado?
Lo cierto es que la política reprivatizadora del gobierno de Salinas de Gortari, ha beneficiado a la gran burguesía integrada por los prominentes empresarios que alguna vez se denominaron como el "Grupo de los 300", que ahora deciden este grupo de los 300, desde los Pinos, el desarrollo económico del país al margen de los intereses populares y nacionales.
Recientemente se ha dicho cómo cinco grupos empresariales han concentrado la mayoría de las empresas vendidas durante el gobierno de De la Madrid, y bastaría conocer la relación de los 100 empresarios más ricos del país, para comprobar la enorme e insultante concentración de la riqueza que han logrado en un tiempo relativamente breve, por el retiro del Estado en renglones fundamentales del desarrollo económico que ahora se ha dejado en manos de los voraces empresarios tanto nacionales como extranjeros.
La verdad, señoras y señores diputados, es que la venta de Altos Hornos de México S.A., y Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas S.A., que esta soberanía debe rechazar, se debe a razones políticas y no financieras, como queda comprobado en el documento de opinión que emitió la mayoría de esta comisión.
Por estas razones, el Partido Popular Socialista rechaza con la mayor energía la política desmanteladora que se vuelve a expresar en la decisión del Ejecutivo de entregar la industria siderúrgica a los particulares, dañando peligrosamente el pilar más firme que hay frente al capital foráneo, al que este gobierno ha otorgado privilegios sin límites.
Llamamos, señoras y señores diputados, a la conciencia patriótica y responsable de los diputados que se encuentran en esta Cámara, para impedir que se consume un atentado más contra el patrimonio nacional. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Rafael Melgoza.
El diputado Rafael Melgoza Radillo: - Gracias, señor Presidente; honorable asamblea:
el Partido de la Revolución Democrática considera que no son válidas ni suficientes las razones que esgrime el régimen actual para desincorporar a las empresas de participación estatal mayoritaria Altos Hornos de México S.A., y Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas S.A., presentadas en el informe que enviara a esta soberanía el secretario de Programación y Presupuesto, Ernesto Zedillo, el día 7 de mayo de 1990.
Por ello, presenta este documento de opinión, contrario al que ha elaborado la mayoría de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
El Partido de la Revolución Democrática fundamenta su opinión en contra, en base a los siguientes elementos: Independientemente de la estrecha definición de lo prioritario que tiene el gobierno actual, hay diversos motivos para considerar que la industria siderúrgica sigue siendo prioritaria e importante para el desarrollo económico de México.
Entre los más relevantes están, el acero, aunque hoy tiene sustitutos eficientes, sigue siendo una materia prima, estratégica para la industria en general dejarlo de producir en especial por el Estado, incrementaría la vulnerabilidad de la economía mexicana a los vaivenes de la economía internacional.
Para México lo prioritario del sector puede verse en el hecho de que se consumen alrededor de 7 mil 500 y 6 mil 100 toneladas de acero y de productos laminados al año, respectivamente.
Y el sector de ocupación, pese a los reajustes de los años, de este año y de los anteriores, es de alrededor de 57 mil trabajadores.
Al sector paraestatal corresponde más del 50% de las actividades de la siderurgia.
El mismo informe del secretario Zedillo, señala que la siderurgia seguirá desempeñando un papel de relevancia en el desarrollo económico del país, por la magnitud de los recursos en ella comprometidos, la demanda de sus productos que continuará siendo significativa, su contribución al producto nacional, su contratación de mano de obra y su incidencia en la balanza de pagos.
El gobierno entrega empresas patrimonio del pueblo de México, después de que ha efectuado un doloroso proceso de reestructuración del sector siderúrgico, que incluyó el cierre de empresas, la más importante, Fundidora de Monterrey y la adecuación de las que siguieron funcionando, modernizándolas tecnológicamente y saneándolas financieramente.
Esto es particularmente cierto en el caso de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas S.A., donde el proceso de expansión de la segunda etapa, está concluido en más de tres cuartas partes, según se consigna, incluso, en los datos aportados por la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Como se dice en el informe citado, el sector siderúrgico estatal ha mejorado sustancialmente en todos los aspectos. Su estructura financiera ha evolucionado hacia una más favorable composición entre pasivo y capital. Gran parte de sus generaciones, de sus operaciones, tienen niveles de competitividad internacional aceptables y generan utilidades.
Es evidente que de seguir en manos del sector público, sobre todo considerando un horizonte a mediano plazo, las empresas siderúrgicas saneadas, pueden generar recursos para el beneficio de su verdadero propietario: el pueblo de México.
El gobierno ha propuesto una falsa disyuntiva: o gobierno interventor o gobierno justo. Es esta disyuntiva falsa la que se ha convertido en el caballo de batalla para justificar la venta de empresas paraestatales que operan con números negros, trátese de siderúrgicas o de bancos.
Por la urgencia de obtener recursos para mantener la ilusión del saneamiento de las finanzas públicas, el gobierno está realizando un intercambio tremendamente desfavorable, obtiene recursos de cierta cuantía por una sola ocasión, al tiempo que se siega la fuente permanente de recursos que significan las empresas paraestatales bien administradas.
Dice el señor Zedillo, que la liberación de la necesidad de invertir 6 billones 30 mil millones de pesos en el sector siderúrgico, permitirá atender reclamos sociales más urgentes.
Sin embargo, nosotros queremos precisar, las empresas con sus utilidades pueden generar los recursos parta cumplir con sus planes de ampliación, si no fuera éste el caso, ningún empresario privado se arriesgaría a comprarla y aun generará recursos para el beneficio social. Debe considerarse que prácticamente en cualquier rama de la producción, las necesidades de ampliación de las empresas superan las utilidades obtenidas en el año; por ello resulta erróneo, definitivamente erróneo, comparar como lo hace la mayoría de la comisión, las utilidades de los años de fuertes procesos de inversión, 1990 - 1994, contra el monto de inversiones, el cálculo de la utilidad de la inversión, debe hacerse en un horizonte a mediano plazo.
No hay ninguna garantía de que el 100% de los supuestos recursos liberados del sector siderúrgico sean utilizados para el beneficio social, pues el actual régimen ha privilegiado hasta la necedad el logro de sus metas macroeconómicas - neoliberales, sobre el beneficio de la población.
De nuevo, en el informe citado se dice: el sector público podrá fortalecer sus finanzas al reflejarse parte de la disminución de los recursos públicos demandados por la modernización de la planta siderúrgica en un menor déficit fiscal.
En su opinión sobre el tema de la desincorporación de las siderúrgicas, la mayoría de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, únicamente repite los argumentos vertidos por el Secretario de Programación y que ya hemos criticado. Asimismo, las recomendaciones que hace la comisión sobre fijación del mejor precio de venta, garantizar en el contrato la modernización, la participación de inversionistas nacionales en la compra, garantizar los derechos contractuales de los trabajadores, etcétera, no son más, en nuestro opinión, que muy buenas intenciones.
Hay, además, otras consideraciones fundamentales, que sobre todo, en el caso particular de Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas, S.A. considerada el eje central de lo que se le denominó por el gobierno, el cuarto polo industrial de desarrollo de este país, queremos precisar: la Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas S.A., nace a la vida industrial, concebida como instrumento importante para fortalecer las bases de soberanía económica del país, concesionándole la explotación de los yacimientos terríferos de Las Truchas y de Plutón, recursos naturales, propiedad de la nación de primera cuantía en todo el país; recursos naturales no renovables, a propósito, rescatados en por lo menos dos ocasiones de manos extranjeras por el general Lázaro Cárdenas, como es conocido por el pueblo de México.
Para esta empresa, para que esta empresa pudiera cumplir con su cometido, se invirtieron recursos nacionales en un monto que a esas fechas no tenían precedente, en infraestructura de diversa naturaleza; se construyó, como se conoce, una planta hidroeléctrica, más de 300 kilómetros de gaseoducto, desde Salamanca a Lázaro Cárdenas, más de 200 kilómetros de vías y puentes de ferrocarril, un puerto industrial de gran calado, con muelles particulares para la empresa, la expropiación de más de 6 mil hectáreas de terrenos de propiedad privada y ejidales de alta calificación productiva.
El valor de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas S.A., en particular no puede apreciarse solamente con lo que en sí misma representa.
La Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas S.A., al venderse, se va a vender con gran parte de la infraestructura que con recursos del pueblo mexicano se ha hecho en esa importante región del país, en el estado de Michoacán.
(Voces): - ¡Duro! ¡Duro!
Y lo más grave, lo más grave en nuestra opinión, la Siderúrgica Lázaro Cárdenas se venderá, se venderá, compañeras y compañeros diputados, llevando aparejada la venta de un girón importante de terreno en el país. La Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas S.A., es conocido, tiene frente de mar el Océano Pacífico.
¡Se sabe además, y podemos desde ahora asegurarlo por lo que se conoce, que gran parte, gran parte de la inversión que finalmente se quede o del capital, que finalmente se quede con la Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas S.A., será de organismos financieros internacionales, es decir, de capital foráneo!
¡Para desde nuestro punto de vista, estas consideraciones debieron estar siempre por encima de solamente obtener recursos para que el gobierno responda, como dice, a las necesidades apremiantes que demanda el pueblo mexicano!
¡Y además irá implícita en esta venta, como es natural y lógico, los yacimientos ferríferos, los recursos naturales de esta nación del pueblo de México, que representan los yacimientos ferríferos de Las Truchas y del Plutón, porque es de donde se surte de materia prima la Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas S.A.!
El Partido de la Revolución Democrática entonces, señoras y señores diputados, no puede aceptar ni estar de acuerdo con la opinión que la mayoría de la Comisión de Programación y Presupuesto presenta a esta asamblea, respecto a la desincorporación de Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas S.A., y Altos Hornos de México S.A.
¡Rechazamos totalmente esta política privatizadora y de entrega de los bienes nacionales y del patrimonio nacional! ¡La rechazamos enérgicamente y que está profundizándose por el gobierno de Salinas de Gortari!
¡EL Partido de la Revolución Democrática está en total desacuerdo de esta línea, que entrega los recursos nacionales a capitales privados nacionales y extranjeros! ¡Y por eso venimos a opinar en contra y a votar en contra de este documento de opinión presentado por la mayoría de la Comisión de Programación y Presupuesto! Muchas gracias. (Aplausos).
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Pavlovich.
El diputado Francisco Javier Pavlovich Robles: - Compañeros diputados: Voy a se muy breve. Finalmente el Ejecutivo Federal se decide a dar algunos pasos en cuanto a desincorporar empresas que jamás debió haber manejado, reconociendo así implícitamente su incapacidad y su ineficiencia. "Vale más tarde, que nunca", dice el refrán mexicano.
(Desde una curul): - ¡Palero!.
¡El Partido Acción Nacional, desde siempre, ha señalado que no es la función del gobierno la de ser empresario. Suficiente trabajo tiene para cumplir satisfactoriamente su función de servicio, que hasta la fecha ha relegado!
Por lo anterior, no podríamos estar en contra de la desincorporación de Altos Hornos de México S.A., y Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas S.A., y otras empresas que siempre hemos señalado. Pero sí deseamos hacer las siguientes observaciones...
(Voces.)
El Presidente: - Rogamos a los señores diputados respeto al orador.
El diputado Francisco Javier Pavlovich Robles: - Gracias. Primera. Dada la lentitud del Ejecutivo en realizar y aceptar este tipo de desincorporaciones, el gobierno ahora ofrece empresas obsoletas, tecnológicamente, que requieren una inversión de varios miles de millones de dólares para llevarlas a un nivel competitivo, lo cual dificulta el cumplimiento de las dos primeras recomendaciones contenidas en el escrito de opinión; es decir, las de precio y modernización.
Segunda. Por la información que hemos recibido, ojalá alguien pudiera confirmarla del partido oficial, todo parece indicar que dichas empresas quedarán en manos de uno de los 300 grandes capitales mexicanos, por ello creemos que las condiciones de desincorporación deberán ser dadas a conocer públicamente y con amplitud y esta Cámara deberá estar pendiente de ese proceso, para no permitir más concentración y mayores oligopolios, le dará igualmente vigilar que los recursos obtenidos se apliquen efectivamente a obras de beneficio social y no a campañas electorales, oficiales y dispendios por el estilo.
Tercera. Estaremos vigilantes de que efectivamente se cumpla la tercera recomendación mencionada en dicho documento, en el sentido de que el capital se democratice, dando oportunidad a los trabajadores para participar en él. Esto ha sido siempre una tesis de nuestro partido y estaremos pendientes de que así se haga. (Aplausos.)
Cuarta. Igualmente es obligación de esta Cámara, y el Partido Acción Nacional estará atento, para que se cumpla la cuarta recomendación que afirma que se garantizarán los derechos de los trabajadores, pues ya hemos visto en qué forma el Ejecutivo vigila los derechos de los trabajadores, aumentando a discreción los precios de sus productos y servicios y pulverizando el salario mínimo en complicidad con líderes que traicionan a los trabajadores. (Aplausos.)
Quinta. Nos parece pretensiosa la quinta recomendación que se hace al Ejecutivo, quien disponiendo de recursos, sin límite, no pudo manejar estas empresas para que cuide y dice literalmente el documento: "que el proceso no incida en un deterioro de la operación y rentabilidad de las empresas", esta recomendación resulta un tanto cínica.
Finalmente, si bien es cierto que a propuesta de nuestro partido recogía en el artículo 39 del Presupuesto de Egresos para 1990, la Cámara recibe ahora la información de las empresas creadas por el Ejecutivo para analizarlas y dice, emitir su opinión en su caso.
Consideramos que éste es un papel pobre y limitativo para esta Cámara, cuando debiera de ser precisamente este cuerpo quien apruebe este tipo de operaciones. Nosotros seguiremos pugnando por ello a fin de recuperar parte de la dignidad perdida de esta Cámara. Muchas Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Javier Culebro Siles.
El Diputado Javier Culebro Siles: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados: El día de hoy nos ocupa comentar en esta tribuna la opinión, mas no el dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, que por cierto es la primera vez en su género, que el Ejecutivo se sujeta a la demanda de esta soberanía de enviar los motivos que fundamentan su decisión para desincorporar las dos empresas siderúrgicas de Altos Hornos de México S. A, y siderúrgica mexicana.
Quisiera decir que en una sociedad plural y diversificada, sin duda el debate y la discusión se deben realizar. Pero en cada caso, como en este tema, debemos levantar la estricta racionalidad social.
No hay camino que por indiferencia o suficiencia condene las privatizaciones o las exalte. El
trabajo será de ponderar y evaluarlo en su oportunidad y en sus consecuencias; por eso estamos hoy platicando y comentando sobre esta decisión.
Las razones y criterios específicos destacados en que se basa el replanteamiento de la participación del Estado en la industria siderúrgica, destaca fundamentalmente en lo siguiente:
Primero. asegurar las inversiones que demanda la modernización siderúrgica.
Aquí, como se ha dicho, la estructura financiera de estas empresas ha evolucionado hacia una más favorable composición entre el pasivo y su capital: Gran parte de sus operaciones, es cierto, tiene niveles de competitividad y generan utilidades, son eficientes.
Sin embargo, estos resultados en este entorno económico, implican cuantiosas inversiones. Baste decir que el monto de 6 billones 300 mil millones de pesos es el equivalente a construir más de 6 mil kilómetros de carreteras.....
(Desde una curul): - ¡Otra vez!
Por ello, es deseable y viable la participación de los particulares y del sector social, para consolidar y madurar esta industria.
Otra razón en la exposición de motivos de la desincorporación de estas empresas, es incrementar la capacidad del Estado para atender las demandas sociales prioritarias. Esta es una razón fundamental. Desincorporar empresas que se consideren no estratégicas ni prioritarias, es aprovechar los recursos de la nación en beneficio social de los grandes sectores de la población.
Por ejemplo, baste decir que liberar al Estado de los recursos necesarios para modernizar en los próximos tres años a estas industrias, equivale a hablar de una construcción de casi 160 mil viviendas de interés social.
Hay carencias y demandas enormes, estamos de acuerdo. Se necesitan recursos para atenderlas; se harán en parte, porque no hay de otra, con la venta de estas empresas, sin generar déficit público, sin propiciar recursos inflacionarios y ajustando a un estricto apego de disciplina fiscal.....
(Desde una curul): - ¡Y cuando se acabe qué!
Otra razón es ejercer una rectoría económica del Estado. En este punto la rectoría del Estado habrá de asegurar el cumplimiento puntual de las obligaciones fiscales, como aquí se señalaba de uno de los oradores que me antecedieron. Y cuidar el respeto a los derechos de los trabajadores y los consumidores, mediante el ejercicio de atribuciones y obligaciones.
Por último, el argumento enviado por el Ejecutivo reside en promover eficazmente el desarrollo de este sector, propiciando condiciones para continuar su modernización; alguna de ellas no las soslayará, como será realizar inversiones en obras de infraestructura y la provisión de recursos minerales y de energéticos que requiere esta industria; vigilancia estricta, tal y como lo propusimos en el seno de la comisión, de su venta, en forma clara y transparente. Hasta aquí los argumentos económicos.
Día de que el país demanda una industria siderúrgica moderna y competitiva, la desincorporación lo hará con un ejercicio preciso y eficaz por parte del Estado y fortaleciendo su compromiso social. Esto que he mencionado se inscribe en la reforma del Estado emprendida por el gobierno federal, que sostiene el deseo manifiesto de abrir nuevos causes a la participación social, y la subrayo, individual; un Estado que se mida por su calidad y no su cantidad, ni más sociedad, ni menos estado, ni más Estado ni menos sociedad, sino respetar el papel que a cada una de esas entidades concierne.
No es meta, no es meta, tener una sociedad, un exceso de Estado, eso lo ha demandado la población......
El diputado Sergio Quiroz Miranda (desde su curul): - ¡Señor Presidente!, deseo hacer una interpelación al orador.
El Presidente: - Con el ruego de que en el acuerdo parlamentario habíamos solicitado evitar esta práctica, pero conscientes de que el tema para ustedes es importante le pregunto al señor orador si acepta una pregunta.
El diputado Javier Culebro Siles: - Sí, adelante.
El diputado Sergio Quiroz Miranda: - (desde su curul): - Señor diputado, usted ha expresado que uno de los argumentos fundamentales que justifican la venta de la industria siderúrgica nacional es la necesidad de modernizar esa planta productiva. Nosotros le preguntamos, porque nuestra compañera expresó con números que de mantenerse la tendencia actual de las ganancias de Altos Hornos de México S.A., y Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas S.A., éstas llegarían, en el transcurso de este sexenio, a cerca de 20 billones de pesos, billones; entonces, si lo que se requiere son 6 billones 300 mil millones de
pesos le preguntamos: ¿no es mejor mantener en poder del Estado, con ese ritmo de ganancias y de rentabilidad para modernizar la planta, que venderla? Segundo, ¿qué sentido tiene para el pueblo de México y para la nación mexicana modernizar una planta que finalmente va a quedar en manos de japoneses o estadounidenses? (Aplausos.)
El diputado Javier Culebro Siles: - Cómo no, con mucho gusto. Yo quisiera decirle que durante todo el entorno económico de la política del gobierno federal, sobre alguna privatización de ciertas empresas, no obedece estrictamente a aspectos de carácter meramente financiero. Existen argumentos de tipo político, en donde el objetivo que se pretende es la racionalización de este Estado, para que éste se traduzca en un Estado mucho más eficiente y que cumpla fundamentalmente con las demandas sociales de la población.
Yo le diría a usted, que a pesar desea cantidad, posiblemente en las prioridades y las alternativas, las demandas sociales aun de la población, requerirían estos recursos que posiblemente canalizaría el Estado.
En la segunda pregunta que mencionaba usted, se recuerda, es sobre la modernización, ¿sí?, a ver......
El diputado Sergio Quiroz Miranda (desde su curul): - ¿Qué sentido tiene para la nación mexicana modernizar la planta que finalmente va a dar a manos extranjeras?
El diputado Javier Culebro Siles: - Yo diría y es más, en el seno de esta asamblea en reiteradas ocasiones diversos diputados de las distintas fracciones parlamentarias han reiterado su propósito marcado de que la venta de estas empresas prioritariamente se realice al sector social de la población, a los particulares y en última instancia, pero no como política, sino como última oportunidad, se venda a la inversión extranjera. Yo comparto con usted su punto de vista de que habremos de priorizar y profundizar porque este tipo de empresas queden en manos de nacionales y ojalá también participaran el sector social de la población.
Quisiera, después de esto, decir, como expresaba, de que esta sociedad se requiere a veces menos exceso de Estado, quiere también un estado social y una sociedad integrada en libertad y en pleno uso de sus recursos, que propicie en algo que todos deseamos, una mayor justicia social. Diríamos en algo, que el compañero me preguntaba, es un punto crucial que la desincorporación de las empresas no sólo son un leve problema financiero, aunque éste a veces sea una causa importante; no se trata tampoco de elementos de eficiencias de las empresas o de los funcionarios públicos responsables, aunque éstos sean determinantes en algunos casos; el objetivo de esta política, el propósito político es redimensionar el Estado para alentar la iniciativa individual y colectiva del país, consolidar su presencia de las empresas estratégicas y prioritarias y así enfrentar con más capacidad de acción sus responsabilidades constitucionales y sus compromisos sociales fundamentales y sustantivos, ni más ni menos ése es el propósito. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Comuníquese la opinión de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
El siguiente punto del orden del día es la opinión de los grupos parlamentarios sobre el Plan....
El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Nosotros proponemos que se transmita el debate, no nada más la opinión de la comisión.
El Presidente: - Lo estrictamente legal es la opinión de la Comisión que ya está votada; sin embargo, si usted quiere hacer una propuesta en base al artículo 58, con todo gusto lo podemos someter a consideración de la asamblea.
El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - No, perdón, el artículo dice que es la opinión de la Cámara por conducto a través de la comisión, no la opinión de la comisión, y la opinión de la Cámara es lo que acaba de decirse desde la tribuna.
El Presidente: - Señor diputado, yo le propongo si usted está de acuerdo para obviar este tema, que se transmita oficialmente al Ejecutivo la opinión de la Comisión de Programación y se adjunte todo el debate, ¿le parece correcto? Que se adjunte todo el debate.
El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Yo le ruego que sea tan amable de ordenar se lea el artículo 39.
El Presidente: - Con todo gusto. La secretaría proceda a leer el artículo 39 del decreto de presupuesto.
El secretario diputado Rubén García Farías: - Artículo 39. Para la desincorporación de entidades paraestatales creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión, se requerirá autorización previa del mismo.
En los términos de los artículo 15,16 y 32 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y los
respectivos de la Ley de Presupuestos, Contabilidad y Gasto Público Federal, el Ejecutivo podrá proceder a la desincorporación de entidades paraestatales comprendidas en este decreto, sujetándose a las siguientes bases:
a) Las propuestas que formule la Secretaría de Programación y Presupuesto para disolver, liquidar, extinguir, transferir a los estados y municipios, enajenar la participación estatal y fusionar entidades paraestatales, se basarán en dictámenes que al afecto deberá emitir la Comisión Intersecretarial Gasto - Financiamiento, los cuales deberán considerar el efecto social y productivo de estas medidas, incorporando los puntos de vista de los sectores interesados, y
b) Enviar previamente informe escrito a la Cámara de Diputados, de las razones y criterios específicos para llevar a cabo el ejercicio de estas atribuciones.
La Cámara de Diputados, vía la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, analizará la información a que se refiere el inciso b, anterior y en su caso dará su opinión.
El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - El sujeto es la Cámara de Diputados, no la comisión, sólo por la vía de la comisión, pero la que lo hace, la que analiza es la Cámara, entonces lo que acabamos de hacer es analizarlo. Eso es lo debe ir, no la opinión de la comisión.
El Presidente: - Señor diputado, yo le he propuesto una fórmula en la que estamos remitiendo al Ejecutivo la opinión oficial de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y solicitando se adjunte todo el texto del debate.
El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Perdone, no es correcta su interpretación, dice el texto claro del artículo: La Cámara de Diputados la Cámara es la que analiza y lo envía vía comisión, no es la comisión la que analiza. Entonces no puede ir acuerdo de ninguna comisión, es la opinión de la Cámara y se transmite vía la comisión. Así dice el artículo.
El Presidente: - Ruego a la secretaría consulte a la asamblea si está o no está de acuerdo con el trámite otorgado por esta Presidencia.
(Voces.)
A ver, hable señor diputado.
El diputado Alfredo Reyes Contreras (desde su curul): - Lo que la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista pide, es que se cumpla con la última parte del artículo 39, al cual la secretaría ya dio lectura, no tiene porque someterse a la consideración de la asamblea si se aprueba o no la aplicación de este artículo; lo que estamos exigiendo es que se cumpla con esa disposición.
El Presidente: - Esta Presidencia considera que se ha aplicado con esta disposición el trámite dado. Si sugieren algún cambio en el texto del trámite, ruego lo propongan.
El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Simplemente que se traslade el debate y ya, eso es todo, íntegro el debate.
El Presidente: - Esta Presidencia insiste en que el trámite es: Comuníquese al Ejecutivo la opinión de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y adjúntese el debate correspondiente.
El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Yo le ruego, señor Presidente, que el problema es muy simple, se transmita al Ejecutivo este debate que se acaba de producir. No hay acuerdo de la comisión, no tiene por qué haberlo, no es un dictamen, simplemente el Ejecutivo manda a la Cámara para que se dé su opinión la Cámara, la Cámara, no la comisión; es la Cámara, porque no hay un dictamen, señor Presidente. Entonces la opinión de la Cámara íntegra es la que va al Ejecutivo.
El Presidente: - ¿Ha solicitado la palabra el diputado Montemayor?
El diputado Rogelio Montemayor Seguy (desde su curul): - Sólo para aclarar que la comisión sí ha tomado una decisión, la opinión que hoy fue leída y comunicada al pleno de la Cámara fue analizada en el seno de la Comisión de Programación, Presupuesto y fue adoptada por mayoría de votos de esta comisión, y ésa representa la opinión de la comisión.
Esta misma discusión se tuvo el día de ayer y se acordó que en adición a la opinión de la comisión que es el texto que fue leído, que es el que mereció la aprobación de la mayoría, se diera esta toma de posiciones, donde cada quien expresara, lo que no estuvieran de acuerdo con los aspectos considerados en el documento expresaran sus puntos de vista particulares. Esa era la aclaración que deseaba hacer, señor Presidente.
El Presidente: - ¿Sí?, diputado Ortíz Mendoza.
El Diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Únicamente le ruego al diputado Montemayor que me diga en base a qué y por qué hizo eso la comisión ¿En base a qué ley, en qué artículo? ¿Qué lo facultó, qué facultó a la comisión para tomar esa decisión?
El artículo 39 es muy claro, el Ejecutivo nos manda a la Cámara, no a la comisión, a la Cámara, para que demos nuestra opinión, y no debe preponderar ninguna opinión de nadie, ni de la comisión ni de ningún partido, porque parece que es la comisión la que manda y nosotros vamos montados a la cola; no es así. Es la Cámara la que acaba de dar su opinión a través de los partidos y ya, eso es todo, no hubo ningún dictamen y no puede haber ningún acuerdo de la comisión, porque no tiene facultades para ello.
El Presidente: - Señor diputado, yo le propongo a usted que el trámite pueda quedar de la siguiente manera: Comuníquese al Ejecutivo el debate realizado en torno a la desincorporación que incluye la opinión de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
El diputado Rogelio Montemayor Seguy (desde su curul): - ¿Me permite? ¿Me da la palabra, señor?
El Presidente: - Sí señor, claro que sí, diputado.
El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - No tiene por qué incluir nada, porque no es opinión de la comisión, fue una arbitrariedad del presidente de la comisión cuando quiso imponer, apoyándose en su mayoría en la comisión, un procedimiento que no debía hacer seguido. Esta es la opinión de la Cámara ¿por qué se repite lo de la comisión? Porque parece que hubo facultades; no las tiene. La opinión de la Cámara es el debate que se acaba de producir y eso es todo. No hay tal comisión en este caso.
El Presidente: - Diputado Rogelio Montemayor.
El diputado Rogelio Montemayor Seguy: - Para alusiones personales, señor Presidente. Señor Presidente, con todo respeto yo pediría que se volviera a leer el último párrafo del artículo 39.
El Presidente: - Proceda la secretaría con la petición del diputado Montemayor.
El secretario diputado Rubén García Farías: - Artículo 39. La Cámara de Diputados, vía la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, analizará la información a que se refiere el inciso b, anterior y en su caso dará su opinión.
El diputado Rogelio Montemayor Seguy: - Con todo respeto, señor diputado Ortíz Mendoza, la comisión sí tiene facultades para emitir esa opinión, para analizar el documento que efectivamente el Ejecutivo manda a esta Cámara. Pero esta Cámara en su pleno y por unanimidad, le recuerdo porque así fue aprobado este artículo, autorizó y dio esa facultad a la comisión.
Entonces no es ninguna arbitrariedad del presidente de la Comisión de Programación, simplemente se está cumpliendo porque la Cámara estableció ese mecanismo par analizar esa información y para emitir esa opinión......
El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Señor, es textual lo que dice el artículo; la Cámara de Diputados, vía comisión, como vía ferrocarril México - Laredo. Yo propongo a la Presidencia la siguiente decisión el siguiente trámite: Entréguese a la comisión el debate, para que por su conducto llegue al Ejecutivo. Pero nada más es "conducto", dice "vía", no quiere decir que la comisión dictamine; simplemente se le manda, si eso quiere el señor Montemayor, que se le entregue al señor Montemayor, presidente de la comisión, para que los que lo quieran acompañar lo lleve al Ejecutivo y ya, pero es el debate.
El Presidente: - Se solicita al diputado Montemayor si estaría de acuerdo en que fuera la Comisión de Programación.
El diputado Rogelio Montemayor Seguy: - Señor Presidente, con todo respeto, pero yo creo que es muy claro el artículo 39. Hay un documento en el cual establece la opinión de la comisión, documento que fue sancionado por la comisión, no es el documento del presidente de la comisión ni de una fracción de la comisión; fue discutido y sancionado en el pleno, obviamente no por mayoría unánime, si es que existe ese concepto, pero por una mayoría que es la forma en que las democracias toman las decisiones.
Aquí no hay más que dos alternativas: o se cumple en los términos como está el artículo 39, o si no le satisface al diputado Ortíz Mendoza, y la asamblea está de acuerdo, que la asamblea decida cuál es la opinión de la Cámara. Hay un documento, que se someta a votación de la Cámara.
El Presidente: - Diputado Ortíz Mendoza.
El diputado Francisco Ortíz Mendoza: - Tienen la mayoría entonces van a dictaminar lo que ustedes gusten, pero yo demando de la mayoría que simplemente estamos analizando un procedimiento; no va a variar nada. No puede tergiversarse el contenido de este artículo que nosotros peleamos; es la opinión de la Cámara la que va a llegar al Ejecutivo, la opinión de la Cámara.
Usted, ahora permítame que lo diga, pidió que fuera vía comisión ésta, para que no el presidente le pueda dar otro trámite y que se fuera por otra comisión, por eso nada más se puso eso a petición de usted, que se dijera "vía Comisión de Presupuesto", porque a usted le interesaba. Correcto. Accedimos, al licenciado Montemayor, perdón, al licenciado Montemayor le interesaba y accedimos poner "vía Comisión de Presupuesto", pero vía, en ningún lugar de ese artículo dice que la comisión dictaminará este debate; en ningún lugar, sólo por su vía, por su conducto, se manda la opinión de la Cámara. Eso es todo, no sé por qué lo tergiversa el licenciado Montemayor.
Yo le ruego a la mayoría que perciba que se trata de un problema de estricto procedimiento y nada más, que la Comisión lleve al Presidente de la República, los que quieran ir, la opinión de la Cámara y eso es todo.
El Presidente: - Esta presidencia encuentra dos puntos de vista lamentablemente encontrados. No pudiendo acudir a otra opinión generalizada que la de la propia asamblea, ruega a la secretaría someta a la consideración de la misma, tanto la propuesta del diputado Ortíz Mendoza como la del diputado Montemayor.
El diputado Eugenio Ortíz Walls (desde su curul): - Señor Presidente, antes de la votación le pediría a usted que le suplicara al secretario que leyera las dos cosas que no se anteponen. Yo creo que es razonable y de sentido común lo que está proponiendo el diputado Ortíz Mendoza. Tenemos que discutir las cosas con seriedad y con objetividad. Yo les pido a ustedes en serio a todos los compañeros, que hagamos un esfuerzo de aterrizar con serenidad y sentido común en nuestros debates. Yo le pido a usted que nos diga cuál es la división, cuál es la alternativa, cuál es esa diferencia. Muchas gracias.
El Presidente: - Esta Presidencia efectivamente antes de ponerlo finalmente a votación, estima conveniente una vez más, se lea última parte del artículo 39, a fin de hacer una propuesta.
Lo que se buscaba era volver a considerar. Para el diputado Ortíz Walls no hay contradicción. Para esta Presidencia sí. Por eso quiero volver y que la asamblea escuche la última parte.
El secretario diputado Rubén García Farías: - "La Cámara de Diputados, "vía la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública", analizará la información a que se refiere el inciso b, anterior y en su caso dará su opinión".
El diputado Rogelio Montemayor Seguy (desde su curul): - En ánimo de tratar de aclarar un poco esta situación, quisiera precisar y ver si el compañero Ortíz Mendoza estuviera de acuerdo con esta propuesta, de que se turne la opinión de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y se anexe con las opiniones particulares que han vertido las distintas fracciones parlamentarias.
El Presidente: - Estamos pues, no sé si el diputado Ortíz Walls, vea que ahora sí hay dos puntos de vistas encontrados. En una el diputado Montemayor sugiere que se turne la opinión de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, adjuntando todo el texto del debate. Y la del diputado Ortíz Mendoza, para no mal interpretarla si es usted tan amable de repetirla para ilustración de la asamblea.
El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Yo no quisiera señalar que el problema es de simple gramática. El sujeto, el sujeto de este texto, es la Cámara de Diputados; el sujeto. Y el conducto, la vía, es la comisión, y no al revés. El licenciado Montemayor, perdónenme porque el problema es político, yo le ruego que no vaya a considerar una agresión el diputado Montemayor, por intereses que no me explico, pretende poner por encima a la comisión. Y que la comisión decidió una cuestión y luego se produjo el debate. No es así, a eso nos opusimos todo el tiempo. El artículo dice claramente: "La Cámara de Diputados es la que analiza". Y lo acabamos de hacer La comisión no tiene nada que hacer. No está facultada más que para ser el conducto. Nada más. Y eso repito, le pido al diputado Montemayor que lo recuerde; él fue el que pidió que se agregara eso a la hora que lo discutimos Y dijo textualmente: por razones políticas, que a él le preocupan, que no se lo vayan a mandar a otra comisión. Bueno, él quiere ir, que vaya. Nadie se opone, pero que no imponga el dictamen de la comisión.
El Presidente: - Sí, diputada Ortuño.
La diputada María Teresa Ortuño Gurza (desde su curul): - En una mayor aclaración del punto, el Partido Acción Nacional participó en la
subcomisión que analizó esto en la Comisión de Programación, Presupuesto y participaron varios partidos. Evidentemente la subcomisión presentó su trabajo y la comisión lo dio por suyo. Y en este sentido, este trabajo debe ser enviado, de una manera o de otra, el Ejecutivo.
Pero también es cierto que no puede ser que sólo el trabajo de la subcomisión y de la comisión, que después lo hizo suyo, sea lo único que se conozca.
En Acción Nacional lo dijimos en los trabajos de la Comisión de Programación lamentamos que la legislación y los reglamentos establezcan que solamente vía la comisión se daría esta opinión. Por lo tanto, es de atenderse que todo el paquete junto, vaya a dar al Ejecutivo y celebro que este tratamiento se le pretenda dar porque lamentaría el que le quiso dar usted hace un momento, señor Presidente, consultando al diputado Montemayor, si estaba o no de acuerdo, En todo caso debió usted haber pretendido consultar a toda la comisión o a toda la asamblea.
Nada más esta rectificación, celebro que la haya hecho. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Esta Presidencia considera, para evitar la votación, el que podemos, si están de acuerdo, fundamentalmente los diputados que han intervenido a este debate, el que se turne efectivamente todo el debate que aquí se ha presentado y que desde luego, repito, incluye la opinión de la Comisión de Programación, la opinión existe. Si están de acuerdo, sacamos la diferencia y así damos turno.
Túrnese en las condiciones anteriormente expresadas. (Aplausos.)
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
El Presidente: - El siguiente punto del orden del día es la opinión de los grupos parlamentarios sobre el Plan Nacional de Desarrollo.
Se han registrado para hablar sobre ese tema, los siguientes diputados: del Partido Revolucionario Institucional, Sami David David; del Partido Acción Nacional, Ana Rosa Payán; del Partido de la Revolución Democrática, Ciro Mayén Mayén; del Partido Popular Socialista, José Marín Rebollo; del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Vicente Luis Coca Alvarez; del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Armando Duarte Móller; del Grupo Parlamentario Independiente, Israel Galán Baños y del Partido Revolucionario Institucional, Artemio Iglesias.
Tiene la palabra el diputado Sami David David.
El diputado Miguel Aroche Parra (desde su curul): - Señor Presidente, deseo intervenir en este asunto.
El Presidente: - Señor diputado: Desde luego, yo le puedo anotar con todo gusto. Nada más me veo en la obligación de señalarle a usted que de acuerdo al artículo 43 de la Ley Orgánica, los grupos parlamentarios y la mesa directiva, se reúnen un día anterior a la celebración de las sesiones a efecto de determinar el orden del día y sus características. Las características las describí al inicio de este capítulo del orden del día.
Con todo gusto lo podemos registrar, pero será para hechos y con cinco minutos al término del resto de los oradores.
El diputado Miguel Aroche Parra (desde su curul): - No quiero tener problemas estando ya en la tribuna. Resultó la necesidad para mí de intervenir en este punto, hace apenas unos minutos. He hablado con el coordinador de mi fracción, no sé si se lo habrán anotado o no.....
El Presidente: - Usted será incluido.
El diputado Miguel Aroche Parra (desde su curul): - Pero usaré de mi derecho para intervenir.
El Presidente: - Usted tendrá derecho de hablar, porque ésa es la situación reglamentaria y la presidencia en su momento, le preguntará a la asamblea el tiempo que le concede.
Tiene la palabra el diputado Sami David David.
El diputado Sami David David: - Señor Presidente; compañeras y compañeros del partido: Entre las funciones esenciales que la soberanía popular entrega a esta Cámara, está la discusión honrada, pública de las cuestiones que de modo directo interesan a la nación, en cumplimiento de esta exigencia, tenemos los diputados de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional el fijar nuestra posición en torno al Plan Nacional de Desarrollo, que en su oportunidad presentó el Presidente de la República. Lo hacemos, desde luego, como el enfoque del partido al que pertenecemos, pero esto no significa un espíritu faccioso y soslayamiento de la realidad.
Carecería de interés y hasta de utilidad que tratáramos de acomodar los hechos reales a nuestra
perspectiva; lo que queremos es mirar lo que realmente ocurre en el país y lo que el gobierno de la República se propone para dignificar la convivencia de los mexicanos.
La aportación de cada partido político tiene que sujetarse siquiera a alcanzar el consejo social los requisitos mínimos de la honestidad intelectual al logro político. Pensamos que con estos criterios también procederán los partidos políticos, y con esto pasamos a plantear con toda claridad nuestra posición.
El Plan Nacional de Desarrollo, eje rector del gobierno, fue presentado a la República por el Presidente Salinas el 31 de marzo de 1989, el instrumento condensa principios, doctrina política, metas concretas, estrategia de conducción del cambio e instrumentos viables, es un proyecto vivo de cara al futuro, diagnóstico de la realidad y perfil de México que queremos, sin pérdida de identidad y rumbos; son las dos variables fundamentales del contenido del plan; lo que se ha hecho y lo que se debe ser a la luz de los nuevos tiempos, cambio dentro de las instituciones nacionales, modernidad sin negación de historia, es la propuesta básica de la nación.
La modernización de la vida nacional es el planteamiento expuesto para alcanzar a un tiempo, afirmación de soberanía y elevación de los niveles de bienestar social; concertación social y política; suma del esfuerzo nacional, sin negar diferencias ideológicas y ejercicio legal y efectivo de la autoridad en un estado moderno y comprometido socialmente, es la estrategia planteada, para pasar del proyecto a la realización concreta, del deber ser al qué hacer.
Había que hacer del reto oportunidad el cambio, de la dificultad salto hacia adelante, y el Presidente definió los términos para dar contenido a los tres acuerdos nacionales propuestos a la nación desde el mismo día que tomó posesión de su cargo.
El acuerdo nacional para la ampliación de nuestra vida democrática, el acuerdo nacional para la recuperación económica y la estabilidad, y el acuerdo nacional para el mejoramiento productivo del bienestar popular.
Hoy, 13 meses después de aquel llamado, la representación nacional, esta Cámara de Diputados, plural en su composición y la opinión pública, está en posibilidad de hacer un balance equilibrado de los alcances del esfuerzo nacional y también de sus rezagos, de los pasos dados en la dirección propuesta y de sus ritmos, de los activos y los pasivos, de lo hecho, en suma, de lo que falta por hacer.
El primer grado acuerdo nacional, el de la ampliación de la vida democrática está, podemos decirlo porque lo hemos vivido, marchando en los hechos; el diálogo fecundo, la convivencia respetuosa de ideas y creencias distintas y hasta en algunos casos encontradas, se van imponiendo a la intolerancia y a la descalificación recíproca.
El México de hoy no vive las tensiones de principios de 1989. Vamos logrando consenso y unidad en lo fundamental; la salvaguarda del interés supremo de la nación y el que está por encima de los grupos y los individuos.
La reforma electoral, cubierta ya la fase constitucional y el proceso la que le dará el perfil definitivo en la ley secundaria, y una nueva cultura de tolerancia con mucho que dar todavía, han sido la base de desarrollo, el paso hacia adelante, en lo político.
Vivir la pluralidad del México nuevo, el del umbral del Siglo XXI, lo sabemos, no es fácil, pero nadie puede negar que el sistema de partidos, con puntos localizados de conflicto, se ha ido abriendo paso y marcha, no sin dificultades, hacia su perfeccionamiento. La tendencia está ahí y hay espacio válido para nuevos avances.
En lo económico, la concertación de los sectores productivos alrededor del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, ha rendido ya fruto tangible. Claro que, no hace falta decirlo, con un enorme esfuerzo y sacrificio particularmente de los trabajadores.
Unidad en torno al pacto, apertura regulada de economía, redimensionamiento de la empresa pública y renegociación de la deuda externa, han sido los puntales de la recuperación. El perverso fenómeno alimentado así mismo del estancamiento con inflación que por varios años nos aquejó, está siendo superado.
En 1989 se creció a un 3% y la inflación apenas superó el 20%. Ningún proyecto nacional es viable con una economía inestable, sometida a la inercia y al peso decisivo de las contingencias. Sobre todo ahora en que el mundo avanza a niveles cada vez mayores de competitividad. En la competencia abierta lo que rige, lo que se impone, es la salud de las economías, su capacidad para sostener crecimiento sin zozobra.
Pero el crecimiento económico, en efecto, como advirtió el Presidente en la presentación del plan, no es, no puede ser, en un Estado socialmente comprometido, un fin en sí mismo; es, sí, un medio indispensable para llevar bienestar duradero a la población. Por eso habría qué ver los saldos
del tercer acuerdo nacional, el del mejoramiento productivo de la calidad de vida.
la modernidad, lo hemos dicho otras ocasiones, no es compatible con la pobreza. Ningún esfuerzo vale, si no se traduce en elevación de las condiciones de vida de todos los mexicanos.
Nadie puede decir que la meta está alcanzada. Los rezagos siguen siendo muchos. Pero tampoco puede negarse que hay avances reales, que hay camino andado.
El ataque frontal a la marginación y a la pobreza extrema, ha sido prioridad del Estado mexicano y materia del Programa Nacional de Solidaridad. Pero así como el beneficio del desarrollo ha llegado a muchas comunidades y familias, quedan otras tantas sin esa atención concertada del Estado y de la sociedad civil.
Pero sólo ha transcurrido año y medio de la presente administración y se sigue trabajando; el esfuerzo es continuo. Queda tiempo suficiente para cubrir el trecho pendiente. No es tiempo pues, éste, para el triunfalismo. ¿Cómo podría haberlo en una nación con tanta pobreza de su mayoría?
Pero sí es tiempo para afirmar nuestra confianza en el proyecto nacional. El Plan Nacional de Desarrollo, eje rector del esfuerzo colectivo concertado, se está cumpliendo y ese cumplimiento es obra de todos. Lo que falta por hacer, sin embargo, es nuestra responsabilidad esencial.
Seguros estamos compañeras y compañeros, que por el interés superior del país, nadie regateará nuevos empeños. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra la diputada Ana Rosa Payán.
La diputada Ana Rosa Payán Cervera: - «Honorable asamblea: Empezaré por fijar la postura de mi partido respecto a la opinión sobre el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994 y la Ley General de Planeación.
El artículo 5o. de la Ley General de Planeación sólo concede a esta Cámara la facultad de examinar y opinar sobre ese documento, por esa razón el Partido Acción Nacional ha presentado una iniciativa para modificarla.
En la exposición de motivos indicamos el triste papel que tiene el Poder Legislativo en el Plan Nacional de Desarrollo, y lo que estamos haciendo hoy ratifica lo afirmado, ¿qué valor tienen las opiniones que se están emitiendo a más de un año de haberse presentado el plan? realmente es una burla para el Legislativo esta sesión en la que se pretende que aporte sus sugerencias, cuando ni siquiera se hizo en ninguna comisión.
Con la esperanza de que el Poder Legislativo asuma la responsabilidad que le corresponde, procederemos a dar nuestra opinión sobre el Plan Nacional de Desarrollo.
La primera impresión que da su lectura es que se trata de una varita mágica que tiene el gobierno, llamada "modernidad", pero después de leerlo con más cuidado aún sigue uno con la misma impresión de fantasía.
El Plan Nacional de Desarrollo supuestamente fue elaborado con los resultados obtenidos en las convocatorias de los foros de consulta popular que hiciera el Presidente y que por fin, después de más de un año de haberse presentado a la opinión pública, le podremos hacer nuestras observaciones.
Estoy segura que nadie pone en duda la importancia de una planeación democrática del desarrollo del país. Las aspiraciones de una planeación para conducir a México, vienen desde hace mucho tiempo, pero con grandes carencias y deficiencias, con actitudes soberbias e ineptitudes que encadenadas, nos condujeron a la situación actual que vivimos. Bajo tales circunstancias, va a ser muy difícil convencer al pueblo del nacimiento de un México nuevo; ¿hasta cuándo pensarán los gobernantes que el mexicano de hoy no es el mexicano de 1910? Que es cierto que no todos podemos asistir a la Universidad de Harvard, de Wharton o Mit y no todos los mexicanos pueden ser doctores de la ley, como está de moda en el mundo oficial, pero sí hay miles que tienen formación universitaria y muchos más que aprendieron en la universidad de la vida, porque conviven y comparten las angustias y las esperanzas de este pueblo mexicano.
Con raíces en este espíritu triunfalista con el que se ha pretendido gobernar a México, el día 31 de mayo de 1989, con gran despliegue de recursos a través de los medios de comunicación, se presentó el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994 y surgieron de inmediato voces y plumas para colmar de adjetivos laudatorios a dicho plan, pero si nos remontamos seis años atrás, fueron los mismos calificativos que le dieron al Plan Nacional de Desarrollo 1983 - 1988, y nueve años antes al Plan Global de Desarrollo, cuyos resultados desastrosos reconoce ahora el Plan Nacional de Desarrollo.
Es conveniente señalar que el que no se hayan logrado objetivos determinados y metas señaladas,
no es por carencia de planes, ni ausencia de planeadores, ya que la historia de la planeación en México viene desde 1928. En 1930 surgió la Ley sobre Planeación General de la República, Primer Plan Sexenal; después vino el Plan de Inversiones del Gobierno Federal 1947 - 1952; Programas de Inversión 1953 - 1960; Plan de Acción Inmediata 1962 - 1964; Plan de Desarrollo Económico y Social 1966 - 1970; Plan Básico de Gobierno 1976 - 1982; Plan Global de Desarrollo 1980 - 1982; Plan Nacional de Desarrollo 1983 - 1988 y ahora con el mismo nombre y apellido el de 1989 - 1994. En total han sido siete planes y 40 programas, de buenas intenciones, planes y programas está lleno el camino que nos ha llevado a la crisis.
En efecto, metas y realidad, con los dos planes globales anteriores se contraponen: con José López Portillo se propuso que el producto interno bruto crecería 8% anual, una inflación entre 12% y 15%, un déficit público del 14.2% del producto interno bruto y la deuda externa representaría sólo el 14%. En los hechos, el crecimiento del producto interno bruto fue del 5.4%, la inflación del 98.9%, el déficit del 17% y la deuda externa representó un 35%; en resumen, en todas las metas se falló cuando menos en un 100%.
De la misma forma, con Miguel de la Madrid se propuso que el producto interno bruto crecería entre 5% y 6%, una inflación a los niveles internacionales, el déficit bajaría del 17% a 0.4% del producto interno bruto y además bajar el servicio de la deuda externa en relación al producto interno bruto. En los hechos, se registró un crecimiento del producto interno bruto sólo del 0.1%, la inflación creció 91%, un déficit del 13.8% y el servicio de la deuda externa aumentó 8% del producto interno bruto; en éste, los resultados, comparado con lo propuesto, fue mucho más decepcionante, el que esto sea así se debe en gran medida a la falta de consenso y errores en la instrumentación.
Con la consulta popular se pretende la implantación de aquella idea napoleónica de suprimir el Congreso, cambiándolo por el referendum popular, pero, afortunadamente la mayoría de los mexicanos, no obstante los grandes defectos que tenemos en los procesos electorales, sigue creyendo firmemente en la democracia y cada día están más dispuestos a luchar para lograrla plenamente.
Es un hecho que las famosas consultas populares resultaron otra vez una farsa, porque este Plan Nacional de Desarrollo estaba ya elaborado desde la campaña presidencial, como podíamos observar en muchos de los discursos del ex candidato. Antes de que terminara el último foro en el mes de junio del año pasado, ya estaba presentado este plan en mayo; esto no quiere decir que sean muy eficientes, sino que actúan con falsedad, continúan tratando de engañar y quieren así tener credibilidad. Un ejemplo más actual son los foros sobre el comercio exterior organizados por el Senado, que pretende conocer la opinión de los diversos sectores de la sociedad, pero que estoy segura que la decisión ya está tomada.
Desgraciadamente, como todos lo sabemos, no sólo existe crisis económica, sino también de confianza y la falta de credibilidad se da como consecuencia de tantos años de promesas incumplidas, sobre todo por los tres sexenios últimos, en los que se decía una cosa y resultaba todo lo contrario, situación que nos condujo de la miseria a la pauperización de la mayoría de los mexicanos.
Si existiera confianza, pocos dudarían de un plan nacional que fuese respuesta en gran medida de las expectativas de todos los mexicanos.
Sin mayor análisis, es obvio que todos deseamos que se cumplan estos cuatro objetivos:
Primero. Defender la soberanía y preservar los intereses de México con el mundo;
Segundo. Ampliar nuestra vida democrática;
Tercero. Recuperar el crecimiento económico con estabilidad de precios, y
Cuarto. Elevar productivamente el nivel de vida de los mexicanos.
Tal vez los únicos que no estarían de acuerdo es esa minoría insignificante de mexicanos que desean un México atrapado en un sistema enajenante y opresor, que acaba con toda posibilidad de libertad y con todo anhelo de esperanza, que destruye al hombre en su propia esencia: ser libre y responsable de su propio destino, pero la inmensa mayoría del pueblo de México, lo que quiere es una patria con libertad en la justicia, que se sienta orgulloso de integrar una nación fortalecida por sus valores espirituales, por su origen de raza cuyas raíces son dos culturas extraordinarias, por la belleza de su lengua, por sus profundas tradiciones, por sus objetivos aún no alcanzados, pero claramente definidos, de democracia como sistema de vida, en donde se manifiesta el respeto a la dignidad humana sí deseamos sostener y afirmar estos principios que se dicen ser los fundamentos del Plan Nacional de Desarrollo.
Desgraciadamente hay hechos claros, sin posibilidad de mala interpretación que dejan duda de la
bondad de los propósitos y de la eficacia de acción.
Tantos años de ver la incongruencia entre lo que se dice y lo que se hace por parte de los gobernantes tal vez nos ha hecho incrédulos en el pensar, precavidos para analizar y exigentes en el actuar. La confianza cuando se pierde no se restituye con rapidez, requiere de pruebas inequívocas de verdad, lealtad y compromisos concretos.
Señalaremos algunos de estos hechos: El primer objetivo en la lista se inicia con una hermosa frase: "la defensa de la soberanía..." y dentro de este objetivo precisa, entre otros, el de apoyar el desarrollo económico, político y social del país.
Los hechos contradicen dichos objetivos, basta recordar por ejemplo la insignificante importancia que el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1990 otorga al sector del desarrollo rural, lo cual no nos permite avanzar en la tan manejada soberanía alimentaria, que nos hace cada vez más dependientes del extranjero.
¿Cómo es posible la autodeterminación de un pueblo, cuando depende cada vez más del exterior, de lo más fundamental como es la alimentación?
Podemos tener autonomía en energéticos, pero si no somos autosuficientes cuando menos en la producción de granos básicos, la soberanía estará siempre en entredicho.
El segundo gran objetivo denominado "ampliación de nuestra vida democrática" en su segunda estrategia establece que se buscará el perfeccionamiento de los procesos políticos. En este sentido, el sólo recuerdo, aun sin mayor análisis de los procesos electorales efectuados durante 1989 y 1990, pone de manifiesto el divorcio entre el Plan Nacional de Desarrollo y la realidad, es decir, elabora un plan que de antemano se sabe no habrá de cumplirse, ¿con mentiras se gana la confianza, señores?
En diciembre, precisamente aquí en este recinto vimos lo antidemocrático del proceso que se siguió para la elaboración y aprobación del dictamen de la Miscelánea Fiscal, misma que está enmendando pasándose por encima del Legislativo el Poder Ejecutivo a espaldas de la ley.
"Partido Revolucionario Institucional, partido con profunda vocación democrática."
Señores: es prerrequisito para hablar de democracia, que cuando menos se respete la ley. Es a todas luces también antidemocrática, la toma de decisiones unilaterales que se manifiestan en el caso de las firmas del pacto en el que se recurre al corporativismo y donde las cúpulas, en complicidad con un gobierno ilegítimo en su origen, van en contra de los intereses de la mayoría, asignando salarios mínimos míseros a la mayoría ciudadana. Por otro lado, sujeta a un control de precios a los sectores minoritarios y asigna para sí mismo y sus "secuaces" el derecho de subir tarifas y precios de manera discrecional.
La forma como se han manejado los procesos electorales durante este sexenio, puede ser también muestra de lo antidemocrático que es aún nuestro sistema centralista, como son los casos de: Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, entre otros, donde la oposición, en contra de lo dicho en el capítulo 4.2.4, que dice: " las elecciones, además de ser limpias deben ser transparentes", o en el punto 4.2.2., en el que se asegura que "las elecciones serán respetadas escrupulosamente". La oposición ha tenido que recurrir a todas las instancias legales para que le sean reconocidos sus triunfos y ha habido ocasiones, como en el caso de Culiacán, que nada valió para que no se violara la voluntad popular, una vez más y, con respecto a las elecciones extraordinarias de Uruapan, es tanto lo que se ha hablado sobre este fraude en esta tribuna, que sólo lo menciono como una prueba más de la incongruencia de este gobierno.
La democracia exige necesariamente la aceptación de la forma de gobierno constitucional como supuesto práctico del nombramiento y del ejercicio de la autoridad y al mismo tiempo requiere de la organización política de las diversas corrientes de la opinión pública, sobre la base del derecho de disentir y oponerse. Al confundir gobierno y partido, suprime el Partido Revolucionario Institucional uno de los supuestos esenciales de la libertad democrática y establece un ambiente de presión y amenaza sobre los ciudadanos. En México es urgente rescatar el principio de representación nacional en el gobierno, que no debe dedicarse a gestionar intereses de grupo usurpando el poder.
El tercer objetivo, la recuperación económica con estabilidad de precios, ofrece como línea de acción "una política de concertación que contribuya a mantener mediante el compromiso de los sectores, certidumbre en la evolución de precios". De todos es sabido, especialmente de los mexicanos más desposeídos, la forma cupular en que se aprobaron los pactos, la forma en que se fijan los precios de garantía y la forma abierta en que el gobierno federal los viola sin recato, ignorando su compromiso y sus obligaciones.
La agricultura, aunque sólo contribuye con alrededor del 9% del producto interno bruto, es una
actividad estratégica cuya finalidad primordial es proporcionar alimentos a la población y materia prima a la industria, dicho sector, que proporciona una tercera parte del empleo total, no cumple ni con su función de proveer alimentos básicos, debido a las erróneas políticas oficiales, ni acudirá con su aportación a la tan mencionada recuperación económica y todo país que desee realmente crecer de manera estable y sostenida, tiene necesariamente que contar con un sector primario fuerte y sano.
Dicho de otra manera: no se puede planear el desarrollo de los sectores secundarios y terciarios sin resolver antes la oferta primaria. La solución de los problemas estructurales del campo mexicano no depende sólo de la política agropecuaria, pero sí está fuertemente influida por ella, en especial por la inversión pública, el crédito y los precios de garantía.
Los objetivos a corto plazo están contenidos en los criterios generales de política económica para 1990 y en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el mismo año, éste considera un aumento del 8.7% real del presupuesto para el desarrollo rural, asignación que aunque superior a la de los dos años anteriores, contrasta con la registrada a fines de los setenta y a principios de los ochenta, cuando llegó a significar el 14% del gasto total.
Los precios agrícolas por su parte están anclados por el programa antiinflacionario; en el corto plazo no pueden mejorarse significativamente por su efecto en el nivel general de precios y en el largo plazo tampoco, por la decisión de que las cotizaciones internas se equilibren con las del exterior, es decir, con la canasta de productos básicos de Estados Unidos de América, que debido a su elevada productividad registra precios inferiores a los de México.
Por lo que se refiere regionalmente, los desequilibrios se hacen también presentes donde el 30% de la población se concentra en tres grandes urbes, comparado con una cantidad similar que se localiza en miles de comunidades de menos de 100 habitantes.
No es suficiente un crecimiento con estabilidad de precios; debe existir un crecimiento equilibrado entre los sectores, las regiones y los factores de la producción, objetivo ignorado en el Plan Nacional de Desarrollo.
En el cuarto objetivo, si bien se reconoce la vinculación entre justicia y libertad, la consecución de una mejor distribución del ingreso en el Plan Nacional de Desarrollo se considera únicamente como un resultado de la aplicación de su política económica, no como un compromiso del gobierno.
Las nociones de justicia y libertad en los planes se les contempla como dos conceptos totalmente aislados, cuando en realidad la una se alimenta de la otra, no puede concebirse que existan aisladamente, por ejemplo, en el Plan Global de Desarrollo, página 55, párrafo tercero: "no queremos comprometer el camino de la libertad para obtener la justicia". En el Plan Nacional de Desarrollo, página 212, párrafo tercero: "La lucha contra la desigualdad será realista, decidida y permanente, por ello, hay que reconocer que mientras exista la crisis no se podrá avanzar cuantitativamente en el proceso de justicia social".
En el cuarto objetivo fundamental del presente plan, se repite la idea de progreso material como prioritario, sin que exista un compromiso real de equidad y justicia para los más necesitados. Nosotros opinamos que producción sin justicia ni solidaridad, es fórmula de retraso humano.
Por lo que se refiere a nuestro país, no existe una relación directa entre productividad y salarios, de hecho, lo que se ha registrado es una relación inversa, mientras que el salario promedio en la industria manufacturera observa un descenso del 7% en el período 1987_1989, por su parte el nivel de productividad siguió con un curso ascendente, registrando un crecimiento del 15% en promedio, según se desprende de los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
Es pues que de la misma forma que los anteriores dos planes, éste se desvincula por completo de las nociones de justicia y libertad.
Para que realmente se dé un rápido crecimiento económico sin inflación, con una más justa distribución del ingreso y un equilibrio entre regiones y sectores, es necesaria una orientación más clara y precisa del aparato productivo.
Esto es, dándole prioridad a una rápida expansión de los productos socialmente necesarios, particularmente de los alimentos y desalentar el consumo de productos suntuarios, sobre todo los de importación, orientación ausente en el Plan Nacional de Desarrollo.
En general, existe un vacío entre objetivos e instrumentos para lograrlo, por lo que no se desprende cómo se alcanzarán los objetivos y metas. En este sentido, el documento no es otra cosa que un catálogo de buenas intenciones imposibles de alcanzar y utopías que nos conducirán al desencanto, como ha ocurrido con todos los
planes de desarrollo impuestos por el gobierno. En el eje de los salarios inmediatamente surgen las siguientes interrogantes: ¿como, cuánto y cuándo aumentarán los salarios reales¿ son preguntas que no contesta el Plan Nacional de Desarrollo.
De la misma forma no existen definiciones respecto de la forma de asegurar el ahorro y cómo se canalizaría a la inversión productiva. Esto es, cuando se intenta el definir los medios, tan sólo se establecen aspectos de orden muy general, más como objetivos que como medios, como son bajar la tasa de inflación, disminución de las transferencias al exterior y mejoramiento de los servicios bancarios.
En resumen, el Plan Nacional de Desarrollo no es más que un cuento de hadas sin una orientación clara hacia donde se dirigirá el aparato productivo, pues el eje central de toda estrategia es aprovechar las transformaciones que está viviendo el mundo, sin señalar un rumbo. En otras palabras, "a río revuelto, ganancia de pescadores", como quien estuviere especulando en la bolsa de valores, tal vez esto sea una deformación en la formación harvardiana.
En cuanto sea el Ejecutivo quien de manera dictatorial imponga un plan a la ciudadanía, aun cuando se sustente en la farsa de las consultas populares, necesariamente está destinada al fracaso, pues para que un plan sea viable, la condición indispensable debe ser la concurrencia decidida de todas las voluntades, la cual se logra cuando existe un consenso real, apoyo de toda la ciudadanía y confianza en sus gobernantes.
Por eso, insistimos en que la iniciativa de reforma a la Ley General de Planeación presentada el día 27 de diciembre del año pasado por el Partido Acción Nacional en la que se propone que al Poder Legislativo, que es quien representa al pueblo, sea quien apruebe el Plan Nacional de Desarrollo, por lo cual esperamos que esta Cámara apruebe a la mayor brevedad posible dicha iniciativa.
Recinto legislativo alterno, a 21 de junio de 1990.»
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Ciro Mayén Mayén.
El diputado Ciro Mayén Mayén: - Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: La planeación ha sido reconocida como un medio necesario para orientar un proceso de desarrollo nacional que fortalezca la independencia, que impulse un crecimiento económico que al ser equitativo conduzca al bienestar social.
Mediante la planeación, nosotros creemos que es posible lograr también que el crecimiento económico sea estable y sostenido a través del tiempo.
La planeación es una acción deliberada y racionalizada de los órganos del Estado y de sus organizaciones sociales, para superar los obstáculos estructurales que frenan o distorsionan el desarrollo nacional.
La experiencia histórica reciente ha mostrado que el libre juego de las fuerzas del mercado no sólo no han superado esos obstáculos, sino al contrario, los han agravado en los últimos años.
Una inadecuada relación entre el ahorro y la inversión productiva, una creciente dependencia financiera y tecnológica de nuestro país, una cada vez mayor desarticulación nacional de la industria y de la agricultura, una concentración del ingreso y de la riqueza en un pequeño grupo social y una muy desigual distribución especial del desarrollo, que ha producido una gran polarización regional, son algunos de los más significativos problemas estructurales que el libre juego de las fuerzas del mercado, no resuelven ni resolverán y que sólo mediante un esfuerzo racionalizador que se plasma en un sistema nacional de planeación con carácter democrático podrá superarlos.
La reforma constitucional de 1983 plasmada en el artículo 26, que establece la obligación del Estado de organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional y es por sí misma un reconocimiento de lo expuesto en el punto anterior, fruto de esas nuevas disposiciones legales fue el Plan Nacional de Desarrollo 1983 - 1988.
Precisamente la experiencia de ese plan es uno de los motivos fundamentales del incumplimiento de los objetivos que estuvieron mucho más allá de una variación normal o contingente, más bien se presentó una gran incongruencia entre los objetivos señalados en el plan nacional y la política económica y social practicada por el Poder Ejecutivo Federal, razón por la cual los resultados estuvieron a una distancia exageradamente grande de las metas propuestas en el plan.
Por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo 1983 - 1988 planteó dos líneas principales de acción: la reordenación de la economía y el cambio estructural, entendido por este último aquél que da prioridad a la satisfacción de las necesidades básicas de las mayorías y al fortalecimiento del mercado interno, fundamentalmente en alimentos, en vivienda, en educación, en salud y en asistencia social, transporte colectivo, recreación y en la calidad de la vida.
Resultó que al final del sexenio no sólo se retrocedió socialmente en la satisfacción de las necesidades básicas de la población, como la alimentación y se redujo a más de la mitad del ingreso de los trabajadores mediante políticas deliberadas de topes salariales y liberación de precios, contrayendo así el mercado interno.
Pero lo más incongruente fue que al final, el Poder Ejecutivo cambió el concepto de cambio estructural establecido en aquel plan, así el cambio estructural vino consistiendo en darle mayor prioridad al fomento a las exportaciones para captar divisas suficientes para el pago del servicio de la deuda externa, también en la apertura comercial, en el auge de las maquiladoras, etcétera.
Consideramos que esas y otras graves incongruencias de nuestra primera aplicación sexenal del nuevo ordenamiento legal de la planeación, se explican en gran parte por la gran concentración de todo el proceso de planeación que la ley otorga al Ejecutivo.
Todo el poder de decisión en las distintas fases de la planeación de la ley se le otorgan al titular del Ejecutivo, limitando así el carácter democrático del proceso, a la vez que deja el campo abierto a la incongruencia y a la arbitrariedad que la experiencia reciente nos muestra.
La democratización del proceso de planificación implica descentralizar las facultades que actualmente se concentran en el Ejecutivo y dar facultades de participación efectiva al Poder Legislativo y a las organizaciones sociales que deben tomar parte en un compromiso para la producción en nuestro país.
El artículo 26 de la Constitución establece en su segundo párrafo que la planeación será democrática, mediante la participación de los diversos sectores sociales que recogerán las aspiraciones y las demandas de la sociedad, para incorporarlas a un plan nacional de desarrollo.
Consideramos que este precepto no se cumple actualmente con la Ley de Planeación que está en práctica, pues esta ley otorga sólo al Ejecutivo la facultad de convocar a foros populares para la elaboración del plan, es el Ejecutivo quien decide cuándo y a quiénes se convoca a los foros y también decide qué opiniones o propuestas expresadas en esos foros van a ser consideradas y cuáles no.
No hay en esa ley nada que impida que finalmente la redacción final de ese plan sea sólo un trabajo técnico a cargo del Ejecutivo, es necesario por ello establecer legalmente otras instancias de participación social no controladas por el Ejecutivo, que permitan a las organizaciones y a los ciudadanos interesados en participar en el proceso de la planeación, primero verificar que sus propuestas fueron tomadas en cuenta y, en segundo, participar también en la verificación y evaluación de la ejecución congruente del plan.
Es facultad de la Cámara de Diputados, aprobar la ley de Planeación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal; también es facultad de la Cámara aprobar la Ley de Ingresos de la Federación; el Presupuesto de Egresos y esa Ley de Ingresos son dos instrumentos fundamentales de la política económica y social del Estado; expresamente está reconocido que esos instrumentos deben de servir a los objetivos y metas establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo.
La política de egresos y de ingresos del Ejecutivo Federal debe ser congruente con los criterios generales, estrategias y líneas políticas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, entonces, nosotros creemos que es incongruente que en tanto la Constitución por un lado otorga al Legislativo la facultad de aprobar esos instrumentos de la política económica, Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos, por otro lado, por la Ley de Planeación se le niega la facultad de aprobar la política económica y social a que ellos obedecen y que se definen en el Plan Nacional de Desarrollo; luego entonces se mutila así la participación del Poder Legislativo en la definición de la política económica y social del Estado.
La exposición de un conjunto de indicadores económicos que se movieron en 1989, el incremento del producto interno bruto, el incremento de la inversión privada, la disminución de la inflación, el incremento de los ingresos públicos, la disminución de transferencias al exterior, etcétera, impiden observar en el informe de ejecución los graves problemas a los que aún se enfrenta la economía nacional, entre ellos, nosotros consideramos a los siguientes:
Primero. El incremento de la deuda pública interna;
Segundo. El incremento del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos;
Tercero. El aumento del déficit comercial con el exterior;
Cuarto. La persistencia y agudización de la crisis agrícola y de la dependencia alimentaria;
Quinto. La no recuperación y continuación del deslizamiento negativo de los niveles salariales.
Y, por último, un mayor rezago de los precios agropecuarios y una situación de profundización de la crisis en el sector agropecuario.
No se trata de señalar estos aspectos sólo por ser negativos, lo que sucede es que son asuntos de vital importancia para una verdadera recuperación de la economía y si no se resuelven, nosotros estamos convencidos de que no habrá un crecimiento sostenido, estable y equitativo, que propicie un desarrollo soberano de nuestro país.
El mayor déficit en cuenta corriente hace que la estabilidad de nuestra balanza de pagos y en consecuencia la estabilidad monetaria, dependan de las inversiones extranjeras o de la repatriación de capitales, así, el gobierno se ve obligado a una política de crecientes concesiones al capital transnacional ante la urgencia de resolver un problema financiero de corto plazo, nosotros estamos convencidos de esto, se está comprometiendo toda una estrategia de desarrollo para nuestro país.
Tampoco hay en el informe de ejecución un análisis de las causas de la caída de la producción agrícola, como podrían ser el largo período de deterioro de los términos de intercambio de los productos agrícolas, la disminución en términos reales del crédito agropecuario en cantidad y en cobertura social y regional, una profundización del rezago de los precios agropecuarios con la llamada concertación del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, la disminución de la inversión pública en el sector del desarrollo rural y la disminución del apoyo financiero a la investigación y extensión tecnológica.
Prácticamente en lo que se refiere al sector agropecuario, el gobierno ha asumido una postura fácil, que consiste en retirarse del campo y con eso deja en condiciones verdaderamente lamentables la posibilidad de una recuperación. Está confiado mucho en este sector, en cifrar los esfuerzos, en la posibilidad y las potencialidades que tiene el sector exportador, pero no se ha considerado que este sector representa una parte muy pequeña realmente, el 6% cuando mucho. Y aun cuando fuéramos muy optimistas y hubiera una recuperación creciente, este sector no tendría las posibilidades de sacar del atolladero a todo el sector agropecuario.
De tal manera, podemos decir que los resultados que arroja el informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 1989 dan muestra de que México sigue siendo un país caracterizado por la desigualdad.
La política económica neoconservadora del actual régimen, no sólo impidió superar tal situación, sino que la ha estado acentuando; el inventario de los principales aspectos de la realidad económica señalan que se encuentra en una situación verdaderamente lamentable, si bien en términos agregados el producto interno bruto registra un crecimiento mayor al de la población, el 2.9% como se señala en el informe, la cifra más alta desde 1988, la recuperación económica no se ha generalizado, hay sectores, como ya lo señalaba hace un rato, el agropecuario y ramas como la minería, que persisten en la crisis a pesar de que otros sectores de nuestra economía estén caminando aceleradamente.
En todo caso, lo que reflejan estos indicadores económicos es el resultado de un comportamiento desigual en la economía, que indica que los cambios estructurales, las políticas económicas que se están implementando por el actual gobierno, sólo han beneficiado a algunos sectores y perjudicado a otros.
Por eso, yo preguntaría ¿es posible referirse a una recuperación estable, en tanto se mantiene un cuadro de comportamiento desigual de la economía? Cabe resaltar al sector agropecuario, como ya lo señalé aquí. En cuanto a la relación de economía pública y economía privada, se acentúa la tendencia a disminuir el papel de la inversión pública como el motor del crecimiento y asignárselo ahora a la inversión privada.
Debemos señalar que si bien la inversión extranjera directa, aunque se da en cantidades no despreciables, no han fluido los cuantiosos recursos que se esperaban y que aquí una otra vez nos han reiterado estas expectativas los funcionarios que han comparecido ante esta asamblea.
No me refiero al acumulado que ha seguido creciendo, sino al monto de inversión nueva. Respecto al control de la inflación, es verdad que alcanzó un descenso notable de 59% en 1988 a 20%, pero al parecer no ha tocado piso, pues en mayo de 1990 se volvió a elevar en un promedio anual de 24% y los analistas económicos estiman que será difícil que alcance cifras inferiores al 26% anual.
Respecto a la pobreza, en la actualidad cerca de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza y uno de cada cinco mexicanos se encuentra en pobreza extrema. Es decir, que uno de cada cinco mexicanos está al margen del mercado interno, o sea que no alcanza a satisfacer la mayoría de sus necesidades esenciales en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, etcétera.
Por ello, la pregunta sería: ¿es posible aspirar a un desarrollo económico de nuestro país, sin un desarrollo del mercado interno?
La reforma democrática en la economía que la nación reclama, nosotros creemos e insistimos en ello, debe consistir en hacer compatible la democracia con la eficiencia y la competitividad; promover un crecimiento económico que propicie el desarrollo y que éste vaya de la mano con el restablecimiento de la justicia social en una nueva perspectiva de la economía mixta. ¿Cómo es posible que la modernización pueda ser esgrimida por este gobierno en vísperas de entrar al Siglo XXI, como una estrategia y como la panacea para producir los cambios en nuestro país con justicia social?.
Las condiciones más elementales para una verdadera modernización en nuestro país, nosotros creemos que deben iniciar, en primer lugar, por el respeto al voto, en segundo lugar, por restablecer una genuina Federación, una auténtica división de poderes en nuestro país, por dotar de una verdadera autonomía municipal a la Federación y por hacer una reivindicación del Congreso, verdaderamente auténtica; por descorporativizar a las organizaciones sociales y por separar al partido oficial del gobierno y del Estado.
Sobre la base de estos elementos, es posible entonces hablar de que el país pueda abrirse paso hacia un proceso de fortalecimiento de la sociedad y permitir el desarrollo de una vida republicana. De otra manera, los reconocimientos que se hacen en el informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo respecto a que el país avanza en una perspectiva de democratización de su vida nacional, son falsos.
No hay el reconocimiento abierto de que en los últimos procesos electorales y se pretende ocultar tajantemente esta realidad, no todos los resultados electorales han sido respetados.
Sólo este tipo de cambios como los que hemos señalado aquí, son los que están en concordancia con la tendencia mundial que ahora se está dando en estos tiempos, para hacer que los regímenes político autoritarios, regímenes basados en partido único, puedan ser echados abajo sobre la base de una amplia participación popular y sobre la base de un compromiso democrático de todas las fuerzas dispuestas a darle un rumbo en esa perspectiva a esos países.
La reforma democrática en la economía que la nación está planteando, nos parece es aquélla que debe en primer lugar, plantear como una de las condiciones fundamentales para abrirle paso a una reestructuración de nuestra economía hacia la eficiencia y hacia la competencia, con una reforma también de orden político, profundamente democrática. Tenemos que cambiar las bases políticas en las que se sustente un nuevo desarrollo para nuestro país.
Y uno de los elementos también de esa reforma de carácter político, no sólo consiste en establecer un nuevo sistema electoral democrático que de igualdad de oportunidades a los partidos que contienden en los procesos electorales, sino también establecer un nuevo pacto social en el cual descansen las posibilidades de fincar una estrategia económica. Esa estrategia económica para el país debe ser compartida por las fuerzas productivas de nuestro país, por los agentes económicos y me parece que los pactos que hasta ahora se han establecido no corresponden con esa necesidad y no responden a los anhelos y a las aspiraciones ni de la mayoría de los trabajadores, ni de la mayoría de los empresarios o campesinos.
Necesitamos también democratizar esas formas de relación del Estado con la sociedad. Muchas gracias, compañeros. (Aplausos.)
Presidencia de la diputada María Elena Chapa Hernández
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado José Marín Rebollo.
El diputado José Marín Rebollo: - Diputada Presidenta; honorable asamblea; diputados: Tengo el alto honor, dentro del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, de dar lectura a la opinión en torno al Plan Nacional de Desarrollo, que nos merece al Partido Popular Socialista.
Con fecha 14 de diciembre de 1965, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, de la XLVI Legislatura del Congreso, presentó una iniciativa de Ley de Planeación Económica Nacional; en aquella iniciativa presentada por el Partido Popular Socialista hace 25 años ante esta soberanía, se plantearon con precisión las concepciones del Partido Popular Socialista, acerca de la necesidad de que el desarrollo económico de México se realice con la previa y expresa definición de los objetivos que se pretenden lograr, asignando las tareas a los diversos sectores productivos de la sociedad y precisando los plazos, alcances, incluso, contingencias que pudieran presentarse en el proceso de la aplicación.
No fue sino hasta la LII Legislatura, cuando reformando el artículo 26 de la Constitución, se estableció en definitiva, la obligación del Estado a organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, cuyos objetivos textualmente se especifican así: "el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo
nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía, para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación".
Quiero enfatizar, en consecuencia, que el objetivo central del sistema de planeación o como se le llama al Plan Nacional de Desarrollo, está precisa y claramente establecido en la Constitución y es el consolidar la independencia económica de la nación; dicho en breves palabras, planeación del desarrollo nacional para consolidar la plena independencia económica de México. La razón de esta afirmación es que la planeación del desarrollo, incluso con todas las limitaciones que impone el sistema capitalista de la libre circulación de mercancías, es un factor fundamental contra la anarquía de la producción y distribución, pero ante todo, para frenar e impedir la acción depredadora y de saqueo que los monopolios transnacionales realizan de nuestra riqueza nacional.
Ello significa, compañeros diputados, que la LII Legislatura del Congreso de la Unión, recogiendo la preocupación que en 1965 presentara el Partido Popular Socialista, consideró esencial para la vida nacional la premisa de la planeación como uno de los valiosos instrumentos para alcanzar los objetivos esenciales de la Revolución Mexicana.
En consecuencia, el Plan Nacional de Desarrollo en vez de contribuir obligadamente a ese objetivo superior, pero examinado en sus objetivos, acciones y estrategias, el Plan Nacional de Desarrollo es esencialmente el instrumento para cumplir los propósitos de la política neoliberal, contraria a la Revolución Mexicana e impuesta por el imperialismo a nuestra patria y encierra una serie de contradicciones y falsas promesas que bien pueden calificarse de demagógicas.
En la misma presentación del documento, el Ejecutivo al afirmar que México debe cambiar, expresa que el cambio será un proceso democrático y será un ejercicio de soberanía decidido por mexicanos.
La esencia del llamado cambio ha consistido básicamente en orientar la economía nacional e insertarla a la economía estadounidense y del inaceptable papel de complementaria de la economía estadounidense, ahora de plano, se plantea integrarla cabalmente a la de ese país.
Esta caracterización objetiva de verdadera entrega de la economía nacional, no ha sido decidida por los mexicanos. esta política de integración a la economía estadounidense no sólo no ha sido decidida por el pueblo, sino rechazada con energía por sus fuerzas representativas, ¡Entonces, nada de democrático tiene esta conducta, con la cual se desmiente en la práctica lo expresado y comprometido por el Ejecutivo!
Hoy, las fuerzas democráticas preguntan al Ejecutivo: ¿cuándo se consultó al pueblo de México para entregar al capital privado la mayor parte de las empresas del Estado?
(Voces): - ¡Nunca!
Aun cuando los gastados argumentos de ineficiencia y no rentabilidad resultaron deleznables, como en el caso de la banca y de Teléfonos de México; que en el presente año han sido calificados por la bolsa de valores, repito, por la bolsa de valores, como las empresas que mayores índices de ganancias han reportado ¡Su argumento entonces se hace añicos!
Las únicas fuentes consultadas, compañeros diputados, fueron los organismos financieros internacionales del imperialismo, con los cuales, a través de las Cartas de Intención y otros acuerdos, se comprometió el desarrollo nacional.
Por otra parte, el plan es recurrente en lo relativo a un ya manido argumento expresado por el Ejecutivo, en el sentido de justificar la entrega de la economía nacional al capital extranjero, con el supuesto y desde luego falso combate a la pobreza en que vive el pueblo mexicano. Y que aborda el problema de manera tan demagógica, como si el grupo en el poder no tuviese ninguna responsabilidad en las condiciones miserables en que vive nuestro pueblo y como si éste ignorase que la actual administración no es sino una continuidad y profundización del anterior régimen.
En realidad el combate a la pobreza del pueblo se da no en su base estructural, sino en localizados y selectos grupos, con un criterio más de propaganda política que de verdaderos propósitos para combatirla. Es así como se explica que el denominado Programa Nacional de Solidaridad tenga asignado apenas un presupuesto de 2 billones 600 mil millones de pesos; el que representa apenas el 36% de las ganancias que para 1990 reportan la banca y Teléfonos de México.
(Desde una curul): - ¡Duro, Pepe!
¡El colmo de la demagogia, es que en tanto se propagandiza y difunde el supuesto combate a la pobreza, se reprivatizan las empresas de la distribuidora Compañía Nacional de Subsistencias Públicas, que es en el momento actual una de la pocas empresas que aun sobreviven con orientación popular!
Por otra parte, en relación a lo que el plan denomina "ampliar nuestra vida democrática", se recurre nuevamente al subjetivo y por lo tanto inexistente concepto de la llamada sociedad civil, a la cual el plan se propone impulsar, haciendo la consideración de que "la sociedad se da a sí misma, organizándose en la que se agrupan individuos con actividades, fines o propósitos comunes para pugnar, afirma el plan, por la difusión de sus legítimos intereses."
¡Esta tesis, lo afirma el Partido Popular Socialista, está orientada a reducir artificialmente el papel de los partidos políticos, considerados como entidades de interés público por nuestra Carta Magna!
La tesis de la sociedad civil, es la maniobra de la derecha internacional que, impulsada por los órganos de Prensa del imperialismo, pretende asumir el poder en el mundo desacreditado a los partidos políticos.
En resumen, de una planeación para el desarrollo nacional con orientación revolucionaria, como lo ordena la Constitución, el grupo en el poder ha propuesto una planificación para la contrarrevolución y para básicamente incrementar la dependencia económica ante el imperialismo.
Finalmente, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista expresa su demanda enérgica de que la planeación del desarrollo económico nacional sea sancionada por la Cámara de Diputados y no se reduzca su importancia sólo enviándola para dar una opinión que no obliga al Ejecutivo a modificar las técnicas de la misma como debería de ser. Muchas gracias por su atención.
El Presidente: - Conforme el artículo 28 del reglamento, esta presidencia decide prorrogar el tiempo, dado que ya transcurrieron cuatro horas, hasta la conclusión del orden del día.
Tiene la palabra el diputado Vicente Luis Coca Alvarez, para referirse al mismo tema.
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez: - Con su permiso, señor Presidente; honorable asamblea: La similitud de nuestras dificultades y el nuevo escenario mundial reclama una vigorosa política de relación con América Latina y el Caribe, que fortalezca nuestra identidad regional y abra espacios efectivos al desarrollo y a la democracia. Sé que esta misión de México coincide con la de las naciones latinoamericanas.
Uno. En materia económica internacional el plan propugna que otros países apliquen al nuestro regulaciones de comercio similares a las que aquí se han puesto en práctica, que se amplíe el potencial de complementación económica con los países de América Latina y que se promuevan acuerdos bilaterales y multilaterales con los nuevos pueblos de crecimiento mundial, la Comunidad Económica Europea y la cuenca del Pacífico.
Estas palabras tomadas del Plan Nacional de Desarrollo y del mensaje de toma de posesión del ahora Presidente de la República nos dan cuenta una vez más de la gran contradicción que hay en la política gubernamental entre lo que se dice y lo que se hace.
Ciertamente la actitud ejemplar en tono de protesta del diputado José Gama Medina, debe obligarnos a reflexionar las implicaciones, pero sobre todo las consecuencias que a futuro traerá el tratado de libre comercio entre México y los Estados Unidos de América, es por ello que quisiéramos dejar muy claro, sin hipocresías, las razones que han llevado a nuestro gobierno a la aceptación de un tratado de esta naturaleza, dejando atrás la integración latinoamericana a la que ha hecho alusión al principio para convertirla en mera retórica y lo que es peor, pasando por alto una vez más la voluntad ciudadana.
Sabemos que las negociaciones para llegar a la culminación de este tratado llevarán de dos a tres años; sin embargo, y por tratarse de un asunto de interés y seguridad nacionales, es urgente y en ello coincidimos con la postura adoptada el jueves pasado ante esta tribuna, por el diputado Sodi de la Tijera, convocar a un debate nacional en donde se consulten, principalmente a los sectores productivo y comercial del país, porque antes de entrar en este tipo de negociaciones necesitamos saber si realmente contamos con una plataforma exportable; es decir, requerimos saber qué es lo que realmente tenemos y bajo qué condiciones podemos ofrecerlo al exterior.
No es una novedad que en nuestro país el control de calidad se encuentra muy por debajo de las normas internacionales, y en una cantidad considerable de productos este control no se ejerce, dado que durante años hemos contado con una industria sobreprotegida que en la mayoría de los casos, más que ofrecer calidad, ofrece cantidad al consumidor.
Afortunadamente este tratado no se firmará mañana. Tenemos el tiempo necesario para no precipitarnos y elaborar, mientras tanto, un inventario nacional que propicie la creación de la Unión Nacional de Exportadores, a través de la cual podamos identificar, conocer y desarrollar las especificaciones técnicas, normas de calidad y
niveles de servicios requeridos por los consumidores extranjeros. Ello deberá implicar también una reconversión de todo el aparato industrial.
Es cierto que debemos reconocer nuestra asimetría económica, pero también es de vital importancia que por conducto de los medios óptimos busquemos un trato preferencial para México y precisamente por estas razones no debemos olvidar la corresponsabilidad moral que tenemos frente a los países hermanos de América Latina, porque estamos obligados a buscar esta opción, pues es claro, por otra parte, que el gobierno estadounidense pretende con este acuerdo alejar a nuestro país del ámbito latinoamericano para, entre otras cosas, fortalecer su posición frente a la Europa de 1992.
Porque resulta obvio que frente a este acercamiento con el gobierno estadounidense existe la amenaza de una ruptura latinoamericana que deje atrás al Grupo de Río, al sistema económico latinoamericano y a la Asociación Latinoamericana de Integración, dentro de los cuales México ha jugado un papel fundamental.
De nueva cuenta advertimos también que además de contradecir con estas acciones los programas nacionales, se pasa por alto el dispositivo normativo constitucional que nos rige, como si en todo momento quisiéramos adherirnos a la legislación estadounidense. Lo que en mucho nos ha perjudicado, como es el caso de las trabas que actualmente tienen diversos productos agrícolas de nuestro país, cuyo ingreso al mercado estadounidense está prohibido con argumentos más proteccionistas que de tipo técnico o fitopecuario.
De igual forma el boicot que contra el atún mexicano ha sido promovido hasta por los ganaderos estadounidenses, que al paso tiempo sufren el descenso del consumo de cárnicos, a los que la dieta estadounidense comúnmente sustituye por productos del mar, aduciendo las autoridades estadounidenses pretextos ecologistas en cuanto al índice de mortalidad de delfines de la captura del atún, encontrándose en la misma situación la captura de camarón asociada a la muerte de tortuga, sustentados en la Ley de Protección de Mamíferos Marinos.
En necesario resaltar de manera especial la situación geográfica de nuestro país, que nos convierte por ese simple hecho en un mercado sumamente atractivo para las inversiones de Japón, Corea y Taiwan. Por nuestra situación geopolítica, nos encontramos tres ejes de la nueva regionalización mundial y es éste el momento de obtener ventajas de ello, diversificando hasta donde nos sea posible nuestro comercio con América Latina, la Comunidad Económica Europea y la cuenca del Pacífico, sin descuidar en ningún momento las características especiales en cada negociación.
Ya que en el caso de Japón, recientemente lo acaba de sufrir el presidente Salinas en Japón, podemos advertir un cierto retroceso en los apoyos económicos que originalmente se prometieron. De ahí la dificultad de estos acercamientos y la actividad con que se lleven a cabo dichas negociaciones.
Debemos pugnar también por una justa resolución de las controversias, y que no sea Washington quien las decida, porque como sabemos la legislación estadounidense vigente en materia de práctica comerciales, desleales, ha sido sumamente proteccionista, y ésta es la razón por la que los exportadores mexicanos una y otra vez pierden los juicios en busca de la protección de sus productos, ya que por la práctica cotidiana hemos podido percibir un oportunismo en cuanto a las medidas que ellos adoptan y una falta de sensibilidad frente a los argumentos del exportador mexicano para la resolución justa de controversias en materia de competencia desleal de los Estados Unidos de América.
Aquí sería recomendable adoptar el mecanismo canadiense, y acabamos de hablar hace unas horas con los canadienses en este mismo recinto, que mediante la creación de los llamados paneles binacionales, integrados por cinco penalistas, dos elegidos por cada país y uno por cada acuerdo, pueden revisar los estatutos y emitir un fallo declaratorio respecto a su modificación.
Debemos estar conscientes que el 90% de esta política de apertura proviene de las recomendaciones hechas a nuestro país por parte del Fondo Monetario Internacional y por supuesto del Banco Mundial, basadas por completo, no en las exigencias de nuestro país, sino en las condiciones absolutas a que debemos ceñirnos para ocupar en el concierto de las naciones un papel predeterminado, que es el producto de mano de obra buena y barata, para lo cual no se requiere ni educación, ni grado intelectual. Por ello es claro el desinterés del actual régimen en estas cuestiones; mucho de esto el ciudadano presidente de la Comisión de Programación y Presupuesto, que no sé si se halla en la sala, nos podría aclarar.
Los riesgos que corremos en este tipo de negociaciones son inminentes, y esto lo advertimos claramente no sólo los partidos de oposición, sino el resto de los economistas que conocen el estado actual de nuestra balanza comercial; no se está poniendo en juego únicamente el futuro de
este sexenio, sino el futuro de tres o cuatro generaciones más de mexicanos que, continuando las cosas como van, es muy probable que lleguemos a presenciar en 10 ó 15 años cómo el vecino país del norte tendrá sobre nuestro país un absoluto control económico, que en consecuencia absorberá desde luego otros ámbitos, como el político, el social y el cultural.
Por eso, advertimos ahora, que de no cuidarse todos y cada uno de los aspectos que hemos mencionado, este régimen seguramente habrá de pasar a la historia, pero no como aquél que trajo consigo la auténtica modernización del país, sino aquel que logró transformar autonomía e independencia nacional en sumisión y pérdida de soberanía.
En suma, el gobierno debe corregir sus acciones, partiendo, en primer término, de una conclusión en lo que respecta a la negociación de nuestra deuda externa, seguida de una adecuación jurídica, por lo que toca a estas prácticas comerciales, pero que fundamentalmente se consulte a la ciudadanía y en todo caso se informe de los riesgos e inconveniencias de esta negociación; no como hace unas horas fácilmente un diputado del Partido Revolucionario Institucional, del estado de Nuevo León, quiso informarle a los delegados comerciales que vinieron de la provincia de Quebec a enterarse de qué tan de acuerdo estábamos sobre este tratado de comercio, y en todo caso se informe de los riesgos e inconveniencias decía, de esta negociación, cuidar en todo momento las actividades estratégicas que por seguridad debemos reservarnos de acuerdo con la Constitución, única y exclusivamente para los mexicanos; elaborar un inventario nacional de nuestra plataforma exportable; dejar de proteger tanto a la industria y exigir mejores condiciones y calidad en sus productos; en vías de proteger y salvaguardar la inminente pérdida de identidad cultural, deben oponerse barreras a la acción de las industrias del cine, la música y las publicaciones estadounidenses.
Por las razones a que hemos hecho mención, es muy factible que mediante dicho acuerdo se incremente la planta de empleo y nuestra tasa de desempleo disminuya considerablemente, pero no debemos dejarnos seducir por cuestiones como ésta, ya que a corto plazo esto traería otro tipo de consecuencias negativas para nuestro país, lo mismo sucederá con el efecto inflacionario, que aparentemente tenderá a reducirse, pero que en el corto plazo hasta la importación a bajo costo se verá afectada por los costos tangibles e intangibles de las operaciones comerciales y de todo tipo que en consecuencia se elevarán en costo por la intermediación. México no sólo debe buscar la oportunidad económica, sino también su seguridad económica. Debe intentar, como Canadá, fórmulas que disminuyan y no aumenten su vulnerabilidad frente a los Estados Unidos de América, es decir, no sólo un marco más libre, sino fundamentalmente un marco más justo para nuestro comercio.
Entonces sí podríamos hablar de congruencia en el tan trillado Plan Nacional de Desarrollo y nuestro comercio exterior. Muchas gracias (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Armando Duarte Móller.
El diputado Armando Duarte Móller: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Conforme a lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994, el Sistema de Planeación Democrática establece como propósito encauzar la actividad de todos los miembros de la comunidad hacia la consecución de los objetivos nacionales. El documento rector del Sistema de Planeación Democrática, es precisamente el Plan Nacional de Desarrollo que de hecho constituye el proceso de planeación en el país. Para hacer posible este proceso, el plan se sujeta a cuatro fases: formulación, instrumentación, evaluación y control. Todo el proceso se regula por la Ley de Planeación, la cual dicta que debe realizarse, para la formulación del plan, una consulta popular sobre los diversos aspectos que deben abordarse.
Efectivamente estos foros se llevan a cabo pero no con el espíritu que dicta dicha Ley de Planeación, en virtud de que en la práctica la mayoría de los participantes en estas reuniones generalmente son miembros del partido oficial o funcionarios de las diferentes secretarías de Estado, por lo cual se genera un fenómeno aparente de participación mayoritaria de apoyo a los planteamientos realizados por el Ejecutivo.
Consideramos que por tratarse del plan de acciones del Ejecutivo Federal, debe de sujetarse éste a un minucioso análisis y discusión en el seno del Congreso de la Unión, con objeto de modificar y, en su caso, aprobar la instrumentación de dicho plan. Es una gran deficiencia de la ley el que se establezca que el plan se ha turnado al Congreso de la Unión sólo para su examen y opinión, dándole el carácter de simple espectador.
El Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994 en una ratificación de los propósitos planteados en el discurso de toma de posesión del Presidente de la República. El plan no contiene compromisos
claros ni metas concretas que lo hacen que corra el riesgo de quedar en tan sólo buenas intenciones. Consideramos que se enuncian los objetivos y las líneas de estrategias muy generales pero no se dice, salvo contadas excepciones en qué grado se tienen que lograr los resultados que lleven a conseguir la recuperación del crecimiento económico. En el Plan Nacional de Desarrollo se dice también que México cumple escrupulosamente con los principios de política exterior que incluyen la autodeterminación de los pueblos y la no intervención en los asuntos internos de los estados.
Consideramos que no se trata tan sólo de tener una política exterior para tener una buena imagen, sino para defender los principios básicos de la soberanía de los países y la propia.
El Plan Nacional de Desarrollo viene a ratificar los propósitos planteados en el discurso de toma de posesión del Presidente, los compromisos que se contraen están en base a un diagnóstico en el cual se reconoce la existencia de grandes problemas económicos, rezagos en los diversos sectores fundamentales insuficiencia de empleos productivos y bien remunerados, pérdida del poder adquisitivo de los salarios, endeudamiento excesivo, alta transferencia de recursos al exterior y deterioro de los términos del intercambio, entre otros.
Estos compromisos para resolver tales rezagos son ambiciosos; sin embargo, consideramos que siguen estando supeditados fundamentalmente a que se obtengan recursos financieros y que como parte de la negociación de la deuda, se logre disminuir la transferencia de recursos al exterior.
Es de todos sabido que la reducción de esta transferencia, lograda con la renegociación de la deuda, es absolutamente insuficiente.
Los objetivos que definen el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994, son: la defensa de la soberanía, la promoción de los intereses de México en el mundo la ampliación de la vida democrática, la recuperación económica con estabilidad de precios y el mejoramiento productivo del nivel de vida de la población.
En relación con la defensa de la soberanía y la promoción de los intereses de México en el mundo, no sólo se debe de circunscribir esta defensa a la defensa del territorio nacional, sino también a defender la economía nacional con una actitud enérgica, toda vez que México ha cumplido con el pago de su deuda y el servicio de la misma.
Plantear una negociación responsable, no debe ser sinónimo de aceptar condiciones onerosas, que en el pasado sumieron al país en un ajuste económico severo. Es responsable actuar con energía para lograr no sólo reducir los pagos, sino también promover que los acreedores reconozcan el valor real de nuestra deuda, logrando así una reducción que permita recuperar el crecimiento económico.
En ese sentido, consideramos que los términos de la renegociación lograda no son de ninguna manera los términos ideales; que el gobierno de la República debe de insistir en esta materia, para lograr acuerdos más favorables.
Se debe luchar también por reafirmar la decisión gubernamental de ampliar la vida democrática. No se puede lograr lo anterior cuando aun existen formas, procedimientos y actitudes que obstaculizan el libre ejercicio de la democracia.
Consideramos que la democracia es posible, sólo si el gobierno federal tiene voluntad para ella, no interviniendo en forma tajante para imponer líderes sindicales. Si promueve una reforma electoral, que permita la celebración de elecciones a través de un proceso electoral limpio y transparente.
En relación con la aspiración de lograr la recuperación económica con estabilidad de precios, se reconoce que se ha avanzado en la reducción de la inflación a bajos niveles, después de que en 1987 llegó a más del 150%. Sin embargo, no sólo es necesaria la estabilidad de precios, sino que también es imprescindible que se recupere el poder adquisitivo del salario, debido a que a pesar del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, se suscitan incrementos en precios, entre ellos en la renta de viviendas y de productos no controlados oficialmente.
Estamos de acuerdo que el principal freno a la recuperación lo constituye el problema del endeudamiento externo. Sin embargo, el resolverlo en los términos en que se ha logrado, no implica necesariamente la solución definitiva a las carencias y problemas de la economía nacional, sino que se deben de atender situaciones prioritarias como la elaboración de un programa nacional de productividad, en el cual se plantee que el ingreso se distribuye en forma equitativa, impactando favorablemente a los sectores productivos y sociales. Para darle viabilidad al plan, deben de eliminarse por completo las políticas económicas tendientes a favorecer al capital financiero y especulativo.
Dentro de las metas que cuantifica el documento en cuestión, se encuentra la del crecimiento económico, del cual se plantea lograr un crecimiento
sostenido a finales del período, cercano al 6%, y de reducir la inflación al nivel de la internacional, que en la actualidad es de alrededor del 5%.
Para conseguir estos propósitos, es necesario que se dé una estabilización continua de la economía, una ampliación de la disponibilidad de recursos para la inversión productiva y una modernización económica. Al respecto consideramos que si bien con los pactos de Estabilidad y Crecimiento Económico se ha logrado controlar la inflación en bajos niveles, aun persisten en la economía grandes desequilibrios sectoriales, fundamentalmente, en los sectores educativo, de salud, de desarrollo rural, así como en algunas áreas de la industria, que por efectos de la crisis han resentido grandes rezagos.
Conforme al planteamiento del Plan Nacional de Desarrollo, insistimos que se debe de establecer una verdadera reforma fiscal, que permita la captación de ingresos, para que se canalicen hacia actividades productivas incrementando la inversión pública.
Por otro lado, se establece como una premisa de la recuperación económica, la modernización de la economía nacional, basada en una mayor productividad y una mayor competitividad. Al respecto, consideramos que es buena la modernización, pero sostenemos que ésta debe partir de superar los desequilibrios sectoriales resultantes de la política económica adoptada en los dos anteriores sexenios, salir de los rezagos en que se encuentran algunos sectores, como el educativo, salud, desarrollo rural y desarrollo regional entre otros, debe ser el paso inicial para aspirar a una modernización real de la economía.
Entre otras cuestiones y dentro de la modernización se aborda la necesidad de modernizar al campo. Aquí, desde nuestro punto de vista, la cuestión está a partir de en qué bases se lograría tal modernización. Por mencionar algunos factores que han impactado negativamente al campo, podemos mencionar los índices de productividad agrícola, que disminuyeron en 1988 con respecto a 1987, al reducirse la producción de 28 millones a 22 millones de toneladas de granos básicos. Para 1989 se tuvieron que importar más de 10 millones de toneladas para satisfacer la demanda de la población.
Los esquemas productivos con mayor atención y mayor beneficio, son los enmarcados en la agricultura comercial de exportación, mientras que la agricultura de temporal, gran parte de su superficie se encuentra con una elevada marginación.
Consideramos que la medida adoptada recientemente de otorgar recursos del Programa Nacional de Solidaridad para atender estas necesidades, no es suficiente ni se está aplicando debidamente.
Los mecanismos utilizados para la fijación de los precios de garantía no corresponden a la realidad del campo, provocando que en muchos casos éstos sean inferiores a los costos de producción.
Existe una gran superficie con vocación agrícola que se ha ido deteriorando y no se han canalizado apoyos para su rehabilitación, lo cual ha sido causa de un desarraigo de los campesinos en diversas regiones del país.
El mismo planteamiento de modernización se hace para otros sectores que a través de los años han venido arrastrando graves problemas y presentan no sólo rezagos, sino también privilegios a una élite que domina financieramente en ellos.
Para modernizar a la economía es necesario que se dé un incremento sustancial en inversión pública en forma inmediata a través de una política de gasto público congruente con la necesidad de una recuperación y crecimiento sostenidos, abandonando la política restrictiva aplicada en el sexenio pasado y que aun se aplicó en 1989 y que en un 60% se destinó al pago de servicio de la deuda tanto interna como externa.
En otro orden de ideas, el Plan Nacional de Desarrollo señala que la apertura comercial adoptada por el gobierno mexicano ha sido cuidadosa. Nosotros agregaríamos que hasta ahora la apertura comercial ha sido unilateral y que además no sólo se han traído al país aquellos productos que son indispensables para el desarrollo económico, sino que se ha permitido introducir mercancías que son vendibles en el mercado nacional, como golosinas, lácteos, papelería, equipos de oficina, etcétera, lo cual viene a desplazar a los productores mexicanos, impactando negativamente en la mediana y pequeña industria.
Se dice que la inversión extranjera directa es benéfica para el país porque genera empleos, provee al país de recursos frescos, aporta tecnologías modernas y alienta el esfuerzo exportador del país.
Sin embargo, es bien sabido que la empresa transnacional sólo es motivada en sus inversiones, cuando se le garantiza una elevada ganancia, y además que cuente con todas las facilidades impositivas y comerciales para invertir.
Ciertamente puede generar empleos, y es favorable la inversión extranjera directa, dado que el mercado de trabajo mexicano es barato en comparación de otros países, así como dota al país de recursos para incrementar la inversión, y en
mayor medida promueve la salida de capitales del país. Muestra de esto es lo que sucede en al industria químico - farmacéutica. Si bien es cierto que algunas empresas con inversión extranjera han aportado tecnologías, también es cierto que la mayoría de éstas han aprovechado en mayor medida tecnologías que no son consideradas de punto.
Se plantea el acuerdo nacional para el mejoramiento productivo del nivel de vida, rigiéndose por cuatro líneas estratégicas: creación abundante de empleos bien remunerados y protección y aumento del poder adquisitivo de los salarios y del bienestar de los trabajadores, atención a las demandas prioritarias del bienestar social, protección del medio ambiente y erradicación de la pobreza extrema.
Ciertamente, como lo plantea el Plan Nacional de Desarrollo, esto será posible en la medida en que se logre la recuperación económica; de no lograrse, no solamente no se obtendrán estos propósitos, sino que se crearán mayores problemas de los que ya se observan, como por ejemplo un mayor nivel de desempleo, un mayor deterioro del poder adquisitivo, carencias en la prestación de servicios sociales, como educación, salud, vivienda y transporte, y un ensanchamiento del cinturón de miseria.
Finalmente, consideramos que el plan tiene carencias importantes, tales como el planteamiento de una verdadera reforma fiscal, de una política de industrialización y comercialización que induzcan al desarrollo económico del país, y de una política agropecuaria que tienda a la autosuficiencia alimentaria y que saque de la marginación a miles de campesinos.
El Plan Nacional de Desarrollo debe ser práctico y con objetivos precisos, con metas que cuantifiquen los compromisos a fin de que se esté en posibilidades de pronosticar en el corto y mediano plazos sus resultados.
En todo este contexto, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, considera que si se aspira a recuperar y sostener el crecimiento económico, es necesario que se instrumente un programa de reconstrucción de la economía nacional que contenga entre otros aspectos, un programa nacional productivo que incluya el uso de recursos excedentes, que anteriormente han sido destinados para cubrir el servicio de la deuda, para apoyar el crecimiento productivo y elevar así la productividad.
En este programa se debe contemplar también la modernización de las estructuras productivas, pero no para beneficio de una clase privilegiada, sino previendo una distribución equitativa y real del ingreso. Este programa deberá contener las bases concretas para el crecimiento, como la instrumentación de una reforma fiscal a fondo, que garantice recursos para el desarrollo económico la promoción del ahorro interno y su orientación hacia inversiones productiva una distribución más equitativa de los costos y beneficios del crecimiento económico, sentar las bases e instrumentar un programa nacional productivo, sostenido en elevar la producción y la productividad, y que incida definitivamente en la generación de empleos y en la recuperación del nivel salarial de los trabajadores. Muchas gracias por su atención. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra del diputado Israel Galán Baños.
El diputado Israel Félix Galán Baños: - Gracias, señor Presidente; estimados colegas diputadas y diputados que aun persisten aquí en el salón: Parece que fuera un poco negativa la medida de no dejar fumar, porque se van a fumar allá afuera, dejando de lado un debate tan importante como si fuera una cuestión de trámite simplemente. Pero en fin, ante la escasa concurrencia, y seguramente por allá estarán viendo los monitores, vamos a exponer el punto de vista del Grupo Parlamentario Independiente, sobre el informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.
Como el año pasado, cuando se presentó el proyecto de presupuesto que discutimos aquí en la Cámara, este documento del Plan Nacional de Desarrollo parece que es un ejercicio tautológico, repetitivo, como un juego de espejos. Si yo planteo un Plan Nacional de Desarrollo, con metas y propósitos y después presento este documento de plan de ejecución donde digo que todo se ejecutó, todo está bien. Aquí la cuestión política es importante porque este ejercicio en donde hay una correlación muy estrecha entre discurso y poder, se debe a que saben que en última instancia el documento va a ser aprobado por la mayoría aquí en la Cámara, sin que haya posibilidad de que la Cámara pueda constatar mediante una serie de ejercicios y procedimientos, por ejemplo, comparando el ejercicio de la cuenta pública trimestral o anual, con lo ejecutado en este plan, no tiene la voluntad de checar estas dos cosas, frente a afirmaciones generales.
Hay incluso un uso libre en los documentos que nos mandan, sin que nadie discuta aquí el contenido de los mismos. Constantemente nosotros tenemos referencias a un proceso, de la modernidad, le dicen unos; otros dicen de la modernización, nunca sabe uno a qué se refieren.
Modernidad desde luego está mal usado eso, la modernidad es una cosa que surgió hace más de dos siglos y que sigue su desarrollo. La modernidad viene con el capitalismo, la modernización es un método, un proceso para explicar algo que está pasando y aquí muchos oradores priístas han venido a decir: bueno, es que México, tiene que cambiar, porque todo mundo, hasta la Unión Soviética está cambiando. Es ineludible, es incontrastable que eso está pasando aquí y eso es la recomposición del mercado mundial, de la nueva división internacional del trabajo, del desarrollo de las nuevas tecnologías que se han descubierto en los últimos 15 ó 20 años. Pero hay de formas a formas. Y los que dicen que aquí igual que en Perestroika y aquí la salinastroika, pues son publicistas, son gente que hace propaganda para algo que no entiende y que no profundiza en ello.
El proceso de cambio y de reinserción en la Unión Soviética, evidentemente que se lleva bajo las formas de la mayor democracia posible en ese país, al grado de la eliminación del artículo 6o. constitucional soviético, de la realización del 28 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, de la rearticulación del Partido Comunista de la Federación Rusa, una serie de hechos que en nada se parecen a lo que pasa aquí. Aquí la reinserción en el mercado mundial, la ubicación del trabajo de México en la nueva división del trabajo internacional, está siendo impuesta desde una concepción que se considera unívoca. Aquí otro orador, creo que del Partido Popular Socialista, le ha calificado una visión contrarrevolucionaria y neoliberal. Bueno, esta revista de empresarios también le llama una economía neoliberal que se está instalando en México. Pero entonces entendamos de lo que hablamos, yo estoy de acuerdo que la reinserción, la reubicación de México en el mercado mundial, es un hecho inevitable. Lo tenemos que hacer. No es posible seguir con el tipo de economía con la que se estableció el desarrollo después de la guerra.
Entonces yo estaba diciendo que creo que es ineludible en economía, además pone énfasis esa manera de gobernar en que debe cambiar la economía, cual si fueran marxistas ortodoxos, por aquello de que la infraestructura material, va a cambiar todas las cosas restantes.
Entonces hay una incidencia, una insistencia en que la economía de México se rearticule en la nueva división internacional del trabajo, bajo métodos políticamente autoritarios; en eso no hay cambio, en eso no hay modernización en eso no hay una puesta al día, porque como no hay más ruta que la nuestra, propone el grupo en el poder, pues esto se tiene que hacer de manera autoritaria, les guste o no a los mexicanos. Ahí no hay apertura política. Puede haber todas las aperturas comerciales, puede haber las aperturas financieras puede haber toda la modernización aduanera, la eliminación de aranceles; todas las barreras al factor económico, pero en el terreno político, sí que ahí no hay nada; porque ellos están convencidos de esta concepción.
Para hacer la economía que proponemos, porque además la gente de abajo no sabe, es que no saben ni lo que dicen; nosotros sí sabemos. Y esta rearticulación en el mercado mundial, que llaman "modernización", éste es el proceso de modernización que entienden que la economía debe ser modernizada para facilitar las transferencias nacionales e internacionales, pero no lo que se refiere a la esfera política.
Porque ahí inclusive puede ser artículo de fe de que están convencidos de que el desorden se impondría. No queremos que nos pase lo que a la Unión Soviética. Como dijo Liegor Ligachov ayer en el Congreso del partido: es que esto de la Perestroika no ha servido para nada, ha traído puro desorden. Y entonces aquí en México dicen: sí, podemos perder también las elecciones como estos señores de Nicaragua, ¿no?
Entonces en materia económica se abre toda la economía, prácticamente no existe barrera para comerciar en México. Pero en la otra cuestión no hay nada.
Por eso me llama la atención este documento, como yo en una intervención anterior preguntaba: ¿qué tipo de estado y sociedad vivimos hoy en México? ¿En realidad nosotros vivimos un estado de derecho? ¿O vivimos un estado que se gobierna bajo la concepción de la seguridad nacional en donde los desaparecidos, los asesinados, los encarcelados, los desalojados, la violencia como clima imperante en la sociedad? A mí no me puede caber que esto sea un estado de derecho, esto más bien parece un estado de guerra.
Con bajas, las bajas normalmente están dadas del lado de quien se opone al gobierno. Entonces yo pongo en duda de que la política gubernamental, trabaje en el sentido del fortalecimiento del estado de derecho y del desarrollo democrático del país.
Yo más bien observo un estado de guerra; los métodos autoritarios, policiacos, personalidades, son aquí jefes de los aparatos de seguridad; el uso intensivo, no intensivo, pero sí localizado y fuerte del Ejército para resolver los problemas políticos.
Esos son elementos que nos hablan de un estado de violencia que ha llegado al límite de amenazar
a periodistas connotados porque éstos están escribiendo en los periódicos de los Estados Unidos de América. haciendo una caracterización del régimen mexicano que puede doler; les importa la imagen del gobierno mexicano frente a la opinión pública de los Estados Unidos de América. Y no es tolerable que el señor Jorge Castañeda, "cachorro del Partido Revolucionario Institucional", como le han dicho, hijo de un alto funcionario del gobierno revolucionario del Partido Revolucionario Institucional, esté escribiendo las cosas en Los Ángeles Times y en la revista News Week. Eso sí que es inconcebible que un mexicano esté pasando y la concepción y la situación que América Watch lo diga, eso puede se puesto en duda, porque como un connotado priísta me dijo: "bueno, es que eso de los derechos humanos, es una invención del imperialismo para atacar a los regímenes, desde luego, democráticos y progresistas como el mexicano", ¿eso debe ser, no?, Sajarov es gente del imperialismo.
Entonces, sin embargo, es necesario que haya reacciones aquí y me parece de llamar la atención y lo voy a decir desde la tribuna, aun cuando yo corra con el riesgo y bajo mi responsabilidad, de las críticas que se puedan hacer y lo hago a título personal; me parece que es encomiable la actitud del diputado Javier López Moreno, quien como secretario de asuntos sociales, no los del gobernador Piña Olaya, sino los otros de atención a la población, ha condenado por brutal la amenaza contra Jorge Castañeda.
Estas voces dentro del propio partido gobernante deben extenderse, en efecto, es una amenaza incluso para ellos, para aquellas voces discordantes, porque con lo que Castañeda ha estado diciendo en sus artículos en la prensa estadounidense, no está descubriendo el hilo negro, sino revelando una situación real en este país.
Por ello, me parece loable la actitud de Javier López Moreno y la declaración que emitió ayer a nombre del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional y me vi impedido, obligado a mencionarlo desde esta tribuna.
Yo creo que no es correcto este informe, también, de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, porque no es correcto decir que se han respetado los procesos electorales. Todos los diputados y el pueblo de México saben que los procesos electorales más difíciles han estado bajo la sospecha del fraude y de la ilegalidad cometida por el partido gobernante.
Pero un procedimiento que nosotros quisiéramos que se usara aquí, para evaluar si el Plan de Desarrollo se ha estado cumpliendo como lo señalaba yo, es el ejercicio presupuestal y la cuenta pública.
Hay aquí muchas cosas que se dicen, que en realidad no se han hecho, porque no basta, incluso, tener el presupuesto. Por experiencia personal, en mis tareas de diputado en el estado de Oaxaca, sé que el gobierno federal, estatal y municipal, controlados por el partido gobernante, son incapaces de realizar a veces las obras que se proponen, se comprometen y ofrecen a nivel, incluso, del propio Presidente de la República. Me consta que en varios casos, disponiendo del dinero suficiente para ejecutar las obras, es imposible hacerlas porque no tienen los gobiernos aquí mencionados, capacidad técnica de elaboración de los proyectos y que incluso, se han incluido en la cuenta pública que nos han entregado a la Cámara de Diputados, obras que no se han realizado, precisamente por la incapacidad de los gobiernos en este aspecto; no basta con tener el dinero, no pueden, no están en capacidad de cumplir las obras de cierta complejidad, de cierto nivel, los gobiernos, como me consta en el caso del estado de Oaxaca; por mis propias tareas, no están en capacidad de hacerlo, son miles de enredos, oficios, gastos viáticos, desplazamientos, de todo tiempo, sin que logren coagularse, cuajar, construirse las obras materiales que significarían el beneficio de las ciudades.
Por lo tanto, tampoco puede, estrictamente y siguiendo ese método de ajustar el ejercicio del presupuesto a lo que nos está diciendo el plan de ejecución, no se puede afirmar que el nivel de vida de la población mexicana sea elevado, a menos de que nosotros manejemos índices estadísticos y veamos en el crecimiento del producto que está por encima del crecimiento de la población, un índice de mejoramiento, pero ésas son unidades estadísticas no comprobables en el ejercicio cotidiano para elevar el nivel de vida de la población.
El caso del Programa Nacional de Solidaridad, está viniendo a ser eso, también me consta por diversas razones, no han estado en capacidad de cumplir las mismas promesas presidenciales que el presidente Salinas ha dicho en el estado de Oaxaca, por ejemplo, no lo pueden hacer; he revisado las hojas computarizadas de la Presidencia de la República para ver estos compromisos y sus seguimientos y me doy cuenta en el propio campo que no están haciendo lo que se proponen. Y estamos a punto de cerrar, el 20 de julio el ejercicio presupuestal 1990, y entonces empezará, ahora sí que una batahola de transferencias de partidas, de las partidas no sectorizables y de las que no se utilizaron. ¿Sí?
Empieza el "jaripeo" presupuestal, después de julio. Y el uso discrecional, como yo le decía al
secretario, cuando presentó el presupuesto en diciembre. Pues en tal estado como no se hizo y no se puede hacer por la incapacidad de integrar el expediente técnico, pasa para otro. Y pasa para acá. Y pasa para las entidades como Petróleos Mexicanos, que siempre están deficitarias o Comisión Federal de Electricidad. Entonces esto va siendo un círculo vicioso en el atraso y en la pobreza.
Para no cansarlos más, sé que están ustedes bastante fatigados y más les falta con la Ley Bancaria y la Ley Electoral. Anuncian jornadas de 24 horas, no sé si será verdad; pero lo leí en el periódico.
La política exterior y la soberanía nacional en el informe de ejecución. Aquí nosotros debemos de seguir un método también cuidadoso para observar, por ejemplo, lo que se está proponiendo en materia de libre comercio en la Asociación de Libre Comercio con los Estados Unidos de América.
En primer lugar, hay una cuestión de concepción al discutir esta cuestión con los Estados Unidos de América. Se parte para la reinserción, el reacomodo en la nueva división internacional del trabajo de aceptar la subordinación a la concepción estratégica de los Estados Unidos de América.
Ese es el principio bajo el cual se negocia el Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos de América. No porque no deban quitarse las barreras, no porque no deba haber un flujo de mercancías, no porque no participemos en la Ronda de Uruguay; pero hay de modos a modos de hacer la reinserción.
Los flujos de comercio, en efecto, tienden a hacerse por bloques; eso es correcto. Como dicen los economistas: porque eso también nos permite desarrollar una economía de escala y abatir los costos y abatir los precios también en la producción.
Pero hay de modos a modos. Y aquí está basado en un esquema de subordinación a la política estratégica de los Estados Unidos de América. No hay más destino que el destino manifiesto; el dominio de los Estados Unidos de América sobre la economía mexicana, de Centroamérica, el Caribe y el resto de América Latina.
Hay el caso, por ejemplo, en la maquila. ¡Cómo es posible, nosotros hemos estado discutiendo en la Comisión de Asuntos Fronterizos ésta situación, con nosotros los especialistas del Colegio de la Frontera Norte! ¿El gobierno mexicano está permitiendo una cuestión que desde el punto de vista de la soberanía y de los intereses nacionales es simplemente inaceptable!
¡En el comercio transfronterizo, el gobierno mexicano está aceptando una cláusula del Acuerdo General Sobre Aranceles Aduanales y Comercio que impide que el gobierno mexicano grave los productos de la maquila, pero permite que el gobierno estadounidense los grave en el lugar de consumo y no se graven en el lugar de la producción!
¡Con esto México está dejando de percibir 4 mil millones de dólares anuales y el fisco estadounidense está recibiendo 10 mil millones de dólares para su "buchaca".
La tarjeta roja. Está muy futbolera esta situación. Me quieren expulsar de la tribuna, compañeros.
Bueno, yo ponía como ejemplo. Vamos a empezar o estamos llevando a cabo una negociación en estas condiciones. Lo mismo puede y tenemos detalles y datos por las pláticas que hemos establecido, en la negociación bilateral sobre las cuestiones ecológicas en la frontera norte, producto de la industria maquiladora y que los Estados Unidos de América no quieren asumir, como lo marca la Convención de Viena, sobre daños ecológicos.
El daño se adjudica al país de origen de la empresa. Los Estados Unidos de América en la planta de tratamiento el drenaje de Tijuana y San Diego, han pretendido que México pague el costo.
Finalmente ha aceptado construir una planta binacional, con participación de México. Pero ¿para qué seguir, compañeros? Para no hablar más sobre que no hay congruencia entre lo dicho y lo hecho, está el caso de la Drug Enforcement Administration, las presiones, los secuestros, las estas hot pursuit, como se llama a las persecuciones en caliente, que según en la discusión sobre Castañeda, es porque éste ha revelado que aviones estadounidenses han pasado la frontera mexicana en persecución de narcotraficantes.
El asesinato de trabajadores mexicanos en San Diego y finalmente, ¿finalmente de todo esto qué nos queda? Esto. Aquí está la lista de los empresarios más fluidos de este país, este es el lado que funciona de la economía, de la sociedad; el resto son palabras que no cazan con hechos, porque no los avala la obra del gobierno federal...
El Presidente: - Diputado, le rogamos su atención al tiempo. Concluya por favor su intervención.
El diputado Israel Félix Galán Baños: - Yo creo que esa reinserción de México en la división internacional del trabajo se lleva bajo principios muy ortodoxos y muy dogmáticos, éste que mencionaba de la subordinación a los Estados Unidos de América y el mecanismo del mercado libre absoluto, por eso la desregulación estatal y la privatización, son principios dogmáticos sobre los que el gobierno no acepta discutir y para eso no permite y no abre, no tiene ninguna apertura en el terreno político. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Artemio Iglesias Miramontes.
El diputado Artemio Iglesias Miramontes: - Con su permiso, señor Presidente; honorable asamblea: Quiero rogar a la Presidencia, antes de hacer mi intervención, tenga a bien y a solicitud de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, insertar en el Diario de los Debates estos análisis, comentarios y opinión, que ha hecho mi fracción, primero en el seno de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, que en su tiempo tuvieron, que ahora hemos puesto al día, con algunos comentarios y opiniones.
El Presidente: - Adelante, señor diputado. Hágase.
«Opinión sobre el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994 que presenta la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Honorable asamblea: De conformidad con lo que establece el artículo 26 constitucional y 5o., de la Ley de Planeación, es facultad del Congreso de la Unión examinar el Plan Nacional de Desarrollo y emitir opinión sobre su contenido. Para esos efectos y de acuerdo con la que disponen el mismo artículo de la Constitución y el 5o. y 21 de la ley, el Ejecutivo Federal elaboró durante los primeros seis meses de su administración y publicó el pasado mes de mayo del presente año, el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994, el cual fue enviado con la misma oportunidad al Congreso de la Unión, para que éste proceda a su revisión. En cumplimiento de los ordenamientos legales citados, de acuerdo con las normas parlamentarias vigentes, considerando la gran trascendencia del plan en la vida de nuestro país, y la importancia de los aspectos de política exterior e interior, de carácter económico y social contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo, el documento fue turnado para su examen a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, la cual se ha abocado a su análisis, recabando la opinión correspondiente a cada una de las comisiones de trabajo de esta Cámara, sobre las medidas planeadas, previstas y ejecutadas para cumplir con los objetivos nacionales.
El Presidente de la República, al informar el 1o. de noviembre de 1989, ante el Congreso de la Unión sobre el estado general que guarda la administración pública del país, hizo mención expresa de las decisiones adoptadas para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, como lo prevé el artículo 6o. de la ley. Asimismo, al enviar a la Cámara de Diputados las iniciativas de Ley de Ingresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos para el año fiscal de 1990, como lo establece el artículo 7o. de la ley, se informa de su contenido general y su relación con los programas anuales elaborados conforme a la previsto en el artículo 27 de la propia Ley de Planeación.
El artículo 5o. de la ley establece que en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en las diversas ocasiones previstas por la ley, el Poder Legislativo fomulará las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del plan.
El primer informe de gobierno de la presente administración permite observar los avances en la ejecución del plan durante 1989, complementados con las estimaciones de cierre de ejercicio fiscal contenidas en las iniciativas y proyectos; éstos por su parte, plantean las previsiones fiscales para el año siguiente, encuadradas en las perspectivas económicas establecidas en los criterios generales de política económica que los sustentan. Estos documentos y los dictámenes que en su caso recaen sobre ellos, coadyuvan al examen y revisión del plan y permiten apoyar las opiniones respecto a su ejecución que se expresan en el presente documento.
Los comentarios y observaciones que en esta fase presenta la Cámara de Diputados, constituyen el punto de partida de una participación sistemática de esta representación popular a la LIV Legislatura del Congreso de la Unión, en el proceso de Planeación Nacional de Desarrollo. En las fases siguientes esta soberanía habrá de contrastar y vincular los objetivos, propósitos, líneas de estrategia y de acción que se incluyen en el plan, con los programas de mediano y corto plazos que de él se derivan, con el informe de acciones y resultados de la ejecución de los mismos que debe rendirse anualmente en el mes de marzo, así como sobre el contenido de las cuentas anuales de la Hacienda Pública Federal y del Departamento del Distrito Federal, en relación a los objetivos y prioridades materia de esos documentos, como lo establece el artículo 6o. de la ley. Asimismo, en los términos del artículo 8o. de la ley, esta
representación nacional habrá de establecer las necesarias relaciones del plan con los informes anuales de los secretarios de Estado y los jefes de departamentos administrativos, con los que rindan en las citaciones o comparecencias dichos funcionarios y los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como con las decisiones públicas fundamentales y su vigilancia y control, que competen al Poder Legislativo. En cada una de estas instancias está presente la protesta de esta representación nacional para aportar las observaciones y medidas conducentes a perfeccionar la planeación nacional del desarrollo.
Entendido en sus alcances el marco jurídico y político de la participación de la Cámara de Diputados en el examen del Plan Nacional de Desarrollo y adelantados los puntos de vista de las comisiones, se procedió a integrar el presente dictamen, que pone a consideración de esta asamblea el examen, opinión y puntos de acuerdo sobre el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994.
Examen del Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994
Introducción
El Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994 establece los lineamientos para preservar y fortalecer la soberanía y la seguridad nacionales y promover los intereses de México en el exterior; sienta las bases políticas del acuerdo nacional para la ampliación de nuestra vida democrática mediante una amplia participación social, el diálogo y la concertación; orienta las acciones de la administración pública federal y tiende a encauzar en su conjunto las acciones sociales para lograr la recuperación económica con estabilidad de precios y el mejoramiento productivo del nivel de vida.
El Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994, para el cumplimiento de sus postulados, establece la obligatoriedad para las dependencias y entidades de la administración pública federal, prevé la coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, permite la concertación e inducción con las representaciones de los grupos sociales o los particulares interesados, y propicia la participación de los diversos grupos sociales.
El examen realizado por la comisión, contempló los principales postulados del plan de carácter político externo e interno, económico, social y cultural. Con objeto de propiciar la más amplia deliberación sobre éstos aspectos, con la participación de las diversas corrientes políticas representadas en la Cámara de Diputados, la comisión turnó el plan y el examen, para su propio análisis y opinión, a las demás comisiones legislativas, con objeto de que analizaran particularmente los temas de su competencia, las cuales una vez recibidas fueron incorporadas en el presente documento, tratando de obtener el consenso del pleno.
En particular, en lo económico se observaron los aspectos relacionados con el crecimiento económico estable, la inversión productiva como motor de la recuperación, y la modernización económica, incluyendo las medidas para tener un sector público más fuerte y un aparato productivo más competitivo. Por otra parte, en el ángulo social, las interrelaciones y repercusiones de las políticas macroeconómicas en la creación de empleos productivos y bien remunerados, y los postulados para la atención de las demandas sociales prioritarias y la erradicación de la pobreza extrema.
El análisis se realizó siguiendo la estructura del Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994, con algunos reagrupamientos temáticos, motivados por consideraciones de carácter analítico y por la estructura de las comisiones legislativas en la Cámara. En el capítulo relativo al crecimiento económico con estabilidad de precios, se tiende a destacar la congruencia entre las políticas macroeconómicas de modernización y las políticas sectoriales; en el de política social, se agruparon problemas de índole estrechamente vinculada. En ambos casos, se trataron conjuntamente temas que serán abordados por un mismo programa de mediano plazo.
Con la base legal anteriormente señalada, el análisis incluyó los avances que sobre la temática que aborda el plan se han tenido durante el primer año de la presente administración; a partir de los acontecimientos políticos, legislativos y administrativos, de los conceptos y datos presentados en el primer informe de gobierno del presidente Salinas de Gortari, así como de los que contienen los criterios generales de política económica que sustentan las iniciativas de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1989, y estos propios documentos, así como los dictámenes correspondientes, se analizaron los avances obtenidos durante el año que finaliza y las perspectivas para los próximos, en relación a los objetivos, metas y propósitos del Plan Nacional de Desarrollo.
El presente dictamen contiene el examen del Plan Nacional de Desarrollo en este apartado,, que sirve de base a las observaciones y opiniones de las diversas comisiones legislativas que participaron; a partir de ellos, y atendiendo también a opiniones generales de comisiones "globalizadoras", como la de Gobernación y Puntos Constitucionales, la de Hacienda y Crédito Público, la de Comisión y Vigilancia de la Contaduría Mayor de
Hacienda y la propia de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, se formula la opinión correspondiente a los grandes capítulos del plan, la cual, por último, fundamenta los puntos de acuerdo que se presentan a consideración del pleno.
En la opinión, se efectúan algunas apreciaciones respecto a la estrategia y medidas planteadas y adoptadas para el logro de objetivos y metas; se emiten opiniones relativas a la obtención de resultados, y se efectúan recomendaciones para la elaboración de los documentos complementarios del plan, en particular respecto al contenido, características y alcances de los programas de mediano plazo, cuya elaboración prevén el artículo 22 de la ley y el propio plan en su parte siete.
1. El diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo. Balance General: los retos y las oportunidades.
Las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo parten del reconocimiento de una realidad compleja, cuyo análisis considera los diversos factores de naturaleza política, económica y social, su evolución histórica y su situación actual, para evaluar avances y determinar prioridades en la solución de problemas y satisfacción de aspiraciones.
Gracias a una amplia participación ciudadana, el plan se basa en un diagnóstico vivo de la realidad, de las necesidades de los mexicanos y de las aspiraciones nacionales. En el planteamiento de soluciones y acciones, norma las actividades del sector público, enmarca la iniciativa y participación de todos los sectores y alienta la solidaridad del esfuerzo compartido.
1.1 Avance en la vida política
En lo político, en el Plan Nacional de Desarrollo se hace un breve repaso histórico de los avances en la vida política del país, para señalar que la Constitución promulgada en Querétaro hizo suyas las banderas del movimiento de independencia, recogió los principios e instituciones republicanas de la reforma y plasmó la dimensión económica, social y cultural a que el país aspiraba, como complemento inseparable de la democracia política, cuya búsqueda condujo a la revolución. Apunta asimismo los desarrollos ulteriores de la participación social y política de sectores sociales cada vez más amplios, cuya representación ha encontrado cauces adecuados en nuestra vida institucional; la manifestación irrestricta de las ideas, los medios de comunicación abiertos y el surgimiento de una gran variedad de grupos políticos y fórmulas de agrupación, junto con nuevas instituciones de representación y participación, han creado un clima político democrático, activo, competitivo y plural.
El reto que enfrenta el plan es adecuar las instituciones a esta nueva realidad, y aprovechar las oportunidades que la misma representa para el fortalecimiento nacional en todos los órdenes, mediante el perfeccionamiento de las formas de participación colectiva responsable. Sin duda, garantizar la transparencia y claridad en los procedimientos electorales, elevar el profesionalismo que fomente la aceptación mutua del proceso y asegure la eficacia de los órganos electorales, y lograr una mayor calidad del debate político, son una clara demanda de la sociedad y un reto para los partidos políticos en su esfuerzo por encontrar los consensos que permitan avanzar hacia la consecución de estas metas.
1.2 Contexto Internacional
En la observación del contexto internacional en que ha de darse la evolución de nuestro país, el plan destaca que el orden internacional tiende a modificarse por la aparición de nuevas potencias que configuran un orden multipolar, así como por la creación y consolidación de nuevas organizaciones y alianzas entre países que, al margen del multilateralismo, buscan promover intereses comunes en áreas diversas las relaciones internacionales adquieren una mayor fluidez y se acelera el proceso de creciente interdependencia a nivel regional y global, a partir de procesos profundos de modernización económica y reformas políticas.
En un momento en que el cumplimiento de las normas básicas del derecho internacional podría estar amenazado por las aceleradas transformaciones políticas, económicas y sociales que se experimentan a nivel mundial, el proyecto internacional de México debe adecuar sus acciones a las nuevas realidades, a partir del fortalecimiento de su soberanía. Un instrumento clave para que nuestro país enfrente con éxito esa situación, es el esfuerzo de los principios rectores de la política exterior, que el plan propone.
1.3 Evolución y situación económica social
Para analizar la evolución económica social, junto a la presentación de avances indudables y rezagos insoslayables, el plan efectúa una revisión de las políticas económicas aplicadas en la historia reciente y de los problemas actuales de la economía mexicana, para destacar los medios para su resolución y las oportunidades de desarrollo.
En lo económico, el plan repasa las profundas transformaciones y avances del país a partir del final de la etapa armada de la revolución; la
dinámica del crecimiento económico y la multiplicación del producto interno bruto; los cambios significativos de la estructura económica y social; la conversión de un país fundamentalmente agrícola y rural en una sociedad predominantemente urbana; el crecimiento de la infraestructura económica con el correspondiente aumento de la capacidad productiva del país, de la producción manufacturera y de los servicios.
Junto a las transformaciones económicas, se mencionan también los avances sustanciales, aunque aún incompletos, en las condiciones sociales de vida de los mexicanos, destacando los avances en la educación, las condiciones de vivienda y la salud.
Las transformaciones que significaron un gran crecimiento de la capacidad productiva del país, se reconoce en el diagnóstico del plan, tuvieron también efectos negativos al causar la aparición de diversos desequilibrios; concertación económica y demográfica; ruptura del equilibrio ecológico en muchos espacios y regiones; disparidad sectoriales y regionales; iniquidad en la distribución del ingreso por estratos de la población; marginación económica y social de amplios grupos, y existencia de zonas en que la pobreza alcanza niveles extremos.
Los rezagos sociales continuaron siendo importantes. Las dificultades económicas de los últimos años han obstaculizado la atención adecuada y deseable para lograr la superación de ellos.
La política económica
Desde mediados de la década de los sesenta, algunos indicadores señalaban el inminente agotamiento de la etapa de crecimiento elevado sobre la base de la sustitución forzada de importaciones, por lo cual era conveniente aprovechar las oportunidades que ofrecía el mercado externo para compensar la pérdida de dinamismo del mercado interno, señala el plan.
Sin embargo, el mismo éxito alcanzado en las décadas anteriores con la estrategia de industrialización hasta entonces seguida, hacía difícil el abandonarla. Se intentó compensar el debilitamiento de la producción con medidas para aumentar la demanda, que comprendieron la adquisición, por parte del Estado, de empresas privadas en difícil situación financiera y la creación de nuevas empresas públicas en campos de actividad antes limitados a la acción de los sectores social y privado. Se aumentaron y generalizaron los subsidios, para compensar parcialmente el impacto sobre el bienestar nacional del debilitamiento estructural de la economía.
Se hizo patente y aumentó progresivamente la insuficiencia de las erogaciones públicas para sufragar la infraestructura económica. Durante los setenta, el endeudamiento externo desempeñó un papel compensatorio importante que ayudó a frenar el deterioro económico, pero a costa de empeorar las condiciones futuras de la economía.
Ante el aumento cada vez más rápido de la población, el país comenzó a registrar periodos intermitentes de crecimiento más y más breves, seguidos de otros cada vez más prolongados de recesión de la actividad económica.
Hacia el final de la década de los setenta, el petróleo pareció ser la solución para atender los rezagos con la inyección de nuevos recursos abundantes provenientes del petróleo y del endeudamiento externo. Al no materializarse las perspectivas del petróleo y revertirse el flujo de recursos externos, la economía mexicana se encontró en una situación sumamente difícil y apremiante a partir de la segunda mitad de 1982, caracterizada por una deuda externa excesiva, déficits fiscales y de balanza de pagos sumamente elevados, y desequilibrios estructurales que lejos de disminuir se habían agravado.
Hacia el segundo tercio de los años ochenta, el gobierno de la República inició un proceso de cambio encaminado a transformar la planta productiva, a elevar el nivel general de eficiencia de la economía y a desarrollar un sector exportador capaz de generar los recursos necesarios para el desarrollo. El esfuerzo también comprendió el saneamiento de las finanzas públicas, incluyendo la reestructuración del sector paraestatal.
Los problemas actuales
No obstante los esfuerzos de los últimos años, con los que se obtuvieron resultados importantes, el país continúa enfrentando serios problemas económicos y sociales, debido principalmente a la combinación de tres factores: problemas estructurales acumulados en muchas décadas que no podían ser corregidos en unos cuantos años, agotamiento de recursos por una evolución externa desfavorable, y el crecimiento histórico más elevado de la fuerza de trabajo. En los últimos siete años el producto se ha estancado, con una tasa de crecimiento anual promedio prácticamente nula. Sin duda, entre los aspectos derivados de esta situación el más preocupante es la insuficiencia de empleos productivos y bien remunerados para una población en edad de trabajar y en constante aumento, a los que se suma la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.
Los recursos reales disponibles en la economía han disminuido considerablemente, como
consecuencia de la transferencia de recursos al exterior y el deterioro de los términos de intercambio del país. Mientras que el país recibía recursos reales del exterior por alrededor del 2% del producto interno bruto en promedio durante los sesentas. entre 1986 y 1988 transfirió al extranjero casi 5% del producto interno bruto.
Ha existido insuficiencia del ahorro interno, aunque en los últimos años el correspondiente al sector público ha aumentado al pasar del 3.6% en promedio anual durante 1970 - 1979, a 5% en los últimos tres años. La disminución de la inversión refleja que el aumento del ahorro público no fue suficiente para compensar el deterioro de la situación externa del país y la debilidad del ahorro privado, que se deterioró al pasar de 17.1% a 14.8% del producto entre esos mismos dos periodos.
Desde 1986 se produjo una espiral inflacionaria y en 1987 la inflación alcanzó su valor más alto en la historia del país. Para erradicar este pernicioso fenómeno se realizaron diversos ajustes fiscales, monetarios y crediticios, que unidos a la concertación social de precios en el marco del Pacto de Solidaridad Económica, en 1988 permitieron lograr reducir muy significativamente la inflación.
Para avanzar hacia la satisfacción de los objetivos nacionales en materia económica y social, la estrategia del plan atiende a la corrección de diversos problemas estructurales. Se trata, entre los objetivos principales, de lograr una mejor distribución del ingreso; crear la infraestructura necesaria, especialmente de transportes; lograr una mayor productividad, en el campo para garantizar autosuficiencia alimentaria y el suministro adecuado de materias primas, y en la industria para aumentar las exportaciones no petroleras; propiciar la desconcentración de la actividad económica y el desarrollo regional y dotar de viviendas, servicios de agua potable, alcantarillado, electricidad, salud, educación y abasto, a quienes crecen de ellos o los tienen en forma insuficiente.
Los medios y las oportunidades
Al inicio de la presente administración, el panorama económico de estancamiento y salarios reales deprimidos es desfavorable. Pero junto con los problemas, el plan observa la existencia de condiciones y avances recientes que habrán de contribuir a hacerles frente, sumándoseles una estrategia económica adecuada, a la vez ambiciosa y realista. Entre esos avances recientes cabe señalar la reducción de la inflación, el saneamiento de las finanzas públicas, la racionalización de la política de comercio exterior del país, el fortalecimiento de las exportaciones no petroleras, y la capitalización de las empresas del país que se refleja en sus menores coeficientes de endeudamiento.
El país cuenta con cuantiosos recursos humanos y materiales que serán una base importante para su progreso; tenemos una fuerza de trabajo con mayor escolaridad y una infraestructura educativa que servirá de apoyo para aumentar la calidad de la educación; se dispone de una infraestructura económica importante; disponemos de vastos recursos naturales; se cuenta con los medios; pero sobre todo con la voluntad de un pueblo dispuesto a poner lo mejor de su esfuerzo para mejorar las condiciones de su patria en un clima de paz social, señala el plan.
1.4. Aspectos centrales
Del balance anterior, estipula el plan, resulta evidente la necesidad ineludible de avanzar simultáneamente en los campos de la democratización del país, de la economía y del mejoramiento social, en el ejercicio pleno de la soberanía nacional; el avance en sólo alguno de estos campos sería, además de incompleto, poco viable.
Los principales retos del país tienen, entonces, una dimensión política, una dimensión económica y una dimensión social entrelazadas y complementarias, y que con la solidaridad de los mexicanos serán atendidas a través de los tres acuerdos nacionales, así como mediante políticas que aseguren la participación eficiente de México en el mundo, en defensa de su soberanía, y que respondan en beneficio del país a los retos, a las oportunidades de la creciente interdependencia que, en diversos aspectos, caracteriza a las relaciones internacionales.
2. Objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo.
2.1. Los objetivos.
Los objetivos de la nación plasmados en el plan son: defender la soberanía y promover los intereses de México en el mundo; ampliar nuestra vida democrática recuperar el crecimiento económico con estabilidad de precios, y elevar productivamente el nivel de vida de los mexicanos.
Soberanía, democracia, crecimiento y bienestar, son objetivos que perseguirá el Estado mexicano utilizando todos los recursos a su disposición: Esto es, aplicando una estrategia para alcanzarlos. Esta estrategia del plan es la modernización de nuestra vida nacional.
2.2. La estrategia: modernizar a México
La estrategia que se plantea para la realización de los objetivos nacionales, es la modernización
nacionalista, por ser acorde con nuestra historia; democrática, porque se llevará a cabo a través de la acción concertada y la participación responsable de los ciudadanos, organizaciones, partidos y sectores, y popular, ya que tendrá el claro destino de elevar la calidad de vida de todos los mexicanos. El primer sujeto de la modernización será el Estado mexicano y sus relaciones con otras naciones, con los sectores y grupos sociales y con los ciudadanos; para ese efecto, en el Plan Nacional de Desarrollo se proponen los siguientes términos.
El Estado debe modernizarse para cumplir eficazmente con sus obligaciones más fundamentales: garantizar el estado de derecho y la seguridad de los ciudadanos armonizar los intereses de todos los grupos y promover las condiciones de crecimiento que permitan un avance significativo en el bienestar de todos los mexicanos. Ello exige incrementar su fortaleza, ampliando las bases sociales de su acción, y reconocerse como un actor que no colma todo el espacio social. El Estado moderno es cabal expresión democrática del interés nacional y, por tanto, asume la pluralidad y el juego de partidos como elementos sustantivos que precisen las tareas nacionales y fortalecen la unidad para realizarlas.
Exige también ser eficaz, eliminando el peso de su estructura que limita y en ocasiones erosiona su capacidad de respuesta ante sus obligaciones constitucionales. Su fuerza económica no radica en su tamaño ni en los ámbitos del quehacer productivo que posee, sino en la creación de las condiciones de un desarrollo efectivo que dé base permanente al empleo y a la calidad de vida.
Este es el sustento del concepto de rectoría del Estado, acorde con su propia modernización: el Estado debe conducir el desarrollo nacional, armonizando y articulando los intereses de todos los sectores concurrentes, en aras de fomentar el crecimiento económico y el empleo, y garantizar una más justa distribución del ingreso y la riqueza. El quehacer del Estado en la economías es, pues, promover, alentar, vigilar y coordinar la actividad económica nacional, en el marco de la Constitución y sus leyes, a efecto de garantizar el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.
La modernización del Estado, finalmente, no ignora sus responsabilidades sociales, sino que cambia para cumplirlas fielmente, sin paternalismos, pero con apego a sus compromisos tutelares, para hacer de cada quien, especialmente los más desaventajados, hombres y mujeres autónomos y dignos del respeto de la sociedad.
Para hacer de la modernización el camino adecuado hacia estos objetivos, el plan precisa los términos de los tres acuerdos propuestos a la noción por el presidente Salinas de Gortari: el acuerdo para la ampliación de nuestra vida democrática, el acuerdo para la recuperación económica con estabilidad de precios, y el acuerdo para el mejoramiento productivo del nivel de vida. Ya se han dado pasos firmes para la realización de estos acuerdos.
3. Política exterior, soberanía y seguridad nacional
3.1. Política exterior
México modernizará su política exterior, sobre la base de los principios de la autodeterminación de los pueblos; la no intervención en los asuntos internos de los estados; la solución pacífica de las controversias; la igualdad jurídica de los estados; la cooperación internacional para el desarrollo; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza, y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.
Asimismo, la política exterior de México se ha ajustado a otros preceptos que continuarán vigentes, y que son: la defensa de los derechos humanos; la soberanía sobre los recursos materiales; la defensa y práctica del derecho de asilo; la procuración de una justicia económica internacional; el respeto al pluralismo ideológico; la búsqueda de una práctica democrática en la toma de decisiones en la comunidad internacional, y la solidaridad latinoamericana.
Estos principios serán la guía de una política exterior activa, responsable y congruente. La política exterior que el plan propone, busca influir deliberadamente en los acontecimientos externos, abrimos sin temores a todas las vertientes de una vida internacional más compleja, rica y diversificada, en lo político, económica, técnico, financiero y cultural.
La política exterior del plan busca preservar y fortalecer la soberanía nacional, de los mares y plataformas continentales, el control sobre los recursos naturales y la autonomía del país; a la vez, apoyar el desarrollo económico, político y social de México, a partir de una mejor inserción de nuestro país en el contexto internacional. Busca, asimismo, proteger los derechos e intereses de los mexicanos en el exterior; apoyar y promover la cooperación internacional como instrumento para alcanzar estadios superiores de entendimiento y desarrollo; reafirmar la identidad nacional y ampliar la presencia cultural del país en el mundo, así como promover la imagen de México en el exterior.
En un enfoque temático y en la perspectiva geográfica, el plan identifica los elementos de estrategia de la política exterior: la diversificación de las relaciones políticas y económicas de México; la negociación económica firme y responsable en materia de deuda, comercio y finanzas internacionales; el apoyo a los procesos de distensión y pacificación; la participación activa en foros y organismos multilaterales; la concertación con otros países con intereses coincidentes o complementarios, y el combate decisivo al narcotráfico. La atención a los países con los que México tiene fronteras es prioridad de la política exterior; se propugnará por elevar paso a paso la cooperación con la comunidad latinoamericana; asimismo, aprovechar las oportunidades de intercambios, de comercio, de inversión y coinversión, con los países desarrollados y con los de la cuenca del Pacífico, y el apoyo recíproco con otros países en desarrollo.
3.2. Fuerzas armadas
Las Fuerzas Armadas son garante de la soberanía; en lo externo, cono defensa y guardia de nuestro territorio y mar patrimonial ante cualquier amenaza y para que los recursos naturales del país, en especial los marítimos, sean para beneficio de los nacionales. En lo interno, las Fuerzas Armadas mexicanas son baluarte de las instituciones democráticas del país; en el combate al narcotráfico y en el apoyo a la población en situaciones de emergencia, entre otras acciones, Ejército y Armada están presentes para la solución de los problemas que afectan al pueblo de México.
Las Fuerzas Armadas han sabido transformarse y fortalecer su esencia nacionalista, revolucionaria y popular; su identidad, definición y actuación al servicio del Estado son evidencia de una conducta apegada siempre a la legitimidad.
El plan reitera el reconocimiento de la nación al inquebrantable compromiso de las Fuerzas Armadas con los ideales y anhelos más profundos de la patria, con sus trascendentes tareas de defender la seguridad nacional y la integridad territorial, y de apoyo en las tareas sociales y de auxilio a la población, y establece las bases para su modernización congruente.
4. La ampliación de nuestra vida democrática
El plan combina, en el marco del estado de derecho, un amplio esfuerzo de concertación para la participación social en el diseño y ejecución de acciones, y un ejercicio moderno de la autoridad, respetuoso de la división de poderes y de la autonomía de los diversos ámbitos de gobierno.
Al proponer las bases de un acuerdo nacional para la ampliación de nuestra vida democrática, el Ejecutivo Federal busca promover, mediante la participación amplia de la sociedad, la movilización solidaria del país en la superación de sus problemas y en la satisfacción de sus aspiraciones, con el convencimiento de que los retos del presente requieren del esfuerzo de todos.
Se busca adecuar nuestras instituciones políticas fundamentales, y las acciones de grupos y partidos, a las nuevas condiciones políticas de México. Se busca preservar y hacer efectivo el estado de derecho; perfeccionar los procesos electorales y la ampliación de la participación política; modernizar el ejercicio de la autoridad mediante el fortalecimiento de la división de poderes, de autonomía de los ámbitos de gobierno y de la responsabilidad en el desempeño de las funciones públicas, y dar nuevo impulso a la concertación entre las organizaciones sociales y el Estado en la conducción del desarrollo.
4.1. La preservación del estado de derecho y la seguridad nacional
La seguridad nacional es condición imprescindible para el mantenimiento del orden soberano, por lo que debe ser preservada tanto en el ámbito interno como en el de las relaciones internacionales, en base a la concertación interna y la negociación externa; en ambos casos el denominador común es el respeto absoluto al estado de derecho y a los principios que éste representa.
La seguridad de la nación es un bien invaluable de nuestra sociedad y se entiende como la condición permanente de paz, libertad y justicia social que, dentro del marco del derecho, procuran pueblo y gobierno. Su conservación implica el equilibrio dinámico de los intereses de los diversos sectores de la población para el logro de los objetivos nacionales, garantizando la integridad territorial y el ejercicio pleno de soberanía e independencia.
Por lo anterior es preciso asegurar las condiciones para el mantenimiento del orden jurídico y de la seguridad nacional a través de:
Respetar y hacer respetar las bases jurídicas de la convivencia nacional, y
Reafirmar el nacionalismo como elemento esencial de nuestro desarrollo autónomo en el marco del derecho
4.2. Perfeccionamiento de los procesos electorales y ampliación de la participación política
En el perfeccionamiento de los canales para la actividad política, el Ejecutivo Federal propone a
la sociedad las siguientes bases y propósitos para el avance concertado en esta democratización:
Avanzar mediante el diálogo abierto en el perfeccionamiento de los procesos y procedimientos electorales;
Asegurar el respeto irrestricto a la voluntad popular expresada en las elecciones;
Vigilar la legalidad de los procesos electorales con una mayor y mejor participación de los partidos;
Informar de los resultados de las elecciones con una mayor oportunidad y transparencia;
Garantizar la seguridad personal de los participantes en todos los procesos políticos;
Mantener el acceso de los partidos a los medios de difusión, y
Respetar y apoyar el derecho a manifestarse públicamente en el marco de las leyes.
4.3. Modernización del ejercicio de la autoridad
Sociedad y gobierno avanzarán en la modernización del ejercicio de la autoridad conforme a los siguientes aspectos prioritarios:
Promover el fortalecimiento de la división de poderes mediante el respeto, la colaboración y coordinación con los diputados y senadores al Congreso de la Unión y con los integrantes del Poder Judicial;
Colaborar con el Poder Legislativo en aquellos aspectos que él mismo demande, para elevar su capacidad de ejercer soberanamente sus atribuciones;
Avanzar en la aplicación honesta y oportuna de la ley, colaborando con el Poder Judicial en los campos de su incumbencia, en el marco del respeto a la independencia de los poderes;
Asegurar el cumplimiento estricto de las responsabilidades en el desempeño de los funcionarios públicos, y
Coordinar y concertar acciones con los gobiernos estatales y municipales para el fortalecimiento del Pacto Federal.
4.4. Impulso a la concertación y a la participación social en la conducción del desarrollo
Para asegurar la participación amplia y responsable de la sociedad, es necesario fortalecer en ella la solidaridad y crear los mecanismos para el desarrollo de sus iniciativas.
Con estos propósitos, el plan propone a la sociedad que junto con el gobierno se atienda a los siguientes aspectos:
Ensanchar y perfeccionar los cauces para la concertación con la organizaciones de la sociedad;
Promover el mejoramiento de la democracia en las organizaciones representativas de los grupos sociales, y
Propiciar una mayor igualdad de oportunidades, gestionando el bienestar y los intereses de grupos marginados, de mujeres y jóvenes, de niños y ancianos.
5. La recuperación económica con estabilidad de precios
Objetivos, metas y líneas de estrategia
Los objetivos económicos del plan en términos generales, son los de crecer en forma estable y autosostenida, generar empleos y modernizar la economía.
La estrategia del plan surge del diagnóstico objetivo de las circunstancias, de los problemas y de las potencialidades del país para superarlos. En los lineamientos económicos generales se fijan metas y se señalan las prioridades estratégicas. La estrategia económica del plan es, deliberadamente, una simplificación de objetivos, metas y acciones por realizar, que procura recoger fielmente las prioridades actuales en materia de desarrollo económico.
En términos generales, las prioridades fundamentales de la estrategia económica señalan la necesidad de disponer de más y mejor infraestructura económica y social, así como una más completa atención a las demandas de los grupos de menores ingresos. La estrategia económica está así profundamente vinculada con la estrategia social.
La estrategia económica del plan tiene dos metas prioritarias generales, que se refieren a prospecciones de las dos variables macroeconómicas más sobresalientes: la tasa de crecimiento de la actividad económica y la evolución del nivel general de precios; alcanzar de manera gradual, hacia finales del período de vigencia del plan, una tasa de crecimiento sostenido de la actividad económica cercana al 6% anual y consolidar la estabilidad, hasta reducir el ritmo anual de aumento de los precios a un nivel comparable con el de nuestros socios comerciales.
Las metas prioritarias constituyen condiciones indispensables para avanzar, de manera satisfactoria, en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, en la creación suficiente de empleos bien remunerados para una población en edad de trabajar en rápido aumento, y hacia una más justa distribución del ingreso.
Las tres líneas básicas para crecer son: la estabilización continua de la economía; la ampliación de la disponibilidad de recursos para la inversión productiva, y la modernización económica. Estas tres líneas constituyen procesos continuos y permanentes. La primera se refiere a la estabilidad no como objetivo acabado y alcanzable de una vez por todas, sino como el constante esfuerzo para fortalecer y mantener la estabilidad. En cuanto a la disponibilidad de recursos, no se pretende simplemente alcanzar un cierto monto, sino su ampliación constante para asegurar el crecimientos económico sostenido. Por su parte, la modernización es un proceso, un esfuerzo continuo para adaptar las estructuras a las condiciones específicas que atraviesa el país, para que contribuyan mejor a la consecución de los objetivos.
5.1. Estabilización continua de la economía
El síntoma más claro de la estabilidad económica, o de su ausencia, es la estabilidad o inestabilidad en el nivel general de precios. Uno de los problemas más pertinaces que sufrió el país en años recientes fue la inflación. Ha sido evidente que los elevados incrementos de precios trastocan todo el funcionamiento de la economía y castigan más a los más débiles.
La inflación concentra el ingreso, desestimula la inversión, propicia la especulación, diluye el valor y demerita la función de la moneda, desestabiliza los precios reales de los bienes, acorta el horizonte del quehacer económico e imposibilita que los miembros de la sociedad programen eficientemente sus actividades. La recuperación del crecimiento sobre bases justas sólo será posible consolidando la estabilidad de precios.
Las acciones correspondientes al mantenimiento de la estabilidad son aplicables a todos los campos de la política económica y se agrupan en el plan, fundamentalmente, en las siguientes líneas generales:
Una política de ingresos públicos que permita el financiamiento equilibrado de las actividades del sector público; las políticas tributaria y de precios y tarifas de los bienes que ofrecen el sector público, tienen como finalidad inmediata y fundamental proveer de recursos al propio sector para financiar sus actividades y apoyar la estabilidad de precios, sobre bases más equitativas;
Una política de gasto público que determine el nivel de las erogaciones de acuerdo con la disponibilidad de financiamiento no inflacionario; la determinación del nivel del gasto público apoyará la estabilidad de precios y el funcionamiento adecuado de los mercados financieros; su asignación y ejercicio eficiente, deben apoyar la modernización económica y social mediante su congruencia con las prioridades de la estrategia en lo social y en lo económico;
Una política monetaria, financiera y crediticia que propicie un crecimiento de los agregados monetarios, compatible con el mantenimiento de la estabilidad de precios, fortalezca el ahorro interno y promueva una intermediación financiera eficiente; la política de tasas de interés debe conciliar dos objetivos aparentemente contrapuestos: otorgar rendimientos atractivos al ahorrador y promover tasas reales moderadas;
Una política cambiaria que apoye la estabilidad de precios, con el uso de todos los demás instrumentos de política económica para evitar en lo posible ajustes cambiarios abruptos, sobre la base de un comportamiento favorable de la economía, particularmente en la balanza de pagos; es fundamental que el tipo de cambio contribuya al fortalecimiento de las exportaciones y a la sustitución eficiente de importaciones, pero sin ser fuente de inflación, y
Una política de concertación que contribuya a mantener, mediante compromisos de los sectores, certidumbre en la evolución de los precios y que propicie gradualmente una mayor determinación automática de los mismos, a medida que se consolide la estabilidad necesaria para la operación ordenada de los mercados y se proteja el poder adquisitivo de los salarios.
Como se señalo en la presentación del plan, en los primeros meses de la presente administración y para los próximos, se ha mantenido como prioridad la consolidación de la estabilidad de precios. Se han alcanzado ya logros notables en materia de control y abatimiento de la inflación, en un contexto en donde no priva escasez o desabasto. Refleja por lo tanto una situación económica favorable, en donde la disciplina fiscal, el control monetario y la apertura comercial apoyan un esfuerzo ejemplar de concertación entre sectores.
5.2. Financiamiento del desarrollo
En los últimos cinco años, señala el plan, la insuficiencia de la inversión determinó el estancamiento del producto interno bruto. La disminución de recursos disponibles para su uso interno en la economía, la cual está en el fondo del
estancamiento de la actividad productiva, se explica fundamentalmente por una desfavorable evolución del sector externo; una súbita reversión de la transferencia de recursos con el exterior y un deterioro abrupto de los términos de intercambio del país.
Para obtener hacia finales del período de vigencia del plan una tasa de crecimiento cercana al 6% anual, el coeficiente de inversión a producto deberá aumentar gradualmente en alrededor de seis puntos porcentuales. Es esta recuperación de la inversión un requisito indispensable para volver a crecer y constituye un objetivo prioritario en el plan.
Ampliación de la disponibilidad de recursos para la inversión productiva
Los recursos necesarios para financiar el aumento de la inversión que requiere el crecimiento sólo pueden provenir de un mayor ahorro interno, público o privado; de una mejoría de los términos de intercambio del país y, de manera fundamental, de una reducción de las transferencias netas de recursos reales al exterior.
La evolución de los términos de intercambio depende de situaciones fuera del control del país, aunque su impacto puede ser atenuado mediante la adecuada diversificación de las exportaciones y especialmente el impulso a las no petroleras. En última instancia, la recuperación del crecimiento sostenido depende fundamentalmente de la generación suficiente de ahorro interno; sin embargo, en las condiciones actuales y tomando en cuenta los rezagos en la inversión, esta fuente será insuficiente, por lo que se requiere una disminución significativa de las transferencias al exterior, en magnitud suficiente para alcanzar los niveles de inversión requeridos por las metas de crecimiento.
Para superar la escasez de recursos y recobrar el crecimiento sobre bases permanentes, estables y equitativas, se requiere utilizar al máximo posible las diversas fuentes. Por ello, las líneas de política señaladas en el plan para la ampliación de recursos para la inversión serán las siguientes:
Políticas para fortalecer el ahorro público
Para fortalecer el ahorro público como fuente para financiar una mayor inversión, dentro del contexto de finanzas públicas compatibles con la estabilización y la atención a las demandas sociales, se plantea:
Fortalecer los ingresos mediante una más eficiente recaudación fiscal, mayor productividad en las empresas públicas y una política de precios y tarifas congruente con los propósitos macroeconómicos;
Reducir selectiva pero significativamente el gasto corriente como proporción del producto interno bruto, con una racionalización y mayor eficiencia operativa, sin descuidar el mantenimiento y operación de la infraestructura económica y social existente;
Asignar los recursos para la inversión, de acuerdo con criterios estrictos de evaluación de los costos y beneficios sociales, y
Elevar el monto de los recursos de inversión atendiendo, en lo posible y conveniente, al financiamiento en fuentes alternas y las del propio sector.
Aliento del ahorro privado y modernización financiera
El aumento del ahorro privado interno requiere de condiciones adecuadas para su generación e inversión productiva. La modernización del país requiere no sólo un sistema amplio y diversificado, sino sobre todo moderno, que apoye e incentive la productividad y la competitividad de la economía, con una menor dependencia del financiamiento al sector público y una mayor estabilidad en las tasas de interés. Sobre esas bases, durante los próximos años se atenderá en especial a los siguientes propósitos.
Aumentar la eficiencia operativa y la autonomía de gestión de la banca;
Examinar cuidadosamente la reglamentación relativa a banca y crédito, instituciones de seguros y fianzas, mercado de valores y otros intermediarios financieros, para garantizar un funcionamiento sano y eficiente y la flexibilidad necesaria para su crecimiento y adecuación a las nuevas condiciones económicas y financieras;
Articular mejor las funciones del sistema bancario con las de los intermediarios financieros no bancarios, promoviendo una mayor complementariedad y evitando duplicidades;
Ante la reducción de los "cajones" obligatorios de crédito, financiar el crédito selectivo con los recursos de los bancos y fideicomisos de fomento; Incrementar el beneficio social de los recursos de la banca de fomento, aumentando su eficiencia operativa;
Modernizar la regulación de los intermediarios financieros no bancarios, especialmente del
mercado de valores, para permitir flexibilidad de adaptación a las condiciones imperantes y evitar prácticas que lesionan los intereses del público;
Lograr la consolidación de un mercado de capitales que apoye cada vez en mayor medida los requerimientos financieros de la inversión, y
Promover decididamente la actividad aseguradora y de otros intermediarios financieros no bancarios, como las afianzadoras, las arrendadoras, los almacenes generales de depósito y otros.
Criterios para la reducción de las transferencias de recursos al exterior
El crecimiento sostenido dependerá del fortalecimiento del ahorro interno, pero en el corto y mediano plazos es preciso disminuir la transferencia de recursos al exterior para generar el impulso necesario y revertir las condiciones adversas que han prevalecido en los últimos años. En el plan se proyecta disminuir la transferencia de recursos al exterior, de alrededor del 7% del producto en los últimos años, a menos del 2% en promedio durante la presente administración.
La renegociación de la deuda externa y su servicio es el pilar fundamental sobre el que descansarán los esfuerzos de reducción de la transferencia neta de recursos al exterior. Asimismo, la promoción de la inversión extranjera directa será también fuente de recursos para elevar la disponibilidad de financiamiento de la inversión.
Las cuatro premisas básicas que normarán la renegociación de la deuda pública externa son:
Abatir la transferencia neta de recursos al exterior, con el fin de que nuestra economía pueda reanudar el crecimiento de manera sostenida, en un contexto de estabilidad de precios;
Disminuir el valor de la deuda histórica acumulada, para lo cual será necesario acordar con los acreedores condiciones de servicios diferentes a las actuales, que sean congruentes con la situación presente y con el valor real de la deuda;
Asegurar recursos netos durante un período lo suficientemente largo, de manera que se elimine la incertidumbre de las negociaciones frecuentes, y
Reducir el valor real de la deuda y su proporción con respecto al producto interno bruto.
Con un importante alivio en las transferencias de recursos al exterior, el país alcanzará gradualmente una etapa de expansión sostenida y autosuficiente, en que un mayor crecimiento significará una mayor tasa de ahorro, que estimule un nuevo crecimiento.
Aligerar el peso de la deuda, por sí mismo, no resuelve los problemas de desarrollo ni autoriza derroche o relajamiento alguno en la disciplina de las finanzas públicas. El esfuerzo interno por producir más y mejor es insustituible.
Inversión extranjera directa
Los beneficios potenciales de la inversión extranjera aumentan considerablemente con la apertura comercial y se convierten en un complemento conveniente a la inversión nacional. Por ello se plantea promover un flujo de inversión extranjera que apoye los objetivos del país, mediante la aportación de recursos financieros para la inversión en territorio nacional, la creación de empleos, el acceso a mercados externos y la difusión de tecnologías.
Con objeto de fomentar la inversión extranjera directa en forma conveniente para el país, los reglamentos y procedimientos aplicables deben orientarse a:
Hacer que los procedimientos de autorización de las nuevas inversiones permitidas por la ley sean automáticos, expeditos y transparentes
Simplificar trámites, definir requisitos con precisión, y dar fluidez institucional a los procedimientos;
Aprovechar al máximo la aportación tecnológica y el acceso a los mercados de exportación de la inversión extranjera, y
Crear los mecanismos para que la nueva inversión extranjera no genere presiones adicionales sobre los mercados financieros nacionales.
5.3. Modernización económica y economía mixta
La tercera línea de estrategia es la modernización económica. Junto a los esfuerzos por tener un sector público más eficiente para atender sus obligaciones legales y compromisos populares, en particular los requerimientos de infraestructura económica y social del desarrollo, deben encontrarse los necesarios para contar con un aparato productivo más eficiente y competitivo. A ello coadyuvará el establecimiento de un sistema claro de reglas económicas que aliente la creatividad productiva libre de obstáculos e inseguridades, propicie la innovación y adaptación tecnológicas, aliente nuevas experiencias en la organización del trabajo y en formas de asociación para la
producción. A todo ello tiende esta línea de estrategia del plan. Industrialización y comercio exterior
La política de protección excesiva a los productores del país frente a la competencia externa, propició una asignación ineficiente de los recursos nacionales, al desviar su uso hacia actividades en que el país no era competitivo y propicio la concentración del ingreso, mediante beneficios especiales a monopolios y oligopolios, creados mediante el proteccionismo, que se reflejaron en cargas al consumidor que redujeron el bienestar de las mayorías.
Por lo tanto, la política de industria y comercio exterior en el plan estará orientada a promover la modernización del aparato productivo, para que eleve su eficiencia y su competitividad. Simplificar al interior y negociar en el exterior nuestros productos junto con los exportadores, será una línea de conducta gubernamental; se ha llevado adelante una cuidadosa apertura de nuestra economía a la competencia internacional, a la eficiencia de sus empresas, a la lucha por los mercados exteriores.
Al mismo tiempo se pondrá en marcha un extenso programa de desregulación, la apertura a la inversión privada en obras de infraestructura, un esfuerzo interno y externo para promover las exportaciones y nuevas reglas para la inversión extranjera.
En particular, la política de comercio exterior se llevará a cabo considerando los siguientes objetivos: fomentar las exportaciones no petroleras; alcanzar una mayor uniformidad en la protección efectiva a las distintas industrias; continuar con la eliminación de las distorsiones provenientes de las restricciones no arancelarias al comercio; garantizar el acceso de nuestras exportaciones a los mercados mundiales y buscar que la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y el acceso a los recursos externos, contribuyan a los propósitos de la política comercial del país.
Para hacer posible el cumplimiento de tales objetivos, las acciones de política se llevarán a cabo de acuerdo con los siguientes propósitos:
Alentar la inversión privada, nacional y extranjera, mediante una política económica certera y clara y con un marco tributario que sea competitivo a nivel internacional;
Propiciar la modernización tecnológica de la industria nacional;
Aprovechar las ventajas geográficas del país para promover la integración eficiente de la industria exportadora, en especial la maquiladora;
Promover las exportaciones mediante la permanencia y claridad en las políticas y su aplicación más expedita, automática y general;
Concertar con los exportadores las medidas de promoción y aliento, simplificar y agilizar trámites y solución de problemas;
Avanzar en el proceso de sustitución de permisos previos por aranceles congruentes con la modernización económica del país, y disminuir la dispersión arancelaria;
Fortalecer la competitividad del país, mediante un esfuerzo de desregulación en los sectores con mayor impacto en las exportaciones;
Utilizar la legislación de comercio exterior como instrumento de defensa legítima ante prácticas desleales de comercio;
Asegurar una canalización eficiente de crédito al sector exportador, en condiciones similares a las que se otorgan en otros países;
Negociar con otros países el acceso más franco de nuestras exportaciones a sus mercados, en reciprocidad a las medidas de apertura comercial adoptadas;
Aprovechar todas las ventajas que hay en el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, para llevar a cabo negociaciones multilaterales; mejorar el aprovechamiento de los sistemas generalizados de preferencias y negociar bajo el principio de reciprocidad relativa aplicable a México como país en desarrollo, y
Utilizar las negociaciones bilaterales para mejorar permanentemente el acceso a los mercados externos de las exportaciones mexicanas.
Adecuación del marco regulador de la actividad económica
Las regulaciones de la actividad económica muy antiguas en su mayor parte, no corresponden a las condiciones ni a los retos actuales en el marco de una economía abierta a la competencia externa. La regulación excesiva limita la competencia, impone costos elevados e impulsa los precios al alza, desalienta la productividad y propicia una asignación ineficiente de los recursos y, al constituirse en una barrera a las entradas de nuevos participantes en los mercados, propicia ganancias oligopólicas en beneficio de unos cuantos a costa del bienestar de los demás.
Por ello, se plantea actualizar las normas de regulación de la actividad productiva para simplificar y agilizar trámites, propiciar el abatimiento de costos y eliminar incertidumbres, así como propiciar una mejor asignación de recursos; se promoverá una mayor concurrencia de productores removiendo obstáculos a la entrada de nuevos participantes en las actividades en que existan sin una clara justificación económica y social, alentando así la competitividad.
Se eliminará la aplicación discrecional e injustificada de las normas que regulen la actividad económica. Se promoverán reglas claras y estables que permitan a las empresas planear para el mediano y largo plazos, realizar transacciones confiables a un costo moderado y contar con la capacidad de exigir el cumplimiento de contratos de una manera barata y expedita. Para este fin, los lineamientos de estrategia serán los siguientes:
Se eliminarán las barreras a la entrada y salida de mercados y se promoverá la incorporación cabal de todos los agentes productivos al sector formal de la economía;
Se buscará beneficiar, de manera especial, a la pequeña y mediana industrias, puesto que la reglamentación excesiva es un costo fijo que afecta
principalmente a este tipo de industrias, y
Se terminará con las prácticas monopólicas y oligopólicas de algunos proveedores y clientes, que inhiben la competencia y generan ganancias extraordinarias, en detrimento de los pequeños industriales y de los consumidores.
Modernización de la empresa pública
El Ejecutivo Federal señala que la modernización económica será inconcebible sin la modernización de la empresa pública, ya que ésta juega un papel esencial en la promoción del desarrollo. Para atender con eficacia, sus funciones, la empresa pública se sujetará a un profundo proceso de modernización estructural, y se concentrará en las áreas estratégicas y prioritarias para el desarrollo de su actividad.
El Estado mantendrá la propiedad y el control de las áreas estratégicas que señala el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución: acuñación de moneda, correos, telégrafos, radiotelegrafía y comunicación vía satélite; emisión de billetes por medio de un solo banco, organismo descentralizado del gobierno federal; petróleo y demás hidrocarburos; petroquímica básica, minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad; ferrocarriles y prestación de servicios de banca y crédito. En lo que a las sociedades nacionales de crédito se refiere, se mantendrá el régimen mixto de inversión pública y privada.
El Estado también mantendrá su participación en aquellas empresas consideradas como prioritarias, cuyas actividades, por ser de amplio beneficio social, demandan una atención preferente, tal es el caso de los servicios de salud, vivienda, educación y las actividades de regulación y garantía de abasto de productos básicos, que se desarrollan a través de entidades como el Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores, Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de Bachilleres y Compañía Nacional de Subsistencias Populares, entre otras.
Se profundizará la modernización de las entidades estratégicas y prioritarias, con un claro criterio que evite confundir a las empresas públicas propiamente dichas con las entidades de servicio institucional cuya eficiencia y productividad no son siempre medibles en términos de rentabilidad financiera. Las entidades de servicio que cumplen una clara función social la desarrollarán con la mayor eficiencia, distinguiendo su fin de los resultados de su operación: no así las empresas públicas, que por los tipos de bienes o servicios que producen, deberán sujetarse a criterios de rentabilidad y regirse de acuerdo con la competencia que impone el mercado, para su mejor desempeño y más alta utilidad social.
Para que el balance positivo que arroja la evaluación de las actividades de la empresa pública se mantenga o acreciente, se procederá a la desincorporación y redimensionamiento de entidades que no reúnan las características de estratégicas o prioritarias, lo cual, además de dar un mayor espacio de participación a los sectores social y privado, permite la liberación de recursos públicos para una mayor y mejor atención a las actividades que si tienen esas características.
Se impulsará y fortalecerá el sector paraestatal, de tal manera que todas las empresas públicas se conviertan en modelos de eficiencia operativa y económica; se eliminará la reglamentación excesiva y se les dotará de una verdadera autonomía de gestión a través del fortalecimiento de sus órganos de gobierno, al tiempo que asumirán el compromiso de alcanzar una mayor autonomía financiera y para que presten servicios y vendan productos de buena calidad y a buen precio.
Por otra parte, la modernización económica demanda la descentralización de decisiones y la desconcertación geográfica de la actividad, para propiciar un mejor uso de los recursos nacionales,
abatir costos, aprovechar las potencialidades económicas del territorio y distribuir más equitativamente, a lo largo y ancho del país, los beneficios del progreso y las responsabilidades en el desarrollo nacional. Más que como políticas en particular, la descentralización y la desconcentración son consideradas en el plan como ejes esenciales de todas las políticas; en diversas secciones de ese documento se hace referencia a los principios rectores para el uso eficiente del territorio, y en la sección relativa a las políticas de población y desarrollo regional y urbano, se mencionan los criterios generales que deben seguirse.
Ciencia y tecnología
El fortalecimiento científico y tecnológico es urgente y debe ser muy acentuado en los próximos años, dada la necesidad de continuar impulsando la participación eficiente de la economía mexicana en la internacional. La modernización requiere una clarificación de las respectivas contribuciones de la actividad científica y de la actividad tecnológica en el desarrollo nacional. La ciencia no debe valorarse como proceso supeditado a los requerimientos cotidianos de las actividades económicas, sino por su contribución a largo plazo; por su parte, la tecnología debe ponderarse principalmente por su capacidad para impulsar el mejoramiento de las actividades productivas.
El desarrollo científico del país se impulsará mediante el aumento de los recursos públicos que se le destinan o inciden en él: programas de mejoramiento y actualización de profesores de ciencias básicas; fomento al posgrado y a programas de investigación científica; becas y apoyos a grupos de investigación; descentralización de las actividades científicas; inducción al regreso de científicos mexicanos radicados en el extranjero, y convenios de cooperación con instituciones nacionales y extranjeras.
En materia tecnológica el objetivo fundamental es inducir una rápida y eficaz modernización tecnológica del aparato productivo nacional. La política tecnológica, que hasta ahora ha enfatizado el aspecto de investigación y desarrollo, habrá de diversificarse hacia los campos de adquisición, asimilación, adaptación y difusión eficientes de tecnología. La vinculación explícita de las estrategias e instrumentos de la política tecnológica con los requerimientos del aparato productivo nacional, constituirá el elemento crucial de la modernización en este ámbito.
La modernización tecnológica del país será promovida mediante apoyos a los centros de investigación con orientación tecnológica, al igual que a las empresas. Se introducirán cambios en los esquemas de financiamiento a los centros de investigación; se ampliará y mejorará la infraestructura educativa para las especialidades técnicas, y se fortalecerán los acervos de información tecnológica, así como los servicios de asistencia técnica y consultoría. Se fomentará el financiamiento a las empresas para su modernización tecnológica y se les otorgarán facilidades técnicas y administrativas para la adquisición de tecnología. Se propiciará la agilidad en los procedimientos de registro y protección de patentes y los derechos de propiedad inherentes, y se promoverá la modernización del régimen de normalización y control de calidad de productos como un estímulo al avance tecnológico.
6o. La política económica sectorial
Para aumentar la satisfacción de objetivos con los recursos disponibles para el crecimiento, la modernización económica atenderá también propósitos sectoriales, de acuerdo a las líneas de política contenidas en el plan que se analizan en el presente apartado.
Una preocupación profunda que contempla el plan, es la modernización del campo. La agricultura debe ser un modo de vida atractivo y digno; a la vez debe atenderse a las necesidades de los campesinos y apoyar el desarrollo integral de todos los sectores de la economía y de la sociedad. Se necesita para ello, la autogestión productiva libre de paternalismos, certeza jurídica en la tenencia de la tierra, nuevas formas de organización de los productores, y en general procedimientos y tecnologías que permitan aprovechar más y mejor el potencial agrícola de nuestro país.
Con criterios de eficiencia, de estímulo a la iniciativa de los particulares y a la realización de las energías sociales, se atenderá a la modernización de la pesca en apoyo de la autosuficiencia alimentaria, del mejoramiento de las condiciones de vida de los pescadores, de la captación de divisas y el desarrollo regional del país.
Es necesario implantar medidas para conservar, ampliar y explotar racionalmente los recursos escasos del país, renovables y no renovables, en especial en lo referente al agua, los bosques, los hidrocarburos y la minería.
Se aumentarán gradualmente los recursos públicos destinados a la modernización de la infraestructura, pero especialmente se promoverá la participación de los particulares en esas áreas. Por su significación, se atenderá prioritariamente a la modernización del transporte y las
comunicaciones, en especial las telecomunicaciones, como uno de los requisitos fundamentales para la productividad y competitividad en las condiciones tecnológicas del mundo de hoy.
El petróleo es una de nuestras principales riquezas. Es y seguirá siendo de todos los mexicanos. Por ser un recurso limitado y por su importancia estratégica, se promoverá su ahorro y utilización más racional. Igualmente, se ampliará la capacidad de generación de electricidad, base de la actividad económica. El objetivo es asegurar el abasto de energía que requerirá la recuperación del crecimiento. Para ello, será preciso incrementar los recursos públicos, privados y provenientes del exterior, en los términos que la ley establece. A mediano plazo se buscará la autosuficiencia financiera, mediante mayor eficiencia operativa y precios adecuados a los costos.
Se modernizará el turismo, como una de las fuentes de divisas más importantes y de mayor potencial de desarrollo y como prestador de un servicio atractivo y accesible para los nacionales.
6.1. Modernización del campo
El objetivo fundamental del sector agrícola es aumentar la producción y la productividad del campo. Para lograrlo es indispensable su modernización mediante la puesta en práctica de múltiples decisiones; entre otras, las siguientes:
La descentralización hacia los estados de la República, de facultades y recursos humanos, financieros y físicos; se busca que la modernización del campo sea adoptada como una responsabilidad prioritaria por los gobiernos estatales, en ejercicio de su soberanía y con el apoyo del gobierno federal;
El fortalecimiento de la autonomía de gestión de los productores y sus organizaciones; lo cual implica que los campesinos sean los que determinen sus programas de producción y sus compromisos, sistemas de trabajo y formas de asociación para la producción. Se promoverán decididamente los procesos de organización productiva y capacitación técnica y los servicios de extensionismo;
La concertación con los gobiernos y los productores de los estados para elaborar y ejecutar los programas de desarrollo rural con la suma de los recursos locales y federales disponibles así como su uso coordinado, y
El ejercicio de una firme política para promover la eficiencia productiva y evitar el contrasentido de que, en un país con enormes carencias, existan recursos ociosos; tierras, obras de infraestructura, maquinaria, instalaciones industriales y de servicio entre otros.
La política agrícola se desenvolverá en dos vertientes principales; proteger y aumentar el bienestar de los productores de bajos ingresos y promover la oferta abundante de alimentos y materias primas para el resto de los sectores.
La soberanía alimentaria es propósito esencial de la estrategia agropecuaria y será apoyada mediante aumentos en la producción fincados en una mayor productividad en el uso de los recursos, encaminados prioritariamente a aumentar la producción de maíz, trigo, frijol, arroz, azúcar y semillas oleaginosas, así como de carnes, leche y huevo. Por otra parte, se impulsarán las exportaciones que permitan fortalecer la balanza agropecuaria.
Es indispensable afirmar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y hacer de su respeto el punto de partida de la acción modernizadora del campo, evitando toda forma de simulación. Se exigirá a sus tenedores que la tierra cumpla con su potencial productivo; para ellos habrán de aprovecharse las amplias posibilidades que ofrece la Ley de Fomento Agropecuario, para eliminar o atemperar los factores que propician la subutilización o el abandono de tierras.
Subsector pecuario
La modernización del subsector pecuario buscará revertir la tendencia de crecimiento negativo y descapitalización observada en los últimos años. Para ello, en base a los principios de descentralización y participación de los productores, se han establecido estrategias diferenciadas por tipo de productos, regiones y mercados, procurando que los apoyos y estímulos propicien la recuperación y mejor aprovechamiento del hato ganadero, así como el basto interno suficiente y oportuno, y el incremento de la capacidad exportadora de la actividad.
El impulso a las diferentes especies pecuarias se harán a través de programas concertados de sanidad animal, mejoramiento genético, investigación aplicada, uso integral de los recursos forrajeros y, en forma muy importante, promoviendo la organización de los productores con un claro objetivo de elevar su producción, productividad e ingresos.
Se revisarán a fondo las políticas de crédito y seguros al campo, de tal forma que dejen de ser vía de subsidios indiscriminados o de prácticas indebidas y se conviertan en instrumentos efectivos de fomento a la producción y el bienestar campesinos.
La expansión sostenida del sector agropecuario requerirá necesariamente de una recuperación significativa, de la inversión en el sector.
Este ocupará un lugar preponderante en la inversión pública la que será asimismo utilizada para atraer montos crecientes de los propios productores y de otros inversionistas, que podrán acogerse a diferentes modalidades de asociación en participación.
Las entidades paraestatales del sector agropecuario serán motivo de una profunda reestructuración con el fin de impulsar y elevar su eficiencia operativa en el cumplimiento de sus objetivos sociales. Particular importancia se prestará al caso de los organismos que atienden cultivos agroindustriales de amplio alcance regional, como tabaco, café y azúcar.
En el marco de la política agropecuaria se emprenderá un proceso de profunda descentralización, a través del traslado paulatino de responsabilidades y recursos federales a los gobiernos estatales y a las organizaciones de productores, el cual se concretará en el Programa Nacional de Modernización del Campo
6.2 Modernización de la pesca
Para continuar impulsando la evolución del sector, se aprovecharán más eficientemente y se desarrollarán los recursos e infraestructura pesqueros ya disponibles, a fin de satisfacer la demanda interna, aumentar las exportaciones y ejercer los derechos de soberanía en la Zona Económica Exclusiva.
Como estrategia general, en lo interno se fomentará el aumento de la oferta y distribución de alimentos producidos por el sector, la generación de empleos e ingresos dentro de las comunidades campesinas y pesqueras, un desarrollo regional más equilibrado, y un aprovechamiento mejor y más integral de los recursos naturales.
Por lo que toca a los mercados externos, se buscará aumentar el ingreso de divisas derivado de la pesca, y se favorecerá que los sectores privados y social amplíen la gama de productos exportables y diversifiquen los mercados de destino, coadyuvando a fortalecer la posición de México en la economía mundial.
El desarrollo integral de la acuacultura será prioritario, en un ambiente de concertación social que permita conjuntar los esfuerzos de todos los sectores; se promoverán ajustes al marco normativo de esta actividad para proporcionar bases firmes de referencia técnica, de uso de recursos y de ubicación territorial, y para dar seguridad jurídica a los inversionistas de los sectores social y privado.
Se impulsará la modernización de la industrialización y comercialización de la producción pesquera y se buscará vincular de manera más equilibrada las distintas fases del proceso productivo para un mejor aprovechamiento de las grandes inversiones realizadas en años recientes. Asimismo, se propiciará una mejor distribución del aparato productivo en el territorio nacional.
6.3 Uso eficiente de los recursos escasos
La conservación, ampliación y explotación racional de los recursos escasos del país, renovable y no renovables, son condiciones de la modernidad. La depredación de nuestro medio es deterioro y destrucción de las bases de nuestro desarrollo. Es preciso enfatizar la urgencia de un uso y explotación racionales y eficientes del agua, los bosques, los hidrocarburos y la minería.
El agua, elemento vital
El agua es un recurso indispensable y crucial para el desarrollo del país, el cual hasta ahora hemos aprovechado de manera irracional. Al abusar de este recurso estamos limitando las perspectivas de nuestro futuro, por lo que será tarea prioritaria e impostergable desarrollar un nuevo enfoque económico tecnológico y cultural para su aprovechamiento.
En los centros urbanos, a donde el agua es transportada a costos elevados y crecientes, ni el uso doméstico ni en el industrial se han hecho esfuerzos de ahorro y uso eficiente del recurso; una vez realizado el esfuerzo y el gasto de dotar del vital líquido a los grandes centros de consumo, las aguas ya utilizadas son desalojadas también con grandes costos. En el campo, el problema del agua presenta otros aspectos igualmente graves, de escasez en tierras aptas para la agricultura, de desperdicio debido a la utilización de sistemas de riego que no optimizan su rendimiento, y de pérdidas en su conducción e ineficiencias en el bombeo.
En el uso residencial del agua existen una asignación ineficiente e inequitativa; el precio que pagan los usuarios es por lo general insignificante en relación con su costo.
La política de desarrollo de mediano plazo tiene como columna vertebral el uso racional del agua. Los retos son: ampliar los niveles de cobertura del servicio, mejorar la calidad del suministro existente, y orientar los asentamientos humanos e industriales hacia zonas de abundancia relativa de este recurso. En la agricultura se estimulará el uso de sistemas modernos que promuevan el ahorro del líquido; se estima conveniente la
formación de órganos con participación social y privada que se responsabilicen de la operación, conservación y mantenimiento de la obra hidráulica; se pretende que los distritos de riego sean financieramente autónomos administrativamente independientes.
A la brevedad posible y de manera acorde con la consolidación de la estabilidad de precios, se procurará que el precio promedio del agua refleje su verdadero valor y costo social, haciendo que paguen más quienes más tienen y más la usan.
Con el fin de evitar la dispersión de atribuciones y funciones administrativas en materia de uso y aprovechamiento del agua, se considera esencial el fortalecimiento de la Comisión Nacional del Agua, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, con competencia sobre las decisiones de uso en cantidad y calidad de las aguas nacionales.
Aprovechamiento y conservación de los bosques
Los objetivos principales de la política del sector forestal son: garantizar el abasto suficiente de la producción silvícola, sin deteriorar el recurso y mediante un aprovechamiento óptimo, promover el bienestar de los habitantes en las regionales silvícolas; garantizar el equilibrio ecológico; revertir el deterioro de los bosques a través de la aplicación estricta de la legislación; aumentar la extensión de los bosques en el territorio nacional, restaurando mediante la reforestación los ecosistemas, y promover la modernización de la industria forestal.
Se procederá a la formulación de un nuevo inventario nacional forestal; se descentralizarán gradualmente los servicios técnicos, con la participación de los estados y municipios. Mediante acciones de reforestación se protegerá los vasos de las presas. Se Fortalecerá la infraestructura vial en las áreas forestales, y se impulsará la educación, capacitación e investigación en la materia.
Minería
Los objetivos nacionales en materia de minería se resumen en el abastecimiento adecuado de insumos minerometalúrgicos para la industria nacional, el fortalecimiento de su comercialización en el mercado exterior, especialmente en los casos de productos con mayor valor agregado, y la promoción para integrar sus procesos de transformación, cuando tales actividades sean rentables. El desarrollo de la siderúrgica atenderá a la rentabilidad económica, la productividad y la competitividad, en el marco de las previsiones del comportamiento del mercado.
Para impulsar el desarrollo de la minería se buscará intensificar y ampliar su exploración, de modo que se tenga mejor conocimiento de los recursos del subsuelo; se trabajara en el levantamiento del inventario nacional de recursos minerales. Se buscarán alternativas de financiamiento para impulsar la pequeña y mediana minerías. Se modernizará la regulación minera, y se fomentará el desarrollo de tecnologías propias y la adopción de las externas, escogiendo las más adecuadas a las condiciones y la capacidad del sector.
Extracción y uso de los hidrocarburos
El petróleo es una de nuestra principales riquezas. Este recurso es y seguirá siendo propiedad de la nación, y su control y explotación permanecerán reservados al Estado, tal y como los establece la Constitución.
Debe promoverse su utilización más racional y su ahorro en congruencia con los avances tecnológicos. Es preciso moderar el uso de los hidrocarburos en la generación de energía eléctrica, y sustituirlos gradualmente por otras fuentes primarias. En la industria petroquímica los hidrocarburos tienen sus posibilidades más rentables. Se aprovecharán las oportunidades y las perspectivas del mercado mundial a través de una participación ampliada de los particulares en la petroquímica secundaria. Asimismo, se apoyará el desarrollo agrícola con una mayor eficiencia en la producción, distribución y comercialización de fertilizantes.
Se impulsarán las tareas de exploración de hidrocarburos para reforzar las reservas. Se fomentará la investigación y el desarrollo tecnológico para mejorar los procesos de extracción, refinación y transformación, y se tendrá especial cuidado en la política petrolera internacional para mantener la presencia de México en el mercado mundial.
Con la programación de las inversiones se promoverá un aprovechamiento cada vez mayor de la capacidad instalada. Se jerarquizarán rigurosamente las obras con el fin de alcanzar al máximo de beneficio con el menor nivel de inversión; tendrán prioridad las obras en proceso y las complementarias. Se buscarán nuevas fuentes de financiamiento que permitan alcanzar un nivel de inversión acorde con los requerimientos del sector para atender las demandas del crecimiento económico y social. Se pondrá especial atención para incrementar la eficiencia técnica y operativa. En la medida en que lo permita la estabilización
económica, se adecuarán los precios y tarifas, teniendo como referencia el nivel de los precios internacionales, procurando la suficiencia financiera y la capitalización de las empresas del sector, así como el fortalecimiento de las finanzas públicas.
6.4 Ampliación prioritaria de la infraestructura
Una de las razones por las cuales el crecimiento de la economía debe ser gradual, es el evitar la aparición de cuellos de botella o estrangulamientos por la insuficiencia de infraestructura adecuada. Dada la necesidad de ampliar la infraestructura y asegurar la prestación suficiente de servicios públicos, en un marco de escasez de recursos, se propiciará la participación de los particulares mediante la figura de la concesión, en los casos y términos que la ley permite. Asimismo se promoverá la construcción de obra pública con financiamiento privado. Los beneficios que pueden obtenerse de la participación de los capitales de los particulares pueden ser muy significativos, como lo muestra la experiencia de diversos países.
De hecho, las obras concesionables son una fracción de las obras por realizar, pero constituirán un factor para cubrir insuficiencias de la inversión pública y una apreciable oportunidad de coordinación y colaboración entre gobierno y particulares.
Política de comunicaciones y transportes
En ese marco, el gobierno federal promoverá el desarrollo de las comunicaciones y transportes para apoyar las políticas de crecimiento y estabilidad económica, integración y desarrollo regional, promoción del empleo, impulso al comercio exterior, atención a las demandas sociales y fomento industrial y turístico.
La actualización del marco normativo e institucional, manteniendo las atribuciones de autoridad del Estado, tenderá a fomentar la competencia y evitar la aparición o persistencia de monopolios; en particular, en el transporte por carretera se fomentará mayor competencia y flexibilidad.
Se dará atención prioritaria a la construcción de la infraestructura que facilite la provisión de los servicios de comunicaciones y transportes indispensables para la población de bajos ingresos.
Se estimulará el desarrollo del transporte multimodal mediante una mejor coordinación entre los ferrocarriles, el autotransporte, el transporte marítimo y el aéreo.
Con estricto fundamento en la ley, se podrá concesionar a particulares la construcción y operación de autopistas y fuentes. En todos los casos, al término de las concesiones los bienes se revertirán en favor de la nación.
Se mejorarán y ampliarán sustancialmente la infraestructura ferroviaria y los servicios de transporte por ferrocarril, tanto en beneficio de los usuarios de bajos ingresos, como los servicios de alta calidad en los principales corredores de tráfico en estos casos, las tarifas deben permitir cubrir los gastos de operación y recuperar las inversiones de equipo. Aprovechando la infraestructura y el equipo existentes, en las grandes ciudades se concertarán acciones para establecer ferrocarriles suburbanos para el transporte masivo de personas. Se promoverá la inversión privada y mixta para aumentar la disponibilidad de equipo de tracción y arrastre en programas de reconstrucción, fabricación y arrendamiento de equipo, para apoyar al sistema ferroviario nacional y fomentar la exportación.
Se modernizará la aviación civil en los niveles troncal, regional y alimentador, así como las instalaciones y servicios aeroportuarios y conexos. Se impulsará la inversión de los gobiernos de los estados y de los particulares en la ampliación de las terminales de pasajeros y en servicios conexos. Se facilitara la creación de empresas en una nueva estructura de la aviación nacional.
La adecuada operación de los puertos es indispensable para el desarrollo del comercio. La modernización, reconstrucción y reposición de la maquinaria y equipo de maniobras y la mejor utilización de la infraestructura existente, junto a mejores estrategias operativas que integren eficientemente a concesionarios y empresas que prestan servicios aeroportuarios, elevarán el rendimiento operativo. Se alentará la inversión privada en la construcción y operación de terminales de carga y pasajeros, almacenes, muelles y otros servicios portuarios conexos.
Un aspecto fundamental de la creación y operación de infraestructura económica, es el referente a las telecomunicaciones. Los servicios de telecomunicaciones deben diversificarse, mejorar su calidad, ampliar su cobertura en las áreas urbanas y extenderse a más zonas rurales. Ello requiere de grandes inversiones, que deberán financiarse con participación de los particulares, con objeto de no distraer recursos fiscales necesarios para atender demandas sociales prioritarias.
La modernización abarcará la red básica de telefonía, los servicios de telefonía celular, transmisión conmutada de datos y de teleinformática, y
desde luego los de telegrafía y servicio postal. El Estado ejercerá la rectoría en telecomunicaciones e inducirá su desarrollo, mediante un nuevo marco regulador que tenga en cuenta el cambio tecnológico habido en los últimos años, el cual permite hoy la competencia en servicios modernos de telecomunicaciones.
Infraestructura energética
Los objetivos nacionales en materia de energía, requieren una ampliación de la capacidad de producción y transformación de hidrocarburos y un aumento en las inversiones para generar más electricidad. El Estado se reserva el campo de electricidad para servicio público, en los términos que señala la Constitución.
Será preciso incrementar los recursos utilizando financiamiento público, privado y externo en los términos que lo establece la ley. A mediano plazo, se buscará la autosuficiencia financiera en la prestación del servicio público de energía eléctrica, con precios adecuados a los costos y con una eficiencia operativa creciente. También en el caso de los derivados del petróleo, así como en la extracción de crudo, se propiciará mayor eficiencia productiva y precios realistas congruentes con el valor de los recursos incorporados en su proceso productivo.
Será preciso, por último acompañar el crecimiento de la capacidad instalada y de la producción de energéticos, con medidas que se traduzcan en su aprovechamiento racional y su ahorro.
6.5. Modernización del turismo
El sector turístico debe coadyuvar al desarrollo económico nacional y al equilibrio regional, mediante la ampliación y mejoramiento de la planta turística existente y el incremento de la afluencia del turismo nacional y extranjero. En este proceso, la captación de divisas y la prestación del servicio a los nacionales son objetivos primordiales de la actividad. Asimismo, el turismo debe contribuir a fortalecer la imagen del país en el exterior y entre nosotros mismos. El desarrollo de una cultura turística, que promueva una conducta ciudadana de conocimiento y cuidado de los bienes turísticos y culturales, es al mismo tiempo un propósito que normará las acciones.
Se promoverá, en los diversos aspectos que concurren a la prestación de servicios turísticos, la capacitación de los prestadores de servicios, la facilidad de tránsito y la seguridad. Asimismo, el fomento al turismo nacional, cultural, de niños y jóvenes, para una ocupación más uniforme de las instalaciones disponibles, atenuar los efectos de la estacionalidad del turismo internacional y abatir costos de los servicios.
Para hacer frente a la creciente inversión que requiere la expansión del sector, se propiciará la creación de fondos estatales y de sociedades de inversión, y la participación de la iniciativa privada y el sector social. Se fortalecerá la función del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, para estimular el financiamiento de los programas de desarrollo de infraestructura y operación turística.
7. El mejoramiento productivo del nivel de vida
El crecimiento y la estabilidad tendrán poco significado para el desarrollo si no se reflejaran en el bienestar colectivo. Por ello, la estrategia global se apoya en el aumento de la productividad para impulsar los avances en el mejoramiento social. Propósito fundamental es el de avanzar hacia una mayor equidad, mediante el incremento del empleo, el aumento del poder adquisitivo de los salarios, la erradicación de la pobreza extrema y, en general, la mejor distribución del ingreso y de las oportunidades.
La dimensión social se extiende a toda la estrategia del plan y constituye la justificación más plena que da sentido y propósito a la estrategia económica.
El plan señala una estrategia específicamente social, prevé atender las demandas prioritarias del bienestar social: la seguridad pública, la educación, la salud y la asistencia social, la alimentación, la vivienda, la disponibilidad de servicios básicos, el acceso y promoción de la cultura, el deporte y el esparcimiento. Capítulo especial merece la erradicación de la pobreza extrema, que se combatirá especialmente a través del Programa Nacional de Solidaridad, el cual ya se inició.
La política social del plan incorpora, asimismo, la protección al medio ambiente y el equilibrio ecológico, como una de sus vertientes esenciales, con especial énfasis en el combate a la contaminación en los grandes núcleos de población, así como en el uso correcto de ríos. lagunas y mantos acuíferos.
Por eso, el plan asigna el gasto social la máxima prioridad en los presupuestos anuales de egresos de la Federación, y prevé concertar con los demás niveles de gobierno la asignación de máxima prioridad al gasto social en sus respectivos presupuestos.
7.1. Creación de empleos productivos y protección del nivel de vida de los trabajadores
El objetivo de alcanzar la estabilidad económica tiene una profunda significación social, en la medida
en que el abatimiento de la inflación coadyuva a la protección y aumento del poder de compra de los trabajadores. También la tiene el objetivo del crecimiento; la recuperación gradual del dinamismo de la actividad económica, permitirá proveer de empleos suficientes y bien remunerados a una población económicamente activa, que aumenta a un ritmo superior al 3% anual, objetivo que también necesariamente tendrá que ser alcanzado en forma gradual, como lo prevé el plan con veracidad.
Para promover el aumento de las remuneraciones reales, se plantea como línea de política mejorar y ampliar la educación y fortalecer la capacitación y la productividad.
El plan propone consolidar una política tributaria que alivie la carga relativa sobre los ingresos del trabajo, sin perjudicar las finanzas públicas y con una marcada orientación social que propicie una mejor distribución del ingreso; asimismo impulsar una política de subsidios más selectiva y transparente que fortalezca efectivamente el poder adquisitivo de los grupos más necesitados, eliminando desviaciones de los recursos destinados a quienes los necesitan.
También es propósito el asegurar la vigencia de una política laboral que atienda la satisfacción de los derechos de los trabajadores; y apoyar una participación amplia y decidida del movimiento obrero y de los campesinos en la concentración de la política económica y social junto con los demás sectores productivos y con el gobierno.
7.2. Procuración e impartición de justicia
Para mejorar la seguridad pública y la administración de justicia, se atenderá a los siguientes propósitos:
Dar expresión clara y concreta a la norma jurídica, para facilitar su conocimiento, y reducir las posibilidades de interpretación diversas e inciertas;
Inducir la resolución de controversias por la vía de la legalidad, eliminando trámites innecesarios, que son origen de corrupción, de discrecionalidad y de abuso de poder;
Avanza en la colaboración y en la conciliación de los diversos sistemas normativos;
Revisar los programas tradicionales de la carrera de derecho, para que sea más compatible con los requerimientos de la sociedad actual;
Modernizar la institución del Ministerio Público, para que responda de mejor manera a las necesidades y circunstancias de la sociedad actual;
Fortalecer específicamente las acciones contra el narcotráfico y la drogadicción, y
Propiciar la capacitación y la superación vocacional de los integrantes de las corporaciones de seguridad, depurar y adecuar su organización y vigilar que su funcionamiento se ajuste al mandato de la ley.
7.3 Educación, cultura y deporte
En el ámbito educativo, junto a los innegables avances que se han logrado, la inercia de diversos problemas ancestrales, las transformaciones sociales y la revolución contemporánea del conocimiento, han dado lugar a nuevas necesidades que requieran ser cubiertas; por ello, la transformación educativa es condición indispensable para el desarrollo del país.
Es necesario elevar la calidad de los contenidos de la educación y de los métodos que utiliza; vincular sus diversos niveles y partes entre sí; con el aparato productivo, en particular en la enseñanza tecnológica; adecuar la organización de todo el sistema escolar, equipar y ampliar la infraestructura educativa, fortalecer la participación de la sociedad en sus tareas e incorporar a los padres de familia, a las comunidades, y a los sectores, en su desarrollo.
Para alcanzar los propósitos de la política educativa la participación de los maestros será fundamental. De ahí la importancia de que la sociedad revalore la tarea educativa, y de establecer mejores opciones para la formación y el desarrollo de los docentes, así como un esquema de remuneraciones adecuado a la importancia de su función.
El Plan Nacional de Desarrollo contempla cuatro objetivos para orientar la política educativa.
Mejorar la calidad del sistema educativo, en congruencia con los propósitos del desarrollo nacional;
Elevar la escolaridad de la población;
Descentralizar la educación, y
Fortalecer la participación de la sociedad en el quehacer educativo.
Tres son los criterios que orientan la estrategia: consolidar los servicios que han mostrado efectividad; reorientar aquéllos cuyo funcionamiento ya no armoniza con las condiciones actuales, implantar modelos educativos adecuados a las necesidades de la población, así como introducir innovaciones adaptadas al avance científico y tecnológico mundial.
Cultura y arte
La política cultural basará sus acciones en la corresponsabilidad y la descentralización. Los propios hombres de cultura deben participar en la definición de las líneas básicas de las acciones gubernamentales; también se requiere de una mayor contribución social. La descentralización, ha de ser un instrumento idóneo para extender la red de servicios culturales y preservar y promover las expresiones locales.
Tres son los objetivos que se persiguen en esta materia: la protección y difusión de nuestro patrimonio arqueológico, artístico e histórico; el estímulo de la creatividad artística, y la difusión del arte y la cultura. El gobierno de la República formula y ejecuta esa política cultural a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
Deporte y juventud
El deporte y la recreación son actividades aconsejables para una vida más plena. En la promoción del deporte se buscará el apoyo comprometido de los sectores sociales y privado; las dos líneas de acción fundamental estarán constituidas por el fomento al deporte masivo, es decir, el deporte al alcance de todos los mexicanos, y el fomento al deporte de excelencia, que promueve desde la base a los mejores atletas y los lleva a los más altos niveles de desempeño.
En materia de apoyos recreativos para la juventud se promoverá el desarrollo de actividades de extensión formativa y educativa, que fomenten el uso creativo del tiempo libre, y que estimulen el deseo de comprender, aprender y capacitarse.
7.4. Salud, asistencia y seguridad social
La salud es un elemento imprescindible del desarrollo y es un derecho esencial de todos; la asistencia y seguridad social, hace más integral el propósito de atender el bienestar social. En esta materia, el objetivo más amplio del plan persigue impulsar la protección a todos los mexicanos, brindando servicios y prestaciones oportunos, eficaces, equitativos y humanitarios, que coadyuven efectivamente al mejoramiento de sus condiciones de bienestar social.
Las estrategias generales que regirán las acciones del sector son: mejorar la calidad del servicio, ampliar su cobertura y acceso, así como la eficiencia, efectividad, la prontitud y el buen trato; atenuar los desigualdades sociales, dando prioridad especial a la atención de las zonas marginadas urbanas y rurales, con énfasis en la atención primaria de la salud; modernizar el sistema de salud, para la prevención y la protección, así como mejorando la efectividad de las acciones curativas, y descentralizar y consolidar la coordinación funcional de los servicios de salud.
7.5. Alimentación y abasto
La política alimentaria del plan busca asegurar el abasto en condiciones adecuadas de calidad y precios, sobre todo a los grupos de más bajo nivel de ingresos. Dicha política abarca los aspectos de la producción alimentaria agrícola y pesquera; el acopio, el transporte, la distribución, el almacenamiento y la transformación industrial de alimentos, así como la comercialización y el consumo.
Contemplando el nuevo modo de producir, organizarse y vivir del campo mexicano, se plantea un esfuerzo en los sistemas de transporte y comercialización internos, que permitirán abatir costos, simplifiquen e innoven en las cadenas que vinculan al productor y al consumidor, eliminando etapas e intermediarismo y evitando triangulaciones innecesarias.
Se promoverá la competencia y la eficiencia de los mercados, a través de sistemas de información, mecanismos de protección al consumidor, programas de desconcentración y una política de precios congruente con la estrategia económica. Se mejorará la coordinación interinstitucional, intersectorial e interregional, en el marco del Consejo Nacional de Alimentación.
7.6. Población, desarrollo regional y urbano
Población
Se perseverará en las políticas de población con respeto a las libertades y las decisiones libres de las parejas. Las perspectivas de una población para el año 2000, entre 104 y 108 millones de habitantes, imponen extraordinarias presiones en términos de las ocupaciones productivas, los servicios que será necesario crear y sobre la producción de alimentos en el campo.
El objetivo principal de la política de población es impulsar la reducción de la tasa de crecimiento demográfico, alentando la disminución de la fecundidad, al mismo tiempo que se intensifica la lucha contra la mortalidad infantil. El fortalecimiento y la permanente adecuación de las acciones educativas en materia de población y de las relativas a la planificación familiar, apoyarán la participación consciente de la familia en el cumplimiento de esos objetivos.
Otro objetivo importante de la política demográfica es propiciar una distribución de la
población congruente con el aprovechamiento eficiente de los recursos territoriales, moderando la emigración hacia zonas de alta concentración, promoviendo la retención de la población en áreas que cuenten con potencial de desarrollo, y fortaleciendo ciudades medias como polos de atracción.
Desarrollo regional y urbano
El plan favorece la búsqueda de una transformación en el ordenamiento territorial y la desconcentración de las actividades económicas, impulsando la calidad de los servicios urbanos y la capacidad municipal para propiciar su propio desarrollo. Atiende, igualmente, la ampliación de la disponibilidad y el acceso a vivienda y servicios de infraestructura urbana.
El impulso al desarrollo regional y urbano se logrará a través de una estrategia de descentralización de decisiones, de desconcentración de la actividad económica y de desarrollo urbano y municipal. La política en este aspecto se orienta al logro de tres grandes objetivos: la transformación del padrón de los asentamientos humanos en concordancia con las políticas de descentralización y de desarrollo económico; el mejoramiento de la calidad de los servicios urbanos, atendiendo preferentemente a los grupos más necesitados, y el fortalecimiento de la capacidad municipal para propiciar el sano desarrollo de las ciudades, mediante su ordenamiento y regulación. A cada uno de estos objetivos se ligan estrategias y acciones consecuentes.
En materia de reordenamiento territorial y desconcentración de las actividades económicas, la estrategia se orientará a consolidar sistemas urbano - regionales, reduciendo y sustituyendo los flujos migratorios a las áreas metropolitanas por migraciones a escala regional, mediante el mejoramiento de las condiciones de vida en el medio rural, el fomento a los corredores económicos regionales, y el apoyo a ciudades medianas y pequeñas.
Para aumentar la cobertura en la prestación de servicios urbanos básicos y distribuirlos equitativamente, se plantea establecer una red nacional de centros de población jerarquizados en cuatro niveles de atención: centros de servicios regionales, estatales, subregionales y de integración rural. Se dará una atención preferente a las ciudades medias.
De acuerdo al plan, la coordinación integral de las políticas sectorial, regional y urbana, será elemento importante para impulsar las acciones ligadas con el desarrollo, orientadas por las disposiciones de los planes y programas de los diversos niveles de gobierno, en el marco de los instrumentos existentes para la planeación regional. Con ello, se dará impulso a la planeación democrática para el desarrollo regional y urbano.
7.7. Vivienda y suministro de servicios urbanos
En este campo hay sensibles rezagos y desigualdades que deben ser aminorados y corregidos mediante la promoción prevista en el plan, de la ampliación de la disponibilidad y el acceso a la vivienda, agua potable, energía eléctrica, alcantarillado y saneamiento.
Propósito prioritarios del plan en materia de suelo urbano, son los de la regularización de la tenencia de la tierra y la creación de reservas territoriales.
Vivienda
Para construir las viviendas que necesitamos cada año, la política del país se encauzará a consolidar el Sistema Nacional de Vivienda, y todas aquellas acciones que faciliten el acceso al crédito para que las familias puedan, por sí mismas, contar con el importante patrimonio de una vivienda digna.
Para atender las demandas en este aspecto, que se encuentran entre las más frecuentes y sentidas de la sociedad, la política de vivienda del país se encauzará a lograr los siguientes objetivos:
Avanzar en el cumplimiento del precepto constitucional de que cada familia cuente con una vivienda digna y decorosa;
Convertir a la vivienda en un factor fundamental para el ordenamiento racional de los asentamientos humanos en el territorio nacional, y
Aprovechar el efecto multiplicador que tiene la vivienda en la actividad económica para reactivar el aparato productivo y promover el empleo.
El plan señala que se consolidará el Sistema Nacional de Vivienda mediante el fortalecimiento de la coordinación institucional entre las dependencias federales, los organismos de vivienda y los gobiernos estatales y municipales. Se crearán esquemas de crédito a la vivienda accesibles; se promoverá la densificación urbana y el aprovechamiento óptimo de espacios urbanos; se apoyará la autoconstrucción y la construcción de vivienda para arrendamiento, se fortalecerá el Fondo Nacional para la Vivienda Rural. También se contribuirá a reducir el costo de la construcción, al desarrollo de normas y tecnología constructiva, y a la simplificación administrativa en las gestiones para la construcción.
Agua potable, alcantarillado y saneamiento
El suministro de estos servicios de gran eficacia para elevar el nivel de vida y la salud de la población. Para ampliar y mejorar estos servicios, que reclaman una prioridad especial, en el medio urbano se promoverán soluciones que, además, involucren la reducción de la demanda, el tratamiento de aguas y su uso repetido, el intercambio de aguas tratadas por aguas limpias con la agricultura, y el mayor y mejor aprovechamiento de la infraestructura existente. En el medio rural, se atenderá prioritariamente a los centros de integración urbano - rural, de acuerdo con la estrategia de población y uso eficiente del territorio.
Se impulsará gradualmente una política tarifaria tendiente al autofinanciamiento de las inversiones la operación, el mantenimiento y rehabilitación de los sistemas de servicio. Se dará prioridad a las obras en proceso, así como a las de gran impacto social y se promoverá la participación activa de las comunidades en el mantenimiento, rehabilitación y construcción de obras. Se impulsará la descentralización de las distintas fases de la dotación del servicio de agua potable, propiciando el cabal cumplimiento de las responsabilidades de los municipios.
Transportes
En las grandes ciudades, uso de los problemas urbanos más graves es la insuficiencia e ineficiencia del transporte colectivo, acompañadas por el uso excesivo de los automóviles particulares, con los consecuentes problemas de contaminación, aglomeraciones de tráfico y demandas excesivas de infraestructura. Es preciso desalentar el uso del transporte privado, impulsando decididamente el transporte colectivo.
Ante el rápido crecimiento de muchas ciudades medias del país, los problemas de vialidad y transportes han dejado de ser exclusivos de las grandes ciudades. Para solucionarlos, el plan prevé la promoción de acciones de concertación pública y social; programas viales; estructuración adecuada de sistemas y rutas de transporte colectivo y vincular gradualmente los precios a los costos del transporte urbano.
Electrificación y telefonía
En el marco de los criterios de la política territorial, se atenderá prioritariamente a la electrificación de poblaciones marginales del campo y las ciudades. En el medio rural, la extensión del servicio eléctrico proveerá preferentemente a aquellas localidades se busque impulsar su potencial productivo. En el medio urbano, a los nuevos conjuntos urbanos y a los grupos marginados.
El servicio telefónico será accesible a un número creciente de familias en el medio urbano y en el rural, dando preferencia a las comunidades organizadas y tomando en cuenta el costo de la instalación del servicio, con el fin de incrementar el número de beneficiarios.
7.8 Mejoramiento de las condiciones de vida en la ciudad de México.
El objetivo primordial del plan en relación a los problemas de la Ciudad de México, es mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Las estrategias para satisfacer ese objetivo abarcarán diversos ámbitos y acciones: controlar el crecimiento urbano del Valle de México y el ordenamiento de la ciudad; disminuir los niveles de contaminación; mejorar la capacidad de respuesta frente a riesgos y catástrofes; implantar una política de abastecimiento, uso eficiente y ahorro del agua; dar un impulso significativo a la regularización de la tendencia de la tierra, a la dotación de los servicios urbanos y a la construcción de vivienda; reestructurar los servicios de transporte; estimular la creación de empleos; garantizar la seguridad pública, y recuperar las zonas históricas y tradicionales de la ciudad. De igual importancia es reorganizar las finanzas públicas de la capital, y fortalecer la participación ciudadana y las relaciones entre las autoridades y los grupos sociales.
7.9 Protección al medio ambiente
El Plan Nacional de Desarrollo asume entre sus más altas prioridades la protección y restauración del medio ambiente. El objetivo fundamental es armonizar el crecimiento económico con el restablecimiento de su calidad, promoviendo la conservación y el aprovechamiento racional de los recursos naturales. Ordenar las zonas y regiones del país con criterios ecológicos, conservar y usar adecuadamente los recursos naturales; sujetar los proyectos de desarrollo a criterios de cuidado ambiental; detener y revertir la contaminación del agua, mejorar la calidad del aire; atender la limpieza del suelo con el tratamiento adecuado de los desechos sólidos y adecuar el marco legal, la educación y el uso de nuevas tecnologías, son las líneas de acción del plan.
7.10 Erradicación de la pobreza extrema
Mediante una mayor selectividad en las políticas económicas, en la asignación de subsidios y en el gasto social, se aumentará la incidencia de la
política económica en el bienestar social de quienes más lo necesitan.
El Programa Nacional de Solidaridad, es el instrumento que el gobierno de la República ha creado para emprender una lucha frontal contra la pobreza extrema mediante la suma de esfuerzos coordinados de los tres niveles de gobierno y los concertados con los grupos sociales.
El universo al que se orienta el Programa Nacional de Solidaridad está conformado por los pueblos indígenas, los campesinos de escasos recursos, y por los grupos populares urbanos que más resienten los problemas de las grandes aglomeraciones y se encuentran marginados de los beneficios de éstas.
Las acciones para atender a estos grupos, selectivas y específicas para atender de lleno y eficientemente sus urgentes demandas sociales, son las siguientes:
Alimentación. Se impulsará la eficiencia de la producción de alimentos y el abasto de productos básicos a precios accesibles;
Regularización de la tenencia de la tierra. Se pondrá en práctica un amplio programa con este objetivo en las colonias populares. Al mismo tiempo, se integrarán reservas territoriales que permitan orientar el desarrollo urbano y satisfacer los requerimientos futuros;
Vivienda. Se impulsarán los programas de vivienda rural y popular, y se otorgarán créditos flexibles y oportunos partiendo del reconocimiento de las posibilidades reales de cada familia, que cuando se apliquen, propicien la participación social bajo esquemas de autoconstrucción;
Procuración de justicia. Dadas las disparidades y desventajas que enfrentan ciertos grupos para acudir al sistema de impartición de justicia, se les apoyará especialmente para sustentar debidamente sus demandas. En particular, se apoyará a las comunidades indígenas en la preservación del derecho tradicional propio y de sus prácticas, con acciones dirigidas a evitar la discriminación, la inseguridad y la indefensión. Respecto a la seguridad pública, se harán los esfuerzos necesarios para asegurar su vigencia, alentando esquemas organizados de vigilancia popular;
Educación. Se buscará ampliar su cobertura y mejorar la calidad. Se impulsarán programas de becas y apoyos para ampliar la equidad de las oportunidades. En las zonas indígenas, la orientación y el contenido de la educación deberán fortalecer sus valores culturales, respetándolos, alentando la preservación de sus costumbres y tradiciones, y atendiendo sus demandas de educación bilingüe y cultural;
Agua potable y energía eléctrica, Se ampliará la provisión de servicios para elevar la calidad de vida y para impulsar los proyectos productivos;
Infraestructura agropecuaria. Mediante mecanismo de concertación y de participación social se promoverá la construcción de pequeñas obras de irrigación, de comunicaciones y reforestación, especialmente en las regiones semidesérticas del país; se impulsará el rescate de la obra que está deteriorada o que no fue concluida;
Pequeñas industrias. Se buscará aprovechar las habilidades y los recursos existentes para su establecimiento, mediante proyectos de inversión recuperables, tanto en el medio rural como el urbano. Al mismo tiempo, se establecerán programas de capacitación y entrenamiento para fortalecer las capacidades de trabajo productivo, y
Salud. El cuidado a la salud en la población de escasos recursos será una de las tareas inmediatas y una preocupación permanente, con participación de la comunidad en la administración de los servicios. Para ampliar éstos, se rehabilitarán los centros de salud existentes y se construirán otros, procurando asegurar el suministro permanente del cuadro básico de medicinas.
Las acciones que se realicen para la erradicación de la pobreza extrema, se regirán por los siguientes criterios generales de política:
Asignar recursos presupuestales crecientes a esas acciones;
Comprometer la participación de estados y municipios, tanto mediante la asignación de contrapartidas presupuestales, como en el diseño y ejecución de las acciones;
Elevar el rendimiento social de los recursos mediante aportaciones y participación de los grupos beneficiarios, así como el uso de materiales propios de las zonas donde se realicen obras;
Movilizar a otro grupos sociales en apoyo a la erradicación de la pobreza extrema, para que participen en la medida de sus posibilidades y campos de acción propios, e
Impulsar la participación activa de las mujeres, así como la de los jóvenes, en las acciones que se emprendan.
8. Sistema Nacional de Planeación Democrática
El Sistema Nacional de Planeación Democrática, tiene como propósito fundamental encauzar la actividad de todos los miembros de la comunidad hacia la consecución de los objetivos nacionales. El sistema se constituye por un conjunto de relaciones entre las diversas dependencias y niveles de gobierno y las agrupaciones e individuos de la sociedad. Estas relaciones se dan en las cuatro vertientes señaladas en la Ley de Planeación; obligatoria, de coordinación, de inducción y de concertación. La vertiente obligatoria se refiere, principalmente, a las acciones de la administración pública federal; la de coordinación, a las actividades que conjuntamente emprenden la Federación y los gobiernos locales; la de inducción, a las medidas que realiza el gobierno para motivar conductas compatibles con los objetivos de la planeación; a la de concertación, a las acciones negociadas con los sectores sociales.
El documento rector del Sistema Nacional de Planeación es el Plan Nacional de Desarrollo, que fija los objetivos las estrategias que norman los programas nacionales de mediano plazo, los regionales y los especiales. Dentro de éstos para el período 1989 - 1994, se formularán los siguientes:
Salud, modernización educativa, cultural y del deporte; procuración e impartición de justicia del gobierno federal; desarrollo urbano; vivienda; protección del medio ambiente; modernización del abasto; capacitación y productividad; modernización del campo; aprovechamiento del agua; modernización de la pesca; ciencia y modernización tecnológica; modernización industrial y del comercio exterior; modernización de la infraestructura del transporte; modernización del transporte; modernización de las telecomunicaciones; modernización energética; modernización de la minería; modernización del turismo; modernización de la empresa pública y financiamiento del desarrollo.
Además de los programas sectoriales anteriores, el Ejecutivo Federal diseñará y ejecutará programas especiales que considere pertinentes, entre ellos el Programa Nacional de Solidaridad, ya en marcha, y el Programa Nacional de Alimentación. Entre los programas regionales, se han iniciado los trabajos para la elaboración del correspondiente a la Comarca Lagunera y se elaborarán los que se consideren pertinentes en coordinación con los habitantes de las regiones y las autoridades locales, fomentando la participación y descentralización y desechando el paternalismo.
Los programas nacionales deberán proveer la dimensión sectorial de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo. Su nivel de generalidad es menor que el del plan, pero su carácter es nacional y para sectores amplios. El documento básico de cada programa deberá ser de interés general. En su caso, los proyectos y programas muy específicos podrán ser tema de otros documentos, que se deriven del propio programa.
Los programas establecerán la manera en que las acciones contribuirán a los objetivos y estrategias generales del plan. La dimensión territorial, en especial, será considerada en todas las instancias que involucren el desarrollo de actividades en lugares específicos.
Más allá de la formulación de los documentos, el propósito es movilizar y sumar voluntades y esfuerzos para maximizar el avance en todos los órdenes del desarrollo del país, dando certeza y dirección a las políticas y enfoques.
Considerando estas características de los programas nacionales, dentro del análisis se puso especial atención por las comisiones legislativas y ésta de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, encargada de la coordinación e integración de este documento, en considerar aspectos que deban ser considerados en dichos programas.
Con los elementos expuesto, se elaboró y pone a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente
OPINIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS AL CONGRESO DE LA UNIÓN SOBRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1989 - 1994
El examen realizado sobre el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994 permite concluir a esta Cámara de Diputados que el plan está basado en los principios establecidos en el artículo 2o. de la ley, constituye un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral del país y tiende a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; integrado dentro del plazo que se refiere el artículo 21 de la citada ley, fue formulado por el Ejecutivo Federal en cumplimiento de la responsabilidad de conducir la planeación nacional del desarrollo, con la participación y consulta democrática de los grupos sociales señaladas en los artículos 4o. y 20 del citado ordenamiento.
La historia nos ha permitido ir conformando consensos fundamentales respecto a los principios y los objetivos básicos de la nación, plasmados en nuestra Carta Magna, que recoge y perfecciona
las banderas, principios e instituciones de nuestro grandes movimientos sociales y plasma la dimensión económica, política, social y cultural de las reivindicaciones y anhelos de los mexicanos. Por ello, los grandes objetivos nacionales no requieren, ni pueden, ser inventados con cada administración sexenal; el plan los hace suyos y retomándolos, les da un carácter concreto y un contenido preciso, situándolos como guía y término de la estrategia de desarrollo que propone.
Mediante la publicación del Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994, el Ejecutivo Federal no sólo ha satisfecho una obligación constitucional y legal, sino que ha cumplido con los propósitos medulares en que se inspiran estas disposiciones. Lo ha hecho de una manera integral, que recoge los diagnósticos certeros sobre nuestra problemática nacional, las tesis y las propuestas emanadas de una amplia consulta social, para transformarlas en objetivos y estrategia de desarrollo mediante su sistematización, ordenamiento y jerarquización, promoviendo los cambios requeridos dentro de los valores que nos confieren identidad nacional.
El diagnóstico de que se parte es un diagnóstico vivo, producto del reconocimiento de la realidad nacional expresado por los diversos grupos sociales, punto de partida para ampliar las bases del consenso en la elaboración del plan, mediante la acción del Consejo Nacional de Concertación Económica, que coadyuvó a la definición y precisión de los temas y a la organización de los foros realizados a los largo y ancho del país para reconocer y puntualizar los problemas y recoger las propuestas de solución de los diversos grupos sociales.
El plan es el instrumento de mayor importancia con que contamos para orientar nuestro desenvolvimiento es un documento político que define los compromisos de todos los sectores, con responsabilidad para su elaboración y en un marco de certidumbre para su ejecución y precisa la estrategia y el uso de los principales recursos de que dispone el Estado. El plan no predetermina el futuro, delinea los rasgos que queremos constituyan las características de nuestra vida comunitaria, en los órdenes político, económico y social. El Plan Nacional de Desarrollo es un documento que por su naturaleza misma da respuesta a las demandas fundamentales de la población para su desenvolvimiento integral en una comunidad nacional armónica y solidaria; para ese efecto, define los objetivos, establece las estrategias generales y marca las principales líneas de acción.
Esta representación popular reconoce la vigencia y validez de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo de la defensa de soberanía y la promoción de los intereses de México en el mundo, para preservar y fortalecer nuestra independencia política y económica, garantizar la seguridad nacional y lograr la participación activa de México dentro de sus principios de solidaridad internacional, al tiempo que se promueve una mejor inserción económica de nuestro país en un mundo cada vez más interdependiente y complejo; la ampliación de nuestra vida democrática en todos sus ámbitos, acorde con el concepto integral de democracia contenido en nuestra Carta Magna y para lograr una vida política plural y armónica en el marco de nuestro estado de derecho; la recuperación económica con estabilidad de precios, que promueva el crecimiento económico con una distribución más equitativa de sus beneficios y el mejoramiento productivo del nivel de vida de la población, como fin último del desarrollo económico, propiciado por éste y mediante una explícita política social en favor de los grupos menos favorecidos de nuestra población.
Esta soberanía concuerda asimismo en que para alcanzar esos objetivos tendrán que cumplirse los lineamientos que entraña la nueva estrategia económica y social que propone el plan. Dentro de la estrategia para modernizar a México habrá en efecto que remover rigideces que obstaculizan la participación y dar transparencia a la acción política, ampliar la racionalidad y la competitividad de nuestra economía, transformar las bases del bienes popular y fortalecer el papel de México en el mundo.
Las acciones de modernización que propone el plan también convierte a esta representación nacional, son nacionalistas por estar acordes con nuestra historia; populares ya que tienen el claro designio de elevar la calidad de vida de todos los mexicanos y democráticas porque se llevarán a cabo a través de la acción concertada, la participación responsable y el esfuerzo compartido de los ciudadanos, grupos y organizaciones sociales, partidos políticos y sectores productivos.
Esta representación nacional, al manifestar su más puntual coincidencia con los objetivos y estrategias fundamentales del plan, ratifica su voluntad política de intervenir solidariamente en el ámbito de su competencia, al logro de sus objetivos; en consecuencia, a participar de manera activa, informada y continúa en su cumplimiento cabal y a vigilar el avance en la ejecución del plan en todas las etapas del proceso de planeación y en las diversas ocasiones previstas por la ley. El plan debe constituir un instrumento efectivo de transformación al servicio de una democracia cada vez más amplia y sólida y lograr avances significativos y perdurables en el desarrollo nacional
en los ámbitos político, económico, social y cultural de nuestro país.
Adicionalmente, como se puntualiza en el examen y se sintetiza en los apartados siguientes donde resumen las opiniones de las diferentes comisiones legislativas atendiendo a la estructura del plan, en ejercicio responsable de esas atribuciones, la Cámara de Diputados reconoce aciertos, apunta precisiones, atiende a puntos sobresalientes o sugiere agregados a los diagnósticos, políticas, líneas de acción y programas, en el marco de una relación respetuosa, fecunda y responsable, principio de la división y colaboración de poderes en nuestro régimen democrático.
Por último, al remitir al Poder Ejecutivo Federal el presente documento de examen y opinión sobre el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994, la Cámara de Diputados recomienda que las observaciones y sugerencias consignadas, se hagan del conocimiento de las dependencias de la administración pública federal, a efecto de que las analicen en el ámbito de su competencia y, en su caso, propongan las medidas que se consideren necesarias para incorporarlas en la programación y para instrumentarlas en lo jurídico y en lo administrativo.
1. Balance general. Los retos y las oportunidades
Como lo señala y realiza el plan, el análisis de la situación nacional debe considerar los diversos factores de naturaleza política, económica y social, como medio para obtener una visión integral de los problemas y sus interrelaciones y base para proponer también soluciones congruentes y coordinadas para la superación de los problemas y el logro de los objetivos nacionales.
La Cámara de Diputados manifiesta su acuerdo en que, dada la pluralidad que ha alcanzado la vida política en México, el avance de las organizaciones y el fortalecimiento de los diversos partidos, el avance en la vida política requiere garantizar la transparencia y claridad en los procedimientos electorales, que aliente y respete el sufragio en tanto representación más clara de la vocación democrática de pueblo y gobierno; elevar el profesionalismo en los organismos electorales, que garantice la imparcialidad y fomente la aceptación mutua el proceso; asegurar la eficacia de dichos órganos electorales con participación corresponsable de los propios partidos políticos y lograr una mayor calidad del debate político en las instituciones representativas y en la contienda política electoral y la cotidiana.
Concuerda también en que el actual contexto internacional tiende a caracterizarse por la multipolarización y de la interdependencia creciente, en el ámbito regional y global, en el cual prácticamente todas las naciones han emprendido profundos procesos de modernización en lo político y en lo económico y la formación y el fortalecimiento de bloques económicos que hacen cada vez más difícil la competencia económica internacional en lo comercial y en lo financiero. Está por ello de acuerdo con llevar a cabo una política internacional activa y responsable, que acorde con la tradición mexicana de respeto y autodeterminación de los pueblos y de solidaridad internacional e igualdad entre los Estados, preste especial atención a las relaciones con sus vecinos geográficos y con los países del área latinoamericana que por afinidades históricas y de intereses actuales están en posibilidad de llevar a cabo acciones comunes en defensa de sus intereses, todo ello tendiente a lograr una mejor inserción de México en las corrientes económicas, comerciales y financieras internacionales, asimismo, con las acciones bilaterales que México lleva a cabo en defensa de sus nacionales en el extranjero y con la política de relaciones bilaterales y en los organismos multilaterales para defender dichas posiciones de principio e intereses.
En cuanto a los aspectos de la evolución y situación económica y social que presenta el plan en esta parte de diagnóstico, la Cámara de Diputados manifiesta de acuerdo general en el sentido de que los problemas actuales se generaron en deficiencias estructurales que no pudieron ser corregidas y ocasionaron problemas crecientes a partir de finales de la década de los sesenta, en una economía sobreprotegida; con un sector público que tendió a crecer en exceso y se convirtió en ineficiente ante cambios externos desfavorables por deterioro de los términos del intercambio, acumulación excesiva de deuda y elevación de los términos para su servicio.
Coincide esta Cámara, por lo tanto, en que los problemas actuales se caracterizan, entre otros, por al combinación de tres factores: problemas estructurales acumulados en muchas décadas que no podían ser corregidos en unos cuantos años, que se manifiestan en desequilibrios sectoriales y regionales y disparidades en la distribución del ingreso y del bienestar; agotamiento de recursos por una evolución externa desfavorable, en particular una elevación del servicio de la deuda externa ante una acumulación excesiva de su saldo y el deterioro de los términos de intercambio y el crecimiento histórico más elevado de la fuerza de trabajo, que agudiza el problema de proporcionar empleo a los mexicanos que lo requieren, en una situación estructural y coyuntural desfavorable.
Sin embargo, esta representación popular considera conveniente recomendar se profundice en el diagnóstico respecto a la disminución de recursos reales e insuficiencia del ahorro interno para promover el crecimiento, a partir de la reflexión de que este ahorro de los nacionales, antes del servicio de la deuda externa, ha representado en los últimos años la generación de recursos que, precisamente han sido los que han permitido el cumplimiento de los compromisos financieros contraídos con el exterior.
Al emprender el examen del Plan Nacional de Desarrollo, esta soberanía está consciente que para enfrentar los retos que se plantean, es necesario que se aporte toda la voluntad y capacidad de los mexicanos, con un espíritu nacionalista y solidario, que permita la resolución de nuestros problemas y aproveche la oportunidad de realizar los cambios necesarios en nuestra estrategia de desarrollo, para lograr ésta en forma más acelerada y con mayor justicia. Nuestro país ha sabido en los momentos decisivos plantearse los problemas con realismo y honestidad y enfrentarlos con decisión y valentía; reconocer los errores y desviaciones con espíritu de autocrítica y establecer a partir de ello las condiciones para efectuar las correcciones necesarias, ha sido un primer paso que ha permitido ya la concreción de acciones que manifiestan voluntad y decisión para conducir los destinos del país por el rumbo fijado por la mayoría de los mexicanos, apoyados en nuestros recursos naturales y en nuestra capacidad de trabajo, que dan base para un renovado optimismo social.
2. Objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo
El Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994 precisa el perfil de país que queremos ser al final de la presente administración federal y establece una estrategia de carácter general dentro de la cual las diversas iniciativas del gobierno y de la sociedad pueden apoyarse y complementarse para conseguirlo, con la participación política y social de todos los mexicanos. Para asentar lo anterior, esta representación reconoce también la primacía de lograr el crecimiento económico estable como base material para el logro de los otros objetivos, en particular su estrecha vinculación e interrelación con el necesario aumento de los empleos y de éste como elemento primario para lograr mejor distribución del ingreso y elevar la calidad de vida de la población, apoyada también por una explícita política de bienestar social.
En el plan, la modernización es el nuevo criterio medular de la conducción política, económica y social del país. A partir de una visión de conjunto del Estado y la sociedad y partiendo de la modernización requerida del Estado mismo, se establece una estrategia coherente e integral, subordinada a los objetivos nacionales de carácter central. La estrategia que se plantea establece líneas generales y flexibles de acción con el propósito de que no pierdan relevancia ante situaciones imprevistas y se constituyan así en el vínculo que permita el tránsito desde el México que somos hoy, hacia el México que queremos ser mañana. Así, considera esta soberanía, la modernización que permea todos los ámbitos de la vida pública del país, adquiere su pleno carácter de proceso de actualización, contemporización y reformas, empezando por la del Estado mismo, para que cumpla de mejor manera con sus objetivos políticos, sociales y económicos.
3. Soberanía, seguridad nacional, promoción de los intereses de México en el exterior
Capítulo destacado vinculado con los otros objetivos del plan es el relativo a la definición de la política exterior y la seguridad nacional, la cual parte del principio de la defensa irrestricta de la soberanía nacional en lo externo y de la soberanía popular en lo interno. Esta representación popular manifiesta su solidaridad incondicional e irrestricta con estos principios de autenticidad histórica y de raíces propias que han estado presentes a lo largo de nuestra historia como nación independiente y que encuentran sustento para su fortalecimiento en el plan.
Por ello, reitera su renovada identificación con los principios de política exterior que ha mantenido nuestro país dentro de la comunidad de naciones, basados en la igualdad de los Estados, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Asimismo, manifiesta su coincidencia con las políticas y lineamientos del plan intensificar la actividad diplomática externa de nuestro país, para que en el marco de la solidaridad internacional y el respecto mutuo, mediante las negociaciones bilaterales y multilaterales y en los foros internacionales, mediante una activa política multidireccional de mayor presencia y de interlocución abierta y franca, se busquen mejores condiciones de cooperación internacional, que apoyen el desarrollo económico, político y social de México y coadyuven a su mejor inserción en el contexto internacional, mejorando la imagen de México en el extranjero y protegiendo los derechos e intereses de los mexicanos en el exterior.
El plan, en este sentido, reconoce la presencia de las fuerzas armadas como el pilar de las instituciones democráticas en el interior y para la defensa y fortalecimiento de nuestra soberanía.
independencia e integridad territorial, del mar patrimonial, del espacio aéreo y la protección de nuestros recursos naturales. Asimismo, su importancia en la realización de las tareas sociales y de apoyo a la población civil en casos de desastre y emergencias, así como en el combate al narcotráfico, un problema de salud pública nacional e internacional. A este reconocimiento del cumplimiento ejemplar de sus importantes funciones se suma esta Cámara de Diputados.
4. Acuerdo nacional para la ampliación de nuestra vida democrática
Se advierte en el plan el propósito explícito de reconocer y ratificar los principios permanentes plasmados en la Constitución, que rigen la evolución democrática del pueblo mexicano, como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, así como de confirmar el derecho histórico para ampliar nuestra vida democrática dentro del marco de la modernidad basado siempre en la soberanía del pueblo. Así, el cambio se postula y promueve para mantener nuestra esencia, la lealtad a nosotros mismos y la vinculación de nuestras aspiraciones a nuestros modos más auténticos de vida.
Esta representación popular concuerda en que este proceso no puede llevarse a cabo mediante cambios anárquicos y desordenados, sino que es preciso y conveniente para la nación encauzarlo en el marco de las instituciones que los propios mexicanos nos hemos dado. Por lo tanto, considera también que es la preservación del estado de derecho y la seguridad nacional el ámbito que debe mantenerse y fortalecerse, para que mediante la concertación podamos dirimir diferencias sin paralizar nuestra acción colectiva y conjugar los esfuerzos individuales y de grupo, para lograr los objetivos del país y fortalecer a la nación. Ello significa hacer prevalecer el interés general y defender la seguridad y la paz pública con respeto a las libertades y garantías que goza el pueblo de México.
Esta Cámara de Diputados, junto a todo el pueblo de México, ha testificado que no se ha dudado en aplicar la ley, se trate de quien se trate, ni en perseguir el delito e impedir que la sociedad sufra la amenaza o el chantaje de cualquier grupo. Especial mención reclaman las acciones del Estado para combatir el problema del narcotráfico, ya que, efectivamente, es un problema de seguridad nacional, salud y solidaridad internacional de primer orden, frente al cual es necesario seguir actuando con energía.
Con acierto, el plan recoge la necesidad del cambio y contribuye al perfeccionamiento del perfil político de la nación mediante los procesos electorales, ya que la vocación democrática del pueblo se manifiesta en el sufragio y la del gobierno y los partidos políticos en su respeto: compartimos y apoyamos los postulados del plan para el perfeccionamiento de los procesos electorales y ampliación de la participación política, con ello, las acciones tendientes a promover la igualdad de participación política, para así consolidar y ampliar la base plural del Estado mexicano; asimismo, los que tienden a lograr una mayor y mejor participación de partidos políticos, mantenimiento y facilitando su acceso a los medio de difusión. Por último, consideramos efectivamente que el respeto a la voluntad popular es condición indispensable en la democracia; para lo cual se requiere perfeccionar los organismos electorales y jurisdiccionales, con profesionalización y participación de los partidos políticos, para garantizar su imparcialidad y eficacia, así como proporcionar la información sobre resultados con oportunidad y transparencia, a ello tienen las modificaciones constitucionales en materia electoral recientemente realizadas por el honorable Congreso de la Unión y a ello tenderán las correspondientes a la ley reglamentaria, una vez aprobadas aquellas por las legislaturas estatales. Así, aspiramos a contribuir a consolidar en nuestro país el desarrollo democrático, soberano, nacionalista y revolucionario.
Para hacer frente a las realidades económicas, sociales y políticas de nuestra sociedad, el plan postula la modernización del ejercicio de la autoridad. Esta Cámara de Diputados manifiesta su concordancia con dicho planteamiento, que se llevará a cabo a partir de un pleno respeto a la división de poderes, el fortalecimiento de éstos y la modernización en el ejercicio de sus funciones, para la aplicación honesta y oportuna de la ley, así como en el marco de la autonomía de los órganos de gobierno, tendiendo al fortalecimiento del pacto federal.
El plan se propone dar impulso a la participación social en la conducción del desarrollo. Acorde con ello, esta representación nacional velará por el fomento de los mecanismos de participación social para el cumplimiento de los objetivos, propósitos y lineamientos del plan. Asimismo, contribuirá en la medida de sus atribuciones y posibilidades al fortalecimiento de los cauces de concertación democrática con las organizaciones representativas de la sociedad, en general y en relación con los proyectos y acciones que directamente les afecten o involucren y promoviendo especialmente una mayor participación de la mujer y de la juventud, en un marco de apertura de nuevas oportunidades y de corresponsabilidad.
La reforma del Estado y su modernización, comparte esta soberanía, ha de conducirnos al desarrollo nacional integral y firme, mediante la movilización de la sociedad; la concertación y la promoción de la participación responsable de los sectores; el ejercicio de sus funciones en el marco del respeto de la división de poderes y de la autonomía de los gobiernos locales, al tiempo que establece el marco de colaboración y realiza con decisión lo que le compete, llevando a la práctica los dictados de la mayoría y renovando constantemente sus compromisos en función de las nuevas realidades.
En la ampliación de nuestra vida democrática, reconoce la Cámara de Diputados, se han dado pasos firmes mediante el respeto a la ley y en particular en lo referente a los derechos de manifestación pública. De especial relevancia en la búsqueda y mantenimiento de la concordia nacional; ha sido la promoción del indulto a quienes habían delinquido por motivaciones sociales y políticas y las iniciativas para reformar los códigos penales de alcance federal, que amplían los beneficios del indulto en los caso en que así lo ameriten.
5. Acuerdo nacional para la recuperación económica con estabilidad de precios
En lo económico y social se plantean dos objetivos complementarios de la mayor importancia para nuestra sociedad: el crecimiento en condiciones de estabilidad y el mejoramiento productivo del bienestar social. Estos objetivos constituyen la síntesis de los anhelos de los mexicanos después de varios años en que hemos empeñado nuestro esfuerzo y sacrificio para superar la crisis económica más grave y prolongada que haya vivido el país en su historia reciente.
Esta representación nacional ha percibido la necesidad de establecer sin equívocos las líneas de acción que concerten todas las expectativas, las fuerzas y los compromisos del país en la recuperación definitiva del crecimiento económico, con estabilidad interna y externa. Intentar cambios estructurales sin atender a los desequilibrios inflacionarios pudiera originar un crecimiento inestable y logros que no alcancen la suficiente consistencia. Pretender el crecimiento sin recuperar los equilibrios perdidos resulta sencillamente impracticable.
Por otra parte, la estabilidad entendida como inmovilidad o renuencia al cambio, obstaculizaría los requerimientos de una sociedad en acelerado proceso de evolución, y agudizaría las contradicciones sociales. Seguir ese camino sería condenar al país a una mayor acumulación de rezagos y a la descomposición de la estabilidad social alcanzada.
A juicio de esta soberanía, la nueva estrategia de desarrollo, al perseguir simultáneamente el crecimiento con estabilidad, refleja la asimilación de experiencias y encuentra una solución firme al combatir tanto a las manifestaciones como a las raíces de la crisis.
La estabilización continua de la economía, concuerda esta Cámara, es un objetivo que requiere esfuerzos permanentes, ya que no es posible considerar que se alcanza de una vez por todas y se mantiene por sí misma. A ella, en efecto, ha de contribuir la coordinación efectiva de las finanzas públicas: una política de ingresos que permita aumentar la base tributaria y los ingresos fiscales, al tiempo que alienta la inversión y se hace más equitativa; una política de gasto racional y selectiva, altamente diferenciada, que racionalice el gasto corriente, aliente la inversión, y se destine en proporciones crecientes a la infraestructura social y económica; una política monetaria y financiera sana, sin expansiones del circulante más allá de los requerimientos de la economía, y una política cambiaria que estabilice progresivamente el tipo de cambio a partir de la reducción de los diferenciales de la inflación interna con la del exterior.
El Estado también adelanta su compromiso en este caso: todos y cada uno de los instrumentos de la política económica y serán manejados de manera coherente y realista a fin de situar al país en una nueva trayectoria de desarrollo. El factor de arranque del proceso será la rehabilitación de la inversión pública y privada en un marco general de estabilidad económica.
El asegurar el crecimiento económico sostenido dependerá del fortalecimiento del ahorro interno, pero en el corto y mediano plazo es preciso disminuir la transferencia de recursos al exterior. Esta representación comparte plenamente estos asertos, y considera también que la ampliación de la disponibilidad de recursos para la inversión productiva, condición imprescindible para el crecimiento sostenido y estable, requiere del fortalecimiento del ahorro público, mediante la política fiscal ya enunciada, y del ahorro privado, al cual también ésta contribuirá, junto con las medidas adecuadas de modernización financiera, y en especial el encuentro del delicado equilibrio de la tasa de interés.
Esta representación nacional reconoce que el enorme esfuerzo que ha hecho el pueblo de México para controlar la inflación, cobra un nuevo impulso mediante el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, cuyos resultados nos acercan al reinicio de la recuperación económica, de manera firme, aunque necesariamente gradual.
Saluda también el término de las renegociaciones de la deuda externa mexicana. Los gobiernos y los organismos multilaterales acreedores han reconocido la estrategia de modernización de México y han aceptado los términos para reducir la deuda y su servicio y abatir la transferencia de recursos al exterior que requiere la economía mexicana para retomar la senda del crecimiento.
Esta Cámara de Diputados, a partir de que en el curso de elaboración de este documento fue posible conocer los criterios generales de política económica y las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el año fiscal de 1990, que a su vez proporcionan las estimaciones oficiales respecto al cierre de las finanzas públicas del año que termina y la evolución de las principales variables de la economía, así como los dictámenes que recayeron sobre esos documentos, considera que éstos se ubican en la dirección correcta, de acuerdo con la estrategia del plan para vigorizar las finanzas públicas sobre bases de mayor equidad, apoyar la estabilidad de precios, e impulsar el crecimiento mediante aumentos importantes de la inversión para asegurar la infraestructura económica y social, y del gasto en bienestar social, que tiende sobre todo a apoyar a la población de más bajos ingresos por superar las condiciones de pobreza. Los resultados muestran que, sobre la base de la concertación, la economía se encamina efectivamente hacia el crecimiento con estabilidad de precios, y las previsiones son, sobre esas bases, las de la continuación de ese proceso, que consolidará las bases para el logro de los objetivos del plan.
En efecto, de acuerdo con los documentos citados, para fines de 1989 se estima una inflación cercana al 20% y un crecimiento real del producto interno bruto superior al 2.5%, es decir, por arriba de la meta prevista del 1.5%. El crecimiento de la actividad económica se ha presentado en un ámbito de disciplina fiscal y monetaria, que ha contribuido a crear las condiciones de certidumbre y confianza para la recuperación de la inversión productiva, la creación de empleos permanentes y un moderado incremento del consumo, acompañado por un fortalecimiento del ahorro. La recuperación del mercado interno ha sido resultado básicamente de las expectativas favorables sobre la evolución y estabilidad económicas del país; apoyada por el hecho de que los recursos antes dedicados a mantener un considerable superávit de la balanza de pagos para pagar un elevado servicio de la deuda externa, serán ya utilizados, en buena medida, en el fortalecimiento de la economía interna.
Para el año próximo, dentro de los objetivos generales del plan en los cuales se encuentran los documentos programáticos fiscales de referencia, la meta es seguir reduciendo la inflación, y alcanzar por segundo año consecutivo una tasa de crecimiento económico superior a la dinámica poblacional, apoyada en finanzas públicas sanas, el fortalecimiento de los ingresos públicos en un marco más equitativo, y la orientación del gasto para atender decididamente las responsabilidades fundamentales del Estado, mediante un aumento del 4.7% en términos reales del gasto programable, y uno de 14.4% en la inversión presupuestal.
Esta soberanía comparte también el planteamiento del Ejecutivo Federal, plasmando en el plan, en el sentido de que para hacer frente a las nuevas realidades económicas y sociales es indispensable la modernización económica del país, que partiendo del control y abatimiento de la inflación, asegure que la recuperación de crecimiento económico signifique el retomar para largo plazo un verdadero desarrollo económico y social autosostenido en un mundo cada vez más interdependiente y competitivo.
Reconoce que la reciente renegociación de la deuda externa, que permite reducir la transferencia de recursos al exterior y con ello disponer en mayor proporción de los excedentes económicos nacionales para la propia expansión de la economía y de la planta productiva, la cuidadosa apertura de la economía, que impulsa el aumento de la eficiencia y la productividad y presiona por medio de la competencia a la baja de los precios, el esfuerzo interno y externo para promover la exportaciones y dotar de mayor competitividad al aparato productivo en el exterior, y el nuevo reglamento para la inversión extranjera para promover flujos de inversión que apoyen los objetivos del país, son todos elementos para propiciar el crecimiento económico interno, con una participación más eficiente de México en la economía mundial.
Asimismo, está acorde en que el programa de desregulación, que establecerá un sistema de reglas económicas, claro que en vez de atrofiar aliente la actividad económica eficiente de los particulares, desburocratizando y simplificando trámites, la apertura a la inversión privada en obras de infraestructura, revertibles en el largo plazo como propiedad pública, las mejoras en la organización del trabajo y la instrumentación de nuevas formas de asociación para la producción así como la elevación de los niveles de educación y capacitación, y la adaptación e innovación tecnológica, coadyuvarán en grados importantes cada uno de ellos, para aumentar la producción, elevar los niveles de empleo y mejorar los niveles y calidad de vida, en el marco de descentralización de
decisiones y desconcentración geográfica que también se plantea.
Esta soberanía manifiesta también su pleno acuerdo con el planteamiento de que la modernización económica requiere de un sector público más eficiente para atender los requerimientos de la infraestructura económica y social del desarrollo y atender los compromisos populares, y con las estrategias y medidas que tienden a fortalecer a la empresa pública estratégica y prioritaria así como con las acciones que tiendan a la desincorporación de empresas públicas y al redimensionamiento del sector paraestatal cuando las entidades no cumplan propósitos sociales, signifiquen una carga excesiva para las finanzas públicas, o correspondan a campos de actividad más propios de los sectores social y privado. Con ello, concuerda, avanzaremos en la construcción de un Estado rector en el sentido moderno: conductor, promotor, articulador de las actividades, para lo cual es necesario renovar instituciones, vencer inercias y desbaratar intereses creados que vayan en contra de los objetivos nacionales.
En este orden de ideas, esta representación popular quiere expresar sin embargo su preocupación, emanada de las comisiones legislativas sectoriales, por el hecho de que la deficiente integración de la planta industrial se ha visto agravada por la crisis económica que ha sufrido el país, especialmente en algunas ramas industriales de suma importancia, como la industria metalmecánica y de bienes de capital, en tanto otras como la petroquímica, aun con un incremento relativo importante, se han revelado como insuficientes para abastecer los requerimientos de la planta industrial. Por otra parte, existen sin duda otras industrias que se han visto fuertemente afectadas por la apertura comercial, con los consecuentes efectos negativos sobre el empleo.
En estos sentidos, y para complementar el plan con un diagnóstico y una programación precisa por ramas industriales, esta soberanía considera pertinente sugerir que en el programa de industrialización y comercio exterior se efectúe dicho diagnóstico, y se establezcan las bases programáticas e institucionales sobre las cuales se prevé se conduzca el desarrollo industrial del país; en particular, se recomienda analizar los efectos de acciones y planteamientos sobre el mercado interno, así como precisar los efectos y previsiones de la desgravación arancelaria gradual. Asimismo, considerar los lineamientos estratégicos programáticos que se deriven de dicho análisis para considerarlos y acatarlos en las acciones administrativas y autorizaciones a las que en diversos campos y modalidades se sujeta la inversión extranjera directa, y hacer respetar los límites máximos que, en su caso, se establecen para las diversas ramas de actividad económica.
Por otra parte, y en relación con la política de entidades paraestatales, esta representación nacional desea sugerir, ante el debate nacional que al respecto se encuentra vigente, la conveniencia de precisar las áreas prioridades en las que se considera que el sector público debe llevar a cabo actividades directamente productivas, y el alcance de aquellas de carácter social en que debe seguir ejerciendo acciones, incluso con carácter financiero deficitario, para evaluar las cuales en los documentos e informes correspondientes debiera presentarse el balance social de dichas entidades públicas.
En lo referente a la política sectorial contenida en este capítulo del plan, esta representación nacional considera que están contemplados los aspectos más importantes relacionados con el desarrollo sectorial, como son, principalmente, la modernización del campo, y también la de la pesca, el uso eficiente de los recursos escasos, como son el agua, recurso vital; los bosques, los recursos minerales y los hidrocarburos. Asimismo, que se encuentran suficiente y adecuadamente tratados los aspectos y delineadas las líneas de políticas y acciones para el desarrollo prioritario de la infraestructura, especialmente la de transportes y comunicaciones, y la energética, así como los correspondientes a las actividades turísticas. Todos ellos con las acotaciones que se presentan en el examen del plan contenido en este documento.
Sin embargo, no podemos pasar por alto que en el seno de las comisiones legislativas, se han expresado comentarios y recomendaciones en el sentido de concretar las políticas y acciones y de especificar los instrumentos y responsables de su ejecución, así como de establecer los compromisos y las estimaciones de recursos en cifras, y presentar en detalle las relaciones ínter e intra sectoriales y los vínculos entre los objetivos, las metas, las políticas y líneas de estrategia y las acciones. En particular, se requiere precisar estos aspectos en lo referente a la realización de obras con aportaciones multilaterales públicas, sociales y privadas, en el campo, y por otra parte, respecto a los programas y mecanismos que prevén y regularán la inversión privada en obras de infraestructura.
6. Acuerdo nacional para el mejoramiento productivo del nivel de vida
Como lo establece el plan, del crecimiento se derivarán gradualmente mayores oportunidades de empleo y mejores condiciones salariales, que representarán indudablemente más elevados niveles
de bienestar general. Es ésta la finalidad última de la planeación y del propio crecimiento económico, ya que como se establece en dicho documento, el bienestar social es de importancia capital para la estrategia económica, ya que entre los aspectos que corresponden a la política económica y los concernientes a la política social, existe una relación simbiótica que debe ser permanentemente vigilada y estimulada, para que se concreten los esfuerzos mancomunados de los sectores gobierno, privado y social. Por ello, y en una explícita política social, en el plan se consideran tres objetivos fundamentales: incremento del empleo, aumento del poder adquisitivo de los salarios y la erradicación de la pobreza extrema.
La creación de empleos productivos y la protección del nivel de vida de los trabajadores se encuentran entre los objetivos más importantes del documento que se analiza, ya que de los avances que se tengan en materia de aumento de la ocupación, dependerá la respuesta a la demanda de satisfactores sociales; por esto, para lograr avances significativos debe acelerarse el desarrollo económico, para reflejarse en el bienestar colectivo e impulsar los avances en el mejoramiento social.
El plan asigna una alta jerarquía a la atención de las demandas prioritarias del bienestar social, aquellas que afectan directamente el bienestar de las mayorías: la seguridad pública, la educación, la salud y la asistencia social, la alimentación, la vivienda, la disponibilidad de servicios básicos, el acceso y promoción de la cultura, el deporte y el esparcimiento, y la mejoría de la calidad del medio ambiente. Capítulo especial merece la erradicación de la pobreza extrema. El propósito de reforzar la dimensión social del gasto reviste una importancia de primer orden desde la perspectiva del cambio cualitativo.
La política social contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo tiene dos propósitos; uno destinado a aminorar los efectos que sobre la mayor parte de la población dejó la crisis, y el otro, a avanzar en la satisfacción de las necesidades básicas. Estos planteamientos de política social corresponden precisamente a cubrir el serio rezago que existe en materia de infraestructura urbana, modificar la inercia del crecimiento urbano, desconcentrar las actividades económicas, e impulsar la prestación de servicios básicos que demanda la población.
Las acciones plasmadas para estas finalidades servirán para darle un impulso más dinámico a dicha política, y en consecuencia, a la atención de las demandas prioritarias del bienestar social. Un ejemplo de lo anterior es lo que contempla el plan en materia de salud, en donde se dará prioridad a la atención de las zonas marginadas urbanas y rurales, enfatizando en la atención primaria de la salud. Cabe señalar que los esfuerzos en esta materia se vinculan con las acciones integrales referentes a los otros rubros del bienestar social, en todos los casos contemplando la concertación y la participación de los propios grupos sociales.
Por otra parte, el mejoramiento de las condiciones de vida en la ciudad de México contemplado en el plan, requerirá en los próximos años de un fuerte impulso al proceso de descentralización de la vida nacional, para lo cual la estrategia planteada en cuanto a desarrollo regional y urbano deberá considerarse como acción gubernamental prioritaria, que requiere y requerirá de una importante vigilancia del Poder Ejecutivo así como de esta soberanía. Esto debe contemplarse así porque ya es hora de revertir el proceso de crecimiento de cíclope que parece imperar hasta ahora.
Por último, la erradicación de la pobreza extrema representa un importante compromiso contraído por la Revolución Mexicana, que no ha sido cumplido cabalmente. En el plan se retoma este compromiso y se establecen los lineamientos y orientaciones para atacar frontalmente este grave olvido social, evidencia de que la solidaridad social ha sido en buena medida el actor ausente en nuestra vida pública desde hace muchas décadas. El instrumento que coordinará la lucha contra los lacerantes problemas de la pobreza extrema, es el Programa Nacional de Solidaridad.
Este programa está orientado para atender a los pueblos indígenas, los campesinos de escasos recursos, y los grupos populares urbanos marginados y más olvidados. Elementos importantes a destacar del Plan Nacional de Desarrollo, son la concertación y la participación social, entre los diversos sectores de gobierno y de éstos con la sociedad en su conjunto; bien puede decirse que esto resume la filosofía fundamental del plan.
El Programa Nacional de Solidaridad orienta sus acciones a campos en que la actividad del Estado es más eficaz para aumentar la calidad de vida de los grupos sociales con mayores carencias. Prevé la concertación y la participación de los grupos beneficiarios para asegurar que se atienden necesidades reales, se emprendan proyectos que satisfagan necesidades apremiantes, y lograr el alcance de las metas planteadas, evitando desviaciones de los recursos; éstos provienen de fondos presupuestales federales, a los que se suman las aportaciones de otros niveles de gobierno y de los propios grupos sociales participantes y beneficiarios.
Esta soberanía opina que, en su conjunto, así como en la parte concerniente a lo social, los diagnósticos, si bien someros, son correctos, y las estrategias y acciones que se consignan en el plan son las adecuadas, y la convocatoria a la participación de los diversos grupos y sectores sociales en todo lo que les es propio, constituye elemento fundamental para avanzar en el rumbo trazado.
En materia de gasto social, se sugiere la conveniencia de consolidar para efectos informativos y de evaluación, tanto en presupuestos como en informes de ejecución, las erogaciones de las diversas dependencias y entidades en apoyo efectivo al Programa Nacional de Solidaridad. En el ejercicio presupuestario del gasto social es importante reforzar los mecanismos de control y evaluación, atendiendo a la demanda generalizada de evitar desviaciones o derroche de los recursos, garantizar la correcta asignación, y contar además con formas eficientes de información respecto a los avances que se vayan logrando.
7. Sistema Nacional de Planeación Democrática.
Preocupa a esta soberanía de manera particular la congruencia entre el plan y cada uno de los programas y políticas sectoriales, regionales, institucionales y especiales, que lo complementarán. Conviene resaltar que tales precisiones se presentarán en los programas de mediano plazo, mismos que podrán recoger las sugerencias y propuestas del presente documento. Tales programas son los instrumentos de flexibilidad y perfectibilidad del Sistema Nacional de Planeación; por tal motivo, esta representación popular estará pendiente de su publicación y de su ejecución en las diversas ocasiones previstas por la ley.
Expuestas las opiniones respecto a algunos de dichos programas, esta representación nacional sólo quiere agregar a este respecto, considerando de particular importancia los aspectos regionales del desarrollo, la sugerencia de elaborar un programa para la región fronteriza del norte de nuestro país, por su importancia geográfica, económica y política, así como en las estrategias relacionadas con la promoción de la industria exportadora, en particular la maquiladora.
Se encuentra advertida esta soberanía de las dificultades, obstáculos y resistencias que entraña la configuración y, sobre todo, la efectividad de un sistema nacional de planeación y democrática, que ordene prioridades, armonice intereses y esfuerzos, asigne responsabilidades y establezca metas y responsabilidad exigibles.
Sin embargo, en el seno de las comisiones legislativas de esta Cámara se ha observado una corriente de opinión en torno a la necesidad de prever, dentro del proceso de consulta y participación popular, mecanismos que aseguren, en forma cada vez más efectiva, la expresión democrática de una sociedad de la complejidad, diversidad y pluralidad como la mexicana, así como de hacer, también, cada vez más consistente e informada, la participación del Poder Legislativo en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, en particular de la Cámara de Diputados, en la que institucional y permanentemente se da la pluralidad ideológica en el ejercicio del poder público, ya que en ella actúan los partidos que representan las más importantes corrientes políticas que coexisten en la nación.
En cuanto a las cuatro vertientes que indican la participación de la sociedad en la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, esta representación popular considera de particular importancia la inducción y la concertación de acciones con los sectores social y privado, por lo que conviene en señalar que nuestro estado de derecho exige para encauzarlas, que se revise integralmente nuestra legislación, a fin de que las políticas de promoción, regulación y orientación de la actividad social, tengan debido fundamento legal, ya que una normatividad obsoleta o inadecuada, limitará esta concurrencia democrática sana y socialmente necesaria.
La viabilidad es uno de los aspectos más importantes que se deben evaluar para juzgar el plan. Este punto, por razones que son evidentes, suscita el mayor interés de la opinión pública. En las posiciones escépticas se enfatiza la limitación de recursos que aún vive México y se evalúan las previsiones como distantes e incluso, inalcanzables.
Ciertamente las metas y los objetivos no podrán ser alcanzados con la sola acción unilateral del Estado, sino que se requerirá del trabajo del conjunto de todos los sectores de la sociedad, y de condiciones estables y justas en las relaciones económicas de México con el exterior, para que las previsiones se cumplan. De la magnitud del esfuerzo comprometido por todos los sectores en un nuevo esquema de corresponsabilidad y coparticipación y no del plan por sí mismo, derivará en efecto lo que logremos alcanzar, en lo que quedemos atrás de los previstos e incluso, en lo que podamos ir más adelante.
El porvenir de la República es responsabilidad de todos los mexicanos. Todos debemos contribuir a la realización íntegra del plan, pues el desarrollo, en lo económico, en lo social, y en lo
político, debe ser empresa colectiva, plural y realizarse con la más amplia participación social.
El plan es, pues, convocatoria y proclama dirigida a toda la nación, no mero ejercicio intelectual ni oferta de alcanzar en forma fácil las mejores condiciones de libertad, democracia, desarrollo y justicia que anhelamos. La invitación está formulada. Podemos, si nos proponemos, ir en el camino de una sociedad mejor y de un país más fuerte. La solución la tenemos que dar todos nosotros; en todos y cada uno de los mexicanos estará la respuesta a los retos que hoy vive el país. Contribuyamos todos, con entrega y precisión, a transformar a México; que nadie se rehuse a participar en la grandeza de México a que nos convoca el Plan Nacional de Desarrollo.
Tomando en consideración la relevancia que tiene en el acontecer político de México el examen y opinión del Plan Nacional que Desarrollo realizando por la Cámara de Diputados, la Comisión se permite someter a la aprobación de la asamblea los siguientes
PUNTOS DE ACUERDO
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, ha conocido, examinando y formulando opinión con respecto al Plan Nacional de Desarrollo 1989- 1994.
Segundo. Envíese al ciudadano Presidente de la República y a la honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por los conductos legales establecidos, el examen realizado y la opinión emitida por esta Cámara, así como la versión estenográfica que contiene la exposición original hecha por cada uno de los representantes de los grupos parlamentarios que intervinieron el día de hoy en el debate realizado en esta honorable Cámara de Diputados.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados.- México, Distrito Federal, a 28 de diciembre de 1989.»
El diputado Artemio Iglesias Miramontes: - Compañeros diputados: En el marco de la negociación de las fracciones parlamentarias, estuvo no entrar al debate y respetar total y plenamente lo que cada una de ellas haya expresado en esta tribuna; sin embargo hay algunos aspectos que quisiéramos dejar asentados en esta intervención.
Primero. De quienes vinieron a discutir sobre lo que no debe discutirse, tal como nosotros queremos que la ley cambie y mi pregunta es: ¿qué no estamos aquí en el Legislativo para cambiar la ley? De tal suerte que en lo que pudiera ser cambiada la ley se ha entrado a un análisis, respeto y que no comparto la opinión de catastrofista que apuestan al fracaso del Plan Nacional de Desarrollo a priori y de antemano sin valorar una serie de circunstancias y posibilidades de desarrollo.
Rechazamos también el hecho de que en este régimen, en este sistema político mexicano, haya el autoritarismo; creemos nosotros, los priístas, que precisamente se están dando discusiones de análisis para modificar, para transformar la vida democrática mexicana y será tan amplia como nosotros alcancemos a discutirla, porque también es responsabilidad soberana del Congreso de la Unión y particularmente en este caso las iniciativas a este propósito han partido de las fracciones parlamentarias.
Rechazamos las expresiones que se han vertido respecto a que se pretende acabar en el Plan Nacional de Desarrollo con la vida de los partidos políticos; si algo estamos haciendo en la discusión del nuevo Código Federal Electoral, es privilegiar la vida de los partido políticos, como entidades de interés público.
Quiero señalar a este respecto lo siguiente: ¡ninguno de los oradores expresó que estuviera en contra de los objetivos generales rectores del Plan Nacional de Desarrollo! ¿Alguien puede oponerse a que en este país se dé la soberanía la seguridad nacional y la promoción de los intereses de México en el exterior?
El Plan Nacional de Desarrollo resalta sobremanera la ampliación de nuestra vida democrática. El Plan Nacional de Desarrollo, producto de una consulta popular, privilegia la recuperación económica con estabilidad de precios. El Plan Nacional de Desarrollo propone a toda la sociedad el mejoramiento productivo del nivel de vida.
Cuando el presidente Salinas asume el gobierno, al mes siguiente se empezaron a dar, como lo señala la ley, la consulta a todas las fuerzas sociales, políticas y económicas representativas de este país.
Yo recuerdo algún artículo de García Cantú, que por el mes de abril o mayo, al referirse a todos estos foros que se desarrollaron nacionalmente, y que pudimos haber concurrido porque estaban las invitaciones abiertas para los diputados y para los senadores, en su momento y en su tiempo, recuerdo que García Cantú expresaba, a propósito de estos foros, "que se estaba desarrollando en este país una logomanía", esto es, "la manía de la palabra" y que él "tenía temor de que si no se
condensaba y se concretaba en un proyecto eficaz, en un proyecto realista, en un proyecto que respondiera a la necesidad actual mexicana, pudiera desembocar en logorrea", son palabras de García Cantú por la consulta que el gobierno de la República realizó en todo lo ancho y largo del país, ¡y nadie puede negar eso, si es que están informados de la realidad mexicana! ¡Si no quieren verlo, no lo verán! "No hay peor sordo que el que no quiere oír. No hay peor ciego que el que no quiere ver", compañeros.
Entrando en este análisis, que la fracción parlamentaria de mi partido hizo de manera precisa, acatando el mandato de la Constitución y de la Ley de Planeación, la cual nos señala: "Es facultad del Congreso de la Unión examinar el Plan Nacional de Desarrollo y emitir opinión sobre su contenido".
Nosotros convocaríamos a las fracciones parlamentarias que se sumaran a la expresión de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, que es lo que nosotros transmitimos como opinión y como punto de vista al Plan Nacional de Desarrollo que nos envió el Ejecutivo.
Nosotros decimos, a propósito del compañero que me antecedió en la palabra, que "en las fases siguientes, esta soberanía habrá de contrastar y vincular los objetivos, propósitos, líneas de estrategia y de acción que se incluyen en el plan, con los programas de mediano y corto plazos que de él se derivan, con el informe de acciones y resultados de la ejecución de los mismos que debe rendirse anualmente en el mes de marzo, y además los presupuestos de egresos, la Ley de Ingresos, los informes trimestrales sobre deuda pública, los informes que nos envía el Ejecutivo sobre el avance que este país tiene en todas las materias de la vida social y económica". Sí hay con qué contrastar este Plan Nacional de Desarrollo: se requiere trabajo y ejercicio pleno para poderlo llevar a cabo.
Nosotros efectuamos recomendaciones para la elaboración de documentos complementarios del plan, en particular respecto al contenido; bueno, también de paso para que mejore un poquito, ¿no?; en particular, respecto al contenido, características y alcance de los programas de mediano plazo, cuya elaboración prevé el artículo 22 de la ley y el propio plan en su parte séptima.
Nosotros decimos en el análisis, que el proyecto internacional de México debe adecuar sus acciones a las nuevas realidades, a partir del fortalecimiento de su soberanía: en esto somos consecuentes con todas las expresiones aquí vertidas por las fracciones parlamentarias. Nosotros decimos que los recursos necesarios para financiar el aumento de la inversión que requiere el crecimiento, sólo pueden provenir de un mayor ahorro interno, público o privado, de una mejoría de los términos de intercambio del país, y de manera fundamental, de una reducción de las transferencias netas de recursos reales al exterior, se requiere también una disminución significativa de las transferencias en magnitud suficiente para alcanzar los niveles de inversión requeridos para las metas de crecimiento.
Nosotros decimos que es y seguirá siendo tema presente y de actualidad, ahora y de las futuras generaciones, que debe seguirse en la dirección que ha marcado el Ejecutivo, de abatir la transferencia neta de recursos al exterior, de disminuir el valor de la deuda histórica acumulada, de asegurar recursos netos, de reducir el valor real de la deuda de su proporción, con respecto al producto interno bruto; en esta dirección ofreció el presidente Salinas a la nación, que en esta dirección ha actuado, y todos los mexicanos saben de estos propósitos, de estos objetivos y de estas metas, cumplidas para todos los mexicanos, de acuerdo con la expresión que él dio a la nación; procedimientos también que tienen que significarse para la autorización de las nuevas inversiones, permitidas por la ley, para que sean automáticas, expeditas y transparentes.
Nosotros significamos que se debe simplificar al interior y negociar en el exterior nuestros productos junto con los exportadores, para que en una línea de conducta gubernamental, como se ha llevado adelante en una cuidadosa apertura de nuestra economía a la competencia internacional, a la eficiencia de sus empresas, a la lucha de los mercados exteriores, que es lo que ahora y en este momento realiza el Presidente de México en la llamada Cuenca del Pacífico, Japón y básicamente en Singapur.
Adicionalmente nosotros puntualizamos en nuestro examen, y se sintetiza en los apartados siguientes, donde resumimos las opiniones de las diferentes comisiones legislativas, atendiendo a la estructura del plan, en el ejercicio responsable de esas atribuciones. La fracción parlamentaria priísta de diputados reconoce aciertos, apunta precisiones, atiende a puntos sobresalientes o sugiere agregados a los diagnósticos, política, líneas de acción y programas en el mercado de una relación respetuosa, fecunda y responsable, principios de la división y colaboración de poderes en nuestro régimen democrático.
Sin embargo, también señala, por mi conducto, la fracción parlamentaria priísta, que es
conveniente recomendar se profundice en el diagnóstico respecto a la disminución de recursos reales e insuficiencia del ahorro interno para promover el crecimiento, y a partir de la reflexión de que este ahorro de los nacionales, antes del servicio de la deuda externa, ha presentado en lo últimos años la aclaración de recursos que precisamente han sido los que han permitido el cumplimiento de los compromisos financieros contraídos con el exterior.
En el plano de la modernización, y quiero advertir a mi antecesor en la palabra, que no necesariamente las fuerzas productivas van a dar el jalón para que se modifiquen las relaciones de producción, por el contrario, nosotros tenemos que ahondar en modificar una serie de relaciones sociales de producción y cuando nosotros estamos transformando la superestructura del derecho aquí en la Cámara de Legisladores sobre la modificación a la banca, estamos modificando una superestructura del derecho que cambiará relaciones sociales de producción y nosotros consideramos que esta vía puede desarrollar la competividad de esa fuerza productiva que es el dinero para su competencia internacional. No estamos pensando que per se la fuerza productiva da el jalón para la sociedad, por eso modificamos y transformamos la educación a través de la legislación, por eso modificamos el derecho, por eso modificamos una serie de factores que son recurrentes y que inhiben ese desarrollo nacional.
El Plan de Modernización así lo entendemos entre otras cosas, es el nuevo criterio y no estoy hablándolo por exotismo ni estoy hablando por una situación que está de moda o es moderno hablar de modernización, entiendo perfectamente que la modernización es un proceso de la edad de bronce a la edad de cobre, hay modernización y utilizar a veces los utensilios de romper el feudalismo a crear otras prácticas y otros instrumentos de labranza y de la guerra, ahí hay modernización compañeros, no es por exotismo, porque nosotros la mencionamos, hacemos énfasis en que es necesario llevar a cabo este proceso de desarrollo de las fuerzas sociales de producción y de las que incidan en las fuerzas productivas; no les estoy hablando como Salinas, les estoy hablando como el chiquitín solamente.
En este orden de ideas, la representación del Partido Revolucionario Institucional quiere expresar y lo dice así en este documento, su preocupación emanada de las comisiones legislativas sectoriales por el hecho de que la deficiente integración de la planta industrial se puede ver agravada por la crisis económica que hemos venido arrastrando a través de los años, especialmente en algunas ramas industriales de suma importancia, como la industria metalmecánica y de bienes de capital; en tanto otras, como la petroquímica, aun con un incremento relativamente importante, se han revelado como insuficientes para abastecer los requerimientos de la planta industrial.
Por otra parte, existen sin duda otras industrias que pueden ver menguada su eficiencia, por ser afectadas por la apertura comercial y en esto tiene que tenerse también cuidado y en esto coincidimos con el compañero diputado Móller, que la pequeña y mediana industrias no se ven abatidas por la apertura comercial. En estos sentidos y para contemplar el plan con un diagnóstico y una programación precisa por ramas industriales, la fracción priísta considera pertinente sugerir que en el Programa de Industrialización y Comercio Exterior se efectué dicho diagnóstico y se establezcan las bases programáticas e institucionales sobre las cuales se prevé se conduzca el desarrollo industrial del país, en particular se recomienda analizar los efectos y acciones y planteamientos sobre el mercado interno, así como precisar los efectos y previsiones de la desgravación arancelaria gradual. Asimismo consideramos los lineamientos estratégicos y programáticos que deriven de dicho análisis para acatarlos en las acciones administrativas y autorizaciones en las que los diversos campos y modalidades se sujete a la inversión extranjera directa y hacer respetar los límites máximos que en su caso se establecen para las diversas ramas de actividad económica.
Nosotros también decimos que no podemos pasar por alto que en el seno de las comisiones legislativas se han expresado comentarios y recomendaciones en el sentido de concretar las políticas y acciones y de especificar los instrumentos y responsables de su ejecución, así como de establecer los compromisos y las estimaciones de recursos en cifras y presentar en detalle las relaciones ínter e intrasectoriales y los vínculos entre los objetivos, las metas, las políticas y líneas de estrategia y las acciones, en particular se requiere precisar estas aportaciones multilaterales públicas, sociales y privadas en el campo, y, por otra parte, respecto a los programas y mecanismos que prevén y regulan la inversión privada en obras de infraestructura.
A la luz del programa de ejecución, podemos nosotros manejar algunas variables que alguien puede creerlas o no creerlas; yo las creo. Consideramos que en materia de deuda pública, el Ejecutivo, por el informe que nos manda de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, ha cumplido, no a plenitud, estemos de acuerdo, hablemos que ha cumplido de acuerdo a lo posible. ¿Quién no hubiera querido que la deuda
externa de un plumazo y unilateralmente México la pudiera erradicar?, pero el político tiene que hablar entre lo probable, lo posible, lo factible, y esto es y ha sido lo posible y ha sido bueno para este país en los términos actuales de su desarrollo.
Nosotros alabamos que el Plan Nacional de Desarrollo contemplara un crecimiento del 1.5% del producto interno bruto y que esto haya subido hasta el 2.9% ¿Qué significa un crecimiento? Pregúntele a la clase obrera, pregúntele al que busca trabajo la posibilidad....(Abucheos)...Bueno, pregúntele si el 2.9% significa un crecimiento y una seguridad en el empleo para muchos mexicanos; eso significa, que el Ejecutivo y que este país, con todos sus mexicanos, hemos hecho posible reducir la inflación a términos manejables para la economía. Por esa razón...
(Desorden.)
El Presidente: - Compañero Aroche, le rogamos atención al orador y respeto.
El diputado Artemio Iglesias Miramontes: - Por eso, señor Presidente, a solicitud de la fracción parlamentaria de mi partido, ruego a usted que concluido, si así lo considera, que esta opinión en la cual fuimos omisos durante equis, ye, o zeta tiempo, por razones inherentes a la propia Cámara, sea, habiendo sido conocida, examinada y formulada la opinión con respecto al Plan Nacional de Desarrollo, que se remita a quien corresponda, al Presidente de la República, a la honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión por los conductos legales establecidos, el examen realizado y la opinión emitida por las fracciones parlamentarias de esta Cámara, respetando de cada una su punto de vista, así como la versión estenográfica que contiene la exposición original hecha por cada uno de los representantes de los grupos parlamentarios que intervinieron el día de hoy en el debate realizado con motivo de la opinión que nos faculta y que nos manda la ley realizar en torno al Plan Nacional de Desarrollo.
Mi partido, el Revolucionario Institucional, apuesta a la realización, a la eficacia y a la congruencia del Plan Nacional de Desarrollo que se ha planteado para los mexicanos. (Aplausos.)
El Presidente:- Ha solicitado la palabra para hechos, el diputado Israel Galán. Dispone de cinco minutos.
El diputado Israel Félix Galán Baños: - Yo quería llamar la atención sobre este ejercicio que se hace en esta Cámara, la falta de sentido crítico, la apología que se hace; como si no hubiera un dictamen correcto, un seguimiento de cosas y de hechos que yo estaba mencionando, puede decirse que se ha cumplido. Lo que llama la atención, es la construcción del discurso en el libro. El Plan de Desarrollo es uno, y el plan de ejecución, el informe sobre la ejecución del plan solamente dice que aquello se ha cumplido justa y enteramente como se dice en el plan. Eso no puede ser, dejaría fuera los imponderables, las contingencias.
Pero claro, esos dos polos de una misma situación, se deben al papel del propio Legislativo, al poco sentido crítico que tiene la fracción parlamentaria mayoritaria de esta Cámara. No puede ser que el Presidente y su grupo de trabajo hayan atinado a todo y que justamente como lo pensaron se está ejecutando el plan.
El plan es una concepción mental, es una atracción de realidades, que tiene que ajustarse a las obras hechas y ahí puede ser desde una tormenta, hasta la falta de liquidez, hasta una serie de cuestiones que impiden la ejecución; no puede haber causalismo automático entre una cosa y la otra.
Y además el diputado Artemio Iglesias está argumentado, está haciendo una serie de modificaciones. Falta sentido crítico, comparativo. Muchos diputados del Partido Revolucionario Institucional, como decía yo antes, han venido aquí a decir que es ineludible que México cambie porque hasta la Unión Soviética cambia. El partido único está dejando de serlo, y ellos después de 30 años de experiencia concluyeron; sin democracia no hay transformación económica en la Unión Soviética. Eso es lo que hoy se vive.
Y aquí es a la inversa, como saben que el plan de choque instrumentado tendrá consecuencias negativas enumeradas aquí: la baja del salario casi en 60%, la mano de obra mexicana, 17 centavos de dólar por abajo de la mano de obra en Haití, son hechos.
El plan de choque ejecutado necesariamente tiene una consecuencia política y que no incide consecuentemente sobre procedimientos democráticos, en la Unión Soviética, aquí no. Aquí no, por eso yo pregunto, si vamos al estado de derecho o vamos a otro tipo de estado que controle las consecuencias del impacto que tiene la aplicación de este plan de choque en México. Y que la perspectiva de imponer dogmáticamente estos principios de mercado irrestricto, porque no es verdad que todas las experiencias, se lo decía: ¿quién es Galbraith?, a un economista diputado, además
ruso: no les hagan caso a los capitalistas, no desmantelen el Estado completamente. ¿Qué tiene que ver la industria del acero con los gustos de los consumidores y el mercado? Tendrá que ver los alimentos, les decía Galbraith ahora que estuvo en la recepción en la embajada rusa, no les hagan caso a los capitalistas, yo que sé de precios, dijo Galbraith, porque yo dirigí la economía estadounidense durante la guerra, les digo que es una tontería plantear el mercado irrestricto. El Estado tiene que regular, ésa es la gran inventiva del propio capitalismo.
Pero claro, al imponer una verdad dogmática de reformas de este tipo, tienen que venir consecuencias sociales que se reflejarán en el campo político. Y aquí es donde yo digo: ahí nosotros concluimos con un estrechamiento. Con la negativa a transformar el partido gobernante, a impedir su democratización como lo exhibe la propia lucha interna que se da dentro de ese partido, a impedir su separación del Estado y del gobierno.
Las consecuencias no pueden ser las mismas frente a un imperativo categórico. reinsertarnos en el mercado mundial pero, ¿cómo? ¿Y a quién va a beneficiar el dinamismo que se logre en la economía? Yo por eso exhibía la revista, ahí está el directorio de los 100 principales empresarios del país. Eso es lo que uno se pregunta.
Y el estado de derecho está siendo en los hechos abrogado y sustituido por otro tipo de gobierno basado en otras concepciones que sí van al autoritarismo, eso es a lo que yo quería referirme. Gracias.
El Presidente: - Había solicitado la palabra para hechos el diputado Aroche Parra al comienzo del debate.
Adelante, para hechos.
El diputado Miguel Aroche Parra: - Gracias por lo espléndido, señor Presidente ¿Me vas a saludar?
Quiero referirme en este debate en torno al Plan Nacional de Desarrollo, que de alguna manera debió realizarse en diciembre, después de escuchar todas las frases laudatorias y de casi estar aturdido por los aplausos con que un sector premia a este formidable invento y a esta recopilación de promesas y proyectos que se hace culminar en una serie de mentiras; quiero referirme a hechos tan lamentables como los que ocurren en diferentes lugares del país, y particularmente en Guerrero, en el municipio de Acapulco, porque esta clase de actos, esas agresiones, esta conducta verdaderamente criminal en contra de ejidatarios que tienen instalados en sus pueblos, en sus ejidos, más de 15 años, a título de que la Suprema Corte a esta distancia ha resuelto devolverles a los dueños, a quienes se ostentaban como dueños entonces de esas tierras, sus propiedades, dándoles como plazo para poder marcharse de este lugar en donde estaba toda su vida, una hora, y después de este plazo entrar a saco con máquina pesada para destruir sus viviendas, con hachas y machetes para destruirlo todo, y dejar a 320 familias del nuevo ejido Lomas de Chapultepec, a escasos 22, 26 kilómetros de Acapulco, dejarlos completamente desamparados, a la intemperie, sin bien ni cosa alguna, porque además de desalojarlos se les ha robado.
Las 250 personas lanzadas con policías para agredirles, han robado cuando han podido, y yo me pregunto si esta clase de conductas de parte de la autoridad o en nombre de la autoridad puede construir una base suficientemente sólida de apoyo para que tenga éxito un plan como el que ahora se festeja de alguna manera y se comenta y se discute, con la aprobación de la mayoría esmirriada que el Partido Revolucionario Institucional tiene aquí.
(Desde una curul): - Estás borracho.
El diputado Miguel Aroche Parra: - Nunca me emborracho como tú.
El Presidente: - Se prohiben los diálogos, señor diputado.
El diputado Miguel Aroche Parra: - Como el que habló ahí, nunca me emborracho.
El Presidente: - Reitero que se prohiben los diálogos.
El diputado Miguel Aroche Parra: - Que no estén agrediendo.
El Presidente: - Continúe, señor diputado.
El diputado Miguel Aroche Parra: - ¿Por qué han sido agredidas 320 familias de ejidatarios, cuya ampliación fue concedida y fue entregada de modo legítimo, de modo legal, por el gobierno de Luis Echeverría?, ¿por qué ahora les apremia a los que se decían dueños de estas tierras y que pareciera que las van recibir ahora después de esta agresión y de este desalojo, les apremia poder instalar ahí la venta de estas magníficas tierras en el delta del río Papagayo.
Los beneficiados directos son la familia Robles Martínez, Jesús Robles Martínez, mejor conocido
en los medios del Instituto Politécnico, como el muerto vivo, son los Ruíz Terrazas y son los Nogueda Otero, uno de cuyos parientes es nada menos que jefe de control, o como se le llame, de la Cámara de Diputados local de Guerrero; otro, Israel Soberanis Noguera. Los Nogueda que representan el cacicazgo más nefasto de la Costa Grande de Guerrero.
Aquí, no sé si para fortuna o para desgracia, están dos testigos y dos actores de los acontecimientos en los cuales les fue entregada la tierra de ampliación del ejido a estos campesinos. Uno de ellos es el diputado Vicente Fuentes Díaz, entonces senador, y el otro es Augusto Gómez Villanueva, que entonces partía el queso desde la Reforma Agraria.
Y yo digo que esto es una infamia. Pero además...
El Presidente: - Señor diputado, le ruego concluya su intervención, en virtud del límite de tiempo.
El diputado Miguel Aroche Parra: - Además, quiero concluir mi intervención haciendo referencia a otro hecho verdaderamente lamentable. Ni los actos de agresión y de despojo a los ejidatarios, como el que narro, ayudan a crear el clima propicio para desarrollar ningún plan de desarrollo. Pero tampoco contribuyen a esto los hechos que se han desenvuelto desde los días del lamentable doble asesinato de los trabajadores de La Jornada y que en los últimos días han culminado con la consignación de algunas de las personas que aparecen, como responsables de estos hechos.
De acuerdo con esta circunstancia, para apoyar el Plan Nacional de Desarrollo, estamos en presencia de la iniciación de una verdadera cacería de brujas.
En Guerrero particularmente y a esta hora en todos los lugares en donde hay hombres que fueron amnistiados en otro momento, están siendo acosados y perseguidos. Y como se sabe, en Guerrero existe una situación todavía no resuelta, resultado de los días de las elecciones del 3 de diciembre...
El Presidente: - Le reitero, diputado, concluya su intervención.
El diputado Miguel Aroche Parra: - Esta tendencia lleva a pensar, a temer seriamente, que todos los opositores seremos llevados a esta situación de persecución bajo este clima. No tolera este gobierno, que marcha cada día más perfilándose como una dictadura policiaco - militar, no tolera la oposición.
Y desde esta tribuna levantamos nuestra voz para que no se cometan más crímenes a título de defender la legalidad, que el gobierno quebranta todos los días.
El Presidente: - Ha solicitado la palabra para alusiones, el diputado Vicente Fuentes Díaz.
El diputado Vicente Fuentes Díaz: - Señor Presidente; señoras y señores diputados: He pedido muy brevemente la palabra, para referirme al primer asunto que acaba de plantear desde este lugar el diputado Aroche Parra, relativo al ejido Lomas de Chapultepec, del municipio de Acapulco.
Efectivamente, yo seguí paso a paso este problema que en un momento se tornó dramático en las luchas campesinas de mi estado. Pude hacerlo como senador de la República que era, junto con el también senador en esa época, el ingeniero Rubén Figueroa.
Un grupo de negociantes, de capitalistas, le habían echado el ojo a una extensión muy codiciable de tierras campesinas de Nuevo Lomas de Chapultepec, que se prestan, y así seguramente lo planearon, para hacer un magnífico fraccionamiento de tipo turístico.
El ingeniero Figueroa, entonces senador como su servidor, actuó muy activamente y obtuvo el gobierno del presidente Echeverría, a través de la Secretaría de la Reforma Agraria, que atingentemente atendía nuestro hoy compañero Augusto Gómez Villanueva, intervenir en el asunto, dictó la ampliación del ejido en favor de los campesinos que estaban siendo agredidos por quienes codiciaban ese terreno.
Creímos que el asunto quedaba finiquitado en esa forma. Eso fue, lo recuerdo muy bien, en el año de 1973, es decir, han transcurrido 17 años desde entonces.
Yo me encontré en el transcurso del tiempo, ocasionalmente, a algunos campesinos y les pregunté cómo les había ido, cómo estaban trabajando. No hemos tenido problemas, nos dijeron, desde que la Secretaría de la Reforma Agraria intervino, hemos estado en posesión pacífica de la tierra y la estamos trabajando.
Por eso a mí me ha extrañado también la noticia de que utilizándose bulldorzers y otros objetos, los campesinos que legítimamente han poseído y trabajado esa tierra, han sido lanzados de una manera realmente reprobable.
Yo como representante del estado de Guerrero, como representante popular que he sido del estado de Guerrero, repruebo en principio esa acción. Pero por ser un asunto bastante complejo desde el punto de vista jurídico, yo propongo, señor Presidente, que este asunto sea turnado a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, para que procure a esta Cámara la mayor y más pronta información posible, para poder obrar en consecuencia. (Aplausos.)
El Presidente: - Diputado Blas Vergara, para hechos.
El diputado Blas Vergara Aguilar: - Con su permiso señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Ha impresionado a esta Cámara la denuncia de mi amigo y compañero Miguel Aroche Parra, y creo que todo este Congreso se pronuncia porque se le haga justicia a los campesinos de mi estado.
Es lamentable lo que ha ocurrido, yo me sumo a los puntos de vista y a la queja de Miguel Aroche Parra, porque estoy seguro que estos hechos han lastimado los derechos de los campesinos, y como diputado campesino me solidarizo a esta queja, como diputado de la Confederación Nacional Campesina. Yo estoy cierto que el ciudadano gobernador del estado, José Francisco Ruíz Massieu, tomará en cuenta los puntos de vista que se vienen a expresar en esta tribuna; estoy cierto que la Secretaría de la Reforma Agraria, tomando en cuenta los puntos de vista de los diputados campesinos de la Comisión de Asuntos Agrarios de la Cámara y la Comisión de Gestoría y Quejas, podremos solidarizarnos todos para que se restituyan las tierras a los campesinos de mi estado.
Esa en nuestra posición, compañeros, yo sé que cada uno de ustedes expresa su dolor y sus puntos de vista para que haya justicia, yo estoy cierto que José Francisco Ruíz Massieu se solidariza con los campesinos que injustamente han sido tratados, y estoy seguro también que Víctor Cervera Pacheco escuchará las quejas y hará justicia a los campesinos de Guerrero.
Por eso solicito a los diputados de las diferentes fracciones, que aquí nos solidaricemos con los campesinos de Guerrero, con los campesinos de México. Compañeros, en manos de las secretarías de las comisiones de Asuntos Agrarios y Gestoría y Quejas, dejamos este asunto y los diputados campesinos de la Confederación Nacional Campesina, nos solidarizamos con sus puntos de vista.
Habrá algunas diferencias con mi amigo y paisano Miguel Aroche Parra, en las cuales no estemos de acuerdo, pero en este tema solicitaremos justicia y estoy seguro que tendremos el apoyo de la Cámara. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Comuníquese al Ejecutivo las diversas opiniones aquí sustentadas en torno al Plan Nacional de Desarrollo y a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas y a la Comisión de Reforma Agraria, túrnese el asunto agrario del estado de Guerrero.
DICTÁMENES DE PRIMERA
LECTURA
ARTÍCULOS 28 Y 123 CONSTITUCIONALES
El secretario diputado Gustavo Rosario Torres:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales le fue turnado el expediente enviado por la Cámara de Senadores, que contiene la minuta proyecto de decreto que declara reformados los artículos 28 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al derogar el párrafo quinto del primero y al modificar y adicionar con el numeral 22 el inciso a, de la fracción XXXI del apartado A del segundo, así como al modificar la fracción XIII - bis del apartado B, del mismo artículo 123.
La reforma constitucional materia de este dictamen fue estudiada, discutida y aprobada oportunamente por el voto afirmativo de las dos terceras partes de los miembros de las cámaras de Diputados y de Senadores del honorable Congreso de la Unión y, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 135 constitucional, la segunda mencionada, en funciones de Cámara revisora, turnó a las legislaturas de los estados el expediente respectivo, con objeto de que los congresos locales, si lo consideraban procedente, aprobaran estas reformas.
El Senado de la República, mediante oficio del 8 de junio del presente año, envió a esta honorable Cámara de Diputados el expediente que contiene el proyecto de reformas constitucionales al que se ha hecho referencia en el párrafo primero de este dictamen. Esta Cámara se encuentra en posibilidad de hacer el cómputo a que se refiere el artículo 135 constitucional y de éste se desprende que el proyecto de decreto que reforma los artículos 28 y 123 de la Constitución, ha merecido la aprobación de las 31 legislaturas locales en funciones de Constituyente Permanente.
Consta la aprobación de las legislaturas de los siguientes estados: Aguascalientes, Baja California Norte, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
En consecuencia, se han cumplido los supuestos jurídicos que la propia Constitución previene, a fin de que las reformas constitucionales pasen a formar parte del texto vigente.
Esta comisión concluye que ha sido reformada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que con fundamento en el artículo 135 de la propia Constitución, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECLARATORIA
El honorable Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución General de la República y previa aprobación de la totalidad de las honorables legislaturas de los estados, declara que reforma los artículos 28 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo primero. Se deroga el párrafo quinto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo segundo. Se modifica y adiciona el inciso a, de la fracción XXXI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"Artículo 123........................................................
A.....................................................................
XXXI..................................................................
a) Ramas industriales y servicios.
21....................................................................
22. Servicios de banca y crédito."
Artículo tercero. Se reforma la fracción XIII- bis del apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"Artículo 123...................................
B................................................
XIII- bis. Las entidades de la administración pública federal que formen parte del sistema bancario mexicano, regirán sus relaciones laborales con sus trabajadores por lo dispuesto en el presente apartado."
TRANSITORIOS
Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. En tanto se expiden las nuevas normas aplicables, las instituciones de banca y crédito y las sucursales en México de bancos extranjeros que cuenten con concesión del gobierno federal, continuarán rigiéndose por las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 21 de junio de 1990.- Diputados: Guillermo Jiménez Morales, presidente; José Luis Lamadrid Sauza, secretario; Rafael Aguilar Talamantes, Juan Miguel Alcántara Soria, José Luis Alonso Sandoval, Jesús Anlen López, Bernardo Bátiz Vázquez, Napoleón Cantú Cerna, Ignacio Castillo Mena, Manuel Cavazos Lerma, Víctor Hugo Celaya Celaya, Vicente Luis Coca Alvarez, Fernando Córdoba Lobo, Sami David David, Rodolfo Duarte Rivas, Hiram Escudero Alvarez, Pedro René Etienne Llano, Vicente Fuentes Díaz, Juan Antonio García Villa, Leonel Godoy Rangel, Pablo Gómez Alvarez, Gildardo Gómez Verónica, Augusto Gómez Villanueva, Artemio Iglesias Miramontes, Roberto Jaramillo Flores, José Trinidad Lanz Cárdenas, Fructuoso López Cárdenas, Armando López Nogales, Jesús Luján Gutiérrez, Gonzalo Martínez Corbalá, Enrique Martínez y Martínez, Juan José Medrano Castillo, Ricardo Monreal Ávila, Rogelio Montemayor Seguy, Miguel Montes García, J. Oscar Navarro Gárate, Francisco Ortíz Mendoza, Eugenio Ortíz Walls, Alberto Pérez Fontecha, Dionisio E. Pérez Jácome, Oscar Mauro Ramírez Ayala, Américo Alejandro Ramírez Rodríguez, Alfredo Reyes Contreras, José Manuel Ríos Núñez, Jaime Rodríguez Inurrigarro, Enrique Rojas Bernal, Reynaldo Rosas Domínguez, Mario Ruíz de Chávez y García, Pedro Alberto Salazar Muciño, Alvaro Uribe Salas, Mario Vargas Saldaña y Abel Carlos Vicencio Tovar.»
Trámite: - Primera lectura.
CONDECORACIÓN
El secretario diputado Salvador Sánchez Vázquez:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: A la Comisión de Gobernación y Puntos constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano general brigadier intendente diplomado de estado mayor, Jacinto Romero Arredondo, para que pueda aceptar y usar la condecoración de Mérito Militar de Primera Clase, que le confiere el gobierno de Portugal.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano general brigadier intendente diplomado de estado mayor, Jacinto Romero Arredondo, para que pueda aceptar y usar la condecoración de Mérito Militar de Primera Clase, que le confiere el gobierno de Portugal.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 21 de junio de 1990. - Diputados: Guillermo Jiménez Morales, presidente; José Luis Lamadrid Sauza, secretario; Rafael Aguilar Talamantes, Juan Miguel Alcántara Soria, José Luis Alonso Sandoval, Jesús Anlen López, Bernardo Bátiz Vázquez, Napoleón Cantú Cerna, Ignacio Castillo Mena, Manuel Cavazos Lerma, Víctor Hugo Celaya Celaya, Vicente Luis Coca Alvarez, Fernando Córdoba Lobo, Sami David David, Rodolfo Duarte Rivas, Hiram Escudero Alvarez, Pedro René Etienne Llano, Vicente Fuentes Díaz, Juan Antonio García Villa, Leonel Godoy Rangel, Pablo Gómez Alvarez, Gildardo Gómez Verónica, Agusto Gómez Villanueva, Artemio Iglesias Miramontes, Roberto Jaramillo Flores, José Trinidad Lanz Cárdenas, Fructuoso López Cárdenas, Armando López Nogales, Jesús Luján Gutiérrez y Martínez, Juan José Medrano Castillo, Ricardo Monreal Ávila, Rogelio Montemayor Seguy, Miguel Montes García, J. Oscar Navarro Gárate, Francisco Ortíz Mendoza, Eugenio Ortíz Walls, Alberto Pérez Fontecha, Dionisio E. Pérez Jácome, Oscar Muro Ramírez Ayala, Américo Alejandro Ramírez Rodríguez, Alfredo Reyes Contreras, José Manuel Ríos Núñez, Jaime Rodríguez Inurrigarro, Enrique Rojas Bernal, Reynaldo Rosas Domínguez, Mario Ruíz de Chávez y García, Pedro Alberto Salazar Muciño, Alvaro Uribe Salas, Mario Vargas Saldaña y Abel Carlos Vicencio Tovar.»
Trámite: - Primera lectura.
PROPOSICIÓN DE LA GRAN COMISIÓN
El secretario diputado Rubén García Farías.
«Diputados Secretarios de la Cámara de Diputados. - Presentes.
La Gran Comisión de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se autoriza a la diputada Rebeca Anchondo Fernández, para que asista como integrante de la delegación de esta Cámara, a la III Reunión Interparlamentaria México - Canadá, en sustitución del diputado Artemio Iglesias Miramontes, quien fue propuesto en el acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara el día 29 de diciembre de 1989.
México, Distrito Federal, a 21 de junio de 1990. - Diputados: Guillermo Jiménez Morales, presidente; Gonzalo Martínez Corbalá y Manuel Cavazos Lerma.»
En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición de la Gran Comisión.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobada, señor Presidente.
ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL LEANDRO VALLE
EL Presidente: - Tiene la palabra el diputado Salvador Revueltas Olvera, para hablar sobre el aniversario luctuoso del general Leandro Valle.
El diputado Salvador Revueltas Olvera: - Evocar la figura del general Leandro Valle, hijo
ilustre del heroico Colegio Militar, es, sin duda alguna, una agradable tarea, pocas figuras hay en la historia militar de México, tan nobles y heroicas como la del general Valle, "El último liberal romántico", como lo llama atinadamente el escritor Alfonso Tejeda Zabre. En efecto, su vida estuvo íntimamente unida a lo romántico y a lo trágico; su mismo final se encuentra ligado a la muerte de otros grandes caudillos del Partido Liberal, el ilustre reformista Melchor Ocampo y el general Santos Degollado. Estas tres extraordinarias figuras de la historia de México, fueron asesinadas en la misma época y en parecidas y dramáticas circunstancias: el general Degollado y el general Valle, inclusive en la misma región: el Monte de las Cruces, en el estado de México.
La corta pero brillante vida de este prócer, debe ser recordada por los civiles y los que visten el uniforme del ejército mexicano.
Su padre fue el entonces capitán Rómulo Valle y su madre doña Ignacia Martínez. Su padre también tuvo un ilustre historial cuando combatió en la Guerra de Independencia, desde 1811, a las órdenes de don Leonardo Bravo.
La infancia de Leandro Valle transcurrió en el pequeño pueblo de Jonacatepec, estado de Morelos, en donde su padre se hallaba prestando servicio. Ingresó al heroico Colegio Militar en el año de 1844.
En esta gloriosa institución, tuvo como compañeros a otros jóvenes, que años más tarde se iban a distinguir en la vida política de México, aunque en partidos opuestos, entre ellos estaba el futuro general Luis G. Osollo y el futuro general Miguel Miramón. Con este último, cultivó desde esos años, una perdurable y ejemplar amistad, matizada de inolvidables anécdotas que muestran el profundo afecto que los ligó al través de la vida agitada y turbulenta del México, de la segunda parte del Siglo XIX.
Fue nombrado subteniente el 20 de enero de 1847, su bautizo de fuego lo recibió, al tomar parte contra ese absurdo y antipatriótico movimiento conocido como "la rebelión de los polkos".
En el año de 1849, con motivo de la celebración del segundo aniversario de la muerte de los niños héroes, en el uso de la palabra, los invocó, en un poema de su inspiración:
"Imitad su valor y su memoria,..., que si no les fue dada la victoria, no será porque no fue merecida, más no por eso se escasea la gloria, a aquél que por su patria da la vida."
Valle pronto se vio envuelto en la vida agitada de aquella época. Su padre ya para ese entonces coronel, fue hecho prisionero por compartir las ideas del general Juan Alvarez, jefe de la Revolución de Ayutla.
En los años de 1856 y 1857, se encontraba como estudiante en la escuela de Aplicación de Metz, en París, Francia. Y en noviembre del propio 1857, se recibió una orden procedente de México en la que se decía: "siendo de necesidad que el capitán de ingenieros Leandro Valle, que existe estudiando en París, venga a esta capital a encargarse de su compañía, donde hace falta, según lo solicita la dirección de ingenieros".
A las órdenes del general Anastasio Parrodi, Valle estuvo en la Batalla de Salamanca en marzo de 1858, acción en la que fueron derrotados los liberales, por las tropas conservadoras mandadas por el general Luis G. Osollo. Veamos cómo nos es descrito en esta época el futuro general Valle, por don Victoriano Salado Alvarez:...Era alto, blanco de tez, musculoso y recio de hombros, de ojos verdes, piocha formada por cuatro pelos rubios, un diente mellado y cabello cortado al rape".
El general Valle tomó parte en el sitio de Guadalajara a las órdenes del general Santos Degollado y combatió denodadamente en el interior de la ciudad.
Con objeto de adentrarme en la mente y espíritu de ustedes, mis queridos compañeros diputados, me voy a permitir narrarles el reconocimiento, que por su comportamiento heroico, hiciera a sus soldados el general Valle, para que juzguen el proceder y los sentimientos humanos que animaban el espíritu patriótico de nuestro héroe y cuyo nombre merece estar grabado en letras de oro, en estas columnas que simulan sostenes del foro, donde aparecen las más caras esencias de la conformación mexicana.
Decía a sus soldados después de la toma de la Merced, último reducto por la batalla de la Plaza de Guadalajara.
"Esta plaza inexpugnable, ha caído ante vosotros, soldados de dicernimiento y de convicción, para quienes la pérdida de la vida importa poco, con tal que triunfe la causa a que habéis consagrado vuestros esfuerzos y que no aspiráis a otra recompensa que el placer de haber hecho la felicidad de la patria y el recuerdo honorífico de la posteridad. Hay entre vosotros algunos más admirables todavía, que sin esperar que la historia registre sus nombres, se inmolan sin embargo, en el altar de esa divinidad misteriosa que ha hecho
de los sacrificios humanos la condición indispensable de los mejoramientos sociales. ¡Mártires anónimos, que fecundáis con vuestra sangre el árbol de la libertad para que otros recojan los frutos, sin pedir ni salario, ni gloria especial, para vosotros, mi corazón se llena de ternura y de veneración al contemplar tanto patriotismo y tanta abnegación! Vosotros sois los verdaderamente grandes y los verdaderamente heroicos!
La columna al mando del general Santos Degollado, a la cual se hallaba encuadrado el entonces coronel Leandro Valle, por movimientos tácticos de gran envolvimiento, como lo fue la toma de la ciudad de Colima por el general Miguel Miramón, amenazó la retaguardia de las fuerzas de Santos Degollado, que tuvo que marchar al encuentro de Miramón, encontrándose en San Joaquín, estado de Colima, donde fueron derrotados los liberales. Narro brevemente este combate, porque él fue el motivo descubridor, para que yo invoque las letras del escritor Vicente Fuentes Díaz, nuestro compañero de Cámara, quien escribió: "ya tenía Santos Degollado organizada otra fuerza militar con la ayuda tesonera de Pedro Ogazón, Manuel García Pueblita y Leandro Valle, joven impetuoso este último, que iba a dar muestras de lealtad y valor extraordinarios".
Viene la batalla de Ameca, que se libra al pie de la sierrita de Quila, donde los liberales derrotan a los conservadores de Valdés. Este fue el preámbulo que aceleró el triunfo de la legalidad constitucional.
Se le reconocían al general Valle: habilidad táctica para disponer sus tropas para el combate, selección atinada de las posiciones que ocuparon sus fuerzas, don de mando, cualidad que siempre tuvo en forma sobresaliente y atención a las necesidades logísticas.
Tuvo elogios del maestro Justo Sierra en sus funciones como jefe del estado mayor de la división Jalisco, que lo calificó como el alma de la empresa para poner a la división mencionada en condición excelente para el combate.
Así continuó desempeñándose con gran éxito, colaborando con las figuras excelsas del general González Ortega e Ignacio Zaragoza, donde se le reconoce su relevante actuación como director de los movimientos estratégicos; y así continuaron sus acciones que culminarían con la batalla de Calpulalpan, en 1860, donde tuvo nuestro héroe un papel muy importante.
Al suceder la muerte del general Santos Degollado, salió en persecución de sus asesinos el general Leandro Valle, y libró combate en el Monte de las Cruces con las fuerzas de Leonardo Márquez, quien en efectivos era superior en relación de 700 a 3 mil -
El general Valle fue capturado en Santa Fe por Lindoro Cajiga, el mismo que había asesinado a Melchor Ocampo; y Márquez, el tristemente llamado "Tigre de Tacubaya", ordenó su fusilamiento el 23 de junio de 1861.
Así terminó una vida luminosa, llena de abnegación lealtad, patriotismo e impregnada de gran fe por los destinos del pueblo de México.
La solidaridad social se busca asegurando la victoria del bien público, sobre el egoísmo privado.
Cuando se plantea el problema del bienestar, progreso y desarrollo de nuestro país, no debemos plantearlo en términos de justicia o injusticia, de gracia o de crueldad, de alabanza o de ignominia; sino que prescindiendo de otros aspectos de la cuestión, debemos adoptar cualquier orientación que salve su existencia y conserve su libertad.
A menudo la bondad del corazón puede ser un obstáculo para aquellos actos de severidad que un capitán, o un hombre de estado, están llamados a ejecutar.
Conforme a las ideas modernas, debe existir un lazo unitivo entre los capitanes o gobernadores y sus hombres; deben ser un cuerpo con una conciencia. Esta conciencia debe estar personificada en el comandante o el gobernante y debe hacerse de su conducta, la manifestación más alta y más inteligente, como si dijéramos del pensamiento común: debe hacer de su misma severidad un acto de justicia.
Quienes piden ser liberados de molestias, quienes desean vivir pacíficamente en el país y demandan garantías a tal efecto, de hecho buscan y desean libertad para molestar a los demás.
Demos gracias a la patria mexicana, que tiene hombres que la defienden hasta la heroicidad y yo a ustedes compañeros diputados, les pido que tributemos un homenaje al héroe que dio su vida con valentía, pero no lo hagamos con la tranquilidad pasiva y el silencio, sino con un aplauso, de gusto, de regocijo, porque se fue materialmente, pero vive y vivirá en el pensamiento de la nación mexicana. Muchas gracias. (Aplausos.)
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA NORTE
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Enrique Martínez y Martínez, de la Comisión de
Asuntos Fronterizos, sobre el problema de la violencia fronteriza en la zona de Tijuana - San Diego.
El diputado Enrique Martínez y Martínez: - Con su anuencia, señor Presidente; compañeros diputados: Las relaciones entre México y Estados Unidos de América a través del tiempo, han experimentado diversas tensiones, resultado de las diferencias culturales, sociales y económicas entre ambos países, que cuidan celosamente sus intereses y que por su situación geográfica comparten más de 3 mil kilómetros de frontera.
No obstante los esfuerzos realizados por ambos gobiernos, de resolver nuestras diferencias en el marco de amistad, colaboración y buena vecindad, en forma reiterada se han presentado ante esta Comisión de Asuntos Fronterizos, denuncias de conculcación de derechos humanos de nuestros trabajadores migratorios, por diputados fronterizos de las diferentes fracciones parlamentarias, así como señalamientos de estudiosos e investigadores del Colegio de la Frontera Norte, en las múltiples reuniones y foros de trabajo de esta comisión.
A últimas fechas, en forma creciente y como producto de un fenómeno de racismo antimexicano generado por un grupo minoritario de vecinos del condado de San Diego, California, se han llevado a cabo manifestaciones de hostilidad organizada en contra de nuestros connacionales, como el programa denominado "Ilumina la Frontera" y programas de radio que exacerban prejuicios en contra del trabajador indocumentado mexicano con desenlaces trágicos que se han expresado en lamentables pérdidas de vida y con una preocupante tendencia a incrementarse.
Un fenómeno de racismo, no sólo es aquél que responde a las frustraciones y odios generados como resultado de fracasos personales, sino que además expresa una mala concepción del papel que juegan los trabajadores migratorios en la economía de la Unión Americana, que no es el de desplazamiento hacia su fuerza de trabajo, sino de evidente contribución al fortalecimiento de su economía. En el presente, el racismo se ha venido agudizando en el punto fronterizo del condado de San Diego y Tijuana.
La atención de los problemas que genera la interacción fronteriza, exigen de toda la sociedad una cultura...
El Presidente: - Permítame un momento, señor diputado. Rogamos a la asamblea prestar atención al orador; rogamos a la Oficialía Mayor hacer lo posible por aumentar el sonido en la tribuna.
El diputado Enrique Martínez y Martínez: - La atención de los problemas que genera la interacción fronteriza, exigen de toda la sociedad una cultura de entendimiento, una concepción exacta de la interdependencia económica y, en este caso particular, que las autoridades de ambos países intensifiquen sus esfuerzos institucionales para resolver el conflicto y concienticen a sus sociedades para lograr un pleno respeto a la esfera de libertad y vida de las personas, cualesquiera que sea su sexo, edad, raza y nacionalidad; nadie tiene derecho a lacerar la integridad y la dignidad humana, no podemos soslayar las consecuencias de este problema, sus repercusiones exigen que lo abordemos sin sensacionalismos, pero con firmeza y decisión.
Nuestra condición de representantes populares nos obliga a manifestar aquí nuestra indignación por un problema creciente, que de no atenderse oportunamente podría generar una escalada de violencia que todos lamentaríamos y que sin duda empañaría las relaciones que sociedad y gobierno de ambos países desean.
Por lo anterior, esta Comisión de Asuntos Fronterizos ha tomado el acuerdo de proponer a esta honorable Cámara de Diputados, su intervención en este preocupante problema, a través de las siguientes.
«ACCIONES
Primero. Que conjuntamente con esta comisión, la de Derechos humanos y de Relaciones Exteriores, soliciten a las autoridades nacionales competentes su intervención inmediata para la atención de este delicado asunto.
Segundo - Que en base al espíritu y alcance del acuerdo séptimo, de la Trigésima Reunión Interparlamentaria México - Estados Unidos de América, se trabaje conjuntamente con los congresos de ambos países para la creación de un grupo especial de legisladores para realizar el seguimiento, análisis y llevar relación permanente de los problemas relacionados con los flujos migratorios.
Tercero. Que en la próxima Reunión Binacional de los Gobiernos de México y Estados Unidos de América que se celebrará próximamente, se contemple en la agenda de trabajo este problema específico y su solución.
Atentamente
Julio 21 de 1990. - Diputados: Santiago Rodríguez del Valle, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional; Ambrosio Montellano
Bustos, del Partido Acción Nacional; Alfredo Arenas Rodríguez, del Partido Acción Nacional; Amalia García Medina, del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Martínez y Almaraz, del Partido de la Revolución Democrática; Alberto Pérez Fontecha, de la fracción del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Israel Galán Baños, del Grupo Parlamentario Independiente Pedro René Etienne Llano, del Grupo Parlamentario Independiente; Gilberto Ortíz Medina, de la fracción del Partido Auténtico de la Revolución Demócrata; Sergio Quiroz Miranda, del Partido Popular Socialista; Gerardo Ávalos Lemus, del Partido de la Revolución Mexicana Democrática; Armando Duarte Móller, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y por el Partido Revolucionario Institucional: Bernardo Sánchez Ríos, Luis González Ruíz, Guillermo Castellanos Martínez, Francisca Ana Krauss, Alfonso Garzón Santibáñez, Miguel Díaz Muñoz, Jesús Armando Hernández Montaño, Javier Culebro Siles, y el de la voz Enrique Martínez y Martínez; José Murat, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Víctor Hugo Celaya Celaya, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos.» (Aplausos).
El Presidente: - En virtud de tratarse de un pronunciamiento suscrito por integrantes de todos los grupos parlamentarios que integran esta comisión, consulte la secretaría a la asamblea si se aprueba.
La secretaria diputada Hilda Anderson Nevárez de Rojas: - Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba esta proposición de la Comisión de Asuntos Fronterizos.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.. Aprobado, señor Presidente.
SOBRE LA SITUACIÓN EN IRÁN
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Alberto Ling Altamirano, para dar lectura a una declaración de los grupos parlamentarios que integran esta LIV Legislatura, sobre la tragedia en Irán.
El diputado Jorge Alberto Ling Altamirano: - Señor Presidente; honorable asamblea: La madrugada del día de hoy, en la República de Irán hubo varios sismos, varios temblores de grado de terremoto, ya que todos rebasan los seis grados y el más grande es de 7.3 grados en la escala de Richter y cuyo epicentro está en la ciudad de Dailaman, en la provincia de Gilán, situado a 200 kilómetros al noroeste de la capital, Teherán.
La tragedia es grande, se ha informado acerca de más de 1 mil 600 muertos en la provincia de Gilán y otros 400 en la provincia de Sarján, hasta la fecha, existen también más de 6 mil heridos.
El presidente de aquel país, Irán, Jacheni Ravsanjani declaró tres días de duelo y envió recursos a la zona de desastre. Ayer mismo recibíamos en la Cámara de diputados una visita de cortesía del embajador de la República Islámica de Irán y le patentamos la simpatía que había entre los parlamentos de México y los de aquella república, y en unas cuantas horas se presenta una tragedia en donde nosotros podemos decir algo acerca de esto.
Queremos también nosotros mencionar que los grupos parlamentarios hemos llegado a un comunicado conjunto firmado por todas las fracciones, en los cuales nosotros sabemos en carne propia lo que es la tragedia de este tipo; recordamos la solidaridad mundial con el pueblo de México el 19 de septiembre de 1985 y con ese mismo espíritu queremos decir lo siguiente.
«Ante los movimientos telúricos que el día de hoy se produjeron en las provincias del noroeste del territorio de la República Islámica de Irán, las distintas fracciones de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos queremos patentizar en esta tribuna el sentimiento de solidaridad ante la tragedia y las horas de dolor que tiene el pueblo iraní.
Por otra parte, enviamos un mensaje de esperanza y aliento para que pronto y terminados los tres días de duelo nacional decretados por el gobierno de aquel país, las heridas de la tragedia queden superadas.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 21 de junio de 1990. - Diputados: Por el Partido Revolucionario Institucional, José Murat y María Elena Chapa Hernández; por el Partido de la Revolución Democrática, Juan Guerra Ochoa; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Oscar Mauro Ramírez Ayala; por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Armando Duarte Móller; por el Partido Popular Socialista, Belisario Aguilar Olvera; por el Grupo Parlamentario Independiente, Pedro René Etienne Llano y, por el Partido Acción Nacional, el de la voz, Alberto Ling Altamirano.» Muchas gracias.
El Presidente: - En virtud de tratarse de un pronunciamiento suscrito por integrantes de todos los grupos parlamentarios que componen esta LIV Legislatura, consulte la secretaría, en votación económica, si se aprueba.
La secretaria diputada Hilda Anderson Nevárez de Rojas: - Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición presentada por los diversos componentes de los grupos parlamentarios.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado, señor Presidente.
SOLICITUDES DE EXCITATIVA
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Leopoldo Salinas Gaytán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre una solicitud de excitativa a las comisiones de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social.
El diputado Leopoldo Salinas Gaytán:
«Diputado Humberto Roque Villanueva, Presidente de la Cámara de Diputados. - Presente.
Los suscritos, en nuestro carácter de integrantes de la legislatura que preside, pertenecientes al grupo parlamentario de Acción Nacional y miembros de las comisiones legislativas de Seguridad Social y Trabajo y Previsión Social, participamos lo siguiente:
Es evidente que nuestra función legislativa primordial implica la generación de iniciativas, conforme lo dispone el mandato constitucional encuadrado en su artículo 71, fracción II, éstas surgen ante una necesidad de modificar, reformar, adicionar, derogar las leyes y reglamentos existentes o la de generación de otras, todo tendiente en buscar un avance, mejoría y adecuación de las leyes que nos rigen; por tal razón, la aportación en materia de iniciativas ha sido pródiga según las estadísticas en esta legislatura, no así en resolución en comisiones.
Si bien es cierto que a comisiones deben de pasar además de las iniciativas, otros asuntos que reclaman su intervención, es notorio que de esto su número no es importante. Para justificar nuestro dicho, basta observar el último informe elaborado por la secretaría en la pasada sesión, sobre el movimiento correspondiente del 15 de mayo al 15 de junio del corriente año, de los expedientes que están radicados en comisiones, para conocer la relevancia de su poco movimiento, resultando que como negocios anteriores se tenían 241, durante el período señalado se radicaron 94, que hacen un total de 335 y como despachados figuran 77, quedando pendientes 258 expedientes en 26 comisiones de las 39 existentes; o sea que son más las iniciativas que entran mensualmente a comisiones que las que se dictaminan, de lo que se deriva que las comisiones están abandonando y regalando a un segundo término su obligación de dictaminar oportunamente todas las iniciativas que llegan a su poder y solamente dan preferencia y son expeditos, porque es notorio su proceder, al dar trámite a iniciativas que son originadas por el Poder Ejecutivo.
A esto hay que agregar la poca asistencia que se está teniendo en las reuniones de comisiones y la nula actividad en el período ordinario en la mayoría y en cuyas sesiones por lo general la oposición se lleva la mayor asistencia, salvo cuando se trata de votar algún predictamen, donde la asistencia es debidamente controlada para que el grupo parlamentario que en esta legislatura tiene mayoría, cuente con el número suficiente para sacar adelante cualquier iniciativa en la que se tiene interés por proceder del Ejecutivo Federal. A ello se agrega también la lamentable inasistencia a las sesiones de esta Cámara, lo cual son de desairadas olímpicamente por un porcentaje del 30% al 40% de esta Cámara, lo cual se justifica con las estadísticas de las pasadas sesiones en el período anteriormente citado, donde la asistencia más baja fue del 59% y la máxima del 73%, indica un alto índice de falta de responsabilidad en las funciones legislativas.
Todo lo anterior conduce a observar con preocupación la desobligación en que han incurrido en las comisiones, a pesar de existir un compromiso específico en base al artículo 87 del reglamento interior que las obliga a: "...Presentar su dictamen en los negocios de su competencia, dentro de los cinco días siguientes al de la fecha en que los hayan recibido".
También ha incurrido en responsabilidad la secretaría de esta Cámara, al violar lo que señala la parte final del artículo 91 del citado reglamento, que dice: "Si alguna comisión... retuviere en su poder un expediente por más de cinco días, la secretaría lo hará presente al Presidente de la Cámara, a fin de que acuerde lo conveniente"; además, la responsabilidad principal recae en los presidentes de cada comisión, quienes pasan por alto lo que al efecto participa el artículo 56 de la Ley Orgánica de esta Cámara al indicar: "...Las comisiones ordinarias de dictamen legislativo ejercerán, en el área de su competencia, las funciones de estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas de ley y de decreto".
Por lo expuesto, es el momento de señalar que nuestro grupo parlamentario, al igual que los demás, hemos presentado iniciativas, siendo una de ellas sobre la reforma al artículo 168 de la Ley del Seguro Social, relativa al aumento de la pensión
a los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social, para igualarse al salario mínimo general que priva en el Distrito Federal, siendo todas coincidentes en esto e inclusive por nuestra se han presentado diferentes opciones para lograr su financiamiento, aparte del aumento de cuotas, eximiendo de esto al sector obrero, cuyas iniciativas han sido turnadas a comisiones unidas de Seguridad Social y Trabajo y Previsión Social, siendo éstas: noviembre 16 de 1989, Partido Acción Nacional, Pedro César Acosta Palomino; noviembre 30 de 1989, Partido de la Revolución Democrática, Mario Rojas Alba; diciembre 7 de 1989, Partido Revolucionario Institucional, presentado por Oficialía Mayor de Partes; abril 24 de 1990, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Alberto Pérez Fontecha y, junio 5 de 1990, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Partido Popular Socialista y Grupo Parlamentario Independiente, Mario Rojas Alba.
Se advierte que en diciembre 28 de 1989, se firmó un compromiso por todos los grupos parlamentarios de las comisiones aludidas, para sacar adelante el aumento multicitado en este período ordinario y en mayo pasado se citó a comisiones unidas, donde asistiría el director del Instituto Mexicano del Seguro Social para hacer una propuesta sobre lo que se reclama, pero inexplicablemente fue cancelada quedando en el limbo hasta hoy, el reclamo de los diputados para solucionar con un aumento a la igualada del mínimo general el grave problema de los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social.
En las iniciativas narradas no ha existido la tramitación correspondiente en las comisiones unidas de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social, a pesar de que han transcurrido con exceso el plazo de cinco días que marca tajantemente el reglamento. Por tal razón y con fundamento en el artículo 20, fracción XVI del reglamento, solicitamos de esta Presidencia, se excite enérgicamente a las comisiones citadas, para que presenten dictamen sobre las iniciativas a que se hace referencia en este ocurso, al haber transcurrido más de cinco días con exceso, después de habérseles turnado y, además, se les emplace para día determinado para que emitan su dictamen, previniéndoles que si no se emite, se pasará a otras comisiones.
Respetuosamente.
Recinto alterno de la honorable Cámara de Diputados, a 20 de junio de 1990. - Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en comisiones unidas de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social. - Diputados: Leopoldo Homero Salinas Gaytán. José Ángel Luna Mijares, José de Jesús Miramontes Jiménez, César L. Coll Carabias, Alfredo Oropeza García, Manuel Ponce González y María Guadalupe Rodríguez Carrera.»
El Presidente: - De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, túrnese la solicitud a las comisiones de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social y, en los casos que corresponda, dese un plazo de 15 días para que se informe al pleno sobre este asunto.
Tiene la palabra el diputado José Ríos Rojo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre una solicitud de excitativa a la Comisión de Justicia.
El diputado José Antonio Ríos Rojo: - Gracias, señor Presidente; compañeros diputados: En mayo 11 del presente año, con una fina oratoria, el diputado Córdoba Lobo pedía a esta legislatura reprobara el hecho sucedido en la persona del diputado Leonel Godoy, en cuanto a su secuestro. Pidió también que dicha investigación llegara hasta las últimas consecuencias y el Presidente de la Cámara en turno pidió para lo que fuera conducente, mandar esta propuesta a la Comisión de Justicia.
El 7 de junio del presente año, tanto el diputado federal del Partido Acción Nacional, el compañero Jorge del Rincón, como el compañero Juan Guerra, del Partido de la Revolución Democrática, denunciaban los atropellos que la judicial federal en el estado de Sinaloa había estado realizando; se denunciaba que ésta era una actitud no exclusiva solamente del estado de Sinaloa, sino que era una actitud y estaba sucediendo en más de 20 estados del país.
Junio 12 de 1990: El diputado federal por el Partido Acción Nacional, el compañero Pedro López Alarid denunciaba el espionaje telefónico que en los medios de comunicación en Sinaloa se habían estado dando.
Esta actitud de los cuerpos policiacos es una actitud que no ha variado en su condición; hoy podemos ver en la Prensa que tanto las autoridades locales de Chiapas, de Quintana Roo y de Baja California Sur, se siguen quejando por las violaciones a la Constitución, por los atropellos que esos cuerpos policiacos han estado haciendo.
En junio 7, en junio 12, compañeros diputados federales del Partido Acción Nacional y del
Partido de la Revolución Democrática pidieron en esta Cámara la comparecencia del Procurador General de Justicia del país, el licenciado Alvarez del Castillo; la Presidencia en turno de ese entonces turnó dicha propuesta a la Comisión de Justicia de esta Cámara: ¿qué ha pasado con la Comisión de Justicia de esta Cámara? siento que simple y sencillamente está nadando de muertito y no les da importancia a las propuestas que algunos diputados de esta Legislatura han formulado.
Por tercera vez y con fundamento en el artículo 21, fracción XVI de nuestro reglamento, solicito al Presidente de esta Cámara, que le fije una fecha a la Comisión de Justicia de esta Cámara para que entregue un dictamen sobre el trabajo que se le ha encomendado y que hasta la fecha parece ser no ha realizado. Muchísimas gracias.
El Presidente: - Con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 21 de nuestro reglamento, se fija a la Comisión de Justicia un plazo de 15 días para que informe al pleno de este asunto.
DENUNCIA
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Carlos Navarrete Ruíz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre las condiciones laborales de la Cooperativa Minera Santa Fe.
El diputado Carlos Navarrete Ruiz: - Gracias, compañero Presidente; compañeras y compañeros diputados: En la capital de mi estado, el estado de Guanajuato, que seguramente muchos de ustedes han visitado y disfrutado, no solamente es en este momento una ciudad altamente turística, agradable, en la que se puede disfrutar de un hermoso paisaje de callejones y de calles subterráneas, sino que también es todavía un centro minero importante, nada comparado con periodos anteriores, pero en la que todavía podemos encontrar una importante producción de metales y una importante fuente de trabajo para cientos de trabajadores mineros.
En la capital del estado de Guanajuato existe una cooperativa minera, la Cooperativa Santa Fe, que cuenta entre sus propiedades con ocho minas en explotación, siete en la capital del estado y una más en el norte, en el municipio de San Felipe.
El 16 de junio pasado, la tranquilidad de Guanajuato se vio rota por una manifestación de inconformidad de los trabajadores mineros, un paro de actividades que durante varios días paralizó la actividad y la producción de esta cooperativa y fue un asunto altamente comentado por la sociedad y por los sectores de la capital de Guanajuato.
¿Qué pedían los trabajadores?, ¿cuáles eran sus demandas fundamentales que los llevaron a suspender la actividad de esta cooperativa? Una destacaba entre todas entre todas ellas: la exigencia de la entrega de anticipos que en este año, el ejercicio fiscal anterior que tiene que concretarse en los primeros meses de este año, no fueron entregados a los trabajadores, a los socios de la cooperativa.
Una segunda inconformidad era la falta de información sobre los estados contables de la empresa y, una tercera exigencia de los trabajadores mineros era la solicitud hecha llegar al Consejo Nacional de Recursos Mineros, para que se practique una auditoría a la cooperativa y determinar la existencia o no de rendimientos en el pasado ejercicio fiscal.
Los antecedentes, dicho de una manera muy sencilla y muy rápida de esta cooperativa de mineros en Guanajuato, se remonta a varios años atrás, cuando una empresa extranjera era la propietaria de estas minas, empresa extranjera que al enfrentar un conflicto laboral fue obligada por los tribunales a entregar los bienes de la empresa a los trabajadores como indemnización y éstos decidieron formar esta empresa cooperativa; tiene ya varias decenas de años funcionando como empresa cooperativa por lo menos en el papel y por lo menos en el régimen fiscal así está consignado.
Desde hace más de 20 años también, quizá más de 25, fue nombrado un gerente que garantizara la recuperación administrativa y económica de la empresa un gerente, insisto, con más de 25 años al frente de esta responsabilidad, que sin embargo ha tenido también la habilidad y el tiempo suficiente para poder haber sido presidente municipal de Guanajuato en dos ocasiones; para haber sido director del Sistema de la Junta de Agua Potable de Guanajuato y también para ser el constructor principal del Sistema de Túneles Viales en la ciudad de Guanajuato.
Es conocido en la capital de Guanajuato, que el ingeniero Edgardo Meave Torrescano, gerente actual de la Cooperativa Minera Santa Fe es un hombre enérgico y de carácter fuerte, acostumbrado a tomar decisiones de manera muy autoritaria y bastante enérgica, sin embargo, esta energía no ha impedido que en diversos momentos de la vida de la cooperativa hayan surgido denuncias e inconformidad de los obreros mineros.
Se ha acusado a Edgardo Meave de muchas cosas, pero fundamentalmente de un manejo administrativo
que le da a la cooperativa como empresa privada, de la actuación de este gerente más como dueño que como administrador de los bienes de los socios, de la no entrega de estados financieros de la cooperativa a los socios, de asambleas manipuladas para preservar la misma gerencia y de presiones y despidos a los obreros inconformes con este tipo de manejos.
Todo esto hizo crisis en días pasados y la paralización de actividades por 900 mineros de esta empresa cooperativa, la gerencia, y hablo particularmente de la gerencia y no de los consejos directivos de administración y de vigilancia, por la particularidad e importancia que tiene en el manejo de la cooperativa este gerente, que ha utilizado formas de respuesta y de tratamiento al conflicto, como ya en otras ocasiones ha hecho uso de ellas también, como la presión, lo cual es evidente, la amenaza de despido a los inconformes y la nula respuesta, positiva por lo menos, a las demandas presentadas por los trabajadores.
El argumento planteado por el gerente de la empresa es muy simple, simplemente, en el ejercicio fiscal pasado no hubo rendimientos suficientes, la empresa como cooperativa está sujeta a nuevas disposiciones fiscales y por lo tanto no hay rendimiento que entregar de fin de año a los trabajadores socios de la cooperativa.
Pero hay una respuesta que ejemplificar la actitud de quienes dirigen la cooperativa y es expresada públicamente por Jesús Gutiérrez, ex presidente del consejo de administración, que textualmente señala lo siguiente: "frente al paro de los trabajadores, señala, los que no quieren trabajar sólo son los más jóvenes, que tienen poco trabajando y que vienen a exigir demasiado; otros trabajadores están mal acostumbrados a recibir dinero por concepto de rendimientos y cuando éstos no se les otorgan, inmediatamente exigen más".
Es decir, frente a las demandas de clarificación de los recursos de la cooperativa, frente a la exigencia de claridad de los estados contables, frente a la petición de una auditoría que establezca cuál es la realidad contable de esta empresa, hay una concepción que más se parece a una concepción patronal que a los dirigentes de una cooperativa de trabajadores.
Hace dos días el paro minero fue levantado sin haber obtenido las respuestas positivas que se demandaban; la cooperativa, sin embargo mantienen una actitud de tensión interna de problemas, de inconformidad que no dejan satisfechos a los cientos de trabajadores que decidieron parar las actividades.
Según datos, solamente para normar cierta información, de la propia Secretaría de Fomento Económico del estado, la Cooperativa Minera Santa Fe de Guanajuato, produce un kilogramo de oro y 10 toneladas de plata diariamente, ése es el rendimiento en datos expresados oficialmente por el gobierno del estado de Guanajuato.
Desde mi punto de vista, compañeros diputados y diputadas, resulta de la mayor importancia atender la demanda de los trabajadores mineros, es necesario que tal como está planteado por escrito y por los conductos ordinarios, el Consejo Nacional de Recursos Mineros tome cartas en el asunto y practique la auditoría solicitada para conocer el estado financiero de esta cooperativa, así como su funcionamiento administrativo.
Es difícil evidentemente que es difícil determinar el estado real de la cooperativa y establecer la justeza de las demandas obreras o dar las explicaciones de los dirigentes de la cooperativa, seguramente que las autoridades competentes podrán determinar mediante los mecanismos correspondientes la situación real de esta cooperativa.
Es necesario que este paro no pase solamente como una inconformidad más, sino que se atiendan elementales exigencias de esclarecimiento del manejo de la Cooperativa Minera Santa Fe.
Por este hecho y atendiendo una demanda de un grupo de trabajadores que han participado en el paro de días pasados, he hecho esta denuncia en la Cámara de Diputados y solicito a usted, señor Presidente de la Cámara de Diputados, este planteamiento, esta petición de que las autoridades correspondientes actúen en consecuencia con las peticiones que han recibido, se turne esta denuncia a las comisiones de Fomento Cooperativo y de Gestoría y Quejas, para que se haga llegar a las autoridades correspondientes y podamos ser informados de los resultados que se obtengan de la intervención de esas autoridades. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. (Aplausos.)
Presidencia del diputado Juan Guerra Ochoa
El Presidente: - En el uso de la palabra el diputado Napoleón Gómez Sada.
El diputado Napoleón Gómez Sada: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputadas y diputados: He pedido la palabra solamente para una aclaración muy importante, por que es necesario que todos ustedes escuchen esto y sepan, por lo que ha dicho el compañero diputado Navarrete Ruíz, que acaba de terminar el uso de la palabra.
Es cierto que existe una cooperativa ahí, que era la sección IV del Sindicato de Mineros, donde todavía no nacía el compañero diputado, porque eso fue en 1938; el sindicato se formó el 11 de julio de 1934, se cerró esa empresa americana en 1938, los compañeros, un núcleo bastante fuerte, cerca de 1 mil personas, se organizaron en una cooperativa, trabajaron unos cuantos meses, por cuestión económica no pudieron seguir pidieron auxilio económico entonces a las autoridades del gobierno, la Secretaría de Patrimonio y Fomento Minero.
Desde entonces se formaron en sociedad, ellos que ya eran cooperativistas y en la Comisión Nacional de Fomento Minero que está todavía ahí el gerente de la empresa.
Quiero que quede bien claro esto: El compañero que acaba de hacer uso aquí de la palabra sabe bien que hay una señora ahí hija de un ex trabajador nuestro ya muy antiguo que ya falleció, pero que esa señora vino conmigo hace como tres años o cuatro para que los organizáramos; mandé traer a 15 ó 20 cada semana, 30 ó 40, pagando el sindicato los gastos para que viniera para organizarlos.
Nunca estuvieron de acuerdo los compañeros en organizarse, dicen: "compañeros Napoleón déjennos libres porque tenemos esto, tenemos lo otro, tenemos las facilidades que a veces ustedes no tienen, no queremos organizarnos".
Aún así, por bondadoso yo, como trabajador que soy, le dimos permiso a la señora de que ocupase una oficina, una oficina, fíjense, de una de las secciones nuestras, ahí en pleno Guanajuato, en la sección 142, para que en esa oficina ella trajera uno, cuatro, ocho, 10, todos los que pudiera, para organizarlos.
Me pidió la señora un mes de plazo, le di dos, le di tres, le di cinco o seis meses o no se cuántos y no juntó jamás ni 40 personas, porque no quisieron, dijeron que la señora tenía otras ideas que no eran las de ellos y que no querían estar con ella nunca, le dije: bueno, pues véngase con nosotros. Tampoco.
Entonces, ése es el problema que está ocasionando ahorita con las utilidades; hemos visto en la Prensa, donde dice que están parados ahí un montón de personas. Dijo el compañero que hizo uso de la palabra que los jóvenes no quieren trabajar, eso ya lo sabemos y a la mina menos, la mina, todos queremos acá en la superficie, muy fácil; no para crecer, para ganar lana hay que sudarse también.
Entonces, si los compañeros no han querido pertenecer nunca al Sindicato de Mineros, no los vamos a traer amarrados, a nadie, compañeros, somos trabajadores, pero no vamos a exigirle a nadie en contra de su voluntad; el Sindicato de Mineros es libre y soberano y ahí los tiene por convicción, no por otros motivos, así es que quise hacer esta aclaración oportuna para que no se piense que el Sindicato de Mineros que manejo yo, no de ahorita , es de gente fuerte, es de gente seria y está de amarre aquí y donde quiera que sea. Muchas gracias. (Aplausos.)
El diputado Carlos Navarrete Ruíz (desde su curul): - Pido la palabra.
El Presidente: - Diputado Navarrete, ¿con qué objeto?
El diputado Carlos Navarrete Ruíz (desde su curul): - Alusiones personales.
El Presidente: - Tiene la palabra para alusiones personales, el diputado Carlos Navarrete Ruíz.
El diputado Carlos Navarrete Ruiz: - . Gracias, señor Presidente: Muy brevemente, para hacer solamente un comentario por las alusiones aquí escuchadas.
No hace falta que analicemos la trayectoria del Sindicato Minero; cuando el Sindicato Minero era un baluarte de la defensa de los trabajadores mineros, porque la historia también la hemos aprendido los jóvenes, la historia vieja y la historia nueva y hemos aprendido también de la verticalidad de los trabajadores mineros, cuando tenían dirigentes electos por ellos, que luchaban por sus intereses, lo conocemos, aunque sea por libros.
Y solamente quisiera decirle al señor diputado Sada, que porque él nos informa aquí de la petición de ayuda de los trabajadores de la Cooperativa Minera Santa Fe, no me queda más que como guanajuatense, alabar la sabiduría de esos trabajadores, que frente a la disyuntiva de mantenerse en el estilo enérgico y autoritario de Meave o de caer en el estilo que todos conocemos del sindicato que dirige el diputado Sada, prefirieron quedarse en las mismas condiciones.
Creo que es una visión muy inteligente. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Esta Presidencia dispone que la denuncia del diputado Carlos Navarrete sea turnada a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas y de Fomento Cooperativo, para lo que proceda.
Ruego a la secretaría prosiga con el orden del día.
ORDEN DEL DÍA
El secretario diputado Rubén García Farías: - Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera, se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Segundo Período Ordinario de Sesiones. - Segundo Año. - LIV Legislatura.
Orden del día
26 de junio de 1990.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal invita al acto cívico que con motivo del CLXXVI aniversario luctuoso del general Hermenegildo Galeana, tendrá lugar el 27 de junio.
Comunicación del Congreso del estado de Puebla.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de declaratoria que reforma los artículos 28 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano general brigadier intendente diplomado de estado mayor, Jacinto Romero Arredondo, para que pueda aceptar y usar la condecoración de Mérito Militar de Primera Clase, que le confiere el gobierno de Portugal.
Y los demás asuntos con los que la secretaría dé cuenta.»
El Presidente (a las 18.15 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 26 de junio a las 10.00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA
Y DIARIO DE LOS DEBATES